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Nº 31 - TOMO 402 - 4 DE JULIO DE 2000

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

30ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

y el SEÑOR SENADOR REINALDO GARGANO Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQ. HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyectos presentados

- El señor Senador Heber presenta, con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 194 de la Ley N° 14.306 relacionado con las sanciones por mora en las obligaciones tributarias.
- A la Comisión de Hacienda.
- Y otro por el que se modifica el párrafo 1° del artículo 40 del Código Civil que refiere al estado civil de las personas, determina la forma de acreditar el nacimiento y la calidad del hijo, matrimonio, defunción, edad, etcétera, a fin de simplificar la tramitación de las partidas.
- A la Comisión de Constitución y Legislación.

5) Pedidos de informes

- El señor Senador Heber solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas relacionado con la reforma del Estado.
- El señor Senador Fernández Huidobro solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional con destino a la Dirección Nacional de Comunicaciones relacionado con los canales cables en el departamento de Artigas.
- Oportunamente fueron tramitados.

6) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Chiruchi y Pereyra.
- Concedidas.

7) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el doctor Heber Da Rosa comunicando que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

8) Volumen de las operaciones de narcotráfico

- Manifestaciones del señor Senador Mujica.

9) Sucesos acaecidos en el Instituto de Traumatología

- Manifestaciones del señor Senador Pereyra.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Salud Pública.

10) Día Internacional del Cooperativismo

- Manifestaciones del señor Senador Larrañaga.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al señor Presidente de la República, a los señores Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a CUDECOOP y a la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay.

11) Situación actual del Instituto Nacional de Abastecimiento

- Manifestaciones del señor Senador Korzeniak.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Central de Trabajadores, al PIT-CNT y a la Liga de Defensa Comercial.

12) Ex Legislador doctor Ernesto Amorín Larrañaga. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones del señor Senador Pereyra. Intervención de varios señores Senadores.
- Por moción de varios señores Senadores, el Senado resuelve ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria del ciudadano desaparecido y enviar a sus familiares la versión taquigráfica y su grabación de las palabras pronunciadas en Sala.

13) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo

- Por moción del señor Senador Sanabria, el Senado resuelve postergar la consideración de este tema.

14) Convención Interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacionales

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración.
- Por moción del señor Senador Millor el Senado resuelve enviar nuevamente a la Comisión el proyecto de ley a estudio.

15) Feriados nacionales

- Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 2° de la Ley N° 16.805, incorporándose la fecha 19 de junio de cada año al régimen de inamovilidad.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Actividad laboral del discapacitado

- Proyecto de ley por el que se establece la compatibilidad con la jubilación, pensión o subsidio por discapacidad cuando el grado de la misma no sea inferior al 40%.
- Por moción del señor Senador Sanabria, el Senado resuelve enviar nuevamente a la Comisión correspondiente el presente proyecto de ley. Intervención de varios señores Senadores.

17 y 19) Señoras Rosario Candos Caravia y Mercedes Amarilla de Guani. Pensiones Graciables

- Minutas de comunicación dirigidas al Ministerio de Educación y Cultura por el señor Senador Gargano solicitando se les conceda una pensión graciable.
- Se vota afirmativamente.
- Por moción de la señora Senadora Arismendi el Senado resuelve solicitar la iniciativa correspondiente al Poder Ejecutivo para las pensiones graciables a conceder a Ruben Galloza, Horacio E. Loriente, Julieta Moretti, Sheila Noelia Rita Lindsay Carro de Sasía, María Olga Gómez de Olivera y Arturo Víctor Piñeyro Romero.

18) Señora Iris Renée Criscio Soler. Pensión graciable

- Por moción del señor Senador Garat, el Senado resuelve retirar del archivo la Carpeta N° 1.518/99 que contiene un pedido de pensión graciable para la mencionada señora.

20) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 30 de junio de 2000.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 4 de julio, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución de la República).

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2°) por el que se aprueban las Convenciones suscritas por la República en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.

(Carp. N° 231/95 - Rep. N° 38/2000)

3°) por el que se modifica el artículo 2° de la Ley N° 16.805, de 24 de diciembre de 1996, incorporándose la fecha 19 de junio al régimen de inamovilidad de los feriados en él establecido.

(Carp. N° 187/2000 - Rep. N° 41/2000)

4°) por el que se autoriza la compatibilidad entre la actividad del discapacitado, en cualquier forma pública o privada y la jubilación, con la pensión o subsidio por discapacidad, siempre que el grado de discapacidad no sea inferior al 40%.

(Carp. N° 117/2000 - Rep. N° 47/2000)

5°) Discusión particular de los proyectos de comunicación al Ministerio de Educación y Cultura solicitando el envío de proyectos de ley proponiendo una pensión graciable para:

a) La señora Rosario Candos Caravia.

(Carp. N° 108/2000 - Rep. N° 42/2000)

b) La señora Mercedes Amarilla de Guani.

(Carp. N° 119/2000 - Rep. N° 43/2000)

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Batlle, Carminatti, Cid, Couriel, Fau, Fernández Huidobro, Garat, García Costa, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Malaquina, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Singer, Virgili y Xavier.

FALTA: con licencia, el señor Senador Chiruchi.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 4 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Poder Ejecutivo remite Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

sobre mejoras a los servicios públicos y privados, seguridad pública y condiciones en las que se desarrollan las actividades productivas;

por el que se modifican distintos artículos de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, relativa al recurso de referéndum contra las leyes.

-TENGANSE PRESENTE Y ARCHIVENSE.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje en respuesta al pedido de informes formulado por la señora Senadora Julia Pou al Ministerio de Transporte y Obras Públicas relacionado con las obras de adecuación del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO A LA SEÑORA SENADORA JULIA POU.

El Ministerio del Interior remite la información solicitada por el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro relacionada con el siniestro ocurrido en la planta industrial Linpac Plastic S.A., en la localidad Capitán Juan Antonio Artigas, departamento de Canelones.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO.

El señor Presidente del Senado eleva la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución del Presupuesto del Senado, correspondiente al Ejercicio 1999.

-A LA COMISION DE PRESUPUESTO.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informados:

La solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar como miembros del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, a los señores profesores David Bonilla, Daniel Corbo, Carmen Tornaría, doctor Roberto Scarsi y Maestro Sirio Nadrúz y en calidad de Director Nacional de Educación Pública al profesor David Bonilla y al Dr. Roberto Scarsi en calidad de Sub Director Nacional de Educación Pública.

Y solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a los señores Juan Carlos Saralegui y Freddy González Guarnieri funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

-REPARTANSE E INCLUYANSE EN LA SESION DEL DIA DE MAÑANA."

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Heber presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 94 del Decreto-Ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974, relacionado con las sanciones por mora en las obligaciones tributarias."

-A LA COMISION DE HACIENDA.

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY
SANCIONES POR MORA

Artículo 1°. - Sustitúyese el artículo 94 del Decreto-Ley N° 14.306, de 29 de noviembre de 1974, por el siguiente:

`Artículo 94 (Mora). - La mora se configura por la no extinción de la deuda por tributos en el momento y lugar que corresponda, operándose por el solo vencimiento del término establecido.

Será sancionada con una multa sobre el importe del tributo no pagado en término y con un recargo mensual.

La multa será del 5% (cinco por ciento) del tributo no pagado en plazo, cuando el mismo se abonare dentro de los veinte días hábiles siguientes al de su vencimiento y del 10% (diez por ciento) cuando se pague posteriormente.

Cuando se soliciten facilidades de pago dentro del término establecido para abonar el tributo, la multa será del 5% (cinco por ciento). Igual porcentaje se aplicará a las solicitudes de facilidades realizadas en los plazos referidos en el inciso tercero.

El recargo mensual, que se calculará día por día, será fijado por el Poder Ejecutivo y no podrá superar las tasas máximas fijadas por el Banco Central del Uruguay y en su defecto, las tasas medias del trimestre anterior del mercado de operaciones corrientes de crédito bancario concertadas sin cláusula de reajuste para plazos menores de un año.

Los organismos recaudadores podrán, por acto fundado, en la forma que establezca la reglamentación, aceptar el pago sin multa ni recargos, realizado por aquellos contribuyentes con antecedentes de buen pagador, de por lo menos un año, siempre que lo efectúen dentro del mes de vencimiento de la obligación
tributaria.'

Artículo 2°. - Comuníquese, publíquese, etc.

Luis A. Heber. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Administración Tributaria ha entendido que hay que tener sumo cuidado en la fijación de las sanciones por mora y especialmente de los recargos, ya que los contribuyentes podrían utilizar este mecanismo para obtener indirectamente préstamos en una forma muy ágil.

Si bien esto es cierto, la doctrina mayoritaria entiende que los recargos no deben ser punitivos, como es en la actualidad, ya que esa función la cumple la multa que acompaña a los recargos; éstos deben ser exclusivamente resarcitorios y por lo tanto no deberían superar las tasas de interés fijadas por el Banco Central del Uruguay.

Asimismo es importante destacar que no es de justicia aplicar la misma multa a un infractor que no abona sus obligaciones tributarias a los pocos días del vencimiento, que aquel que paga a varios meses o inclusive años.

Por estos motivos en este proyecto de ley se hace un escalonamiento de las multas de acuerdo a la demora en el pago lo que valora el esfuerzo del cumplimiento, aún cuando fuere tardío y facilita mantener una situación normal de pagos, para mutuo beneficio del contribuyente y el Fisco.

Con relación a los recargos se le asigna una función exclusivamente resarcitoria, quitándole el aspecto punitivo que le adiciona el hecho de fijarse su monto por encima de las tasas de interés fijadas por el Banco Central del Uruguay.

Luis A. Heber. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El mismo señor Senador presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el párrafo 1º del artículo 40 del Código Civil que refiere al estado civil de las personas, determina la forma de acreditar el nacimiento y la calidad de hijo, matrimonio, defunción, edad, etcétera a fin de simplificar la tramitación de las partidas."

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

DEL LUGAR DE NACIMIENTO, DE LA EDAD DE LAS PERSONAS
Y DE LA VIGENCIA DE LOS TESTIMONIOS DE LAS
PARTIDAS DEL ESTADO CIVIL

Artículo 1°. - Agrégase al párrafo primero del artículo 40 del Código Civil lo siguiente:

Sin perjuicio de lo expresado, la edad de las personas también se probará con la Cédula de Identidad, la cual acreditará asimismo el lugar de nacimiento.

Art. 2°. - Los testimonios de las partidas de estado civil de matrimonio, defunción y nacimiento de hijo legítimo expedidas por la Dirección General del Registro de Estado Civil, no tendrán vigencia para su utilización, y sólo podrán ser rechazadas en caso de encontrarse deterioradas o ilegibles.

Art. 3°. - Para la renovación de documentos oficiales no se requerirá la presentación de los testimonios de las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, en su caso, siempre y cuando para su expedición primaria hayan sido solicitadas.

Art. 4°. - Comuníquese, publíquese, etc.

Luis A. Heber. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Código Civil en sus artículos 40 y siguientes refiere al estado civil de las personas y determina la forma de acreditar el nacimiento y la calidad de hijo, matrimonio, defunción, edad, etc.

Como forma de simplificar la tramitación de gestiones ante organismos públicos por parte de los ciudadanos, creemos conveniente que los testimonios de las partidas de estado civil de hijo legítimo y defunción, no tengan una determinada validez en el tiempo, como sucede actualmente que tienen una vigencia de treinta días, ya que dichas calidades no pueden ser cambiadas. Con respecto a los testimonios de las partidas de matrimonio, si bien éste puede cesar por la disolución del mismo, por divorcio o fallecimiento de uno de los cónyuges, toda gestión relativa a la acreditación del matrimonio, siempre conlleva la firma de algún documento por ambos cónyuges, por lo tanto, en caso de existir un motivo de disolución, es de pensar que no se va a invocar ese estado civil, ya que las consecuencias de invocarlo, no aparejarían consecuencias negativas en la tramitación.

En relación a la acreditación de la edad de las personas y del lugar de nacimiento, se puede comprobar perfectamente con la Cédula de Identidad, ya que ésta es expedida por un organismo oficial, y para hacerlo se requiere la presentación del testimonio de la partida de nacimiento, por consiguiente los datos consignados en el documento alternativo hacen plena fe, máxime que es el documento de identificación de la persona más importante y solicitado en todas las gestiones. Para los casos que hubiera existido una rectificación de partida en cuanto a la fecha o lugar de nacimiento, el gestionante de la misma sería el interesado en que se conociera esa modificación, y debería con seguridad haber realizado dicha modificación en Identificación Civil.

Luis A. Heber. Senador".

5) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de dos pedidos de informes presentados.

(Se da de los siguientes:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución se cursan los siguientes pedidos de informes:

Del señor Senador Luis Alberto Heber al Ministerio de Economía y Finanzas relacionado con la reforma del Estado.

Del señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro al Ministerio de Defensa Nacional con destino a la Dirección Nacional de Comunicaciones relacionado con los canales cables en el departamento de Artigas.

-Oportunamente fueron tramitados."

(Textos de los pedidos de informes:)

"Montevideo, 30 de junio de 2000.

Señor Presidente de

la Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

En virtud de lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, y a los efectos de proseguir con la Reforma del Estado, solicito a usted se curse el presente al Ministerio de Economía y Finanzas, solicitando información sobre los siguientes puntos:

1. Cuáles fueron los temas abordados para obtener la Reforma del Estado.

2. Cuántos funcionarios fueron dados de baja de las plantillas de la Administración Central en virtud de la Reforma del Estado establecida en la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996 y las demás
instituciones que se acogieron voluntariamente a dicho régimen, discriminados por organismos.

3. A cuánto ascendió lo gastado por todo concepto (fondos nacionales e internacionales) a los efectos de efectuar dicha reforma, discriminado por gastos de consultoría, incentivos a los funcionarios declarados disponibles, capacitación, recalificación, etc.

4. A cuánto ascendieron los préstamos internacionales otorgados para la Reforma del Estado y cuáles han sido sus condiciones de pago, indicando a la fecha, cuánto se adeuda de los mismos.

5. Cuántos cargos de Alta Especialización se previeron en la Reformulación de las estructuras organizativas de los diferentes incisos, discriminados por organismos, indicando cuáles han sido provistos hasta la fecha.

6. Si se han hecho efectivos en todos los organismos de la Administración Central los Premios por Desempeño correspondientes al año 1996 y subsiguientes y qué monto anual fue abonado por dicho concepto.

7. A cuánto ascendieron las economías provenientes de la Reforma del Estado, discriminados en fondos presupuestales y de libre disponibilidad.

8. Si las economías han sido distribuidas de acuerdo a las normas vigentes, para mejorar las retribuciones de los funcionarios y en caso negativo, en qué organismos no se han hecho efectiva y sus causas.

9. Si en la actualidad sigue funcionando el Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, cuáles son sus actividades y los consultores contratados a dichos efectos.

Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.

Luis A. Heber. Senador."

"Montevideo, 4 de julio de 2000.

Señor Presidente de

la Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

De mi mayor consideración:

Amparado por las facultades que me confiere el Art. 118 de la Constitución vengo a solicitarle se sirva cursar el siguiente pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional y por su intermedio a la Dirección Nacional de Comunicaciones:

1. Cuántos canales cable operan en el departamento de Artigas.

2. Bajo qué modalidad fue o fueron otorgadas dichas concesiones de emisión.

3. Asimismo solicito a Ud. se me remita:

a) La reglamentación vigente en relación al funcionamiento de dichos canales cables.

b) La documentación relativa a los trámites de adjudicación que hayan sido efectuados en relación a los canales a los que refiere el numeral 1.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente

Eleuterio Fernández Huidobro. Senador."

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Chiruchi solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 4 de julio de 2000.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente

Por la presente solicito a usted se me conceda licencia en el día de la fecha, por motivos personales.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.

Juan Antonio Chiruchi. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Pereyra solicita licencia por los días 11, 12 y 13 del corriente mes."

-Léase.

(Se lee:)

"Señor Presidente del Senado

Don Luis Hierro López

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 16.465 solicito licencia por los días 11, 12 y 13 del corriente mes, solicitando que se convoque al suplente respectivo.

Sin más, lo saluda atentamente,

Carlos Julio Pereyra. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El doctor Heber Da Rosa comunica que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

SEÑOR PRESIDENTE.- Por lo tanto, oportunamente se convocará al suplente respectivo, señor Juan Ignacio Mangado.

8) VOLUMEN DE LAS OPERACIONES DE NARCOTRAFICO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: los especialistas que han estudiado el volumen y las cifras que involucran lo que se puede llamar el dinero sucio, expresan que la "Cosa Nostra" en Estados Unidos tiene 40.000 miembros divididos en 25 familias, que en Colombia hay aproximadamente 2.500 grupos de narcotraficantes, que la mafia siciliana tiene más de 50.000 miembros, que la mafia rusa tiene más de 160.000 miembros, que el yacuza japonés, tal vez, entraña 750 clanes divididos en 30.000 miembros, que las tríadas de Hong Kong suponen 40.000 miembros divididos en varios clanes, y que hay otro grupo de tríadas que supone no menos de 50.000 miembros, etcétera.

Asimismo, estas personas nos indican que hay más de 250 paraísos fiscales, Estados insulares prohijados por banderas tradicionales, donde a veces existen más Bancos registrados que ciudadanos, los que rodean los pueblos industriales del mundo. También nos hacen ver que una sola isla situada en el medio del Canal de la Mancha fue utilizada para la transferencia de una fortuna no menor a U$S 50.000:000.000, extraída luego de la caída de la Unión Soviética. El conjunto de estas cifras, sólo para el tráfico de drogas, implicaría unas ganancias anuales de entre U$S 300.000:000.000 a U$S 500.000:000.000, o sea, del 8 % al 10 % del comercio mundial. A esto habría que sumarle el pirateo informático que supondría aproximadamente U$S 200.000:000.000 y el negocio de las falsificaciones por más de U$S 100.000:000.000. Estas cifras de dinero criminal se acercan al 20 % del comercio mundial anual.

Aun admitiendo las cargas "costos de producción" -entre comillas- y proveedores, intermediarios, corrupción, gastos de inversión, costos de gestión, pérdidas por incautaciones, medidas represivas, etcétera, en líneas generales se le puede atribuir una ganancia del 50 % del volumen de estos negocios. Quedan más de U$S 500.000:000.000 anuales, o sea, en un período de diez años U$S 5:000.000:000.000, más de tres veces el monto de las reservas en divisas de la totalidad de los Bancos Centrales, una cuarta parte de la capitalización de las cinco principales plazas bursátiles mundiales y diez veces mayor a la Bolsa de París. Se impone entonces administrar esta gigantesca fuente de riquezas a la que no se puede dar salida en billetes chicos, cosa que trastorna a todos los financistas del mundo. Precisamente las organizaciones necesitan indefectiblemente de su ayuda para blanquear ese dinero y reciclarlo en el circuito legal. Están dispuestas a pagar el precio y lo hacen. El costo de la operación es de aproximadamente un tercio, o sea, U$S 150.000:000.000, sólo por el concepto de lavar esta cifra fabulosa, distribuida entre las redes bancarias e intermediarias: abogados, corredores, gerentes de "trusts", compañías fiduciarias y "la mar en coche".

Al final de cuentas se blanquean y reinvierten anualmente más de U$S 350.000:000.000, es decir, U$S 1.000:000.000 diarios que entran al circuito legal. Ningún sector de actividad se acerca a esta cifra y ninguno puede rivalizar con esa capacidad que representa entre la mitad y los dos tercios de las inversiones directas extranjeras. Las organizaciones criminales multinacionales, adeptas al mercado y a la mundialización -cuyas lógicas manejan perfectamente- no llenan las cajas de ahorro, apuntan a las tasas de ganancia más altas: inversiones de riesgo y especulación financiera, mercados emergentes, bienes inmuebles, nuevas tecnologías, a la vez que se aseguran sólidos réditos en lo mejor de las industrias y del comercio. En permanente colaboración con los circuitos transnacionales en los cuales invirtieron y con los Bancos que administran sus inversiones, son un lubricante prodigioso de nuestra época.

En este marco, a través de los acuerdos internacionales que se han hecho y que son vastos, se han creado organismos especializados para controlar esto; se firmaron y ratificaron convenciones internacionales sobre la represión de la corrupción en los mercados internacionales, la cooperación policial y la ayuda mutua judicial y se multiplicaron coloquios, estudios, comisiones de investigación, informes, todo ello acompañado por las firmes declaraciones y compromisos de los estados responsables, sin que por ello el sistema de criminalidad financiera se haya visto sacudido en lo más mínimo. Al contrario, está en vías de ganar por desgaste el combate, tal como testimonia el cansancio que ha ganado en Italia a jueces y policías comprometidos en la ejemplar operación "Manos Limpias", o la voz de alarma lanzada a fines de 1996 por siete jueces europeos especializados, cansados de luchar en una guerra de desgaste. Ni hablar de desmantelar los paraísos fiscales, las bases indispensables para el encubrimiento de la delincuencia financiera: simplemente se les incita a adoptar códigos de buena conducta, una medida tan eficaz como confiar los transportes de drogas a la mafia pero con el compromiso moral de someter sus vehículos a un control técnico. Ni hablar tampoco de implementar una cooperación internacional permanente, ni siquiera un espacio judicial europeo: hacen falta 18 meses de espera para que un pedido de ayuda mutua judicial recorra el camino de ida y vuelta entre París y Ginebra. Y llama la atención que en épocas que se han puesto cuarentenas a Estados como la Libia de Khadaffi e Irak, y se han procesado invasiones por mucho menos, subsiste una pléyade de Estados insulares donde el dinero fluye, va y viene, y es asiento precisamente para las primeras etapas de blanqueo. Sin embargo, en este mundo no pasa nada. Hay que llegar a la conclusión de que es parte aceptada y absorbida por la globalidad de un sistema financiero que para respirar, necesita de estos recursos y, por tanto, no está dispuesto a renunciar. Entonces, los hombres de Derecho se estrellan, y todos se estrellan frente a un hecho inocultable por sus dimensiones.

Este es el mundo en el que vivimos y como ha venido el SIDA y hemos tenido que aprender a convivir con él, este hecho de dimensiones espectaculares es parte del mundo contemporáneo. No podemos aceptar, de ninguna manera, acusaciones sobre nuestra menguada plaza financiera, que, en todo caso, es apenas una hoja al viento en este fenomenal movimiento de carácter planetario. Hace muy pocos días se descubrieron los juegos financieros de la "Cosa Nostra" en la mayor plaza financiera del mundo y no pasó más que de un escándalo, y la historia continúa. También la "Cosa Nostra" ha encontrado caminos para reciclarse.

Muchas gracias.

9) SUCESOS ACAECIDOS EN EL INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Hace pocos días, el 26 de junio, el señor Senador Cid presentó un pedido de informes relativo a sucesos acaecidos en el Instituto de Traumatología que ha recogido la prensa. El señor Senador Cid solicita informes sobre el funcionamiento de este Instituto y sobre los planes que el Ministerio tiene al respecto.

En estos días he visitado en reiteradas oportunidades este centro de atención perteneciente al Ministerio de Salud Pública, a raíz de la permanencia allí de un enfermo muy vinculado a mí y a mi familia. Precisamente, es a ese hecho, entre otros, a los que se refiere esta denuncia que recogen la prensa y el pedido de informes del señor Senador Cid.

Allí pude constatar una situación muy especial, señor Presidente.

El local resulta absolutamente insuficiente para recibir a los enfermos que de todo el país vienen a tratarse al Instituto de Traumatología. Eso determina que en las salas los enfermos permanezcan hacinados y que muchos de ellos estén en camas ubicadas en el corredor, quejándose -cuando ven a una persona como, por ejemplo, un Legislador- de las largas esperas que tienen para ser sometidos a una intervención quirúrgica. A raíz de eso procuré informarme, por las mejores fuentes posibles, por qué existía ese hacinamiento y esa notoria mala asistencia que se brindaba a los enfermos. Se me ha dicho que el problema radica en que prácticamente es el único centro de intervenciones quirúrgicas para enfermos que han sido traumatizados en diversas circunstancias con fracturas y demás situaciones de esa naturaleza. Es el único centro, porque el resto del país no tiene instalaciones necesarias como para poder practicar allí estas intervenciones. Se me señala el problema social que esto ocasiona, porque además el enfermo -que generalmente se atiende en salud pública por ser una persona de pocos recursos- viaja acompañado de familiares y eso contribuye al hacinamiento que se ve dentro del Instituto. Se me informó por parte del personal del Instituto, que es notoriamente insuficiente el número de enfermeros, porque habría una décima parte del que necesitan. Por ejemplo, de diez nurses que se precisarían, tiene dos. Esto determina, entre otras cosas, la mala atención que allí reciben los enfermos. En determinado momento, el Ministerio de Salud Pública consideró necesario descentralizar la atención de estos enfermos, procurando crear la sala e instrumentos necesarios para practicar las intervenciones quirúrgicas en todas las capitales departamentales. Según se me informó, el primer problema que se presentó fue que los médicos ganaban un sueldo muy reducido, poco más de $ 3.000 y, naturalmente, al tener incrementado su trabajo cobraban por acto médico. Eso se presentó de tal manera que el Ministerio de Salud Pública no encontró los recursos necesarios para cubrir el servicio. Además, aunque los hubiera encontrado, me he enterado que no existe en los hospitales de las capitales departamentales, salvo excepciones, los elementos necesarios para este tipo de intervenciones. Me han informado que en la mayor parte de los hospitales permanecen encajonados los elementos necesarios para montar las salas de atención a estos enfermos y los instrumentos indispensables, que fueron traídos al país en virtud del acuerdo que se celebró y fue aprobado en el Parlamento con la empresa española FOCOEX, que determinó episodios de denuncias parlamentarias que todos conocemos. Pero los instrumentos están ahí, no se usan y, como consecuencia de ello, entre otros factores, determina este hacinamiento del que hablé al principio con respecto al Instituto de Traumatología.

Entonces, señor Presidente, nosotros creemos que la idea de descentralizar estos servicios es importante. Hemos visto en la prensa que el Ministerio de Salud Pública, al tomar conocimiento de esta situación en el Instituto de Traumatología, ha pensado en su clausura. No sé si esta información periodística es exacta, porque no he podido hablar con el señor Ministro de Salud Pública, pero si lo fuere, habría que ver si eso soluciona el problema. Se ha hablado de habilitar centros para este tipo de atención a enfermos, en los Hospitales Maciel y Clínicas. Pero siempre tendríamos problemas, aunque fueran dos centros, establecidos en la capital de la República, por lo que los enfermos de todo el país deberían viajar a atenderse en Montevideo. Por lo tanto, la idea de descentralización que imperó en algún momento se hace imprescindible.

Como es obvio, conocía la situación que vivió el enfermo a que hace referencia la denuncia que menciono en esta exposición e intervine ante las autoridades correspondientes. Hubiera preferido tener una conversación con el señor Ministro de Salud Pública en busca de soluciones porque, en realidad, la instancia pudo ser salvada gracias a que el enfermo fue trasladado a la ciudad de Rocha en un estado crítico, donde lo atendieron como pudieron y le salvaron la vida, luego de amputarle un pie y parte de la pierna. Reitero que no he podido hablar con el señor Ministro, pero dejo sentado que, a nuestro juicio, la idea de descentralizar en esta materia es impostergable, para atender a los enfermos del interior. Generalmente son los más pobres, tienen que trasladarse a Montevideo a esperar, como actualmente sucede, que se programen las intervenciones quirúrgicas. A veces deben esperar quince, veinte días o un mes y todo ello con los perjuicios correspondientes. A menudo he pensado qué hubiera pasado con este enfermo si un Legislador no se hubiera acercado a su cama varias veces, no hubiera hablado con los médicos y no hubiera buscado la solución del problema. ¡Cuántos otros que no tienen la posibilidad de acercarse a un Legislador o a alguien influyente habrán sufrido las consecuencias de la muy mala asistencia que se está brindando, por distintas razones, en el Instituto de Traumatología!

En consecuencia, señor Presidente, pido que la versión taquigráfica de estas palabras sean enviadas al señor Ministro de Salud Pública, a los efectos de que en el Presupuesto que se va a presentar próximamente a consideración del Parlamento, se puedan destinar los recursos necesarios para esta tarea de descentralizar la atención de los enfermos de traumatología, así como las partidas imprescindibles para la instalación de las salas correspondientes y el pago especial que requieren los servicios médicos. De esa forma se contribuiría a atender mejor a la población del interior del país.

Era todo lo que quería manifestar, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) DIA INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- El pasado sábado 1º de julio se conmemoró un nuevo Día Internacional del Cooperativismo. Durante todo este mes se realizarán actividades en todo el país donde más de 1.300 cooperativas y cientos de miles de uruguayos seguirán mostrando al país su disposición a seguir aportando constructivamente al desarrollo nacional. Adherimos y a los efectos de trasladar al Gobierno Nacional la necesidad de políticas de Estado, rescataremos algunos de los pasajes principales de las Declaraciones de la Alianza Cooperativa Internacional, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas y la Federación de Cooperativas de Producción, trabajo asociado.

La promoción del empleo es el tema del 78º Día Internacional del Cooperativismo de este año y el 6º Día Internacional de las Naciones Unidas, del Cooperativismo. Se escogió en reconocimiento de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo en Ginebra del 26 al 29 de junio para discutir el seguimiento a la cumbre Mundial para el Desarrollo Social de 1995.

El incremento del empleo productivo y la reducción del desempleo se encuentran entre las prioridades más importantes de la Declaración y Programa de Acción de Copenhague de 1995. Ambos documentos reconocen la contribución actual y potencial de las cooperativas en la generación y mantenimiento de empleo de calidad tanto en áreas rurales como urbanas.

Las Naciones Unidas estimaron en 1994 que el sustento de cerca de tres mil millones de personas, o la mitad de la población mundial, se logró por medio de empresas cooperativas. Más de ochocientos millones de individuos pertenecen a cooperativas que brindan aproximadamente diez millones de empleos.

El número de cooperativas que son propiedad de los trabajadores está aumentando en todo el mundo. Brindan a millones de trabajadores-propietarios la posibilidad de trabajar en forma independiente, en sectores tan diversos como salud y servicios sociales, servicios públicos, educación, transporte y turismo. Cada vez más están compuestas por profesionales que han terminado su empleo anterior en el sector público o privado.

Las cooperativas no sólo son fuente importante de empleo de empresas a gran escala en el área de comestibles, servicio a consumidores y servicios financieros. También son una fuente importante para la creación de empleo al brindar mejores oportunidades de trabajo. Las cooperativas financieras mueven capital para la inversión productiva y proporcionan empresas seguras a las personas para el depósito de ahorros, lo cual también fomenta la creación de nuevas empresas y, por lo tanto, nuevos empleos.

Las cooperativas también brindan cada día más oportunidades de trabajo de calidad para grupos específicos, tales como jóvenes, indígenas, personas con discapacidades y el sector informal. Algunas son propiedad de los consumidores, otras de los trabajadores y cada vez más las hay de naturaleza "multipropietarios". La habilidad de las cooperativas para integrar a las mujeres y a los jóvenes en la fuerza de trabajo es particularmente importante, puesto que estos recursos vitales son bastante subutilizados en muchos países. Sin embargo, es importante subrayar que las cooperativas son empresas de negocios, no instrumentos de política pública. Crean trabajos mediante un mecanismo que responde a las necesidades del mercado de manera eficiente.

La meta de lograr empleo total requiere que el Estado, los socios y la sociedad civil creen condiciones que permitan a todos participar y beneficiarse del trabajo productivo y decente. Las cooperativas están contribuyendo como empresas de negocios y muestran interés hacia sus comunidades. De esta manera, también contribuyen a la protección de la democracia, e inclusive de la paz, que se ven amenazados por las fuerzas de exclusión económica y social.

Es por esta razón que las cooperativas también requieren y merecen un ambiente favorable de formulación de políticas. Cuando solicitan cambios en su legislación nacional, la adopción de lineamientos de las Naciones Unidas o la modificación a la Recomendación Nº 127 de la OIT, los gobiernos deben comprender que una política que apoye a las cooperativas brindará inexorablemente progreso económico y social y, por supuesto, en el área clave de la promoción del empleo.

En el mismo sentido ha trabajado el cooperativismo uruguayo. En los últimos años, se ha insistido por parte de CUDECOOP en presentar a las autoridades públicas y a la sociedad en general propuestas programáticas en la materia. Las mismas están elaboradas basándose en la incuestionable vocación de servicio de las cooperativas en general.

Afirma CUDECOOP en su Declaración: "Ningún interés mezquino nos ha guiado, ningún afán de obtener otra ventaja que la de servir mejor a más uruguayos.

Hemos tomado contacto con absolutamente todo el sistema partidario, antes y después de las elecciones. Este diálogo, en el período reciente, se ha extendido a parlamentarios y órganos directivos partidarios, culminando en el mes de marzo con la entrevista concedida por el señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle.

Están expuestos, sobre la mesa, nuestros puntos de vista y presentadas, concretamente y por escrito, nuestras principales propuestas programáticas.

A nadie hemos urgido, pero vivimos tiempos que no nos esperan.

Las cuestiones fundamentales atienden a la superación de restricciones legislativas y administrativas de nuestro desarrollo y a lograr un más calificado relacionamiento con el Estado y los Municipios.

Pero fieles a los principios cooperativos, tenemos plena conciencia de ser los protagonistas de este tiempo y de nuestro futuro."

El 8 de marzo, por este mismo mecanismo de la hora previa, planteamos firmemente la conformación de una Comisión Sectorial, en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para la ejecución de políticas gubernamentales claras hacia el movimiento cooperativista: promotoras pero no paternalistas, que propendan a su desarrollo autónomo.

Somos conscientes de que el propio Presidente de la República ha instrumentado directamente el estímulo a esta Comisión para generar sectorialmente políticas de Estado hacia el desarrollo cooperativista.

Fieles a la política de ACI, se ha destacado el papel que las cooperativas juegan en la generación de empleo digno, el cual puede dinamizarse fuertemente si desde el Estado se asume una política decidida al respecto. Pero antes -de inmediato- es menester atender con urgencia el mantenimiento de las actuales fuentes de trabajo cooperativo. Hoy corren hacia la desaparición experiencias valiosas de cooperativas de producción, que -desde una interpretación jurídica fiscalista- no estarían amparadas por la actual vetusta legislación.

Y a estas afirmaciones de CUDECOOP hay que sumar las de la Federación de Cooperativas de Producción, que explicita: "En esta celebración reafirmamos los valores universales de autoayuda, democracia, igualdad y solidaridad, valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad y vocación de servicio hacia la comunidad.

Sobre estas bases desde las primeras décadas del siglo, las cooperativas de trabajo uruguayas, de servicios, industriales y artesanales, han generado fuentes de empleo, aportando al desarrollo con equidad social, buscando oportunidades de empleo de mejor calidad y contribuyendo al alivio de la pobreza.

Las cooperativas son una opción frente a la globalización excluyente, que margina cada vez más a miles de uruguayos, y sostienen la necesidad de que se reconozcan las diferencias con el empleo independiente de las empresas tradicionales.

El trabajo asociado busca el bienestar de todos sus miembros, prioriza el trabajo sobre el capital, establece una relación laboral distinta y desarrolla su actividad en profundo compromiso con la sociedad.

Han sido una alternativa viable frente a las fábricas fundidas, empresas quebradas y se han desarrollado también en áreas que son desestimadas por el sector privado y el Estado.

Actualmente integran ramas del transporte colectivo, taxis, salud, enseñanza, dragado, industria gráfica, de la madera, construcción, molinos, plástico, etcétera.

Para que esas fuentes de trabajo puedan desarrollarse respondiendo a las exigencias actuales, necesitan y merecen un entorno favorable en la comprensión de que el establecimiento de políticas de apoyo, significará también impulsar el mejoramiento económico y social de este país.

Las cooperativas de trabajo requieren urgentemente de una nueva ley a efectos de evitar obstáculos o perjuicios, laborales y fiscales, por el sólo hecho o incomprensión de su naturaleza cooperativa."

Señor Presidente: queda claro que el Estado en los últimos años ha estado en mora con un sector de la sociedad, con un sector de la economía social que reclama, no favores, sino reglas de juego claras donde continuar aportando en función del interés general.

Hemos expresado anteriormente -y lo reiteramos- nuestro respaldo a los planteos expresados por el movimiento cooperativo organizado en CUDECOOP. Pedimos al Gobierno nacional y a todos los sectores políticos a converger en la importancia de conformar una Comisión sectorial en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la consideración urgente de una ley adecuada para la promoción y desarrollo de las cooperativas de trabajo.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Presidente de la República, al Director y al Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a CUDECOOP, a la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay y a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se procederá como se ha solicitado.

11) SITUACION ACTUAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: voy a referirme muy brevemente a la situación en que se encuentra el Instituto Nacional de Abastecimiento que, como es de conocimiento, es el sucesor, el continuador, del antiguo Consejo Nacional de Subsistencias. El INA, para decirlo con las siglas, como es la moda, es decir, el Instituto Nacional de Abastecimiento, se encuentra en un proceso que ha sido calificado como de cierre. La situación jurídica no la conozco pero es un proceso de cierre, con tendencia a ser liquidado y que además ha motivado, según constancias verosímiles, serias, que obran en mi poder, que su Director haya hecho una serie de ofrecimientos, de arreglos, de convenios para cancelar deudas que este Instituto Nacional de Abastecimiento tiene básicamente con un conjunto de acreedores que hace mucho tiempo lo proveen, ya desde la época del Consejo Nacional de Subsistencias. Esas deudas son por concepto de mercaderías, artículos y a veces de algunos servicios. Nosotros también hemos tenido la preocupación por saber cuál va a ser el destino y el futuro de los funcionarios, empleados y obreros, en general de los trabajadores de este Instituto. De manera que la preocupación que estamos expresando se refiere tanto a los acreedores del Instituto como a sus trabajadores, que han visto un proceso de reducción, pero que todavía hay unos cuantos que están jurídicamente ligados a este organismo.

Voy a partir de una afirmación, señor Presidente, que creo debe ser compartida y que espero que lo sea incluso por el Gobierno. No tengo razones para dudar que así sea. Creo que el Estado uruguayo tiene el deber ético y la obligación jurídica de cancelar las deudas del Instituto Nacional de Abastecimiento. En un mecanismo expositivo que no va más allá de los diez minutos, el desarrollo de esta afirmación se hace difícil pero creo poder resumirlo en pocas palabras. Reitero: el deber ético y la obligación jurídica de cancelar todas las deudas que tenga el Instituto Nacional de Abastecimiento para no vulnerar los derechos de los trabajadores que todavía quedan allí y los derechos de los acreedores por suministros que han hecho a este Instituto.

Como los señores Senadores recordarán, la actual naturaleza jurídica del Instituto es la de persona jurídica de Derecho Público no estatal, una figura jurídica que para algunos autores tiene base constitucional y para otros no, pero que en los últimos años su repetición ha ido generando en nuestro país organismos estatales que pasan a ser personas públicas no estatales o, en un lenguaje un poco más abundante, personas jurídicas de Derecho Público no estatal. Esto fue establecido a partir de la Ley de Presupuesto de 5 de enero de 1996. Los artículos 431 y 432 establecieron esa naturaleza jurídica y una verdadera Carta Orgánica para el Instituto Nacional de Abastecimiento.

La segunda disposición del artículo 432 de la ley que acabo de mencionar -y digo disposición porque en realidad es un solo artículo, el 432, pero dentro de él hay una cantidad de disposiciones que configuran la Carta Orgánica del INA- dice que le transfiere al Instituto Nacional de Abastecimiento todos los cometidos, facultades y funciones del Consejo Nacional de Subsistencias. Quiere decir que es el heredero de un organismo estatal en materia de actividades, en lo que se llama la competencia en Derecho Administrativo.

La quinta disposición dentro de ese artículo -si se quiere, para facilitar, el artículo 5º de la Carta Orgánica del INA- dice que se le asignan al Instituto Nacional de Abastecimiento los bienes, los derechos y las obligaciones de la Unidad Ejecutora 010, o sea, de la Dirección Nacional de Comercio, obviamente una Unidad Ejecutora perteneciente al Estado. Las obligaciones de esa Unidad Ejecutora -que es una norma que no necesita que esté escrita- esto es, pagar las deudas que tenga -el Estado no se declara en quiebra ni en liquidación, sino que paga las deudas y debe hacerlo- por el artículo 5º de la Carta Orgánica del INA pasan también a dicho Instituto.

Me consta, señor Presidente, que hay aproximadamente ciento veinte acreedores como proveedores que han sido del Instituto Nacional de Abastecimiento -algunos de ellos con créditos muy importantes por suministros y por mercadería-; y lo vienen siendo desde hace mucho tiempo. Y me consta también -la información la he recibido de diversas fuentes, y concretamente una muy seria por parte de los interesados- que muchas de esas empresas que tienen estos créditos -y ya están atrasadas desde hace algún tiempo- podrían entrar en situaciones de cierre, llamémosle quiebra o liquidación judicial o simplemente cerrar, con lo cual, además de problemas laborales generados por la situación del Instituto Nacional de Abastecimiento, se generarían algunos problemas laborales importantes si estas empresas que tienen derecho a cobrar lo que suministraron también tuvieren que cerrar. Muchas de ellas, según la situación económica en que se encuentran, si no cobran los créditos -tan importantes para su tamaño- que tienen contra el INA con cierta verosímil rapidez, van a entrar en situación de cierre.

La misma ley que cité, señor Presidente, dice que el Poder Ejecutivo tiene el deber de controlar, con intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la gestión de este Instituto Nacional de Abastecimiento. Además, dicha ley -o más precisamente, la misma norma- dice que la gestión financiera de este organismo debe hacerse por la Auditoría Interna de la Nación.

Quiere decir que el Estado, a través de una ley, no sólo transformó la naturaleza del Consejo Nacional de Subsistencias, sino que permaneció con las facultades y el deber de controlar que su gestión sea correcta. Además, trasmitió las obligaciones de la Dirección Nacional de Comercio a este Instituto. En síntesis, señor Presidente, me parece que el Consejo Nacional de Subsistencias y la Dirección Nacional de Comercio eran reparticiones estatales, que por una suerte de transformación hecha por el propio Estado, a través de una ley, simplemente ahora constituyen una persona jurídica de Derecho Público no estatal, por lo que no puede el Estado liberarse de las obligaciones que tiene respecto del Instituto Nacional de Abastecimiento para que éste pueda cumplir con sus acreedores y sus trabajadores.

Por consiguiente, parece claro que tanto desde el punto de vista del sentido común como del ético o desde una perspectiva jurídica, el Estado debe asumir todo el pasivo del organismo a que se ha referido esta exposición. La oportunidad puede ser inmediata y hay fondos suficientes en el Tesoro Nacional. Si se considera que esta situación del Instituto no fue prevista cuando se lo transformó -de acuerdo a lo que manifestó el Director cuando se lo entrevistó recientemente- si es un hecho imprevisible, hay una partida presupuestal más que suficiente para cubrir este tipo de situaciones. En todo caso -eso demora un poco más- debe establecerse una partida presupuestal para que esta situación quede absolutamente regularizada.

Por lo tanto, pido que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Ministerio de Economía y Finanzas, a la central de trabajadores del PIT-CNT y a la Liga de Defensa Comercial.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Así se procederá.

12) EX LEGISLADOR ERNESTO AMORIN LARRAÑAGA. Homenaje a su memoria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para rendir homenaje a la memoria del ex legislador Ernesto Amorín Larrañaga tiene la palabra el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- El día 30 de junio recientemente pasado falleció en la ciudad de Rocha, a la edad de 80 años, el ciudadano Ernesto Amorín Larrañaga. Esta circunstancia provocó un emocionado sentimiento de tristeza por lo que esa pérdida significa para la sociedad uruguaya, para la vida política del país y, fundamentalmente, para la sociedad y la vida política y social del departamento de Rocha, donde nació, estudió, trabajó, vivió y también representó con honor en este Parlamento Nacional.

Ernesto Amorín Larrañaga se recibe de abogado muy joven y establece su estudio en la ciudad de Rocha, donde vivían sus padres. Alrededor de 50 años ejerce allí la profesión de abogado. Puso su privilegiado talento y su vocación de servicio en beneficio del Derecho, el Derecho aplicado con la ética que esa profesión requiere, el Derecho aplicado a la defensa estricta de la Justicia, con un esfuerzo constante, coronado con su talento.

Además de la actividad profesional que llevó a cabo en Rocha, mantuvo una intensa actividad social como integrante de instituciones sociales, deportivas y de distinta índole, muy prestigiosas de esas que mueven la vida de las ciudades del interior del país. Muy joven ya habían despertado fuertemente en su conciencia los intereses cívicos, quizás alumbrados por la figura, la acción, la lucha y el talento de su primo hermano, el doctor Javier Barrios Amorín. Bajo su escuela, la escuela política que difundió en su acción parlamentaria y en su lucha política, en ese ambiente, en ese medio, en esa práctica de la acción política, se formó y se destacó Ernesto Amorín Larrañaga. Sus primeras representaciones públicas las ejerce en la Junta Departamental de Rocha durante más de un período. En uno de ellos, debido precisamente a las condiciones que acabamos de enumerar, presidió la Junta Departamental durante todo el período de Gobierno, en una acción de coordinación permanente con el Ejecutivo Departamental para beneficio del departamento de Rocha.

En el año 1966 ingresa a la Cámara de Representantes en representación del departamento de Rocha y es reelecto en 1971. El advenimiento del régimen de fuerza instaurado el 27 de junio de 1973, tronchó la vida de aquella legislatura y Ernesto Amorín Larrañaga fue a engrosar las filas y participó de las reuniones de los ciudadanos que aquí gestaron, en la medida de sus posibilidades, la resistencia a aquel eclipse de las instituciones democráticas que duró doce años. Cuando llegó el momento del plebiscito, que fue el toque de alerta final para la dictadura, que debía abrir los caminos al advenimiento, al restablecimiento de las instituciones democráticas, allí estuvo Amorín Larrañaga participando de la lucha de los que gestaron aquel magnífico triunfo popular del plebiscito del año 1980, como también estuvo en las elecciones internas de 1982. Engrosó las filas de los ciudadanos a los que se quitaron los derechos políticos por el solo hecho de haber sido ungidos integrantes del Parlamento Nacional.

En el año 1988, integrando la segunda Legislatura como representante del departamento de Rocha, lo honró la totalidad de la Cámara de Representantes designándolo su Presidente. Cargo que ejerció con el decoro, la ética, la austeridad, la sencillez y la inteligencia que caracterizaron su vida.

Cosechó en su pasaje por la vida numerosos amigos y en su pasaje por la acción política ningún enemigo. Sí circunstancialmente tuvo algún adversario terminó cautivado por la simpatía que irradiaba aquella sonrisa generosa que tan frecuentemente aparecía en sus labios, que contagiaba a todos, envolviéndolos en un halo de afecto y de amistad imborrables para quienes estuvieron cerca de él.

Practicó la tolerancia y así pudo convivir felizmente con todos, con sus amigos y con sus adversarios políticos. Fue respetado porque era respetuoso; fue oído porque era inteligente, y fue, fundamentalmente, un hombre limpio, de corazón generoso y puro, generosidad y pureza que trasmitía en el mensaje diario a sus amigos y a todos a los que él se acercaran.

Creo que el Parlamento nacional, donde por tres Legislaturas estuvo presente Ernesto Amorín Larrañaga, debía, en nombre de la ciudadanía del Uruguay, rendir este homenaje público que estamos iniciando en la tarde de hoy. Sin duda el país pierde a un abogado de jerarquía y a un ciudadano políticamente destacado, y el Partido pierde a un celoso defensor de nuestros más caros principios que se identifican, además, con los más altos principios de la democracia uruguaya.

Conviví con este hombre todas las circunstancias de su vida: su juventud, su militancia y tuve el privilegio de su invariable amistad, por lo que me ha golpeado profundamente su desaparición física. Sin embargo, por encima de este sentimiento personal, pienso que aquí, en el ámbito donde consideramos que palpita el alma de la democracia uruguaya, debíamos decir estas palabras de homenaje, ya no al amigo sino al excepcional ciudadano que fue Ernesto Amorín Larrañaga.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Señor Presidente: en nombre del Encuentro Progresista, también deseamos sumarnos a este homenaje en recuerdo del doctor Ernesto Amorín Larrañaga, que para quienes lo conocimos, era simplemente Ernesto.

Sin duda, en estos momentos uno no puede ser objetivo; por el contrario, está cargado de esa subjetividad que despierta el simple hecho de haber conocido a este hombre, porque conocerlo y quererlo era un acto único e indivisible. Esto se daba por sus profundas convicciones democráticas, por su austeridad en el diario vivir, y por saber escuchar afable y fraternalmente a los demás, particularmente a los jóvenes. Cabe destacar que fue consejero en un grupo de jóvenes que hace quince años aparecía en los albores de la instauración democrática, con el entusiasmo y la esperanza de poder construir juntos una patria libre y democrática, alejado de todo vestigio dictatorial.

A su vez, Ernesto Amorín Larrañaga traía en su sangre la escuela de Javier Barrios Amorín, escuela que -y lo digo con cierta autoridad- marca. Siempre lo vimos, como a tantos otros, preocupado por definir, precisamente, el alcance y el sentido de la democracia, en cuanto a que ésta se expresa en los planos que hacen a la vida de la gente: en el político, en el económico, en el social y en la búsqueda permanente de la igualdad de oportunidades para todos.

Hace pocos días leí -no me acuerdo en dónde ni referido a quién- algo que quiero decir aquí, porque le cabe perfectamente al doctor Ernesto Amorín Larrañaga: "Hombres como él, más que llorarlos hay que imitarlos."

El Encuentro Progresista saluda al Movimiento Nacional de Rocha, a su amigo, el señor Senador Carlos Julio Pereyra, a sus compañeros políticos, a sus familiares, particularmente a sus hijos, quizás como expresión del advenimiento de una nueva generación de hombres y mujeres preocupados por la suerte del prójimo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: en nombre de la Bancada del Partido Colorado queremos expresar nuestro sentimiento de dolor ante el fallecimiento del doctor Ernesto Amorín Larrañaga.

Deseamos expresar nuestras condolencias al Partido Nacional, al Movimiento Nacional de Rocha, y particularmente -sé que nadie se va a ofender- a don Carlos Julio Pereyra y a la ciudadanía en general.

En estas ocasiones se suele decir que uno ha tenido el honor de conocer a alguien. No quiero incurrir en esto; en lo personal, más que el honor de conocer al doctor Ernesto Amorín Larrañaga tuve la alegría y la suerte de conocerlo. Fuimos compañeros cuando el retorno a la democracia en la primera Legislatura en la Cámara de Representantes. Posteriormente -alrededor de los años noventa- fuimos compañeros en el Senado de la República. También tuvimos la suerte de compartir un ámbito más íntimo que el Plenario, que es donde se aprende a conocer a la gente: me refiero a la Comisión de Educación y Cultura, donde el doctor Amorín Larrañaga ingresó a poco de haber comenzado la Legislatura.

Digo con total sinceridad, señor Presidente, que era una persona con la cual se podía discutir y discrepar, pero difícilmente alguien se podía enojar, aunque no sé si este es el término que cabe.

Fue un hombre que honró, más que a la política, al debate político, porque tal como aquí se ha señalado, estaba convencido de sus principios, era tremendamente apasionado y digno representante de la política uruguaya en su austeridad y en su honradez, pero nunca incurrió en ninguna bajeza de tipo alguno defendiendo esos ideales. En los momentos de mayor pasión en el tratamiento de los temas más áridos, no cayó en descalificaciones ni en agravios, sino que siempre sostuvo un don de gentes que honraba sus principios y, sobre todas las cosas, le hacía bien al debate político.

Ernesto Amorín Larrañaga tenía condiciones que, en lo personal, valoro mucho. Se caracterizaba por un increíble, extraño y permanente sentido del humor. Era custodio de un anecdotario inagotable fundamentalmente vinculado a sus pagos de Rocha y también a lo que había sido su trayectoria política. Sin duda, su mayor virtud, tanto en el debate en serio y en público como en momentos en los que surgía la broma -que también suele hacerle bien al debate político- era que siempre era el mismo, que no tenía dos caras: no tenía una cara pública para trascender y otra privada, que se supone queda circunscrita en las cuatro paredes de quienes participan en la anécdota. Repito, era siempre igual, siempre el mismo caballero, tenía siempre el mismo don de gentes y contaba con un gran respeto hacia los demás, que inspiraba y obligaba a respetar lo que él decía. Lo quise entrañablemente como compañero de trabajo y me quedan en el recuerdo esas anécdotas que con tanta gracia él solía contar.

Un día le dije -claro, ahora uno se encamina por tiempos que en otras épocas se adjudicaban a quienes eran mayores- que era depositario de un tiempo viejo, pero lo que tenía de bueno era que no le temía a los tiempos nuevos y los encaraba con la misma dignidad, hidalguía y convicción de siempre.

Esas anécdotas tan risueñas y llenas de filosofía que solía contar estaban vinculadas a aquella Rocha que uno no conoció pero que supone era la de antes. Sin embargo, él también tenía una proyección de la Rocha futura, así como también de su Partido y de su país.

Por supuesto que tuvimos el honor y la alegría de conocerlo y compartir sus trabajos También supimos coincidir y discrepar, pero siempre con la altura que él sabía darle a la coincidencia y a la discrepancia.

Inclinamos con reverencia nuestras banderas ante el Partido Nacional y, en especial, el Movimiento Nacional de Rocha. Aunque estoy hablando en nombre de mi Partido, quiero expresar muy personalmente mis sentimientos al señor Senador Pereyra, porque sé que para él -así me lo había expresado- Ernesto Amorín Larrañaga era una especie de hermano. Siempre digo que los hermanos de sangre vienen solos, pero uno elige a los hermanos políticos. Él fue un hermano del señor Senador Pereyra en las buenas y en las malas, y sabemos lo que siente en este momento.

También rendimos nuestro homenaje a la ciudadanía de Rocha. Más allá de las banderías y partidos políticos, fue un hombre respetado. Coincidimos en que ésta ha sido una tremenda pérdida para el país y, por encima de todas las cosas, para algo que a nuestro juicio es muy noble -aunque a veces suele estigmatizarse- que es el quehacer político.

Muchas gracias.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: no podía continuar en silencio en un homenaje a Ernesto Amorín Larrañaga, luego de su desaparición, que realmente me tomó de sorpresa. No preveía tal circunstancia, pero cuando llega el momento, necesariamente se acumulan los recuerdos, todos muy valiosos.

Naturalmente, cultivé con Ernesto la misma relación que vamos creando y anudando con todos los integrantes de un Partido, de una colectividad. A través de los años, esta relación se va haciendo cada vez más profunda, dependiendo de los avatares de la vida política y también del valor intrínseco de los hombres, más allá de las ideas concretas que están defendiendo y del lugar donde nos vamos ubicando dentro de la misma colectividad y, en algún caso, cuando ha correspondido, fuera de ella.

Mientras escuchaba al señor Senador Pereyra pensaba en cuáles eran los rasgos distintivos de Ernesto Amorín.

Muchos de los aquí presentes seguramente no lo han conocido, pero era un hombre sumamente inteligente.

Hace ya demasiados años ingresamos juntos a la Cámara de Representantes; compartimos, pues, esa primera Legislatura siempre tan temerosos y cuidadosos con que todos los que tenemos vocación política tratamos de cumplir de la mejor manera. Ernesto no era hombre de intervenir en todos los debates; lo hacía muy pocas veces, pero con gran profundidad. Estoy tratando de ubicar una oportunidad en la que se jugaba un trámite de suma trascendencia en el que creo que se involucraba, en algún sentido, la conducta de organismos del departamento de Rocha. Naturalmente, le tocó a él ser el miembro informante. El discurso que realizó presentando el informe tuvo ribetes extraordinarios, porque ese Ernesto que se caracterizaba por su bonhomía y simpatía, adquirió en esa ocasión -como en otras similares- otra estatura, porque la responsabilidad lo llamó a hacerlo. Lo hizo de una forma que impactó a la Cámara, por el talento y la seriedad demostrados, así como por los profundos conocimientos -era un tema jurídico- de que hizo alarde.

También poseía otra cualidad que aquí se ha destacado y que no hay que olvidar porque es muy importante: era capaz de no tener enemigos. Todo el Senado sabe que nuestro Partido ha vivido circunstancias difíciles. Siempre hemos tenido, pasionalmente, diferencias. Ernesto estaba vinculado a algunas de esas grandes corrientes que había dentro del Partido, y en un departamento donde la lucha política fue particularmente dura porque ahí había un tajo que sólo el correr de los años fue subsanando. A pesar de eso y de haber defendido siempre con calor, fuerza e inteligencia su posición, Ernesto Amorín merecía el reconocimiento y, me consta, la amistad de mucha gente que a veces estaba del otro lado en esa lucha tan tenaz y dura que se vivía en la colectividad y fuera de ella en el departamento de Rocha. Esto significa que el adversario reconoce los valores ínsitos que hubo en su personalidad. Si a pesar de ser capaz de defender sus principios, su manera de ver y su circunstancia política, pudo conservar el respeto, la consideración y el afecto de tantos que estaban enfrentados con él, es porque tenía una singular cualidad del alma que no es frecuente, es decir, la bonhomía, el ser hombre de bien que sabe distinguir lo trascendente de lo intrascendente, que sabe luchar pero también extender la mano cuando hay que hacerlo.

Seguramente, con él termina un grupo de gente que por aquella época habíamos salido de la división dura de nuestra colectividad. Todos los blancos habíamos emprendido en 1958 un camino conjunto, y Ernesto estaba ahí, acompañando a su Partido. Aquella gente se ha ido desdibujando, como era lógico, porque el tiempo ha ido pasando pero, repito, estaba él entre otros, que recordamos hasta que ocurren estos hechos.

Por lo expuesto, rindo mi homenaje con todo mi afecto y con el corazón a un hombre de bien, inteligente, que poseía la cualidad de la bonhomía y de la superioridad intelectual.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: el señor Senador Nin Novoa ha hablado en nombre de nuestra Bancada para rendir homenaje a este ciudadano; sin embargo, me he tomado la osadía -por una cuestión de amistad personal muy entrañable y larga con Ernesto Amorín Larrañaga- de decir algunas palabras.

En primer lugar, adhiero a todas las expresiones que se han vertido respecto de su actitud cívica, de su conformación humana, de su adhesión a los principios democráticos y a su fina inteligencia.

Conocí a Ernesto Amorín Larrañaga primero de nombre, desde que era un niño, en la ciudad de Rocha. A pesar de que yo vivía en un barrio que poco tenía que ver con el centro de la ciudad, llegaban las mentas de un estudiante brillante.

Cuando cumplí los 16 años de edad y concurrí a lo que en aquella época se llamaba Preparatorios -poco menos que se inauguraban en el interior- todavía las mesas de exámenes eran presididas por profesores de Montevideo para evitar -según decía el Consejo de Secundaria de ese momento- que las amistades pueblerinas pudieran ayudar a los estudiantes. Eran algo así como monstruos sagrados que nosotros, desde el interior, oíamos que estaban en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo y en cuyos libros, en general, estudiábamos para los exámenes que, por cierto, eran muy exigentes.

Allí, en Preparatorios, tuve la satisfacción de tener a un muy joven profesor de Introducción al Derecho casi recién recibido de abogado. Ese profesor era Ernesto Amorín Larrañaga. Desde allí, en un estilo muy de él, en donde el docente no se fabricaba una tarima demasiado alta con respecto a los estudiantes sino que se confundía con ellos, hicimos una amistad muy linda, muy entrañable y aprendí a conocerlo. Conocí su fineza, su inteligencia -que aquí ya ha sido destacada- y su tolerancia, que era muy grande. Me voy a tomar el atrevimiento de decir que alguna vez le reproché esa cualidad y siempre me contestó con algún chiste muy ingenioso.

Adhiero a todos los conceptos que se han vertido sobre la personalidad de este hombre y quiero destacar dos condiciones para agregar a su manera de describirlo en estas pinceladas.

Ernesto Amorín Larrañaga tenía un extraordinario humor y yo admiro a las personas que poseen esa virtud; es más, pretendería tenerlo, pero los chistes no me salen con la fineza que le salían a él. Asimismo -seguidamente lo recordaré a través de dos anécdotas- además de su extraordinario humor, tenía una voz muy timbrada y cantaba muy bien el tango. Respecto a su humor, lo voy a describir a través de una anécdota que paso a recordar. En una oportunidad, en Rocha se celebraba una reunión de la Sociedad Agropecuaria a la que habían sido invitados el señor Ministro de Ganadería de la época -no voy a dar los nombres, no vaya a ser que alguien identifique totalmente el episodio- y los Legisladores de todos los partidos nacidos en ese departamento. Como suele suceder, sobre todo cuando se trata de reuniones de sociedades agropecuarias, después que finalizó el debate, las exposiciones del señor Ministro y de los distintos Legisladores presentes y se plantearon las preguntas, culminó la reunión con una suculenta comida. En una de las mesas se produjo una escaramuza verbal muy interesante y graciosa y un chiste fenomenal de Ernesto Amorín Larrañaga, que a lo mejor, si fuera escritor, lo escribiría. No voy a contar el chiste -por diversas razones- pero sí quiero decir que terminado ese evento, tres o cuatro dirigentes de la Sociedad Agropecuaria que fueron entrevistados y a los que se les preguntó qué había sido lo más positivo de la reunión, contestaron: el chiste de Ernesto Amorín Larrañaga.

Respecto a la otra característica que mencioné -hago esto para contentarme un poco por la pérdida de este entrañable amigo- quiero señalar su especial gusto para el tango y su voz tan bien timbrada. Recuerdo que cuando en La Paloma no existían lugares de diversión, había un pequeño bar que hoy es el Hotel Bahía, en donde había un piano y donde se hacía un poco de música entre jóvenes aficionados. En aquel momento, había un joven que luego se convirtió en un folklorista muy importante, Santiago Chalar, o sea el doctor Carlos Paravís, uno de los pocos músicos de ese género que ha tenido el Partido Colorado, lo que constituye una curiosidad histórica en el país porque en general el Partido Colorado no tiene cantantes de folklore; casi todos son blancos y frenteamplistas.

En esa circunstancia, cuando Paravís punteaba muy bien la guitarra y cantaba "Gurí Pescador" llegó Ernesto Amorín Larrañaga, con más donaire y ya profesional. Entonces, quien luego fue Santiago Chalar dijo "No canto más porque aquí viene un hombre que de verdad sabe cantar". Recuerdo que cantó "Tinta Roja", ese espectacular tango que interpreta tan bien Aníbal Troilo, impresionando a todos los que estábamos allí, a los jóvenes y a un músico de categoría que era el hijo de Néstor Rosa Ghiffuni que fue quien lo acompañó al piano.

Deseaba aportar estas dos características para completar una personalidad que siempre despertaba lo que otros oradores han señalado: simpatía, cariño y nunca encono. Era una persona que gozaba de esa especial manera de ser y que hiciera lo que hiciera siempre se le quería.

Era cuanto deseaba manifestar, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: cuando se muere un compañero político, un correligionario, ello notoriamente afecta no sólo a ese partido, sino también al Cuerpo. Pero, en este caso, cuando además de un hombre político muere un amigo, uno sabe qué se siente y notoriamente nos consta lo que esto significa para el Partido Nacional, para el señor Senador Carlos Julio Pereyra y para otros Senadores que lo hemos conocido, algunos, como el señor Senador Nin Novoa, mucho más que quien habla. Son esos vacíos que dejan algunas figuras y que resulta muy difícil de llenar.

Se hablaba de su bonhomía, de su inteligencia, de su humor, de su sentido coloquial, y yo agrego su talante. Era un hombre de un talante muy especial; su sola presencia generaba naturalmente gente alrededor de él.

De alguna forma, con la pérdida de Ernesto Amorín Larrañaga, perdemos todos, independientemente de que su figura tenga una vinculación notoria con un partido, con un sector político. Esto nadie se lo va a sacar porque responde a su propia conducta y trayectoria , pero igual sentimos que todos perdemos algo.

Cuando estamos hablando de una persona con años en la actividad política, el país también pierde una de esas figuras a la que tendemos a consultar en lo que es el traspaso político -sin importar el color político- de las generaciones. Muchos de los que estamos acá, con muchos menos años que los que tenía Ernesto Amorín Larrañaga, cuando él u otros hablaban, más allá de estar a favor o en contra de lo que se decía, aprendíamos de lo que era su inteligencia, su capacidad, su bonhomía y también de su sabiduría. Pienso que lo que tenía Ernesto Amorín Larrañaga era precisamente sabiduría, conceptos sabios. Muchas veces lo que decía y defendía con convicción y pasión no era producto del sentido de la justicia -y era un hombre notoriamente justo- sino de la reflexión más cercana a la sabiduría que, como todos sabemos, a veces va junto con la justicia y otras no tanto.

Esos comentarios -los pocos que pude aprovechar de Ernesto Amorín Larrañaga ya que no tenía una vinculación directa con él- que a veces expresaba eran, reitero, producto de su experiencia y sabiduría. Quizás no fueran estrictamente los más justos, pero sí los más sabios y provenían de alguien que habiendo conocido mucho pudo expresar a otras generaciones menores que a veces las cosas no son tan así, con ese cristal y esa pasión que uno las ve, sino que pueden tener otros recovecos y visiones.

Independientemente de que hoy se le rinda homenaje a un ser político, a un hombre, a un padre de familia, a un amigo -en este caso, de varios señores Senadores presentes, pero fundamentalmente del señor Senador Carlos Julio Pereyra- el país pierde una figura muy importante. Quizás, en momentos de mayor tranquilidad uno no tomaría esta pérdida con la misma referencia que cuando las situaciones son de dificultad, en las que se pierden ciertos parámetros, cuando la sociedad tiene que ir a buscar esas referencias intelectuales, políticas y morales. Hago referencia, sobre todo, a aquellos que tenemos menos años en esta actividad y que encontramos en Ernesto Amorín Larrañaga, un hombre que no era de mi partido, esa sabiduría que todos buscamos.

Vayan, pues, de este Legislador del Nuevo Espacio nuestras condolencias. Quiero sumarme a este homenaje diciendo que, si bien pierde un partido, en la política, en este caso, perdemos todos.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una moción llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Ponerse de pie y guardar silencio en homenaje al ex Senador Ernesto Amorín Larrañaga y enviar a su familia la versión taquigráfica, y su grabación, de los discursos pronunciados en Sala." Firman los señores Senadores Pereyra, García Costa, Korzeniak, Millor, Nin Novoa y Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa invita al Senado y a la Barra a ponerse de pie para rendir el homenaje solicitado.

(Así se hace)

13) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término sobre elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo.

Ha llegado a la Mesa una moción del señor Senador Sanabria para posponer la consideración de este punto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

14) CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueban las Convenciones suscritas por la República en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (Carp. Nº 231/95 - Rep. Nº 38/00)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 231/95
Rep. Nº 38/00

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 2 de mayo de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 23 de mayo de 1995 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, suscrita por la República en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP V), que tuviera lugar en México, del 14 al 18 de marzo de 1994.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación de la misma.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Didier Opertti, Guillermo Stirling, Antonio Mercader.

Montevideo, 2 de mayo de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, suscrita por la República en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP V), que tuviera lugar en México, del 14 al 18 de marzo de 1994.

Didier Opertti, Guillermo Stirling, Antonio Mercader.

Montevideo, 23 de mayo de 1995.

Señor Presidente de la Asamblea General

Doctor Hugo Batalla

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, inciso 20, de la Constitución de la República, a efectos de someter a su consideración, para la correspondiente aprobación legislativa, las Convenciones suscritas por la República en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP V), que tuvo lugar en la ciudad de México, del 14 al 18 de marzo de 1994.

La Conferencia fue convocada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos mediante Resolución AG/RES. 1024 (XIX-0/09), aprobada el 18 de noviembre de 1989.

Uruguay estuvo representado por una delegación técnica integrada por profesores de Derecho Internacional Privado, presidida por el Dr. Didier Opertti, catedrático titular de dicha materia.

Se fijó el siguiente temario en la primera sesión plenaria, con el mismo contenido dado por el Consejo Permanente, en cumplimiento de mandato de la Asamblea General (Resolución CP/Res. 588 (911/92, de 24 de julio de 1992):

1. Ley Aplicable a la Contratación Internacional;

2. Aspectos Civiles y Penales del Tráfico de Menores;

3. Aspectos Jurídicos de Derecho Internacional Privado Concernientes a los Contratos de Transferencia de Tecnología;

4. Otros Asuntos.

En la misma sesión plenaria, la Conferencia resolvió incluir, a propuesta de la delegación uruguaya, el tema "Responsabilidad Civil Internacional por Contaminación Fronteriza" dentro del punto Otros Asuntos, con el fin de llevar a cabo un intercambio general de ideas y comenzar así los trabajos con miras a una regulación regional.

Asistieron diecinueve delegaciones de los Estados miembros de la OEA, representando a Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

También lo hicieron observadores de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, entre los que se contó con los representantes de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya y del Instituto Interamericano del Niño.

Fueron tomados como base de la negociación los proyectos elaborados en sendas Reuniones de Expertos sobre contratos y sobre menores, las que tuvieran lugar en Tucson, Estados Unidos de América y en Daktepec, México, respectivamente.

Previamente, el Comité Jurídico Interamericano, por mandato de la Asamblea General, había elaborado un proyecto sobre Ley Aplicable en Materia de Contratación Internacional y otro sobre Lineamientos Generales para un Proyecto de Convención Interamericana para la Represión del Tráfico Internacional de Menores, los que fueron examinados y tenidos en cuenta por las referidas Reuniones de Expertos.

En lo que hace a los textos preparados en materia contractual, sirvieron de inspiración, entre otros, la Convención de Viena sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, suscrita en 1980 bajo los auspicios de UNCITRAL; la Convención de La Haya sobre Ley Aplicable a los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (La Haya, 1986); la Convención sobre prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías (Nueva York, 1974) y el Protocolo modificativo (Viena, 1980); y, en el ámbito de la Unión Europea, el Convenio sobre Ley Aplicable a las Obligaciones contractuales (Roma, 1980).

Se concertaron las siguientes Convenciones:

Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales.

Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.

Se aprobaron, asimismo, varias Resoluciones, entre las que cabe recordar -dada su vinculación con la continuidad de la Conferencia- la Resolución CIDIP V/8, por la que se explicita a la Asamblea General de la OEA la convocatoria de la Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado y se recomienda las materias a incluir en su Temario.

I

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DERECHO APLICABLE
A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES

Esta Convención regula la materia contractual internacional de acuerdo a las modernas tendencias. Como habrá de surgir del examen de sus disposiciones, las innovaciones que introduce presentan indudable interés práctico en el campo de los negocios internacionales, en especial en lo atinente a la autonomía de la voluntad y a la previsión de las normas de aplicación inmediata, así como a otras que a continuación se analizarán.

1. Ambito de aplicación (Capítulo I).

El objeto de la Convención consiste en determinar el derecho aplicable a los contratos internacionales civiles y comerciales (artículo 1°), entre sujetos privados individuales o colectivos (personas jurídicas, sociedades o empresas).

Abarca los contratos en los que sean parte Estados, entidades u organismos estatales, a menos que las partes excluyan expresamente en el contrato, todas o alguna de estas categorías.

Igualmente, cualquier Estado Parte podrá señalar, al momento de firmar, ratificar o adherir a la Convención, a que clase de contratos aquélla no se aplicará (artículo 1°).

1.a. La internacionalidad del contrato. Para este instrumento, un contrato es internacional cuando las partes tienen su residencia habitual o su establecimiento en Estados Parte diferentes o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un Estado Parte.

Como surge del texto, el contrato debe ser objetivamente internacional. Entre los posibles parámetros para distinguir esta categoría de aquellos contratos cuyos elementos se sitúan dentro del ámbito de una sola jurisdicción interna, la Convención optó por los que se manifiestan objetivamente; no puede incidir en ellos, por tanto, la voluntad de las partes.

1.b. Extensión del ámbito. La Convención se aplica aunque el derecho designado (por las partes o por la propia Convención) sea el de un Estado no Parte de aquella (artículo 2°). Con similar criterio de ampliar su campo de aplicación, quedan comprendidas por ésta las nuevas modalidades de contratación utilizadas como consecuencia del desarrollo del comercio internacional (artículo 3°).

1.c. Exclusiones. La Convención no se aplicará a las siguientes materias: a) las cuestiones derivadas del estado civil de las personas físicas, la capacidad de las partes o las consecuencias de la nulidad o invalidez del contrato que dimanen de la incapacidad de una de las partes; b) las obligaciones contractuales que tuviesen como objeto principal cuestiones sucesorias, cuestiones testamentarias, regímenes matrimoniales o aquéllas derivadas de relaciones de familia; c) las obligaciones provenientes de títulos de crédito; d) las obligaciones provenientes de la venta, transferencia o comercialización de títulos en los mercados de valores; e) los acuerdos sobre arbitraje o sobre elección del foro y f) las cuestiones de derecho societario, incluso la existencia, capacidad, funcionamiento y disolución de las sociedades comerciales y de las personas jurídicas en general (artículo 5°).

1.d. Contratos con regulación autónoma. Tampoco se aplicará la Convención a los contratos que tengan una regulación autónoma en el derecho convencional internacional vinculante de los Estados Parte.

Habida cuenta de que existen diversos contratos específicos con regulación especial, esta regla tiene la virtud de prevenir los conflictos derivados de la coexistencia de más de un instrumento vigente para las mismas Partes, en un mismo ámbito material. Respecto de las normas señaladas en los textos que prevén la referida regulación especial no es válida, en consecuencia, invocar la voluntad de las partes ni la consideración de los vínculos más estrechos en el sentido dado por la Convención.

2. Determinación del derecho aplicable (Capítulo II).

Señala el artículo 7° que el contrato se rige por el derecho elegido por las partes.

2.a. Las soluciones autónomas. Es ésta una solución novedosa en relación a los textos en vigor para el país, la que recoge una línea evolutiva de aceptación dominante en materia contractual por el derecho positivo y la práctica jurisprudencial comparada. La facultad de las partes de escoger la ley que se aplicará a su relación contractual, con las características que surgen del texto, pone de manifiesto la adopción de una solución concordante con la tendencia contemporánea en esta materia.

Recuérdese, no obstante, como se señaló ut supra, que la voluntad de las partes no determina la calificación de internacionalidad de un contrato, la que se infiere a partir de elementos objetivos.

2.b. Las modalidades de la elección. Cabe a las partes del contrato elegir el derecho aplicable, bien de modo expreso o desprenderse en forma evidente de su conducta y de las cláusulas contractuales.

2.c. Ley aplicable y Jurisdicción. La misma disposición deja en claro que la selección de un foro (jurisdicción) no entraña necesariamente la elección del derecho aplicable.

Tal precisión obedece a la práctica de algunos Estados según la cual ambos planos -ley aplicable y jurisdicción- se superponen, sin perjuicio de que se concuerde en que la regulación de uno y otro tema deben guardar la consiguiente independencia.

2.d. Ley aplicable en subsidio o ante la ineficacia de la elegida por las partes (los vínculos más estrechos). El artículo 9° prevé las hipótesis en las que las partes no hicieron uso de la facultad de elegir el derecho aplicable, así como las vinculadas a la ineficacia de dicha elección.

En tales casos, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual el contrato tenga los vínculos más estrechos.

La localización del derecho aplicable en el Estado con el cual existen los lazos más íntimos es de conocido recibo, tanto por el sistema de derecho romano o europeo continental, de fuente escrita, como por el common law, de fuente jurisprudencial. El texto recoge este principio, identificando aquellos elementos que deberán ser tenidos en cuenta: los objetivos y los subjetivos, así como los principios generales del derecho comercial internacional acentados por organismos internacionales.

Además de aquéllos, preceptivamente dispuestos, agrega el artículo 10 que se solicitarán "cuando corresponda", las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto.

Por remisión del artículo 15, lo dispuesto por este precepto también se tomará en cuenta en cuestiones que atañen a la relaciones entre mandatarios y mandantes -para decidir si un mandatario puede obligar a su mandante- así como al vínculo entre los órganos y la sociedad o la persona jurídica de la que forman parte para resolver si los órganos pueden obligar a estas últimas.

2.e. Mutación de la ley aplicable. Las partes tienen la facultad de acordar la sumisión del contrato, total o parcialmente, a un derecho distinto de aquél por el que se regía anteriormente, haya sido éste elegido por las partes o no. La modificación no afectará la validez del contrato original ni los derechos de terceros (artículo 8°).

2.f. El desmembramiento. El artículo 9°, inciso final, recoge la figura del desmembramiento, conocida como "depeçage", con el objeto de instrumentar un mecanismo de mayor precisión para determinar el derecho aplicable a través de la identificación de los vínculos más estrechos. Es plausible por ello, a título excepcional, aplicar a la parte del contrato que fuera separable del resto y tuviera una conexión más estrecha con otro Estado, la ley de ese Estado a dicho sector del contrato.

La solución adoptada se aparta de la general en el área de los contratos contenida en los Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 y 1940 -que opta por un sistema de unidad- y sigue, en el referido ámbito normativo, los lineamientos que recoge el Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 1940 para el transporte internacional.

2.g. Las normas imperativas (del foro y extranjeras). El artículo 11 prevé las normas de aplicación inmediata (también llamadas imperativas, de policía, exclusivas, perentorias) o sea aquellas reglas que los Estados dictan sobre ciertas cuestiones de particular interés general, que no pueden dejar de aplicarse en ningún caso.

Así, establece que las normas imperativas del foro se aplicarán necesariamente, no obstante lo previsto en las disposiciones que se acaban de reseñar (inciso primero): no así las disposiciones imperativas de países extranjeros, las que serán de aplicación facultativa (inciso segundo).

Concuerda este precepto con lo sostenido por la doctrina, en virtud de que la esencia de esta categoría de reglas consiste, precisamente, por su naturaleza, en su aplicabilidad perentoria, con independencia de cualquier otra previsión, haya sido o no pactada por las partes.

Trátase por lo general de normas vinculadas al campo del interés público -cuestiones relativas al desarrollo económico, a las inversiones extranjeras, al contralor de cambios, a la transferencia de tecnología, etc.- por las que el Estado protege ciertas modalidades y estructuras que estima vitales para sus políticas, predominantemente en la esfera económica, las que son reguladas por ello con aquellas características, excluyendo así toda otra regulación.

En lo que hace a la ley aplicable a los contratos, el desequilibrio del poder negociador presente en las relaciones entre Estados -o sus empresas- con diverso grado de desarrollo y poder económico, determina la necesidad de proteger los intereses jurídicos de la parte más débil, razón por la cual se limita el principio de la autonomía de la voluntad y se le somete a las restricciones legislativas impuestas, en tal caso, por las disposiciones locales imperativas.

3. Existencia y validez del contrato. (Capítulo III)

3.a. Existencia y validez en cuanto al fondo. El artículo 13 establece que la ley designada regirá las cuestiones relativas a la existencia y validez sustancial del consentimiento de las partes respecto de la ley aplicable, si la elección fue legalmente válida.

Sin embargo, si de conformidad con lo dispuesto en dicha ley la elección no fuere válida o para establecer que una parte no ha consentido debidamente, será el juez quien deberá determinar el derecho aplicable, tomando en consideración la residencia habitual o el establecimiento de la parte objetante.

3.b. Validez del contrato en cuanto a la forma. Un contrato celebrado entre personas que se encuentran en un mismo Estado será válido, en cuanto a la forma, si cumple con los requisitos formales establecidos en el derecho que rige dicho contrato (en cuanto al fondo) según esta Convención o con los fijados en el Estado de celebración (artículo 14).

Siguiendo la solución habitual, la Convención establece que regirá, para las formas publicitarias, la ley del Estado donde los contratos internacionales deban inscribirse o publicarse. Esta disposición se encuentra en el Capítulo IV (ámbito del derecho aplicable) artículo 16, en virtud de que en el Capítulo III bajo examen se prevén las formas desde la perspectiva específica de la validez del contrato.

4. Ambito del derecho aplicable (Capítulo IV).

El derecho aplicable al contrato según la Convención regulará principalmente su interpretación, los derechos y obligaciones de las partes, la ejecución de las obligaciones y las consecuencias del incumplimiento del contrato, los diversos modos de extinción de las obligaciones, la prescripción y la caducidad, así como las consecuencias de la nulidad o invalidez del contrato (artículo 14).

4.a. El reenvío. El artículo 17 excluye el reenvío en la aplicación del derecho, precepto que coincide con la posición tradicional de la doctrina uruguaya en esta materia. En efecto, se interpreta mediante esta regla que, cuando la Convención prescriba la aplicación del "derecho", deberá entenderse como tal la ley material o sustantiva vigente en ese Estado, con exclusión de las normas relativas al conflicto de leyes, propias del Derecho Internacional Privado formal, cuyo objeto principal es determinar cuál es la ley que debe aplicarse.

4.b. El orden público. De modo similar a las anteriores Convenciones concluidas durante las CIDIP -las que reiteran la fórmula de La Haya- el artículo 18 establece que el derecho designado por esta Convención sólo podrá ser excluido cuando sea manifiestamente contrario el orden público del foro (artículo 18).

Es oportuno recordar que nuestro país fijó su posición respecto del orden público internacional en ocasión de la CIDIP II (Montevideo, 1979), mediante una Declaración de alcance general.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO
INTERNACIONAL DE MENORES

Esta Convención atiende una problemática que a nivel regional y mundial ha comenzado a desuertar la común preocupación de los Gobiernos y organismos internacionales.

1. Aspectos generales.

1.a. Objeto y mecanismos. El objeto de esta Convención es la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles y penales del mismo.

Para hacer posible obtener dicha finalidad, los Estados Parte se obligan a asegurar la protección del menor en consideración a su interés superior, a instaurar un sistema de cooperación jurídica recíproca, así como a adoptar normas que coadyuven al propósito de prevención y sanción del tráfico internacional y a asegurar, por ende, la pronta restitución al Estado de su residencia habitual (artículo 1°).

1.b. Ambito. Dispone el artículo 2° que la Convención se aplicará a cualquier menor de 18 años -quien es definido como "menor"- que resida habitualmente en un Estado Parte o se encuentre en éste al momento en que ocurra un acto de tráfico internacional contra aquél.

Comprenderá los aspectos civiles de la sustracción, traslado y retención ilícitos de los menores en la esfera internacional, cuando ellos no hayan sido previstos por otras Convenciones en la materia (artículo 3°).

En lo que hace a la cooperación impuesta a los Estados Parte, dicha obligación se extiende a los Estados no Parte en relación a la prevención y sanción del tráfico y a la protección de los menores víctimas del hecho ilícito. A esos efectos, los Estados Parte deberán notificar a aquéllos que no lo son, cuando un menor víctima del tráfico internacional se encontrare en su territorio.

Podrá comprender el reconocimiento y ejecución de las sentencias penales dictadas en otro Estado Parte en lo relativo a la indemnización de los daños y perjuicios derivados del tráfico, cuando medie declaración de los Estados Parte, la que podrá ser efectuada al momento de la suscripción, ratificación o adhesión a la Convención -o con posterioridad- según se establece en el artículo 23.

1.c. Definiciones. Establece el artículo 2° que tráfico internacional de menores significa la sustracción, el traslado o la retención -o la tentativa de ellos- con propósitos o por medios ilícitos.

Los propósitos ilícitos incluyen la prostitución, la explotación sexual, la servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, sea en el Estado de residencia habitual o en el que el menor se halle localizado.

Los medios ilícitos abarcan el secuestro, el consentimiento fraudulento o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos para obtener el consentimiento o cualquier otro que así se considere en el Estado de residencia habitual o donde éste se encuentre.

1.d. Instrumentación y características de la cooperación. La cooperación se hará efectiva a través de una Autoridad Central, que será designada por cada Estado Parte, la que deberá ser comunicada a la Secretaría General de la OEA.

Según dispone el artículo 6°, se procurará la confidencialidad de los respectivos procedimientos, estableciéndose que los Estados Parte velarán por el interés del menor.

2. Aspectos penales (Capítulo II).

Corresponde señalar que si bien la Convención no configura normas de derecho penal directamente aplicables, consagra ciertas definiciones básicas acerca del tema, sobre cuya base los Estados Parte se comprometen a legislar en la materia.

2.a. Obligaciones de los Estados Parte. El Capítulo II de la Convención pone de cargo de los Estados Parte el compromiso de adoptar medidas eficaces, conforme a su derecho interno, para prevenir y sancionar severamente el tráfico internacional de menores definido en la Convención (artículo 7°).

Asimismo, contraen la obligación de prestarse asistencia mutua en forma pronta y expedida a través de sus Autoridades Centrales, para las diligencias judiciales y administrativas, obtención de pruebas y demás actos procesales necesarios para el cumplimiento de los objetivos de este instrumento.

También se comprometen a intercambiar información sobre legislación nacional, jurisprudencia, prácticas administrativas, estadísticas y modalidades que asuma el tráfico, así como a remover los obstáculos que pueden afectar la aplicación, de la Convención en sus respectivos Estados (artículo 8°).

2.b. La competencia internacional. El artículo 6° establece criterios de competencia internacional para conocer en los delitos relativos al tráfico internacional de menores en los delitos relativos al tráfico internacional de menores en favor a) del Estado Parte donde tuvo lugar la conducta ilícita; b) del Estado Parte de residencia habitual del menor; c) del Estado Parte en el que se hallare el presunto delincuente si éste no fuere extraditado; y d) del Estado Parte en el que se hallare el menor víctima del tráfico.

La solución expuesta se complementa con la preferencia en favor del Estado que primero hubiera conocido del hecho ilícito.

2.c. La estradición. La Convención podrá constituir fundamento de extradición. Dispone el artículo 10 que, en relación a los Estados Parte que supeditan la extradición a la existencia de un tratado, podrá estimarse aquélla como base jurídica para conocerla, cuando la solicitud se fundara en el tráfico internacional de menores.

Para los países que no condicionan la entrega a un instrumento internacional, también constituirá la Convención fundamento de extradición desde otra perspectiva, en tanto se prevé que el tráfico será causal de extradición entre los Estados Parte.

Si no existiera un tratado internacional vinculante en esta materia, se estará a las condiciones exigibles por el derecho interno del Estado requerido.

2.d. La restitución inmediata. El artículo 11 faculta a los Estados Parte a ordenar la restitución inmediata del menor al Estado de su residencia habitual, sin perjuicio de las acciones instauradas conforme a la Convención.

3. Aspectos Civiles (Capítulo III).

En cuanto a los Aspectos Civiles, se establecen normas atinentes a la localización y restitución del menor, respecto de las cuales se señalan los mecanismos para identificar, tanto a los titulares de la acción como al Estado cuyas autoridades tendrán competencia para entender en la solicitud, así como el procedimiento a seguir.

3.a. La solicitud de localización y restitución. Los titulares de la acción serán aquéllos que determine el derecho del Estado de residencia habitual del menor (artículo 12).

3.b. La competencia internacional. Serán competentes para conocer de dicha solicitud -a opción de los reclamantes- las autoridades judiciales o administrativas del Estado Parte en el que el menor resida habitualmente o las del Estado Parte donde aquél se encontrare o se presume que se encuentra retenido. En caso de urgencia, también lo serán las autoridades del lugar donde se produjo el hecho ilícito (artículo 13).

3.c. El diligenciamiento de la solicitud. El artículo 14 prevé que la solicitud de localización y de restitución se tramitará por intermedio de las Autoridades Centrales o directamente ante las autoridades competentes señaladas en el artículo 13.

Recibida la solicitud, las autoridades requeridas -las que acordarán los procedimientos más expeditos para hacer efectiva la restitución- dispondrán las medidas necesarias, de conformidad con su derecho interno, para iniciar, facilitar y coadyuvar con los procedimientos judiciales y administrativos relativos a la solicitud.

En forma armónica con lo dispuesto en el artículo 11, el inciso segundo del artículo 14 dispone que se adoptarán las medidas para proveer la inmediata restitución del menor y, si fuere necesario, asegurar su cuidado, custodia o guarda provisional, para impedir que pueda ser trasladado indebidamente a otro Estado.

Se fijan plazos de ciento veinte y ciento ochenta días para promover la localización y restitución, según se gestiona por los titulares de derechos sobre el menor o por el Estado, respectivamente.

En todo caso, las autoridades del Estado Parte donde el menor fuere retenido podrán ordenar la restitución en cualquier momento, conforme al interés superior de aquél.

3.d. La cooperación interestatal. El artículo 16 impone a los Estados Parte que comprueben que en su territorio se encuentra un menor víctima del tráfico, la obligación de adoptar las medidas necesarias para su protección, incluso las de carácter preventivo que impidan el traslado indebido a otro Estado. Tales medidas deberán ser comunicadas por medio de las Autoridades Centrales a las competentes del Estado de la anterior residencia habitual del menor y de ellas se informará a los titulares de la acción.

Las Autoridades Centrales de los Estados Parte deberán intercambiar información y colaborar con sus autoridades competentes judiciales y administrativas, en todo lo relativo al control de salida y entrada de menores a su territorio (artículo 17).

3.e. Validez de figuras jurídicas vinculadas al tráfico. El artículo 18, que contempla la posibilidad de anulación de una adopción u otra figura afin cuando su origen o fin fuere el tráfico internacional de menores -y fuera producto de una propuesta de la delegación de Uruguay- es una de las normas clave de la Convención.

Como es habitual en esta materia, en la respectiva acción de anulación se tendrá en cuenta en todo momento el interés superior del menor.

Serán competentes para entender en ella las autoridades del Estado de constitución de la adopción o institución afin, cuya ley será igualmente aplicable.

Lo dispuesto para la adopción se entiende a la guarda o custodia, cuando tuvieren su origen o fin en el tráfico internacional (artículo 19).

3.f. La acción civil. Esta norma se complementa con lo que prevé la acción civil por daños y perjuicios contra el responsable del tráfico (artículo 21), la que podrá instaurarse por los titulares de la acción o por la autoridad competente. El inciso tercero faculta a cualquier persona lesionada a entablar acción civil por daños y perjuicios contra los particulares o las organizaciones responsables del tráfico internacional del menor.

3.g. Gratuidad de los procedimientos de restitución. Los Estados Parte adoptarán medidas para obtener la gratuidad de los procedimientos conforme a su derecho interno e informarán a las personas con un interés legítimo en la restitución, de las deferencias de oficio, beneficios de pobreza y similares a que pudieran tener derecho (artículo 22).

3.h. La exención de legalización o formalidades similares. La Convención recoge la solución habitual, al disponer que estarán exentas del requisito de legalización o similares, las solicitudes de cooperación trasmitidas por vía diplomática o consular o por intermedio de las Autoridades Centrales (artículo 15).

3.i. Prácticas más favorables y coexistencia con otros tratados. Las normas de la Convención no obstarán a que se lleven a cabo prácticas más favorables para cumplir sus objetivos (artículo 27).

Con finalidad similar, el artículo 32 establece que nada de lo estipulado en la Convención se interpretará en sentido restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales o otros acuerdos entre las Partes. Esta disposición es coherente con el artículo 3°, el que señala, como se mencionó ut supra, que la Convención abarcará los aspectos civiles de la sustracción, etc., "no previstos por otras Convenciones Internacionales sobre la materia".

3.j. Las zonas fronterizas. Siguiendo una tendencia de amplio recibo, la Convención facilita las relaciones entre los Estados con zonas fronterizas. En este sentido, se amplía a estos espacios la exención de legalización (artículo 15) y se faculta a las autoridades competentes radicadas en ellas a acordar directamente y en cualquier momento, procedimientos de localización y restitución más expeditos que los previstos en la Convención (artículo 27).

De acuerdo al análisis efectuado y en virtud de que tanto uno como otro instrumento internacional constituyen un conveniente y deseable desarrollo del Derecho Internacional privado en su respectivo ámbito, se recomienda la aprobación legislativa de las Convenciones suscritas.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Alvaro Ramos, Didier Opertti, Samuel Lichtensztejn.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébanse las Convenciones suscritas por la República durante la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP V), que tuvo lugar en Ciudad de México entre los días 14 y 18 de marzo de 1994, relativas al Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales y al Tráfico Internacional de Menores.

Alvaro Ramos, Didier Opertti, Samuel Lichtensztejn.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales, ante la reiteración por el Poder Ejecutivo del Mensaje y proyecto de ley por el que se propone la aprobación de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, suscrita por la República en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP V), que tuviera lugar en México, del 14 al 18 de marzo de 1994, luego de analizar dicho proyecto, ha resuelto, por unanimidad, aprobar el informe que fuera elaborado por la Comisión en la anterior Legislatura -que a continuación se transcribe- y aconsejar la aprobación del mencionado proyecto de ley:

"1. La Conferencia fue convocada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos mediante Resolución 1024 de 18 de noviembre de 1989.

2. La República estuvo representada por una delegación técnica integrada por profesores de Derecho Internacional Privado, presidida por el Dr. Didier Opertti, Profesor Titular de la materia.

3. El temario a tratar fue el siguiente:

A) Ley Aplicable a la Contratación Internacional;

B) Aspectos Civiles y Penales del Tráfico de Menores;

C) Aspectos Jurídicos de Derecho Internacional Privado concernientes a los Contratos de Transferencia de Tecnología.

4. El Comité Jurídico Interamericano había elaborado proyectos sobre las mencionadas Convenciones, los cuales, previamente, fueron examinados en varias Reuniones de Expertos.

5. En lo que dice relación con la materia contractual, se tuvieron en cuenta, entre otros, la Convención de Viena sobre contratos de compraventa de mercaderías, suscrita en 1980, la Convención de La Haya sobre Ley Aplicable a los Contratos de Mercaderías en el campo de la Compraventa Internacional, etc.

6. La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, regula la materia contractual internacional de acuerdo a las modernas tendencias. Las innovaciones que introduce presentan indudable interés práctico en el campo de los negocios internacionales, en especial en lo atinente a la autonomía de la voluntad y a la previsión de las normas de aplicación inmediata."

Sala de la Comisión, 9 de junio de 2000.

Pablo Millor (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Carlos Julio Pereyra, Juan Adolfo Singer. Senadores.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DERECHO APLICABLE
A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES

Los Estados Partes de esta Convención,

REAFIRMANDO su voluntad de continuar el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional privado entre Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos;

REITERANDO la conveniencia de armonizar las soluciones de las cuestiones relativas al comercio internacional;

CONSIDERANDO que la interdependencia económica de los Estados ha propiciado la integración regional y continental, y que para estimular este proceso es necesario facilitar la contratación internacional removiendo las diferencias que presenta su marco jurídico,

HAN CONVENIDO aprobar la siguiente Convención:

CAPITULO PRIMERO
Ambito de aplicación

Artículo 1°

Esta Convención determina el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales.

Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en Estados Partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un Estado Parte.

Esta Convención se aplicará a contratos celebrados o en que sean parte Estados, entidades u organismos estatales, a menos que las partes en el contrato lo excluyan expresamente. Sin embargo, cualquier Estado Parte podrá declarar en el momento de firmar, ratificar o adherir a esta Convención que ella no se aplicará a todos o a alguna categoría de contratos en los cuales el Estado o las entidades u organismos estatales sean parte.

Cualquier Estado Parte podrá, al momento de firmar, ratificar o adherir la presente Convención, declarar a qué clase de contratos no se aplicará la misma.

Artículo 2°

El derecho designado por esta Convención se aplicará aun cuando tal derecho sea el de un Estado no Parte.

Artículo 3°

Las normas de esta Convención se aplicarán, con las adaptaciones necesarias y posibles, a las nuevas modalidades de contratación utilizadas como consecuencia del desarrollo comercial internacional.

Artículo 4°

Para los efectos de interpretación y aplicación de esta Convención, se tendrá en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación.

Artículo 5°

Esta Convención no determina el derecho aplicable a:

a) las cuestiones derivadas del estado civil de las personas físicas, la capacidad de las Partes o las consecuencias de la nulidad o invalidez del contrato que dimanen de la incapacidad de una de las Partes;

b) las obligaciones contractuales que tuviesen como objeto principal cuestiones sucesorias, cuestiones testamentarias, regímenes matrimoniales o aquellas derivadas de relaciones de familia;

c) las obligaciones provenientes de título de crédito;

d) las obligaciones provenientes de la venta, transferencia o comercialización de títulos en los mercados de valores;

e) los acuerdos sobre arbitraje o elección de foro;

f) las cuestiones de derecho societario, incluso la existencia, capacidad, funcionamiento y disolución de las sociedades comerciales y de las personas jurídicas en general.

Artículo 6°

Las normas de esta Convención no se aplicarán a aquellos contratos que tengan una regulación autónoma en el derecho convencional internacional vigente entre los Estados Partes de esta Convención.

CAPITULO SEGUNDO
Determinación del derecho aplicable

Artículo 7°

El contrato se rige por el derecho elegido por las partes. El acuerdo de las Partes sobre esta elección debe ser expreso o, en caso de ausencia de acuerdo expreso, debe desprenderse en forma evidente de la conducta de las Partes y de las cláusulas contractuales, consideradas en su conjunto. Dicha elección podrá referirse a la totalidad del contrato o a una parte del mismo.

La selección de un determinado foro por las Partes no entraña necesariamente la elección del derecho aplicable.

Artículo 8°

En cualquier momento, las Partes podrán acordar que el contrato quede sometido en todo o en parte a un derecho distinto de aquel por el que se regía anteriormente, haya sido o no éste elegido por las Partes. Sin embargo, dicha modificación no afectará la validez formal del contrato original ni los derechos de terceros.

Artículo 9°

Si las Partes no hubieran elegido el derecho aplicable, o si su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos.

El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar el derecho del Estado con el cual tiene vínculos más estrechos. También tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales.

No obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto del contrato y tuviese una conexión más estrecha con otro Estado, podrá aplicarse, a título excepcional, la ley de este otro Estado a esta parte del contrato.

Artículo 10

Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto.

Artículo 11

No obstante lo previsto en los artículos anteriores, se aplicarán necesariamente las disposiciones del derecho del foro cuando tengan carácter imperativo.

Será discreción del foro, cuando lo considere pertinente, aplicar las disposiciones imperativas del derecho de otro Estado con el cual el contrato tenga vínculos estrechos.

CAPITULO TERCERO
Existencia y validez del contrato

Artículo 12

La existencia y la validez del contrato o de cualquiera de sus disposiciones, así como la validez sustancial del consentimiento de las partes respecto a la elección del derecho aplicable, se regirán por la norma que corresponda conforme a esta Convención de acuerdo con los términos de su Capítulo Segundo.

Sin embargo, para establecer que una parte no ha consentido debidamente, el juez deberá determinar el derecho aplicable tomando en consideración la residencia habitual o el establecimiento de dicha parte.

Artículo 13

Un contrato celebrado entre las partes que se encuentren en el mismo Estado será valido, en cuanto a la forma, si cumple con los requisitos establecidos en el derecho que rige dicho contrato según esta Convención o con los fijados en el derecho del Estado en que se celebre o con el derecho del lugar de su ejecución.

Si las personas se encuentran en Estados distintos en el momento de la celebración del contrato, éste será válido en cuanto a la forma si cumple con los requisitos establecidos en el derecho que rige según esta Convención en cuanto al fondo o con los del derecho de uno de los Estados en que se celebra o con el derecho del lugar de su ejecución.

CAPITULO CUARTO
Ambito del derecho aplicable

Artículo 14

El derecho aplicable al contrato en virtud de lo dispuesto en el Capítulo Segundo de esta Convención regulará principalmente:

a) su interpretación.

b) los derechos y las obligaciones de las partes;

c) la ejecución de las obligaciones que establece y las consecuencias del incumplimiento del contrato, comprendiendo la evaluación del daño en la medida que pueda determinar el pago de una indemnización compensatoria;

d) los diversos modos de extinción de las obligaciones, incluso la prescripción y caducidad de las acciones;

e) las consecuencias de la nulidad o invalidez del contrato.

Artículo 15

Lo dispuesto en el artículo 10 se tomará en cuenta para decidir la cuestión acerca de si un mandatario puede obligar a su mandante o un órgano a una sociedad o a una persona jurídica.

Artículo 16

El derecho del Estado donde deban inscribirse o publicarse los contratos internacionales regulará todas las materias concernientes a la publicidad de aquéllos.

Artículo 17

Para los efectos de esta Convención se entenderá por "derecho" el vigente en un Estado, con exclusión de sus normas relativas al conflicto de leyes.

Artículo 18

El derecho designado por esta Convención sólo podrá ser excluido cuando sea manifiestamente contrario al orden público del foro.

CAPITULO QUINTO
Disposiciones generales

Artículo 19

Las disposiciones de esta Convención se aplicarán en un Estado Parte a los contratos concluidos después de su entrada en vigor en ese Estado Parte.

Artículo 20

Esta Convención no afectará la aplicación de otros convenios internacionales que contengan normas sobre el mismo objeto en los que un Estado Parte de esta Convención es o llegue a ser Parte, cuando se celebren dentro del marco de los procesos de integración.

Artículo 21

En el momento de firmar, ratificar o adherir a esta Convención, los Estados podrán formular reservas que versen sobre una o más disposiciones específicas y que no sean incompatibles con el objeto y fin de esta Convención.

Un Estado Parte podrá retirar en cualquier momento la reserva que haya formulado. El efecto de la reserva cesará el primer día del tercer mes calendario siguiente a la fecha de notificación del retiro.

Artículo 22

Respecto a un Estado que tenga en cuestiones tratadas en la presente Convención dos o más sistemas jurídicos aplicables en unidades territoriales diferentes: a) cualquier referencia al derecho del Estado contempla el derecho en la correspondiente unidad territorial; b) cualquier referencia a la residencia habitual o al establecimiento en el Estado se entenderá referida a la residencia habitual o al establecimiento en una unidad territorial del Estado.

Artículo 23

Un Estado compuesto de diferentes unidades territoriales que tengan sus propios sistemas jurídicos en cuestiones tratadas en la presente Convención no estará obligado a aplicar las normas de esta Convención a los conflictos que surjan entre los sistemas jurídicos vigentes en dichas unidades territoriales.

Artículo 24

Los Estados que tengan dos o más unidades territoriales en las que se apliquen sistemas jurídicos diferentes en cuestiones tratadas en la presente Convención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto noventa días después de recibidas.

CAPITULO SEXTO
Cláusulas finales

Artículo 25

Esta Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 26

Esta Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 27

Esta Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado después que haya entrado en vigencia. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 28

Esta Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.

Para cada Estado que ratifique esta Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 29

Esta Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante.

Artículo 30

El instrumento original de esta Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiera y el retiro de las últimas.

EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman esta Convención.

HECHO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., MEXICO, el día diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

Certifico que el documento anexo, que consta de cuarenta y seis páginas, es copia fiel y exacta de los textos auténticos en español, inglés, portugués y francés de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, suscrita en México, D.F., Estados Unidos Mexicanos, el 17 de marzo de 1994, en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-V), y que los textos originales firmados se encuentran depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

2 de agosto de 1994.

Dra. Diana Espino de Papantonakis
Embajadora
Directora de Tratados

William M. Berenson. Director de Servicios Jurídicos Generales Interinamente a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: pediría que se llamara a Sala, porque este Convenio es traído al Plenario por tercera vez, si no me equivoco, y en la Comisión de Asuntos Internacionales hubo votación dividida.

Esta Convención sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales ya fue elevada en la pasada Legislatura el 14 de mayo de 1998. En aquella oportunidad fue votada por unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales; hoy viene recomendada su aprobación por mayoría.

Esta Convención es una de las suscritas en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, que se desarrolló en México el 17 de marzo de 1994. Lo que conocemos como Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado es un intento exitoso, hasta por la experiencia, de codificación del derecho convencional. En ese sentido se han tratado los más diversos temas.

En esa Quinta Conferencia, el Uruguay estuvo representado por profesores de Derecho Internacional Privado. La delegación uruguaya estuvo presidida por el doctor Didier Opertti. Se trataron tres temas y se aprobaron dos puntos: la Convención que hoy tenemos a consideración y los aspectos civiles y penales del tráfico de menores.

Pese a que había sido informada también en esa oportunidad, la aprobación de esta segunda Convención quedó pendiente. Aborda la materia contractual y se tuvieron en cuenta, entre otras, la Convención de Viena sobre contrato de compraventa de mercadería suscrita en 1980 y la Convención de La Haya sobre la ley aplicable a los contratos de mercaderías en el campo de la compraventa internacional.

En lo que tiene que ver concretamente con el derecho aplicable a contratos internacionales, regula la materia contractual internacional de acuerdo con las tendencias modernas e introduce innovaciones que presentan un indudable interés práctico en el campo de los negocios internacionales, en especial en lo atinente a la autonomía y a la voluntad y a la previsión de las normas de aplicación inmediata.

Reitero que en esta oportunidad la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda por mayoría la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: quisiera plantear -de pronto, el señor Miembro Informante tiene respuestas- algunas interrogantes sobre este tema.

He leído con cuidado este Convenio cuya aprobación está a consideración y confieso que hay aspectos que no logro discernir con exactitud, seguramente por mi falta de conocimiento jurídico, sobre todo en materia de derecho internacional privado.

Considero que este Convenio contiene disposiciones confusas o por lo menos no definidas en lo relativo a la jurisdicción o aplicación en materia comercial o civil, porque no queda claro su alcance o competencia. No voy a entrar en los detalles, pero el Mensaje contiene cláusulas que me generan muchas dudas.

El Convenio se refiere en forma genérica como ley aplicable a la contratación internacional. Entonces, será dable suponer que será la contratación civil y comercial, aunque necesitamos tener una respuesta en ese sentido por lo que se verá.

Más adelante, en la misma Exposición de Motivos, se dice sirvieron de inspiración, entre otros documentos la Convención de Viena sobre contrato de compraventa internacional de mercadería -con un sentido fundamentalmente comercial-; la Convención de La Haya sobre ley aplicable a los contratos de compraventa internacional de mercaderías ídem a la anterior; y, finalmente, la Convención sobre prescripción en materia de compraventa internacional de mercadería. Finalmente, se cita un Protocolo modificativo del ámbito de la Unión Europea aplicable a obligaciones contractuales sin definir materias. Evidentemente no hay una diferenciación muy clara entre una y otra jurisdicción civil o comercial.

Luego, señor Presidente, al entrar al análisis más pormenorizado de la Convención, se menciona el ámbito de aplicación, lo cual figura en la página 7 del Repartido. En su primer párrafo dice: "El objeto de la Convención consiste en determinar el derecho aplicable a los contratos internacionales civiles y comerciales", por lo que se adopta una posición que parece clarificatoria de la duda planteada.

Párrafos más adelante, concretamente, en la página 8 y en el inciso "1.b. Extensión del ámbito", una frase señala: "Con similar criterio de ampliar su campo de aplicación, quedan comprendidas por ésta las nuevas modalidades de contratación utilizadas como consecuencia del desarrollo del comercio internacional." Parecería que en este caso limita sólo al aspecto comercial.

El párrafo siguiente refiere a las exclusiones de la Convención. Destaco se trata de exclusiones precisas; no genéricas, que por ejemplo dijeran: "exclúyese toda materia vinculada a lo civil". Se refiere a algunos temas específicos que se excluyen y que son del Derecho Civil, lo cual permite pensar que el resto de la materia civil estaría involucrada en esta Convención.

Por otra parte, en esas exclusiones se incluye la comercialización de títulos en los mercados de valores que, usualmente, es una materia típicamente comercial. Quiere decir que esta exclusión y las anteriores nos conduce a mayores dificultades de interpretación.

Entre otras preguntas aclaratorias también está la relativa a las soluciones autonómicas de las que se habla en la página 9. Al parecer, el alcance de las mismas es distinto si se trata de una materia civil o de una materia comercial. En el texto sin embargo se mencionan soluciones que a mí me resultan antinómicas.

Más adelante en el inciso 2.d. se menciona a la ley aplicable en subsidio, en referencia contenida en los artículos 9 y 10. La primera de las disposiciones mencionadas establece: "Si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable, o si su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tengan los vínculos más estrechos.

El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar el derecho del Estado con el cual tiene vínculos más estrechos. También tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales." Estas definiciones de tan compleja aplicación no implican necesariamente que se apliquen a los contratos civiles. Podría decirse que la legislación comercial se aplicará a contratos civiles. Si bien ello sería una solución muy anómala, podría resultar una manera de solucionar el tema. Pero aquí no se dice eso, ni tampoco en el artículo 10. Precisamente, en este último se señala: "Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto."

O sea, señor Presidente, que se dice cuál es la legislación que se aplicará; pero decir que se aplicarán estos principios no implica que se está refiriendo a materia de derecho civil o de su esfera. ¿Se aplican o no? Francamente, no encuentro respuesta.

Más adelante, en la Convención en análisis y con relación a la validez del contrato en cuanto a la forma, se hace referencia a una serie de aspectos. Precisamente, por habérselos incluido señalan la importancia del tema. Me pregunto si estas normas sobre validez de los contratos en cuanto a la forma alcanzan a los contratos civiles. Es una interrogante que planteo y que se aúna a las otras.

En resumen, señor Presidente, me asalta la duda de que estemos aprobando una Convención que, en su aplicación, muchas veces, nos va a traer dificultades muy grandes, puesto que no sabemos en qué materia se va a aplicar. Me adelanto a decirles que tengo la impresión de que esta Convención está dirigida a la esfera comercial. Pero ello no se consigna en su texto, sino que se maneja en una serie de disposiciones altamente complejas y como además en la Exposición de Motivos del Poder Ejecutivo también se abre camino a las dudas, preferiría que se solucionaran.

Agrego algo que es importante: aquí se da la particular circunstancia de que el actual Ministro de Relaciones Exteriores es el profesor de la materia. En consecuencia, de pronto estas dudas de un alumno -no soy otra cosa que eso- pudieran ser solucionadas por el Profesor; y si no es así, la Comisión sabrá lo que haya que resolver en torno al tema.

Planteo esto en el ámbito de la duda por los motivos que he expuesto y naturalmente que el Senado resolverá el camino a seguir.

Muchas gracias.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Menuda tarea, señor Presidente, la de tratar de sustituir al doctor Didier Opertti.

La duda que plantea el señor Senador García Costa también nos surgió en 1998 cuando redactamos el primer informe. Como se recordará, este es un proyecto que venía informado en conjunto y posteriormente se desglosó, aprobándose una Convención y sufriendo la otra estos avatares. La duda surge, precisamente, de la Exposición de Motivos a que se ha referido el señor Senador, con expresiones que no he recogido en el breve informe hecho. De la lectura, particularmente, del acápite de la Convención, me surge claramente que se está hablando del comercio internacional entre sus Estados Parte. En este sentido, se establece: "REAFIRMANDO su voluntad de continuar el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional privado entre Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos;

REITERANDO la conveniencia de armonizar las soluciones de las cuestiones relativas al comercio internacional;

CONSIDERANDO que la interdependencia económica de los Estados ha propiciado la integración regional y continental, y que para estimular este proceso es necesario facilitar la contratación internacional removiendo las diferencias que presenta su marco jurídico", etcétera.

Para mí, esta es una referencia al derecho comercial internacional entre Estados, no obstante, la expresión -que también leí- que aparece en la primitiva Exposición de Motivos del Poder Ejecutivo.

Decía que la solución más novedosa estaba relacionada con la autonomía de la voluntad a ciertas limitaciones que se le impone y a la aplicación de las normas imperativas. Cuando se aborda el tema de las normas imperativas del foro y extranjeras, concretamente, en la última parte se dice en la primera Exposición de Motivos remitida por el Poder Ejecutivo: "En lo que hace a la ley aplicable a los contratos, el desequilibrio del poder negociador presente en las relaciones entre estados -o sus empresas", etcétera. Entiendo que aquí se refiere a las empresas del Estado.

Entiendo que es en este sentido que se ha redactado la Convención, que se pretendió legislar, reitero, en lo que tienden a hacer las CIDIP, o sea, ir codificando, tratando de armonizar la legislación a los Estados Parte con prescindencia de que, a veces, legislan sobre un tema específico, cosa que también se ha hecho en estas Conferencias.

En ese sentido lo asumimos y también en ese sentido fue que se aprobó el tema en la Comisión de Asuntos Internacionales. No recuerdo si fue en la Legislatura pasada -estoy seguro que en ésta, no, porque estuvo en el orden del día y no se llegó a discutir- o si fue en la Comisión, que se planteó la pregunta de qué queríamos decir con las limitaciones a la autonomía de la voluntad. Esto se puede encarar desde dos puntos de vista. Por un lado, hay una solución que es pacíficamente de recibo, que es la facultad de las partes de escoger la ley que se aplicará a su relación contractual, pero establece las limitaciones cuando existen normas cuya aplicación sea preceptiva y esto en el afán de una tendencia moderna de proteger a la parte más débil.

Creo que es un Tratado o una Convención que en sus lineamientos no violenta en lo más mínimo las costumbres o el ordenamiento jurídico uruguayo, no obstante lo cual si las dudas persistieran y si fuera necesario hacer una consulta al Ministerio, así se hará. Personalmente, entiendo que esto fue suficientemente estudiado y votado en Comisión durante las dos Legislaturas.

Es lo que quería decir.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: hemos firmado en contra del informe de la Comisión. Voy a tratar de señalar lo que hemos recogido de la Legislatura anterior y lo que hemos comentado en estos días cuando examinamos el tema. Entendemos que hay algunas desprolijidades que fueron cometidas en la Administración anterior en el Mensaje del Poder Ejecutivo que vino informado en la exposición de motivos de dos convenciones, tal como lo explicó el señor Senador Millor, tanto respecto del tráfico de menores como de esta Convención.

No sé si puedo explicar con solvencia lo que preguntaba el señor Senador García Costa, pero creo que el artículo 1º define algunos de los puntos a los que él hacía referencia, quizás por exclusión. Además, está mal redactado y en muchas partes no se entiende. Por ejemplo, señala el ámbito de aplicación y dice que la misma Convención determina el derecho aplicable a los contratos internacionales y que se entenderá que un contrato es internacional si las Partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en Estados Partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un Estado Parte. Esto es claro y me parece que se refiere tanto a personas jurídicas estatales como a personas jurídicas no estatales y el ámbito es todo el Derecho Internacional, el comercio entre los hombres o la condición jurídica de las personas, para hablar del Derecho Civil y Comercial.

Más adelante dice que esta Convención se aplicará al contrato celebrado o que sean partes Estados, entidades u organismos estatales, a menos que las Partes en el contrato la excluyan expresamente. Quiere decir que si la excluyen no son partes los Estados y el resto de las personas son parte. No sé si me explico; por exclusión define que las personas jurídicas no estatales pueden ser parte, que son las que normalmente se dedican al comercio internacional. Agrega que, sin embargo, cualquier Estado Parte podrá declarar en el momento de firmar, ratificar o adherir a esta Convención que no se aplicará a todas o a alguna categoría de contratos en los cuales el Estado o las entidades de organismos estatales sean partes.

Esta es la lectura comentada que hago para responder en algo a la pregunta formulada por el señor Senador García Costa. El fundamento de nuestra postura negativa está en lo que dice relación con el artículo 7º y siguientes que implica - como lo fundamentaba muy bien en la Legislatura anterior el señor Senador Mallo- la consagración del principio inverso a la jurisdicción del Estado donde se ejecuta el tratado, o los hechos materiales que son contenidos del Tratado. El principio nacional ha sido siempre que aquello que se ejecuta en el Estado uruguayo está regido por la ley uruguaya. Acá el principio es inverso, es decir, se basa en la autonomía de la voluntad, el nuevo criterio de que tanto el Estado que firma como la persona jurídica pueden determinar qué derecho se aplica y qué jueces son los que lo ejecutan. Repito que el principio general en nuestro país es que aquí rige el derecho uruguayo para los actos materiales o jurídicos que se realizan en nuestro país y los competentes son los jueces uruguayos. En función de la existencia de esta concepción contraria a ese principio general, no apoyamos esta Convención en la Legislatura pasada y mantenemos ahora la misma postura, porque no nos parece conveniente. Esto es así en función de razones elementales.

Se habla de la autonomía de la voluntad, pero un Estado Parte puede tener tres millones de habitantes y otro, doscientos setenta millones. Es evidente que la voluntad que prima es la del Estado que pesa más y que tiene mayor peso económico. De hecho lo que se consagra es la existencia de contratos de adhesión a los cuales el país puede adherir, porque ya está admitiendo en ese contrato que la jurisdicción va a ser la que determine el que tenga más poder. En el ámbito comercial, entre las personas jurídicas también sucede lo mismo.

Por estas razones no vamos a acompañar la Convención.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: por la ley del artillero, teniendo en cuenta cómo están los números en Sala, salvo que la Mesa se maneje con fluidez con respecto al timbre, voy a solicitar que el tema retorne a Comisión.

Haré simplemente un breve apunte para no reiterar esta discusión más adelante. Lo que tiene que ver con la autonomía de la voluntad, sus limitaciones y el número de habitantes, no es tan así, porque en el artículo 11 se establece una disposición más allá de la cantidad de habitantes que un país tenga, que tiene que ver con la aplicación de las normas imperativas. Con respecto a dichas normas, también conocidas como de policía, exclusivas o perentorias o las normas que los Estados dictan en función de circunstancias muy particulares, el mismo Tratado dice que no podrán dejar de aplicarse, aun cuando ésta sea la voluntad de las Partes. Esto será con prescindencia del número de habitantes que tenga cada país. Además, depende de las normas que cada Estado se dé. Por eso hablamos de autonomía de la voluntad, por un lado, y de restricciones a esa autonomía de la voluntad, por otro. Sin embargo, la razón del artillero nos lleva a aquello de los sarracenos, es decir, son más.

En todo caso, de persistir la duda del señor Senador García Costa, sabemos que el señor Ministro Opertti no va a tener ninguna objeción en concurrir algún día al Senado y a la Comisión, donde lo invitaremos para estudiar juntos este proyecto de ley.

Por lo tanto, formulo moción en el sentido que el proyecto de ley vuelva a Comisión.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Creo que estaríamos todos de acuerdo con la moción formulada. De todos modos, quisiera señalar e insistir en que se trata de una serie de normas de tremenda desprolijidad.

Una de las preguntas formuladas por el señor Senador García Costa es si esta norma se aplica a los contratos comerciales y también a los civiles. Me parece clarísimo que sí se aplica a los contratos civiles, porque en el artículo 5º se excluyen expresamente determinadas cosas civiles. Por lo tanto, quiere decir que las otras civiles entran dentro de esta Convención; entonces, no es exclusivamente para contratos comerciales.

Eso excluye las sucesiones y los testamentos que son típicamente civiles.

En el artículo 7º y tal como ya señaló el señor Senador Gargano, se separa de la ley aplicable, aunque pienso que de manera demasiado tajante, a los Jueces que van a intervenir. Eso puede pasar en el Derecho Internacional, donde pueden intervenir los Jueces de un país, teniendo que fallar por las leyes de otra nación. Sin embargo, a esto hay que sumarle lo que dice el artículo 2º, o sea, que también puede tratarse de la ley de un país que ni siquiera sea parte del Tratado. Entonces, se forma un enredo jurídico bastante difícil de solucionar. Personalmente, creo que no es esa la tendencia en el Derecho Internacional, con normas que a veces son saludables y otras no, pero que tiende a darle a las cosas más seguridad.

El artículo 9º dice que si las Partes no eligen el Derecho aplicable o si su elección resultara ineficaz -lo que no está definido- el contrato se rige por el Derecho del Estado con el que tenga los vínculos más estrechos. Ahora bien; ¿quién tiene los vínculos más estrechos? ¿El Estado? ¿El contrato? ¿Qué se quiere decir con "los vínculos más estrechos"? ¿El lugar de ejecución, el de celebración, que son las reglas básicas que rigen el Derecho Internacional?

Quería agregar esto como fundamento para apoyar la teoría de que es conveniente que este proyecto vuelva a Comisión a fin de aclarar todas estas dudas.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Insisto en la moción de que este proyecto vuelva a Comisión. Sin embargo, frente a las últimas manifestaciones respecto a cuál es el Estado, la Convención se inclina por la doctrina de la objetividad, con prescindencia de la voluntad de las Partes. Es el aspecto objetivo el que nos va a decir a qué Estado está más vinculado el contrato. Entonces, ahí hay que estudiar las cosas caso por caso, contrato por contrato. Las Partes pueden establecer un contrato diciendo que la jurisdicción es de determinado Estado; sin embargo, si objetivamente el contrato está más vinculado, por características objetivas, a otro Estado, será el de ese último el Derecho que se aplique.

Reitero que no contamos con los votos para aprobar esta Convención, por lo que pedimos que la misma vuelva a Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Millor para que el proyecto de ley vuelva a consideración de la Comisión respectiva.

(Se vota: )

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) FERIADOS NACIONALES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el punto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 2º de la Ley Nº 16.805, de 24 de diciembre de 1996, incorporándose la fecha 19 de junio al régimen de inamovilidad de los feriados en él establecido. (Carp. Nº 187/00 - Rep. Nº 41/00)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 187/00
Rep. Nº 41/00

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 16.805 del 24 de diciembre de 1996 por la siguiente redacción: "quedan exceptuados de este régimen los feriados correspondientes al 1º y 6 de enero, 1º de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre, los que se continuarán observando en el día de la semana que ocurrieren, cualquiera fuere el mismo.

Art. 2º. - Al restablecerse la condición de feriado para el día 19 de junio el Poder Ejecutivo y los organismos rectores de la enseñanza pública dispondrán la realización de actos destinados no sólo a la evocación del héroe Gral. don José Artigas, sino a destacar la trascendencia de sus ideales hasta su inserción en el mundo de hoy.

Carlos Julio Pereyra. Senador.

Ley Nº 16.805. - Establécese que los feriados declarados por ley, sin perjuicio de la conmemoración de los mismos, seguirán en el régimen que se determina

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General

DECRETAN:

Artículo 1º. - Los feriados declarados por ley, sin perjuicio de la conmemoración de los mismos, seguirán el siguiente régimen:

A) Si coincidieran en sábado, domingo o lunes, se observarán en esos días.

B) Si ocurrieren en martes o miércoles, se observarán el lunes inmediato anterior.

C) Si ocurrieren en jueves o viernes, se observarán el lunes inmediato siguiente.

Art. 2º. - Quedan exceptuados de este régimen los feriados de Carnaval y Semana de Turismo y los correspondientes al 1º y 6 de enero, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre, los que se continuarán observando en el día de la semana en que ocurrieren, cualquiera fuere el mismo.

Art. 3º. - Lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley no afectará el derecho del trabajador a disponer de su asueto semanal, sea éste permanente o periódico, cuando el descanso es rotativo.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de diciembre de 1996. Jorge Machiñena, Presidente - Martín García Nin, Secretario.

Ministerio del Interior
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
Ministerio de
Industria, Energía y Minería
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de
Salud Pública
Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 24 de diciembre de 1996".

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- En la mañana de hoy, la Comisión de Educación y Cultura consideró este proyecto de ley. Allí se renovó el intercambio de ideas que se realizó en oportunidad de sancionarse el artículo 2º de la Ley Nº 16.805 que estableció el régimen especial que traslada la celebración de distintos hechos que figuraban como días feriados y que pasaron a celebrarse a fines de la semana o a principios de la siguiente, según la proximidad de la festividad con el feriado del sábado o domingo. Esto se hizo, entre otras cosas, para mantener una corriente turística importante -esto fue lo que se argumentó por parte de los defensores del proyecto- y también para facilitar el movimiento de la población estudiantil que vive en el interior del país y estudia en Montevideo. Al respecto, se señalaron otras ventajas que han hecho que muchos países adoptasen este criterio de unir la celebración de distintas festividades con el feriado más próximo.

Cuando se aprobó esa ley, entendimos que la celebración del 19 de junio no debía moverse, ya que se trata del día que recuerda el nacimiento de José Artigas, seguramente la figura más descollante de la historia uruguaya y, tal como se recordaba hoy en el seno de la Comisión, el verdadero padre del pueblo uruguayo, no sólo el gestor de la lucha armada por la independencia del Río de la Plata, sino el sembrador del ideal republicano y democrático frente a las ideas monárquicas que imperaban en el centro de la Revolución de Mayo, en Buenos Aires. La figura de Artigas es, indudablemente, el centro de la historia de nuestro país y la más venerada por todos los uruguayos.

En consecuencia, nos pareció que la celebración del día de su nacimiento debía mantenerse, tal como lo dijimos en oportunidad de presentar el proyecto, porque Artigas nació un 19 de junio y no un 20, un 24 o un 18. Pensamos que ese es el día que los uruguayos debemos recordar, entre otras cosas y tal como se hacía antes de la aprobación de esta ley, con actos en las escuelas y liceos. Además, es el día en que se toma el juramento de lealtad a la bandera. Por tanto, nos parece que tiene una significación tal como para figurar entre las fechas que deben celebrarse, efectivamente, en el día correspondiente.

Algunos compañeros de Comisión dijeron que, tomada aisladamente -no sé si interpreto bien- no cabía discusión sobre la significación de esta fecha. Sin embargo, cuando se integra a una política con determinados objetivos, como puede ser el incremento del turismo, que han adoptado muchos países, muchas veces es necesario sacrificarla, cambiándola de día. Al respecto, se generó una discusión y los partidarios de esta política dijeron que cuando en la Comisión se trató el proyecto de ley que finalmente se aprobó, había habido una discusión sobre este mismo tema. Incluso, se habló de que podría haberse incluido entre las fechas a trasladar la del 25 de agosto. Así, propusieron como solución transaccional que se incorporara el 19 de junio como fecha inamovible de celebración patriótica, aunque para mantener esa política o la idea de afirmarla se podría eliminar la del 25 de agosto. Con el propósito de buscar una transacción, quienes éramos partidarios del proyecto la aceptamos porque, en definitiva, lo que queremos es que la fecha del nacimiento de Artigas se celebre cuando corresponde, es decir, cuando se cumplen efectivamente años de ese acontecimiento.

Esta es, en consecuencia, la opinión de la Comisión: aceptar nuestra propuesta, pero incluyendo el 25 de agosto entre las fechas trasladables.

SEÑOR GARCÍA COSTA.- El proyecto de ley que lleva la firma del señor Miembro Informante, tiene una omisión en cuanto a la Semana de Turismo y la de Carnaval que nos llamó la atención, junto con el señor Senador Larrañaga, quien tiene muchos hijos chicos y, naturalmente, esas dos semanas le son vitales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Lo que ocurrió fue que, al hacerse la transcripción, se omitió que el artículo también comprende los feriados de Carnaval y Semana de Turismo o Semana Santa.

Lo que he manifestado es lo que se conversó en la sesión del día de hoy, pero le pediría a los miembros de la Comisión que se expresen, para ver si ese es el sentido que le he dado a los resultados de la discusión de esta mañana.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: como ocurre siempre, el señor Senador Pereyra da una información veraz de lo que aconteció en la Comisión. En ella, en un clima muy civilizado y hasta diría que fraterno, se reeditó un debate que está abierto desde que por primera vez se planteó en el Parlamento la posibilidad de actualizar nuestra legislación, como lo han hecho la mayoría de los países del mundo, en cuanto a darle un sentido racional a los feriados. Lo que planteamos en la mañana de hoy fue que no se debe pretender que el debate esté centrado en valoraciones de naturaleza histórica, para luego sobre esa base discutir. La valoración de Artigas es un patrimonio común de todos los uruguayos y, por tanto, nunca estaría en discusión si el feriado de su natalicio debería ser fijo o movible en función de la valoración que se hiciera en una especie de revisionismo sobre la figura de Artigas. El tema no está planteado en esos términos. No se lo han planteado así los debates que otras naciones han tenido con una fuerte carga histórica, con un sentido de nación muy afirmado, con un concepto de patria muy definido, con una voluntad de honrar a las figuras del pasado de forma manifiesta, sino que tratan de darle a estos feriados una racionalidad diferente. También hay que pensar cuáles son las formas modernas de rendir homenaje a las figuras que nos dieron Patria, Estado y Sociedad y ver si solamente se debe apuntar a la evocación histórica o también a mensajes donde la gente que, en definitiva, fue la preocupación de nuestros próceres, encuentre hoy una respuesta a problemas que tienen planteados, sobre los que a veces, con angustia, nos reclaman alguna solución. Entonces, dejando de lado que aquí no estamos en una discusión de naturaleza histórica, ni de valoración histórica sobre hechos en los cuales todos coincidimos, cuando se propició originalmente esta iniciativa, lo que se buscaba era modernizar la legislación, racionalizándola. La propuesta original -es la que seguimos pensando que era la mejor porque evitaba toda esta polémica- implicaba asumir una nueva forma de utilizar el efecto no laborable de algunos feriados y proceder al corrimiento de todos los feriados. Es decir, tener una legislación "aggiornada" donde el país asuma una mayor madurez y responsabilidad, sin entrar en las distinciones siempre odiosas de señalar cuál fecha puede ser más importante que otra. La idea original era correr todos los feriados, pero hubo puntos de vista muy atendibles: algunos de naturaleza histórica, otros de carácter político social, otros religiosos y no faltaron los de fundamento comercial. Por ejemplo el 1º de mayo, Día de los Trabajadores, levanta una fuerte adhesión en las estructuras sindicales y movimientos sociales del país, lo que hace que, por una cuestión casi de principios, no deba correrse ni racionalizarse el carácter no laborable de ese feriado. Ese es un dato de la realidad y el legislador no hizo mal en tenerlo en cuenta.

Por otra parte, hubo planteamientos del sector comercial del país -que me parece que también tienen su importancia y relevancia- refiriéndose a la inconveniencia de correr el 6 de enero, conocido como día de los niños o, más comúnmente, día de Reyes. Se señaló que ese sector de la actividad del país se podía ver afectado si se corría dicho feriado. Creo que es razonable y comprensible que se hiciera un planteo de esa naturaleza. Luego, quedaban algunos planteos de naturaleza religiosa referidos al 25 de diciembre que, según lo que la ley ha establecido, es el día de la familia, aunque para una vasta parte de la sociedad uruguaya, teniendo en cuenta su vocación cristiana, es el día de Navidad. Al respecto, se señaló que una fecha de tal fuerza no debía ser modificada, y esa posición también fue atendida. Después, había otros hechos que eran más fuertes que la voluntad del legislador. Respecto al 1º de enero, que implica el comienzo de año, no hay posibilidad de correrlo y, por tanto, hubo que mantenerlo.

En este país estos debates permiten sostener que, a veces, se dan como verdades aceptadas cosas que se repiten. Por ejemplo, se habla de la cantidad de feriados que el Uruguay tiene, pero cuando uno analiza legislaciones de otros países se encuentra con sorpresas, porque no estamos en la vanguardia de los países que han incorporado tanta cantidad de feriados. Nos asombraría si mencionáramos algunos países que tienen muchísimos más feriados no laborables que nosotros. Sin embargo, en el Uruguay se suele repetir que tenemos una enorme cantidad de feriados. Creo que aquí lo que aparece como un elemento más de confusión es lo relativo a la Semana de Turismo, si tomamos en cuenta el sistema financiero en la medida en que el uso masivo del sistema bancario hace que se note con mayor presencia el hecho de que durante tantos días no se pueda acceder a los bancos. Reitero que no somos un país con una enorme cantidad de feriados no laborables. Comparándolo con otras naciones se puede decir que tenemos un razonable sistema de feriados no laborables.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Reinaldo Gargano)

Lo que aquí se planteó fue lo que nos reclaman muchos sectores de la vida del país, que trabajan, producen y cada día buscan nuevas posibilidades. Entonces, se habla de la conveniencia de que el país desarrolle políticas de turismo interno y esto fue reclamado en muchos sectores. Cuando un dirigente político viaja a los distintos departamentos, una de las cosas que se nos pregunta es cómo podemos fomentar el turismo de cada región. Esta racionalidad en los feriados tiene como objetivo fundamental proporcionar un elemento que contribuya al desarrollo de políticas de turismo interno. En una economía con problemas y dificultades, no deja de ser atrayente la posibilidad de analizar alguna solución legal que ayude a esa reactivación o fortalecimiento económico del país. Así lo plantean sectores como el hotelero, el gastronómico, el transportista y el de servicios, como en materia de viajes. Aclaro que hablo tanto de los empleados como de los empresarios, porque unos y otros nos reclaman políticas que reactiven un turismo interno, sin limitarnos solamente al turismo de estación o al termal.

Entonces, si la preocupación de los hechos históricos que nos motiva a rendirles culto estaba dada por la felicidad de la gente, también estamos ante una forma de rendir homenaje a esas figuras y acontecimientos cuando nos ocupamos de los problemas de la gente y, de alguna manera, tratamos de contribuir a su solución. Creo que en todos aquellos departamentos que tienen alguna atracción turística -en nuestro país casi todos la tienen, aunque algunos más que otros- se festejó con enorme alegría esta actitud madura de la legislación uruguaya, que permitió que al producirse ese fin de semana largo, ese sector hotelero, de transporte o de servicios tuviera un elemento que ayude y contribuya a su fortalecimiento. No me parece poca cosa que atendamos estos problemas.

Además, en una sociedad como la nuestra, con características tan marcadas, en una concentración montevideana donde la familia termina separándose, aunque el tronco suela quedarse afincado en el interior, este sistema que generan los fines de semana largos termina provocando la posibilidad de un reencuentro más continuo de la familia. Esto es muy importante, sobre todo para los que pensamos que la sociedad se organiza mejor cuando mejor tiene constituida su familia; estamos ante un principio más profundo de rescate del valor de familia en la sociedad uruguaya. Como muchas veces ésta se ha visto fracturada por razones económicas o sociales, entonces, cuando las distancias a Montevideo son grandes, un fin de semana de dos días a veces no justifica o no permite ese reencuentro de naturaleza familiar. Esta racionalización en el sistema de los feriados también contribuye a este reencuentro familiar; familias que se reencuentran son familias que se fortalecen, y familias que se fortalecen implican una sociedad organizada bajo valores morales y éticos mucho más firmes y sólidos.

Es de destacar que el tratamiento de esta ley llevó cinco años de debate, lo que demuestra que, aun animados por los mejores propósitos, en este país cuesta mucho cambiar. Es decir, cuando llega el momento de llevar a la práctica la idea de cambio, a la que todos solemos recurrir, tenemos una especie de reacción ante ello, lo cual constituye una característica, una constante, merecedora de todo respeto.

El señor Senador Pereyra presentó un proyecto de ley que ha fundamentado, pero que altera el sistema que se había pensado. En el día de hoy, en la Comisión de Educación y Cultura conversamos en un buen debate, donde no faltaron las referencias de naturaleza histórica sobre la valoración de algunas fechas -unas más explicables que otras- y pudimos armonizar dos criterios válidos y positivos, en el sentido de rescatar una fecha como emblema de unión nacional, en cuanto a rendir culto a una figura que nos es común a todos y, por otro lado, atender también a otras realidades, no históricas sino contemporáneas, que tienen que ver con mucha gente que vive de una determinada actividad -y quiere hacerlo- y sólo está esperando algunas posibilidades. La propuesta que acordamos en principio fue quitarle el carácter de feriado movible al día en que nació nuestro Prócer y dárselo a dos fechas que despertaron un consenso generalizado en la Comisión. Para los que creemos en el orden institucional de las sociedades -como sin duda lo creen todos en este Cuerpo- la fecha del 18 de julio es muy importante, más allá de las virtudes de esa primera Constitución, que vaya si tuvo algunas, pero que también tuvo sus defectos. Creo que estos debates también sirven para poder analizar con amplitud esos aspectos. En dicha fecha el país se dio su primera norma constitucional codificada, aunque no se trató de la primera Constitución porque existieron normas constitucionales en el Uruguay antes de 1830. La virtud de esta fecha recordada es haberlas sistematizado, reunido y codificado, brindándonos este primer texto constitucional que identificamos como la primera Constitución, a pesar de que allí existe un error histórico porque, reitero, antes de 1830 el país ya tuvo normas constitucionales que no fueron sistematizadas en un mismo texto, pero que tenían el mismo valor y rango constitucional.

En consecuencia, el 18 de julio es una fecha importante, pese a lo cual creo que ese valor de enfatizar la vida institucional del país no se altera por el hecho de correr dicha fecha.

Debo aclarar que la fecha que menos polémica tuvo para ser corrida fue el 25 de agosto. Como bastantes debates el país tiene, está lejos de nuestro ánimo agregar uno más con respecto a esta fecha tan singular y particular de la historia del país, pero que está incorporada como el día de la independencia nacional. Sobre esto mucho se ha escrito, dicho y opinado, haciéndose de esta fecha un elemento en el que ese mismo debate que el país se planteó, se reflejó hoy en una actitud de indicar que no estamos ante un hecho traumático si el 25 de agosto termina siendo corrido. Entonces, cuando a veces enfatizamos en tantos disensos y tantos puntos de vista diferentes, bueno es que también pongamos la misma fuerza al ser capaces de encontrar puntos de acuerdo como lo hicimos en la mañana de hoy. De todas maneras, no sabemos si este consenso se reflejará en la voluntad del Senado, porque las Comisiones no mandan sino que asesoran, aconsejan o sugieren y, en definitiva, será el Cuerpo el que resuelva.

Reitero que partiendo de la base de que todo esto es polémico, discutible y que genera distintos puntos de vista, la madurez política que caracteriza al sistema -no digo "clase", porque quizás no sea muy expresivo- logró hoy este acuerdo que está volcado en esta propuesta que hace la Comisión de Educación y Cultura y que tiene la virtud de recoger las preocupaciones nobles que se plantearon a través de la iniciativa del señor Senador Pereyra. En este sentido, la Comisión aconseja al Cuerpo la modificación de la ley en cuanto a mantener como feriado que no se corre al 19 de junio e incorporar a los que se trasladan a los días lunes, el 18 de julio y el 25 de agosto.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: la ley vigente fue muy discutida en su oportunidad. El señor Senador Fau ilustró al Cuerpo en cuanto a que el proyecto de ley fue debatido durante cinco años y que hubo muchas dificultades en lograr ciertos equilibrios y cambios.

Considero que en cuanto al tratamiento de esta ley, cada uno tiene su propia opinión y corta a los partidos en forma vertical, horizontal y transversal, ya que ninguno tiene -no creo que ningún partido la tenga- unanimidad al respecto. Por lo tanto, luego de esa discusión de cinco años y de un equilibrio alcanzado, parecería que se había llegado a un texto legal aceptable.

En lo personal siempre fui escéptico, no porque no creyera en las bondades de la ley, sino porque los feriados tienen un gran arraigo nacional y, en general, sucede que cada persona piensa que uno de ellos debe ser inamovible y el resto deben ser movibles. Así, si cada sector de la población reclama que sea inamovible el feriado que más lo representa, todos los feriados terminan siendo inamovibles.

Tradicionalmente, ha habido en el país cinco feriados no laborables, dos de ellos vinculados a hechos históricos, como son la Jura de la Constitución y la Declaratoria de la Independencia, y los tres restantes relacionados con fechas que tienen un especial arraigo en la sociedad uruguaya, como son el 1º de enero, el 1º de mayo y el 25 de diciembre. En este caso, a nadie se le pasa por la mente que puedan ser movibles.

Cuando el señor Senador Pereyra planteó su propuesta de incorporar el 19 de junio a los feriados inamovibles, personalmente pensé que tenía razón, pero que por este camino íbamos a terminar en que todos lo fueran, porque los feriados lo son por alguna causa. En este sentido, todos los argumentos del señor Senador Fau chocan con un problema: el arraigo que tienen los feriados en nuestra sociedad.

Nosotros vamos a acompañar la propuesta de incorporar el 19 de junio a la lista de feriados inamovibles, pero no vamos a votar la inclusión del 18 de julio y el 25 de agosto entre los movibles. Y en cuanto al espíritu que plantea el señor Senador Fau, voy a responderle, con toda tranquilidad, que el reencuentro de la familia y el apoyo a la industria turística, a la cual tenemos la obligación de atender, debería encauzarse de otra manera. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando un proyecto de ley -que todavía no hemos presentado, porque tiene algunas dificultades que estamos tratando de allanar- por el cual, a través de convenios colectivos, los trabajadores públicos y privados podrán utilizar tres, cuatro o cinco días de su licencia normal en diferentes fechas, en la medida en que sean separadas. Este planteo se basa en el hecho de que cuando corremos un feriado, si bien estamos beneficiando al turismo, también es cierto que, en general, la industria hotelera no da abasto, el sistema de transporte se desborda, etcétera. Por lo tanto, nosotros pensamos que la solución que mejor atiende las aspiraciones de apoyar el reencuentro familiar y la industria del turismo, es aquella que logra la consolidación de un turismo permanente. Y esto se logra con propuestas como la nuestra, por la cual dos o tres días de la licencia se puedan adjuntar a fines de semana, lo que permitiría que hubiera un traslado no tan masivo, pero sí permanente, y favorecería también el reencuentro con la familia. Esto tiene, naturalmente, otras connotaciones que estamos estudiando, como algunos aspectos vinculados al tema de la educación, que hay que conversar y discutir.

SEÑOR FAU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: estaba escuchando con especial atención la disertación del señor Senador Michelini, y obviamente que aguardamos con expectativa afirmativa ese proyecto, en el cual seguramente su partido está trabajando, relacionado con lo que se conoce como "turismo social", es decir, el posibilitar a los trabajadores sistemas que den sentido al descanso que por ley se les ha adjudicado.

Lo que señalo es que no veo que sean cosas excluyentes, sino que, por el contrario, creo que se complementan muy bien. El problema es que los feriados los tenemos, y salvo que los saquemos, están; entonces, lo que se procura es darles un sentido racional. Desde luego, el proyecto de ley o anteproyecto del señor Senador Michelini seguramente va a contribuir a que no haya un turismo aglomerado estos fines de semana largos, porque el trabajador los va a ir armonizando -cuando se transforme en ley la propuesta que se está planteando- y, por lo tanto, va a tender a diluirse ese problema que el señor Senador estaba planteando.

De manera que me parece muy interesante el anuncio que se hace, porque creo que es una forma de modernizar nuestra legislación social y laboral que debe ser mirada con mucha expectativa, pero reitero que este es un problema que tenemos hoy. Por lo tanto, no veo que estas soluciones se vayan a encontrar con las que se proponen; por el contrario, creo que habría una muy sana armonización si el país racionaliza sus feriados y, además, da un sentido más humano al descanso a que tienen derecho los trabajadores.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Lo que estoy tratando de trasmitir es que después de cinco años se llegó a una ley que tenía un cierto equilibrio.

Insisto en que nosotros estamos en condiciones de votar la propuesta de incorporar a la lista de feriados inamovibles el 19 de junio, pero si se quiere cambiar un feriado por otro, nosotros no vamos a acompañar esa iniciativa. Reitero que no estamos de acuerdo con eliminar de esa lista al 25 de agosto y al 18 de julio, por todas las connotaciones históricas que esas fechas tienen. Pero independientemente de las mayorías a las que se llegue en el día de hoy, yo digo que los objetivos que plantea el señor Senador Fau tienen que encontrar un cauce que va más allá del tema de los feriados, y nosotros estamos trabajando al respecto. Eso es lo que estamos planteando; nuestra propuesta no corrige, posterga ni cambia la discusión que estamos teniendo en el día de hoy. Simplemente estamos queriendo decir que el espíritu de dinamizar la industria turística y potenciar el encuentro de la familia debe tener también otros canales, que nosotros estamos estudiando.

Más allá de todo esto, vuelvo a decir que no vamos a apoyar que los feriados que son no laborables por razones históricas -por algo se llegó pacíficamente a un acuerdo en cuanto a que el 18 de julio y el 25 de agosto son las dos fechas constitutivas de nuestra razón nacional- sean eliminados de la lista de inamovibles. Pero si alguien presenta una moción como la que en su momento planteó el señor Senador Pereyra, agregando el tema de Carnaval y Semana de Turismo -que no fueron incorporados por olvido y no porque existiera la intención de no hacerlo- nosotros la votaríamos afirmativamente.

En cuanto al acuerdo a que se llegó en la Comisión de Educación y Cultura, creo que no sólo no va a reflejar el estado de los uruguayos, sino que va a desatar una polémica que me parece que no es buena.

Por lo tanto, para que quede claro, decimos que estamos en condiciones de votar la propuesta del señor Senador Pereyra, pero no el acuerdo que surgió de la Comisión de Educación y Cultura. Además, creemos que el espíritu planteado que llevó adelante la idea de cambiar los feriados puede tener otros cauces, como ya lo he dicho.

SEÑORA SENADORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA SENADORA POU.- Quiero decir solamente unas palabras para reafirmar la exposición del señor Senador Pereyra y, por cierto, el relato de lo que aconteció en la Comisión hoy de mañana -como muy bien dijo el señor Senador Fau- en un clima fraterno y de concordia donde, a mi entender, se manejaron motivos y expresiones de distinto nivel. Se aludió a lo que es el turismo y su importancia en la vida económica del país y se habló de los valores familiares en cuanto a mayores posibilidades para que la familia se reuniera. Pero, en definitiva, me parece que más allá de que en nuestro país hay feriados, existen las fechas patrias y lo que el proyecto del señor Senador Pereyra está manejando es, quizás, en su esencia más absoluta, una fecha patria.

Hoy de mañana decíamos en la Comisión que los uruguayos somos Artigas y, si no, no somos nada; es nuestro punto de articulación más importante. Por ello, creo que es acertado señalar como una fecha inamovible el 19 de junio y acompañar la opinión del señor Senador Fau, por la que se llegó a una transacción en la Comisión, que consistía en que se aceptaba la inamovilidad del 19 de junio y se aprobaba la movilidad del 18 de julio y el 25 de agosto.

Estamos dispuestos a votar esta moción que fue fruto de una transacción en la Comisión. Quiero señalar que en lo que sí somos absolutamente radicales -en el verdadero sentido de raíces- es en la inamovilidad de la fecha del nacimiento de Artigas.

Muchas gracias.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Aclaro que mi exposición va a ser muy desordenada porque cometí la omisión, ya que por un descuido me pasó inadvertido que este tema se trataba en el día de hoy. De todos modos, me trae a colación varios razonamientos y el ayuda memoria que también me proporcionó el señor Senador Korzeniak, que habrá que buscar en las actas parlamentarias en alguna Rendición de Cuentas.

Empezando por lo primero, señalo que esta no es una discusión de cinco años sino, que yo recuerde, tiene más de cuarenta. Los feriados, en la historia de nuestro país, se han movido más de una vez. Además, en este tema hay dos bibliotecas. Durante el proceso, utilizando los mismos argumentos en cuanto a favorecer el descanso y el turismo interno, se trató de hacer algo similar, pero se hizo mal, porque el feriado se movía según quedara más cerca hacia el lunes o hacia el viernes. Cuando pasaba al viernes, nunca entendí bien en qué consistía la ayuda y los fines que se perseguían, porque las empresas privadas trabajan los sábados, por lo menos quien habla lo hacía. Pero ya en aquella oportunidad se movieron y, si mal no recuerdo, fueron unos cuantos. Durante el Gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle se presentó un proyecto muy similar a éste, al que en aquel momento nos opusimos. Cuando nuestro compañero, Yamandú Fau, elaboró esta iniciativa, apliqué la teoría que me enseñó un viejo legislador, en cuanto a que hay tres formas de votar en el Parlamento Nacional: a favor, en contra o con los pies. Lo que sucede es que como no hay abstención, uno puede votar estando en la sesión o retirándose de Sala y en esa ocasión me fui porque, francamente, después de escuchar treinta años el debate en el país y todas las campanas, no sabía qué era lo correcto: si correr los feriados o dejarlos como algo inamovible en aras del respeto que nos merecen cada uno de los acontecimientos que se conmemoran. A mi juicio, no se puede encarar este tema por el lado -aclaro que esto lo digo con el mayor respeto- de la mistificación o sacramentalización de determinadas fechas. Estoy seguro de que los autores del proyecto original no son ni más ni menos artiguistas que nadie. Acá se manejan los argumentos de quienes están a favor del corrimiento de los feriados, que son los que correctamente expuso el señor Senador Fau. Entiendo que se podrá estar a favor o en contra de ellos, pero no creo que pase por allí el respeto a nuestro Prócer. Estos son los argumentos que me llevaron a oponerme siempre al corrimiento de los feriados. Yo podría sostener que los Treinta y Tres Orientales desembarcaron el 19 de abril y no otro día. Lo que dice el señor Senador Fau con respecto a los feriados viene al caso, porque siempre en el Uruguay se ha hablado de la excesiva cantidad de feriados, cuando considero que esto es así. Aquí existen feriados que a veces son difíciles de explicar para muchos de nosotros, tal vez los que somos medio conservadores. Por ejemplo, el 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza; por suerte ese día ganamos la Batalla de Sarandí, porque yo siempre festejé esta Batalla. Quiero decir, con el mayor respeto que no creo que tenga que existir -más allá y con el único argumento que lo acepto es con el de facilitar el homenaje a los seres queridos que no están- un día en el almanaque para recordar a los muertos, porque a los muertos se los recuerda todos los días y no uno sólo. Pero, puedo aceptar que estableciendo esta fecha del 2 de noviembre como feriado facilitamos ese recuerdo o ese homenaje a los seres queridos. Respecto a este tema, reitero, he tenido una evolución que va desde oponerme tajantemente a los feriados corribles a esta posición de hacerle caso a las dos bibliotecas y no ser el fiel de la balanza. Hay argumentos -que son los que hemos sostenido siempre- para que se respeten las fechas y hay otros que ha expuesto con brillantez el señor Senador Fau para que, en algunos casos, se proceda al corrimiento, más en momentos de recesión -no sólo en el Uruguay sino en el mundo entero- y de una búsqueda ansiosa por parte de todos, de las mayores facilidades. Para que el aparato económico del país tenga algún aliciente.

Por lo tanto, más allá de la propuesta del señor Senador Pereyra, que respeto, que he leído con mucha atención y me he deleitado con su exposición de motivos y de los argumentos que ha manejado el señor Senador Fau, una vez más voy a abstenerme. En este sentido, recuerdo una anécdota que me contó el entonces señor Senador Bergstein -creo que la mencionó en Sala- justificando las abstenciones. En Israel se había producido un pleito entre dos ciudadanos judíos, porque uno de ellos había plantado un árbol y las ramas pasaban la cerca y daban al terreno del otro. Los dos tenían argumentos que iban desde lo político a lo filosófico, a lo histórico y a lo religioso. Uno los utilizaba para sostener que el árbol tenía que seguir y el otro, para sacarlo. El propietario del árbol decía que era una forma de mostrar su arraigo a la tierra prometida y otras cosas. El que quería que sacaran el árbol venía de un país donde los judíos eran perseguidos y no quería que entre él y el horizonte se interpusiera nada. El rabino le dijo al primero que tenía razón y luego de escuchar al segundo, le dijo lo mismo. Entonces, la esposa le dijo: "Tú estás loco, ¡cómo vas a dar la razón a los dos al mismo tiempo!". Ante esto, el rabino contestó: "¿Sabes una cosa, querida? Tú también tienes razón." Hay veces que todos tienen razón.

Pido disculpas al Partido Nacional porque lo de nacionalismo no es patrimonio exclusivo de los blancos. Tal vez, con un criterio muy nacionalista o, si se quiere, muy conservador, en principio -y lo digo con total sinceridad- no soy partidario de correr ningún feriado. Con el correr del tiempo, argumentos de peso me hicieron , por lo menos, no oponerme, en la pasada Legislatura, al proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, presentado por el entonces diputado Yamandú Fau. Además, reconozco que funcionó bien, porque este corrimiento hacia los días lunes y no hacia los viernes dio resultado en las Termas, en Salto y Paysandú, en Colonia, en Maldonado y en Rivera.

Y esas son las razones por las cuales depusimos, en parte, nuestra actitud tajante en contra del corrimiento de los feriados; por lo menos, no votamos negativamente la iniciativa, aunque tampoco a favor.

Por último, quiero hacer referencia al tema del turismo interno, del que aquí se ha hablado. Me recordaba el señor Senador Korzeniak que en la Legislatura que comenzó en el año 1990, algunos señores Senadores -entre quienes se encontraban el arquitecto Arana y el ya mencionado señor Senador, que ayudó bastante con sus conocimientos jurídicos- propusieron algunas normas -no recuerdo si se concretaron en ley- tendientes a favorecer el turismo interno. O sea que este tema del turismo interno y de que el Senado procure soluciones, no es algo nuevo. Recuerdo así, muy de memoria, que se proponía dar días y compensaciones extras a los trabajadores que comprobasen que tomaban su licencia realizando turismo dentro del país. A su vez, se dejaba el régimen normal para aquellos que, con legítimo derecho, se iban del país. Era una forma que se nos ocurrió en aquel momento, más allá de las diferencias políticas, para incentivar el turismo interno.

Reitero, señor Presidente, simplemente para ser coherente conmigo mismo, que a esto me opuse siempre. En el período pasado, convencido a medias por la biblioteca que hablaba de la conveniencia de correr los feriados para los días lunes, por lo menos no voté en contra. Es la actitud que hoy voy a asumir, es decir, no votaré en contra ni a favor. Personalmente, al menos, me siguen pesando muchísimo las tradiciones, además del hecho de que, llevado a la práctica, este sistema ha funcionado bien y, de alguna forma, ha cooperado para que determinados sectores regionales del aparato económico del Uruguay tengan algún aliciente, sobre todo fuera de temporada.

Muchas gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Tiene la palabra el señor Senador .

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: no deseo ingresar a una polémica mayor sobre este tema, acerca del cual es dable apreciar y valorar muy debidamente los distintos argumentos que han sido vertidos a favor y en contra; me refiero, obviamente, a las diferentes posiciones que se pueden sustentar en relación con el mismo.

Por nuestra parte, estamos convencidos de que la Ley Nº 16.805, que fuera oportunamente sancionada, es un buen instrumento que ha servido a los propósitos que la inspiraron en el marco del desarrollo del turismo y de la economía del país, al establecer la movilidad de muchos de los feriados que antes tenían carácter inamovible. Somos conscientes también de que la labor parlamentaria reposa fundamentalmente en el esfuerzo y el trabajo de las Comisiones que procuran llevar adelante su tarea. Pero, lo digo con toda franqueza, estoy de acuerdo con el proyecto de ley propuesto por el señor Senador Pereyra; me parece que la fecha del nacimiento del Prócer es de gran significación, por lo que debería permanecer fija el propio día de su festejo, porque el nacimiento del héroe de los orientales se produjo un 19 de junio, y no el 20, el 23 o el 25, como se ha argumentado aquí, en Sala.

Sin embargo, con todo respeto, expreso que no estoy de acuerdo con el resultado al que arribó la Comisión en lo que hace al hecho de dejar inamovible o, mejor dicho, incorporar la fecha del 19 de junio al régimen de inamovilidad y pasar a la categoría de movibles los feriados de los días 18 de julio y 25 de agosto. Mi argumentación es simple; si determinamos que conmemoraciones como la de la Independencia Nacional y otras de esa importancia tengan el carácter de movibles, no tendría mayor fundamentación la decisión de dejar otras como inamovibles. En definitiva, las valoraciones que cada una de las fechas -o los eventos- está marcando, de acuerdo con la importancia del acontecimiento, me llevan a sostener que si en el país se pierde la inamovilidad de la fecha del 25 de agosto, con el mismo criterio habría que dejar sin efecto, también, la inamovilidad de los restantes feriados que puedan mencionarse en el marco del objeto de esta discusión. Repito que digo esto con todo respeto. Reitero también que tengo el más firme convencimiento de que la Ley Nº 16.805 ha funcionado muy bien, ha servido y ha sido un instrumento útil y benéfico para el país.

En definitiva, estoy de acuerdo con el proyecto de ley presentado por el señor Senador Pereyra, pero no estaría en condiciones de acompañar la movilidad de los feriados correspondientes a los días 18 de julio y 25 de agosto.

Muchas gracias.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- En Secretaría obra lo que sería la propuesta del artículo proyectado, ya que el acuerdo que se logró en el día de hoy fue de carácter verbal. No obstante, se hizo llegar al señor Secretario el texto que tendrían los artículos, en función de lo conversado.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Es obvio que esta mañana, en la Comisión, sostuvimos nuestro proyecto referido exclusivamente al día del nacimiento de Artigas. Sin embargo, vista la argumentación de otros miembros de la Comisión y antes de que el proyecto naufragara, aceptamos esta transacción. Por lo tanto, vamos a votar lo resuelto por dicha Comisión. Pero advierto -dadas las expresiones que han formulado algunos señores Senadores- que en el caso de que la votación resulte negativa, insistiremos en que se tome la votación sobre el proyecto inicial, ya que hay un grupo de Senadores que han manifestado su aquiescencia con el mismo.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Dése lectura por Secretaría del texto del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 16.805 del 24 de diciembre de 1996, por el siguiente: `Artículo 2º.- Quedan exceptuados de este régimen los feriados de Carnaval y Semana de Turismo y los correspondientes al 1º y 6 de enero, 1º de mayo, 19 de junio y 25 de diciembre, los que se continuarán observando en el día de la semana en que ocurrieren, cualquiera fuere el mismo.'

Artículo 2º.- Al restablecerse la condición de feriado para el día 19 de junio el Poder Ejecutivo y los organismos rectores de la enseñanza pública dispondrán la realización de actos destinados no sólo a la evocación del héroe Gral. don José Artigas, sino a destacar la trascendencia de sus ideales hasta su inserción en el mundo de hoy."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo lº.

SEÑOR PEREYRA.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción
formulada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º .

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1°.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 2°.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 16.805 de 24 de diciembre de 1996 por el siguiente:

`ARTICULO 2º. - Quedan exceptuados de este régimen los feriados de Carnaval y Semana de Turismo y los correspondientes al 1º y 6 de enero, 1º de mayo, 19 de junio y 25 de diciembre, los que se continuarán observando en el día de la semana en que ocurrieren, cualquiera fuere el mismo'.

Art. 2º. - Al restablecerse la condición de feriado para el día 19 de junio el Poder Ejecutivo y los organismos rectores de la enseñanza pública dispondrán la realización de actos destinados no sólo a la evocación del héroe General don José Artigas, sino a destacar la trascendencia de sus ideales hasta su inserción en el mundo de hoy.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 4 de julio de 2000.

Luis Hierro López Presidente
Mario Farachio Secretario."

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: al final de la votación quiero dejar sentado que he votado negativamente no por no incorporar el 19 de junio como uno de los feriados inamovibles, sino por sacar el 18 de julio y el 25 de agosto, lo que, sinceramente, me parece un error.

No obstante, dejo también constancia de que me anima el propósito que llevó adelante el proyecto inicial en el sentido de que tanto el tema de la familia como el del turismo puedan tener su potenciación a través de estos mecanismos.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: nosotros estábamos de acuerdo y acompañamos el proyecto del señor Senador Pereyra en el sentido de incorporar el 19 de junio, continuando una postura que tuvimos en la Legislatura anterior en ocasión de que se tratara la inamovilidad de los distintos feriados. Sin embargo, en la mañana de hoy los Senadores del Encuentro Progresista - Frente Amplio que participamos de la Comisión de Educación y Cultura llegamos a un acuerdo, al cual nos atuvimos en la discusión del Plenario y acompañamos las modificaciones que habían sido parte de esa discusión y también de esa negociación.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Reinaldo Gargano).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: hemos votado negativamente por las razones vertidas anteriormente y no por el motivo de estar en contra de la iniciativa del señor Senador Pereyra.

Nosotros estábamos de acuerdo en incorporar el 19 de junio como una fecha inamovible debido a todas las razones históricas y a las connotaciones que este feriado tiene para la sociedad uruguaya; sin embargo, me parece que es un grave error declarar la movilidad de los feriados, fundamentalmente del 25 de agosto, fecha de la Declaratoria de la Independencia Nacional, porque a partir de esa movilidad tendrían que caer los restantes feriados que han quedado en régimen de inamovibles.

Esa es mi opinión, aunque por supuesto respeto la de los distintos señores Senadores que votaron en sentido contrario.

(Ocupa la Presidencia el señor Presidente del Senado, don Luis Hierro López)

16) ACTIVIDAD LABORAL DEL DISCAPACITADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se autoriza la compatibilidad entre la actividad del discapacitado, en cualquier forma pública o privada y la jubilación, con la pensión o subsidio por discapacidad, siempre que el grado de discapacidad no sea inferior al 40%. (Carp. Nº 117/00 - Rep. Nº 47/00)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 117/00
Rep. Nº 47/00

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - A partir de la fecha de la presente ley queda autorizada la compatibilidad entre la actividad del discapacitado, en cualquier forma pública o privada y la jubilación, con la pensión o subsidio por discapacidad, siempre que el grado de discapacidad no sea inferior al 40% (cuarenta por ciento).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 4 de abril de 2000.

Washington Abdala Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

Comisión de
Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Seguridad Social ha considerado y aprobado en su seno, el proyecto de ley por el que se compatibiliza la actividad laboral del discapacitado con la jubilación, pensión o subsidio por discapacidad.

El artículo 8º de la Constitución de la República establece que todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.

La referencia del texto constitucional ordena, claramente, un trato igualitario por parte de la ley. En tal sentido, determina un trato diferente para personas distintas.

De acuerdo a este criterio, se han ido dictando normas que amparan a personas con discapacidad, lo que permitiría ir abriendo caminos para su participación en una efectiva convivencia social.

El 7 de diciembre de 1999 la Comisión Intersocial sobre Discapacidad, Inserción Laboral y Seguridad Social (COMINT) reunió en el Palacio Legislativo a diversas organizaciones que se ocupan del tema y a los legisladores de los cuatro partidos con representación parlamentaria, para analizar la abolición de la actual incompatibilidad entre las prestaciones por incapacidad y el trabajo.

Todos los presentes aportaron o compartieron razones a favor de esa derogación, hecho que se mantuvo presente en vuestra Comisión y que aspiramos se mantenga en la totalidad de integrantes de esta Legislatura.

Se destacó especialmente que la incompatibilidad impide alcanzar un objetivo esencial: la reinserción de los discapacitados en la sociedad.

Las pensiones, notoriamente insuficientes en su monto, están en una cifra fija, que no supera los $ 1.900, y la exigencia de que para beneficiarse de la pensión los ingresos del grupo familiar no pueden sobrepasar el monto de tres salarios mínimos $ 3.180, no sólo impiden la reinserción del discapacitado en la sociedad, sino que lo obligan a permanecer marginado o a trabajar "en negro" (clandestinamente) facilitándose así la explotación. Se entiende que el salario obtenido por el discapacitado no será tenido en cuenta a los efectos de establecer el monto total de los ingresos del núcleo familiar, en relación al tope legal de tres salarios mínimos.

La posibilidad de que el discapacitado pueda recibir la pensión -que significa una ayuda para gastos de transporte, mutualistas, órdenes médicas y poco más- y, a al vez obtener un trabajo, no sólo beneficiará desde el punto de vista personal sino que significará asimismo un avance en la equiparación de posibilidades.

En efecto, mantener ambos derechos abrirá caminos para compensar una situación de desventaja.

Será imprescindible, además, tomar en cuenta y aplicar las leyes vigentes y los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo aprobados por Uruguay, sobre readaptación profesional y empleo de personas inválidas. El artículo 28 de la Recomendación 99, por ejemplo, establece que deberían tomarse medidas en estrecha colaboración con las organizaciones de empleadores y de los trabajadores, para aumentar al máximo las oportunidades de empleo para los discapacitados.

Según el Convenio Nº 59 de la OIT, que trata de la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, "se entiende por inválida toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o menta debidamente reconocida".

Don Luis Reguera, miembro del Servicio de Rehabilitación Profesional de la OIT, explica que no debe perderse de vista "este concepto de persona discapacitada en función del empleo, porque es esta relación la que marcará la pauta de todas las actuaciones sucesivas -orientación profesional, formación profesional y colocación selectiva, fundamentalmente- que componen el proceso de la rehabilitación profesional".

De acuerdo a lo expuesto, esta Comisión recomienda al Cuerpo la sanción de este proyecto, ya que la absolución de la incompatibilidad entre la prestación por discapacidad y el trabajo público o privado, es un paso importante que redunda en definitiva en propender un trato igualitario y una mejor calidad de vida a muchos ciudadanos de este país.

Sala de la Comisión, 22 de marzo de 2000.

Daniel Peña (Miembro Informante), José Luis Blasina, Gustavo Silveira".

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En consideración.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: queremos formular moción en el sentido de que este punto vuelva a Comisión a los efectos de escuchar la opinión de las autoridades del Banco de Previsión Social que así lo han solicitado. Estamos en condiciones de informar al Senado que el señor Presidente de ese organismo estaría dispuesto a concurrir en el momento en que la Comisión lo reciba. En tal sentido, creo que es oportuno incorporar los elementos necesarios a fin de pulir un proyecto de ley que todos aspiramos pueda ser tratado con la mayor información.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa recuerda que la moción de orden tiene discusión.

Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: este es un proyecto que tuvo su discusión en la Cámara de Representantes y que ingresó en la Legislatura pasada en diciembre de 1998 a través de dicha Cámara. Permaneció allí un año en el orden del día y fue aprobado por unanimidad como nueva iniciativa en esta Legislatura. Ello no obliga ni determina, naturalmente, la actitud que debe tener la Cámara de Senadores, pero sí existió una voluntad unánime en la Comisión de Asunto Laborales y Seguridad Social donde están representados absolutamente todos los lemas de este Parlamento, en el sentido de dar un rápido tratamiento y aprobarlo dejando sentados incluso algunos aspectos, pero sin introducir modificaciones. En ese sentido es que se eleva al Cuerpo por parte de la Comisión con el acuerdo y el beneplácito, diría, de todos sus integrantes, y con la disposición de que se apruebe rápidamente por la justicia, las características y por el estudio que había recibido.

Nosotros preferimos que el proyecto se trate y se discuta como estaba previsto. También es verdad que muchas veces hemos reclamado que cuando un partido político solicita que un tema se trate con mayor detenimiento y que se escuchen otras voces con respecto a un proyecto de ley, se lo acompañe en su solicitud. De hecho, en el día hoy nos propusieron la postergación de la consideración de este punto y su retorno a la Comisión para invitar al Directorio del Banco de Previsión Social que, dicho sea de paso, ya ha sido convocado para analizar otros temas a la brevedad. Tratando de ser coherentes con lo que decimos y con lo que reclamamos cuando pedimos que se nos tenga en cuenta con respecto a solicitudes de nuestra fuerza política para estudiar un tema en mayor profundidad, también entendemos que si una fuerza política -en este caso el Partido Colorado- solicita una semana más -que es lo que nos expresó el coordinador de la Bancada- para un tratamiento con más elementos, realmente nos sentimos tentados a conceder ese pedido independientemente de que han existido ocasiones en que no hemos sido tratados de la misma manera.

Realmente lamentamos que el proyecto no se apruebe hoy porque es de estricta justicia y abarca a un conjunto de personas que, si bien es reducido, es lo suficientemente grande como para que la sociedad se sienta sensibilizada y este Parlamento no demore tres años en considerar el tema ni necesite tres años para que el propio Directorio del Banco de Previsión Social comprenda la situación y venga a opinar sobre el contenido de la iniciativa. En ese sentido, entonces, tenemos una duda muy grande, pero nos vamos a inclinar por un tratamiento parlamentario como el que reclamamos tantas veces frente a otros temas de enorme trascendencia para la vida del país.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: nosotros no vamos a votar el pase a Comisión porque, independientemente de que el Presidente del Banco de Previsión Social haya planteado a algún legislador que quiere ser escuchado, parece lógico que queramos saber cuál es su inquietud. Nosotros no le vemos a este proyecto ningún inconveniente. Es un proyecto planteado por el Partido Nacional en ambas Cámaras a tal punto que casi votamos o elevamos el que estaba en el Senado, sin tener en cuenta que en ese momento ya había sido votado en la Cámara de Representantes y tenía media sanción.

Además, va en la buena línea. ¿Cuál es la buena línea? Antes, señor Presidente, a una persona que tenía un grado alto de discapacidad se le daba una pensión y no se le permitía trabajar, porque como estaba discapacitado y percibía una pensión, lo que se buscaba era que no perjudicara a los otros que estaban en el mercado de trabajo.

Las nuevas teorías, señor Presidente, las más modernas, apuntan a no discriminar y toman la pensión como un elemento para igualar a los que son desiguales. En este caso, a quienes tuvieran una discapacidad superior al 40% se les permitiría trabajar. A su vez, el tema de los topes va por otra vía. Lo que nosotros queremos significar es que no se debe discriminar a los que tienen una discapacidad inferior al 40%. La idea es que no se los recluya en su casa y que puedan salir al mercado laboral. En general, perciben bajos salarios y trabajan en lugares en los que no permanecen en forma sostenida durante mucho tiempo. Estamos tratando de ayudarlos a que se incorporen a la vida social y económica del país y no queden recluidos y discriminados en sus casas.

No veo ningún inconveniente para no votar este proyecto de ley ni se nos ha trasmitido una razón poderosa para postergarlo. En principio, como este proyecto de ley está tratando de arreglar temas que hoy son una realidad -hoy por hoy una persona discapacitada puede acceder a un trabajo y no lo toma porque eso le implicaría perder la pensión, o trabaja "en negro" y está luchando para no ser discriminado por la sociedad- me parece que no ameritaría ninguna postergación.

Reitero que el proyecto no fue elaborado por nosotros, sino que lo presentó el Partido Nacional en ambas Cámaras y hasta podríamos hacer que se votara acá y, al mismo tiempo, en la Cámara de Representantes, por lo que habría dos proyectos con media sanción. Los proyectos de ley no son idénticos, porque el de la Cámara de Representantes tuvo un pequeño agregado.

Repito que considero que no se debe postergar el tema pero, naturalmente, la mayoría es la que decide.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- En primer lugar, para que no quepan dudas, saludo el espíritu que anima a esta iniciativa. En el año 1997 nosotros remitimos al Poder Ejecutivo un proyecto de ley un poco distinto, ya que en este caso no entiendo ni comparto la limitante del 40 % de discapacidad. En el proyecto que enviamos al Poder Ejecutivo se modificaba el inciso segundo del artículo 43 de la Ley Nº 16.713, a los efectos de no castigar indirectamente y sin querer a uno de los logros más importantes de la sociedad uruguaya que era insertar en el mercado laboral a una persona con capacidad diferente.

¿Por qué utilizamos el mecanismo de enviarlo al Poder Ejecutivo? Aclaro que el proyecto que redactamos en aquel momento tuvo el asesoramiento del Banco de Previsión Social. Porque en esta materia, según el inciso segundo del artículo 86, la iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo. Estoy seguro de que si conversamos con el Banco de Previsión Social, es muy probable que éste haga suyo este proyecto de ley o alguna herramienta similar y lo envíe al Parlamento. De otra manera, estaríamos transitando por un andarivel muy engorroso y aunque el Poder Ejecutivo comparta la iniciativa o por lo menos el espíritu que la anima, se vería en la obligación de vetar. Si no vetara porque comparte, sentaría un muy mal precedente.

Por las razones expuestas, reitero que saludo la iniciativa y me gustaría que el proyecto volviera a Comisión para introducirle alguna modificación, ya que no comparto el 40% de discapacidad que se ha planteado.

Insisto en que nosotros habíamos presentado una iniciativa que iba en el mismo sentido. Me parece que, según el inciso segundo del artículo 86, esto requiere iniciativa del Poder Ejecutivo y creo que a eso apunta el interés del Banco de Previsión Social de ser escuchado. Repito que nosotros fuimos asesorados por el Banco de Previsión Social al elaborar este proyecto de ley. El artículo a que hice mención es el relativo a las pensiones a la vejez que por una ley posterior se extendió a las personas con capacidad diferente. Allí fue donde, sin querer, se cometió una injusticia, no en el momento de hacer la extensión, sino un tiempo después porque afortunadamente la enseñanza en materia de personas con capacidad diferente ha evolucionado de manera muy favorable y lo que antes era impensable, es decir, insertarlos en el mercado laboral, ahora se da. Sin quererlo, una antigua ley terminaba convirtiendo en derrota económica lo que era una gran victoria de toda la sociedad uruguaya desde el punto de vista moral o espiritual: la inserción de una persona con capacidad diferente en el mercado laboral.

Estoy casi convencido de que el Banco de Previsión Social quiere ser escuchado para salvar esta objeción constitucional, hacer suya esta iniciativa -con esta redacción o tal vez con otra- y remitir el proyecto al Poder Ejecutivo. Estoy seguro de que entonces contará con la unanimidad de los legisladores de ambas Cámaras y no pondremos al Poder Ejecutivo en la violencia de tener que vetar algo con lo que está de acuerdo pero que por imperio constitucional debe ser vetado.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: por supuesto que uno agradece las cortesías parlamentarias pero, en rigor, creo que aquí hay dos temas. El artículo 195 de la Constitución establece que compete al Banco de Previsión Social coordinar los servicios de previsión social. Nos encontramos ante un caso típico de coordinación, porque lo que se quiere discutir acá no es si la persona de capacidad diferente puede trabajar o no, ya que siempre puede hacerlo, sino si, además, se le va a seguir dando una prestación con cargo a la previsión social. Esa persona no tiene prohibido trabajar. La ley establece que no se le va a seguir otorgando la prestación. La misma situación se plantea para quien ha optado por una jubilación y desea volver a trabajar.

Por lo tanto, señor Presidente, me parece que es de orden escuchar al Banco de Previsión Social y analizar finamente, como lo acaba de señalar el señor Senador Millor, el tema de si esto requiere o no iniciativa del Poder Ejecutivo, dado que estamos modificando la causal por la cual se extienden estos beneficios cuando estamos en el régimen de IBS. No ocurre lo mismo si nos encontramos en un caso de seguro por accidente u otro tipo de prestaciones, aun privadas, a que el proyecto también refiere.

Esto no significa que no estemos todos abiertos a considerar la particular situación de estos ciudadanos, a quienes la vida ha planteado una difícil prueba a superar y no implica falta de sensibilidad. Sin embargo, sí debemos hilar fino y escuchar primero. Francamente, no sé cuántas personas están incluidas en el 40%, ni por qué se estableció ese porcentaje y no el 30%, el 50%, el 100% o el 20%. Me parece que tenemos que ser informados. Por la voluntad, la curiosidad o la ignorancia, al menos de quien habla, me gustaría que se me ilustrara.

SEÑOR CARMINATTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARMINATTI.- Señor Presidente: quiero expresar en el seno de este Cuerpo que en Comisión voté este artículo del proyecto de ley que me parece absolutamente justo, porque trata un tema relacionado con un sector de la sociedad que realmente está desatendido por el Estado y siento que está bastante desamparado. Tengo la suerte de no tener en mi familia ningún discapacitado. El arquitecto Dios me a ha dado esa bendición, pero tengo el dolor de compartir con muchas familias la problemática que acarrea y el sufrimiento que supone un discapacitado.

Veo que el país habla mucho de esto, pero -voy a decir algo doloroso- hace muy poco y del dicho al hecho hay un gran trecho.

Naturalmente, voy a votar a favor de que este proyecto de ley vuelva a Comisión y lo voy a hacer por varias razones: en principio, porque soy un hombre que tiene que atender el planteamiento de su Bancada -no estoy aquí por casualidad, sino que estoy representando un partido-; en segundo lugar, porque si el Banco de Previsión Social solicita que escuchemos su opinión, me parece que sería habilidoso y estratégico hacerlo. ¿Por qué? Porque es el Banco de Previsión Social y porque es por decreto que se regulan los porcentajes de las pensiones por discapacidad.

Entiendo que algún día el tema de las discapacidades y la fijación de los conceptos deberá ser materia de ley y no de decreto. Digo esto porque este es un punto muy opinable y personalmente también he apreciado muchas injusticias. Por lo tanto, es conveniente que mantengamos un buen relacionamiento en este tema con el Banco de Previsión Social porque, de lo contrario, por la vía de una reglamentación se podría desvirtuar el propósito y la intención que tuvimos.

Por otro lado, debo decir que comparto lo expresado por la señora Senadora Arismendi y su dolor, pues fui yo el que trasmití la posición de mi Bancada. Desde ya asumo el compromiso de que el representante del Directorio o el Presidente del Banco de Previsión Social concurran a la Comisión en un breve plazo -hemos hablado de una semana- pero estoy convencido de que este proyecto volverá al Senado en la próxima semana. Tal vez en la última sesión podamos votar un proyecto de ley que ojalá sea mejorado en beneficio de los discapacitados.

Muchas gracias.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Quiero ser categórico en mis primeras palabras: no voy a votar el retorno de este proyecto de ley a Comisión, y lo digo con todo respeto por las opiniones que se han vertido. No voy a votar el pase nuevamente a Comisión de este proyecto para que quede bien claro desde ya cuál es mi pensamiento.

Por supuesto, no voy a entrar en el análisis que han hecho personas que saben más que yo sobre si esta situación es inconstitucional o no. En lo personal, no creo que lo sea. Sin embargo, como Legislador, digo claramente -tal como lo hizo si no me equivoco también el señor Senador Michelini- que cuando tenemos que analizar en Comisión un proyecto de ley y le doy mi apoyo, lo hago con absoluta conciencia y claridad de lo que estoy asumiendo. Precisamente, cuando he apoyado una iniciativa, no me gusta que en el Plenario se plantee, por ejemplo, que el Banco de Previsión Social pedía ser escuchado y no se dieran argumentos claros para establecer por qué una iniciativa tenía que volver a Comisión sin puntualizar si había un error determinado. El hecho de que en este momento se plantee que el Banco de Previsión Social ha solicitado ser oído, me lleva a preguntarme qué ha estado haciendo esta institución hasta ahora. Digo esto porque este proyecto de ley hace varios años que estaba a consideración de la Cámara de Representantes. Ha sido votado en aquella Cámara pero me pregunto, si ha quedado constancia de que el Banco de Previsión Social haya manifestado algo en contra de esta iniciativa. Por el contrario, tengo información de que en el trámite llevado adelante en la Cámara de Representantes el Banco de Previsión Social fue consultado y no expresó objeciones al respecto.

Por lo tanto, sin entrar a profundizar si este tema es constitucional o no, reitero que en lo personal entiendo que lo es, porque lo único que podría ser violatorio de la Constitución sería que propusiéramos algunas modificaciones en las pensiones. Pero ese punto no está contenido en esta iniciativa y, por el contrario, lo que se está planteando es que se les permita trabajar a aquellas personas -estos seres desgraciados frente a las dificultades de la vida- que ya tienen una pensión concedida, que no lo pueden hacer actualmente debido a que cobran una mísera pensión. Más aun, incluimos el condicionamiento de lo dificilísimo que es obtener una pensión por incapacidad, pues los procedimientos del Banco de Previsión Social son totalmente contrarios a todo lo que pueda ser justicia social. Precisamente, la obtención de una pensión es dictaminada por el sistema médico de esa institución que, generalmente, lo hace cuando la persona tiene una incapacidad que raya en la locura o en la idiotez total. Solamente en esas situaciones se les reconoce una incapacidad y, además, la persona tiene que ser de una pobreza generalizada a toda la familia, hasta el segundo o tercer grado, como para que ese ciudadano no pueda recibir absolutamente nada de ella.

El régimen de injusticia que tienen las pensiones del Banco de Previsión Social es absoluto, pero nosotros no planteamos ninguna modificación. Proponemos que ese ser infeliz, que ha logrado en una lucha desigual se le conceda una pensión, en el caso de que obtenga un trabajo, lo pueda aceptar, sin el peligro de que le retiren la pensión.

En consecuencia, voy a votar en contra del pase a Comisión porque estoy convencido de la justicia de este proyecto de ley. Por lo tanto, no quiero tener ningún sentimiento espiritual de que he hecho algún acto que pueda ser contrario al cumplimiento de esta justicia social, como la de amparar a estos seres tan desprovistos de todo en la vida.

En síntesis, voy a votar negativamente el pase a Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada en el sentido de que el proyecto de ley vuelva a Comisión.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: he votado por la afirmativa exclusivamente porque en nombre de una Bancada se ha solicitado el pase a Comisión, y entiendo que debía hacerlo por razones de cortesía parlamentaria, aunque no siempre es correspondido de la misma manera.

Por otra parte, quiero anunciar -es un anuncio, pero lo voy a cumplir- que si la próxima semana el proyecto de ley no está de nuevo en el Plenario, pediremos que se distribuya y se trate como urgente, con o sin informe de la Comisión.

17) SEÑORAS ROSARIO GANDOS CARAVIA Y MERCEDES AMARILLA DE GUANI. PENSIONES GRACIABLES.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el quinto punto del orden del día: "Discusión particular de los proyectos de comunicación al Ministerio de Educación y Cultura solicitando el envío de proyectos de ley proponiendo una pensión graciable para: a) la señora Rosario Gandós Caravia y b) la señora Mercedes Amarilla de Guani. (Carp Nº 108/2000 - Rep Nº 42/2000 y Carp Nº 119/2000 - Rep Nº 43/2000)."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 108/2000
Rep. N° 42/2000

Montevideo, 3 de abril de 2000.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López

PRESENTE

Solicito dé curso a la siguiente MINUTA DE COMUNICACIÓN dirigida al MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

1) La Sra. Rosario Gandós Caravia padece desde hace años una severa paraplejia que le imposibilita mantener una actividad normal.

2) La mencionada Sra. es hija del Pintor Nacional Eduardo Gandós, fallecido en el año 1986, quien desarrolló una extensa y rica actividad tanto a nivel nacional como internacional y que prestigió y dejó bien en alto los valores artísticos y culturales de nuestro país.

3) En función de lo anterior, solicito al Ministerio de Educación y Cultura que impulse y gestione, de acuerdo a la normativa vigente, una PENSION GRACIABLE para la Sra. Rosario Gandós Caravia.

4) Adjunto a esta, informe médico sobre el estado de salud de la mencionada ciudadana y una cronología detallada de la actividad artística del Pintor Nacional Eduardo Gandós.

Saludo a Ud. atentamente

Reinaldo Gargano. Senador.

CRONOLOGIA DE ACTIVIDADES DE:

Eduardo Gandós.

Lugar y fecha de nacimiento: Montevideo, 1° de Enero de 1921.

Fecha de fallecimiento: 11 de enero de 1986.

Profesión: Artista Pintor.

1935- Estudia dibujo con el maestro académico italiano Parissi.

1940- Estudia en el Taller Torres García.

1942- Dibuja en el taller del Maestro José Gurvich.

1943- Dibujo y escultura con Nerses Ounanián.

1956- Se traslada a Europa. Becado en España: Academia San Fernando de Madrid.

1958- Invitado a Roma a la Academia Di Restauro. Asiste en la restauración de una obra de Piero de la Francesca.

1959- Becado en Bonn. Realiza estudios sobre pintura expresionista alemana.

1960- Se traslada a París. Estudia en Le Grand Chaumiere; pintura y escultura con el Maestro Zadkine.

1961- Expone en la galería "Mouff" en forma permanente.

1962- Expone en la galería "La Hune" junto a Calder, Friendlander y Corneille, entre otros.

1962- Expone en la galería "Haute Feuille" con los pintores Vilfaure y Bertini premiados en la Bienal de París.

1962- Jurado y expositor en el 1er. Salón de Arte Latino Americano, Museo de Arte Moderno de París.

1962- En el mismo Salón y oportunidad, expone con Matta, Tamayo y el grupo Cinético de París.

1963- Expone en la galería de France con Zao-Wow-Ki.

1964- Expone en la galería "Du Fleuve" en dos muestras colectivas con los pintores Alechinky, Bertini, Hartung, Singer, etc. etc.

1964- Invitado por Pierre Cardin a participar en la inauguración del "Espacio Cardin".

1964- Regresa a Latino América. Expone en Buenos Aires: Galería Lirolay.

1964- Montevideo: pinturas y dibujos en Amigos del Arte.

1966- Exposición de pintura en Amigos del Arte-Montevideo.

1966- Expone en la galería "La Trastienda de la Cortada"-Buenos Aires.

1966- Realiza escenografía y vestuarios para el ballet "Nam" con música concreta: Estudio Auditorio-SODRE. Montevideo.

1967- Expone en la "Petite Galerie"-Río de Janeiro.

1969- Muestra de dibujos en Amigos del Arte-Montevideo.

1977- Exposición individual en la galería MTB Club de Golf-Montevideo.

1977- Exposición colectiva en la misma galería.

1982- Muestra retrospectiva en la Alianza Francesa.

1982 - 1983- Integra el grupo de pintores de la Alianza Francesa, realizando exposiciones colectivas.

Montevideo, 28 de noviembre de 1995.

Sres. Del Fondo Nacional de Recursos

Resumen de Historia Clínica

Paciente: Rosario GANDOS CARAVIA

Paciente de 40 años, con antecedentes patológicos de asma, tratada con B2 y Teofilina v/o, con cursos frecuentes, que el 21/4/95, sufre traumatismo indirecto de región torácica a nivel de su columna vertebral, instalando de inmediato una paraplejia - sensitivo motora, sensitiva completa a nivel T11.

Los estudios radiológicos y TAC mostraron luxofractura a nivel de T10 por flexión rotación con gran conminación del cuerpo y ocupación de casi todo el canal medular, se trata de una lesión por sección medular completa.

Se trató en forma ortopédica con corsé antigravitario.

Esta paciente necesita para realizar un correcto plan de rehabilitación, concurrir a un centro especializado para una correcta recuperación.

Dr. Carlos Rocca"

Carp. N° 119/2000
Rep. N° 43/2000

Montevideo, 11 de abril de 2000.

Señor

Presidente de la Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Solicito a usted dé curso a la minuta de comunicación que se adjunta, referente a la señora Mercedes Amarilla de Guani, dirigida al Ministerio de Educación y Cultura.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Reinaldo Gargano. Senador.

Montevideo, 11 de abril de 2000.

Señor Ministro de Educación y Cultura

Don Antonio Mercader

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con el fin de solicitarle se sirva tramitar una pensión graciable a favor de la señora Mercedes Amarilla de Guani, viuda del ex Embajador Alberto Guani, ya que la pensión que percibe en actualidad del Banco de Previsión Social no cubre sus mínimas necesidades básicas.

Sería de estricta justicia la adjudicación de la misma, puesto que su marido, cumpliendo una misión diplomática en la ciudad de La Paz, Bolivia, sufrió un grave deterioro de su salud, lo que motivó que los médicos aconsejaran su traslado a Montevideo ya que su organismo no podía resistir los cuatro mil metros de altura de esa ciudad.

El señor Ministro de Relaciones Exteriores en ese momento se comprometió a cambiar su destino, lo que no hizo. Por tal motivo pidió la adscripción y regresó a Montevideo, donde fue mantenido sin asignársele otro destino diplomático hasta su fallecimiento.

Toda esa situación, obviamente, además de un desenlace doloroso que tuvo, dejó a su viuda en una situación económica más que difícil.

La situación del fallecido Embajador Guani es clara, sabiéndose que la ley que lo contemplaba no se aplicó en su caso: La misma establece un régimen máximo de permanencia en el exterior de cinco años. Esa situación vivida por este Embajador, como entenderá el señor Ministro, redujo su promedio salarial y, por ende el monto de la pensión que percibe su viuda la que, repetimos, es mínima y no cubre sus necesidades básicas.

Dada la trayectoria de este hombre dedicado desde la diplomacia a servir a nuestro país, con una intachable trayectoria dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, entiendo que es de estricta justicia acceder al pedido precedente.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Reinaldo Gargano. Senador"

- Léanse las minutas de comunicación.

(Se leen)

18) SEÑORA IRIS RENEE CRISCIO SOLER. Pensión graciable.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Tengo informes de que hay otros expedientes en Secretaría en igual forma que están para ser considerados, que quedaron pendientes en el Período anterior. Por ejemplo, me refiero a la Carpeta Nº 1518/99 correspondiente a la señora Iris Renée Criscio Soler, que tiene aprobación de la Comisión, pero el Mensaje del Poder Ejecutivo es de la Legislatura anterior. Esta Carpeta quedó sin tratar.

No sé si hay otros expedientes, pero éste fue aprobado en la Comisión, durante la Legislatura anterior y ha quedado radicado en la Secretaría, según me informan. Por tanto, sería necesario un nuevo Mensaje del Poder Ejecutivo. Entonces, ya que estamos tratando este tema, solicito que se agregue esta petición, junto con otras, en caso de que las hubiera.

SEÑOR PRESIDENTE.- Los informes que no han sido tratados hasta el final de la Legislatura, automáticamente son archivados. Para analizarlos nuevamente se necesita solicitar su desarchivo.

SEÑOR GARAT.- Entonces, señor Presidente, formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le solicito al señor Senador Garat que reitere el nombre de la persona.

SEÑOR GARAT.- Se llama Iris Renée Criscio Soler, Carpeta Nº 1518/99.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador Garat.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

19) SEÑORAS ROSARIO GANDOS CARAVIAY MERCEDES AMARILLA DE GUANI. Pensiones graciables.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la minuta de comunicación referida a la señora Rosario Gandós Caravia.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: voy a acompañar el pasaje de ésta y de otras minutas de comunicación. Señalo que lo hago porque no tengo el derecho -ni pienso hacerlo- de dudar acerca de la propuesta que cada Senador nos presenta en estos casos. Sin embargo, cuando estuvimos en el Ministerio de Educación y Cultura, tuvimos ocasión de ver que luego, fatalmente, se hace un expediente mediante el cual se determinan los extremos que se requieren en estos casos. De todos modos, el Ministerio tiene que proceder de esta manera antes de enviar el Mensaje.

Reitero que voy a votar en ese entendido porque, de lo contrario, estaría coartando completamente un sistema que ha sido aceptado por las organizaciones institucionales que se ocupan de este tema.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Vamos a acompañar esta solicitud, sobre todo, por una consideración especial a un colega, el señor Senador Gargano, que ha planteado este tema.

La minuta implica un pronunciamiento del Cuerpo. Es diferente cuando el Senado vota el envío de las palabras de un señor Senador a donde él lo solicite. Lo que hace el Senado es posibilitar que llegue tal planteamiento, pero el asunto de fondo lo comparte el Senador que hace la propuesta. Aquí estamos ante un pronunciamiento del Cuerpo, el cual se dirige al Poder Ejecutivo para solicitarle esa pensión graciable.

Confieso que muchas veces, conmovido por situaciones de naturaleza personal, olvidamos el sentido que tiene la pensión graciable. Esta ha sido establecida por ley para quien es el protagonista de los hechos que den mérito a la ayuda del Estado. En este caso pudo haberse planteado la pensión graciable para este artista pintor, Eduardo Gandós; pero la pensión graciable no fue pensada para su viuda, hijos o nietos. En el Ministerio de Educación y Cultura se presentan hasta bisnietos y tataranietos de personalidades que han hecho algún aporte en el país, solicitando el reconocimiento del Estado en función de lo que ha hecho su antepasado; pero este no es el sentido de la pensión graciable. Se trata de una distinción que hace el Estado, mediante la ayuda económica, a quien por sus condiciones o cualidades brinde un aporte al país, a su cultura, a la ciencia o al deporte. No es un sistema de previsión social, en el que queden comprendidos quienes tienen derecho a esos beneficios por las leyes jubilatorias.

En consecuencia, me hubiera gustado votar el pase de las palabras del señor Senador Gargano al Poder Ejecutivo. Seguramente, el señor Senador lo ha hecho con el convencimiento de la justicia de este planteamiento, pero entonces, votamos lo que termina siendo una minuta: es el Senado el que pide al Poder Ejecutivo que conceda una pensión graciable. Esto va mucho más allá; es el pronunciamiento de una rama del Parlamento sobre un tema de fondo, cuya iniciativa pertenece al Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, reitero que mi voto sólo se debe a una razón de cortesía hacia un señor Senador, pero no me parece buena práctica que cuando el pedido se formula para una persona que no ha sido la protagonista, el Senado haga suya esta inquietud, ya que no está en el sentido ni en el contenido de la ley de una pensión graciable.

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: conozco no un caso sino miles en los cuales el Estado, cuando un miembro de una determinada familia desaparece y ha prestado servicios reconocidos a la sociedad, le otorga a las personas que están casi en la indigencia o en una situación límite, la posibilidad de tener una compensación. Podría hablar de cada caso, pero no lo voy a hacer porque no es conveniente manejar nombres. No obstante, en esta ocasión hemos planteado el porqué. Me parece muy bien la puntualización del señor Senador García Costa quien, durante su mandato en el Ministerio de Educación y Cultura, envió muchas solicitudes de pensiones graciables para familiares de personas que prestaron servicios al país, tal como ahora lo estoy pidiendo. Esto ocurrió casi siempre, salvo algún caso de una persona longeva cuya situación económica estuviera comprometida y hubiera prestado ella misma servicios al país.

De modo que las objeciones planteadas por el señor Senador Fau no funcionan en este caso, ya que no es este el esquema con el cual hemos trabajado siempre. De todas maneras, hice mi planteo por escrito y pedí que el Cuerpo le remitiera al Poder Ejecutivo la expresión de la voluntad de que estudiara la posibilidad de que esta situación se revirtiera. El Poder Ejecutivo es el que puede hacerlo, no nosotros. Entonces, no podemos hablar de cortesías; se tiene que votar a favor o en contra. Si no hay votos suficientes para aprobarlo, nos vamos todos contentos por haber ejercido nuestra voluntad como legisladores. De modo que cortesías no: se comparte porque expreso muy claramente cuáles son las razones, o no. El Poder Ejecutivo resolverá luego lo que hace.

Este es un problema relativamente menor. No creo que esto amerite o, para expresarme con más justicia en el idioma castellano, dé mérito a un debate en el Senado.

SEÑOR FAU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Fau.

SEÑOR FAU.- Deseo hacer dos puntualizaciones.

En la Administración anterior, y mientras este Senador ocupó la titularidad del Ministerio de Educación y Cultura, éste fue el criterio que aplicamos con el señor Presidente de entonces. Recuerdo que tuve que comunicarle a varios de mis ex colegas, cuando se interesaban por pensiones graciables, si no estaban comprendidas dentro de este criterio -no digo que sea el correcto, sino el que manejamos- que sólo remitíamos al Parlamento aquellas que reconocieran a quien directamente hubiera configurado esa situación. Reconozco que hay antecedentes variados en la historia del país sobre el otorgamiento de pensiones graciables, pero en nuestro caso remitimos únicamente aquellas en que se destacaban esos aspectos.

Por otra parte, deseo indicarle al señor Senador Gargano que la cortesía es una actitud individual, una virtud -permítame calificarla así- que tenemos algunos seres humanos y que no se le quita por la voluntad de otra persona.

Reitero que voy a votar la propuesta del señor Senador Gargano por razones de cortesía; quiero ser cortés con él. Por lo tanto, como es el ejercicio de una voluntad personal que no está supeditado a que un Senador me permita ser cortés o no, reitero con entusiasmo y con alegría que por cortesía, por ser cortés con el señor Senador Gargano, es que voy a votar su minuta de comunicación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Se trata de un problema de procedimiento. No se puede confundir la conducta cortés que viene de corte y de forma de comportarse con un mecanismo de procedimiento.

Por mi parte señalé que en política no se actúa por cortesía, mientras que en el plano humano, sí. Uno puede ser cortés con un amigo, con un conocido, con una persona de su relación y hasta con un desconocido, pero aquí se actúa en función de una definición de carácter político. Esto es lo que quise decir. Desde luego, reconozco que en el caso del señor Senador Fau, él hace gala de esa cortesía en casi todas las sesiones de una forma extraordinaria, con un talento y hasta diría con una afectividad hacia los demás que es notoria, especialmente contra la gente del Frente Amplio porque, precisamente, es contra esa gente que usa esa cortesía.

Sin embargo, en este caso se trata de un problema de procedimiento. Sostuve que había que votar a favor o en contra y aquí no tiene demasiada importancia el tema de la cortesía o la bondad; es más, no funciona en este plano. Simplemente se trata de ver si es justo o no lo que está planteado y, por lo tanto, si se considera que es injusto, se vota en contra.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- No voy a referirme al tema de fondo porque después voy a opinar sobre él. Lo que quiero manifestar es que el día 5 de junio del año 2000, según consta en la versión taquigráfica Nº 6 de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, con un conjunto de Carpetas que elevamos al Plenario, figuran las Carpetas Nº 108/00 Gandós Caravia, Rosario y Nº 119/00 Amarilla de Guani, Mercedes, proyectos de pensiones graciables que fueron aprobados por dicha Comisión y, reitero, elevados, por lo que seguramente se encuentran en Secretaría.

Junto a éstas figuran las siguientes pensiones graciables: Galloza, Ruben; Loriente, Horacio E. ; Moretti, Julieta; Lindsay Carro de Sasía, Sheila Noelia Rita; Gómez de Olivera, María Olga y Piñeyro Romero, Arturo Víctor, cuyos números de Carpeta tengo y que fueron elevadas.

Mociono para que el Senado solicite la iniciativa correspondiente al Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- No estaba en antecedentes de esto -no sé qué es lo que corresponde- pero este Distribuido ha venido de la Comisión con una postura favorable; por lo tanto, el Senado tiene que expedirse. Además, estoy convencido de que la materia no da para más. De lo contrario, ¡pobre gente!, que seguramente podrá preguntarse ¿para qué habré hecho esto?

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Muy brevemente quiero decir que el instituto de las pensiones graciables tiene origen constitucional y no legal y consta en el artículo 111 de la Constitución.

Por otro lado, el nombre "graciable" significa que existe una gran discrecionalidad para otorgarla y la gracia es un instituto discrecional por definición. Así como hay gracia para que la Asamblea General otorgue la ciudadanía a un extranjero el día que quiera, existe la gracia para este caso.

Además, se trata de un mecanismo de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo; por consiguiente, si el Senado desea que esa gracia se ejerza, se lo comunica al Poder Ejecutivo con esa finalidad y el Poder Ejecutivo, si quiere, finalmente eleva esa pensión graciable después de un expediente, como lo señalaba el señor Senador García Costa.

Estas eran las consideraciones que deseaba hacer.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Creo que estamos discutiendo lo obvio, porque como bien informó la señora Presidenta de la Comisión, estas pensiones ya tienen iniciativa del Poder Ejecutivo, fueron votadas por unanimidad en la Comisión e informadas en el Senado de la República. Seguramente las estaremos tratando en las próximas sesiones.

En definitiva, este trámite era el que iba a poner en marcha esa iniciativa y, en ese sentido, si es así, ni siquiera correspondería la minuta de comunicación que activaría algo que ya está activado e incluso en trámite de proceso. Solicitaría, señor Presidente, que por Secretaría se nos brindara la información correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE.— Corresponde informar lo siguiente.

Los trámites a que se ha referido la señora Senadora Arismendi tuvieron iniciativa del Poder Ejecutivo en la Legislatura anterior pero no la han tenido en la actual. Asimismo, en su momento, el Senado entendió que el Poder Ejecutivo debía reiterar la iniciativa en esta Legislatura.

Por lo tanto, más que aprobar como proyecto de ley estas pensiones, lo que correspondería es que el Senado solicite la iniciativa del Poder Ejecutivo en forma específica para estas pensiones cuya iniciativa se generó en el Período anterior.

SEÑOR GARGANO.- Eso fue lo que planteó el señor Senador Garat en su momento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así es, pero ahora estamos discutiendo dos minutas de comunicación propuestas por el señor Senador Gargano. En consecuencia, eso es lo que debemos votar para luego votar el trámite solicitado por la señora Senadora Arismendi.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la minuta de comunicación referida a la señora Rosario Gandós Caravia.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso del palabra, se va a votar la minuta de comunicación referida a la señora Mercedes Amarilla de Guani.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor Senador Garat y la señora Senadora Arismendi para que el Senado solicite la iniciativa correspondiente del Poder Ejecutivo en relación a estas Carpetas ya aprobadas por la Comisión y que tuvieron iniciativa en el período anterior.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

20) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 47 minutos, presidiendo don Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Batlle, Carminatti, Cid, Garat, García Costa, Gargano, Korzeniak, Larrañaga, Malaquina, Millor, Mujica, Nin Novoa, Pereyra, Pou, Rubio, Sanabria y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario 

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.