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Nº 45 - TOMO 403 - 5 DE SETIEMBRE DE 2000

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

44ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN LOS SEÑORES SENADORES JOSE LUIS BATLLE Presidente en ejercicio

y REINALDO GARGANO Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO, ARQ. HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y LA PROSECRETARIA SEÑORA QUENA CARAMBULA

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Larrañaga.
- Concedida.

5) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta la doctora Ana Lía Piñeyrúa, comunicando que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

6) Preservación de las fuentes de trabajo en Bella Unión

- Manifestaciones del señor Senador Larrañaga.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Señor Presidente de la República, a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minería y Economía y Finanzas, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Intendencia Municipal de Artigas, a la Junta Departamental del mismo departamento, a la Junta Local de Bella Unión y a la Intersectorial de Bella Unión.

7) Obligación de establecer la tasa efectiva anual que se cobra en las tarjetas de crédito por financiamiento. Comunicado del Banco Central

- Manifestaciones del señor Senador Mujica.

8) Inquietud de ciudadanos referente a la construcción de un puente entre Punta Chaparro y Brazo Largo

- Manifestaciones del señor Senador Garat.
- Por moción de propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de la Presidencia de la República y a la Comisión para el Desarrollo del Sudoeste Uruguayo.

9) Disputa comercial entre Argentina y Brasil

- Manifestaciones del señor Senador Rubio.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, Relaciones Exteriores, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Industria, Energía y Minería, Economía y Finanzas y Salud Pública, a la Asociación y Federación Rural del Uruguay, a las Cooperativas Agrarias Federadas, a la Comisión Nacional de Fomento Rural, a la Asociación de Cultivadores de Arroz, a la Cámara de la Industria de los Alimentos, al Centro de Estudios y Análisis del Uruguay, al Instituto del Tercer Mundo, a Redes de Amigos de la Tierra y a la Red Uruguaya de Organizaciones Ambientalistas.

10) Misiones de Paz de nuestras Fuerzas Armadas

- Manifestaciones de la señora Senadora Pou.
- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior.

11) Señora Amalia de la Vega. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones de la señora Senadora Pou.
- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Educación y Cultura y a AGADU.

12) Premio Internacional otorgado a Mario Benedetti

- Manifestaciones del señor Senador Cid.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los familiares del señor Benedetti, a la Dirección del Semanario Brecha y a SUA.

13) Autorización para la salida de efectivos del Batallón de Infantería Mecanizado N° 12.

Funcionarios públicos redistribuidos. Alteración del orden del día

- Por moción de los señores Senadores Garat y Michelini, el Senado declara la urgencia de estos temas y su consideración inmediata.

14) Autorización para la salida de efectivos del Batallón de Infantería Mecanizado N° 12

- Proyecto de ley por el que se autoriza dicha salida.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Arquitecto Antonio Cravotto. Homenaje a su memoria

- Por moción del señor Senador Cid, el Senado resuelve rendir homenaje a este ciudadano en la sesión ordinaria a realizarse el día martes 12 de los corrientes.

16) Funcionarios públicos redistribuidos

- Proyecto de ley por el que se adecuan las remuneraciones de aquellos incluidos en la Resolución de Poder Ejecutivo de 25 de marzo de 1999.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo

- Por moción del señor Senador Sanabria, el Senado resuelve postergar la consideración de este tema.

18) Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con la República del Ecuador

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Convención Interamericana sobre Contrato de Transporte Internacional de Mercadería por Carretera

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- Por moción de los señores Senadores García Costa y Singer, el Senado resuelve devolver este proyecto a la Comisión de Transporte y Obras Públicas, que se integrará con la de Asuntos Internacionales para informarlo.

21) Administración de las Obras Sanitarias del Estado

- Proyecto de ley por el que se modifica su Carta Orgánica.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) Domingo Burgeño Miguel

- Proyecto de ley por el que se designa con este nombre la Ruta Nacional Nº 39 ubicada en el departamento de Maldonado.
- Por moción del señor Senador Larrañaga, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

23) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

- Por moción del señor Senador Korzeniak, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la presente sesión hasta agotar la consideración de los numerales 6) y 7).

24) Feriado no laborable

- Proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable el día 23 de setiembre de 2000 con motivo de cumplirse el Sesquicentenario del fallecimiento del General José Artigas, fundador de nuestra nacionalidad.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

25) Indios Charrúas Vaimaca Perú, Senaqué, Guyunusa y Tacuabé

- Proyecto de ley por el que se declara de interés general la exhumación y posterior repatriación de sus restos.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

26) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 1º de setiembre de 2000.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 5, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución de la República).

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2º) por el que se aprueba el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y la República del Ecuador.

(Carp. Nº 1281/98 - Rep. Nº 86/2000)

3º) por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras.

(Carp. Nº 154/2000 - Rep. Nº 89/2000)

4º) por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Contrato de Transporte Internacional de Mercadería por Carretera.

(Carp. Nº 156/2000 - Rep. Nº 90/2000)

5º) por el que se modifica la carta orgánica de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

(Carp. Nº 238/2000 - Rep. Nº 102/2000)

6º) por el que se declara feriado nacional no laborable el día 23 de setiembre de 2000 en conmemoración del 150 aniversario del fallecimiento del fundador de nuestra nacionalidad General José Gervasio Artigas.

(Carp. Nº 258/2000 - Rep. Nº 103/2000)

7º) por el que se declara de interés general la exhumación y posterior repatriación de los restos de los indios charrúas: Vaimaca Perú, Senaqué, Guyunusa y Tacuabé.

(Carp. Nº 1098/98 - Rep. Nº 104/2000)

8º) sobre la actuación de peritos y funcionarios técnicos del Instituto Técnico Forense.

(Carp. Nº 195/2000 - Rep. Nº 99/2000)

9º) por el que se modifica el artículo 27 de la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952, sobre la fecha de realización de las elecciones de los delegados de la Comisión Asesora de Promociones, Faltas y Seguridad Industrial de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

(Carp. Nº 192/2000 - Rep. Nº 100/2000)

10) por el que se designa con el nombre "Domingo Burgueño Miguel" la Ruta Nº 39, ubicada en el departamento de Maldonado.

(Carp. Nº 231/2000 - Rep. Nº 98/2000)

11) por el que se concede pensión graciable al señor Arturo Víctor Piñeyro Romero.

(Carp. Nº 1532/99 - Rep. Nº 101/2000)

12) por el que se adecuan las remuneraciones de los funcionarios públicos redistribuidos, incluidos en la Resolución del Poder Ejecutivo de 25 de marzo de 1999.

(Carp. Nº 249/2000 - Rep. Nº 105/2000)

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario.»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abelenda, Arismendi, Atchugarry, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Fau, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Sanguinetti, Segovia, Singer, Virgili y Xavier.

FALTAN: el señor Presidente de la Cámara de Senadores, don Luis Hierro López, en ejercicio de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay; y, con licencia, los señores Senadores Astori y Fernández Huidobro.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 07 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Montevideo, 5 de setiembre de 2000.

La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo, a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

por el que se reforma el Código del Proceso Penal;

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

por el que se autoriza la salida del país de efectivos del Batallón de Infantería Mecanizada Nº 12 del Ejército Nacional con asiento en la ciudad de Rocha a efectos de participar en los actos de conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil, a llevarse a cabo el día 7 de setiembre en la ciudad del Chuy.

-A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

La Presidencia de la Asamblea General remite Mensaje del Poder Ejecutivo dando cuenta haber dictado una Resolución por la que se autoriza la trasposición de fondos entre Proyectos de Inversión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

-TENGASE PRESENTE.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se autoriza la salida del país de efectivos de la Sub Prefectura del Chuy del Comando General de la Armada para participar en los festejos conmemorativos de la independencia de la República Federativa del Brasil;

por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de un Cuerpo de Rescate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América a efectos de realizar un ejercicio conjunto con la Fuerza Aérea Uruguaya en el área de Búsqueda y Rescate para la salvaguarda de la vida humana;

por el que se autoriza la salida del país de efectivos del Regimiento de Caballería Mecanizada Nº 7 del Ejército Nacional, para concurrir a la ciudad de Yaguarón, República Federativa del Brasil, a fin de participar en los actos conmemorativos de la independencia de dicho país.

-TENGANSE PRESENTE Y ARCHIVENSE.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente acusa recibo de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Senador Jorge Larrañaga relacionadas con la necesidad de dar solución al problema de contaminación del Río Uruguay en las costas de la ciudad de Paysandú, adjuntando la Resolución del Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado sobre el tema.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR JORGE LARRAÑAGA.

El Ministerio de Defensa Nacional remite la información solicitada por el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro relacionada con las adjudicaciones del servicio de televisión para abonados otorgada por el Poder Ejecutivo en el departamento de Artigas.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO.

El señor Presidente de la Comisión Administrativa remite nota comunicando que han sido designados los señores Guillermo Pomi Barriola y Enrique González Garin para ocupar los cargos de Prosecretarios de la Comisión Administrativa durante la presente Legislatura.

-TENGASE PRESENTE.

La Cámara de Representantes remite con destino a la Comisión de Presupuesto, la exposición escrita presentada por el señor Representante Nacional Nelson Bosch relacionada con la actuación de la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR).

-A LA COMISION DE PRESUPUESTO.

La Intendencia Municipal de Treinta y Tres acusa recibo de las palabras pronunciadas por la señora Senadora María Julia Pou relacionadas con la creación de una Cámara compensadora de cuentas estatales.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO A LA SEÑORA SENADORA MARIA JULIA POU.

La Junta Departamental de Canelones remite notas a las que adjunta las siguientes exposiciones:

del Edil Ruben Suárez con destino a la Comisión de Educación y Cultura relacionada con el "Club de Ciencias Dr. Rodolfo Tálice".

-A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

del Edil Federico Betancor con destino a la Comisión de Constitución y Legislación relacionada con el Cooperativismo.

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

del Edil Vicente Silvera con destino a la Comisión de Industria y Energía relacionada con la industria de Canelones.

-A LA COMISION DE INDUSTRIA Y ENERGIA.

La Junta Departamental de Flores acusa recibo de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Senador Jorge Larrañaga relacionadas con la creación de una ciudad universitaria.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR JORGE LARRAÑAGA.

El señor Senador Pablo Millor remite, con destino a la Comisión de Asuntos Internacionales, informe de lo actuado en la XIV reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Deuda Externa del Parlamento Latinoamericano, llevada a cabo en San Pablo del 16 al 19 de agosto de 2000.

-A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.»

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Larrañaga solicita licencia desde el día 11 al 22 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 4 de setiembre de 2000.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito del Cuerpo que usted preside, licencia por motivos personales desde el 11 al 22 del corriente.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente cordialmente,

Jorge W. Larrañaga. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

5) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"La doctora Ana Lía Piñeyrúa comunica que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

-Oportunamente se convocará al suplente respectivo, señor Ariel Pedreira.

6) PRESERVACION DE LAS FUENTES DE TRABAJO EN BELLA UNION

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- El día 19 de agosto pasado, en Bella Unión, luego de la convocatoria realizada por la intersectorial de aquella zona, se llevó a cabo una importante manifestación pública tendiente a la preservación de las fuentes de trabajo en la región. También tomamos conocimiento de un memorándum, conteniendo una descripción acerca de cuánto ha sido afectada dicha zona como consecuencia de los efectos internos de la economía y de los procesos económicos que ha incidido negativamente en los cultivos, fundamentalmente el de caña de azúcar. Nuestra intención es ilustrar al Senado sobre esta situación denunciada por las fuerzas vivas de esa zona del país.

En el ámbito productivo de la agroindustria azucarera, en 1993 ingresaban por zafra aproximadamente U$S 36:000.000 de los cuales U$S 12:000.000 se aportaban por concepto de tributos y servicios al Estado. Hoy día, por producción de caña de azúcar, se generan apenas U$S 4:000.000. Por su parte, de 9.000 hectáreas cultivadas en 1990, hoy se cultivan menos de 3.000, y había 450 productores de caña de azúcar en la zona, cuando hoy son apenas 150. En la misma época se generaban 300 puestos de trabajo estables en la industria y actualmente esa cifra anda en 146. La zafra de caña de azúcar ocupaba aproximadamente a 3.000 obreros rurales e industriales durante 189 días y hoy ocupa 2.000 obreros por 71 días.

En cuanto a la horticultura, también ha habido un efecto negativo. La producción en este rubro alcanzó en 1998 las 863 hectáreas; en 1999, 703 hectáreas, y en lo que va del presente año 461 hectáreas, con una lógica disminución de la producción y la ocupación de la mano de obra.

El invernáculo también generaba 800 puestos de trabajos directos, equivalentes a 240.000 jornales en el año por un valor de U$S 2:400.000. Durante los últimos 5 años la pérdida del valor bruto de producción por hectárea ha sido del 45% como consecuencia de la baja de los precios en dólares.

La cooperativa CALAGUA agrupa a 250 productores y esta agroindustria hortícola es una de las opciones de diversificación más importante que dispone Bella Unión, para pequeños y medianos productores, brindando servicio de riego y maquinaria a la mayoría de las hectáreas hortícolas y 900 hectáreas de caña de azúcar, sin las cuales sería inviable mantener el riego hortícola y este sistema.

En la vitivinicultura, VIBOBUSA (Viñedos y Bodegas Bella Unión Sociedad Anónima) y CALVINOR cuentan actualmente con 180 hectáreas de vid, cuya plantación está distribuida de la siguiente manera: 120 hectáreas centralizadas y 60 hectáreas cultivadas por productores independientes. La producción actual es de aproximadamente 1:500.000 litros de vino con un valor bruto por hectárea de producción de U$S 3:200.000, estimándose que en el año 2003 se llegará a producir la cantidad de 2:000.000, con un valor bruto de producción de U$S 4:200.000. La cantidad de personal que ocupa es de 111 puestos estables y 68 eventuales.

El sector comercial fue gravemente afectado también en la zona de Bella Unión, donde se clausuraron 90 empresas en 1999; en lo que va del año 2000, han visto la clausura más de 36 empresas. Todo ello ha tenido una grave repercusión en el transporte, en la educación primaria y secundaria, que tuvieron un descenso del 10% en la matrícula, y en la salud pública. A este respecto, la desocupación genera en el Centro Auxiliar de Bella Unión un constante aumento de demanda que desborda su capacidad. Hoy este Centro asiste a 12.000 usuarios, aproximadamente el 65% de la población.

Esta intersectorial de Bella Unión termina solicitando a los Poderes Públicos el mantenimiento de la protección a la agroindustria azucarera durante el período necesario para consolidar este proceso de adecuación a la integración regional, pidiendo un plazo mínimo de 10 años para que este proceso se consolide. Asimismo, aspiran a ampliar la producción de azúcar de caña hasta 30.000 toneladas, como generadora de fuentes de trabajo, sin perjuicio de otros reclamos que realiza esta intersectorial, que se tradujeron en esa manifestación pública impactante del tejido social de Bella Unión, oportunidad en la que estuvimos presentes.

Pensamos que esto va de la mano con la situación del mercado azucarero mundial, en el que esta producción ha crecido sostenidamente en los últimos 40 años, desde 52:000.000 de toneladas anuales, en 1960, a 126:000.000 de toneladas en 1998, apoyada en el crecimiento del área cosechada y la producción de la caña de azúcar.

Existe una estrecha correlación entre el crecimiento de la producción y el consumo de azúcar, aunque el mercado raramente se encuentra en equilibrio.

En el mercado azucarero regional, Brasil se ha convertido en el mayor productor y exportador mundial de azúcar, con una producción de 19:000.000 de toneladas -lo que representa más del 14% del total mundial- de las cuales 9:000.000 son destinadas a la exportación.

La producción argentina de caña de azúcar ha tenido una trayectoria ascendente en los últimos 30 años, alcanzando en las últimas zafras volúmenes excepcionales de producción, por encima de 1:800.000 de toneladas.

El mercado azucarero uruguayo está en el entorno de las 92.000 toneladas anuales y hasta que no se defina la adecuación del sector azucarero a la normativa del MERCOSUR, o sea, el Arancel Externo Común y el libre comercio intrazona, cada uno de los países puede aplicar su propio régimen comercial. Es así que Brasil aplica un arancel a las importaciones de azúcar del 2%; Argentina emplea un sistema que combina un arancel del 20% con impuestos de equiparación de precios y su gobierno acaba de dictar una resolución ampliando la protección del marco del azúcar hasta el 31 de diciembre del año 2005. Paraguay tiene un arancel del 30% y nuestro país, por su parte, combina un arancel del 20% con precios mínimos de importación. La política azucarera en el Uruguay, durante más de medio siglo, fue regulada por un conjunto sistemático de leyes y decretos orientados a propiciar el desarrollo de una industria nacional que garantizara el abastecimiento e impidiera el aumento de los precios. Dicha política incluyó restricciones al comercio exterior, fijación administrativa de precios, exoneraciones tributarias, obligaciones de compra y de venta, fondos de estabilización de precios y garantías de rentabilidad mínima para la producción y el comercio del azúcar. En el marco de una política de liberalización de los mercados y de transición del sector azucarero al proceso de integración regional, en 1992 el gobierno uruguayo instrumentó un mecanismo para la reconversión del sector, exonerando de gravámenes la importación de azúcar crudo para refinar, con la finalidad de financiar subprogramas de reconversión, con el beneficio fiscal resultante de la importación libre de azúcar y su venta en el mercado nacional protegido. Esto llevó a que el sistema de protección del sector azucarero fuera instrumentado a través de los precios mínimos de exportación, menos los precios de exportación, más la tasa global arancelaria del 19%, lo cual se deriva en la aplicación de este sistema de protección hasta el 31 de diciembre de este año.

Entendemos que el país debe aplicar reciprocidad y, obviamente, tenemos que levantar el discurso contra la protección que practican los grandes países, pero mientras tanto, debemos procurar proteger la industria nacional de la cual dependen vastos sectores de nuestra población, como en el caso reseñado de Bella Unión, pero también en Paysandú, con AZUCARLITO, donde trabajan más de 260 personas.

Por lo tanto, confiamos en que se puedan encontrar respuestas y mecanismos que hagan a la protección de esta agroindustria de la cual depende una zona importantísima de nuestro país como Bella Unión y Paysandú.

Confiamos en que los integrantes del Poder Ejecutivo puedan encontrar un mecanismo sustitutivo de los precios mínimos de exportación, cumpliendo, por supuesto, con la Organización Mundial del Comercio, pero también protegiendo la industria azucarera nacional, la producción y la generación de puestos de trabajo en nuestro país.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea elevada al señor Presidente de la República, a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Intendencia Municipal de Artigas, a la Junta Departamental de Artigas, a la Junta Local de Bella Unión y a la Intersectorial de Bella Unión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se procede como ha solicitado el señor Senador Larrañaga.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

Antes de continuar con la hora previa, la Mesa solicita a los señores Senadores que van a hacer uso de la palabra que se restrinjan al tiempo de que disponen, a los efectos de que todos puedan hacer sus exposiciones.

7) OBLIGACION DE ESTABLECER LA TASA EFECTIVA ANUAL QUE SE COBRA EN LAS TARJETAS DE CREDITO POR FINANCIAMIENTO. Comunicado del Banco Central.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: hemos recibido, seguramente como otros señores Legisladores, un comunicado de prensa del Banco Central donde se da cuenta de una actitud largamente esperada en cuanto a una ordenanza que dice que los estados de cuenta que proporcionan las empresas emisoras de tarjetas de crédito y demás administradoras de crédito, deberán establecer la tasa efectiva anual que se cobra por el financiamiento. Este comunicado continúa diciendo que la referida tasa efectiva anual siempre deberá ser calculada sobre el saldo impago del crédito. Más adelante expresa que la Superintendencia de Intermediación Financiera recabará información y realizará inspecciones para verificar los niveles de las tasas de interés que aplican dichas instituciones en sus operaciones a fin de que el Banco Central del Uruguay pueda dar amplia difusión al público sobre las mismas si así lo considera conveniente.

Nosotros, que nos hemos caracterizado por ser bastante ácidos, tenemos que felicitar a la Dirección del Banco Central y reconocer la importancia que tiene esta decisión, sobre todo de obligar a calcular los intereses sobre el saldo impago del crédito que, en términos contantes y sonantes, significan una diferencia apreciable en el costo de este crédito de las tarjetas.

Señor Presidente: en el mercado de la tarjeta que en los últimos diez años ha tenido un crecimiento exponencial, puede apreciarse que el valor de la mercadería en los estantes significa un comercio global de alrededor de U$S 3.000:000.000 anuales. No es, por lo tanto, un negocio chico; por el contrario, es un negocio colosal. Tanto es así que las empresas de tarjetas han evolucionado hacia la propiedad de cuatro bancos multinacionales, por lo menos las cuatro más importantes. Desde el punto de vista de los hechos existe un tácito oligopolio de carácter privado en uno de los negocios más suculentos de nuestra plaza. Para dar una idea, una sola de las empresas, la más grande, maneja alrededor de 600.000 tarjetas, y según relatan quienes las dirigen, el nivel del crédito no cobrable, es decir, los "clavos", no llega al 2%. Es decir, una tasa de "clavo" que apetecerían los mejores bancos privados. Sin embargo, si el nivel de mora alcanza el 30% nos da la idea de que los pobres pagan casi con religiosidad y pagan tasas que son abismales.

Alguna vez nos hemos preguntado por qué nuestro Banco de la República, nuestro glorioso Banco de la República, al que a pesar de todo siempre defenderemos, no ha incursionado en este negocio tan próspero para establecer una competencia en la cancha real. Entonces, en una economía que se quiere desregular utilicemos también los instrumentos que dan la presencia de un sólido banco del Estado. También nos hemos preguntado por qué no tiene una Cartera para ganar, ya que tiene que hacer frente a tantas aventuras del crédito productivo. Durante mucho tiempo se ha pedido algún nivel de regulación, algún nivel de control, porque en los países centrales las tarjetas de crédito no pueden hacer lo que hacen en América Latina, y esto es lo paradojal. Hay que tener en cuenta que por el mero hecho de la venta en cualquier comercio, utilizar la tarjeta supone descontar el 10% o el 8% como mínimo y hacer el pago efectivo a 45 ó 60 días. Sin embargo, los comerciantes no pueden rebajar a quienes vengan a comprar al contado; tienen que vender casi obligatoriamente al mismo precio que con tarjeta, porque de lo contrario, se exponen a que se les suspenda este instrumento de crédito. Esto determina en los hechos que en la sociedad uruguaya se termina pagando una especie de IVA subliminal de hecho que encarece, según mis cálculos, en U$S 400:000.000 o U$S 500:000.000 las compras naturales que hacen todos los uruguayos, ya sea con o sin tarjeta. Existen comercios como los bazares o ferreterías en los que el 80% u 82% de sus ventas se realizan por el mecanismo de las tarjetas y si resignaran su uso, prácticamente tendrían que cerrar sus puertas.

Esta es una realidad palmaria y nos felicitamos de que el Banco Central con su nueva administración, sólo con un anuncio de prensa, haya logrado que de la noche a la mañana se rebajara el 50% la tasa de interés de las tarjetas, lo que es el mayor efecto demostrativo del abuso que se estaba dando en nuestra sociedad.

Por esta razón, nos felicitamos y felicitamos a la Dirección del Banco Central por este nuevo comunicado.

Muchas gracias.

8) INQUIETUD DE CIUDADANOS REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE ENTRE PUNTA CHAPARRO Y BRAZO LARGO

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: en el día de hoy me voy a hacer eco del reclamo de un trabajo, de una acción que vienen desarrollando ciudadanos de nuestro país y de la República Argentina. Ellos vienen bregando desde hace mucho tiempo, en un esfuerzo de tenacidad digna de todo elogio, para encarar la construcción de un puente que una Punta Chaparro, en las cercanías de Nueva Palmira con Brazo Largo, en la proximidad de Zárate. O sea, una nueva unión física a través de los países para hacer posible la unión cada vez más estrecha entre ambos, compartiendo mercados y producciones hacia el futuro.

Este puente que ha sido impulsado y que ha nacido de la voluntad de ciudadanos de las regiones, inquietos por llevar adelante progreso y bienestar, de ninguna manera está pensado para competencia de los puentes ya existentes, ni tampoco de otros que puedan realizarse, tal como sucede con el puente Colonia-Buenos Aires que el Parlamento uruguayo ya ha autorizado y que seguramente, cuando el Parlamento argentino haga lo mismo, su construcción se llevará adelante. Sí hay una propuesta que podemos decir que hasta ahora no ha encontrado ninguna de las críticas, ni de las dificultades que se han observado en otras realizaciones de unidad entre ambos países y es ésta. En primer lugar, porque es un puente que se proyecta entre dos regiones muy importantes de ambas naciones, las que además necesitan del desarrollo realmente efectivo que les podría traer la realización de esta obra. Seguramente el puente Zárate-Brazo Largo con Punta Chaparro, propiciaría un desarrollo y conectaría las producciones y poblaciones de la región central argentina -que es una de las más importantes- con el litoral uruguayo que, por supuesto, se conectaría con el resto del país.

Por otra parte, debemos decir que esto no deja de viabilizar, en ninguna forma, el puente Colonia-Buenos Aires que atendería la zona de Buenos Aires y el sur argentino, es decir toda la región de la provincia de Buenos Aires en conexión con Uruguay y el resto del MERCOSUR. Quiere decir que no hay una oposición de intereses y al analizar estos temas tampoco es conveniente ni necesario, llevar a una oposición en ese sentido. Siempre recuerdo lo que sucedió en Uruguay cuando se discutía la construcción de las represas sobre los ríos, en virtud de que en alguna oportunidad me tocó vivir esto. Hace unos años había prácticamente una competencia ácida entre la represa de Salto Grande y la de Palmar, pero con el avance del tiempo se comprobó que quienes decían que había que realizar las dos obras tenían razón, el país necesitaba de ellas y había que construirlas inmediatamente en el momento en que se discutía. Es más, el no construir la represa de Palmar en aquel momento significó que después la nación uruguaya tuviera que pagar diez veces más el valor que hubiera tenido en el momento en que se creó la falsa oposición entre Salto Grande y ésta.

En este caso no hay que caer en esos errores en que anteriormente se ha incurrido. No hay falsa oposición. Aquí lo que hay que hacer es atender lo que las circunstancias geopolíticas y la realización económica de la obra permitan. Este puente que las ciudadanías de ambos países están llevando adelante, está proyectado y es realmente financiable porque tiene un costo bajo y se puede financiar con peaje si es que en algún momento se autorizara su construcción por concesión de obra pública. En definitiva, se trata de una obra con una infraestructura que no afecta el medio ambiente y menos el Río Uruguay.

Por otra parte, tal como está proyectado en sus líneas generales este puente va a tener un gálibo de 40 metros de altura, o sea mayor que la de los gálibos laterales que se proyectan para el puente Colonia-Buenos Aires, cuyas alturas se estiman en 32 metros cada uno, incluso, la altura de este gálibo está prevista para barcos que van a ir hacia Fray Bentos y Paysandú y no barcos de ultramar como pueden ser los que lleguen a Nueva Palmira.

En definitiva, podemos decir que se trata de un puente sobre el que no aparece ninguna circunstancia crítica que amerite oponerse al mismo. Ya se han presentado proyectos y circunstancias generadoras que indicarían que los gobiernos de ambos países podrían llevar adelante -sin ninguna duda al respecto- la creación de una Comisión mixta que concrete la posibilidad de realización de esta obra y, eventualmente, la de un tratado internacional, tal como se ha hecho en otras oportunidades -y como debe hacerse- para facilitar, si es viable y factible, esta construcción.

Por supuesto que de las explicaciones que he recogido -no puedo referirme con certeza a esto-; pero si de las informaciones que tengo en mi poder, surge que es absolutamente lógico y realizable la construcción de este puente. El mismo va a traer un gran desarrollo y perspectivas a estas zonas en el aspecto turístico, de producción y de interconexión de los países en el ámbito del MERCOSUR. Por otro lado, no alarga las distancias, especialmente teniendo en cuenta conexión con Brasil que sería casi la misma que por el puente Colonia-Buenos Aires. Tampoco sería mayor la diferencia que habría en distancia con Montevideo, ya que sólo se alargaría en 200 kilómetros, pero en un entorno mucho más económico que abarataría en definitiva los costos de peaje.

Aún resta una etapa, señor Presidente, la de que los gobiernos y las autoridades recojan el sentir de la gente y el trabajo ya realizado que muestra las perspectivas de realización de este proyecto. En consecuencia, lo que solicito es algo que ya ha sido pedido en la Cámara de Representantes en el año 1998, en el sentido de que el gobierno atienda los reclamos y vaya acortando etapas para ver si es factible esta iniciativa que se ha presentado como proyecto y que aparentemente surge dentro de una circunstancia favorable. Concretamente se trataría de la creación de una Comisión que analice esta temática y, eventualmente, una vez estudiados los resultados -esto se puede hacer muy rápidamente y en forma barata porque los estudios ya están adelantados- se lleve los acuerdos internacionales con la República Argentina que permitan la realización de esta obra que es buena y realizable.

Señor Presidente: en primer lugar agradezco su generosidad que me ha permitido extenderme un poco más. En segundo término, solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de la Presidencia de la República y a la Comisión Pro Desarrollo del Sudoeste Uruguayo, con sede en la calle General Artigas Nº 1264 de Nueva Palmira, que está realizando una tarea muy interesante. En definitiva, exhortamos a que se lleven adelante todos los esfuerzos necesarios por parte de la Administración Central para darle, por lo menos, una respuesta concreta a esta aspiración de la población de ambos países y, concretamente, en el caso nuestro, a estas zonas de Colonia y Soriano.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar lo solicitado por el señor Senador Garat.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

9) DISPUTA COMERCIAL ENTRE ARGENTINA Y BRASIL

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en esta semana, los productos modificados genéticamente han estado en el centro de una disputa comercial entre Brasil y Argentina. En Brasil se han detenido cargamentos de maíz argentino, por la presunción de que incluyeran partidas alteradas genéticamente. Por su parte, el Tribunal Federal de Brasilia mantuvo, por unanimidad, la prohibición de producir y comercializar soja transgénica, ante una acción cautelar promovida por el Instituto de Defensa del Consumidor y por Green Peace.

En Argentina, el Parlamento se encuentra discutiendo un proyecto de ley destinado a reglamentar el etiquetado de alimentos que constituyan o incluyan organismos genéticamente modificados o sus derivados.

Todos sabemos que la Unión Europea ha elevado barreras para el cultivo e ingreso de estos productos en su mercado. Este y otros ejemplos demuestran la importancia que este tema tiene, tanto para el desarrollo agropecuario y el comercio internacional, como para la calidad de vida y el medio ambiente.

Como se sabe, los transgénicos constituyen variedades vegetales modificadas por la ingeniería genética a las que se les ha introducido material genético proveniente de otras especies. Estas técnicas son muy diferentes de las clásicas empleadas en el mejoramiento tradicional de los cultivos.

La generación de cultivos transgénicos más difundida en el Río de la Plata está asociada a resistencias a herbicidas químicos, vendidos por las mismas empresas que ofrecen las semillas. En general, no implican mejoras nutricionales en los granos, aunque sí incrementos, en algunos casos muy notables, en la productividad aunque con pérdida de diversidad, y son un aliciente, en algunos casos, para comprar más agroquímicos.

Uruguay ha participado en las negociaciones tendientes a la aprobación de un Protocolo internacional que regule el comercio de los organismos vivos modificados genéticamente y sus derivados, conocido como Protocolo de Cartagena.

En el seguimiento de estos temas, en la anterior Legislatura, elevé distintos pedidos de informes a otros tantos Ministerios, para conocer cómo habían evaluado estos cultivos y sus productos, cómo habían analizado sus impactos comerciales, ambientales y sanitarios y cuáles habían sido sus procesos de consulta. En los últimos meses he recibido la respuesta a tales pedidos, y en ella existen una serie de elementos preocupantes sobre los cuales deseo llamar la atención.

En primer lugar, sorprende la débil coordinación entre los Ministerios.

En segundo término, en su respuesta, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca nos informa que en la preparación de la posición ministerial no ha consultado a las gremiales agropecuarias. Argumenta que los técnicos y funcionarios de esa Secretaría de Estado han llegado a la conclusión "que desde el punto de vista de la bioseguridad, los organismos genéticamente modificados pueden evaluarse de forma tal que Uruguay puede hacer uso seguro de la biotecnología". Asimismo, indican que son nueve los técnicos que en este momento integran la Comisión de Análisis de Riesgo. Nos resulta sorprendente que un número pequeño de personas adopten decisiones que afectan a vastos sectores del desarrollo agropecuario nacional y no consulten a las gremiales directamente involucradas en el tema.

Uruguay promociona su carne como un producto natural, y ello se basa en las pasturas del país, en la ausencia del uso de hormonas, etcétera. La aceptación de raciones animales que contengan derivados de productos transgénicos afectaría esta imagen. Una decisión como ésta podría traer enormes consecuencias para nuestra ganadería.

Por este tipo de razones, resulta fundamental la participación de las gremiales rurales en la discusión de las distintas posiciones.

Tampoco han sido consultadas por dicho Ministerio las organizaciones de consumidores ni los ambientalistas, con el argumento de que ello excede el ámbito de esa Cartera.

En tercer lugar, resulta llamativo que el Ministerio de Salud Pública no conozca la posición asumida por el Gobierno, no haya participado en su definición y no controle la comercialización de alimentos transgénicos en el Uruguay. No se comprende, tampoco, con base en qué fundamento Uruguay asumió, en las negociaciones del Protocolo de Cartagena, una posición afín a la de los países integrantes del denominado Grupo de Miami, impulsores de una concepción ultraliberal, tanto en materia de autorizaciones de cultivos, como en relación al etiquetado y comercio exterior de los mismos.

A juzgar por los informes que he recibido, no parecen existir estudios de los posibles impactos económicos derivados de la introducción de estos cultivos en el Uruguay, con la actual tendencia al cierre de muchos mercados importadores. Aparentemente, nos hemos enfrentado a una negociación sin evaluar, con mayor rigor, qué beneficios o perjuicios económicos podrían traer las distintas decisiones para el agro y para el país. Este tipo de estrategia debe tener un cambio drástico. Recientemente, el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Gonzalo González, expresó su apuesta a favorecer la calidad de nuestros productos agropecuarios. Precisamente, una de las ventajas comparativas de Uruguay consiste en ofrecer productos de calidad natural.

Espero, que la posición del señor Ministro permita generar un debate amplio entre todos los sectores involucrados en el tema. La política nacional sobre cultivos modificados genéticamente debería estar regida por el principio precautorio incorporado en el proyecto de ley del ambiente, actualmente en discusión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Por este motivo, debería establecerse una mesa de discusión y coordinación, con la participación de los Ministerios vinculados, entre ellos, el de Ganadería, Agricultura y Pesca, el de Relaciones Exteriores, el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el de Salud Pública y el de Economía y Finanzas, donde participen además, representantes de las gremiales rurales, de las Organizaciones No Gubernamentales de consumidores y ambientalistas. Por otra parte, las posiciones que de allí surjan deben ser consultadas con el Parlamento, ya que nuestro país suscribe Protocolos internacionales en la materia.

También se necesitan mayores estudios económicos. La Comisión de Riesgo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca debería ser ampliada, integrando a representantes de los sectores sociales mencionados, e implementando e instalándose un sistema de acceso público a la información y de audiencia pública.

Finalmente, deseo expresar que la introducción de cultivos transgénicos debe estar regida por una evaluación de impacto ambiental específica. No es suficiente el análisis de riesgo en los planos económico y agronómico, sino que es indispensable considerar los aspectos ecológicos.

Pido que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Relaciones Exteriores, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Industria, Energía y Minería, de Economía y Finanzas y de Salud Pública, así como a la Asociación Rural del Uruguay, a la Federación Rural del Uruguay, a las Cooperativas Agrarias Federadas, a la Comisión Nacional de Fomento Rural, a la Asociación de Cultivadores de Arroz, a la Cámara de la Industria de los Alimentos, al Centro de Estudios y Análisis del Uruguay, al Instituto del Tercer Mundo, a Redes de Amigos de la Tierra y a la Red Uruguaya de Organizaciones Ambientalistas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar lo solicitado por el señor Senador Rubio.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

10) MISIONES DE PAZ DE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora Pou.

SEÑORA POU.- Señor Presidente: de acuerdo con lo que usted nos ha pedido, voy a tratar de optimizar el tiempo, pero ocurre que hay dos temas que nos ocupan y preocupan.

Como el Senado recordará, en una intervención anterior, hicimos un planteo relativo a las misiones de paz de las Fuerzas Armadas de nuestro país. En una reciente visita a las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, concurrimos al Centro de Comando de las Fuerzas de Paz desplegadas por todo el mundo pero, fundamentalmente, en Africa, en el Líbano, en Sierra Leona y en el Congo.

Desde 1947, en Cachemira, nuestro país ha participado en estas misiones. En esta visita pudimos calibrar las oportunidades que en esta materia se presentan para el Uruguay. Se ha solicitado nuestra presencia en la Misión UNIFIL, entre Israel y el Líbano y, fundamentalmente, en el Congo. Estas misiones tienen ventajas realmente importantes.

Así como en un principio estas misiones tenían como cometido el construir y llevar adelante el proceso de paz, actualmente existe un nuevo tipo de cooperación. No sólo se requiere allí la presencia de efectivos, sino que ahora se trata de preservar y mantener la paz. Esta tarea incluye otro tipo de misiones, como por ejemplo -y de esto hemos conversado- la instalación de hospitales de campaña. Estamos hablando, pues, de otro tipo de profesionales de nuestro país que podrían estar prestando servicios en ese lugar.

Por tales razones, no quería dejar pasar por alto esta oportunidad, a la vuelta de mi visita, sin resaltar la importancia de estas misiones desde el punto de vista político internacional. No hay una misión más noble para un soldado que desplegar sus conocimientos y construir la paz y, desde el punto de vista del personal superior y subalterno, poder desarrollar con un sentido profesional su tarea, percibiendo además importantes ventajas económicas. En este caso no hablamos solamente de oficiales y personal subalterno del Ejército, sino también de la Policía.

Por lo expuesto, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior para que no se pierda esta oportunidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) SEÑORA AMALIA DE LA VEGA. Homenaje a su memoria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para ocuparse de otro tema, puede continuar la señora Senadora Pou.

SEÑORA POU.- En otro orden de cosas, queremos referirnos brevemente a que el 25 de Agosto, día máximo de nuestra identidad nacional, trascendió la vida de María Celia Martínez Fernández, conocida entre sus íntimos como Perla y, por el público en general, con el prestigioso nombre de Amalia de la Vega.

Como mujer, como nacionalista, como representante de un pueblo al que entregó el maravilloso caudal de su voz para elevarlo en la región al más alto sitial de la música folklórica, quiero tributarle un homenaje que tenga sabor a lo mejor de nuestra esencialidad.

Amalia de la Vega nació un 19 de enero en Melo, tierra de luz que florece en azahares y en naranjos. Comenzó sus actuaciones como cantante folklórica en 1942, haciéndose conocer por las ondas de Radio El Espectador y las de Radio Carve y, desde ellas, a varios países de América. Quizás su natural modestia y timidez le impidieron asumir contratos en Europa, pero sí supo actuar en distintos escenarios de Uruguay y de América, entre los que mencionamos el Teatro Solís, en Montevideo, y el Luna Park, en Buenos Aires.

Era frecuente escuchar la melodía de su canto en las fiestas de la tradición de la Criolla Elías Regules. Grabó varias placas, entre cuyos títulos mencionamos los microsurcos "Amalia la nuestra", "Mientras fui dichosa" y "Manos ásperas", los tres con la orquesta del maestro García Vigil y, al piano, el maestro Walter Alfaro. "El lazo", con guitarras de Mario Núñez, Olivera, Gualberto Freire y Antonio Bertrán.

En 1980 edita "Juana de América", también acompañada por los maestros García Vigil y Alfaro, sobre texto de Juana de Ibarbourou y de Silvia Fuentes de Oyenard. Otras grabaciones fueron "Poetas nativistas orientales", donde recrea poemas de Bartolomé Hidalgo, Orosmán Moratorio, Elías Regules, Tabaré Regules, Serafín J. García y Yamandú Rodríguez; y "Colonia del Sacramento", que es una logradísima entrega con un acompañamiento estupendo de guitarras.

Fue socia de honor de numerosas instituciones, homenajeada en vida por muchas de ellas; últimamente, lo había hecho AGADU en el Teatro del Círculo. En abril de este año, la producción de "Entre mates y guitarras", en la Sala Mateo Brunet, con el auspicio del Ministerio de Educación y Cultura, aplaudió de pie durante varios minutos, con una sala desbordante de público, a la máxima voz de la canción folklórica de nuestra patria.

No por azar he pedido el uso de la palabra ni me llama al homenaje una circunstancia de última hora, pues el Partido Nacional mantiene una larga trayectoria de compromiso con los auténticos valores de la patria. Así fue que, durante una gestión, el Senador Lacalle inició los trámites para que se le otorgara una pensión graciable, que recibiría años después, y que en justicia -creo yo- le correspondía, aunque no fuera a veces militante de nuestras filas partidarias. En ese momento se valoraron, como hoy lo estamos haciendo, la actitud pionera de Amalia de la Vega, que mantuvo en alto el espíritu de nuestra nacionalidad, con la selección de sus temas, y dictó cátedra, sin proponérselo, para hacer amar lo nuestro desde las más pequeñas cosas cotidianas, como el mate amargo, que han forjado nuestra identidad.

Para hacer apreciaciones sobre su registro vocal, recurriría a expresiones que el crítico Lincoln Maiztegui firmara el 12 de setiembre de 1999 en "El Observador". Dice Maiztegui: "Lo tenía todo: una ancha y cálida voz de mezzo soprano, una musicalidad exquisita, una expresividad discreta y efectiva y un dominio asombroso de los recursos vocales. El ahumado cristal que anidaba en su privilegiada garganta sonaba como una copa de "glass" armónica, como el golpe del badajo sobre una campana de plata, como el rumor de un manantial fluyente dentro de una gruta fresca. Era un claroscuro argentino y asombrosamente eufónico, un sonido nobilísimo, equilibrado, con la perfección de un triángulo de oro. Nadie ha sido capaz de cantar así por estas latitudes en ningún género y una larguísima afición a la voz humana autoriza a este cronista a opinar -discutiblemente, por supuesto- que muy pocas cantantes en el mundo han alcanzado ese nivel de perfección". Y esta mujer que cantó con igual perfección gatos, cifras, milongas, vidalitas, se llamó Amalia de la Vega y es parte de nuestra mejor historia.

"En su voz" -reafirma Maiztegui- "única, incomparable, y en su arte, de asombrosa perfección, anidaba toda la frescura y la fragancia de los amaneceres camperos, el encanto de las noches de guitarras en torno al fuego, la clara poesía de la penillanura verde y soleada. En cada interpretación de Amalia de la Vega se colaba, por una misteriosa rendija del corazón, una visión del paisaje rural de la patria, hecho de campo, cielo y fronda". En ese paisaje la ubicamos, entonces, con su sonrisa, su sencillez, sus valores éticos y la magia de su voz. A su figura apelamos quienes nos sentimos deudores de su entrega, que hoy recibimos como legado y nos comprometemos a
preservar.

Solicitamos, pues, que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura y a AGADU.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) PREMIO INTERNACIONAL OTORGADO A MARIO BENEDETTI

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: el 1º de setiembre de 2000, en la Página Cultural del semanario "Brecha", aparece el título "Otro premio internacional para Mario Benedetti, y van...", dejándose en suspenso el número de premios recibidos por este escritor uruguayo. Se señala que en el transcurso del Festival del Son Latino, en Tenerife, fue premiado por su larga trayectoria como intelectual, como defensor de la identidad latinoamericana, como escritor.

En el ámbito de la ciudad de Tenerife, donde estaba presente nada menos que un Premio Nobel de Literatura, como lo es José Saramago, fue que el Comité de Honor entregó el galardón a nuestro escritor, Mario Benedetti.

Es interesante señalar que en sus palabras, José Saramago -que presidía dicho Comité de Honor- señalaba, justificando el reconocimiento y saludo a Mario Benedetti, expresiones que compartimos porque llegan a darnos identidad de lo que sentimos cuando leemos las obras de este escritor: "Todos sentimos que algo dentro de nosotros se nos ensancha cada vez que leemos una página suya, un poema, un cuento, la lección moral que nos alumbra". Más adelante, expresaba: "Ahora, en esta fiesta de intercambio y de mestizaje, conviene recordar el porqué de tanta amistad, de tanta gratitud. La patria que Benedetti nos ha ido ofreciendo se ha convertido en nuestra propia patria y todos juntos nos festejamos al descubrirnos a nosotros mismos en la escritura y en el ejemplo de nuestro definitivo amigo".

Este premio se agrega al que recibió Benedetti y que fuera mencionado en la anterior Legislatura por un señor Senador en este mismo ámbito, cuando fue designado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Alicante en 1997.

Allí fue homenajeado, y de la fundamentación que realizó al respecto el catedrático José Carlos Rovira, quien hizo una pequeña semblanza, así como algunos comentarios sobre lo que significa Benedetti en el mundo de las letras. Señaló su origen en aquel lejano Tacuarembó del año 20, sus casi 80 años y su gran versatilidad como escritor, recordando que era poeta, novelista, autor teatral y ensayista. Personalmente, agregaría que también fue actor en una película cinematográfica poco conocida. Asimismo, a esta altura ha publicado más de setenta libros, comenzando su creación literaria en 1948, con una novela que es "Peripecia y Novela".

Luego de este comienzo novelístico podemos detectar en él una clara predilección por la poesía. Tuvo la gran virtud de hacernos sentir identificados con esa poesía, muy reconocidos como uruguayos, al haber detectado nuestra identidad, nuestros sentimientos y nuestra creatividad en lo que tiene que ver con el ser nacional.

Compartimos lo que dijo de él este crítico, quien expresó que Benedetti es un autor que "definió su poética con el intento de aludir al lector y no de eludirlo". Creo que es magistral ese resumen que hizo Rovira, porque cuando uno lee la poesía o la novelística de Benedetti, está leyendo una parte de su historia. Esto es así, porque Benedetti nos conoció mucho a los uruguayos, especialmente a los montevideanos. Recordemos aquellos "Poemas de la Oficina", que eran una crítica a la oficina clásica, tradicional, pesada, burocrática, de aquel Montevideo ya lejano en el que se han ido procesando diversas transformaciones. También recordemos su obra "La Tregua" verdadera simbiosis del amor del veterano ante el descubrimiento de un amor juvenil. Es el recuerdo también de un Montevideo lejano, cuando dice: "Montevideo era verde en mi infancia, absolutamente verde y con tranvías". Es la búsqueda permanente de la identidad que Benedetti hacía con lo uruguayo. Escribió célebres y muy conmovedoras poesías, por ejemplo, "Corazón Coraza" que encontramos en "La Tregua", que todos hicimos esfuerzo por memorizar.

Benedetti también fue un crítico de la realidad política. Es un poeta que no es intrascendente como tal, o solamente valorable por su calidad de escritor, ya que se identificó con la realidad latinoamericana y especialmente con la uruguaya. Ha sido un crítico muy severo de los procesos dictatoriales latinoamericanos, así como de la política de globalización que señala, incluso, como una de las oposiciones más críticas a esa utopía que él considera aún vigente. Incluso, llega a decir que considera estas utopías como el motor que debe impulsar al hombre y opina que aunque se hable mucho del fin de las mismas, lo que se ha frustrado es una versión de ellas, del socialismo; pero no de todo el socialismo.

Esta es la visión que Benedetti siempre nos dio; la visión de la construcción de una nueva realidad, de un nuevo mundo con más justicia y con mayor igualdad entre los habitantes de este continente.

Benedetti, bueno es decirlo, es un cultor que realizó su obra como un ejercicio de criterio de evaluación, de jerarquización de lo que debe ser el compromiso del intelectual con su medio y con su realidad.

Asimismo, es muy crítico de los intelectuales embriagados de pesimismo, porque siempre nos quiso trasmitir una imagen optimista de lo que debe ser la labor intelectual.

A continuación quisiera leer, porque veo que se ha encendido la luz que indica que se me ha acabado el tiempo, un fragmento de la poesía llamada "No te salves", porque contiene mucho de lo que hemos tratado de trasmitir, torpemente, sobre lo que es su creación y que está impregnada de una necesidad de búsqueda y lucha permanente. La misma dice así: "Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgano y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo sólo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces, no te quedes conmigo."

Señor Presidente: mociono para que la versión taquigráfica de mis palabras pase a sus familiares, al Semanario "Brecha" y a SUA, Sociedad Uruguaya de Autores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) AUTORIZACION PARA LA SALIDA DE EFECTIVOS DEL BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO N° 12
FUNCIONARIOS PUBLICOS REDISTRIBUIDOS. Alteración del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado entra al orden del día.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- A la Comisión de Defensa Nacional llegó un pedido de autorización para que efectivos militares concurran a la ciudad de Chuy a la celebración del Día de la Independencia del vecino país, el 7 de setiembre próximo. Dada la premura del caso, ya que todavía lo tiene que aprobar la Cámara de Representantes, pido que este asunto se declare urgente y se considere de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera que una vez terminado el tema planteado por el señor Senador Garat se modifique el orden del día, respecto del punto que figura en 12 lugar, y que tiene que ver con las remuneraciones de los funcionarios públicos redistribuidos. Se trata de la Carpeta 249/2000. Hago esta solicitud, porque puede haber algún funcionario que, en caso de que no se apruebe este proyecto de ley, no cobrarían sus haberes o parte de ellos. El propio Poder Ejecutivo nos hizo saber que si no se aprueba este proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes, como consecuencia de una interpretación legal, no se podría pagar dichos haberes.

Pienso que podríamos tratar este tema a continuación del presentado por el señor Senador Garat y es por eso que mociono para que se vote su urgencia y consideración inmediata.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Michelini, en cuanto a que se altere el orden del día y se considere el asunto que figura en 12 lugar, luego del que propuso el señor Senador Garat.

(Se vota)

-24 en 26. Afirmativa.

14) AUTORIZACION PARA LA SALIDA DE EFECTIVOS DEL BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO N° 12

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia se acaba de votar: "Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del territorio de la República de efectivos militares. (Carp. Nº 259/00)"

(Antecedentes:)

«Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio del Interior
Ministerio de
Relaciones Exteriores

Montevideo, 30 de agosto de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General

Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, de acuerdo a lo preceptuado por el numeral 12) del artículo 85 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se autoriza la salida de efectivos del Ejército Nacional fuera de la República, a efectos de participar en los actos de conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil a llevarse a cabo el día 7 de setiembre próximo en la ciudad de Chuí.

La delegación de nuestro país estará conformada por efectivos militares pertenecientes al Batallón de Infantería Mecanizado N° 12 (con asiento en la ciudad de Rocha) integrado por Banderas y Escolta (tres señores Oficiales y cuatro personal subalterno), una Compañía a dos Secciones (tres señores Oficiales y cuarenta y dos personal subalterno), Banda de Músicos (un señor Oficial y veintitrés personal subalterno) y cinco vehículos TBP (un señor Oficial y diez personal subalterno).

La salida del territorio nacional no implicará costos para el Estado, regresando los efectivos en el día.

Es de destacar que los integrantes de la Compañía de Desfiles y la Escolta portarán su armamento individual.

La participación de nuestro Ejército ha sido programada por la Prefeitura Municipal do Chuí, en base a la relación permanente que mantienen las Unidades de frontera con sus pares vecinas.

Motiva la presente autorización la necesidad de continuar estrechando los lazos de amistad existentes en el ámbito regional.

Conforme a lo precedentemente expuesto, se solicita a ese Cuerpo la consideración del adjunto Proyecto de Ley cuya aprobación se encarece.

Saluda al señor presidente con la mayor consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Guillermo Stirling, Luis Brezzo, Sergio Abreu.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase la salida del territorio de la República el día 7 de setiembre de 2000, con destino a la ciudad de Chuí (República Federativa del Brasil), de efectivos militares pertenecientes al Batallón de Infantería Mecanizado N° 12 del Ejército Nacional, consistentes en Banderas y Escolta (tres señores Oficiales y cuatro personal subalterno), una Compañía a dos Secciones (tres señores Oficiales y cuarenta y dos personal subalterno), Banda de Músicos (un señor Oficial y veintitrés personal subalterno) y cinco vehículos TBP (un señor Oficial y diez personal subalterno), quienes regresarán en el día mencionado.

Se autoriza a los integrantes de la Compañía de Desfiles y la Escolta a portar su armamento individual.

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.

Luis Brezzo, Sergio Abreu, Guillermo Stirling.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: el proyecto trata sobre la autorización para que efectivos militares de nuestro país puedan concurrir a la ciudad del Chuí. Dicho grupo estará conformado por efectivos militares pertenecientes al Batallón de Infantería Mecanizado Nº 12 con asiento en la ciudad de Rocha, integrado por Banderas y Escolta -tres señores Oficiales y cuatro personal subalterno- una Compañía, dos Secciones -tres señores Oficiales y cuarenta y dos personal subalterno- Banda de Músicos -un señor Oficial y veintitrés personal subalterno- y cinco vehículos TBP -un señor Oficial y diez personal subalterno- quienes regresarán en el día. Esto no implicará costos para el Estado. Es de hacer notar que se concurrirá a los festejos y se regresará en el día.

En consecuencia, pedimos que el Cuerpo apruebe esta autorización.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Autorízase la salida del territorio de la República el día 7 de setiembre de 2000, con destino a la ciudad de Chuí (República Federativa del Brasil), de efectivos militares pertenecientes al Batallón de Infantería Mecanizado Nº 12 del Ejército Nacional, consistentes en Banderas y Escolta (tres señores Oficiales y cuatro personal subalterno), una Compañía a dos Secciones (tres señores Oficiales y cuarenta y dos personal subalterno), Banda de Músicos (un señor Oficial y veintitrés personal subalterno) y cinco vehículos TBP (un señor Oficial y diez personal subalterno), quienes regresarán en el día mencionado.

Se autoriza a los integrantes de la Compañía de Desfiles y la Escolta a portar su armamento individual."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Gargano)

15) ARQUITECTO ANTONIO CRAVOTTO. Homenaje a su memoria.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: quisiera proponer que en la sesión del martes próximo se incluya un homenaje al arquitecto Antonio Cravotto, fallecido el martes 29. Don Antonio Cravotto fue un arquitecto, académico y docente de nuestra Facultad de Arquitectura e hizo grandes aportes a la arquitectura nacional. Asimismo, colaboró con el grupo de estudios urbanos y en el inventario de la Ciudad Vieja. Creemos que ha sido uno de esos intelectuales de la arquitectura que ha hecho importantes aportes a la visión sobre la arquitectura nacional.

Por lo tanto, propongo que el Cuerpo reconozca su labor a través de un homenaje con motivo de su fallecimiento.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) FUNCIONARIOS PUBLICOS REDISTRIBUIDOS

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Se pasa a considerar el punto que figura en décimosegundo lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se adecuan las remuneraciones de los funcionarios públicos redistribuidos, incluidos en la Resolución del Poder Ejecutivo de 25 de marzo de 1999 (Carp. Nº 249/2000 - Rep. Nº 105/2000)."

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 249/00
Rep. Nº 105/00

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Los funcionarios incluidos en la Resolución del Poder Ejecutivo de 25 de marzo de 1999, que fueron redistribuidos a distintos Ministerios, mantendrán la totalidad de retribuciones percibidas en su oficina de origen para todo concepto y fuente de financiamiento, con anterioridad a la transformación en persona jurídica de Derecho Público no Estatal.

Art. 2º. - La diferencia entre la retribución percibida en su oficina de origen y la establecida en la adecuación presupuestal practicada de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 25 de marzo de 1999 por todo concepto y fuente de financiamiento, se asignará como compensación personal al funcionario.

Se financiará con los créditos derivados de la implantación de lo dispuesto en los artículos 709 y siguientes de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y, en todos los casos, se incrementará con los aumentos que se fijen para el sueldo básico.

La compensación personal referida en el inciso primero del presente artículo se irá absorbiendo en ocasión de cambios en la tabla de sueldos o en los futuros ascensos y se eliminará al vacar, reintegrándose el crédito a Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de agosto de 2000.

Washington Abdala Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario.»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- En discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Batlle, quien informará sobre el tema.

SEÑOR BATLLE.- Señor Presidente: la Cámara de Senadores tiene a consideración en el día de hoy el proyecto de ley por el cual se regularizan las situaciones presupuestarias de 59 funcionarios redistribuidos provenientes de la ex Dirección Nacional de Comercio y que fueron incluidos en la Resolución del Poder Ejecutivo del 25 de marzo de 1999. Dicha Resolución tiene como base la Ley Nº 17.058 de 18 de diciembre de 1998, que establece que los funcionarios pertenecientes a las dependencias o servicios que fueron transformados en personas públicas no estatales que no hayan sido absorbidos por otras dependencias públicas, continuarán, mientras tanto, desempeñando sus funciones para los Ministerios correspondientes, manteniendo la totalidad de los derechos y las remuneraciones que percibían con anterioridad a la transformación.

Este proyecto de ley consta únicamente de dos artículos. El primero de ellos precisa de qué funcionarios se trata, indicando además que los mismos mantendrán la totalidad de las retribuciones que en su oficina de origen recibían por todo concepto y fuente de financiamiento.

El artículo 2º del proyecto de ley a consideración establece el mecanismo de la adecuación presupuestal y la forma de financiamiento.

Por último, señor Presidente, destaco que el proyecto de ley que procede de la Comisión de Presupuesto fue aprobado por seis votos en seis señores Senadores.

Es todo cuanto tengo que informar.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º.- Los funcionarios incluidos en la Resolución del Poder Ejecutivo de 25 de marzo de 1999, que fueron redistribuidos a distintos Ministerios, mantendrán la totalidad de retribuciones percibidas en su oficina de origen por todo concepto y fuente de financiamiento, con anterioridad a la transformación en persona jurídica de Derecho Público no Estatal."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º.- La diferencia entre la retribución percibida en su oficina de origen y la establecida en la adecuación presupuestal practicada de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 25 de marzo de 1999 por todo concepto y fuente de financiamiento, se asignará como compensación personal al funcionario.

Se financiará con los créditos derivados de la implantación de lo dispuesto en los artículos 709 y siguientes de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y, en todos los casos, se incrementará con los aumentos que se fijen para el sueldo básico.

La compensación personal referida en el inciso primero del presente artículo se irá absorbiendo en ocasión de cambios en la tabla de sueldos o en los futuros ascensos y se eliminará al vacar, reintegrándose el crédito a Rentas Generales."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

17) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: "Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución de la República)."

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: mociono para que se postergue este punto para la próxima sesión ordinaria y que figure como primer punto del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Por lo tanto, queda postergado este punto para la próxima sesión.

18) ACUERDO DE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN ASUNTOS PENALES CON LA REPUBLICA DEL ECUADOR

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y la República del Ecuador (Carp. Nº 1281/98 - Rep. Nº 86/2000)."

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 1281/98
Rep. Nº 86/00

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 15 de junio de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 26 de mayo de 1998 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria del Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República y la República del Ecuador, suscrito en Montevideo el 27 de agosto de 1997.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Hierro López VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA, Didier Opertti, Guillermo Stirling, Antonio Mercader.

Montevideo, 15 de junio de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República y la República del Ecuador, suscrito en Montevideo el 27 de agosto de 1997.

Didier Opertti, Guillermo Stirling, Antonio Mercader.

Montevideo, 26 de mayo de 1998.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 y el artículo 85 numeral 7 de la Constitución Nacional, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República y la República del Ecuador, suscrito en Montevideo, el 27 de agosto de 1997.

El presente Acuerdo, firmado en ocasión de la visita del señor Presidente del Ecuador, don Fabián Alarcón a la República, reconoce en su preámbulo la amenaza que representan para la humanidad las actividades criminales, cuyas pruebas u otros elementos a ellas vinculados pueden encontrarse, en ocasiones, en diversos Estados. A partir de estos hechos, y sobre la base de los principios de soberanía nacional e igualdad de derechos y beneficios mutuos, según lo establece el preámbulo, se hace manifiesta la intención de promover una cooperación eficaz a través del referido Acuerdo.

El ámbito del Acuerdo será la asistencia mutua en relación a asuntos penales y a la investigación y enjuiciamiento de delitos.

Siguiendo la doctrina más moderna en la materia, no se exige para la prestación de asistencia solicitada el requisito de la doble incriminación, esto es, que la conducta que genera el trámite sea considerada delito también en el Estado requerido.

Los principios de oficialidad y territorialidad del ordenamiento jurídico nacional están salvaguardados en el artículo 1º, numeral 3, el cual excluye la posibilidad de que autoridades o particulares del Estado requirente lleven a cabo actividades reservadas a las autoridades del Estado requerido.

Asimismo, el artículo 3º determina la instrumentación del Acuerdo a través de las Autoridades Centrales, las cuales serán el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador.

En lo referente a la asistencia, el artículo 5º establece los límites de la misma, es decir, los motivos por los cuales el Estado requerido puede negarse a otorgar la misma; mientras que el artículo 6º establece la forma y el contenido de la solicitud de asistencia.

En el Capítulo III, el Acuerdo refiere a la forma de la asistencia prevista, de las cuales cabe destacar el artículo 16, referente al caso de la necesidad de recabar el testimonio de una persona que se encuentre en el Estado requerido y el artículo 18, el cual estipula el caso de una persona enjuiciada penalmente en el Estado requerido, de la cual se requiera su testimonio o informe en el Estado requirente.

Bajo el Capítulo IV -Disposiciones Finales- el artículo 24 hace referencia a la compatibilidad del Acuerdo con otros instrumentos internacionales. En tal sentido, el mencionado artículo expresa que las Partes podrán prestarse asistencia en base a otros acuerdos internacionales o bilaterales más favorables.

Finalmente, en cuanto a la responsabilidad por daños emergentes del cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo, el mismo prevé, en el artículo 26, que una Parte no deberá responder por los daños que sean consecuencia de la actividad de las autoridades de la otra. En todo caso la ley aplicable será la interna de la Parte responsable.

La importancia que el Acuerdo a estudio reviste, tanto para la profundización de la cooperación jurídica como para el desarrollo de los tradicionales lazos de amistad entre la República y la República del Ecuador, demuestra la conveniencia de su pronta entrada en vigor, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Didier Opertti, Samuel Lichtensztejn, Luis Hierro López.

Montevideo, 26 de mayo de 1998.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República y la República del Ecuador, suscrito en Montevideo, el 27 de agosto de 1997.

Didier Opertti, Samuel Lichtensztejn, Luis Hierro López.

ACUERDO DE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR

La República Oriental del Uruguay y la República del Ecuador (en adelante denominados "las Partes Contratantes").

Animados por el deseo de estrechar aún más sus vínculos jurídicos y promover una más eficaz cooperación internacional por el medio de la asistencia jurídica mutua en materia penal para la investigación y enjuiciamiento de delitos.

Reconociendo que muchas actividades criminales representan una grave amenaza por la humanidad y se manifiestan a través de modalidades criminales transnacionales en las que frecuentemente las pruebas o los elementos relacionados con los delitos se radican en diversos Estados.

Han resuelto, sobre la base de los principios de soberanía nacional y de igualdad de derechos y ventajas mutuas, celebrar un Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en los siguientes términos:

CAPITULO 1º
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º
AMBITO DEL ACUERDO

1. Las Partes Contratantes se prestarán asistencia mutua, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, para la investigación y enjuiciamiento de delitos, así como en los procedimientos judiciales relacionados con asuntos penales.

2. La asistencia se prestará sin considerar si la conducta que motiva la investigación, enjuiciamiento o procedimientos en el Estado requirente, constituye o no delito conforme a la legislación del Estado requerido.

3. El presente Acuerdo no faculta a las autoridades o a los particulares del Estado requirente a emprender en el territorio del Estado requerido funciones que, conforme a las leyes internas, están reservadas a sus autoridades.

4. El presente Acuerdo tiene por objeto únicamente la asistencia jurídica mutua entre las Partes Contratantes. Por lo tanto, las disposiciones del presente Acuerdo no confieren derechos a los particulares para la obtención, supresión o exclusión de pruebas, o para oponerse al cumplimiento de una solicitud de asistencia.

ARTICULO 2º
ALCANCE DE LA ASISTENCIA

La asistencia comprenderá:

a. exhibición de documentos y citación o notificación con providencias;

b. recepción de testimonio o declaraciones de personas, así como también la realización de peritajes
mediante reconocimiento o inspecciones judiciales;

c. localización o identificación de personas;

d. notificación a testigos o peritos para la comparecencia voluntaria a prestar testimonio en el Estado requirente;

e. traslado de personas sujetas a un proceso penal a efectos de comparecer como testigos o con otros propósitos expresamente indicados en la solicitud;

f. medidas cautelares reales y personales, de acuerdo con la legislación de las Partes;

g. cumplimiento de solicitudes de registro, aprehensión, incautación, secuestro y embargo;

h. entrega de documentos y otros elementos de prueba;

i. inmovilización, comiso o transferencia de bienes incautados, así como en materia de indemnizaciones y multas impuestas por sentencia condenatoria penal ejecutoriada y;

j. cualquier otra forma de asistencia no prohibida por las leyes del Estado requerido para la investigación y enjuiciamiento de delitos.

ARTICULO 3º
AUTORIDADES CENTRALES

1. En cada una de las Partes habrá una Autoridad Central que tendrá a su cargo la presentación y recepción de las solicitudes a que se refieren el presente Acuerdo.

2. La Autoridad Central de la República Oriental del Uruguay será el Ministerio de Educación y Cultura y la Autoridad Central de la República del Ecuador será el Ministerio de Relaciones Exteriores.

3. Las Autoridades Centrales se comunicarán directamente entre sí a todos los efectos del presente Acuerdo.

ARTICULO 4º
AUTORIDADES COMPETENTES

1. La asistencia de que se trata el presente Acuerdo se tramitará a través de las respectivas Autoridades Centrales de las Partes Contratantes.

2. Las solicitudes formuladas por una Autoridad Central al amparo del presente Acuerdo, se basarán en pedidos de asistencia de aquellas autoridades judiciales o del Ministerio Público del Estado requirente encargadas de la investigación o enjuiciamiento de delitos.

ARTICULO
LIMITES DE LA ASISTENCIA

1. El Estado requerido podrá rehusarse a brindar asistencia si:

a. la solicitud se refiere a un delito tipificado como tal en la legislación militar pero no en el derecho penal ordinario;

b. la solicitud se refiere a un delito que el Estado requerido considerare como político o perseguido por razones políticas;

c. la solicitud se refiere a un delito o ilícito tributario. No obstante, procederá la asistencia si el delito o ilícito se comete por una declaración dolosa efectuada en forma oral o por escrito, o por una omisión fraudulenta en la declaración.

d. la persona requerida en la solicitud, ha sido absuelta o ha cumplido condena en el Estado requerido por el mismo delito mencionado en la solicitud. Sin embargo, esta disposición no podrá ser invocada para negar asistencia en relación a otras personas y;

e. el cumplimiento de la solicitud es contrario a la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales del Estado requerido.

2. Antes de negar la asistencia de conformidad con el presente artículo, la Autoridad Central del Estado requerido deberá consultar a la Autoridad central del Estado requirente si acepta que la asistencia se brinde sujeta a las condiciones que considere necesarias. Si el Estado requirente acepta la asistencia sujeta a dichas condiciones, el Estado requerido dará cumplimiento a la solicitud en la forma establecida.

3. Salvo lo dispuesto en el artículo 14, si el Estado requerido deniega la asistencia, deberá informar a la Autoridad Central del Estado requirente, las razones en que se funda la negativa.

CAPITULO II
CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES

ARTICULO 6º
FORMA Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD

1. La solicitud de asistencia deberá formularse por escrito salvo en los casos de urgencia, en que la Autoridad Central del Estado requerido podrá aceptar una solicitud cursada de otra manera. En tal caso, la solicitud deberá confirmarse por escrito dentro de los diez días siguientes.

2. La solicitud deberá contener las siguientes indicaciones:

a. nombre de la Autoridad encargada de la investigación, el enjuiciamiento o procedimiento al cual se refiera la solicitud;

b. descripción del asunto a que se refiere y naturaleza de la investigación, enjuiciamiento o procedimiento, incluyendo los delitos concretos a que se refiera el asunto;

c. descripción de la prueba, información, y otro tipo de asistencia solicitada;

d. declaración de los motivos por los cuales se solicita la prueba, información u otro tipo de asistencia;

e. normas legales aplicables acompañadas de su texto; y

f. en la medida de lo posible, la identidad de las personas sujetas a investigación o enjuiciamiento.

3. En la medida que sea necesario, la solicitud deberá también incluir:

a. información sobre la identidad y domicilio de las personas cuyo testimonio se desea obtener;

b. información sobre la identidad y dirección de las personas a ser notificadas y la relación de dichas personas con los procedimientos;

c. información sobre la identidad y paradero de las personas a ser localizadas;

d. descripción exacta del lugar o de la persona que ha de someter a registro y los bienes que hayan de ser cauteladas;

e. el texto del interrogatorio a ser formulado para la recepción de la prueba testimonial en el Estado requerido;

f. información sobre el pago de los gastos a que tendrá derecho la persona cuya presencia se solicite en el Estado requerido; y

g. cualquier otra información que pueda ser sugerida al Estado requerido a los efectos de facilitar el cumplimiento de la solicitud.

ARTICULO 7º
LEY APLICABLE

1. Las solicitudes se cumplirán de conformidad con la ley del Estado requerido.

2. La Autoridad Central del Estado requerido dará cumplimiento con prontitud a la solicitud y, cuando proceda, la transmitirá a la autoridad judicial u otras autoridades competentes para su cumplimiento.

ARTICULO
APLAZAMIENTO O CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO

El Estado requerido podrá aplazar el cumplimiento de la solicitud o, después de celebrar consultas con la Autoridad Central del Estado requirente, sujetarla a condiciones en caso de que interfiera con una investigación o procedimiento penal en curso en el Estado requerido. Si el Estado requirente acepta la asistencia sujeta a condiciones, la solicitud se cumplirá de conformidad con las condiciones propuestas.

ARTICULO 9º
CARACTER CONFIDENCIAL DE LA SOLICITUD

A petición del Estado requirente, se mantendrá el carácter de confidencial de la solicitud. Si la solicitud no puede cumplirse sin infringir ese carácter confidencial, el Estado requerido informará de ello al Estado requirente.

ARTICULO 10
INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO

1. A pedido de la Autoridad Central del Estado requirente, la Autoridad Central del Estado requerido informará, dentro de un plazo razonable, sobre el trámite de la solicitud.

2. La Autoridad Central del Estado requerido informará a la brevedad el resultado del cumplimiento de la solicitud y remitirá toda la información o prueba obtenidas a la Autoridad Central del Estado requirente.

3. Cuando la solicitud no ha podido ser cumplida en todo o en parte, la Autoridad Central del Estado requerido lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central del Estado requirente e indicará las razones por las cuales no ha sido posible su cumplimiento.

ARTICULO 11
LIMITACIONES AL EMPLEO DE LA INFORMACION O PRUEBA OBTENIDA

1. Salvo consentimiento previo del Estado requerido, el Estado requirente solamente podrá emplear la información o la prueba obtenida en virtud del presente Acuerdo en la investigación o el procedimiento indicado en la solicitud.

2. La Autoridad Central del Estado requerido podrá solicitar que la información o la prueba obtenidas en virtud del presente Acuerdo tengan carácter confidencial, de conformidad con las condiciones que especificará. En tal caso, el Estado requirente procurará respetar dichas condiciones.

3. La información o prueba que se haya hecho pública en el Estado requirente de conformidad con la ley, podrá, a partir de ese momento, ser utilizada en otros asuntos por las Partes.

ARTICULO 12
COSTOS

El Estado requerido pagará la totalidad de los gastos relativos al cumplimiento de la solicitud, salvo los correspondientes a los informes periciales, traducción y transcripción, gastos extraordinarios que provengan del empleo de formas o procedimientos especiales, y gastos y estipendios de viaje de las personas referidas en los artículos 17 y 18, los cuales correrán a cargo del Estado requirente.

CAPITULO III
FORMAS DE ASISTENCIA

ARTICULO 13
NOTIFICACION DE DOCUMENTOS

1. La Autoridad Central del estado requerido dispondrá lo necesario para cumplir la notificación de los documentos relativos a cualquier solicitud de asistencia formulada conforme al presente Acuerdo.

2. La Autoridad Central del Estado requirente transmitirá las solicitudes de notificación para la comparecencia de una persona ante la autoridad competente con una razonable antelación a la fecha prevista para la misma.

3. La Autoridad Central del Estado requerido devolverá al requirente la documentación del cumplimiento de las notificaciones en la forma especificada en la solicitud.

4. Si la notificación no pudiere realizarse, la Autoridad Central del Estado requerido deberá informar a la Autoridad Central del Estado requirente las razones por las cuales no pudo cumplirse.

ARTICULO 14
ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES

A solicitud del estado requirente, el Estado requerido:

a. proporcionará copias de documentos oficiales, registros o información accesibles al público que obren en las dependencias y los organismos de ese Estado; y

b. podrá proporcionar copias de documentos oficiales, registros o información no accesibles al público que obren en las dependencias y organismos de ese Estado, sujetas a las mismas condiciones por las cuales esos documentos se proporcionarían a sus propias autoridades. Si la asistencia prevista en este párrafo es denegada, la Autoridad Central del Estado requerido no estará obligada a expresar los motivos de la negativa.

ARTICULO 15
DEVOLUCION DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DE PRUEBA

A solicitud de la Autoridad Central del Estado requerido, el Estado requirente deberá, tan pronto como sea posible, devolver los documentos u otros elementos de prueba facilitados en cumplimiento de una solicitud cursada conforme al presente Acuerdo.

ARTICULO 16
TESTIMONIO EN EL ESTADO REQUERIDO

1. Cualquier persona que se encuentre en el Estado requerido y a la que solicite la aportación de pruebas en virtud del presente Acuerdo, obligada a comparecer, de conformidad con las leyes del Estado requerido, ante la autoridad para prestar testimonio o aportar documentos, antecedentes o elementos de prueba.

2. El Estado requerido informará con suficiente antelación el lugar y la fecha en que se recibirá la declaración del testigo o los mencionados documentos, antecedentes o elementos de prueba. Cuando sea posible, las Autoridades Centrales se consultarán a los efectos de fijar una fecha conveniente para ambas Partes.

3. El Estado requerido autorizará la presencia de las personas que se determinen en la solicitud durante el cumplimiento de la misma, facultándolas para interrogar a través de la autoridad judicial competente en la forma prevista por las leyes del Estado requerido. La audiencia tendrá lugar según los procedimientos establecidos por las leyes del Estado requerido.

4. Si la persona a que se hace referencia en el párrafo 1, alega inmunidad, incapacidad o privilegio según las leyes del Estado requerido, esta alegación será resuelta por la autoridad competente del Estado requerido con anterioridad al cumplimiento de la solicitud.

5. Si la persona a que se hace referencia en el párrafo 1, alega inmunidad, incapacidad o privilegio según las leyes del Estado requirente, el testimonio o las pruebas serán, no obstante, recibidas y la alegación será informada a la Autoridad Central del Estado requirente, a fin de que las autoridades competentes de ese Estado resuelvan al respecto.

6. Los documentos, antecedentes y elementos de prueba entregados por el testigo u obtenidos a consecuencia de su declaración o en ocasión de la misma, serán enviados al Estado requirente junto con la declaración.

ARTICULO 17
TESTIMONIO EN EL ESTADO REQUIRENTE

Cuando el Estado requirente solicite la comparecencia de una persona en su territorio para prestar testimonio o rendir informe, el Estado requerido invitará al testigo o perito a comparecer en forma voluntaria ante la necesidad competente del Estado requirente. Si se considera necesario, la Autoridad Central del Estado requerido podrá registrar por escrito el consentimiento de la persona a comparecer en el Estado requirente. La Autoridad Central del Estado requerido informará con prontitud a la Autoridad Central del Estado requirente de dicha propuesta. Al solicitar la comparecencia, el Estado requirente indicará los gastos de traslado y de estadía a su cargo.

ARTICULO 18
TRASLADO TEMPORAL DE PERSONAS ENJUICIADAS PENALMENTE
CON ORDEN DE PRISION FIRME

1. La persona enjuiciada penalmente en el Estado requerido cuya comparecencia en el Estado requirente sea necesaria en virtud de la asistencia prevista en el presente Acuerdo, será trasladada temporalmente con ese fin al Estado requirente, siempre que esa persona y el Estado requerido consientan dicho traslado.

2. La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requirente cuya comparecencia en el Estado requerido sea necesaria en virtud de la asistencia prevista en el presente Acuerdo, será trasladada al Estado requerido, siempre que lo consienta esa persona y ambos Estado estén de acuerdo.

3. A los efectos del presente artículo:

a. el Estado receptor tendrá la potestad y la obligación de mantener bajo custodia física a la persona trasladada, a menos que el Estado remitente indique lo contrario;

b. el Estado receptor devolverá a la persona trasladada al Estado remitente tan pronto como las circunstancias lo permitan y con sujeción a lo acordado entre las Autoridades Centrales de ambos Estados;

c. respecto a la devolución de la persona trasladada, no será necesario que el Estado remitente promueva un procedimiento de extradición;

d. el tiempo transcurrido en el Estado receptor, será computado a los efectos del cumplimiento de la sentencia que le hubiera sido impuesta en el Estado remitente; y

e. la permanencia de esa persona en el Estado receptor en ningún caso podrá exceder del período que le reste para el cumplimiento de la condena o de noventa días según el plazo que se cumpla primero, a menos que la persona y ambos Estados consientan prorrogarlo.

ARTICULO 19
TRASLADO TEMPORAL DE TESTIGOS

1. La comparecencia o traslado de la persona que consienta declarar o dar testimonio según lo dispuesto en los artículos 17 y 18, estará condicionado, si la persona o el Estado remitente lo solicitan con anterioridad a dicha comparecencia o traslado, a que el Estado receptor conceda un salvoconducto bajo el cual, mientras se encuentre en ese Estado, no podrá:

a. ser detenida o enjuiciada por delitos anteriores a su salida del territorio del Estado remitente;

b. ser requerida para declarar o dar testimonio en procedimientos no especificados en la solicitud; o

c. ser detenida o enjuiciada en base a la declaración que preste, salvo en caso de desacato o falso testimonio.

2. El salvoconducto previsto en el párrafo anterior, cesará cuando la persona prolongue voluntariamente su estadía en el territorio del Estado receptor por más de diez días a partir del momento en que su presencia ya no fuere necesaria en ese Estado, conforme a lo comunicado al Estado remitente.

ARTICULO 20
LOCALIZACION O IDENTIFICACION DE PERSONAS

El Estado requerido adoptará las providencias necesarias para averiguar el paradero o la identidad de las personas individualizadas en la solicitud.

ARTICULO 21
REGISTRO, APREHENSION, INCAUTACION, EMBARGO,
SECUESTRO Y ENTREGA DE OBJETOS

1. El Estado requerido cumplirá la solicitud relativa a registro aprehensión, incautación, embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto, comprendidos, entre otros, documentos, antecedentes o efectos, si la Autoridad competente determina que la solicitud contiene la información que justifique la medida propuesta. Dicha medida se someterá a la ley procesal y sustantiva del Estado requerido.

2. Conforme a lo previsto en el artículo 5º párrafo 2, el Estado requerido determinará según su ley cualquier requerimiento necesario para proteger los intereses de terceros sobre los objetos que tengan que ser trasladados.

ARTICULO 22
INMOVILIZACION, INCAUTACION Y TRANSFERENCIA DE BIENES

1. Cuando una de las Partes Contratantes tenga conocimiento de la existencia de frutos o instrumentos de delitos en el territorio de la otra Parte Contratante que puedan ser objeto de incautación o medidas cautelares según las leyes de ese Estado, podrá informarlo a la Autoridad Central de dicho Estado. Esta remitirá la información recibida a sus autoridades competentes a efectos de determinar la adopción de las medidas que correspondan. Dichas autoridades actuarán de conformidad con las leyes de su país y comunicarán a la otra Parte Contratante, las medidas tomadas, a través de su Autoridad Central.

2. Las Partes Contratantes se prestarán asistencia, de conformidad con sus respectivas leyes, en los procedimientos de incautación o medidas cautelares, indemnización a las víctimas de delitos y cobro de multas impuestas por sentencia penal.

3. La Parte Contratante que tenga bajo su custodia frutos o instrumentos del delito; dispondrá de los mismos de conformidad con lo establecido en su ley interna. En la medida que lo permitan sus leyes, y en los términos que se consideren adecuados, cualquiera de las Partes Contratantes podrá transferir a la otra los bienes incautados o el producto de su venta.

ARTICULO 23
AUTENTICACION DE DOCUMENTOS Y CERTIFICACIONES

1 Sin perjuicio de las autenticaciones o certificaciones exigidas según sus leyes, el Estado requerido autenticará todo documento o sus copias, así como proporcionará certificaciones referentes a objetos, en la forma solicitada por el Estado requirente, siempre que ello no sea incompatible con las leyes del Estado requerido.

2. A efectos de facilitar el empleo de la referidas formas especiales de autenticación o certificación, el Estado requirente adjuntará a la solicitud los respectivos formularios o describirá el procedimiento especial a seguirse.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 24
COMPATIBILIDAD CON OTROS TRATADOS, ACUERDOS O CONVENIOS

1. La asistencia y los procedimientos establecidos en el presente Acuerdo no impedirán que cada una de las Partes Contratantes preste asistencia a la otra al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales más favorables en los que sean Parte.

2. Las Partes Contratantes también podrán prestar asistencia de conformidad con cualquier convenio, acuerdo o práctica aplicables de carácter bilateral más favorables.

ARTICULO 25
CONSULTAS

Las Autoridades Centrales de las Partes Contratantes celebrarán consultas, en la oportunidad que convengan mutuamente, con el fin de facilitar la aplicación del presente Acuerdo.

ARTICULO 26
RESPONSABILIDAD

1. La ley interna de cada Parte Contratante regula la responsabilidad por daños que emerjan de los actos de sus autoridades en la ejecución de este Acuerdo.

2. Ninguna de las Partes Contratantes será responsable por los daños originados en caso fortuito o fuerza mayor en la formulación y ejecución de una solicitud conforme a este Acuerdo.

ARTICULO 27
RATIFICACION, ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA

1. El presente Acuerdo estará sujeto a ratificación y el canje de los instrumentos respectivos tendrá lugar en Montevideo.

2. El presente Acuerdo entrará en vigor cuando tenga lugar el canje de los instrumentos de ratificación.

3. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá denunciar el presente acuerdo mediante notificación por escrito a la otra Parte Contratante. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de notificación.

Hecho en Montevideo, el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y seis en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Luce firma
POR LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY
Luce firma
POR LA REPUBLICA
DEL ECUADOR


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado

El Mensaje del Poder Ejecutivo de fecha 15 de junio de 2000, reitera el oportunamente dirigido a la Asamblea General el 26 de mayo de 1998.

El Acuerdo cuya aprobación se recomienda, fue suscrito el 27 de agosto de 1997, en ocasión de la visita a nuestro país del señor Presidente de la República del Ecuador, don Fabián Alarcón.

El Acuerdo tal como se señala en su Preámbulo, surge del deseo de ambas partes de promover una más eficaz cooperación internacional por medio de la asistencia jurídica mutua, habida cuenta de la existencia de actividades criminales que representan grave amenaza para la humanidad y se manifiestan a través de hechos punibles en lo que, frecuentemente las pruebas o elementos relacionados con los delitos se radican en diversos Estados. A partir de ello y sobre la base de los principios de soberanía nacional, igualdad de derechos y ventajas mutuas, se ha resuelto concluir el Acuerdo sometido a nuestra consideración.

Ambito del Acuerdo. Según surge del artículo 1º, el ámbito del Acuerdo es la asistencia mutua para la investigación y enjuiciamiento de delitos, así como en los procedimientos judiciales relacionados con asuntos penales. El Acuerdo no exige la doble incriminación para que la asistencia pueda hacerse efectiva. Es decir, esta se prestará aun cuando la conducta investigada o enjuiciada no constituya delito para el Estado requerido, excepto en el caso expresamente mencionado (artículo 21, medidas coercitivas susceptibles de afectar derechos fundamentales) en los cuales mantiene vigencia el principio de doble incriminación. La cooperación que se acuerda no implica facultar a las autoridades o particulares del Estado requirente a emprender funciones que, conforme a las leyes internas, están reservadas a las autoridades del Estado requerido (artículo 1º.3).

Alcance de la asistencia. El artículo 2º del Acuerdo define las acciones que caracterizan el alcance de la asistencia, la cual comprende, entre otras: notificación de documento; recepción de declaraciones; realización de peritajes; localización o identificación de personas, notificación o testigos para la comparecencia voluntaria; traslado de personas sujetas a un proceso penal para comparecer como testigos o con otros propósitos; medidas cautelares o inmovilización de bienes; cumplimiento de solicitudes de registros, aprehensión, incautación, secuestro y embargo, entrega de documentos y otras formas de asistencia no prohibidas por las leyes del Estado requerido para la investigación y enjuiciamiento de delitos.

Autoridades Centrales. El Acuerdo (artículo 3º), prevé la existencia de Autoridades Centrales, a nivel nacional, encargadas de la presentación y recepción de las solicitudes de asistencia. La Autoridad Central en nuestro país será el Ministerio de Educación y Cultura. La Autoridad Central en la República del Ecuador será el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Límites de la asistencia. El artículo 5º del Acuerdo establece los límites de la asistencia, definiendo que esta podrá rehusarse en determinados casos: delitos tipificados como tales en la legislación militar pero no en el derecho penal ordinario; delitos que el Estado requerido considerare políticos, conexos con políticos o perseguidos por razones políticas; delitos tributarios, a excepción de aquellos cometidos por medio de una declaración dolosa efectuada en forma oral o por escrito, o por una omisión fraudulenta en la declaración, cuando la persona requerida en la solicitud haya sido absuelta o cumplido condena, por el mismo delito en el Estado requerido. El cumplimiento de la solicitud es contrario a la seguridad, el orden público y otros intereses esenciales del Estado requerido.

Ley aplicable. Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad a la ley del Estado requerido, salvo excepciones previstas por el propio Acuerdo (artículo 7º.1). Tal es el caso de la previsión contenida en el artículo 10.3, relativo al cumplimiento de la asistencia de acuerdo a formas o procedimientos especiales, salvo que sean incompatibles con la ley interna del Estado requerido.

Formas de la asistencia. Con relación a las formas específicas que puede asumir la asistencia a prestarse, el Acuerdo prevé distintas posibilidades:

- notificación de documentos o de citaciones a comparecer ante una autoridad del Estado requirente (artículo 13);

- entrega de copias de documentos oficiales; registros o información, aun los no accesibles al público, en este último caso sujetas a las mismas condiciones exigidas para su entrega a las autoridades del Estado requerido (artículo 14);

- prestación de testimonio o aportación de pruebas por parte de personas que se encuentren en el Estado requerido, de conformidad con las leyes de éste (artículo 16);

- posibilidad de que durante el diligenciamiento de pruebas estén presentes personas indicadas por el Estado requirente, las que estarán facultadas para interrogar al testigo, en todo caso de acuerdo a la ley del Estado requerido (artículo 16.3);

- posibilidad de que personas que se encuentren en el Estado requerido presten testimonio o rindan informe en el territorio del Estado requirente, con carácter voluntario (artículo 17);

- posibilidad de traslado al Estado requirente, de una persona sujeta a procedimiento penal en el Estado requerido, siempre que tanto la persona en cuestión como el Estado requerido consientan el traslado (artículo 18);

- otorgamiento de salvoconducto para las personas que comparezcan o sean trasladadas al Estado requirente, en los dos últimos casos, garantizando que no podrían ser enjuiciadas por delitos anteriores a su salida del territorio del Estado requerido. Ser requeridas para testimoniar en procedimientos no expresados en la solicitud, o ser enjuiciadas sobre la base de su declaración, salvo en caso de desacato o falso testimonio (artículo 19);

- registro; embargo; secuestro (retención preventiva de bienes) y entrega de documentos; antecedentes o efectos a solicitud del Estado requirente, siempre que la autoridad competente del Estado requerido determine que la medida propuesta se justifica, según la información remitida En todo caso, será de aplicación la ley procesal y sustantiva del Estado requerido (doble incriminación), así como la Autoridad competente podrá adoptar medidas complementarias para proteger derechos de terceros sobre los bienes en cuestión (artículo 21),

- inmovilización; ocupación; depósito y transferencia de frutos o instrumentos de delitos cometidos en el territorio del otro Estado, actuando en todo caso el Estado requerido de conformidad con su ley interna y pudiendo disponer de aquellos de acuerdo a lo que dicha ley indique, a menos que los bienes u objetos en cuestión constituyan parte del patrimonio del otro Estado (artículo 22).

Responsabilidad. La ley interna regula la responsabilidad por daños emergentes de actos de sus autoridades. Las Partes no serán responsables por los daños que sean consecuencia de actos de Autoridades de la otra Parte en la formulación o ejecución de solicitudes.

Atento a lo expuesto y teniendo en cuenta la conveniencia de alcanzar una más eficaz cooperación internacional en la investigación y enjuiciamiento de delitos, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales, entiende que resulta de interés nacional la aprobación del Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con la República del Ecuador.

Sala de la Comisión, 10 de agosto de 2000.

Pablo Millor (Miembro Informante), Alberto Couriel (discorde), Carlos Garat, Reinaldo Gargano (discorde), Carlos Julio Pereyra, Juan Adolfo Singer. Senadores.»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- En discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: en virtud del numeral 7) del artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Senadores es necesario contar con una mayoría absoluta de 16 votos para aprobar el proyecto. Todos sabemos cómo se alinean las bancadas en este tema, por lo que no es del caso abrir el debate. Entonces, pediría que se llamara a Sala por un par de minutos a fin de ver si llegamos a los 16 votos.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Llámese a Sala.

(Así se hace)

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Batlle)

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: el Mensaje del Poder Ejecutivo, que es de fecha 15 de julio de 2000, reitera el que oportunamente había enviado el anterior Poder Ejecutivo, el 26 de mayo de 1998.

Este Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con la República del Ecuador fue suscrito en Montevideo el 27 de agosto de 1997 en ocasión de la visita del señor Presidente de la República del Ecuador, don Fabián Alarcón. Este Acuerdo recoge los principios de siempre en esta materia y es similar a varios Acuerdos de asistencia jurídica mutua en asuntos penales que la República ha suscrito. Atiende la realidad que representa una serie de actividades criminales cuyas pruebas u otros elementos a ellas vinculados en ocasiones pueden encontrarse en diversos Estados.

A partir de estos hechos y sobre la base del principio de la soberanía nacional y de la igualdad de derechos y beneficios mutuos, se hace manifiesta la intención de promover una cooperación eficaz, lo que se procura a través de este Acuerdo. El mismo será de asistencia mutua en relación a asuntos penales y a la investigación y enjuiciamiento de los delitos. Reitero que es similar a todos los Acuerdos que en materia de asistencia penal ha suscrito la República, por lo que se solicita que se apruebe. Además, viene informado por mayoría de la Comisión de Asuntos Internacionales.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio no va a votar afirmativamente este Acuerdo de asistencia jurídica mutua por una razón que ya hemos explicado en reiteradas oportunidades cuando se incorpora la cláusula que elimina la doble incriminación para la prestación de la asistencia o, en el caso concreto de las extradiciones, para la extradición. Se trata, en el caso concreto, del párrafo 2 del artículo 1 "Ámbito del Acuerdo", que dice: "La asistencia se prestará sin considerar si la conducta que motiva la investigación, enjuiciamiento o procedimientos en el Estado requirente, constituye o no delito conforme a la legislación del Estado requerido."

En función de esto, vamos a votar negativamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el Artículo Unico.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República y la República del Ecuador, suscrito en Montevideo el 27 de agosto de 1997."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

19) CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE COMPETENCIA EN LA ESFERA INTERNACIONAL PARA LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el punto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras (Carp. Nº 154/00 - Rep. Nº 89/00)."

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 154/00
Rep. Nº 89/00

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 25 de abril de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 24 de mayo de 1995 que se adjunta, por el cual se reiteran las solicitudes de fecha 3 de mayo de 1988 y 7 de enero de 1992, de aprobación parlamentaria de la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras, suscita por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, que tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación de la misma.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Didier Opertti, Antonio Mercader.

Montevideo, 25 de abril de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras, suscrita por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, que tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984.

Didier Opertti, Antonio Mercader.

Montevideo, 24 de mayo de 1995.

Señor Presidente de la Asamblea General
Doctor Hugo Batalla

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de reiterar los Mensajes de fechas 3 de mayo de 1988 y 7 de enero de 1992, cuyo texto se transcribe, por el que se solicita la aprobación de las Convenciones suscritas por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado que convocada por la Organización de los Estados Americanos tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984, al permanecer vigentes para los intereses de la República, los mismos fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío:

"El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo de conformidad con el artículo 168, inciso 20 de la Constitución de la República a efectos de someter a su consideración para la correspondiente aprobación legislativa las Convenciones suscritas por la República sobre Derecho Internacional Privado que convocada por la Organización de los Estados Americanos tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984.

Las Convenciones aprobadas en dicha Conferencia, (en adelante CIDIP III), cuyos textos separados se acompañan, son los siguientes:

1. - Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores;

2. - Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado;

3. - Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras;

4. - Protocolo Adicional a la Convención Interamericana de las Sentencias Extranjeras.

Tales Convenciones y el Protocolo Adicional fueron suscritos en la sesión de clausura, celebrada el día 24 de mayo de 1984, por delegados de los siguientes países: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, República Oriental del Uruguay y Venezuela.

Además de los ya mencionados, asistieron a la CIDIP III delegados de los siguientes países: Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras y Paraguay.

La solicitud de aprobación de los precitados instrumentos interamericanos de Derecho Internacional Privado se fundamenta en la exposición que se desarrolla a continuación:

I) Antecedentes

1. La Conferencia es un órgano especializado de la Organización de los Estados Americanos, tal como lo prevé la Carta en el artículo 130.

Hasta el presente tres han sido las conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado; la CIDIP I, celebrada en Panamá (14 a 30 de enero de 1975), la CIDIP II, reunida en Montevideo (23 de abril a 8 de mayo de 1979), y la CIDIP III, cumplida en La Paz, en la fecha arriba indicada.

2. En cuanto a las Convenciones aprobadas por la CIDIP I han sido:

1. - Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas;

2. - Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Cheques;

3. - Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional;

4. - Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias;

5. - Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero;

6. - Convención Interamericana sobre Regimen Legal de los Poderes para ser utilizados en el Extranjero;

Todas ellas, ratificadas por el Gobierno de la República por Decreto-Ley Nº 14.534 del 24 de junio de 1976.

3. Las Convenciones aprobadas por CIDIP II han sido:

1. - Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Cheques;

2. - Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Sociedades Mercantiles;

3. - Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros;

4. - Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares;

5. - Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero;

6. - Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado;

7. - Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado;

8. - Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.

También aprobadas por el Gobierno de la República mediante Decreto-Ley Nº 14.953 del 6 de noviembre de 1979.

4. La obra de las tres CIDIP ha tenido por objeto actualizar a nivel interamericano la normativa convencional de los Tratados de Derecho Internacional Privado de Montevideo de 1889 y de 1939-40, así como el Código Bustamante aprobado en 1928 por la Sexta Conferencia Panamericana celebrada en La Habana.

En tal sentido, se trata de una codificación progresiva que procura, básicamente, regular los conflictos de leyes, propios del Derecho Internacional Privado clásico, sin perjuicio de la aprobación de leyes uniformes para ciertas materias del tráfico internacional.

En cuanto a las materias abordadas son varias; predomina la materia procesal -como se advierte de la nómina de las Convenciones- aún cuando también se alcanzan las materias civil y comercial.

5. Existe en la obra de las CIDIP una hilazón determinada por el objeto abordado; en este sentido, a título de ejemplo, adviértase que la Convención aprobada por la CIDIP II sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, ha sido complementada por la Convención aprobada por la CIDIP III sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia de las Sentencias Extranjeras.

Similar situación se constata en materia de Sociedades Mercantiles y Personas Jurídicas.

6. A modo de síntesis puede señalarse:

a. en materia procesal se ha partido de la cooperación judicial internacional a través de la Convención Exhortos y Cartas rogatorias (CIDIP I) para extenderse luego a la regulación de los diferentes institutos del proceso jurisdiccional en la esfera internacional;

b. en cuanto, a las materias sustantivas, la obra de CIDIP abarca los instrumentos documentarios del comercio internacional (Cheques, Letras y Facturas), y las sociedades mercantiles" como sujeto principal en el ámbito mercantil internacional; al extenderse a la Adopción Internacional de Menores, se incluye en la obra codificadora una típica figura del Derecho Civil de Familia.

7. Tal proceso codificador se ha visto reafirmado por la convocatoria de la CIDIP IV (RES. AG/RES. 771 XV-0/85) respecto de la cual el Gobierno uruguayo ha anunciado su interés en ser sede, así como por el temario provisional de la reunión aprobado por el Consejo Permanente de la OEA, el que incluye:

1. - Secuestro y Restitución de Menores;

2. - Transporte Terrestre;

3. - Contratación Internacional;

4. - Obligaciones de Alimentos.

Además, como un quinto punto optativo, el divorcio.

8. Es preciso consignar que el creciente número de Estados ratificantes, según consta en las Tablas anexas, muestra de modo inequívoco la receptividad que ha tenido y tiene en los países del sistema interamericano la obra codificadora de la CIDIP.

Igualmente, es oportuno señalar que las Delegaciones del Uruguay han cumplido en las tres CIDIP una destacada labor, teniendo a su cargo en todas ellas, algunas de las Relatorias, tal como se registra en el documento anexo con indicación de las respectivas autoridades y división de las tareas de las Conferencias.

Con ello no se ha hecho sino continuar una verdadera tradición nacional en el ámbito del Derecho Internacional Privado, magistralmente inaugurada por Gonzalo Ramírez en el Primer Congreso Sudamericano de Montevideo de 1889, seguida por la brillante actuación del Profesor Alvaro Vargas Guillermete en el Segundo Congreso de 1939-40, y llevada a un grado superior en el campo de la construcción doctrinaria por el eximio Profesor Quintín Alfonsín.

9. Finalmente, es importante establecer que las Convenciones Interamericanas en vigor vienen siendo objeto de aplicación por la jurisprudencia de los distintos Estados Partes y en lo que refiere en particular al Uruguay, ello se advierte con frecuencia cada vez mayor en los respectivos repertorios especializados.

II. Análisis de las Convenciones

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES
EN MATERIA DE ADOPCION DE MENORES

I) Naturaleza del instituto y finalidad de la Convención

La adopción constituye un instituto del Derecho Privado cuya fuente se encuentra en la ley, que lo crea y lo regula en los diversos aspectos vinculados a los sujetos, modalidades y efectos, optando por uno u otro tipo de solución según las características por las cuales se incline en definitiva la política legislativa de los Estados en la materia.

El Derecho Internacional Privado se ve convocado a la regulación de la adopción cuando la categoría en juego involucra a más de un Estado -y a su orden jurídico- sea en el momento de la constitución del vínculo, sea posteriormente en el acto de la invocación de su eficacia extraterritorial y, en particular, de sus efectos.

En el ámbito de los países del sistema interamericano en general, la adopción está prevista en los
derechos internos, los que carecen en la mayoría de los casos de normas nacionales sobre el tema destinadas a resolver las cuestiones jurídicas vinculadas al Derecho Internacional Privado y de modo especial, la cuestión de la ley y jurisdicción competente. Es por ello que la Convención pretende llenar dicho vacío de previsión normativa, con referencia al área internacional interamericana, sin que ello implique en modo alguno fijar pautas políticas nacionales o internacionales en relación a la adopción, ni fomentándola ni desechándola como solución.

Es preciso indicar aquí que la ley de la residencia habitual del menor, de conformidad, con la Convención, rige la capacidad, consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, así como los procedimientos y formalidades extrínsecas para la constitución del vínculo.

Queda garantizada de este modo la incumbencia, decisiva, del país del adoptado y sus propias políticas en materia de adopción internacional de menores.

II) Antecedentes de la Convención de La Paz

El Cuarto Congreso Panamericano del Niño, celebrado en Santiago de Chile en 1924, invitó a los gobiernos americanos a incorporar a sus legislaciones la adopción de menores, como una institución favorable al adoptado y no sólo como medio de proveer descendencia.

En las décadas de los años treinta y cuarenta se aprueban las primeras leyes en la materia y en Francia, en 1939.

Este tipo de adopción plena cuya característica esencial es romper el vínculo anterior al tiempo que crea uno nuevo de carácter irrevocable, se incorpora a nuestro sistema positivo en 1945.

Este instituto se prevé en los textos internacionales interamericanos aún antes de su consagración en los derechos internos de los Estados latinoamericanos. En 1928, el Código de Bustamante aprobado en La Habana (Sexta Conferencia Panamericana) trata de la adopción internacional en los Arts. 73 a 77. También el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 hace lo propio en los Arts. 23 y 24.

A pesar de que a partir de la década del 40 adquiere incremento la adopción internacional por razones de índole diversa (disolución familiar, pobreza crítica, guerras y violencia, etc.), la Décima Asamblea General de la OEA, reunida en Washington resuelve incluirlo como tema de la CIDIP III. en 1981, la Undécima Asamblea General, reunida en Santa Lucía apoya la iniciativa del Instituto Interamericano del Niño de llevar a cabo una reunión con el cometido de examinar el tema, la que tiene lugar en Quito en 1983. En ella, grupos de trabajo interdisciplinarios (médico, sociológico y jurídico) intercambiaron valiosa información y llegaron a conclusiones que constituyeron el fundamento de la regulación posterior. El grupo de Derecho Internacional Privado optó por utilizar como documento básico de trabajo el preparado por el experto uruguayo, el que incluía un proyecto de Convención Interamericana de normas de conflicto que fue aprobado con algunas modificaciones. El proyecto de Quito fue elevado a consideración del Comité Jurídico Interamericano, el que en su período de sesiones de enero de 1984 aprobó un proyecto sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores. Este último proyecto, así como el de Quito y el presentado por la delegación uruguaya, constituyeron los documentos básicos sobre los que trabajó la respectiva Comisión en La Paz más los que luego se agregaron, uno de Argentina, y otro de Nicaragua en materia de nacionalidad del adoptado.

III) Examen de la Convención

III.1. Ambito de aplicación de la Convención y definición de la adopción internacional

El Art. 1º dispone que la Convención "se aplicará a la adopción de menores bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines, que equiparan al adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecida, cuando el adoptante (o adoptantes) tenga su domicilio en un Estado Parte y el adoptado su residencia habitual en otro Estado Parte.

Esta fórmula -a la vez que señala el carácter internacional de la categoría en relación a la conexión domicilio o residencia en su caso- favorece las llamadas adopciones plenas y afines, habida cuenta del inconveniente de la revocación de tales actos en la esfera internacional.

No obstante, el Art. 2º dispone que cualquier Estado Parte, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, puede declarar que extiende su aplicación a cualquier otra forma de adopción internacional de menores, de modo de posibilitar por esta vía, la extensión de la Convención también al tipo de adopciones simples. La fórmula resulta lógica en un sistema de conflicto donde en definitiva resulta aplicable la ley nacional escogida, aunque cabe señalar que la moderna tendencia, como en la Convención de Estrasburgo de 1968, lleva al desplazamiento de la adopción simple por la plena.

También pueden los Estados Parte "en todo momento", como señala el Art. 20, extender la Convención a las adopciones puramente internas, en las que adoptante y adoptado tienen residencia en un mismo Estado "cuando de las circunstancias del caso concreto, a juicio de la autoridad interviniente, resulte que el adoptante (o adoptantes) se proponga constituir domicilio en otro Estado Parte después de constituida la adopción".

El Art. 25 por su parte establece el efecto extraterritorial de pleno derecho de las adopciones internas, cuando adoptante y adoptado residan en un mismo Estado "sin perjuicio de que tales efectos se rijan por la ley del nuevo domicilio del adoptante (o adoptantes)".

III.2. La ley aplicable

El Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940 consagra en el Art. 23, una solución de tipo acumulativo y regula la adopción internacional por las "leyes de los domicilios de las partes en cuanto sean concordantes, con tal de que el acto conste en instrumento público".

La Convención de La Paz se aparta de este antecedente y distribuye entre la ley de la residencia habitual del menor y la del domicilio del adoptante la regulación de las condiciones de fondo de la adopción, atribuyéndoles, respectivamente, "la capacidad, consentimiento y demás requisitos para ser adoptado..." por un lado y "a) la capacidad para ser adoptante; b) los requisitos de edad y estado civil del adoptante; c) el consentimiento del cónyuge del adoptante... y d) los demás requisitos para ser adoptante", por el otro (Arts. 3º y 4º).

En cuanto a los "procedimientos y formalidades extrínsecas necesarias para la constitución del vínculo" el Art. 3º los somete a la ley de residencia habitual del menor; solución conveniente pues esta última es a la vez la "lex fori", ya que la competencia para el otorgamiento de las adopciones se atribuye por el Art. 15 a las autoridades del mismo Estado.

La Convención se inclina por la ley del adoptado, atendiendo a las soluciones normativas señaladas: dicha opción se corrobora en el mismo Art. 4º precitado in fine, cuando establece que "en el supuesto de que los requisitos de la ley del adoptante (o adoptantes) sean manifiestamente menos estrictos a los señalados por la ley de la residencia habitual del adoptado, regirá la ley de éste". Se señaló la ventaja de esta solución, pues al ser la ley escogida la del adoptado, se minimiza la posibilidad de aplicación del orden público internacional, que pudiere surgir por incompatibilidad entre las reglas vinculadas al menor y las del adoptante.

III.3. La jurisdicción competente

Las disposiciones relativas a la competencia internacional se circunscriben a efectuar su distribución en el espacio, obviando un pronunciamiento acerca de las autoridades competentes para el otorgamiento de las adopciones en cada Estado, tal como se efectuara en la Reunión de Expertos de Quito.

Los Arts. 15 y 16 establecen que el otorgamiento, la anulación y la revocación de la adopción son de la competencia de las autoridades del Estado de la residencia habitual del adoptado.

Esta solución se aparta de los precedentes de la Reunión de Expertos de Quito y del Proyecto del Comité Jurídico Interamericano, en los que resultaban competentes las autoridades de los Estados de residencia habitual del adoptado y del adoptante, sea a opción del promotor de la adopción -en uno de los proyectos- o bajo otras alternativas.

La regla finalmente aprobada implicaría el traslado de los adoptantes para concretar la adopción o constituir apoderados que lleven a cabo las gestiones pertinentes. Esta última modalidad -no prevista en la Convención- suscitó controversias, aunque cabe concluir de una interpretación contextual e histórica que ésta no prohibe la adopción por poder y que correspondería a la ley de residencia habitual del menor resolver acerca del punto, si se opta por una calificación que permita encuadrarla dentro de los procedimientos y formalidades previstos en el Art. 3º.

En cuanto a la conversión de la adopción simple en plena, cabe indicar aquí que son competentes las autoridades del Estado de residencia habitual del adoptado al momento de la adopción o las del Estado donde tenga domicilio el adoptante o las del Estado donde tenga domicilio el adoptado cuando tenga domicilio propio al momento de pedirse la conversión (Art. 16 inc. 2).

Los jueces del domicilio del adoptante, mientras el adoptado no constituya domicilio propio decidirán las cuestiones relativas a las relaciones entre adoptado y adoptante y entre las respectivas familias.

III.4. Los efectos de la adopción

Los artículos 9º, 10 y 11 prevén el régimen de los efectos de la adopción internacional, en una fórmula que supera tanto a la Convención de La Haya de 1964, que ignoró el punto, como a los Tratados de Montevideo de 1940, respecto del cual surgieron dudas interpretativas en cuanto a la eventual regulación implícita de dichos efectos en su formulación normativa.

Al respecto, la Convención regula:

- las relaciones de adoptante y adoptado en las adopciones plenas o equivalentes se regulan por la misma ley que rige las relaciones del adoptante (o adoptantes) con su familia legítima, incluyendo las relaciones alimentarias (Art. 9º)

- en las restantes formas de adopción rige la ley del domicilio del adoptante en las relaciones entre adoptante y adoptado; las relaciones entre este último y su familia de origen se regulan por la ley de residencia habitual del menor al momento de la adopción.

- el Art. 11 inc. 2 establece que la adopción plena o equivalente equipara el hijo adoptivo al legítimo, norma de tipo material que impondría, para los Estados Parte, una modificación eventual en su legislación sucesoria. En cuanto a la ley aplicable a los derechos sucesorios entre adoptante y adoptado, el inc. 1 del mismo artículo dispone que se regulará por la ley de las respectivas sucesiones. Los impedimentos para contraer matrimonio no fueron objeto de previsión específica, simplemente se menciona que subsisten entre el adoptado y su familia de origen (Art. 9º b). Ello autoriza a interpretar que se regirían por la ley de la celebración, ya que es ésta la conexión por la que optaron nuestro sistema de Derecho Internacional Privado nacional y los Tratados de Montevideo.

- el Art. 9º b dispone que los vínculos entre el adoptado y su familia de origen "se considerarán disueltos", norma material que pone fin a toda discusión al respecto y torna irrelevante la cuestión relativa a si dicha ruptura integra los efectos de la adopción.

III.5. Revocación, anulación y conversión

Solo son revocables las adopciones simples, aspectos que se somete a la ley de residencia habitual del adoptado al momento de la adopción (Art. 12).

La anulación se rige por la ley de su otorgamiento -la de la residencia habitual del adoptado- "velándose por los intereses del menor de conformidad con el Art. 19 de la Convención" (Art. 14). El Art. 19 establece una solución "favor negotii" en favor de la validez de la adopción y en beneficio del adoptado, disponiéndose además -en consonancia con la Convención sobre Normas Generales de Montevideo de 1979- que las leyes aplicables "se interpretarán armónicamente".

Se prevé la posibilidad de conversión de adopción simple en adopción plena, figura que tiende a favorecer las formas plenas de adopción y tiene antecedentes en los precitados documentos que sirvieron de antecedentes a la Convención (Art. 13). Ella se regirá, a elección del actor, por la ley de residencia habitual del adoptado -al momento de la adopción- o la del Estado donde tenga domicilio el adoptante -al momento de pedirse la conversión- conformidad mediante del menor de más de 14 años.

III.6. La eficacia extraterritorial de las adopciones internas

La Convención consagra el efecto de pleno derecho de las adopciones internas en todos los Estados Parte (Art. 25). Se resuelve con ello un problema frecuente, en una solución -ley del nuevo domicilio del adoptante- que difiere de la prevista para los efectos de la adopción internacional plena, cuya ley aplicable es la misma que rige las relaciones del adoptante con su familia legítima (la cual podría no ser la del domicilio del adoptante). Tendríamos entonces una ley diversa para los efectos, según fuera la adopción interna o internacional.

En cuanto a los efectos de pleno derecho de estas adopciones, serían las consustanciales a la institución, como el parentesco, el nombre, la patria potestad, el derecho alimentario, los impedimentos matrimoniales.

III.7. La institución desconocida y el orden público internacional

El Art. 5º establece que las adopciones surtirán efectos de pleno derecho en los Estados Parte, sin que pueda invocarse la excepción de institución desconocida. Se avanza aún más que en la prealudida Convención sobre Normas Generales de 1979, que condiciona el mecanismo al criterio de la analogía. Aunque cabe advertir que resulta obvio que no podría darse el caso de que la adopción fuere desconocida por los Estados cuyas leyes intervienen en su constitución, aspecto que fuera así consignado en los antecedentes.

La fórmula de orden público (Art. 18) es similar a la recogida en las restantes Convenciones del ámbito de las CIDIP, aunque cabe destacar ciertas limitaciones específicas como en el Art. 5º, en el Art. 4º in fine (requisitos para adoptar), el referido Art. 19, etc.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DE
LAS PERSONAS JURIDICAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

I) El campo de aplicación de la Convención

La Convención abarca tres grandes categorías de personas jurídicas, las personas jurídicas privadas, el Estado y las personas jurídicas de derecho público actuando en actividad privada y las personas jurídicas internacionales, cuya regulación y características pasaremos a analizar seguidamente.

II) Las personas jurídicas privadas

II) 1. Ambito pasivo y definición

El Art. 1º se refiere a las personas jurídicas en general, constituidas en los Estados Parte, aunque la sede o domicilio se halle en un Estado no Parte. El mismo artículo introduce una definición uniforme de la persona jurídica, con la ventaja de que la misma podría ser aplicada a las relaciones con los Estados no signatarios en los casos ante los tribunales de un Estado signatario. Sería persona jurídica "toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias", "distintas a las de sus miembros o fundadores" y que sea calificada como persona jurídica por la ley de su constitución. El Art. 1º in fine refiere a "categorías especiales de personas jurídicas" que podrán regularse por "convenciones específicas". Es este el caso de la Convención sobre Sociedades Mercantiles de 1979 que regula ese tipo de personas jurídicas y que debe integrar sus eventuales vacíos o lagunas dentro de su propio sistema; no así respecto de las sociedades civiles -excluidas del campo de aplicación de la mencionada Convención sobre Sociedades- las que, si fueren personas jurídicas, entrarían en el ámbito de aplicación de la Convención sobre personas jurídicas en su análisis.

II.2. La "circunstancia de aplicabilidad"

La constitución en alguno de los Estados Parte es la circunstancia que hace aplicable la Convención, aspecto denominado por la doctrina en el campo del derecho material uniforme internacional como "circunstancia de aplicabilidad". Naturalmente que ello es diferente del factor de conexión o conexión, en sentido estricto, propio de las normas en conflicto -mayoría de los Tratados de Montevideo, por ejemplo- que lleva a la determinación de la ley aplicable, sin regular por sí la relación, aunque la precitada circunstancia resulta especialmente útil, en cuanto señala con precisión los casos que en definitiva se "conectan" con la Convención por inclusión preceptiva de su ámbito de aplicación.

II.3. El lugar de la constitución

Se reitera -en el método empleado y en sus términos específicos- la definición de la "ley del lugar de constitución" de la Convención de Sociedades Mercantiles de 1979, en cuanto el Art. 2º dispone que aquélla es "la del Estado donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dicha persona".

En consecuencia, la Convención no sería aplicable a las personas jurídicas que, teniendo su sede social en un Estado Parte, han sido constituidas en un Estado no Parte. Situación diversa ocurre cuando el lugar de constitución y de sede se encuentran en Estados diferentes, pero ambos Estados son Partes de la Convención. Para este caso se prevé -de modo equivalente a como ocurre en la precitada Convención sobre Sociedades Mercantiles- la posibilidad de que la persona jurídica sea obligada a cumplir con los requisitos de la ley de la sede (Art. 5º), con la finalidad de impedir, en ambas Convenciones, el fraude a la ley.

Es destacable que el relieve asignado al lugar de constitución se proyecta en forma significativa sobre la ley aplicable a la personalidad y a la capacidad, aspectos que, tal como se verá a continuación, conllevan un retorno a la fórmula del Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1989 y el abandono de la del Tratado de 1940.

II.4. La existencia y capacidad

Se trabajó sobre la base del proyecto del Comité Jurídico Interamericano y de un proyecto presentado por la delegación uruguaya que tuviera decisiva influencia sobre el texto final aprobado.

La existencia y capacidad se someten a la ley del lugar de constitución, la que también abarca el funcionamiento, disolución y fusión (Art. 2º). La norma aprobada es más amplia que la propuesta por el Comité y que la Convención de Sociedades Mercantiles de 1979, ya que ninguna de ellas es aplicable a la fusión, la mención del "funcionamiento" se vincula puramente al interno, ya que el ejercicio de la actividad está previsto en el Art. 4º.

II.5. El reconocimiento

También en este punto, se aprecia su equivalencia de soluciones respecto de la Convención sobre Sociedades Mercantiles de 1979. Se consagra en el Art. 3º el reconocimiento de pleno derecho, sin perjuicio de la facultad de comprobación de la existencia de la persona jurídica. La norma resulta adecuada y coherente con un sistema jurídico que adopta como ley reguladora la de constitución.

II.6. La capacidad de ejercicio

a. La ley aplicable

El Art. 4º dispone que "para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto social de las personas jurídicas privadas, regirá la ley del Estado donde se realicen tales actos". Aunque con intención similar, resulta más precisa la fórmula adoptada en la Convención de Sociedades Mercantiles donde se dispone que la ley del lugar de actuación regula la capacidad de ejercicio. La redacción de 1984 podría inducir en confusión en cuanto aparece como regulado por dicha ley "el ejercicio de actos" y no la capacidad misma, siendo ésta la interpretación adecuada, tal como surge de los antecedentes.

b. El ejercicio directo o indirecto: acertada eliminación de la distinción

Luego de un amplio debate se resolvió no incorporar la distinción recogida en el Art. 4º de la Convención sobre Sociedades Mercantiles. La multiplicidad de casos de dudosa inclusión abarcados para la calificación de ejercicio "indirecto" provocaron críticas y complejidades interpretativas respecto de aquella designación, circunstancia que determinó la vuelta a fórmulas anteriores, en las que dicha distinción no se recogía.

c. La supresión de la habitualidad

En este aspecto si, se reitera la solución de la Convención sobre Sociedades Mercantiles que recoge la fórmula de los Tratados de Derecho Civil de Montevideo de 1889 y deja de lado la de 1940, por fundamentos análogos a los expresados en IV.2. La dificultad de precisar el alcance de "ejercicio habitual" auspicia su eliminación y coloca en manos de la jurisprudencia la identificación concreta de cuando se verifica el "ejercicio de actos comprendidos en el objeto social", o, meramente, se trate de actos preparatorios.

II.7. La representación

El Art. 6º contempla la actuación de representantes fuera del lugar de constitución de la persona jurídica, modalidad natural de actuación dentro del reconocimiento de pleno derecho que la propia Convención prevé y dispone, acerca de la legitimación procesal del representante de la persona jurídica para responder de pleno derecho a los reclamos y demandas que contra ellas pudieran intentarse con motivo de los actos en cuestión.

III) El Estado y demás personas jurídicas de Derecho Público

Al Derecho Internacional Privado siempre le preocupó la cuestión del Estado extranjero actuando como sujeto de Derecho Privado. Ello estaba previsto ya en el Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1889 (Art. 3º) y en el mismo de 1940 (Art. 3º) extendiéndolo a las "demás personas jurídicas de derecho público extranjeras".

La Convención asegura el reconocimiento de pleno derecho de la personalidad jurídica del Estado y personas de derecho público (Art. 7º) sometiéndola a dos limitaciones: las restricciones establecidas por la ley local y, en particular, las relativas a actos jurídicos referentes a derechos reales. Además, se salvaguarda el derecho a invocar la inmunidad de jurisdicción (Art. 7º in fine). La Convención se limita a sentar ciertas pautas muy generales, ya que la fijación de los límites de los derechos y obligaciones a que puedan estar sujetos los Estados extranjeros es competencia de la ley local, la cual será, en definitiva, la que determinará la extraterritorialidad de pleno derecho de la personalidad jurídica en cada caso.

El Estado extranjero no está en principio sujeto a admisión; de ahí la importancia de identificar sus potestades como sujeto de derecho.

Cabe aclarar que cuando la actividad estatal se realice a través de una sociedad mercantil, dicha actividad no estaría regulada por la Convención de 1984 sino por la de 1979 sobre Sociedades Mercantiles, que no distingue entre sociedades privadas y públicas.

IV) Las personas jurídicas internacionales

IV.1. Alcance extensivo de la categoría

El Art. 8º sigue, en este tema, los conceptos básicos de los proyectos del Comité Jurídico Interamericano, en especial el de 1983 que contempla a las personas jurídicas internacionales emanadas de resoluciones de un Organismo Internacional.

En atención a sus antecedentes, el referido artículo tendría el alcance que sigue:

a) Comprende a los sujetos secundarios o derivados del acuerdo entre Estados.

b) Se trata de sujetos públicos en virtud del nexo que mantienen, por su génesis, con los Estados. Estarían, en ciertos aspectos, regulados por el Derecho Internacional Público, sin perjuicio de que la Convención los abarque en su calidad de sujetos de Derecho Internacional Privado.

c) La personalidad jurídica los convierte en entes independientes respecto de su Estado de creación y pueden, en consecuencia, relacionarse con aquellos o con otros Estados.

d) La Convención les atribuye personalidad jurídica de pleno derecho en los Estados Parte, aunque ella no surja del instrumento constitutivo.

e) Entrarían en el campo de aplicación de la Convención, de modo amplio, todos los sujetos de derecho público surgidos del acuerdo entre los Estados o de resoluciones de un Organismo Internacional, sea éste de naturaleza política (OEA) o de otra índole (ALADI, Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Yaciretá, etc.).

f) No quedarían comprendidas las organizaciones internacionales, no gubernamentales, cuya inclusión en el proyecto del Comité Jurídico Interamericano fuera expresamente rechazada. Quedarían, no obstante, incluidas en la Convención, las personas interestáticas, si éstas fueran resultado de un acuerdo entre Estados y no exclusivamente de las propias personas jurídicas entre sí.

IV. 2. El Derecho aplicable

a. La ley aplicable a la personalidad y a la vida interna

El estatuto regulador de las personas jurídicas internacionales surge del contenido del acuerdo internacional o de la resolución que las crea. En consecuencia, se aplicará una ley nacional en tanto el acto constitutivo así lo determine. Dicha posibilidad no será, en este caso, consecuencia de un conflicto de leyes.

La vida interna de la persona jurídica se sujetará a dicho acto constitutivo exclusivamente o complementado por desarrollos jurídicos posteriores vinculados al desenvolvimiento de la actividad de la propia entidad, cuando ello sea permitido.

b. La ley aplicable al ejercicio

La Convención dispone que estas entidades revisten, en todos los Estados Parte, la condición de sujetos de derecho privado; pueden actuar, en consecuencia, del mismo modo que las personas jurídicas privadas. Habida cuenta de que estas personas jurídicas pueden ser creadas por dos o más Estados Parte, pero no necesariamente por todos, queda abierta a la práctica la actitud de estos terceros países cuando las personas jurídicas actuaren en éstos, ya que la Convención guarda silencio al respecto.

V. Conclusiones

En síntesis: se trata de una Convención que ajustándose a criterios aceptados doctrinariamente tiende a establecer dentro del sistema interamericano, normas ciertas y adecuadas con relación a la personalidad y capacidad de las personas jurídicas en el ámbito del Derecho Internacional Privado.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE COMPETENCIA EN LA ESFERA
INTERNACIONAL, PARA LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL
DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS

I) Antecedentes

La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo en 1979, exigía como requisito procesal básico que el juez o tribunal sentenciador tuviera competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde la sentencia deba surtir efecto (Art. 2º inciso d).

Dicha norma no conformó a la totalidad de los Estados participantes de la CIDIP II, al supeditar la eficacia extraterritorial del fallo a las soluciones que en materia de competencia hubiera establecido el Estado receptor.

La nueva Convención aprobada en La Paz en 1984 tiene por finalidad posibilitar la debida aplicación de la Convención de 1979, evitando conflictos de jurisdicción entre los Estados Parte del sistema interamericano, mediante normas expresas vinculantes sobre competencia internacional.

Al pretender cumplirse en otro Estado contratante la sentencia que pone fin a un litigio, el juez del Estado receptor deberá apreciar con arreglo a normas internacionales si el juez de la causa era competente al dictar el fallo.

Para el estudio del tema la CIDIP III tuvo especialmente en cuenta los documentos elaborados por la Primera Reunión de Expertos en Derecho Internacional Privado -celebrada en Washington en abril de 1980- el proyecto de Convención elaborado por el Comité Jurídico Interamericano en 1982, y las modificaciones propuestas por la Delegación del Uruguay en la Conferencia, basadas en los estudios efectuados por la Sala de Derecho Internacional Privado del Instituto de Derecho y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Montevideo.

II) Características generales de la Convención

A diferencia del sistema global, regulador de la competencia internacional, directa e indirecta, se ha aceptado un sistema especial, regulador de la temática al exclusivo efecto del reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras.

Indice elocuente del gradualismo de la codificación interamericana contemporánea del Derecho Internacional Privado.

La Convención revela un intento de acercamiento entre las soluciones del sistema del Derecho Civil y del "Common Law", lo que se refleja en algunas soluciones acordadas y en significativas exclusiones.

Se trata, asimismo, de una Convención independiente y autónoma, pudiendo los Estados que lo deseen ser únicamente partes en esta Convención de La Paz, sin quedar al mismo tiempo obligados a ratificar la Convención aceptada por la CIDIP II. Sin perjuicio de aquellos Estados que deseen vincular ambos instrumentos y complementarlos puedan hacerlo a través de la declaración del artículo 12.

La Convención es, en principio, favorable a aceptar criterios alternativos de competencia, admitiéndose con flexibilidad diversas posibilidades de actuación judicial. Como excepción se admiten criterios exclusivos para los accionamientos reales sobre bienes inmuebles y para aquellos derivados de la contratación mercantil internacional en que se haya pactado válidamente la jurisdicción.

Las normas adoptadas son subsidiarias, en el sentido de que son aplicables si no coexisten otras -convencionales o consuetudinarias- más amplias y generosas (Art. 8º).

Finalmente, se trata de una reglamentación fragmentaria que se limita exclusivamente a las situaciones que contempla, sin posibilidades de extenderse a las materias excluidas y sin pretensiones de configurar una normativa completa y exhaustiva de la jurisdicción internacional indirecta (Art. 6º, acápite).

III) Alcance de la Convención

La Convención se aplica a las sentencias judiciales extranjeras en general, sean éstas constitutivas, declarativas o de condena. Quedan excluidos los laudos o sentencias arbitrales en tanto la Convención no rige en materia de arbitraje (Art. 6º literal i).

Los Estados Parte están facultados a extender el alcance de la misma a las resoluciones que terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de daños y perjuicios derivados del delito.

Nuestro país no hizo uso de esta misma facultad al momento de ratificar la Convención de 1979 sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, caducando una posibilidad de extensión que en dicha Convención se justificaba.

No resulta aconsejable, sin embargo, extender el ámbito de esta Convención de 1984 en tanto los criterios de competencia indirecta de la misma no han sido pensados para actos de jurisdicción voluntaria ni tampoco existe base jurisdiccional que contemple los efectos civiles de las sentencias penales.

IV) Ambito espacial y material de aplicación

Se circunscribe en forma precisa el ámbito geográfico en el artículo primero de la Convención, comprendiéndose a las sentencias dictadas por un órgano jurisdiccional de un Estado Parte.

Dicho marco regional no descarta la posibilidad de alcanzarse eventualmente a aquellas sentencias extrarregionales dictadas en cualquier otro Estado ajeno al sistema interamericano, que se haya adherido a la Convención.

La Convención se aplicará exclusivamente a los fallos dictados en materia civil o comercial -no obstante no haberlo indicado de modo expreso- quedando excluidos los fallos en cuestiones laborales (Art. 6º, literal g).

Se eliminan del ámbito de la Convención, de acuerdo al artículo 6º determinadas materias, como por ejemplo, capacidad de las personas físicas, divorcio, sucesión testamentaria o intestada, daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, cuestiones marítimas y aéreas, etc.

Las materias excluidas, en su casi totalidad, se inspiran en las Convenciones sobre competencia y ejecución de decisiones del Mercado Común Europeo de 1968 y 1970 y de La Haya de 1971, así como en el Convenio Franco-Español de 1969, instrumentos todos ellos limitativos del campo de su aplicación material.

Se ha buscado evitar áreas muy complejas y sumamente sensibles al orden público de los Estados, en las que también los sistemas del "Common" y "Civil Law" varían sustancialmente.

Algunas de las categorías excluidas, como las pensiones alimenticias y la responsabilidad extracontractual deberán ser contempladas en una próxima instancia codificadora, encontrándose incluidas en el temario tentativo de la CIDIP IV.

V) Análisis de los criterios de competencia indirecta

La Convención clasifica en cuatro secciones, los criterios de competencia indirecta aceptados, tomando como base la naturaleza de las acciones:

A. Acciones personales de naturaleza patrimonial;

B. Acciones reales sobre bienes muebles corporales;

C. Acciones reales sobre bienes inmuebles; y

D. Acciones derivadas de contratos mercantiles internacionales.

A. Acciones personales de naturaleza patrimonial

Siguiendo una terminología ya empleada en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 (Art. 56 inc. 3º) se prevén en esta sección cuatro supuestos que dicen relación con las especiales características del demandado o con sus actitudes procesales en el juicio.

Tratándose de personas físicas se acepta el criterio tradicional del domicilio o residencia habitual del demandado, de plena adaptación en los distintos sistemas jurídicos, coexistentes en la región. El texto aprobado sigue los lineamientos de la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, aprobada en la CIDIP II, que al identificar el domicilio con el lugar de la residencia habitual de la persona se pliega a la concepción objetiva.

Siendo un criterio de competencia en la esfera internacional, y no de competencia interna del órgano interviniente, resulta acertada la precisión establecida de que se requiere el domicilio en el territorio del
Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia.

Para el caso de acciones contra personas jurídicas, sociedades civiles o comerciales de carácter privado se sigue también el criterio del domicilio, el que se identifica con el lugar del establecimiento principal. Se acepta también como criterio alternativo -para ambas formas societarias- el lugar de constitución de la sociedad.

Aunque no existe definición en el propio documento del sentido a darse a la expresión "establecimiento principal", del análisis de las deliberaciones emana que fue admitida como equivalente a "sede de la administración central", coincidentemente con el Art. 5º de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Sociedades Mercantiles de 1979.

Quedan excluidas del ámbito de la Convención las sociedades de carácter público, obviándose indirectamente un pronunciamiento sobre el delicado tema de la inmunidad de jurisdicción.

Se prevén también los accionamientos contra sucursales, agencias o filiales de sociedades civiles o mercantiles de carácter privado, estableciéndose como base de jurisdicción válida el lugar en donde se realizan las actividades, objeto de las respectivas demandas. La norma implica un desarrollo especial del principio general del domicilio para el caso concreto, en armonía con la solución dada por el Art. 3º inc. 2º del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 1940, que las considera domiciliadas en el lugar en donde funcionan, y sujetas a la jurisdicción de las autoridades locales, en lo concerniente a las operaciones que allí practiquen.

Finalmente, en materia de fueros renunciables se admite la autonomía de la voluntad como criterio atributivo de jurisdicción, pero limitada exclusivamente a la prórroga "post litem", requiriéndose que el demandado haya consentido expresamente por escrito la competencia del juez o implícitamente a través de su comparecencia en el juicio sin cuestionar la misma.

B. Acciones reales sobre bienes muebles corporales

La naturaleza de los bienes tiene influencia en la determinación de los jueces que deben conocer en las acciones reales que recaigan sobre los mismos.

Tratándose de bienes muebles corporales la Convención establece criterios alternativos, aceptando el tradicional que atribuye competencia a los jueces del lugar en que se encuentren situados al momento de la demanda, así como los criterios vigentes en materia de acciones personales patrimoniales (Sección A del artículo 1º).

Quedan excluidos del ámbito de la Convención los bienes muebles incoporales, de más difícil localización y regulados normalmente por convenciones específicas.

C. Acciones reales sobre bienes inmuebles

La Convención recoge como criterio de competencia exclusivo en esta materia el del territorio del Estado Parte en que se hayan encontrado situados los bienes inmuebles, al momento de entablarse la demanda. Temperamento ya aceptado por los Tratados de Montevideo y el Código de Bustamante, y en general en el Derecho Comparado.

No se tienen en cuenta, en cambio, a las acciones mixtas, por entenderse que esta clasificación podría no encontrar exacta ubicación dentro del sistema del "Common Law".

D. Acciones derivadas de contratos mercantiles internacionales

De modo excepcional la Convención recoge la autonomía de la voluntad como base atributiva de jurisdicción. Se establecen límites expresos atinentes a la materia, en tanto el criterio se admite sólo en el ámbito de la contratación mercantil internacional. La razonabilidad de la conexión entre la jurisdicción elegida y el objeto de la controversia y la ausencia de abusos en la determinación del Juez, como criterios restrictivos de la autonomía de las partes, quedan sujetos a la apreciación judicial, la que opera tanto en el proceso original como en la etapa de reconocimiento o ejecución del fallo.

VI) Jurisdicción de emergencia

Se incorpora un nuevo criterio de competencia indirecta, pensado para situaciones extremas en que existen conflictos negativos de jurisdicción internacional y determinado órgano judicial asume competencia para evitar denegación de justicia.

La apreciación de las circunstancias en que asumió la competencia el tribunal que dictó la sentencia quedará siempre a criterio del tribunal requerido.

VII) Jurisdicción funcional

Se contemplan los casos de contrademandas independientes y conexas, abarcándose las distintas situaciones que el tema ofrece en los sistemas procedimentales de los Estados Americanos.

Si se considera la reconvención como una acción independiente posibilidad bien conocida en los Estados Unidos de América será reconocida la sentencia que decida la contrademanda solamente si se ha cumplido algún criterio de competencia aceptado por la Convención.

En caso de contrademanda estrechamente ligada a la demanda principal, segundo supuesto del Convenio, queda satisfecho el requisito si ya hubo criterio jurisdiccional cumplido respecto a la demanda principal.

VIII) Competencia exclusiva del Estado requerido

La competencia exclusiva estará regulada en la Convención de La Paz como excepción jurídica a través de la cual el Estado Parte receptor puede rechazar la eficacia del fallo extranjero dentro de sus fronteras.

El uso abusivo de esta norma puede desvirtuar el funcionamiento de la Convención aprobada. La interpretación contextual del Convenio de la Paz así como sus antecedentes inmediatos circunscriben -sin embargo- la denominada competencia exclusiva a sus justos límites.

En primer lugar, con rango de norma supranacional, la propia Convención contempla dos casos de competencia exclusiva: en materia de acciones reales sobre bienes inmuebles y en materia de acciones derivadas de contratos mercantiles internacionales con pacto atributivo de jurisdicción válido.

En segundo lugar, en las sesiones de la Reunión de Expertos de Washington, antecedente obligado de la CIDIP III, existió consenso de que la jurisdicción exclusiva siempre afecta el orden público internacional, aún cuando no se recogió en el documento aprobado la fórmula propuesta en este sentido por el Profesor Werner Goldschmidt.

Finalmente, cabe inferir a través de las actas de la Comisión que estudió el tema en la CIDIP III, como interpretación auténtica del texto aprobado, que los participantes en dicho evento entendieron por competencia exclusiva aquella jurisdicción única basada en consideraciones de orden público.

Y al excluirse del ámbito de la Convención varias materias en las que prevalece el interés o el orden público (Art. 6º), las posibilidades prácticas de la invocación de la excepción quedan reducidas a la mínima expresión.

XI) Sentencias provenientes de Estados con estructura federal

Proviniendo el fallo extranjero de un Estado con estructura federal, es necesario que el mismo tenga plena eficacia en el país de origen y no solamente en la circunscripción política de donde emana. Resultaría ilógico que la sentencia que no tenga plena eficacia intraterritorial pretenda desplegar eficacia extraterritorial.

La norma aprobada resuelve acertadamente un problema práctico que plantea el reconocimiento extraterritorial de estas sentencias.

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
RECEPCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO

I) Precisiones

1. El Protocolo de La Paz, al igual que el de Montevideo de 1979 a la Convención Interamericana de Panamá de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, busca conciliar el sistema latinoamericano de cooperación jurídica internacional de mero trámite y probatorio y el régimen del common law en la materia. El primero, fundado en la acción de cooperación de los tribunales del Estado donde deben diligenciarse las actuaciones al servicio del proceso foráneo y, el segundo, en la intervención de comisionados y agentes diplomáticos o consulares del país del juicio, acreditados ante el Estado donde deban efectuarse notificaciones e intimaciones u obtenerse pruebas.

2. El texto prevé, en consecuencia, dos procedimientos respecto a la recepción de pruebas en el extranjero:

a) diligenciamiento de rogatorias recibidas vía Autoridades Centrales por los tribunales del país exhortado; y

b) intervención de agentes diplomáticos o consulares del Estado donde se desarrolla el proceso, que actuarán donde se tramitará la prueba.

3. Constituyen antecedentes inmediatos o directos del texto aprobado: el Proyecto presentado por la Delegación de los Estados Unidos de América en ocasión de la CIDIP II de Montevideo de 1979, instancia en la que se resolviera encomendar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos que, a través de la actual Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, designara expertos para realizar estudios sobre el tema y convocara a una reunión a efectos de elaborar un anteproyecto: el Anteproyecto preparado -en cumplimiento de la resolución anterior- por la Primera Reunión de Expertos en Derecho Internacional Privado, celebrada en Washington en abril de 1980; y el Proyecto del Comité Jurídico Interamericano de agosto de 1980.

II) Ambito del Protocolo

II.1. Ambito material

4. Surge del Art. 18, una fuerte identidad entre el Protocolo y la Convención a la que accede, siendo únicamente posible la adhesión o ratificación por aquellos Estados que a su vez hubieren ratificado o adherido a la Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. La vinculación señalada resulta igualmente del Art. 17, norma que ordena que las disposiciones del Protocolo sean interpretadas de modo que contemplen las de la Convención.

Las materias alcanzadas por el Protocolo, Art. 14, son asimismo, las regladas por la Convención -materias civil y mercantil, Art. 2º del texto de 1975- pudiendo ser ampliadas al tiempo de la firma, ratificación o adhesión a aquellas otras respecto a las cuales la propia regulación de Panamá admitía su extensión: criminal, laboral, contencioso-administrativa, juicios arbitrales (Art. 15 Convención sobre Recepción de Pruebas).

II.2. Ambito espacial

5. El Protocolo, al igual que los demás textos aprobados en ocasión del proceso codificador constituido por las Conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado, se encuentra abierto tanto a los países miembros de la Organización de Estados Americanos, como a aquellos ajenos a la misma. (Art. 18).

III) Las soluciones consagradas

III.1. Actividad de cooperación cumplida por tribunales del país donde deba diligenciarse la prueba

6. La misma es reglada en los numerales I a IV del Protocolo, en base a la actuación de las Autoridades
Centrales, que constituyen organismos especializados en cooperación jurídica internacional. A través de ellas, resulta posible la rápida remisión de exhortos entre tribunales de distintos países sin necesidad de legalización, atento al carácter oficial de la vida empleada, y han sido recibidos en el Derecho Internacional Privado Interamericano por diversos textos multilaterales, algunos vigentes entre más de una docena de nacionales (Convenciones de Panamá de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y Recepción de Pruebas en el Extranjero y de Montevideo de 1979 sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, etc.). Igualmente, diversos Convenios bilaterales vigentes entre nuestro país y otros del continente, organizan la cooperación en base a la existencia de Autoridades Centrales; v.gr., Convenios uruguayo argentinos sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos; Aplicación e Información del Derecho Extranjero y Protección Internacional de Menores.

a. Designación de Autoridades Centrales

7. De acuerdo al Art. 1º, cada Estado designará una Autoridad Central y comunicará tal designación a la Secretaría General de la OEA. Con un criterio que busca evitar dispersiones burocráticas y concentrar la actividad en un único organismo especializado, la norma dispone que los países parte también del Protocolo Adicional de 1979 a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 1975, designen la misma Autoridad Central. Nuestra República ha ratificado el Protocolo de 1979 y la Autoridad Central en relación al mismo, así como respecto a todos aquellos Tratados internacionales que prevén su existencia, es la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, organizada por Decreto 407/985 del 31 de julio de 1985 en el Ministerio de Educación y Cultura, al que se transfiere el organismo anteriormente constituido en la órbita del ex-Ministerio de Justicia, cuya nueva ubicación ha sido comunicada a la Secretaría General de la OEA.

b. Empleo de formularios

8. Con finalidad de simplificar la prestación de cooperación y uniformizar la redacción de exhortos en que se requiere la misma, así como las constancias del cumplimiento o no de las medidas impetradas, el Art. 2º prevé el empleo de fórmulas según modelos, cuyos textos se acompañan en un Anexo.

c. Deber de comunicar los idiomas oficiales de los Países Parte, dadas ciertas hipótesis

9. Atento a la posibilidad que accedan al Protocolo Estados con más de un idioma oficial -en el continente americano caso de Canadá el Art. 2º dispone, a efectos de facilitar la remisión de rogatorias, que los Estados Partes con tal característica comuniquen a la Secretaría General de la OEA -al momento de la firma, adhesión o ratificación- cuál o cuáles idiomas deberán ser considerados oficiales.

d. Diligenciamiento de las rogatorias

d.1. Remisión

10. El Art. 3º dispone que los exhortos sean remitidos a la Autoridad Central del Estado rogado por la Autoridad Central del país requirente.

La Autoridad Central requerida trasmitirá el exhorto al órgano jurisdiccional nacional competente, de acuerdo a su ordenamiento jurídico interno, de manera inmediata. En nuestro país, el Decreto Nº 392/986 de 28 de julio de 1986 prevé a tales efectos una comunicación directa entre la Suprema Corte de Justicia y la Autoridad Central, procedimiento que se ha demostrado en la práctica muy efectivo.

d.2. Medios de apremio

11. El Art. 4º busca evitar la discriminación entre el diligenciamiento de la prueba nacional y la solicitada desde el extranjero, disponiendo que el tribunal exhortado aplique "las medidas de apremio apropiadas previstas en su legislación", luego de verificado que se han cumplido los requisitos exigidos por su propia legislación para que tales medidas se apliquen en procesos locales.

d.3. Presencia e intervención de abogados y apoderados de las partes en el cumplimiento de las rogatorias

12. El Art. 5º autoriza la presencia de abogados o apoderados de las partes pertenecientes al país en que se lleva a cabo el juicio en el Estado de diligenciamiento de la rogatoria. La regulación aprobada resultó más restrictiva que la proyectada, que además permitía la actuación de tales letrados. La intervención de abogados y procuradores actuantes en el país del juicio en el Estado rogado, de acuerdo al artículo citado, queda en definitiva sujeta a lo que al respecto disponga la legislación de este último.

d.4. Gratuidad del diligenciamiento de la rogatoria

13. La solución de principio, es la gratuidad en la tramitación de la rogatoria, Art. 6º, criterio compartible en tanto el Protocolo busca estrechar la cooperación jurisdiccional entre los Estados Partes. La gratuidad empero no es absoluta; el Estado podrá reclamar a la parte requirente el pago de actuaciones que conforme a su ley interna deban ser sufragadas. El exhorto extranjero es equiparado por el Protocolo al nacional pero, con criterio lógico, se busca evitar que en definitiva resulte privilegiado respecto a éste.

A efectos de costear gastos, la parte solicitante de la medida deberá designar en el Estado rogado la persona que atienda los mismos o acompañara cheque por el costo de las actuaciones.

Con la finalidad de facilitar los pagos, el Art. 7º dispone que los Estados al depositar en la Secretaría General de OEA el instrumento de ratificación o adhesión, informen qué actuaciones según su legislación interna son onerosas y el valor razonable estimado; extremo éste que ha de resultar necesario tener presente al momento en que nuestra República deposite el respectivo instrumento de ratificación.

En base a la reciprocidad, los Estados podrán indicar al momento de realizar la declaración aludida precedentemente, que no cobrarán gastos que de lo contrario los requirentes del acto de cooperación deberían abonar (Art. 8º).

III.2. Recepción de pruebas por agentes diplomáticos o consulares

14. El Capítulo V regula este procedimiento cuya posibilidad ya estaba prevista en la Convención de Panamá de 1975 sobre Excepción de Pruebas en el Extranjero -ratificada por Uruguay por Decreto-Ley Nº 14.534 del 24 de junio de 1976- Art. 14 "in fine".

15. El Art. 9º dispone especialmente que la actuación de agentes consulares o diplomáticos en la recepción de pruebas dentro del ámbito de su jurisdicción no puede suponer el empleo de medios de apremio.

El artículo distingue entre actividad probatoria llevada a cabo por tales agentes respecto a sus nacionales y en relación a los de terceros países, caso en el cual sus potestades pueden ser más restringidas.

Límites a la actividad probatoria de diplomáticos y cónsules en la recepción de pruebas relativas a no nacionales del Estado al que pertenecen

16. Los Estados Partes en el momento de firmar, ratificar o adherir al Protocolo (Art. 10) podrán limitar las actuaciones probatorias de diplomáticos y cónsules respecto a los no nacionales del Estado acreditante de dichos agentes, tanto en razón de materia, como respecto a las condiciones de tiempo y lugar en que deban desarrollar sus actividades (Art. 9º).

Las posibilidades de reducción de la actividad probatoria en razón de materia deben tener en cuenta el Art. 2º de la Convención Interamericana de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, en función del cual el Protocolo queda circunscripto a la temática civil y mercantil, excepto declaración extensiva de los Estados (Art. 14). Por consiguiente, la reducción deberá circunscribirse a las categorías pertenecientes a una de las dos ramas jurídicas enunciadas y, atento a la naturaleza de los intereses protegidos, podría resultar conveniente excluir de la competencia de funcionarios ajenos al foro, las cuestiones relativas a la minoridad.

Respecto a condicionamientos relativos a lugar, autorizados también por el Art. 10, puede resultar conveniente que la actividad probatoria de cónsules y diplomáticos se realice fuera de sus sedes, en oficinas del Estado acreditante, especializadas en la cooperación jurídica internacional, v.gr., la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, como medio de velar por el adecuado cumplimiento de los límites y garantías previstas por el Art. 12.

Diligenciamiento de las pruebas

17. El Art. 12 autoriza al agente diplomático o consular a someter su actuación a las reglas y procedimientos del país al que pertenece -pues es funcionario de dicho Estado y la actividad que desarrolla se encuentra al servicio de un proceso allí tramitado- a condición que "la diligencia solicitada no fuere contraria a disposiciones legales en el Estado requerido que expresamente la prohiban" (Art. 2º literal 2, Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero).

18. En materia de prestación de testimonio, se prevé expresamente que el declarante ante cónsul o diplomático puede rehusarse a prestarlos, tanto (de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 12 de la Convención) conforme a la ley del Estado requerido, como del Estado requirente.

19. Las personas a quienes se requiera pruebas o información podrán estar asistidas por abogados, intérpretes o auxiliares de su confianza (Art. 12 "in fine"), como medio de asegurar plenamente sus derechos.

Medidas de apremio

20. En tanto los agentes diplomáticos o consulares no se encuentran autorizados a emplear por sí medios de apremio (Art. 9º), puede requerir la adopción de los mismos a los órganos jurisdiccionales del Estado en que se desarrollen sus actividades, los que únicamente podrán acceder cuando estimen que se han cumplido las condiciones exigidas por su ley (Art. 11).

21. El Art. 13 se basa en la índole no excluyente de los dos procedimientos legislados en materia de obtención de pruebas y en consecuencia la frustración en el diligenciamiento de la prueba en base al procedimiento del Art. 9º no impide acudir a la vía Autoridades Centrales.

III.3. Procedimientos especiales

22. Las autoridades del Estado exhortante podrán solicitar que se cumplan procedimientos especiales, propios del ordenamiento requirente, pedido que los tribunales rogados en principio deberán observar (Art. 15), excepto que fueren de imposible cumplimiento en dicho país, o resultaren incompatibles con su legislación (Art. 6º Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas).

La facultad de requerir por los tribunales rogantes el cumplimiento de procedimientos específicos no es nueva para el Derecho Internacional Privado Procesal uruguayo (además de la Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas -Art. 6º- admiten tal hipótesis la Convención de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias (Art. 10 y los Convenios bilaterales uruguayo-argentino y uruguayo-chileno sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos, Arts. 5º de ambos textos) y se funda en la naturaleza accesoria del proceso cooperativo respecto del principal, a cuyo servicio se llevan a cabo las actuaciones en el extranjero.

III.4. Exhibición o transcripción de documentos

23. El diligenciamiento de las rogatorias es objeto de severo condicionamiento (Art. 16); se exige:

a) que el proceso esté iniciado; se evita de esta forma el deber de acceder a exhibiciones o informaciones documentarias requeridas con carácter prejudicial, lo que el sistema del common law denomina pretrial discovery of documents -conforme informe del Relator de la Comisión II de la Conferencia de La Paz de 1984, Frederick Heller, págs. 4 y 5;

b) que los documentos sean razonablemente identificados; y

c) que se especifique la razón por la cual la parte requirente cree que los documentos se encuentran en posesión o son de conocimiento de la persona requerida.

La parte a la que se solicite la información, puede siempre negar ésta de acuerdo a los términos de la Convención sobre Recepción de Pruebas.

24. Los Estados, al momento de firmar, ratificar o adherir a la Convención, pueden declarar que cumplirán los exhortos referidos en el artículo en examen, a condición que la rogatoria precise la relación entre la prueba requerida y el proceso en relación al cual ésta se solicita. Juzgamos conveniente que Uruguay efectúe en su oportunidad la mencionada declaración, como medio de evitar requerimientos abusivos o cuando menos, no seriamente fundados.

III.5. Conclusiones

25. Como evaluación del Protocolo examinado, creemos que al igual que su precedente de Montevideo de 1979 (Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, texto ya vigente) constituye un intento serio por conciliar las soluciones en materia de recepción de pruebas en el extranjero propias de los países latinoamericanos, con aquellas características de los Estados del common law. Se prevén dos procedimientos; uno fundado en la actuación de los tribunales del país de recepción de la prueba y la trasmisión de la rogatoria por intermedio de las Autoridades Centrales, vía nueva pero suficientemente asentada de la cooperación jurídica internacional a nivel mundial y continental, que la experiencia -inclusive nacional- ha demostrado como sumamente ágil y segura; y la recepción de prueba por intermedio de diplomáticos o cónsules del país del proceso, forma propia de los sistemas anglosajones, que ha sido suficientemente atemperada por la Convención. En tal sentido, los agentes extranjeros carecen de facultades para disponer por sí medidas de apremio; las diligencias relativas a los no nacionales de sus Estados acreditantes pueden ser limitados en razón de materia y condicionadas respecto al lugar y tiempo en que deben ser practicadas; cualquiera que sea, el declarante puede invocar la legislación del Estado donde se practica la diligencia o del país del juicio, para negarse a declarar y puede exigir estar acompañado de auxiliares o abogados de su confianza durante las actuaciones llevada a cabo.

Respecto a la exhibición y transcripción de documentos, los condicionamientos para la recepción de pruebas y la declaración que al respecto se prevé puedan hacer los Estados, son garantía suficiente para el correcto cumplimiento de un deber básico impuesto por la práctica de las naciones civilizadas, cooperar en la realización de la Justicia.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Carlos Pérez del Castillo, Samuel Lichtensztejn.

Montevideo, 24 de mayo de 1995.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébanse las Convenciones y el Protocolo suscritos por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado que tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984: Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores; Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado; Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras y Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.

Carlos Pérez del Castillo, Samuel Lichtensztejn.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE COMPETENCIA EN LA ESFERA
INTERNACIONAL PARA LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE
LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos,

ANIMADOS del propósito de asegurar una mejor administración de justicia mediante mayor cooperación judicial entre los Estados Americanos, y

CONSIDERANDO que la eficaz aplicación del artículo 2º, inciso d) de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, firmada en la ciudad de Montevideo el 8 de mayo de 1979, exige disposiciones que eviten conflictos de competencia entre sus Estados Partes,

HAN CONVENIDO en suscribir la siguiente

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE COMPETENCIA EN LA ESFERA
INTERNACIONAL PARA LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL
DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS

Artículo 1º

Con el fin de obtener la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras se considerará satisfecho el requisito de la competencia en la esfera internacional cuando el órgano jurisdiccional de un Estado Parte que ha dictado sentencia hubiera tenido competencia de acuerdo con las siguientes disposiciones:

A. En materia de acciones personales de naturaleza patrimonial debe satisfacerse alguno de los siguientes supuestos, o lo previsto en la sección D de este artículo, si fuese del caso:

1. Que el demandado, al momento de entablarse la demanda haya tenido su domicilio o residencia habitual en el territorio del Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia si se tratare de personas físicas, o que haya tenido su establecimiento principal en dicho territorio en el caso de personas jurídicas;

2. En el caso de acciones contra sociedades civiles o mercantiles de carácter privado, que éstas, al momento de entablarse la demanda, hayan tenido su establecimiento principal en el Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia o bien hubieren sido constituidas en dicho Estado Parte;

3. Respecto de acciones contra sucursales, agencias o filiales de sociedades civiles o mercantiles de carácter privado, que las actividades que originaron las respectivas demandas se hayan realizado en el Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia, o

4. En materia de fueros renunciables que el demandado haya aceptado por escrito la competencia del órgano jurisdiccional que pronunció la sentencia; o si, a pesar de haber comparecido en el juicio, no haya cuestionado oportunamente la competencia de dicho órgano.

B. En el caso de acciones reales sobre bienes muebles corporales debe satisfacerse uno de los siguientes supuestos:

1. Que, al momento de entablarse la demanda, los bienes hayan estado situados en el territorio del Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia, o

2. Que se diere cualquiera de los supuestos previstos en la sección A de este artículo.

C. En el caso de acciones reales sobre bienes inmuebles, que éstos se hayan encontrado situados, al momento de entablarse la demanda, en el territorio del Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia.

D. Respecto de acciones derivadas de contratos mercantiles celebrados en la esfera internacional, que las Partes hayan acordado por escrito someterse a la jurisdicción del Estado Parte donde se pronunció la sentencia, siempre y cuando tal competencia no haya sido establecida en forma abusiva y haya existido una conexión razonable con el objeto de la controversia.

Artículo 2º

Se considerará también satisfecho el requisito de la competencia en la esfera internacional si, a criterio del órgano jurisdiccional del Estado Parte donde deba surtir efectos, el órgano jurisdiccional que pronunció la sentencia asumió competencia para evitar denegación de justicia por no existir órgano jurisdiccional competente.

Artículo 3º

En el caso de una sentencia pronunciada para decidir una contrademanda, se considerará satisfecho el requisito de la competencia en la esfera internacional cuando:

1. Si se considerara la contrademanda como una acción independiente, se hubiera cumplido con las disposiciones anteriores;

2. La demanda principal ha cumplido con las disposiciones anteriores y la contrademanda se fundamentó en el acto o hecho en que se basó la demanda principal.

Artículo 4º

Podrá negarse eficacia extraterritorial a la sentencia si ha sido dictada invadiendo la competencia exclusiva del Estado Parte ante el cual se invoca.

Artículo 5º

Para que las sentencias extranjeras puedan tener eficacia extraterritorial se requerirá que, además de tener el carácter de cosa juzgada, puedan ser susceptibles de reconocimiento o ejecución en todo el territorio del Estado Parte donde fueron pronunciadas.

Artículo 6º

Esta Convención sólo es aplicable en los casos regulados por los artículos anteriores y no rige en las siguientes materias:

a. Estado civil y capacidad de las personas físicas;

b. Divorcio, nulidad de matrimonio y régimen de los bienes en el matrimonio;

c. Pensiones alimenticias;

d. Sucesión testamentaria o intestada;

e. Quiebras, concursos, concordatos u otros procedimientos análogos;

f. Liquidación de sociedades;

g. Cuestiones laborales;

h. Seguridad social;

i. Arbitraje;

j. Daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, y

k. Cuestiones marítimas y áreas.

Artículo 7º

Los Estados Partes podrán declarar que aplicarán también esta Convención a las resoluciones que terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de daños o perjuicios derivados de delito.

Artículo 8º

Las normas de la presente Convención no restringen las disposiciones más amplias de convenciones bilaterales o multilaterales entre los Estados Partes en materia de competencia en la esfera internacional, ni las prácticas más favorables que éstos puedan observar con relación a la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras.

Artículo 9º

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 10

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 11

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 12

Los Estados signatarios de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, firmada en Montevideo el 8 de mayo de 1979, pueden, además, formular declaraciones en cualquier momento en el sentido de que la presente Convención será aplicada para determinar la validez de la competencia en la esfera internacional a que se refiere el inciso d) del artículo 2º de aquella Convención.

Tales declaraciones, de no ser formuladas en el momento de la firma de esta Convención o en el instrumento de ratificación o adhesión, serán presentadas en documento dirigido a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la cual notificará de su contenido a los Estados signatarios.

Artículo 13

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.

Artículo 14

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

Artículo 15

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.

Artículo 16

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta Constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organización y a los Estados que haya adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá las declaraciones previstas en los artículos 7º, 12 y 14 de la presente Convención.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.

HECHA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, el día veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales tiene a su consideración el proyecto de ley, enviado el 25 de abril de 2000, cuyo artículo único solicita la aprobación de la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE COMPETENCIA EN LA ESFERA INTERNACIONAL PARA LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS, suscrita por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, que tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984.

Este Proyecto está acompañado por un exhaustivo y pormenorizado análisis de los antecedentes sobre las Convenciones suscritas por la República en la Primera, Segunda y Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado convocadas por la Organización de Estados Americanos, que tuvieron lugar en Panamá (14 al 30 de enero de 1975), Montevideo (23 de abril al 8 de mayo de 1979) y La Paz en la fecha arriba citada, respectivamente.

Según se refiere en el numeral 5 de la página 7 del documento de análisis citado, "Existe en la obra de las CIDIP una hilazón determinada por el objeto abordado; en este sentido, a título de ejemplo, adviértese que la Convención aprobada por la CIDIP II sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, ha sido complementada por la Convención aprobada por la CIDIP III sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia de las Sentencias Extranjeras".

Así mismo, según se expone en la página 19, último párrafo, se recogen en el texto de la Convención en consideración, las modificaciones propuestas por la Delegación del Uruguay, basadas en los estudios efectuados por la Sala de Derecho Internacional Privado del Instituto de Derecho y Relaciones Internacionales Privado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Montevideo.

La Convención consta de una breve introducción donde se destacan el propósito de justicia que la anima y de una mayor eficacia de las Convenciones que la anteceden en la materia y de 16 artículos cuyo contenido básico pasamos a exponer.

Artículo 1º. - Se establecen los requisitos de competencia para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras en materia de acciones personales de naturaleza patrimonial, en el caso de acciones reales sobre bienes muebles corporales y bienes inmuebles, así como respecto de acciones derivadas de contratos mercantiles según acuerdo de Partes.

Art. 2º. - Considera satisfecho el requisito de competencia si a criterio del órgano jurisdiccional del Estado Parte donde debe surtir efectos, el órgano jurisdiccional que pronunció sentencia asumió competencia para evitar denegación de justicia por no existir órgano competente.

Art. 3º. - Establece que los requisitos de competencia se considerarán cumplidos en caso de contrademandas, tanto si se la considerara como acción independiente y se hubiere cumplido con disposiciones anteriores o como fundamentada en el acto o hecho en que se basó la demanda principal.

Art. 4º. - Establece que podrá negarse la eficacia extraterritorial a las sentencias que invadan la competencia exclusiva del Estado Parte.

Art. 5º. - Establece la exigencia de que para que las sentencias extranjeras puedan tener eficacia extraterritorial, se requerirá que además de tener el carácter de cosa juzgada deben ser susceptibles de reconocimiento o ejecución en todo el Estado Parte donde fueron pronunciadas.

Art. 6º. - Establece las materias en que la Convención no es aplicable.

Art. 7º. - Establece la potestad de los Estados Parte a extender la aplicación de esta Convención a las resoluciones que terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto refieran a indemnizar a los daños y perjuicios derivados del delito.

Art. 8º. - Señala que la Convención no restringe las disposiciones más amplias de otras convenciones ni las prácticas más favorables que los Estados Parte puedan observar con relación a la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras.

Art. 9º. - Establece el carácter abierto a la firma de todos los Estados Miembros de la OEA.

Art. 10. - Establece las formalidades para la ratificación de la Convención.

Art. 11. - Establece las formalidades para la adhesión a la Convención por cualquier otro Estado.

Art. 12. - Establece las formalidades para que los Estados Parte puedan formular declaraciones en el sentido de que la presente Convención será aplicada para determinar la validez de la competencia en la esfera internacional a que se refiere el inc. d del artículo 2º de la Convención del 8 de mayo de 1979.

Art. 13. - Fija la vigencia de la Convención a partir del trigésimo día de la segunda ratificación depositada. Para cada Estado Parte que la ratifique en forma subsiguiente, la Convención entrará en vigencia a los treinta días de la fecha en que se depositó la ratificación.

Art. 14. - Establece las formalidades de determinación del territorio en el cual regirá la Convención, en aquellos Estados Parte que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas.

Art. 15. - Define los plazos de vigencia y las formas de denuncia de la Convención.

Art. 16. - Establece las formalidades de estilo sobre idiomas a utilizar en los textos, depósitos de documentos de suscripción, etc.

En función de los contenidos de la Convención en discusión, proponemos al Cuerpo la APROBACION de la misma.

Sala de la Comisión, 10 de agosto de 2000.

Reinaldo Gargano (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos Garat, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra, Juan Adolfo Singer. Senadores.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: la Comisión, por unanimidad, recomienda la aprobación de esta Convención.

Como se recordará, en una sesión anterior quedó postergada su consideración a pedido del Partido Nacional que, en atención a su importancia, solicitó tiempo para su estudio.

Esta Convención fue una de las partes de las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado que tuvieron lugar en la ciudad de La Paz, Bolivia, en 1984.

El proyecto de ley está acompañado por un exhaustivo y pormenorizado análisis de los antecedentes sobre las Convenciones suscritas por la República en la Primera, Segunda y Tercera Conferencias Especializadas sobre Derecho Internacional Privado y -obviamente lo dice su texto- tiene relación con los requisitos que se exigen para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras en materia de acciones personales de naturaleza patrimonial, en el caso de acciones reales sobre bienes muebles corporales y bienes inmuebles, así como respecto de acciones derivadas de contratos mercantiles según acuerdo de Partes.

Desde el artículo 2° al 9° inclusive se establecen mecanismos para que se hagan efectivas las sentencias según el texto acordado.

La Convención configura un adelanto importante en la ejecución de las sentencias de carácter privado para todas las naciones de América.

Como dije al principio, la Comisión recomienda, por unanimidad, su aprobación y las restantes consideraciones figuran en el informe correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el Artículo Único.

(Se lee:)

"Artículo Único.- Apruébase la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras, suscrita por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, que tuviera lugar en La Paz, del 15 al 24 de mayo de 1984."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

20) CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADERIA POR CARRETERA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Contrato de Transporte Internacional de Mercadería por Carretera (Carp. N° 156/00 - Rep. N° 90/00)."

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: aquí se solicita la aprobación parlamentaria de la Convención Interamericana sobre Contrato de Transporte Internacional de Mercadería por Carretera, que fue suscrito por la República en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado convocada por la Asamblea General de la OEA y que tuviera lugar en Montevideo del 9 al 15 de julio de 1989. Se reitera esta solicitud por la cual se otorga una cobertura jurídica supranacional de derecho uniforme al transporte internacional por carretera.

La Convención consta de siete capítulos y veinticuatro artículos. En el Capítulo I se definen, fundamentalmente, los conceptos básicos. En el Capítulo II se trata sobre el ámbito de aplicación y se establece la preceptividad de la Convención en las situaciones alcanzadas por la misma, siempre que el lugar de expedición de mercaderías se encuentre en un Estado Parte y el de la entrega en otro Estado Parte de los integrantes de dicha Convención. El Capítulo III se refiere a la documentación y reglamenta detalladamente el conocimiento de embarque, el cual pasa a ser el recibo de la carga y la prueba de las condiciones del transporte. El Capítulo IV se refiere a la responsabilidad, y se propone una solución que busca el justo equilibrio entre las partes, y el Capítulo V trata de la competencia y se contempla un sistema amplio y flexible de solución de controversias, que parece muy adecuado a la realidad.

Desde este punto de vista, señor Presidente, la Comisión apoyó la aprobación de esta Convención por unanimidad y esperamos que el Senado haga la propio.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: cuando estudiamos este proyecto de aprobación de Convención, nos encontramos con que se trata de una Convención de aplicación muy inmediata en el espacio territorial y comercial y de gran trascendencia. Se trata -como los señores Senadores habrán oído- del transporte internacional de mercadería por carretera.

Hoy en el Uruguay -basta andar por nuestras carreteras para darnos cuenta- hay un gran tráfico que las ocupa y que llega, obviamente, a Brasil y Argentina, que son las hipótesis de más necesario análisis.

La Convención establece una serie de normas que no pretendo discutir, porque confieso que no tengo la información suficiente para ello; pero he preguntado a los miembros de la Comisión de mi colectividad -concretamente, a los señores Senadores Garat y Pereyra- si en ese ámbito se procedió a hacer algunas consultas que, a mi juicio, son absolutamente necesarias. Aquí hay que consultar a la Cátedra de Derecho Comercial, porque es un contrato de transporte ¿Está alterado en una forma importante? No lo sé. Las alteraciones -si las hay- ¿son negativas para el Uruguay? ¿Son favorables para los uruguayos que trabajan en este ramo? No puedo dar contestación y supongo que la Comisión como tal no puede hacerlo a menos que haya estudiado estos aspectos, cosa que se me ha dicho no ha hecho.

En segundo lugar, parece de interés que se convoque a los transportistas para hacerles algunas preguntas, porque a veces los Convenios Internacionales -como le consta al Senado- a diferencia de las leyes, no son objeto de difusión ni de discusión pública, sino que son meramente objeto de estos trámites, con todo el alcance que los mismos tienen pero no más allá.

Personalmente, diría que no sé si los transportistas uruguayos conocen las modificaciones resultantes de esta Convención. De pronto, de conocerlas, estarían de acuerdo sin lugar a dudas. Aclaro que tampoco estoy abriendo juicio, pero de pronto nos estarían señalando los graves perjuicios que se les ocasionaría o diferencias negativas frente a sus competidores argentinos y brasileños. Muchas veces he escuchado a los integrantes de las organizaciones de transportistas quejarse de la competencia de los camioneros de esos dos países que, según ellos, los están superando por posibilidades que entienden no son justificadas. Pero no es ese el tema que quiero traer hoy. Lo que quiero dejar planteado es si no estaremos -y esto lo podrán contestar los miembros de la Comisión si es que se hubiera llegado a cierto nivel de análisis- llevando alguna traba más para nuestros camioneros, nuestros transportistas, ya que puede tratarse de camiones o de ómnibus que lleven alguna mercadería de otro tipo.

Mi tercera pregunta, señor Presidente es: ¿Se consultó a la Aduana? Porque todo lo que figura aquí, que naturalmente lo leí apenas con el criterio que naturalmente me da el grado de cultura jurídica que he adquirido "in illo tempore", me permite decir que no tengo apreciación para algunos aspectos, pero de pronto la Aduana podría señalar algún artículo que ofrezca dificultades para el cumplimiento de sus tareas, dificultades francamente negativas para el país y que si fueran de otra índole no diría dificultades sino ventajas.

Por todo ello, señor Presidente, creo que sería de interés poder hacer dichas consultas. De otro modo, mañana nos podríamos ver ante dificultades que, repito, serían muy graves y un reproche que podría ser válido para este Cuerpo que no hizo antes lo que después va a tener que hacer, que es conocer opiniones que serían verdaderamente de interés.

Por otra parte -y esto sí es lo que propongo específicamente- y a los efectos que he señalado, entiendo que la Comisión de Asuntos Internacionales no es la apropiada. Yo llevaría este asunto a la Comisión de Transporte y Obras Públicas, donde se sabe mucho más sobre el fondo del tema. La Comisión de Asuntos Internacionales analiza -como tantas veces lo hacemos aquí- aspectos que hacen a la forma de la preparación de un convenio, de una convención, de un tratado, etcétera; pero no recurre generalmente al fondo de este tipo de asuntos. Distinto sería, pienso, si el Senado, en lugar de dar su aprobación ahora, procediera a derivar el tema a la Comisión de Transporte y Obras Públicas a los efectos de que ésta, teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados, nos informara sobre todo qué implica para nuestra gente la aplicación de esta Convención. Descuento que puede ser perfectamente viable y que la respuesta será la mejor de todas, pero lo cortés no quita lo valiente y podemos prorrogar por el tiempo que fuera necesario la aprobación de este asunto, a efectos de que la Comisión de Transporte y Obras Públicas realice las consultas del caso para pasar luego a informarnos positiva o negativamente.

Por las razones expuestas, solicito que este tema sea derivado a la Comisión de Transporte y Obras Públicas para que ésta se expida sobre la aplicación de esta Convención en la realidad del transporte nacional de mercadería por carretera.

Por ahora nada más.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador acaba de formular una moción de orden.

SEÑOR COURIEL.- Es una moción de trámite.

SEÑOR FAU.- No existen las mociones de trámite; se trata de una moción de orden.

SEÑOR GARCIA COSTA.- ¿Me permite, señor Presidente?

Quiero aclarar que no es mi intención que no se discuta sobre el tema; todo lo contrario. Lo he planteado como una interrogante que descuento podemos compartir todos y los que no la comparten podrían explicar el porqué y de pronto resulta satisfactorio. A esos efectos dejo de lado la propuesta, que en su momento repetiré si es que no se han aclarado los puntos de vista que he señalado.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: en la Comisión de Asuntos Internacionales se tratan los problemas de forma y también de fondo. Tenemos una larga controversia sobre la forma cómo se resuelven exactamente las controversias cuando hay versiones que se realizan dentro del país: si se resuelven en la jurisdicción nacional o mediante arbitraje en el exterior. O sea, citando un ejemplo, decimos que en la Comisión de Asuntos Internacionales se discuten muchos temas de fondo; el proyecto relativo a la construcción del puente Colonia - Buenos Aires llevó un año de discusión, y no se trataron temas de forma sino de fondo.

En el caso de los convenios o los tratados en la Comisión de Asuntos Internacionales se acostumbra destinárselo a uno de sus miembros, que lo lee, lo estudia y hace las consultas del caso. Este asunto específico me tocó a mí, por lo que me dediqué a su análisis. Como no soy abogado, efectué las consultas jurídicas que me parecieron pertinentes y encontré muy normal lo que en el Tratado se establece como para votarlo afirmativamente.

Esto no quiere decir que si el Partido Nacional -que en el seno de la Comisión acompañó el proyecto- desea que el tema vuelva a Comisión, me oponga a ello, porque en realidad no tendría ningún inconveniente.

También quiero decir que estaríamos modificando -y no estaría mal; lo podemos discutir- el sistema habitual de trabajo.

Si mañana viene un tratado de cooperación cultural o educativa, en lugar de que lo trate la Comisión de Asuntos Internacionales, se lo pasaríamos a la Comisión de Educación y Cultura. Del mismo modo, si mañana viene un tema que tiene que ver con tratamientos impositivos, en lugar de considerarlo en la Comisión de Asuntos Internacionales, lo trataríamos en la Comisión de Hacienda. Si mañana viene, como ocurre muchas veces, un tema que tiene vínculos con la agricultura, en lugar de tratarlo en la Comisión de Asuntos Internacionales, lo trataríamos en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es un tema que se puede debatir; no tengo inconveniente. Pero no es lo que hemos venido haciendo en la Comisión de Asuntos Internacionales.

En definitiva, no tengo absolutamente ningún inconveniente en que este tema vuelva a la Comisión de Asuntos Internacionales, pase por la Comisión de Transporte y Obras Públicas, y se hagan todas las consultas habidas y por haber, para darle la máxima tranquilidad al Senado. Pero me gustaría que hubiera coherencia: si mañana viene un Tratado que no tiene un vínculo específico con la Comisión de Asuntos Internacionales, para ser coherentes deberíamos llevarlo a las Comisiones correspondientes, ya sea de Hacienda, de Ganadería, Agricultura y Pesca o de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Me declaro muy conforme con lo que ha dicho el Miembro Informante, señor Senador Couriel, quien por otra parte deriva el tema a la forma de trabajo de la Comisión de Asuntos Internacionales, que no es mi intención. Yo dije que este Convenio, por su índole, su texto y el problema que plantea, me parecía digno de ser estudiado por la Comisión de Transporte y Obras Públicas. El señor Senador Couriel me dice que en ese caso tendríamos que seguir una conducta similar con otros Tratados o Convenciones. No he dicho eso, señor Presidente, sino que he dicho lo que he dicho, de manera que vamos a quedarnos en eso, y me alegro de que este tema pueda ser estudiado en las Comisiones que podrían aportar, desde otro punto de vista, algo de interés.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- El señor Senador García Costa me consultó y me hizo partícipe, como integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, de sus dudas, y debo decir que estuve de acuerdo en que planteara esta moción, a los efectos de que este tema se analice más profundamente, por las consecuencias que puede tener. Sabemos perfectamente que si hay un tema de actualidad, es precisamente el que plantean los transportistas internacionales, frente a la competencia y a las dificultades que tienen para llevar mercaderías al extranjero.

También compartí con él que este es un tema tan relacionado con el transporte que merece ser considerado por la Comisión de Transporte y Obras Públicas. Por lo tanto, entendí que era conveniente que tuviéramos la opinión de esa Comisión en este caso en particular.

Esto no quita que comparta también todos los juicios y razonamientos que ha realizado el señor Senador Couriel, en cuanto al método de trabajo que empleamos en la Comisión de Asuntos Internacionales. Sabemos que el señor Senador Couriel es un integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales que estudia y procede con criterio y con responsabilidad cuando se le dan asuntos a estudio. Pero insisto: en este caso en particular voy a acompañar la moción que ha planteado el señor Senador García Costa, porque creo que es un tema de gran actualidad y que puede habérsenos pasado a todos algún inconveniente que, por supuesto, con mayor autoridad y conocimiento de la materia, puede subsanar la Comisión de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- No es la primera vez que se plantean asuntos de esta índole aquí en el Senado o en la Cámara de Representantes, y el procedimiento tradicional que se ha seguido cuando se han planteado asuntos de esta naturaleza es que el proyecto sea tratado por la Comisión de Asuntos Internacionales integrada con un par de miembros de la Comisión respectiva, en este caso, de Transporte y Obras Públicas. Esto es lo que se ha hecho siempre y me parece que es lo que corresponde; tratándose de un Convenio internacional, lo lógico es que la Comisión asesora del Senado para este tipo de asuntos sea la Comisión de Asuntos Internacionales, pero cuando hay asuntos que involucran la competencia de otras Comisiones, cuya opinión parece sensato atender, lo que se hace es integrar la Comisión a los efectos de brindar asesoramiento al Senado sobre el proyecto en concreto.

Entonces, me permito ampliar la moción del señor Senador García Costa en el sentido de que sea la Comisión de Asuntos Internacionales integrada con dos miembros de la Comisión de Transporte y Obras Públicas la que asesore al Senado sobre este proyecto.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: yo me he guiado para esto por el estudio que ha hecho el señor Senador Couriel, pero también por la lectura de la documentación que ha aportado el Poder Ejecutivo. Esta es una Convención que gestionó y redactó, entre otros, el actual Canciller de la República, quien la impulsó a nivel de las Conferencias que se realizaron en La Paz, que han sido tres. En efecto, si los señores Senadores revisan el repartido, comprobarán que hay tres referencias. La primera de ellas es sobre una Convención relativa a los menores, que fue informada el año pasado por el señor Senador Millor, la votamos y volvió a venir porque se había traspapelado con otros asuntos. Otra se refiere a la Convención sobre la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras. Y la tercera es la relativa a esta Convención sobre transporte.

En lo personal, creo que se puede enriquecer mucho el debate, pero de verdad no creo que haya muchas cosas nuevas a conocer sobre la materia.

De todas maneras, voy a acompañar la moción del señor Senador Singer, para que se abra una nueva posibilidad de analizar el tema. La Comisión de Asuntos Internacionales está trabajando con bastante intensidad, aprobando materiales que vienen de mucho tiempo atrás; por ejemplo, este tiene ya once años, y el anterior era de 1984, es decir, de hace dieciséis años. Nosotros pensamos -y así lo hemos conversado con el Ministerio- que los Tratados que ha suscrito el país tienen que ser estudiados rápidamente por el Parlamento; se pueden votar a favor o en contra, pero no pueden estar durmiendo en las gavetas de la Cámara o del Ministerio durante años.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Singer, en el sentido de que este asunto vuelva a la Comisión de Asuntos Internacionales integrada con la Comisión de Transporte y Obras Públicas.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

21) ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se modifica la Carta Orgánica de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. (Carp. Nº 238/2000 - Rep. Nº 102/2000)"

(Antecedentes: )

«Carp. Nº 238/00
Rep. Nº 102/00

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Incorpóranse al artículo 2º de la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952, los siguientes literales:

"f) podrá proveer a terceros a título oneroso, el suministro de agua sin potabilizar para ser destinada a finalidades diversas del consumo humano, siempre que la disponibilidad del recurso natural resulte excedentaria respecto de los caudales necesarios para atender el servicio público de agua potable, a que se refiere el literal a) de este artículo;

g) podrá construir o adquirir ya construidos y enajenar a título oneroso directamente a terceros dentro y fuera del país, ingenios para la potabilización de aguas y para el tratamiento de efluentes cloacales cuya tecnología de fabricación le pertenezca".

Danilo Astori, Alberto Couriel, José Jorge de Boismenu, Eleuterio Fernández Huidobro, Luis Alberto Heber, Pablo Millor. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley reitera el oportunamente remitido a la Asamblea General por el anterior Poder Ejecutivo, con fecha 28 de diciembre de 1999.

El mismo introduce modificaciones a la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952 -Ley Orgánica de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE)- ampliando sus facultades y cometidos, sin modificar su naturaleza jurídica pública estatal, organizada como servicio descentralizado que desarrolla actividad industrial y comercial, ni su orientación fundamentalmente higiénico sanitaria y prevalencia de la finalidad social.

Básicamente, el proyecto consiste en habilitar a la Empresa para realizar dos actividades:

1) que OSE pueda proveer a terceros, a título oneroso, agua sin tratamiento de potabilización, es decir, lo que se denomina agua bruta, y

2) que OSE pueda construir o adquirir ya construidas y enajenar, a título oneroso, directamente a terceros, dentro y fuera del país, ingenios para la potabilización de aguas y para el tratamiento de efluentes cloacales cuya tecnología de fabricación le pertenezca.

El 27 de junio de 2000, la Comisión de Industria y Energía recibió a la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA). Entre otras inquietudes la delegación sindical planteó la conveniencia de la rápida aprobación de este proyecto de ley, enfatizando el beneficio que implicaría para la mano de obra nacional, aportando una nueva fuente dinamizadora de la industria metalúrgica (Distribuido Nº 260/2000, página 3 a 7).

La Comisión decidió citar al Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), el cual compareció junto con el Gerente General, con el Gerente Comercial y con el Asesor Letrado el día 11 de julio de 2000 (Distribuido Nº 290/2000).

En dicha comparecencia se pudo apreciar una feliz coincidencia de las autoridades de la Empresa Estatal con lo sustentado por los representantes sindicales; además se aportaron nuevos elementos que reafirman la conveniencia de este proyecto de ley, como ser la posibilidad de que OSE genere recursos genuinos en el desarrollo de programas a nivel nacional, regional o a gran escala.

Correspondería agregar que el desarrollo de una de las posibilidades que se le abrirían a la Empresa, el de exportar las plantas potabilizadoras de agua (Unidades Potabilizadoras Autónomas), sería un nuevo elemento, que acrecentaría el prestigio del Uruguay, en especial en aquellos países con serios problemas y carencias de agua potable.

Por estas razones, los miembros de la Comisión de Industria y Energía del Senado, por unanimidad, ha decidido hacer suyo este proyecto.

Se adjunta la exposición de motivos presentada por el Poder Ejecutivo el 28 de diciembre de 1999 y las versiones taquigráficas de las comparecencias de la UNTMRA y del Directorio de OSE.

Danilo Astori, Alberto Couriel, José Jorge de Boismenu, Eleuterio Fernández Huidobro, Luis Alberto Heber, Pablo Millor. Senadores.

ANTECEDENTES REMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO CON FECHA
28 DE DICIEMBRE DE 1999

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 28 de diciembre de 1999.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir para su discusión y sanción el proyecto de ley que introduce modificaciones parciales a la Ley Nº 11.907 del 19 de diciembre de 1952, Orgánica de la Administración de las Aguas Sanitarias del Estado (OSE).

El proyecto de ley refiere a la modificación de la Ley vigente en el Capítulo II correspondiente a los cometidos y facultades del Instituto y más precisamente a la ampliación de los mismos, incorporando otros a los establecidos en el actual artículo 2º.

Los cometidos que el Proyecto procura agregar refieren a dos actividades no contempladas en la actual redacción de la Ley Nº 11.907, que sin embargo son afines a las que OSE ya cumple, por estar vinculadas a su giro ordinario tradicional y su incorporación a la ley podría implicar beneficios para el Ente, sin modificar su naturaleza jurídica de persona jurídica pública estatal, organizada como servicio descentralizado, que desarrolla actividad industrial y comercial con orientación fundamentalmente higiénico sanitaria y prevalencia de las necesidades sociales sobre las meramente económicas (Art. 3º de la Ley Nº 11.907).

En consecuencia, se propone agregar al actual Art. 2º de la ley, cometidos que están referidos a dos actividades diferentes, por tanto se trata de incorporarle dos literales a su texto.

Esos dos nuevos cometidos pasarían a ser los siguientes:

a) que OSE pueda proveer a terceros, a título oneroso, agua sin tratamiento de potabilización, es decir lo que se denomina agua bruta, y

b) que OSE pueda construir o adquirir ya construidos y enajenar a título oneroso directamente a terceros dentro y fuera del país, ingenios para la potabilización de aguas y para el tratamiento de efluentes cloacales cuya tecnología de fabricación le pertenezca.

Los motivos que fundamentan el presente proyecto de ley son:

Respecto de la posibilidad de proveer a terceros, a título oneroso, el suministro de agua sin tratamiento de potabilización.

En este aspecto, el planteamiento parte de la comprobación de que en muchos servicios administrados y explotados por OSE para el abastecimiento de agua potable a distintas poblaciones del país, el recurso natural -agua sin tratamiento- resulta excedentario en relación con los volúmenes que demandan las necesidades de la población a ser atendida, situación que permitiría utilizar el fluido sin ser tratado para usos diversos del consumo humano, que sin embargo tienen contenido económico, como por ejemplo destinos industriales o comerciales que no requieren agua potable en el proceso respectivo y fundamentalmente riego.

La modificación propuesta, de ser sancionada, permitiría por otra parte la utilización económica más eficiente de parte de la misma infraestructura que OSE ya tiene instalada para la prestación del servicio de agua potable, como es la que corresponde a la extracción del recurso hídrico de su fuente y la aducción del mismo hasta la planta potabilizadora.

En este sentido, es pertinente tener presente que en la generalidad de los casos OSE tiene emplazadas sus infraestructuras destinadas a la extracción de agua bruta en zonas rurales en todos los departamentos del país, circunstancia que hace económicamente viable que el agua extraída, sin ser procesada, sea utilizada para riego en los establecimientos agrícolas aledaños.

Al respecto, corresponde consignar que las instituciones vinculadas a la actividad agraria y hortifrutícola como JUNAGRA y otras, han planteado a OSE la posibilidad de que se les suministre agua bruta para riego y otros usos vinculados a ese tipo de explotación, lo que implica que desde un enfoque económico de la iniciativa existe ya un mercado potencial interesado en adquirir esos servicios, y que el poder abordar ese cometido resulta de interés comercial para OSE.

De todos modos es importante señalar que la distribución de agua sin potabilizar para las finalidades indicadas se haría en todos los casos con carácter secundario respecto del cometido principal del Ente que es el suministro de agua potable y siempre que el caudal del recurso disponible sea excedentario.

Respecto a que OSE pueda construir o adquirir ya construidos y comercializar sin intermediarios a terceros en el país y en el exterior, ingenios para la potabilización de aguas que las transformen en aptas para el consumo humano y para el tratamiento de aguas residuales.

Se trata de incluir este cometido para hacer posible la comercialización directa de lo que se ha dado en llamar Unidades Potabilizadoras Autónomas (UPA), así como también, abrir esa posibilidad para la comercialización de otros ingenios que OSE pueda crear para la depuración de efluentes cloacales.

Las UPA han sido una creación intelectual de facultativos de OSE, quienes en una primera etapa las diseñaron para atender perentorias necesidades de los contingentes efectivos del Ejército Nacional afectados a cumplir Misiones de Paz comandadas por la ONU en territorio africano.

Posteriormente el ingenio potabilizador ha sido perfeccionado y utilizado por OSE para su emplazamiento en diversas localidades del interior del país.

La utilidad de las referidas unidades resulta fácilmente comprobables si se atiende a su alto grado de eficacia para el cometido específico de potabilizar aguas brutas de distintos orígenes y composiciones, a la posibilidad de que sean trasladadas por transporte carretero, a su fácil emplazamiento y a su costo sensiblemente bajo comparado con el de una planta convencional de iguales dimensiones de servicio.

Todas las características señaladas reunidas hacen de las UPA un elemento altamente eficiente y por ello han provocado el interés de terceros particulares, para su comercialización fuera de nuestro país, marco en el cual OSE se limita a suministrar la tecnología para su construcción y puesta en funcionamiento.

De este modo, OSE ha patentado el ingenio como modelo de utilidad y otorgado la representación para comercializarlo a distintas empresas en diferentes países de América, Europa y Africa.

Hasta la fecha se ha venido actuando del modo señalado en virtud de que el marco normativo en que OSE debe desarrollar su actividad pone fuera del "giro que preceptivamente le asignan las leyes" la construcción y comercialización directa de las referidas plantas.

Análogas consideraciones pueden hacerse respecto a establecer en la ley la posibilidad de que OSE enajene los ingenios que su propia tecnología pueda generar para el tratamiento de aguas residuales.

En efecto, la Administración dedica buena parte del trabajo de sus técnicos especializados a la investigación en esta materia, en cuanto el servicio de saneamiento en los departamentos del interior del país es uno de los cometidos esenciales, y aunque aún no se ha logrado crear una planta similar a las UPA para destinarla a depurar aguas servidas, tal resultado es posible, y por tanto conveniente que la ley lo establezca como jurídicamente viable, incorporándolo como un cometido más, posible de ser cumplido.

Es por esa razón que se considera conveniente presentar el presente proyecto de ley para que se modifique la Ley Orgánica de OSE incluyendo entre sus cometidos la posibilidad de construir y enajenar, a título oneroso, directamente o por medio de representantes comerciales a terceros dentro y fuera del país, las mencionadas unidades para la potabilización de agua y tratamiento de efluentes cloacales.

Las razones de conveniencia que abogan por tal solución son claras, en cuanto se trata de poder comercializar regularmente ingenios que están referidos a la tecnología que OSE aplica para cumplir sus cometidos específicos de suministro de agua potable a la población en todo el país y de saneamiento en el Interior del mismo; es decir de un conocimiento que el Ente ya dispone para su propia utilización, y de aprobarse la modificación legal que se propone, podrá constituirse además en una importante fuente de ingresos por concepto de venta a terceros.

En este sentido puede aseverarse con certeza que fuera de fronteras existen muchos países interesados en adquirir ese tipo de elementos, lo que asegura a OSE la posibilidad de disponer de mercado donde colocar esos productos que por otra parte son íntegramente de fabricación nacional.

En conclusión, se estima que la aprobación de las modificaciones propuestas a la Ley Orgánica de OSE no implican cambiar su actual naturaleza jurídica institucional de servicio descentralizado, ni tampoco mudar el carácter industrial y comercial de su actividad, con orientación fundamentalmente higiénico sanitaria y primacía de la finalidad social.

Saluda a usted atentamente;

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Beatriz Martínez.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Incorpórase al artículo 2° de la Ley N° 11.907, de 19 de diciembre de 1952 los siguientes literales:

f) podrá proveer a terceros a título oneroso, el suministro de agua sin potabilizar para ser destinada a finalidades diversas del conumo humano, siempre que la disponibilidad del recurso natural resulte excedentaria respecto de los caudales necesarios para atender el servicio público de agua potable, a que se refiere el literal a) de este artículo;

g) podrá construir o adquirir ya construidos y enajenar a título oneroso directamente a terceros dentro y fuera del país, ingenios para la potabilización de aguas y para el tratamiento de efluentes cloacales cuya tecnología de fabricación le pertenezca.

Beatriz Martínez.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Este proyecto, por el cual se modifica la Carta Orgánica de OSE, atribuyéndole al organismo nuevas potestades, es una muy feliz coincidencia que quisiera destacar, porque, como por lo general son noticia las cosas que nos dividen, sería bueno que también lo fueran aquellas cosas que nos unen. Quien haya apreciado el Repartido verá que este proyecto de ley fue presentado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Industria y Energía.

Por lo tanto, allí figuran las firmas de los señores Senadores Astori, Couriel, de Boismenu, Fernández Huidobro, Heber y quien habla, que ha sido designado como Miembro Informante verbal. Pero también han coincidido en este proyecto de ley los señores Senadores que en ejercicio de la titularidad o de la suplencia han pasado por la Comisión de Industria y Energía. Coincidían con este proyecto los integrantes de la primera Comisión, concretamente los hoy Intendentes de San José y de Río Negro, los señores Juan Chiruchi y Mario Carminatti, respectivamente. Quien tenga la curiosidad de examinar la versión taquigráfica de la semana pasada, en la que consta que este proyecto se votó por unanimidad, después que el Senado lo remite nuevamente a la Comisión de Industria y Energía, verá que figuran votando por el proyecto los señores Senadores Juan Raúl Ferreira -en ejercicio de la licencia del señor Senador Heber- y Abelenda, haciendo uso de la suplencia del señor Senador Fernández Huidobro. Esta coincidencia la quiero destacar, porque pienso que no se agota solamente en este acuerdo partidario o en la aquiescencia de todos los partidos políticos, sino que se trata de un proyecto que originariamente envió el Poder Ejecutivo anterior, con fecha de 28 de diciembre de 1999. Es una fecha muy particular, porque el país venía de tener sus actos electorales, estábamos en pleno receso y era impensable que pudiéramos llegar a tratarlo en ambas Cámaras. No obstante, el hecho concreto es que el proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo anterior. Quiero destacar que nuestra Comisión de Industria y Energía fue alertada de la existencia y conveniencia de este proyecto por el Sindicato de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines -UNTMRA- cuando concurrió a la reunión celebrada el 27 de junio de este año, donde hizo varios planteamientos. Uno de ellos hacía hincapié en la conveniencia que para el país, y fundamentalmente para la reactivación de la industria metalúrgica, tendría la aprobación de este proyecto de ley. A raíz de esa comparecencia -que, por lo menos, a quien habla, lo alertó sobre la existencia de este proyecto de ley- fue que convocamos al Directorio de OSE, que concurrió a la Comisión el 11 de diciembre del 2000 en los mismos términos que lo habían hecho los representantes sindicales y aportando nuevos elementos. Como se podrá ver, señor Presidente, se trata de una coincidencia no sólo entre partidos políticos, sino de trabajadores y de organismos del Estado. En definitiva, después de haber profundizado en este proyecto de ley, la Comisión por unanimidad entendió que el mismo era muy conveniente por algunas razones que vamos a tratar de sintetizar.

¿En qué consiste la modificación a la Carta Orgánica? Agrega dos literales al artículo 2º de la Ley Nº 11.907 de 19 de diciembre de 1952, que fue la de creación de OSE. Estos dos literales, en buen romance, están adjudicando a OSE la posibilidad de realizar dos actividades que hasta ahora no podía llevar a cabo. En primer lugar, el proveer a terceros a título oneroso aguas sin tratamiento de potabilización, es decir lo que se denomina agua bruta. En segundo término, le permite a OSE construir o adquirir ya construidas y enajenar a título oneroso directamente a terceros dentro y fuera del país, ingenios para la potabilización de aguas y para el tratamiento de efluentes cloacales, cuya tecnología de fabricación le pertenezca. Vayamos por partes.

En cuanto a la primera posibilidad, el suministro a título oneroso de aguas sin tratamiento de potabilización, cabe señalar que afortunadamente Uruguay tiene toda la demanda de agua potable satisfecha; prácticamente la tiene toda su zona rural. En muchos casos el recurso resulta excedentario, lo que quiere decir que hay más agua bruta que la que se necesita para cumplir con los requerimientos primordiales del Organismo, que consiste en el suministro de agua potable. Esta agua bruta hoy OSE no la puede comercializar, y a través de este proyecto de ley lo que se pretende es que pueda hacerlo para fines que no son precisamente los del suministro de agua potabilizada a la población, sino con finalidades de contenido netamente económico. Me refiero, por ejemplo, a destinos industriales o comerciales que no requieren agua potable y, fundamentalmente, a tareas de riego. Con algunos compañeros de la Comisión pensábamos que si estas herramientas las hubiéramos tenido en época de sequía, muchos males de los que padeció el agro en Uruguay, se hubieran podido reparar. Esa fue la gran paradoja: el agua estaba allí, los requerimientos de la población estaban satisfechos en cuanto al agua potable, pero lamentablemente OSE no tenía las herramientas para poder comercializar el agua bruta. Este negocio nuevo no tiene ningún costo, porque OSE ya tiene instalada su infraestructura para la extracción del fluido en toda la zona rural del país y, además, cuenta con un mercado asegurado en lo que tiene que ver con la actividad agraria, como puede ser la hortifruticultura. Los representantes de OSE nos decían que ya hay un planteamiento concreto de la JUNAGRA para poder incursionar en este negocio. Reitero que la distribución se haría siempre y cuando el fin primordial de OSE, que es el de satisfacer la demanda de la población, de agua potable, estuviese cumplido. Ese es claramente el espíritu de la ley, en el sentido de que sería puesto en marcha con el elemento y el fluido excedentario, después de satisfacer las necesidades de agua potable de la población.

En cuanto a la segunda posibilidad que se le abre a OSE, quiero hacer hincapié en algo que personalmente no lo conocía. Es por eso que lo tuvimos que estudiar, y el material que nos dieron nos apasionó. Se trata de uno de los productos de la inteligencia y del ingenio uruguayo, porque está directamente relacionado con la posibilidad de que OSE pueda exportar las conocidas como UPA, unidades potabilizadoras autónomas. No es que Uruguay haya inventado la planta potabilizadora, que obviamente fue creada en otras partes del mundo, sino que inventó un modelo de utilidad que lo tiene patentado y que curiosamente está considerado como el mejor modelo de utilidad de planta potabilizadora de agua contaminada existente en el mundo. Digo "curiosamente", porque estos son los temas en los que a veces es conveniente profundizar. Si había un país que no necesitaba este ingenio tan reconocido en el mundo entero, era justamente Uruguay. Alguna vez leí que Uruguay y algunas zonas de esta región, dentro de pocos años serán los petroleros del mundo, porque el gran drama del Universo es la falta de agua; hay 1.300:000.000 de habitantes del planeta que no cuentan con agua y existen 2.700:000.000 que carecen de agua potable. Sin embargo, Uruguay, está ubicado en la reserva acuífera más grande y pura del planeta. En momentos de creciente, el grado de turbiedad de las aguas uruguayas, que se mide por una unidad llamada NTU, es de 150, cuando en países que tienen agua pero un alto grado de turbiedad -como puede ser Guatemala, Honduras y Nicaragua- el valor normal se ubica en 3.600 ó 3.700. Entonces, uno se pregunta cuál es la razón por la cual en Uruguay se desarrolló la mejor planta potabilizadora, teniendo en cuenta la opinión de la Organización Mundial de la Salud. Esto fue desarrollado por ingenieros y personal técnico de OSE mancomunados con ingenieros del Ejército uruguayo, para atender las necesidades de nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de las Misiones de Paz bajo la bandera de las Naciones Unidas, fundamentalmente en Africa. Para otros países de Centro América, lo que para nosotros es agua contaminada, que normalmente es de 75, para ellos es agua potable. Sin embargo, a raíz de esta incursión -que también nos enorgullece- de las Fuerzas Armadas uruguayas en las Misiones de Paz, los ingenieros de OSE desarrollaron este modelo de utilidad que hoy es requerido en el mundo entero.

Me voy a referir, señor Presidente, a los problemas que el planeta y la humanidad tienen en materia de agua.

Según los datos que hemos recabado y los que obtuvimos de UNICEF, mueren 30.000 personas por día debido a razones de falta de agua potable, por carecer de tratamiento o por la contaminación de las fuentes. Hay más de 11:000.000 de personas que mueren por año debido a problemas vinculados con la contaminación del agua. El 80% de los problemas de salud en los países pobres está relacionado con la contaminación o con la falta de agua. Un gran número de habitantes de América Latina está sin abastecimiento de agua potable.

En lo que tiene que ver con el cólera, podemos decir que entre enero de 1991 y junio de 1992, en América Latina hubo 600.000 casos y la mayor parte de ellos se debió a la utilización de agua contaminada. Por suerte, Uruguay en aquella época tenía más del 90% de la población viviendo y trabajando en lugares donde existe abastecimiento público de agua potable y por esa razón fue el único país de América Latina que no registró casos de cólera. Como bien decía el entonces Presidente, doctor Julio María Sanguinetti, lo que un gobernante evita no se ve y como consecuencia es muy difícil de apreciar y valorar. Lo que se evitó no ocurrió y quizás no sea algo que integre la historia. Lo cierto es que estas son las grandes noticias que los uruguayos, a veces en nuestro apasionamiento por las discusiones, lamentablemente no sabemos trasmitir o valorizar. Somos los millonarios del futuro porque ya son varios los que dicen que si hay una eventual tercera guerra mundial, no va a ser por el petróleo ni por otro tipo de riquezas, sino por el agua. Precisamente, Uruguay está ubicado en la reserva más importante y más pura del planeta. Pero además y pese a ello, es Uruguay y no un país con problemas de abastecimiento de agua potable, el que desarrolla la mejor planta potabilizadora que hoy está en el mercado. Dicha planta, tal vez porque su origen fue para utilización militar, es trasladable en camión, incluso en su modelo más grande. Se puede armar y desarmar en 48 horas, está construida con un material que se considera totalmente indestructible y tiene un mercado asegurado.

Quiero confesar que cuando escuché los argumentos de los representantes de la UNTMRA -aclaro que entiendo que los sindicalistas tienen derecho a defender su fuente de trabajo, pero cuando uno hace eso a veces incurre en exageraciones- los cuales constan en la versión taquigráfica de la sesión a la que ellos concurrieron, me llamó la atención que dijeran que la India quiere comprar mil de estas plantas potabilizadoras que en su modelo más chico se cotiza en U$S 30.000 y en el más grande en U$S 200.000. Honestamente creí que esto era una exageración y así se lo manifesté a los trabajadores. Sin embargo, cuando recibimos al Directorio de OSE, nos dijeron que India quería comprar mil de esas plantas, Perú trescientas y España -en lo personal, me hacen mucha gracia los chistes sobre españoles, porque de tontos no tienen un pelo- que sabe de esta demanda que hay en el mundo con respecto a este invento uruguayo, quiere comprar la patente porque, por suerte, Uruguay patentó este modelo de utilidad.

Entonces, señor Presidente, se comprenderá por qué para nosotros esto tiene una gran importancia, ya que sin abdicar de las diferencias que tenemos en este Senado -¡bueno sería que no las tuviésemos!- en este punto hay una coincidencia muy grande entre todos los partidos políticos. Incluso, en una consulta que realicé personalmente con el señor Senador Michelini, me manifestó que también estaba de acuerdo y que simplemente no firma el proyecto porque no integra la Comisión correspondiente. Es decir que si no fuera por esa circunstancia, la iniciativa contaría con la firma de los cuatro Partidos aquí representados. Concretamente, hay coincidencia entre los cuatro partidos políticos, entre el Gobierno actual y el anterior y entre el Sindicato y el Directorio.

En síntesis, esto le va a permitir al país un ingreso de divisas muy importante por la demanda y la cotización que estas plantas potabilizadoras tienen en el mundo entero. Podemos afirmar que este va a ser un elemento de reactivación para una industria bastante alicaída, como la metalúrgica, y por mi parte agregaría un tercer elemento, que no es menor. Obviamente son muy importantes las divisas y los puestos de trabajo, pero para mí, el hecho de que en algún lugar del planeta donde se muere gente por falta de una planta, un aparato que solucione ese problema en alguna parte de su estructura diga "hecho en Uruguay" o "made in Uruguay" es un motivo tan importante para votar este proyecto como los dos anteriores que acabo de mencionar.

Reitero, señor Presidente, que esta ha sido una muy feliz coincidencia, ya que todos los integrantes de la Comisión de Industria y Energía se han empapado de este tema y por ello viene presentado y votado por unanimidad.

Por consiguiente, solicito que este importante proyecto se apruebe.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Queremos manifestar que vamos a votar este proyecto de ley que nos parece altamente efectivo y llena algunas necesidades del país, dándole oportunidades a través de la OSE. Sin embargo, queremos anticipar que cuando llegue el momento oportuno, vamos a proponer alguna modificación al segundo inciso, con lo cual creemos mejorarlo.

Comprendemos la ventaja que para el país significa esta iniciativa y nos parece que es de destacar la labor desarrollada por los miembros de la Comisión, cuyas firmas lucen al pie del proyecto, así como la participación de todas las personas que han concurrido a las sesiones de ese Cuerpo a fin de apoyarla. Se trata de un argumento que respeto por la fuerza de los nombres mencionados. Además, me parece muy importante el contenido de este proyecto de ley, más allá del valor de quienes lo comparten.

Como dije, señor Presidente, en su oportunidad vamos a solicitar la posibilidad de introducir algunas pequeñas modificaciones a este proyecto de ley, para lo cual espero contar con la receptividad del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO.- Incorpóranse al artículo 2º de la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952, los siguientes literales:

`f) podrá proveer a terceros a título oneroso, el suministro de agua sin potabilizar para ser destinada a finalidades diversas del consumo humano, siempre que la disponibilidad del recurso natural resulte excedentaria respecto de los caudales necesarios para atender el servicio público de agua potable, a que se refiere el literal a) de este artículo;

g) podrá construir o adquirir ya construidos y enajenar a título oneroso directamente a terceros dentro y fuera del país, ingenios para la potabilización de aguas y para el tratamiento de efluentes cloacales cuya tecnología de fabricación le pertenezca'."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Formulo moción a los efectos de votar en forma separada los incisos f) y g) de este artículo único.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el literal f).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el literal g).

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- El literal g) que estamos analizando es, obviamente, un adelanto valioso para la tarea de OSE y también significa la posibilidad para el Uruguay de obtener divisas y trabajo, mayormente fuera del país, lo cual lo hace doblemente válido. Sin embargo, señor Presidente, creo que hay algunos aspectos de ese literal g) que podrían merecer una consideración del Senado y alguna modificación.

El literal g) no condice, por ejemplo, en cierto aspecto que quiero señalar, con el segundo párrafo de la página 10 del Repartido donde se encuentra la Exposición de Motivos que dice: "directamente o por medio de representantes comerciales."

En las páginas 1, 7 y 8, donde se encuentra el contenido del proyecto de ley, etcétera, se emplea el término "directamente", omitiendo la actuación por medio de representantes comerciales. Solicito que se considere lo positivo y lo negativo de esta omisión.

La posibilidad de que OSE trabaje, como señalaba el señor Senador Millor, a miles de kilómetros del Uruguay mediante representantes comerciales me parece provechosa. La necesidad que implicaría este inciso, tal como está redactado ahora, de que se haga directamente a través de OSE, me parece que es una limitante innecesaria. Si OSE considera de interés hacerlo directamente, lo hará, pero si estima de utilidad hacerlo por medio de representantes comerciales -esta es una actividad comercial- me parece normal. A esos efectos, el Organismo cumplirá con todos los elementos legales conducentes a la mejor designación de tales representantes. Establecer allí la posibilidad de actuar con representantes me parece singularmente útil. Es más; en la versión taquigráfica de la Comisión hay gerentes -presumo este cargo- que mencionan que venden por representante actualmente y quieren hacerlo directamente, pero no dicen "exclusivamente". Quizás allí esté la diferencia. Tengo para mí que tal como está redactado el literal g), no se trata más que exclusivamente de OSE. Entonces, ¿por qué no habilitarlo con una posibilidad aún mayor?

SEÑOR MILLOR.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARCIA COSTA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Comprendo la inquietud del señor Senador García Costa. Debo decir que efectivamente hoy existen en diferentes países plantas potabilizadoras de industria uruguaya, ya sea porque nuestro país las donó a aquellos que sufrieron catástrofes climáticas, como por ejemplo Venezuela, Nicaragua, Guatemala y creo que también Honduras, o porque las colocó comercialmente, por medio de personas que vienen a comprarlas para instalarlas luego. Obviamente, OSE pone el ingenio y fabrica las plantas, pero el negocio lo hacen aquellas personas que pueden comercializar en el exterior -ya que el Organismo no puede hacerlo- y obtienen las ganancias.

Creo que cuando en el literal g) se dice que OSE podrá "enajenar a título oneroso directamente", está implícita la inquietud que el señor Senador plantea. Cuando yo tengo la potestad de vender directamente, eso no me inhibe -por el contrario, es una práctica comercial normal y corriente entre privados o empresas- de nombrar un apoderado. Tengo la potestad de vender, que es lo que OSE no tenía, de enajenar directamente, lo que no me priva -y tampoco al Organismo- de nombrar un apoderado para que, no digo que comercialice, pero sí sea quien la promocione en aquellos lugares donde la planta no se ha comercializado. Justamente, se trata de evitar que haya intermediarios, de conseguir que el negocio sea uruguayo, y esto lo pueda hacer OSE por sus propios medios, con su personal, con ganancias para el Uruguay, obviamente derivando hacia diferentes industrias metalúrgicas instaladas en el país, y no como debe llevarlo a cabo en este momento, ya que debe vender dentro de fronteras a una persona o empresa quien, ante la inhibición del Organismo de poder exportar lo que fabrica, hace su negocio.

Aclaro que no tengo nada contra estas personas, sino que simplemente estamos otorgando a OSE la potestad de realizar un negocio que con la inteligencia uruguaya actualmente hace otro. Pero insisto en que si el Senado le da la posibilidad al Organismo de enajenar directamente, no lo inhibe; por el contrario se entiende en las prácticas comerciales que puede nombrar representantes, apoderados, otorgar mandatos, etcétera, figuras que están implícitas en esta acción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR DE BOISMENU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARCIA COSTA.- No sé de cuánto tiempo dispongo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le quedan 13 minutos y no hay posibilidad de prórroga.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Entonces, el señor Senador de Boismenu deberá disculparme, pero todavía me quedan algunos temas para mencionar.

En relación con lo que dice el señor Senador Millor, debo señalar que es algo que descarto totalmente. Cuando el proyecto de ley que pensamos aprobar expresa: "directamente a terceros", entiendo que no puede ser por intermedio de representantes comerciales. Cualquier persona que se maneje en el mundo del comercio sabe que cuando se dice "directamente", se quiere significar que sólo podrá enajenar el titular y no a través de terceros. Estamos tratando de ampliar las posibilidades de OSE y el propio Poder Ejecutivo, en la página 10, que es la Exposición de Motivos, repitiendo prácticamente el texto de la ley, dice: "directamente o por medio de representantes comerciales", pero luego eso se omite en el proyecto. Es válido que esté, aunque sea reiterativo. Puede ser así, pero evitemos que después los leguleyos digan que OSE no puede designar representantes. No se puede obligar a este Organismo a vender a terceros dentro del país para que no ganen; ellos ganan. ¿Los representantes de OSE tendrán los beneficios debidos al cargo de representante? Seguramente, pero lo mismo van a ganar si vienen, por ejemplo, de Honduras a buscar el aparato para luego venderlo con alguna ganancia. De lo contrario, se trataría de una tarea meramente filantrópica, que no está en el espíritu de esta ley. Entonces, sin disminuir en nada, tratando de mejorar el texto de la ley; me pregunto por qué no dejar lo que se halla en el Mensaje del Poder Ejecutivo -no se le ocurrió pues a quien habla- que dice "directamente o por medio de representantes comerciales".

El otro tema es ciertamente más complejo. El proyecto de ley dice en su literal g) "podrá construir o adquirir ya construidos" y en todas las menciones que contiene el Repartido se utiliza esta frase.

Dejemos la segunda parte, o sea, la de "construidos". ¿No estaremos creando en OSE una industria paralela a la normal del Instituto que sería la de construir? El sindicato UNTMRA ha manifestado en la Comisión que le parece magnífica la iniciativa, y por supuesto tiene toda la razón. Nos parece magnífico dar la posibilidad al Uruguay de que desarrolle un invento valioso en el cual nuestro trabajo tendría una intervención de primera. Sin embargo, esa mano de obra no tendría una intervención de primera si OSE se dedica a "construir" y no a "adquirir ya construidos", que son dos cosas muy distintas.

Incluso la señora Presidenta de OSE en algún momento habla de inversiones que tendría que hacer OSE para este propósito. Entonces, me pregunto, ¿se trata de inversiones para adquirir construidos o cuando se dice inversiones es porque hay que comprar materiales y el equipamiento necesario?

En lo personal, señor Presidente, lo que deseo es que OSE haga este trabajo, pero no que empiece a construir por su cuenta. Dicho de otro modo: que el trabajo llegue a todos. UNTMRA lo debe tener, pero no la sección que se puede crear en OSE a los efectos de construir. Después que empiece la sección "construir" se hace muy difícil -todos lo sabemos- la segunda parte, o sea, la de adquirir ya construidos.

Comprendo que es un tema difícil, pero es evidente que hoy OSE con el equipamiento y los recursos humanos de que dispone, no puede construir si no es, obviamente, en plantas no de carácter industrial de volúmenes industriales, sino apenas demostrativas.

Entonces, procuremos que OSE quede fuera de ese ámbito. No quisiera una OSE que pudiera disponer, al ser autorizada por esta ley, la creación de la sección "Construcción de Plantas" purificadoras o potabilizadoras de agua y de tratamientos de afluentes cloacales. Tengamos una OSE dedicada a lo suyo, pero trabajando en lo propuesto, comprando en el Uruguay y vendiendo si puede también en el exterior.

Es más, señor Presidente, habría que establecer los correspondientes cuidados -naturalmente, la gente del UNTMRA puede no haber reparado en ello- que si va a ser manufacturado en el Uruguay, después no ocurra que sean construidos por OSE algunos y adquiridos en Buenos Aires ya construidos. Digo esto, porque en el proyecto no se dice que no pueda ser adquirido en el exterior.

Entonces, los obreros de UNTMRA que con tanta lógica llegaron a la Comisión, se van a encontrar con que alguna parte, no todo, la construye OSE directamente, y otra, la compra en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, o Río Grande porque allí es más barato y luego se la vende a terceros.

Me gustaría que incluso acá se dijera "construidos en el Uruguay", porque como bien dijo el señor Senador Millor, este es un ingenio uruguayo muy valioso. Este no es el tema de hoy, pero algún día habría que analizar en qué forma OSE recompensó a los que tenían la capacidad para hacerlo y se lo entregaron generosamente al instituto en el que trabajar. Por supuesto, este es otro tema.

En definitiva, aquí hay gente que lo hizo, y debemos aprovecharlo para el Uruguay. Por ello, si no modificamos en algo este literal g), corremos un riesgo muy grande. Se me podrá decir que este directorio de OSE sabe bien lo que va a hacer y lo tiene muy claro; pero es este Directorio de OSE que lo tiene muy claro y no uno futuro, por lo que es necesario proteger un invento uruguayo muy bueno y que, tal como ha sido demostrado en la práctica, no es puramente una búsqueda ilusoria. Está destinado a dar ocupación a la gente que trabaja en el Uruguay. Esta es una de las pocas cosas en las cuales podemos remitirnos enteramente a nuestra gente, porque lo creó el ingenio uruguayo y necesariamente lo va a dirigir la OSE porque es el dueño de la patente. Por último, tratemos de que sea hecho por la gente uruguaya y no permitamos que se traslade al exterior lo que es una fuente tan natural de trabajo en el Uruguay, tal como todos los proponentes del proyecto de ley -y los señores Senadores que nos aconsejan su sanción- lo piensan.

En resumen, señor Presidente, y teniendo en cuenta el poco tiempo del que dispongo, propongo que en la primera parte del literal g) se habilite, directamente o por medio de representantes comerciales, la apertura de las posibilidades de OSE. Si no quiere vender por representantes comerciales, si quiere crear oficinas en Honduras y en México -que son los países que han recurrido- así como en Puerto Rico, seguramente le va a salir muy caro, pero si lo quiere hacer, que lo haga. En lo personal, preferiría la opción de representantes comerciales que es mucho más sencillo, porque trabajan por determinada comisión que se establece contractualmente y si no venden, no cobran. En su caso, una oficina de OSE montada en algunos de esos lugares para publicitar este tipo de ingenio sería más onerosa que la posibilidad de pagar comisiones.

Asimismo, señor Presidente, propongo que en lugar de "construir", se diga "adquirir ya construidos". Naturalmente, ello sería con la patente de OSE. Observo que ya estamos en el límite de la hora y no me voy a poner con disquisiciones gramaticales en cuanto a cómo lo especificamos, pero confieso que me alarma la expresión "construir", pues ni siquiera dice "construir o adquirir ya construidos en el país", que es el tercer elemento que creo que tendría que establecerse.

SEÑOR DE BOISMENU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARCIA COSTA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador de Boismenu.

SEÑOR DE BOISMENU.- Muchas gracias, señor Senador.

Mi idea, señor Presidente, era la de proponer directamente la eliminación de esa palabra. Creo que cuando dice que se puede adquirir, construir o enajenar, puede ser que la palabra directamente allí no tenga tanto valor, pero lo lógico es que si existe un tercero y hay una venta directa a un tercer país, también es posible que haya un intermediario en ese tercer país. De cualquier manera, la venta es directa. Sin embargo, el problema surge con las negociaciones internas, en cuyo caso pienso que tiene razón el señor Senador García Costa, en el sentido de que existan las mayores posibilidades comerciales para la empresa OSE.

Es cuanto quería señalar, señor Presidente. Muchas gracias.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- No he podido consultar a todos los integrantes de la Comisión, señor Presidente, pero quisiera referirme al tema en el sentido en el que lo hacía el señor Senador de Boismenu. Preferiría, en lugar de agregar "agentes comerciales", suprimir la expresión "directamente", porque si se opta porque OSE pueda enajenar a título oneroso, podrá hacerlo con agentes comerciales o sin ellos, con comisionistas y con todas las formas que se admiten en las prácticas comerciales.

Reitero, no he podido consultar a los demás miembros de la Comisión, pero me parecería más lógico suprimir la palabra "directamente". Observo que los señores Senadores Couriel y de Boismenu están de acuerdo.

Es cuanto quería señalar acerca del primer planteamiento que hacía el señor Senador García Costa.

Con respecto al otro planteamiento, debo hablar a título personal. No me molesta que un organismo del Estado pueda construir cosas. Se trata de un tema de filosofías políticas, por lo que reitero que hablo a título estrictamente personal. Si un organismo del Estado construye algo para bien, con el fin de agrandarse o de prestigiar al país, me parece bárbaro, pero sucede que en la actualidad las plantas que se han hecho, por lo que hemos podido averiguar, están realizadas a medias.

La inteligencia, los ingenieros que se requieren para estas plantas son colocados por OSE o por el Ejército. El trabajo concreto lo llevan a cabo las distintas plantas de la industria metalúrgica que existen en el Uruguay. A veces, OSE hace una parte en un lugar y el resto en otro. Por lo que nos han explicado el propio sindicato y el Directorio, así es como funciona. Creo que al decir "adquirir ya construidos" se está previendo la posibilidad de que, ante el negocio muy importante que se le va a abrir a la industria metalúrgica uruguaya, algunas empresas realicen un esfuerzo para poder construir toda la planta potabilizadora ellas mismas. Por lo que tengo entendido, en la actualidad se realiza una parte en un lado y el resto en otro. Los ingenieros de OSE colaboran con los técnicos de cada empresa y se van cotizando y colocando. La eventualidad de que se especifique que tiene que ser adquirida en el Uruguay, personalmente, no me molesta en lo más mínimo. Creo que hoy no pueden ser construidas en otra parte y voy a explicar por qué. Parte de la gran efectividad que tiene esta planta potabilizadora es que lleva el grado de turbiedad de 3.700 a 0,5 y es la única del mundo que logra este milagro. Según lo que me han explicado, esta es la única planta que convierte el barro -con un grado de turbiedad de 3.700- en agua potable. Además, se utiliza una aleación, que también es una especie de invento uruguayo y que no existe en otras partes del planeta. Tengo entendido que para poder llegar a esto, es decir, para trabajar esa aleación indestructible, se adquirieron unos treinta soldadores que no existen en la región. Recuerdo que esto fue pensado con fines militares y debía resistir golpes, ser trasladado en un camión, armarse y desarmarse rápidamente en territorio africano, tomar barro y convertirlo en agua. Está realizado con una aleación muy particular -se nos dice que es indestructible- para lo que era necesario usar soldadores muy especiales que no había en la región. No me queda claro si los treinta soldadores requeridos los compró OSE u otra empresa. Sin embargo, actualmente no se trata sólo de que la inteligencia para estas plantas esté en el Uruguay, sino también de que tengamos la tecnología para construirlas. Repito que no me molestaría que en el proyecto de ley se especifique que cuando se habla de adquirir ya construidos se aclare que sea construido en el Uruguay, porque justamente de eso se trata. El espíritu del proyecto, de los que lo han impulsado en el anterior y en el actual Gobierno, de los Legisladores que intervinimos en él, de trabajadores y Directores de OSE, es que esto se haga en el Uruguay y que el negocio sea para los trabajadores uruguayos, para generar divisas para el país y, sobre todo, por el orgullo que hoy mencionaba de que en algún lugar de la planta se coloque la inscripción "Made in Uruguay".

SEÑOR ABELENDA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MILLOR.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Abelenda.

SEÑOR ABELENDA.- Si bien no conozco el tema en profundidad, porque no trabajé en la Comisión durante el período en que fue analizado, me consta que en la página 9 de la Exposición de Motivos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, se señala lo siguiente: "De este modo, OSE ha patentado el ingenio como modelo de utilidad y otorgado la representación para comercializarlo a distintas empresas en diferentes países de América, Europa y Asia." Quiere decir que esa es la situación actual. Con este proyecto de ley, OSE y el Poder Ejecutivo buscaban que OSE también pudiera comercializarlo.

La mencionada exposición de motivos presenta a continuación una explicación económica. Dice: "Hasta la fecha se ha venido actuando del modo señalado" -o sea, patentando y otorgando representación comercial- "en virtud de que el marco normativo en que OSE debe desarrollar su actividad pone fuera del `giro que preceptivamente le asignan las leyes' la construcción y comercialización directa de las referidas plantas.

Análogas consideraciones pueden hacerse respecto a establecer en la Ley la posibilidad de que OSE enajene los ingenios que su propia tecnología pueda generar para el tratamiento de aguas residuales.

En efecto, la Administración dedica buena parte del trabajo de sus técnicos especializados a la investigación en esta materia, en cuanto al servicio de saneamiento en los departamentos del interior del país es uno de los cometidos esenciales, y aunque aún no se ha logrado crear una planta similar a la UPA para destinarla a depurar aguas servidas, tal resultado es posible, y por tanto conveniente que la Ley lo establezca como jurídicamente viable, incorporándolo como un cometido más, posible de ser cumplido."

En definitiva, OSE invierte en investigación, salarios de técnicos, etcétera, y de alguna manera plantea recuperar esta inversión a través de la producción o comercialización directa. La comercialización a través de representantes es una potestad que OSE ya tiene y, hasta el momento, está funcionado de esta manera para las plantas UPA.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Agradezco la intervención del señor Senador Abelenda porque, justamente, tenía subrayado el pasaje que señaló. Así es como funciona OSE actualmente. Como no puede vender, lo hace a través de agentes comerciales y, efectivamente, eso figura en la exposición de motivos, pero personalmente me he manejado con el proyecto de ley del año pasado.

El señor Senador Abelenda también hizo mención a la otra posibilidad que figura en el inciso g) y se refiere a las plantas para el tratamiento de efluentes cloacales, que no abordé. En realidad, esto todavía se está desarrollando. Animados por el éxito que obtuvieron en el desarrollo del modelo de utilidad de las plantas potabilizadoras, los ingenieros de OSE están trabajando en un modelo de utilidad de plantas para el tratamiento de efluentes cloacales y, con la capacidad que tiene el personal uruguayo, no me extrañaría que se logre una planta que también tenga requerimientos en el resto del mundo.

El tema de los efluentes cloacales es un drama muy importante en todo el planeta. Pero a OSE se le concede con antelación la posibilidad de tener el ingenio terminado. En este momento el Ente está trabajando sobre el asunto para desarrollar una planta con características de mucha eficiencia, no para suministrar agua potable sino para tratar los efluentes cloacales.

Agradezco la intervención del señor Senador Abelenda porque no había informado sobre este aspecto.

Cabe aclarar que actualmente OSE está vendiendo a través de agentes comerciales. En cuanto a la objeción del señor Senador García Costa, creo que se solucionaría con la supresión de la expresión "directamente". Si la suprimimos y se dice sólo que OSE puede enajenar, entonces lo podrá hacer directamente, con o sin agentes comerciales, con o sin comisionistas y en todas las formas que se dan normalmente en las transacciones comerciales.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: la propuesta del señor Senador Millor a estos efectos me parece suficiente.

Por otra parte, me interesaría definir si OSE va a tener la capacidad de construir y aun de adquirir fuera del país este tipo de plantas. Estos son dos aspectos de trascendencia sobre los cuales el Senado debería decidir en el sentido que le parezca prudente.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- De la versión taquigráfica surge que en realidad OSE ya participa de la comercialización. Además, se explica que de alguna manera se quiere esta autorización para potenciar esta operativa. Por lo tanto, en primer lugar, comparto lo expresado por el señor Senador García Costa en cuanto a que lo que se está planteando es encomendarla a la industria nacional. Entonces, debemos decir con toda claridad, y en los términos más acordes, que el Organismo puede encomendar la construcción o adquirir, para poder vender. Pienso que el término "enajenar" es más complejo.

En segundo término, quiero decir que el Parlamento le ha dado a OSE la función de atender el agua corriente y el saneamiento. Esto parece de Perogrullo, pero siguiendo el principio de especialidad, me gustaría que el Parlamento dijera que estas operaciones colaterales se pueden hacer en la medida en que OSE cubra los costos en los que incurra. Puede ocurrir que en el futuro el Organismo se entusiasme, encargue cien plantas y después no las pueda vender, lo que terminaría yendo a la tarifa del agua y de saneamiento de la población. Entonces, estoy de acuerdo con que se haga esto siempre y cuando se vendan las plantas, porque si se donan o se hace "stock" y luego no se sabe dónde se van a colocar, se incrementaría el costo de la tarifa de OSE. Aclaro francamente que deseo con muchas ganas que las plantas se hagan en el Uruguay y se puedan vender, pero la información que poseemos no es demasiado promisoria en cuanto a la penetración en el mercado de ventas. Sólo se habla de un destino donde se vendió algo y el resto son donaciones. Por lo tanto, no hay una gran corriente comercial para estas plantas. Además, aparentemente, son costosas, porque si se habla de varias toneladas de acero inoxidable, debemos referirnos a varias decenas de miles de dólares por ingenio.

Concretamente, acompaño la propuesta del señor Senador García Costa en cuanto a ser muy claros en que estamos frente a la adquisición en plaza o a encomendar en plaza, es decir, en el país -para dejar bien claro que se trata de industria nacional- la construcción de estos ingenios. ¿Con qué propósito? Para venderlos en el país o en el exterior, siempre y cuando se cubran los costos. De lo contrario, tal vez mañana tengamos que explicar a la población que la razón por la cual paga el agua más cara es que una operación no funcionó. En este sentido, hay ejemplos como el de compañías de seguros que reaseguran barcos que se hunden en el Golfo de China, que son bastante ilustrativos en el sentido de que cuando salimos de lo que sabemos hacer y de lo que tenemos claro, tal vez no contamos con la preparación comercial suficiente como para poder colocar un producto en todo el mundo. ¡Ojalá no sea así!, pero si ocurre lo contrario, me gustaría que esta iniciativa no pase de un esfuerzo, que no hagamos un "stock" o no sigamos donando para ver si algún día generamos una corriente comercial. Se trata de un tema de "marketing"; hay que saber vender el producto. Creo que en este caso no se nos presentan elementos que nos permitan tener la tranquilidad de que si empezamos a construir estas plantas las vamos a poder vender y cobrar.

En síntesis, mi intervención se reduce a apoyar la modificación del término "construir" por la expresión "encomendar la construcción", con la aclaración de que se haga en el país y un énfasis especial en que se cubran los costos directos e indirectos de la operativa.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: naturalmente, los señores Senadores no somos idóneos en todos los temas, y muchas veces los cambios de redacción en Sala pueden tener muy buena voluntad de parte del Senado pero luego presentar un efecto no querido ni buscado por el Organismo que está pidiendo estas potencialidades.

Esta iniciativa se envió en diciembre del año pasado y supongo que debe haber tenido una discusión bastante importante en el propio Organismo, en el Poder Ejecutivo, luego en las Comisiones respectivas y en el día de hoy en el Senado. En este ámbito a varios Senadores se nos ocurren varias modificaciones -y particularmente tengo algunas para proponer- pero, seguramente, lo que se apruebe no dará ninguna posibilidad al Organismo de realizar lo que pretendía. Quizás lo mejor sería decir que no se da esa potestad.

Personalmente, no observo ninguna gravedad en quitar la palabra "directamente", pero con respecto a los otros puntos, tendría que hacer las consultas necesarias. Parece interesante incorporar que las plantas se construyan y se ensamblen en el Uruguay y seguramente todos lo vamos a apoyar a tambor batiente. Sin embargo, creo que hay que hacer un minuto de reflexión. Supongamos que existe la posibilidad de realizar un acuerdo con India de llevar, no mil, sino cien plantas potabilizadoras, pero con la condición de que parte del ensamblado se haga en nuestro país y el resto en la India porque ellos también tienen trabajadores que emplear. Si no aceptamos ese acuerdo, quizás India busque otras opciones que no sean de tan buena calidad ni de tan exquisita presentación, pero que brinde trabajo a su gente. Entonces, Uruguay se queda sin la posibilidad de construir cien plantas con un nivel de valor agregado uruguayo del 50%, 60% ó 70%. Por lo tanto, ese efecto de nacionalismo termina en que no se vende ninguna planta y el UNTMRA, la gente que pide trabajo y la OSE se quedan sin esta posibilidad por haber agregado sobre tablas en el Senado la palabra "Uruguay".

Entiendo la reflexión que se hace de no convertir a la OSE en constructora de algo, porque el mundo es tan cambiante y complejo que quizás empezamos con este proyecto y nos va bien pero luego la situación cambia. Entonces, como ahora se trata de que el Estado sea más regulador que productor o constructor, en principio, ese razonamiento podría ser correcto. Pero en este caso OSE construiría las plantas y las fiscalizaría. Pienso que para muchos debe ser muy importante que el sello y la certificación sea del Ente, y creo que los ingenieros de OSE están pensando en ensamblar más que en construir. Se trata de ensamblar partes que en general serán uruguayas y algunas vendrán del exterior , de verificar y poner la calidad, y venderlas con el sello de "made in Uruguay" o "made in OSE".

Además de venderlos, hará un asesoramiento en el lugar por parte de técnicos de OSE, dando garantías de que esos productos van a funcionar tal como lo han hecho los que se han vendido y los que se han donado.

Tengo la sensación de que si empezamos a modificar este texto, vamos a tener que hacer una segunda ley, porque la redacción que elaboramos en Sala rápidamente no surtió el efecto que deseamos.

En Estados Unidos dejan hacer, incluso a los órganos estatales, y después efectúan una evaluación.

En la última Ley de Urgencia, una sugerencia del Nuevo Espacio -que luego terminó convirtiéndose en ley- fue que las empresas públicas manden toda la información al Poder Ejecutivo y éste, a su vez, la envíe al Parlamento, como forma de saber lo que están haciendo. Entonces, dejemos hacer y evaluemos. Lo hará el Poder Ejecutivo y también el Parlamento. Si sacamos la palabra "construir" y no ponemos ninguna, quizás estemos hundiendo esta iniciativa. Pienso que la gente que está al frente de este Organismo, o la que pueda venir en el futuro, es inteligente. Si el Organismo empieza a construir cada tornillo, no va a ningún lado. Seguramente hará acuerdos con terceros. Quizás lo que falta aquí es que en este tema se pudieran hacer asociaciones puntuales para determinados casos. De pronto, esa patente que tiene OSE podría hacerla mucho más rentable si pudieran existir asociaciones que permitieran bajar costos y dar cierta certeza del mercado a los terceros. Eso implicaría, naturalmente, que OSE realizara algunas asociaciones, quizás con capital minoritario para hacer tal o cual parte, o con capital mayoritario. Pero entiendo que tendría que hacer una serie de asociaciones que le permitieran a OSE potenciar su patente.

SEÑOR MILLOR.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Voy a ahorrar una intervención, porque ahora el señor Senador Couriel me estaba mostrando los antecedentes de este tema, especialmente una intervención que él tuvo en la Comisión. De todo ello queda claro que la Empresa no está pensando en la fabricación, más allá de la posición que cada uno asuma respecto a la posibilidad de que una empresa del Estado construya o no cosas. Reitero, a título muy personal, que no me desagrada en lo más mínimo que una empresa pública uruguaya construya cosas. Según algunos, ese es un tema de viejos batllistas, pero tan viejo no soy. De todos modos, repito que no me desagrada esa idea. Pero la Empresa no está pensando en eso, tal como me lo hacía ver el señor Senador Couriel. Al respecto, preferiría que él desarrollara el tema, porque fue una intervención suya la que aclara el hecho. Además, esa aclaración del señor Senador Couriel queda complementada con lo que decía el señor Senador Michelini cuando señalaba que OSE está pensando en la certificación de la planta. En otras palabras, esta planta está patentada, pero está sometida a ciertas certificaciones. La planta potabilizadora de OSE tiene la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos. Entonces, para la adquisición de esta planta hay dictámenes expresos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que darían el aval para financiar su compra a aquellos países que la necesiten. Esto es así, porque puede venir cualquier persona y fabricar una planta, pero no es esa la que está certificada ni la que tiene los avales y el financiamiento correspondiente.

Quiere decir que el señor Senador Michelini encara bien este tema cuando dice que la intervención de OSE en la construcción - a mi juicio, por el momento, es insustituible- es para fiscalizar y poder certificar que la planta potabilizadora que se está realizando es la que inventó su personal y no otra; es la que patentó OSE y no otra. Repito que la planta que patentó OSE tiene el aval de todas las organizaciones que he mencionado y es la que posee la financiación garantizada, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional.

Termino aquí mi intervención, porque hay una exposición del señor Senador Couriel que, repito, clarifica bastante este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Siguiendo el razonamiento del señor Senador García Costa, ya hoy OSE está construyendo y, además, vende a terceros dentro del país. Naturalmente, los órganos pueden hacer lo que la ley les permite, pero a veces la realidad es más compleja. OSE, de alguna forma, ha llevado este invento al exterior y, en ciertos casos, cuando no lo puede hacer por ella misma -lo han dicho a los señores Senadores- lo realiza a través de la UTE.

Entonces, lo que tenemos que dar aquí es facilidad y luego evaluar. Pero la evaluación no es sólo lo que nos digan los Directores de OSE cuando vienen a las Comisiones o cuando el Poder Ejecutivo les exige; también estamos evaluando cuando nombramos a los Directores. Por eso insistimos mucho, más allá de los acuerdos políticos, en que cuando se nombran los Directores de Entes Autónomos, vengan y den la cara. Digo esto porque si el futuro Directorio de OSE viene y nos dice que va a convertir al Ente en una gran fábrica de este tipo de unidades potabilizadoras, varios Senadores les diríamos que no lo pueden hacer porque tienen un cometido principal. Luego de cumplido ese cometido, podrán tener ciertas facultades accesorias.

Se puede decir que esta ley frena, coarta o limita, pero yo tengo muchas dudas al respecto, porque si lo están pidiendo es porque se supone que no lo podían hacer, pero igual lo realizan. Muchas veces creemos que con una ley o con una palabra estamos modificando la realidad, pero ésta nos aparece por atrás, por un costado. Entonces, repito, lo que tenemos que hacer es evaluar, fiscalizar y controlar lo que hacen las personas que ponemos al frente de estos organismos, y que nos den los argumentos de lo que efectúan.

Por lo tanto, pienso que tenemos dos caminos: mandamos todo el proyecto a la Comisión y se vuelve a estudiar, o borramos la palabra "directamente" y votamos. Luego, cuando vengan los Directores del Organismo, les solicitaremos que antes de votarlo concurran a la Comisión correspondiente y nos expliquen qué es lo que van a hacer. Poseen las facultades; la realidad es muy cambiante y queremos saber lo que van a realizar. Si en el futuro creen que OSE tiene que ser un productor completo, desde el tornillo hasta la fiscalización del control de calidad fuera de fronteras, que vengan, nos expliquen y convenzan - no sólo al Parlamento, sino también a todo el Estado- que eso es lo que tiene que hacer el Organismo como cometido principal.

Creo que en esta situación de tanta angustia por la situación laboral, tendríamos que dar las facultades para luego fiscalizar, y no tratar de coartar por la ley lo que tenemos que pedirles cuando nombramos a los Directores de los Entes Autónomos. Más allá de los acuerdos políticos, tenemos que hacer una evaluación de cuál es la gestión que nos quieren dar, independientemente del partido político que representen..

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- En primer lugar, en la historia que realizó el señor Senador Millor sobre este proyecto de ley, con los inicios del UNTMRA, con la presencia del Directorio de OSE y con los datos que solicitamos, hemos acompañado plenamente estas disposiciones.

Por otra parte, en la búsqueda de la mayor participación positiva posible en este Plenario, con respecto al inciso literal g) no tenemos ningún inconveniente en que su redacción diga: "podrá construir o adquirir ya construidos en el país" -aclaro que le estoy agregando la expresión "en el país"- "y enajenar a título oneroso a terceros dentro y fuera del país" quitándole el vocablo "directamente". Esto es sólo a los efectos de encontrar un acuerdo para lograr la máxima participación en el Plenario.

El señor Senador Millor hacía referencia a algunos elementos de la versión taquigráfica. En ella aparecen mis palabras diciendo: "Por otro lado, lo que ustedes están planteando -aprovechando un modelo de utilidad y esta instancia- es tratar que la propia empresa del Estado realice la venta o enajenación de estos bienes." A esto el ingeniero Castagnino me contestó: "No la fabricación".

Continuando con la referencia a la versión taquigráfica, en un momento se le pregunta al ingeniero Castagnino acerca de los costos, a lo que responde: "La fabricación de las plantas chicas se hace a través de licitación pública y en estos momentos su costo de fabricación asciende a U$S 30.000, comprendiendo esto la caja metálica y sus elementos internos. Por otra parte, las empresas además de fabricar las plantas y venderlas, ofrecen la instalación en su lugar de destino con todos los equipos complementarios. Por lo tanto, una planta de U$S 30.000, con transporte -generalmente esto se hace por avión- e instalación en el lugar, lo que supone infraestructura, tanque de agua filtrada, un pequeño local para los funcionarios que están trabajando y el equipamiento complementario -obras civiles, etcétera- tiene un costo de U$S 100.000. Este es el precio que, de acuerdo a lo que hemos averiguado, obtiene el particular por la venta, constituyendo una especie de llave en mano. Naturalmente nosotros estamos recibiendo el porcentaje por U$S 30.000" y no por U$S 100.000. En realidad, la llave la está poniendo OSE, porque el certificado es el del Ente, así como también los elementos clave del modelo de utilidad. Por lo tanto, OSE está pidiendo poder participar en esta enajenación, y de aquí este artículo 2º.

No sé si mi posición ayuda a un entendimiento, pero repito que no tengo inconveniente en que en el inciso g) se elimine la palabra "directamente" y se agregue: "construidos en el país". Hay que tener en cuenta que el ingeniero Castagnino aclaró que no la iban a fabricar, y me parece fundamental que OSE pueda tener este grado de participación, porque es la que realmente posee la capacidad técnica para poder aprovechar un asesoramiento, no ya sobre U$S 30.000, sino sobre U$S 100.000, en una planta chica de esta naturaleza.

SEÑOR CID.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Me interesaría mucho que se aclarase exactamente la redacción del literal g). Coincidimos con la eliminación de la palabra "directamente", porque creemos que da mayor claridad y flexibilidad; pero desde el punto de vista de la argumentación que se estaba haciendo con respecto a la compra solamente en el Uruguay, creo que transformamos un instrumento que pretende darle flexibilidad a la empresa OSE, en un factor limitante. Me refiero a que, además de todas las razones que argumentaba el señor Senador Michelini, se pueden dar otras circunstancias. Por ejemplo, esta implementación tecnológica se tuvo que hacer con la importación de equipos que no existían en el país y, por otra parte, se tuvieron que formar técnicos, alrededor de 70 u 80 excelentes soldadores en acero inoxidable que el país no tenía. Pero además nosotros somos muy dependientes de materias primas, por lo cual puede llegar un momento en el que la capacidad productiva del país no sea suficiente y OSE, si tiene un contrato de venta de equipos de potabilización en el exterior -de pronto equipos de potabilización y, en un futuro, tal vez de depuración de aguas cloacales- no esté en condiciones de cumplir con esos compromisos. Entonces, transformamos esto que pretende ser un instrumento de apertura a una empresa comercial, en algo que la puede limitar en el futuro.

Por lo tanto, diría que hay que hacer de este instrumento algo que sea muy prudente, que le dé a OSE la potencialidad para desarrollarse al máximo, que es lo que todos estamos buscando, y al mismo tiempo que no se vea perjudicada por no poder cumplir con determinado compromiso en razón de que, por ejemplo, la capacidad productiva del país no fue suficiente.

De alguna manera, esta es una forma de preguntar, pero también de dar la argumentación de por qué no estaría de acuerdo con introducir la limitante de que sea comprada en el Uruguay, cosa que yo prefiero, obviamente, pero me parece que encierra en sí mismo algunos peligros para la empresa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Luego de la discusión del tema que se dio fundamentalmente con el Directorio de OSE, sacamos la conclusión de que las licitaciones se hacen para empresas que trabajan en el Uruguay. De manera que desde ese punto de vista es obvio que las empresas que trabajan y fabrican, precisan materia prima importada, pero hay que aclarar que todas son empresas instaladas en el Uruguay. Teniendo esto en cuenta, y en la búsqueda de conseguir amplia mayoría en el Plenario, no me molestaba de ninguna manera decir: "las ya construidas en el país". Lo que realmente estoy buscando son elementos para lograr el mayor consenso posible en algo que viene de OSE y del Poder Ejecutivo. De acuerdo con la información del Departamento Jurídico del Ente, esta iniciativa viene con el acuerdo de todos los integrantes del Directorio.

En la versión taquigráfica de la Comisión queda la constancia de que me llamó la atención que no hubiera aparecido alguien cuestionando cómo una empresa del Estado va a desarrollar esta tarea, cuando la filosofía general es que de éste se pasa al sector privado, y no darle la posibilidad de enajenar estos modelos de utilidad. A esto me respondieron que nunca se les hicieron esas observaciones. Bueno, pues ahora el Directorio de OSE va a saber que en el Senado sí se hicieron esas observaciones.

SEÑOR GARCIA COSTA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: las palabras del señor Senador Couriel confirman la objeción que creo haber hecho. Nos explica, en forma indubitable -es su criterio y nos ha leído algunos fragmentos de la versión taquigráfica que lo confirman- que en OSE no hay intención de construir, no se está construyendo ahora ni nadie piensa en hacerlo. Cuando decimos que no incluyamos esa posibilidad en la ley, estamos reflejando lo que expresa el señor Senador Couriel, quien lo adquirió por convicción muy clara trabajando en la Comisión en la que opinaron los invitados; tanto los obreros -porque confiaban en poder trabajar ellos y no en que OSE construyera por su lado con su propio personal- como el Directorio del Ente, porque sus ingenieros dijeron que ellos no
fabricaban. Entonces, si todo esto es así, ¿por qué no sacamos la palabra "construir"?

Agrego, señor Presidente, la sugerencia -creo que esto me lo dijo el señor Senador de Boismenú en forma personal, y no sé si figura también en la versión taquigráfica, aunque alguien lo mencionó en el debate- de poner "ensamblar" en lugar de "construir", porque parece ser un camino válido. Se utilizaría ese término "ensamblar" para conservar la presencia de OSE en el dinamismo de la venta posterior.

Por otra parte, como en lo personal estuve una semana con licencia, convaleciente, precisamente estuve leyendo el repartido y saqué la misma conclusión que el señor Senador Couriel: nadie quiere que OSE construya, ni siquiera el mismo organismo. Entonces me pregunto para que ponemos "construir"; en todo caso habría que poner "ensamble".

De todos modos, agradezco la colaboración del señor Senador Couriel, por haber aportado esos valiosos elementos de juicio de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Con todo respeto, señor Presidente, quiero decir que lo que he escuchado en la sesión de hoy, me hace acordar al cuento que hacían de la lechera. Digo esto porque el desarrollo va siendo tan espectacular que ya no sé en qué nivel estamos, ya no sólo construyendo y vendiendo, sino transformando prácticamente al país en una fábrica de máquinas de agua potable

He leído el Mensaje del Poder Ejecutivo y en la página 9 -una antes de la que leyó el señor Senador García Costa- se establece lo siguiente: "Todas las características señaladas reunidas hacen de las UPA un elemento altamente eficiente y por ello han provocado el interés de terceros particulares, para su comercialización fuera de nuestro país, marco en el cual OSE se limita" -ahora- "a suministrar la tecnología para su construcción y puesta en funcionamiento". Quiere decir que vende la tecnología para la construcción y la puesta en funcionamiento; eso es lo que hace ahora.

Más adelante se agrega: "De este modo, OSE ha patentado el ingenio como modelo de utilidad y otorgado la representación para comercializarlo a distintas empresas en diferentes países de América, Europa y Africa".

Luego se establece lo siguiente, que es lo nuevo: "Hasta la fecha se ha venido actuando del modo señalado en virtud de que el marco normativo en que OSE debe desarrollar su actividad pone fuera del `giro que preceptivamente le asignan las leyes' la construcción y comercialización directa de las referidas plantas".

Lo que se desea ahora es construir directamente estas plantas, o a través de terceros, y comercializarlas también directamente. Esto es lo que dice el proyecto de ley y, por lo tanto, no sé qué estamos buscando. En todo caso, si se desea se puede sacar la palabra "directamente", pero es obvio que puede hacerlo de esa forma o indirectamente. En todo caso, la ventaja de sacar esa expresión es que podrá hacerlo por los dos mecanismos: directa o indirectamente. Creo que esto está lo suficientemente claro.

En cuanto a los costos, se supone que OSE no va a hacer un contrato que la haga invertir U$S 150:000.000 para fabricar máquinas de agua potable. Ojalá pudiéramos fabricar -y ya nos vamos a ocupar del tema- por ejemplo, una usina depuradora de agua similar a la que se va a construir en el Arroyo Conventos, en Melo, para Paysandú y otra para Salto, que no tienen, a fin de evitar que se contamine el Río Uruguay. Habría que empezar por hacer la inversión acá.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que sucede lo siguiente. Los ingenieros de OSE, y el propio Ente, han generado un invento excepcional; lo han construido y ha tenido la aceptación y admiración , por su calidad, en otras partes del mundo. Esto ha sucedido, incluso, a partir de la necesidad de potabilizar el agua para las Misiones de Paz que el Gobierno y el País han enviado a diferentes lugares.

Debido a ello, se nos solicita la modificación de la Carta Orgánica del Ente, para potencializar esta idea -estamos hablando de gente inteligente y capaz- y se abre un marco de referencia para que la ley permita esta posibilidad. Este proyecto pasa por todos los controles de OSE y del Poder Ejecutivo, viene a la Cámara de Senadores y se presenta a nivel de todos los señores Senadores, incluso en consulta a quienes no lo firmamos pero estamos de acuerdo con él. Entonces, ¿para qué vamos a comenzar a modificar la redacción en Sala? ¿Para que después OSE nos diga que cuando se puso "construir" era porque se necesitaba tal o cual pieza, y lo que se ha votado ya no sirve?

Reitero que estamos hablando de gente inteligente. No obstante, me parece bien que después se haga una evaluación y que cuando vengan los futuros Directores de OSE también nos digan qué van a hacer. No creo que debamos desconfiar a priori o pensar que lo van a hacer mal. Evaluemos. Si quieren agregarle un inciso a esta ley en el sentido de que nos manden los planos y proyectos, estoy de acuerdo. En todo caso, que envíen la información al Poder Ejecutivo y éste nos la remita. Incluso, de acuerdo con el artículo que votamos en la Ley de Urgencia, así deberían de hacerlo.

Me da la sensación de que ponemos una especie de represa para evitar ciertas cosas, y entonces les atamos las manos y no les dejamos hacer. Creo que debemos hacer al revés: dejémosle hacer y evaluemos luego, con mucha rigurosidad, de parte nuestra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- En el Frente Amplio tenía un amigo con el cual discutíamos. Sucedía que yo traía el proyecto A, él el proyecto Z y comenzábamos a discutir sobre el mío. Este amigo me sacaba una frase, me incluía una de él, me volvía a sacar otra y terminada la reunión yo pensaba que nos habíamos puesto de acuerdo. Sin embargo, cuando íbamos al Plenario, yo aparecía con la propuesta A toda modificada por este amigo, y él venía nuevamente con la propuesta Z. Creo que esto es lo que nos está sucediendo acá con el señor Senador García Costa. Perdone, señor Senador, pero siento que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de congeniar y encontrar elementos comunes, y la verdad es que uno siente que es muy difícil. Entonces, desde este punto de vista, señor Presidente -si no hay más oradores- pido que se vote, y mi propuesta simplemente radica en sacar la palabra "directamente" que figura en el literal g).

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Si mal no recuerdo, hace más de media hora que no he dicho una sola palabra, y el señor Senador Couriel supone que yo me niego a lo que él propone. Apenas pedí una interrupción para decir que me parecía muy hábil, inteligente y muy de acuerdo con lo que había mencionado hace más de una hora, en el sentido de que nadie quiere construir estos artilugios en OSE. Así nos lo demostró el Senador con la versión taquigráfica en la mano.

Ahora resulta que yo soy el amigo del Frente Amplio que tenía el señor Senador Couriel que le tomaba un proyecto, se lo cambiaba y después le hacía pasar las de Caín porque lo traía de nuevo. Perdone señor Senador Couriel: usted sabe que le tengo mucha estima, pero no entiendo y por descontado no sé qué le pasaba con su amigo del Frente Amplio, experiencia que usted comprenderá yo nunca he hecho. De pronto usted tiene otra, pero esa no la he hecho.

Repito señor Presidente, que si no se quiere construir -no lo quiere tampoco OSE y así nos lo ha explicado el señor Senador Couriel- modifiquemos ese texto y donde dice "construir", omitirlo o poner "ensamblar".

He señalado cuál es mi temor: si habilitamos la construcción en lugar de tener un artificio interesante por el cual vendemos cosas talentosas, tendremos la venta de la nueva planta que inauguraremos de OSE, para construir, sin lugar a dudas, estos elementos tan valiosos.

Si al señor Senador Couriel le parece que el término molesta, yo no lo puedo cambiar. Esto es lo que pienso y, por otra parte, es lo que resulta de la versión taquigráfica que también he leído.

En fin, señor Presidente, como aquí se ha dicho reiteradamente, ya se ha hablado demasiado tiempo.

SEÑOR SEGOVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA.- Confieso de antemano que no soy el amigo del señor Senador Couriel con quien discutía el tema; pero voy a hacer un planteo muy sencillo, porque también soy amigo del Senador.

Creo -y no me molesta ninguna de las palabras- que debiera mantenerse la totalidad del texto, que fue cuidadosamente estudiado. El tema se trató en el Senado, pasó a la Comisión, que lo estudió, y ha vuelto con esta redacción que creo es muy correcta. Y lo es, no sólo por el presente, sino también por el futuro de OSE.

De todos modos, si la palabra "directamente" es cuestionada, no tendría problema en eliminarla y votar el proyecto sin ella. Pero lo que no quiero que queden establecidos desde este momento son limitantes, por ejemplo, con respecto al vocablo "construcción", puesto que aunque ahora OSE no tiene interés en hacerlo, es probable que sí lo tenga en un futuro cercano, no sólo con este tipo de plantas, sino con otras que están mencionadas cuando se habla del tratamiento de efluentes cloacales.

En este momento OSE está experimentando, con equipos generados por ingenieros de la Institución, nada menos que una planta de tratamiento de efluentes cloacales de gran significación en la ciudad de La Paz. Allí, la eliminación de estos efluentes es un problema real por los desniveles existentes o, digamos, por la olla en que se encuentra emplazada la ciudad. Es por eso que se ha habilitado en viviendas y públicamente el uso de unas cajas absolutamente sencillas que sustituyen a los pozos de saneamiento. Dichas cajas se eliminan de las viviendas una vez al mes o al año -depende de la calidad que tengan- no habiendo otros elementos de transmisión o de eliminación que caños de una pulgada. Se trata de sustitutivos de sistemas de saneamiento, que se vienen incorporando con tecnologías nuevas. Entonces, no quiero creer que en este momento OSE no tenga la idea de llegar a construirlos y competir en mercados.

Quiero dejar en claro que no es mi intención poner obstáculos, pero no me gustaría trabar en el futuro de OSE la patente por este modelo de utilidad -en realidad, este no es un invento, sino un modelo de utilidad- y que el etiquetado -que tanto hemos discutido- diga "calidad uruguaya", o "calidad de OSE" o tratamiento de lo que sea.

Reitero que este es un artículo que ha sido cuidadosamente estudiado. No obstante ello, si una palabra puede dar lugar a que no haya acuerdo general, no tengo reparos en que se elimine.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Formulo moción, en primer lugar, para que se pase a votar el texto tal cual está; en segundo término, para que si no se aprueba como está, se vote eliminando la palabra "directamente"; y, por último, en caso de que no prospere ninguna de las dos posibilidades, que se le agregue la expresión "construir en el Uruguay".

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa consulta al Miembro Informante, señor Senador Millor, si está de acuerdo con la propuesta.

SEÑOR MILLOR.- En función de las consultas que he podido hacer con los compañeros de la Comisión, propondría suprimir el término "directamente". Esta es la modificación que la Comisión está dispuesta a admitir.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pregunto si los que no queremos votar el texto con la palabra "construir" podemos plantear un aditivo posterior. No sé si el señor Senador García Costa insiste en su postura.

Naturalmente, queremos votar algo; pero, al parecer, las cosas se complican.

Apelando a la buena voluntad de la Mesa, luego plantearíamos la expresión "encomendar la construcción", como un aditivo a este artículo, para que de ese modo podamos votarlo. Esto es lo que deseamos hacer, pero con esas variaciones. Luego se verá si están o no los votos para ese artículo aditivo o sustitutivo.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Pido que se vote el literal g) como lo acaba de presentar el señor Senador Millor, esto es, sin la palabra "directamente", y si sale negativo, estudiaremos el aditivo del señor Senador Atchugarry.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el literal g) con la supresión de la palabra "directamente".

(Se vota:)

-17 en 25. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo Unico.- Incorpóranse al artículo 2º de la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952, los siguientes literales:

`F) Podrá proveer a terceros a título oneroso, el suministro de agua sin potabilizar para ser destinada a finalidades diversas del consumo humano, siempre que la disponibilidad del recurso natural resulte excedentaria respecto de los caudales necesarios para atender el servicio público de agua potable, a que se refiere el literal A) de este artículo.

G) Podrá construir o adquirir ya construidos y enajenar a título oneroso a terceros dentro y fuera del país, ingenios para la potabilización de aguas y para el tratamiento de efluentes cloacales cuya tecnología de fabricación le pertenezca.'

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 5 de setiembre de 2000.

José Luis Batlle Presidente
Mario Farachio Secretario.»

22) DOMINGO BURGUEÑO MIGUEL

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: solicito que se altere el orden del día y que se trate de inmediato el numeral 10), que refiere a un proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Domingo Burgueño Miguel" la Ruta Nº 39, ubicada en el departamento de Maldonado.

Mañana va a ser, prácticamente, la última sesión a que asistiré antes de hacer uso de licencia, y como soy propulsor de este proyecto de ley, quisiera estar presente cuando se trate. Ya que seguramente la sesión de mañana se verá alterada por la Asamblea General, de contarse con la voluntad del Cuerpo, desearía considerarlo en este momento.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Voy a acompañar la propuesta, siempre y cuando nos comprometamos a votar los asuntos que figuran en 6º y 7º término, que me parece tienen un contenido muy especial. El primero de ellos se refiere al 23 de setiembre como feriado no laborable, y el segundo tiene que ver con un proyecto de ley por el que se declara de interés general la exhumación y posterior repatriación de los restos de los indios charrúas. Vamos a no hacer discursos; aquí nos comprometemos, votamos y liquidamos el asunto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar lo propuesto por el señor Senador Larrañaga, en el sentido de alterar el orden del día y pasar a considerar de inmediato el asunto que figura en décimo término.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa con el nombre `Domingo Burgueño Miguel' la Ruta Nº 39, ubicada en el departamento de Maldonado (Carp. Nº 231/2000 - Rep. Nº 98/2000)"

(Antecedentes:)

«Carp. 231/2000
Rep. N° 98/2000

Montevideo, 25 de julio de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase con el nombre `Domingo Burgueño Miguel' la Ruta Nacional Nº 39 ubicada en el Departamento de Maldonado.

Franciso Gallinal, Carlos Garat, Guillermo Carcía Costa, Luis A. Heber, Jorge Larrañaga, Carlos Julio Pereyra, María Julia Pou. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley tiene como fin hacer un merecido reconocimiento a quien fuera sin duda alguna uno de los más importantes líderes políticos del departamento de Maldonado, Domingo José Antonio Burgueño Miguel conocido como El Nene o El Bala nació en Aiguá el 9 de diciembre de 1925 siendo uno de los ocho hijos de don Domingo Burgueño y doña Amanda Miguel. Padre de tres hijos, de extracción muy humilde. Comenzó sus estudios primarios en su localidad de nacimiento (Aiguá) ubicada al norte del departamento de Maldonado; los secundarios los realizó en las ciudades de Minas y Maldonado.

Se destaca desde muy joven en la práctica de diversos deportes pero uno se constituyó en su pasión, el basquetball, siendo en reiteradas ocasiones campeón de Maldonado y participando además con mucho brillo en la selección de su departamento.

Al abandonar la actividad deportiva, comenzó una carrera directriz en la que siempre sobresalió por "el hacer antes que el hablar", ocupando cargos de importancia en varias disciplinas y siendo puntal de las mismas para los mayores logros deportivos del departamento.

Se desempeñó además como periodista, siendo corresponsal de varios diarios de Montevideo, entre los cuales se destacan: "EL PLATA, LA MAÑANA Y EL DIARIO, llegando incluso a editar un periódico en Maldonado.

Ingresó como funcionario municipal el 15 de marzo de 1941 como Conserje. Cumplió allí una extensa carrera administrativa hasta alcanzar el máximo cargo del escalafón funcional en el año 1954 en la Secretaría de la Intendencia. Luego fue Secretario General de la Intendencia del año 1978 hasta el año 1984 en que se jubila.

En 1984 es propuesto como candidato a la Intendencia Departamental por el Partido Nacional, recibiendo entonces un importante apoyo popular que lo obligó a lanzarse decididamente a la arena política, convirtiéndolo en referencia permanente del acontecer fernandino.

Con el slogan "Pocas palabras y muchas obras", en 1989 es nuevamente propuesto como candidato, alcanzando esta vez la máxima magistratura departamental bajo el lema Partido Nacional. Luego de su brillante gestión llena de empuje de fuerza de fe en el año 1994 es reelecto Intendente tras registrar una votación histórica en el departamento (más de 34.000 votos), donde continuó conduciendo los destinos de Maldonado durante un nuevo período hasta el fin de sus días.

Extremadamente sencillo en sus procederes sociales, compró su primer y único auto cuando accedió al Municipio, siendo hasta entonces su medio de locomoción una moto.

Fallece el 14 de enero de 1998, en pleno ejercicio de sus funciones. En varias oportunidades anunciaba que muerto lo iban a sacar de la Intendencia Municipal

Creemos que designar a la Ruta Nº 39 -que nace en Aiguá su ciudad natal- con el nombre de Domingo Burgueño es un reconocimiento justo para una persona que dio su vida por el departamento de Maldonado. Amigo del más necesitado siempre tomó decisiones importantes para darle más al que tenía menos. Luchador incansable por los problemas de la gente, mantuvo sus ideales que fueron reflejados en sus obras realizadas, ello ha dado lugar a que la población al referirse a su acción comunal hable de un antes y un después de Burgueño

Justifica, además el darle su nombre a la Ruta Nacional Nº 39 porque vino de Aigua a Maldonado para darle desarrollo al departamento en una visión moderna y transformadora de la Región.

Francisco Gallinal, Carlos Garat, Guillermo García Costa, Luis A. Heber, Jorge Larrañaga, Carlos Julio Pereyra, María Julia Pou. Senadores.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Desígnase con el nombre `Domingo Burgueño Miguel' la Ruta Nacional Nº 39 ubicada en el Departamento de Maldonado."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: he votado afirmativamente este proyecto de ley porque, a nuestro juicio, se trata de un justo reconocimiento para un gran compatriota de Maldonado, que fue dos veces Intendente Municipal y que, desde su Aiguá, impulsó un nuevo tiempo en la Administración comunal de ese departamento. Llevó adelante, con enorme esfuerzo, una visión progresista y moderna de la comuna fernandina, que lo tuvo como protagonista de muchísimas y extraordinarias obras que han beneficiado a todo el departamento.

Siendo un hombre de extracción humilde, sin formación profesional, que pudo alcanzar tan alto grado en la representación popular del departamento como integrante del Partido Nacional, nos llena de enorme satisfacción que este Cuerpo haya apoyado, precisamente, una iniciativa para que la Ruta Nacional Nº 39 lleve su nombre como reconocimiento y acto de justicia por la persona de Domingo Burgueño Miguel.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: hemos votado con mucho gusto este proyecto de ley, en el entendido de que Domingo Burgueño Miguel ha trascendido las fronteras de su propio y querido Partido Nacional, pues el departamento de Maldonado asistió a la presencia de un gran dirigente político, de una muy buena persona y de un gran Intendente Municipal.

A pocos días de su desaparición física, en el departamento de Maldonado propusimos a su sucesor, el ex Intendente Tortorella, la designación con el nombre de Domingo Burgueño Miguel del Estadio Municipal de Maldonado, por el que tanto había trabajado, no sólo como jefe comunal, sino también como dirigente deportivo con una larga trayectoria. La Junta Departamental aprobó esa iniciativa por unanimidad.

En esa circunstancia se evaluó la posibilidad de que se designara con su nombre la Ruta Nº 39 o el Estadio Municipal de Maldonado. En aquel momento propusimos que fuera el Estadio, en el entendido de que estaba más cercano al quehacer popular que él, en definitiva, tanto quería y comprendía.

También es bueno señalar que la Ruta Nacional Nº 39, en su doble vía, fue construida por iniciativa del propio Intendente Burgueño. En coordinación con una decisión política del Gobierno Nacional, en una histórica reunión con el entonces Presidente Sanguinetti, se acordó la realización de dos grandes obras, en las que se conjugaron los esfuerzos, en partes iguales, de ambos Gobiernos. Me refiero a la concreción de la mencionada doble vía entre San Carlos y Punta del Este, y a la construcción del Puente de la Barra, en el que también se conjugaron el esfuerzo municipal y nacional.

Creo que esos son símbolos de lo que estimuló la Intendencia Municipal y don Domingo Burgueño Miguel, más allá de la transformación que siempre generó a través de su querido Municipio.

Se trata de un hombre que inició su carrera administrativa desde muy abajo y que llegó a ser reelecto con el amplio apoyo popular que todos conocemos en el período anterior. Evidentemente, el esfuerzo y su vocación por el trabajo lo llevaron a temprana edad, pero era un hombre que todavía tenía mucho para dar a su departamento, a su Partido y a sus amigos.

Nos consideramos dentro de los que creímos interesante y generoso contribuir a su gestión, desde el punto de vista político, y a que se crearan acuerdos políticos programáticos vinculados a temas que tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional llevaron adelante en forma conjunta desde el ámbito nacional y departamental, estimulando la coordinación de esfuerzos. De la misma manera celebro hoy, junto con el actual Intendente Municipal Antía, la voluntad política del Partido y del Gobierno, que conjugaron sus esfuerzos.

Es de justicia denominar con su nombre a la Ruta Nacional Nº 39, que va de Maldonado a Aiguá, por tratarse de un hombre que precisamente nació en esas tierras, que quiso mucho a su departamento, a su Intendencia Municipal, a su gente y a su Partido. Por esa razón, celebramos este homenaje que le tributa el Senado de la República al votar afirmativamente este proyecto de ley.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: comparto todo lo que se ha expresado precedentemente. Fuera de toda connotación política y mucho menos partidaria, tenemos la satisfacción de homenajear al ser humano, diría -con total sinceridad- a uno de los mejores amigos y a una de las personas más queribles que me dio este quehacer tan duro que es la política.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: la bancada del Partido Nacional acompaña con gran entusiasmo esta muy feliz iniciativa que ha presentado el señor Senador Larrañaga. Con ello demuestra una vez más, como siempre lo ha hecho a lo largo de su vida política, un profundo sentido de pertenencia, no sólo a nuestra colectividad política, sino también a la Nación.

Guardamos un recuerdo imborrable de la actuación pública de don Domingo Burgueño Miguel. Tuvimos oportunidad de compartir con él varias instancias referidas al departamento de Maldonado y vinculadas a Lavalleja. Entre ambos departamentos existe una comunidad de ideas y de tradiciones, que nos ha hecho muy afines en el transcurso de la historia y que, seguramente, continuará en el futuro.

El señor Domingo Burgueño Miguel ha significado, para nuestro sector, desde todo punto de vista y en todas las instancias de su vida política, un aporte de carácter fundamental. En 1994 fuimos a buscar su apoyo con el propósito de que su nombre prestigiara nuestras listas, a pesar de que se presentaba como candidato a la Intendencia Municipal y todos descontábamos, desde un primer momento que, merced a la gran gestión que había desarrollado, iba a resultar reelecto. El contribuyó a honrar nuestras listas, aceptando ocupar la primera suplencia del señor Senador Luis Alberto Heber.

En ese sentido, y ya no sólo en nombre de nuestra colectividad -que en esta circunstancia la representa el señor Senador Larrañaga con la iniciativa- sino en el de nuestro sector político, queremos manifestar nuestra profunda satisfacción por el homenaje que hoy se rinde al ex Intendente Municipal don Domingo Burgueño Miguel, designando con su nombre a una Ruta que, precisamente, atraviesa su departamento.

23) PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: solicito que se prorrogue la hora de finalización de esta sesión hasta que se traten los numerales 6º y 7º del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: quiero dejar constancia de que no he votado, porque tengo que retirarme a las 20 horas. La verdad es que no se preguntó la posibilidad de prórroga y el Senado impuso su voluntad sobre los que tuviéramos otros criterios. De todas maneras, insisto, a las 20 horas me retiraré por compromisos que he contraído con anterioridad, ya que no sabía que se modificaría el horario de término de esta sesión.

24) FERIADO NO LABORABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se declara feriado nacional no laborable el día 23 de setiembre de 2000 en conmemoración del 150 aniversario del fallecimiento del fundador de nuestra nacionalidad General José Gervasio Artigas. (Carp. Nº 258/2000 - Rep. Nº 103/2000)".

(Antecedentes:)

«Carp. N° 258/2000
Rep. N° 103/2000

Presidencia de la República
Oriental del Uruguay
Ministerio del Interior
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
Ministerio de
Industria, Energía y Minería
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente
Ministerio de
Deporte y Juventud

Montevideo, 21 de agosto de 2000.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Presente

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de remitirle el Proyecto de Ley que se acompaña por el que se declara feriado nacional no laborable el día 23 de setiembre de 2000 en conmemoración del 150 aniversario del fallecimiento del fundador de nuestra nacionalidad General José Gervasio Artigas.

Asimismo y a los efectos de honrar su memoria, se dispone que en todo el país se guarde, el día precitado, un minuto de silencio entre las 11:59 y las 12:00 horas.

El Poder Ejecutivo saluda al Sr. Presidente con su mayor consideración.

Jorge Batlle Ibáñez Presidente de la República, Guillermo Stirling, Didier Opertti, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Carlos Cat, Alvaro Alonso, Lucio Cáceres, Gonzalo González, Alfonso Varela, Sergio Abreu, Antonio Mercader, Horacio Fernández Ameglio, Jaime Trobo.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase feriado nacional no laborable el día 23 de setiembre de 2000.

Artículo 2º.- Dispónese que se guardará un minuto de silencio en todo el país entre las 11:59 y 12:00 horas del día 23 de setiembre de 2000.

Guillermo Stirling, Didier Opertti, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Carlos Cat, Alvaro Alonso, Lucio Cáceres, Gonzalo González, Alfonso Varela, Sergio Abreu, Antonio Mercader, Horacio Fernández Ameglio, Jaime Trobo.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación me ha encomendado realizar el informe verbal sobre este proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se declara feriado no laborable el día 23 de setiembre de este año 2000, en conmemoración del l50 aniversario de la muerte del General Artigas.

Este proyecto de ley, cuya aprobación se recomienda, se inscribe dentro de los diferentes actos que se han previsto para este año, por la especial circunstancia de celebrarse el 150 aniversario de la muerte del prócer de nuestra nacionalidad, así como en el año 1950 se recordó, con particular relieve, el 100 aniversario de su muerte, y en 1964 se celebraron los 200 años de su nacimiento.

Resulta imprescindible, en estas circunstancias en que el Parlamento declarará feriado no laborable el día 23 de setiembre de este año, hacer una semblanza de Don José Artigas, que más allá de las diferentes evocaciones que se puedan realizar, tiene el significado de ser el fundamento de esta decisión política que habrán de realizar los representantes elegidos por la voluntad popular, ya que la ciudadanía, sobre todo las nuevas generaciones, tiene el derecho de conocer los motivos por los que se dispone un homenaje de tanta significación.

Don José Artigas -y no José Gervasio, como enseña Eduardo Acevedo en su alegato histórico, dado que el nombre de "Gervasio", si bien fue incluido en su partida de bautismo, jamás fue utilizado por el prócer- nació en Montevideo el 19 de junio de 1764, en una casa ubicada en lo que hoy son las calles Colón -entre los números que van del 1486 al 1490- esquina Cerrito. Sin duda, su niñez en Montevideo lo marcó, así como su larga estadía en la campaña y la compañía de seres humanos como los indios, que le dieron la sabiduría necesaria para adquirir una concepción amplia de los hombres y de la naturaleza. A diferencia de otros próceres de formación totalmente urbana, sin contactos habituales con el medio rural, como lo eran muchos de los dirigentes de Buenos Aires y de Montevideo, Artigas supo conjugar ambos ambientes en un momento de la historia de la Humanidad en que se iba conformando el mercado mundial y junto con él, las relaciones internacionales, con las penetraciones ideológicas consiguientes.

Se incorporó a la Revolución independentista en 1811, a los 47 años de edad, siendo Capitán de Blandengues. Rápidamente obtuvo la victoria en la Batalla de las Piedras el 18 de mayo de 1811, hecho que motivara que la Junta de Buenos Aires le confiriera el grado de Coronel de Blandengues. Luego, y como consecuencia de diferencias con el Gobierno bonaerense a raíz del Armisticio del 20 de octubre de 1811, encabezó el episodio heróico del Éxodo del Pueblo Oriental, acampando en el Ayuí, con el Ejército y el pueblo que lo siguió en esa gesta bíblica.

Habiendo regresado con su Ejército a la Banda Oriental, el 25 de diciembre de 1812 formula lo que se conoce como "La Precisión del Yí" que, entre otras consideraciones, afirma que la cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo.

Más tarde, en enero de 1813, acampado a orillas del Yí, formulará una serie de pretensiones al Gobierno de Buenos Aires con la Misión García de Zúñiga, en cuya 8ª pretensión se establece que "la soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como objeto único de nuestra revolución."

En el Congreso de Abril, celebrado en el paraje denominado "De las Tres Cruces" , Artigas pronunció, el 5 de abril de 1813, un discurso conocido históricamente como "La oración inaugural" donde, entre otras cosas, expresó: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana."

Fue en el Congreso de Abril que se dictaron las conocidas e históricas "Instrucciones del Año XIII", que debían llevar los diputados orientales ante la Asamblea General Constituyente que se instaló en Buenos Aires en enero de 1813 y en las que se refleja claramente el pensamiento artiguista de Independencia, República y Federación. De allí surgirán los dos proyectos artiguistas de Constitución: el Federal y el de Constitución para la Provincia Oriental del Uruguay.

Consolidado el triunfo de la Revolución Artiguista en la Provincia Oriental con la Batalla de Guayabos, el 10 de enero de 1815, que puso fin a la breve dominación porteña sobre la Provincia Oriental, José Artigas fue proclamado, entre 1814 y 1815, Protector de los Pueblos Libres por las provincias de Córdoba, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. Con ello se dio nacimiento a la Liga Federal, que tuvo como capital al rústico poblado de Purificación, a orillas del Río Uruguay.

En esas circunstancias, Artigas aprobó, el 10 de setiembre de 1815, el Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de su Campaña y Seguridad de sus Hacendados, estableciendo en el artículo 6º "que los más infelices sean los más privilegiados".

Producida la Invasión Portuguesa en 1816 y luego de las diferentes traiciones que sufrió, se exilió, a partir de setiembre de 1820, en el Paraguay, donde permaneció hasta su muerte, el 23 de setiembre de 1850, cuando tenía 86 años de edad, en compañía de su leal servidor, Ansina.

Los 30 años de permanencia de Artigas en el Paraguay no fueron de derrota, porque a partir de 1820 el proceso histórico de la Argentina nos muestra un permanente retorno ideológico a las Instrucciones del Año XIII y a los proyectos de Constitución Federal y Provincial.

El enigma final, como la vida de todo gran hombre, se plantea con un libro que habría sido el de cabecera de Artigas en sus últimos años y cuyo título es "La conversación consigo mismo", del pensador italiano Marqués de Caracciolo, editado en 1782 y que está en la Biblioteca del Palacio Legislativo, con una dedicatoria de Artigas de fecha 14 de mayo de 1850 al Teniente Rómulo José de Yegros, hijo del prócer de la independencia paraguaya, Fulgencio Yegros.

Artigas fue firme en la defensa de sus ideas de Independencia, República y Federación.

Artigas fue severo con la traición de Genaro Perugorría, a quien mandó fusilar.

Artigas fue sensible ante la muerte de su amigo Blas Basualdo, por quien lloró y ordenó la realización de especiales exequias fúnebres.

Artigas fue generoso en el amor prodigado a su esposa, como lo demuestra el pedido de dispensa para casarse con su prima Rosalía Rafaela Villagrán y su constante preocupación por su salud y bienestar.

Parafraseando a José Enrique Rodó, podemos decir que Artigas fue grande en el pensamiento y grande en la acción. Artigas fue grande en la gloria y grande en el infortunio.

La mejor descripción de Artigas la dio él mismo en carta dirigida a Sarratea en febrero de 1813 cuando escribió: "Esclavo de mi grandeza sabré llevarla a cabo conducido siempre de mi justicia y razón. Un lance funesto podrá arrancarme la vida pero no envilecerme."

Por las razones expuestas, señor Presidente, aconsejamos que se vote el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º.- Declárase feriado nacional no laborable el día 23 de setiembre de 2000."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º.- Dispónese que se guardará un minuto de silencio en todo el país entre las 11:59 y 12:00 horas del día 23 de setiembre de 2000."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

25) INDIOS CHARRUAS VAIMACA PERU, SENAQUE, GUYUNUSA Y TACUABE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se declara de interés general la exhumación y posterior repatriación de los restos de los indios charrúas: Vaimaca Perú, Senaqué, Guyunusa y Tacuabé (Carp. Nº 1098/98 - Rep. Nº 104/2000)."

(Antecedentes:)

«Carp. N° 1098/1998
Rep. N° 104/2000

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase de interés general la ubicación y posterior repatriación al territorio nacional de los restos de los indios charrúas Vaimaca Perú, Senaqué, Guyunusa y Tacuabé, fallecidos en la República de Francia.

Artículo 2º.- Dispónese que, una vez llegados al país, los restos serán inhumados en el Panteón Nacional.

Artículo 3º.- Cométese al Ministerio de Relaciones Exteriores la realización de las gestiones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de junio de 2000.

Ricardo Berois Quinteros1er Vicepresidente
Horacio Catalurda Secretario.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: aunque se trata de un proyecto de ley emblemático y dada la hora y la tarde ajetreada que tuvimos, voy a hacer un informe muy breve.

Se trata de un proyecto de ley -que pensamos se va a convertir en ley- que tiene un primer artículo que acaba de ser descrito por el señor Presidente al leer el título del tema que estamos tratando. El artículo 2º añade que una vez llegados los restos al país, luego de su ubicación y traída, serán inhumados en el Panteón Nacional. Y, por el tercer artículo, se encomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores la realización de las gestiones para lograr esos dos objetivos: ubicación de esos restos y traerlos al país.

Dije que se trata de un proyecto de ley emblemático y quiero sintetizar en muy pocas palabras que se debe a dos razones. Por un lado, se busca que las raíces -las que puedan quedar- de este pueblo vuelvan a su lugar. Ese es un emblema, un homenaje más concreto a los charrúas que algunos de tipo declamatorio como, incluso, se usa a veces en actividades deportivas. El segundo emblema que también me parece muy importante es el que tiene que ver con el hecho de que aquellos que tuvieron que irse del país no por su voluntad sino forzados, por lo menos en lo que refiere a sus restos, tengan el derecho de volver. Se trata de una repatriación.

Quiero destacar, señor Presidente, que en esta norma, que espero que se convierta en norma jurídica, en ley sancionada por el Parlamento -ya que cuenta con la aprobación por unanimidad de la Cámara de Representantes y de los miembros de la Comisión- ha habido elementos sociales que la determinan; muchas veces en Derecho es un producto social. En este caso, dentro de la sociedad uruguaya hay historiadores y sentimientos de recuerdo por los charrúas, por lo que no podemos obviar el destaque del trabajo talentoso, pertinaz y responsable de la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, que muchas veces tuvo que afrontar algunas críticas jurídicas -algunas de detalle como puntos, comas y palabras- pero siempre llegaron con talento a lograr que el Parlamento, después de varios años, llegara hasta esta instancia que entiendo ha de ser definitiva.

Por último, quiero resaltar que el emblema que significaría esta ley, que seguramente va a ser aprobada, tiene consecuencias prácticas. No se trata solamente de una ley que haga una declaración, una proclamación. La consecuencia práctica es que todo funcionario uruguayo, dirigido desde luego por el señor Ministro de Relaciones Exteriores y por los funcionarios diplomáticos que haya en Francia, van a tener una base legal para hacer todos los movimientos obvios que deben llevarse a cabo en estos casos ante funcionarios y Gobierno de otro país.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en forma brevísima y como adelanto de fundamento de voto, quiero decir que este proyecto de ley, iniciativa de muchos, en definitiva hace una reparación histórica no sólo con estos cuatro charrúas que fallecieron en Francia -con los que de alguna manera se hace justicia y vamos a intentar recuperar sus restos y volverlos al país- sino también con todos aquellos que son de origen charrúa. No nos podemos olvidar que por muchos años los charrúas combatieron y lucharon junto a Artigas por la independencia nacional y que también fueron cofundadores de nuestra Nación.

Se debe decir con toda sinceridad que fueron perseguidos, excluidos y aniquilados por parte de nuestra sociedad. En función de eso creo que no sólo se hace una reparación con estos cuatro fallecidos en la República de Francia, sino que también se hace un reconocimiento al valor histórico que ellos tuvieron con la propia fundación del Estado Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º.- Declárase de interés general la ubicación y posterior repatriación al territorio nacional de los restos de los indios charrúas Vaimaca Perú, Senaqué, Guyunusa y Tacuabé, fallecidos en la República de Francia."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º.- Dispónese que, una vez llegados al país, los restos serán inhumados en el Panteón Nacional."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 3º.

(Se lee:)

"Artículo 3º.- Cométese al Ministerio de Relaciones Exteriores la realización de las gestiones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Aplausos en la Barra)

-Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

26) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20 y 3 minutos, presidiendo el señor Senador José Luis Batlle y estando presentes los señores Senadores Abelenda, Arismendi, Cid, Correa Freitas, de Boismenu, Fau, Gallinal, Gargano, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pou, Rubio, Sanabria, Sanguinetti, Segovia, Singer y Xavier.)

SENADOR JOSE LUIS BATLLE Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.