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Nº 21 - TOMO 401 - 19 Y 20 DE MAYO DE 2000

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

20ª SESION EXTRAORDINARIA Y PERMANENTE

PRESIDEN EL PROF. LUIS HIERRO LOPEZ, Presidente

el DR. MARIO CARMINATTI Segundo Vicepresidente

y el SENADOR CARLOS M. GARAT Tercer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQ. HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Crisis institucional en la República del Paraguay

- Manifestaciones del señor Presidente.

4) Asuntos entrados

5) Pedidos de informes

- El señor Senador Riesgo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior relacionado con el procedimiento en el que se asaltó un vehículo remesero y copamiento del Aeropuerto Internacional de Rivera en el que se apresó a la mayoría de los delincuentes.
- Oportunamente fue tramitado.

6) Destacable actitud de funcionarios del Poder Legislativo

- Manifestaciones del señor Senador Millor.

7, 9, 13 y 15) Mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de las condiciones en que se desarrollan y de fomento a las actividades productivas

- Continúa la discusión particular del proyecto de ley del Poder Ejecutivo con declaratoria de urgente consideración.
- Manifestaciones del señor Senador Millor. Intervención de varios señores Senadores.
- Por moción del señor Senador Rubio, el Senado resuelve enviar todos los artículos aditivos y sustitutivos propuestos en la presente sesión a las Comisiones correspondientes.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

8) Pedidos de informes. Reiteración

- Por moción del señor Senador Fernández Huidobro, el Senado hace suyos los pedidos de informes que solicitara el día 4 de abril y los reitera.
- Y por moción de la señora Senadora Arismendi, el Senado hace suyo el pedido de informes que enviara al Ministerio de Industria, Energía y Minería y lo reitera.

10) Funcionamiento irregular del Senado

- Manifestaciones del señor Senador Cid y de varios señores Senadores

11) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Singer.
- Concedida.

12) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan los doctores Lago y Bonilla, comunicando que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

14 y 16) Minuta de Comunicación

- Por moción del señor Senador Cid, el Senado resuelve que se reparta una Minuta de Comunicación al Ministerio de Salud Pública relacionada con la situación de las instituciones de asistencia médica, declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- Se procederá de conformidad.

17) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 17 de mayo de 2000.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en régimen de cuarto intermedio, en sesión extraordinaria y permanente, de conformidad con el artículo 168, numeral 7° literal d) de la Constitución de la República, hoy viernes 19, a la hora 15:00, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración relacionado con la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de fomento de las actividades productivas.

(Carp. N° 145/2000 - Rep. N° 19/2000 y Anexos I, II y III).

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Antonaccio, Arismendi, Astori, Atchugarry, Batlle, Chiruchi, Cid, Couriel, Fau, Fernández Huidobro, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Malaquina, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Virgili y Xavier.

FALTA: con licencia, el señor Senador Singer.

3) CRISIS INSTITUCIONAL EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 13 minutos)

La Mesa debe informar que, de acuerdo con la resolución tomada por este Cuerpo en el día de ayer, me puse en contacto con el señor Presidente del Senado paraguayo para expresarle nuestra solidaridad y recordarle el compromiso del Uruguay establecido en la cláusula democrática del MERCOSUR. A este respecto, se nos tranquilizó en el sentido de que los episodios de la noche anterior estaban siendo superados y que las garantías democráticas serían restablecidas en forma absoluta en el correr del día de hoy aunque viviendo, sin duda, una situación de mucha inestabilidad.

Por otra parte, el Gobierno uruguayo hizo una declaración en el mismo sentido que fue comunicada también en el día de hoy, y le hemos dejado claro al señor Presidente del Senado paraguayo que estamos a las órdenes y permaneceremos en contacto para seguir de cerca los acontecimientos.

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Cámara de Representantes remite aprobado el proyecto de ley por el que se autoriza el aumento del tope actual de emisión de los Bonos del Tesoro, a que hacen referencia el artículo 1º de la Ley Nº 16.812, de 14 de marzo de 1997, y el inciso segundo del artículo 6º de la Ley Nº 16.882, de 24 de octubre de 1997.

-A LA COMISION DE HACIENDA.

La Cámara de Representantes remite nota comunicando la sanción del proyecto de ley por el que se designa "Henry Dunant" la Escuela Nº 353 del departamento de Montevideo.

-TÉNGANSE PRESENTE Y AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES.

La Intendencia Municipal de Montevideo, acusa recibo de la versión taquigráfica de la manifestaciones formuladas en Sala por el señor Senador Jorge Larrañaga sobre la Iglesia Inmaculada Concepción de Paso Molino.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR JORGE LARRAÑAGA.

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución el señor Senador Walter Riesgo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior relacionado con el procedimiento en el que se asaltó un vehículo remesero y copamiento al Aeropuerto Internacional de Rivera y en el que se apresó a la mayoría de los delincuentes se encuentra comprendido en lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley Nº 16.170 y su Decreto Reglamentario."

-OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del Pedido de Informes:)

"Montevideo, 18 de mayo de 2000.

SEÑOR PRESIDENTE

DE LA CAMARA DE SENADORES

PROF. LUIS HIERRO LOPEZ

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Como es de pública notoriedad, el 17 de agosto de 1999 numerosos efectivos policiales pertenecientes a la Jefatura de Rivera intervinieron en el procedimiento relativo al asalto a un vehículo remesero y copamiento del Aeropuerto Internacional de Rivera por parte de una banda de delincuentes, que culminó cuando aproximadamente a unos 5 km del Aeropuerto indicado fue interceptada dicha banda que viajaba en un automóvil anteriormente hurtado en Montevideo. En la ocasión, luego de un intenso enfrentamiento, en el que fue abatido uno de los delincuentes y apresados la mayoría de los restantes, los efectivos policiales recuperaron el vehículo indicado, una importante suma de dinero y gran cantidad de armas de fuego. Posteriormente, la Justicia procesó a cinco de los delincuentes, tipificándoles los delitos de `RAPIÑA CON PRIVACION DE LIBERTAD; HURTO; COPAMIENTO EN CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACION CON UN DELITO DE ASOCIACION PARA DELINQUIR ESPECIALMENTE AGRAVADO'.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, y al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse con destino al Ministerio del Interior, el siguiente pedido de informes:

1) Si considera que el procedimiento indicado está comprendido en lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y su Decreto Reglamentario Nº 236/91, de 7 de mayo de 1991, norma por la cual el Ministerio del Interior podrá acordar con las compañías aseguradoras públicas o privadas el pago de un porcentaje del valor de los bienes recuperados por la policía, en ocasión que la Justicia Penal hubiere dispuesto el procesamiento de los autores, cómplices o encubridores de los delitos contra la propiedad, y que será destinado al personal interviniente, según el monto a determinar por el Poder Ejecutivo.

2) En caso afirmativo, se sirva informar de las actuaciones cumplidas para hacer efectivo lo que dispone la ley, y estado de los trámites respectivos.

3) En caso negativo, razones por las que se desestima dicho derecho.

Saluda a Usted muy atentamente,

Walter Riesgo. Senador."

6) DESTACADA ACTITUD DE FUNCIONARIOS DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: voy a referirme a un asunto que no está vinculado con el proyecto de ley que estamos considerando. Deseo dejar constancia en la versión taquigráfica de un hecho que creo merece destacarse. No recuerdo en qué intervención, en el día de ayer dije que en este país era un gran negocio político tirarle piedras a los políticos y a los funcionarios públicos. Por tal razón, repito, quiero que quede constancia en la versión taquigráfica de mi agradecimiento hacia el personal del Palacio Legislativo, ya sean funcionarios del propio Poder o quienes se dedican a la limpieza de esta Casa. Digo esto porque, recién en el día de hoy me enteré -quizás haya sido por el cansancio ocasionado por la extensa sesión de ayer- que había perdido mi lapicera que, más allá del valor económico importante que tiene, para mí significa mucho desde el punto de vista afectivo. Quien la encontró no tenía por qué cuantificar su valor afectivo pero sí el económico. La primera noticia que tuve cuando llegué a mi despacho fue que la habían encontrado y me estaba siendo devuelta.

En definitiva, como fui funcionario público y privado sé que en este país es un gran negocio tirarle al funcionario público, por eso quiero que conste mi agradecimiento genérico hacia el personal del Palacio Legislativo y aclaro que me gustaría conocer a quienes encontraron la lapicera y me la devolvieron.

7) MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLAN Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del único punto del orden del día: "Discusión particular del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración relacionado con la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de fomento de las actividades productivas. (Carp. Nº 145/2000 - Rep. Nº 19/2000 y Anexos I, II y III)".

(Antecedentes: ver 16ª Sesión Extraordinaria y Permanente)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión particular del Capítulo V del proyecto de ley, con la consideración de los artículos aditivos presentados por el señor Senador Millor.

Como el Cuerpo recuerda, habíamos votado los artículos 16, 17, 18 y 19 en bloque, a partir de una propuesta presentada por el señor Senador Korzeniak.

Tiene la palabra el señor Senador Millor.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MILLOR.- Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Hemos analizado los artículos aditivos presentados por el señor Senador Millor y debo decir que, en líneas generales, estamos de acuerdo con ellos, ya que constituyen un avance e incorporan definiciones que coinciden con el perfil en que hemos venido trabajando en torno a este tema.

Por lo tanto, estaríamos en condiciones de acompañarlos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Quisiera agradecer al señor Senador Rubio y a toda la Bancada del Frente Amplio el apoyo que han prestado a mis modestas iniciativas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación el artículo aditivo presentado por el señor Senador Millor que pasaría a ser el inciso final del artículo 16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

A continuación, corresponde votar el artículo aditivo que en el Repartido figura con el número 20 pero que pasaría a ser aditivo del artículo 17, que es el actual 20.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 21 del Capítulo VI, "Informática en la Educación".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO. Tal como expresáramos en el informe en minoría, desde el principio apoyamos este planteo que contribuye a exonerar de impuestos a este tipo de compras para promover la Informática en la educación. En Comisión agregamos la propuesta de que debería extenderse este beneficio a la enseñanza pública, lo cual fue aceptado. Por lo tanto, si bien para los requerimientos actuales de la educación esta es una muy pequeña contribución, nos parece positiva y adecuada, y por eso hemos votado este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 22.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése cuenta de un aditivo presentado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 21 y 22 de la presente ley, se establece que todas las compras en plaza cuyo destino sea el consumo final de computadoras personales, impresoras y programas informáticos, tributarán a la tasa del 5% el Impuesto al Valor Agregado." Firma el señor Senador Michelini.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Constato que el señor Senador Michelini no está presente y, justamente, quería plantearle una pregunta.

Por lo tanto, solicito que se postergue la consideración de este aditivo hasta que llegue el señor Senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

El Senado ingresa a la consideración del Capítulo VII "Transporte".

En consideración el artículo 23.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Solicitaría el aplazamiento de este artículo porque, como todos sabemos, el señor Senador Pereyra tenía especial interés en tratarlo y recién llegará a este recinto alrededor de las 18 horas. Concretamente, formulo moción en el sentido de postergar la consideración de este artículo hasta que el señor Senador Pereyra esté presente en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Heber.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Así se va a proceder.

En consideración el artículo 24.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- En lo personal, me resulta difícil discutir el artículo 24 sin referirme al 23.

Por lo tanto, solicito que también se postergue esta disposición, aunque no tendría inconveniente en hablar sobre él en caso de resultar negativa la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Fernández Huidobro en el sentido de postergar la consideración del artículo 24.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo VIII "Mejora de la Administración".

En consideración el artículo 25.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Nosotros votamos este artículo en Comisión y lo votaremos también en este momento, fundamentalmente, por los cambios realizados en Comisión, en la medida en que el "leasing" operativo se aplica solamente cuando el Estado es tomador de dicho instrumento y no cuando es dador. Con esas modificaciones, nos parece adecuada la redacción que viene de la Comisión.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Estoy de acuerdo con la opinión que ha planteado el señor Senador Núñez. No obstante, por un prurito de tipo gramatical debo señalar que me parece que en la última frase del inciso primero habría que poner un punto y coma luego de "leasing operativo" o cambiar la redacción y, en lugar de "siendo de aplicación", decir "no es de aplicación".

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Presidente acompaña el purismo del señor Senador Korzeniak. Entonces, el texto va a decir: …"leasing operativo; no siendo de aplicación".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 25 con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése cuenta de un aditivo presentado a este artículo.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Los Gobiernos Departamentales quedan comprendidos en lo dispuesto en el inciso primero sin perjuicio de las competencias de sus respectivas Juntas Departamentales". Firman los señores Senadores García Costa, Sanabria, Atchugarry, Heber, Larrañaga y Malaquina.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración este aditivo.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Simplemente deseo explicar que, a iniciativa de los señores Senadores Carminatti, Larrañaga y otros, se plantea dar esta facultad también a los Gobiernos Departamentales. Se hace referencia solamente al inciso primero, porque las demás facultades corresponden a las Juntas y por eso no son aplicables a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como lo menciona el inciso segundo.

Aprovecho a aclarar que para el Capítulo relativo a informática también se ha presentado un aditivo que faculta a los Gobiernos Departamentales a usar expedientes informáticos.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Quiero expresar que nos parece muy oportuno que el uso de este instrumento se extienda también a los Gobiernos Departamentales. Vamos a respaldar esta iniciativa y, en la medida en que observamos que hay un espíritu propenso a incorporar aditivos, pensamos que esta debe ser una actitud generalizada que permita que también se consideren los nuestros.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar este aditivo.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 26.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Deseo hacer una corrección. Pienso que después de la primera oración se debería poner un punto y aparte. Además, la última expresión debería ser femenina y, por lo tanto, decir, "cuando las mismas" -se refiere a las resoluciones del Directorio- "aprueben erogaciones, deberán acompañar los antecedentes y estudios que las justifiquen".

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Tanto en la Comisión como en el informe en minoría que elevamos al Senado, manifestamos que, tal como está redactado el artículo, no agrega nada en relación a las facultades que tiene el Poder Ejecutivo de acuerdo con la Constitución y las leyes. Nuestra diferencia está originada en una cuestión relativa a las señales políticas. No participamos de la idea de transferir facultades y poderes de los Entes Autónomos al Poder Ejecutivo, por la vía de los marcos legales, o de hecho. Hay una vieja tendencia en este sentido, que se ha expresado en las dos últimas reformas constitucionales -por distintos caminos- y que termina en el artículo 175 de la Carta a través del cual el Poder Ejecutivo por su sola voluntad puede, en determinado momento -cuando lo estime conveniente- declarar que existe una crisis de gabinete, que no hay respaldo parlamentario, lo que lo faculta para remover a todos los Directores de los Entes Autónomos. Esto fue ampliamente debatido durante la campaña electoral. Si a esto se le incorporan las distintas versiones que este texto ha tenido, en las cuales aparece la clara manifestación no sólo de indicarle a los Entes Autónomos la opinión del Poder Ejecutivo sobre su manejo presupuestal -cosa que siempre se pudo hacer- sino el hecho de que esta iniciativa ha sido planteada en el marco del artículo 197 como una especie de advertencia en el sentido de que si no siguen los lineamientos dados por el mencionado Poder se puede llegar a la observación y, eventualmente, hasta la destitución de los miembros de su Directorio, nos parece que es una señal muy clara en cuanto a que los márgenes reales de autonomía de los Directorios de los Entes Autónomos se van a ver reducidos en la práctica y que, desde el punto de vista político, existirá una unidad de mando muy fuerte centrada en el Poder Ejecutivo. Es así que las empresas públicas y sus Directorios van a ser una especie de gerentes que van a aplicar los lineamientos de políticas determinados por el Presidente de la República y sus Ministros.

Reitero: no participamos de esta opinión y orientación. Como dijimos, este artículo no incorpora nada en lo que tiene que ver con las facultades que ya tiene el Presidente de la República, pero da una clara señal política acerca de cuál es la orientación que se piensa desarrollar en este período de gobierno.

Por esos fundamentos, vamos a votar negativamente este artículo.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Naturalmente, comparto todas las apreciaciones del señor Senador Rubio, por lo cual trataré de no repetirlas.

Deseo insistir sobre este artículo, porque en la discusión en general sostuve que si buscábamos hilos conductores y cuáles eran los nudos que tenía este proyecto de ley que contiene una diversidad de temas, veríamos cuál era uno de los núcleos temáticos contenido en toda la iniciativa. Precisamente, me refiero al hecho de ir avanzando, profundizando y reforzando un camino que comenzó con la reforma constitucional que dio a luz la actual. En la discusión que se dio en aquel momento, quedó claro que no se fue tan lejos como querían quienes impulsaban la llamada "Reforma Naranja", en alusión al color de la papeleta con la que se votó en esa oportunidad. Por su parte, las organizaciones sociales y sindicales impulsamos otro tipo de reforma que, en nuestra opinión, lo que hacía era avanzar hacia una profundización democrática y no en un fortalecimiento del Poder Ejecutivo en detrimento del Parlamento. Asimismo, este aspecto también formó parte del debate que se dio a propósito de la última reforma constitucional. En esas oportunidades, pusimos ejemplos muy claros, porque los habíamos vivido. Inclusive, uno de ellos lo reiteramos en cada tribuna o programa al que asistimos -recuerdo que en una oportunidad participamos junto al señor Presidente- y tenía que ver con la discusión del Marco Regulatorio Energético de UTE. Hacíamos mención a la posición que tenían algunos Directores y a la opinión y preocupación que manifestaron en la propia Comisión de Industria y Energía del Senado de la República el actual señor Senador Carminatti y el contador Sotto. Decíamos que de entrar en vigencia ese agregado -que luego se convirtió en parte de la Constitución por mandato popular, que respetamos- aquellos Directores que advertían sobre los problemas que podía traer -en el caso de nuestro ejemplo- el Marco Regulatorio Energético de UTE, se iban a encontrar con que tendrían sobre sí la "espada de Damocles" y la advertencia de que si no actuaban de acuerdo con lo que el Poder Ejecutivo determinaba -hasta por los criterios con que se nombran los Directores y la vinculación muy estrecha al poder político, en particular, al Poder Ejecutivo- les quedaría amputada no sólo la posibilidad de decisión, sino también la de expedirse sobre los rumbos que debían tomar las empresas del Estado.

Insisto, la Reforma Constitucional profundiza y consagra este aspecto. Es así que, tal como señalaba el señor Senador Rubio, el artículo que se nos propuso decía, con todas las letras -lo voy a pasar en limpio, porque soy una mujer simple para pensar y explicar- algo así como "Pórtense bien, porque si no lo hacen, corren el riesgo de que se les aplique el artículo 197 de la Constitución". Pasándolo a palabras llanas, eso es lo que expresaba el artículo. Cuando en la Comisión expresamos estas preocupaciones, se nos confirmó, por parte del señor Miembro Informante, que se trataba de una señal política. Luego se eliminó la referencia expresa, entre otras cosas porque está claro que si la Carta dice eso, no hay necesidad de hacerle acordar a cada uno que está supeditado al mandato constitucional. El hecho concreto es que más allá de que se lo haya eliminado de la redacción, está presente; esa es la intención que tiene el artículo. Se nos podrá decir, tal como lo planteó el señor Miembro Informante en la Comisión y en el Senado cuando comenzó la discusión, que, en realidad, lo que se hace es acotar lo que el mandato constitucional da de manera amplísima. Efectivamente, le da al Poder Ejecutivo de manera amplísima la posibilidad de "considerar inconveniente"; o ilegal, está muy claro, pero lo "inconveniente" abre un amplio espectro de posibilidades. En realidad -y aquí seguramente me ayudará mi compañero, el señor Senador Korzeniak, porque no voy a incursionar atrevidamente en temas que no domino- no sé si cuando el artículo 221 de la Constitución se refiere a la ejecución presupuestal, no está determinando claramente que si ese presupuesto se aprueba con determinados márgenes de ejecución, luego el Ente Autónomo tiene el derecho de transitar por el camino que la Ley de Presupuesto le marca, con los derechos que el citado artículo 221 le otorga.

No obstante, no vamos a hacer disquisiciones con respecto a esto, porque mi preocupación fundamental -y lo quiero resaltar- es que el artículo señala que el Poder Ejecutivo, conforme a sus atribuciones constitucionales, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto -lo que también está establecido en la Constitución- podrá comunicar a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado su criterio sobre la ejecución presupuestal de sus gastos de funcionamiento. Acá se dice que lo que se está estableciendo es un mecanismo para el cumplimiento de esto, pues en la advertencia se está comunicando los criterios; luego se verá si el Ente Autónomo o Servicio Descentralizado está de acuerdo con ellos. Asimismo, se supone que en el medio va a haber un intercambio de opiniones y que finalmente se encontrará un camino. Por supuesto, todo esto en la mejor de las hipótesis, en la más pacífica, en la más sensata o más racional. Sería en la hipótesis de una lectura que uno pudiera hacer si aterrizara en una nave espacial y no supiera qué pasa en el Uruguay, qué pasa con el Parlamento y con el Poder Ejecutivo, así como cuál era la intención y el espíritu del artículo, teniendo en cuenta las líneas que fueron borradas.

Entonces, es por eso que nosotros pensamos que esta es una "perlita" de un collar que atraviesa al proyecto de ley, que se vincula también con la propia actitud que se tiene en el Parlamento de la República ante su tratamiento. Así lo señalé anoche, en la madrugada y ahora mismo, cuando decía que, en lo personal, soy muy reacia a votar con los pies y a eliminar la posibilidad de discusión al no cumplir con mi obligación, que es estar aquí. En verdad, es importante que estemos, que asumamos la responsabilidad y que no pongamos el peso en un juego de equilibrio dentro de este Parlamento, que cada vez más se sumerge en algo que se parece mucho a una catacumba. En la madrugada de hoy, cuando salía de esta Casa, al observar la prensa -que lógicamente cerró más temprano que el Palacio Legislativo- me preguntaba cuánto le llega a la gente, a los involucrados, a quienes luego les va a recaer los resultados de nuestra acción en el Parlamento, acerca de lo que pasa aquí . Lo digo como la constatación de un hecho, pues sentí que salía de una catacumba. Precisamente, recién hoy me entero de que hubo un hermoso arcoiris, y nosotros no vimos nada, porque vivimos encerrados; pero no encerrados porque hay que ponerse a trabajar, sino encerrados de las preocupaciones reales, o sea, de lo que le pasa a la gente.

Si además, en un camino de dos artículos que aún no tratamos, relativos a AFE y a la Administración Nacional de Puertos; en un camino que vincula también la descentralización a los mandatos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; en un camino según el cual a los Directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, se les va a decir "¡Ojito! O hacen lo que el Poder Ejecutivo señala o recuerden que existe un artículo por el cual los podemos sacar ", decimos -tal como lo señaló el señor Senador Rubio- que eso es totalmente innecesario, porque ya lo expresa la Constitución. Obviamente, a mí no me gustó, trabajé en contra de ese artículo y perdí. En realidad, creo que no perdí yo, sino las autonomías de los Entes Autónomos. Perdieron, incluso, las autonomías y el razonamiento de los propios Directores. Digo esto, porque muchas veces acá se lo señala negativa y peyorativamente, pero pienso que en muchos momentos ha sido una señal distintiva de la democracia uruguaya y del compromiso de muchos de los Directores puestos por reparto político en los Directorios. Esa camiseta que se ponen de la empresa del Estado es vista como algo negativo, como algo en lo que se debe trabajar en contra. ¡Bien que se los pone por reparto político, para cumplir cuota de "repartija" política! Sin embargo, luego se compenetran, pelean y sienten esa empresa de Juan Pueblo como propia y que tienen que defender los bienes de Juan Pueblo. Y en esto puede haber más de una opinión. Recuerdo, por ejemplo, cómo en el caso de UTE, algunos Directores se ponían la camiseta de Juan Pueblo, señalaban los males que podía haber y lo expresaban en donde debían, y en distintas oportunidades, como en la Comisión de Industria, Energía y Minería del Senado. Es cierto que después dejaron de decir esas cosas. No sé si cambiaron de opinión o qué fue lo que pasó. De lo que sí estoy convencida, señor Presidente, es que con el sistema de designación de los Directores, que ahora además se van a reducir, pues es más controlable y más fácil de regular tres que cinco, vamos reforzando y apretando las tuercas de una concepción que nosotros no compartimos.

Es por estos motivos que no vamos a acompañar este artículo, tal como lo expresaba también el señor Senador Rubio.

SEÑOR GARCIA COSTA. Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: vamos a votar este artículo que, a nuestro juicio -disculpen los señores Senadores preopinantes el atrevimiento- consagra precisamente lo inverso de lo que argumentaron. Todos estamos de acuerdo con que el artículo 197 adjudica determinadas potestades al Poder Ejecutivo y que éstas se ejercen de una manera que no es del caso ahora señalar. En el artículo 26 del proyecto, que estamos abocados a votar, se añade una condicionante, pero que no la es para el Ente sino para el Poder Ejecutivo. Su texto expresa que el Poder Ejecutivo hará conocer al Ente, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, su criterio sobre la ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento. Así pues, el Poder Ejecutivo -que no tiene por qué participar previamente a los Entes Autónomos de cuáles son sus criterios en la materia- se pone de manifiesto, a cada Ente en cuestión, si es que en su opinión existe algún error en la ejecución de referencia. De este modo el Ente Autónomo tiene la oportunidad de poder corregir, si comparte el criterio del Poder Ejecutivo, o en caso contrario de insistir en la actividad que el Ejecutivo haya estimado errónea en la aplicación o ejecución de los gastos de funcionamiento. En una palabra, señor Presidente, lo que aquí se agrega es una condicionante para ejercer lo establecido en el artículo 197.

En resumen, entiendo mejora la posición del Ente y que esos Directores a los que se ha referido la señora Senadora como que van a estar poco menos que "acoquinados" frente al Poder Ejecutivo, que irrumpiría con espada flamígera para echarles cuando se le ocurra, van a tener la tranquilidad cuando haya observaciones sobre los gastos de funcionamiento que éstas serán previas y tendrán oportunidad de corregir presuntos errores.

Van a poder decir, en su caso, que el Poder Ejecutivo no cumplió con el artículo 26, y que no otorgó la oportunidad consiguiente para los correctivos del caso; eso, si es que comparte el pensamiento; de lo contrario, para insistir en su propia tesis, lo cual obviamente mejora su posición en el tema.

En una palabra, esto es una manera de reglamentar el artículo 197, que no es equivocada y que permite una más efectiva y cuidadosa puesta en marcha de esta norma al dar, en un sentido procesal, oportunidad para que los Entes Autónomos combinen su voluntad con el Poder Ejecutivo.

Por tanto, señor Presidente, mejoramos y no empeoramos esa relación que se supone -descuento que todos pensamos igual- debe ser fluida y correcta entre los Entes Autónomos y el Poder Ejecutivo.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: hace pocos días, creo que en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el señor Ministro, al dar un panorama de la situación económica heredada por la actual Administración y como justificación del pedido de una autorización para emitir nuevos valores en papeles, reconocía como único dato positivo del año anterior con respecto a las economías del Estado uruguayo, el aporte que significó lo que arrimaron los Entes Autónomos. Está ahí; en actas se puede leer.

En el día de ayer se nos dio un informe de la situación de ANTEL y de lo que ha significado en estos años, meramente desde el punto de vista de su aporte financiero.

Ahora bien: esta discusión relativa a la mayor o menor autonomía es vieja. Basta ver los manuales de la historia del Batllismo para ver que esto fue criticado y que se llegó a decir que esa concepción tan autónoma no permitía alinear dentro de la política del Gobierno fenómenos tan formidables para la estatura económica que tiene la sociedad uruguaya. No menos cierto es que les podemos hacer todas las críticas que queramos; sin embargo, creo que todos, cualquiera sea la posición, le reconocemos a estas empresas un tremendo papel en la construcción del Uruguay de este siglo, más allá de los dimes y diretes. A esta altura, deberían estar en la bandera nacional porque han tenido una importancia y han hecho un aporte a la sociedad uruguaya de carácter fenomenal. No obstante, siempre tuvieron críticos y adversarios. Al respecto, hay un discurso de Brum de 1921 que debería ser leído porque se refiere a una de esas cuestiones que son permanentes.

Sinceramente, teniendo un Presidente que se ha definido como un viejo liberal y que cuenta con más de setenta años, yo esperaba que nos iba a tirar un buscapié. Sinceramente pensé que iba a intentar administrar los Entes Autónomos como verdaderas empresas y que se nos iba a descolgar con algo así como un gerente general por concurso, sacando la politiquería de ahí. Nada de diputados fracasados ni nada de eso. No. Que se tuviera en cuenta a quienes en los hechos demuestren que son mejores; incluso, que pudiera haber algún Directorio político -que podría ser honorario- que estuviera encargado de efectuar controles o algo por el estilo, más a lo neozelandés.

Yo, que no comparto ese criterio, en el tratamiento del Presupuesto pasado dije en la otra Cámara lo que pensaba; pero quería una discusión de este tipo. Sin embargo, viene una reformita que, en definitiva, es como decir "te achico pero sigue lo mismo".

Por otro lado, en esta discusión del Presupuesto pasado se presentó un estudio profundo de ANCAP y de su plantilla de trabajadores, del cual se desprendía que había 942 cargos de Dirección y 1.600 trabajadores, es decir que se había transformado en una estructura de caciques, donde no había casi indios. Ahora bien; eso no es culpa de los Entes Autónomos ni de la concepción, sino de que los hombres hemos agarrado para otro lado. A pesar de todo, ¡cómo arriman! Cuando hablemos de CONAPROLE veremos que este no es un problema del Estado.

Pensé que con un Gobierno que tiene esa perspectiva podíamos tener una discusión por ultraliberalismo, pero no le dio la nafta o los socios para aceptar un planteo que, en definitiva, implica reformular los criterios con los cuales hay que manejar todo esto, es decir, si participan los trabajadores o los usuarios, si el estilo tiene que ser gerencial para dar ganancias, o lo que fuere. Pero viene un planteo que propone hacer dos o tres recortes y punto. Al respecto -y no voy a decir a quién me refiero- me dijo un Director de un Ente Autónomo: "Acá tengo un colega de Directorio que tiene 17 secretarios. ¿Usted cree que se puede administrar una empresa así? Y yo no puedo hacer nada".

SEÑOR CARMINATTI.- Le dijo una mentira, perdóneme.

¿Me concede una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MUJICA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR CARMINATTI.- Señor Presidente: debo decir al señor Senador Mujica que le mintieron. Esa fue una gran injusticia de una persona a la que estimo mucho y que le hizo mucho bien a la UTE, el señor Director contador Mario Soto Platero. Le dijo una mentira porque dijo eso refiriéndose a mi despacho.

SEÑOR MUJICA.- No, señor Senador. No tiene nada que ver. Le juro que no.

SEÑOR CARMINATTI.- Entonces, me descargo porque pensé que el sayo venía para mí.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa exhorta a que se eviten los dialogados.

Puede continuar el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Créame, señor Senador Carminatti, que no dije eso en el interés de señalar a nadie; después, si quiere, le puedo decir quién me dijo eso para que usted lo pueda consultar. Además, se trató de una conversación incidental viendo las trabas que realmente existen. Pero creo que la cosa no viene por ahí.

¿A qué me quiero referir? A que con esto -es decir, con uno más o con dos menos- no cambiamos nada. Vamos a no engañarnos. Todo puede seguir absolutamente igual y, repito, no pasa nada. Creo que aquí no está el problema. Si vamos a dar una señal en el sentido de que rebajamos algo, eso es menos de una gota de agua en lo que significa un Ente Autónomo.

Considero que el país -y todos nosotros- se merece una discusión de este tema, pero que sea abierta porque aquí existe una acumulación de generaciones del pueblo uruguayo. Ningún Gobierno de turno que, en definitiva, está de paso puede -o debería- disponer por sí solo. Estos son problemas -como se dice hoy- de Estado. Este es un problema nacional, y creo que a todos nos va en esto mucho más en los nuevos rumbos que van imponiendo las decisiones del país en materia de apertura económica, etcétera. Espero algún día tenerlas.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: me adelanto a aclarar que no voy a plantear ningún problema de inconstitucionalidad; quiero hacer alguna referencia a este artículo, que comienza diciendo: "El Poder Ejecutivo, conforme a sus atribuciones constitucionales"... Esta frase, desde el punto de vista de la ortodoxia legislativa, no debiera ponerse porque si algo no es conforme a las atribuciones constitucionales, no podría hacer lo que después el artículo establece.

Sin embargo, según me han explicado los compañeros que trabajaron en la Comisión, este artículo puede haber tenido la intención de constituir una especie de señal política hacia fuera, y a lo mejor ese es el origen de esa frase añadida.

En realidad, este artículo sigue una práctica que hace muchos años que se viene realizando en el Uruguay, no sólo para la ejecución presupuestal, sino también para la facción del presupuesto. El presupuesto de los Entes Autónomos del dominio comercial e industrial del Estado, de acuerdo con lo que prevé la Constitución, debe ser proyectado por el Ente y, previo informe del Tribunal de Cuentas, tiene que ser aprobado por el Poder Ejecutivo. Sólo en caso de discrepancias, pasa a la Asamblea General para que dirima las diferencias entre el Ente y el Poder Ejecutivo o el Tribunal de Cuentas. Este es el procedimiento que establece la Constitución. Sin embargo, sobre todo a partir de la Presidencia del señor Pacheco Areco -cuando siendo Vicepresidente sustituyó al General Gestido con motivo de su lamentable fallecimiento- el Poder Ejecutivo, a partir de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, envía a los Entes Autónomos una especie de instructivos generales en los que se establecen los límites de los montos a solicitar y otra serie de instrucciones que a veces van a detalles bastante señalados.

Originalmente, había un recato del Poder Ejecutivo -me refiero al período anterior al Presidente Pacheco Areco- y esto no pasaba de ser una especie de nota con instrucciones, pero no un decreto. Posteriormente, en el período de Pacheco Areco se convirtió en un decreto por el que se decía oficialmente al Ente Autónomo que se tenía que aprobar el presupuesto dentro de determinados parámetros. Esa era, en cierto modo, la modalidad de dicho Poder Ejecutivo que, como se recordará, dictó más de cuatrocientas medidas prontas de seguridad sobre temas que iban desde la seguridad pública hasta las casas de cambio. Fue un período en el que prácticamente se gobernó por la vía de ese mecanismo excepcional del artículo 168 numeral 17 de la Constitución. Antes de eso, el sistema presupuestal de los Entes Autónomos comerciales e industriales funcionaba de la manera prevista por la Constitución y, los señores Senadores recordarán cuál fue la última vez que surgió una discrepancia entre el Poder Ejecutivo y un Ente Autónomo que debió ser resuelta por la Asamblea General de acuerdo con lo que decía el Directorio del Ente y no con la postura del Poder Ejecutivo. Recuerdo que en aquel entonces presidía la Asamblea General el doctor Echegoyen y que, quien después fue Presidente y dictador, el señor Juan María Bordaberry era Senador por el Partido Nacional. En aquel caso, hubo una discrepancia entre los presupuestos del Banco de la República y la opinión del Poder Ejecutivo, que se opuso al mismo. El Directorio del Banco de la República, en ejercicio de lo que hoy es el artículo 221 de la Constitución, dijo que mantenía ese presupuesto. El tema pasó a la Asamblea General y allí, sobre todo por una postura asumida por el Partido Nacional, triunfó la tesis del Directorio del Banco de la República y se aprobó su presupuesto. Lo recuerdo perfectamente porque en aquella época trabajaba en el Departamento Jurídico del Banco de la República, no recuerdo si como auxiliar o procurador, aunque no en carácter de abogado. El emisario del doctor Echegoyen fue, precisamente, Juan María Bordaberry, quien comunicó que el Partido Nacional -que era su Partido- se volcaba a favor del Directorio del Banco de la República.

Después de eso nunca hubo una discrepancia que tuviera que ser resuelta por la Asamblea General, porque empezó la práctica de esas instrucciones que daba la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Aclaro que no estoy objetando la constitucionalidad de las instrucciones, sino que en lugar de un pliego de instrucciones -que puede ser correcto para la debida coordinación, sobre todo, entre los organismos que tienen actividad económica dentro del Estado, como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central, el Banco de la República y eventualmente el Banco de Seguros y el Banco Hipotecario- hubiera una coordinación. El tema es que cuando el entonces Presidente Pacheco Areco comenzó a enviarlo como una orden, en carácter de decreto, los propios abogados del Poder Ejecutivo no acertaban a calificar la naturaleza de esos decretos que habían dejado de ser instrucciones, reitero, para constituir una especie de órdenes. Esto sucedió hasta que una figura, ya como dictador -que no recuerdo con cariño sin perjuicio de reconocer que era un hombre ingenioso en materia jurídica- inventó la categoría de los llamados "decretos de coordinación". Fue precisamente Aparicio Méndez quien calificó a estos "decretos de coordinación", señalando que eran una especie de anuncios que el Poder Ejecutivo le hacía a los Entes Autónomos y que si éstos no procedían de esa manera se aplicarían los artículos 197 y 198. Estas disposiciones se referían al presupuesto y no a la ejecución presupuestal. Allí se les decía a los Entes Autónomos que en sus presupuestos no podían pasar determinados límites. En la ejecución presupuestal, la Constitución marca el mecanismo para que el control se haga, por lo menos, desde el punto de vista de la legalidad y no de la conveniencia, mérito y oportunidad. En esa instancia es el Tribunal de Cuentas que por sí o a través de los contadores que tiene en los Entes Autónomos -que son contadores de los Entes pero que ofician como delegados del Tribunal- va autorizando, oponiéndose u observando esos gastos de ejecución y de funcionamiento.

De manera que este artículo, en primer lugar, no me sorprende. En segundo término, obedece a esa tendencia o evolución -que no es cierto que se dé en todos los países del mundo moderno- de establecer un Poder Ejecutivo con una fortaleza un poco depredadora, con un concepto más o menos clásico del principio de separación de poderes. Lo que sí es cierto que ha ocurrido en el mundo moderno es que el Poder Ejecutivo en cualquier sistema -sea presidencial, parlamentario o teóricamente convencional como el suizo, que es el único que queda- es un poder que tiene un predominio que no le deviene de la Constitución. El predominio del Poder Ejecutivo surge de un factor político. Es que habitualmente el titular del Poder Ejecutivo es el líder del partido que ganó las elecciones, sea en un régimen con balotaje, como en el Uruguay, donde hubo suma de dos partidos, o en un sistema sin balotaje.

De manera que el predominio del Poder Ejecutivo del mundo moderno, que es real y que no toca la separación de poderes -porque no está establecido por las Constituciones- surge, reitero, de la organización partidaria y del sistema electoral y no está establecido en la Constitución. Es un mal consejo que las Constituciones establezcan demasiado predominio del Poder Ejecutivo. Eso, en el Derecho Constitucional es bastante conocido aun cuando todo el mundo reconoce que la dinámica política hace que por su liderazgo, el titular del Poder Ejecutivo incluso sea la persona que se conoce en el mundo.

Si preguntamos en el Uruguay si alguien sabe quién es el Presidente de la Corte Española -que correspondería al Poder Legislativo- seguramente nadie responderá, sin embargo todo el mundo conoce quién es el Jefe del Gobierno. Lo mismo sucede con respecto a cualquier otro país porque políticamente eso es así, aunque no debería serlo jurídicamente.

En ese sentido, el Uruguay ha tenido una evolución, que considero que no es buena, con un reforzamiento de los poderes del Poder Ejecutivo que no le devienen de su prestigio político, sino del forzamiento de normas constitucionales exageradas. Si tenemos en cuenta los países, como el nuestro, en los que el Estado es de Derecho, en el Uruguay es donde el Poder Ejecutivo tiene más competencias exclusivas. No hay otro país con tantas competencias exclusivas como las que establece la Constitución uruguaya. Sin embargo, hay otros países en los que, por el prestigio del Poder Ejecutivo, hay muchas más leyes iniciadas por dicho Poder que en el Uruguay. ¿Por qué? Por ese sano principio que dice en la Constitución que los Poderes deben estar en una situación de equilibrio en el Derecho y que el predominio del Poder Ejecutivo debe derivarse del prestigio político del líder que ocupa la titularidad.

Por lo tanto, no nos convence este artículo aunque, en realidad, es irrelevante, no dice nada. A través de esta norma el Poder Ejecutivo anuncia que si la ejecución presupuestal no se hace de tal o cual manera entonces la va a observar, correr, remover o va a solicitar al Senado la destitución de los titulares de los Entes. Es una especie de validación por ley de algo que en el Uruguay no existía. Esto fue una práctica en la que se daban instrucciones o se dictaban decretos diciendo que en el Presupuesto no se puede ir más allá de tal cosa, pero no la ejecución presupuestal. Las normas de dar cuenta al Poder Ejecutivo acerca de las resoluciones que se van tomando en los Entes no necesitan de esta ley, porque habitualmente están en las Cartas Orgánicas de todos los Entes Autónomos o en reglamentaciones que los propios directores establecen. Siempre se mandan todas las resoluciones y los Entes Autónomos lo envían al Poder Ejecutivo por un principio de debida coordinación funcional entre los organismos del Estado. Acaso también el Poder Ejecutivo debería cumplir este principio así como el Parlamento, para lograr la interconexión informativa entre estos dos Poderes, que es tan importante.

Por lo tanto, señor Presidente, pensamos que este artículo no es una buena señal. Ya la creación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fue una señal constitucional -creo que no rechazable- de la manera en cómo se podía coordinar la labor, es decir, en el plano político y no es necesario incorporarlo en una ley.

Me parece que este artículo no es bueno y por tal razón vamos a acompañar la postura que han tenido nuestros compañeros de Comisión que, considero, ha sido absolutamente razonable.

SEÑOR CARMINATTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARMINATTI.- Señor Presidente: diría que este es un artículo opinable, porque algunos pueden querer mayor autonomía para los Entes Autónomos y otros desean reducirla. Creo que aquí hay una actitud de transparencia por parte del Poder Ejecutivo. Es más; considero que si no existiera este artículo, el Poder Ejecutivo igualmente podría hacer esto. La experiencia me dice que el Poder Ejecutivo está en permanente relación con los Entes Autónomos y con los entes industriales y comerciales del Estado, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del propio Presidente de la República, fijando las orientaciones de los mismos que, en definitiva, son muy importantes para el país.

A mi juicio, el Poder Ejecutivo busca a través de este artículo mostrar su posición para tener una transparencia total. Además, las empresas industriales y comerciales del Estado deberán actuar con una unidad de criterio porque de ellas vive el propio Estado. Esa es la realidad. ¿Qué pasaría si el criterio de la UTE, de ANTEL y de ANCAP fueran distintos en materia de ejecución presupuestal? En definitiva, el Presupuesto es el eje de la acción de la empresa; es prácticamente el programa de gobierno de los 5 años. De manera que lo que está expresando el Poder Ejecutivo, a través de este artículo, es de una transparencia total y creo que lo hace con el propósito de resaltar la trascendencia de las decisiones constitucionales.

En ese sentido, es claro que lo que dice el Poder Ejecutivo ya está establecido en el artículo 230 de la Constitución de la República a través del cual se determina la intervención de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en los presupuestos de los Entes y en el artículo 220 que establece cómo se va a confeccionar un presupuesto de los Entes Autónomos. Si estudiamos el artículo 220 podemos observar que, en definitiva, el Poder Ejecutivo va a definir cuál va a ser el presupuesto del Ente y si no hay acuerdo puede, incluso, llegar a la Asamblea General.

Considero que el Poder Ejecutivo a través de este artículo está diciendo que va a solicitar que en la ejecución presupuestal de los entes industriales y comerciales del Estado haya unidad de criterio. Sería muy malo que no existiera tal unidad y que cada uno de esos organismos, que son muy importantes para el sustento de Rentas Generales, tenga un criterio diferente. Téngase en cuenta que la UTE aportó a Rentas Generales -en el último año de mi gestión- U$S 180:000.000, que no es poco dinero. Entonces, el Poder Ejecutivo no puede separarse de ese resultado económico. ¿Qué hubiera sucedido si como Presidente de UTE hubiera dicho que no me interesaba darle esos U$S 180:000.000 a Rentas Generales porque los quería invertir en obras? Seguramente el Poder Ejecutivo me hubiera dicho que no iba a poder pagar al Banco de Previsión Social.

Por lo tanto, es una cuestión de racionalidad y no de decir que el Poder Ejecutivo va a mandar en los Entes Autónomos, porque tiene el poder. No creo que exista ese propósito.

Teniendo en cuenta la realidad de los hechos, debo decir que todos los Directores son muy respetuosos de lo que dice el Presidente de la República, porque al fin y al cabo hemos sido electos por su propuesta.

A mi juicio, no creo que este artículo dé para mucho, y si no lo hubiera enviado el Poder Ejecutivo, de cualquier manera, a través de una minuta de comunicación enviada a los Directores de los Entes, les puede decir que si no cumplen en la ejecución presupuestal las directivas del Poder Ejecutivo se les va a aplicar el artículo 197. De esta manera no tendríamos esta discusión que hoy tenemos que, a mi juicio, no nos va a conducir a nada, simplemente a opinar acerca de cuánta autonomía se quiere respecto de los entes industriales y comerciales del Estado.

Quisiera referirme a algunas alusiones que hizo mi respetable colega la señora Senadora Arismendi. Ella mencionó a un Director de UTE que criticaba el Marco Regulatorio y que se había puesto la camiseta. Creo que no se puede decir que quien se puso la camiseta del pueblo es el que criticaba el Marco Regulatorio. Personalmente lo defendí porque lo creí conveniente para el país, porque no solamente lanzaba a UTE a la competencia, sino que además le quitaba el monopolio a la generación de energía que, evidentemente, hoy le está resultando positivo al país. Basta pensar que a través de este Marco Regulatorio, hoy estamos comprando energía eléctrica a privados, a un costo sensiblemente inferior al que obteníamos cuando estábamos sin él. El Marco Regulatorio le ha permitido a UTE una cosa importantísima, es decir, crecer hacia afuera, ya que estábamos limitados y éramos cautivos del mercado. Pero no quería referirme al tema del Marco Regulatorio, simplemente deseaba decirle a mi distinguida colega, señora Senadora Arismendi, que cuando lo defendí sentía que estaba apoyando el interés general del país.

Esas eran las apreciaciones que quería hacer sobre este artículo.

SEÑOR MALAQUINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALAQUINA.- No pensaba hacer uso de la palabra en la consideración de este artículo, pero quiero hacer algunas reflexiones porque parece que hay muchas personas que se olvidan de los tiempos. Si mal no recuerdo, en el primer gobierno democrático que tuvo el país en 1985 la oposición estuvo representada en los Entes Autónomos.

Recuerdo que después, por razones, naturalmente, de gestión política, ese criterio fue cambiado. Pero, ¿qué tiene esto de espurio? ¿En la Intendencia de Montevideo los Directores no responden a cuotas políticas? ¿No se entregan esos cargos de acuerdo con el Partido a que pertenecen las personas designadas? Les puedo asegurar a los señores Senadores que en los Entes Autónomos muchas veces no se hacen designaciones por cuota política, sino que se realizan por razones técnicas. Sin embargo, parece que cuando somos Gobierno podemos hacer lo que queramos y nadie nos puede decir nada y, por el contrario, cuando somos oposición criticamos lo que hacemos cuando somos Gobierno. No entiendo ese doble discurso, señor Presidente, y por esa razón quería participar en este debate. En este recinto casi todos estamos ejerciendo alguna responsabilidad de Gobierno; entonces, no critiquemos las actitudes de los demás y luego hagamos lo que hemos criticado. Me parece que esto no le hace bien -lo digo una vez más- al sistema político. A mi juicio, este tipo de designaciones no son malas, porque si la gente vota -como lo hizo- al Frente Amplio en Montevideo, es lógico que esa colectividad política ejerza la responsabilidad del gobierno del departamento. ¿Qué tiene eso de espurio? ¿Es algo indigno que el arquitecto Mariano Arana designe a la gente de su confianza? En definitiva, quien va a responder ante la ciudadanía es el Intendente de Montevideo y él utilizará el criterio que le parezca más conveniente. Personalmente, creo -y lo digo con la mayor franqueza- que lo hace con el mejor espíritu, tal como lo hicieron los Presidentes Sanguinetti y Lacalle en su momento y lo hace hoy el Presidente Batlle. ¿Podemos pensar que perversamente los Presidentes y los Intendentes van a actuar en contra del Estado y de lo que les confió la ciudadanía? No, señor Presidente; creo que estamos equivocados. Considero que estas críticas no le sirven a nadie; estas críticas las he escuchado desde hace muchísimos años y en algún momento le hicieron muchísimo daño a la democracia y confundieron a una gran cantidad de gente, que en muchos casos se equivocaron.

Pienso que en la discusión de este artículo no era necesario realizar los planteamientos que se hicieron, pero soy político, represento a un Partido, del cual me siento orgulloso -como seguramente los demás señores Senadores se sentirán orgullosos de sus respectivos Partidos- y no se trata de venir a desprestigiar a las demás fuerzas políticas. Aquí se trata de controlar a la oposición cómo y dónde corresponde, por el mecanismo más adecuado, pero no de estar mirando siempre irregularidades, cosas mal hechas, actitudes indignas. Afortunadamente, este país siempre ha tenido políticos de la mejor talla y no me refiero sólo a mi Partido; estoy hablando de todas las colectividades políticas. Muchos de ellos, en algún momento de la historia fueron infamemente atacados, y me voy a referir a una figura de mi Partido: don Luis Batlle Berres, para no hablar de lo que le sucedió al actual Presidente de la República. Entonces, tengamos mucho cuidado, señor Presidente. Nosotros tenemos que defender a los partidos políticos y no lo hago por la vía de atacar a quienes son mis adversarios en las ideas y nada más que en eso.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MALAQUINA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, integramos, en la primera Administración democrática, cinco Entes Autónomos y para nosotros fue una formidable experiencia. Creo que esto le hizo mucho bien a los Directorios en los cuales participaron algunas figuras de mucha solvencia técnica y política del Frente Amplio y también le hizo bien a nuestra fuerza política y al sistema, porque generó una situación de mayor transparencia. Ese es un criterio que no imponen las normas, sino que se trata de una pauta de convivencia democrática y conveniencia para la gestión del patrimonio común, porque los Entes Autónomos son de la ciudadanía uruguaya. Entonces, no haber continuado con ese criterio fue, a nuestro juicio, una terrible equivocación de los partidos que tuvieron la responsabilidad de tomar las decisiones desde el año 1990 a la actualidad. De manera que si se persiste en esta nueva modalidad, creemos que es un camino franca y terriblemente equivocado. Voy a poner un ejemplo. A mi juicio, la desastrosa gestión al frente de la Administración Nacional de Puertos, que llevó al más absoluto descontrol en materia de licitaciones y terminó en episodios bochornosos para este país, no se hubiera concretado si en ese Organismo hubiera habido una presencia que hubiera observado los hechos desde otro punto de vista. Hubo procesos licitatorios sobre los que se hicieron muchas intervenciones del Parlamento y respecto de los cuales quedó claramente demostrado que hubo reuniones y funcionamiento de ese Organismo al margen de las actas y de la información más elemental que se debía al Poder Ejecutivo. Insisto: no estoy hablando de la oposición o del Parlamento, sino del propio Poder Ejecutivo. Se reunían, hacían acuerdos y luego votaban como "planchas" por motivos sobre los que más bien quisiera no hablar en este momento. Creo que si hubiera existido un control democrático de la gestión de ese Organismo por parte de la oposición, esto no habría sucedido y podría dar otros ejemplos. Entonces, creo que en este caso hay un problema de convivencia y de conveniencia democráticas.

Sobre el otro problema, simplemente quiero decir que se han hecho esfuerzos en el primer y segundo gobiernos del Frente Amplio por integrar a dirigentes, representantes o técnicos de otros sectores políticos. En algunos casos se fracasó, pero no fue por decisión nuestra. Incluso, en el gobierno del arquitecto Mariano Arana hubo figuras muy relevantes desde el punto de vista técnico y político, como la ingeniera Galli -esposa del candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo por el Partido Nacional, el ingeniero Ruperto Long- que dirigió una sección clave, o la contadora Ottonello, responsable de todo el control de la gestión económica y de la contabilidad de la Intendencia. Esto no ha sido casual ni se ha hecho en forma independiente de un criterio de amplitud política. Se ha realizado con esa idea y hubiéramos querido llegar más lejos, pero no ha sido posible. Además, en lugares muy importantes de la Comuna han sido designadas personas que integran sectores que tienen, desde el punto de vista cuantitativo, muy poca relevancia, en comparación con otros grupos del Frente Amplio. De manera que los criterios que hemos seguido podrán ser compartibles o no, pero en todo caso no han sido los criterios de cuota política y exclusión de otros sectores políticos. Quien lo hace y lo piensa seguir haciendo, está en su derecho, no digo lo contrario, pero creo que es un criterio que francamente no le hace bien al país, a las empresas públicas, a los Entes Autónomos ni a la cohabitación democrática, porque de una vez por todas tenemos que admitir que estamos en un país distinto, en el que hay un Poder Ejecutivo de un signo, soportado por una coalición política de dos Partidos, e Intendentes de casi todo el espectro político. Entonces, esta realidad, que va a dominar cada vez más en el futuro, debería reflejarse en el patrimonio común, que también lo conforman las empresas y los Bancos del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Malaquina.

SEÑOR MALAQUINA.- Señor Presidente: la verdad es que no me sorprende lo que señala el señor Senador Rubio porque en la Comuna de Salto el contador municipal pertenecía al Frente Amplio. Por lo tanto, insisto, dicho señor Senador no dice absolutamente nada. Los cargos políticos de dirección pertenecen a la gente que designa el Intendente Municipal, como lo dije muy claramente; podrán provenir de los diferentes sectores que integran el Frente Amplio o ser técnicos. Dije, y lo reitero, que el Presidente de la República a veces designa representantes políticos pero, muchas veces, nombra técnicos más que políticos. También expresé con franqueza que ser político no es ser indigno de la función, porque representar a un partido, a una colectividad política, en nombre de la gente es lo más grande que puede existir para un ciudadano. ¿De qué estamos hablando? ¡Por favor, señores! No demos a las palabras esa interpretación en absoluto, porque la gente que está lejos de la actividad política que nosotros practicamos puede pensar que esto es un verdadero contubernio y que los políticos solamente hacemos cosas corruptas. Esto no es así y lo afirmo. Sí hay, sí hubo, y seguramente habrá, como en cualquier otro lado, la Justicia actúa y cuando lo hace procesa. Ningún partido político está libre de ello, así como tampoco lo está ningún gremio o asociación, absolutamente nadie. Terminemos, señores, con ese discurso de que lo que es político es espurio. Es más; digo muy conscientemente que ojalá en todo el mundo exista la categoría de dirigentes políticos que tienen todos los partidos de este país.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa recuerda al Cuerpo que estamos en la discusión particular del proyecto de ley, por lo que exhorta a los señores Senadores a referirse estrictamente a lo que dice el texto de los artículos, porque de lo contrario la discusión se desvía y habrá que impedirlos.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: con ánimo muy constructivo quiero decir que en el día de ayer he advertido que el señor Senador Malaquina -lo digo con toda cordialidad- atribuye a las exposiciones que se oponen a un artículo un doble discurso, que no son democráticas -como ayer lo señaló- o que los cargos políticos o la política es indigna. Nadie ha dicho nada en ese sentido.

Me parece que sería bueno que no se planteara ese tipo de debate político y que nos ajustáramos al contenido del artículo. Considero que hemos realizado una exposición absolutamente objetiva; lo que hicimos fue relatar históricamente cómo venía funcionando en la práctica lo que este artículo establece en una ley.

Ayer escuchaba que el señor Senador Malaquina decía "Yo no acepto cátedra de democracia porque mi Partido es democrático". Nadie había dicho en este ámbito que el Partido de dicho señor Senador no fuera democrático. Si a mí me hubiera dicho eso, hubiera contestado enseguida, de la misma forma que hoy hablé mal de dos dictadores -y no de dos partidos políticos- es decir, de Bordaberry y de Aparicio Méndez, de los que siempre voy a hablar mal porque son dictadores y a mí me repugnan los dictadores porque soy un demócrata. Cuando los mencioné, no lo hice utilizando palabras agraviantes. Si eso fue lo que motivó que se dijera que hacíamos un doble discurso, pregunto quién habló de lo que hacía la Intendencia o la Presidencia de la República. Me refiero a la separación de Poderes en términos técnicos; reconocí la necesidad de la supremacía del Poder Ejecutivo, pero aclaré que no debía incluirse en la Constitución, sino derivar del prestigio de ser el líder del Partido que ganó la elección.

En fin, toda esa serie de motivaciones inventadas se atribuye a algo que uno no dice, para después dar contestaciones de un tono muy fuerte desde el punto de vista político.

Confieso que ayer me mordí la lengua cuando se hizo una réplica muy dura a la señora Senadora Arismendi, quien no había dictado cátedra de democracia a nadie, sino que en este Cuerpo había hablado sobre el contenido de un artículo y se le contestó "No acepto ni permito cátedra de democracia". Cuando expreso algo y otro señor Senador hace una referencia, no voy a decir, por ejemplo, al señor Senador Malaquina que exprese que tenemos doble discurso. Se lo permita o no, lo va a decir igualmente si tiene ganas de hacerlo. Por supuesto, haré la réplica del caso, como estoy haciéndolo en este momento.

Insisto en que el otro día me mordí la lengua para no decir que el Partido Colorado, que es democrático y lo afirmo sin ninguna ironía, no obstante, ha tenido la desgracia de que en este siglo los tres golpes de Estado fueron llevados a cabo por candidatos que ganaron la Presidencia por el Partido Colorado. Eso es un hecho, aunque nadie lo había mencionado en el día de ayer. Cada intervención que hacemos para expresar que no compartimos determinado artículo en términos absolutamente cordiales, a veces pretendidamente técnicos -si es que logramos ese nivel técnico- es contestada con consideraciones políticas que nuestra Bancada no ha dicho.

Por consiguiente, no debemos hablar de doble discurso ni dar cátedra de democracia, así como tampoco considerar que la actividad política es indigna, tema al que nadie ha hecho referencia. Ese tipo de hechos suelen merecer réplica. La hago esta vez, pero no pienso realizarla nuevamente. Me anima un afán constructivo: discutamos este tema en los términos que la Mesa acaba de señalar, con un llamado a la cuestión, sin entrar a debates políticos enormes. No los rehuyo; si se quieren plantear, que así se haga y los discutimos a fondo. De todas maneras, me parece que es una exhortación que puede contribuir a que trabajemos con más comodidad en el análisis de este proyecto de ley.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR MALAQUINA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALAQUINA.- Señor Presidente: tenga por seguro el señor Senador Korzeniak que no me referí a su discurso, pero sí lo exhorto a que lea las versiones taquigráficas donde podrá ver la participación de algunos señores Senadores para corroborar algunos puntos a los que hice mención. Insisto: sólo le pido que lea las versiones taquigráficas.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: lo lamento, pero no tengo más remedio que hacer el siguiente planteo. Seguramente, ésta puede ser una Sesión muy larga y, aunque no quiero ser el malo de la película, no podemos funcionar en este Cuerpo con el humo de cigarrillos permanentemente prendidos por parte de gente de todas las Bancadas; creo que el Nuevo Espacio es el único que no fuma, que está libre de esto.

(Hilaridad)

-Por lo tanto, solicito que se aplique el Reglamento.

SEÑOR ASTORI.- Me sumo a la propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa quiere recordar que el Senado tomó una resolución en la Legislatura anterior, según la cual no se puede fumar en Sala, pero no está incorporada al Reglamento. Es discutible que sea válida en cuanto han cambiado los Legisladores, por lo que señores Senadores que no habían participado de tal resolución hoy protestan respecto a su vigencia. El Presidente cumple con todas las normas, como seguramente sabe el señor Senador Couriel, pero no lo ha hecho con esa concretamente porque está en discusión. Sí podemos hacer una exhortación para que los señores Senadores que fuman, lo realicen fuera de Sala para no perjudicar a quienes no lo hacen, mientras tomamos una resolución definitiva al respecto y votamos otra vez la anterior que impedía el consumo de cigarrillos en Sala.

SEÑOR COURIEL.- Votemos ahora esa resolución, señor Presidente.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: luego de escuchar los fundamentos de los distintos señores Senadores sobre el artículo 26, debo decir que tengo una visión muy particular y en parte me siento en solitario, aunque voy a acompañarlo con mi voto. Decía que tengo una visión muy distinta a la de quienes lo acompañan y una también muy distinta a la de quienes no lo apoyan. Quienes no lo acompañan dicen que tratan de tutelar el tema de la autonomía, lo que considero que está muy bien porque es una forma de ver el problema.

A su vez, los que acompañan esta disposición aducen que la Constitución permite más, por eso se incluye aunque, en definitiva, es lo mismo. Me pregunto por qué, si es lo mismo, igualmente se establece.

En mi opinión -y aclararo que acompaño este artículo- algunos Legisladores no han leído bien esta disposición, ya sea para votarla o no. Concretamente, hace referencia al artículo 197 -aunque aquí se sacó- y deja fuera los salarios. Este es un primer aspecto que me parece importante señalar porque no estamos hablando de los salarios de las empresas públicas que podrán hacer los acuerdos y los convenios correspondientes, y tampoco de las inversiones, sino de los gastos de funcionamiento. Pienso que esto último debe ser puesto con nombre y apellido; estamos hablando de la publicidad estatal; de los gastos de publicidad que algunos Entes Autónomos han hecho para hacer "autobombo" y ejercer prácticas políticas que la Constitución les tiene prohibidas. En consecuencia, aunque aquí esté el señor Senador Carminatti, y él sea una excepción -también hay otros integrantes del Senado que han participado de la dirección de ejecutivos, en este caso comunales- nadie puede venir aquí a decir que pone las manos en el fuego por todos los que han ejercido la dirección de los ejecutivos comunales o han integrado los Entes Autónomos, sin que exista por lo menos uno que haya utilizado estos fondos en beneficio propio para hacer política. Esto es así; es más, el primer caso se dio con las pasividades que eran usadas para hacer campañas políticas, y así nos costó, ya que se hizo un desastre con la seguridad social en este país.

Salimos de todo esto, ya sea mal o bien -cada uno tendrá su opinión- y ahora tenemos que cuando muchos peleábamos -y por qué no decir todos, aunque algunos no lo votaron- para conseguir U$S 7:000.000 con destino al Poder Judicial en virtud de que con esa cantidad arreglábamos parte de las necesidades salariales de ese sector, otros en ANTEL gastaban U$S 12:00.000 en publicidad. ¡Fíjense qué bonito! Quiere decir que se gastaban, reitero, U$S 12:000.000 en publicidad en el curso de catorce meses, cuando necesitábamos U$S 7:000.000 para mejorar los salarios del Poder Judicial. ¿Con qué derecho se gastaba esto?

Cabe señalar que cada Ministerio, incluso los más grandes, no deben pasar de U$S 400:000.000 aproximadamente y, sin embargo, las empresas públicas más importantes duplican esos presupuestos. No obstante, aquí no las estudiamos, no las vemos y no las miramos. El año pasado, ANTEL facturó U$S 800:000.000, mientras que el CODICEN y el Ministerio de Educación y Cultura se aproximaron a los U$S 400:000.000 o un poco más.

Pienso que es hora de que el Parlamento asuma esta realidad. Es más, creo que a este artículo 26 le faltan elementos y lamentablemente, en parte, tienen razón algunos que dicen que no va a pasar nada. Se necesita que la opinión pública tome contacto con esto, ya que los Entes Autónomos han gastado todo ese dinero porque el Poder Ejecutivo, en muchos casos, hizo la vista gorda, ¿o acaso nos vamos a creer el cuento que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no sabía lo que se estaba gastando? Claro que lo sabía, pero miró para otro lado. Por algo los regímenes democráticos tienen Parlamento y por algo existe la opinión pública, que está atenta a lo que dice ese Poder.

Por estos motivos, es que he presentado un aditivo final, que se agregaría al primer inciso, que establece: "Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del Dominio Comercial e Industrial del Estado deberán, además, presentar en soporte informático un informe semestral" -en realidad, yo lo quería mensual- "sobre todos sus gastos e inversiones, desagregados al Poder Ejecutivo y éste lo enviará a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras del Poder Legislativo". Esto es con el objetivo de saber qué es lo que está sucediendo en esas empresas.

Acá no se trata de si algunos partidos han ejercido las responsabilidades del poder y de que aquellos que no las hemos ejercido, no tenemos idea de cómo se lo ejerce, sino de que hay que cuidar el dinero de los contribuyentes y ningún ciudadano, por más Presidente de Ente que sea, tiene derecho a gastarse el dinero de los demás ciudadanos en su "autobombo". Cuando esto sucede en forma reiterada, tenemos que encontrar las fórmulas, los mecanismos y las normas para evitarlo.

Si el señor Senador Malaquina ha sido hoy reelecto Intendente, habrá sido porque hizo bien las cosas y los ciudadanos lo habrán apoyado, lo que está muy bien. Asimismo, si el señor Intendente Arana también fue reelecto, será porque también procedió correctamente y los ciudadanos lo apoyaron nuevamente.

Todos tenemos un acuerdo en el sentido de que los Entes Autónomos no deben ser utilizados para hacer política porque ello está vedado por la Constitución. Este es un pacto entre todos nosotros y, por lo tanto, no podemos permitir el "autobombo".

Si este artículo, tal como está, no queda claro, podemos redactarlo varias veces, y si además el aditivo que he presentado no conforma a algunos, lo podremos cambiar. Nuestra intención no es violar la autonomía de los Entes Autónomos, pero tampoco admitir que no pasa nada y que no hay problemas. No es así; acá no hablamos de salarios ni de las inversiones, sino del "autobombo", de la publicidad oficial y de los millones de dólares que gastan directores de Entes Autónomos, cuando los recursos se necesitan para otras tareas y otros organismos.

De esto es de lo que estoy hablando y, por lo tanto, reitero que si la redacción no es clara, la podemos mejorar. Esta es de las poquitas cosas que esta ley de urgencia tiene en buena dirección. Voy a defender la autonomía de los Entes Autónomos y su prestigio ante la población, a efectos de que este tipo de perversidades -por lo menos, en mi opinión- violatorias de la Constitución, no se cometan.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR VIRGILI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIRGILI.- Deseo referirme a algunas expresiones que aquí se han dicho en forma de crítica, porque creo son injustas y no las puedo dejar pasar por alto.

No acostumbro a participar demasiado en este tipo de debates y soy más bien de los que escucho. Sin embargo, el señor Senador Mujica ha dicho una serie de cosas sobre los organismos públicos y los Entes Autónomos. Pienso que esa acusación que se ha hecho en el sentido de que son los peores del mundo, es ingrata.

Desde mi punto de vista, no creo que sean organismos perfectos, pero están jerarquizando a este país; es más, creo que en esta última Administración casi todos han alcanzado logros muy importantes. En la actualidad, UTE funciona normalmente y tiene una atención maravillosa; ANCAP está produciendo correctamente y, en cierto modo, introduciéndose en el mercado argentino; ANTEL podría ser llamada "la niña bonita" porque a todos nos consta que tiempo atrás había que conseguir cincuenta tarjetas para acceder a un teléfono, mientras que hoy la técnica ha avanzado y el Organismo no quedó atrás porque ha dado respuesta afirmativa a todos; y OSE ha hecho un gran trabajo, incluso construyendo una usina potabilizadora en San Ramón para 20.000 familias. También podemos citar el caso del Correo que se ha tecnificado, ha hecho correctamente su trabajo y hoy compite en el mercado.

Comprendo que el señor Senador Mujica debe tener sus razones y las respeto, y si bien estuve en uno de esos Organismos, éste no mejoró en ese momento, sino ahora. En la actualidad, seguramente tenemos un servicio muy importante a nivel de los Entes Autónomos.

Aclaro que no sé cómo funcionan por dentro estos organismos porque no estoy enterado, y tampoco pregunté; no sé si contaban con doce o quince secretarios, aunque quizás se trate de exageraciones que no tenían por qué hacerse. Cuando pertenecíamos a ese Organismo, el primer mes no contábamos con el dinero necesario ni para pagar los sueldos, pero es bueno que mencionemos el nombre de una persona, el ingeniero José Serrato, quien cambió lo que fue UTE y casi todas las instituciones del Estado. De UTE surgió el hombre que tecnificó esa institución, y de ahí en más lo hicieron otros organismos. No sé si los aquí presentes saben que existe mucha gente que estudió y se perfeccionó en UTE y que ahora está recorriendo el mundo. No me gusta que se mencionen estas cosas y que se dejen así, porque de esta manera se crea una desesperanza. Este pueblo tiene desesperanza, porque estas críticas que se vienen repitiendo hasta el cansancio, luego se convierten en la falta de esperanza de la gente. Sabemos que tenemos dificultades y que las cosas no son perfectas, pero también es cierto que se pone buena voluntad.

Sé que el señor Senador Mujica es un hombre muy capaz y por eso tenía que contestarle, de lo contrario hubiera sido un desagradecido con la gente que trabajó en esos organismos, que estoy convencido que es gente honesta, de bien.

Recuerdo cuando estaba en Subsistencias, en donde todo era tremendamente pobre y había mucha gente que desde hacía quince o veinte años vivía de Subsistencias. A veces me decían que querían a esa entidad porque habían vivido de ella. Esas son las cosas que me preocupan cuando escucho críticas y no quisiera que la gente que se encuentra aquí pensara que si no los defendíamos, éstas eran ciertas. Quizás se puedan mencionar situaciones muy feas, pero creo que en esta última oportunidad, los organismos del Estado fueron buenos y aunque no sé qué pasará en el futuro, en su momento sirvieron.

También se ha dicho que se integran por política; seguramente será así, como en todos lados. Que a veces se establezca una relación con los políticos, me hace pensar que eso ocurre en todos lados, pero no nos hagamos los santitos ni digamos que nunca nos pasa nada, porque todos pasamos por este mundo y sabemos lo que es la política. El señor Senador Michelini expresó que esos organismos no eran para hacer política y yo le pregunto, si somos políticos y la gente viene a vernos, ¿qué hacemos? ¿Les decimos que no hablen de política? No seamos así, seamos correctos y sinceros en nuestros procederes y actuación y seguramente de esa forma tendremos un país mejor.

Muchas gracias.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Seguramente mi dificultad de dicción y el estar mal dormido no me hayan dado la capacidad de trasmitir claramente mi pensamiento. No voy a estar en el último lugar de quienes defiendan estos formidables mastodontes que son parte de la historia del pueblo uruguayo. Naturalmente, tienen defectos, los que tenemos los hombres porque, en todo caso, esos organismos no están administrados por dioses. Pero el día que no los tengamos, los Ministros de Economía tampoco contarán con ese chorrito de aportes. El doctor Brum, en 1921, decía -voy a citar de memoria-: no sé por qué critican tanto la iniciativa del Estado en sus empresas, porque tienen más empleados, tienen más trabajadores. Sí, efectivamente, gastan más en salarios. Probablemente, si hubiera una empresa extranjera gastaría menos por ese concepto. Esto me hace pensar a dónde se iría ese ahorro, esa ganancia. Seguramente fuera del país. Tal vez nosotros gastemos demasiado, pero queda circulando en el contexto de nuestro país.

No le voy a achacar a los partidos, así al boleo, aquellos problemas que tenemos los hombres. El sabio bipartidismo significa que nadie te va a controlar mejor que aquel que está en la oposición, no porque sea más santo que tú, sino porque las disposiciones humanas deben entender que vale "más prevenir que curar". El quid de la cuestión no es castigar pues más allá de los partidos, somos hombres y no dioses. La sabiduría que existe en el juego de la oposición, con el debido control, nos ayuda a que las humanas debilidades que los hombres tenemos, estén más acotadas. Ningún partido está exento de los riesgos que suponen las humanas flaquezas que los hombres llevamos adentro. Por ese motivo, la presencia de estos hechos de largo aliento en la oposición, creo que ayudan a esos elementos de control. Si bien es cierto que podría "encarajinar" todo esto, sería como realizar una crítica.

Tengo en mi poder los gastos de propaganda del departamento de Rivera, de un organismo del Estado y, francamente, son inconcebibles. Y aquí tengo otro. Sé lo que gastó un organismo en materia de propaganda en el departamento de Artigas y la verdad que es como si el grueso de la población del Uruguay viviera en Artigas. Luego de estudiarlo, resultó ser un Director. Entonces, ¿tiene la culpa el partido o el organismo? No; se trata de una humana flaqueza a la que estamos expuestos todos. Entonces, es sabio que haya alguien controlándote. Quizás esto no sea lo mejor porque, claro, se pueden arreglar todos. En ese caso, será un poco más difícil.

Concordamos con lo que señalaba el señor Senador Rubio, pero lo que yo quiero trasmitir -y algún día tendremos que discutir este tema porque queda mucho en el tintero- es que estamos en una época abierta y, además, existen incitaciones desde afuera en forma permanente. Lo que ocurre es que cometemos disparates en nuestro país y tenemos un problema que es de nuestra época. Me dolió mucho cuando un hombre de carrera, en una institución pública, aceptó un cargo de responsabilidad política y cuando terminó su período le hizo un pleito al organismo porque en el puesto que tenía en ese momento ganaba mucho menos que en su cargo administrativo. Es decir que apuntó lo que le debía la Patria, lo que me hace pensar que nada tenía que ver con aquel Suárez que no le llevaba cuentas a la Patria. Entonces, ¿a quién le voy a achacar? ¿Al partido? Tal vez sí se lo tenga que achacar porque no tiene un cuartito en el fondo para hacerle comer una "calaboceada". Estos problemas de la ética en la cuestión pública son el quid del asunto.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE.- Me voy a referir muy brevemente a este tema porque creo que ya se ha hablado mucho.

Acompaño al artículo 26 porque tengo alguna experiencia en esa materia por haber estado bastante tiempo en organismos del Estado, por ejemplo, en ANCAP estuve en tres períodos: desde 1967 hasta la dictadura -cuando nos echaron- posteriormente ocupé la Presidencia de ANCAP. Como aquí ya se han hecho algunas referencias políticas, yo también voy a agregar algún comentario.

A mi juicio, este artículo mejora el necesario relacionamiento que debe existir entre los organismos industriales y comerciales del Estado -que tanta importancia y peso tienen en la economía del país- con el Poder Ejecutivo. Creo que todos sabemos que esto debe ser así. Es absolutamente necesario que existan políticas coordinadas y que el Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de hacer un seguimiento de todo este proceso.

También quisiera referirme a algo que se ha estado diciendo en Sala, con respecto a la importancia del contralor que tengan personas pertenecientes a la oposición en los organismos del Estado, concretamente, en los directorios. Cuando me tocó presidir el directorio de ANCAP, en la primera o segunda reunión que se celebró fue necesario fijar un aumento de precios de los combustibles. Afortunadamente, tuve el honor de estar acompañado por el ingeniero Oliveras, perteneciente al Frente Amplio, quien votó dicho aumento porque era un funcionario que conocía perfectamente esa necesidad, dado que siempre había estado vinculado a toda el área de planificación. De manera que sabía muy bien de la necesidad de ese aumento de precio. Sin mayores comentarios, quiero decir que esa fue la primera y última vez que el ingeniero Oliveras votó un aumento de precio.

Muchas gracias.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: este artículo procura explicitar uno de los tantos mecanismos de racionalización y mejora en la gestión que va a usar el Poder Ejecutivo. Como ya se ha dicho claramente, la Constitución permite -no desde la última reforma, sino desde la de 1967, como lo explicitaron quienes más conocen del tema y los propios autores de la reforma, Sanguinetti y Seré, en aquel tan recordado libro, "La nueva Constitución"- facultades mucho más amplias. Seguramente, cuando el Poder Ejecutivo plantea esta disposición, no está pensando en remover directores, sino en la capacidad, no sólo de observar el acto, sino de tener responsabilidad política frente al Parlamento.

Quiero recordar que sólo podemos hacer responsables -salvo casos de juicios políticos y demás- por inconveniencia en la gestión, a los Ministros. Para que estos sean responsables de las empresas que se vinculan al Poder Ejecutivo, naturalmente, deben estar informados. Esto es de lo que trata este artículo, es decir, la información, la racionalización y la mejora en la gestión. Hay quienes consideran que es intrascendente pero, jurídicamente, es correcto, ya que no se agrega ninguna facultad nueva. Casi coincido con aquellos que señalan que, de alguna manera, la limita. Entonces, si tengo que adelantar mi opinión, después no puedo hacer una observación contraria a lo que expresé.

Por tanto, mi intervención tiene como objetivo promover la votación de este artículo.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: en mi modesta opinión, en el transcurso del debate se han mezclado dos tipos de temas. Seguramente, lo que llevó a ello en forma inconsciente, fue el propio desarrollo de la discusión. Aquí se ha discutido sobre gasto de las empresas públicas y también acerca del carácter de la dirección de las mismas, lo cual llevó a alusiones político-partidarias de toda naturaleza.

Quisiera hacer algunas apreciaciones sobre este segundo punto, pero antes deseo recordar que hay un artículo 30, que aún no discutimos, vinculado directamente con los directorios de los Entes Autónomos. En su oportunidad, será necesario profundizar los argumentos que ya adelantaron algunos señores Senadores -y escuchar los que aún no han sido vertidos- que, a mi juicio, tienen muy poco que ver con el artículo 26.

En segundo término, este artículo tiene un punto central: los gastos de funcionamiento de las empresas públicas. Simplemente, quiero recordar que, más allá del grado de trascendencia que posea esta norma y del que nosotros, las distintas Bancadas, le atribuyamos, esta es una piedra angular del estado fiscal del país en el momento actual. Los señores Senadores recordarán que en la reciente campaña electoral, el tema de la reducción del gasto se transformó en uno de los principales problemas que se discutieron y, naturalmente, cada partido intentó capitalizar la adhesión de la ciudadanía. Por ejemplo, nosotros propusimos el llamado Plan de Emergencia, y la primera pregunta que se nos hacía era de dónde iban a salir los recursos. Frente a esta pregunta insistimos mucho en que el país no toleraría una presión fiscal más alta de la que tiene ahora. Incluso dijimos que llegaría el momento de cambiar el sistema tributario, lo cual implica un proceso gradual imprescindible que el país tendrá que vivir lentamente. También indicamos que sería necesario poner el acento en la reducción del gasto público. Cuando se señalaba este argumento, se nos decía que el gasto público uruguayo tiene una fuerte falta de elasticidad, porque tiene una gran proporción dedicada a salarios y a seguridad social, lo cual es verdad. Entonces, el debate derivaba hacia aquellos gastos que sí se podían reducir. Y por una u otra razón, que me ahorro detallar para no alargar esta discusión innecesariamente, terminábamos en los gastos de funcionamiento que es, a mi juicio, pensando en el Estado en su conjunto, donde que hay que poner el énfasis urgente -estamos discutiendo una ley de urgencia- para financiar las necesidades que surgen de los diversos problemas que está viviendo el país y su gente.

Solo quiero decir, en relación con los gastos de funcionamiento de las empresas públicas, que hay mucho paño para cortar, y todos sabemos que es así. No debería ofenderse nadie cuando se dice que hay directores de empresas públicas con quince secretarios, porque los hay. Voy a decir más, también hay empresas públicas en las que sus directores no tienen ninguno. Esto ocurre porque funcionan de manera diferente, tienen criterios distintos. Algunos hacen más daño que otros a la empresa. No debería ofenderse nadie cuando alguien dice que hay gastos excesivos de secretaría. No debería ofenderse nadie cuando se pagan viáticos absolutamente injustificados y cuando hay gastos altísimos de adquisición, funcionamiento, mantenimiento y utilización indebida de vehículos automotores en todas las empresas públicas. Todos sabemos que es así y que esto infla el gasto público, en momentos en que el país no puede permitirse este lujo indebido. Distingamos lo que es la política de la política partidaria. Por lo general, estos gastos están destinados a llevar caudal para el molino partidario de quien los autoriza; diría más, para el molino sectorial de quien efectúa estos gastos injustificados. Además, hay una lucha intersectorial dentro de los partidos que nombran directores en las empresas públicas. No nos ofendamos, porque todos sabemos que esto es así. Hay mucho paño para cortar de los gastos de funcionamiento de las empresas públicas.

El señor Senador Michelini hablaba de los gastos de publicidad, que es un tema que fue la "vedette" en la campaña electoral. Me remito a lo que él dijo, y no lo voy a repetir, pero quiero recordar lo siguiente.

Gran parte de los gastos de publicidad de las empresas públicas estuvieron destinados a promover productos monopólicos. Quiero señalar que no me opongo a que una empresa pública publicite cuando compite, porque necesita hacerlo, pero me indigna el costo de campañas de televisión extensísimas y de producción muy costosas, para promover productos monopólicos de esas empresas públicas. Por muy lejos, la aplastante mayoría de los gastos de publicidad que han desarrollado las empresas públicas últimamente, es para promover productos monopólicos y no de competencia. Entonces, señor Presidente, se llega a extremos, además, de pagar precios más altos a los del mercado por estas campañas publicitarias. Esto es, hay condiciones de negociación que llevan a la empresa pública a pagar más que el sector privado por la publicidad que contrata.

A propósito de la discusión de este artículo, quiero subrayar que aquí el punto en cuestión son los gastos de funcionamiento de las empresas públicas. Estas tienen mucho para cambiar en esta materia y estos son sólo algunos ejemplos. Además, más allá de que se apruebe o no este artículo, vamos a tener que poner en práctica una política de restricción severa de estos gastos. Si es por esta vía me atrevo a tomar las palabras del señor Senador Atchugarry de hace unos minutos; me parece que este artículo, en lugar de promover, limita la restricción, porque establece mediaciones que, en definitiva, van a perjudicar al que quiere controlar. Sea por esta vía o por otra, el Poder Ejecutivo tendrá que tomar las riendas de este problema. En este sentido, no hago cuestión de la autonomía de los Entes; estos son autónomos pero no tienen derecho a hacer esto amparados en su autonomía. Repito que por esta vía o la que sea, el Poder Ejecutivo tendrá que regularizar esta situación, porque en este momento esta es una de las fuentes de recursos que el país necesita para financiar los gastos de urgencia que tiene que hacer. Me parece que el momento para hacer estas constancias es, precisamente, la oportunidad de discutir este artículo 26. De esta forma, queda constancia de cuál es nuestra postura acerca de los gastos de funcionamiento de estas empresas.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Me había anotado hace mucho rato y pensaba que antes de que avanzara la discusión, podía decir algo que contribuyera, por lo menos, a transmitir nuestra opinión.

Me parece que hay que tomar conciencia de que no es lo mismo la administración política del Estado central o de un municipio, que el funcionamiento y la relación del Poder Ejecutivo con los Entes Autónomos; son dos cuestiones distintas. En el Poder Ejecutivo se pueden designar directamente los Ministros y un Intendente puede designar a sus colaboradores para llevar adelante sus objetivos de naturaleza política. Al respecto, otorga esos cargos a quienes les tiene confianza, como bien se decía aquí. Otra cosa es la relación que constitucionalmente establece la Carta entre el Poder Ejecutivo y los Entes Autónomos. Esto tiene una larga tradición en el país. Hubo un tiempo en el que se estableció que le correspondía a la mayoría tres integrantes, y a la minoría, dos. Era el famoso esquema del tres y dos, que se hizo para garantizar la coparticipación. El tema de la coparticipación no es una mala palabra, porque en el país viene siendo ensayado desde 1916 en adelante, como un método de control y, a la vez, de pacificación en la relación entre los partidos políticos con el Estado. Pero creo que eso no tiene nada que ver con la cuestión que aquí está legislada. Como se dijo, nosotros hemos actuado con un criterio amplio, por ejemplo, en la Intendencia Municipal de Montevideo, dando cabida a gente que no pertenece a nuestro sector político. Aquí se decía que otros partidos han hecho lo mismo en otros municipios y me felicito de que así sea. Sé que en Maldonado, en Cerro Largo y en Florida se llevó esto a cabo, y en este último caso lo efectuó un sector que hoy está en el Gobierno, la lista 15. Me parece bien que se haga porque es un criterio civilizado utilizar a la mejor gente para los mejores cargos.

Por otra parte, pienso que esto no tiene que ver con el problema de la gestión de las empresas públicas -tema que me parece muy importante- o de su relación con el Estado, si deben o no existir y quiénes las deben gobernar. Quiero decir muy claramente que pienso que a las empresas públicas las tienen que gobernar dirigentes que sean nominados por el poder político y no empresarios. No se trata de empresas para producir ganancias, sino para prestar servicios públicos fundamentales, de carácter estratégico. Además, deben ser bien administradas, pero no comparto la idea de que se termina este problema eligiendo a un gerente. Por ello defendí en 1992 el criterio de que las empresas públicas permanecieran dentro de la órbita del Estado. Luego se hizo el referéndum y se ganó. Ahora hay elementos que tienden a desnaturalizar un poco la expresión de aquella voluntad popular, pero no estoy de acuerdo con que el gerenciamiento sea de otra naturaleza. Soy partidario de que juegue un papel importante el poder político central. Si en la relación entre el Ente Autónomo y el Poder Ejecutivo hay observaciones que hacer y hay que destituir, pienso que el Poder Ejecutivo tiene elementos constitucionales para hacerlo, tales como el artículo 197, que puede utilizar si ve que hay desvíos.

No han pasado pocas cosas. Hubo una polémica muy grande hace dos años en torno a cómo ANTEL utilizaba sus recursos y si era conveniente o no hacer una torre de las comunicaciones que costaba U$S 100:000.000. Con esto no estoy descubriendo nada, porque fue público y notorio. Este tema se discutió durante mucho tiempo e intervino, entre otros, el actual Presidente de la República.

Ayer dije -y lo examiné después con el señor Senador Carminatti- con el sindicato de OSE que me parece una exageración que haya 28 gerentes y 34 subgerentes, porque hay más subgerentes que departamentos. Los gerentes ganan más que un Director de un Ente Autónomo y que un Senador. Entonces, pienso que aquí hay algo que no funciona y que no está bien, y esto tiene que ver con los gastos de funcionamiento y también con los gastos de publicidad.

El señor Senador Michelini ha presentado una propuesta que yo comparto y me parece que se puede acompañar perfectamente, ya que es muy congruente con lo que establece la Constitución de la República, que tiende a que se desagreguen todos los gastos y se dé cuenta periódicamente al Poder Ejecutivo, quien debe comunicarlos a la Asamblea General. De esta forma, vamos a saber bien cómo se gastan los dineros. En ese caso, el control es fundamental y muy importante. En lo personal, lo que importa sustancialmente es que estas empresas estratégicas -que no son muchas, porque no suman más de 8 en el país- permanezcan dentro de la órbita del Estado y sean muy bien gestionadas y controladas. Comparto la idea de que nadie está libre de que le toque alguna vez que alguien de su sector político cometa un acto que está reñido con la ética. Pero es muy veleidosa la probidad de los hombres, como decía el Jefe de los Orientales, y había que poner la garantía de la ley. Hay que poner un corsé muy estrecho para que la gente no se desvíe y aprenda a caminar por el camino correcto.

SEÑOR FAU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: he escuchado con atención el debate -lo hemos seguido también desde la prensa en distintas oportunidades- desde el que se reclama la presencia de otras fuerzas políticas en la Dirección de las empresas del Estado, bajo el argumento de que tienen que estar allí para controlar. Creo que ahí tenemos un error de concepto y de pronto no sé si este es el momento para discutirlo, pero sí para plantearlo. No creo que una empresa comercial o industrial del Estado deba tener un Directorio en estado de asamblea.

Me parece que por el hecho de que una empresa sea del Estado, no deja de ser empresa y lo que requiere es, fundamentalmente, un equipo que la conduzca. Distinto sería el planteamiento si las fuerzas políticas reclamaran estar en el Directorio para gobernarla, para impulsar un mismo proyecto, para identificarse con una determinada política. Entonces, de pronto sería sano que el espectro político en su amplitud estuviera representado allí.

Cuando se trae a colación los ejemplos de los señores Intendentes que hacen ofrecimientos para integrar las Direcciones de los Municipios, parece olvidarse que la oferta a las demás fuerzas políticas no es para que controlen al Intendente, sino para que gobiernen con él. Si se les ofrece el Departamento de Hacienda no es para que les controle las finanzas, sino para que se hagan cargo de él y gobiernen junto al Intendente, porque para controlarlo está la Junta Departamental.

Entonces, cuando insistimos en ese argumento de que puede haber hasta cierta mezquindad en no dar participación a las fuerzas políticas -importantes algunas de ellas desde el punto de vista electoral- que aparecen en primer término, digo que el tema no es acotar la participación. No, los organismos de contralor están en el Estado y funcionan a plenitud. Es más, en algunos organismos de contralor están esas fuerzas políticas que reclaman se les dé participación.

(Murmullos en Sala)

-¿Es posible imaginar UTE, ANCAP o ANTEL con directores que controlen, que deliberen y debatan, que se armen grandes discusiones sobre estos temas de conducción de las empresas del Estado? ¿Dónde va una empresa en estado deliberativo?

Pido que razonemos en forma elemental.

Pido al señor Presidente que me ampare en el uso de la palabra, no por los que hablan, sino por mí. En esto me afilio a lo expresado por el señor Senador Pereyra en cuanto a que nadie tiene poder de convocar a los demás a que lo escuchen, pero por lo menos uno no se debería sentir atormentado por murmullos que le impiden hilvanar su pensamiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa ruega a los señores Senadores mantener silencio en Sala.

Puede continuar el señor Senador Fau.

SEÑOR FAU.- Tenemos una coincidencia de gobierno y estamos dispuestos, de común de acuerdo, a hacer de ANCAP o de UTE una empresa del Estado con determinada orientación. Si en eso coincidimos todos, pues, estemos todos en el Directorio. Es más, me parece bien que sea así. Pero lo que no puedo admitir es que esa empresa compita con una empresa privada, en donde no se controla, no se delibera y no se está en estado de asamblea, cuando en cambio yo administro los intereses comerciales e industriales del Estado en una especie de debate participativo que me lleva a no saber en cuánto tiempo y en qué forma voy a tomar mis decisiones. Creo que se trata de eso.

En fin, reitero, si coincidimos en una propuesta, si esa fuerza política que reclama su participación está de acuerdo con quien conduce el país en qué hacer con UTE, qué con ANCAP y qué con ANTEL, sería bueno que lo hiciéramos todos juntos. Ahora bien, si no estamos de acuerdo en qué hacer con esas empresas, lo bueno es que quienes de acuerdo con la Constitución tienen la responsabilidad, lo hagan y los que deben controlar, controlen, pero desde donde deben hacerlo y no desde donde tienen que gobernar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- En primer lugar, debo contestar una alusión política directa.

Celebro que el señor Senador Fau sea tan claro. En 1985 no pensaba lo mismo cuando estaba en el Frente Amplio, cuando fuimos a integrar los Entes Autónomos y él colaboró para designar a las personas que nosotros propusimos. Era otra idea; ahora ha avanzado en su planteo ideológico y está en la tesitura de concentrar la decisión.

Las empresas públicas son eso: empresas públicas. Tienen un marco de funcionamiento de ejercicio de potestades del cual no se pueden apartar, y lo que estamos buscando nosotros es que se gestionen mejor. No quiero que sólo esté el 40% de los accionistas de esas empresas públicas, que son los que votaron al Frente Amplio, Encuentro Progresista, para controlar sino para gestionar mejor. Creo que eso es muy sano, dio mucho resultado en el país y lo seguirá dando. Cuando nosotros seamos mayoría vamos a hacer eso, y no lo que se hace ahora.

Lo que me preocupa es decir que nosotros tenemos un criterio más amplio. Tenemos proyectos de ley en donde hemos planteado la participación de los usuarios y de los funcionarios en la gestión de las empresas, y también maneras de gestionarlas que dan posibilidades a que esa gestión sea eficaz y redunde en beneficio del colectivo.

Lo único que me llamaba la atención -lo digo con mucha claridad- es que en el Mensaje del Poder Ejecutivo se hiciera referencia al artículo 197, porque era como amenazar con una guillotina al que estaba gestionando. Más bien hay que lograr -me parece que en eso el planteo del señor Senador Michelini es mejor- que permanentemente se dé cuenta de cómo se invierten los gastos de funcionamiento y las inversiones, a los efectos de saber qué ocurre en cada Ente Autónomo o Servicio Descentralizado.

Era cuanto quería señalar.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: en el acierto o en el error, tratamos de dar a nuestras intervenciones el único sentido que deben tener en un órgano de esta naturaleza, que son las apreciaciones políticas sobre los temas de gobierno. Eso es lo que hay que discutir. Pero el señor Senador Gargano opta por otro camino y va a las referencias personales.

No soy hombre de amenazar, no es mi estilo ni mi conducta; no lo he hecho, no lo hago, ni lo voy a hacer. Entonces, sólo le quiero advertir que no insista en ese camino. De mi conducta política me ocupo yo y mis compañeros políticos. No le voy a reconocer, pues, al señor Senador Gargano autoridad para juzgar mis actos, mis hechos y mis conductas políticas.

(Manifestaciones en la Barra)

-También lo invito a que no insista en esto, porque así como usted puede referirse a mi conducta yo puedo referirme a la suya, y seguramente en algunos casos usted no va a salir bien parado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 26.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

La Mesa recuerda a los asistentes a la Barra que está prohibido todo tipo de manifestaciones.

Hay un aditivo presentado por el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- La discusión está dada y eso es, simplemente, para clarificar.

Habíamos presentado un aditivo al que se le hicieron modificaciones en función de alguna opinión dada por otros señores Senadores. Entonces, el texto del aditivo que se incorporaría al final del artículo 26 diría: "Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado deberán, además, presentar en soporte informático un informe semestral sobre todos sus gastos e inversiones desagregados al Poder Ejecutivo, y éste lo enviará a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras del Poder Legislativo."

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Es, simplemente, para comunicar al Cuerpo que necesitamos algo de tiempo para realizar las consultas correspondientes.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: no sé si el señor Senador Atchugarry ya está en condiciones de dar su opinión, pero en nombre de nuestra fuerza política adelantamos la intención de solicitar un cuarto intermedio de quince minutos una vez que se haya concluido la consideración de este punto y luego de que el señor Senador Fernández Huidobro haya formulado su planteo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo presentado por el señor Senador Michelini.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) PEDIDOS DE INFORMES. Reiteración.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: deseo solicitar la reiteración de dos pedidos de informes que he formulado con fecha 4 de abril. Uno de ellos está dirigido al Ministerio de Defensa Nacional y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL, a los efectos de conocer el monto de gastos en publicidad correspondiente al año 1999, así como el de los realizados hasta la fecha de recibida esta solicitud. El otro pedido de informes también está dirigido al Ministerio de Defensa Nacional y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Comunicaciones, con el fin de saber si en fechas recientes se han realizado obras de mantenimiento y/o de reforma en el edificio sede de dicha Dirección. En caso afirmativo, solicitamos se nos permita conocer la descripción de dichas obras, de las licitaciones correspondientes, si hubiere lugar, de las empresas a cargo y de los montos gastados.

Es cuanto quería solicitar. Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- En el mismo sentido del planteo del señor Senador Fernández Huidobro, voy a solicitar que el Cuerpo haga suyo un pedido de informes dirigido al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, al Directorio de ANCAP, vinculado con ascensos, creación de cargos y aumentos salariales con fundamentos desconocidos, así como con algunas resoluciones adoptadas por el Directorio con respecto a estos rubros.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

Así se va a proceder.

9) MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLAN Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del proyecto de ley de urgencia.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundamentar el voto del artículo aditivo presentado por el señor Senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- En virtud de que ya se está considerando otro tema, reglamentariamente no existe alternativa de fundamentar el voto.

SEÑOR RUBIO.- Ya tendremos oportunidad de hacerlo.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Formulo moción en el sentido de que el Senado pase a cuarto intermedio por quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por el término de quince minutos.

(Así se hace. Es la hora 17 y 33 minutos.)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Es la hora 18)

-En consideración el artículo 27, de la Sección 3ª, "Estado Informático".

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Queríamos manifestar -como lo hicimos en la Comisión y también en el informe- que compartimos estos artículos en la medida en que procuran introducir el sistema informático, el expediente electrónico y otra serie de mecanismos que agilitan el flujo de información en el marco de la Administración Pública. Por lo tanto, señalamos que vamos a votar los tres artículos que componen esta Sección.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Propongo que se voten en bloque los tres artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- A pesar de haber hecho acuerdo con todos estos artículos de la Sección 3ª, si hubiera alguna oportunidad, me gustaría cambiar el título "Estado informático", que gramaticalmente me parece deplorable. Creo que el término "Estado" no se ha empleado como sinónimo de situación, sino de organización política del país. Estimo que no se puede decir en una ley que convertimos al Estado uruguayo en un Estado informático, sino que se debe buscar otra denominación para la Sección. No tuve tiempo de pensarlo aún, pero pediría que en algún momento se tome en cuenta la posibilidad de corregirlo.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Seguramente la Mesa, en amable consulta, podrá buscar un título adecuado con el acuerdo de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase un artículo aditivo presentado.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Los Gobiernos Departamentales podrán aplicar lo dispuesto en los dos artículos anteriores dando cuenta a sus respectivas Juntas Departamentales." Firman los señores Senadores Malaquina, Heber, Atchugarry, Sanabria, García Costa y Larrañaga.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Quisiera referirme a una cuestión de procedimiento. Hemos votado la propuesta del señor Senador Heber en el sentido que se voten en bloque los artículos de la Sección 3ª, pero en ningún momento se votaron esos artículos. Por lo tanto, propongo que se voten los artículos, en cuestión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar en bloque los artículos 27, 28 y 29.

(Se votan:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar el artículo aditivo recientemente leído.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 30, de la Sección 4ª, "Organismos Públicos".

SEÑOR FAU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: queremos reiterar algunos fundamentos que dimos en oportunidad de la discusión general de este proyecto de ley con relación a este artículo 30. Nuestro sector político tiene una visión distinta sobre este artículo, sustancialmente en lo que tiene que ver con la reducción del número de integrantes del Directorio de ANTEL. Es un tema que hemos planteado desde hace mucho tiempo; forma parte de una definición muy fuerte en el Foro Batllista el enfoque que dimos a este problema y hemos intentado ser bastante claros. El tema no se reduce exclusivamente a una cuestión de naturaleza numérica, es decir, reclamar que se mantenga un Directorio de cinco miembros en lugar de reducirlo a tres. Obedece a una concepción y una valoración de esta empresa del Estado que hacemos en el grado mayor.

Pensamos que debe comprenderse que para un sector político puede haber determinadas definiciones que le resulten casi emblemáticas. En ese sentido, para quienes durante cinco años tuvieron la responsabilidad mayor en la conducción del país, hay un conjunto de logros que sentimos muy profundamente. Durante el Gobierno del doctor Sanguinetti hubo reformas y cambios que se transformaron en emblemáticos para la corriente política que él lidera y conduce. La reforma educativa, la reforma de la Seguridad Social, la reforma del Estado tal como la concebimos nosotros y la reforma del sistema político, son puntos centrales que definen una forma de Gobierno y ratificamos nuestro deseo de profundizar en ellos.

Existieron también dos elementos muy fuertes en ese gobierno, relacionados con las políticas de salud y las comunicaciones, en este caso con las que están a cargo de ANTEL. Estamos convencidos de que esta empresa del Estado ha sido y es una buena empresa; seguramente puede ser mejor, y ella misma lo demuestra porque si hay un ente que avanza en eficiencia, eficacia y tecnología, es precisamente ANTEL. Eso es lo que le ha permitido ir reduciendo tarifas -lo que venimos haciendo desde hace años- y hoy vemos con alegría y satisfacción cómo esas políticas que se afirman y consolidan en los nuevos tiempos permiten estos descensos tarifarios, tales como los que se conocieron hace pocas horas en lo que tiene que ver con los costos de Internet. Se trata de una política que se mantiene, que continúa y que se ha venido dando en estos últimos años en los que la administración de ANTEL iba alcanzando estos logros. Ahora, con satisfacción, vemos cómo las nuevas autoridades en el Gobierno le muestran al país cómo es posible abaratar esos servicios y cómo nos vamos incorporando en esos espacios tecnológicos a un ritmo que, si bien podrá pensarse que puede ser más acelerado, en definitiva es bueno.

Una empresa de esta importancia, gravitación y trascendencia para nosotros necesita ser dirigida por un Directorio que se compadezca con la importancia de los intereses que tiene a su cargo. Por lo tanto, entendemos que así como se coincide en que en otras grandes empresas del Estado no se hace necesaria una reducción en el número de sus directores, a ésta la colocamos en el mismo nivel y pensamos que también debe mantener el número actual de integrantes en su Directorio. Reitero que no se trata de un tema numérico sino de la importancia, trascendencia y complejidad de las materias a su cargo lo que hace conveniente que el Directorio tenga determinado número de miembros a fin de asegurar mayor eficacia.

Por otro lado, en la órbita privada quienes exploran estas mismas actividades, que naturalmente tienen un sentido de mayor ejecutividad y practicidad tomando decisiones con mayor facilidad, tienen directorios que no se caracterizan por ser poco numerosos: los hay de 5, 7 y hasta 9 miembros.

Para el Foro Batllista este es un tema muy importante y queremos trasmitir con sinceridad y autenticidad que tiene mucha fuerza y es lo que nos ha llevado a debatirlo y discutirlo en el seno de nuestra organización. Lo hemos hecho fraternalmente con los otros sectores del Partido Colorado, que con la misma honestidad, honradez y sinceridad que nosotros, piensan que para un mejor logro de los objetivos que debe tener ANTEL, es conveniente que el número de directores se reduzca a tres. Insisto, ha sido una discusión muy sana, respetuosa y fraterna donde dirimimos nuestros puntos de vista diferentes y donde hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que nuestra línea argumental tuviera tal fuerza que permitiera modificar el artículo que se había propuesto y así mantener el actual Directorio de ANTEL con cinco miembros. Así como para nosotros este es un tema de mucha fuerza -lo recalco- sentimos y valoramos que para otros sectores del Partido Colorado también la tiene y, entonces, el respeto mutuo y recíproco a las dos visiones es lo que ha predominado. Hemos hecho las consultas del caso, se han cumplido las instancias de diálogo naturales a todo partido político, y el Poder Ejecutivo ha reiterado su convicción de que es necesario que en este proyecto de ley de urgente consideración se mantenga esta disposición tal como ha sido propuesta.

A nivel de la Comisión de Constitución y Legislación realizamos algunas sugerencias que, lamentablemente, no tuvieron la mayoría necesaria para su aprobación y, por lo tanto, se mantuvo el texto. Cuando a los sectores políticos se le plantean estas situaciones de definición que tienen que ver con la ratificación de sentimientos y visiones muy profundas, deben analizar cómo combinarlas con las obligaciones de partido, de gobierno y con las responsabilidades elementales que emergen de aquellos que habiendo sido electos por el mismo partido, integran el mismo gobierno y respaldan al mismo Presidente. En consecuencia, si nuestro candidato, ahora Presidente de la República, sostiene que necesita de estas herramientas y recursos que están planteados en el proyecto de ley, esa disyuntiva que se nos plantea nosotros la resolvemos bajo la óptica de la responsabilidad y solidaridad partidarias.

Quiero insistir una vez más en cuanto a que para nosotros este es un tema muy importante. Desde el convencimiento que el doctor Sanguinetti tiene hasta el de los demás integrantes del sector, a ANTEL la tenemos planteada como una de las actitudes más firmes que debemos defender y profundizar. No se trata de que haya sido atacada, sino que desde nuestra óptica sentimos un compromiso muy profundo con esta empresa del Estado.

En ese sentido, nuestro sector le va a dar su voto a este artículo bajo esa óptica de la responsabilidad y la solidaridad. Los partidos se merecen la definición de tales en la medida en que adoptan conductas y demuestran madurez y sensatez en el momento de las decisiones como así también al saber darle a cada cosa la gravitación que tiene.

La afirmación del Gobierno, para el Partido que está en él, tiene que ser un presupuesto básico y fundamental. Dentro de ese Partido se plantearán los distintos puntos de vista, se analizarán las discrepancias y se asumirán las posiciones antagónicas pero, en definitiva, tiene que prevalecer ese sentido de responsabilidad. Si así no actúan los partidos, no son merecedores de la confianza pública porque, en definitiva, alguien puede creer que votando a un lema lo hace por un conjunto de personas que se comprometen en un mismo proyecto, y después resulta que luego las visiones de sectores predominan sobre el partido y se desvirtúa la voluntad que el votante tiene cuando sufraga.

No nos resulta sencillo ni fácil votar este artículo, pero tampoco tenemos la menor duda de que lo tenemos que aprobar. Esto es lo que hacemos hoy frente a este pedido del Presidente de la República, nuestro correligionario, que nos dice y ratifica que él cree conveniente esta modificación y este cambio en función de sus legítimas visiones sobre el destino que debe tener ANTEL.

Al respecto, hemos tratado de tener la ponderación necesaria para que se entienda en su debida dimensión lo que estamos decidiendo en el día de hoy -que, reitero, no fue fácil ni sencillo- porque, además, es un sentimiento unánime en nuestro sector político esta visión que tenemos con respecto a este tema.

Hechas estas salvedades, señor Presidente, que pretenden expresar a una Bancada importante de este Senado, no sólo porque es integrante del Partido de Gobierno sino porque, además, es de una representación política significativa, queríamos hacer estas manifestaciones para decir en qué condiciones, bajo qué ópticas y por qué razones, aun no estando de acuerdo con él, vamos a votar afirmativamente este artículo 30.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en realidad, cuando examinamos esta Sección sobre los Directorios de los Entes Autónomos nos surgieron un conjunto de dudas e incertidumbres, que después de varias semanas de discusión y de recibir argumentaciones, no se nos han despejado.

¿Cuáles son los criterios que permiten proponer una modificación que reduce a tres miembros los Directorios de la Administración Nacional de Puertos, de ANTEL, de AFE, del SODRE y de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y cuáles son los criterios que fundamentan que el resto de los Directorios -o sea, el de UTE, el de ANCAP y el de la Banca estatal- queden integrados por otro número? En verdad, no hemos conseguido despejar esta incertidumbre. En algún momento del debate un señor Senador dijo que se va de a poquito. Sin embargo, a nuestro juicio, no hay ninguna regla, ninguna racionalidad desde el punto de vista de la gestión de los Entes Autónomos, que permita establecer esta diferencia. Incluso, tampoco la hay desde el punto de vista de las políticas.

Debo confesar que en algún momento estuve muy tentado, en el curso de la discusión, de adherir a la posición del Foro Batllista. Con ello, sin duda, íbamos a crear a la coalición de Gobierno un problema relativamente importante, que mucho nos hubiera divertido. Digo esto, porque si sumábamos los votos nuestros a los del Foro Batllista, al tratarse de una votación muy acordada, casi se hubiera convertido en una obra de teatro, con un primer acto, después el segundo y luego el tercero. En ese caso, en el primer acto no se votaba, en el segundo se proponía reducir a tres miembros todos los Directorios de los Entes Autónomos y, en el tercero, acataban la disciplina partidaria, seguían al Presidente de la República y votaban la reducción propuesta por él. En verdad, estuvimos muy tentados pero, como dice el señor Senador Fau, había que apelar a la responsabilidad, y desde nuestro punto de vista, nuestra convicción era que en esto hay que atender y saber cuál es la idea, la programación y los planes que se piensan instrumentar para los Entes Autónomos.

Precisamente, en el marco de lo que se piensa hacer tiene sentido discutir la integración de todos los Directorios de los Entes Autónomos; realmente tiene mucho sentido. Sin embargo, acá no encuentro ninguna racionalidad. Digo esto porque, por un lado, se hace la apología de ANTEL y su desarrollo y, por otro, todas las propuestas con relación a la Administración Nacional de Puertos y AFE como empresas, son liquidacionistas . En todo caso, se convierten en Entes reguladores de la actividad pública y privada -pero más bien privada- en sus áreas respectivas, tal como surge del resto del articulado.

Agrego, además, que de lo que se ha hecho y de lo que se programa hacer, uno se entera a través de distintos mecanismos, planes y memorándum que se hacen públicos.

Entonces, lo único que advierto como fundamento de todo esto es que hay un acuerdo político para hacerlo, y asunto terminado; mientras tanto, no hay acuerdo político para el resto.

Quiero señalar que nosotros tenemos una propuesta -que viene desde hace varios años y puede ser mejorada- que contempla una integración con un criterio político plural sobre los Directorios de los Entes Autónomos. Dicha propuesta plantea que hay que dar participación a los funcionarios -tiene otro esquema- y se funda en una concepción de empresa pública que se potencia. Precisamente, no creo que esa sea la concepción inspiradora de esta ley de urgente consideración ni de lo que se ha venido haciendo. Esto lo veremos en la discusión particular cuando tratemos el tema de la Administración Nacional de Puertos, el de AFE y, tangencialmente, el de UTE.

En consecuencia, y como este es el punto de vista, no estamos dispuestos y no compartimos la opinión de legislar en forma casuística sobre algunos Entes Autónomos porque existen determinados acuerdos, incluso a veces con un nivel de rapidez sobre los textos -por no calificarlo de otra manera- que asombra. Digo esto porque, por ejemplo, hasta se habían olvidado que en la Corporación Nacional para el Desarrollo había representantes privados. Es así que liquidaron dos del sector público, redujeron a tres los miembros del Directorio y después alguien de la oposición señaló que había otros. Así lo determina la Constitución; estarán o no, pero de acuerdo con las normas deberían estar.

Entonces, no nos parece que este sea el camino. El objetivo de bajar los niveles de burocracia o cuestiones de ese tipo puede ser compartible, pero los caminos no parece ser que pasen por acá. Digo esto porque de este modo volvemos a la discusión del tema anterior en materia de gastos de funcionamiento, cuando en lo que respecta al "enquistamiento" burocrático en la cabeza de los Entes Autónomos el grueso de los recursos se va por otro lado que, además, no es chico, sino que es relativamente importante. Si por ese lado se pueden hacer cosas, bienvenido sea, pues en ese sentido contribuye. Con esto aprovecho para manifestar el fundamento de voto que no pude hacer para la propuesta del señor Senador Michelini. Si el Presidente de la República está dispuesto a ir a fondo en esto, sin duda lo vamos a apoyar pero, reitero, el grueso del dinero se va por otro lado. En materia de contratos de obra, por ejemplo, hay 1.033 en el Estado. Sabemos que hay contratos de consultoría de arrendamiento de obra en los Entes Autónomos de niveles extraordinariamente importantes, y lo mismo ocurre en el Banco de Previsión Social. Por ahí se van muchísimos millones de dólares, que son enormes en comparación con el ahorro que pueden hacer en esta cuestión más digitada y casuística sobre dos, tres o cuatros Entes Autónomos.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Es una interrupción coadyuvante, a los efectos de señalar que la única fundamentación que aparece en el Mensaje del Poder Ejecutivo es el gasto. Concretamente, se trata de reducir el número de Directores para bajar el gasto, tal como creo lo mencioné en la discusión general del proyecto de ley.

Si uno estima lo que gana un Director de un Ente Autónomo, que tiene un salario que no supera en planilla los $ 30.000 por mes, en definitiva bajar dos Directores supondría un ahorro, incluido el aguinaldo, de unos $ 700.000 al año. No parece estar por ahí. Yo comparto lo que decía el señor Senador Rubio de que los contratos de arrendamiento de obra, por ejemplo, en el Banco de la República, son de una gran dimensión y cantidad. Digo esto porque tenemos las cifras. La Dirección Nacional del Servicio Civil nos proporcionó hace cinco años la información acerca de la cantidad de contratos que hay. Por ahí no está el ahorro. Pienso, señor Presidente -lo digo con mucha claridad- que más bien podría explicarse esto en algunas empresas para las cuales hay una visión liquidacionista, como decía el señor Senador Rubio. Uno piensa en AFE reducida a la mínima expresión y se pregunta para qué cinco Directores si a lo mejor con tres se soluciona la cosa. Pero he aquí que al leer la prensa, resulta que a AFE se la va a dividir en tres empresas, que seguramente estarán dirigidas por otros tantos Directorios, porque las empresas o sociedades tienen que ser dirigidas por un Directorio. Entonces, vamos a multiplicar los Directores por otra vía y no por este mecanismo; es decir que por éste los reducimos pero los multiplicamos por otro lado. Este no es el mecanismo que hay que usar. El ahorro hay que buscarlo en la forma de administración y de gestión. La que centra la preocupación es ANTEL, que sin duda el año próximo o este mismo es la que va a facturar más de todas las empresas públicas. Ya el año pasado facturó por U$S 800:000.000; y seguramente con las nuevas tecnologías que se incorporan, va a pasar largamente los U$S 1.000:000.000. Me parece que aquí existe la intención no explícita, pero implícita en la propuesta, de tener una relación más vertical con el Poder Ejecutivo y de que haya una vía de comunicación más estrecha gestionada de determinada manera, a tal punto que ahora se ha nombrado al Presidente del Directorio pero no al resto de sus integrantes. De modo que uno deduce que la intención es tener una línea de comunicación y de control directo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Este tema no está desvinculado con el plan de desarrollo de las empresas. Si el plan para ANTEL es potenciarla decididamente, incluso con inversiones que vayan más allá del país, es una cosa, y los requerimientos son naturales en materia de potencia de gestión y de dirección. Es otra, en cambio, si el plan para ANTEL es, por la vía de alguno de los concesionarios de los doce, uno de los cuales es ANTEL, a los que les ha dado la Dirección de Comunicaciones la gestión del sistema de distribución local multipunto -LMDS- para desarrollar redes de datos de alta velocidad que compiten tecnológicamente en forma inalámbrica con ventaja sobre ANTEL, incluso donde tiene redes de cables de fibra óptica; habilitándolos a que desarrollen sobre esta infraestructura en una segunda fase las dos cosas que tecnológicamente pueden hacer, que son el acceso a Internet y la televisión; creo francamente -y hay todo un debate sobre esto desde el punto de vista técnico- que se abre una línea de desarrollo donde, como se sabe, la telefonía se desarrolla vía Internet. Entonces, no sólo se liquida el monopolio sino que se produce un desarrollo principal por vías alternativas que va a terminar en otros lugares. Entonces, podemos discutir de ANTEL a partir de un plan. Yo creo que los planteos que ha hecho el Nuevo Espacio son muy atendibles. No se debería nombrar a ningún integrante de Directorios de Entes Autónomos sin saber para qué va a estar en ese lugar. De manera que la capacidad de gestión, el número de integrantes y la pluralidad que representan tienen que ver con lo que se piensa hacer con esa empresa. Si el plan es otro, otras son las características. Para AFE lo que veo es un destino donde realmente se impone en el país la línea del peaje, el canon y el peaje. El Estado y la sociedad invierten en la infraestructura donde hay un monopolio natural de red, hacen la inversión, tienen la infraestructura de red, que puede ser de red de cable como en UTE -existe una ley que ya lo habilitó- o puede ser una red de distribución de agua o como en este caso una red con otras características de telecomunicaciones y demás, pero sucede que el Estado interviene y viene un operador que recibe la concesión, y paga un peaje o un canon. Este es un esquema que, como esquema dominante, no lo compartimos. Ahora bien, si el tema es que hay cinco, tres, dos o un Director, es casi irrelevante; si la idea es otra, entonces el problema pasa a ser mucho más relevante. Creo que esto es aplicable para OSE, AFE, el Puerto, ANTEL, los Bancos y para lo que se piense hacer en otros lugares. En síntesis, no estamos dispuestos a realizar cambios puntuales que sean ajenos a un debate y a una discusión eventualmente con nuevos marcos legales acerca de la gestión de las empresas públicas en el marco de planes de desarrollo, porque nos parece que es lo más importante a tener en cuenta como parámetros de referencia.

Por eso nos vamos a oponer a algunas de las disposiciones que aparecen en este Capítulo o Sección, y en particular a los artículos 30, 31, 32 y 33, y al mismo tiempo vamos a plantear una alternativa para el caso de ANSE en el artículo 35.

Gracias.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: en oportunidad de discutirse más temprano el artículo 26, el debate condujo -y habíamos hecho la observación- a argumentar sobre el tema de los Directorios de las empresas públicas, y ya hay algunos integrantes de este Cuerpo que adelantaron algunas reflexiones. A mí me parece que el momento de aportar esas reflexiones es ahora porque ahora estamos hablando de Directorios de las empresas. Este es un punto crucial de la reforma del Estado, señor Presidente, que el país se debe a sí mismo todavía. De la reforma del Estado sobre la cual hemos tenido notoriamente enfoques muy diversos en el país, que incluso fueron sometidos a la opinión pública en su conjunto -porque en diciembre de 1992, por ejemplo, hicimos un referéndum a propósito de este tema, que más allá de sus resultados y contenidos se vinculaba directamente con algunos aspectos que están obviamente relacionados con este artículo que hoy estamos discutiendo- hay opiniones en el país que vinculan la reforma del Estado con la disminución de su tamaño, con la privatización total o parcial de la propiedad o gestión de algunas actividades públicas, pero hay otros conceptos de reforma del Estado que vinculan este proceso con la mera disminución de funcionarios públicos en el sentido de que mejor será si el sector público tiene menos funcionarios. Nosotros creemos que las dos concepciones son muy limitadas en cuanto a las necesidades del país -notoriamente, nos hemos opuesto a ellas- y que el tema de la reforma del Estado es fundamentalmente más que de cantidad, de calidad.

Decía bien el señor Senador Rubio -y me afilio a esa tesis- que es imposible considerar una propuesta como la del artículo 30 si no es en el marco de una visión global sobre reforma del Estado. Digo esto, porque esta disposición también toma en el reducido ámbito de su materia, por el camino de la cantidad y no de la calidad y se piensa que reduciendo los Directorios -o mejor dicho, el número de Directores- se obtendrá un buen resultado, particularmente, desde el punto de vista de la reducción del gasto. Ante un artículo de este tipo, no sólo suscribo el fundamento del señor Senador Rubio, sino que señalo que estos supuestos ahorros tomados aisladamente le pueden salir muy caros al país. Esto es independientemente de todo un conjunto de medidas que apunten a mejorar la calidad de la gestión del Estado, que no se agota en el número de Directores de las empresas.

Hace un rato, el señor Senador Gargano expresó que el ahorro en términos monetarios es absolutamente irrelevante y a ello agrego que las consecuencias de un ahorro de este tipo pueden ser extraordinariamente más costosas para el país, si es que -como personalmente creo- esta reducción conduce a malos resultados o puede presentar riesgos que conduzcan a ellos.

Señor Presidente: inclusive dentro de mi propia Bancada, cuando se discutió el artículo 26, se oyeron dos propuestas. Ustedes recordarán que el señor Senador Mujica hablaba de gente con conocimientos sobre la materia de la empresa para designarla como directores de la misma e, inclusive, mencionó el término "gerentes". El señor Senador Gargano, por su parte, fundamentó enfáticamente la defensa de la designación política al frente de las empresas. Quiero señalar que, no por ecléctico, estoy de acuerdo con las dos cosas, es decir, con las necesidades que tiene el país de articular ambas condiciones: el conocimiento y la solvencia sobre la materia acerca de la cual se va a dirigir y el carácter político de la dirección de una empresa, que jamás debe perderse. Entiendo que apostar sólo a lo primero sería caer en una actitud tecnocrática que no comparto y apostar sólo a la segunda, tiene el riesgo que lamentablemente avala la historia de este país -que nadie se ofenda por esto- de nombrar a verdaderos ineptos al frente de las empresas solamente porque no resultaron electos representantes o intendentes -digamos las cosas como son- y, además, bajo la más rigurosa cuota no política ni partidaria, sino sectorial. Y cuidado que todos tenemos que mejorar desde este punto de vista, porque no considero que ninguno de los que estamos aquí esté libre de culpas.

Por lo tanto, debemos asumir las responsabilidades que tenemos, y mejorar en ese sentido.

Pero si tomamos este tema solamente teniendo en cuenta la cantidad, en primer lugar perdemos oportunidades y posibilidades de articular solvencia con calidad política, porque cuanto más achiquemos los directorios de empresas fundamentales como ANTEL -me remito a la argumentación del señor Senador Fau hace algunos minutos- menos posibilidades tendremos de nombrar a los mejores, pero, además, con condiciones políticas, capaces de articular ambos aspectos para dirigir mejor la empresa.

Por estas razones, creo que este ahorro puede costar caro. Pero, además, se ignoran aspectos cualitativos que son fundamentales.

En 1992, al tiempo que nos oponíamos a la Ley de Empresas Públicas y participábamos en forma protagónica en un referéndum -que tuvo el resultado que tuvo- presentamos en esta Casa un proyecto de ley que no estaba firmado sólo por los Legisladores del Frente Amplio -tenía, además, 24 firmas de Legisladores del Foro Batllista- por el cual se formulaban propuestas que, a nuestro juicio, siguen totalmente vigentes en el país. Al respecto, voy a recordar algunas de ellas como, por ejemplo, la que hablaba de que los candidatos a dirigir una empresa pública, además de proporcionar un currículum que el Senado examinaría cuando llegase el momento de otorgar la venia, tuvieran la oportunidad y la exigencia de presentar un plan de trabajo acerca de lo que pensaban realizar en la empresa en el período para el que serían designados. De esta forma, se tendría una mínima oportunidad de examinar no la solvencia profesional o técnica, sino -llamémosle así- el conocimiento de la materia acerca de la cual se le estaba reclamando su presencia de Dirección.

SEÑOR CARMINATTI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR CARMINATTI. - Quisiera hacer una observación al señor Senador Astori, aunque aclaro que respeto mucho su opinión en este tema.

Tengo alguna experiencia en esta materia y entiendo que es muy difícil que el Director que se proponga presente planes para llevar a cabo en la empresa, porque tendría que ser alguien que la conozca de adentro.

SEÑOR ASTORI.- De eso se trata, precisamente.

SEÑOR CARMINATTI.- Es decir que tendríamos que poner la condición de que también debe conocer la empresa, porque no sólo basta con ser un buen técnico y un buen empresario. Por alguna experiencia que tengo, puedo decir que mucha gente conoce la UTE, pero no creo que todos los técnicos conozcan con profundidad cuál es su orientación programática y su estrategia, como para venir de afuera a improvisar un plan para desarrollarlo, teniendo en cuenta que ésta tiene ya una estrategia de política de empresa que no se cambia de afuera, porque está a cargo de un Directorio, pero es orientada por un cuerpo gerencial de primera categoría.

Con esto quiero decir que no es tan sencilla la propuesta que formula el señor Senador Astori, porque parece más teórica que práctica. Digo esto con todo respeto, porque viví esa realidad y cuando entré en UTE dije con mucha humildad que estaba en preescolar. Tal vez ahora que tuve que salir -había llegado, digamos, a tercer o cuarto grado- estaría más capacitado que en aquel entonces.

Hago estos comentarios con un propósito constructivo y no con la intención de abrir una polémica. Creo que en esta materia tenemos que hablar con cierto realismo de cuáles son las exigencias que le vamos a plantear a un futuro director de un ente comercial o industrial del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Agradezco la intervención del señor Senador Carminatti y señalo que la considero francamente a favor de lo que estoy proponiendo.

En primer lugar reafirmo que esto es difícil; nada de esto es fácil. Precisamente, por haber optado por los caminos más fáciles, el Estado uruguayo todavía tiene problemas. Hay que hacer cosas difíciles porque de lo contrario no vamos a mejorar la gestión del Estado.

En segundo término, precisamente por lo que señala el señor Senador Carminatti, no estoy proponiendo que se le pida al candidato a director ningún plan detallado sobre estrategia de empresa, sino, al menos, cuál es su visión de la empresa, de las materias que trata y de los ámbitos en los que trabaja. Obviamente, si se trata de promover a gente que conozca la empresa por dentro -el país conoce de estos casos- tanto mejor. Pero, lamentablemente, el Uruguay también conoce otros casos de compatriotas muy respetables como personas -quiero aclarar esto- que han desfilado por cuanta empresa pública hay, como si fueran verdaderos enciclopedistas de la gestión pública. Todos conocemos esos casos, queridos colegas de este Cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda pasar de AFE a ANTEL, de ANTEL a UTE, a ANCAP, al Puerto y siempre ser un Director eficaz que conduce la empresa eficientemente? Eso no es posible para ningún ser humano; por lo tanto, ni una cosa ni la otra.

Incluimos esta propuesta en aquel proyecto, pero también incluíamos otros aspectos que nos siguen pareciendo fundamentales. Cuidado, porque voy a plantear temas que aún son polémicos dentro de mi propia fuerza política -pero debemos hacerlo ya que en aquel entonces lo proponíamos en el Parlamento- que consisten en la diferenciación de períodos de gobierno de la empresa pública respecto al gobierno nacional.

Se trataba de eso, de hacer que no coincidan los períodos de gestión con respecto al período de gobierno nacional, donde cuenta la realidad de cada empresa. Este tema, por ejemplo, lo discutimos cuando se debatió en el Parlamento acerca de la Carta Orgánica del Banco Central, y no fue posible acordar nada. Habían propuestas y debo recordar que no es que no haya sido posible por la posición del Frente Amplio sino porque no hubo acuerdo en ninguna fuerza política para apuntalar un criterio de este tipo. Repito que se trataba de hacer que no coincidan los períodos para que en una empresa, donde el conocimiento profesional es muy importante -estamos hablando de la conducción de la política monetaria del país- pudiera haber gente dispuesta a diferenciar su aporte de dirección al Banco Central de la experiencia político-partidaria.

Personalmente creo que es un criterio sobre el que hay que discutir para todas las empresas públicas teniendo en cuenta en cada caso la realidad de la empresa.

Proponíamos más cosas, una de ellas tuvimos oportunidad de someterla a plebiscito a propuesta del Nuevo Espacio en las últimas elecciones; se trataba de que los Directores de las empresas públicas no pudieran ser candidatos a ningún cargo electivo en la elección siguiente. Eso también nos parece sano para contribuir a esta diferenciación, no para tener técnicos al frente de las empresas públicas, sino para que los Directores no aprovechen sus cargos al servicio del proselitismo partidario. Nadie puede negar que eso ocurre. Insisto: proselitismo partidario y sectorial, porque la fragmentación política que vive el Uruguay ha llevado a este tipo de proselitismo desde los Directorios de las empresas públicas. Por eso hay campañas publicitarias en Artigas. ¿Quién las hace? Un Director de una empresa que proviene de ese departamento y que tiene su electorado allí. No voy a mencionar nombres, pero todos sabemos que esto ocurre. De esta manera, podríamos seguir enumerando departamento por departamento. Así no se gobierna bien ni se administra correctamente una empresa pública.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- El señor Senador Astori plantea la discusión en los correctos términos y el tono y la voluntad de análisis que refleja su intervención hace que nos invite a poner otros temas sobre la mesa.

Es verdad; muchas de las cosas que menciona el señor Senador Astori son ciertas, aunque también son parcialmente ciertas en función de cómo se mire. En ese sentido, me pregunto si en una empresa privada su Directorio debe estar compuesto sólo por técnicos. Creo que no necesariamente es así, pueden ser hombres de empresa, hombres emprendedores, de empuje y de fuerza. Tan es así que no desvalorizo lo que para mí no sirve para mucho, que es lo que propone el señor Senador Michelini. ¿Cómo se valora por parte del Senado la confianza que un partido político tiene en una persona que sabe que es emprendedora? ¿Será por el conocimiento de la propia empresa? Tuve oportunidad de comprobar que a veces la confianza política repara en que esa persona no solamente puede entender rápidamente de qué se trata la empresa, sino que además puede lograr que ésta se desarrolle y hacerlo mejor que un técnico o un gerente de la propia empresa. Hay gente que a causa de compromisos o enamoramientos con la empresa no alcanza a ver el panorama que tiene por delante. Entonces, dentro del análisis que hace el señor Senador Astori, miremos lo que significa la confianza que un partido político pone sobre una persona que por su éxito a veces trasciende. Es verdad lo que dice el señor Senador en cuanto a que hay empresas del Estado en donde se hacen propagandas. Por eso, estos artículos no buscan reducir el gasto de la empresa, sino que son una señal política a la empresa, al sistema y al país. Repito que estos artículos no son autoría de mi Partido, los trajo el propio Gobierno como intención o como señal. Mirémoslo como esto último, porque participo de los argumentos vertidos por muchos señores Senadores y pienso que no es significativo bajar los sueldos de dos Directores. Pero si el mismo sistema reduce lo que puede ser la cuota de confianza política, está diciendo muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, miren que vamos en serio y que no vamos a permitir que hayan propagandas de malgasto para promocionar a algún Director de determinado departamento -como señaló el señor Senador Astori- y que, por el contrario, hay empresas que por monopólicas no deberían hacer propaganda electoral y han gastado millones de dólares en sostén de muchos medios de comunicación, con lo que no estamos de acuerdo, y cuya autonomía, prestigio o respaldo político han llevado a que el Poder Ejecutivo no pudiera actuar.

¿Qué es lo que hace el Gobierno? Así lo entendemos nosotros y por eso vamos a votar el artículo. Aquí no se va a lograr un ahorro de gasto formidable, simplemente es una señal a través de la cual se demuestra la inconformidad con el gasto por concepto de propaganda que han hecho las empresas públicas.

¿De qué manera se traduce esto? En primer lugar, exigiendo lo que nos exigimos a nosotros mismos es decir, cortando la representación política que tiene el sistema político en las empresas públicas.

Gracias, señor Senador Astori.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Voy a redondear mi exposición diciendo que aquí el desafío es tener en cuenta un conjunto de factores que he tratado de exponer en este breve análisis que he realizado sobre el punto. No es fácil en absoluto; es bastante difícil de hacer, pero es el desafío que tenemos que asumir para intentar mejorar la calidad de la gestión del Estado. Incluso creo que la capacidad de emprendimiento es uno de los factores y, sin duda, también lo es analizar la confianza política.

Personalmente mencionaría dos adjetivos sobre esta propuesta es decir, creo que es insuficiente desde el punto de vista que se propone y entiendo que puede ser peligrosa. Vuelvo a la frase inicial: "hay ahorros que pueden resultar caros". Creo que por esta vía nos estamos perdiendo la oportunidad de nombrar a los mejores. Los mejores no son técnicos solamente sino también políticos y empresarios -valga la redundancia- emprendedores con capacidad de iniciativa.

Esta es la reflexión que me merece este artículo y quería recordar todos estos aspectos no sólo porque es el momento de hacerlo de acuerdo con el texto de la ley, sino porque esta sigue siendo, a mi juicio, una materia pendiente para el país que no ha resuelto todavía.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Creo que podemos hacer 3 ó 4 lecturas diferentes -y simplemente voy a dejar constancia de ello- que pueden motivar tanto el artículo como las expresiones de los señores Senadores que me precedieron.

Recuerdo claramente y creo que a poco que hagamos memoria los señores Senadores podrán confirmar la veracidad de mis palabras, que la intención original de quien hoy ocupa la Presidencia de la República, desde la época de los trabajos constitucionales de hace 4 ó 5 años, es la propuesta -que recuerdo haberla presentado a nombre de nuestro sector político- de la teoría de que los Directorios de los Entes estén integrados con 3 miembros.

Me interesa señalarlo, porque en Sala, y a veces fuera de ella, se ha presentado la duda de si esto es menospreciar o no una empresa, y quiero decir que esto no tiene nada que ver con la ponderación o no que se haga de la misma. Tan no tiene que ver, que el último Ente Autónomo de esta naturaleza, como es el Banco Central del Uruguay, que incluso tiene creación constitucional, desde su inicio tuvo tres miembros. Todos recordamos esa reforma que llevó a la creación del Banco Central del Uruguay y su nómina de tres Directores, en cuya redacción participaron, entre otros, el anterior y el actual Presidente de la República.

En consecuencia, la tesis no es nueva ni supone en modo alguno un menosprecio al organismo. En el error o en el acierto, creo que hay antecedentes, desde 1967 a la fecha, que demuestran que por lo menos en lo que respecta a la intención, el Poder Ejecutivo actual está muy lejos de pensar que si se tiene tres miembros, se es menos que si se tiene cinco.

Además, creo que todos los que hemos tenido contacto con los Directorios de los Entes, ya sea que lo expresemos o no, sabemos que es más fácil manejar un organismo con tres Directores que con cinco, así como es más fácil manejarlos con cinco que con nueve. ¿Acaso nos olvidamos que de acuerdo con la Constitución de 1952, eran nueve o siete?

En consecuencia, se ha dado una tendencia a que cada vez con más frecuencia los Directorios sean menos un Parlamento y más un mando ejecutivo. Por supuesto, el hecho de ser un colegiado supone contar con más de un punto de vista, pero aun en las empresas privadas, muchas veces los organismos de Dirección son colegiados. Aunque la Constitución lo permite respecto de algunos organismos, es cierto que quienes han estado formando parte de un Directorio, saben que en la práctica esto es así. Tan es así que nadie puede pensar que la OSE es un organismo de menor jerarquía que AFE o que el Banco de Seguros del Estado, visto desde su facturación, su presencia en el país, etcétera, y siempre ha tenido tres miembros en su Directorio. Es más; ni siquiera en el ranqueo político que todos hacemos ha sido considerado un organismo de segundo orden.

Estas son las primeras constancias, señor Presidente, para dejar en claro que está lejos de la intención del Poder Ejecutivo menospreciar a algunos organismos. Tal como dijimos en Comisión, para nosotros esto significa un avance hacia un objetivo que, de ser posible, en algún momento deberá alcanzarse en todas las empresas.

Por otro lado, quiero marcar, señalar y apreciar el gesto de naturaleza política que han tenido nuestros correligionarios en el resumen realizado por el señor Senador Fau a nombre de ese sector de nuestra colectividad y en el que no vamos a abundar. Sin embargo, deseo expresar mi reconocimiento, absolutamente sentido, no por el artículo en sí, sino por la actitud política que va más allá del alcance del artículo.

Asimismo, creo que este Gobierno ya está dando señales a propósito del tema de la mejora de la gestión. Coincido en que no se trata de un tema necesariamente referido a los números, ya que no tengo duda de que la claridad de objetivos y la coordinación son herramientas que vamos a buscar. Me permito señalar los primeros pasos que ha dado el Gobierno en cuanto a determinadas designaciones. Algunas de ellas han llamado la atención porque ostensiblemente no eran hombres, algunas veces, de nuestro partido y tal como dice el señor Senador Carminatti, a algunos de ellos ni siquiera los conocíamos. Más tarde, se podrá decir que estuvieron más o menos felices en el desempeño de la gestión, pero creo que es una señal que está dando el Poder Ejecutivo, al tratar de buscar a quienes, en su concepto, van a hacer el mejor trabajo y particularmente es una señal que está dando el señor Presidente de ANTEL, teniendo como objetivo actualizar la empresa, en la que desde hace más de quince años mucho ha invertido el país. Sin embargo, ella se encuentra en un mundo agresivamente cambiante, en el que, por ejemplo, un día vemos a Bill Gates tratando de conseguir los misiles de tres etapas rusos -felizmente en desuso- para instalar la tercera cadena de satélites de baja altura. Entonces, aceptemos que para ANTEL, este desafío no es poca cosa.

Creo poder decir, en nombre del Gobierno, que vamos a tratar que ANTEL mantenga y supere sus objetivos y esté a tono con el tema.

Pienso que algunas de estas normas apuntan a ese objetivo de mejora de la gestión porque, tal como dijimos en la presentación original, no hay muchos otros caminos para el país. Reitero que no hay muchos caminos, fuera del viejo y tradicional de tratar de hacer las cosas mejor o el más anglosajón de debatir menos y hacer más. Creo que es en este camino que se va a dar el desafío en los próximos cinco años, más allá de las ideologías y de los intereses políticos. Hay una tarea para hacer y siento que este Gobierno va a intentar realizarla. El tiempo dirá si tendremos el éxito o la ilustración suficientes para lograrla y si obtendremos la comprensión de los actores, no sólo políticos, sino también corporativos, gremiales y demás, que a veces entienden el mundo nuevo en forma distinta a nosotros y tienen un temor justificado por los nuevos tiempos, que a veces no son gratos. Sin embargo, no es el Uruguay el que determina cuáles son los nuevos tiempos. Nuestra obligación es otear esos nuevos tiempos, tratando de encontrar las mejores soluciones para ellos.

Para terminar, quiero decir que siento que en lo que tiene que ver con este artículo y los que lo siguen, no se trata de ver cuánto ahorramos, ya que estoy seguro, por ejemplo, de que los esfuerzos que hace el señor Presidente y nuestros colegas de todas las Bancadas para lograr alguna economía en este Cuerpo, no arreglará el presupuesto nacional. Reitero que pienso que eso no es lo importante. Pienso que lo más importante es buscar una conducción ejecutiva y moderna. Sin embargo, también constituye una señal de que el sistema político está dispuesto a hacer algunos "sacrificios" -todos entendemos de qué estoy hablando- y como toda señal, es valiosa. Considero que en todo agrupamiento humano detrás de un objetivo, siempre es bueno que quienes lo conducen, vayan adelante y reciban las primeras balas, ya que si van atrás, el resto se preguntará ¿y por qué yo? En consecuencia, creo que esto también es una señal, señor Presidente.

Es lo que teníamos para informar.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: comparto totalmente las expresiones de mis compañeros de Bancada y no voy a abundar sobre las mismas. Asimismo, he escuchado con atención, tal como hago siempre, el planteo del señor Senador Atchugarry, porque creo que es esa la discusión que deberíamos tener. Tengo la impresión -y lo decía en la medida en que se han postergado los artículos anteriores referidos a la ANP y a AFE- de que estamos discutiendo al revés, en el sentido de que la reducción del número de Directores en los referidos organismos se puede inscribir en el contenido y en la orientación de este proyecto de urgente consideración.

En los artículos referentes a la Administración Nacional de Puertos y a la Administración de Ferrocarriles del Estado está planteado un objetivo en el sentido de qué se va a hacer, no así en el caso de ANTEL. Ayer escuchamos -y hoy también- extensos planteos acerca de los proyectos, posibles o no, incluso de las advertencias -creo que ese fue el término utilizado- pues el señor Senador Millor expresaba "lo digo ahora, no porque piense que haya mala intención, sino para advertir y por las dudas". Planteaba así una serie de elementos que traía a Sala para la discusión en el marco de una referencia a ANTEL en el proyecto de ley y que está contenida en este artículo. Prácticamente, se condensa en la disposición que reduce a tres el número de Directores del Ente.

Sin embargo, en este momento todos hemos leído y hemos seguido con muchísima atención, tanto las declaraciones del nuevo Presidente de ANTEL, como de actores empresariales, exitosos o no, interesados o no, que hay en el medio vinculado a este tema. El señor Presidente de ANTEL, en extensas declaraciones, diseña ante la opinión pública un proyecto a impulsar de transformación, de reforma del organismo, de esa empresa pública. Lo somete a consideración de la opinión pública, en tanto lo plantea a través de los medios de comunicación; también propone un camino para ANTEL. Por otro lado, entre muchos elementos que no voy a citar porque voy a tratar de ser muy concreta, dice que perfectamente se podría concebir al Ente con varias subentidades -lo señalaba el señor Senador Gargano- algunas de las cuales tendrían un status jurídico diferente al actual, y otras, por ejemplo la telefonía básica, conservaría su situación jurídica. Y estas declaraciones, que fueron realizadas el día 4 de mayo en una entrevista larga e interesante, provienen de un hombre -a quien no conozco desde el punto de vista personal ni político, pero he leído su currículum- que si bien ha incursionado, como decía el señor Senador Astori, en alguna otra cosa que no tenía mucho que ver con su profesión, también ha estado vinculado a ANTEL y consideramos que ese ya era un paso positivo.

Como decía, hace una serie de consideraciones, algunas de las cuales se plantearon en el día de ayer, sobre las transformaciones que debe emprender ANTEL. Entonces, el periodista, en este caso de "Búsqueda", le dice: "De su planteo surge que hay que agrandar a ANTEL. ¿Habrá más presencia del Estado en el área de las telecomunicaciones?" A lo que el ingeniero Bracco, responde: "Desde el punto de vista del rango de acción, sin duda. La intención es que haya una política de Estado para agrandar el mercado entero; no es para ahogar iniciativas privadas o inversiones del exterior". Agrega: "Hay dos grandes reformas: una regulatoria y otra de la propia ANTEL, y son inseparables. La reforma regulatoria, que supone la creación de un Ente independiente de ANTEL que regule las telecomunicaciones en el Uruguay, está dando la señal de que esa infraestructura no dependerá sólo de ANTEL y hay que poner reglas claras". Más adelante, dice que hay que encontrar la solución jurídica y anuncia la necesidad, la propuesta y el trabajo de un marco regulatorio para ANTEL.

Creo que es correcto abordar este tema, sobre el cual el señor Senador Atchugarry dice que son los nuevos tiempos y que hay formas distintas de abordarlo. No voy a entrar en ese tema. Creo que el camino no consiste en invertir los términos. Primero debemos reducir gastos y dar señales de ahorro -que hoy se relativizaban- y de ejecutividad. Luego, debemos discutir un marco regulatorio y veremos qué hacemos con ANTEL. En todo caso, hay una inversión del análisis y de cómo se debate. Cuando cualquiera de nosotros, desde el punto de vista político, del trabajo, quiere conquistar una propuesta, esta es puesta a consideración.

El señor Presidente de ANTEL también dice, respondiendo una pregunta, que está consultando con los señores empresarios, tema sobre el que hacía algún comentario el señor Senador Millor. Esa es la respuesta que da ese jerarca.

Más allá de poder pecar de eclecticismo -como decía el señor Senador Astori- creo que se trata de una concepción a largo plazo. Tenemos matices y a nadie escapa este aspecto, pero a mi juicio, el tema de la dirección en esta concepción de las empresas públicas, de los Entes, tiene que ver con lo que podríamos llamar -tal vez podría encontrarse una definición mejor- políticos idóneos. Al respecto, pongo un ejemplo extremo: si me designan para dirigir a ANTEL, podría ser de mucha confianza para mucha gente, no me llevaría nada para mi casa, pero seguramente la gestión sería un fracaso, porque hay que saber trabajar en determinados sentidos. Pero, además -como lo señalaba el señor Senador Gargano en uso de una interrupción que le concediera el señor Senador Rubio- en la Dirección de la empresa faltan protagonistas. También en nuestro planteo de reforma del Estado hemos señalado la necesidad de la presencia de protagonistas, de esos que todos los días impulsan y, en muchos casos, subsanan, mejoran, resuelven los problemas y los errores que los Directorios cometen. Digo esto, para referirme pura y exclusivamente al factor humano, que son los trabajadores, los usuarios, y que según las empresas u organismos del Estado tienen características distintas. En ese sentido, pongo un ejemplo que para mí es muy claro, y es el papel que juegan, con esas características y en ese organismo, los Directores sociales del Banco de Previsión Social , es decir, los representantes de los trabajadores y los de los jubilados. Su tarea es de control, de aporte y de propuesta, de pelear por llevar adelante, desarrollar y afirmar el Banco de Previsión Social.

Sin embargo, para una transformación de esas características, sería importante que el debate de ese planteo se impulsara antes de concluir si los Directores serán tres, cuatro o cinco. El planteo que hacía el señor Senador Atchugarry en el sentido de que eran señales que todos entendíamos, no lo comprendo, así como tampoco lo del ranqueo político de las empresas. No entiendo si quiere decir que son más importantes para la vida del país o a la hora de acceder a un Directorio o no. Estoy absolutamente convencida y soy fervorosa defensora de que no debe ser de esa manera que se dirijan los organismos del Estado. Sin embargo, en la discusión, que insisto no hemos realizado, estamos intentando hablar sobre el proyecto de modernización futura de ANTEL por la vía de debatir si deben ser tres o cinco los Directores de ANTEL, como el Cuerpo puede corroborarlo. Ese tema es lo único que aparece en el proyecto de ley vinculado a este organismo. Pero sí hay concepciones ideológicas y dogmatismos respecto a cómo hacer para que las empresas del Estado sean más eficientes, algunas de las cuales se han defendido e impulsado. Uno puede leerlas en estos días, porque son parte del debate al que el país asiste.

En el diario "El País" del lunes 6 de marzo, se puede leer lo siguiente: "Pocos años después del plebiscito contra la reforma de las telecomunicaciones, una de sus protagonistas centrales me comentaba en el Senado: `el monopolio de ANTEL es cuestión de tiempo'. Y preguntada por qué, entonces, hicieron el plebiscito, me contestó: `Fue una cuestión política'.- Una cuestión política. Sin duda. Pero eso no excusa, ni exorciza, lo ocurrido. Gracias a ese plebiscito, es decir, gracias a quienes lo inventaron y lo promocionaron desde el Frente Amplio, desde el Foro Batllista y aun desde pequeños bolsones nostálgicos del Partido Nacional, el Uruguay no sólo dio al mundo una incomprensible señal de conservadurismo jurásico, sino que le hizo perder cientos de millones de dólares y lo dejó prisionero, encadenado a una enorme bola de hierro que no le dejará avanzar a la velocidad necesaria en el mundo de la globalización, de las telecomunicaciones".

Más adelante, se dice: "enfrentamos un dilema -el gobierno lo enfrenta, pero todos lo pagamos: si aceptamos el progreso tecnológico, se pierde el monopolio (y ANTEL vale cada vez menos camino a NADA-; si seguimos presos de ANTEL, quedamos cada vez más en la cuneta del progreso. ANTEL mismo sabe esto. Desde hace años. Ahora, la gente del Fondo Monetario Internacional se lo ha vuelto a recordar". Este es un artículo de opinión del ex Senador Ignacio de Posadas, quien a su vez después explica de qué manera se han presentado proyectos de ley que se han reiterado.

En consecuencia, señor Presidente, ¿vamos a discutir cuál es el destino de ANTEL? ¿Vamos a discutir los contenidos del marco regulatorio que se propone y que se expresa a través de las consideraciones que hace el Gobierno?

Hemos escuchado -y es cierto lo que se decía en Sala- al actual señor Presidente de la República, a quien, cuando era Senador yo siempre le insistía que tenía la gran virtud de "cantar la justa" -creo que esto no le desagradaba- es decir, que no hacía "juegos de mosqueta" y todo lo decía en forma clara. También así actuaba el señor Senador de Posadas, y creo que es más fácil polemizar de esa manera, ya que por lo menos sabemos qué es lo que estamos discutiendo.

En consecuencia, entiendo que no se puede poner la carreta delante de los bueyes. En primer lugar, vamos a votar que se reduce a tres miembros el Directorio de una empresa de la que no se sabe qué va a pasar. También se va a votar esta disposición antes de que decidamos formalmente -aunque parecería que fuera la crónica de una muerte anunciada, por la forma en que ha actuado la mayoría de este Senado- qué es lo que va a pasar con el Puerto y con AFE. De todos modos, parecería que se reducen sus Directorios.

Pienso que de la misma forma deberíamos actuar respecto de ANTEL, es decir, discutir en torno a ese tema y al marco regulatorio que se anuncia, así como sobre las reformas que se expresan y a las cuales tenemos acceso a través de los medios. Además creo que la Comisión de Industria y Energía del Senado, por lo menos, tendría que hacer un llamado a efectos de que se envíe al Parlamento un informe de primera mano sobre estos proyectos de ley. No obstante, en lugar de eso, lo que hacemos es dar el paso de achicar, frente a lo cual cabe preguntarse si esto tiene que ver con el hecho de que como es necesario integrar todos los organismos que aún no lo han hecho, habría que tomar en forma urgente este tipo de medidas para ir resolviendo el tema.

Desde mi punto de vista, existe un problema de procedimiento en cuanto a las nominaciones -iba a decir repartos- de cada uno de los Directorios. Entonces, parecería sensato eliminar de este artículo el Directorio de ANTEL, hasta tanto sepamos qué va a pasar con ese organismo. Quizás, la propuesta del Gobierno -y estoy siendo bien exagerada, tal como lo he aprendido del señor Senador García Costa, y pongo ejemplos por el absurdo- es que desaparezca ANTEL, por lo que no habría que nombrar ningún Directorio. No habría que designar a tres, ni a ninguno.

SEÑOR CARMINATTI.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ARISMENDI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR CARMINATTI.- Señor Presidente: estoy sorprendido por las manifestaciones de la señora Senadora Arismendi, porque se está preguntando qué va a pasar con ANTEL. Ahora bien, ¿qué va a pasar con ANTEL? Nada. No existe ningún motivo para pensar que vaya a ocurrir algo con el Ente. Simplemente, aquí se está poniendo en duda algo que considero que no se debería cuestionar, o sea, la inteligencia del señor Presidente de la República. Nadie puede pensar que el Presidente haya enviado un Mensaje solicitando la aprobación de una ley por la que se designan tres miembros de un Directorio, para hacer economía. ¡Por favor! Eso sería menospreciar la capacidad intelectual del doctor Batlle.

Aquí de lo que se trata es de buscar eficiencia y eficacia en la gestión de una empresa estatal, lo que me parece muy importante. Personalmente, tuve una experiencia en UTE, de cuatro años, y puedo asegurar que, en definitiva, me habría sentido mucho más cómodo con tres Directores que con cinco. Esto no significa descalificar a ninguno de mis compañeros de Directorio, sino que, como bien saben quienes han ejercido un cargo ejecutivo, es más fácil trabajar con tres personas que con cinco. ¡Cuántas veces en ese Directorio integrado por cinco personas íbamos a tratar un asunto y una de ellas decía que aún no había estudiado el tema o, luego de una semana, se presentaba diciendo que no estaba conforme con el informe!

En consecuencia, acá no se trata de qué es lo que va a pasar con ANTEL. No va a pasar nada, porque así ya lo definió la ciudadanía. También así lo hizo mi Partido y en esa oportunidad fui uno de los precursores, de aquéllos que trabajamos para que se definiera para siempre que ANTEL no se iba a privatizar. Esto está definido, atado y bien atado. ANTEL no se va a privatizar.

No podemos crear en la ciudadanía la suspicacia, porque seguramente la gente que escucha esto también se va a preguntar qué es lo que va a pasar con ANTEL y si se va a vender o no. ¡Por favor! ¡No vamos a vender nada! ANTEL no se va a privatizar, porque ese tema ya está definido. Además hago esta afirmación con mucha tranquilidad de conciencia, porque me siento batllista y orgulloso de tener una empresa como ésta.

¿Habrá que mejorar la gestión de ANTEL? Sí señor; habrá que mejorarla. ¿Tendremos que tener un marco regulatorio? Seguramente sí. ¿Por qué? Porque hay una parte de ANTEL que no es monopólica y debe competir. Sin embargo, esto no me asusta, porque la competencia trae consigo la superación y si un Ente estatal no es capaz de competir, no me interesa, porque entonces es deficiente y no le va a hacer bien al país.

Entonces, señor Presidente, no puedo permitir que aquí se trasmita la imagen -y digo esto con todo respeto a la inteligencia de la señora Senadora Arismendi- de que vamos a privatizar ANTEL. No creo que el hecho de haber solicitado que se reduzca el número de Directores de cinco a tres, sea motivo para crear esa sospecha y ese temor en la gente.

Por todo esto, deseo que por lo menos de parte de nuestro Partido se aclare que nosotros estamos contestes en que con respecto a ANTEL no va a pasar nada.

La señora Senadora Arismendi trae a colación un comentario del doctor Ignacio de Posadas, que fue Senador y lo sabemos un hombre muy capaz y de opinión formada, pero seguramente él siempre va a sostener lo mismo. Es más, no me extraña lo que él comenta, porque lo dijo cuando estuvo aquí, lo sostuvo ahora y lo seguirá diciendo hasta el fin de sus días, porque además de inteligente, es un hombre que tiene identidad de pensamiento. Es algo que ya está definido.

Por lo tanto, no puedo permitir que se traiga a colación un comentario del ex Senador de Posadas y que mi silencio signifique que comparto esa posición. Nosotros -y creo que hablo en nombre de mi Bancada- no tenemos nada que ver con lo que él sostiene. Lo que sí deseamos es contar con empresas eficientes, eficaces y, además, honestas, tal como lo quieren ustedes, señores Senadores. Seguramente queremos lo mismo. Sin embargo, hace dos horas que estamos discutiendo si reducir el número de integrantes a tres significa que vamos a hacer economía o a quitarle jerarquía a un organismo. Nada de eso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Deseo aclarar al señor Senador Carminatti que las sorpresas no siempre son malas, ni se las provoco yo. El argumento de que esto se hacía por una cuestión de ahorro se planteó a nivel de Comisión. Tan es así, que conté los cargos que se creaban en el Ministerio de Deportes y señalé que en realidad se cambiaban de una página para la otra y, por lo tanto, no había ningún ahorro. Reitero que ese fue uno de los argumentos que se dieron en Comisión y, en consecuencia, no estoy sorprendiendo al señor Senador Carminatti, sino trasladándole, en todo caso, la sorpresa que allí se produjo.

Termino, señor Presidente, porque voy a respetar el tiempo diciendo que aquí nadie quiere asustar a nadie. Aclaro que este asunto no lo trajimos nosotros, sino que comentamos lo que todo el país sabe, ya que los medios de comunicación lo han expresado, inclusive podríamos mencionar numerosas declaraciones del actual Presidente de ANTEL.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Propongo, señor Presidente, que una vez que hagan uso de la palabra los señores Senadores anotados para referirse a este punto, se voten los artículos 30 al 34 en conjunto y luego se retome -dado que el señor Senador Pereyra había solicitado la postergación- el tratamiento del Capítulo VII, Sección 1º, Ferrocarriles y Sección 2º, Puerto de Montevideo. Creemos que este tema es conveniente tratarlo en horas tempranas de esta larga jornada, a efectos de poder abarcar su complejidad con profundidad.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en la campaña electoral el Nuevo Espacio planteó una serie de propuestas para hacer más eficiente el Estado, en el sentido de bajar de cinco a tres el número de miembros de los Directorios. Alguien ha dicho que ese ahorro sería mínimo, hecho que no discuto, pero si a eso le agregamos el ahorro de sus vehículos, de los teléfonos y de la infraestructura, estamos hablando, aproximadamente, de U$S 5:000.000 o U$S 6:000.000 al año, es decir, entre U$S 20:000.000 y U$S 24:000.000 en el quinquenio. Pienso que esa cifra le vendría muy bien a la Universidad de la República o al Hospital de Clínicas. Eso lo pagan los ciudadanos y no encuentro una razón fundamental para que esto siga así. Entonces, pregunto: ¿qué dejó de hacer o no hizo OSE por tener tres miembros en lugar de cinco? Lo mismo puedo preguntar sobre el Banco Central, porque a mi juicio por allí no pasa el tema. Por ejemplo, el señor Ministro de Industria, Energía y Minería tiene a su cargo toda la política energética y la llevan adelante él, el Subsecretario y, por supuesto, sus asesores. En el caso de UTE, tiene cinco Directores con sus asesores. Pero la política energética no sólo es manejada por UTE, sino por ANCAP y además sabemos que UTE es dirigida por cinco Directores que son excelentes a nivel jerárquico y profesional y se dedican solamente al tema de la electricidad.

Quizás ni siquiera sea bueno que el Senado le dedique tanto tiempo a este tema porque si alguien piensa que esta es la gran reforma del Estado, diría que no lo es. Hay algunos artículos que son más importantes, que los vamos a votar, pero hay otros, como el tema del Puerto, que no vamos a acompañar.

Independiente de eso, mi pregunta es: el Presidente de la República sale electo con una coalición que lo respalda, y quienes quisieron escuchar y quienes no lo hicieron, saben que de las tres o cuatro "pildoritas" que tenía para hablar, ésta era una. Entonces, ¿por qué no lo hizo, cuando era uno de los aspectos que lo caracterizan al señor Presidente? La verdad es que no tiene respaldo; la coalición no respalda al señor Presidente para bajar de cinco a tres el número de los integrantes de los Directorios. Nos guste o no, esto es así. No hay otra lectura. Y no lo respalda porque hay una práctica de años en la que, cuando se llega al Gobierno, no sólo hay un equilibrio -bueno o malo- en los Ministerios, sino también en los Entes Autónomos. Estos organismos -y yo sí lo digo- han sido de reparto político, ya que van tres figuras interesantes y luego una serie de personas que no tienen idea de a dónde van. Es por eso que sería mucho mejor que se integraran con tres y no con cinco, como dijeron algunas personas, que han sido la excepción.

Aún nos queda por saber si esto es aprobado en la Cámara de Representantes, porque recuerdo que hace pocos días este artículo, en Comisión, casi es rechazado. En primera instancia salió negativo y luego se revió. ¿Por qué? Porque los Entes Autónomos se siguen viendo desde una perspectiva político-partidaria y sectorial y no de política de Estado. Y es así. Eso determina otra serie de elementos, como las camionetas, la publicidad y el personal contratado, que marcan otros aspectos. Tan es así que, aunque el señor Senador Atchugarry dice que va a haber una señal, no será de esa manera, aunque yo voy a votar.

Cuanto más recortemos, mejor. Inclusive en este mismo proyecto que está a consideración del Senado, en el que se reduce el número de integrantes de los Directorios de algunos Entes Autónomos -no todos- hubo un compromiso del señor Presidente de la República en la campaña, que hoy debería cumplirse. Lo primero que debemos hacer es cumplir con los compromisos que asumimos. De lo contrario, antes del balotaje debió decirse que ahora se desdecía de lo que estaba planteando. Por el contrario, en este mismo proyecto se plantea la creación de otro Ministerio y vemos que en cada Gobierno se crea uno nuevo para hacer los equilibrios políticos correspondientes.

Entonces, los ciudadanos, los empresarios y los trabajadores de este país, así como muchos desocupados quedan sin empleo porque nuestras empresas no compiten debido al gasto excesivo del Estado y, sin embargo, fruto de ese clientelismo y reparto político, se van creando nuevas dependencias, en este caso, nuevos Ministerios. Y así seguimos. No competimos, se dice, ¿y quiénes sufren? Los trabajadores, que quedan en la calle, le dan el recibo, el sueldo y muchas gracias. Arréglense. Si están en planilla, van al seguro de paro, pero como muchas veces no lo están, no tienen otra alternativa que arreglárselas para mantener su familia. Y nosotros seguimos haciendo crecer los gastos del Estado.

¡Ojalá no se votara la creación del Ministerio de Deportes! Y no porque crea que el deporte no es sustancial, sino porque nuestra idea es que el Estado sea fuerte, que incida y que regule oponiéndose a los poderosos, pero no como en el caso del proyecto del puerto que, como no podemos hacer la licitación, los ponemos a todos juntos.

Hablando de deportes, recuerdo lo que un amigo decía: "el problema del Uruguay es que habría que cambiar en la FIFA, para que todos los que hayan sido campeones del mundo vayan directamente al Mundial". Como no podemos hacer que las licitaciones sean transparentes y adecuadas, creamos una empresa, metemos a todos y entonces nadie reclama.

Esto es lo mismo, como no podemos clasificar para el Mundial, vamos en forma directa.

Ojalá en la Comisión el Frente Amplio hubiera votado, aunque fuera por un minuto, que se redujeran a tres miembros los integrantes de todos los Directorios de los Entes Autónomos. De esa manera, hubiera quedado al desnudo lo que en forma solitaria estoy diciendo.

Reitero que quiero un Estado fuerte, lo cual no quiere decir seguir creando Ministerios; un Estado que imponga sus políticas y que tenga los mejores técnicos. No digo que los directores de los Entes Autónomos deban ser especialistas, porque los técnicos los tiene UTE y ANTEL. ¡Y vaya si son buenos! En realidad, pienso que debe contar con personas de confianza política, que sean emprendedoras, inteligentes, que tengan su currículum y sepan de la materia. Cuando tengamos que votar una venia, quisiera saber, además del currículum, qué haría esa persona. Le preguntaría si se animaría a bajar la tarifa de determinado Ente en un 2% ó 3% anual. Si es alguien propuesto para integrar el Directorio de OSE, y me responde que sí, tendría que decirle que se equivoca, porque los adelantos tecnológicos en el mundo entero, con respecto al agua, son muy modestos, entonces, no hay aumento de productividad y, difícilmente, pueda haber incremento de costo en las tarifas. Distinto sería el caso de una persona propuesta para formar parte del Directorio de UTE o de ANTEL y que responde que no se puede reducir, siendo que en esos Entes hay adelantos tecnológicos importantes que aumentan la productividad y, por lo tanto, los costos, lo cual conduce a una reducción en las tarifas, no sólo para la empresa sino también para los ciudadanos.

Hace un año me reuní con integrantes del PIT-CNT que estaban preocupados por la desocupación y por la recesión. En esa ocasión, me preguntaban cómo se podía hacer para que la gente aumentara el salario, cuando existen tantos problemas de competitividad. Me decían que incluso habían perdido algunos conflictos y que no querían llevar a la gente a que le dieran una paliza, o sea, ir a un conflicto y que lo pierdan. Les respondí que si no podemos aumentar los salarios, debemos elevar el poder de compra, y una forma de hacerlo es que las tarifas de los Entes Autónomos disminuyan para todos, no sólo para los empresarios. Una manera de bajarlas es siendo más eficientes. De ello depende nuestra vida. Si, por ejemplo, se baja la tarifa de UTE un 10% o un 15%, al cabo de cuatro años, para una persona de dinero no es nada, pero para alguien que se encuentre en una situación modesta, para un trabajador de la construcción, es muy importante.

Recortar todo lo que sea necesario para lograr más eficiencia, lo vamos a hacer. Nadie quiere que UTE o ANTEL no tengan los técnicos correspondientes, que son los que asesoran a los directores. De lo que no me pueden convencer es de que la diferencia entre 3 y 5 hace al desarrollo de la empresa. ¡Ojalá votáramos todos! ¡Ojalá el Presidente de la República estuviera cumpliendo su palabra! Si no lo hace, no es porque no quiera, sino porque la coalición no lo respalda. ¡Ojalá todos lo que están respaldando al Presidente dijeran: "Vamos a incluir a todos los Entes y también al Banco República"! ¡Ojalá que tampoco quieran generar más burocracia ni crear un nuevo Ministerio!

Era cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Pensamos que, presos en las circunstancias políticas e históricas en las que ha llegado este Gobierno, inmerso en una realidad, plantea lo que puede. Pero desde el punto de vista esencial en cuanto al pensamiento que hay detrás de este Gobierno, y sometido a la historia y a las circunstancias, hace lo que puede, no lo que quiere ni lo que piensa, porque esa es una limitación que tenemos todos los hombres reales.

En un país de economía abierta, Uruguay votó el MERCOSUR, y cuando lo hizo, se haya dado cuenta o no, decretó que a la corta o a la larga se va a la competencia regional, es decir que hay una corresponsabilidad histórica al respecto. Gustará o no, pero es así y está laudado, y hay una responsabilidad colectiva. El país se ha ido recreando. Entonces, no se trata de lo que pienso, porque eso lo diré después, pero importa poco porque estoy en una absoluta minoría. Ser manso y viejo no equivale a ser amansado; es muy distinto.

Entonces, desde ese punto de vista, el pensamiento debería ser: empresas que ganen plata que les vuele la bata, administradas con crudo criterio empresarial y que dejen guita. Después, explícitamente, si se quiere, con esa guita se podrá hacer política de subsidio y todo lo que se desee. Pero no es UTE la que tiene que poner una luz de garrón; es el Gobierno, el Estado, el que tiene que exigir explícitamente eficiencia empresarial. Ese es el pensamiento.

¿Quién dijo que a la General Motors la administra alguien que hizo carrera dentro de la empresa y que es una empresa para ganar plata? No, la dirección gerencial es una cosa. Ese no es mi pensamiento; yo pienso distinto. ¡Pero qué le importa al Parlamento uruguayo lo que yo piense, si estoy en minoría absoluta, incluso, dentro de mi Bancada!

Mi pensamiento lo dije hace cuatro años. Si el trabajador no está comprometido, si se jubila dentro de 40 años y no tiene ni siquiera una zanahoria ni una parte de poder, si la sociedad civil no tiene participación, si la idea de representación queda en manos de los partidos políticos, todo eso, son ideas. ¡Y qué le importa al país! Quiero que se entienda claramente lo que he dicho. Hace 30 años quería arreglar el mundo. Me tengo que ubicar dentro de los parámetros de la correlación de fuerzas en la sociedad en que vivo. Entonces, ¡que no me confundan!

La política de ahorrar me parece bien, pero creo que no se ahorra. Me felicito por la explosión de sinceridad del señor Senador Carminatti, aunque preferiría que eso lo dijera el gobierno explícitamente.

He hecho esta pequeña intervención para que la gente no se confunda. Ubicarse en el contexto de la realidad que se vive no es equivalente a lo que uno piensa.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: en lo posible, no voy a reiterar conceptos que dije en el día de ayer, cuando hablamos extensamente sobre ANTEL.

Estaba en lo cierto el señor Senador Astori cuando señaló que este era el momento de hablar acerca de lo que se dijo durante toda la tarde, es decir, del tema de cómo se designan los Directores e incluso el de la publicidad.

En cuanto a lo que vamos a votar ahora, me siento representado por la fundamentación que realizó mi compañero de Bancada, el señor Senador Fau, con un pequeño matiz involuntario. El señor Senador Fau en determinado momento dijo "no para defender a ANTEL, porque no está siendo atacada. Creo que él se estaba refiriendo a que no está siendo atacada por el Gobierno. Reafirmo lo que dije ayer: hay que defender a ANTEL, porque existe una campaña en contra del Ente, que no viene del Gobierno. Eso no lo puede desconocer nadie. Si es orquestada o no o si es coincidencia, no me importa; hay una campaña. Lo que me molesta de este artículo -reitero que voy a votar porque es la primera medida que pide el Gobierno- es que lamentablemente, al no bajarse el número de directores de todos los organismos públicos a tres -para mí no hubiera sido una solución de ahorro; saqué la cuenta y con estas reducciones no se llega a U$S 4:000.000 por año, y no creo que con esto podamos arreglar el Uruguay- se establece esta categorización en la cual puede leerse -sé que no es la intención- como que se minimiza a ANTEL. Al hacerse esta lectura de que se está minimizando a ANTEL, sin querer, se colabora con esa campaña en contra. Estas cosas ya las dije ayer. A propósito de ANTEL, aquí quiero hablar de lo que estuvimos analizando toda la tarde. La dicotomía que se plantea la vengo escuchando desde que era chiquito: si al frente de los organismos o de las empresas públicas tienen que estar técnicos o políticos. Me hace mucha gracia porque me voy a morir escuchando esta discusión. Ayer di muchos números que me hacen sentir orgulloso de ser uruguayo, a raíz de los éxitos de ANTEL durante toda su existencia y, en especial, en los últimos años. Con respecto a la teledensidad nacional hay 37 teléfonos por cada 100 habitantes; desde hace tres años no hay un solo teléfono demandado insatisfecho; tenemos 10.831 teléfonos públicos; somos el único país que tiene 300 teléfonos para que la gente hable gratis; tiene 196.131 clientes de ANCEL, donde hay competencia; un 10% de la población accede a Internet, mientras que en la Argentina solo lo hace un 1%. Con respecto a la cantidad de funcionarios, ayer decía que según una medición universal, lo ideal es que haya entre 5 y 7 funcionarios por cada 1.000 teléfonos; en Uruguay tenemos 5.3 funcionarios por cada 1.000 teléfonos, por lo cual estamos a tres décimas del mínimo de los mínimos. Estados Unidos tiene, por ejemplo, 6 funcionarios.

Todos estos éxitos, que no me los puede rebatir nadie -los números son aburridos, pero pasan por la realidad- no son puramente milagros del último Directorio; esto es un proceso. Pero hablemos del último Directorio que es en el que se produce este crecimiento impresionante de ANTEL. Ni que hablar de lo que le da el Estado: el año pasado le dio U$S 140:000.000 y este año va a cerrar con alrededor de U$S 180:000.000 de ganancia. ¿Cómo estaba compuesto ese Directorio? ¿Estaba compuesto por técnicos? Que yo recuerde -puede ser que me equivoque en algún nombre- dos Directores fueron candidatos a Intendentes que luego resultaron electos -me refiero al señor Tabaré Viera y al señor Arocena, que creo fue electo por Florida- otro fue candidato a Diputado, y dentro de poco lo vamos a tener en el Senado de la República porque es suplente del señor Senador Chiruchi, el señor Gallinal, otro es Ricardo Lombardo que fue Diputado en la primer Legislatura, después incursionó en el BID, en el Banco Central, fue candidato en la interna forista y, por último, tenemos al señor Ausqui, coterráneo del señor Senador Nin Novoa que, si bien no fue candidato en la última elección, lo vimos incursionar con su don de gente en la política nacional. Son todos políticos y, al menos los que nombré de mi partido, estoy orgulloso de ellos. Lograron, entonces, esta exitosa gestión, pese a todas las contras.

Entonces, esta dicotomía de que tienen que ser técnicos o políticos, no la entiendo. Todos coincidimos en que ANTEL es la empresa más exitosa y querida del país, es la que nos llena más de orgullo, pero resulta que el último Directorio no estuvo integrado por técnicos de carrera, de lo que no estoy en contra. De modo que no fue un Directorio formado por funcionarios de carrera del organismo, sino que fue un Directorio político. De pronto eran políticos que sabían escuchar a los técnicos y asesorarse, pero no desconozcamos esto. Estas discusiones en blanco y negro, honestamente, a mi no me cierran.

También se habló mucho aquí de la publicidad. Es verdad que a veces se gasta en publicidad cuando no tendría que gastarse, pero en algunas ocasiones, conviene invertir en este sentido. Por lo pronto, frente a esta campaña hay que gastar en publicidad para defender a ANTEL. También hay que gastar en publicidad por lo que yo mencionaba ayer con respecto a una de las conquistas de ANTEL, el sistema "IPETEL". Me enteré ayer de que si le agrego dos ceros desde mi teléfono a una llamada hacia la Argentina, me sale un 8% más barato, y estoy seguro que el grueso de la población no lo sabe, porque no se ha publicitado. ¿Esta es publicidad mal gastada? ¿Está mal que se informe a la gente que en si en vez de discar 00541, disca 0000541 le sale un 8% menos la llamada? ¿Esto es gastar mal la plata? Creo que no. He visto algunos anuncios del novel Presidente de ANTEL que hablan de la baja de tarifas en cuanto al acceso a Internet, que ya se habían bajado entre un 25% y un 50% el año pasado. Esto hay que publicitarlo, porque, de lo contrario, la gente no sabe. Además, si se publicita, en lugar de tener un 10% de navegantes en Internet -que ya es un récord en América Latina- podemos llegar a tener el doble. O sea que hay publicidades y publicidades.

No quiero reiterar los conceptos que vertí ayer, ni le atribuyo intenciones a nadie. Este artículo lo voy a votar con muchos reparos. Digo con toda franqueza que no creo que esto signifique un gran ahorro. Me da la impresión de que sin querer, insisto, se aporta un argumento en esta campaña de minimizar a ANTEL, desconociendo todas sus conquistas. Reitero que sí se quiere desmonopolizar otras áreas, no la telefonía básica. Se ha expresado que el monopolio de la telefonía básica está cayendo y me pregunto dónde. En el Uruguay no, porque la consultora que se había traído para analizar aquella ley que quiso privatizar la telefonía básica, demostró que solo se podía brindar en régimen de monopolio. O sea que acá no está cayendo el monopolio. Me podrán discutir si los monopolios públicos son buenos o malos; personalmente, he votado algunas desmonopolizaciones, pero lo que está fuera de toda discusión es que los monopolios privados siempre son malos. Entonces, acá no está cayendo nada. Pero si se quiere, en otras áreas de ANTEL ha habido una cierta desmonopolización y competencia, en las cuales el Ente siempre ha salido bien parado. Por ejemplo, en telefonía celular empezó después de MOVICOM y hoy lo supera ampliamente.

Insisto en lo que dije ayer: por lo menos, hay que hacer una buena regulación de la competencia a nivel internacional. Lo relativo a los "carriers" piratas, estos que se saltean los convenios internacionales y venden el minuto más barato, hay que regularlo en serio. Además, tenemos que dar a ANTEL -para lo cual nos hemos comprometido y ya estamos trabajando en ello- un nuevo estatuto que le permita competir en igualdad de condiciones porque hoy ANTEL paga impuesto que no tienen los privados, brinda servicios no rentables que los privados no van a dar, actualmente el Ente puede asociarse en el exterior pero no dentro del país, tiene compras lentas porque debe recurrir al sistema de licitaciones, una licitación dura un año y la nueva tecnología, en ese lapso, cambia radicalmente.

Hoy ANTEL debe tener un encaje permanente del Banco Central del Uruguay, que una empresa privada no tiene. Creo que este es el gran tema en el que tenemos que comprometernos todos. En lo que a nosotros concierne, el compromiso ya está dado; ya estamos trabajando en dar a ANTEL un estatuto que, en aquellas áreas en donde sea posible la competencia, le permita hacerlo con éxito. Estamos absolutamente seguros de que, como lo señaló el señor Senador Carminatti, en esa competencia va a salir, una vez más, exitosa.

Reitero que esto lo votamos porque, para nosotros, la disciplina partidaria cuenta; pero nos hubiese gustado que, si eran algunos organismos y no otros cuyos directores bajaran a tres, no estuviese ANTEL incluido entre los que disminuían el número de integrantes del Directorio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay una moción para votar en conjunto los artículos 30, 31, 32, 33 y 34 del proyecto de ley.

SEÑOR KORZENIAK.- Pregunto a la Presidencia si se votó la moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- La moción de orden no se votó, señor Senador.

El procedimiento fue el siguiente. El señor Senador Cid propuso una moción de orden para votar los artículos en su conjunto y volver luego a los artículos atrasados, referidos a la competencia desleal y al Puerto de Montevideo.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Habíamos propuesto, junto con la votación en bloque de los artículos que el señor Presidente enumeró, volver al Capítulo VII: Transporte, Puerto de Montevideo y Ferrocarriles, Sección 1ª y Sección 2ª.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- No hemos hablado de la moción con el señor Senador Cid; no obstante ello, sugeriría que terminemos con el Capítulo y luego volvamos hacia atrás para considerar las disposiciones que quedaron pendientes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Indudablemente, para la Mesa es más cómodo seguir el orden establecido y luego volver a lo aplazado.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite, señor Presidente?

Si el señor Senador Cid lo acepta, propondría que votemos en bloque hasta el artículo 34; luego consideremos el artículo 35 y, por último, volvamos, por su orden, a los artículos que quedaron aplazados.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Esta es una moción de orden que no tendría que ser debatida, sino simplemente votada. Ahora bien; la realidad política hace que uno perciba que estamos más inclinados a votar la Sección 4ª.

Quiero recordar que nosotros fuimos sensibles a una propuesta que hicieron los integrantes del Partido Nacional, que ahora dicen que, por cuestiones de ordenamiento, no quieren volver atrás cuando fueron ellos quienes propusieron saltear Capítulos para contemplar a un integrante de su fuerza política que no podía estar presente. Entonces, si vamos a hablar de coherencia, de sistematización del trabajo y de facilitar la tarea de la Presidencia, tendríamos que haber votado artículos que no votamos.

Está la percepción de que no va a ser favorable la moción, pero yo -lo planteo a título personal- voy a mantener la propuesta de esta moción de orden, también como manera de calificar los límites en los que estamos manejando el relacionamiento en esta sesión Plenaria y en la consideración de la ley de urgencia en donde, como decían irónicamente algunos compañeros de nuestra Bancada, luego de cuatro días de jornada lo que agregamos fue una "y" y eliminamos dos renglones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Aclaro al señor Senador que las cuestiones relacionadas con el orden del día tienen discusión.

SEÑOR GARGANO.- Pero no se trata del orden del día, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Un aplazamiento sí lo es, señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- La única constancia que quiero dejar es que todos somos dueños de nuestro tiempo. Cada señor Senador puede opinar cuantas veces lo desee y por el tiempo que quiera.

También es cierto que hemos dedicado largas jornadas a esta tarea y, pese al carácter de urgencia de este proyecto de ley, recién estamos en este artículo. Tenemos, pues, alguna preocupación de querer avanzar en lo humanamente posible y, también, de estar en buena disposición de ánimo para votar todos los artículos -porque todos nos interesan- y no algunos en especial.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de orden del señor Senador Cid, en el sentido de votar en bloque algunos artículos y volver luego a los artículos aplazados.

(Se vota:)

-12 en 28. Negativa.

Hay una moción del Miembro Informante para votar en bloque los artículos 30, 31, 32, 33 y 34.

SEÑOR CID.- La metodología de la votación no es la propuesta; nosotros propusimos una moción íntegra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Esa es la que se rechazó.

En consecuencia, se va a votar si se votan en bloque los artículos 30, 31, 32, 33 y 34.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

Se van a votar en bloque los artículos 30, 31, 32, 33 y 34.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 35.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: vamos a proponer un artículo sustitutivo al venido de Comisión, fundamentalmente, porque a pesar de reconocer que en la Comisión se introdujeron algunos cambios a esta disposición -particularmente la redistribución al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de los bienes, las funciones, activos, pasivos y algunos funcionarios- y se lograron algunos avances, creemos que la redacción no es totalmente adecuada.

Quiero recordar que ANSE se creó en 1935 como una bolsa de trabajo en un lugar muy sensible, habida cuenta de que es en el puerto donde la zafralidad y el desamparo de los trabajadores se expresa con mayor contundencia.

La Ley Nº 16.246 de 1992, conocida como Ley de Puertos, mantuvo la naturaleza jurídica del Organismo, es decir, la de Persona de Derecho Público no Estatal. De cierta forma, al Organismo se lo adscribió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en algunos cometidos y en otros quedó dependiente de la Administración Nacional de Puertos. Esa ley también trajo aparejada la desaparición de las bolsas de trabajo de la Estiba y, por lo que tenemos conocimiento, en esa oportunidad la regulación del funcionamiento de ANSE la llevó a tener un número de funcionarios bastante acorde a sus necesidades. En ese momento eran cuarenta y siete las personas que se desempeñaban allí, pero ahora alcanzan a noventa y tres, lo que no es muy adecuado y después hablaremos de ello. Además, los datos son cambiados a diario por lo que, seguramente esa no sea la cifra real.

Teníamos un artículo que decía lo siguiente: "Los funcionarios de la referida Institución que se suprimen con funciones permanentes, egresados el 27 de octubre, serán redistribuidos en la forma prevista en el artículo 37 de la Ley Nº 16.320". Este fue un avance en sí mismo y se logró, fundamentalmente, porque los funcionarios del Organismo se movilizaron, concurrieron a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado y, probablemente, se reunieron con varios señores Senadores y con las distintas fuerzas políticas. Una de sus reivindicaciones esenciales tenía que ver con su redistribución y fue contemplada.

Por su parte, el artículo actual expresa que se suprime la ANSE, encomendándose al Poder Ejecutivo la redistribución al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de sus bienes activos y pasivos, así como aquellas funciones que fueran necesarias para la actividad portuaria, sin perjuicio de la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esta redacción fue uno de los elementos que nos llevó a presentar el artículo sustitutivo. A nuestro entender las funciones que desempeña este Organismo son absolutamente esenciales para regular, controlar y fiscalizar el trabajo de la estiba en el Puerto, un lugar tan complejo para las relaciones laborales. Vamos a enumerar las funciones, por lo menos, algunas de ellas: pago de jornales a los trabajadores no estatales o eventuales, jornales, aportes sociales, así como los aportes respectivos a los organismos de previsión; registro del personal obrero de todas las categorías; control de jornales y exigencias a empresas para que viertan cargas sociales y cuotas porcentuales por pólizas de seguro contra accidentes de trabajo; control del cumplimiento de las leyes relativas a la prevención de accidentes; control de la vigencia de los contratos por accidentes de trabajo; control del personal estable de las empresas, etcétera. Todos conocemos el ambiente y el tipo de relaciones laborales que se dan en ese lugar del Puerto de Montevideo; todos sabemos que seguramente los controles de ANSE no son suficientes y que hay excesos, evasiones y trabajadores que no son realmente controlados en su totalidad, ya que algunos registran sus labores por menos tiempo, pero este conjunto de funciones que tiene el Organismo deben ser resguardadas de alguna forma. Sin embargo, no nos conforma la redacción del artículo que viene de la Comisión, que establece encomendar al Poder Ejecutivo la redistribución al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solamente de aquellas funciones que fueran necesarias para la actividad. Básicamente, la diferencia entre nuestra redacción y la que se aprobó en la Comisión es que, en nuestra opinión, las funciones deben ser cumplidas o trasladadas al Ministerio en su totalidad.

Entonces, los señores Senadores tienen sobre la Mesa el texto propuesto que modifica lo referente a las funciones. En él proponemos que se suprima ANSE encomendándose al Poder Ejecutivo la redistribución al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de sus funciones y de sus bienes activos y pasivos. Obviamente, nos referimos a todas sus funciones. A los efectos del cumplimiento de las funciones de la Institución que se suprime, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creará un programa especial en el marco orgánico de la Inspección General de Trabajo, perteneciente a la Dirección Nacional de Trabajo. El resto del artículo tendría la misma redacción que el venido de Comisión.

En la discusión llevada a cabo en ese ámbito y en la nueva propuesta, luego del borrador que el señor Presidente de la República presentara a nuestra fuerza política, el tema de la redistribución de los funcionarios fue modificado en forma favorable, lo que nos conforma y nos satisface. Durante el debate en Comisión no hubo voluntad política para determinar que las funciones que actualmente cumple ANSE pasaran en su totalidad al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como creemos que debe hacerse ya que a nuestro juicio son fundamentales para regular el trabajo, los aportes sociales y los derechos de los trabajadores en un lugar muy difícil para desempeñar una actividad laboral.

En definitiva, esta es la fundamentación que acompaña la presentación de nuestro texto sustitutivo del artículo 35.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Debo decir que comparto el proyecto de resolución alternativo que presentaron nuestros compañeros en Comisión y voy a señalar algunos aspectos que nos han trasmitido.

En primer lugar, la propuesta de disolver ANSE es producto de la aplicación de aquella famosa Ley de Puertos en torno a la cual tanto debatimos en 1990 y que ha traído algunas consecuencias importantes. En dicha ocasión se estableció que el número de funcionarios de ANSE debía ser reducido y sin embargo hoy cuenta con el doble del personal que tenía en aquel momento. Además, podemos afirmar que este personal entró por mecanismos que se desconocen y lo dicen los propios funcionarios. Esto es muy respetable porque todos tienen necesidad de trabajar, pero eso no se podía hacer y se hizo. Por otra parte, debemos considerar que este es el único Organismo que controla algo en el Puerto. Este se ha convertido, según sus propios funcionarios, en un lugar donde operan pandillas que se constituyen, para desembarcar la mercadería, en el boliche de la esquina; además, se pagan a la Seguridad Social aportes por seis pesos la hora. Obviamente, nadie trabaja con ese nivel de riesgo por esa suma y entonces se paga aparte, pero en negro.

En los archivos del Organismo está documentado que los funcionarios actuantes han hecho centenares de denuncias al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por las irregularidades que se cometían. Nunca se realizó ninguna inspección en la que se constataran irregularidades. Hay personas que me han dicho que se está volviendo a etapas en las que había que entrar al Puerto con protección dada la situación de peligrosidad que se vive en esta zona. Como manifestó el señor Senador Núñez, este siempre fue un trabajo muy peculiar con sus propias características, pero se había logrado una regulación del mecanismo. Resulta que ahora hay una libertad total y cualquier pandilla puede trabajar en el embarque y desembarque de mercadería. Lo cierto es que las normas legales, los aportes y las reglamentaciones laborales no se cumplen.

Tengo en mi poder un memorándum que me acercaron los funcionarios, donde plantean -y yo junto con ellos- ciertas interrogantes.

El artículo suprime a la Administración Nacional de Servicios de Estiba, pero encomienda al Poder Ejecutivo no sólo la redistribución de los bienes activos y pasivos, sino también las funciones. ¿Cómo se entienden, entonces, que si las funciones son necesarias se desarticule el Organismo donde ellas se cumplen? Realmente, es la primera vez que ocurre esto en materia de legislación y organización de la estructura y el funcionamiento de los Organismos del Estado. Es algo novedoso; uno siempre aprende, pero también puede preguntarse por qué no mantener al Organismo que cuenta con las reglamentaciones pertinentes, la infraestructura adecuada, el personal, los locales y la experiencia indispensable para estos casos.

Lo curioso del caso -parece que algo se mejora en el texto que viene de la Comisión- es que, en el primer proyecto distribuido, no se disponía absolutamente nada acerca del personal. Era como si éste no existiera. Nadie sabía que iba a ocurrir con los funcionarios. Luego esto se corrigió y se dijo que el personal sería redistribuido. Considero, señor Presidente, que es menester dar mayor organicidad al trabajo portuario y que fue un tremendo error eliminar las funciones que tenía ANSE porque se la desarticuló, se la redujo a su mínima expresión y se la trató como un peculiar Organismo de contralor de lo que hacen los actores privados en el Puerto. Ahora, definitivamente, se va a quitar toda presencia del Estado. Si cuando este Organismo existía e incitaba al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a cumplir, realizar inspecciones y proteger la vida laboral de los trabajadores, nunca hizo nada, ahora que el mismo será eliminado, seguramente no se va a hacer nada.

Quería decir, bajo mi responsabilidad, que en alguna ocasión he actuado frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fundamentalmente con el Director de Trabajo, el señor Numa Mangado -y lo digo públicamente porque, efectivamente, así fue- buscando que en alguna oportunidad, en algún puerto del país se hiciera un procedimiento para constatar el trabajo irregular. Queríamos que se denunciara, ya que sabíamos que existía porque lo habíamos visto. Sé que el procedimiento se realizó con la mayor reserva, pero naturalmente cuando un Director ordena algo a alguien no tiene la seguridad de que esa persona mantenga la reserva. Me refiero al Puerto de Nueva Palmira. Cuando se realizó la inspección, ya había sido dada la orden y había cambiado el espectro, es decir, todos los que estaban trabajando en negro se fueron y quedaron sólo los cuatro que prestaban tareas bajo el régimen de aportes al Banco de Previsión Social de $6 por hora. De esa manera, es muy poco lo que se puede hacer.

El otro día escuché a un señor Senador decir en este recinto -creo que fue el señor Senador Heber- que había conseguido que fueran a determinado lugar. Señalo que, personalmente, también lo he pedido en varias ocasiones con reserva. Sin embargo, otro Director de Trabajo -no el señor Numa Mangado- cuando se le solicitó que investigara, por ejemplo, los predios forestales de Piedras Coloradas y que, de ser posible, fuera él, me dijo que efectivamente así lo iba a hacer. Al volver a los tres días, manifestó que allá sabían que él iba a ir. Por supuesto, no constató ninguna irregularidad. Aquí todos sabemos -por lo menos los que somos oriundos de los departamentos donde se hacen ese tipo de explotaciones o los que viven y trabajan en el área portuaria en este tipo de actividades- que es prácticamente imposible constatar ninguna irregularidad. Y ni que hablar de los peligros que se corren si alguien se entera quién hizo la denuncia y demás. Nunca más vuelve a trabajar ni tiene la posibilidad de que se regularice su situación.

Creo que ahora no se adelanta absolutamente nada, que el sustitutivo que está presentando la Bancada del Encuentro Progresista es mejor, pero mucho mejor sería que el Organismo no sufriera modificaciones y que, por el contrario, se perfeccionaran sus funciones dentro del Puerto de Montevideo.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Quiero señalar que algunas de las cosas que iba a decir me las ha ahorrado el señor Senador preopinante. Se han presentado argumentos, a mi juicio poderosos, para proceder a la supresión del Organismo que, además, está bajo un régimen de Derecho Privado y, por lo tanto, ni siquiera tiene las limitantes de los organismos públicos para, por ejemplo, contratar personal y realizar otras funciones. Se ha manifestado que, muchas veces, los funcionarios llevan sus informes, sus puntos de vista y sus denuncias al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sin encontrar una adecuada coordinación. ¡Qué mejor coordinación que concurrir al Ministerio! Acá se trata de que haya un claro beneficio para la sociedad teniendo un organismo encargado, básicamente, de funciones de inspección de trabajo para un subsector de actividad, cuando del resto de las tareas se ocupan el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Inspección General del Trabajo. Por lo tanto, tiene que haber algún argumento que lo sustente, señor Presidente.

Por otra parte, en rigor a la verdad, debo decir que ya desde el Mensaje del Poder Ejecutivo se hacía referencia al artículo 37 de la Ley de Puertos que consagra el régimen más generoso que conozca en cuanto redistribución. Para poner algunos ejemplos, supone que si la persona ya es funcionario público, puede acumular los cargos y, si es jubilado, se da la misma situación. Mantiene el nivel de remuneración con una clara muestra de que se procura simplificar, el ahorro de escala y no dificultar al personal, por lo menos, si tienen cierta antigüedad.

En tercer lugar, he analizado el sustitutivo presentado por algunos señores Senadores del Encuentro Progresista e, incluso, les he hecho llegar algún cambio de redacción pero, sustantivamente, diría que los dos puntos centrales que se pretende dejar en claro son, por un lado, que las funciones se van a cumplir -como se expresa en la exposición de motivos, básicamente, se está pensando en la función de inspección y de contralor del trabajo desde todos los puntos de vista, tales como seguridad, higiene, cumplimiento de las normas de aporte, etcétera- lo que compartimos plenamente y que, por otro, para que ello sea práctico habría que crear una sección -se habla de programa, pero personalmente sugeriría que se trate de un subprograma porque, en realidad, la inspección de trabajo es un programa y para que dependa de ella debería tratarse de un subprograma- especializada en la tarea portuaria, cosa con la que también estamos de acuerdo. La idea no es aflojar, incluso se espera que el control sea más potente y que tenga mayor autoridad. Simplemente, se plantea que no parecería necesario tener una persona de Derecho Público no estatal para realizar esta tarea. Sin embargo, quien habla suscribe esto y deja la consulta planteada -este es el centro de mi exposición- señalando, como sugerencia, que con mucho gusto trataremos de coincidir con el texto que se nos ha hecho llegar.

Quería dejar bien claro cuáles son los dos objetivos y que la función central es la que he planteado -no tengo inconveniente en ello- dejando siempre a salvo las competencias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que, si bien no son muchas, como actualmente ANSE depende de dos Ministerios, seguramente alguna función habrá, aunque no sea demasiado importante. El tema central que hoy nos preocupa a todos es que el contralor del trabajo portuario en sus diversos aspectos se pueda hacer, se haga claramente; no tenemos ningún inconveniente en que haya una sección especializada en ello. Dejo este tema a consideración del Senado. No hubo tiempo de culminar las conversaciones que siempre se dan.

SEÑOR NUÑEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Deseo señalar que no tenemos inconveniente en que se trate de un subprograma en vez de un programa, siempre que de alguna forma se preserve la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sí nos importaba que todas las funciones que cumple ANSE pasen a un lugar claro como es, en este caso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En ese sentido, estamos de acuerdo con las modificaciones que se proponen, y podríamos llegar a un acuerdo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En realidad, no he tenido oportunidad de consultar a los demás miembros de la Comisión y en tal sentido solicito que si advierten alguna dificultad en este avance, me lo hagan saber. De cualquier manera, corresponde leer la redacción sustitutiva que hemos hecho llegar a la Mesa y, si fuera necesario, pasaríamos a un pequeño cuarto intermedio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése lectura a la redacción sustitutiva.

(Se da de la siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Suprímese la Administración Nacional de los Servicios de Estiba (ANSE), encomendándose al Poder Ejecutivo la redistribución al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de sus funciones, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de sus bienes, activos y pasivos. A tales efectos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creará un subprograma especializado dependiente de la Inspección General del Trabajo. Los funcionarios de la referida institución que se suprime, con funciones permanentes y con al menos un año de antigüedad a la fecha de promulgación de la presente ley, serán redistribuidos en la forma dispuesta por el artículo 37 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992. Facúltase al Poder Ejecutivo para que proceda, previo informe de la Contaduría General de la Nación, a reasignar los créditos presupuestales dando cuenta a la Asamblea General. Las transferencias de dominio que correspondan operarán de pleno derecho con la entrada en vigencia de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, determinando los bienes comprendidos. Los registros públicos procederán a su registración con la sola presentación del testimonio notarial de esa resolución."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el sustitutivo propuesto.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a estudiar la Sección V "Servicios Públicos".

En consideración el artículo 36.

SEÑOR COURIEL.-. Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Cuando solicitamos tratar el tema del transporte, el puerto y AFE, hubo consideraciones en el sentido de tratarlo cuando se terminara esta Sección.

En consecuencia, quizás podríamos analizar lo relativo al transporte -que quedó para atrás- y que a propósito de la no presencia del señor Senador Pereyra se aplazó para considerarlo en otro momento.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Supongo que la moción va en el sentido de que varios miembros del Senado la habíamos planteado, es decir, considerar los artículos postergados, por su orden. Si así fuera, no tenemos inconveniente.

SEÑOR PRESIDENTE.- No, señor Senador; lo que se propone es comenzar a considerar el artículo 23.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Insisto: no nos oponemos a volver a tratar los artículos aplazados, pero por su orden. Además, si autolimitamos nuestras expresiones, rápidamente llegaremos a la disposición que nos interesa, ya que solamente hay tres artículos de diferencia. De esa forma, avanzaremos un poco.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Coincidimos con la propuesta que hizo el señor Senador Atchugarry en el sentido de considerar los artículos 13, 14 y 15 -que van a ser de rápido procedimiento- que habían quedado postergados. Formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- A mi juicio, este artículo es la quinta esencia de lo obvio. Parece que a veces hay que escribir lo obvio. Aquí se dice que la regla será proteger el sistema de competencia para que por razones de interés general no resulten dañadas las prestaciones de determinadas funciones. Como se ve, es demasiado genérico y obvio, pero si se cree que da resultado no tengo inconvenientes en que así se establezca,

Por ese motivo, lo voté afirmativamente.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- He votado este artículo porque está inspirado en el deseo de facilitar la competencia y de eliminar los monopolios.

Por otro lado, en su oportunidad tendremos que estudiar si no queda implícito en alguno de los artículos siguientes que en el Uruguay existe un monopolio nuevo, que resulta del convenio entre algunas instituciones, que si bien puede parecer de importancia nimia, afecta una pasión muy popular en el Uruguay; me refiero a las trasmisiones de los partidos de fútbol por televisión. La hegemonía de algunos intereses económicos ha determinado que exista un verdadero monopolio en la materia.

Por consiguiente, señor Presidente, es una de las medidas que tendremos que estudiar a fin de que esta pasión del pueblo uruguayo pueda ser cultivada desde todos los hogares sin que sea necesario para ello pagarle especialmente a quien tiene el monopolio de estas emisiones.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: estos artículos no son tan obvios y, en realidad, son parte de una discusión que tuvimos con motivo de la formación de un grupo previo a la redacción del proyecto de ley, que tiene que ver con algo que nos preocupa, esto es, la competencia leal.

En ese sentido, tenemos un proyecto de ley mucho más extenso que estos tres artículos, pero es muy polémico.

Por cierto, era muy difícil traer un proyecto de ley con más de 20 artículos que buscaba la posibilidad de que se generara en el país la plena garantía de que exista una competencia leal, sobre todo, a nivel del comercio donde hemos visto irregularidades que nos preocupan. Es por eso que nuestro sector político entiende que es necesario un marco de este tipo. Es así que lo que hemos podido convenir en esta oportunidad es recoger en la legislación nacional; lo que el país ha acordado a nivel regional. Precisamente, estos temas forman parte de los acuerdos del MERCOSUR que el país ha firmado. Lo único que hacemos, como principio de acuerdo en tratar este tema, es nacionalizar estos artículos, estas normas, que -vuelvo a decir- rigen para el MERCOSUR, pero muchas de ellas están incluidas en la legislación nacional.

Si se pretende decir que esto es lo único que se va a hacer, no es así, porque este es el principio de una serie de normas. Lo que sucede es que en esto no estamos totalmente de acuerdo con el Gobierno. Precisamente, tenemos proyectos muy importantes, sobre todo, uno relacionado con la formación de una Comisión a nivel del Poder Ejecutivo -concretamente, en el Ministerio de Economía y Finanzas- destinada a fiscalizar la competencia leal. Existen versiones y opiniones fundadas en cuanto a que no sería conveniente una Comisión de este tipo en el Ministerio de Economía y Finanzas y respecto a si se incluye o no la participación del Poder Judicial. Obviamente, estos temas no hablan de pequeñas preguntas, sino de asuntos importantes, por lo que no creíamos que pudieran ser incluidos en su totalidad en la ley de urgente consideración.

Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Vuelvo a decir que hemos incluido en la legislación nacional lo que hemos firmado a nivel regional. Nada más; pero es una voluntad de nuestro partido, y tenemos proyectos de ley redactados, legislar sobre una competencia leal. Esto es lo principal; diría que es casi un principio de lo que es la filosofía de nuestro partido y por eso creemos que es buena cosa que, aunque algunas normas sean obvias estén incluidas en este proyecto de ley, del mismo modo que anuncio la presentación de otro proyecto de ley que va a profundizar en el tema.

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Muy brevemente, señor Presidente, quisiera resaltar que en el artículo 14 sí se establecen criterios concretos, a través de los cuales se define, por ejemplo, la prohibición de las decisiones de las asociaciones de empresas y el abuso de la posición dominante de uno o más agentes económicos, que tengan por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios. Más adelante analiza y detalla servicios tales como: a) imponer en forma permanente, directa o indirectamente precios de compra o venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva para los consumidores; b) restringir, de modo injustificado, la producción, la distribución y el desarrollo tecnológico, en perjuicio de empresas o de consumidores; c) aplicar injustificadamente a terceros contratantes condiciones desiguales en el caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja importante frente a la competencia; d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación de obligaciones complementarias o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los usos comerciales, no tengan relación con el objeto de esos contratos, en perjuicio de los consumidores y e) en forma sistemática, vender bienes o prestar servicios a precio inferior al costo, sin razones fundadas.

Considero que estas normas son muy pertinentes y las comparto todas, especialmente, la última, que es la que se está utilizando como mecanismo para desplazar del mercado a las empresas competidoras. Una prueba de ello fue la venta de televisores a U$S 200 cuando el costo de producción es de U$S 250; lo mismo ocurre en el mercado de los medicamentos, como me lo indica el señor Senador Cid.

No obstante, ¿qué cosas vemos en este artículo que nos parece deberían mejorar? Precisamente, el último inciso, porque todo está muy bien, pero allí se dice que la aplicación de estas normas proceden cuando la distorsión en el mercado genere un perjuicio relevante al interés general. En este sentido, la condicionante es de tal magnitud que está en manos exclusivamente del Poder Ejecutivo determinar cuándo y cómo se distorsiona el mercado. Ahora bien; me pregunto en voz alta y quiero reflexionar con los demás colegas, pues cualquiera de las cosas que se constate que están funcionando distorsionan el mercado y causan un perjuicio al interés general. Entonces, si se suprimiera el último inciso, la disposición ganaría fuerza y eficacia, y el Poder Ejecutivo estaría obligado a cumplirla. Lo otro, significa prácticamente dejar en suspenso, porque legislaríamos y después pondríamos una condicionante tal, que en los hechos vuelve inoperante la disposición.

Debo decir que esto no lo creo así solamente yo, puesto que en el día de ayer leí una declaración de los corredores de seguros. Precisamente, en el mercado de los seguros hay mucha distorsión y mucha tendencia a que se creen problemas. Los corredores de seguros me han señalado por ejemplo que hay empresas que venden los vehículos automotores y junto con ello obligan a que el seguro se contrate con determinadas compañías. En otras palabras, el precio va condicionado a que el seguro se procese con determinada empresa o bien el crédito se otorga en ciertas instituciones bancarias, ligándolo a un seguro que hay que llevarlo a la empresa aseguradora subsidiaria de ese banco. De este modo, se ata al consumidor que va a obtener un crédito a la empresa subsidiaria, y se lo obliga a hacer un doble negocio con la misma empresa. Entonces, creo que les asiste razón a quienes lo objetaban públicamente y, precisamente, ayer en la exposición general dije, sin haber leído el documento, que me parecía pertinente señalarlo. Por supuesto, esto es aplicable a todas las materias.

SEÑOR NUÑEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- En el mismo sentido que el señor Senador Gargano y abundando en ejemplos, quisiera señalar que la norma tal como vino del Poder Ejecutivo, a nuestro entender, era peor porque era más cercenadora de las posibilidades de recurrir en el caso de que se dieran algunos de los mecanismos de deslealtad en la competencia que se mencionan al comienzo del artículo. Se decía, por ejemplo, que la aplicación de estas normas procede sólo cuando la distorsión en el mercado genere perjuicios relevantes al interés general. En esta nueva versión se habla del interés general, pero desde nuestro punto de vista es bastante laxo como criterio o como definición a los efectos de la aplicación de una norma. Además, sigue siendo cercenadora de las posibilidades de reclamar ante alguna autoridad por la falta de lealtad en la competencia, como muy bien se describe en la primera parte expositiva.

En ese sentido, ya habíamos trabajado en la Comisión y se había cambiado un poco el texto, pero nos sigue pareciendo que la redacción no tiene razón de ser si realmente se quiere aplicar. Sabemos que son pocas las acciones que se pueden hacer ante este tipo de deslealtades en la competencia, pues como se mencionó en la Comisión, existe el recurso de amparo o la posibilidad de recurrir a algún Tribunal. Pero después, por el artículo 15 se establece que la reglamentación proveerá la habilitación a centros especializados, a los efectos de hacer denuncias sobre las prácticas desleales en la competencia. En realidad, no hay una normativa que abarque todas las situaciones, tal como debería haber. Por ello, tal como lo señaló el señor Senador Heber, estamos de acuerdo en que se debería legislar sobre ese punto, pues en estas disposiciones no hay un criterio tendiente a salvaguardar realmente al perjudicado por la competencia desleal. Esta frase me parece que es, de alguna forma, limitativa de los derechos que se otorgan en la primera parte.

Por lo tanto, nos parece que lo mejor sería, en todo caso y si se mantiene esa frase, votar desglosadamente ese inciso segundo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- No tengo nada más que agregar a lo que dije. Voy a proponer se suprima ese último inciso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: estamos legislando en una materia por demás compleja. Por un lado tenemos a los consumidores y por el otro a los empresarios. Para no alargar el debate voy a poner un ejemplo. Se dice que habría que sacar la última parte, pero entonces resulta que podemos tener una empresa con dificultades económicas -un frigorífico, un bazar, una barraca, o lo que se quiera- que les deba al Fisco, a los trabajadores y a los acreedores. Esta empresa decide, antes de ir a la quiebra y para poder seguir funcionando, vender por debajo del costo a fin de pagar a sus trabajadores y tratar de sobrevivir. Entonces, si nosotros no ponemos la última frase, los competidores perjudicados por esa situación podrían, con toda justicia y en aplicación del literal e) -que se refiere a vender bienes o prestar servicios a precio inferior al costo, e incumpliendo obligaciones fiscales o comerciales- solicitar que se aplique este criterio. Cualquiera de nosotros conoce, a lo largo de la vida, no uno sino docenas de casos en los que hemos visto empresas de los más variados rubros que han tenido que llegar a esa circunstancia. Entonces, la frase final está efectuando una acotación. ¿Se trata de una empresa que viene a quedarse con todo o una parte relevante del mercado y procura, por distintos mecanismos, hacer fundir a los demás? ¿Sería el caso de que alguien pusiera una sociedad y, sin pagarle a nadie, destrozara el mercado para luego conjuntamente con otra sociedad quedarse con todo el mercado? Esto es lo que hay que impedir. ¿Es la misma situación de aquel que le fue mal y vende por debajo del costo para ver si puede pagar los salarios y seguir tirando? En cualquier esquina encontramos veinte casos como este. Por esta razón es que se incluyó esa frase final.

Estoy de acuerdo en quitar la palabra "sólo" porque me parecía muy restrictivo. Este es un criterio muy general que atiende al interés general, el cual será apreciado por un juez o un árbitro. En definitiva, lo que se quiere decir es que habría un perjuicio a la plaza y que, en realidad, la situación ha sido afectada por una maniobra. Además, obsérvese que esta maniobra, si bien perjudica a los otros comerciantes, beneficia a los consumidores, que representan a la otra parte del asunto. Tampoco podemos llegar a una redacción que diga que hay que vender caro porque, entonces, ¿qué hacemos con los consumidores? Por lo tanto, señor Presidente, el límite es tan delgado y variable como lo es, no ya la realidad del país sino la de cualquier mercado, en el cual hay empresas tiburones, empresas delfines y empresas mojarritas que se están quedando sin agua. Entonces, lo que procura la frase final es apuntar a algo que realmente esté afectando al mercado, no necesariamente al mismo en su totalidad, sino a una parte relevante de él, para dejar afuera a las mojarritas que estén boqueando un rato más para ver si sube la marea y se salvan. Estas normas son para los tiburones que se quieren comer a la majada. Todos conocemos algún caso grande de estas características que está pasando, sobre todo en la parte plumífera del mercado. Ahí es claro que hay un interés general porque existe una distorsión que está afectando al mercado. Ahora bien, hay muchos otros casos -que son los más frecuentes- que no los podemos incluir aquí. Digo esto porque si un comerciante, un fabricante, una cooperativa, un empresario o lo que sea se está fundiendo y quiere y debe realizar su mercadería, para ello debe hacerlo por debajo del costo. Entonces, a esa persona no le podemos decir que venda más caro para que sus competidores no se vean afectados, aunque no les pague a sus acreedores ni a sus trabajadores y por lo tanto se muera. Probablemente también se muera vendiendo pero, por lo menos, el hombre consigue tiempo.

Por eso, señor Presidente, estas normas que son solo tres, creo que son el comienzo de un camino muy relevante. Por otra parte, la norma de defensa de los derechos del consumidor que aprobamos es, tal vez, la más corta de todas las que se han aprobado últimamente. Téngase en cuenta que hay países que tienen códigos de más de trescientos artículos. Esto también ha sido elogiado en los distintos foros por su equilibrio.

Me parece, señor Presidente -y además creo que esto ha sido bastante analizado por el Poder Ejecutivo y por otros medios- que este es un comienzo y que el Legislador, el Poder Ejecutivo y también los jueces después seguirán trabajando en ese sentido, tratando de guardar ese equilibrio. Por supuesto que todos queremos conservar ese equilibrio y aclaro que no estoy diciendo que los que no comparten este inciso quieren otra cosa porque considero que todos buscamos lo mismo. Lo que digo es que esta es una zona muy compleja de operar y entonces me parece conveniente que tratemos de buscar una redacción que sea lo más equilibrada posible.

SEÑOR NUÑEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- Hay una cuestión relativa a la semántica de la redacción que es parecida a otra que se discutió en el día de ayer. El literal e) dice: "en forma sistemática, vender bienes o prestar servicios a precio inferior al costo, sin razones fundadas en los usos comerciales, incumpliendo con las obligaciones fiscales o comerciales". Aparentemente, la ubicación de la coma daría a entender que deben concurrir las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros habíamos hablado de poner la conjunción "o" y, para mí, la mejor redacción sería: "en forma sistemática, vender bienes o prestar servicios a precio inferior al costo, sin razones fundadas en los usos comerciales o incumpliendo con las obligaciones fiscales o comerciales", porque cualquiera de las dos cosas que concurra, ya sea en forma conjunta o separada, es algo que debe penarse.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.-.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Esta vez no comparto ese punto de vista gramatical. Sí quiero dejar muy claro que se tiene que dar la concurrencia del hecho de vender por debajo del costo y, alternativamente -no conjuntamente- incumplir obligaciones comerciales -con eso basta para incurrir en la falta, para ser más precisos, en un comportamiento ilícito- o incumplir obligaciones fiscales. La referencia a los usos comerciales es, para poner uno de los ejemplos más frecuentes, las liquidaciones de fin de temporada. Normalmente en ellas el comerciante baja los precios porque entiende que no quiere quedarse con ese stock hasta el año próximo. No hay comerciante que en algún momento no haya hecho alguna liquidación porque cambió la moda o la tecnología o, simplemente, porque le resulta más barato vender por debajo del precio que esperar al año próximo.

Entonces, creo que las comas procuran separar el concepto sin que esto esté fundado en los usos comerciales, que se refiere a otra temática. Repito que todos los comerciantes sin excepción alguna, en algún momento venden por debajo del costo teórico porque el costo de permanencia de esa mercadería puede llegar a ser más gravoso que venderla por debajo del costo. Eso es normal y usual en la plaza y no molesta a nadie.

Sí me interesa -y creo que era a lo que apuntaba el señor Senador Núñez- que quede bien claro que se incumple cuando no se pagan las obligaciones fiscales o las comerciales o ambas; no se requiere que se incumpla con ambos tipos de acreedores para que se configure el ilícito. Creo que esta es la preocupación central más allá de la semántica.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Comparto el espíritu de estas disposiciones. En su oportunidad, quise concurrir a la Comisión en que se trataron porque tengo algunas dudas sobre la redacción. Algunas de ellas acaban de aclararse y otras pueden haberse tratado en un momento en que debí retirarme de Sala, por lo que pido disculpas. De todos modos, desearía considerar el literal a) que expresa: "imponer en forma permanente directa o indirectamente precios". Ante esto me pregunto: ¿Y si no es permanente? ¿Si es circunstancial? Puede ser que esto haya sido estudiado muy cuidadosamente. Los que no participamos en Comisión muchas veces hacemos interpretaciones equivocadas. En esta disposición también se hace referencia a transacciones abusivas. ¿Cómo se define la manera abusiva? ¿Quién la define? Me parece que este aspecto ofrece ciertas dudas en cuanto al concepto de ese tipo de transacciones y al alcance de las mismas.

Formulo estas preguntas para ver si en el transcurso de esta discusión queda clara la interpretación que luego se dará a la aplicación de la ley.

En cuanto al literal b), el mismo dice: "restringir, de modo injustificado". ¿Cuándo es injustificado? ¿Cómo se maneja el concepto de injustificado? ¿Quién lo maneja? Me parece que estas dudas por lo menos deberían aclararse en la redacción.

La referencia al cumplimiento de las obligaciones fiscales y comerciales la tenía anotada, pero recién se ha aclarado.

Finalmente, se expresa que la aplicación de estas normas procede cuando la distorsión en el mercado genere perjuicio relevante al interés general. ¿Cómo se explica lo de relevante? Y si no es relevante, ¿está permitido? Estas son preguntas que me he estado haciendo y las expongo para ver si tenemos alguna respuesta aunque no se modifique -si no se cree necesario ya que no he participado en esos detalles de redacción- ya que aclarándolo en Sala se contribuye a la interpretación correcta de la ley.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Tenía la intención de pedir una interrupción al señor Senador Atchugarry para no utilizar el tiempo del Senado, pero prometo ser muy breve en mi exposición.

En primer lugar, quiero hacer referencia a una consulta que hice en Comisión que parece obvia, pero como estamos legislando sobre cosas también obvias, quería que quedara constancia, no sólo en la historia de la ley en Comisión, sino también en el Plenario. Parecería obvio que cuando estamos hablando de los agentes económicos, decisiones de asociaciones de empresas y abuso de posición dominante de uno o más agentes económicos, etcétera, tal como expresa el artículo, no distinguimos entre empresas nacionales o extranjeras, sino que estamos englobando a todos los agentes económicos. Si bien esto no se señala expresamente, formulé la consulta en Comisión y se me contestó que, efectivamente, esa era la lectura que había que hacer del artículo.

En segundo término, deseo señalar que comparto las preocupaciones que se tienen respecto a las dificultades para implementar esto. Inclusive, el artículo 15, cuando remite al Código General del Proceso, lo hace ya en caso de que existan contiendas. Leyendo el Título VII del Código General del Proceso se entiende que esto es a posteriori, luego de constatarse todas estas cosas y de que surgen diferencias o contiendas. De allí en adelante está legislado y hay una referencia clara a la ley. Comparto las preocupaciones que se expresaron aquí en cuanto a la instrumentación. En nuestra Bancada estuvimos trabajando incluso con la legislación comparada y algunos compañeros pusieron a estudio la legislación española y la posibilidad de que esto constituyera un proyecto de ley y no un par de artículos dentro de la ley de urgencia. En este caso, el tema queda sujeto a la reglamentación que realice el Poder Ejecutivo para abarcar un universo tan amplio, tan complejo y difícil de comprobar en la práctica a quién se refiere, como es el que describe el artículo 14.

De todas maneras, compartimos el sentido de estas disposiciones. En el día de ayer no quise hacer referencia al tema para no entrar en una discusión porque no era el momento, pero hemos votado normas vinculadas a lo que se llama "grandes extensiones", dirigidas expresamente a los grandes supermercados. Al respecto, quiero señalar que no siempre ni necesariamente esto actúa en beneficio del consumidor. El hecho de apoderarse de franjas del mercado, fundiendo a los pequeños comerciantes hace que muchas veces se trabaje imponiendo determinadas marcas, hábitos de consumo y ciertos precios que no necesariamente benefician a los consumidores. Eso todos lo hemos constatado aquí mismo a propósito de la discusión de esa ley.

En consecuencia, creo que hay una intención correcta; veremos cuáles son las disposiciones en las que se avanza desde el punto de vista legislativo y del de la reglamentación del Poder Ejecutivo.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Propongo que este artículo se vote desglosado porque este tema ya ha provocado un largo debate y hay un matiz de opinión en relación con el último inciso.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.-

SEÑOR ATCHUGARRY.- Como el señor Senador Pereyra ha hecho un par de consultas, quisiera por lo menos aclarar algunas de ellas antes de pasar a la votación.

Creo que en el literal a), cuando se habla de "en forma permanente", no se está hablando de que sea para toda la vida o períodos largos, sino que no sea meramente ocasional. Lo mismo refiere el inciso final; cuando se habla de "perjuicio relevante", no estamos hablando de un gran perjuicio, pero tampoco de algo irrelevante. Puede ser un perjuicio irrelevante que, por ejemplo, de los 3.000 artículos que tiene un bazar o un almacén se ponga uno a bajo costo, simplemente como llamador, como hacen todos los comerciantes como "llamador de la vitrina" para que la gente entre, mientras que los demás productos están más caros. Eso no hay comerciante que no lo haga. Como nos encontramos en ese margen, tratamos de decir que aquí se considera algo de cierta relevancia y no de una distorsión enorme del mercado. Creo que es válido decir, para que quede constancia en la versión taquigráfica, que estamos señalando esto en contraposición a algo totalmente irrelevante, pero no se requiere, a nuestro modo de ver, que el perjuicio tenga gran dimensión. , sino simplemente que se note, que se pueda apreciar en el mercado.

El mismo criterio empleamos para la calificación de "permanente"; no se exige un largo tiempo ni una gran cantidad de operaciones, pero sí que no sea simplemente una operación ocasional. Además, este artículo es muy genérico, porque habla de ventas o condiciones de transacción y eso es tan relativo y el comercio es tan amplio que se quiso decir que, por lo menos, sea una situación de cierta duración.

Me interesa dejar constancia de que ambos términos no están apuntando a amplios períodos de tiempo ni a perjuicios de una relevancia realmente superior. Simplemente, que no sean irrelevantes ni meramente ocasionales es la lectura que hacemos, y me parece que vale la pena que quede constancia en la versión taquigráfica por si algún día alguien la quiere leer a los efectos de constatar cuál fue la intención del artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14 excluyendo su último inciso.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar el último inciso del artículo 14, que expresa: "La aplicación de estas normas procede cuando la distorsión en el mercado genere perjuicio relevante al interés general".

(Se vota:)

-17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Deseo hacer una pregunta sobre la interpretación de este artículo 15.

Este artículo dice que el Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones del presente Capítulo y dispondrá las medidas pertinentes para la aplicación de dichas disposiciones. Seguramente, para que esto sea efectivo, se necesitan sanciones, que sólo pueden aplicarse a través de una ley. De manera que no sé hasta dónde esto puede ser eficaz en cuanto a las medidas de emergencia que pueda tomar el Poder Ejecutivo y a las sanciones que necesariamente tendrían que venir por la violación de estas disposiciones. Repito que las sanciones sólo podrían ser aplicadas por ley, y no sé si se pensó incluir algo de esto, o no.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- El señor Senador Pereyra ha señalado lo mismo que hemos apreciado en Comisión y, en su momento, los pequeños comerciantes. La situación es la siguiente: para implementar un sistema de sanciones teníamos que hacer un Código, cosa que, seguramente, el Legislador podrá realizar más adelante. De cualquier manera, estas normas no son irrelevantes porque también son de aplicación judicial, y desde que la conducta está prohibida, esto puede llevar, desde anular los actos contrarios a estas normas, hasta reclamar los daños y perjuicios por la vía judicial. Lo que no está previsto son las sanciones pecuniarias, por ejemplo, de carácter administrativo, porque ello ya suponía entrar en una casuística y no teníamos tiempo ni espacio posible para llevar a cabo esa labor. Sin embargo, es una tarea que el Legislador puede encarar más adelante, seguramente asesorado por esta unidad de aplicación del Poder Ejecutivo, que tendrá el tiempo y los medios como para estudiar el tema y traernos una propuesta.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- He votado negativamente este artículo, justamente por las razones a que se refería el señor Senador Pereyra. Me parece que amén de que se defina el interés general de una manera tan especial por parte del Poder Ejecutivo, que tendrá que actuar, me pregunto quién es el que va a constatar que el interés general está lesionado. Creo que el primero ante quien ocurre el que busca poner en funcionamiento el mecanismo del artículo 14 tiene que ser el Poder Ejecutivo. Entiendo que si después de que éste se pronuncie hay un acción ante el Poder Judicial, es posible que exista algún juez en materia civil que pueda proceder. Aclaro que hace tanto tiempo que estudié Derecho Procesal que no me acuerdo mucho, pero quizá haya alguna medida cautelar para impedir que el acto siga adelante. Pero ya el hecho está consumado y es muy difícil que se pueda revertir la situación.

Además, voté en contra porque en el Código General del Proceso, que voté -esta fue una de las críticas más fuertes que se nos hicieron- se instituye este mecanismo del arbitraje a través del cual y por medio del contrato, es posible que la parte más débil sea obligada a ocurrir ante un mecanismo de arbitraje preestablecido. No sé si se entiende lo que quiero decir. Una persona realiza un contrato y, al mismo tiempo, la parte vendedora establece una cláusula por la que obliga al comprador a ocurrir ante determinado juez, en este caso árbitro, para que se pronuncie. No confío en ese procedimiento porque, fundamentalmente, cuando se da en el plano del comercio, es muy difícil zafar. Esto me lo explicó un juez de larga trayectoria, que cesó en sus funciones como Ministro de lo Contencioso hace un año y medio y, por lo tanto, algo sabe de la materia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el Capítulo VII, "Transporte", Sección 1ª., "Puerto de Montevideo", artículo 23.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: a lo largo de muchos años nos hemos opuesto a que el doctor Jorge Batlle fuera Presidente de la República. Pero en estos años también creímos haber conocido los contornos o perfiles de sus proyectos o de su utopía.

En este proyecto de ley de urgencia, y muy concretamente en los puntos que estamos tratando, se nos pierden esos contornos. Tal vez es un tributo del señor Presidente y de la Lista 15 a los acuerdos que tuvo que realizar con la coalición de tan abigarrada composición.

Los puntos que vamos a abordar nos trascienden, como tantos otros que hemos tratado, pero estos muy especialmente. Trascienden, a nuestro juicio, las luchas del momento y los colores partidarios. Son asuntos que afectarán por largo tiempo a las futuras generaciones. Estamos tocando el mapa del país y lo estamos haciendo para muchísimos años; no estaremos nosotros para sufrir o disfrutar las consecuencias de las decisiones que adoptemos hoy.

En ese sentido, nos parece que nos debe temblar la mano al votar o no estos puntos que estamos tratando ahora.

Esto es así porque en los últimos años el Uruguay ha ido tomando decisiones de tremenda importancia estratégica, independientemente de lo que hayamos opinado u opinemos hoy sobre dichas decisiones. De su gravedad no caben dudas. MERCOSUR, Hidrovía, Puente Colonia-Buenos Aires, expansión forestal, arrocera, dragados, etcétera; pocas veces en la historia del país se han acumulado en tan corto tiempo decisiones de tanta repercusión. Sin embargo, creo que posteriormente -repito que independientemente de las opiniones que aquellas decisiones nos merezcan- no hemos actuado en consecuencia. Hemos resuelto lo mayor, pero no hemos encarado en función de lo resuelto las decisiones "menores" -dicho esto entre comillas- imprescindibles. Como si Uruguay, especialmente Montevideo y su puerto, retornaran a escenarios del pasado, pero ampliados en grado sumo. Hemos quedado estrechamente vinculados, para bien o para mal, a un vasto "hinterland" regional.

Ahora mismo se discute y se propone, desde lo más alto, ampliar esa política de integración, pero a veces parece como si no hubiéramos tomado conciencia de ello. Creo sinceramente, y sin el ánimo de pasar pequeñas facturas a nada ni a nadie, que por esa omisión de la que todos somos, en mayor o menor medida, responsables, nos estamos desintegrando como país en la misma medida de nuestras aspiraciones regionales de integración. Baste para ello pensar en la situación de nuestros departamentos fronterizos con Brasil; en la ciudad de Artigas; en el vaciamiento de nuestro interior rural, en especial en el vaciamiento de nuestra región central y en el de los barrios centrales de Montevideo; en la infantilización de la pobreza; en la "guetización" -terrible palabra nueva- de los marginados; en la superconcentración urbana en el cinturón de miseria o área metropolitana de alto crecimiento demográfico, en un país que no crece poblacionalmente en su conjunto, y en el desorden que amenaza con el devenir irreparable de ese crecimiento caótico.

Siento que los dos puntos, terminal de contenedores y AFE, atañen esencialmente a ese problema estratégico, a una cuestión de Estado. Si no tomamos conciencia todos -y a eso apelo- corremos el riesgo de comportarnos, los del Gobierno, como Jack el Destripador, y los de la oposición como el doctor Frankenstein, y de ese doble torpe comportamiento, resultará para Uruguay un monstruo, en lugar de un proyecto.

Desde las alturas del Gobierno nos llegan, por vía del equipo económico en sus informes, por vía de esta ley y por vía de diversas declaraciones públicas que pronto pueden transformarse en ley, las partes, pero partes separadas, aisladas unas de las otras, de lo que deberíamos suponer es un proyecto, tal vez un sueño, quizás una utopía en el buen sentido de la palabra. Es como si el Gobierno, por entre esa neblina de reminiscencias londinenses nos dijera: "vayamos por partes" y como si nosotros, los de la oposición, entrando en la dinámica y aceptando el reto, analizáramos encarnizadamente, hoy una oreja, mañana un brazo, pasado un pie, tratando de concluir, unos y otros, en una serie de costuras, parches y remiendos, de lo que sólo puede surgir la obra del doctor Frankenstein.

Decía Kissinger en sus Memorias, que cuando un comité de dibujantes decide dibujar un caballo, por lo general resulta un camello. Pero, eso sí, por consenso. El camello resulta un caballo consensuado. Hay temas en la vida de los pueblos, por lo general denominados "de Estado", que requieren otro tratamiento. Las graves decisiones adoptadas por Uruguay y las que están en vías de adoptarse requieren, exigen y claman por una política nacional de transporte que no se puede ni se debe tratar, y menos aún decidir por partes. Sin ir más lejos, lo portuario -sólo ello- adquiere hoy una dimensión ante la que no podemos permanecer ciegos. En esta campaña electoral faltó el departamento más grande del país, es decir, nuestro mar territorial, que en poco tiempo, si la Armada Nacional termina en fecha los relevamientos que debemos presentar ante las Naciones Unidas, alcanzará los 21:000.000 de hectáreas -210.000 kilómetros cuadrados- sin contar los derechos en la Antártida, que carece de Intendencia, de Juez, de Comisario, de escuelas. Es el vigésimo departamento, el olvidado, pletórico de riquezas, pasadas y futuras, en su superficie, en sus aguas, en su lecho y en su subsuelo. Tenemos una de las mejores praderas de invernada del mundo para rebaños y majadas orejanas, envidiada y ambicionada desde los más lejanos y cercanos confines; campos sin alambrar que dependen de nuestros puertos, de nuestros canales y de nuestros ríos que nos conectan con el mundo y con la región.

No puedo, señor Presidente, tomar posición por separado acerca de una terminal de contenedores ni acerca de AFE sin saber sus alrededores estratégicos; su contexto ineludible; el total despliegue del sueño, del proyecto o de la utopía gubernamental, del que vienen a formar parte. Respeto demasiado la inteligencia de mis adversarios políticos como para pensar que sólo tienen a disposición, sobre temáticas tan de Estado, una colección de viejos parches y remiendos que, hasta como tales, son de mala calidad. Debo adjudicar a beneficio del adversario las más sanas intenciones porque, de lo contrario, me quedaría sin contrincante que valga la pena, lo cual es grave.

Nosotros vamos a votar en contra ambos puntos y pido disculpas por tenerme que referir, en el de la terminal de contenedores, a AFE, pero como dije, no puedo analizarlos por separado, porque, en primer término, inaugura un método nuevo, privatizador, sin el mínimo debate sobre el asunto. Sienta, por lo tanto, un precedente de graves consecuencias y lo hace en forma urgente. En segundo lugar, permite instalar un monopolio privado en un área clave para el país, un país que muestra una nítida contradicción entre la prédica contra los monopolios estatales y la proliferación de oligopolios y monopolios privados, por ejemplo, televisión, Buquebus, gas por cañería, puerto profundo, transmisiones deportivas, comercio forestal y grandes espacios comerciales. Esa contradicción es visible también hoy en este proyecto que estamos discutiendo.

En tercer término, acabamos de aprobar normas contra la competencia desleal y vamos, probablemente, a votar un formidable monopolio privado en el Puerto. En consecuencia, se va a practicar una cruda competencia desleal en nuestro país. Incursiona, parcial y unilateralmente, en un gravísimo problema nacional que debe ser debatido y encarado globalmente y con visión de futuro por sus altos contenidos estratégicos: el transporte y, dentro de él, lo portuario y lo marítimo. Se trata de una de las cuestiones de Estado que esperan de este Parlamento y de todo el país un sereno y gran debate lo antes posible. Se abandona el camino licitatorio plagado de escándalos -recordar el año 1998- y fracasado por ellos, sin olvidar que la Justicia Penal analiza hoy escándalos parecidos en relación a otra licitación en otro puerto; me refiero al de La Paloma, respecto del cual se estudia hoy una concesión por cincuenta años, plazo que supera lo que la misma privatizadora Ley de Puertos prevé para esos casos. Se trata de un plazo de escasos antecedentes nacionales e internacionales. Resulta obvia la estrecha relación y las consecuencias que hay entre ambos puertos o proyectos de puerto. Dicho sea de paso, lo mismo ha sucedido recientemente con la otra gran licitación que estaba en marcha, la del Aeropuerto. Como se ve, todo está relacionado al transporte. Afecta para siempre la concepción de puerto sobre la que debemos debatir y reflexionar como una decisiva política de Estado, es decir, la concepción marítima y portuaria en la relación armoniosa y complementaria que debe haber entre todos nuestros puertos presentes y futuros, las políticas de dragado y, en general, toda política global de transporte que se quiera implementar hacia el futuro.

No podemos separar este punto del que está referido a AFE por lo siguiente. Actualmente, hay un problema portuario grave sin solución a la vista. No exageramos si decimos que Uruguay está al borde de un colapso en su sistema de transporte, si es que no ha entrado ya en él. Sin embargo, seguimos aplicando políticas de parches y de remiendos que comprometen el futuro. Esto último es lo peor. Por ejemplo, la Torre de ANTEL y el Plan Fénix, con su impacto en La Aguada, atentan contra el mejor proyecto de puerto que Uruguay necesita. Hasta la idea o la utopía, en el buen sentido, que contra nuestra opinión pueda contener la privatización de AFE que viene en este proyecto, a pocos artículos de distancia, queda jaqueada por esos otros proyectos. No se pueden analizar, y menos aún ejecutar por partes, asuntos que por su naturaleza deben ir unidos. A nadie escapa que una o varias terminales de contenedores privadas y/o públicas se relacionan vitalmente con la región, con el mundo, pero también con AFE, con la red carretera y hasta con el aeropuerto, el que debería estar ubicado en las cercanías de la ciudad de Libertad, en el marco de una vocación comercial y productiva que compita en la región. A nadie escapa que la hidrovía, el dragado del río Uruguay, la revitalización de nuestra hermosa y promisoria cadena de puertos, desde Salto a Montevideo, enriquecida con puertos nuevos, tiene y debe tener una funcional y vital conexión forzosa con nuestras terminales de contenedores. Ni que hablar si al mismo tiempo estamos hablando y licitando nada menos que el estratégico puerto profundo en Rocha, o sea, el sueño de Artigas, el de José Batlle y Ordóñez, el de Luis Alberto de Herrera. ¿Cuál será la vocación de uno y otro puerto? ¿Graneleros allá, contenedores acá, una mezcla armoniosa? No lo sabemos, porque no lo hemos debatido como el país merece. Si el puerto de Montevideo puede llegar a los 12 metros de calado, puede y debe aspirar a ser el gran puerto comercial que fue siempre. Pero si no hace lo que debe, quedará rezagado a corto plazo y reducido a un puerto de segunda o tercera categoría. Vamos camino a serlo si seguimos actuando como en este proyecto se nos propone, por parches y por remiendos.

Montevideo - Puerto tiene un grave talón de Aquiles que nosotros mismos hemos cultivado irresponsablemente: dispone de apenas 66 hectáreas terrestres para su despliegue. Está acorralado. Ultimamente, con la increíble Torre de ANTEL y el Plan Fénix estamos poniendo un colosal candado a esa tranquera del país. Nuestros nietos, si aún están a tiempo, deberán gastar mucho para corregir el mamarracho que, con los ojos abiertos, venimos perpetrando. Es absolutamente incompatible con la idea, incluso, de gran sede comercial y de servicios, ni qué hablar manufacturera y agropecuaria, lo que estamos haciendo frívolamente. Gastamos el dinero en una faraónica torre de oficinas pudiendo construir nuestro puerto oceánico con fondos propios y sin necesidad de licitar con nadie. De paso, matamos la expansión portuaria, imprescindible en Montevideo para el Uruguay forestador, pesquero, arrocero metido en la región, conectado a un vasto "hinterland" por costosos accesos carreteros ya pagados, impactos ferroviarios que, con los puentes que ya hay y los que puedan existir, así como con los que están siendo debatidos por separado, darán vida a nuestros rieles, que podrían llegar a Asunción, a la Mesopotamia argentina, al gran Buenos Aires y al corazón del sur brasileño. Sin embargo, le podamos a AFE y al Puerto la playa de maniobras y la Estación Central, estratégicamente ubicada por ingleses, que podrían ser cualquier cosa, menos bobos.

Tendremos en su lugar oficinas, hotel cinco estrellas con casino y sala de espectáculos, shopping centers y colmena de apartamentos, en el seno mismo de nuestro crucial desafío estratégico. Cambiamos nuestro destino de sudor y de yunque por el esmoquin holandés; el profesional de la ruleta sustituirá los overoles y al lado del Buquebús amarrarán los yates, mientras el Puerto de Buenos Aires y el de Río Grande darán trabajo a centenares de miles de uruguayos.

Montevideo, la región necesita no una sino varias terminales de contenedores públicas o privadas, como se quiera, pero eso sí, en el marco de un serio proyecto estratégico con vocación productiva. Para eso necesitamos cancha en la bahía, que es un privilegio de Dios o de la naturaleza; necesitamos cancha en la costa del Cerro y hasta en Punta Yeguas, sin descartar la desembocadura del Río Santa Lucía; necesitaremos rieles y carreteras que lleguen hasta el barco y necesitaremos un gran aeropuerto a medio camino entre Buenos Aires y Montevideo, pero con vocación carguera y no sólo peatonal, y para colmo bajo monopolio privado, salvo que el sueño de los modelos de país que tenemos sea tan diferente entre los uruguayos.

Fábricas, playas de maniobras, depósitos, cámaras de frío, infraestructura intermodal eficiente, servicios: todo está a nuestro alcance si lo pensamos bien, y por sobre todo, población, centro de nuestras preocupaciones. Paradojalmente, tenemos un Puerto castrado, un ferrocarril derrocado, carreteras inútiles para lo productivo molestarán incluso a los transeúntes. Todo el problema del transporte de pasajeros urbano, suburbano y de cercanía, también el de larga distancia y el internacional, sufrirá en la capital del MERCOSUR las consecuencias estratégicas del parche y del remiendo.

Por esas razones, señor Presidente, vamos a votar en contra estos artículos y también el que refiere a AFE, a la vez que demandamos un gran debate nacional sobre nuestro sistema de transporte marítimo, ferroviario, carretero, fluvial y aéreo, en especial a partir de este Senado de la República.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: creo que el artículo 23 es el que va a resultar más debatido o quizá el que tiene las mayores consecuencias en algunos órdenes de todo este proyecto de ley.

Hay que tener presente que existe un mercado en disputa que es muy importante. De lo contrario, no tendría explicación la lucha sin cuartel que se desató entre grupos económicos, con impacto político y social profundo, en los últimos años. El problema es que este artículo 23, en realidad, intenta zanjar esa cuestión por un camino que no compartimos porque nos parece profundamente inadecuado.

Como es público, he seguido este tema durante todos estos años. En realidad, no es que tuviera vocación por este asunto, pero terminé interiorizándome en él y, a esta altura, diría que me duele. Digo esto, porque no compartimos el marco legal de 1992 y no fue votado por nuestra fuerza política, pero estaba vigente en el país. Diría que es un marco de concepción liberal en materia económica con relación al Puerto de Montevideo. A partir de ahí se toman decisiones y un conjunto de áreas pasan al sector privado, desatándose una disputa por su playa de contenedores desde hace algunos años. También hay otras áreas y mercados que están en disputa con relación a este tema, fundamentalmente en lo que hace a la cuestión del dragado de los canales de acceso al Puerto de Montevideo y a los eventuales proyectos que puedan haber en esta área.

Ahora bien; los problemas más importantes por los que, en aquel momento, objetamos la última licitación, fue la variante que se discutió en 1998 -aunque el llamado se hizo antes- y que instaura un monopolio privado en la terminal de contenedores del referido Puerto y sobre éste, por las condiciones que se establecían en cuanto a prohibición o bloqueo de instalación de otras terminales hasta que en él no se llegara a determinados niveles de tráfico. Dijimos que eso violaba el espíritu y la letra de la Ley de Puertos y que se había dado un proceso licitatorio que rompía con las normas más elementales aplicables a ese tipo de procedimiento. Tuvieron lugar los sucesos que todos conocemos y diría que terminó en un fiasco, tuvo derivaciones colaterales, existió tráfico de influencias y el tema fue a parar a los Juzgados, formándose incluso Comisiones Investigadores y manifestaciones de todo tipo. Cuando ese ciclo termina, pensé que se iba a transitar un camino distinto, probablemente para los mismos objetivos, pero que se salvarían las principales dificultades y problemas que había tenido ese proceso.

En realidad, trascendieron algunas ideas, pero al tiempo, luego de que tienen lugar los procesos electorales, se concreta -por una variante que no habíamos imaginado que podía darse por ese camino- la elaboración de un marco normativo que habilite la invención de una sociedad anónima en la que va a participar la Administración Nacional de Puertos y va a subastar sus acciones en la Bolsa. El problema es que de las principales objeciones que manifestamos en aquel momento, algunas se reactualizan.

Si uno analiza el tema, el resultado más probable del artículo 23 es que rápidamente en el Puerto de Montevideo, una vez concretada la autorización legislativa por ese marco legal y hecha alguna reglamentación por el organismo pertinente desde el área del Poder Ejecutivo, se va a crear la sociedad anónima, se va a poner en subasta y la mayor parte del paquete accionario será comprado probablemente por alguna naviera internacional -no sabemos cuál de ellas; se verá- en forma directa o indirecta, terminando como operadora, contratada por esa misma empresa, en el Puerto de Montevideo. Dado que, hoy por hoy, la terminal de contenedores es el corazón del Puerto de Montevideo, ese hecho equivale, en la práctica, a la adquisición por treinta años del dominio de su tráfico. Si se trata de un capital muy importante que irrumpe e invierte en la terminal y, a su vez, como sucederá muy probablemente, el tráfico internacional -el mercado de los fletes- está asociado con esa inversión, muy difícilmente alguien podrá ingresar a competir con un capital de ese porte que adquiere una base en esta región.

Seguramente, se podrá decir que la terminal de contenedores es una parte del puerto y que podrá haber otras. Quizás exista un plan con el objetivo de generar una nueva terminal, pero como no sabemos cuál es el proyecto a corto, mediano y largo plazo que para el Puerto de Montevideo tienen el Ministerio, la Administración Nacional de Puertos y el Poder Ejecutivo, lo único que podemos hacer es especular.

Incluso, todos los días vemos una nueva noticia; por ejemplo, el año pasado el Directorio del Puerto solicitó autorización para hacer una inversión de U$S 5:000.000 con el propósito de instalar otra grúa pórtico y, en la prensa del día de hoy, leemos que el propio Presidente del Directorio, el doctor González Lapeyre, señala que están negociando la posibilidad de instalar otro muelle a 14 metros de profundidad, lo que significa una inversión muy importante. Aparentemente la grúa pórtico que acabamos de mencionar podría instalarse ahí, en otro lugar, o en la actual playa de contenedores. De todos modos, no está claro y no sabemos cuál es el proyecto.

Por lo tanto, con estas condiciones y con este punto de partida, lo que está a la mano es que un tráfico que en materia de contenedores es creciente, y que constituye el nudo del tráfico internacional y del movimiento de mercaderías que proyecta al Puerto de Montevideo como puerto regional, ha venido creciendo. Se ha señalado que durante este año se llegaría a un tráfico de 280.000 teus, en cuanto al movimiento de contenedores, lo que significaría un récord. De todas maneras, no sé si esto sucederá así, pero lo que sí es claro es que durante los últimos años este movimiento ha crecido, incluso en medio de altibajos, y que además es un mercado muy jugoso que está en disputa. Esto podría equivaler, por ejemplo, al mercado del crédito aplicado a algunas líneas, al mercado de las telecomunicaciones aplicado en otras áreas, al mercado de la energía y al mercado del transporte internacional. Por lo tanto, frente a esto se desatan muchos intereses nacionales e internacionales privados en disputa por lograr adquirir posiciones de privilegio en este tipo de inversiones.

Lo que me parece muy mal es que por la vía de los hechos obviemos los procesos licitatorios, porque no queremos entrar en los enredos anteriores que hemos tenido en estos años. Entonces, me parece muy mal que obviemos los procesos licitatorios, inventemos una sociedad anónima a partir de la Corporación Nacional para el Desarrollo y dispongamos, por la vía legal, que esa sociedad anónima va a licitar en la Bolsa -lo que evidentemente va a ser transparente y público- su paquete accionario. Para esto se establecerían algunas condiciones básicas que prevé la ley pero que son mínimas, en virtud de que la inmensa mayoría queda librada a la reglamentación del Poder Ejecutivo. En realidad, se establece que el plazo va a ser de treinta años y que va a haber un aporte patrimonial de la Administración Nacional de Puertos, aunque para ello no se podrán enajenar bienes inmuebles de ésta. Asimismo, se dice que habrá una tarifa máxima y un canon, otra serie de disposiciones de tipo programático, e inversiones, y se establece que habrá dos representantes del Poder Ejecutivo en el Directorio de esta sociedad -no sabemos en cuántos- y que será por acciones al portador. Asimismo, una parte de esas acciones las tendrá el sector público a través de la Administración Nacional de Puertos, pero no sabemos en qué proporción.

Por lo tanto, si observamos lo que ha sido el dibujo y las tendencias principales en materia de privatizaciones en el Uruguay aplicadas a otros Entes, cabe prever que en realidad el desarrollo va a ser relativamente sencillo. Seguramente, se van a establecer las bases, el Estado va a tener una presencia relativamente testimonial en este conjunto, se hará el remate de las acciones y la playa de contenedores del Puerto de Montevideo va a pasar a un gran actor privado, muy probablemente de porte internacional, que será quien impondrá las reglas. Ese va a ser el resultado. Si esto se produce dentro de estas características, por lo menos desde el punto de vista legal, no tendremos ninguna garantía en el sentido de que algún bloqueo o traba lo impida, no va a ser bueno, y si bien nos traerá un ingreso de algunos millones de dólares con destino a inversiones, me temo que en el corazón del Puerto de Montevideo no se va a dar una incidencia gravitante por parte del sector público y de la sociedad uruguaya.

Además, ni siquiera sabemos en qué diseño geopolítico se ubica esto, ya que lo que tenemos como antecedente son las notas reversales del año 1997. Precisamente, considero que esto nos colocó a la cola de la Argentina, y a esta altura el Pontón de la Recalada siguió de largo -creo que ya está en Piriápolis- hicieron el dragado del canal principal del Río de la Plata y se le dieron todas las concesiones a los argentinos para que lo administren. Como consecuencia, el Uruguay, en los hechos, para poder salir tiene que pasar por la vía argentina. Quiere decir que renunciamos al proyecto propio que salía directamente a la Isla de Flores que había sido balizado y que podía haber sido hecho simplemente aplicando sólo las dragas que hay en el Puerto de Montevideo.

Entonces, renunciamos a toda política en materia de desarrollo portuario en un marco de soberanía nacional. A mi juicio, las consecuencias las van a sentir los trabajadores e implicará pérdida de herramientas de soberanía, lo cual se advertirá en el mediano plazo. Además, el Parlamento va a renunciar a la posibilidad de tener una influencia importante en este tema.

Por otro lado, el artículo 188 se va a utilizar con una finalidad que no compartimos. Aquí no se trata de un problema de instrumentos sino de cuáles son los objetivos para los que se usan determinados instrumentos. Se puede hacer una sociedad mixta sobre otras bases y con otros objetivos.

Por todos estos fundamentos no compartimos este artículo, vamos a votar en contra del mismo y vamos a hacer campaña en contra de las consecuencias que muy probablemente se van a dar por la aplicación de esta disposición. Después de aprobar este proyecto de ley, pienso que seguir hablando en el Uruguay del Estado, como una especie, no de ogro filantrópico, sino monopólico, va a resultar completamente "demodé". Digo esto porque si hacemos una visión de conjunto, podemos decir que en ANCAP hay un monopolio de refinación, pero no mucho más; en UTE es muy poco lo que hay de monopólico; en OSE ya es prácticamente inexistente; AFE queda con las características que se establecen en este marco; en el Puerto, la playa de contenedores tiene este destino; en ANTEL hay telefonía básica, pero existen otras formas alternativas que se están desarrollando; en el Banco Hipotecario ya se dieron determinados procesos con la securitización y con los créditos abiertos; y en el Banco de Seguros, salvo para accidentes de trabajo, no existe. Quiere decir que, en todo caso, no es el tema del monopolio el que está en cuestión; lo que sí puede cuestionarse es qué nivel de inversión pública y privada hay en estas áreas y con qué objetivos se hace.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Creo que podemos entrar en este tema desde varios puntos de vista. Uno de ellos -y para mí el primero- es saber cuál es el norte del Puerto de Montevideo o, más bien, cuál el del país. Concretamente, tendríamos que saber si aspira a ser un centro de servicios o si se va a resignar a lo que paulatinamente, desde hace cincuenta años y en una suave pendiente, le va aconteciendo al país en todas sus vías de comunicación, por lo que ha pasado a ser un "feeder", es decir, un lugar que alimenta a otro más importante. Esto ya nos pasó en materia aérea en forma notoria y ostensible, y no porque el Estado se haya retirado del aeropuerto. Para todo esto Uruguay tiene una dificultad y es su pequeña dimensión.

Otro hecho que se presenta es el vinculado al Puerto. Si observamos los informes de la década del sesenta, vemos que ya teníamos ahí el problema porque en ese momento fue declarado puerto sucio. Por lo tanto, no quiere decir que ahora comenzaron los problemas del Puerto.

Naturalmente, señor Presidente, en uso de sus legítimos derechos, Argentina ha protegido el sistema del Puerto de Buenos Aires costeando, con cargo a los contribuyentes argentinos, un dragado muy importante y permanente de entrada que subsidia abiertamente desde siempre, lo que ha generado ciertas condiciones que hace que hoy estemos discutiendo este tema de la playa de contenedores, que en el Puerto de Buenos Aires superan largamente la docena; además, se hizo todo un sistema de puertos sobre el Paraná.

La dificultad es tan grande que hace pocos años importantes compañías navieras discutieron si bajaban al Río de la Plata con los barcos principales. Esto es frecuente en las Islas Canarias y su centro de concentración para el Mediterráneo, cuyo movimiento es cien veces superior al del Río de la Plata. Felizmente, aún no lo hicieron. Entonces, la primera preocupación que tenemos es cómo buscamos una mecánica para que ese buque que entra en el Río de la Plata y tiene un destino, por volumen y por consumo, en la capital federal y en el gran Buenos Aires -que es ocho o nueve veces superior que Montevideo- tenga un camino de entrada a las provincias argentinas. Este, desde la época de Artigas hasta el presente, ha sido el gran asunto. Tanto es así que Buenos Aires prefirió que fuéramos independientes a que le hiciéramos la competencia. En la época de los españoles, la Capitanía General de Puertos estaba aquí y las Malvinas dependían de Montevideo y no de Buenos Aires, aunque esa es otra historia. Sobre esto hace muchos años alguien escribió un libro, así que no estoy descubriendo nada.

No voy a entrar en el tema de si lo hacen los escribanos, los abogados o los mixtos, pero en ese concepto creo que Montevideo aún está a tiempo, pero no le queda mucho más. La única opción, señor Presidente, es que el complejo de servicios, que no es simplemente el costo de bajar un contenedor, sino el tiempo de demora del buque -que generalmente es más costoso que el costo de bajar los contenedores- tiene que ver con el complejo de las vías de comunicación para que justifique la mercadería en tránsito. Esto está relacionado con la tarifa del contenedor vacío y con otros elementos, cuyas cifras, cuando estaba interiorizado en el tema, sabía de memoria. El concepto es ése, es decir, cómo hacer para que Montevideo sea atractivo y para que los puertos uruguayos también lo sean cuando Argentina es la dueña de la carga. Tan es así que hace hoy trece años se procuró -con acierto o sin él- hacer un procedimiento de trasbordo -que es el que se hace a mitad del río- y el gobierno de la época sacó una resolución prohibiéndolo porque era el dueño de la carga, aunque se trataba de una exportación y generalmente el país exportador tiene menor control sobre ésta que sobre otros procesos. Entonces, el tema a definir es cómo hacer para que el Puerto de Montevideo y todos los uruguayos puedan captar la mercadería de la región. Debemos procurar esto para poder crecer, para poder dar trabajo a nuestra gente, no sólo la que trabaja en el área del transporte, sino en un sentido más amplio. Asimismo, si hay un flujo de mercadería, como en algún momento parecería estarse dando en el litoral y ojalá pueda consolidarse, siempre se tiene la expectativa de que en el futuro esto puede ser rentable a través de alguien que transforme un grano en aceite o una madera en chips. Si la mercadería está pasando por aquí -y no solamente la nuestra sino la de alguna parte de la región- puede haber ahorros de flete que permitan justificar el armar cosas en el Uruguay, pese a nuestro pequeño tamaño.

Tratar de que el puerto dé un conjunto de servicios ha formado parte de una preocupación que siempre hemos tenido.

El señor Senador Fernández Huidobro manejaba algunos conceptos con acierto y otros no. Inclusive, se preguntó cuál era el plan a lo que cabe responder que no soy quién para responder cuál es el plan del Gobierno, sino que simplemente puedo decir lo que creo que es el plan. Aquí la situación es muy sencilla: o somos "feeder" o somos los más baratos y convenientes de la región y capturamos cargas de los demás. Para hacer esto uno tiene que ser mejor que los demás y enfrentarse a grupos de manejo de fletamento, en su sentido más amplio, que en definitiva deben tener algún interés o que se dé alguna situación especial para operar en Montevideo. En definitiva, el destino del origen de la mayoría de esa mercadería no somos nosotros.

Con la carga que genera Uruguay con sus tres millones de habitantes no soy más que Entre Ríos, que San Juan o Santa María, sino que probablemente en algunos aspectos soy menos, en términos de volumen de carga, y no, naturalmente, en lo espiritual. Si quiero capturar de los demás determinados volúmenes, que a su vez justifiquen llegar a escalas que generen más cargas, tengo que ofrecer algo a cambio. Se me ocurre que pueden ser mejores costos y servicios. Además, tener mucha suerte. Si se cumplieran las reglas del MERCOSUR no nos puede pasar lo que nos ocurrió hace trece años, es decir que no se pueden prohibir operaciones, de acuerdo al Tratado de Asunción, y no, precisamente, como se aplica. Esto puede ser algo que dé aliento para probar por distintos mecanismos cómo lo hacemos bien.

Creo que todos los informes que se han hecho del Puerto se basan, en primer lugar -y lo comparto- en rescatar áreas para el uso portuario. Por ejemplo, cambiamos los clubes de lugar, que ahora están más lindos. Se me podrá decir que se encerró el Puerto y es cierto, pero en eso participaron muchos organismos; si le hacemos honor a la verdad, debemos decir que no sólo fue la torre de ANTEL, sino que fue también el Plan Director. Debemos decir las cosas como son, porque el Plan Fénix está dentro del Plan Director, es decir que fueron el gobierno nacional y el municipal los que consideraron que era más importante rescatar esta zona.

(Ocupa la Presidencia el doctor Mario Carminatti)

-Esas son opciones urbanísticamente válidas. No estoy en contra por estar. El Plan Fénix es un nuevo nombre para lo que, en la época de la DINAVI del gobierno de Pacheco, se proyectó como una iniciativa para ganarle terreno al mar y construir casas. Se argumentó que como había una infraestructura subutilizada que se convirtió en una zona que se quedó atrás, el proyecto era viable. Desde el punto de vista de quienes miran esto como arquitectos, el proyecto siempre está en la mira; pero quienes opinaron desde el punto de vista del Puerto, creen que lo conveniente es correr el Puerto porque no puede crecer para otro lado. Quien recuerda el Puerto en la década del ochenta tendrá presente que había una montaña de chatarra donde hoy son las explanadas...

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Puede interrumpir el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: son pocas las oportunidades que uno tiene de hablar con el vocero más directo del Gobierno. Es extraño que me diga que no sabe cuál es el plan, o me está confirmando que no hay tal plan. Además, me da su opinión personal que, aunque puede ser muy interesante, a esos efectos yo también le podría dar la mía y entonces, nos iríamos los dos al boliche.

El señor Senador Atchugarry se ha referido al desafío estratégico que tenemos, lo que comparto. Pero desearía saber qué papel cumple para el gobierno el Puerto de aguas profundas de La Paloma, cuyo pliego de licitación se aprobó hace ya bastantes meses y los sobres de oferentes, según se ha informado públicamente, aún no se han abierto. De manera que, en este momento, están en suspenso. Entonces, ¿qué papel cumple un puerto de aguas profundas en esa relación de captación, de desafío? Hablar de un puerto de aguas profundas es algo muy serio, tanto o más que el Puerto de Montevideo. ¿Qué papel cumplen el Puerto de Montevideo y ese otro proyecto, en torno al cual se están convocando capitales privados? El gobierno estima que el costo ascenderá a U$S 150:000.000, es decir, aproximadamente lo mismo que nos salió la torre de ANTEL. Reitero que me interesa saber qué papel cumple todo esto en esa perspectiva con la que se encara el desafío.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Las inquietudes del señor Senador Fernández Huidobro me hacen derivar un poco del tema, pero con mucho gusto me voy a referir a ellas.

Así como el señor Senador Fernández Huidobro no podrá hablar por la Intendencia Municipal de Montevideo, quien habla no puede hacerlo por el Poder Ejecutivo. Es cierto que tengo un conocimiento razonable de lo que se piensa pero, fundamentalmente, soy un libre pensador, al igual que el señor Senador. Por tanto, cuando hablo, lo hago por mí. No me mandan decir. Reitero que hablo por mí, para bien o para mal, y a veces me equivoco.

He soñado mucho con el puerto de La Paloma. Creo que todos los uruguayos lo hemos hecho desde la época de don "Pepe". Lo que ocurre es que, aproximadamente, a dos millas de allí hay una fantástica profundidad a la que Montevideo no llegará nunca, aunque se hagan dragados. El tema no es la inversión, sino el mercado. Recuerdo cuando don "Pepe" Serrato, para bien o para mal, con error o con acierto, dragó y bajó la profundidad del Puerto. En aquel entonces, vinieron unos holandeses que querían hacer el trasbordo y le ofrecieron la mitad de lo que costaba hacerlo en la zona "alfa". Un señor que se llamaba Pedro Truco, Subsecretario de Intereses Marítimos, emitió una resolución, probablemente, porque los empresarios también lo querían ya que, de lo contrario, hubiera cambiado la resolución. Lo cierto es que aunque era más barato, conveniente y seguro, en dos años no apareció ni una chalana. Al final se fueron.

Por eso digo que el tema tiene un carácter comercial. Es necesario comprometer, de alguna manera, una inversión de esta naturaleza. Sueño con todo eso y ojalá podamos hacerlo, no simplemente como puerto pesquero, tal como se definió en la década del 80, donde tampoco funcionó. La última planta, que fue ASTRA, dejó de funcionar por razones que no es del caso detallar, puesto que insumiría demasiado tiempo. Decía que ojalá eso sea posible, pero creo que es un proyecto independiente y para otro nivel de cargas. En ese caso, no estaríamos pensando tanto en los "containers", sino en cargas masivas o en trasbordos, para aprovechar la gran profundidad.

Volviendo al tema que nos ocupa, creo que el Puerto de Montevideo, así como los puertos del litoral, tiene un enorme desafío, y creo que este es el momento oportuno para enfrentarlo. Naturalmente, los competidores se han estado moviendo; han crecido e invertido. Hace poco, subieron las tarifas al 30% en las terminales de Buenos Aires, según se indicó a la prensa, por lo cual éste podría ser un buen momento para hacer algo.

Entonces, yendo de lo general a lo particular, enfocaremos ahora el tema relacionado con el Puerto de Montevideo. No hay plan del puerto en el que no se haya dicho que no hay que ampliar la explanada hacia la Escollera Sarandí y colocar más grúas porte. En todo esto, puede haber un tema filosófico. Respeto a quienes sostienen que esta obra la debe hacer el Estado, por tratarse de una zona estratégica. Pero no es la opción que escogió el país desde el siglo pasado. Por ejemplo, toda su red ferrocarrilera se realizó por concesión, en la mayor parte a ingleses y algunos uruguayos que después no prosperaron. Es cierto que los primeros muelles del Puerto de Montevideo fueron hechos por el Estado, pero con una conformación muy especial, puesto que el primer Directorio de la ANP tenía una mayoría privada. Por tanto, aunque no habían puesto el dinero, estaban en el Directorio. No hablemos de las aguas corrientes ni de la electricidad, ya que todo se hizo por concesión.

En consecuencia, es un mecanismo que, además de figurar en la Constitución, ha sido utilizado por el país. Entonces, es otro concepto, y nosotros lo preferimos. Sin duda, el Puerto es un sector estratégico. Por eso pensamos que la concesión -donde el Estado no sólo guarda la propiedad, sino la dirección superior y el contralor- es un mecanismo adecuado. No se trata de vender el Puerto, más allá de los papeles que después siempre se hacen.

La concesión se puede hacer directamente con empresas privadas o con una mixta. La ley de puertos habilita a hacer todo esto que planteamos ahora en el Parlamento. Los artículos 3º y 11 ni siquiera indican que haya que hacerlo por licitación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- La Mesa desea informarle al señor Senador que restan dos minutos para que finalice su disertación.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Gracias, señor Presidente; procuraré ser breve.

Decía que ese es un camino posible, pero no vamos a hablar ahora de ello porque no tenemos tiempo para hacerlo y, además, no es el punto. Lo cierto es que hay un dato de la realidad. Hubo una complicación terrible con las licitaciones, no sólo con ésta. Entonces, la idea fue que, sin dar nombres y antes de llevarlo a la práctica, se presentara en el Parlamento. Este es el diseño. Se había dicho -y, a mi juicio, con razón- que en algunos pliegos se planteaba cierta exclusividad, es decir, una inhibición de hacer el mismo tipo de concesiones en otros sectores de alvéolo portuario, que incluye hasta Punta Yeguas. Ahora, se pretende cambiar eso, ya que si la Administración o un privado quiere hacer algo, tendrá un lugar determinado, por ejemplo el muelle B, el 10 o el ex Frigorífico Nacional. Por tanto, no hay exclusividad porque se puede mover con las otras grúas que tienen menor rendimiento, y aún con grúas móviles. Además, el Estado, asociado o por sí mismo, puede hacerlo en el resto de la superficie del Puerto. Este es un elemento importante a destacar.

Con respecto a los intereses privados, hubo una puja muy grande. Afortunadamente, nuestro país no está acostumbrado a eso.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- El señor Senador Malaquina ha hecho llegar una moción para que se prorrogue por 30 minutos el término de que dispone el orador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- No es necesario, señor Presidente, ya que si me conceden dos minutos más puedo finalizar mi exposición. Además, si alguien me concede una interrupción podré redondear mi pensamiento. Incluso, creo que en mi calidad de Miembro Informante podré hacer uso de la palabra cuando se termine de discutir el proyecto.

Se dijo: "Bueno, transparencia. A la bolsa. Adelante todo el mundo". Y el que va a la bolsa, no necesariamente es un buen operador. Entonces, éste va aparte y se puede revocar en cualquier momento. Aquí hay dos operaciones: una, conseguir el capital para hacer una inversión de U$S 150:000.000, U$S 200:000.000 o más y otra, que no opere.

Esto lo aprueba el Estado. Respeto a quien pueda decir que lo tiene que hacer el Estado, a quien hoy está operando esa grúa y dice que no le gusta que le saquen su trabajo, aunque no lo echen. Son intereses legítimos de la sociedad. Entonces, uno analiza cómo puede hacer para conseguir un rango mayor del mercado y, al mismo tiempo, atraer una inversión de riesgo, y así liberar las posibilidades de inversión para otras cosas en las que nadie va a venir a invertir. Por ejemplo, en el saneamiento de los pueblos del interior, salvo Maldonado, no va a invertir nadie, y a la prueba está que falta el 60% por concretarse.

Lamento haberme quedado sin tiempo para continuar hablando sobre el tema específico. El concepto central es el siguiente: esta es una concesión; por lo tanto, la propiedad y el control lo tiene el Estado, el cual, a su vez, interviene en la propia empresa. Quiere decir que tiene el control superior, pero también la participación en la misma empresa. Se puede discrepar; hoy no conozco en el espectro político ningún partido que haya estado en el Gobierno que no haya usado las concesiones o las empresas mixtas. Entonces, aunque se pueda discrepar con este mecanismo, no se lo puede descalificar. Si cometimos algún error en este planteo, veámoslo. La otra alternativa, señor Presidente, es esperar que un Estado con dificultades financieras suba las tarifas para hacerse de ese capital o, de lo contrario, las salga a buscar, con lo que no resuelve el tema de atraer al mercado. Nos podemos quedar afeitados y sin visita.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: no vamos a votar este artículo. En principio, tenemos observaciones que para los proponentes tampoco salvan algunos de los aspectos que, incluso usándose este mecanismo, deberían salvarse.

Si bien no se dice que es monopólico, que la Ley de Puertos lo prohíbe y que se pueden usar otras grúas y otros muelles, lo cierto es que por una cuestión de costos, el porcentaje de traslado de contenedores por esta grúa y por esta playa de contenedores, cada vez va a ser más importante. Entonces, se cae acá o se paga incluso más que en algún otro muelle. Se usan, sobre todo, para bajar cargas mixtas y algún tipo de mercadería que no necesita contenedores. Entonces, ya que está ahí amarrado el buque, se bajan con otras grúas que son más caras, lentas y más complejas.

El Estado en este tema va a ser juez y parte. El literal C) dice que se establecerá una tarifa máxima, pero no sabemos cuál es el criterio. Va a ser una operación casi monopólica y, entonces, no estamos frente a una concesión en la cual se llama a los oferentes, cada uno pelea por quedarse con la concesión y en ese proceso cada oferente pone la tarifa más baja posible, con el canon más alto posible, lo que redunda en un beneficio a los usuarios y, por lo tanto, se puede captar más mercadería, mover más el Puerto, bajar más los costos fijos e, inclusive, contratar más personal, no solo directamente en el Puerto, sino en todo lo que él mueve. En la medida en que el Estado está participando en la misma empresa, se fija una tarifa máxima y un canon que se le va a dar a la misma Administración Nacional de Puertos, pero no sabemos si ese canon es el máximo posible que el mercado podía pagar y si la tarifa es la más baja posible para poder salir a competir con el resto de los Puertos de la región. Puede suceder que las tarifas por contenedores terminen siendo más altas. Como esto es monopólico y como tuvo un crecimiento relativo en los últimos años, preferimos tener una ganancia fija que le sirva al Estado, que siempre tiene que recaudar. Pero no hacemos un desarrollo del Puerto en forma regional.

Por otro lado, a la hora de elegir el operador, no sabemos si será a través de mecanismos transparentes que permitan seleccionar el mejor, bajo reglas que estén antedichas. Puede darse que el Estado asociado a privados, o los privados en asociación con el Estado, terminen poniendo un operador que no es el más eficiente. Por lo tanto, necesitan que ese canon no sea el máximo y, en consecuencia, que esa tarifa no sea la más baja posible.

Estas son las observaciones que teníamos para hacer. Podrían introducirse modificaciones y, entonces, pensar que el señor Senador Michelini compartirá este mecanismo. El problema es que este mecanismo, que podría ser original, interesante y moderno, se vincula a un tema y no al conjunto; otra cosa sería que se tratara de normas que a partir de ahora no se supiera bajo ningún concepto que van para tal o cual área del país. Planteamos que pueden ser estos mecanismos los que usen las empresas públicas para asociarse en tales o cuales condiciones. Hoy reclamaba un Senador del Gobierno que ANTEL puede asociarse fuera del país pero no adentro. Entonces, a pesar de que no sepamos con quién se va a asociar, podríamos poner reglas que permitan que las empresas públicas se asocien, pero no es así; es una asociación particular y directa de la Administración Nacional de Puertos por algo que no hemos podido resolver. Este es el tema de la playa de contenedores del Puerto.

Digo con mucho respeto que esa licitación varias veces hecha marca que en el Puerto se manejan muchos millones de dólares, lo cual es muy tentador, independientemente de que se entre en la estrategia del país, de que se mire hacia otros sectores, como el ferrocarril, y fuera de fronteras, como el Norte de Brasil, Córdoba, Asunción, Bolivia y también el Sur de Brasil, que tiene puertos y tarifas caras. Hoy mismo el Puerto de Montevideo saca mercadería que viene de San Pablo, vía tren, porque los costos del puerto de Santos son mayores que los nuestros. Independientemente de toda esa situación de estrategia, que se puede generar desde el mundo político, mirando lejos lo que es la realidad del país o desde un punto de vista comercial más pequeño, el Puerto de Montevideo genera ganancias y llama a actores, algunos preponderantes en la comercialización del Puerto.

Asimismo, se ha demostrado que el Estado no ha puesto las normas correspondientes y los mecanismos para que las cosas sean transparentes a la hora de licitar, y no haya ninguna duda. Es más, con respecto a la última licitación, tenía muchas dudas de si eso no generaba un monopolio.

No podemos generar un monopolio, porque lo que estamos haciendo es que los usuarios de hoy, pero sobre todo los del futuro, estén cautivos. Y cuando lo están, la tentación de quién es el operador en cuanto a subir las tarifas es muy fuerte.

Entonces, señor Presidente, hay que tener en cuenta la señal política que estamos dando de debilidad del Estado. Vuelvo al ejemplo aquel de que porque no ganamos los partidos del campeonato mundial en la cancha, elaboramos una norma que nos habilita a participar en él. Como nosotros no podemos hacer licitaciones que permitan que los concesionarios se presenten y luchen por dar un buen canon al Estado y a la Administración Nacional de Puertos por hacer las inversiones que corresponden, así como una tarifa baja al usuario, metemos todo en una bolsa y luego que está todo pronto vamos, sí, a la subasta pública, para salir a vender un muy buen negocio que puede cambiar de mano pero que, en su raíz, puede contener algo que conspire contra el propio Puerto. Me refiero a que el Estado reciba beneficios menores, salvo la venta directa de esas acciones o una tarifa para los usuarios no lo suficientemente competitiva que permita que el Puerto remonte de una vez por todas.

Muchas veces he hablado de la concesión de obra pública; soy de los que han hablado más de esto, porque sé que la inversión significa empleo y hay un conjunto de uruguayos que hoy no lo puede conseguir. Por ejemplo, en promedio, la gente pasa nueve meses sin conseguir empleo, y en el interior, concretamente en el caso de las mujeres, el plazo supera el año. Algunas lo encuentran antes, pero otras llegan al año y medio.

Las concesiones de obra pública permiten, entonces, que sin capital, el país genere empleo, capte inversiones, recursos para seguir bajando la presión fiscal y, por lo tanto, dinamizando la economía. Pero esto no se puede hacer de cualquier forma, ni dar la señal de que hay debilidad a la hora de hacer esas concesiones. Además, tenemos que actuar en forma muy transparente.

Creo, señor Presidente, que esta es una mala señal. Volvamos, pues, por el mismo camino; hagamos la licitación, que los oferentes presenten su plan de inversiones, su canon -que tiene que ser el más alto de todos si pretenden ganar- y, también, tarifas que sean competitivas, e inclusive, que se rebajen en la medida en que vaya creciendo el volumen de contenedores.

Por otra parte, digo que en ningún momento se les puede garantizar el monopolio porque, como es notorio, nosotros queremos que el volumen de contenedores suba y que haya varios oferentes en el país. Si no actuamos así, hoy vendrá una ley relacionada con el Puerto, mañana una que tenga que ver con el Aeropuerto, pasado una vinculada a tal o cual carretera, etcétera. Es decir que se hace una empresa y posteriormente se vende por subasta pública. Me parece que ese no es el camino, que se puede transitar la vía de las concesiones, siendo transparente y dando seguridad. Si hay que cambiar normas -sé que el Gobierno está estudiando el tema- para que las licitaciones sean más ágiles y claras, en buena hora se hará. Pero esto debe darse en el contexto de un Estado que es capaz de marcar la cancha a los privados y de generar las normas que permitan que haya una transparencia total en las licitaciones de obra pública.

Por todo esto, señor Presidente, no voy a votar este artículo y, además, espero que no reúna los votos necesarios en el Senado.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- No quiero aburrir al Cuerpo, pero sí decir que, prácticamente, no queda puerto en el mundo que, de una manera u otra, no reciba algún tipo de subsidio. Todos los puertos y no sólo el de Buenos Aires, luchan por su vida; esta es casi una política mundial. Digo esto un poco como aclaración.

Naturalmente, comprendo cuál es la filosofía del Gobierno, aunque no la comparta. Se intenta colocar, por el mercado accionario, gente concurrente que pueda tener interés en las cuestiones del Puerto. El mecanismo de sociedades anónimas permite que intereses navieros traten de estar presentes.

Sin entrar a discutir esa filosofía, veo una especie de desesperación en el Uruguay por ganarle la carrera a Buenos Aires. Seguimos teniendo "complejo de petiso". Creo que nunca le vamos a ganar a Buenos Aires porque, como lo indica su historia, va a gastar cualquier plata por mantener ese puerto imposible. No sé si el quid del asunto es Montevideo; no me quiero meter en semejantes honduras.

Sí quiero destacar un hecho y es el instrumento que se utiliza: la Corporación Nacional para el Desarrollo. Esta aparece una vez más; es una especie de comodín. Desde mi punto de vista, seguimos teniendo una deuda histórica con nosotros mismos.

Hace ya un tiempo que llegó al Senado de la República un documento que ha sido editado y circula por todos lados. Es conocido que no sabemos cuál es la situación de la Corporación Nacional para el Desarrollo desde el punto de vista económico financiero, si tomo al pie de la letra palabras que se dijeron aquí en cuanto a que la misión de la oposición es controlar mediante los mecanismos naturales. Precisamente, uno de esos mecanismos que se ha dado este país, y que nos cuesta U$S 5:000.000 anuales, es el Tribunal de Cuentas. Estoy hablando de una institución que se dedica a remitir Mensajes a la Asamblea General, que están por allí. En uno de los intentos fallidos del Tribunal de Cuentas de auditar a la Corporación Nacional para el Desarrollo, se le contestó como es usual, negativamente y se le elevó un informe -que fue repartido- de la consultora Coopers, como sustitutivo de la auditoría. En ese informe, repito, no del Tribunal de Cuentas sino de esa consultora se establece textualmente: "No hemos podido obtener confirmación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que sustente el importe del crédito incluido en la cuenta de créditos financieros diversos del activo corriente, tal como se describe en la nota Nº 433, ni hemos podido satisfacernos de su evaluación por otros procedimientos de auditoría. No hemos podido obtener estados contables auditados que sustente algunas de las inversiones en empresas efectuadas por la Corporación."

A continuación, me voy a referir al monto. A este respecto, se dice: "En relación a este dictamen corresponde aclarar la importancia del material y es una suma, en concreto, de U$S 52:000.000 que equivale al 94% del valor patrimonial de la Corporación y al 79% del total de los activos de esta Institución."

Repito que esto lo dice una firma contratada para auditar y figura en un documento distribuido aquí. Ahora bien, ¿por qué me detengo? Yo no estoy acusando a la Corporación Nacional para el Desarrollo; estoy acusando al Estado uruguayo de la falta de cristalinidad que debería tener en materia de prevención. Lo digo porque ahora estamos abocados a otro problema de este tipo. Me refiero a la aparición de sociedades mixtas, figuras públicas de Derecho Privado o inversiones de dinero que en definitiva es del pueblo uruguayo y está en el exterior, en el marco del Derecho Privado extranjero, tal como ocurre en la Argentina.

Sinceramente, creo que con estos mecanismos tenemos una falencia, y sin entrar en una parte crítica, con los mismos fundamentos que di hoy, debo decir que los hombres debemos ser más precavidos, organizar mejor la desconfianza y tratar de que todo aparezca como en esas panaderías modernas que tienen la cuadra detrás de una vidriera para que todo el mundo pase y mire cómo se trabaja en la masa porque en definitiva el mejor método consiste en que la información esté al alcance de todos.

Personalmente, sé que las potestades que tiene la Corporación Nacional para el Desarrollo para construir una sociedad anónima se sustentan en razones jurídicas. No obstante, quiero llamar la atención sobre este punto: nosotros, como Parlamento, ¿cuándo nos vamos a ocupar del Tribunal de Cuentas? ¿Cuándo vamos a ser capaces de especializar una Comisión de la Asamblea General para que se dedique a seguir al Tribunal de Cuentas? ¿Cuándo vamos a respetar a esa institución tan cara para el país?

Como Legislador por segunda vez siento que hemos incurrido en una falta colectiva. Seguramente hoy se va a dar este paso en un lugar que ha sido tremendamente conflictivo y es un cruce de intereses. Como todavía esto es papel, por lo menos, pongo a consideración del Gobierno la posibilidad de utilizar a fondo los medios institucionales, las herramientas que existen, que nos cuestan caras y que tenemos inutilizadas, para que cumplan sus funciones naturales de control.

La falta de un contexto de visión global de estos problemas -seguramente en las visiones de la Intendencia Municipal de Montevideo, de las Intendencias Municipales de Montevideo- determina que cada cual vea con buenos ojos la parte que tiene que hacer, pero como Nación no tenemos una globalidad.

Desde hace muchísimas décadas al Puerto lo trabajamos como para estrangularlo y probablemente dentro de unos años tengamos que asistir a algún tipo de remodelación que va a terminar costando mucho más por falta de previsión. Sin embargo, habríamos querido que así como nos enteramos de cuál es el plan para AFE también se nos hubiera dado una visión sobre este problema, y en ese sentido aclaro que yo respeto al señor Senador Atchugarry y estoy absolutamente convencido de que nos ha dicho lo que piensa. Yo sé que en el Uruguay no existe esta rama de la ingeniería especializada en la visión de transporte global, que es una carrera específica, pero de todas maneras no puedo creer que no haya, en el acierto o en el error, una preocupación y un dibujo global de cómo debe evolucionar y por qué camino debe ir en los años venideros la política de transporte y la política portuaria. Pero como agarramos por fragmentos, puede ocurrir que un día reciba a un empresario que me traiga el proyecto del puerto maderero que está por allá por Río Negro -cada cual está preocupado por lo suyo y sólo piensa en sacar los troncos- y me diga "se lo traigo, y antes de las elecciones, porque quisiera sacar este proyecto con el apoyo de todos los partidos". Realmente, esto es poner las barbas en remojo. Estos sí ven lejos y se cuidan la espalda, porque no vaya a ser cosa de que "ponga la mosca" y después no me la respeten. Y yo me quedo así.

Es posible que uno a veces sea excesivamente desconfiado, pero tenemos una radical falta de información en estas cuestiones que pautan la vida de nuestra Nación por muchos años y, en lo personal, creo que ese es un estilo primitivo.

Estamos para quedarnos. Poco más o poco menos, este mapa político circunstancial de este país tiene para un buen rato. ¡Y hay que ver cuánto dolor de cabeza nos ahorraríamos si nos pudiéramos comunicar mejor!

Gracias, señor Presidente.

(Ocupa la Presidencia el profesor Luis Hierro López)

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- He escuchado con atención todo lo que aquí se ha planteado, incluso, las descripciones de posibles modelos de futuro, de pasado así como algunas referencias históricas.

Pido que se me permita retrotraerme a la práctica de mi profesión, porque esto me recuerda aquello de: "Redacto: Qué lindo que era mi puerto".

En realidad, se está sosteniendo que hay algo irremediable, como las leyes de la naturaleza, que han hecho que todo esto haya ido en pendiente fuera de la voluntad, de los gobernantes, sin que se pueda decir que se tomaron medidas en un sentido o en el otro. Da la impresión de que nunca se actuó sobre la realidad y todo ocurrió por algún designio o ley de la naturaleza. En este sentido, creo recordar que ayer o anteayer -ya no sé bien en qué día estamos o cuánto hace que estamos aquí- se dijo que las leyes del capitalismo se asimilaban a la ley de gravedad. No obstante esto, por lo menos se hablaba de que existían determinadas leyes que funcionan en la sociedad.

Pienso que el problema radica en que lo que estamos discutiendo, o sea, los artículos que tenemos a consideración, tienen que ver con la cuestión de para quién queremos el país y qué hacemos con él en el marco de la integración, en el marco de los países vecinos que integran con nosotros el MERCOSUR. Con respecto a esto último, todavía recuerdo los "poemas" que nos contaban todo lo que nos iba a pasar si no entrábamos en ese proceso de integración.

Nos decían que era una suerte que entráramos en este mercado, porque de esa manera se iban a solucionar las diferencias de tamaño y todos los demás problemas que hoy se señalaba que existen. No se trata de ser desconfiado o no, sino de que, al analizar los hechos, uno saca conclusiones. También saca conclusiones sobre la posibilidad de que exista o no un proyecto relativo al transporte en el Uruguay y podríamos enumerarlas, pero no tenemos tiempo para hacerlo porque, como este es un proyecto de ley incluido en otro proyecto de ley, no tiene discusión general sino sólo particular y nosotros sólo contamos con veinte minutos para hacer uso de la palabra. Al Miembro Informante también le ocurrió: hubiera dispuesto de más tiempo si hubiese realizado una argumentación o un informe sobre el proyecto de ley de venta del Puerto.

Estamos hablando de la bandera de remate al Puerto por caminos distintos a los de 1992 y no tengo la menor duda de ello porque en ese año hubo un pronunciamiento popular que no se puede desconocer. De esta manera, se ha ido avanzando sucesivamente en los distintos Entes del Estado, como ANCAP -vía artículo 14- o ANTEL. Hoy discutimos los temas de ANTEL. Hemos planteado algunos aspectos a los que después nos vamos a referir si tenemos tiempo en relación a Entes como OSE o la propia ANCAP, donde el problema parece que es vender o morir. Esa es la disyuntiva que se nos pone sobre la mesa. Se nos dice que somos ineficientes, que no podemos, que tenemos vecinos grandes y que debemos modernizarnos, porque el mundo cambió. Hace un momento se señalaba que el país optó; pero que yo sepa, el país optó por otra cosa: decidió mantener las empresas del Estado como patrimonio nacional; optó por la soberanía nacional. El país no eligió este camino de desguace o de destripe, como mencionaba el señor Senador Fernández Huidobro.

Incluso, escuchamos cosas que a veces son muy interesantes y que como divertimento intelectual hasta podemos disfrutarlas. En oportunidad del Presupuesto de 1995 discutimos el tema de los barcos uruguayos, de las cargas, de las banderas de conveniencia o no, de la bandera uruguaya, y el actual Ministro de Transporte y Obras Públicas que también dirigía esa Cartera durante el Gobierno anterior -o sea que repite como Ministro- hacía un juego de palabras muy atractivo al decir que habría que ver cómo en vez de bandera de conveniencia convertimos en conveniente la bandera uruguaya. Acto seguido, explicaba que el problema eran los costos laborales. Podríamos demostrar absolutamente que el peso de esto era cada vez menor y que el problema era de las cargas.

Hoy se nos plantea el tema de las cargas, se nos hace todo un paneo sobre los complejos de las vías de comunicación y se nos dice que hay que ofrecer algo. Creo que es mucho lo que estamos ofreciendo. Entre otras cosas, estamos dando un panorama bastante desolador de este Senado, señor Presidente, con la ausencia casi total de los que defienden la venta del Puerto. O sea que va a ser triste la forma, triste el contenido y triste la actitud que se está teniendo con respecto a este asunto.

El señor Senador Michelini me sugiere que se pase a votar. Me gustaría saber si podemos presentar moción en ese sentido. El señor Presidente va a tener que tocar el timbre de la coalición en lugar del timbre de llamado a Sala.

Desde nuestro punto de vista lo que estamos discutiendo es demasiado serio y muy malo para el país, aunque a lo mejor sea demasiado bueno para quienes impulsan esto, ya que se trata con tanta superficialidad. Después se hacen acampadas en el Senado hasta cualquier hora, como se nos ha anunciado. Si es necesario, acamparemos; no tenemos problema en hacerlo.

El problema es que estamos hablando de un negocio tan jugoso que hubo millones en danza para untarle la mano al que metiera el dedo en la licitación. Estamos hablando de vender algo que no sirve y algún tonto, alguna transnacional distraída va a venir a comprar algo que no da ganancia. Somos un pobre puertito insertado en esta región y alguien con mucho dinero va a venir a comprar porque es una sociedad de caridad. Eso no se lo cree nadie porque, además, los datos cantan. Esto lo mencionamos en la discusión general. La plantilla de trabajadores se redujo y aumentaron la eficiencia y la productividad. La terminal de contenedores opera las 24 horas del día y se puede comparar con los mejores puertos de la región, más allá de las disquisiciones que se hacían acá. Podríamos seguir hablando con respecto a las tarifas y a otros aspectos.

No se trata de demostrar que el Puerto y la playa de contenedores son un buen negocio, sino de resolver la contradicción entre algo que se pone a la venta porque es un peso muy importante, que existen dificultades o algo a lo que hay que dar una respuesta y buscar salidas, y que resulte un negocio muy interesante para alguien. Entonces, se buscan otros caminos y otras soluciones que no sea el de la venta. El otro día dije y repito que la palabra "privatización" es algo que provoca rechazo en la conciencia nacional de los uruguayos. Buscamos esto para el Puerto, pero ya se transitó el mismo camino en otros lugares.

A modo de ejemplo, voy a señalar lo que ocurre con las acciones al portador, con los controles y con aquello que supuestamente es malo, es deficitario y constituye una carga para el país: lo vendemos o lo convertimos en sociedades mixtas, como es el caso de PLUNA. Hemos cursado un pedido de informes y tratamos de interesarnos en el tema. Si mal no recuerdo, en el mes de abril se proclamó con bombos y platillos que PLUNA S.A. por fin había tenido éxito, había avanzado y obtenido una ganancia de U$S 5:000.000. Esto fue publicado en titulares de prensa. Nosotros hicimos un pedido de informes al Tribunal de Cuentas preguntando si PLUNA Ente Autónomo, dueño de acciones que tienen que ver con las telecomunicaciones, que se cotizan a nivel internacional y tienen un valor de U$S 20:000.000 le había informado de transacciones por las cuales PLUNA S.A. -empresa privada, nuestro socio- obtenía control del paquete accionario cuyo valor se estimaba en U$S 20:000.000. En el día de ayer, el Tribunal de Cuentas respondió diciendo: "Al respecto corresponde señalar que este Tribunal no fue informado de ninguna transacción en ese sentido". Sin embargo, resulta que las acciones se vendieron y nadie ha demostrado que fueran de PLUNA S.A.; no están en la negociación ni en la documentación.

Cuando "nos sacamos de encima el clavo" que parecía, pasamos un paquete de U$S 20:000.000 a PLUNA S.A. y hasta ahora no pudimos saber cómo se hizo. El Tribunal de Cuentas tampoco lo sabe y su respuesta nos llegó ayer.

Previo al pedido de informes se había vendido en la Bolsa de Nueva York y de París por valor de U$S 5:000.000 parte de ese paquete accionario que se proclamaba como ganancia tan importante con bombos y platillos en la prensa de nuestro país.

Estos son los negocios que hacemos y los que vamos a llevar adelante con el Puerto. ¿Es esto lo que le estamos proponiendo al país? ¿Es lo que estamos votando entre gallos y medias noches en el Senado de la República?

Estamos operando con empresas que ya han demostrado de lo que son capaces. El señor Senador Rubio lo explicaba abundantemente y, además, participó muy activamente en la investigación que se hizo al respecto.

Incluso, estamos tratando con gente -los aspirantes- que operan de tal forma que en esos puertos a los cuales supuestamente no podríamos acceder nosotros, son sancionados y no se les permite operar. De eso estamos hablando. Si utilizo la palabra "pirata", me van a decir que hago referencia a alguna propaganda que se hizo en 1992. En esto de los puertos, de los barcos y de los fletes, parece que el término "pirata", en gente que no actúa limpiamente, tendría razón de ser. Tal como nos explicaba el señor Senador Millor, el capital busca su ganancia y si un buen día esta desaparece en ese puerto, se van a otro lado y "dejan todo tirado". No estamos hablando de cosas que imaginamos, sino de datos de la realidad que podemos demostrar. ¿Es eso a lo que aspiramos con el Puerto de Montevideo? Pregunto esto, más allá de los poemas que hagamos y de las reminiscencias que se tengan desde Artigas hacia adelante. Repito, hoy estamos hablando de una realidad. ¿Cuál es el camino? ¿Dónde está demostrado, en los negocios que hemos hecho en el Uruguay, que es mala la empresa en manos del Estado y es buena si la tienen capitales privados? En el puerto eso todavía no está demostrado. Por el contrario, todo este camino que se ha trazado es muy sucio, penoso, y lo que se hace aquí es esquinar una situación en la cual hay tratamiento de la justicia.

En consecuencia, entiendo que deberíamos poder discutir esto unido a todo lo que significa ese diseño que dice que no hay, pero que sí está, que tiene que ver con el transporte de las cargas, con AFE -que viene a continuación- con las carreteras, con los puertos y con las bocas de salida en otros lugares del país, con un artículo que estuvo pero que luego se quitó, a través del cual se le daba a las capitanías de puerto la posibilidad de hacer lo que quisieran. Quiere decir que no se trata de que nosotros nos estemos imaginando todo eso; había un proyecto de ley y una intencionalidad manifiesta en el borrador que se puso a consideración. Indudablemente, hay intereses en juego muy importantes. Además, hacemos tan buenos negocios, señor Presidente que primero pagamos e invertimos, como en el caso de la grúa pórtico, para después ver a quién se lo damos. ¿Quién absorbe esto? Esto lo paga la sociedad uruguaya. ¡Ni que hablar del tema de los trabajadores ni de las situaciones que se van dando! Por ese motivo, hemos presentado como propuesta -pensando que algunos planteos podían ser tenidos en cuenta- un proyecto de ley vinculado a la libertad sindical ya que todas estas cosas están atadas -como lo decía el señor Senador Michelini- a los temas de la falta de trabajo y a la forma en que se va "apretando" sobre las necesidades de la gente.

En definitiva, señor Presidente, nosotros no vamos a acompañar esto, entre otras cosas, porque es un absurdo total que venga incluido en este proyecto de ley de urgente consideración. Dijimos con total responsabilidad y lo vamos a señalar en todos lados, que lo meten en el paquete porque necesitan tener atados los votos y empaquetar todo lo que se pueda en este acuerdo rápidamente. Incluso, no importa el hecho de que el propio Ministro de Transporte y Obras Públicas haya venido a la Comisión de Transporte y Obras Públicas en esta Legislatura y al hacer una especie de descripción de todo el proyecto de gobierno -con la elocuencia e inteligencia que lo caracteriza- vaya mucho más allá. Además, como se trata del mismo Ministro del gobierno anterior, tenemos claro -porque lo ha expresado, y está documentado- cuáles son las perspectivas que se tienen por delante. Queda claro entonces, que el plan existe. La diferencia radica en que una cosa es salir a decirle a la ciudadanía que este es el proyecto de país, que es lo que queremos hacer con el puerto, con AFE, con ANCAP, con ANTEL y seguir transitando en lo de OSE. En ese caso se trata de afrontar la realidad, máxime teniendo en cuenta que ya pasaron las elecciones y no es necesario tratar de contemplar determinadas situaciones para conseguir votos. Insisto, habría que decirle a la ciudadanía: "Estamos poniendo la bandera de remate", y afrontar la opción que hizo el país. Como dije, el Uruguay no optó por esto sino por lo contrario. Otra solución es ir avanzando paso a paso en medidas, pero luego, cuando puedan existir intencionalidades muy buenas en el sentido de revitalizar algo para hacer florecer todo esto, quizás no exista nada que pueda florecer.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- En primer lugar, deseo hacer una corrección de carácter histórico porque o estoy equivocado en lo que he leído durante muchos años y también lo estaba Vivian Trías, o el primer ferrocarril uruguayo fue el que corrió desde Montevideo a Las Piedras y lo fundaron dos uruguayos, lógicamente con tecnología británica, porque los únicos que hacían locomotoras a vapor, vías y vagones, eran los ingleses. Después, los ingleses insistieron en convencer al gobierno para obtener la concesión de forma de atender algunas líneas. Recién comentaba con el señor Senador Fernández Huidobro y ambos coincidíamos en cuanto a que los concesionarios, que cobraban por kilómetro, hicieron los ferrocarriles que ustedes ven ahora; los tendieron como los dedos de una mano, es decir, desde cinco puntos hacia el Puerto de Montevideo. Es la misma concepción que usaron en Argentina, Irak y todos lados. Se trata de succionar de la manera más práctica posible la riqueza a través del transporte. Es menester recordar eso porque es muy importante que los muchachos sepan -si se les ocurre venir a leer una de estas versiones taquigráficas- que las cosas fueron diferentes. Insisto, cobraban por kilómetro y, entonces, muchas veces las vías tienen grandes vueltas. Cuando se va a Piedra Sola desde Tambores, para llegar a la carretera donde está la Ruta 5, hay toda una vuelta que si hubieran ido derecho, se ahorraban 30 kilómetros. Los ingleses fueron muy astutos en este negocio. Hace poco leí un libro sobre la Presidencia de Julio Herrera y Obes y los problemas que le crearon, porque querían hacer negocios a todo trapo. Es así, que Julio Herrera y Obes mandaba pedir plata a Inglaterra. De todos modos, él estaba en el negocio porque tenía una parte de las acciones del ferrocarril, según dice ese texto de un historiador libre de toda sospecha que editó hace poco un diario en este país.

Por otro lado, la historia de las concesiones el país la conoce muy bien. Mi padre trabajó durante 35 años en los ferrocarriles ingleses -que yo conocí hasta que fui mayor- y lo echaron en la huelga de 1947, que fue la última que hubo con los ingleses. Estos, dejaron un clavo remachado. Durante los últimos 20 años de explotación, no renovaron prácticamente nada.

Después, cambiaron los ferrocarriles por la deuda con el Gobierno uruguayo y éste tuvo que encargarse de pagarle a los acreedores de los ingleses por la venta de carne, lana y cuero que hicimos durante la guerra.

Al decir estas cosas, me estoy entreteniendo solo, sé que no le importan a mucha gente, pero a mí me interesan porque las voy recreando. Por ejemplo, la Compañía de Aguas Corrientes -que la pueden ver, porque está en la calle Rincón- cuando su explotación ya no dio más resultado "se tomaron los vientos". Lo mismo ocurrió con la Compañía del Gas, que la dejaron prácticamente tirada y hoy puede verse los dolores de cabeza que sigue dando, desde hace unos cuantos años. Ahora vinieron los franceses. No están más los ingleses, pero están los franceses, con la misma técnica, o sea, con la misma concepción operativa.

Es decir que cuando el negocio da renta -como bien explicaba la señora Senadora Arismendi- en muchos lugares del mundo se han hecho estas concesiones como las del puerto y otras; mientras el negocio funciona todo sigue adelante, pero si marcha mal, dejan todo el tendal ahí y no explotan más nada.

Creo que hay un error muy grave y, quizás, todavía tengamos veinticinco años más para persistir en este error: confundir privatización con modernización. Pienso que eso no es así y, precisamente, en este país ha quedado probado que no es así. Hay otras experiencias, pero la del puerto es muy significativa. Aclaro que no sé cuanto queda de estatal en el puerto -seguramente los expertos en este tema me podrán corregir- y lo digo porque "Buquebus" tiene una terminal que explota en beneficio propio. No obstante, tenemos que reconocer que se dedica mucho a la cultura, pues tiene una fundación cultural que, entre otras cosas, organiza exposiciones que todos podemos visitar. Obviamente está muy bien manejada y es así que se puede sacar provecho utilizando la cultura.

Sin embargo, puedo hablar de una experiencia personal en la que viajé a Buenos Aires en el avión de "Buquebus". Al regresar, cuando fui a "chequear" el pasaje me encontré con que tenía que pagar U$S 16 y pregunté por qué. Me dijeron que esto se debe a que "Buquebus" es dueño de esa parte de territorio y cobra una tasa porque es propiedad privada. A este respecto, hice un cálculo elemental -del que dejé constancia en el Senado en el Período 1990-1995- en el que suponía que viajaban en aquel momento solamente 1:000.000 de argentinos con pasaje de ida y vuelta, y llegué a la conclusión de que "Buquebus" ganaba más cobrando la tasa de embarque, que lo que ganaba con la explotación de las líneas. Seguramente, se lleva decenas de miles de millones de dólares. Por supuesto, también se dedica a la cultura, mantiene los "free shops" en los barcos, etcétera.

Ahora bien; la ley de puertos habilita a que se pueda vender y que exploten los muelles a los privados, así como a que tengan depósitos y grúas. Hace poco tiempo se ha instrumentado el uso de grúas móviles. Tal como me lo explicaban los compañeros sindicalistas del puerto, se trata de las grúas flexibles que permiten sacar los contenedores de aquellos lugares a los que no llega la grúa pórtica, debido a que ésta es rígida y sólo puede llegar a determinado lugar. Lo cierto es que cuando las instalaron se llevaron por delante la caseta de ordenamiento, en una situación que es realmente de locos. En verdad, cuando vimos las fotos comprobamos que realmente era asombroso que eso se hubiera podido hacer.

El señor Miembro Informante nos decía que no existía la posibilidad de que se produjera una monopolización de la operativa. Pero, reflexionando con el señor Senador Fernández Huidobro, nos preguntábamos qué espacio hay para instalar una playa de contenedores. Se nos explicaba, precisamente, que el puerto está encerrado, por lo cual no se puede emplazar más de una. Se podría montar una grúa pórtica y tener una playa de contenedores en el Cerro y llevar los contenedores en camiones hasta ese lugar. Pero no sé, porque al parecer ahora existen programas para establecer un puerto en el Frigorífico Nacional, en cuyo caso se podría dragar y llevar los barcos a ese lugar.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Quisiera señalar que el señor Senador Gargano se está olvidando del puerto de Piriápolis, que costó U$S 22:000.000 y se construyó para uso de "Buquebus". Allí tiene hoy atracado su yate de 27 metros de eslora, que no cabe en el puerto de Punta del Este. Este es otro gran negocio que hizo el Uruguay cuando, precisamente, se echan a los pescadores artesanales y a los barcos pesqueros de mediano porte. A la vez, se funda un cantegril en pleno Punta Fría. Y todo esto para el mejor beneficio de una empresa privada. Diría que es un gigantesco mamarracho pues se trata de un puerto de pequeño porte.

En otro orden de cosas, quería referirme a las 400.000 hectáreas de eucaliptus que lamentablemente crecieron -digo esto porque habría que haber previsto que el eucaliptus crece- y que en su momento se comenzarán a talar. Respecto a esto el señor Presidente de la República ha señalado que va a duplicar las hectáreas a 800.000. En ese caso, se van tener que comenzar a talar, aproximadamente, a razón de 40.000 hectáreas dentro de uno o dos años. Eso equivale a 6:000.000 de metros cúbicos por año y a unos dos camiones de 25 toneladas por minuto, entrando al Puerto de Montevideo las 24 horas. Esto, por supuesto, si se quisiera traer ese volumen a Montevideo. Obviamente, hay cierta desesperación por saber por dónde se sacará ese derrumbe gigantesco de madera; dicho de otro modo, esa imprevisión brutal. Tal vez, para eso sea el pretendido puerto de aguas profundas de La Paloma, que va a ser un pequeño puerto maderero, inclusive, con nombre y apellido. Hemos calculado esa cantidad de metros cúbicos, las calles que se necesitarían para que circulen los camiones y las grúas, y comprobamos que la producción de un mes necesitaría 120 hectáreas en el recinto portuario que, por otra parte, tiene 66 hectáreas. Seguramente, habría que demoler todo, incluso hasta la terminal de "Buquebus" para poder amontonar toda esa madera allí.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR CARMINATTI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR CARMINATTI.- Simplemente quisiera señalar al señor Senador Fernández Huidobro no se olvide que en el litoral hay puertos importantes, por ejemplo, en la zona de Fray Bentos van a haber cuatro: dos están proyectados y dos que ya dieron muestra de que sirven como puertos de ultramar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Por otra parte, señor Presidente, creo que es claro que este es un gran negocio, pues es de fábula. ¿A quién se le ocurre, si no a quien conoce bien el paño, pedir U$S 2:000.000 de comisión a cambio de influir para que se le conceda a una empresa la concesión? Obviamente, hay mucho dinero en juego, mucha plata.

Otro de los temas importantes que hay acá es que, según como se den las cosas, si hay una sola empresa, la misma puede monopolizar no sólo el terreno donde se instala la playa de contenedores, sino también la línea con la cual se llega hasta allí. Estos son dos aspectos muy importantes, de los cuales hay que precaverse. Esto sólo se puede lograr con una manera distinta de enfocar la condición de instalar la playa de contenedores nueva. Es cierto que hace falta y es verdad que es bueno que se construya esa nueva playa de contenedores. En el mes de octubre vi trabajar la grúa pórtico, observé la eficiencia con que la trabajan y comprobé que existen problemas de mantenimiento. Sin embargo, habría que preguntarse si puede el Estado tener una nueva grúa pórtico y explotar una nueva playa de contenedores. Más adelante voy a hablar de las modalidades pero, en mi opinión, si pudo con la primera también puede con la segunda. Precisamente, también podría explotar los remolcadores, pero se prefirió dárselos al sector privado. Todavía no han vendido la draga automática, pero algún día también se les ocurre que es mejor privatizarla.

Entonces, sobre el tema de las concesiones quiero decir lo siguiente. Aquí se han hecho muchas concesiones, sobre todo, apuntalándose en un decreto-ley de la dictadura, de setiembre de 1984 -cuya derogación hemos propuesto en todas las Legislaturas sin ningún resultado- que habilita no sólo a dar en concesión de obra pública servicios públicos fundamentales, sino además a desgravar del IVA y del Impuesto al Patrimonio, tal como se hizo con el Aeropuerto de Laguna del Sauce. Precisamente, esta es una obra muy moderna de un arquitecto que tiene renombre internacional, pero a quien se le vuelan y se le caen todas las construcciones que hace.

Al Aeropuerto de Laguna del Sauce se le voló la mitad del techo y cuando venga otro ventarrón más, seguramente va a sufrir lo mismo. Al Opera de París también le pasó lo mismo -se le cayó el revestimiento- y estoy temblando al pensar de que a la Torre de las Comunicaciones le pueda pasar otro tanto, aparte de ser un poquito fea; porque a mí realmente no me gusta, pero eso es cuestión de gustos. Podemos seguir con la doble vía a Punta del Este, las carreteras, ahora el Aeropuerto de Carrasco, con objeción a la concesión y con problemas también. Lo mismo ocurre con la playa de contenedores y los ferrocarriles, y podemos seguir enumerando. Pienso que hay que defender a algunos sectores estratégicos y no hay que hacerlo dogmáticamente porque después puede plantearse también la cooperación del capital privado. Creo que los propios trabajadores, en conversaciones que se han mantenido públicamente, estarían dispuestos a que el Estado, el Puerto de Montevideo, y los operadores privados principales, pudieran construir una sociedad de economía mixta o una empresa pública no estatal para garantizar a todos que no va a haber monopolio porque estaría el Estado presente en forma decisiva y los operadores privados para vigilarse unos a otros. También constaté el otro día que el Puerto de Montevideo, del que se dijo era el más sucio y el más caro, es hoy el más barato de la región y no lo digo yo, que soy izquierdista y sospechoso de comunista y tupamaro, aunque nunca fui ni comunista ni tupamaro.

SEÑORA ARISMENDI.- Puede serlo todavía.

SEÑOR GARGANO.- Tengo la oportunidad.

Repito, no lo dije yo; lo dijo el diario del "Opus Dei", que tiene información de primera línea. Si no se lee el diario del "Opus Dei", acá no se sabe lo que pasa en materia económica. Ese diario dio la información de que el Puerto de Montevideo es hoy el más barato de la región. Entonces, yo me pregunto por qué este empeño y este mecanismo. Porque este es un mecanismo de privatización liso y llano, y creo que existe la intención de que las cosas sean transparentes para evitar lo que pasó con la coima de U$S 2:000.000. Ahora dije coima.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Tres; dos ahora y uno después.

SEÑOR GARGANO.- Bueno, sería de tres. Claro que este procedimiento es más transparente porque se va a la Bolsa y se compran las acciones, y ahí hay que poner la plata y se sabe quién va y quién compra. Pero el procedimiento es muy claro. El señor Miembro Informante decía que el Estado va a estar presente. Sí, pero con un peso de dos, representantes ¿en cuánto? ¿En una Dirección de cinco, de seis o de siete? Porque el número yo acá no lo leí. Tiene dos representantes, pero peso accionario puede no tener más que uno simbólico de dos acciones, porque el proyecto de ley dice que la Administración Nacional de Puertos conservará una participación en la sociedad. ¿Pero qué participación? ¿El 10%, el 20%, el 40%, el 50% o el 1%? Seguramente el 1%. Entonces, yo creo que acá pueden haber otros mecanismos que den garantías para que no haya monopolios del sector privado, que son peores que los del Estado porque por lo menos la plata que el Estado obtiene por los monopolios que explota, de alguna forma se la puede controlar o redistribuir, mientras que la de los sectores privados que explotan monopólicamente algún sector de la economía, se la llevan ellos. Creo que es un mal negocio el que está haciendo el país con este tipo de procedimientos. Se haría bien en derogar ese decreto-ley de setiembre de 1984. El Puerto de Montevideo es un sector estratégico del país. Yo no quiero desalentar al señor Senador Pereyra en relación al Puerto de La Paloma porque sé lo que él ha luchado por eso, pero para conseguir una profundidad de siete metros hay que ir por lo menos un kilómetro mar adentro, por lo que va a costar muy caro hacer un puerto de aguas profundas allí. Seguramente no se va a hacer, señor Senador; sin duda se hará un puertito y con eso se marchará adelante. Yo creo que no hay plan. Tengo que decir que desde 1985, cuando era Ministro de Transporte y Obras Públicas el señor Jorge Sanguinetti, Subsecretario el señor Senador Atchugarry y Director de Vialidad el hoy Ministro de Transporte y Obras Públicas, estuvimos discutiendo todo lo que podía ser un plan de transporte para el país, entre otros el Puerto de Montevideo, su explotación y la forma de conducirse, y el papel del ferrocarril y demás. La experiencia que tuvimos es que al final no hubo plan de transporte pero sí se suprimió el ferrocarril, se lo liquidó. Y bueno, hasta las vías se levantaron, ya lo dije en el día de ayer. Ahora está la madera y va a haber que invertir U$S 150:000.000 para poder sacar la madera, dinero que va a tener que poner la gente de nuestro país, la sociedad uruguaya. Conmigo también conversaron los que hablaron con el señor Senador Mujica, del puerto de Nuevo Berlín.

Creo que no es negocio; que es mal negocio y ojalá no pase nada peor de lo que ha pasado.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: casi me siento obligado a participar, aunque yo no trabajé en la Comisión sobre este tema. Y me siento obligado porque me parece que este es uno de los temas más relevantes del proyecto de ley de urgencia, si es que no es el más relevante. Por un lado, yo puedo decirles a los productores agropecuarios que les rebajo el aporte -les resolveré problemas o no- pero las consecuencias son para ese sector.

Al hablar de las penalidades en materia de seguridad ciudadana aparece la temática de cárceles y que no hay problema de origen social, pero en este caso las consecuencias de pronto se pueden atender. Pero en este tema no, porque es clave en términos de contenido y de consecuencias para el país. Y yo, para ser franco, señor Presidente, lo que tengo son interrogantes; tengo muchas interrogantes sobre lo que se está planteando en estos momentos en el Parlamento. En primer lugar, la propuesta es permanentemente cambiante: una licitación, otra licitación, dejamos las licitaciones. ¿Qué ha pasado acá? ¿No se estudió suficientemente? ¿El Estado no estuvo suficientemente fuerte para poder enfrentar sin ninguna duda a intereses privados que son naturales y propios de un negocio de esta naturaleza? Pero hace años que venimos con este tema y la posición cambiante es llamativa. En segundo término, señor Presidente, uno siente que en un tema de esta naturaleza el Estado debiera tener política. El señor Senador Fernández Huidobro le preguntó al Miembro Informante cuál es la política del Poder Ejecutivo. Y el Miembro Informante -que sabe que le tengo aprecio y mucho respeto sin ninguna duda porque es un estupendo Legislador- le dijo: "le puedo dar la mía" ¿Quiere decir que el Gobierno, el Poder Ejecutivo no tiene política? ¿Quiere decir que el Poder Ejecutivo no tiene estrategia? El señor Senador Fernández Huidobro le preguntó qué papel juega el Puerto de La Paloma y yo sentí que no hubo respuesta. Probablemente yo también esté influido porque mi grado de formación en estos temas se generó haciendo políticas y estrategias.

No estoy pidiendo que se vuelva a los planes de desarrollo de donde yo me formé y aprendí a trabajar en economía. Pero por lo menos allí teníamos una visión de conjunto, teníamos determinados objetivos nítidos y sabíamos por donde queríamos caminar. La sensación que uno tiene en estos momentos es que la mejor política para el Gobierno es no tener política y voy a poner algunos ejemplos. No estoy muy seguro de lo que piensa el Gobierno en materia de industria manufacturera. El señor Senador Atchugarry habló de un centro de servicios. Muchas veces se ha planteado que nuestra industria está protegida, no sirve y hay que olvidarse porque los empleos no aparecen por ahí. Lo cierto es que no conozco absolutamente ningún país desarrollado que no haya avanzado sobre la base de la industria. Los ejemplos más nítidos de los últimos tiempos que son los del sudeste asiático, comprenden industria con tecnología de punta y no con recursos naturales. Por eso, cuando fuimos al MERCOSUR a negociar el Arancel Externo Común para el sector industrial ¿qué podía proponer el Uruguay si no tenía políticas? ¿a quién quería defender? ¿a la industria del papel? ¿a la textil? ¿a la metal - mecánica? ¿a la industria frigorífica? A ninguna, porque no tenía políticas y es el mercado el que lo resuelve. Pero el Arancel se fijó en función de que había un país que sí tenía política, que era Brasil, que ha venido defendiendo permanentemente su política industrial. Me inquieta y me molesta porque quiero algún tipo de complementación, de acuerdos sectoriales, en el sentido de que Brasil -y también Argentina- me permitan participar. Brasil entiende que tiene una política industrial y que lleva adelante su política concreta, lo cual, sin ninguna duda, genera efectos en el MERCOSUR. En el día de ayer concurrí a un seminario en la ciudad de Buenos Aires, en el que un brasileño explicó que después de la devaluación de Brasil, en el segundo semestre del año pasado, las exportaciones de la industria manufacturera de ese país crecieron encima de 30%. Brasil es un país que sí tiene una política industrial. Manifesté a la opinión pública que el señor Ministro de Industria, Energía y Minería tenía que defender nuestra industria automotriz, porque Argentina y Brasil se fijaron un arancel de 35%. ¿Qué defendió el señor Ministro? Logró que en lugar de pagar un 35%, pagáramos un 23% sobre los automóviles que vienen desde fuera de la región. ¿Esto a quién beneficia? A los consumidores de autos cero kilómetro, porque les va a salir más barato; a los importadores, que son quienes presionaron por esta medida y apunta a bajar el déficit fiscal. Pero lo que yo quiero es tener industria, quiero tener partes, quiero tener un proceso, hacer acuerdos sectoriales, quiero tener complementariedad productiva, que no tengo, porque no tuve políticas. Y no lo tengo, porque estoy defendiendo básicamente y permanentemente -otra vez aquí en este acuerdo- también a los importadores. Que yo sepa, no existe ningún país del mundo que se construya sobre la base de importaciones ni de importadores, pero sí de empresarios agropecuarios e industriales que producen bienes y servicios. Entonces, de pronto lo que nos está ocurriendo es que si la política es no tener política, es muy difícil poder saber cuáles van a ser las consecuencias en función de los intereses nacionales de esta propuesta que viene del Poder Ejecutivo.

Aquí se crea una empresa mixta basada en la Corporación Nacional para el Desarrollo. Esta última se formó en el año 1985. En la propuesta del Frente Amplio de las elecciones de 1984 aparecía la creación de una Corporación Nacional Para el Desarrollo, aunque también la tenía el Partido Nacional, y quien hizo más fuerza para llevarla adelante en ese momento, fue Wilson Ferreira Aldunate. Se formó una Comisión en la que, por el Partido Nacional trabajaba el contador Mario Buchelli, por el Partido Colorado participaban los contadores Slinger y Rodríguez Batlle, por la Unión Cívica, el contador Pérez Piera y quien habla lo hacía por el Frente Amplio. Queríamos hacer una corporación en serio, con determinados niveles de capitales y de gestión. La verdad es que lo que nos pasó es que estábamos en una etapa en que se venían las privatizaciones y la idea de crear una empresa estatal o mixta no era bien vista y los organismos financieros internacionales presionaron, especialmente, el Banco Mundial. Esta presión trajo dos consecuencias: en primer lugar, la Corporación Nacional Para el Desarrollo nació con muy bajos niveles de capital y, en segundo término, en la gestión se tuvo el perfil más bajo posible. Se podrían haber puesto figuras relevantes y trascendentes del Partido Colorado, pero no se hizo. Se hizo una "corporacioncita" de perfil bajo que pudiera atender la caída de alguna empresa textil o de otra institución. Me temo que para un sector estratégico y tan relevante, hacer funcionar a la Corporación, de pronto, no es lo más conveniente. ¿Que hay intereses privados distintos que pelearon en las licitaciones?. Sí, los hay. ¿Que de pronto pueden venir otras instituciones privadas? Sí, pueden. Pero la sensación que tengo en esta discusión -tal como señaló el señor Senador Rubio- es que en las características actuales, la playa de contenedores está en el corazón del puerto, y la posibilidad de que exista un monopolio privado es inevitable. Además, otra vez le estamos dando -es algo de lo que me quejo permanentemente- un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que decida si el Estado participa con el 51%, con el 70% o con el 3%. Esto no debe hacerlo el Parlamento, salvo que se niegue a legislar, a participar, a tener responsabilidad. El Parlamento debería decir que el Estado va a participar con tanto y cuánto, o que lo va a hacer dentro de determinados parámetros, pero no se le puede dar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que decida lo que quiera. ¿Cuál es la característica de la empresa mixta? ¿que tenga 3%, 51% o 70%? No lo sé y, por lo tanto, me es muy difícil como parlamentario y representante de una población que me votó decir que no tengo nada que ver y que lo único que hago es dar al Poder Ejecutivo potestades para que forme la empresa mixta que desea.

En consecuencia, siento y esta también es otra interrogante -porque lo que tengo son básicamente interrogantes- que aquí se puede estar generando en un sector estratégico de la economía del Uruguay, un monopolio privado y eso no es bueno. Todos sabemos que no es bueno.

Como mi función como parlamentario es construir y como creo que todas las intervenciones que se han hecho acá han buscado un sentido constructivo y han querido participar, creo que este artículo no debería haber venido en un proyecto de ley de urgencia. Ojalá encontráramos una salida de política de Estado. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos dimos el tiempo necesario y suficiente? Lo estoy diciendo a propósito porque dicen que el Frente Amplio está para el no. Personalmente, no estoy para el no y el Frente Amplio, con las exposiciones que hizo en el día de hoy, tampoco lo está. Pero con todas estas interrogantes que aparecen -sin haber participado en la Comisión- no siento de ninguna manera los elementos básicos como para poder decir que aquí hay una salida que me deja tranquilo y como parlamentario la puedo votar porque sé que los intereses internacionales están cubiertos. Siento, justamente, los interrogantes que tengo sobre esta temática.

Por lo tanto, lo que yo hubiera deseado es que este artículo no estuviera en un proyecto de ley de urgencia y lo pudiéramos estudiar con el tiempo y con la profundidad que merece un tema de esta naturaleza. Lamentablemente esto no es así y ojalá no tenga las consecuencias negativas que mucho tememos nosotros, puede tener una propuesta de esta naturaleza.

SEÑOR CARMINATTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARMINATTI.- Obviamente, señor Presidente, estamos ante un tema de mucha trascendencia partidaria y no me perdonaría si dejara de hacer algunas reflexiones y comentarios sobre lo que se ha dicho por parte de algunos señores Senadores. Por supuesto, como siempre lo digo con el debido respeto, pero no creo que podamos silenciar expresiones de la señora Senadora Arismendi cuando dice que estamos vendiendo el Puerto. Se refirió, con expresiones muy duras, diciendo que estamos poniendo bandera de remate al Puerto, que lo estamos vendiendo, vender o morir, estamos desguazando al Puerto, lo estamos destripando, etcétera. No comparto esas expresiones porque no creo que estemos vendiendo nada. Lo digo honestamente y lo quiero decir aunque no sea simpático para algunos sectores que respeto mucho. De manera que le salgo al cruce a estas afirmaciones porque considero que no son exactas. No creo que podamos silenciar esta actitud y decirle a los señores Senadores que creemos otra cosa.

Consideramos que no vamos por el camino sucio, como ha dicho la señora Senadora Arismendi. Vamos por el camino limpio, porque hemos hecho todo este esfuerzo intelectual de crear este sistema para que si algo sea limpio, sea la venta de acciones en la Bolsa, donde pueden ir todos en igualdad de condiciones. De manera que no me puede decir ahora que estamos transitando por el camino sucio cuando hemos elegido el camino limpio. Hemos hecho esto porque, lamentablemente, por estas cosas que tienen los hombres, ha habido un intento de coima, como se ha dicho aquí con toda la crudeza que ello significa. Esto fue muy lamentable, todos lo sufrimos porque a todos nos hace conmover en la vida política. A mi no me gustan los coimeros, los voy a condenar y perseguir toda la vida. Justamente, para evitar el riesgo de la coima es que usamos este procedimiento. No para ir por el camino sucio sino por el limpio. Por esta razón, no puedo dejar de decir lo que pienso, aunque muchos amigos tal vez no participen de esta concepción. Nosotros no tenemos nada que ver con la coima, todo el mundo lo sabe y creo que se trae aquí esa idea y ese manejo de la cosa para -perdónenme la expresión- ensuciar la cancha. En ese sentido, les tengo que salir al cruce porque la cancha no se puede ensuciar en el Senado.

No sé si será bueno o malo este negocio; esa es la gran interrogante que tenemos. Nadie puede hacer aquí futurología. No sé si dentro de cinco años diremos qué espantoso lo que hicimos, o qué bueno. Nadie puede decir lo contrario con verdadera justeza científica. En ese sentido estamos improvisando y teniendo intuiciones. Será bueno o será malo, pero nadie puede dudar de que se busca transparencia en este negocio y que las soluciones que se defienden procuran demostrar la honestidad del Gobierno. Nos podemos equivocar pero estamos ante una actitud honesta, honrada, porque es el deber que tenemos como gobernantes frente a la gente, frente a la ciudadanía. Todo este proyecto tiene un sentido ético, lo hemos hecho así para salvaguardar la ética de la Administración. Reconozco que tal vez nos equivoquemos, pero creemos que vamos a mejorar el funcionamiento del Puerto, como se ha dicho aquí muy bien por Senadores del Frente Amplio-Encuentro Progresista. Se logrará un Puerto excepcional, con grandes perspectivas de futuro.

Creemos que vamos a trabajar mejor y que le vamos a hacer un bien al país. ¿Creen ustedes que cuando estoy aquí no siento una inmensa responsabilidad en cuanto a tomar decisiones en este caso? ¿Y que quiero con esto? Quiero traer inversiones y desarrollo pero también, por sobre todas las cosas -y hacia aquí apunto con todas mis fuerzas- a generar trabajo. Por lo tanto, creo que vamos a generar muchos empleos y lo digo sinceramente. Creo que le vamos a hacer un gran bien a la gente dándole trabajo y oportunidades porque el país -lo hemos repetido tantas veces en estos días- no está en condiciones de hacer inversiones y todos queremos que crezca. Entonces, si por el sistema de la concesión directa no pudimos darle al país lo que necesita, porque tenemos la mala suerte de tener gente deshonesta en la actividad política, -no se lo reprocho a ninguno de los señores Senadores que están acá porque los considero y los respeto a todos como honestos- lo ha dicho muchas veces el señor Senador Mujica, son vicios del ser humano. Eso no quiere decir que nosotros estemos engañando a la población, que estemos vendiendo el Puerto, que le estemos poniendo bandera de remate. Eso me hace recordar la discusión del proyecto de ley del Marco Regulatorio cuando se decía que vendíamos y rematábamos la UTE y, sin embargo, el tiempo ha demostrado que eso no es así. Entonces, con toda honestidad, digo que no podemos presentarnos ante la opinión pública diciendo que estamos vendiendo el Puerto. No; hay que tener responsabilidad en las expresiones que se brindan aquí. En el país no se vende nada, no se enajena nada, no se pone ninguna bandera de remate, ni se transita por ningún camino sucio. Nos podemos equivocar, ¡cómo no! Pero eso es otra cosa. Además, vamos a ver si será bueno o mal negocio, eso lo dirá la historia. Pero aquí no hay ningún genio que pueda prever lo que pueda pasar dentro de unos años.

Muchas gracias.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Creo que el señor Senador Carminatti no me escuchó bien, entre otras cosas porque no se está atento a las exposiciones de cada uno de los señores Senadores.

Cuando mencioné el camino sucio, me estaba refiriendo a lo que el señor Senador también describía como fenómenos de corrupción y señalaba que este negocio es un negocio jugoso y apetitoso para los que juegan sucio. Esto no es lo mismo que decir que el señor Senador Carminatti -que se dio por aludido- tenga la intención de transitar por un camino sucio. El problema es que si la historia dice que es un mal negocio, se embroma el país y el pueblo uruguayo. Cuando señalamos que éste es un mal camino, lo decimos por cómo viene planteado y porque la historia más reciente de este tipo de negocios que ha hecho el Uruguay con sus empresas del Estado demuestran que son malos y hasta pésimos. Muy buenos para los que se quedan con la parte del león. Pero como estamos hablando de un sector estratégico y del país, son esos los intereses que todos aspiramos a defender.

El señor Senador Carminatti dijo que están improvisando y manejándose con intuición, pero yo creo que es demasiado serio lo que tenemos entre manos como para que se propongan un par de artículos improvisados y a intuición.

Pienso que podríamos hacer una discusión sobre la naturaleza humana, que sería interesantísima, pero no en esta noche ni en este ámbito. Lo que sí es claro es el hecho de que la gran corrupción aparece con los grandes negocios, y los grandes negocios, con las privatizaciones. Antes se podía hablar de "coimitas", de clientelismo pequeño, la tarjeta, etcétera, pero la gran tajada, la gran corrupción aparece de la mano, reitero, de las privatizaciones. Entonces, no esperemos que la historia, a corto o a largo plazo, nos diga que fue un mal negocio. Estudiemos las cosas en profundidad, con rigurosidad y buscando salidas que no vayan por el camino de las privatizaciones. El propio proyecto dice que se trata de una privatización y lo podríamos demostrar, de la misma manera que lo hicimos hoy, cuando el señor Senador Carminatti señalaba que era un disparate argumentar que el objetivo de disminuir la cantidad de Directores de los Entes Autónomos era conseguir un ahorro. En ese momento le mostré la Exposición de Motivos del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, donde se establecía, justamente, que la meta era el ahorro. De manera que no es un problema de adjudicar intenciones ni de decir simplemente que los hechos son de determinada manera; hay que demostrar las afirmaciones que se hacen y lo podemos hacer.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: los cuatro minutos que me restan los voy a utilizar, no para hacer alusiones políticas, sino para dejar algo muy en claro. La Ley vigente de Puertos, en su artículo 11, permite hacer esta asociación, con la diferencia que la habilita bajo cualquier procedimiento. Por su parte, su artículo 13 permite hacerlo con carácter de monopolio.

En consecuencia, el artículo que proponemos que la Cámara vote es mucho más restrictivo que la ley vigente, dado que explicita los procedimientos, no otorga exclusividades y genera un procedimiento absolutamente transparente para identificar cuál es ese capital privado a asociar. Me interesaba recordar al Senado la ley vigente, la que tampoco establece porcentajes de participación ni destino para lo que se obtenga para esa asociación, como sí lo hace lo que aquí se plantea. Creo que esto ilustra el hecho de que no se está haciendo algo nuevo, sino que, por el contrario, se desea decir con absoluta claridad que se desea establecer, no porque la ley vigente no lo permite, sino porque es importante para nosotros que queden establecidas claramente las reglas de juego, que tanto se han discutido.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Quiero solicitar algo al Senado, porque creo que lo que estamos resolviendo es muy grave. Tal como dije antes, estamos "tocando el mapa", y esta es una cuestión de la que todos somos responsables, de lo bueno y de lo malo, de lo que viene del pasado y de lo presente. Reitero que considero que es un tema muy grave, que no podemos pasar a votar así como así. En consecuencia, quería pedir, tanto al Partido Colorado como al Partido Nacional, que, por favor, no voten esto ahora. Pienso que es mejor que desglosemos este punto y así como remitimos algunos aditivos a Comisión, enviemos este asunto, si es necesario, a una Comisión Especial. Démonos todos un tiempo de reflexión, porque todos somos responsables de todo, incluso de lo malo que nos ha conducido hasta aquí. Reitero, démonos tiempo para una reflexión más afinada sobre la gravísima decisión que vamos a tomar. Apelo, como traté de hacerlo en mi intervención anterior, a la reflexión de los señores Senadores y lo deseo transformar en una moción, aunque no sé si ello puede ser así. Confío en la nobleza de los integrantes del Partido Colorado y del Partido Nacional para acceder a ello, dado que estamos frente a una cuestión de carácter nacional, con todo lo que ello implica, y ante una cuestión de Estado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada para que se aplace la resolución sobre este asunto.

(Se vota:)

-12 en 29. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 23 del proyecto.

(Se vota:)

-18 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 24.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Debo decir, con toda sinceridad, que en mis primeras horas en el Senado de la República tengo la impresión de que acá se pelea demasiado y se reflexiona poco. No sé si me equivoco y, tal vez dentro de uno o dos meses, deba expresar algo diferente. Sin embargo, noto que hay una especie de defecto en este lugar, en el que se pelea muchísimo, reitero, y se reflexiona poco.

(Manifestaciones en la Barra)

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Barra no puede hacer manifestaciones, de lo contrario será desalojada.

(Manifestaciones en la Barra)

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- Desalójese la Barra.

(Así se hace)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la sesión.

Puede continuar el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR CID.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: queremos solicitar un cuarto intermedio de quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 27. Afirmativa.

El Cuerpo pasa a cuarto intermedio por el término de quince minutos, que serán puntuales.

(Así se hace. Es la hora 23 y 46 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 0 y 1 minuto)

-Continúa en consideración el artículo 24.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: nuestra Bancada se ha reunido para analizar la marcha de este debate para considerar el proyecto de ley de urgencia y, por múltiples razones, de las cuales no puede escapar a la comprensión del Cuerpo los días que llevamos trabajando, a ritmo muy intenso y el clima de cansancio físico que nos rodea. Sin duda, todo ello no ha ayudado a crear un mejor ambiente para desarrollar este debate parlamentario. Otro elemento fundamental es que estamos a diez días del vencimiento del plazo constitucional para la aprobación de esta iniciativa. Por estos motivos, nuestra Bancada quiere plantear un cuarto intermedio, que sería levantado el día martes. Ya hemos hecho un compromiso formal con los Coordinadores de Bancada de los Partidos Colorado y Nacional en cuanto a garantizar que la ley va a estar aprobada el próximo miércoles. Creemos que seguir en estas condiciones no es el mejor ritmo de trabajo, luego de dos días continuos de muchas horas dedicadas al análisis y tratamiento de esta ley.

Por lo tanto, mocionamos concretamente que se levante la sesión y retomemos el ritmo de trabajo el próximo día martes a la hora que disponga la Presidencia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-11 en 27. Negativa.

Continúa la sesión.

En consideración el artículo 24.

Tiene la palabra el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- En mi intervención anterior decía que notaba -tal vez esté equivocado y esta sea una impresión falsa o primeriza- que aquí se pelea mucho, pero quiero explicar bien el concepto de "pelear". En este recinto a veces se cruzan chispeantes espadas por alusiones políticas, electorales, etcétera, siendo por momentos una constante, por lo que impide bastante la reflexión serena de temas de mayor cuantía. Preferiría pelear, pero por asuntos de muchísima importancia y de peso.

Cuando el señor Senador Atchugarry contestó la intervención que hice en la discusión anterior, creo que me malinterpretó. Esa mala interpretación creo que viene de esa especie de costumbre rara y extraña, para quien mira un poco de afuera el funcionamiento de este Senado, en la que siempre se sospecha -nosotros también- que detrás de una palabra viene un ataque florentino por pequeñas cosas que hay que cobrar.

En mi discurso, que además tengo escrito, digo que no vengo a cobrar cuentas pequeñas, pienso que nos debe temblar la mano porque estamos ante dos puntos de suma gravedad. Estamos tocando el mapa del país, y no sólo para el presente sino para el futuro, para nuestros nietos, e incluso quizás nosotros ni siquiera vamos a ver las consecuencias de las decisiones que estamos tomando.

Por lo tanto, hacía un llamado a una reflexión, a una convocatoria -creo que mi alegato terminaba así- pidiendo por esa reflexión profunda. Dije claramente que el peligro era que aquí el Gobierno se nos presente como Jack el Destripador y nosotros, los de la oposición, en otra actitud también torpe, como el doctor Frankestein, y que de estas dos torpezas resulte un monstruo y no un proyecto de ley, ni bueno ni malo, sencillamente un monstruo con el que ni siquiera se pueda discrepar. Dije que eran dos torpezas, no una.

Reconozco plenamente que una parte de la respuesta del señor Senador Atchugarry fue que la Intendencia Municipal de Montevideo -no lo dijo así, pero a buen entendedor pocas palabras bastan- también tiene responsabilidades en el acorralamiento del Puerto. Claro que sí; muchas Intendencias sucesivas, e incluida la nuestra. Esto ya estaba dicho desde antes, es responsabilidad de todos y no sólo de un partido o de un sector.

Utilizando jergas antiguas podría decir que les habla un pequeño burgués a veces radicalizado y quiero hablarle a mi burguesía. ¿Saben por qué? Porque creo que no estamos ante un problema de clases, sino ante un problema nacional. Utilizando incluso las categorías de pensamiento capitalista y hasta liberal diría que la más grande empresa multinacional que tenemos en nuestras manos se llama República Oriental del Uruguay y está siendo agredida por una situación global. En estas pocas horas que he estado aquí en el Senado me he cansado de oir los lamentos -y lo digo en buen sentido- sobre los subsidios -lo señalaba el señor Senador Malaquina- que aplican los países grandes sobre nosotros.

Ahora acabo de oir que también Argentina nos hace cosas; también se ha dicho que nos las hace Brasil, pero hasta Haití subsidia, se protege. Hasta el más pequeño país hoy defiende sus puestos de trabajo y nosotros, ante ese problema, no podemos, como Senadores de la República y como uruguayos, ser los únicos que nos regalamos. Aquí hay que plantear la discusión de estos temas, que son muy graves, en un escalón mucho más arriba o previo -no sé cómo denominarlo- que tenga carácter nacional. Quienes estamos aquí no podemos estar divididos, o si lo estamos, por lo menos que sea después de haber discutido lo serio, lo grande, lo grueso. Que nuestra pelea sea por eso, pero no por un "quítame allí esas pajas", por cómo salió la elección en determinado lugar o por si le puedo cobrar una a la Intendencia tal o cual. Los problemas son muy graves, es un problema de país, una causa nacional; estamos tocando el mapa del país para el futuro y nos debe temblar la mano. Yo no estoy para nada seguro sobre cuáles son las mejores soluciones, y menos si no puedo discutir con mis adversarios. En mi exposición expresé que quería adversarios que me hagan digno de ellos, pero que también ellos sean dignos de mí, porque lo peor que me podría pasar es quedarme sin adversarios de ese fuste. Sinceramente, creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es no tener un amigo o un adversario que esté a su altura. Creo que fue Nietzsche, el filósofo, quien dijo que hay que elegir bien al amigo, pero también tu adversario.

El vocero principal del Gobierno desconoce el plan de gobierno, y creo que lo que ocurre es que no existe un plan, pero ese no es un problema a cobrar al Partido Colorado ni al Partido Nacional, sino que es un asunto que nos aqueja a cuantos estamos aquí y al país. No puede ser...

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador: estamos en la discusión particular del artículo 24 del proyecto de ley. La Mesa se ve obligada a pedirle que se remita al texto.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Bien, señor Presidente.

SEÑOR COURIEL.- Esa advertencia la va a tener que repetir cada vez que hable un señor Senador.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Couriel no está en uso de la palabra.

Puede continuar el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR COURIEL.- Con cada uno de los señores Senadores.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Couriel no puede hablar.

Continúa en el uso de la palabra el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Voy a intentar demostrar al señor Presidente que estaba dentro del tema.

Cuando el señor Senador Atchugarry me dijo eso, no me preocupó cobrarle una factura al Partido Colorado, al Partido Nacional ni a nadie; me preocupo por lo que nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque es muy poco serio que me diga, como único argumento, que es libre pensador. No. Aquí estamos discutiendo cosas muy serias.

Sobre el tema de AFE y en el texto del proyecto -ese que tuvimos que estudiar como borrador en nuestra fuerza política, generosamente entregado por el Presidente de la República, y luego en la Comisión- hay una frase escueta que dice que el Poder Ejecutivo podrá autorizar la utilización de las vías férreas por parte de empresas que cumplan con los requisitos técnicos y abonen a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) el peaje que establezca la reglamentación. Todos sabemos que hay leyes que actualmente permiten hacer esto; ya lo hemos averiguado, aunque somos nuevos. Esta frase sería superflua. Pero luego nos enteramos de que había un plan terminado. ¡Entonces había planes sobre AFE! Había un proyecto que decía: "Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Administración de Ferrocarriles del Estado. Reservado. Borrador Nº 1, sujeto a modificaciones, marzo de 2000. Reforma del modelo ferroviario, documento base", etcétera. Todo esto me parece bien y, como dijo el señor Senador Heber en Comisión, es bueno que haya planes. Entonces, quiere decir que hay planes, pero lo que está mal es que sean secretos. Me pregunto por qué no lo incorporaron aquí y, entonces, discrepábamos sobre cosas serias, planes serios. Aclaro que puedo discrepar sobre esto, que es mucho más serio que la frase del proyecto. Me hubiera gustado que se hiciera un debate sobre este tema. ¿Acaso pasó a la clandestinidad el Gobierno de la República? ¿Por qué tenemos que conseguir este documento por vías "non sanctas"? ¿Por qué el gobierno de coalición no nos lo entregó para discutirlo en esta Ley de Urgencia donde tantos otros temas se incluyeron?

Creo que no podemos llorar más, señor Presidente. No podemos decir que todos nos persiguen; Estados Unidos nos persigue, Japón nos persigue, la Unión Europea nos persigue, Brasil nos pega, Argentina nos pega, nos hace cosas. No se puede llorar más. ¡Basta de llorar! ¡Basta de lamentos! No quiero entrar a discutir quiénes fueron los responsables de que a Uruguay le pasara o le fuera pasando a lo largo del tiempo esta serie de hechos. No. Vamos a mirar el presente y el futuro, pero vamos a dejar de llorar. Elaboremos nuestros planes como nación, como partidos.

Alguien dijo, creo que en el día de ayer, porque ya perdí la noción del tiempo, que la oposición también formaba parte del gobierno, y creo que esto es así. Me siento responsable de lo que salga de aquí para el futuro de mi país, de lo que hagan mis colegas en el gobierno y, también, de cómo actuemos quienes integramos la oposición. Si no hay planes, señor Presidente, vamos a hacerlos entre todos, pero vamos a discrepar de verdad sobre ese plan o modelo de país.

Confrontemos eso, y no parches, remiendos, pedacitos, que lo único que pueden saciar es la sed de la vanidad pequeña que cada uno de nosotros pueda tener; por ejemplo, que le cobré una al señor Senador Millor y otra al señor Senador Heber. ¡Qué lindo!, pero no sirve para nada. Es algo frívolo.

El señor Senador Carminatti hablaba de los excelentes puertos que tenemos en el litoral. Por su parte, el señor Senador Larrañaga, junto conmigo, hablando con el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, preguntaba por el dragado del Río Uruguay y la revitalización del Puerto de Paysandú. El señor Senador Carminatti es de Fray Bentos y el señor Senador Larrañaga de Paysandú. Todo eso es verdad. ¿Qué armonización estratégica, global, de país, existe entre el Puerto, hoy casi parado, de Paysandú y las hermosas posibilidades que tienen los puertos de Río Negro, privados o públicos, los de Soriano, el oceánico de Rocha y el de Montevideo? ¿Dónde está la armonización de esos puertos con este tren? ¿Qué relación tiene este modelo de AFE que nos estamos planteando con, por ejemplo, el Puerto de aguas profundas en La Paloma, que tiene una vía férrea de 25 kilómetros? Este es el único balneario del país que tiene, por un lado, una vía férrea que todavía llega hasta él, aunque esté en desuso, pero de fácil reparación, y una cantidad de hectáreas en un lugar privilegiado, en manos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¡Papita para el loro para un concesionario privado! Pero, ¿y el resto de la cadena ferroviaria? Por ejemplo, un forestador de las sierras de Minas va a pensar a dónde le conviene llevar la madera, a partir del punto nodal, que es Pan de Azúcar. A 100 kilómetros de allí se encuentra Montevideo, y a la misma distancia el Puerto de La Paloma. Le va a convenir venir a Montevideo. Entonces, ¿para qué vamos a construir un puerto en La Paloma? Creo que hay que hacerlo, pero no allí. No importa, discutamos dónde, porque es un sueño estratégico que nos viene desde hace muchísimo tiempo y de lo único que todos debemos lamentarnos es de que hayamos demorado tanto en construirlo. Como dijo el señor Senador Atchugarry, nos queda poco tiempo. Este es un problema estratégico. Artigas fue el primero que habló de esto en las Instrucciones del año 1813. Proponía la bahía de Maldonado y el puerto oceánico, al igual que Herrera y Batlle. ¡Y todavía no lo hemos concretado! Hubo consultoras del mejor nivel que fueron traídas por los militares cuando se discutió la construcción de la boya petrolera en José Ignacio. Estas consultoras, proféticamente, decían que en el 2000 ese puerto tenía que estar construido porque, de lo contrario, iba a colapsar el tránsito marítimo, no en Uruguay, sino en la región. Como bien se dijo en Sala, no va a ser nuestro y será el más vital de la región o de la Argentina. ¡A lo mejor, ya llegamos tarde! ¡No podemos seguir perdiendo el tiempo en discusiones menudas! Tenemos que darnos un espacio para debatir a nivel nacional. El Senado sería un sitio ideal para ello, en lugar de estar peleándonos por un "quítame de ahí esas pajas".

No tengo más remedio que ser coherente. Por eso, adelanto que vamos a votar en contra este artículo. En este caso, pedimos lo mismo que solicitamos en relación con el anterior. Tomemos entre todos ese pedazo de la Patria que es el ferrocarril -no quiero discutir todavía si será privado o público, porque hay algo más importante para analizar antes, es decir, el modelo que queremos- y vamos a tratarlo con amor. Dejemos de lado, aunque sea por un momento, las mezquinas diferencias partidarias, de grupos o de sectores, y después que gane el que sea. Entonces, ¡vamos a discrepar por asuntos importantes! Para eso, es necesario desglosar el artículo y darnos tiempo para analizarlo, no para votarlo después, sino para estudiarlo en una Comisión especial, en relación con la política del transporte. Hemos podido hablar una sola vez con el señor Ministro Cáceres, y creo que él tampoco la tiene muy clara, porque el tema es muy difícil. Es necesario enfocar esta norma como uruguayos pertenecientes, si se quiere, a la sociedad anónima que es la República Oriental del Uruguay, gran multinacional; la única que tenemos y debemos defender.

Muchas gracias.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Quiero señalar que es correcto lo que decía el señor Senador Fernández Huidobro. Esto ya se puede hacer, y tan es así que estamos discutiendo sobre los ferrocarriles desde el tren obrero de 1985, en oportunidad de nuestra primera interpelación. Por lo tanto, no es un asunto que comencemos a discutir hoy y que de golpe aparezca una disposición; hace ya 15 años que estamos debatiendo este tema, no sé si con razón o no. Cuánto más viejo estoy, más humilde me vuelvo. Desde ya reconozco el enorme error de no haber sabido explicar lo suficiente lo que hicimos el 1º de enero de 1988. Es cierto que lo volvería a hacer, pero también lo explicaría mucho mejor.

El país está embarcado en este tema, a tal punto que hace cuatro años contrajo, con la copia correspondiente a la Asamblea General, un préstamo de U$S 80:000.000 que figuran en el Presupuesto Nacional correspondiente al período 1995-1999, para el desarrollo de las vías. El país fue preparando, aunque no ejecutó, el desarrollo de los ferrocarriles de carga, destino que sin duda -creo que todos estamos de acuerdo- tiene el ferrocarril, aunque podamos discrepar un poco en el área de pasajeros. Los que han contratado servicios de pasajeros, los han discontinuado porque no soportaban los costos, excepto el Ganz a Rivera, que se financia de otra manera.

Con respecto al tema de librar las vías al uso público, voy a decir lo siguiente. A mi juicio, esta disposición es más estatista que las normas vigentes. De acuerdo con las disposiciones actuales, se da una concesión en régimen de exclusividad o cuasi exclusividad, y eso no me gusta. En realidad, esta norma no es novedosa, excepto lo relativo a que el operador puede ser privado. En cuanto a que la infraestructura de la red férrea se maneje en estos términos, no existe novedad porque está en el programa del Frente Amplio de 1984, donde se proponía crear una Dirección de Vialidad Ferroviaria en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a fin de que AFE fuera una empresa que corriera trenes y no se ocupara de la misma.

En consecuencia, esta es una autorización legal que lo único que cambia es que, en lugar de dar el permiso de concesión más o menos exclusivo, se pueda abrir a cualquiera que lo utilice en un régimen de no exclusividad, pagando un peaje a AFE. Pueden ser empresas, pero también los propios productores. Arrendar locomotoras y vagones no implica cifras inalcanzables. En algunos casos, sólo se arriendan vagones y se conectan las locomotoras, o se interconectan con las provincias argentinas. Todos estos son sueños que se han tenido desde 1985 y, seguramente, también desde la CEPAL, organismo que tuvo el privilegio de integrar el señor Senador Couriel. Por lo menos quien habla ha visto informes muy viejos al respecto.

Tanto el artículo anterior como éste contienen autorizaciones más explícitas que las vigentes. No estamos innovando en términos jurídicos. En términos políticos, es justo que se debata y, más aún, que procuremos coordinarnos. Si todo va bien, va a demorar mucho tiempo implementar estas cosas.

Creo que es justo que nos demos todos un espacio para conversar acerca de este tema y, aunque estoy anticuado, me sigue gustando. No hablo por el Gobierno, fundamentalmente, porque no me corresponde, ya que hay Ministros, gente mejor informada y más sabia que los asesora. Uno está viejo en esto y necesita remozarse.

De modo que le recomiendo al Cuerpo que vote esto porque genera la posibilidad de tener un sistema para el cual lo primero que hay que hacer es invertir más en las vías. Después tendrá que aparecer alguien o varios que se interesen. Es un proceso muy largo que va a llevar años; así que no hace mal que conversemos y que estudiemos esta cuestión. Conozco este tema porque hace 15 años que lo vengo estudiando y por ello no tengo inconveniente en votarlo ya. Es lo mismo, pero con la posibilidad de hacerlo mejor. Después, si se hace o no, es otro tema, porque acá sólo votamos papeles y autorizaciones. Ojalá se pueda llevar a cabo esta idea. ¡Qué mejor para el país que haya una demanda de transporte de carga tan grande que nos estemos peleando para ver quién cruza las vías!

Mucho se podría hablar sobre esta cuestión, pero creo que no es justo a esta hora de la noche.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Gracias, señor Presidente. He escuchado con mucha atención las manifestaciones y el llamado a reflexión del señor Senador Fernández Huidobro.

El Partido Nacional pidió que se incluyera este artículo en el proyecto de ley porque, además, está dentro de los compromisos que asumió el Partido Colorado con mi Partido, antes del balotaje. ¿Cuál es la motivación del Partido Nacional al incluir este artículo sobre AFE? Vamos a hablar un poco del plan que reclamaba el señor Senador Fernández Huidobro. El proponía que AFE funcionara, pero no existe. ¿De qué AFE estamos hablando? ¿Qué tenemos que cuidar si no existe nada? El Presidente de la Administración pasada -aclaro que no estoy pasando cuentas porque ahora está en el Encuentro Progresista- había dicho que iba a haber un Tren de la Costa, un paseo turístico, con capitales japoneses. Quizás como lo decía Vaillant estaba bien y si lo decimos nosotros está mal.

¿Qué es lo que dice el Partido Nacional al respecto? ¿Por qué AFE tiene que ser una excepción? Le pregunto a los señores Senadores y al Frente Amplio y, en especial, al señor Senador Fernández Huidobro, ¿qué diferencia hay entre una carretera y una línea de tren? ¿Son menos uruguayas las carreteras nacionales porque hay empresas privadas que son dueñas de los ómnibus del transporte de pasajeros? ¿Perdemos algo de soberanía porque los camioneros son empresas privadas? ¿Qué diferencia hay entre una carretera y una vía?

Hago estas preguntas porque si estamos hablando de planes, yo también reclamo respuestas. Quiero que el señor Senador Fernández Huidobro me dé una explicación lógica que me pueda convencer, porque creo que lo que estoy diciendo son verdades a puño. Hay una vía vacía en la que no pasan trenes y el Partido Nacional quiere que transiten por allí los trenes. AFE pierde sin trabajar; hay que asistirla. No sé cuánto es el subsidio que hoy le da el Estado para que no funcione. Entonces estamos diciendo por qué no gastamos más en las vías y dejemos que los trenes y las locomotoras, ya sean de pasajeros o de carga, los pongan los privados, así como pasa con las carreteras.

El señor Senador Fernández Huidobro habla de un plan secreto. Discrepo con esta visión conspirativa de la izquierda. Realmente me llama la atención que se diga que hay un plan secreto en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Yo no lo conozco. Pero, además, en caso de que exista un plan, tiene que venir acá, porque no pueden hacer nada con AFE sin traerlo al Parlamento. Entonces, ¿de qué conspiración estamos hablando? Terminemos con la visión de que hay un plan secreto de desmantelamiento. ¿De qué secreto estamos hablando? Están estudiando el plan -esto mismo lo dije en la Comisión- y quizás el Partido Nacional no lo acompañe, porque todavía no nos han consultado. Vamos a verlo. Si el Gobierno nos consulta antes, daremos nuestra opinión, y si no lo hace, daremos nuestro punto de vista después, en la Comisión; si nos gusta lo aprobaremos y, en caso contrario, diremos que no. Pero además, ya hay ideas al respecto. Tenemos algunos Diputados que cuando se planteó este proyecto de ley decían, al igual que el Frente Amplio -me acabo de enterar, según las manifestaciones del señor Senador Atchugarry- que AFE tendría que ser parte de una Dirección más, de la de Transporte. Un primo mío, Diputado por el departamento de Florida, sostiene esta posición y hay varios Legisladores del Partido Nacional que piensan que AFE tiene que estar dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por ahí esto no coincide con el plan que creo que algunos Senadores miembros de la Comisión anunciaron en el seno de la misma. ¡Qué me importa que estén estudiando un plan! ¿Pienso que me están embromando porque están estudiando un plan, que me están birlando? Si todo tiene que venir acá; el plan que sea tiene que ser presentado en el Parlamento.

Estoy de acuerdo con el señor Senador Fernández Huidobro en el sentido de que hay que discutir políticas, pero eso no se debe hacer en el proyecto de ley de urgencia. Acabo de aceptar públicamente al señor Senador Mujica que en la Comisión de Ganadería y Agricultura recibamos a hombres que entiendan de economía y que nos expliquen qué pasó y cuál es la situación del agro, pero no tenemos el tiempo para discutir la política agropecuaria esta noche. ¿Quiere decir que porque planteamos unos artículos que exoneran impuestos, que "le aflojan la cincha" -para hablar con la terminología del señor Senador Mujica- a la gente, al paisano, tenemos que discutir toda la política agropecuaria? No, señor Presidente; aflojémosle la cincha y discutamos la política agropecuaria después. Si les estuviéramos apretando la cincha, poniendo más impuestos, estoy de acuerdo con que se plantee un tema de este tenor o de esta dimensión. Al contrario, se la estamos aflojando, estamos sacando impuestos. Que unos piensen que hay que bajar en otro lado y acá no, es natural que suceda, pero nadie puede ver en esto que hay una actitud fiscalista, cuando ocurre una situación deficitaria y el Gobierno hace el esfuerzo de aflojar la cincha a la gente en dos temas que le importan al paisano chico: la planilla -como le dice el pequeño productor, que es la Contribución Inmobiliaria- y la Caja. Precisamente, son los dos temas que estamos tratando acá y de los que se queja el paisano chico; no es el Impuesto al Patrimonio, que también creo que hay que bajar.

Acepto el desafío del señor Senador Mujica de plantear una buena discusión en la Comisión de Ganadería y Agricultura. Al mismo tiempo, pienso que se debería plantear la política de transporte en la Comisión de Transporte y Obras Públicas, pero no en el tratamiento del proyecto de ley de urgencia. Hoy estamos simplemente permitiendo que AFE, en lugar de hacer un convenio puntual con cada una de las empresas, pueda tener una norma general por la que pueda cobrar un peaje, dejando que corran los trenes que no lo hacen desde hace mucho tiempo en el país. ¿Este es el mapa del Uruguay? No; el mapa de trenes del Uruguay está vacío, no hay nada; simplemente, hay líneas que se deterioran y lo que queremos es que corran trenes por arriba. ¿Cuál es el pecado?

Esta es, señor Presidente, nuestra intención y no hay planes de la coalición al respecto. Puede ser que en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas haya alguna idea que se llevará al papel: vendrá aquí y la estudiaremos en su momento. Si hay un plan bien estructurado, lo estudiaremos con seriedad, como nos parece que se deben encarar este tipo de cosas; naturalmente que si no nos gusta no lo acompañaremos, actuando con esa misma libertad que tenemos para mejorar nuestro país.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Coincido con el señor Senador Atchugarry en cuanto a que hace mucho tiempo que venimos hablando del ferrocarril. Para identificarlo en el tiempo, esto ocurrió en el primer Gobierno del Partido Colorado, a la vuelta de la democracia. Precisamente, fue en ese momento que el tema se puso sobre la mesa. Todo el mundo recordará los debates públicos que, en definitiva, terminaron con la redistribución de miles de funcionarios de AFE, la clausura de las líneas y la eliminación de un ámbito de debate, que de alguna manera ratifica lo señalado por el Senador Fernández Huidobro en el sentido que la falta de una discusión previa cuando hay una modificación de las reglas de juego en torno a un emprendimiento comercial del Estado, lleva a una suerte de esquizofrenia procesal. Hay una desestructuración que, por otra parte, tiene consecuencias indudables para la calidad de vida de los uruguayos.

¿Qué pasó con el ferrocarril? En el período 1985-1990, cuando se desmantela nuestra querida AFE y luego de una discusión pública sobre la validez del transporte ferroviario, se optó por eliminarlo; se optó por el transporte carretero; se optó por un mayor consumo de un insumo importado, que es el utilizado por el tránsito de carreteras; y, también se desconoció que la apuesta al ferrocarril habilitaba la multimodalidad del transporte, pero además lo abarataba por el alto rendimiento de su potencialidad de transporte y, también, porque tenía un insumo que en aquel momento parecía muy distante y que hoy tiene un valor adicional, que es la preservación del medio ambiente.

Todo eso se instrumentó en el período de 1985 a 1990 y luego se empezó a ver que habían quedado aislados, bloqueados en nuestro país decenas de pueblos del interior. Para comprobarlo, basta ir a departamentos muy próximos a Montevideo. Por ejemplo, bastaría con ir a Florida para ver que pequeños pueblos de trabajadores que se asentaron en los alrededores de la vía férrea, quedaron desactivados con la falta de funcionamiento del transporte.

Esa decisión tuvo además la consecuencia de que desarrolló un necesario "aggiornamento" de las vías carreteras en el país porque, para felicidad de los uruguayos, la producción siguió creciendo. Hoy ha crecido de forma logarítmica aquel tipo de producción que debe ser transportada desde su lugar de producción a los puertos de embarque, como es el caso de la madera. Como señalaba el señor Senador Fernández Huidobro, actualmente no sabemos como transportar la carga que tenemos; no tenemos la modalidad ni los medios. Hay que viajar por las carreteras del Uruguay en horas de la noche, pasando un camión cargado de troncos de árboles alternando con otro de transporte de ganado. Todos los que hemos hecho campaña política sabemos el riesgo que ello implica en carreteras en las que, saturadas de medios de transporte, nos cruzan de sur a norte y de este a oeste. Esa es la realidad que construimos con la falta de funcionalidad del ferrocarril. Precisamente, esa desfuncionalización llevó a un cambio en la cultura del Uruguay que, en el Gobierno del doctor Lacalle, se intentó revertir. Aparecieron algunas modalidades de explotación que fracasaron, porque tenían otros ingredientes que no es del caso analizar. La concesión del ferrocarril Tacuarembó- Rivera fue una experiencia que intentaba rescatar un medio de transporte que se consideró útil en ese momento.

¿Qué ha ocurrido desde 1985 al presente? Que la vía férrea del Uruguay ha quedado obsoleta. Tanto es así que en un informe que las autoridades de AFE hicieron hace aproximadamente dos años, se medía la eficacia de la gestión de su Directorio por la disminución del número de descarrilamientos de trenes. Esto se destacaba como un logro conseguido por la nueva Administración. Repito que hoy en día tenemos una red obsoleta -esa es la realidad- y locomotoras que no sirven para el tipo de transporte que necesita el país.

Entonces, frente a esa realidad me alegré de que el Gobierno pensara en una reactivación del transporte por ferrocarril; me alegré a pesar de que aquí aparecía un ingrediente que no estaba por lo menos en mi expectativa, que era la posibilidad de que un privado explotara las vías férreas. Me alegré por todo lo que implicaba como dinamizador de un transporte que sigue siendo válido y perdí ese entusiasmo inmediatamente cuando me enteré, por los medios de difusión -los periodistas se enteraron antes que los Legisladores- de que había un plan paralelo de desarrollo, en donde AFE resignaba la potencialidad de explotación, no ya para competir con el transporte privado, sino a distintas modalidades como es el transporte de pasajeros, reservándose el organismo la modalidad del transporte de carga.

Ninguno de los Legisladores aquí presentes conocían ese plan; por lo menos nadie expresó públicamente que lo conociera. En el seno de la Comisión de Constitución y Legislación nadie dijo conocer este proyecto que hoy exhibió en Sala el señor Senador Fernández Huidobro. Como dije, nos enteramos por un periódico -concretamente un matutino- que AFE iba a disponer de una inversión de U$S 120:000.000 para mejorar la estructura de la red ferroviaria en el país. Estamos hablando de una cifra muy importante si la comparamos con la dimensión de las inversiones del Uruguay; se trata de una cifra que permitiría explotar perfectamente la playa de contenedores, comprar grúas pórtico y dar modernidad, pero por vía del Estado, a esto que venimos de discutir, que es el dimensionamiento y la proyección del Puerto de Montevideo.

Por consiguiente, tengo que ver con desconfianza este artículo que, en inocencia, aparece en este proyecto de ley de urgencia con un enunciado que ya estaba permitido para la utilización de las vías férreas. Uno queda un poco perplejo frente a esta propuesta que hoy estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la propuesta que el ingeniero Lucio Cáceres, actual Ministro de Transporte y Obras Públicas, está implementando y poniendo a consideración tiene algún ingrediente de suma preocupación.

Este proyecto de desarrollo que exhibió el señor Senador Fernández Huidobro le exige a AFE que en dos años logre tener un equilibrio fiscal. Recordemos que en el presupuesto pasado votamos un subsidio para AFE de U$S 25:000.000 para 1995 y de U$S 15:000.000 para 1998. Es decir que el organismo está subsidiado por el Tesoro Nacional.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CID.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Por inadvertencia me retiré de Sala, sin tener en cuenta que iba a pedir la palabra para contestar algo con relación a la exposición del señor Senador Heber y que también tiene que ver con lo que viene señalando el señor Senador Cid.

Cuando me refería a que el Gobierno pasó a la clandestinidad o al secreto -a pesar de que este plan está caratulado como reservado- no es porque yo vea misterios raros por todos lados, sino porque no entiendo la razón por la que en lugar de mandarnos en la Ley de Urgencia una frasecita escueta, no nos envió el proyecto o nos avisó que tiene una iniciativa para discutir en serio el tema.

Pero además, el señor Senador Heber me pide que yo le presente a él un plan de gobierno y que lo convenza de que el mío es mejor que el suyo. Justamente, la crítica que le hemos hecho a este proyecto de ley de urgencia es que trata algunos asuntos que son de tal gravedad, de tal índole, que merecerían la posibilidad de convencernos unos a otros. A lo mejor yo lo puedo convencer a él y también es posible que él pueda convencerme a mí. El señor Senador Heber me ha preguntado qué diferencia hay entre una carretera y una vía en cuanto a lo que por arriba de ellas transita. Conozco las aventuras desgraciadas, lamentablemente, que tuvo el Gobierno del doctor Lacalle con respecto a este tema y no me alegro de ellas; no me sirve para nada esa desgraciada experiencia. Pero en realidad no tuvimos la oportunidad ni la información disponible como para poder, aunque no hubiera planes, entrar a refregar un cerebro contra el otro -aquí hay reuniones secretas para resolver asuntos que no deberían ser secretos; mucho mejor sería discutir sobre estos temas, de los que sería conveniente no se enterara nadie aparte de todos los uruguayos y de los propios Senadores- para ver si entre todos podemos elaborar un plan, aunque sea por mayoría.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Como estaba diciendo, cuando leí la iniciativa -la conocía como una posibilidad de que AFE explotara las líneas férreas del país a través de manos privadas- me pareció importante para el movimiento económico del país y, además, tenía en su contenido una diferencia con la clásica concesión que se ha hecho de nuestras carreteras, que eran hechas por particulares y los peajes los pagaban los ciudadanos. Aquí, por lo menos, se explota la vía férrea y el que cobra es el Estado. Realmente me alegré porque significaba, de alguna manera, devolver a la gente lo que había perdido en estos años de desfuncionalización. Pero cuando uno va conociendo un proyecto de ley que a la brevedad será sometido a la consideración del Parlamento ve las perspectivas que plantea, y una de las exigencias del proyecto ferroviario sujeto a consideración por el futuro Parlamento es que AFE en dos años debía tener un equilibrio económico y si no lo conseguía sería otra la modalidad mediante la cual se explotaran las vías férreas. Sinceramente, veo venir la situación: en dos años estaremos hablando de que AFE no es viable y que por eso la tendremos que privatizar o dar en su totalidad a la explotación de capitales privados. No se trata de algo peregrino porque en este mismo proyecto de ley se contempla -tal como se decía hace unos momentos- la posibilidad de que AFE explote solamente el transporte de carga. Confieso que eso me alegra infinitamente porque en esa materia tenemos una capacidad de desarrollo importante con el transporte de la producción forestal y de otros productos. Sin embargo, para las empresas privadas se reserva la posibilidad de explotación de cargas y de transporte de pasajeros y aquí empiezo a visualizar que la competencia ya no resulta tan clara y que se van amputando posibilidades para que AFE por sí misma y por la venta de sus servicios pueda transformarse en una empresa económicamente equilibrada.

En definitiva, en el proyecto de ley se reserva a un organismo independiente la regulación de todo lo que tiene que ver con el transporte ferroviario del país; es un organismo independiente en el cual AFE tendrá una participación así como también quienes exploten privadamente esas vías férreas, que se van a construir con recursos del propio Estado. La inversión será de alrededor U$S 120:000.000, que es la misma que insumió en cinco años la modernización carretera.

Quiero decir que estos lineamientos que van avanzando paralelamente a la presentación de este proyecto de ley establecen dos modalidades: una entidad reguladora independiente y una entidad que va a explotar las vías férreas. Esta es una experiencia que desde 1990 se viene desarrollando en Europa y hoy se reconoce que ha fracasado y que las vías férreas deben ser explotadas por un único organismo.

Para no agobiar al Cuerpo debido a esta extensa jornada, quiero resumir mi posición diciendo que AFE tiene la potencialidad para no tener que recurrir a modalidades que le vayan quitando la posibilidad de explotación de las vías férreas. No entro a juzgar si es bueno o malo que tenga una competencia con operadores privados, pero entiendo que en la situación actual es conveniente que AFE pueda y habilite las vías férreas a la explotación privada. Sin perjuicio de esto, reitero, AFE tiene la potencialidad para el desarrollo porque sin inversión, con una infraestructura en malas condiciones -ya sea en maquinarias o en red ferroviaria, está en tan malas condiciones que los avances de su operativa son medidos por el número de descarrilamientos de trenes- a pesar de esta situación con dos mil funcionarios y un subsidio de U$S 25:000.000, movilizó en 1995 novecientas mil toneladas y en 1998, con mil setecientos funcionarios -quinientos menos que en 1995- transportó un millón cuatrocientas mil toneladas.

En base a lo expuesto, vamos a participar de la decisión que expresó el señor Senador Fernández Huidobro en el sentido de votar negativamente este artículo. Además, creemos que no hemos dado la discusión adecuada que permita llevar adelante una política armónica que nos habilite un futuro claro en el cual podamos visualizar cómo va a funcionar el ferrocarril en nuestro país.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: inevitablemente, en nuestra manera de pensar como hombres, como un pedacito de la Nación, culturalmente reflejamos las peripecias de nuestra historia nacional. Aquí hubo orientales que se sintieron orgullosos por una fábrica espléndida, la mejor del Cono Sur, que funcionó durante los últimos cincuenta años del siglo pasado. Al respecto, Batlle escribía por ahí, en algunos editoriales de 1895, hablando de la Compañía Liebig, "Orgullo de algunos tontos orientales". Y antes que ellos, los fundadores del ferrocarril, como algo que considero natural, iban a Europa y en este punto yo aclaro que el ferrocarril fue desde su fundación un desastre histórico. A partir de esta afirmación, voy a fundamentar muy sucintamente por qué es natural que uno tenga desconfianza, porque la Nación en su desarrollo ha cometido errores históricos. Cuando se iba a Europa y se veía lo que estaba significando en aquellas sociedades el aporte fenomenal del ferrocarril, se quiso dar un salto y tal vez con mucho amor por el país y con la más sana intención se trató de traer el ferrocarril como fuere.

Los proyectos presentados en tiempos de Latorre merecieron la reprobación del único ingeniero que había en el Uruguay -Capurro- que no estaba en contra del ferrocarril, sino de cómo estaba planteado. Los políticos de aquella época tenían una percepción política de lo que estaba significando el ferrocarril y, en definitiva, nos hicieron un ferrocarril de entrada, donde el negocio era, precisamente, las condiciones de la concesión. Cuantos más kilómetros hicieran y más barata costara la vía, más negocio sería para la empresa. En consecuencia, durante muchísimos años era más barato traer el trigo en carreta desde Durazno que transportarlo en ferrocarril. Lo que debió haber sido un salto, en realidad, nos significó una succión. Pasaron muchos años y un día nos sentimos orgullosos porque nacionalizamos el ferrocarril. En realidad, para cobrar unas cuentas nos quedamos con un montón de fierros y un proyecto que de entrada planteó vías que divagaban por el país violando principios elementales. Había que desmontar un cerro para que durara el material ferroviario, respetar ciertos ángulos -eso fue violado- y, entonces, tuvimos lo que tuvimos.

Más adelante, queriendo enmendar lo que se hizo mal de entrada, el error que se cometió como Nación, salió la inquina de algunos Ministros de Obras Públicas del primer Batllismo proponiendo crear un sistema carretero alternativo para luchar contra lo que significaban los abusos del ferrocarril en la primera década del siglo. En lugar de construir carreteras tributarias a la vía, tuvimos que hacer lo otro. Después de desatadas, estas cuestiones son francamente imparables. Las consecuencias históricas operan en el largo plazo.

Que no se nos vea como unos serviles, porque tenemos una historia en estas cosas. Hoy estamos en un mundo totalmente distinto y precisamos financiamiento. Hay países como España que deciden subsidiar el ferrocarril, pero explícitamente, porque el transporte barato puede darle razón de vivir a zonas donde eso es difícil de otra manera. Se trata de una decisión de carácter político.

Existe una forestación. Sé que hay un grupo forestador muy importante que no quiere que el ferrocarril se privatice y no es, precisamente, porque tengan mentalidad socialista. Lo que ocurre es que, por tradición, mientras pertenezca al Estado, se pueden mangonear los precios. Estoy en contra del Estado en algunas cosas, pero otras las acepto; y existe financiamiento de carácter internacional.

En este mundo, al igual que cuando vamos a un Banco -tal vez mucho más- quien presta exige condiciones y lo hace desde alguna perspectiva. Este mundo no es inocente. Creo que todos esos aspectos tienen que operar en algo tan importante como es el ferrocarril. De repente este es un borrador y puede haber otros. Hay cosas que a mí no me asustan. Estoy de acuerdo en que no hay que hacer como el perro del hortelano, que no come ni deja comer; pero no me chupo el dedo. Acá no se trata de reparar el ferrocarril; el sistema vial del Uruguay hay que reconstruirlo para el trabajo que va a tener. Es una inversión de fondo. Hay que plantearse en mayor o menor medida un ferrocarril nuevo.

Algunas de estas cosas ya se hacen. ¿De quién son los vagones donde viene el "clinker" de Minas? Lo que planteamos no necesariamente significa que estemos en contra. Votar en contra, en este caso, no es estar en contra.

Hay muchas cosas que no sabemos, porque se trata de una frasecita. Por la experiencia y la peripecia histórica que ha tenido el país en un tema que es casi estratégico y por el juego de intereses que anda en ronda, en definitiva, esta inversión del sistema vial, por más que nos presten plata, la va a terminar pagando el pueblo uruguayo. En todo caso, será deuda externa. ¿Y los que vengan luego de nosotros? Si el Estado se endeuda, sinceramente, no se debe tomar como que hay gato encerrado o que determinado partido se va a llevar esto o lo otro. Desgraciadamente, las cosas no son tan sencillas; sería un boleto que así lo fueran.

Sucintamente, esta es la razón de nuestra decisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 21. Afirmativa.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Me vi tentado de hacer uso de la palabra, pero no quisiera alargar el debate, que creo fue muy fructífero.

Esto fue como un "revival". Cuando fui electo representante en 1985, asistí al debate del ferrocarril y, de casualidad, en el cuarto intermedio tan lamentable -por lo previo- que tuvimos, recordaba que de 1985 a 1990 escuché el discurso sobre AFE -no me refiero al de hoy- en el Parlamento seis veces. Lo digo con toda franqueza. Dentro de mis pocos conocimientos sobre el tema, me quedó claro que, paralelamente con la supresión del transporte de pasajeros por ferrocarril, se fundía ONDA. Nos enteramos de que existía algo llamado ANETRA -el señor Senador Carminatti me corregirá- que, en aquel momento, nucleaba a cincuenta y dos empresas de transporte privado. El transporte de pasajeros por ferrocarril se suprimió, ONDA se fundió y el Uruguay no se acabó. También me acuerdo -pasaron muchos años de esto- de que, en aquel entonces -creo que hoy hay muchas más empresas privadas y mejores carreteras- el transporte de pasajeros por ferrocarril constituía el 4.5%. Hoy escuché algo muy interesante. Todos estamos de acuerdo en que el tema es sacar la madera que, bendita sea, es riqueza nacional, obra del primer Gobierno del doctor Julio María Sanguinetti.

Si hay planes de este Gobierno para reflotar el ferrocarril, bienvenidos sean, porque de lo contrario cabría preguntarse cómo sacamos la madera. A su vez, también nos parece bueno que haya competencia privada, porque de esa forma van a ser más eficientes los dos. El problema radicaría en que a los privados se les permitiría, tal vez, explotar el transporte de pasajeros que hace 15 años representaba el 4.5%. Creo que los privados son muy inteligentes y quisiera ver quién agarra ese clavo. Parece que el obstáculo es que los privados van a competir con el Estado y van a tener el beneficio de transportar lo que en aquella época representaba el 4.5% y que hoy tal vez pueda llegar al 1%. Quizás, mi madre con 93 años lo utilice, porque hay costumbres que no se pierden, pero la moda no pasa por ahí en el Uruguay ni en el mundo.

En definitiva, creo que hemos llegado a grandes coincidencias. Es bueno que el gobierno tenga planes y estamos todos contentos. Personalmente, me parece notable que también puedan participar los privados y si alguno tiene el coraje de agarrar el clavo de transportar el 1% de la población, lo felicito.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Pienso que con la decisión que se adopta en el día de hoy al aprobarse este artículo -y seguramente se aprobará conjuntamente con todas las disposiciones de este proyecto de ley- se le da el puntillazo final al modelo estatal de transporte ferroviario. Creo que es lo que se persigue y a mi juicio es absolutamente negativo. El sector privado no va a explotar el transporte de pasajeros ni va a participar en el de cargas si no lo puede explotar con rentabilidad. Eso lo hará utilizando el capital invertido por el país en vías, en infraestructura y demás; de lo contrario, no hará nada. Como se ha dicho aquí tantas veces esta noche, el capital privado no está para perder dinero. En todos los países del mundo, incluso en los más desarrollados, el transporte ferroviario es deficitario como empresa que da rentabilidad en función de la inversión, pero no en lo que tiene que ver con el mantenimiento del medio ambiente, ni de garantizar que otras modalidades de transporte puedan operar concertadamente, que es algo sobre lo que no he escuchado fundamentar aquí. En este país no existe un plan de transporte, y desde que se recuperó la democracia estamos hablando del transporte, la concertación y demás, pero no hay nada concreto. En realidad, hay medidas que se dan de coces -para emplear la palabra castiza- porque, por ejemplo, estamos en una situación en la cual los combustibles suben y los camioneros están programando un paro para dentro de 10 días, ya que no obtienen rentabilidad, no pueden mover la flota y no pueden pagar el impuesto que se debe abonar para pasar el peaje. Mientras tanto, el ferrocarril no funciona. Para que lo haga, es necesario invertir U$S 150:000.000, por lo menos, para sacar el grueso de esa carga de madera que vamos a tener durante 10, 15 ó 20 años. Caos más grande que éste, no hay; no hay forma de asistir a una medida tan desconectada. El Uruguay parece un país desintegrado, ya que por un lado tenemos las carreteras en las condiciones actuales -no hay ninguna enteramente sana durante todo el año- y, por otro, no tenemos transporte ferroviario, porque hicimos la prueba de suprimirlo en 1985 puesto que era obsoleto y costaba U$S 18:000.000. Resulta que 10 años después vamos a invertir U$S 150:000.000 para mantener esto en las condiciones que describen los trabajadores.

En definitiva, creo que la medida es absolutamente errónea y que hay que ir recuperando la red ferroviaria lentamente y hacerla servir a los objetivos que hacen útil a este modo de transporte.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Creo que es bueno que el Estado tenga planes, pero no me parece conveniente que los mismos estén escondidos. También me parece bueno que el Estado invierta en infraestructura ferroviaria luego de 15 años, indicando un cambio de postura y una reflexión necesaria que nos da la razón a aquellos que en 1985 defendíamos la viabilidad de esta modalidad de transporte. Asimismo, considero que es bueno que se saque la producción por vía ferroviaria descongestionando las carreteras del país y también estimo oportuno que el Estado cobre un canon, pero no comparto que éste tenga una contrapartida que si no recompone el equilibrio económico de la empresa, seguramente desencadene otra serie de decisiones que hagan privatizar definitivamente toda la estructura ferroviaria.

SEÑOR CARMINATTI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARMINATTI.- Quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo que creo ha sido el mensaje constructivo del señor Senador Fernández Huidobro. El señor Senador ha hablado con una sabiduría que le quiero reconocer. Ha percibido algo que, como nuevo, yo también he notado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe que lo interrumpa, señor Senador, pero en los fundamentos de voto no puede haber alusiones políticas ni personales.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR CARMINATTI.- Comprendo que hemos tenido dificultades históricas con el tema del ferrocarril. No podemos desconocer que funciona en todos los países del mundo, tanto en los grandes como en los pequeños. Hoy lo veo en el MERCOSUR y en la región; no miro el ferrocarril de Montevideo a Fray Bentos, lo pienso como un elemento muy importante para el traslado de la madera integrado a la región y vinculado con los puertos. En resumen, lo considero un transporte muy importante para llegar a Bolivia y Paraguay. En mi primer gobierno municipal logramos que el ferrocarril corriera entre Fray Bentos y Asunción en un plazo de 72 horas, con algún buen resultado. Lamentablemente, lo usamos para transportar carga a granel y, entonces, la ecuación no resultaba favorable.

Estoy proponiendo algún tipo de innovación en este transporte multimodal. Bueno sería que algunos artículos de alto valor y de poco peso llegaran, por ejemplo, al Puerto de Fray Bentos y en forma regular fueran en ferrocarril al Paraguay e inclusive a Bolivia. Todos sabemos que desde el centro de Brasil hay una inmensa cantidad de producción que no tiene salida, y que si bien en parte seguramente se la dará la hidrovía, pienso que hay buenas posibilidades para el ferrocarril. Este también debe cumplir una función social como ocurre en todos los lugares del mundo. Aun cuando pueda dar pérdida, también debemos preguntarnos -y en esta materia ya escuché a algún señor Senador que sabe mucho más que yo- cuánto le cuesta al país el mantenimiento de una carretera, tanto por el alto costo que ello significa como por las brutales cargas que están soportando con el riesgo de vida que implica.

Me gustaría que lo que se ha dicho aquí hoy no fuera en vano y que todos recapacitemos y busquemos la forma de trabajar juntos en estos grandes temas del país.

SEÑOR PRESIDENTE.- Han quedado aprobados los primeros 35 artículos del proyecto de ley.

El Senado pasa a considerar la Sección 5a. "Servicios Públicos".

En consideración el artículo 36.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- En realidad, nos vamos a referir a toda la sección, que abarca desde el artículo 36 al 39.

En esta Sección se crea un sistema por el cual el costo del alumbrado público -el de la energía eléctrica- a partir de la promulgación de esta ley va a ser cobrado a los usuarios directamente por UTE. El resto de las operaciones, o sea, instalación, mantenimiento y nuevas luminarias -que implican todo lo concerniente a las inversiones necesarias para mantener el alumbrado público- en un caso, podrá estar a cargo de las Intendencias Municipales y, en otro, si existe una acción voluntaria de las Intendencias en el sentido de transferir también esa parte, estará a cargo de UTE.

En la discusión a nivel de Comisión, y luego de recibir al Congreso de Intendentes, se eliminó uno de los puntos más negativos que tenía este proyecto de ley, que era el pasaje compulsivo a UTE de todo el sistema de alumbrado público en aquellas situaciones en que las Intendencias fueran deudoras del Ente por más de seis meses. Ese artículo quedó eliminado, obviamente, en virtud de que, repito, tuvo una recepción negativa por parte del conjunto de los Intendentes del país y, en particular, por la delegación que recibimos en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. De alguna forma, ese era uno de los elementos más negativos, pero reconocemos que fue retirado, y hoy lo que estamos discutiendo es un articulado por el que se crea un nuevo sistema, tal como lo hemos referido al principio de esta exposición.

Ahora queda, entonces, el pasaje voluntario a UTE del sistema de alumbrado público y del mantenimiento en los casos en que las Intendencias den su conformidad; asimismo, en todos los casos, el cobro de una tarifa por parte de UTE directamente a los usuarios privados que están registrados, o sea, a los hogares; no a las personas, sino a los hogares de todo el país.

Entonces, eso va a ser cobrado por UTE en forma indivisible y conjuntamente en la misma factura en que se incluye la tarifa del alumbrado, esto es, en la generación de energía eléctrica que se consume en los domicilios.

En Comisión manifestamos que UTE no tenía la infraestructura adecuada ni la cantidad de personal suficiente especializado como para atender el sistema de alumbrado público de todas las villas, pueblos, poblados y ciudades del país. También señalamos que los organismos nacionales más adecuados que existen para mantener ese sistema son las propias Intendencias que, además, son las que tienen el contacto más directo con la población de cada uno de los departamentos. De alguna forma, son las que tienen una relación personal y dan la cara por ese sistema ante los usuarios del alumbrado público. Entonces, de pasar compulsivamente a UTE el sistema de alumbrado público, obviamente, por esta incapacidad y falta de personal que hoy vemos, el destino de este sistema hubiera sido, sin ninguna duda, la concesión y la privatización.

Desde nuestro punto de vista, UTE no tiene capacidad para aplicar este sistema con todas las Intendencias del país, pero tampoco la tiene para hacerlo en aquellos departamentos cuyas Intendencias decidan voluntariamente transferir el alumbrado público al Ente.

Sin embargo, el problema fundamental que tenemos aquí y por el cual está planteado este conjunto de artículos de este Capítulo, parece ser la realidad de que hay un grupo de Intendencias que son deudoras de UTE, por lo que existe un gran número de millones de dólares de deuda que obviamente el Ente les está reclamando. Este es uno de los principales problemas. De todas maneras, hemos escuchado atentamente a los delegados del Congreso de Intendentes y nos parece que les asiste razón en cuanto a que la problemática de las Intendencias por la que prácticamente en un porcentaje elevado están endeudadas con el Ente, tiene que ver con un tema de costos, de falta de financiamiento. Concretamente, es un problema de dinero y eso, de alguna forma, se hubiera arreglado en los tiempos correspondientes. En este momento, la deuda es tan voluminosa que es muy difícil de pagar, tal como le ocurre también a otros sectores productivos de este país. Hubiera sido posible solucionar este problema, si se hubieran atendido los reclamos de las Intendencias en cuanto a las tarifas, los precios y demás elementos de costo que inciden en el precio de la energía eléctrica para las Intendencias que brindaban el servicio de alumbrado público. En ese conjunto de costos mencionado, fundamentalmente se destacan dos. Uno de ellos es el IVA a la energía eléctrica que las Intendencias pagan -como cualquier hijo de vecino, como cualquier contribuyente- abonando la tasa máxima. Seguramente, esta situación podría haberse tenido en cuenta a través de una ley -y con sensibilidad política- que estableciera la rebaja a la tasa mínima del IVA a las Intendencias Municipales por concepto de energía eléctrica para el alumbrado público. Sin embargo, ese reclamo de los Intendentes nunca fue atendido por parte del Gobierno y nunca surgió la sensibilidad política de los sectores mayoritarios que, de alguna forma, podrían haber elaborado una ley que así lo estipulara.

Otro problema que también incide en el costo de las Intendencias cuando tienen que pagar la energía eléctrica que va al alumbrado público, es el precio en sí mismo; no el IVA por la tarifa adicional, sino el precio, que podría haber sido rebajado también en virtud de una decisión y de una sensibilidad política, en la medida en que se considerara a las Intendencias como grandes consumidores. Obviamente eso sería una gran ventaja por cuanto se rebajarían las tarifas públicas que se cobran a las Intendencias por la energía eléctrica que se utiliza en el alumbrado público. En la Comisión se dijo que se consideraba como grandes consumidores a aquellos que bajan la energía eléctrica, la transforman y después la distribuyen con otro voltaje. Sin embargo, eso no es así y conocemos ejemplos de grandes consumidores que simplemente utilizan la energía eléctrica que viene a 220 voltios, tal como la emplean las Intendencias. Por el contrario, nunca se las consideró como grandes consumidores cuando esa condición podría haber abaratado el costo de la energía y reducido el conjunto de gastos grandes que implica su uso en el alumbrado público, que es lo que las Intendencias deben a UTE.

Estas son fundamentalmente algunas consideraciones generales y tenemos una más de la que simplemente quiero dejar constancia. Se trata de que el Estado tiene un conjunto de formas de financiamiento de los gastos públicos. Tiene tributos -que de alguna manera dependen del poder de arbitrio del Estado- que se imponen a los contribuyentes y que se pueden clasificar en impuestos, tasas, contribuciones y contribuciones de mejoras; además, cuenta con tarifas o precios que no dependen del poder de arbitrio del Estado y que no son una imposición sino un cambio, un precio que se pide por un bien o un servicio pero que tiene que ser absolutamente determinado y que pueda ser transable en el mercado.

En ese sentido, queremos decir que esta solución que plantea el sistema que se desarrolla desde el artículo 36 hasta el 38, implica el cobro de una tarifa adicional por el alumbrado público. Reitero que esto lo quiero dejar como constancia aunque sea para que conste en la versión taquigráfica.

Además, señor Presidente, el alumbrado público no es un bien transable ni adecuado para ser cobrado a través de una tarifa porque no se trata de un bien que quede exactamente definido en cuanto a la capacidad de que el individuo que lo compra o lo demanda, pueda medir con exactitud cuánto consume y cuánto va a adquirir. Por lo tanto, el sistema propuesto para cobrar la tarifa no es adecuado desde el punto de vista de la forma de financiamiento. Sí lo es, por ejemplo, para la energía eléctrica que se consume en los domicilios, que se vende a las empresas o a los establecimientos rurales, porque hay medidores y es claro cuánto utiliza y qué voltaje están comprando. En el caso del alumbrado público no existe esa posibilidad de determinar exactamente cuánto del bien utiliza o compra el usuario.

Además de todo lo que hemos dicho, creemos -reitero que simplemente queremos dejar una constancia de esto- que el alumbrado público no es un bien transable y que no puede ser cobrado a través de tarifas por parte del Ente UTE. Obviamente, nosotros creemos que este sistema así diseñado, donde UTE cobra la energía eléctrica a los usuarios directamente en la misma factura en la que cobra la tarifa domiciliaria, como un adicional, implica que las Intendencias Municipales -si no manifiestan su voluntad contraria- pueden seguir prestando el servicio de alumbrado público en lo que tiene que ver con el mantenimiento, la instalación y la inversión para agrandar la red lumínica. Pero, en definitiva, existe otro conjunto de Intendencias Municipales en las que el Ente UTE, además de cobrar directamente la energía eléctrica al usuario, le va a brindar el servicio de alumbrado público. Eso no es conveniente porque aparte de todo lo que se ha explicado, señor Presidente, implica que va a haber, sin duda, un doble cobro por el mismo bien.

Si bien el artículo 39 -que también surgió de la Comisión; no venía originalmente- establece que las tasas de alumbrado público para mantener la razonable equivalencia a que refiere el Código Tributario no podrán incluir el costo de consumo eléctrico a que refiere el artículo anterior, en definitiva esa es una expresión de deseos y como son dos organismos distintos los que cobran por el mismo servicio, creemos que va a ser muy difícil determinar cuándo se cobra una cosa y cuándo se cobra otra, de modo que muchas veces se va a pagar en dos lados distintos por el mismo servicio. Esto lo va a encarecer y es probable que suceda lo mismo que con los impuestos indirectos, en que la gente no se da cuenta que está pagando en forma adicional. Por ejemplo, cuando se empezó a aplicar el IVA a la energía eléctrica, la gente, en su mayoría, no se dio cuenta de que adicionalmente estaba pagando un impuesto que antes no pagaba; esa es la característica fundamental de los impuestos indirectos o de las tarifas que vienen en una factura, ya que a menudo las personas no miran lo que se les cobra, pero si la gente compara el monto a pagar con el del mes anterior, ahí sí va a notar la diferencia. Sin embargo esta frecuentemente no es tangible cuando se está cobrando doble.

Nosotros vamos a votar negativamente los artículos 36, 37 y 38. En el caso de que se voten afirmativamente -como creemos que sucederá- en virtud de que no queremos perjudicar a los usuarios, votaríamos afirmativamente el artículo 39 porque, en definitiva, a pesar de que desde nuestro punto de vista es solamente declarativo, es un elemento que puede dar determinadas garantías a las empresas o a los contribuyentes de que por lo menos se le va a reducir la tasa que cobra la Intendencia y que esto va a tener la razonable equivalencia de que se habla en el Código Tributario.

Nosotros queremos presentar un artículo adicional al Capítulo -en este momento no lo tengo en mi poder- donde se establezca, simplemente, que la tarifa que UTE cobrará por el alumbrado público será incluida en la factura del contribuyente de aquí en más, se gravará con la tasa mínima del IVA y no con la tasa básica.

Esta es nuestra propuesta y nuestro argumento de por qué vamos a votar negativamente desde el artículo 36 al 38.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: comenzaré con una confesión. Los artículos que discutimos anteriormente eran de arte mayor, como la Novena Sinfonía. Sin embargo, este es de bailanta, tipo cumbia. Pienso que por más que sea grande el afán recaudador del Gobierno para paliar el brutal déficit fiscal del año pasado, no se pudo haber llegado a lo que se llegó en este artículo 36.

Como segunda confesión, señalo -aclaro que voy a votar en contra de esta disposición, al igual que ha manifestado mi compañero de Bancada, el señor Senador Núñez- que lo principal de mi discrepancia radica en los tres incisos -que a mi juicio no tienen desperdicio- del artículo 36. Allí se expresa que el consumo de energía eléctrica correspondiente al servicio público de alumbrado, en todos los casos, será cobrado directamente por la Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas -UTE- a sus clientes domiciliarios.

El otro inciso señala que la tarifa de tal consumo distinguirá dos o más franjas que reconozcan la diferencia de prestaciones, será propuesta por la Dirección Nacional de Trasmisiones Eléctricas -UTE- y aprobada por el Poder Ejecutivo, se facturará y cobrará periódicamente, juntamente con la factura de suministro eléctrico integrando un único pago indivisible.

Hay un tercer inciso que dice que no corresponde pago alguno en las zonas que carezcan del servicio.

Me voy a referir a los dos primeros incisos, porque el tercero merecería como único comentario un entre paréntesis que diga, luego de la expresión "no corresponde pago alguno en las zonas que carezcan de servicio", "¡faltaba más!" o "¡bueno sería!". Los otros dos incisos sí merecen consideraciones que, reitero, son medio como de arte menor, pero a las que uno está obligado por la naturaleza del texto.

En esta ley acerca de la que se ha declarado que el Partido Nacional impuso tras duro forcejeo con los colorados el capítulo descentralizador como uno de los tres principales para los blancos, a pocos milímetros de distancia en el texto se descerraja un hachazo centralizador como hay pocos. El cobro de las deudas municipales por alumbrado público, así como los gastos futuros, quedará dirigido desde el Palacio de la Luz en el Arroyo Seco y será, como se dice popularmente, "a cara de perro". UTE ahora saldrá de barriada en un gigantesco puerta a puerta parecido a los del Frente Amplio por todo el país munida de este texto legal que, a los efectos recaudatorios, equivale a una feroz cimitarra sarracena: "O me pagás o te corto; la plata o te oscurezco". Y la cosa viene de mandoble, porque a cada vecina que tenga cable en la casa le cobrarán de ese modo dos extravagancias o, por lo menos, dos vaguedades que, sin embargo, deberá pagar al contado rabioso. En realidad, se trata de una tripleta. Por un lado, le cobrarán el alumbrado público, la luz pública, la luminosidad del barrio durante las noches. Ni siquiera el farolito de la esquina con su columna y su lámpara sino algo más tanguero todavía: a la piba coqueta le cobrarán la quieta luz del farol, el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando su retorno; en el sur, hasta la luz del almacén, la luz del farol balanceando en la barrera... Porque si esta ley es aprobada, ¿cuál es la cosa, señor Presidente, que la vecina y el vecino comprarán compulsivamente? ¿La energía eléctrica necesaria para iluminar? No. Ella será apenas un componente del costo de la cosa, difícilmente medible y que hoy mismo nadie sabe cuánto es, según se ha dicho en la Comisión. ¿El costo de los cables, las lamparitas, las columnas? Tampoco, porque eso se lo cobrarán aparte, señor Presidente. Se pasará a cobrar casa por casa el lumen del medio ambiente nocturno, los fotones, la luz, esa cosa que se desplaza a 300.000 quilómetros por segundo, ese absoluto del que se sabe aparte de su velocidad muy poco, la luminosidad, el rango de ancho que en la banda electromagnética viene por encima del infrarrojo y se queda por abajo del ultravioleta, que se conoce vulgarmente con el nombre de luz y que de entre los seres vivos sólo muy pocos animales necesitan para poder ver, de tan ciegos que son. Una de las fuentes que ha sembrado mayor perplejidad y cantidad de paradojas en el esotérico mundo de la física, donde por un lado varias tribus de sabios demuestran que se trata de un corpúsculo capaz de pasar como paquete energético o quantum por dos lados al mismo tiempo -no me vayan a preguntar a mí y ahora por qué- mientras que por el otro, otra tribu igual de numerosa demuestra que es apenas una vibración ondulante que en todo se comporta como la música, esa cosa invisible que se esconde entre la madera y la bordona, más allá del aire y del tímpano.

Señor Presidente: como usted puede ver, o mejor dicho oír, le va a resultar muy difícil a un Juez definir mañana en un pleito qué cosa es la que este Senado le manda cobrar a UTE y pagar a los vecinos. No quisiera tampoco estar en el pellejo de quien le tenga que poner precio a esa cosa, salvo que eche mano a la vieja y conocida, lisa y llana, arbitrariedad. Lo estamos obligando a ello si votamos esta ley. Porque si en casa me dan agua por un caño, el contador me dirá cuánta pasó por él y, además, tendré la canilla para abrir o cerrar. Si en casa me dan fluido eléctrico el contador me dirá cuánto me entra pasando por el alma de los cables y yo tendré conmutadores para abrir o cerrar su paso. Seré responsable y dueño de lo que gasto y entonces parece justo que vengan a mi puerta a cobrarme eso: lo que gasté yo. Pero la luz del barrio, el alumbrado público, ¿cómo lo discuto? ¿quién dirime? Nada queda claro. Esta ley es oscura. Sólo contiene una cosa iluminada: si no pago en la puerta de mi casa eso que me van a cobrar, entonces sin juicio y sin embargo de ningún tipo, por vía administrativa, me cortan el cable y me dejan sin calefón. Si no pago la luminosidad ambiental me dejan sin heladera. Si no pago, me dejan con candil de cebo en casa pero con luminarias afuera. ¿Quién pagará, por ejemplo, las luces de las autopistas del acceso a Montevideo? ¿Las vecinas del barrio El Tobogán? ¿Y las luces de la Ruta 5? ¿Las vecinas de El Dorado? ¿Y las de Giannattasio? ¿Los vecinos de Shangrilá? ¿Y las luces de los alrededores del Aeropuerto? ¿Los vecinos de Colonia Nicolich? ¿Y las de la rambla? ¿Las de 18? ¿Las de los puentes carreteros del medio del interior rural?

En tercer lugar, señor Presidente -porque esto es una tripleta- a cada vecino, puerta por puerta, se le intentará cobrar intereses, moras y recargos. Usura que antes iba de UTE a la Intendencia y ahora irá de UTE a cada hijo de vecino; en realidad siempre fue a parar al mismo lado. Se habla mucho de bajar el "costo país". La usura contra particulares desde las empresas financieras privadas en blanco o en negro es brutal. La usura contra privados desde entidades estatales resulta escandalosa. Pero la usura entre entidades estatales es propia de Macondo. Es delirante. Realismo fantástico, latinoamericano y tropical. Con todo el cariño y respeto que les tengo -soy hijo de padre y madre- es un pésimo cuento de gallegos. Como si Manolo en la caja le cobrara intereses a Manolo como mozo y Manolo como mozo se los cobrara a Manolo cuando lava el piso y los intereses, multas y recargos fueran y vinieran entre los tres Manolos que son un Manolo en su casa, después sacando cuentas acerca de todo lo que se debe a sí mismo y no se podrá cobrar y de todo lo rico que podría ser cuando se cobre a sí mismo. Es más, señor Presidente: si el imaginado empresario coloca en su cuenta de "Varios Deudores" esas carteras pesadas deberá, si es lógico en su delirio -como todo loco- abrir una cuenta llamada "Previsión de Riesgos" en la que irá acreditando día tras día el sobreprecio que sus clientes deberán pagar por cada vaso de vino y descubrirá que su boliche no compite con el de enfrente. En el caso de entidades estatales, la cosa es peor porque los clientes están cautivos y no tendrán más remedio que pagar, tarde o temprano, el arbitrario sobreprecio del delirio que no lo es porque, señor Presidente, la cosa no es cuento bueno ni malo, estamos ante un craso impuesto a la población. Si se aprueba esta ley como viene desde la mayoría, será el impuesto recaudado con la mayor vehemencia -se adivina tras el ropaje la cimitarra- porque no existe servicio que se deba pagar tan a prepo ni impuesto que si no pagamos nos deja con farol a querosén sin más trámite, sin Juez ni abogado, a candil de trapo y ¡adiós!

Señor Presidente: este capítulo de la ley es rancio y está colorado. Viene como desde el Gobierno de la Defensa con su centralismo porteño salvajemente unitario radicado ahora en el Arroyo Seco. Contradice flagrantemente los afanes descentralizantes de santo tono Federal que acampan hoy en otros artículo de la misma ley, pero también -eso debemos suponer- en trece Intendencias blancas y en la que lleva por bandera la de quien fundara el Partido Federal Rioplatense.

Apelo por tanto a quienes hoy se sientan a mi izquierda, a los que por antigüedad en la materia cedo generosamente la izquierda pidiéndoles que no permitan esto, que no lo voten.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- En realidad, cuando hicimos la fundamentación general de esta ley tomamos este tema y ahora queremos desarrollarlo un poco más, porque nos parece que es muy importante, que hace a la vida de los ciudadanos y de alguna manera desmiente algo que se ha sostenido públicamente en el sentido que esta ley es buena por lo que no tiene, queriendo significar con eso que no tiene impuestos. Nosotros, por vía de razonamiento lógico y por las situaciones que se plantearon en la Comisión de Constitución y Legislación demostramos que en realidad esta ley contiene un ajuste, que no será fiscal, pero que va a pesar en los bolsillos de todos los uruguayos, sin excepción en todo el territorio nacional.

En realidad, este articulado emerge de una deuda, de un déficit, de un saldo acreedor que la UTE tiene con las Intendencias del país y, como mecanismo para subsanar esto, se establece esta metodología de cobro transfiriéndose ese déficit al pago de los usuarios domiciliarios de energía eléctrica que van a pagar por el consumo público de la misma. Entonces, partiendo de esa situación, estos artículos proyectados intentan amortizar -este es el único objetivo que tiene esta propuesta- la deuda de las Intendencias con la UTE. ¿Es poca o mucha la deuda? Esto es lo que cabría preguntarse. Nadie sabe a ciencia cierta el monto exacto de la deuda. En la Comisión de Constitución y Legislación el Intendente de Río Negro, el señor Rodríguez, aproximó una cifra de U$S 75:000.000 sin intereses por mora, y que luego fue corregida en un breve intercambio que hubo entre los Intendentes y fue disminuida en U$S 50:000.000. Es decir que estamos hablando de una cifra muy importante que deben esas Intendencias a la UTE y que es lo que se pretende subsanar con esta propuesta.

El consumo anual de energía eléctrica estimado por el Presidente del Ente es de U$S 30:000.000. Eso es lo que va a tener que pagar cada usuario en su domicilio a partir de la promulgación de esta ley. Repito que los uruguayos van a pagar U$S 30:000.000 al año. Dejemos de un lado la deuda, supuestamente no está contemplada la amortización, pero el consumo anual va a ser de U$S 30:000.000. La estimación para el departamento de Montevideo por usuario de energía eléctrica es de $40 más IVA. Eso es lo que va a pagar mensualmente cada usuario del departamento de Montevideo. Esto surge de un mecanismo que viene implementado en el proyecto de ley que es el de la doble facturación que, en realidad, mejora algo de lo que venía planteado originariamente del Poder Ejecutivo pero de igual manera, mantiene la amortización de esa deuda por parte de los usuarios.

Esta doble tarifa, según mi punto de vista, es un mecanismo bastante diabólico. Casi ningún departamento -y digo casi porque no quiero herir susceptibilidades- conoce exactamente cuánto cobra por tasa de alumbrado. Es más, Intendentes o ex Intendentes de departamentos del interior admitieron en la Comisión de Constitución y Legislación que la tasa de alumbrado quedaba incorporada a un sistema de recaudación de las Intendencias y que no estaba discriminado. ¿Por qué digo que no estaba discriminado, como no lo está en la inmensa mayoría del país? Porque la propuesta que hace el Poder Ejecutivo es que cuando el servicio pase a regularse por esta ley se deberá abatir la tasa de alumbrado en una razonable equivalencia de lo que va a cobrar UTE. Por eso hablé de un mecanismo diabólico, porque si no se sabe cuánto se podrá cobrar por tasa de alumbrado, mal se podrá disminuir lo que se está cobrando por ese concepto. Asimismo, mal se podrá cobrar por lo que se consume de energía eléctrica porque en realidad la UTE no tiene mecanismos de medición adecuados y con una distribución universal como para poder medirlos. Se van a medir por luminarias colocadas y por mecanismos indirectos pero no por el real consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, este es un mecanismo diabólico que va a terminar en lo que con el señor Senador Michelini coincidíamos, que se dio en llamar en el seno de la Comisión, el mecanismo de la doble facturación.

SEÑOR CARMINATTI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CID.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR CARMINATTI.- Puedo asegurar que técnicamente se puede medir el consumo y las líneas se pueden medir de tal punto a tal otro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- No tengo la menor duda de que se pueden medir. El asunto es que uno de los problemas que van surgiendo de la no implementación de esa medida de la violación del Decreto-Ley que regula este acuerdo entre la UTE y las Intendencias, es del año 1989. Lo cierto es que desde ese año en el que se emitió el Decreto 642/88 se estableció que la UTE colocaría medidores, pero no lo hizo en todos los lugares. Tanto es así que, por ejemplo, el cobro por kilowat que hace UTE a las Intendencias, es el más alto que se efectúa.

Voy a recurrir a unas cifras que tengo en mi poder donde queda claro que la propia UTE, como no puede medir exactamente cuánto va a cobrar de energía, le cobra a las Intendencias que tienen medidor 1,258 por kilowat y si no lo tienen -la propia UTE está aceptando que hay grandes áreas donde no puede medir el consumo de energía eléctrica- les cobra 1001,541 por kilowat. A pesar de que el 75% del consumo de las Intendencias se realiza en los horarios valle y solamente un 25% de consumo real en los horarios pico. A pesar de ello, les está cobrando el doble que lo que les cobra a los supermercados.

¿Por qué decimos que este es un mecanismo diabólico? Porque las Intendencias no pueden disminuir en ese loable cometido de la razonable equivalencia, un solo peso de lo que están cobrándole por concepto de Contribución Inmobiliaria y tasa de alumbrado incluida.

Repasemos la situación de las Intendencias en datos objetivos. No me voy a referir, por ejemplo, a que la Intendencia de Rocha no puede pagar los sueldos a sus funcionarios, que a la de Rivera le sucede otro tanto, que tiene deuda con los organismos previsionales, etcétera. Vamos a ir a las cifras de lo que se ha reconocido como deuda convenida a pagar, es decir, las deudas que las Intendencias reconocen que mantienen con UTE. Por ejemplo, la Intendencia de Artigas debe U$S 380.000 que va a pagar en 46 cuotas; la Intendencia de Florida debe U$S 814.880 que va a pagar en 55 cuotas; la Intendencia de Rivera debe U$S 1:093.959 que va a pagar en 60 cuotas y la de Durazno que debe U$S 1:216.430 que va a pagar en 60 cuotas.

Estas son las deudas que han venido acumulando las Intendencias, porque tienen un balance en rojo. Justamente, por este motivo no pueden disminuir la tasa de alumbrado. Por eso hablo de un mecanismo diabólico: porque no le van a disminuir, en ese intento de razonable equivalencia, el costo de la tasa, pero le van a cobrar por otra vía, además, el costo de la energía eléctrica.

SEÑOR MALAQUINA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CID.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MALAQUINA.- Consulto al señor Senador Cid si tiene datos de la deuda de la Intendencia Municipal de Montevideo, como los tiene de las otras Intendencias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Por supuesto; tenemos los datos de la Intendencia Municipal de Montevideo, pero aquí se plantea un elemento de dificultad adicional para demostrar que la razonable equivalencia es imposible de implementar. Hace más de un año que dicha Intendencia está intentando suscribir un convenio con UTE y no lo puede hacer, porque no llegan a un acuerdo. Este organismo no acepta que las obras que ha hecho la Intendencia tienen que estar a su costo. Entonces, como no se sabe cuál es la deuda, es imposible aplicar el criterio de la razonable equivalencia que el Poder Ejecutivo intenta implementar en este proyecto de ley.

Por otro lado, aquí se agrega otro elemento que va a pesar en este doble pago o pago por dos vías. UTE no tiene, porque la ha desmantelado -y aquí hay Senadores que lo pueden justificar- un área de mantenimiento del alumbrado público. Quedan muy pocos funcionarios en esta área, escasísimos en Montevideo y casi ninguno en el interior. Esto se debe a que el servicio de redes está absolutamente privatizado y si este mecanismo se implementa, para hacer el mantenimiento en aquellas redes que las Intendencias deficitarias convengan que va a mantener UTE, el Ente va a tener que privatizar el servicio. A este agregamos un tercer elemento que va a gravar las economías de los usuarios y tal vez esto, que se estima como consumo solamente, se tenga que multiplicar por algún factor adicional, porque la privatización del mantenimiento de las redes va a llevar a un encarecimiento de la prestación del servicio, lo cual se va a transferir al usuario. En efecto, el objetivo de esta disposición es lograr que UTE no tenga deudas a cobrar, es decir, que nadie le deba nada. Entonces, va a transferir los costos de mantenimiento a las Intendencias y a los consumidores finales.

A la vez, tal como decía el señor Senador Fernández Huidobro, se agrega un cuarto elemento. ¿Cómo se va a facturar a un usuario modesto que vive sobre una gran vía de tránsito iluminada? Se le va a cobrar la ava parte de la franja en la que vive, de esa franja de iluminación más potente. Por lo tanto, ese usuario va a pagar más que uno de un barrio más periférico, donde la iluminación es menor. Pero sabemos que a través de este mecanismo se va a estar generando una injusticia tributaria.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CID.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- El señor Senador Cid dice que las rutas las van a pagar los vecinos, pero esto no es así; las va a pagar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero además, cuando se habla de las deudas de las Intendencias, me surge una preocupación, señor Presidente. Creo que los artículos acordados buscan elementos como para poder generar un buen sistema, pero me parece que es injusto para las Intendencias buenas pagadoras frente a aquellas que son malas pagadoras. El señor Senador Larrañaga me acota que hay un texto sustitutivo, pero el señor Presidente quizás me pueda ayudar a trasladar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la inquietud de que se contemple de manera especial a las Intendencias buenas pagadoras. Me parece que esta sería una medida de notoria justicia. Por lo tanto, sugeriría que la versión taquigráfica de esta discusión pase a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto -no sé si hay que votarlo; no quiero complicar la discusión- para que se contemple a aquellas Intendencias que hicieron realmente un esfuerzo para pagar puntualmente. Sé que la Intendencia de San José no tiene deudas y la de Salto también está en una buena posición; no quiero hablar sectorialmente ni por partidos. Pero, justamente sobre la que no se tienen datos es la Intendencia Municipal de Montevideo.

En definitiva, señor Presidente, le solicitaría si me puede ayudar, en el correr de la noche, a que la versión taquigráfica de estas palabras pueda llegar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para que se conozca esta aspiración que debe ser unánime y estar por encima de los Partidos.

Por último, quiero decir al señor Senador Cid que este no es un mecanismo diabólico por el cual vamos a castigar al consumidor. La idea es que UTE perciba lo que hasta ahora no ha podido cobrar. En realidad, en este momento esta cifra está siendo pagada por los consumidores, pero UTE no se la cobra a la Intendencia. Es decir que los vecinos están pagando por ese concepto y las Intendencias se quedan con ese dinero. Esto sí me parece injusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Quiero decir que me alegra la intervención del señor Senador Heber, porque es de justicia reconocer que hay Intendencias que están al día. Sin embargo, también es cierto que hay otras que están absolutamente atrasadas y el hecho de que en el caso de la Intendencia Municipal de Montevideo no se conozca la deuda, obedece a que no se ha llegado a la razonable equivalencia, que es lo que está defendiendo el señor Senador Heber. Es decir que no se ha llegado a discriminar quién le debe a quién. Tal vez UTE le deba a la Intendencia; ¿quién lo sabe? Además, me alegro, porque el señor Senador Heber hace una afirmación que personalmente no realicé, señalando que sólo van a quedar exceptuadas las luces de las carreteras. Esto me parece fantástico, porque los consumidores tendrán que pagar muchísimo menos por este criterio de doble facturación. Creo que esto es un abuso para con el usuario, es una mala disposición y, por esta vía, vamos a introducir un impuesto a los uruguayos en su conjunto de U$S 30:000.000 al año, que se van a agregar a los otros impuestos que se han instrumentado por la vía de este ajuste salarial del 1,5% del mes de enero, por lo cual van a disminuir sus ingresos en aproximadamente U$S 150:000.000.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: vamos a tratar de razonar este tema en forma bien abierta. Cabe recordar que fue analizado en el seno de la Comisión y lo que se aprobó no es lo que vino del Poder Ejecutivo. Creo que se hizo un esfuerzo interesante y es de las cosas en las que, acuerdos políticos mediante -que respeto- no nos permite trabajar con este tema aún más como para estar todos de acuerdo. Como dije, considero que se hizo un esfuerzo, pero para mí no alcanza, y voy a explicar por qué.

Primero se sacó eso de que la UTE se iba a encargar de dar el servicio en forma compulsiva -por lo que ahora sólo lo es el consumo- con lo que no estoy de acuerdo y voy a exponer mis razones. Me parece que se trata de un esfuerzo de parte de la Comisión, en el sentido de que a las Intendencias Municipales que vienen desarrollando el servicio correctamente y pagando como corresponde, no se les quite.

En segundo lugar -y aclaro que voy a hablar de todo el Capítulo, para hacer uso de la palabra una vez- quiero expresar que no estoy de acuerdo con que, cuando pasa todo el servicio a UTE, ello sea irrevocable. Digo esto, porque puede ocurrir que un mal administrador deja de pagar el servicio pocos meses antes de la elección; entonces, la ciudadanía vota a otro administrador -con lo que estaría corrigiendo- pero cuando se quiere acordar dicho servicio, pese a que el nuevo administrador haya dicho que iba a hacer tal o cual cosa, pasa a UTE y con ello se le quita una potestad. Por esa razón, pienso que no debería ser irrevocable. Con esto quiero indicar que si trabajáramos mejor el tema, también sería mejor el resultado final.

Estamos de acuerdo con que UTE es un buen cobrador; es decir que ahí tenemos un buen cajero para cobrar. Si eso se utilizara bien, creo que se estaría yendo en una buena dirección. A este respecto, pienso que han primado dos cosas. Debe tenerse presente que con UTE se tiene una deuda, pero no quiero que a una empresa pública le deban privados ni públicos. No quiero que las Intendencias Municipales deban a la UTE, porque alguien puede venir a decir que como se trata de una empresa pública no cobra y es ineficiente. Por esa razón, quiero que le paguen lo que le adeudan. UTE paga la energía a la Argentina, a la represa o lo hace a través del combustible. Por lo tanto, si quiero defender a UTE, a lo que aspiro es a que se le pague.

Hagamos abstracción por un momento del tema de la Intendencia Municipal de Montevideo, donde se habla de servicios de un lado y de otro, pero no se extrae un saldo final, aunque este es favorable a UTE.

Las Intendencias Municipales del interior han tenido problemas. Entonces, cuando se presenta este artículo -independientemente de que figure en el proyecto de ley de urgencia- se dice que existe el problema de que UTE no cobra, pero algunas de las Comunas lo cobran y luego no lo vuelcan a ese organismo. Por ello se trabaja sobre los artículos que vienen y muchas veces son modificados en la buena dirección, pero en este caso quedan algunos temas sin resolver. Lo primero es que no apoyamos que esos acuerdos sean irrevocables; y lo segundo refiere a la doble tarifa, concepto que voy a explicar y espero que nadie se ofenda.

El señor Senador Atchugarry -que en este momento no se encuentra presente en Sala pero, si me está escuchando por los parlantes, me gustaría que si estoy equivocado me lo dijera, porque no quiero en el día de mañana, en un programa o en una tribuna, señalar algo que no es cierto- ha dicho que UTE ya cobra por ese concepto, pero lo pagamos los usuarios, los consumidores. El Organismo no quebró; si ello sucediera porque estuviera en rojo total, es porque está esperando que las Intendencias Municipales le paguen, pero si éstas no lo hacen, la UTE tampoco puede responder a sus proveedores, entre ellos los de Argentina. Dado que el Ente no quebró, quiere decir que UTE está cobrando al usuario. Estoy de acuerdo con el señor Senador Atchugarry en el sentido de que los consumidores estamos pagando por ese concepto. El problema radica en el hecho de que -con respecto a los $ 40 que ahora se va a cobrar a los usuarios en la tarifa- no va a quedar claramente indicado que se trata de la luz consumida menos $ 40 que se cobraban en la tarifa, sino que esa cantidad se va a cobrar por fuera de ella. Si ya estamos pagándolo, no lo hagamos nuevamente.

Quiero que se me siga el razonamiento, porque lo que estoy indicando ha sido parte de la argumentación del señor Senador Atchugarry al decir que, como UTE no quebró, ya estamos pagando por ese concepto. El Organismo está dando ganancia; quiere decir que toda la electricidad que le ingresa de Argentina, de Salto Grande, la paga a quien se la provee. Cuando es de ella, paga los costos correspondientes, por ejemplo, cuando prende una de sus máquinas y tiene que hacer frente al gasto de combustible. Por lo tanto, UTE no es deudora de la electricidad que le proveen. Además de los impuestos que le fijan, sale a cobrar al usuario. Como no está en rojo -pues, como dijo el señor Senador Atchugarry, no quebró- toda la electricidad que provee la cobra, como sucede con el boleto en Montevideo; es decir, se tiene en cuenta a los usuarios y se divide por el costo del transporte y de esa manera se determina su valor.

¿Qué hace UTE? Considera que le ingresa tanta cantidad de electricidad por un lado y que le sale tanto por otro; las Intendencias Municipales no están pagando, y entonces se traspasa el costo al usuario. El señor Senador Atchugarry no me va a dejar mentir, porque ese es el razonamiento que él hizo en su momento y que ahora vuelvo a señalar: me refiero a que UTE no quebró y, por tanto, nos está cobrando a todos la electricidad. El tema es que no va a haber una rebaja como para, a renglón seguido, cobrárnoslo y que ello sea transparente, sino que nos van a cobrar el adicional.

SEÑOR MALAQUINA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Malaquina.

SEÑOR MALAQUINA.- Señor Presidente: quiero recordar que, en este momento, los vecinos están pagando doble: por un lado, lo hacen a través de las tasas correspondientes a las Intendencias Municipales pero, por otro, estas no vierten el dinero a la UTE, por lo que el Ente aumenta la tarifa para equilibrar sus finanzas. Precisamente, eso es lo que queremos evitar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR VIRGILI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Virgili.

SEÑOR VIRGILI.- Señor Presidente: parecería que existiera desconfianza respecto a todo. Seguramente, los Intendentes Municipales no serán tan zonzos -porque va a procurar que no perjudiquen a su gente- ni quien trate de llevar a cabo el acuerdo. ¿O acaso ustedes creen que los jerarcas comunales van a pagar a la UTE lo que ésta diga porque sí? Primero va a intervenir el Poder Ejecutivo. Por esa razón no podemos pensar siempre que todo es malo; también hay cosas buenas, que sirven. ¿Por qué actuar con tanta desconfianza? Hay que ser un poco razonables.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- El tema es así. Estoy de acuerdo con el señor Senador Malaquina en que ya se está pagando dos veces, porque parte lo pagamos los usuarios a través de UTE y parte mediante el cobro que del alumbrado público hacen las Intendencias. Lo que digo es que nadie nos va a rebajar la tarifa, nos van a agregar los $30 o $40, y si bien algunos Intendentes noblemente van a defender a los ciudadanos, no todos lo podrán hacer, porque algunas Intendencias están en rojo y no sólo tienen este problema, sino también el relativo a los aportes patronales. En conclusión, mantendrán la tasa al mismo nivel.

Creo que quienes han traído este problema tienen razón porque hay un problema con UTE y otro con las Intendencias. A propósito de ello, se trajo una serie de artículos que iban en mala dirección y si bien esto de ahora se enfoca mejor, la fotografía todavía no es tan nítida: falta trabajo. Es más, señor Presidente, creo que en la búsqueda obsesiva de defender al usuario y al contribuyente, acá se podrían desarrollar asociaciones de vecinos que, en convenios con las Intendencias y con UTE, pudieran poner más picos. Me consta que esto se hace, pero no existe un instrumento jurídico que permita que las instalaciones que se colocan las puedan mantener incluso los vecinos, que se les tome el consumo y que éste venga directamente a ellos, por propia voluntad, a través del cobro de UTE. ¿Qué es lo que tienen hoy los vecinos, señor Presidente? Lo que tienen es una situación en la cual a veces se ponen los picos y UTE no se los conecta porque la Intendencia tiene una deuda con ese Organismo. En cambio, si el cobro fuera directo, se solucionaría el problema.

En consecuencia, no voy a votar este artículo, no porque esté mal, sino porque le falta trabajo y si lo hubiéramos estudiado más, quizás lo estaríamos votando por unanimidad. Reitero que le falta trabajo y es parte del producto de la ley de urgencia en donde se incluyen una cantidad de temas; se trabaja en los que se puede y se han hecho acuerdos políticos que, por supuesto, respeto. Este tema no tiene la misma dimensión que el del Puerto y se puede considerar "menor". Al mismo tiempo, se trata de evitarle problemas a las Intendencias y a UTE, defendiendo a esta última para que no tenga deudas.

De todos modos, creo que el olvidado ha sido el usuario y quiero dar testimonio de esto y seguir insistiendo día tras día. Quizás en alguna de las Comisiones del Senado -si estos artículos se terminan votando así- se pueda buscar algunos modificativos que permitan un acuerdo en la buena dirección.

A mi entender, la ley de urgencia tenía la virtud de que no le pedía recursos a los ciudadanos, pero acá va a haber U$S 15:000.000 o U$S 20:000.000 que en el presupuesto de UTE que asciende a U$S 700:000.000 o U$S 800:000.000, no es nada, como tampoco lo es en un presupuesto nacional que asciende a U$S 4.600:000.000 o U$S 5.000:000.000. Sin embargo, para cada ciudadano, cada peso es importante.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: creo que se han hecho esfuerzos, como se ha reconocido en este Plenario, con respecto a esta sección de los servicios públicos y, además, es una realidad que en Comisión quedó plenamente reflejada. Esta iniciativa venía desde el Poder Ejecutivo con el traslado a UTE de la prestación de los servicios y se hacía de manera compulsiva por situación de deudas que las Comunas pudieran tener.

Por otra parte, quiero señalar que realmente fue muy agradable la alocución del señor Senador Fernández Huidobro porque fue una antología poética extraordinaria. El moderno, novísimo Leviatán de Hobbes se lanza presto sobre la población para tratar de esquilmarla más imponiéndole nuevas tarifas, impuestos, o lo que sea.

La solución que se ha encontrado fue desdoblar estos aspectos. Por un lado, que UTE cobre los consumos, según las franjas que establece el artículo 36 con respecto a la perspectiva de cobrar en función del alumbrado que exista en los distintos barrios de cada una de las ciudades, pueblos o villas. Por otro lado, la tasa que hasta este momento venía recogiendo el cobro del alumbrado público, recaudada por las Intendencias Municipales, solamente se mantendrá a los efectos de la reposición de los nuevos alumbrados y su mantenimiento.

Creo que esto es perfectamente cuantificable, a pesar de que aquí se ha expresado lo contrario. Estoy absolutamente convencido que una tasa general de servicios destinada a cobrar el mantenimiento, la reposición y el nuevo alumbrado, es perfectamente medible para preservar la razonable equivalencia. Todos sabemos, en cada Intendencia, cuántos funcionarios tenemos en la sección de alumbrado, cuánto nos cuestan los camiones, qué insumos tenemos y cuánto valen las lamparillas de reparación de los focos de alumbrado que se nos apagan de manera periódica. También perfectamente podemos cuantificar los nuevos alumbrados a través de los costos de los postes, de los cables y de las nuevas luminarias que se vayan a insertar en éstos. Reitero que a mi entender esto es perfectamente cuantificable. En toda presupuestación de las secciones de las distintas Intendencias vamos a poder expresar claramente que en promedio se reponen tantas luminarias, que el mantenimiento de cables ordinario anual es de determinada cantidad y, en función de la capacidad de cada Municipio, podremos poner 40 ó 50 focos por mes, lo que puede dar una cifra de 500 ó 600 focos por municipalidad, fundamentalmente del interior. En consecuencia, creo que la tasa de las Intendencias es perfectamente medible.

¿Qué es lo que sucede hoy? Sucede que algunas Intendencias Municipales están pagando y otras no, pero para ser justos las que están pagando son las de Salto, Maldonado, San José, Soriano y Paysandú, mientras que las demás se mantienen en deuda. Pero también es cierto que por culpa de las propias Intendencias Municipales en la inmensa mayoría, -fundamentalmente de los barrios más pobres de nuestras ciudades, villas y pueblos- estamos prestando el servicio de alumbrado público. Pero éste no está abarcado en la tasa general que cobran las Intendencias, en virtud de que existe una desactualización de ésta en función de las distintas zonas que las Intendencias vienen cobrando.

En cuanto al consumo, debo decir que entre aquellos señores Senadores que dijeron que no se podía computar ni cuantificar y un Senador que está sentado aquí y que fue durante cinco años Presidente de UTE, me quedo con la palabra de este último que nos dice que sí, que el consumo puede perfectamente cuantificarse.

Si empezamos a discutir todo, quizás la Tierra no sea tan redonda.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Si me permiten, deseo hacer una pregunta porque no entiendo cómo se puede cuantificar, no la cantidad de energía que va por una calle. Supongo que esto sí se puede medir. Si mal no recuerdo, los señores Senadores Carminatti y Larrañaga, en Comisión, explicaron que se colocan medidores en las calles. Pero, en una calle donde haya 20 edificios de apartamentos, ¿cuánto pagaría cada uno y en función de qué criterio lo haría? ¿Por la luz que entra por los vidrios o porque hay una célula fotoeléctrica? Confieso que no sé cómo va a facturar UTE a cada familia, es decir, en función de qué criterios. ¿Acaso va a dividir entre todas las familias del barrio la cantidad de luz que tengan? Quizás, esto no es justo, porque cómo le van a medir a uno más que al otro. Además, es posible que en una misma cuadra haya una propiedad que cueste U$S 500.000 y al lado otra que vale U$S 20.000, que es más modesta y cuyos dueños tienen menos ingresos. El foco alumbra para todos, como el sol. Recuerdo que el señor Manuel Flores Mora, refiriéndose a nuestro periódico, decía, en el diario Acción de los años 55-58, que El Sol salía para todos aunque no todos lo leían.

Confieso que hasta ahora no he entendido cómo se hace ese cálculo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Me acuerdo de un viejo cuidador de caballos de Paysandú. Siempre vivía pelado y tenía un caballo que corría muchísimo. En el vareo echaba tiempos excepcionales. Pero llegaba el domingo y, cuando tenía que correr por plata, perdía. Siempre se arreglaba para perder. Sin pretender, metafóricamente, compararme con ese equino, de alguna manera, me pasa lo mismo: trabajo bien pero corro mal. He procurado explicar y, aparentemente, no se entiende o no se quiere comprender. El señor Senador Carminatti dijo que el consumo de la energía eléctrica era perfectamente cuantificable. ¿Cómo se cobra ahora? Las Intendencias lo cobramos al barrer, al boleo, como le gusta decir al Pepe. En todos lados es así, incluso en Montevideo. Y en el 40% de los casos, no se cobra. Se preocupan de que se cobre al boleo cuando es UTE, pero si se trata de las Intendencias no ocurre lo mismo. Lo que es válido para un organismo, lo es también para el otro. Si en una calle o avenida hay equis cantidad de luminarias, una vez que se sepa el consumo de éstas, se dividirá en función de las propiedades que están al frente, en un principio solidario, tal como ocurre con la tasa de saneamiento. Esta tasa se paga en función de la utilización de los caños de saneamiento. En este caso, estamos prestando un servicio público. Por lo tanto, es perfectamente cuantificable. Todas las Intendencias, incluso en Montevideo, tienen tasas deficitarias en el alumbrado público, por eso se han venido retrasando en el pago de los consumos a la UTE. En Sala hay varios ex Intendentes Municipales que saben que esto es así. Se han hecho cálculos de $ 40, pero el artículo establece que se va a cobrar en función de las franjas que reconozcan la diferencia de prestaciones. Incluso, en la Comisión se introdujo un agregado que dice que no corresponde pago alguno en los casos que carezcan del servicio. Se ha hablado de la hipótesis de que UTE recibiera para sí los servicios de alumbrado público. Esto no va a acontecer, porque al quitarse el traspaso compulsivo por deuda de las Intendencias a UTE, ninguna de ellas va a querer al Presidente de este Ente en sus pagos inaugurando un alumbrado nuevo, cuando en definitiva, si hay méritos, es de la Administración comunal. Entonces, esa hipótesis no tiene perspectiva alguna, o sea, que el costo del alumbrado público pueda trasladarse a UTE y que ésta, como desmanteló todos los cuadros de funcionarios, vaya a tercerizar, privatizar esa área, encareciendo los consumos y generando costos que se descarguen sobre la población.

También se ha hablado de los accesos a Montevideo. El señor Senador Fernández Huidobro estuvo realmente muy ingenioso; la suya es una pieza mitológica. Por eso voy a pedir al Cuerpo de Taquígrafos que me manden una copia de la versión, porque su pluma es en verdad estupenda. Sin embargo, todos los accesos los paga el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al igual que los de Paysandú, y los seguirá pagando. En consecuencia, no hay una doble imposición, y si la hubiera existe un mecanismo de responsabilidad para llamar a los Intendentes en la órbita de los gobiernos departamentales, en caso de que no reduzcan. Además, el quantum del volumen del presupuesto de cada gobierno departamental correspondiente a la tasa general de servicio, es muy pobre en relación con el ingreso municipal. No sé cuál es la realidad de Montevideo. No hablo de esta solución para favorecer o perjudicar a la Intendencia de Montevideo. Incluso, se presentó un artículo sustitutivo que tiene como fin que los activos incrementales se puedan compensar, así como las deudas de las Intendencias con la UTE y, viceversa, tengan recíprocas compensaciones. Pero creo que no va a haber inconveniente en ese sentido y todas van a poder disminuir la tasa general de servicio.

En cuanto al mecanismo para instrumentar el cobro de consumos, habrá una herramienta de mayor justicia en función del mayor alumbrado. Voy a hablar de mi pueblo. Por ejemplo, en Paysandú, en la calle 18 de Julio pasan habitantes del barrio Vista Hermosa. Los vecinos de 18 de Julio tendrán más alumbrado y pagarán más consumo. A mayor alumbrado, obviamente, se incrementará el adicional en la tarifa. A menor alumbrado, se cobrará menos y donde no exista, no será necesario pagarlo. En ese caso, el vecino indicará que en su barrio carece de alumbrado público.

Creo que la solución fue ampliamente mejorada en la Comisión, porque lo peor de todo era traspasarle a UTE todos los servicios, no sólo los consumos.

Esa era la peor solución y, obviamente, creo que se rectificó en función de las distintas situaciones.

Termino por aquí mi intervención, sin perjuicio de que voy a hablar en alguna otra oportunidad. No sé si el Senador Atchugarry tenía algo para aportar.

SEÑOR CARMINATTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Carminatti.

SEÑOR CARMINATTI.- Señor Presidente: creo que debemos hacernos una pregunta: ¿por qué se recurre a este procedimiento en este proyecto de ley de urgencia? Porque la UTE no les puede cortar la energía eléctrica a las Intendencias. Esa es la gran respuesta que tenemos que dar. Esto es así porque el servicio público está íntimamente relacionado con la seguridad pública y porque un Directorio no puede decidir cortar la energía eléctrica para los semáforos y para el funcionamiento de las oficinas, porque se produce un caos. En los cuatro años que estuve en UTE, traté de buscar acuerdos y convenios con los Intendentes. Me acuerdo que con el doctor Larrañaga firmamos un convenio en determinado momento para regularizar la situación, se pagó y hoy la Intendencia de Paysandú está al día. Entonces, el gran tema es ese. ¿Ustedes creen que somos malos y queremos cobrar dos impuestos a la gente? Nada de eso y sé que todos tienen soluciones maravillosas desde la tribuna. A mi despacho llegaban políticos que me decían "cortá la luz a la Intendencia Municipal de Montevideo" o "cortá la luz a la de Canelones". Eso no se puede hacer. Entonces, me pregunto qué solución tenemos, porque la UTE tiene que cobrar. Se le deben cientos de millones de dólares a la UTE y no digo que sea una, sino varias Intendencias. La situación es grave. Además, cuando uno está administrando una empresa industrial y comercial del Estado, tiene el deber de rendir cuentas, de administrar bien. Esto último también supone que tenemos que cobrar los consumos. En las estaciones de ANCAP las tarifas no las fija la UTE, sino el Poder Ejecutivo. Si plantean una solución y encuentran una forma de cobrar a las Intendencias, estoy dispuesto a analizarla.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Carlos Garat)

-Además, el tema de organizar el cobro directamente al beneficiario del servicio público del alumbrado, se debatió años en la UTE, y teníamos dificultades tremendas en lo que planteó el señor Senador Gargano, en el sentido de cómo podíamos distribuir con equidad esta cobranza. Existe el mismo problema ahora en las Intendencias, porque generalmente se aplica un porcentaje sobre el valor de la contribución inmobiliaria. En Río Negro era del 10% para la tasa general municipal y, entonces, el que tenía más pagaba más y el que tenía una casa de menor valor, pagaba menos. Pero aquí no hay un propósito de doble imposición; nadie tiene interés de sacrificar a su gente. Cómo voy a querer sacrificar a mi gente de Río Negro, cómo voy a aceptar este sistema, lo que sucede es que hay que buscar una solución para organizar el texto.

Por otro lado, quiero decir algo que me parece justo manifestar: Las Intendencias, como saben que no se les va a cortar la luz, especulan. Personalmente, traté de buscar acuerdos con todas las Intendencias y voy a comentar un hecho, y no es porque sea la Intendencia de Montevideo. Tuve 20 reuniones con la plana mayor de la Intendencia Municipal de Montevideo y, al final, no iban ellos a mi despacho, sino que yo iba a los suyos para buscar una solución. Y digo más; cuando le pedí a jurídica de UTE que redactara el proyecto del convenio, como no habían estado en la discusión y las cláusulas eran difíciles, me preocupé de armarlo con la Intendencia Municipal de Montevideo. Ahora me doy cuenta que nunca se firmó, a pesar de que ya hace más de un año y medio que dejé la UTE.

Pero el problema más grave que tienen que comprender los señores Senadores es el siguiente. ¿Saben cuántas lamparillas piratas tiene Montevideo? Doce mil, y cuando le decíamos eso a la Intendencia de Montevideo, nos contestaban que debíamos sacarlas. ¿Cómo vamos a sacar la luz en momentos en que hay inseguridad pública en Montevideo? El problema no es sencillo.

SEÑOR CID.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CARMINATTI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR CID.- Creo que el razonamiento que viene haciendo el señor Senador Carminatti es de una gran honestidad y es de una persona que realmente ha estado al frente de un problema que ha tratado de resolver por todas las vías. No dudo que lo que el señor Senador está asegurando, es lo que realmente vivió al frente de la empresa estatal.

Quiero tratar de transmitir la sensación de que lo que afirmamos en nuestra exposición es real y que va a haber un doble pago. Al respecto, me quiero referir a lo que el señor Senador preopinante expresaba cuando decía que la Tasa General de Servicios -creo haberlo recogido textualmente- pesa poco como parte de la facturación de UTE. Entonces, si la Tasa General de Servicios en lo que tiene que ver con UTE pesa poco, quiere decir que los usuarios que hoy pagan poco, van a pagar lo real, y en esa diferencia que pesa poco y lo real, está el aumento de facturación que le vamos a hacer a todos los ciudadanos del país.

SEÑOR NUÑEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CARMINATTI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Quiero dejar dos constancias. Me llamaron la atención determinadas intervenciones que
realizaron los señores Senadores, fundamentalmente, del Partido Colorado, dos ex Intendentes y dos futuros Intendentes. Uno de ellos reconoce que UTE carga actualmente en la tarifa de los usuarios domésticos todos los costos que no cobra al resto de los usuarios, especialmente, a las Intendencias. Ese es un reconocimiento que no habla bien del costeo de una empresa pública, porque carga su déficit a sus usuarios. Obviamente, si no da pérdida es porque es así. Me parece que es necesario remarcar ese reconocimiento.

Por otro lado, acabo de notar una incongruencia en la exposición del señor Senador que me ha concedido la interrupción, porque ha dicho que en Montevideo existe un conjunto de lamparillas piratas y antes había expresado que era posible medir perfectamente la energía que se suministraba en las calles o en los sectores de la ciudad. Si las lamparillas gastan energía, no pueden ser piratas, porque eso se puede detectar perfectamente por los medidores que el señor Senador había mencionado antes.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede continuar el señor Senador Carminatti.

SEÑOR CARMINATTI.- Voy a contestar la segunda parte de la exposición del señor Senador Núñez, porque hizo una alusión personal. Se puede medir también las lamparillas piratas, lo que sucede es que las descubrimos al tiempo. Además, no todos los sistemas de cobro del alumbrado público se hacen por medidores. Algunos se calculan por la cantidad de luminarias. Entonces, cuando la UTE iba a cobrar las 12.000 luminarias a la Intendencia Municipal de Montevideo, ésta decía que como no las había colocado, no las iba a pagar. Entonces, teníamos que buscar una solución de transacción, encontrando un término de entendimiento, que es muy difícil de lograr porque, además, vuelvo a decirlo, la Intendencia Municipal de Montevideo sabía que no le íbamos a cortar la luz.

Lo que quiero explicar es que aquí no hay mala intención; no tenemos maledicencia en esto. Estamos buscando una solución. En la actividad comercial e industrial del Estado, como Director, tengo la obligación de cobrarle y de rendir cuentas.

Nunca dejé de pensar en UTE focalizada al interés-país y cuando el Directorio toleraba esta situación era porque el interés-país primaba sobre el interés-empresa. Muchas veces, cuando uno está en una empresa pública comercial e industrial le pueden pedir que cuide el interés de la empresa, puesto que el interés del país lo cuidará el Gobierno. Pero nosotros arriesgábamos porque no podíamos generar una situación de crisis. Personalmente, no me arrepiento de eso.

Digo que aquí no hay apetito impositivo, ni ningún propósito centralizador. De lo que se trata es de salir de un problema. La historia de esto es que hasta el año 1977 quien hacía el mantenimiento del alumbrado público era la UTE. La dictadura cambió esa disposición y lo pasó, así nomás, a las Intendencias. Cuando en 1985 llegué a la Intendencia de Río Negro el elevador era un camión con un cajón, arriba del cual se ponía una escalera. Cuando los obreros cumplían sus tareas había que estar como un trapecista, con una red abajo esperando que se cayeran.

En 1984, un decreto establecía que para que las líneas se transfirieran a la Intendencia deberían ser renovadas. La UTE nunca cumplió con eso. Cuando personalmente en el Directorio reclamé que se renovaran las luces del alumbrado público, algunos Directores me respondieron que ese era un decreto que se oponía a la ley y que, en consecuencia, no lo iban a cumplir. Se imaginarán cómo sufría yo, que soy un municipalista de alma. Pero bueno, soportaba eso y muchas otras cosas más.

Creo que si se hacen bien las cosas, no se cambia nada, porque el alumbrado público siempre se le cobró a la población. Ocurre que antes, como decía hace unos momentos, se le cobraba sobre un porcentaje de la contribución inmobiliaria. De manera que si la casa era más grande y más costosa, la gente pagaba más; pero si era más pequeña y humilde pagaba menos.

Se ha dicho que hay usura porque se cobran multas y recargos; pero todo el mundo los cobra. Es decir que estamos dentro del esquema general. Tampoco eso lo fija la UTE. Si es que se tiene que producir un cambio, es el Parlamento que debe modificar las tasas en base a una iniciativa del Poder Ejecutivo.

SEÑOR NIN NOVOA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CARMINATTI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- He escuchado con mucha atención al señor Senador Carminatti, porque no sólo compartimos las penurias en la lucha contra la ley de electricidad de 1977, en donde si se hubiera incluido la misma cláusula o inciso que se pone aquí en cuanto a que la decisión era irrevocable, quizás este problema no estaría planteado. Por ello, también comparto plenamente la posición del señor Senador Michelini, en el sentido de que esta es la definición que más pesa para votar este artículo.

Ahora bien, lo que me cuesta creer, señor Senador Carminatti -se lo digo con la fraternidad y la honestidad con que hemos tejido esta relación de tantos años- es que el objeto final de este articulado esté orientado al cobro de la deuda.

(Ocupa la Presidencia el profesor Luis Hierro López)

-Digo esto porque el artículo 38 prevé que UTE y las Intendencias podrán acordar el valor actualizado de los activos incrementales ejecutados por éstas y se compensará con las deudas existentes, a condición de que medie el consentimiento a que refiere el artículo 2º, esto es, que el servicio de alumbrado público pase nuevamente a UTE.

Entonces, si lo que se quisiera fuera cobrar los pasivos que UTE tiene, quizás se podría aplicar este mecanismo de pagar los activos incrementales a las Intendencias, reconociendo el esfuerzo que éstas han hecho y no condicionándolas a que traspasen la potestad del alumbrado público en pueblos y ciudades. Este es -al menos así lo interpreto yo- el objetivo del articulado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Carminatti.

SEÑOR CARMINATTI.- Ocurre que esto se estableció así porque de lo contrario las Intendencias podrían decir que se les pagaran los activos incrementales para continuar luego encargándose ellas del alumbrado. En fin, es una buena observación la que hace el señor Senador Nin.

Quiero hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, el señor Senador Cid ha dicho que UTE cobra una tarifa más elevada al alumbrado público que a los supermercados. No es así. Los supermercados podrán tener tarifas especiales siempre y cuando sean grandes consumidores; también las Intendencias pueden tener tarifa especial si son grandes consumidores. Lo único es que ahí hay un punto discutible: si se computa la globalidad del servicio o se computan los sectores. Siempre, tradicionalmente, se distinguieron los servicios de semáforos, los servicios energéticos, digamos, a la Administración y al alumbrado público.

Bueno es decir, también, que el desmantelamiento de los servicios de UTE se atribuye a la baja de personal. Sin embargo, el organismo no perdió eficiencia. Es cierto que algunas actividades se tercerizaron, pero si a la UTE se le exige que opere como una empresa comercial e industrial con eficiencia y eficacia, debe hacerlo con el personal necesario y no con una superpoblación, puesto que de lo contrario no se estaría actuando con buen criterio administrativo de empresa.

Ahora bien, puede venir una nueva oleada y creerse que es necesario ocupar gente. También este es un tema filosófico que algún día tendremos que discutir. Me refiero a qué hacemos con la gente que no tiene trabajo y respecto al cual se nos echa en cara a muchos políticos por aquello del clientelismo.

También debo decir que no todas las Intendencias cobran el alumbrado público.

Generalmente, como decía, éste se cobra con la contribución inmobiliaria y cuando los contribuyentes no la pagan -hay gran cantidad de morosos en el área urbana- tampoco pagan el alumbrado público. Asimismo, tengo que decir que UTE no debe nada a la Intendencia Municipal de Montevideo.

En mi vida he tenido dos grandes amores administrativos políticos: la Intendencia Municipal de Río Negro y UTE. Estoy en procura de un tercer amor, que no sé si me lo llevo en el corto plazo que me queda hasta el 13 de julio.

SEÑOR MUJICA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARMINATTI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Le voy a pedir al señor Senador Carminatti que, en adelante, le tenga amor al río; que no se olvide del río, como la gente de Salto y Paysandú, porque el agua corre y nadie cobra, genera energía eléctrica para todo el país, y nadie cobra. En todas partes del mundo, las zonas aledañas reciben alguna compensación por las transformaciones que, por el bien general, supone la construcción de una represa. Pido al Senador Carminatti que se acuerde de todo el litoral.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Carminatti.

SEÑOR CARMINATTI.- Parece que el señor Senador Mujica ha leído mi pensamiento.

Como decía, tuve dos amores y voy en procura del tercero en mi vida política. Señalé esto porque, a continuación, pensaba expresar que iba a decir algo que va a favorecer a la Intendencia Municipal de Río Negro, mi primer amor, y es que resulta muy injusto que la UTE no pague a las Intendencias Municipales la contribución inmobiliaria por el área que ocupan sus lagos.

En todo el mundo, en estas situaciones, hay un canon por el cual el gobierno central compensa a los gobiernos locales el importe de estos tributos. En el caso de Río Negro -aclaro que voy a descartar un tema que no viene al caso en este momento- éste tiene 50.000 hectáreas que ocupa el Instituto Nacional de Colonización y no paga Contribución Inmobiliaria; 40.000 hectáreas de forestación que tampoco pagan el Impuesto, y finalmente, 25.000 hectáreas de lagos de UTE que están en las mismas condiciones tributarias.

Quería hacer esta aclaración con el fin de plantear al Gobierno que en la próxima Ley de Presupuesto se debe establecer una disposición que, por lo menos, diga que aquel artículo de la ley de 1977 de la dictadura que declaró a UTE exonerada de pagar Contribución Inmobiliaria rural y departamental, se derogue y en su lugar se fije una norma que determine que UTE debe pagar el mencionado impuesto a las Intendencias Municipales por el área que ocupan sus lagos. No hay que olvidar que esa riqueza de los departamentos se ha cedido para el bien del país porque la generación de energía también es una riqueza.

10) FUNCIONAMIENTO IRREGULAR DEL SENADO

SEÑOR CID.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: deseo formular a la Presidencia una pregunta de carácter administrativo que tiene que ver con las condiciones de funcionamiento del Plenario. Concretamente, quiero saber si las mismas son absolutamente reglamentarias para todos los Senadores que estamos integrando el Cuerpo en este momento, y en caso de no ser así, quisiera saber desde qué momento estamos sesionando con Senadores que no estarían habilitados a estar presentes en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador: se está aplicando el mismo criterio que se aplicó ayer con el señor Senador Bayardi cuando se sesionó desde las 12 de la noche hasta las 3 y 30 de la mañana sin que estuviera en uso de licencia el señor Senador Couriel, por razones de integración del Cuerpo. El tema está en discusión y si se considera que el señor Senador Antonaccio no está en condiciones de asistir, el mismo punto debió haberse hecho notar ayer cuando el señor Senador Bayardi se encontraba en la misma situación.

SEÑOR CID.- Aparentemente, el señor Presidente me está formulando una pregunta y, en realidad, la pregunta la formulé yo para saber si estábamos funcionando en condiciones reglamentarias, porque no lo sabemos, del mismo modo que no lo sabíamos ayer. Si eventualmente el señor Senador Bayardi estaba en una situación que no correspondía, cabe señalar que en su presencia nadie formuló cuestionamiento alguno. Ahora bien, en este momento tenemos la presunción de que no se está funcionando en condiciones reglamentarias, hecho que usted mismo está certificando porque hasta ha mencionado nombres. Reitero que queremos saber si la Presidencia considera que estamos funcionando en condiciones reglamentarias y aclaro que no estoy contraponiendo esto a otras situaciones, sino simplemente formulando una pregunta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pacíficamente se admite el criterio de que en las Sesiones Permanentes -como lo es ésta- la licencia termina cuando se levanta la sesión. Aclaro que esta es una práctica y no está establecida en el Reglamento. Precisamente, teniendo en cuenta eso es que la Mesa ayer no señaló la supuesta situación irregular del señor Bayardi; si hubiéramos creído lo contrario, lo habríamos hecho notar en su momento.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: tengo entendido que la solicitud de licencia del señor Senador Singer y las respectivas renuncias ya están en poder del señor Secretario. Entonces, para evitar cualquier tipo de dudas, sugerimos que se vote dicha solicitud.

SEÑOR FAU.- Creo que el tema queda absolutamente solucionado con la información que el señor Senador Atchugarry acaba de proporcionar, sin perjuicio de señalar que las prácticas parlamentarias tienen su fuerza, y si el señor Senador Antonaccio se integró al Cuerpo en una sesión determinada y la misma no fue levantada sino que se continúa con algunos intervalos, el señor Senador, por lo tanto, está investido de la facultad de poder seguir participando de la sesión. Digo esto porque si no, podría darse a entender que al votar la licencia se está salvando un error que se había cometido. A mi entender, el señor Presidente ha sido meridianamente claro al explicar esas prácticas que son de uso y que no se han reclamado. Precisamente, dicha práctica es la que él aplicó en el día de ayer con un Senador que no es de su partido sino de la oposición. Asimismo, cabe destacar que estos últimos elementos no valen a estos efectos y, por lo tanto, el señor Senador Antonaccio estaba correctamente integrado y lo que el Cuerpo hace ahora es procesar un pedido de licencia que le dará continuidad por el tiempo en que la misma está establecida.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: es la primera vez que me veo en una situación de este tipo. A mi juicio, esta no es la práctica normal ni en la Cámara de Representantes ni en la de Senadores.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- Perdóneme, señor Senador, pero anoche usted vio al señor Bayardi al lado de su asiento desde las 12 de la noche hasta las 3 y 30 de la mañana.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: usted está ejerciendo mal la Presidencia porque yo estaba haciendo uso de la palabra, usted da un timbrazo y comienza a hablar. No haga eso; no está bien; escúcheme y después me contesta. Yo no sabía que la licencia del señor Senador Bayardi había vencido. Si usted me hubiera advertido inmediatamente le habría pedido que se fuera, porque no es regular y no es cierto que la práctica sea que en las sesiones permanentes, aunque duren cuatro días más del período de licencia fijado, se siga funcionando con el suplente. No es así y no debe ser así. De modo que yo, que me enteré de esta situación ahora, digo que es cierto que nunca se vio esta situación. Incluso, recuerdo que cuando se trató la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, la sesión duró 72 horas, y si se hubiera dado esta situación, ¿qué habría ocurrido? Entonces, si ahora se quiere regularizar la situación, que se presente la licencia, si es que ya llegó a la Mesa, y procedemos a votarla, para lo cual no tengo ningún inconveniente. De esa forma, salvaríamos la omisión en que se ha incurrido. Pero no es cierto que se pueda seguir funcionando en una reunión si ha vencido el día de la licencia. Y si eso es lo que ha ocurrido en el caso del señor Senador Bayardi, reitero que no lo advertí porque de lo contrario, le habría pedido que se fuera, como corresponde.

Una vez más, planteo que se vote la licencia del señor Senador Singer de forma que el señor Senador Antonaccio pueda seguir asistiendo a la sesión.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Aclaro que también he estado presente en varias sesiones extensas, entre ellas, la que duró 72 horas -a la que aludió el señor Senador Gargano- y mi experiencia me dice que cuando se acepta una licencia, ésta está vigente mientras dure la sesión, que usualmente termina antes de las 12 de la noche. Si la reunión continúa luego de esa hora, la licencia sigue vigente. Así he entendido siempre el régimen de licencias, porque cuando se dice que la licencia es por un día, ¿cuál día es y cuándo empiezan a correr las 24 horas, cuando empieza la sesión? Esto no está reglamentado y no lo hemos discutido porque siempre se entendió que la licencia continúa hasta que finaliza la sesión. Si se quiere votar la licencia del señor Singer, votémosla, pero que quede claro que no estamos incurriendo en un funcionamiento antirreglamentario.

11) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Singer solicita se le conceda una prórroga de la licencia que oportunamente le fuera concedida".

Léase.

(Se lee:)

"Señor Presidente

Profesor Luis Antonio Hierro López

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a Ud. me sea concedida una prórroga de la licencia solicitada con fecha 16 de mayo pasado. En la misma señalaba la convocatoria a participar de las sesiones de la Mesa Directiva del III Foro Municipal del Parlamento Latinoamericano durante los días 17 a 19 de mayo. En virtud de que dicha Mesa sesionará durante los días 20 y 21 del corriente, es que vengo a solicitar se convoque a mi suplente respectivo por dicho período.

Saludo al Sr. Presidente con mi mayor consideración.

Juan Adolfo Singer. Senador."

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de dos notas de desistimiento llegadas a la Mesa.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- Los doctores Raúl Lago y Conrado Bonilla comunican que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda convocado, por lo tanto, el señor Marcelo Antonaccio, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- El señor Presidente habló de las prácticas legislativas. Personalmente, apenas tengo diez años de labor parlamentaria y no recuerdo que nunca haya acontecido una situación de esta naturaleza. Sin embargo, es absolutamente cierto lo que dice del señor Senador Bayardi, porque fui yo quien pidió licencia y lo hice sólo por el día jueves. Parece que en materia legislativa, hay prácticas y prácticas. El primer día en que consideramos este proyecto de ley de urgencia, hablamos de que el Miembro Informante disponía de una hora y media para hacer uso de la palabra, pero el señor Presidente dijo que esa práctica no era válida.

Por lo tanto, parece que hay una ambigüedad de prácticas, y todavía tengo dudas acerca de si la práctica de que se puede fumar o no es práctica o es Reglamento.

13) MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLAN Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del tema de fondo.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quiero decir que nuestra posición en torno a este tema está relacionada con la preocupación de que los vecinos de las villas, ciudades y pueblos no carguen dos veces con un impuesto, una tasa, y que no se les cobre un servicio de una manera distinta a la que se venía practicando hasta ahora. Si se encuentra una solución que, a nuestro juicio, resuelve el problema, la aceptaremos.

En segundo lugar, me parece que todo este tipo de cuestiones se generan porque las Intendencias tienen situaciones deficitarias. En muchos lugares ello se debe a prácticas que no son buenas -tienen más empleados de los que deberían- pero en otros es porque la plata no les alcanza, ya que el poder central no les transfiere los recursos que, de alguna manera, tendría que hacerles llegar. En la Constitución de la República están preceptivamente planteados recursos que tienen que ayudar a solventar costos como éste, por ejemplo, porque a veces no pueden cobrar todas las tasas debido a que la gente no las paga o porque hay morosidad en el pago de la patente de rodados o de la Contribución Inmobiliaria. Esto ocurre frecuentemente y no puede ser resuelto compulsivamente ejecutando a la gente. Hay que buscar un equilibrio que les permita pagar.

Personalmente, no creo que ninguna Intendencia quiera buenamente perjudicar a UTE y generarle un problema. Hasta ahora este problema nunca se había planteado con tal gravedad. He conversado con el señor Presidente de UTE y, hace más de un mes, me demostró su preocupación por el déficit y la necesidad de resolverlo. Nosotros hemos puesto buena voluntad para encontrar cómo resolverlo, pero entendemos que ello no se puede hacer de esta manera.

Para que el señor Senador Carminatti se quede tranquilo señalo que, sólo por su decisión voluntaria, el Directorio de UTE no puede cortar la luz a una ciudad, ya que por prescripción constitucional no se puede prescindir de un servicio público esencial. De modo que el Directorio que haga eso se pone al margen de la ley.

Estuve leyendo la Constitución y, aunque no soy constitucionalista sino un simple lector aficionado, no pude determinar si no se está colocando al margen de lo que dispone el numeral 5º) del artículo 297, que prevé que son fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por estos, entre otros, las tasas, tarifas y precios por utilización, aprovechamiento o beneficios obtenidos por servicios prestados por el Gobierno Departamental. El servicio de alumbrado lo presta, justamente, el Gobierno Departamental y no UTE. Esta última sólo hace llegar la energía al cable. La Intendencia es la que coloca los focos, paga las columnas y pone los cables.

(Murmullos en Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se ruega a los señores Senadores que cesen los murmullos para que pueda continuar el señor Senador Gargano.

Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Personalmente, observaba lo mismo que me está diciendo el señor Senador Carminatti, es decir que preceptivamente no está puesto en la Constitución, pero desde que soy niño la tasa de alumbrado y salubridad la cobra la Intendencia Municipal y no UTE, que cobra el consumo de la casa. Debo decir que aunque no esté establecido preceptivamente, siempre se interpretó que es un servicio prestado por la Intendencia Municipal. De modo que no sé si no estamos colocados al margen del numeral 5º) del artículo 297.

Quiero señalar que no sólo me preocupa este problema constitucional, porque tantas veces se ha violado la Constitución que debe tener marcas indelebles de violación, sino la forma en que se va a actuar ante la nueva situación, o sea, cómo se va a cobrar la tarifa. Algunos señores Senadores manifestaban que la tasa de alumbrado y salubridad se cobra al barrer, es decir que todos pagan lo mismo. Sin embargo, ahora se está diciendo que no se va a cobrar de esa manera, sino por franjas. Algunos señores Senadores que expusieron anteriormente expresaron que, por ejemplo, los que vivan sobre la avenida 18 de Julio, que está más alumbrada, van a pagar más, mientras los que viven en la calle Juncal -donde vivía quien habla- van a pagar menos, porque siempre está más oscuro allí. A mi juicio, eso indica que va a haber criterios diferenciales y que unos van a pagar de una manera y otros de otra. Además, así lo establece el inciso segundo del artículo 36, que dispone que la tarifa de tal consumo distinguirá a dos o más franjas que reconozcan la diferencia de prestaciones. Quiere decir que habrá varias franjas y diferentes prestaciones.

Pienso que, aunque algunos señores Senadores opinen que no se van a generar problemas, surgirán algunos por la transferencia que se va a efectuar de la prestación del servicio. El artículo 37 dice expresamente que la Administración Nacional de Transmisiones Eléctricas podrá efectuar el servicio público de alumbrado de ciudades, villas, pueblos y centros poblados, siendo responsable de la instalación, con todos sus elementos, y el mantenimiento que posibilite una prestación adecuada del servicio. Por lo tanto, será UTE la que tenga que ir a reparar los cables, a reponer los focos o a extender la línea, o sea a prestar el servicio.

Estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho otros señores Senadores -algunos del Gobierno- en cuanto a que ese servicio va a demandar la ocupación de gente y que UTE, con la actual plantilla de funcionarios, no lo puede cumplir. Por lo tanto, tendrá que tomar más funcionarios o contratar a una tercera empresa a la que sea posible prestar el servicio.

Me parece evidente; surge del texto, no lo estoy inventando. ¿Cómo va a hacer para ocuparse de Pirarajá, de Guichón, de Pueblo Constitución, de Belén, etcétera, y mantener el servicio? O genera una nueva empresa o un nuevo sector dentro de la empresa, o lo da para que lo preste un tercero.

SEÑOR MALAQUINA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MALAQUINA.- Simplemente deseo expresar al señor Senador Gargano que la iluminación puede ser diferente; una cuadra puede tener seis u ocho focos y pueden ser distintas las cantidades de consumo de las lámparas. Eso se mide sin problemas y por eso se pusieron las franjas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Lo que acaba de ilustrarme el señor Senador Malaquina confirma lo que dije. Va a haber distintos tipos de consumidores a los que se les va a cobrar en forma diferencial según el grado de iluminación que tengan. Será la primera vez que esto ocurre, porque hasta ahora no ha sucedido. De todos modos, a lo mejor yo ignoraba esto y en realidad sí existe.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Me voy a expresar directamente sobre dos sustitutivos que están en la mesa de los señores Senadores. El primero de ellos sustituye el artículo 36 y dice así: "En los departamentos en que la Intendencia Municipal adeude el equivalente a cuatro o más meses de consumo de energía eléctrica correspondiente al servicio de alumbrado, la Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas (UTE) podrá subrogarse en el cobro, realizándolo directamente a sus clientes domiciliarios.

Los pagos realizados por estos últimos compensan de pleno derecho igual importe de la tasa municipal que correspondiere.

Este cobro será conjunto con la factura de suministro eléctrico integrando un único pago indivisible".

Esto, señor Presidente, entraría dentro del instituto de la subrogación, lo que es normal. Si yo le debo a usted y alguien me debe a mí, usted puede subrogarse en ese cobro. Repito, se trata de un viejo instituto que si bien es civil, lo acomodamos a la circunstancia. Queda claro que es una potestad excepcional en la medida en que haya una deuda incobrable que persiste. Cuando se haga el convenio o los pagos correspondientes cesan, salvo que otra cosa acuerden las Intendencias con UTE.

El segundo aditivo, presentado por los señores Senadores Larrañaga, Carminatti, Malaquina y Chiruchi, refiere al artículo 38, que diría: "La Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas (UTE) y las Intendencias Municipales podrán acordar el valor actualizado de los activos incrementales ejecutados por estas, así como efectuar" -le agregaría "eventualmente"- "recíprocas compensaciones por deudas que existieren".

Luego de las consultas que hemos realizado, le estaría dando la aquiescencia a ambos sustitutivos, quedando el artículo 37 con su redacción actual, que es facultativo, y naturalmente se haría innecesario el 39.

SEÑOR MALAQUINA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MALAQUINA.- Me parece que habría que agregarle el último inciso del artículo 36 del proyecto, que sostiene que no corresponde pago alguno en las zonas que carezcan del servicio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- No tengo inconveniente.

SEÑOR NIN NOVOA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Estamos en conocimiento de estos aditivos. Han estado circulando en Sala y son el motivo de los murmullos casi permanentes. Estamos en condiciones de cuasi apoyar esta nueva redacción. Si el Cuerpo tuviera la gentileza de concedernos un cuarto intermedio de cinco minutos para poder leerlos y desgranarlos detenidamente, creo que este Capítulo podría ser votado rápidamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Antes de pasar a votar la moción del señor Senador Nin Novoa, quisiera hacer una pregunta con respecto al segundo inciso del artículo 37, en donde dice que lo dispuesto en el inciso anterior sólo será de aplicación en los casos en que las Intendencias manifiesten su conformidad, que se considerará irrevocable.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Lo que voy a plantear, quizás ya esté resuelto, pero el segundo inciso del artículo 37 debería terminar en la palabra "conformidad".

SEÑOR ATCHUGARRY.- Es correcto; el artículo 37 termina en la palabra "conformidad".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

El Senado pasa a intermedio hasta la hora 3 y 27 minutos.

(Así se hace. Es la hora 3 y 22 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 3 y 39 minutos)

-Continúa la consideración del proyecto de ley de urgente consideración.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: hemos analizado la Sección V con los aditivos incorporados y en verdad que el sustitutivo del artículo 36 nos ofrece un conjunto de dudas por lo que, a las 3 y 40 de la mañana, se nos hace difícil votarlo, sobre todo en esta maratón que estamos llevando adelante. A esto se agrega, además, que han surgido algunas modificaciones de una pluma bastante eficaz para el artículo 36 anterior, que lo perfeccionan, y que de alguna forma no hacen permanente y obligatorio para todas las Intendencias el cobro a los usuarios, por parte UTE, de la energía eléctrica del alumbrado público -cuestión por la cual hemos dado batalla en la noche de hoy y en la Comisión- aunque, de todas maneras, sigue existiendo esa posibilidad para aquellas Intendencias que se atrasen cuatro o más meses.

Por lo tanto, no decimos ni que sí ni que no, sino que no tuvimos el tiempo suficiente como para analizar y votar un artículo de estas características.

En cuanto a la modificación introducida al artículo 37, tal como lo habíamos dicho en Comisión, creemos que al eliminar la expresión "irrevocable", queda un texto aceptable.

Por su parte, el sustitutivo del artículo 38 nos pareció adecuado y estamos en condiciones de votarlo.

En consecuencia, en virtud de que no estamos en condiciones de votar el artículo 36 en esta marcha forzada que estamos llevando adelante, solicitamos que se desglose y pase para el día martes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-10 en 27. Negativa.

Léase la nueva redacción del artículo 36.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Artículo 36.- En los departamentos en los que la Intendencia Municipal adeude el equivalente a cuatro meses de consumo de energía eléctrica correspondiente al servicio de alumbrado, la Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas (UTE) podrá subrogarse en el cobro realizándolo directamente a sus clientes domiciliarios.

Los pagos realizados por estos últimos compensan de pleno derecho igual importe de la tasa municipal que correspondiere.

Este cobro será conjunto con la factura de suministro eléctrico, integrando un único pago indivisible.

No corresponde pago alguno en las zonas que carezcan del servicio."

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Quiero aclarar que se debió haber leído "cuatro o más meses".

SEÑOR PRESIDENTE.- Efectivamente, señor Senador: lo correcto es "cuatro o más meses".

- Si no se hace uso de la palabra se va a votar con la aclaración del señor Senador Larrañaga.

(Se vota:)

-18 en 26. Afirmativa.

Léase el nuevo texto del artículo 37.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Artículo 37. La Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas (UTE) podrá efectuar el servicio público de alumbrado de ciudades, villas, pueblos y centros poblados, siendo responsable de la instalación, con todos sus elementos, y el mantenimiento que posibilite una prestación adecuada del servicio.

Lo dispuesto en el inciso anterior sólo será de aplicación en aquellos casos en que las Intendencias Municipales manifiesten su conformidad.

También podrán acordar otras formas de participación y colaboración en el desempeño de este servicio, al amparo de lo dispuesto por el artículo 262 de la Constitución de la República."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

Léase el artículo 38, con la nueva redacción dada.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Artículo 38. La Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas (UTE) y las Intendencias Municipales acordarán el valor actualizado de los activos incrementales ejecutados por éstas, así como efectuar eventuales compensaciones por deudas que existieren."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 39.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Este artículo es incompatible con lo que votamos.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 39.

(Se vota:)

-0 en 27. Negativa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Creo que no es incompatible, porque la tasa general de servicio de las Intendencias que no adeuden van a mantenerse y, por lo tanto, prever la equivalencia me parece razonable.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- El artículo 36 que votamos prevé la compensación, o sea que el vecino que paga la UTE compensa igual monto de la tasa. O sea, son dos soluciones: o se opta por una o por la otra. Se optó para que fuera más clara y más eficaz para el vecino porque si mañana deja de pagar los diez pesos que le pagó a la UTE y la Intendencia Municipal le quiere reclamar, le muestra el recibo amparado por la ley que dice que está compensado. Además, se supone que el artículo 36 es para situaciones no permanentes, para una situación excepcional; en consecuencia cuando la Intendencia vuelva a normalizarse deja de practicarse eso. Por lo tanto, el cambio de la tasa es un procedimiento bastante más complejo.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Nobleza obliga, veníamos discutiendo el tema en función de las redacciones anteriores. Ahora vienen los sustitutivos, nadie prácticamente explica nada y se logran votaciones casi unánimes de los artículos 37 y 38, así como también del 36 que quien habla votó. Estos artículos con redacciones sustitutivas y modificativas mejoraron sustancialmente y levantaron para mí la principal objeción que tenían, que era el doble cobro: se atendía a UTE y a las Intendencias, pero no al usuario. En este caso de ocurrir una situación excepcional y UTE tenga que intervenir, nobleza obliga, no habría para el usuario doble tarifa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pasamos a la Sección 6ª, "Poder Judicial".

En consideración el artículo 40.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 41.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Había un aditivo presentado por nuestra Bancada a agregar en el Capítulo VIII, Sección 5ª, anterior a esto que estamos votando ahora, cuya consideración se omitió. Es el que lleva por número 39 bis y que establece: "Queda prohibido el cobro de intereses de mora, multas u otros recargos análogos en las deudas existentes o que se produzcan en el futuro entre entidades estatales".

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene razón, señor Senador. En este momento estamos buscando el texto, pero se ha producido un traspapelamiento, por lo que le rogaríamos lo leyera nuevamente.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- El artículo dice: "Queda prohibido el cobro de intereses de mora, multas u otros recargos análogos en las deudas existentes o que se produzcan en el futuro entre entidades estatales".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 28. Negativa.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Quería solicitar que esta iniciativa, que preveíamos iba a merecer un pronunciamiento de estas características, al igual que otra que ha sido presentada sobre el pasaje del IVA a la tasa mínima en el caso de la energía eléctrica consumida por las Intendencias para alumbrado público, pasen a la Comisión de Hacienda.

SEÑOR PRESIDENTE.- Usted tiene derecho, señor Senador, a hacer una moción en general para que todos los aditivos no votados se pasen a las Comisiones respectivas, con lo que creo aligeraríamos el trámite.

SEÑOR RUBIO.- Estoy de acuerdo, señor Presidente.

Formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE .-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador Rubio.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ya había sido aprobado el artículo 40 de la Sección 6ª, "Poder Judicial".

En consideración el artículo 41.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos a la Sección 7ª, "Caja de Profesionales Universitarios".

En consideración el artículo 42.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) MINUTA DE COMUNICACION

SEÑOR CID.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- La Comisión de Salud Pública, en una reunión especialmente convocada para considerar una minuta de comunicación sobre la situación de las instituciones de asistencia médica colectiva, llegó a una resolución unánime de un texto consensuado de esa reunión, por lo que solicita se reparta para que se vote la posibilidad de ser tratada como de urgente consideración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Cid en el sentido que indicó.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

15) MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLAN Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión particular del proyecto de ley del Poder Ejecutivo con declaratoria de urgente consideración.

Tiene la palabra el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- Hemos presentado sustitutivos a esta Sección, en la medida en que salvo el artículo 45, votaremos negativamente los artículos 43 y 44 aprobados por la Comisión.

El artículo 43 propuesto por la Comisión deroga un conjunto de artículos de la Ley Nº 10.707, en la que se preveía la integración del Directorio de CONAPROLE, donde estaban incluidos un delegado del Poder Ejecutivo y uno de la Intendencia Municipal de Montevideo. Asimismo se deroga la disposición referida a la presencia en la institución de un síndico nominado por el Banco de la República. Vamos a votar en contra este artículo porque tenemos un sustitutivo que tiene que ver con el espíritu de austeridad que de alguna forma presenta el Capítulo, ya que también queremos ahorrarle el costo que significan estos Directores y el síndico para la empresa cooperativa CONAPROLE. De todas maneras, creemos que es importante que esos Directores -delegados de la Intendencia Municipal de Montevideo y del Poder Ejecutivo, así como el síndico- sigan integrando el Directorio de CONAPROLE. Digo esto porque, de alguna forma, CONAPROLE ha sido una empresa cooperativa que ha tenido, a lo largo de su historia, un desarrollo, en el que no está exento el apoyo que le ha dado tanto la población de Montevideo, como el conjunto del Estado uruguayo, porque hasta el día de hoy se ha beneficiado con un conjunto de exoneraciones que no tiene otro tipo de empresas, por ser una cooperativa. Estas tienen que ver con el IMESI, el IVA a la importación de maquinaria y de equipos, y ello le ha costado a la sociedad uruguaya y al Estado mucho dinero. Se ha apoyado con mucho gusto un emprendimiento de este tipo y se ha conformado un capital social cooperativo en donde el Estado tiene mucho que ver y, por lo tanto, tiene derecho de contar con su presencia en el Directorio. Lo mismo ocurre con la población de Montevideo que a través de la existencia de monopolios del fluido de leche durante un tiempo importante permitió, también, una capitalización de CONAPROLE. En ese capital tienen que ver los montevideanos, no sólo los socios de la cooperativa, sino que todos en su conjunto han aportado durante décadas para ese capital que se ha ido conformando en dicha empresa.

Por lo tanto, creemos que los dos Directores tienen que permanecer; también lo referente al síndico nos parece un tema importante. Lo que estamos proponiendo en los aditivos es quitarlos del costo de CONAPROLE para que sean remunerados por quienes delegan en ellos su representación, tanto por la Intendencia Municipal de Montevideo, por el Poder Ejecutivo, como por el Banco de la República. En un artículo aditivo que proponemos, terminamos con la discriminación, con el condicionamiento del voto y con la ponderación del voto para elegir el Directorio. En el último sustitutivo -que si no me equivoco es el del artículo 44- estamos proponiendo eliminar la injusticia que desde nuestro punto de vista significa que para elegir los Directores los socios de CONAPROLE tengan votos ponderados, y haya sí productores que tengan más de tres, cuatro o cinco votos y otros que tengan uno o ninguno. Entonces, creemos que eso elimina la discriminación y democratiza a la cooperativa, dándole un voto a cada uno de los socios. Eso, fundamentalmente, tiene que ver también con el Directorio, porque esta composición del mismo, integrada por los delegados del Poder Ejecutivo y de la Intendencia Municipal de Montevideo, preserva las garantías de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 12.378 que están vigentes, al autorizar la venta de bienes inmuebles y al hacer las mayorías de ese Directorio. Con esa integración y con las mayorías especiales que se exigen por parte de la ley, de alguna forma se preserva la posibilidad de que el Directorio o los grandes remitentes de 10.000, 15.000 ó 20.000 litros no sean los que se adueñen, de algún modo, de la cooperativa y hagan la distribución de utilidades o utilicen la dirección de CONAPROLE de una forma discriminatoria para los productores.

En síntesis, tenemos un texto sustitutivo del artículo 43 y votaríamos negativo el artículo 44 donde dice: "el control interno y el destino de las utilidades serán dispuestas por las autoridades de la cooperativa, quedando sin efecto a partir de la vigencia de la presente ley, todas las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes que se opongan a lo establecido en este artículo", en la medida en que esto, lo que hace, es cambiar la composición del Directorio, modificando de ese modo las mayorías especiales. Además, con esta composición del Directorio se pueden tomar las distribuciones de las utilidades y no destinarlas a la inversión como lo exige la ley. A su vez, votaríamos el artículo 45 porque simplemente permite que una empresa tan importante como CONAPROLE sea obligada a dar información, publicidad y control aplicables a las sociedades anónimas abiertas por la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, para una mayor transparencia de sus estados contables, lo que nos parece que es un artículo votable.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- La lechería en el Uruguay, ha sido uno de los sectores más dinámicos de toda la producción. Es capaz de duplicar su propia producción cada pocos años y esto se debe a un conjunto de factores. Como lo hablábamos ayer, el área ya está tomada, no hay más vacas nuevas, pero hay aumento de la productividad debido a mejores manejos, incorporación de material genético, mejores usos de tecnología disponible como el silaje de maíz, concentrados, manejo de pasturas, alambrados eléctricos, etcétera. Todo esto constituye uno de los desafíos estratégicos que tiene el Uruguay, porque se puede convertir en el tambo de América Latina porque, en los países del MERCOSUR -según estimaciones de la FAO- hay un déficit de 9.000:000.000 de litros anuales y el Uruguay produce 1.000:000.000. El único país que está en condiciones de ser el abastecedor de una gran parte de este déficit, es el Uruguay. Para llegar a esto deben concurrir, necesariamente, varios elementos. Uno que es imprescindible y que, además, diferencia la producción lechera de cualquier otra de la vida agropecuaria nacional es la integración producción-industria que es indispensable porque es lo que da estabilidad al sistema. En ese sentido, cuando un frigorífico se cierra en cualquier parte del país, los productores siguen funcionando y envían a otro, pero cuando una planta lechera se cierra por alguna circunstancia, los productores lecheros desaparecen inmediatamente con ella. Debe existir una armonía entre el productor y la planta lechera, que es, precisamente, la que ha logrado el sistema lechero uruguayo. Para que esto se fortalezca y para que estas cosas tengan cierta visión de futuro, necesariamente la planta debe tener intereses íntimamente ligados a los de los productores. Por eso es que las experiencias en lo que tiene que ver con el desarrollo lechero en el mundo entero hablan de cooperativas de productores. Tanto en Nueva Zelanda como en Estados Unidos se opera en los mercados internacionales a través de cooperativas que integran los productores y que, además, son parte del capital accionario de esas plantas que son de los productores.

Nos parece que la implementación de este articulado sobre CONAPROLE nos plantea en primer lugar -no hemos tenido una respuesta al respecto y quisiéramos conocerla- la interrogante de a quién corresponde esta iniciativa. Esta pregunta la hago sin ningún tipo de intencionalidad y, mucho menos, de mala fe. Honestamente, quisiera saber quién impulsó esto. Si fueron los productores a través de la Directiva de CONAPROLE, o los productores simplemente integrados como socios a la cooperativa, o directamente el Poder Ejecutivo porque entiende que esta es una de las maneras de desarrollar la planta o de encausar el desarrollo lechero por otro camino.

En esta región complicada, donde hace apenas 3 años a la CONAPROLE se le dio el premio al mayor exportador del Uruguay y que un año después, con la crisis que sobrevino a raíz de la devaluación del Brasil -donde perdimos el gran mercado que teníamos, por lo menos en corto plazo, de leche larga vida que era el principal rubro exportable a ese país- de la sequía, del atraso cambiario, del proteccionismo de los otros países y de la invasión de lácteos provenientes del exterior -porque los países competidores en esta materia con el Uruguay devaluaron sus monedas, se volvieron mucho más competitivos y ocuparon mercados como el del Brasil que antes teníamos nosotros- CONAPROLE logró salvar esa instancia que fue, sin lugar a dudas, dramática. Eso lo hizo, precisamente, enmarcado en esta actual composición legal de lo que es la cooperativa. Nosotros afirmamos que el problema principal de CONAPROLE no radica, de ningún modo, en el estatuto legal, por lo que nos parece por lo menos sorpresivo incluir estas modificaciones en este proyecto de ley. Como decíamos, los problemas de CONAPROLE están vinculados a su estatuto y no a otra cosa.

En cuanto a lo que expresaba el señor Senador Núñez respecto a la historia de CONAPROLE, la conformación del mercado y el monopolio que se le dio -que fue de alguna manera un subsidio que la sociedad hizo para que la cooperativa creciera, porque impedirle la competencia, estaba favoreciendo el desarrollo de esa planta que hace casi 50 años que está funcionando- nos plantea por lo menos esas dudas profundas en el sentido de que aquí hay como una actitud que algunos Senadores en el día de ayer decían no querer del Estado. Creo que era el señor Senador Millor el que dijo que no quería un Estado prescindente, fugitivo y desertor; y nosotros acompañamos, obviamente, ese concepto.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Estoy escuchando atentamente la exposición del señor Senador Nin Novoa y es verdad todo lo que ha dicho sobre la empresa, su crecimiento, su desarrollo, versatilidad y adaptación a los nuevos tiempos. Pero en todo esto que ha hecho CONAPROLE, con gran visión empresarial, ¿qué tienen que ver los Directores del Estado? Lo pregunto porque parecería que no reconocemos todo eso. ¿Qué participación tuvieron los Directores del Estado y de la Intendencia Municipal en todo esto? Ello ha sido producto de la visión empresarial de los propios cooperativistas y productores que se han adaptado a los nuevos tiempos con mucho sacrificio y esfuerzo. Pero los Directores del Estado fueron un peso y una carga; y por lo que tengo entendido se les tuvo que pagar un sueldo muy por encima del que cobramos nosotros. Fueron cuestionados en las asambleas de todos los productores rurales lecheros. Fueron una carga, y todavía tuvieron que hacer un esfuerzo de reconversión y adaptación. ¿Qué tiene que ver que el Estado y la Intendencia Municipal tengan Directores sentados en CONAPROLE? Es la pregunta que surge de todo esto y me gustaría que el señor Senador Nin Novoa me convenciera acerca de cuál ha sido el brillante aporte de los Directores de la Intendencia y del Poder Ejecutivo que han posibilitado la adaptación de esta empresa a los nuevos desafíos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- A eso iba, pero la ansiedad del señor Senador Heber lo hizo adelantarse a lo que iba a tratar de explicar y que había empezado a esbozar.

El Estado tiene una presencia en la cooperativa precisamente porque fue producto de un esfuerzo que la sociedad hizo en favor de la misma. Darle el monopolio en el consumo de la leche de toda una ciudad y de todo un departamento, es una transferencia de recursos que le impide a otros productores y empresas competir e ingresar y les guarda el monopolio para que pueda desarrollarse. Pero además, hasta el día de hoy, el Estado fija el precio de la leche. Es una de las únicas actividades que, increíblemente, el país mantiene reguladas. Digo increíblemente, no porque no lo compartamos, sino porque en este país se tiende a desregular todo, salvo en la materia penal donde cada vez se regula más. Lo demás todo lo liberamos.

Entonces, hay un compromiso de la sociedad con una empresa que, además, no es una empresa cualquiera, sino la empresa insignia de la economía nacional, la más importante que tenemos, la grifa que nos identifica. Así, uno está, por ejemplo, en Brasil, entra a un supermercado, ve un producto CONAPROLE y se llena de satisfacción y de orgullo. Eso lo hicimos entre todos; naturalmente y en primer lugar, con los productores, pero también con una visión moderna y positiva, en el sentido de integrar a la sociedad, a través de sus representantes, con el esfuerzo que ese sector productivo estaba haciendo, gracias al apoyo que le dimos, no quizás nosotros, sino nuestros padres y abuelos.

Creo que el tema radica en que hay un compromiso y creo que es bueno que el Uruguay lo siga asumiendo. Cuando se habla de aliento al trabajo nacional, es apoyando estas expresiones productivas y también participando y comprometiéndose. No conozco, digo la verdad, la actividad individual de cada uno de los Directores de las Intendencias que están allí desde 1950. Me refiero a Intendencias coloradas, blancas, a Poderes Ejecutivos blancos y colorados que siempre han nombrado representantes, que son los del poder político, es decir, los representantes de los representantes de la soberanía. Reitero que creo que eso es bueno y saludable. Además, la cooperativa tiene una manera de resolver sus problemas de ventas y enajenaciones que necesita el concurso de los delegados del Poder Ejecutivo, por ese esfuerzo que la sociedad en su conjunto ha hecho para desarrollar y potenciar a CONAPROLE.

En verdad, no creo que el motivo de la eliminación del síndico y de los Directores públicos sea el costo de sus salarios. Si así fuera, en el aditivo estamos proponiendo que no sean de cargo de la cooperativa y que, en todo caso, de uno se haga cargo la Intendencia Municipal y del otro, el Poder Ejecutivo, el Banco de la República en el caso del síndico. Obviamente, no vamos a pedir que estos cargos sean honorarios.

Creo que el resultado de la historia de la cooperativa, con esta intervención, es positivo, porque no se puede decir que esta historia exitosa de CONAPROLE se hizo con el contrapeso de los Directores públicos; no puedo creer que así sea. Como este resultado, en términos generales, ha sido positivo y nosotros compartimos esta política, pienso que en momentos de dificultad, la sociedad debe tener posibilidad de controlar el esfuerzo realizado, evitando que se destruya el mismo, en perjuicio de la mayoría de los productores y de la población. Pienso que éste debe haber sido el espíritu del Legislador al incluir al síndico y a los Directores públicos.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Puede ser que lo que estamos proponiendo no sea un sistema definitivo, pero creo que en todo esto hay una situación de transición; vamos a ver en qué termina. En todo caso, me parece clarísimo que si en todo este período hubo presencia de representantes de la Intendencia, ello se debió a las razones expresadas por el señor Senador Nin Novoa, dado que el desarrollo de la cooperativa ha sido el producto del esfuerzo de los productores. Pero, a su vez, esto es también un invento uruguayo. Esta es una cooperativa de productores que tiene el monopolio del abastecimiento de la ciudad más importante y cuenta con un precio tarifado que se encuentra por encima de los precios internacionales, lo que significa que estamos en presencia de un clarísimo subsidio. En consecuencia, en todo esto hay dos partes. Por un lado, el esfuerzo de los productores y, por otro, la transferencia que ha hecho la sociedad y la reserva de mercado, todo lo cual le ha permitido una estabilidad y el desarrollo de las praderas en una zona muy importante del país, la base forrajera y el desarrollo tecnológico. En cierta medida, si uno lo mira desde el punto de vista histórico, esta es la explicación más clara.

Debo decir que no necesariamente estoy de acuerdo con los cambios abruptos; depende de la dirección en que se hagan. Por su parte, el futuro de la cooperativa nos genera un conjunto de incertidumbres muy grande. Nos encontramos en un momento de transición, donde se han modificado algunas reglas de juego, si bien no todas y no creo que fuese bueno para el Uruguay que se dieran algunos cambios que pusieran en riesgo su futuro como cooperativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Si bien normalmente concedo todas las interrupciones que se me solicitan, en el corto lapso de que dispongo, quisiera terminar mi exposición.

A continuación, quiero abordar el tema de la enajenación. Para enajenar o gravar inmuebles, se requiere en el Directorio mayorías especiales y así está pensado en la ley. Hablo de cuatro votos, si dos de ellos son de los Directores públicos o cinco votos cuando intervenga sólo uno del poder público. Si se eliminan los Directores públicos, se requiere el voto conforme de la mayoría absoluta, es decir, tres en cinco. Honestamente, me parece un exceso que quede únicamente en manos de tres personas la venta de una cooperativa que ha crecido al impulso del Estado uruguayo, de todos nosotros -hombres, mujeres y trabajo nacional- a la que se le han dado recursos, a la que se le han dado oportunidades, a la que se ha subsidiado y ayudado. Pienso que por lo menos tendría que haber un mecanismo que obligara o que permitiera expresar la opinión de los dueños de la cooperativa, es decir, de todos los productores, tal vez bajo la forma de un plebiscito.

Expresamos que esto nos merece muchísimos reparos y, en consecuencia, no vamos a acompañar este articulado. Asimismo, también nos merece reparos el artículo 44, que plantea que el control interno y el destino de las utilidades serán dispuestos por las autoridades de la cooperativa quedando sin efecto, a partir de la vigencia de la presente ley, todas las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes que se opongan a lo establecido en el artículo.

Aquí, lo que se deroga es la norma por la cual se establecía un criterio de distribución de utilidades en la cooperativa, que fue otro de los elementos como consecuencia del cual la cooperativa creció. Por medio de él, se establece que el 70% de las utilidades será destinado a la instalación de nuevas usinas o plantas de pasterización o a la ampliación de las existentes y al mejoramiento de la producción e industrialización de la leche, factores importantes en el desarrollo de la empresa. A su vez, el 30% restante de dichas utilidades debía destinarse a un fondo de asistencia y previsión en beneficio de los trabajadores, que también se pierde.

Pienso que se trata de un proyecto que no tiene el apoyo -por lo menos lo desconozco- de la propia cooperativa y de los productores rurales. La empresa se encuentra en una situación de crisis relativa, habiendo superado ya una crisis importante como la regional; a su vez, su propia condición y estatuto jurídico le ha permitido asociarse y crear nuevas empresas. Por ejemplo, se asoció con los franceses para fabricar determinado tipo de quesos y tiene CEMESA, PROLESA, etcétera, todas colaterales y subsidiarias.

Nos parece que la integración entre producción e industria abre la puerta para romper ese equilibrio fundamental en el desarrollo estratégico en la producción lechera.

Muchas gracias.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: hemos pedido la palabra por la alusión del señor Senador Nin Novoa en función de algo que expresábamos nosotros.

Sucede -y esa posición no la voy a cambiar a esta altura de la vida- que nunca me he situado en el Estado totalitario en el sentido de querer hacerlo todo, es decir, lo que se llama el gran Leviathán, ni en el del Estado absolutamente liberal, que no hace nada, fugitivo y desertor. Sin embargo, ese Estado que transita por el camino del medio es el correcto. No conozco ningún país de la humanidad en donde exista ese Estado que no hace nada; en los libros, sí puede ocurrir, pero no en la realidad. Hubo un intento de Estado que trató de hacerlo todo, y ya sabemos cuáles fueron los resultados.

El tema no pasa por la presencia de funcionarios en cada uno de los emprendimientos. CONAPROLE nace en el año 35 sin el Director que representa al Poder Ejecutivo ni el que lo hace en nombre de la Intendencia Municipal de Montevideo, quienes se han incorporado en el año 46, como producto de la concepción de una época que puede compartirse. Sin embargo, no pasa por ese lado la presencia activa del Estado en favor de un sector productivo tan importante como es el lechero. El señor Senador Nin Novoa, como ex Intendente de Cerro Largo, lo sabe muy bien. Recuerdo perfectamente la cuenca lechera que desarrollaba dicho departamento a partir de COLEME hacia Fraile Muerto; no tenía electrificación y el señor Senador debe recordarlo porque en ese entonces era Intendente Municipal. Por esa razón, los tamberos, que no tenían posibilidades de contar con una ordeñadora -que en ese momento eran de fácil acceso- ni electricidad, no se quedaban en el tambo sino que se iban para Melo o para Fraile Muerto.

¿Cuál era la presencia que fuimos a reclamar a la cooperativa cuando el señor Senador Nin Novoa era Intendente Municipal de Cerro Largo? Que el Estado electrificara, y así lo hizo. Esa es la presencia del Estado a la que nos referimos y que transita por el camino del medio. En ningún momento se me ocurrió pedir la presencia de los representantes del Estado en la cooperativa, sino que éste le diera una mano a los trabajadores y a los productores mediante la electrificación. Sin embargo, el hecho no pasa necesariamente por la presencia de Directores designados por el Poder Ejecutivo y la Intendencia Municipal. No obstante ello, cabe aclarar que ha habido grandes Directores representando a las Intendencias Municipales y al Poder Ejecutivo.

Puede ser que suceda lo que el señor Senador Heber señaló con relación a algún productor, pero lo cierto es que ha habido muy buenos Directores. Sin ir más lejos, en nuestra Casa tenemos el último Director designado por el Poder Ejecutivo; me refiero al actual señor Representante electo por Rivera, el ingeniero agrónomo Guido Machado Brum, que fue un excelente Director. Deseo dejar esa constancia porque, que yo sepa, es todo lo contrario, puesto que concurrí a alguna asamblea con él y pude observar todo lo opuesto al rechazo por parte de los productores. Como en todas las cosas, ha habido buenos, regulares y malos. Sin embargo, debo decirlo con honestidad, ese es el Estado del Batllismo, el que prima en el mundo; los otros Estados no existen, a no ser en la teoría para engatuzarnos, enfrentarnos, pero no necesariamente pasa por la presencia de representantes del Estado en los organismos productivos.

Nada más. Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: la situación de CONAPROLE ha sido descrita, históricamente, por los señores Senadores que participaron hasta ahora de la consideración de los artículos propuestos. No tengo mucho más que añadir, excepto lo que en parte fui testigo de la misma.

CONAPROLE nace a impulsos de la ley del año 35. Como en tantas circunstancias, en países y ciudades -particularmente estas últimas en el mundo- hay pocos sistemas que permitan no asegurar el mercado del lechero como objetivo fundamental, sino el aprovisionamiento de leche. Por eso nace CONAPROLE, no para que los productores tengan dónde vender la leche, sino para que un consumo rígido y necesario como el del lácteo esté asegurado. La excelente ley del 35 consigue ese propósito con total eficacia. Por supuesto que con el correr del tiempo aparecen los delegados de la Intendencia, los del Poder Ejecutivo, el síndico, etcétera. Ninguno de ellos, con los respetos debidos a las personas que fueron y con quienes muchas veces tuvimos amistad, aportaron a la vida de la sociedad ningún elemento sustancial.

No considero negativo lo que hicieron porque lo realizaron apropiadamente, ya que no participaban de la vida activa de la institución. Se trata del representante de la Intendencia, el del Poder Ejecutivo y procuraban reservar, probablemente con acierto, esa independencia de criterio que entendieron que siempre debían tener.

Sus informes -y a algunos nos tocó tenerlos en nuestras manos- no aportaban mayores elementos para que el Poder Ejecutivo, en el caso en que nos tocó participar, que fue en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del que fuera titular Wilson Ferreira Aldunate durante casi cuatro años como Subsecretario. Trabajé mucho en el sector de lechería, que era el que nos asignó a casi nuestro exclusivo cargo Wilson.

Si teníamos que averiguar, saber, inquirir, conversar y dialogar con CONAPROLE, se llamaba a sus autoridades sin perjuicio de que, naturalmente, estuviera presente muchas veces el delegado del Poder Ejecutivo. Supongo -y descuento- que así lo hacía la Intendencia con sus delegados, cuando tenía algo que requerir, conversar o dialogar con CONAPROLE.

Sin embargo, era el Directorio CONAPROLE el elemento humano sustancial y resolutivo con el que nos conectábamos. Llegó durante esa gestión un momento crucial -también la circunstancia nos encuentra en la posición jerárquica mencionada en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a Wilson Ferreira Aldunate- en que se produce el cese del monopolio determinado por el término del plazo determinado por la ley de creación de 1935. En tal instancia CONAPROLE tuvo cierto miedo -tal vez esa no sea la expresión correcta- porque entendieron que al cesar el monopolio la "invadirían" desde muchos lados. Incluso, alguno recordará que cierta planta elaboradora de Las Piedras entró inmediatamente a Montevideo a vender leche cuando cesó el monopolio de CONAPROLE, por supuesto que sin éxito. Sin embargo y pasado un tiempo y al asumir esa pérdida del monopolio, CONAPROLE se transforma -en lugar de tener miedo y soñar con seguir detentando la venta exclusiva de leche en Montevideo- en una empresa que se convierte en una aventura nacional exitosa a cargo de los productores, y obviamente no del delegado del Poder Ejecutivo ni el de la Intendencia Municipal de Montevideo. Seguramente, eran colaboradores eficaces e inteligentes, pero no aportaban lo mismo que la gente que -elegida por los productores- fue transformando la Sociedad apoyados con un cuerpo gerencial de primera línea. Precisamente, destacó por su enorme relevancia a un hombre, que falleció hace muy poco, y que se desempeñó durante treinta años como Gerente de CONAPROLE, quien acompañó y vivió e impulsó esa transformación. Me refiero al contador Souto. Ese hombre, por muchas consideraciones excepcional insufló -si vale la expresión- al Directorio, a los productores y a todos los organismos de CONAPROLE en un sentido positivo con su talento y dinámica.

Naturalmente, se hizo todo esto con la receptividad que encontró en el sector más progresista, junto con el del arroz, de toda la agropecuaria nacional, comenzando a crecer en forma extraordinaria, con mercados positivos, con Brasil, con México y con múltiples transformaciones.

Hoy, señor Presidente, lo que se hace es unos cambios que voy a llamar de una manera que quizás no sea la que se utiliza en una ley: este es un acto de fe en CONAPROLE. No es necesario colocarles al lado dos custodias, que van a estar atentos para ver qué es lo que hacen, como alguien pueda pensar que fueron los delegados oficiales. Nos parece erróneo sostener el argumento de que debe haber alguien que los vigile en su gestión a los productores porque Montevideo, que debió comprarles la leche en forma obligada durante muchos años, ahora tiene que tener a alguien que lo represente. No es este un argumento válido porque, si así fuera, también tendrían que poner, por ejemplo, un delegado en el Directorio de CUTCSA, en virtud de que en la medida en que ésta tiene una concesión determinada, necesitaría alguien que vigilara su gestión. Las empresas que ejercen cierto tipo de actividades se custodian por la presencia de los organismos del Estado en las competencias que les corresponde.

Debe tenerse un poco de fe en CONAPROLE, más aún si tenemos en cuenta que fue capaz de construir lo que ha construido, a partir de aquella cuenca que llegaba hasta 60 ó 70 kilómetros de Montevideo, no más, quizás hasta por falta de caminos y elementos de transporte suficientes. De aquello se transformó en un gigantesco emprendimiento industrial de este país, el más grande de todos, ocupándose además de otras cuencas lecheras o lugares. En aquellos lugares que había problemas en plantas lecheras, llamaban a CONAPROLE para que esta cooperativa pusiera su empuje a efectos de que esa región mantuviera, no sólo su planta de pasteurización, y también muchas veces de industrialización sino la propia cuenca lechera. Además, ha influido en el desarrollo del sector agropecuario con una de las tareas más civilizadoras a nivel de ese sector, sobre todo en un país que tiene nuestras condiciones de suelo y clima. Todo esto se hizo por CONAPROLE y, en consecuencia, vamos a tener un poco más de fe en esta cooperativa y dejémosla liberada de estos custodias que, seguramente, no han custodiado nada porque nada había que custodiar.

En cuanto al control interno y destino de las utilidades, también vamos a creer en CONAPROLE. ¿Por qué vamos a suponer que como se van los delegados del Poder Ejecutivo y de la Intendencia de Montevideo, se van a dedicar a vender todas las propiedades, en una vorágine absurda? Seguramente, van a hacer lo que han venido haciendo hasta ahora. Hace poco se produjeron algunos movimientos comerciales referidos a CONAPROLE, que todos conocemos, respecto a ofertas de compra, qué contestación se daba. Nunca escuché la opinión del delegado del Poder Ejecutivo, así como tampoco la del representante de la Intendencia de Montevideo. Los que contestaron fueron los productores, ya sea bien o mal, y eso fue una demostración más de quienes tienen efectivamente el mando en CONAPROLE. Me parece absurdo decir que si sacamos los delegados estatales van a comenzar a vender las propiedades, cuando se trata de gente que ha construido con su esfuerzo de generaciones de lecheros y de administradores de CONAPROLE.

Señor Presidente, creo que hay que creer en lo hecho y marchar adelante junto con una CONAPROLE que va a seguir funcionando sin necesidad de estos delegados estatales en su marcha.

Finalmente, quiero referirme a la propuesta de transformar -que se propone en un artículo aditivo, pero es necesario un comentario sobre el mismo- el régimen con que se fundó CONAPROLE, que no es el de cooperativismo estricto -un hombre, un voto- sino uno diverso que allí funcionó y funcionó bien. Quien habla tuvo oportunidad de conocer -y por lo que voy a decir no interesa saber de qué entidad se trata- otra cooperativa rural de alto volumen y de dignísima trayectoria, pero que tenía la dificultad de "un hombre, un voto". Esta fórmula permite desenvolverse hasta cierto nivel, pero después comienza una diferencia que es inevitable, que consiste en saber entre los socios cooperativos "qué juegas tú en esto y qué juego yo". Si lo que tú juegas es una cuota -en aquella época y hoy siempre se hace referencia a la cuota- de 60 litros, lo más probable es que tengas otras actividades.

En consecuencia, tú no arriesgas lo que yo estoy jugando con cientos o miles de litros de cuota, porque yo estoy comprometiendo mucho patrimonio, mi vida entera, mi familia, mi actividad diaria y las posibilidades de trabajo de los que son empleados.

Fue por esto que se estableció la diferencia al criterio cooperativo de "un hombre, un voto", ya que si no se hace así se enfrenta una valla que es invencible. Tenemos al hombre que dice: "Yo mando 1.000 litros de leche a la cooperativa y tengo un voto. Fulano manda dos tarros y tiene un voto. Perdónenme, pero a esta cooperativa no puedo seguir mandando". Si en esa cooperativa que puse como ejemplo se hubiera llevado la fórmula de CONAPROLE, quizás no habría tenido las dificultades de compaginarse a la realidad.

La base de la actual prosperidad de CONAPROLE es, entre otras circunstancias esa fórmula de voto. Puede alterarse, pero van a aparecer otros intereses. De lo que se trata no es de un hombre, un voto, sino un hombre, más votos en función de los intereses legítimos que está arriesgando. Son estos socios de la cooperativa los que llevan de la mano a los otros, a los pequeños, a los que quizás tienen muy poco interés en CONAPROLE.

¿Alterar ese régimen? Determinaremos, señor Presidente, una elección como las que hacemos en el ámbito de las instituciones políticas del Estado: un hombre, un voto, en este caso sí algo inevitable y necesario y naturalmente todos compartimos el criterio. Pero, en CONAPROLE: ¿un hombre, un voto, para qué? ¿Acaso para crear una antinomia con un régimen que fue efectivo? Prefiero no arriesgar.

Por todo lo expuesto me parece que las propuestas del Poder Ejecutivo son ajustadas, válidas y necesarias y pueden dar un buen resultado. En cuanto a las otras propuestas que se nos hacen, algunas son obviamente contradictorias con lo que acabo de decir y una me parece un grave error de apreciación sobre lo que significa positivamente en CONAPROLE la ruptura del principio "un hombre, un voto" para posibilitar el desarrollo que la cooperativa ha tenido mediante la presencia de una representación adecuada de cada uno de los productores.

SEÑOR VIRGILI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIRGILI.- Señor Presidente: esto viene bien para que yo pueda mencionar que en un momento determinado, usted y yo, íbamos a preocuparnos por un problema de CONAPROLE. Conocemos a esta cooperativa -quizás por ser más veteranos- desde su inicio en el año 1935, y luego con Moneta sentado y dando $ 50 a unos y a otros y la pobre gente cuando llegaba a su casa prácticamente no tenía más dinero.

Después comienza la nueva etapa de CONAPROLE, se introduce en otro mundo. Don Antonio Mallarino, entre otros, fue uno de los precursores de esta gran empresa de productos lácteos.

Cuando estuvimos en la UTE, dimos energía a la gente y, además, se pusieron las calles en condiciones porque, de lo contrario, el camión no podía llegar al tanque para llevar la leche.

Con respecto a CONAPROLE, siempre nos preocupó mucho el tambero chico, que produce 90 litros y que obtiene $ 120 por día, vendiendo el litro de leche a $ 1,30 ó $ 1,40. Seguramente, es el sostén de mucha gente que trabaja allí y gana mucho más que él. Pienso que sería muy importante contribuir a la solución de sus problemas, darles una mano, no sé si a través de subsidios. Es necesario que en esa zona haya algún otro elemento que posibilite vivir mejor. Los señores Senadores comprenderán que produciendo 90 litros de leche por día -creo que esa cantidad es la leche cuota, lo digo con cierto conocimiento porque, en otra época, también tuve un tambo- no se puede vivir ni hacer nada. Entonces, debemos alentar a esa gente con colmenas o mediante algún mecanismo que brinde mayor producción. Habíamos pensado con el señor Presidente salir a caminar y ver esta realidad, pero luego las circunstancias fueron otras; tanto él como quien habla nos metimos en un tembladeral y, lamentablemente, aquellos quedaron solos.

Por otra parte, hay que señalar que la única ventaja que tiene el tambero es que no es el esclavo que era ayer. En el pasado, tuve ocasión de conocer al tambero, al "milico de tambo", que no trabajaba los lunes, y el pobre dueño del tambo tenía que ordeñar las vacas. Pero hoy no ocurre lo mismo, porque no es tan esclavo; dispone de otros elementos, por ejemplo, de máquinas de ordeñar y del camión que le absorbe la leche en la puerta. En la época en que vivía en la casa de mis padres, junto a la carretera, había un señor que trabajaba allí y llevaba leche a lo de Echeverría, que fue uno de los precursores -junto con Infante, entre otros- de CONAPROLE. En aquel tiempo, no daba vuelta la rueda del carro; la rueda se arrastraba. Era necesario utilizar cinco o seis caballos para llegar a la carretera. Era una situación terrible. Hoy, es otro mundo. Pero eso nos queda pendiente, es decir, el pequeño productor al que hay que alentar, darle un medio de vida y no dejarlo solo. No podemos permitir que salga de allí. No sé si CONAPROLE tiene medios económicos como para ayudarlo, pero creo que todos debemos ser gestores para brindarle posibilidades a esta gente. Personalmente, me presto gustoso a ello, y hago lo que puedo. Lamentablemente, los medios de que dispongo no sirven para ayudar, sino sólo para conversar con la gente.

Reitero que conocí a aquella CONAPROLE incipiente; hoy es una potencia. Si vamos a Brasil, podremos ver que los productos de esta Cooperativa están impuestos como los mejores del mundo y es un honor decir que se es uruguayo. Por eso, creí necesario hacer estas apreciaciones en Sala. Aunque no he podido llegar a hacer cosas en este sentido, tengo el pensamiento puesto en poder hacer algo.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Efectivamente, el objetivo originario de CONAPROLE, como el de otras cooperativas lácteas, fue en sus inicios lograr la regularización del abastecimiento, fundamentalmente en las temporadas de invierno. De allí surgió el concepto de cuota y una serie de disposiciones. Durante mucho tiempo lo que pareció un monopolio, o lo que fue efectivamente un monopolio -a veces averiado por un carrito, por las vacas de barrio y por la lucha de la pobreza, como se sigue dando con las jardineras en las ciudades del interior- fue acumulando y estabilizando una capitalización de una empresa importante. Mas quiero llamar la atención en que ese factor fue clave, pero no menos importante lo fue la naturaleza del país, las ventajas comparativas de un país pastor, con clima meridional. Nuestra historia es la de un país vendedor de pasto transformado. Por algo, antes de ser una nación, fuimos un país pecuario. Y por más vueltas que le demos, somos un país esencialmente pastor. Es casi natural que un país ganadero con las características del nuestro, evolucione hacia uno lechero, porque hay problemas biológicos que son determinantes. Si transformamos el pasto en carne, se aprovecha la materia seca en un 6%. Pero si la materia seca se aprovecha para producir leche, se obtiene un 17% ó 18%, porque biológicamente el animal lechero es una máquina mucho más eficiente. Hasta los negros africanos se dieron cuenta de esto y hay lugares de Africa donde es muy dura la lucha por la leche, y es sagrado no matar una vaca. Una buena lechera, en un año de lactancia, es capaz de dar tanta materia noble como la que tiene en el cuerpo.

Entonces, CONAPROLE no es casualidad. Hay un mercado interno que sigue operando hasta hoy, porque contra lo que cree la gente, el mercado internacional, por mucho que se exporte, deja muy poco margen y, en muchos casos, se pierde. Lo que da rentabilidad es el mercado interno, y el jaque hacia CONAPROLE es disputarle dicho mercado. ¿Por qué? Porque el 74% de la leche que se produce en el mundo es subsidiada, según decía el señor Senador Malaquina en el día de ayer. No hay un mercado mundial que sea espejo. Es inconcebible que en Europa le paguen a un productor U$S 0,42, U$S 0,43 o U$S 0,40 por litro de leche, y que después vendan leche en polvo en América Latina a U$S 1,50, siendo que se necesitan 10 litros para producir un kilo de leche en polvo.

Ese mundo defectuoso e imperfecto es una constante incertidumbre en materia de exportación y el mercado interno cumple el papel de estabilizar, de pelear por el mantenimiento de los costos fijos. El jaque hacia CONAPROLE es disputarle el mercado interno, fundamentalmente con los productos más caros, como ser el yogur y los quesos más finos. De esa manera, se le quita rentabilidad.

A todo lo que se dijo de CONAPROLE habría que agregar la labor de extensionismo que hizo la cooperativa de la cultura. De hecho, ese es un tácito subsidio que ya no puede hacer más porque les llegó la competencia. Cumplió funciones de Estado. En realidad, gastó parte de su erario en promover la lechería, teniendo un costo de extensionismo que no es propio de una empresa que tiene que ganar plata, pero se le terminó la agenda, su tiempo. CONAPROLE es grande, pero todos sabemos que tiene dificultades.

Voy a relatar algunos hechos porque no tengo dudas que cuando determinado grupo que se dedica a comprar empresas se presentó y tiró una bomba, se produjo un movimiento de pinzas muy importante. Hablaron con todo el mundo; hasta me invitaron a comer en un restorán para explicarme el proyecto y las bondades que tenía. Recorrieron todo el espinel, cuanto diario existe, cuanto tipo que pueda tener un formidable movimiento de marketing y de influencias, exponiendo su propuesta. Uno sabe que no es un grupo lechero; en todo caso, es un grupo muy poderoso que se dedica a comprar empresas en momentos de dificultad, potenciarlas y venderlas a posteriori.

Sabemos lo que ha venido haciendo PARMALAT y lo que significa; conocemos lo que es el mundo de hoy. Sé perfectamente que el candidato que tiene el matungo con más probabilidades es neozelandés. Tiene tradición lechera y, naturalmente, tiene incidencia en el 27% del mercado de lácteos del mundo. Asimismo, posee una brutal experiencia cooperativa sobre la base de una producción lechera casi en un 90% familiar. Naturalmente, en América Latina el Uruguay es el país que tiene los menores costos por litro. Es muy difícil, en el contexto de América, competir con el Uruguay en condiciones de paridad cambiaria y de otras yerbas, porque aquí están las ventajas comparativas que tenemos. Por eso creo que a pesar de las dificultades, CONAPROLE es tentadora. La Argentina ha tenido una explosión en su producción de leche, pero tiene el problema de que se le dispara el costo por litro. Puede producir mucho, pero se le va para arriba el precio. En esta última frontera agrícola que le queda al mundo, no hay un país con mayores ventajas comparativas en el cono Sur que las que tiene el Uruguay. Por ahí está la importancia de CONAPROLE y la de toda esta cuestión para nuestro país.

Cuando se piensa en un tambero que está trabajando en el campo, a la corta o a la larga, hay tres tipos, por lo menos, trabajando en la ciudad. Cuando hablamos de lechería no nos estamos refiriendo al trabajo agropecuario, sino de una razón de vida para los pueblos y para la ciudad. Esto es estratégico. Cuando miro algunos departamentos como Flores, por más vueltas que le doy en la cabeza, pienso que si no hay un desarrollo lechero vigoroso, de qué va a vivir ese departamento. De modo que no es cualquier cosa este tema.

Creo que el Banco de la República ha tenido un Síndico. Permanentemente hay entre U$S 40:000.000 y U$S 50:000.000 en ese Banco en la vuelta; se trata de la primera empresa del país y no es poca cosa. Creo que está bien. Pero también ha tenido problemas y quiero quebrar una lanza por los defectos del Estado y por los de los orientales. Esta es una hermosa empresa y tal vez exprese problemas de los uruguayos.

En la última crisis, luego de investigar todo lo que se puede en materia de costos, había que pagar desesperadamente un par más de centavos el litro de leche y había que ahorrar U$S 30.000 por día para pagarlos. Tuvimos una discusión con el Directorio que nos costó que el delegado de la Intendencia estuviera cerca de dos meses sin saludarnos, medio ofendido. Yo soy un paisano medio bruto en estas cosas y desde el Presidente al Director les dije que se fueran para la casa, porque eran unos $ 70.000 por Director; pero alguno de los representantes de los productores remitía 16.000 litros por día y otros 12.000. Tuve una discusión con un señor al que le dije: "Pero usted tiene como siete caballos de carrera", y me respondió: "No, señor; usted está equivocado, tengo 35", pero con 70 años en el lomo. Como había que hacer una racionalización de costos y había 104 empleados que cobraban arriba de U$S 4.000, le dije -porque el ejemplo hay que darlo desde arriba- "entonces, hermanito, si hay que apretar, empezá de arriba".

Allí había ganado por concurso un señor gerente -que apenas conozco, pero supongo que debe ser un balero- que cobraba un platal, pero tuvo unos competidores de primera, alguno de los cuales hoy está en el Banco Central. En todas esas vueltas a CONAPROLE también le pasó en los últimos años esas cosas que tenemos los uruguayos: empresas laterales que aparecen, de Fulano y de Mengano; un poco de excesivo amiguismo, llamémosle. Ese sentido de "pierna" que tenemos los orientales terminó aumentando los costos fijos de CONAPROLE y creando un cierto margen de demasiado peso bruto del medio para arriba.

Hecho este redondeo, no les voy a dar más lata. Podría hablar toda la noche de estas cosas.

Creo que las dificultades económicas y del mercado llevan a un tipo de asociación, de venta o llámenle como quieran. No me asustan las asociaciones; sobre todo, las que pueden servir para ganar mercado. Pero pienso que con esta actitud se quieren facilitar los mecanismos para tomar esa decisión. Lo digo sinceramente. La presencia del delegado de la Intendencia y del otro delegado, estatutariamente en estas condiciones puede ser pesado. Lo que ha de ser será porque, en definitiva, nadie tiene la bola de cristal, pero les quiero confesar cómo la veo.

Por todo este panorama, CONAPROLE tiene que invertir; se necesitan cambios porque, desgraciadamente, la política de agresión en materia de precios internacionales es brutal. Esto se origina en los países centrales, en los excedentes de los Estados Unidos, y esa es una realidad del mundo que no vamos a cambiar, al menos por ahora.

Creo que esta decisión se toma en ese marco, para facilitar las determinaciones que habrá que adoptar.

No tengo el mapa; se ven caras y no corazones. No sé qué va a hacer ese puñadito de productores grandes. A algunos de ellos, por un par de centavos más se los robó PARMALAT. Siempre se elige a los más grandes y mejores, a los que cuesta menos mandarles un camión, dejando que los chicos sean bancados por CONAPROLE, esos a los que, por una razón de humanidad, hay que ir a buscar los 90 litros que producen. La gran empresa selecciona los mejores clientes y les paga algo más porque es mucho más barata la recogida.

Como verán los señores Senadores, hay muchas cosas detrás de esto. Esta es mi visión. A lo mejor, alguien podrá pensar que soy conservador. Sí, lo soy; soy conservador de conservar y, naturalmente, uno se puede equivocar en eso. Le tengo miedo a la aventura así como así.

Nada más.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Este es un tema en el que me comprenden totalmente las generales de la ley, porque he nacido y vivo en un tambo y, también, desde el punto de vista familiar he participado del desarrollo no sólo económico sino social que la lechería ha tenido en el sector agropecuario.

El análisis que hacían distintos Senadores, y en especial el Senador García Costa, evidencia "pegar en el clavo" sobre cuál es la realidad de una empresa cooperativa que le ha hecho tanto bien al país y, también, a todo su sector productivo. Seguramente, si le creamos condiciones favorables, todos los uruguayos podremos seguir sintiéndonos orgullosos de una actividad que ha crecido tanto.

Me quiero referir, concretamente, a lo que vamos a votar. Nos retrotraeremos al momento en que se fundó CONAPROLE. La presencia del representante de la Intendencia Municipal de Montevideo tenía por objeto garantizar la calidad de la leche en un tiempo en que escaseaba el producto en la capital, en virtud de que algunas empresas cooperativas y no cooperativas se habían fundido.

Esta Cooperativa nació como un esfuerzo de juntar las cabezas de las empresas que en aquel momento no podían abastecer durante los inviernos. En esa época no alcanzaba la leche y había que importar leche en polvo y entreverarla con la líquida. Hace unos 20 años todavía se remitía leche en tarros y por tren. Hoy la calidad de la leche no sólo está garantizada por los institutos correspondientes, sino que también el sistema de comercialización está en función de la calidad. Es decir que la calidad tiene como contrapartida el precio. En materia de calidad, diría que estamos produciendo de las mejores leches del mundo en todos los tambos del país.

No sé si el delegado de la Intendencia es el que tiene que actuar por Montevideo, Maldonado, Buenos Aires, de Porto Alegre o de Paysandú, porque antes del 13 de enero se enviaba más leche líquida a Río Grande do Sul que a Montevideo. Evidentemente, si alguien tiene que controlar la calidad de la leche, de pronto tendría que ser un representante del lugar en que se vende más.

El delegado del Banco de la República fue una instancia que se dio cuando a la Cooperativa se le concedió un crédito muy importante, y el Síndico lo controlaba. Actualmente se controlan en función de los mecanismos previstos a nivel de la banca privada o de la pública.

Por su parte, el representante del Poder Ejecutivo era el que controlaba la capacidad de desarrollo que, en esa instancia, apuntaba al autoabastecimiento del país. Hoy esto ha sido superado ampliamente, en virtud de que se produce más leche para exportar, a pesar de ser el primer país en América Latina en materia de consumo per cápita.

El crecimiento de la producción láctea ha llevado también a un incremento en la parte profesional productiva. En la actualidad, 4.000 productores son de avanzada, porque para ser un buen productor de leche hay que ser un buen ganadero, porque hay que sacarle un ternero por año a la vaca; hay que ser un buen agricultor, porque se debe producir alimentación, y un buen artesano, porque para manejar un tambo o la industria se necesita de amor a la causa.

El país tiene como garantía la existencia de 4.000 ó 5.000 familias, que son las que van a definir hacia donde va la producción y su industria.

No es cierto que 3 ó 4 productores van a asociar a CONAPROLE a cualquier institución. Personalmente, me arriesgo a decir que la Cooperativa no se va a vender, porque los productores saben qué están manejando y que seguramente se asociará, como lo ha hecho, estratégicamente en algún subsector de la producción. Para que se entienda bien, digo que para llegar al 50% de los votos se necesitan más de 1.300 productores grandes. Quiere decir que nunca se van a tomar decisiones tan fuera de contexto de lo que es la producción y la industria.

Estamos, diría, en un sector que tiene mística, que habla poco porque a las horas de hablar está produciendo, trabajando. Entonces, me parece que esto le va a dar una herramienta para ir generando condiciones favorables en su propio desarrollo. Creo que así podríamos liberar a CONAPROLE de una situación más técnica, más reglamentaria que real, porque en definitiva nunca sentí que fuese un peso o una carga ni un beneficio.

SEÑOR CID.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANABRIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR CID.- He sentido en dos oportunidades que en realidad se tiene la percepción de que las modificaciones que se introducen al funcionamiento de la Cooperativa -sobre todo en el análisis del artículo 43- no cambian demasiado las reglas de juego, por llamarlo de alguna manera. En este momento, el señor Senador Sanabria, al decir que para tener el 50% de los votos se necesitan 1.300 productores, da a entender -y lo dijo expresamente- que no se apartaría demasiado de una normativa genérica. Pero lo que introduce el artículo 43 es una modificación de la capacidad de decisión del Directorio de CONAPROLE. Está expresamente dicho, porque los bienes inmuebles de la Cooperativa, cualquiera fuere la forma de su adquisición -estoy mirando el artículo 1º de la Ley Nº 12.378- podrán ser enajenados o gravados con derechos reales por el Directorio de la misma, con el voto conforme de cuatro miembros. Ahora el Senado -no nosotros, que no lo vamos a votar- va a aprobar que ese Directorio que quedará integrado con tres personas requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta, según lo que establece este artículo.

Es decir que hay una clara discrecionalidad de ese grupo de tres directores que van a quedar al frente del Directorio para cumplir las funciones que antes tenían a su cargo con mayorías calificadas, puesto que se precisaba el voto del Síndico, del representante del Banco o del de la Intendencia Municipal para poder enajenar bienes. Ahora van a ser apenas tres directores los que tienen una particularidad de elección que no los hace muy representativos.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA.- Tal vez deberíamos analizar cómo está conformada la voluntad electoral o popular en CONAPROLE. A raíz de la reforma que se hizo en los últimos años en el régimen de cuota, los productores tienen aproximadamente un 33% de lo que remiten de cuota, lo que significa que el 33% de la remisión es el valor electoral que tiene cada productor, dentro de un estricto sistema de justicia porque, en definitiva, todos los productores, ya sean chicos, medianos o grandes, cobran lo mismo por la leche. Además, tienen la misma proporcionalidad porque la unidad de voto a nivel de los productores está en función de los litros/cuota. Entonces, evidentemente, la representación en el Directorio de CONAPROLE está reflejada desde el punto de vista electoral. El Directorio no es otra cosa que una comisión delegada de los productores; no creo que existan Directorios que sin consultar a sus mandantes sean capaces de tomar decisiones, porque nunca ha sido así. Por eso digo que la mística y la tradición de CONAPROLE es a prueba de balas. Conocemos bien el sistema y podemos afirmar que no debe haber familia más unida que la de los productores. Además, ese aspecto está más que consustanciado con la realidad, ya que las propias asociaciones de productores de leche son el soporte político de la Institución y eso funciona desde siempre. Son pocas las gremiales en el país que funcionan con un espíritu constructivo, de colaboración y de soporte político como el de CONAPROLE. Hay muchos aspectos de esta Cooperativa que se desconocen y tal vez las asociaciones de productores, que son zonales, regionales y nacionales, son el verdadero soporte político de una institución que tiene un mecanismo de ejecución de políticas comerciales, de fomento de producción, de estímulo de ésta y, sobre todo, en este tema de la modernización productiva y comercial tiene un soporte de permanente comunicación.

Más allá del tema cooperativo, que en el caso de CONAPROLE tiene los beneficios que el país brinda a la cooperativa, el productor siente que es realmente una empresa y siempre lo ha sentido así porque a pesar de que el rótulo significa Cooperativa Nacional de Productores de Leche, detrás de él hay una organización que desde el punto de vista gremial funciona con un soporte y una potencia impresionantes. De no ser así, no hubiera sabido llevar adelante dificultades que el sector ha sufrido en la región, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los precios. Reitero que me parece que hay un sistema productivo realmente excepcional con un gran soporte humano, técnico y productivo. No en vano ha sido la única empresa y creo que el único sector que ha tenido el gran beneficio de que por ley se obliga a CONAPROLE a comprar los litros de leche de cualquier productor del país, y esto ha sido así desde hace más de cincuenta años. Hasta ahora no ha habido ningún rubro de desarrollo productivo -y eso constituye algo fundamental- ya se trate de un litro, de cincuenta o de cien mil. Entonces, como dije, desde hace más de cincuenta años CONAPROLE tiene obligación de comprar toda la leche producida. Ningún sector productor del país ha tenido este beneficio ni una institución como esta, más allá de que las empresas lácteas han tenido dificultades y también las ha padecido CONAPROLE, pero la diferencia está en que hay un soporte gremial, de comprensión, de estímulo y hasta de complementación productiva en los productores. Más allá de la rentabilidad que ha tenido el sector, rara vez se ve la permanencia productiva a lo largo de tantos años. Analizando el sector productivo del país, me atrevería a decir que el 80% de las empresas tiene más de cincuenta años de historia, o sea que ya se trata de un tema generacional. ¡Vaya que este es un buen síntoma para la permanencia de un sector productivo que, a pesar de las dificultades económicas, está viento en popa! Este año, a pesar de la sequía, de una primavera que perjudicó mucho al sector y de los problemas económicos originados, se va a mantener en los niveles de crecimiento del 10%.

Es por todo esto que digo que esta es una pequeña herramienta que se da a este sector, tal como dijera, palabras más palabras menos, el señor Senador García Costa, una herramienta de confianza. Entonces, sería confiar en cuatro o cinco mil familias de productores que tienen para sí la responsabilidad, como la han tenido siempre, de conducir los destinos de la Cooperativa.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- No sé si será por la hora de la mañana en que estamos, pero realmente no entiendo nada. He escuchado con mucha atención las fundamentaciones y la descripción que se hizo acerca de la historia de CONAPROLE, de la potencia que tiene, de la importancia del sector lácteo en la vida del país. Además, se ha hecho referencia a la forma en cómo esta Cooperativa ha ido soportando vendavales, sobre todo en los últimos tiempos. Inclusive, alguien dijo que era casi como un sentimiento, parte de nuestra conciencia nacional. Entonces, no entiendo toda la argumentación que se ha dado, sobre todo luego de haber escuchado atentamente al señor Senador Sanabria que fue el último expositor -aclaro que comparto muchas de las cosas que él señalaba- y me debería preguntar para qué se presentan estos artículos en el proyecto de ley. Y esto nadie lo contestó. El señor Senador García Costa se preguntaba qué tenía que ver el tema de los Directores y cómo había aparecido el tema de la venta. Por otro lado, en el desarrollo histórico que se hizo sobre CONAPROLE se interrogó acerca de cuándo y por qué aparecen estos Directores que ahora se eliminan. La conclusión que puedo sacar de quienes han defendido estos artículos es que en realidad no jugaron el papel que nosotros le pretendemos dar pero tampoco embroman a nadie, más allá del tema salarial que es una discusión que efectivamente debemos abordar, tema que fue planteado claramente por el señor Senador Núñez cuando comenzó el debate sobre este proyecto de ley. Por otra parte, esto aparece contenido en el artículo sustitutivo que hemos presentado.

Entonces, efectivamente, hay toda una historia y una realidad actual. En la primera se incluye cómo surge la institución y cuáles fueron sus objetivos en el marco de otra concepción estatal y de otra situación económica, social y política. Por lo tanto, cuando uno analiza el tema no encuentra una razón para modificarlo. Inclusive, el señor Senador Sanabria dijo -y me quedé pensando en ello- que no sabía si debería ser el representante de la Intendencia Municipal de Montevideo, la de Maldonado o la de Buenos Aires. Quiere decir que el señor Senador Sanabria, proponente y copartícipe de este artículo, no sabe si debe ser el de Montevideo, el de Maldonado o el de Buenos Aires, o sea que seguramente tampoco debe saber si hay que sacar el representante de Montevideo. Quizás haya que sacar el actual y sustituirlo por el de Maldonado. Pero entonces, si no sabe esto, ¿cuál es el fundamento para modificar la situación mediante el primer artículo del proyecto de ley vinculado a CONAPROLE?

En realidad, estimo conveniente leer el texto en función de los actos jurídicos referidos en la Ley Nº 12.378 que también leyó el señor Senador Cid. Aquí aparece la "ocurrencia" que tenemos en cuanto al tema de la venta, pero esta no es caprichosa sino que surge del propio texto del artículo.

El artículo dice sencillamente que para los actos jurídicos referidos que tienen que ver, precisamente, con la venta, se requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta del Directorio, integrado conforme al presente artículo. Ese es el objetivo de este miniproyecto incluido en el Proyecto de Ley de Urgencia. Lo dice a texto expreso; no es que a nosotros nos parezca. Se dice que hay cosas para mejorar, pero que es una empresa potente y hay que tenerle confianza. Si da lo mismo que estén o no los Directores, en realidad, por qué hacemos ruido en torno a esto. No se entiende por qué se impulsa y menos en una ley de urgente consideración.

Efectivamente, los señores Senadores Nin Novoa y Mujica describían los problemas del sector, que tienen que ver con aspectos que muchas veces hemos señalado en este recinto. Incluso, a propósito de los temas vinculados a las sociedades anónimas y la tenencia de tierras, en una de estas jornadas hemos dicho que este es el sector que tiene hambre de tierra, que tiene un problema de descolonización y donde desaparecen productores. Dicha desaparición -que, en forma importante, se da en la producción lechera- incide en varias puntas. Por un lado, incide en toda la concepción, el patrimonio, el sentimiento, eso que nos identifica -como señalaba el señor Senador Virgili y, personalmente, lo comparto- dentro y fuera del país. Esto tiene, precisamente, toda una historia concebida de protección a los productores grandes, pequeños y medianos, pero también cuenta con un capital humano a todos los niveles fundamental para la vida del país, tanto en el sector de productores como a nivel de los propios trabajadores de CONAPROLE. En la medida en que vamos cercenando posibilidades, se van generando dificultades y, por lo tanto, en algún lado esto va repercutiendo. Sin duda, como sabemos y tenemos claro, en todo este tiempo el eslabón más delicado, más sensible que inmediatamente repercute es el de los trabajadores y pequeños productores. Es un recurso humano calificadísimo que tiene el país y que, por lo tanto, estamos poniendo en riesgo, ya con situaciones difíciles en distintas plantas de CONAPROLE. Además, nos referimos a un nivel de calificación de trabajadores que, al desaparecer de la tarea -como todos sabemos- lo hacen yéndose a ese llamado "mercado de trabajo" o "mercado libre" y con ello se va todo el capital y la formación que hace también a la cultura nacional y a la concepción de país.

En el mismo proyecto de ley se propone normas generales, programáticas, que nosotros acompañamos pero que implican una concepción que apunta contra la competencia desleal. Acá mismo se mostraba -lo explicaba el señor Senador Mujica- la forma en que la competencia desleal incide, ataca a CONAPROLE, sin tener otras medidas que el propio peso y el desarrollo de la cooperativa, así como las que se han tomado para dar un marco legal firme que asegurara que la confianza que se pueda tener -las perspectivas que se puedan visualizar- tiene un marco legal que obliga a determinadas cosas que por cierto la competencia -menos aún las transnacionales- no cumple.

En consecuencia, atenta también contra el desarrollo productivo del país todo lo que incida negativamente en un emprendimiento como el de CONAPROLE.

Más de una vez hemos debatido -lo mencionamos al hacer las consideraciones generales- con respecto a la forma como incidió la llamada "crisis de Brasil" en CONAPROLE. ¿Incide porque tiene determinada política como cooperativa o porque estaba en el marco de toda una concepción a la cual se impulsaba a nivel del país y hacía que este fuera uno de los sectores más importantes de nuestra industria. Es una de las áreas con las que consideramos que podíamos competir en calidad en el mercado y en la región, así como también en la búsqueda de otros mercados fuera del MERCOSUR y se ve afectada duramente. En este mismo Senado percibimos, demostramos y señalamos cómo golpeó al sector productivo y a los trabajadores de CONAPROLE.

Si no hay argumentos y no existen más que una serie de dudas y de planteos contradictorios en sí mismos, en realidad, no entendemos cuál es el sentido por el que se incorpora con esta velocidad una modificación del marco legal que regía hasta ese momento. Teníamos que incluir medidas de urgencia vinculadas a CONAPROLE y allí observar cuál es la situación en la planta Nº 5, en la planta Nº 9 de San Ramón, qué pasa con Tarariras, cuáles son los problemas de la planta Nº 3 de Canelones y cuál será el futuro -o un presente muy cercano- de ese recurso humano, de los trabajadores calificados y el de los pequeños productores que, como muy bien decían aquí, no les interesa, por ejemplo, un gran competidor como PARMALAT que, como no existen normas que controlen, compite deslealmente con CONAPROLE en el mercado interno. Esto tiene que ver con lo que discutíamos hace varias horas acerca de la imposición de productos condicionando las grandes extensiones, las cadenas de supermercados e, incluso, el consumo de la propia población de nuestro país.

En mi opinión, hasta ahora no se han presentado más que argumentos que abonan las interrogantes que teníamos planteadas o confirman la necesidad de mantener determinadas normas que permitan, efectivamente, que CONAPROLE continúe siendo una empresa insignia -como señalaba el señor Senador Nin Novoa- y que realmente sea un sector de la producción del país con un desarrollo previsible. En este marco, nosotros tenemos que plantearnos la posibilidad de absorber, vender y controlar por el camino que se emprende a través de los artículos que se han incluido en este proyecto de ley. No se visualiza ni se entiende a través de las distintas manifestaciones que se han hecho que existan objetivos contradictorios con lo que nosotros estamos expresando.

SEÑOR SANABRIA.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ARISMENDI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Simplemente, quería dejar la constancia de que cuando hablamos del delegado de la Intendencia nos referíamos al momento de la creación de la Ley de CONAPROLE, que se circunscribía al control de calidad de la empresa. Actualmente, esto no lo realiza la Intendencia, sino organismos independientes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Industria, Energía y Minería y de la propia industria que, por ley, está obligada a realizar sus propios controles. En relación con eso, en definitiva, hacíamos el control de calidad del consumidor. En un sentido figurado, esto estaba referido a consumidores que tiene la cooperativa, algunos tan importantes como Montevideo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Esa parte la entendí pero, a continuación, venía otra en cuanto a que hoy -no cuando se creó- quizás tuviera que ser el delegado de la Intendencia de Maldonado. En todo caso, lo que encontré en su explicación es que no tiene del todo claro si debe estar el de Montevideo, si podía seguir estando, si podía haber otro, etcétera. Por lo tanto, tampoco debe tener muy claro por qué hay que eliminarlo. Esa era la pregunta que había realizado a partir del propio planteo del señor Senador Sanabria.

Creo que es poco serio, señor Presidente, que por un lado se argumente acerca de la importancia que tiene CONAPROLE, de su historia, de todo lo que significa para el país y cuáles son sus perspectivas, y simultáneamente, por otro, no se fundamente cuál es la necesidad, a partir de esa descripción en cuanto a la importancia y potencia que tiene, que lleva a que velozmente deba modificarse, con estas características, el control interno y el destino de las utilidades de la Cooperativa. Por ello, no vamos a acompañar esta disposición.

Por otro lado, debo confesar que tengo muy serias dudas sobre el artículo 45, aunque como el señor Senador Núñez dijo que lo íbamos a votar, disciplinadamente lo haré. Repito que me surgen algunas inquietudes, entre otras cosas, porque a algo que parece que está bien, como es el hecho de que no suponga cambios en la naturaleza jurídica, sin embargo se le aplican las normas de información, publicidad y control propias de las sociedades anónimas abiertas. En este sentido, tampoco ha habido ninguna explicación en Comisión ni en el Senado acerca de por qué se introduce esta norma. Voy a dar mi propia interpretación y, quizás, luego el Miembro Informante me lo explique. En la medida en que se reduce a tres los directores, se agrega una norma de control de acuerdo con las que se aplican a las sociedades anónimas abiertas. Insisto, hasta ahora no ha habido ninguna fundamentación sobre esto y como todo es muy vidrioso y las explicaciones son diversas y contradictorias, sería interesante que quedara claro cuál es el sentido del artículo 45.

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ARISMENDI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Efectivamente, como expresara la señora Senadora, este artículo fue incorporado al proyecto considerando que la Subsección 11 -artículos 397 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales- refiere al órgano de control interno -naturalmente que aquí no hablamos de accionistas sino de productores, pero a los efectos es lo mismo- en cuanto le da al 20% el derecho a citar a asamblea y a nombrar en esa instancia la sindicatura o la comisión fiscal. A su vez, en los siguientes artículos están reguladas las facultades de la sindicatura y su deber de informar a las minorías. Todo esto es sin perjuicio de las otras publicaciones y controles en los registros correspondientes y las publicaciones que en forma reforzada deben hacer las sociedades anónimas. Naturalmente, esto no cambia su naturaleza de cooperativa, ya que sólo refiere a los mecanismos de control. Quiere decir que sindicatura igual va a haber, como así también normas de publicidad iguales o mayores a las existentes, más allá de que se comparta el resto de la solución.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Como se me acaba el tiempo voy a dejar planteada una pregunta para que luego el Miembro Informante la responda. ¿Es por una razón de economía legislativa que se hace referencia a las normas que son aplicables a las sociedades anónimas? ¿Estos mecanismos de control no podrían surgir a partir de una propuesta distinta, o es que existe una razón específica por la cual se refiere a este tipo de normas?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Efectivamente, esto obedece a una razón de economía. En la alocución general -que ahora aprovechamos para reforzar- expresamente señalamos que los proponentes y el Poder Ejecutivo no desean alterar la naturaleza de cooperativa de CONAPROLE. Estas son las normas más exigentes en materia de control que tiene la Ley de Sociedades Comerciales. No se trata de que queramos remitirnos a un tipo social de sociedad anónima, sino que el conjunto de normas de contralor interno y externo de las sociedades anónimas abiertas, repito, es el más exigente. Es más; por ejemplo, el legajo que se debe llevar se ha derogado para las sociedades cerradas y se ha mantenido para las abiertas. Como se verá, es un control reforzado para el caso en que si los socios -en el caso de las sociedades anónimas, pero para CONAPROLE, es "mutatis mutandi", es la misma situación- son una gran cantidad -es decir que no es de tipo familiar- la publicidad no sólo se dirige hacia terceros sino que va en favor de los propios productores, en este caso, para que tengan control de la marcha de su Cooperativa.

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Simplemente deseo anunciar que me voy a retirar de Sala porque me une una relación directa comercial con CONAPROLE y si bien votaría encantado estos tres artículos, por una cuestión de ética no lo puedo hacer.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Deseaba recordar que hemos presentado un sustitutivo del artículo 43.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa lo tiene en cuenta, señor Senador, pero si el elevado por la Comisión obtiene la mayoría, el sustitutivo no será puesto a consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 43 tal como viene de la Comisión.

(Se vota:)

-17 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 44.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- También tenemos un artículo aditivo, el 43 bis, que podría considerarse contrapuesto al 44. En tal sentido, debería seguirse igual criterio que en el caso anterior.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 44.

(Se vota:)

-17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 45.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 45.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Quiero señalar para que quede constancia, que cuando se votó el artículo 44 tal como vino de la Comisión nosotros consideramos rechazado nuestro artículo 44 bis. De todos modos, vamos a presentar un artículo aditivo a todo el Capítulo que refiere a la modificación del artículo 18 de la Ley Nº 9526, de 14 de diciembre de 1935, que se redacta de otra forma, por lo cual pretendemos que se vote como aditivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo aditivo.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Modifícase el artículo 18 de la Ley Nº 9.526 del 14 de diciembre de 1935, que quedará redactado de la siguiente manera:

`Artículo 18.- La elección de Directores se realizará mediante voto secreto, por el sistema de mayoría y minoría, correspondiéndole cuatro titulares y sus respectivos suplentes a la lista más votada, y el otro cargo y sus suplentes, a la que inmediatamente le sigue en número de votos. Sin embargo para que el titular y suplente de la minoría puedan ser proclamados, deberán haber reunido por lo menos el 10% del total de votos válidos emitidos. En caso contrario se adjudicarán a la lista de la mayoría los cinco titulares y sus respectivos suplentes.

Para que la elección sea declarada válida es necesario que concurran por lo menos el 50% de los productores hábiles, en la primera convocatoria; en la segunda bastará el 25%, como mínimo, y en la tercera será suficiente cualquier número'."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-8 en 25. Negativa.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Es para recordar que, previo a esta Sección, habíamos solicitado que se distribuyera la minuta de comunicación sobre el tema de la crisis del sistema mutual, a los efectos de ver si se puede considerar en forma urgente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Terminada la discusión del proyecto, se considerará con mucho gusto.

-En consideración el Capítulo correspondiente a Normas Tributarias.

La Mesa aclara que, en la medida en que en este Capítulo no hay aditivos, se ha presentado una moción del señor Senador Sanabria a los efectos de que los artículos 46, 47 y 48 se voten en bloque.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Es para referirme a la forma de votación, pues tenemos una propuesta distinta en la medida en que vamos a votar los artículos 46 y 47 afirmativamente, pero no así el artículo 48, por lo que solicitamos se voten por separado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Alcanza con que lo pida un señor Senador para que así sea.

-En consideración el artículo 46.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 47.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Quiero aprovechar para fundamentar el voto cuando todavía mantengo la lucidez en esta sesión que presumo va a durar hasta la hora 20, dado este método absurdo que estamos siguiendo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia no admite que se diga que es un método absurdo. Es un método de trabajo como cualquier otro y ha sido fijado por la mayoría del Cuerpo.

SEÑOR RUBIO.- La mayoría del Cuerpo y la Presidencia están en su derecho de no admitirlo y este Senador de considerarlo.

En lo que respecta al tema de la información fiscal, considero que es el artículo más importante de este proyecto de ley. Esta disposición permite que las distintas bases de datos con las que cuenta el Estado se puedan interconectar entre ellas y, por lo menos, en lo que tiene que ver con problemas de evasión y con otros de política fiscal, creo que va a ser muy relevante.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 48.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Simplemente deseo señalar que hay un texto aditivo.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Este artículo es uno de los que me tiene más "flechado", pues a mi entender tiene un nombre propio. Obviamente, me estoy refiriendo al artículo 48, tal como figura en el proyecto de ley.

Precisamente en un momento de crisis agropecuaria, esta disposición da la sensación de que es una invitación a que se vendan los campos para pagar las deudas. Es notoria la falta de liquidez, se sabe lo que sucede con el grave endeudamiento y si se utilizan este tipo de disposiciones en derredor de largas manifestaciones públicas -que de hecho, por el lado de no hacer, han sido las medidas de Gobierno que vienen desde hace un par de años- esa sensación a que me referí queda muy bien dibujada. A esto se agrega, que se trata de una medida transitoria y coyuntural.

Por estas razones, a las que dediqué esencialmente todo el tiempo de la exposición general, tal como está el artículo no lo vamos a acompañar porque, además, se empalma con otro sobre el que también, en el primer momento de consideración de este proyecto, planteamos una fundamentación.

Tomando como de buena fe la actitud que se ha manifestado con respecto al Banco de la República, creo que queda pendiente ese 35% que representa U$S 400:000.000 de deuda con la banca privada. Entiendo que este es un mecanismo para licuar, sobre todo, en un momento de restricción del crédito, de exigencia, de calificación y, por qué no, de rescate, tal como se nota en la plaza.

Por lo tanto, considero que es una pésima señal que se está dando al mundo rural.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- En el mismo sentido quisiera dejar constancia y fundamentar el voto negativo a este artículo, dado que aquí se exonera del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio, a las Rentas Agropecuarias, y a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, por las enajenaciones de inmuebles que realicen con destino al abatimiento de sus pasivos financieros.

Dice además que estarán exonerados del tributo quienes enajenen inmuebles y destinen el producido de tales operaciones a aportes de capital en las entidades deudoras a que hace referencia el inciso anterior.

En definitiva, se le da una ventaja, una exoneración, a quienes vendan su tierra para abatir el endeudamiento. Creemos, entonces, que es una pérdida de ingresos para el Estado y, por consiguiente, se beneficia el sistema financiero, o sea, que no se trata de mejorar la productividad de la tierra ni la situación de los productores que estaban hoy en una situación crítica, como lo señala la exposición de motivos de este proyecto de ley. Reitero, no es para beneficiar a los productores, sino para darles facilidades en el sentido de que vendan la tierra y, en consecuencia, pierdan su bien de capital, su factor de producción. Creo que no es por esta vía que debe solucionarse el problema del endeudamiento.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: quiero expresar cómo entiendo este artículo; si no es así, que los señores Senadores me corrijan.

El sector agropecuario -esto puede ser más amplio para algún otro sector- ha sido muy castigado en los últimos años. Tenemos el atraso cambiario, han caído los precios internacionales -por supuesto, de eso no tiene la culpa el Uruguay- sin duda se ha dado una serie de factores climáticos muy importantes y ha habido un enorme endeudamiento. Muchas de esas personas están vendiendo sus campos para pagar sus pasivos. Debemos tener en cuenta toda esta circunstancia en la cual hay una gran transferencia de recursos -vuelvo a repetir lo que dije en la noche de hoy al respecto- más de U$S 1.000:000.000, que se trasladan del sector agropecuario que tiene bienes transables a otros sectores de la sociedad que no los tiene, en el momento en que la persona decide vender sus bienes para cancelar los créditos según su libre decisión o por su ahogo debido a que no da más. Entonces, que el Estado le vuelva a cobrar me parece increíble.

Si no es así -al menos yo lo entiendo de esta manera- pido que me corrijan, porque a esta hora de la noche puedo estar votando cualquier cosa. Repito que así es como lo entiendo yo: la persona está siendo ejecutada o va a serlo y creo que si los bancos ganaron con esto, ya lo hicieron. Frente a esa circunstancia, volverle a cobrar al productor me parece, sinceramente, increíble. El productor puede estar vendiendo el campo y aun así es posible que todavía quede con una deuda, aunque esta sea menor.

SEÑOR HEBER.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- No podemos contestarle al señor Senador Michelini porque no entendemos su razonamiento sobre lo que él entiende que dice el artículo. Si se explica, podremos responderle.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Lo que entiendo es que le estamos sacando el impuesto en el momento en que la persona va a vender a un tercero -no al banco- el campo para pagar el crédito. En ese momento, cuando la persona está tratando de salir de sus deudas, después de haber sido supercastigada, el hecho de que se le vuelva a cobrar repito que me parece increíble. No estamos hablando del caso de que venda el campo por otros motivos, sino de que lo haga para pagar porque está ahogado y no da más. Y lo va a vender igual y va a tener que pagar si este artículo no se vota. Entonces, si lo que estoy planteando es así, lo estoy votando; de lo contrario, pido que se me corrija.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Efectivamente es así, señor Presidente. Además, obsérvese que la lógica del artículo en la redacción final que se le da en Comisión, para que cayera en situaciones que fueran de otra naturaleza, era colaborar en la búsqueda de soluciones de financiación, de refinanciación o de cancelación de adeudos. Esto es lo que procura este artículo, señor Presidente, en el contexto que el señor Ministro de Economía y Finanzas expresó cuando nos dijo que no les podían dar órdenes a los bancos. Sí es posible colaborar en este aspecto.

Obsérvese que una de las limitantes que se agregaron fue que no podían ser bienes de activo circulante. O sea que si Pintos Risso -por decir algo- quiere vender, no está exonerado.

En consecuencia, aquí hay dos hipótesis posibles. Una de ellas es que el deudor es el que vende y no tiene por qué tratarse de un bien de producción, ya que puede ser mi apartamento en Punta del Este. La otra se refiere a un tercero que viene a aportar a su sociedad y para ello vende.

Entonces, para que todo quede claro debo decir que lo que se procura es ayudar al deudor, ya sea porque está incorporando a alguien que lo capitaliza o porque realiza un inmueble. En la Mesa hay un aditivo en el cual se establece una condición para que eso se dispare: que haya una quita de la institución financiera por un monto igual al de la exoneración del Estado. O sea que esto, señor Presidente, es un poco "vamos y vamos"; a esta altura del día se me puede permitir la expresión. Es decir que el Estado hace un esfuerzo y una institución financiera hace otro esfuerzo igual para buscar entre todos una solución para el deudor.

En definitiva, señor Presidente, es un artículo que hace meditar y debo decir que, al principio, no me gustó.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Solamente quiero efectuar una mera pregunta. El artículo dice que se exonera del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a los contribuyentes. Quiero saber si se refiere al vendedor y al comprador. Y en su caso, ¿es justo que se exonere al comprador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: como todos sabemos, el precio se conforma con lo que el comprador está dispuesto a pagar. Todos hemos visto transacciones inmobiliarias y sabemos que el que paga es el escribano y se saca siempre el precio de venta. O sea que si la cosa vale cien, si se le da dos a uno y dos a otro, en definitiva el comprador paga 100 y el vendedor recibe 96.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Se dice por parte del señor Miembro Informante que el artículo buscaba la finalidad de beneficiar o facilitarle al deudor la cancelación de sus deudas. La precisión sería que el artículo está destinado al deudor y, fundamentalmente, al acreedor que pertenece al ámbito privado porque, precisamente, esta disposición está referida a ese ámbito. Y lejos de estimular una refinanciación a la cual el productor legítimamente aspiraría, aquí lo que se hace es dejar a las casas bancarias y a los acreedores en una posición pasiva, a la espera de que el deudor enajene sus bienes para cancelar esas obligaciones. Es posible que esa sea una filosofía. Pero lo que no me queda claro, señor Presidente, es que en el penúltimo párrafo se establece un mecanismo que puede generar un criterio de interpretación muy amplio. Porque, ¿qué se quiere decir cuando se dice que se podrá establecer un sistema de devolución del impuesto? ¿Qué es esto? Digo esto porque aquí se abre la expectativa de que se pueda vender para no cancelar la deuda. En este caso, ¿para quién se establece el sistema de devolución de impuesto? ¿Para el Estado, que fue el que facilitó la exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales? Es decir que puede no ser simultánea u obligatoria la cancelación de la deuda cuando se enajena un bien. Me parece que esto puede abrir una violación no detectada al espíritu del artículo.

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.-

SEÑOR ATCHUGARRY.- En primer lugar, señor Presidente, por más que la redacción que viene del Gobierno, francamente, podía haber nombrado a las instituciones financieras, es muy claro que son públicas y privadas.

Cuando se quiere excluir a las públicas generalmente se hace referencia a la Ley de Ordenamiento Financiero y entonces se menciona el artículo 1º o el 2º porque en uno están las privadas y, en el otro, las públicas. Aquí es muy claro que estos son pasivos públicos, es decir, para ser más precisos que el artículo, con instituciones financieras públicas y privadas.

En segundo lugar, señor Presidente, si disminuyo el impuesto que va a gravar la operación por la cual el deudor obtiene dinero, claramente el que se beneficia en forma directa es el deudor. Uno puede decir que en la medida en que el deudor carezca de bienes suficientes para cubrir sus pasivos, también hay algún beneficio para la institución financiera. Eso sólo es válido si es insuficiente el patrimonio del deudor, por lo que va a quedar una deuda. Entonces, si le rebajo el impuesto, la deuda que queda es más pequeña. Contemplando esa circunstancia, el aditivo que no se ha leído y que creo podría ilustrar, le requiere al Banco una quita por el mismo monto para que quede muy claro que el Banco jamás se va a beneficiar con esta disposición. Por lo tanto, procuramos que el abatimiento de la deuda para el deudor ya no sea solamente de un 4%, sino de un 8%, es decir, 4% por parte del Estado y 4% por parte del Banco, con lo que estaríamos hablando de una cifra más interesante para ayudar a la gente a solucionar sus problemas.

Insisto en que quizás esta ha sido la disposición que hemos modificado más, porque me consta que fue redactada a último momento, por lo que presentaba alguna imprecisión, tengo claro que la voluntad del Poder Ejecutivo notoriamente no es solucionar el problema a los Bancos, sino a los deudores. Por eso ha tenido tantos cambios de redacción, para que quedara claro que ese era el sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése lectura al aditivo al artículo 48.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "La quita del acreedor financiero no será inferior al monto de la exoneración para que se tenga derecho a la misma."

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Considero que el señor Miembro Informante no me contestó la pregunta sobre el sistema de devolución del impuesto que en mi opinión abre una posibilidad de evasión .

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- No recibimos información específica sobre esto. Entiendo que normalmente para que no se pague en tiempo debe haber una decisión de la Administración porque, naturalmente, tendrá que haber algún tipo de contralor, que es lo que se plantea aquí. Como a veces, como todas las cosas, las operaciones inmobiliarias tienen su tiempo y su momento, entiendo que si el deudor, por ejemplo, no obtuvo todavía la quita del Banco o algún control que le ponga la reglamentación aún no lo tiene y debe vender, vende y paga el impuesto. Si después obtiene la quita del Banco, se le hace la devolución del impuesto, de lo contrario, no se devuelve, sin perjuicio de que, siempre que hay una exoneración, es posible buscarle alguna vuelta. En realidad, con el aditivo que estamos proponiendo más lo que se resolvió en Comisión, podrá haber algún caso como el que menciona el señor Senador Cid pero, francamente, en cualquier otro impuesto, seguramente encontraremos muchos más problemas que en éste, porque no va a ser muy fácil armar todo este paquete. Además, tampoco sería muy razonable, porque al Banco no le interesa porque tiene que rebajar lo mismo que se exonera y es muy difícil para el deudor inventar, vender un inmueble y tratar de hacer una deuda a la que, inclusive, se le ha puesto como fecha el 30 de junio de 1999. No descarto que pueda suceder algo de esto, porque el ingenio criollo es superior al legislativo, pero entiendo que no va a ser fácil hacerlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 48 con el aditivo que se ha leído.

(Se vota:)

-17 en 25. Afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Además de una diferencia que entiendo totalmente opinable desde el punto de vista de la filosofía que podemos no compartir, en realidad, en los términos en que está redactado este artículo, a mi juicio es un verdadero galimatías que va a dar origen a muchas confusiones. Creo que desde el punto de vista técnico tiene tantas vueltas que no sé si realmente va a lograr su objetivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar la Sección X, Escalafón Policial.

En consideración el artículo 49.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde considerar ahora el Capítulo IX, Descentralizaciones.

En consideración el artículo 50.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Sobre este Capítulo hemos entregado a la Mesa hace varios días, un conjunto de sustitutivos y aditivos. Si el señor Presidente me lo permite, voy a hacer un comentario sobre el Capítulo, porque me resulta imposible referirme al artículo 50 sin mencionar otros.

En relación con el artículo 51, hemos planteado un sustitutivo que está en el Repartido, por el que se indica una composición distinta de la Comisión Sectorial de Descentralización, que consideramos es realmente un organismo muy importante que, sin duda, va a cumplir funciones muy importantes. En la Comisión ya habíamos adelantado que éramos partidarios de que se ampliara el número de representantes del Congreso Nacional de Intendentes. Modificamos la versión original dadas las objeciones que se hicieron. Por otro lado, nos parece que es importante que esta representación del Congreso Nacional de Intendentes no se preste a eventuales manejos por colores políticos y que se sigan algunas pautas que sean lo más objetivas posibles en cuanto a representar a la mayor parte de la población del país. Ese es uno de los sustitutivos del artículo 51 que hemos planteado.

En el caso del artículo 53, hemos presentado un aditivo, ya que el primero se refiere a los cometidos que tiene la Constitución. En la versión que viene del Poder Ejecutivo, en los literales a), b) y c) se establecen las funciones que se desprenden de distintos artículos de la Constitución de la República. Hemos propuesto que se agreguen estos aditivos al artículo. Al final de la disposición, en relación con el fondo de desarrollo y de descentralización que se supone que se va a crear a partir de distintos recursos que se prevén en el marco constitucional, se dice que "a tales efectos los criterios a aplicar en cuanto a la asignación del fondo, procurarán tomar en cuenta" y allí reproduciríamos los criterios que se han venido manejando en distintos pronunciamientos y documentos del Congreso Nacional de Intendentes. Estos criterios no son preceptivos y se procurarán tener en cuenta, porque nos parece importante que se mantengan como pauta. Como se objetó la referencia al Producto Bruto Interno y no se incluyó esta variable, aunque podría haberlo sido legítimamente, porque si son criterios a tener en cuenta, no quiere decir que la distribución del fondo siga la del Producto, sino que éste, aquí como en otras partes del mundo -porque en esto existen experiencias bastante desarrolladas, fundamentalmente, conozco las de la Comunidad Económica Europea- siempre tienen en cuenta la distribución del Producto, los criterios de superficie y los criterios demográficos.

Con respecto a estos últimos, se incluye que apelan y atienden en forma prioritaria a las familias con necesidades básicas insatisfechas y el porcentaje de hogares situados por debajo de la línea de pobreza en cada departamento y la tasa de desempleo.

Nos parece importante que se incluyan estos criterios en el texto y, por lo tanto, aparecen como aditivos en el caso de la redacción del artículo 53.

En relación con el artículo 54, como la integración de la Comisión Sectorial de Descentralización le da una participación de 9 miembros a los representantes de los Intendentes mucho más amplia, a su vez se procura generar un mecanismo en materia de decisiones que prevé, para los casos en que existe una discrepancia y no haya acuerdo interno, los miembros discrepantes podrán elaborar su propio informe en minoría que será remitido al Poder Ejecutivo conjuntamente con el que exprese la opinión mayoritaria.

Respecto al artículo 55 planteamos un aditivo que se refiere a las atribuciones de la Comisión Sectorial de Descentralización. Ese aditivo que aparece como el literal c), que está en la página 21 del repartido de aditivos y sustitutivos presentado por nuestra fuerza política, articula un conjunto de áreas temáticas, de posibilidad de consultar a distintos actores sociales para la formulación de los planes. El literal d) establece que la Comisión Sectorial de Descentralización emitirá pronunciamiento en el marco de la Ley Nº 16.320 que es la que se refiere al fondo creado para las tareas de reciclaje de trabajadores que fueron vistas al principio del debate de esta Cámara en relación con la Junta Nacional de Empleo.

Esta va a ser la orientación de voto que vamos a seguir y adelanto que en el caso de que algunos de los artículos más importantes que nosotros planteamos como sustitutivos o aditivos no sean aceptados, pediríamos rectificación de voto, porque si no es voluntad del Senado integrar estas propuestas, tampoco queremos votar en contra de muchas disposiciones que reproducen simplemente disposiciones constitucionales pero que no amplían los márgenes en forma significativa de las funciones de la Comisión Sectorial de Descentralización.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa entiende que se trata de artículos sustitutivos en todos los casos excepto en los artículos 55 y 53 que son aditivos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 50 tal cual viene de la Comisión.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

Hay un aditivo al artículo 50.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "A efectos de contemplar los objetivos y la adecuada distribución geográfica de las actividades económicas planteadas en el inciso anterior, la comisión sectorial de descentralización con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto definirá un conjunto de parámetros que determinará un ordenamiento preferencial de los departamentos, zonas o regiones para la promoción de nuevas inversiones. Dicho ordenamiento establecerá criterios para definir la intensidad diferencial de los beneficios promocionales, prevista en el presente artículo."

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- El objetivo de este aditivo es que la comisión sectorial asesorada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ordene ciertos criterios para que cuando se den las exoneraciones no sea en forma discrecional. Todos decimos que hay que dar mayor exoneración al interior que a Montevideo, pero el interior no es todo igual. Notoriamente, si van algunas inversiones a Artigas, va a ser mejor que si van a Maldonado. Entonces, en Artigas tenemos que hacer exoneraciones mayores de las que se hacen a Maldonado. Lo que pasa es que cuando vienen ciertas inversiones, si no se tienen más o menos criterios generales, se termina siendo discrecional y se trata a todas las zonas del interior del país como si fueran iguales cuando unas precisan más ayuda que otras. Así como se hace una distinción entre Montevideo y el resto del país, parecería lógico que la comisión sectorial asesorada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hiciera diferenciaciones de regiones y zonas dentro del interior del país, de tal forma que todos tengamos las reglas claras de antemano.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Me voy a referir a este y a otros aditivos sobre los cuales hemos conversado. Pensamos que en las cuestiones que refieren a una intervención final del Parlamento es el último juez a propósito de si las comisiones han sido o no objetivas. En lo que tiene que ver con este aditivo que estamos tratando, en realidad la Comisión Sectorial asesora a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y no a la inversa. Además, hay una comisión de aplicación de la ley de inversiones.

Interpreto tanto de los aditivos presentados por el señor Senador Michelini como por los del señor Senador Rubio que hay un reclamo legítimo de objetividad. No creo que estemos en condiciones hoy, sobre la marcha, de poder satisfacer, antes de que estas comisiones hayan empezado a funcionar, una formulación que nos permita llegar a ese equilibrio. Voy a poner un ejemplo. El señor Senador Michelini decía que habría que poner algunos parámetros, etcétera. Puedo estar de acuerdo con ello, pero me gustaría que primero los proponga la Comisión y no dárselos antes de que se constituya.

Por otra parte, hay un aditivo que al principio miramos favorablemente relativo al artículo 53 con criterios que se han adoptado toda la vida como por ejemplo de superficie y población y familias con necesidad. Pero el señor Senador Carminatti me dijo que en realidad siempre sostuvo que había que hacerlo en relación inversa al Producto Bruto. Y me pareció que tenía razón porque se trata de que en los departamentos que tenían desinversión histórica se intente realizar alguna inversión. La descentralización no es un asunto, espero, simplemente de cubrir déficits institucionales sino de tratar -no digo de promover el desarrollo porque es una frase muy gastada- de aumentar las inversiones en razón inversamente proporcional adonde ellas están. Es decir, invertir más donde falta inversión.

En cualquier caso, considero legítimo el reclamo de que esto se haga con cuidado y con objetividad. No estamos hoy en condiciones de llegar a una formulación sobre la marcha en esos términos e insisto en que me gustaría, por lo menos, que la comisión se constituyera para poder tener algún tipo de conversación, porque si no, sería como poner las reglas de juego antes de que hayan asumido sus funciones quienes las van a constituir.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Según entiendo, la referencia no estaría vinculada al aditivo que proponemos para el artículo 53, porque allí no figura la alusión al producto. Se puede avanzar o no en el marco legal, pero son pautas muy generales y universales; simplemente, están señalando el problema de las zonas particularmente deprimidas, que en materia de descentralización son absolutamente corrientes. No se trata de criterios preceptivos, sino de criterios a tomar en cuenta y que pueden ser complementados. De manera que me parece que en esto no hay demasiadas innovaciones. Además, puedo entender las dificultades, pero tampoco está propuesto en este instante; hemos resuelto asuntos bastante más complejos en el curso de esta sesión en los cuales se ha innovado sobre la marcha.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Miembro Informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Quiero aclarar una confusión que se ha generado en el curso del debate. En la versión original del aditivo del Frente Amplio se establecía que esto debería repartirse a directa proporción del Producto Bruto. Justamente, el señor Senador Carminatti me decía que él siempre había pensado que había que repartirlo a inversa proporción. Es decir, que no estoy expresando que este sea un asunto que, de haber un entendimiento, no podamos resolver ahora, ni que exija un gran estudio y una prolongada discusión. Lo que quiero decir es que hay ideas encontradas, no porque el asunto sea muy complejo, sino porque ha habido aportes que nos impiden tomar una decisión en el día de hoy sobre qué parámetros deberían manejarse. Reconozco, sí, que en algún momento habrá que establecerlos, no sé si en la Comisión o al votar los recursos.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Podemos hacerlo esta noche o en alguna Comisión en los próximos días. Personalmente, no pretendo que el Parlamento establezca los parámetros; lo que pretendo es que la Comisión Sectorial y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto los establezcan, para que realmente existan, haya objetividad y no sean discrecionales. La idea es que cuando vengan las inversiones y se radiquen en determinado lugar, se conozcan cuáles son las exoneraciones para esa zona. De lo contrario, cuando eso sucede, empiezan los esfuerzos para que sean las máximas. Insisto en que no tengo problema en que se haga hoy o en los próximos días y en que debería encargarse esta tarea a la Comisión Sectorial y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Creo que a esta altura de la noche estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es la asignación con fines no específicos, que la Constitución asigna a los Gobiernos Departamentales, y otra es los montos destinados a proyectos de inversión, tal como lo plantea el señor Senador Michelini.

El señor Senador Atchugarry dice con buen criterio que habría que esperar para escuchar la opinión de los miembros de la Comisión Sectorial que, al fin y al cabo, son los directamente involucrados en todo esto. Sin perjuicio de ello, y aun reconociendo que la situación en el país, desde el punto de vista político, ha cambiado, ya hay, a manera de adelanto, una decisión del Congreso Nacional de Intendentes, no muy lejana -del 2 de agosto de 1999- que eleva su aspiración precisamente en el sentido que mencionaba el señor Senador Carminatti. Todos los que tenemos alguna reminiscencia municipalista, compartimos ese criterio. Concretamente, se dice que en la distribución departamental de partidas globales no asignadas a fines específicos -esto es, al artículo 214- se entiende necesario tener en cuenta los siguientes factores: a) directamente proporcional a la extensión territorial; b) directamente proporcional al volumen de población; c) inversamente proporcional al Producto Bruto Departamental fijado para cada uno de los departamentos y no por franjas; d) directamente proporcional al número de personas con necesidades básicas insatisfechas, según índices elaborados, etcétera.

Entonces, creo que en esta materia de descentralización, en la cual el país viene teniendo un avance muy interesante, hay elementos cuya modificación es necesaria y esa habría sido, de pronto, nuestra aspiración, es decir, que aquí se fijara algún criterio -teniendo en cuenta, además, estas opiniones de los Intendentes- diferente a aquél que se ha utilizado tradicionalmente para asignar los recursos, que consisten en hacerlo únicamente por población y por territorio, lo cual ha quedado, sin lugar a dudas, superado.

SEÑOR MALAQUINA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MALAQUINA.- Como dijimos en la exposición que realizamos durante la discusión general de este proyecto de ley, la Comisión Sectorial elevó este informe al Congreso Nacional de Intendentes para que las nuevas autoridades, luego de que asuman y después de los plazos muy exiguos que tenemos, discutan este tema en el Parlamento. Esto es, en parte, lo que señalaba el señor Senador Atchugarry, en el sentido de que son los parámetros en los cuales se puede basar la forma de distribución de esos recursos. Sin embargo, la anterior Comisión Sectorial envió este proyecto para que se pueda incluir antes del vencimiento del plazo del 30 de julio. Entonces, esta es una materia que va a tener que resolver el Congreso Nacional de Intendentes, pero no va a poder hacerlo antes del 30 de julio, porque no va a tener tiempo. Seguramente, esto será discutido luego en el Parlamento Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- El señor Senador Malaquina fue Intendente hasta el 15 de febrero, por lo cual está mucho más interiorizado que quien habla sobre esta resolución del Congreso.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Estamos plenamente de acuerdo con lo que han expresado los señores Senadores Atchugarry, Michelini, Nin Novoa y Malaquina. Hay desigualdades en el país y es necesario corregirlas. ¿Cómo se corrigen esas desigualdades? Con más desigualdades.

En segundo lugar, quiero señalar que apoyo calurosamente los criterios manejados por el señor Senador Nin Novoa, porque se desprenden de resoluciones del Congreso Nacional de Intendentes y estamos de acuerdo en que los parámetros de población y territorio están superados y hay que incorporarles las nociones de Producto Bruto y de necesidades básicas insatisfechas.

En tercer término, creo que vamos a tener que fijar, en este Parlamento, el porcentaje del presupuesto quinquenal, de acuerdo con los artículos 214 y 298. Esa será la oportunidad para consagrar el temperamento del Congreso Nacional de Intendentes, ya trasladado y seguramente compartido por la Comisión Sectorial.

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería votar el aditivo propuesto por el señor Senador Michelini o su pase a Comisión.

SEÑOR MICHELINI.- Propongo que pase a la Comisión de Hacienda.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el señor Senador Michelini está de acuerdo, podría pasar a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 51.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con el texto venido de Comisión.

(Se vota:)

-15 en 24. Afirmativa.

Dése cuenta de un aditivo.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Antes de entrar a la consideración del aditivo, quiero recordar que habíamos planteado un sustitutivo del artículo 51 previendo una integración diferente. Al ser incompatible con el artículo 51 venido de Comisión, y al haberse aprobado este último, nuestra propuesta quedó desechada y, por esa razón, solicitamos que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación del artículo 51.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Léase el artículo aditivo propuesto.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "La representación de los Ministerios podrá ser ejercida por delegados de jerarquía no inferior a Director General de Secretaría."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 52.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 53.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el aditivo al artículo 53.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "A tales efectos los criterios a aplicar procurarán tomar en cuenta:

1) Superficie del departamento.

2) Población del departamento según los datos del último Censo Nacional de Población.

3) Número de familias con necesidades básicas insatisfechas.

4) Porcentaje de hogares situados debajo de la línea de pobreza en cada departamento.

5) Tasa de desempleo promedio de cada departamento durante el quinquenio anterior."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: he cometido una equivocación, por lo que desearía solicitar la reconsideración de la votación del aditivo al artículo 51. Allí se habla de "Director General de Secretaría", pero téngase presente que es el cuarto grado l Escalafón, por lo que pediría que la referencia fuera al Director General del Ministerio. El tema es que si no, en la Comisión Sectorial, la representación del Poder Ejecutivo queda disminuida.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa entiende que el Director General de Secretaría es el Director General del Ministerio.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Son dos cargos distintos.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Cabe recordar que el orden en el Escalafón es el siguiente: el Ministro, el Subsecretario y el Director General del Ministerio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Debería decirse, pues, "Director General del Ministerio."

SEÑOR LARRAÑAGA.- Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se interpreta que hemos votado el aditivo con la expresión "Director General del Ministerio".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo presentado por el Frente Amplio al artículo 53, al que se ha dado lectura.

(Se vota:)

-8 en 24. Negativa.

En consideración el artículo 54.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 25. Afirmativa.

Cabe recordar que el sustitutivo fue aplazado, en la medida en que se aprobó el artículo original de la Comisión.

SEÑOR RUBIO.- Solicito que se rectifique la votación del artículo 54.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación del artículo 54, en la redacción dada por la Comisión.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 55.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: muy brevemente quiero recordar que en el seno de la Comisión había planteado que el artículo 55 fuera el 54 y el 54 pasara al lugar del 55 por una razón de mejor mecánica del texto. Se había aprobado así, pero se ve que después quedó con el texto original.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el Cuerpo no tiene inconvenientes, la Mesa va a hacer el ordenamiento que sugiera el señor Senador Michelini.

Léase el aditivo al actual artículo 55.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "c) Formar subcomisiones de trabajo temáticas o geográficas a los efectos de preparar los planes de descentralización y desarrollo regional o local. Dichos grupos de trabajo presentarán sus proyectos al pleno de la Comisión, la que deberá considerar y aprobar su presentación a fin de ser apoyados por el Fondo Nacional de Descentralización y Desarrollo Regional y Local y/o por los recursos destinados a otros organismos del Estado. Los planes aprobados deberán estar previstos en el Presupuesto Nacional y serán evaluados como tales en su cumplimiento local y nacional.

Para la propuesta de planes de desarrollo regionales, locales o sectoriales, los grupos de trabajo que defina la COSEDE, podrán convocar a los actores regionales, locales o sectoriales que estime relevantes, a fin de que participen en la elaboración de políticas de desarrollo integral conjuntamente con las autoridades nacionales, departamentales y locales correspondientes.

d) Formular iniciativas y propuestas y/o emitir opinión respecto de los planes regionales, departamentales y locales de desarrollo social y económico previstos en el literal "i" del ARTICULO 322 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Teniendo en cuenta la hora, y como el literal d) refiere a una situación muy particular, adelanto que no estamos en condiciones de expresarnos. Sin embargo, con respecto al literal c) quisiera saber si los proponentes se conforman con que se incluya hasta el primer punto, que es lo sustancial, porque lo demás parece más bien reglamentario. No creo que tengamos inconveniente en votar la primera frase del literal c) del aditivo propuesto, o sea, la que establece: "c) Formar subcomisiones de trabajo temáticas o geográficas a los efectos de preparar los planes de descentralización y desarrollo regional o local". El resto es de orden reglamentario. Y de esta manera, dejamos habilitada esta posibilidad.

SEÑOR RUBIO.- Estamos de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo en la fórmula dada por los señores Rubio y Atchugarry, cuyo texto es el siguiente: "c) Formar subcomisiones de trabajo temáticas o geográficas a los efectos de preparar los planes de descentralización y desarrollo regional o local".

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado ingresa a la consideración del Capítulo X, Fondos de Ahorros Previsionales, artículo 56.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Simplemente, para clarificar porque sobre este Capítulo habíamos expresado opinión en la Comisión y en el informe, pero después, en relación con un artículo, se nos planteó una dificultad con el texto del artículo 59.

En realidad, quisiera tener claridad sobre el fondo de esta cuestión, porque creo que voy en la versión número seis de este artículo. Y hablo de una sexta versión porque, en primer lugar, se presentó una del Poder Ejecutivo a través de un proyecto del ley que fue discutido y aprobado en la Legislatura anterior en la Cámara de Representantes, por la cual se sustituía el literal E) del artículo 123 de la Ley de Seguridad Social Nº 16.713. Concretamente, se le daba a este artículo una redacción que habilitaba una de las posibilidades de inversión que tienen las sociedades administradoras de fondos, en relación con su destino, estableciendo: "E) Valores representativos de inversiones inmobiliarias, industriales, forestales u otros sectores productivos que reúnan condiciones suficientes de liquidez y seguridad, debidamente garantizadas según determine el Banco Central del Uruguay y que estén radicadas en el país hasta el 20%". Quiere decir que debían reunir condiciones suficientes de liquidez y seguridad debidamente garantizadas según determinara el Banco Central. Esto estaría sustituyendo el texto que tenía la Ley de Seguridad Social, quitando la garantía que debían establecer los bancos en relación con estas inversiones, pero poniendo como condición la exigencia de liquidez y seguridad debidamente garantizadas según determine el Banco Central. Esta fue la primera versión con la que tuve contacto, es decir, la del texto del proyecto de ley del año pasado presentado por el Poder Ejecutivo.

Posteriormente, en la Comisión advertimos que el texto que estaba a consideración había omitido esta parte a la que hice referencia en relación con el hecho de que esas inversiones debían estar debidamente garantizadas a juicio del Banco Central.

El señor Senador Atchugarry señaló en la Comisión que efectivamente se había producido un traspapelamiento y que era partidario de volver a la versión del Poder Ejecutivo, correspondiente al proyecto que habíamos considerado en la Cámara de Representantes.

Fue esto lo que interpreté y con ese alcance votamos esta propuesta de reforma. Luego recibí una primera versión de la Comisión -cuando estábamos en el momento de los borradores a raíz del cúmulo de modificaciones que se habían producido- en la que se establecía "que reúnan condiciones suficientes de retorno y seguridad y se encuentren debidamente garantizadas según determine la reglamentación del Banco Central del Uruguay". Diría que esta fue la modificación que con algo de memoria manejó el señor Senador Atchugarry en el momento en que se daba el debate en la Comisión. Reitero que lo que se establecía eran: condiciones suficientes de retorno y seguridad y que se encontraran debidamente garantizadas según determine la reglamentación del Banco Central.

Sin embargo, en el texto que finalmente llega como redacción de la Comisión y que sirve de base a esta discusión, se sustituye la "y" por una "o." No sé si se trata de un error o si tiene otro alcance, porque la sustitución de la conjunción copulativa "y" por esta conjunción disyuntiva "o" hace al fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque en este caso la intervención del Banco Central podría estar o no. Como en todas partes del mundo, en esta cuestión puede haber un tema de fondo.

Esta es la interrogante que planteo al señor Miembro Informante.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En primer lugar, tanto el señor Senador Rubio como yo habíamos votado sobre la base de un proyecto de ley de agosto de 1998, enviado por el entonces Ministro Mosca, cuyo texto original decía: "que reúnan condiciones suficientes de liquidez y seguridad". Asimismo, en la vieja Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, le agregamos el requisito de que estuvieran debidamente garantizadas, y así lo aprobó dicha Cámara, pero no llegó a ser ley.

Luego, cuando se manejan los borradores, se copia en forma textual, y lo sé porque lo copié yo mismo e incluso señalé al señor Senador Rubio que podía haber ocurrido un traspapelamiento. Sin embargo, descubrí que no era así, sino que se trataba de una opinión diferente del Ministerio de Economía y Finanzas, basada en argumentos. Frente a esto hice una "transa", que es la que está aquí, pero la diferencia no está en que intervenga el Banco Central, que en ambos casos reglamenta, sino en lo siguiente.

En primer lugar, se habla de liquidez, pero si se la tiene, no se va a pedir el papel. Una cosa es que la inversión tenga condiciones de seguridad y retorno, o sea que me la van a repagar, y otra que esté líquida, en cuyo caso no necesito el papel. Me pareció que en este caso nadie iba a tener inconvenientes. Después se dice que lo que estamos estableciendo es que el papel tiene que estar muy bien calificado por una calificadora y, además, tener una garantía, por lo que sería muy restrictivo. O está muy bien calificado, o tiene una garantía. En ambos casos, esto debe estar dispuesto o aprobado por el Banco Central.

Es por esto que deseaba aclarar que no puede haber discusión en cuanto a que la reglamentación de dicho Banco refiere a ambos aspectos. En todo caso, si hay que aclarar más la redacción, se hace.

Hago todo este relato para decir que yo mismo fui siendo convencido -incluso, con el señor Senador Rubio arrancamos del mismo punto- por estos razonamientos, y por eso ahora los vuelco al Senado ya que me fueron presentados después que culminó el trabajo en Comisión. Debo decir con franqueza que he sido convencido de que es razonable la inversión en papeles que tengan una calificación adecuada o, de lo contrario, en papeles que tengan una calificación menos adecuada, pero cuenten con una buena garantía de tipo prendaria o hipotecaria.

Reitero que fui convencido de esto y con toda honestidad así lo planteo al Senado. Además, la redacción establece -si se quiere aclarar más, lo podemos hacer- que en ambos casos el retorno y la seguridad suficiente son determinados por la reglamentación del Banco Central. Si se tratara de calificaciones internacionales, se tendría en cuenta el grado de inversión o, de lo contrario, garantías según lo indique la reglamentación. Para determinado tipo de riesgo la garantía tendrá que ser prendaria, hipotecaria, solidaria, etcétera. Esto es lo que está sobre la mesa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Según interpreto, hay un problema de forma y de fondo porque, en realidad, este no es el texto que aprobamos en la Comisión.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En realidad, figuraba una "y".

SEÑOR RUBIO.- Digo esto, porque la copulación no es lo mismo que la disyunción.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En este caso sí, señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- En cuanto al problema de fondo, no me han convencido; no me ha sucedido lo mismo que al señor Senador Atchugarry. En este tema preferimos colocarnos, si se quiere, en una postura conservadora, vista del lado de los ahorristas.

En consecuencia, no vamos a votar el artículo 59 y tampoco el 58, en la medida en que las inversiones que aparecen -y que son motivo de esta discusión- en el literal E) de la primera de las normas mencionadas, están incluidas en el conjunto más amplio que aparece regulado en el artículo 58.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa consulta al señor Senador Rubio si es posible votar en bloque los artículos 56, 57, 60 y 61.

SEÑOR RUBIO.- Podríamos votar en bloque, porque tenemos opinión contraria, los artículos 56 y 57, porque, a nuestro juicio, disminuyen las garantías patrimoniales y de capitales de las sociedades administradoras con relación a los fondos. Desde nuestro punto de vista, eso desprotege a los ahorristas. Es esta misma lógica la que inspira la oposición a estas modificaciones en los artículos 58 y 59.

Por lo tanto, estamos en condiciones de votar en bloque los artículos 56 a 59, ya que el 60 y el 61 los vamos a apoyar.

SEÑOR PRESIDENTE.- De todos modos, quizás sería más conveniente votarlos de a uno.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 56.

(Se vota:)

-18 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 57.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 58.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 59.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Simplemente, deseo señalar que aceptamos la modificación sugerida por el señor Senador Rubio en el artículo 59. Concretamente, estamos de acuerdo en no quitar la "y". De manera que diría "y que se encuentren debidamente garantizados".

He querido hacer esta puntualización en este momento, porque el artículo 58 está relacionado con el 59.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 60.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 61.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, para abreviar, voy a fundamentar el voto de los artículos 60 y 61. El primero de ellos, en la medida en que introduce la posibilidad de invertir en instrumentos de regulación monetaria, esto nos parece conveniente en lo que tiene que ver con la posibilidad de manejo del Banco Central. El artículo 61 es favorable para los ahorristas, porque las rentabilidades excepcionales que superen determinados márgenes se pueden volcar en mayor proporción que antes a las cuentas de ahorro personal.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 62, Capítulo XI, Sociedades Comerciales.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Vamos a votar afirmativamente esta disposición que, en realidad, refiere a la sustitución de los artículos 284, 331, 362 y 419 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Además, proponemos dos aditivos. Uno de ellos, es el artículo 62 (bis), que comienza de la siguiente manera: "Modifícase el artículo 97 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989". El otro, es el 62 (tercio), que se agregaría a la Ley Nº 16.060 y que llevaría el número 97 (bis).

El primer aditivo que proponemos exige que la documentación referida en los artículos anteriores será sometida a la aprobación de los socios o accionistas en un plazo que no excederá los 180 días, a partir de la finalización del Ejercicio. Tratándose de sociedades abiertas, el plazo será fijado por la reglamentación y no podrá exceder los 120 días, contados desde la finalización de su ejercicio. Esta modificación al artículo 97 tiene como fin acortar el plazo del que disponen las sociedades abiertas para la aprobación de sus estados contables por las asambleas de socios o accionistas. A nuestro juicio, esto armoniza ese plazo con el establecido por las normas del Banco Central para la presentación de la misma, es decir, información económico-financiera para los emisores de valores autorizados a realizar la oferta pública.

El segundo artículo propuesto, es decir, el 62 (tercio) expresa lo siguiente: "Agrégase a la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el siguiente artículo:

Artículo 97 (bis).- Las sociedades, cualquiera sea su forma, cuyos activos totales al cierre de cada Ejercicio anual superen las 30.000 unidades reajustables, o que registren ingresos operativos netos durante el mismo período que superen las 100.000 unidades reajustables, deberán registrar ante el órgano estatal de control sus estados contables dentro de los 180 días siguientes a la finalización de su ejercicio económico."

Este segundo artículo introduce la obligación para todas las sociedades comerciales de cierta magnitud económica -por eso se fijan los límites de 30.000 y 100.000 Unidades Reajustables- de registrar los estados de situación y los resultados anuales. El registro que se establece será de consulta libre para cualquier interesado y también se pondrá a disposición del público. Entonces, esto daría mayor transparencia y armonizaría los plazos con tipos de sociedades a las que el Banco Central obliga a presentar sus estados contables para los emisores de valores autorizados a realizar oferta pública de los mismos.

Ese es el contenido de estos dos aditivos que hemos presentado que, en realidad, no son tales, ya que se incorporarían al artículo 62, como 62 (bis) y 62 (tercio). Se trata de dos modificaciones y de un agregado a la Ley Nº 16.060.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En primer lugar, recomendamos al Cuerpo aceptar lo que acá se llama 62 (bis), que es una modificación al artículo 97, que oportunamente el Parlamento estudió en la Legislatura pasada. No me animo a hacer la misma recomendación con respecto al artículo 97 (bis), particularmente, por las eventuales trabas que puede traer para pedir créditos. Me gustaría estudiarlo un poco más y que se enviara a la Comisión de Hacienda, no por la primera parte, sino por la final. Aprovecho la oportunidad para decir que hay dos pequeñas modificaciones sugeridas, que son de carácter más bien técnico, que se introducirían al artículo 362 de la Ley Nº 16.060. Lamento terriblemente tener que hacer esto, pero recibí una carta de la catedrática Nury Rodríguez y arreglamos algunos aspectos a sugerencia de ella.

O sea que el artículo 362.1 de la Ley Nº 16.060, en el texto venido de la Comisión, diría así: "Cuando se trata de la fusión, escisión, transformación, prórroga o disolución anticipada de la sociedad, transferencia del domicilio al extranjero, cambio fundamental en el objeto y aumento o reintegración total o parcial del capital integrado", etcétera. Eso es lo que dice la redacción que viene de la Comisión, pero ahora se sugiere que diga: "aumento del capital social" y luego el texto sigue de la manera que figura en el repartido, o sea, "o reintegración total o parcial del capital integrado", etcétera.

La opinión de la doctora Nury Rodríguez, que creo que es correcta, es que en realidad el aumento de capital integrado no es una modificación de contrato.

La otra modificación, que está referida al artículo 362.3 de la Ley Nº 16.060, está en poder de la Mesa. Por supuesto, señor Presidente, me hago cargo de lo que significa hablar de estos temas a esta hora. Pienso que se podría dar lectura al artículo referido que tiende a excluir la disolución anticipada del receso, porque ya ni siquiera está incluido en la actual ley.

Además -y esto es de nuestra cosecha- también sugerimos incorporar el derecho al receso en la sociedad abierta, que es la hipótesis del artículo 362.3 de la Ley Nº 16.060, en el caso de la fusión. Es decir, no habría derecho a receso si hay una fusión con una sociedad a su vez también abierta; pero si fuera una sociedad cerrada sí habría derecho a receso, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la modificación que se sugiere al artículo 362.3 de la Ley Nº 16.060.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "En las sociedades anónimas abiertas que emitan acciones que se coticen en mercados formales, los supuestos de aumento de capital social o reintegro -totales o parciales- de capital integrado, fusión o escisión, en tanto las sociedades resultantes mantuvieren el carácter de sociedades anónimas abiertas, no generarán derecho de receso."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 62 con las correcciones indicadas.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 62 bis, aditivo al Capítulo XI.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Artículo 62 (bis).- Modifícase el Artículo 97 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 97- La documentación referida en los artículos anteriores será sometida a la aprobación de los socios o accionistas en un plazo que no excederá los 180 días a contar de la finalización del ejercicio. Tratándose de sociedades abiertas, el plazo que será fijado por la reglamentación no podrá exceder de los 120 días contados de la finalización del ejercicio. De no haber impugnaciones dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, dicha documentación se tendrá por aprobada, salvo que se trate de sociedades en las que funcionen asambleas, las que se regirán por sus normas específicas.

El derecho a la aprobación a impugnación de los estados contables y la adopción de resoluciones de cualquier orden a su respecto, será irrenunciable y cualquier convención en contrario será nula.

Si se tratara de sociedades sujetas a control estatal se remitirá otra copia al organismo estatal correspondiente. Estas sociedades publicarán sus estados contables y proyecto de distribución de utilidades aprobados, con la visación respectiva."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Entiendo que la segunda parte pasaría, como en el caso de los otros aditivos, al estudio de la Comisión respectiva, porque es la parte más importante en la medida que introduce la obligación de registrar los estados de situación de resultados y permite la consulta libre para sociedades comerciales de cierta magnitud económica.

SEÑOR PRESIDENTE.- Esa es la idea, señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite, señor Presidente, para una consulta muy breve?

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- La parte en que tengo problemas, y por eso consulto, es cuando dice que si no hace este registro contable, "la sociedad no podrá distribuir utilidades resultantes de la gestión social", lo cual me parece razonable, pero luego agrega: "ni podrá constituir o renovar garantías sobre sus bienes de uso ni enajenar dichos bienes". Pienso que esto es un poco fuerte. Si se suprimiera este último fragmento, no tendríamos inconveniente en acompañarlo.

Aclaro que estamos hablando del tercer inciso, que modifica el artículo 97 bis de la Ley Nº 16.060, donde se eliminaría la expresión: "ni podrá constituir o renovar garantías sobre sus bienes de uso ni enajenar dichos bienes". Si eso fuera así, no tengo inconveniente.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿El señor Senador no tiene inconveniente en votarlo ahora o en que pase a Comisión?

SEÑOR ATCHUGARRY.- No tengo inconveniente en votarlo ahora, señor Presidente, porque fue un artículo que en su momento también se trabajó.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo con la redacción que quedaría.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Si no tiene inconveniente, señor Presidente, puedo leer el inciso que se modifica, a efectos de que conste en la versión taquigráfica. Diría así: "La sociedad no podrá distribuir utilidades resultantes de la gestión social, sin que previamente haya registrado los estados contables correspondientes al último ejercicio cerrado. El órgano estatal de control, en caso de infracción a las prohibiciones precedentes, aplicará las sanciones que disponga, en el marco establecido por el artículo 412 de la presente ley".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 62 (tercio) con la modificación introducida en Sala.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde pasar al Capítulo XII, "Seguridad Ciudadana".

En consideración el artículo 63.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Como expresamos en la Comisión y también en el informe, esta medida puede contribuir a que se concrete esta posibilidad de contratar por un plazo de 6 meses, prorrogable, de hasta 200 retirados policiales, en la medida que aquí se prevé un mecanismo alternativo al que regía, que permite que si no se llenaran los cupos con jubilados policiales se proveerán, según se dice, designando a personas de hasta 25 años de edad, por los fundamentos que fueron dados en Comisión por el señor Ministro Stirling.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 64.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha llegado a la Mesa una moción de orden.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Que las normas de modificación a la legislación penal, artículo 65 al 77 del Capítulo XIII, pasen a la Comisión de Constitución y Legislación." La firman los señores Senadores Michelini y Korzeniak.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

-8 en 25. Negativa.

Corresponde pasar al Capítulo XIII, "Modificaciones a la Legislación Penal, Sección 1ª Rapiña y Tentativa".

En consideración el artículo 65.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Lamento disponer nada más que de veinte minutos y pido disculpas a los compañeros porque comprendo lo avanzado de la hora, pero no tenemos más remedio que decir una serie de cosas. La primera, es una aclaración que deseo hacer al señor Senador Fernández Huidobro.

Yo no hablé de no cederle la derecha a nadie en materia de ANTEL, porque tengo muy claro cómo se alinearon las fuerzas cuando el plebiscito en torno a su privatización. Tengo el orgullo de que mi partido fue el único que se presentó exactamente partido al medio y salió más unido que nunca, porque supimos administrar el disenso. Hablé de no ceder la delantera en materia de dureza en la lucha contra la delincuencia y pretendo que en este disenso que voy a tener -pese a lo cual voy a votar las normas- el partido también sepa administrarla.

(Ocupa la Presidencia el doctor Mario Carminatti)

-Vamos por partes. Desde que volvió la democracia hemos tenido una larga polémica y en ella se han presentado muchos proyectos de ley. En 1986, es decir, hace 14 años presenté un proyecto de ley para que se bajase la imputabilidad para sólo 6 delitos, de los 18 a los 16 años. Uruguay sigue siendo el único país -uno de los pocos del mundo- donde hay que esperar que un señor se entere, cuando tiene 18 años, que está mal matar a una persona.

Aquí ha habido proyectos de ley como el de la seguridad ciudadana, con la cual cooperamos, modificaciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, y también polémica. Aquella rebaja a la imputabilidad generó una gran polémica. Cuando la Ley de Seguridad Ciudadana recuerdo haber participado en una polémica de dos horas con el entonces Senador Sarthou y después en Comisión y en Sala, entre otros, con el Senador Korzeniak; y cuando la rebaja a la imputabilidad compartimos con el doctor Schurmann Pacheco tres programas televisivos. Recuerdo que en todos estos temas, los argumentos que se manejaron contra el endurecimiento de las penas -eran argumentos muy respetables que no comparto- iban desde que no era bueno castigar de más, que era preferible reeducar, que había que combatir la pobreza, que era el origen del crimen. El Senador Korzeniak -no me gusta aludir a compañeros que no están en Sala, porque me parece de mal gusto; o sea que esta alusión es en el buen sentido, porque ha sido muy coherente en lo que voy a decir- hablaba de inflación legislativa. Siempre discrepé con esto, porque los Códigos no son buenos o malos en función del tamaño sino del contenido.

En fin, entre los argumentos que se manejaron estuvo el de exceso de población carcelaria. Pero nunca en ningún proyecto de los que tuvieron éxito o de los que no lo tuvieron se cuestionó algo que para mí es sagrado, que es la arquitectura y la armonía del Código Penal. Esta es una arquitectura muy armónica hecha por un maestro: Irureta Goyena. Lamento que sea yo el primero que tenga que hacer este cuestionamiento y aclaro que, como soy hombre de partido, igual voy a votar. No obstante ello, me veo obligado a decir algunas cosas. Los Códigos Penales no son amontonamientos de artículos; podrán ser más o menos duros, más o menos benignos, más o menos grandes, pero no se pueden amontonar artículos sin tener en cuenta la redacción de los restantes.

En este artículo concreto se lleva el mínimo de rapiña a los dos años de penitenciaría, con lo cual este delito pasa a ser inexcarcelable. La Ley de Seguridad Ciudadana ya había sido dura con la rapiña. Antes de esta ley, en el Código de Irureta Goyena era de un tercio a la mitad de la pena del delito y en esa ley se llevó de un tercio a dos tercios, pero se mantuvo el hecho de que fuese excarcelable.

Conozco y comparto los argumentos que se manejan para llevarla a los dos años: la gente quiere ver a los rapiñeros y a los punguistas presos; los conozco de memoria y yo mismo lo he dicho hasta el cansancio. Pero lo que no me entra en la mente -puede tildárseme de derecha, porque ya me han tildado de fascista- es que después de que votemos esta disposición, éste va a ser el primer país del planeta, de la historia del Derecho, del Código de Hammurabi al presente, pasando por legislaciones con fuerte contenido religioso como era la Ley del Talión, en el cual se va a castigar en el mínimo con mayor severidad la rapiña -o hablando en criollo, el robar- que el homicidio con intención de matar a una persona. El artículo 310 dice: "Homicidio. El que con intención de matar diere muerte a alguna persona será castigado con 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría". Esta no era la redacción de Irureta Goyena. Este jurista había puesto una mínima de 2 años inexcarcelable en el Código de 1934. Ese mismo año se planteó una ley para modificar el Código Penal recién aprobado, y en esa modificación fue que se llevó el mínimo a 20 meses.

Busqué la discusión -porque tengo la mala costumbre de ir a las actas legislativas- y me encontré con algo muy pobre; tan pobre que sólo es media carilla lo que se discute esta modificación de la mínima de la pena de penitenciaría. Sin embargo, no se discute por qué se baja de 2 años a 20 meses. Hay que explicarle a un par de Legisladores por qué la máxima es nada más que de 12 años. Ahí se les dice que ese es el homicidio más simple de todos; después se puede llegar a 30 años y, con las medidas de seguridad eliminativas, a 45 años.

Además, busqué en la exposición de motivos y, en mi modesta opinión y con el mayor respeto para quienes participaron de la Legislatura del año 1934, debo decir que le erraron en las argumentaciones que dieron. Entonces, para que esto tuviese armonía y no ser el único país del mundo donde se castiga con mayor severidad el robar que el matar, redactamos un aditivo en el que se volvía a la redacción del Código Penal de Irureta Goyena. Me refiero a que la pena mínima para el homicidio la llevábamos a dos años y lo retiramos. Hicimos esto porque resulta que no se ha explicado en estas modificaciones que se le hicieron al Código qué pasa si el homicidio lo llevamos a una pena inexcarcelable. Quedan fuera del beneficio de la excarcelación figuras que también conforman esta arquitectura armónica del Código Penal como, por ejemplo, la legítima defensa incompleta y el estado de necesidad incompleta. A modo de explicación, puedo decir que la legítima defensa y el estado de necesidad son eximentes, y no importa si son o no excarcelables. Sin embargo, sucede que hay una franja que es la llamada legítima defensa incompleta y estado de necesidad incompleto. Por ejemplo, yo mido 1,90 metros y si una persona sensiblemente más chica que yo me ataca con un palo y yo tengo un revólver, le vacío el cargador. Precisamente, ese es un caso de legítima defensa incompleta porque queda esa franja de duda que genera el hecho de que yo puedo haberme atemorizado. No hay que olvidar que hay campeones de karate que miden 1,60 metros. Pero en principio al no haber objetivamente proporcionalidad y racionalidad en el medio empleado, no hay legítima defensa tal como está redactada en el Código, sino que hay legítima defensa incompleta. Muchas veces el juez llega a la conclusión de que es eximente y eso es correcto; por eso no podemos llevar el homicidio a un mínimo de dos años de penitenciaría. Entonces, como no podemos hacer esto, al votar esta disposición vamos a convertirnos en el primer país en la historia del Derecho en el que en la lectura del Código el matar a una persona con intención de hacerlo -me refiero al delito consumado- se castiga en la mínima con menor severidad que ya no el robo consumado, sino el intento o tentativa de robo. En realidad, señor Presidente, con total franqueza debo decir que solamente por una gran disciplina partidaria es que voy a votar esto. Porque si se me dice: "homicidio consumado" y "rapiña consumada", tengo que responder que castigar a este último delito con mayor severidad que al primero, me parece un disparate. Pero si se me dice: "homicidio consumado" y "tentativa de rapiña", no "rapiña consumada", tengo que decir que esto ya es un disparate al cuadrado.

Reitero que quiero que quede claro por qué votamos esto, a pesar de haber leído las actas parlamentarias, porque en realidad vamos a votar afirmativamente este texto sabiendo que se trata de algo que por primera vez altera la arquitectura de este Código Penal, la cual para nosotros es sagrada. A fin de que esa arquitectura no sea tan deteriorada, hemos presentado un aditivo por el cual convertimos también en inexcarcelable la tentativa de violación, lo que corresponde al artículo 272. Precisamente, esta disposición hoy establece una pena que llevada a la forma en que se calcula que la tentativa del delito de violación, es excarcelable. Entonces, cuando se me dice que la gente quiere ver a los rapiñeros presos, debo decir que estoy totalmente de acuerdo, y pienso que lo mismo debe ocurrir con los violadores porque, a mi juicio, en una escala delictiva el delito de violación es el más repugnante de todos. De ese modo, para que esta armonía no sea tan desfigurada, si vamos a tener a todos los rapiñeros presos sin el beneficio de la excarcelación, tengamos también a todos quienes intenten o configuren en el grado de tentativa un delito que, en mi modesta opinión, es infinitamente más repugnante -no sé si más grave- que el de robar. Por lo menos, en lo que respecta a la relación del artículo que hace a la violación con la relación del artículo referido a la rapiña, la arquitectura y la armonía del Código se mantienen; pero es imposible mantenerlas con relación al delito de homicidio.

Quiero dejar esta constancia con respecto al espíritu del artículo, aunque me encanta el hecho de que la sociedad se libere de quienes hoy rapiñan a la gente y le roban el sueldo a los jubilados. En este sentido, el señor Senador Fau decía que se le roba a la gente pobre, lo cual es cierto, pero también se le roba a quien no lo es. Por ejemplo, yo vivo sobre la avenida Bulevar España y en la puerta de mi edificio ya llevamos en tres años cinco vecinas rapiñadas. Esto ocurre en plena avenida y en las horas de mayor tránsito, cuando los automóviles están estacionados porque no pueden circular. Lamentablemente, en este Uruguay acobardado ningún hombre se baja de su automóvil a ayudar a una mujer a la que le están tironeando la cartera. ¡Cómo no voy a estar encantado de que esa gente esté presa!, por más que va a quedar privado del beneficio de la excarcelación alguien que de repente lo merecería porque hay distintos grados de tentativas. Pero, reitero, se me hace muy cuesta arriba votar a conciencia que vamos a pasar a ser el primer país en el cual la tentativa de rapiña se va a castigar con mayor severidad que el matar con intención de hacerlo.

(Ocupa la Presidencia el profesor Luis Hierro López)

-Por tal razón hemos presentado el aditivo para el delito de violación, con el fin de que no se nos diga que para nosotros es más grave la tentativa de robar que la de violar, porque no es así. Sin duda, es más grave la tentativa de violar que la de robar. Entonces, por tal motivo hemos presentado este artículo 272. Lo demás, lo relativo a tratar de armonizar esta propuesta de tornar inexcarcelable el delito de tentativa de rapiña del mismo modo que se hace con el artículo 310 referido al homicidio consumado con intención de matar, es imposible de arreglar porque, insisto, si elevamos al mínimo de dos años -como lo había hecho en su redacción original Irureta Goyena en el Código de 1934- la pena mínima para este delito, dejamos al juez atado de manos cuando se den casos -que se dan- de legítima defensa incompleta y estado de necesidad incompleto.

Irureta Goyena fue una persona muy sabia, redactó una joyita, aunque cabe admitir que en algunos aspectos se ha desfasado en el tiempo, como por ejemplo, en lo que respecta a la imputabilidad. En lo personal, una vez presenté un proyecto para que se derogase la violación "ope legis" y se me dijo de todo. Dos Legislaturas después, el señor Diputado Fernández Chaves tuvo más suerte que yo y esa disposición se derogó y, a mi juicio, fue para bien. Tal como están las costumbres, habiendo mayor libertad, aquella violación objetiva tenía su sentido en 1934, pero ya no cuando presenté el proyecto en 1986, y mucho menos lo tendrá en el Siglo XXI. Pero, reitero, una cosa es que un Código se vaya desactualizando y otra es que en las modificaciones para actualizarlo se atente contra lo que más hay que cuidar en un Código Penal, que es la armonía, la arquitectura, el hecho de que sus normas no se contradigan.

Por el momento esto es lo que queríamos decir pero tenemos algunos aditivos relativos a otros casos que vamos a presentar más adelante.

Ya que nosotros vamos a votar esto a conciencia, que desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica nos parece una barbaridad, pedimos por favor al Cuerpo no que se ponga presos a los rapiñeros ni que se los castigue con mayor severidad que al que mata, pero sí que, por lo menos, se atienda nuestro aditivo sobre la tentativa de violación porque, al menos por ese lado, conservaremos esta armonía. Reitero que si es grave intentar una rapiña, mucho más lo es tratar de cometer el delito que más rechazo merece, que es el de violación.

Es cuanto quería manifestar por el momento, señor Presidente.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Hemos escuchado con mucha atención, como es lógico, las palabras y la iniciativa del señor Senador Millor. Naturalmente, en el juzgamiento de la conducta de las personas es muy difícil tener una línea absolutamente coincidente. Todos tenemos alguna apreciación de origen ético o moral y siempre se nos hace muy dificultoso llegar a un acuerdo pleno, más aún cuando consideramos -debemos hacerlo- circunstancias de orden social, de origen histórico, del momento que vive el país.

De cualquier manera, en la amplitud en que reconozco que todos tenemos que movernos y que en esta ocasión, con todo derecho, se mueve el señor Senador Millor, quisiera referirme a algunos aspectos que me interesa transmitir con relación a lo que él plantea en lo que tiene que ver con el artículo 65.

En primer lugar, corresponde señalar que "robo" es una expresión no usada formalmente en nuestro Código, que emplea el término "hurto". Decir que una persona va a ser más castigada por tentativa de hurto que por homicidio no es exacto. Debería decirse por "tentativa de rapiña", ya que el hurto es otra figura delictiva que se legisla en el artículo 340 del Código Penal. Si se quiere asimilar la palabra "robo" a algo, asimilémosla a "hurto", ya que en el lenguaje vulgar esto es lo que se acepta. El "hurto" es, pues, una figura jurídica, y la que menciona este artículo en estudio es la "rapiña", que se refiere al que con violencia o amenazas se apoderare de cosas muebles sustrayéndolas a su tenedor para aprovecharse o hacer que otro se aproveche de ellas. Y también es rapiña la acción que después de consumada la sustracción, empleara violencia o amenazas para asegurarse o asegurar a un tercero beneficio. Este es el delito de rapiña. Y ahora voy a comentar en relación al otro delito que se le compara. Es verdad que el homicidio empieza -si es que vale esta palabra- con una pena de prisión que sería inferior a la que se pretende en este artículo para la tentativa de rapiña. Pero en materia de homicidio radica una diferencia que es esencial, porque el codificador ha tratado al homicidio, con toda razón, con mucha amplitud de figuras, que la rapiña no tiene, ya que este delito tiene una sola definición legal. Naturalmente, existe la tentativa y los actos preparatorios que son tenidos en cuenta en todos los delitos, pero la definición del delito es una: rapiña. Sin embargo, el homicidio se define en el Código en el artículo 310, pero después, en el artículo 311, que es el inmediato a la definición de homicidio, se refiere a circunstancias agravantes especiales, mencionando cuatro de esa naturaleza, y cada una hacen del homicidio -que en principio era una figura delictiva única, como la rapiña- cuatro figuras delictivas. Se me puede decir que sigue siendo homicidio, lo que exacto, pero con la diferencia de que el juez tiene que examinar cuatro posibilidades de circunstancias agravantes especiales que califica en muy diversos alcances el homicidio. El artículo 312 del Código Penal a continuación consigna seis circunstancias agravantes muy especiales. Hablando en un lenguaje muy vulgar -no soy jurista y menos aún penalista- diría que hay un homicidio, pero que nuestro Código recoge en las llamadas circunstancias agravantes especiales y circunstancias agravantes muy especiales diez figuras distintas de homicidio. Si los señores Senadores piensan por un momento en la actividad del juez, podrán observar que éste tiene que considerar el homicidio y la persona privada de la vida con intención de quien fue su matador, pero luego definir en dónde ubica ese homicidio. El juez deberá optar en una de las diez posibilidades que mencionamos. Ya no es en la práctica un solo delito como la rapiña. Tenemos, pues, que llegar a lo que estamos haciendo en el artículo 65 al penalizar especialmente la tentativa de rapiña. No olvidemos que, además de las diez figuras de homicidio que el Código reconoce como diversas, el artículo 313 agrega el infanticidio como otra forma más. Es decir que estamos frente a once figuras de este delito. Nos encontramos ante el hecho de que es necesario poner coto a la rapiña, aun en su tentativa, y para esta consignamos un mínimo que es superior al del homicidio, pero en rapiña no tenemos once figuras distintas para que el juez pueda moverse con comodidad. Tampoco creemos que haya que ponerlas. Por eso hemos llegado a una conclusión discutible, como toda materia del Código Penal, y especialmente discutible cuando de penas se trata. Pero, ¿quién puede decir cuál es la pena adecuada para cualquiera de los delitos? Quizás si cada uno de nosotros consideráramos en forma aislada cuál es la pena para cada delito, en especial quienes no son abogados -quienes lo somos tendríamos cierta idea residual de años idos- lo haríamos en forma muy diversa. Tal vez en una discusión interminable uno mantuviera una penalización muy dura y otro pensara que la pena debe ser menor porque no le parece tan grave como la de otro delito, que quisiera condenar en mayor medida. Aplicar penas como correspondencia entre delito y delito es muy difícil.

En resumen: en primer lugar, debemos dejar de lado el hurto o el robo, como a veces se le denomina. Insisto en que esto es rapiña, un delito autónomo que no es figura lateral del hurto.

En segundo lugar, la comparación con la pena por homicidio se compara frente a una figura delictiva que tiene un largo abanico de posibilidades, mientras la rapiña tiene una sola.

SEÑOR MILLOR.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARCIA COSTA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Creo que de tanto hablar de estos temas usted tiene claro que yo tengo claro que el robo como figura jurídica no existe. El robo se divide en dos modalidades: la rapiña, que es robar con violencia, y el hurto que es robar con habilidad, aunque también tiene variantes. Insisto en el sentido de que los argumentos esgrimidos por el señor Senador no me convencen. Naturalmente, conocemos las agravantes especiales y especialísimas del homicidio, pero cabe recordar que está definido en el artículo 310. Si es con premeditación o por medio de veneno, para citar dos casos, tenemos una circunstancia agravante especial. El artículo 310 dice: que el que con intención de matar diere muerte, será castigado con 20 meses de prisión, a lo que le agrego además que es excarcelable. Aquí estamos hablando del bien supremo: la vida. No nos estamos refiriendo a la tentativa sino a la consumación de quitarle la vida a una persona. Mientras tanto, en la rapiña estamos hablando de sustraer lo ajeno con violencia en grado de tentativa.

Reitero, los argumentos siempre brillantes del señor Senador García Costa no me terminan de convencer. Le pido que me dé un ejemplo, en el mundo actual y en la historia del Derecho, en donde se haya dado esta situación por la cual en la mínima se castigue con mayor severidad el intentar o tentar una rapiña que consumar un homicidio. No existe; le ahorro la molestia de hurgar desde Hammurabí para acá. Repito, no existe.

Me veo en la obligación de decir esto con toda franqueza, más allá de que sé que está inspirado en las mejores intenciones. Siempre he tratado de hacer lo más severas posibles las penas contra los delincuentes, pero por un estado de conciencia espiritual, de lectura de la realidad. Sé que la gente está pidiendo severidad, pero eso no nos puede llevar a desvirtuar la arquitectura armónica del Código de 1934.

En lo que tiene que ver con el hurto, que es el robo con habilidad, vamos a hablar en el artículo que viene. Al hurto, también, en su grado de tentativa en dos modalidades, se lo torna inexcarcelable puesto que se eleva la pena a dos años de penitenciaría. ¿Qué quiere que le diga, señor Senador? Yo lo voto, pero esto no tiene arreglo. Pensé que la solución podía ser volver a la redacción original que le había dado Irureta Goyena: dos años de penitenciaría como mínimo al artículo que define al homicidio. Si hacemos eso, excluimos del Derecho uruguayo dos figuras que se dan con bastante frecuencia: la legítima defensa incompleta y el estado de necesidad incompleto. Entonces, inevitablemente, vamos a hacerle un daño grande a esta armonía que con mucho cuidado -con el de un artesano o un orfebre- tejió en 1934 Irureta Goyena.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Creo que lo que ha quedado de manifiesto es una sensibilidad o una manera de ver -que una vez más digo que respeto- del señor Senador Millor. Por otra parte, me parece que hemos demostrado las razones por las cuales hemos procedido en esta forma. No tenemos alternativa frente a un delito que en este momento, en el Uruguay, en relación al homicidio se debe cometer en una proporción -no de los denunciados ante la policía, sino los que realmente suceden- de 50 a 100 por día contra un homicidio diario, si es que lo hay. Estamos tratando de proporcionar algún remedio a una sociedad que está padeciendo un mal con alta frecuencia. Si será la mejor pena o no, a mi juicio sí lo es. No procedimos ni necesariamente debíamos hacerlo por aproximaciones o comparaciones con otros delitos, porque eso es tremendamente delicado. Yo también he recurrido y mirado la arquitectura del Código, pero en materia de penas no deja de ser siempre una opinión, porque no puede ser otra cosa. Diverso sería el caso en la definición de un delito. Hay que ser muy cuidadoso en la redacción y puede haber opiniones donde una palabra cambie la modulación que se le quiere dar al delito. En materia de penas, señor Presidente, es imposibles tales comparaciones. Nuestro Código de 1934, copiado de uno italiano de los años 20, en definitiva responde -no podía ser de otra manera, y me parece lógico- a un estado de cosas de la Italia de aquellos años. Puedo asumir tal estado de cosas y pensar que es intocable, y por tanto el esquema social y circunstancial delictuoso de la Italia de los años 20 determina para nosotros una arquitectura de penas intocable. Creo que no, y pienso que debo decir que, si la exigencia existe, vamos a tener que alterar la pretendida belleza del Código. El Código de Hammurabí y todos los que vinieron después es imposible que puedan ser punto de referencia para nuestra decisión. Es posible que tengamos una cantidad de Códigos con diferencias abismales en las penalidades. El mundo y la historia están repletos de Códigos Penales. Decir que nunca en la historia se haya dado un caso de diferencia en las penas como el que se pretende, por lo menos me hace pensar que debería profundizar más para poder aceptar esa afirmación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 65 tal como viene de la Comisión.

(Se vota:)

-16 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 66.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Este artículo que se modifica tiene que ver con el hurto, referido al 341 que contiene las agravantes especiales. Se toman dos agravantes y se les da un mínimo de penitenciaría. Vuelvo a los mismos argumentos de antes y le digo al señor Senador García Costa que se quede tranquilo que ni siquiera es necesario buscar en la legislación comparada en la historia de la legislación.

En la lógica elemental de lo que ha sido la escala de valores a través de la historia de la humanidad y en todas las creencias religiosas, la vida siempre fue un bien supremo por encima de la propiedad. Realmente, es de una lógica tan elemental, que me parece mentira estar argumentándolo. Es más, siempre estuvo por encima la consumación de un delito que el intento, pues el proceso del delito tiene un aspecto interno y otro externo, del cual tendremos que hablar en otro artículo. Pero el delito es un camino y la tentativa es una etapa en ese camino que se fija arbitrariamente por el Legislador. Pero, reitero, la lógica más elemental indica que es más grave la consumación que el hecho de intentarlo o de tentarlo. Precisamente, en cualquier estado de la civilización, en cualquiera, ya sea en la época de Pericles, en el Imperio Romano, en la época de las Cruzadas o en el mundo actual, en la cultura que sea, católica, judía o musulmana, la vida es un bien que está por encima de las cosas. El día que las cosas estén por encima de la vida, ¡por favor! ¡Otra que arquitectura! ¡Esto es elemental!

Entonces, acá estamos en dos escalas. Una es la del delito considerado en abstracto porque, ¿qué es más grave? ¿Consumarlo o intentarlo? Consumarlo, como lo indica la lógica elemental de cualquier Código. Y en cuanto al bien que se protege, puesto que en todo delito hay un sujeto pasivo y un bien jurídico protegido, ¿cuál es el bien jurídico de mayor valor en el Derecho sea cual sea el sistema político? Es la vida. ¿Acaso hay un bien mayor? En realidad, creo que sí, y así lo dije un día en este ámbito. Pero no mayor en cuanto a la penalización cuando es agredido, sino porque era el único que sobrevivía al hombre. Me refería al derecho al honor. Ese es el único derecho que sobrevive al ser humano, pues la vida con la muerte se termina y en cuanto a la propiedad, vendrán después los trámites hereditarios. Lo único que sobrevive, entonces, a la persona que se muere es el honor.

A ese respecto creo que fue un gran disparate haber derogado la ley de duelo, porque lo que se tendría que haber hecho era actualizarla para que, por ejemplo, quienes no tuvimos oportunidad de aprender esgrima, pudiésemos batirnos en paridad de condiciones con quienes sí pudieron hacerlo.

Reitero que en cualquier civilización, religión o estado de la historia de la humanidad siempre valió más la vida que las cosas. Por supuesto, voy a votar este artículo, pero entiendo que vamos a ser los primeros, tal como lo ha sido siempre el Uruguay en circunstancias como ésta. Pero, a los efectos de mantener esta armonía, pido por favor que también se castigue con un mínimo inexcarcelable la tentativa de violación. En ese caso, ya no se trata de escalas de valores, sino de rechazo a una figura delictiva. Disculpen la expresión, porque puede no ser muy académica, pero yo que quiero ver a los rapiñeros y hurtadores presos, mucho más quiero ver presos a quienes intentan cometer un delito mucho más repugnante. En verdad, la rapiña y el hurto son delitos que agravian a la sociedad. Muchas veces son llevados por la necesidad, pero en el violador inciden otras cosas, pues es un sujeto despreciable que trata de perpetrar una aberración, algo repugnante. Esto también en todos los estados de la civilización ha sido juzgado, por lo menos desde el punto de vista ético y moral con mayor severidad que el hecho de apropiarse de lo ajeno con habilidad o con violencia.

Entonces, si la rapiña y la tentativa de rapiña van a ser inexcarcelables, del mismo modo que lo van a ser en dos modalidades la tentativa de hurto, ¡por favor!, en homenaje a quienes redactaron este Código, que también sea inexcarcelable la tentativa de violación. Esto, por supuesto, por una cuestión de lógica elemental.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- A mi entender, el artículo que acabamos de votar habla por sí mismo y en ninguna parte de su redacción dice que el homicidio es menos grave que la rapiña o que ésta es más grave que el homicidio o que la lesión moral que infringe a la sociedad el homicidio es inferior a la de la rapiña. No confundamos la pena con el delito, pues son dos cosas distintas. Se puede justificar perfectamente -como creo hemos tratado de hacerlo- por qué la pena es mayor, y ello no implica que hagamos comparaciones entre los bienes y la vida, porque, naturalmente, no es el caso. Estamos haciendo comparaciones de penas y estoy hablando de por qué llegamos a esta pena para esta tentativa de un delito que en el Uruguay se está dando con extrema frecuencia. Es a eso a lo que apuntamos. Si además hubiéramos puesto: "y considérase este delito más grave que el homicidio", seguramente estábamos entrando en un terreno absolutamente fuera de lugar. Pero aquí no se habla de eso. Es posible que la "arquitectura" en la comparación de bienes y vida pueda determinar un esquema u otro, y eso está perfecto, porque cuanto más se pueda conservar esa igualdad, o desigualdad, mejor, pero, de todas maneras, no estamos imponiendo penas, no estamos fijando calificaciones morales, que, de ser así, naturalmente, podríamos compartir sin violencia alguna.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Quiero señalar que en la Facultad de Derecho me explicaron que la pena era la compensación que se infringe al delincuente por el daño que éste a su vez causa a la sociedad. Estoy leyendo el artículo y me pregunto a quién se le ocurre establecer que la tentativa de rapiña es más grave que el delito. Lo que sucede es que los Códigos se leen todos, del principio al final, pues en función de ellos se hace la valoración. La pena es una valoración y, en función de la importancia del bien tutelado, se pena a quien agrede ese bien tutelado. Por esa razón siempre se castigó con mayor severidad a quien mataba que a quien rapiñaba. En verdad, esto es elemental, pero desde ya aclaro que en ningún momento quise decir otra cosa. Es más, tengo a la vista el texto que redactaron pero, lo que sucede, es que cuando se lea este Código, como se leen los Códigos Penales, de principio a fin -o sea, todos los artículos y no salteados- seguramente la gente se va a encontrar con esto. Discúlpenme que insista, pero se van a encontrar con que matar a una persona con intención de hacerlo y consumar el delito, en ese caso, en el que no lo intentó, no erró el disparo, no falló, sino que lo mató, es excarcelable. No consiguió rapiñar, ahí no es excarcelable. Intentó, tentó un hurto con estas agravantes, no logró consumar el hurto, no es excarcelable. Es claro que no se redactó con esa intención y tampoco se lo atribuyo a nadie. Sé que el señor Senador García Costa no pretende hacerme decir lo que jamás he dicho ni han pensado mis compañeros. Sin embargo, me pregunto cómo se va leer este Código y, a mi entender, se va a leer en los términos a que me estoy refiriendo. Reitero que tuve buenos profesores de Derecho Penal, si bien desde que fui electo Diputado no ejerzo la profesión porque me autoimpuse una ley que existe en Italia y no acá, que establece que no es bueno vivir de las leyes y redactarlas. En Italia no se puede ser Legislador y ejercer al mismo tiempo la profesión de abogado, pero esa es otra historia. De todos modos, recuerdo lo que estudié en la Facultad, aunque nunca ejercí el Derecho Penal, porque nunca me gustó la materia como para ejercerla ni tampoco su ambiente.

Pero salvé con muy buenas notas en la época que era de parado y contestando a tres profesores, y no en el medio de mil personas contestando preguntas por escrito. La pena es la compensación que se le da al delincuente en relación al bien que este agrede. Todas las civilizaciones del mundo -¡todas!-; todas las religiones del mundo -¡todas!-; todos los Códigos del mundo -absolutamente todos; este tiene un origen napoleónico, ¡todos!- consideran que es más importante proteger la vida que proteger las cosas y que es mucho más grave consumar un delito que intentarlo o tentarlo y no llegar a consumarlo. Pero reitero -soy un hombre de partido- que si con esto arreglamos toda la delincuencia, yo lo voto. Voy a aclarar lo siguiente: me va a encantar ver presos a un montón de rapiñeros que entran y salen, intentan la rapiña, entran y salen; ¡me va a encantar verlos presos! Esto que quede claro: ¡me va a encantar verlos presos! Los argumentos que se manejan de la superpoblación carcelaria no los comparto, pero estoy de acuerdo con una cosa que dijo el señor Senador Fernández Huidobro: hay que cambiar el sistema carcelario. Pero claro, si yo acá recreo la propuesta nuestra de privatizar las cárceles se arma un lío bárbaro, pero es el único camino.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador: se le ha terminado el tiempo. Estamos en un régimen que permite una sola intervención por artículo.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- La consideración particular de alguno de estos artículos es imposible de realizar sin hacer algunas consideraciones un poco más generales. Puedo no compartir la escala de penas y algunos enfoques que hace el señor Senador Millor, pero que lo que dice tiene una lógica implacable eso está absolutamente fuera de duda. Porque apenas uno se pone a bucear un poco en esto, escucha a gente solvente desde el punto de vista técnico y llega a la conclusión de que el daño a la arquitectura es absoluto. Y eso que pasó alguna podadora por el camino, porque entre lo que había al principio y la podadora del señor Senador Atchugarry y alguna otra que estaba allí, algunas de las aristas más brutales quedaron fuera, pero los niveles de incongruencia y de inconsistencia técnica eran absolutamente pasmosos. Si en algunos casos la conspiración tenía una graduación que era más fuerte que la tentativa y la tentativa más fuerte que el delito consumado, ¿dónde está la lógica de esto? Entonces, uno después lo empieza a mirar de otro lado y a preguntar.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: acá se ha hablado de delito y de pena; se ha hablado de ruptura de la arquitectónica del Código Penal. Se ha hablado de que la tentativa de la rapiña es en cuanto a su pena superior a la pena del delito de homicidio, pero quiero expresar lo siguiente. Si vamos a la rapiña, en el artículo 344 tenemos que la rapiña se castiga con cuatro a dieciséis años de penitenciaría, con lo cual la tentativa de rapiña se está penando de acuerdo a esa arquitectura. Además, tanto es así que la propia rapiña en cuanto al mínimo fue penalizada más severamente que el propio delito de homicidio del artículo 310, porque el mínimo del delito de homicidio es 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría. Yo no soy un especialista y estuve haciendo este tipo de apreciaciones con mucho temor. Agradezco la interrupción que me concedió el señor Senador Rubio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR MILLOR.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- El señor Senador Larrañaga me acaba de leer el delito de rapiña con privación de libertad y copamiento. ¡Por favor, señor Senador! Los delitos tienen un origen. Yo le estoy hablando del delito puro. Todos los Códigos son iguales. Delito puro de rapiña, después vienen las variaciones; delito puro de homicidio, después vienen las variaciones. Yo lo aprecio mucho, señor Senador, pero no, en este tema perdóneme...

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: lo que yo quiero señalar está en las intervenciones que hicimos en la Comisión -las ahorramos- y en el informe que redactamos. Viendo este tipo de incongruencias, de inconsistencias y de falencias uno se pregunta cuál es el origen de este problema. Entonces, empieza a mirar el índice y encuentra una explicación política. Acá, en realidad, existió la selección de algunos casos que han generado un estado de alarma social, de choque en la sensibilidad pública. Se toma ese tipo de situaciones y la norma parece ser para la mayor parte de los casos que se seleccionan. Acá hay que agravar y agravar, y eso se hace con independencia del resto de la arquitectura, lo cual origina el problema. Nosotros no compartimos esta manera de legislar, en primer lugar, y por eso éramos partidarios -y lo votamos- de que esto fuera sacado de esta ley de urgencia y colocado donde debió estar desde el principio. Y sólo nos explicamos que haya resultado así por un pacto político donde hubo un canje de posiciones en torno a determinados temas; algunos eran los más importantes para ciertos sectores y otros lo eran para otros sectores. Estaban en su derecho. Pero es la única lógica que puede explicar que un liberal termine fundando esto. Otra no hay. Es una lógica política. En segundo lugar, nos parece lamentable que una sociedad cada cinco años discuta lo mismo y apele a la misma terapéutica para atacar determinado tipo de problemas, resultando que se encuentre con la evidencia más palmaria de que fracasó porque aumentaron los delitos en términos cuantitativos y cualitativos entre el debate de 1990 y el de 1995, y entre el de 1995 y el de 2000 en el cual estamos ubicados ahora a las nueve de la mañana. Esta es la realidad. Entonces, para nosotros, la conclusión es que hay que tomar otros caminos y por eso hemos participado de un enfoque que acentúa otro tipo de medidas que no son sólo las que se refieren a políticas sociales, sino también a las que apuntan a la eficacia de la Policía en la fase preventiva y represiva, a una transformación radical del sistema carcelario, y que también en algún caso toman algunas penas que hay que aumentar y que nosotros estamos respaldando en este proyecto. Pero no la filosofía y la línea general. Por consiguiente, vamos a votar en contra de este artículo como lo hicimos con el anterior. Nos parece que la inexcarcelabilidad no da ningún margen a los jueces y los resultados van a estar a la vista. No se trata del razonamiento, como se dijo en alguna intervención de los días anteriores, que se funda en que porque va a aumentar la población carcelaria entonces no hay que aumentar determinadas penas. No es ese el razonamiento.

El razonamiento no es ese, mas bien parte de la idea de que no se puede hacer de una manera rígida y generalizada como se hace para determinados casos, porque hay que darle márgenes a los jueces. Además, va a haber consecuencias en el sistema carcelario uruguayo y no conocemos medidas en relación con eso. Es decir que se trata de líneas paralelas.

Estamos votando en contra los artículos 65 y 66, a favor del cambio que se hace en relación con la legítima defensa y con el atentado violento al pudor a los menores de 12 años, a favor en cuanto al carácter público del agente, en contra de la punibilidad de la conspiración en los términos en que se propone en el artículo 72 y a favor del 70 y del 71.

Estamos votando en contra -lo digo en esta intervención para no tener que hacer el fundamento de voto en cada caso- del texto que viene sobre el deber de informar en la medida en que aparentemente lo está remitiendo a la cuestión de las 24 horas, ya que no estamos de acuerdo con esa versión, salvo que se proponga una alternativa. Por último, votamos en contra del delito provocado.

Para nosotros existen cuatro grandes centros temáticos que nos provocan una profunda resistencia, que son los de la inexcarcelabilidad -en los términos en que viene- la cuestión de la conspiración, la del delito provocado por la autoridad -aunque reconocemos que se redujo el área en la que se aplicaba, ya que ahora se refiere a los casos del crimen organizado-; estamos votando en contra de la modificación que se propone para la situación de los militares en condición de guardias perimetrales en institutos carcelarios. Nos parece que se cometió un error en el origen, al colocar a los militares en estas funciones; luego ocurrieron hechos que todos lamentamos, y hay que modificar la legislación penal para atender esas situaciones. Esta es una lógica que no compartimos.

Como consecuencia de todo esto, en lo que ahora se refiere, votamos negativamente el artículo 66.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 66.

(Se vota:)

-16 en 24. Afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- La información de que va a haber 500 procesados más en la penitenciaría no la proporcionó, naturalmente, el Frente Amplio, sino los propios profesores que nos visitaron y, además, el señor Subsecretario del Interior. Por lo tanto, por decirlo de alguna manera, es una estimación técnica.

La constancia que queríamos dejar es que trataremos -porque era parte también de los entendimientos, y en esto vamos a tener el apoyo de todas las Bancadas- de trabajar rápidamente en dos proyectos: uno que ya comenzó su discusión en la Cámara de Representantes, que es el llamado "desempapelamiento de causas penales" y el segundo, que podríamos estudiarlo aquí en el Senado, que es el de "penas alternativas".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 67.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Si no estoy equivocado, este es el artículo que quita el tema de la nocturnidad.

Reitero que voy a votar todo, porque es lo primero que pide el Gobierno, pero aclaro que tengo pocos orgullos en la vida: uno es que con un gran sacrificio de mi familia y trabajando en dos empleos, me recibí de abogado y mis padres me vieron jurar.

Lo de la nocturnidad es de un marketing bárbaro. ¡Cómo no voy a estar contento si, además, me crié en una casa donde había armas y las sé manejar para poder defender mi hogar durante el día! La única tranquilidad que tengo para votar esto es que desde 1980, un año después que murió mi padre, me mudé de una casa muy grande a un apartamento, porque si siguiera viviendo en Punta Gorda, no sé qué ocurriría, porque donde yo vivía, para tomar el consumo de la luz, el empleado de UTE tenía que traspasar un portón en una casa donde vivía un comisario retirado y su hijo, que sabía manejar las armas. De repente, el empleado de UTE no venía con el uniforme azul o el mismo cambiaba. También es cierto que no había la psicosis que existe ahora. Tal vez si ahora llegara una persona a mi casa a tomar el consumo de UTE sin vestir uniforme, lo curtiría a balazos. Como vivo en un apartamento, eso no me va a pasar. Pero lo de la nocturnidad no es un capricho. ¡Qué va a ser un capricho! Aquí ya no se trata de arquitectura de códigos, sino de arquitecturas constitucionales. La Constitución dice que durante la noche, ni con orden del juez, se puede allanar una vivienda, y esto tiene una explicación que va más allá de los tiempos. Una cosa es la noche y otra es el día. Según la Constitución de la República, en la casa de una persona se puede entrar de día con orden de allanamiento; de noche, ni con ella. Esa es la valoración que se hacía entre el día y la noche desde el fondo de la historia y antes de que se inventara la luz eléctrica. Por eso es que Irureta colocó esto de la nocturnidad y excluyó -por decir algo- lo diurno. La disposición está perfecta, y la voy a votar, pero yo a la hora que sea tengo también un derecho que es muy importante, que es el de defender mi hogar las 24 horas del día.

Voto esta disposición con la gran tranquilidad de que vivo en un apartamento y no va a haber malos entendidos porque ustedes se darán cuenta que no es lo mismo vivir en una casa con dos portones y con terreno en el fondo, que en un apartamento, porque la persona que ya esté adentro de mi apartamento, en un sexto piso, evidentemente, no vino a tomar el consumo de la luz ni a traerme el agua "Salus". Reitero que para mí esto es bárbaro. Pero si viviera donde lo hacía antes, y me agarraban de mal humor, también era bárbaro.

Los señores Senadores que vienen del interior habrán jugado un picado de fútbol. Cuántas veces entré en una casa a buscar la pelota y en esos casos se respetaba la noche. También jugué picados de fútbol a la luz de un farol, pero no entrábamos a las casas a buscar la pelota; ni en Piriápolis lo hacíamos. La noche es la noche y, de repente, esperábamos al otro día para ir a buscar la pelota. En el medio rural, la aplicación de esto es tremenda.

Soy hombre de partido, pero me veo en la obligación de decirlo: sigue vigente lo que establece la Constitución de la República. Hay una diferencia entre la noche y el día -¡si la habrá!-: de noche no se puede ingresar en un hogar ni con orden de allanamiento firmada por el juez. De todos modos, reitero, voy a votar este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

SEÑOR MILLOR.- Solicito que se ponga a consideración el aditivo que hemos presentado sobre la tentativa de violación, que tiene que ver con el artículo que hemos votado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése lectura al aditivo propuesto.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Incorpórase al artículo 272 del Código Penal el siguiente inciso final: `La pena a aplicar en caso de tentativa se regulará por lo dispuesto en el artículo 87 y nunca será inferior a dos años de penitenciaría".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo presentado.

(Se vota:)

-16 en 22. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- He votado negativamente, no porque los fundamentos del señor Senador Millor no nos convenza de que sin duda tiene que haber una equiparación en la medida en que se han votado los otros artículos y sería ilógico que el tema de la violación estuviera por debajo de otros delitos, sino que creo que esto va a tener que revisarse. Me parece que se está haciendo sobre la marcha y no estamos acompañando a ninguno de los artículos que afectan la libertad de las personas.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 68.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Este artículo legisla sobre el atentado violento al pudor y lo que tiene de nuevo es que cuando el sujeto pasivo de delito es un menor de 12 años la pena también es inexcarcelable. Está bien, aunque sigue destrozando la arquitectura del Código.

Tengo una duda y es una consulta que hago a quienes con las mejores intenciones redactaron esto. El artículo 277 denominado "ultraje público al pudor" se deja igual, es decir, con un mínimo de tres meses de prisión aunque el sujeto pasivo sea un menor.

No he presentado el aditivo y voy a explicar por qué. No se ha presentado porque hay una vieja discusión en la doctrina: siempre hay un sujeto pasivo en los delitos. Sucede que el ultraje público al pudor se diferencia del atentado violento al pudor en que en el primero, por lo general, el sujeto pasivo del delito no es una persona de carne y hueso. Se trata de las buenas costumbres, la gente, los usos; no obstante lo cual hay hipótesis en las cuales el ultraje público al pudor puede tener como sujeto pasivo un menor de 12 años. Los ejemplos son tan groseros, que no sé si citarlos.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MILLOR.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- El ultraje público al pudor no puede tener por objeto a un menor de 12 años. Se dice que comete ultraje público al pudor el que en lugar público y expuesto al público ejecutare actos obscenos o pronunciare discursos de análogo carácter. Entonces, no es sobre personas físicas ni con relación a un menor como sí lo es en el atentado violento al pudor. Esto dentro de mis limitadísimos conocimientos de Derecho Penal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- En lo más mínimo son limitadísimos los conocimientos del señor Senador Larrañaga porque la diferencia entre las dos figuras me costó muchísimo comprenderla cuando cursaba Facultad.

Voy a citar dos ejemplos que cuando era estudiante nos dio el ayudante de Cátedra, cuando no estaba el Catedrático, porque no entendíamos la diferencia entre atentado violento al pudor y ultraje público al pudor. Pido perdón a las damas porque el ejemplo es un poco fuerte. Este ayudante de Cátedra, que es ahora un profesional de alto vuelo, nos decía que atentado violento al pudor es tocarle la cola a una dama. A partir de ahora, si se le toca la cola a un menor, hombre o mujer, de 12 años, la pena es inexcarcelable. Con respecto al ultraje público al pudor, nos decía que difícilmente el sujeto pasivo sea identificable, porque implica, por ejemplo, masturbarse en público. Evidentemente es concebible que un degenerado se masturbe delante de un menor de 12 años. A veces el ultraje público al pudor tiene como sujeto pasivo del delito un menor de 12 años.

No le encontramos la vuelta para no destrozar más la arquitectura del Código. Con total sinceridad solicito ayuda porque me parece que debe existir alguna posibilidad en el caso de que se configure este ejemplo -vuelvo a pedir disculpas, pero tomé los mismos ejemplos que una vez en Facultad nos dio un ayudante de Cátedra- porque me parece que en la descripción muy grosera que acabo de hacer es más grave el segundo ejemplo que el primero.

Dejo esta constancia porque nosotros nos vimos tentados de hacerle un agregado al artículo 277 en el caso de que el sujeto pasivo del ultraje público al pudor fuese un menor de 12 años y en la misma redacción también es inexcarcelable. Se hace inexcarcelable el atentado violento al pudor cuando el sujeto pasivo es un menor de 12 años, y me parece que esto es lógico.

Aclaro que no está presentado el aditivo y que es una pregunta que formulo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 68.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- A los efectos de que se queden tranquilos los compañeros del Senado, creo que se guarda la simetría que de alguna forma está establecida en el artículo 273 que pena el atentado violento al pudor en mayor medida en sus límites mínimo y máximo que el ultraje público al pudor.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la Sección 5º. Carácter público de la gente. Artículo 69.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Este artículo sustituye al numeral 8 del artículo 47 que son las circunstancias agravantes, genéricas.

El Código dice que debe prevalecerse el carácter público que tenga el culpable. Y se le agrega prevalecerse el carácter público que tenga el culpable en especial su calidad de funcionario policial. En ese sentido, me pregunto si el funcionario policial no es un funcionario público. Si a mí me dicen prevalecerse de ser funcionario policial y es una pena mayor, estoy de acuerdo o no.

Pero si es dentro del artículo correspondiente a las agravantes genéricas -que de eso se trata el artículo 47- no es necesario hacer mención, en forma especial, a su calidad de funcionario policial, porque se refiere al carácter del culpable y, por lo menos hasta ahora, el policía es un funcionario público. De acuerdo con este criterio, tendríamos que poner el carácter público que tenga, por ejemplo, un profesor, un maestro o un soldado.

Expreso que voy a votar este artículo, pero considero que no agrega nada, porque el funcionario policial es un funcionario público. Lo que se quiere remarcar, como agravante, es el carácter de funcionario policial. Sin embargo, eso ya está incluido, porque el original -artículo 8º, "Carácter público del agente"- nos dice que se trata de un funcionario público. Aclaro que si es necesaria esta redacción, la votaré.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 69.

(Se vota:)

-20 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 70.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Este artículo también trata sobre el artículo 47, o sea, sobre las agravantes genéricas del Código Penal. Pienso que aquí el verbo está mal empleado, ya que se hace referencia a la actividad laboral de la víctima. Obviamente, el delito se puede enfocar, tanto desde el punto de vista del victimario, como de la víctima, dado que al respecto existen dos escuelas. En lo personal, siempre preferí encararlo del lado de la víctima. El artículo dice "Cuando se prevalezca de la actividad laboral que esté desempeñando la víctima en el momento de cometerse el delito". Pienso que este no es el significado que Irureta Goyena le dio a una palabra que en el Diccionario de la Real Academia Española tiene varias acepciones. Me refiero al término "prevalecerse", al que el referido profesor entiende como "valerse de". Acá, lo que con muy buen criterio se quiere castigar, no es el "valerse de" que la persona esté trabajando. Acá, lo que el delincuente elige es a una persona que está trabajando. Entonces, no se prevalece, elige, que no es lo mismo.

El numeral 8º) del artículo 47 del Código Penal, que es el artículo que estamos discutiendo, se refiere al hecho de prevalecerse del carácter público que tenga el culpable, a lo que ahora agregamos, en especial si es funcionario policial. Ahí es cuando emplea Irureta la palabra "prevalecerse": se aprovecha de que es funcionario. Pero en este caso no se aprovecha de la condición del sujeto pasivo o de la víctima, de estar trabajando; simplemente elige a la persona que está trabajando. Entonces, por un tema de técnica legislativa, digo que tenemos que optar entre mirar a la víctima o al victimario. En lo personal siempre me he afiliado a mirar a la víctima, porque es el sujeto y el portador del bien jurídico tutelado, dado que en todo delito hay un actor, un bien jurídico tutelado y un sujeto pasivo. Entonces, como Irureta el verbo "prevalecerse" lo emplea en otro sentido, para no destrozar el mismo artículo, que es el de las agravantes especiales, proponemos, en lugar de "prevalecerse", la siguiente redacción: "Cuando la víctima se encuentre desempeñándose, al momento de cometerse el delito, una actividad laboral o de índole laboral". O sea, que el victimario no se prevalece, elige para cometer su delito a una persona que está trabajando.

SEÑOR GARCIA COSTA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MILLOR.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Comprendo la intención del señor Senador Millor, pero no el significado de su propuesta. Por ejemplificar: soy empleado público, y si cometen el delito contra mí mientras desempeño mi función -estoy trabajando en mi escritorio- entonces, ¿hay una agravante? No me parece adecuado. El texto de la Comisión implica que cuando se prevalece de la actividad laboral -admito que el verbo "prevalecer" pueda cambiarse; las redacciones siempre están sometidas a cambios- para cometer un delito en contra de una persona que está incapacitada para defenderse o a los bienes de los que ella es responsable, por motivo de su trabajo. Me parece que esto tiene un sentido definido y no simplemente diciendo que la víctima se encuentra trabajando. Aquí en el Senado nos encontramos trabajando y no puede legislarse que haya un agravante especial si se comete un delito contra nosotros ahora o cuando nos hallemos en nuestro trabajo. Es otra cosa lo que se busca, diversa al hecho de estar trabajando, y es que el delincuente se prevalezca del hecho de que la persona estaba trabajando, y ello, por la índole del trabajo, le disminuye más para defenderse.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Voy a tratar de ser más claro. El señor Senador García Costa hizo mención a la calidad de funcionario público. Sin embargo, acá no estamos hablando de funcionario público, sino de que la persona esté trabajando. En el mismo artículo -numeral 8º del artículo 47- el codificador utiliza el verbo "prevalecerse". Se trata de un funcionario público que se "vale de" ese hecho. Sin embargo, acá no se "vale de" que la persona está trabajando, sino que elige a una que está trabajando. Por ejemplo, alguien dice: "Hoy, rapiño". Para hacerlo, tiene tres opciones: una viejita, un taximetrista y un bar. Al elegir, ¿se prevalece de que es viejita?, ¿se prevalece de que es un bar? o, ¿se prevalece de que es un taxista? No; elige al que está trabajando y, al hacerlo, no se prevalece de nada, sino que está eligiendo al que está trabajando. Reitero que Irureta utiliza el término "prevalecerse" en el sentido de "valerse de", no de "elegir a". Repito que en el numeral 8º) del artículo 47 del Código Penal se mira al autor del delito. Por eso dice: cuando se prevalezca el autor del delito, el victimario, de su carácter de funcionario público. Ustedes, transitando por otra escuela, están mirando a la víctima. Entonces, no utilicemos el mismo verbo cuando estamos en dos veredas distintas en el mismo artículo. Uno se prevalece del carácter que tiene, no se prevalece de lo que eligió para atentar contra una propiedad o contra una vida. Elegí a una persona que está trabajando. Lo que los señores Senadores quieren proteger, con muy buen criterio, y en eso estoy de acuerdo, es a la persona que está trabajando. Entonces, pongámoslo con claridad, porque no se está prevaleciendo, sino que se está valiendo de, está eligiendo a una persona. Me parece que esta redacción no crea confusiones.

La persona que lea este artículo, cuando vea el numeral 8) y luego el 18), no va a entender nada, porque se utiliza el nuevo verbo para dos veredas totalmente distintas: la del victimario en una y la de la víctima en otra. Hago la referencia por una razón de técnica legislativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 70 tal como viene de la Comisión.

(Se vota:)

-14 en 23. Afirmativa.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 71.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: si no me equivoco, en este caso lo que se hizo fue cambiar la redacción que venía del Poder Ejecutivo. ¿Es así?

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: efectivamente, se cambió la redacción.

No recuerdo los términos exactos de la redacción anterior, pero en el seno de la Comisión se planteó que no era clara. En función de ello, se estableció "funciones de policía administrativa", no en el sentido de policía como término vulgar, como funcionario ejecutivo del Ministerio del Interior, sino como, reitero, función de policía administrativa. Por ejemplo, un Inspector de Trabajo o de la Dirección Nacional de Aduanas cumple funciones de policía administrativa. Concretamente, eso es lo que se planteó. Si mal no recuerdo, antes se decía "Oficial público" o algo por el estilo, que es un término más bien anglosajón.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: confieso que me temía que fuera esa la explicación, por lo que considero que es mejor la redacción dada por el Poder Ejecutivo, y voy a explicar por qué.

No sé si un abogado de alto vuelo, pero sí un picapleito puede "agarrarse" de esta redacción. Entonces, cuando se dice "con funciones de policía administrativa", va a enfilar para el lado del que tiene que revistar en la policía en el Escalafón administrativo. En este caso, quedan exceptuados los que pudieran ser sujetos activos del delito en la redacción dada por el Poder Ejecutivo, que decía: "todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley". Por lo tanto, un Inspector de la Dirección General Impositiva es un funcionario encargado de hacer cumplir la ley y estaba claramente incluido en el texto del Poder Ejecutivo. En cambio, en la redacción que le ha dado la Comisión, al introducir el término "policía administrativa" y al haber en el Escalafón policial uno de policía administrativa, un abogado de estos picapleitos o "sacapresos", va a decir "no, no, el Inspector de la Dirección General Impositiva no reviste en el Ministerio del Interior, no está en el Escalafón de la policía administrativa".

Entonces, pediría que se vuelva a la redacción original del Poder Ejecutivo, en la que se decía: "La participación en ella de algún funcionario policial en actividad" -ahí estaba comprendida toda la policía- "u otro funcionario encargado de hacer cumplir la ley."

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa consulta si los integrantes de la Comisión aceptan la propuesta del señor Senador Millor, que sin duda, es más correcta.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: de alguna forma incidimos para cambiar la redacción original del Poder Ejecutivo, en la medida en que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, puede interpretarse muy ampliamente en el Uruguay.

En realidad también, nosotros somos encargados de hacer cumplir la ley, como sucede con cualquier Fiscal o Juez. Me parece que se trata de una expresión muy amplia y en ese sentido la votamos tal como está ahora redactada y no con la original del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 71 en la redacción dada por la Comisión.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

SEÑOR MILLOR.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 72.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: esta disposición modifica la redacción que venía del Poder Ejecutivo. En este caso estamos hablando de la punibilidad, de la conspiración, seguida de actos preparatorios.

Anteriormente dije que el delito es un proceso, en parte subjetiva y en parte objetiva. Es decir, la subjetiva es la parte interna, la ideación de cometer un delito. Después se medita y posteriormente se resuelve. Sin duda, nadie va preso por pensar. Luego viene la parte externa. Se propone, se conspira y se realizan los actos preparatorios. Soy partidario de castigar la conspiración seguida de actos preparatorios. En este caso no se castiga la proposición, lo que me parece bien, y ese es un tema que marca el Legislador.

Sin embargo, en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo no estaba incluido el homicidio y la violación -sí la rapiña, el copamiento, la extorsión y el secuestro- que son delitos más graves, en mi modesta opinión. En el seno de la Comisión se eliminan "extorsión" y "secuestro", por lo que me gustaría saber las razones porque nuestra propuesta es volver al planteo del Poder Ejecutivo, que castigaba la conspiración seguida de actos preparatorios para la rapiña y el copamiento, pero también para la extorsión y el secuestro. Eso es elemental; yo le agregaría otros, como por ejemplo el homicidio o la violación.

Insisto, no entiendo por qué en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo se acepta lo más importante, que precisamente es castigar la conspiración seguida de actos preparatorios. Esa es la gran reforma que se hace con este artículo, pero no entiendo por qué se reducen los delitos que se castigan. Entonces, volvería a la redacción dada por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 72 con la redacción dada por la Comisión.

(Se vota:)

-13 en 18. Afirmativa.

SEÑOR MILLOR.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente.

(Se vota:)

-14 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 73, "Deber de Informar".

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: estoy seguro de que en este caso debe existir un error de redacción. Esta fue una idea que se comenzó a trabajar durante la gestión del señor Ministro Juan Andrés Ramírez y continuó durante la del doctor Opertti y la del hoy Presidente del Senado.

El artículo que nos proponen votar dice lo siguiente: "En todo supuesto de privación de libertad dispuesto por la autoridad, la persona deberá ser informada por el aprehensor con expresión clara de los cargos que se le formulan dentro de las veinticuatro horas de producida la privación de libertad". Pero esto ya está, existe. El criterio con el que se trabajó, por lo menos durante el Ministerio del doctor Opertti y del suyo, señor Presidente fue, sin detrimento de las menguadas veinticuatro horas de detención por averiguación que tiene nuestra Policía, de informarle los cargos, no a la persona, sino al abogado o a su familia directa. Ese es el criterio. La persona está incomunicada las primeras veinticuatro horas, plazo que para mi modesta opinión es muy exiguo, pero para darle a la policía nuestra los plazos lógicos de detención por averiguación, tendríamos que modificar la Constitución, o sea que seguimos con las veinticuatro horas.

Ahora bien, el tema no es informar al detenido, al que siempre se le informa, sino al abogado o a la familia directa por qué motivo está preso. Puede suceder que una persona salga de su casa con destino al Estadio y lo llevan preso a raíz de una trifulca con un hincha del cuadro contrario, pero a la vez, en las inmediaciones del Estadio se produjo el asesinato de diecisiete personas. El individuo va preso y se le dice al abogado o a la familia que esto se debe a que tuvo un problema en la tribuna Amsterdam y no por el asesinato de diecisiete personas. Es el criterio garantista, precisamente, el de este artículo, que consiste no sólo en limitarse a informar a la persona, sino darle la tranquilidad a través de su abogado o familia directa de por qué razón está detenido. Por este motivo, hemos propuesto un sustitutivo que establece que en todo supuesto de privación de libertad dispuesto por la autoridad, la persona, su abogado o defensor y/o su familia directa, deberá ser informada por el aprehensor, con expresión clara de los cargos que se les formulan, dentro de las veinticuatro horas de producida la privación de la libertad.

Reitero que éste es un artículo garantista, por lo que debemos preguntarnos dónde está la garantía si el motivo por el que se le detiene se le comunica sólo al preso que está incomunicado.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: lamento tener poca voz...

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa ruega a los señores Senadores que mantengan silencio a fin de escuchar la exposición del señor Miembro Informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Como decía, lamento tener poca voz y pocas neuronas a esta altura del debate. Lo único que sé es que de esta disposición, como de otras que hemos estado analizando, la Comisión recibió informe escrito de los doctores Milton Cairoli, Gonzalo Fernández y otros más y no recibimos objeciones sobre esta redacción. Es más, tuvimos algunos comentarios favorables. Por mi parte, además de no saber mucho en materia de Derecho, nunca hice Derecho Penal y, por lo tanto, no estoy en condiciones de evaluar los límites que nos propone el señor Senador Millor en este instante.

En consecuencia, me voy a apegar a la redacción que pudimos trabajar y consultar, porque no estamos en condiciones de ver los límites de esto que se está planteando sobre otras figuras que existen desde siempre en nuestro Derecho como el Habeas Corpus y demás. No estoy en condiciones de evaluarlo y sé que sobre esto hay una información concreta y escrita de especialistas.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Sin ponernos a la altura de un gran penalista que está ejerciendo permanentemente la profesión, como a menudo estamos involucrados -sin vernos la cara, aunque a veces en el Senado, sí- en alguna polémica con el doctor Gonzalo Fernández, que quede entonces la constancia de que a él como garantía le alcanza con que a la persona que se detiene se le comunique por qué motivo se actúa así y que es irrelevante decírselo al abogado y a la familia. Para mí la garantía es que al preso se le diga por qué está detenido, pero también que se lo comuniquen al abogado y a la familia, porque, si no, no hay garantías.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Nosotros no acompañamos este artículo, y así lo expresamos en la Comisión, explicando que en todo caso si el objetivo de este artículo era informar a la familia en el sentido que aquí se planteaba, lo que había que incorporar al artículo era que se debía informar de inmediato. Frente a esto, se nos contestó que podía no haber condiciones para informar por qué se aprehendía a una persona. Sin embargo, es absolutamente claro que luego de ser aprehendida, inmediatamente, en el establecimiento al que se la lleva -comisaría, o lo que sea- se sabe por qué motivo se la detuvo. Además tiene veinticuatro horas para presentarse al Juez y, por lo tanto, eso ya está cubierto por la propia Constitución.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ARISMENDI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Simplemente para recordar a la señora Senadora Arismendi que este artículo salió con ocho votos en ocho. Todos los miembros de la Comisión lo votamos, lo tenemos apuntado y figura en la versión taquigráfica.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Está equivocado y confundido el señor Senador Heber. Yo misma realicé la misma argumentación que ahora estoy haciendo acá -consta en la versión taquigráfica- se hizo un borrador y se dijo que se iba a ver. Fue lo mismo que ocurrió con tantos otros artículos sobre los cuales se afirmó que se iban a hacer consultas.

Por otro lado, se señaló que el artículo que figuraba en el borrador -incluso, planteé que preferíamos la "versión Batlle", que era la que había venido en el borrador del Poder Ejecutivo para ser consultado por las distintas fuerzas políticas- terminaba diciendo "con expresión clara de los cargos que se les formulan" y lo de las veinticuatro horas no figuraba. Nosotros preguntamos por que luego se había agregado y se nos dijo por parte del Miembro Informante que era por algunos problemas y dificultades que existían para cumplir. Por ese motivo, se agregaba que esto debía hacerse dentro de las veinticuatro horas, lo que incluso fue planteado por el Ministerio del Interior, y que se iban a hacer las consultas pertinentes. Además se insistió en que se votara, en principio, la versión tal como estaba, y que luego se vería, tal como sucedió con el otro artículo de la facilitación de crédito y tantos más.

Voy a decirle más, señor Presidente. Algunos artículos, el día de la sesión fallida del Senado, donde no se concurrió para que el proyecto de ley ingresara -proyecto que buscamos y no existía- había varios artículos que todavía figuraban en borrador, porque se estaban haciendo las consultas. Es más, hace un momento el señor Senador Atchugarry decía que él había hecho las consultas y luego lo había cambiado -creo que pasó inadvertido cuando el señor Senador Rubio le dijo que había un problema de procedimiento y otro de contenido- por lo que la impresión se hizo con la modificación que había introducido posteriormente.

Por lo tanto, no vamos a acompañar este artículo. Pensamos que a la persona se le debe informar de inmediato, en el momento que se la detiene y, a lo sumo, cuando es conducida al establecimiento, comisaría, o a donde se dio la orden de aprehensión.

SEÑOR MILLOR.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ARISMENDI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- El significado de este artículo es el siguiente. Cuando una persona es detenida y conducida a la comisaría, la policía dispone de 24 horas -que, a mi juicio, son muy escasas, por eso había propuesto que fueran por lo menos 72, como en la legislación española- para mantenerla incomunicada, por averiguación. Este artículo pretende ser una garantía para los detenidos. Si se les dice de inmediato el motivo por el cual los llevan presos si es que no les consta el motivo de su detención, entonces, ¿cuál es la garantía si la persona está incomunicada 24 horas? Decirle al abogado o a la familia directa, dentro de ese plazo, la razón por la cual está allí. El preso no se los puede decir, puesto que se encuentra incomunicado. No ejerzo la profesión, pero si a un familiar o cliente mío lo detuviesen a las 8 de la mañana, no me voy a enterar por qué está detenido y qué fue lo que le dijeron hasta las 3 de la mañana del día siguiente..

Lo que propongo es que esa persona tenga la garantía de que alguien, la familia o el abogado, se enteren de por qué lo detuvieron, incluso, por tranquilidad espiritual. Hace unos instantes mencioné un ejemplo un tanto grotesco, que ahora voy a reiterar. Supongamos, por ejemplo, que una persona vaya presa por un conato en un partido de fútbol y que a las dos cuadras haya habido un atentado con una bomba y hayan muerto cientos de personas. En ese caso, la familia puede preguntarse por qué lo detuvieron, es decir, por el atentado o por portarse mal en el Estadio. Entonces, según lo que propone nuestro artículo, la policía tendría que comunicarle a la familia o al abogado que fue detenido por una riña en el Estadio. La garantía está y, más allá de comunicárselo al preso -lo cual se hace- alguien se entera de lo ocurrido. Ese es el motivo de mi propuesta.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Compartimos esa preocupación y entendíamos que, seguramente, la intención era dar mayores garantías y protección, lo cual, con este plazo de 24 horas que se agrega al artículo, no se cumple. De modo que no se materializa esa intención.

En consecuencia, no vamos a votar este artículo. Si la solución que plantea el señor Senador Millor -y que, ni siquiera, tuvimos oportunidad de consultar entre nosotros- se hubiera planteado en el seno de la Comisión, probablemente se hubiera aceptado porque, reitero, compartimos esa preocupación.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Quiero decir que voy a votar entusiasmado este artículo, no sólo porque se inscribe dentro de lo acordado en la Comisión. Si me permiten, voy a contar una anécdota personal sobre algo que me sucedió y que es de conocimiento público.

Hace aproximadamente cinco años, fui agredido por la policía a raíz de un festival que había del tenor Pavarotti en el Estadio Centenario. En esa ocasión, yo estaba como un ciudadano más, en la fila. En determinado momento, pedí que me explicaran por qué con el boleto que ya había pagado no me permitían entrar. Y fui agredido por la policía, que me agarró, me apaleó y me tiró al suelo en un abuso de mi persona que nunca antes había experimentado. Cuando vino el jefe del grupo y se enteró de lo que yo estaba diciendo, que era Senador de la República, me hizo soltar por los soldados que me habían puesto contra el suelo, en un acto de humillación que, repito, jamás había sufrido antes. No obstante, nadie me informó. Al otro día, por la prensa, me enteré que los soldados que me habían humillado y tirado contra el suelo, me habían hecho una denuncia por agresión. Nadie me dijo cuál era la causa. Pero lo más grave de todo esto, es que algún Legislador que hoy se golpea el pecho en defensa de esto, salió a visitar a los que me habían agredido y dijo públicamente que ese pequeño soldado debía tener razón, o sea, que yo lo había agredido.

Señor Presidente: creo que este es un gran artículo, porque defiende a la gente de bien, entre otras cosas, de la violencia policial que muchas veces, sin causa justificada, ataca a las personas que tienen sus derechos. Por eso voy a votar este artículo con todas las garantías que ofrece a la ciudadanía.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Aclaro que no deseo iniciar una polémica a esta hora de la mañana.

Acabo de decir que el artículo 17 de la Constitución, que es el Habeas Corpus, establece la obligación de la autoridad aprehensora de informar a la familia o al abogado de la persona detenida.

Por otro lado, lo que la Constitución no dice es que hay que informarle a quien está detenido, que es lo que figura en este artículo. Como se podrá observar, en el sustitutivo propuesto y en el que viene de Comisión, el plazo es de 24 horas. O sea que la discusión planteada por la señora Senadora Arismendi no tiene sentido. Ambos aditivos refieren a 24 horas. El tema sobre el que discutía la señora Senadora Arismendi se refería a ese plazo. La diferencia entre los dos aditivos es que el propuesto por el señor Senador Millor no limita el deber de informar al detenido, sino también a su familia o abogado lo cual, a nuestro juicio, ya estaba cubierto por la Constitución. Por eso nos quedamos con el otro.

Insisto en que el único planteo que se hizo en Comisión no refería a lo que dijo el señor Senador Millor, sino al plazo. Cualquiera puede observar, analizando los aditivos, que el plazo es el mismo. Por eso, vamos a votar el artículo que viene de la Comisión.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- El régimen de trabajo en el que nos encontramos no admite aclaraciones. Se habla una sola vez por artículo y no puedo violar el Reglamento.

SEÑORA ARISMENDI.- Pero siempre se acorta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Esa es la forma en que deben funcionar los Cuerpos colectivos.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para responder una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- En ese caso, sí tiene derecho.

Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- No fundamenté a favor del sustitutivo propuesto por el señor Senador Millor. Expliqué por qué nosotros, de la misma manera que habíamos argumentado en la Comisión, no íbamos a acompañar el artículo tal como viene. Por eso, no estaba en discusión el problema del plazo referido al sustitutivo del señor Senador Millor.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 73, tal como viene de la Comisión.

(Se vota:)

-15 en 23. Afirmativa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente el artículo 73.

(Se vota:)

-16 en 23. Afirmativa.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- El artículo 17 de la Constitución de la República se refiere a casos de prisión indebida. Aquí es donde funciona el "habeas corpus". Lo que pretende el artículo que propone la Comisión -al menos esto es lo que yo pensaba- es que al detenido "debidamente" se le informe por qué se lo detiene. El aditivo que yo proponía era para ampliar esa garantía, porque de qué sirve que el detenido, que va a estar incomunicado 24 horas, sepa por qué se le detuvo, si ni siquiera lo sabe su familia o su abogado. De todas maneras, si esta es la voluntad de la mayoría, me avengo a esta solución.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 74.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- El artículo 74 trata sobre el artículo 8° del Código Penal. Refiere al delito putativo, alude a aquél que comete un delito creyendo que delinquió y no lo hizo. Además, se refiere a un delito provocado por la autoridad. En definitiva, este artículo extiende el concepto de delito provocado por la autoridad. Confieso que filosóficamente el delito provocado por la autoridad no me gusta.

Insisto en que el delito provocado por la autoridad no me gusta, pero las formas delictivas demostradas por el mundo moderno hacen que países muy democráticos utilicen el infiltrado, etcétera. Perfecto; el mundo va por ahí, aunque a mí no me guste.

El artículo que propone la Comisión dice que el hecho delictuoso provocado por la autoridad para obtener su represión, sólo se castigará en caso de que el juez competente autorice la provocación por razones fundadas. Me pregunto cómo hace esta autorización y cómo consta. Digo esto porque, como ustedes sabrán, esto funciona por teléfono, o sea, que llaman al juez y le avisan que tienen una persona detenida o que sucede tal cosa. ¿Dónde consta la autorización, en qué lugar? Por otra parte, qué va a pasar con el funcionario policial o no policial cuando diga que esto se trata de un acuerdo con el juez, situación en la que tendríamos una palabra contra otra. ¿Dónde está la constancia de que el delito lo autorizó la justicia? Lo único que agrego en el artículo sustitutivo es lo siguiente: "en caso de que el juez competente autorice por escrito la provocación por razones fundadas". Una constancia tiene que haber, pero en el artículo que viene redactado no figura ninguna. Como la práctica me ha demostrado que esto funciona por teléfono -porque así es el mundo- ¿cómo hago para aplicarlo después y para saber cuándo el delito estaba amparado porque estaba autorizado por el juez? Una constancia tiene que haber y lo que pido es que ella se haga por escrito. Aunque más no sea en la reserva del expediente, tiene que haber una constancia, más allá de una conversación telefónica o mano a mano. En todos los países del mundo en los que funciona el delito provocado por la autoridad, la constancia es por escrito. Ahora bien; es la única modificación que proponemos, que la constancia sea por escrito.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Acepta la Comisión la propuesta del señor Senador Millor?

SEÑOR ATCHUGARRY.- No hay inconveniente.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Este es uno de los delitos que nos ha provocado mayor rechazo, porque, en primer lugar, se trata de un hecho en el que la autoridad y el juez tienen que autorizar a cometer algo para después sancionarlo. Para nosotros esto no entra dentro del conjunto del Derecho liberal. Es cierto que esto sucede en algunos lugares del mundo -todo va en ese sentido- pero esta no es la tradición de nuestro Derecho y nos parece que está fuera de cualquier tipificación o categorización en cuanto a lo que es nuestra tradición en Derecho Penal. Obviamente, esta medida queda rechinando dentro de este Código porque tiene una concepción totalmente diferente.

Nos negamos rotundamente a cualquiera de las dos variantes, la que viene de la Comisión y la que propone el señor Senador Millor, y las vamos a votar negativamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 74 con la modificación introducida por el señor Senador Millor y aceptada por la Comisión.

(Se vota:)

-15 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 75 de la Sección 8a., "Suministro de Bebidas Alcohólicas".

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- La verdad es que vamos a votar negativamente, pero queremos advertir, como lo dijimos en la Comisión, que no nos parece una solución a los problemas sociales que trata de subsanar, más allá de que vemos que en la redacción dada por la Comisión, hay un esfuerzo. Allí se califica como una pena y no como un delito, como estaba previsto anteriormente, pero se mantiene una cierta discriminación de los lugares donde se pueden expender bebidas y, en definitiva, si bien esto puede ser eficaz para que no se vendan en determinados lugares, se van a vender en otros, donde se producirán las concentraciones. En este sentido, lo votamos, pero creemos que no va a tener ninguna consecuencia sobre la realidad social que trata de corregir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 76.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota:)

-16 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 77 de la Sección 12 "Causales de Justificación".

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Perdónenme los compañeros del Cuerpo, pero para mí esto no es un menoscabo para el Senado, y sus reuniones son como los partidos de fútbol: del principio al final; el gol se hace al minuto o a los noventa, y las metidas de pata también; duren lo que duren, por más largas que sean. Yo encaro así este tema. Si esta cuestión se hubiera tratado al principio, de repente, sería otro el que estaría incordiando a las 9 y 25. Insisto en que las sesiones duran desde que empiezan hasta que terminan.

Creo que esto fue lo único que logramos conversar, por lo menos a nivel de Bancada. Me parece que puede ser aceptado más allá de consideraciones que me merece la redacción de acuerdo a lo que es la ley madre penitenciaria. De todos modos, dejemos esa historia.

Aquí se habla de personal militar asignado a las tareas de seguridad externa en establecimientos de reclusión. Se refiere a la tarea de vigilancia perimetral. Bien, a veces esa tarea la cumple el funcionario policial, y no el militar. En consecuencia, pido que se diga "por el personal militar y/o policial asignados a las tareas de seguridad", etcétera. ¿Por qué? Porque si amparamos a unos, debemos proceder del mismo modo con los otros; porque hay lugares que los cuidan militares y otros que son custodiados por policías. Entonces, no me parece justo que en un artículo con el que estoy de acuerdo proteja a los militares que cuidan determinados lugares y no a los policías porque, repito -como al Ministro le consta- hay lugares que son custodiados tanto por las Fuerzas Armadas como por la Policía.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Obra en poder de los señores Senadores un texto sustitutivo que nos ha solicitado el Poder Ejecutivo, en el que se hace referencia a establecimientos de detención, recintos militares -en nuestra falta de información pensábamos que ya estaba, pero se desea dejar más claro- y lugares sede de organismos del Estado, que debe entenderse como las jerarquías del Estado. Concretamente, esta Casa, la sede del Poder Judicial y, naturalmente, la de la Presidencia de la República.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el texto sustitutivo al que aludió el señor Miembro Informante.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Se presumirá la existencia de la causal de justificación prevista en el artículo 28 del Código Penal, cumplimiento de la ley, respecto de los actos cumplidos por personal militar asignado a tareas determinadas por el Poder Ejecutivo de seguridad externa de establecimientos de detención, recintos militares y lugares sede de Organismos del Estado, y cuyo cometimiento se hubiera realizado formalmente. Esta presunción regirá siempre que dichos actos se hubieran ejecutado en ocasión del cumplimiento de las funciones y conforme a las disposiciones vigentes aplicable a dicho personal en materia de seguridad en instalaciones militares."

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa consulta a la Comisión acerca de si acepta la propuesta del señor Senador Millor, en el sentido de agregar "personal militar y/o policial".

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite, señor Presidente?

Sé que hay un problema porque todos nosotros, en los últimos diez años, hemos tenido sobre nuestras mesas proyectos referidos a algún tipo de presunción, sea el cumplimiento de la ley o de otras figuras jurídicas que han circulado, por lo menos, posteriormente a 1990.

No creo que sea aplicable esta redacción, porque aquí se dice que se cumplan las disposiciones vigentes en materia de seguridad en instalaciones militares y, además, habla, entre otros, de los recintos militares.

Me parece que el problema policial es más amplio, en virtud de que la Policía está en la calle, también en un sentido amplio, lo que lo hace un tema complejo.

Esto es como muy restrictivo y refiere, además, en forma notoria a una situación de la que ya hablamos y, también, a haber dado cumplimiento, según establece la redacción enviada por el Poder Ejecutivo, a las disposiciones propias de las instalaciones militares. Uno imagina determinados ritos como, por ejemplo, dar la voz de alto. No tengo demasiada información al respecto, pero supongo que es como un andarivel diferente al personal policial respecto al cual, como es obvio, no tengo ningún inconveniente en que también se lo considere en esta causal.

Ahora bien, no se me ocurre de qué manera puede estar en este esquema que es muy concreto.

SEÑOR MILLOR.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- En la primera edición del Código Penal corregido después de la Ley de Seguridad Ciudadana, consta el régimen de reclusión. Ello figura en la página 607 en la ley madre en materia penitenciaria; me refiero al Decreto-Ley Nº 14.470, de 11 de diciembre de 1975. En el artículo 7º del Capítulo II, "Normas sobre el trato de reclusos" se dice: "Se prohibe, como medio de corrección, todo método de castigo cruel e inhumano o degradante. El uso de instrumentos de fuerza sólo procederá en casos de fuga o resistencia violenta a la autoridad o cuando existan razones fundadas para temer una auto o heteroacción". Aquí no se distinguía si era policía o militar, porque se está hablando de los que cuidan un lugar donde están los detenidos.

Entonces, como de eso se trata la propuesta del Poder Ejecutivo -que comparto- y como la realidad sigue siendo que algunos perímetros son cuidados por militares pero en otras ocasiones son custodiados por policías y cuidan la misma cosa, se me ocurre que si vamos a amparar al personal militar debemos hacer lo mismo con el policial. Se preguntarán cómo hacerlo y la respuesta es que hay una ley madre en materia de reclusión penitenciaria, y de ellas salen todos los derivados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- La prueba está en que hay que citar una disposición diferente a esta. Entonces, invito al señor Senador Millor a que mientras analizamos los restantes artículos presente una propuesta para amparar, con una redacción acotada a la realidad policial, esta misma circunstancia. Digo desde ya que no tengo inconveniente en acompañarla.

Esta es una redacción claramente para el personal militar; es más, el vocablo "militar" está repetido cuatro veces en menos de ocho renglones. Me parece que acá no entra, lo cual no quita que no pueda haber otro artículo que haga referencia a que el personal policial, en función de las normas citadas por el señor Senador o de otras, podrá estar amparado por la misma presunción. Lo común es la tarea y la presunción, y yo no tengo ningún motivo como para distinguir o discriminar al personal policial del militar, cuando está cumpliendo esta función de la seguridad externa de los establecimientos de detención, que es de lo que se ocupa este artículo.

Insisto, entonces, en que el señor Senador ajuste un texto para poder considerarlo y mientras tanto vamos resolviendo otros artículos.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- La causa del problema que se intenta remediar es asignar a las Fuerzas Armadas en funciones que no le son propias y que no tienen nada que ver con su carácter ni con su formación. Lo planteamos en el momento en que esto se produjo y dijimos, además, que iban a pasar este tipo de cosas.

Como señalaba el señor Senador Rubio, en una fundamentación global que hizo en torno a estos temas, pensamos que el problema pasa por otro lado: por una mayor calificación del personal policial cuya función es prevenir y que está formado para este tipo de tarea, y no a la asignación de las fuerzas armadas al cuidado de establecimientos de reclusión.

Nosotros pensamos que en la propuesta sustitutiva que envía el Poder Ejecutivo se agrava el problema, porque como muy bien decía el señor Senador Atchugarry recién, tiene reglas de juego propias. Incluso, el señor Senador Miembro Informante dice muy francamente que le pasa lo mismo que a nosotros, porque esas reglas de juego no sabemos cuáles son. En realidad, estamos legislando y diciendo que van a regir determinadas normas que no conocemos, porque son específicas de las Fuerzas Armadas, es decir, las disposiciones que en materia de seguridad se aplican en las instalaciones militares. Precisamente, por esos andariveles es que se va a desarrollar la investigación posterior.

Por otra parte, en Comisión se había hecho una modificación en virtud de la cual se especificaban los establecimientos de reclusión y, justamente, ese fue el agregado que se aceptó en aquel Cuerpo. No obstante, ahora nos llega este sustitutivo y si bien no deseo ingresar al problema de fondo, es preciso que deje constancia de que, a nuestro juicio, es peor el sustitutivo enviado por el Poder Ejecutivo que el artículo aprobado en Comisión.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Quiero señalar que, si bien este texto que está a consideración del Cuerpo lleva la firma de distinguidísimos integrantes del Senado, en realidad su autoría va más allá de quienes han viabilizado su presentación para que lo podamos analizar. Asimismo, quiero aclarar que no se trata de un texto elaborado con precipitación, sino que es producto de un gran número de consultas y de intercambio de ideas con el Poder Ejecutivo, el que a su vez fue asesorado por técnicos y profesionales vinculados a la temática que contiene este artículo. Entonces, en la medida en que la iniciativa es producto de ese largo proceso de consultas y análisis a fin de darle la debida precisión, quiero aclarar que, sin perjuicio del enorme respeto que me merecen las fuertes consideraciones formuladas por nuestro compañero de Bancada el señor Senador Millor, en lo personal sin la instancia de hacer las consultas necesarias no me atrevería a modificar el texto que hemos recibido. Repito que el artículo no es producto de una redacción hecha rápidamente, sino que fue elaborado luego de realizar consultas y de haberse manejado varios textos. Finalmente, el artículo se concretó en esta redacción que trata una materia cuya delicadeza queda demostrada por el propio debate que origina.

De manera que, señor Presidente, al no existir las consultas necesarias para realizar modificaciones, vamos a mantener la posición de que el texto del proyecto propuesto sea aprobado tal cual se ha distribuido entre los señores Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a dar lectura al artículo en consideración.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Se presumirá la existencia de la causal de justificación prevista en el artículo 28 del Código Penal `cumplimiento de la ley', respecto de los actos cumplidos por personal militar asignado a tareas determinadas por el Poder Ejecutivo de seguridad externa de establecimientos de detención, recintos militares y lugares sede de organismos del Estado y cuyo cometimiento se hubiera realizado formalmente. Esta presunción regirá siempre que dichos actos se hubieran ejecutado en ocasión del cumplimiento de las funciones y conforme a las disposiciones vigentes aplicable a dicho personal en materia de seguridad en instalaciones militares."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 22. Afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente el artículo.

(Se vota:)

-16 en 22. Afirmativa.

A modo de fundamento de voto, la Presidencia quiere señalar que cuando se estudie la Ley Orgánica Policial -que se hará a la brevedad- estará atenta para introducir normas similares que tengan que ver con la actuación de la Policía en el ámbito de su competencia.

En consideración los artículos 78, 79 y 80, "Normas sobre Identificación Civil".

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Formulo moción para que se voten en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aprueban los artículos 78, 79 y 80.

(Se votan:)

-21 en 22. Afirmativa.

En consideración los artículos 81 a 89, "Ministerio de Deporte y Juventud".

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Formulo moción para que estos artículos se voten en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Como es público y notorio, no vamos a votar este conjunto de artículos, y en mérito a la hora, queremos decir que esta es quizás la mayor contradicción de todo el proyecto de ley de urgencia.

En la exposición de motivos que el Poder Ejecutivo ha elevado a consideración del Parlamento se menciona no menos de tres veces la importancia que tiene buscar una mayor austeridad en el gasto público y acotar el gasto burocrático, y además se establece que se incluyen normas que buscan disminuir la cantidad de integrantes de los Directorios de algunos Entes Autónomos como una política de racionalización del gasto público. A nosotros nos parece que este es un desmentir rotundo ya que, en nuestra opinión, mediante estos artículos se sigue aumentando innecesariamente el gasto -más aún teniendo en cuenta el momento que vive el país, cuando sus sectores productivos y sociales están atravesando por una situación muy delicada- y, a fuer de ser sinceros, tampoco nos conforma el artículo 97 que establece que la creación de este Ministerio no podrá significar el nombramiento de nuevos funcionarios públicos. En realidad, en el Parlamento nacional desde hace mucho tiempo existen normas que persiguen el mismo fin y que no se cumplen.

Simplemente queríamos dejar establecida esta posición.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de dar la palabra al señor Senador Heber, la Mesa recuerda a los señores Senadores que luego de aprobar el proyecto de ley de urgencia debemos considerar una minuta de comunicación.

Tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- En el mismo sentido que el señor Senador Nin Novoa, tampoco queremos aburrir a esta altura a los señores integrantes del Cuerpo. Sin perjuicio de ello, vamos a referirnos a la creación del Ministerio de Deportes y Juventud.

En nuestra opinión, estos son dos temas fundamentales dentro del país y de la sociedad que deben ser jerarquizados. Asimismo, quiero aclarar al señor Senador Nin Novoa que no hay un aumento del gasto público. Precisamente, uno de los artículos expresa que la creación del Ministerio de Deportes no podrá significar el nombramiento de nuevos funcionarios públicos y que los cargos y sus funciones se cubrirán con los actuales funcionarios de las Unidades Ejecutoras que se suprimen o mediante los procedimientos vigentes para la redistribución de funcionarios.

En cuanto a los cargos de confianza que se eliminan, desde la instancia de la Comisión hasta ahora he escuchado decir a algunos Legisladores del Encuentro Progresista que lo que se suprime por un lado, se crea por otro. A este respecto, voy a repasar la información. En realidad, se suprimen dos cargos de confianza en la ANP, dos en AFE, dos en ANTEL, dos en el SODRE, dos en la CND, uno en ANSE, tres en CONAPROLE, tres en la CNEF y uno en el INJU. Entonces, este proyecto de ley elimina dieciocho cargos de confianza y crea seis.

Estas cuentas no le cierran a la gente que sabe sumar y restar. No creamos cargos públicos ni aumentamos los de confianza. Consideramos que la jerarquización de este asunto pondrá sobre la Mesa del señor Presidente y de los Ministros temas tan importantes como el deporte y la juventud entre los primeros a tratar en el país, todos los días, de todas las semanas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 81 a 89.

(Se votan:)

-16 en 22. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"CAPITULO I
FOMENTO DE LA INVERSION Y EL EMPLEO

ARTICULO 1º.- Fíjase en 6,5 (seis y medio) puntos porcentuales la tasa de aportes patronales jubilatorios de la industria manufacturera al Banco de Previsión Social. Derógase el artículo 25 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley.

ARTICULO 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, en la medida de las posibilidades del Erario público y dando cuenta en forma fundada a la Asamblea General, a reducir la tasa de aportes patronales, por plazo determinado y en forma genérica o con referencia a uno o más sectores de la actividad económica.

La disminución de la recaudación que experimente el Banco de Previsión Social, le será compensada por el Ministerio de Economía y Finanzas con las sumas que debe verter con cargo a Rentas Generales.

CAPITULO II
AGROPECUARIA

ARTICULO 3º.- Sustitúyese el artículo 686 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.143, de 6 de agosto de 1999, por el siguiente:

"ARTICULO 686.- Las tasas de aportaciones de la escala establecida en el artículo 3º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, será del 1.143 o/oo (uno con ciento cuarenta y tres por mil), para todos los tramos de hectáreas establecidos en la citada escala. La reducción porcentual operada afectará exclusivamente a los componentes patronales jubilatorios de la contribución patronal rural global.

Por el período 1º de enero a 31 de diciembre del año 2000 se reduce en un 0.387 o/oo (cero con trescientos ochenta y siete por mil) la citada tasa. La reducción refiere exclusivamente a los componentes patronales jubilatorios de la contribución patronal rural global".

ARTICULO 4º.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso final del artículo 3º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, exonérase de la aportación patronal sobre dependientes -con excepción de las correspondientes a la Dirección de los Seguros Sociales por Enfermedad, al Banco de Seguros del Estado y al Impuesto a las Retribuciones Personales- y de la aportación patronal sobre el titular y su cónyuge colaborador, a todas las empresas amparadas por dicha ley que exploten predios con extensiones inferiores a las 100 (cien) hectáreas, índice CONEAT 100 y no ocupen, además del titular de la misma y su cónyuge, más de dos dependientes.

La presente exoneración regirá entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2000.

ARTICULO 5º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir el aporte mínimo establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en la proporción que fuere necesaria para aplicar la reducción de aportes establecida en los artículos 2º, 3º y 4º de la presente ley.

ARTICULO 6º.- La disminución de la recaudación que experimente el Banco de Previsión Social, le será compensada por el Ministerio de Economía y Finanzas con las sumas que debe verter con cargo a Rentas Generales.

ARTICULO 7º.- Incorpórase al artículo 15 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, el siguiente inciso final:

"Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales creado por el artículo 2º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, los actos y hechos gravados por dicha norma cuando tuvieren por objeto inmuebles rurales incluidos en proyectos de inversión en actividades agropecuarias comprendidas en lo dispuesto en el artículo 11 precedente. La reglamentación establecerá los procedimientos correspondientes a los efectos del otorgamiento de este beneficio".

ARTICULO 8º.- Durante el plazo de un año los sujetos pasivos del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales creado por el artículo 2º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, no pagarán el mismo cuando los actos y hechos gravados por dicha norma tuvieren por objeto inmuebles rurales que: i) se incorporen al patrimonio de sociedades anónimas con acciones al portador; y ii) su superficie a la fecha de promulgación de la Ley Nº 17.124, de 25 de junio de 1999, no superare el equivalente a 1.000 hectáreas CONEAT 100.

ARTICULO 9º.- Incorpórase a los beneficios comprendidos en los artículos 11 y 16 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, las actividades desarrolladas por agrupamientos o conjuntos de productores agropecuarios tendientes a la reducción de costos y aplicación de nuevas tecnologías que hagan posible mejorar los volúmenes de producción y la rentabilidad de sus establecimientos, sean aquellos inversores o usuarios.

Podrá considerarse como parte de la inversión las existencias y demás bienes preexistentes que se destinen o afecten al emprendimiento.

ARTICULO 10.- Rebájase en un 25% (veinticinco por ciento), por única vez, la alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural cuyo pago deba efectuarse en el año 2000, establecida por el artículo 652 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Autorízase al Poder Ejecutivo, a fin de compensar la merma recaudatoria que ocasionará dicha rebaja, a disponer para el año 2000, por única vez, de una partida global equivalente a U$S 15:000.000 (quince millones de dólares). Esta transferencia se distribuirá entre las Intendencias Municipales en partidas mensuales y a prorrata del impuesto generado, según informe que realizará el Congreso Nacional de Intendentes. En su defecto se realizará considerando la recaudación que éstas hayan obtenido por dicho impuesto en el año 1998.

CAPITULO III
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

ARTICULO 11.- Las empresas que ejecutaren proyectos de inversión en actividades comerciales promovidas al amparo del Capítulo III de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, no podrán gozar de las exoneraciones del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, establecidas en los artículos 35, 37 y 38 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.

ARTICULO 12.- Las asociaciones de empresas que producen o comercializan bienes o prestan servicios, podrán tramitar y obtener en favor de sus afiliados y para proyectos específicos, los beneficios previstos en la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998.

CAPITULO IV
NORMAS SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ARTICULO 13.- Las empresas que desarrollen actividades económicas, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, están sujetas a las reglas de la competencia, sin perjuicio de las limitaciones que se establecieren por ley y por razones de interés general (artículo 7º y 36 de la Constitución de la República), o que resulten del carácter de servicio público de la actividad de que se trate.

ARTICULO 14.- Prohíbense los acuerdos y las prácticas concertadas entre los agentes económicos, las decisiones de asociaciones de empresas y el abuso de la posición dominante de uno o más agentes económicos, que tengan por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios, tales como:

a) imponer en forma permanente, directa o indirectamente precios de compra o venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva para los consumidores;

b) restringir, de modo injustificado, la producción, la distribución y el desarrollo tecnológico, en perjuicio de empresas o de consumidores;

c) aplicar injustificadamente a terceros contratantes condiciones desiguales en el caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja importante frente a la competencia;

d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación de obligaciones complementarias o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los usos comerciales, no tengan relación con el objeto de esos contratos, en perjuicio de los consumidores;

e) en forma sistemática, vender bienes o prestar servicios a precio inferior al costo, sin razones fundadas en los usos comerciales, incumpliendo con las obligaciones fiscales o comerciales.

La aplicación de estas normas procede cuando la distorsión en el mercado genere perjuicio relevante al interés general.

ARTICULO 15.- El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones del presente Capítulo y dispondrá las medidas pertinentes para la aplicación de dichas disposiciones.

Toda contienda que se suscite que refiera a la materia regulada en este Capítulo, podrá ser sometida por las partes a arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, del Libro II del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988). La reglamentación promoverá la habilitación de centros especializados a tales efectos.

CAPITULO V
FACILITACION DEL CREDITO

ARTICULO 16.- Podrán constituirse Sociedades Anónimas de Garantía Recíproca, cuyo objeto exclusivo será el otorgamiento de garantías en beneficio de sus integrantes y para respaldar obligaciones correspondientes al giro habitual de sus actividades.

Estas sociedades podrán, además, prestar a sus socios servicios de asesoramiento.

En todo lo no previsto por las disposiciones de este Capítulo, éstas se regirán por las disposiciones de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Sus acciones serán nominativas, el capital podrá ser variable en los términos que establecerá la reglamentación, la que preverá las condiciones de ingreso y egreso de los socios.

Tendrán un fondo de garantía conformado por los aportes que realizaran al mismo los socios que lo utilicen.

En su denominación figurará necesariamente la indicación "Sociedad Anónima de Garantía Recíproca".

También podrán adoptar la forma de sociedad cooperativa, en cuyo caso se denominarán Cooperativas de Garantía Recíproca y se regirán por las normas legales aplicables a estas sociedades, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo siguiente.

La Sociedad Anónima de Garantía Recíproca estará constituida por socios partícipes y socios protectores. Serán socios partícipes únicamente, micro, pequeñas y medianas empresas, sean éstas personas físicas o jurídicas, que reúnan las condiciones para ser categorizadas como tales, por la autoridad de aplicación, siguiendo los criterios establecidos en el decreto del Poder Ejecutivo Nº 266/95, de 19 de julio de 1995.

Serán socios protectores todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social.

La Sociedad Anónima de Garantía Recíproca no podrá celebrar contratos de garantía recíproca con los socios protectores.

Es incompatible la condición de socio protector con la de socio partícipe.

La participación de los socios protectores no podrá exceder del cuarenta y nueve por ciento del capital social. Por su parte la participación de cada socio partícipe no podrá superar el 5% (cinco por ciento) del mismo.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en razón de las competencias que le otorgan la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en sus artículos 305 al 309 y la Ley Nº 16.201, de 13 de agosto de 1991, y su respectivo Decreto reglamentario Nº 54/92, de 7 de febrero de 1992 y modificativos.

ARTICULO 17.- La reglamentación establecerá el capital mínimo, responsabilidad patrimonial mínima y requisitos razonables en materia de información y procedimientos.

Las sociedades o cooperativas existentes a la fecha de promulgación de esta ley contarán con un plazo de doce meses para dar cumplimiento a dicha reglamentación.

CAPITULO VI
INFORMATICA EN LA EDUCACION

ARTICULO 18.- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las compras en plaza de computadoras personales e impresoras vinculadas directamente a las mismas, que se utilizaren exclusivamente en tareas educativas.

Sólo podrán beneficiarse de dicha devolución los institutos de enseñanza privados a que se refiere el artículo 2º del Título 3 del Texto Ordenado 1996 y los institutos de enseñanza públicos.

Los referidos bienes no podrán enajenarse por un plazo de tres años a partir de la fecha de su adquisición.

En caso de infracciones a las normas consagradas en el presente artículo, serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Capítulo V, Sección 1 del Código Tributario.

ARTICULO 19.- Agrégase al artículo 3º del Título 3 del Texto Ordenado 1996 el siguiente inciso:

"El plazo a que refiere el inciso anterior será de tres años en el caso de importaciones de computadoras personales y las impresoras vinculadas directamente a las mismas".

CAPITULO VII
TRANSPORTE

SECCION 1ª
PUERTO DE MONTEVIDEO

ARTICULO 20.- Autorízase a la Administración Nacional de Puertos a participar, conforme lo establecido en el inciso tercero del artículo 188 de la Constitución de la República, en sociedad con capitales privados, en la administración, construcción, conservación y explotación de una terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo.

La participación se efectuará por intermedio de una sociedad anónima, constituida al efecto por la Corporación Nacional para el Desarrollo, cuyo objeto social será el descrito en el inciso anterior.

La reglamentación del Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones en que se instrumentará el acuerdo entre la referida sociedad y la Administración Nacional de Puertos, la participación inicial que ésta tendrá en su capital integrado, y las bases de sus estatutos sociales. El referido acuerdo deberá contener al menos las siguientes previsiones:

a) El plazo de uso de las instalaciones será de 30 años.

b) En ningún caso el aporte patrimonial de la Administración Nacional de Puertos podrá ser realizado mediante la enajenación de bienes inmuebles;

c) Se establecerá una tarifa máxima a usuarios y un canon a pagar a la Administración Nacional de Puertos, que la reglamentación fijará en ambos casos por contenedor;

d) Se asegurará la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que los soliciten, manteniendo la continuidad y regularidad de los mismos, y no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del Puerto de Montevideo;

e) Se obligará a la captación de un mínimo de actividad en plazo a determinar y de no cumplirse se procederá a cancelar la concesión;

f) Se obligará a realizar, en plazo determinado, las inversiones necesarias para brindar un servicio de buena calidad, confiable y al mínimo costo para el usuario final, favoreciendo el desarrollo del comercio exterior de Uruguay y promocionando el Puerto de Montevideo como puerto de transbordo regional.

Sin perjuicio que la sociedad y las contrataciones que realice se rigen por el derecho privado, el Estado tendrá dos representantes en el Directorio, los que serán designados por el Directorio de la Administración Nacional de Puertos.

El capital correspondiente a los inversores privados será representado por acciones al portador, estableciendo la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo las condiciones de emisión y de subasta u oferta pública en el mercado de valores. La correspondiente participación de capitales privados sólo procederá una vez instrumentado el acuerdo entre la referida sociedad y la Administración Nacional de Puertos. Cualquier modificación dentro de las normas precedentes, deberá necesariamente contar con la autorización previa del Poder Ejecutivo.

El producido de la subasta u oferta pública en el mercado de valores de las acciones de la sociedad correspondientes a la Corporación Nacional para el Desarrollo o a la Administración Nacional de Puertos, se destinará a la construcción de edificios de educación pública en la órbita del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (CODICEN). La Administración Nacional de Puertos conservará una participación en la sociedad.

Dentro del plazo que establecerá la reglamentación a contar de la fecha de la subasta, la sociedad deberá presentar un operador de técnica operativa portuaria que reúna antecedentes, solvencia y experiencia adecuadas, cuya designación y remoción deberá ser sometida a la aprobación del Poder Ejecutivo.

De lo actuado se informará a la Asamblea General.

SECCION 2ª
FERROCARRILES

ARTICULO 21.- El Poder Ejecutivo podrá autorizar la utilización de las vías férreas por parte de empresas, que cumplan con los requisitos técnicos y abonen a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), el peaje que establezca la reglamentación.

CAPITULO VIII
MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

SECCION 1ª
BIENES DEL ESTADO

ARTICULO 22.- Las unidades ejecutoras del Presupuesto Nacional, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, dentro de sus competencias y para el mejor logro de los objetivos y metas presupuestales, podrán tomar bienes tanto por el contrato de crédito de uso, de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nos. 16.072, de 9 de octubre de 1989, y 16.205, de 5 de setiembre de 1991, como por el contrato de arrendamiento con opción a compra (leasing operativo); no siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989.

A tales efectos podrán afectar los créditos existentes para adquisición y arriendo de bienes muebles o inmuebles, así como las economías que se estime obtendrán con la operación, previo informe favorable del Registro de Inmuebles del Estado, cuando correspondiere, o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto cuando se trate de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Los Gobiernos Departamentales quedan comprendidos en lo dispuesto en el inciso primero, sin perjuicio de las competencias de sus respectivas Juntas Departamentales.

En todos los casos se seguirán las reglas de contratación estatal correspondientes y se cumplirá con la intervención del Tribunal de Cuentas de la República (artículo 211 de la Constitución de la República).

SECCION 2ª
RACIONALIZACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
DE LAS EMPRESAS PUBLICAS

ARTICULO 23.- El Poder Ejecutivo conforme a sus atribuciones constitucionales, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, podrá comunicar a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado, su criterio sobre la ejecución presupuestal de sus gastos de funcionamiento.

Dichos organismos, al dar cumplimiento a su obligación de comunicar al Poder Ejecutivo las resoluciones de Directorio, cuando las mismas aprueben erogaciones, deberán acompañar los antecedentes y estudios que las justifiquen.

Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del Dominio Comercial e Industrial del Estado deberán, además, presentar en soporte informático un informe semestral sobre todos sus gastos e inversiones, desagregados, al Poder Ejecutivo y este lo enviará a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras del Poder Legislativo.

SECCION 3ª
SISTEMA INFORMATICO DEL ESTADO

ARTICULO 24.- El Estado, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados deberán implantar el expediente electrónico para la sustanciación de todas las actuaciones administrativas. A tal efecto dispondrán los actos jurídicos y operaciones materiales tendientes al cumplimiento de esta norma en el menor tiempo posible, dando cuenta a la Asamblea General.

El expediente electrónico es la serie ordenada de documentos registrados por vía informática, provenientes de la Administración o de terceros, tendientes a la formación de la voluntad administrativa en un asunto determinado, teniendo la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional.

ARTICULO 25.- Autorízase en todo caso la firma electrónica y la firma digital, las que tendrán idéntica validez y eficacia a la firma autógrafa, siempre que estén debidamente autenticadas por claves u otros procedimientos seguros, de acuerdo a la tecnología informática.

La prestación de servicios de certificación no estará sujeta a autorización previa y se realizará en régimen de libre competencia, sin que ello implique sustituir o modificar las normas que regulan las funciones que corresponde realizar a las personas facultadas para dar fe pública o intervenir en documentos públicos.

ARTICULO 26.- Los Gobiernos Departamentales podrán aplicar lo dispuesto en los dos artículos anteriores dando cuenta a sus respectivas Juntas Departamentales.

ARTICULO 27.- Los actos administrativos y las órdenes de compra que adjudiquen la contratación de bienes o servicios, deberán estar acompañados de una constancia emitida por el Sistema Integrado de Información Financiera del Estado, que certifique la existencia de crédito suficiente para atender la erogación resultante. El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá las formalidades requeridas para la emisión de la constancia.

El acto administrativo o la orden de compra deberán hacer referencia a la existencia de la referida constancia, debiendo incluir los datos identificatorios de la misma.

Los proveedores adjudicatarios, previa a la entrega de los bienes o a la prestación de los servicios, deberán exigir a la Administración la vía correspondiente de la constancia de existencia de crédito suficiente.

Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 8º del Código Civil).

Las disposiciones de este artículo comprenden las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por las Unidades Ejecutoras de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional por montos superiores al límite de la contratación directa. Facúltase al Poder Ejecutivo a extender este régimen a las contrataciones efectuadas al amparo de lo dispuesto por el numeral 2) del inciso segundo del artículo 33 del TOCAF.

SECCION 4ª
ORGANISMOS PUBLICOS

ARTICULO 28.- Los Directorios de la Administración Nacional de Puertos, de la Administración de Ferrocarriles del Estado y de la Administración Nacional de Telecomunicaciones estarán integrados por tres miembros designados conforme a lo dispuesto por el artículo 187 de la Constitución de la República.

ARTICULO 29.- El Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), será dirigido por un Consejo Directivo integrado por tres miembros, los que serán designados por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 30.- Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985, por el siguiente:

"ARTICULO 3º.- El Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo se compondrá de cinco miembros. Tres de ellos representarán al Estado y serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores otorgada sobre propuesta motivada en sus condiciones personales y reconocida solvencia en asuntos económico-financieros, por el procedimiento previsto en el artículo 187 de la Constitución de la República.

Los dos miembros restantes representarán a los accionistas privados y serán designados por éstos. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento de su elección sobre la base de que cada accionista tendrá derecho a tantos votos como acciones sea titular".

ARTICULO 31.- Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985, por el siguiente:

"ARTICULO 4º.- El Presidente del Directorio será designado por el Poder Ejecutivo, entre los tres miembros representantes del Estado".

ARTICULO 32.- En los casos que las disposiciones vigentes requieran mayorías especiales por parte de los Directorios o Consejos Directivos de los organismos mencionados en los artículos 28 a 31 de esta ley, se tendrán por cumplidas las mismas con el voto conforme de la mayoría absoluta del total de sus componentes.

ARTICULO 33.- Suprímese la Administración Nacional de los Servicios de Estiba (ANSE), encomendándose al Poder Ejecutivo la redistribución al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de sus funciones, sin perjuicio de la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de sus bienes, activos y pasivos.

A tales efectos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creará un subprograma especializado dependiente de la Inspección General del Trabajo.

Los funcionarios de la referida Institución que se suprime, con funciones permanentes y con al menos un año de antigüedad a la fecha de la promulgación de la presente ley, serán redistribuidos en la forma dispuesta por el artículo 37 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Facúltase al Poder Ejecutivo para que proceda, previo informe de la Contaduría General de la Nación, a reasignar los créditos presupuestales dando cuenta a la Asamblea General.

Las transferencias de dominio que correspondan operarán de pleno derecho con la entrada en vigencia de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, determinando los bienes comprendidos. Los registros públicos procederán a su registración con la sola presentación del testimonio notarial de esa resolución.

SECCIÓN 5ª
SERVICIOS PÚBLICOS

ARTICULO 34.- En los departamentos en los que la Intendencia Municipal adeude el equivalente a cuatro o más meses de consumo de energía eléctrica correspondiente al servicio de alumbrado, la Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas (UTE) podrá subrogarse en el cobro, realizándolo directamente a sus clientes domiciliarios.

Los pagos realizados por estos últimos compensan de pleno derecho igual importe de la tasa municipal que correspondiere.

Este cobro será conjunto con la factura de suministro eléctrico integrando un único pago indivisible.

No corresponde pago alguno en las zonas que carezcan del servicio.

ARTICULO 35.- La Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas (UTE) podrá efectuar el servicio público de alumbrado de ciudades, villas, pueblos y centros poblados, siendo responsable de la instalación, con todos sus elementos, y el mantenimiento que posibilite una prestación adecuada del servicio.

Lo dispuesto en el inciso anterior sólo será de aplicación en aquellos casos en que las Intendencias Municipales manifiesten su conformidad.

También podrán acordar otras formas de participación y colaboración en el desempeño de este servicio, al amparo de lo dispuesto por el artículo 262 de la Constitución de la República.

ARTICULO 36.- La Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas (UTE) y las Intendencias Municipales podrán acordar el valor actualizado de los activos incrementales ejecutados por éstas, así como efectuar eventuales compensaciones por deudas que existieren.

SECCIÓN 6ª
PODER JUDICIAL

ARTICULO 37.- Incorpórase al artículo 268 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988), el siguiente párrafo final:

"No será procedente el recurso de casación cuando la sentencia de segunda instancia confirme en todo, y sin discordia, a la sentencia de primera instancia".

ARTICULO 38.- Sustitúyese el numeral 3) del artículo 269 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988), por el siguiente:

"3) Contra las sentencias recaídas en asuntos cuyo monto no superare el importe equivalente a 4.000 Unidades Reajustables".

SECCIÓN 7ª
CAJA DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

ARTICULO 39.- Agrégase al artículo 26 de la Ley Nº 12.997, de 28 de noviembre de 1961, el siguiente inciso:

"La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios tendrá, además, las facultades establecidas por el artículo 257 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, para la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias".

SECCIÓN 8ª
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE
(CONAPROLE)

ARTICULO 40.- Derógase el artículo 12 de la Ley Nº 10.707, de 9 de enero de 1946 y los artículos 23 y 24 de la Ley Nº 9.526, de 14 de diciembre de 1935. Para los actos jurídicos referidos en la Ley Nº 12.378, de 31 de enero de 1957, se requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta del Directorio, integrado conforme al presente artículo.

ARTICULO 41.- El control interno y el destino de las utilidades serán dispuestos por las autoridades de la Cooperativa, quedando sin efecto a partir de la vigencia de la presente ley, todas las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes que se opongan a lo establecido en este artículo.

ARTICULO 42.- A partir de la vigencia de esta ley, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE), deberá cumplir, en lo pertinente y sin que suponga cambio de su naturaleza jurídica, con las normas de información, publicidad y control aplicables a las sociedades anónimas abiertas previstas por la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

SECCIÓN 9ª
NORMAS TRIBUTARIAS

ARTICULO 43.- No están comprendidas en la base imponible del Impuesto al Patrimonio establecido en el Título 14, del Texto Ordenado 1996, las mercaderías depositadas en régimen de puerto libre, a que refiere el artículo 2º de la Ley Nº 16.246, de 8 de abril de 1992, ni las depositadas en las zonas francas, cuyos titulares sean personas físicas o jurídicas radicadas en el exterior.

ARTICULO 44.- Centralización de la información fiscal. Facúltase al Poder Ejecutivo a centralizar la información relativa a los contribuyentes que se encuentre disponible en sus diversas dependencias y la que le suministrará el Banco de Previsión Social, con la misma obligación de reserva establecida en las normas legales vigentes, y a efectos de mejorar la percepción de los tributos correspondientes.

ARTICULO 45.- Exonérase del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a los contribuyentes de los Impuestos a las Rentas de la Industria y Comercio, a las Rentas Agropecuarias, y a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, por las enajenaciones de inmuebles que realicen con destino al abatimiento de sus pasivos financieros.

Asimismo, estarán exonerados del tributo quienes enajenen inmuebles y destinen el producido de tales operaciones a aportes de capital en las entidades deudoras a que hace referencia el inciso anterior, a efectos de que éstas cancelen sus pasivos financieros.

Se entenderán por pasivos financieros, las deudas originadas en préstamos otorgados hasta el 30 de junio de 1999 por Instituciones Bancarias, Casas Financieras o Cooperativas de Ahorro y Crédito, radicadas en el país.

La exoneración no podrá superar el monto que surja de aplicar la alícuota vigente al monto total de los pasivos abatidos.

En ningún caso quedarán comprendidas en la franquicia aquellas enajenaciones de inmuebles que constituyan activo circulante para el enajenante.

El Poder Ejecutivo establecerá los requisitos de cumplimiento efectivo de abatimiento de pasivos.

Asimismo podrá establecer un sistema de devolución del impuesto, cuando las operaciones de enajenación y cancelación total o parcial de las deudas no se realicen en forma simultánea.

La franquicia a que refiere el presente artículo regirá para los hechos generadores acaecidos durante el plazo de un año, contado a partir de la promulgación de la presente ley.

La quita del acreedor financiero no será inferior al monto de la exoneración para que se tenga derecho a la misma.

SECCIÓN 10ª
ESCALAFÓN POLICIAL

ARTICULO 46.- Modifícase el artículo 132 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 132. A partir de la vigencia de la presente ley, no podrá autorizarse pase en comisión a otras dependencias u organismos públicos de los integrantes del Escalafón Policial, excepto aquellos que impliquen el cumplimiento de un servicio de seguridad a juicio del Ministerio del Interior".

CAPITULO IX
DESCENTRALIZACION

ARTICULO 47.- En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 298 de la Constitución de la República, el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Comisión de Aplicación, creada por el artículo 12 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, otorgará mayores exoneraciones, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la referida ley, a la instalación o ampliación de emprendimientos en el interior del país, cuyos proyectos de inversión sean declarados promovidos, que las que otorgue análogos emprendimientos que se instalen o amplíen en el departamento de Montevideo, en la forma y condiciones que se determinará en la reglamentación correspondiente. Se pondrá en conocimiento de la Asamblea General y la Comisión Sectorial asesora prevista en el literal B) del artículo 230 de la Constitución de la República.

ARTICULO 48.- La Comisión Sectorial a que se refiere el articulo 230 de la Constitución de la República estará integrada por delegados de los Ministerios competentes, a juicio del Poder Ejecutivo, e igual número de delegados del Congreso Nacional de Intendentes. Como mínimo el Poder Ejecutivo designará delegados de los Ministerios de Economía y Finanzas; Transporte y Obras Públicas; Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; y de Turismo.

La Presidencia de la Comisión será rotativa, correspondiéndole, alternativamente, a un delegado del Poder Ejecutivo y a uno del Congreso Nacional de Intendentes.

Los designantes podrán establecer un régimen de suplencias por sus delegados.

Un delegado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a fin de realizar la coordinación correspondiente, asistirá a las reuniones de la Comisión, aunque no la integrará a ningún efecto.

La representación de los Ministerios podrá ser ejercida por delegados de jerarquía no inferior a Director General del Ministerio.

ARTICULO 49.- La Comisión podrá invitar a concurrir a sus sesiones a delegados de otros Ministerios e Intendencias.

ARTICULO 50.- La Comisión tendrá los siguientes cometidos, que la Constitución de la República fija:

a) Asesorar al Poder Ejecutivo, con treinta días de anticipación al vencimiento del plazo para presentar el Presupuesto Nacional, sobre el porcentaje de recursos, en el monto total, que corresponderá a los Gobiernos Departamentales, conforme a lo establecido en el literal C) del articulo 214 de la Constitución de la República;

b) Proponer a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto planes de descentralización conforme a lo establecido en el literal B) del artículo 230 de la Constitución de la República;

c) Asesorar respecto a la aplicación del Fondo Presupuestal a que refiere el numeral 2) del artículo 298 de la Constitución de la República, en el marco de los planes de descentralización referidos en el literal anterior.

ARTICULO 51.- A tales fines la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

a) Solicitar del Poder Ejecutivo y de las Intendencias Municipales la información pertinente en materia de recursos como de ejecución de inversiones y gastos en los diferentes departamentos.

b) Solicitar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el apoyo humano y logístico para el cumplimiento de sus funciones.

c) Formar subcomisiones de trabajo temáticas o geográficas a los efectos de preparar los planes de descentralización y desarrollo regional o local. Dichos grupos de trabajo presentarán sus proyectos al pleno de la Comisión, la que deberá considerar y aprobar su presentación a fin de ser apoyados por el Fondo Nacional de Descentralización y Desarrollo Regional y Local y/o por los recursos destinados a otros organismos del Estado. Los planes aprobados deberán estar previstos en el Presupuesto Nacional y serán evaluados como tales en su cumplimiento local y nacional.

ARTICULO 52.- Cuando debiera asesorar en las materias de su competencia, sus decisiones se adoptarán por mayoría absoluta del total de componentes. Si, en esos casos, se registrare empate en la votación, habrá dos informes que serán elevados siguiendo el procedimiento previsto en las normas constitucionales (literal C) del artículo 214, y numeral 2) del articulo 298 de la Constitución de la República).

CAPITULO X
FONDO DE AHORROS PREVISIONALES

ARTICULO 53.- Sustitúyese el artículo 97 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 97. (Capital y Patrimonio mínimo).- El capital mínimo necesario para la constitución de una Administradora será de 60.000 U.R. (sesenta mil unidades reajustables) de las previstas en el artículo 38 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el que deberá encontrarse suscrito e integrado en efectivo en el momento de su autorización.

Todo capital inicial superior al mínimo deberá integrarse en las condiciones indicadas en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, no pudiendo exceder el plazo máximo de dos años contado desde la fecha de la resolución que autorice la existencia de la sociedad.

Cuando la Administradora haya iniciado la formación del Fondo de Ahorro Previsional, el patrimonio mínimo, excluida la reserva especial, no podrá ser inferior al importe mencionado en el inciso primero de este artículo o al 2% (dos por ciento) del valor del Fondo si éste fuere mayor, hasta alcanzar la suma de 150.000 U.R. (ciento cincuenta mil unidades reajustables), para quedar fijado en esta cantidad. En este caso, el faltante deberá integrarse dentro de los treinta días siguientes al fin de cada mes.

Si el patrimonio mínimo se redujere por cualquier otra causa por debajo del mínimo exigido, deberá ser reintegrado totalmente dentro del plazo de tres meses contado desde el momento en que se verificó tal reducción, sin necesidad de intimación o notificación previa por parte de la autoridad de control. En caso contrario, el Poder Ejecutivo, con la opinión previa del Banco Central del Uruguay, procederá a revocar la autorización para funcionar y dispondrá la liquidación de la Administradora".

ARTICULO 54.- Sustitúyese el artículo 121 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 121. (Reserva Especial).- Las Administradoras deberán integrar y mantener en todo momento una reserva entre un mínimo equivalente a un 0,5% (cero con cinco por ciento) del Fondo de Ahorro Previsional respectivo y un máximo equivalente a un 2% (dos por ciento) del mismo, que se denominará Reserva Especial. El Banco Central del Uruguay regulará el porcentaje referido, para cada período que determine, en función de criterios técnicos fundamentados de cobertura de riesgo, sin perjuicio de las normas y medidas de carácter particular que pueda adoptar, atendiendo a esos mismos criterios.

La referida reserva en ningún caso podrá ser inferior al 20% (veinte por ciento) del capital mínimo fijado en el artículo 97 de la presente ley, deberá ser invertida en cuotas del Fondo de Ahorro Previsional y tendrá por objeto responder a los requisitos de tasa de rentabilidad real mínima a que refiere el artículo siguiente.

Los bienes y derechos que la componen serán inembargables.

Todo déficit de la Reserva Especial, no originado en el proceso de aplicación establecido en el artículo siguiente, se regirá por las normas y plazos de integración, penalidades y reclamos que a tal efecto fijen las normas reglamentarias".

ARTICULO 55.- Sustitúyese el inciso final del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"La suma de las inversiones mencionadas en los literales D), E) y F) no podrá exceder del 40% (cuarenta por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional".

ARTICULO 56.- Sustitúyese el literal E) del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"E) Valores representativos de inversiones inmobiliarias, industriales, forestales u otros sectores productivos que reúnan condiciones suficientes de retorno y seguridad, y que se encuentren debidamente garantizadas según determine la reglamentación del Banco Central del Uruguay y que estén radicados en el país, hasta el 20% (veinte por ciento)".

ARTICULO 57.- Sustitúyese el literal B) del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"B) Valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central del Uruguay, hasta el 30% (treinta por ciento)".

ARTICULO 58.- Sustitúyese el artículo 119 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 119. (Integración del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad). El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad se integrará en forma mensual y siempre que la rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional fuese positiva. El mismo se integrará con el producido de todo exceso de la tasa de rentabilidad promedio del régimen, incrementada en el máximo entre dos puntos porcentuales y el 50% (cincuenta por ciento) de la rentabilidad promedio del régimen. El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad estará expresado en cuotas".

CAPITULO XI
SOCIEDADES COMERCIALES

ARTICULO 59-. Sustitúyense los artículos 284, 331, 362 y 419 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, los que quedarán redactados en la siguiente forma:

"ARTICULO 284. (Aumento del capital contractual). Todo aumento de capital contractual será resuelto por asamblea extraordinaria de accionistas sin necesidad de conformidad administrativa, salvo que el contrato social disponga que deba seguirse el procedimiento establecido en el artículo 252.

En lo pertinente regirá lo dispuesto por el artículo 362.

La asamblea sólo podrá delegar en el directorio o el administrador en su caso, la época de la emisión, la forma y condiciones de pago. La resolución de la asamblea se inscribirá en el Registro Público de Comercio y se publicará".

"ARTICULO 331. (Convenios de sindicación de accionistas). Serán legítimos los convenios de accionistas sobre compra y venta de sus acciones, ejercicio de los derechos de preferencia y de voto o cualquier otro objeto lícito.

Los accionistas contratantes podrán ejercer todos sus derechos y acciones legales para el cumplimiento debido de las obligaciones asumidas y frente a quienes resulten comprometidos para la debida ejecución del convenio.

Estos convenios no tendrán efecto frente a terceros excepto cuando:

a) Se entregue a la sociedad un ejemplar con las firmas certificadas notarialmente.

b) Se incorpore un ejemplar al legajo de la sociedad.

c) Se anote en los títulos accionarios o se haga constar en el libro de Registro de Acciones Escriturales.

Cumplidos estos requisitos, las acciones respectivas no podrán ser negociadas en Bolsa.

Tratándose de sociedades abiertas, el órgano de administración informará a cada asamblea ordinaria sobre la política de capitalización de ganancias y distribución de dividendos que resulte de los convenios depositados en la sociedad. En ningún caso los convenios de sindicación de acciones podrán ser invocados para eximir a los accionistas de sus responsabilidades en el ejercicio del derecho de voto.

Los convenios de sindicación de acciones tendrán una vigencia máxima de quince años, sin perjuicio de que las partes acuerden la prórroga tácita o automática de su plazo".

"ARTICULO 362. (Supuestos Especiales).

362.1 Cuando se trate de la fusión, escisión, transformación, prórroga o disolución anticipada de la sociedad, transferencia del domicilio al extranjero, cambio fundamental en el objeto y aumento de capital social o reintegración total o parcial del capital integrado, tanto en primera como en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría absoluta de acciones con derecho a voto, salvo que se establezca en el contrato social una mayoría mayor.

Sin más trámite, un extracto de la resolución correspondiente será publicado en el Diario Oficial y en otro diario por una sola vez.

En los supuestos previstos en este artículo, con excepción de los casos de disolución anticipada y del aumento de capital mediante la emisión de acciones liberadas, se podrá receder en las condiciones que se establecen en el artículo 363.

362.2 Podrá estipularse en el contrato social que no existirá derecho a receso en los casos de aumento de capital social por nuevos aportes, con excepción de los casos previstos en el artículo 330.

La modificación que apareja la incorporación de esta estipulación en el contrato social dará derecho de receso.

362.3 En las sociedades anónimas abiertas que emitan acciones que se coticen en mercados formales, los supuestos de aumento del capital social o reintegro -totales o parciales- de capital integrado, fusión o escisión -en tanto las sociedades resultantes mantuvieran el carácter de sociedades anónimas abiertas- no generarán derecho de receso."

"ARTICULO 419. (Obligación de reserva). El Organo estatal de control guardará reserva sobre todos los actos que intervenga y cuya publicación no sea determinada por la ley. No obstante suministrará informaciones sobre el domicilio y sede de las sociedades, disposiciones estatutarias vigentes, constitución de sus directorios y los estados contables, a los titulares de un interés directo, personal y legítimo.

También podrá suministrar la referida información a otros órganos u organismos nacionales con responsabilidades y competencias de supervisión y contralor sobre la actividad de la sociedad en cuestión, cuando dicha información sea solicitada como parte de un procedimiento administrativo desarrollado en ejecución de las referidas competencias.

En todos los casos los requerimientos se efectuarán por escrito y en forma fundada. De la resolución favorable se remitirá copia a la sociedad involucrada.

La obligación de guardar reserva se extenderá a los funcionarios del órgano estatal de control, bajo pena de destitución y sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.

El juez competente, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá liberar de la obligación a que refieren los incisos anteriores".

ARTICULO 60.- Modifícase el artículo 97 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 97.- La documentación referida en los artículos anteriores será sometida a la aprobación de los socios o accionistas en un plazo que no excederá los 180 días a contar de la finalización del ejercicio. Tratándose de sociedades abiertas, el plazo que será fijado por la reglamentación no podrá exceder de los 120 días contados de la finalización del ejercicio. De no haber impugnaciones dentro de los 30 días siguientes a su comunicación dicha documentación se tendrá por aprobada, salvo que se trate de sociedades en las que funcionen asambleas, las que se regirán por sus normas específicas.

El derecho a la aprobación a impugnación de los estados contables y la adopción de resoluciones de cualquier orden a su respecto, será irrenunciable y cualquier convención en contrario será nula.

Si se tratara de sociedades sujetas a control estatal se remitirá otra copia al organismo estatal correspondiente. Estas sociedades publicarán sus estados contables y proyecto de distribución de utilidades aprobados, con la visación respectiva".

ARTICULO 61.- Agrégase a la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el siguiente artículo:

"ARTICULO 97 (bis).- Las sociedades, cualquiera sea su forma, cuyos activos totales al cierre de cada ejercicio anual superen las 30.000 unidades reajustables, o que registren ingresos operativos netos durante el mismo período que superen las 100.000 unidades reajustables, deberán registrar ante el órgano estatal de control sus estados contables dentro de los 180 días siguientes a la finalización de su ejercicio económico.

La definición de las pautas que guiarán los cometidos del Registro y la instrumentación de las mismas corresponderá a una Comisión Asesora integrada por delegados de las instituciones privadas y públicas que determinará la reglamentación, la cual será presidida por un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas.

La sociedad no podrá distribuir utilidades resultantes de la gestión social sin que previamente haya registrado los estados contables correspondientes al último ejercicio cerrado. El órgano estatal de control, en caso de infracción a las prohibiciones precedentes, aplicará las sanciones que disponga la reglamentación, en el marco de lo establecido por el artículo 412 de la presente ley.

Los estados contables permanecerán en la entidad registrante por un lapso de tres años a disposición de cualquier interesado".

CAPITULO XII
SEGURIDAD CIUDADANA

ARTICULO 62.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 16.814, de 21 de marzo de 1997, por el siguiente:

"Facúltase al Ministerio del Interior a contratar por el plazo de seis meses, prorrogable por iguales períodos, hasta doscientos retirados policiales para desempeñar funciones correspondientes al Subescalafón Ejecutivo, con destino a la creación de una Policía Ciudadana que dependerá de la Jefatura de Policía de Montevideo. Los contratos que no fueren realizados con retirados policiales se proveerán designando personas de hasta 25 años de edad con al menos el primer ciclo de secundaria aprobado. En el caso de éstos últimos, transcurridos dos años, si su desempeño así lo justifica, el Ministerio del Interior podrá designarlos Agente de Primera".

ARTICULO 63.- Sustitúyese el numeral 1º del artículo 2º de la Ley Nº 16.814, de 21 de marzo de 1997, por el siguiente:

"1) Estar en situación de retiro al día 30 de abril de 1999".

CAPITULO XIII
MODIFICACIONES A LA LEGISLACION PENAL

SECCION 1ª
RAPIÑA: TENTATIVA

ARTICULO 64.- Incorpórase al artículo 344 del Código Penal el siguiente inciso final:

"La pena a aplicar en caso de tentativa se regulará por lo dispuesto en el artículo 87, nunca será inferior a dos años de penitenciaría".

SECCION 2ª
HURTO: AGRAVANTES ESPECIALES

ARTICULO 65.- Sustitúyese el artículo 341 del Código Penal por el siguiente:

"ARTICULO 341. La pena será de doce meses de prisión a ocho años de penitenciaría cuando concurran las siguientes agravantes:

1º) Si el sujeto llevara consigo armas o narcóticos, aun cuando no hiciera uso de ellos;

2º) Si la sustracción se efectuara sobre persona en estado de inferioridad psíquica o física;

3º) Si el hecho se cometiera con intervención de dos o más personas, o por solo una, simulando la calidad de funcionario público o con la participación de un dependiente del damnificado;

4º) Si el delito se cometiera sobre objetos o dinero de los viajeros, cualquiera fuese el medio de transporte, durante la conducción, así como en los depósitos y estaciones, albergues y cualquier otro lugar donde se suministran alimentos o bebidas;

5º) Si el delito se cometiera sobre cosas existentes en establecimientos públicos o que se hallaren bajo secuestro o expuestas al público, por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público, o de utilidad, defensa, reverencia o beneficencia públicas;

6º) Cuando la víctima fuere un encargado de numerario o valores.

La pena será de dos a ocho años de penitenciaría cuando concurran las siguientes agravantes especiales:

1º) Si para cometer el delito el sujeto hubiera penetrado o se mantuviere en un edificio o en algún otro lugar destinado a habitación;

2º) Si la sustracción se efectuara con destreza, o por sorpresa mediante despojo de las cosas que la víctima llevare consigo".

SECCION 3ª
LEGITIMA DEFENSA

ARTICULO 66.- Modifícase el artículo 26 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 26. Se hallan exentos de responsabilidad:

1º) El que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

a) Agresión ilegítima.

b) Necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño.

c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias.

2º) El tercer requisito no es necesario tratándose de la defensa de los parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, del cónyuge, de los padres o hijos naturales reconocidos o adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación.

3º) El que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño, siempre que concurran las circunstancias expresadas en el numeral 1º y la que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo".

SECCION 4ª
VIOLACION: TENTATIVA

ARTICULO 67.- Incorpórase al artículo 272 del Código Penal el siguiente inciso final:

"La pena a aplicar en caso de tentativa se regulará por lo dispuesto en el artículo 87, nunca será inferior a dos años de penitenciaría".

SECCION 5º
ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR

ARTICULO 68.- Modifícase el artículo 273 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 273. Comete atentado violento al pudor, el que por los medios establecidos en el artículo anterior, o aprovechándose de las circunstancias en él enunciadas, realizara sobre persona del mismo o diferente sexo, actos obscenos, diversos de la conjunción carnal, u obtuviera que ésta realizare dichos actos sobre sí mismo o sobre la persona del culpable o de un tercero.

Este delito se castigará con la pena de ocho meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Si el sujeto pasivo del delito fuese un menor de doce años, la pena a aplicarse será de dos a seis años de penitenciaría".

SECCION 6ª
CARÁCTER PUBLICO DEL AGENTE

ARTICULO 69.- Sustitúyese el numeral 8º) del artículo 47 del Código Penal por el siguiente:

"8º) (Carácter público del agente). Prevalecerse del carácter público que tenga el culpable, en especial su calidad de funcionario policial".

SECCION
AGRAVANTES

ARTICULO 70.- Agrégase al artículo 47 del Código Penal el siguiente numeral:

"18) (Actividad laboral de la víctima). Cuando se prevalezca de la actividad laboral que esté desempeñando la víctima en el momento de cometerse el delito".

ARTICULO 71.- Agrégase al artículo 151 del Código Penal el siguiente numeral:

"4) La participación en ella de algún funcionario policial en actividad u otro funcionario con funciones de policía administrativa».

SECCION 8ª
PUNIBILIDAD DE LA CONSPIRACION SEGUIDA DE
ACTOS PREPARATORIOS

ARTICULO 72.- Agrégase al capítulo II del Título XIII del Código Penal el siguiente artículo:

"ARTICULO 346 bis. (Punibilidad de la conspiración seguida de actos preparatorios). Tratándose de los delitos de rapiña y de copamiento, la conspiración seguida de actos preparatorios se castigará con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado".

SECCION 9ª
DEBER DE INFORMAR

ARTICULO 73.- (Deber de informar). En todo supuesto de privación de libertad dispuesto por la autoridad, la persona deberá ser informada por el aprehensor, con expresión clara de los cargos que se le formulan, dentro de las veinticuatro horas de producida la privación de la libertad.

SECCION 10ª
DEL DELITO PUTATIVO Y LA PROVOCACION POR LA AUTORIDAD

ARTICULO 74.- Modifícase el artículo 8º del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 8º. (Del delito putativo y la provocación por la autoridad). No se castigará el hecho jurídicamente lícito, cometido bajo la convicción de ser delictivo.

El hecho delictuoso provocado por la autoridad para obtener su represión, sólo se castigará en caso que el Juez competente autorice, por escrito, la provocación por razones fundadas. Esta autorización sólo podrá otorgarse en los casos de delincuencia organizada que requieran en forma excepcional este procedimiento.

Queda el Juez facultado en los casos de delito putativo o cuando no mediare la autorización para la provocación, para adoptar medidas de seguridad".

SECCIÓN 11ª
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

ARTICULO 75.- Prohíbese el expendio o suministro de bebidas alcohólicas o su ofrecimiento a cualquier persona entre las 0 y 6 horas de la mañana, en aquellos locales que no cuentan con la habilitación otorgada por la autoridad competente para que en los mismos se puedan consumir bebidas alcohólicas. Los infractores estarán sujetos al pago de una multa que la reglamentación establecerá de 100 a 1.000 UR (de cien a mil unidades reajustables), considerando la gravedad de la infracción y los antecedentes del infractor.

Por vía reglamentaria y por razones fundadas podrá extenderse o limitarse el horario impuesto a exceptuarse de la prohibición a aquellos locales que se estimare oportuno, así como imponerse otro tipo de medidas de carácter supletorio a la establecida y que sirvan a la finalidad perseguida por la presente ley.

SECCIÓN 12ª
JUEGO DE LA MOSQUETA

ARTICULO 76.- Agrégase al Código Penal el siguiente artículo:

"ARTICULO 348 bis (Juego de la Mosqueta). El que en lugares públicos o expuestos al público, incitare, invitare a participar o participare en el llamado juego de la mosqueta o similares, mediante apuestas, ya sea como habilidoso, jugador simulado o simple incitador, será castigado con la pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Entiéndese por juego de la mosqueta o similar a los efectos de esta ley, la actividad desplegada por una persona, llamada a los efectos de esta ley, el habilidoso, que por medio de movimientos rápidos y continuos y otros, consecuencia de su habilidad manual, desafía al resto de los jugadores o espectadores a acertar en qué lugar se encuentra el o los objetos por él manipulados".

SECCIÓN 13ª
CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN

ARTICULO 77.- Se presumirá la existencia de la causal de justificación prevista en el artículo 28 del Código Penal "cumplimiento de la ley", respecto de los actos cumplidos por personal militar asignado a tareas determinadas por el Poder Ejecutivo, de seguridad externa de establecimientos de detención, recintos militares y lugares sede de Organismos del Estado, y cuyo cometimiento se hubiera realizado formalmente. Esta presunción regirá siempre que dichos actos se hubieran ejecutado en ocasión del cumplimiento de las funciones y conforme a las disposiciones vigentes aplicables a dicho personal en materia de seguridad en instalaciones militares.

CAPITULO XIV
NORMAS SOBRE IDENTIFICACION CIVIL

ARTICULO 78.- Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 7º del Decreto-Ley Nº 14.762, de 13 de febrero de 1978, por los siguientes:

"Declárase obligatoria la obtención de la cédula de identidad, para toda persona mayor de cuarenta y cinco días de edad, nacional o extranjera con residencia permanente en el país. El Poder Ejecutivo tenderá a que la identificación de las personas físicas se realice desde el nacimiento. Esta obligación se exigirá, en su caso, a los representantes legales de los menores e incapaces.

La Dirección Nacional de Identificación Civil expedirá dicho documento aun cuando se solicite antes de los cuarenta y cinco días cumplidos de edad".

ARTICULO 79.- La Dirección Nacional de Identificación Civil podrá exonerar del pago de la tasa correspondiente, siempre que medie solicitud fundada del Instituto Nacional del Menor, de la Dirección Nacional de Prevención del Delito, del Banco de Previsión Social, de la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria), de las Defensorías de Oficio en materia de Familia y de Menores y de los Consultorios Jurídicos gratuitos dependientes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

La Dirección Nacional de Identificación Civil, a los efectos de autorizar la exoneración, podrá requerir los asesoramientos, informes o documentación que crea convenientes.

En los casos de renovaciones, la exoneración será excepcional y deberá conferirse previa auxiliatoria de pobreza, en casos debidamente justificados mediante información sumaria, ante la Dirección Nacional de Identificación Civil.

ARTICULO 80.- Exonérase del pago de la tasa de información, prevista por el artículo 151 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y Resolución del Poder Ejecutivo Nº 380/996, de 30 de abril de 1996, a solicitudes tramitadas por las Defensorías de Oficio, Consultorios Jurídicos gratuitos dependientes de la Suprema Corte de Justicia, suscritas por los funcionarios autorizados. A tales efectos deberá remitirse a la Dirección Nacional de Identificación Civil, nómina y firma del profesional responsable de la actuación de cada una de las Instituciones mencionadas.

CAPITULO XV
MINISTERIO DE DEPORTE Y JUVENTUD

ARTICULO 81.- Créase el Ministerio de Deporte y Juventud, que se incorporará al Presupuesto Nacional como el Inciso 15.

A estos efectos, créase el Programa 001 "Administración General", habilitando la Contaduría General de la Nación los créditos correspondientes a los cargos de Ministro, Subsecretario, Director General y los que se crean en esta ley.

ARTICULO 82.- El Poder Ejecutivo establecerá las políticas nacionales en materia de deporte y juventud, considerando particularmente el interior de la República, y las ejecutará a través del Ministerio que se crea por la presente ley.

ARTICULO 83.- Suprímese la Comisión Nacional de Educación Física creada por la Ley Nº 3.789, de 7 de julio de 1911.

ARTICULO 84.- El Instituto Nacional de la Juventud, creado por el artículo 331 de la Ley Nº 16.170, de 28 diciembre de 1990, en el Programa 001 "Administración General" del Ministerio de Educación y Cultura, pasará a integrar el Ministerio que se crea por la presente ley. Los funcionarios que actualmente prestan funciones efectivamente en el Instituto serán redistribuidos al Ministerio de Deporte y Juventud, habilitándose los créditos correspondientes por parte de la Contaduría General de la Nación.

ARTICULO 85.- Al Ministerio de Deporte y Juventud corresponde:

1) Asesorar al Poder Ejecutivo y proponer las políticas nacionales en las materias de sus competencias.

2) Ejercer los cometidos que tenía asignados la Comisión Nacional de Educación Física.

3) Formular, ejecutar y evaluar las políticas nacionales relativas a la juventud, en coordinación con otros organismos estatales, ejerciendo las competencias conferidas al Instituto Nacional de la Juventud.

4) Promover y coordinar las actividades del Centro de Información a la Juventud, asesorando y capacitando al personal de las unidades locales de información.

5) Ejercer toda competencia que le cometa el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 174 de la Constitución de la República.

ARTICULO 86.- Transfiérense de pleno derecho al Ministerio de Deporte y Juventud todos los bienes, créditos, recursos, derechos y obligaciones de la Comisión Nacional de Educación Física y del Instituto Nacional de la Juventud, cualquiera fuere su origen o financiación.

ARTICULO 87.- La adecuación presupuestal de los funcionarios de la Comisión Nacional de Educación Física y del Instituto Nacional de la Juventud, que se redistribuyen al Ministerio de Deporte y Juventud se efectuará conforme a las normas que regulan la materia.

ARTICULO 88.- Créanse en el Inciso 15, los cargos de particular confianza de: Director General de Secretaría; Director de Deportes; y, Director de Coordinación Deportiva, cuya retribución será la establecida en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986; incluyéndose en la referida disposición el cargo de Director del Instituto Nacional de la Juventud.

Suprímense los cargos de Presidente, Vicepresidente y Vocal de la Comisión Nacional de Educación Física.

ARTICULO 89.- La creación del Ministerio de Deporte y Juventud no podrá significar el nombramiento de nuevos funcionarios públicos. Los cargos y sus funciones se cubrirán con los actuales funcionarios de las Unidades Ejecutoras que se suprimen, o con los procedimientos vigentes de redistribución de funcionarios.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 20 de mayo de 2000.

LUIS HIERRO LOPEZ Presidente
MARIO FARACHIO Secretario"

16) MINUTA DE COMUNICACIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar la Minuta de Comunicación cuyo repartido se ha realizado.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Mociono para que se declare la urgencia de este proyecto de Minuta de Comunicación de la
Comisión de Salud Pública y se considere inmediatamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar la Minuta de Comunicación propuesta.

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la Minuta de Comunicación:)

"La Cámara de Senadores de la República, a propuesta de la Comisión de Salud Pública, se permite formular ante el señor Ministro y a través suyo al Poder Ejecutivo, su preocupación por la crisis que atraviesa actualmente el sistema mutual de asistencia médica colectiva y la aspiración para que se tomen iniciativas con carácter de urgente que permitan superar esta situación.

El Cuerpo recoge de esta forma la preocupación expresada por el señor Ministro, en su comparecencia en el seno de la Comisión de Salud el día 13 de abril de 2000.

En esta ocasión el señor Ministro admitió la magnitud del problema, y manifestó claramente la preocupación de las autoridades así como la intención del Poder Ejecutivo de reformular el sistema y buscarle soluciones globales y definitivas.

Desde la comparecencia del señor Ministro a la Comisión de Salud Pública, la situación se ha venido agravando y hoy públicamente varias instituciones se encuentran en una situación económica muy crítica y algunas de ellas ya han acudido al `concurso de acreedores'.

Obviamente esta problemática genera incertidumbre sobre la asistencia médica que requieren sus afiliados, y además, puede provocar una gran inestabilidad laboral a los propios trabajadores de las instituciones en crisis, amenazando también a los trabajadores de los laboratorios proveedores de medicamentos y materiales de uso médico.

En virtud de que el señor Ministro anunció en la oportunidad señalada, que una Comisión de integración múltiple que funcionó en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, había efectuado propuestas de consenso para superar estas problemáticas en el ámbito de las instituciones de Asistencia Médica Colectiva, el Cuerpo se permite solicitar la información periódica sobre los avances que se realicen en esta materia, con el propósito constructivo de apoyar las soluciones necesarias para un tema de prioritario contenido social como es el de la salud.

Sala de la Comisión, a 18 de mayo de 2000."

Firman los señores Senadores Carminatti y Cid y las señoras Senadoras Pou y Xavier.

-En consideración.

SEÑOR CID.- Solicito que se vote.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la Minuta de Comunicación.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 9 y 47 minutos del día 20 de mayo, presidiendo el profesor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Atchugarry, Batlle, Carminatti, Chiruchi, Cid, Couriel, Fau, García Costa, Heber, Larrañaga, Malaquina, Millor, Nin Novoa, Núñez, Pou, Riesgo, Sanabria y Xavier).

PROF. LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos.

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.