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N° 71 - TOMO 405 - 9 DE DICIEMBRE DE 2000

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

70ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

y el SEÑOR SENADOR WALTER RIESGO Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQ. HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Proyecto presentado

- El señor Presidente presenta, con exposición de motivos, un proyecto de modificación del Reglamento Interno.
- A la Comisión de Asuntos Administrativos.

4) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Astori.
- Concedida.

5) Presupuesto Nacional 2000 - 2004

- Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se aprueba el Presupuesto Nacional para el quinquenio 2000-2004.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

6) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 8 de diciembre de 2000.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana sábado 9, a la hora 9 y 30, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se aprueba el Presupuesto Nacional 2000 - 2004.

(Carp. N° 304/2000 - Rep. N° 147/2000 Anexos I, II, III, IV y V)

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario.»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Bonilla, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Penadés, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Scarpa, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores García Costa, Millor y Singer.

3) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 44 minutos)

-Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Presidente del Senado Luis Hierro López presenta con exposición de motivos un proyecto de modificación del Reglamento Interno del Cuerpo."

-A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

(Texto del proyecto presentado:)

«Montevideo, 9 de diciembre de 2000.

Sr. Vicepresidente del Senado

Don Reinaldo Gargano

Presente

De mi consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 3° del Reglamento del Senado, vengo a presentar un proyecto de reforma de dos artículos del mismo.

La tramitación del actual Presupuesto fundamenta, por sí misma, la propuesta que adjunto.

Saludo al Sr. Vicepresidente muy atentamente.

Luis Hierro López. Presidente del Senado.

PROYECTO DE LEY

Artículo 180.- La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda terminará sus trabajos siete días antes del vencimiento del plazo otorgado al Senado por aplicación del inciso primero del artículo 217 de la Constitución de la República.

Artículo 181.- Los Senadores que deseen presentar artículos sustitutivos, modificativos o aditivos en los proyectos de Presupuesto o de Rendición de Cuentas, deberán entregarlos a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda cuarenta y ocho horas antes de vencido el plazo anterior.

En ese caso, los artículos sustitutivos, modificativos o aditivos serán puestos a votación por la Presidencia en ocasión de la discusión en el Senado.

Los Senadores podrán presentar ante la Presidencia del Cuerpo artículos sustitutivos o aditivos hasta cuarenta y ocho horas después de vencido el plazo mencionado en el artículo 180 del Reglamento. En este caso, dichos artículos deberán contar con mayoría absoluta del Senado para ser considerados.»

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Astori solicita licencia desde el día 12 al 14 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 8 de diciembre de 2000.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente

De mi mayor consideración:

Con motivo de mi participación en la Reunión de la Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, que se llevará a cabo en Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, solicito al Cuerpo me conceda licencia durante los días 12, 13 y 14 de diciembre.

Sin otro particular, saluda al Señor Presidente muy atentamente

Danilo Astori. Senador."

-Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- En nombre del Herrerismo, solicito un cuarto intermedio de media hora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de orden planteada.

(Se vota:)

-18 en 21. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta la hora 10 y 15 minutos.

(Así se hace. Es la hora 9 y 45 minutos).

5) PRESUPUESTO NACIONAL 2000 - 2004

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 10 y 25 minutos)

-Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se aprueba el Presupuesto Nacional 2000 - 2004. (Carp. Nº 304/2000 - Rep. Nº 147/2000. Anexos I, II, III, IV y V.)"

(Antecedentes: ver 67ª S.E.)

-En consideración los artículos 82 al 113 del Inciso 04, Ministerio del Interior.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Solicito el desglose, a fin de recibir alguna explicación, de los artículos 85, 87, 92, 95, 99, 105, 107 y 108.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito el desglose de los artículos 82, 91, 95, 102, 105 y 107.

Quisiera saber cuál es el criterio de la Mesa en relación al artículo 98, ya que la redacción que estamos manejando no es la que se votó en la Comisión. Allí se votó la disposición con la redacción dada por la señora Senadora Arismendi. A su vez, existe un artículo 98 a) , que también fue aprobado en la Comisión por unanimidad, que ha sido repartido y que lleva las firmas de los señores Senadores Correa Freitas, Arismendi, Penadés y quien habla.

Entonces, si el criterio de la Mesa es poner en consideración los artículos 98 y 98 a) votados en la Comisión y no el 98 que figura en el texto, no pediría el desglose, porque ese es el camino que aspiro a que se recorra.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa sugiere mantener el artículo 98 desglosado, a fin de ser más ordenados en nuestro trabajo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo sin los artículos desglosados.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 82.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 85.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 87.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: el señor Senador Núñez me solicitó en Sala que explicara esta disposición.

Aquí se hace referencia a las facultades que tienen los Círculos Policiales para la retención de haberes para su funcionamiento. Actualmente, luego de una ley presupuestal, sólo tiene esta facultad el Círculo Policial de Soriano. Entonces, lo que simplemente queremos es que todos los Círculos Policiales tengan la posibilidad de retener el aporte que significa la sustentación de los mismos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 92.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Solicito que esta disposición sea votada por incisos a fin de poder votar exclusivamente el inciso final que dice: "A partir de la vigencia de la presente ley quedan prohibidos los pases en comisión de los funcionarios policiales del subescalafón Ejecutivo, en las distintas unidades ejecutoras del Inciso 04, para el cumplimiento de tareas administrativas". Reitero que sólo votaríamos este inciso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso primero del artículo 92.

(Se vota:)

-18 en 29. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo del artículo 92.

(Se vota:)

-18 en 29. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso tercero del artículo 92.

(Se vota:)

-18 en 30. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso cuarto del artículo 92.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 91.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Este artículo establece que los funcionarios policiales que ingresen, aunque ocupen cargos presupuestados tendrán un año sin las garantías de un sumario. Es cierto que los funcionarios de los escalafones policial, militar y diplomático no están comprendidos dentro de las reglas del Estatuto del Funcionario Público, pero no me queda claro si esto quiere decir que los pueden echar sin darles la garantía, por lo menos, de ser oídos, lo que no se puede hacer con nadie, ya que se trata de una regla general que no tiene nada que ver con los sumarios y que figura en el artículo 66 de la Constitución. Entonces, me parece que por lo menos habría que incluir en el inciso primero de la disposición la frase "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución".

Pienso que está bien que se realice un sumario y se apliquen todas las reglas respectivas pero, en fin, esa es la idea que propongo. A mi modo de ver, la frase es demasiado drástica.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: creo que la inclusión de la frase "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución" no es necesaria, aunque puedo coincidir con el fondo del planteo del señor Senador Korzeniak. Considero que la norma está orientada a contratos a término donde la Administración pueda decir que no los renueva por razones de servicio. Esa es la impresión que tengo, ya que la norma se puede aplicar a un ciudadano que tiene un contrato de seis meses o un año al que, pasado ese tiempo, por razones de servicio, no se le renueva el mismo. No creo que la disposición habilite a que el jerarca un día decida que el funcionario no trabaje más; supongo que se trata de la no renovación del contrato y realizo esta aclaración a los efectos de que conste para una mejor interpretación del artículo.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: en relación a este artículo, creo que también debemos citar el Decreto-Ley Nº 10.388, de 13 de febrero de 1943 en su artículo 5º, que estableció el Estatuto del Funcionario, norma legal que está vigente, donde se prevé lo que se denomina "el provisoriato". La norma establece que los que ingresen a la Administración Pública serán designados provisionalmente pudiendo ser separados por decreto fundado dentro del plazo de seis meses por la autoridad que los nombró.

¿Qué significa esta disposición? Que los funcionarios civiles de la Administración Pública, sean contratados o presupuestados, tienen un período de provisoriato en el cual la autoridad que los nombró los puede dejar cesantes mediante decreto fundado, sin sumario administrativo. Creo que a estas aclaraciones realizadas por el señor Senador Atchugarry -que comparto en todos sus términos- es adonde se orienta esta disposición que está específicamente relacionada con el escalafón policial.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 31. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- No pongo en duda que la intención de esta disposición sea abarcar a funcionarios contratados. Conozco casos de policías que a los cinco años, cuando está todo liquidado, ganan un pleito en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; incluso sé de arrestos que les han generado problemas de ese tipo.

Esta norma comienza hablando de ingresar o reingresar a cargos presupuestales. Dice que ingresan por el régimen de contrato, pero no se refiere a personas que solamente se piensa contratar, sino a lugares presupuestales. Por eso me parece que habría que dar una mínima garantía.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 95.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 98.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- A mi criterio, tendríamos que considerar juntos los artículos 98, 99 y 100, para que mantengan cierta coherencia. En uno de los repartidos -al que se refirió el señor Senador Michelini y que cuenta con las firmas de representantes de los cuatro lemas- el artículo 98 se refiere a "toda persona mayor de 45 días de edad", y ese es el texto que figura en el aditivo. Por su parte, el artículo 100 establece posibilidades para exonerar del pago de la tasa de información y el 99 dice: "Las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tengan 4 años cumplidos de edad, gozarán del plazo de un año a efectos de obtener la Cédula de Identidad". El problema es que estos cuatro años aluden a la versión anterior, en la que la obligatoriedad comenzaba a esa edad. Pero como volvimos a los 45 días, habría que modificar el artículo 99 para que dicha obligatoriedad sea a partir de esa edad. Quiere decir que los nacidos antes de la fecha de promulgación de la ley, tendrán un año para regularizar su situación, cualquiera sea su edad.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para hacer una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En realidad esto ya fue votado por la Cámara, porque ya aprobamos la fe de erratas que presentó el señor Senador Michelini. Por lo tanto, correspondería poner los artículos a votación según esa fe de erratas -según lo que se acordó en la sesión de ayer- donde se hace expresa mención a esta circunstancia.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Quiero aclarar que el artículo 99, incluido en la fe de erratas, no mantiene la coherencia a que hiciéramos mención. Habría que hacer la modificación de 4 años a 45 días, porque si no, no tiene sentido la vinculación entre los tres artículos.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- No quisiera molestar a los señores integrantes del Cuerpo pero, con ánimo constructivo, debo decir que estas normas, a mi juicio, deberían tener una redacción menos extemporánea. Podría decirse, por ejemplo, "se dispondrá de un plazo de un año", o de cualquier otro plazo, pero no me parece adecuada una redacción que comience diciendo que las personas que tengan 45 días de edad tienen tal plazo. Parecería que si esas personas no cumplen con el requisito, se las fuera a sancionar. Es por eso que sugiero utilizar la fórmula gramatical "Se dispondrá de un plazo de..." respecto de las personas que tengan tal edad. Me parece más adecuado.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Vayamos paso a paso. El artículo 98 es el aditivo. Luego de votarlo deberíamos poner a votación el 98/1 y después considerar la redacción del 99, ya sea la sugerida por la señora Senadora Arismendi o por el señor Senador Korzeniak. Me parece que esta sería una forma de avanzar sin tropiezos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo aditivo.

(Se lee:)

"Art. 32.- Sustitúyense los incisos 1 y 1 del artículo 7º del Decreto Ley Nº 14.762, de 13 de noviembre de 1978, en la redacción dada por el artículo 78 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Declárese obligatoria la obtención de la Cédula de Identidad, para toda persona mayor de 45 días de edad, nacional o extranjera con residencia permanente en el país. El Poder Ejecutivo, aplicará medidas tendientes a que la identificación de las personas físicas se realice desde el nacimiento.

En el caso de los escolares dependientes del C.E.P y de niños y adolescentes dependientes del INAME se admitirá, a los efectos de la exoneración del pago el informe del Director del Centro Educativo.

A los efectos de la inscripción en todo instituto de enseñanza será requisito indispensable la presentación de la Cédula de Identidad."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- En mi opinión, habría que modificar el modo en que está expresado el verbo, ya que dice "Declárese" y debería decir "Declárase".

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Tal como se leyó, la redacción del artículo aditivo no está correcta, ya que hace mención a los "incisos 1 y 1 del artículo 7º", cuando debería decir "incisos primero y segundo".

El primer inciso de este artículo queda tal como está, según la versión que estamos siguiendo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo con las correcciones propuestas por los señores Senadores Correa Freitas y Astori.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo aditivo 98/1.

(Se lee:)

"Artículo 98/1.- Sustitúyese el artículo 79 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, por el siguiente:

`ARTÍCULO 79.- La Dirección Nacional de Identificación Civil exonerará del pago de la tasa correspondiente, siempre que medie solicitud fundada del Instituto Nacional del Menor (INAME), de la Dirección Nacional de Prevención del Delito, del Banco de Previsión Social (BPS), de la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria), de las Defensorías de Oficio en materia de Familia y de Menores y de los consultorios jurídicos gratuitos dependientes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

En el caso de la realización del trámite por primera vez, se exonerará del pago de la tasa correspondiente a todos los niños nacidos en hospitales públicos, cuyos padres deberán presentar el certificado extendido
por el hospital correspondiente.

Aquellos niños de 45 días a 6 años que aún no concurrieron a un establecimiento de enseñanza pública, podrán obtener la exoneración mediante formulario de declaración jurada ante la Dirección Nacional de Identificación Civil que deben firmar sus padres y/o tutores.

En los casos de renovaciones, la exoneración será excepcional y deberá conferirse previa auxiliatoria de pobreza, en casos debidamente justificados mediante información sumaria, ante la Dirección Nacional de Identificación Civil'."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Recuerdo que en la Comisión, en este artículo aditivo, se había agregado la expresión "Facúltase al Poder Ejecutivo", que habíamos votado. Apelo a la memoria de los señores Senadores. Es así como lo tengo apuntado: "Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar", etcétera. De lo contrario, sería inconstitucional.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Deseo hacer una aclaración. Creo que en el inciso tercero hay que corregir dos cosas. En primer lugar, donde dice "Aquellos niños de 45 días a 6 años", debe agregarse "de edad", o sea, "a 6 años de edad.

En segundo término, creo que sería conveniente utilizar el mismo tiempo de los verbos. Debe decir: "podrán obtener la exoneración mediante formulario de declaración jurada ante la Dirección Nacional de Identificación Civil que deberán firmar sus padres y/o tutores", en vez de "que deben firmar".

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: más allá de la propuesta de modificación que pueda hacer el señor Senador Heber -que está en todo su derecho- quiero decir que el texto que estamos votando, luego de mucho tiempo de acuerdos, cuenta con la firma de los señores Senadores Michelini, Penadés, Correa Freitas y quien habla. Finalmente, acordamos este texto que se perdió, luego apareció y lo devolvimos, y que contiene las cuatro firmas.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- No tengo inconveniente en votar el artículo; lo quiero acompañar. Pero si no facultamos al Poder Ejecutivo a exonerar, creo que mañana puede ser vetado por inconstitucionalidad. Estamos dando al Poder Ejecutivo una facultad para exonerar, que ya es bastante cuestionable, pero es para que viabilice el artículo si no tenemos iniciativa. No se trata de poner piedras en el camino sino, al contrario, de ayudar al artículo.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Creo que asiste razón al señor Senador Heber. En nuestras notas agregamos oportunamente "Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar", y pienso además que hay voluntad del Poder Ejecutivo. El señor Senador Heber dice que es para cuidar ese aspecto, de modo que coincidimos en nuestras notas en que la única modificación que le hicimos al texto propuesto era "Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar" y no "exonerará".

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Deseo puntualizar que la voluntad del Poder Ejecutivo es tal, que cuando vino el Ministro del Interior, ante todas las dudas y preocupaciones que todos señalamos con respecto a la dificultad de aplicar una obligatoriedad cuando no es gratuita, retiró estos artículos por inaplicables. Luego nosotros encontramos un camino para que se facilitara esta situación, pero el señor Ministro del Interior expresó -y figura en la versión taquigráfica- que en realidad retiraba esos artículos. Quiero dejar sentado que existe esa voluntad expresa y, por lo tanto, que se pueda poner en práctica inmediatamente.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- En el Mensaje Complementario, el Poder Ejecutivo envió normas de este tipo y la sustitución del artículo 79, en el que modifica ese artículo 79 de la Ley Nº 17.243 con un texto un poquito más restrictivo que el anterior, al que volvimos. Es por eso que el artículo 79 está quedando como era anteriormente, no a la propuesta del Poder Ejecutivo, sino a tal ley que teníamos, o sea, al artículo 79 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, que fue la ley de urgencia.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministro, primero mandó el Mensaje Complementario y después, también a través de él, explicó que querían restringir. Luego, cuando se dio la discusión en la Comisión, dijo "Suprimámoslo. Vamos a hacer menos problema con esto". Más adelante, la coalición volvió a insistir sobre el artículo y entonces lo que hicimos fue retornarlo a la ley de urgencia, es decir, a la redacción en que estaba anteriormente. Por supuesto que los incisos agregados, segundo y tercero, se amplían.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo tal cual fue leído por Secretaría.

(Se vota:)

-13 en 28. Negativa.

Corresponde votar ahora el artículo con la redacción propuesta por el señor Senador Heber.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: voté negativamente porque no voy a ir menos que la ley de urgencia, que ya exige a la Dirección Nacional de Identificación Civil la exoneración del pago a determinados Institutos. Yo no voy a ir para atrás de lo que se votó hace cuatro meses, en el mes de junio.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 99.

No sé si el señor Senador Korzeniak tiene una redacción pronta. Todos pensamos que mientras tanto había estado escribiendo.

SEÑOR KORZENIAK.- No, señor Presidente.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Sería el mismo artículo, pero con "45 días de edad", señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 99 con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- He votado el artículo con esta redacción, señor Presidente, para no complicar el trabajo del Senado, pero también en el entendido de que si un chiquitín como éstos no saca la cédula, el Estado no le va a aplicar sanciones a ese chiquitín.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 102.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- He votado muchos artículos en forma negativa o afirmativa según el caso, y no los he fundamentado. Pero en este caso quiero dejar constancia de que tanto Colonia como Rocha, en la estadística de delitos que el Ministerio del Interior maneja, están muy por debajo del "derecho" -entre comillas- de recibir estas vacantes, mientras Maldonado, Canelones y Montevideo necesitan muchos más funcionarios.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Se trata de un acuerdo al que se llegó después de analizar técnicamente las variables de estos últimos meses a través de la ley de urgencia y de la redistribución de vacantes de todo el país en estos departamentos que -coincidimos con el señor Senador Michelini- tienen mayores problemas de conflictividad. En el caso de Maldonado, se incorporaron en los últimos meses más de 200 vacantes que, con estas 185, completan 420.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Hemos votado afirmativamente este artículo, porque asistimos a reclamos, fundamentalmente para la época que se avecina, en el sentido de que se asegure la tranquilidad de los turistas en zonas como Colonia y Rocha -departamentos que aquí se han mencionado- que tienen una intensa actividad en ese sentido.

Por otra parte, hay que tener presente que desde un tiempo atrás el Ministerio del Interior viene trayendo funcionarios desde distintos lugares del territorio nacional para prestar servicios en Montevideo o Maldonado, a fin de reforzar esa situación.

Por lo tanto, creemos que estas creaciones tienen una perfecta justificación.

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Señor Presidente: aprobamos esta norma en el entendido de que las altas de los otros departamentos se van a comenzar a respetar desde ahora y no se volverán a trasladar hacia donde ya se venía haciendo.

Votamos esta norma por cuanto el señor Senador Heber explicó en el seno de la Comisión que esta distribución consistía en una racionalización de los servicios y del material que precisaba el Ministerio en diferentes departamentos, en el entendido de que las altas de los otros departamentos que no están comprendidos acá, a partir del 1º de enero no van a venir a los de Montevideo, Canelones y Maldonado.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 105.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: advierto que voy a hacer una aclaración respiratoria. No voy a dar lectura a la norma, porque temo tener dificultades de respiración para leer su inciso primero, a pesar de los puntos y comas. Sin embargo, sí voy a leer su comienzo, que dice: "El que portare un arma de fuego y hubiese recaído sobre su persona sentencia...". Realmente, esta redacción no es correcta desde el punto de vista gramatical.

Por otra parte, si interpreto bien por esta norma se pretende castigar el uso de armas de fuego por una persona que hubiera sido condenada por alguno de los delitos que figuran en esta lista. Esto es, la persona fue condenada, tiene un arma de fuego, y esto es otro delito.

Esa es la primera pregunta que me formulo, dejando de lado, reitero, la redacción gramatical que calificaría de mamarrachesca. ¿Crear un delito de porte de armas es para incluir en una Ley de Presupuesto? Este tema no tiene absolutamente nada que ver con un Presupuesto. Está incluido en este caso, porque se venía hablando de la Policía, pero de aspectos presupuestales y estatutarios.

En el inciso segundo, se dice: "Cuando alguno de los delitos previstos en el Código Penal se cometiera con violencia o con intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego, la pena prevista para el delito de que se trate se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo". Puede darse el caso de un delito que no está previsto en el Código Penal, pero es un delito penal. Por ejemplo, si se hace firmar a una persona un cheque diferido o mal diferido, o uno sin fondo, con un arma, como no es un delito tipificado en el Código Penal, sino en la Ley de Cheques, no estaría comprendido en esta disposición.

Creo que tendría que eliminarse esta disposición e incluirla en una ley que refiera al Derecho Penal, pero no en una de Presupuesto. De lo contrario, estoy dispuesto a facultar a la Presidencia para que mejore su redacción. Realmente, ya sea que uno vote a favor o en contra de un artículo, siente rubor por aprobar disposiciones tan insólitas desde el punto de vista gramatical. A propósito, quiero señalar que ya pasé por la etapa de un artículo que definía la mosqueta en el Uruguay, hecho que se ha comentado en Cátedras de Alemania. De todas maneras, la redacción de esta norma está de más y así no lo voto, ni siquiera en estado de demencia. Insisto en que no entiendo por qué se incluye este artículo sobre un delito, que aparece al lado de otro que refiere a los sueldos de los policías. Realmente no sé a quién se le ocurrió.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: con respecto a la observación que ha hecho el señor Senador Korzeniak en cuanto a la utilización del verbo "hubiese", comparto que sería mejor que se cambiara por "habiendo". Entonces, diría: "habiendo recaído sobre su persona" en lugar de "hubiese recaído sobre su persona".

Con esa redacción votaríamos el artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 105.

(Se vota:)

-16 en 30. Afirmativa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: he votado negativamente este artículo porque no estoy de acuerdo con esta figura delictual y con su pena.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 106.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 107.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 108.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: quisiera saber si la modificación del artículo 109 que se hizo en la Comisión se borró por error o por decisiones póstumas, esto es, post-Comisión. Cabe recordar que allí se había planteado que, en lugar de decirse: "Facúltase a la Unidad Ejecutora `Dirección Nacional de Sanidad Policial'", se expresara que fuera a todas las unidades ejecutoras. Al menos eso es lo que tengo en mis apuntes del seguimiento que hice en Comisión, pero veo que no aparece así corregido en el texto de las tres de la mañana.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: ahora que lo menciona la señora Senadora, recuerdo que eso se dijo en Comisión y los otros señores Senadores que la integran me señalan lo mismo.

En consecuencia, solicito la reconsideración del artículo 109 a efectos de hacer el cambio respectivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD

En consideración nuevamente el artículo 109.

La Mesa consulta cuál sería la redacción.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Diría : "Facúltase a todas las unidades del Inciso del Ministerio del Interior".

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: estoy convencido de que se habló de ese tema y de que algunos señores Senadores dijimos puntualmente en la Comisión de que si se ponían a texto expreso los servicios, como pueden ser las antenas de las Comisarías del interior o los programas satelitales, estaba bien. Sin embargo, si se plantea una extensión como ésta, no estamos de acuerdo.

Cuando el señor Senador Sanabria hizo referencia al tema, no mencionó los servicios de salud. Es más; cuando hizo uso de la palabra el señor Ministro del Interior habló de que podían incluirse las antenas ubicadas arriba de las Comisarías y los programas satelitales respecto a los patrulleros. Sin embargo, cuando se da una extensión sin marcarlo taxativamente, después se pueden tener otras cosas. Hay que tener presente que estamos hablando de un organismo bien delicado, por lo que el hecho de que puedan vender servicios cualquiera sin expresarlo a texto expreso, me lleva a no votar esta disposición.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: el Ministerio del Interior nos dice que, incorporando a la Jefatura de Policía de Montevideo, se siente satisfecho con esa unidad a los efectos de prestar los servicios y eso requería que fuera autorizado en este Presupuesto.

Formulamos moción en ese sentido.

Cabe aclarar que se plantea la posibilidad de autorizar otros servicios a todas las unidades ejecutoras del Ministerio del Interior mediante el artículo 109.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Como bien señaló el señor Senador Sanabria estamos discutiendo el artículo 109 que faculta a la unidad ejecutora "Dirección Nacional de Sanidad Policial", previa autorización del jerarca, a prestar a terceros a título oneroso servicios de salud. Creo que una Dirección de Sanidad no podrá prestar otro tipo de servicios que no sean de salud.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA. - Tiene razón el señor Senador.

El artículo 109 está vinculado exclusivamente a los servicios de salud. En realidad, es en el artículo 93 original donde el Ministerio del Interior solicita que se introduzca una modificación en el sentido de autorizar al jerarca máximo del Inciso a prestar a terceros, a título oneroso, servicios de cualquier naturaleza. Confieso que no sé con qué disposición del último repartido se corresponde.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiere decir que el artículo debe votarse tal cual viene de Comisión.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- El segundo inciso dice: "El resultado económico de estos servicios, una vez sustanciado el costo". Me da la impresión de que lo que se quiere decir es "cubierto el costo". Realmente no sé qué quiere decir "sustanciar el costo". En tal sentido, propongo esa modificación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 109, en su redacción original, con la modificación propuesta por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Quisiera saber cuál es la redacción original a la que aludió el señor Presidente. Hago esta pregunta, porque si uno mira el comparativo, observa que es un aditivo que incorporó la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me refiero al texto que está en el repartido.

Léase un aditivo llegado a la Mesa.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Determínase que los Fondos que administra la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial denominados `Fondos de Tutela Social Policial' y `Fondos de Vivienda' instituidos por el artículo 87 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, y Decreto Nº 507/987, de 8 de setiembre de 1987, respectivamente, constituyen Fondos de Terceros, no considerándose recursos de afectación especial." Lo firma el señor Senador Sanabria.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Este artículo venía en el Mensaje de la Cámara de Representantes y fue retirado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Hace bien el señor Senador Sanabria en insistir con el mismo, y adelantamos nuestro voto afirmativo.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Se trata de proventos que el Ministerio está recibiendo, y solicita la posibilidad de tenerlos liberados de afectaciones especiales. Actualmente, no puede disponer de ellos.

SEÑOR PENADES.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANABRIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Como bien explicaba el señor Senador Sanabria, estos fondos están formados exclusivamente por partidas retiradas del salario de los funcionarios policiales, ya sean Oficiales o Personal Subalterno, y al ser considerados fondos de terceros, la Administración no puede hacer uso de ellos como muchas
veces lo hace en forma, diríamos, no muy legítima.

Adelanto que esta disposición es una copia de una similar que fue votada por el Senado relativa al Ministerio de Defensa Nacional. Además, en la Cámara de Representantes fue aprobada por unanimidad a fin de preservar y defender estos fondos, que no son públicos, sino privados, ya que están conformados por el aporte que surge de los descuentos que se le hace al personal del Inciso 04, Ministerio del Interior.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA.- En realidad, señor Presidente, no tengo nada más para agregar porque fue muy clara la explicación dada por el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Creo que este artículo está mal redactado o, de lo contrario, es imposible entenderlo. Si se trata de fondos formados por los descuentos que se le hacen a los funcionarios para la vivienda o para la tutela social policial, evidentemente tienen una afectación especial, no se recogen porque sí. Se puede establecer que el Ministerio tendrá la facultad de administrarlos con más libertad. De lo contrario, está mal redactado.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Realmente es difícil trabajar así. Este artículo está en función del 37 que ya se votó, relativo al tema de los proventos. Allí se exceptúa al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, el Servicio de Tutela, la Dirección Nacional de Sanidad Policial y la Asistencia Social Policial. No le encuentro la explicación de que este artículo se proponga ahora. Debe ser porque en el Presupuesto hay alguna norma que no está clara. Incluso, de otra forma actualmente ya se podría estar afectando.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Luego de la amplia y profunda explicación que nos dieron consulté las disposiciones citadas y el artículo 87 de la Ley N° 13.640 dice: "Se deducirá mensualmente el 0.5% del sueldo a los funcionarios policiales con destino a la creación de un Fondo de Seguro de Vida e Invalidez y Gastos de Sepelio. El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones y formas en que se perciban estos beneficios y sus montos respectivos. El habilitado del Ministerio del Interior retendrá el importe del descuento, el que será depositado en una cuenta especial que se abrirá en el Banco de la República Oriental del Uruguay".

Según lo que explicaba el señor Senador Penadés, entiendo que se trata de preservar esos fondos para el destino que les asigna el artículo 87 de la Ley Nº 13.640.

Si es como señalaba el señor Senador Penadés, que se están usando para otra cosa y hay que preservarlos, se está violando la ley. No me importa que se ponga que esos fondos tienen que ir donde corresponde y no para otra cosa, pero no dice eso el artículo, mientras la ley citada sí expresa claramente el destino: pensiones, sepelios y vivienda, y deben ir a una cuenta especial del Banco de la República.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Creo que nos entenderíamos bien si pusiéramos un punto luego de "Fondos de Terceros" y elimináramos la última línea, que es la que genera una interpretación contradictoria, porque si están para eso son de afectación especial.

SEÑOR PENADES.- Es correcto lo que dice el señor Senador; existe un error de redacción en el repartido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si se acepta la propuesta, se va a votar el aditivo con la modificación sugerida por el señor Senador Gargano.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Sin pretender acortar las exposiciones de los señores Senadores, advierto que estamos a doce horas de expiración del plazo constitucional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa otro aditivo presentado por el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Este aditivo tiene relación con los dos Fondos de Terceros que hemos votado y que yo he acompañado. El mismo se limita a reclamar que anualmente las administraciones de los Fondos de Terceros que hemos votado en los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior, hagan un informe de auditoria y se eleve al señor Ministro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo aditivo.

(Se lee:)

"La administración de los Fondos de Terceros referidos en los artículos pertinentes presentará anualmente al Ministerio un informe de auditoría."

-En consideración.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Me permitiría sugerir una ubicación especial para este artículo en el Capítulo de Fondos de Libre Disponibilidad, que es donde debe ir y donde ya está uno de los Fondos de Terceros a que se refiere el señor Senador Atchugarry. Curiosamente pusimos ese artículo en el mencionado Capítulo y no en el Inciso del Ministerio de Defensa Nacional; con el mismo criterio, diría que éste que acabamos de votar tampoco debería ir en el Ministerio del Interior sino en el de Fondos de Libre Disponibilidad. Los tres artículos deberían ir ahí.

Concretamente, propongo que este artículo no vaya al Inciso del Ministerio del Interior sino que, junto al correspondiente del Ministerio de Defensa y a la propuesta del señor Senador Atchugarry, vayan al Capítulo de Fondos de Libre Disponibilidad.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Comparto totalmente la propuesta.

SEÑOR HEBER.- Creo que debería decir "al Ministerio correspondiente".

SEÑOR ATCHUGARRY.- Acepto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en primer lugar, el artículo aditivo presentado por el señor Senador Atchugarry.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar la moción del señor Senador Astori respecto a la transposición de estos artículos.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase un artículo aditivo presentado por el señor Senador Rubio.

(Se lee:)

"En un plazo de 180 días, el Ministerio del Interior instrumentará lo necesario para complementar el 20% que le corresponda por el artículo 222 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, para satisfacer el aporte jubilatorio patronal y personal de la actividad privada prestada por los funcionarios policiales, de conformidad con dicha disposición legal." (Firma: el señor Senador Rubio).

-En consideración.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: me gustaría que estuviera en Sala el señor Senador Rubio para poder discutir este artículo. Creo que está directamente alineado con algo que nosotros hemos venido planteando en cuanto a tratar de solucionar el tema de los aportes correspondiente al servicio 222. Si es ese el tema, nosotros estaríamos de acuerdo, pero lamentablemente cuesta mucho dinero. Hemos intentado avanzar en ese sentido y no hemos tenido los recursos necesarios para poder darle al personal policial los aportes correspondientes a lo que perciben por los servicios del 222. Hemos discutido esto con el Poder Ejecutivo, entendiendo que no tendría costos si se aumentara en la misma proporción el costo del servicio; sin embargo, el Poder Ejecutivo nos ha contestado que lo sacaría de mercado, ya que se optaría por el servicio más barato de las empresas privadas que existen.

De todas maneras, este es un tema que queda pendiente en el Parlamento y que quizá pueda ser solucionado viendo la situación que se da con las empresas privadas que dan seguridad y con el servicio del 222.

No estamos en condiciones de votarlo ahora porque no tenemos posibilidad de financiarlo, ni tenemos acuerdo, naturalmente. Sin embargo, quiero decir al señor Senador Rubio que estamos dispuestos a buscar una solución -que pienso que es factible de encontrar- estudiando el nivel de imposición y los costos de las empresas privadas que compiten con el servicio 222 de la Policía. Pero el tema es un poco más complicado porque, para que no haya costo en este artículo, se debería aumentar el precio del servicio 222 que presta la Policía a privados y a organismos del Estado. El señor Vicepresidente de la República recordará que cuando fue Ministro del Interior nosotros insistíamos con este punto, pero reitero que lamentablemente no estamos en condiciones de votarlo ahora. Nos gustaría que este tema quedara en carpeta, de modo de buscar una solución de futuro, poniéndonos de acuerdo con los Ministerios del Interior y de Economía y Finanzas.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Con esta iniciativa no sólo recogemos una inquietud que tienen los funcionarios, sino también la que manifestó el escribano Stirling en la Comisión en cuanto a que hay una situación irregular que perjudica a todos estos funcionarios policiales que, sin duda, tienen este derecho; el Estado está incumpliendo y, a largo plazo, va a terminar pagando más.

Pensamos que se hace necesario encontrar una salida para esta situación y, en definitiva, queríamos darle un marco que constituyera una señal. Tal vez podríamos realizar alguna modificación en la redacción, diciendo que se establece una facultad o, en todo caso, se podría encontrar otro camino. Lo cierto es que existe una situación social -que el señor Presidente conoce- sobre la cual se ha dado vueltas sin resolverla, y habría que buscar la forma de otorgar una facultad o de ir por otro camino -que podría ser en el marco parlamentario- a efectos de encontrar una solución al problema.

En síntesis, esa era nuestra inquietud. No sé si está en la línea de lo manifestado por el señor Senador Heber -tal vez puede surgir otra idea- pero lo cierto es que el tema es recurrente y no se ha canalizado de manera adecuada.

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Señor Presidente: debo decir que nosotros también estaríamos en la misma línea de los señores Senadores Heber y Rubio, pues creemos que sería de justicia resolver esa situación. Sin embargo, entendemos que la solución habría que estudiarla con más profundidad, porque no sólo se trata de la situación del servicio 222, sino también de otros tres ítems que se pagan al servicio policial por fuera, que no aportan, y deberían ser incluidos. Dicho de otro modo, habría que hacer un paquete con todo.

No estamos en contra de la solución de este problema, sino a favor -quiero que me entienda el señor Senador Rubio- y estaríamos dispuestos a discutir y estudiar una solución posible, porque creo que todos estamos en la misma línea, pero reitero que esa solución tendría que estar dirigida a contemplar, no solamente la situación del servicio 222, sino también los otros ítems, por los que tampoco se aporta y deberían ser incluidos en la misma canasta para que la jubilación del policía, el día que opte por retirarse, sea real.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en ese caso, más que votar por la afirmativa o por la negativa, el camino podría ser que este tema pasara a la Comisión de Presupuesto a los efectos de que se encuentre una solución a este problema. Entonces, formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 24 en 29. Afirmativa.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: pido disculpas, pero entiendo que esto refleja buenas intenciones -en el mejor de los casos- o vanas promesas. Digo esto, porque con el método de trabajo que tenemos -Ley de Urgencia 1, Presupuesto, Ley de Urgencia 2- cuando estamos terminando de considerar el Presupuesto ya está ingresando la Ley de Urgencia. ¿Cuándo legislamos? Con esta forma de trabajo, de ley de urgencia en ley de urgencia, pienso que no es verdad, que esos temas que postergamos no se van a tratar, porque seguramente las Comisiones no sesionen porque se van a suspender. Dentro de cinco años, entonces, en el próximo Presupuesto, vendrá de nuevo el problema del servicio 222; mientras tanto, su personal trabaja 16 horas por día y, cuando llegue el día que se tenga que jubilar, estará muerto de hambre, si es que no lo matan en la calle por $ 3.000.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: observando la hora y la cantidad de artículos que llevamos discutidos, me parece que tendríamos que apurar el tranco porque, de lo contrario, vamos a tener dificultades más grandes que las que tenemos ahora con algunos artículos.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: en principio quiero agradecer la actitud del señor Senador Rubio y, por otro lado, reparar una injusticia que hice cuando fundamenté el voto porque, al hacer una alusión del discurso del señor Senador Astori, ponderando su invitación y la del señor Senador Mujica, me olvidé del discurso que en la misma dirección y con el mismo sentido había realizado el señor Senador Rubio.

Esto me lleva a pensar que claramente tenemos dos Frentes: uno que invita a trabajar y a acordar, y otro que se niega o desconfía.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia recuerda al señor Senador que no se puede hacer alusión política en el fundamento de voto.

En consideración el Inciso 05, Ministerio de Economía y Finanzas, que comprende los artículos 114 a 141 inclusive.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: solicito el desglose de los artículos 116, 117, 129, 133, 134, 135, 136 y 137.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: tal vez, repita alguno de los artículos, pero solicito que se desglosen el 128, 129, 130, 133, 134 y 140.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: solicito que se reiteren los artículos que se desglosarían.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léanse los artículos cuyo desglose se ha solicitado.

(Se lee:)

"Los artículos cuyo desglose se ha solicitado son el 116, 117, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137 y 140."

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: solicito que se desglosen también los artículos 122 y 126.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: quiero aclarar que el artículo 130 lo vamos a presentar como aditivo.

A su vez, debo decir que, según nuestras notas, el artículo 63 del Mensaje Complementario fue aprobado, pero no aparece acá; por lo tanto vamos a solicitar que se vote también esa disposición.

Por otro lado, tenemos un texto sustitutivo del artículo 58 del Mensaje Complementario, que tampoco aparece pero, claramente, fue votado en Comisión. Este artículo refiere a la Dirección General Impositiva y su contenido implicó la resolución del conflicto. Realmente, estamos seguros de que fue votado pero, reitero, tampoco está.

Tenemos algunas otras cosas para plantear, pero lo haremos más adelante.

En este momento solamente queremos manifestar que, de acuerdo con lo establecido, el artículo 130 no fue votado como tal, por lo que lo presentamos como aditivo e insistimos en él.

En lo que respecta al artículo 58, debo decir que, a nuestro juicio, se votó con modificaciones, pero no importa, lo presentamos como aditivo, pues pensamos que a esta altura no vale la pena discutirlo.

Respecto del artículo 63 del Mensaje Complementario, reiteramos la solicitud de que se vote tal cual está. En las hojas 18 y 17, que figuran como aditivos, en realidad, están contenidos los artículos 63 y 51 del Mensaje Complementario que, a nuestro juicio, habían sido votados, pero los hemos presentado como hojas aditivas.

Del mismo modo, el artículo 106 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes pensamos que estaba votado, pero tampoco figura aquí, razón por la cual también lo presentamos como aditivo.

A su vez, planteamos que se considere el artículo 104 del proyecto de la Cámara de Representantes, que no sabemos si se votó, pero insistimos en él.

Pido disculpas a la Mesa, pero en verdad eran unos cuantos artículos y quise mencionarlos todos a los efectos de tener un panorama de todo el Inciso.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia aclara que algunos de los artículos mencionados no están en la Mesa.

SEÑOR MICHELINI.- Algunos figuran en el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: o están en el proyecto de la Cámara de Representantes, o en el del Poder Ejecutivo o en las hojas 17 y 18 del repartido. Aclaro que el único artículo que no figura es el 58 del Mensaje Complementario -que lo puedo hacer llegar a la Mesa en este momento- que fue aprobado con una modificación, luego del acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas y los funcionarios de la Dirección General Impositiva.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: respecto al artículo 58 al que alude el señor Senador, debo decir que en Comisión se votó un sustitutivo, aprobado por 15 votos en 17 Senadores presentes, y lo tengo sobre la mesa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Aclaro que es el que estamos entregando.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Quisiera proponer -dado que esto es tan engorroso, que parece que estuviéramos cantando la quiniela- ir considerando los artículos uno por uno. Me parece que así vamos a perder menos tiempo. Es decir, se pone en consideración un artículo, se dice cuál es el aditivo y el sustitutivo, y se pasa al siguiente.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Quería proponer lo mismo que acaba de plantear la señora Senadora Arismendi. Me parece que ese sería el procedimiento más ordenado.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Coincido con lo que se acaba de plantear. Las anotaciones que hicimos estaban destinadas a la Mesa y no tenían como fin el votar en bloque, sino que se nos recordara considerarlos.

SEÑOR COURIEL.- Para este Inciso, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo, señores Senadores. La propuesta no es desglosar artículos, sino ir uno por uno, tal como vienen en el repartido.

En consideración el artículo 114.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 115.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 116.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Estoy leyendo el anexo número 3, que es el que habla del funcionario que cumpla funciones de fiscalización, que fuere condenado por delito de contrabando en calidad de encubridor. No quiero que mis palabras se interpreten como una ironía, pero, de verdad, me siento un poco frustrado; no sé si cuando se redactaron estos artículos se consultó a algún abogado que supiera algo de Derecho Penal. Lo digo con toda claridad.

El contrabando en el Uruguay es un delito autónomo; no es un grado de participación en ningún delito. Eso pasa en algunos países, creo que en Alemania. Pero en Uruguay, el encubrimiento es un delito autónomo, separado del delito que se encubre. Eso es lo que establece el Código Penal y el Código de Irureta Goyena en sus notas a aquél. Entonces, no se puede decir "que fuere condenado por delito de contrabando en calidad de encubridor". Si la persona es condenada por encubrimiento, se trata de otro delito distinto al delito encubierto. Eso es así; es el ABC del Derecho Penal, y esto se sabe desde primer año de Derecho Penal.

De manera que no compartimos este artículo, pero, por lo menos, con el espíritu de que de este Cuerpo que integro no salgan normas conteniendo disparates gramaticales, pediría a alguien que supiera un mínimo de Derecho Penal que lo arreglara. Digo esto porque estoy suponiendo que la mayoría de los señores Senadores votará esta disposición. Verdaderamente, estamos hablando de algo elemental; es lo que siempre se repite cuando se estudia el encubrimiento: no se trata de un grado de participación en otro delito, sino de un delito autónomo del delito encubierto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 117.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 25. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Simplemente, quisiera pedir una explicación. Ha sido aprobado un artículo que habla del concepto de autoridad administrativa aduanera de menor cuantía. Quisiera que, por favor, algún integrante de la Comisión explicara qué quiere decir una autoridad administrativa aduanera de menor cuantía.

SEÑOR PRESIDENTE.- Esa disposición ya fue votada por el Senado. Si el señor Senador lo desea, puede pedir la reconsideración de la norma.

SEÑOR KORZENIAK.- Perdón, señor Presidente, pero me da la impresión de que el Senado votó el artículo sin saber lo que votaba. Al parecer, no hay nadie que sepa decir qué es una autoridad administrativa aduanera de menor cuantía. Reitero que, según parece, se votó una norma sin saber qué se estaba votando, y esto es algo que a mí, como integrante del Senado, me duele y me provoca cierta frustración.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 118.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 119.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 120.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 121.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Esta disposición tiene que ver con las sanciones que se imponen a quienes transgredan el artículo 14 de la Ley Nº 17.243, que es la Ley de Urgencia número uno y que refiere a la libre competencia y a todas las normas relacionadas con ella.

Por nuestra parte, estamos de acuerdo con que se establezca una sanción; precisamente, en el transcurso de la discusión sobre la Ley de Urgencia manifestamos que nos parecía que aquél era un artículo muy declarativo, al no figurar en él ningún tipo de sanción. Pero fíjense los señores Senadores que el acápite del artículo 105 expresa que la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo establecerá a qué repartición del Estado se le asigna competencia en el control de los actos y conductas prohibidos por el artículo 14. Nos parece que el hecho de decirle al Poder Ejecutivo en una ley que reglamente a qué Unidad le va a otorgar el control, constituye una falta de precisión que no debe existir en una ley.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: es muy opinable lo que se está expresando porque, para empezar, en la ley referida y en la Ley de Urgencia se sigue mencionando unidad de control. Por lo tanto, la unidad administrativa no está identificada en la ley preexistente. Además, esto no es nuevo; si se mira el Código de Aguas, se podrá constatar que tampoco se asigna cuál es la unidad, y se deja eso al Poder Ejecutivo. O sea que se trata de una técnica legislativa correcta, usada muchas veces. Es claro que se podrá gustar de ella o no; eso es opinable. Pero debemos decir que, por lo menos, no es algo incorrecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 122.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 123.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 124.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 124/1.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero aprovechar esta oportunidad para dejar constancia de que, si el Senado no se opone, la Presidencia quedaría facultada para eliminar la numeración con "/1" o "/2" y poner la que corresponda.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos al señor Senador.

En consideración el artículo 125.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 126.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 127.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 128.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 129.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Voy a robar un poco de tiempo al Senado, porque entiendo que los tres artículos que vienen a continuación -en especial los dos primeros- son de suma importancia. El tratamiento de este tema dio lugar a un altercado que se produjo en la instancia de la discusión general, en relación a la historia de ciertas políticas que se han venido aplicando en la Dirección Nacional de Aduanas. Voy a ahorrar todo eso, porque no es mi intención cobrar boletas amarillentas. Quiero opinar para adelante, señor Presidente.

Pensamos que este tema no debería estar incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto, porque nos estamos prohibiendo nosotros mismos la realización de un gran debate sobre este asunto. A raíz de lo sucedido con la fiebre aftosa -y, en especial, a través de los medios de prensa- se ha generado en el país un gran debate sobre el contrabando y, por supuesto, también sobre la Dirección Nacional de Aduanas.

Tratando de ser breve, quiero decir que no es de recibo, como argumento para este tema, que las máximas autoridades del país digan algo así como que, prácticamente, la Dirección Nacional de Aduanas está en un estado de desmoralización lamentable. Hay instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía y la Dirección Nacional de Aduanas, donde estos argumentos no son de recibo, casi por una cuestión de principios. No puede haber un Jefe de Batallón que comunique a su superior que su Batallón está desmoralizado por corrupción porque, en ese caso, el primero en ser arrestado sería el Jefe del Batallón. La segunda medida sería nombrar a otro en un plazo perentorio para que, en poco tiempo, la situación quedara reparada. No podemos aceptar argumentos de esa naturaleza dados públicamente en un tema como éste. Entendemos, tal como lo señalaron ayer los señores Senadores Mujica y Astori -y fueron elogiados por el señor Senador Heber- que aquí estamos ante un problema de Estado de tremenda importancia.

La Dirección Nacional de Aduanas no es una entidad más del Estado, sino que debe ser una de las más importantes de todas. Nació con la patria, y controla, fiscaliza y garantiza nuestro comercio exterior, es decir, lo que entra y lo que sale del país. Cuando manifestamos nuestra vocación de ser la capital del MERCOSUR, una vocación marítima, portuaria, transportista o vendedora de servicios en materia de fletes para toda la región, el Uruguay debe dar una sensación muy seria en lo que se refiere a la Dirección Nacional de Aduanas que, además, está muy estrechamente vinculada a los más delicados acuerdos internacionales que el país ha firmado, independientemente de la opinión que tengamos.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Riesgo)

-No se puede pasar por este problema de apuro y en medio de un debate que, a mi juicio, estuvo mal dado en los lugares en que se produjo, o sea, en los medios de prensa, ya que se debería haber llevado a cabo a nivel parlamentario. Creo que todos nos estamos perdiendo la oportunidad de una buena discusión parlamentaria, de una multipartidaria como existió en otras épocas, para poder discutir entre todos este problema de Estado que es decisivo para nuestro futuro.

Se quiere tomar medidas, tal vez con la mejor intención del mundo, pero que constituyen un remedio peor que la enfermedad. Nuestra Bancada se opone, entre otras cosas, a generar un grupo de 50 funcionarios públicos que pasarían en comisión, porque sería como decirle al país que la institución que tenemos para la represión del contrabando no sirve y vamos a crear otra paralela. La acción debe estar dirigida al seno de la Dirección Nacional de Aduanas y, basándonos en la mayoría de sus funcionarios, que están muy especializados en estos temas, debemos buscar la solución a este gravísimo problema que tanto tiene que ver con nuestro destino y con el de la producción en el Uruguay.

Por los motivos expuestos, nuestra Bancada solicita que este tema no se trate como materia presupuestal, aquí y así, de apuro, porque consideramos que amerita un debate parlamentario como el que se ha propuesto para el estudio de otros asuntos. Reitero que estamos ante un problema de Estado, y nos parece que el remedio que se propone es muy parcial y que, aunque se propone con la mejor intención del mundo, puede ser peor que la enfermedad y ocasionarle al país grandes daños.

Quería hacer este llamado de atención. En el caso de que se desoiga lo manifestado, tenemos varios sustitutivos que también someteremos a votación para reemplazar los artículos que aquí se proponen.

Estamos de acuerdo con generar los dos Fondos que surgen con la nueva distribución que se propone de los recursos provenientes de las multas, pero entendemos que ellos deben estar en la órbita de la Dirección Nacional de Aduanas -para fortalecerla tecnológicamente y en materia de represión del contrabando- y no del Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- En cuanto a las manifestaciones que acaba de hacer el señor Senador Fernández Huidobro, señalo que las compartimos en tanto y cuanto creemos que ha llegado la hora de que el Estado tome riendas en el asunto del contrabando. Cerramos filas detrás de toda campaña perdurable y permanente que se realice en la lucha contra este flagelo nacional. Esto no puede ser producto de un estertor que dure muy poco y que luego, como tan a la uruguaya ha ocurrido tantas veces, todo vuelva a estar como estaba antes.

O sea, que por primera vez en este tema se termine con aquello de que siempre que llovió paró, que hay que esperar, que es un asunto de gobierno, que están apretando ahora pero que con el tiempo, como siempre, se volverá a los carriles normales.

Confiamos en la política llevada adelante por el Presidente de la República; consideramos que debe seguir siendo instrumentada y, también, que este Parlamento tiene que iniciar una discusión sobre el tema de la Aduana en el momento en el que se crea oportuno. Personalmente, entendemos que el momento de hacerlo se acerca rápidamente, porque el país no soporta una evasión de casi U$S 1.000:000.000 en materia de contrabando. Si tiene que caer alguien, que caiga; y si tiene que marchar preso alguien, que marche preso. En ese sentido, el sistema político tiene que comenzar a dar señales claras de que se terminó la farra, de que ha llegado la hora de darse cuenta de que no se puede seguir apretando lo que siempre se aprieta, donde es más fácil hacerlo, es decir, la población, a través de impuestos, y de que hay que tratar de buscar los recursos para reencauzar la lucha frontal contra este flagelo, cuestión que consideramos primordial.

Me atrevo a decir que el Partido Nacional cierra filas detrás de esta campaña, mientras ésta sea perdurable, se haga un seguimiento y esté estructurada en acuerdos de Estado que logren la visualización y construcción de políticas a largo plazo. O sea, por más que las Administraciones cambien, que se sepa que las políticas encauzadas en el Uruguay luego de esta inflexión que hemos vivido en cuanto a los anuncios que el Poder Ejecutivo ha realizado en torno a la lucha contra el contrabando, deben asentarse para quedarse para siempre.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PENADES.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede interrumpir el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- En la misma línea de razonamiento del señor Senador Penadés, quiero recordar, entre otras cosas -porque él no estuvo presente en la oportunidad en que este tema se trató en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, a la que fue convocado inicialmente el Director Nacional de Aduanas con motivo de declaraciones públicas por las que había sostenido que se había sentido presionado por algunos sectores políticos y empresariales- que nosotros manifestamos que no habíamos convocado al señor Jorge Sienra -y mucho menos al señor Ministro de Economía y Finanzas- para censurarlo, reprobarlo o promover su destitución por lo que manifestó en su momento. Por el contrario, en ese entonces señalamos al contador Bensión y al Director Nacional de Aduanas que todo el respaldo que en forma institucional necesitara y que todo el apoyo que desde el Parlamento fuera menester, ya fuese a través de recursos o de instrumentos jurídicos que le facilitaran la tarea de represión del contrabando, el Partido Nacional en bloque estaba dispuesto a otorgárselo.

Vaya dicho esto para complementar la exposición del señor Senador Penadés, que comparto en todos sus términos.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede continuar el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Quiero dejar constancia de que creemos que entre los actuales funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas existe gente muy honesta; de que no se puede generalizar; de que se deben instrumentar mecanismos para su defensa y jerarquización y de que, en esta instancia y también en el futuro, debemos mejorar sus condiciones, porque estamos hablando de funcionarios públicos que tienen que cumplir con el objetivo de servir a la nación a través de la responsabilidad del cargo que se les ha otorgado y por la confianza que el Estado les brinda al ingresarlos a sus plantillas.

Es por ello, señor Presidente, que oportunamente la Bancada del Partido Nacional insistió y logró aumentar las partidas establecidas en el artículo 129 para los literales A) y B); ahora se plantea reducir en un 5% la partida del literal C) y en otro 5% la del literal D), que refiere a gastos de funcionamiento, a los efectos de trasladar esos porcentajes a lo establecido en el literal A) para quienes hayan denunciado la existencia de contrabando. Por consiguiente, formulamos moción en el sentido de que este artículo se modifique para, concretamente, establecer en el literal A) un 50% para quienes denuncien la infracción y se reduzca lo previsto en los literales C) y D) en un 5% respectivamente, a los efectos de financiar la propuesta. Es decir que tanto en el literal C) como en el D), estaríamos hablando de un 10% para gastos de funcionamiento que, me adelanto a decir, ya están amparados en la Ley de Presupuesto anterior.

En suma, insistimos en que este Parlamento debe sumarse a las políticas que desde el Poder Ejecutivo se están instrumentando en la lucha contra el contrabando, asegurando lo que nos parece que se debe asegurar: que esto no es una tormenta de verano, que no se trata de apretar ahora para ir aflojando después, sino que es un estilo que ha llegado para quedarse, en lo que hace a una lucha frontal en defensa de la industria, el comercio y el trabajo de nuestro país.

Nada más.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Ya en la discusión general manifestamos que respaldábamos a la Presidencia de la República en esta cuestión del contrabando. Al mismo tiempo, puntualizamos que hay que tener políticas macroeconómicas compatibles con el contexto regional porque, de otra manera, las asimetrías alimentan este fenómeno. Nos parecía que había serias incongruencias en el MERCOSUR si mirábamos el marco de ausencia de acuerdos en la última década.

También nos parece que la propuesta que el Poder Ejecutivo hace en el Mensaje Complementario debe ser sustancialmente respaldada en lo que hace a la primera parte, es decir, a la iniciativa ciudadana expresada en este 40% para quien o quienes hayan denunciado la infracción. Ahora bien, lo que no compartimos es la creación de esta unidad especializada basada en una serie de pases en comisión, porque creemos que el Presidente de la República tiene suficientes poderes para intervenir en ella y contar con un grupo confiable que permita llevar adelante esta lucha con solvencia y tranquilidad.

En consecuencia, elaboramos un sustitutivo del artículo 129 que difiere de lo propuesto en tanto que, en lugar del 30% previsto en el literal B), se establece un 40% para distribuir entre los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas. Asimismo, fusiona los literales C) y D), llevando el porcentaje a un 20%, en lugar de 15 % y 15%. Dado que no auspiciamos la unidad nueva que propone el señor Presidente, fusionamos ambos literales y sugerimos otorgar un 20% dirigido a la creación de un fondo para el fortalecimiento operativo y tecnológico. O sea que las dos finalidades o cometidos que aparecen en los literales C) y D) quedan fusionados, ya que se establece: "Un 20% (veinte por ciento) dirigido a la creación de un fondo para el fortalecimiento operativo y tecnológico de la Dirección Nacional de Aduanas, la que presentará anualmente al Ministerio de Economía y Finanzas para su aprobación un plan de proyectos de inversión que incluirán exclusivamente tecnología destinada a detección de presuntas infracciones aduaneras y control de tránsito de mercaderías.

Tales proyectos deberán contar con el informe previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto." Esa es la sustancia y diferencia con este artículo, tal como viene, y es el sustitutivo que estamos poniendo a votación.

SEÑORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- Deseaba referirme al inciso que comienza diciendo: "Dichos funcionarios podrán ser compensados con cargo a Rentas Generales. Tales compensaciones serán dispuestas..." y que más adelante, establece: "Las retribuciones totales de estos funcionarios no podrán superar el monto de $ 42.305 (pesos uruguayos cuarenta y dos mil treinta y cinco) a valores de 1º de enero de 2000."

Nosotros habíamos estado hablando en torno a este tema y habíamos acordado que el salario de estos funcionarios no iba a superar los 29 salarios mínimos. Por lo tanto, quiero dejar constancia de que eso era lo que habíamos acordado y mocionamos para que se vuelva a esa instancia.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Quiero hacer una referencia muy breve, porque comparto totalmente las expresiones del señor Senador Rubio.

Simplemente, agrego que en toda esta campaña de medios que se ha hecho respecto a la Dirección Nacional de Aduanas, y en los artículos que se incluyen, en realidad se embolsa en el tema del contrabando a todos los funcionarios de esa repartición, aspecto que no compartimos. Pensamos que se ha desatado una campaña de publicidad, pero en definitiva, como todos sabemos -por momentos esto se ha puesto a consideración de la opinión pública- aquí el problema es el de los grandes contrabandos que entran y que, por cierto, no lo hacen por los cruces de frontera. Esto nos consta y hemos visto -como creo que lo han visto todos los que han caminado por el país- que existen funcionarios abnegados que viven en condiciones miserables porque, precisamente, no entran en ese tipo de corrupción que se está planteando.

De la misma forma, acá, el problema general del contrabando tiene instancias muy superiores, que son las que deberían ser atacadas, y que se conocen. Hacia allí se debe apuntar. Entonces, no compartimos que se acompañen una serie de artículos que, en definitiva, apuntan a ratificar que todos los trabajadores y trabajadoras de la Aduana son corruptos. Si eso fuera así, responsables serían los superiores jerárquicos, porque tendrían que haber tomado medidas durante todo este tiempo.

En consecuencia, se castiga y se desmotiva a aquellos que siempre han tenido una conducta honrosa y a prueba de todo tipo de tentaciones y de elementos de corrupción.

En definitiva, tenemos esta grave situación que aquí se señalaba -también lo indicaba así el señor Senador Fernández Huidobro- donde, de aquí en adelante, se va a exigir seriamente a funcionarios que han sido desacreditados, expuestos al escarnio público y que, además, tienen sueldos absolutamente bajos.

En consecuencia, pienso que se deben adoptar medidas y apuntar a aquellos aspectos señalados ayer mismo por parte de varios señores Senadores pertenecientes a distintos partidos, en sendas intervenciones. Precisamente, el señor Senador Astori se refería a esto cuando hablaba también del comercio desleal, donde sabemos con nombre y apellido quiénes están haciendo estas cosas y quiénes, por diversos canales -por ejemplo, sociedades anónimas o inclusión de familiares a través de distintas modalidades, como ir facturando, subfacturando o derivando facturas- son los que en definitiva están trayendo el gran contrabando al país.

Quiero insistir en reivindicar a aquellas personas que durante toda su vida laboral en la Dirección Nacional de Aduanas no han sido actores, no han participado de estas situaciones y que muchas veces han tenido graves problemas cuando han presentado denuncias. A veces han incautado mercadería y, al otro día, al hacer la denuncia, se encuentran -como ha sucedido con camiones enteros- con que ésta ha desaparecido y se ha dado vía libre, a pesar de que esos trabajadores han seguido los pasos correspondientes.

Por lo tanto, pienso que sería bueno analizar el tema en su globalidad, seriamente y en forma ajena a todo este vendaval que se ha desatado y que apunta correctamente a atacar el contrabando, pero también a conformar una opinión pública que no tiene todos los elementos como para poder juzgar.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA ARISMENDI.- Con mucho gusto. A pesar de que soy de las "malas" de este Parlamento, señor Senador Heber -él me ha condecorado con esa distinción- amablemente y con mucho gusto le concedo la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Muchas gracias. Nunca voy a decir en esta Sala que la señora Senadora Arismendi es mala. No me haga decir, señora Senadora, lo que no quiero. Más que mala, diría que es dura, y a veces un poco agresiva, pero igual le debo un respeto que espero sea mutuo.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

-La señora Senadora Arismendi habla sobre el tema de Aduanas y creo que ha dicho algo que me parece importante subrayar. Concretamente, ha señalado que conocemos nombres, apellidos y sociedades anónimas. Creo, señora Senadora, que hay que ir al Juzgado y hacer la denuncia si es que esto se sabe; creo que esto es lo que se debe hacer. No se puede decir "yo tengo los nombres y todos lo sabemos". Yo no lo sé, pero si supiera y tuviera la certeza de que hay gente que está operando de esta manera en la Dirección Nacional de Aduanas, tendría que ir a hacer la denuncia al Juzgado. Justamente para eso solicité la interrupción porque, de lo contrario, nos transformamos en encubridores de esta situación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Comparto totalmente lo expresado por el señor Senador Heber. Más aún, sé que se están tomando determinadas medidas que se hacen por los canales correspondientes. Naturalmente que hay gente que hace las cosas muy bien, y para demostrar los hechos se debe tener determinadas pruebas. Nos consta que se está actuando y que para que esto tenga éxito no es cuestión de mencionarlo en mis intervenciones, aunque me sirva para fundamentar lo que estoy diciendo. De todas maneras, sé que hay trabajos realizados en distintas instancias, seguimientos y, en algunos casos, ya se han descubierto determinados hechos. Puedo mencionar -es de pública notoriedad- que la Intendencia Municipal de Montevideo, junto con la Dirección Nacional de Aduanas y con el Ministerio del Interior, ha incautado y demostrado la existencia de depósitos donde había, por ejemplo, mercadería vencida a la que se volvía a poner fecha de vigencia. Estas eran mercaderías de contrabando, en grandes volúmenes, las que luego atentaban además contra la salud de la población porque, reitero, se adulteraba la fecha de vencimiento y se vendía normalmente con facturas falsas o modificadas en el comercio formal. Dicho comercio adquiría esta mercadería sin saber que se trataba de mercadería que había ingresado ilegalmente al país.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ARISMENDI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Deseaba hacer un par de reflexiones sobre este tema, que creo no están de más. La primera es que cuando uno escucha esta campaña emprendida por el Gobierno, no puede expresar otra cosa sino satisfacción.

Pienso que está muy bien que se haga esto y que se tome conciencia de lo que significa para el país, para el trabajo nacional, esta monstruosa situación planteada en torno al tema del contrabando.

La segunda reflexión que quería formular es que se ha hecho un juicio de valor sobre lo realizado, por lo menos en los últimos 15 años de Gobierno. Se trata de un categórico aplazamiento por la incompetencia total que se ha demostrado durante todo este tiempo, en controlar un factor tan decisivo para la economía del país. Aquí se ha mencionado la cifra de U$S 1.000:000.000 -supongo que serán anuales- de defraudación fiscal. Inclusive, el propio Presidente de la República ha evaluado la magnitud de esta situación.

Cuando estamos debatiendo durante horas si se otorgan U$S 7:000.000 más para la Universidad de la República, o U$S 2:000.000 para la investigación científica y técnica, hay un juicio de valor sobre lo actuado, diría categórico, que hay que recalcar. Aquí se ha dicho que durante mucho tiempo no se ha hecho absolutamente nada al respecto y que se ha permitido que en 15 años, U$S 15.000:000.000 de defraudación fiscal hayan ido a parar a los bolsillos de la gente que perpetra este delito de contrabando.

En tercer lugar, también como reflexión, quiero decir que en la Comisión de Presupuesto tuvimos la oportunidad de escuchar al señor Director Nacional de Aduanas reiterar que, efectivamente, había recibido ciento setenta y cinco llamadas -que las tenía registradas- de empresarios y particulares que estaban interesados en mitigar esta campaña, lo que me parece también de una enorme gravedad. Lo lamentable es que cuando pedimos que se dieran a conocer esos nombres, éstos no aparecieron.

Pienso que describir esta situación, solamente hablar de ella, es emitir un juicio, y considero que, cualquiera sea el resultado de la votación sobre este artículo, hay toda una forma de actuar del aparato del Estado que hay que corregir hacia el futuro. Lo que se ha perdido hasta ahora ya está perdido, pero conviene que hacia delante se tenga conciencia muy clara de que no es sólo por medio de campañas, sino con hechos, que se puede terminar con esta lacra, que es el contrabando que importa, el de la subfacturación o el de la aduana de este país, acá, en la ciudad de Montevideo, que permite que ocurran estos hechos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Arismendi.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ARISMENDI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- En nombre de mi Partido, quiero señalar que cuando le cupo la responsabilidad de la administración del país al doctor Luis Alberto Lacalle, las personas que fueron designadas en la Dirección Nacional de Aduanas -sin entrar a buscar ni a generar una discusión de lo que fue su gestión- fueron, para nuestro Partido, un orgullo. Me refiero al Mayor retirado Armando Méndez, al doctor Arechavaleta y al doctor Egozcue, que cuando estuvieron al frente de la Aduana realizaron un combate frontal contra el contrabando que, hasta ahora, muchos sectores de la economía nacional siguen ponderando. La actitud del doctor Batlle desde la Presidencia creo que es, simplemente, la continuidad de lo que nosotros habíamos comenzado en 1990. Tengo mucho orgullo en decir esto y por eso adoptamos esta posición.

Muchas gracias por la interrupción, señora Senadora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Para terminar, señor Presidente, quiero insistir en que aquí el problema -como todos lo han señalado- es muy serio y de enorme gravedad. Sin embargo, creo que eso no puede llevar a cortar el hilo por lo más delgado y que de un plumazo se englobe sin distinción, sin las investigaciones correspondientes, a todos los trabajadores y trabajadoras de la Aduana.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara que hay cinco señores Senadores anotados para hablar sobre este tema, por lo que invita a la mayor brevedad de los comentarios.

Tiene la palabra el señor Senador de Boismenu.

SEÑOR DE BOISMENU.- En honor a este Senado y a la rapidez con la que deberíamos estar trabajando para terminar con este Presupuesto, voy a ser lo más breve posible.

En primer lugar, me congratulo de las expresiones vertidas en Sala por los señores Senadores Heber y Penadés. Sin embargo, no descarto que quien inicia esto -y reitero que me congratulo de sus expresiones- en general, es el señor Senador Fernández Huidobro.

Quisiera poder expresar mi razonamiento y señalar lo que me preocupa en este momento. Hace pocos días seguí con gran interés una larga disertación del señor Senador Garat sobre las ideas del nacionalismo y una parte rica de la historia de mi país. Si bien había leído libros al respecto, no podría acercarme a las vivencias que tenía el señor Senador Garat. A continuación, el señor Senador Fernández Huidobro hizo una excelente demostración de lo que yo siento debe ser el nacionalismo. Me refiero a esto porque creo que hoy es realmente importante. Cuando el Gobierno inicia una lucha para salvar al país en el tema del contrabando, que ha afectado durante años a los empresarios y a los trabajadores del Uruguay -recién en este momento veo salir por la prensa a las organizaciones empresariales, y como sé de la madurez de los sindicalistas uruguayos, estoy seguro de que también veré a ellos en pocos días- en el día de ayer -y por eso recuerdo las expresiones del señor Senador Fernández Huidobro- me encuentro con algo que se puede considerar antinacional y que se relaciona directamente con la exposición de los dos señores Senadores que he mencionado.

Creo que es válido que los trabajadores de mi país se defiendan cuando determinados hechos los afectan. También lo hacen los empresarios y lo he hecho yo, honestamente, cuando fui dirigente empresarial. No obstante, ayer era un día importante para el turismo de mi país: ayer fue el día de La Virgen en la Argentina, y una masa enorme de turistas llegó al Puerto de Fray Bentos, pero éste se paralizó por una medida tomada por la Aduana. Creo que esa no es una buena actitud nacional y que se podría haber esperado para seguir esa lucha sindical. Aclaro que apruebo que se haga uso de ese derecho, pero quizás no las causas para que se llevara a cabo. Es por eso que siento que después de las expresiones del señor Senador Fernández Huidobro, él será con nosotros un paladín de la defensa de las actividades nacionales.

Ayer, durante el día, la ciudad de Fray Bentos, y solamente esta ciudad, sufrió un daño que, a mi juicio, fue bien pensado y esperado. El propósito era hacerle un daño a mi país. Las actividades nacionalistas mencionadas por los señores Senadores Garat y Fernández Huidobro, que yo seguí con atención y apruebo, deben estar al frente de su trabajo en los próximos días.

Quería realizar estas manifestaciones porque este tema me ha tocado en forma muy profunda.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa advierte que estamos en la discusión particular del artículo 129 y entiende que los señores Senadores han evadido absolutamente la concreción que requiere el debate.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Agradezco las palabras elogiosas del señor Senador de Boismenu, y quiero aclarar lo siguiente. En el día de ayer expresé que la diferencia entre el artículo 130, que privatizaba la Dirección Nacional de Aduanas -que estaba en el libro de tapas negras- y el 130 que vamos a tratar ahora, ocasionó una huelga. No pertenezco a la Asociación de Funcionarios Aduaneros que declaró la huelga pero, ante la privatización de nada menos que la Dirección Nacional de Aduanas, es posible que en la madrugada del día de ayer se haya cambiado el planteamiento que se había hecho gracias a la actitud combativa de esos trabajadores que defendieron ese patrimonio nacional y que, gracias a ello, hoy no estemos discutiendo la privatización. Es decir que, en pocas horas, pasamos de la privatización a un simple asesoramiento de representantes técnicos.

Como lo dije ayer, fue una actitud torpe, a mi juicio, del Gobierno, que quiso entrar a meter mano en una situación muy complicada. Eso fue lo que produjo la convulsión que se dio en ese momento.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: yo soy el torpe. Vamos a terminar con la historia que se ha tratado de armar con respecto al artículo 130. En primer término, este artículo no debe votarse acá porque, como acordamos, es de los que entendimos que no íbamos a votar. En segundo lugar, si se lo hubiera votado, no habría sido con este texto y, por último, su intención ni remotamente puede entenderse como de privatización.

¿Cuál es el asunto? Para explicarnos, vamos a poner un ejemplo. Los zapateros se quejan porque dicen que los calzados que vienen de China están subvaluados, y por ello, desde hace mucho tiempo los industriales tienen la aspiración de participar asesorando en la mesa de valoración, por la subfacturación y por el "dumping". Lo primero que escribimos, señor Presidente, es esto mismo que está acá. Como algún compañero nos dijo que esto podía ser medio corporativista, porque iban a participar nada más que los señores de la Cámara de Industria, del sector agropecuario y del sector comercial, entonces le dije que me parecía bien y que, en todo caso, se podía confrontar, ya que hay compañías que se dedican a asesorar en materia de valoración; en ese sentido, se podían incluir las que consideraran el Ministerio y los representantes, pero el procedimiento lo hacía la Aduana. Así, por ejemplo, cuando un importador decide traer zapatos que valen U$S 1, deberíamos tener la posibilidad de controvertirlo, porque el mecanismo de dilucidación de "dumping" de la Organización Mundial de Comercio está diseñado para que jamás nadie, salvo una empresa muy grande y con mucha trayectoria, pueda eventualmente demostrar que hay un "dumping". Para ello, hay que ir al país de origen y presentar un estudio. En este caso, eso significa ir a la China con un asesor y traer un estudio sesudo; el país que objeta le tiene que comunicar al otro, etcétera, etcétera.

Esa fue la intención, señor Presidente, y si hemos sido torpes, lo aceptamos, pero rechazamos que hayamos querido entrar una privatización sin avisar. No somos así. Cuando el señor Subsecretario Brasca, en un artículo que ni siquiera sabíamos si estaba votado o no, me alertó en el sentido de que había problemas con esto, le dije que eso era de locos y que podíamos hacer una cosa mucho más sencilla. Entonces, hablé con el señor Garrido -no en la madrugada, sino media hora después de empezar el conflicto, ni bien me enteré de él- y le dije que retiraba el artículo, que esto no tenía nada que ver y que era demencial que se estuviera haciendo un planteo por esa causa. Quiere decir que la lucha combatía algo que nunca estuvo planteado; e incluso después, comparando las notas, advertimos que ni siquiera había sido votado. Entonces, fantástico, mejor: yo lo presento como aditivo, porque además creo que es buena la solución, y no tiene nada que ver con lo que se está planteando.

Por lo tanto, aprovecho la oportunidad para decir que si soy torpe para redactar, lo acepto, pero no que intento pasar entre gallos y medias noches una privatización. Quienes me conocen en los últimos quince años, saben que no hago estas cosas y que cuando creo que hay algo que no se debe hacer lo digo de frente. Si el procedimiento fue desarreglado, en aras de aclarar, para evitar un conflicto que estaba generando una dificultad, con mucho gusto lo acepto, pero ni el Gobierno tuvo nada que ver -no tenía conocimiento siquiera- ni esto tenía que ver con privatización alguna. Si he sido torpe, lo admito. Seguramente lo he sido y lo digo con humildad.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Como se recordará, en el día de ayer me referí particularmente a la competencia desleal, respecto de la cual quiero confirmar, de acuerdo con el razonamiento que acaba de hacer el señor Senador Atchugarry, que una reivindicación de ramas enteras de la industria nacional es poder estar presente en la mesa de valoración, con fines de asesoramiento y no de resolución, para controlar el tema de la valoración y, por ende, de la facturación. Por lo tanto, compartimos absolutamente la línea de que se pueda, como dice el artículo 130 -que no fue votado en Comisión, como todos sabemos; este es un texto diferente- admitir el asesoramiento de representantes técnicos de los sectores comercial, industrial y agropecuario. Esa línea no puede ser sino compartida por quienes queremos combatir el comercio de competencia desleal que viene, aparentemente, con papeles en regla, pero que le hace mucho daño a la industria nacional.

Naturalmente, esto cambia dramáticamente la propuesta que se había votado en Comisión que, además, hablaba de contratar servicios de empresas especializadas, lo cual desapareció ahora. Creo que el cambio es absolutamente beneficioso.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- También comparto con el Cuerpo la idea de que, buscando no pasarnos para el otro lado y que, en definitiva, sean los industriales los que decidan cuánto valen las cosas, lamentablemente hicimos una mala redacción. ¡Pónganse en mi lugar cuando me comunicaron que de tarde estaba parada la Aduana por este artículo! Entonces, más pesar del que sentí cuando me di cuenta de que por mi falta de habilidad al redactar, se había generado todo este disgusto, no me van a hacer sentir ustedes. Digo, con humildad, que lo lamenté mucho.

Insisto en esto y pido perdón por hacer perder un poco de tiempo al Cuerpo para poner las cosas en claro, porque al final se estaba armando toda una discusión a propósito de otros entendidos y yo, que soy el origen y el fin de este bendito artículo, quería ser bien claro y pedir las disculpas a quien tenga que recibirlas.

Muchas gracias.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Voy a volver al artículo 129, que es el que estábamos considerando. Como se ha hecho un análisis de toda la situación general de lo que viene incluido en este Capítulo, debo decir que comparto todo lo que se ha señalado e, incluso, algunas expresiones vertidas en el día de ayer.

Me voy a referir exclusivamente al artículo 129 y al inciso respecto del cual la señora Senadora Pou manifestó su contrariedad en cuanto a que se fijara un monto de $ 42.035 para aquellas personas que fueran pasadas en comisión. Al respecto, la señora Senadora manifestó -cosa que comparto- que pudieran recibir la misma cantidad que aquellos funcionarios de Aduana que se les compensa con mayor sueldo, de acuerdo con las facultades que se otorgan acá. En ese sentido, voy a proponer -por lo menos es lo que voy a votar- que se elimine este inciso y en el anterior se incluya: "Estos funcionarios tendrán las mismas obligaciones, facultades y derechos que los funcionarios aduaneros durante el término de su comisión". En caso de que no se acepte mi propuesta, formularé moción para que el artículo se vote por incisos, y éste no lo votaré.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: la postura de nuestra Bancada, que fue originalmente planteada por el señor Senador Fernández Huidobro, es la de que este artículo no debiera estar acá. Es un tema muy de fondo que tiene que ver con el contrabando o, más genéricamente, con la infracción aduanera. De manera que, si me refiero a este tema en general, no estoy fuera del estudio del artículo 129. Estamos fundamentando por qué entendemos que el tema del contrabando tiene que ser objeto de un estudio muy a fondo, con tiempo y separado de esta urgencia que vence en el día de hoy a las 12 de la noche.

Estoy de acuerdo con el combate contra el contrabando. ¡Cómo no se puede estar de acuerdo! Si no fuera así, pediría que se derogara la disposición del Código Penal que lo castiga como delito. Con honestidad, creo que, sin perjuicio de que se esté haciendo algo para combatirlo, el acento está en la publicidad del combate contra el contrabando. Soy de Rocha, de la frontera, y sé que hay episodios muy fuertes que se indagan, pero no por donde se debería. Es un viejo tema. Asimismo, conozco el problema de las zonas francas.

Hace dos o tres años que en el Uruguay se venden refrescos y cervezas -con maltas importadas- que se sacan de la zona franca declarando que su destino será Brasil y que, en realidad, quedan aquí. Incluso, se les pone agua del Arroyo Solís, lo cual incrementa los riesgos de quebrantar la salud. Cabe acotar que se venden a la mitad del precio que tienen los refrescos de nuestro país. Lo mismo ocurre con las cervezas, por ejemplo, con una de marca inglesa.

Conozco funcionarios de la Dirección General Impositiva y de la Dirección Nacional de Aduanas que han sido sumariados por alguno de sus jefes, y que hoy están en comisión en otro lugar. Espero que no se recurra al tema de siempre y se diga: "Si sabe, que dé los nombres". Aclaro, por las dudas, que si es necesario los voy a dar.

También conozco la defraudación fiscal que se realiza mediante la simulación de operaciones. Hay áreas enteras de la economía uruguaya que no pagan IVA, y hay como una especie de acuerdo acerca de que, si lo tuvieran que pagar...

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa insiste en la necesidad de concentrarse en el artículo 129.

SEÑOR KORZENIAK.- Propongo que el artículo 129 se elimine del Presupuesto, y estoy dando los fundamentos para ello.

Pienso que el contrabando debe combatirse con todas las ganas, pero también creo que hay una operación publicitaria más grande que los hechos. Me parece que hay que buscar la manera de combatirlo más eficazmente.

Por otra parte, la pérdida de las industrias uruguayas por el contrabando ha sido grande, pero también lo ha sido -voy a utilizar una expresión no técnica- por la entrada de mercaderías legalmente autorizadas, pero sin pagar todo lo que corresponde. Esto ocurre por la llamada política de apertura, y ha sido tremendo; es lo que se denomina el mercado abierto para todo el mundo. Creo que esto ha dañado muchísimo a la industria, quizás tanto como el contrabando. Lo que ocurre es que esa es la parte legalizada.

Además, estimo que para que este artículo tenga una eficacia mayor, debe ser mucho más técnico, más duro con los que son corruptos y más respetuoso con quienes no lo son. Habría que buscar una fórmula más elaborada que, a mi juicio, no puede incluirse en este proyecto de ley de Presupuesto, tan acotado por plazos constitucionales que no podemos evadir.

En síntesis, la propuesta de nuestra Bancada es que no se incluya este artículo en el Presupuesto. Subsidiariamente, partiendo de una realidad -es decir, del hecho de que hay una mayoría para votar lo que viene, como venga- hemos propuesto algunas sustituciones en determinados incisos.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: en acuerdo con el señor Senador Atchugarry, propusimos que en el literal A) se estableciera un 50%. No sé cómo va a instrumentar la Mesa la votación del artículo 129, es decir, si primero se va a votar el texto venido de Comisión en forma negativa para luego proceder a esa corrección, o si primero se introducen las correcciones y luego se vota.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Aceptamos los cambios que ha planteado el señor Senador Penadés, en el sentido de que en el literal A) se diga "50%", y en los C) y D), "10%". ¿Es así, señor Senador?

SEÑOR PENADES.- Sí, señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En aras de la aprobación del artículo, aceptamos los cambios propuestos. Por lo tanto, solicitamos que se ponga a votación. Creo que un señor Senador pidió que se votara por literales y, en consecuencia, seguramente así lo hará la Mesa.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Quería recordar a la Mesa que hemos presentado un sustitutivo de este artículo, que tiene algunas modificaciones en la primera parte y que fusiona los literales C) y D).

SEÑOR PRESIDENTE.- Como es un artículo sustitutivo, primero se va a votar el que está en el repartido.

La Mesa propone votar en bloque hasta el inciso que comienza diciendo "Estos funcionarios tendrán", que figuran en la página 29, a fin de contemplar las aspiraciones del señor Senador Garat.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la primera parte del artículo 129 con las correcciones introducidas por los señores Senadores Penadés y Atchugarry.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Si me permiten, quisiera ocuparme del penúltimo inciso de este artículo.

La señora Senadora Pou había formulado una moción en el sentido de que se tuviera en cuenta lo acordado, es decir que los montos de las retribuciones totales de estos funcionarios no podrán superar los 29 salarios mínimos. Esto fue lo que se acordó en la coalición y es lo que vamos a votar afirmativamente.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: según hemos manifestado, cambio por cambio. Por lo tanto, insistimos en la redacción que pide el Poder Ejecutivo con el claro fundamento de que son las herramientas que necesita. Cuando el señor Director de Aduanas, el mayor Méndez, en el año 1990 pidió herramientas, se las votamos; otro tanto ocurrió en 1991, cuando solicitó cambiarlas, cosa que también hicimos. Por lo tanto, ahora pedimos que se den al Gobierno estas herramientas que está solicitando. Naturalmente, cada señor Senador decidirá lo que quiere hacer. Simplemente lo planteo como una solicitud.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- En realidad, estaba recordando lo que había entendido. Ahora, el señor Senador Atchugarry propone cambio por cambio. Si hubiera sido así cuando lo planteé, no hubiera propuesto la modificación del 50%. Entonces, volvemos al texto original, que establece un 40% en el literal A); un 30% en el B); un 15% en el C) y en el D), y los 29 salarios mínimos, que es lo que habíamos acordado.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Aceptamos eso, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, corresponde votar nuevamente el artículo 129 con la redacción original que figura en el repartido.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Estoy de acuerdo, señor Presidente, pero introduciéndole un único cambio: en lugar de decirse "$ 42.035", en el penúltimo párrafo debe establecerse "29 Salarios Mínimos".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 129 con la redacción proveniente de Comisión, pero con la aclaración que acaba de realizar el señor Senador Atchugarry.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Si la Mesa lo tiene a bien y el Cuerpo lo acepta, solicito que se rectifique la votación del artículo, pero en este caso votando en forma independiente los literales A), B), C) y D).

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra,

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Más allá de las diferencias que tenemos en cuanto a los porcentajes, el sustitutivo que habíamos planteado está de acuerdo con la filosofía de todo el artículo, salvo con el literal C), que es el que genera la unidad especializada. Nos parece que lo que se destine a los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas debe ser más importante. Esta rectificación nos habilitaría a votar el resto del artículo, excluyendo el literal C).

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal A), más el acápite.

(Se vota:)

-23 en 30. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal B).

(Se vota:)

-23 en 30. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal C).

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal D).

(Se vota:)

-23 en 30. Afirmativa.

Ha quedado establecido que el artículo 130 no se vota.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Creo que habría que poner a votación el artículo 63 del Mensaje Complementario, que ya se votó en Comisión y figura en la fe de erratas.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 63 del Mensaje Complementario.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Nuestra Bancada presentó un aditivo elaborado por el señor Senador Gargano relativo a este punto, que podría ponerse a votación ahora o después del artículo 63. Quiero recordar a la Mesa que el mismo refiere a la publicidad de los actos de contrabando que fueran detectados y creo que tiene el número 129/1.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: desde el punto de vista de la conducta futura, es muy importante que los actos de contrabando -cuando tienen trascendencia y se reflejan en una acción positiva de la Administración- reciban la debida publicidad y que, además, en el lugar donde se perpetran, la población conozca los nombres de los responsables. Por eso proponemos que esta información se publique en periódicos de circulación nacional, así como también en los medios de la localidad donde se haya hecho efectiva la localización del contrabando. De esa forma podremos generar una conducta que la ciudadanía pueda imitar y permitiremos que se sepa que estos actos se reprimen y no se tiene contemplaciones con nadie.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- A los efectos de ordenarnos, consulto si estamos considerando el artículo 63 del Mensaje Complementario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estamos hablando de un aditivo al que se dará lectura.

SEÑOR HEBER.- Estoy de acuerdo con votar este artículo; me parece que la publicidad es necesaria y ayuda, justamente, a identificar quiénes son los que realizan contrabando para que toda la población los conozca. Voy a consultar a mi Bancada a fin de acompañar esta disposición, que no genera costos y creo que va en la misma línea de lo que quiere la Presidencia de la República.

Asimismo, aprovecho para decir que en Comisión se decidió agregar -a propuesta del señor Senador Michelini- la palabra "donada" en el penúltimo inciso del artículo 63 del Mensaje Complementario. Donde dice: "Asimismo y sólo en el caso de que se haya frustrado la venta de la mercadería en remate por falta de oferentes, el Poder Ejecutivo podrá solicitar a la autoridad competente que la mercadería sea destruida", debería decir "donada o destruida".

SEÑOR BRAUSE.- Es verdad; así se votó en la Comisión, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa consulta al señor Senador Rubio si el artículo aditivo por él mencionado se puede considerar a continuación del artículo 63 del Mensaje Complementario.

SEÑOR RUBIO.- Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 63 del Mensaje Complementario, con la corrección planteada por el señor Senador Heber.

SEÑOR RUBIO.- Solicito que se dé lectura al artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase.

(Se lee:)

"Artículo 63.- Sustitúyese el artículo 202 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 188 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

`ARTICULO 202.- La mercadería incautada en presunta infracción aduanera que haya sido comercializada, para ser ingresada al mercado interno, deberá abonar todos los tributos que gravan a la importación de acuerdo a su valor normal en aduana.

Los fondos depositados con el producido de dicha comercialización, una vez deducidos los gastos, se distribuirán de la siguiente manera:

a) el 20% (veinte por ciento) para el Fondo creado por los artículos 242, 243 y 254 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986;

b) el 50% (cincuenta por ciento) para el denunciante como adjudicación;

c) el 30% (treinta por ciento) restante se verterá a Rentas Generales, en concepto de multa.

Las sumas que se adjudican en sustitución de comisos que hayan sido comercializados, no tendrán naturaleza salarial.

Facúltase al Poder Ejecutivo a que en cualquier estado de los procedimientos, mientras no se haya hecho efectiva la comercialización de la mercadería incautada, disponga mediante resolución fundada y con comunicación fehaciente a la autoridad competente:

1) que la comercialización sólo se realice con destino al mercado externo;

2) que la mercadería deberá salir a la venta con el valor base que se establezca en la respectiva resolución.

Asimismo y sólo en el caso que se haya frustrado la venta de la mercadería en remate por falta de oferentes, el Poder Ejecutivo podrá solicitar a la autoridad competente que la mercadería sea donada o destruida. En este caso, el Poder Ejecutivo, una vez declarada la infracción aduanera por acto administrativo firme o sentencia ejecutoriada, según corresponda, abonará a los denunciantes en concepto de adjudicación por sustitución del comiso, el equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor normal de la mercadería en aduana, con cargo al saldo de lo dispuesto en el literal c) precedente'. "

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Debo decir que respecto a este artículo hemos tenido varias dudas. A partir de ahora la mercadería incautada deberá abonar todos los tributos que gravan la importación, lo que constituye un elemento positivo. Asimismo, se crean fondos que se distribuyen con el resultado de la venta, es decir, de la comercialización, y se mantiene el criterio de otorgar una parte muy importante de estos resultados al denunciante. En ocasión de discutirse el artículo anterior, ya habíamos mencionado que este era el único elemento de la nueva propuesta para combatir el contrabando, que aceptábamos. Reitero que, luego de varias dudas, llegamos a la convicción de votar afirmativamente esta disposición. De todas maneras, pensamos que el daño que el contrabando a gran escala -no el que pasan por la frontera las personas o los automóviles- hace a la economía es irreparable. Es más, el posterior pago de los impuestos de importación o el producido de la venta de la mercadería no resarce ese daño.

Una vez más quiero indicar que, luego de varias dudas, votaremos positivamente este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

Léase el aditivo presentado por el señor Senador Gargano.

(Se lee:)

"Toda decisión judicial que implique la condena por contrabando u otra infracción aduanera, deberá ser publicada en dos diarios de circulación nacional y otro del Departamento en donde se cometió el ilícito, en caso de que hubiere ocurrido en el interior del país. La publicación deberá contener mención de monto, infractor, objetos o mercaderías que configuraron el ilícito."

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Esto me genera algunas dudas. Comparto la filosofía o el espíritu que tiene el artículo, pero se supone que será una decisión judicial pasada en autoridad de cosa juzgada; de todas formas, deberíamos aclararlo.

En segundo lugar, en el caso de contrabando u otra infracción aduanera, seguramente aquellos a quienes les hemos puesto el ojo disponen de medios suficientes para recurrir este tipo de decisiones hasta el cansancio, mientras que Juan Pérez -y aclaro que no estoy diciendo que no lo reprimamos también- no va a recurrir y su nombre va a ser publicado.

Y hay que tener en cuenta, también, el gasto que esto va a significar, porque el número de infracciones de estas características es, seguramente, muy alto.

En definitiva, propongo que por lo menos se agregue "con autoridad de cosa juzgada".

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Comparto esta propuesta, que me parece muy buena, pero tengo dudas sobre quién hace la publicación, porque a veces este tipo de normas pasan al olvido en la medida en que no se sabe quién la ejecuta. En este caso, no queda claro si es el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que hay que dejar aclarado cuál es el organismo responsable de que se publique la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y quién paga la publicación.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Se me ocurre, como sugerencia, que quizás quien podría publicar estos edictos sería el mismo rematador al cual le es confiado el remate judicial. Es decir que se podría hacer cargo el rematador, cuando llene la ficha por infracción aduanera y especifique la mercadería decomisada a fulano de tal. De esta forma, quizás, contemplaríamos las dos aspiraciones.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: yo podría enumerar, sólo de memoria, más de cien situaciones para las cuales la legislación ordena que se realice una publicación y no dice quién la paga, porque esto es, habitualmente, objeto de la reglamentación de los distintos artículos. El principio general es que, si una sentencia debe publicarse, el Juez ordena la publicación. ¿Quién paga? La misma pregunta podría hacerse en el caso de la lista de muertos que envía la Dirección respectiva a la Corte Electoral, para que dé de baja a esos ciudadanos, porque obviamente, en este caso, la ley tampoco lo especifica. Estas situaciones son objeto de reglamentación, y todos sabemos que el subsidio final es Rentas Generales. Naturalmente, se pueden agregar miles de aclaraciones: la referencia a la cosa juzgada; si se entiende que hay cosa juzgada cuando está el recurso de casación; distinguir la cosa juzgada formal de la material; quién ordena la publicación; quién la va a pagar; qué pasa si se demora; etcétera. Pero, si hay un contrabando muy grande hoy, procesan a una persona o la condenan, si el juicio se hace razonablemente y se espera tres años para hacer la publicación, de verdad me parece que no va a servir para nada y que este artículo va a ser solamente de publicidad.

Insisto: esta disposición se puede reglamentar, como cualquier artículo, razonablemente, y allí se puede especificar cómo se hace la publicación y cómo se va a pagar. Me parece que esto es lo razonable frente a un artículo de esta naturaleza.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- La propia Presidencia de la República está interesada y está realizando publicaciones, de manera que este artículo va a ser reglamentado adecuadamente por el Poder Ejecutivo. Confiemos un poco, señor Presidente.

Por lo tanto, propongo que votemos este artículo con el agregado que hace el señor Senador Gallinal y salgamos de este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo con el agregado propuesto por el señor Senador Gallinal.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 131.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Quisiera hacer una precisión a los efectos, simplemente, de que en la versión taquigráfica quede clara la interpretación que merece esta disposición.

Esta norma ya existe, como bien está referido en el acápite, pero sufre una modificación importante en cuanto se le agrega, sobre el final del inciso primero: "Se presume el conocimiento, participación o intervención del propietario cuando éste o sus dependientes se encontraban en el mismo vehículo de transporte al momento de su detención y la mercadería o efectos objeto del comiso principal no se encontraban ocultas en secretos o dobles fondos u otras formas de clandestinidad."

Luego, en el segundo inciso también hay una modificación, por cuanto se agrega: "ni la mercadería ha sido encontrada en forma que escape a la fiscalización usual, ocultas en secretos o dobles fondos", y la multa se incrementa de diez a veinte veces.

Lo que quiero señalar -reitero, para que quede en la versión taquigráfica- es que con este agregado lo que se está haciendo, principalmente, es invertir la carga de la prueba y establecer, además, una presunción de culpabilidad. Ambas cosas no responden a una buena técnica legislativa, por cuanto es aquello de crear una excepción sobre otra excepción. En función de esto, y para que quede bien claro, teniendo presente que, en principio, parecería que aquellos propietarios que no estuvieran en los vehículos que se prestan como instrumentos para el contrabando están fuera de la culpabilidad, quiero afirmar que se trata de una presunción simple, que merece prueba en contrario. Por lo tanto, aun en aquellos casos de los propietarios que no estuvieran en los vehículos al momento en que se produce su detención con mercadería en infracción, también se admite que el propietario pueda ser considerado como infractor, si existe la prueba.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 27. Afirmativa.

SEÑORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- En este marasmo de artículos, tengo uno que en alguna de las versiones estaba identificado como artículo 131/a. Esta disposición no tiene nada que ver con este Inciso, pero quiero dejar constancia de que refiere al Clemente Estable; supongo que la Mesa aceptará que se incluya oportunamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 132.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 26. Afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Como finalizó la consideración de los artículos referidos a la Aduana, solicito que se trate la disposición que antes llevaba el número 130, que es un texto aditivo, con la redacción que figura en el repartido: "Respecto al procedimiento aduanero de valoración y verificación, habilítase al Poder Ejecutivo a admitir el asesoramiento de representantes técnicos de los sectores comercial, industrial y agropecuario."

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quiero recordar que hace un rato ya se habló de este tema, aun cuando se estaba considerando el artículo 149.

Debemos tener presente que el artículo 130 -que apareció en la versión, denominada por la señora Senadora Arismendi, "del rulito"- que salió de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda hace un día y medio, decía: "Respecto del procedimiento aduanero de valoración y verificación, habilítase al Poder Ejecutivo a: A) contratar los servicios de empresas especializadas; B) admitir el asesoramiento de representantes técnicos de los sectores comercial y agropecuario." Por lo que tengo entendido, el conflicto que plantean los aduaneros obedece a que, básicamente, -según decían, en un lenguaje un poco mecanizado- se privatizaba la valoración y verificación. El texto expresaba: "contratar los servicios de empresas especializadas". Yo entiendo que eran especializadas en valoración y verificación.

Actualmente, el texto dice así: "Respecto del procedimiento aduanero de valoración y verificación, habilítase al Poder Ejecutivo a admitir el asesoramiento de representantes técnicos de los sectores comercial, industrial y agropecuario."

Mi impresión -hace un momento escuché la explicación que, sobre el tema, brindó el señor Senador Atchugarry- es que el Poder Ejecutivo no necesita ninguna habilitación legal para recibir un asesoramiento; es más, lo hace todos los días, constantemente, ya sea de sus servicios internos que lo asesoran o, incluso, de personas que contrata. Muy a menudo, el Poder Ejecutivo contrata asesoramientos jurídicos, químicos y médicos; en fin, hay mil o dos mil contratos de obra y muchos de ellos tienen por finalidad el asesoramiento.

Entiendo -y así lo había comprendido cuando hoy se dijo que no se iba a votar el artículo 130- que se trata de un artículo que, por error de redacción, generó todo un lío; entonces, no veo la razón para que incluyamos en una ley que el Poder Ejecutivo queda habilitado a admitir asesoramiento. Digo esto, si es que se entiende que la palabra "admitir" quiere decir que el asesoramiento es vinculante -que es el sentido que la palabra tiene- esto es, obligatorio en su contenido. Obviamente, si es así, nadie va a estar de acuerdo, por tratarse de un asesoramiento que obliga al Poder Ejecutivo.

Por otra parte, si no se trata de un asesoramiento vinculante -es decir, es un asesoramiento cuyo contenido no obliga al asesorado- ¿para qué se incluye en una ley una norma diciendo que el Poder Ejecutivo queda habilitado a admitir un asesoramiento? Realmente, no lo entiendo. A no ser que el sentido del artículo sea el contrario, es decir, que sólo puede admitir asesoramiento de representantes técnicos de los sectores comercial, industrial y agropecuario, y no de otros. Por ejemplo, se realiza una valoración de una mercadería, que genera una gran discusión acerca de si está bien hecha; entonces, el Poder Ejecutivo no quedaría habilitado a pedir el asesoramiento de un técnico, sino solamente de los sectores antes mencionados. Estoy seguro de que esa no es la interpretación que hacen los proponentes. Mi opinión es que debemos eliminar esta disposición. ¿Por qué no incluimos un artículo que diga que el Banco de la República tiene derecho a solicitar asesoramiento a sus abogados o a un especialista que no sea de los suyos, o a un médico? ¿Qué sentido tiene incluirlo? Creo que está de más. Si fuera así, habría que eliminarlo para evitar que sigan existiendo malentendidos, como explicaba hoy el señor Senador Atchugarry. Hay que tener presente que, obviamente, el Poder Ejecutivo está habilitado para pedir asesoramiento, ya que se trata de una competencia inherente a la condición de un órgano del Estado, y más aún del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial.

En definitiva, vuelvo a insistir en que esta disposición debe eliminarse, porque va a seguir generando equívocos.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: no comparto la primera referencia del señor Senador preopinante. Me remito a mis palabras en cuanto a los demás aspectos -a los que votó la Cámara, o no- pero, de todos modos, vayamos al fondo del asunto.

Hay que tener en cuenta que hoy estos sectores no participan de la valoración. Ese es un hecho. De modo que este es un mensaje de voluntades que participan.

Por otra parte, no estoy seguro de que el Poder Ejecutivo pueda permitir que un particular opine a propósito de un trámite, por ejemplo, de la importación de 2 millones de zapatos de otra persona. No sé si puede opinar porque, reitero, no sé si está habilitado para hacerlo. Una cosa es un asesoramiento global, por ejemplo, "Señor: vengo y le traigo un papel diciendo que en la valoración del Uruguay se hacen estas o aquellas cosas". Otro razonamiento, es decir: "Mire, yo vengo a opinar a propósito de este tipo de zapato que se está importando".

Creo que todos deseamos dar la oportunidad de que exista un mecanismo que permita que, de pronto, venga un técnico, por ejemplo de la Cámara de Industrias, y diga: "Mire, yo puedo aportar elementos de prueba diciendo que estos zapatos en China no valen U$S 1, sino U$S 3, y acá está el fax, la proforma, que dice que vale U$S 3". Pienso que se trata de algo práctico.

De cualquier manera, creo que ya hemos dado las explicaciones pertinentes y lo que corresponde es votarlo o no.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: quiero dejar la siguiente constancia.

Con el debido respeto que me merece el Senador Atchugarry y luego de recibir con beneplácito las explicaciones que brindó, deseo recordar que, como decía alguien, es muy veleidosa la voluntad de los hombres y se necesitan las garantías del contrato; además, los hombres pasamos y el contrato queda. Y acá se está haciendo uno.

En el artículo anterior, cuando se genera un fondo con un 15 % de las multas destinado al fortalecimiento operativo de la represión del contrabando, nada impide que vaya a estar bajo la órbita del Ministro de Economía y Finanzas y no de la Dirección Nacional de Aduanas y que se contrate una empresa privada a esos fines, como se dice en el texto. Es a todo lo que obliga éste en materia de uso de este fondo.

En este artículo, ese asesoramiento de representantes técnicos de los sectores comercial, industrial y agropecuario, puede ser de una compañía privada que, reitero, son cuatro, muy conocidas en el mundo y mal afamadas. Acá queda la puerta abierta para que se produzca esa posibilidad y participen, en la mesa de valoraciones y en la verificación, empresas multinacionales extranjeras de muy mala laya, según tengo entendido. Como decía, son las más importantes del mundo y, como se indicaba, pueden ir a China a averiguar los precios de los zapatos.

La Dirección Nacional de Aduanas puede estar plenamente capacitada para averiguar el precio de los zapatos en cualquier lugar, porque tiene acuerdos con Aduanas de todas partes del mundo, incluso con la Organización Mundial Aduanera, el GATT, etcétera. Incluso, hay bancos de datos de uso internacional para la averiguación y la toma de posición sobre esos asuntos.

Quería dejar esa constancia y adelantar que, por ese motivo, vamos a votar en contra de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo propuesto.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Admiro la paciencia del señor Presidente, aun cuando sea yo el que la provoque.

Quiero dejar constancia de que, en mi opinión, este artículo, aún con esta redacción, dificulta mucho la lucha contra el contrabando y no la va a favorecer en nada.

SEÑOR PRESIDENTE.- El artículo 132 ya está votado.

En consideración el artículo 133.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: respecto de este artículo hemos presentado un sustitutivo que figura en la página 17 y que recoge alguna variante.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase.

(Se lee:)

"Los inventarios del estado de conservación de la finca que se efectúen antes de la suscripción de los contratos de arrendamiento con la fianza del Servicio de Garantía de Alquileres y los que se realicen antes de la restitución de la finca, podrán ser efectuados por el arrendador cuando sea una inmobiliaria o empresa administradora de bienes inmuebles. En el respectivo contrato deberá estar establecida expresamente tal facultad. En este caso, los referidos inventarios se realizarán de acuerdo con los requisitos que establezca la reglamentación a propuesta del Servicio de Garantía de Alquileres. El arrendatario deberá ser citado por telegrama colacionado con constancia de entrega u otro medio auténtico, a presenciar la confección de los inventarios, pudiendo plantear las observaciones del caso ante el Servicio de Garantía de Alquileres, que podrá efectuar inspecciones en forma aleatoria y adoptar las medidas pertinentes, a efectos de garantizar los derechos de las partes intervinientes."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Se podrá advertir que, en esencia, el artículo es el mismo. Se cambia el verbo "deberán ser efectuados por el arrendador" por "podrán ser efectuados por el arrendador"; naturalmente, me estoy refiriendo a los inventarios. A su vez, se agrega: "En este caso, los referidos inventarios se realizarán de acuerdo con los requisitos que establezca la reglamentación a propuesta del Servicio de Garantía de Alquileres." Por último, cuando se menciona que el arrendatario deberá ser citado por telegrama colacionado con constancia de entrega u otro medio auténtico, a presenciar la confección de los inventarios, pudiendo plantear las observaciones del caso, se agrega: "ante el Servicio de Garantía de Alquileres, que podrá efectuar inspecciones en forma aleatoria y adoptar las medidas pertinentes, a efectos de garantizar los derechos de las partes intervinientes."

En suma, las modificaciones a esta disposición persiguen revestir de las mayores garantías a las partes. Además, tal como lo estoy proponiendo, este artículo fue solicitado por el Servicio de Garantía de Alquileres.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- El texto que plantea el señor Senador Brause, obviamente, mejora la situación y lima un poco algunas de las razones por las cuales habíamos votado el artículo negativamente. Lo fundamental es que quien arrienda una finca a través del Servicio de Garantía de Alquileres es la Contaduría, que lo hace confiando en un organismo del Estado que le garantiza los inventarios, el alquiler, etcétera. Darle la potestad de hacer los inventarios a los arrendadores, sabiendo que el Servicio de Garantías de Alquileres se responsabiliza por los desperfectos que tenga el inmueble, no nos parece adecuado. En tal sentido, mantenemos nuestro voto negativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo.

(Se vota:)

-16 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 134.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 135.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 136.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 137.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 138.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 139.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 140.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- De acuerdo con mi memoria, en la discusión que se dio a nivel de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, este artículo autoriza a que la dimensión de las unidades que se vayan a caracterizar como propiedad horizontal, llegue a los 32 metros cuadrados. Si no es así, solicito que se brinde una explicación.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- En la Comisión de Presupuesto, señor Presidente, preguntamos por qué se había bajado la superficie de 32 metros cuadrados a 25. En su momento, el señor Senador Atchugarry manifestó que lo que interesaba era la fecha del 1º de enero de 1995 y no los metros cuadrados. De todos modos, dado que se puso a votación tal como estaba, nos pronunciamos negativamente. Sin embargo, como en la versión que tenemos ahora -no la de "rulitos", sino la siguiente- se vuelve a los 32 metros cuadrados que establecía la ley anterior y solamente se modifica la fecha, lo vamos a votar afirmativamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 141.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 141/1.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 141/2.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Solicito, señor Presidente, que se considere el aditivo que figura en la hoja 18, que se corresponde con el artículo 51 del Mensaje Complementario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase.

(Se lee:)

"Las utilidades líquidas que obtuviere la Dirección General de Casinos, en la explotación de los Casinos y Salas de Esparcimiento que instale en el período comprendido entre la vigencia de la presente ley y el 31 de diciembre de 2004, se distribuirá en la siguiente forma:

a) El 40% (cuarenta por ciento), para las Intendencias Municipales de los Departamentos sedes del respectivo establecimiento, con destino a obras públicas.

b) El 10% (diez por ciento), para el Instituto Nacional de Alimentación, con destino a la atención de los comedores públicos.

c) El 5% (cinco por ciento), para el Ministerio de Turismo, para el cumplimiento de sus cometidos.

d) El 3% (tres por ciento), para el Fondo de Previsión creado por el literal A) del artículo 3º, de la Ley Nº 13.453, de 2 de diciembre de 1965.

e) El 1,1% (uno con uno por ciento), para el Fondo creado por el artículo 169 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y modificativas.

f) El 40,9% (cuarenta con nueve por ciento), para Rentas Generales.

Para el cálculo y la distribución del Fondo previsto en el artículo 51 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, con la modificación dispuesta en el artículo 170 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, no se tendrán en cuenta el Casino del Estado `Horacio Quiroga' ni los establecimientos previstos en el presente artículo".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

Léase otro aditivo. Es el que se corresponde con el artículo 104 del proyecto de la Cámara de Representantes, que figura en la página 98.

(Se lee:)

"Las partidas asignadas por planillado presupuestal al Inciso 05 `Ministerio de Economía y Finanzas', Programa 001 `Administración de Recursos de Apoyo a la Conducción Económico-Financiera', Objetos del Gasto 581 `Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales', y 262 `Impuestos Indirectos', podrán ser reasignadas en forma total o parcial por el jerarca del Inciso al Grupo 0 `Servicios Personales' en cualquiera de los programas del Inciso, con destino a compensar a los funcionarios que desempeñen tareas prioritarias para el cumplimiento de los cometidos sustantivos del mismo y con un alto grado de especialización y dedicación, de acuerdo con la reglamentación que apruebe el Poder Ejecutivo.

La referida reasignación no podrá generar aumento del costo presupuestal ni de caja."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Propongo que antes de leer el artículo se diga el número y dónde está, para facilitar la tarea.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase otro aditivo que corresponde al artículo 58 del Inciso 05 del Mensaje Complementario.

(Se lee:)

"Derógase la atribución de titularidad y disponibilidad de fondos públicos dispuesta por el inciso primero del artículo 234 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 en favor del Programa `Recaudación de Impuestos' a cargo de la Unidad Ejecutora 05 `Dirección General Impositiva' del Inciso 05.

La Contaduría General de la Nación habilitará en el citado programa, con cargo a Rentas Generales y con la misma finalidad, un crédito anual sustitutivo de los fondos cuya titularidad y disponibilidad quedan derogadas por el inciso anterior, el que será equivalente al límite establecido en el artículo 147 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 o al monto habilitado en el año que finalizó en el mes de setiembre de 2000 actualizado y proporcionado a la cantidad de funcionarios según el mayor.

En caso de insuficiencia del crédito del Ejercicio 2000 para cubrir el límite dispuesto en el artículo 147 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 se regularizará con la habilitación de la partida correspondiente con cargo a Rentas Generales.

Habilítase un incremento del crédito de $ 4:380.000 (cuatro millones trescientos ochenta mil pesos) anuales destinados al pago de horas extra en el Programa 05 del Inciso 05...

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Este artículo fue votado por 23 en 26 y lleva el número 136.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Es como dice el señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase un aditivo presentado por el señor Senador Michelini, que figura en la página 16.

(Se lee:)

"Modifícase el inciso tercero del artículo 169 de la Ley Nº 16.170 de 12 de enero de 1991, que quedará redactado de la siguiente manera: Unidad Ejecutora 007, Dirección Nacional de Aduanas. En los ingresos referidos en los artículos 253 y 254 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, el porcentaje se aplicará sobre los incrementos de recaudación, a valores constantes, producidos anualmente a partir del Ejercicio 1990 respecto a 1989, y así sucesivamente cada año respecto del anterior."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Este fondo que ya existe, es para atender a los funcionarios de la Aduana con menos ingresos, sobre todo los que no están en la parte ejecutiva y se reparte todos los años. Lo que ocurre es que el artículo 169 de la Ley Nº 16.170 decía que era hasta 1989, pero la Aduana siguió pagando tomando como referencia el año anterior y no 1989. Ahora, con las nuevas autoridades, la Aduana va a empezar a pagar pero tomando en cuenta el año 1989, lo que va a significar una pérdida importante de salario real. Incluso, si este artículo no se aprobara, se podría dar la interpretación de que tuvieran que devolver los fondos anteriores o ser descontados en sucesivos pagos. Se trata de un fondo creado con el 5% del provento para los funcionarios de menos recursos de la Aduana. Reitero que si este artículo no se aprueba se podría dar la interpretación de que se tendría que devolver lo que se pagó de más desde 1989 a la fecha. Aspiro a que se vote el aditivo, porque ya se estaba pagando así y, por lo tanto, no se trataría de nuevos recursos.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Tenemos posición negativa, señor Presidente, de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, la que acompañamos, y, por otra parte, nunca nadie tiene que devolver las cosas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el aditivo presentado.

(Se vota:)

-12 en 29. Negativa.

Léase otro aditivo.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- Este texto aditivo ha sido presentado por la señora Senadora Arismedi y el señor Senador Michelini, y figura en un repartido más pequeño, titulado como artículo 107/5 - F05.

"Artículo 107/5.- Modifícase el artículo 217 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 el que quedará redactado de la siguiente manera:

`ARTICULO 217.- El Fondo Desarrollo de Modalidades de Juego previsto en el artículo 9º del Decreto-Ley Nº 15.716, de 6 de febrero de 1985, será distribuido de la siguiente forma:

A) El 36% (treinta y seis por ciento) entre los funcionarios que de acuerdo a la reglamentación interna tengan derecho a ello, quedando incluidos en el aguinaldo correspondiente y las cargas sociales patronales.

B) El 36% (treinta y seis por ciento) para remuneraciones de horas extra confrontes de tareas extraordinarias realizadas con sorteos, de acuerdo a la reglamentación interna que oportunamente dicte la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, quedando incluidos en el antecitado porcentaje el aguinaldo correspondiente y las cargas sociales patronales.

C) El 28% (veintiocho por ciento) restante se entregará al Instituto Nacional del Menor (INAME), organismo del Estado que tendrá a su cargo la Secretaría Ejecutiva de los Centros de Atención de la Infancia y la Familia con destino a gastos de funcionamiento e inversiones del Plan CAIF.'"

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: muy brevemente quisiera expresar -para no distraer al Senado- que, como todos sabemos, por concepto de juegos se está recaudando menos y éste es, precisamente, uno de los rubros con los que se ha financiado el Plan CAIF. En función de ello, proponemos modificar los porcentajes, pero sin generar gastos. Se trata, entonces, de una modificación en beneficio del Plan CAIF, por lo menos para mantener el nivel de recursos que tenía este Plan. Puede suceder que en el primer año el Plan CAIF se vea beneficiado con un porcentaje mayor, pero si el juego sigue cayendo, de aprobarse esta disposición, lograríamos que siga manteniendo este nivel de recursos. En lo que tiene que ver con los gastos del Estado, debo aclarar que lo que se está repartiendo es lo mismo, y que no incide en el volumen total del Presupuesto ni genera más déficit.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: quisiera hacer una consulta a los miembros de la Comisión porque, según tengo entendido, este artículo se discutió, pero no sé si llegamos a un entendimiento. En consecuencia, quisiera saber cuál fue el resultado de esa discusión, si se trata de un aditivo que fue votado pero no figura en el repartido o si viene como un aditivo que fue acordado. Verdaderamente, me parece que se discutió, pero no lo recuerdo.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en principio, este aditivo fue presentado por quien habla en la Comisión; luego lo planteamos junto con la señora Arismendi y, al respecto, conversamos también con la señora Senadora Pou. En la serie de entrevistas, y concretamente en la que mantuvimos con los funcionarios, nos enteramos que del Fondo que sale de los recursos que vienen del juego -exclusivamente de ese Fondo y no del resto- había una parte destinada al Plan CAIF que se ha visto disminuida porque, como todos sabemos, los juegos tradicionales, que son los que están afectados a este Fondo, han caído; me refiero a los juegos de la Lotería Nacional y la Quiniela, porque otros juegos han aumentado. Ese Fondo, entonces, no se toca; viene la misma plata. Vendrá más o vendrá menos, pero lo cierto es que ahora viene menos. Es así que el Plan CAIF ha visto disminuidos sus recursos.

Mediante esta disposición, lo que pretendemos es redistribuir estos recursos para beneficiar, sobre todo, al Plan CAIF. El primer año puede haber un punto más, pero si el juego sigue cayendo -reitero que me refiero al juego tradicional y no al juego en general- más a la corta que a la larga, los recursos para este Plan van a seguir disminuyendo. Quizás luego se puedan obtener de otro lado, ya sea a través del conjunto de la población o por intervención del Parlamento, pero en este caso estamos tratando de que haya un mejor beneficio para el Plan CAIF.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER- Señor Presidente: de esta manera, nos vamos acercando un poco más al tema porque, en verdad, no recuerdo la discusión.

SEÑOR MICHELINI.- No la hubo, señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Concretamente, quería saber cuáles son los cambios, o sea, si se aumenta el porcentaje que va destinado al INAME, a los Centros de Atención a la Infancia y la Familia y a gastos de funcionamiento e inversión. Al parecer, no se agregan gastos, sino que esta disposición significaría una mejor distribución del Fondo.

De todas maneras, no me queda claro en qué se modifican los porcentajes, sobre todo en comparación con lo que está vigente. Quisiera saber esto a los efectos de poder tomar posición sobre el punto.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto, señora Senadora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: quiero agregar lo siguiente. Ha habido diversas modificaciones, porque también a la propuesta se le hicieron cambios en función de las conversaciones que mantuvimos. Inicialmente, había un planteo en el literal B), en el sentido de destinar a los funcionarios el 40%. Creo que todos los señores Senadores saben que las horas extras confrontes de tareas extraordinarias -tal como lo hemos hablado más de una vez- tienen que ver con los sorteos. Estas horas extra son imprescindibles porque se cumplen en la medida en que se hacen los distintos juegos. Fruto de las conversaciones y de los aportes de los distintos Senadores, el propio Sindicato de Loterías y Quinielas accedió a bajar ese porcentaje al 36% para subir el del Plan CAIF al 28%, en virtud de la situación que viven el INAME y el Plan CAIF. De manera que los funcionarios acceden a bajar la propuesta inicial que viene del Presupuesto pasado y a hacer la redistribución para poder agregar dos puntos al literal C), que es el relativo al Plan CAIF.

Entonces, tal como señalaba el señor Senador Michelini contestando a las dos preguntas anteriores, mediante esta exposición se hace una distribución distinta de los recursos. Cabe agregar que no hubo oportunidad de discutir este tema, porque esta disposición se presentó prácticamente el primer día, cuando se empezaron a tratar los aditivos. En virtud de todas las cosas que pasaron, ahora se volvió a presentar y se repartió así, porque se había perdido en los papeles; solamente figuraba en el primer librito -que fuera entregado por parte de los funcionarios- que se repartió en la Comisión cuando prolijamente se distribuían los textos sustitutivos y aditivos.

Por lo tanto, para este aditivo se ha consultado a distintos señores Senadores, lo que quiere decir que no cuenta sólo con el apoyo de quienes hemos firmado hoy.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: pido disculpas al Cuerpo, pero si tengo que votar, me gustaría hacerlo conscientemente.

En verdad, de lo que ha explicado la señora Senadora Arismendi no me queda claro si esta disposición contiene la propuesta que trajo el Sindicato o es lo que rige actualmente. Dicho de otro modo, quiero saber qué es lo que está vigente.

Según aclara la señora Senadora en este momento, lo que está vigente es el artículo 217 de la Ley Nº 16.736. De todos modos, quisiera saber, concretamente, qué es lo que se modifica de lo que está vigente.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Vuelvo a decir, señor Presidente, que este Fondo, que está atado al juego tradicional, se desplomó. Dicho de otro modo, está recibiendo muy pocos recursos frente a los muchos que tenía antes. Había cuatro ítems. El primero, que habla del 36% para los funcionarios, queda igual. Otro ítem, estaba relacionado con el funcionamiento y era muy pequeño; de éste una parte pasó al 28% y otra parte -también pequeña- pasó al 36%. Esto se debe a que hay un problema -así surgió de las conversaciones mantenidas con las jerarquías de Loterías y Quinielas- porque no había el personal suficiente para cubrir alguno de los juegos, que no son estos, sino otros, por ejemplo, el del "5 de Oro", el cual entre que se empieza a fiscalizar y se hace el juego, lleva aproximadamente 24 horas en su conjunto.

Entonces, lo que se está reforzando es que el organismo pueda pagar horas extra cuando se necesita -porque se les desplomó ese recurso- y, además, se trata de lograr un mejoramiento del Plan CAIF, que también se desplomó. Quiero ser muy franco. Nosotros, en este caso, en relación con dicho Plan, consideramos que si porcentualmente el juego tradicional se mantiene, se logrará tener algún pesito más. Pero el monto de lo que viene a este fondo es el mismo que ha venido hasta ahora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Voy a pedir la disposición referida, pero quiero decir lo siguiente. Nosotros, junto con la Senadora Pou, queríamos votar el literal c). Sin embargo, no nos queda claro lo que refiere a los literales a) y b). Así, pediría que se postergara esto por algunos minutos, mientras llega la disposición referida, a efectos de que podamos ser conscientes de lo que estamos votando. Si acá el tema es votar más para la atención de la infancia, a través del Plan CAIF, porque esto se desplomó, probablemente daremos nuestro apoyo. Sin embargo, la redistribución sobre funcionarios en horas extra puede ser un tema que deberíamos considerar muy bien, porque esto se está sacando a los gastos de funcionamiento de la propia oficina. El señor Senador Michelini ha mencionado que se trata de una fracción muy pequeña. Pero, verdaderamente, debemos saber cuál es el porcentaje y el fondo, porque el fin es el literal c), no el a) ni el b).

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Para satisfacer la inquietud del señor Senador Heber, quiero decir que en la ley de 1996 el literal a) establece también un 36%; el de las horas extra corresponde a un 19%, que ahora pasa a ser un 36%, y desaparece el literal c) que dice, textualmente, lo siguiente: "El 25% y los excedentes anuales de los literales a) y b), si los hubiere, se destinarán a financiar las necesidades físicas del Servicio." Entonces, o cerramos el Servicio o lo pagamos de Rentas Generales. Nuestra posición es negativa, señor Presidente.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- El señor Senador Atchugarry no leyó el literal d), que dice que el 20% restante se entregará al Instituto Nacional del Menor, organismos del Estado, etcétera. En la propuesta que estamos planteando, el porcentaje es de un 28%. Por otro lado, en este tiempo hemos hecho un seguimiento de toda la situación de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas -además, creo que el señor Senador Atchugarry también la conoce-; esto tiene que ver, incluso, con modificaciones que se tuvieron que hacer en este Gobierno, dirigidas hacia la propia Dirección. Y a la situación de ésta con respecto a las horas extra obligatorias de los juegos, también se unen algunas cosas que hemos planteado en este ámbito. Además, hemos formulado diversos pedidos de informes relacionados con diversas modalidades de juego con respecto a las cuales no existe un seguimiento ni información y que van en desmedro de estas otras que sí se pueden seguir y a las cuales se puede afectar. Estamos hablando de las llamadas raspaditas, en comparación con otras modalidades de juego con respecto a las cuales no hay posibilidad de seguimiento; es el contrabando del juego en el país.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: en estas condiciones, no voy a votar. Solicito que se postergue la consideración de esta disposición, para poder buscar una solución para el Plan CAIF que, según se dice, constituye el fin de la misma.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Quiero señalar que en coordinación se nos planteó el deseo de discutir sobre los recursos, sobre ANCEL y sobre muchos otros temas. Entonces, si seguimos en este tren, en el cual nos lleva media hora discutir cada aditivo, teniendo en cuenta todos los que restan, creo que lo más conveniente -tal como estaba acordado- sería solicitar ahora un cuarto intermedio y aprovechar para conversar entre nosotros sobre cómo seguir el tratamiento de los artículos una vez vueltos a Sala. Es decir, tendríamos que ver si nos damos los tiempos para considerar los temas planteados, que refieren a tributos, ANCEL, unidades regulatorias, si es que corresponde, etcétera. Esto ha sido planteado, incluso, por quienes no acompañan esta propuesta que, al parecer, tienen interés en discutir. Si no procedemos como lo estoy señalando, vamos a llegar a la noche y continuaremos considerando los Incisos de la Administración Central.

Entonces, formulo moción concreta para que el Senado pase a cuarto intermedio ahora y, en el transcurso del mismo, se hagan los contactos necesarios para poder ordenar el procedimiento a seguir.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- No sé si los señores Senadores querrán seguir discutiendo esto pero, ya que se ha solicitado la postergación, creemos que sí sería bueno hacer un pequeño cuarto intermedio -lo más corto posible-; al mismo tiempo, vamos a proponer un cambio en la metodología de trabajo. Dejamos en la Mesa un conjunto de artículos, que en total suman aproximadamente 200 -en realidad, no los conté- que estamos dispuestos a votar afirmativamente en todo lo que queda del Presupuesto. Por lo tanto, querríamos que esas disposiciones fueran votadas en bloque al principio de la sesión, una vez vueltos a Sala, a los efectos de despejar un conjunto de temas. Debemos incluir en ese conjunto de artículos, los que figuran como artículos aditivos 45 y 46 -a nuestro entender, habían sido votados en Comisión- que refieren al "Clemente Estable"; votamos afirmativamente estas disposiciones en Comisión y, obviamente, así lo haremos en este ámbito. Más tarde, sí pasaríamos a discutir un cambio en el orden de la discusión; personalmente, me parece que, tal como lo habíamos propuesto, sería adecuado empezar por considerar algunos temas, como por ejemplo, el INAME, la Universidad, las normas tributarias, etcétera.

Entonces, planteo la siguiente metodología de trabajo: votar en bloque todo ese conjunto de artículos que vamos a repartir a todos los señores Senadores antes de que se pase a cuarto intermedio, a los efectos de despejar toda una cantidad de disposiciones acerca de las cuales no consideramos necesario discutir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada en el sentido de que el Senado pase a cuarto intermedio hasta la hora 15.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta la hora l5.

(Así se hace. Es la hora 13 y 54 minutos.)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 16)

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- A efectos de analizar algunos temas -todos nos damos cuenta que no vamos a tener tiempo de analizar todo el articulado- quisiera hacer un comentario y una propuesta. El primer comentario es el de reafirmar la información de que nuestra postura es que a una hora prudente, aproximadamente a las 20 horas, desearíamos ordenar el resto de la votación, para lo cual solicitaríamos un cuarto intermedio a fin de evitar errores. En esa misma reunión se nos dijo que había interés de analizar algunas cosas.

En esos términos, vamos a proponer, en principio, ingresar ahora al Capítulo de Recursos. Si bien se realizaron planteos que compartimos, hubo otros en los que se manifestó interés por analizar algún Organismo del 220 pero, en esta etapa, no quisiéramos alterar la discusión en ese aspecto. Sí nos parece legítimo que el tema de los recursos -que a veces son tributos- y el de ANCEL tengan una discusión en esta Cámara o, por lo menos, una votación artículo por artículo para que todo quede claro, se comparta o no.

En definitiva, señor Presidente, la moción que hacemos llegar a la Mesa es alterar el orden de consideración y de votación y pasar ahora al Capítulo de Recursos. Luego, si no hubiera otras novedades, volveríamos a los Incisos. De todas maneras, la discusión de cómo continuamos trabajando después de analizar el tema de los recursos, más allá de la moción que acabamos de hacer, es algo que estamos dispuestos a revisar dependiendo de la hora en que finalicemos con esa parte. Sé que hay otros planteos, pero ahora estamos dispuestos a votar Recursos y volver luego a los Incisos, aunque con la natural flexibilidad de que cuando estemos terminando con esa tarea podremos coordinar entre todos a fin de resolver si se continúa de esa manera o de otra, atendiendo a cómo sintamos que están las cosas.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- No queremos enfrascarnos en la discusión de cómo vamos a avanzar. Nosotros habíamos hecho una moción y antes del cuarto intermedio presentamos un conjunto de 212 artículos que estamos dispuestos a votar en bloque. Por lo tanto, nos gustaría poner nuestra moción en contraposición con la que acaba de formular el señor Senador Atchugarry y comenzar a discutir, sin analizar de qué forma se va a realizar la deliberación.

SEÑORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- Mientras se resuelve el criterio a adoptar, quisiera señalar lo siguiente. En el Inciso anterior que tratamos previo al cuarto intermedio hay un artículo, el 106, que por lo menos a mí se me ha extraviado. Dicha disposición vino de la Cámara de Representantes y refiere a los ingresos de libre disponibilidad de la Contaduría General de la Nación, lo que aparentemente había sido aprobado en Comisión pero después desapareció, por lo que solicito información al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a chequear la información y apenas la tengamos se la haremos llegar, señora Senadora.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Más allá de lo que conteste el señor Senador Atchugarry respecto a la propuesta del señor Senador Núñez, quisiera plantear que si se analiza el Capítulo de Recursos, se postergue el análisis de la propuesta impositiva sobre el sector salud para una consideración que se realizaría más adelante.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Cuando se levantó la sesión y pasamos a cuarto intermedio estábamos discutiendo un aditivo al Inciso 05, "Economía y Finanzas", que tenía que ver con la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y los destinos de esos recursos, es decir, los distintos porcentajes que modificaban la Ley de Presupuesto anterior. Independientemente de ver en qué momento se va a tratar este tema, no quisiera que quedara en una discusión inconclusa. La idea es ver cuál es el camino que se va a adoptar, para lo cual se harán las consultas necesarias. Me informan que eso se está estudiando pero aspiro a que no se pierda en el conjunto de los papeles.

En consecuencia, resolvamos en qué momento se va a continuar con este tema sobre el cual ya habíamos comenzado a debatir.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Sin perjuicio de que se adopte el camino que por mayoría se entienda adecuado, creo que hay un bloque de artículos, dos centenares, que prácticamente tienen unanimidad. Asimismo, hay otro centenar de artículos que nosotros vamos a votar negativamente, y ya se sabe que es así.

Por otra parte, existe un conjunto de aditivos y sustitutivos de destino incierto y, por lo menos, una veintena de ellos quisiéramos que se votaran. Sobre algunos hay acuerdos políticos, por ejemplo en relación a las cooperativas de vivienda. Quizás no tengan unanimidad, pero sí mayoría.

Sin perjuicio de que se adopte un camino u otro, propongo que en algún momento, antes de ingresar a una votación final, con hoja de ruta, se deje un espacio para considerar estos aditivos y sustitutivos que por lo menos para nuestra Bancada son muy importantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para la Mesa sería un gusto dar oportunidad a todas las discusiones, pero ello depende de los señores Senadores y no de la Mesa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Nosotros insistimos en el planteo, señor Presidente. No podemos desarmar la votación a gusto. Creo que ha habido un planteo que se ha recibido en torno a analizar recursos, impuestos y ANCEL. Eso es lo que estamos haciendo. Después se volvería a los Incisos porque, si escuchamos las expresiones, incluso de la misma fuerza política, vamos a ver que algunos quieren volver al Inciso 05 para terminar las discusiones que se empezaron y, a veces, pasamos una hora y media viendo cuatro aditivos.

Creo, señor Presidente, que todos somos dueños de nuestro tiempo.

No podemos desarmar la discusión, porque no hay forma de hacerlo. La única opción es la propuesta que hemos planteado. Si una fuerza política tiene decidido cómo votar un Inciso, naturalmente, al llegar el momento de analizarlo, no tendremos ningún inconveniente en proceder como se indica. Es decir, si hay 15 artículos que ya se sabe que se van a votar por unanimidad, se votarán juntos y ahorraremos tiempo.

Mi sugerencia es que se vuelva al Capítulo de Recursos, incluido ANCEL, y luego seguir en el orden planificado. Si cuando terminamos el tema de Recursos existe ambiente para otra cosa, lo votaremos de común acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa entiende que la propuesta planteada por el señor Senador Atchugarry incluye la discusión de los artículos 493 a 549.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Efectivamente, señor Presidente; sería el Capítulo, o sea, toda la Sección VII con los aditivos y sustitutivos que corresponden a dicha Sección.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Atchugarry.

(Se vota:)

-15 en 27. Afirmativa.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Quiero dejar constancia de que nosotros habíamos propuesto otro camino de análisis y la
votación que se acaba de formular significa que se desechó nuestra propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración los artículos 493 a 549 bis, que incluye las normas sobre ANCEL.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Solicito que se desglosen los artículos 519, 523, 524, 525 y 526, que tienen sustitutivos.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Propongo que también se desglosen los artículos 549, 495, 496, 497, 499, 500, 504, 505, 509, 510, 511, 513, 520, 527, 528, 529, 530, y de ahí hasta el final, es decir, el 539.

No voté el tema Recursos, y en el caso de la actividad comercial en la vía pública, voy a votar todos los artículos negativamente. Mi propuesta es que analicemos por parte, tratando todo el tema Recursos, en el entendido de que no voy a hacer discusión porque ya se analizó en Comisión, pero -reitero- voy a votar en contra.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Luego de escuchar la propuesta del señor Senador Atchugarry y los desgloses del Partido Colorado, me parece que la propuesta del señor Senador Michelini es mejor, en el sentido de ir analizando artículo por artículo, porque el conjunto de desgloses es muy grande.

SEÑOR MICHELINI.- Propongo que se traten uno por uno.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 493.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 27 en 28 Afirmativa.

En consideración el artículo 494.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 495.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 28. Afirmativa.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Habíamos hecho un planteo al señor Senador Atchugarry y no recibimos una respuesta concreta. Ahora se está manejando una propuesta alternativa, por lo que volvería a plantear la fórmula de esperar unas horas más, en la medida en que se avance en esas propuestas alternativas en el estudio de un artículo que, además, es altamente sensible para un sector que está atravesando severas dificultades económicas. Inclusive, un Senador del Partido de Gobierno está trabajando en una propuesta que quizás pudiera lograr algunos consensos que se discutirían luego en Sala.

Mi sugerencia es que se reconsidere la votación y se deje en suspenso el análisis del artículo.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: no estamos en condiciones de dejarlo en suspenso, estando a la hora 16 y 15 del último día. Creo que la Bancada del señor Senador Cid va a votar siempre por la negativa, pero si las Bancadas que integran la coalición llegan a algún tipo de entendimiento en el sentido de cambiar algo, pediremos la reconsideración. No soy optimista en ese sentido, pero estoy abierto para que acontezca siempre. En cualquier caso, no podemos postergar artículos que refieren al financiamiento de lo que ya hemos votado, por más tiempo. Siempre estamos abiertos a la reconsideración y a mejorar las cosas, pero ahora me parece que tenemos que ir financiando lo que hemos votado. No hay más remedio que ir caminando; si aparece algo nuevo, bien, pero hasta ahora no tengo ninguna consideración que tenga que ver con acuerdo, más allá de ésta que es el fruto de un trabajoso consenso. Repito que para mejorarla, siempre estaremos dispuestos, pero me parece que tenemos que continuar.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Iba a proponer que se considerara al final del Capítulo, después de los artículos que tienen que ver con ANCEL, en virtud de que su tratamiento nos llevará más o menos una hora. Pero en vista de la propuesta o del comentario del señor Senador Atchugarry, las cartas están echadas.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Quería hacer, simplemente, un aporte de redacción que puede implicar, también, una consulta al señor Senador Atchugarry. En el inciso tercero, donde dice: "respecto a los prestadores no comprometidos", debería decir: "respecto a los prestadores no comprendidos".

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa podrá hacer la corrección.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la reconsideración del artículo 495 propuesta por el señor Senador Cid.

(Se vota:)

-15 en 28. Afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Nosotros votamos la reconsideración, porque se hace siempre a pedido de los señores Senadores, pero vamos a volver a votar afirmativamente el artículo.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Si no lo van a votar, retiro la moción, ya que no tiene sentido.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Con seguridad en poco tiempo vamos a volver sobre este artículo, después de este Presupuesto. Pero quiero decir que es una de las peores cosas que he visto desde el punto de vista técnico. A mi juicio esto es algo imposible de implementar, por lo menos, con equidad. Tiene tales confusiones, intereses cruzados, cosas no deslindadas, formas de evasión y sobrecargas sobre algunos sectores que creo que, realmente, esto es el producto de acuerdos, desacuerdos y transacciones sobre un sector extremadamente complejo y de gran sensibilidad para la población. Entiendo que en este Presupuesto es lo peor que se ha hecho y se va a hacer.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 496.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- A modo de fundamentación de voto quiero decir que los artículos 495, 496 y 497 refieren a lo mismo y si no votamos uno, no vamos a votar ninguno de ellos. Veo que es una imposición indiscriminada sobre la salud, que no compartimos.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 497.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- No he votado los artículos y, por lo tanto, no me siento responsable individualmente, pero sí integro un Cuerpo responsable de ellos.

No se deben hacer derogaciones ni adiciones a artículos del Texto Ordenado. Creo que la Presidencia debe quedar facultada para agregarle, aunque sea entre paréntesis, qué norma legal es la que se está adicionando, derogando o cambiando. El Texto Ordenado es resultado de un decreto, de una norma administrativa, no puede la ley agregar, modificar o quitar normas administrativas. Si se nombra un comité para hacer esos cambios, a lo mejor el Senado los arregla.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Quiero hacer el fundamento de voto de estos tres artículos sobre el impuesto a la salud. Hay un tema en el plano internacional que se llama pobreza y otro, que se llama necesidades básicas, satisfechas o insatisfechas. La pobreza, normalmente, tiene que ver con la alimentación y las necesidades básicas, con la educación, salud, vivienda y recreación. A nuestro entender, la necesidad básica más básica es la alimentación y este Presupuesto, prácticamente, no tiene nada sobre este tema, pese a que el 45% de los niños entre 0 y 4 años nacen en hogares donde pueden tener este tipo de problemas. Sin ninguna duda, la educación es una necesidad básica, así como la salud.

En ese sentido, quiero decir con total nitidez que si se aportan fondos para la educación -que son positivos, y que nosotros votamos- y no se aprueban para la alimentación, esos niños que tienen problemas de alimentación, van a tener dificultades en la educación. Si no se vota para la salud y se afecta el servicio de salud, los que quedan afectados por éste, no van a poder educarse. De manera que acá hay una especie de contradicción básica entre dos conceptos que van juntos. Me alegro de que se hayan preocupado por la educación y de que nos hayamos preocupado por el mismo tema. Pero si los servicios de salud y una población muy importante van a quedar afectados, todo lo positivo que tiene lo de la educación, puede quedar sin efecto.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Solicito la rectificación de la votación del artículo 495, en tanto que es un artículo que requiere 16 votos, es decir, mayoría absoluta. El resultado fue afirmativo, pero no entendí si la Mesa dijo que eran 16 ó 15 votos afirmativos.

En ese sentido, formulo moción para que se rectifique la votación de este artículo, como de cualquier otro que requiera, al imponer un tributo, de 16 votos, para que no haya luego inconvenientes o dudas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación del artículo 495.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- ¿Primero se reconsidera y después se vuelve a votar?

SEÑOR PRESIDENTE.- No se reconsideró, sino que se rectificó la votación.

SEÑOR COURIEL.- En ese caso, solicito que se rectifique de nuevo la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a rectificar nuevamente la votación del artículo 495.

(Se vota:)

-18 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 497.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 498.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 499.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 30. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a rectificar la votación del artículo 499.

(Se vota:)

-25 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 500.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: este artículo es el que establece la universalización de los impuestos a los ingresos de las entidades aseguradoras, y tiene que ver con el destino del Banco de Seguros.

De acuerdo a esta norma y a los artículos que le siguen, los únicos seguros exceptuados son los que dicen relación con la explotación agrícola y con los que protegen contra accidentes de trabajo. Son aquellos que, normalmente, están cubiertos por el Banco de Seguros y tienen una tasa de retorno dudosa y negativa en el caso de los accidentes de trabajo. Algunos de los señores Senadores que estuvieron en el proceso de desmonopolización de los seguros, recordarán que no había demasiado interés en desmonopolizar los accidentes de trabajo, porque no son rentables. De eso se hacía cargo la sociedad a través del Banco. Ahora eso se mantiene, pero el cambio consiste en la obligación de pagar un impuesto sobre los ingresos brutos de las entidades aseguradoras.

Estuvimos conversando sobre este tema con el señor Presidente del Banco de Seguros, quien nos planteaba que necesitaba entre 7 y 10 años para que la Institución se adapte a la nueva modalidad y compita con eficacia. Pero aquí las cosas se han resuelto "manu militari", en 2 años. En el 2001 y 2002 tendrá un tratamiento especial pero, en adelante deberá defender su Cartera como pueda. La opinión generalizada es que no podrá hacer frente a esa situación.

El artículo 9º -denominado transitorio- de esta disposición del artículo 500 establece para el Banco de Seguros una reducción del 66% de las alícuotas que se fijen de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6º en el año 2001, y del 33% en el 2002. Pienso que no son suficientes para que el Banco pueda afrontar con solvencia la situación que se va a crear. Esto no es un proceso de desmonopolización, sino que es pasarle al Banco todas las cargas no rentables y propender a que las carteras rentables en general estén a cargo de las empresas privadas. Es una manera de enfocar el tema.

Creo que el Banco de Seguros ha cumplido una función fundamental en el país, y este es un mecanismo a través del cual se dificulta su subsistencia como empresa pública.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Quisiera referirme a un comentario hecho por el señor Senador Korzeniak, que me parece acertado en cuanto a corregir en el texto todas aquellas citas que se hacen al Texto Ordenado. Me parece que correspondería referirlas a la ley que se está modificando, y no al Texto Ordenado que, en definitiva, es un acto administrativo que compila normas legales.

En tal sentido, y para facilitar la tarea, adhiero a la sugerencia del señor Senador Korzeniak a efectos de facultar a la Mesa para que cuando corrija los textos se tomen en cuenta estas consideraciones, es decir, que las citas sean efectivamente a textos legales. Sin perjuicio de ello, entre paréntesis se podrá referir el Texto Ordenado aunque, confieso, no me convence mucho. Por una cuestión de técnica legislativa, preferiría que la referencia sea a normas legales.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- En el mismo sentido que lo plantearon los señores Senadores Korzeniak y Brause, quiero expresar que es de buena técnica legislativa -lo cual es correcto- hacer mención a la sustitución o derogación de una norma legal correspondiente y no al Texto Ordenado. En este caso, el Texto Ordenado de las normas tributarias son leyes, a diferencia del de los funcionarios públicos, que son normas legales y reglamentarias. En correcta técnica legislativa, únicamente la ley deroga, sustituye o modifica otra ley.

Reitero que comparto en todos sus términos los planteos formulados por los señores Senadores Korzeniak y Brause.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa agradece las recomendaciones sobre técnica legislativa, pero prefiere dedicarse al Presupuesto.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Propongo que en el inciso cuarto del artículo 7º - en la página 113 del repartido - donde dice: "los ingresos derivados de operaciones de reaseguros", diga: "los ingresos derivados de operaciones de reaseguros activas". De lo contrario, estaríamos gravando las operaciones de reaseguros pasivas y, de esa manera, se estaría dificultando aún más la situación de las compañías y del Banco.

SEÑOR DE BOISMENU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DE BOISMENU.- Si me permiten, deseo hacer dos correcciones con respecto a lo que sostuvo el señor Senador Gargano refiriéndose al artículo 500.

Evidentemente, existe -no quiero usar la palabra "carga"- una dificultad en la atención económica de la Cartera de accidentes de trabajo en el Banco de Seguros. Sin embargo, deseo aclarar que en dicha Cartera no puede haber rentabilidad y tampoco pérdidas.

Con respecto a los seguros agrícolas -esta es la segunda corrección - lo que ha conseguido el Banco en los últimos dos años es que en una Cartera pesada, la desmonopolización le ha servido para usar el creativo sistema del seguro de paquetes, lo cual le ha permitido crecer y sostener seguros frente a la competencia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 500.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 501.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 502.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 503.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Simplemente, deseo indicar que donde dice literal D), debería decir E).

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 503 con la corrección hecha por el señor Senador Atchugarry.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 504.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 505.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 506.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 507.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Mediante el artículo 507 queda instaurada una vieja aspiración del Partido Nacional presentada en el Senado de la República por el entonces Senador Lacalle, relativa a la posibilidad de separar el IMESI del valor real del precio de los combustibles para, de esta manera, cuando el precio internacional del crudo fluctúe, pueda reducirse el precio de los combustibles sin afectar la recaudación, en caso de que aquél baje. Haber avanzado en este sentido creemos que constituye un elemento de particular sensibilidad y, a su vez, también sirve para que la población tome conciencia de la imponente carga tributaria que tienen los combustibles de nuestro país como consecuencia, entre otras cosas, del tamaño del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 508.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para hacer una consulta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- No logro entender cómo se complementan los artículos 508 y 519. Ambos se refieren al inciso segundo del artículo 4º del Título 11 del Texto Ordenado de 1996, donde se habla de la primera transferencia de los artículos importados que son adquiridos para ser arrendados. Estas son dos disposiciones separadas pero que están muy vinculadas; entonces, parecería haber una contradicción.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Aclaro que no voté el artículo 507, pero pediría que se prestara atención a la redacción, porque en el último inciso se hace referencia al artículo 14 del Título 11, que dice: "Facúltase al Poder Ejecutivo para autorizar la instalación de tiendas destinadas a la venta de mercaderías nacionales y extranjeras libres de impuestos...", que no tiene nada que ver. Por otra parte, se hace referencia al numeral primero del artículo 14 de dicho Título, y esta disposición no tiene numerales; además, tiene que ver con "free shops" y no con el combustible. Me parece que habría que arreglar esta situación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se trata de dos planteos: por un lado, el inciso final del artículo 507 que mencionó el señor Senador Gargano y, por otro, la contradicción entre los artículos 508 y 519 planteada por la señora Senadora Arismendi.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Acerca del planteo de la señora Senadora Arismendi, que es correctísimo, estimo que el error consiste en lo siguiente: el artículo 508 es igual a la parte final del artículo 519. Habría que suprimir el primero de ellos y los automóviles adquiridos para remises se considerarían igual que aquellos que se arriendan.

En resumen, debe haber un único artículo que sustituya el inciso segundo del artículo 4º del Título 11, y esa norma es la que hoy está numerada como 519.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, si los señores Senadores están de acuerdo, votaríamos en forma negativa el artículo 508.

Se va a votar.

(Se vota:)

-0 en 29. Negativa.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quiero recordar la solicitud que formulé con respecto al último inciso del artículo 507.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara al señor Senador que se están haciendo las consultas pertinentes para proceder en consecuencia.

En consideración el artículo 509.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 510.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 511.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 512

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 513.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 514.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 515.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 516.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 517.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 518.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 519.

Léase el texto sustitutivo llegado a la Mesa.

(Se lee:)

"Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4° del Título 11 (IMESI) del Texto Ordenado de 1996, por el siguiente:

En caso de automóviles adquiridos o importados para ser arrendados por las empresas cuya actividad consiste en el arrendamiento de automóviles sin chofer que estén autorizadas por el Ministerio de Turismo, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la primera transferencia que se realice durante el transcurso de los tres años contados desde la adquisición o importación del vehículo, siempre que el vehículo tenga una cilindrada de hasta 950 centímetros cúbicos. En caso de automóviles adquiridos o importados para remises, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la primera transferencia que se realice durante el transcurso de los cinco años desde la adquisición o importación del vehículo."

-En consideración.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: pediría, de ser posible, que se prosiguiera con el siguiente artículo para ver si podemos acordar que la cilindrada de los automóviles sea de hasta 1.000 centímetros cúbicos.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Creo que con esta modificación no estamos aumentando la base imponible, porque antes decía "una cilindrada mayor a 1.200 centímetros cúbicos". Si no me equivoco y oí bien, el señor Senador Atchugarry dijo "de hasta 950 centímetros cúbicos", texto que fue leído por el señor Secretario. Me parece que si se pretende aumentar la base imponible, debería decir "mayor a 950 centímetros cúbicos".

SEÑOR PRESIDENTE.- En todo caso, el señor Senador Atchugarry solicitó aplazar la discusión del tema, por lo que si el Senado está de acuerdo, procederemos de esa manera.

Queda aplazada la consideración del artículo 519.

En consideración el artículo 520.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: es preciso decir por lo menos dos palabras acerca de los contenidos de este artículo 520, que dice: "Los servicios postales que presta la Administración Nacional de Correos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de su Ley Orgánica, estarán gravados por el Impuesto al Valor Agregado a la tasa básica."

Creo que lo describí en mi intervención durante la discusión general. No sé cómo la Administración va a cobrar este impuesto. Va a tener que aumentar el valor de las estampillas que cobra ahora en un 23 % sobre cada valor, para hacerlo efectivo y realizar el cálculo en el valor del documento que prueba la tasa postal. Pero este es un problema de instrumentación. Yo vi muy desconcertado al señor Director Nacional de Correos cuando decía que seguramente para el 1º de enero próximo, si esto entra en vigencia, habría que extender un recibo más por el 23 % a cada persona que comprara una estampilla. Aclaro que lo dijo él, no yo. Pero lo grave acá es que en relación con las empresas privadas, el Correo va a quedar en una situación extremadamente desfavorable, porque de acuerdo con lo que nos informan los trabajadores del Correo, la Administración Nacional de Correos paga un aporte patronal que está casi en el 26%, mientras que las empresas privadas, de acuerdo con las normas que les han rebajado los aportes patronales, creo que están pagando alrededor del 13%.

Quiere decir que el desbalance en materia de tributos entre las empresas privadas y la empresa pública invierte la relación que existía hasta ahora. Podría entenderse que se aplicara la tasa mínima -¿por qué llamarla mínima?- o una tasa del 5% o del 7%. Lo de la tasa básica y lo de la tasa mínima -y no se puede imponer otra- es una mera invención de los que las crearon. Se puede establecer cualquier otra tasa y aplicarla diferencialmente, como se hace en todo el mundo. Asimismo, quiero decir que a mi juicio, a la empresa pública de Correos prácticamente se le está extendiendo un certificado de defunción, porque trabajar de ahora en adelante en estas condiciones es hacerlo absolutamente a pérdida, desfinanciarse y, desde luego, no poder prestar los servicios. Además, si los presta, lo va a hacer a un costo más alto que el del sector privado; pero ese es un camino. El sector privado siempre hace mejor todo, ayudado, entre otras cosas, por este tipo de disposiciones.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: creo que en este tema se está siguiendo, justamente, un camino para emparejar la situación. Si se plantea una situación para regular las empresas privadas y el Correo, creo que lo que deberíamos pedir al Poder Ejecutivo es que nos envíe un Mensaje de modo de exonerar del aporte patronal al Correo -creo que ya está facultado para hacerlo- a fin de lograr un equilibrio. Por otro lado, le estamos dando cuantiosos subsidios para que cumpla con su misión, que es llevar el correo a todas los sitios del país. De hecho, la misma ley lo obliga a llegar a donde no es rentable llegar. De ahí que se justifica el subsidio del Estado al Correo. Lo que no se justifica es que al resto, cuando está en franca competencia, se le apliquen gravámenes mayores. Las empresas privadas ya pagan el 23 %. Lo que hay que arreglar es que no pague el aporte patronal que no pagan las empresas privadas, y así igualamos la situación. Entiendo que ese es el camino que tenemos que seguir.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- En este punto el Profesor Korzeniak me puede auxiliar. Nosotros no podemos tomar iniciativa en establecer impuestos, pero sí podemos tenerla en bajarlos. Para eso se inventaron los Parlamentos. ¿Por qué no redactamos una disposición por la cual se exonera al Correo de la tasa correspondiente? Lo podemos hacer ya y aquí mismo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Tengo entendido que el Parlamento puede crear impuestos y no puede exonerar si no es con Mensaje del Poder Ejecutivo, pero de lo que aquí se trata es de ayudar. Creo, además, que por disposiciones anteriores, si el Poder Ejecutivo está facultado a exonerar los aportes patronales de las empresas privadas, también está facultado para bajárselos al Correo. Entonces, creo que no necesitamos votar, sino pedirle al Poder Ejecutivo que exonere o que rebaje los aportes patronales en la misma proporción que lo ha hecho con las empresas privadas. Lo que ocurre es que la situación se viene dando porque como el Correo no tiene impuestos y los otros sí, en vez de desgravar el IVA a las empresas privadas, se lo deja y se les rebaja los aportes patronales. Ahora que igualamos la situación con el IVA entre el Correo y las empresas privadas, lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es bajar los aportes patronales del Correo, que creo significa dejarlo en igualdad de condiciones. Además, lo que el Correo dice es que por ley le imponemos la carga de atender lugares en el país que no son rentables. Por eso el subsidio. Nadie está diciendo que no se le dé el subsidio; al contrario, se lo estamos dando, pero creemos que igual tiene que ser bien administrado y competitivo, y no cargar a las empresas que compiten con él -como lo demuestra la actual situación- con impuestos, que antes eran por ley y ahora son por decreto, para sostener a una empresa que debe estar a cargo de la sociedad en su conjunto, si se quiere que cumpla una misión social en el país. Lo que no podemos es distorsionar el mercado. Creo que el ideal en la situación del Correo sería tener una ley postal y, además, tenemos que ayudarlo, pero no gravando a las empresas que compiten con él, sino que tiene que haber un subsidio proveniente de Rentas Generales y de la sociedad en su conjunto, porque el Correo cumple una misión que las demás empresas privadas no deben cumplir, que es llegar con cartas a lugares -insisto una vez más- que no son rentables. Esa es una carga de la sociedad, no de las empresas que compiten con él. En ese caso, que compita en iguales condiciones.

Entonces, lo que dice el señor Senador Gargano, y tiene razón -dice: "no es bueno poner impuestos al Correo porque las demás empresas pagan menos aportes patronales"- se arregla bajándolos. Y si el Poder Ejecutivo no lo hace -termino, señor Presidente, y concedo la interrupción al señor Senador Michelini- si no rebaja y empareja con las empresas privadas, me parece injusto. ¡Si emparejamos en el IVA, emparejamos en los aportes patronales! Entonces, con mucho gusto haremos un proyecto de ley obligando a que se baje y se empareje la situación, que es lo que queremos y lo que debe ser.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: me parece perfecto el razonamiento del señor Senador Heber, ya que dice que todos los operadores deben competir en igualdad de condiciones y el Correo, que llega a lugares adonde otros no lo hacen, tiene que recibir un subsidio. Entonces, agreguemos un literal segundo, que diga: "Este impuesto entrará en vigencia cuando el Correo tenga la misma carga de aportes patronales que el resto de las empresas de su rubro".

Por tanto, si el Poder Ejecutivo -porque está autorizado- rebaja los aportes, entra el IVA; si no lo hace, seguimos en las condiciones actuales. No puede ser que siga existiendo arreglo para un lado y no para el otro.

Reitero que si se agrega ese literal, votaría la disposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Voy a ser breve porque, si no, vamos a generar una gran discusión y se provocará una demora en el tratamiento de los demás artículos.

No es correcto lo que dice el señor Senador Michelini, porque si hacemos lo que él propone, como en este momento, en el mercado postal el Correo es el que está gravando a las empresas privadas -no el Estado-; entonces, no estamos ante una situación de paridad. Esto indica que es necesario que exista una Ley Postal. Ello no tiene nada que ver con el hecho de arreglar el Correo en el futuro inmediato, cosa que puede hacer el Poder Ejecutivo por Decreto, porque está facultado para realizarlo -del mismo modo que respecto de las empresas privadas- con los organismos comprendidos en esta figura jurídica, que no son parte del Estado.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: creo que esta no es una discusión menor ni la de un solo artículo sobre un impuesto al Correo, por lo importante que pueda ser en sí. Estamos analizando una concepción: ¿qué quiere decir libre competencia y cuáles son las condiciones en que se encuentra?. No creo que exista la libre competencia porque, en definitiva, si hay gran peso de un lado y en una balanza se pone un dedo para empujarla hacia abajo, no hay ninguna libertad ni ningún tipo de equilibrio.

Este tipo de medidas que se adoptan contra el Correo, se han tomado una a una; a mi juicio, no empiezan en este Presupuesto ni en este artículo, sino hace mucho tiempo. En el transcurso de la discusión general, en una intervención expresé que este artículo es el más grave de todos, pero también -por allí- mencioné otra cosa que es lo de las sacas de correo y la derogación de la obligatoriedad de trasladarlas gratis a los distintos lugares. Aquí mismo se dice que el Correo tiene la obligación de llegar a lugares donde aquellos que lucran -porque es su negocio y obtienen sus ganacias con las actividades- no lo hacen, porque no son rentables. Entonces, ¿dónde está la equiparación, dónde el igualarse? Acá se está golpeando al Correo, gravándolo para que cada vez esté en menores condiciones de competir. Por tanto, muere, ya sea como fruto de todos los pesos que se le ponen encima o porque, en definitiva, se toma la decisión correspondiente. En nuestro país, en realidad, el camino de la decisión por un proyecto de ley no ha cuajado, entre otras cosas, porque el Gobierno de coalición tiene la suficiente inteligencia para darse cuenta de que en este país los golpes fuertes y la política de "shock" no es lo que camina, pero se ha ido desmontando paso a paso. Esto ha sucedido con el Correo, hasta que llegue un momento en que no pueda competir realmente y, por tanto, desaparezca. Entonces, esa obligación que tiene, de llegar donde a otros no les interesa porque no les da ganancia, tampoco podrá cumplirla. En ese momento, diremos: "¡Qué desastre que tenemos con este Correo y vamos a tener que cerrarlo porque va a ser una carga para la sociedad uruguaya y para el Estado!"

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: me consta que hay acuerdo para votar este Capítulo. No obstante ello, preguntaría a quien pudiera responderme, por haber integrado la Comisión que estudió el Presupuesto, cuál sería el monto, en pesos o en dólares, entre aplicar la tasa máxima del 23% o la mínima del 14%.

Me consta que hay un acuerdo pero, de pronto, por esa vía podemos solucionarlo porque tengo entendido que el monto no es muy grande.

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Señor Presidente: creo que fue una modalidad impulsada por el señor Senador Gargano -si no es así le pido disculpas- y con base en ella voy a solicitar un cuarto intermedio de tres minutos, en Sala, para aclarar una redacción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

El Cuerpo pasa a cuarto intermedio hasta las 17 horas y 4 minutos.

(Así se hace. Es la hora 17 y 1 minuto)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 17 y 8 minutos)

-Se ruega a los señores Senadores tomar asiento.

En consideración el artículo 520.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- He escuchado a varios señores Senadores decir en Sala que el Correo es una Persona Pública no Estatal, lo que no es correcto; es un Servicio Descentralizado. Así lo estableció el artículo 747 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, Ley de Presupuesto.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Antes del cuarto intermedio, había preguntado cuál sería el monto global anual de la diferencia que surgiría de aplicar la tasa máxima o la mínima a los servicios del Correo. Nadie me ha dado una respuesta, aunque en pequeñas reuniones he podido constatar que no se trataría de una cantidad importante. Si, como se nos ha dicho, está en juego el destino de una institución como el Correo y el monto no es importante, creo que podríamos llevarlo a la tasa mínima del 14% con lo cual le daríamos un alivio a la situación de este servicio.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: no entiendo cuál es el plan de todo esto. En realidad, se argumenta en el sentido de que se auspician espacios de desmonopolización y competencia y, al mismo tiempo, se le demanda a las empresas públicas que cumplan con un conjunto de cometidos sociales que incorporan costos agregados...

(Murmullos en Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa ruega silencio, porque no se puede escuchar al orador.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Lo que uno podría esperar, que resultara congruente con esto, es que desde el punto de vista tributario se hicieran las compensaciones. No he visto ningún estudio -no se ha aportado- que demuestre que aquí hay algún equilibrio y que no se pasa a flechar la cancha de una dirección a otra. En el primer proyecto -e incluso en las estimaciones que llegaron de recaudación- se derogaba el Impuesto a la Compraventa de Moneda Extranjera y se proponía bajar los aportes patronales para equilibrar la situación con el sector privado. Eso estaba costeado. Después, en las andanzas por estos espacios legislativos del Ministro de Economía y Finanzas, no sé en qué quedó. Ahora, lo que tenemos es un artículo 527/2 que dice que el Poder Ejecutivo podrá disminuir las tasas del ICOME y las contribuciones especiales a la seguridad social de las empresas públicas. En tal sentido, podríamos consultar a los señores Senadores Correa Freitas o Korzeniak -porque ahora, que tenemos más de un especialista, podemos ilustrarnos exhaustivamente- acerca de si este servicio, que tiene las características que señaló el primero de los citados -y, en lo personal, siempre lo había entendido así- está comprendido en este concepto de empresa pública. Más adelante, el artículo agrega: "Exclusivamente si se da cumplimiento con las metas de déficit a que hace referencia el artículo." No sé a qué artículo se refiere; en este contexto no aparece nada. Quizás, sea una de las tantas iniciativas que quedaron colgadas, por decirlo de alguna manera, o descontextualizadas. Insisto: en los costeos desapareció, al menos en aquellos a los que nosotros hemos tenido acceso. Quiere decir que esta autorización al Poder Ejecutivo no viene con su voluntad de aplicarla -por lo menos, en una fase inicial- para equilibrar situaciones.

Por lo tanto, lo que manifestaron el señor Senador Gargano y la señora Senadora Arismendi -inclusive, también se mostró preocupado el señor Senador Pereyra- es totalmente razonable. Quisiera saber dónde está el cronograma de desgravación de la empresa pública que la equilibra y que compensa esta carga tributaria que va a estar sobreagregada a partir de esta iniciativa.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Tengo la impresión -por lo menos nadie ha demostrado lo contrario- que la pregunta del señor Senador Pereyra nadie la puede contestar porque, como señalaba el señor Senador Rubio, en todas estas idas y venidas nadie sabe cómo queda y se costea todo esto. Insisto, me parece que nadie puede responderlo.

Inclusive, como el señor Ministro de Economía y Finanzas hizo como dice el tango "desde que se fue, nunca más volvió", no pudimos saber qué fundamentos, sobre qué bases y cómo se compensan exoneraciones y derogaciones de impuestos, con otros que se establecen. Si hay alguien en Sala que lo sepa, sería bueno que le contestara al señor Senador Pereyra, para que todos tuviéramos una información respecto a si es correcto aplicar el IVA al Correo.

Como muy bien dijo el señor Senador Correa Freitas, es un servicio descentralizado; esto abona en el sentido de lo que yo decía: que parecería que vamos desmontando aquellas cosas que dependen del Estado, en una supuesta libre competencia, pero libre competencia para los que no son el Estado. Se da más libertad a los que buscan la ganancia, y menos posibilidades de competir a aquellos que deben cumplir con obligaciones, con servicios que favorecen a toda la población.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Simplemente he hecho una pregunta y desearía tener una respuesta.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Esta norma que establece el IVA para el Correo no obedece estrictamente a razones fiscales, por lo menos en términos de recaudación. Considerando el 23% de esta tasa, el máximo de recaudación que podría resultar sería de U$S 1:000.000, teniendo en cuenta la deducción del IVA en compras. Esta es la cifra que se anotó desde el principio para saber dónde estábamos parados en el equilibrio presupuestal, pero no fue revisada ni a la suba ni a la baja.

Cuando se le planteó al Poder Ejecutivo aplicar el IVA al Correo, que surge de las negociaciones que tuvimos, no se pensó en el hecho de que pudiera ser una gran fuente de recaudación, sino en la equidad fiscal, que es algo que, progresivamente, todos los Estados están buscando. Si se grava una actividad, no parece demasiado relevante si es de un sector o de otro, sobre todo cuando se trata de un sector en el que -como los señores Senadores podrán ver en el Capítulo correspondiente- hay transferencias de Rentas Generales y, como todos sabemos, transferencias internas dentro del sector, o sea, de los permisarios al Correo. Más allá de sus quejas, es una realidad económica. Por lo tanto, el tema de si transfiere más o menos, o de si compensa las cartas no rentables o un grado importante de ineficiencia, es una discusión distinta. Acá lo que se dice es que si le cobramos el IVA a algunos por ciertos envíos postales, se lo debemos cobrar a todos. Esta es una forma de equidad fiscal, al igual que el IMABA, que se le cobra a todos los bancos, sean públicos o privados. Ese es el sentido con el que fue planteado.

Es cierto que no tiene gran recaudación, pero a esta altura de las necesidades presupuestales de cientos de artículos, diría que tampoco hay ingreso chico. Si se mira globalmente el Presupuesto, se podría decir que se trata de un ingreso que ni siquiera se debería tomar en consideración, pero si miramos las discusiones que estamos teniendo con algunos artículos, tal vez sea un ingreso de cierta importancia.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Habiéndose confirmado que la aplicación de la tasa máxima no obedece a una necesidad fiscal, creo que se puede sustituir por la tasa mínima, porque de esta forma queda gravado pero en condiciones de continuar la competencia, ya que se ha señalado la diferencia que hay en cuanto a los aportes al Banco de Previsión Social.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En el Capítulo anterior -que no hemos tratado- hay una propuesta para ir marcando algunos términos a la transferencia del sector, porque en el Presupuesto de 1990 se había planteado que esas transferencias fueran decreciendo hasta caer en 1999. Naturalmente, la Administración tuvo que prorrogarlo, lo que generó protestas y demandas -incluso judiciales- de los otros sectores, porque no hubo más remedio que seguir adelante con este subsidio.

Sé que en la discusión se planteó poner un subsidio expreso, y yo digo que sería bueno, pero en función de lo que realmente se lleve a sectores que uno considere de bajos ingresos y que valdría la pena.

También digo que a veces los que mandan las cartas no son los de bajos ingresos sino, por ejemplo, un Banco o el Clearing de Informes, que deben enviar determinada cantidad de cartas. En ese caso, aunque sean dirigidas a destinatarios de bajos ingresos, el emisor de las cartas, por cierto, no lo es.

En resumen, me parece que seguir con esto es un avance, pero si la decisión del Senado no fuera así, téngase en cuenta que deberemos reducir algunos gastos más -y ya estamos proponiendo reducir muchos- porque, de lo contrario, las cuentas no nos cierran.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo tal como está redactado.

(Se vota:)

-13 en 28. Negativa.

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Solicito un cuarto intermedio de media hora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de orden.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Uno siente la voluntad de votar los cuartos intermedios que piden las Bancadas, pero a esta altura de los acontecimientos no queremos ingresar en una estrategia parlamentaria que nos lleve a votar, a las ocho menos cuarto de la noche, en un paquete, todo el Presupuesto Nacional, sin tiempo para considerar aditivos, sustitutivos, ni nada.

SEÑORA ARISMENDI.- ¡Apoyado!

SEÑOR RUBIO.- De lo que no es responsable esta Bancada es de que el Presupuesto haya llegado en condiciones lamentables a este ámbito a esta altura del último día.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si seguimos fundando el voto, no va a haber cuarto intermedio; los cuartos intermedios no tienen fundamento de voto.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Yo no voy a fundar el voto, señor Presidente; voy a contestar lo que se acaba de decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Como es notorio, algunos necesitan media hora para acordar una votación, y otros hablan una hora sobre un aditivo. Así que no se pueden adjudicar tan livianamente las responsabilidades.

(Intervención del señor Senador Rubio)

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a cuarto intermedio por media hora.

(Así se hace. Es la hora 17 y 24 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Así se hace. Es la hora 17 y 59 minutos)

-En consideración el artículo 521.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 522.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: queremos dejar una muy breve constancia.

En el día de ayer, durante la discusión general, analizamos el tema de la disminución del IVA del 23% al 14% para las tarifas de alumbrado público de las Intendencias Municipales de todo el país y, además, habíamos anunciado la posibilidad de que se les pudiera otorgar a éstas una tarifa de mediano consumidor. También en el día de ayer, Senadores de nuestra colectividad política y del Partido Colorado participamos de una reunión con el señor Presidente de la República, en la que se acordó que el propio Poder Ejecutivo iba a autorizar a la empresa UTE a considerar a las Intendencias Municipales de toda la República como medianos consumidores. De este modo, todas las Comunas tendrán un abatimiento, por este exclusivo concepto, del entorno del 30%, aproximadamente, a lo que hay que agregarle la disminución del IVA a la tasa mínima, más un 5% por pronto pago. Todo esto hace que las tarifas de alumbrado público que pagan las Intendencias Municipales a UTE, reitero, tengan un abatimiento -por los conceptos mencionados- del orden del 43% ó 44%.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay demasiado murmullo en Sala, por lo que rogamos el silencio necesario.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Como decía, señor Presidente, ese abatimiento por los conceptos mencionados se ubicará en el entorno del 43% o el 44%.

Obviamente, la consideración de mediano consumidor es una potestad que va a ser acordada entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la empresa UTE, razón por la cual escapa del análisis presupuestal.

A requerimiento de nuestro colega, el señor Senador Rubio, traemos hoy la palabra del Poder Ejecutivo en el sentido de que se van a acordar estos beneficios para todas las Intendencias Municipales. Seguramente, esto significará un monto total -por abatimiento de IVA y de tarifas- del entorno de los U$S 15:000.000, lo que representa una muy buena contribución para todos los Gobiernos Departamentales del país.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: quería decir, por un deber de lealtad política, que consideramos que esta medida que se incorpora en el Presupuesto y este compromiso político que se va a concretar en los términos en que hemos hablado las distintas Bancadas, para nosotros representa, realmente, una de las medidas más importantes que se están instrumentando en este proyecto de ley. Sin perjuicio de todas las diferencias que hemos tenido, de todo orden, en este tema que favorece a todas las Intendencias Municipales del país, sin exclusiones -por utilizar una expresión que se ha usado en diversas oportunidades-...

SEÑOR MICHELINI.- No arriesgue mucho, señor Senador.

(Hilaridad)

SEÑOR RUBIO.- El señor Senador Michelini me dice que no arriesgue mucho, pero yo considero que la palabra empeñada se va a cumplir, porque es una medida realmente importante.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 522.

(Se vota:)

-30 en 31. Afirmativa.

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Señor Presidente: solicito la reconsideración del artículo 520.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se reconsidera el artículo 520.

(Se vota:)

-18 en 31. Afirmativa.

Está nuevamente en consideración el artículo 520.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo tal cual figura en el repartido.

(Se vota:)

- 17 en 31. Afirmativa.

Se había postergado el artículo 519. Tenemos un artículo aditivo.

Léase.

(Se lee:)

"Art. 519.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º del Título 11 del Texto Ordenado 1996 por el siguiente:

`En el caso de automóviles adquiridos o importados para ser arrendados por las empresas cuya actividad consiste en arrendamiento de automóviles sin chofer que estén autorizadas por el Ministerio de Turismo, se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, siempre que el vehículo tenga una cilindrada superior a los 2000 centímetros cúbicos. Si la cilindrada es igual o inferior a los 2000 centímetros cúbicos, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la adquisición o importación del vehículo. En el caso de automóviles adquiridos o importados para remises, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la primera transferencia que se realice durante el transcurso de los cinco años contados desde la adquisición o importación del vehículo'."

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Pido que se distribuya el texto por escrito.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se está haciendo, señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido que también se distribuya el nuevo texto del artículo 523.

SEÑOR PRESIDENTE.- Esa disposición no se votó, pero se procederá a su distribución.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 519.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 523.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Como me señala el señor Senador Brause, eventualmente votaríamos primero negativamente el artículo de la Comisión. Aprovecho esta oportunidad para explicar, brevemente, las modificaciones introducidas. La tasa que se plantea en el modificativo es menor, es decir, se baja de 0,25% a 0,18%, y se plantea que no regirá para las operaciones de crédito hipotecario con destino a vivienda concedidas antes de la vigencia de esta ley. Esto rige tanto para el Banco Hipotecario, que es el principal acreedor en esta materia, como para otros bancos.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Pregunto al señor Senador Atchugarry cuánto rinde este incremento de 0,18%.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- La idea es que esto recaude una cifra cercana a los U$S 15:000.000, que era lo que se esperaba obtener con el IRIC a los bancos. En realidad, se trataría de poco más de U$S 15:000.000. Como puede verse en la arquitectura planteada, parte de estos ingresos son a cuenta del IRIC. La idea es que, sólo con el IRIC, es probable que las rentas que hoy están, no lo estén cuando haya que liquidar impuestos porque, naturalmente, podrían gestionarse en el extranjero y escaparse. En consecuencia, esto es un impuesto que procura recaudar parte de lo que gastamos en el Banco Central para controlar el sector; al mismo tiempo, se asegura la recaudación y también, por lo tanto, que recuperemos al menos la cuarta parte -tal vez- del Presupuesto del Banco Central y, en cualquier caso, al estar "cruzado" -entre comillas- con el impuesto a la renta de los bancos, se asegura indirectamente -aunque no es la función del impuesto- que haya una recaudación por tal concepto. Así que, en definitiva, esto puede llegar a dar U$S 16:000.000 o U$S 17:000.000. No hemos estimado la quita del Banco Hipotecario hacia atrás, pero eso es lo que va a dar hacia adelante.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Quisiera hacer una consulta muy breve. En la formulación original, se hablaba de una tasa máxima de 0,25%. Aquí se habla de una tasa del impuesto. Mi pregunta es si se proyecta un impuesto con una sola tasa, que es la que figura aquí.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En principio, es una sola tasa. Creo que la idea, además, es tratar de que sea de alrededor de 0,15%. Sin embargo, no hemos hecho un análisis final de esta nueva redacción. En algún momento, el Ministerio de Economía y Finanzas nos manifestó algún problema que podía haber, no de doble imposición pero, digamos, de gravámenes, de excesos, en algunas situaciones, así que no descarto que luego a nivel de dicho Ministerio se pueda aliviar alguna situación si se ve gravada doblemente por otros tributos. Pero, en principio, la idea que se tiene es llevar esto al 0,15%. Es decir, es hasta 0,18%, pero la idea, según creo, al principio, o por lo menos en el primer Ejercicio, es llegar a un 0,15%; si se recauda lo que se espera, quedará, quizás, en 0,15%. El 0,18% establecido tiene que ver con la posibilidad de que la recaudación esperada no se concrete.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 523 del repartido.

(Se vota:)

-0 en 31. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo sustitutivo.

(Se vota:)

-26 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 524.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Hay un artículo sustitutivo. En realidad, lo que se resolvió en Comisión fue mantener el texto tal como venía de la Cámara de Representantes, pero agregándole que se excluía a los Gobiernos Departamentales, es decir, que los mismos quedaban fuera de este tratamiento.

Esta redacción que nos viene no se entiende bien. Entonces, lo que se hace es reiterar el artículo 376 del proyecto de ley de la Cámara de Representantes, agregándole la expresión "exceptúanse a los Gobiernos Departamentales de su inclusión en el régimen establecido en los incisos anteriores". Este fue un planteo que, en su momento, efectuó el señor Senador Larrañaga y proponemos que se vote con esta redacción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 524.

(Se vota:)

-0 en 31. Negativa.

En consideración el sustitutivo del artículo 524, que recientemente explicara el señor Senador Atchugarry, y que se encuentra en la hoja 108 del repartido de sustitutivos.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quisiera preguntar si la palabra "inmunidad" es correcta en este caso o si debe hablarse de excepción o exoneración. Digo esto porque la expresión "inmunidad impositiva" me resulta rara.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Como dijera el propio Senador Korzeniak ya fuera de micrófono, se trata de un asunto de larga data. En reiteradas ocasiones se ha utilizado esta palabra y, aunque a mí me resulta tan rara como a él, se desea mantener esa expresión porque este asunto de la inmunidad impositiva viene, repito, desde hace varios años. Es verdad que parece raro.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Se hace esta referencia a la inmunidad porque se trata del Estado y, por tanto, como sujeto activo de la relación tributaria, no puede ser excluido o exonerado, por lo que debe ser inmune. De ahí proviene la expresión "inmunidad tributaria", en tanto se trata del Estado, tanto en su acepción amplia, como restringida.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Cuando se discutió este artículo en la Comisión, se había planteado que, además de los Gobiernos Departamentales, la excepción incluyera a los Organismos del artículo 220 de la Constitución.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Quisiera llamar la atención del Cuerpo en el sentido de que aquí, básicamente, se procura defender la producción nacional, porque esto se aplica cuando hay producción local competitiva.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Quisiera agregar, ya que comparto las expresiones del señor Senador Atchugarry, que si bien desde el punto de vista de la técnica tributaria uno podría no compartir esta forma de gravamen, lo cierto es que aquí debe primar la defensa de la producción nacional y esto es, justamente, lo que procura este tributo.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Personalmente, votaría esta disposición, pero considero que aquí tenemos un problema con la Universidad de la República con respecto a las compras vinculadas al tema científico. En ese sentido, la producción nacional no es importante y, a veces, no la hay. A pesar de que las normas deberían ampararla, en muchas oportunidades no tiene inmunidad o los Organismos -en este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas- determinan que no la tiene.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Quisiera hacer una pequeña observación. En el primer inciso, y teniendo en cuenta el concepto planteado por el señor Senador Atchugarry, no se contrapone a los bienes nacionales con los importados, sino a los ofrecidos en plaza con respecto a los importados. No sé si no habría que decir, si el pensamiento es ese, que se trata de bienes de producción nacional con respecto a los importados. Digo esto porque "ofrecidos en plaza" no quiere decir "nacionales". Es decir que debería expresarse que se trata de los bienes producidos en el país o, mejor, bienes de producción nacional.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Aceptamos esa corrección.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo sustitutivo con la corrección sugerida por el señor Senador Astori.

(Se vota:)

-20 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 525.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 526.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Hay un artículo sustitutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo sustitutivo.

(Se lee:)

"Sustitúyese el literal A) del artículo 23 de la Ley Nº 16.697 de 25 de abril de 1995, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.904 de 31 de diciembre de 1997 por el siguiente:

A) 0% (cero por ciento) hasta el monto imponible equivalente a tres Salarios Mnimos Nacionales mensuales. Este porcentaje ascenderá al 1% (uno por ciento) cuando sea de aplicación la afectación establecida por el inciso primero del artículo 501 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, con la interpretación dada por el artículo 5º de la Ley Nº 17.139, de 6 de junio de 1999".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 527.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 527/1.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Hay un artículo sustitutivo. Se trata de la tasa consular.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Ese sustitutivo fue presentado en los primeros días.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- No sé dónde está, pero recuerdo haberlo visto. En todo caso, para facilitar la tarea de la Mesa, recomendamos votar el artículo como viene de Comisión y, en la versión taquigráfica, quedará la constancia de que había un sustitutivo, si mal no recuerdo presentado por el Frente Amplio, con una redacción y un alcance diferente.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Obviamente, el hecho de haber presentado un artículo sustitutivo significa que no estamos de acuerdo con el texto que aparece en el 527/1.

La tasa consular es un tributo que hemos propuesto en varias oportunidades -también lo han hecho otras colectividades- no sólo como una forma de recaudación, sino como un instrumento de control de las importaciones. La idea es unificar o, digamos, globalizar toda la información que se tiene sobre las importaciones.

Esta tasa que existía hasta 1991 -posteriormente, se derogó- la cobran los Consulados del país en el exterior, pero no se trata de un gravamen a las importaciones. Creemos que bien estudiada puede dar un producido importante, no el estimado por los señores Senadores de la coalición.

Por otra parte, es un tributo que se nos cobra en el MERCOSUR. Argentina tiene una tasa consular de U$S 100 por cada documento de importación, que también la está cobrando a nuestro país por las exportaciones que se hacen al Uruguay. Algo similar ocurre con Paraguay.

Pensamos que este tributo -que, repito, bien administrado no sólo sirve desde el punto de vista de la recaudación, sino como un control de las importaciones- es un elemento que no debería figurar en esta redacción, que es un saludo a la bandera. Aquí, la reimplantación de la tasa consular es simplemente en el texto y no en los hechos -la historia nos dará o no la razón- porque sólo se le confiere al Poder Ejecutivo la potestad de establecer la fecha a partir de la cual se va a aplicar. Por lo que hemos advertido en los pasillos, no hay voluntad política de aplicarla, al menos en los próximos cinco años.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Como habrá podido observar el señor Presidente, finalmente ha aparecido el texto. Ocurre que como lo entregamos tres veces durante el trámite de la Comisión, ya no nos quedaba un copia ni a nosotros, pero el tema es que andaba por ahí y fue repartido.

Se ha debatido mucho sobre cuánto supondría la aplicación de la tasa consultar. Inclusive, hubo algunas apreciaciones que originalmente se fundaban en estimaciones y, luego de realizados estudios más exhaustivos, quedó demostrado que daban un poco menos. De todos modos, se trata de un recurso significativo.

Queremos decir que esto fue planteado y recordado por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si bien nosotros proponemos que el destino sea Rentas Generales, también aparecen incrementos en otros aditivos para algunas categorías de funcionarios del Ministerio con cargo a este tributo.

Nos parece que desde el punto de vista de la inserción internacional del país, es algo ponderado; y, además, es un instrumento de control acerca de la procedencia de los productos que se importan. Inclusive, se puede adaptar en forma segmentada en relación con los productos de consumo o de extra MERCOSUR, o mantenerlo globalmente.

Ese era, pues, el criterio o sentido y ahora vemos que, al menos, la idea se ha tomado, aunque es de una amplitud tan grande en cuanto a las facultades, que no sabemos si finalmente va a tener algún alcance en el
esquema del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa deja constancia de que debería corregirse el título del artículo, "Tasa consular", ya que luego se reitera.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Aceptamos la sugerencia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 527/1, con la corrección propuesta por la Mesa.

(Se vota:)

-18 en 30. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 527/2.

La Mesa desea dejar constancia de que el señor Senador Rubio había indicado que hay un error de redacción, porque al final de la disposición falta la mención al artículo.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- La referencia es al artículo que en esta versión es el 576/1, que tiene que ver con las metas del déficit autorizado. Naturalmente que luego la Mesa acomodará el número que resulte.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 527/2.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 528.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Voy a ser muy breve, porque ya me referí al tema en la discusión general.

Creo que es tremendo el resultado que va a provocar esto. Como decíamos, aquí se está regularizando por la vía de la desaparición. Por lo tanto, se va a generar una serie de problemas muy serios a centenares de familias en todo el país.

Pienso que este es un mal impuesto, y que no tiene en cuenta las propuestas que hicieran las distintas organizaciones departamentales y nacionales sobre la vocación, la necesidad de regularizarse y la posibilidad de concretarlo. Pienso que aquí no se ha tenido en cuenta el trabajo realizado con los comerciantes instalados y con quienes desarrollan actividad comercial en la vía pública, con todo en regla, es decir, con los que son realmente objeto de control, cuyas opiniones fueron tenidas en cuenta, concretamente, por la Intendencia Municipal de Montevideo. Por lo tanto, todo esto va a crear una distorsión tremenda.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia ruega al señor Senador Couriel que contribuya al orden de la Sala. Está en uso de la palabra la señora Senadora Arismendi.

(Intervención del señor Senador Couriel que no se oye)

-No, señor Senador, usted está haciendo gestos.

SEÑOR COURIEL.- Como a veces hace el señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- No, señor Senador; es feo que usted haga gestos. No grite; mantenga el orden. Repito que usted no puede hacer gestos.

SEÑOR COURIEL.- Es feo que usted esté retando.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- Tenga respeto por el Senado, señor Senador.

Está en uso de la palabra la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Va a haber que tomar medidas con la campana, señor Presidente, porque es una cosa tremenda, al menos para quienes estamos ubicados debajo de ella.

(Intervención del señor Senador Couriel que no se oye)

SEÑOR PRESIDENTE.- Usted no puede hablar, señor Senador Couriel. Está en uso de la palabra la señora Senadora Arismendi.

(Campana de orden)

-Cállese la boca, señor Senador.

(Intervención del señor Senador Couriel que no se oye)

-Cállese la boca, señor Senador.

(Campana de orden)

-Está en uso de la palabra la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Como decía, se debieron haber tenido en cuenta las propuestas que se hicieron en este sentido. En todo el país se van a generar problemas, en particular, en lo que hace a la relación con las Intendencias Municipales. Esto se va a dar en el caso de Montevideo porque, como decíamos, hay un trabajo de mucho tiempo de regularización de la actividad comercial en la vía pública; pero esos problemas van a ser muchos más serios en el interior del país.

Creemos que esto va a hacer que a las cifras de desocupados que mencionábamos el otro día, se agregue muchísima gente, centenares de familias de todas partes que viven de esa actividad comercial en la vía pública, que no van a poder convertirse en empresas unipersonales y, por lo tanto, tampoco podrán pagar esto.

Por otro lado, aquellos que no se acojan a este monotributo y que tengan la posibilidad de trabajar con tarjetas de crédito, van a incidir de manera negativa en el comercio instalado y formal, donde hoy, esas personas que desarrollan actividad en la vía pública, no tienen derecho a utilizar líneas o tarjetas de crédito.

Entonces, lo que se intenta mejorar -o, por lo menos, así se expresó- no va a actuar en ese sentido. Más allá de que al Senado no le importe este tema y que lo vote porque así lo tiene acordado, nosotros de todas maneras queríamos dejar sentada esta posición.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Espero que se haya advertido que a pesar de ser este un tema que me gusta mucho, he contenido una tendencia muy generalizada que hay en nuestro país en relación a los planteos de inconstitucionalidad. Este es el país del mundo donde proporcionalmente se plantean más problemas de inconstitucionalidad. Sin embargo, cuando considero que el tema es demasiado grueso, no tengo más remedio que plantearlo. Aquí hay varias disposiciones referidas a la seguridad social.

Por otro lado, en la reforma constitucional de 1994 se incorporó una Disposición Transitoria, letra V -labiodental o uve, como dicen ahora los muchachos- por la cual se interpreta por la propia Constitución que se declaran inconstitucionales todas las normas sobre seguridad que tengan contenido de seguridad social o previsión social que se incluyan en las Leyes de Presupuesto o Rendición de Cuentas.

Para quienes están un poco alejados del Derecho Constitucional, o para quienes simplemente no lo conocen, esta letra V puede ser considerada como una Disposición Transitoria que se incluyó en el año 1994 para normas anteriores a ese año, contenidas en los Presupuestos y Rendiciones de Cuentas. Sin embargo, ese es un error generalizado, pero muy bien analizado en el campo del estudio, de la cátedra del Derecho Constitucional.

Esta es una Disposición Especial, no Transitoria. Este capítulo que se encabeza con letras, en lugar de números, contiene Disposiciones Transitorias y Especiales; no todas son transitorias. Por ejemplo, la letra M, que establece cómo se integra el Banco de Previsión Social, no es transitoria; sólo tiene un inciso final transitorio, pero la integración del Directorio con cuatro miembros, habitualmente llamados políticos, y tres representantes sociales, es una disposición permanente, sólo que incluida en el Capítulo de Disposiciones Transitorias y Especiales. Del mismo modo, hay muchas que son especiales y no transitorias.

¿Por qué no es transitoria esta disposición, señor Presidente? Si bien puedo leer toda la disposición, lo que interesa ahora es que establece "...declárase la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, seguros sociales o previsión social (Art. 67) que se contenga en las leyes presupuestales o de rendición de cuentas a partir del 1º de octubre de 1992". Quiere decir que lo que fija esta disposición es una fecha hacia atrás; es lo único que tiene y por eso es una disposición muy especial. O sea que no abarca las leyes anteriores al 1º de octubre de 1992, pero no tiene ningún límite hacia el futuro. Es una norma hoy vigente, mañana vigente y dentro de 20 años también lo será si no se modifica. Por eso es que sostengo que no es una Disposición Transitoria, sino Especial.

Por consiguiente, este Capítulo, en cuanto a las normas que tienen que ver con previsión y seguridad social, es inconstitucional, flagrantemente contrario a este artículo. A esto se agregan, además, ciertas características, porque tal como se establece en la letra V) "La Suprema Corte de Justicia de oficio, o a petición de cualquier habitante de la República, emitirá pronunciamiento sin más trámite, indicando las normas a las que debe aplicarse esta declaración..." Quiere decir que aprobada esta ley -si se incluye este Capítulo- cualquier habitante puede presentarse ante la Suprema Corte y pedir que lo incluyan entre las normas que están contrariando una disposición constitucional.

Por razones si se quiere de historia de esta disposición -que conozco muy bien, no sólo en su texto- quiero agregar lo siguiente. Si bien en su comienzo establece "Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 216 y 256...", nada impide que cualquier persona vaya a la Suprema Corte de Justicia a plantear la inconstitucionalidad de este artículo. También quiero agregar que esta disposición se incluyó para que tuviera efectos generales y no como pasa con la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, que sólo afecta al caso concreto. Expresamente, se establece que "dichas normas dejarán de producir efecto para todos los casos, y con retroactividad a su vigencia."

Creo que es conveniente que relate las razones por las cuales se incluyó esta norma. En primer lugar, se hizo porque se estaba refiriendo a leyes anteriores, pero posteriores al 1º de octubre de 1992, respecto de las cuales el plazo para impugnarlas por vía de referéndum ya estaba vencido.

En segundo término, se incluyó porque la Suprema Corte de Justicia ha elaborado una especie de jurisprudencia, en varias sentencias, por las cuales prácticamente no le ha hecho caso a lo que establece el artículo 216. Concretamente, este artículo establece que en los Presupuestos no se incluirán normas cuya vigencia exceda la del mandato de Gobierno ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución. Quiere decir que no hay que incluir en los Presupuestos normas ajenas a éste. Como se había convertido en una costumbre en Uruguay el incluir normas sobre jubilaciones o pensiones en los Presupuestos y en las Rendiciones de Cuentas, y como la Suprema Corte de Justicia hacía una interpretación muy tolerante de esto, se incluyó esta disposición que fue votada y está en la Constitución. Esta es una de las razones; es más, lo sé con mucha propiedad, porque quien redactó esta norma hizo el honor de venir a consultarme en varias oportunidades. Me refiero al doctor Hugo de los Campos, quien elaboró la redacción que luego fue aprobada por un grupo de ciudadanos que promovieron su inclusión.

Otra razón por la cual se incluyó esta norma fue porque como el efecto que se declaraba iba hacia el pasado, podía llegar a abarcar normas correspondientes, por ejemplo, al año 1950, creando un caos jurídico.

Un motivo más, que llevó a que esto no se incluyera en la parte de la Constitución que tiene números, sino en ésta compuesta por letras y que son Disposiciones Especiales, es darle efectos generales. Repito que la declaración de inconstitucionalidad en nuestro país sólo beneficia al que la obtiene; por aplicación de los artículos 256 y siguientes, sólo tiene efecto para el caso concreto. Sin embargo, se pretendía que esto tuviera efectos generales, casi equivalentes a los derogatorios. Digo "casi", porque el efecto va hacia el pasado, o sea que anula la ley, según establece la Constitución, con retroactividad a su vigencia. La interpretación, en general, en Uruguay, es que la declaración de inconstitucionalidad no es anulación, sino que la inaplicabilidad de una ley va hacia el futuro.

Todas estas son las razones por las cuales esto se incluyó acá como una Disposición Especial y no como Disposición Transitoria. Entonces, si la disposición está vigente y establece que no se pueden incluir normas referentes a la seguridad social, seguros sociales o previsión social en leyes presupuestales o rendición de cuentas, creo que el Parlamento estaría incluyendo un Capítulo que contiene varias normas, y aunque no todas -las he estado revisando- se refieren a la seguridad social, es muy difícil evitar que esto sea considerado inconstitucional, y que lo sea con efectos generales, es decir que quede como derogada o equivalente a derogada.

Por esas razones de justicia que se agregan quería referirme a esta interpretación, que me parece fundada porque surge de un texto constitucional que, repito, no es transitorio sino permanente y especial, como muchas otras disposiciones que figuran en este Capítulo.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: por cierto conocimiento en la materia, considero que este conjunto de medidas constituyen una utopía fiscal. En definitiva, ni Mandrake va a cobrar esto y, en el mejor de los casos, terminará como un gran operativo de "mangiamento" fiscal, no más que eso.

Muchas gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: mi intención no es la de entrar en una discusión constitucional. Simplemente, quiero recordar una anécdota del doctor Echegoyen, quien en medio de una discusión parlamentaria, cuando se estaba reclamando determinada instancia, dijo: "Qué me van a venir a mí con simetrías en el medio del naufragio". Estamos a cinco horas del naufragio.

Muchas gracias.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: quiero recordar que con respecto al literal A), habíamos acordado en la Subcomisión conformada en la coalición que, en lugar de decir "como máximo dos personas", se dijera "como máximo cuatro personas", incluyendo al titular de la empresa unipersonal.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: no sé si podemos colaborar, pero los artículos 528 al 539, referidos a todos los monotributos sobre los que hemos fundamentado en contra, podemos votarlos en forma conjunta.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: si no entendí mal, lo que propone el señor Senador Penadés es cambiar el máximo de dos, por cuatro.

SEÑOR PENADES.- Exacto.

SEÑOR RUBIO.- Eso mejora el artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 528 al 539.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 540.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En la Mesa obran dos aditivos, uno de los cuales creo que se votó en Comisión, aunque a esta altura no importa. Se trata de dos disposiciones muy relevantes que responden al sector de tributos. Quiero recordar esto porque el artículo 540 forma parte del endeudamiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el aditivo.

(Se lee:)

"Artículo 1º.- Créase un impuesto que gravará las retribuciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales prestados al Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás personas públicas estatales o no estatales, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la relación.

Serán contribuyentes las personas que perciban las retribuciones y las prestaciones mencionadas en el inciso anterior, siempre que las mismas superen los veintinueve salarios mínimos nacionales mensuales. Serán sujetos pasivos en calidad de responsables los empleadores indicados en el inciso precedente.

El impuesto se liquidará mensualmente y la tasa aplicable será del 3% (tres por ciento)".

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: quiero dejar constancia de que en el Capítulo anterior, hay referencias a artículos que son del proyecto de Presupuesto que vino de la Cámara de Representantes, que habrá que corregir.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Como es de conocimiento de los señores Senadores, este artículo refiere a un gravamen a los salarios públicos superiores a veintinueve salarios mínimos nacionales. Con ese 3% se espera recaudar U$S 7:600.000, como parte del financiamiento de la baja del Impuesto a las Retribuciones Personales a los salarios menores a tres salarios mínimos nacionales, que cuesta U$S 8:000.000. En un principio fue concebido como parte del financiamiento de las mejoras de los salarios a los docentes de ANEP. Como puede verse, el artículo quiere financiar más de lo que alcanza, pero estos fueron los dos aspectos considerados y por ello se estructuró sobre esta base.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: como todos sabemos, este impuesto grava a los funcionarios públicos que perciben más de veintinueve salarios mínimos. Creemos que tiene en cuenta un criterio de justicia y capacidad contributiva, en la medida en que grava exclusivamente a partir de un mínimo no imponible; pero, de todas maneras, desde nuestro punto de vista, esta disposición encierra una tremenda injusticia en la doble discriminación que tiene que ver con el Impuesto a la Renta en términos generales. Digo esto porque sigue gravando exclusivamente un tipo de rentas, o sea, las derivadas del trabajo.

La otra tremenda injusticia, en este caso -que, además, me parece incomprensible- es que grava a las rentas derivadas del trabajo de funcionarios del Estado y no a los demás trabajadores del país. Insisto en que se trata de una doble discriminación, que no entendemos, porque nos resulta aberrante desde el punto de vista jurídico. Es decir, no sólo nos resulta incomprensible desde el punto de vista jurídico, sino también político y económico. En cierto sentido, creemos que contiene un aspecto de justicia al considerar la capacidad contributiva, pero en principio, por las discriminaciones que hemos mencionado, no estamos de acuerdo en su totalidad.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: nos parece injusto que el señor Senador Núñez diga que esta disposición es injusta. Si hay algo que este artículo contiene es justicia. Se podrá compartir o no, o tal vez pedir más justicia, pero no se puede afirmar, reitero, que es injusto. Se establece que a todos los sueldos del país por debajo de tres salarios mínimos nacionales, le eliminamos el impuesto a los sueldos, lo que da U$S 7:000.000. A su vez, gravamos, en función de adecuar los sueldos en la Administración -porque quien hace más injusticia es el propio Estado- a aquellos superiores a treinta salarios mínimos, teniendo en cuenta que lamentablemente hay otros salarios por debajo de tres salarios mínimos.

Por todo ello consideramos que no debe ser calificado de injusto; podrá decirse que es insuficiente, pero justo es.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: quisiera que los señores Senadores proponentes me aclararan algunas dudas. Según entiendo, hay modificaciones con relación a una segunda versión, porque abarcaría a todas las personas que perciban este tipo de retribuciones y prestaciones, tanto en el sector público como en el privado.

SEÑOR HEBER.- Sólo al sector público.

SEÑOR RUBIO.- Entonces, es exclusivamente para los públicos.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Lo que se exonera, en otro artículo, para todos los sueldos, es la franja de cero a tres. Esto quiere decir que gravamos a menos gente y exoneramos a muchos más con sueldos más pequeños.

En mi opinión, es justo.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Eso es lo que había entendido, pero me confundió un poco lo manifestado por el señor Senador Heber.

Por otro lado, en cuanto a su aplicación, quisiera saber si es sobre todo lo que se percibe en forma nominal, es decir que a medida que se pasa esta franja, afecta a todo el ingreso.

Aquí no estamos hablando de mínimos no imponibles. Confieso que me confundió la referencia que se hizo dentro de mi Bancada. No sé si estoy comprendiendo bien. En la escala que viene, y que ahora se modifica, cuando se supera determinado umbral de ingresos, la nueva alícuota afecta a todo el ingreso.

Creo que sería conveniente discutir en este ámbito, en alguna oportunidad, el tema del Impuesto a la Renta porque, en realidad, la historia de este problema es muy complicada y tiene demasiadas marchas y contramarchas. Se creó el Impuesto a las Retribuciones Personales con una filosofía, luego vino una sobretasa y se argumentó que era transitoria. Sin embargo hasta el día de hoy, si se aprueba esto, lo único transitorio es lo referente a la primera franja; para el resto se mantiene, y se incrementa esa sobretasa para lo que sería la última franja, en el caso de los trabajadores del sector público. Para los trabajadores privados se mantienen los mismos términos, salvo que se excluye la primera franja.

En realidad, giró la última etapa de toda una campaña electoral en torno al debate sobre el Impuesto a la Renta; pero reconozcamos que los principios generales que estábamos defendiendo y que fueron tan fuertemente impugnados y distorsionados, tenían características de equidad muy superiores a las que se incluyen aquí, ante todo porque había un mínimo no imponible, porque eran tasas progresionales y se aplicaban por franjas. ¡Esto tiene una tremenda injusticia desde el punto de vista del contribuyente, porque se pasa de una a otra y afecta a todo el ingreso! Eso distorsiona todas las escalas. Además, se aplica a algunos ámbitos y no a otras fuentes de ingresos. ¿Por qué se teme tanto aplicar a otras fuentes de ingresos, gravámenes que pueden aplicarse en políticas redistributivas? ¡No entiendo por qué se teme tanto! Entiendo la política que quiere extender los impuestos indirectos y liquidar alguna forma de impuestos directos, como el del Patrimonio que, prácticamente, ha desaparecido. En realidad, los impuestos directos a los altos ingresos se aplican en todas partes del mundo.

De manera que lo que tenemos aquí son aplicaciones parcelarias de principios más generales que encierran un conjunto de inequidades. Aunque no es nuestra filosofía, no vamos a negar el argumento de que si se asigna esta fuente de ingreso para liberar a la primera franja, se hace algo en una cierta dirección. Pero deberíamos encarar otra discusión que realmente no excluya fuentes de renta muy importantes que, incluso, se quitan de este Presupuesto. Por ejemplo, hay una disposición del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que le quita la obligación de hacer el catastro subjetivo, que es el único instrumento idóneo que permite gravar las rentas altamente concentradas en materia de rentas de bienes inmuebles. Entonces, si se quiere equidad, hagámosla en profundidad.

SEÑOR ATCHUGARRY .- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: estas discusiones con poco tiempo, a veces pueden llevar a que no queden claros los argumentos.

Por más que este modesto impuesto pretende financiar varias cosas, su dirección es una sola, como lo dice su nombre, es decir, la equiparación, la nivelación salarial. No tiene nada que ver con las rentas. Por supuesto, siempre, al fin y al cabo, la renta de una persona, en un sentido muy amplio, está gravada cada vez que se establece un impuesto. Cuando se pone un impuesto indirecto, también se gravan las rentas.

Lo que aquí está claro es que la dirección de este impuesto es empezar a apuntar a una mayor paridad en las remuneraciones que paga el Estado. En definitiva, en este Presupuesto tenemos U$S 8:000.000 que van a pagar los salarios más altos de la Administración Pública, central y descentralizada, y un incremento de U$S 23:400.000 para los docentes.

No debemos dejar de mencionar que hay un movimiento en el Impuesto a las Retribuciones Personales, que mencionaba hace unos instantes el señor Senador Heber, que cuesta más o menos lo mismo que esto. En realidad, aunque desde el punto de vista de las rentas, con los impuestos que gravan los salarios estamos empatando, desde el punto de vista de la dirección del impuesto, éste no se refiere al Impuesto a las Retribuciones Personales más bajo, sino a un camino para buscar un poquito de acercamiento entre las puntas que se gravan.

SEÑOR NUÑEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- En aras de ser escueto, voy a decir dos cosas sobre el razonamiento que está haciendo el señor Senador Atchugarry.

En realidad, me agrega un elemento más para estar en desacuerdo, incluso filosóficamente, con este impuesto. Si no es un camino para gravar los altos ingresos que se obtienen por distintas fuentes, sino que lo que se pretende es rebajar a través de un impuesto los salarios más altos para igualar hacia abajo con el resto, creo que me agrega un elemento negativo sobre este gravamen.

Pienso que en este país no hay salarios muy altos; nadie tira manteca al techo. Mi objetivo es tratar de elevar los salarios bajos y no disminuir los altos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: no sé si nos estamos oyendo. No entiendo el razonamiento según el cual cobrar U$S 8:000.000 a los que ganan hasta $ 30.000, como se ha publicado -no sé si es un salario bajo a juicio del señor Senador que interrumpió- y otorgar U$S 23:000.000 a los docentes, es igualar para abajo.

Lo único que está claro es que, en este mismo momento, estamos votando eso, es decir, U$S 8:000.000 que pagarán los que ganan desde $ 30.000 en adelante, y sólo la ANEP recibirá -sin contar las otras cosas- U$S 23:000.000 para los docentes. Si se quiere mirar desde el punto de vista de los contribuyentes que pagan algún impuesto sobre los sueldos, la cuenta empata. De manera que eso de igualar para abajo, no hay forma de justificarlo.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- O es impuesto a la renta o rebaja salarial. Si es el primer caso, hagámoslo bien; si se trata de rebaja salarial, se está rebajando sin ton ni son. Todos sabemos que los empleados públicos tienen una condición diferente a los privados, ya que mantienen su empleo más allá de las vicisitudes de la economía. No tengo ningún problema en discutir lo que sea necesario, y si hay que aumentar salarios más bajos, como el de los maestros, voy a seguir peleando, porque cuanto más dinero haya para ellos, mejor, no sólo por los docentes, sino por los niños y los jóvenes. Pero cuando pedimos al sector público que haga un esfuerzo en cuanto a su salario, no lo podemos hacer sin ton ni son, al barrer. Quizás me puedan convencer de que hay sectores a los que es necesario gravar o que tienen que contribuir con un esfuerzo superior. En otros sectores lo que está ocurriendo es que se está perdiendo calidad de captación de esos funcionarios que en el sector privado van a encontrar mejores oportunidades. Por lo tanto, va a haber un peor servicio desde el sector público.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- He escuchado como parte de la argumentación a favor de esta propuesta -lo señaló el señor Senador Atchugarry- que pretende como objetivo -lo tengo anotado- nivelar desde el punto de vista de los salarios, las retribuciones que se pagan en el sector público. Luego utilizó la palabra "paridad". Quiero decir, simplemente, que la vía tributaria es desaconsejable para ajustar salarios; quizás, sea una de las peores. Me parece que es una manera de postergar un problema que, sin duda, tenemos dentro del Estado.

En segundo término, estamos ante una especie de eufemismo legislativo; lo que se hace aquí, más que crear un nuevo impuesto, es profundizar el que afecta a los salarios de los funcionarios públicos. El eufemismo sirve para esconder parcialmente -sólo parcialmente- promesas de la campaña electoral que no se están cumpliendo.

En tercer lugar, creo que una perspectiva de la injusticia relativa que entraña la propuesta, y que hasta ahora no se ha mencionado, es precisamente el hecho de gravar el salario nominal. Aquí, hasta al aporte jubilatorio personal de cada trabajador se está afectando con tributos; nunca vi algo más absurdo que esto. Los tributos a los ingresos deben aplicarse sobre el monto neto, del que se pueden deducir los gastos en que incurre el sujeto gravado para obtener esos ingresos. En esta disposición ni siquiera se plantea este tema.

En todo caso, tomaremos nota de los objetivos que se persiguen para el destino de esos recursos, lo que obviamente estará presente en nuestra decisión cuando llegue el momento de votar.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Estimo que ya está todo dicho, pero sólo quiero hacer una aclaración. Quizás haya algún problema para recaudar el impuesto en la forma en que lo dice el señor Senador Astori, porque tal vez el eufemismo es interpretado en el sentido de que es sólo un 3% el que afecta a las rentas que tienen las personas que ganan más del monto indicado.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- No quisiera agregar más elementos porque comparto prácticamente todo lo que dijeron mis compañeros de Bancada. Simplemente quiero dejar la constancia de que hay un tema del que se ocupa la opinión pública, y es el relativo a los contratos de obra. Estos contratos implican sueldos muy altos y no van a pagar este impuesto.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

VARIOS SEÑORES SENADORES.- Que se rectifique la votación, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

SEÑOR NÚÑEZ.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NÚÑEZ.- A pesar de nuestras discrepancias con esta profundización del Impuesto a las Retribuciones Personales para los funcionarios públicos -como dijo el señor Senador Astori- hemos votado afirmativamente.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Debo decir que no he votado este artículo porque filosóficamente estoy en contra, en virtud de los argumentos que se han brindado en Sala y porque, en definitiva, todo esto se ha preparado con una campaña. Primero se repartió la nómina de los salarios más altos para luego dar estos pasos.

Por otro lado, quiero decir que exceptuando -porque también están sobre la mesa, aunque nadie los ha mencionado, pero la opinión pública maneja el tema- los salarios a nivel de los Legisladores, a los funcionarios públicos de las empresas del Estado y de los Bancos públicos que cobran sueldos altos, nadie les regaló nada. Ellos accedieron a puestos altos por la vía del concurso y conquistaron sus aumentos salariales peleando. Reitero que nunca nadie regaló nada a los trabajadores, y es en ese sentido que no comparto esta disposición. Sé que públicamente se puede entender como que no quiero acompañar este artículo por los argumentos que vertieron algunos señores Senadores de la coalición. En mi consideración, esto no importa.

También quiero agregar que si en el caso de los Legisladores tenemos pruritos en cuanto a este tema -estoy segura de que al Secretario de Finanzas de mi partido le puede dar un infarto- podríamos votarnos rebajas salariales a fin de traspasar las economías que necesita el Poder Judicial. Entiendo que el Poder Legislativo tiene autonomía como para llevar adelante un Presupuesto con determinadas rebajas salariales. Entonces, podríamos transitar por ese camino y empezar a tomar decisiones más justas que las que se plantean. Además, equidad y justicia social no son conceptos idénticos.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: me asisten las razones que diversos compañeros han volcado con respecto a las incoherencias de la política impositiva en esta materia, pero naturalmente, dentro de las condiciones políticas que se dan, sé que lo ideal sería igualar para arriba, pero mientras tanto... Sin embargo, he visto que eso de igualar para arriba es resistido por todas partes, porque la gente pelea por la vigencia de la pirámide. Puede haber mucha filosofía en todo esto. Sé que a cierta gente le puede afectar porque ganan lo que ganan en buena lucha. De todas formas, no es tan grave dejar algo cuando se tiene un sueldo pasable, si sirve para mitigar algo.

Aún queda otra parte del debate y esto hay que hacerlo mucho más extensivo. Aunque sé que se trata de una filosofía que mucha gente no comparte, y aunque no se arregle el mundo, a veces tenemos que poner algo de nosotros mismos. Mi discrepancia no se refiere al impuesto; mi gran discrepancia está en cómo les tiemblan las manos para generalizarlo. Hay muchos sectores, de los más altos, que podrían contribuir al ahorro nacional si con ellos se tuviera una política más audaz. Es más, en ciertos casos soy partidario del ahorro forzoso. Sí, así es. En este país se habla mucho de invertir, pero los primeros que tienen que ahorrar son los sectores que tienen sus necesidades elementales más o menos cubiertas; ellos le tienen que prestar al país, pero esto es filosofía.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el aditivo marcado con el número 111, presentado por el señor Senador Atchugarry.

(Se lee:)

"Sustitúyese el literal C) del inciso primero del artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado de 1996 por el siguiente:

`C) Los servicios prestados por hoteles relacionados con hospedaje, con excepción de lo dispuesto en cuanto corresponde en el N) del numeral 2) del inciso 1° del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado de 1996. El Poder Ejecutivo determinará cuáles son los servicios comprendidos'.

Agrégase al numeral 2) del inciso primero del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado de 1996 el siguiente:

`N) Los servicios prestados por hoteles fuera de alta temporada. El Poder Ejecutivo queda facultado para fijar la forma, plazo y condiciones, así como la aplicación por zonas geográficas en que se podrá ejercer la presente exoneración'."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Este artículo prevé la posibilidad de exonerar el IVA a los hoteles para los pasajeros extranjeros o radicados en el exterior fuera de la alta temporada. La idea es tratar de dar una mano para que el sector hotelero, que de alguna manera marca el rumbo -aunque no es el único- en materia turística y atrae a los visitantes de otros países, tenga una colaboración del Estado, que en este caso no le cobraría el IVA sobre sus servicios fuera de la alta temporada. Esa es la idea de este artículo, aunque parezca ser un poco críptico por la forma como ha sido redactado por nuestros asesores, que para algo están y saben sobre estos temas.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- El objetivo está claro y lo compartimos, pero aquí hay dos artículos. Entonces, vamos a tener que dividir la votación en dos, porque dada la conformación del Texto Ordenado tenemos que hacer dos votaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, como un artículo, el primer inciso.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Yo creo que estas son las cosas que pueden empezar a ayudar en el tema del turismo, en el cual el Uruguay tiene un potencial muy grande para contribuir a reactivar nuestra sociedad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, como otro artículo, el segundo inciso.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Creo que este artículo está dando una señal muy clara en cuanto a que existe la idea de comenzar un proceso de desgravación, que va a estimular, seguramente, al sector turismo, en este caso para la baja temporada. A esto hay que sumar las desgravaciones que ya existen por parte del Poder Ejecutivo para los complejos turísticos y los procesos de inversión, y lo que las Intendencias Municipales de la mayoría de los departamentos del interior de la República están generando también en este sentido. Creo que también hace poco tiempo se eliminó la carga impositiva de los Congresos y Convenciones.

Insisto en que me parece que esta es una señal muy clara que apunta al estímulo y a la reactivación económica de un sector que tantos ingresos genera para el país, que ocupa tanta mano de obra y que produce una redistribución de la riqueza en forma directa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay varios aditivos a este Capítulo presentados por el Frente Amplio. Si ingresamos a la discusión de esos textos, creo que no habrá tiempo de debatir sobre el tema ANCEL.

Como se presume el resultado de la votación de estos aditivos, someto el punto a consideración del Cuerpo. Mi obligación es poner a consideración cada uno de los aditivos, pero como el coordinador de la Bancada del Frente Amplio pidió especialmente tiempo para discutir el tema ANCEL, dejo librado este punto a la decisión del Senado.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Solicito a Secretaría que se nos informe de qué aditivos estamos hablando.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- Se trata de los que llevan los números 19 y 21 en el primer repartido. Uno de ellos refiere a la disponibilidad de fondos públicos prevista por la Ley N° 15.809 y el otro es sobre zonas francas.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- El artículo que lleva el número 19 ya está votado como parte del texto, de modo que sugiero que se excluya. El artículo identificado con el número 21 se puede votar.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- El artículo identificado como I-05 en el segundo repartido concede una facultad al Poder Ejecutivo para otorgar un predio fiscal en varios departamentos para la Colonia de Vacaciones de los Funcionarios de Loterías y Quinielas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde poner en consideración en primer lugar el artículo que lleva el número 21.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Es posible que en las zonas francas se haya implantado el hábito de liquidar trámites o asesoramientos que se realizan quizás fuera de la zona franca. Concretamente, puede suceder que, teniendo despachos o predios en dicha zona, determinadas personas liquiden allí sus haberes, escapando de esta manera a los tributos que se cobran en el resto del país. Justamente, este artículo pretende evitar que se realicen ese tipo de liquidaciones.

Propongo que se lea el artículo para su mejor comprensión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase.

(Se lee:)

"A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley no podrán realizarse desde dependencias privadas de las Zonas Francas establecidas en el país, trámites y gestiones de carácter jurídico o fiscal dirigidos hacia la República Oriental del Uruguay u otros países. Tampoco podrán expedirse recibos por servicios jurídicos prestados nacionales o extranjeros."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 26. Negativa.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Veníamos analizando los artículos que llevan los números 109, 110 y 111 en el primer repartido. Pregunto por el número 112, porque veo firmas de señores Senadores de todos los Partidos. Se trata de un adicional al IMESI que tiene como destino la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Si tuviera que ir en este Capítulo, se podría plantear como aditivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa advierte nuevamente que si ingresamos en la consideración de estos aditivos, no vamos a tener tiempo de plantear la discusión que propuso el propio Frente Amplio sobre el tema ANCEL. De todos modos, cumplo con el compromiso de continuar poniendo en consideración estos aditivos.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: creo que esto es muy simple; se trata de corregir un error que se
cometió en la anterior Ley de Presupuesto. Queda muy claro que hubo una referencia equivocada en un artículo y que, por lo tanto, lo que debe recaudarse para la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular es el IMESI, que tiene que ver con los tabacos, factor de riesgo cardiovascular, y no con los alcoholes, como está hasta ahora.

Esta disposición tiene consenso y ya fue aprobada por la Comisión de Salud Pública. Por esa razón, viene con todas las firmas y me parece que es tan simple que valdría la pena no desaprovechar la oportunidad.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Se presenta un aditivo que no sabemos qué procura. ¿Se pretende aumentar el IMESI? ¿La intención es desviarlo de otro cauce que tiene? Francamente, creo que no estamos en condiciones de acompañar este tipo de propuestas a esta altura. Además, en la medida en que sigamos tratando aditivos, no vamos a tener tiempo de discutir los temas que se han planteado, como los relativos a los tributos y a ANCEL. En este caso, recomiendo la votación negativa, porque estamos subiendo impuestos a artículos que, como todos sabemos, se contrabandean en grandes volúmenes por los altos impuestos que tienen. Si seguimos aumentando los impuestos, cada vez vamos a recaudar menos, porque la evasión va a ser cada vez mayor.

Por todo lo dicho, sugiero que luego de terminar de tratar este aditivo, continuemos con el texto relativo al endeudamiento y lleguemos a los otros recursos, porque de lo contrario no se van a discutir. Después, que no se diga que no se quisieron discutir; nosotros los queremos discutir, pero si seguimos con los aditivos, no vamos a llegar.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- No sé si continuamos tratando el aditivo que tiene que ver con el tema cardiovascular. Planteo esto no para discutir, pero cuando se hizo el cuarto intermedio se había planteado una discusión que tenía que ver con la Dirección de Loterías y Quinielas, Inciso 05 y no se retomó. Quiere decir que ya se discutió; entonces, correspondería votar.

SEÑOR PRESIDENTE .- La Mesa tiene que continuar con el trámite de los aditivos a menos que haya una moción en contrario. Por lo tanto, vamos a dar cuenta de cada uno de ellos y a votarlos.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Formulo moción para que se consideren los artículos que siguen a continuación, salvo que haya alguno que sea sustitutivo, en cuyo caso sería correcto tratarlo junto con el artículo. En concreto, formulo moción para que se consideren los artículos 540 hasta terminar la Sección en el 549 bis incluido. De esta manera cumplimos el cometido de discutir todos los puntos que refieren al endeudamiento y a ANCEL.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Voy a hacer una propuesta diferente. Si vamos a cambiar el procedimiento y a no discutir los aditivos en este momento, preferiría que consideráramos el único artículo que habla de la Universidad de la República, que si bien está en el Inciso 26, en definitiva también tiene que ver con el tema de impuestos y nos interesa especialmente discutirlo y aprobarlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tengo dos mociones contradictorias que voy a poner a votación de acuerdo al orden en que llegaron a la Mesa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Senador Atchugarry para pasar de inmediato al análisis y votación de los artículos 540 a 549 bis.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Ha sido adoptado un procedimiento, pero me parece que sería aconsejable, y creo que lo podríamos acordar, que una vez terminada la votación de los artículos mencionados, ingresáramos en el análisis del artículo 220, con lo cual se contemplan las dos inquietudes, básicamente, las que tienen que ver con el Poder Judicial, la Universidad de la República y ANEP.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 540.

¿Hay desgloses en este Capítulo, o se puede proceder a votar en bloque?

Ha llegado a la Mesa una moción para votar los artículos 540 a 548.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Quisiera hacer una apreciación brevísima -sin oponerme a que se vote en bloque- sobre el artículo 540, que está elevando el tope de endeudamiento en materia de Bonos y Letras de Tesorería. Como se sabe, en el día de ayer nos referimos a este tema y dijimos que el endeudamiento, a nuestro juicio, era una de las vías de financiamiento genuino que, sin ser la ideal, podría ser utilizada por el país para la reactivación productiva. Este artículo propone aumentar los topes de endeudamiento, pero no destina los recursos a la reactivación productiva. Es más, se señaló en Comisión por parte del señor Senador Atchugarry -espero no traicionar sus palabras en este momento- que estaría destinado fundamentalmente a enjugar, en caso de que se utilizara, el endeudamiento de las cuentas públicas. Nos aclaró que había empleado una emisión de aproximadamente U$S 4.463:000.000 -si no recuerdo mal la cifra- y luego se refirió al saldo. Yo acompañaría este artículo si el aumento del endeudamiento que se hiciera a su amparo estuviera destinado a la reactivación productiva, y así lo dijera la ley. Tal como está, no lo podemos acompañar.

Esa es la única apreciación que quería hacer.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quiero advertir -esto fue dicho en Comisión- que hay dos disposiciones. Esta del artículo 540 que autoriza un incremento de U$S 700:000.000 en endeudamiento y otra que funciona a partir del 1º de enero de 2005, con lo cual es posible que este mismo Gobierno pueda utilizar un margen de endeudamiento a partir del 1º de enero y hasta el 1º de marzo a los efectos de solventar sus cuentas públicas.

Quiero hacer esta aclaración porque se dijo en Comisión que esto era una especie de cheque en blanco dado al próximo Gobierno a los efectos de que pudiera tener disponibilidades para ello. También puede ser para cancelar deudas de este propio Gobierno, como se hace en el artículo 540.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 540 a 548.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 549.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 549 bis.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quiero hacer una pequeña introducción para que pueda intervenir el Gobierno y fundamentar el buen negocio que significa el hecho de posibilitar la venta de ANCEL, naturalmente en un 40%, pero, además, modificar la Carta Orgánica de ANTEL en una forma que, desde el punto de vista del manejo de la empresa, deja abierta la posibilidad de privatizar, en el artículo 550, lo que es la prestación de los servicios de telecomunicación. Me explico: en este artículo 549 bis se ha cambiado el orden, porque cuando lo tratamos en Comisión, el esquema estaba ordenado, en primer lugar, con las telecomunicaciones y después, aparte, la venta del 40% de una sociedad anónima que se autoriza a crear a ANTEL con ANCEL y donde puede participar el capital privado.

Se ha dicho hasta el cansancio que este es el negocio punta de las empresas públicas uruguayas. Hemos afirmado que las ganancias están en el año 1999 en el entorno de los U$S 40:000.000 a U$S 45:000.000, y que es previsible que este desarrollo traiga una triplicación de las ganancias en los próximos dos o tres años; que en esta área de la telefonía celular se puedan aplicar los nuevos contenidos, es decir, las nuevas tecnologías y que en el mundo, actualmente, lo que se cotiza más es la posibilidad de su desarrollo.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Walter Riesgo)

-He conversado con el Presidente de ANTEL, y le proporcioné alguna información de la que disponía, acerca de que tanto en el Reino Unido, como en Alemania y España, se han vendido las posibilidades de utilizar las bandas de los nuevos contenidos por cifras sencillamente astronómicas.

En Gran Bretaña, por ejemplo, se hizo un negocio de alrededor de U$S 42.000:000.000. Por supuesto, no se puede comparar nuestro mercado con el inglés, pero quiero decir que el valor actual de esta empresa de telefonía celular uruguaya es de prácticamente U$$ 600:000.000 ó U$S 700:000.000, y puede incrementarse mucho más en los próximos años. Es decir que se va a obtener un precio, pero se va a quitar la posibilidad de dar ingresos todavía mayores a un sector que ha aportado decisivamente al Tesoro Público. Creo que anteayer mencionábamos que entre impuestos y ganancias transferidas al Tesoro Central, en los últimos cinco años ANTEL trasladó al Poder Ejecutivo alrededor de U$S 950:000.000; y, naturalmente, en los ocho años que van desde el momento en que se pronunció la ciudadanía el 17 de diciembre de 1992, derogando las disposiciones de la Ley de Empresas Públicas que posibilitaba la venta de ANTEL, las ganancias son mucho mayores y las transferencias muy importantes. Este no es un buen negocio para el país, sino que es malo.

Desde el punto de vista de lo que puede llamarse las perspectivas de la empresa, y refutando un argumento que se hace frecuentemente, voy a decir lo siguiente. Se expresa que al asociar ANCEL con el capital privado, estamos posibilitando un desarrollo multiplicado de las inversiones de esa empresa, con lo cual va a capitalizarse y a lograr una expansión aún más impetuosa de la que ha alcanzado hasta ahora. El otro día escuchamos en Sala este argumento.

Los técnicos nos han dicho que ANTEL tiene actualmente un patrimonio superior a los U$S 1.000:000.000. Con su nivel de rentabilidad, como creo se indicó en este ámbito, ha trepado posiciones y ocupa un puesto muy destacado dentro de las principales empresas de América Latina. Además, puede obtener créditos muy importantes en cualquier lugar del mundo. Una empresa con ese patrimonio y una rentabilidad que se acerca prácticamente casi al 20% de dicho patrimonio en el año, representa un negocio formidable y, por ende, consigue créditos en cualquier parte. Quiere decir que no es por el lado de la obtención de créditos y de tener mayor capacidad para invertir en donde radica el negocio.

Pienso que, de alguna manera, esa venta parcial del paquete accionario de la futura empresa que se autoriza a crear a ANTEL, es un mal negocio para el país y desconoce la expresión de la voluntad popular puesta de manifiesto en el referéndum de 1992.

Más adelante, en el artículo 550 -prometo no hacer uso de la palabra cuando lleguemos a su consideración- correspondiente a la Sección VIII Empresas Públicas,"Telecomunicaciones, Recursos", al modificarse la Carta Orgánica de ANTEL, se establece un artículo 3º, que señala: "Compete a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) la realización de actos jurídicos y operaciones técnicas y materiales, la adquisición de derechos y obligaciones, así como la realización por sí o mediante la contratación con terceros, de la prestación de servicios y la realización de estudios técnicos y de obras, conducentes al cumplimiento de sus cometidos." Obsérvese la expresión "así como la realización por sí o mediante la contratación con terceros"; ahí radica el cambio sustancial que es el que posibilita que la empresa en su totalidad pueda prestar sus servicios por intermedio de terceros, lo que quiere decir darle los negocios a éstos. Si bien es grave lo que se hace con ANCEL, lo otro supone la posibilidad de desarticular totalmente la empresa. Se puede decir que no se va a hacer nunca porque no es conveniente. Si esto se vota, veremos si efectivamente no se lleva a cabo. Considero que la letra de la disposición da esa posibilidad y creo que es altamente inconveniente para el país. Esto ya lo manifestamos en 1991 y se nos dijo que había que seguir la línea del Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. En esta misma Sala se nos señalaba que era menester "vender los bienes para remediar los males". Fíjense qué bien estuvo la gente de este país al no permitir que se vendieran los bienes, porque con ese dinero se pagaron varias cosas y con la rentabilidad se abonaron, seguramente, muchas cuentas de la salud, de la educación y se aportó al sostenimiento de las políticas públicas, así como a la inversión pública en infraestructura. Nosotros manifestamos algo muy elemental que todo el mundo conoce, que no es ninguna novedad y no constituye una amenaza. Si creemos inconveniente esa disposición vamos a objetarla a través de los recursos constitucionales que nos habilitan para ello.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: el artículo 549 bis en consideración está vinculado con el artículo 550, como ya se ha señalado. Diría que entre ambos artículos existe una relación de género a especie. El género, la normativa general respecto a la nueva Carta Orgánica de ANTEL que vamos a votar, incluye la modalidad o acepta la posibilidad de la asociación por parte del organismo para la prestación de todos aquellos servicios que no estén vinculados con la telefonía básica. Esta se define, y como consecuencia de ello queda limitado el alcance del monopolio actual de ANTEL. Debemos señalar que esto se hace expresamente a pedido del propio organismo. Fue ANTEL que determinó el alcance del monopolio a través de la definición de la telefonía básica y excluyó de su monopolio la telefonía internacional, seguramente por razones económicas. Decimos esto, porque el servicio es extremadamente caro, porque el monopolio se viene fisurando día a día y en gran medida en las llamadas de carácter internacional por el peso que tiene Internet en esta materia. Como consecuencia de ello -ya lo señalamos hace unos días- en el transcurso de 1999 ANTEL vio disminuida en un 26% su recaudación en materia de llamadas de carácter internacional. Las perspectivas para el transcurso de los últimos años son mucho más graves aún. Ello no quiere decir que ANTEL deje de prestar esos servicios, sino que va a intentar -y seguramente va a lograrlo- asociarse con otras empresas para mejorar la calidad y los precios en esa materia. A su vez, como van a ingresar otras empresas al mercado a prestar servicios de telefonía internacional, se establece un artículo adicional a través del cual se reglamenta la forma en que se concederán los permisos correspondientes en el futuro.

Si se me preguntara cuál es la parte más importante del artículo 549 bis, diría que es la transformación de la naturaleza jurídica de ANCEL. Se trata de la norma que le asegura un gran futuro porque le vamos a dar los instrumentos y herramientas para moverse con comodidad, flexibilidad y eficiencia en un terreno de competencia muy importante y de gran nivel que tendrá lugar -como lo señalábamos días pasados- en el transcurso del próximo año cuando, una vez subastadas las licencias, ingresen al mercado nuevas empresas a prestar servicios de telefonía celular.

Creo que en Sala se ha expresado alguna confusión respecto al tema de las bandas y de las frecuencias. Actualmente, ANCEL opera en la denominada banda A, en la frecuencia de 800 Mhz, en la banda B lo hace el servicio de telefonía celular MOVICOM.

El mundo sigue avanzando y ahora hay una segunda generación de telefonía celular, que es la que se opera en la banda de 1900 mhz. Problemas con esta banda nos obligó, como Partido Nacional, a convocar al Ministro a la Comisión de Defensa del Senado para señalarle que esa intención de subasta que había manifestado hace unos cuantos meses, se podría llevar a cabo siempre y cuando se procediera a la limpieza de la banda. Esta tiene aproximadamente 130 mhz y estaba ocupada en 50 de ellos por ANTEL -que, a su vez, había autorizado a Movicom a prestar servicios dentro de su espacio- y los restantes 80 se repartían de la siguiente manera: 20 los utilizaba la Armada Nacional y los demás, dos empresas privadas a quienes la Administración anterior se los había adjudicado para prestación del servicio de transmisión de datos. A nuestro juicio, se trató de una decisión doblemente errónea; en primer lugar, porque no se habían otorgado con todas las garantías necesarias tratándose de recursos escasos y económicamente tan valiosos y, en segundo término, porque aquellas empresas habían solicitado una frecuencia para prestar servicios de trasmisión de datos y no de telefonía celular. Además, había bastante espacio en el espectro para otorgarle en otra frecuencia la posibilidad de prestar servicios sin necesidad de utilizar estos recursos tan importantes. Felizmente, el señor Ministro de Defensa Nacional comprendió el planteamiento que realizáramos en aquella circunstancia y pocas semanas después dictó las resoluciones correspondientes a los efectos de limpiar la banda. Ahora está en condiciones de proceder a la subasta y a partir de la misma podrán ingresar al mercado a competir en servicios de telefonía celular de segunda generación aquellas empresas que resulten adjudicatarias de las licencias correspondientes.

Este dato de la realidad no fue cuestionado ni impugnado por ningún sector político de la vida del país, porque desde aquel momento se consideraba que esa temática no estaba vinculada al plebiscito de 1992; de lo contrario, efectivamente se hubiera cuestionado porque fue en julio de 1999 cuando el Ministro de Defensa Nacional anunció esta subasta. Frente a esta situación, nosotros alertamos al Poder Ejecutivo y a los demás sectores políticos en cuanto a que se hacía imprescindible transformar la naturaleza jurídica de ANCEL -que hoy es apenas una división jurídica de la empresa nacional ANTEL- dotándola de un marco jurídico de Derecho Privado que le permitiera actuar con mayor rapidez y flexibilidad, en óptimas condiciones para competir con las empresas que ingresarán al mercado.

En consecuencia, como parte fundamental de este artículo 549 bis, rescato su primer inciso referido a la transformación jurídica de ANCEL, hecho que además ha sido aceptado -o al menos se ha manifestado que se comparte la idea- por los más variados sectores políticos de la vida del país, aunque quizás pudieran no estar de acuerdo en formar una sociedad anónima y en su caso quisieran darle otra naturaleza jurídica. Más allá de eso, la transformación es aceptada.

Con respecto al segundo inciso, debemos decir que se autoriza la comercialización de hasta el 40% del paquete accionario. Ello constituye una forma más de permitirle a esta nueva empresa asociarse en el futuro y potencializarse para esa competencia que deberá realizar. Naturalmente, esto no quiere decir que el Poder Ejecutivo, tan pronto este proyecto de presupuesto se transforme en ley, deba proceder a la comercialización de las acciones. Damos por descontado que valorará la oportunidad y la conveniencia, porque o bien podría hacerlo al principio o -y esta es la opinión que en lo personal defiendo- podría permitir que se realizara la subasta una vez transformada la naturaleza jurídica de ANCEL, dejarla ingresar en ese ámbito de competencia, demostrar su capacidad para competir continuando con su liderazgo en el mercado y, recién entonces, comercializar parte del paquete accionario y de esa manera obtener un conjunto de recursos económicos mucho más importantes que los que percibiría si el negocio se plasmara tan pronto tuviera vigencia el proyecto de ley que hoy estamos considerando.

Por otro lado, en el inciso tercero se establece que la dirección y el control interno de la empresa va a estar en manos del Estado a través de ANTEL, como se señaló reiteradamente en el transcurso de la discusión en general. También se establece expresamente que si en un futuro hubiera alguna intención de comercializar un porcentaje del paquete accionario superior al 40%, necesariamente habría que aprobar una ley con ese propósito, como una garantía más de que el límite está claramente establecido en ese porcentaje.

Posteriormente, se determina cuál es el destino del producido de la comercialización de acciones referidas, de lo que ya hemos conversado.

Por último, se le garantiza a los funcionarios de ANTEL que van a seguir perteneciendo al Organismo, salvo que ellos mismos quieran pasar a la nueva empresa y que el Directorio de aquella esté de acuerdo en que se produzca ese suceso.

Estos son, señor Presidente, a grandes rasgos, los fundamentos más importantes que hoy nos llevan a respaldar esta idea que ha tenido una discusión pública importante en el transcurso de los últimos meses, concretamente, desde la primera oportunidad en que el Partido Nacional, a través del Presidente de su Directorio, se la comunicó al Presidente de la República. Debemos reconocer que los primeros pronunciamientos políticos fueron negativos, incluso desde importantes sectores del Partido Colorado. Sin embargo, a medida que se fueron conociendo los detalles de las circunstancias que han rodeado la vida de ANCEL en el transcurso de los últimos años y de las consecuencias que traerá el remate de esas licencias, se fueron ganando adhesiones que posibilitaron conseguir las mayorías para que hoy se apruebe esta iniciativa que nosotros creemos es muy buena para el país y la empresa. Entendemos que será el tiempo el que dirá de qué lado estaba la razón. Dentro de tres o cuatro años -no más- vamos a tener una ANCEL con una nueva naturaleza jurídica y, con las herramientas que le daremos hoy, estará liderando el mercado nacional en todo lo que se refiere a la prestación del servicio de telefonía celular.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Creo que lo que ha manifestado el señor Senador Gallinal es más que suficiente.

Confieso que no entiendo mucho algunos comentarios que han hecho sobre este artículo los que aseguran que esto va a ser un mal negocio. ¿Cómo se puede saber? En realidad, se trata de una autorización para hacer un negocio y no del negocio en sí. En definitiva, quien tiene la posibilidad de realizarlo, lo hará luego de tener esta autorización que, además, es muy clara. El hecho de que se autorice la comercialización no quiere decir que efectivamente se lleve a cabo. Ojo; yo quiero que se haga y por eso voy a apoyar la referida autorización. Me parece muy importante abrir puertas y no cerrarlas. No se cuestionaba la mayoría privada que se establecía en el proyecto de ley que fue plebiscitado y derogado por la gente. Personalmente hice campaña a favor de esa ley de empresas públicas y participé de todos los debates habidos y por haber.

El gran cuestionamiento que hacían los que estaban procurando la derogación era, justamente, que se la estaba entregando al sector privado porque, por más que se entregara un 10% a empresarios nacionales y un 8% a los funcionarios, un enorme porcentaje iba a estar en manos privadas. Entonces, el gran cuestionamiento era que había mayoría privada. Sin embargo, ahora traemos un proyecto de ley que busca lograr caminos de encuentro. Realmente, no me acuerdo de qué otro argumento fue el más duro contendor a lo que nosotros planteábamos. Se decía que no se negaban a la posibilidad de buscar asociaciones privadas, pero que no aceptaban mayorías privadas. Muy bien, ahora no se proponen mayorías privadas, pero no se autoriza. Incluso, creo que pueden ser de recibo algunas invitaciones para hablar de este tema en otro ámbito y hacerlo puntualmente con una empresa, como decía el señor Senador Astori. Bueno, acá no están todas las empresas; está ANCEL, que no fue plebiscitada porque en esa oportunidad prácticamente no existía, era un embrión. Los argumentos que expresó el señor Senador Gargano sobre lo manifestado por el doctor Batlle, yo los usé. Lo que ocurre es que nos estamos situando unos diez años atrás. Cuando propusimos la posibilidad de que se asociara ANTEL, en el país había zonas que seguían con el teléfono a manija; esa era la realidad. Ahora bien, perdimos el plebiscito y, como no podía ser de otra manera, aceptamos el resultado y pusimos empeño en que ANCEL siguiera cumpliendo su misión aunque la mayoría o la totalidad estuviera en manos del Estado. Por tanto, lo que hoy pondera la izquierda de ANCEL es obra del Partido Nacional y del Partido Colorado, lo que nunca será reconocido, naturalmente. ANTEL hoy es lo que es por nuestra administración. En la defensa que se hace de ANTEL se dice que no hay que privatizarla o asociarla -me gusta más la palabra "asociar" porque no se estaría vendiendo en su totalidad- porque da rentabilidad, entonces, hay un reconocimiento, que agradecemos, a la gestión realizada por los partidos al frente de la misma. Fuimos criticados por la designación de las personas que iban a las empresas, pero resulta que si bien se nos criticaba, se hicieron bien las cosas y tenemos una empresa importante. El señor Senador Gargano decía que era una de las mejores de América Latina, aunque me gustaría que dijera que está en el "ranking" de las del Primer Mundo.

El señor Senador Gallinal habló sobre la licitación de la banda 1900 y en Europa se está licitando la banda 2100, que es la que posibilita que los teléfonos tengan pantalla. Como decía, nosotros estamos con la banda 1900, es decir, que tenemos un atraso, pero no significa que se hayan hecho mal las cosas en ANTEL. ¿Quién está diciendo eso? Lo que ocurre es que la inversión para este segundo paso cada vez es más costosa y la asociación frente a una apertura del país, indudablemente, implicará dedicar mucha inversión, y no creo que ANTEL -con la enormidad que representa para nosotros- sea capaz de realizarla. No voy a repetir argumentos porque se me ha terminado el tiempo y creo que están en la versión taquigráfica. Sin embargo, como muy bien decía el señor Senador Gallinal, se trata de empresas de telecomunicaciones con presupuestos dos y tres veces mayores que el que estamos tratando ahora para todo el país. Entonces, ¿se cree que cerrando el país vamos a tener suerte en esa competencia? Ya que tenemos la oportunidad, ¿no será mejor elegir ahora en forma minoritaria un buen socio mediante subasta? Digo esto porque el Uruguay no está en condiciones de desperdiciar dinero que puede salir de esa asociación. Ese no es el fin porque, como bien decía el señor Senador Gallinal, el fin es preparar una empresa para la competencia. Acá no se está planteando el negocio, sino una autorización para hacer un buen negocio. Luego el Poder Ejecutivo buscará la mejor oportunidad y los recursos que el país naturalmente tiene.

Por último, y para terminar de abusar de la generosidad del señor Senador Gallinal, debo decir que me importa que quede bien claro que los recursos y el destino de esta asociación están dedicados a la reactivación productiva del país. Ese es el mejor mensaje que le podemos dar al país: estamos dispuestos a apoyar a los sectores productivos mediante la inversión de lo que puede ser un ahorro permanente. Como ya he dicho, el ahorro permanente significa abatir gastos de inversión e, indudablemente, cancelar obligaciones en el exterior que nos llevan muchos intereses y mucho dinero.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- En el transcurso de los últimos tiempos y desde que se diera a conocer esta iniciativa, hemos escuchado muchos términos o adjetivos que no tienen otro propósito que descalificar nuestra propuesta. Se dice que queremos vender ANTEL -pero aquí ese Organismo no está en juego- y que estamos entregando parte de la soberanía nacional. Felizmente, en muchas de las reflexiones que realizó, el señor Senador Astori dijo que no participaba de esa argumentación ni de esos calificativos. Lo que quiero expresar es que, por lo menos, se nos reconozca un mínimo de inteligencia en el manejo político de todos estos temas. Siendo Gobierno, el Partido Nacional sufrió un revés y un golpe muy duro con el plebiscito en 1992. No es nada agradable para un Gobierno que el 72% de la ciudadanía se manifieste en contra de una de sus propuestas principales, porque buena parte de la transformación de nuestras empresas públicas y de la modernización del país pasaba por aquellos artículos derogados de la Ley de Empresas Públicas de 1992.

El país ha pagado un costo enorme como consecuencia de esa derogación. Ayer señalaba que parecería que nos olvidamos del vecino de Artigas, Rivera, Florida, Flores, Durazno, Lavalleja, Cerro Largo, y Treinta y Tres, que a partir de la derogación parcial de la ley debió esperar siete años para disponer de una línea telefónica, y no hablo de un servicio de telefonía celular que hasta hace poco tiempo se consideraba como algo suntuoso, hablo de una línea telefónica. Por supuesto que aprendimos con aquello y hoy le estamos ofreciendo al país soluciones en áreas estratégicas y fundamentales. Pensamos que el país debe internarse en la discusión de estos temas ya que la modernización y el desarrollo tecnológico nos están pasando por arriba porque no estamos tan modernizados como por allí se dice.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

-Bien decía el señor Senador Heber que se están prestando servicios de telefonía celular en la banda de 800 mhz de primera generación, mientras que en el mundo se están prestando servicios de telefonía celular en la banda de 2100, que es de tercera generación, con acceso a INTERNET y con la posibilidad de ver a través del teléfono la imagen de la persona con la que se habla. En Uruguay, hace pocas semanas que la empresa MOVICOM -a quien ANTEL le posibilita el uso de la frecuencia de 1900, una parte de la banda- está anunciando que a través de la telefonía celular se puede tener acceso a INTERNET. ANTEL todavía no lo ha podido hacer y recién está montando la infraestructura para, algún día -no será este año- empezar a prestar el mismo servicio que hoy ofrece MOVICOM.

O sea que aquí apuntamos a salvar a ANCEL, pero también a sus funcionarios, quienes hoy tienen un ingreso promedio por valor de U$S 1.300, porque trabajan en esta empresa de telefonía celular y en la propia ANTEL -en régimen de monopolio ésta última y de oligopolio en el caso de ANCEL- generan una renta, o mejor dicho un ingreso, muy importante; precisamente, esto es lo que le facilita a la empresa la posibilidad de poder dar a sus funcionarios las compensaciones que en el día de hoy reciben.

Observo que la Presidencia me señala que se ha terminado mi tiempo, por lo cual con estas manifestaciones doy por fundamentado el artículo. Sólo quiero añadir que es muy importante, tanto para el Capítulo de ANTEL, Carta Orgánica, como para el de ANCEL y la transformación de su naturaleza jurídica, que existan organismos reguladores en materia de telecomunicaciones. Si es que van a ingresar nuevas empresas a prestar servicios de telecomunicaciones; si es que aspiramos a que en la fecha en que se rematen esas licencias se obtengan recursos muy importantes -el Poder Ejecutivo ha hablado de hasta U$S 100:000.000 que ingresarían como consecuencia del remate de dos nuevas licencias-; si pretendemos que esos precios se paguen, pues entonces necesitamos un organismo regulador. Nadie va a estar dispuesto a venir a comprar esos permisos para ingresar en ámbitos de competencia con ANTEL y aceptar que, a su vez, sea esta empresa la que regule esa actividad, la que fije las reglas de juego y marque la normativa a través de las cuales se tiene que prestar esos servicios.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELNI.- Señor Presidente: no hay dudas de que el señor Senador Gallinal está convencido de esto. Tampoco hay dudas de que es idóneo en estos temas; por algo llevó adelante esta empresa muchos años. Sin embargo, otra situación es que a algunos esta solución no nos parezca la más adecuada. Sinceramente, creo que esta solución no es la más adecuada, pues estoy absolutamente convencido de que si empezamos a desarmar por partes el complejo de ANTEL, va a perder todo su potencial. En consecuencia, creo que debería permitirse e intentarse el esfuerzo de repensar esta empresa entre todos los Partidos Políticos.

También estoy convencido de que es necesario desregular y de que podría haber asociaciones. Sin embargo, mucho más que en el mercado de las telecomunicaciones en el Uruguay, tenemos que pensar en el MERCOSUR; quizás, podamos tener un socio minoritario acá y, a la vez, ser nosotros socios minoritarios en Argentina o en Brasil. Formulo este planteo desde un punto de vista o desde una posición de apertura para poder ver las necesidades y los desafíos futuros. Veamos esto no tanto como un recurso; y este es el punto en el que discrepo: se necesita dinero, estamos mal y en un momento difícil, entonces, sacamos esto y lo convertimos, ya sea para la reactivación en forma directa o para bajar la deuda, con lo cual nos evitamos pagar intereses. Más allá del mecanismo que sea, creo que acá hay un complejo que vale mucho más en conjunto, que separado por piezas. En este sentido, debería hacerse un esfuerzo, a pesar de que otros no lo compartan o digan que no tiene sentido ese intento de encontrar una solución entre todos los Partidos Políticos porque no nos vamos a poner de acuerdo.

En lo personal, creo que tendríamos que enfrentar ese desafío y poner toda nuestra energía en ello. Además, cada uno de los demás Partidos Políticos lo saben: una vez que ANCEL tenga un socio minoritario, si esto prospera, el potencial del complejo ANTEL en la región, no sólo en el Uruguay, va a estar absolutamente limitado y, en mi opinión, condenado. Creo que la telefonía básica empieza ya a no tener mayores perspectivas y el nivel de velocidad en que van las cosas hoy en día nos plantea dificultades. Sin embargo, en el complejo, tendríamos un potencial que triplicaría o cuadriplicaría las posibilidades que podría tener esta solución -por supuesto, digo esto respetando mucho la solución que pueden plantear otros- que está acotada, que es puntual, que está vinculada al tema de los recursos y, además, con una presencia permanente de lo que sucedió en el año 1992, que hace que sea introducida vía Presupuesto o vía tema Recursos. De este modo se intenta generar una solución cuando, a mi entender, mientras no encontremos los mecanismos adecuados para algunos temas, en los que los cuatro Partidos Políticos estemos de acuerdo, se avanzará en el tema de ANCEL pero no el de encontrar los desafíos conjuntos.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: de una manera mucho más sintetizada, quiero decir que a mí me parece estar recordando -creo que casi se repiten- los mismos argumentos que cuando se intentaba vender, ciertamente, más de la mitad del patrimonio de ANTEL. Hoy se repiten un poco aquellos argumentos.

En aquel entonces el tema de que era la mayoría o no, era una discusión y era un argumento que se usaba, pero de ninguna manera era el principal, porque el argumento principal sigue siendo un problema de concepto, de filosofía. Con un negocio brillante como éste, ¿es bueno que el Estado se desprenda de él para que lo pueda aprovechar en parte, en todo o en un 40% un particular? ¿O es mejor que el Estado, que después administra sus resultados, y si lo hace con fines sociales mejor, lo mantenga? Ese es el tema de fondo y, si se quiere, de filosofía o de modalidad de cómo se conciben los cometidos del Estado en aquellas actividades que tienen que ver con los negocios más brillantes.

Hoy en día, la telefonía celular, junto con Internet o sus aledaños, es el negocio más brillante que hay en el mundo. El mantenimiento de la telefonía básica -también lo dice el texto- dentro de diez años, según las previsiones de quienes saben mucho más que yo, aun en los países que avancen mínimamente, no va a existir. Ya hay países -conozco dos, pero debe haber algún otro- como por ejemplo Italia y Finlandia, en los que se utilizan mucho más celulares que teléfonos fijos o esto que, por lo menos en el texto, se llama telefonía básica.

Otro negocio importante, como ya se sabe, es el que tiene que ver con que se están juntando la comunicación de imágenes a través de Internet con la telefonía celular. Los dueños o los técnicos mundiales de estas dos áreas se están proponiendo no competir, sino unirse. Dentro de un tiempo, en cada teléfono va a haber una conexión con Internet.

Ahora bien, ¿qué se decía en los años 90? Que Uruguay iba a seguir con los teléfonos de manijita o que mientras que en todo el mundo se iba a utilizar el sistema digital -recuerdo haber escuchado esto en 10.000 programas- acá no habría lo que hoy llamamos celulares. Recuerdo también, lo señalaba el señor Senador Gargano, que el paradigma era el Presidente de México, Salinas de Gortari, quien vendió la telefonía en su país. Lo curioso es que la vendió a una multinacional de la que él era uno de los principales accionistas. Por cierto, las tarifas subieron al doble al otro día y él pasó a ganar mucho más de lo que ganaba como Presidente. Efectivamente es así: Salinas de Gortari era uno de los principales accionistas de la empresa que compró la telefonía. Entonces, se dejó de hablar del tema "Salinas de Gortari".

Acá se forma una sociedad anónima. Pero, ¿cuál era el tema que se discutía? Además de referirse a ANTEL, los primeros artículos de la ley que se tiró abajo en virtud de un recurso de referéndum y luego un plebiscito, establecían una especie de cheque en blanco para el Poder Ejecutivo, ya que se le autorizaba a hacer un negocio y el Parlamento no sabía cuál era. Eso tenía un gran contenido: se estaba admitiendo que el negocio no fuera hecho. Además, la Constitución dice que en cada caso se debe autorizar el negocio de que se trate; así lo establece, concretamente, el artículo 188, que expresa que cuando el Estado invierte en una empresa privada -acá hay una creación de una sociedad anónima- en cada caso, el Parlamento debe autorizar ese negocio. Reitero: esto se establece en la segunda parte del artículo 188.

A mi juicio, este es el fondo de la cuestión: ¿le conviene al Uruguay dejar que un 40% de uno de los negocios hoy más brillantes y que dentro de diez años probablemente será aún más brillante y más redondo, se lo lleven los particulares? Yo creo que no le conviene. No se trata de un problema de algún tipo de dogmatismo, sino que me parece que es un muy mal negocio. Además, hay que vincular esto con las disposiciones que siguen, que modifican la Carta Orgánica de este Servicio Descentralizado llamado ANTEL. En dichas modificaciones -las he estado estudiando con mucha prolijidad estos últimos días- se regresa a algunas de las soluciones que estaban en la ley que fue derrotada en un referéndum, para bien o para mal, a mi juicio, para muy bien. Es toda una discusión jurídica si alguna solución que el pueblo votó puede ser restablecida luego por el Parlamento. Hay una opinión muy autorizada que dice que el Cuerpo Electoral tiene más jerarquía en la Constitución uruguaya que los tres Poderes representativos; Jiménez de Aréchaga dice que el Cuerpo Electoral es un órgano que está más cerca de la Nación que los tres Poderes, entre ellos, el Parlamento y, desde luego, los Poderes Ejecutivo y Judicial. Según esta tesis -que a mí me parece muy atractiva y buena - se establecería una cierta jerarquía mayor. En este caso, la Nación se expresó directamente a través del Cuerpo Electoral y dijo: "No queremos estas soluciones". La argumentación que se daba en aquel tiempo era que se estarían dando cheques en blanco al Poder Ejecutivo. Si esta tesis fuera exacta, por ley no se podría restablecer este tipo de solución. También es cierto que una ley que haya sido aprobada o rechazada en un plebiscito, más otra ley, tienen un mismo rango legal como acto jurídico, aunque los órganos que las hayan dictado sean distintos, pues una cosa es el Cuerpo Electoral que dejó esa ley sin cinco artículos, que derogó, y otra es el Poder Legislativo; eso es orgánico. La otra tesis sostendría que el producto de esos dos órganos de distinta jerarquía es el mismo en ley y el Parlamento luego puede modificar lo que hizo el Cuerpo Electoral; esto también sería sostenible.

Pero, en lo que a mí respecta, existe una razón de mucho peso por la cual, por ejemplo, no me he rebelado desde el punto de vista jurídico -no hablo de rebelarme físicamente- contra la Ley de Caducidad; es decir, no he venido aquí con un proyecto de ley -¡y vaya que me hubiera gustado hacerlo!- mediante el cual se derogara el artículo por el que se dijo que los policías y militares que habían cometido graves delitos no podían ser enjuiciados. A pesar de que ahora ya han pasado muchos años, igualmente a mí me gustaría derogar dicha disposición. Pero uno tiene cierto respeto, porque hubo un pronunciamiento popular. Al respecto, el único artículo que hemos invocado -lo hacemos y lo seguiremos haciendo- es aquel que entendemos no se cumplió, es decir, el artículo 4º, que refiere al tema de los desaparecidos. Entonces, me pregunto qué pasaría en este Parlamento si nosotros trajéramos un proyecto de ley que dijera que se deroga el artículo tal o cual que perdonó -para utilizar un término no técnico- a los policías y militares que cometieron delitos contra los Derechos Humanos desde 1973 hasta la Ley. ¿Qué se diría? Que se está violando el espíritu de un plebiscito o que se está atacando a la Nación, porque su Cuerpo Electoral se expresó directamente. Nosotros pensamos que acá, efectivamente, se intenta regresar a algunas -no todas- de las soluciones acerca de las cuales el pueblo se pronunció en contra. Algunos dicen que se pronunció mal, que eso le hizo daño al país, y lo acabo de escuchar en una argumentación, con la cual discrepo radicalmente -pero hecha con convencimiento- así como también lo dijo el Embajador de los Estados Unidos hace poco tiempo. Modestamente, peleé mucho en ese referéndum -como lo hicieron otros, con mucha más capacidad - pero me pareció que el pueblo uruguayo se había pronunciado bien. De manera que tengo una predisposición, pero no contra las cosas que hacen los particulares -no soy dogmático en esto - porque entiendo que hay ciertas cosas que pertenecen a lo que técnicamente en el Derecho Público -no en el Laboral- se llama los cometidos esenciales del Estado. Estos cometidos son llamados ahora, en un lenguaje más moderno de la ciencia de la administración y en su bárbara jerga, "áreas estratégicas". Por mi parte, considero que si se le quiere llamar así, está bien, pero, en definitiva, el área de las comunicaciones es un cometido esencial para el Estado, que tiene que ver con su soberanía. Asimismo, pienso que la formación de las sociedades anónimas es una recomendación que se hace constantemente para que los Entes públicos se conviertan, no todos, en sociedades anónimas. El Partido Nacional tiene planteado convertir a ANCAP y a otros Entes Autónomos en sociedades anónimas -este tema lo tiene medio retenido en la Comisión de Constitución y Legislación-; es más, un proyecto de ley habla de "transformación". Eso requiere dos tercios de votos; sin embargo, estas transformaciones no requieren esa cantidad, sino crear una sociedad anónima e introducir capital allí. El señor Senador Gallinal me hace señas de que esto no es así, pero, personalmente, he leído las carpetas y, además, el tema de las transformaciones está planteado desde hace mucho tiempo. Es más, tengo entendido que un organismo pasaría a ser persona pública no estatal y otro, que ahora recuerdo que se trata de UTE, se transformaría en una sociedad anónima. Como ya dije, para esto se requieren 2/3 de votos; aunque se busquen otras interpretaciones, la Constitución expresa que para crear o suprimir Entes Autónomos, se requieren 2/3 de votos. En el caso que nos ocupa, no se requiere formar sociedades anónimas o poner el 40% por el Estado, y creo que dentro de la Constitución se busca ese tipo de camino. Pero la Constitución dice cómo se hace el presupuesto del Ente Autónomo y yo interpreto que se refiere a todo lo que tiene el mismo, es decir, también al capital que el Ente Autónomo tenga en una sociedad anónima. Entonces, me pregunto cómo se hace para que ese capital siga los trámites del presupuesto, en este caso, del Servicio Descentralizado comercial. No sé cómo se va a hacer, pues aquí no está explicado; se trata de una autorización de un negocio que no está hecho. Finalmente, ya expresé -no quiero cansar mucho con argumentaciones de tipo jurídico- que, desde el punto de vista político, económico y de las conveniencias para el país, me parece clarísimo que éste es un pésimo negocio para el Uruguay. Considero que desprenderse del 40% de un negocio que es brillante, es muy malo. De pronto, implicará el ingreso de una suma al principio, pero durante muchos años se irá perdiendo el 40% de lo que eso rinda.

De todos modos, quiero decir que hay un argumento que se repite, pues ya vino en el Presupuesto pasado, cuando se convirtieron varios organismos estatales en personas públicas no estatales, y viene también de una especie de avalancha que arrancó en la Escuela de Chicago, y que tiene que ver con aplicar el Derecho Privado a las empresas del Estado. Y para eso se buscan varios mecanismos. Aquí hay un equívoco tremendo, que quiero explicar aunque sea en algún minuto, porque me parece que, de una vez, tendríamos que hacer un debatecito, sin las urgencias de una Ley de Presupuesto. El Derecho Público nació como una rama jurídica, para que las cosas se hicieran más rápido y no para que fueran más lentas; tanto es así que hay autores muy importantes, de los que voy a nombrar solamente dos -pero hay más-: Kelsen y Duguit, dos héroes jurídicos en el mundo o, por lo menos, en el Río de la Plata, que se oponían al Derecho Público por ese motivo. Ellos dicen que el Derecho Público es de una enorme velocidad y eficacia, pero es avasallante. Lo que sucede es que las normas de Derecho Público que nosotros tenemos están viejas, hay que actualizarlas y hay que actuar mejor y más rápido. Y en el fondo, rascando un poquito, he descubierto por qué no se quiere el Derecho Público y sí el Privado para la actuación de empresas públicas.

Fíjese, señor Presidente, hasta dónde llega esto: hasta la paradoja de que, en las leyes se dice -concretamente, en el otro Presupuesto- que tal organismo, por ejemplo, la ex Imprenta Nacional o el Correo, en lugar de ser una persona estatal, pasará a ser una persona de Derecho Público no estatal o persona pública no estatal, y a continuación se establece que se regirá por el Derecho Privado. No sé cómo se arregla ese caracol de que una persona que es pública, porque se rige por el Derecho Público -al menos en su mayoría- se regirá por el Derecho Privado.

¿Cuál es el fondo de esto? Voy a dar mi opinión; a lo mejor, en algún caso, no todos piensan lo mismo. Me parece que es porque mucha gente sostiene que hay que aplicar el Derecho Privado a la actividad del Estado, pues considera bueno que no intervenga el Tribunal de Cuentas, que los funcionarios no tengan garantías que se dice de inamovilidad y que las licitaciones, que tan lerdamente se hacen, sean sustituidas por procedimientos más ágiles, para comprar, vender, etcétera. Pienso que esos son los tres elementos para hablar a favor del Derecho Privado.

Digo, señor Presidente, en primer lugar, y para despejar el tema de la inamovilidad, que este cuco lo inventó Aparicio Méndez en la dictadura para echar la culpa de que el Estado andaba mal, aprovechando una cuestión semántica. ¿Por qué? Porque la gente cree que cuando uno habla de funcionarios inamovibles quiere decir que, aunque roben o maten, no se los puede tocar. Todos sabemos que eso es un disparate desde el punto de vista jurídico, que inamovilidad quiere decir, simplemente, que para echar a los funcionarios presupuestados de la Administración Central tiene que haber venia del Senado. El sumario se puede realizar en un mes y el Senado nunca niega las venias cuando las tiene que conceder. Esos "versos" que andan por ahí de que este Cuerpo, por muñeca política, niega las venias, no existen. Por otra parte, hay un plazo constitucional, puesto que si el Senado no se pronuncia en 90 días, se prescinde de la venia y se destituye a la persona, pero lo que ocurre es que los sumarios duran un par de años.

Los funcionarios de ANTEL no son inamovibles; si cometen alguna infracción se los puede destituir en pocos días, previa garantía elemental de dar vista para que se defiendan.

Por lo tanto, ese cuco de la inamovilidad, como cosa que vincula al Derecho Público, no es cierto.

En segundo término, está el tema de que el Derecho Privado permite que no intervenga el Tribunal de Cuentas. Creo que es muy bueno que cuando el Estado está manejando fondos -que, en términos políticos, se dice que son de la gente- se lo pueda controlar por un órgano de control de legalidad. ¿Qué tiene de malo la intervención del Tribunal de Cuentas? Que demora mucho; pues, entonces, dictemos normas de Derecho Público que establezcan plazos muy cortitos. Es más, hay una solución que en todo el Derecho moderno se está aplicando: cuando no se pronuncia dentro del plazo, se dice que se entiende que ha aprobado. De esa manera se acaba el tema y no hay problemas con el Derecho Público.

¡Ni qué hablar de las licitaciones! Demoran mucho porque las normas que las regulan en los manuales administrativos están muy atrasadas; por lo tanto, hay que ponerlas al día.

Quiere decir, entonces, que las cosas marchan rápido con el Derecho Público. De manera que, señor Presidente, no encuentro razones jurídicas ni políticas ni comerciales ni negociables -como en esa bárbara jerga de la ciencia de la administración suele decirse- para entender conveniente que el 40% de un negocio brillante pase a manos privadas y tampoco para que se abran los grifos para resucitar soluciones que fueron rechazadas -creo que muy saludablemente- por el pueblo en un recurso de referéndum con un plebiscito contundente.

Muchas gracias.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MUJICA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- No quiero cortar el debate ni cosa que se le parezca; pero creo que falta votar algo así como 378 artículos para que el país tenga Presupuesto.

Es cuanto quería decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Apretadamente señalo que hubiéramos deseado, más aún luego de escuchar en Sala que en definitiva no existe tiempo, desarrollar esta discusión en otro marco, porque interesa ANCEL, pero interesa mucho más que en las grandes decisiones que tiene que tomar el país se haga el esfuerzo de no "antagonizar".

Lo dije por ahí. El pueblo uruguayo, subliminalmente, por su cultura o por lo que fuera, quiere conservar sus empresas públicas. Y nuestro deber es cambiarlas y transformarlas para que lo pueda hacer. Pero eso no se da y entonces vamos procediendo así.

Mi madre me enseñó: no vendas nada cuando estés muy apretado, porque vas a hacer un pésimo negocio.

Por ahí he leído fundamentaciones de que hay que tapar un agujero fiscal -eso ha sido dicho- que tenemos que librarnos de pagar tanto interés hacia afuera, por un motivo u otro. Hay una razón de necesidad. Aquí leí un documento de febrero, antes de que asumiera el Gobierno, en donde se recomendaba vender parte de los activos fijos del Estado, como una manera de hacer caja dentro de esas contradicciones.

Insisto en que hubiéramos querido dar esta discusión en otro marco. No creo que ANTEL haya estado tan perfecta; ha usufructuado la venta monopólica -flor de pavada- y por ello se ha permitido el lujo de hacer brutales despilfarros. Un ejemplo es la Torre. Cuando tenía este bruto desafío tecnológico, se puso a hacer una torre de vanidades; en lugar de invertir donde correspondía, construyó un edificio de ladrillos. Por otra parte, los gastos que ha hecho en propaganda son antológicos.

Hay otro problema: ahora me van a asociar un rengo con una empresa privada. Primero tengo que arreglar el rengo. No puede ser que las empresas del Estado sean el premio consuelo de los que no fueron electos Intendentes. ¿Qué tiene que ver administrar UTE o ANCAP en materia de capacidad tecnológica con haber sido un político de carrera? De repente puede embocar y es un "balazo"; pero de pronto no. ¿Qué empresa multinacional competitiva contemporánea se maneja con esos criterios? ¿Así se eligen las direcciones de las empresas? ¿Así me quieren largar a desmonopolizar y, en un mundo abierto, a competir con ese estilo? ¿No será que tenemos que discutir más a fondo las transformaciones jurídicas que hay que hacer? Si no actuamos así, a mi juicio, esto es «papita para el loro».

Ya la vieja Constitución preveía métodos para asociarse, pero primero hay que acomodar la casa, preparar el cuadro. Creo que, inclusive, se necesita una reforma constitucional para hacer las cosas bien. ¿Cómo vamos a incorporar el interés de los trabajadores, su participación, no para que entren a trabajar y jubilarse dentro de cuarenta años, sino para que tengan una zanahoria y puedan mejorar si se rompen el alma? En este mundo tiene que haber premio, castigo y tiene que sentirse la camiseta, si es que se trata de competir. Pero si el tema es administrar los pesitos del pueblo uruguayo, pienso que se necesitan cambios fenomenales, que puede haber asociaciones con Dios y con el Diablo. Ahora bien, quiero aclarar que para dominar una empresa no hay que tener el 40% ni siquiera el 20%.

La gente que más pesa en General Motors no tiene ni el 10% del capital accionario; no. El quid de la cuestión es dónde está el núcleo de decisión. Pero me pregunto si este tipo de administración que nos hemos dado el lujo de tener en el Uruguay es viable en un mundo abierto como el de hoy. Sinceramente, no.

Sencillamente, ninguna empresa bien administrada puede cometer los errores, los despilfarros y la falta de profesionalidad que cometemos en las empresas del Estado. Como eso se sabe subliminalmente y hay como una especie de acuerdo, comenzamos a hacer una transformación inventando nuevos tipos de empresas al costado porque, total, aquello no lo arregla ni Mandrake. Nosotros tenemos que arreglar eso y después vamos a juntarnos con el que haya que juntarse.

Sé que hay una inmensidad de desafíos. Esto lo digo como criterio general, pero quiero agregar otra pregunta. Son un capital del pueblo uruguayo, empresarialmente el más importante. ¿Dónde tiene seguridad la clase media uruguaya con capacidad de ahorrar algún pesito y colocarlo con la seguridad de que no se lo van a hacer viento? Prácticamente, del mundo productivo, en ningún lado. Lo que se considera que es un problema es una gran posibilidad de nuestra cultura. Yo veo a estos mastodontes del Estado como los únicos capaces de encauzar una fuerte corriente de ahorro nacional, porque la gente no sólo busca tasa de ganancias sino, además, seguridad, en un mundo lleno de incertidumbres, con mercados de obligaciones que han terminado estafando, en gran medida, a una masa considerable de ahorristas.

El ahorrista uruguayo no tiene otra alternativa que ir a un banco o comprar papeles del Estado. No se puede confiar en ninguna empresa. Bueno, eso no posibilita. En cambio, el pueblo uruguayo tiene confianza en las empresas del Estado, aunque las critica. Sin embargo, no hay forma de colocar unos pesitos en un mercado de obligaciones de UTE, ANCAP o ANTEL. Después salimos a "mangar" afuera. Entonces, ¿por qué no provocamos esto? Creo que estas empresas tienen que ser el centro de una constelación de pequeñas empresas privadas que trabajen para ellas. No se trata de sustituir la actividad privada, sino que en un mundo desbalanceado esas empresas cumplan el papel de que un conjunto de empresas privadas puedan trabajar a su sombra y desarrollarse, tal como vimos hace poco tiempo en el caso de OSE y también en el de otras empresas que pueden andar por ahí.

Naturalmente, si nosotros no consideramos la globalidad de todos estos problemas y sobre todo si no tenemos alguna mesa donde poder discutir sin pasión, ¿qué nos queda en la sociedad uruguaya? El antagonismo, la lucha de las calles. ¿Y cuáles son las salidas? El ir progresando por leyes de urgencia, haciendo mascada, haciendo esto y haciendo lo otro. ¡Cuánta energía vamos a despilfarrar entre todos! ¡Cuántos obstáculos nos vamos a poner! No tenemos la audacia política de reconocer que hay un tiempo que cambió y que tenemos todo un desafío por delante.

Entonces, semejante tema viene metido en el ferrocarril de una Ley de Presupuesto, y mañana va a venir en otra Ley de Urgencia. Uno no pelea porque tenga ganas de pelear; a veces en la vida hay que pelear porque no hay otra, porque lo obligan, y tendrá que salir a la calle y tendrá que plantear la lucha aprovechando hasta el último resorte institucional que se pueda dar en esta Casa.

A la luz de esas consideraciones generales, estoy muy convencido de que hay que tener una política flexible de asociación, que hay que aprender mucho de la empresa privada, pero que hay que conservar un cerno que pertenezca a los que van a venir cuando nos vayamos de este mundo. Esto es parte de una cultura y de una herencia de lo más positivo que tiene el Uruguay.

Uno de vez en cuando va a la vereda de enfrente. Hace pocos días, menos de un mes, estuve en Entre Ríos donde el Gobierno local está desesperado por fundar una empresa de telecomunicaciones para poder competir con las dos empresas que han hecho un oligopolio y están sacrificando, en el precio, a la gente. Como tenemos el ejemplo de lo que pasó ahí enfrente, pienso que también tenemos una experiencia para hacer las cosas un poco mejor que ellos.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: hay varias maneras de ver este tema. Como no deseo alargar la conversación porque nos quedan varios cientos de artículos para armar y hemos pedido un cuarto intermedio para cuando terminemos este tema, a lo que se agrega la reconsideración -por una cuestión de corrección- de dos artículos tributarios, vamos a dejar una especie de fundamento de voto anticipado.

La primera cuestión es que claramente no se trata de una situación distinta a la que públicos y privados en el mundo han ido optando. Siendo restringida la capacidad de inversión de una sociedad, privada o pública, de una familia, uno va optando.

En consecuencia, llega un momento en que uno puede pensar: "Muy bien, tengo esta empresa parada y quizás consiga un socio -no sé si lo conseguiré- que la pague más o menos bien, que me deje tener el control y la mayoría accionaria porque le interesa estratégicamente asociarse". Me parece muy sensato que la sociedad uruguaya diga: "Bueno, hice una inversión que se la cobré a todos los uruguayos en la tarifa, donde hubo una acumulación de capital. Un poquito lo gasté o malgasté en burocracia, pero el resto lo fui invirtiendo». Es cierto que ANTEL ha hecho una inversión acumulada muy importante.

En consecuencia, se plantea una pregunta. En un momento en que la producción tiene problemas, donde todos estamos de acuerdo -más allá de los Partidos Políticos- en que hay que apostar a la inversión en la educación -todos sabemos las restricciones que tenemos- ¿es bueno tener varias decenas de millones de dólares para poder decir que en lugar del 60% tengo el 100% de las inversiones de una empresa? ¿No es mejor decir que con este importe voy a tratar, por ejemplo, a través del mecanismo de compra de deuda, o lo que sea, de tener un ingreso permanente que me permita invertir en el sector productivo por la vía de la reducción de los tributos? Siento que en un Estado tan grande y pesado, selectivamente hay que disminuir la presión tributaria sobre el sector productivo porque es la única manera de salir adelante. Esto lo ha ido intentando el Gobierno pero con fuertes restricciones financieras. También lo hemos intentado en este Presupuesto y todos nos hemos condolido de la situación de muchos funcionarios que no están bien y que piden mejoras. Algunas las pudimos conceder; la mayoría no.

Entonces, si la presión tributaria está acá y si las necesidades también están muy rígidas, esta es una vía útil.

Vender para el gasto corriente es descapitalizarse, y en eso podemos coincidir con algo que dijeron no sólo quienes apoyan esto, como los señores Senadores Gallinal y Heber, sino también los que están en contra. Todos estamos de acuerdo con que vender capital para pagar la Caja diaria es un error; sólo debería hacerse para paliar situaciones de gran insolvencia de la Caja, pero felizmente el Uruguay no pasa por ahí. Tiene graves problemas, pero no en solvencia de Caja. El concepto no es querer hacer Caja, sino colocar los ahorros, que son de los 3:000.000 de uruguayos que pagaron tarifas, directa o indirectamente, y los amontonaron ahí, en esto que va a permitir dar un estímulo al sector productivo y hacer alguna inversión más en el sector educativo. Creo que esa es una opción de colocación.

En el mundo entero, cuando se habla de lo que le vale más a los seres humanos, se dice que no es el debate ideológico, sino su futuro. Si se observa los fondos de pensión del mundo entero, se verá que no importa que estén más a la derecha o más la izquierda. Los franceses dicen, por ejemplo, "votaremos al Gobierno en la izquierda, pero ponemos la plata en la derecha" y así lo hacen. Diversifican, no concentran el riesgo.

En este caso, señor Presidente, ocurre lo mismo. El Uruguay ha hecho una fuerte inversión pública en el sector de las telecomunicaciones. Aspira a ampliarlas, atrayendo algunas inversiones privadas, pero no por este mecanismo, que no tendría sentido, porque ya hay una empresa que opera en el ramo, y existe la posibilidad técnica de que haya dos más, y las va a haber. Por lo tanto, aquí no está en juego privatizar, porque ya existe competencia privada. Lo que está en juego no es eso, sino simplemente determinar si U$S 100:000.000 -por poner una cifra cualquiera, que puede quedar corta o larga- rinden más acá o en el otro lado. Desde el punto de vista presupuestal, no está en juego nada más.

En cuanto a la evolución de la empresa, para lo cual no es necesario vender acciones, uno puede decir que es bueno asociarse. Creo que lo es, pero para ello no se necesita vender acciones. Uno se puede asociar sin vender acciones y, de hecho, así lo hizo ANTEL y nadie ha llamado al señor Ministro de Defensa Nacional para quejarse de eso, aunque sí se comunicaron con él por muchas otras cuestiones. Se asoció muchas veces y lo sigue haciendo, porque si no, sería imposible funcionar en las comunicaciones. Además, podría realizar una asociación más importante. Podría decirse que la que tiene con BELLSOUTH es una asociación de oligopolio de mercado. ¿Qué otra cosa es? ¿Alguien se quejó? Repartimos el mercado con un solo privado permisario eufemísticamente. ¿Cuál es el problema de compartir el mercado poniendo a alguien en minoría adentro de la empresa? No entiendo cuál es el problema ideológico que está en juego. Insisto en que podemos hacerlo igual, pero acá lo que se procura -por eso esta disposición figura en el Capítulo de Recursos- es dividir la situación. Sin duda, es bueno asociarse si la asociación es buena, porque puede haberlas malas y que no las compartamos. Comprometerse con capital implica una asociación más fuerte y, sobre todo, libera capital para ubicarlo en otra cuenta, no para gastarlo, sino para generar ahorro legítimo por la vía de comprar deuda y, al mismo tiempo -esto es lo que indica el artículo- bajar impuestos.

Considero que este tema da para mucho. En este momento no me voy a referir a otras exposiciones, ya que aunque pienso que sería bueno, no alcanza el tiempo. Sin embargo, queríamos dejar esta constancia muy firme acerca de por qué se incluyó este artículo, cuál es nuestro punto de vista y, sobre todo, por qué a nuestro juicio no está en juego nada más, y lo decimos con la tranquilidad de que no acompañamos los artículos relativos a ANTEL en aquella ley que se discutió tanto, ni tampoco apoyamos el plebiscito por razones que expusimos muy claramente. Nos pasó lo mismo con una reforma jubilatoria que tampoco votamos y respecto a la cual también estuvimos en contra del plebiscito. Se trata de dos circunstancias casi jocosas.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Simplemente, quisiera hacer una apostilla, porque creo que no es el momento ni tenemos tiempo para discutir en profundidad este tema. No hice uso de la palabra sobre este asunto, ni lo voy a hacer, pero me parece tan peculiar lo que hacemos que, en el caso de la relación de ANCEL con MOVICOM, estando la primera absolutamente pronta como para salir al mercado con el sistema de prepago y de tarjetas, esperó galantemente hasta que MOVICOM se pusiera a su altura para salir cuando la otra empresa, supuestamente la competencia, ingresara al mercado con todo pronto. Esto es muy curioso y podríamos discutir mucho acerca del oligopolio que se está planteando, de otras cosas que se han hecho en ANTEL y otras capacidades, beneficios y posibilidades que tiene y que no difunde suficientemente o, como recién señalábamos, espera a que la supuesta competidora tenga todo para salir al mercado a la libre competencia de que estamos hablando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Sin duda, vamos a tener oportunidad de seguir conversando sobre esto con la señora Senadora. Prometimos ser breves y creo que tenemos que serlo. Aclaro que me quedo con ganas de seguir tratando el tema. Simplemente, queríamos dejar una constancia y, dada la hora, doy por finalizada mi intervención para luego poder plantear las mociones que queremos presentar.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Quiero hacer uso de la palabra a modo de fundamento de voto. Se han dicho demasiadas cosas, pero no quisiéramos ser omisos en el tema. Si se trata de ser pragmáticos, seremos pragmáticos y no ideológicos. En realidad, ¿cuál es la inversión alternativa del sector productivo más interesante que la inversión en telecomunicaciones? A mi juicio, este criterio no es pragmático; en todo caso, es poco moderno. Aquí se han planteado muchos temas.

Pienso que la regulación, por ejemplo, va por otro lado. Estará bien o mal resuelta, pero ese es otro tema. El monopolio no existe o va camino de morir. La convergencia tecnológica entre los distintos lenguajes hace que esto se liquide sobre la base de la digitalización. Por lo tanto, hablar actualmente de básica, celular, datos, Internet o contenidos, es prácticamente referirse a lo mismo.

Asimismo, existe un problema con la empresa pública, pero tampoco se resuelve por esta vía. En cuanto a la tecnología, el Uruguay demostró desde las centrales telex que tenía mucha más capacidad propia que la que suponíamos para hacer desarrollos. Ahora se señala que ANTEL debería invertir más en el área del laboratorio tecnológico.

Por otra parte, las asociaciones se pueden hacer, pero para algo más interesante que como contrapartida. Se pueden realizar para un plan como el "Mercurio" que expuso el señor Presidente de ANTEL o bien como contrapartida, pero nadie en el mundo cede una empresa de punta, pública, con estas características, sino que lleva a cabo asociaciones estratégicas que permiten que otros inviertan en uno, si uno, a su vez, invierte en otros, o coloca cables de fibra óptica que dan la vuelta al planeta.

En realidad, creo que esto tiene errores por todos lados. No hay más contrapartida que la que se plantea desde el punto de vista del que viene de afuera, que decide qué va a adquirir en un mercado cautivo de consumidores. Realmente, no comprendo por qué sin consensos sociales y con otras vías de financiamiento, como obligaciones u otras, se opta por este camino. Además, me parece que esto está fuera de tiempo y es viejo. Pienso que, al mismo tiempo, es tardío. Se hace una opción política que va a girar en torno a esto durante buena parte de este período de Gobierno. Nosotros daremos los argumentos en la campaña pública cuando podamos discutir extensamente esta cuestión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 549 bis.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: quiero manifestar que voté afirmativamente esta disposición en base a los argumentos expuestos por los señores Senadores Gallinal y Atchugarry, que hago míos.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: solicito la reconsideración del artículo 511 porque, por los dioses de las imprentas, la extensión del IMABA debería haber ido a otros agentes del mercado.

Además, quiero dejar constancia de que, actualmente -antes de que se aprueben las normas que estamos considerando- están gravados los Bancos, los Bancos estatales y las cooperativas de ahorro y préstamo. Con este artículo se pretende abarcar también a los círculos de ahorro, a administradoras de crédito y a otros agentes paralelos del mercado. Aclaro que ya se votó el artículo 511, pero con un texto incompleto. De manera que ya se ha repartido a los señores Senadores la redacción que se elaboró cuando trabajamos en Comisión.

En consecuencia, solicito la reconsideración del artículo 511, a fin de votarlo con el texto que estoy proponiendo.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Consulto al señor Senador Atchugarry si esto abarca a instituciones como ANDA.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- No, hasta donde sé, esto sólo afecta a los círculos de ahorro y consorcios. Pienso que ANDA es una institución que no se incorpora con este texto. En consecuencia, creo que no puede ser considerada como parte de los agentes financieros, porque lo que hace es una mecánica de descuento sobre los salarios. De todos modos, mientras tanto puedo hacer las consultas del caso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la reconsideración solicitada.

(Se vota:)

-19 en 29. Afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Propongo que se vote el artículo, puesto que, como el señor Senador Brause ha tenido la gentileza de abrir mi mente, ahora estoy en condiciones de afirmar que ANDA no concede préstamos, sino que hace de intermediaria para que se efectúen los descuentos en los sueldos. Además, para tranquilidad del señor Senador Rubio, me confirman por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que ANDA está fuera de esta disposición.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Consulto al señor Senador Atchugarry si con esta norma se agrava la situación impositiva de las cooperativas.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Las cooperativas de crédito están gravadas desde el año 1995. Entonces, gravar algunas formas de competencia lateral equipara un poco más la plaza. Es lo mismo que ocurre con los Bancos. En 1995, en esas propuestas que nos llegan cada cinco años, se aceptó el IMABA para las cooperativas. De manera que ya están gravadas. En esta instancia, estamos gravando a las que no son cooperativas y ya estaban compitiendo. Por tanto, esta norma o es neutral o empareja un poco el mercado.

SEÑOR PRESIDENTE.- El artículo que figura en el repartido obtuvo 28 votos. En consecuencia, ahora debe haber 28 votos conformes para que sea aprobado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 30. Negativa.

Se mantiene el artículo con el texto anterior.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Solicito la reconsideración del artículo 505.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la reconsideración solicitada.

(Se vota:)

-20 en 30. Afirmativa.

En consideración, nuevamente, el artículo 505.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- A efectos de cumplir con parte de los acuerdos, desearía agregar un inciso final en el que se dijera: "La presente modificación rige a partir del 1º de marzo de 2001."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo sustitutivo presentado por el señor Senador Atchugarry.

(Se vota:)

-18 en 30. Afirmativa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- A modo de fundamento de voto del artículo anterior vinculado al IMABA, deseo indicar que lo he votado afirmativamente en el entendido de que con esta disposición no estamos agravando la situación tributaria de las cooperativas, ni la de ANDA.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Solicito la reconsideración del artículo sustitutivo, que grava los círculos de ahorro con el IMABA. Creo que es el artículo 511.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la reconsideración del artículo 511 sustitutivo.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 29 en 30. Afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: como habíamos anunciado -aunque, naturalmente, una hora más tarde- solicitamos un cuarto intermedio, cuando aún falta aprobar 378 artículos. El propósito es el de ordenar la votación de las normas que restan.

Luego del cuarto intermedio, pensamos hacer una presentación de todo lo que falta, dejando por separado las normas referidas a la Universidad de la República, en atención a las razones manejadas por las Bancadas que no están dispuestas a votar ciertas disposiciones, pero que tienen un especial interés, justamente, en las de la Universidad. Si nos da el tiempo, trataríamos de hacer llegar a todas las Bancadas el articulado que vamos a considerar para que, por lo menos, exista la posibilidad de revisarlo.

Concretamente, propongo pasar a un cuarto intermedio hasta las 22 horas.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Según entendí, se van a presentar todos los artículos que faltan juntos, y por separado los correspondientes a la Universidad de la República. ¿No se incluye el INAME?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Tenemos una idea al respecto y la podremos conversar durante el cuarto intermedio, señora Senadora.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Simplemente, quería anunciarle al Cuerpo que hemos presentado una propuesta sustitutiva relacionada con el organismo regulador de telecomunicaciones, que tiene algunas pequeñas variantes con respecto al que figura en el repartido de los aditivos. Le hemos pedido expresamente al señor Secretario que se pueda repartir en estos minutos para que sea estudiado en el cuarto intermedio.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo, señor Senador. Se va a distribuir ese sustitutivo.

Se va a votar el cuarto intermedio solicitado por el señor Senador Atchugarry.

(Se vota:)

-27 en 30. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta las 22 horas.

(Así se hace. Es la hora 21 y 4 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 23 y 8 minutos)

La Mesa quiere expresar en forma sincera sus disculpas por todas las dificultades que ha tenido el tratamiento del Presupuesto; su reconocimiento a los funcionarios del Senado que han tenido una muy importante actividad pese a esas dificultades; y, en forma personal, deseo expresar mi reconocimiento a la oposición, los sectores del Frente Amplio y del Nuevo Espacio, que han demostrado comprensión y apoyo. En esa medida -si es que los 51 minutos que faltan para las 12 de la noche son suficientes para el trámite presupuestal- creemos que sería conveniente, como señal política y legislativa para el país, que podamos lograr los acuerdos sobre los cuales va a informar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Quiero aprovechar las sabias palabras del señor Presidente -que hago mías- en mi carácter de Presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, para señalar y agradecer la labor que los funcionarios realizaron, dentro de las dificultades por todos conocidas. Sin duda, han demostrado una excelente voluntad y profesionalidad.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Quisiera saber si se han podido distribuir las copias del repartido a cada Bancada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estamos fotocopiando la así llamada hoja de ruta.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Entonces, quizás, tendríamos que demorar un par de minutos hasta que las fotocopias sean distribuidas, por lo menos una por Bancada, a los efectos de que se pueda seguir la explicación que voy a dar.

SEÑOR PRESIDENTE.- De cualquier manera, se podría comenzar dando un informe.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Si se mantiene la posición de que por lo menos algunos artículos van a votarse por separado de esa hoja de ruta, formulo moción para que comencemos considerando los artículos que tienen que ver con la Universidad de la República. Lo digo para tratar de ayudar en ese apoyo que el señor Presidente dice que hemos dado las Bancadas de oposición.

SEÑORA ARISMENDI.- ¡Apoyado!

SEÑORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- Mientras esperamos el repartido, y para no mantenernos desocupados a esta hora que estamos tan cansados, quiero plantear un tema que, más que un artículo, es una señal que me parece que la Cámara de Senadores tiene que dar. Me refiero a un tema tan importante como el del "software". Seguramente, dentro de la vida del país, en los próximos años este punto va a ser motivo de atracción de inversiones y, esperemos -como en otras partes del mundo- de creación de empleos. He presentado este artículo a la Mesa y figura en el libro grande, bajo el Nº 48/1. Formulo moción para que se someta a consideración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de la señora Senadora Pou.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- No entendimos en qué consiste la moción presentada por la señora Senadora Pou.

SEÑOR PRESIDENTE.- La señora Senadora Pou formuló moción para que, mientras se espera el repartido mayor, se ponga a consideración el artículo 48/1 que figura en el libro gordo de los aditivos.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Siendo así, voy a opinar, porque como el señor Presidente y la señora Senadora saben, no comparto ese artículo. Si se lo desea discutir, hagámoslo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Como la Mesa prefiere evitar las discusiones, busquemos el procedimiento a los efectos de ver de qué forma podemos evitarlas.

Faltan cinco minutos para que estén los repartidos en la mesa de los señores Senadores.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: he hecho una moción para discutir los artículos correspondientes a la Universidad de la República y la señora Senadora Pou formuló un planteo para considerar otro tema. Entonces, dilucidemos por cuál empezamos, comencemos a hacerlo y luego votemos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Senador Atchugarry de comenzar a considerar el repartido de la propuesta general de la coalición, a los efectos de dar orden al debate.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- ¿Qué estamos votando?

SEÑOR PRESIDENTE.- El orden del debate. En primer término se va a votar si comenzamos con el repartido de la Bancada de la coalición; en segundo lugar, si vamos discutiendo los artículos correspondientes a la Universidad y, por último -hago mía esta moción- la propuesta de la señora Senadora Pou.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En función de los 378 artículos que nos quedan, el arma de trabajo va a ser el repartido que obra en la mesa de los señores Senadores, que es el informe de la Comisión. El informe que van a recibir ahora por Bancada -y esperemos que más adelante se reparta a cada señor Senador- está dividido por Incisos, y voy a mencionar los artículos que se propone aprobar.

En el Inciso 03, Ministerio de Defensa Nacional, que ya ha sido votado como tal, se propone incorporar sólo el primer artículo de la hoja 12 del repartido de aditivos que todos tenemos, y la hoja 11.

En el Inciso 06, Ministerio de Relaciones Exteriores, que no está votado, proponemos aprobar desde el artículo 142 -el artículo 143 no se vota, porque fue retirado- al 151, sin cambios.

En el Inciso 07, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del artículo 152 al 181, menos el 168, porque ya está previsto en el 167, según nos informa la Contaduría General de la Nación.

En el Inciso 08, Ministerio de Industria, Energía y Minería, los artículos 182 a 192 sin cambios.

En el Inciso 09, Ministerio de Turismo, los artículos 193 a 200, más la hoja 35, que corresponde al ex artículo 156 de la Cámara de Representantes, con algunas modificaciones.

En el Inciso 10, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los artículos 201 a 243, más la hoja 130 -que no figura en los repartidos de los señores Senadores- que refiere a una declaración de interés nacional pedida por Representantes Nacionales de Canelones.

En el Inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura, los artículos 244 a 299, más la hoja 46/1 -cabe aclarar que esta numeración corresponde seguramente a la Comisión, y que de todas las hojas que no están en el repartido numerado que tenemos sobre la mesa, una copia está siendo distribuida con esta numeración- además de las hojas 23 y 49 del repartido. Luego, están los referidos al Instituto Clemente Estable. Se trata del primer artículo de la hoja 44, con algunas modificaciones que allí figuran, y del segundo de la misma hoja, que es exactamente igual al que figura en la hoja 45, que a nuestro juicio son similares a los 285 A y B presentados por el señor Senador Couriel en la Comisión. Sin perjuicio de ello, ruego que se realice la verificación correspondiente, pero los temas son los mismos y las redacciones muy similares. A su vez, se propone votar negativamente el artículo 260 del repartido.

SEÑOR COURIEL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: la hoja 44 en lo que refiere a la creación de cargos, es nueva; la otra se está repitiendo. Me refiero a que la segunda parte de la hoja 44 es correcta, pero su primera parte se repite, porque ya está en el texto. En realidad, habría que poner allí la hoja 45 y la 46 es la que falta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Sí, en la hoja 46 está planteado. Ahora bien; no sé si la hoja 45 es igual, porque se incorpora el tema de las donaciones, mediante la frase que dice "y fijará el límite con cargo a impuestos".

De cualquier manera, estamos de acuerdo en que si son iguales, como ya está votado se reconsiderará la votación.

SEÑOR COURIEL.- Se trata del artículo 274, que termina diciendo: "establecerá el límite de las donaciones".

SEÑOR ATCHUGARRY.- En el artículo 287, al final, se agrega, en lugar de "a la siguiente escala", la expresión "la escala que se prevé para los Magistrados del Poder Judicial" en el artículo tal, y se elimina la tabla.

La redacción de los artículos 287, 288 y 289, que refiere a Fiscales, es básicamente igual a la que figura en el informe de Comisión; lo único que se suprime es la tabla y se remite a la del Poder Judicial para Magistrados judiciales y funcionarios de la Institución Fiscal.

En el Inciso 12, Ministerio de Salud Pública, se votarían los artículos 300 a 327, sin modificaciones.

En el Inciso 13, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los artículos 328 a 338. No se acompañan los artículos 339 y 340.

En el Inciso 14, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, los artículos 341 a 369, con las siguientes modificaciones. En el artículo 341 no iría el inciso final -porque se insertó mal- y éste se agrega al final del 346. Esa es la única modificación.

En el Inciso 15, Ministerio de Deporte y Juventud, los artículos 370 a 386, porque a nuestro juicio el artículo 387 está duplicado con el 384.

En el Inciso 16, Poder Judicial, se votarían los artículos 410 a 422. Con respecto al 415, se votaría la hoja sustitutiva 88. También incluiríamos la hoja 90 y, de la hoja 87, los dos primeros artículos.

En el Inciso 17, Tribunal de Cuentas, los artículos 423 a 437, excepto el 429/1 que -como indica la fe de erratas creo que del señor Senador Michelini- no fue votado y no se acompaña.

En el Inciso 18, Corte Electoral, los artículos 438 a 448 y se agregarían los artículos 12, 13 y 14 del Mensaje del Organismo, que refieren a gastos de funcionamiento.

En el Inciso 19, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los artículos 449 a 475, más una hoja sin número que acompaña a este repartido -que iría después del 449- que crea la División Jurídica y comprende dos artículos presentados por los señores Senadores Gallinal y Brause, que refieren a la creación de los cargos respectivos. El artículo 452 no se vota como tal y se sustituye por la hoja 100.

En el Inciso 25, ANEP, votaríamos desde el artículo 476 al 487, más las hojas 360/1, 360/2 y 360/3, que refieren a determinadas enseñanzas, de vialidad, de temas vinculados con la drogadicción, etcétera, que se desea aplicar. También votaríamos la hoja 102, pero sin referencia a las cifras de dinero vinculadas al período 2002, y la hoja 120.

Pido disculpas porque dice "segundo paquete", cuando en realidad se trata del segundo orden de votación, porque se había pedido el desglose de la Universidad de la República en su único artículo 488.

El Inciso 27, INAME, comprende los artículos 489 al 492. Se incorporaría al informe de Comisión el artículo 26 del Mensaje del Organismo, donde se agrega la frase: "redúcese la partida de inversión para el Ejercicio 2001 en $ 5:000.000". Cabe aclarar que en la hoja de ruta está mal escrita la cifra, pues falta un cero.

Consideraríamos los artículos 33 y 35 del Mensaje de los organismos, más la frase "El Poder Ejecutivo fijará límites". Esto también refiere a las donaciones. En el artículo 34 se agrega la frase "La presente regularización no tendrá costo de caja".

Pasamos a la Sección V, que comprende los artículos 388 a 398. El artículo 399 que refiere a la formación de una Comisión de Asesoramiento no se pone a votación porque es innecesario. El 389 queda dentro de éstos; va tal cual, más los cambios de las hojas 79 y 85. Por su parte, va el artículo 390 más los cambios de la hoja 80. En el artículo 392 va la hoja 81 referida al Instituto Antártico y, por lo tanto, se eliminan las dos menciones a dicho Instituto que están en este artículo. También se elimina la referencia al INCE. El artículo 398 se sustituye por la hoja 84 que refiere a la Comisión Técnico Mixta.

Con relación al Inciso 24, Diversos Créditos, recordamos que comprende los artículos 400 al 409. El artículo 406 se sustituye por la hoja 86.

La Sección VIII contiene el artículo 550 en el que a continuación del penúltimo inciso del artículo 12 -esto refiere a la Carta Orgánica de ANTEL- se agrega la frase "facúltase al Poder Ejecutivo a establecer la fecha de vigencia de este artículo".

Por su parte, la Sección IX, Disposiciones Varias, comprende los artículos 571 a 576/4, que es el último que figura en el repartido de Comisión. Luego, habría un artículo aditivo relativo a la situación del INA, y los sustitutivos de los artículos 559 y 560 que refieren a la situación de los becarios. También van los aditivos de las hojas 71 y 72.

Por último, señor Presidente, se agregan el aditivo ex 419 -artículo de la Cámara de Representantes- la hoja 122 más el aditivo y las dos hojas expresadas como hoja 129.

No estamos incorporando el aditivo referido a la Unidad Regulatoria de Telecomunicaciones porque su análisis nos resultó insuficiente en este tiempo; será objeto de un tratamiento posterior.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Para señalar al señor Senador Atchugarry que en estos minutos terminamos de convenir con el Poder Ejecutivo el texto que se ha presentado a consideración y al que solamente habría que introducir tres modificaciones. En la página seis, el inciso que sigue al literal g) termina diciendo: "y continuará con el régimen actualmente vigente". En su lugar, debe decir "manteniéndose el régimen actualmente vigente". En el literal b) del artículo 25 de la página 7 se debe decir: "Autorizar el funcionamiento de estaciones de radio difusión AM, FM y televisión abierta". Ahí termina el literal b) y no va la frase "y de televisión para abonados en todas sus modalidades". A su vez, en el literal c) de la misma página 7 dice: "autorizar genéricamente la asignación de frecuencias por parte de la URSEC para servicios diferentes a los de radiodifusión". Al respecto, debe señalar "del literal b)" en lugar de "de radiodifusión".

Es cuanto tengo para decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- De acuerdo con lo convenido, se postergaría la votación del Inciso correspondiente a la Universidad de la República, el artículo 488, que se ha pedido desglosar para votar en forma diferente al resto.

Plantearíamos la votación de la moción presentada postergando la consideración del Inciso 06 y del correspondiente a la Universidad de la República. En virtud de la hora que es, sugerimos pasar a votar de inmediato.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Comprendo que la presentación ha sido complicada. En todo caso me interesa que los señores Senadores tengan en cuenta que es el resultado de meses de trabajo por parte de la Bancada de la coalición de Gobierno. Sin duda, los señores Senadores del Frente Amplio y del Nuevo Espacio pueden sentir que no han sido consultados en este trámite.

La Mesa desea advertir que siendo las 23 horas y 32 minutos, de la intervención que cada uno de los señores Senadores haga de acuerdo con su legítimo derecho de ahora en más, depende que haya o no Presupuesto. Hay una Bancada mayoritaria que tiene la voluntad de que sí lo haya; eventualmente lo ha presentado mal, pero cada uno de ustedes podrá resolver si hay Presupuesto o no de acuerdo con sus intervenciones.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Voy a ocupar apenas un minuto porque lo que tengo para decir es poco. Me embarga un profundo sentimiento de vergüenza ajena y también un profundo sentimiento de responsabilidad. Comprendo o no -pero eso no importa- las dificultades de la coalición de Gobierno, sé la hora que es y ni siquiera puedo pedir un cuarto intermedio para consultar a mis compañeros. Por lo tanto, la postura que voy a sostener es absolutamente personal. Me quedo en Sala nada más que porque se ha desglosado del Paquete el tema de la Universidad, puesto que de otro modo ya me hubiera retirado.

No sé si es bueno o malo lo que está dentro del Paquete, pero lo voy a votar en contra. En el caso de la Universidad, veré qué hago.

Reitero que me quedo solamente por ese motivo y que me embarga un profundo sentimiento de vergüenza ajena.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo comprendo señor Senador, pero advierto que lo que está en el Paquete es lo que se ha discutido en todo este trámite parlamentario y no hay nada sorpresivo.

Tiene la palabra el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- En el mismo sentido que se ha manifestado el señor Senador Fernández Huidobro, nosotros vamos a votar negativamente la mayoría de todo el Paquete. Lo podríamos votar en una sola vez si desglosáramos los Incisos correspondientes al artículo 220 de la Constitución. En ese caso, votaríamos dos Paquetes: uno con los Incisos correspondientes al artículo 220 de la Constitución, y otro sin ellos.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- A los efectos de que la versión taquigráfica lo recoja con corrección, quiero señalar que en el repartido que se acaba de hacer el texto del artículo 360 es el siguiente: "La extensión máxima de los contratos de becas y pasantías que se otorguen en adelante, será de doce meses incluida la licencia anual, prorrogables por hasta otro año más. La remuneración para este tipo de contratos no superará los cuatro salarios mínimos nacionales por un régimen máximo de ocho horas diarias de labor. En caso de pactarse un régimen horario inferior, la remuneración se proporcionará al mismo".

Hago esta aclaración porque el texto está en manuscrito y puede ocasionar alguna duda.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿El señor Senador Núñez pide desglosar en un segundo paquete, además de la Universidad, el resto del 220?

SEÑOR NUÑEZ.- Así es.

SEÑOR ATCHUGARRY.- No hay inconveniente para eso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota: )

-29 en 31. Afirmativa.

Entonces, estamos votando en este orden: en primer término, la moción del señor Senador Atchugarry de votar en forma global el Presupuesto general; en segundo lugar, la Universidad; en tercer término, la moción de la señora Senadora Pou sobre el "software" y, por último, lo referente al 220.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- El sentido estricto de la propuesta del señor Senador Núñez, en nombre de toda la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio, no es relegar todo el 220 al último lugar, sino desglosar los artículos del 220 de la propuesta del señor Senador Atchugarry, que no incluye la propuesta de la señora Senadora Pou.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo incluye porque hubo una votación del Senado por unanimidad en ese sentido hace diez minutos. El Senado votó el orden de votación que dijo la Mesa, es decir, en primer término, el Presupuesto general, luego la Universidad y, por último, la propuesta de la señora Senadora Pou. Naturalmente el Senado puede resolver lo contrario.

SEÑOR ASTORI.- Insisto, por segunda y última vez, que después de esa votación el señor Senador Atchugarry propuso que se considerara un solo paquete desglosando la Universidad de la República.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pero eso no se votó.

SEÑOR ASTORI.- Estamos proponiendo votarlo ahora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me parece muy bien pero se había resuelto antes votar en el orden que dijo la Mesa. En todo caso, resolvamos ahora cuál es el orden.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Hay una moción que es de esta votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- No es una moción, sino que es una resolución del Senado que acaba de ser votada. El Senado puede cambiar la votación.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Si el señor Presidente se tranquiliza y me deja hablar...

SEÑOR PRESIDENTE.- Estoy muy tranquilo.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Se presenta una moción de votación. En esa votación se pide dividirla, como
hacemos siempre. Primero se pide separar la Universidad y que reveamos esa posición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hubo una resolución votando en el sentido que yo digo. Obviamente que el Senado puede hacer lo contrario y resolver otra cosa.

Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En función de ello, señor Presidente, es que ahora se dice que en lugar de la Universidad dejemos todo el 220.

SEÑOR COURIEL.- Exactamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, ¿cuál es el orden que propone el Senado?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Lo que propongo es la moción que comprende a todos los Incisos, excepto los del 220. Votamos luego los del 220 y ponemos a consideración el artículo referido a la propiedad intelectual y el "software" que han planteado la señora Senadora Pou y el señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces el orden de votación sería: en primer lugar, el proyecto mayoritario; en segundo término, el 220 incluyendo la Universidad y, por último, el proyecto de "software".

SEÑOR ATCHUGARRY.- Exactamente.

El señor Senador Larrañaga pide que se separe el Inciso 06 para marcar una posición.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Para dejar constancia de que si se hubiera votado de otra forma no habría apoyado el artículo 211 correspondiente al Inciso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en virtud de que habilita la navegación de embarcaciones de todas las banderas por los ríos interiores y no hay reciprocidad de Brasil, ya que este país prohibe la circulación por los ríos de los barcos que no son de su bandera. Al no haber reciprocidad, prefiero mantener la legislación del año 1862, del Gobierno presidido por don Bernardo P. Berro, que es lo que establece la Ley Nº 703 del 7 de mayo del mencionado año.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Senador Atchugarry, es decir, la votación global del Presupuesto, con los aditivos y sustitutivos explicitados.

(Se vota: )

-18 en 30. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- No me voy a referir a lo que se votó porque fueron muchas cosas. Quiero dejar constancia que de aquí a los próximos cuatro años, cuando se nos diga a la gente de la oposición que estamos trancando la labor del gobierno, voy a recordar que aquí hemos actuado con una generosidad extrema, ya que si cualquier Senador toma la palabra en uso del reglamento, el país se queda sin Presupuesto. Repito que quiero dejar constancia de que cada vez que nos digan que trancamos, personalmente les voy a recordar esta noche, en la que no hemos usado el tiempo que nos corresponde para que el país tenga Presupuesto y los instrumentos que la mayoría ha llevado adelante.

(Apoyado)

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Hago mía la constancia que hizo el señor Senador Michelini, pero además quiero decir que
si se hubiera votado de otra manera, podríamos haber apoyado un conjunto de artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar lo relativo al 220.

(Se vota: )

-30 en 31. Afirmativa.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra para una constancia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- En realidad, nos hemos quedado esta noche para rendir tributo a lo que hemos trabajado durante estas semanas y para votar esto. Obviamente, que si se hubiera votado de otra forma, hubiéramos apoyado algunos artículos. En estas circunstancias, esta votación es por la única que valió la pena quedarnos esta noche en el Senado.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Si no me equivoco, señor Presidente, hemos votado todos los Incisos del 220, de acuerdo a lo que viene señalado en esta hoja.

SEÑORA ARISMENDI.- Falta el Inciso 06.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se vota de acuerdo al repartido del 220.

SEÑOR ATCHUGARRY.- De acuerdo a la famosa hoja de ruta.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Quiero decir, entonces, que si hubiéramos tenido oportunidad y tiempo, habríamos hecho un fundamento serio sobre algunos artículos sustitutivos o aditivos que presentamos a la Mesa que, a nuestro juicio, mejoraban significativamente las propuestas sobre la Universidad de la República, así como la relación entre el crecimiento del Producto Bruto Interno y los recursos para la educación pública en el Uruguay. Debido a que no tuvimos esa oportunidad, dejamos esta constancia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería considerar el Inciso 06 que oportunamente fuera desglosado.

SEÑORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- Señor Presidente: hoy temprano hicimos el repartido de un artículo que se perdió en la noche de los tiempos, relativo al Inciso Ministerio de Relaciones Exteriores, concretamente, referente a los funcionarios comprendidos en las Categorías I a IV del Escalafón M. Este repartido lo tienen todos los señores Senadores y, en consecuencia, solicitamos que se incluya en este Inciso.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: quiero aclarar que esta disposición que figura en la hoja de ruta número 26, fue votada en Comisión y el resultado fue de 13 en 15. Si no me equivoco la entregué a la Mesa en la mañana de hoy. Cabe agregar que éste fue uno de los artículos votados en Comisión, reitero, en la hoja de ruta número 26, y salió del repartido por error. Esa es la realidad de los hechos. La voluntad política del Senado dirá si se vota o no.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: naturalmente, cuando estos paquetes se cierran quedan cerrados. Sin embargo, no somos necios y sabemos que muchas cosas han quedado en el camino. Por lo tanto, frente a la manifestación de los señores Senadores Pou y Astori, confiamos en que esto ha sido así y aceptamos que sea incorporado tal como se ha propuesto.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Correspondería que se votara el artículo sustitutivo o el original?

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: tendríamos que votar el Inciso 06 incluyendo la hoja de ruta número 26 que está en la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Inciso 06 con la hoja de ruta número 26.

(Se vota:)

-17 en 31. Afirmativa.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: hace ya algunos días, viendo el transcurso que estaba teniendo este Presupuesto, decidimos, con voluntad política, que lo mejor para el país era tener, bueno, malo o regular, un Presupuesto. En ese sentido, bancamos, bancamos, bancamos y bancamos, hasta esta votación. En diversas oportunidades -esto lo digo en nombre de mi fuerza política- somos conscientes de que, en la mano izquierda tenemos una paloma, pero los hechos políticos nos obligan a tener, por lo menos, una picana en la mano derecha. Entonces, no nos quedan otros recursos que la calle. En ese sentido -aclaro que esta es una opinión personal- no sé si levantaremos una propuesta de reforma constitucional de largo aliento, pero aun así la paloma sigue estando. En ese sentido, estamos cuasi obligados, y el día martes vamos a presentar un pedido de interpelación al señor Ministro de Economía y Finanzas y al de Ganadería, Agricultura y Pesca por el sistema productivo; como para empezar, decimos que estamos preocupados por el sistema productivo, por lo que se ha votado y por lo que no se ha votado. Más adelante, veremos; los hechos obligan.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia agradece al señor Senador Mujica la brevedad de sus palabras.

Por otro lado, recordamos que todavía falta votar, de acuerdo con lo que resolvió el Senado, un artículo referente al "software". Para un mayor entendimiento, señalamos que se ha votado la moción presentada por el señor Senador Atchugarry, así como el articulado correspondiente a los Organismos del artículo 220, incluyendo la Universidad de la República y el Inciso 06. En consecuencia, restaría votar la disposición a que hizo referencia la señora Senadora Pou.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: conforme al artículo 79 del Reglamento, formulo moción para que esa disposición sea enviada a la Comisión de Educación y Cultura donde está radicado el proyecto venido de la Cámara de Representantes y referente al mismo asunto.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa pone a consideración la moción formulada, en tanto ello no signifique una discusión que sobrepase la hora 24, pues el Presidente tiene la obligación constitucional de proclamar el resultado del Presupuesto antes de esa hora.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: hemos trabajado largamente en la Legislatura pasada en torno a los temas que tienen que ver con la propiedad intelectual, derechos de autor y los problemas vinculados al "software". Hemos trabajado con las organizaciones y con las gremiales y nuestros compañeros de la Cámara de Representantes han hecho un esfuerzo denodado en la Comisión correspondiente. Es así que han planteado propuestas, han negociado, han presentado proyectos, han trabajado y extraído del conjunto de disposiciones que tenían que ver con los derechos de autor todo lo vinculado al "software".

Por lo tanto, la Comisión de Educación y Cultura del Senado, que ya había analizado este tema, acordó abocarse a su estudio, en función de que las disposiciones fueron desglosadas en un proyecto de ley particular sobre el tema derechos de autor.

En consecuencia, nosotros acompañamos la moción presentada por el señor Senador Atchugarry en el sentido de que este artículo pase a la Comisión correspondiente que, reitero, ya tenía la disposición e incluso habían empezado las conversaciones informales, vinculándose con los diputados de las respectivas Bancadas y, en nuestro caso, con los representantes del Encuentro Progresista - Frente Amplio de la otra Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Atchugarry.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

«PROYECTO DE LEY

SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º.- El Presupuesto Nacional para el actual período de Gobierno se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y los siguientes anexos, que forman parte integrante de ésta: Tomo I «Resúmenes», Tomo II «Recursos», Tomo III «Gastos de Funcionamiento», Tomo IV «Inversiones», Tomo V (partes I, II y III) «Estructura de Cargos y Contratos de Función Pública» y Tomo VI 1 «Programa Estratégico de Gestión y Planes Anuales de Gestión por Inciso y Unidad Ejecutora».

ARTICULO 2°.- La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2001, excepto en aquellas disposiciones para las cuales, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

ARTICULO 3°.- Las estructuras de cargos y contratos de función se consideran al 1° de mayo de 2000 y a valores del 1° de enero de 2000. Autorízase a la Contaduría General de la Nación a efectuar las modificaciones consecuentes, de acuerdo con normas anteriores a la fecha de vigencia de la presente ley, así como las que resulten pertinentes por su incidencia en ésta.

ARTICULO 4º.- Los créditos establecidos para gastos de funcionamiento, inversiones, subsidios y subvenciones están cuantificados a valores del 1º de enero de 2000 y se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 6º y 7º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 16.903, de 31 de diciembre de 1997, y por los artículos 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y sus modificativos.

Los planillados anexos comprenden el costo del Presupuesto Nacional del período 2000-2004, incluidas las partidas que se asignan por los artículos de la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 627 de la presente ley.

ARTICULO 5°.- El Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Contaduría General de la Nación, podrá efectuar las correcciones de los errores u omisiones numéricas o formales que se comprueben en el Presupuesto Nacional, dando cuenta a la Asamblea General.

SECCION II
FUNCIONARIOS

CAPITULO I
NORMAS GENERALES

ARTICULO 6º.- Sustitúyese el artículo 582 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«ARTICULO 582. No podrá existir más de un funcionario docente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) prestando, en comisión, tareas de asistencia directa a cada legislador.

Asimismo no podrán exceder de dos, los funcionarios docentes de ANEP que se encuentren en comisión, prestando tareas de asistencia directa a cada Ministro de Estado.

Previo a cursar la correspondiente solicitud, el Poder Legislativo o los jerarcas de los respectivos Ministerios controlarán que se verifique dicho requerimiento».

ARTICULO 7º.- El Poder Ejecutivo remitirá a la Asamblea General a efectos de su aprobación los proyectos de estructura, organización o reestructura de los Incisos 02 a 15 del Presupuesto Nacional. Pasados cuarenta y cinco días sin pronunciamiento expreso, los mismos se considerarán aprobados.

ARTICULO 8º.- Modifícase el artículo 30 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en el sentido de establecer que donde dice: «inciso primero del artículo 14» debe decir «inciso segundo del artículo 20."

ARTICULO 9º.- Interprétase que el término vacantes, en el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, en la redacción dada por la Ley Nº 17.216, de 24 de setiembre de 1999, y que resultan de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, refiere al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas y no a la cantidad de cargos y funciones contratadas.

Suprimida una vacante, el 4% (cuatro por ciento) del crédito se transferirá a un único objeto del gasto, con destino exclusivo a rehabilitar cargos o funciones contratadas a ser provistos con personas discapacitadas.

Facúltase al jerarca del Inciso, a propiciar ante el Poder Ejecutivo -previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación- la rehabilitación de los cargos o funciones contratadas a que refiere el inciso anterior, adecuados a los requerimientos de las unidades ejecutoras de su Inciso, y la transposición de los respectivos créditos existentes en el objeto del gasto a nivel de programa y unidad ejecutora.

La presente norma regirá para las vacantes generadas a partir del 1° de enero de 2000.

Lo dispuesto será de aplicación, en lo pertinente, a los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales y personas públicas no estatales.

ARTICULO 10.- Inclúyense en el inciso quinto del artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, los siguientes numerales:

«12) Cuando en una unidad ejecutora quede vacante un cargo o contrato de función pública y que sea el único en ese escalafón y serie.

13) Los cargos y funciones contratadas del Ministerio de Deporte y Juventud hasta el 31 de diciembre de 2001".

ARTICULO 11.- Declárase de particular confianza el cargo de Prosecretario de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo instituido por Resolución de la Cámara de Senadores de 12 de julio de 2000.

ARTICULO 12.- Los funcionarios públicos designados para ocupar cargos políticos o de particular confianza, quedarán suspendidos en el ejercicio de los cargos presupuestados o funciones contratadas respectivos, con excepción de los docentes.

Dentro de la reserva del cargo, el funcionario mantendrá todos los derechos funcionales, especialmente el de la carrera administrativa y las retribuciones que por cualquier concepto venía percibiendo hasta la toma de posesión del cargo a que hace mención el párrafo precedente, cualquiera sea su naturaleza, financiadas con recursos de Rentas Generales o de afectación especial, con los ajustes salariales dispuestos por el Poder Ejecutivo.

En los casos de este artículo no regirá la prohibición establecida por el artículo 32 de la Ley Nº 11.923, de 23 de marzo de 1953.

CAPITULO II
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

ARTICULO 13.- Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer aumentos diferenciales a funcionarios docentes, militares, policiales y de Salud Pública, en oportunidad de los incrementos generales de las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central al amparo del artículo 6º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y del artículo 1º de la Ley Nº 16.903, de 31 de diciembre de 1997.

Dichos aumentos diferenciales podrán superar entre el 10% (diez por ciento) y el 50% (cincuenta por ciento) a los aumentos generales dispuestos por el Poder Ejecutivo.

Para los Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República el incremento se adecuará a lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, excluidos los incrementos diferenciales a que refieren los incisos anteriores sin perjuicio de lo que establece el artículo 656 de la presente ley

ARTICULO 14.- Autorízase al Poder Ejecutivo a reestructurar las remuneraciones de los cargos de particular confianza establecidos en el artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y modificativos, tomando en consideración la remuneración existente para los cargos de alta prioridad de acuerdo al régimen dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

La diferencia salarial resultante constituye una compensación a la persona que no será tomada en cuenta a ningún otro efecto.

ARTICULO 15.- Derógase el artículo 9° de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Los funcionarios que, a la fecha de vigencia de la presente ley, se encuentren desempeñando efectivamente las funciones de mayor jerarquía referidas en este artículo, continuarán percibiendo esa compensación mientras presten dichas funciones. A tales efectos, se determinará el monto que a la fecha de la presente ley están percibiendo, el que solamente recibirá los aumentos salariales que se aprueben para los funcionarios públicos.

Los asesores con funciones de mayor jerarquía del titular de una unidad ejecutora, con o sin funciones ejecutivas adicionales, declarados tales por la autoridad competente, que a la fecha de ésta gozaban de la compensación dispuesta por el artículo 9º de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, conservarán dicho beneficio en carácter de compensación personal, aunque por causa de reformulación de las estructuras organizativas realizadas en aplicación de lo dispuesto en la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, algunas de las ex unidades ejecutoras, hayan pasado a ser áreas o dependencias de otras unidades ejecutoras.

ARTICULO 16.- Establécese con carácter general que las retribuciones por todo concepto de los integrantes de los órganos directivos de las personas públicas no estatales no podrán superar, en ningún caso, la de un Subsecretario de Estado.

CAPITULO III
MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PERSONAL

ARTICULO 17.- Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer, previo informe de la Contaduría General de la Nación y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, las modificaciones necesarias conducentes a racionalizar las denominaciones de cargos o contratos de función pública y las de sus respectivas series, tendiendo a establecer una denominación o nomenclatura uniforme en las estructuras de las unidades ejecutoras de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional y siempre que ello no ocasione lesión de derechos funcionales.

CAPITULO IV
REDISTRIBUCIONES Y ADECUACIONES

ARTICULO 18.- En todos los casos de redistribución de funcionarios, al amparo de lo dispuesto en los artículos 92 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, y 307 de la Ley Nº 13.737, de 9 de enero de 1969, y en la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, a efectos de la adecuación presupuestal correspondiente, el sueldo y todas las demás compensaciones de carácter permanente efectivamente percibidas integran el total de retribuciones percibidas en el organismo de origen, con excepción de las compensaciones por prestación de funciones específicas, o de tareas distintas a las inherentes a su cargo o función en el organismo al que pertenecen y de los beneficios sociales.

En ningún caso el total de retribuciones del funcionario que surja de la adecuación presupuestal podrá ser inferior al que venía percibiendo antes de la misma. La diferencia de remuneración con la del organismo de destino se mantendrá como compensación personal la cual será absorbida por futuros ascensos o regularizaciones.

Cuando la retribución se integre con conceptos de monto variable se tomará el promedio mensual de lo percibido en los últimos doce meses previos a la incorporación.

Las retribuciones en especie se tomarán por su equivalente monetario.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Contaduría General de la Nación en lo pertinente en forma conjunta con la Oficina Nacional del Servicio Civil determinan los conceptos que integran el total de las retribuciones del funcionario redistribuido.

ARTICULO 19.- Los funcionarios excedentarios de la ex División Agroindustrial de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), podrán ser redistribuidos en toda la Administración Pública, sin excepciones, de acuerdo con el régimen previsto en los artículos 15 y siguientes de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Dichos funcionarios no podrán negarse a ser redistribuidos a dependencias ubicadas en el departamento de Salto. En caso de no aceptar en forma expresa la redistribución dentro del plazo de ciento ochenta días de ser notificada, se entenderá que se configuró la renuncia tácita.

El cese de los referidos funcionarios con derecho a jubilación, con un mínimo de sesenta años de edad, será obligatorio y dará derecho a una indemnización, a cargo de ANCAP, equivalente a la diferencia mensual entre sus haberes y el haber jubilatorio hasta cumplir los sesenta y cinco años de edad.

Quienes tengan entre cincuenta y cinco y cincuenta y nueve años de edad y su redistribución no sea posible, permanecerán en situación de «a la orden», en las mismas condiciones que se encuentren a la fecha de vigencia de la presente ley. Estos funcionarios podrán desempeñar sus tareas en otras dependencias de la Administración Pública del departamento de Salto, sin que se requiera su conformidad, previa autorización del Directorio de ANCAP.

Quienes no tengan causal jubilatoria podrán acogerse a un retiro incentivado equivalente a veinticuatro sueldos mensuales.

SECCION III
ORDENAMIENTO FINANCIERO

CAPITULO I
NORMAS GENERALES

ARTICULO 20.- Los jerarcas de las unidades ejecutoras de los Incisos 02 a 15 del Presupuesto Nacional, serán responsables de proporcionar a la Contaduría General de la Nación información acerca de la totalidad de los cargos y contratos de función pública de sus respectivas oficinas, cualquiera sea su naturaleza, los conceptos retributivos de los mismos, así como los que perciben sus titulares, por todo objeto del gasto y fuente de financiamiento.

La Contaduría General de la Nación establecerá la fecha a partir de la cual deberán comunicarse los datos complementarios a los ya existentes, la periodicidad de su actualización, así como la forma y medio para remitirlos.

El incumplimiento por parte de las Unidades Ejecutoras, habilitará a no dar curso a ninguna liquidación de retribuciones personales que no responda al sistema de información elaborado a esos efectos.

Los órganos y organismos incluidos en el artículo 220 de la Constitución de la República quedarán comprendidos en lo dispuesto precedentemente. La Contaduría General de la Nación, en acuerdo con cada uno de los mismos, determinará el nivel de agregación de los datos que deberán ser remitidos.

ARTICULO 21.- Sustitúyese el artículo 38 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«ARTÍCULO 38.- La Contaduría General de la Nación ordenará la numeración de los diferentes códigos ya existentes, y realizará la apertura de los que sean necesarios para la implementación y ejecución del Sistema Integrado de Información Financiera.

Las clasificaciones presupuestarias deberán posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos».

ARTICULO 22.- Los órganos y organismos comprendidos en el artículo 451 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, se regirán por los principios de transparencia e información de la ejecución financiera, debiendo informar a la opinión pública sobre su gestión financiera, con una periodicidad no superior a los tres meses y en los plazos, forma y condiciones que establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

De dicha información se remitirá copia a la Asamblea General, al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Economía y Finanzas. En caso de incumplimiento, se dará cuenta a la Asamblea General.

ARTICULO 23.- Agrégase al artículo 541 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 9º de la Ley Nº 17.213, de 24 de setiembre de 1999, artículo 83 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente inciso:

«La omisión de registro en alguna o todas las etapas del gasto, será considerada falta grave».

ARTICULO 24.- Incorpórase al artículo 567 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987 (artículo 114 del TOCAF), el siguiente inciso:

«Las rendiciones de cuentas y valores establecida en el inciso anterior deberán presentarse en un plazo de sesenta días contados a partir del último día del mes en que se recibieron los fondos o valores, cualquiera sea la fuente de financiación».

ARTICULO 25.- Agrégase al artículo 573 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, artículo 120 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente numeral:

«7) A los funcionarios que tengan a su cargo la contabilidad en alguna o todas las etapas del gasto».

ARTICULO 26.- Las observaciones que formulen los funcionarios de la Contaduría General de la Nación por incumplimiento de las normas vigentes de administración financiera, cuando no sean subsanadas por el ordenador correspondiente, serán comunicadas al Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicho Ministerio en un plazo de diez días, podrá mantener las observaciones elevando los antecedentes al Poder Ejecutivo quien en definitiva, en acuerdo con el Ministerio respectivo y el de Economía y Finanzas, resolverá si mantiene las observaciones efectuadas por la Contaduría General de la Nación o autoriza la ejecución del gasto o pago.

ARTICULO 27.- Agrégase al artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por los artículos 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, 738 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y 6º de la Ley Nº 17.088, de 30 de abril de 1999, artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente literal:

«R) Las compras que realice la Presidencia de la República para el Sistema Nacional de Emergencias a efectos de atender situaciones de emergencia, crisis y desastres excepcionales, dando cuenta a la Asamblea General».

ARTICULO 28.- Derógase el artículo 47 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974.

ARTICULO 29.- Sustitúyese el artículo 400 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso), por el siguiente:

«ARTICULO 400.- Ejecutoriada una sentencia contra el Estado, el acreedor pedirá su cumplimiento, por el procedimiento correspondiente (artículo 378 del Código General del Proceso), con intimación por el plazo de diez días. Cumplido el mismo, si la sentencia condenare al pago de una cantidad líquida y exigible, y no se hubiera controvertido la liquidación por el Estado, se comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas, el cual en un plazo de treinta días corridos a partir de su notificación, ordenará al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), que se acredite a la orden del órgano jurisdiccional interviniente la suma correspondiente, previa intervención del Tribunal de Cuentas, quien se expedirá dentro de los quince días de haber recibido el expediente respectivo. Vencido dicho plazo sin que se hubiera pronunciado, el gasto se tendrá por intervenido.

Confirmada por el BROU la disponibilidad de la suma, se librará orden de pago a favor del acreedor.

Sin perjuicio de lo dispuesto, dictada la sentencia de condena al Estado a pagar cantidad líquida y exigible, los abogados patrocinantes de la Administración deberán comunicar por escrito tal hecho a su jerarca inmediato, quien a su vez tomará los recaudos necesarios a efectos de comunicar dicho extremo al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Tesorería General de la Nación.

El incumplimiento de lo anteriormente dispuesto será considerado falta grave».

ARTICULO 30.- Suprímese el numeral 1º del artículo 464 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, artículo 15 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).

ARTICULO 31.- Para el cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales o situaciones derivadas del artículo 24 de la Constitución de la República, la erogación resultante se atenderá con cargo a los créditos de los órganos u organismos a los cuales la condena les ha atribuido responsabilidad.

Si el órgano responsable fuera una unidad ejecutora y los créditos no fueran suficientes, el jerarca respectivo determinará los créditos de otras unidades ejecutoras con los que se atenderá el pago.

Queda exceptuado de esta norma el Ministerio de Educación y Cultura, en caso de expropiaciones dispuestas por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y el Ministerio del Interior, así como también todos los organismos por hechos cuyas causales fueran originadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1989.

ARTICULO 32.- En todas las licitaciones públicas y abreviadas, invitaciones o llamados que realicen los órganos y organismos integrantes del Presupuesto Nacional, percibirán de los interesados en contratar el importe de los pliegos de bases y condiciones particulares, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación que se dicte con la conformidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

ARTICULO 33.- Las transposiciones de créditos asignados a gastos de funcionamiento en los órganos y organismos del Presupuesto Nacional, regirán hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio.

Sólo se podrán trasponer créditos no estimativos y con las siguientes limitaciones:

1) Los correspondientes al Grupo 0 «Servicios Personales» no se podrán trasponer ni recibir trasposiciones de otros grupos, salvo disposición expresa.

2) Dentro del Grupo 0 «Servicios Personales», podrán trasponerse entre sí, siempre que no pertenezcan a los objetos de los subgrupos 01, 02 y 03 y se trasponga hasta el límite del crédito disponible no comprometido.

3) No se podrán trasponer créditos de objetos destinados exclusivamente a misiones diplomáticas permanentes y misiones oficiales (Grupo 2 «Servicios no Personales»), salvo entre sí mismos.

4) Los objetos de los grupos: 5 «Transferencias», 6 «Intereses y otros gastos de la deuda», 8 «Aplicaciones Financieras» y 9 «Gastos Figurativos» no podrán ser traspuestos.

5) El Grupo 7 «Gastos no clasificados» no podrá recibir trasposiciones, excepto los objetos de los subgrupos 7.4 «Otras Partidas a Reaplicar» y 7.5 «Abatimiento del crédito».

6) Los créditos destinados para suministros de organismos o dependencias del Estado, personas jurídicas de derecho público no estatal y otras entidades que presten servicios públicos nacionales, empresas estatales y paraestatales, podrán trasponerse entre sí.

7) Las partidas de carácter estimativo no podrán reforzar otras partidas ni recibir trasposiciones.

Las trasposiciones se realizarán como se determina a continuación:

A) Dentro de un mismo programa y entre sus respectivas unidades ejecutoras, con autorización del jerarca del Inciso.

B) Entre diferentes programas de un mismo Inciso, con autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe favorable de la Contaduría General de la Nación y justificación fundada del jerarca del Inciso.

Las solicitudes de trasposición entre programas deberán presentarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas antes del 1º de noviembre del ejercicio y contar con resolución favorable del Ministerio de Economía y Finanzas antes del 1º de diciembre de ese ejercicio.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable al Poder Judicial, Universidad de la República u otros Organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República que tuvieren regímenes especiales.

Deróganse los artículos 107 y 108 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983.

ARTICULO 34.- Incorpórase al artículo 440 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el siguiente inciso:

«El crédito habilitado por el inciso precedente se efectuará con cargo a la partida autorizada por el inciso tercero del artículo 29 del Decreto-Ley Nº 14.754, de 5 de enero de 1978, y por el artículo 56 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996».

ARTICULO 35.- Los órganos y organismos del Presupuesto Nacional solicitarán autorización a la Tesorería General de la Nación para la apertura de cuentas corrientes en el sistema bancario estatal.

La Tesorería General de la Nación deberá pronunciarse respecto a la apertura de las mismas en un plazo de cinco días hábiles a partir de su solicitud.

En caso de denegatoria, la misma deberá ser fundada en razones de buena administración de las disponibilidades de los recursos y fuentes de financiamiento del Presupuesto Nacional.

Las instituciones financieras no realizarán la apertura de las referidas cuentas corrientes bancarias, sin la autorización establecida anteriormente. Realizada la apertura, se comunicará a la Tesorería General de la Nación.

Las instituciones financieras procederán a cerrar todas aquellas cuentas corrientes del sistema bancario estatal que no hayan tenido movimientos en doce meses, previo pronunciamiento de la Tesorería General de la Nación, transfiriendo los saldos al Tesoro Nacional.

CAPITULO II
FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

ARTICULO 36.- Los ingresos que perciban los órganos y organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional por todo concepto, se depositarán en cuentas del Tesoro Nacional, en el sistema bancario estatal, individualizando el concepto del recurso respectivo, dentro del plazo de veinticuatro horas hábiles.

La Tesorería General de la Nación habilitará cuentas corrientes con la finalidad de registrar los movimientos y determinar los saldos de los fondos respectivos de los órganos y organismos integrantes del Presupuesto Nacional, que por normas legales o reglamentarias perciban ingresos.

Las instituciones financieras comunicarán mensualmente a la Tesorería General de la Nación los movimientos y saldos de las cuentas del Tesoro Nacional.

ARTICULO 37.- Al cierre de cada ejercicio financiero el 80% (ochenta por ciento) de los saldos no comprometidos en las referidas cuentas corrientes de las unidades ejecutoras de los Incisos 02, 03 y 05 al 15 del Presupuesto Nacional, pasará a constituir recursos de Rentas Generales. A tales efectos, se entiende como saldos no comprometidos del ejercicio, a los recursos percibidos en el mismo, y que no se hayan aplicado a la cancelación de las obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto de gastos devengadas en dicho período. Esta disposición no será de aplicación a los saldos no comprometidos que financien planes de inversión, previa autorización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Se exceptúa de esta norma el Fondo Nacional de Vivienda y el Fondo de Deporte y Juventud y los saldos constituidos por contribuciones que perciben el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Tutela Social de las Fuerzas Armadas.

Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar el porcentaje que, del total de los recursos que perciben los servicios mencionados, corresponde a las contribuciones exceptuadas por el inciso anterior, las que quedarán asimismo excluidas de lo dispuesto por el artículo 771 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 38.- Anualmente el Poder Ejecutivo procederá a adecuar los créditos provenientes de las contribuciones que perciben el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, el Servicio de Tutela Social de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Sanidad Policial y la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial, a efectos de ajustarlos al nivel de recaudación de los servicios.

En la misma oportunidad, el Poder Ejecutivo determinará el porcentaje de los créditos correspondientes a contribuciones que quedan incluidos en el inciso anterior, y el concepto del gasto al que se destinarán.

ARTICULO 39.- Establécese que constituye Fondos de Terceros la contribución mensual que aporta preceptivamente cada beneficiario a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, instituida por el Decreto-Ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984.

A partir de la entrada en vigencia de la presente norma, se abatirá en un 84% (ochenta y cuatro por ciento) el crédito de funcionamiento e inversiones con cargo a rentas con afectación especial. El Poder Ejecutivo podrá variar anualmente el porcentaje de abatimiento en la medida que se modifique la relación existente entre los fondos de terceros y el total de recursos con afectación especial.

ARTICULO 40.- Establécese que el Fondo Especial de Tutela Social, instituido por el Decreto-Ley Nº 15.569, de 1º de junio de 1984, constituye Fondos de Terceros, no considerándose Recursos de Afectación Especial.

ARTICULO 41.- Determínase que los Fondos que administra la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial denominados "Fondos de Tutela Social Policial" y "Fondos de Vivienda" instituidos por el artículo 87 de la Ley Nº 13.640 de 26 de diciembre de 1967 y Decreto 507/987 de 8 de setiembre de 1987, respectivamente, constituyen Fondos de Terceros.

ARTICULO 42.- Las administraciones de los fondos de terceros referidos en los artículos anteriores presentarán anualmente a su Ministerio correspondiente un informe de auditoría.

ARTICULO 43.- Los gastos que se atienden con los fondos de libre disponibilidad se financiarán con cargo a los créditos presupuestales aprobados, siempre y cuando exista disponibilidad en las respectivas cuentas corrientes.

El Poder Ejecutivo podrá, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto-Ley N° 14.754, de 5 de enero de 1978, en la redacción dada por el artículo 56 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996 y el artículo 51 de la presente ley, reforzar los créditos presupuestales de gastos de funcionamiento e inversión y retribuciones personales que se atienden con cargo a estos fondos, si correspondiere. Previamente, se acreditará su necesidad y conveniencia, teniendo en cuenta la disponibilidad del Tesoro Nacional y de acuerdo con lo que disponga la reglamentación.

Cuando por razones de política de administración de recursos disminuya la recaudación, y en consecuencia, no se pueda atender los gastos con cargo a estos fondos, el Poder Ejecutivo podrá autorizar su pago con cargo a Rentas Generales.

ARTICULO 44.- La Tesorería General de la Nación realizará los pagos de las obligaciones contraídas con cargo a dichos fondos, en forma irrevocable, dentro de los cinco días hábiles desde que la obligación esté en condiciones de ser pagada.

ARTICULO 45.- Derógase el artículo 48 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, sustituido por el artículo 46 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 71 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 46.- Derógase el artículo 63 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 24 de la Ley Nº 17.213, de 24 de setiembre de 1999, así como todas las normas que se opongan al presente régimen.

CAPITULO III
INVERSIONES

ARTICULO 47.- Derógase el artículo 86 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 (artículo 11 del Texto Ordenado de Inversiones (TOI).

ARTICULO 48.- Sustitúyese el artículo 78 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

«ARTICULO 78. Se considera inversión pública a los efectos presupuestales, la aplicación de recursos en todo tipo de bienes y de actividades que incremente el patrimonio físico, y extraordinariamente el patrimonio humano de los organismos que integran el Presupuesto Nacional, con el fin de ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios. Incluye asimismo los pagos sin contraprestación cuyo objeto es que los perceptores adquieran activos de capital. Esta definición comprende los gastos de estudios previos de los proyectos a ser ejecutados».

ARTICULO 49.- Derógase el artículo 611 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

ARTICULO 50.- Derógase el artículo 59 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

ARTICULO 51.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 29 del Decreto-Ley Nº 14.754, de 5 de enero de 1978, en la redacción dada por el artículo 52 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y por el artículo 56 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por los siguientes:

«El 25% (veinticinco por ciento) de esta partida podrá ser destinado a reforzar créditos asignados a proyectos de inversión.

Los refuerzos y habilitaciones que se autorizan por esta disposición, se efectuarán siempre con acuerdo del Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe de la Contaduría General de la Nación y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en lo relativo a proyectos de inversión».

ARTICULO 52.- Sustitúyese el artículo 95 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

«ARTICULO 95. Los Incisos que cuenten con proyectos de inversión financiados con endeudamiento externo, deberán registrar las imputaciones correspondientes a los montos ejecutados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 546 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 14 de la Ley Nº 17.213, de 24 de setiembre de 1999 (artículo 88 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF)».

ARTICULO 53.- Derógase el artículo 87 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

ARTICULO 54.- Sustitúyese el artículo 94 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

«ARTICULO 94. Cuando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ejecute proyectos de otros Incisos, ya sea por administración o por contrato, deberá proporcionar la información que conjuntamente determinen la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto».

ARTICULO 55.- El Poder Ejecutivo remitirá anualmente a la Asamblea General en ocasión de presentar la Rendición de Cuentas correspondiente, información detallada acerca de los montos y el número de contrataciones personales y consultorías imputadas al Rubro Inversiones, discriminadas por Programas y por Incisos, realizadas con cargo a toda fuente de financiamiento.

SECCION IV
INCISOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

INCISO 02
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ARTICULO 56.- Los funcionarios del Programa 001 «Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno», Unidad Ejecutora 001 «Presidencia de la República y Oficinas Dependientes» del Inciso 02 «Presidencia de la República», que pasen a prestar funciones en comisión al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, dejarán de percibir la compensación prevista por el artículo 80 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 57- Asígnase a la Unidad Ejecutora 001 «Presidencia de la República y Oficinas Dependientes» del Programa 001 «Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno», del Inciso 02 «Presidencia de la República», una partida anual de $ 1:162.000 (pesos uruguayos un millón ciento sesenta y dos mil), para atender gastos de funcionamiento de la Secretaría Nacional de Drogas.

La Presidencia de la República comunicará a la Contaduría General de la Nación la desagregación de la referida partida en grupos y objetos del gasto.

ARTICULO 58.- Créase en el Programa 001 «Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno», Unidad Ejecutora 001 «Presidencia de la República y Oficinas Dependientes» el cargo de Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas, el que se declara de particular confianza y queda comprendido en el literal D) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

ARTICULO 59.- Los funcionarios del Programa 002 «Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público» del Inciso 02 «Presidencia de la República», que pasen a prestar funciones en comisión de asistencia directa a los Ministros de Estado, al amparo de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, dejarán de percibir la compensación prevista por el artículo 97 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 60.- Suprímese del artículo 6º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, la referencia al cargo de Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

ARTICULO 61.- Todos los organismos del Estado -Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales- están obligados a remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil, con destino al Registro creado por el literal D) del artículo 4º de la Ley Nº 15.757, de 15 de julio de 1985, la información que ésta solicite a los efectos registrales.

Dicha información deberá ser proporcionada en un plazo máximo de treinta días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

Facúltase a la Oficina Nacional del Servicio Civil a publicar en el Diario Oficial la nómina de los organismos que no cumplan con lo dispuesto precedentemente.

ARTICULO 62.- La Oficina Nacional del Servicio Civil proyectará el «Modelo Legajo Personal Electrónico», el que una vez aprobado por el Poder Ejecutivo, deberá ser adoptado por la Administración Central, Poder Judicial, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, con excepción de los comprendidos en el Capítulo II de la Sección XI de la Constitución de la República. Asimismo, el Poder Legislativo adoptará el referido modelo.

El modelo proyectado deberá tener en cuenta los desarrollos electrónicos ya realizados en la materia y puestos en funcionamiento por algunos de los órganos u organismos involucrados, procurando su compatibilización con los mismos.

ARTICULO 63.- El personal eventual requerido para las funciones de apoyo a los proyectos de funcionamiento «Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares» y «Primera etapa del VIII Censo General, IV de Hogares y VI de Viviendas» que llevará a cabo el Instituto Nacional de Estadística será designado de acuerdo a lo establecido por el artículo 127 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. Quienes sean llamados a desempeñar dichas funciones no adquirirán la calidad de funcionarios públicos.

La citada unidad ejecutora, al amparo del mencionado artículo, podrá además contratar personal eventual para ejecutar las tareas de relevamiento y procesamiento de las distintas encuestas que realiza. Quienes desempeñen las funciones de encuestador percibirán sus retribuciones por encuesta, a cuyos efectos el Poder Ejecutivo fijará los valores de cada una de ellas, en función de la complejidad del respectivo formulario, el grado de dificultad previsto para la concreción de cada entrevista y la duración de la misma.

ARTICULO 64.- Encárgase al Instituto Nacional de Estadística el relevamiento y procesamiento del Indice de Precios al por Mayor de Productos Nacionales, que actualmente elabora el Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 65.- Toda iniciativa en materia de regulaciones y restricciones administrativas que afecten la competencia entre particulares o la competitividad, así como en materia de tasas a ser percibidas por las unidades ejecutoras de la Administración Central por concepto de trámites, servicios o similares requerirá informe previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto actuará de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 699 a 702 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 66.- Créase en el Inciso 02 «Presidencia de la República» y en el ámbito del Programa 002, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Programa de Inversión Social (PRIS), que tendrá como cometido la coordinación de proyectos referidos a políticas sociales y que sean financiados por organismos multilaterales.

La oficina tendrá un Director contratado en el marco de lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Anualmente, el PRIS dará cuenta a la Asamblea General acerca del proceso de ejecución de los proyectos mencionados.

ARTICULO 67.- La suscripción de Convenios de Participación entre el Organismo Ejecutor del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) y las Intendencias Municipales, requerirán la autorización previa de la Junta Departamental respectiva otorgada por mayoría absoluta de votos del total de sus integrantes.

La autorización otorgada por la Junta Departamental, habilitará a la Intendencia Municipal respectiva a aprobar todo proyecto de fraccionamiento de predios y regularización de asentamientos, presentado en el marco del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares y elaborado conforme a los requisitos del mismo.

ARTICULO 68.- Los proyectos a incluir en los Convenios de Participación, serán presentados ante la Intendencia Municipal, la que dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para efectuar el control del cumplimiento de los requisitos exigidos por el PIAI para el fraccionamiento de los predios y los permisos de construcción, emitir las aprobaciones y habilitaciones correspondientes o formular observaciones.

Si existiesen observaciones, una vez levantadas las mismas, la Intendencia Municipal dispondrá de un plazo no superior a 30 días hábiles, para aprobar el proyecto de fraccionamiento y de regularización del asentamiento. Si el Ejecutivo comunal en el plazo indicado no se hubiera pronunciado, el proyecto presentado se tendrá por aprobado.

ARTICULO 69.- El Poder Ejecutivo previa asignación legal correspondiente, propondrá al Poder Legislativo la tabla de sueldos de los funcionarios del Inciso 02 "Presidencia de la República" la que no estará comprendida en lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y sus modificativas y en el artículo 105 de la llamada Ley Especial N° 7, de 23 de diciembre de 1983. Las precitadas remuneraciones se ajustarán en la misma oportunidad y porcentaje que los sueldos de los demás funcionarios de la Administración Central.

Hasta que entre en vigencia la precitada tabla de sueldos los mismos continuarán rigiéndose por la tabla de sueldos establecida en el artículo 26 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, sus modificativas y demás normas aplicables a los funcionarios de la Administración Central.

ARTICULO 70.- El Presidente del Comité Nacional de Calidad tendrá la calidad de ordenador secundario de los gastos correspondientes a la asignación presupuestal.

ARTICULO 71.- Facúltase al Comité Nacional de Calidad de la Presidencia de la República a celebrar convenios con instituciones públicas o privadas para la consecución de sus objetivos o la prestación de servicios específicos acordes a dichos objetivos.

El Comité podrá reconocer y certificar los niveles de avance en los procesos de mejora continua, y hacer efectivo el cobro de los gastos que se generen por dicha actividad.

Asimismo, se autoriza a dicho Comité a impartir cursos en forma onerosa, a efectuar la venta de los Modelos de Mejora Continua que edite, los libros que produzca y cualesquiera otros materiales que publique.

Los fondos que perciba el Comité Nacional de Calidad quedan incluidos en lo dispuesto por el artículo 595 de la Ley N° 15.903 de 10 de noviembre de 1987, los que serán destinados en su totalidad a la difusión del concepto de calidad como herramienta esencial en la producción de bienes y prestación de servicios, así como a la afirmación de la competitividad y la productividad como base para la integración regional.

UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES

ARTICULO 72.- Créase como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).

ARTICULO 73.- Quedan comprendidas en las disposiciones de la presente ley, las siguientes actividades:

a) Las referidas a telecomunicaciones entendidas como toda transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos; y

b) Las referidas a la admisión, procesamiento, transporte y distribución de correspondencia realizada por operadores postales.

ARTICULO 74.- Las actividades comprendidas en el artículo anterior, se cumplirán de conformidad con los siguientes objetivos:

a. la extensión y universalización del acceso a los servicios que ellas implican;

b. el fomento del nivel óptimo de inversión, para la prestación de los servicios en las condiciones que fije la regulación sectorial;

c. la adecuada protección de los derechos de los usuarios y consumidores;

d. la promoción de la libre competencia en la prestación, sin perjuicio de los monopolios y exclusividades legalmente dispuestos;

e. la prestación igualitaria, con regularidad, continuidad y calidad de los servicios;

f. la libre elección por los usuarios entre los diversos prestadores, en base a información clara y veraz; y

g. la aplicación de tarifas que reflejan los costos económicos, en cuanto correspondiere.

ARTICULO 75.- Compete a esta Unidad la regulación y el control de las actividades referidas a las Telecomunicaciones, entendidas como toda transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos y, asimismo, las referidas a la admisión procesamiento transporte y distribución de correspondencia realizada por operadores postales.

ARTICULO 76.- La URSEC funcionará operativamente en el ámbito de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto - literal O de las Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución - y actuará con autonomía técnica.

Podrá comunicarse directamente con los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás órganos del Estado.

ARTICULO 77.- La URSEC estará dirigida por una Comisión integrada por tres miembros designados por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño.

Durarán seis años en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser designados nuevamente, por igual período.

El presidente de la URSEC tendrá a su cargo la representación del órgano.

ARTICULO 78.- Los integrantes de la Comisión podrán ser destituidos por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros en los casos de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de Actos que afecten su buen nombre o el prestigio del Organo.

ARTICULO 79.- Los integrantes de la Comisión no podrán desempeñar actividades profesionales o de representación en el ámbito público o privado vinculadas a la competencia del órgano, con excepción de la actividad docente.

Cuando al momento de su designación ocuparan otros cargos públicos, quedarán suspendidos en los mismos a partir de su aceptación y por todo el tiempo que actúen como integrantes de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976, con las modificaciones introducidas por el artículo 43 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Estarán comprendidos en la obligación establecida en el artículo 10 y concordantes de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

ARTICULO 80.- No podrán tener vinculación profesional -ya directa o indirecta- con Directores, síndicos o personal gerencial de primera línea de operadores alcanzados por la competencia del órgano.

ARTICULO 81.- Los integrantes de la Comisión no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período de gobierno desde su cese.

ARTICULO 82.- La Comisión tendrá la calidad de ordenador secundario de gastos y pagos.

ARTICULO 83.- La URSEC ajustará su actuación a los principios generales y reglas de procedimiento administrativo vigentes para la Administración Central.

ARTICULO 84.- Sus actos administrativos podrán ser recurridos de conformidad con lo que disponen los artículos 317 y concordantes de la Constitución y artículo 4° y concordantes de la Ley Nº 15.869, de 22 de junio de 1987.

ARTICULO 85.- La Comisión de la URSEC podrá delegar atribuciones en sus subordinados por unanimidad de sus miembros, pudiendo avocar por mayoría simple los asuntos que fueran objeto de delegación.

ARTICULO 86.- El personal de la URSEC se integrará con:

a. La totalidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de Comunicaciones, con excepción de aquellos que el Poder Ejecutivo estime necesario asignarlos a otras áreas.

b. Con personal de ANTEL y de la Administración Nacional de Correos, que dichos Organismos y la Unidad Reguladora acuerden. En su defecto, resolverá el Poder Ejecutivo.

c. El personal de otras reparticiones públicas que resulte redistribuido.

d. El personal técnico que el Poder Ejecutivo contrate en atención al requerimiento de la Unidad Reguladora, previo concurso sobre las bases que establezca la misma, la que tendrá a su cargo la selección correspondiente. En dichas bases podrán establecerse preferencias a favor de los funcionarios provenientes de las administraciones cuyos cometidos son atribuidos a ella por la presente ley.

ARTICULO 87.- El funcionamiento de la URSEC se ajustará a lo que disponga el reglamento que ella dicte, el cual contendrá como mínimo el régimen de convocatoria, deliberación, votación y adopción de resoluciones.

ARTICULO 88.- En materia de servicios de telecomunicaciones, la URSEC tendrá los siguientes cometidos y poderes jurídicos:

a. asesorar al Poder Ejecutivo en materia de formulación, instrumentación y aplicación de la política de comunicaciones;

b. velar por el cumplimiento de las normas sectoriales específicas;

c. administrar, defender y controlar el espectro radioeléctrico nacional;

d. otorgar:

1. Autorizaciones precarias para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico nacional, así como para la instalación y operación de estaciones radioeléctricas excepto emisoras de radiodifusión.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando previa autorización genérica del Poder Ejecutivo y conforme al reglamento que dictará el mismo, se asigne el uso de frecuencias por la modalidad de subasta u otro procedimiento competitivo, podrá establecer en el llamado a interesados cuál será el plazo de la autorización y sus garantías de funcionamiento y sobre dichas bases autorizará el uso de las frecuencias.

3. Los servicios autorizados en el literal d) 1. estarán sometidos al contralor del autorizante, en todos los aspectos de su instalación y funcionamiento.

e. controlar la instalación y funcionamiento, así como la calidad, regularidad y alcance de todos los servicios de telecomunicaciones, sean prestados por operadores públicos o privados;

f. formular normas para el control técnico y manejo adecuado de las telecomunicaciones, así como controlar su implementación;

g. fijar reglas y patrones industriales que aseguren la compatibilidad, interconexión e interoperabilidad de las redes, incluida la red pública, así como el correcto y seguro funcionamiento de los equipos que se conecten a ellas, controlando su aplicación;

h. presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación, un proyecto de reglamento y un pliego único de bases y condiciones para la selección de las entidades autorizadas al uso de frecuencias radioeléctricas conforme lo establecido en el numeral 3 del literal d) del presente artículo;

i. ejercer la supervisión técnica y operativa de las emisiones de radiodifusión y de televisión cualesquiera fuere su modalidad;

j. mantener relaciones internacionales con los Organismos de comunicaciones en cuanto a sus funciones específicas y proponer al Poder Ejecutivo la realización o asistencia a reuniones a dichos Organismos, así como los delegados;

k. hacer cumplir la presente ley, sus reglamentaciones, disposiciones emanadas de ella misma, y actos jurídicos habilitantes de la prestación de servicios comprendidos dentro de su competencia;

l. asesorar al Poder Ejecutivo respecto a los requisitos que deberán cumplir quienes realicen actividades comprendidas dentro de su competencia;

m. dictaminar preceptivamente en los procedimientos de concesión y autorización para prestar servicios comprendidos dentro de su competencia, los que deberán basarse en los principios generales de publicidad, igualdad y concurrencia;

n. preparar y presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación, un pliego único de bases y condiciones para el dictado de los actos jurídicos habilitantes de la prestación de servicios comprendidos dentro de su competencia, al que deberán ajustarse los pliegos particulares que la Administración competente confeccione en cada caso;

ñ. emitir normas generales e instrucciones particulares que aseguren el funcionamiento de los servicios comprendidos en su competencia con arreglo a lo establecido por las políticas sectoriales y los objetivos enunciados en el artículo 73 de la presente ley;

o. dictar normas técnicas con relación a dichos servicios;

p . controlar el cumplimiento por parte de los operadores públicos y privados, prestadores de servicios comprendidos dentro de su competencia, de las normas jurídicas y técnicas aplicables, pudiendo requerirles todo tipo de información;

q . recibir, instruir y resolver las denuncias y reclamos de los usuarios y consumidores respecto a los servicios comprendidos dentro de su competencia que no hayan sido atendidos por los prestadores;

r. proteger los derechos de usuarios y consumidores, pudiendo ejercer las atribuciones conferidas a las autoridades administrativas por la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000;

s. en aplicación de los criterios legalmente establecidos, determinar técnicamente las tarifas y precios sujetos a regulación de los servicios comprendidos dentro de su competencia, elevándolos al Poder Ejecutivo para su consideración y aprobación. La tarifa de interconexión deberá establecerse de común acuerdo entre las partes, y si no existe acuerdo lo resolverá la Unidad Reguladora.

t. aplicar las sanciones previstas en los literales a) a d) del artículo 91 - en este último caso, cuando se trate de una sanción exclusiva - y dictaminar preceptivamente ante el Poder Ejecutivo para la adopción de las restantes;

u. promover la solución arbitral de las diferencias que se susciten entre agentes del mercado;

v. convocar a audiencia pública cuando lo estime necesario, previa notificación a todas las partes interesadas, en los casos de procedimientos iniciados de oficio o a instancia de parte, relacionados con incumplimientos de los marcos regulatorios respectivos;

w. asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en materia de convenios internacionales u otros aspectos comprendidos en su competencia o conexos con ella; y

x. cumplir toda otra tarea que le sea cometida por la ley o por el Poder Ejecutivo

ARTICULO 89.- Se incorpora al patrimonio de la URSEC, los bienes inmuebles, muebles y demás derechos afectados a la actual Dirección Nacional de Comunicaciones. La URSEC tomará a su cargo todas las deudas y obligaciones contraidas por dicho Organismo, así como sus servicios, recibiendo los fondos o recursos afectados a los mismos.

ARTICULO 90.- Hasta tanto no se sancione el primer presupuesto de la URSEC, se faculta a la Contaduría General de la Nación a transferirle los créditos presupuestales que fueron sancionados para la Dirección Nacional de Comunicaciones, así como los que se consideren necesarios, dando cuenta a la Asamblea General y al Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 91.- La comisión de infracciones dará lugar a la aplicación de las sanciones que se enumeran a continuación, las cuales se graduarán según su gravedad y considerando la existencia o no de reincidencia:

a. observación;

b. apercibimiento;

c. las establecidas en los actos jurídicos habilitantes de la prestación de la actividad;

d. decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción o de los bienes detectados en infracción, sanción que podrá ser aplicada en forma exclusiva o accesoria a las demás previstas;

e. multa;

f. suspensión de hasta noventa días en la prestación de la actividad;

g. revocación de la autorización o concesión.

La aplicación de multas estará basada en el perjuicio económico que le ocasiona a los usuarios recibir prestaciones en condiciones no satisfactorias. La cuantía de las mismas no podrá superar el cien por ciento del perjuicio económico producido y su monto total se repartirá entre los usuarios afectados, sin perjuicio de las acciones que éstos pudieren promover directamente para el resarcimiento de otros daños y perjuicios padecidos. Cuando no sea posible determinar los usuarios afectados o no los haya, el monto máximo de la multa será de 50.000 Unidades Reajustables, excepto para los servicios de radiodifusión (AM, FM, TV abierta), manteniéndose el régimen actualmente vigente.

En todos los casos, la aplicación de sanciones se realizará con ajuste a los principios del debido procedimiento y de la razonable adecuación de la sanción a la infracción.

Las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias de acuerdo a lo previsto en la presente ley,
constituyen título ejecutivo a todos sus efectos.

ARTICULO 92.- En materia de servicios postales, la URSEC tendrá los siguientes cometidos y poderes jurídicos:

a. velar por el cumplimiento de las normas sectoriales específicas;

b. establecer normas regulatorias de los servicios postales, en conformidad con las normas legales y con los convenios y acuerdos internacionales que refieren a ellos;

c. autorizar la prestación de servicios postales a terceros, establecer los requisitos necesarios para dichas autorizaciones, controlando su cumplimiento; y

d. llevar el registro de empresas autorizadas a prestar servicios postales, en el que deberán inscribirse también los permisarios habilitados, en las condiciones que se determinen.

ARTICULO 93.- Para el cumplimiento de sus cometidos, la URSEC dispondrá, de los siguientes recursos:

a. las tasas y precios que perciba de los operadores públicos o privados que desarrollen actividades comprendidas en su competencia;

b. el producido de las multas que aplique;

c. las asignaciones que le sean atribuidas por disposiciones presupuestales;

d. los legados y las donaciones que se efectúen a su favor;

e. todo otro que le sea asignado o que resulte de su gestión

ARTICULO 94.- Sin perjuicio de lo establecido en esta ley, los organismos continuarán actuando y efectuando la regulación y el control de las actividades comprendidas, hasta tanto la Unidad Reguladora creada por la presente ley asuma su desempeño, debiendo ajustarse a la instrucciones que éstas les impartan.

ARTICULO 95.- La URSEC ejercerá todos los cometidos que las distintas leyes, decretos y resoluciones establecieron de cargo de la Dirección Nacional de Comunicaciones, pudiendo ejercer todas las facultades determinadas en los mismos, por lo que toda remisión efectuada en dicha normativa a la Dirección Nacional de Comunicaciones deberá entenderse efectuada a la URSEC.

ARTICULO 96.- En materia de telecomunicaciones, compete directamente al Poder Ejecutivo:

a. aprobar convenios con entidades extranjeras relativos al establecimiento de telecomunicaciones;

b. autorizar el funcionamiento de estaciones de radiodifusión (AM, FM y TV abierta);

c. autorizar genéricamente la asignación de frecuencias por parte de la URSEC para servicios diferentes a los del literal b) por la modalidad de subasta u otro procedimiento competitivo que determinará el reglamento que aprobará el Poder Ejecutivo;

d. habilitar genéricamente la prestación de determinados servicios de telecomunicaciones por particulares, estableciendo que no se requerirá autorización para brindarlos, sin perjuicio de la concesión de frecuencias u otros bienes escasos que pudieran requerirse; y

e. fijar los precios que deberán abonar los concesionarios por la utilización o aprovechamiento de frecuencias radioeléctricas y demás bienes escasos necesarios para las telecomunicaciones, quedando exceptuados las estaciones de radiodifusión (AM, FM, TV abierta), manteniéndose para los mismos el régimen actualmente vigente;

f. imponer las sanciones previstas en el literal d) cuando sea accesoria así como las previstas en los literales e) a g) del artículo 91.

ARTICULO 97.- Sustitúyense los literales C) y D) del artículo 5º de la Carta Orgánica de la
Administración Nacional de Correos aprobada por el artículo 747 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 por los siguientes:

"C) Fijar las tarifas de sus servicios postales,

D) Aplicar las tasas establecidas en los convenios y acuerdos internacionales para sus servicios postales internacionales".

ARTICULO 98.- Sustitúyese el literal A) del artículo 11 de la Carta Orgánica de la Administración Nacional de Correos aprobada por el artículo 747 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 por el siguiente:

"A) Los que por concepto de tarifas o precios, tasas, sobretasas, comisiones u otros conceptos perciba de sus usuarios".

ARTICULO 99.- Deróganse las disposiciones que en materia de telecomunicaciones y comunicaciones postales se opongan directa o indirectamente a la presente ley.

ARTICULO 100.- La Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica (UREE) creada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.832 de 17 de junio de 1997, funcionará en el ámbito de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto y dispondrá para el cumplimiento de sus cometidos, de idénticos recursos y potestad sancionatoria que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC). Podrá comunicarse directamente con los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás órganos del Estado.

ARTICULO 101.- Suprímese los créditos asignados a la Unidad Reguladora de Servicios Públicos (URSIP), que figuran en planillados anexos por un total anual de $ 34:333.000 (pesos uruguayos treinta y cuatro millones trescientos treinta y tres mil), y asígnase una partida anual de $ 15:288.000 (pesos uruguayos quince millones doscientos ochenta y ocho mil) con destino al Inciso 02 Presidencia de la República, Programa 002 "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público" con destino a la Unidad Ejecutora 006 Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica (UREE).

INCISO 03
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ARTICULO 102.- Agrégase el siguiente literal al artículo 76 de la Ley N° 14.157, de 21 de febrero de 1974:

«d) El monto máximo a gastar será determinado por el Poder Ejecutivo en acuerdo con los Ministerios de Defensa Nacional y de Economía y Finanzas. Hasta tanto el Poder Ejecutivo determine dicho monto, no podrá superarse la asignación presupuestal del objeto 047.001 a la fecha de vigencia de la presente ley".

ARTICULO 103.- Autorízase al Inciso 03 «Ministerio de Defensa Nacional» a enajenar aquellos inmuebles de propiedad del Estado (Ministerio de Defensa Nacional) que tengan carácter de «bienes bélicos» y sean considerados prescindibles para el cumplimiento de sus cometidos sustantivos.

A tal efecto, será de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 343 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970.

Del producido de las operaciones realizadas en aplicación del presente artículo, el 80% (ochenta por ciento) será destinado al programa respectivo de gastos de inversión y el resto distribuido en partes iguales a la Administración Nacional de Educación Pública y al Ministerio de Salud Pública.

ARTICULO 104.- El no pago en fecha de los tributos cuya recaudación se encuentra a cargo de la Prefectura Nacional Naval dará lugar a la aplicación de las multas y recargos previstos en el inciso segundo del artículo 94 del Decreto-Ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974 (Código Tributario), en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.869, de 25 de setiembre de 1997.

La resolución firme que en tal sentido dicte la Prefectura Nacional Naval, constituirá título ejecutivo, siendo aplicable lo dispuesto por los artículos 91 y 92 del Código Tributario.

La falta de pago en fecha de los precios por servicios a cargo de la Prefectura Nacional Naval, dará lugar a un recargo que será el mismo que el Poder Ejecutivo fije por el no pago de las obligaciones tributarias, constituyendo título ejecutivo el acto administrativo por el cual la Prefectura Nacional Naval liquide los adeudos, siendo aplicable el procedimiento previsto por los artículos 353 y siguientes del Código General del Proceso".

ARTICULO 105.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, en la redacción dada por el artículo 108 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«ARTICULO 21. Autorízase al Inciso 03 `Ministerio de Defensa Nacional', Unidad Ejecutora 018 `Comando General de la Armada', a constituir un fondo con los recursos de afectación especial del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento (SCRA) equivalente a setecientos cincuenta jornales mensuales, de Grado 01, subgrupo II.

Dicho fondo será destinado al pago de la contratación del personal civil eventual que cumpla tareas en el SCRA. Este personal no generará derecho de permanencia.

El Ministerio de Defensa Nacional podrá celebrar convenios de pasantía (Ley Nº 17.230, de 24 de enero de 2000) con instituciones de enseñanza técnica de nivel medio, tanto públicas como privadas, a efectos de cubrir requerimientos de personal para desempeñar funciones en el SCRA. Esta contratación se realizará con cargo al fondo establecido en el inciso primero del presente artículo».

ARTICULO 106.- Cuando existan vacantes en la Unidad Ejecutora 033 «Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas», del Inciso 03 «Ministerio de Defensa Nacional», la designación de personal civil equiparado a un grado militar, deberá efectuarse dentro de los ciento ochenta días de finalizado el respectivo concurso o en su caso, de la respectiva propuesta de designación resultante del concurso efectuada por la citada Unidad Ejecutora, a cuyos efectos la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación instrumentarán los mecanismos correspondientes para su cumplimiento.

Transcurrido dicho término, sin haberse efectuado la designación, la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas quedará facultada para contratar en forma directa y sin más trámite, hasta la provisión del cargo correspondiente, con un máximo de tres años, a aquellas personas propuestas para el mismo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

A) Que exista una partida presupuestal identificada por la unidad ejecutora en su escalafón, grado y número correlativo cuya economía financie tal contratación.

B) Sólo podrá contratarse a aquellos que hubieran sido propuestos para el cargo respectivo.

C) La retribución se pagará con cargo al renglón específico que abrirá la Contaduría General de la Nación y se financiará con la economía producida por la vacante.

D) La contratación sólo podrá efectuarse con el nivel máximo de retribución del cargo vacante y hasta el plazo de tres años. Dicho personal, se regirá en materia de aguinaldo, licencia, cargas legales al sistema previsional y régimen disciplinario, por la normativa vigente aplicable al Personal Civil Equiparado del Ministerio de Defensa Nacional.

E) La Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas podrá, por motivos fundados, declarar finalizado el contrato antes de dicho término.

ARTICULO 107.- Sustitúyese el artículo 92 del Decreto-Ley Nº 14.747, de 28 de diciembre de 1977, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.595, de 19 de julio de 1984, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 92.- Los Jefes y Oficiales Subalternos del Cuerpo Aéreo que pierdan las aptitudes para el vuelo, pasarán a integrar los Cuerpos y Escalafones de la Fuerza en la siguiente forma:

A) Los Jefes y Oficiales Subalternos del Escalafón "A" que han perdido sus aptitudes para el vuelo en dicho Escalafón, pero las mantienen para integrar tripulaciones aéreas, serán encuadrados en el Escalafón "B" ubicándose dentro de éste, en su última posición.

B) En todos los demás casos los Jefes y Oficiales Subalternos pasarán al Escalafón "C" del Cuerpo de Seguridad Terrestre, ubicándose dentro de éste en su última posición".

ARTICULO 108.- Fusiónanse las Unidades Ejecutoras 030 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", 031 "Dirección General de Aviación Civil" y 032 "Dirección General de Infraestructura Aeronáutica" en la Unidad Ejecutora 041 del Programa 005 "Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario" del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional".

Los cometidos, potestades y atribuciones de la Unidad Ejecutora 041 serán los asignados por las disposiciones vigentes a las unidades ejecutoras fusionadas, debiendo en un plazo de 90 (noventa) días de la vigencia de la presente ley, definir su estructura organizativa interna de acuerdo con la normativa vigente.

La asignación de bienes, créditos, ingresos y obligaciones que las disposiciones vigentes prevén respecto de las citadas Direcciones Generales se transfieren de pleno derecho a la Unidad Ejecutora que se crea, a partir de la vigencia de la presente ley.

Las retribuciones de los funcionarios de las Unidades Ejecutoras 031 "Dirección General de Aviación Civil" y 032 "Dirección General de Infraestructura Aeronáutica" se financiarán con cargo a Rentas Generales. A sus retribuciones básicas se les adicionará una compensación mensual que se calculará de la siguiente forma: las compensaciones de monto fijo se incorporarán por el importe percibido a la fecha de la fusión por cada uno de los funcionarios y aquellas de monto variable como un importe calculado en función del promedio de lo recibido por cada funcionario entre el 1º de julio de 1999 y 30 de junio de 2000.

En un plazo de 90 (noventa) días a partir de la vigencia de la presente ley, la Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes en la Unidad Ejecutora.

La aplicación de lo dispuesto en este artículo no podrá causar lesión de derechos funcionales, ni afectar los derechos, deberes y garantías de los funcionarios; en particular, ni podrá significar variación de las retribuciones que percibían los funcionarios antes de la fusión.

Deróganse los artículos 511 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, y 35 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, así como todas las disposiciones legales o reglamentarias modificativas y concordantes.

Todos los recursos desafectados por esta norma, se destinarán a Rentas Generales.

ARTICULO 109.- Exclúyense a las aeronaves comerciales de bandera nacional de las exoneraciones previstas en el inciso final del artículo 29 de la Ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964 y de toda otra exoneración respecto a las tasas y aranceles que percibe la Dirección General de Aviación Civil.

ARTICULO 110.- Deróganse los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley Nº 13.737, de 9 de enero de 1969.

ARTICULO 111.- Transfórmase en el Programa 003 «Armada Nacional» un cargo de Capitán de Navío del Cuerpo Auxiliar en un cargo de Alférez de Navío y un cargo de Guardia Marina del citado cuerpo.

ARTICULO 112.- Facúltase a la Prefectura Nacional Naval a demorar los buques que cometan infracciones hasta tanto regularicen su situación a través del pago de la multa correspondiente, en caso de ser aplicada, o en su defecto, hasta que otorguen garantía suficiente a juicio de la nombrada Prefectura Nacional Naval.

ARTICULO 113.- La competencia de la Dirección Nacional de Meteorología comprende el suministro de los servicios meteorológicos en el territorio de la República, sus aguas y espacio aéreo jurisdiccionales y los servicios internacionales que correspondan al país de acuerdo con convenios internacionales. La información producida por dicha Dirección Nacional tiene carácter oficial.

ARTICULO 114.- Los funcionarios que prestan servicios en la Dirección Nacional de Meteorología no podrán desempeñar funciones en otras instituciones públicas o privadas, cualquiera sea su forma jurídica, ni realizar actividad a título personal, en el área de la meteorología y afines, salvo el ejercicio de la docencia o aquellas que deban realizarse dentro del marco de un convenio del que sea parte la Dirección Nacional de Meteorología.

ARTICULO 115.- Todos los medios de difusión e información oral, televisiva o escrita, información telefónica, electrónica o cualquier otro medio de difusión masiva, que emitan información meteorológica dentro del territorio de la República, deberán señalar la fuente de dicha información.

ARTICULO 116.- Establécese que las designaciones a que se refiere el artículo 1° de la Ley N° 16.127, de 7 de agosto de 1990, en la redacción dada por el artículo 30 de la Ley N° 16.697, de 25 de abril de 1995, relativas a la provisión de cargos civiles en el Inciso 03 «Ministerio de Defensa Nacional», podrán recaer en funcionarios públicos pertenecientes al Escalafón K (Personal Militar), que cuenten como mínimo con 3 años de antigüedad.

ARTICULO 117.- El personal superior del Escalafón K del Programa 001 "Administración Central", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Inteligencia del Estado", que haya accedido a la jerarquía de Capitán pasará a situación de retiro obligatorio al cumplir 8 años en el grado, sin perder los derechos que le hubieran correspondido por el literal a) del artículo 1º de la Ley Nº 16.629, de 28 de noviembre de 1994.

Será obligatorio el retiro por haber alcanzado el límite de edad de 65 años para la jerarquía de Capitán; 60 años para Teniente 1º; 58 años para Teniente 2º; y, 56 años para Alférez.

La edad de retiro obligatorio para quienes hayan ascendido con fecha 1º de febrero de 2000, será de 65 años cualesquiera sea su jerarquía.

ARTICULO 118.- A los Oficiales de la Armada en actividad que al 1° de febrero de 2001 computen con exceso los tiempos mínimos establecidos en sus diferentes grados, como consecuencia exclusiva de falta de vacantes, se les retrotraerán las fechas de ascenso, según el exceso de años pasados en cada grado, computándose su "Antigüedad en el Grado" en la jerarquía actual o en la siguiente, según corresponda.

Lo establecido en la presente disposición, no confiere derecho a diferencias de sueldos, compensaciones, ni otros conceptos, con anterioridad al 1° de febrero de 2001.

El procedimiento previsto en este artículo se aplicará por única vez.

ARTICULO 119.- Las operaciones de crédito realizadas por Cantinas Militares, tendrán preferencia en los descuentos sobre sueldos, jubilaciones, pensiones y retiros, respecto a cualquier otra Institución Pública o Privada, con excepción de los préstamos sociales otorgados por el Banco de la República Oriental del Uruguay, y descuentos por concepto de alquileres que efectúa la Contaduría General de la Nación.

ARTICULO 120.- Autorízase a las Unidades Ejecutoras del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" que no hayan realizado las acciones de Reforma del Estado previstas en la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, a reformular su estructura organizativa, procediendo a la racionalización de cargos, así como al reordenamiento, fusión, supresión o cambio de denominación o nivel de unidades organizativas previamente existentes, en tanto ello no genere costos para el Estado.

La nueva estructura organizativa será aprobada por el Poder Ejecutivo.

Las economías resultantes podrán aplicarse al destino previsto en el artículo 28 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996.

INCISO 04
MINISTERIO DEL INTERIOR

ARTICULO 121.- Créase el cargo de Director Nacional de Sanidad Policial que será ocupado por un
Oficial Superior del subescalafón Ejecutivo en situación de actividad.

Suprímese del artículo 95 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, la referencia al cargo de Director de Sanidad Policial.

ARTICULO 122.- Transfórmanse al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en el Programa 001 «Administración», Unidad Ejecutora 01 «Secretaría», los siguientes cargos presupuestales:

Un Subcomisario (PT) (Escribano) en un Inspector Mayor (PT) (Escribano)

Un Oficial Principal (PT) (Escribano) en un Inspector Mayor (PT) (Escribano)

Un Oficial Principal (PT) (Escribano) en un Inspector Mayor (PT) (Escribano)

Los cargos que se crean serán transformados al vacar en los cargos que eran anteriormente.

ARTICULO 123.- Transfórmase en el Inciso 04 Ministerio del Interior, Programa 001 «Administración», los siguientes cargos vacantes: un Sargento Primero (PA) (CC), un Sargento Primero (PE) (CC), un Cabo (PE) (CC) y un Agente de Primera (PE) (CC) en un Inspector General (PT) (CC) Contador Auditor.

ARTICULO 124.- Habilítase al Inciso 04, Ministerio del Interior, a transformar en cargos de policías técnicos (PT) aquellos cargos de policías administrativos (PA) y ejecutivos (PE) cuyos ocupantes adquieran o tengan un título universitario o técnico.

Quienes ocupen los cargos que se transforman por el mecanismo dispuesto por la presente norma deberán desempeñar funciones en las unidades a las que pertenecen.

A los efectos de las transformaciones habilitadas precedentemente deberán intervenir la Contaduría General de la Nación y la Oficina Nacional del Servicio Civil.

ARTICULO 125.- Los descuentos de terceros que realiza la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial sobre las prestaciones jubilatorias y pensionarias que sirve, no podrán superar el 80% (ochenta por ciento) de los haberes líquidos (nominal menos descuentos legales).

ARTICULO 126.- Inclúyese en el beneficio otorgado por la Ley Nº 12.487, de 2 de enero de 1958, a todos los Círculos Policiales del país.

ARTICULO 127.- Asígnase una partida anual de $ 23:240.000 (pesos uruguayos veintitrés millones doscientos cuarenta mil) destinada a la ejecución de vivienda del personal policial cuyo ingreso del núcleo familiar no supere las 30 UR (treinta unidades reajustables).

Esta partida estará condicionada a los respectivos convenios y especificada a programas determinados. La ejecución de dicho plan será coordinada por la Comisión Ejecutora de Vivienda Policial.

Los rubros a efectos de dichos financiamientos, serán aportados por el Fondo Nacional de Vivienda y deberán ser transferidos a partir de la firma de los respectivos convenios.

ARTICULO 128.- Suprímese en el Escalafón L, el subescalafón de Servicio (PS). A tales efectos, los cargos de ingreso al mismo serán transformados al vacar, en cargos de Agentes de 2da. del subescalafón Ejecutivo.

Los actuales integrantes de dicho subescalafón mantendrán, no obstante, su situación y todos los derechos inherentes al estado policial.

ARTICULO 129.- Suprímese el paréntesis presupuestal (PF), creado por el artículo 189 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, en la categoría de Personal Superior.

Sus componentes pasarán a integrar el subescalafón Ejecutivo de la Unidad Ejecutora donde actualmente prestan servicios. Los cargos vacantes serán redistribuidos a la Jefatura de Policía de Montevideo.

ARTICULO 130.- Establécese que los ciudadanos que ingresen o reingresen a los cargos presupuestales del Ministerio del Interior tendrán la calidad de contratados por el plazo de un año renovable hasta un máximo de cinco años, pudiendo durante dicho lapso ser desvinculados por razones fundadas de servicio, sin necesidad de sumario administrativo previo.

Exceptúase de dicho régimen a los Oficiales Subayudantes egresados de la Escuela Nacional de Policía.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

ARTICULO 131.- El Personal Subalterno que a la fecha de promulgación de la presente ley se encuentre prestando servicios en comisión en las distintas Unidades Ejecutoras del Inciso 04, quedará incorporado al presupuesto de la Unidad en la que cumple efectivamente funciones, previo otorgamiento de los ascensos que pudieran corresponder al 1° de febrero de 2001, si no manifestare dentro del plazo de noventa días a contar del siguiente a la publicación de la presente ley, su voluntad de reintegrarse a la Unidad en la cual revista presupuestalmente. El reintegro se producirá en forma inmediata a la manifestación de voluntad del funcionario, en tal sentido, quien opte por el reintegro a su Unidad Ejecutora de origen, no podrá volver a pasar en comisión a ninguna Unidad Ejecutora, salvo resolución expresa del Ministro del Interior. Exceptúase al personal asignado a tareas de asistencia directa al Ministro, Subsecretario, Director General de Secretaría y Director de la Policía Nacional.

Los funcionarios referidos en el inciso anterior que pertenezcan al subescalafón Ejecutivo y cumplan tareas administrativas pasarán al subescalafón Administrativo, transformándose sus cargos, si no optasen dentro del plazo establecido por reintegrarse a su Unidad de origen.

Dichos cargos al vacar serán transformados en los cargos que eran anteriormente, pertenecientes al subescalafón Ejecutivo.

A partir de la vigencia de la presente ley quedan prohibidos los pases en comisión de los funcionarios policiales del subescalafón Ejecutivo, en las distintas Unidades Ejecutoras del Inciso 04, para el cumplimiento de tareas administrativas.

ARTICULO 132.- Derógase el artículo 37 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, y en su lugar establécese que a efectos de la antigüedad calificada para el personal policial que establece el artículo 50 de la Ley Orgánica Policial, las sanciones y licencias médicas serán tenidas en cuenta en el grado que revista el funcionario durante su permanencia en el mismo.

Esta norma se aplicará a partir de la calificación del año 2001.

ARTICULO 133.- Sustitúyese el artículo 49 de la Ley Orgánica Policial, por el siguiente:

«ARTICULO 49. Los ascensos de todo el Personal Policial se acordarán con fecha 1° de febrero de cada año y se harán exclusivamente por antigüedad calificada, con las excepciones que se establecen en los incisos siguientes. Se entiende por antigüedad calificada el cómputo de los factores que se establecen en el artículo 50.

El Poder Ejecutivo reglamentará la evaluación de cada uno de los factores indicados. Las calificaciones serán anuales y se referirán al período comprendido entre el 1° de diciembre y el 30 de noviembre del año siguiente, debiendo quedar aprobadas en un plazo de sesenta días.

Podrán concederse ascensos por méritos dentro del Personal Subalterno, en la proporción de un cuarto, en relación a las vacantes existentes dentro del grado respectivo. No podrán otorgarse ascensos por méritos en forma sucesiva a un mismo funcionario si éste no hubiere ocupado la vacante presupuestal a la cual le da derecho el primer ascenso otorgado por tal motivo.

Los ascensos al grado de Inspector General se dispondrán de la siguiente forma: un primer tercio de las vacantes de cada subescalafón se llenará por concurso, un segundo tercio por antigüedad calificada, y el tercio restante por selección directa del Poder Ejecutivo entre aquellos Oficiales Superiores que cumplan con todos los requisitos para el ascenso. Lo dispuesto en este inciso se aplicará para los ascensos que se produzcan a partir del 1º de febrero de 1991".

ARTICULO 134.- Suprímese con fecha 1º de marzo de 2001, el Programa 003 «Adquisiciones y Suministros», Unidad Ejecutora 03 «Intendencia General de Policía».

Una vez producidas las promociones de los funcionarios que se encuentren en condiciones de ascender en el año 2001, el personal perteneciente a dicha Unidad, será redistribuido por el jerarca del Inciso en las restantes Unidades Ejecutoras de acuerdo a las necesidades del servicio. A partir de la vigencia de la presente ley el personal prestará funciones en la Unidad Ejecutora 01 «Secretaría del Ministerio del Interior».

El Ministerio del Interior determinará el destino del bien inmueble que ocupa el referido organismo, así como el de sus bienes muebles y de sus recursos presupuestales y financieros, pudiéndolos afectar a una o varias dependencias, conforme lo estime conveniente.

Facúltase al Ministerio del Interior a reasignar las materias de competencia de la Intendencia General de Policía una o más Ejecutoras del Inciso. En lo inmediato y hasta tanto no se dicte la norma pertinente, las mismas serán asumidas por la Unidad Ejecutora 01, Programa 001 «Administración».

ARTICULO 135.- Autorízase a la Dirección Nacional de Bomberos la contratación periódica anual, con cargo a Rentas Generales, de ciento cincuenta ciudadanos, por un plazo máximo de cuatro meses por año para atender circunstancias excepcionales que afecten la prestación del servicio, tales como los incendios forestales y la protección de puntos de interés turístico durante el verano, entre los meses de diciembre a marzo, inclusive. La jerarquía, funciones y remuneración de cada contratado, serán equivalentes a las de Bombero de 2da., subescalafón Ejecutivo.

ARTICULO 136.- Asígnase al Programa 001 «Administración» una partida anual durante los ejercicios 2001 a 2004 de $ 17:974.000 (pesos uruguayos diecisiete millones novecientos setenta y cuatro mil) a efectos de atender las erogaciones resultantes de la adquisición de armamento con destino al personal policial.

ARTICULO 137.- Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 7° del Decreto-Ley N° 14.762, de 13 de noviembre de 1978, en la redacción dada por el artículo 78 de la Ley N° 17.243, de 29 de junio de 2000, el que quedará redactado de la siguiente forma:

«Declárese obligatoria la obtención de la Cédula de Identidad, para toda persona mayor de cuarenta y cinco días de edad, nacional o extranjera con residencia permanente en el país. El Poder Ejecutivo, aplicará medidas tendientes a que la identificación de las personas físicas se realice desde el nacimiento.

En el caso de los escolares dependientes del C.E.P y de niños y adolescentes dependientes del INAME se admitirá, a los efectos de la exoneración del pago el informe del Director del Centro Educativo.

A los efectos de la inscripción en todo instituto de enseñanza será requisito indispensable la presentación de la Cédula de Identidad".

ARTICULO 138.- Sustitúyese el artículo 79 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, por el siguiente:

"Artículo 79.- Facultase al Poder Ejecutivo a exonerar del pago de la tasa correspondiente, siempre que medie solicitud fundada del Instituto Nacional del Menor (INAME), de la Dirección Nacional de Previsión del Delito, del Banco de Previsión Social (BPS), de la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria), de las Defensorías de Oficio en materia de Familia y de Menores y de los consultorios jurídicos gratuitos dependientes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

En el caso de la realización del trámite por primera vez, se exonerará del pago de las tasas correspondientes a todos los niños nacidos en hospitales públicos, cuyos padres deberán presentar el certificado extendido por el hospital correspondiente.

Aquellos niños de 45 días a 6 años de edad que aún no concurrieron al establecimiento de enseñanza pública, podrán obtener la exoneración mediante formulario de declaración jurada ante la Dirección Nacional de Identificación Civil que deberán firmar sus padres y/o tutores.

En los casos de renovaciones, la exoneración será excepcional y deberá conferirse previa auxiliatoria de pobreza, en casos debidamente justificados mediante información sumaria, ante la Dirección Nacional de Identificación Civil"

ARTICULO 139.- Las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, tengan cuarenta y cinco días de edad, gozarán del plazo de un año a efectos de obtener la Cédula de Identidad.

ARTICULO 140.- Modifícase el artículo 80 de la Ley N° 17.243, de 29 de junio de 2000, el que quedará redactado de la siguiente forma:

«ARTÍCULO 80.- Exonérase del pago de la tasa de información prevista por el artículo 151 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996 y Resolución del Poder Ejecutivo N° 380/996, de 30 de abril de 1996, a solicitudes tramitadas por las Defensorías de Oficio, Consultorios Jurídicos gratuitos dependientes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Centros de Mediación dependientes de la Suprema Corte de Justicia, suscritas por los funcionarios autorizados. A tales efectos deberá remitirse a la Dirección Nacional de Identificación Civil nómina y firma del profesional responsable de la actuación en cada una de las Instituciones mencionadas".

ARTICULO 141.- Asígnase al Programa 001 «Administración», una partida por única vez de $ 12:000.000 (pesos uruguayos doce millones), a efectos de atender las erogaciones resultantes de la adquisición de camperas de uso policial.

ARTICULO 142.- Créase en las distintas Unidades Ejecutoras del Inciso los siguientes cargos de Agente de 2da. Ejecutivo:

UNIDAD
EJECUTORA  

DENOMINACION  

CANTIDAD

004  

JP Montevideo  

385

006  

JP Canelones  

335

013  

JP Maldonado  

185

  

JP Colonia   

  30

  

JP Rocha  

  30

026  

DNCPYCR  

185

ARTICULO 143.- Créase el Programa 015, Unidad Ejecutora 032 «Dirección Nacional de Prevención Social del Delito».

ARTICULO 144.- La Dirección Nacional de Prevención Social del Delito tendrá competencia para proponer, ejecutar, coordinar y evaluar políticas de prevención, sean estas relativas a la violencia y/o el delito, o de protección de grupos sociales especialmente vulnerables, desarrollando para ello acciones de tipo promocional formativo o asistencial que estimulen la interacción social, la movilidad del sector privado y de la sociedad civil, desalentando así la gestación y evolución de procesos de exclusión. Dependerá directamente del Ministerio del Interior y quedará comprendida en las disposiciones del artículo 9° de la Ley Orgánica Policial (Decreto 75/972, de 1° de febrero de 1972, Texto Ordenado de las Leyes N° 13.963, de 22 de mayo de 1971 y N° 14.050, de 23 de diciembre de 1971).

Será comandada por un Oficial Superior, Grado 13 ó 14.

ARTICULO 145.- El que portare un arma de fuego habiendo recaído sobre su persona sentencia condenatoria ejecutoriada, cuya fecha no excediera los cinco años, por la comisión de alguna de las figuras delictivas previstas en los artículos 150 (asociación para delinquir); 272 (violación); 273 (atentado violento al pudor); 274 (corrupción); 281 (privación de libertad); 283 (sustracción o retención de una persona menor de edad del poder de sus padres, tutores o curadores); 288 (violencia privada); 310 (homicidio); 311 (circunstancias agravantes especiales); 312 (circunstancias agravantes muy especiales); 316 (lesiones personales); 317 (lesiones graves); 318 (lesiones gravísimas); 319 (lesión o muerte ultraintencional, traumatismo); 321 bis (violencia doméstica); 323 y 323 bis (riña); 340 (hurto); 344 y 344 bis (rapiña y rapiña con privación de libertad, copamiento); 345 (extorsión); 346 (secuestro), y 350 bis (receptación), del Código Penal y artículo 1º de la Ley Nº 8.080, de 27 de mayo de 1927, en la redacción dada por el artículo 24 de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995, (proxenetismo) y delitos previstos en el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 y en la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998 (leyes de estupefacientes), será castigado, por esa sola circunstancia, con una pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

Cuando alguno de los delitos previstos en el Código Penal se cometiera con violencia o con intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego, la pena prevista para el delito de que se trate se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo.

ARTICULO 146.- Modifícase el artículo 101 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«ARTICULO 101. Establécese que los policías integrantes de la Guardia de Granaderos y Coraceros del Regimiento Guardia Republicana de la Jefatura de Policía de Montevideo, ascenderán en sus respectivas Guardias, tanto el Personal Subalterno como el Superior. Este último lo hará hasta el Grado de Comisario Inspector (Mayor).

Los Mayores del Regimiento Guardia Republicana formarán parte de la circunscripción nacional, para el ascenso al Grado de Inspector Mayor (Comandante)».

ARTICULO 147.- Sustitúyese el artículo 148 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«ARTÍCULO 148. Créase, con el carácter de particular confianza, el cargo de Director Nacional de Información e Inteligencia, el que estará comprendido en el literal d) del artículo 9° de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. El mismo será desempeñado por un Oficial Superior de la Policía Nacional, Grado 13 ó 14, perteneciente al subescalafón Ejecutivo, en actividad o retiro».

ARTICULO 148.- Asígnase una partida presupuestal por única vez, para el Ejercicio 2002, de $ 6:972.000 (pesos uruguayos seis millones novecientos setenta y dos mil), para la adquisición de un Sistema de Búsqueda Automática de Huellas Dactilares (AFIS), destinado a la Dirección Nacional de Policía Técnica.

ARTICULO 149.- Facúltase a la Unidad Ejecutora «Dirección Nacional de Sanidad Policial», previa autorización del jerarca máximo del Inciso, a prestar a terceros, a título oneroso, servicios de salud, en la medida que de ello no derive detrimento alguno para el cumplimiento de las tareas habituales respectivas.

El resultado económico de estos servicios, una vez cubierto el costo de los mismos, será destinado en su totalidad a la Unidad Ejecutora prestataria, para gastos de funcionamiento, inversiones y capacitación de sus funcionarios. Los precios serán fijados por el Ministerio del Interior en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas.

ARTICULO 150.- El Poder Ejecutivo dispondrá por decreto fundado en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Interior, las modificaciones necesarias para racionalizar la estructura de contratos de función pública de la Unidad Ejecutora 030 «Dirección Nacional de Sanidad Policial», de acuerdo a las siguientes pautas:

A) La racionalización deberá propender a una estructura adecuada a los objetivos programáticos y requerirá el previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación.

B) Deberá ser presentada antes de los 180 días de vigencia de la presente ley y tendrá vigencia desde el momento de su aprobación.

C) De la racionalización que se apruebe, se dará cuenta a la Asamblea General.

Una vez aprobada, se financiará con cargo a una partida anual de $ 25:000.000 (pesos uruguayos veinticinco millones) en el Grupo 0 «Servicios Personales» del Programa 013 «Servicio de Sanidad Policial» y la Dirección Nacional de Sanidad Policial transferirá mensualmente a Rentas Generales un importe de $ 2:084.000 (pesos uruguayos dos millones ochenta y cuatro mil) de los recursos provenientes de lo establecido por el artículo 86 de la Ley N° 13.640, de 26 de diciembre de 1967 modificativas y concordantes.

Las transferencias realizadas al cierre del ejercicio, no podrán superar el 25% (veinticinco por ciento) de la recaudación obtenida en el ejercicio por dicho concepto.

ARTICULO 151.- Destínase una partida de $ 19:000.000 (pesos uruguayos diecinueve millones) -Objeto del Gasto 299- Otros Servicios- con cargo a la financiación 1.2. Fondos con Afectación Especial, del Programa 013 «Servicio de Sanidad Policial» del Inciso 04 Ministerio del Interior, para la realización de contratos de servicios de personal médico, paramédico y de enfermería, para cubrir necesidades transitorias del Servicio.

El Poder Ejecutivo reglamentará, dentro del plazo de 90 días, los términos en que se realizarán dichos contratos.

ARTICULO 152.- Créase un Registro Nacional de Balística Forense (RENABAFO), que dependerá del Ministerio del Interior, funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Policía Técnica y constituirá un área propia del Departamento de Balística Forense.

El Poder Ejecutivo realizará la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 153.- Declárase que las amortizaciones de los préstamos sociales que conceden la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial y el Banco Hipotecario del Uruguay al personal en situación de actividad o de retiro y a los pensionistas policiales, tendrán prioridad sobre cualquier otro descuento de terceros, salvo descuentos legales, retenciones judiciales, servicio de garantía de alquileres (Contaduría General de la Nación y Asociación Nacional de Afiliados) y Caja Nacional del Banco de la República Oriental del Uruguay, quedando en igualdad de condiciones que las asociaciones y cooperativas con respaldo legal".

INCISO 05
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ARTICULO 154.- Derógase el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.214, de 27 de junio de 1974, y demás disposiciones que se opongan a la presente ley.

Los beneficios a que refiere el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.214, de 27 de junio de 1974, concordantes y modificativas, podrán concederse a cualquier exportador.

ARTICULO 155.- La sanción de multa prevista por el artículo 11 y por el literal A) del artículo 42 de la Ley Nº 15.921, de 17 de diciembre de 1987, podrá ascender a un monto máximo de $ 12:500.000 (pesos uruguayos doce millones quinientos mil) el que se reajustará el 1º de enero de cada año, por el Indice de Precios al Consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística.

ARTICULO 156.- El funcionario público que cumpla funciones de fiscalización, que fuere condenado por delito de contrabando en calidad de encubridor o en cualquier grado de participación, además de la pena prevista por el artículo 257 del Código Penal, será castigado con la pena de inhabilitación especial de dos a seis años.

ARTICULO 157.- El funcionario público que cumpla funciones de fiscalización, que fuere condenado por infracción fiscal de contrabando por la autoridad administrativa aduanera de menor cuantía o por la autoridad judicial competente, será considerado incurso en falta grave que dará lugar a su destitución, cumplidos los trámites del debido proceso administrativo.

ARTICULO 158.- Sustitúyese el literal Q) del artículo 11 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, por el siguiente:

«Q) La totalidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas».

ARTICULO 159.- Las incorporaciones de funcionarios, mediante el sistema de redistribución, a los cuadros funcionales de los escalafones de la Dirección Nacional de Aduanas, con excepción de los funcionarios del Inciso, deberán efectuarse por el último grado efectivamente ocupado del escalafón respectivo, debiendo aprobarse, previamente, una prueba de aptitud que acredite los conocimientos necesarios para el desempeño de las funciones inherentes al servicio aduanero. El Instituto de Capacitación Aduanera determinará las bases correspondientes.

ARTICULO 160.- Declárase que la referencia al artículo 165 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, incluida en el artículo 194 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, refiere exclusivamente a la potestad de fiscalización de la entonces Inspección General de Hacienda, respecto de los estados contables de situación y de resultados de la Dirección General de Casinos, manteniéndose en vigencia las demás disposiciones contenidas en el citado artículo 165 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

ARTICULO 161.- La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo establecerá a qué repartición del Estado se le asigna competencia en el control de los actos y conductas prohibidos por el artículo 14 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, que serán sancionados de la siguiente forma:

A) Apercibimiento.

B) Apercibimiento con publicación a costa del infractor.

C) Orden de cese definitivo de los actos o conductas prohibidos y la remoción de sus efectos.

D) Multa de 500 UR (quinientas unidades reajustables) hasta 20.000 UR (veinte mil unidades reajustables) según que la infracción se califique de leve, grave o muy grave.

Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso. En el caso de que la gravedad de la infracción lo amerite, podrá ordenarse el cese provisorio de los actos o conductas prohibidos, sin perjuicio de la iniciación del proceso administrativo que corresponda.

Los criterios que se tendrán en consideración para determinar la gravedad de la infracción serán el daño causado, la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, la participación del infractor en el mercado, la duración de la práctica prohibida y la reincidencia o antecedentes del infractor.

ARTICULO 162.- El órgano de aplicación de las normas contenidas en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley N° 17.243, de 29 de junio de 2000, tendrá las siguientes funciones y facultades:

A) Requerir a las autoridades nacionales o municipales y a los particulares, la documentación, información y colaboración que juzgue necesarias a los efectos de cumplir con sus cometidos y en especial, con los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes.

B) Habilitar los centros especializados de arbitraje a que refiere el artículo 15 de la Ley N° 17.243, de 29 de junio de 2000.

C) Emitir opinión en los asuntos que se sometan a su consideración o que analice en el marco de su competencia e informar y asesorar respecto de acuerdos, prácticas restrictivas, decisiones de empresas y demás cuestiones relativas a la defensa de la competencia.

D) Imponer las sanciones establecidas en la presente ley.

E) Dispondrá de las más amplias facultades de investigación y fiscalización, pudiendo requerir de los organismos especializados la colaboración necesaria a los efectos de la realización de inspecciones, investigaciones, pericias, controles y comprobaciones. Podrá asimismo, requerir la comparecencia de los investigados y de terceros a los efectos de proporcionar información. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados para las finalidades previstas en esta ley.

F) Solicitar en forma fundada, al Juez competente, las medidas cautelares que estime pertinentes, procedimiento en el que estará exonerado de prestar contra cautela.

G) Proyectar y someter a la consideración del Poder Ejecutivo el procedimiento pertinente, a los efectos de la constatación de la realización de los actos o las prácticas prohibidas y la aplicación de sanciones, ya sea de oficio o por denuncia de parte interesada y legitimada al respecto, garantizándose al denunciado o investigado el ejercicio del derecho de defensa.

H) Promover la celebración de acuerdos, conciliaciones o compromisos de cese, en los asuntos sometidos a su consideración.

ARTICULO 163.- Facúltase a la Dirección General de Comercio a no promover la vía ejecutiva judicial en aquellos casos en los cuales el monto del adeudo por aplicación de multas administrativas, no supere el equivalente a 15 UR (quince unidades reajustables).

La Dirección General de Comercio adoptará las medidas administrativas pertinentes a efectos de acumular las distintas multas que pudiesen recaer sobre un mismo deudor, a los efectos de considerar el límite cuantitativo establecido precedentemente.

ARTICULO 164.- Asígnase a la Unidad Ejecutora 014 «Dirección General de Comercio» del Programa 014 «Coordinación del Comercio» del Inciso 05 Ministerio de Economía y Finanzas, a partir del año 2002, una partida anual de $ 1:200.000 (pesos uruguayos un millón doscientos mil) a efectos de atender los gastos de funcionamiento que se derivan de la aplicación de la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000.

ARTICULO 165.- Los funcionarios de la Unidad Ejecutora 014 «Dirección General de Comercio» mantendrán como compensación de carácter personal toda retribución extraordinaria que perciben a la fecha de vigencia de la presente ley, cualquiera sea su naturaleza, financiada con recursos de rentas generales o de afectación especial, las cuales serán absorbidas por futuros ascensos o regularizaciones. Dicha compensación tendrá los aumentos que fije el Poder Ejecutivo para los sueldos de la Administración Central.

ARTICULO 166.- A efectos de realizar las tareas de contralor asignadas por la Ley Nº 17.166, de 10 de setiembre de 1999, y el artículo 4º del Decreto 349/999, de 5 de noviembre de 1999, la Administración Nacional de Telecomunicaciones deberá enviar a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas la información detallada con la periodicidad requerida, de las llamadas de las líneas telefónicas asiento de los concursos o sorteos.

ARTICULO 167.- El Poder Ejecutivo, previo al despacho aduanero de las mercaderías y a los efectos de asegurar el crédito fiscal, podrá exigir al importador la constitución de garantía suficiente, en forma de fianza o depósito, de conformidad a lo previsto en las disposiciones que regulan los regímenes de origen, despacho y valoración aduanera de las mercaderías.

ARTICULO 168.- Sustitúyese el inciso 4° del artículo 189 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«Del excedente, previa deducción de las previsiones para el sueldo anual complementario y las aportaciones patronales correspondientes a las remuneraciones con cargo a dicho fondo, creado por el artículo 254 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, será destinado hasta el 1% (uno por ciento) total del fondo para atender los gastos de funcionamiento de la Guardería Infantil del Organismo y los gastos de subvención de servicios de ese orden en todo el territorio del país, cuya contratación y establecimiento reglamentará la Dirección Nacional de Aduanas y hasta el 2,5% (dos con cinco por ciento) del total del fondo a Rentas Generales».

ARTICULO 169.- La Dirección Nacional de Aduanas, actuando directamente o por medio de sus oficinas dependientes expresamente delegadas, podrá realizar acuerdos con los contribuyentes en las siguientes condiciones:

1) El acuerdo sólo podrá relacionarse con los tributos y las multas determinadas por la Administración, con posterioridad al desaduanamiento de las mercaderías en los casos en que su monto no pueda determinarse con exactitud.

2) La suscripción del acuerdo no libera al contribuyente de la obligación de denunciar y satisfacer la parte de los tributos reales no contemplados en el mismo.

3) La Dirección Nacional de Aduanas, en los casos del presente artículo podrá conceder prórrogas y facilidades con el régimen establecido en los artículos 32, y apartados 1° y 2° del artículo 34 del Decreto-Ley N° 14.306, de 29 de noviembre de 1974 (Código Tributario) en su redacción vigente a la fecha de la presente ley.

Los acuerdos precedentes se extenderán por acta donde comparecerá el administrado con asistencia letrada y si lo estimare pertinente, además, por contador público o despachante de aduanas o ambos. El acta, además de los citados, será suscrita por el funcionario que detecta la situación descripta en el ordinal 1° del presente artículo y el Jefe de la división, departamento u oficina a que pertenezca el funcionario. En el acta se efectuará la descripción de la situación con indicación precisa de la o las operaciones aduaneras involucradas, mención de las normas violadas o no observadas y liquidación de tributos y anexos sancionatorios y otros. Al acta se agregará copia certificada de la documentación aduanera en la que se acredita la o las operaciones constitutivas de la situación, la que se considerará parte integrante de dicha acta.

ARTICULO 170.- Sustitúyense los artículos 1° y 2° de la Ley N° 9.843, de 17 de julio de 1939, con la modificación introducida al primero de ellos por el inciso primero del artículo 183 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«ARTICULO 1°.- El producido de las multas por la comisión de todo tipo de infracción aduanera, será distribuido del modo siguiente:

A) El 40% (cuarenta por ciento) para quien o quienes hayan denunciado la infracción.

B) El 30% (treinta por ciento) entre todos los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas que efectivamente presten funciones en la misma, a prorrata de las retribuciones básicas y de compensación máxima al grado.

Las sumas a distribuirse entre los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas conforme a lo dispuesto precedentemente, estarán comprendidas en la limitación establecida por el inciso 1° del artículo 105 de la llamada Ley Especial N° 7, de 23 de diciembre de 1984, pudiendo el Poder Ejecutivo establecer nuevos topes a la retribución de las situaciones exceptuadas.

Exceptúase de lo dispuesto en este artículo la multa prevista en el inciso 1° del artículo 254 de la Ley N° 13.318, de 28 de diciembre de 1964, en la redacción dada por el artículo 154 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

Establécese que el producido de las multas y la distribución dispuesta en los literales A) y B) precedentes, revisten carácter salarial cuando están destinadas a funcionarios públicos y que el mismo debe financiar los aportes patronales y aguinaldos correspondientes.

C) Un 15% (quince por ciento) destinado a la formación de un fondo para el fortalecimiento operativo de la represión del contrabando debiendo aplicarse a erogaciones directamente relacionadas con tal fin.

La distribución de la partida se realizará entre los Programas 001 «Administración de Recursos de Apoyo a la Conducción Económico-Financiera» y 007 «Recaudación de Renta Aduanera y Contralor del Tránsito Aduanero de Bienes» del Inciso 05, y en los diversos objetos del gasto y será autorizada anualmente por el Ministro de Economía y Finanzas, pudiendo realizar las modificaciones necesarias dentro del ejercicio. La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes.

El Ministerio de Economía y Finanzas podrá autorizar en los referidos Programas la formación de un grupo de funcionarios públicos destinado a realizar o complementar las actuales tareas de represión del contrabando y control de tránsito de mercaderías. Este grupo podrá funcionar en ambos Programas y no estará constituido por más de cincuenta funcionarios.

A estos efectos el Ministerio de Economía y Finanzas podrá solicitar el pase en comisión de funcionarios al amparo del régimen dispuesto por el artículo 40 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

Estos funcionarios tendrán las mismas obligaciones, facultades y derechos que los funcionarios aduaneros, durante el término de su comisión.

Dichos funcionarios podrán ser compensados con cargo a Rentas Generales. Tales compensaciones serán dispuestas por los jerarcas de los Programas citados y serán a término y esencialmente revocables sin expresión de causa. Las retribuciones totales de estos funcionarios no podrán superar el monto de veintinueve salarios mínimos nacionales a valores de 1° de enero de 2000.

D) Un 15% (quince por ciento) dirigido al fortalecimiento tecnológico de la Dirección Nacional de Aduanas, la que presentará anualmente al Ministerio de Economía y Finanzas para su aprobación un plan de proyectos de inversión que incluirán exclusivamente tecnología destinada a detección de presuntas infracciones aduaneras y control de tránsito de mercaderías. Tales proyectos deberán contar con el informe previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.»

ARTICULO 171.- Sustitúyese el artículo 202 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 188 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

"ARTICULO 202.- La mercadería incautada en presunta infracción aduanera que haya sido comercializada, para ser ingresada al mercado interno, deberá abonar todos los tributos que gravan a la importación de acuerdo a su valor normal en aduana.

Los fondos depositados con el producido de dicha comercialización, una vez deducidos los gastos se distribuirán de la siguiente manera:

a) el 20% (veinte por ciento) para el Fondo creado por los artículos 242, 243 y 254 de la Ley Nº 15.809 de 8 de abril de 1986;

b) el 50 % (cincuenta por ciento) para el denunciante como adjudicación;

c) el 30% (treinta por ciento) restante se verterá a Rentas Generales en concepto de multa.

Las sumas que se adjudican en sustitución de comisos que hayan sido comercializados, no tendrán naturaleza salarial.

Facúltase al Poder Ejecutivo a que en cualquier estado de los procedimientos, mientras no se haya hecho efectiva la comercialización de la mercadería incautada, disponga mediante resolución fundada y con comunicación fehaciente a la autoridad competente:

1) que la comercialización sólo se realice con destino al mercado externo;

2) que la mercadería deberá salir a la venta con el valor base que se establezca en la respectiva resolución.

Asimismo y sólo en el caso que se haya frustrado la venta de la mercadería en remate por falta de oferentes, el Poder Ejecutivo podrá solicitar a la autoridad competente que la mercadería sea donada o destruida. En este caso, el Poder Ejecutivo, una vez declarada la infracción aduanera por acto administrativo firme o sentencia ejecutoriada, según corresponda, abonará a los denunciantes en concepto de adjudicación por sustitución del comiso, el equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor normal de la mercadería en aduana con cargo al saldo de lo dispuesto en el literal c) precedente.

Lo dispuesto en los incisos precedentes será de aplicación para los casos de mercadería declarada en abandono.

ARTICULO 172.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 254 de la Ley N° 13.318, de 28 de diciembre de 1964, en la redacción dada por el artículo 495 de la Ley N° 14.106, de 14 de marzo de 1973, por el siguiente:

«El comiso comprenderá también: las embarcaciones menores; los vehículos; las aeronaves privadas, particulares, no destinadas, por lo tanto, al transporte aéreo con fines comerciales, de pasajeros, correo o carga, procediéndose respecto de las mismas de acuerdo por lo establecido por el artículo 500 de la Ley N° 13.892, de 19 de octubre de 1970; los cargueros, animales, utensilios e instrumentos empleados para la conducción o transporte de las mercaderías o efectos (comiso secundario); salvo que se pruebe por los propietarios, su desconocimiento o falta de participación o intervención en el fraude imputado. Cuando por estas circunstancias o por otra cualquiera, no pueda efectuarse el comiso secundario, se condenará al infractor al pago del valor comercial del mismo. Se presume el conocimiento, participación o intervención del propietario cuando este o sus dependientes se encontraban en el mismo vehículo de transporte al momento de su detención y la mercadería o efectos objeto del comiso principal no se encontraban ocultas en secretos o dobles fondos u otra forma de clandestinidad.

Si existiera una diferencia apreciable del valor entre el comiso secundario y las mercaderías o efectos en infracción y los responsables de esta no han sido anteriormente sancionados por ilícitos aduaneros, ni la mercadería ha sido encontrada en forma que escape a la fiscalización usual, ocultas en secretos o dobles fondos, la autoridad podrá sustituir el comiso secundario por una multa de cinco a veinte veces el valor comercial de las mercaderías o efectos mencionados".

ARTICULO 173.- Las denuncias de infracciones aduaneras podrán ser efectuadas por cualquier particular que esté en conocimiento de las mismas, ante la autoridad judicial o aduanera más inmediata.

La reglamentación que apruebe el Poder Ejecutivo establecerá el procedimiento para la presentación de la denuncia por parte de un particular ante las autoridades aduaneras, de conformidad con los criterios previstos en el artículo 269 de la Ley N° 13.318, de 28 de diciembre de 1964 y asegurando la confidencialidad de los datos personales del denunciante hasta el momento de la clausura del proceso o de la correspondiente adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 171 de la presente ley.

ARTICULO 174.- Respecto del procedimiento aduanero de valoración y verificación, habilítase al Poder Ejecutivo a admitir el asesoramiento de representantes técnicos de los sectores comercial, industrial y agropecuario.

ARTICULO 175.- Los inventarios del estado de conservación de la finca que se efectúen antes de la suscripción de los contratos de arrendamiento con la fianza del Servicio de Garantía de Alquileres y los que se realicen antes de la restitución de la finca, podrán ser efectuados por el arrendador cuando sea una inmobiliaria o empresa administradora de bienes inmuebles. En el respectivo contrato deberá estar establecida expresamente tal facultad. En este caso, los referidos inventarios se realizarán de acuerdo con los requisitos que establezca la reglamentación a propuesta del Servicio de Garantía de Alquileres. El arrendatario deberá ser citado por telegrama colacionado con constancia de entrega u otro medio auténtico, a presenciar la confección de los inventarios, pudiendo plantear las observaciones del caso ante el Servicio de Garantía de Alquileres, que podrá efectuar inspecciones en forma aleatoria y adoptar las medidas pertinentes, a efectos de garantizar los derechos de las partes intervinientes.

ARTICULO 176.- Toda decisión judicial con autoridad de cosa juzgada que implique la condena por contrabando u otra infracción aduanera, deberá ser publicada en dos diarios de circulación nacional y otro del Departamento en donde se cometió el ilícito, en caso de que hubiere ocurrido en el interior del país. La publicación deberá contener mención de monto, infractor, objetos o mercaderías que configuraron el ilícito.

ARTICULO 177.- En los casos en que la Contaduría General de la Nación haya recibido en forma judicial o administrativa las llaves de la finca arrendada con su garantía y la misma fuera ocupada nuevamente por el ex arrendatario o por terceras personas, podrá:

a) Promover acción de desalojo sin inspección ocular previa con plazo de quince días corridos, siendo válida la citación y emplazamiento a los ocupantes, sin necesidad de ser individualizados.

El decreto de desalojo no admitirá ninguna excepción, tercería, ni recurso alguno.

El lanzamiento fijado no podrá ser objeto de prórroga y será irrecurrible.

Cuando el inmueble se hubiese recibido judicialmente, el Juzgado competente para entender en las acciones contra los ocupantes será el mismo que intervino anteriormente.

b) Formular denuncia penal por la figura delictiva prevista en el numeral 1º del artículo 354 del Código Penal.

El Juzgado Penal dentro de las 48 horas, constatará quienes son los ocupantes y dispondrá la desocupación de la finca en el plazo de 24 horas, exista o no procesamiento.

ARTICULO 178.- Todos los créditos y reclamaciones contra el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación originados en los cometidos que presta, caducarán al año contado desde la fecha de su exigibilidad. Esta caducidad operará por períodos mensuales.

Tratándose de solicitudes de reintegro por parte de los arrendadores por concepto de gastos comunes, impuestos municipales y otros consumos accesorios a la locación, sólo se admitirán cuando correspondiere, reclamos de hasta dos meses por mes. Se acreditará previamente haber realizado gestiones de cobro en forma fehaciente.

ARTICULO 179.- Derógase la atribución de titularidad y disponibilidad de Fondos Públicos dispuesta por el inciso primero del artículo 234 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, a favor del Programa "Recaudación de Impuestos" a cargo de la Unidad Ejecutora 05 "Dirección General Impositiva" del Inciso 05.

La Contaduría General de la Nación habilitará en el citado Programa con cargo a Rentas Generales y con la misma finalidad, un crédito anual sustitutivo de los fondos cuya titularidad y disponibilidad quedan derogadas por el inciso anterior, el que será equivalente al límite establecido en el artículo 147 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, o al monto habilitado en el año que finalizó en el mes de setiembre de 2000, actualizado y proporcionado a la cantidad de funcionarios, según el mayor.

En caso de insuficiencia del crédito del Ejercicio 2000 para cubrir el límite dispuesto en el artículo 147 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, se regularizará con la habilitación de la partida correspondiente con cargo a Rentas Generales.

Habilítase un incremento de crédito de $ 4:388.000 (pesos uruguayos cuatro millones trescientos ochenta y ocho mil) anuales, destinado al pago de horas extra en el Programa 05 del Inciso 05.

ARTICULO 180.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley N° 9.624, de 15 de diciembre de 1936, en la redacción dada por el artículo 123 de la Ley N° 16.226 de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 16.- La liquidación formulada por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación, de los alquileres, consumos, tributos y desperfectos que adeuden o hayan quedado adeudando sus afianzados y obligados solidarios constituirá título ejecutivo sin otro requisito ni intimación judicial previa. En virtud de dicho título, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan por falta de pago de arrendamientos y accesorios, podrá pedirse la traba de embargo en forma genérica o específica y sobre la tercera parte de los sueldos, jornales, pasividades, pensiones o retiros de cualquier índole que perciban, en cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda pendiente y la que se genere con posterioridad, con más un 30% (treinta por ciento) que incluirá las costas y costos del juicio.

También constituirán título ejecutivo sin necesidad de otro requisito ni intimación judicial previa, las resoluciones dictadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación que contengan la obligación de pagar cantidad líquida y exigible a cargo de los arrendadores, transcurridos diez días a partir del siguiente a su notificación.

A esos efectos se tendrá como único domicilio judicial o extrajudicial válido el denunciado por el arrendador y el arrendatario en el contrato de arrendamiento o el constituido por el fiador solidario en vía administrativa.

De comprobarse por el Servicio de Garantía de Alquileres que el domicilio denunciado es inexistente o inubicable se tendrá como válido a todos los efectos judiciales y administrativos, el domicilio contractual
o el declarado en vía administrativa por el obligado solidario".

ARTICULO 181.- Agrégase al artículo 6º de la Ley N° 9.624, de 15 de diciembre de 1936, el inciso siguiente:

"Quedan exceptuados de la fianza estatal los daños que se produzcan en el inmueble arrendado, provenientes de hurto, dolo, incendio o siniestro".

ARTICULO 182.- Para la inscripción de Planos de Mensura y el trámite de toda modificación parcelaria de inmuebles urbanos que se realice ante la Dirección Nacional de Catastro, deberá adjuntarse una Declaración Jurada de Caracterización Urbana por cada unidad catastral resultante de la operación catastral de que se trate.

Las Declaraciones Juradas de Caracterización Urbana contendrán los datos necesarios para el mantenimiento al día de las Bases de Datos Catastrales verificando la existencia y caracterización de construcciones en cada fracción resultante, debiendo ser firmada por el propietario y por profesional Arquitecto o Ingeniero Agrimensor.

En inmuebles urbanos se sustituirá la presentación de los planos de construcción para la inscripción de mejoras (obra nueva o regularización) por la presentación de una Declaración Jurada de Caracterización Urbana.

Las infracciones que se constaten en las declaraciones que se presenten, serán pasibles de las penas de que trata el artículo 239 del Código Penal.

Las mejoras a construir se incorporarán a un archivo transitorio el que se incorporará a la Base de Datos Catastral para el ejercicio fiscal siguiente a los cinco años a partir de la fecha de presentación. El período indicado podrá ser interrumpido y prorrogado por otros cinco años, de presentarse una nueva Declaración Jurada de Caracterización Urbana que contendrá las características del edificio construido hasta el momento.

Para la inscripción en la Dirección General de Registros de toda escritura de traslación o constitución de dominio e hipoteca, así como para la inscripción de compromisos de compraventa de bienes urbanos y suburbanos, se requerirá la constancia de haber presentado una Declaración Jurada de Caracterización Urbana en la Dirección Nacional de Catastro con antigüedad no mayor a cinco años. Tratándose de Unidades de Propiedad Horizontal, Ley N° 10.751, esta antigüedad se extenderá a 10 años.

El Poder Ejecutivo establecerá las características de las Declaraciones Juradas de Caracterización Urbana y su forma de presentación, en el plazo de 180 días.

ARTICULO 183.- Modifícase el inciso primero del artículo 1° del Decreto-Ley N° 14.261, de 3 de setiembre de 1974, por el siguiente:

«Los edificios cuyos permisos de construcción hayan sido autorizados antes del 1° de enero de 1995, que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 1° de la Ley N° 10.751, de 25 de junio de 1946, y los requisitos previos determinados en el artículo 5° de la presente, podrán ser incorporados al régimen de la citada ley, siempre que sus unidades tengan como superficie mínima continua o discontinua 32 m2 (treinta y dos metros cuadrados) si su destino es de habitación y 12 m2 (doce metros cuadrados) si se trata de locales no destinados a habitación.»

ARTICULO 184.- La Dirección Nacional de Catastro, cuando considere que la información contenida en un plano de mensura registrado no satisface los requerimientos técnicos que la normativa en la materia establezca con posterioridad a su inscripción, podrá exigir la presentación a registro de un documento que contemple tales requisitos.

ARTICULO 185.- Transfórmanse dos cargos de Fiscales III de la Dirección General de Casinos del Estado, en un cargo de particular confianza Sub-Director de Casinos, Escalafón Q, cuya retribución será la establecida en el literal C) del artículo 9º de la Ley 15.809.

ARTICULO 186.- Facúltase al Poder Ejecutivo a autorizar a la Dirección General de Casinos a contratar al personal mínimo imprescindible a los efectos de cubrir las necesidades que generen las nuevas salas con cargo a los fondos de libre disponibilidad de esta Unidad Ejecutora.

ARTICULO 187.- Las utilidades líquidas que obtuviere la Dirección General de Casinos, en la explotación de los Casinos y Salas de Esparcimientos que instale en el período comprendido entre la vigencia de la presente ley y el 31 de diciembre de 2004 se distribuirá en la siguiente forma:

a) El 40% (cuarenta por ciento), para las Intendencias Municipales de los Departamentos sedes del respectivo establecimiento, con destino a obras públicas.

b) El 10% (diez por ciento), para el Instituto Nacional de Alimentación, con destino a la atención de los comedores públicos.

c) El 5% (cinco por ciento), para el Ministerio de Turismo, para el cumplimiento de sus cometidos.

d) El 3% (tres por ciento), para el fondo de Previsión creado por el literal A) del artículo 3º, de la Ley Nº 13.453, de 2 de diciembre de 1965.

e) El 1,1% (uno con uno por ciento), para el Fondo creado por el artículo 169 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y modificativas.

f) El 40,9 % ( cuarenta con nueve por ciento), para Rentas Generales.

Para el cálculo y la distribución del Fondo previsto en el artículo 51 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, con la modificación dispuesta en el artículo 170 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, no se tendrán en cuenta el Casino del Estado "Horacio Quiroga" ni los establecimientos previstos en el presente artículo.

ARTICULO 188.- Las partidas asignadas por planillado presupuestal al Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", Programa 001 "Administración de Recursos de Apoyo a la Conducción Económico-Financiera", Objetos del Gasto 581 "Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales", y 262 "Impuestos Indirectos", podrán ser reasignadas en forma total o parcial por el jerarca del Inciso al Grupo 0 "Servicios Personales" en cualquiera de los Programas del Inciso, con destino a compensar a los funcionarios que desempeñen tareas prioritarias para el cumplimiento de los cometidos sustantivos del mismo y con un alto grado de especialización y dedicación, de acuerdo con la reglamentación que apruebe el Poder Ejecutivo.

La referida reasignación no podrá generar aumento del costo presupuestal ni de caja.

INCISO 06
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ARTICULO 189.- Los cargos de los funcionarios del Escalafón A comprendidos a la fecha de la presente ley en lo dispuesto por el artículo 44 del Decreto-Ley 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada en el artículo 123 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, al vacar se transformarán en cargos del Escalafón M, en el Grado 05, Ministro Consejero, con reserva de los primeros cuatro cargos que vaquen, correspondientes tres al Grado 16 - Asesor Abogado I y uno al Grado 16 - Asesor I Contador, a efectos de garantizar la movilidad en el Escalafón A y la eficaz prestación de los servicios de apoyo profesional.

La provisión de estas cuatro vacantes será atendida con los profesionales del Escalafón A no comprendidos en las normas habilitantes citadas para el desempeño de funciones en el Servicio Exterior.

ARTICULO 190.- Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 45 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 49 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, y por el artículo 280 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por los siguientes:

«Los funcionarios presupuestados o contratados del Ministerio de Relaciones Exteriores pertenecientes al Escalafón C Administrativo con un cargo o función de Administrativo II como mínimo, Escalafón B Técnico Profesional y Escalafón D Especializado, con un mínimo de cinco años de antigüedad en dicho Inciso podrán previa evaluación de sus calificaciones y otros méritos habilitantes, ser destinados a prestar funciones administrativas y técnicas en las misiones diplomáticas, oficinas consulares o delegaciones permanentes de la República en el exterior.

En esta situación no podrán encontrarse simultáneamente más de doce funcionarios. El plazo de permanencia en el exterior no excederá de tres años pudiendo ser prorrogable por un año en los casos en que así lo requieran las necesidades del servicio. Estos funcionarios no podrán ser destinados nuevamente al exterior, hasta después de transcurridos diez años de su regreso a la República. El Poder Ejecutivo en un plazo de noventa días reglamentará la presente disposición».

ARTICULO 191.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 189 de la presente ley el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá asimismo, cuando existan vacantes en el personal contratado localmente en las misiones diplomáticas o consulares en el exterior, asignar -en comisión de servicio a término- a funcionarios de los escalafones referidos en el citado artículo. Dichos funcionarios tendrán prioridad para tal comisión y percibirán una retribución, que será atendida con la partida de gastos de contratación de auxiliares de la misión y no podrá ser superior a la del funcionario local que sustituyen. Tendrán derecho a la reserva de su cargo, mientras dure la comisión de servicio en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores abonará únicamente los gastos de sus pasajes de ida y vuelta a la ciudad de destino.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición estableciendo la nómina de destinos abarcada por la misma, la que no superará un máximo de seis misiones simultáneas. Asimismo establecerá los criterios que aseguren la procedencia de tal contratación, la igualdad de oportunidades, así como los criterios y pautas de selección y aptitud de los funcionarios.

En ningún caso la aplicación de la presente norma podrá afectar el regular funcionamiento de las respectivas dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.

ARTICULO 192.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 203 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«El Instituto se comunicará y coordinará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores».

ARTICULO 193.- Sustitúyense los literales A) y B) del artículo 205 y el inciso segundo del artículo 206 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por los siguientes:

"A) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo presidirá.

B) Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas".

«El Director Ejecutivo del Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones de Bienes y Servicios será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, y durará en sus funciones hasta que se formule nueva propuesta y designación».

ARTICULO 194.- Asígnase al Inciso 06 «Ministerio de Relaciones Exteriores» una partida anual de $ 3.333.600 (pesos uruguayos tres millones trescientos treinta y tres mil seiscientos) a partir del Ejercicio 2000 para atender los gastos de funcionamiento del edificio sede del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

ARTICULO 195.- La referencia al Ministerio de Economía y Finanzas hecha en los artículos 208 y 212 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se entenderá realizada al Ministerio de Relaciones Exteriores.

ARTICULO 196.- Sustitúyese el artículo 215 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«ARTICULO 215. Habilitase una partida anual de $ 4:648.000 (pesos uruguayos cuatro millones seiscientos cuarenta y ocho mil) destinada al funcionamiento del Instituto y a la promoción de la inversión de la exportación de bienes y servicios. En caso de insuficiencia, el Instituto presentará una propuesta anual de asistencia del Estado que se financiará con cargo a Rentas Generales y estará sujeta a las disponibilidades del Tesoro».

ARTICULO 197.- Los créditos reseñados en el artículo 726 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, podrán ser utilizados en un 40% (cuarenta por ciento) para el mejor cumplimiento de las funciones, actividades y metas programáticas identificadas por el Inciso, que sean desempeñadas por los funcionarios del Escalafón "A" del Ministerio de Relaciones Exteriores que no se encuentren comprendidos en el artículo 44 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, con el objetivo de lograr una gerencia profesional permanente y especializada.

A los efectos del presente artículo no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y sus modificativas, y artículo 105 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983.

ARTICULO 198.- Los funcionarios comprendidos en las categorías 1 a 4 (Secretarios de Tercera a Consejeros) del Escalafón M (Servicio Exterior), único escalafón no incluido en la reestructura dispuesta por el artículo 234 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, que benefició a los funcionarios de los escalafones de apoyo al Servicio Exterior ("A", "B", "C", "D", "E" y "F"), que computen una antigüedad mínima de 6 años en sus respectivas categorías y reúnan las condiciones generales para el ascenso, serán ascendidos un grado.

Los ascensos conferidos en virtud de lo establecido en la presente disposición, no otorgan derecho a diferencias de sueldos, compensaciones, ni otros conceptos con anterioridad al 31 de marzo de 2001 y las generadas a partir de esa fecha se financiarán con economía del Grupo 0 y la recaudación generada por la derogación del artículo 473 de la ley Nº 16.226 de 29 de octubre de 1991.

El procedimiento previsto en este artículo se aplicará a cada funcionario una sola vez en el curso de su carrera funcional.

INCISO 07
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

ARTICULO 199.- Habilítase una partida de Rentas Generales para el funcionamiento del Programa 001, Unidad Ejecutora 001 «Administración Superior» del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de un monto anual de $ 11:620.000 (pesos uruguayos once millones seiscientos veinte mil).

ARTICULO 200.- Fíjase en el Programa 001, Unidad Ejecutora 001 «Administración Superior» del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la partida anual prevista por el inciso 1° del artículo 89 de la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988, en la redacción dada por el artículo 602 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990 en la suma de $ 929.600 (pesos uruguayos novecientos veintinueve mil seiscientos).

ARTICULO 201- Créase en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Programa 001, Unidad Ejecutora 001 «Administración Superior» una Unidad que evalúe proyectos y promueva actividades agropecuarias que, con un manejo sostenible de los recursos naturales contribuyan a mejorar el balance neto de emisiones de gases de efecto invernadero.

ARTICULO 202.- Habilítase una partida anual de Rentas Generales de $ 1:200.000 (pesos uruguayos un millón doscientos mil) en el Programa 001, Unidad Ejecutora 001 «Dirección General de Secretaría» del Inciso 07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino al apoyo de instituciones que realicen acciones vinculadas al fomento, promoción y desarrollo de la juventud rural.

ARTICULO 203- Sustitúyese el artículo 264 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«ARTICULO 264. Salvo autorización expresa escrita de los Directores de las unidades ejecutoras, los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que en razón del ejercicio de sus funciones de contralor obtuvieran informaciones, están obligados a guardar secreto acerca de las mismas.

Asimismo, deberán mantener reserva de las actuaciones administrativas o judiciales de las que tengan conocimiento.

Sin perjuicio de lo anterior y cuando así se solicite, dichas informaciones deberán ser comunicadas a las autoridades jurisdiccionales, al Poder Legislativo y a otros organismos de acuerdo con la normativa vigente.

La presente disposición no afectará la difusión de datos globales o estadísticos sin mención expresa a ningún administrado».

ARTICULO 204.- Modifícase la denominación del Programa 002, Unidad Ejecutora 002 «Instituto Nacional de Pesca» del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el que pasará a llamarse «Dirección Nacional de Recursos Acuáticos».

ARTICULO 205.- Decláranse inembargables los permisos de pesca otorgados por el Poder Ejecutivo y prohíbese la adopción de toda medida que impida sus legítimos poderes de administración sobre los recursos vivos acuáticos.

ARTICULO 206.- Facúltase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a reglamentar la expedición de permisos de caza en otras dependencias estatales o en locales comerciales que giren en el ramo de armería, sin perjuicio de la expedición de los mismos en las oficinas habilitadas de esa Secretaría de Estado.

ARTICULO 207- Asígnase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una partida anual de $ 406.700 (pesos uruguayos cuatrocientos seis mil setecientos), con destino a atender las cuotas de contribución al Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE).

ARTICULO 208.- Asígnase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una partida de $ 402.982 (pesos uruguayos cuatrocientos dos mil novecientos ochenta y dos), por única vez, con destino a atender las contribuciones adeudadas en el período 1995-1999 al Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE).

ARTICULO 209.- Sustituyese el inciso quinto del numeral 3º) del artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por los siguientes:

«El importe de las multas, de los decomisos fictos y del producido de la venta de los decomisos efectivos constituirán recursos de libre disponibilidad de las unidades ejecutoras de la Secretaría de Estado.

Hasta el 50% (cincuenta por ciento) de los mismos podrá ser distribuido entre los funcionarios actuantes en la constatación de la infracción, con excepción de aquéllos que cumplan funciones de dirección de unidades ejecutoras o divisiones, en la forma, monto y condiciones que determine la reglamentación.

Deróganse todas las normas legales y reglamentarias que establezcan una distribución distinta del producto de las sanciones».

ARTICULO 210.- Facúltase a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, previa conformidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para proceder a la designación o la contratación, si correspondiere, de observadores técnicos nacionales para embarcar en los buques pesqueros a efectos del cumplimiento de las tareas de observación y documentación de las operaciones de pesca, de proceso industrial, investigación y suministro de toda la información científica, biológica y técnica que le sea requerida por la Dirección.

ARTICULO 211- El Presidente de la República en acuerdo con los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas y previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fijará anualmente el importe que por concepto de viáticos por días de navegación percibirán los observadores a que refiere el artículo anterior. Dicho importe será fijado teniendo en cuenta las características, condiciones y términos de las campañas a ser realizadas por la embarcación de que se trata y será abonado por los titulares de permisos de pesca a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. Los titulares de permisos de pesca estarán obligados asimismo a proporcionar alojamiento y alimentación a los citados observadores.

ARTICULO 212.- Sustitúyense los incisos tercero y cuarto del Artículo 275 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por los siguientes:

«El monto de la tasa se graduará entre un mínimo de 1 UR (una Unidad Reajustable) y un máximo de 50 UR (cincuenta Unidades Reajustables).

Facúltase al Poder Ejecutivo para que, conforme a la normativa vigente en la materia, proceda a graduar el monto de la tasa entre los mínimos y máximos establecidos en el inciso anterior, en función, según sea el caso, de la o las especies a cazar, el cupo de ejemplares, la extensión del período de vigencia del permiso y a exonerar de la tasa a la expedición de permisos de caza de las especies declaradas plagas, cuando sean consideradas especialmente dañinas para la economía nacional.»

ARTICULO 213.- Habilítase una partida de Rentas Generales para el funcionamiento del Programa 003 Unidad Ejecutora 003 «Dirección General de Recursos Naturales Renovables», del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por un monto anual de $ 2:500.000 (pesos uruguayos dos millones quinientos mil).

ARTICULO 214- Habilítase en la órbita del Programa 05 «Dirección General de Servicios Ganaderos» del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una partida anual de $ 6:972.000 (pesos uruguayos seis millones novecientos setenta y dos mil) con destino al financiamiento de las actividades propias de los distintos departamentos y áreas de actividad de la División de Laboratorios Veterinarios del Programa, así como las actividades previstas en el artículo 13 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 215.- Habilítase una partida anual de hasta $90:074.754 (pesos uruguayos noventa millones setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro) en el Grupo 0 «Servicios Personales» del Programa 005 «Servicios Ganaderos», del Inciso 07 «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca», con destino a abonar compensaciones a los funcionarios asignados al sistema de control de las condiciones de sanidad animal, higiene e inocuidad de carnes, productos cárnicos y derivados, en los términos que establezca la reglamentación.

El monto nominal de dichas compensaciones no podrá ser superior al monto vigente al primero de enero de 2000 y se ajustará en las mismas oportunidades en que se ajusten las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central.

Sustitúyese el inciso final del artículo 421 de la Ley N° 13.892, de 19 de octubre de 1970, en la redacción dada por el artículo 319 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, y por el artículo 36 de la Ley N° 16.697, de 25 de abril de 1995, el que quedará redactado de la siguiente forma:

«La recaudación será vertida a Rentas Generales.»

ARTICULO 216.- Asígnase una partida anual de $ 9:300.000 (pesos uruguayos nueve millones trescientos mil), al Fondo de Apoyo a la Citricultura creado por la Ley Nº 16.332, de 26 de noviembre de 1992.

ARTICULO 217.- Habilítase una partida anual de Rentas Generales de $ 3:718.400 (pesos uruguayos tres millones setecientos dieciocho mil cuatrocientos) para operar el Buque de Investigaciones «Aldebarán», en el Programa 002, Unidad Ejecutora 002 «Dirección Nacional de Recursos Acuáticos» del Inciso 07 «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca».

ARTICULO 218- Desígnase a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como única entidad habilitada para extender los certificados de origen de los productos provenientes de la pesca y caza acuática.

ARTICULO 219.- Interprétase que los fondos permanentes de indemnización establecidos legalmente, cuya recaudación corresponde a esta Secretaría de Estado, deberán ser utilizados para el cumplimiento de sus fines.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por resolución fundada determinará las prioridades específicas inherentes, pudiendo vincular el producido de dichos fondos al cumplimiento de actividades conexas al mismo, con excepción de retribuciones personales.

ARTICULO 220.- El pago de la compensación por embarque del personal afectado a las tareas desarrolladas por los buques de investigación así como sus correspondientes aportes a la seguridad social serán financiados con los recursos generados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.

ARTICULO 221- El Poder Ejecutivo reglamentará la certificación de productos agrícolas orgánicos y/o provenientes de sistemas de producción de agricultura integrada.

La certificación será efectuada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas o por entidades de certificación oficialmente reconocidas y registradas ante la misma de acuerdo a los requerimientos que establezca la reglamentación.

ARTICULO 222.- Encomiéndase al Instituto Nacional de Carnes (INAC) la presentación de un proyecto de ley con la actualización de sus funciones en un plazo no mayor a noventa días.

Habilítase al INAC a establecer una reglamentación en la que ajuste a las modernas necesidades del mercado y la producción el mayor o menor cumplimiento de sus controles y competencias.

ARTICULO 223.- Derógase el inciso primero del artículo 22 de la Ley Nº 16.211, de 1º de octubre de 1991.

ARTICULO 224.- Decláranse de interés nacional los programas, estudios, investigaciones y acciones emprendidas en cumplimiento del Decreto-Ley Nº 15.239, de 23 de diciembre de 1981, y del Decreto 284/990, de 21 de junio de 1990, relativos a la promoción y regulación del uso y conservación de suelos y de las aguas superficiales destinadas a uso con fines agropecuarios.

ARTICULO 225- Créase en el Inciso 07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Programa 008 «Programa Forestal», cuya Unidad Ejecutora será la Dirección General Forestal.

La Contaduría General de la Nación, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, transferirá los créditos presupuestales y los cargos y contratos de función pública necesarios para su funcionamiento, del Programa 003 Recursos Naturales Renovables.

ARTICULO 226.- Créase en el Programa 008 Unidad Ejecutora 008 «Dirección General Forestal» del Inciso 07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el cargo de particular confianza «Director General de la Dirección General Forestal». Su retribución será la establecida por el Literal f) del artículo 9° de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986.

ARTICULO 227.- Sustitúyese el inciso segundo del literal B) del artículo 284 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, el que quedará redactado de la siguiente forma:

«La partida de $ 11:170.515 (pesos uruguayos once millones ciento setenta mil quinientos quince) asignada en el planillado presupuestal al Inciso en el objeto del Gasto 581 «Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales», podrán ser reasignadas en forma total o parcial por el Jerarca del Inciso al Grupo 0 «Servicios Personales», en cualquiera de sus programas con destino a compensar a los funcionarios que desempeñan tareas prioritarias para el cumplimiento de los cometidos sustantivos del mismo y con un alto grado de especialización y dedicación de acuerdo con la reglamentación que apruebe el Poder Ejecutivo.

Facúltase al Poder Ejecutivo a no ejecutar la partida en el año 2001 y a reasignarla a partir del año 2002.

La referida reasignación no podrá generar aumento del costo presupuestal ni de caja.»

INCISO 08
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA MINERIA

ARTICULO 228.- Los funcionarios del Inciso 08 Ministerio de Industria, Energía y Minería, que pasen a prestar funciones en comisión al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, dejarán de percibir la partida aplicada a la corrección de las inequidades existentes en las remuneraciones de los funcionarios que desempeñen tareas de similar jerarquía, complejidad y responsabilidad, prevista por el artículo 726 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 229.- Habilítase en la Unidad Ejecutora 008, «Dirección Nacional de Energía», una partida anual de $ 663.640 (pesos uruguayos seiscientos sesenta y tres mil seiscientos cuarenta) en el Grupo 0 «Retribución de Servicios Personales» con destino a la designación de dos funcionarios contratados al amparo del régimen dispuesto por el artículo 22 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, para el desempeño de funciones de alta especialización.

ARTICULO 230.- Asígnase a la Unidad Ejecutora 011 «Dirección Nacional de Tecnología Nuclear» una partida por única vez de $ 1:200.000 (pesos uruguayos un millón doscientos mil) para su utilización en las actividades de desarmado de las instalaciones que albergan al Reactor de Investigaciones RU1 en el Centro de Investigaciones Nucleares y para mejorar o iniciar nuevas instalaciones para la gestión y almacenamiento de residuos radioactivos provenientes de actividades realizadas en el territorio nacional.

ARTICULO 231.- Autorízase al Inciso 08 Ministerio de Industria, Energía y Minería, a abonar los aportes patronales de las retribuciones establecidas en el literal C) del artículo 290 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por los artículos 63 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994 y 305 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, con cargo a los fondos del literal A) del artículo citado.

ARTICULO 232.- Créase el Fondo Industrial de Defensa Comercial, cuyo monto ascenderá a $ 300.000 (pesos uruguayos trescientos mil) para el Ejercicio 2001, $ 600.000 (pesos uruguayos seiscientos mil) para el Ejercicio 2002, $ 600.000 (pesos uruguayos seiscientos mil) para el Ejercicio 2003, y $ 600.000 (pesos uruguayos seiscientos mil) para el Ejercicio 2004. Dichos montos tendrán por objeto financiar la realización de las siguientes actividades:

A) Realizar la instrucción de las investigaciones que se realicen en el marco de los Acuerdos derivados de la Ronda Uruguay del GATT.

B) Asistir a las empresas nacionales que deseen solicitar la realización de las investigaciones antes referidas.

C) Asistir a las empresas exportadoras nacionales que sean objeto de investigaciones de este tipo en el exterior.

D) Difundir las obligaciones y derechos derivados de los mencionados Acuerdos entre todos los agentes económicos nacionales.

El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el presente artículo.

ARTICULO 233.- Autorízase la incorporación a la Unidad Ejecutora 002 «Dirección Nacional de Industrias», de hasta dos funcionarios presupuestados del Inciso 11 «Ministerio de Educación y Cultura», los que podrán optar por dicha incorporación de acuerdo a las siguientes condiciones:

A) La opción deberá formularse dentro de los sesenta días siguientes a la promulgación de la presente ley.

B) Los funcionarios deberán encontrarse, al momento de la opción, afectados a brindar apoyo administrativo a la Comisión del Papel creada por el artículo 79 de la Ley Nº 13.349, de 29 de julio de 1965.

C) La incorporación se realizará mediante la habilitación de un cargo en el último grado ocupado del escalafón respectivo, suprimiéndose en la repartición de origen el cargo correspondiente.

D) La incorporación no podrá significar disminución de la retribución del funcionario y, en su caso, la diferencia se considerará compensación personal.

La incorporación será dispuesta por el Poder Ejecutivo con informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

ARTICULO 234- Asígnase a la Unidad Ejecutora 011 «Dirección Nacional de Tecnología Nuclear» una partida anual de $ 232.400 (pesos uruguayos doscientos treinta y dos mil cuatrocientos), a ser usada como contrapartida de gastos emergentes de acciones derivadas de la cooperación técnica internacional.

ARTICULO 235.- Asígnase a la Unidad Ejecutora 011 «Dirección Nacional de Tecnología Nuclear» una partida por única vez de $ 450.000 (pesos uruguayos cuatrocientos cincuenta mil) a efectos de su utilización para realizar un relevamiento a nivel nacional con el fin de actualizar el Registro Nacional de Fuentes de Radiaciones Ionizantes.

ARTICULO 236.- Los funcionarios presupuestados o contratados que se encontraran prestando funciones en comisión en el Inciso 08 «Ministerio de Industria, Energía y Minería», podrán optar por su incorporación a éste de acuerdo a las siguientes bases:

a) La opción deberá formularse dentro de los 60 (sesenta) días de la publicación de la presente ley.

b) Sólo podrán optar aquellos funcionarios de la Administración Central que cuenten con un mínimo de 2 (dos) años de antigüedad, en el desempeño de sus funciones, en dicha Secretaría de Estado.

La incorporación se realizará conforme a las normas pertinentes del Capítulo III de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 y será dispuesta por el Poder Ejecutivo, previa conformidad expresa de los jerarcas de las oficinas de origen y destino con informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación.

ARTICULO 237- Derógase el monopolio que el Artículo 1º de la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931, estableció, en cuanto refiere a la importación y venta del asfalto y sus derivados.

ARTICULO 238.- Destínase por única vez una partida de $ 820.000 (pesos uruguayos ochocientos veinte mil) para el estudio de factibilidad de la explotación de los recursos geológicos del departamento de Rocha.

INCISO 09
MINISTERIO DE TURISMO

ARTICULO 239.- Suprímese la Unidad Ejecutora 002, asignándose sus cometidos a la Unidad Ejecutora 001.

La estructura organizativa será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

ARTICULO 240.- Declárase zona de especial interés para la expansión turística a la Isla de Flores ubicada en el Río de la Plata.

ARTICULO 241.- Exonérase del pago de las sumas adeudadas por concepto de multas acumuladas a los titulares de los establecimientos hoteleros no reinscriptos hasta la fecha en el registro de hoteles que lleva el Ministerio de Turismo, según lo previsto por el artículo 61 de la Ley Nº 14.057, de 3 de febrero de 1972, con la redacción dada por el artículo 56 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988.

ARTICULO 242.- Sustitúyese el Artículo 61 de la Ley Nº 14.057, de 3 de febrero de 1972, con la redacción dada en el Artículo 56 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, por el siguiente:

«ARTICULO 61.- La vigencia de las inscripciones en el Registro de Hoteles y Afines del Ministerio de Turismo, será de cinco años a partir de la primera inscripción.

Los establecimientos deberán reinscribirse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento del plazo de cinco años. Vencido dicho plazo sin haberse efectuado la reinscripción:

A) Los derechos que confiere la respectiva inscripción quedarán suspendidos hasta tanto el interesado no regularice su situación en el Registro de Hoteles y Afines.

B) El prestador se hará pasible a las sanciones previstas por el Capítulo VII del Decreto-Ley Nº
14.335, de 23 de diciembre de 1974".

ARTICULO 243.- Sustitúyese el artículo 305 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, con la redacción dada por el artículo 57 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, por el siguiente:

«ARTICULO 305. Los establecimientos que inicien su actividad y deban inscribirse en el Registro de Hoteles y Afines a que refiere el artículo 76 de la Ley Nº 13.659, de 2 de junio de 1968, deberán hacerlo dentro de los noventa días siguientes a la fecha de expedición de la correspondiente habilitación municipal. Vencido dicho plazo, el prestador se hará pasible a las sanciones previstas por el Capítulo VII del Decreto-Ley Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974».

ARTICULO 244.- Sustitúyese el artículo 217 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

«ARTÍCULO 217. Facúltase al Ministerio de Turismo para inscribir o reinscribir, en forma provisoria y por un plazo máximo de dieciocho meses, a los establecimientos hoteleros y afines que posean la habilitación municipal en trámite, siempre que sus titulares acrediten haber cumplido las exigencias básicas para la obtención de la misma y la respectiva Intendencia no manifieste su disconformidad con esta inscripción o reinscripción provisoria.

Los derechos que confiere la inscripción provisoria durante el plazo de su vigencia, serán iguales a los que se derivan del acto de inscripción definitiva. Vencido el plazo de referencia, caducarán automáticamente los derechos emergentes del registro provisorio del establecimiento.

El plazo de inscripción provisoria transcurrido se tendrá en cuenta para el cómputo del plazo de vigencia registral de la inscripción definitiva».

ARTICULO 245- Autorízase al Poder Ejecutivo la enajenación de los siguientes bienes, administrados por el Ministerio de Turismo:

1º) Padrón 5331 ubicado en la 7ª. Sección Judicial de Lavalleja, denominado "Parador Pororó";

2º) Padrón 5534, solares 2, 3 y 4, ubicado en la 1ª. Sección Judicial de Rivera, denominado "Hotel Casino Rivera";

3º) Padrón 4042, ubicado en la 5ª. (antes 3ª.) Sección Judicial de Maldonado (depósito Piriápolis);

4º) Padrón 2010, ubicado en la 5ª. Sección Judicial de Maldonado, denominado "Pasiva de Piriápolis", el cual será prioritariamente ofrecido a la Intendencia Municipal de Maldonado;

5º) Padrón 34146, ubicado en la 5ª. Sección Judicial de Rocha, Paraje "La Coronilla";

6º) Padrón 3237, ubicado en la 1ª. Sección Judicial de Río Negro, denominado "Parador y Motel Las Cañas".

Para la enajenación se seguirá el procedimiento previsto en los incisos segundo a quinto del artículo 343 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970, y sus modificativos.

El 80% (ochenta por ciento) del producido de la venta de los referidos inmuebles será destinado al Fondo de Fomento de Turismo creado por el artículo 18 del Decreto-Ley Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974. El resto será distribuido en partes iguales a la Administración Nacional de Educación Pública y al Ministerio de Salud Pública.

En el caso de enajenación prevista en el numeral 4º) de este artículo, el Ministerio de Turismo, deberá proceder con anterioridad a solicitar opinión de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación sobre si las construcciones que se encuentran en el mismo, tienen valor histórico.

ARTICULO 246.- Los recursos obtenidos por la enajenación de inmuebles a que refiere el artículo 245 de la presente ley y destinados al Fondo de Fomento de Turismo, se aplicarán prioritariamente a acciones tendientes a:

A) La consolidación de una conciencia turística nacional.

B) Apoyo a la diversificación de la oferta turística.

C) La complementación regional de productos turísticos.

D) El fomento del turismo interno y social.

ARTICULO 247.- Dispónese la regularización de las partidas que el Ministerio de Turismo abona a la fecha de la promulgación de la presente ley, a los funcionarios con cargo a fondos de libre disponibilidad, las que deberán imputarse a los créditos presupuestales del Inciso.

Habilítase a tales efectos en la Unidad Ejecutora 001, Dirección General de Secretaría, las siguientes partidas anuales: en el Rubro 0 Retribución de Servicios Personales una partida anual de $ 3:000.000 (pesos uruguayos tres millones) con destino a la contratación de pasantías.

En el Rubro 0 Retribución de Servicios Personales una partida anual de $ 1:061.500 (pesos uruguayos un millón sesenta y un mil quinientos) con destino al pago de retribuciones por concepto de mayor dedicación, las que distribuirán de acuerdo a la reglamentación que al efecto dictará el Poder Ejecutivo.

INCISO 10
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

ARTICULO 248.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exigir a quienes fueren deudores de las empresas transportistas contribuyentes de la Dirección General Impositiva y del Banco de Previsión Social, pagos a cuenta de las obligaciones tributarias de estos últimos, cuando de los actos u operaciones que los vinculen, resulte una relación de crédito que les permita ejercer, luego de efectuados los citados pagos a cuenta, el correspondiente derecho a resarcimiento.

Confiérese a los obligados a pagar por deuda ajena a que refiere el inciso anterior, la calidad de responsables por obligaciones tributarias de terceros.

Para la fijación de la cuantía de los anticipos no regirán las limitaciones que establezcan las disposiciones legales actualmente vigentes.

ARTICULO 249- Derógase el artículo 329 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 250.- Elimínase el cargo de Director Nacional del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.

ARTICULO 251.- Agrégase al artículo 324 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el siguiente inciso:

«Cuando se trate de la ejecución de obra pública nacional o municipal por el régimen de concesión, el requisito de presentación del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, será exigible sólo a las empresas que tengan a su cargo la ejecución de los trabajos».

ARTICULO 252.- Los organismos del Estado y sus contratistas podrán adquirir a cualquier proveedor local o extranjero los asfaltos pesados, diluidos asfálticos y emulsiones asfálticas, necesarios para trabajos de construcción, rehabilitación, conservación o mantenimiento de obras públicas. Se incluirá en los pliegos o contratos la cláusula respectiva.

ARTICULO 253.- Interprétase que el ámbito de aplicación del inciso 4° del artículo 362 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, comprende a todos los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, incorporados mediante designación o cualquier otro procedimiento legal.

ARTICULO 254.- Decláranse habilitados los siguientes puertos:

PUERTO  

UBICACION

Buceo  

Montevideo

Montevideo  

Montevideo (incluye muelle del ex Frigorífico Nacional)

Punta del Canario  

Montevideo - Rincón del Cerro

Punta Carretas  

Montevideo

Santiago Vázquez  

Montevideo Río Santa Lucía

Marina Santa Lucía  

Montevideo - Santiago Vázquez

Punta del Este  

Punta del Este - Bahía de Maldonado

José Ignacio  

(Boya Petrolera)  

Maldonado - Río de la Plata

Piriápolis  

Maldonado - Río de la Plata

Arroyo Cufré  

Balneario Cufré

La Charqueada  

Treinta y Tres río Cebollatí km 26

La Paloma  

Rocha - oceáno Atlántico

Puerto de Yates
de Colonia  

Colonia de Sacramento - Colonia km 177 Ruta Nacional Nº 1
«Brigadier General Manuel Oribe»

Dársena Higueritas  

Nueva Palmira - Colonia

Río Rosario  

Colonia río Rosario km 1 a km 18

Sauce  

Colonia - Juan Lacaze - Río de la Plata

Riachuelo  

Colonia - arroyo Riachuelo km 167 Ruta Nacional Nº 1 «Brigadier General Manuel Oribe» (dos muelles comerciales y atracadero deportivo),

Comercial de Colonia  

Colonia de Sacramento - Colonia Río de la Plata

Conchillas  

Colonia - Río de la Plata Km. 85.500
km 228 Ruta Nacional Nº 21 «Treinta y Tres Orientales»,

Carmelo  

Colonia - Carmelo Arroyo Las Vacas

Nueva Palmira  

Colonia - Nueva Palmira Río Uruguay km 0 al 5
(incluye Muelle Oficial y privados)

Dolores  

Soriano - Dolores - km 23,500 Río San Salvador

Mercedes  

Soriano - Mercedes km 55 Río Negro

Villa Soriano  

Soriano - Villa Soriano Km. 10 Río Negro

Fray Bentos  

Río Negro - Fray Bentos Río Uruguay

Paysandú  

Paysandú km 200 Río Uruguay

Salto  

Salto - Salto km 335 Río Uruguay

ARTICULO 255.- Se encomienda al Poder Ejecutivo la construcción y culminación de la primera etapa de la ampliación del muelle de ultramar del puerto de Fray Bentos.

ARTICULO 256- Decláranse habilitados los puertos de M'Bopicuá y Laureles sobre el río Uruguay, en el departamento de Río Negro. Estas habilitaciones entrarán en vigencia una vez que el Poder Ejecutivo apruebe los estudios técnicos, económicos y ambientales exigidos por las leyes vigentes y adopte las resoluciones correspondientes.

ARTICULO 257.- Facúltase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a habilitar puertos en forma provisoria, siempre que los mismos estén comprendidos en la política nacional portuaria y una vez que el Poder Ejecutivo apruebe los estudios técnicos, económicos y ambientales exigidos por las leyes vigentes y adopte las resoluciones correspondientes.

ARTICULO 258- Derógase la Ley Nº 703, de 7 de mayo de 1862.

ARTICULO 259.- Cuando la Administración entregue como compensación o permuta por una expropiación, inmuebles de su propiedad, la transferencia de dicho bien inmueble a un particular estará exenta de todos los impuestos y tasas que gravan las transferencias de bienes inmuebles y la de los respectivos derechos registrales.

ARTICULO 260.- Declárase la caducidad de las obligaciones tributarias del impuesto a los ejes, creado por el artículo 15 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 196 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y el artículo 316 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, así como de todas las sanciones pecuniarias que por tal motivo fueran impuestas.

Lo dispuesto en el inciso precedente refiere a las obligaciones tributarias y las sanciones pecuniarias que se encuentren pendientes de pago a la fecha de vigencia de la presente ley.

ARTICULO 261.- Las infracciones en materia de transporte por carretera de competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, prescribirán en un plazo de dos años a partir de la fecha de notificación de la infracción, de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Asimismo, las sanciones en la misma materia prescribirán en un plazo de dos años a partir de la fecha en que quede firme el acto administrativo que las impone, si la Administración no iniciare acción judicial de cobro dentro de dicho plazo.

ARTICULO 262.- Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a establecer horarios especiales para los funcionarios que deban cumplir tareas de contralor o inspección en materia de transporte, las cuales requieren su prestación en forma permanente.

ARTICULO 263.- Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 13.899, de 6 de noviembre de 1970, en la redacción dada por el artículo 327 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«ARTÍCULO 4º. En todas las expropiaciones, cuando los interesados presenten plano de mensura inscripto de la totalidad del inmueble se les deberá entregar libre de todo gasto, un plano de la fracción remanente, una vez deducida la parte expropiada de la totalidad. El plano presentado deberá cumplir con las exigencias siguientes:

A) Los planos con fecha de inscripción anterior a la vigencia de la presente ley, deberán incluir: nombre del propietario, departamento y sección judicial en que esté ubicado el terreno o campo mensurado, número de padrón, áreas totales y parciales, orientación, escala, longitud de los límites artificiales, número de padrón o nombre de los linderos, la poligonal con los ángulos y distancias que hayan servido para el relevamiento de los límites naturales con la acotación de las ordenadas y una nota en que conste hasta dónde se ha medido. Cuando se trate de límite sobre arroyos, lagunas del Estado o costa oceánica la poligonal general deberá quedar fijada angularmente y por distancia
de uno de sus vértices con cada uno de los límites artificiales existentes, cuando éstos separen fracciones cuya área esté determinada en el plano.

B) Para los planos inscriptos con posterioridad a la fecha antedicha, los mismos deberán contener toda la información necesaria que permita a la Administración la confección del plano del área remanente de conformidad con las exigencias para la inscripción del plano en la Dirección Nacional de Catastro.

Dicho plano podrá ser confeccionado por composición gráfica en cuyo caso para su inscripción no regirá la obligación de verificar la concordancia de límites impuesta por el artículo 286 de la Ley Nº 12.804, de 30 de noviembre de 1960".

ARTICULO 264- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, por el siguiente:

«ARTÍCULO 18. Fijado con arreglo al artículo 16 el trazado definitivo de la obra, la Administración tasará con arreglo a la presente ley y por medio de su personal técnico, los bienes sujetos a expropiación.

La tasación que así resulte será notificada a los propietarios o a sus representantes legales, quienes estarán obligados a manifestar, dentro del término de quince días, si la aceptan, o indicar en caso contrario y bajo la pena que establece el artículo 39, la cantidad que soliciten, especificando lo que requieren por concepto del valor de la propiedad y lo que dado el caso reclaman por daños y perjuicios, con expresión de sus causales. El término expresado se duplicará para los representantes de menores e incapaces. El silencio se tendrá por aceptación.

Si no hubiera sido posible notificar al propietario o a su representante, ya sea por ausencia o por cualquier otra causa, o si notificado manifestase su disconformidad con la tasación, se dejará constancia en el expediente, que será remitido a las áreas jurídicas de la oficina competente o funcionario que corresponda, a fin de que inicie el respectivo juicio de expropiación.

En caso de aceptación expresa o tácita de la tasación, se procederá de inmediato a la escrituración y pago simultáneo de la indemnización fijada al inmueble. Si a pedido de la parte expropiada, y de conformidad con el informe técnico del organismo expropiante, se debiera extender la fecha de entrega del inmueble, la Administración podrá autorizar el pago de un anticipo en unidades reajustables de la indemnización aceptada. El saldo se abonará contra entrega del inmueble y escrituración correspondiente».

ARTICULO 265.- Agrégase al artículo 152 del Decreto-Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, (Código de Aguas) el siguiente numeral:

«6) La construcción de obras dentro de la planicie de inundación de ríos, arroyos o lagunas naturales, con fines de defensa contra sus aguas o para su derivación o drenaje».

ARTICULO 266.- Sustitúyese el artículo 180 del Decreto-Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, (Código de Aguas) por el siguiente:

«ARTÍCULO 180. La concesión de uso, cuando tenga por objeto la ocupación de álveos del dominio público, se regirá, en todo lo que sea compatible, por los artículos precedentes. Cuando no suponga la derivación de aguas, el Poder Ejecutivo por resolución fundada en razones de interés en el servicio que se pretende prestar con las obras a construir, monto de la inversión y otros aspectos relevantes del mismo, podrá extender el plazo de la concesión hasta el límite establecido por el artículo 168; en caso contrario sólo podrá concederse por un plazo de hasta diez años.

La ocupación de tales álveos para el estudio e implantación de industrias extractivas se regirá por las disposiciones del Código de Minería y las normas relativas a la defensa de playas, costas y orillas y al mantenimiento del régimen hidrológico (artículos 151 al 154)».

ARTICULO 267.- Constituyen recursos de la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito, creada por la Ley Nº 16.585, de 22 de setiembre de 1994, las asignaciones que le fije la ley, los frutos civiles y naturales de los bienes que le pertenezcan, los bienes que reciba por testamento, donación o cualquier otra contribución y el producto de los tributos que la ley le confiera.

ARTICULO 268.- De las asignaciones presupuestales destinadas a gastos de inversión que figuran en los anexos de la presente ley, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá ejecutar hasta la suma de $1.626:200.000 (pesos uruguayos mil seiscientos veintiséis millones doscientos mil) correspondientes a U$S 140:000.000 (dólares estadounidenses ciento cuarenta millones), durante el Ejercicio 2000; hasta la suma de $ 1.789:480.000 (pesos uruguayos mil setecientos ochenta y nueve millones cuatrocientos ochenta mil), correspondientes a U$S 154:000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta y cuatro millones) en el Ejercicio 2001 y hasta la suma de $ 1.968:428.000 (pesos uruguayos mil novecientos sesenta y ocho millones cuatrocientos veintiocho mil) correspondientes a U$S 169:400.000 (dólares estadounidenses ciento sesenta y nueve millones, cuatrocientos mil) anuales durante los ejercicios 2002, 2003 y 2004. Dichas cifras son montos totales, por lo que comprenden financiamiento, tanto de recursos locales como de endeudamiento externo.

Los topes de ejecución antes señalados comprenden las partidas de $ 98:421.400 (pesos uruguayos noventa y ocho millones cuatrocientos veintiún mi cuatrocientos) correspondientes a U$S 8:470.000 (dólares estadounidenses ocho millones cuatrocientos setenta mil) en el Ejercicio 2000 y de $ 136:417.880 (pesos uruguayos ciento treinta y seis millones cuatrocientos diecisiete mil ochocientos ochenta), correspondientes a U$S 11:739.921 (dólares estadounidenses once millones setecientos treinta y nueve mil, novecientos veintiuno) anuales, en los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004 que se encuentran incorporados en el Programa 008 (Mantenimiento de la Red Vial Departamental) con destino al Programa de Mantenimiento de la Caminería Rural.

ARTICULO 269.- Modifícase el artículo 9º del Decreto-Ley Nº 14.650, de 12 de mayo de 1977, que quedará redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 9º. Los buques de bandera nacional que cumplan tráficos o servicios aprobados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y las mercaderías, productos y bienes que éstos transporten, gozarán de los beneficios de la presente ley, siempre que aquéllos cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación:

A) Cuando sus propietarios, partícipes o armadores (artículo 1045 del Código de Comercio) sean personas físicas, deberán acreditar su condición de ciudadanos naturales o legales de la República y justificar su domicilio en el territorio nacional.

B) Cuando sus propietarios, partícipes o armadores (artículo 1045 del Código de Comercio) sean personas jurídicas privadas, estatales o mixtas (artículo 188 de la Constitución de la República) deberán acreditar, en cuanto corresponda:

1) Su domicilio social en el territorio nacional.

2) Control y dirección de la empresa ejercidos por ciudadanos naturales o legales uruguayos.

3) Tener representante debidamente acreditado y con domicilio en el territorio nacional.

4) Inscripción y justificación de estar al día con las obligaciones establecidas por leyes sociales y tributarias correspondientes a la empresa, a buques armados por ésta o de su propiedad.

Para los casos en que el tráfico o servicio a que se destine la nave, deba cumplirse exclusivamente dentro del territorio nacional, deberán acreditar en cuanto corresponda:

A) Cuando los propietarios, partícipes o armadores sean personas físicas, su condición de ciudadanos naturales o legales de la República y justificar su domicilio en territorio nacional.

B) Cuando los propietarios, partícipes o armadores sean personas jurídicas, estatales o mixtas (artículo 188 de la Constitución de la República):

1) Que la mitad más uno de los socios esté integrada por ciudadanos naturales o legales uruguayos, domiciliados en la República.

2) Por constancia contable y notarial, que la mayoría de las acciones, representativa por lo menos del 51% (cincuenta y uno por ciento) de los votos computables, esté formada por acciones nominativas, de propiedad de ciudadanos naturales o legales uruguayos.

3) Que el control y dirección de la empresa son ejercidos por ciudadanos naturales o legales uruguayos.

4) Justificación de estar al día con las obligaciones establecidas por leyes sociales y tributarias correspondientes a la empresa, a buques armados por ésta, o de su propiedad.

En todos los casos indicados será necesaria la inscripción en el Registro Público de Propietarios y Armadores y en el Registro Nacional de Comercio.

Los beneficios establecidos en la presente ley se encuentran sometidos a la condición resolutoria del cumplimiento de los requisitos exigidos precedentemente».

ARTICULO 270.- Sustitúyese el literal B) del artículo 5º de la Ley Nº 16.387, de 27 de junio de 1993, por el siguiente:

«B) Documentación que acredite la propiedad del buque por parte del solicitante o su derecho a obtenerla, debidamente legalizada y traducida cuando corresponda, en caso de tratarse de buques construidos o transferidos en el extranjero.

En caso de que el buque haya sido arrendado a casco desnudo con suspensión provisoria de la bandera de origen, el documento que acredite tal arrendamiento, acompañado de los que se indiquen expresamente para estos casos en la reglamentación pertinente».

ARTICULO 271.- Sustitúyese el artículo 8º de la Ley Nº 16.387, de 27 de junio de 1993, por el siguiente:

«ARTÍCULO 8º. La autoridad competente o el Cónsul General de la República previa autorización de la misma, podrá otorgar una matrícula provisoria por un período máximo de ciento veinte días, prorrogable por otro igual, previa solicitud del propietario, cuando los perjuicios por la demora en el trámite de matriculación definitiva se justifiquen debidamente.

Será requisito esencial para el otorgamiento de la matrícula provisoria, la presentación de la documentación que acredite el cese de bandera anterior del buque o la suspensión provisoria de bandera para el caso que se indica en el párrafo siguiente, debidamente legalizada y traducida cuando corresponda.

En caso de abanderamiento provisorio por arrendamiento a casco desnudo, el ingreso a la matrícula será por el plazo mínimo de seis meses y no podrá exceder de un año.

Los buques amparados en este régimen podrán realizar exclusivamente operaciones de transporte de mercaderías y personas.

En caso de solicitarse el abanderamiento definitivo de un buque en el extranjero, la autoridad competente, previa certificación de que se han cumplido todos los requisitos legales, procederá a inscribirlo en el Registro Nacional de Buques».

ARTICULO 272.- Agrégase al Capítulo III de la Ley Nº 16.387, de 27 de junio de 1993, que se denominará «Del cese y suspensión de Bandera», un inciso final al artículo 15, cuya redacción será la siguiente:

«Los propietarios de buques mercantes nacionales que arrienden los mismos a casco desnudo (bare boat charter) a armadores extranjeros, para cumplir con tráficos no autorizados por la autoridad competente, podrán solicitar ante la Prefectura Nacional Naval la suspensión del uso de la bandera uruguaya del buque arrendado, por un período no superior a un año».

ARTICULO 273.- Derógase el literal A) del artículo 12 de la Ley Nº 16.387, de 27 de junio de 1993.

ARTICULO 274.- Derógase el artículo 14 de la Ley Nº 11.474, de 11 de agosto de 1950, con la redacción dada por el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 14.443, de 21 de octubre de 1975.

ARTICULO 275.- Sustitúyese el inciso sexto del artículo 2º de la Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.851, de 2 de julio de 1997, por el siguiente:

«Con excepción de los buques mercantes y toda construcción flotante, autopropulsada o no, de carácter civil de bandera nacional, todos los demás vehículos o medios utilizados para el transporte de personas o bienes de matrícula o bandera uruguaya, sólo podrán asegurarse en empresas instaladas y autorizadas conforme a lo preceptuado por el presente artículo. La excepción no comprende a las unidades que integran la flota pesquera».

ARTICULO 276.- Son empresas transportistas profesionales de carga terrestre, las que realizan transporte oneroso de carga por vía terrestre para terceros, en servicios nacionales o internacionales que se encuentre en las condiciones que menciona la presente ley.

Cada vehículo de capacidad superior a 3.500 Kg. destinado al mencionado transporte, deberá estar identificado con una placa adicional a la matrícula, de naturaleza anual que se otorgará por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a aquellos transportistas profesionales de carga terrestre, que acrediten estar inscriptos en un registro especial que llevará la Dirección Nacional de Transporte del citado Ministerio, justifiquen encontrarse al día en el pago de sus contribuciones, generadas desde el 1º de enero de 2001, con el Banco de Previsión Social, y con la Dirección General Impositiva, y cuyos vehículos de transporte de carga cuenten con el Certificado de Aptitud Técnica y Vehicular. A los efectos de este artículo, el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva podrán recaudar estos tributos generados desde el 1º de enero de 2001, aún cuando los contribuyentes no estuvieran al día con los pagos anteriores por los mismos conceptos.

Para realizar transporte oneroso de carga terrestre para terceros, basta con ajustarse a las disposiciones que establece la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de las demás regulaciones nacionales y departamentales vigentes en la materia.

ARTICULO 277.- Todo transporte de carga terrestre que se realice en el país, deberá contar con una guía que contenga la información que se dispondrá en la reglamentación de la presente ley.

La guía formaliza el contrato de transporte y corresponsabiliza a las partes.

ARTICULO 278.- Créase un Organo de Control, que será honorario y estará integrado por un delegado titular y un delegado alterno de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, y de la Mesa Intergremial de Transporte Profesional de Carga.

El Organo de Control que se crea por la presente ley tendrá como finalidad asesorar al Poder Ejecutivo y coordinar y participar en el control de la regularidad y legalidad de la actividad de transporte de carga terrestre.

Facúltase al Poder Ejecutivo para que, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, establezca una tasa por el otorgamiento de la placa adicional a la matrícula a la que se refiere el artículo 276 de la presente ley.

ARTICULO 279- Sin perjuicio del control que corresponde a los organismos de recaudación, la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en las que el Organo de Control designará agentes de control especiales, con el cometido de verificar el cumplimiento de las obligaciones que la presente ley y la reglamentación establezcan para el transporte profesional de carga terrestre.

ARTICULO 280.- Derógase el Impuesto al Uso de la Infraestructura Vial (IMUSIVI), establecido por la Ley Nº 17.156, de 20 de agosto de 1999.

ARTICULO 281.- Las obligaciones que eventualmente surjan por aplicación de las cláusulas de garantía de contratos firmados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se atenderán con cargo a su presupuesto de funcionamiento, iniciando la apertura de los créditos al momento que se generen las mismas.

Los fondos para su financiación se obtendrán descontando los montos respectivos de otros objetos del gasto del presupuesto de funcionamiento o, en su defecto, del presupuesto de inversiones.

ARTICULO 282.- Autorízase a la Dirección Nacional de Vialidad a disponer de los saldos acumulados para el funcionamiento de los órganos de control de las concesiones de obra pública, para estudios, fortalecimiento institucional y proyectos de preinversión e inversión en la zona de influencia de la concesión, relacionados con sus cometidos sustantivos, de conformidad con las normas vigentes en materia de contabilidad y administración.

ARTICULO 283.- El Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de obra pública para la explotación y administración de obras y edificios ya existentes, propiedad del Estado, finalizados o en ejecución, encomendando su conservación, mantenimiento o ampliación, con el fin de obtener fondos para financiar total o parcialmente la construcción, ampliación o terminación de esas u otras obras, tengan o no vinculación física con ellas.

El precio, la tarifa o el peaje será la única compensación que percibirá el concesionario de los usuarios públicos o privados, tanto por la obra existente como por la obra nueva, salvo que medien razones de interés público debidamente fundadas.

ARTICULO 284.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, en la redacción dada por el Decreto-Ley Nº 10.247, de 15 de octubre de 1942, por el siguiente:

«ARTÍCULO 15. En cada caso de expropiación la autoridad respectiva mandará formar expediente, ordenando previamente el levantamiento por los funcionarios u oficinas técnicas de su dependencia de un plano de los terrenos o edificios que se requieran para la obra proyectada, indicando departamento, número de padrón y área.

Sin perjuicio del plano o trazado general de la obra, deberá confeccionarse un plano de mensura en que se determinará la parcela o parcelas a expropiarse, el cual, registrado en la Dirección Nacional de Catastro, encabezará el respectivo expediente de expropiación que se formará a cada inmueble.

Una vez ejecutados el anteproyecto y plano parcelario a que refieren los incisos que anteceden, se mandarán poner de manifiesto por el término de ocho días, notificándose personalmente a los propietarios, sin perjuicio del emplazamiento que se hará por las publicaciones por medio de edictos con las indicaciones del caso sobre el inmueble a expropiar. Dichos edictos se publicarán en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación en el departamento. De estos edictos se dejará constancia en cada expediente, agregándose las publicaciones de práctica.

Los propietarios de los inmuebles deberán denunciar en el acto de notificación o dentro de los ocho días siguientes la existencia de personas que tengan derechos reales o personales consentidos por dichos propietarios con respecto a la cosa expropiada. El incumplimiento de esta obligación hará recaer la responsabilidad reparatoria sobre el propietario omiso en esta obligación».

ARTICULO 285.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir hasta en un 100% (cien por ciento), la aportación patronal con excepción de las correspondientes a la Dirección de los Seguros por Enfermedad, al Banco de Seguros del Estado y al Impuesto a las Retribuciones Personales sobre un dependiente chofer por vehículo registrado de transporte terrestre de carga de más de 5.000 kg a cada una de las empresas transportistas profesionales a que refiere la presente ley.

ARTICULO 286.- Los viáticos que paguen las empresas transportistas comprendidas en la presente ley a sus choferes por servicios prestados en el exterior del país, se consideran a todos los efectos de naturaleza indemnizatoria y por lo tanto no constituyen materia gravada por las contribuciones especiales de seguridad social hasta los montos que el Poder Ejecutivo establezca. Las sumas que excedan los mencionados valores estarán gravadas en su totalidad, salvo que las mismas estén sujetas a rendición de cuentas y escrituración contable o se pruebe fehaciente e inequívocamente su calidad indemnizatoria, a juicio de la Administración.

ARTICULO 287.- Cométese al Poder Ejecutivo la realización de un estudio de factibilidad para la construcción y culminación de un nuevo puente sobre el Arroyo de las Vacas (departamento de Colonia), que viabilice una nueva entrada a la ciudad de Carmelo y canalice el tránsito pesado a través del nuevo puente.

ARTICULO 288.- Cométese al Poder Ejecutivo la realización de un estudio de factibilidad para la construcción y culminación de un puente sobre el Río Cebollatí que comunique el departamento de Rocha y el departamento de Treinta y Tres.

ARTICULO 289.- Cométese para el año 2002 al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la realización de la limpieza, canalización, movimientos de tierra, protección de riberas, recuperación de tierras ribereñas y de zona inundable del Arroyo Cuñapirú y los gajos urbanos y suburbanos que lo forman, por importe equivalente a U$S 1:000.000 (un millón de dólares de los Estados Unidos de América) con cargo a los fondos provenientes de lo dispuesto por el artículo 298 de la Constitución de la República.

ARTICULO 290.- En ocasión de infracciones de tránsito, los funcionarios públicos nacionales o municipales no están habilitados al retiro de la cédula de identificación del vehículo, la licencia de conductor, así como todo otro documento que se encuentre en poder de los conductores o propietarios de vehículos. Quedan exceptuados de la prohibición dispuesta:

a) los vehículos empadronados en el extranjero;

b) los casos previstos por el artículo 25 de la Ley Nº 16.585, de 22 de setiembre de 1994.

INCISO 11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ARTICULO 291.- Asígnase a la Unidad Ejecutora 001 «Dirección General de Secretaría» $ 1:162.000 (pesos uruguayos un millón ciento sesenta y dos mil), anuales, para los ejercicios 2001 a 2003, con la finalidad de atender las obligaciones contraídas en oportunidad de la creación del Fondo Iberoamericano de Ayuda Ibermedia.

ARTICULO 292.- Las Escuelas Nacional de Danza y de Arte Lírico continuarán permaneciendo dentro del Programa 001 «Administración General», bajo la supervisión de la Dirección de Cultura.

ARTICULO 293.- Sustitúyese el literal C) del artículo 169 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«C) 20% (veinte por ciento) para el Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), con destino a la construcción, equipamiento y mantenimiento de su Complejo de Espectáculos y para la amortización de las deudas que se hayan contraído por los citados conceptos».

ARTICULO 294.- Derógase el artículo 66 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964.

Asígnase al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos una partida anual de $ 63:450.000 (pesos uruguayos sesenta y tres millones cuatrocientos cincuenta mil) que se distribuirá de la siguiente forma:

26% (veintiséis por ciento) para distribuir equitativamente entre los cuerpos estables de Orquesta, Ballet, Coro y Radioteatro y funcionarios equiparados a los mismos.

34% (treinta y cuatro por ciento) para distribuir entre los funcionarios, con excepción de los Cuerpos Estables de Orquesta, Ballet, Coro y Radioteatro.

40% (cuarenta por ciento) gastos de funcionamiento.

Deróganse los artículos 385 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, 260 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, 302 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, 77 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994 y sus concordantes.

ARTICULO 295.- Los Servicios Descentralizados y Entes Autónomos del Estado deberán verter a Rentas Generales un 10% (diez por ciento) de los rubros que destinen para gastos de propaganda, publicidad o información hasta el 31 de diciembre de 2003.

ARTICULO 296.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 12 de la Ley Nº 14.040, de 20 de octubre de 1971, por el siguiente:

«Declárase de utilidad pública la expropiación de los bienes designados monumentos históricos. Sus propietarios podrán solicitar, en cualquier momento, la expropiación de los mismos al Poder Ejecutivo, el que podrá acceder a lo solicitado o, en caso contrario, y en un plazo de ciento ochenta días, dejar sin efecto dicha declaración. Vencido el plazo y no habiendo pronunciamiento del Poder Ejecutivo, se tendrá por decretada la expropiación de pleno derecho, siguiéndose los trámites de oficio».

ARTICULO 297.- Sustitúyese el literal C) del artículo 8º de la Ley Nº 15.913, de 27 de noviembre de 1987, por el siguiente:

«C) La importación de obras de carácter literario, artístico, científico, docente y material educativo, y los catálogos de difusión o propaganda de dichos bienes estará exonerada de todo tributo nacional, incluidos los proventos, precios portuarios, recargos, tasa de movilización de bultos y demás gravámenes aduaneros y tasas consulares.

Esta exoneración alcanza a todo tipo de soporte material de las obras enunciadas en el literal anterior, sean estos los soportes gráficos, visual (videotapes y similares), fonográfico e informático y a cualquier otro nuevo instrumento resultante del avance tecnológico.

Quedan incluidas en esta exoneración:

I) Las planchas, películas, matrices y demás insumos necesarios para la producción de dichos bienes.

II) Los cuadernos, hojas para escrituras en blanco, rayadas, cuadriculadas o ilustradas de hasta 20 ó 24 cm, los mapas y globos terráqueos, los sobres y estuches de disco y otros elementos de reproducción fonográfica, visual o informática y folletos explicativos que los acompañen en su comercialización, reproducciones impresas de obras de arte en carpeta o en libros.

III) Los demás bienes declarados material educativo docente por el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Comisión Nacional del Libro».

ARTICULO 298.- Sustitúyese el literal N) del artículo 19 de la Ley Nº 15.913, de 27 de noviembre de 1987, por el siguiente:

«N) Pronunciarse en forma vinculante, a requerimiento de los particulares o de los organismos públicos, sobre la naturaleza del bien o producto a efectos de las franquicias y beneficios establecidos en los artículos 8º y siguientes de la presente ley».

ARTICULO 299.- Declárase aplicable a las asociaciones civiles y fundaciones lo dispuesto por el artículo 83 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981.

A tales efectos, las solicitudes de reconocimiento de personería jurídica y reforma de estatuto, serán consideradas actos inscribibles, mientras que las solicitudes de informes, certificados de vigencia y la expedición de testimonios serán consideradas solicitudes de información registral.

ARTICULO 300.- Créase, en el Servicio de Registros Públicos regulado por la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, el Registro de Personas Jurídicas, que tendrá dos secciones: Registro Nacional de Comercio y Asociaciones Civiles y Fundaciones.

La Sección Registro Nacional de Comercio estará constituida por el actual Registro Nacional de Comercio y tendrá los cometidos y funciones asignados a éste por la citada ley.

La Sección Asociaciones Civiles y Fundaciones estará constituida por el Registro de Personerías Jurídicas, incorporado a la Unidad Ejecutora 018 «Dirección General de Registros» por el artículo 1º del Decreto 233/999, de 29 de julio de 1999.

ARTICULO 301.- Autorízase al Ministerio de Educación y Cultura a enajenar los bienes inmuebles afectados al uso de las unidades ejecutoras Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación y Dirección General de Registros, en la medida que no se adecuen al cumplimiento de sus cometidos.

El precio de venta será fijado por el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Dirección Nacional de Catastro. El total del precio de las enajenaciones será exclusivamente destinado a la adquisición de otros inmuebles para el asiento de la respectiva Fiscalía y Oficinas Registrales o la refacción de inmuebles y sin que ello pueda implicar aumento del gasto.

ARTICULO 302.- Modifícase el inciso segundo del artículo 5º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"La Comisión verterá partidas anuales al Ministerio de Educación y Cultura con destino a la financiación de las proyecciones, refacciones, reparaciones y construcción de la Ciudad Universitaria a instalarse en el predio de la ex cárcel de Miguelete. En ningún caso la asignación de dichas partidas podrá afectar el pago de las becas".

ARTICULO 303.- Sustitúyese el artículo 25 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, por el siguiente:

"ARTICULO 25. (Actos inscribibles).-. En el Registro Nacional de Vehículos Automotores se inscribirán los actos jurídicos que recaigan sobre vehículos automotores con aptitud registral. Se entienden contenidos en este concepto los automóviles, tractores para remolque y semiremolque, camiones, camionetas, "pick up", chasis de cabina, ómnibus, micro-ómnibus y similares.

Los actos inscribibles serán:

A) Los instrumentos en que se transfiera, constituya, reconozca, modifique, declare o extinga el dominio, usufructo, uso, prenda sin desplazamiento de tenencia, crédito de uso y demás derechos reales relativos a vehículos automotores.

B) Los testimonios de sentencias ejecutoriadas de prescripción adquisitiva.

C) Los certificados de resultancias de autos de las sucesiones en cuyo acervo exista vehículo automotor o derechos reales relativos a los mismos, con el contenido que determine el decreto reglamentario.

D) Los embargos específicos y demás medidas cautelares que dispongan los Tribunales, que afecten los poderes de disposición de los titulares de derechos inscriptos.

E) Las demandas y las sentencias ejecutoriadas que tengan por objeto el reconocimiento de derechos en relación con el vehículo automotor que afecten o puedan afectar los derechos registrados o que se registraren en el futuro.

F) Las reinscripciones, cesiones, modificaciones y cancelaciones de derechos registrados, extendidas en la misma forma que el acto principal.

G) Las adquisiciones que realicen los comerciantes de vehículos automotores, cuando reciban automóviles usados para su posterior comercialización.

H) Las reservas de prioridad.

Solo se admitirán para inscribir actos o negocios jurídicos que resulten de instrumentos públicos o privados.

El poder para enajenar o gravar un vehículo automotor deberá otorgarse en escritura pública o documento privado con certificación notarial de firmas.

Las inscripciones de los actos mencionados en el literal G), a favor de los comerciantes que operen habitualmente como vendedores de vehículos automotores, como empresa debidamente constituida, vigente e inscripta en el RUC con dicho giro, tributarán como una solicitud de información registral de acuerdo al artículo 368 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Las partes contratantes declararán estar comprendidas en el régimen de la presente disposición".

ARTICULO 304.- Establécese como interpretación auténtica, que los actos, negocios jurídicos y decisiones judiciales o administrativas inscriptos en los Registros Públicos durante el plazo de vigencia de la reserva de prioridad prevista en el artículo 55 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, son inoponibles al acto para el cual se solicitó la reserva, siempre que se cumpla con las exigencias establecidas en dicha ley, y que el criterio de solución de conflictos entre los mismos sea la prioridad de la inscripción.La prioridad que se reconoce a la reserva tiene, entre otras, las siguientes excepciones:

A) La partición, transacción y demás actos declarativos retroactivos.

B) Los actos que por su naturaleza no se opongan al acto reservado.

C) Los actos complementarios del tracto sucesivo.

D) Los actos cuya eficacia no dependa de la publicidad registral.

En el Registro Nacional de Actos Personales, la reserva de prioridad posterga siempre a los embargos generales de derechos inscriptos con posterioridad a aquélla.

Declárase asimismo que, lo establecido en el artículo 61 de dicha ley, es sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 55 del mismo cuerpo normativo.

En el Registro Nacional de Comercio, los efectos de la reserva de prioridad son sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 2.904, de 26 de setiembre de 1904.

ARTICULO 305.- Para solicitar la reserva de prioridad, no será necesario en ningún caso la matriculación previa o simultánea.

La solicitud de reserva de prioridad no admitirá inscripción provisoria. Una vez admitida la misma, el Registrador la calificará en la oportunidad establecida en el inciso tercero del artículo 64 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997.

El Registro dejará constancia de estar el acto amparado por la reserva.

La reserva de prioridad tributará como una solicitud de información registral de acuerdo al artículo 368 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 306.- Sustitúyese el artículo 347 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 376 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«ARTICULO 347. La Unidad Ejecutora 018 «Dirección General de Registros» podrá celebrar con los usuarios convenios que estime conveniente a efectos de la mejor prestación de sus servicios o del mejor aprovechamiento de su capacidad técnica, material y humana.

El Ministerio de Educación y Cultura, a instancias de la Dirección General de Registros, determinará el precio de los mismos. Los fondos serán recaudados y administrados en su totalidad por la mencionada Dirección, la que podrá destinar hasta un 50% (cincuenta por ciento) para la promoción social y técnica de sus recursos humanos y el resto para gastos de funcionamiento».

ARTICULO 307.- Derógase el literal D) del artículo 4º de la Ley Nº 17.228, de 7 de enero de 2000. El Registro General de Bosques, en acuerdo con la Dirección General de Registros, determinará la oportunidad y forma de trasladar los asientos registrales del Registro Nacional de Prendas sin Desplazamiento efectuados durante la vigencia de dicha disposición.

ARTICULO 308.- Transfórmase, en la Unidad Ejecutora 018 «Dirección General de Registros», un cargo de Director de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas, Escalafón B, Grado 14, en un cargo de Asesor Informático, Ingeniero en Sistemas, Escalafón A, Grado 14.

Derógase el artículo 374 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 309.- Créanse en la Unidad Ejecutora 018 «Dirección General de Registros», cinco cargos en el Escalafón A "Personal Técnico Profesional", del último grado ocupado de dicho escalafón profesional, serie Escribano Interior, y cuatro cargos de igual escalafón y grado profesional serie escribano.

Dichos cargos serán ocupados, en vía de regularización, por quienes reuniendo las calidades requeridas, hayan desempeñado funciones en los Registros de la Propiedad de los departamentos de Durazno, San José, Colonia, Maldonado y de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Montevideo, a través de distintas modalidades contractuales por cuatro años al 28 de octubre de 2000. Subsidiariamente, su provisión se efectuará de conformidad con las normas generales en la materia.

A tales efectos no regirá lo dispuesto por los artículos 1º y 5º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, ni lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, en la redacción dada por el artículo 20 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes, dando de baja las partidas contra las cuales se atendieron en ejercicios anteriores las contrataciones requeridas para cumplir los cometidos sustantivos legalmente asignados a la Dirección General de Registros.

ARTICULO 310.- Autorízase, a la Unidad Ejecutora 018 "Dirección General de Registros", a transformar, los cargos o funciones contratadas de los funcionarios que se encuentren efectuando tareas propias del Escalafón A, "Profesional", y tengan título habilitante para ello, en cargos o funciones contratadas del último grado del escalafón respectivo.

El costo de las referidas transformaciones se financiará con la supresión de los siguientes cargos: un cargo de Profesional lI -Escribano Interior A 11 (Durazno), un cargo de administrativo I C 06, un cargo de administrativo IV C 02, y un cargo de Oficial I E 07 (Chofer).

ARTICULO 311.- Asígnase una partida anual de $ 11:620.000 (pesos uruguayos once millones seiscientos veinte mil), a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 388 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 312.- Sustitúyese el artículo 370 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«ARTÍCULO 370. Otórgase una partida anual de $ 1:162.000 (pesos uruguayos un millón ciento sesenta y dos mil), al Instituto Nacional de la Familia y la Mujer para atender sus gastos de funcionamiento y contrapartida nacional en proyectos de cooperación externa».

ARTICULO 313.- El Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT) tendrá los siguientes cometidos:

A) Proponer planes y lineamientos de políticas generales relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación al Ministerio de Educación y Cultura y/o al Poder Ejecutivo, según corresponda.

B) Elaborar bases y definir estrategias, áreas de interés e instrumentos de políticas de ciencia, tecnología y procesos de innovación.

C) Promover y estimular el desarrollo de las investigaciones en todos los órdenes del conocimiento.

D) Promover acciones conducentes al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

E) Proponer la reglamentación de los diferentes fondos en que participe el Ministerio de Educación y Cultura en el área, así como de los Comités de Selección y supervisar su funcionamiento.

F) Homologar la integración de los Comités de Selección que funcionarán en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, y estarán a cargo de la evaluación y aprobación de los proyectos. El Consejo podrá proponer la remoción de dichos Comités.

G) Revisar cuando lo considere conveniente, las resoluciones relacionadas con la aprobación de los proyectos de los distintos fondos en que participa el Ministerio de Educación y Cultura en el área y ratificar o rectificar las mismas.

H) Proponer comisiones técnicas y evaluadores para el proceso de evaluación de los proyectos.

I) Aprobar proyectos en aquellos casos en que la reglamentación lo indique. La Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ejercerá la Secretaría Técnica de la Comisión.

Decláranse aplicables las disposiciones que refieren al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas al Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT)."

ARTICULO 314.- Créase la Unidad Ejecutora «Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación» en el Programa 004 «Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica» del Inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura.

Serán cometidos de la unidad ejecutora:

A) Asesorar al Ministro de Educación y Cultura a su requerimiento.

B) Administrar los fondos de cualquier origen que le sean asignados, particularmente aquellos vinculados al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICYT), de acuerdo a las competencias establecidas en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).

C) Coordinar, administrar y ejecutar los proyectos de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, resultantes de contratos de préstamos celebrados con organismos multinacionales de cooperación y financiamiento, así como todas las acciones necesarias al efecto en el ámbito de la Administración Central.

D) Todo otro cometido que le asigne el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 315. (Recursos financieros).- La Unidad Ejecutora «Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación» funcionará con los créditos presupuestales y los bienes patrimoniales pertenecientes a la Unidad Ejecutora suprimida: «Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas» y con los recursos que le sean transferidos de la Unidad Ejecutora 001 «Administración General» del Ministerio de Educación y Cultura.

ARTICULO 316. (Recursos Humanos).- Dicha unidad ejecutora funcionará con recursos humanos de la unidad ejecutora suprimida: «Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas» y aquellos que le sean redistribuidos de la Unidad Ejecutora 001 «Administración General».

ARTICULO 317.- El «Fondo Profesor Clemente Estable de Investigación Científica y Tecnológica» creado por el artículo 70 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, será administrado por la Unidad Ejecutora «Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación».

Derógase el inciso segundo del artículo 70 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT) elaborará la reglamentación relacionada con la aprobación de los proyectos.

ARTICULO 318.- Sustitúyese el artículo 270 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 270. Autorízase a la Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Programa 004 `Fomento de la Investigación Técnico-Científica' del Ministerio de Educación y Cultura a disponer del 100% (cien por ciento), de los recursos que por todo concepto perciba para utilizarlo en la ejecución de sus programas para el desarrollo científico y la innovación».

ARTICULO 319.- Declárase aplicable a los proyectos aprobados por la Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación lo dispuesto por el artículo 444 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, sin necesidad de ninguna otra intervención.

Las empresas que pretendan acceder al referido beneficio deberán solicitarlo ante la Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en las condiciones previstas por el decreto reglamentario de la norma citada, en lo que fuere aplicable.

ARTICULO 320.- El Poder Ejecutivo, previo informe del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE) reglamentará los cometidos asignados a la Unidad Ejecutora «Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación».

ARTICULO 321.- Asígnase a la Unidad Ejecutora 001 «Dirección General de Secretaría» del Inciso 11 «Ministerio de Educación y Cultura», como contrapartida nacional del Proyecto URY/B7/310/96/103, de Cooperación con la Comunidad Europea sobre Periferia Urbana, las siguientes partidas:

Año 2001  

$ 11.061.400  

equivalentes a  

EUROS 926.000

Año 2002  

$ 2.604.088  

equivalentes a  

EUROS 218.000

Año 2003  

$ 2.604.088  

equivalentes a  

EUROS 218.000

Año 2004  

$ 2.604.088  

equivalentes a  

EUROS 218.000

ARTICULO 322.- Exonérase del pago del impuesto a los servicios registrales establecido por el artículo 83 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 437 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, a las operaciones relativas al Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda y a los llamados asentamientos irregulares.

ARTICULO 323.- Inclúyese en las excepciones previstas por el artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, a los Asesores Letrados de la Unidad Ejecutora 019 "Fiscalía de Corte" y "Procuraduría General de la Nación", del Programa 010 "Ministerio Público y Fiscal", del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura".

Los cargos actualmente vacantes, sólo podrán ser ocupados por los ganadores de los concursos para Asesor Letrado realizados con anterioridad al 1º de enero de 2000.

ARTICULO 324.- Transfórmase, en la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, un cargo de Asesor I, Escalafón A, Grado 08, en un cargo de Asesor Contador, Escalafón A, Grado 16, con igual retribución a la percibida por todo concepto por el cargo de Jefe de Departamento Contador, Escalafón A, Grado 14, de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación.

Para esta designación se dará prioridad a funcionarios que presten funciones actualmente en la citada unidad ejecutora, no siendo de aplicación lo establecido al respecto por la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

ARTICULO 325.- El Ministerio de Educación y Cultura y el Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE) podrán contratar en régimen de «cachet», solamente artistas, docentes, técnicos en radio, espectáculos, periodistas en radio y televisión siempre y cuando presten efectivamente servicios en estas áreas.

Deberá suscribirse un contrato donde se documente las condiciones y el objeto de la prestación, pudiendo la Administración disponer en cualquier momento su rescisión.

Dichas contrataciones serán de carácter transitorio y no darán derecho a adquirir la calidad de funcionario público.

Derógase el artículo 362 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 326.- Asígnase una partida anual de $ 500.000 (pesos uruguayos quinientos mil) con cargo a Rentas Generales al Programa 01 "Administración General", a efectos de su empleo, por parte de la Dirección de Educación, en tareas de inspección y seguimiento de las guarderías, cuya supervisión encomienda al Ministerio de Educación y Cultura, la Ley Nº 16.802, de 19 de diciembre de 1996.

ARTICULO 327.- La totalidad de la recaudación por venta de entradas de los espectáculos que desarrolle el Ministerio de Educación y Cultura (Programa 001) se destinará al desarrollo de sus actividades culturales.

ARTICULO 328.- El Ministerio de Educación y Cultura queda facultado a cobrar el arrendamiento de las salas que administran sus unidades ejecutoras, cuyo precio será determinado por dicho Ministerio, teniendo en consideración el costo del uso de la sala y el interés de la actividad que se prevea. El Ministerio podrá eximir del pago del arrendamiento cuando medie interés público en la difusión de la actividad a realizarse.

ARTICULO 329.- Facúltase al Centro de Diseño Industrial a prestar los servicios técnicos, asesorías y diagnósticos, así como a la comercialización de los productos y servicios de sus talleres que le fueren requeridos por los particulares o instituciones públicas o privadas.

La totalidad de lo recaudado por este concepto será destinado, por el programa, a financiar los gastos de funcionamiento de dicho Centro de Estudios.

No serán de aplicación, en este caso, lo dispuesto por los artículos 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y 771 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 330.- Facúltase al Centro de Capacitación y Producción (CECAP) a prestar los servicios técnicos, asesoría y diagnósticos, así como a la comercialización de los productos y servicios de sus talleres de capacitación y producción que le fueren requeridos por los particulares o instituciones públicas o privadas.

El Centro de Capacitación y Producción, previa conformidad del Poder Ejecutivo y de acuerdo con la normativa vigente en la materia, podrá percibir precios o tarifas como contraprestación de los bienes y servicios a que se refiere el inciso anterior.

De la totalidad de la recaudación que perciba, deducidos los gastos en que incurriese para la producción de los bienes o en la prestación del servicio, el 50% (cincuenta por ciento) será destinado a gastos de funcionamiento e inversiones del Centro y el 50% (cincuenta por ciento) restante será distribuido entre los integrantes de los talleres que hubieran producido bienes o hayan prestado el servicio.

ARTICULO 331.- Extiéndense los beneficios establecidos por el artículo 596 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, a las empresas allí mencionadas que efectúen donaciones o realicen inversiones en investigación o tecnología que desarrolle el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días de promulgada la presente ley, reglamentará esta disposición y fijará el límite anual con cargo a impuestos.

ARTICULO 332.- Autorízase al Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable" a prestar y comercializar los servicios técnicos, asesorías y diagnósticos que le fueren requeridos por los particulares o instituciones públicas o privadas.

La totalidad de lo recaudado por este concepto será destinado a financiar los gastos de funcionamiento de dicho Instituto.

No será de aplicación en este caso lo dispuesto por los artículos 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y 771 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 333.- Créanse en la Unidad Ejecutora 011 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, los siguientes cargos distribuidos en el período 2000-2004: durante el año 2001 un cargo de Investigador Jefe Profesional (Escalafón A, Grado 16); un cargo de Investigador Asistente (Escalafón D, Grado 13); tres cargos Técnico III Preparador (Escalafón B, Grado 07). Durante el año 2002 un cargo de Investigador Asistente (Escalafón D, Grado 13); un cargo de Investigador Ayudante (Escalafón D, Grado 11); dos cargos Técnico III Preparador (Escalafón B Grado 07). Durante el año 2003; un cargo de Investigador Jefe Profesional (Escalafón A, Grado 16); un cargo de Investigador Ayudante (Escalafón D, Grado 11), tres cargos Técnico III Preparador (Escalafón B, Grado 07). Durante el año 2004 un cargo de Investigador Ayudante (Escalafón D, Grado 11), dos cargos Técnico III Preparador (Escalafón B, Grado 07).

ARTICULO 334.- Asígnase una partida anual de $ 360.000 (pesos uruguayos trescientos sesenta mil) al Instituto de Investigaciones Biológicas «Clemente Estable» a efectos de contratar quince becarios Grado 1.

ARTICULO 335.- Facúltase al Poder Ejecutivo a transformar por Resolución fundada, y a propuesta de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, Fiscalías Letradas Nacionales y/o Departamentales, cuando razones de especialidad y volumen de trabajo así lo requieran, comunicándolo a la Asamblea General.

ARTICULO 336.- Asígnase a la Unidad Ejecutora 019 "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación", Programa 010 "Ministerio Público y Fiscal" del Inciso 11, "Ministerio de Educación y Cultura", una partida de $ 7:166.400 (pesos uruguayos siete millones ciento sesenta y seis mil cuatrocientos), para gastos de funcionamiento con destino a contribuir al perfeccionamiento académico de los funcionarios que ocupan cargos en los escalafones A y N de acuerdo a la escala que se prevé para los magistrados del Poder Judicial en el artículo 462 de la presente ley.

ARTICULO 337.- Habilítase la creación de las siguientes Fiscalías Letradas y sus correspondientes cargos: a partir del 1º de enero de 2001, dos Fiscalías Letradas Adjuntas y la Fiscalía Letrada Departamental de Mercedes de 2º Turno; a partir del 1° de enero de 2002, una Fiscalía Letrada Adjunta y las Fiscalías Letradas Departamentales de Treinta y Tres y de Canelones de 2º Turno, respectivamente; a partir del 1º de enero de 2003 dos Fiscalías Letradas Adjuntas y las Fiscalías Letradas Departamentales de Las Piedras y de Rivera de 3º Turno, respectivamente, de acuerdo a la siguiente escala.

AÑO 2001  

$ 1.274.780

AÑO 2002  

$ 1.342.634

AÑO 2003  

$ 1.744.876

ARTICULO 338.- Asígnase a la Unidad Ejecutora 019 "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación", Programa 010 "Ministerio Público y Fiscal" del Inciso 11, "Ministerio de Educación y Cultura", una partida de $1:953.600 (pesos uruguayos un millón novecientos cincuenta y tres mil seiscientos), para gastos de funcionamiento, con destino a "Capacitación Técnica", de los funcionarios que ocupan cargos en los escalafones B, C, D, E y F, de acuerdo a una escala similar a la de los funcionarios del Poder Judicial.

Las compensaciones otorgadas no integran la base de cálculo de cualquier equiparación.

ARTICULO 339.- Créase el Programa 101 «Asesoramiento a la Justicia Penal en materia económico-financiera del Estado e implementación de medidas preventivas en la lucha contra la corrupción (Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998)» en el Inciso 11 «Ministerio de Educación y Cultura».

ARTICULO 340.- A fin de llevar adelante el programa establecido en el artículo 339 de la presente ley, lo dispuesto por el numeral 9) del artículo III de la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción ratificada por la Ley Nº 17.008, de 25 de setiembre de 1998, y lo estipulado en el artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, créase la Unidad Ejecutora 022 «Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado», en el Inciso 11 «Ministerio de Educación y Cultura».

Sustitúyese el texto del numeral 8º) del artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, por el siguiente:

«8º) La Junta constituye un Cuerpo con independencia técnica en el ejercicio de sus funciones. Informará mensualmente, por cualquier vía idónea, al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación sobre las actividades desarrolladas en relación a los cometidos previstos en los numerales 2º), 3º) y 4º) del presente artículo, así como también de toda resolución adoptada sobre impedimentos, excusas o recusaciones que, a juicio del Cuerpo, alguno de sus miembros pudiere tener respecto de los asuntos a consideración del mismo. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 7º) precedente, la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación podrá suministrar a la Junta Asesora el apoyo administrativo y contable para el mejor cumplimiento de sus cometidos que ésta le solicitare».

ARTICULO 341.- Los cargos de miembro de la Junta Asesora tendrán fijada la retribución establecida en el planillado adjunto, a cuyo efecto no será de aplicación el tope establecido en el inciso primero del artículo 105 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983 y quedarán incluidos en el régimen de reserva de cargo establecido en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976, y modificativas.

ARTICULO 342.- Los funcionarios públicos pertenecientes a la Administración Central o a los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República que, a la fecha de vigencia de la presente ley, se encuentren desempeñando funciones en la Junta Asesora podrán optar por ocupar un cargo o función contratada en la misma si cumplen las siguientes condiciones:

A) Expresar por escrito su voluntad de optar dentro del término de noventa días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

B) Contar con anuencia de la Junta Asesora en cuanto estime satisfactorio su desempeño.

En tal caso la incorporación se hará a la función contratada o al cargo presupuestado asignado por la Junta Asesora.

ARTICULO 343.- A fin de asistirla en el cumplimiento de las funciones conferidas de asesoramiento a la Justicia Penal, conforme lo dispone el artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, autorízase a la Junta Asesora a otorgar cinco contratos y su importe no podrá superar los 29 salarios mínimos nacionales.

Dicha contratación a ser realizada directamente por la Junta Asesora deberá estar debidamente fundada en cada caso concreto, no requerirá llamado a concurso de mérito u oposición, no excluirá la calidad de funcionario público ni serán de aplicación los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 15 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, y en el artículo 738 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Asimismo, deberá dejarse expresa constancia que: a) el contrato asume una obligación de resultado en un plazo determinado y b) que el comitente no se encuentra en condiciones materiales de ejecutar con sus funcionarios el objeto del arriendo.

A fin de cumplir con los plazos establecidos por el artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, el Tribunal de Cuentas podrá habilitar al Contador delegado del Inciso 11 a intervenir directamente en el proceso del gasto de dichas contrataciones.

Dentro de los siguientes diez días de verificada cada contratación la Junta Asesora deberá informar al Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio de Economía y Finanzas de las decisiones adoptadas en materia de estas contrataciones, identificando pormenorizadamente los importes, condiciones y período de cumplimiento de los arrendamientos de obra correspondientes, dando cuenta a la Asamblea General.

ARTICULO 344.- En materia de gastos de funcionamiento y de inversiones, la Junta Asesora será ordenador secundario por importes hasta el doble de las licitaciones abreviadas. Al respecto tendrá atribuciones para contratar bienes y servicios hasta dicho límite. Por encima de tal importe actuarán los ordenadores competentes.

ARTICULO 345.- Exceptúase por una sola vez a la Junta Asesora de la prohibición dispuesta por el artículo 22 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

El funcionario designado para prestar servicios en comisión en la Junta Asesora mantendrá la totalidad de las remuneraciones que por todo concepto perciba en la oficina de origen, incluso las que correspondan al desempeño efectivo de tareas en la misma, por lo que no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 56 de la presente ley.

Mientras dure el desempeño efectivo en la unidad ejecutora la Junta Asesora podrá disponer del crédito autorizado en el planillado adjunto a efectos de otorgar la compensación especial prevista.

De lo actuado en aplicación del presente artículo se dará cuenta al Ministerio de Educación y Cultura.

ARTICULO 346.- La Junta Asesora podrá disponer del crédito autorizado en el planillado adjunto, según la distribución realizada en el mismo, a efectos de otorgar una compensación especial a los funcionarios que desempeñen efectivamente funciones en la misma. Dicha partida se incorporará como compensación al cargo o función.

ARTICULO 347.- Encomiéndase al Ministerio de Educación y Cultura la realización de los estudios de prefactibilidad sobre una Universidad Binacional a ubicarse en la Ciudad de Rivera, en el marco de la descentralización y del mejoramiento de la oferta educativa.

La Universidad de la República deberá proveer la información técnica imprescindible para la obtención del objetivo precedente.

ARTICULO 348.- Facúltase a la Unidad Ejecutora 021 "Dirección General del Registro de Estado Civil de las Personas", a celebrar los convenios que estime convenientes para brindar información a los usuarios, a los efectos de la mejor prestación de sus servicios o del mejor aprovechamiento de su capacidad técnica, material y humana.

El Ministerio de Educación y Cultura, a instancias de la Dirección General del Registro de Estado Civil, determinará el precio de los mismos. Los fondos serán recaudados y administrados en su totalidad por la mencionada Dirección, la que destinará lo recaudado para la promoción social de sus recursos humanos, no siendo de aplicación en este caso lo dispuesto por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

ARTICULO 349.- Modifícase el artículo 8º de la Ley Nº 16.524 de 25 de julio de 1994 (creación del Fondo de Solidaridad) el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 8º.- La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y el Banco de la República Oriental del Uruguay deducirán de cada aporte recibido el 1% (uno por ciento) por concepto de gastos de administración.

La Comisión Administradora del Fondo utilizará y administrará hasta un 1,8% (uno coma ocho por ciento) de los aportes recibidos para sus gastos de funcionamiento, realizando su actividad en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura".

ARTICULO 350.- Facúltase al Poder ejecutivo a destinar a Rentas Generales las partidas asignadas a la Unidad Ejecutora 015, "Biblioteca Nacional", del Ministerio de Educación y Cultura por los artículos 337, inciso segundo de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y 89 de la Ley Nº 16.462, de 18 de enero de 1994.

De ejercer la facultad antedicha, el Poder Ejecutivo deberá incrementar en la Unidad Ejecutora mencionada, los créditos presupuestales en un monto equivalente a $ 10:334.000 (pesos uruguayos diez millones trescientos treinta y cuatro mil).

El 80% (ochenta por ciento) de esa partida será destinada al rubro 0 para ser distribuida entre los funcionarios que revisten en el padrón de acuerdo a la reglamentación interna del Fondo de Promoción y Desarrollo de la Biblioteca Nacional, establecida en la resolución de la Dirección General de fecha 23 de mayo de 1995.

Dicha partida será incorporada al sueldo como compensación a la persona.

El 20% (veinte por ciento) restante será para atender gastos de funcionamiento e inversiones de la institución.

INCISO 12
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

ARTICULO 351.- Facúltase al Ministerio de Salud Pública a realizar reestructuras organizativas, comprendiendo nuevos modelos de gestión y gerenciamiento de sus unidades ejecutoras, previo asesoramiento del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE) y del Ministerio de Economía y Finanzas. A tales efectos podrá suprimir, transformar, fusionar o crear nuevas unidades ejecutoras y cambiar su denominación.

Asimismo podrá crear, suprimir, transformar y redistribuir entre las mismas, cargos y funciones contratadas, establecer un sistema de alta gerencia, alta especialización y prioridad u otro sistema igualmente idóneo, reasignando los créditos presupuestales correspondientes.

La reestructura mencionada no podrá significar aumento de costos respecto al presupuesto que se aprueba, ni lesión de derechos funcionales.

El Ministerio de Salud Pública en un plazo de ciento ochenta días a partir de la promulgación de la presente ley, proyectará y remitirá al Poder Ejecutivo, la nueva estructura orgánica y escalafonaria de sus programas y unidades ejecutoras para su aprobación.

ARTICULO 352.- Facúltase al Ministerio de Salud Pública a celebrar, con carácter experimental, con instituciones privadas de asistencia u organizaciones que demuestren probada capacidad de gestión en el ámbito de la salud, convenios parciales o totales de gestión de sus establecimientos asistenciales.

En ningún caso, luego de celebrados los convenios, las localidades donde presta servicios el Centro Asistencial del Ministerio de Salud Pública podrán quedar con un número menor de operadores al preexistente al momento de celebrar el referido acuerdo, con excepción del departamento de Montevideo y su zona limítrofe. El Poder Ejecutivo, determinará taxativamente cuáles localidades se entienden como limítrofes al departamento de Montevideo.

Las empresas que pasen a gestionar los referidos Centros Asistenciales, no podrán constituirse bajo la forma jurídica de sociedades anónimas con acciones al portador.

El financiamiento de los convenios será con cargo a las asignaciones presupuestales del programa de la respectiva unidad ejecutora involucrada, excluyendo las partidas del Grupo 0 "Servicios Personales".

La facultad conferida por el presente artículo se ejercitará en forma gradual, abarcando durante el primer año un máximo de seis centros hospitalarios. Transcurrido ese lapso, se efectuará un análisis sobre los resultados obtenidos dando cuenta del mismo al Poder Legislativo, quien podrá habilitar la extensión o suspensión de la experiencia.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición, estableciendo las bases y los alcances de los convenios referidos aplicando, en lo pertinente, las normas de contabilidad y administración financiera del Estado y respetando los derechos funcionales.

ARTICULO 353.- La asignación de los recursos presupuestales para las unidades ejecutoras dependientes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que ésta determine, se realizará de conformidad con las pautas establecidas por la Dirección General de dicha Administración, de acuerdo a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, estableciendo el grado de compromiso de gestión al que se someterá la unidad ejecutora subordinada.

Similar criterio se seguirá para la asignación de los recursos presupuestales para cada programa de salud dependiente de la Dirección General de la Salud.

ARTICULO 354.- Sustitúyense los artículos 1º y 4º de la Ley Nº 13.223, de 26 de diciembre de 1963, por los siguientes:

«ARTÍCULO 1º. Los funcionarios y ex funcionarios jubilados dependientes del Ministerio de Salud Pública y los trabajadores que a la fecha de vigencia de la presente ley pertenezcan a la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa, así como el cónyuge y sus familiares de primer grado de consanguinidad, tendrán derecho a la asistencia integral gratuita en todos los establecimientos asistenciales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En el caso de los familiares de primer grado de consanguinidad dicha asistencia se limitará a los hijos menores de edad e incapaces.

Quedan excluidas del derecho todas aquellas personas que sean beneficiarias de cualquier otro tipo de cobertura asistencial integral, pública o privada, respecto de las prestaciones cubiertas».

«ARTÍCULO 4°. El Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Ministro de Salud Pública y el Ministro de Economía y Finanzas, reglamentará la presente ley, estableciendo que la canasta de prestaciones incluida en la asistencia integral no será inferior a la que brinda la Administración de los Servicios de Salud del Estado a sus usuarios ni a la que reciben actualmente los funcionarios, ex funcionarios jubilados y trabajadores referidos en el artículo 1º de la presente ley».

ARTICULO 355.- El derecho a la compensación por atención directa a pacientes internados en sala, servicios de emergencia y block quirúrgico, creado por el artículo 247 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con la modificación dada por el artículo 280 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, quedará condicionada a la disponibilidad de crédito presupuestal. La insuficiencia de crédito determinará que el cupo asignado a la unidad ejecutora se distribuya proporcionalmente entre los funcionarios con derecho a dicho beneficio.

El Director de la unidad ejecutora que comprometa gastos en contravención con la presente disposición responderá directamente por su acción u omisión.

ARTICULO 356.- En todos los casos en que se demanden prestaciones de asistencia a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), ésta verificará si el usuario se encuentra amparado por otro régimen de cobertura integral o parcial, en cuyo caso, requerirá por medio fehaciente que la institución resuelva de inmediato si le prestará cobertura en su establecimiento o si asumirá los gastos derivados por las prestaciones que brinde a su afiliado ASSE.

El Poder Ejecutivo en acuerdo con el Ministro de Salud Pública y el Ministro de Economía y Finanzas reglamentará la presente disposición.

ARTICULO 357. - El Ministerio de Salud Pública remitirá mensualmente a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) el resumen de los pacientes afiliados a las mismas, que fueron atendidos en sus centros hospitalarios.

En caso de que la atención brindada al paciente por el Ministerio de Salud Pública no exceda las cuarenta y ocho horas de hospitalización, ni se le haya practicado cirugía o realizado análisis clínicos con costo superior a los $1.200 (pesos uruguayos mil doscientos), las IAMC abonarán al Ministerio de Salud Pública por cada paciente atendido, el costo de la cuota de afiliación individual del mes correspondiente, con exclusión de la partida correspondiente al Fondo Nacional de Recursos. En todos los demás casos, el Ministerio de Salud Pública cobrará el costo devengado por la atención brindada.

En caso de incumplimiento, el saldo pendiente de pago será deducido por el Banco de Previsión Social del pago mensual previsto para la institución de asistencia médica colectiva de que se trate, debiendo comunicar las cantidades deducidas al Ministerio de Economía y Finanzas.

El producido de los servicios prestados, será distribuido en un 50% (cincuenta por ciento) para ASSE y el restante 50% (cincuenta por ciento) para Rentas Generales.

ARTICULO 358.- Las facturas por prestaciones asistenciales brindadas por las dependencias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a socios de las instituciones de asistencia médica privada, particular o colectivas, debidamente conformadas, y no deducidas por el Banco de Previsión Social (BPS), constituirán título ejecutivo a todos los efectos legales.

ARTICULO 359.- El sistema de pago de incentivos a la productividad a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública previsto por el artículo 394 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, quedará limitado a aquellos funcionarios que efectivamente cumplan funciones en los establecimientos de los programas individualizados en el mismo y no perciban retribución con cargo al objeto del gasto 042.095.

ARTICULO 360.- Facúltase al Poder Ejecutivo a incorporar al régimen de Residencias Técnico-Profesionales de Administración Hospitalaria creado por el artículo 309 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, los profesionales universitarios químicos farmacéuticos, técnicos en recursos humanos, tecnólogos, laboratoristas, técnicos en registros médicos, administración e informática, egresados de las facultades habilitadas para la formación académica en las disciplinas mencionadas.

La partida que financia esta incorporación se incluye en el objeto del gasto «Retribuciones personal contratado funciones permanentes».

ARTICULO 361.- La facultad de contratación prevista por el artículo 410 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, será privativa del Director General de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

ARTICULO 362.- Las personas contratadas al amparo de lo previsto por el artículo 410 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, que al 31 de diciembre de 2000 hayan computado un año de servicios ininterrumpidos, quedarán incorporados al padrón presupuestal del Ministerio de Salud Pública, en carácter de interinos, en los cargos y funciones que determine la reglamentación.

A los fines de la aplicación de la presente norma, facúltase al Ministerio de Salud Pública a crear, suprimir, transformar y redistribuir entre las unidades ejecutoras, los cargos y funciones que correspondan, sin que implique incremento presupuestal.

Las contrataciones que se verifiquen a partir de la vigencia de la presente ley y al amparo de la norma referida, quedarán sometidas a la reglamentación vigente.

ARTICULO 363.- Sustitúyese el literal B) del artículo 17 del Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, por el siguiente:

«B) Realizar afiliaciones de carácter vitalicio».

Esta disposición no afecta los derechos adquiridos en base a las contrataciones celebradas al amparo de la normativa anterior a la entrada en vigencia de la presente ley.

En el caso de instituciones de asistencia médica que tengan campañas de socios vitalicios en ejecución, la prohibición establecida en el presente literal les será aplicable a partir de los ciento cincuenta días de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTICULO 364.- Modifícase el artículo 279 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, que quedará redactado de la siguiente manera:

«ARTICULO 279. Los directivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) cuyos cargos podrán ser rentados, responderán civilmente hacia la institución, los socios y los terceros, por los daños y perjuicios resultantes, directa e indirectamente, de la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, por el mal desempeño de su cargo en los casos en que actúen con deslealtad o falta de la debida diligencia media de un buen padre de familia, y por aquellos producidos por abuso de facultades, dolo o culpa grave.

Dicha responsabilidad no le corresponderá a los directivos que hubieren dejado constancia de su voto discorde en referencia a los actos denunciados.

Lo dispuesto en los incisos anteriores será sin perjuicio de la responsabilidad que correspondiere a la institución a la que pertenecen».

ARTICULO 365.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 397 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«Los recursos que por el artículo 11 de la Ley Nº 12.072, de 4 de diciembre de 1953, recibe el Servicio Nacional de Sangre, se afectarán en un 66% (sesenta y seis por ciento) a éste y en un 34% (treinta y cuatro por ciento) al Banco Nacional de Organos y Tejidos.

El porcentaje destinado al Servicio Nacional de Sangre se incrementará progresivamente en un 1% (uno por ciento) anual hasta alcanzar este subprograma el 70% (setenta por ciento), reduciéndose en igual porcentaje anual lo asignado al Banco Nacional de Organos y Tejidos, que al cabo del período percibirá el 30% (treinta por ciento) de lo recaudado».

ARTICULO 366.- Declárase que el Ministerio de Salud Pública no estará gravado por las contribuciones de seguridad social correspondientes a la tenencia de inmuebles rurales inexplotados y recibidos por herencia, legado o donación hasta el momento de la incorporación de dichos bienes a su patrimonio y a las generadas por construcciones que al 31 de diciembre de 2000 hubieran sido realizadas en inmuebles de su propiedad.

ARTICULO 367.- Agrégase al artículo 403 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, los siguientes incisos:

«Créase un Fondo Nacional de Lucha contra el SIDA con el objeto de financiar el suministro de los medicamentos necesarios y de la realización de los estudios pertinentes en el tratamiento de la enfermedad que requieran los pacientes beneficiarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Fíjase en hasta el 2% (dos por ciento) el impuesto creado por el artículo 11 de la Ley Nº 12.072, de 4 de diciembre de 1953, destinándose el 50% (cincuenta por ciento) de lo recaudado por dicho impuesto al Fondo Nacional de Lucha contra el SIDA. Regirán para este impuesto las mismas excepciones a que refiere el numeral 7º de exoneraciones del artículo 364 de la presente ley".

ARTICULO 368.- Asígnase al Ministerio de Salud Pública una partida de $ 4:500.000 (pesos uruguayos cuatro millones quinientos mil) para el año 2001 y otra de $ 9:000.000 (pesos uruguayos nueve millones) a partir del año 2002, con destino a la ampliación del Programa de Atención Primaria de Salud del Primer Nivel, que beneficia a los usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), mediante la contratación de médicos de familia, los que en todo caso quedarán sujetos al estatuto reglamentario vigente.

Las partidas asignadas se incluyen en el objeto del gasto 282 «Profesionales y Técnicos".

ARTICULO 369.- Asígnase al Ministerio de Salud Pública una partida de $ 6:300.000 (pesos uruguayos seis millones trescientos mil) para el año 2001 con destino al diseño y ejecución de un Programa de Vida Saludable a cargo de la Dirección General de la Salud de dicha Secretaría de Estado. La partida asignada se incluye en el objeto del gasto 299 «Servicios no personales".

ARTICULO 370.- El Ministerio de Salud Pública transferirá mensualmente en forma permanente, una partida que se ajustará de acuerdo con el régimen general para retribuciones personales, de la financiación 1.2 «Recursos con Afectación Especial» a la financiación 1.1 «Rentas Generales» por la suma de $ 2:000.000 (pesos uruguayos dos millones), de los programas 005 «Administración del Subsidio para la Atención Médica», 006 «Administración de la Red de Establecimientos de Agudos», 007 «Administración de la Red de Establecimientos de Agudos del Interior» y 008 «Administración de los Establecimientos de Crónicos y Especializados".

ARTICULO 371.- Deróganse las afectaciones establecidas en el inciso siete del artículo 5º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, y en el inciso cuarto del artículo 4º de la Ley Nº 17.166, de 10 de setiembre de 1999.

Los recursos desafectados en el inciso anterior se podrán utilizar indistintamente para financiar la asistencia en el país o en el exterior del Fondo Nacional de Recursos creado por la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992.

La asistencia en el extranjero se financiará con aportes del Fondo Nacional de Recursos y de los propios beneficiarios, de acuerdo a la reglamentación que a tales efectos dictará el Poder Ejecutivo en acuerdo con los Ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas.

Dicha reglamentación deberá tener en cuenta la capacidad contributiva del beneficiario entendiendo por tal su situación patrimonial e ingresos de su núcleo familiar.

ARTICULO 372.- Agrégase al inciso segundo del artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, en la redacción dada por el artículo 409 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el siguiente inciso:

"La Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Sanidad Policial podrán optar por el costo de los actos médicos efectivamente realizados o por la situación actual".

ARTICULO 373.- Derógase el artículo 11 del Decreto-Ley Nº 15.703, de 11 de enero de 1985.

ARTICULO 374.- Asígnase al Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Diabetes, Inciso 12 «Ministerio de Salud Pública», una partida anual de $ 348.600 (pesos uruguayos trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos) para el período 2001-2004 para gastos de funcionamiento e inversión a los efectos de la creación, instrumentación, actualización y mantenimiento del Registro Nacional de Diabetes, el que funcionará en la órbita de dicho Ministerio.

Asígnase a la Asociación de Diabéticos del Uruguay y a la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay una partida por única vez de $ 1.162.000 (pesos uruguayos un millón ciento sesenta y dos mil) la que será administrada en forma conjunta a efectos de la realización de un estudio de prevalencia de la población nacional, con el objetivo de determinar dentro de la misma qué proporción es afectada por diabetes. Dicho estudio será controlado por la Comisión Asesora de la Diabetes y el Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud Pública los que podrán nombrar un auditor. Esta erogación se hará efectiva en el Ejercicio 2001 y será informada al Poder Legislativo en la o las rendiciones de cuentas correspondientes.

ARTICULO 375.- Prohíbese la intermediación lucrativa en la captación de socios y/o afiliados para las instituciones de asistencia médica colectiva, entendiéndose por tal aquella actividad realizada por una o más personas, en forma individual o concertada, tendiente a lograr afiliaciones para las citadas instituciones, percibiendo a cambio una retribución, precio o beneficio, cualquiera fuera su naturaleza.

Prohíbese, asimismo, la actividad de promoción para la captación de socios y/o afiliados, que incluya la entrega o promesa de entrega a éstos de dinero u otra ventaja equivalente.

El que, indistintamente, ejecutare dichas actividades, será castigado con una pena de dos a dieciocho meses de prisión.

Los Directivos, Directores Generales, Directores y Administradores de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva que, por cualquier medio, facilitaren, propiciaren, aceptaren o ejecutaren actos tendientes a tales fines, serán considerados coautores.Constituyen circunstancias agravantes de este delito:

A) El carácter de funcionario público del agente.

B) El grado de jerarquía funcional del coautor.

Exclúyense de las tipificaciones precedentes las siguientes situaciones:

A) Las actividades de promoción realizadas directamente por personal dependiente de las instituciones aludidas.

B) Las actividades de publicidad y/o propaganda llevadas a cabo directamente por agencias publicitarias debidamente acreditadas.

C) Las actividades desarrolladas en calidad de dependiente en una relación laboral privada.

ARTICULO 376.- Asígnase al Ministerio de Salud Pública una partida anual, a partir del año 2001, de $ 3:484.600 (pesos uruguayos tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos) con destino al diseño y ejecución de un Programa de Internado en la Licenciatura de Enfermería de la Universidad de la República, para atender la erogación que demanden la contratación de hasta cien estudiantes por año, cuya duración del internado y demás condiciones, serán determinadas por la reglamentación que a tal efecto dicte el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 377.- Facúltase al Ministerio de Salud Pública a otorgar a la Comisión Apoyo de la Policlínica de la ciudad de Tranqueras, del departamento de Rivera, los recursos necesarios para mejorar el sistema eléctrico y el saneamiento de dicha policlínica, con cargo a Rentas Generales.

ARTICULO 378.- La Comisión Nacional Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis será presidida por el Ministro de Salud Pública o quien éste designe y se regirá en su organización y funcionamiento por lo dispuesto en su Ley de creación Nº 13.459, de fecha 9 de diciembre de 1965, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.106, de 24 de enero de 1990.

INCISO 13
MINISTERIO DE TRABAJO SEGURIDAD SOCIAL

ARTICULO 379.- Decláranse comprendidos en las exoneraciones previstas por el artículo 23 de la Ley Nº 15.800, de 17 de enero de 1986, los aportes patronales que debiera realizar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con relación a las sumas provenientes del Fondo de Participación creado por el artículo 567 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 439 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

ARTICULO 380.- A partir de la vigencia de la presente ley no podrá autorizarse el pase en comisión a otras dependencias u organismos públicos, de funcionarios presupuestados o contratados de la Unidad Ejecutora 007, Escalafón D, Inspector, que no cuenten con un mínimo de tres años en el desempeño efectivo de las funciones propias del cargo.

Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará sin perjuicio de los regímenes especiales vigentes y de lo establecido por el artículo 20 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

ARTICULO 381.- Asígnase al Programa 001 "Administración General" del Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", una partida anual de $ 8:000.000 (pesos uruguayos ocho millones) con destino al pago de una compensación mensual por alimentación para quienes presten funciones en el inciso.

La asignación será financiada con los recursos establecidos por el literal D) del artículo 3º de la Ley Nº 13.453, de 2 de diciembre de 1965, en la redacción dada por el artículo 413 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 382.- Dispónese que los pasantes contratados al amparo del artículo 436 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, así como los que desempeñen tareas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en régimen de pasantías en base a convenios suscritos o que se suscriban en el futuro con instituciones públicas o privadas, percibirán como única remuneración la establecida en el respectivo contrato de pasantía, quedando expresamente excluidos de cualquier compensación y proventos en efectivo o en especie que perciben los funcionarios pertenecientes a los cuadros presupuestales de dicha Secretaría de Estado.

ARTICULO 383.- Asígnase al Inciso 13 «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social» una partida anual por el término de cuatro años de $ 1.045.800 (pesos uruguayos un millón cuarenta y cinco mil ochocientos), destinada al fortalecimiento de la Asesoría en Seguridad Social.

ARTICULO 384.- Suprímese el Instituto Nacional de Abastecimiento (INA) y deróganse todas las disposiciones que establecieron funciones, deberes y facultades para el mismo, especialmente el artículo 432 de la Ley Nº 16.736, de 5 enero de 1996.

El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, designará al liquidador del INA y reglamentará el proceso de liquidación del patrimonio del INA para determinar el pasivo y su cancelación; establecer sus créditos y su efectiva realización; enajenar sus bienes y contemplar todos los aspectos que puedan resultar pertinentes al respecto.

El liquidador deberá presentar el plan de instrumentación de las pautas que se le encomiendan en el inciso anterior, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para su aprobación.

Una vez ejecutado el plan, el liquidador deberá presentar el balance de lo actuado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social así como a la Asamblea General del Poder Legislativo.

El personal de la referida institución que figuraba en la respectiva planilla de trabajo con una antigüedad no inferior a un año al 31 de diciembre de 1999 podrá optar, dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la vigencia de la presente ley y por única vez entre:

A) Percibir la totalidad de las retribuciones emergentes de su desvinculación laboral de la persona que se suprime por la presente ley.

B) Ser contratados para la función pública, con intervención de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Dicha contratación no podrá significar en ningún caso lesión de derechos funcionales, especialmente del sueldo, compensaciones de carácter permanente y demás beneficios sociales que percibieran por cualquier concepto los referidos trabajadores.

A tales efectos, el liquidador remitirá a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Contaduría General de la Nación la nómina completa de los trabajadores comprendidos en la contratación, con información de la función que desempeñan, sueldo, compensaciones de carácter permanente y demás beneficios sociales que perciban por cualquier concepto.

La Contaduría General de la Nación habilitará los recursos para atender los contratos de trabajo de acuerdo a la información que se le suministre reasignando los créditos presupuestales necesarios.

ARTICULO 385.- El personal no comprendido en el artículo anterior ingresará como becarios en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ARTICULO 386.- Asígnase una partida, por única vez, de $ 17:430.000 (pesos uruguayos diecisiete millones cuatrocientos treinta mil) al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, destinada al pago de las deudas contraídas por la persona jurídica de derecho público no estatal Instituto Nacional de Abastecimiento (INA) hasta el momento de su supresión.

Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que después de distribuida la partida otorgada, en caso que la misma fuera insuficiente para efectuar los pagos a los proveedores que no hayan hecho efectivas sus deudas, a abonar las mismas con recursos propios.

Dicha partida será administrada por el liquidador designado en el artículo anterior, quien efectuará la distribución de esta partida entre los acreedores de la mencionada persona jurídica que se suprime, dentro del término de sesenta días a contar de la vigencia de la presente ley, con el informe previo de la Contaduría General de la Nación.

ARTICULO 387.- Los funcionarios del Inciso 13 «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social» que revisten funciones contratadas de carácter permanente, podrán optar por ser presupuestados en el último grado ocupado del escalafón correspondiente a la función que desempeñan, dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley.

ARTICULO 388.- Autorízase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social partidas anuales para financiar inversiones en el Area Informática de $ 5:150.000 (pesos uruguayos cinco millones ciento cincuenta mil) cada una.

Dichas partidas serán financiadas con cargo a los ingresos de libre disponibilidad que superen el tope fijado para los gastos de funcionamiento de dicha Secretaría de Estado.

ARTICULO 389.- Asígnase una partida anual de $ 13:944.000 (pesos uruguayos trece millones novecientos cuarenta y cuatro mil), con financiamiento de Rentas Generales para complementar los recursos que integran el Fondo de Reconversión Laboral creado por el artículo 325 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Dicha partida será destinada a la ejecución de los programas de capacitación y reconversión y será administrada por la Junta Nacional de Empleo y la transferencia se realizará por duodécimos a lo largo de cada ejercicio.

ARTICULO 390.- Facúltase el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a contratar, en forma directa y en régimen de arrendamiento de obra, hasta 18 profesionales abogados, a fin de prestar funciones de conciliadores en las Oficinas de Trabajo del interior de la República.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes.

INCISO 14
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

ARTICULO 391.- Facúltase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a autorizar las permutas de inmuebles adjudicados o adquiridos con subsidio habitacional, entre beneficiarios de sus programas de vivienda, condicionado a que se deje constancia en las escrituras de permuta y traslación de dominio respectivas, los valores que resultaron del subsidio original, del tiempo transcurrido y la depreciación de aquél ya operado.

Estas permutas quedarán comprendidas en lo dispuesto por el artículo 447 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y los artículos 70 y siguientes de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, y estarán exoneradas del pago del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales.

Será también aplicable a esa instrumentación lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 448 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 392.- Exonérase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la obligación de comunicar al Registro Unico de Inmuebles del Estado a cargo de la Contaduría General de la Nación, la adquisición de bienes inmuebles destinados a la construcción de viviendas o regularización de asentamientos irregulares, cuando dichos bienes tengan como destino final ser enajenados a terceros.

ARTICULO 393.- Derógase el numeral 5) del artículo 3º de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990.

ARTICULO 394.- Decláranse exoneradas del aporte unificado de la industria de la construcción previsto en el Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, las viviendas permanentes de interés social existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, e integrantes de asentamientos ocupados por personas que no sean propietarias del inmueble respectivo.

Dicha exoneración sólo regirá respecto de los inmuebles que sean objeto de regularización por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y para el caso de los Gobiernos Departamentales, para las regularizaciones ya designadas y, en lo sucesivo, siempre que la designación para la regularización cuente con informe favorable por parte del citado Ministerio y la misma tenga por finalidad la posterior adjudicación de la vivienda al respectivo ocupante. En estos casos se prescindirá del Certificado Único Especial que emite el Banco de Previsión Social (BPS) siendo suficiente la constancia notarial que acredite que esa situación se encuentre comprendida en la presente disposición.

ARTICULO 395.- Sustitúyese el artículo 446 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«ARTÍCULO 446. Autorízase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a enajenar los bienes de su propiedad en la ejecución de los programas de vivienda, planes de ordenamiento y desarrollo territorial, de regularización de asentamientos irregulares y lotes con o sin servicios.

Cuando la enajenación no sea con destino inmediato a los beneficiarios finales pero tenga por objeto la ejecución de programas referidos en el inciso anterior, se requerirá la previa autorización del Poder Ejecutivo en acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

El producido de las enajenaciones referidas será con destino al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización».

ARTICULO 396.- Cuando el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente constate que una solución habitacional entregada a un beneficiario de sus programas habitacionales bajo cualquier modalidad fue cedida a terceros violando la prohibición correspondiente, el mismo podrá rescindir administrativamente el contrato respectivo quedando sin efecto la adjudicación, por lo que quedará en condiciones de promover la correspondiente acción judicial para recuperar la disponibilidad de la vivienda referida libre de ocupantes. En caso de no obtenerse la individualización de quienes la ocupan, el proceso de desalojo será el precario y podrá promoverse válidamente en forma genérica contra los ocupantes del inmueble.

Además serán causales de rescisión con los efectos antes dispuestos:

- no mantener el destino de casa habitación;

- la no ocupación real y efectiva por el beneficiario y su núcleo familiar;

- desocupación de la vivienda por más de 6 meses sin causa justificada y

- el no pago por el beneficiario de las obligaciones pecuniarias que imponga el Reglamento de los Núcleos Básicos Evolutivos por prestaciones o servicios que integran el SIAV.

ARTICULO 397.- Facúltase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a destinar el saldo correspondiente a la partida asignada por el artículo 451 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, con cargo al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, en concepto de contrapartida para la ejecución del Programa CREDIMAT de acuerdo al contrato de préstamo y aporte financiero suscrito el 23 de noviembre de 1993, con el Kredistanstalt für Wiederaufbau, en el marco del Convenio sobre Cooperación Financiera celebrado el 20 de agosto de 1993, entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federal de Alemania.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá destinar el producido de los costos administrativos a cargo de los organismos ejecutores intermedios a cubrir los costos operacionales que demande la ejecución del programa, excepto para remuneraciones personales.

ARTICULO 398.- Las devoluciones de préstamos concedidos a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, constituirán un fondo rotativo permanente y será reinvertido por el mismo para ser aplicados a la misma finalidad, independientemente del crédito presupuestal.

ARTICULO 399.- Declárase por vía interpretativa que, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Aguas (Decreto-Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978), en la redacción dada por el artículo 193 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por «abiertas y pavimentadas», deberán entenderse aquellas rutas nacionales o ramblas costaneras de uso público, cuya construcción se ha efectivizado sobre el terreno, mediante la colocación de carpetas viales o materiales fijos, sin que pueda entenderse suficiente para ello, la mera limpieza o la compactación del suelo o aun la implantación de afirmados de grava, balasto, pedregullo o similares.

ARTICULO 400.- Como interpretación auténtica del artículo 449 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se declara que la expresión programas, también comprende las regularizaciones de asentamientos que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente lleve a cabo directamente o cuando asista a los Gobiernos Departamentales en dicha tarea.

En todos los casos en los que el Ministerio aplique las normas referidas en el citado artículo 449, no regirá la exigencia del artículo 30 de la Ley Nº 10.751, de 25 de junio de 1946, presentará directamente el plano de fraccionamiento definitivo para su inscripción en la Dirección Nacional de Catastro, sin perjuicio de la aprobación municipal previa respecto de los trazados correspondientes.

ARTICULO 401.- Agréganse al Artículo 8º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, los siguientes literales:

«F) La primera enajenación de bienes inmuebles que realice el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a los beneficiarios de los mismos, en el marco de la política de regularización de asentamientos irregulares y lotes con o sin servicios.

G) La primera enajenación de bienes inmuebles que realicen los Gobiernos Departamentales en el marco de la política de regularización de asentamientos irregulares y lotes con o sin servicios».

ARTICULO 402.- El Estado, a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, otorgará los subsidios y préstamos para vivienda, aislada o agrupada, en idéntico régimen, entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones conforme a las diversas categorías de ingreso del núcleo familiar que establezca cada Plan Quinquenal de Vivienda.

ARTICULO 403.- Decláranse exoneradas del aporte unificado de la industria de la construcción previsto en el Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, las construcciones realizadas hasta la fecha de vigencia de la presente ley, para ampliar los núcleos básicos que proporciona el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y los Gobiernos Departamentales, cuando las mismas se hubieran realizado mediante la modalidad de autoconstrucción y que dichas ampliaciones se correspondan con las estrictamente permitidas por el Ministerio y los citados Gobiernos Departamentales.

ARTICULO 404.- Extiéndense al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente las facultades previstas en los artículos 80 a 89 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), en cuanto a la posibilidad de ejecutar las hipotecas judicialmente o por sí y sin forma alguna de juicio. En caso de recurrirse a la ejecución directa, el Ministerio deberá seguir el procedimiento legal establecido en los artículos mencionados de la Carta Orgánica del BHU.

ARTICULO 405.- Modifícase el inciso primero del artículo 447 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 447. Los bienes inmuebles adjudicados o enajenados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o adquiridos con subsidios otorgados al amparo de lo establecido en el Capítulo V de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, quedan gravados por el término de veinticinco años con derecho real a favor del Ministerio citado por el monto equivalente al subsidio asignado debiendo constar el mismo en la escritura respectiva sin perjuicio de la depreciación prevista en el artículo 70 de la referida ley».

ARTICULO 406.- Decláranse incluidos en lo previsto en el artículo 8º de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990, los inmuebles necesarios para la ejecución de los planes de regularización de asentamientos irregulares instalados en los mismos, que a los efectos se entenderán comprendidos en el artículo 3º de la citada ley. La desafectación se realizará a título gratuito y previa designación del Poder Ejecutivo, la que será vinculante para el organismo al que los mismos se encontraren afectados. Asimismo, en los casos de inmuebles seleccionados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para programas de lotes con o sin servicios para la relocalización de asentamientos irregulares, se aplicará la presente disposición siempre que a juicio del Poder Ejecutivo dichos inmuebles no resulten esenciales para los cometidos del órgano al que los mismos se encuentren afectados. Para los casos de inmuebles de propiedad de los Gobiernos Departamentales será necesario el previo consentimiento de los mismos.

ARTICULO 407.- A iniciativa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Poder Ejecutivo podrá establecer regulaciones a las que se sujetará la introducción al territorio nacional de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (1987) y sus enmiendas, aprobado por la Ley Nº 16.157, de 12 de noviembre de 1990, a efectos de cumplir con las obligaciones de la República emergentes de los referidos instrumentos internacionales, incluyendo lo previsto en los Acuerdos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

ARTICULO 408.- Los Gobiernos Departamentales, en la oportunidad en que lo entiendan pertinente o dentro de los ciento ochenta días contados a partir del requerimiento que a tales efectos le realice el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, establecerán áreas de localización, dentro de su jurisdicción, de:

A) Plantas de tratamiento y lugares de disposición final de residuos urbanos y domiciliarios.

B) Plantas de tratamiento y lugares de disposición final de residuos industriales, tóxicos y/u hospitalarios y la disposición final de sus propios residuos.

A estos efectos y sujeto al cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en la materia, para la instalación de las plantas referidas y puesta en funcionamiento de los lugares de disposición final, deberán contar con la aprobación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, sin perjuicio de las potestades de los Gobiernos Departamentales.

El requerimiento del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a que refiere el inciso primero del presente artículo, en ningún caso podrá referirse a residuos generados en otros departamentos, sin perjuicio de los acuerdos o convenios para la prestación de las respectivas actividades y obras en forma regional o interdepartamental.

ARTICULO 409.- Autorízase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a regularizar en régimen de función pública a los funcionarios que revistan en calidad de contratados en la Dirección Nacional de Vivienda amparados en el artículo 455 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, con independencia de la fecha de ingreso a la contratación. Las regularizaciones dispuestas financiarán con cargo a la partida asignada en el derivado 0.8.4.301 «Retribuciones Previstas para Reestructurar».

ARTICULO 410.- Exceptúanse del control previo del Ministerio de Economía y Finanzas establecido en el literal I) del inciso tercero del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) las contrataciones directas que deba realizar el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, cuando se deba dar respuesta inmediata mediante la realización de las obras necesarias, en una de las siguientes situaciones:

A) Defectos o vicios constructivos detectados en viviendas entregadas por la referida Secretaría de Estado y cuya responsabilidad le sea imputable.

B) Reparación de sistemas de saneamiento y de agua potable en aquellos conjuntos habitacionales donde hubiese acordado realizarlo el Ministerio.

C) Obras de infraestructura de aquellos conjuntos habitacionales no contemplados en el Decreto 51/995, de 1º de febrero de 1995.

D) Daños causados por situaciones de emergencia, como inundaciones, tornados y otros.

En el caso previsto en el literal A) el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente deberá, simultáneamente a la contratación directa, realizar las investigaciones administrativas y acciones de responsabilidad correspondientes.

Sin perjuicio de la exoneración referida en el inciso primero de este artículo, se deberá informar al Ministerio de Economía y Finanzas de todas las contrataciones que se realicen al amparo de esta disposición, a los efectos de que, sin carácter previo se verifiquen los extremos previstos en el inciso cuya exoneración se habilita.

ARTICULO 411.- Los créditos de inversiones financiados con cargo al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización se ajustarán cuatrimestralmente en función de la recaudación de los ingresos previstos en el artículo 81 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992, con excepción de los establecidos en el literal D) del referido artículo.

Los organismos recaudadores de los ingresos afectados a dicho Fondo deberán comunicar a la Contaduría General de la Nación y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la recaudación mensual dentro de los quince días siguientes al mes de su percepción.

ARTICULO 412.- Apruébase el Plan Quinquenal de Vivienda para el período 2000-2004 propuesto por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con el complemento del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), en virtud de lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, y las normas establecidas por los artículos 1º y 3º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992.

ARTICULO 413.- Modifícase el artículo 176 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 cuya vigencia fuera reestablecida por el artículo 3° de la Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992, por el siguiente:

"ARTICULO 176.-El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá disponer la suspensión o retiro de la personería jurídica a los Institutos de Asistencia Técnica, en atención a la configuración de las siguientes causales y según la gravedad de las infracciones que constate, y sin perjuicio de las sanciones que en función a lo expuesto corresponda aplicar:

A) por exceder los topes fijados legalmente en la percepción de las retribuciones por sus servicios;

B) por la insolvencia técnica determinada por técnicos de dicho Ministerio;

C) por realizar o respaldar actividades contrarias a la finalidad cooperativa, o actuar en cualquier forma al servicio de terceros en perjuicio del interés de las cooperativas asistidas;

D) por las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Reglamentación a los servicios que obligatoriamente deben prestar a las Cooperativas que contraten sus servicios;

E) por no presentar en los plazos estipulados la documentación que le sea requerida por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que esté referido a la competencia legal del mismo y en función de la reglamentación vigente, o por no llevar la misma en la forma en que legal o contablemente corresponda.

Cuando se configure alguna infracción, el Ministerio indicado tendrá las más amplias facultades de investigación, pudiendo disponer la suspensión de la personería jurídica por un plazo que no excederá de un año y en función de la gravedad constatada, podrá disponer el retiro de la personería jurídica sin perjuicio de la aplicación de las multas que en función de dichos hechos resulten aplicables.

Las multas no serán inferiores a 10 UR (diez Unidades Reajustables) ni mayores de 1000 UR (mil Unidades Reajustables), a cuyos efectos la reglamentación establecerá la forma en que las mismas se graduarán.

Los técnicos que integren un Instituto que sea objeto de sanción, en tanto la misma se encuentre vigente, no podrán intervenir o participar en cualquier otro Instituto de similar naturaleza mientras la multa aplicada no hubiere sido cancelada y el plazo de la sanción vencido. La reiteración de una circunstancia de esta naturaleza determinará la imposibilidad de integrar otro Instituto por el plazo de cinco años.

Serán solidariamente responsables del pago de la multa aplicada a los Institutos de Asistencia Técnica sancionado todos los integrantes del mismo.

Los Institutos de Asistencia Técnica deberán presentar conjuntamente con toda la documentación la lista de los integrantes responsables del mismo".

ARTICULO 414.- Autorízase a la Unidad Ejecutora 002 «Dirección Nacional de Vivienda» del Inciso 14 «Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente» a disponer de una partida anual de hasta $ 30.212.000 (pesos uruguayos treinta millones doscientos doce mil), para los años 2002, 2003 y 2004, con cargo al Fondo Nacional de Vivienda, teniendo como finalidad financiar costos de reubicación de familias, que excedan el 10% (diez por ciento) de familias a realojar, financiado por el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), con un tope de hasta el 15% (quince por ciento) de las familias de cada asentamiento.

Esta partida no podrá ser destinada a reforzar otros componentes del Plan Nacional de Vivienda. El proyecto 750 «Soluciones habitacionales para realojos de familias en asentamientos a regularizar» que figura en el planillado adjunto no podrá servir como refuerzo de otros proyectos de inversión.

ARTICULO 415.- Sustitúyese el artículo 446 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 456 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«ARTÍCULO 446. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá contratar mediante llamado público, prueba de suficiencia o contratación directa, al personal eventual no administrativo, mínimo imprescindible, para la ejecución de estudios, proyectos y obras incluidas en el Plan de Inversiones. Este personal cesará automáticamente una vez finalizada la ejecución de los servicios u obras para los cuales se les contrató.

Dicho Ministerio podrá abonar horas extra, trabajos especiales y promoción social a los recursos humanos del Inciso.

Las erogaciones resultantes de la aplicación de lo dispuesto por el presente artículo se atenderán con cargo al crédito asignado al proyecto respectivo.

En ningún caso se podrá contratar más de quince personas, ni invertirse por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo más del 30% (treinta por ciento) de las asignaciones presupuestales previstas en los proyectos de inversión aprobados por el Inciso 14 excepto el Fondo Nacional de
Vivienda y Urbanización».

ARTICULO 416.- Autorízase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a realizar la apertura asignada en el Renglón 0.92 «Partidas Globales a Distribuir» entre los respectivos programas y las correspondientes funciones contratadas.

La designación de las funciones contratadas autorizadas por el presente artículo se realizarán entre los funcionarios que al 30 de junio de 2000, se encuentren contratados al amparo de lo dispuesto por el artículo 446 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, ya sea en su redacción original o en la redacción dada por el artículo 456 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

A tales efectos, dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley, la mencionada Secretaría de Estado elevará a la Contaduría General de la Nación la estructura de funciones necesarias en los diferentes programas y la nómina de las personas propuestas para ocuparlas. El costo generado se financiará reduciendo igual monto afectado a proyectos de inversión.

ARTICULO 417.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 177 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968: "Además, los recursos del Fondo podrán destinarse a préstamos para la adquisición, ampliación, regularización y terminación de viviendas propias y permanentes de los partícipes, siempre que las decisiones sean adoptadas por la Comisión Honoraria Administradora del Fondo en acuerdo de todos los delegados del sector empresarial y de los trabajadores.

ARTICULO 418.- Autorízase una partida anual de $ 987.700 (pesos uruguayos novecientos ochenta y siete mil setecientos) equivalente a U$S 85.000 (dólares estadounidenses ochenta y cinco mil) destinada a financiar las actividades correspondientes a la contrapartida nacional necesaria para la continuidad del Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de los Humedales del Este (PROBIDES).

ARTICULO 419.- Los funcionarios presupuestados o contratados de la Administración Central, que se encuentren prestando funciones en comisión en el Inciso 14, "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" podrán optar en un plazo de ciento veinte días de publicación de la presente ley, por su incorporación a dicho Inciso.

Los funcionarios presupuestados se incorporarán en el escalafón, cargo y denominación de origen. Si la remuneración del cargo de origen fuera superior a la del último grado del escalafón del lugar de destino, percibirán ésta última y si fuera menor mantendrán la de origen. Los funcionarios contratados por contratos de función pública conservarán el mismo carácter funcional y su incorporación se regirá por los mismos parámetros que para los presupuestados.

La incorporación se realizará conforme a las normas pertinentes del Capítulo III de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, y será dispuesta por el Poder Ejecutivo.

INCISO 15
MINISTERIO DE DEPORTE Y JUVENTUD

ARTICULO 420.- Sustitúyese el artículo 81 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, por el siguiente:

«ARTÍCULO 81. Créase el Ministerio de Deporte y Juventud, el que se incorporará al Presupuesto Nacional como el Inciso 15.

Créase en el Inciso 15 el Programa 001 `Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de planes en materia de deportes y juventud, e instrumentación de la política en la materia'.

El Programa 001 del Inciso 15 tendrá una Unidad Ejecutora 001 `Dirección General de Secretaría».

ARTICULO 421.- Autorízase al Inciso 15 «Ministerio de Deporte y Juventud» a hacer uso de la facultad acordada por el artículo 9º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, debiendo recaer el nombramiento en un funcionario público, sin exigir para el caso de la primera designación, los requisitos de pertenencia y de antigüedad en el Inciso, previstos en dicha norma.

ARTICULO 422.- Otórganse al Ministerio de Deporte y Juventud una partida anual de $ 1.045.800 (pesos uruguayos un millón cuarenta y cinco mil ochocientos), con destino al Comité Olímpico Uruguayo, para la financiación de las competencias de preparación y la concurrencia del deporte uruguayo a los Juegos Olímpicos, a los Juegos Deportivos Panamericanos y a los Juegos Sudamericanos y una partida de $ 1.626.800 (pesos uruguayos un millón seiscientos veintiséis mil ochocientos), por una sola vez, para el Ejercicio 2004, con el mismo destino.

Las partidas referidas precedentemente serán atendidas con cargo al presupuesto de la Dirección General de Casinos, y administradas por el Comité Olímpico Uruguayo.

ARTICULO 423.- Dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio de Deporte y Juventud presentará al Poder Ejecutivo una propuesta de reestructura organizativa.

La propuesta podrá incluir el reordenamiento, la creación, la fusión, la supresión o el cambio de denominación o de nivel de unidades organizativas existentes.

Asimismo, se podrá formular la creación de nuevos programas, unidades ejecutoras y/o proyectos de inversión y reasignar los créditos presupuestales correspondientes a gastos de funcionamiento e inversiones. A tales efectos, se podrá trasponer sin limitación créditos entre los diferentes objetos del gasto, excepto hacia el Grupo 0 «Servicios Personales», donde se podrá trasponer el Grupo 2 hasta lo ejecutado en el Ejercicio 1999 por concepto de «cachet».

ARTICULO 424.- El Poder Ejecutivo, a iniciativa del Ministerio de Deporte y Juventud, aprobará la estructura de cargos y funciones necesarios para cumplir con los cometidos de la organización, los que serán adecuados a los puestos de trabajo de la nueva estructura organizativa.

Los puestos resultantes de la nueva estructura organizativa serán clasificados tomando en consideración la naturaleza, complejidad y responsabilidad de la tarea, así como su ubicación jerárquica, estableciéndose las correspondencias entre puestos y niveles escalafonarios.

Los funcionarios cuyos cargos, como consecuencia de la reorganización, sean asignados a puestos a los cuales corresponda un nivel escalafonario inferior al que posean, conservarán su nivel retributivo, manteniendo la diferencia como compensación personal, la cual será absorbida por futuros ascensos o regularizaciones. Cuando el nivel retributivo fijado para un cargo en cualquier escalafón y grado sea superior a su remuneración básica, la diferencia será considerada como compensación especial al cargo. En caso de que tales puestos quedaren vacantes por cualquier circunstancia, se aplicarán a los futuros ocupantes las normas del inciso segundo.

Las modificaciones de las estructuras escalafonarias de puestos de trabajo no podrán causar lesión de derechos funcionales.

ARTICULO 425.- En la nueva estructura organizativa del Ministerio de Deporte y Juventud las funciones de dirección, que no sean de particular confianza, o docentes que deban proveerse por concurso, serán desempeñadas por los funcionarios designados por el jerarca del Inciso entre los titulares de los cargos o funciones correspondientes a los tres grados superiores de cada escalafón y serie, de acuerdo al perfil de la función a proveer, los que podrán ser relevados de dichas funciones por el jerarca del Inciso. En caso de cese en la función el funcionario se reintegrará al ejercicio de su cargo o función contratada de origen.

Quienes fueren llamados a cumplir las funciones a que se hace referencia en el inciso anterior, percibirán una compensación complementaria para adecuar sus remuneraciones al nivel establecido en la nueva estructura organizativa.

ARTICULO 426.- Establécese que para la financiación de lo dispuesto en los artículos 423, 424 y 425 de la presente ley el Ministerio de Deporte y Juventud contará con los créditos asignados por la presente ley, y el correspondiente a las vacantes de cargos y funciones existentes a la fecha de formulación de la propuesta de reestructura organizativa.

Al sólo efecto de la aplicación del inciso precedente, exceptúase al Ministerio de Deporte y Juventud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

ARTICULO 427.- El Ministerio de Deporte y Juventud podrá dar a conocer en el ámbito nacional o internacional, por los medios que considere convenientes, los nombres de los contribuyentes que patrocinen algún deporte mediante la realización de contribuciones, previo consentimiento de los mismos.

ARTICULO 428.- El Ministerio de Deporte y Juventud podrá realizar convenios con organizaciones o instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas, nacionales, extranjeras o internacionales, para fomentar el deporte y las actividades de la juventud, dando cuenta al Poder Ejecutivo.

En caso de comprometerse aportes locales será necesaria la autorización previa del Poder Ejecutivo.

ARTICULO 429.- Autorízase al Ministerio de Deporte y Juventud a apoyar a instituciones sin fines de lucro o a asociaciones que tengan entre sus cometidos el fomento y desarrollo de actividades deportivas, contribuyendo a su financiamiento.

ARTICULO 430.- Las obras de infraestructura y equipamiento de instalaciones deportivas que se realicen con cargo a fondos públicos, provenientes de financiamiento nacional o internacional, a instituciones públicas o privadas, deberán encuadrarse dentro de las pautas de desarrollo y funcionamiento que en materia de educación física y deporte, haya determinado el Ministerio de Deporte y Juventud.

ARTICULO 431.- El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Deporte y Juventud, podrá otorgar concesiones de uso o servicios, de los predios e instalaciones a su cargo, a las instituciones o empresas que cumplan las condiciones que a tal efecto aprobará el Ministerio.

ARTICULO 432.- El Ministerio de Deporte y Juventud podrá realizar convenios y contratos con instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras o internacionales, de prestación de servicios médicos y de laboratorio altamente especializados, test de alto rendimiento y controles de dopaje fijando, en cada caso, las condiciones y los precios a cobrar por dichos servicios, conforme a las disposiciones vigentes en la materia.

ARTICULO 433.- Las solicitudes de reconocimiento oficial y de aprobación de reformas estatutarias de las asociaciones civiles y fundaciones que tengan por objeto el fomento o la realización de actividades relacionadas con el deporte o la juventud, deberán contar con informe del Ministerio de Deporte y Juventud, el que deberá realizarse en un plazo de 45 días vencidos los cuales, de no haber pronunciamiento de la Administración, se considerará afirmativo.

ARTICULO 434.- Los fondos que perciba el Ministerio de Deporte y Juventud, quedan comprendidos en lo dispuesto por el artículo 595 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, los que serán destinados en su totalidad al fomento, desarrollo y control de las actividades deportivas no pudiendo destinarse al pago de retribuciones personales.

ARTICULO 435.- Los becarios, personal que trabaja en el Ministerio de Deporte y Juventud en régimen de "cachet" y toda otra persona, cualquiera sea la forma de su vinculación, que a juicio de dicha Secretaría de Estado hayan demostrado especiales condiciones de capacidad, contracción a las tareas encomendadas, podrán ser contratados en funciones equivalentes al último grado y serie de cada escalafón. Para el caso de que las remuneraciones que perciban sean superiores a la correspondiente al puesto asignado, quedarán como compensaciones personales, las cuales serán absorbidas por futuros ascensos.

Facúltase al Poder Ejecutivo a transferir y a habilitar los créditos necesarios en el Grupo 0 previo informe de la Contaduría General de la Nación.

ARTICULO 436.- Autorízase al Inciso 15 "Ministerio de Deporte y Juventud" a enajenar aquellos inmuebles de su propiedad que sean considerados prescindibles para el cumplimiento de sus objetivos.

A tal efecto será de aplicación del procedimiento previsto en el artículo 343 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970.

Del producido de dichas enajenaciones el 80% (ochenta por ciento) será destinado al programa respectivo de gastos de inversión del presente inciso y el resto distribuido por partes iguales entre la Administración Nacional de Educación Pública y el Ministerio de Salud Pública.

SECCIÓN V
INCISO 21

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

ARTICULO 437.- Las partidas previstas en el Inciso 21 «Subsidios y Subvenciones» para la Administración de Ferrocarriles del Estado destinadas a: funcionamiento, objeto del gasto 511.001 por $ 220:780.000 (pesos uruguayos doscientos veinte millones setecientos ochenta mil); pago de servicios de deuda, objeto del gasto 511.009 por $ 17:430.000 (pesos uruguayos diecisiete millones cuatrocientos treinta mil); inversiones, objeto del gasto 531.001 por $ 17:430.000 (pesos uruguayos diecisiete millones cuatrocientos treinta mil); en la medida que excedan las necesidades del organismo por el concepto por el cual se fijaron, se destinarán en el orden que se indica a continuación a:

-cancelar la deuda con el Banco de la República Oriental del Uruguay por la adquisición de rieles en el marco del Acuerdo con la Federación Rusa.

- ampliar el Plan de Inversiones por concepto de material rodante en su papel de transportador de carga, y de construcción y reparación de obras de infraestructura y de comunicaciones.

ARTICULO 438.- Fíjanse las siguientes partidas a las instituciones que se mencionan, por los montos anuales que se determinan:

  

$

Instituto Histórico y Geográfico  

34.107

Escuela Horizonte  

1:705.352

Escuela Federico Ozanam  

86.973

Instituto Psicopedagógico  

893.605

Asociación Uruguaya Lucha contra el Cáncer  

68.214

Liga Uruguaya contra la Tuberculosis  

28.991

Fundación Pro Cardias  

1:048.792

Asociación Enfermedades Musculares  

494.552

Comisión Departamental Lucha c/Cáncer  

170.535

Comisión Honoraria Salud Cardiovascular  

1:909.995

Patronato del Psicópata  

2:046.423

Cruz Roja Uruguaya  

306.963

ADES  

477.499

Obra Don Orione  

100.000

Movimiento Nacional Bienestar Anciano  

6.821

Pequeño Cottolengo Don Orione  

70.000

Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia  

165.419

Asociación Pro Recuperación del Inválido  

170.535

Asociación Nacional p/ Niño Lisiado  

642.918

Movimiento Nacional Gustavo Volpe  

52.866

Plenario Nacional Del Impedido  

85.268

Organización Nacional Pro Lab. Lisiado  

204.642

Instituto Nacional de Ciegos  

117.669

ACRIDU

426.338

Asociación Down

250.000

Club Hogar de Ancianos de Solís de Mataojo  

30.000

Centro de Niños Autistas de Salto  

255.803

Federación Uruguaya de Padres de Personas con Capacidad Mental Diferente  

102.321

Movimiento Nacional Recuperación Minusválido  

204.642

Voluntarios de Coordinación Social  

238.749

Club Pro Bienestar del Anciano "Juan Yaport"  

30.000

Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado  

574.704

Comité Olímpico Uruguayo  

136.428

Museo Marítimo Malvín  

26.090

Val. Histórico de Villa Soriano  

65.268

Comisión Pro Remodelación Hospital Maciel  

235.339

Asociación "Despertar" Minusválidos de Minas   

30.000

Escuela Nº 200 de Discapacitados  

97.205

Escuela Nº 97 de Discapacitados de Salto  

50.000

Instituto Jacobo Cibils de Florida  

300.000

Comisión Nacional de Centros CAIF  

500.000

Hogar Infantil Los Zorzales - Mov. Mujeres San Carlos  

50.000

Hogar La Huella  

34.000

Asociación Pro Discapacitado Mental Paysandú  

250.000

Sociedad El Refugio - Asociac. Protectora Animales  

160.000

Pers. públicas no estat. de control y bienestar animal   

800.000

Escuela Esperanza de Rivera  

50.000

Fundación Winners  

25.000

Asociación Uruguaya de Planificación Familiar $ 500.000, dividido en tres partidas de 

166.000

AUCASOL - Asociación Uruguaya Catalana Solsona  

341.071

Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares  

50.000

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y la oportunidad en que la Auditoría Interna de la Nación realizará la fiscalización de la utilización por parte de estas instituciones de los fondos públicos que son otorgados por la presente ley.

ARTICULO 439.- Fíjanse las siguientes partidas a los organismos e instituciones que se mencionan, por los montos anuales que se determinan para los ejercicios 2002 a 2004:

  

$

Fondo Nacional de Teatro (Ley Nº 16.297)  

703.200

Cothain  

50.000

Asociación de Padres y amigos Discapacitados de Rivera   

50.000

Escuela Granja Nº 24 Maestro Cándido Villar de San Carlos   

50.000

Club de niños El Hogar de Kardec de Rivera  

50.000

ARTICULO 440.- Fíjase la siguiente partida a la institución que se menciona, por el monto anual que se determina para los ejercicios 2001 a 2002:

Iglesia Pura y Limpia Inmaculada Concepción Paso Molino   

$ 300.000

ARTICULO 441.- Fíjanse las siguientes partidas a los organismos e instituciones que se mencionan, por los montos anuales que se determinan:

  

$

Consejo de Capacitación Profesional  

2:499.223

Com. Honoraria Pro Erradicación Vivienda Rural Insalubre   

3:206.813

PEDECIBA  

14:559.860

Academia Nacional de Letras  

416.276

Comisión Honoraria Para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes  

17:819.269

Movimiento de la Juventud Agraria  

1:200.000

Comité Nacional de Calidad  

3:500.000

Organismo Uruguayo de Acreditación  

232.400

Instituto Antártico Uruguayo Año 2001  

12.252.725

Años 2002 a 2004  

18.000.000anuales

ARTICULO 442.- Fíjanse las siguientes partidas anuales para el Instituto Plan Agropecuario para los ejercicios 2000 a 2004:

  

$

Sueldos  

13:660.743

Funcionamiento  

4:826.427

ARTICULO 443.- Asígnanse al Instituto Nacional de Colonización las siguientes partidas:

  

$

Ejercicio 2000  

13:944.000

Ejercicio 2001  

10:458.000

ARTICULO 444.- Asígnanse a Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA) las siguientes partidas para gastos de funcionamiento:

  

$

Ejercicio 2000  

22:051.000

Ejercicio 2001  

15:000.000

ARTICULO 445.- Asígnanse a Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA) las siguientes partidas para atender el servicio de la deuda:

  

$

Ejercicio 2000  

60:826.387

Ejercicios 2001-2004  

51:658.368 anuales

ARTICULO 446.- Asígnanse a la Administración Nacional de Correos las siguientes partidas:

  

$

Ejercicio 2000  

69:000.000

Ejercicio 2001  

50:000.000

ARTICULO 447.- Asígnanse a la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande las siguientes partidas:

  

$

Ejercicio 2000  

167:792.800

Ejercicios 2001 a 2004  

144:552.800 anuales

Autorízase a dicha Delegación Uruguaya a percibir de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) una comisión por administración que será fijada por el Poder Ejecutivo a su propuesta. Su producido será destinado a inversiones y plan de mantenimiento.

INCISO 24
DIVERSOS CRÉDITOS

ARTICULO 448.- Autorízase a los organismos públicos comprendidos en el Presupuesto Nacional a utilizar la Línea Rotatoria de Crédito Condicional con cargo a la Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar las tareas de apoyo que requieran la preparación de proyectos o programas de inversión u operaciones sectoriales a desarrollar por los referidos organismos, que se encuentren a consideración del mencionado Banco y faciliten la aprobación del préstamo correspondiente y su ejecución.

El Ministerio de Economía y Finanzas dispondrá la apertura de los créditos correspondientes, con financiación de endeudamiento externo en el plan de inversiones de los Incisos, una vez autorizada cada operación individual con cargo a dicha línea. De tales habilitaciones se dará cuenta a la Asamblea General.

ARTICULO 449.- El organismo coordinador de las actividades que se requieren para el manejo de la línea de crédito referida en el artículo anterior, será la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que aprobará el uso de los recursos a escala nacional, recibirá los recursos y los transferirá a los organismos ejecutores responsables de los proyectos y designará funcionarios que la representen en el cumplimiento de dichas responsabilidades.

En caso de no suscribirse el contrato de préstamo respectivo, la OPP remitirá la información pertinente al Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de que autorice la cancelación del endeudamiento correspondiente.

ARTICULO 450.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 148 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, por el siguiente:

«El Ministerio de Economía y Finanzas dispondrá la apertura de los créditos correspondientes, con financiación de endeudamiento interno, en el plan de inversiones de los Incisos, a medida que se vayan concretando los desembolsos de los préstamos. De tales habilitaciones se dará cuenta a la Asamblea General. Se atenderá con cargo a Rentas Generales el servicio de deuda de los préstamos destinados a organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional y hasta un máximo de 85% (ochenta y cinco por ciento) de los préstamos destinados a los Gobiernos Departamentales».

ARTICULO 451.- Autorízase una partida de $ 17:430.000 (pesos uruguayos diecisiete millones cuatrocientos treinta mil) para el período 2001 - 2004, cuya distribución anual y por fuente de financiamiento consta en planillado anexo en el Inciso 24 «Diversos Créditos», objeto del gasto 576.000, con destino a la Cooperación Técnica Reembolsable de apoyo al Programa de Modernización de la Gestión Pública acordada con el Banco Interamericano de Desarrollo, que será administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

ARTICULO 452.- Autorízase una partida de $ 23:240.000 (pesos uruguayos veintitrés millones doscientos cuarenta mil), para el período 2001-2004, cuya distribución anual y por fuente de financiamiento consta en planillado anexo en el Inciso 24 «Diversos Créditos», objeto del gasto 576.000, con destino a la Cooperación Técnica Reembolsable de apoyo al Programa de Modernización de la Gestión Pública acordada con el Banco Interamericano de Desarrollo, que será administrada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

ARTICULO 453.- No podrá ejecutarse mas del 50% (cincuenta por ciento) de los créditos previstos en los artículos 451 y 452 de la presente ley para el Ejercicio 2001.

ARTICULO 454.- Rebájase en un 18% (dieciocho por ciento) la alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural cuyo pago deba efectuarse a partir del año 2001, establecida por el artículo 652 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Los propietarios de padrones rurales que exploten a cualquier título padrones que en su conjunto no excedan las 200 hectáreas índice CONEAT 100 estarán exonerados, en su caso, del pago de la Contribución Inmobiliaria Rural por hasta las primeras 50 (cincuenta) hectáreas equivalentes a índice CONEAT 100.

Para tener derecho al beneficio previsto en el inciso anterior, los productores agropecuarios deberán presentar en la(s) Intendencia(s) respectiva(s) dentro de los 120 (ciento veinte) días del ejercicio que se desee exonerar, declaración jurada con detalle del total de los padrones que al 1º de enero anterior explotaban a cualquier título, con indicación del correspondiente valor real de cada uno, así como la correspondiente documentación del Banco de Previsión Social y de DICOSE.

En caso de productores que exploten padrones en más de un departamento, las 50 (cincuenta) hectáreas valor CONEAT 100 exoneradas, serán en su caso prorrateadas entre estos en función del valor real de los inmuebles explotados a cualquier título en cada uno de ellos.

Autorízase al Poder Ejecutivo, a disponer, anualmente, de una partida global de $ 174:300.000 (pesos uruguayos ciento setenta y cuatro millones trescientos mil). Esta partida se distribuirá bimensualmente entre las Intendencias Municipales, de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO

TOTAL A TRANSFERIR

$

%

Artigas  

6:566.787

3,7675

Canelones  

17:450.114

10,0115

Cerro Largo  

9:653.768

5,5386

Colonia  

11:419.787

6,5518

Durazno  

10:789.554

6,1902

Flores  

5:501.257

3,1562

Florida  

10:376.648

5,9533

Lavalleja  

8.:762.363

5,0272

Maldonado  

7:391.482

4,2407

Paysandú  

9:420.625

5,4048

Río Negro  

9:204.585

5,2809

Rivera  

6:501.320

3,7300

Rocha  

6:979.472

4,0043

Salto  

10:215.537

5,8609

San José  

10.:820.335

6,2079

Soriano  

11:209.640

6,4312

Tacuarembó  

9:976.398

5,7237

Treinta y Tres  

5:828.766

3,3441

Montevideo  

6:231.562

3,5752

La asignación a cada departamento se ha determinado utilizando la distribución de los predios agrícolas por tamaño y departamento y el valor promedio por hectárea por departamento de la Contribución Inmobiliaria Rural de 1998.

Las partidas destinadas a las Intendencias por los artículos 761 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y 647 de la presente ley, no podrán ser objeto de compensaciones, retenciones, embargos, gravámenes, afectaciones o cualquier otra medida que de cualquier forma impidan su percepción directa por aquellas.

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar en $ 116:200.000 (pesos uruguayos ciento dieciséis millones doscientos mil) esta partida, disminuyendo en acuerdo con el Congreso Nacional de Intendentes por un monto equivalente, la referida Contribución Inmobiliaria Rural a partir del Ejercicio 2002.

ARTICULO 455.- Autorízase al Poder Ejecutivo a determinar el Inciso y programa responsable de la ejecución de los proyectos de inversión «Atención a la infancia y la familia», «Programa de desarrollo regional agropecuario» y «Reforma de la formación de Recursos Humanos para la Salud» que figuran en planillado anexo en el Inciso 24 «Diversos Créditos».

Cualquiera sea el Inciso y programa a los que se asignen estas partidas, las mismas no podrán ser transferidas a otros proyectos ni a gastos de funcionamiento del programa.

ARTICULO 456.- Asígnase una partida anual de $ 1:394.400 (un millón trescientos noventa y cuatro mil cuatrocientos pesos uruguayos), para la creación de un Fondo de Evaluación de Inversiones, que será administrado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Dicho Fondo, se destinará a la realización de evaluaciones independientes, de una muestra de los proyectos de inversión aprobados en el presente Presupuesto Nacional, las que se llevarán a cabo de acuerdo a los siguientes parámetros:

A) La selección de los proyectos a evaluar será realizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea General.

B) La selección de las consultoras independientes que tendrán a su cargo la evaluación de los proyectos referidos, la llevará a cabo la OPP, mediante el procedimiento de llamado a licitación pública, de acuerdo a las normas vigentes que regulan la materia.

C) Los informes relativos a los resultados de las evaluaciones realizadas, serán comunicados a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea General, quien dará publicidad de los mismos, por los medios que estime conveniente.

ARTICULO 457.- Acuérdase un crédito a la Asociación Uruguaya de Aldeas Infantiles SOS, por el monto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a las adquisiciones de bienes y servicios utilizados en la construcción del complejo de la Oficina Nacional de Coordinación, situado en la 7a. Sección Judicial del departamento de Montevideo, padrón 106.819, y en las obras de refacción del inmueble situado en el solar 13, padrón 55.764, de la 14a. Sección Judicial de la ciudad de Montevideo.

SECCIÓN VI
ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 DE LA
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

INCISO 16
PODER JUDICIAL

ARTICULO 458.- Créanse en el Inciso 16 del Poder Judicial los siguientes cargos:

Cant.

Esc.

Denominación

Vigencia

3

I

Juez Letrado 1ª Instancia Interior  

1º de Enero de 2001

5

IV

Mediadores  

1º de Enero de 2001

1

Q

Subdirector General  

1º de Enero de 2002

3

I

Juez de Paz Departamental Interior  

1º de Enero de 2002

5

IV

Mediadores  

1º de Enero de 2002

ARTICULO 459.- Créase el Escalafón R del Poder Judicial que comprenderá los cargos y contratos de función pública asignados a la División Informática.

Los funcionarios del Escalafón R:

a) estarán incluidos en el régimen de Permanencia a la Orden establecido en el artículo 464 de la Ley Nº 16.170 de 29 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 316 de la Ley Nº 16.226 de 29 de octubre de 1991;

b) no tendrán derecho al cobro de la retribución complementaria por rendimiento establecida por el artículo 478 de la Ley Nº 16.170 de 28 de diciembre de 1990.

La escala de sueldos correspondiente a este escalafón se detalla en el Anexo I y las creaciones de cargos correspondientes por año, en el Anexo II.

ARTICULO 460.- Sustitúyese el artículo 132 de la Ley Nº 16.462 de 11 de enero de 1994 por el siguiente:

"ARTICULO 132.- Las retribuciones del Director General de los Servicios Administrativos y Subdirector General de los Servicios Administrativos serán equivalentes al 80% de las que perciben, por todo concepto, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y los Jueces Letrados de Primera Instancia de la Capital, respectivamente.

Deróganse a estos efectos y exclusivamente para estos cargos todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el inciso anterior".

ARTICULO 461.- Los cargos de Director General y Subdirector General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial serán de Particular Confianza.

ARTICULO 462.- Asígnase al Inciso 16 Poder Judicial una partida anual de $ 15.318.000 (pesos uruguayos quince millones trescientos dieciocho mil), con destino a contribuir al perfeccionamiento académico de quienes ocupen cargos en forma exclusiva en el Escalafón I, la que se distribuirá según la siguiente escala de montos mensuales:

Ministro S.C.J.  

$

4.500

Ministro Trib.  

$

4.000

Juez Letrado Capital.  

$

3.500

Juez Letrado Interior  

$

3.000

Juez Paz Departamental Capital  

$

2.500

Juez Paz Departamental Interior  

$

2.500

Juez Paz Ciudad  

$

2.500

Juez Paz 1º Cat.  

$

2.000

Juez Paz 2º Cat.  

$

2.000

Juez Paz Rural  

$

2.000

Las partidas otorgadas no integran la base de cálculo de cualesquiera equiparaciones y no estarán sujetas a contribuciones especiales a la seguridad social ni a otro tipo de gravámenes.

ARTICULO 463.- Asígnase una partida anual de $ 4:800.000 (pesos uruguayos cuatro millones ochocientos mil) a los Defensores de Oficio y Actuarios, (Actuarios Adjuntos, Secretarios I, Inspectores y Directores de División), con destino a contribuir al perfeccionamiento académico de los mismos que se distribuirá de acuerdo a la naturaleza de los cargos.

ARTICULO 464.- Asígnase al Inciso 16 Poder Judicial con destino al rubro "compensación por alimentación sin aportes" para quienes ocupen cargos en los escalafones II a VI, la partida anual de $ 23:240.000 (pesos uruguayos veintitrés millones doscientos cuarenta mil).

Asígnase una partida adicional para el Grupo 0 la suma de $ 46:480.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta mil) para el año 2003 en adelante, la cual estará sujeta a la reestructura de todos los escalafones de funcionarios del Poder Judicial salvo el Nº I (Magistrados) que quedará exceptuado a todos los efectos de la presente disposición y cuya finalidad será incentivar y mejorar la eficiencia de sus recursos humanos y por tal motivo, las mismas deberán destinarse exclusivamente a dicho fin (Grupo 0 - Servicios Personales-) A tal efecto, la reestructura deberá promover el concurso de oposición y méritos fundado en la antigüedad calificada y garantizará una diferencia entre grado y grado de por lo menos un 20% (veinte por ciento) de las retribuciones básicas por todo concepto y de un 30% (treinta por ciento) en los grados superiores, a los cuales únicamente se podrá acceder por concurso.

Las compensaciones otorgadas no integran la base de cálculo de cualesquiera equiparaciones.

Igual cantidad a las partidas referidas será deducida en cada ejercicio de los créditos del inciso 01 Poder Legislativo.

ARTICULO 465.- Asígnase al Inciso 16 Poder Judicial una partida adicional para "Inversiones" con destino al Edificio ex ONDA de $ 3:486.000 (pesos uruguayos tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil), para el año 2001; $ 17:445.000 (pesos uruguayos diecisiete millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil) para el año 2002 y $ 17.445.000 (pesos uruguayos diecisiete millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil) para el año 2003.

ARTICULO 466.- Fíjanse para el Inciso 16 Poder Judicial las siguientes partidas anuales adicionales para "Gastos de Funcionamiento", excluidos suministros y arrendamientos:

A) Año 2001: $ 5.000.000 (pesos uruguayos cinco millones)

B) Año 2002: $ 10.000.000 (pesos uruguayos diez millones)

C) Año 2003: $ 10.000.000 (pesos uruguayos diez millones)

D) Año 2004: $ 10.000.000 (pesos uruguayos diez millones)

ARTICULO 467.- Establécese que serán de utilización preceptiva por parte de las oficinas judiciales aquellos modelos suministrados por la Suprema Corte de Justicia, referidos a actuaciones de carácter instrumental y de empleo permanente en la secuencia procesal cumplida en la gestión jurisdiccional de que se trate, a efectos de alcanzar la uniformidad documental requerida para la sistematización informática del servicio.

Entiéndese por tales aquellas actuaciones vinculadas a la opción de actos de mero trámite, actos de comunicación, así como de confección de oficios.

Los modelos de actuación referidos, elaborados conforme al procedimiento establecido al respecto en su oportunidad, serán proporcionados por la Suprema Corte de Justicia en las condiciones y forma que a tal efecto la misma reglamentará.

ARTICULO 468.- Las retribuciones de los Asesores Contadores del Instituto Técnico Forense, será del 60% (sesenta por ciento), de lo que perciben por todo concepto los Jueces Letrados de Primera Instancia de la Capital.

Derógase a estos efectos y exclusivamente para estos cargos, todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el inciso anterior.

ARTICULO 469.- Créase, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, una unidad especializada en concursos civiles, concordatos, moratorias de sociedades anónimas, quiebras y liquidaciones judiciales, con el cometido de asesorar a los magistrados judiciales en las materias mencionadas.

Dicha unidad estará integrada por profesionales universitarios prioritariamente pertenecientes al Poder Judicial y haber rendido satisfactoriamente una prueba de suficiencia, que reglamentará la Suprema Corte de Justicia.

Autorízase a la Suprema Corte de Justicia a realizar hasta ocho transformaciones de cargos que resulten necesarias para realizar las designaciones correspondientes.

ARTICULO 470.- Sustitúyese el artículo 487 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«ARTICULO 487. Transfórmanse en Defensores de Oficio Adjuntos en lo Penal a los funcionarios administrativos con título habilitante de abogado, y que revisten prestando funciones en la Defensoría de Oficio en lo Penal, al 30 de agosto de 1995, quienes tendrán incompatibilidad para el ejercicio profesional en la materia referida. Su retribución mensual será equivalente al 70% (setenta por ciento) de las que perciben por todo concepto los Defensores de Oficio de la capital que se hallen en régimen de dedicación exclusiva.

Transfórmanse los cargos «Administrativos» (Escalafón V, grados 9º al 13, del Programa 4, Unidad Ejecutora 4) en procurador (Escalafón II, Grado 7º, Programa 4, Unidad Ejecutora 4), de aquellos funcionarios que, poseyendo título profesional habilitante (abogado, escribano, procurador), para la realización de actividades como procurador de acuerdo al artículo 151 y siguientes de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, y que al 15 de setiembre de 1995, estuvieran desempeñando tales funciones en las Defensorías de Oficio y de los funcionarios que estando en las mismas condiciones de cargo y título que los anteriores y habiendo prestado actividades como procurador en las Defensorías, se hallaren a la fecha mencionada desempeñando tareas en comisión. El cargo de procurador se incluirá en el escalafón profesional».

ARTICULO 471.- Facúltase al Poder Judicial a seguir otorgando a los funcionarios de los Escalafones II (no equiparados) a VI, la partida (compensación personal), la cual no podrá ser inferior a lo que se percibe actualmente.

ARTICULO 472.- Establécese que a partir de la vigencia de la presente Ley, el Poder Judicial tendrá una única unidad ejecutora denominada "Poder Judicial" y dos Programas: Programa 1 "Prestación de Servicios de Justicia" y Programa 2 "Gestión administrativa y prestación de servicios de apoyo a tribunales".

ARTICULO 473.- Créanse a partir del 1º de enero de 2001 cinco Centros de Mediación del Poder Judicial, institucionalizando la prueba piloto realizada en el quinquenio 1995-1999.

INCISO 17
TRIBUNAL DE CUENTAS

ARTICULO 474.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 16.853, de 14 de agosto de 1997, por el siguiente :

"ARTÍCULO 1º.- Facúltase al Tribunal de Cuentas a fijar una tasa de hasta el 1,5 o/ooo ( uno y medio por diez mil), sobre los ingresos brutos de las empresas industriales y comerciales del Estado (artículo 221 de la Constitución de la República), por la intervención que le compete en los estados contables de éstas.

Asimismo, podrá fijar un precio como contrapartida por cualquier otro tipo de tareas que le sean solicitadas por las referidas empresas, tomando en consideración la complejidad de las mismas.

El importe resultante de la aplicación de la tasa a que refiere el inciso primero, deberá ser vertido en la forma y oportunidad que disponga el Tribunal de Cuentas. Lo recaudado por este concepto será destinado a gastos de funcionamiento e inversiones".

ARTICULO 475.- Derógase el artículo 2º de la Ley Nº 16.853, de 14 de agosto de 1997.

ARTICULO 476.- Asígnase al Tribunal de Cuentas con cargo al Grupo 0 objeto del gasto 42 auxiliar 014 - Permanencia a la Orden - una partida complementaria de $ 2:500.000 (pesos uruguayos dos millones quinientos mil) para el Ejercicio 2001. Para el resto de los ejercicios dicha cantidad quedará fijada en la cantidad de $ 5:000.000 (pesos uruguayos cinco millones).

ARTICULO 477.- Autorízase al Tribunal de Cuentas a suscribir acuerdos con las instituciones de enseñanza pública y habilitadas, a efectos de proveer estudiantes en régimen de pasantías para prestar tareas de apoyo. Los estudiantes seleccionados al amparo de dichos acuerdos, no podrán permanecer en esa calidad por más de dos años. El régimen aplicable a dichos estudiantes será el establecido en las disposiciones legales de carácter general vigentes en la presente ley.

ARTICULO 478.- Facúltase al Tribunal de Cuentas a enajenar los bienes inmuebles de su propiedad, así como constituir hipoteca sobre dichos bienes, con destino exclusivo a la adquisición de un inmueble sede del Tribunal.

ARTICULO 479.- La intervención preventiva de los gastos y pagos, que de acuerdo con el literal B) del artículo 211 de la Constitución de la República compete al Tribunal de Cuentas, será ejercida directamente por el mismo, por sus Auditores o los Contadores Delegados en la forma que dicho organismo determine mediante Ordenanza.

ARTICULO 480.- El Tribunal de Cuentas, los Auditores o Contadores Delegados, podrán certificar la legalidad de los gastos y pagos o proceder a su observación. Ello sin perjuicio de la información complementaria que previamente se solicite a efectos de su pronunciamiento.

ARTICULO 481.- Los ordenadores de gastos o pagos al ejercer la facultad de insistencia o reiteración que les acuerda el literal B) del Artículo 211 de la Constitución de la República, deberán hacerlo en forma fundada, expresando de manera detallada los motivos que justifican a su juicio seguir el curso del gasto o del pago.

ARTICULO 482.- El Tribunal de Cuentas podrá disponer que se caratulen como de urgente consideración y se comuniquen a la Asamblea General o en su caso a las Juntas Departamentales, aquellas resoluciones que estén contempladas en alguna de las siguientes situaciones:

A) Observaciones referidas a gastos sin disponibilidad - salvo los autorizados legalmente - cuando notoriamente su monto exceda del rubro o proyecto respectivo.

B) Observaciones que reproducen observaciones anteriores, ya sea en forma continua o permanente y sin que los Organismos a que van dirigidas las hayan atendido.

C) En aquellos casos contemplados en los literales C) y E) del artículo 211 de la Constitución de la República y observaciones a actos o contratos realizados con manifiesta violación de las normas legales.

D) Reiteraciones de gastos o pagos o continuación de los procedimientos, cuando el acto administrativo no haya sido debidamente fundado.

ARTICULO 483.- Las comunicaciones a la Asamblea General, Juntas Departamentales y Poder Ejecutivo, se harán con copia de la resolución de observación, la de insistencia y la de mantenimiento de las observaciones.

ARTICULO 484.- Derógase el literal III del artículo 659 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 ( artículo 108 del TOCAF).

ARTICULO 485.- Incorpóranse al artículo 556 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 52 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, artículo 99 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), los siguientes incisos:

"El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso precedente, en lo que refiere al Tribunal de Cuentas, hará incurrir al funcionario omiso en responsabilidad administrativa conforme a lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y 572, 573 y 575 a 580 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 (artículos 119 a 127 de dicho Texto Ordenado), sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder.

Dicho incumplimiento será determinado por el Tribunal de Cuentas, previa aplicación de las reglas que regulan el debido proceso administrativo dando vista de las actuaciones por un plazo de diez días hábiles.

Cuando la responsabilidad pueda recaer en funcionarios sujetos a jerarquía, el Tribunal lo comunicará al jerarca del servicio respectivo a efectos de que disponga la realización de los procedimientos disciplinarios correspondientes, dando cuenta de lo actuado al Tribunal así como de las conclusiones a que arribe en cuanto a la responsabilidad administrativa de que se trate.

En los casos en que se verifique la comisión de actos de obstrucción cometidos por los jerarcas o funcionarios responsables del manejo de documentación o información cuyo conocimiento resulte imprescindible para el cumplimiento de los cometidos de fiscalización o de vigilancia por parte del Tribunal de Cuentas, el mismo, previa vista por el término de diez días hábiles conferida al funcionario de que se trate a efectos de la presentación de los descargos que puedan corresponder, podrá formular denuncia circunstanciada ante el Poder Ejecutivo, la Asamblea General, la Junta Departamental respectiva o el Poder Judicial, según corresponda".

ARTICULO 486.- Incorpórase al artículo 573 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, artículo 120 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) el siguiente numeral:

"7) A los funcionarios de cualquier orden y a los jerarcas y empleados que incumplan con las obligaciones establecidas en la presente ley".

ARTICULO 487.- Incorpórase al artículo 552 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, artículo 94 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente numeral:

"6) Coordinar con la Auditoría Interna de la Nación y con las Unidades de Auditoría Interna de los Organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República y de los Gobiernos Departamentales, la planificación de las auditorías de dichos órganos de control".

ARTICULO 488.- Incorpórase al artículo 589 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, artículo 138 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente literal:

"D) Los distintos documentos y estados referidos en los literales B) y C) deberán formularse y presentarse en la forma en que lo determine el Tribunal de Cuentas".

ARTICULO 489.- Establécese por vía de interpretación - artículo 85, numeral 20) de la Constitución de la República - que el Presupuesto de Sueldos y Gastos de las Juntas Departamentales y modificaciones a dicho Presupuesto de Sueldos y Gastos (artículo 273, numeral 6) de la Carta) debe ser remitido al Tribunal de Cuentas con un plazo no inferior a veinte días para que ese Cuerpo pueda producir el dictamen e informe en los términos previstos por el artículo 225 de la Constitución de la República.

Si el Tribunal de Cuentas formulare observaciones al proyecto remitido por la Junta y esta las aceptase, deberá enviar el detalle de las modificaciones realizadas y el texto aprobado definitivamente con el anexo de los planillados respectivos para consideración del Tribunal de Cuentas.

En caso que la Junta Departamental no aceptara las observaciones será de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 225 de la Constitución de la República.

INCISO 18
CORTE ELECTORAL

ARTICULO 490. Fíjase en la suma de $ 174:143.443 (ciento setenta y cuatro millones ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos uruguayos) la asignación presupuestal anual del Grupo 0, el que se integra con los siguientes objetos del gasto:

Inciso 18
Corte Electoral

Concepto del Gasto 1

Unidad Ejecutora 001

Concepto del gasto 1
Grupo 0

Remuneraciones
Servicios Personales

Objeto del Gasto

Crédito Apertura

011000  

Sueldo básico de cargos  

38:477.058

012000  

Incremento por mayor horario permanente  

11:319.240

014000  

Compensación máxima al Grado

30:509.340

015000 Gastos de representación en el país con ajuste

1:248.065

021000  

Sueldo básico de funciones contratadas  

889.740

022000  

Incremento por mayor horario permanente  

293.484

024000  

Compensación máxima al Grado  

755.496

036000  

Reincorporados y postergados  

11.349

042014  

Permanencia a la orden  

20:783.290

042015  

Compensación por asiduidad  

7:193.453

042034  

Por funciones distintas del cargo  

923.818

042034  

Suplemento de sueldos  

492.816

042038  

Por compensaciones transitorias  

40.892

042065  

Retrib. Porcentual C.Electoral Ley Nº 16.462   

2:436.996

044001  

Prima por antigüedad  

6:122.177

045005  

Quebrantos de caja  

74.909

048009  

Aumento sueldo. Decreto 203/92

3:116.040

048011  

Aumento C. Electoral artículo 528 Ley Nº 16.736   

4:867.896

059000  

Sueldo anual complementario  

10:796.338

064000  

Contribución por asistencia médica  

80.153

071000  

Prima por matrimonio  

10.716

072000  

Hogar constituido  

3:802.222

073000  

Prima por nacimiento  

17.942

074000  

Prestaciones por hijo  

881.060

081000  

Aporte patronal sistema seguridad s/retribuciones  

27:368.717

082000  

Otros aportes patronales s/retribuciones  

1:403.524

092000  

Partidas globales a distribuir (Fin. 11)  

62.985

092000  

Partidas globales a distribuir (Fin. 12)  

163.727

TOTAL POR GRUPO 0

174:143.443

TOTAL POR CONCEPTO DE GASTO

1 .174:143.443

ARTICULO 491. Establécese la tabla de sueldos para ocho horas diarias de labor a valores del 1º de enero de 2000, que regirán para los escalafones: I «Profesional Universitario», II «Técnico Profesional», III »Técnico», IV «Administrativo Especializado», V «Oficios», VI »Servicios Auxiliares» de la Corte Electoral.

La retribución que corresponde a los funcionarios que realicen seis horas diarias de labor, será adecuada en forma proporcional.

Todos los montos están expresados a valores 1º de enero de 2000.

ARTICULO 492. Fíjase la remuneración mensual de los cargos de Secretario Letrado, Director de la Oficina Nacional Electoral y Subdirector de la Oficina Nacional Electoral, en las sumas que resulten de la aplicación de los porcentajes que se refieren en este artículo sobre la base del 100% (cien por ciento) de las dotaciones sujetas a montepío que perciben los Ministros de la Corte Electoral por todo concepto:

A) Secretario Letrado 80 % (ochenta por ciento).

B) Director de la Oficina Nacional Electoral 75% (setenta y cinco por ciento).

C) Subdirector de la Oficina Nacional Electoral 70% (setenta por ciento).

A dichas remuneraciones sólo podrán acumularse el sueldo anual complementario, los beneficios sociales y la prima por antigüedad.

La Contaduría General de la Nación habilitará el crédito correspondiente.

ARTICULO 493. Créanse los siguientes cargos:

A) Secretario de OED III Escalafón IV Grado 15, en la Oficina Electoral Departamental de Río Negro.

B) Subjefe de Sección Escalafón IV Grado 14, en la Oficina Electoral Departamental de Montevideo.

C) Administrativo III Escalafón IV Grado 10, en la Oficina Electoral Departamental de Tacuarembó.

Dichos cargos serán provistos por los funcionarios restituidos al amparo de lo establecido en la Ley Nº 15.783, de 20 de noviembre de 1985, que no hayan sido presupuestados en los cargos que les hubieren correspondido y se suprimirán al vacar.

ARTICULO 494. A los efectos de la carrera administrativa, las Oficinas Centrales y cada una de las Oficinas Electorales Departamentales, serán consideradas unidades independientes.

Lo dispuesto en el inciso precedente, no obsta al derecho al ascenso de los funcionarios que ocupen los cargos de mayor jerarquía de las Oficinas Electorales Departamentales, respecto a los cargos de mayor grado del mismo Escalafón de las Oficinas Electorales Departamentales de Canelones y Montevideo y de las Oficinas Centrales.

ARTICULO 495. Incorpóranse los siguientes cargos, en los porcentajes que se indican, a la nómina de cargos que perciben la retribución adicional creada por el artículo 163 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994:

Escalafón

Grado

Cantidad

Cargo

Porcentaje

I

18

3

Abogado Asesor  

8%

I

18

1

Abogado Asesor - Art. 58 Ley Nº 15.809  

8%

El porcentaje de la retribución adicional establecida por el artículo 163 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994 para el cargo de Asesor 1 Escribano, será de 8% (ocho por ciento).

ARTICULO 496. El beneficio establecido en el artículo 365 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, se liquidará trimestralmente.

ARTICULO 497. Facúltase a la Corte Electoral a racionalizar la estructura orgánica de las Oficinas Centrales y de las Oficinas Electorales Departamentales. A tal efecto podrá disponer las transformaciones de cargos y partidas de gastos que requiera el servicio, sin que ello signifique un aumento del crédito presupuestal ni lesión alguna a los derechos funcionales.

Esta facultad expirará el 31 de diciembre de 2003.

ARTICULO 498. Facúltase a la Corte Electoral a proveer las vacantes que se produzcan a partir del 1º de enero de 2000. Al 30 de noviembre de cada año, las economías resultantes de la no provisión de las vacantes, podrán destinarse al mejoramiento de las retribuciones personales de los funcionarios del organismo.

Facúltase asimismo a la Corte Electoral a proveer las vacantes de Abogado Asesor y Técnico I Contador producidas con anterioridad al 1º de enero de 2000. Las economías resultantes de la no provisión de estas vacantes tendrán el mismo régimen dispuesto en el inciso precedente.

ARTICULO 499. Fíjase el crédito para inversiones en $ 6:705.000 (pesos uruguayos seis millones setecientos cinco mil) para el año 2001, $ 28:945.488 (pesos uruguayos veintiocho millones novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho) para el año 2002, en $ 20:890.056 (pesos uruguayos veinte millones ochocientos noventa mil cincuenta y seis) para el año 2003, y en $ 13:398.256 (pesos uruguayos trece millones trescientos noventa y ocho mil doscientos cincuenta y seis) para el año 2004. Estas partidas se distribuyen en los proyectos detallados en los anexos adjuntos, los cuales forman parte de esta ley.

Los créditos son a valores 1º de enero de 2000, y se ajustarán de acuerdo a las normas legales vigentes.

ARTICULO 500. Incorpórase a la Corte Electoral en el régimen de certificación por el Tribunal de Cuentas dispuesto por el artículo 738 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 501.- Fíjase los créditos anuales para el Ejercicio 2001 y siguientes para atender los objetos del gasto 141: "Combustibles derivados del petróleo" en $ 327.373,00 (pesos uruguayos trescientos veintisiete mil trescientos setenta y tres); 211: "Teléfono, telégrafo y similares" en $ 6:114.635,00 (pesos uruguayos seis millones ciento catorce mil seiscientos treinta y cinco); 212: "Agua" en $ 622.804,00 (pesos uruguayos seiscientos veintidós mil ochocientos cuatro); 213: "Electricidad" en $ 3:607.988,00 (pesos uruguayos tres millones seiscientos siete mil novecientos ochenta y ocho).

Los créditos son a valores del 1º de enero de 2000 y se incrementarán en cada oportunidad que se ajusten las tarifas respectivas.

ARTICULO 502.- Fíjase el crédito correspondiente a "arrendamiento de inmuebles contratados dentro del país" (objeto del gasto 251) en $ 2:443.256,00 (pesos uruguayos dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y seis).

La partida corresponde a los arrendamientos vigentes al 1º de enero de 2000. El crédito será actualizado automáticamente por la Contaduría General de la Nación en función de las modificaciones de precios resultantes de la aplicación de las normas legales vigentes, así como por la celebración de nuevos contratos o la entrega de locales actualmente arrendados.

ARTICULO 503.- Fíjase el crédito correspondiente a "Viáticos dentro del país Miembros de Juntas Electorales" (objeto del gasto 234 derivado 001) en $ 2:006.095,00 (pesos uruguayos dos millones seis mil noventa y cinco) para atender los viáticos creados por el artículo 514 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, en la redacción dada por el artículo 581 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y artículo 540 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Dicho crédito se ajustará al 1º de enero y al 1º de julio de cada año de acuerdo a la variación que se haya operado en el índice general de los precios al consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

INCISO 19
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ARTICULO 504.- Créase la División Jurídica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo compuesta de dos Directores de División Jurídica (abogado o escribano) dentro del Escalafón A.

ARTICULO 505.- Transfórmanse el cargo de Director de Departamento Jurídico (abogado) y un cargo de Actuario (escribano), en dos cargos de Directores de División Jurídica, con la dotación, que por todo concepto, percibe el Defensor de Oficio, en régimen de dedicación exclusiva, y el cargo de Secretario de Departamento Jurídico (abogado), en un cargo de Sub Director de División Jurídica, con la dotación del 90% (noventa por ciento) de la que, por todo concepto, percibe el Director de División Jurídica.

Los cargos mencionados en el inciso anterior, estarán en régimen de dedicación exclusiva. La Contaduría General de la Nación, habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 506.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, procederá a designar entre sus actuales Actuarios, al que ocupará uno de los cargos de Director de División Jurídica referidos en el numeral anterior, seleccionándolo por resolución fundada y atendiendo a su idoneidad técnica comprobada y experiencia, avaladas en función de una anterior actuación en tareas de esa naturaleza en el Organismo

ARTICULO 507.- La dotación del cargo de Jefe del Tribunal de lo Contencioso Administrativo será del 80% (ochenta por ciento) de la retribución, que por todo concepto perciban los Directores de Departamento en régimen de dedicación exclusiva.

Los cargos mencionados estarán en régimen de dedicación exclusiva.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 508.- La dotación de los funcionarios que ocupan los cargos mencionados en el artículo anterior, y que no optaren por el régimen de dedicación exclusiva, será incrementada en un 25% (veinticinco por ciento), sobre su actual remuneración.

ARTICULO 509.- Transfórmase un cargo de Jefe, Escalafón "C", Grado 11 y un cargo de Administrativo I, Escalafón "C", Grado 10, en dos cargos de Actuario Adjunto (abogado o escribano), Escalafón "A", Grado 14, con la dotación del 80% (ochenta por ciento) que por todo concepto percibe el Actuario, sin dedicación exclusiva.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 510.- Inclúyese a los cargos de Secretarios Letrados y Prosecretario Letrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el numeral c) del artículo 35 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y sus modificativas.

ARTICULO 511.- Transfórmanse dos cargos de Auxiliar contable, Escalafón "D", Grado 11, en dos cargos de Jefe, Escalafón "D", Grado 12, de la Unidad Contable, con la dotación del Jefe del Servicio de Informática Jurídica y de Gestión.

Los cargos mencionados en el inciso anterior estarán en régimen de dedicación exclusiva.

ARTICULO 512.- Transfórmanse tres cargos de Administrativo I, Escalafón "C", Grado 10, en tres cargos de Auxiliar Contable, Escalafón "D", Grado 11, de la Unidad Contable, con la dotación del Operador I del Escalafón "D".

ARTICULO 513.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo procederá a designar entre sus actuales funcionarios a quienes ocuparán los cargos referidos en el artículo anterior, seleccionándolos por resolución fundada y atendiendo a su idoneidad técnica comprobada y su experiencia, valoradas en función de una anterior actuación en labores de esa naturaleza en el organismo.

ARTICULO 514.- La dotación del Jefe de Informática Jurídica y de Gestión, será del 70% (setenta por ciento), de la retribución que por todo concepto perciba el Director de Divisiòn en Régimen de dedicación exclusiva.

ARTICULO 515.- Transfórmase un cargo de Administrativo I, Escalafón "C", Grado 10 en un cargo de Operador I, Escalafón "D", Grado 11.

ARTICULO 516.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo procederá a designar entre sus actuales funcionarios a quien ocupará el cargo referido en el artículo anterior, seleccionándolo por resolución fundada y atendiendo a su idoneidad técnica comprobada y su experiencia, valoradas en función de una anterior actuación en labores de esa naturaleza en el organismo.

ARTICULO 517.- Transfórmase un cargo de Auxiliar I, Escalafón "F", en un cargo de Administrativo II, Escalafón "C".

ARTICULO 518.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo podrá designar entre sus actuales funcionarios, a quien ocupe el cargo mencionado en el artículo anterior, atendiendo a su idoneidad comprobada y su experiencia, valorada en función de una anterior actuación en labores de esa naturaleza en el organismo.

ARTICULO 519.- Transfórmase un cargo de chofer, Escalafón "E", Grado 9 - contratado - en un cargo de chofer, Escalafón "E", Grado 9 - presupuestado, manteniendo la dotación y los beneficios que actualmente tiene.

ARTICULO 520.- Transfórmanse dos cargos de Auxiliar I, Escalafón "F", Grado 8, en dos cargos de Intendente II, Escalafón "F", Grado 9.

ARTICULO 521.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo podrá designar entre sus actuales funcionarios, a quienes ocupen los cargos mencionados en el artículo anterior, atendiendo a su idoneidad comprobada y su experiencia, valoradas en función de una anterior labor en el organismo.

ARTICULO 522.- Transfórmanse cinco cargos de Auxiliar II, Escalafón "F", Grado 7 en cinco cargos de Auxiliar I, Escalafón "F", Grado 8.

ARTICULO 523.- Asígnase al cargo de Actuario, sin dedicación exclusiva la compensación establecida por el artículo 545 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, con la obligación establecida en dicha disposición.

ARTICULO 524.- Increméntase la partida dispuesta en el artículo 544 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en el porcentaje dispuesto por el artículo 545 de la Ley citada, con la obligación establecida en ese artículo.

ARTICULO 525.- Destínase una partida anual de $ 12.000 (pesos uruguayos doce mil), líquidos, a fin de compensar la asignación de funciones del Conserje de Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con la reglamentación que dicte el organismo.

ARTICULO 526.- Los cargos de chofer del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, además de las funciones atinentes a su cargo presupuestal, desempeñarán las que el Tribunal les asigne.

ARTICULO 527.- Inclúyese dentro de las excepciones establecidas en el inciso quinto del artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, los cargos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La presente disposición regirá para las vacantes producidas a partir del 1º de enero de 2001.

ARTICULO 528.- Exceptúase al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

ARTICULO 529.- Fíjase para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo las siguientes partidas de gastos:

Gastos de funcionamiento, excluidos suministros: $ 1:500.000 (pesos uruguayos un millón quinientos mil).

El monto referido está expresado a valores de 1º de enero de 2000 y será actualizado automáticamente por la Contaduría General de la Nación, a la fecha de la presente, según las variaciones del índice de los precios al consumo.

Suministros por otros organismos estatales y paraestatales: $ 850.000 (pesos uruguayos ochocientos cincuenta mil).

El monto referido está expresado a valores del 1º de enero de 2000 y será actualizado automáticamente por la Contaduría General de la Nación, en casos de variaciones de los precios o tarifas respectivas, o por extensión de servicios.

ARTICULO 530.- Créase una partida de $ 581.000 (pesos uruguayos quinientos ochenta y un mil) a partir del año 2002 por una sola vez, para la renovación del Sistema Informático del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO 531.- Créase una partida de $ 290.500 (pesos uruguayos doscientos noventa mil quinientos), por una sola vez, para solventar los gastos que demande la planificación, preparación, realización y difusión de los actos conmemorativos de los cincuenta años de creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la organización de la Asamblea Internacional de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de la Justicia Fiscal o Administrativa (AIT), a efectuarse en nuestro país en el año 2002.

ARTICULO 532.- La remuneración de los Secretarios Abogados de los Ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Escalafón A, Grado 16) será del 50% (cincuenta por ciento) de lo que por todo concepto perciban los abogados adjuntos de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo que no se encuentran en régimen de dedicación exclusiva.

INCISO 25
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

ARTICULO 533.- Asígnase las siguientes partidas destinadas a Compensaciones por Alimentación sin Aportes de funcionarios docentes y no docentes de la Administración Nacional de Educación Pública: $ 207:132.000 (pesos uruguayos doscientos siete millones ciento treinta y dos mil), para el año 2001; $ 276:176.000 (pesos uruguayos doscientos setenta y seis millones ciento setenta y seis mil) anuales para los años 2002, 2003 y 2004.

ARTICULO 534.- Autorízase a la Administración Nacional de Educación Pública el siguiente crédito presupuestal a precios del 1º de enero de 2000:

i) Gastos de funcionamiento: Grupo 0:

Año 2001: $ 4.925:891.000 (pesos uruguayos cuatro mil novecientos veinticinco millones ochocientos noventa y un mil).

Año 2002: $ 4.961:258.000 (pesos uruguayos cuatro mil novecientos sesenta y un millones doscientos cincuenta y ocho mil).

Año 2003: $ 5.048:408.000 (pesos uruguayos cinco mil cuarenta y ocho millones cuatrocientos ocho mil).

Año 2004: $ 5.135:558.000 (pesos uruguayos cinco mil ciento treinta y cinco millones quinientos cincuenta y ocho mil).

Grupo 1:

Año 2001 $ 419:472.000 (pesos uruguayos cuatrocientos diecinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil).

Año 2002: $ 431:261.000 (pesos uruguayos cuatrocientos treinta y un millones doscientos sesenta y un mil).

Año 2003: $ 460:311.000 (pesos uruguayos cuatrocientos sesenta millones trescientos once mil).

Año 2004: $ 489:361.000 (pesos uruguayos cuatrocientos ochenta y nueve millones trescientos sesenta y un mil).

ii) Inversiones

Año 2001 a 2004: $ 162:680.000 (pesos uruguayos ciento sesenta y dos millones seiscientos ochenta mil) anuales.

ARTICULO 535.- Autorízase a la Administración Nacional de Educación Pública a regularizar la percepción del Impuesto de Educación Primaria recaudando: en el año 2001 lo correspondiente al Ejercicio fiscal vencido 2000 y el 25% del Ejercicio fiscal 2001; en el año 2002 lo correspondiente al 75% del Ejercicio fiscal vencido 2001 y el 50% del Ejercicio fiscal 2002; en el año 2003 lo correspondiente al 50% del Ejercicio fiscal vencido 2002 y el 75% del Ejercicio fiscal 2003; y en el año 2004 lo correspondiente al 25% del Ejercicio fiscal vencido 2003 y el Ejercicio fiscal 2004.

ARTICULO 536.- Autorízase a la Administración Nacional de Educación Pública a destinar a partir del año 2001, hasta $ 92:960.000 (pesos uruguayos noventa y dos millones novecientos sesenta mil), equivalentes a U$S 8:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América ocho millones), de la recaudación de cada año del Impuesto de Educación Primaria para financiar gastos de funcionamiento (Grupo 0 y Grupo 1) correspondientes a la extensión de la educación pre-escolar; las escuelas de tiempo completo (urbanas, rurales y bilingües); y al ciclo básico en escuelas rurales.

ARTICULO 537.- Prorrógase desde el 1º de enero de 2001 y hasta la próxima Ley Presupuestal, la autorización establecida por el artículo 570 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 538.- Fíjanse las siguientes asignaciones presupuestales para continuar con la ejecución del Proyecto "Mejoramiento de la Calidad de Educación Primaria" autorizado por el artículo 417 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, establecidas en dólares de los Estados Unidos de América.

Año

Endeudam
Externo

Contraparte
Nacional

Total

(U$S)

(U$S)

(U$S)

2001

2:686.000

877.000

3:563.000

ARTICULO 539.- Fíjanse las siguientes asignaciones presupuestales para continuar con la ejecución del Proyecto "Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria" Fase II, establecidas en dólares de los Estados Unidos de América.

Año

Endeudam.
Externo

Contraparte
Nacional

Total

(U$S)

(U$S)

(U$S)

2001

7:000.000

3:800.000

10:800.000

2002

5:000.000

4:500.000

9:500.000

2003

1:802.000

1:249.000

3:051.000

ARTICULO 540.- Fíjanse las siguientes asignaciones presupuestales para la ejecución de la Fase III del Proyecto "Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria" con financiamiento del Banco Mundial, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América.

Año

Endeudam.
Externo

Contraparte
Nacional

Total

(U$S)

(U$S)

(U$S)

2002

5:000.000

1:800.000

6:800.000

2003

7:500.000

3:000.000

10:500.000

2004

9:000.000

3:000:000

12:000.000

ARTICULO 541.- Fíjanse las siguientes asignaciones presupuestales para continuar con la ejecución del Proyecto "Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria Básica y Capacitación de Docentes para la Enseñanza General de Nivel Medio" autorizado por el artículo 573 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, establecidas en dólares de los Estados Unidos de América.

Año

Endeudam.
Externo

Contraparte
Nacional

Total

(U$S)

(U$S)

(U$S)

2001

8:959.000

3:405.000

12:364.000

ARTICULO 542.- Fíjanse las siguientes asignaciones presupuestales para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento de la Calidad de la Educación Media y Formación Docente", con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América.

Año

Endeudam.
Externo

Contraparte
Nacional

Total

(U$S)

(U$S)

(U$S)

2001

5:500.000

2:500.000

8:000.000

2002

13:500.000

6:200.000

19:700.000

2003

17:000.000

7:500.000

24:500.000

2004

18:000.000

8:000.000

26:000.000

ARTICULO 543.- Otórgase al Inciso 25 "Administración Nacional de Educación Pública" una partida adicional de $ 30:000.000 (pesos uruguayos treinta millones) para financiar los traslados de docentes a centros de enseñanza en el interior de la República.

Deróganse el artículo 366 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y el artículo 59 de la Ley Nº
16.002, de 25 de noviembre de 1988.

ARTICULO 544.- Los recursos obtenidos por la enajenación de bienes inmuebles del Estado, serán destinados a financiar inversiones de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y del Ministerio de Salud Pública, según las prioridades que establezca el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 545.- La Administración Nacional de Educación Pública y sus Consejos desconcentrados incluirán a título prioritario en los programas curriculares de las instituciones públicas y privadas de los ciclos primarios y secundarios las siguientes materias:

Conservación e higiene del medio ambiente

Alcoholdependencia, drogadependencia y tabaquismo

Familia y violencia familiar

Fisiología, salud e higiene sexual

Seguridad vial

Con excepción de seguridad vial, la carga horaria para la totalidad de las materias será de un mínimo de 20 horas por año lectivo, pudiendo aumentarse discrecionalmente en tanto no signifique interferencia con el resto de las materias curriculares.

ARTICULO 546.- Los programas temáticos de las materias referidas se estructurarán y desarrollarán conforme a las siguientes directivas:

a) La docencia, más que a informar, deberá apuntar a la generación de visión, sensibilidad, conciencia, criterio, actitud y ética, a cuyo efecto se mantendrá al educando en constante relación con la realidad y se le motivará a visualizarse a si mismo como parte componente de la problemática y de sus soluciones.

b) La enseñanza se impartirá por técnica directa, inserción transversal o mediante la modalidad de taller, según se determine, incluyendo, en cuanto sea posible, la participación personal de miembros del núcleo de educandos, especialmente sus padres.

c) Se reputará prioritaria la participación activa en la docencia de representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, profesionales y funcionarios vinculados a las referidas áreas temáticas.

d) Sin perjuicio de los usuales, repútanse instrumentos pedagógicos válidos y deseables las visitas guiadas a lugares e instituciones públicas o privadas, la concepción y realización por los propios educandos de proyectos vinculados a las diversas materias, los testimonios directos de personas afectadas por los problemas tratados y los concursos, eventos, exposiciones y ferias temáticas.

ARTICULO 547.- En lo relativo a la seguridad vial se la incluirá como materia específica dictada en forma directa en los programas de todos los grados del ciclo primario con el objeto de conformar las pautas básicas de conducta segura de los usuarios viales y en los quintos y sextos años del ciclo secundario cualquiera sea su orientación por tratarse de los educandos que accederán a la franja etaria de mayor morbilidad y a la posibilidad de conducir automotores sin perjuicio que en los demás grados se imparta obligatoriamente mediante inserción transversal en las demás materias curriculares.

La Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito creada por la Ley Nº 16.585, de 2 de setiembre de 1994, asesorará a los organismos de enseñanza sobre los contenidos y puntos prioritarios que deberán incluirse en los programas de educación de seguridad vial.

En el ciclo primario la carga horaria mínima será de 40 horas por año lectivo y de 60 horas en el secundario pudiendo aumentarse discrecionalmente en tanto no signifique interferencia con el resto de las materias curriculares.

Sin perjuicio de las acciones ad-hoc que se inicien inmediatamente en el campo de la educación vial las autoridades responsables de la enseñanza tendrán un plazo de 12 meses para la estructuración e implementación de los programas y la formación o reciclaje de los docentes el cual podrá ser extendido por el Poder Ejecutivo por causa fundada.

ARTICULO 548.- Reimplántase a partir del Ejercicio 2002 dentro de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) el Programa Verano Solidario

ARTICULO 549.- Durante los ejercicios 2001 y 2002 se regularizará a los auxiliares de servicio contratados por Comisiones de Fomento y que presten funciones en las escuelas públicas.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes

INCISO 26
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARTICULO 550.- Créase un adicional de dos salarios mínimos nacionales al aporte anual al Fondo de Solidaridad creado por la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, que pagan los egresados referidos en el artículo 3º de dicha ley, cuyas carreras tengan una duración mínima de cuatro años. La recaudación de este adicional no coincidirá cronológicamente con la del aporte mencionado precedentemente.

El producto del adicional al que alude el inciso anterior se asignará a la Universidad de la República con los siguientes destinos:

a) 35% (treinta y cinco por ciento) para los proyectos institucionales en el interior del país;

b) 25% (veinticinco por ciento) para mejoras en la infraestructura no edilicia destinada a la enseñanza; bibliotecas; formación de docentes y publicaciones;

c) 40% (cuarenta por ciento) para la infraestructura edilicia destinada a la enseñanza.

Estos destinos se tratarán conforme a las normas que rigen los recursos de libre disponibilidad.

Quedan exceptuados de este adicional los egresados que ocupan cargos docentes en la Universidad de la República durante el período correspondiente al aporte.

INCISO 27
INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR

ARTICULO 551.- Establécense para los años que se indican las siguientes asignaciones presupuestales para inversiones:

Año

Importe

2000

$

30:480.520

2001

$

25:480.520

2002

$

30:480.520

2003

$

30:480.520

2004

$

30:480.520

ARTICULO 552.- Increméntase la partida otorgada para gastos de funcionamiento del Instituto Nacional del Menor en las siguientes sumas y en los años que se indican:

Año

Importe

2001

$

12:000.000

2002

$

12:000.000

2003

$

12:000.000

2004

$

12:000.000

ARTICULO 553.- Fíjase la asignación familiar para las cuidadoras de alternativa familiar del Instituto Nacional del Menor en un 16% (dieciséis por ciento) del salario mínimo nacional (SMN), por cada menor que tengan a su cargo, independientemente del monto del ingreso del núcleo familiar.

ARTICULO 554.- Agrégase al artículo 10 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, que crea la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado un delegado del Instituto Nacional del Menor. Dispónese, en relación al artículo 13 de la citada ley, se integre también a la Comisión Departamental Honoraria del Discapacitado un delegado del Instituto Nacional del Menor.

ARTICULO 555.- Facúltase al Instituto Nacional del Menor a constituir un fondo con los descuentos por inasistencias que por cualquier naturaleza se practiquen a sus funcionarios, teniendo como único destino compensar a los funcionarios del Instituto que deban cubrir el ausentismo de los mismos.

A tal efecto, el Instituto Nacional del Menor comunicará a la Contaduría General de la Nación las transposiciones resultantes de la aplicación del inciso anterior, realizándose la habilitación del crédito correspondiente.

El Instituto Nacional del Menor (INAME), reglamentará la aplicación de este artículo dentro de los primeros 120 días de la promulgación de la presente ley.

ARTICULO 556.- Modifícase las denominaciones establecidas en los literales d) y e) del artículo 217 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, de la siguiente manera: donde dice "discapacitados leves" debe decir "problemática bio-psico-social leve" y donde dice "discapacitados profundos" debe decir "problemática bio-psico-social profunda".

ARTICULO 557.- Incorpórase a los beneficios establecidos en el artículo 462 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, a las empresas contribuyentes del Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio, Impuesto a las Rentas Agropecuarias e Impuesto al Patrimonio, por las donaciones que realicen al Instituto Nacional del Menor (INAME).

El contribuyente entregará su donación al Instituto Nacional del Menor (INAME), debiendo éste expedirle recibos canjeables por Certificados de Crédito de la Dirección General Impositiva. El Poder Ejecutivo fijará el límite.

ARTICULO 558.- El Instituto Nacional del Menor (INAME) podrá, regularizar, previa realización de una prueba de oposición y méritos, a las Cuidadoras de Hospital, que tengan como mínimo 4 años de antigüedad en el Instituto, en una función contratada de Instructor III Hogar Serie Educación del Menor, Escalafón D, Grado 03. La presente regularización no tendrá costo de caja.

El Instituto reglamentará la aplicación del presente artículo, en un plazo no mayor de 120 días, a partir de la vigencia de la presente ley.

SECCION VII
RECURSOS

CAPITULO I
NORMAS TRIBUTARIAS

ARTICULO 559.- Los contribuyentes deberán computar como un crédito a su favor en sus declaraciones de tributos los pagos que hubieren efectuado los responsables por su cuenta; y si surgiera un excedente a favor del contribuyente, el mismo podrá ser utilizado para el pago de otros tributos recaudados por la Dirección General Impositiva o el Banco de Previsión Social, en las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo

ARTICULO 560.- Agrégase en el inciso tercero del artículo 19, del Título 10 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal:

«C) Vehículos de transporte colectivo de personas por calles, caminos o carreteras nacionales destinados a la prestación de servicios regulares (líneas), de carácter departamental, nacional o internacional.»

ARTICULO 561.- Grávase con el Impuesto al Valor Agregado a la tasa mínima los servicios vinculados a la salud humana, fuera de la relación de dependencia.

Están excluidos del hecho imponible a que refiere el inciso anterior, los servicios prestados por organismos estatales y por las instituciones de asistencia médica colectiva definidas en el Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, por los servicios correspondientes a la cobertura de asistencia médica básica cuya contraprestación se fija por la Administración.

Respecto a los prestadores no comprendidos en el inciso anterior, que brinden asistencia médica a sus afiliados en régimen de prepago, inclusive los servicios de emergencia móvil, el Poder Ejecutivo exonerará la cuota parte de los servicios correspondientes a la asistencia médica básica. En ningún caso esta exoneración podrá superar el importe de la contraprestación a la que refiere el inciso segundo de este artículo. Para los restantes servicios el Poder Ejecutivo fijará su valor a estos efectos.

Quienes sean alcanzados por la exoneración a que refiere el inciso anterior deberán presentarse y obtener declaración expresa de estar comprendidos en la misma, de acuerdo a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 562.- Derógase el apartado F) del numeral 2) del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado 1996.

ARTICULO 563.- Agrégase al artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal:

«D) Los servicios vinculados con la salud de los seres humanos.»

ARTICULO 564.- Interprétase que la exoneración a que refiere el artículo 55 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, comprende a las primas destinadas a financiar la adquisición de la renta vitalicia previsional establecida en los artículos 54 a 56 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

ARTICULO 565.- Agrégase al artículo 21 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso:

«Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer procedimientos para la determinación de las rentas de fuente uruguaya en los casos de rentas provenientes parcialmente de actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente dentro del país, que no estén previstas en los incisos que anteceden.»

ARTICULO 566.- Sustitúyese el Título 6 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

"TITULO 6

Impuesto a los Ingresos de las Entidades Aseguradoras

Artículo 1º.- Estructura.- Créase un impuesto que recaerá sobre los ingresos brutos percibidos por las entidades públicas o privadas que desarrollen actividad aseguradora.

Artículo 2º.- Hecho generador.- Constituye hecho generador del impuesto la percepción de ingresos brutos derivados de la contratación, renovación, prórroga o ampliación de seguros o reaseguros que cubran riesgos radicados en el país o que refieran a personas residentes en el país.

Artículo 3º.- Sujetos pasivos.- Son contribuyentes de este impuesto el Banco de Seguros del Estado y las demás entidades aseguradoras, sus agencias, sucursales o establecimientos.

Son responsables de este impuesto quienes intervengan en operaciones gravadas con entidades aseguradoras que no estén autorizadas o habilitadas a operar en el país.

Artículo 4º.- Territorialidad.- Para la determinación de la radicación del riesgo se considerará a los vehículos de transporte aéreos o marítimos situados en el país de su matrícula, a las mercaderías en el puerto de embarque y a las personas en su lugar de residencia habitual.

Artículo 5º.- Monto imponible.- Constituye ingreso bruto la contraprestación correspondiente a los servicios de cobertura, con excepción del Impuesto al Valor Agregado y del impuesto creado por el artículo 11º de la Ley Nº 12.072, de 4 de diciembre de 1953.

En caso de vehículos de transporte aéreo o marítimo, se tomará como monto imponible el 10% (diez por ciento) de la cantidad establecida en el inciso anterior.

En el caso de reaseguros, el monto imponible será de hasta el 40% (cuarenta por ciento) de la cantidad establecida en el inciso primero.

Artículo 6º.- Tasas.- Para los Seguros o Reaseguros Generales, entendiendo por tales los que cubren los riesgos de pérdida o daño en las cosas o en el patrimonio, las tasas del impuesto serán:

a) Incendio, de hasta el 15% (quince por ciento).

b) Vehículos automotores o remolcados, de hasta el 7,5% (siete con cinco por ciento) en los años 2001 y 2002 y de hasta el 10% (diez por ciento) desde el 1º de enero de 2003.

c) Robo y riesgos similares, de hasta el 5% (cinco por ciento).

d) Responsabilidad civil, de hasta el 5% (cinco por ciento).

e) Caución, de hasta el 5% (cinco por ciento).

f) Transporte, de hasta el 5% (cinco por ciento).

g) Marítimos, de hasta el 2% (dos por ciento).

h) Otros, de hasta el 5% (cinco por ciento).

Para los Seguros o Reaseguros de Vida, entendiendo por tales los que aseguran los riesgos de las personas, garantizando un capital, una póliza saldada o una renta, para el asegurado o sus beneficiarios, dentro o al término de un plazo, las tasas del impuesto serán:

a) Vida, de hasta el 0,5% (cero con cinco por ciento).

b) Otros, de hasta el 0,5% (cero con cinco por ciento).

Cuando la entidad aseguradora no estuviera autorizada o habilitada para desarrollar actividad aseguradora en el país, las alícuotas aplicables podrán incrementarse hasta en un 40% (cuarenta por ciento). Dicho incremento no será aplicable a los seguros a que refiere el último inciso del artículo 2º de la Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993, con la interpretación dada por la Ley Nº 16.851 de 15 de julio de 1997.

Artículo 7º.- Exoneraciones.- Se exceptúan de este impuesto las operaciones de seguros o reaseguros agrícolas, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y seguros de créditos a la exportación.

Las empresas aseguradoras que realicen operaciones incluidas en la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, estarán exoneradas de este impuesto por el cobro de las primas del seguro de invalidez y fallecimiento contratado según el artículo 57 de dicha norma.

Interprétase que la exoneración dispuesta en el inciso anterior comprende a las primas destinadas a financiar la adquisición de la renta vitalicia previsional establecida en los artículos 54º a 56º de la ley citada.

Los ingresos derivados de operaciones de reaseguros activas realizadas por entidades aseguradoras autorizadas y habilitadas a operar en el país, se encuentran exonerados.

Artículo 8º.- Afectaciones.- Del producido del impuesto que grava a las pólizas de incendio, se verterá en la Dirección Nacional de Bomberos un 20% (veinte por ciento) para la ampliación, funcionamiento y mantenimiento de sus servicios en toda la República y un 40% (cuarenta por ciento) para la compra de vehículos equipados para la lucha contra el fuego y salvamento, de material y de equipamiento de seguridad apropiados para la función.

Artículo 9º.- Transitorio.- El Banco de Seguros del Estado tendrá una reducción del 66% (sesenta y seis por ciento) de las alícuotas que se fijen de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6º en el año 2001 y del 33% (treinta y tres por ciento) en el año 2002.

En el caso del riesgo de incendio, los citados porcentajes de abatimiento se aplicarán sobre el porcentaje que exceda la alícuota del 10% (diez por ciento).

Artículo 10.- Derogaciones.- Quedan derogadas para el tributo de este Título todas las exoneraciones genéricas de impuestos."

ARTICULO 567.- Exonérase del impuesto creado por el artículo 11 de la Ley Nº  12.072, de 4 de diciembre de 1953, a los seguros de invalidez y fallecimiento contratados en virtud de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995. Esta exoneración comprende a las primas destinadas a financiar la adquisición de la renta vitalicia previsional establecida en los artículos 54 a 56 de esta última norma.

ARTICULO 568.- Sustitúyese el inciso quinto del artículo 9º del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

«En los casos de exportaciones podrá deducirse el impuesto correspondiente a los bienes y servicios que integren directa o indirectamente el costo del producto exportado; si por este concepto resultare un crédito a favor del exportador, éste será devuelto o imputado al pago de otros impuestos o aportes previsionales, en la forma que determine el Poder Ejecutivo, el que queda facultado para adoptar otros procedimientos para el cómputo de dicho crédito.»

ARTICULO 569.- Agrégase al artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado 1996 el siguiente literal:

«E) Venta de paquetes turísticos locales organizados por agencias o mayoristas, locales o del exterior. El Poder Ejecutivo definirá qué se entiende por paquetes turísticos.»

ARTICULO 570.- Agréganse al artículo 8º del Título 11 del Texto Ordenado 1996 los siguientes incisos:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, facúltase al Poder Ejecutivo a establecer el monto sujeto a impuesto mediante una base específica por unidad física enajenada o importada.

Si por aplicación de la citada base específica, el monto imponible fuese inferior al determinado en virtud de los criterios ad-valorem a que refiere el inciso primero, el Poder Ejecutivo podrá establecer una base imponible complementaria por dicha diferencia."

ARTICULO 571.- Sustitúyese el numeral 11) del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

«11) Vehículos automotores, motos, motonetas, bicimotos y toda otra clase de automotores, excepto aquellos que habitualmente se utilicen en tareas agrícolas:

- Con motor diesel de pasajeros 60% (sesenta por ciento).

- Con motor diesel utilitario 35% (treinta y cinco por ciento).

- Restantes automotores de pasajeros 40% (cuarenta por ciento).

- Restantes automotores utilitarios 10% (diez por ciento).

Queda gravada asimismo, la transformación de vehículos en cuanto de dicha transformación resulte un incremento de su valor liquidándose, en este caso, el impuesto sobre el incremento de su valor.

Quedarán exentos del impuesto los hechos imponibles referidos a ambulancias. Asimismo quedarán exentos los vehículos adquiridos por diplomáticos extranjeros; en estos casos el impuesto se aplicará en ocasión de la primera enajenación posterior.

Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar tasas diferenciales para los distintos tipos de vehículos gravados.

Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar tasas diferenciales para los distintos tipos de vehículos, así como a determinar las características que distingue los utilitarios de los de pasajeros."

La presente modificación rige desde el 1º de marzo de 2001.

ARTICULO 572.- Agrégase al artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1996, el siguiente numeral:

"16) Motores diesel no incorporados a los vehículos a que refiere el numeral 11) de este artículo: hasta el 60% (sesenta por ciento).

No estarán gravadas las importaciones de dichos motores, cuando sean realizadas por las empresas armadoras para su incorporación a los vehículos automotores nuevos que enajenen localmente o exporten.

El Poder Ejecutivo podrá fijar tasas diferenciales en función de las características técnicas o del destino de los motores gravados.

El costo de adquisición de los motores que hayan tributado el Impuesto Específico Interno en virtud de lo dispuesto por este numeral no será incluido en la determinación de la base imponible correspondiente a la transformación de vehículos, a que refiere el inciso 3º del numeral 11) de este artículo."

ARTICULO 573.- El Impuesto Específico Interno (IMESI) correspondiente a la primera enajenación a cualquier título de los combustibles a que refiere el presente artículo, se determinará en base a un monto fijo por unidad física enajenada o afectada al uso del fabricante o importador.

Fíjanse los siguientes impuestos por litro y sus correspondientes afectaciones:

Combustible

Impuesto
por litro

MTOP

Rentas
Grales.

Intendencias
del Interior

Fondo
Inversiones
MTOP

  

$

$

$

$

$

Nafta  

Ecosupra  

9,295

2,495

4,928

0,312

1,560

Nafta supra  

8,930

2,397

4,735

0,300

1,498

Nafta común  

7,525

2,181

4,144

0,273

0,927

Queroseno  

1,641

0,448

1,193

——

——

Gas oil

1,663

——

1,378

0,285

——

Los impuestos por litro a que refiere el inciso primero corresponden a valores al 31 de agosto de 2000. El Poder Ejecutivo actualizará dichos valores en función de la variación que experimente el Indice de Precios al Consumo a partir de la referida fecha, conforme a los plazos de adecuación establecidos en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 16.903, de 31 de diciembre de 1997.

Derógase para los bienes citados en el presente artículo el sistema de determinación de alícuotas establecido en el numeral 1) del artículo 14 del Título 11 del Texto Ordenado 1996.

ARTICULO 574.- Agrégase al artículo 6º del Título 4 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal:

«F) Los fondos de inversión cerrados de crédito.»

ARTICULO 575.- Inclúyese en la nómina de contribuyentes del Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias (IMABA), a los fondos de inversión cerrados de crédito.

No estarán comprendidos en lo dispuesto en el inciso anterior, aquellos fondos cuyos créditos se originen exclusivamente en deudores no residentes.

ARTICULO 576.- Modifícase el artículo 2º del Título 15 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

«ARTÍCULO 2º.- Las empresas cuya actividad habitual y principal sea administrar créditos interviniendo en las ventas de bienes y prestaciones de servicios realizados por terceros, así como aquellas que realizan préstamos en dinero, cualquiera sea la modalidad utilizada a tal fin, serán contribuyentes de este impuesto. También serán contribuyentes de este impuesto las administradoras de grupos de ahorro previo. Se extenderán a dichas empresas todas las referencias contenidas en el Título 14 de este Texto Ordenado relativas a bancos y casas financieras.

No estarán comprendidas en las disposiciones de este artículo las asociaciones y las cooperativas de cualquier naturaleza, con excepción de las de ahorro y crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y aquellas cuyo monto total de monto administrado supera las UR 150.000 ( unidades reajustables ciento cincuenta mil). En el caso de las administradoras de grupos de ahorro previo, el impuesto gravará además el total del capital administrado. El impuesto será de cargo de las empresas sujetos pasivos del mismo, no pudiendo ser trasladado a los usuarios."

ARTICULO 577.- Sustitúyese el literal B) del inciso primero del artículo 1º del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

«B) Los sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC), comprendidos en los literales A), B), E) y F) del artículo 6º del Título 4 de este Texto Ordenado, con excepción de los incluidos en el literal E) del artículo 33 del mismo Título.»

ARTICULO 578.- Agrégase al artículo 6º del Título 10 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal:

«I) Los fondos de inversión cerrados de crédito.»

ARTICULO 579.- Los servicios financieros prestados por los fondos cerrados de crédito tendrán, en relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el siguiente tratamiento:

A) Cuando los créditos objeto de cesión incluyan en su valor nominal servicios financieros no devengados a efectos del tributo, tales servicios prestados por el Fondo con posterioridad a la cesión, estarán gravados por el IVA si se encontrasen gravados antes de dicha cesión.

Si además se verificase la existencia de una diferencia entre el valor actualizado del crédito transferido, determinado de acuerdo a las condiciones originales del contrato objeto de cesión, y el precio acordado por el Fondo, el servicio prestado por este último al cedente, originado en la ventaja o provecho derivados de dicha diferencia, sólo estará gravado por el IVA cuando los cedentes sean personas físicas no contribuyentes de los Impuestos a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC), a las Rentas Agropecuarias (IRA) o a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA).

B) Cuando los créditos objeto de cesión documenten operaciones ya devengadas a efectos del tributo al momento de la transferencia, el servicio que el Fondo preste al cedente derivado de la diferencia entre el valor nominal del crédito cedido y el precio de la cesión tendrá a efectos del IVA, el mismo tratamiento que el establecido en el último inciso del apartado anterior.

ARTICULO 580.- Facúltase al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto el régimen de detracciones establecido por el Decreto-Ley Nº 15.360, de 24 de diciembre de 1982.

ARTICULO 581.- Facúltase a exonerar del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productores agropecuarios que utilicen campos de recría autogestionados.

ARTICULO 582.- Facúltase a exonerar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la asistencia técnica, a grupos de productores que no superen individualmente la superficie de 650 hectáreas CONEAT 100.

Estos grupos deberán justificar que su propósito tiene fines de superación tecnológica y productiva.

ARTICULO 583.- Créase un impuesto que gravará con una alícuota de hasta el 10% (diez por ciento) las cesiones o permutas de los derechos sobre la prestación de la actividad de un deportista realizadas por las instituciones a que hace referencia el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.996, de 18 de marzo de 1980, a personas jurídicas del exterior, independientemente del lugar de celebración del contrato, domicilio, residencia o nacionalidad.

Desígnase como agentes de retención y de percepción a las personas jurídicas que intervengan en este acto de intermediación, gestión o representación.

El producido del tributo se destinará al Fondo Nacional de Lucha Contra el SIDA.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición en un plazo que no excederá de noventa días.

ARTICULO 584.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º del Título 11 del Texto Ordenado 1996 por el siguiente:

"En el caso de automóviles adquiridos o importados para ser arrendados por las empresas cuya actividad consiste en el arrendamiento de automóviles sin chofer que estén autorizadas por el Ministerio de Turismo, se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, siempre que el vehículo tenga una cilindrada superior a los 2000 centímetros cúbicos. Si la cilindrada es igual o inferior a los 2000 centímetros cúbicos, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la adquisición o importación del vehículo . En el caso de automóviles adquiridos o importados para remises, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la primera transferencia que se realice durante el transcurso de los cinco años contados desde la adquisición o importación del vehículo."

ARTICULO 585.- Los servicios postales que presta la Administración Nacional de Correos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de su Ley Orgánica, estarán gravados por el Impuesto al Valor Agregado a la tasa básica.

ARTICULO 586.- Los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y el Comercio (IRIC) y del Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA) podrán deducir los gastos directa y exclusivamente afectados a actividades, bienes o derechos que originen rentas gravadas.

El monto deducible de los gastos no financieros afectados en forma parcial a la obtención de rentas gravadas se obtendrá aplicando un coeficiente técnicamente aceptable sobre los mismos, que surja de la operativa real de la empresa. Una vez definido el criterio, el mismo no podrá ser alterado por el contribuyente sin autorización expresa o tácita de la Administración. Se entenderá por autorización tácita el transcurso de 90 (noventa) días de presentada la solicitud sin adoptarse resolución.

Los gastos financieros no podrán deducirse en forma directa. El monto de los citados gastos deducibles, se obtendrá aplicando al total de las diferencias de cambio e intereses perdidos admitidos de acuerdo al literal Ñ del artículo 13 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, el coeficiente que surge del promedio de los activos que generan rentas gravadas sobre el promedio del total de activo valuados según normas fiscales.

Al solo efecto del cálculo de este coeficiente los saldos a cobrar por exportaciones a deudores del exterior, se considerarán activos generadores de rentas gravadas, siempre que las rentas derivadas de las operaciones de exportación que den origen a dichos créditos constituyan asimismo rentas gravadas.

ARTICULO 587.- Agrégase al artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal:

"F) El suministro de energía eléctrica a las Intendencias Municipales con destino al alumbrado público."

ARTICULO 588.- Créase un impuesto denominado "de control del sistema financiero" que gravará a los contribuyentes comprendidos en el Título 15 del Texto Ordenado de 1996.

La tasa del impuesto será de hasta 0,18% (cero con dieciocho por ciento) anual calculada sobre el total del monto de los créditos de los sujetos pasivos, computables para la liquidación del IMABA, según lo establece el Título del Texto Ordenado de 1996 valuados según las normas del Banco Central del Uruguay.

En el caso de las administradoras de grupos de ahorro previo, el impuesto gravará además el total del capital administrado, valuado de acuerdo a las normas aludidas.

Los importes generados y pagados en cada Ejercicio podrán ser deducidos del monto devengado en el mismo período por concepto del Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio.

Este impuesto no regirá para las operaciones de crédito hipotecario con destino a vivienda concedidos antes de la vigencia de esta ley.

Quedan excluidas las colocaciones realizadas por los sujetos pasivos en otro sujeto pasivo.

El impuesto se liquidará y recaudará en la forma y condiciones que determine el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 589.- Declárase que la inmunidad impositiva establecida por el artículo 463 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, no tendrá aplicación cuando la misma implique un trato discriminatorio para los bienes de producción nacional ofrecidos en plaza con respecto a los importados.

Consecuentemente la inmunidad impositiva no comprenderá la importación como hecho generador en el Impuesto Aduanero Unico y Recargos a la Importación, Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Específico Interno (IMESI) en su caso.

Exceptúase a los Gobiernos Departamentales de su inclusión en el Régimen establecido en los incisos anteriores.

La base imponible para el IVA en la importación estará constituida por el valor normal de aduanas más el arancel.

Lo dispuesto en los incisos precedentes es aplicable, asimismo, en los supuestos en lo que el órgano estatal gravado es a la vez el titular de la potestad tributaria (autoimposición).

ARTICULO 590.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar las rentas provenientes de actividades lucrativas, desarrolladas en el extranjero por personas físicas o jurídicas del exterior, con mercaderías de procedencia extranjera que se movilicen en tránsito aduanero por el territorio nacional.

ARTICULO 591.- Sustitúyese el literal A) del artículo 23 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.904, de 31 de diciembre de 1997 por el siguiente:

"A) 0% (cero por ciento) hasta el monto imponible equivalente a tres salarios mínimos nacionales mensuales. Este porcentaje ascenderá al 1% (uno por ciento) cuando sea de aplicación la afectación establecida por el inciso primero del artículo 501 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, con la interpretación dada por el artículo 5º de la Ley Nº 17.139, de 6 de junio de 1999."

ARTICULO 592.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir hasta su derogación el Impuesto al Patrimonio para los titulares de explotaciones agropecuarias para el Ejercicio 2003, siempre que las disponibilidades del Tesoro Nacional lo permitan.

ARTICULO 593. - Reimplántese la tasa consular derogada por el artículo 473 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer la fecha a partir de la que será exigible fijar su monto y las exoneraciones.

ARTICULO 594.- El Poder Ejecutivo podrá disminuir las tasas del ICOME y las contribuciones especiales a la seguridad social de las empresas públicas, exclusivamente si da cumplimiento con las metas de déficit a que hace referencia el artículo 652 de la presente ley.

ARTICULO 595.- Créase un impuesto que gravará las retribuciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales prestados al Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás personas públicas estatales o no estatales, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación.

Serán contribuyentes las personas que perciban las retribuciones y las prestaciones mencionadas en el inciso anterior, siempre que las mismas superen los veintinueve salarios mínimos nacionales mensuales. Serán sujetos pasivos en calidad de responsables los empleadores indicados en el inciso precedente.

El impuesto se liquidará mensualmente y la tasa aplicable será del 3% (tres por ciento).-

ARTICULO 596.- Sustitúyese el literal C) del inciso 1º del artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado de 1996 por el siguiente:

"C) Los servicios prestados por hoteles relacionados con hospedaje, con excepción de lo dispuesto en cuanto corresponde en la letra N) del numeral 2) del Inciso I del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado de 1996. El Poder Ejecutivo determinará cuáles son los servicios comprendidos."

ARTICULO 597.- Agrégase al numeral 2) del inciso 1º del Título 10 del Texto Ordenado de 1996 el siguiente:

"N) Los servicios prestados por hoteles fuera de alta temporada. El Poder Ejecutivo queda facultado para fijar la forma, plazo y condiciones, así como la aplicación por zonas geográficas en que se podrá ejercer la presente exoneración."

ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA VIA PUBLICA

ARTICULO 598.- (Alcance subjetivo).- Los titulares de empresas unipersonales de reducida dimensión económica que desarrollen actividad comercial en la vía pública y en espacios públicos, tanto ambulantes como estables, podrán optar por pagar en sustitución de las contribuciones especiales de seguridad social generadas por su propia actividad, y de todos los impuestos nacionales vigentes, excluidos los que gravan la importación, un único tributo.

Estarán comprendidos en la definición del inciso anterior, exclusivamente aquellos contribuyentes que cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones:

A) Ocupen como máximo cuatro personas, incluyendo al titular de la empresa unipersonal.

B) Los ingresos derivados de su actividad comercial no superen en el ejercicio el límite establecido en el literal E) del artículo 33 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.

C) Realicen sus ventas de bienes y prestaciones de servicios al contado, sin la utilización de tarjetas de crédito, órdenes de compras o similares, ni el otorgamiento de financiación propia.

D) No exploten más de un puesto simultáneamente.

ARTICULO 599.- (Exclusión).- Carecerán del ejercicio de la opción prevista en el artículo precedente, quienes no cumplan con alguno de los extremos establecidos en el inciso segundo del mismo artículo.

ARTICULO 600.- (Obligación tributaria unificada).- El monto del tributo único resultará de calcular sobre un sueldo ficto equivalente a un salario mínimo nacional, las tasas aplicables por concepto de contribuciones de seguridad social e impuestos recaudados por el Banco de Previsión Social (BPS) vigentes, con exclusión del denominado complemento de cuota mutual.

El tributo único no incluye las contribuciones de seguridad social e impuestos aplicables sobre las remuneraciones de los dependientes, las cuales se regularán por las normas existentes a la vigencia de la presente ley.

ARTICULO 601.- (Recaudación y afectación del tributo).- El tributo será recaudado por el Banco de Previsión Social (BPS), quien dispondrá los aspectos referidos a la forma de liquidación, declaración y percepción del mismo en un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley.

La totalidad del producido respectivo estará destinada al pago de contribuciones de seguridad social e impuesto a las retribuciones recaudados por el BPS, y referidos a la actividad del empresario titular.

ARTICULO 602.- (Asignación computable).- Para los afiliados optantes conforme al artículo 598, de la presente ley, la respectiva asignación computable será equivalente al sueldo ficto establecido en el artículo 600 de la presente ley.

ARTICULO 603.- (Prestaciones).- Los afiliados optantes conservarán la totalidad de derechos emergentes de su inclusión y afiliación al sistema de seguridad social, con excepción de la asistencia médica de los seguros de enfermedad.

No obstante lo anterior, los citados tendrán opción para acceder al referido beneficio, en cuyo caso deberán abonar el complemento por cuota mutual respectivo.

ARTICULO 604.- (Opciones).- El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo referido al ejercicio de las opciones establecidas en los artículos 598 y 603 de la presente ley.

ARTICULO 605.- (Régimen de contralor).- Los contribuyentes que desarrollen actividad comercial en la vía pública y en espacios públicos, deberán exhibir en el lugar donde desarrollan su actividad, y a solicitud de los organismos fiscalizadores competentes, la siguiente documentación:

A) Justificativo de inscripción ante la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS), ubicado en lugar visible al público.

B) Último recibo de pago de los tributos que graven su actividad.

C) Documentación respaldante de las existencias de mercadería.

Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación en todos los casos, con o sin ejercicio de la opción prevista por el artículo 598 de la presente ley.

ARTICULO 606.- (Sanciones).- Ante el incumplimiento de alguno de los extremos establecidos en el artículo anterior, y sin perjuicio de las sanciones por infracciones tributarias que correspondan, establécese que la Dirección General Impositiva (DGI) o el Banco de Previsión Social (BPS), podrán disponer la incautación de las mercaderías en existencia, quedando en tales casos dicha mercadería en depósito y bajo la responsabilidad del servicio que dispuso la medida.

De procederse a lo expuesto, los funcionarios actuantes deberán labrar un acta dando cuenta a la autoridad administrativa.

Si en un plazo de quince días, el contribuyente acreditase que al momento de la incautación se encontraba al día con sus obligaciones y poseía la documentación requerida, podrá disponerse la respectiva devolución, siendo en tal caso de cargo del contribuyente los gastos causados por el procedimiento. No cumpliéndose en plazo con lo referido precedentemente, la Administración respectiva podrá disponer la venta en remate público de la mercadería incautada y el depósito de la suma resultante, deducidos los gastos causados, en la cuenta Tesoro Nacional, a la orden del Instituto Nacional del Menor (INAME).

ARTICULO 607.- (Otorgamiento y renovación de permisos).- Las Intendencias Municipales deberán exigir la documentación a que refieren los literales A) y B) del artículo 605 de la presente ley, al momento de otorgar o renovar todo tipo de permisos referidos al ejercicio de las actividades referidas en la presente ley.

ARTICULO 608.- (Obstaculización al ejercicio de las funciones fiscalizadoras).- Cuando en el curso de las actuaciones de contralor a que refiere la presente ley, se verificasen actos colectivos tendientes a obstaculizar el ejercicio de las funciones fiscalizadoras, se configurará respecto a los responsables de los mismos, el ilícito previsto en el artículo 111 del Código Tributario.

ARTICULO 609.- (Plazo de adecuación).- Otórgase un plazo de noventa días, a partir de la promulgación de la presente ley, para que los sujetos comprendidos en la misma regularicen su situación tributaria.

CAPITULO II
ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO

ARTICULO 610.- El circulante de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería se regirá por los siguientes valores máximos:

a) a partir del 1º de enero de 2001 será de U$S 5.100:000.000 (cinco mil cien millones de dólares de los Estados Unidos de América).

b) a partir del Ejercicio 2001 inclusive el límite referido se incrementará en cada ejercicio con la adición acumulada del monto de déficit autorizado.

ARTICULO 611.- En ocasión de la rendición de cuentas anual, el Poder Ejecutivo incluirá un estado sobre la utilización del tope vigente.

ARTICULO 612.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir y mantener un tope máximo de Letras de Tesorería de U$S 1.250:000.000,00 (un mil doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en otras monedas, durante todo el período de vigencia de la presente ley.

ARTICULO 613.- En cualquier ejercicio financiero, con excepción del correspondiente al 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004, el Poder Ejecutivo podrá sobrepasar el tope fijado como máximo en el 30% (treinta por ciento) de la diferencia entre el tope del ejercicio financiero siguiente y el vigente para el ejercicio considerado. Esta situación extraordinaria se comunicará a la Asamblea General y no alterará el tope en los ejercicios siguientes.

ARTICULO 614.- El tope de deuda a partir del 1º de enero de 2005 y hasta la aprobación de una nueva ley de endeudamiento, será el vigente al 31 de diciembre de 2004, incrementado en U$S 500:000.000,00 (quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de América).

ARTICULO 615.- (Procedimiento de gestión y acceso al crédito de fuentes externas).- Compete exclusivamente al Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministro del ramo en su caso, autorizar todo planteo oficial tendiente a la obtención de préstamos de organismos internacionales, instituciones o gobiernos extranjeros, en los que la República deba asumir la responsabilidad directa del prestatario o las obligaciones del garante, al suscribir los convenios respectivos. La reglamentación establecerá el mecanismo para lograr la autorización para la gestión y el acceso al endeudamiento.

ARTICULO 616.- (Valuación) A todos los efectos de la presente ley los pasivos en moneda extranjera distinta al dólar americano, serán valorados a la cotización del 31 de diciembre de 2000 o a la del momento de su contratación si éste fuere posterior.

ARTICULO 617.- Sustitúyese el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 14.268, de 20 de setiembre de 1974, por el siguiente:

«ARTICULO 4º. El producido de la colocación de los Bonos del Tesoro y otros instrumentos de deuda pública similares, será puesto a la orden del Ministerio de Economía y Finanzas en la cuenta abierta a tal fin en el Banco Central del Uruguay (BCU).

El Ministerio de Economía y Finanzas elegirá la moneda en la cual mantiene sus cuentas en el BCU.»

ARTICULO 618.- Sustitúyese el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.268, de 20 de setiembre de 1974, por el siguiente:

«ARTÍCULO 5º. Los servicios de interés y rescate de los Bonos del Tesoro y otros instrumentos de deuda pública similares, se realizarán a través del Banco Central del Uruguay (BCU) en su carácter de agente financiero del Estado. Las comisiones y gastos por todo concepto que demande la administración de los mismos, se atenderán igualmente por el BCU en el carácter expresado.

Los fondos necesarios para el cumplimiento de los servicios correspondientes, deberán estar a la orden del BCU, veinticuatro horas hábiles antes a su vencimiento.»

CAPITULO III
PRECIOS Y TASAS PUBLICAS

ARTICULO 619.- Apruébanse, en el marco de la revisión prevista en los artículos 700 y siguientes de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y como una etapa de la misma, los precios y tasas que perciben las unidades ejecutoras de la Administración Central por concepto de trámites, servicios o similares, que se detallan a continuación por organismo recaudador:

Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional
Unidad Ejecutora 004 - Comando General del Ejército
Servicio de Material y Armamento

Servicios

Importe

Categoría
Jurídica

Guía de arma  

0,6 UR/ guía  

Tasa

Carné de recargador  

2,5 UR/carné  

Tasa

Permiso de importación de armas y municiones  

2 UR/permiso  

Tasa

Custodia del traslado interno de importación  

2 UR/día

Tasa

Depósito De armas  

0,25 UR/100 Kg/mes  

Tasa

Carné de Coleccionista  

1 UR/ carné  

Tasa

Habilitación Anual coleccionista  

0,5 UR/habilit.  

Tasa

Habilitación de casas comerciales  

3 UR/habilitac.  

Tasa

Inciso 05 - Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad Ejecutora 009 - Dirección Nacional de Catastro

Servicios  

Importe

Categoría 
Jurídica

Solicitud de deslinde  

1 tasa catastral/parcela
o unidad de prop.
Horizontal   

Tasa

Solicitud de fusión o reparcelamiento de inmuebles    

2 tasas catastrales/padrón  

Tasa

Solicitud de revisión de valor real

1 tasa catastral/padrón  

Tasa

Servicios

Importe

Categoría
Jurídica

Tasación de obra correspondiente a declaraciones
juradas Art. 5º Ley Nº 16.107
1 tasa catastral/tasación Tasa
Declarac. Jurada de caracterización urbana 1 tasa catastral/declaración
jurada
Tasa

Quedan exonerados del pago de las tasas antedichas, los organismos de la Administración Central y los correspondientes al artículo 220 de la Constitución de la República, así como los que correspondan a inmuebles con un valor catastral (anterior a la operación prevista) inferior a $ 50.000 (pesos uruguayos cincuenta mil).

Inciso 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Unidad Ejecutora 003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
División Forestal

Servicios Importe Categoría Jurídica
Inspección de campo a  
solicitud de parte
7,5 UR/Inspección Tasa
Estudio de proyecto o 
ampliación
3 UR/Proyecto o ampliación Tasa
Procesamiento de  
Información técnica especial
0,7 UR/hora hombre Precio
Certificados de exoneración 0,75 UR/certificado Tasa
Datos estadísticos básicos 0,2 UR/ejemplar Precio
Revista "Uruguay Forestal" 0,25 UR/ejemplar Precio
Inciso 11 - Ministerio de Educación y Cultura


Servicios


Importe


Categoría
Jurídica

Testimonio
Acta estado civil

0,08 UR/testimonio

Tasa

Testimonio de
Exped. matrim.

0,08 UR/testimonio

Tasa

Testimonio de transcripción
Partida parroquial

0,08 UR/testimonio

Tasa

Testimonio de transcripción
Partida consular

0,08 UR/testimonio

Tasa


Servicios


Importe


Categoría
Jurídica

Testimonio de inscripción
de actos y hechos
ocurridos en el extranjero

0,08 UR/testimonio

Tasa

Testimonio de inscripción
de escritura de adopción

0,08 UR/testimonio

Tasa

Legalización de firma

0,08 UR/legalización

Tasa

Certificados de estado civil  

0,05 UR/certificado

Tasa

Certificado negativo de
Inscripción

0,15 UR/certificado

Tasa

Expediente matrimonio
cuando el número de
testigos no supere
el mínimo legal

0,3 UR/expediente

Tasa

Testigos adicionales

0,75 UR/testigo

Tasa

Expediente matrimonial
de matrimonio celebrado
a domicilio

18,05 UR/expediente

Tasa

Libreta de matrimonio

0,25 UR/libreta

Tasa

Inscripción de primera copia
de escritura de adopción

0,6 UR/inscripción

Tasa

Inscripción de actos y
hechos del estado civil
ocurridos en el extranjero

0,75 UR/inscripción

Tasa

Inscripción de la
transcripción de partida
parroquial

0,75 UR/inscripción

Tasa

Certificado de declaración
testimonial relativo al estado
civil de soltero

1,2 UR/certificado

Tasa

Transcripción supletoria
de extranjero radicado
en la República

1,25 UR/transcripción

Tasa

Quedan exonerados los expedientes de matrimonio "in extremis" o de personas impedidas de concurrir por razones de fuerza mayor.

CAPITULO IV
OTROS INGRESOS

ARTICULO 620.- Sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 6º del decreto ley Nº 14.235, de 25 de julio de 1974, en la redacción dada por el presente artículo, se autoriza a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) a constituir una sociedad anónima por acciones, cuyo objeto será la prestación del servicio de telefonía celular terrestre que actualmente presta por medio de ANCEL y cuyo patrimonio estará integrado por el activo afectado por ANTEL a dicho servicio, debidamente valuado.

Previa autorización del Poder Ejecutivo, conforme a la reglamentación que éste dictará en un plazo máximo de noventa días a partir de la promulgación de la presente ley, ANTEL podrá comercializar hasta el 40% (cuarenta por ciento) del paquete accionario de la sociedad referida en el inciso anterior, en subasta u oferta pública en el mercado de valores. El capital correspondiente a los inversores privados estará representado por acciones al portador.

La reglamentación del Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones de dicha comercialización, la participación que ANTEL tendrá en la referida sociedad, que no podrá ser menor al 60% (sesenta por ciento) y la representación de la misma en los órganos de dirección y control interno, con representantes designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta fundada del Directorio de ANTEL, aprobada por la unanimidad de sus integrantes.

La comercialización de acciones por un porcentaje superior al 40% (cuarenta por ciento), requerirá autorización del Poder Legislativo por ley dictada al efecto.

El producido de la comercialización de acciones referida precedentemente, se destinará:

A) Inversión en edificación escolar.

B) Fomento de la actividad productiva utilizando la autorización existente a disminuir los tributos que la gravan por igual cantidad a las economías de los servicios de la deuda pública, que será cancelada con parte de los fondos.

C) Inversión en Antel según disponga el Poder Ejecutivo.

Los funcionarios de ANTEL podrán optar por permanecer en la misma o solicitar su ingreso a la nueva empresa bajo un régimen de derecho privado. En este último caso, se estará a lo que resuelva el Directorio de ANTEL.

SECCION VIII
TELECOMUNICACIONES

ARTICULO 621.- Sustitúyense los artículos 3º a 6º, 8º a 10 y 12 del Decreto-Ley Nº 14.235, de 25 de julio de 1974, con las modificaciones introducidas por el Decreto Ley Nº 15.671, de 8 de noviembre de 1984, y por la Ley Nº 16.211, de 1º de octubre de 1991, por los siguientes:

«Competencia y Exclusividad

ARTICULO 3º. Compete a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) la realización de actos jurídicos y operaciones técnicas y materiales, la adquisición de derechos y obligaciones, así como la realización por sí o mediante la contratación con terceros, de la prestación de servicios y la realización de estudios técnicos y de obras, conducentes al cumplimiento de sus cometidos.

La prestación de los servicios previstos en el artículo 5º será cumplida directamente por ANTEL.

ARTICULO 4º. Son cometidos de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL):

1) Prestar servicios de telecomunicaciones con el alcance dado por el artículo 12 de la Ley Nº 16.211, de 1º de octubre de 1991. Cuando dicha prestación se realice fuera de fronteras se ajustará a lo dispuesto por la Ley Nº 16.828, de 9 de mayo de 1997.

2) Previa autorización expresa del Poder Ejecutivo y por resolución unánime del Directorio, participar en sociedades o consorcios de capital público o privado, radicados en el país o en el exterior, que tengan por objeto la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Se exceptúa del objeto de las sociedades o consorcios mencionados precedentemente la prestación del servicio público de telefonía básica en el territorio de la República previsto en el artículo 5º.

3) Celebrar convenios con entidades extranjeras relativos a los servicios que presta, con comunicación al Poder Ejecutivo.

4) Otorgar autorizaciones precarias para conectar a su red de telecomunicaciones, equipos que no sean propiedad de ANTEL.

ARTICULO 5º. La prestación del servicio público de telefonía básica será realizada, en exclusividad, por la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).

A estos efectos, se considera servicio público de telefonía básica la prestación a terceros de servicios de telefonía que reúnan los caracteres de fija, conmutada y referida al tráfico nacional, así como los servicios de telefonía fija que se prestan bajo la denominación comercial de `Ruralcel'.

Declárase de interés general la universalización del servicio público de telefonía básica en el territorio de la República. ANTEL procurará la prestación en condiciones especialmente favorables de los servicios de telefonía básica que se consideren de utilidad social.

ARTICULO 6º. Los estatutos de las sociedades a que refiere el numeral 2) del artículo 4º de la presente ley, asegurarán la representación de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) en los órganos de dirección y control interno no inferiores a su participación en el respectivo capital.

Previa autorización del Poder Ejecutivo, ANTEL podrá constituir por sí dichas sociedades, mediante resolución unánime de su Directorio que tendrá el contenido y producirá los efectos previstos en el artículo 251 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989. La emisión de acciones de estas sociedades en favor de terceros o su posterior venta a terceros por ANTEL se realizará, previa autorización expresa del Poder Ejecutivo, mediante procedimientos que aseguren la igualdad entre los interesados en su adquisición, tales como licitación, remate, negociación en bolsas de valores u otros similares.

Las sociedades previstas en este artículo deberán contar con auditorías independientes, de conformidad con la técnica usual de control establecida en las normas de auditoría generalmente aceptadas, practicadas por empresas especializadas de reconocido prestigio. Los informes de auditoría incluyendo los resultados económicos y de gestión, serán comunicados a ANTEL y por ésta al Poder Ejecutivo, que los pondrá anualmente en conocimiento de la Asamblea General.

ANTEL podrá contratar directamente con las sociedades en las que tenga participación mayoritaria.

ARTICULO 8º. La dirección y administración superiores de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) serán ejercidas por un Directorio integrado por un Presidente, un Vicepresidente y un Director, que serán designados con esas calidades por el Poder Ejecutivo, conforme al artículo 187 de la Constitución de la República, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000.

El Directorio podrá sesionar con la presencia de dos de sus miembros.

ARTICULO 9º. Compete al Directorio designar, promover, trasladar y sancionar, por mayoría de sus integrantes, y destituir por unanimidad, a los funcionarios de su dependencia, respetando las normas y garantías estatutarias.

ARTICULO 10. Los representantes de la Administración en los órganos de dirección y control de las sociedades a que refiere el numeral 2º) del artículo 4º y el artículo 6º de la presente ley serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta fundada del Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) adoptada por la unanimidad de sus miembros.

ARTICULO 12. Compete al Directorio la aprobación de las tarifas y precios de los servicios de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y de los intereses que devenguen y las multas y recargos por mora (decreto ley Nº 14.950, de 9 de noviembre de 1979). Las multas y recargos por mora no podrán ser superiores a los que resulten de la aplicación del artículo 94 del Código Tributario.

Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso anterior las tarifas y precios del servicio público de telefonía básica, artículo 5º de la presente ley, sus intereses, multas y recargos, los que serán propuestos por el Directorio y aprobados por el Poder Ejecutivo. Las tarifas y precios de servicios suplementarios o derivados de la telefonía básica se rigen por el inciso primero del presente artículo.

Las tarifas se fijarán en función de las condiciones del mercado de las telecomunicaciones y de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 5º de la presente ley. Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer la fecha de vigencia de este artículo.

La prestación comercial de servicios de telefonía de larga distancia internacional por terceros requerirá autorización del Poder Ejecutivo, que la concederá mediante procedimientos que aseguren la igualdad entre los interesados.»

SECCION IX
DISPOSICIONES VARIAS

CAPITULO I

ARTICULO 622.- Deróganse todas las disposiciones que establecen monopolios de contratos de seguros en favor del Estado y ejercidos por el Banco de Seguros del Estado (BSE) que se mantienen vigentes hasta la fecha, con excepción de las relativas a los contratos de seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a que refiere la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989.

ARTICULO 623.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 384 de la Ley Nº 16.320, de 1° de noviembre de 1992, por el siguiente:

«Cuando se trate de demandas referidas al Poder Ejecutivo, en asuntos correspondientes a algún Ministerio, la citación, el emplazamiento y, en general, cualquier notificación que deba hacerse a domicilio, se practicará en la sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio respectivo.»

ARTICULO 624.- Declárase aplicable a las personas públicas no estatales, lo dispuesto en los artículos 452 a 471 del Código General del Proceso (concurso civil), en cuanto no se opongan a las respectivas normas legales que las rigen.

ARTICULO 625.- Sustitúyese el artículo 710 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

«ARTÍCULO 710. Los curiales de los organismos públicos, cuando tengan la calidad de funcionarios de los mismos, sólo podrán cobrar honorarios en los casos en que el fallo judicial condene en costos a la contraparte del organismo que patrocinen y ésta no sea otro organismo público o persona de derecho público no estatal. La regulación de los honorarios se efectuará según los criterios que establezca la reglamentación.

En los casos en que los organismos públicos deban, directa o indirectamente, contratar profesionales para que en el ejercicio de su profesión liberal intervengan en litigios o gestiones similares, el contrato deberá ser aprobado exclusivamente por el ordenador primario, previa intervención del Tribunal de Cuentas, y la contratación no podrá recaer en funcionarios de esos organismos.»

ARTICULO 626.- La importación de materiales y equipos adquiridos o a adquirirse por la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) o por terceros en el marco del Acuerdo entre los Gobiernos de la Federación Rusa y de la República Oriental del Uruguay sobre cancelación de la deuda de la ex URSS, suscrito el 24 de octubre de 1997, estará exenta del pago de cualquier clase de gravámenes en general y en especial de cualquier clase de tributos aduaneros que graven a la importación o se apliquen en ocasión de la misma, del pago de recargos, incluso del mínimo que se estableciera, derechos y tasas consulares, así como también del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable.

ARTICULO 627.- Redúcense los créditos autorizados de inversión de los planillados anexos y los topes de inversión del articulado, de todos los Incisos presupuestales en un 5% (cinco por ciento) para el año 2001 y en un 9% (nueve por ciento) para el año 2002, en cada una de las fuentes de financiamiento.

ARTICULO 628.- No podrán contratarse becarios y pasantes sin previa autorización expresa del Poder Ejecutivo.

Los créditos asignados para tales contrataciones serán limitativos no pudiendo aumentarse por medio de transposiciones ni refuerzos.

En el crédito autorizado se consideran comprendidos el sueldo anual complementario y las cargas legales.

ARTICULO 629.- El Poder Ejecutivo reglamentará el régimen de contrato de beca y pasantía, en especial lo relativo a los perfiles apropiados de formación para la función, criterios de selección, de remuneración y ajuste, derechos y obligaciones y plazo.

ARTICULO 630.- Para la contratación de pasantes y becarios, se dará preferencia a los estudiantes universitarios o del Consejo de Educación Técnico-Profesional de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) o del Centro de Capacitación y Producción (CECAP). La calidad de estudiante se acreditará con la certificación por parte de un instituto oficial, habilitado o autorizado, de haber aprobado por lo menos una materia en el año anterior a la suscripción del contrato de beca o pasantía.

La convocatoria se hará por llamado público, teniendo en cuenta para su elección la escolaridad mínima exigible y el grado de avance en la carrera. A igualdad de condiciones de los postulantes, la selección se
realizará por sorteo ante escribano público.

ARTICULO 631.- La extensión máxima de los contratos de beca y pasantía que se otorguen en adelante será de doce meses incluida la licencia anual, prorrogables por hasta otro año más.

La remuneración para este tipo de contratos no superará los cuatro salarios mínimos nacionales por un régimen máximo de ocho horas diarias de labor. En caso de pactarse un régimen horario inferior, la remuneración se proporcionará al mismo.

ARTICULO 632.- Los becarios y pasantes sólo tendrán derecho a una licencia por hasta treinta días hábiles anuales por estudio, que se prorrateará al período de la beca y pasantía si fuera inferior al año, de licencia médica debidamente comprobada, de licencia maternal y de licencia anual. Será causal de rescisión del contrato haber incurrido en cinco o más faltas injustificadas por año.

ARTICULO 633.- El haber sido contratado bajo el régimen de beca y pasantía inhabilita a la persona a ser contratado bajo este régimen en la misma oficina o en cualquier otro órgano y organismo del Estado (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organos y Organismos de los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República y Gobiernos Departamentales).

La Unidad Ejecutora contratante, previo a la suscripción del contrato, deberá consultar a la Oficina Nacional del Servicio Civil si el aspirante ha sido contratado en estas modalidades.

Toda extensión de la relación contractual que exceda lo dispuesto por esta norma, dará lugar a la responsabilidad patrimonial del jerarca de la Unidad Ejecutora que lo haya contratado y de quien, estando encargado en la Oficina Nacional del Servicio Civil de verificar la no reiteración de estos contratos, no informó tal circunstancia (artículo 25 de la Constitución de la República). El Poder Ejecutivo reglamentará el presente inciso en un plazo máximo de noventa días.

ARTICULO 634.- La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá mantener un registro actualizado con la información de los contratos de beca y pasantía.

Los jerarcas de las Unidades Ejecutoras solicitarán, en forma previa a la suscripción del contrato, información respecto a si el postulante no fue contratado como pasante o becario.

Suscrito el contrato de beca y pasantía deberán comunicarlo en un plazo de diez días.

Dentro del plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley, los jerarcas deberán comunicar los contratos de beca y pasantía vigentes y suscritos con anterioridad.

ARTICULO 635.- Los becarios y pasantes, para cobrar sus haberes, deberán acreditar el haber inscripto su contrato en la Oficina Nacional del Servicio Civil, dentro de un plazo perentorio de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

ARTICULO 636.- Agrégase al artículo 11 de la Ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941, el siguiente literal:

"LL) Establecer regímenes de refinanciación de adeudos generados por aportes, que aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del monto adeudado."

ARTICULO 637.- Las sociedades anónimas podrán reemplazar los Libros de Actas de Asambleas y de Órganos de Administración y de Control previstos en el artículo 336 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, por otros medios técnicos disponibles, en la forma y con los requisitos de seguridad que establezca la reglamentación.

ARTICULO 638.- La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios podrá otorgar facilidades de pago para cancelar adeudos por obligaciones personales de carácter legal a cargo de sus afiliados, conforme a las previsiones de esta ley y de la reglamentación que se dicte por el Directorio de ese Instituto.

En dichas facilidades podrán incluirse las obligaciones vencidas o las que tengan vencimiento en el mes de entrada en vigencia de la presente ley.

El plazo para el pago de las obligaciones anteriormente citadas, no podrá ser superior a 72 cuotas consecutivas, mensuales e iguales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente.

En casos excepcionales y por resolución fundada, el Directorio con el voto conforme de 2/3 de sus componentes podrá otorgar hasta 96 cuotas.

Las obligaciones impagas se actualizarán por el Indice Medio de Salarios hasta la fecha del último aumento de pasividades previo a la celebración del convenio de facilidades de pago. Esas obligaciones actualizadas serán incrementadas con la tasa de interés anual de la última emisión de Bonos Previsionales emitidos por el Banco Central del Uruguay a la fecha de promulgación de esta ley.

El monto resultante será pagadero en cuotas que se actualizarán en la misma oportunidad que las pasividades por el IMS con igual interés al fijado para la determinación de la deuda.

El pago de la cuota del convenio respectivo deberá hacerse efectivo conjuntamente al de las obligaciones corrientes.

El monto de la cuota del convenio no podrá ser inferior al 40% (cuarenta por ciento) del monto de las obligaciones corrientes del afiliado al momento de suscribir el convenio.

La falta de pago de 3 cuotas consecutivas de la refinanciación obligaciones corrientes por el mismo lapso, determinará la caducidad de la refinanciación y será exigible la totalidad de lo adeudado originalmente con las multas y recargos previstos en el Art. 94 del Código Tributario (decreto ley N 14.106) sin necesidad de intimación o notificación de especie alguna.

Las cuotas abonadas se tomarán como pago a cuenta.

Por única vez podrá rehabilitarse el convenio incumplido, siempre que se salden, previamente, las cuotas vencidas a la fecha de rehabilitación, acrecidas con las multas y recargos originados por el atraso en el pago.

ARTICULO 639.- Las acciones judiciales que la Caja hubiera iniciado para el cobro de los adeudos a que se refiere esta ley contra los afiliados que se amparen en ella quedarán en suspenso mientras se cumpla regularmente con el convenio y las obligaciones corrientes, manteniéndose los embargos y medidas cautelares existentes.

ARTICULO 640.- Los afiliados que tengan convenios vigentes podrán optar entre mantenerlos o acogerse por las cuotas no vencidas al presente régimen en la forma, plazo y condiciones que establezca la reglamentación.

Los afiliados que refinancien sus adeudos de acuerdo con lo previsto en la presente ley, no podrán entrar en goce de ninguno de los beneficios que otorga la Caja sin que medie previamente la cancelación de la totalidad de las cuotas así como toda otra obligación para con la Caja.

Los profesionales dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días a contar de la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial para ampararse a las facilidades en ella previstas.

Quienes así lo hagan, deberán abonar en los plazos normales (Ley Nº 12.997, de 27 de noviembre de 1961 y modificativas), las obligaciones de carácter legal no comprendidas en el artículo 1º.

ARTICULO 641.- Modifícase el texto del inciso final del artículo 144 del Texto Ordenado de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 144.- La cooperativa dispondrá de un plazo de doce meses para hacer efectivo el pago del 50% (cincuenta por ciento) del reintegro al que el usuario tuviera derecho. El 50% (cincuenta por ciento) restante deberá hacerse efectivo en forma posterior a que sea designado el nuevo socio que los sustituya, pero no más tarde de tres años, contados a partir del vencimiento del plazo anterior."

ARTICULO 642.- Agrégase al artículo 122 del Texto Ordenado de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el siguiente texto:

"Permítase, la representación del socio en cargos de la cooperativa, de carácter electivo, por integrantes del núcleo habitacional del socio, como representante de éste requiriéndose, que la propuesta sea formulada por el socio titular y que el delegado sea votado por la masa social en la forma que dispone el artículo 115, literal J) de la presente ley."

ARTICULO 643.- Los organismos del Estado, en ocasión de proceder a la adquisición de elementos con destino a ser utilizados en señalización vial, refugios peatonales, y otros equipamientos similares, contemplarán la posibilidad de que los elementos solicitados estén confeccionados con madera de origen nacional.

ARTICULO 644.- El crédito de uso operativo es el contrato por el cual una persona física o jurídica se obliga frente al usuario a permitirle la utilización de un bien, por un plazo determinado y el usuario se obliga a pagar por esa utilización un precio en dinero abonable periódicamente.

El contrato deberá contemplar que al vencimiento del plazo pactado, el usuario cuente con alguna o todas las opciones que se expresan seguidamente:

a) Comprar el bien mediante el pago de un precio final.

b) Prorrogar el plazo del contrato por uno o más períodos determinados, sustituir el bien objeto del contrato por otro de análoga naturaleza, modificar el precio cuando corresponda, estipulando el nuevo precio fijado en el contrato;

c) Para el caso de que no se hubiera pactado una opción de compra, que finalizado el plazo del contrato o de sus prórrogas, el bien sea vendido por la empresa dadora en remate público y al mejor postor, correspondiendo al usuario el excedente que se obtuviera por sobre el precio final estipulado, y obligándose el usuario a abonar al dador la diferencia si el precio obtenido en el remate fuere menor.

ARTICULO 645.- Serán aplicables a los contratos de crédito de uso operativo definidos en el artículo precedente, que se otorguen a partir de la vigencia de la presente ley, las previsiones contenidas en la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, en la redacción dada por la Ley Nº 16.205, de 6 de setiembre de 1991 y artículos 20 a 24 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, con excepción de los artículos 3º, 4º, 11, 12 numeral b), 13, 14 y los Capítulos VI (Normas Tributarias) y VII (Disposiciones Finales).

ARTICULO 646.- Declárase de interés nacional la expropiación, por parte del Gobierno Departamental correspondiente, del inmueble empadronado con Nº 6163 m/á (Solares 1, 2 y 3 del Plano de Heber Rebufello de agosto de 1962) de la 8ª Sección Judicial del departamento de Canelones ubicado en la margen este del arroyo Solís Chico basado en razones de ubicación geográfica estratégica para el acceso de los ciudadanos y turistas en general a las costas de los referidos cursos de aguas.

CAPITULO II
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

ARTICULO 647.- El porcentaje sobre el monto total de recursos que corresponderá a los Gobiernos Departamentales, según lo previsto en el literal C) del artículo 214 de la Constitución de la República, será de 3,18% (tres con dieciocho por ciento) para el año 2001, del 3,37% (tres con treinta y siete por ciento) anual para los años 2002 y 2003, y del 3,54% (tres con cincuenta y cuatro por ciento) para el año 2004. Este porcentaje se calculará sobre el total de recursos del presupuesto (abarcando la totalidad de destinos -1 a 6- clasificados en los documentos presupuestales), del Ejercicio anterior actualizados por Indice de Precios al Consumo (IPC).

ARTICULO 648.- La distribución de las partidas resultantes del artículo 647 de la presente ley, se hará de la siguiente manera:

A) En primer lugar se mantendrán todas las afectaciones de impuestos (artículos 208 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986 y 452 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991), IMESI naftas, tabacos, cigarros y cigarrillos; artículo 761 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, IMESI gasoil, las utilidades de Casinos -artículo 3º de la Ley Nº 13.453, de 2 de diciembre de 1965, Decreto 588/975, de 24 de julio de 1975, y artículo 169 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996- la contribución para el pago de aportes patronales de los Gobiernos Departamentales del interior del país (artículo 756 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996) y las partidas del Programa de Desarrollo Municipal y de Caminería Rural de la Dirección de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE) incluidas la partida para obras asignada a las Intendencias Municipales del interior del país (artículo 760 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y anexo Inversiones de la Ley Nº 16.996, de 1º de setiembre de 1998), la partida del Programa de Mantenimiento de la Caminería Rural del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (artículo 75 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996), y las partidas del Programa de Desarrollo Municipal incluidas en la Unidad Ejecutora 004 "Oficina de Planeamiento y Presupuesto" del Inciso 02, "Presidencia de la República", a las que se agrega la compensación por la disminución de la alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural (artículo 10 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000), manteniéndose como permanente la referida partida y la disminución de la alícuota que se establece en la presente ley.

B) En segundo lugar se destinará, en el año 2001, una partida de $ 232:400.000 (pesos uruguayos doscientos treinta y dos millones cuatrocientos mil), para los años 2002 y 2003 una partida anual de $ 348:600.000 (pesos uruguayos trescientos cuarenta y ocho millones seiscientos mil) y para el año 2004, una partida de $ 464:800.000 (pesos uruguayos cuatrocientos sesenta y cuatro millones ochocientos mil) que se distribuirán conforme a lo dispuesto por el artículo 649 de la presente ley, y se actualizará por Indice de Precios al Consumo (IPC).

C) El excedente del porcentaje se distribuirá entre todos los Gobiernos Departamentales del país, conforme al criterio establecido en el artículo 650 de la presente ley."

ARTICULO 649.- Las partidas cuya distribución corresponda realizar entre los Gobiernos Departamentales del interior en función de territorio y población, se distribuirán sobre la base de los siguientes porcentajes actualizados teniendo en cuenta los resultados del Censo de Población 1996:

  

%

Artigas  

5,48

Canelones  

13,48

Cerro Largo  

6,18

Colonia  

5,05

Durazno  

4,87

Flores  

2,16

Florida  

4,81

Lavalleja  

4,55

Maldonado  

4,88

Paysandú  

7,05

Río Negro  

4,08

Rivera  

5,39

Rocha  

4,96

Salto  

7,29

San José  

4,09

Soriano  

4,82

Tacuarembó  

6,76

Treinta y Tres

4,06

ARTICULO 650.- De la partida excedente del literal C) del artículo 648, se transferirá a la Intendencia Municipal de Montevideo, una partida equivalente al 1,5% (uno con cinco por ciento) de los sueldos nominales del año anterior (actualizados por Indice de Salarios de dicha Intendencia Municipal) en el año 2002 y al 3% (tres por ciento) de la misma base en el respectivo año anterior para los años 2003 en adelante, con la finalidad de cubrir la diferencia entre las tasas de aporte patronal de la Intendencia Municipal de Montevideo con la de las Intendencias Municipales del interior.

El saldo de la partida excedente del literal C) mencionado para los años 2001 en adelante se distribuirá tomando en cuenta criterios de superficie y población y de la inversa del Producto Bruto Interno por habitante y de los porcentajes de hogares con carencias en las condiciones de vivienda obtenidos del Censo de Población 1996, lo que conduce a la siguiente tabla de porcentajes:

%

Montevideo  

11,27

Artigas  

5,84

Canelones  

10,36

Cerro Largo  

6,91

Colonia  

2,78

Durazno  

4,94

Flores  

1,81

Florida  

4,07

Lavalleja  

4,44

Maldonado  

2,46

Paysandú  

5,74

Río Negro  

3,41

Rivera  

6,52

Rocha  

4,25

Salto  

6,94

San José  

3,38

Soriano  

3,60

Tacuarembó  

7,22

Treinta y Tres  

4,06

ARTICULO 651.- Créase el fondo presupuestal a que refiere el numeral 2) del artículo 298 de la Constitución de la República, con las siguientes alícuotas sobre un monto de $ 9.316.452.337 (pesos uruguayos nueve mil trescientos dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos treinta y siete), que corresponde a los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo, en el año 1999, actualizados por el Indice de Precios al Consumo:

2001

5,0%

2002

7,5%

2003

10,0%

2004

12,5%

El 75% (setenta y cinco por ciento) de este fondo se destinará a la aplicación de las políticas de descentralización a ser ejecutadas por los organismos mencionados en el literal A) del artículo 230 de la Constitución de la República, que integran el Presupuesto Nacional, y el restante 25% (veinticinco por ciento) a las que serán ejecutadas por los Gobiernos Departamentales.

De este 25% (veinticinco por ciento), se destinará un 70% (setenta por ciento) para proyectos y programas a ser financiados en un 80% (ochenta por ciento) con recursos provenientes del fondo, y un 20% (veinte por ciento) con recursos propios de los Gobiernos Departamentales. El restante 30% (treinta por ciento) se destinará a proyectos y programas a ser financiados totalmente por el fondo, sin contrapartida de los Gobiernos Departamentales.

CAPITULO III
DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO NACIONAL

ARTICULO 652.- El resultado para cada Ejercicio en el presente presupuesto nacional establece el máximo de déficit fiscal autorizado.

Cométese al Poder Ejecutivo tomar las medidas adecuadas para dar cumplimiento a esta disposición, y a tales efectos se le faculta a establecer límites de ejecución de gastos de funcionamiento e inversiones, de los diferentes incisos, programas y proyectos.

Los organismos que tramitan su presupuesto con arreglo al artículo 220 de la Constitución de la República no están comprendidos en lo dispuesto en cuanto a las partidas dispuestas directamente en este presupuesto nacional.

ARTICULO 653.- A los efectos de lo dispuesto por el artículo anterior autorízase al Poder Ejecutivo a postergar por el Ejercicio 2001 las siguientes erogaciones:

a) hasta $ 232:400.000 (pesos uruguayos doscientos treinta dos millones cuatrocientos mil) de las inversiones no edilicias del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" y hasta $ 116:200.000 (pesos uruguayos ciento dieciséis millones doscientos mil) de inversiones no prioritarias de los Incisos 02 a 15;

b) hasta $ 116:200.000 (pesos uruguayos ciento dieciséis millones doscientos mil) de los rubros de funcionamientos de los Incisos 02 a 15 y transferencias a Entes Autónomos, incrementados por los planillados;

c) hasta $ 116:200.000 (ciento dieciséis millones doscientos mil) de gastos de funcionamiento excluyendo Grupo 0, particularmente de aquellos cuya ejecución se realiza en el exterior.

ARTICULO 654.- De las asignaciones previstas en los artículos 136, 141, 199 y 389 de la presente ley, sólo se podrá ejecutar para el Ejercicio 2001, hasta el 50% (cincuenta por ciento) del incremento dispuesto en los mismos.

ARTICULO 655.- De las asignaciones destinadas a gastos de inversión que figuran en los anexos de la presente ley, para el Ejercicio 2001:

A. No se ejecutarán las siguientes:

a)  

Inciso 05 Programa 007 Proyecto 718
«Adquisición de Inmuebles»

$

4:200.000

b)  

Inciso 06 Programa 001 Proyecto 704
«Remodelación y reconstrucción del edificio MERCOSUR

$

17:430.000

c)  

Inciso 12 Programa 005 Proyecto 787 «Compra de Terrenos»

$

4:299.000

B. Se ejecutarán, sin desembolso efectivo, las siguientes:

a)  

Inciso 07 Programa 003 Proyecto 753
«Renovación de la flota de vehículos de recursos naturales»

$

7:507.000

b)  

Inciso 07 Programa 004 Proyecto 786
«Renovación flota del Programa 4 (permuta)»

$

7:239.000

c)  

Inciso 07 Programa 005 Proyecto 758
«Renovación de la flota de vehículos de servicios ganaderos (permuta)

$

5:231.000

d)  

Inciso 10 Programa 005Proyecto 763
«Renovación del Parque Automotor»

$

11:620.000

C. Se diferirá la ejecución de las siguientes:

a)  

Inciso 02 Programa 001 Proyecto 704
«Adquisición y Remodelación de Inmuebles»

$

3:525.000

b)  

Inciso 02 Programa 002 Proyecto 733
«Regulación de Servicios Públicos»

$

2:324.000

c)  

Inciso 11 Programa 007 Proyecto 780
«Complejo de Espectáculos»

$

58:100.000

d)  

Inciso 12 Programa 005 Proyecto 777
«Fortalecimiento Institucional del Sector Salud»

$

11:620.000

Facúltase al Poder Ejecutivo a autorizar a partir del Ejercicio 2002, la ejecución de los proyectos mencionados de acuerdo a las disponibilidades del Tesoro Nacional.

DEL DESTINO DE LAS ECONOMIAS

ARTICULO 656.- (Mejora de la Enseñanza).- Autorízase al Poder Ejecutivo a aumentar los créditos de proyectos y programas de los Incisos 25 y 26 tomando en cuenta la evolución del PBI y las disponibilidades de Tesorería, siempre que en ese ejercicio se verificaren los siguientes extremos:

a) la evolución del ejercicio en consideración asegure, como mínimo, la obtención de los resultados previstos de los siguientes;

b) en los ejercicios anteriores se hubiera obtenido un resultado acumulado más favorable que el autorizado.

A estos efectos se tomará como base el Ejercicio 2001 considerándose los aumentos de créditos dispuestos para los siguientes como parte de la autorización a que refiere el inciso primero.

ARTICULO 657.- Los fondos que se asignan conforme al artículo anterior de mejoras a la enseñanza, se destinarán prioritariamente a la regularización de las partidas salariales otorgadas y a la adecuación de grados en el escalafón docente

ARTICULO 658.- (Otras formas de ejecución presupuestal).- Autorízase al Poder Ejecutivo a cambiar la fuente de financiamiento de los proyectos de inversión si ello fuere más conveniente o permitiere ejecutar la inversión objeto de postergación por lo dispuesto en los artículos anteriores.

Esta autorización incluye la facultad de instrumentar por leasing tanto operativo como financiero, concesión y otros procedimientos afectando a los mismos arrendamientos previstos, tasas de servicio y los pagos necesarios para el cambio de modalidad de realización.»

6) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 23 y 52 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López, y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Bonilla, Brause, Cid, Correa Freitas, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Penadés, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Scarpa, Virgili y Xavier).

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.