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Nº 20 - TOMO 401 - 18 Y 19 DE MAYO DE 2000

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

19ª SESION EXTRAORDINARIA Y PERMANENTE

PRESIDEN EL PROF. LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

y el DR. MARIO CARMINATTI Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQ. HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y LA PROSECRETARIA SEÑORA EMMA ABDALA

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Couriel.
- Concedida.

5) Integración del Cuerpo

- Ingresa a Sala el señor José Bayardi, a quien luego de prestar el juramento de estilo se le declara incorporado al Senado de la República.

6) Nuevo aniversario de la Batalla de Las Piedras

- Manifestaciones del señor Senador Gargano.

7, 9, 11 y 13) Mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de las condiciones en que se desarrollan y de fomento a las actividades productivas

- Proyecto de ley del Poder Ejecutivo con declaratoria de urgente consideración.
- Continúa la discusión general y particular.
- Manifestaciones del señor Senador Gargano. Intervención de varios señores Senadores.
- Queda aprobado en general.
- Por moción de varios señores Senadores el Senado resuelve enviar los artículos aditivos y sustitutivos propuesto en la presente sesión a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca para que proceda a su estudio.

8 y 10) Levantamiento de la declaratoria de urgente consideración para el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo

- Moción del señor Senador Michelini para que se levante la declaratoria de urgente consideración al proyecto en discusión.
- Se vota negativamente.

12) Crisis institucional en Paraguay

- Manifestaciones del señor Senador Fernández Huidobro.
- Por moción del señor Senador Sanabria el Senado encomienda al señor Presidente del Cuerpo seguir de cerca los acontecimientos para informar al Senado.

14) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 17 de mayo de 2000.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en régimen de cuarto intermedio, en sesión extraordinaria y permanente, de conformidad con el artículo 168, numeral 7° literal d) de la Constitución de la República, mañana jueves 18, a la hora 15:00, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración relacionado con la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de fomento de las actividades productivas.

(Carp. N° 145/2000 - Rep. N° 19/2000 y Anexos I, II y III.

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Antonaccio, Arismendi, Astori, Atchugarry, Batlle, Bayardi, Carminatti, Chiruchi, Cid, Fau, Fernández Huidobro, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Malaquina, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia los señores Senadores Couriel y Singer.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 8 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas comunicando las resoluciones adoptadas en los siguientes expedientes:

del Ministerio de Salud Pública en relación de créditos pendientes de pago durante el ejercicio 1999.

del Banco Central del Uruguay relativo al Informe de Auditoría de los Estados Financieros correspondientes a la ejecución del Programa Global de Crédito Multisectorial financiado parcialmente con recursos del Contrato de Préstamo BID Nº 705/OC - UR.

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto relativo al Informe de Auditoría de los Estados Financieros correspondientes a la ejecución del Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo y Area Metropolitana Tercera Etapa Sub-Proyecto B, financiado parcialmente con recursos del Préstamo BID Nº 948/OC-UR

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas relativo al Informe de Auditoría de los Estados Financieros correspondientes a la ejecución del Proyecto financiado parcialmente con recursos del Contrato Préstamo BID Nº 1022/OC-UR.

del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas relativo al Informe de Auditoría correspondiente a la ejecución del Proyecto parcialmente financiado con recursos del Convenio de Préstamo BID Nos. 646/OC-UR y 647/OC-UR.

de la Unidad de Saneamiento Urbano de Montevideo, dependiente de la Intendencia Municipal de Montevideo, relativo al Informe de Auditoría correspondiente a la ejecución del Proyecto parcialmente financiado con recursos del Convenio Préstamo BID Nº 575/OC-UR.

-TÉNGASE PRESENTE.

El Tribunal de Cuentas remite nota en respuesta al pedido de informes presentado por la señora Senadora Marina Arismendi relacionado con las posibles transacciones por las que "PLUNA Ente Autónomo" habría obtenido el control del paquete accionario de EQUANT NV.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO A LA SEÑORA SENADORA MARINA ARISMENDI.

La Junta Departamental de Colonia remite nota comunicando que resolvió acompañar la iniciativa presentada por el señor Edil Antonio Castellanos, relacionada con solicitar que los partidos que juegue la selección uruguaya de fútbol sean transmitidos por televisión abierta.

-TÉNGASE PRESENTE.

La Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata comunica que con fecha 25 de febrero próximo pasado, ha sido designado como Presidente el señor Horacio A. López.

-TÉNGASE PRESENTE.

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Alberto Couriel solicita licencia por el día de la fecha".

Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 18 de mayo de 2000.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Profesor Luis Hierro López

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia por el día de la fecha ya que fui invitado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, a participar en su 4º Congreso de Economía, denominado `La Estrategia del Crecimiento Económico` a realizarse en la ciudad de Buenos Aires.

Solicito dicha licencia al amparo del literal c) del artículo 1º de la Ley N° 10.618 en la redacción dada por la Ley N° 16.456.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

Alberto Couriel. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde, por lo tanto, convocar al señor José Bayardi, a quien, si se encontrara en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo para prestar el juramento de estilo.

(Ingresa a Sala el señor José Bayardi)

-Se invita a las señoras, a los señores Senadores y a los asistentes a la Barra a ponerse de pie.

Señor José Bayardi: ¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?

SEÑOR BAYARDI.- Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR BAYARDI.- Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda usted investido del cargo de Senador e incorporado al Cuerpo.

Felicitaciones.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

6) NUEVO ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE LAS PIEDRAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Como este es un día muy especial, voy a comenzar mi exposición haciendo alusión a la fecha de hoy, 18 de mayo. Hace 189 años se libró la primera batalla por la liberación de este país, precisamente en Las Piedras. Allí y en torno a la figura de José Artigas se forjó -según dice Carlos María Ramírez- la primera noción de Nación, al tiempo que fue proclamado y asumió, como Jefe de los Orientales. Hasta entonces no había existido noción de la orientalidad, por lo que en ese momento comenzó a forjarse.

Entiendo que antes de ingresar a la consideración de la Ley de Urgencia, correspondía que dijera algo sobre esta fecha, porque me parece de mucha importancia y trascendencia para todo el país. En consecuencia, digo: honor y gloria al abanderado de la constitución de la Nación.

Por otro lado, pienso que se equivocan algunos que hoy lo cuestionan y le llaman "mal político", calificándolo incluso de "intransigente", porque en general no transó en materia de defender los intereses del país como lo hicieron otros. Fue un excelente conductor del país y alma máter de la generación de la Nación.

Hoy, 18 de mayo, mi recuerdo va primero hacia él y me parece importante que dejemos constancia de ello, en virtud de que el lunes que viene vamos a celebrar la fiesta patria, porque el feriado fue trasladado para ese día.

7) MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLAN Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar al único punto del orden del día: "Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración relacionado con la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de fomento de las actividades productivas (Carp. Nº 145/2000 - Rep. Nº 19/2000 y Anexos I, II y III)"

(Antecedentes: ver sesión 16ª extraordinaria y permanente)

-Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Si bien ahora me voy a referir a la Ley de Urgencia, también me parece inevitable hacer referencia a otro hecho ocurrido en el día de hoy y que es de enorme importancia. El mismo está vinculado con algunos de los temas que toca este proyecto de ley que estamos tratando y es el aumento de los combustibles en un 10%. Terminaron las elecciones municipales, no hubo aumento de precios hasta este momento y ahora se produce éste. Sin duda se trata de una suba justificada porque el precio del crudo viene aumentando mucho y ya en los últimos seis meses hubo tres reajustes en el precio de los combustibles.

Por mi parte advertiría que tengamos cuidado con la inflación, porque esto va a repercutir en los precios del transporte.

¡Cuidado con la productividad porque el aumento de precio del gasoil va a determinar que aumenten los precios de la producción agroindustrial y del transporte! ¡Cuidado también con el déficit, porque si todo esto ocurre va a repercutir sobre esa variable tan importante para el gobierno como es el déficit de las cuentas públicas!

Si me permiten, a continuación voy a enumerar los 28 temas incorporados en este proyecto de ley. Primero, los aportes patronales jubilatorios a la industria manufacturera. Segundo, aportes patronales propios y sobre dependientes en torno a la actividad agropecuaria. Tercero, la reducción de impuestos a las transmisiones patrimoniales en el sector agropecuario. También se menciona la desgravación de ese impuesto a las sociedades anónimas que se vayan a constituir, a las inversiones en nueva tecnología y la rebaja de la contribución inmobiliaria. Cuarto, las pequeñas y medianas empresas, en lo relacionado con las grandes superficies y la ley de inversiones en el caso de asociaciones. Quinto, las normas sobre competencia. Sexto, la facilitación del crédito y la creación de la sociedades de garantía. Séptimo, la informática en la educación, tema que se había planteado únicamente para el sector privado. Concretamente, por iniciativa nuestra se logró que también se extendiera al sector público la desgravación que se había propuesto sólo para el área privada. Octavo, el puerto de Montevideo. Noveno, la Administración de Ferrocarriles del Estado. Décimo, el sistema de adquisición y venta de bienes para el Estado a través del "leasing". Decimoprimero, los Entes Autónomos, el Poder Ejecutivo y el control de la ejecución presupuestal. Decimosegundo, los expedientes electrónicos. Decimotercero, los actos administrativos y las órdenes de compra y existencia de los créditos correspondientes. Decimocuarto, los cambios en el número de integrantes de los directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Decimoquinto, la supresión de la Administración Nacional de los Servicios de Estiba. Decimosexto, UTE y el servicio público de alumbrado. Decimoséptimo, el Poder Judicial y la mecánica de los recursos de casación. Decimoctavo, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Decimonoveno, CONAPROLE. Vigésimo, las normas tributarias. Vigesimoprimero, el escalafón policial y todo lo dispuesto en torno a él. Vigesimosegundo, la descentralización. Vigesimotercero, las AFAPs y las modificaciones que se hacen sobre la integración de sus patrimonios. Vigesimocuarto, las sociedades comerciales. Vigesimoquinto, la seguridad ciudadana. Vigesimosexto, modificaciones a la legislación penal. Vigesimoséptimo, las normas sobre identificación civil. Creo que en ellas se establece la obligatoriedad de que los niños tengan la cédula de identidad antes de determinado tiempo. Vigesimoctavo, la creación del Ministerio de Deporte, que figuraba como artículo 1º en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y ahora pasó a último lugar.

Me parece que el solo comentario de lo que contiene este proyecto de ley de urgencia demuestra -y esta es la primera afirmación que deseo hacer- que de urgente hay muy poca cosa. Creo que, sustancialmente, no hay sino una o dos materias que podrían calificarse como tal.

Los doctores Pacheco Seré y Sanguinetti hicieron un comentario muy escueto a la Constitución de 1966. Digo "escueto" porque es una especie de transcripción literal de la Constitución, con dos o tres anotaciones por cada artículo. Por ello, procuré recabar su opinión sobre este tema. Han indicado que existe una limitación, a la que también se refería la señora Senadora Arismendi, en el sentido de que no se pueden presentar dos proyectos simultáneamente, sino que hay que esperar que uno se tramite para ingresar el otro. Decían estos doctores -uno de ellos tiene mucha relación con la realidad política presente- "que la limitación parece razonable a fin de impedir que el Poder Ejecutivo abuse del mecanismo y no lo emplee para iniciativas de verdadera urgencia". A mi juicio, si hay algo claro, es que en este caso está utilizado para iniciativas que no revisten verdadera urgencia. Entonces, en la inmensa mayoría de los casos no es ese el motivo, sino el propósito de lograr, mediante el mecanismo establecido en el artículo 168 de la Constitución -según me acota el señor Senador Korzeniak, en el párrafo séptimo- la sanción de leyes que con el trámite normal, en el curso de la Legislatura, seguramente tendrían dificultades. Rápidamente, voy a mencionar cuáles serían a mi criterio los temas que tendrían dificultades. Por ejemplo, la creación, a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, de una sociedad anónima para gestionar una nueva playa de contenedores en el Puerto de Montevideo. Después voy a hablar específicamente de ello, porque parece ser una implementación de la solución "a la belga" en la concesión de servicios públicos. También podemos destacar lo relativo a AFE, con lo cual se termina un largo proceso de desmantelamiento de esta empresa pública; el alumbrado de ciudades, villas y pueblos y la modificación de la Ley de CONAPROLE. Sobre este último punto, obsérvese que hay proyectos presentados con ese fin desde 1986, entre ellos, algunos elaborados por el Frente Amplio, pero nunca merecieron ni siquiera la consideración en la Cámara de Representantes ni en el Senado. Ahora, con tres artículos cuya extensión no supera los catorce párrafos, se reestructura radicalmente una sociedad cooperativa que ha sido el elemento central en el desarrollo de la principal industria del país, por el monto de su facturación.

Luego ya nos ocuparemos en detalle de ese tema.

Con respecto a la creación del Ministerio de Deportes, soy consciente de que hay tres proyectos de creación de dicha Cartera desde hace diez años y ahora se crea a través de tres artículos que se ocupan, sustancialmente, de la creación de los cargos de confianza y de la distribución del personal de la Comisión Nacional de Educación Física y del Instituto Nacional de la Juventud.

Asimismo, se establece -creo que esto hay que discutirlo con cuidado cuando llegue el momento- el mecanismo legal sobre el patrimonio de las AFAPs. También se fija una legislación sobre sociedades comerciales y se dispone la supresión de ANSE. Menciono estos temas a título de ejemplo, ya que si cada uno de ellos viniera por separado, daría lugar a una larga discusión, porque son de tremenda importancia.

Por otra parte, quiero dejar constancia de que, así como digo esto, también me hago cargo de expresar que nada está incorporado en este proyecto gratuitamente. Es más, todo está pensado meticulosamente y enganchado con toda una estrategia económica y social, como lo mencionó el señor Ministro de Economía y Finanzas; es decir que no hay nada puesto por error. Sí hay errores, cosas terribles como, por ejemplo, donde se dispone por parte de la materia del Poder Judicial el recurso de casación, incluso hay una frase que no termina -creo que ya fue corregida- que decía: "la casación en el caso de los tribunales de trabajo." Nadie sabía qué se quería expresar, ya que la oración no contaba con verbo ni predicado. Digo esto para dar una idea de la prolijidad con la cual se elaboró este proyecto de ley enviando del Poder Ejecutivo al Parlamento.

Repito, nada está puesto gratuitamente y hasta podría deducir, por algunos textos, quiénes confeccionaron los borradores, teniendo en cuenta el estilo, la forma y la preocupación de la materia, en particular, por ejemplo, los artículos que desgravan las trasmisiones patrimoniales inmobiliarias de inmuebles rurales, en especial, las sociedades anónimas. Tengo clarísimo quiénes tenían esta preocupación y quiénes hicieron todo el trabajo político en el Senado para lograr esto, y no lo consiguieron. También sé quiénes tienen la preocupación central con respecto a las disposiciones referentes a las AFAPs.

Señor Presidente, todo tiene un claro sentido político. Aquí se ha dicho que nada de esto tiene que ver con fundamentos de tipo ideológico; sin embargo, pienso que todo lo que se hace en política tiene un sustento ideológico y no hay nada despojado de la ideología. Si el señor Presidente desea, puede analizar el proyecto de ley y verá que en todas las materias que trata hay diferentes aspectos: los productores rurales, las AFAPs, las trasmisiones inmobiliarias, distintas desgravaciones, lo relativo a AFE y al Puerto. Pero no hay ninguna medida planteada en torno a resolver alguna problemática social importante. Y esto es ideología traducida en actos políticos concretos, lo cual demuestra que hay gente -convencida, naturalmente, y quizás creyendo sanamente que tiene la razón- que se preocupa por estas cosas, y lo otro no le importa, estableciendo que esto es lo sustancial y lo que merece que tenga un tratamiento a través de un procedimiento que, si no se cumple o expide el Parlamento, automáticamente queda aprobada la iniciativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, casi todas las disposiciones pueden no tener un fundamento ideológico, pero sí poseen uno dinerario. Se trata de propuestas tendientes a posibilitar avances en el sentido de privatizar -menciono lo de AFE, CONAPROLE, UTE y el Puerto- y desregular controles -como es el caso de ANSE- pero también quiero reconocer que esto no es nuevo. En este sentido, el señor Ministro de Economía y Finanzas dijo -tengo aquí la versión taquigráfica de la sesión a la que él concurrió- que uno de los objetivos centrales era apuntar a desregular, a eliminar sistemas monopólicos, ya que le hacían mal al funcionamiento del país. El señor Ministro cree que a través de dichos mecanismos se pueden lograr beneficios, pero lo que cabe preguntarse es para quiénes son tales beneficios.

También hay propuestas que parecen apuntar a aspectos interesantes. Me refiero, por ejemplo, a un artículo que me pareció muy bueno y que tiene que ver con la defensa de los consumidores, y nadie puede decir que no es pertinente.

En el día de hoy me enteré por la prensa de que tres o cuatro empresas de tarjetas de crédito rebajaron los intereses en un 50%. Esto parece una locura; en el momento en que suben las tasas de interés internacionales y de la Reserva Federal, OCA y otras empresas reducen las tasas de interés en un 50%. Pero han robado plata durante 20 años sin ningún tipo de problema, ya que si rebajan de un día para otro las tasas de interés en un 50%, antes ganaban un 50% más sin ningún obstáculo. Al respecto, aplaudo al Gobierno: creo que está perfecto lo que insinuó el Presidente del Banco Central y parece que dicha insinuación llevó a que se cambiara todo esto. ¿Sabe usted, señor Presidente, lo que significa una rebaja del 50% de las tasas que se cobraban, que podían llegar al 600% o al 700%? Algunos nos ocupamos de este tema, pero personalmente me voy a referir a mi caso o al del de mis amigos porque, por ejemplo, el Diputado Machiñena libró una campaña de cinco años con relación a este asunto; también lo hizo el señor Senador Carlos Julio Pereyra. Aunque no conseguimos nada. Y ahora, espontáneamente, bajan los intereses un 50%. Es algo espectacular, producto no se sabe de qué, aunque se supone que a las empresas les habrán avisado que si seguían en esa línea, las iban a intervenir y no las dejarían operar más, porque estaban robando literalmente a la ciudadanía. Todos sabemos que los costos son elevados y hay muchos empleados, pero que rebajen un 50% de un día para otro no parece ser algo que ocurra normalmente.

Volviendo al tema de las disposiciones referentes a la defensa de los consumidores y a la competencia, cabe aclarar que leí con mucho cuidado los dos artículos, el 13 y el 14, que están relacionados con estos temas. En el artículo 13 se hace una afirmación de carácter general, casi redundante, expresándose que está prohibido utilizar mecanismos que perjudiquen la competencia entre las empresas. Esto es como decir que el mate debe tener un agujero para poder ponerle la yerba e introducirle la bombilla.

Posteriormente, se avanza y se introducen cuatro o cinco disposiciones que son muy importantes porque establecen normas sobre actitudes concretas como, por ejemplo, condicionar la compra a que haya determinado precio o utilizar mecanismos que no permitan competir, vendiendo por debajo del costo de producción, etcétera. Lo interesante de todo esto es que al final del artículo 14 hay un inciso que voy a proponer que se elimine, pues le quita toda posibilidad de aplicación a la ley. Dicho inciso dice que la aplicación de estas normas "procede cuando la distorsión en el mercado genere perjuicios relevantes al interés general". Es decir que si el Poder Ejecutivo establece que no hay perjuicios relevantes al interés general, no sucede nada. Entonces, esto lo decide el Poder Ejecutivo, por lo que se trata de una norma indicativa, y todo lo que se ha estructurado con respecto a esto se ha hecho para dejar tranquila a alguna gente que está muy preocupada.

Por ejemplo, los que venden productos hortifrutícolas o los que fabrican y comercializan fideos, a los que los explotadores de las grandes superficies comerciales les dicen que o les venden con un margen de un 50% -esto es así y no soy el primero que lo denuncia; hay gente de todos los partidos que lo ha hecho- o no les compran nada. Yo hice una prueba con una gran superficie a la que fui a comprar y busqué determinada marca de un producto, que durante dos semanas no estuvo allí. Claro, se trataba de una marca de una potencia brutal que está radicada en el Uruguay desde hace cuarenta años que se resistió a que la gran superficie le pidiera un 50% de margen, hasta que esta última tuvo que aceptar un precio distinto, porque la gente venía a comprar ese producto y no lo encontraba, con lo cual debía buscarlo en otro lado.

Me parece que no podemos poner una condicionante tal y decir que esto es aplicable sólo cuando el interés general sea relevante. Por otra parte, ¿qué quiere decir relevante? ¿Por qué no sacamos ese vocablo y establecemos que sólo se aplicará cuando se compruebe que hay una denuncia concreta en cuanto a que la mercadería en cuestión tiene un determinado precio de compra? Me estoy refiriendo a los proveedores entre los cuales, inclusive, está el Presidente de la República, que le vende tomates de su quinta a los supermercados. Esto me lo dijo él. Estoy seguro de que le hacen lo mismo, porque aquí no perdonan a nadie.

¿Por qué los floristas o los que venden papas no pueden estar comprendidos por esta disposición, sin ningún condicionamiento? Tal como está, no sirve para nada porque, seguramente, no se va a aplicar nunca.

Me parece que aquí hay muy buena intención, pero esto es declamatorio, porque no hay normativa que obligue al Poder Ejecutivo a aplicar lisa y llanamente la disposición legal.

Por otro lado, debo decir que escuché con mucha atención al señor miembro informante -que en este momento no se encuentra en Sala- señalar que se hace hincapié en que no se efectúan ajustes fiscales porque no se aumentan o crean impuestos. Eso es correcto. No hay ninguna disposición que establezca que el impuesto a los sueldos se aumenta; está aumentado desde 1995. Lo que ocurre es que, de hecho, no se rebaja y no se cumplen, por lo tanto, las disposiciones de la propia ley que mandaba hacerlo.

Primera observación que debo hacer: como decía el señor Ministro de Economía y Finanzas ante las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Representantes y del Senado, no hay aumento de impuestos, pero sí reducción de salario. Esto lo explicaron en el día de ayer los señores Senadores Cid y Couriel. Por lo tanto, me voy a remitir a dar las cifras proporcionadas por los técnicos del Banco de Previsión Social. Hay reducción de salarios en el sector público y también en el privado, hay recortes del gasto en inversiones, etcétera. No recuerdo quién explicaba que esto suponía U$S 160:000.000 o U$S 170:000.000.

Se dice que habrá una inflación del 6% y durante doce meses no se aumentarán los sueldos, y agregaba el Ministro que iban a reclamar al sector privado que hiciera exactamente lo mismo. Por supuesto que lo va a cumplir, puesto que contará con el respaldo del Gobierno. Seguramente, ningún convenio colectivo será refrendado si tiene una estipulación de sueldos mayor a lo que es la intención del Poder Ejecutivo.

Otra observación: no hay proyecto de obra pública a realizar por el Estado. Yo escuchaba al señor Presidente de la República, en aquel tiempo en que decía que era San Jorge que venía a liquidar al dragón, dado el peligro que significaría para el Estado que ganara el Encuentro Progresista -como se llama Jorge, se asimilaba a San Jorge, levantando la espada o la lanza, no recuerdo bien- ...

(Intervención del señor Senador Astori)

...señalar que iban a dar todo en concesión de obra pública, que el Estado no iba a gastar ni un solo peso. Sobre esta propuesta quiero aclarar, en primer lugar, que los expertos que trabajan en el Banco de Previsión Social -los datos que recogí son del contador Lagomarsino, que es la persona que asesora al representante de los trabajadores en esa institución- indican que el ahorro del Estado por el no ajuste del salario público, durante un año, se ubica en los U$S 52:000.000. Y si el ajuste se extiende al sector privado, como es el propósito del Poder Ejecutivo -por el mecanismo que, por disposición constitucional, se ajustan las remuneraciones de los jubilados y pensionistas, que es la variable del Indice Medio de Salarios- las jubilaciones y pensiones van a tener una reducción de U$S 85:000.000.

Quiere decir que a través de estos dos mecanismos el Estado está haciendo una reducción de egresos, que afecta el ingreso de más de 600.000 jubilados y pensionistas y de más de 700.000 personas que tributan al Banco de Previsión Social, de U$S 137:000.000.

No sé si esto es ajuste fiscal, pero sí es rebaja de salarios, de ingresos. Sin embargo, no se aplica la rebaja de ingresos a los que tienen depósitos bancarios en dólares; está claro que no se les pone un impuesto, porque si así fuera se irían los capitales, que era lo que se decía en la campaña electoral. Concretamente se hablaba de una huida de los capitales. Entonces, como los que ganan un sueldo o viven de un salario no pueden huir, no sólo se les mantiene el impuesto a los sueldos sino que además se les congelan las remuneraciones.

Se podrá darle el nombre que quiera a esto; pero de lo que se trata es de aplicar una rebaja de ingresos a un sector mayoritario de la población. La gente que vive de rentas en nuestro país es muy poca; la mayoría vive de un sueldo, de un salario. Y a esa gente le podemos sacar la plata por dos vías: le ponemos más impuestos o le sacamos ingresos. Reitero que esto fue señalado por el señor Ministro de Economía y Finanzas en la reunión conjunta que celebraron las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado una moción a la Mesa en el sentido de que se prorrogue el término de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Puede proseguir el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Agradezco al señor Presidente y al Cuerpo.

Por otra parte, reitero que no hay inversión en obra pública; habrá concesión de carreteras y se cobrarán peajes. Tengo la convicción -casi la seguridad- de que aquí no se va a repetir lo de la doble vía a Punta del Este. He comentado, no una vez sino diez veces, en el Senado lo increíble de esta concesión, en donde se implementó la solución "a la belga": ganó la concesión una empresa, el Poder Ejecutivo no firmó el dictamen de la Comisión de Adjudicaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, posteriormente, se obligó a la empresa ganadora a aceptar participar como socia minoritaria con la que había resultado segunda. Esto fue denunciado por el contador Damiani, representante de la empresa ganadora. Reitero que es la décima vez que me refiero a este tema en el Senado, pero no pasa nada; como habla la oposición, no pasa nada.

La concesión se otorgó en estas condiciones, pero la obra se hizo en cinco años en lugar de en tres y medio.

Finalmente, dos meses antes de la entrega, la obra no estaba terminada; si se revisan los pliegos se constatará que todavía faltan -el señor Senador Sanabria lo debe saber porque él viaja todos los días- los teléfonos que deben estar ubicados a determinadas distancias, los lugares de estacionamiento con servicio público y demás, que aún no están hechos. Reitero que en cinco años no se invirtió un solo peso de capital de riesgo, sino que se trabajó solamente con lo recaudado en los peajes. Además, existe una concesión por doce años, lo que quiere decir que de aquí en adelante, sin haber invertido un solo peso y habiendo "jineteado" -como se dice en la jerga financiera- los recursos del peaje durante cinco años, tendrán siete años más de ganancia prácticamente total, ya que seguramente esto se conservará hasta que finalice la concesión. Esto es lo que normalmente se llama "solución a la belga". Cuando ocurre algún problema con los presuntos concesionarios, se busca que se entiendan entre ellos y acuerden alguna solución. Antes de que alguien me lo diga, quiero señalar que esta "solución a la belga" les ha costado el cargo a varios Ministros de Bélgica, entre ellos a algunos que se decían socialistas, que entraron en negocios tenebrosos de este tipo.

Me han llamado la atención algunos puntos. Ya se ha dado la concesión sobre varias carreteras, tales como la Ruta 5, la Ruta 1 y la Ruta 9. Me he encontrado con gente que protesta muy duramente por esto, por ejemplo, los camioneros. Fuimos a Rocha con algunos Senadores del Frente Amplio-Encuentro Progresista y constatamos que hay grandes protestas, ya que para transitar a Rocha con una carga tienen que pagar $ 515 de peaje por el impuesto que existe actualmente; el que lo sabe bien es el Senador Atchugarry porque fue el que lo redactó.

Pero si esta situación se extiende hasta más al norte de Trinidad, pasando por la Ruta 3 hasta Paysandú y Salto, llegando por la Ruta 5 hasta Tacuarembó y Rivera o hasta Cerro Largo y Treinta y Tres, quisiera ver en qué medida no se verán afectados los transportes de este país. Además, los usuarios van a pagar dos veces. Ya lo hicieron porque las rutas fueron construidas por el Estado y ahora van a tener que abonar al concesionario su mantenimiento cuando, como se sabe, lo sustancial es la construcción. Quiere decir que el Estado no ha cumplido bien. Desde el 1984 al presente han pasado dieciséis años y la Ruta 5 nunca estuvo transitable en toda su extensión, sino que siempre tuvo treinta o cuarenta kilómetros rotos. El otro día escuché a un comentarista de los que se dedican a la actividad musical decir -lo que es cierto, porque personalmente lo he comprobado- que hay un tramo de la Ruta 5 entre Rivera y Tacuarembó donde existe un gran peligro para el tránsito, ya que llueve y se anega totalmente. Los camiones de madera salen cargados de allí y, prácticamente, han aniquilado la carretera. Se han formado andariveles donde el agua se estanca y eso constituye un peligro mortal para el tránsito normal. Este tramo se terminó de hacer hace un año y el señor Senador Riesgo también debe haber constatado esto al viajar desde Rivera.

Por otra parte, no se quiere hablar de ajuste fiscal y tampoco se llamó ajuste al de 1995, que se le denominó "mejora de la competitividad". En ese entonces, se aumentó el IVA llevando la tasa básica del 22% al 23% y la mínima del 12% al 14% y se incrementaron el Impuesto a las Retribuciones Personales al 7% y el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales. Ahora la baja del déficit la van a pagar funcionarios, jubilados, pensionistas, transportistas, usuarios y consumidores. Con todo respeto digo lo mismo de siempre: aquí no hay cambio sino acentuación de las políticas.

En cuanto al tema de la baja de los impuestos a la agropecuaria, señalo que compartimos algunas de las medidas como la reducción de los aportes al Banco de Previsión Social y de la Contribución Inmobiliaria. Creo que en el día de ayer algunos Senadores se ocuparon de esta cuestión y tengo en mi poder la comparecencia de los integrantes de la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias a la sesión del 30 de marzo de 2000 de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Concurrieron con expertos e hicieron una exposición de dos horas, demostrando que en los últimos diez años la pérdida del sector agropecuario se ubicó en U$S 10.000:000.000 según un sistema de cálculo y en U$S 12.500:000.000 de acuerdo con otro mecanismo, y que no era cierto que la caída del ingreso del sector agropecuario se debiera a la devaluación de Brasil o a la sequía, porque eso se venía produciendo desde hacía mucho tiempo. El principal tema que preocupa al sector agropecuario, además de las circunstancias que vive ahora, es el del endeudamiento que alcanza el 75% del Producto Bruto Interno anual, lo que significa U$S 1.200:000.000 a U$S 1.300:000.000 y afecta en forma muy grave, sobre todo, a los pequeños y medianos productores. Afirmaron que esto es fruto de las políticas macroeconómicas y, fundamentalmente, del tipo de cambio, del ancla cambiaria. Le preguntamos si eran partidarios de una devaluación y respondieron que no, que ese tema lo tenían que resolver los políticos. Personalmente, admito que debe ser el poder político el que decida esto, pero de todas formas ellos sostienen que ahí está el factor fundamental. Considero que tienen razón en cuanto a que una devaluación que obligara a recuperar rápidamente el poder de comercialización y demás sería catastrófico para el resto de la población, porque hay gente que está endeudada en dólares por la compra de un microondas o una motocicleta y se vería afectada enormemente. Sin embargo, no han dicho otra cosa y hace dos días leí en un reportaje efectuado por el diario "El Observador" -que tiene una línea muy clara en esta materia- al señor Presidente de la Cámara de Industriales Textiles, el señor Dimestein, decir que la muerte está presente para toda la industria textil si no cambian las cosas. El periodista le preguntó si habría que devaluar y respondió que el tema correspondía al poder político.

Resulta que acá todos estamos embarcados en el mismo bote, pero hay quienes opinan que las cosas están mal hechas y no quieren decir que comparten la opinión de un sector que no es del Gobierno por no perder el favor de éste. Por lo tanto, no se comprometen. Debemos ver cómo salir de esto.

El señor Ministro de Economía y Finanzas señaló que la suma de las dos medidas que se proponen para el sector agropecuario asciende a U$S 23:000.000 y, personalmente, no creo que esto resuelva los problemas.

Hay otras disposiciones del Proyecto de Ley de Urgencia que están compaginadas con este tema, como la facilidad que se brinda a los pequeños y medianos productores para pagar sus deudas. Si tienen que vender el campo para hacerlo no se les cobra el Impuesto a las Transmisiones Inmobiliarias. Es algo insólito.

SEÑOR SANABRIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Hemos venido escuchando con mucha atención esta exposición que apunta a ser un análisis económico de la realidad del país y en la que se han mencionado desde las inundaciones de las rutas nacionales hasta la problemática del sector agropecuario.

Según lo que el señor Senador ha manifestado que le han dicho quienes han venido al Parlamento, este tema tiene que ver con la problemática del anclaje monetario. Esto lo hemos venido escuchando reiteradamente, no desde ahora, sino desde hace muchos años. También compartimos la noticia de la baja de intereses en las tarjetas de crédito que, en realidad, estaban por las nubes. Seguramente, una de las causas para que esa rebaja se haya producido debe ser que en el horizonte cercano y lejano la estabilidad económica del país lo permite. Quizás, cuando se habla del sector agropecuario la mirada va inmediatamente al Banco de la República. Ahí también tendremos que ayudar al poder político para resolver, a esta altura no un problema de tasa, sino de refinanciación. En la tarde de ayer se hablaba -con acierto- de lo que significa acceder a un solo remate de un predio rural. A cuenta de eso, debo decir que ningún productor agropecuario -a pesar de las dificultades que conocemos y que compartimos, razón por la cual entendemos que sería interesante tener un debate político sobre la situación agropecuaria del país- que haya atendido su cuenta, ha sido molestado por el Banco de la República. Atendido no sólo significa pagar o no, sino ir al Banco y dar la cara. Los remates que ha promovido el Banco de la República tienen la desatención del productor o del empresario, de al menos tres o cuatro años. Digo esto porque muchas veces detrás de un remate del Banco de la República no hay un productor, sino un empresario que en determinado momento compró un terreno.

En definitiva, quería remarcar la sensibilidad del Banco de la República en lo que tiene que ver con la atención a los productores. Al día de hoy, más del 80% ha podido refinanciar en condiciones favorables, alguno de ellos con quitas y otros con prórrogas importantes que le permiten ir recuperando económicamente su predio. De todos modos, en su momento deberemos analizar a fondo todo este tema y supongo que el señor Senador y su fuerza política junto con la Asociación de Bancarios del Uruguay, nos ayudarán. Actualmente, a raíz de la estabilidad, el "spread" bancario es pequeño. Antes, cuando se pagaba el 80% o 90% y se cobraba el 160% , el "spread" bancario permitía que el Banco de la República pudiera hacer frente a un presupuesto de U$S 150:000.000. Reitero, hoy ese "spread" bancario es pequeño y eso lleva a que debamos ir resolviendo ese presupuesto.

En ese sentido, insisto, necesitaremos la ayuda de su fuerza política y de la Asociación de Bancarios del Uruguay para encontrar una solución a esa problemática, que es seria.

Creo que sería bueno que comenzáramos a analizar el anclaje que tiene la moneda, porque de eso se trata. Si hay atraso cambiario, es buena cosa que se nos diga en cuánto se estima el mismo. Tengamos en cuenta que en la otra punta del atraso cambiario está la devaluación y el país ya conoce el desorden y la inflación que ella trae. Repito, sería importante saber cuánto piensa el señor Senador o su fuerza política que hay que devaluar. En ese caso, estaríamos en condiciones de analizar la situación y el país podría empezar a recorrer un camino de estudio económico.

Con relación a la obra pública, es cierto que el gobierno se ha comprometido a buscar caminos de concesión de obra en aquellos lugares donde se pueda. Aclaro que la Ruta 9 no ha sido concesionada puesto que se ha llamado a licitación pero no ha habido interesados. Lo que está claro desde el punto de vista de la reorganización del gasto, es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene vigente un presupuesto que votamos a través del cual, para este año, le corresponderán alrededor de U$S 100:000.000 que están en ejecución. Afortunadamente, el país tiene -entre otras cosas- la mejor red de rutas nacionales bituminizadas de toda América Latina. Esto debemos celebrarlo, porque ha sido un esfuerzo de todo el país, no sólo para la producción, sino también para el turismo y los uruguayos en general.

En definitiva, son todos temas que tendremos que ir analizando y sincerándonos. Reitero la pregunta: ¿Cuánto estima el señor Senador que hay que devaluar para resolver esta situación a través de ese mecanismo que no compartimos? Nosotros creemos en la estabilidad y en el gradualismo. Muchas veces se nos ha criticado -ahora no- por adoptar políticas gradualistas y seguimos manteniendo la misma posición. Insisto, quisiera saber si hay algún cálculo que indique cuánto habría que devaluar para resolver este problema. En reiteradas oportunidades hemos escuchado hablar de anclaje monetario o atraso cambiario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Creo que la pregunta del señor Senador Sanabria habría que trasladársela a la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias que dice que han perdido U$S 12.000:000.000, o al señor Dimestein, de la Cámara de la Industria Textil, que sostiene que ese es el problema. A la vez, asumen la responsabilidad de delegar en el gobierno la adopción de resoluciones, pero resulta que usted esa responsabilidad se la delega a la oposición; me parece demasiado. Ya nos ganaron las elecciones juntándose el Partido Colorado y el Partido Nacional. ¿Ahora quieren que les solucionemos el problema de cómo manejar el sistema financiero y les digamos cuál es la tasa de devaluación que hay que aplicar? Insisto, es un problema de ustedes, de la coalición de gobierno. El tema se va a ver porque esto ha funcionado muy bien y ha dado grandes resultados: hay 500.000 uruguayos que tienen problema de empleo, el 45% de los niños de menos de 5 años viven en hogares pobres, y hay 750.000 personas que viven en hogares que están por debajo del nivel de pobreza. Queda claro que vamos viento en popa y seguimos para adelante. Hoy leí que en el primer trimestre de este año 2000 hay U$S 40:000.000 en concordatos. Esto lo dice la Cámara de Comercio. ¿Usted cree que se fueron a concordato porque les va bien o porque les va mal? La que conduce la economía desde el período pasado y en el presente, es la coalición de gobierno. Vamos a ver cómo termina esto. Seguramente va a terminar como el Rosario de la Aurora. La gente se equivoca cuando habla de él porque piensa que es una cosa que se va desgranando lentamente, pero en realidad no es así ya que al final, cuando llegaba la aurora, se armaba un candombe y griterío brutal. Reitero, creo que en este caso vamos a terminar así. Esto lo digo por aplicación de algunos conocimientos que da la historia española.

Me estaba refiriendo al tema de la desgravación a la contribución inmobiliaria, que me parece ejemplarizante; esto es para comentar. Se hace una rebaja al barrer del 25% de la contribución inmobiliaria. Entonces, la Comisión Nacional de Fomento Rural -y aquí tengo el cálculo hecho por ella- dice que un productor propietario de 20 hectáreas de tierra -porque la contribución la pagan los propietarios- en lugar de los U$S 90 que pagó en 1999, ahora abonará U$S 68. Como vemos, la rebaja es de U$S 22. Por otro lado, un propietario de 3000 hectáreas en 1999 pagaba U$S 13.500 y con esta rebaja tendrá que desembolsar U$S 10.125. Queda claro que para el grande la rebaja es de U$S 3.400 mientras que para el pequeño, tan solo U$S 22. ¿Esto no se vio? Personalmente pienso que esto se vio y se hizo así. Además, no se corrigió a pesar de que se advirtió. Entonces, si no se corrige es porque se le quiere dar más rebaja al grande y menos al pequeño. Estas cosas no se hacen por accidente. Hoy les expresé al señor Presidente y a los señores Senadores que nada de lo que contiene este proyecto de ley está establecido por azar, todo fue premeditadamente hecho y cuidadosamente colocado. Si se quiere que quien tenga más pague un poco más y desgravar al más pequeño, vamos a establecer franjas y dejemos sin descuento al que tiene mucha propiedad y puede soportar la situación. Hay que invertir la norma y que pague más quien tiene mayor capacidad contributiva y menos, el que tiene menos. En ese sentido, hay una propuesta que formulamos nosotros.

Por otro lado, voy a hablar del tema de AFE y me parece oportuno hacerlo ahora por la integración del Cuerpo. Durante el período 1985 a 1989, cuando el Ministro de Transporte y Obras Públicas fue el señor Jorge Sanguinetti, y el Subsecretario el doctor Atchugarry, se comenzó el desmantelamiento de AFE.

La razón por la cual se comenzó fue que el Estado tenía que cubrir un déficit de U$S 18:000.000 anuales. Fue así que se suprimió el servicio de pasajeros y se aplicó una política prácticamente de desmantelamiento de la empresa, a tal punto que, de 8.000 funcionarios, sólo quedan 1.800, si no me equivoco. Se me podrá corregir, pero creo que la cifra está en ese entorno. Actualmente, los únicos servicios que se prestan son los de carga y un muestrario que va desde Montevideo a Villa Rodríguez, con un tren de pasajeros, pero sólo una vez a la semana. Es una visión estratégica brutal en materia de transporte. Cuando en otros países se estaban construyendo los trenes de alta velocidad, se empezó a suprimir aquí el transporte de pasajeros, el ferrocarril y las vías. Precisamente, en Colonia ya no existen, las sacaron todas. En Paysandú, en mi pueblo, las vías están, pero sólo pasa un tren de carga de madera "cada muerte de obispo". Hay pueblos como Piñera, Merino y otros, que usaban el tren como transporte y que ya no lo podrán hacer más. Y hoy, a diez, once años de dicha medida, hay en AFE un déficit de U$S 18:000.000. No hay trenes, sigue el déficit.

Hay un artículo muy pequeño, como lo son las cosas importantes que se escriben con pocas palabras. Las cosas más importantes en este país siempre se plasmaron en forma breve. En esta disposición se da la concesión o la posibilidad de que las vías pasen a ser explotadas por el sector privado, mientras que AFE cobrará un peaje. En este sentido, hace varios días esto ha sido publicado en la prensa; allí se dice que se va a articular tres o cuatro empresas, una de vías, otra de servicios y demás. En el proyecto de ley de urgencia, a renglón seguido se dice que se reduce el Directorio de AFE a tres personas. Esto significa que van a crear un Directorio de tres personas y tres empresas en las que, seguramente, va a haber tres Directores en cada una. De esta manera, van a aumentar tres veces más los gastos del Estado, cuando la tesis era reducirlo.

En definitiva, esta es la preocupación: reducir el gasto del Estado por la vía de disminuir el número de integrantes de los Entes Autónomos. Ahora bien; AFE se reduce sólo al transporte de cargas -madera, arroz, etcétera- y este negocio que, de alguna manera, ha permitido que se justifique el funcionamiento de la empresa va a pasar a manos privadas porque, seguramente, son las que van a obtener la concesión. Una de ellas, quería explotar y renovar las vías que van desde Rivera hasta Montevideo a cambio de que se le diera el monopolio de la explotación. Este comentario lo hizo público el ex Presidente de AFE, Víctor Vaillant. Creo que así se va liquidando la empresa definitivamente. Habría que decirlo en forma rápida y no tener inhibiciones al afirmarlo.

El octavo punto al que deseo referirme, señor Presidente, es el tema del Puerto y más precisamente al de la playa de contenedores. La solución que se dio otra vez, fue "a la belga". Digo esto, porque se dio aquel grave inconveniente de que se descubrió una grabación por la cual un ex Ministro de Transporte y Obras Públicas había pedido una contribución a su patrimonio de U$S 2:000.000 -obsérvese que delicado que soy al no llamarlo de otra manera- y se tuvo que terminar ese proceso con graves problemas. ¿Qué se hace ahora? La Corporación Nacional para el Desarrollo, cuyas cuentas nadie conoce porque no están auditadas por el Tribunal de Cuentas -recuerdo en este momento al ex Senador Mallo- va a ser la que cree una sociedad anónima, la que emitirá acciones que puedan ser compradas en la Bolsa de Valores, por lo que el sector privado se va a apoderar de la playa de contenedores. No se da directamente, pero sí a través de un periplo, es decir, por una vía indirecta. Habría que tomar la decisión clara de decir "la vamos a dar directamente". Seguramente, se van a "consorciar" los que han disputado el tema y, como hicieron los belgas, van a intervenir todos en el reparto de un negocio muy seguro y muy importante.

Ahora me voy a ocupar del tema del alumbrado -mis compañeros de Bancada ya lo han hecho- y de lo que se le va a dar a UTE porque las Intendencias no pagan o tienen problemas para hacerlo. Pienso -y esto lo escuché de parte del Intendente de Río Negro- que, en definitiva, se va a pagar dos veces. Además, UTE, que ha luchado tremendamente para abatir su personal, no tiene capacidad para atender el mantenimiento de la red lumínica nacional. Si tuviera que dedicarse a ello, tendrá que aumentar al doble su personal, cuando en realidad ha estado dando incentivos para bajar la población de funcionarios que tiene a su cargo.

En definitiva, si quiere hacerlo va a tener que otorgarlo en concesión, es decir, darle esta tarea a terceros. Sé que hay gente que piensa que es bueno darle la posibilidad de ganar al sector privado, especial en estos servicios que se deben cumplir sí o sí, como ocurre, por ejemplo, con el saneamiento. Son servicios que se usan o se usan, como sucede también con la luz eléctrica; se trata de mercados cautivos.

Lo mismo ocurre con CONAPROLE, tema que tenía anotado para tratar en décimo lugar. Los artículos relativos a esta Cooperativa modifican, primero, la actual estructura del Directorio, pues sacan a los delegados de la Intendencia, del Banco de la República y al del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Como en CONAPROLE se elige el Directorio y votan los productores según la cantidad de litros que remiten, van a mandar cuatrocientos grandes productores mientras que los chicos van a perecer. Este es, entonces, el mecanismo.

Cuando leo estas disposiciones me parece que estoy viendo a quien hizo el borrador, porque se dice que CONAPROLE va a tener que actuar como las sociedades anónimas abiertas, que son las que cotizan en Bolsa. Las sociedades anónimas cerradas, que son las que no cotizan en Bolsa, pueden tener gran magnitud, pueden contar con U$S 80:000.000 o U$S 300:000.000 de capital, pero si no cotizan en Bolsa nadie conoce quiénes son sus Directores, cómo son sus balances o si pagan los impuestos. Nadie sabe nada. Eso se hizo por parte de la Administración que estuvo entre los años 1990 y 1995, que suprimió la Inspección de Hacienda y creó la Auditoría General de la Nación. De esta manera, se sacó la posibilidad de que se supiera cómo estaban integrados los directorios de las sociedades anónimas. Es curioso que se le haga cumplir esto a CONAPROLE y, en cambio, no se les imponga a las demás sociedades anónimas. También lo es el hecho de que se le suprima a CONAPROLE la obligación de que el 30% de la rentabilidad se dirija al sustento de los productores. Esto es lo que establecen estos tres artículos, o sea, eso que, incluso, no lo habían conseguido los sectores que han peleado siempre por el hecho de que CONAPROLE fuera una empresa de ellos, es decir, de los grandes productores y no del "chiquitaje". En este sentido, quiero agregar que estos artículos pintan de cuerpo entero el alma de este proyecto de ley.

(Se enciende la luz indicadora de tiempo)

-Quiero terminar diciendo que otras de las novedades, que contiene este proyecto de ley, es achicar la integración de los Entes Autónomos. Ayer escuché una exposición en la cual se decía que no se justifica que algunas grandes empresas que facturan U$S 1.000:000.000 tengan sólo tres Directores cuando, de pronto, una sociedad anónima privada, con un capital menor, tiene cinco. Parece ser que detrás de esto existe la búsqueda de una mayor dependencia del Poder Ejecutivo y un mayor control, porque la reducción de gastos es insignificante.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

-Tengo un dato que es muy elocuente y que voy a dar al final de este párrafo con el cual estoy terminando mi exposición. Nadie sabe en este país quién nombra a la gente que trabaja en República AFAP. ¿Quién los nombra? ¿Quiénes son los gerentes? ¿De quién es el dedo que indica quién tiene que integrar el cuerpo gerencial? ¿Cómo ascienden los Directores de Departamento en UTE, ANTEL y en otros lugares? ¿Quién nombra los asesores? Hago estas preguntas porque se trata de un coto cerrado y privado. Fíjense los señores Senadores que los dos Directores de ANTEL que se van a suprimir no ganan en total por concepto de sueldo, más allá de que tengan la facultad, por ejemplo, de distribuir publicidad -es decir que tienen una cuota parte de la publicidad que realiza el Ente- más de $ 30.000, o sea, $ 340.000 o $ 360.000 al año. La suma de los sueldos de dos Directores daría un total de $ 720.000, a lo que habría que agregar los aguinaldos, con lo cual se llega a la suma de $ 1:000.000 al año. Hay cosas que son increíbles como lo que sucede en OSE. Allí existe un pequeño Directorio, como el que se va a formar en ANTEL y en la Administración Nacional de Puertos.

¿Y saben una cosa? OSE tiene veintiocho gerentes y treinta y cuatro sub gerentes, o sea sesenta y dos en total y cobran $ 1:176.000, $ 1:156.000 en total por mes, de acuerdo con lo que me expusieron acá. Yo me pregunto para qué hay tantos gerentes en OSE. La otra información que tengo es que hay treinta y cuatro subgerentes pero creo que veinticinco Direcciones. Parecería que en algunas Direcciones hay más de un subgerente. En consecuencia, creo que habría que ahorrar por aquí y no por el otro lado porque el fundamento que da el Poder Ejecutivo es el ahorro. De modo que huelgan las consideraciones. Aquí no parece que se busque ahorrar sino tener un control más rígido sobre algunas de las grandes empresas que son centrales y estratégicas en este país, fundamentalmente como ANTEL y el Puerto.

Gracias señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: anunciamos desde ya que no nos va a alcanzar el tiempo, razón por la cual vamos a dejar para la discusión particular algunos de los temas en los que queremos realmente incursionar.

Más allá de la gran cantidad de disposiciones que hay en este proyecto de ley de urgencia, bien señalaba el señor Senador preopinante que noticias nuevas ameritan comentarios y eso nos resta tiempo para lo que modestamente pudimos estudiar sobre el mismo. Hoy hay dos noticias nuevas, una de las cuales es la suba de combustibles. No es cierto que sistemáticamente se espera a las elecciones para subir los combustibles. El Gobierno tuvo la cristalinidad de subirlos el 10 de febrero de 2000, pero resulta que en la pasada Administración del doctor Julio María Sanguinetti, por primera vez, desde que tengo uso de razón, hubo un período de dieciocho meses en que los combustibles no subieron, o sea de noviembre de 1997 a julio de 1999. Esto nunca fue noticia. Todos los meses pedíamos que lo fuera en la tapa de algún diario pero en Uruguay las cosas buenas no son noticias. Queríamos dejar esta constancia respecto a algo que sí es una noticia buena. Pero además hay otra noticia: nuevo éxodo de capitales argentinos hacia el Uruguay. Más impuestos y cierta incertidumbre causan efectos financieros conocidos que parecían extinguidos y de otras épocas. Se van de la Argentina, señor Presidente. Me acuerdo de una campaña electoral que me llenó se asombro. Ya en la elección interna, la primera entre De la Rúa y Alfonsín, a mí me gustaba más De la Rúa que Alfonsín. Pero cuando vi propaganda del Frente Amplio sobre la base de la victoria de De la Rúa, dije: "pero cómo cambió el mundo". Sigo respetando a De la Rúa, que es un hombre serio. Agarraban la bandera argentina y la tiraban, agarraban la bandera uruguaya y acá está el resultado: De la Rúa, con las mejores intenciones del mundo, lo que ha provocado es una fuga de capitales. Yo no pensaba incursionar en el tema de si hay un fiscalazo o no. No es mi tema. Evidentemente, no debe haberlo porque el capital considera que en función de lo que pasó en la Argentina, donde sí hubo un fiscalazo, se crearon incertidumbres y entonces vienen a un país confiable donde no existe ese fiscalazo. Una vez escuché decir -y me causó mucha gracia- que el capital era cobarde. ¿Y en qué Código se le puede pedir valentía al capital? La valentía se les pide a los seres humanos; el capital no es cobarde ni valiente. Es lógico, algunos somos más ahorrativos que otros. Yo les puedo garantir que si la prudencia y la vocación de ahorro pasa por la cobardía, el capital que tengo, no en casa sino en el bolsillo, es tremendamente cobarde. Yo no me lo timbeo. Trato de gastar en lo que hay que gastar. Pero el capital está muy informado; y está informado de lo que pasa en la Argentina y de este proyecto de ley que estamos votando acá. Y el capital huye de Argentina y viene para Uruguay. Sólo en un ratito U$S 120:000.000, pero se estima que en pocas horas más van a ser alrededor de U$S 600:000.000 los que van a venir a este país confiable, creíble y el mejor calificado de América Latina en cuanto a su credibilidad y a su falta de riesgo tanto político como económico.

Ahora vamos a tratar de abordar modestamente la ley y deseamos aclarar, señor Presidente, que muchas de las cosas que vamos a decir serán a título estrictamente personal; de pronto representamos el sentimiento de algún compañero, pero las vamos a decir en forma estrictamente personal porque de los aspectos buenos del proyecto de ley se han encargado otros compañeros y yo comparto lo que han dicho.

Modestamente, me quiero referir a los aspectos que no me parecen tan buenos, que aclaro voy a votar en su totalidad. Es la primera medida que pide el Gobierno que yo propicié, y en estos años he aprendido que la hora más gloriosa del Legislador es cuando vota en función de compromisos, y estos, al igual que la palabra, se cumplen, lo cual no quiere decir que uno esté de acuerdo con todo, en cuyo caso es facilísimo votar. La prueba de fuego es cuando uno no está de acuerdo o tiene dudas respecto de algunas cosas que vota, a las cuales me voy a referir. Voy a tratar de hacer algunas puntualizaciones. El tema por el cual se nos da como más proclives, el de la seguridad pública, lo voy a dejar para la discusión particular porque no me va a alcanzar el tiempo de que dispongo. Simplemente voy a dar un titular: sobre este tema vamos a presentar una serie de artículos porque en el Uruguay siempre ha habido una discusión respecto a si se es más o menos benigno con la delincuencia, si conviene o no la reeducación o la superpoblación, pero nunca en Uruguay se dio una discusión respecto a la armonía y a la arquitectura del Código Penal. Yo voy a votar todas las disposiciones. En materia de dureza contra la delincuencia no le cedo la delantera a nadie, y conste que no he dicho la derecha porque la derecha no se la cedo a nadie en un montón de temas más. Estoy hablando en materia de combate a la delincuencia. A nadie. Pero todos los proyectos que he presentado, que muchas veces han sido criticados como muy severos, nunca lo fueron por atentar contra esta joyita que redactó un señor llamado Irureta Goyena, porque los Códigos no son amontonamiento de artículos sino una armonía y una arquitectura que hay que cuidar mucho, porque después vienen los que tienen la mala costumbre -me incluyo- de leer las actas parlamentarias y a veces pueden preguntarse por qué puerta les dieron el título de abogado. Es un comentario que hago en voz alta. Yo voy a darle mi voto afirmativo, pero quiero dejar alguna constancia para que no sea que dentro de veinte años caiga algún otro que tenga la costumbre que tengo yo de leer las actas parlamentarias y no entienda por qué votamos ciertas cosas. Rápidamente, señor Presidente, me voy a ocupar de unos pocos artículos y quiero hablar muchísimo de ANTEL. De repente me dicen que está afuera de tema, pero yo creo que está dentro, porque más vale prever que curar.

Comparto totalmente los artículos 1º, 3º y 4º, pero que quede claro que no son ninguna novedad, ya que se trata de medidas adoptadas en la Administración del doctor Julio María Sanguinetti. El artículo 25 de la Ley Nº 16.697 -me estoy refiriendo al primer artículo- había facultado al Poder Ejecutivo a reducir hasta en seis puntos porcentuales la tasa de las contribuciones especiales patronales de la industria manufacturera, y el Gobierno del doctor Sanguinetti con celeridad, utilizó esta potestad y en el Decreto Nº 187/95 y en otros que prorrogaron su vigencia redujo en seis puntos. Estaba en doce y medio, menos seis puntos es igual a seis y medio.

Por lo tanto, lo único que hace este artículo 1º es prolongar en el tiempo la acertada medida que adoptó la Administración del Gobierno del doctor Sanguinetti. Un comentario similar me merece el artículo 3º . Aquí hay una larga historia, pero todo culmina con la Ley Nº 17.143. Esta Ley dictada durante la Administración del doctor Sanguinetti facultó al Poder Ejecutivo a reducir hasta en un 0.357 por mil la tasa única. Lo que hace este artículo 3º, exclusivamente, es extender la facultad del Poder Ejecutivo llevándola hasta, 0.387 por mil, es decir que la diferencia radica en treinta milésimas que, aunque son bienvenidas, están pensadas sobre la base de una filosofía que no es novedosa sino que en su momento, repito, lo dispuso el anterior Gobierno.

El artículo 4º, que habla de exoneraciones es una medida que apunta a aliviar la carga tributaria de los pequeños productores, tiene idéntica redacción o un tenor similar al del artículo 1º de la Ley Nº 17.143 promulgada en la pasada Administración. Esta norma establece igual exoneración por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1999. En ese sentido, la exoneración del proyecto que estamos estudiando propone una vigencia del período mencionado pero del año 2000, significando una extensión por un año más, cuando ya estaba vigente.

Quería hacer estas puntualizaciones y, además, analizar algunos aspectos del artículo 9º que tienen que ver con la agropecuaria, tema sobre el cual en Sala tenemos algunos especialistas. Con espíritu constructivo quiero manifestar que este artículo me deja algunas dudas. En mi poder tengo el Boletín especial Nº 1068 con comentarios del proyecto de ley de urgencia de la Consultora "Price Waterhouse Coopers". Refiriéndose a este artículo, -y hace alusión a los artículos 11 y 16 de la Ley de Inversiones- dice que los artículos 11 y l6 de la Ley de Inversiones, aludidos por el artículo del proyecto, ya hoy -agregaría, sin la Ley- son susceptibles de aplicarse respecto del proyecto de inversiones del sector agropecuario que tenga las características de los previstos en la norma propuesta. Se está refiriendo a lo que justamente hoy estamos comentando, es decir el artículo 9º. Luego expresa que salvo ulteriores modificaciones que alteren el alcance que hemos analizado, este artículo del proyecto no introducirá ninguna ampliación de los beneficios fiscales que puede tener el sector agropecuario al amparo de la Ley de Inversiones. Simplemente tendría un propósito aclaratorio o de reafirmación de la aplicabilidad de dichos beneficios en los emprendimientos mencionados.

Estamos frente al artículo 9º, que comparto, que lo único que hace es reiterar una sabia medida adoptada en la pasada Administración. Esta es la opinión de una consultora que se ha tomado el trabajo de estudiar la Ley de Urgencia que hoy estamos analizando. En el artículo 9º me queda una duda y es cuando dice: "los emprendimientos agropecuarios". Quizás este sea un tema de hermenéutica jurídica, pero no me queda claro a qué emprendimientos agropecuarios se refiere porque no puede ser que haga alusión a las asociaciones gremiales, salvo que se caiga en una redundancia porque éstas están mencionadas específicamente en el artículo 12. Entonces, ¿cuáles son los agrupamientos de productores agropecuarios? ¿Un grupo de productores de la zona de Caraguatá que se juntan y que luego se tienen que presentar mediante la Ley de Inversiones? ¿Cómo se presentan, si les piden personería jurídica? En verdad, no lo entiendo bien, pero si están en el artículo 12 que se refiere a la Ley Nº 16.906, en forma específica, esta mención a los conjuntos de productores agropecuarios quizás esté de más o se esté refiriendo a una nueva modalidad de agrupaciones agropecuarias que supongo en algún momento serán reglamentados por ley. No se trata de una pregunta que formulo sino, simplemente, el planteamiento de una pequeña inquietud.

Existe un capítulo en el que, diría, nos tiramos de cabeza cuando lo analizamos en estas pocas horas que dispusimos luego de una agobiante campaña electoral. Y lo digo por el título que es "Pequeñas y Medianas Empresas". Creo que es un tema determinante para todos quienes estén comprendidos en el mundo moderno. Actualmente este mundo ofrece situaciones muy difíciles para la gente que quiere trabajar. Todos los Estados -los grandes, los chicos, los eficientes y los no eficientes- ya no pueden tomar más empleados. La revolución tecnológica está provocando una paradoja muy grande porque el campo y la ciudad producen más, pero con menos gente porque la máquina va más rápido que el trabajador. Esto lo dice alguien que fue funcionario público pero que también trabajó para estudiar durante muchos años en empresas privadas. Antes se necesitaba un operario por telar y hoy, por ejemplo, todo SUDAMTEX se maneja con un robot. Esa es la revolución tecnológica, y no es la primera que padece el planeta; de todas maneras, toda moneda tiene dos caras, la buena y la mala. Si bien la revolución tecnológica tiene cosas buenas, como es inevitable tiene el desafío del trabajo. El lema del mundo hoy es: "trabajo -gran desafío, pequeña empresa-, gran solución". De esta forma, con esta receta fue que Portugal en diez años pasó de tener una desocupación más o menos similar a la de la península -incluso un poco por encima de España- a una que se ubica en el 4.5%. Es el país de Europa con menor desocupación porque hizo una apuesta muy fuerte a la pequeña y mediana empresa; diría que muy fuerte y muy sabia. Nosotros aquí, modestamente, hicimos intentos con una serie de proyectos de ley presentados durante dos Legislaturas junto con el ex Senador Dante Irurtia. Entonces, el Capítulo de Pequeñas y Medianas Empresas fue lo primero que leímos. Con toda franqueza digo que no entiendo el título porque si leo los dos artículos me inclinaría por llamarlos de diferente manera, aunque no sé exactamente cómo. Quizás deberíamos denominarlo estímulo o desestímulo para todo tipo de emprendimiento, porque de pequeñas o medianas empresas no tiene nada. Creo que iguala de la peor manera, es decir, hacia abajo, porque se le saca ciertos beneficios que tenían los grandes a través de la Ley de Inversiones. Indudablemente, no voy a abrir un debate sobre esta ley, pero cuando surgió el tema de los hipermercados escuché decir muchas cosas. Aclaro que en esto no tengo una posición ni blanca ni negra, porque defiendo a los chicos y quiero que vengan los grandes, pero el tema radica en cómo se consigan las cosas. Si bien los grandes dan trabajo, cuando se instalan repentinamente y no encuentran al país preparado provocan el cierre de los pequeños. Por ejemplo, en Piriápolis se instaló Devoto y ganamos los consumidores, pero se fundieron muchos de mis amigos por la razón del artillero: este supermercado vende a precios más baratos. Pero como yo soy consumidor eso me sirve. También, cuando se instaló un hipermercado muy particular y lindo en la Avenida Roosevelt escuché decir muchas cosas. Por ejemplo, se decía que el beneficio que tenía esto -por aquello de que la necesidad es la madre de los grandes inventos- era que iba a obligar a que los chicos se unieran en consorcio -y al respecto existe un proyecto que presentamos hace unos cuantos años sobre consorcios para los pequeños- comprasen todos juntos, obtuviesen los mismos precios que los grandes y vendiesen tan barato como ellos. Con esto se beneficiaban los chicos al no tener que cerrar sus negocios, la gente conseguía trabajo en las empresas grandes y, a su vez, todos los consumidores uruguayos. Pero resulta que ahora esto no es así, y en estos dos pequeños artículos sobre pequeñas y medianas empresas lo único que se hace, repito, es igualar para abajo, porque se saca un beneficio que era para atraer inversores y en favor de los pequeños no se hace nada.
Entonces, yo no le veo la gracia.

Es más, en el artículo 12 se dice que las asociaciones de empresas que producen o comercializan bienes o prestan servicios, podrán tramitar..., etcétera, con la excepción de los beneficios obtenidos en el artículo precedente de esta ley. Es decir que si ahora, un grupo de pequeños empresarios se asocian, no obtendrán los beneficios que antes tenían los grandes empresarios. Entonces, no entiendo nada, porque hace pocos días se reunieron en el Edificio Libertad doce empresas vinculadas a los electrodomésticos y, personalmente, creí que era en función de esta filosofía: se juntan doce pequeños empresarios para competir en igualdad de condiciones con los grandes empresarios. Ahora no tiene sentido que lo hagan porque el beneficio que establecía la Ley de Inversiones, reitero, no lo tienen ni unos ni otros. El título que se refiere a pequeñas y medianas empresas, está bien, pero aquí no hay fomento de las mismas, sino una equiparación de la peor manera: para abajo, desestimulando inversiones de aquellos que veían al país como un lugar apropiado para hacerlo. Repito que acá no se está jugando a blanco y negro; personalmente defiendo a los chicos, pero también a los grandes empresarios, porque estos también traen trabajo. He concurrido a esos supermercados -sobre todo a este nuevo- y he visto allí a muchos uruguayos trabajando con dignidad. Reitero que aquí no se fomenta, sino que se iguala para abajo.

Existe un capítulo que tiene un gran mérito, que es el que habla de facilitación del crédito. Felicito al autor de la iniciativa por colocar este capítulo en la Ley, ya que por primera vez se habla de las sociedades de garantía recíproca. La idea es excelente y sí apunta a fomentar al micro, al pequeño y al mediano empresario. Lo malo de esto -aclaro que lo digo con el mayor respeto- es que técnicamente esta iniciativa es muy pobre, ya que no tiene contenido. Tiene el mérito de haber incorporado el tema en el debate nacional, pero, reitero, no tiene contenido y por ello nos hemos tomado el atrevimiento de presentar una serie de aditivos para comenzar a trabajar sobre un tema determinante, a los efectos de que el uruguayo emprenda con éxito un camino que ya se ha atrevido a comenzar, que es el de construir su propio porvenir, porque aquí se acepta el desafío de instalarse como empresarios. Esto es aceptado permanentemente, ya que el uruguayo se ha dado cuenta de que ya no puede esperar el empleo del Estado y de que la revolución tecnológica reduce las oportunidades de trabajo, por lo que decide instalarse. ¿Por qué en Salto el desempleo es bajo? La historia comienza en las décadas del 40 o del 50, cuando pasa a ser la hermana pobre de Paysandú. Ahí es cuando los sanduceros comienzan con la gran empresa y los salteños tuvieron que desarrollar su ingenio y 50 años antes que esta fuera una receta universal, comenzó a pensar que tenía que instalarse por su cuenta. En la actualidad, el salteño tiene vocación de empresario y por ello hay tantas microempresas instaladas en aquel departamento. Además, anualmente se crean miles de microempresas en el Uruguay, lo que demuestra que los uruguayos aceptan los desafíos. Al mismo tiempo, se cierran miles de microempresas todos los años. El balance del pasado gobierno es bueno, ya que quedaron 27.414 microempresas nuevas instaladas en el país. Nosotros pretendemos que no se cierren en una proporción tan grande y que, en lo posible, muchas más perduren. ¿Cuál es el problema del microempresario? Se enfrenta a varias dificultades, pero la principal es que debe contar con dinero, porque para instalar una microempresa es necesario tener una idea, atreverse, tener coraje pero en definitiva hay que tener dinero, que es lo que los técnicos llaman "capital de giro". El microempresario se enfrenta a grandes problemas para obtenerlo porque no está bien calificado ante el que le presta. El tema de la microempresa deberemos profundizarlo mucho y reconozco que el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle lo introdujo en el país. En tal sentido, en 1991 declaró de interés nacional la promoción, desarrollo y tecnificación de las PYMES. Anteriormente, en 1990, creó DINAPYME en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Luego hubo tres proyectos sobre garantía recíproca para que los pequeños empresarios obtuviesen créditos.

Uno de ellos lo presentaron los señores Senadores Batalla, Cassina y Raffo; otro -creo que era idéntico, pero fue propuesto en la Cámara de Representantes- llevó la firma de los entonces representantes Edén Mello Santamarina, Díaz Maynard y algún otro Legislador que no recuerdo y, el tercero, lo presentamos junto con el entonces Senador Dante Irurtia. Este último tenía la particularidad de que para abreviar el trámite podíamos incorporarlo como un capítulo más a la Ley de Sociedades Anónimas que, al mismo tiempo, está incorporada al viejo Código Comercial del siglo pasado. Lamentablemente, ninguno de los tres mereció la atención del Parlamento. Reitero que si no existe capital de giro, difícilmente haya microempresarios y si no hay tributación gradual, tampoco los habrá.

Hace poco tiempo estuvo presente en la Comisión de Industria y Energía el señor Ministro Abreu, a quien planteamos el tema. Aclaro que los parlamentarios no tenemos iniciativa legislativa cuando se trata de impuestos. Para satisfacción personal, él nos pidió nuestro proyecto de tributación gradual -que ya lo tiene- y no me extrañaría que esta iniciativa viniera aun mejorada en la Ley de Presupuesto.

En el pasado gobierno se hicieron cosas buenas que tampoco fueron noticia: por primera vez en el Uruguay se implementaron los préstamos con la garantía del trabajo, aunque sólo hasta U$S 1.000. Fue la primera vez en nuestro país que una persona se presentaba ante el Banco República con un proyecto empresarial viable y sólo con la garantía de este se le prestaba esa cifra. Me dijeron que este dinero era insuficiente y, sin embargo, presentamos 108 emprendimientos que podían comenzar a realizarse con esa suma. Pero lo que ocurría era que les pedían los certificados que en aquel momento tenían un costo de $ 1.600 mensuales. Con ese proyecto queríamos convertir a desocupados en patrones, pero si el individuo no tenía trabajo no podía obtener dinero para pagar los certificados. Por ello pensamos en la tributación gradual y, además, para permitir a un montón de trabajadores informales que quieren dejar de serlo, poder hacerlo abandonando gradualmente la cultura del no pago. Esa era una idea y, la otra, consistía -reitero que existen proyectos presentados- en las sociedades de garantía recíproca. Repito que este proyecto es muy pobre. Hoy me preguntaba por qué no consiguen crédito los pequeños empresarios, y lo que ocurre es que están mal calificados. Ello ocurre porque se califican en función de los criterios de Basilea que consisten en la capacidad de pagar y un sistema de control interno que haga creíble la información. Las PYMES no tienen ninguna de las dos cosas. Las sociedades de garantía recíproca nacen, justamente, para garantizar el pago y para asesorar al pequeño empresario en materia de control interno y de manejo de información. Pero las PYMES deben tener dos tipos de socios. Tengo en mi poder la ley española y la argentina y como no me dejan entrar con traductor a Sala, no tengo la ley francesa, porque sólo domino el español. Estas son leyes de gran envergadura; la ley española cuenta con 68 artículos, es muy parecida a la francesa y funciona muy bien en esos países. No sé lo que ocurrió con la ley argentina, porque el texto es bueno pero lo cierto es que no ha tenido respuesta de la gente. A mi juicio, el tema de las sociedades de garantía recíproca hubiera merecido un estudio más profundo y una ley que hablara de socios partícipes y de socios protectores. Los primeros son los que se benefician con la obtención de la garantía y, los segundos, son las entidades que la brindan, pero que no pueden beneficiarse de ella, aunque sí de los resultados que la empresa obtenga. Sobre estos puntos la ley no dice absolutamente nada.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Mario Carminatti)

-Toda la legislación comparada establece un número mínimo de socios participantes, que ninguno de ellos pueda tener una participación porcentualmente importante dentro del capital, que no se pueda garantizar por encima de determinado porcentaje, que los socios protectores no sean titulares de más de un cierto porcentaje del capital social, etcétera. Esta ley no dice nada en ese sentido. Asimismo, todas las leyes que tengo aquí hablan sobre las exoneraciones tributarias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Ha llegado a la Mesa una moción para prorrogar el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Simplemente digo que los compañeros del Cuerpo que se tomen la molestia de leer nuestros aditivos y sepan de lo que estamos hablando, también los van a encontrar incompletos, pero por lo menos colaboran a enriquecer esta buena idea. No puedo incluir en un proyecto algo que es fundamental: las exoneraciones tributarias. Nos hemos comprometido en enviar al señor Ministro Abreu un proyecto de ley, que no pretende tener la importancia del español, pero ya que en nuestro país existe la voluntad de que por fin se instrumenten las sociedades de garantía recíproca, queremos una ley específica para una herramienta que, reitero, a mi juicio es fundamental para combatir el tema del desempleo.

Ahora voy a entrar en el tema de ANTEL. Aquí no tengo más remedio que hacer una aclaración. Lo que voy a expresar es totalmente a título personal, y si bien no atribuyo intenciones, considero que más vale hablar a tiempo que tener que lamentarse después y todavía que luego le reprochen a uno que no avisó. Reitero que no atribuyo intenciones, pero voy a decir lo siguiente. Está claro que el Foro Batllista presentó en la Comisión una propuesta por la cual en todos los organismos del Estado, los Directorios pasaban a tener tres miembros, porque parecería que la solución de los problemas, no sé si de eficiencia o de índole económica del Uruguay, pasan por reducir el número de Directores. Por aquí tenía la cifra que se ahorraría en sueldos al reducir el número de Directores y es un poquito más de lo que perdieron la semana pasada los dos grandes por ejecutar mal los penales. No creo que con esta medida se arregle el tema del gasto público, del ahorro u otro que haya que corregir. Ahora bien; si pasa por ese lado y esa era la voluntad política, creo que lo lógico era proponer la disminución para todos los Directorios a un número de tres miembros. Sin embargo, al no quedar todos los Directorios compuestos por tres integrantes, a uno le da la impresión -y quiero que quede constancia de que no digo que esa sea la intención de los autores del proyecto de ley- de que aquí se hizo una suerte de categorización de empresas según su importancia y, por ende, unas merecen tener cinco miembros y otras no. Es ahí donde francamente creo que, sin querer -y deseo que quede bien claro- la inclusión de ANTEL entre las empresas que no merecen tener cinco Directores contribuye a una campaña que estoy presenciando en los últimos meses, que tiende a minimizar la empresa pública más prestigiosa que hoy tiene el Estado uruguayo. Aquí no está hablando un estatista ni un privatizador, pero cada tema debe ser estudiado punto por punto. No me arrepiento de haber votado la desmonopolización del Banco de Seguros del Estado porque como usuario me estoy beneficiando. Sin embargo, no acompañé la desmonopolización de ANCAP, aunque luego de haber perdido la votación, el artículo clave para que esto funcionara bien -creo que era el artículo 4º- fue redactado por nosotros, porque el deber del Legislador, aun perdiendo, es tratar de mejorar la redacción. Es decir que he votado algunas privatizaciones y desmonopolizaciones, pero otras no. En mi concepto, esto no es blanco y negro, sino que hay que analizarlo empresa por empresa.

Esta campaña que estoy presenciando -respeto mucho a la gente y, de pronto, no se trata de una campaña, sino de una coincidencia- tiende a inducir a pensar a la gente que ANTEL es un desastre, que está mal tecnológicamente, que presta muy malos servicios, que está al borde del colapso y que la única solución es la apertura del mercado, instalando la competencia. Entonces, aparece un montón de "vedettes" nuevas. Por ejemplo, ahora mucha gente habla de banda ancha, pero se ignoran los fantásticos logros que ANTEL ha dado al Uruguay con el correr de los años. No digo que se trate de una campaña, pero junto con un montón de artículos muy bien escritos por personas que admiro -y lo leo con fruición- con las cuales a veces coincido y otras veces no, aparecen actores, y creo que es casualidad todo esto. Solamente me voy a ocupar de dos, acerca de los cuales me han hablado muy bien, aunque tengo aquí otra lista, y si entran a aparecer, habrá que ir bajándolos de a uno. Reitero que respecto a las dos personas a las cuales me voy a referir tengo muy buen concepto porque me han hablado muy bien de ellos, aunque no los conozco.

Aparece el señor Espuelas, uno de los uruguayos más admirados porque fue el único que ganó U$S 3.000:000.000, pero nadie dice que fue el único uruguayo que se ingenió para perder no sé si U$S 1.000:000.000 o U$S 1.800:000.000 en 24 horas, aunque de repente ya los recuperó. Eso es lo que ocurre cuando se juega en la Bolsa. ANTEL nunca va a ganar U$S 3.000:000.000 en un ratito, pero tampoco va a perder más de U$S 1.000:000.000 en 24 horas por aquello que cantaban Los Chalchaleros, y creo que pertenece a los hermanos Dávalos: "El avión es cosa buena cuando uno anda con apuro, claro que carro con mula, también llega y es seguro". El carro con mula llamado ANTEL, por el momento, en la Bolsa no está, y si bien me gustaría que estuviese, todo tiene que hacerse a su debido tiempo. Así, ni ganamos mucho ni perdemos mucho. No quiero abrir una nueva polémica, pues ya la laudó la ciudadanía, pero cuando se quiso vender esta empresa en 1992, se nos dijo que se podía pagar U$S 600:000.000. Sin embargo desde 1992 hasta ahora ANTEL ha dado al Estado uruguayo una cantidad mucho mayor sólo en dinero, a lo que deberíamos agregar lo que le dio en prestigio, servicios, bienestar y justicia social.

El señor Espuelas quiere prescindir de ANTEL para dar Internet de Estados Unidos. El representa a StarMedia y aquí hay una noticia de hoy respecto a esa compañía. Esta persona viene y se instala en el Uruguay, pero ¿por qué lo hace? Porque Uruguay tiene buenas comunicaciones; de lo contrario, no vendría. Y si hay buenas comunicaciones es porque ANTEL es una empresa prestigiosa. Pidió líneas y estas se le dieron inmediatamente; si tengo tiempo, voy a referirme a lo que esta persona dijo respecto a que no le daban líneas. Lo que ocurre es que él necesitaba otro tipo de líneas y el tema se le iba a solucionar rápidamente y, afortunadamente, ya se le solucionó. Entonces, las líneas se le dieron pues, de lo contrario, no se podía instalar. Además la estructura estaba porque de lo contrario no venía. Luego aparece el señor Saavedra, del que también me hablaron bien, que quería vender cables de fibra óptica a ANTEL, pero el organismo no se los compró. La definición que me han dado es que los cables de fibra óptica son unos pequeños tubitos de vidrio por donde pasa la luz láser y se comprimen los datos. Este sistema compite con los satélites tradicionales. Uruguay ya participa de esto con ANTEL y tiene varios proyectos, uno de los cuales es UNISUR. Se trata de un cable submarino que compartimos con Argentina y Brasil, el que se conecta con el resto de América por América Uno y con Europa por Columbus. O sea que no estamos tan mal y aclaro que esto lo hizo el Estado, una empresa pública. Claro que constantemente se ofrecen más cables, pero al respecto quiero decir lo siguiente. Puedo comprar arriesgando o alquilar en función de lo que necesite. Si se compra, no se gastaría menos de U$S 50:000.000 y, de repente, es negocio, pero por ahora ANTEL alquila y lo bien que hace porque está gastando sin arriesgar, en función de la demanda. Al respecto debo decir que no hay demanda insatisfecha con esta nueva tecnología, porque se ha tenido el recaudo de ir alquilando en función de lo que realmente se necesita. El problema consiste en que la tecnología actual permite trasmitir voz por Internet.

El día que los proveedores de Internet puedan entrar y salir sin pasar por ANTEL, estarán compitiendo no sólo en datos sino también en telefonía, pero con la ventaja de que podrán hacer negocio con los "courriers" piratas, que son los que no cumplen los convenios internacionales -que ANTEL está obligado a cumplir- y venden el minuto más barato. ANTEL contrata con varios "courriers", por ejemplo, ATT, Sprint y MCI, pero respetando los convenios y las tasas contables. ¿Qué son las tasas contables? Hay conferencias que entran y otras que salen y a fin de año se hace la cuenta; si salen más de las que entran, me pagan y si entran más de las que salen, pago, pero todo en función de lo estipulado internacionalmente a través de las tasas contables y respetando los convenios internacionales. Sin embargo, si puedo contratar con "courriers" piratas, "deme dos", porque evidentemente voy a pagar más barato, pero ANTEL no puede hacerlo. Por lo tanto, hay que ir despacio en este tema.

Quiero que quede claro que no atribuyo intenciones a nadie; simplemente digo que sin querer, al incluir a ANTEL en esta categoría de empresas chicas, se incurre en esta campaña de minimizar el Ente. Si se quiere desmonopolizar a ANTEL, está bien, pero hay que hacerlo en serio. Hay que tener en cuenta que es una empresa que, deducido el 25% de impuestos, le ha dejado al Uruguay, en su peor año, U$S 140:000.000 de ganancia y se estima que para este año dejará U$S 180:000.000. Y recordemos que hace 8 años se quiso vender en U$S 600:000.000. Entonces, si se quiere desmonopolizar, primero habría que elaborar una buena ley que regule la competencia y, en segundo término, habría que dar a ANTEL un nuevo estatuto -estamos dispuestos a hacerlo y estamos trabajando en la elaboración de un proyecto- que le permita competir, porque en la actualidad debe pagar impuestos que el privado no paga. ANTEL brinda servicios no rentables, que el privado no va a prestar. Si viene una empresa privada y propone colocar teléfonos gratis -como lo hace ANTEL- en cierta proporción, evidentemente le abriré las puertas, pero si lo tengo que hacer solo, voy a perder. ANTEL puede asociarse con empresas en el exterior, pero no en el interior de la República. Asimismo, las compras que realiza se hacen en forma lenta ya que las licitaciones duran un año, y nos estamos refiriendo a algo que no es igual a la telefonía básica y cuya tecnología cambia en un año. Por otra parte ANTEL está obligado a un encaje permanente en el Banco Central del Uruguay, que una empresa privada no tendrá.

Insisto, señor Presidente, en que personalmente me duele mucho la campaña que se ha instaurado en el país de minimizar a ANTEL, porque no sólo se discuten los temas nuevos, de los cuales entendemos poco, con palabras raras -debo confesar que en la computadora de mi casa tengo la mano prohibida, porque me dicen que si aprieto un botón, con mi falta de habilidad manual y de conocimientos en la materia, puedo borrar todo, pero comprendo que el mundo va por ahí y por eso pienso que es bienvenida la reforma educativa, que en su momento fue tan criticada, porque a raíz de ella los hijos de los pobres también tienen acceso a la enseñanza de la computación y del inglés, como yo no tuve- sino que también se habla de todo. Si es así, vamos a reivindicar algunas cosas para que, por lo menos, quede la constancia.

El promedio de teléfonos por habitantes en América Latina es de 5 cada 100 personas y en el mundo es de 9. El gobierno pasado le entregó la banda Presidencial al nuevo Presidente con 37 teléfonos cada 100 habitantes. Esto es primer mundo. Con respecto a la demanda telefónica insatisfecha -se produce cuando una persona solicita un teléfono y no se lo dan- en el año 1994 había 94.050 solicitudes de este tipo, y en el primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti subió tremendamente, a 98.000 demandas. En los años 1997, 1998 y 1999 se llegó a cero demanda insatisfecha. Quiere decir que para obtener un teléfono en esta empresa pública ya no hace falta recurrir a un Senador, tres o cuatro Diputados y bastante suerte.

En cuanto a la digitalización, desde el año 1997 se ha cubierto este servicio en un 100%. Me informan que somos el sexto país en esta materia. Si a los países se los mide por tener asientos en las Naciones Unidas, efectivamente estamos en ese lugar, pero si se lo mide por el contexto y la dificultad de comunicación, somos el segundo, después de Francia. Los otros cuatro son países muy respetables, pero por su contexto geográfico y cantidad de habitantes son fáciles de digitalizar. Por ejemplo, Aruba, con 80.000 habitantes, no está digitalizada en un 100%.

En 1994 había 5.717 teléfonos públicos y en la actualidad hay 10.831. Además hay -y esto no existe en ninguna parte del mundo- 300 teléfonos gratuitos. Se trata de los teléfonos amarillos a través de los cuales la gente habla gratis y recibe llamadas. Cuando comento esto fuera del país, nadie lo puede creer; en primer lugar tengo que explicar qué es el barrio "El Pintadito" y luego contar que allí la gente habla por teléfono gratis. En Estados Unidos no sucede esto y es la primera potencia del mundo; allí el teléfono es barato, pero hay que poner los "quarters" o la tarjeta. Repito que este es el primer país del planeta donde un gobierno batllista le da a la gente teléfonos gratis. Por ahora son 300, pero van a ser muchos más, obviamente, si se continúa con esta política de servicio social.

Evidentemente, atacar al poder político es redituable y más aún lo es "tirarle" al funcionario público. En ese sentido, hay un índice mundial para medir la cantidad de funcionarios públicos por empresas, y no importa si el país es grande o chico, sino la cantidad de teléfonos que tiene. Dicho índice -que rige para el Uruguay, pero también para la potencia más desarrollada- se calcula cada 1.000 teléfonos, y el ideal es entre 5 y 7 funcionarios. En 1994 teníamos 11,3 funcionarios cada 1.000 teléfonos y entregamos el gobierno con 5, 3 funcionarios. Quiere decir que estamos 3 décimas por encima del ideal de los ideales. La cuna del capitalismo, los Estados Unidos de América, creo que tiene 6 funcionarios cada 1.000 teléfonos, y están locos de la vida. Repito que el Uruguay tiene 5,3 funcionarios cada 1.000 teléfonos.

Otro tema importante es el que tiene que ver con la telefonía celular y ANCEL. Al principio se dijo que el Estado no iba a poder con esto y comenzaron las empresas privadas y después "el carro con mula". En 1994 ANTEL comenzó a trabajar en este rubro muy tímidamente con 1.825 teléfonos, y fue subiendo de manera que en 1998 tenía 86.072 teléfonos de ANCEL. En ese momento se inventó el sistema de tarjetas. Hoy se entrega el gobierno, en un país de 3:000.000 de habitantes, con 196.131 teléfonos celulares de ANCEL.

También respecto de ANCEL, debo decir que una persona recibe llamadas por un costo de $ 150 cada dos meses, aunque si tiene que hablar, la tarifa es cara, ya que sale $ 10 el minuto. Reitero que se trata de un servicio caro. Sin embargo, ¿saben ustedes lo que significa que por $ 150 -hablo de poco más de U$S 10- cada 60 días una persona tenga un aparatito por medio del cual la pueden llamar los familiares? Esto sólo sucede en el Uruguay, señor Presidente y es una de las cosas que los uruguayos lamentablemente no sabemos valorar, pero que a mí me provocan el orgullo de pertenecer a este país.

En cuanto a la teledensidad, estamos en el 10% de la población.

Respecto a la conexión con INTERNET -ahora que se puso de moda la banda ancha- debo decir que el 10% de los uruguayos está conectado a esta red, mientras que en la Argentina sólo lo está el 1%. Además, el servicio no se paga en forma previa, sino con la factura. Hay 14 salas de conferencias y por $ 1.000 la hora va el profesor con sus alumnos para tener una teleconferencia y cuentan con pantalla, local, mesas y sillas. Esto es algo, señor Presidente, que hizo "el carro con mulas".

Aclaro que estas cosas prefiero decirlas ahora, porque estoy seguro de que es una coincidencia el hecho de que ANTEL haya entrado en la categoría de las empresas que no merecen tener cinco y que pese a ello y sin querer -lo digo con franqueza- se contribuye a esta campaña de minimizar al organismo. Sin embargo, hay quienes la vamos a defender -no digo del Gobierno- de esa minimización.

Debo decir que nosotros estamos conectados con Maldonado a través de UNISUR. Tenemos otro "modem" en Rivera y otro en Río Negro, que nos conecta con la Argentina. En lo interno, estamos cerrando los anillos conectando, por medio de la tecnología más moderna, Artigas con Rivera.

Por su parte, la banda ancha se ha estado ampliando en la medida en que se ha necesitado, no comprándole al que nos quiere vender "de pesado". Si necesitamos, alquilamos, pero no es verdad que haya demanda insatisfecha. Debo aclarar que la banda ancha es el grosor del caño en función de la información que pasa. El BIT mide la capacidad y es la unidad de información. El VPS -yo hubiera pensado que era el Banco de Previsión Social, pero claro, soy de otra época- por su parte, mide la velocidad por segundo.

ANTEL, señor Presidente, año a año y sin meterse en aventuras riesgosas, ha duplicado todo lo que tiene que ver con este tema de la banda ancha y la cantidad de centrales digitales.

La tercera noticia a la que quiero hacer referencia es que se van a bajar las tarifas. ¡Bienvenido sea el hecho de que un Gobierno colorado se inaugure bajando las tarifas! Ello es posible por todo lo bien que se ha actuado anteriormente. Además, las tarifas vienen bajando en el mundo. El año pasado, ANTEL bajó entre un 25% y un 50% la tarifa de datos y la de acceso a Internet. O sea que esto que hoy se anuncia en los diarios y que aplaudo con satisfacción, es la continuación de lo que se ha estado haciendo. Reitero que se puede realizar por lo ya hecho, que fue ir adaptando una empresa que es orgullo de los orientales. Debo decir que estos números me provocan el orgullo de ser oriental.

SEÑOR GARAT.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MILLOR.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Coincido con todo lo que ha venido expresando el señor Senador Millor. Creo que ha hecho muy bien en tocar un tema que da para conversar mucho. Estoy de acuerdo en que ANTEL ha progresado muchísimo y en que está brindando servicios con gran eficiencia dentro del país. Sin embargo, el señor Senador tiene que reconocer -con sólo leer un poco lo que sucede en el mundo- que estamos muy atrasados todavía respecto de lo que ocurre en otros lados. Hay una cosa que es -no sólo en materia informática y de comunicaciones- brindar servicios internos a un país, que se están brindando bien, y hay otra cosa que tiene que ver con el gran desafío del Uruguay que ya algunos comenzaron a hacer y que es desarrollar los servicios de informática. Aquí tenemos una gran posibilidad, porque contamos con gente muy preparada y para ello es necesario introducirse en el mundo de la informática y de las comunicaciones. Sin embargo, estamos muy lejos todavía de que esto pueda llevarse a cabo porque, entre otras cosas, tenemos las comunicaciones más caras con relación al resto del mundo. En consecuencia, si seguimos con este nivel de costos y de escasez de posibilidades de ampliar la banda, es muy difícil que compañías de informática y de prestación de servicios internacionales vengan a radicarse al país y a dar trabajo intelectual a muchos uruguayos que podrían desarrollarse en estos servicios.

En estos días he escuchado decir, como todos los aquí presentes, al Presidente de ANTEL que se va a duplicar la capacidad de la banda, pudiendo llegar a cuadruplicarse para fin de año. Pienso que el Presidente de ANTEL, que es un hombre muy inteligente, debe saber que en países como los Estados Unidos o Japón una sola empresa utiliza cien veces más de capacidad de banda de lo que ANTEL piensa tener en el futuro. O sea que mientras no se vaya armonizando la situación de ANTEL -con ese privilegio que ha tenido de monopolio interno para desarrollarse bien dentro del país- con la posibilidad de incrustarse en el mercado internacional para que distintas empresas del mundo vengan a radicarse y a brindar trabajo y servicios con el exterior, tal como sucede en otros lugares del mundo, ANTEL va a ser una empresa atrasada, que no va a poder competir con el resto del mundo.

Reconozco que el Ente ha logrado ventajas, pero señalo que hay países del mundo donde las comunicaciones internas no cuestan absolutamente nada. Uno tiene un teléfono y se puede comunicar con todas las zonas del país sin que le cobren nada. Esto se debe a toda una gestión aplicada a los servicios de comunicación e informática. Lo mismo sucede con la televisión. Pienso que el futuro va a ser realmente espeluznante en cuanto a la forma de actuar de los medios de comunicación e informáticos en general, ya que se va a poder, por ejemplo, hablar por teléfono a través de la televisión y se va a poder realizar todo tipo de comunicación a través de los medios respectivos.

Es tan interesante el tema al que se estaba refiriendo el señor Senador Millor que daría lugar para realizar un análisis exhaustivo en el futuro.

Finalmente, quiero señalar que coincido con el señor Senador, pero considero que todos debemos realizar el esfuerzo de seguir trabajando para hacer de ANTEL una empresa que se introduzca en el mercado de competencia del mundo entero.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Continúa en uso de la palabra, el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: parecería que los números que di no fueron escuchados, pues si ellos hablan de una empresa con comunicaciones atrasadas o retrasadas, ¿cómo se explica que un 10% de la población se conecte a Internet? Cabe recordar, además, que en la Argentina el porcentaje es del 1%. Se habla de tarifas caras. Al respecto, debo decir que en la Argentina son caras pues, so pretexto de terminar con un monopolio, se crearon dos o, si se prefiere, un monopolio partido al medio. ¡Y ahí sí son caras!

Hagámonos un esquema en donde ubiquemos a ANTEL, del Uruguay, a los Estados Unidos y la banda ancha. ANTEL está duplicándola permanentemente en función de lo que necesita. Asimismo, tenemos los nodos de última generación que tiene conectado a todo el país y a éste hacia fuera. Por otra parte, hay un pedacito que representa la llegada al domicilio, y que en el mundo se denomina la última milla. Eso no lo resolvió nadie en el mundo. Sin embargo, coincido con el señor Senador en el sentido de que hay gente capaz en el Uruguay, pues ANTEL está a punto de resolverlo y de algún lado nos vienen a copiar, porque está estudiando el sistema de Red Digital por Sistema -ISDN, en sus siglas en inglés- que consiste en ensanchar la banda sobre la base del viejo y glorioso cable de cobre para llegar a los hogares. De concretarse, este va a ser un invento uruguayo, y ello habrá de ocurrir. Precisamente, el tema de la última milla es llegar del nodo al vecino; reitero que eso se está por resolver en el Uruguay.

En diciembre, cuando StarMedia se instaló en el Uruguay, al otro día dijo que no le daban las líneas, y de inmediato se las proporcionaron. Por esa razón se instaló. Quería otro tipo de línea que se le iba a dar en poco tiempo, y así ocurrió. Como recordarán, al día siguiente de instalarse, sus representantes concurrieron a un programa de televisión y allí pusieron de manifiesto que no les habían dado las líneas. Entonces, cabe preguntarse qué habían venido a hacer si ello había sucedido; ¿acaso a hacer altruismo o beneficencia?

Para culminar, voy a dar una buena noticia porque, reitero, en el Uruguay las cosas buenas no se dan a conocer, a pesar de que ha habido una campaña contra la publicidad de ANTEL. Creo que hay cosas que deben hacerse públicas. Por ejemplo, hay que publicitar cómo se accede a Internet a los que tienen edad para aprenderlo, porque no se paga la tarifa de entrada por los costos.

Me acabo de enterar -pero, es claro, si no se publicitan los teléfonos amarillos, la gente no lo sabe- de que para hacer la llamada a la Argentina a través del sistema IPETEL, ya no se necesita una computadora, porque alcanza con el teléfono. Hasta el día de hoy, para llamar a la Argentina discaba 00 y luego el 541. Resulta que ahora, con este sistema, si en lugar de discar 00, marco 0000541, me cuesta un 8% más barata. Es claro, si no puedo publicitarlo, la gente no se entera. Y esto es ANTEL, empresa pública del Estado, del Estado batllista, del Estado no sé si de bienestar, pero sí del que no se jugó ni al gran Leviathán que quería hacerlo todo y por ello fracasó en todo, pero que nunca, mientras haya un batllista, se va a jugar al Estado prescindente, fugitivo y desertor que, por no hacer nada, no le sirve a nadie.

No atribuyo intenciones a nadie y aclaro que voy a votar el proyecto de ley porque soy una persona disciplinada, ya que es la primera medida que se pide. Estoy seguro de que incluir a ANTEL dentro de los organismos con tres Directores es una casualidad pero, por si es aprovechado por alguien que está en la campaña de minimizarla, nos va a encontrar a un montón que estamos dispuestos a enaltecer y a recuperar, como logro de todos los uruguayos y motivo de todos los orientales, el prestigio de ANTEL -ya no hablo del dinero que ha dado al país- y el orgullo de vivir en este país.

Nada más. Muchas gracias.

8) LEVANTAMIENTO DE LA DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACION PARA EL PROYECTO ENVIADO POR EL PODER EJECUTIVO

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- La Mesa quiere dar cuenta de que ha llegado una moción firmada por el señor Senador Rafael Michelini.

Dice así: "Amparados en el artículo 168, numeral 7º), literal c), de la Constitución de la República, déjese sin efecto la declaratoria de urgente consideración del proyecto de ley a estudio del Senado, remitido por el Poder Ejecutivo".

En consideración.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: no quiero interrumpir la discusión general del proyecto de ley, pero sí solicito que cuando se termine con ella haya un pronunciamiento del Senado respecto a si queremos levantar, o dejar sin efecto o no, la declaración de urgente consideración.

Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en que sea considerada luego de que hagan uso de la palabra los señores Senadores que estén anotados. Mi intención es que quede explícito quiénes queremos levantar el carácter de urgente consideración del proyecto de ley y estudiar cada uno de los temas con tranquilidad y quiénes creen -convencidos por sus argumentos- que no.

En consecuencia, creo que la moción no debería ponerse a votación en este momento, pero sí, luego de que termine la discusión general del proyecto de ley, que quede claramente marcado lo que he señalado anteriormente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Corresponde, pues, tratar la moción presentada por el señor Senador Michelini al término de la discusión general del proyecto de ley.

9) MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLAN Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Continúa la consideración del proyecto de ley del Poder Ejecutivo con declaratoria de urgente consideración.

Tiene la palabra el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Señor Presidente: la verdad es que, a esta altura de la jornada, uno trata de no ser repetitivo y vamos a hacer un esfuerzo en ese sentido, pero se han dicho cosas muy importantes. Tampoco quiero que lo que voy a decir al inicio de mi exposición, se considere como una contestación o una réplica a lo que acaba de exponer el señor Senador Millor. Digo esto, porque no sabíamos que dicho señor Senador estaba anotado antes que nosotros, y mucho menos teníamos idea de lo que iba a decir. De manera que queremos abordar el tema del proyecto de ley de urgencia, en primer lugar, con alguna reflexión sobre el carácter eminentemente subjetivo del término "urgencia". Precisamente, lo que es "urgencia" para mí, puede no serlo para otro y viceversa.

En consecuencia, con esa misma amplitud que hemos tratado de llevar adelante todo en nuestra vida, vamos a hacer uso del derecho a tener una visión diferente, porque a lo largo de esta jornada -en función de las consideraciones de urgencia- se han resaltado logros que para algunos señores Senadores son importantes y llevados adelante por el Gobierno, mientras que nosotros tenemos una visión más crítica de dicha gestión que, al fin y al cabo, es lo que diferencia las diversas actitudes y justifica que unos estemos en un lugar y otros en uno distinto. Si todos pensáramos exactamente lo mismo y tuviéramos la misma concepción de país, así como la misma visión de sociedad, parecería que no se justificaría pertenecer a Partidos diferentes.

La sensibilidad, la visión de país y la concepción de sociedad que tenemos, nos hace ser honestos y reconocer ciertos logros que el país ha conquistado en los últimos años, fundamentalmente a través de la instauración democrática. Sin embargo, nuestra sensibilidad también nos obliga a preocuparnos por algunos resultados de la aplicación, a lo largo de estos años, de un modelo determinado que nos hace dar ese carácter de urgente a estas cosas que visualizamos. Si además de ello, de algún modo, analizamos lo que ayer, por parte de varios señores Senadores, se dijo en el sentido de que, aun en el supuesto caso de que hubiéramos conquistado el Gobierno no hubiéramos tenido ningún otro camino para transitar que no fuera este y que muy pocas cosas distintas podríamos hacer de las que se han realizado en el país, en función de las sensibilidades y realidades que nosotros tenemos, es que votaremos negativamente el proyecto de ley, porque creemos que seguir así es continuar con la profundización de las desigualdades y exclusiones que hay en el Uruguay.

Además el señor Senador Millor ha argumentado, de algún modo, que varios de los artículos que proponen mejoras para los sectores productivos, ya vienen de antes y como la situación de estos -como es de conocimiento de toda la sociedad- es bastante crítica, por no decir caótica, estaríamos frente a una razón más que a nosotros nos lleva a votar en general negativamente este proyecto de ley.

¿Cuál es la visión del Uruguay que nosotros tenemos después de estos últimos años de aplicación del modelo? Es verdad que hay más gente con agua potable -lo reconocemos- con acceso a la energía eléctrica, al saneamiento, etcétera, pero no es menos cierto que tenemos gravísimos problemas sociales que en la ley de urgencia difícilmente puedan subsanarse. Entonces, hablamos de que hoy en Uruguay hay más de 160.000 desocupados y más de 500.000 personas con problemas de empleo; quiere decir que dos de cada cinco uruguayos que buscan trabajo no lo consiguen o logran un empleo precario que en general está vinculado a salarios absolutamente insuficientes. Asimismo, el 80% de los trabajadores -y esto es parte de nuestras sensibilidades- no tienen ningún ámbito de negociación debido a la inexistencia de una ley de negociación colectiva, y están expuestos permanentemente al despido por realizar actividades sindicales porque tampoco existe una ley de fuero sindical. Todas estas son carencias que a nosotros nos sensibilizan y nos diferencian de los demás partidos políticos.

Tenemos un salario real prácticamente igual al del inicio de la gestión. Aquí se habla de que el producto bruto ha crecido y que la riqueza también; es verdad. Tengo aquí un cuadro, cuya fuente son datos del Banco Central, que habla de la variación del producto en los últimos cinco años y establece que el mismo creció un 10.29%. Sin embargo, si uno analiza el mismo período a través del Instituto Nacional de Estadística, comprueba que los salarios reales crecieron sólo un 1,30%. En consecuencia, hay un proceso de concentración de la riqueza que nosotros, por esas sensibilidades -no digo ni mejores ni peores, sino distintas- consideramos que hay que subsanar y tratar de corregir.

Por otra parte, se observa una caída abrupta durante estos últimos años de la rentabilidad de las actividades productivas, en especial en el agro y en la industria, fruto de una política tarifaria, fiscal y financiera que ha privilegiado el equilibrio fiscal frente a la producción. Además, se ha producido una apertura unilateral e irrestricta de nuestro comercio al resto del mundo que ha llenado al país de productos importados que nada tienen que ver con el MERCOSUR, pero que tampoco ha abierto mercados para nuestros productos. Hace poco, en esta misma Sala, hablábamos de la situación que tenemos con Japón respecto al arroz, en virtud de lo que nosotros queremos venderles y lo que ellos a su vez nos ofrecen. En ese sentido, cabe señalar que el propio señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el acto de asunción, dijo que tomaba al país con el aparato productivo destrozado.

Tenemos un endeudamiento global interno de más de U$S 9.000:000.000, de los cuales U$S 4.600:000.000 corresponden a las familias y U$S 4.400:000.000 a los sectores productivos. Todos sabemos que aquellos uruguayos que tienen acceso al crédito a través de las tarjetas viven sobregirados y uno o dos meses adelantados.

Por otro lado, existe una inversión insuficiente porque nunca superó el 14% del producto, cuando lo imprescindible para un desarrollo sostenido es por lo menos un 20%. Tenemos un déficit externo de U$S 1.200:000.000 en la balanza comercial, que es producto de esta apertura irrestricta y gratuita que tenemos ante el mundo y para el mundo.

La deuda externa bruta del sector público pasó de U$S 4.959:000.000 a U$S 6.116:000.000 de 1994 a 1998, lo que significa que el endeudamiento por habitante pasó de U$S 1.500 a U$S 1.900 cada uno. Esto abarca a todos, desde el que nació hoy hasta el que lamentablemente fallecerá mañana.

Por otra parte, la inversión en educación está por debajo del 3% del producto, siendo una de las más bajas de América Latina, cuyo promedio es del 4.5%, y lejos del promedio mundial, que ronda en el 6%. Asimismo, la inversión en salud pública hospitalaria es del 1.5% del producto y ha puesto a toda la salud, tanto pública como privada, en serias dificultades.

No deseo reeditar aquí la discusión sobre si eran 740.000 los uruguayos que vivían por debajo de la línea de pobreza, o 350.000, como afirmaba el Gobierno, pero lo concreto es que cientos de miles de uruguayos, en un país de 15:000.000 de hectáreas fértiles, viven por debajo de la línea de pobreza, con un proceso de infantilización de la misma cada vez más creciente. Debemos tener en cuenta que hoy dos de cada cinco niños uruguayos nacen en hogares pobres.

Después tenemos quizás la "vedette": el déficit fiscal. Desde abril de 1995, cuando se impuso aquella brutal carga a los trabajadores y a los consumidores -a los primeros a través del aumento de la sobretasa de los sueldos, y a los segundos a través del aumento del IVA- se argumentó que esa era la prioridad número uno, porque tener cuentas equilibradas era el inicio o el umbral del desarrollo, de la equidad y de la justicia. Sin embargo llegamos al final de este período con un déficit fiscal de U$S 800:000.000, casi un 65% o un 70% más alto que el déficit con que comenzó el mismo Gobierno.

En consecuencia, estas son las sensibilidades que nosotros estamos viendo y que tenemos el derecho legítimo de señalar en este recinto, y no por eso se nos debería acusar de ser una fuerza obstruccionista, negativa, tal como ayer se hizo, sólo porque tenemos otra visión y porque queremos ejercer el derecho a tener otra distinta, en bien de la sociedad en su conjunto.

No deseo ser repetitivo, pues mis compañeros han hecho argumentaciones generales muy importantes; sin embargo, quiero ver si puedo influir en este recinto, en este seno, para tratar de corregir una de las ayudas tributarias que hay para el sector agropecuario y hacerla un poco más justa. Para eso, me voy a apoyar en la vasta y profusa documentación que el Uruguay tiene y que la mayor parte de las veces no utiliza. Sucede que hacemos los estudios, los análisis y profundizamos sobre la realidad y el conocimiento de cada uno de los sectores que componen la vida nacional, pero después no los usamos. Esto es también parte de la eficiencia en la asignación de los recursos: saber qué es lo que está pasando, en este caso, en el sector agropecuario.

Con esta intención me apoyo, entonces, en el censo general agropecuario que se hace cada diez años y que se hizo hace diez años, pero que es el único documento que tiene información sistematizada que nos permite arribar con claridad y certeza a una radiografía completa del complejo productivo rural. Los censos agropecuarios -que tienen una gran confiabilidad y ofrecen, a quien los quiera usar, una base de más de 35:000.000 de datos- muchas veces no se utilizan, cuando en realidad conforman una base extraordinaria para el conocimiento de la realidad rural y, en particular, de los predios ganaderos familiares. Entonces, así como al señor Senador Atchugarry le gusta definir al productor -como lo hacen los australianos- como productor vocacional, yo lo voy a hacer como lo hacemos los uruguayos a través de estos estudios técnicos: el productor familiar, el productor empresarial y el productor transicional.

Por otro lado, deseo referirme concretamente -porque está íntimamente vinculada a este artículo 10 del proyecto de ley de urgencia- a la empresa familiar, a la importancia absoluta y relativa de las explotaciones. De acuerdo al censo agropecuario -seguramente las cifras se han modificado, pero nosotros estimamos que la tendencia es aún mucho más regresiva- había 55.000 productores rurales en el año 1990, de los cuales 33.000 eran productores familiares. Dentro de ellos se destacan 20.000 predios familiares ganaderos sobre un total de 29.000 predios ganaderos en todo el país.

Son el grupo productivo más numeroso a nivel nacional, aun restando los 6.000 predios menores de 20 hectáreas, que tienen un carácter más residencial que productivo. Numéricamente, son seguidos por los predios familiares lecheros, aproximadamente 6.000, que son los que componen la gran mayoría de tal especialización. Luego vienen los agrícola-ganaderos y los hortícolas con 3.000 cada uno. Los familiares frutícolas y horti-frutícolas suman 2.000 predios más, aproximadamente. Si sumamos los ganaderos, que son 20.000, los lecheros, 6.000, los agrícola-ganaderos, 3.000 y los horti-frutícolas, 5.000, totalizan 33.000 productores familiares, de los 55.000 que hay en el país.

En ganadería, la superficie media, de 13.000 predios, es de 150 hectáreas. En el caso de la producción agrícola-ganadera se reduce a 100 hectáreas en total, en tanto hay entre 20 y 25 cultivadas. La producción familiar lechera tiene unos 1.000 predios con un promedio de 10 hectáreas y otros 1.000 con entre 45 y 90 hectáreas. Esta es la situación en la cuenca sur. En el resto del país, hay 1.500 predios lecheros que cuentan con un promedio de 70 hectáreas, y 500 con 115. Este es un sector estratégico en la vida nacional, asociado a esa integración horizontal que tienen, tan bien hecha, con las cooperativas, en donde también se proponen modificaciones que nada tienen que ver con su eficiencia productiva. ¿Qué tiene que ver resolver aspectos estatutarios para apoyar a una cooperativa que ha sido uno de los sectores más dinámicos en la vida del país y que además afecta a una de las explotaciones productivas más sensibles de la producción agropecuaria? Con la sequía las vacas merman su producción, y con los temporales también. Ayer hubo una merma importante en la producción de leche. Esto ocurre, por ejemplo, cuando cambia el operario que la ordeña todos los días, cuando escucha un ruido que no identifica o aparece un perro u otro animal desconocido. Eso también debe ser comprendido para que esa integración que existe entre producción e industria sea lo más eficiente posible.

Cabría preguntarse qué es un productor familiar, cómo lo podríamos definir. ¿Son todos, sólo los pequeños o los que tienen tanto o cuánto? Hay una definición que se aproxima con mucha exactitud a lo que es un productor familiar. Son aquellos que pagan menos de 25 jornales por año; residen en sus predios; sólo uno de cada cinco tiene vehículo -los hacemos venir casi todas las semanas hasta el pueblo para pagar los impuestos; ojalá este tema sea discutido en ocasión de tratarse el Presupuesto-; poseen un ingreso neto entre U$S 106 y U$S 132 mensuales, por lo cual su trabajo es más una fuente de ocupación que una pequeña empresa, y constituyen en cinco departamentos el 50% de la población rural, y en otros trece, el 30%. Además, son los mayoritariamente expulsados del campo. De los 13.000 productores que el sistema expulsó en los últimos diez años en este período intercensal del que estamos hablando, 12.000 eran pequeños productores, es decir, de menos de 200 hectáreas.

Por eso, todo este tema es de gran importancia para nosotros, o sea, por toda la perspectiva de desarrollo agropecuario nacional, limitado, como se sabe, por la escasa población rural, entre otras cosas. En consecuencia, apoyar y consolidar la producción agropecuaria familiar significa un aporte vital a la conservación de la población rural y al equilibrio demográfico de Uruguay. Lamentablemente, este aspecto no está contemplado en el proyecto de ley que estamos considerando. Las medidas que aquí se plantean no son un aporte sustancial para aliviar la situación de los productores rurales. Esto ya lo han dicho casi todos los señores Senadores preopinantes.

En primer lugar, no aporta soluciones sustanciales, porque nada se plantea sobre el tema más grave que tiene la agropecuaria nacional, que es el sobreendeudamiento. Este es el tema de más urgente consideración cuando hablamos de sensibilidades. Se trata de un endeudamiento estimulado y alimentado por el Estado, porque se dijo que era necesario ser eficientes y producir más, porque se venía la integración, el MERCOSUR y sólo los eficientes se salvarían. No se tuvo en cuenta el punto de partida de muchísimos productores rurales; el 40% de ellos no terminó la enseñanza primaria. Este endeudamiento que está asfixiando a los productores termina en uno de los peores males que tenemos, o sea, la cada vez mayor extranjerización de la tierra. Ya vamos a hablar de los porcentajes de extranjerización que existen actualmente en el Uruguay. Sin embargo, algún día tendremos que discutir si esto es bueno o malo, pero no hacer como el avestruz que mete la cabeza bajo la tierra y decir: "¡Bueno, si vienen los extranjeros, que vengan!"

En segundo término -esta es la parte medular de lo que nosotros queremos proponer para racionalizar este esfuerzo que el Estado enfrenta con los productores rurales- hay que señalar que una parte de los beneficios aquí planteados no abarca al 30% de esas personas. Días pasados aquí en Sala se ha hablado de los productores arrendatarios. ¿El censo dice cuántos son, dónde están y quiénes son? Vamos a beneficiar a propietarios de 4:000.000 de hectáreas, que no trabajan la tierra y los que le pagan por su uso van a sentir que el mensaje del Gobierno es exactamente el contrario del que todos queremos dar: ayudar al que trabaja.

En tercer lugar, no se utilizan razonables criterios de justicia que consisten no como decía el señor Senador Atchugarry -con quien discrepo- en tratar a todo el mundo igual, sino en tratar distinto lo que es diferente. No es lo mismo productores de hasta 200 hectáreas, a los que se les va a rebajar U$S 16 por mes -como aquí se dijo- que aquellos que tienen más de 10.000 hectáreas, que son 19 en todo el país, muchos de ellos extranjeros. El censo también lo dice. Ellos ocupan 285.000 hectáreas y se les va a rebajar U$S 1.250 por mes, es decir, U$S 15.000 anuales. Entonces, a productores grandes, de más de 10.000 hectáreas, sin duda con problemas económicos, les vamos a regalar, prácticamente, un auto y a los otros, un pan dulce. Sin embargo, si algo tiene que hacer el Estado es concurrir en defensa de los más débiles o de los más pequeños. ¿Qué dice el censo agropecuario de 1990? Que en Uruguay había 54.816 productores, que 40.113 tienen hasta 200 hectáreas y que ocupan en total 1:800.000 hectáreas. Esto significa que el 73% de los productores rurales ocupa el 12% de la tierra. Además, de los 54.000 productores rurales, sólo hay 32.500 propietarios. Se cuentan 6.468 propietarios arrendatarios y 390 propietarios aparceros, los que suman 39.390. Pero quedan para atrás, sin el beneficio, 8.876 familias de arrendatarios, 2.999 ocupantes, 3.011 productores que declaran la tenencia de la tierra bajo otra forma y 612 aparceros y medianeros. En total, 15.598 productores no recibirán el beneficio, pero sí los dueños de esas tierras que están cobrando por ellas un arrendamiento y no trabajándolas, por diversas circunstancias, muchas de las cuales serán atendibles. Pero si de lo que se trata es de ayudar a los productores rurales, necesariamente deberíamos tener en cuenta esto.

Por otro lado, de los 8.876 arrendatarios, 6.740 tienen menos de 200 hectáreas. Entonces, para hacer una ejemplificación más concreta y para que cada uno de los Senadores, que además provenimos de diferentes departamentos, pueda después hacer un análisis de cuál sería la repercusión de esto en cada uno de los departamentos, voy a dar los siguientes datos. En Canelones, de 10.688 productores rurales, hay 2.628 que quedan afuera; en Colonia, de 3.626, hay 981 que quedan afuera; en Durazno, de 2.283, 556 quedan excluidos; en Maldonado quedan más de 500; en Paysandú 800; en Río Negro más de 500; en Rivera 765 y, en Salto, 826.

Por eso presentamos un aditivo: para tratar de racionalizar esta ayuda de U$S 15:000.000 que se le va a dar a los productores rurales; y la racionalizamos franjeando y aplicando el principio de que la justicia no consiste en tratar igual a todo el mundo, sino distinto a lo que es diferente. Proponemos que con esos U$S 15:000.000, en vez de tirarlos al boleo, uno para cada uno, hagamos las siguientes franjas. Exonerar de toda la contribución rural a los productores que tengan de 1 a 99 hectáreas, que son 33.000, de los 54.000; ellos ocupan 908.780 hectáreas, que multiplicadas por los U$S 3,62 que vale la hectárea Indice CONEAT 100 de contribución, significan U$S 3:290.000. A los productores de 100 a 499 hectáreas, que son 13.088 y ocupan 3:000.000 de hectáreas, exonerémoslos de la mitad de la contribución. Esto significa U$S 5:500.000. A los productores que tienen de 500 a 2.500 hectáreas, que son 6.818 que ocupan 7:200.000 hectáreas, exonerémoslos del 25% que propone el Poder Ejecutivo, lo cual nos da la cifra de U$S 6:522.000. La suma total da U$S 15:000.000, que estarían mucho mejor distribuidos y llevarían más justicia y certeza a un sector como el rural, que ve cómo estamos emparchando desde hace años.

Quiero aclarar que en el aditivo que presentamos hay un error de imprenta, ya que se habla de un 17% de rebaja para los productores de entre 500 y 2.500 hectáreas, cuando debería decir "20%".

Como nosotros somos de los que creemos que en el tema agropecuario y productivo tiene que haber una integralidad -porque la política, al fin y al cabo, es la conjunción armónica de diversos instrumentos que llevan a conseguir determinado fin- presentamos otros aditivos que hablan del Seguro de Paro para el trabajador rural. Este tema se ha vuelto una carga pesada para los propios productores, que cada poco tiempo ven cómo se van sus empleados -luego de haber sido adiestrados en la nueva tecnología que se va adquiriendo- porque no tienen derecho al Seguro de Paro. Eso constituye una de las más flagrantes injusticias que hay en el Uruguay, ya que unos tienen un derecho que otros no poseen, simplemente porque viven en el campo, porque otro concepto no se puede aplicar. Por eso estamos proponiendo, también, que se exonere del IVA en el consumo de energía eléctrica a explotaciones agropecuarias como las lecheras y las arroceras, por ejemplo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Ha llegado a la Mesa una moción para prorrogar el tiempo de que dispone el señor Senador.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Gracias, señor Presidente y señores Senadores.

El otro aditivo que presentamos, que tiene concordancia y armoniza con lo que podría ser un simple esbozo de política agropecuaria, es la suspensión de las ejecuciones por 180 días. Si no sacamos a los productores esa espada de Damocles que pende sobre sus cabezas, difícilmente podamos tener un sector rural que piense en el desarrollo y en la inversión.

En materia agropecuaria, el Uruguay ha sufrido el peor de los males que puede tener un país de economía agraria: la falta de una política global y de largo plazo, que aliente la producción y que permita que los productores vivan decorosamente. El uso de diversos instrumentos de política por parte de los gobiernos se ha vuelto errático, ineficaz, contradictorio y -lo que es peor- muchas veces perjudicial para los productores. Me estoy refiriendo a dos elementos concretos, como son el manejo de la política cambiaria, con el atraso cambiario que habla de esta transferencia fenomenal de recursos, de más de U$S 10.000:000.000, que hubo en los últimos 10 años -dicho por los propios productores, en las consideraciones más optimistas de análisis- y el manejo errático de la política tributaria. Cada cinco años cambiamos la política tributaria para el sector rural y, lo que es peor, siempre la modificamos para desalentar la producción. Hoy hay anuncios de cambio y creo -honesta, sincera y constructivamente- que le vamos a errar, porque tratar al campo igual que a los demás sectores productivos no es correcto. Además, basar la tributación agropecuaria en la renta real es un grave peligro para el Uruguay, ya que la filosofía, el cerno de esta cuestión dice que sólo van a pagar aquellos que ganen o, mejor dicho, que se va a pagar tributos si se gana dinero, y si no es así, no se pagarán impuestos. ¿No decimos todos que el agro es el principal sostenedor de nuestra economía, ya que de él sale el 80% de las exportaciones? Sabemos, además, que el agro uruguayo tiene un precio relativamente bajo en el mercado internacional de tierras, ya que vale apenas entre U$S 500 y U$S 800 la hectárea ganadera. Ayer el señor Senador Malaquina mencionaba los precios de la hectárea de tierra en España, que vale U$S 100.000; en Irlanda cuesta U$S 7.000; en Brasil, U$S 1.500, y en Argentina se paga más de U$S 1.000. Además, como decía ayer el señor Senador Mujica, se está usando la tierra para solventar negocios, para apuntalar operaciones financieras en el mundo entero. ¿Cuál puede ser la reacción de alguien que vea que en el Uruguay la tierra es muy barata, pues sólo vale U$S 500 -supongo que esta reforma tributaria instaurará definitivamente en el Uruguay el monotributo para el sector rural; aspiramos a que así sea- y, además, si no da ganancias no se paga tributos? Se puede pensar lo siguiente: "si no ganamos, no pagamos; si no producimos, no ganamos; por lo tanto, podemos comprarla y tenerla como un reservorio financiero que algún día -como también lo demostró el señor Senador Mujica- va a subir. ¿Ese es el destino que le espera a los uruguayos? Tenemos que tener en cuenta un problema que es gravísimo, que es el de la tenencia de tierras por parte de sociedades anónimas con acciones al portador. Cuando esto se generalice, no vamos a tener un censo agropecuario, porque no vamos a saber de quién es, quién la tiene, ni dónde está. Estoy hablando de la tierra uruguaya, esa que nos da de comer a todos o debería hacerlo.

Efectivamente, en el Uruguay la producción ha aumentado -eso es verdad- y lo ha hecho a través de un incremento de la productividad. Hay sólo dos maneras de aumentar la producción: o se aumenta la productividad y se intensifican los rubros, o se amplía la frontera agrícola, cosa que hace mucho tiempo ha pasado en nuestro país. Ya ocupamos todo nuestro espacio. Entonces, para aumentar la producción y, por lo tanto, nuestra riqueza, debe producirse un incremento de la productividad.

Ahora bien, el objetivo -que es el que debería tener una política agropecuaria, o de cualquier otra índole- de que los productores puedan vivir decorosamente, ni por asomo se ha cumplido. Como decía en el día de ayer el señor Senador Mujica, casi la mitad de ellos viven por debajo de la línea de pobreza, y existe un altísimo endeudamiento -como también se ha señalado- prácticamente impagable. Sólo la deuda bancaria se llevaría 7:000.000 de los 10:000.000 de vacunos que tenemos. Cada año el sistema expulsa mil familias rurales, y existe un creciente proceso de extranjerización de la tierra -también figura en el censo- que se puede proyectar y que, además, ya sobrepasó los 3:000.000 de hectáreas. Cerro Largo tiene 1:300.000 hectáreas; Rivera, 900.000 y Artigas, 1:200.000. A esos tres departamentos parece que les hubieran pegado un guadañazo, porque están en manos de extranjeros.

Ojalá un día se dé la discusión acerca de si esto es bueno o malo para el país, porque lo peor es no hacerlo.

Como dijimos hace un rato, todo esto se va a ver acelerado por esta ley de sociedades anónimas, que por primera vez permite tener acciones al portador para la compra de tierras.

La conclusión más rotunda es que no ha habido una política tributaria que armonizara con el aumento de la producción, que es uno de los objetivos. Por el contrario, como hay un impuesto a la venta, cuanto más se produce más se paga. Esto ni siquiera tiene en cuenta los costos de producción. Para vender más, el productor debe producir más y, para hacerlo, tiene que invertir. Esa es una parte de la explicación del aumento de la producción y del endeudamiento.

Tampoco ha habido una política crediticia que armonice con el aumento de la producción, y menos con la calidad de vida de los productores.

Una de las buenas noticias que daba el señor Senador Millor era que habían venido U$S 120:000.000 al sistema financiero uruguayo, en un solo día. Me gustaría mucho más -y quizá esas son las diferencias de sensibilidades; no digo que el señor Senador no las tenga- que un día nos enteráramos de que vienen U$S 120:000.000 para abrir un frigorífico en Artigas. Eso sería más valioso, más importante y más productivo, no sólo porque mejoraría la calidad de vida de nuestra gente, porque daría trabajo, sino también porque agregaría producto y valor a nuestra materia prima.

SEÑOR MILLOR.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Pido la interrupción con dolor, puesto que lo más conveniente en este tipo de discusiones es dejar que el expositor pueda desarrollar su pensamiento, sobre todo en una ley tan compleja como ésta.

Si viniesen U$S 120:000.000, no abriríamos sólo un frigorífico en Artigas, sino un montón de establecimientos más.

Lo que dice el señor Senador Nin Novoa no es excluyente de lo señalado por mí. Yo digo que es preferible que la plata venga -aun cuando mi país sea el que paga el menor interés de Latinoamérica- a que se vaya. El capital busca ganancia, pero también confiabilidad, credibilidad; esto es lo que se llama riesgo-país. Sabido es que éste tiene dos componentes: riesgo político, es decir, vocación del gobierno de pagar, y riesgo económico, o sea, capacidad del país de pagar.

Digo al señor Senador, además, que Brasil acaba de sacar una colocación al 11%; Argentina paga más. No obstante, el capital -que, reitero, no es cobarde ni valiente, sino lógico- prefiere venirse de un país que paga casi el doble y radicarse en el Uruguay que, si bien paga la mitad, es creíble y confiable. Precisamente porque es creíble y confiable, por ahí aparecen, no U$S 120:000.000 sino bastante menos, para abrir un frigorífico. Le doy la buena noticia al señor Senador Nin Novoa -y esto no va a ser tapa de ningún diario- de que ya vino capital para abrir un frigorífico en Salto. ¿Por qué viene? Porque el país es creíble, confiable y atractivo para los inversores.

Esta no es una discrepancia sino, simplemente, una puntualización que quería hacer al señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Puede continuar el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Hablábamos de las políticas tributarias y crediticias, de la armonización que debe existir entre ellas, y también hay que hacer referencia a las políticas sociales para el sector agropecuario.

Los productores tienen jubilaciones absolutamente miserables, lo cual, entre otras connotaciones que tiene, impide el acceso de los jóvenes a la tierra, porque nadie deja de trabajarla cuando su jubilación pasa a ser $ 900 o $ 1.000 por mes. Naturalmente, esto es así cuando existe la posibilidad de quedarse y no en los casos en que necesariamente la persona tiene que irse porque no tiene nada. Ni que hablar del Seguro de Paro de los trabajadores rurales, al que aludimos y al que este sector político va a tratar de impulsar con todas sus fuerzas, porque es una cuestión de absoluta justicia y, además, de conveniencia.

Con relación a políticas de tierra que impidan no sólo este proceso de migración campo-ciudad, sino también la extranjerización, hace muchos años que no se hace nada. El Instituto Nacional de Colonización, que sería el instrumento adecuado para atenuar esa emigración y la extranjerización, parecería que estuviera redactando su propia crónica de una muerte anunciada.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- No quiero entrar en una polémica con mi viejo amigo el señor Senador Nin Novoa, pero cuando queda constancia en la versión taquigráfica de que nadie ha hecho nada en el proceso de extranjerización de la tierra, tengo que decir que a esta Sala han llegado tres proyectos de ley para combatirlo: uno de ellos antes de la dictadura, que vino con opinión favorable de la Comisión y que el proceso de la dictadura impidió aprobar, y dos luego de la dictadura, redactados por quien habla. El señor Senador Nin Novoa sabe bien cómo trabajamos en ese tema.

De manera que cuando se alude a esto no puedo quedarme en silencio y debo decir que hemos hecho un enorme esfuerzo y que, lamentablemente, por uno o dos votos hemos perdido en el Senado en el momento en que se sometieron a votación estos proyectos, que estaban dirigidos directamente a combatir el creciente proceso de extranjerización de la tierra.

Es, simplemente, la constancia que quería dejar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Puede continuar el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Por supuesto, acepto la constancia de muy buen agrado y la recibo, porque conozco la tarea del señor Senador Pereyra en esta materia. Lo que quise decir -eso era lo que estaba en mi mente, aunque no lo dije- es que, pese a los esfuerzos de algunos -como el señor Senador Pereyra, que ha hecho mucho para tratar este tema- el país en su conjunto no ha logrado nada. Le reconozco, sin titubeos y sin duda alguna, lo que el señor Senador ha batallado durante años en torno a esto.

En la muy buena exposición que realizó en el día de ayer el señor Senador Malaquina, que dejó en evidencia -sin lugar a dudas- la visión de un hombre conocedor del campo y de la producción -aunque uno pueda tener algún matiz natural- se deslizó algo sobre el tema de los subsidios. Dijo -y el señor Senador me corregirá si no estoy en lo cierto- que los productores rurales habían hecho poco por reclamar contra los subsidios del mundo entero. El señor Senador Malaquina asiente con su cabeza, y eso me basta para hacer algún comentario al respecto.

En el Uruguay el subsidio no es una mala palabra, porque nosotros lo usamos; inclusive, se hace hoy. Entre las informaciones que manejamos, se dice que el subsidio a la producción forestal está atrasado en la cifra de U$S 15:000.000. Hace un año y medio o dos que no se pagan los subsidios previstos en la Ley Forestal.

El señor Senador Malaquina habló muy bien de la explosión en calidad que había tenido la vitivinicultura uruguaya. Tuvo un subsidio muy fuerte, y es bueno que así haya sido, porque la reconversión de la hectárea de vid vale más de U$S 13.000, o sea sacar la planta y colocar otra cepa. Eso hizo que el Estado subsidiara con U$S 7.000.

Por lo tanto, "subsidio", en el Uruguay, no es una mala palabra, y mal podemos hablar contra ellos, porque nos van a decir que nosotros también subsidiamos. Me parece que el problema radica en que estamos subsidiando algunas actividades en las que ya no se justifica el subsidio, y tendríamos que destinar parte de los recursos a otras tareas que por su perfil productivo y social deberían ser subsidiadas.

SEÑOR MALAQUINA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MALAQUINA.- Quiero recordar al señor Senador Nin Novoa que yo hablé de subsidios, pero agregué una palabra más, ya que me referí a "subsidios perversos", y dije esto, porque algunos son subsidios para crecimiento y otros sirven para cambiar el mercado y competir en forma desleal. Seguramente encontrará esas expresiones en la versión taquigráfica.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Puede continuar el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Señor Presidente: nosotros planteamos que lo verdaderamente urgente para el sector agropecuario es buscar soluciones para el endeudamiento y la rentabilidad. Estamos dispuestos a aportar en esto, porque no nos consideramos una fuerza destructiva, opositora ni destructora, ni nada por el estilo, sino que, repito, tenemos otra visión y queremos aportar en función de nuestra concepción de país y sociedad.

Por las razones expuestas, hemos presentado algunas alternativas, aditivos que seguramente todos los señores Senadores tendrán en sus repartidos. En ellos hacemos referencia a la exoneración del IVA a la electricidad con destino a las producciones rurales, a la suspensión de ejecuciones por 180 días, a otras formas de rebajar la Contribución Inmobiliaria Rural y al Seguro de Paro para el trabajador rural.

Por último, no quisiera dejar de mencionar -ya que al igual que otros señores Senadores tuvimos la responsabilidad de ser Intendentes y quizás otros la van a tener- que el Congreso de Intendentes nos ha enviado un aditivo -seguramente el señor Senador Larrañaga hará mención al que le fuera remitido- vinculado al artículo 38 relativo al intercambio de deuda entre UTE e Intendencia, por el que se propone que dicha disposición tenga un segundo inciso que diga que la compensación a que se refiere este artículo incluirá los créditos que por cualquier otro concepto tengan las Intendencias Municipales contra UTE. Los que estuvimos alguna vez en las Intendencias conocemos la cuenta corriente permanente que existe con los organismos del Estado, a través de la patente de rodados, de los inmuebles urbanos, etcétera. Es aspiración del Congreso de Intendentes que este aditivo se apruebe, y nosotros lo vamos a acompañar.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- En el correr de los últimos tres días he escuchado una serie de aportes realmente muy importantes para este Senado. Se han hecho discursos que, lógicamente, están en el marco de lo que significa la actividad democrática de cualquier Parlamento.

Naturalmente, debo declarar que soy novicio absoluto, debutante en estas lides. Entre ser un Intendente que utiliza seguramente tres días en impulsar una cantidad de obras, de servicios, en ayudar a las policlínicas o en resolver problemas de caminería o de construcción de viviendas y venir a esta Cámara a escuchar los discursos de los distintos compañeros integrantes del Senado, obviamente, hay un trecho muy largo. Sin embargo, voy a procurar adaptarme; no tengo más remedio que hacerlo, ya que fui electo por la ciudadanía..

El tratamiento de este Proyecto de Ley de Urgencia nos ha llevado a todos a hablar de todo. Hemos discutido sobre familias ideológicas, devaluación, déficit cambiario, ajuste, fiscalazo, endeudamiento del sector agropecuario, extranjerización de la tierra, hipermercados, ANTEL, fundamento liberal, privatizaciones, insensibilidad social, doble tributación, atraso cambiario y sobre algunos que miran el borrador y se fija quién lo redactó. Realmente, escuchamos discursos muy importantes sobre lo que no dice la ley y sobre lo que sí menciona. En mi opinión -y pido las disculpas del caso- hemos perdido bastante tiempo, porque si bien el Parlamento está para hablar, también debería procurar resolver los problemas de los uruguayos que ameritan una respuesta y una solución en el marco de lo que son nuestras responsabilidades.

Quisiera hacer una primera precisión, porque he escuchado con atención, en muchos casos, lo que significa la imputación de quienes atacan a esta ley diciendo que es perversa y tremendamente maléfica para la sociedad uruguaya. Esto está imbuido de un pensamiento filosófico negativo, destructivo de buena parte de nuestra sociedad y del tejido social de los uruguayos. Esto es lo que con más o menos palabras hemos escuchado.

Creo que la verdad, como siempre, se junta de a pedazos, y quizás cada uno tenga porciones de verdad, pero no sea enteramente dueño de ella. No quiero quedar con la sensación de que me callo frente a quienes quieren establecer un corte vertical en la sociedad y en el sistema político uruguayo. Están los buenos, que quieren lo mejor para los pobres, lo mejor para el aparato productivo nacional y una mayor justicia en la distribución del ingreso, y están los malos que, aparentemente, somos nosotros, que queremos que haya más pobres, más ricos, que el aparato productivo esté fundido, que la sociedad uruguaya tenga desocupación, tugurización, pobreza, miseria. Es una dicotomía sensibilidad-insensibilidad.

Con todo respeto señalo que por votar esta ley no dejo de ser más sensible que ningún otro Senador ya que, en definitiva, como en todas las cosas, se trata de ser depositario de parte de la verdad.

Repito y recalco que a este proyecto de ley se le hace decir lo que no dice; a veces se lee su texto de manera interlineada, y quizás no sea ideal o excepcional, pero a mi juicio también se confunde la urgencia de los problemas de la sociedad uruguaya con el mecanismo para resolverlos. La Constitución de la República habla de mecanismos de urgencia, no de que el contenido de la ley sea en toda su extensión de urgente consideración.

Esta es una primera puntualización, y me parece importante precisar lo que estamos tratando. Estamos acudiendo a un mecanismo jurídico consagrado por la Constitución de la República denominado "de urgente consideración". El contenido es lo que de alguna forma puede ser opinable, y naturalmente, no lo es todo de urgente consideración. Tampoco se pretendió establecer que todo el contenido fuera de urgente consideración.

Hemos utilizado tres días enteros en la formulación de grandes exposiciones -incluso yo también estoy inmerso en el divertimento del discurso- cuando podríamos haber empleado ese tiempo en analizar el proyecto y aprobarlo en el marco de mayorías y minorías que ya están explicitadas y consagradas, y posteriormente continuar en la mecánica legislativa aportando respuestas a los temas que todos queremos solucionar. No creo que aquí haya una parte del Parlamento, y de este Senado, que quiera resolver los problemas, y otra parte que sea tan insensible que no desee dar respuesta a las dificultades de nuestros compatriotas.

En definitiva, somos todos uruguayos, y los problemas de los uruguayos no tienen color político ni partidario. No son blancos, ni colorados, ni frentistas, ni nuevoespacistas; no son de izquierda ni de derecha, ni liberales, ni neoliberales. Son problemas, simplemente, de seres humanos.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Gracias, señor Senador.

Estoy escuchando con atención la exposición del señor Senador Larrañaga, y como parte de lo que ha dicho lo comparto, quiero abonar esa experiencia que él inicia en el Senado de la República. En realidad, la inició en el ámbito de la Comisión, donde trabajamos juntos y en donde en más de una oportunidad insistí en algo, esperando que eso no se ratificara luego en Sala, porque siempre digo que no es bueno anunciar que las cosas van a ser de una determinada manera, cuando creemos que no van a ser buenas, y luego eso se cumple; preferiría que la realidad me mostrara que no es así. Al señor Senador Larrañaga, señor Presidente, le consta que en varias oportunidades insistí en cuanto a que la Comisión era el ámbito adecuado para discutir la ley y en el cual se debía trabajar. Todo esto consta en la versión taquigráfica, y al respecto deseo aclarar que tuvimos que "pelear" para que la hubiera, porque en la primera sesión se nos dijo que no la iba a haber puesto que algunos señores Senadores sostienen -no sé si porque así lo piensan- que muchos hablan para la versión taquigráfica, para la historia o para los politólogos. Advierto que no comparto esa posición. Reitero, señor Presidente, que al señor Senador Larrañaga le consta que muchas veces pregunté qué querían decir una serie de artículos -con poco éxito en cuanto a las respuestas- y manifesté que ese era el ámbito de trabajo en el que debía analizarse y desmenuzarse el proyecto, y también en el que debía fundamentarse la intención de cada artículo. Ante esto, se me contestaba que las discusiones debían darse en el Plenario. Precisamente, eso es lo que estamos haciendo.

Cabría preguntarse si la elección fue de los Senadores que queríamos trabajar en la Comisión o de aquellos que deseaban votar rápidamente sin discusión y ninguna argumentación en la Comisión para traer el proyecto al Senado y hacer de este el ámbito de debate. No sé si el señor Senador Larrañaga pertenece -creo que sí- a la coalición, a la que el señor Senador Millor le entregó el gobierno. En todo caso, es responsable o corresponsable de esta iniciativa que tiene multiplicidad de temas. Lamentablemente, la velocidad con que se trabajó en la Comisión no nos permitió profundizar en ellos. Estamos de acuerdo en cuanto a que tienen que ver con la vida del país, pero aclaro que no se trata de un problema de sensibilidad personal o no. En realidad, estamos hablando de un problema de sensibilidades distintas. No califico, porque si no, mi amigo, el señor Presidente Carminatti va a borrar de la versión taquigráfica lo que yo diga; simplemente señalo que son sensibilidades distintas ante los intereses de algunos sectores de la población. Repito: estamos discutiendo sobre intereses, sensibilidades y urgencias diferentes.

En cuanto a la urgencia del contenido, debo decir -y no lo digo yo, que soy malpensada, aunque lo soy porque me baso en hechos y no en especulaciones- que el otro día leí la versión taquigráfica de las palabras del señor Ministro de Economía y Finanzas cuando concurrió a la Comisión. El contador Bensión, dueño de los "cordones de la bolsa", del "monedero" de este país, y al que se le termina consultando, manifestó que venía a presentar el proyecto de ley, el que contenía las urgencias del Gobierno, destacando tres puntos. Sostuvo que la urgencia número uno era el tema de la variable fiscal y que, por lo tanto, repito, venía a desarrollar las urgencias de la coalición de Gobierno. Esto no lo digo yo, sino que lo afirmó quien vino en nombre del equipo económico. Queda claro, entonces, que los contenidos expresan la urgencia de la coalición de gobierno, y a nuestro juicio, no son las urgencias del pueblo uruguayo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Realmente, lo expresado por la señora Senadora Arismendi es anecdótico; lo que diga el señor Ministro de Economía y Finanzas corre por su cuenta. No soy blanqui-colorado, ni blanqui-frentista ni blanqui-nuevoespacista; soy nacionalista por saravista, por wilsonista y por mirar al viejo Herrera en muchos de sus pensamientos, que dieron fundamento a esta Nación.

Creo que en la Comisión se discutió. Todos los aportes que se quisieron hacer, allí se vertieron.. Tanto es así, que aparecieron aditivos posteriores al tratamiento en la propia Comisión.

Recalco y reafirmo el mecanismo de la urgencia. Terminemos de considerar este proyecto de ley, para después poder continuar con todos los otros temas de los cuales, de alguna forma, nos debemos ocupar.

Esta iniciativa, señor Presidente, en sus distintos capítulos, núcleos y componentes, habla de la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad ciudadana, y de otros temas que aquí se han esbozado. Lógicamente, no voy a referirme a todos porque ello significaría ser repetitivo. Sí digo que este es un proyecto que entre lo ideal y lo posible, se aferra a lo posible, a fin de dar respuestas que permitan resolver, si bien no todos, algunos de los problemas que tienen los uruguayos, en lo que significa una dinámica de gobierno y legislativa que deberá ir acompasando las propuestas que todos hagamos, ahora que han pasado cuatro elecciones y que de alguna manera ya no tenemos mucha necesidad de hacer grandes discursos para que salgan en los medios de prensa, aunque cada vez salen menos, puesto que cada vez somos menos creíbles, y porque en el producto y la respuesta que debemos brindar a la sociedad uruguaya -hablo del Parlamento en su conjunto- cada vez somos más avaros y machetes.

Entre otras cosas, estamos tratando exoneraciones vinculadas a tributos con el sector agropecuario. Se habla de que los arrendatarios quedaron fuera, pero debemos tener en cuenta que ellos no pagan la Contribución Inmobiliaria. Entonces, no reciben nada, pero tampoco pagan nada.

Es más, entre aportes patronales y la Contribución Inmobiliaria hay un aporte importante; sobre este tema, como es lógico, podemos encontrar coincidencias con la posición de algunos señores Senadores que ya han hablado en este Recinto. Es cierto que han faltado políticas agropecuarias; también estamos de acuerdo en que quizás han fallado las políticas agropecuarias, no por existentes, sino por inexistentes, que es la peor política que pueda existir. Se me podrá decir que algunos de los Ministros fueron de mi partido; si le cabe el sayo a los Ministros de nuestro partido, que se lo pongan. Sin embargo, la realidad es que hay que impulsar políticas, no solamente tributarias, sino también crediticias. Es más, habría que buscar, sin voluntarismo y demagogia, una solución al tema del endeudamiento del sector agropecuario para construir la mejor política social que puede construir un país, que es la de generar trabajo para su gente porque, precisamente, después de esa política social, todas las otras representan, de alguna forma, asistencialismo. Digo esto, porque el uruguayo con salario puede tener techo, salud y educación para sus hijos.

No quiero ocupar el tiempo de este Senado en muchos de los capítulos sobre los cuales los distintos señores Senadores en esta discusión general han abundado en sus exposiciones, tanto a favor como en contra. Seguramente, nuestro humilde aporte lo podremos dar en la discusión particular, cuando se traten los distintos artículos. No obstante, tengo la intención de referirme a la parte de los servicios públicos y la manida discusión sobre la doble tributación por el pago de los servicios de alumbrado público, que hasta ahora estaban en la ejecutoría de los Gobiernos Departamentales.

A este respecto, creo que lo peor de este capítulo del proyecto de ley se sacó porque, precisamente, lo peor era pasar por deudas, compulsivamente, la prestación de los servicios del alumbrado público desde las Intendencias a la empresa UTE. Digo esto porque, tal como ya se ha dicho, y como lo sabe hasta el que asó la manteca, obviamente UTE no puede prestar este servicio de alumbrado público, pues ello significaría involucionar, es decir, centralizar en lugar de descentralizar, en contra de lo que hemos venido sustentando permanentemente.

Pero, en cuanto al consumo de energía eléctrica, se establece que va a ser cobrado directamente por Usinas y Transmisiones Eléctricas y que la tarifa distinguirá dos o más franjas que reconozcan las diferencias de prestaciones. Esto es perfectamente posible, pues se cuenta en cada departamento del país con el planillado correspondiente para saber en dónde tenemos alumbrado y en dónde no. A nivel de Comisión, se le agregó que no corresponde pago alguno en las zonas que carezcan de servicios, lo cual es obvio porque no podemos cobrar un servicio que no se presta.

En lo que respecta a lo que se imputa como doble tributación en el artículo 39, se establece que las tasas de alumbrado para mantener la razonable equivalencia a que refiere el Código Tributario, no podrán incluir el costo de consumo eléctrico a que refiere el artículo anterior. En mi opinión, no va a haber doble tributación, doble pago o doble imposición porque en el consumo, los usuarios, en función de la prestación del mismo, van a pagar a la empresa UTE. Mientras tanto, las Intendencias Municipales podrán continuar con una Tasa General de Servicios vinculada a lo que signifique el mantenimiento, la reposición y los nuevos alumbrados. Entonces, inmediatamente se dice que no, que las Intendencias no van a bajar esa Tasa General de Servicios, con lo cual, ¿quién va defender al consumidor? Seguramente, al consumidor lo vamos a defender todos; diría que ya lo estamos defendiendo. ¿Acaso se pretende crear otra categoría? Esto es, ¿Legisladores que defienden al consumidor y Legisladores que quieren castigarlo? La Tasa General de Servicios en muchos departamentos recoge, precisamente, el tema del alumbrado público. En Paysandú representa aproximadamente U$S 2:300.000 anuales, cifra en la que se involucra la recolección de residuos, barrido y limpieza de calles. Pero por el consumo que le estamos pagando todos los meses -la Intendencia de Paysandú es una de las cinco que está al día, ya que ha pagado siempre- recoge aproximadamente U$S 200.000 por mes. Obviamente, en tanto UTE le cobre a los vecinos, la propia Intendencia Municipal de Paysandú se va a ver liberada de ese pago de U$S 200.000 mensuales.

Por lo tanto, podemos perfectamente bajar la Tasa General de Servicios. Creo que esto puede pasar en todas las administraciones comunales porque, además -y lo quiero recalcar- buena parte de la población recibe alumbrado público, pero no paga un sólo peso por ese concepto. Por supuesto, eso es culpa de las administraciones comunales.

Seguramente, habrá que incluir algún tipo de agregado porque, en el artículo 37, se prevé la hipótesis del pasaje volitivo a la UTE del servicio de alumbrado. Allí recién se haría la compensación por todas las obras de redes anteriores. Sin embargo, no se dice nada para el caso general y aplicable que va a ser el de que las Intendencias se quedarán con la prestación del servicio, por cuyo pago habrá que compensarlas por las extensiones de redes que se han hecho en el país. De todos modos, el análisis de este tema lo vamos a reservar para la discusión particular.

Nos parece importante resaltar que todo este tema de la Tasa General de Servicios estará bajo el control de las Juntas Departamentales. Las Intendencias Municipales perfectamente podrán reformular sus propios presupuestos de cara a lo que pueda significar este tipo de situaciones. Obviamente, si hay una prestación de servicios, hay que pagarla.

Para terminar, me voy a ocupar de otro tema, que es el referente al capítulo de la descentralización, no sin antes defender una posición que sustentaba nuestro compañero, el señor Senador García Costa, con respecto a las transferencias del Gobierno Central a los Gobiernos Departamentales. Se trata de U$S 93:000.000 por año; aquí se habló de U$S 100:000.000 pero, reitero, son U$S 93:000.000 por año. Debo agregar que no son transferencias del Gobierno central realizadas en forma caprichosa, discrecional y arbitrariamente para las Intendencias Municipales del interior de la República. No es una dádiva, como me acota el señor Senador García Costa, sino un conjunto de recursos económicos que se transfieren de acuerdo con disposiciones legales. La Ley Nº 15. 851, a partir del 1º de enero de 1987, le dio participación a las Intendencias por IMESI -nafta y tabaco- lo que llega a la suma de U$S 10:000.000. Según el Presupuesto de 1995 que aquí se mencionó -aclaro que no quiero discutir con el señor Senador Gargano, pues conozco su talentosa y siempre imaginativa exposición- ello se hizo por pagos de aportes patronales. Pero, ¿por qué se hizo? ¿Por qué el Gobierno nacional quería matar a las Intendencias Municipales? Observo que el señor Senador Michelini se sorprende, pero desde el año 1984 ninguna Intendencia Municipal -ninguna- pagó los aportes patronales.

SEÑOR MICHELINI.- No cumplen con los aportes patronales, señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Porque estaban exoneradas; luego, en el año 1990 se quitó esa exoneración y posteriormente con la ley que mencionó el señor Senador Gargano, el tema se resolvió. Se trata de U$S 28:000.000, pero quiero expresar que esto se realizó en el marco de una negociación aceptada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional de Intendentes. Todas las Intendencias Municipales del país hicimos un estudio de todas las prestaciones de servicios que ellas brindan y que son competencia y responsabilidad del Gobierno Central. Así que aquí hay una contraprestación.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con mucho gusto le voy a conceder una interrupción al amigo Michelini, más allá de que en el día de ayer no me dieron una que yo pedí, pero no voy a pagar con la misma moneda.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Señor Senador Larrañaga: le quedan cuatro minutos de su tiempo, por lo que antes habría que mocionar la prórroga del término de que dispone.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: yo no me voy a poner a discutir acá si las transferencias a las Intendencias del Interior han sido por ley o no. No era el objetivo de mi exposición. Estoy de acuerdo, además, que hay Intendencias a las que hay que hacerles transferencias. Yo creo en ayudar a los más débiles. Hay Intendencias del interior que realmente tienen niveles de pobreza más altos que en Montevideo. No estoy discutiendo eso. Lo que quise decir, cuando el señor Senador Larrañaga expresó que yo hacía un gesto con mis manos, era que la transferencia del Presupuesto en 1995, no sólo condonaba los aportes patronales de las Intendencias, algunas de las cuales debían y otras no, sino que a las demás las exoneraba de todos los aportes patronales por estos 5 años, lo cual fue en mi opinión un claro mensaje de que sigan haciendo clientelismo político las que lo estaban haciendo.

En el día de ayer, en una intervención muy inteligente del señor Senador Malaquina, que reconozco -hoy Intendente reelecto de Salto- decía que hay que empezar a diferenciar a las Intendencias que cumplen de las que no lo hacen. La resolución de 1995 iba precisamente por el camino contrario, ya que el Gobierno Nacional, con los votos de la mayoría -no con los míos- terminó convalidando la situación de aquellas que hacían clientelismo político, que hacían política tomando gente, incluso en año electoral y premiando a los que hacen una mala gestión, a los que administran mal y a los que con los pocos recursos de una transferencia del Gobierno Nacional los volcaban a aportes patronales. Sinceramente digo que no me preocupa que sea por ley. Tiene que ser por ley. Creo que va más allá de ella. Hay que ayudar a las Intendencias del Interior porque están en peores condiciones pero en la buena dirección, no convalidando las malas prácticas administrativas, la toma de clientelismo político y de trabajadores, lo que se hace con un solo fin que es hacer política. Lo digo una y otra vez: me voy a negar a hacer transferencias que vayan por esa dirección. Otro tipo de transferencias van a contar con mi voto en el Senado; un voto, que no es mucho, pero van a contar con él. Todo lo que sea para ampliar el aspecto productivo y bajar la presión tributaria que sufre el sector agropecuario va a contar con mi voto, pero no van a contar con mi voto para que se siga haciendo clientelismo político como se hace en Canelones. Esto no lo dice el Nuevo Espacio, sino el señor Chiesa. El señor Chiesa, candidato a Intendente de Canelones, es el principal opositor. El señor Presidente de la República, doctor Batlle, dijo cómo se manejaban los fondos en Canelones, la gente que se tomaba y el clientelismo político que se hacía con esos fondos. ¿A esas Intendencias vamos a premiar? No, señor. Y si se quiere un testimonio mayor, está la única candidata del Partido Nacional, la señora Senadora Julia Pou. Lo dijo en todo ámbito.

Por lo tanto, señor Presidente, yo no quiero entrar en una discusión si hay que ayudar a las Intendencias; hay que ayudarlas, no tengo duda, pero lo que digo es que fomentando el clientelismo político conmigo no van a contar.

(Ocupa la Presidencia el profesor Luis Hierro López)

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: yo no vengo a defender administraciones ineficientes o que aplican el clientelismo político; vengo a defender la institución Intendencia Municipal y creo haber predicado en los diez años que estuve al frente de la Intendencia de Paysandú reduciendo -no por echar, porque no eché a nadie- la plantilla de funcionarios municipales en un 14%. Simplemente estaba explicando lo que dijo el señor Senador García Costa en forma sucinta de que no eran dádivas a las Intendencias Municipales, sino transferencias. En el Capítulo que motivó la intervención del señor Senador Michelini con respecto al pago de los aportes patronales, los mismos venían siendo exonerados como forma de compensar a las Intendencias Municipales del interior de la República en lo que significa precisamente la prestación de tareas vinculadas a servicios de salud, de educación, de asistencia al deporte y de decenas de cometidos que de alguna forma las Intendencias prestan sin tener una competencia legal en la materia. Yo no tengo que andar construyendo viviendas, pero el entonces Ministro Chiruchi, hoy integrante de este Cuerpo, sabe perfectamente bien que en 10 años, con fondos propios del Gobierno Departamental de Paysandú construimos 140 viviendas para personas carenciadas en ese departamento, siendo una de las pocas Comunas que lo hizo con fondos propios.

Sigo con la lista de lo que completaba la asistencia o el traspaso o la dádiva si alguno le quiere poner el título, aunque de alguna manera es una dádiva legal votada por el Parlamento. Está el IMESI del gasoil que son U$S 15:000.000, que de alguna forma vino a sustituir la disminución del 3% municipal al 1%. Está la participación en Casino, que son U$S 4:700.000, la participación de inversiones de caminería rural y de planes de obra municipales, las cuales en el conjunto conforman los U$S 93:000.000. También quiero resaltar que en la Intendencia de Montevideo, el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene un amplio plan de urbanización y de caminaría en asentamientos, según algunos carteles, salvo que el Ministerio instale carteles y no realice las obras.

Para finalizar, señor Presidente, quería hablar del tema de la descentralización. Quiero defender esta parte del proyecto, porque hemos leído el informe en minoría del Frente Amplio, el cual establece que "el proyecto es extremadamente restrictivo en la relación con los cometidos de la Comisión Sectorial". Luego dice: "También lo es en cuanto a la integración de la Comisión. Por nuestra parte pretendemos que la Comisión esté integrada por el mayor número posible de Intendentes", etcétera. Creo que hay que leer la Constitución de la República, en la que el literal B del artículo 230 dice: "A estos efectos se formará una Comisión Sectorial que estará exclusivamente integrada por delegados del Congreso de Intendentes y de los Ministerios competentes". Realmente, hacer una Comisión de 19 Intendentes más el Ministro de Economía y Finanzas, es una posición que no compartimos aun cuando obviamente la respetamos en el marco de las propuestas de los distintos partidos.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una pregunta señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Yo leí con cuidado el informe en minoría. Pregunto: ¿hay alguien que sostuvo que en la Comisión Sectorial debían estar trabajando los 19 Intendentes?

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- El proyecto del Frente Amplio dice en su artículo 1º que la integración de la Comisión Sectorial de descentralización estará integrada en forma permanente por los Intendentes Municipales de los 19 departamentos, del titular o de un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas. Al respecto, creemos que la integración, en forma igualitaria con 6 señores Intendentes Municipales, y 6 representantes del Poder Ejecutivo, es una buena representación. En este sentido, es bueno resaltar la buena voluntad que se ha puesto en el marco de impulsar políticas de descentralización desde el Poder Ejecutivo y del propio Presidente de la República. Tengo que reconocer esto porque con él conversamos directamente sobre este artículo 54, cuando previmos un empate en la votación y también cuando se previó que fuera el Parlamento el que de alguna forma pudiera determinar la alícuota del porcentaje fijado en el artículo 214 o lo que puedan significar el fondo de descentralización incluido en el artículo 298 de la Constitución de la República.

Descentralizar es acercar el poder del Estado a la gente, es democratizar el acceso al principio de igualdad de oportunidades, por lo menos en el inicio, para los compatriotas de todo el país, atendiendo a la circunstancia de que todos sabemos que hoy la composición del producto está constituida por el 60% de aportes en Montevideo, el 72% de los cinco departamentos del Sur -incluyendo Montevideo- y el resto de nuestros departamentos está aportando entre 1,5% y 2%. Estamos confiados en que los criterios -muchos de los cuales compartimos- que han sido incorporados en el proyecto del Frente Amplio en el marco de la instancia presupuestal se puedan llevar a cabo. Cuando se cumpla el artículo 214 de la Constitución y con el fondo de descentralización establecido en el artículo 298 en la etapa del presupuesto, tal vez podamos entrar en la consideración de aquellos criterios que deberán corregirse por la vía de practicar desigualdades, que es la única manera de corregirlas, tal como lo decía el profesor Couture.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Creo que hoy soy el más interrumpido en este Senado, pero lo haré con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Pienso que el señor Senador Cid lo superó ampliamente.

En función de las objeciones y los comentarios que se hicieron en la Comisión, el proyecto que aportamos fue modificado. Seguramente se pueden encontrar fácilmente, porque cuando se hacen aportes que nos resultan convincentes, no tenemos problemas en integrarlos. Por supuesto, estamos pidiendo cierta reciprocidad, quizás no de su parte, pero sí de otras que en cuestiones de fondo de este proyecto no la hemos encontrado. En todo caso, esto lo podremos ver en la discusión particular, pero si el señor Senador se quiere referir al aditivo que presentamos, puede encontrarlo en los repartidos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Por suerte no somos los únicos que tenemos borradores sobre este tema, porque aparentemente también existen en otros lados.

Quiero resaltar -y creo que por lo menos en este asunto tenemos que buscar los puntos de encuentro- que la aspiración de este tema fue definir la integración de la Comisión Sectorial, así como sus cometidos y atribuciones. Es evidente que no pueden estar todos en una enumeración exegética en este cuerpo legal y que podrán ir complementándose en otras disposiciones, fundamentalmente cuando tengamos oportunidad de intervenir en la etapa presupuestal. Pienso que no hay profundas diferencias y sólo importan para dar algunas respuestas o soluciones al tema.

Quiero terminar esta exposición expresando que apoyamos este proyecto de ley en el marco de definir entre lo posible y lo ideal, porque muchas veces no basta con ponerse en una posición de crítica diciendo cómo hacerlo, sino que también es bueno que reflexionemos todos para aprovechar de la mejor manera el tiempo que tenemos en el Parlamento. De esa manera, podremos ser más productivos en las respuestas y permanecer de cara a los problemas de la población.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- El señor Senador Larrañaga habrá observado que no lo interrumpí, porque no venía al caso, pero la alusión merece ser contestada.

Veo que no nos entendemos con la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Eso es cierto.

SEÑOR MILLOR.- Y el día que nos entendamos se acaba el mundo o la diversión.

Yo no le entregué el Gobierno a nadie.

SEÑORA ARISMENDI.- Usted lo dijo, señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- ¡No! Lo que dije fue que nosotros habíamos entregado el Gobierno. Lo que ocurre, señora Senadora, es que cada vez que hay elecciones la Administración cambia, aunque recaiga sobre el mismo partido, inclusive sobre la misma coalición. Esto es así desde que existen los regímenes electorales, con el aditamento en esta oportunidad de que existe una cultura nueva que nos marca una maratón, una sucesión de actos electorales. Fue lo que traté de explicar el otro día a la señora Senadora.

Cuando digo que entregamos el Gobierno, quiero decir que participé de una Administración -y estoy orgulloso de haberlo hecho- que voy a defender permanentemente. En mi partido político hubo una elección interna y todo el mundo sabe a quién apoyé. Con o sin reforma, siempre en mi partido político los que son más son más y los que son menos, son menos; a mí me tocó ser menos. Por esta razón, de acuerdo con las normas constitucionales y, diría, por sentido común, fue ungido como candidato a Presidente el actual Presidente de la República. Luego se realizó la elección nacional, en la que el Frente Amplio resultó ser el partido con la mayor representación parlamentaria y nosotros, segundos, con nuestro candidato a Presidente fuimos al balotaje. Luego, en el balotaje, el pueblo le entregó el Gobierno y la banda presidencial al actual Presidente, y nosotros la Administración, que seguimos integrando. Después viene esta última etapa -y lo voy a mencionar ya que estamos en este divertimento- de la que he escuchado comentarios de todo tipo. Me estoy refiriendo a la instancia que se realizó el domingo pasado en la que parecería que no ganó ni perdió nadie y estamos todos bárbaros. Hoy escuché algún comentario medio "rarófico" al respecto y por eso digo que esta cultura la vamos a tener que aprender bien.

A mí nunca se me va a ocurrir decir que queda un 25% de blancos en Artigas. ¡Por favor!; A nadie se le ocurra decir, y menos a mi amigo Chiruchi, que hay sólo un 5% de colorados en San José!. Pero como hay gente que lo está interpretando de esa manera, me gustaría plantear que si sumo los votos de los partidos políticos que apoyaron en el balotaje al actual Presidente y si sumo los votos que tuvieron los partidos políticos que apoyaron al otro candidato que fue al balotaje, resulta que cuando en el balotaje el actual Presidente sacó el 52% y el doctor Tabaré Vázquez el 44%, en esta instancia del domingo el actual Presidente, por lo que representa, sacó el 60% de los votos y el doctor Tabaré Vázquez el 40%. Son lecturas. Con esto estoy respondiendo la primera alusión.

Pido disculpas al señor Senador Michelini, pero voy a contestar una alusión que me hizo cuando yo estaba fuera de Sala por un requerimiento periodístico. El habló de clientelismo político y mencionó concretamente al departamento de Canelones, donde el Partido Colorado dio vuelta un resultado histórico, como lo hicieron los blancos en Paysandú y en Maldonado.

Quiero aclarar que Canelones es el departamento que por habitante tiene el menor número de funcionarios en su Intendencia. Nadie me lo puede desmentir ya que tiene 4.350 funcionarios en una población de 460.000 habitantes. Reitero que es el departamento que tiene menos funcionarios por habitante. Sé que los números, señor Presidente, son aburridísimos pero reflejan la realidad y, a veces, la realidad pasa indefectiblemente por los números. Si por clientelismo se entiende eso, les decimos que se trata de la realidad. El departamento más complejo, el resumen de Uruguay -porque tiene todo menos la estancia cimarrona- es el que tiene la menor cantidad de funcionarios por habitante. Aclaro que nunca incursioné en el estilo de sacar gente para afuera, porque pienso que no es culpa de los funcionarios, ni municipales ni públicos, sino que son décadas de cierto manejo, que no vamos a entrar a juzgar ahora.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Abusando de la generosidad de la Mesa, pido disculpas al señor Senador Riesgo -por más que no se encuentre en Sala en este momento- ya que me solicitó una interrupción y, aunque era mi intención acceder a la misma, finalmente no se la otorgué.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- El señor Senador Millor no me va a escuchar decir en ningún momento que un partido desapareció o que otro no lo hizo; lo que sí me va a escuchar decir siempre -no a la luz del resultado electoral de mayo, sino desde hace muchos años atrás- es que, en realidad, se trata de un solo partido con distintas expresiones y que, en este caso, en muchos departamentos triunfó "la pata blanca" y en otros, "la pata colorada" de la misma coalición de gobierno blanca y colorada o colorada y blanca. Por lo tanto, no estoy en contradicción con lo que señalaba el señor Senador. Efectivamente, creo que estamos hablando de un nuevo bipartidismo que surgió en el Uruguay.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Le agradezco al señor Senador Millor que me aclare la situación de Canelones. Creo que sería bueno que también se tomara la molestia de aclarárselo al otro candidato a Intendente por el Partido Colorado, el señor Chiesa, así como al Presidente de la República, no sea cosa que el Presidente Batlle siga insistiendo con lo que piensa respecto a lo que fue la Administración de Canelones de Tabaré Hackenbruch, y entonces uno hasta hoy piensa que el Presidente está confundido y mañana pensará que falta a la verdad, porque si lo que dice el señor Senador Millor es cierto, entonces estaremos pensando que falta a la verdad.

Creo que la Intendencia Municipal de Canelones es una enorme fuente de clientelismo, pero ahora, con la corrección que me han hecho, voy a decir que no es así, pero difícilmente la gente me crea. En ese caso, está equivocado todo el Nuevo Espacio, todo el Frente Amplio, todo el Partido Nacional, el señor Chiesa y el Presidente de la República y, por supuesto, este humilde servidor.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- No puedo decir lo que pueden pensar los compañeros del Partido Colorado que menciona el señor Senador. Como de costumbre, digo lo que pienso yo, refrendado por los números que, lamentablemente, son aburridos, pero la realidad pasa por los números.

En cuanto a quiénes están equivocados y quiénes no lo están, no lo sé; allá cada uno con su verdad. Hay liderazgos que se cuestionan, otros que se reafirman, cada uno con su verdad. Me parece que en Canelones los equivocados eran unos cuantos y la razón la tenía la gente que reeligió al Intendente Tabaré Hackenbruch.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BAYARDI.- He solicitado la palabra para contestar una alusión de carácter político pero, a su vez, para que en la versión taquigráfica quede constancia de que la Intendencia que tiene menor cantidad de funcionarios por habitante es Montevideo. Si tomo como base los números que nos proporcionó el señor Senador Millor respecto de la Intendencia Municipal de Canelones, allí hay 460.000 habitantes y 4.300 funcionarios, lo que da una razón de 1 funcionario cada 106 habitantes. Si tomamos en cuenta la Intendencia Municipal de Montevideo, sobre un total de 1:300.000 habitantes, hay 9.600 funcionarios municipales, lo que da un resultado de 1 funcionario cada 135 habitantes.

Estos datos son a los efectos de aclarar el razonamiento matemático llevado a cabo por el señor Senador Millor en el transcurso de una polémica en la que no había participado, pero que me llevó a solicitar esta aclaración a efectos de dejar constancia de las cifras en la versión taquigráfica.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Lo que sucede es que de tanto repetirlo en las tribunas, omití decirlo aquí en Sala. Lo que siempre manifesté y sostengo -y que alguien me lo retruque- es que de las 18 Intendencias Municipales del interior, la de Canelones es la que tiene menor cantidad de funcionarios por habitante. Lo he dicho hasta el cansancio. Pero también aclaro, en defensa de las Intendencias del interior, que ellas brindan otros servicios que no presta la Intendencia Municipal de Montevideo. Al respecto, podrán extenderse otros señores Senadores que han sido reelectos como Intendentes. Reitero que las Intendencias del interior cumplen otras funciones que no se llevan a cabo en la Intendencia capitalina, cualquiera sea el jerarca que la dirija, que revisten mayor complejidad y a las que, lamentablemente, el Estado no llega. Bastaría con mencionar la caminería rural sobre la que tenemos una vieja propuesta. La caminería rural debe ser atendida por la Intendencia -reitero que aquí hay varios Intendentes y ex Intendentes que me podrán corregir- y estaba preparada para soportar determinado tránsito. Actualmente, por ejemplo, en Artigas se trasladan 30.000 ó 35.000 toneladas de arroz y en otros lugares se transporta igual tonelaje en madera, lo que destroza la caminería rural. Sin embargo, la Intendencia tiene que atender dicha caminería a pesar de que tanto el arroz como la forestación -que son actividades muy buenas para la economía uruguaya- no le dejan un centésimo. No pretendo elevar los impuestos de los arroceros ni los de los forestadores, sino que mi intención es que el reparto sea un poco más parejo y en proporción a la tierra que da cada departamento. Por ejemplo, Artigas da equis extensión de tierra para el arroz y otro departamento cede determinado terreno para la madera, sin aumentarle el impuesto a nadie, brindando en lo posible los servicios que está obligada a proporcionar y que no presta -porque ni se planta arroz ni se foresta- la Intendencia de la capital de la República.

De todos modos, está bien la aclaración que hizo el señor Senador Bayardi.

SEÑOR MALAQUINA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALAQUINA.- He escuchado esta discusión sobre la cantidad de funcionarios que tiene cada Intendencia y en verdad no le encuentro absolutamente ningún sentido. Lo que interesa es cómo se cumple la función.

Hay Intendencias que tienen todas sus actividades tercerizadas, desde el mantenimiento de las plazas, la carpeta asfáltica, el cordón cuneta, la recolección y muchas más. Reitero que absolutamente todo está tercerizado mediante la contratación de empresas. Naturalmente que esas Intendencias tienen muchos menos funcionarios. Lo que tenemos que ver es la eficiencia en relación al costo, es decir, qué hacen esas Intendencias con el presupuesto, cómo mejoran los servicios y cómo abaten el déficit. Lo que me interesa es que una Intendencia cumpla eficientemente con sus funciones y que lo haga con los recursos genuinos que le da la gente. ¡Cómo pueden comparar una Intendencia cualquiera con la de Salto que tiene transporte urbano de pasajeros! Allí, la Intendencia Municipal no sólo tiene a su cargo el transporte urbano de pasajeros, sino que éste, además, es uno de los mejores del país y de los más baratos. ¡Cómo van a comparar otras Intendencias con la de Salto, que tiene un frigorífico y un matadero! ¡Cómo van a comparar la Intendencia de Salto que tiene 600 hectáreas forestadas, cuando otras no las tienen! ¡Cómo van a comparar otras Intendencias con la de Salto, cuando ésta tiene 5.000 kilómetros de camino para mantener y no contrata ninguna empresa para hacerlo!

Creo que esta es una discusión que no tiene sentido y lamento que el Senado se haya enfrascado en este tema, cuando no tiene absolutamente ningún valor para la ley que estamos estudiando.

Cada Intendente administra su Intendencia según su filosofía. Algunos asumen algunas responsabilidades y otros no. En este período, nosotros hicimos dos liceos y tres escuelas y para eso, naturalmente, necesitamos funcionarios. Entonces, no tiene sentido hablar si hay 100 habitantes y 10 empleados, sino que el tema es si realmente se cumple bien la función. Se trata de eficiencia y en ese sentido es que todos nos vamos a poner a competir.

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra, para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

La Mesa advierte que la discusión se ha desmadrado del tema original y considera conveniente concluirla.

SEÑOR RIESGO.- Señor Presidente: lo que voy a decir es muy breve.

Se ha entrado a hablar del tema de las Intendencias del interior y, al respecto, considero que los señores Senadores deberían tratar otros asuntos. Para poner un ejemplo, la Intendencia de Rivera -que corresponde a uno de los departamentos más grandes del país- tiene un presupuesto anual de U$S 12:000.000 y quizás cuenta con una recaudación "per cápita" de U$S 100, que, de pronto, sea una de las más bajas del Uruguay. Entre tanto, este Palacio Legislativo -que tiene tres o cuatro cuadras- tiene un presupuesto de U$S 70:000.000. ¿A ustedes les parece correcto que este Palacio Legislativo cuente con ese presupuesto y haya Intendencias que tengan que manejarse con U$S 12:000.000? Creo que no es bueno criticar a las Intendencias del interior porque hacen muchas cosas que algunos señores Senadores no conocen, y otros sí tienen conocimiento de ellas pero no las reconocen. Me parece que a las Intendencias del interior hay que reconocerles, fundamentalmente, el hecho de que son el sustento de cada departamento porque, muchas veces, lo que administran es miseria. Piensen en esto; aquí estamos en cuatro cuadras y se gastan U$S 70:000.000. Entre esos gastos hay muchos viajes efectuados por señores Senadores y administrativos y una cantidad de gastos equis. Mientras tanto, hay Intendencias en las que el Intendente ni siquiera tiene vehículo y andan galgueando por U$S 5.000 a fin de mes. Reitero que es bueno que los señores Senadores sepan todo esto.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: mi propósito era permanecer en silencio hasta la votación, pero esta intervención del señor Senador Riesgo me obliga a decir algunas cosas.

En primer lugar, quiero expresar que comparto lo que se ha señalado con respecto a que las Intendencias del interior que, en su mayoría, por las distancias que se encuentran de este gran centro que es la capital de la República, se ven obligadas a atender escuelas, liceos, hospitales y otra cantidad de aspectos que no les corresponderían. Repito que en esto estoy totalmente de acuerdo. Pero de ahí a comparar los gastos y la inversión de una Intendencia con los de las cuatro cuadras del Palacio Legislativo, me parece inadecuado. Estas no son solamente cuatro cuadras, sino que es el centro y el corazón de la vida democrática del país y, además, el presupuesto de U$S 70:000.000 lo han aprobado Legisladores de todos los partidos políticos. Entonces, si hay excesos, la responsabilidad es de todos los partidos políticos.

Personalmente, soy muy sensible cuando se habla contra el Parlamento, porque recuerdo que las campañas contra él casi siempre terminan en intentos de destruir a la democracia. Por lo tanto, no es bueno insistir constantemente en críticas al Parlamento porque estamos creando el caldo de cultivo necesario para que aparezcan otra vez los "salvadores" y se lleven por delante la Constitución y las leyes, apaleen y torturen a los ciudadanos y nos suman en la vergüenza de las dictaduras a que han sido sometidas otras Repúblicas americanas.

Muchas gracias.

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Me alegra que el señor Senador Pereyra reconozca el trabajo que pasan muchas Intendencias; sé que él lo conoce. Pero no le acepto la acusación gratuita que me está haciendo porque esa no era mi intención. Además, yo no voté un presupuesto de U$S 70:000.000, ni lo pienso votar. Durante los cinco años en que fui representante mi único viaje fue a la ciudad de Bagé y eso el señor Senador Pereyra lo puede comprobar en la Cámara de Representantes. No estoy atentando contra el Poder Legislativo en lo más mínimo; no le puedo aceptar eso. Personalmente, lo respeto y sé que el señor Senador Pereyra no me debe haber dicho eso con ninguna mala intención, porque lo considero una persona de bien. Sin embargo, permítame decirle que los U$S 70:000.000 que gasta el Palacio Legislativo es una barbaridad. Bastaría con que el señor Senador viera las cifras relacionadas a viajes. Además, en este Palacio Legislativo hay tres servicios de vigilancia. No quiero entrar en una polémica con el señor Senador Pereyra porque lo respeto en demasía y sé del sentimiento que lo une al Poder Legislativo. También sé que la acusación que él hizo, no fue dirigida directamente a mi persona porque al señor Senador le consta que nunca participé de ninguna de esas cosas. Pero, creo que debería comprenderme si defiendo a las Intendencias que tienen un presupuesto de U$S 10:000.000 o U$S 15:000.000 y que atienden muchísimos aspectos, inclusive - como el propio señor Senador Pereyra lo planteó- algunos que no les corresponden. Repito que esto se hace con un presupuesto que es realmente pequeño. Entonces, creo que no es bueno atacarlas -no lo digo por el señor Senador Pereyra, que no lo hizo, sino por otros señores Senadores- ni hablar, por ejemplo, de clientelismo.

Reitero que no quiero entrar en una polémica con el señor Senador Pereyra porque lo respeto mucho, pero quiero creer que esa acusación que él hizo, no estaba dirigida directamente hacia mi persona, porque yo en el año 1971 recién votaba. Entonces, en ese año hay que remitirse a otras personas y no a mí.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa hace notar a los señores Senadores que, de aclaración en aclaración y de alusión en alusión, el Senado pierde el sujeto del debate.

Se le concede la palabra al señor Senador Pereyra porque es lo que corresponde, pero se exhorta a terminar con estas discusiones laterales.

Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Deseo recalcar que se me concede la palabra porque corresponde; eso es lo importante.

Quiero decir lo siguiente: no considero al señor Senador Riesgo un golpista, pero él dijo algunas cosas que luego, al ser leídas o difundidas por la prensa, constituyen una forma de lesionar al Parlamento que no comparto.

El tema de si el señor Senador me respeta mucho, poco o excesivamente, no me interesa. Tampoco me importa si acepta o no lo que digo porque cuando aquí hablo, no lo hago para que se acepten o no mis palabras, sino para decir lo que pienso. Tengo suficientes credenciales y energía como para defender, a pesar de mis años, las convicciones que tengo, y eso hago.

10) LEVANTAMIENTO DE LA DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACION PARA EL PROYECTO ENVIADO POR EL PODER EJECUTIVO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la moción presentada por el señor Senador Michelini.

(Se lee:)

"Amparado en el artículo 168, numeral 7º y literal c) de la Constitución de la República, déjese sin efecto la declaratoria de urgente consideración del proyecto de ley a estudio del Senado remitido por el Poder Ejecutivo."

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-13 en 29. Negativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quiero decir que no conocía de antemano esta moción. Sin embargo, cuando leí el proyecto de ley, me pareció que era una moción de "cajón". Consideraba que un proyecto de ley con un contenido tan variado como el que tiene éste, implica por su misma variedad, la imposibilidad de que se considere que estos temas deberían ser tratados en una ley de urgente consideración. Personalmente, debo aclarar que no estoy afirmando que declarar de urgente consideración una ley que introduce no sé si 10, 12 ó 25 temas distintos, sea indudablemente inconstitucional. Repito que no estoy diciendo eso.

Estoy diciendo que hay dos conceptos de ley -es el abecé de los manuales de introducción al Derecho- uno material y otro formal. Desde el punto de vista material y de su contenido, es claro que esto no es un solo proyecto de ley, pero sí lo es desde el punto de vista formal. Si se adopta el criterio formal, sin duda la declaración de urgencia podrá ser altamente inconveniente -creo que lo es- pero no se puede tachar de inconstitucional. Sin embargo, si se adopta el concepto material de ley que alude a sus contenidos y a sus efectos, sí sería inconstitucional porque sustancialmente no correspondería a una sola ley sino a varias.

De cualquier manera, como se han tratado tantos temas en este proyecto de ley, y en su discusión -temas tan ajenos a la cuestión, que no han sido traídos solamente por nuestra Bancada sino por todas- me parece que amerita -y por esta razón he votado afirmativamente la moción presentada- el levantamiento de la declaración de urgencia.

Esa es la razón de mi voto.

11) MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLAN Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

En discusión particular.

-Repártanse los artículos aditivos y sustitutivos llegados a la Mesa.

(Así se hace)

"Artículos aditivos y sustitutivos presentados por los señores Senadores Manuel Laguarda, Manuel Núñez y Enrique Rubio para la discusión en particular del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración relacionado con la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de fomento de las actividades productivas

Mayo de 2000

INDICE

1. INDUSTRIA. EL EMPLEO INDUSTRIAL Y LAS PRIORIDADES SOCIALES

2. INDUSTRIA Y EMPLEO. JUNTA NACIONAL DE EMPLEO

3. AGRO. PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RURALES: EXONERACIONES DE APORTES

4. AGRO. REBAJA DE LA CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA RURAL POR FRANJAS

5. AGRO. ENERGÍA ELÉCTRICA: REBAJA DEL IVA A LA TASA MÍNIMA PARA EMPRESAS AGROPECUARIAS

6. AGRO. SUSPENSIÓN DE EJECUCIONES

7. AGRO. SEGURO DE DESEMPLEO PARA TRABAJADORES RURALES

8. CONAPROLE. MODIFICACIONES EN EL DIRECTORIO Y SISTEMA DE ELECCIÓN DE SUS AUTORIDADES

9. SOCIEDADES COMERCIALES. TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN

10. DESCENTRALIZACIÓN. INTEGRACIÓN, COMETIDOS Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN
SECTORIAL

11. EDUCACIÓN. CREACIÓN DE LA CUOTA MUTUAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ANEP

12. POBREZA. UNIVERSALIZACIÓN DE LA ASIGNACIÓN FAMILIAR PARA HOGARES POBRES

13. INGRESOS. ELIMINACIÓN DE LA SOBRETASA DEL IRP

14. ASENTAMIENTOS. INMUEBLES OBJETO DE REGULARIZACIÓN

15. LIBERTAD SINDICAL. TRABAJADORES DESPEDIDOS A CAUSA DE SU AFILIACIÓN O MILITANCIA SINDICAL

NOTA

La Bancada del Encuentro Progresista _ Frente Amplio, propondrá los aditivos y sustitutivos que se adjuntan en el plenario de la Cámara de Senadores. Aquellas disposiciones que requieren iniciativa del Poder Ejecutivo se plantean a los efectos de promover un intercambio político que habilite los consensos necesarios.

ADITIVO AL ARTICULO 1º.

EMPLEO

EXPOSICION DE MOTIVOS

La situación de desempleo es sin duda uno de los grandes problemas nacionales. Estimando la tasa de desempleo para las poblaciones de menos de 5.000 habitantes (que ahora el INE no calcula más desde 1999), existen en el país 165.000 desocupados.

Sin embargo este problema afecta de manera diferente a distintas poblaciones.

Así se conforman lo que hemos dado en llamar poblaciones de riesgo, vinculados a factores más estructurales y crónicos de desempleo.

En primer lugar los jóvenes, en especial los que provienen de hogares pobres, con muy bajo nivel de instrucción y sin capacitación adecuada. La tasa de desempleo de los jóvenes supera el 20%.

En segundo lugar las mujeres jefas de hogar que tienen por un lado una desocupación promedio más alta por el hecho de ser mujeres (la tasa de desempleo de las mujeres es superior al 15%) y por otro el hecho de tener a su cargo un hogar con el sustento principal.

En tercer lugar los adultos mayores de 45 años que, en general están vinculados al modelo económico de industrialización sustitutiva, que tienen dificultades para recalificar sus capacitaciones y competir en el mercado de trabajo.

Todo ello supone entonces que deban estimularse activamente la demanda de empleo de estas tres categorías definidas como población de riesgo. Por ello es que se propone un proceso de reducción creciente de aportes jubilatorios patronales que beneficie a los empleadores de estos trabajadores y trabajadoras.

En ese sentido la reducción se hace más relevante con el aumento del carácter de riesgo de la población, de acuerdo a la escala que se detalla en el artículo.

ADITIVO AL ARTICULO 1º

Artículo 1°. _ Autorízase al Poder Ejecutivo a reducir el aporte patronal jubilatorio de todas aquellas empresas de la industria manufacturera que a partir de la fecha de vigencia de la presente ley registren un incremento neto de sus puestos de trabajo. El porcentaje de aporte patronal jubilatorio que se pagará por los nuevos puestos de trabajo, durante los primeros doce meses de la contratación, se verá reducido de acuerdo al siguiente detalle:

· En un 2,5% si las personas no integran ninguna de las tres categorías que se detallan a continuación.

· En un 3,5% si son adultos mayores de 45 años.

· En un 5% si son mujeres jefas de hogar.

· En un 5,5% si son jóvenes menores de 24 años.

Si una persona pertenece a más de una categoría, se la considerará incluida en la que determine un tratamiento más favorable según la aplicación de esta ley.

ADITIVO AL CAPÍTULO I

JUNTA NACIONAL DE EMPLEO

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Junta Nacional de Empleo a través del uso del Fondo de Reconversión Laboral, realiza una primordial tarea en la recalificación de los recursos humanos. Ello ha permitido, desde su creación en 1993, mejorar las capacitaciones de un amplio número de trabajadores y permitirles una mejor reinserción en el mercado laboral.

Al mismo tiempo, ha realizado programas descentralizados de alto impacto en el medio rural y para jóvenes.

Sin embargo en el presente la situación es de alta preocupación por el desfinanciamiento que presenta fruto de un aumento de la demanda de cursos y una reducción de sus ingresos resultado del aumento de la desocupación.

En ese sentido compete al Estado contribuir con una partida complementaria a la que aportan trabajadores y empresarios. Por ello es que proponemos que durante el año 2000 el Estado aporte una cifra equivalente a las 25.000 unidades reajustables por mes que permita evitar la traumática situación de detener gran parte de los cursos.

ADITIVO AL ARTICULO 2º

Artículo ... _ A los efectos de compensar el desfinanciamiento del Fondo de Reconversión Laboral, el Poder Ejecutivo aportará de Rentas Generales 25.000 UR mensuales durante el año 2000.

SUSTITUTIVO DE LOS ARTICULOS 4° Y 6°

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RURALES: APORTE AL BPS, SEGURO
POR ENFERMEDAD, BANCO DE SEGUROS E IRP

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las propuestas contenidas en los artículos 3° y 4° del proyecto de Ley de Urgente Consideración no representan beneficios significativos respecto a su situación del año 1999 para los productores agropecuarios que explotan extensiones menores a las 100 hás.

En la medida en que la presente ley innova extendiendo a todos los productores los beneficios ya concedidos en el año 1999 a los productores de menos de 100 hás., la situación de estos últimos no resulta priorizada.

A efectos de que exista una rebaja efectiva para los pequeños y medianos productores rurales, proponemos la exoneración de los aportes a los Seguros Sociales por Enfermedad (DISSE), al Banco de Seguros del Estado por accidentes de trabajos y el Impuesto a las Retribuciones Personales para los productores rurales que exploten hasta 500 hectáreas índice CONEAT 100 y que no ocupen, además del titular de la misma y su cónyuge, más de cuatro dependientes.

El universo de unidades productivas que estaría alcanzado por la extensión máxima de 500 hectáreas alcanzarían a unos 4 millones de hectáreas, a las que debe deducirse las que ocupen más de cuatro dependientes. O sea que el universo máximo a considerar en la exoneración es aproximadamente del 25% del total de la extensión del país de tierras productivas.

Para hacer efectiva esta exoneración la aportación debe reducirse a $ 0.409 por hectárea, es decir disminuir un 23.7% extra la aportación actual. Como esa reducción complementaria alcanzaría sólo al 25% de las extensiones productivas, su costo total será de U$S 1:350.000.

El costo incluye, el desembolso que deberá efectuar Rentas Generales al Banco de Seguros del Estado de los aportes correspondientes al seguro por accidentes de trabajo que se exoneran, a fin de evitar el desfinanciamiento del Ente.

SUSTITUTIVO DEL ARTICULO 4°

Artículo 4°. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso final del artículo 3º de la Ley No. 15.852, de 24 de diciembre de 1986, autorízase al Poder Ejecutivo a exonerar de la aportación patronal sobre dependientes, el titular y su cónyuge colaborador, a todas las empresas amparadas por dicha ley que exploten predios con extensiones inferiores a las 500 (quinientas) hectáreas, índice CONEAT 100 y no ocupen, además del titular de la misma y su cónyuge, más de cuatro dependientes.

La presente exoneración regirá entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2000.

SUSTITUTIVO DEL ARTICULO 6°

Artículo 6°. _ Autorízase al Poder Ejecutivo a compensar la disminución de recaudación que experimenten el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado, con cargo a Rentas Generales.

SUSTITUTIVO DEL ARTICULO 10

CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA RURAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis a que se ve enfrentado el medio rural golpea, en mayor proporción, a los productores que explotan predios más pequeños. La rebaja del 25% de la alícuota en forma pareja para todos los predios rurales encierra dos tipos de injusticias. En primer lugar, termina dando beneficios superiores a quienes menos los necesitan y recorta los beneficios posibles para quienes realmente lo necesitan para sobrevivir como productores. En segundo lugar -y no menos importante- el otorgar un beneficio al predio y no al productor permiten que aprovechen de él aun quienes sólo son propietarios de la tierra, ya que no se prevé mecanismo alguno de transferencia del beneficio al productor cuando éste no es el propietario del predio.

En cuanto a lo primero, la Comisión Nacional de Fomento Rural, en el memorando que hizo llegar a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes, con fecha 18 de abril de 2000, calcula que, por la aplicación del artículo 10 del proyecto, los predios de menos de 100 hectáreas tendrían una reducción del pago de la Contribución Inmobiliaria Rural equivalente a 112 dólares en todo el año 2000, los predios de 20 hectáreas tendrían un beneficio de 22 dólares en el año y, en el otro extremo,
predios de 3000 hectáreas recibirían un beneficio de 3.375 dólares.

Este aditivo propone, por una parte beneficiar a quien se quiere favorecer, es decir, al productor agropecuario, y no al mero terrateniente. Por otra parte, distribuir el beneficio sectorial de forma de favorecer en mayor medida a quien más lo necesita.

Es así que, por un lado, se propone sustituir la rebaja proyectada por un subsidio directo a los productores (titulares de explotaciones agropecuarias) en la forma de certificados de crédito tributario ligados a cada padrón que sólo pueden ser aplicados a pago de la Contribución Inmobiliaria Rural de dichos padrones. Por otro lado, se propone establecer diferentes franjas de tamaño de superficie rural bajo un mismo titular, entre las cuales el beneficio será diferencial en proporción inversa al tamaño.

Los porcentajes establecidos con base a la Contribución Inmobiliaria Rural para cada franja, aplicados al número de hectáreas que corresponden a cada estrato, representan un costo similar al proyectado, o sea el equivalente a U$S 15.000.000.

La utilización de los certificados para el pago de la Contribución Inmobiliaria Rural, recaudada por cada Intendencia Municipal, determinará que la distribución de dicha suma entre ellas esté de acuerdo con la estructura de tamaños en cada Departamento y con la eficiencia recaudadora de cada Intendencia, eliminando la injusticia que provendría de tomar como parámetro de distribución tanto lo efectivamente recaudado en el último ejercicio (pues no tendría en cuenta situaciones ajenas a la eficiencia recaudadora de la Intendencia) como lo devengado (pues no incentivaría dicha eficiencia).

SUSTITUTIVO DEL ARTICULO 10

Artículo 10. - El Poder Ejecutivo emitirá certificados de crédito tributario por hasta un monto equivalente a quince millones de dólares de EE.UU. (U$S 15:000.000) en favor de titulares de explotaciones agropecuarias, a cualquier título, que no exploten más de 2.500 hectáreas CONEAT.

Dichos certificados serán aplicables únicamente al pago de la totalidad o parte de las sumas que deban pagarse en 2000 por concepto de Contribución Inmobiliaria Rural. A tales efectos, los titulares que no sean propietarios de los padrones que explotan podrán endosarlos en favor de los propietarios de éstos.

Las Intendencias Municipales comunicarán al Ministerio de Economía y Finanzas el listado de padrones rurales de sus respectivas jurisdicciones, con indicación de las sumas de Contribución Inmobiliaria Rural correspondientes a cada uno de ellos.

Artículo 10 (bis). - En las oficinas que el Ministerio de Economía y Finanzas habilitará a tales efectos en cada Departamento, los titulares de explotaciones agropecuarias podrán solicitar los certificados de acuerdo con la extensión que exploten en las siguientes condiciones:

(a) Quien explote hasta 100 hectáreas CONEAT, podrá solicitar un certificado por cada padrón que explote con un valor equivalente al total de la Contribución Inmobiliaria Rural que deba pagarse en el año 2000.

(b) Quien explote más de 100 y hasta 500 hectáreas CONEAT, podrá solicitar un certificado por cada padrón que explote con un valor equivalente al 50% de la Contribución Inmobiliaria Rural que deba pagarse en el año 2000.

(c) Quien explote más de 500 y hasta 2.500 hectáreas CONEAT, podrá solicitar un certificado por cada padrón que explote con un valor equivalente al 17% de Contribución Inmobiliaria Rural que deba pagarse en el año 2000.

Artículo 10 (tercio). - Los titulares de explotaciones agropecuarias que soliciten los certificados deberán acreditar su condición y proporcionar, bajo declaración jurada, la identificación de los padrones que explotan en todo el país, en las condiciones que determine la reglamentación.

Artículo 10 (cuarto). - El Ministerio de Economía y Finanzas acreditará el equivalente del valor de los certificados que cada Intendencia Municipal le presente en las cuentas correspondientes, en un plazo no mayor a 30 días a contar desde el recibo de los certificados.

ADITIVO AL CAPÍTULO II

IVA A LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CONSUMO DE EMPRESAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo proyectado promueve la disminución de la tasa básica a la tasa mínima del Impuesto al Valor Agregado que grava el servicio de energía eléctrica que se presta a las empresas rurales. La desgravación promoverá un importante efecto positivo en la competitividad de las empresas agropecuarias que utilizan ese insumo, en especial para los subsectores arrocero y lechero. A diferencia de la devolución de impuestos indirectos, la disminución fiscal beneficiará directamente a los productores consumidores del servicio.

La disminución de la tasa no se aplicará a los consumos residenciales y alumbrado público, que constituye el 56% de la facturación de UTE para el mercado interno1, ni a los consumos de las empresas industriales y comerciales.

En resumen, el costo de este artículo para Rentas Generales incide exclusivamente en los consumos que realizan algunos subsectores agropecuarios (principalmente arroz, leche y avícola), que hemos calculado en U$S 560.000 anuales y va a representar una mejora considerable en su estructura de competitividad.

ADITIVO AL CAPITULO II

Artículo ... _ Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado 1996 el siguiente literal:

D) Los servicios de energía eléctrica prestados a sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas Agropecuarias y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios.

ADITIVO PARA EL CAPÍTULO II

SUSPENSIÓN DE EJECUCIONES EN EL AGRO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es de público conocimiento las dificultades que los sectores del agro nacional vienen padeciendo. Las diversas movilizaciones y reclamos efectuados ante las autoridades nacionales y parcialmente recogidos por éstas en decretos y proyectos de ley, así lo evidencian y colocan el problema fuera de toda discusión. Estas medidas _como es obvio- no alcanzan a contemplar el problema del alto endeudamiento de los productores rurales con el sistema bancario. En otras circunstancias similares o parecidas, los Poderes públicos han instrumentado mecanismos como el que proponemos con alcance mucho más amplio. El breve plazo que este proyecto establece para detener las consecuencias de vencimientos y ejecuciones, se debe a las diversas gestiones que las entidades representativas de los productores vienen realizando ante diversos organismos públicos y privados.

Creemos que un proyecto como el que presentamos contribuye a llevar tranquilidad a un vasto sector de la sociedad uruguaya, permitiéndole encarar soluciones de mayor alcance.

ADITIVO PARA EL CAPÍTULO II

Artículo ... - El Banco Central del Uruguay, el Banco de la República Oriental del Uruguay y las instituciones privadas de intermediación financiera, concederán a los deudores de la actividad agropecuaria en el país, una prórroga de 180 días en los vencimientos cuya fecha se hubiera cumplido o se cumpliera en el plazo antes mencionado. Igual prórroga se aplicará para las ejecuciones en proceso de concretarse.

SUSTITUTIVO DEL ARTICULO 43

ADITIVO AL CAPÍTULO VIII - SECCIÓN 8

CONAPROLE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los artículos proyectados armonizan con el espíritu de austeridad que inspira la propuesta de la eliminación de los cargos estatales que resultan gravosos para la Cooperativa pero lo concreta de una manera diferente. Elimina el costo económico que para la Cooperativa tienen estos tres cargos al quitarle la obligación de hacer frente a sus remuneraciones.

Propone también, al mantener los delegados estatales en el Directorio, preservar las garantías incluidas en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 12.378, de 31 de enero de 1957, que permanecen vigentes al autorizar la enajenación o el gravamen de los bienes inmuebles propiedad de la Cooperativa pero regulándolos con mayorías especiales en número y composición para tomar las decisiones y fijando destinos necesarios de inversiones de los ingresos patrimoniales obtenidos.

Finalmente al eliminar el inciso 2º del artículo 18 de la Ley Nº 9.526, de 14 de diciembre de 1957, se termina con la injusta discriminación del condicionamiento del voto y del valor del voto al volumen de producción, implantándose el principio democrático tan reclamado por los productores de "un productor un voto".

SUSTITUTIVO DEL ARTICULO 43

Artículo 43. _ Modifícase el artículo 23 de la Ley Nº 9.526, de 14 de diciembre de 1957, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 23.- La Cooperativa será fiscalizada por un síndico nombrado anualmente por el Banco de la República, quien no percibirá honorarios con cargo a CONAPROLE.

Tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

a) Asistirá a las sesiones del Directorio, en el cual tendrá voz, pero no voto.

b) Actuará permanentemente, interviniendo en la contabilidad.

c) Tendrá libre acceso a todas las dependencias de la Cooperativa y tomará conocimiento de los libros y documentación de cualquier naturaleza que sea, sin necesidad de autorización del Directorio.

d) Elevará a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería y de Trabajo y Seguridad Social, mensualmente, informes circunstanciados sobre la marcha de la Empresa y su orientación industrial y comercial, incluyendo los aspectos que juzgue de interés. En caso de mala o errónea administración, o de desviación o mal cumplimiento de los fines de la Institución, el Poder Ejecutivo podrá resolver, con venia del Senado, la separación de los Directores o parte de éstos, y la convocatoria inmediata a nueva elección."

Artículo 43 (bis). - Modifícase el artículo 12 de la Ley Nº 10.707, de 9 de enero de 1946, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 12.- El Directorio de la CONAPROLE además de los cinco miembros que establece el artículo 17 de la Ley Nº 9.526, de diciembre 14 de 1935, se integrará con dos miembros más: uno designado por el Poder Ejecutivo y otro por la Intendencia Municipal de Montevideo, quienes desempeñarán sus cargos sin costo para CONAPROLE y se renovarán en los mismos plazos que los otros Directores."

ADITIVO PARA EL CAPÍTULO VIII -SECCIÓN 8

CONAPROLE

Artículo ... - Modifícase el artículo 18 de la Ley Nº 9.526, de 14 de diciembre de 1935, que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 18.- La elección de Directores se realizará mediante voto secreto, por el sistema de mayoría
y minoría, correspondiéndole cuatro titulares y sus respectivos suplentes a la lista más votada, y el otro cargo y sus suplentes, a la que inmediatamente le siga en número de votos. Sin embargo, para que el titular y suplente de la minoría puedan ser proclamados, deberán haber reunido por lo menos el 10% del total de votos válidos emitidos. En caso contrario se adjudicarán a la lista de la mayoría los cinco titulares y sus respectivos suplentes.

Para que la elección sea declarada válida es necesario que concurran por lo menos el cincuenta por ciento de los productores hábiles, en la primera convocatoria: en la segunda bastará el veinticinco por ciento, como mínimo, y en la tercera, será suficiente cualquier número."

SUSTITUTIVOS A LOS ARTICULOS 51, 53 Y 54

ADITIVO AL ARTICULO 55

DESCENTRALIZACIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sustitutivo planteado al ARTICULO 51 define una delegación del Congreso de Intendentes compuesta por 9 Intendentes que representen más de la mitad de la población del país. Hubiéramos considerado más conveniente que la totalidad de los intendentes participara de la COSEDE, pero la mención del texto constitucional a delegados del Congreso Nacional de Intendentes nos lleva a evitar toda impugnación que pueda hacerse por inconstitucional de la norma propuesta, de forma que se opta por un número de delegados muy cercano a la mitad de los integrantes del Congreso. Se dispone la obligatoriedad de que los departamentos respectivos representen más de la mitad de la población del país para asegurar la representatividad de la delegación designada.

El sustitutivo al ARTICULO 53 mantiene el texto aprobado en Comisión y le agrega los criterios para la distribución de los recursos referidos en el ARTICULO 4º del proyecto entre los Departamentos, tomando como base los sustentados por el Congreso Nacional de Intendentes

La redacción propuesta para el ARTICULO 54 tiene por única modificación habilitar que en todos los casos en que se resuelva por mayoría, quien quede en minoría tenga la posibilidad de expresión a través de la elevación de otro informe que plasme la posición minoritaria. Parece una garantía razonable para todos los integrantes de la Comisión.

Sobre el ARTICULO 55 se incorporan algunas otras consideraciones fundamentalmente operativas.

SUSTITUTIVO DEL ARTICULO 51

Artículo 51. - La Comisión Sectorial a que se refiere el ARTICULO 230 de la Constitución de la República estará integrada por :

a) Delegados de los Ministerios de Economía y Finanzas; Transporte y Obras Públicas; Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; y Turismo.

b) Nueve delegados del Congreso Nacional de Intendentes; dicha delegación recaerá en nueve Intendentes Departamentales de departamentos cuya población sumada supere el 50% de la población nacional, según datos del último Censo Nacional de Población.

La Presidencia de la Comisión será rotativa, correspondiéndole alternativamente a un delegado del Poder Ejecutivo y a uno del Congreso Nacional de Intendentes.

Los designantes podrán establecer un régimen de suplencias por sus delegados.

Un delegado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a fin de realizar la coordinación correspondiente, asistirá a las reuniones de la Comisión, aunque no la integrará a ningún efecto.

SUSTITUTIVO DEL ARTICULO 53

Artículo 53. _ La Comisión tendrá los siguientes cometidos que la Constitución de la República fija:

a) Asesorar al Poder Ejecutivo con 30 días de anticipación al vencimiento del plazo para presentar el Presupuesto Nacional, sobre el porcentaje de recursos, en el monto total, que corresponderá a los Gobiernos Departamentales, conforme a lo establecido en el literal C) del ARTICULO 214 de la Constitución de la República;

b) Proponer a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto planes de descentralización conforme a lo establecido en el literal B) del artículo 230 de la Constitución de la República;

c) Asesorar respecto a la aplicación del Fondo Presupuestal a que refiere el numeral 2) del artículo 298 de la Constitución de la República, en el marco de los planes de descentralización referidos en el literal anterior.

A tales efectos los criterios a aplicar procurarán tomar en cuenta:

1) Superficie del departamento.

2) Población del departamento según los datos del último Censo Nacional de Población.

3) Número de familias con necesidades básicas insatisfechas.

4) Porcentaje de hogares situados debajo de la línea de pobreza en cada departamento.

5) Tasa de desempleo promedio de cada departamento durante el quinquenio anterior.

SUSTITUTIVO AL ARTICULO 54

Artículo 54. - Cuando deba asesorar en las materias de su competencia, sus decisiones se adoptarán por mayoría absoluta del total de sus componentes. Ante cualquier decisión de la Comisión, los miembros discrepantes podrán elaborar su propio informe en minoría que será remitido al Poder Ejecutivo conjuntamente con el que exprese la opinión mayoritaria.

ADITIVO AL ARTICULO 55

c) Formar subcomisiones de trabajo temáticas o geográficas a los efectos de preparar los planes de descentralización y desarrollo regional o local. Dichos grupos de trabajo presentarán sus proyectos al pleno de la Comisión, la que deberá considerar y aprobar su presentación a fin de ser apoyados por el Fondo Nacional de Descentralización y Desarrollo Regional y Local y/o por los recursos destinados a otros organismos del Estado. Los planes aprobados deberán estar previstos en el Presupuesto Nacional y serán evaluados como tales en su cumplimiento local y nacional.

Para la propuesta de planes de desarrollo regionales, locales o sectoriales, los grupos de trabajo que defina la COSEDE, podrán convocar a los actores regionales, locales o sectoriales que estime relevantes, a fin de que participen en la elaboración de políticas de desarrollo integral conjuntamente con las autoridades nacionales, departamentales y locales correspondientes.

d) Formular iniciativas y propuestas y/o emitir opinión respecto de los planes regionales, departamentales y locales de desarrollo social y económico previstos en el literal "i" del ARTICULO 322 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

ADITIVOS AL CAPÍTULO XI

SOCIEDADES COMERCIALES

Sustituye el artículo 97 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los artículos que se proponen contienen dos elementos nuevos.

El primero consiste en el acortamiento del plazo del que disponen las sociedades abiertas para la aprobación de sus estados contables por las asambleas de socios o accionistas. Se armoniza así dicho plazo con el establecido por las normas del Banco Central del Uruguay para presentación de la misma información económico-financiera por los emisores de valores autorizados a realizar oferta pública.

El segundo elemento en el que se innova, introduce la obligación para todas las sociedades comerciales de cierta magnitud económica, de registrar los estados de situación y de resultados anuales. El registro que se establece será de consulta libre para cualquier interesado, que de esta forma podrá conocer la situación presente y la de los tres últimos ejercicios (la información se conserva por tres años consecutivos) de la sociedad con la que desarrolla vínculos comerciales. La información que se pondrá a disposición del público estará confeccionada a partir de los mismos criterios (Normas Internacionales de Contabilidad), con pautas técnicas homogéneas, con lo que el análisis, la interpretación y el seguimiento de la evolución se simplifica.

Ambas disposiciones reafirman la transparencia de la información en materia societaria.

ADITIVO AL CAPÍTULO XI

Artículo 62 (bis). - Modifícase el ARTICULO 97 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 97 - La documentación referida en los artículos anteriores será sometida a la aprobación de los socios o accionistas en un plazo que no excederá los 180 días a contar de la finalización del ejercicio. Tratándose de sociedades abiertas, el plazo que será fijado por la reglamentación no podrá exceder de los 120 días contados de la finalización del ejercicio. De no haber impugnaciones dentro de los 30 siguientes a su comunicación, dicha documentación se tendrá por aprobada, salvo que se trate de sociedades en las que funcionen asambleas, las que se regirán por sus normas específicas.

El derecho a la aprobación a impugnación de los estados contables y la adopción de resoluciones de cualquier orden a su respecto, será irrenunciable y cualquier convención en contrario será nula.

Si se tratara de sociedades sujetas a control estatal se remitirá otra copia al organismo estatal correspondiente. Estas sociedades publicarán sus estados contables y proyecto de distribución de utilidades aprobados, con la visación respectiva.

Artículo 62 (tercio). - Agrégase a la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el siguiente artículo:

Artículo 97 (bis) - Las sociedades, cualquiera sea su forma, cuyos activos totales al cierre de cada ejercicio anual superen las 30.000 unidades reajustables, o que registren ingresos operativos netos durante el mismo período que superen las 100.000 unidades reajustables, deberán registrar ante el órgano estatal de control sus estados contables dentro de los 180 días siguientes a la finalización de su ejercicio económico.

La definición de las pautas que guiarán los cometidos del Registro y la instrumentación de las mismas corresponderá a una Comisión Asesora integrada por delegados de las instituciones privadas y públicas que determinará la reglamentación, la cual será presidida por un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas.

La sociedad no podrá distribuir utilidades resultantes de la gestión social, ni podrá constituir o renovar garantías sobre sus bienes de uso ni enajenar dichos bienes sin que previamente haya registrado los estados contables correspondientes al último ejercicio cerrado. El órgano estatal de control, en caso de infracción a las prohibiciones precedentes, aplicará las sanciones que disponga la reglamentación, en el marco de lo establecido por el ARTICULO 412 de la presente ley.

Los estados contables permanecerán en la entidad registrante por un lapso de tres años a disposición de cualquier interesado.

ADITIVO

CREACIÓN DE LA CUOTA MUTUAL PARA LOS FUNCIONARIOS
DE LA ANEP

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El aditivo presentado tiene como objetivo principal el mejoramiento de los ingresos de todos los funcionarios docentes y no docentes del inciso 25, ARTICULO 220 de la Constitución de la República. Para ello se establece una cobertura básica en materia de salud. Esto no constituye una solución de fondo al grave problema salarial que afecta a los trabajadores de la Educación Pública de nuestro país, pero aportará un instrumento para transitar caminos de mayor entendimiento entre los distintos actores.

Sin una enseñanza pública lo suficientemente fuerte y arraigada en la sociedad civil, el sistema democrático se ve afectado en su esencia misma, al no brindar igualdad de oportunidades a cada uno de sus habitantes. En este marco, una reforma educativa que no contemple seriamente el aspecto salarial corre grave riesgo en su concreción. En consecuencia, la dignificación de la función docente desde la base salarial se ha transformado en una cuestión de primer orden.

Es por ello que apostamos a que el Parlamento apruebe este aditivo, dando señales claras a nuestra sociedad de que el tema salarial de los trabajadores de la educación, es un problema de todos y que preocupa a este Poder del Estado.

Si la ANEP, de acuerdo con lo que se establece en el presente proyecto, financiara la cuota mutual para todos sus funcionarios, el costo teórico máximo se ubicaría en el entorno de los U$S 30 millones. Pero ese costo teórico se reduce sensiblemente si consideramos la acumulación de cargos en el sistema y también si tenemos en cuenta el porcentaje de personas que obtienen la cobertura en otras actividades. Por otra parte, a este costo ajustado se debe deducir, para estimar los nuevos recursos necesarios, la erogación actual que la ANEP ya realiza en materia de salud. De acuerdo con nuestras estimaciones, el costo del proyecto que proponemos se ubica en el entorno de los U$S 20:000.000.

Se establece, por el primer artículo propuesto, la creación y pago de la cuota mutual a cargo de la ANEP. Pensamos que el artículo referido no merece comentarios, ya que la redacción del mismo es clara y precisa.

El segundo artículo se refiere al pago de la cuota básica, significando que la ANEP se hará cargo en principio del costo mensual de la cuota mutual de la Institución elegida por el funcionario.

Se excluye el pago de prestaciones adicionales, entendiendo por ellas órdenes y tiques; ello sin perjuicio de que la ANEP en el futuro tome a su cargo el pago de las mismas, en la medida en que los recursos financieros de que disponga lo hagan posible.

Del tercer artículo se desprende que el beneficio abarcará solamente a las IAMC, no incluyendo al Sistema Privado de Salud y a distintos tipos de asistencia complementaria como las afiliaciones a los Sistemas de Emergencias Móviles.

El cuarto artículo define la naturaleza de esta prestación, aclarándose expresamente que no tiene naturaleza salarial, y si compensatoria. Su carácter es permanente, no discrecional de la ANEP, obligando a la misma, de acuerdo a lo previsto en el segundo artículo, a reajustarla con la variación que se registre en las cuotas de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

La afiliación quedará a cargo del funcionario, el que tendrá entera libertad de decidir a cuál Institución se afilia, sin perjuicio de la celebración de Convenios que pueda realizar la ANEP más beneficiosos para los funcionarios; estos igualmente no estarán obligados a afiliarse a una Institución distinta de la que ellos elijan.

Se establece en el quinto artículo que una vez acreditada la afiliación es la ANEP la que toma a su cargo el pago directo de esta prestación. Ello obedece a la necesidad de una mayor simplicidad en el trámite, quedando la ANEP obligada a pagar directamente a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

El artículo sexto establece la forma de acceder a este beneficio y quienes en definitiva serán los beneficiarios. No accederán al mismo aquellos funcionarios que perciben este beneficio en forma directa o indirecta por medio de otra institución o empresa, o están afiliados a DISSE o a Seguros Convencionales.

ADITIVOS

Artículo ... - Creación. Establécese el pago de la cuota mutual en el régimen de afiliación colectiva para todos los funcionarios de los distintos escalafones de la Administración Nacional de Enseñanza Pública, inciso 25, perteneciente al artículo 220 de la Constitución de la República.

Artículo ... - El mismo tomará en cuenta el costo de la cuota básica, reajustándose el monto de la misma en base a la variación registrada en las cuotas de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IMAC).

El pago de esta compensación no incluirá prestaciones adicionales, sin perjuicio de que así se disponga por la ANEP.

Artículo... - El beneficio otorgado abarca únicamente a los afiliados al sistema mutual de salud (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva) (IAMC).

Artículo... - Naturaleza. La compensación referida en el artículo 1º no tendrá naturaleza salarial, tratándose de una prestación de carácter permanente, no constituyendo materia gravada a los efectos de la tributación a la seguridad social.

Artículo...- Afiliación y pago de la cuota mutual. Una vez acreditada la afiliación por el funcionario a la Institución de Asistencia Médica Colectiva que elija, la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) tomará a su cargo el pago directo de esta prestación a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

Sin perjuicio de lo establecido, la ANEP podrá realizar convenios con las IAMC que establezcan beneficios adicionales. Estos convenios no obligarán a los beneficiarios, pudiendo los mismos acogerse a cualesquiera de las IAMC.

Artículo...- Beneficiarios. Para acceder a este beneficio los funcionarios deberán indicar, mediante declaración jurada, no percibir por ningún medio la restitución de este importe, directa o indirectamente, ni ser beneficiarios de seguros convencionales o de DISSE.

Artículo ...- Recursos financieros. Rentas Generales dispondrá los recursos para atender las obligaciones resultantes de la aplicación de esta ley.

Artículo ... - Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

ADITIVO

INMUEBLES OBJETO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DE
LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La grave situación de vivienda que el país atraviesa tiene una de sus manifestaciones más notorias en la escasa oferta de tierra urbanizada y la inexistencia de financiamiento para acceder a la misma.

Ello ha llevado a numerosas familias a ocupar terrenos dónde han construido con gran esfuerzo sus viviendas. Sin perjuicio de arbitrar soluciones que para el futuro eviten ese tipo de circunstancias (que
pueden crear perjuicios importantes al producirse asentamientos de población no planificados, muchas veces en lugares inadecuados) resulta necesario ir dando solución a estas situaciones, para proporcionar tranquilidad a las familias que habitan en estos barrios, y han llegado a un grado importante de consolidación de sus viviendas.

Es por ello que desde ya algunos años el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha puesto en marcha un programa de regularización de asentamientos. Antes aún, algunas Intendencias departamentales, como la de Montevideo habían comenzado a ejecutar programas de este tipo que fueron referencia para el posterior trabajo del Ministerio.

Con el objetivo de viabilizar estas regulaciones, en la Ley de Presupuesto de 1996 (Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996) se exoneró a estas regularizaciones del aporte unificado de la industria de la construcción previsto en el decreto-ley de 7 de agosto de 1975, habilitando en consecuencia a prescindir en ellas del Certificado Unico Especial que emite el Banco de Previsión Social (artículo 144).

Puede señalarse que esto no significa cambios en la recaudación efectiva. La índole misma del tema y la casi nula capacidad de pago de la población afectada, exime de mayores comentarios. Pero simultáneamente, debe señalarse que esto no implica, en realidad, y salvo alguna excepcional situación, ninguna forma de evasión de aportes, ya que las viviendas que se regularizan fueron en su inmensa mayoría realizadas por autoconstrucción con mano de obra benévola, por lo cual no corresponde aportar. Sin embargo, la irregular situación jurídica en cuanto a la ocupación del predio en algunos casos, y el desconocimiento de los trámites a realizar, en otros, llevó a que no se gestionara oportunamente el respectivo trámite de mano de obra benévola en el BPS. Hacerlo ahora implicaría un procedimiento muy engorroso, con gran pérdida de tiempo para los interesados, para el organismo que regulariza y para el propio BPS.

La Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, otorgó la exoneración que se propone, pero lo hizo para los inmuebles que sean objeto de regularización por parte del MVOTMA.

Es entonces de justicia extender estas facilidades a aquellas poblaciones y asentamientos que tienen idéntica situación real, pero cuyos trámites de regularización se realizan desde la órbita municipal.

En ocasión de la consideración de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal _ Ejercicio 1997, fue rechazado por el Senado un aditivo de carácter similar, pero señalándose que se compartían los conceptos y que el rechazo era por razones formales. Parece entonces existir el grado de acuerdo político que permita dar solución a un tema con tanta significación social que afecta a varios miles de ciudadanos.

ADITIVO

Artículo ... _ Extiéndase las exoneraciones previstas por el artículo 444 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, a los inmuebles que sean objeto de regularización por parte de los Gobiernos Departamentales, en similares condiciones a las allí establecidas.

ADITIVOS

TRABAJADORES DESPEDIDOS O PERJUDICADOS A CAUSA DE SU
AFILIACIÓN SINDICAL O DE SU PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADES SINDICALES

EXPOSICION DE MOTIVOS

La protección de los dirigentes y militantes sindicales en el ejercicio de su legítima actividad sindical, integra el concepto más amplio de libertad sindical, a la que se le ha reconocido la naturaleza de derecho humano fundamental. Como tal está garantizado en la Sección II de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.

Numerosas Declaraciones, Tratados, Pactos, Convenios Internacionales de Trabajo, Cartas sociales y Constitucionales reconocen en forma explícita la existencia de este derecho y obligan a los Estados a crear la normativa interna complementaria cuando ella es necesaria para permitir su plena realización.

En la órbita de la OIT el Convenio Internacional de Trabajo Nº 87 sobre libertad sindical y el Nº 98 en el que se consagra el fuero sindical, han sido los fundamentales de la afirmación de tales derechos. Nuestro país ha ratificado ambos convenios, y de ese modo ha asumido la obligación de garantizar la protección.

En lo que refiere al Convenio Nº 98 una corriente mayoritaria entiende que mientras no exista una normativa legal reglamentaria, tal protección no tendrá expresión práctica. En tal sentido, de acuerdo con lo manifestado por la Comisión de Expertos, "la experiencia revela que la existencia de normas legislativas fundamentales que prohiben los actos de discriminación antisindical es insuficiente si éstas no van acompañadas de procedimientos eficaces que garanticen su aplicación en la práctica" (párrafo 264, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, año 1983).

En nuestro país la ausencia de este tipo de normas que tendrían el carácter de reglamentarias del Convenio Nº 98, dan lugar a las mayores iniquidades, lo que constituye una flagrante violación a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mediante la ratificación del convenio internacional mencionado. Son los trabajadores o sus delegados de las organizaciones representativas quienes se ven discriminados y sancionados como consecuencia de su actividad sindical, en contravención de los convenios concertados. Las normas adoptadas por el país, como el Decreto 93/968 que establece sanciones administrativas para quienes cometen acción antisindical en la relación laboral, han resultado insuficientes.

El Comité de Libertad Sindical realizó un llamado de atención acerca de la práctica y la legislación de nuestro país, que al permitir que los empleadores, a través del mecanismo de pago de indemnización despidan a trabajadores por motivo de afiliación o actividad sindical, y por lo tanto, "no concede una protección suficiente contra los actos de discriminación antisindical mencionados en el Convenio Nº 98".

El proyecto que se presenta pretende aportar formas concretas en materia legislativa para el cumplimiento efectivo del Convenio Nº 98. Se establece la nulidad absoluta de todo acto violatorio de las disposiciones contenidas en el artículo 1º de dicho Convenio, y el restablecimiento de la situación anterior, única solución adecuada según opinión de expertos nacionales e internacionales.

ARTICULOS ADITIVOS

Artículo ... - Declárase la nulidad absoluta de todo acto de despido, perjuicio al trabajador, u otro, violatorio de las disposiciones contenidas en el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 sobre el Derecho de Sindicalización y de Negociación Colectiva, ratificado por la Ley Nº 12.030, del 27 de noviembre de 1953.

En consecuencia los trabajadores despedidos o perjudicados en cualquier forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, deberán ser reintegrados al cargo y tareas que desempeñaban.

Artículo... - El trabajador perjudicado se presentará ante el MTSS que, en un plazo no mayor de diez días hábiles, determinará si la situación se inscribe en la de los incisos anteriores y en caso afirmativo intimará al empleador para la inmediata reparación.

Si realizada la intimación la reparación no se concreta o si la resolución del MTSS no es favorable al trabajador, éste podrá accionar en sede judicial por el procedimiento previsto en la Ley Nº 16.011, sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieran corresponder.

UNIVERSALIZACIÓN DE LA ASIGNACIÓN FAMILIAR

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley N° 17.139, aprobada en la Legislatura anterior, tuvo por objetivo la extensión de la asignación familiar a todos los menores de hogares pobres.

En la práctica tuvo un alcance muy limitado, lo que se busca corregir a través de la norma propuesta.

Se estima en 215.000 a los niños y jóvenes de hogares pobres los que serían abarcados por esta extensión del beneficio.

Al no tener el beneficio de la Asignación Familiar ya existente un financiamiento propio, la ampliación del mismo se prevé con cargo a Rentas Generales en el caso que los recursos previstos en la ley original no resulten suficientes.

ADITIVO

Artículo... _ Elimínase el literal B) del ARTICULO 1° de la Ley Nº 17.139.

El Poder Ejecutivo reglamentará la extensión del beneficio previsto en el inciso primero del mencionado artículo.

Artículo... - Para el caso que los fondos previstos en el ARTICULO 5° de la Ley N° 17.139 no sean suficientes, dicha partida se completará con cargo a Rentas Generales.

ADITIVO

IMPUESTO A LAS RETRIBUCIONES PERSONALES

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cuando se aprobó la Ley de Ajuste Fiscal en el año 1995, el Poder Ejecutivo sostuvo que los incrementos del IRP tenían carácter transitorio. En distintas oportunidades, durante los años 1995 a 1999, el Poder Ejecutivo y numerosos Legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional realizaron manifestaciones similares y asumieron los compromisos pertinentes.

En el compromiso firmado por ambas colectividades políticas el 9 de noviembre de 1999, en el acuerdo efectuado para respaldar la candidatura del doctor Jorge Batlle, se estableció la eliminación de la sobretasa del IRP.

Para el Encuentro Progresista - Frente Amplio, así como también para las organizaciones sociales de trabajadores y pasivos, dicha eliminación ha constituido un reclamo permanente y ampliamente justificado.

El artículo que se adjunta consagra dicha eliminación.

ADITIVO

Artículo... _ Deróganse los incrementos dispuestos por el artículo 23 de la Ley N° 16.697, de 25 de abril de 1995 a las tasas del impuesto creado por el artículo 25 y siguientes del Decreto-Ley N° 15.294, de 15 de junio de 1982.

ADITIVO

SEGURO DE DESEMPLEO PARA TRABAJADORES RURALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto procura poner fin a una de las injusticias más flagrantes de nuestra legislación de seguros sociales: que los trabajadores rurales no tengan acceso al seguro de paro.

Si bien el Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, estableció que el seguro de desempleo "comprende obligatoriamente a todos los empleados de la actividad privada que prestan servicios remunerados a terceros", su Decreto Reglamentario Nº 14/982 de 19 de enero de 1982, lo restringió a la Dirección de Pasividades de Industria y Comercio. Esta interpretación restrictiva obliga a que legislemos nuevamente sobre el tema e interpretemos correctamente lo establecido como principio general en el Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981.

Este beneficio alcanzará a los alrededor de 80.000 trabajadores rurales que actualmente cotizan en el BPS. De esta cifra se puede inferir que el número de trabajadores que efectivamente accedan al subsidio no superará los 4.000 anuales, si suponemos que se mantendrá un porcentaje similar al que existe actualmente en Industria y Comercio.

La necesidad de igualar los derechos de estos ciudadanos no debería obstaculizarse con argumentos financieros. Al respecto podemos afirmar que dado el bajo monto de los salarios rurales y el escaso número de trabajadores que accederían al seguro, el costo sería mínimo para el BPS (alrededor del 5% del actual costo para los trabajadores de Industria y Comercio).

Cabe destacar que los trabajadores rurales están actualmente aportando los mismos porcentajes de su salario al BPS que el resto de los trabajadores uruguayos. Esto aumenta la injusticia, ya que están financiando un subsidio al que no pueden acceder.

Otra necesidad de que los trabajadores rurales accedan al seguro de desempleo lo determina la imposibilidad real con que se encuentran actualmente los desempleados de acceder a los cursos gratuitos de reconversión laboral que brinda la Junta Nacional de Empleo. En efecto, actualmente el trabajador rural no posee prueba documental que acredite su situación de desempleado para acceder a esos cursos.

Un punto especial requieren los trabajadores zafrales del medio rural. Difícilmente puedan ellos acceder a los 150 jornales anuales que establece el artículo 3º del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, como mínimo para acceder al seguro. A este respecto consideramos de vital importancia que el Poder Ejecutivo haga uso de la facultad que el propio artículo 3º le otorga para "extender éste plazo hasta 24 meses para el caso de ocupados en actividades que así lo justifiquen". Sería esencial que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pudiera estudiar los distintos casos de trabajadores zafrales del medio rural y adoptar los decretos correspondientes para lo que está facultado.

En éstos momentos en que el país va a hacer un esfuerzo para buscar soluciones al sector agropecuario, no nos olvidemos de los que han sido eternamente olvidados.

ADITIVO

Artículo ... Declárase que los trabajadores rurales están comprendidos en el régimen de seguro de desempleo establecido en el Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981.

Esta disposición se aplicará efectivamente a partir de la promulgación de la ley.

Manuel Laguarda, Manuel Núñez y Enrique Rubio. Senadores.

Artículos aditivos y sustitutivos presentados por el señor Senador Rafael Michelini para la discusión en particular del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración relacionado con la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de fomento de las actividades productivas.

Agregación de un artículo 10 bis:

«Artículo 10 bis: Facúltase al Poder Ejecutivo a dotar al `Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego' (PRENADER) -Decreto 308/93- de los fondos necesarios para atender los proyectos y solicitudes presentadas ante ese programa, hasta una cifra de U$S 1:800.000 (un millón ochocientos mil dólares), con cargo a Rentas Generales".

Rafael Michelini. Senador.

Agregación de un artículo 22 bis:

«Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 21 y 22 de la presente ley, se establece que todas las compras en plaza cuyo destino sea el consumo final de computadoras personales, impresoras y programas informáticos, tributarán a la tasa del 5% el Impuesto al Valor Agregado".

Rafael Michelini. Senador.

Aditivo final al artículo 26:

«Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del Dominio Comercial e Industrial del Estado deberán, además, presentar en soporte informático un informe semestral sobre todos sus gastos e inversiones, desagregados, al Poder Ejecutivo y este lo enviara a las Comisiones de Hacienda y Presupuestos de ambas Cámaras del Poder Legislativo".

Rafael Michelini. Senador.

Aditivo final al artículo 50.

«A efectos de contemplar los objetivos de descentralización y la adecuada distribución geográfica de las actividades económicas planteadas en el inciso anterior, la Comisión Sectorial de Descentralización con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto definirá un conjunto de parámetros que determinará un ordenamiento preferencial de los departamentos, zonas o regiones para la promoción de nuevas inversiones. Dicho ordenamiento establecerá criterios para definir la intensidad diferencial de los beneficios promocionales, prevista en el presente artículo".

Rafael Michelini. Senador.

Sustitutivos de los artículos 78 y 79.

Artículo 78. - Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 7° del Decreto-Ley Nº 14.762, de 13 de febrero de 1978, por los siguientes:

`Declárase la obligatoriedad de la obtención de la cédula de identidad a partir del nacimiento en territorio nacional y para aquellas personas extranjeras con residencia permanente en el país. Esta obligación se exigirá a los representantes legales de los menores e incapaces. El recién nacido deberá ser identificado en todas las maternidades públicas y privadas mediante el registro de impresión plantar y digital, acompañado de la impresión digital de la madre en dos vías. Deberá enviarse una vía al Registro de Estado Civil para su inscripción y la otra a la Dirección Nacional de Identificación Civil, para la expedición de la cédula de identidad del recién nacido'.

`Artículo 79. - La expedición de las cédulas de identidad de los menores nacidos en establecimientos públicos de salud, no tendrá costo. Se generará costo a partir de la primera renovación.

En las renovaciones podrá excepcionalmente exonerarse el costo de la misma, debiéndose justificar la situación que amerita la solicitud, mediante información sumaria ante la Dirección Nacional de Identificación Civil'."

Rafael Michelini. Senador.

Artículo aditivo presentado por la señora Senadora Marina Arismendi y los señores Senadores José Korzeniak, Manuel Núñez y Enrique Rubio, para la discusión particular del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración relacionado con la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de fomento de las actividades productivas.

ADITIVO AL CAPITULO VIII

Sección 5

Durante los debates que tanto en Comisión como en el Plenario del Senado venimos realizando en torno a la presente ley se ha calculado que la deuda que las Intendencias mantienen con UTE asciende a 50 millones de dólares por concepto de consumo y a unos 25 por intereses, multas y mora.

En esta misma Sala se han levantado voces contra la usura y existe un proyecto de ley al respecto ya presentado.

La usura es condenable entre particulares. Con mucha más razón lo es entre el Estado y los particulares. En este caso se argumenta que, de no aplicar tan riguroso castigo, el Estado y sus dependencias verían difícil cobrar ya que algunos deudores particulares preferirían pagar deudas sometidas a mayores amenazas.

Lo que no admite argumento alguno es que dicha usura se practique entre dependencias estatales. Su consecuencia no puede ser otra que descargar sobre las espaldas de la población la arbitrariedad de tales desmesuras y, objetivamente, más allá de cualquier otra intención, el desborde opera como un impuesto. Como estamos ante un hecho consumado que no puede volver a repetirse proponemos el siguiente artículo aditivo.

ARTICULO 39 bis

Quedan eliminados, a partir de la promulgación de la presente ley y con la retroactividad que en cada caso correspondía, todo tipo de recargos e intereses por deuda entre dependencias del Estado.

Marina Arismendi, José Korzeniak, Manuel Núñez y Enrique Rubio. Senadores.

Artículos aditivos presentados por el señor Senador Pablo Millor para la discusión en particular del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración relacionado con la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de fomento de las actividades productivas.

ADITIVOS

CAPITULO V

Facilitación del crédito

Artículo.....

Todos de socios. La SGR estará constituida por socios partícipes y socios protectores. Serán socios partícipes únicamente, micro, pequeñas y medianas empresas, sean éstas personas físicas o jurídicas, que reúnan las condiciones para ser categorizadas como tales, según parámetros expuestos en el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 266/95 del 19 de julio de 1995. La verificación de referencia la realizará el Ministerio de Industria, Energía y Minería a través de la DINAPYME, como Autoridad de Aplicación.

Artículo.....

A los efectos de su constitución y durante los primeros cinco (5) años, toda SGR habrá de contar con un mínimo de cincuenta (50) socios partícipes.

Artículo.....

Serán socios protectores todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social. La SGR no podrá celebrar contratos de garantía recíproca con los socios protectores. Es incompatible la condición de socio protector con la de socio partícipe.

La participación de los socios protectores no podrá exceder del cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital social. Por su parte, la participación de cada socio partícipe no podrá superar el 5% del mismo.

Artículo.....

Las SGR que se constituyan en cumplimiento de lo expuesto por la presente ley se regirán además de por las normas establecidas por la Ley Nº 16.060 del 6 de setiembre de 1989, por un Decreto que reglamentará y dispondrá los mecanismos de funcionamiento inherentes a este nuevo tipo de sociedad comercial.

Artículo.....

La autoridad de aplicación correspondiente al Capítulo V de la presente ley será el Ministerio de
Industria, Energía y Minería, en razón de las competencias que le otorgan la Ley Nº 16.170 del 28 de diciembre de 1990 en sus artículos 305 al 309, y la Ley Nº 16.201 del 13 de agosto de 1991 y su respectivo Decreto Reglamentario Nº 54/92 del 7 de febrero de 1992 y modificativos.

Artículo.....

La reglamentación prevista en el artículo precedente, la realizará el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, como Autoridad de Aplicación.

Pablo Millor. Senador.

Sustitutivo a artículo 35 de la Ley de Urgencia

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el artículo proyectado se suprime la Administración Nacional de los Servicios de la Estiba, encomendándose al Poder Ejecutivo la redistribución al MTSS de sus bienes, activos y pasivos así como aquellas de sus funciones que fueren necesarias para la actividad portuaria, sin perjuicio de las competencias del MTOP.

Asimismo se determina la redistribución de los funcionarios con más de un año de antigüedad a la fecha de promulgación de esta ley de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 37 de la Ley Nº 16.320.

Entendemos que la formulación continúa siendo ambigua y excesivamente «abierta» en lo que respecta a las posibilidades de reglamentación del Poder Ejecutivo.

En particular la tarea de inspección en materia de puerto, fundamentalmente en lo que tiene relación con el fiel cumplimiento de los derechos laborales en la tarea de estiba, etc.

Esta tarea claramente requiere un conocimiento y una especialización pues no alcanza con la mera constatación del cumplimiento -o en su defecto incumplimiento- de las normas propias de la materia -en términos clásicos de inspección laboral- sino que se requiere seguimiento inmediato de la situación, con el correspondiente apoyo administrativo en función de que el sujeto pasivo de la obligación, el/los empleadores, el/los bienes del deudor que son la garantía común de todos sus acreedores.

Debe establecerse asimismo que en la actualidad existen dieciocho personas cumpliendo «funciones» de inspección. La elección de estas dieciocho personas del universo de funcionarios administrativos presupuestados y contratados -ya sea con carácter permanente o eventual- sin que haya existido un mecanismo arreglado a los principios de buena administración -concurso- a efectos de determinar quienes cumplirían efectivamente dichas funciones.

Este hecho adquiere particular relevancia cuando se determina la redistribución en el MTSS de «...aquellas funciones que fueren necesarias para la actividad portuaria...».

Finalmente debemos señalar que en los cuadros funcionales de ANSE revisten en la actualidad 43 funcionarios con carácter de presupuestados, 8 funcionarios en carácter de contratados «permanentes» en tanto el resto de la plantilla de funcionarios revestirían en carácter de funcionarios contratados en forma de eventuales.

Por las razones expuestas se propone el siguiente artículo sustitutivo.

Artículo 35. - Suprímese la Administración Nacional de los Servicios de Estiba (ANSE), encomendándose al Poder Ejecutivo la redistribución al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de sus funciones y de sus bienes, activos, pasivos.

A los efectos del cumplimiento de las funciones de la Institución que se suprime, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creará un programa especial en el marco orgánico de la Inspección General del Trabajo perteneciente a la Dirección Nacional del Trabajo.

Los funcionarios de la referida Institución que se suprime, con funciones permanentes y con al menos un año de antigüedad a la fecha de la promulgación de la presente ley, serán redistribuidos en la forma dispuesta por el Art. 37 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992.

Facúltase al Poder Ejecutivo para que proceda, previo informe de la Contaduría General de la Nación, a reasignar los créditos presupuestales dando cuenta a la Asamblea General.

Las transferencias de dominio que correspondan operarán de pleno derecho con la entrada en vigencia de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, determinando los bienes comprendidos. Los Registros Públicos procederán a su registración con la sola presentación del testimonio notarial de esa resolución.

Enrique Rubio, Manuel Núñez, Marina Arismendi, Eleuterio Fernández, José Korzeniak. Senadores.

ARTICULOS ADITIVOS:

Aditivo luego del artículo 16

La SGR estará constituida por socios partícipes y socios protectores. Serán socios partícipes únicamente, micro, pequeñas y medianas empresas, sean éstas personas físicas o jurídicas, que reúnan las condiciones para ser categorizadas como tales, por la autoridad de aplicación, siguiendo los criterios establecidos por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 266/95 de julio de 1995.

Serán socios protectores todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social.

La SGR no podrá celebrar contratos de garantía recíproca con los socios protectores.

Es incompatible la condición de socio protector con la de socio partícipe.

La participación de los socios protectores no podrá exceder del cuarenta y nueve por ciento del capital social. Por su parte la participación de cada socio partícipe no podrá superar el 5% del mismo.

Aditivo luego del artículo 20

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en razón de las competencias que le otorgan la Ley Nº 16.170 de 28 de diciembre de 1990 en sus artículos 305 al 309 y la Ley Nº 16.201 de 13 de agosto de 1991, y su respectivo Decreto Reglamentario Nº 54/92 de 7 de febrero de 1992 y modificativos.

Pablo Millor. Senador.

DEBER DE INFORMAR

Sustitutivo Art. 73

Artículo 73 (Deber de informar).

En todo supuesto de privación de libertad dispuesto por la autoridad, la persona, su abogado o defensor y/o familia directa, deberá ser informada por el aprehensor, con expresión clara de los cargos que se les formulan, dentro de las veinticuatro horas de producidas la privación de la libertad.

Pablo Millor. Senador.

Agregado

Inciso 3º Artículo 25

Los Gobiernos Departamentales quedan comprendidos en lo dispuesto en el inciso primero, sin perjuicio de las competencias de sus respectivas Juntas Departamentales.

Luis A. Heber, Guillermo García Costa, Wilson Sanabria, firma ilegible. Senadores.

Artículo para ser ubicado después del artículo 28

Artículo: Los Gobiernos Departamentales podrán aplicar lo dispuesto en los dos artículos anteriores dando cuenta a sus respectivas Juntas Departamentales.

Luis A. Heber, Guillermo García Costa, Wilson Sanabria, Jorge Larrañaga, Eduardo Malaquina, firma ilegible. Senadores.

Agregado

Artículo 48

La quita del acreedor financiero no será inferior al monto de la exoneración para que se tenga derecho a la misma.

Luis A. Heber, Guillermo García Costa, Wilson Sanabria, Jorge Larrañaga, Eduardo Malaquina, firma ilegible. Senadores.

Sustitutivo 77

Se presumirá la existencia de la causal de justificación prevista en el artículo 28 del Código Penal «cumplimiento de la ley», respecto de los actos cumplidos por personal militar asignado a tareas determinadas por el Poder Ejecutivo, de seguridad externa de establecimientos de detención, recintos militares y lugares sede de Organismos del Estado, y cuyo cometimiento se hubiera realizado formalmente. Esta presunción regirá siempre que dichos actos se hubieran ejecutado en ejecución en ocasión del cumplimiento de las funciones y conforme a las disposiciones vigentes aplicables a dicho personal en materia de seguridad en instalaciones militares.

Luis A. Heber, Guillermo García Costa, Wilson Sanabria, Jorge Larrañaga, Eduardo Malaquina, firma ilegible. Senadores.

Incorpórase al Art. 272 del Código Penal el siguiente inciso final:

«La pena a aplicar en caso de tentativa se regulará por lo dispuesto en el Art. 87, nunca será inferior a dos años de penitenciaría.»

Pablo Millor. Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente, formulo moción para que aquellos Capítulos que no tienen artículos sustitutivos presentados a la Mesa sean votados en bloque, en virtud de que la mayoría de ellos fueron aprobados unánimemente en Comisión.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: nuestra Bancada ha presentado artículos aditivos y sustitutivos, pero en relación con muchos de los restantes artículos tenemos consideraciones para hacer. Por lo tanto, nos parece que este procedimiento de votar en bloque los Capítulos que no tienen aditivos, va a confundir y complicar la discusión y por ello preferimos el mecanismo de ir siguiendo el articulado de acuerdo a sus Capítulos.

No hay que tener tanta premura en el trabajo porque estamos lejos del límite de los plazos constitucionales. Entonces, en tiempo razonable perfectamente se puede estudiar el conjunto del articulado que tiene diversas variantes y complejidades.

Por todo lo dicho, nos oponemos a la votación en bloque de los Capítulos del proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con las normas reglamentarias alcanza con que un señor Senador explicite que el proyecto de ley se vote artículo por artículo, para que así se proceda.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- En primer lugar, quiero manifestar que vamos a votar afirmativamente este artículo y vamos a presentar un aditivo tal como está en el repartido correspondiente. Como se reconoció en la Comisión y en Sala, este artículo no hace más que legalizar lo que ya se ha aplicado desde hace algún tiempo en el sector de la industria manufacturera, es decir, la rebaja de los puntos porcentuales de la tasa de aportes patronales jubilatorios del Banco de Previsión Social. Por lo tanto, esto no significa ningún aporte del Estado a la situación crítica del sector agropecuario, sino que implica, simplemente, poner en forma permanente en el texto de una ley, algo que otra ley ya había facultado y que el Poder Ejecutivo ya había hecho uso de ella.

Este Capítulo en su conjunto, tiene el título grandilocuente de: "Fomento de la Inversión y del Empleo", cuando en definitiva en algunos casos se rebaja efectivamente y en otros legalmente el aporte patronal de la industria manufacturera sobre los empleados independientes. Por lo tanto, nos parece que este título es demasiado pretencioso.

Además, nos cuestionamos el hecho de que la disminución de los aportes patronales realmente signifique un fomento para el empleo. En ese sentido, hay estadísticas claras que demuestran que en períodos en los que se redujeron dichos aportes, no aumentó el empleo porque eso depende de otras variables como, por ejemplo, de la marcha de la economía, de la capacidad de exportación y la capacidad de rentabilidad que tenga el sector. Entonces, creemos que la reducción de aportes no es el elemento fundamental del fomento de la inversión y mucho menos del fomento del empleo. Me refiero a la reducción de aportes tal como está hecha, al barrer, sin ningún otro contenido.

Por lo expuesto, vamos a proponer un aditivo para este artículo 1º que, a pesar de que utiliza el mismo instrumento de la rebaja de aportes, intenta llegar a empresas de la industria manufacturera que empleen obreros y funcionarios adicionalmente.

El aditivo al artículo 1º que proponemos dice lo siguiente: "Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a reducir el aporte patronal jubilatorio de todas aquellas empresas de la industria manufacturera que a partir de la fecha de vigencia de la presente ley registren un incremento neto de sus puestos de trabajo. El porcentaje de aporte patronal jubilatorio que se pagará por los nuevos puestos de trabajo, durante los primeros doce meses de la contratación, se verá reducido de acuerdo al siguiente detalle:

-En un 2,5% si las personas no integran ninguna de las tres categorías que se detallan a continuación.

-En un 3,5% si son adultos mayores de 45 años.

-En un 5% si son mujeres jefas de hogar.

-En un 5,5% si son jóvenes menores de 24 años.

Si una persona pertenece a más de una categoría, se la considerará incluida en la que determine un tratamiento más favorable según la aplicación de esta ley".

Tal como dice el artículo 1º se fija un 6,5% la tasa de aportes patronales en todo el sector. Entonces, lo que proponemos como aditivo, después de votar el artículo 1º, es una reducción adicional a la tasa fijada en escala según las categorías del personal nuevo.

Consideramos que este tipo de propuesta tiene incentivos respecto del empleo de personas sin trabajo, en la medida en que se rebaja alguna cuota adicional de los aportes patronales, en forma especial por los nuevos empleados. Además, desde el punto de vista del costo general, esto no reduce, en manera alguna, los ingresos del Erario, ya sea el impositivo o el del Banco de Previsión Social, porque actualmente no se están cobrando aportes por aquellas personas que no están trabajando. O sea que recién al sumarse nuevos empleados es que se reduce la tasa de aportes del empleador. Reitero que esto no significa, respecto a lo que sucede hoy, una reducción de los ingresos.

No quiero entrar en la polémica de si tenemos o no iniciativa respecto de este tema, ya que eso lo discutimos en varias oportunidades en el seno de la Comisión, especialmente con el señor Senador García Costa. Lo que buscamos en todas nuestras propuestas es ver si existe la voluntad política de incorporar en este texto lo que consideramos puede ser un aporte al empleo, no a la inversión, porque esta última requiere otro tipo de incentivos, los que no están contenidos en este Capítulo, por más que así se le denomine. Reiteramos que estamos proponiendo un aditivo que beneficia directamente a quien emplee personal que hasta ahora no estaba trabajando, es decir, estaba desempleado. Con esta redacción, el empleador no puede cambiar un empleado viejo por uno nuevo y hacerse acreedor a este beneficio, porque a partir de la promulgación de este proyecto de ley se va a tener en cuenta la cantidad de empleados que se tenía y sólo si se añade personal es que se tendrá derecho a este tipo de beneficio.

Obviamente, que las distintas escalas de rebaja, que son cuatro, tienen que ver con las diferentes situaciones sociales que se viven y con la cantidad de desempleados de las mismas.

Creemos que se debe promover el empleo juvenil. Esto ya estaba contemplado en la Ley Nº 16.873, de 3 de octubre de 1997, pero atendía aspectos diferentes. Esto que se propone agrega y no modifica o colide con la referida Ley de Promoción de Empleo Juvenil. En ese sentido, cada vez que se empleen jóvenes menores de 24 años -la Ley de Promoción de Empleo Juvenil fijaba un límite de 29 años- se va a reducir el aporte patronal, por cada empleado, en un 5,5%. Es decir, que se deja un aporte del 1%.

En el caso de las mujeres jefas de hogar, que son muchas y que constituyen uno de los sectores más castigados por el desempleo y al que se debe beneficiar en mayor medida, la reducción propuesta es del 5%. En consecuencia, después de que se apruebe el artículo 1º el empleador deberá pagar por cada mujer jefa de hogar que emplee, exclusivamente un 1.5%.

Asimismo, habrá una reducción un poco menor por cada adulto mayor de 45 años que se emplee. Todos sabemos que a aquellas personas mayores de 45 ó 50 años es a las que les cuesta más reinsertarse en el mercado laboral.

A su vez, dado que se quiere promover el empleo en general -ya que el desempleo es uno de los problemas de la sociedad uruguaya- también se hace una rebaja por cada uno de los nuevos dependientes que se agregue a la nómina existente en el momento de promulgada la ley. Esta rebaja va a ser del 2.5% lo que, en términos generales, es también un beneficio.

Reitero que proponemos este aditivo, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 16.873, de 3 de octubre de 1997, que promueve el empleo juvenil, pero no colide con este proyecto, porque atiende a otro tipo de cosas, por ejemplo, a las pasantías o a los contratos por un año, etcétera.

Esto es lo que queríamos decir. Creemos que el título del Capítulo es demasiado pomposo para lo que contiene. Digo esto en la misma línea que hoy señalaba sobre otros Capítulos el señor Senador Millor. Me parece que la rebaja de los aportes patronales no es el principal elemento de fomento de la inversión y tal como está redactado este Capítulo -si bien de alguna forma estamos de acuerdo con el artículo 1º- no se fomenta en especial el empleo adicional, sino que simplemente la rebaja se da, igualmente, por los trabajadores que ya tiene o por los que consiga.

Anunciamos desde ya nuestro voto afirmativo al artículo 1º, así como a la presentación de este aditivo que está a consideración del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde precisar que el artículo presentado por el Frente Amplio es un sustitutivo. Aditivos son los que mantienen la redacción original de la Comisión, agregándoles incisos. Este no mantiene la redacción original y, en consecuencia, es un sustitutivo.

SEÑOR NUÑEZ.- Nuestra idea era no repetir el artículo 1º.

SEÑOR PRESIDENTE.- En ese caso, es un inciso agregado a ese artículo. Sin embargo, como se cambia la redacción, es un sustitutivo.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCÍA COSTA.- El artículo 1º del proyecto ha sido comentado y es conocido por el Senado, por lo que a esta altura cada Senador tiene opinión formada sobre el mismo. Todos sabemos qué definición tiene en su alcance, porque al criticársele se ha sido muy específico en tal sentido y, a su vez, al defendérsele por parte de otros Senadores, se cumplió la tarea inversa.

En este momento, me quiero referir al sustitutivo propuesto -mal calificado de aditivo, pero eso no viene al caso y en consecuencia usaremos la terminología propuesta por el señor Presidente- por el Frente Amplio que es, obviamente, inconstitucional. A fin de poder presentar una iniciativa de este tipo, el artículo 86 de la Constitución que todos los señores Senadores conocen, pero que voy a reiterar a los efectos de la versión taquigráfica, dice que "la iniciativa para la creación de empleos, de dotaciones o retiros o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias" -a continuación viene la parte sustancial referida a este punto- "establecimiento o modificaciones de causales, cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo". No habiendo, señor Presidente, iniciativa del Poder Ejecutivo al respecto, es obvio que el Senado podrá comentar este artículo, pero no abocarse a su votación, aunque sé que ello se hará.

Además, este artículo sustitutivo no ha sido costeado; y no sería extraño que costara muchísimo dinero. Como no vamos a votarlo por una razón elemental de tipo constitucional, la ausencia del conocimiento de cuánto cuesta significa un motivo más a la razón por la que no lo apoyaremos.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: me quiero referir al contenido del artículo; estimo que otros miembros de nuestra Bancada abordarán el tema que ha planteado el señor Senador García Costa.

En primer lugar, quiero decir que estamos preocupados en torno a si hay voluntad política de este Senado y del Poder Ejecutivo para este tipo de iniciativas. Creo que ese es el tema más relevante. Por esa razón hemos planteado si, desde el punto de vista del procedimiento, es como dice -y no lo dudo- el señor Presidente del Senado; en ese caso, no tendríamos ningún inconveniente en que al texto del artículo 1º propuesto por el Poder Ejecutivo se le incorpore el que hemos presentado como aditivo. Si así fuera, tendríamos otro texto que vendría a complementar nuestra propuesta de la redacción del artículo 1º y, en ese caso, sería un aditivo.

Brevemente, deseo comentar que esta propuesta apunta al tema del desempleo estructural, así como a políticas específicas y diferenciadas en relación a ese asunto. En oportunidad de la discusión en general manifestamos nuestras dudas sobre el impacto que, en materia de generación de empleo, tenía la política genérica y global de rebaja de los aportes patronales en el caso de la industria manufacturera, razón por la cual hicimos referencia a la serie desde el 1º de julio de 1995 a la actualidad en materia de empleo. En la industria manufacturera podemos hacerlo, pero este es un material al que, en general, es fácil acceder. Es así que se puede hacer en forma diferenciada según ramas de la industria manufacturera, pero siempre da, con mayor o menor intensidad, el mismo resultado: no hubo incremento de la ocupación en el período y se invirtieron más de U$S 200:000.000. De todas maneras, otros factores pueden haber operado con mayor vigor en forma contrarrestante de éste.

De cualquier modo, esa situación nos indica que es un elemento que coadyuva en la dirección de la conveniencia de políticas diferenciadas y específicas en materia de promoción del empleo. Entonces, se toman algunas situaciones de desempleo estructural. La desocupación actual, si se toman también las poblaciones menores de 5.000 habitantes, está en el orden de 160.000 a 170.000 personas en esa situación. Dentro de esa población desocupada, es sabido que en el caso de los jóvenes se registran tasas de desempleo que superan el 20%, en el de las mujeres jefas de hogar, las tasas superan el 15%, y en el de los adultos mayores de 45 años, los índices son muy importantes.

Es por esa razón que a través de esta propuesta se buscan estímulos específicos. Dado que esto está pensado tal como lo establece el texto propuesto, en el sentido del incremento neto de puestos de trabajo, no se va a dar una sustitución, sino que se procuran incentivos para la promoción de empleos destinados a sectores de la población en situaciones más deprimidas que las restantes. Creo que es altamente conveniente, y en materia de políticas sociales, es un criterio muy extendido y compartido. Además, no significa, frente a los ingresos actuales del Banco de Previsión Social por concepto de aportes patronales jubilatorios, una merma de los recursos actuales; en todo caso, puede tener un efecto sobre eventuales ingresos en el futuro. De todas maneras, como esta es una política de promoción, en la medida en que se desarrolle, el resultado puede estar perfectamente nivelado.

Por los fundamentos expuestos -que son complementarios de los que expusiera el señor Senador Núñez- creemos conveniente que el Senado se pronuncie sobre esta iniciativa.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: a los efectos de poder avanzar más rápidamente, voy a fundamentar las dificultades que se generan para incorporar éste y los demás aditivos. La primera de ellas es que no se pudo o no se deseó llevarlos a la Comisión.

En segundo lugar, hay que tener presente que muchas veces, aunque son compartibles los objetivos, este tipo de normas presentadas directamente en Sala pueden conducir a lo inverso.

Hace un momento le preguntaba al señor Senador Malaquina si era verdad que hace muy poco se inauguró un supermercado en la ciudad de Salto. El artículo propuesto aplicado a ese caso significaría que, mientras todos los comerciantes salteños tienen que continuar pagando el aporte entero, el supermercado -que, naturalmente, es una empresa nueva y va a contratar jóvenes, como siempre sucede en estos casos- tendría un beneficio del que no gozarían sus competidores de comercio. El resultado final es que no creamos más empleo, sino desempleados entre los que ya están a costa de los nuevos emprendimientos.

Dado que en el artículo 2º de este Capítulo se faculta al Poder Ejecutivo a bajar la tasa de aporte patronal aun por sectores, iniciativa que en Comisión no votaron quienes proponen esos aditivos, presentan éste como los siguientes en función de esa circunstancia. En virtud de que vamos a votar el artículo 2º, queda abierta la vía para que, con los estudios del caso, se tengan en cuenta los efectos secundarios. Hay que tener presente que es como en el caso de las medicinas, que a veces parecen buenas, pero sus efectos secundarios son peores de lo que pretenden curar.

Por lo tanto, y como miembro de la Comisión, adelanto que los aditivos del artículo 1º al 6º no los vamos a votar, pese a que algunos tienen otras temáticas, tales como plantear determinadas erogaciones y financiación, tema al cual ha hecho referencia el señor Senador García Costa. En consecuencia, reitero, nos atendremos al texto que se trabajó en Comisión, al menos en estos dos Capítulos.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: se ha planteado el carácter inconstitucional del aditivo presentado por nuestra Bancada. Quiero decir que no comparto esa posición.

La iniciativa del Poder Ejecutivo existe; lo que se hace es plantear una modificación a dicha iniciativa. Creo que no debe confundirse iniciativa privativa del Poder Ejecutivo -tema que tampoco resuelve el artículo 86, al menos en su letra- con que el Parlamento debe aprobarla tal como viene y no pueda modificarla. Esa es una especie de limitación a la facultad parlamentaria, que creo ninguno de los señores Senadores va a sostener. Iniciativa privativa del Poder Ejecutivo quiere decir que, de todos quienes tienen iniciativa -que son los Legisladores, el Poder Ejecutivo, en el caso de algunas leyes muy especiales el Tribunal de Cuentas y en proyectos de Códigos la Suprema Corte de Justicia- sólo él puede hacerlo. Sin embargo, la iniciativa que envía el Poder Ejecutivo, el Parlamento puede modificarla, cambiarla o darle un contenido más detallado, como sucedería en este caso. En fin, se hace una cuestión más selectiva, que distingue distintos hechos dentro de la situación general que está planteada en la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Quiero decir, por otro lado, que por lo menos el texto del inciso segundo del artículo 86 no se refiere para nada al tema de los aportes, sino que trata de resolver el problema de leyes que significan gastos y que no están en la ley de presupuesto. Concretamente, hace algunas menciones -que fueron leídas hace unos instantes- estableciendo que sí es iniciativa privativa -suele decirse "privativa", aunque el vocablo técnico es "exclusiva", a pesar de que no lo usa la Constitución- la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos. En este caso no se puede entender que estamos frente a la creación de empleos, sino que se trata de fomentarlos al igual que a la inversión. Crear empleos significa, por ejemplo, que allí donde hay cincuenta cargos vamos a agregar determinada cantidad más.

Tampoco se hace referencia a los empleos privados o a la actividad laboral común, sino que menciona lo que debe hacerse normalmente en un presupuesto. Concretamente, aquí se establece que se va a permitir que a través de otra ley que no sea la de presupuesto se creen empleos públicos, siempre que se indiquen los recursos con los que esto se cubrirá. Las otras menciones tampoco están vinculadas al tema de los aportes patronales, porque la disposición se refiere a la asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificaciones de causales, cómputos o beneficios jubilatorios.

Por lo tanto, el tema de la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, a mi juicio no resulta de este artículo 86, no colide con el texto del aditivo y, en todo caso, si se hiciera una interpretación excesivamente generosa del mismo, tenemos que ya existe la iniciativa del Poder Ejecutivo. Lo que se está proponiendo es una modificación, salvo que se sostenga la tesis -que a mi entender no es válida- de que la iniciativa privativa significa que lo único que puede hacer el Parlamento cuando la recibe es aprobarla tal como viene del Poder Ejecutivo.

Por estas razones, pienso que de lo que se trata es de determinar cuál es la solución más conveniente y justa: la contenida en el texto que leyó el señor Senador Núñez o la incluida en el artículo del proyecto que envió la Comisión. Admito que en estas cosas a veces el planteo en Sala puede ser menos ortodoxo o puede ser más meditado estudiar el tema detenidamente cuando hay alguna modificación, pero el criterio que ha adoptado el Senado en una votación mayoritaria es el "apurete" -esto en términos populares- el apuro, como surge del carácter de proyecto de ley con declaración de urgente consideración que se le dio a esta iniciativa tan extensa y la negativa de este Cuerpo a quitarle este carácter. Incluso ahora, cuando ya se hizo la votación en general, me parece que no se justifica -por lo menos desde mi punto de vista- el argumento de que quién sabe lo que puede pasar si esto se aprueba en Sala sin haberlo estudiado seriamente. También se podría decir que cabe la posibilidad de aprobarlo tal como viene para posteriormente analizar con cuidado si no es más justa otra ley.

En definitiva, es el mismo criterio que se podría haber seguido con toda esta especie de vidriera de temas presentados como un solo proyecto de ley.

Quizás se podrían haber elegido uno o dos temas que realmente son muy urgentes y que a mi entender son los que se vinculan con el fomento del trabajo, que es el problema básico de este país. Se podrá hablar de cien cosas diferentes, desde las Intendencias hasta las tasas que se cobran por el Impuesto a los Ejes, pero el tema principal que tiene el Uruguay es el de tener actividad económica que proporcione empleos y por consiguiente una remuneración o ingreso que permita vivir dignamente. Con esa misma tesitura se podrían haber separado de este proyecto de ley cuatro, cinco o diez temas con la intención de tratarlos con más cuidado y cada uno dentro de sus correspondientes leyes.

Deseaba aprovechar esta oportunidad para señalar que comparto la idea de que estos problemas hay que desmenuzarlos, pero no creo que se puedan manejar simultáneamente y sobre la idea de que todo lo que viene del Poder Ejecutivo o de la Comisión deba ser tratado como ley de urgente consideración. Pienso que no es un argumento coherente, aunque quizás inteligente, el de imprimir apuro en algunos casos y en otros optar por una meditación más trascendente y cuidadosa. Creo que todas las leyes siempre necesitan un estudio profundo y, además, hay que tener en cuenta que los criterios de justicia que a mi entender adornan más al sustitutivo o aditivo -como se le quiera llamar- convencen de mejor manera que el artículo 1º, tal como está redactado.

Antes de finalizar, quisiera plantear una hipótesis. Eventualmente, podría suceder que la imputación de inconstitucionalidad no fuera por la lectura de cada uno de estos casos de iniciativa privativa, sino que por tratarse de otra ley que significa gastos, se deben indicar los recursos con que serán cubiertos. Si esto se interpretara así, la discusión podría ser otra, porque este proyecto de ley, ya no en el artículo 1º, sino en el inciso segundo del artículo 2º -probablemente tendría que ser un inciso común para las dos disposiciones- menciona que la disminución de la recaudación que experimente el Banco de Previsión Social será compensada por el Ministerio de Economía y Finanzas, indicando que la fuente de recursos será Rentas Generales.

Por lo tanto, a esto tampoco lo veo como un problema de inconstitucionalidad.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Comparto lo que han expuesto los compañeros de la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio. Al mismo tiempo, recibo la iniciativa del Poder Ejecutivo en el sentido de tratar de sortear una difícil situación que se vive en torno a los temas del empleo y la producción en todos los rubros. Estoy dispuesto a estudiar el tema de las rebajas y los aportes.

Sin embargo, quiero señalar que me parece muy importante dejar sentado -nada más que para que quede constancia- que no comparto el criterio de que este sea un impuesto al trabajo; no lo es. A mi entender, es una contribución que se hace desde el punto de vista del patrono de una relación laboral para asegurar al trabajador que una parte de su esfuerzo será compensado, cuando se retire, con el aporte que aquel ha hecho. La idea de la seguridad social es esta. Reitero que no se trata de un impuesto al trabajo, sino de una concepción de la organización de la sociedad.

Lo que ocurre es que ahora ha hecho tesis y se ha convertido en una norma internacional la idea de que la mejor manera de aumentar la competitividad en el plano internacional es golpear las conquistas sociales de los trabajadores, rebajando los salarios o suprimiendo los aportes a la seguridad social. Entonces, si es un impuesto, que lo supriman del todo, que se quite y se elimine, que el trabajador se apañe y después se verá qué es lo que sucede. Creo que en la filosofía que sostiene que este es un impuesto al trabajo está la idea que acabo de mencionar y seguramente se va a llegar a eso, inexorablemente, paso a paso, medida a medida.

En consecuencia, hay que tener esto presente.

Personalmente no comparto esa concepción y creo que es errónea. Creo que lo importante para que las contribuciones, tanto de los patrones como de los trabajadores, sean menores -como lo fueron en otra época- es que todo el mundo aporte, que no haya evasión ni gente que trabaje en negro o patrones que no declaren a las personas que están trabajando en sus plantas industriales, talleres o negocios. Esta es la garantía: bajar la evasión, suprimir el trabajo en negro y regularizar, porque de esta forma se puede llegar a la idea de que contribuyendo todos, disminuirán las contribuciones, tanto de los patrones como de los trabajadores.

SEÑOR CARMINATTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARMINATTI.- Quisiera hacer algún comentario sobre este artículo. Me parece que todos nosotros queremos fomentar el empleo. Todos nosotros que somos hombres públicos y hombres políticos tenemos como centro del discurso la necesidad de combatir la desocupación. Entonces, en un tema tan sensible como este, no podía dejar de dar mi opinión y expresar que comparto la filosofía de este artículo.

Quiero señalar que el artículo 2º del proyecto de ley es mucho más amplio que esta norma que se está proponiendo como sustitutiva, porque mientras aquél dice que se autoriza al Poder Ejecutivo a reducir del aporte patronal jubilatorio a todas aquellas empresas de la industria manufacturera, esta última no hace esa precisión. De esa manera, no singulariza la posibilidad de dar beneficios, sino que la extiende a toda actividad, la que es manufacturera y la que no. Hay que recordar que existen muchas industrias no manufactureras.

Por otra parte, en esta iniciativa propuesta se dice "que a partir de la fecha de vigencia de la presente ley registren un incremento neto de sus puestos de trabajo". Sin embargo, en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo no se hace esa exigencia. Es muy probable que alguna empresa necesite, de todos modos, ese fomento, porque tienen que subsistir. Por tanto, el Poder Ejecutivo debe tener la sensibilidad suficiente como para brindarle una solución, es decir, una ventaja comparativa como para poder seguir en actividad. Entonces, el proyecto de ley que estamos analizando es más favorable a la generación de empleo que el sustitutivo propuesto.

Más adelante, el artículo sustitutivo propuesto continúa diciendo: "El porcentaje de aporte patronal jubilatorio que se pagará por los nuevos puestos de trabajo, durante los primeros doce meses de la contratación". Me parece que lo que aquí se expresa resulta menos favorable que lo que se establece en el artículo 2º del proyecto de ley que estamos analizando, ya que no fija plazos. Eso es tarea del Poder Ejecutivo. Reitero que se habla de doce meses preceptivamente. De manera que estamos cercenando la capacidad de maniobra que puede tener dicho Poder en la concesión de este beneficio.

SEÑOR NUÑEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CARMINATTI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Deseo hacer una aclaración a los efectos de que el señor Senador Carminatti no continúe exponiendo contradictoriamente dos cosas que no lo son.

Hemos dicho que vamos a votar el texto del artículo 1º tal como viene, y que queremos agregar como segundo inciso el tema de los empleos adicionales que se puedan generar en la industria. No son contradictorios. Estamos discutiendo el artículo 1º, no el 2º.

Entonces, quería hacer esta aclaración a los efectos de que el señor Senador Carminatti no siga discutiendo sobre algo que no es contradictorio, porque no lo presentamos así, sino que es un aditivo al artículo 1º, que va a figurar como un segundo inciso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Carminatti.

SEÑOR CARMINATTI.- Sigo insistiendo en que no es un aditivo, sino un sustitutivo. Esa es la realidad. Además, una ley no se puede analizar artículo por artículo, sino que hay que hacerlo en su contexto. Entonces, si al artículo 1º se agrega este aditivo -que, en realidad, es una disposición entera que se agrega- ¿cómo lo vamos a coordinar con el segundo? Por tanto, los abogados aquí presentes tendremos que ver cómo se interpreta el artículo 1º con el 2º en el caso de que se le agregue este aditivo que, reitero, a mi juicio es un sustitutivo.

Estoy de acuerdo en que lo que estamos tratando es el artículo 1º, pero no podemos analizarlo fuera del contexto del proyecto de ley.

Quiero dejar constancia que nuestra intención es la de generar empleo y me parece que el artículo 2º le otorga al Poder Ejecutivo facultades suficientes, en la medida de las posibilidades del Erario público, lo cual me parece muy razonable. En el aditivo propuesto no se prevé de dónde se va a extraer el dinero que no se va a recaudar. Por eso me parece muy razonable que se diga "en la medida de las posibilidades del Erario público y dando cuenta en forma fundada a la Asamblea General, a reducir la tasa de aportes patronales, por plazo determinado y en forma genérica". Cuando se habla de "en forma genérica" significa la industria manufacturera o no manufacturera. Luego, continúa diciendo: "o con referencia a uno o más sectores de la actividad económica". Esto también es muy importante porque puede haber sectores de la actividad económica que no necesiten de este incentivo y que sí lo usen en beneficio de sus recursos propios o con carácter comercial, y no para generar empleo.

Estoy de acuerdo en que el gran problema que tiene el país es la generación de empleo. Ese ha sido el centro de los discursos de todos los partidos políticos, por lo menos, durante la campaña municipal. De manera que no quisiera que mi silencio diera a entender que no estoy preocupado por eso. En realidad, no duermo por este tema. Soy una persona que sufre por este problema. Además, la gente en la calle me para y me dice: "Mario, preciso trabajo". Y tengo que responder que estoy desarmado, que no tengo nada. Lo que sí tengo son ideas para trabajar por el empleo. Entonces, no puedo permanecer en silencio sin comentar mi posición sobre este tema.

Por esas razones, y a modo de fundamento de voto, adelanto que no voy a votar este aditivo propuesto.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Creo que, en realidad, este es un artículo de política económica, para hablar con puntería. Además, expresa una filosofía: hay que rebajar el costo-país para poder exportar lo más que se pueda. Tenemos una contradicción porque de acuerdo con la tasa de cambio real que tiene este país, debemos rebajar ese costo. Y esto se va a bombardear en una serie de lugares porque, a la larga, la filosofía de esta visión determina que si se logra rebajar el costo-país, habrá más trabajo porque se exportará más. Esta es una percepción honrada, porque se comienza por la honradez. Reitero que a mi juicio este es un artículo de política económica. ¿Qué es lo que genera empleo en una economía como la nuestra? El afán de la ganancia. No voy a fundar una empresa para perder, y si lo hago es porque soy un poeta. Las empresas tienen un incentivo de lucro. Juan, Diego o Pedro van a contratar más gente si tienen posibilidad de ganar; hay que decirlo como es. No van a emplear gente por lástima. Ese es el motor de nuestra economía. Por eso creo que éste es un artículo de carácter económico. Es una situación muy severa, donde al Uruguay le resulta difícil competir -ayer quise explicar las razones pero, seguramente, no me hice entender- y pienso que dentro del paquete de medidas que van a venir sucesivamente atrás de la rebaja costo-país, está esto. Es para decirle al empresario: "Te aflojo un poco para ver si podés vender más". Si de rebote produce trabajo, ¡macanudo! Lo que ocurre es que nosotros tenemos otra visión y por eso estamos discrepando. En realidad, trato de explicar cómo interpreto al Gobierno.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MUJICA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Por esta vía voy a tratar de hacer una aclaración, dado que el señor Presidente no quiere abrir la canilla a las aclaraciones.

Nosotros tampoco estamos interesados en que esto se dilate, más allá de lo prudente, pero tampoco queremos que se vote aceleradamente.

Si me permiten, quisiera hacer una aclaración relacionada con manifestaciones que hizo el señor Senador Atchugarry en el día de ayer y que hoy reiteró. No puedo aceptar que se diga que no se van a considerar los aditivos y sustitutivos porque no fueron presentados en la Comisión. Algunos de los que aquí aparecen, relativos a la descentralización, sí fueron presentados, pero ahora se les cambió la forma. Lo que ocurre es que de acuerdo con el ritmo a que se nos sometió, es absolutamente explicable que, en algunos casos, nuestras propuestas estuvieran todavía en borrador y que ahora se presenten en forma más articulada.

Si se dice que este tema no se quiere tratar en esta oportunidad, está bien; si se expresa que existe un desacuerdo sobre el asunto o que para votar otra cosa se necesita una consulta con el Poder Ejecutivo o hacer la estimación correspondiente, estaríamos frente a puntos de vista que uno puede admitir, aunque no estamos en el vencimiento de los plazos. Si hay un tema de los propuestos que se entiende que es una buena idea, y en realidad hay mucha infraestructura técnica y burocrática como tiene el Poder Ejecutivo, se consulta rápidamente si se incluye o no. Pero me parece que aquí no han sido propuestos una cantidad impresionante de aditivos y muchos de ellos no son temas nuevos, sino que son aportes que se hacen, que podrán compartirse o no.

Si tenemos en cuenta que se trató de una Comisión que tuvo cuatro sesiones de 16 horas en total, en las que se votaron 95 artículos y se improvisaron muchas redacciones, admitiendo criterios nuestros o de otros o, simplemente, analizando la incongruencia que significaban o el defecto técnico que tenían, al punto de tener que inventar redacciones -en algunos casos, la redacción que votamos no coincide exactamente con el texto que tengo delante o, al menos, me genera muchas confusiones- ahora no se debería adoptar el punto de vista de rechazar en bloque todos los aditivos y sustitutivos porque han sido presentados con posterioridad al funcionamiento de la Comisión, que fue sumamente rápido.

SEÑOR PRESIDENTE .-Puede continuar el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Con lo dicho anteriormente, hemos tratado de exponer de qué manera interpretamos lo que nos quiere decir en términos reales el Poder Ejecutivo con esta disposición. No vamos a discutir sobre este tema, ya que unos piensan de una manera y otros de otra.

Pienso que el quid de la cuestión en una economía como la nuestra pasa por otro lado, pero eso no es lo que está a consideración.

Quiero llamar la atención sobre el hecho de que un estudio mínimo de legislación comparada con lo que se está haciendo hoy en Europa nos hace ver que ya no se presentan más las cosas en general, sino que se exigen contrapartidas: "Te doy para que me dés". Es decir, no se trata a todos por igual, sino diferenciadamente. Este es el problema que tenemos y lo considero el motor de nuestra iniciativa. Podrá estar mal o bien explicado, pero nuestro motor es ese, y creemos que las cosas al voleo no producen el efecto o la intención que lleva por detrás. Naturalmente, la mayoría del Senado laudará estos temas y luego sacaremos las conclusiones correspondientes.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: quiero recordar al Cuerpo, y sobre todo a los miembros de la Comisión, que este artículo fue votado 8 en 8, es decir, estuvimos de acuerdo y no hubo diferencias. En cuanto al tema de los aportes patronales, un señor Senador decía que existía una estrategia de desmantelar los beneficios de los trabajadores, cuando no es así; se trata de ser más competitivos.

Si vamos a perder tanto tiempo en los artículos en los que estamos de acuerdo en votar, no sé que sucederá con los que estamos en desacuerdo. Digo esto porque ya hace una hora que estamos discutiendo sobre este artículo. Además, quiero recordar al señor Senador que me concedió una interrupción, una frase que dijo hace unos días en un debate que tuvimos en la radio y se la voy a recordar durante todo el Período, ya que creo que fue una buena frase. El señor Senador Mujica expresó que cuando tenía 20 años quería cambiar el mundo y después la vida lo había golpeado tanto que ahora le alcanza con cambiar la vereda que está frente a su casa.

SEÑOR MUJICA.- Si voy para los 70, ¡qué quiere, señor Senador!

(Hilaridad)

SEÑOR HEBER.- No por la edad, sino por lo que en definitiva confiesa la frase, que me parece correcta. Personalmente, acá no voy a cambiar el mundo, a pesar de que no es el que yo quiero; lo que sí quiero es que aquí haya más empleo y para eso tengo que bajar los costos de mi país. Este es el camino para ello y de esta forma, voy a bajar los costos, los impuestos del trabajo. Esto es así porque cuando otro país no los tiene, va a emplear más y los capitales y las inversiones se van para allá y no vienen para acá. Entonces, lo que sucede en el Uruguay es que se va nuestra gente para donde estos aportes patronales no están.

Por lo tanto, señor Presidente, volviendo a la reflexión anterior, no podemos hacer toda una discusión filosófica por cada artículo y recuerdo nuevamente a aquellos señor Senadores que están combatiendo este artículo, que en la Comisión lo votamos 8 en 8.

Por otra parte, no veo grandes cambios en la redacción, como expresa el señor Senador Rubio.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: estamos discutiendo los artículos 1º y 2º y el aditivo presentado por el Encuentro Progresista. Quizás tendríamos que haber discutido de esta manera, sesión por sesión y luego votar rápidamente cada uno de los artículos.

El primer artículo lo voy a votar tal como está. Lo que estamos haciendo ahora es que la ley lo asimile con el término "fíjese", que no es una autorización ni una facultad.

El artículo 2º, también lo voy a votar tal cual está redactado, así que estoy adelantando y ahorrando al Cuerpo la fundamentación, más allá de la discusión constitucional en cuanto a si corresponde o no el término "facúltase". Creo que estamos caros tanto hacia fuera de fronteras, cuando vendemos nuestros productos, como hacia adentro, porque los productos extranjeros que vienen compiten con un aporte patronal más caro que el de ellos. Estamos hablando de que hay países que tienen un 3%, un 4% o un 5% de aportes patronales, contra el nuestro que triplica, en muchos casos, esas cifras. Repito que más allá de la discusión jurídica en cuanto a si hay que facultar o no al Poder Ejecutivo, pienso que los costos deberían bajar cuanto antes, a pesar de que me gustaría que ya se hubieran bajado un par de puntos y se hubiera dicho que se fija en tanto menos y se faculta a que ese porcentaje se siga bajando. Creo que hay momentos en los que hay que usar las reservas y la credibilidad que tiene el país y, con políticas anticíclicas, bajar los costos que permitan defender el empleo. Cualquier productor de bienes dice que están caros, que están trabajando al costo y, muchas veces, perdiendo, intentando mantener un mercado, para ver si les cambia la pisada.

En consecuencia, cabe preguntarse si el aditivo presentado por el Encuentro Progresista se puede o no votar. Si dentro de tres o cuatro años no tenemos aportes patronales, o sólo un 3% o 4%, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Se puede dar alguna política sectorial que vaya en la buena dirección? Digo esto porque hace tres años el Nuevo Espacio presentó un proyecto por el cual aquellos que contrataban por un año, no permitiendo la rotación, tenían algunos beneficios y, palabra más o palabra menos, esta iniciativa iba en la misma dirección. Estoy de acuerdo con el señor Senador Atchugarry en el sentido de que en el tema del mercado laboral hay que tener mucho cuidado con "toquetear", pero si vamos a la baja de los aportes patronales, si dentro de dos o tres años vamos a tener un aporte patronal de un 3%, 4% o un 5%, lo que estamos haciendo es brindar un instrumento adicional a la industria manufacturera que necesita un esfuerzo mayor, ya que no sólo es la que exporta, sino también la provee productos para la que exporta. Debemos tener en cuenta que lo que se expresa aquí es "autorízase", por lo que le estamos dando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al de Industria, Energía y Minería y al de Economía y Finanzas, un instrumento adicional que podrá usar o no. Por ejemplo, podrá incluir en la reglamentación que deberá ser elemental que la empresa que haga uso de ese instrumento, no puede echar trabajadores, es decir, dejar en la calle a unos y tomar a otros.

Naturalmente que se puede corregir, utilizar otro término y no "autorízase". En definitiva, estoy hablando de dar una autorización particular al Poder Ejecutivo -que, como máximo, y como instrumento en sí mismo va a durar dos o tres años- que la podrá usar o no en los porcentajes correspondientes o, inclusive, en menores. ¿Por qué no podemos proceder así si, en definitiva, habrá una reglamentación de esto?

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Si el señor Senador Michelini tiene pensado votar el artículo 2º, esto no aporta nada, sino que limita; ahora bien, si no está dispuesto a votar el artículo 2º quiere decir que toda su política consiste en este aditivo. Ese es el punto que hemos planteado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que el señor Senador Atchugarry no lo leyó bien. Lo que digo es que, dentro de dos o tres años, una política de baja de los costos de producción debería implicar un aporte patronal similar al internacional, esto es, de 3%, 4% o 5%.

Como esa baja no se puede producir de golpe en todos los sectores, porque todos tienen que estar en igualdad de condiciones, me pregunto si para poner en práctica una política de estímulo al empleo en forma sectorial -es decir para quienes tomen más trabajadores- no se le puede conceder al Poder Ejecutivo un instrumento adicional. ¿Cuándo va a funcionar? En los próximos dos o tres años, puesto que cuando el aporte patronal de todos los sectores se ubique en el 3%, 4% o 5%, ya no va a tener sentido.

A su vez, si la industria manufacturera -que está clamando a gritos una rebaja en los aportes- toma personal, no echa al anterior y mantiene doce meses a sus trabajadores, podríamos darle un porcentaje adicional. ¿Cuánto tiempo va a servir ese instrumento? Dos o tres años, o sea, desde el momento en que lo empieza a aplicar el Poder Ejecutivo hasta que los aportes se ubiquen en el entorno del 3%, 4% o 5%.

Ahora bien, si en base a los estudios pertinentes y luego de realizadas consultas a los partidos políticos, el Poder Ejecutivo encuentra que hay una distorsión en el mercado lo suficientemente importante como para que el artículo resulte inconveniente, simplemente, dejaremos de aplicarlo.

Lo que estoy haciendo con esto es dar una herramienta más al Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Adelanto, entonces, que voy a votar el artículo 1º y también el 2º, como una política general. Ojalá pudiéramos establecer "Fíjese en `tanto' ". Creo, inclusive, que se podrían usar reservas; quizá, U$S 60:000.000, U$S 70:000.000 u U$S 80:000.000 podrían significar un par de puntos. De pronto, el Gobierno dirá que no se puede; no quiero entrar en esa polémica, pero aspiraría a que ya pudiéramos rebajar un par de puntos o, de lo contrario, fijarlos para el año que viene y facultar al Poder Ejecutivo, a efectos de adelantar en esto. A su vez, habría que dotarlo de otro instrumento.

Reitero que hace tres años presentamos un proyecto de ley, pero si otra Bancada -no importa cual- tiene una buena idea, la vamos a apoyar.

Admito que puede haber algún error de redacción, pero no olvidemos que esto necesita ser reglamentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por otra parte, podríamos discutir el tema en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social reunida en forma conjunta con la de Industria, Energía y Minería y la de Hacienda, a los efectos de ver si esto puede provocar una distorsión en el mercado más allá de la querida. Como simplemente se trata de autorizar al Poder Ejecutivo, no tengo ningún problema en que se vote este instrumento y discutir luego, a fondo, si las distorsiones teóricas que se van a dar en el mercado son lo suficientemente importantes como para dejar de aplicar la disposición.

En fin, vuelvo a decir que es un instrumento más para el Gobierno, que podrá o no usar, pero pregunto qué razón hay para no darle una herramienta de este tipo.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: muy brevemente, quiero dejar algunas constancias.

Este es el Capítulo relativo al fomento de la inversión y el empleo. Como bien dijo el señor Senador Millor en su exposición, esto no es nuevo. La anterior Legislatura votó disminuciones en las materias planteadas en el artículo 1º. Creo, pues, que es voluntad de todos facilitar el fomento de la inversión y el empleo.

La primera constancia que quiero hacer es que las normas que este Parlamento votó no han redituado demasiado.

En el artículo 2º se da a entender -y así ocurrió en la discusión de la Comisión- que la disminución de la recaudación experimentada por el Banco de Previsión Social sería compensada por el Ministerio de Economía y Finanzas en las cantidades que debe verter por concepto de asistencia a Rentas Generales. Pienso que, en términos jurídicos, lo que abunda no daña -no ocurre lo mismo en términos biológicos- por lo que acompaño esto.

Ahora bien, lo que planteo es que, a los efectos de dar mayor claridad y de que se vea que ese fue el espíritu de la sanción de la ley, en el inciso segundo del artículo 2º se establezca que la disminución de la recaudación que experimenta el Banco de Previsión Social en aplicación del presente Capítulo, será compensada por el Ministerio de Economía y Finanzas en la cantidad que debe verter por concepto de asistencia a Rentas Generales.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia consulta a la Comisión acerca de si acepta las sugerencias de redacción planteadas por el señor Senador Bayardi.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Como miembro de la Comisión, pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ocurre que estamos en la discusión particular, régimen que obliga a que sobre un artículo, cada Senador pueda hacer uso de la palabra una sola vez.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Me voy a referir al artículo 2º.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Puesto que voy a hablar del artículo 2º, inevitablemente tengo que referirme, en parte, al artículo 1º.

(Hilaridad)

-Cuando se realizó la reforma constitucional de 1966, que entró en vigencia en 1967, se estableció claramente -por parte de los que la apoyaron y, además, hubo doctrina en tal sentido y se explicitó largamente en los lugares que correspondía, en primer lugar, en el Parlamento- que se procuraban limitaciones en las facultades del Poder Legislativo. En primer lugar, en materia jubilatoria, en el sentido amplio de la expresión "seguridad social". Se trataba de impedir lo que algunos vivimos en el Parlamento, ley tras ley, de sacar o bajar aportes -hay clubes deportivos que no se sabe por qué razón no pagan aportes, simplemente, porque alguien lo pidió y luego se votó- o crear causales jubilatorias altamente beneficiosas, también una tras otra. Hubo necesidad, pues, de limitar lo referido en términos muy precisos y claros de la Constitución. Esto supone el artículo que tenemos delante.

El Senado puede hacer caso omiso y decir que la norma no tiene importancia; pero entramos en un camino extraordinariamente complejo. El Cuerpo puede intentar, por los más altos conceptos que tenga en mente, rebajar todos los aportes, para lograr la competitividad a que se refería el señor Senador Mujica y evitar el desempleo, como señalaban otros señores Senadores.

Alguien me dirá que razono por el absurdo, pero creo que absurdo es decir que se puede atentar contra la norma mientras no se lo haga muy brutalmente. Esto es dejar de lado un principio constitucional clarísimo.

En segundo lugar -y ahora sí hago referencia al artículo 2º- en diversos artículos del proyecto del Poder Ejecutivo que la Comisión estudió y figura en los repartidos que el Senado tiene a consideración, así como en los aditivos y sustitutivos que se han presentado, frecuentemente se encuentra la referencia "de cargo de Rentas Generales". Considero que hay una diferencia muy nítida en el tema entre el Ejecutivo y el Parlamento y que éste no puede dejar de lado. Cuando el Poder Ejecutivo expresa que "lo paga Rentas Generales", está significando que como Poder que maneja los números de las finanzas públicas, que tiene una visión clara y exacta, puesto que tiene la obligación de cumplir los compromisos del Estado en toda su magnitud, sabe que puede atender determinado gasto y que se pagará con cargo a Rentas Generales. Recuerdo que una de las primeras cosas que señalé al señor Senador Atchugarry en una conversación intrascendente -no de Comisión- fue que, a mi juicio, este no debería ser el texto legal, aunque comprendo su sentido, sino que debería decir "con los ahorros" o "con otros rubros presupuestales". Esa es la situación en cuanto al Poder Ejecutivo. El que no puede hacer lo mismo es el Parlamento, que no puede manifestar que un gasto de U$S 10:000.000 o de U$S 50:000.000 -cualquier cantidad puede ser objeto de tal error- lo paga Rentas Generales. Perdóneme, señor Presidente, pero es como decir "lo paga mi tía Gregoria". Rentas Generales no es recurso alguno. ¡Cómo el Parlamento va a votar su propia iniciativa diciendo que lo paga Rentas Generales! ¿Qué es Rentas Generales? Lo puede pagar con un aumento de dos puntos en el IVA, una disminución del Tesoro de Obras Públicas, la creación de algún impuesto, o una rebaja de gastos concreta u otras cosas que podríamos imaginar. Lo que no podemos legislar es que lo paga Rentas Generales. No quiere decir nada. En cambio sí lo es cuando lo expresa el Poder Ejecutivo. Cuando utiliza el arbitrio el Parlamento, simplemente significa gastar a fondo perdido, al déficit, pero estos tampoco son una fuente de recursos...

El artículo 133 de la Constitución nos prohíbe hacer gastos sin indicar con qué fondos se van a pagar y en el artículo cuyo texto estudiamos se insiste en eso.

Como constantemente se va a repetir en los próximos artículos la alusión a "Rentas Generales", reitero que "Rentas Generales" no es un recurso del Estado, sino una mera indicación. En este país -y hace años que integramos el Parlamento- se ha utilizado la expresión "Rentas Generales" y se descontó que no generaría mayores problemas en la medida en que existía iniciativa del Poder Ejecutivo- para absorber el gasto relacionado con las pensiones graciables. En realidad, el Poder Ejecutivo no debería decir que se pagará por Rentas Generales, sino "con cargo a los ahorros presupuestales que a tales efectos determine el Poder Ejecutivo". Este es el único caso en que la expresión se ha entendido válida; en los demás, cuando la utiliza el Poder Ejecutivo tiene ese significado, mientras que cuando la emplea el Senado quiere significar, a lo mejor, que lo pagará la República Argentina. Rentas Generales no existe como fuente de recursos.

Por lo tanto, señor Presidente, tanto para este artículo 2º como para los demás, estoy de acuerdo con la expresión del Poder Ejecutivo aunque considero que debió haber sido otra más correcta, pero no lo estoy con que la utilice este Parlamento, ya se trate de un aditivo, un sustitutivo o un "agregativo". Vamos a tratar de encauzar nuestra conducta -como descuento todos los señores Senadores lo quieren hacer- sobre la base del texto constitucional en aspectos que son muy graves, trascendentes e importantes. No abramos grifos que después no los cierre nadie, señor Presidente. En un país con dificultades presupuestales y con un déficit que es considerable no podemos gastar con cargo a Rentas Generales, porque lo único que haremos será constituir un problema financiero mucho mayor para el Estado.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador para referirse al artículo 2º y solamente por vía de excepción.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: no se puede discutir el artículo 2º sin haber votado el 1º.

Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador para una cuestión de orden.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Tranquilamente quiero decir que no sólo no usé más de dos minutos de mis veinte, sino que tampoco me di por aludido para colaborar con el Cuerpo en la votación de 90 artículos y 37 ó 50 aditivos, ya que todavía no hemos pasado del 1º.

Reclamo que nos ocupemos, en primer lugar, del artículo 1º y su aditivo, sobre el cual se ha consultado y quisiera contestar a un señor Senador que ha planteado un cambio de redacción. Francamente, con toda humildad, pido al señor Presidente que sigamos considerando el artículo 1º porque, de lo contrario, no terminamos más. Uno no quiere hablar, pero resulta que al final no vamos a saber qué estamos discutiendo, porque se trata de dos artículos muy distintos. Con respecto al artículo 2º también quisiera hacer uso de la palabra si es necesario, pero no puedo ordenar mis ideas. Entonces, solicito humildemente a la Mesa que tome en consideración que no tengo inconveniente en que se apruebe el texto que tiene a consideración el Senado, que refiere a la compensación con las cantidades que debe verter por concepto de asistencia de Rentas Generales, o el otro que se propone, que señala que será compensado con cargo a Rentas Generales. Además, acepto que la referencia sea al capítulo y no al artículo porque, en el fondo, todas estas disposiciones son superabundantes ya que, simplemente, estamos obedeciendo la Constitución que obliga a pagar todas las jubilaciones; y si los fondos propios del Banco de Previsión Social no le alcanzan, el Gobierno está obligado a asistirlo. Ya sea que se escriba esto de una u otra manera, se trata de reafirmar la voluntad política de cumplir en todo momento con el sagrado pago de las jubilaciones de nuestros mayores.

Reitero que no tengo inconveniente con que se vote una u otra redacción, pero solicito que se vote el artículo 1º y su aditivo para luego comenzar a considerar el artículo 2º.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se procederá.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con el agregado propuesto por el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para hacer una consulta a la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Creo que todos deberíamos tener claro lo que vamos a votar. Se está poniendo a votación el artículo 1º con una propuesta de modificación del señor Senador Atchugarry y me gustaría que ésta se explicitara.

Por otra parte, nosotros hemos aceptado -esto lo señaló el señor Senador Rubio- el carácter de artículo sustitutivo y no aditivo para nuestra propuesta.

Por lo tanto, debe tenerse en cuenta esta aceptación en el momento de la votación porque nos obliga a tener una conducta diferente. Simplemente quería que se aclararan estos términos y, a continuación, solicito que al poner a votación el artículo 1º el señor Presidente nos informe acerca de la propuesta de modificación del señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- La consulta que hizo el señor Senador Bayardi refería a que en el artículo 2º se cambiara la redacción para incluir todo el capítulo. La pregunta era procedente porque, de alguna manera, eso condicionaba la votación del artículo 1º para ese señor Senador. Entonces, en realidad la modificación de texto es en el artículo 2º.

Por lo tanto, el artículo 1º se vota tal como está. Además, hemos preanunciado -porque así lo pidió el señor Senador Bayardi- que habría disposición para cambiar la redacción del artículo 2º.

A fin de facilitar la votación propongo votar el artículo 1º tal como viene de la Comisión, luego votar el artículo aditivo, más allá de que a mi juicio es sustitutivo del artículo 2º y no del 1º. Posteriormente, pasaremos a considerar el artículo 2º donde adelanto la disposición, que creo es compartida por los otros miembros de la Comisión -aunque no lo hemos podido consultar- para aceptar ese cambio de texto en el sentido de que la frase "con cargo a Rentas Generales" refiere a la disminución que genera el Capítulo y no simplemente el artículo 2º.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Si se adopta la postura manejada por el señor Senador Atchugarry, nosotros no tenemos inconveniente. Queremos adherir al artículo 1º, lo que quedó muy claro en la Comisión y en este debate.

En consecuencia, tanto nos da un procedimiento u otro. Sin embargo, preferiríamos votar el artículo tal como viene, a continuación el aditivo que estamos proponiendo y luego pasar a considerar el artículo 2º.

SEÑOR ATCHUGARRY.- De acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ese no es el procedimiento adecuado porque no se trata de un aditivo, sino de un sustitutivo. Por ello, primero deben votarse los artículos que vienen de la Comisión y si su resultado es afirmativo, quedan anulados los sustitutivos. Ese es el procedimiento que hay que seguir para mantener el orden.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Comparto el criterio de la Mesa. Al ser un artículo sustitutivo -además, aceptamos que lo sea- y votarse la propuesta original de la Comisión, en caso de tener mayoría queda eliminada la posibilidad de votar el sustitutivo. Solicito que se tenga en cuenta que nuestra votación negativa en primera instancia significa un apoyo implícito al sustitutivo, pero luego pediremos la rectificación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con el texto proveniente de la Comisión.

(Se vota:)

-19 en 30. Afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

En consideración el artículo 2º.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Colaborando con la brevedad, voy a tratar de ser muy rápido.

Entiendo que en alguna parte de la exposición del señor Senador García Costa hubo una clara alusión a lo que yo había dicho sobre el tema de la constitucionalidad del aditivo que habíamos propuesto. No pedí para contestarla, pero recurro al procedimiento de aprovechar la consideración del artículo 2º.

Acepto que en general, no sólo para el Parlamento, sino para éste y para el Poder Ejecutivo, la regla del Artículo 86 -que dice que toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos con que serán cubiertos- no se cumple con el sólo hecho de expresar "Rentas Generales". Insisto, no la cumple el Parlamento, ni tampoco el Poder Ejecutivo. Esto surge así de la propia Constitución. Reitero, el artículo 86 establece: "Toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos con que serán cubiertos." Entonces, como no distingue que esa "otra ley" sea de iniciativa del Poder Ejecutivo o iniciada por un Legislador, es "toda otra ley". Por consiguiente, la interpretación de la indicación de los recursos vale tanto para el Poder Ejecutivo como para el Parlamento. Naturalmente, aquél podrá tener más elementos de juicio, pero se trata de una disposición constitucional.

En segundo término, deseo aclarar que en ningún momento dije que el aditivo era inconstitucional, pero como no era brutalmente inconstitucional, se podía votar. No fue eso lo que manifesté; sostuve que no violaba la Constitución y creo que lo demostré muy bien. El espíritu del constituyente de 1966 al redactar el artículo 86 fue el que está en su letra y hay asuntos relativos a las jubilaciones que no son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Hace un tiempo, la Corte Electoral se pronunció a través de una sentencia en la que así lo sostuvo. Obviamente, habrán otras opiniones, pero no las comparto. Pienso que el artículo es muy claro.

En tercer lugar, no es exacto -seguramente fue un error de memoria del señor Senador García Costa- que en la Reforma Constitucional se haya aclarado que Rentas Generales era una expresión. No es así; fue en una interpretación de la Constitución que hizo el Senado, con la cual no estoy de acuerdo. No porque no nos guste que la indicación de recursos refiera a que deban ser genuinos. Nosotros queremos eso, pero vale tanto para el Parlamento como para el Poder Ejecutivo. Nunca voy a partir de la base de que el Parlamento procede con inconsciencia o frivolidad y el Poder Ejecutivo lo hace siempre con conciencia y seriedad. Los dos pueden ser frívolos o serios.

Por lo tanto, interpreto la Constitución como entiendo que su texto lo indica.

No quiero generar ninguna discusión porque ya ha sido aceptado por la propia Comisión la modificación del artículo 2º. Lo más probable es que eso fuera referido sólo al artículo 2º tal como vino de la Comisión, porque el artículo 1º -como venía redactado- ya estaba funcionando y no significaba un aumento de gasto. De todas maneras, colaborando con la celeridad del trabajo, no tengo ningún inconveniente con ese agregado que se le ha hecho.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- A fin de no poner nervioso al señor Senador Heber, quien me pidió especialmente que no fuera muy extenso, trataré de ser breve.

En primer lugar, quisiera realizar algunas consideraciones sobre este artículo que refiere a la rebaja de aportes patronales. Sin embargo, no se indica a qué sectores, por cuánto tiempo ni a qué monto de tasa se está refiriendo esa facultad que se le da al Poder Ejecutivo. Creemos que es una facultad genérica, demasiado abarcativa y sin límites que atenta contra la certeza que debe tener una norma de tipo tributario en cuanto a que los beneficiarios o los destinatarios sepan cuánto le va a corresponder pagar en cada caso. Insisto, es una norma absolutamente genérica que no contiene ningún tipo de límite, razón por la cual, tal como viene redactada, la votaremos negativamente.

Quiero decir que esta disposición tiene una contradicción en sí misma. Digo esto porque el señor Senador García Costa hace mucho hincapié en que todas las medidas tienen que tener su financiamiento y en que se debe saber cuánto va a costar al Erario -el único que conozco es el Erario público, porque el privado no existe y me gustaría que la norma tuviera en cuenta ese criterio- pero se le da esta facultad al Poder Ejecutivo sin establecer cómo podrá éste calcular cuál va a ser el costo, a fin de tener presente en el Presupuesto esa disminución de ingresos en el Banco de Previsión Social y, por lo tanto, el aporte que hará Rentas Generales. Esto es imposible; y esa es una de las contradicciones que tiene este conjunto de normas.

Vamos a votar en forma negativa esta disposición, fundamentalmente porque otorga una facultad demasiado abarcativa, que hace que la norma sea absolutamente vaga y no tenga certeza alguna para los contribuyentes.

Quiero aclarar -en función de la discusión que se dio en la consideración del artículo anterior- que nosotros tenemos una disposición que queremos adicionar a este Capítulo, y que solicitamos se considere después de la votación de este artículo 2ª.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En primer lugar, quiero ratificar que la redacción que sugiero para el segundo inciso -pude consultar a algunos compañeros de la Comisión pero no a todos- es la siguiente: "La disminución de recaudación que experimente el Banco de Previsión Social le será compensada por el Ministerio de Economía y Finanzas con las sumas que debe verter con cargo a Rentas Generales".

En segundo término, quisiera hacer dos breves constancias.

La primera de ellas es que el Gobierno ha sido muy claro al explicar cuáles son los ahorros que le permiten costear el Capítulo II, donde la rebaja es inmediata. Por ello, el artículo 2º lamentablemente tiene la frase "en la medida de las posibilidades del Erario público". Esto es, o incremento de la recaudación -para lo cual hay disposiciones en este mismo proyecto de ley procurando mejorar la recaudación y la fiscalización por reactivación económica- o disminución de los gastos, para lo que también se piden autorizaciones. En función de ello, y por lo tanto cumpliendo con el artículo 86, surgen los recursos; pero como todavía no son medibles, se otorga una facultad en forma genérica.

Por otra parte, si bien puede discutirse que el Parlamento pueda facultar y no violar el artículo 133 de la Constitución -que otorga iniciativa privativa para la exoneración de tributos- también es razonable decir que el constituyente establece dicha iniciativa -que fue incorporada en el año 1967- porque los cuerpos colegiados podemos ser muy sensibles y propensos a bajar todos los impuestos. Si fuera por mí, los derogaba todos; y empiezo por ponerme de ejemplo. El constituyente requiere esto porque, naturalmente, quien tiene que pagar los salarios, las jubilaciones y las obligaciones del Estado es el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, es él quien dice si está en condiciones o no. Se podrían otorgar facultades que no se piden, señor Presidente, pero estaríamos generando una expectativa sin sentido.

Por eso voy a votar esta iniciativa, y aquellas que para bajar impuestos nos mande quien tiene la obligación de pagar. Puedo facultar para que se bajen todos los impuestos, que se derogue el Código Tributario y demás, pero le estaría generando una expectativa a la población. Para hacerlo hay que esperar que quien tiene el manejo financiero diga que ello es posible o, por lo menos, que se va a ir haciendo.

Estos son los fundamentos y el texto sugerido.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia solicita al señor Senador Atchugarry que reitere la lectura de la nueva redacción del segundo inciso.

SEÑOR ATCHUGARRY.- La nueva redacción diría: "La disminución de recaudación que experimente el Banco de Previsión Social le será compensada por el Ministerio de Economía y Finanzas con las sumas que debe verter con cargo a Rentas Generales".

Cabe destacar que se dice "debe" porque la Constitución lo obliga; no se trata de que tenga ganas o no de verterlas, sino que debe hacerlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º con la redacción dada al segundo inciso por el señor Senador Atchugarry.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

Léase el texto aditivo al artículo 2º presentado por los señores Senadores del Frente Amplio.

(Se lee:)

"A los efectos de compensar el desfinanciamiento del Fondo de Reconversión Laboral, el Poder Ejecutivo aportará de Rentas Generales 25.000 UR mensuales durante el año 2000".

-En consideración.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- La votación del artículo 2° fue proclamada 17 en 28, pero ningún Senador de nuestro lema apoyó esta propuesta. Me interesa que quede constancia de que los doce Senadores del Frente Amplio votaron negativamente, por lo que no puede ser ese el resultado de la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia aclara que el señor Senador Rubio no se encontraba en Sala.

SEÑOR ASTORI.- Disculpe, señor Presidente, pero de todas maneras me interesaba hacer la constancia.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Presentamos este aditivo al Capítulo porque creemos que tiene que ver con el fomento del empleo. La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social recibió al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien puso de manifiesto el déficit o la falta de financiamiento que tiene la Junta Nacional de Empleo, cuyos recursos surgen del Fondo de Reconversión Laboral. La creación de la Junta Nacional de Empleo en el año 1993 es, para nosotros, el único esfuerzo que se ha hecho en estos últimos años por generar algún tipo de política de empleo. Esta Institución da asistencia y capacitación a un amplio número de trabajadores para permitir su reconversión en el mercado laboral y es bueno que esté financiada. Sabemos que hay aproximadamente 20.000 personas, uruguayos, que de alguna forma están reclamando sus cursos y no tienen posibilidades debido a ese desfinanciamiento. Por lo tanto, como es el único esfuerzo que, desde nuestro punto de vista, se ha hecho por fomentar el empleo en este país en los últimos años, creemos que es justo que se financie y, a esos efectos, hemos presentado este aditivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-12 en 28. Negativa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: quiero dejar una constancia -obviamente no estoy representando a quienes votaron en forma negativa- que quizás repita en otro momento, si es procedente hacer determinadas consideraciones por parte del Cuerpo. No puede admitirse válidamente que se incorporen al texto del proyecto de ley temas que no incluyó el Poder Ejecutivo en la declaración de urgente consideración.

Proceder de otra manera, como en este caso, habilitaría a la mayoría del Parlamento -y esto es para especial consideración de la minoría- a introducir la cantidad de normas que se le ocurriera, basado en que la consideración urgente es apropiada para todos los temas que se quieran incorporar. Pueden haber modificaciones sobre lo que el Poder Ejecutivo nos envió como Mensaje y también agregados, siempre y cuando sean sobre los mismos temas, pero no se deben introducir temas nuevos.

Dado que estoy haciendo esta precisión como fundamento de voto, dejaría el tema ahí, porque supongo -aclaro que solamente supongo- que puede ser objeto de contradictorio y preferiría repetirla en otro momento. Por ahora, esa es la razón de mi voto negativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pasamos al Capítulo II.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Cuando se consideró en Comisión este artículo, manifestamos -y lo queremos expresar aquí brevemente- que en realidad lo que aparece como una exoneración que beneficia a las empresas que exploten predios con extensiones inferiores a las 100 hectáreas índice CONEAT 100, y no ocupen, además del titular de la misma y su cónyuge, más de dos dependientes, en realidad lo que agrega es muy poco significativo una vez aprobado el artículo 3º. Una cosa es, como está en la actualidad, en el marco de los niveles de aportación patronal que hay en el sector agropecuario, y otra muy diferente al aprobarse el artículo 3º. Si esta política intenta -y así se ha justificado- generar, producir y aprobar medidas de emergencia en relación con la situación que tiene el sector agropecuario en materia de rentabilidad, de los impactos de la sequía, de los precios internacionales de algunos productos -no de otros- así como de los niveles atroces de endeudamiento, pensamos que en esa línea sería altamente conveniente que en materia de exoneraciones a los pequeños y medianos productores se diera un complemento que fuera más significativo que el que aparece en el artículo 4º que se nos propone. Por esta razón hemos aportado al Plenario del Senado un sustitutivo del artículo 4º, no porque estemos en contra de éste, sino porque nos parece que la exoneración es muy pequeña, casi irrelevante para los pequeños productores. A través de este sustitutivo se autoriza al Poder Ejecutivo a exonerar la aportación patronal sobre dependientes, el titular y su cónyuge colaborador, a todas las empresas amparadas por la Ley No. 15.852 que exploten predios con extensiones inferiores a 500 hectáreas índice CONEAT 100 y no ocupen, además del titular de la misma y su cónyuge, más de cuatro dependientes. La diferencia entre este sustitutivo y el artículo 4º que propone el Poder Ejecutivo, es que acá se amplía la franja hasta las 500 hectáreas y se eleva el número de ocupados hasta cuatro. Además, se extienden las exoneraciones a los aportes por DISSE y por contribuciones al Banco de Seguros del Estado y al Impuesto a las Retribuciones Personales durante el mismo período, es decir el año 2000. En el caso de que el Poder Ejecutivo hiciera uso de esta facultad, hemos estimado el costo en U$S 1:350.000.

Adelanto que como hay aportes que no se verterían al Banco de Seguros del Estado, ello nos obliga a hacer una modificación al artículo 6º, que aparece en un sustitutivo que acompaña a éste.

Si ese fuera el criterio del Senado, también estaríamos votando el artículo 6º. Y adelanto que si la mayoría del Senado no comparte esta sustitución y el artículo 4º resultara aprobado, al igual que en el caso anterior pediríamos que se rectificara la votación.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: la propuesta que hace el Frente Amplio se explicita claramente en las palabras expresadas por el señor Senador Rubio: esto implica una rebaja de aportes, una modificación de la legislación y mejoras, que podrán ser plausibles, pero que no cuentan con iniciativa del Poder Ejecutivo. Si se vota este sustitutivo se viola el artículo 86 de la Constitución, o el 133, o ambos; elija el Cuerpo cuál de los dos, aunque yo creo que es el 86. Reitero que se violan esas normas y el señor Senador Rubio lo explicitó claramente cuando hasta manifestó cuánto se rebaja de aportes al Banco de Previsión Social con la propuesta que están haciendo. Esto no se puede votar, señor Presidente, so pena de violar la Constitución de la República. Como ya ha sido bien catalogada por quien la formula, lo único que puedo hacer es remitirme a ella y a la Constitución de la República.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 4º con la redacción que viene de la Comisión de Constitución y Legislación. La votación por la afirmativa significa desaprobar el sustitutivo presentado por el Frente Amplio.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quiero decir que no me parece del todo coherente -como no me parecía la mezcla de la rapidez con la demora- que se vote un artículo que invoca a Rentas Generales, como lo hace el artículo 2º, y después se entienda que esas referencias no las puede hacer el Parlamento, sino que sólo las puede hacer el Poder Ejecutivo. Reitero que el texto del artículo 86 de la Constitución es clarísimo en cuanto a que toda otra ley -"toda", y no las de iniciativa parlamentaria o las de iniciativa del Poder Ejecutivo- que signifique gastos, debe indicar los recursos. En esto -y sólo en esto- comparto con el señor Senador García Costa que indicar los recursos no es simplemente nombrar a Rentas Generales. Esto vale tanto para el Poder Ejecutivo como para el Parlamento.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para contestar a una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: debo entender entonces que el señor Senador Korzeniak no vota el aditivo presentado por su Bancada.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Debo entender entonces que el señor Senador García Costa no votó el artículo 2º?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- El artículo propuesto no se puede votar, porque el Parlamento no puede razonablemente decirle al Banco de Seguros, que es gratuito, cuando es un Ente Autónomo y especialmente una fuerza política tanto ha insistido en que lo sea y que mantenga el monopolio de seguros de accidente que ahora tiene y que nosotros votamos con gusto. Podrá decirle al Gobierno que lo compense, pero deberá expresar de dónde. La diferencia que se está generando en la redacción de este artículo, cuyo contenido hace tiempo nos está tentando, la podremos dilucidar oportunamente con mayor profundidad -discutir cómo, cuándo y dónde puede cobrarse al productor rural, particularmente al más chico- porque el tema está incluido en el Mensaje del Poder Ejecutivo, con el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas y del Gobierno de hacer una presentación global sobre la situación de un nuevo sistema tributario para el agro. En esa oportunidad, señor Presidente, podremos expresar muchas de las ideas que me animaría a decir son coincidentes. Con todas las cuentas, vamos a tener la oportunidad de ver cómo generamos un sistema que, como en algún momento nos comprometimos, se base fundamentalmente en la renta real, con mínimos no imponibles, y tal vez de esa manera podamos llegar a sustituir alguna de estas cosas.

La razón de nuestro voto es esa, reiterando lo que manifestamos en la discusión general. Hay una etapa muy próxima, dentro de apenas cuatro meses, cuando tendremos la oportunidad de analizar este tema con profundidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa recuerda a los señores Senadores que en los fundamentos de voto no se puede hacer alusiones políticas, y que va a cumplir estrictamente esta norma para evitar desvíos en el debate.

Se va a rectificar la votación del artículo 4º.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: creo que las expresiones del señor Senador Korzeniak han sido muy acertadas. No entiendo la línea argumental que se ha seguido acerca de que cuando se introducen algunas referencias a Rentas Generales, en algunos casos son válidas, y en otros, no lo son. Pero más allá de eso, quiero aclarar que nosotros habíamos presentado un sustitutivo del artículo 6º , que tenía sentido siempre y cuando se aprobara el sustitutivo del artículo 4º. Como no fue aceptado, vamos a votar el artículo 6º tal como vino redactado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése lectura al artículo 6º tal como va a ser votado.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "La disminución de la recaudación que experimenta el Banco de Previsión Social le será compensada por el Ministerio de Economía y Finanzas con las sumas que debe verter con cargo a Rentas Generales."

-Se va a votar.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Aquí se hace una remisión al artículo 2º de la Ley Nº 16.107, y luego de buscar en las disposiciones citadas que tenemos en nuestra mesa de trabajo, encontramos el artículo 15 que se modifica, pero no el que se cita después. Me refiero al que expresa que se exonera a los actos y hechos gravados por dicha norma cuando tuvieren por objeto inmuebles rurales incluidos en proyectos de inversión de actividades agropecuarias comprendidas en lo dispuesto en el artículo 11 precedente. Me gustaría saber cuál es ese artículo 11 precedente. ¿Será el de la ley que se cita, la Nº 16.906? Me extraña, porque no aparece en las disposiciones citadas.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- El señor Senador tiene razón; el artículo propuesto está bien, pero no están transcritas las disposiciones citadas. Si la memoria no me es infiel -porque no tengo el texto a la vista- el artículo 11 define los sujetos pasibles de los beneficios, que son los contribuyentes del IRA, del IRIC, etcétera. Entonces, en la Ley de Inversiones, de fomento a la inversión , se define quiénes pueden ser y cuáles serán las actividades elegidas. El sentido de este artículo es ése, es decir, hay una disposición en el sentido de incorporar en el artículo 15 esta facultad, porque se entendió que el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales no estaba creado cuando se elaboró el decreto-ley de fomento a la inversión industrial que, por remisión, es el que da la batería de impuestos que la Ley de Fomento a la Inversión votada recientemente permite otorgar, por más que en algún caso haya quien entienda que la remisión genérica a todo otro tipo de impuesto podría darse. Pero para evitar dudas, se expresa que estos proyectos pueden ser exonerados del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el Senado aún no está en condiciones de votar, se puede postergar esta última votación mientras por Secretaría se confirman los antecedentes.

Tiene la palabra el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Creo que aquí hay una confusión, porque la remisión al artículo 11 está referida a la Ley de Inversiones que establece cuáles son las actividades y empresas promovidas y con qué criterios se determinarían. Nos estamos refiriendo a la Ley Nº 16.906, del 7 de enero de 1998, y no al artículo 11 precedente, que parece referirse a la Ley Nº 16.107. Creo que ese es el problema que ha planteado el señor Senador Pereyra.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- El artículo está transcrito en la página 15, en la referencia al artículo 9º, donde efectivamente menciona las actividades y empresas comprendidas. Está bien que no se aclaren, porque debemos recordar que esta es una incorporación al artículo 15 de la Ley Nº 16.906. Entonces, al referirse al artículo 11, como queda incorporado al texto de la Ley de Inversiones, no es necesario que diga que es en el propio texto. Esta referencia debió haberse repetido en el artículo 7º, pues hubiera evitado la duda que legítimamente se ha planteado.

En resumen, señor Presidente, el artículo 11, como yo recordaba, se refiere a personas y actividades comprendidas y es correcto que no se haga otra relación.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Como estamos disponiendo del tiempo para la discusión y vamos a seguir haciéndolo, voy a hacer uso del derecho a referirme al artículo.

Debo decir que hicimos las consultas a la Comisión sobre cuál era la intención de este artículo y de alguna manera, brevemente, lo resumió el señor Senador Atchugarry. No entendíamos cuál era el impacto positivo que podía tener esta exoneración en tanto estamos hablando de inmuebles rurales.

El artículo se refiere a inmuebles rurales incluidos en proyectos de inversión en actividades agropecuarias comprendidas en lo que dispone la Ley de Inversiones, es decir que se tienen en cuenta todas las características enumeradas en dicha ley respecto a esos proyectos. El problema es que ahora estamos hablando del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, y se proyecta exonerar un impuesto en la compra de tierras. Incluso en los ejemplos que se nos daban en Comisión, estas cifras eran absolutamente irrelevantes si hablamos de extensiones de tierra muy pequeñas, aunque sean proyectos intensivos, como el criadero de ranas a que se refirió el señor Senador García Costa. En ese caso, la exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales no puede, a nuestro juicio, operar como un incentivo para invertir, en tanto es una cantidad pequeña, carente de peso en la decisión de un empresario de adquirir tierras y de invertir.

La otra explicación que se nos dio era que se había cometido una omisión y que lo que se hacía era corregir ese error. A ese respecto, nos surgía una duda al analizar hoy cuáles podían ser las extensiones o la compra en los que ese impuesto podía ser un factor positivo. Se nos ocurría que en la situación actual del país, se podría estar pensando en el sector forestal, ya que en ningún otro rubro parecía posible que fuera atractivo exonerar del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales. Tampoco se nos explicó que pudiera existir otro sector en esas condiciones.

No fuimos partidarios -y así lo debatimos en la Bancada buscando otras posibilidades- del hecho de agregar o excluir a un determinado sector, porque en este momento ello es coyuntural. Por otro lado, ¿quién está hoy en condiciones en el Uruguay de adquirir grandes extensiones de tierra, para el que vale la pena esta exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales? No hemos tenido respuesta, salvo la referencia a la citada omisión o la intención de modificar una inadvertencia anterior. Reitero que en la Comisión no hubo otra explicación y, por lo tanto, hemos decidido no acompañar esta disposición por no haber recibido respuesta satisfactoria sobre quiénes tienen la iniciativa.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ARISMENDI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quiero acompañar el criterio de la señora Senadora.

En la exposición que realicé durante la discusión en general del proyecto de ley, decía que uno puede entender determinadas cosas si cuenta con elementos de interpretación claros. Acá no se dice para qué áreas de la inversión en la producción agropecuaria se destina este beneficio. Simplemente se expresa que se evitará la aplicación del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a las inversiones, así, al barrer. Esto tiene importancia con relación al precio y a la cantidad de hectáreas, ya que el impuesto se aplica sobre la cantidad total. Si alguien adquiere ocho hectáreas en el departamento de Canelones a razón de U$S 2.000 o U$S 3.000, estamos hablando de un total de U$S 24.000, en los que la rebaja no significa absolutamente nada. Son solamente U$S 200. Sin embargo, si nos referimos a diez mil hectáreas para inversión forestal, ahí sí que el impuesto pesa; son cerca de U$S 150.000. Si es así, no estoy de acuerdo con la disposición, porque la inversión forestal ya está desgravada del Impuesto al Patrimonio, de los impuestos a la importación de maquinaria y herramientas y de la Contribución Inmobiliaria, además de tener un subsidio del 50% sobre la plantación de árboles. Entonces, ¿le vamos a sacar también el impuesto a la compra de la tierra? Me parece una barbaridad y no le encuentro otra explicación; salvo que los ganaderos se cambien de propiedad y, por ejemplo, los que tienen diez mil y cinco mil hectáreas se vendan unos a otros para sacarse el impuesto de encima.

Creo que la disposición es una de las tantas iniciativas en las que, por elevación y sin decirlo, se aplica el criterio de darle a unos y a otros no.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Comparto totalmente las apreciaciones del señor Senador Gargano y, por lo tanto, por ahora he concluido con mi exposición sobre este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º.

(Se vota:)

-14 en 26. Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Quisiera hacer una consulta sobre la duración de esta sesión. Hace unos instantes, el Coordinador del Foro Batllista, en virtud de las manifestaciones que el que habla había hecho en el día de ayer, me consultó sobre cuál podría ser la hora adecuada para contemplar dicho planteo. Se habló de las 21 horas para finalizar la sesión. Como esa hora ya ha transcurrido y no se ha presentado ninguna moción, presumo que continúa el criterio de prolongar la sesión indefinidamente. Si ello es así, quisiera que se aclarara, porque me voy a ocupar con toda la extensión posible del artículo 8º.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Mientras el señor Senador Pereyra se refiere al artículo 8º, realizaremos los contactos de coordinación pertinentes para darle una respuesta, ya que así lo merece.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 8º.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Voy a votar en contra de este artículo. Así lo manifesté en la Bancada de mi partido, explicitando las razones por las cuales tomo esta actitud, que no es otra cosa que la consecuencia de la que mantuve cuando se aprobó la derogación de la ley que prohibía la tenencia de tierras por sociedades anónimas con acciones al portador. En aquella oportunidad manifesté mi oposición, entendiendo que no había razones para que, de la principal riqueza del Uruguay -que es y seguirá siendo la tierra- no se conozca al propietario, ni cómo la trabaja y la trata. Además, considero que significa un incentivo para lo que hoy se planteaba en Sala por otros señores Senadores respecto del proceso de extranjerización de esta riqueza fundamental o recurso no renovable, como acostumbra a decir el señor Senador Astori cada vez que se ocupa del tema.

Esta ley que fue derogada es del año 1963, que era la época en que Wilson Ferreira Aldunate pregonaba la necesidad de una reforma en las estructuras agrarias del país.

Precisamente, el inicio de esa reforma se da con la precisión de por qué es necesario suprimir la legislación que entonces existía, permitiendo la tenencia de tierras por parte de sociedades anónimas con acciones al portador. No entendemos -y no se nos supo contestar en la sesión en la que se derogó esa disposición- cuál es la razón por la que los tenedores de la principal riqueza del país tienen que ocultar su identidad. Como dije, nadie supo contestar esa pregunta, no sólo importante por lo que acabamos de decir sino porque las acciones al portador pueden ser vendidas en cualquier lugar del mundo. Por tanto, luego de aprobar esa ley la tierra uruguaya puede venderse a través de estos papeles en cualquier mercado del mundo.

A su vez, tampoco se me supo responder quién tiene interés en invertir su capital en una actividad no rentable.

Cuando hablaron otros señores Senadores los he escuchado con la mayor atención.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se ruega a los señores Senadores que presten atención al orador.

Puede continuar el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: no pido que me presten atención sino que por lo menos se haga el silencio necesario para que pueda coordinar mi pensamiento. En cuanto a la atención, cada uno de los señores Senadores juzgará si debe prestarla.

(Ocupa la Presidencia el doctor Mario Carminatti)

-Tampoco entonces, se me supo contestar cómo se tiene la esperanza de que se vuelquen importantes capitales a una actividad en la que todos en el Uruguay -desde los productores rurales hasta las máximas autoridades de Gobierno- han coincidido en que no es rentable. Entonces, si no es rentable, ¿qué estímulo tiene el inversor para venir a volcar su capital en este tipo de sociedades que se constituirán? Considero que hay una sola respuesta. Si se oculta el nombre para invertir en una actividad que no es rentable, es muy claro deducir que de lo que se trata es de ofrecer la posibilidad de lavar dinero, aunque, quizás, no es esa la intención de los redactores del artículo que están convencidos de que se trata de una cuestión de interés general, aunque el mío no lo es. Los redactores de la norma creen -y lo dijeron en Sala en su oportunidad algunos señores Senadores- que no teniendo capital los productores del agro, es la oportunidad de que lo obtengan mediante los que se asocien en este tipo de sociedades anónimas con acciones al portador. Inclusive se llegó a decir que esa era la salvación de los pequeños productores y de los lecheros que tienen tremendas dificultades con sus pequeñas propiedades y no cuentan con capital para tecnificarse. No puedo concebir que importantes inversores vengan a salvar a los lecheros de cuatro, cinco o cincuenta hectáreas que trabajan en medio de tremendas dificultades. No puedo creer entonces que por esta vía se vaya a capitalizar a los pequeños y medianos productores. Si viene algún inversor -y aquí se ha señalado, a mi juicio, con acierto- será para comprar grandes extensiones de tierra, aumentando este proceso de extranjerización. Como aquí se ha señalado acertadamente, no les importará que la tierra no sea rentable por el momento porque a largo plazo puede dar utilidades y porque en definitiva sigo creyendo que el objetivo principal de quienes puedan estar interesados, es el lavado de dinero. Por tanto, a mi juicio, no existen intereses nacionales que lo justifiquen y creo que esto es contrario al interés del país. Vayamos al texto. En él se dice que la exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales para quienes creen, patrocinen o intervengan en la creación de estas entidades, es por un año. Me pregunto por qué si es de interés nacional se establece un año. ¿Por qué ese interés por un año y no después? Pregunto cuál es la explicación para que, en algún momento, los miembros informantes o quien se crea conveniente me la proporcione.

Además, se exonera con dos condicionantes. Se dice: "...no pagarán el mismo cuando los actos y hechos gravados por dicha norma tuvieren por objeto inmuebles rurales que: (i) se incorporen al patrimonio de sociedades anónimas con acciones al portador; y (ii) su superficie a la fecha de promulgación de la Ley N° 17.124, de 25 de junio de 1999, no superare el equivalente a 1.000 hectáreas CONEAT 100". En junio de 1999 no tenía que superar 1.000 hectáreas CONEAT 100, pero si después de esa fecha se aumentó, se pueden crear sociedades anónimas con exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales porque basta con que a esa fecha tuviera 1.000 hectáreas. Por tanto, si ahora se tienen 5.000 hectáreas pero en la referida fecha se tenía 1000, se puede sostener que está alcanzado por la exoneración. Asimismo, puede haber interesados en dar un uso masivo por las razones que ya he expresado. Por tanto, bastaría con que las fracciones fueran de 999 hectáreas -es decir que los predios no pasarían de las 1000 hectáreas CONEAT 100- entonces se juntarían 10 y obtendríamos más de 9.000 hectáreas.

Considero que aquí hay gruesos errores e inconvenientes, así como también algo inexplicable. Se habla de que la superficie no supere el equivalente a 1.000 hectáreas CONEAT 100 en el momento de la promulgación de la Ley Nº 17.124. ¿Y qué ley es esa? Es la Rendición de Cuentas que tiene un solo artículo y que no dice nada sobre este tema.

Esto también se me tendría que explicar porque no lo he podido entender, señor Presidente. Basta ver en las disposiciones citadas el artículo 8º que, como dije, refiere a la Ley Nº 17.124 de 25 de junio de 1999. Esta es la fecha que se toma para delimitar el área que puede ser comprendida en la exoneración.

La ley, en su artículo único dice: "Apruébase la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1998 con resultado deficitario en la ejecución presupuestal de $ 3.148:637.000, según los estados demostrativos y auxiliares que se acompañan en la presente ley que forman parte de la misma". ¿Qué tiene que ver esto con la fecha que se fija para la exoneración? No lo sé.

Por lo tanto, suspendería mi exposición hasta que se me den las explicaciones correspondientes. No sé si es debido a mi ignorancia y a mis limitaciones, pero no lo puedo entender.

Desearía que se me respetaran los minutos que me quedan para luego seguir haciendo uso de la palabra.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PEREYRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Mario Carminatti).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Nos habíamos anotado para hacer uso de la palabra después del señor Senador Pereyra para tratar de dar respuesta a estas interrogantes. No quiero hacer una polémica del tema porque hace tiempo se viene dando esta discusión dentro del propio Partido Nacional con el señor Senador Pereyra, cuyo punto de vista respetamos mucho así como él ha señalado respeta y conoce la intención que tuvimos cuando presentamos el proyecto de ley que busca generar sociedades anónimas al portador.

(Ocupa la Presidencia el profesor Luis Hierro López)

-Dicho proyecto de ley fue presentado por el entonces señor Senador De Posadas y por quien habla en la Legislatura pasada y hoy es ley. No voy a reiterar la discusión que tuvimos con el señor Senador Pereyra y varios Legisladores más cuando se estudió este proyecto de ley, sobre los conceptos que nos animaban y nos llevaron a proponerlo. Uno de ellos tenía que ver con la fuente de financiación y la posibilidad de asociación que, quizá, fue el principal. En aquel entonces decíamos -y ahora lo repetimos- que no nos arrepentimos de haber sancionado esa ley. Cuando se formulaban argumentos en contra diciendo que promovía la extranjerización de la tierra, nosotros preguntábamos: ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora sin la existencia de la ley?

No es un motivo de extranjerización el hecho de que los extranjeros compren la tierra porque hay sociedades anónimas nominativas que pasan a ser al portador. Nosotros procurábamos una nueva forma de asociación en el campo que sí existe en el sector industrial y en el comercial pero no en el agropecuario. Queríamos darle una puerta más de financiación. Y se nos dijo: "Pero esto va a encubrir". Lo que estaba pasando hasta ese entonces era que las sociedades anónimas compraban sociedades nominativas. Lo que hacíamos era dar un paso más, y si el problema era el encubrimiento, también se podía encubrir en cualquier otro tipo de actividad.

Asimismo, no veíamos que este instrumento que es bueno para la industria y para el comercio no fuera bueno para el sector agropecuario. Se nos contestó que podía haber capitales provenientes del narcotráfico, pero me pregunto ¿por qué no los hay en el sector industrial o comercial? No es un tema del instrumento sino de los propios controles que el Estado tiene que hacer sobre las sociedades anónimas, con sus publicaciones que para mí son garantía.

Pero lo que más nos preocupaba era el reclamo del propio sector. En ese sentido, había muchos sectores -aclaro que hay varios sectores dentro del agropecuario- sobre todo el pecuario, y mucha gente, que estaban sufriendo problemas de rentabilidad y de endeudamiento, a quienes les dábamos la posibilidad de asociarse incluso dentro de su propio campo.

Nosotros sabemos que hay capitales que han nacido como nuevos. Por ejemplo, en aquel momento -simplemente estoy tratando de recordar los argumentos a favor de la ley que esgrimimos durante su discusión- el gremio médico, sobre todo en el interior, había comenzado a invertir en el campo y por la particularidad de esta profesión que no tiene mucho tiempo para dedicarle al campo, la sociedad anónima era una garantía para ingresar en ese tipo de explotación. Lo hemos visto en muchos departamentos, por ejemplo, en el mío, en Rivera donde se invierte muchísimo en el sector forestal en el que sí existe la posibilidad de hacer sociedades anónimas.

Estos eran los argumentos con los que hacíamos la defensa del proyecto de ley. Y ahora tenemos este artículo que no nace del compromiso con el Partido Colorado ni de los entendimientos que hicimos luego de la elaboración del proyecto de ley de urgencia, sino de un grupo de trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara que al señor Senador Pereyra le restan 2 minutos en el uso de la palabra.

Puede continuar el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Esperamos que los señores Senadores que han sostenido este artículo lo expliquen en el momento en que hagan uso de la palabra.

Con respecto a la extranjerización, naturalmente que ésta se dio sin ley, pero yo dije que ésta facilita el proceso de extranjerización y, por lo tanto, la aumenta.

Por supuesto que respeto lo que ha dicho el señor Senador Heber y si pongo pasión en esto es porque creo en ello como el señor Senador, seguramente, pondrá pasión en todo lo que cree. Pero me preocupa lo que acaba de decir en cuanto a que se pretende extender este beneficio de las sociedades anónimas con acciones al portador a la explotación de la tierra cuando ya existe en otras actividades.

Se ha reiterado una expresión que -acertadamente o no, en su interpretación derivada de manifestaciones del señor Senador Atchugarry en su informe del día de ayer- explicitó muy bien el señor Senador Fernández Huidobro en cuanto a que la explotación de la tierra no es comparable a una explotación industrial o comercial cualquiera. La tierra no es una máquina que se destruye o se pierde. La tierra no es un comercio. La tierra es un recurso fundamental, una riqueza que pertenece al país y quienes la explotan son simples ocupantes precarios. Si desaparece el titular, la tierra sigue siendo riqueza de las nuevas generaciones como lo fue de las generaciones que las precedieron.

Reitero y suscribo la exposición del señor Senador Mujica en cuanto a la diferenciación entre lo que es una explotación agropecuaria y las otras actividades industriales, comerciales o de servicios que se pueden realizar en el país.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

-Se ha terminado el tiempo reglamentario de que dispongo aunque tengo mucho más cosas que decir. Veré si puedo hacerlo en otra oportunidad.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Comparto íntegramente las manifestaciones realizadas por el señor Senador Mujica en la sesión de ayer y por el señor Senador Pereyra en el día de hoy.

Personalmente, creo que hoy, en el mundo, las corrientes más importantes de pensamiento político e ideológico van por otro camino. Esto, que puede parecer muy postmoderno, ya pasó, porque hoy se tiende -por razones que vienen de la ecología y de la importancia creciente que se da a los factores culturales- a la soberanía ligada a los recursos no renovables y a otras cuestiones, a dar una importancia creciente a la capacidad de control de las comunidades sobre los recursos naturales y, en particular, sobre el factor tierra.

En virtud de ello, expresamos que no compartimos este pensamiento y que no vemos cuál es el impacto económico. Debo decir que en todo el debate sobre las sociedades anónimas con acciones al portador, que es lo nuevo, no escuché nada que fuera realmente convincente y lo único que se incorpora es el secreto. La posibilidad de formar sociedades anónimas existe desde hace décadas. En consecuencia, lo nuevo es, reitero, el secreto, el anonimato. Se da la posibilidad de que los tenedores del recurso natural no renovable, es decir, de un monopolio natural sobre un bien que genera soberanía e identidad, sean desconocidos. La gran apuesta económica es la convicción de que se va a generar un flujo de inversiones por el hecho de que los tenedores de esas inversiones pasen a ser anónimos. Esto es lo nuevo. Tengo mis serias dudas de que esto funcione, en términos económicos, como generador de inversión. Puede ser que sí lo haga como generador de un flujo de capitales de origen espurio, que "anda en la vuelta" en América Latina y en el área. En todo caso, será compatible -y acá está la paradoja de la situación- con una orientación macroeconómica que tiene un desnivel en la balanza de cuentas corrientes y que necesita generar un flujo de capitales compensatorios para tratar de sobrellevar la situación, tanto en la hipótesis en que se siga una línea gradualista desde el punto de vista cambiario, como una línea deflacionaria, que parece ser una de las que tiene cada vez mayor gravitación en esta coyuntura. Entonces, siempre se va a generar ese déficit y para compensar eso, hay que generar un flujo, incluso a este costo. Personalmente, creo que se trata de un camino peligroso. Si bien entendemos que cada uno puede tener su opinión, expresamos que no compartimos la idea aquí encerrada.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- En primer lugar, pienso que a lo expresado por los señores Senadores Pereyra y Rubio, hay que agregar el secreto de los Directorios. Es necesario conocer el Directorio de una sociedad anónima, o sea, a los gestores, no sólo a los dueños. Todavía duerme un proyecto de ley presentado, por el que se pedía que se registraran los Directorios, una vez al año, en el Registro Nacional de Comercio. Pero, reitero, el proyecto no tuvo andamiento, ya que se trata de un tema reservado. Tengo una nota del Director de ese Registro que confirma lo que expresé.

En segundo término, agrego que el territorio es uno de los elementos del Estado. Todo manual referido al tema dice que los elementos del Estado son: la población, el territorio y el poder. Ahora bien; ¿cómo se regulan estos elementos? Con respecto al poder, debo decir que apareció el sistema democrático para ver quién lo ejerce. En lo que tiene que ver con la población, podemos decir que la esclavitud hace años que fue abolida y no concebiríamos una sociedad anónima propietaria de una parte de la población del Uruguay, pero sí del territorio.

Todo el territorio uruguayo, en el cálculo que hacían algunos de los proponentes más entusiastas de las acciones al portador para la tierra, valdría U$S 6.800:000.000. Al respecto, debemos decir que hay más de 100 familias en el mundo que utilizando un bajísimo porcentaje de su patrimonio, lo podrían comprar. No digo que lo vayan a hacer, pero si quisieran podrían hacerlo. Así como pueden invertir U$S 10.000:000.000 en armamento para ser utilizado en una guerra, podrían comprar el territorio uruguayo porque se trataría de una inversión, desde el punto de vista especulativo, más productiva a un mediano plazo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- No entiendo la coherencia de esto. Acá se nos pide coherencia y pienso que está bien, pero la demanda es recíproca.

¿En qué quedó la neutralidad tributaria? Se ha dicho que, desde este punto de vista, el Estado tiene que ser neutral y no favorecer una forma jurídica sobre las otras. Sin embargo, acá la neutralidad tributaria desapareció, ya que esto está absolutamente dirigido hacia una forma de asociación, que es la sociedad anónima. Se podría decir que lo que se procura es dar un mecanismo de transferencia de titularidad a los productores que quieren pasarse a una sociedad anónima, pero expreso que esto no tiene ninguna limitación, ya que la única que existe es que cada uno de los patrimonios que se integran a la sociedad no puede tener más de 1.000 hectáreas, sin decir nada respecto a cuánto llega el conjunto. Pienso que esto es contradictorio y paradójico, porque el sector agropecuario, por cuestiones de mercado, por dos crisis climáticas -una a fines de los ochenta y principio de los noventa y la otra a fines de los noventa- y por cuestiones de política económica global que produjo una gran caída del tipo de cambio real en el período se mire el indicador que se mire, -todo indica que el tipo de cambio real de Uruguay en relación con los países de la OCDE, cayó en un 50% en la década del noventa, por lo que hubo una pérdida de competitividad- ingresó en una espiral de endeudamiento y cuando llegó a la parte más profunda se inventó, como salida, la asociación por esta vía, desgravando todo tipo de inversión que se haga, siempre y cuando figure bajo el rótulo de sociedad anónima.

Pienso que esto no puede ser aceptable desde ningún punto de vista y en función de los fundamentos expresados es que vamos a votar en contra de este artículo 8º.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- En forma muy breve quiero exponer las tres razones que nos llevaron a oponernos a este artículo en el seno de la Comisión.

La primera de ellas, digamos, es por coherencia; nosotros no votamos el artículo que eliminaba la prohibición de las sociedades anónimas del carácter de acciones al portador para las explotaciones agropecuarias. En lo referente a este tema, la elocuencia de los señores Senadores Pereyra y Rubio fue suficiente. Entonces, esa coherencia nos lleva a no votar este artículo.

Sin embargo, hay otros dos argumentos que deseo explicitar.

Primero, en este proyecto, se da un paso más, que es el de no sólo permitir a las sociedades anónimas con acciones al portador tener explotaciones agropecuarias, sino que se fomenta. Porque sólo en los casos en que se vendan predios para ser incorporados a esta forma jurídica es que se desgrava, por el término de un año, el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales.

Agrego, que se fomenta una forma jurídica lo que no tiene sentido porque la ley debe ser neutral ante las distintas entidades que sean propietarias de explotaciones agropecuarias. En este caso no lo es porque sólo se desgrava cuando se vende para incorporar a sociedades anónimas; no es así con otro tipo de sociedades o personas físicas que pueden tener explotaciones agropecuarias. En definitiva, se desgrava exclusivamente a las sociedades anónimas con acciones al portador, o sea, se las promueve especialmente.

En segundo lugar, se exige otro elemento para desgravar y no sólo que esos bienes sean incorporados a las sociedades anónimas por acciones al portador, sino que además su superficie, a la fecha de promulgación de la Ley Nº 17.124, no superare el equivalente a 1.000 hectáreas CONEAT. En el seno de la Comisión se generó una discusión sobre ese límite. ¿Para qué sirve dicho límite? ¿Tiene algún efecto de beneficio a productores pequeños? Creemos que no, porque los que se venden son padrones. Todos sabemos que en este país los padrones rurales tienen un promedio de 100 hectáreas, no mucho más, pero sí menos, porque -como decía Wilson Ferreira Aldunate, la reforma agraria de este país fue hecha en la alcoba- la subdivisión de la tierra lleva a que los padrones, en definitiva, tengan una superficie no muy grande; sí lo son las explotaciones porque se reúne un conjunto de padrones muy grande. Por lo tanto, el límite de 1.000 hectáreas CONEAT no arroja ningún beneficio y permite que se vendan padrones o suma de ellos, con superficies menores a 1.000 hectáreas. Además, se puede traspasar a sociedades anónimas, por acciones al portador, explotaciones mucho más grandes, de más de 10.000 ó 20.000 hectáreas -todas las que se quieran- a través de la venta de fracciones de menor tamaño que sumadas integren una gran explotación.

Esas son las tres argumentaciones sobre nuestra negativa a que las sociedades anónimas al portador actúen en el sector agropecuario, porque se beneficia a un tipo de forma jurídica en términos particulares, cuando la ley debe ser neutral. Además, en definitiva, este límite establecido no sirve para nada.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: espero que el señor Senador Núñez nos escuche, a los efectos de que pueda entender nuestra explicación porque se han dicho muchas cosas sobre este artículo y sobre el proyecto de ley, algunas de las cuales no aceptamos. Por ejemplo, lo de "esconder capitales espurios", no lo admito de ninguna manera. Acepto lo que ha señalado el señor Senador Pereyra en cuanto a que conoce la intención que nos animó en el proyecto de ley que presentamos, pero no se puede prejuzgar esa intención a los que lo firmamos, porque no es verdad.

Las sociedades anónimas son instrumentos que tiene el país en muchas actividades. Lo que se procuró fue no desconocer ni descuidar el valor de la tierra porque estamos de acuerdo con que éste debe ser custodiado y preservado por el Estado, así como también con que tiene un valor social, frente a la comunidad, porque él está dado en cuanto se produce, obligación que tienen todos los productores, sean extranjeros o nacionales. Soy un Legislador que represento a la frontera, como lo son también los señores Senadores Riesgo y Nin Novoa, razón por la cual sabemos que los capitales brasileños que han venido a invertir en esa zona no lo hicieron para irse al otro día como si fueran capitales golondrinas, sino a comprometerse con el país y a producir. Es más; en muchos lugares estos capitales desarrollaron el pueblo.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: dada la pasión que siento por este tema, y más aun teniendo en cuenta lo que se ha reiterado cada vez que se ha presentado un proyecto de ley para contener de algún modo el creciente proceso extranjerizador de la tierra, no estoy de acuerdo con que los brasileños explotan bien las tierras uruguayas. Puede ser que muchos lo hagan bien, pero otros aprovechan para traer obreros que trabajen por la comida y muy poco más, o simplemente por la comida, no cumpliendo con las leyes sociales. Además, muchas veces traen maquinaria en admisión temporaria que no vuelve más al país de origen.

Este tema de la creciente extranjerización de la tierra por brasileños, nos lleva inmediatamente a recordar la historia de este país, que es la de la apetencia del Brasil sobre la posesión de nuestras tierras. Se trata de la famosa teoría de que la frontera -antes de Portugal y después de Brasil- está en el Río de la Plata. Cabe recordar la invasión brasileña del 16 y los posteriores avasallamientos de nuestra soberanía. Téngase presente, asimismo, aquel documento que leí cuando estudiamos el último proyecto de ley de extranjerización de la tierra, sobre la invasión que los brasileños tenían planeada en el año 1971 a nuestro país, pretextando la posibilidad de un triunfo del Frente Amplio en el Uruguay y de esa manera cumplir con el viejo sueño de la Provincia Cisplatina o del Estado Cisplatino. De manera que no me entusiasma la venida masiva de brasileños al país, porque en el largo plazo puede ser un instrumento para vulnerar la soberanía del país.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: es mi deseo dar todas las razones que defiendo sobre este tema, por lo que pediría a los señores Senadores, a quienes siempre concedo las interrupciones que me solicitan, que me dejaran avanzar en el argumento que quiero desarrollar para no perder el hilo de nuestro razonamiento.

No digo que todos los extranjeros sean buenos, así como tampoco lo son todos los uruguayos. Hay uruguayos y uruguayos. La dificultad más grande que hemos constatado quienes venimos de la frontera es en el arrendatario brasileño, porque ese es el que trae personal extranjero. Sobre ese tema, he hecho denuncias en este Cuerpo, así como también he llamado a la Inspección General del Trabajo para que se hicieran las inspecciones del caso. Sí las hubo donde se multó a muchos productores arrendatarios, es porque hablé con varias de las personas que integraban el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el Período anterior y se instrumentaron inspecciones tanto en Artigas, como en Cerro Largo y Rivera.

No estoy de acuerdo con que vengan a trabajar brasileños, porque son esclavizados, ya que no les pagan los derechos que tiene todo trabajador y desconocen los pagos de los aportes a la Seguridad Social en su propio país, lo que resulta totalmente desleal en la forma y en la competencia. Sin embargo, no estamos hablando de ese tema, sino de si al campo le damos un instrumento más o no. Hasta ahora nadie me ha explicado por qué el sector industrial tiene el instrumento de la sociedad anónima al portador y no lo puede tener el sector agropecuario porque se trata de la tierra.

Ello me importa porque no he tenido ni he escuchado un argumento -por lo menos no de recibo para mí- en el sentido que esto sea una forma de encubrir capitales. Si así fuera, ¿por qué no se lo eliminamos a los sectores industrial y comercial? Porque con el mismo argumento que me opongo a que el campo tenga sociedades anónimas al portador, saquemos ese instrumento a la industria, porque ahí tenemos el agujero. Saquémoslo de ahí y que mañana puedan comprar acciones en la Bolsa de Valores -no miremos quién está ahí- o hacer depósitos en los bancos. ¿Adónde va nuestra sospecha, señor Presidente? ¿Dónde termina?

Lo cierto es que el sector agropecuario no tiene este instrumento como posibilidad de financiar producciones y explotaciones en sus propios predios. Ese es, precisamente, el argumento por el cual nosotros presentamos el proyecto de ley. En realidad, lo hemos entregado a la banca, ya que la única posibilidad que tiene el sector agropecuario para poder generar créditos es a través del sistema financiero, con el cual hoy está severamente endeudado, no tiene posibilidades de refinanciar y por eso se están haciendo ejecuciones. Esto último también ha sido dicho por el señor Senador Mujica.

Frente a esto, nosotros, con un poco más de imaginación, sugerimos darles la posibilidad de las sociedades al portador con facilidad de asociación. De esta forma, mañana, por ejemplo, un médico que pueda hacer plata -y que hace mucha en las mutualistas del interior- en vez de depositarla en el banco podría asociarse en una producción de arroz como sucede hoy con las sociedades en que esto está permitido. Que sea al portador o no, es algo que facilita -y ustedes lo saben- la ida de esas sociedades en caso de que quieran realizar otro tipo de emprendimiento.

En consecuencia, estamos dando más movilidad y capital al sector agropecuario, que no lo tiene, y esa es la razón por la cual nosotros planteamos esta posibilidad. Esto hoy se puede hacer, pero a través de un mecanismo muy complicado. En efecto, ahora las sociedades anónimas extranjeras compran sociedades anónimas nominativas, y pueden argumentar que determinada sociedad es dueña de otra nominativa. Se sigue otro paso, e incluso esto fue explicado por el doctor Jorge Batlle cuando se discutió esta ley. Concretamente, puso ejemplos de sociedades anónimas al portador que a su vez compraban sociedades anónimas nominativas; reitero que esto lo dijo en Sala, y además puedo traer hasta los nombres de las sociedades que él mencionó.

Esta es la discusión sobre sociedades anónimas que vuelvo a decir que no acepto que se diga que tienen como fin encubrir capitales espurios. No es verdad, estos capitales hoy pueden entrar al país e irse y pueden comprar sociedades anónimas que están al portador, si la idea es blanquear dinero.

¿Este es un instrumento válido o no? ¿Por qué no puede ser válido para el sector agropecuario? Esa es la interrogante que me formulo, y por esa razón pienso en este proyecto de ley como alternativa a la financiación y la asociación.

¿Qué pasó después de la ley? Sucedió que muchas gremiales nos pidieron este artículo, porque ningún productor pequeño, mediano y ni siquiera grande en el país iba a transformar su sociedad si tenía que pagar el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, en virtud de que estaba ahogado, no tenía dinero y para poder transformarla en sociedad anónima pedían un año.

A propósito de esto, nuestro Diputado Ricardo Berois -seguramente lo recordará el señor Senador Mujica- en el Período pasado, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Esta iniciativa estaba atada a proyectos de inversión y se sostenía que los productores rurales podían pasar su sociedad nominativa a una sociedad al portador, siempre y cuando presentaran proyectos de inversión -así lo había redactado el Diputado Berois- a efectos de transformarse y estar exentos del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales. ¿Qué era lo que pasaba? Que todo el mundo quiere esta posibilidad. ¿Sabe lo que pasa, señor Presidente? Mire ¡qué casualidad! Los productores rurales quieren este instrumento y lo que no pueden es pagar. Si encima de la deuda que tienen en el banco y del ahogo de los impuestos, tienen que pagar el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, no pueden transformarse en una sociedad anónima y, por lo tanto, no pueden atraer las asociaciones que estamos pidiendo que se realicen.

En consecuencia, este proyecto de ley fue presentado porque los productores así lo solicitaron al señor Diputado Berois; es más, pueden ir y preguntar en la Federación Rural o en la Asociación Rural si no quieren este instrumento. Podrá haber algunos subsectores del campo que no lo deseen, pero en su gran mayoría las gremiales están pidiendo este instrumento porque es una alternativa frente al banco, para aquellos que están endeudados, porque es otra puerta más donde poder golpear.

Por otro lado, quiero decir que la redacción de este artículo fue incluso establecida con una limitante, porque refiere a explotaciones que no superen el equivalente a 1.000 hectáreas, índice CONEAT 100. Se ha dicho que esto no es válido porque hay muchos predios que están divididos en padrones mucho más chicos. Incluso hay mucha gente que nos ha venido a hablar para que se saque esta limitante. ¿Por qué se puso esa condición? Porque se piensa que se debe ayudar, sobre todo, al pequeño y mediano productor.

Cabe aclarar que esta limitante, para ser sinceros, fue puesta por el propio Gobierno, que sostuvo que era correcto disponer la exoneración de este impuesto, pero con la idea de hacerlo fácil y exonerable para los pequeños productores. Personalmente discutí esta limitante -y digo esto también para ser sinceros- porque creo que en el sector del basalto superficial hay muchos productores que tienen 2.500 ó 3.000 hectáreas y que están fundidos. Además, el índice CONEAT 100 con 1.000 hectáreas no les posibilita que puedan hacer asociaciones para realizar transformaciones en sus propios campos, a lo que se agrega el hecho de que están agotados de créditos, no tienen más y los estamos expulsando del campo.

Pienso que este instrumento que aquí se plantea a ellos les sirve y por eso vinieron a hablar conmigo para que se sacara esa limitante. He insistido sobre ello, pero el Gobierno no lo ha aceptado. ¿Para qué se establece el requisito de junio de 1999? La respuesta es muy fácil, señor Presidente: para que los "vivos" de siempre no empezaran a dividir los padrones cuando se enteraran de que se iba a aprobar esta iniciativa. Es decir que se estableció esta fecha tope de casi un año atrás simplemente para que no se utilice esto como forma de avivar a quienes pueden pagar el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa advierte al señor Senador Heber que le restan sólo cinco minutos.

Puede interrumpir la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- La fecha que acaba de mencionar el señor Senador Heber no es caprichosa, porque es precisamente cuando se deroga la prohibición de tener tierras con acciones al portador. Es por eso que se pone esa fecha.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Consulto al señor Senador Atchugarry, pero tengo entendido que el 25 de junio de 1999 es la fecha de la última Rendición de Cuentas. Esta no fue una fecha elegida por nosotros, sino que la puso el Gobierno.

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Tengo entendido que el concepto del Poder Ejecutivo fue incluir a los predios que tuvieran esa superficie a la fecha de la ley que habilita las sociedades anónimas al portador, con el argumento de que como ese fue un instrumento vedado por el Legislador, se habilitara a aquellos que lo hubieran deseado.

Y, efectivamente, el Poder Ejecutivo estableció un límite en el tamaño y en el valor del inmueble. Respeto mucho la discusión que estamos realizando pero, seguramente, por un 2% no va a cambiar la estructura de la propiedad de nuestra tierra.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Entonces, ya sabemos el tema relacionado con las fechas, por qué se establecen esas limitaciones, a quién se busca atender y qué otra puerta de asociación financiera pueden tener los productores rurales.

Con respecto al tema de la extranjerización, debo señalar que es una linda discusión que me gustaría mantener con los señores Senadores Nin y Mujica en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, a fin de analizar cómo se explota el bien común, social, que es la tierra, quién lo hace mejor de modo tal de beneficiar a nuestra sociedad. Reitero que hay grandes extensiones de campo en la frontera de mi departamento, en Rivera, en la que antes había productores rurales que empleaban a tres personas, en extensiones de 3.000 ó 4.000 hectáreas. Después que vinieron inversiones, se empezaron a desarrollar actividades que antes no se hacían. Eran uruguayos y no digo que fueran malos. Tampoco creo que todos los brasileños que vengan sean buenos. No digo eso. Hay inversiones buenas y malas y, en este último caso, se van a fundir. Quiero progreso y oportunidades, en un país que se las dio a los extranjeros cuando inició su historia. ¡No nos olvidemos de eso! Si esta ley de limitación a los extranjeros la hubiera votado un congreso charrúa, ninguno de nosotros estaríamos aquí ni seríamos propietarios de nada. Pregunto qué es ser uruguayo, y dejo pendiente esta discusión. Conozco familias propietarias brasileñas que hace doscientos años que están en mi departamento, y son tan productores como otros y buena gente comprometida con el Uruguay. Por tanto, no puedo pasar tabla rasa. No me animo a decir que los extranjeros son malos y todos los uruguayos son buenos. Me gustaría profundizar en esta discusión para poder arribar a la verdad sobre este tema.

Voy a votar este artículo para facilitar la financiación sin temor a la inversión, que en el campo lamentablemente está vedada. Este artículo lo están pidiendo los sectores gremiales y los pequeños productores que no pueden pagar el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR NIN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN.- Señor Presidente: por una razón de economía procesal y, además, teniendo en cuenta que nos hemos alejado mucho del tema y ya estamos discutiendo aspectos e instrumentos de política agropecuaria -que con mucho gusto vamos a analizar en su oportunidad- voy a desistir de hacer uso de la palabra en esta ocasión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: hay dos tipos de hombres en la tierra: gente con tierra y de la tierra. No son necesariamente lo mismo. El señor médico que merced a ciertas cosas que han pasado gana U$S 35.000 por mes, es posible que tenga un "plus" para comprar tierra y agujerearnos en el problema de la salud, pero esa es otra historia.

(Hilaridad)

-En todo caso, este es un hombre con tierra. ¿Por qué puede comprar tierra, cuál es la lógica? Lo que ocurre es que, básicamente, la tierra no es un bien de capital como los otros. Es casi el único aparente bien de capital que dejado allí, abandonado, acumula un valor a lo largo del tiempo. Es un bien de atesoramiento, de retaguardia, y mucho más en las economías modernas que son muy volátiles. La tierra no es igual a una inversión industrial o comercial. Cumple otro papel desde el punto de vista estrictamente económico. Pero encuentro perfectamente lógico que los grandes propietarios de tierra del Uruguay, siendo ella un bien limitado, procuren por cualquier forma que venga la mayor cantidad de inversores posible, porque eso tiende a subir el precio. Cuanto más compradores haya, por cualquier camino, habrá más multiplicación de ese capital. Esto es muy claro desde el punto de vista de la evolución inmobiliaria. Me parece que en el marco de la economía contemporánea, está bien razonar así.

Ya he mencionado algunas cifras que ahora voy a reiterar. En procesos de veinte años, los economistas agropecuarios -considerando todas las actividades de ese sector- llegan a la conclusión que la tasa promedio de rentabilidad alcanza a un 11%, pero la tasa líquida disponible es apenas de un 3%. No estoy hablando del año que pasó; ese lo dejamos aparte porque no es demostrativo de nada. Entonces, en ese cálculo, hay un "plus" de valor del 8%. ¿De dónde sale? Del incremento del valor del patrimonio. Es negocio comprar tierra. El consejo de mi abuelo, un inmigrante, era: "M'hijo, cuando sea grande, compre tierra cruda, si puede. La única cosa que se puede comprar a plazo es la tierra cruda". Este era el consejo de un economista de zapatilla que fue tres años a la escuela, de noche. Esto es de una lógica en el Uruguay que poco puede tener que ver con la producción. En realidad, encuentro un sentido en todo esto. ¡Cómo las grandes gremiales van a decir lo contrario, siendo que tienen que decir esto! Cuando era un muchacho renegaba contra la oligarquía terrateniente. Ahora, el principal estanciero de nuestro país es la Shell y Benetton y Soros en la Argentina, no Anchorena. ¡Adiós Anchorena! Todo está cambiando aceleradamente. No tengo que desconfiar de la intención de sumar capital. He discutido mucho sobre este tema; estuvo trancado dos años y medio en la Comisión de Ganadería y Agricultura de la Cámara de Representantes, porque el Partido Nacional no podía hacer quórum; teóricamente, tenía la mayoría, pero siempre faltaba uno. Lo perdíamos en la cancha, pero en la liga lo teníamos frenado. ¡Al final, sonamos!

Ahora bien, esto también tiene una lógica, porque lo relaciono con el artículo 48. ¡Bueno, no te aguantás en el campo, porque estás endeudado y la mar en coche; se construye una sociedad anónima, seguramente alguien va a pagar lo que estás debiendo y, de hecho, te quedás trabajando la tierra como un inquilino! Esta es la perspectiva de todo el asunto. Es una manera de licuar las deudas.

Por la tasa de ganancia que puede dejar hoy el negocio agropecuario, solamente los locos pueden ir a comprar tierra; ahora, por la seguridad en el largo plazo del valor inmobiliario, es loco el que no compra. Al que le gusta ganar en altas tasas de riesgo, es loco si no compra tierra, porque un día puede quedar "pelado" con los papelitos, pero la tierra está ahí.

Sé también que si tenés un enemigo regalale un campo pelado. Sé perfectamente que hoy es mucho más importante lo que hay que poner arriba del campo que su propio valor. Pero también hay paradojas históricas. ¿Quién es el propietario más grande de tierras que hay en el mundo hoy? El gobierno del los Estados Unidos. ¿Qué razones hay? Sacarlos del circuito comercial, de la explotación desenfrenada, porque territorios enteros, inmensos, no había que trabajarlos más. ¿Por qué? Porque la tierra es femenina y es frágil. ¿Qué nos está pasando con el arroz? El 70% del arroz que se planta en este país, se hace en tierra arrendada. Si se recorre Vergara se podrá percibir este hecho. Además, se ha venido trabajando como no se debería hacer. Hoy se inunda la mitad de Vergara porque el hombre, preocupado por su tasa de ganancia -está unida al acontecer de su vida- viola cuestiones que tienen que ver con la naturaleza. La tierra no se puede trabajar como me convenga; vendrán códigos ecológicos y épocas en las que cada parcela de tierra tendrá que estar registrada y comprometida. Esto lo hacen las sociedades más avanzadas. Si vivo en tal estado norteamericano, tengo que plantar de tal manera y no como quiera; si tengo que arar, debo hacerlo de una forma determinada y no como se me antoje, y también tengo que respetar las corrientes de agua y todo lo demás. Si a la tierra, que es un bien frágil, se le quita la relación con el hombre, ya no alcanza con la tierra ni con el capital; el factor hombre ligado a la tierra va a ser cada vez más estratégico. No es cuestión de capital. En la economía norteamericana, el más eficiente que hay arriba de la tierra sigue siendo el "farmer" y no la gran sociedad. Y en la otra punta, vayan a China y pregunten lo que es la agricultura familiar, porque hay una ligazón entre la gente y la tierra.

Todo esto me produce la sensación de una sociedad anónima. No lo planteo por un tema emotivo. Si destrozo, me tiene que doler porque estoy estropeando la tierra a los que van a venir atrás de mí, que son mis hijos. Tiene que haber una relación de cariño con la tierra, no sólo económica, porque es un bien femenino que hay que cuidar en el largo plazo para los que van a venir atrás.

Estados Unidos tiene tres países de las dimensiones del Uruguay, que en el siglo pasado eran tremendamente fértiles y que hoy van camino al desierto por los desastres que ha hecho el hombre atrás de la tasa de ganancia apurada. Es obvio que trabajar bien la tierra tiene la siguiente contrapartida: sale siempre un poco más caro.

Sé que esto va a salir; macanudo, pero además sale en una coyuntura en la que mucha gente está endeudada. Esta es una forma de que queden en una especie de moderna medianería y los que tenían campo, van a quedar en una sociedad anónima. Los dueños de la tierra serán los que tengan el papel. Sinceramente, veo ese proceso y creo que se hizo con buena intención por gente con tierra pero no de la tierra. Es posible que esto contribuya a elevar un poco el valor de la tierra, en cierta medida.

Leí las afirmaciones que se hicieron en el Senado en el sentido de que la tierra debía tener una cédula de identidad. Esto fue sostenido con mucho énfasis en los tiempos de Ferreira Aldunate, cuando era Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Este sistema tiene que ver con cualquier tipo de planificación del futuro. El señor Senador Pereyra tiene miedo al dinero "negro" que venga de por ahí, pero yo le perdí miedo, porque son muy grandes sus dimensiones. Un reciente trabajo en las Naciones Unidas decía que solamente el 30% del costo del lavado del dinero criminal se calcula en U$S 150.000:000.000 anuales limpios, santificados de polvo y paja; son U$S 1.000:000.000 por día. Entonces, como es tan grande, es mejor perderle miedo. Este es el mundo en el que vivimos.

Creo, sinceramente, que una política que trate de encauzar fenómenos se encuentra bastante maniatada a posteriori por este fenómeno.

Finalmente, quiero hacer un comentario que puede parecer secundario. Pienso que este es un instrumento que podría crear cuestiones paradojales. En este tema, algo tiene que ver la soberanía. Supongamos que el Ministerio de Reforma Agraria de Brasil -que existe nominalmente- invente una sociedad anónima, compre tierras en el Uruguay y trae a los sin tierra. Son inmigrantes como cualquiera. Nunca me voy a oponer en este país a brasileros, gringos, japoneses, filipinos o lo que sea, que vengan con sus petates y con su familia y se pongan a colonizar y a trabajar la tierra, porque ese es el origen de este país y lo tenemos que defender. Esos son de la tierra, pero es muy distinto el caso del especulador de alto vuelo que compra tierras desde Bélgica, por las evoluciones del valor, o que las vende. No entreveremos una cosa con la otra. No tengo problema con que vengan brasileros a colonizar, como sucedió durante un largo proceso histórico. El problema son los capitales golondrina; esa es otra historia. Pero en Río Negro, no son brasileros los que compran, y en Soriano Pérez Companc ha comprado fuerte, así como lo han hecho otros, pero no para trabajar la tierra, sino por las razones que señalaba al principio.

De todas maneras, la muy buena intención de crear sociedades anónimas para que se invierta, no me parece que sea viable. Veo sí que hay gente que va a pagar sus cuentas con el campito y probablemente quede, de alguna forma, trabajando. Ese es el resultado más práctico. Si el Uruguay volviera a las décadas del 10 o del 20, con una tasa de ganancia del 18%, otro gallo cantaría, pero también tal vez aquella tasa de ganancia, que ya no volverá nunca, explica lo que pudo hacer el Uruguay en aquellos años.

Muchas gracias.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: me parece de muchísima importancia e interesante la discusión que se está dando.

Debo confesar que me sentí interpretado cuando algún Senador de la Bancada colorada defendió calurosamente a ANTEL, diciendo que no le cedía la derecha a nadie, pero creo que luego, en esa materia, sí la cedió.

Al principio de la discusión general, intervine en torno a este tema comentando algunas palabras pronunciadas por el señor Senador Atchugarry. Posteriormente, él me contestó diciendo que no había querido decir lo que dijo sino que, sencillamente, su intención era favorecer a ese bien de capital -que es como cualquier otro- con los mismos beneficios que podía tener otro. Pero, lamentablemente, a cada rato y especialmente en lo vinculado al tema de la tierra, emerge el mismo concepto: la tierra es un bien de capital como cualquier otro. Este es un concepto que juzgo grave, erróneo.

Lo que se discute en este momento, además, me trae el recuerdo de algunas cosas sobre las que recientemente charlé con alguna gente relacionada con el mar, esa gran estancia cimarrona que dentro de poco tendrá 21:000.000 de hectáreas. En nuestro país hemos dejado que los permisos de pesca sean transferibles, comercializables. Sin embargo, en países de larguísima tradición, civilización pesquera, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque un permiso de pesca es una especie de alambrado en el mar. Ese permiso no puede ser transferible, pero sí heredado. Esta gente me decía que en esas naciones se procedía así, para que los pescadores o permisarios no fueran individuos con permiso o "con mar", sino "del mar", a los efectos de que le tomaran cariño al mar al que, en general, en esos países se le llama "la mar". De otro modo, la relación simplemente comercial con ese espacio territorial de riqueza resultaría depredatoria o predatoria, no sé cuál es el término que corresponde en este caso. Esta es una vieja sabiduría de la humanidad de países ranciamente capitalistas con respecto a la propiedad de un territorio también nacional.

Me extrañan sobremanera las interesantes contradicciones que uno ve estando aquí por primera vez. Por un lado, Senadores con quienes me he enfrentado mucho -y probablemente lo siga haciendo- que han defendido a ANTEL en términos que podría suscribir totalmente; y, por otro, jóvenes Senadores blancos que han declarado que hasta ahora no han entendido por qué no puede haber sociedades anónimas en el campo. Si en el Partido Nacional, en donde han militado hasta ahora, no han llegado a comprender las razones, seguramente van a tener que pasar de nuevo por la escuela de cuadros y repetir los cursos de formación, porque no creo que haya otro partido en nuestro país que pueda explicar mejor los motivos por los cuales las sociedades anónimas deben estar prohibidas en nuestro territorio. Repito, no debe haber otro partido; éste ha sido el portaestandarte de esa bandera. Quienes inventaron la prohibición de las sociedades anónimas en el campo tienen, más bien, un tono blanco.

En consecuencia, se podrá decir que se discrepa, pero no que no se entiende.

Tampoco se han contestado -al menos a mí no se me lo ha hecho- algunas preguntas que quedaron planteadas. Por ejemplo, por qué el médico que tiene plata no puede asociarse con cualquier productor rural sin que ello se haga, forzosamente, por el mecanismo de la acción sin nombre, la sociedad anónima de acciones al portador. Asimismo, no entiendo cuál es la razón que ese médico puede tener para invertir si no es en una sociedad anónima.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- El argumento a que ahora está respondiendo el señor Senador Fernández Huidobro de la capitalización de los productores a través del aporte de capital de otras personas me recuerda lo que sucedió hace un mes en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. Allí vinieron las entidades del agro a expresar la dramática situación en que se encuentran, que todos los días vemos en la prensa y en las declaraciones de los dirigentes gremiales. Pero, además dijeron que para reponerse de esta situación y poder continuar trabajando la tierra necesitaban fondos frescos, y que como estaban muy endeudados era muy difícil conseguirlos.

En virtud de que se ha hablado tanto de este proyecto, de esta exoneración y de la conveniencia de las sociedades anónimas con acciones al portador, se me ocurrió preguntarles si esa no sería la solución. Concretamente, les pregunté si creían que estos fondos frescos podían llegar y serles útil en virtud de que una ley habilitaba el aporte de capital siempre que la explotación fuera realizada por una sociedad anónima con acciones al portador. Les dije si ese era el camino que les podía servir. Me contestaron rotundamente que no.

Entonces, ya que aquí se ha dicho que eso fue pedido por las instituciones rurales, me parece que por lo menos pueden estar divididas las opiniones de los productores, por cuanto esas manifestaciones constan en la versión taquigráfica que lamento no tener en mi poder, para leerla. Puesto que me la acaban de alcanzar, en otro momento pediré una interrupción para realizar su lectura.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- No conozco el reglamento; pero si el maestro Carlos Julio Pereyra quiere continuar hablando, con gusto le concedo una interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Agradezco al señor Senador Fernández Huidobro.

Lamentablemente, no he marcado la intervención a la que me quería referir, y tengo que buscarla. Entonces, ya que se me brinda la oportunidad, voy a referirme a algo que me interesa mucho dejar en claro.

Cada vez que se habla de este tema -y vaya que hemos hablado de él desde hace veinte y tantos años en el Senado- se me ha dicho: "¿Pero usted está contra los extranjeros que vinieron aquí a fines del siglo pasado y comienzos del presente de los que desciende la mayor parte de la población de este país, que trajeron el progreso, enseñaron a cultivar la tierra y se afincaron en el Uruguay?" Precisamente, yo reconozco el gran aporte que esa gente hizo. Inclusive, en mis antepasados tengo brasileños y españoles. De manera que mal podría decir que aquí estamos rechazando, en un nacionalismo exacerbado, el aporte de los extranjeros, que el país debe agradecer por lo que han hecho.

Sin embargo, una cosa es el que vino, se afincó en esta tierra, trajo a su familia, formó su hogar, educó a sus hijos aquí, se integró a los intereses sociales del país e, incluso, a los intereses políticos haciéndose ciudadano legal, y otra los que vienen a lavar dinero como capitales golondrinas a esperar durante unos años la valorización de la tierra y no a explotarla como lo hicieron aquellos "gringos", como les decían nuestros antepasados o, también los otros que dicen vivir en mi país y explotan tierras en Uruguay.

Con respecto al aporte de capital, en realidad, no se ha contestado cuál es el interés. ¿Cómo se puede esperar que se salve el agro con el aporte de capitales que vienen, naturalmente, a lucrar sin el amor a la tierra que tiene el productor uruguayo? ¿Qué atractivo va a tener? Se dice que el pequeño va a sobrevivir con el capital que le aporte el que venga a invertir en estas sociedades anónimas. Es, por lo menos a mi juicio, una ingenuidad.

Un tema muy tratado en los últimos tiempos en los Congresos de la Federación Rural y en otras entidades rurales, y que también aparece muy frecuentemente en la prensa, es el de la suerte de la familia rural. Las mujeres rurales han constituido entidades para defender su permanencia, la de sus hogares y criar allí a sus hijos explotando la tierra uruguaya. Hace tres años, en un Congreso de la Federación Rural realizado en Canelones, se trató intensamente el tema del afincamiento, de la permanencia de la familia del campo en la explotación de la tierra. El señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de aquel momento se refirió a esto diciendo algo que puede ser discutible, pero que tiene un fondo, un contenido de solidaridad social, de ansiedad por solucionar ese problema. Dijo que de ahí en adelante cuidarían más a los productores que al producto. Quiere decir que el Ministro de la época le daba una importancia enorme al afincamiento de la familia, de manera que prefería defender al productor antes que al producto mismo que, naturalmente, es la base de la economía nacional.

No se ha explicado -espero que más adelante se diga- lo relativo a la limitante de 1.000 hectáreas y cómo se puede burlar, cosa que señalé en mi exposición inicial. Alguien que tenía 1.000 hectáreas CONEAT 100 cuando se aprobó la Rendición de Cuentas en junio del año pasado está amparado por esta exoneración, y si tiene 5.000 ahora también lo está, porque tenía las 1.000 que exigía la ley al momento de la aprobación de la Rendición de Cuentas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador: su tiempo se ha terminado.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: quisiera terminar diciendo que tampoco se ha contestado algo que me preocupa mucho. Me refiero a que un inversor puede venir y constituir una sociedad anónima con una fracción de 800 hectáreas, otra de 900, otra de 500 y así sucesivamente hasta completar una superficie de 5.000, 10.000 ó 15.000 hectáreas, y esto no es un estímulo para los pequeños y medianos productores.

Me gustaría que todas estas preocupaciones quedaran en claro porque quizá llegan a convencerme, pero hasta ahora no ha sido así.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Además de lo que ya señalamos en oportunidad de la discusión general de este proyecto de ley, me restaría decir que la tierra es un bien escaso en el planeta, en particular en la República Oriental del Uruguay, y lo será aún más en pocos años. Por lo tanto, no puede ser tratado como un bien de capital o como se considera a otras esferas de la actividad productiva o a las propiedades en el Uruguay. En nuestro país no consideramos de este modo a algunos bienes escasos, como el patrimonio cultural, los cuadros, obras de arte y recuerdos históricos. Existen leyes que no permiten que sobre esos bienes escasos y de interés nacional se actúe con la libertad de la oferta y la demanda y el mercado libérrimo. Así lo hacen todos los países del mundo, incluso los más rancia y rabiosamente capitalistas, en los que además se combate, se persigue y hasta se prohíbe realizar actividades de atesoramiento. Al referirme a este bien escaso que gana valor con el transcurso del tiempo en lugar de amortizarse como cualquier otro bien de capital, obviamente habría que actuar de esa manera. Debería estar prohibida toda actividad de atesoramiento, como ocurre con las obras de arte, los lingotes de oro, etcétera -en los países capitalistas eso también se prohíbe, se combate y hasta se persigue- y ni que hablar en lo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Debo agradecer las amplísimas explicaciones que han tenido mis preguntas, señor Presidente y, naturalmente quiero dejar la constancia de que aquí sigo teniendo -porque nadie lo ha explicado- las mismas dudas que he expuesto. Por ejemplo alguien que reúna 5.000 hectáreas, siempre que sea en fracciones menores a 1.000 a la fecha señalada por el artículo…

SEÑOR PRESIDENTE.- Estamos fuera de tema y es la tercera vez que el señor Senador interviene en esta cuestión.

Se va a votar.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: voy a cuestionar la actitud de la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador ya habló sobre el tema una vez y no puede hacerlo dos veces.

Por lo tanto, se va a votar el artículo 8º tal como viene de la Comisión.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: quiero cuestionar la actitud de la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador tiene derecho a cuestionar la actitud de la Mesa.

Tiene la palabra el señor Senador Pereyra, pero no puede referirse al tema de fondo.

SEÑOR PEREYRA.- Yo hablo una sola vez y claramente. Respeto los horarios de los oradores, pero debo cuestionar la actitud de la Mesa al prohibirme realizar una aclaración que no se refiere al fondo de la cuestión, sino a la interpretación del artículo, que conviene dejar estampada. El señor Presidente no me permite hacer esta aclaración que, a mi juicio, corresponde.

El señor Presidente ha sido generoso con el tiempo de que disponían ciertos oradores para hacer uso de la palabra, e incluso lo ha sido al permitir orillar el reglamento. Si no lo quiere ser conmigo, digo que por lo menos es una actitud injusta de su parte. Precisamente, por ese motivo cuestiono la actitud de la Mesa y adelanto que buscaré la oportunidad para indicarle al país que esta noche el Senado no ha aprobado un beneficio para los que tienen menos de mil hectáreas, sino para aquellos que pueden tener una superficie ilimitada.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- No voy a contrariar el Reglamento, pero voy a prescindir de su lectura.

Pediría que se tuviera en cuenta que el señor Senador Pereyra, desde el día de ayer, contó con la expectativa de que la sesión de hoy iba a terminar a una hora razonable en virtud de ciertos motivos familiares que explicó con mucho detalle. Entonces, creo que generar una incidencia procesal de esta naturaleza no se compadece con la actitud que en general ha tenido el Senado de no respetar -dicho esto en términos muy respetuosos- algo que aparecía como una especie de compromiso. No dudo que habrá habido explicaciones…

SEÑOR PEREYRA.- No ha habido explicaciones, señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Eso refuerza mi razonamiento.

Solicito a la Mesa que dé por terminada esta incidencia de procedimiento parlamentario, que no se ponga a votación el tema a fin de no someter a los señores Senadores a la violencia de tener que tomar una posición. Aunque no tengo nada que ver, pido excusas al señor Senador Pereyra en nombre de quienes deseen sentirse representados por mí, por el hecho de que el Senado no atendió un requerimiento familiar que planteó en el día de ayer y que hoy recordó. Reitero que pensé que habría habido algunas explicaciones, pero parece que no las hubo.

En definitiva, pido a la Mesa que prescinda de someter a votación este tema y que en la conciencia de cada uno de los señores Senadores se llegue a la conclusión que cada uno entienda. Esto no hace avanzar ni retroceder el proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Presidente está aquí para hacer cumplir el Reglamento. Claramente, el señor Senador Pereyra no podía hablar dos veces sobre el mismo tema y en consecuencia no hubo más remedio que interrumpirlo. Hecho el cuestionamiento, no tengo más remedio que ponerlo a votación.

SEÑOR PEREYRA.- Retiro el cuestionamiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- En ese caso, estaríamos en condiciones de continuar con la consideración del tema de fondo.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- A raíz de lo manifestado por el señor Senador Korzeniak, debo decir que en el día de ayer había asumido el compromiso -lo reconozco- de pedir un cuarto intermedio en función de lo que había señalado el señor Senador Pereyra. Quiero aclarar -y me podré equivocar en algún minuto- que alrededor de las 20 y 15 horas consulté al señor Senador Pereyra y me pareció entender -quizás incorrectamente- que la sesión continuaría hasta las 21 horas.

SEÑOR PEREYRA.- Fue lo que me dijo el señor Senador Sanabria.

SEÑOR MILLOR.- No acostumbro a no cumplir las promesas que hago. Simplemente aclaro que asumí un compromiso, consulté al señor Senador Pereyra, quien además tuvo la deferencia de explicarme cuál era el problema concreto, y no pedí el cuarto intermedio por las razones que se me dieron.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Deseo aclarar que hemos hablado toda la tarde y toda la noche entre los distintos
coordinadores, e incluso con el propio señor Senador Pereyra antes de empezar a considerar el artículo que vamos a votar. En ese momento me preguntó si ya íbamos a pedir el cuarto intermedio, puesto que de lo contrario se iba a referir extensamente a esa disposición, tal como sucedió. Todavía no hemos acordado entre los coordinadores, pero pensamos hacerlo en los próximos minutos a fin de determinar a qué hora será el cuarto intermedio y a qué hora comenzaremos a sesionar en el día de mañana.

Por lo tanto, formulo moción para que continúe la sesión y se pase a votar el artículo que ya había sido discutido.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Deseo hacer una precisión, porque aparezco como mintiendo. Antes de la conversación a la que refiere el señor Senador Sanabria -lo que es cierto- me había manifestado que para cumplir con el pedido que yo había hecho, la intención era sesionar hasta las 21 horas. Esa fue la promesa que tuve y a la que me referí en un primer momento.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- En función de las distintas situaciones que se están dando -se nota que el señor Presidente está cansado, más allá de que ha estado muy ágil para convocar a Sala en el momento en que se iba a pasar a votar- y considerando la moción que hizo el señor Senador Sanabria -la que a mi juicio no corresponde, porque si estamos sesionando no puede plantear una moción para que sesionemos- formulo moción en el sentido de que se levante la sesión y continuemos mañana a la hora 15.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- En el día de ayer, cuando di las razones por las cuales hoy debía retirarme temprano, también señalé que no podía concurrir el día viernes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por la señora Senadora Arismendi.

(Se vota:)

-14 en 31. Negativa.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- He votado la moción pura y exclusivamente a título personal porque acostumbro a cumplir los compromisos. En el día de ayer asumí uno públicamente en el sentido de pedir un cuarto intermedio a las 20 horas. En virtud de las aclaraciones que dimos en su momento, no lo hicimos.

Repito que por esas razones he votado la moción presentada. Además, advierto que en lo que a mí concierne, no tengo problemas por la hora de finalización de la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa en discusión el artículo 8º.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quiero formular una pregunta porque, como se sabe, di mi opinión sobre este tema cuando se consideró el artículo 7º.

Hay algo que me parece muy importante desde el punto de vista de la técnica legislativa y de las consecuencias de la aplicación que tendrá este artículo, el que seguramente obtendrá la mayoría. En su redacción se dice: "Durante el plazo de un año los sujetos pasivos del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales creado por el artículo 2º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, no pagarán el mismo cuando los actos y hechos gravados por dicha norma tuvieren por objeto inmuebles rurales que: i) se incorporen al patrimonio de sociedades anónimas con acciones al portador; ii) su superficie a la fecha de promulgación de la Ley Nº 17.124, de 25 de junio de 1999, no superaren el equivalente a 1.000 hectáreas CONEAT 100".

Quisiera saber si estas son exigencias concurrentes u operan por separado. Deseo que lo digan los miembros informantes, porque es algo muy importante. Si no son concurrentes, la desgravación se puede hacer por dos vías y como acá las cosas deben quedar bien claras, deseo que quienes van a sostener una posición afirmativa sobre esto dejen constancia, para la interpretación fidedigna de la ley, de lo que opinan sobre el tema. Si fueran concurrentes, podría agregarse una "y". De lo contrario, la interpretación puede decir que es una o la otra.

SEÑOR PEREYRA.- Le deseo suerte, señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Sin ninguna duda, son acumulativas y si alguien quiere agregar una "y" para que no queden dudas, no tengo inconvenientes.

SEÑOR GARGANO.- Entonces habría que agregar la "y".

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Sin ninguna duda es una conjunción copulativa, señor Presidente, y si se desea incluir una "y" a los efectos de que no queden dudas, por supuesto no tengo ninguna objeción.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Esto significa que si un propietario realiza una venta de una superficie menor a 1.000 hectáreas Indice CONEAT 100 y las acciones no son al portador, no hay exoneración? Si un propietario le vende a otro, en una operación que no sea con acciones al portador sino nominativas, ¿acaso no rige la exoneración? ¿Eso es así? Mi interrogante esta planteada por ese lado, en caso de que las condiciones sean concurrentes.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En ese caso, esa persona sólo puede operar a través del artículo 7º, que dice que si el proyecto de inversión contiene las características que se establecen, podrá obtener una exoneración, pero no la exoneración automática a que refiere el artículo 8º.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 8º.

(Se vota:)

-16 en 30. Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: no voté la moción formulada por la señora Senadora Arismendi porque en el día de mañana no puedo concurrir. Creo que a esta altura podríamos pasar a cuarto intermedio hasta el lunes a la hora que indique el Senado. En ese sentido, pues, hago moción.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Entiendo que todos tenemos nuestros compromisos, señor Presidente. Creo que lo que podría hacer el Senado es continuar mañana. Sabemos que el señor Senador Pereyra no podrá concurrir, porque así lo hizo saber públicamente. Nadie planteó que no hubiera sesión el viernes, el sábado o el domingo y que esperáramos hasta el lunes. Digo, entonces, que como el Senado está convocado y tiene entre manos un tema complejo, hay que movilizarlo. La marcha de esto, aparte de algunas diferencias de criterio, que ya conocemos todos, será la de ir explicitándolas a los efectos de que conste en la versión taquigráfica.

En consecuencia, propongo un cuarto intermedio hasta mañana a la hora 15, para continuar, en principio, hasta terminar el tratamiento del proyecto de ley. En el caso de que se prolongue demasiado, el Senado sabrá el momento de detener la actividad.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Simplemente quiero señalar que apoyo la moción formulada por el señor Senador García Costa, que tiene el mismo sentido que la que planteó la señora Senadora Arismendi.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Solicito un cuarto intermedio de cinco minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.

(Así se hace. Es la hora 23 y 9 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta el cuarto intermedio.

(Es la hora 23 y 21 minutos)

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Formulo moción en el sentido que se realice un nuevo cuarto intermedio, pero éste por quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

La Mesa aclara que va a convocar a Sala a los quince minutos en punto.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace a la hora 23 y 22 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 23 y 32 minutos)

-En consideración el artículo 9º del proyecto de ley.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Si mal no recuerdo, cuando se pasó a cuarto intermedio por cinco minutos, se había planteado una moción de orden que no sé si se votó o si se retiró. Desconozco qué fue lo que sucedió. Creo que si había una moción de orden tiene que ser votada o, en su defecto, retirada.

SEÑOR PEREYRA.- Retiro la moción que presenté, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara que las mociones de los señores Senadores Pereyra y García Costa han sido retiradas.

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9º.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ANTONACCIO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTONACCIO.- Hemos votado con un espíritu muy particular tanto éste como el artículo anterior, porque participamos de ellos en todas sus instancias.

Se trata de un proyecto de productores rurales que ha sido planteado al señor Presidente de la República por parte de la Sociedad Rural de Durazno. Inclusive, en el día de su asunción en esta Casa el señor Presidente hizo referencia a esta iniciativa que nuclea a prácticamente 100.000 hectáreas y que, además, reúne entre 150 y 300 productores que se van a beneficiar de esta iniciativa, permitiendo que en la zona centro del país se produzca un desarrollo en el área de engorde, invernada y de un estilo en la producción de carne con marca propia. Este proyecto de ley le dará, seguramente, un marco jurídico.

Es por eso que queremos manifestar nuestra alegría y dejar la constancia de que hay muchos productores que ven en este tipo de proyecto, la herramienta que les dará posibilidades para desarrollarse.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 10.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: con mucho respeto hacia todos los integrantes del Cuerpo, quiero manifestar que hicimos dos cuartos intermedios y, de acuerdo con lo que me informa el coordinador de nuestra Bancada, el Partido Colorado y el Partido Nacional tomaron resoluciones sin consultarnos ni preguntarnos nada. Creo que tampoco lo han hecho con el Nuevo Espacio. Este es un procedimiento un poco inusual y advierto que si esto va a seguir así todo el tiempo, las cosas no van a andar bien. Aclaro que no estoy dispuesto a acatar lo que se decida inconsultamente en una reunión de integrantes de los Partidos Colorado y Nacional, ya que normalmente nos ponemos de acuerdo para trabajar.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Es verdad que hubo dos cuartos intermedios, pero una vez levantados seguimos trabajando, lo que indica que no hay ninguna moción inconsulta.

Seguramente, de aquí en adelante nos pondremos de acuerdo sobre cuál va a ser el régimen de trabajo y cuándo será el momento de solicitar el cuarto intermedio, en coordinación con todas las Bancadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa reitera que las mociones de orden que habían dado lugar a los cuartos intermedios se habían retirado.

Continúa en consideración el artículo 10.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- En este artículo,...

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Quiero referirme a lo que señaló el señor Senador en el sentido de que este articulado le ha dado un apoyo a los productores rurales.

En su momento había prometido leer la opinión de los productores rurales vertida en la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca -no es más de media página- sobre el proyecto. No sé si se me permite hacerlo por vía de una interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Es una fundamentación de voto con respecto al artículo 9º?

SEÑOR PEREYRA.- Quiero utilizar el mismo procedimiento que el señor Senador Antonaccio.

SEÑOR PRESIDENTE.- El fundamento de voto del señor Senador Antonaccio fue sobre el artículo 9º.

Tiene la palabra el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Quiero ser sincero y muy claro; simplemente, quedé debiendo una opinión que fue vertida en la Comisión.

SEÑOR LARRAÑAGA.- El señor Senador Nin Novoa solicitó el uso de la palabra para referirse al artículo 10. Cuando comienza su intervención, el señor Senador Pereyra le solicita una interrupción, la que le es concedida, por lo que está perfectamente habilitado para hablar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Nadie dijo que no estuviera habilitado; lo que la Mesa procura es que al tratarse el artículo 10, no se haga referencia al 9º.

Por lo tanto, se le está dando la oportunidad al señor Senador Pereyra a que fundamente su voto sobre el artículo 9º, que es lo que corresponde.

Tiene la palabra el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Mi intención era cumplir con la opinión de las entidades rurales sobre el artículo 8º. Como no lo puedo hacer porque estamos considerando el 9º, buscaré el momento oportuno para hacerlo, que quizás sea a través de un pedido de reconsideración del artículo en el día de mañana -aunque ya adelanté que a determinada hora no podré estar presente- o cuando sesione nuevamente el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa en el uso de la palabra el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Con respecto a este artículo 10, a lo largo de la sesión ya expusimos algunos argumentos que motivaron una sustitución del mismo, en el entendido de que se plantea por parte de nuestra Bancada hacer un uso, desde nuestro punto de vista, más racional de esta partida global de U$S 15:000.000 en el año 2000. Esta cifra no es alterada en absoluto, pero sí distribuida de mejor manera para que alcance a un grupo mayor de productores y para que los más pequeños sean los más beneficiados.

Lo que estamos planteando es un sistema de franjas por el que aquellos productores de hasta 100 hectáreas valor CONEAT, serán exonerados por el equivalente al total de la Contribución Inmobiliaria Rural y no solamente con el 25% propuesto por el Poder Ejecutivo. Hoy hicimos referencia a la cantidad de productores que estaban incluidos en esta franja y recuerdo haber dicho que de un total de 54.000 detectados por el censo agropecuario del año 1990, 33.811 productores pertenecían, precisamente, a la franja de entre una y 99 hectáreas. Estos productores ocupan una superficie total de 908.000 hectáreas y, como planteamos exonerarlos del 100% de la Contribución Inmobiliaria, tomando como base el valor promedio CONEAT de U$S 3.62 la hectárea, llegamos a una suma total de U$S 3:290.113.

La segunda franja se establecía para productores que tienen entre 100 y 499 hectáreas, a los que se propone rebajarles el 50% de la Contribución Inmobiliaria Rural que asciende, en este caso, a U$S 1.81 la hectárea. Dado que la superficie ocupada por este estrato de productores es de 3:066.000 hectáreas, llegamos a la suma de U$S 5:549.000.

La tercera franja que comprende a 6.818 productores que van de 500 a 2.499 hectáreas y que ocupan una superficie de 7:247.000 hectáreas, determina una exoneración de la Contribución Inmobiliaria -monto similar al que propone el Poder Ejecutivo- que, en este caso, asciende a U$S 0.90 por hectárea. Esta última franja significaría U$S 6:522.000.

En total, estamos hablando de U$S 15:000.000, por lo que nos parece que no alteramos el monto de la partida global que el Poder Ejecutivo ha propuesto. Si se quiere, esta iniciativa tiene el inconveniente de que partimos del supuesto de que la justicia no es tratar a todos por igual. Sin embargo, entre los dos males optamos por el menor, es decir, que quede la menor cantidad posible de productores fuera del beneficio y, en este caso serían solamente 1.099 propietarios de superficies mayores a las 2.500 hectáreas.

La propuesta contenida en el sustitutivo presentado por los señores Senadores permite que el Poder Ejecutivo emita certificados de crédito tributario por el monto equivalente a los U$S 15:000.000 y que, a esos efectos, los titulares que no sean propietarios de los padrones que explotan, podrán endosarlos para descontarlos del arrendamiento que están pagando. Nos parece que ésta es una medida más razonable que no altera en absoluto la partida global y que abarca a gran parte de los productores rurales de este país, salvo a 1.099 propietarios de las de mayores extensiones. Sin duda, de este modo convertimos a esta medida en un beneficio para muchos productores ya que, de la otra manera, para un gran número de pequeños productores, la propuesta del Poder Ejecutivo puede resultar insuficiente. Nos parece innecesario repetir las cifras por lo que, en definitiva, estamos proponiendo este sustitutivo que creemos contribuye para que este esfuerzo que el país va a hacer se distribuya en forma equitativa entre todos los productores rurales.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- No quiero ser una especie de custodio equivocado de la Constitución, pero noto que en el Frente Amplio faltó la participación del señor Senador Korzeniak. En este artículo que está emitiendo deuda pública olvida el artículo 85 de la Constitución, que determina que le compete a la Asamblea General "autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la deuda pública nacional, consolidarla, designar sus garantías, reglamentar el crédito público, etcétera".

En consecuencia, el arbitrio encontrado no funciona, porque no hay Mensaje del Poder Ejecutivo para emitir esta documentación que es una típica deuda, a grado tal que algunos de los incisos -que no voy a detallar para no hacer perder tiempo al Senado- autorizan traspasar entre uno y otro de los interesados. Es decir que no es una deuda siquiera nominativa, sino, como sucede habitualmente, al portador.

Por tanto, la iniciativa no reviste posibilidad alguna. No sé cómo se sustituirá, pero seguramente se encontrará la manera de hacerlo.

En segundo lugar, se parte de la base -y no vamos a entrar en una discusión que todos conocemos, que data de mucho tiempo en el país y que es normal también a los sectores agropecuarios de las demás naciones- de que la superficie determina el volumen financiero de la explotación. Esto quiere decir que a menor superficie se consolida una inferior posición financiera y que, a mayor superficie, hay mayor riqueza. Todos los que integran este Senado saben que ello es absolutamente inexacto. Basta salir con este artículo caminando entre las viñas que están aquí cerca en Montevideo y Canelones, para encontrarnos con miles de hectáreas que de pronto son padrones de nada más que 20, 30 ó 40 hectáreas, en las que la Contribución es una parte tan ínfima del costo que a nadie le concierne y, además, vale más ese predio en explotación que una estancia que suena "muy grande", de 2.000 ó 3.000 hectáreas.

Obviamente no vamos a hacer una encuesta nacional, predio por predio, para saber con exactitud quién es el que necesita el beneficio y quién no. El sistema utilizado en el artículo 10 que envía la Comisión, damos por descontado que no es perfecto, pero es el mejor que se pudo encontrar, el más ágil, el más inmediato y el que puede llevar, por lo menos, un poco de tranquilidad a los afectados, aunque ésta no sea en una cantidad que vaya a cambiar drásticamente las finanzas del productor.

Finalmente, señor Presidente, lo que se está planteando en el artículo 10 no es castigar a la gente porque el país necesite fondos para enfrentar una situación trágica, sino que lo que se está tratando es que los productores rurales que han padecido una serie de penurias, derivadas particularmente del clima y de otros aspectos, incluso de carácter financiero internacional, reciban alguna proporción de ayuda. Que yo sepa, señor Presidente, no hubo seca sólo en las pequeñas extensiones, sino también en las medianas y en las grandes. Inclusive, en las pequeñas extensiones dedicadas al cultivo intensivo, la lluvia es una necesidad, pero es relativamente fácil de sustituir, cosa que no se puede hacer en extensiones de otro volumen.

Por todo esto, señor Presidente, me inclino por votar el artículo tal como viene de la Comisión y no aprobar como sustitutivo el que nos propone el Frente Amplio, que tiene, a mi juicio, defectos que veremos si alguien encuentra la manera de cambiarlos; nosotros no lo vamos a hacer.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: en la propuesta de aditivos que nuestra Bancada ha presentado hay dos puntos. Uno de ellos -que me parece que es el sustancial y que supongo que no merecerá objeciones de inconstitucionalidad- tiene que ver con el tema de que esta rebaja no se aplique indiscriminadamente a todos, sino que se lo haga según un principio no sólo de justicia tributaria, sino también de técnica tributaria, buscando que la capacidad contributiva sea la que determine el monto de los impuestos o de los beneficios de esos impuestos. Concretamente, lo que se quiere es beneficiar más al más desvalido y menos o nada a quien no lo sea. Por supuesto, la determinación de si una persona es desvalida o no, sigue criterios generales, aunque puede haber casos particulares -que son a los que se refería el señor Senador García Costa- que no respondan a esa presunción legal. Es claro que cuando una persona vende un bien que vale U$S 100:000.000, deberá pagar un impuesto alto por esa venta; de pronto, por otro lado debe más de U$S 100:000.000, y se trata de una persona con patrimonio pasivo, porque debe U$S 200:000.000 y tiene un bien de U$S 100:000.000. De manera que es claro que siempre puede haber situaciones en las cuales lo que la ley presume como pautas generales, en la práctica puede no ser así. También puede darse el caso de una persona que tenga miles y miles de hectáreas de campo pero, a su vez, deba una cantidad enorme de millones o tenga 50 familiares enfermos a los que tiene que atender, con un costo muy alto de medicamentos. En ese caso en particular, no se da la justicia tributaria. Sin embargo, lo que este artículo pretende es que no haya pequeños productores que tengan por mes una especie de rebaja de aproximadamente $ 100 -con lo que no les daría ni para el tabaco- mientras a los grandes se les otorga una rebaja importante.

He leído algunos cálculos -confieso que no los he corroborado- de los que se desprende que algunos productores, con un promedio de muchas hectáreas, podrían llegar a tener $ 15.000 mensuales de beneficio tributario en virtud de este artículo. Esto me parece algo más que una injusticia, creo que es una barbaridad.

Entonces, considero que este es el punto básico y central: ¿el Senado está de acuerdo con que este alivio se reparta de esa forma tan inverosímil e injusta, o preferiría una fórmula que, sin superar el monto que el Estado sacrifica para ese alivio tributario -el monto sería el mismo que viene propuesto- logre un reparto más equitativo? Repito que este es el punto fundamental.

El señor Senador García Costa ha hecho una objeción de inconstitucionalidad. Dice que la emisión de certificados fiscales de crédito tributario es inconstitucional porque la asimila al concepto de deuda pública, haciéndola ingresar al artículo 85. Debo confesar que esto puede ser discutible, porque el concepto de deuda pública puede abarcar situaciones como ésta. Ahora bien; conozco varias Intendencias, por lo menos seis -y aquí hay varios señores Senadores que, incluso, son Intendentes y pueden corroborar esto- que emiten certificados de crédito fiscal. En algunas de ellas, cuando la persona paga la contribución o la patente, le hacen una especie de descuento y se lo anotan para cuando pague la próxima contribución inmobiliaria. Eso es exactamente un certificado de crédito fiscal que, además, es transferible. Aclaro que en Rocha es así. ¿Cómo funciona esto? Hay personas que pagan, por ejemplo, patente de rodados, pero no tienen otro impuesto para pagar. Entonces, el crédito fiscal que le anotan no lo pueden utilizar, por lo que las Intendencias les dan autorización para cederlos a terceros. Desde luego que lo que dice la Constitución es que los gobiernos departamentales, para emitir deuda pública o para contraer préstamos internacionales, necesitan nada menos que autorización legislativa nacional y, personalmente, no sé de ningún gobierno departamental que haya solicitado esa autorización. Este sistema lo utilizan habitualmente para incentivar a las personas a pagar los impuestos municipales; le hacen cierto descuento -se lo anotan en un papel- y en lugar de darle el dinero, la persona queda con un crédito fiscal que después descuenta.

SEÑOR GARCIA COSTA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: personalmente, me vale la palabra del señor Senador Korzeniak; seguramente eso se hace en muchas Intendencias. Pero la diferencia con la emisión propuesta en el artículo sustitutivo es radical. Este dice que el Poder Ejecutivo emitirá certificados de crédito tributario a favor de titulares, hasta por un monto equivalente a U$S 15:000.000, y después determina cómo se trasmite. Lo que el señor Senador Korzeniak nos acerca es un ejemplo que señala un error que comete la Intendencia que hace eso. Sin embargo, me parece que esa Intendencia está lejos -ya sea la de Rocha o las otras que lo hacen- de emitir títulos de deuda municipal. Lo que hacen es, simplemente, ponerle al señor Guillermo García, por ejemplo, un papelito donde se le anota que si pagó de más tiene un beneficio; pero de ahí a la emisión de deuda en la forma en que está referida, me parece que hay una diferencia que debemos tratar de no traspapelar de esa forma.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Por una razón física, no puedo traspapelar mis conocimientos, pues ello requeriría papeles; yo razono, aunque puedo equivocarme.

Quería señalar, señor Presidente, que desde el punto de vista jurídico es exactamente la misma situación jurídica.

Los municipios emiten unos papeles y se los entregan a determinadas personas. ¿Hasta qué monto? Hasta el que está determinado por el total de los impuestos que tienen que cobrar. Esto es claro.

Quiero decir que no soy "chicanero" en Derecho y no opino sobre la Constitución de acuerdo con las conveniencias que tenga desde el punto de vista político o las ideas que esté sosteniendo. Más de una vez he dicho que admitía que era inconstitucional; lo he hecho y he dado las razones por las cuales igualmente lo he votado. Las voy a repetir brevemente, lo que no quiere decir que esté reconociendo en este caso que sea inconstitucional, ya que es discutible y voy a explicar por qué.

Más de una vez he votado artículos sin iniciativa del Poder Ejecutivo y he dicho que era inconstitucional, pero que los votaba por dos razones. La primera está en el decálogo del abogado, del maestro Couture, cuando dice: el Derecho es un instrumento para la justicia, pero cuando encuentres una contradicción entre el Derecho y la justicia, opta por la justicia. La segunda razón que en esos casos mediaba -y que en este podría decirse que no, porque habría más de 1.000 productores que a lo mejor tendrían un interés directo, personal y legítimo en plantear una inconstitucionalidad- era la inconstitucionalidad formal. Más de una vez he dicho que si bien había una inconstitucionalidad formal, igualmente votaba porque entendía que no hacerlo era de una flagrante injusticia y no conocía alguien que tuviera interés directo, personal y legítimo en plantear la inconstitucionalidad. En este caso, el segundo argumento no lo puedo manejar porque habría mil y pico de personas que a lo mejor piensan que les conviene más este artículo y que el otro es inconstitucional.

Cuando razono sobre la Constitución, por una cuestión de responsabilidad conmigo mismo no "chicaneo", no hago ejercicios ni gimnasia de inconstitucionalidad. Cabe destacar que en un congreso internacional realizado en la Universidad Central de Chile -donde intervinieron personas de todas partes del mundo- se pudo comprobar que el Uruguay es el país del mundo donde se plantean más cuestiones de inconstitucionalidad.

Digo que el concepto de deuda pública no es fácil de determinar y muchos autores lo distinguen del concepto de deuda dispersa en los cursos de finanzas. Dicen que la deuda pública se emite sin saber quiénes son sus tomadores. Si no me equivoco, este es un concepto vertido por Valdés Costa. ¿Qué se hace? Se ponen a la venta los títulos de deuda -como hace el Banco Central- y no se sabe quién va a ser el tomador. Por ello se llama deuda pública o empréstito público. Algunos los distinguen y otros no, porque dicen que deuda pública es toda aquella que tiene un organismo del Estado. En esa hipótesis, que también es una doctrina, entonces sí entraría el problema que plantea el señor Senador García Costa.

Pienso que el tema no da para esto. Creo que el Senado tiene ante sí una opción de fondo porque si alguien considera este procedimiento como deuda pública pero admite que es mucho más justo el artículo que plantea nuestra Bancada, entonces se le buscaría otra fórmula que no fuera la expedición de los certificados. En ese sentido no tendría ningún problema. Por lo que interpreto, la expedición de los certificados, tal como se me explicó, era simplemente para el caso del arrendatario, para solucionar esa posibilidad. Entonces, el tema que está en consideración no es ese y el artículo verdaderamente sustitutivo no es el instrumental, sino el que dice que no le vamos a rebajar lo mismo al gran productor que al pequeñísimo productor, porque este último necesita mayor protección por estar en una situación más angustiante. Este es el tema sobre el que debe optar el Senado, y si hay acuerdo, busquemos en cinco minutos una solución a través de la cual eliminemos esto que el señor Senador García Costa, fundado en una definición de deuda pública, dice que lo es. El fondo del asunto, al que no hay que sacarle el cuerpo, es determinar concretamente si se quiere que haya productores angustiados a los cuales se les va a hacer una rebaja de alrededor de $ 100 por mes y otros grandes productores a los que se les hará una rebaja de $ 15.000 mensuales. Si es eso lo que se desea, que la mayoría que propone realizar un cuarto intermedio sin consultar al partido mayoritario -salvo que la coalición sea un partido, en cuyo caso comienzo a reconocer que la mayoría la tiene la coalición- lo decida. De lo contrario, habría que apoyar este artículo que yo no considero injusto.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- No quiero ingresar en el debate jurídico de fondo -lo dejo en manos de los señores Senadores que han intervenido anteriormente- pero sí deseo hacer notar que, en todo caso, el numeral 6°) del artículo 85 habla de "Autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Deuda Pública Nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el crédito público". Lo que propone nuestra Bancada, habitualmente lo hace la Dirección General Impositiva. Es una práctica muy frecuentada: emite certificados de créditos donde el acreedor es el Estado, el deudor es un particular y se le permite asignar una parte de los recursos que vuelca a otros destinos. Esos son certificados de crédito. En todo caso, con esta propuesta nos estamos refiriendo a lo inverso de lo que sucede en la deuda pública habitual del Estado. No es que se emitan papeles para captar recursos y el acreedor es el particular que compra esos papeles y vierte los recursos, y el deudor es el Estado, sino que aquí el Estado emite papeles que tienen poder cancelatorio de las deudas de los particulares -en este caso los que tienen que pagar la Contribución Inmobiliaria Rural- con el Estado. O sea que es exactamente lo inverso. No creo -y esto se los dejo a los expertos- que este tema esté abarcado en este numeral.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Las razones que acaba de esgrimir el señor Senador Rubio refuerzan enormemente la postura de que acá no hay emisión de deuda pública. La posición de deudor y de acreedor se invierte, como él lo acaba de explicar.

De todos modos, insisto que en este artículo el debate de fondo es otro y vuelvo a repetir la pregunta de si acá se quiere que esta rebaja tributaria beneficie con alrededor de $ 100 por mes a los pequeños productores y con $ 15.000 mensuales a los grandes. Si es eso lo que se desea, pues que se vote así. De la otra manera, está el texto sustitutivo propuesto, que me parece más justo. No quiero cansar al Senado, pero repito que este es el tema de fondo y creo que el otro es una especie de gimnasia jurídica constitucional, también sostenible.

Era eso cuanto tenía que decir.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: va a hablar un "chicanero", "cicatero".

SEÑOR KORZENIAK.- No dije eso.

SEÑOR GARCIA COSTA.- No, yo soy eso; usted no. ¡Por favor, señor Senador! Estoy hablando de lo que usted me involucra. Es decir, la mención del tema constitucional me transforma "ipso facto" en una especie de chicanero constitucionalista que recurre a esas argucias. Pero a renglón seguido se dice que de cualquier manera alguna razón puedo tener, porque la verdad es que hay escuelas, tratadistas o personas que saben -no yo, naturalmente- que coinciden con mi tesis. Pero entonces, no era tanta la chicana y parece que hay alguien por ahí que coincide con mi tesis. A renglón seguido se dice que, en definitiva, el problema no es ese texto, sacamos esa parte del artículo propuesto y se busca otra salida.

Al respecto, recuerdo que yo ya había sugerido que se propusiese alguna salida que abarcase este aspecto. Más adelante, el señor Senador Rubio se refirió al tema y trajo algunas aspiraciones, reiterando la constitucionalidad de la propuesta. Entonces, el señor Senador Korzeniak, que el sí no es chicanero, sino un verdadero tratadista, nos dice: "La verdad es que ahora el señor Senador Rubio me ha empezado a convencer de que no es tan mala la interpretación de constitucionalidad que ha hecho la Bancada del proyecto".

Personalmente, seré chicanero, pero en la noche de hoy -y lo digo con los debidos respetos- he tenido un buen maestro en materia de chicanas; no tengo más remedio que aceptarlo.

En cuanto a la segunda parte del artículo sustitutivo propuesto, señalé cuáles son las razones que me llevan a no apoyarlo. Parecería, a juzgar por su texto, que ha llovido para los chicos y no para los grandes. Tengamos presente que este no es un proyecto que procura recursos para el Estado; este es un proyecto que busca salvar a la gente que tiene dificultades, y nadie puede pretender que en los predios chicos llovió y no lo hizo en los grandes. Asimismo, nadie ha demostrado tampoco que los predios chicos en tamaño no tienen capacidad financiera de pago, sino que todo estaría exclusivamente en relación y en función, como en los tiempos de "tata y mama", de las hectáreas que se posee. Esta ley refiere a otra cosa, a la realidad actual del país en la agropecuaria. Habrá argumentos mejores que los que han llevado a introducir esta propuesta, que dejamos para que la considere el Senado.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: yo dije que no era chicanero. Incluso, expliqué que más de una vez no había votado proyectos, a sabiendas de que eran constitucionales, explicando las razones por las que no los había votado. Yo no dije que el señor Senador García Costa fuera chicanero; él fue quien dijo que lo era. Entonces, con el mismo buen humor que él tiene, expreso que acá no se desmiente a nadie.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Quiero decir que no voy a entrar en disquisiciones jurídicas ni a incursionar sobre los detalles del artículo o de la propuesta que realizáramos.

Antes que nada, expreso que lo que estamos discutiendo es la situación del país productivo, de los productores. Efectivamente, hubo problemas de sequía y ahora los hay de inundaciones. Antes, también hubo inundaciones y en este Senado tuvimos dificultades y discusiones cuando quisimos resolver el problema, ahí sí, por medio de un Fondo de Catástrofes votado en el Presupuesto. Algún señor Senador, el otro día en Comisión, naturalmente fuera de la versión taquigráfica, me dijo qué hicieron algunas Intendencias con los dineros que se les dio para socorrer a la gente en aquel momento que, reitero, tenía problemas no por la sequía, sino por las inundaciones.

Acá estamos discutiendo sobre qué soluciones vamos a dar, sobre qué parches vamos a poner, porque no me engaño sobre el hecho de que estos son solamente parches. Personalmente, soy partidaria de los parches, si ellos benefician a la gente. Quiero cambiar el mundo y también el país. Entonces, como quiero hacerlo, también apruebo y participo de todas las iniciativas que den un pasito en beneficio de la gente. Ahora bien; en este momento, ¿qué estamos discutiendo también? Estamos discutiendo qué actitud adopta el Poder Ejecutivo y qué actitud adopta la coalición de Gobierno. Dicha actitud se expresa acá, en este artículo, en el cuarto intermedio, en el tratamiento del proyecto, etcétera. Se expresa, peligrosamente, en actitudes que van más allá de los relacionamientos políticos e incluyen relacionamientos humanos. Teníamos interés en que el beneficio de este artículo se repartiera más justamente. Tal vez no justamente, porque no va a ser justa la salida que encontremos, sino un poquito más justa. Teníamos esa preocupación y también el deseo de trabajar y de encontrar caminos. Pensamos mucho, con las herramientas de que disponemos y con las que tiene el país, sobre qué hacer para establecer beneficios de una manera más justa. Es verdad lo que se dice acá de que la gente paga la contribución inmobiliaria rural por padrón; también es verdad que, a partir de los proyectos que vamos votando, incluyendo este que tenemos a estudio, cada vez se va a saber menos quién es el dueño de la tierra, a quién hay que beneficiar, o sea, al que trabaja, al que produce y que es el que realmente está preocupado por el desarrollo personal y del país. Reitero que cada vez se va a saber menos, que cada vez las cosas van a ser más clandestinas y más difícil saber cómo y a quién beneficiamos. Tengo claro que no se trata de un problema de superficie y quisiera que alguien me explique qué medidas se toman en este país, qué pasitos pequeños se dan para saber, realmente, de acuerdo con el tamaño, la producción y el tipo de suelo, quiénes son los que deben beneficiarse, más que otros, con las exoneraciones o con las rebajas. Pienso que podríamos haber hecho una cosa más compleja, como idealmente nos propusimos en la Bancada del Frente. Al respecto, habíamos propuesto estudiar el tamaño del predio y el tipo de producción. También entendimos, porque trabajamos en serio, que eso era absolutamente imposible de implementar, dada la realidad actual del país, ya que sería imposible obtener esos datos, salvo que quisiéramos hacer demagogia y dijéramos, por ejemplo, que a tantas hectáreas, se otorgarán tales beneficios, de acuerdo con el rubro de que se trate. Eso, aun si nos lo propusiéramos hacer, no es una medida de urgencia, que es lo que realmente se necesita. Incluso, si eso se hubiera aceptado, hubiese necesitado un tiempo de instrumentación, de estudio, que inhabilitaría tomar una medida urgente que es, reitero, lo que se precisa.

Se dice que la culpa de lo que pasa la tiene la sequía, las inundaciones, la crisis del Brasil, etcétera. En realidad, la culpa la tiene el hecho de que acá no hay una política que promueva la producción del país. Ante esta realidad, ¿cuál es la actitud que tiene el Poder Ejecutivo? Personalmente, puedo estar de acuerdo -con toda mi falta de conocimiento sobre los aspectos jurídicos- con algo que necesite iniciativa del Poder Ejecutivo, la que se debe contemplar, porque la Constitución lo manda; por supuesto que sí. Ahora bien; la iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿significa que porque lo manda dicho Poder, lo que tienen que hacer los representantes de éste en el Parlamento es tomar eso, levantar la mano y a otra cosa, aunque se trate de disparates? Y no lo digo por este artículo. Todo eso, en definitiva, va en detrimento de la función del Parlamento y de su representatividad, sobre todo aquello a que hacían referencia hace un rato algunos señores Senadores sobre cómo ve la opinión pública y sobre cómo siente la gente lo que sucede en esta Casa. Estuvimos así durante cinco años, pero ahora es peor. Ya en la Comisión dijimos que es necesario buscar caminos que beneficien de manera despareja, porque la realidad de la gente, de los productores, es despareja; porque la contribución inmobiliaria se paga por el padrón. Si soy dueño de la tierra, pago por el padrón, aunque el que trabaje y se sacrifique no se beneficie con esta rebaja. Todos sabemos que ese trabajador no se va a beneficiar. Entonces, me pregunto si es posible encontrar un camino rápido para discriminar, de manera de beneficiar a los que producen y trabajan o, dado que el artículo vino así del Poder Ejecutivo, así se vota. ¿Cuál es la actitud que tiene la coalición de Gobierno?

Creo, porque los datos me lo dicen, que es un mal camino contestar a iniciativas con las que se puede estar en desacuerdo o que no es posible instrumentarlas en determinado momento. Sin embargo, lo que está mal, lo que no hace bien al Parlamento, a la realidad uruguaya, a eso que le llaman "sistema político", es que se permanezca indiferente, en definitiva, ante propuestas que buscan caminos como, por ejemplo, un aditivo propuesto por el señor Senador Michelini, que estuvo sobre la Mesa y respecto al cual decíamos que había que incursionar por ese lado, porque se podía determinar quién estaba trabajando la tierra y quién no. Entonces, ¿por qué no se trata de buscar ese camino y de conversar al respecto? ¿O acaso venimos, contra viento y marea, de madrugada, sin tener en cuenta la opinión de nadie, diciendo "¡adelante con los faroles!" ¿Esa es la actitud que va a tener el Poder Ejecutivo y la que van a asumir sus representantes en el Parlamento? Tomamos nota, señor Presidente. Y lo vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos discutiendo algo, como muy bien decía recién el señor Senador García Costa, para perjudicar a la gente, o para ver cuál es el mejor camino para beneficiar a quienes queremos ayudar, incluso sin discutir por qué están en esa situación? Podríamos entrar a discutir por qué están en esa situación y quién es el responsable de ello. Que no me digan que ello obedece a la falta de agua o ahora a su abundancia, porque eso viene "tras de cuernos, palos"; tras una política económica, sequía; tras una política económica, agua, y la gente es la que siempre se embroma. Esa es la discusión. ¿Hay voluntad para encontrar soluciones? Parece que no. Da la impresión de que hay voluntad para venir y decir "vótese, y si no le gusta a algunos representantes, a algunos Legisladores, paciencia". Esto atraviesa el proyecto de ley, como lo decíamos durante la discusión en general.

Entonces, pienso que si se va a seguir por este camino, no solucionaremos el problema de la gente. Por lo tanto, cuando vengan los resultados -porque luego ellos aparecen- veremos de qué manera se está beneficiando realmente al agro, a la agropecuaria. ¿No sería hora de emprender ese análisis que no hemos hecho y del que hablaba el señor Senador García Costa, o como señalaba el señor Senador Heber, para empezar a discriminar en función de determinado tipo de suelo y producción?

Las Intendencias Municipales lo saben. Por ejemplo, la Comuna de Montevideo, sin que fuera necesario ningún "decretazo", rebajó, en algunos casos el 50% y, en otros, el 75% de la contribución inmobiliaria en la parte de Montevideo rural. Por lo tanto, en las Intendencias Municipales, sobre todo de departamentos pequeños, con más razón puede hacerse. ¡Me van a decir señores ex Intendentes Municipales, futuros Intendentes Municipales o reelectos Intendentes Municipales que no saben -sería espantoso que no lo supieran- quiénes son los dueños de la tierra, quiénes producen y en qué tipo de suelo! Si no lo saben, averigüen y empiecen a trabajar de manera de atender los problemas de la gente. Lo que sucede es que después, señor Senador Malaquina, se va a las asambleas cuando a los productores se les vuelan los invernaderos y se los escucha; lo mismo ocurre cuando se vuelan los ranchos. También podemos hablar de estas cosas.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ARISMENDI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: la señora Senadora Arismendi nos ha hecho tantas alusiones a lo que venimos señalando, que quiero decirle con mucho respeto y cariño que no hay que buscarle tantas vueltas a la cosa. Se trata de un esfuerzo de U$S 15:000.000 que hace el Gobierno en función de una idea del propio señor Presidente -lamentablemente no fue una idea nuestra- respondiendo a un compromiso de campaña electoral que había anunciado; nosotros planteábamos otro tipo de exoneraciones.

Reitero que se trata de U$S 15:000.000 que deben ser bienvenidos. Se me dirá que puede haber otra idea mejor, pero yo recuerdo que estamos tratando un proyecto de ley de urgencia y vamos a tener otra instancia para escuchar otras ideas mejores cuando estudiemos la ley de Presupuesto, ya que contaremos con 45 días para su discusión.

Además se anuncia -no sé si la señora Senadora se habrá fijado en la Exposición de Motivos- que este es el inicio de una serie de pasos que van en la dirección de aflojar la presión tributaria en donde ha crecido más. De todos los impuestos, la Contribución Inmobiliaria Rural fue para la empresa rural uno de los impuestos que más ha crecido. ¡Qué no me vengan con el ejemplo de Montevideo! Lo digo con todo respeto, pero lo cierto es que no significa nada el aporte de la Contribución Inmobiliaria Rural para Montevideo. Sin embargo, para los productores sí es muy importante y bienvenido, por encima de si cumple con todas las normas como se hizo en esa exoneración. Si yo fuera Intendente Municipal de Montevideo exoneraría, no el 50%, sino el 100%. ¿Por qué no llegamos al 100%, si podemos aflojar la cincha, a productores rurales granjeros y chacareros, que no tienen capacidad de pago? Digo esto, máxime teniendo en cuenta que el principal ingreso de la Intendencia Municipal no es ese. Hay otras que viven del ingreso de la Contribución Inmobiliaria Rural.

Entonces, no creo que sean situaciones comparables. Aclaro que, en mi concepto, está muy bien lo que ha hecho la Intendencia Municipal de Montevideo, pero podría ser mejor, del mismo modo que también podría serlo este artículo otorgando una exoneración más generosa para que más productores no tuvieran que pagar nada de Contribución Inmobiliaria Rural y, de ese modo, pudieran crecer y generar más rentabilidad. Decimos esto, teniendo en cuenta que son muy pequeños porque, en la mayoría de los casos, son productores de 10, 15 ó 20 hectáreas, sobre todo en la zona de Canelones.

Por esas razones, creo que ha llegado el momento de votar. El Frente Amplio entiende que puede haber un instrumento mejor. Dado que no es la única rebaja que anuncia el Poder Ejecutivo, pienso que deberíamos estudiar el tema con tiempo en la instancia presupuestal. Pero ahora debemos votar este asunto de una vez por todas, porque es bienvenido. ¿O no se quiere dar esta rebaja? ¿Acaso se cree que hay que contemplar a los arrendatarios en la Contribución Inmobiliaria? Considero que no; sí en otra cosa, pues ellos no pagan Contribución Inmobiliaria. Entonces, busquemos otro mecanismo que pueda contemplar el equilibrio entre el propietario y el arrendatario, pero hoy no es el momento de hacerlo, en la medida en que es un compromiso electoral del señor Presidente de la República, que respeto mucho, al igual que los de ustedes y los nuestros. En función de ello, estamos dispuestos a votárselo. Sin duda que puede haber medidas mejores; estudiaremos si son más equitativas o no, pero no en esta instancia, porque de lo que se trata en este momento es de U$S 15:000.000 que, repito, son muy bienvenidos en el sector que más creció en impuestos. Precisamente, en la empresa agropecuaria los impuestos municipales son los que han crecido más en los últimos diez años.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Arismendi.

SEÑOR MALAQUINA.- ¿Me permite, para contestar una alusión?

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: en la versión taquigráfica los tonos no suenan. Digo esto, porque el señor Senador Heber señala "son U$S 15:000.000". Si hubiéramos hecho una propuesta que tuviera que ver con U$S 10:000.000, eso se hubiera enfatizado diciendo "¡¡U$S 10:000.000!!" Sin duda, las cifras cambian según la tonalidad empleada.

Quiero recordar que lo que estamos discutiendo es otra cosa. Con respecto a los compromisos electorales que se hayan hecho con el señor Presidente de la República, me parece perfecto que se cumplan, y por eso decíamos en la discusión general que esperábamos que se cumplieran los que figuran en el librito azul, pero nosotros no estamos involucrados ni hicimos compromiso electoral alguno con el señor Presidente de la República -como es público y notorio- pero sí tenemos un compromiso, no electoral, aunque sí asumido -y lo seguiremos respetando- con la gente y con todo aquel que realmente encuentre necesario apoyo para solucionar su vida y la situación en que se encuentra.

De todos modos, el problema fundamental surge a raíz de la pregunta que hacía al comienzo. ¿Vamos a trabajar tratando de buscar soluciones mejores o peores? En todo caso, si para Montevideo se tienen iniciativas que mejoren la gestión, bienvenidas sean, para eso están abiertas las Juntas Locales con participación de todos los partidos y los Concejos Vecinales.

Sin embargo, si nosotros queremos plantear iniciativas aquí el problema es que esto vino así y se vota así porque blancos y colorados hicieron un compromiso electoral y ahora tienen que votar, por lo cual no se admiten propuestas ni discusiones en el mismo sentido de beneficiar qué plantea el artículo que estamos discutiendo.

En consecuencia, creo que ese es el tema y sería muy malo para el país que se continúe por este camino.

A veces, en estas jornadas largas hasta podemos llegar a reírnos y hacer bromas, pero en realidad no debería ser así, señor Presidente, porque, entre otras cosas, a la gente -y nosotros también somos parte de ella- no se la puede correr con el poncho, ya que cuando esto se hace los resultados siempre son malos, y en primer lugar para el que agita el poncho.

SEÑOR MALAQUINA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALAQUINA.- Señor Presidente: con el mayor de los respetos, no le permito a la señora Senadora Arismendi que me venga a dictar cátedra de democracia y respeto, porque pertenezco a un partido que toda la vida respetó los derechos, la libertad y la democracia. No sé si ella pertenece a un partido que puede decir lo mismo.

(Interrupción de la señora Senadora Arismendi)

-Por otro lado, quiero decirle -la escuché en silencio y no dije nada- que me extraña que una Senadora de la República no sepa que en la contribución inmobiliaria rural se identifican los bienes por el padrón y no por el nombre del propietario. En Salto debe haber aproximadamente cuarenta mil o cincuenta mil padrones, por lo que es imposible que yo sepa el nombre de cada uno de los propietarios.

(Interrupción de la señora Senadora Arismendi)

-No es así, señora Senadora, perdóneme.

Por otra parte, esta es una medida que beneficia a la gran mayoría de los productores rurales, y si circunstancialmente no podemos contemplar un cien por ciento, no le quede duda de que estamos contemplando al noventa y cinco por ciento, y eso me sirve antes que no hacer nada.

Era cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: existe información. Cuando nosotros pensamos en este problema -teniendo en cuenta las afirmaciones de algún señor Senador- vemos que evidentemente la superficie no da una idea global y sabemos que tenemos enormes dificultades. Probablemente 20 hectáreas de viña a unos U$S 14 o U$S 15 por hectárea reconvertida, pueden dar un nivel de ingreso bastante superior o muy superior al que logra gente que está trabajando 500 hectáreas de campo duro en el Norte con ovejas. Eso no admite discusión. No todo lo chico es pobre, ni todo lo grande es tan grande.

Sin embargo yo quiero llamar la atención sobre un aspecto. El grueso de los pequeños, la verdadera línea de pobreza del Uruguay rural, lo compone un núcleo de 18.000 ó 20.000 productores que incluso están mapeados en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, aunque esa información está poco difundida. La mayor concurrencia de esos pequeños productores, contra lo que la gente en general piensa que son pequeños y pobres, es un mapa movedizo que va desde La Guayuvirá, en la frontera de Artigas, y se extiende como una lengua, terminando en el Valle del Aiguá. Allí está la mayor concentración y son esencialmente pequeños ganaderos. La gente cree que pequeños y pobres son los que están en Canelones, es cierto, pero la mayor parte está en ese interior profundo.

Se trata de ganaderos ligados al proceso pecuario y la verdadera medida no sería por hectárea sino por ingreso. Están por debajo de la línea de pobreza. Es gente que no tiene tres mil dólares por año, y la realidad puede ser muy distinta, porque alguno puede ser un hombre que tenga 50 hectáreas, por ejemplo, un tambero de San José, y el otro puede ser un ovejero de los campos duros, con 400 hectáreas. Es muy difícil precisar esto. Es evidente que actuamos con aproximación, pero aquí, ¿qué criterio se trató de implementar?

Hace tres largos años, un paisano colorado, en el departamento de Cerro Largo, me hizo la siguiente afirmación: "Mire, la primera medida para defender a la gente que está apretada y chica por la pobreza en el campo es sacarle los impuestos". Yo me vine para Montevideo, para la gran ciudad, y agarré un lápiz para ver cuánto valía eso. Llegué a la conclusión de que serían unos U$S 20:000.000 de pérdidas. Frente a esto tenemos que poner ese dato. La idea podría ser "no te cobro nada por quedarte donde estás". En Europa tratan de pagarles para que se queden en
el campo.

Por otro lado, un señor, dueño de un canal de televisión de Montevideo, al escucharme discutir en un programa en el que afirmé que el Estado iba a perder U$S 18:000.000 o U$S 20:000.000 por este concepto, me llamó y me dijo: "No diga que se pierde. Se gana.", porque cada paisano que dispara para el pueblo nos termina costando de promedio U$S 40.000 o más: por su nueva casa, por la extensión del alumbrado, etcétera. Me refiero a todo eso que saben las Intendencias. Es decir, empezar a ganar reteniéndolos. Este es un problema. Se nos anunció que va a venir un nuevo sistema tributario para el agro, pero cada nuevo gobierno que asume llega con un nuevo sistema tributario. Es casi una constante.

Por una cuestión de ingresos y de conveniencia nacional, este es un problema que hay que considerar. Después esto se transformó en un punto de programa, después de haberlo discutido. ¡Negocio para el país; flor de negocio no cobrarles! Hay otros factores en esto, y es lo que nosotros queremos mencionar. Lo dije ayer: en el mundo entero el campo se despuebla, pero no es tan así.

La producción lechera más eficiente y la de corderos de exportación que existen en el mundo son de franco tono familiar y están en Nueva Zelanda. Aquí, ellos han hecho una cultura. No son gigantescas sociedades. El tambo promedio típico tiene 150 hectáreas pipí cucú, de buena rentabilidad para un país de altos ingresos. Pero no son 500, 1.000 ó 5.000. ¿Por qué? Porque hay un tipo de hombre que se ha cuidado y al que después se le ha metido encima todo lo demás. ¿Ustedes creen que cuando un paisano dispara para la ciudad, él o su familia van a volver? ¿Qué nos comemos? La semilla, porque el que puede trabajar mañana el campo es el que nació allí. No lo tenemos que dejar apenas con su escuela; para el mundo que va a venir le tenemos que dar, entre otras cosas, conocimiento. Pero ese tipo de hombre no lo vamos a inventar después, en las grandes ciudades.

Entonces, esta visión redistributiva, de favorecer más al chico, no es una regalía. Lo que sucede es que cuando tenemos poco para repartir, tenemos que hacer como los agricultores viejos, es decir, guardar semillas.

Hace largo rato que este país perdió la prudencia. Si bien es cierto que el campo se despuebla en todas partes, en las formas de agricultura más intensiva, se necesita invertir de nuevo mano de obra, como la holandesa o la dinamarquesa. No todo es capital; se necesita ese fermento que se llama hombre.

Este país, por muchas cosas, porfiadamente, va a seguir siendo agropecuario y debería ser un país agroindustrial. Sé que hay gente muy valiosa y de mucho peso que no lo dice pero que piensa que esto no va más. Si se comen la semilla de estos pequeños productores, de esta gente que está en el marco de pobreza, se va a quedar con un desierto humano, como ya está pasando.

Más allá de lo que voten, esto no es un capricho; es la expresión concreta, en una circunstancia concreta; no se puede intentar repartir lo poco que se tiene con esa visión de país. No es una visión antojadiza ni improvisada. Yo no entro en el plano constitucional; de eso no entiendo nada. A lo mejor, es un mamarracho. No sé. Lo que quiero trasmitir a los señores Senadores, más allá de lo que voten, es por qué, si hay U$S 15:000.000 para repartir, queremos favorecer a un sector, porque -lo digo por tercera vez- es cierto que hay gente que tiene mucha tierra y gana nada y que el año pasado perdió -la tasa de la ganadería fue negativa- pero tampoco me quiero olvidar de lo que ha sido este país en los períodos largos, hasta el año pasado, durante los últimos veinte años, en que la tierra vino subiendo un 7% acumulativo anual, valores promedio en todo el Uruguay. Entonces, en largos períodos, hay una franca capitalización, aunque la liquidez sea nula o negativa. Esto no pasa con los productores chicos. Por eso pensamos en la lucha por sostener a esos tamberos y pequeños ganaderos que están acá y que, además, por hectárea, son mucho más eficientes que los grandes, en todas partes. De pronto nos equivocamos, no se nos puede entender y no se acompaña esta postura. Pero con esta otra peculiaridad: el grueso de estas personas vive en el campo, tienen hijos que chancletean en el campo y son candidatos a ser gente de la tierra. Por eso queríamos tener una política preferencial. Que el Senado decida lo que deba decidir, pero que cada uno, en su fuero interno, tenga conciencia de por qué se tienen estas iniciativas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa exhorta a los señores Senadores a reducir sus argumentaciones durante la discusión particular a los temas referidos en los artículos. El resto de los argumentos son parte de la discusión en general.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- En primer lugar, quiero decir que todas las Intendencias Municipales saben quién es el titular de cada padrón. Esta información figura en el papel cuando se cobra la Contribución Inmobiliaria, es decir, se sabe el número del padrón y quién es el titular. Esto ocurre siempre. No hay titulares ignorados. Ahora, con el tema de las sociedades anónimas sí los habrá; por algo se las crea.

SEÑOR GARAT.- No es así, señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- De modo que es la primera vez que escucho que no se puede acceder a esa información. Confieso que para mí es una novedad. Entonces, habría padrones innominados, sin titulares.

SEÑOR GARAT.- U otros nombres.

SEÑOR MALAQUINA.- Exactamente.

SEÑOR GARGANO.- Si es así, me voy a proponer estudiar el tema para que haya una ley que obligue a que cuando se cobre un padrón figure el nombre del titular. Esto me parece algo elemental. En realidad, me desayuno ahora.

Por otra parte, quiero recordar -a veces, en el fragor de la discusión, los argumentos están muy bien elaborados y producen mucho efecto- que hay un mecanismo que se propone a manera de enmienda o sustitutivo por parte del Frente Amplio que consiste en la extensión de un certificado de crédito tributario.

Señor Presidente -me tengo que dirigir a usted, aunque nadie me escuche, no importa-: hace dos años ocurrió un caso muy particular. La Dirección General Impositiva constató un fraude por muchos millones de dólares -nunca se supo exactamente cuántos, ni quiénes fueron todos los que intervinieron- por la compra de certificados de devolución de impuestos. Se habían negociado, obtenido, en forma trucha, porque no se había exportado nada. En realidad, los obtuvo un contador, que no voy a nombrar porque no quiero equivocarme de apellido. En esa oportunidad, hice un pedido de informes sobre el tema, porque quería saber no sólo quién había sido el autor del ilícito, sino el monto y quién lo había comprado. En este país, no cualquiera adquiere ese tipo de certificados. Por ejemplo, yo no los compraría porque no tengo con qué pagarlos, pero sí pasan a manos de empresas de gran magnitud, que conocen la plaza y saben si la persona en cuestión es un exportador o no. Entonces, me pregunto qué diferencia hay entre este instrumento de crédito tributario con el que está proponiendo el artículo sustitutivo del Frente Amplio. Ninguna.

Me parece que lo sustancial es que hay que hacer un tratamiento distinto, ya que creo que no es lo mismo el tratamiento que se le debe dispensar a un propietario de 3.500 ó 4.000 hectáreas, que a uno de 200 hectáreas, porque estos últimos sufren más y tienen menos capacidad de aguante. El que tiene más, podrá haberle ido mal con la ganadería, pero ganó plata en forma muy importante en otras etapas, ya que, por ejemplo, vendió los novillos a U$S 0.90 el kilo hace dos años atrás. Además, la lana ahora está muy baja, pero tuvo épocas en las que estuvo muy alta. Este negocio es fluctuante, por lo que se debe tener algún criterio, pero yo no inventé el que se está sustentando. Aquí llegó un mensaje de la Comisión Nacional de Fomento Rural, que creo es una de las entidades con afiliación más numerosa. En el mismo se decía que existen 20.000 productores vinculados y que la rebaja para el que tiene una propiedad de 100 hectáreas es de U$S 22.

(Intervención del señor Senador Riesgo que no se oye)

-Este trabajo lo mandaron los productores y se supone que el señor Senador Riesgo, que tiene tanta confianza con ellos, no va a decir que le están mintiendo al Parlamento. Además, esto no ha sido desmentido.

Pienso que, al menos, hay que tener confianza. Por ejemplo, si la Federación Rural presenta un documento diciendo que se suceden determinados acontecimientos, le voy a creer.

Asimismo, se expresa que un propietario de 3.500 hectáreas tiene un beneficio superior a los U$S 3.500 en la rebaja que importa esta disminución del 25% al barrer. Esto es lo que hay que discutir. Yo dije hoy y lo repito que esto no se hace sin conciencia, porque efectivamente se piensa que es bueno favorecer más al que tiene una propiedad mayor y menos al que tiene una menor. De lo contrario, no se haría de esta manera. No se intenta a través de los mecanismos que sean, distribuir más justamente esos escasos U$S 15:000.000.

SEÑOR MALAQUINA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MALAQUINA.- Digo con total franqueza al señor Senador Gargano que ninguna Intendencia imprime hoy una planilla de contribución inmobiliaria con el nombre del propietario, ya sea urbana, rural o suburbana. No conozco si hay alguna excepción a esto. Le digo más: como es sabido los escribanos tienen obligación, cuando hacen una compraventa, de otorgar un certificado al comprador para que anote en Catastro la transferencia del bien en el Ministerio de Economía y Finanzas. Si el propietario se guarda ese certificado, ni siquiera Catastro tiene la información de quiénes son los propietarios. Esto es así y no sé por qué estamos discutiendo esto, ya que no le encuentro relación con la rebaja de U$S 15:000.000 o U$S 20:000.000 de la contribución inmobiliaria. No hay manera de acceder a esta información, salvo que se pida un certificado al Registro Dominial para saber si un bien está arrendado, si es explotado por el propietario o si está en una aparcería. Esto tiene un costo, porque si se quiere tener una información fidedigna de quién es el propietario de un inmueble cualquiera, se pide un certificado al Registro Dominial y allí sí le dicen que el padrón tal pertenece a cierta persona. Asimismo, en muchos casos la exoneración que se hace de la contribución inmobiliaria seguramente no da ni siquiera para pagar los gastos del timbre. Con esto no estoy inventando nada, pero quiero decirlo porque no deseo que quede en actas de este Senado cosas que no son así. No estamos inventando la pólvora, sino diciendo cómo son las cosas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Tengo en cuenta la información que brinda el señor Senador Malaquina, pero en Montevideo no ocurre eso porque, por ejemplo, en la planilla de contribución inmobiliaria que recibo en mi casa, figura el número de padrón y el nombre de la persona titular.

Pienso que hay que avanzar en este aspecto porque creo que es muy importante conocer a los titulares y no tener que ir al Registro Dominial y realizar un trámite muy costoso para acceder a esa información.

Por otra parte, quiero decir que votamos un artículo 4º, a través del cual otorgamos beneficios para los aportes jubilatorios. Presentamos un sustitutivo diciendo: "Extiéndase a los propietarios de 500 hectáreas y no de 100 …". Pero la coalición de Gobierno votó 100 a rajatablas, ya que convenía que fueran 100 y no 500. Por nuestra parte, argumentamos que había propietarios de más de 100 hectáreas que tenían serias dificultades y que no eran todos poderosos, por lo que había que cubrirlos. Ahora se hace la argumentación contraria, por lo que no me puedo explicar cómo se utilizan dos criterios distintos.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Quiero manifestar -esto fue largamente estudiado- que sabemos que los titulares de los predios son los deudores ante el Estado por la contribución inmobiliaria. La base de datos que tienen las Intendencias no les permiten hacer un Catastro subjetivo de los titulares. Entonces, en este caso, se crea una pequeña ingeniería porque las bases de datos existentes son dos: una, la del Banco de Previsión Social y otra, la de DICOSE. Ambas están organizadas en torno a los productores y tienen, por las declaraciones juradas y por otros métodos, completamente identificados los padrones que explotan los productores, algunos como propietarios y otros en calidad en arrendatarios. Esto es absolutamente sencillo. El tema es que los certificados de créditos sólo se pueden imputar al pago de la contribución inmobiliaria rural, entonces, va a suceder que en algunos casos los paga el mismo productor y, en otros, los transfiere al dueño o titular del predio. Esto es perfectamente realizable, ya que las Intendencias transfieren los padrones a la base de datos central del Ministerio de Economía y Finanzas y luego se ejecuta por intermedio de las oficinas de la Dirección General Impositiva.

Por lo tanto, se puede estar en acuerdo o en desacuerdo con el criterio que sustenta esto, pero el tema de la ingeniería se resuelve con mucha facilidad, a pesar de que no hay un Catastro subjetivo.

Por otra parte, no desconocemos que esto también tiene inequidades. Lo que sucede es que frente a las que posee la otra propuesta, la nuestra es muy superior, ya que la propuesta de la coalición de Gobierno tiene la inequidad de que, en realidad, entre 45.000 a 48.000 productores que ocupan 4:000.000 de hectáreas, recibirán menos de U$S 100 por concepto de rebaja de la contribución inmobiliaria rural. Por otro lado, a las 4:000.000 de hectáreas que están arriba, en la napa y que corresponden más o menos a un entorno de 1.000 productores, se les está dando un eje de U$S 4.000 a cada uno.

Sin embargo, nuestra propuesta tiene el problema de que hay productores intensivos que, en comparación, representan una absoluta minoría, que ocupan poca extensión y tienen una alta dosis de capitalización. Para resolver esto se necesitarían criterios complementarios que son muy complejos y somos conscientes de que no se pueden instrumentar en esta rebaja que se piensa realizar en este momento. Pero cuenta con una enorme ventaja frente a la otra iniciativa, desde el punto de vista de la equidad, si bien no contempla algunas situaciones de alta capitalización y poca extensión, que son incluidas dentro del régimen.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR NIN NOVOA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- En realidad, el señor Senador Rubio acaba de expresar gran parte de lo que quería decir. Creo que como síntesis de todo esto, lo que hay que resolver y lo que pienso que es mejor para la sociedad, es que en este caso más vale pecar por generosos que por injustos.

Es probable que alguna explotación intensiva pueda tener alguna rentabilidad mejor pero, sin ningún lugar a dudas es una ínfima minoría. Al fin y al cabo nuestra propuesta, como decía el señor Senador Rubio, lo que plantea es si dejamos a 15.800 productores afuera o si lo hacemos sólo con 1.000. Eso es lo que hace largo rato venimos reclamando en el Senado, y lo estamos haciendo de manera constructiva, para poder llegar a un arreglo, a una solución que permita a la mayor parte de los productores tener un beneficio real. Asimismo, para que sientan que el Estado mira por el trabajo, la agropecuaria y el esfuerzo nacional.

Ayer, en el Senado -lo he dicho en el transcurso de la tarde- muchas veces, involuntaria y no mal intencionadamente, quizá en el fragor de los discursos, se nos dijo que éramos una fuerza negativa, obstruccionista y que nos oponíamos a todo. Si así fuera, hubiésemos guardado estos datos, no hubiéramos formulado ninguna propuesta y hubiésemos argumentado de manera diferente. Inclusive, quizá al otro día hubiéramos salido a decir que 15.000 productores quedaron afuera cuando se podían haber planteado soluciones mejores. Sin embargo, hemos venido a hacer propuestas en este sentido porque, repito, nuestro ánimo es constructivo y queremos aprovechar de la mejor manera posible la partida que el país va a destinar a los productores rurales.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Debo decir que tanto tratamos el tema que examinamos la producción por franjas, por sectores, pensando si no era mejor establecer que los que plantan papas debían pagar hasta determinada cantidad de hectáreas y los hortifruticultores de otra manera. Digo esto por lo que se mencionaba en cuanto a la cantidad de capital que se invierte.

Se plantearon varias hipótesis. Inclusive, manejamos un proyecto del señor Senador Michelini que establecía la búsqueda de un mecanismo para que fueran beneficiados los que trabajan y no son propietarios de la tierra. Veíamos que para las Intendencias iba a ser muy complicado determinar criterios sencillos, de fácil aplicación, entonces, optamos por esa propuesta.

Ya está dicho todo; estas reflexiones son a simple título de aclaración. Habrá que avanzar mucho, pues, si es que las Intendencias no tienen los nombres de los propietarios para que se confeccione un padrón que contenga esa información. Supongo que con la informática actual y los expedientes electrónicos que han sido incluidos en la ley de urgencia, seguramente se va a conseguir apretando un botón.

Termino mis reflexiones con esta observación.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Casi a modo de fundamento de voto, quiero decir que voy a votar el artículo 10 no muy convencido. No me gustan las disposiciones en las cuales incluimos dinero, se hace tabla rasa, son ciegas y no diferencian productores chicos de productores grandes, productores ricos de productores que están por debajo de la línea de pobreza, los que se dedican al arroz o los que se dedican a la papa, o aquellos que están en basalto superficial y, por más hectáreas que posean, se encuentran realmente en una situación precaria.

Lo cierto es que, señor Presidente, U$S 15:000.000 es muy poco, lo demos vuelta de una manera o de otra. Trabajamos con los técnicos del Nuevo Espacio para tratar de encontrar algunos mecanismos -que en parte el Frente Amplio profundizó más- para identificar contrapartidas o a quiénes estamos ayudando. ¿Por qué? Porque queremos ayudar a quien corresponde y no ayudar al que no corresponde. En ese sentido, el esfuerzo realizado por el Frente Amplio es bien loable porque, como dije, avanzó y profundizó más que nosotros.

Como decía el señor Senador Gargano, estos temas son bastante engorrosos porque, a veces, no se puede identificar estrictamente a quién queremos ayudar.

Tenemos productores que fueron afectados por el atraso cambiario. Según han evaluado técnicos del Nuevo Espacio, de 1992 a mediados de 1996, el sector agropecuario, vendedor de bienes transables, transfirió U$S 1.000:000.000 a parte de la sociedad que no tiene bienes transables. Vendía a precios de economía abierta y sus costos eran a precios de economía cerrada, entre ellos, parte de los costos del Estado.

Repito que aquí se trata de U$S 15:000.000 contra U$S 1.000:000.000 que el sector transfirió al resto de la sociedad, es decir casi nada, si comparamos una cifra con otra. Creo que hay que encontrar algún mecanismo, como planteaba el Encuentro Progresista, para prever más recursos en el presupuesto nacional.

Por otra parte, habrá que conversar acerca de esto en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que no integro.

Si ese argumento no bastara, debo decir que el otro que nos terminó convenciendo de votar y pasar a otro artículo fue que los pequeños y grandes productores convalidaron esto. Ya asumieron que no va a estar, que no lo tienen como costo. O sea que frente al pronunciamiento del señor Presidente de la República y el Ministro de Economía y Finanzas, repito, ya asumieron que este costo, bueno o malo, ciego, justo o injusto, no lo van a tener.

Si este artículo se transformara o se votara negativamente, para alegría del señor Ministro de Economía y Finanzas -que pienso lo mandó a desgano, y no está nada convencido acerca de su alcance- creo que al sector agropecuario tan castigado en estos últimos años por la caída de los precios internacionales, el endeudamiento, el atraso cambiario, la sequía y ahora las inundaciones, le estaríamos generando un daño adicional.

No estoy demasiado convencido de poner plata en forma ciega; me gustaría que el dinero se focalizara hacia cada uno de los que queremos ayudar. Digo esto porque, a veces, en un predio se han hecho las cosas bien y, por ello, sus propietarios están en condiciones de enfrentar todos los avatares; pero hay otros casos en los que, aún habiendo hecho las cosas bien, los productores se han visto afectados por el granizo y la sequía porque trabajan en zonas más castigadas. Quiero ayudar, entonces, a quien corresponde ayudar. Lamentablemente, no se puede actuar de ese modo. En consecuencia, repito que si esto no saliera estaríamos causando un daño adicional.

En resumen, me parece que hay que hacer un esfuerzo para conseguir nuevos recursos y aplicar criterios -aquí hay algunos que pueden servir de base- para ayudar a los más necesitados, puesto que hay productores que han ganado dinero y que no deberían estar comprendidos dentro de esta ayuda adicional.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Quisiera dejar algunas constancias porque algunos señores Senadores de la coalición usan el mecanismo de adjudicar a nuestra fuerza política cosas que no son.

En primer lugar, señalo que no estamos en contra de otorgar los U$S 15:000.000 a los productores rurales, a quienes trabajan la tierra, a quienes producen, sino que estamos a favor de ellos y bienvenidos los U$S 15:000.000.

En segundo término, no proponemos un mecanismo distinto al que plantea el Poder Ejecutivo, sino que se trata del mismo instrumento. Es la rebaja de la Contribución Inmobiliaria Rural, pero en lugar de hacerlo automáticamente multiplicando en la computadora por 0.75 -lo que es fácil de hacer para después emitir las facturas- sugerimos un mecanismo con cuatro franjas y que exonera de manera distinta a quienes tienen cantidades de tierra diferentes.

En tercer lugar, esto no es una emisión de deuda pública por más que los señores Senadores preopinantes sean constitucionalistas, sino que es el otorgamiento de un certificado de crédito que sirve como mecanismo de rebaja.

En cuarto término quiero señalar que nuestra propuesta tiene más en cuenta el tema de quitar presión al factor de producción tierra y solucionar el problema de la sequía, las inundaciones y todo lo que ocurrió desde el punto de vista climático, que la que fuera remitida por el Poder Ejecutivo, porque la tierra es un factor de producción para quien la trabaja y la produce y no para el que la arrienda. La sequía afecta más al productor que al propietario de la tierra.

Por lo tanto, al proponer otorgar la rebaja también al arrendatario de la tierra estamos siendo más justos e intentando solucionar el tema de la alta presión que tiene el factor tierra y los problemas climáticos que han afectado a la producción agropecuaria en los últimos tiempos.

Estas eran las constancias que deseaba dejar, porque se nos habían asignado algunas cosas que no son ciertas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va votar el artículo 10 tal como viene de la Comisión. La votación afirmativa significa desaprobar el sustitutivo presentado por el Frente Amplio y los cuatro aditivos a dicho sustitutivo.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Hay otros aditivos propuestos.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que los sustitutivos y aditivos presentados sean remitidos a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

Dése cuenta de otro aditivo al artículo 10 que ha llegado a la Mesa.

(Se da del siguiente:)

"Artículo 10 bis: Facúltase al Poder Ejecutivo a dotar al `Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego' (PRENADER) -Decreto 308/93- de los fondos necesarios para atender los proyectos y solicitudes presentadas ante ese programa, hasta una cifra de U$S 1:800.000 (un millón ochocientos mil dólares), con cargo a Rentas Generales." Firma el señor Senador Michelini.

-En consideración.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundamentar este aditivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: antes de que el señor Senador García Costa diga que este artículo se financia con cargo a Rentas Generales, si hay voluntad de las mayorías no tendría problema de establecer que la financiación se hará por el ahorro de dos o tres Ministerios que en seguida identificaré o el del propio Poder Legislativo.

No es mi espíritu ahora polemizar con respecto al tema de la financiación por Rentas Generales o no, pero creo que se está haciendo un serio esfuerzo al atender lo que pueden ser futuras sequías o cambios climáticos.

Por lo tanto, solicito que la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca analice este aditivo seriamente. No tenemos intenciones de ponernos a discutir a esta hora de la noche. Si existe la voluntad para hacerlo, señalamos dónde se harán los ahorros correspondientes para que el señor Senador García Costa no plantee inconvenientes o, de lo contrario, lo enviamos a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado y evitamos una discusión que a esta altura sería innecesaria.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- El señor Senador Michelini me ha puesto en la necesidad de hablar. No pensaba hacerlo, pero veo que él recuerda algunas de las cosas que le fui enseñando en la Comisión y ahora las aplica. Me parece correcto. Lo que dice el señor Senador Michelini es verdad. La formulación presentada no era la del caso pero, si existe voluntad política, puede corregirse en el sentido señalado.

Existe otro obstáculo que no se refiere a este punto en particular, sino que es general para cualquier otro artículo de la ley en estudio. A mi juicio, el proyecto de ley de urgente consideración requiere para que se le efectúen modificaciones no salirse de los temas que el Poder Ejecutivo ha formulado. Esta manera de apreciar el carácter de urgente consideración tiene una base muy estricta.

Solicito al Senado que piense por un instante -creo que ya lo dije, pero no se me prestó atención y quizás en este momento sí lo hagan- que si fuere posible agregar temas nuevos, no meras modificaciones a los proyectados por el Poder Ejecutivo, en este momento una determinada mayoría, unida a una determinada forma reglamentarista de actuar en el Parlamento podría conseguir, por vía de la ley de urgente consideración, la aprobación de cualquier disposición legal sin pasar por el camino ordinario de sanción legislativa. Hace un rato, señor Presidente, mencioné que se estaba agregando un tema distinto -pueden ser diez o todos los que se nos ocurra- pero debe repararse en que hasta ahora el señor Senador Michelini o los integrantes del Frente Amplio son los que los han planteado. Todos conocemos las circunstancias políticas obrantes y sabemos que es muy difícil que esas modificaciones o agregados legales sean tenidos en cuenta y aprobados, pero el Senado tiene la obligación de plantearse que podrían ser las mayorías, que hasta ahora estamos aprobando los artículos, las que empiezan a introducir normas nuevas. Nuestro sector, por ejemplo, presentó cinco proyectos de ley a la Comisión de Constitución y Legislación sobre temas muy importantes relativos a Entes Autónomos y a una serie de aspectos trascendentes relacionados con la labor de los mismos. Si siguiéramos la tesis que señala que es posible incorporarlos, podríamos -dése por descontado que no lo vamos a hacer- colocar los cinco proyectos de ley acá y hacerlos ley, si el resto de la coalición lo acompaña.

No puede entonces, señor Presidente, pensarse de otra manera que la que estoy señalando. Hay un límite que lo traza el Poder Ejecutivo cuando dice que este es el texto del proyecto de ley que envió con carácter de urgente consideración al Parlamento. Este, naturalmente, lo puede rechazar o modificar dentro de su temática, pero no puede incursionar en temas nuevos.

Advierto que lo que estoy diciendo no es a favor de quienes, en las circunstancias políticas en las que nos encontramos hoy, podríamos hacer uso, aunque indebidamente, de ese recurso. En realidad, estamos protegiendo el sistema de todos y no a nosotros.

Supongo que esto no pertenecía al punto en concreto que el señor Senador Michelini puso a consideración, pero creo que es una buena oportunidad para que el Senado lo estudie porque de ahora en adelante hay una cantidad de aditivos que contienen ese aspecto, lo que nos llevará a tan peregrina circunstancia.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Naturalmente, tengo mucho para aprender y más de un señor Senador con tantos años de experiencia política. En ese sentido, no me duelen prendas. Ojalá que los consejos y enseñanzas sean buenas, aunque no todas lo son porque hay algunas que no conviene aprender.

El hecho de que la coalición tenga cautela me parece bien. Hicieron un acuerdo antes de enviar el proyecto al Parlamento y han dado sus pasos políticos. Si hay otros temas que pudieran haber incorporado en este proyecto que contiene, a su vez, entre 18 y 19 iniciativas distintas, y no lo hicieron, es porque no habrán llegado a los acuerdos correspondientes y no porque estemos tratando un solo asunto. Otra hipótesis es que no los hayan planteado, no los tuvieron en cuenta, consideraron que esa no era la prioridad, o prefieren tratarlos de otra forma. De todos modos, si existiera voluntad política para tratar algún tema que no figura, el Poder Ejecutivo puede enviar su iniciativa sin ningún tipo de problema. De eso no tengo dudas y agrego que si el problema pasa por un tema de incrementar el déficit, el Poder Ejecutivo ya lo ha hecho y por eso está pidiendo la ampliación del endeudamiento en la Cámara de Representantes. Aclaro que no lo estoy criticando, sino haciendo una constatación.

Lo que hice a esta altura de la noche, señor Presidente, es preguntar si hay voluntad política para esto. Si se dice que no, lo enviamos a la Comisión, pero si la respuesta es afirmativa, buscaremos la financiación y si fuera necesario que el Poder Ejecutivo emitiera la señal correspondiente, eso es muy fácil de solucionar puesto que muchas veces, en otros proyectos de ley y en otros momentos se ha hecho.

Más allá de eso, señor Presidente, he aprendido de otros Legisladores que tienen muchos y tantos años de experiencia como el señor Senador García Costa, que a veces hay que insistir en un tema para que el mismo haga carne y se tome conciencia. Independientemente de que al PRENADER se le den los recursos ahora, estoy seguro que estamos mucho más cerca de que el Poder Ejecutivo y este Parlamento tomen conciencia de que frente a la sequía futura hay que atender esto con una cifra ínfima de lo que se necesita y de lo que es el presupuesto nacional, que hace 10 o 15 días cuando este Legislador no lo había planteado.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Más allá de que el señor Senador García Costa ha hecho una exposición muy interesante que comparto, quiero ser muy directo. El señor Senador Michelini -que merece todo mi respeto- ha hecho una pregunta muy clara a la que quiero dar una contestación de la misma naturaleza.

Respecto a este tipo de aditivos que suponen prioridades presupuestales, como Legisladores de la Bancada de gobierno no los vamos a acompañar sin el estudio y la opinión de los Ministros, que van a decir cuáles son sus prioridades, y mucho menos a tan solo cuatro meses del envío del proyecto de presupuesto quinquenal. Es muy probable que podamos llegar a coincidir sobre este punto -y después de la sequía que se vivió, todos estamos tentados a hacerlo- pero el señor Senador Michelini ha hecho una conclusión que indica que sería necesario U$S 1:800.000. Suponemos que habrá hecho los estudios correspondientes sobre el punto. Con este tipo de iniciativa, señor Presidente, lo que normalmente hacemos es trasladarlas al Poder Ejecutivo para ver si las puede recoger en el Presupuesto nacional. Repito, no sería razonable que a cuatro meses de tratarlo nos pusiéramos a hacer quitas o traspasos de sus programas porque además de la consideración de urgente, el Poder Ejecutivo está facultado a votar
refuerzos.

Por lo tanto, con todo respeto digo que me parece que el ámbito natural es estudiar el tema en la Comisión de Ganadería y Agricultura del Senado. Además, todos sabemos que el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca no ha sido designado en función de compromisos políticos, sino que es un notorio técnico y estaremos a lo que él opine. Digo esto ahora porque así me lo ahorraré ante los numerosos aditivos que incluyen suspensión de ejecuciones, gastos, etcétera. Más allá de la discusión constitucional, desde ya adelantamos que medidas de ese carácter ameritan, a nuestro juicio, un estudio y consideración -aun cuando podamos o no estar de acuerdo- que hoy no estamos en condiciones de acompañar, más allá de las que significan un mejoramiento de las situaciones que se han estudiado en Comisión.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Me parece muy sincero lo que acaba de expresar el señor Senador Atchugarry en cuanto a que por razones políticas no entiende lógico o conveniente atender ninguno de los aditivos que ha leído. Podrá ser fruto de un acuerdo político o de una consideración lógica, todo lo cual es muy respetable.

Por otro lado, quiero dejar constancia que no comparto en absoluto la tesis de que en un proyecto de ley declarado de urgente consideración por el Poder Ejecutivo, no puedan agregarse artículos nuevos que se refieran a los mismos temas que están incluidos en el mismo. Por ejemplo, el aditivo que acaba de proponer el señor Senador Michelini me parece que está referido a la agropecuaria. ¿O no es así? ¿Cómo se definen los temas de una ley? Por los Títulos o los Capítulos; aquí hay como 20 temas distintos. Recuerdo que el señor Senador Gargano los enumeró en la sesión anterior. ¿Cómo se distinguen? Aquí hay normas sobre Derecho Penal a través de las cuales se agravan las penas de unos cuantos delitos. Si algún señor Senador desea agregar una pena mucho más grave para tal otro delito ¿ese es un tema nuevo o no? ¿Qué sucede si alguien quiere agregar algo sobre la agropecuaria? No me refiero a la agropecuaria en general porque estamos hablando de medidas de cierta protección para solucionar algunas situaciones angustiosas. Eso figura en el proyecto y, entonces, ¿por qué no se puede agregar? ¿Qué disposición constitucional se está violando? Ninguna. Creo que plantear el tema constitucional acá es un ejercicio de interpretación que conduce siempre a lo mismo: hay que votar lo que vino del Poder Ejecutivo.

Los señores Senadores habrán advertido que los únicos cambios que se hicieron fueron apenas para agregar una "y", para aclarar que dos condiciones eran concurrentes y no condiciones alternativas, además de alguna otra palabra para solucionar algún aspecto muy evidente de interpretación.

Por ello, si no se reciben o si políticamente se entiende que no se comparten tales o cuales cosas, o que se quieren tratar más adelante, estudiar con más detención o consultar al Poder Ejecutivo, si bien no comparto la tesis, la respeto. Realmente, no veo que estemos frente a la imposibilidad de agregar algo dentro de cada uno de los capítulos como, por ejemplo, el que tiene el título "Fomento de la Inversión y el Empleo", en el Capítulo I. Allí, si además de los dos artículos que contiene se sumara otro con un contenido compartible como para fomentar el empleo, ¿se diría que es un tema nuevo? A mi entender, no; absolutamente no. Si cuando se habla de crear el Ministerio de Deportes, por ejemplo, se dijera que en lugar de ello lo que pensamos es darle a la Comisión Nacional de Educación Física el carácter de un organismo con más facultades de las que tiene hoy, ¿es un tema nuevo? No, no lo es.

Es evidente, entonces, que el Parlamento tiene las facultades lógicas que tiene sobre cualquier proyecto de ley. Las leyes de urgente consideración fueron establecidas en el sistema uruguayo en 1966, en la Constitución que entró en vigencia en 1967. De este modo se habilitó un mecanismo por el cual básicamente, más que los plazos -que ya estaban contenidos en las leyes de presupuesto y en otras- se resaltaba un efecto muy peculiar y especial, que es que el silencio parlamentario equivale a la aprobación. Esa es la característica más espectacular que tienen las leyes de urgente consideración y los Parlamentos siempre son un poco reacios a que se les impongan ese tipo de condiciones. El mundo moderno fue estableciendo este tipo de disposiciones y Uruguay no es el único país que las ha adoptado, sino que se tomaron ejemplos de otros países. Estas son, entonces, las características que tienen las leyes de urgente consideración, o sea, no se trata de que tengan un contenido especial, salvo la consideración racional y lógica que haga el Parlamento en cuanto a que realmente refiere a cosas urgentes. De no ser así, según la misma Constitución, tiene la facultad de señalar que no es urgente levantar ese carácter y convertirla en una ley que no sea de urgente consideración. Por supuesto, todo esto es siempre y cuando estén las mayorías necesarias.

Quería dejar constancia, señor Presidente, de que no comparto en absoluto que se pueda decir que se agregan temas nuevos cuando dentro de cada uno de los capítulos se incorporen soluciones distintas a las que contiene.

Quisiera hablar de un recuerdo a modo de aclaración que, si se tomó versión taquigráfica en esa ocasión, seguramente debe estar contenido en ella. Si no me equivoco, en la segunda sesión de la Comisión de Constitución y Legislación cuando se estaba tratando de hacer la agenda, los representantes del Partido Nacional expresamente dijeron que no tenían, por ahora, ninguna urgencia en cuanto a que se incorporara dentro de los temas preferentes de la Comisión un proyecto referente a la conversión del Ente Autónomo UTE en una sociedad anónima. Recuerdo esto perfectamente y lo señalo, porque aquí hubo una referencia en el sentido de que si no fuera así, si se pudiera se habrían incluido otros puntos en la ley de urgente consideración, como el que mencioné de UTE. Recuerdo éste que fue sobre el que se dijo expresamente que no había interés de incluirlo en la agenda, por lo menos en aquel momento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo 10 bis presentado por el señor Senador Michelini.

(Se vota:)

-12 en 28. Negativa.

12) CRISIS INSTITUCIONAL EN EL PARAGUAY

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: desde hace un rato la televisión está brindando imágenes preocupantes sobre una crisis institucional que está sucediendo en este momento en el Paraguay. Mis compañeros de Bancada lograron comunicarse con el periodista Ulises González, del diario "ABC Color", quien ha confirmado que en este momento el Parlamento paraguayo está siendo bombardeado. Al parecer y según lo que dice el periodista, hay un levantamiento de la Caballería sin apoyo de la Marina.

Simplemente quería poner en conocimiento del Cuerpo esta situación que está viviendo el Paraguay.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Frente a la gravedad de estos hechos, proponemos que el señor Presidente del Senado siga de cerca esta situación, a los efectos de poder informarnos en el día de mañana.

En tal sentido, formulamos la moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLAN Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pase a Comisión del aditivo recientemente rechazado.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase otro aditivo presentado a la Mesa.

(Se lee:)

"El Banco Central del Uruguay, el Banco de la República Oriental del Uruguay y las instituciones privadas de intermediación financiera, concederán a los deudores de la actividad agropecuaria en el país, una prórroga de 180 días en los vencimientos cuya fecha se hubiera cumplido o se cumpliera en el plazo antes mencionado. Igual prórroga se aplicará para las ejecuciones en proceso de concretarse."

-Léase otro aditivo.

(Se lee:)

"Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenando 1996 el siguiente literal:

D) Los servicios de energía eléctrica prestados a sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas Agropecuarias y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios."

-En consideración.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra para referirme al primero de los aditivos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Se ha dicho que no existen ejecuciones. Yo no acompaño ese criterio. Pero, aunque fuera así, que el Banco de la República no está ejecutando a nadie -lo que no es cierto- debo decir que efectivamente hay casos de ejecuciones.

El 33% de la deuda bancaria de carácter agropecuario, aproximadamente U$S 400:000.000, es con relación a la banca privada.

En este momento, la banca privada no tiene naturalmente las consideraciones que tiene el Banco de la República, consideraciones que son explicables por parte de la política del Estado. Ha sido tradicional y por mucho que se le critique al Banco de la República, el día que no lo tengamos vamos a ver la cara de la verdad. Incuestionablemente, creo que en este momento de iliquidez, si seis meses es mucho tiempo, nosotros convendríamos que fueran menos pero que estableciéramos de hecho todos el tácito compromiso de estudiar el problema del sobreendeudamiento rural y discutirlo. Pero eso, por más rápidas que sean las decisiones, determina que mañana caiga uno, dos o tres, pasado mañana otros y así sucesivamente; incluso, a la penuria que hay se le acumulan los gastos judiciales, abogados y la mar en coche, produciendo casos como el que presenté ayer que por no poder pagar U$S 22.000 había que pagar más de U$S 40.000 por cuestiones de papeleo, etcétera, y se iba a una ejecución. Yo creo que esas son pérdidas irreparables.

Hace mucho tiempo que este problema está planteado en el país, hace mucho tiempo que se conversa. Esta es la preocupación más honda que tienen todas las gremiales rurales hoy y buena parte de los productores, con un verano que ha sido desgraciado y sobre todo, paradojalmente, este problema es más acuciante donde está el país agropecuario más adelantado del Uruguay; allí donde está la cuenca agrícola ganadera, donde se hace agricultura de punta, invernada, praderas, este problema es mucho más grave y mucho más acuciante. Cualquier entrega de dinero es prácticamente imposible en esta circunstancia. Lo poco que han podido reunir a lo sumo es para sembrar un poco de avena y en todo caso hacer frente a la próxima siembra de los cereales de invierno. Que el Parlamento en esta circunstancia no dé alguna señal -repito: si no son seis meses que sean tres- que nos comprometa a discutir este tema, que no se mandate a la Comisión de Ganadería y Agricultura para que se ponga en contacto con el Gobierno, etcétera, que no hagamos algo por este problema, hará que el prestigio de esta Casa quede peor de lo que está porque esto es una cosa que rompe los ojos. A esta altura, yo no voy a fundamentar más nada.

SEÑORA ARISMENDI.- No se rinda.

SEÑOR MUJICA.- Se hicieron marchas. En este momento hay un proceso electoral durísimo que nunca he visto dentro de la Federación Rural, y estos problemas van a estar en el tapete.

La moción, muy sencilla, es para ganar un poco de tiempo; es para darle tiempo al Poder Ejecutivo a que considere estas cosas y también al Parlamento. Yo no quiero hacer más fundamentación porque buena parte de lo que dije ayer tenía que ver con esto. Toda propuesta que hoy pase por pedir alguna entrega de dinero es prácticamente imposible. Esta es la situación. Seguramente, cuando pase la primavera la cosa va a poder ser distinta. Entonces, yo pienso que el Parlamento tiene que hacer algo y por eso vino esta propuesta. De pronto no es constitucional, de pronto trasvasamos el mandato, de pronto lo tenemos que ambientar de forma distinta. Nosotros también podemos sacar una pequeña ley de urgencia, si hay voluntad política frente a este problema. Tienen los argumentos que quieran pero este es un problema grave y hay que definirse.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- El aditivo propuesto es la reproducción casi textual de un proyecto de ley que presentamos con los señores Senadores Mallo y Pereyra en el mes de agosto del año pasado, y no tuvo viabilidad. Quiero decir esto porque cuando se incorporaron las medidas sobre el sector agropecuario nosotros creíamos que ahora era la oportunidad de ayudar con esta otra medida complementaria a resolver algunas situaciones muy graves.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: por si existiera la idea de rechazar esta medida muy justa por razones constitucionales yo quiero expresar que esa discusión ya se dio en el Senado cuando se votaron leyes de refinanciación de deudas que abarcaban también a los sectores agropecuarios hace tiempo y a otros sectores. Quiero decir que en esas dos refinanciaciones a las que me estoy refiriendo -aclaro que se trataba de una modificación incluso de los créditos, se quitaban intereses- se dijo que tanto una suspensión de ejecuciones como una reliquidación de esas deudas, significaba expropiarle partes del crédito o por el plazo que se daba o por los intereses que se quitaban a los acreedores. Eso se dijo por un lado, y por otro que en el caso del Banco de la República se estaba violando la autonomía de la Institución como Ente Autónomo. Nosotros, en aquel momento sostuvimos la tesis contraria porque el artículo 185 de la Constitución, a partir del año 1966 autoriza a la ley a limitar la autonomía de los Entes Autónomos, lo que no ocurría en las Constituciones anteriores, pero además esto fue confirmado en numerosas sentencias de la Suprema Corte de Justicia. El Banco de la República y el Banco Central, desoyendo los dictámenes de sus Departamentos Jurídicos, plantearon la inconstitucionalidad de esas leyes y la perdieron. La Suprema Corte de Justicia confirmó en todos estos casos que no había ningún tipo de inconstitucionalidad. De manera que si para refinanciar -que significaba no sólo plazos sino incluso quitas- la Corte confirmó que no había ninguna inconstitucionalidad porque mediaban razones de interés general, nosotros pensamos que esta propuesta -lo digo a título preventivo puesto que se han hecho tantas objeciones de inconstitucionalidad- se ajusta perfectamente a la Constitución y además, por si hubiera alguna duda, hay una jurisprudencia constante de la Suprema Corte de Justicia en ese sentido.

Muchas gracias.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Uno hace tres tipos de comentarios cuando presencia esta clase de planteamientos.

El primero de ellos es que el efecto de que una Cámara apruebe una medida como ésta, es que al otro día, naturalmente, los Bancos le cortan el crédito a todo el sector agropecuario. Esto tiene dos consecuencias. Una es que al resto de los productores que están obteniendo el financiamiento, éste se les encarece y se quedan sin él. A continuación se sigue el mismo camino que emprendió el país con los arrendamientos en las épocas que recordábamos recién con el doctor Larrañaga. En aquel entonces, cuando yo fungía de docente en la Facultad de Derecho, me tomé la molestia de contar las leyes de emergencia y eran 101 en 50 años, lo que da un promedio de dos por año, pero no arreglaron el problema. Como bien dijo Juan Pablo Terra en 1968, ese problema se solucionaba con más viviendas. Tengo claro que lo peor que podemos hacer por un sector de actividad es negarle el crédito y no tengo ninguna duda de que acá se niega el crédito de esa manera.

Por último, señor Presidente, si el Estado uruguayo va a decidir que aquí no se ejecuta al sector agropecuario, me pregunto si a las familias y a los quiosqueros sí se los puede ejecutar. ¿Son menos dignos de nuestra consideración? Frente a esto, la conclusión es que aquí no se ejecute a nadie. ¿O acaso el señor que vive en Manga es menos digno de consideración que el que vive en Melilla y tiene una chacra? Por esto, no estoy de acuerdo con que la medida sea esa y probablemente lo adecuado sea operar sobre el crédito. En tal sentido, lo primero que hizo el Directorio del Banco de la República al asumir fue empezar a trabajar en esta materia, y todos sabemos que el problema del sector -como el de cualquier otro- siempre se basa mucho más en el tema de la rentabilidad que en el de los impuestos. El agro paga en total 7% de su PBI de impuestos y todos tenemos claro que los problemas de precios, clima, dimensión de predio o de la cadena de comercialización, son mucho más importantes que los impuestos. Sin duda, el problema financiero es realmente angustiante, pero no se resuelve diciendo que el Estado decide que no se paga, porque, de esa manera, lo único que haríamos sería empeorar el problema del crédito. Seguramente hay que trabajar en esto y todos sentimos la preocupación, pero no creo que este sea el camino adecuado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el primero de los aditivos presentados.

(Se vota:)

-12 en 28. Negativa.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Quiero decir , de la manera más telegráfica posible, que es posible que este no sea el camino. Tengo dudas sobre el impacto que va a causar una medida muy temporal en el crédito. Si se dijera que se establece una refinanciación con determinadas características por la vía legal o se suspende por tiempo indeterminado, podrían ser otras las consecuencias. Quiero manifestar con toda claridad que este tipo de razonamiento ya lo escuché en otras oportunidades en los últimos años y no he visto que ninguna propuesta en este terreno aparezca como medianamente viable. El último gran debate que se dio fue en torno al "Cupón Cero"; el Parlamento votó y las consecuencias fueron "cero": eran dignas del título del cupón. Fue un reverendo fracaso, tuvo lugar un debate inmenso en el Parlamento para una autorización de emisión -creo que era de U$S 500:000.000- y, reitero, el resultado fue nulo. Si el Poder Ejecutivo concurre al Parlamento en un tiempo razonable o por otros caminos logra generar una ingeniería que para los productores sea importante, todos nos alegraremos. Pero hasta ahora ni siquiera hemos escuchado ideas en borrador. Entonces, dada la orfandad en este terreno, hemos respaldado esta propuesta.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Me consta que existen ideas en la esfera del Gobierno, por lo menos, teóricas. Por ejemplo, hay un régimen de colgamentos para aquella gente que no tiene garantía suficiente, etcétera. Lo que quiero decir es que hay que dar señales claras y rápidas porque ha pasado demasiado tiempo y, además de la deuda y de lo que pueda quedar mañana, lo peor es la crisis de confiabilidad. Hay una tendencia a bajar los brazos y a la rabia y todo eso es negativo para seguir trabajando. Entonces, si esta es la señal, lo que no se debe seguir haciendo es esquivar el bulto tirando la pelota para adelante.

Soy absolutamente consciente de que con esto no se resuelve nada; con esto nos poníamos un dogal para quedar absolutamente comprometidos. He pasado mucho tiempo atrás de esto y todo tiene límite. Entonces, me parece que la representación política que se supone hay aquí, tiene que dar una señal. Digo esto porque mañana o pasado se dirá que los políticos son todos lo mismo, que no sirven para nada.

Hace unos días vinieron aquí varios gremialistas rurales a las barras. Asistí en Salto a una discusión realmente irracional, donde tuve que hacer un discurso durísimo con los productores, defendiendo a los compañeros Diputados de todos los pelos. Nos estaban dando a todos.

Como veo que este es el clima que está latente y es morboso, presenté mi iniciativa, pero puede ser cualquier otra.

Cuando vinieron los productores al Palacio Legislativo, estaba al lado de Batlle y en el momento en que se fueron me dijo: "Paisano, la sacamos barata".

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Seguramente, la problemática de endeudamiento y la del sector agropecuario, con el correr del tiempo van a ser motivo de análisis y discusión. Y cómo no serlo si el país sigue siendo agropecuario más allá de la importancia de los servicios de turismo.

Telegráficamente, a los efectos de dejar constancia, puedo decir que la deuda en el Banco de la República -organismo que atiende aproximadamente a 23.000 clientes del sector agropecuario- se distribuye de la siguiente manera: al 31 de diciembre de 1999, 17.659 productores están en actividad y en orden; al 31 de marzo de 2000, 1.804 están en trámite de reperfilamiento de la deuda, 391 se encuentran en trámite con solicitud de reperfilamiento de la deuda en Información de Tasaciones, 372 productores o empresas productivas no han concurrido al Banco a hacer ningún planteo y 2.700 carpetas son de clientes que no son considerados fijos por el Banco, sino esporádicos o deudores de muy poco monto. Es decir que el 80% de la deuda del sector agropecuario, más allá de las dificultades de rentabilidad que tienen los productores, goza de buena salud. Esto habla muy bien del espíritu de sacrificio y de cumplimiento de los productores rurales, más allá de las dificultades por la escasa rentabilidad que, desde nuestra óptica, fundamentalmente se deben a los precios internacionales que nos golpean fuertemente.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Hemos votado por la negativa ante la propuesta realizada porque, en definitiva, estamos respetando acuerdos políticos y, a nuestro juicio, esta instancia no es la oportunidad de tratar el endeudamiento y/o su suspensión. Sin embargo, quiero dejar constancia que como Senador ocupante de esta Banca estoy abierto para tratar de manera urgente este tema en las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Hacienda o en el ámbito que sea. Digo esto porque entiendo que más allá de los temas que se han expuesto con acierto, como el de la rentabilidad, del crédito y de la seguridad que tenemos que darle a los buenos pagadores, también existe una problemática realmente compleja que atrapa a muchos miles de productores rurales. Por supuesto que no es nuestra intención entrar en caminos de voluntarismo, pero sí procuraremos buscar respuestas y soluciones. Por ende, si en el marco de la ingeniería legislativa las podemos alcanzar, no rehuiría la instancia de poder analizar con profundidad ese tema con la mayor brevedad posible, dadas las urgencias que aquí se han anotado.

SEÑOR MALAQUINA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALAQUINA.- Señor Presidente: no nos íbamos a ocupar del tema, pero después de haber escuchado a varios señores Senadores, quisiéramos hacer algunas reflexiones. Este es un tema muy difícil y lamentablemente los que pagan los platos rotos son los deudores. Y aclaro que cuando hablo de los deudores me refiero a todos. He visto a algunas cooperativas de crédito salir a ofrecer créditos a los deudores con ciertas ventajas, pero cuando hubo algún tipo de dificultades en el cobro, también he visto que son las más perversas con esos deudores, incluso llegando a ejecutarlos. Asimismo, he visto a un Directorio del Banco de la República presentarse a ofrecer a los productores soluciones de refinanciación, de reperfilamiento de deuda y cupón cero, y en presencia de gerentes y contadores se daban instrucciones precisas para que se le dieran trámite a todos los planteamientos. También he visto a esos gerentes y asesores dictar resoluciones, elevando los planteamientos a los Directores, con informes en contrario, lo que no está mal porque para eso son funcionarios. Lo que está mal, señor Presidente, es que esos funcionarios bancarios le digan a los deudores que vayan a hablar con cierto Diputado o Intendente, porque eso se arregla arriba en el Directorio. Eso es perverso y no sólo ha ocurrido una vez, sino que lo estoy viviendo desde hace 15 años. Hay muchos aspectos sobre este tema y, lamentablemente, los que sufren son los deudores. Algunos funcionarios de esos bancos hacen política partidaria con este tema, utilizan de rehenes a los pobres deudores y les dan indicaciones imprecisas. Es cierto que luego es difícil probar esto porque cuando se les pregunta sobre el tema a estos funcionarios, lo niegan. Sin embargo, estas cosas están ocurriendo. Señor Presidente: mucha gente está utilizando este tema políticamente y esto es lo que hoy en este Senado tengo que denunciar. Si bien no tengo pruebas creo en lo que me plantean los productores. Por tanto, estoy decidido a encontrar las mejores soluciones, tratando este tema con seriedad y no demagógicamente o mediante políticas partidarias, pues creo que esto no tiene que ocurrir.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: hemos acompañado esta iniciativa como lo podríamos haber hecho con alguna otra propuesta que se hiciera en el sentido de aliviar la situación en que se encuentra el sector. Presentamos esta propuesta porque tenemos claro -porque así se nos trasmitió- cuál es el posicionamiento que se tiene por parte del Poder Ejecutivo ante el endeudamiento, pues nos lo expresó el señor Ministro de Economía y Finanzas. Ante una pregunta del señor Senador Astori sobre el endeudamiento, contestó que está planteado con la banca pública y privada y, a su juicio, es un tema de relación entre los deudores y los bancos. Asimismo entendía que no debe ser materia legal. En esa oportunidad más adelante señaló que con respecto a la banca privada no estaba en condiciones de saber cómo iba a actuar y que no creía que desde el Ministerio de Economía y Finanzas o desde el Ministerio Público, se pudiera hablar en nombre de ella. También expresó que los bancos privados, así como las empresas privadas, estaban en condiciones de ejercer sus decisiones en materia de negocios y, obviamente, agregó que era dentro del marco legal y reglamentario vigente. Ahí, en su exposición, deberían haber puntos suspensivos porque él quedó en suspenso antes de dar una explicación. Se expresa "dentro del marco legal vigente", pero hay una contradicción porque no es materia legal, pero luego se debe actuar dentro del marco legal. Respecto a la aspiración del señor Senador Larrañaga -quien desapareció de Sala- en cuanto a que más adelante se legisle, puedo decirle que no hay voluntad del Poder Ejecutivo para ello. Por eso realizamos esta propuesta y estábamos abiertos a encontrar un camino para aliviar esa asfixia -aunque no para resolver- que se lo formularíamos al equipo económico, que no era el de anular ese endeudamiento. Tampoco se apuntaba a que fuera en forma indiscriminada, porque hay deudores y deudores y eso lo tenemos absolutamente claro.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Simplemente quisiera respaldar el valor que ha tenido el señor Senador Malaquina que, de pronto, no sabe en la que se mete. Lo que acaba de decir el señor Senador Malaquina, algún día con prescindencia de partidos políticos, vamos a tener que encarar con seriedad desde el Senado o desde donde sea. Yo tampoco tengo cómo probarlo pero lo creo cuando me lo dicen cinco, diez, quince o veinte personas.

Cuando el Directorio del Banco de la República aprobó por primera vez los créditos con garantía del trabajo, sin pedir al trabajador garantía solidaria ni un bien para respaldar ese crédito, sino simplemente un proyecto viable, no digo que todos, pero sí un montón de gerentes del Banco de la República le dijeron a quienes lo solicitaban que el crédito era mentira, que jamás se había aprobado. Si me lo hubiera dicho sólo una persona, me hubiera generado una duda, pero me lo plantearon 20, 25 ó 30 ciudadanos que solicitaron el crédito en el Banco de la República de su pueblo y se encontraron con gerentes que les dijeron que eso era una mentira, a pesar de que tenían las resoluciones sobre el escritorio.

Sinceramente, agradezco al señor Senador Malaquina el gesto de valor que ha tenido porque me doy cuenta que he cometido una omisión durante por lo menos dos años al no denunciar estos actos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el segundo de los aditivos presentados, relativo a los servicios de energía eléctrica prestados a sujetos pasivos del Impuesto a la Renta Agropecuaria y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Se trata de una idea que pensamos podría contribuir, muy modestamente, a la recuperación de la rentabilidad de las empresas agropecuarias, fundamentalmente de las que utilizan este insumo en forma muy importante para la producción en las áreas del arroz, la lechería y la avicultura. En realidad, lo que se está haciendo es incorporar al artículo 18 del Título X, pasando de la tasa básica a la mínima del Impuesto al Valor Agregado, al servicio de energía eléctrica que utilicen empresas de estas características. Creo que el artículo se fundamenta por sí mismo.

Nosotros teníamos interés político en que esta disposición fuera considerada en esta sesión en el marco de las medidas que se están adoptando para la promoción de la inversión y recuperación de la rentabilidad y competitividad en el sector. Si el temperamento de la Cámara, como ha manifestado el señor Senador Atchugarry, no es el de aprobar este tipo de medidas, formulo moción para que se envíe como proyecto a la Comisión de Hacienda.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada a los efectos de que el aditivo presentado pase a consideración de la Comisión de Hacienda.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- En lo que tiene que ver con el capítulo agropecuario, quisiéramos ver si se puede tratar el aditivo relativo al seguro de desempleo para los trabajadores rurales, que está en la página 34 del repartido. Sería un texto aditivo al artículo 10.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el texto aditivo al artículo 10.

(Se lee:)

"Declárase que los trabajadores rurales están comprendidos en el régimen de seguro de desempleo establecido en el Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981.

Esta disposición se aplicará efectivamente a partir de la promulgación de la ley".

-En consideración.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Pensamos que en un capítulo que está vinculado al tema del agro, donde hemos hablado de los productores, de los propietarios de tierras y hemos señalado -no voy a agregar nada sobre esto- la situación que vive el sector, los trabajadores rurales siguen siendo los más grandes olvidados. Además, pensamos que corresponde declarar de urgente consideración y aprobación los artículos que tienen que ver con la situación de este sector. Por otra parte, están todas las condiciones dadas para que esto se apruebe, porque la necesidad y la urgencia están planteadas.

Desde hace varios años el Parlamento ha visto transitar minutas de comunicación, proyectos de ley y propuestas diversas de distintos sectores políticos y diferentes lemas. Nos encontramos ante una situación absolutamente crítica y difícil, porque hay hambre entre los trabajadores rurales, una desprotección absoluta con respecto a su situación, y la imposibilidad de incorporarse al seguro de paro.

Digo que la urgencia está planteada para esta realidad y para este Parlamento desde el año 1997, cuando la Cámara de Representantes envía al Poder Ejecutivo una minuta de comunicación expresando su voluntad de que dicho Poder incorpore a los trabajadores rurales al seguro de paro. En ese momento, el miembro informante era el representante por Montevideo, señor Carlos Lago, quien estuvo acompañado por representantes de distintos partidos. Esta minuta de mayo de 1997 se afirma y se fundamenta a su vez en un estudio que realiza el Directorio del Banco de Previsión Social sobre la base del informe de la Asesoría Económica y Actuarial de dicho Banco, que tenemos sobre la mesa. Allí se señala cuál es la resolución del Banco de Previsión Social adoptada en marzo de 1997, a través de la cual se promueve ante el Poder Ejecutivo la incorporación de los trabajadores rurales, agroindustriales y forestales al beneficio de subsidio por desempleo. A su vez, señala el marco legal y, por otro lado, en base al informe de su Asesoría Económica, afirma que existen las condiciones desde el punto de vista financiero -ese había sido el argumento por el cual no se había dado la cobertura del seguro de paro a los trabajadores rurales- para que esto se realice. Podríamos leer parte de las fundamentaciones que hicieron los señores Legisladores de distintos sectores.

Luego, el 1º de abril de 1998, el Representante por Rivera, señor Fernando Araújo, presentó, con exposición de motivos, ante la Cámara, un proyecto de ley que pretende extender las prestaciones de seguro de desempleo previstas en un Decreto-Ley. En dicha exposición de motivos explica las condiciones que existen: por un lado, la urgencia y la necesidad y, por el otro, las posibilidades, porque existe la recaudación para brindar la cobertura de este beneficio a los trabajadores rurales.

Al principio de la Legislatura -el 15 de febrero o unos días después- hicimos llegar al Plenario una minuta de comunicación cuyo pase a Comisión fue votado, tal como ocurrió con la referida a la salud. Aquí aprendí que cuando una minuta de comunicación se envía a Comisión, en realidad es para que quede en algún cajón y demore en retornar a Sala.

Personalmente, consideramos que un proyecto de urgente consideración que contenga las necesidades del país, debería contar con este elemento. Digo esto partiendo de la base de que los argumentos que se han dado aquí sobre otros aditivos, sobre otras propuestas, referidos al tema del financiamiento, no son aplicables en este caso porque queda claro que el descuento que se les hace a los trabajadores rurales cubre el beneficio. Esto lo dice el Banco de Previsión Social, no yo, y consta en el informe con cifras, donde se documenta claramente que la financiación existe. Por lo tanto, sería muy importante que esto se incorporara a este proyecto. Incluso, voy a reconocer las dudas que tengo sobre si esto debe ser una ley, un decreto -tal como solicita el Banco de Previsión Social- o si, en realidad, lo que se debe hacer es cumplir la ley. Cuando al principio de la Legislatura propusimos la minuta de comunicación, que fue suscrita por toda la Bancada, conversábamos con el señor Senador Nin Novoa -quien, a su vez, había hecho un proyecto de ley- sobre la pertinencia o no de presentar un proyecto de ley. Pensamos que si la minuta no se atiende y no se encuentran los caminos adecuados, entonces lo que se necesita es presentar un proyecto de ley que diga que la ley se debe cumplir. En realidad, estaríamos reconociendo que se necesita una ley. Aunque personalmente no estoy convencida, parecería que realmente se necesita una ley que faculte al Poder Ejecutivo para que cumpla con la ley, para que ampare a los trabajadores rurales en el marco de la situación que vive el sector y ante el desempleo y la crisis que viven las familias uruguayas, especialmente las que trabajan en este sector. Se pudo haber solicitado la inclusión de este aditivo en el Capítulo I, pero no se trata del fomento de la inversión y el empleo, sino de paliar las causas del desempleo; es tratar de resolver o de ayudar a resolver los problemas que tiene la gente cuando se queda sin trabajo, teniendo en cuenta, además -tal como se señala en el informe de la Cámara de Representantes o en el del Banco de Previsión Social, o como lo expresa el propio Representante por Rivera en la exposición de motivos del proyecto- cuánto gana el trabajador rural en comparación con el Salario Mínimo Nacional. Dicho Representante hablaba, en 1998, de las influencias climáticas que inciden luego en los problemas de la cosecha y, por lo tanto, en el trabajador rural que queda sin trabajo y no sabe qué hacer con su vida.

No voy a abundar sobre lo que se ha hablado en esta Sala, aunque ganas no me faltan, porque yo también soy noctámbula y entonces, a medida que pasan las horas, y dado que tenemos tiempo para conversar, me siento incentivada a desarrollar mi pensamiento sobre cada uno de estos temas. Pese a todo, creo que se han dado argumentos suficientes sobre la situación que se vive. Sin embargo, el olvidado acá es el trabajador rural. El es el olvidado del proyecto, el olvidado de las medidas del Poder Ejecutivo, el olvidado frente a la necesidad de tomar los aportes que se realizan, volcándolos donde corresponden.

Por lo tanto, en este caso me voy a inclinar por el camino de incorporar esto al proyecto para que de una vez por todas se pueda resolver, con la urgencia que el tema tiene, algo que ha pasado por todas las instancias posibles, tanto del Banco de Previsión Social, como de la Cámara de Representantes y de la de Senadores. Incluso, el Poder Ejecutivo ha hecho también sus fundamentaciones. El día que entró la minuta de comunicación, el representante del Poder Ejecutivo, señor Senador Atchugarry, me decía que había un problema de zafralidad, de financiamiento. Ahora, nosotros planteamos el problema y expresamos que el financiamiento está cubierto. Entonces, resolvamos el problema de una vez por todas, con la urgencia que tiene la situación por la que atraviesan los grandes desposeídos, los grandes parias de este sector de actividad que son los trabajadores rurales.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- No voy a hacer una fundamentación en el sentido estricto; lo que sí quiero hacer es prestar mi garganta a los que no se sientan aquí.

Es un país contradictorio el nuestro, estimados colegas. Por ejemplo, el salario promedio del Banco Central es de $ 46.000. Cualquier botija en los "piringundines" de la Ciudad Vieja se revuelve exquisitamente bien frente a lo que son estos 80.000 trabajadores rurales, responsables de casi el 70% de las exportaciones de este país, de acuerdo con los cálculos realizados. Si hay un trabajador fundamental en el Uruguay, es éste; sin embargo, históricamente ha sido el eterno trabajador olvidado y postergado. Por más razones que se esgriman, ellos nunca existen y tenemos una deuda histórica con este trabajador. La tenemos como Nación. "¡Qué falta de equidad tienen ustedes!", decía un banquero egipcio que una vez "acampó" en el Banco Comercial. Reitero, ¡qué país falto de equidad! Tiene contrasentidos que son realmente inexplicables. Por ejemplo, todavía no existe una libreta para que este hombre, trashumante de los caminos, la lleve en el bolsillo y registre que fue 15 días alambrador, 10 días montaraz. Esto es necesario ya que se han roto las relaciones patriarcales en las que, a pesar de todo, había un margen de seguridad, porque hasta se vivía en la estancia. Hoy, este hombre es cada vez más trashumante y se producen estos contrasentidos. Tal como me decía el dueño de una barraca, habría que extender el área de acción de la UTU, porque los tractores que van a venir son digitales y, entonces, cada vez que se rompan, habrá que mandarlos a Montevideo.

Ante esto, uno se pregunta si vamos a seguir postergando a los hombres que van a trabajar con esas máquinas y, al mismo tiempo, queremos hacer un país moderno, competitivo. Reitero, queremos hacer un país moderno y competitivo y al trabajador fundamental lo postergamos y lo postergamos en todo sentido. Sé que hoy estamos en un momento "apretado", pero esto lleva décadas, siempre estamos "apretados" y para el último orejón del tarro, nada.

No sé si lo que expreso será político, pero lo digo con rabia y dolor. ¿Saben por qué? Cuando ayer me dirigía hacia el Palacio Legislativo, vi gente en el Rincón del Cerro que estaba arrancando nabos y haciendo atados de acelga en el barrial e infierno de agua. Cuando pueden hacer una changa, la hacen, y paradojalmente el día que está más feo es cuando hay que hacer más carga porque muchos no van y no saben si la semana siguiente trabajan. Viven en esa circunstancia, y creo que ese tipo de trabajo no va a cambiar debido al impacto tecnológico cada vez más ecléctico.

Han habido muchos poetas en este país; el primero fue Berro. ¡Pobre!, en la mitad del siglo pasado quiso acordarse del peón rural, pero así le fue.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: son las 2 y 31 horas de la madrugada. Primero se presenta un artículo sobre el que se tiene tal convencimiento de que necesita iniciativa, que hace un mes se presentó como minuta de aspiración. O sea, los mismos proponentes tenían claro hace un mes que no podían votarlo como ley.

En segundo lugar, cabe recordar que tampoco es correcto decir que hay un aporte definido para lo que se plantea, porque no lo tiene el seguro de desempleo en ningún sector de actividad.

La tercera constancia que quiero realizar es que la relación ingresos-egresos del sector de actividad rural con el Banco de Previsión Social es de cuatro a uno, es decir, entra uno y salen cuatro. Es el sector más deficitario de dicha institución.

Entonces, siento -lo sentimos todos- las condiciones que tienen estos trabajadores como las que tienen otros. En una fuerza activa de un millón cuatrocientos cincuenta, tenemos muchos problemas en varios sectores; dentro de ellos, tenemos inconvenientes de esa naturaleza con algunos de los cien mil trabajadores rurales. Ese es un tema a considerar cuando se analiza un seguro de desempleo.

Sin duda, no merecen ser discriminados, ni tampoco lo vamos a resolver presentando una norma sin financiamiento a las 2 y 30 horas de la madrugada. El asunto fue a la Comisión correspondiente y todos los sectores lo vamos a pensar. Seguramente a la luz de los U$S 5.000:000.000 de gastos anuales y de las muchísimas necesidades, así como los discursos tan sentidos que he escuchado en el transcurso de esta sesión, es que vamos a recibir a numerosos grupos de trabajadores de sectores públicos y privados de actividad.

Por lo tanto, nuestra tarea, además de la consideración que seguramente todos tenemos, consiste en ver cómo hacemos para ser justos y, en segundo lugar, para financiar las cosas.

Por todas esas consideraciones, no vamos a acompañar esta iniciativa porque el tema está a estudio de la Comisión correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-13 en 29. Negativa.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: hace exactamente catorce años, cuando se votó el Presupuesto de 1985 -creo que en los primeros días de enero- este tema estuvo planteado y las Bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado -aclaro que no es una alusión; simplemente, quiero recordar un hecho- votaron en contra. Por lo tanto, el tema tiene todos estos años de tratamiento en este Parlamento.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: aclaro que he votado por la negativa en esta instancia. Tengo tres meses de actuación en el Parlamento y me comprometo a estudiar este tema para la instancia presupuestal.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: deseo señalar que en la instancia presupuestal vamos a estar muy atentos, como lo estuvimos en el Presupuesto anterior que consideramos como parlamentarios y en el que mucho trabajamos junto con el entonces señor Representante Atchugarry.

Por otra parte, quiero aclarar que en los U$S 5.000:000.000 vi otras opciones en los Presupuestos anteriores en materia de cuáles son las prioridades. Como decía, lo discutiremos en esa instancia.

El Uruguay ha tenido años muy malos en las coyunturas internas y muy buenos, excepcionales en las coyunturas externas. No quisiera que en los años buenos no se consideren ese tipo de prioridades y en los años malos se diga que las malas coyunturas externas inhabilitan hacer políticas sociales.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: la señora Senadora Arismendi leyó, largo y tendido, un proyecto de ley presentado en el Período pasado por el señor Representante Fernando Araújo del Partido Nacional, que también está preocupado por este tema, pero no se encontró la financiación debida. Creo que el Partido Nacional -como lo ha dicho el señor Senador Larrañaga- está dispuesto a estudiar seriamente la posibilidad de financiar con justicia que en el sector de los trabajadores no haya postergados o hijos y entenados. Sabemos que este es un tema viejo del país, pero hasta ahora no se han dado soluciones serias. Tal como lo ha dicho el señor Senador Atchugarry, estamos dispuestos a estudiar un tema que seguramente deberá tener una financiación correcta y genuina; de lo contrario, estaremos recargando de no ser tan competitivos a la hora de vender o de exportar nuestros productos. No me refiero a que esa competitividad tenga que pasar por el hecho de que los trabajadores uruguayos no gocen de los beneficios sociales, que sí tiene el resto de los trabajadores de la actividad económica nacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el Capítulo III, "Pequeñas y Medianas Empresas", que comprende los artículos 11 y 12.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: como es notorio, en el seno de la Comisión hemos votado afirmativamente estos dos artículos que componen el Capítulo III, que se denomina "Pequeñas y Medianas Empresas". De todas maneras, no quiero dejar de hacer algunas constancias.

El artículo 11 declara o quita exoneraciones del Impuesto a la Renta de la Industria y el Comercio que, a la luz del Capítulo III de la Ley de Inversiones, gozaban emprendimientos o actividades comerciales que, de alguna forma, se hacían declarar promovidas amparándose en dicha normativa. No me cabe ninguna duda de que esta disposición no beneficia directamente a las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), pero significa un beneficio para grandes empresas que tienen otras escalas y que pueden promover la declaración de empresas o actividades promovidas, y que eran comerciales y no eran convenientes.

Quiere decir que de alguna forma, no por la vía del beneficio a la pequeña y mediana empresa, sino por la de restarle beneficios a otras empresas que sí los tienen, esto podría ser un reclamo de las primeras. De todos modos, el artículo 12 permite las asociaciones de empresas que producen o comercializan bienes o prestan servicios, pudiendo tramitar y obtener a favor de sus afiliados y para proyectos específicos, los proyectos previstos en la Ley Nº 16.906.

Por lo tanto, en este caso, se supone que por problemas de escala, las asociaciones de pequeñas y medianas empresas en conjunto podrán promover para sus asociados, sin necesidad de otro tipo de intermediarios, aquellas exoneraciones que sí contiene la Ley de Inversiones. De todas maneras, no se le da ningún beneficio especial a las empresas mencionadas, porque también les retiran las exoneraciones que a su vez el artículo 11 retiró a las actividades comerciales en general.

Hemos escuchado atentamente la exposición del señor Senador Millor, quien muy bien expresó que en realidad quitarle exoneraciones a emprendimientos comerciales de gran escala, no beneficia particularmente a las pequeñas y medianas empresas, sino que simplemente les quita una promoción a empresas de gran escala que ya la tenían. Asimismo, me remití a los aditivos propuestos por el señor Senador Millor, porque la verdad es que pensé que había mencionado uno que refería a este Capítulo, pero no lo encontré. Esta sería una primera constancia.

La segunda consideración que deseo hacer es que existe un problema semántico con este artículo 12. Quizás se deba a la altura de la noche, pero creo que no está bien redactado. Concretamente, la disposición establece que "Las asociaciones de empresas que producen o comercializan bienes o prestan servicios, podrán tramitar y obtener en favor de sus afiliados y para proyectos específicos, los beneficios previstos en la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, con la excepción de los beneficios establecidos en el artículo precedente de esta ley." De acuerdo con lo que interpreto, lo que existe en el artículo 11 no son beneficios, sino un retiro o una baja de beneficios, por lo que este artículo debería decir "con la excepción de los beneficios eliminados" -o "mencionados"- "en el artículo precedente de esta ley". Reitero que estos no son beneficios, señor Presidente, porque no benefician específicamente a pequeñas y medianas empresas, tal como lo expresó el señor Senador Millor.

En consecuencia, tampoco otorgan ninguna ventaja comparativa ni promueven este tipo de empresas, sino que simplemente le restan beneficios que ya tenían por la Ley de Inversiones los emprendimientos comerciales.

Por lo tanto, no tenemos inconveniente en votar los dos artículos, aunque haciendo hincapié en el problema semántico en el sentido de que lo que se excepciona no son los beneficios otorgados en el artículo 11, sino que se trata de una resta de beneficios.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Esta es mi cuarta Legislatura y lo bueno de ello es que cada vez que se inicia una, nos vamos conociendo. Esta noche he comenzado a apreciar la gran memoria del señor Senador Núñez -se lo digo de corazón- porque a veces a uno le da la impresión de que está hablando para las galaxias, pero, en la coincidencia o en la discrepancia, a través de dos o tres intervenciones que ha tenido, demuestra tener una gran memoria o, por lo menos, mi costumbre de sacar apuntes, ya que yo no tengo la misma condición.

En primer lugar, no puede haber aditivos, porque no tengo iniciativa parlamentaria, ya que para este tipo de exoneraciones se necesita este requisito. Lo que dije respecto a estos dos artículos es que bajo la seducción del título hay una única salida viable en el mundo moderno para el problema del desempleo. En realidad, no lo digo yo, sino que una de las principales asesoras del Presidente Clinton también sostiene que es la única salida y, a su vez, el señor Riskin asegura que se termina el trabajo, mientras que otros que no son tan catastróficos dicen que se reacomoda el aparato laboral. Al mismo tiempo, las naciones más modernas y poderosas buscan la salida a través del micro y pequeño empresario. En lo personal manejé el ejemplo de Portugal, pero Estados Unidos también se juega a esto, ya que este país bajó en un punto y medio el desempleo en base a una gran promoción de microempresas.

En realidad, lo que me entusiasmó fue el titular, pero sucede que después, leyendo el articulado, observo que no hay fomento para las pequeñas empresas. Lo que sí hay es algo -y esto sí a título personal- que en realidad lo voto porque soy un hombre de Partido y para mí la disciplina partidaria es cosa seria, sobre todo cuando el Gobierno pide la primera medida. Aquí lo que hay es lo peor que se puede hacer: igualar para abajo. A mí, cuando me hablan de la igualdad -y mucho más en aquella trilogía de libertad, igualdad y fraternidad- digo sí a la igualdad, pero cuando es para abajo es lo peor que se puede hacer.

Soy un gran defensor de la Ley de Inversiones porque quiero inversores en mi país, y sin perjuicio de que pongo todo el entusiasmo en la defensa del pequeño empresario, así como en los seis o siete proyectos de ley que ya hemos presentado, ello no quiere decir que esté en contra de los grandes empresarios. No me gusta ser reiterativo, pero lo que dije hoy de tarde fue que en estos hipermercados he visto trabajar gente y ganarse su salario dignamente. Son puestos de trabajo para los uruguayos.

Creo haber contado también la anécdota de un lugar al que estoy vinculado desde mi niñez, que es Piriápolis, donde se instaló un gran supermercado y se funden un montón de amigos míos. Se beneficia el consumidor.

En consecuencia, mi idea no es contraponer pequeños contra grandes, sino que todos tengan un lugar y que vengan inversores al país. En consecuencia, la Ley de Inversiones me gustaba porque hacía atractivo para el inversor extranjero venir al Uruguay.

¿Qué es lo que se hace? Como bien lo ha descrito el señor Senador Núñez, lo que se hace es cambiar reglas de juego que en el Uruguay ya estaban impuestas a favor de los grandes. Sin embargo, este no es un beneficio para los pequeños, no es fomento.

No quiero aburrir al Senado, pero tengo aquí el informe de una auditoría bastante interesante realizada por Price Waterhouse & Coopers, que se tomó el trabajo de estudiar este proyecto de ley. Refiriéndose a los artículos 35 y 38 aludidos en esta disposición dice que son los que facultan al Poder Ejecutivo para conceder a los contribuyentes del IRIC que presenten proyectos de inversión al amparo de la Ley Nº 16.906 y del Decreto-Ley Nº 14.178, los beneficios de canalización del ahorro externo e interno respectivamente. Asimismo, el artículo 37, que también es mencionado, es el que prevé la posibilidad de que las actividades que sean declaradas de interés nacional gocen de una exoneración total o parcial de los impuestos que recaigan sobre sus ventas, beneficio éste que al día de hoy es de escasa aplicación práctica.

A esta altura de la noche, vamos a hablar con la mayor sinceridad. Aquí hay un gran reclamo político de los más y en la democracia el tema consiste justamente en eso, es decir, en que los más son más que los menos, y los más son los minoristas, a los que yo quiero, respeto, valoro y quiero ayudar. Entonces, los minoristas ponen el grito en el cielo cuando a los grandes emprendimientos, a efectos de atraerlos, se les otorgan estas exoneraciones.

Pero cuando vienen estos grandes emprendimientos, pueden provocar un estrago. Sin embargo, también son fuente de trabajo. ¡Vaya si lo son! Cuando se aprobó esto y comenzaron a llegar esas grandes superficies -no sé cómo se les puede llamar, acaso hipermercados- me enteré -incluso, creo haberlo leído en "Búsqueda"- que la primera reacción fue la de 108 comerciantes vinculados a determinados ramos, quienes se habían consorciado -este es otro proyecto que ya hemos presentado y que reiteraremos por tercera vez- de hecho para comprar a los mismos precios que los grandes. En mi concepto, eso era muy bueno, porque ganaba el que conseguía trabajo en el hipermercado, no se fundían los comerciantes chicos porque obtenían los mismos precios que el hipermercado y ganaba el consumidor. Días pasados, en el Edificio "Libertad" se anunció, como una buena noticia, que se iban a reunir 12 empresas vinculadas con la venta de electrodomésticos, para conseguir buenos precios. Creo que ese es el camino.

Pero si lo que se hace es igualar para abajo y derogar estos atractivos que tiene la Ley de Inversiones, entonces, por más que se asocien los pequeños comerciantes, de poco les va a servir porque no van a tener estos beneficios. Lo dice expresamente el artículo 12, o sea que les adelanta a quienes se asocien que no van a tener estos beneficios.

Reitero que voy a votar este artículo, aunque me desilusionó bastante su título. Para mí, el tema de las pequeñas y medianas empresas es muy importante. Aquí no hay fomento, sino una tendencia de igualar para abajo, receta que no descarto; simplemente no se afilia a mi filosofía y nunca me gustó. Aclaro que me era imposible presentar aditivos, porque no tengo iniciativa parlamentaria para hacerlo.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: en primer lugar, el artículo 11 pide que se pueda otorgar el beneficio de canalización del ahorro. Este es un beneficio absolutamente excepcional, a tal punto, que sólo tres proyectos en materia comercial fueron objeto del mismo.

Naturalmente que esto ha sido pedido por todas las asociaciones de comerciantes del país: la Liga del Interior, CAMBADU, el Centro de Panaderos y el Centro de Baristas, entre otros, por la sencilla razón de que no tienen rentas para canalizar. La mayoría paga IMPEC, ni siquiera aportan al IRIC; y los que están en este último, no tienen un volumen suficiente como para canalizar.

En consecuencia, como el mercado es uno, si le dan este beneficio a una persona que compite con otra que no lo tiene, se ve perjudicada la primera. Reitero que el mercado es uno y que no se agranda porque ingresen en él los supermercados. Lo que disminuye, naturalmente, es el mercado de los pequeños comerciantes. Esta es una circunstancia inevitable en el mundo. Lo que estamos procurando es lograr una equidad tributaria, no una que beneficie a los grandes y perjudique a los más pequeños. ¿Por qué hablo de perjudicar? Porque se trata del comercio interno, no de la exportación, donde el mercado es el mundo y ojalá hubiera, no diez, sino cien empresas exportando.

Tengo la absoluta tranquilidad de haber concurrido con algún Legislador del Partido Nacional, antes y después de la elección y por escrito, a una reunión formal de todos estos comerciantes, quienes nos lo pidieron específicamente. Además, estoy plenamente convencido de la justicia de este artículo, que no es otra cosa que no otorgar estos beneficios. Dicho sea de paso, en los últimos cinco años tampoco se concedieron. Lo que sí es una ventaja significativa es que los pequeños comerciantes, por un problema de escala, no tramitan; es un dato estadístico. Por ejemplo, si los panaderos -que ahora tienen hasta una escuela de panadería- en el futuro deciden importar un modelo de horno, y lo hacen en forma individual, como es necesario presentar un proyecto y dar muchas vueltas, el costo de todo ello equivale al beneficio del IVA o del arancel de importación. Pero, si el Centro de Panaderos -al igual que CONAPROLE hace con los productores- hace un único trámite, por ejemplo, para 500 hornos, no sólo va a obtener exoneración, sino también un volumen de negociación que le permitirá acceder a mejores precios. Por eso, no tengo ninguna duda de que los aproximadamente veinte ítems de beneficios que figuran en la Ley de Promoción Industrial, transmitida al sector servicios por la Ley de Inversiones -que contemplan todos los impuestos existentes y posibles, y el ITP, que era el único que no estaba, lo agregamos ahora- no estaban al alcance práctico de cerca de 100.000 familias, que son las vinculadas, entre otras actividades, con este tipo de comercio, puesto que esto también refiere a quienes producen bienes y servicios. Esto significa que no sólo estamos amparando a los comerciantes, sino también a los que se encuentran en todas las otras ramas de actividad.

Por eso creo que esta norma va a llevar a la práctica dos cosas muy importantes: el acceso a los beneficios y que los pequeños comerciantes aprendan a utilizar las organizaciones que ya tienen, no sólo para expresar sus puntos de vista, sino en una forma más práctica, es decir, para llegar a los beneficios y utilizar el poder de compra. Alguna vez les hemos dicho a los miembros de CAMBADU y demás minoristas que, al fin y al cabo, son un supermercado que tiene el 66% del mercado aun en el Uruguay, con más de 20.000 bocas de salida. El día que consigan usar el poder de compra o de crédito y, en este caso, los beneficios, seguramente podrán dar una lucha más pareja con la situación inversa que se vive en el mundo. Por ejemplo, en Argentina, la relación que se da entre los grandes y los pequeños comerciantes es la inversa: dos tercios del mercado lo tienen los primeros y un tercio, los últimos. Uruguay es uno de los pocos países en donde los minoristas aún dominan la mayor parte del mercado, pero tienen serias dificultades.

Era cuanto deseaba informar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 12.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- En primer lugar, creo que el señor Senador Atchugarry ya ha fundamentado claramente la ventaja que entraña el artículo 12 para las asociaciones de empresas, lo cual permite que las de pequeña y mediana dimensión tramiten su opción por este beneficio con economías de escala en el trámite. Por tanto, no me voy a referir a ese argumento.

Como ya adelantaron otros señores Senadores, hay problemas graves de definición en la redacción. Si la intención del artículo es circunscribir los beneficios a los que están contenidos en la llamada Ley de Inversiones, y a ningún otro, creo que todo lo demás es redundante, incluyendo la frase "El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición", puesto que lo hará con todo el proyecto de ley. Aprovecho para decir que sería necesario eliminarla. Entonces, si esa es la intención, terminaría el artículo donde dice "1998".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12, poniendo un punto final en "7 de enero de 1998" y excluyendo el resto de la frase.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Tiene la palabra el miembro informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En función de entendimientos políticos, solicitaríamos al Cuerpo la postergación para el día de mañana del tratamiento del Capítulo IV. En tal sentido, plantearíamos culminar el trabajo de esta noche considerando el Capítulo V, que tiene dos aditivos que patrocinó el señor Senador Millor. Pienso que este Capítulo es de rápida votación -por lo menos, así sucedió en Comisión- y de acuerdo, ya que estos dos artículos que presentó el señor Senador Millor fueron acompañados por los miembros de la Comisión. Estas dos normas lo que hacen es enriquecer el proyecto de ley.

Mocionaría, entonces, en el sentido de terminar el Capítulo V y pasar a cuarto intermedio hasta la hora 15.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el aplazamiento de los artículos 13, 14 y 15 y el ingreso a la consideración del Capítulo V, levantando la sesión una vez terminado el estudio del mismo.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése cuenta de un aditivo al artículo 16, que pasaría a ser 17.

(Se da del siguiente:)

"Las sociedades anónimas de garantía recíproca estarán constituidas por socios partícipes y socios protectores.

Serán socios partícipes, únicamente, micro, pequeñas y medianas empresas, sean estas personas físicas o jurídicas, que reúnan las condiciones para ser categorizadas como tales por la autoridad de aplicación, siendo los criterios establecidos en el decreto del Poder Ejecutivo Nº 266/95, de julio de 1995.

Serán socios protectores todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social.

Las sociedades de garantía recíproca no podrán celebrar contratos de garantía recíproca con los socios protectores. Es incompatible la condición de socio protector con la de socio partícipe. La participación de los socios protectores no podrá exceder del 49% del capital social. Por su parte, la participación de cada socio partícipe no podrá superar el 5% del mismo."

-En consideración.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: en breves minutos, voy a tratar de explicar los aditivos a los artículos 16 y 20.

Sólo quiero hacer un pedido. Estos aditivos son sustitutos de los que presentamos a primera hora. En tal sentido, solicitaría que en el acta figuren los primeros aditivos. Esto es producto de un acuerdo, para empezar a trazar un camino en una muy buena idea que tiene esta ley de urgencia, que por primera vez eleva al rango de ley una figura muy necesaria para que prosperen los micro y pequeños empresarios: las sociedades de garantía recíproca. Pero esto es, reitero, el comenzar a trazar un camino, con el compromiso -junto con el Ministro de Industria, Energía y Minería y abierto a todos los que quieran participar, porque no creo que esto tenga un tinte político- de estructurar este año una gran ley de sociedades de garantías recíprocas.

Mencioné hoy de tarde -creo que cometí una injusticia- que había tres proyectos y dije que en estos últimos diez años se presentaron dos proyectos similares en las dos Cámaras, uno firmado por los señores Senadores Batalla, Cassina y Raffo, y otro parecido firmado por los Diputados Edén Melo, Díaz Maynard y Bertacchi. Al mismo tiempo, había un tercer proyecto presentado por el ex Senador Dante Irurtia y quien habla, que tenía la particularidad de incorporar unos artículos a la ley de sociedades anónimas, que a su vez está incorporada al Código Comercial. Hoy de tarde me enteré que el Encuentro Progresista tiene más o menos elaborado un proyecto de ley sobre garantías recíprocas. Quiere decir que este es un tema en el cual podríamos hacer un aporte importante a lo que es la gran solución del tema laboral. O sea que el compromiso queda establecido.

Los aditivos que estamos proponiendo significan muy poca cosa; simplemente, es comenzar a trazar un camino. Por lo pronto, digo, señor Presidente, que en ninguna parte del mundo estas sociedades de garantías recíprocas funcionan si no tienen alguna exoneración tributaria. En este sentido, no podemos fijarla en los aditivos, porque no tenemos iniciativa parlamentaria.

No sé si todos los compañeros del Cuerpo se acuerdan de memoria el contenido de las leyes que se mencionan; en mi caso, cuando me llegan de apuro estos aditivos que mencionan una serie de leyes, tengo el problema de que no me acuerdo de memoria el número de las leyes.

En los primeros aditivos mencionábamos la Ley Nº 16.060, es decir, la Ley de Sociedades Comerciales, y la sacamos porque ya estaba en el texto de la ley de urgencia.

La otra ley que mencionamos, la Nº 16.170, es el Presupuesto de 1990, cuando durante el gobierno del doctor Lacalle se crea la DINAPYME, en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Por su parte, la Ley Nº 16.201, que también se votó durante el gobierno del doctor Lacalle, declara de interés nacional todo lo relativo a la PYMES, detallando y ampliando los cometidos del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Por otro lado, el Decreto Nº 54/92 es el primer decreto que comienza a establecer parámetros de calificación y otros elementos que dicen relación con las micro, medianas y pequeñas empresas. El Decreto Nº 266/95, que corresponde al gobierno del doctor Sanguinetti, introduce una pequeñísima modificación en lo que tiene que ver con los montos que se comercializan en la tercer categoría, es decir, la de las medianas empresas. Es la única modificación que introduce, pero hay que tenerla en cuenta porque es un cambio en la categorización de lo que son no las micro y pequeñas empresas -que quedan iguales- sino las medianas empresas.

Quería hacer estas aclaraciones porque cuando me llegan aditivos sobre la marcha, tengo que recurrir al archivo legislativo para saber de qué se tratan las leyes que se mencionan.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Estoy tratando de comprender el alcance de la propuesta del señor Senador Millor, pero la dificultad en la que me encuentro es la siguiente. Hemos trabajado en un proyecto bastante completo que contiene diez capítulos y que comprende todo este tema de suma relevancia. En principio, lo que habíamos visto era compatible con estas disposiciones muy generales que vienen en el Capítulo V. Pero, con respecto a estas disposiciones en las que avanza el señor Senador Millor, tenemos dudas en el alcance de varias de ellas y en qué medida habría compatibilidad.

Entonces, no sé si no sería posible que estos distintos aportes se elevaran a la Comisión de Constitución y Legislación, llegando al acuerdo de darle un rápido trámite a fin de que, por vía legal, se haga un desarrollo de este proyecto que viene en el marco de la ley de urgencia, que sin duda es muy general y que podríamos desarrollarlo por la vía legislativa.

En este momento, y debido a la rapidez del trámite, no estamos en condiciones de considerar el alcance de estas disposiciones, por lo que difícilmente podamos pronunciarnos. Consulto, pues, al señor Senador Millor acerca de si está de acuerdo con esto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Ya hemos hablado de esto en la discusión general, y no me gusta ser reiterativo.

Las sociedades de garantía recíproca son una herramienta fundamental si realmente queremos, no ya que se instalen los micro empresarios, sino que sobrevivan. Tengo sobre mi banca la ley argentina, la española y en mi casa la ley francesa. Debo decir, por otra parte, que los portugueses se manejaron no sólo por la vía de leyes, sino en base a una serie de medidas muy rápidamente tomadas. Con esta herramienta, entre otras cosas, bajaron el desempleo al 4.5%.

Para que realmente se entienda el mensaje que se quiere trasmitir -que es realmente muy positivo, ya que por primera vez en nuestro país se consagra, con categoría de ley, el acceso al crédito de quien se anima a instalarse por su propia cuenta- habría que darle, por lo menos, el formato mínimo de una sociedad de garantía recíproca. Por ejemplo, en los primeros aditivos que presenté, eliminé aquello de que tuviese un número mínimo de socios, que es algo que aparece en todas las legislaciones comparadas. Pero hay que definir que una sociedad de garantía recíproca tiene dos tipos de socios: los partícipes y los protectores. Esto es algo que sucede en todo el mundo. Es eso la sociedad de garantía recíproca. Partícipes son los que se benefician de la garantía, y protectores los que suministran el capital sin poder extraer réditos de esa garantía. Es decir que no pueden cobrar por ella pero sí, eventualmente, disfrutar de los beneficios de las empresas a las que garanten. Habría que establecer que tienen ciertos límites en cuanto al porcentaje de la sociedad, porque no se trata de que los más trabajen para los menos. El límite que universalmente se utiliza es que los socios protectores no pueden poseer más del 49%.

Se trata de normas elementales para que esto se parezca en algo a una sociedad de garantía recíproca.

Posteriormente a esto, habría que comenzar a transitar otro camino -que espero se haga a corto plazo, porque en esto sí que el mundo moderno nos va corriendo- porque si no entramos a legislar rápidamente sobre el tema de la micro, pequeña y mediana empresa, difícilmente podremos combatir el gran drama actual, que es el desempleo. Como expliqué en la tarde de ayer, hay una revolución tecnológica; el Estado no puede seguir empleando gente y hoy se produce más, pero con menos personal. Este es un fenómeno que nadie puede negar; la máquina va rapidísimo. Podría dar mil ejemplos de la actividad privada en la que trabajé, no hace tanto tiempo.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Dado lo avanzado de la hora, propongo seguir adelante hasta el artículo 20 y arrancar con estos aditivos a partir de las 15 horas. Creo que eso nos permitiría estudiarlos mejor. Si bien la intención de todos es que el tema se apruebe, no parece lógico votar a ciegas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el señor Senador Millor y el miembro informante están de acuerdo, se va a proceder de esa forma.

Según creo recordar, había acuerdo en los artículos tal como están redactados, por lo que, si no hay inconveniente, la propuesta sería votarlos en bloque.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: comparto el criterio del señor Senador Michelini, pero si vamos a votar esto en bloque, quisiera hacer una sugerencia y me gustaría que los miembros de la Comisión me dijeran si están o no de acuerdo.

Hay una cierta desprolijidad gramatical. El artículo 16 está muy claro, pero en el artículo 17 se dice: "En todo lo no previsto por las disposiciones de este Capítulo, éstas", etcétera. Como se trata de otra disposición, que se puede leer aisladamente, no debería decir "éstas".

Algo similar ocurre en el artículo 18, que establece: "En su denominación", etcétera. No se estipula "En la denominación de esta sociedad".

En consecuencia, sugeriría que los artículos 16, 17, 18 y 19 se fusionaran, quedando la misma redacción, sin el defecto gramatical que supone el artículo determinado "éstas" haciendo referencia, por ejemplo, a las sociedades del artículo anterior.

En síntesis, desde el punto de vista gramatical, creo que mejoraría mucho que los artículos 16, 17, 18 y 19 fueran una sola disposición, repito, con el texto que ya tienen.

SEÑOR PRESIDENTE.- Al parecer, existe acuerdo en la Comisión.

En consecuencia, se va a votar nuevamente el artículo 16, que ahora incluye, también, los textos de los artículos 17, 18 y 19.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 20.

Si no hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa hará el correlato de los números del articulado.

14) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a cuarto intermedio hasta la hora 15 del día de hoy, a los efectos de continuar el estudio del proyecto de ley de urgencia, comenzando por los agregados propuestos por el señor Senador Millor.

(Así se hace, a la hora 3 y 16 minutos del día 19 de mayo de 2000 presidiendo el profesor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Antonaccio, Arismendi, Astori, Atchugarry, Batlle, Bayardi, Carminatti, Chiruchi, Cid, Fernández Huidobro, Garat, García Costa, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Malaquina, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Riesgo, Rubio, Sanabria, Virgili y Xavier)

PROFESOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.