Retorno a página principal

Nº 19 - TOMO 401 - 17 DE MAYO DE 2000

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

18ª SESION EXTRAORDINARIA Y PERMANENTE

PRESIDEN EL PROF. LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

y el SEÑOR SENADOR CARLOS GARAT Tercer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQ. HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 6) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Singer y Astori.
- Concedidas.

5 y 7) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan los doctores Lago y Bonilla y la señora Goitiño comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.
- Ingresa a Sala el señor Antonaccio a quien luego de prestar el juramento de estilo se le declara incorporado al Senado de la República.

8, 10, 12 y 14) Mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de las condiciones en que se desarrollan y de fomento a las actividades productivas

- Proyecto de ley del Poder Ejecutivo con declaratoria de urgente consideración.
- Continúa la discusión general y particular.
- Manifestaciones del señor Senador Núñez. Intervención de varios señores Senadores.

9) Minuta de comunicación

- El señor Senador Cid solicita se reparta una minuta de comunicación referida a la situación de las instituciones de asistencia médica.
- El señor Presidente informa que la misma fue destinada a la Comisión de Salud Pública.

11) Régimen de trabajo para el día jueves 18

- Moción de los señores Senadores Atchugarry, Sanabria y Garat para que el Senado comience la sesión del día de mañana a la hora 15.
- Se vota negativamente.

13) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

- Por moción del señor Senador Gargano el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la presente sesión hasta que termine su exposición el señor Senador Cid.

15) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 16 de mayo de 2000.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en régimen de cuarto intermedio, en sesión extraordinaria y permanente, de conformidad con el artículo 168, numeral 7° literal d) de la Constitución de la República, mañana miércoles 17, a la hora 15:00, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración relacionado con la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de fomento de las actividades productivas.

(Carp. N° 145/2000 - Rep. N° 19/2000 y Anexos I, II y III.)

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Antonaccio, Arismendi, Atchugarry, Batlle, Carminatti, Chiruchi, Cid, Couriel, Fau, Fernández Huidobro, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Malaquina, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Segovia, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia los señores Senadores Astori y Singer.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 8 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo reiterando el proyecto de ley por el que se aprueba el Nuevo Texto Revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, aprobado por la Conferencia de la FAO en su 29° Período de Sesiones.

-A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Ministerio de Relaciones Exteriores acusa recibo de las versiones taquigráficas de las manifestaciones formuladas en Sala:

por el señor Senador Luis Alberto Heber relativa a la Contaminación de las aguas del Río Yaguarón.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR LUIS ALBERTO HEBER.

y por el señor Senador Jorge Larrañaga sobre la contaminación del Río Uruguay en las costas de la ciudad de Paysandú.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR JORGE LARRAÑAGA.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite la información solicitada por el señor Senador Manuel Laguarda relacionada con la situación de endeudamiento del sector privado de la salud.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR MANUEL LAGUARDA.

El Ministerio de Salud Pública remite la información solicitada por el señor Senador Reinaldo Gargano relacionada con la cantidad de funcionarios de la Colonia «Bernardo Etchepare».

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR REINALDO GARGANO

La Junta Departamental de Maldonado remite notas comunicando la resolución adoptada por la que se declara de Interés Departamental el «Proyecto de Instalación del Parque Temático Beto Carrero en Pueblo Gregorio Aznárez» solicitando se curse a las Comisiones de Turismo y de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

-A LA COMISION DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y A LA COMISION DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.

La Junta Departamental de Paysandú remite nota acusando recibo de la versión taquigráfica de las manifestaciones formuladas en Sala por el señor Senador Jorge Larrañaga sobre la contaminación de las aguas del Río Uruguay a la altura de esa ciudad.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR JORGE LARRAÑAGA.

La Junta Departamental de San José remite nota transcribiendo la exposición efectuada por el señor Edil Danilo Vassallo sobre el proyecto de ley de Empresa Nacional de Energía.

-AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES."

4) SOLICITUD DE LICENCIA

PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Juan Adolfo Singer solicita licencia por los días 17, 18 y 19 de los corrientes."

-Léase

(Se lee:)

"Montevideo, 16 de mayo de 2000.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López

Presente

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado para participar de las sesiones de la Mesa Directiva y el Tercer Foro Municipal del Parlamento Latinoamericano, en mi calidad de Presidente Delegado de la Institución, vengo a solicitar licencia por tres días, del 17 al 19 de los corrientes.

En esta oportunidad, los gastos de pasajes y viáticos serán asumidos por la Tesorería del Parlamento Latinoamericano.

Sin otro particular, saludo a usted con mi personal estimación

Juan Adolfo Singer. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

5) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de dos notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

"Los doctores Raúl Lago y Conrado Bonilla comunican que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto."

-Corresponde, por lo tanto, convocar a Sala al siguiente suplente, que lo es el señor Marcelo Antonaccio, a quien se invita a pasar a Sala para prestar el juramento de estilo.

(Entra a Sala el señor Marcelo Antonaccio)

-Se invita a las señoras y a los señores Senadores y a los señores asistentes a la Barra a ponerse de pie.

Señor Marcelo Antonaccio: ¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?

SEÑOR ANTONACCIO.- Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR ANTONACCIO.- Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda usted investido del cargo de Senador e incorporado al Cuerpo.

Felicitaciones.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

6) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Danilo Astori solicita licencia por el día de la fecha."

Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 17 de mayo de 2000.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que me conceda licencia por el día de la fecha.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente

Danilo Astori. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Nelly Goitiño presenta una nota comunicando que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

-Corresponde convocar al siguiente suplente, que lo es el señor Albérico Segovia, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encontrare en la Antesala, se le invita pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Segovia)

8) MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLAN Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el único punto que figura en el orden del día: "Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración relacionado con la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de fomento de las actividades productivas. (Carp. Nº 145/2000 - Rep. Nº 19/2000 y Anexos)".

(Antecedentes: Ver 16ª Sesión Extraordinaria y Permanente)

-Tiene la palabra el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ- Obviamente, mi esquema de exposición que había sido preparado, básicamente, a partir de haber escuchado los informes en mayoría y en minoría, ha tenido algunas variaciones, en la medida en que la intervención del señor Senador Heber me motivó algunos comentarios sobre ella.

En particular, me refiero al esquema del informe en mayoría que hablaba de cómo se amalgamaba este proyecto de ley con la política económica expuesta por el señor Ministro de Economía y Finanzas y cómo entendía la mayoría el concepto de urgencia, que es un elemento de procedimiento parlamentario, fundamentalmente, pero también es un concepto político. Luego, desarrollaba largamente el trabajo que se había realizado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

A raíz de esto, después hizo un análisis de las normas que la mayoría consideraba importantes, así como un largo desarrollo, en una exposición sobre el proyecto de ley que estamos tratando, que duró aproximadamente una hora.

Evidentemente, la exposición del señor Senador Heber en el día de ayer motivó algunas reflexiones desde mi punto de vista. En primer lugar, nos enteramos que los representantes de la coalición empezaron a trabajar a partir del 9 de noviembre, como era obvio, después de la firma del acuerdo político que llevó al apoyo del Partido Nacional a la candidatura del actual Presidente de la República, doctor Jorge Batlle Ibáñez. También nos enteramos de que, al principio, había un único tema en la ley de urgencia, el de la descentralización, a pesar de que en el librito que ayer el señor Senador Rubio mostró sobre el acuerdo político se mencionaba otro conjunto de temas que podían estar en dicha ley.

Luego de las fiestas tradicionales, en enero de 2000, se formaron cuatro comisiones: la de descentralización, la de exoneraciones tributarias para el agro, la de legislación penal y una cuarta, que no se anunció porque, a veces, los expositores manifiestan cuántos temas van a tratar, pero luego desarrollan menos. Se presentó un borrador que actualmente cuenta con quince capítulos. El señor Senador Rubio, haciendo un esfuerzo para racionalizar el contenido de este proyecto de ley dijo que tenía doce temas, pero en realidad, algunos de los capítulos contienen más de un tema, los que podrían ser pasibles de una ley por separado.

En la Comisión de Constitución y Legislación, el señor Senador Heber, por lo menos en tres oportunidades hizo saber que algunos de los temas habían sido propuestos por el Partido Nacional, especialmente los que tienen que ver con las normas que se incluyen en el Código Penal o tratan la legislación penal. Asimismo el Senador, anunció un conjunto de cifras, como ser que había U$S 40:000.000 de exoneraciones para el agro y U$S 160:000.000 que se iban a reducir de los gastos para poder solventar ese conjunto de erogaciones extraordinarias que va a tener el articulado. Luego dedicó veinticinco minutos, de los cuarenta y cinco que duró su exposición, porque concedió algunas interrupciones, a analizar el memorándum que entregó el Presidente de nuestra fuerza política, el compañero Tabaré Vázquez, al Presidente de la República, doctor Batlle Ibáñez. Obviamente, creemos que no lo leyó detenidamente; tomó las dos páginas finales donde se enumeran veintitrés propuestas que nuestra fuerza política entendía que tenían carácter urgente, que no leyó el acápite que decía que, en el marco de las consideraciones anteriores destacábamos algunas de las propuestas puntuales que entendemos urgentes, aunque no tendrían por qué estar en una ley de urgencia. Enumeramos algunos temas que entendíamos que tenían urgencia, porque dentro del análisis decíamos claramente -y lo vamos a repetir ahora- que algunos de los temas que esta ley trata no tienen la urgencia necesaria ni solucionan los verdaderos problemas de la gente y de los sectores productivos a los que supuestamente está dirigida.

Como dijo el señor Senador Couriel, le agradecemos al señor Presidente Jorge Batlle Ibáñez que nos haya entregado previamente este borrador, que era más borrador que el actual. Luego de una semana de análisis hicimos un modesto aporte sin pretensiones, sabiendo que existía la coalición, el pacto del nueve de noviembre y las mayorías necesarias para aprobar cualquier ley. A partir del mes de noviembre, este acuerdo político tuvo muchas idas y venidas y recién el 13 de abril fue presentado este proyecto de ley llamado "de urgente consideración". Les quiero recordar que cuando asumió la Presidencia el General Gestido, en 1966 presentó una ley de urgencia en los primeros días de marzo, como corresponde cuando se considera que es urgente el tratamiento de algunos temas. Sin embargo, en este caso hubo un conjunto de idas y venidas previas e, incluso, el 12 de abril se estuvieron haciendo unas correcciones para poder presentar al Parlamento al día siguiente este proyecto de ley.

Lo que nos pareció realmente disparatado, señor Presidente, y lo que demuestra que, por suerte, el señor Senador Heber no es contador ni asesora al Ministerio de Economía y Finanzas, es lo que paso a detallar. Es más inflacionario de lo que él mismo acusa al señor Senador Couriel. A pesar de que se asesoró con técnicos del Instituto Nacional de Estadística y del Banco de Previsión Social, tomó ocho de las sugerencias que nosotros presentamos en el documento, generando una inflación del 723% en el costo de las medidas contenidas en el texto mencionado. Con un 723% de inflación de las cifras, cualquiera hace política. Analizaremos una por una las medidas: primero tenemos la ampliación de las asignaciones familiares al conjunto de los niños del Uruguay. Dicha asignación es de $ 166 mensuales, y si la multiplicamos por 250.000 niños, nos da una cifra de U$S 45:000.000, pero la cifra dada por el señor Senador era de U$S 75:000.000.

Por otra parte, está el tema del salario social para mujeres jefas de hogar desocupadas. A eso se refiere nuestro proyecto y no a todas las mujeres del Uruguay que tengan una familia constituida. El costo era de U$S 20:000.000, pero para el señor Senador Heber la cifra era de U$S 153:000.000. Reitero que habla de 150.000 mujeres en esas condiciones, pero esa cantidad no es siquiera el conjunto de desocupados que hay en el país en su totalidad.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NUÑEZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Simplemente, quisiera aclarar las cifras a fin de poder manejarnos. Hice nuevamente la consulta al Instituto Nacional de Estadística y Censos y, sobre las jefaturas de hogar, se habla de un total de 250.000 mujeres jefas de hogar. De ellas, ocupadas hay 100.000, desocupadas 8.000 e inactivas 142.000.

Por tanto, lo que hice fue sumar las inactivas más las desocupadas, ya que no sé cómo se va a pagar un salario diferenciando entre desocupadas e inactivas, pues seguramente vendrán todas las jefas de hogar a reclamar el beneficio. La suma da 150.000 y, teniendo en cuenta un salario mínimo nacional del orden de los $ 1.020, se obtiene la cifra de U$S 153:000.000.

Con respecto a los 215 niños, los representantes del Banco de Previsión Social me dijeron que se tenían que tomar a $ 350 los de $ 115, por eso me da esa cifra. En cuanto a la otra cifra de los trabajadores -y en esto tenía razón el señor Senador Nin Novoa cuando formuló la observación- se hizo mal el cálculo y se habló de 80.000. Teniendo en cuenta un promedio de 10%, es decir 8.000 desocupados, la cifra del aumento del seguro de desempleo incorporada a los trabajadores rurales sería, para nosotros, de U$S 34:000.000 anuales -y no cuatro- según lo que me dijeron. Las otras cifras son exactas: el IMABA es 24, las jefas de hogar en situación de desocupación son 150.000, a no ser que ustedes puedan diferenciar a las jefas de hogar desocupadas de las inactivas. Si el día de mañana, a través de un artículo, disponen que van a pagar el salario a estas personas, seguramente todas las inactivas van a querer cobrar, pero creo que las cifras que yo digo son más exactas que las que ustedes manejan. Las cifras del valor de las cuotas ascienden a U$S 16:000.000; las correspondientes a la reformulación del plan de construcción de viviendas en los terrenos baldíos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente son de U$S 20:000.000; las destinadas al JUNAE son de U$S 16:000.000 y las cifras para los funcionarios docentes ascienden a U$S 24:000.000. Todo esto implica una cantidad exacta de U$S 877:000.000. Me podrá decir el señor Senador que estoy inflacionando, seguramente si esta medida tiene cabida en la Ley de Urgencia, no sé cómo la financiaría. Aquí se trata de discutir seriamente, no lo que uno quisiera, porque si es así desearía aumentarle el salario a todo el mundo y subir todas las jubilaciones, pero el problema es cómo y esto lo venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. Estas cifras son correctas y, si el señor Senador lo desea, le puedo mostrar el fax que me pasó el Instituto Nacional de Estadística , donde se expresa claramente que son 150.000 mujeres, si tenemos en cuenta a las inactivas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- Esto me confirma que, a veces, los señores Senadores no leen ni siquiera la definición de desocupación. Según el Instituto Nacional de Estadística -y se puede comprobar en cualquiera de los libritos que ellos publican- se expresa claramente que desocupados son aquellas personas que buscan trabajo y no han trabajado ni siquiera dos horas la semana anterior. Por lo tanto, la cifra no es 150.000 sino 8.000 mujeres jefas de hogar que se encuentran en esa situación de desempleo abierto

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NUÑEZ.- Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Simplemente, quiero poner el ejemplo de una señora viuda, jefa de familia, con 30.000 hectáreas de campo. En este caso la señora estaría inactiva, pero no desocupada, porque tiene con qué vivir. Entonces, el hecho de sumar los conceptos de inactivo y desocupado produce una gran confusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- En primer lugar, me gustaría ver si las cifras a que hizo referencia el señor Senador Heber tienen alguna firma oficial del Instituto Nacional de Estadística, porque creo que no tienen nada que ver con nada.

Con respecto al tema del IMABA le voy a dar la derecha al señor Senador Heber, porque seguramente tiene más vinculación con el Gobierno, que quien habla y, efectivamente la cifra puede ser de U$S 24:000.000. Pero de ninguna manera podemos aceptar que la frase del citado memo que decía que era conveniente reducir aportes patronales a la seguridad social, porque no se refería a porcentajes, no venía acompañada de una propuesta concreta, ni de montos y el señor Senador la estima en U$S 500:000.000. En este caso, es importante ver qué tipo de rebajas se pueden hacer a los aportes patronales, pero no es posible sin una propuesta concreta calcular costos. Con esta forma de calcular, seguramente podremos llegar a cualquier cosa.

Lo mismo sucede con el aporte de DISSE a las instituciones de asistencia médica. La propuesta es llevarlo del 85% al 90% y sale U$S 20:000.000 y no U$S 100:000.000, como lo que el señor Senador dice.

Con respecto a propiciar el financiamiento público del déficit de la JUNAE, podemos decir que, según nuestros asesores -y al respecto hemos consultado al señor Ministro- esto saldría U$S 5:000.000 y no U$S 16:000.000, como el señor Senador afirma.

El señor Senador se rectificó con respecto al costo del seguro de desempleo de trabajadores rurales que, en realidad, son U$S 2:400.000 como expresó el señor Senador Nin. Pero en este caso tenemos que decir que como a los trabajadores rurales se les cobra el aporte como a cualquier otro, en definitiva eso ya está financiado y, por lo tanto, ni siquiera debería ser un costo adicional.

En cuanto a la cuota mutual para docentes y funcionarios de la ANEP, cuesta U$S 20:000.000 y el señor Senador calculó U$S 24:000.000.

Consideramos que en un debate se pueden usar diversos argumentos, pero tienen que ser serios y, por más que se muestre un papelito que dice Instituto Nacional de Estadística, no sabemos quién hizo las cuentas para sacar los costos porque no tiene firma de ningún técnico. Entonces, me parece que es temerario el hecho de hacer este tipo de planteamientos. Además, en vez de defender la Ley que se está discutiendo, tratan de atacar las propuestas de nuestra fuerza política que tienen que ver con un conjunto de temas que sí son considerados prioritarios, a diferencia de los que están contenidos en este proyecto de ley.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NUÑEZ.- Con mucho gusto, señora Senadora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- En realidad, si queremos discutir en serio el tema de la cuota mutual de los docentes, podemos preguntar dónde está el dinero. El problema es que, con menos del dinero que se otorgó para tercerizar las certificaciones médicas de los trabajadores de la enseñanza, se puede preservar la salud cubriendo la cuota mutual a los docentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- Después de esta digresión motivada por alguna intervención del día de ayer, vuelvo al esquema inicial que es ver el procedimiento y el trámite que tuvo el proyecto de ley en la Cámara de Senadores. Tengo, sobre la mesa, el Mensaje denominado: "Mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de las condiciones en que desarrollan las actividades productivas", que ingresó a esta Cámara -según consta en la primera página del Repartido Nº 19 Carpeta 145/2000- a las 9 y 35 horas del 13 de abril de 2000, con declaratoria de urgente consideración por parte del Poder Ejecutivo. A partir de ese momento el Senado se convocó para las 16 horas del mismo día y, desde nuestro punto de vista, no se respetó el procedimiento ni el tiempo reglamentario para esa citación.

Así lo planteamos en la Comisión de Constitución y Legislación y el Presidente de la misma nos dijo que eso lo teníamos que plantear en el Senado, cosa que realizamos en este momento. Estamos convencidos de que el 13 de abril no se cumplieron los tiempos y procedimientos reglamentarios para la citación del Senado, lo que constituye una anomalía que tendremos que analizar, así como reprochar por la misma a la Presidencia del Cuerpo. Esa citación para sesión extraordinaria, para la que se sabía de antemano que no iba a haber quórum, se realizó y como era previsible no tuvo andamiento. El mismo día 13, luego de la fallida sesión del Senado -y ahí sí amparada la Mesa en potestades reglamentarias-, se envió este proyecto a la Comisión de Constitución y Legislación. Sin embargo, todo el mundo sabía que la Bancada del Frente Amplio quería presentar una moción para la constitución de una Comisión Especial, en la medida en que la amplia temática que abarca este proyecto, así como su complejidad, hacía aconsejable la formación de una Comisión Especial y no su pasaje a la Comisión de Constitución y Legislación. Pienso, además, que la sesión "trucha" del 13 de abril tiene mucho que ver con la ventaja comparativa que para la mayoría de este Senado debe tener el tratamiento en la Comisión de Constitución y Legislación. Obviamente, el contenido del proyecto a estudio desborda la temática de todas las Comisiones de este Senado. No hay Legislador que pueda abarcar los 14, 15 ó 16 temas que tiene la iniciativa o votar 95 artículos estudiándolos tal como debe hacerlo el Senado.

Además, la Comisión no funcionó entre 16 y 22 de abril, o sea, en la semana de Turismo y no lo hizo, justamente, a pedido de Legisladores que no son de mi Bancada. Eso nos hizo perder un tiempo importante para el tratamiento y consideración de este proyecto tan amplio.

En el seno de la Comisión presentamos un plan de trabajo, que no fue aceptado. En el mismo proponíamos invitar a un conjunto de especialistas, por ejemplo, al Congreso de Intendentes; a distintas asociaciones empresariales; al Centro de Navegación Transatlántica; al SUANP; a representantes de CONAPROLE, tanto de su sindicato, como del Directorio y de los productores; a funcionarios de ANSE y, la Unión Ferroviaria. Reitero que este criterio no se aceptó y tampoco se recibió en la Comisión a los invitados, salvo a los catedráticos, a los señores Ministros y a los representantes del Congreso de Intendentes. Se conformó una Subcomisión, compuesta por tres miembros, que recibió en un solo día -el jueves 4 de mayo- seis o siete delegaciones, lo que limitó la capacidad de exposición, de análisis de las propuestas y la exposición de la visión que tenían esas organizaciones que estaban afectadas directamente por el proyecto. La Comisión trabajó, tal como dice nuestro informe, a marcha forzada. Recibimos invitados del 24 de abril al 3 de mayo y del 3 al 9 de mayo, en sólo cuatro sesiones tratamos y votamos 95 artículos distribuidos en 15 Capítulos. Obviamente, la urgencia del proyecto, así como el procedimiento, están amparados por el artículo 168, numeral 7) de la Constitución y tiene esa calificación por parte del Poder Ejecutivo. Esta potestad de dicho Poder tiene limitaciones temporales, ya que no se puede considerar más de una Ley de Urgencia a la vez, sólo se pueden considerar dos en un año y no se pueden tratar determinadas materias, por ejemplo, la presupuestal. Nos parece que estamos en presencia de un conjunto muy amplio de leyes, que no deberían formar parte de un mismo cuerpo legal. Además, la declaratoria de urgencia limita el estudio, la profundidad del análisis de la iniciativa y, la perentoriedad de la discusión en Comisión y ahora en Sala, atenta contra su mejor tratamiento.

SEÑOR GARCIA COSTA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NUÑEZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: voy a ser sumamente breve, dado que creo que el episodio no es trascendente, pero deseo fijar con exactitud lo que, a mi juicio, sucedió. En el momento en que se decidió -y el señor Presidente participó de esa reunión- que el proyecto pasara a la Comisión de Constitución y Legislación, se hallaba en reunión de Coordinadores, representando al Frente Amplio, el señor Senador Cid, quien prestó su aprobación. Repito que el suceso no es trascendente y, si bien creo que la Mesa no necesita defensores gratuitos, deseo dar mi testimonio, dado que también me encontraba en esa reunión. Puede hacerse cualquier consideración sobre si se trataba de un buen procedimiento o no, pero no se quiso sorprender a nadie y sobre el punto, estábamos todos de acuerdo.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- Anuncio que no voy a conceder más interrupciones, en virtud de que recién estoy empezando a desarrollar mi pensamiento y me queda solo media hora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de continuar, debo decir que hay una moción para que se prorrogue la hora de que dispone el orador, la que procederemos a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- Decíamos que la declaratoria de urgente consideración es un proceso formal que hace el Poder Ejecutivo, que tiene limitación y que de alguna forma se tergiversa, desde nuestro punto de vista, el espíritu del Constituyente cuando se la utiliza en un proyecto que no consta de una sola materia, sino que está constituido por un conjunto de asuntos con una amplia temática, de distinta importancia y trascendencia para el país. También sabemos que este proyecto de ley -y así lo reconoció el señor Senador Heber- está vinculado al acuerdo de noviembre, que llevó al Partido Nacional a votar al Presidente Batlle. Obviamente, y tal como lo dijeron el informe en minoría y varios señores Senadores, hubiéramos deseado -pensamos que habría sido una buena oportunidad para demostrar, que cuando se hacen promesas preelectorales, se deben cumplir- que este proyecto de ley contuviera algunos temas que consideramos urgentes, que formaban parte de ese acuerdo del mes de noviembre y que no están en el mismo. Me refiero, por ejemplo, a los incrementos salariales para los funcionarios de la Administración Central, a la suba de las jubilaciones menores a un Salario Mínimo, a la elevación de los topes jubilatorios, a la mejora del Seguro de Desempleo para trabajadores de más de 50 años, etcétera.

En el mismo sentido, el Presidente del Encuentro Progresista-Frente Amplio elevó un memorándum al señor Presidente Jorge Batlle con propuestas y que nosotros considerábamos urgentes, razón por la cual estábamos dispuestos a trabajar para que se convirtieran en proyectos de ley o en políticas del Poder Ejecutivo implementadas a través de diferentes instrumentos administrativos.

Por otro lado, tenemos claro que, la declaración de urgente consideración es de carácter formal e implica un procedimiento a seguir al nivel de las Cámaras, incluso con plazos, también tenemos que tener en cuenta que es un instrumento del que no se debe abusar y que debería estar reservado a proyectos que, realmente, por su contenido, fueran urgentes. No es el caso de este proyecto de ley que, salvo por algunas exoneraciones tributarias y ciertos temas de seguridad ciudadana, que deben diferenciarse claramente de las modificaciones de la legislación penal que no son de esa índole como, por ejemplo, la creación de delitos, el agravamiento de penas, etcétera. También se prevé en esta iniciativa la formación de una Comisión Mixta de Descentralización, que puede ser urgente para el Gobierno en la medida en que hay que designarla e instalarla. Estos son algunos de los temas incluidos en el proyecto de ley que podrían ser considerados urgentes. Sin embargo, los demás no tienen ese carácter, aunque, desde el punto de vista político, sí importan.

El hecho es que dentro de un procedimiento de urgente consideración se incluye un conjunto de temas que, de alguna manera, pueden ser tratados en forma más adecuada, con más profundidad y sin los plazos que la ley de urgencia exige. Hay aspectos, como el de la creación de un Ministerio de Deportes que, salvo para un posible Ministro, no tendría ninguna urgencia. Lo mismo sucede respecto a la defensa de la competencia, la facilitación del crédito y el estado informático, que refieren a normativas que podrían haber sido tratadas mejor en proyectos de ley separados y con trámite normal.

Antes de ingresar a un análisis más detallado sobre los contenidos, quisiera acotar que está sucediendo en este Senado lo mismo que en Comisión. Me refiero al hecho de que, por el Partido Colorado, habla exclusivamente el señor Senador Atchugarry y, por el Partido Nacional, lo hacen los señores Senadores Heber y García Costa.

Por lo tanto, a pesar de que se trata de un tema tan urgente y trascendente, se le ha dado poca importancia en cuanto al estudio y consideración que merece.

Obviamente, tal como lo reconoce el señor Senador Atchugarry en su primera exposición, este proyecto de ley está enmarcado dentro de una política económica. También lo afirmó el señor Ministro, el día 25 de abril, en la Comisión de Constitución y Legislación. Con relación al contenido de ese marco económico en donde está inserto este proyecto de ley, ya hicieron uso de la palabra algunos compañeros de la Bancada de Senadores del Encuentro Progresista-Frente Amplio. Se considera que la urgencia para el Gobierno es, exclusivamente, la recomposición del resultado fiscal, con equilibrios más acordes y, en consecuencia, la reducción del déficit fiscal de este año a la mitad del déficit de 1999. Es decir, llegar a U$S 400:000.000.

Por otra parte, varios señores Senadores también han señalado que no se van a aumentar los impuestos y que se van a reducir los gastos. Obviamente, para ello se debe incurrir en endeudamiento. Además, en la exposición de motivos del presente proyecto está claramente esbozada una línea de trabajo sobre el marco económico, ya que en ella se establece que: "el país se ha enfrentado a una coyuntura desfavorable en la que la sumatoria de efectos regionales, internacionales y aun climáticos, ha generado una importante dificultad, tanto en las finanzas del Estado, como en el desarrollo de las actividades productivas".

Quiere decir que en la exposición de motivos existe una concepción -con la que estamos radicalmente en desacuerdo- en el sentido de que todo lo catastrófico que ha sucedido en el país -así lo definió el señor Ministro en alguna oportunidad en la Comisión de Constitución y Legislación- en la situación de sectores productivos y en otras áreas, como la pobreza, la falta de empleo, etcétera, se debe fundamentalmente a factores regionales, internacionales y aun climáticos. O sea que todo esto se atribuye a factores exógenos.

En ese caso, las políticas económicas que se han llevado adelante en el país ¿no han tenido nada que ver con lo que nos está pasando? Parece que todo está relacionado con otros factores, como por ejemplo, la devaluación del 13 de enero de 1999 en Brasil.

Por otra parte, tampoco se cita el problema de falta de competitividad, ni de rentabilidad o el estancamiento de los sectores productivos, porque parece que todo deriva exclusivamente de factores exógenos y no se vincula para nada con las políticas económicas seguidas en el país durante estas últimas décadas. Asimismo, el impacto dramático que, sobre la economía, tiene todo esto -tal como se expresa en la propia exposición de motivos- parecería que se debe únicamente a la caída de los precios de exportación, al alza de los precios de los productos importados imprescindibles o al aumento de la tasa de interés internacional. Obviamente, nosotros tenemos una concepción diferente y radicalmente opuesta a esta interpretación, lo que, además, nos lleva a la propuesta de soluciones diferentes, tal como ya lo ha expuesto el señor Senador Couriel.

Tenemos ante nosotros un proyecto de ley, ahora consta de 89 artículos, que, tal como lo definió el señor Senador Rubio sería un borrador -tengo tres ejemplos para demostrarlo- carácter que mantuvo hasta su entrada en la Comisión. Concretamente, el artículo 23, ex artículo 25, tuvo en Comisión más de diez modificaciones de texto propuestas por los señores Senadores García Costa y Atchugarry. Además, en cuanto al artículo 29 -los actuales artículos 27 y 28- luego de que el doctor Delpiazzo afirmara que era un retroceso desde el punto de vista legal, porque repetía -y mal- algunas de las normas anteriores, se formó una Comisión en la que participó el señor Senador Correa Freitas y el propio doctor Delpiazzo, quienes le dieron una nueva redacción, transformando esa disposición en dos artículos. Asimismo, se eliminaron los artículos 22 y 23, que referían a la flota de transporte terrestre, porque de alguna forma eso podría llegar a generar un caos en servicios públicos esenciales de transporte colectivo. Todo esto demuestra que esta iniciativa era un borrador cuando ingresó a la Comisión, a pesar de las marchas y contramarchas que había tenido previamente y del tiempo de elaboración previa.

Por nuestra parte, ya dijimos que íbamos a apoyar algunas de las exoneraciones tributarias, como las del artículo 1º, previstas para la industria, y otras que se plantean para el sector agropecuario y que figuran en los artículos 3º, 4º, 5º, 9º y 10. Debo hacer una precisión sobre la Contribución Inmobiliaria a pesar de que son bienvenidos los U$S 15:000.000 que el Poder Ejecutivo va a destinar para tratar de paliar, en parte, algunos de los problemas que tiene hoy el sector agropecuario.

Todos conocemos un pequeño artículo del memorándum de la Comisión Nacional de Fomento Rural en donde se analiza el beneficio, tanto de la reducción de aportes al Banco de Previsión Social, como de la rebaja del 25% de la Contribución Inmobiliaria. Se demuestra que, para predios de 20 hectáreas, el resultado de la reducción es de, apenas, $ 360 mensuales. Obviamente, para explotaciones de 3.000 hectáreas, la rebaja es realmente considerable, ya que alcanza a $ 54.160. Pero, si analizamos los datos del Censo Agropecuario que figuran en el Anuario Estadístico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, vemos que para 41.700 explotaciones, que tienen un promedio de 163 hectáreas, la rebaja es de $ 163 mensuales, aproximadamente U$S 163 anuales, si hacemos la conversión a $ 10. En cambio, es una disminución significativa de los costos para 20 explotaciones que tienen un promedio de 14.000 ó 15.000 hectáreas, ya que significan U$S 54.160 anuales. No quiero abundar en detalles al respecto, porque, luego, el señor Senador Nin Novoa hablará sobre este tema.

La devolución del IVA en la compra de computadoras e impresoras para las instituciones de enseñanza por suerte se amplió a las instituciones de enseñanza pública, ya que no significaría ni siquiera un costo para el Estado. Tal como lo dijo un asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, el impuesto entra por un lado y sale por el otro. En definitiva, el exonerar, también, a los institutos públicos no significa ningún costo adicional. En consecuencia, no tenía sentido que eso no fuera propuesto. Afortunadamente, esto ahora se modificó y la devolución del IVA se hace, también, en la compra de computadoras e impresoras cuando las adquieran estos institutos. De todos modos, nos parece que esto dista bastante de la promesa preelectoral en la que se hablaba del 4.5% del Producto Bruto Interno destinado a la enseñanza.

Asimismo, nos parece bueno, pero insuficiente, el Capítulo correspondiente a las pequeñas y medianas empresas.

En los pocos minutos que me quedan, y releyendo el texto del proyecto, quisiera agregar las objeciones fundamentales que hemos desarrollado en el trabajo de la Comisión, que tienen que ver con las limitaciones a las autonomías de los Servicios Descentralizados y de los Entes Autónomos, a través del recorte de la ejecución presupuestal de sus gastos de funcionamiento, por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, según figura en el artículo 26 actual. Allí se decía, en la versión que analizó la Comisión, que el Poder Ejecutivo podrá comunicar a los Entes Autónomos "su criterio sobre la fijación de límites a la ejecución presupuestal". En el último párrafo se agrega que en el caso referido, "el Poder Ejecutivo podrá ejercer las atribuciones que le comete el artículo 197 de la Constitución". Obviamente, esto es tan burdo, que la pluma rápida del señor Senador Atchugarry lo corrigió. De todas maneras, este espíritu está claramente contemplado en el artículo en esta nueva versión. En realidad, la Constitución confiere potestades al Poder Ejecutivo sobre los Entes Autónomos; con esta norma propuesta no se agrega nada nuevo. El hecho de que figure en este proyecto de ley tiene como objetivo recordar, a los Directores de los Entes Autónomos, que tengan cuidado con no hacerle caso al Poder Ejecutivo y manejar criterios distintos, porque el artículo 197 pende, como una espada de Damocles, sobre ellos. Obviamente, esto me parece inadmisible.

También me parecen inadmisibles la privatización de la Administración Nacional de Puertos y de la Administración de Ferrocarriles del Estado. Cabe mencionar que los artículos 23 y 24 fueron algunos de los modificados. ¿Qué es lo que se privatiza en el puerto? Se crea la sociedad anónima por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo; luego se le da participación a la ANP; después, se cotizan sus acciones en la Bolsa al mejor postor, sin asegurar nada más que dos Directores en representación del Poder Ejecutivo en la Dirección de esa sociedad, pero no se asegura la existencia de un capital público mayoritario, ni se habla del monto de ese capital. Lo que se hizo fue agregar un texto en el que se establece que la ANP va a mantener una participación -aunque no aclara cuánto- porque, de lo contrario, ni siquiera cumpliría con lo que figura en la norma correspondiente de la Constitución acerca de las sociedades de economía mixta. ¿Qué es lo que se privatiza? Lo que se vende es el valor llave, porque ni siquiera se elige, por parte del Estado, un operador portuario. En realidad, esta sociedad vende las acciones en Bolsa para que, luego, sea ella o sus socios mayoritarios quienes elijan el operador que quieran. Estamos hablando de un operador portuario monopólico. En este caso, el Estado resigna por treinta años la potestad de designarlo. Eso es lo que se vende en el caso de la Administración Nacional de Puertos. Lo mismo sucede con AFE, pero no vamos a abundar al respecto porque otros señores Senadores ya han opinado en este sentido.

Otro aspecto que me parece negativo es la facturación por parte de UTE del alumbrado público en forma indivisible con el consumo doméstico. Todo esto, sin ninguna duda, genera una situación muy complicada porque -lo dije en Comisión y lo reitero aquí- las tarifas, que son precios, son un ingreso del Estado, pero diferente a los impuestos o al conjunto de tributos. Las tarifas son precios y deben tener una característica esencial, es decir que los bienes o servicios por los cuales se cobran puedan ser medidos y, de esa forma, vendidos, transferidos; se debe tratar de un bien concreto que se venda al usuario que lo compra. Es así que tarifar sobre la luz eléctrica se cobra al usuario doméstico según lo que figura en el medidor; se sabe cuánto se le vende. También son tarifas cuando ANCAP vende combustibles. Lo es, asimismo, el teléfono, porque se sabe cuántas llamadas se le cobra al usuario. Además, adquiere el servicio telefónico y la luz eléctrica siempre y cuando lo desee; aunque este tipo de bienes son imprescindibles y, seguramente, son de uso masivo y tienen una demanda generalizada. Pero los precios, las tarifas, se pueden cobrar exclusivamente cuando hay un bien en transacción. Entonces, ¿cómo vamos a determinar cuánta energía eléctrica va a consumir una persona por el alumbrado público? ¿Se va a determinar de acuerdo con el lugar en que vive o donde pasa la mayor cantidad de tiempo? Si pasea por 18 de Julio, ¿le vamos a cobrar la tarifa que corresponde a esta avenida iluminada, o será según el barrio en el que vive? ¿Cómo sabemos cuál es el consumo de esa persona? Me parece que el profesor Valdés Costa -profesor de Derecho Tributario- no estaría nada contento si viera esta solución. Porque las tarifas que son un precio no se pueden cobrar por cualquier bien público, sino sólo por aquéllos que son transables en el mercado, aunque sean servicios públicos.

Pero lo más importante es que habrá un cobro de la energía eléctrica del alumbrado público por parte de UTE -a pesar de que no va a saber bien qué es lo que debe cobrar, lo hará igual- que es indivisible de la energía eléctrica de su domicilio y si el usuario no paga la tarifa de ese servicio público, le cortan la luz de su vivienda. Además, habrá un cobro por parte de las Intendencias y más allá de que se ha dicho que se van a rebajar las tasas del alumbrado público, la historia dirá que sin ninguna duda va a haber un doble cobro. En definitiva, se trata de solucionar el problema que tiene UTE a raíz de las deudas contraídas por parte de las Intendencias. Esta es, entonces, una de las partes más negativas que tiene este proyecto de ley.

Quiero referirme, ahora, a los cambios regresivos y represivos de la legislación penal, ubicados en el Capítulo XIII, artículos 65 a 77.

El profesor Gamarra, Senador suplente que participó en varias oportunidades en la Comisión de Constitución y Legislación, dijo, con su característica bonhomía: "Si la Biblia es el libro de los libros, un Código es la ley de las leyes, y entonces no se puede cambiar un Código bajo presiones, en forma apresurada ni sin estudiarlo detenidamente". Aquí estamos cambiando e introduciendo una cantidad de disposiciones nuevas al Código Penal, insisto, bajo presiones y sin estudiarlo detenidamente. La presión viene, fundamentalmente, de la situación social, pero no se puede legislar en esas condiciones.

Creo que la creación de delitos y el agravamiento de algunas penas genera una asimetría total en éstas; de esta manera, se empieza a pagar más por delitos que son menores, con respecto a otros que son mayores. Además, al no ser excarcelables algunos delitos menores, se le quita el derecho a la libertad anticipada. En definitiva, esto parece ser un conjunto de normas que a veces se introducen en el Código Penal y otras no. En este popurrí de incorporaciones se utilizan términos como: "Incorpórase", "Sustitúyase", "Modifícase", "Agrégase", y a veces no se dice nada. Por lo tanto, algunos de estos artículos no se sabe adónde van a parar y el juez, cuando tenga que impartir justicia, va a tener que referirse a esta ley.

Obviamente, lo que hace este proyecto de ley es reconocer la realidad, considerarla inmutable y actuar sobre ella "ex post facto", o sea, después de que ocurren los hechos, generándose así tres consecuencias que ya fueron mencionadas: va a haber más presos, permanecerán por más cantidad de tiempo en las cárceles, y con edades menores. Se trata de un conjunto de disposiciones que deben tratarse con el respeto con que debe considerarse la modificación de un Código -como decía el profesor Gamarra- y tiene consecuencias absolutamente inconvenientes porque, como dijo el señor Ministro, va a generar alrededor de 500 presos anuales más. En consecuencia, tendremos una problemática agravada. Insisto en que este proyecto de ley no es solución adecuada a la problemática planteada y, en definitiva, congela la realidad tal como está, ya que no ataca la violencia, que se sigue retroalimentando.

En los minutos que me quedan, señor Presidente, voy a hablar de un tema que no hubiera mencionado, de no ser por un hecho ocurrido en la Comisión, que me pareció realmente determinante.

Hay una disposición por la cual se reduce selectivamente la integración de los Directorios, no para todos los Entes, sin un marco de discusión más amplio, como lo es la reforma del Estado y dentro de ésta, el tema relativo al conjunto de los funcionarios públicos, los pases en comisión, los contratos de arrendamiento de obra, etcétera. Ya en el proyecto que le había sido entregado al doctor Tabaré Vázquez, se reducía también el Directorio del Instituto Nacional de Colonización, que no se incluyó en el proyecto definitivo que entró a esta Casa, porque era claramente inconstitucional. Además, se reducía el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, desconociendo la ley de creación que establece que deben existir dos Directores que no sean representantes del poder político, o sea, del Gobierno. Cabe destacar que ahora se reduce la integración de los Directorios de AFE, de ANTEL y de la Administración Nacional de Puertos, sin estudiarse en un marco general y con medidas que alcancen a todos los Entes. Precisamente, en la Comisión, un sector político del Gobierno presentó una modificación para que todos los Entes, incluidos los Bancos -es decir, los Entes del sistema financiero- pasaran -todos- a tener tres Directores. En este sentido, debo confesar que la Bancada del Frente Amplio no fue lo suficientemente ágil, como para que el señor Senador Fau, que era el proponente, no tuviera salida si votábamos esa disposición. Porque inmediatamente de votadas las alternativas, que no contaron ninguna con los votos suficientes, el Foro Batllista se avino rápidamente a la propuesta que provenía del Poder Ejecutivo. Esto demuestra que era una forma de marcar perfil, pero sin intención de modificar la votación ni el proyecto de ley.

Este conjunto de temas así analizado que hemos sucintamente expuesto -como lo dice nuestro informe en minoría y como lo han hecho varios señores Senadores- nos hacen votar negativamente en general el proyecto, aunque vamos a acompañar algunas de las disposiciones, porque reconocemos que son necesarias, a pesar de que no sean suficientes o todo lo completas que hubiéramos querido.

Sin embargo, la mayoría de las disposiciones que aquí votamos, de alguna forma son intrascendentes porque repiten textos constitucionales o legales ya existentes, o tienen una intención declarativa ya que se debe cumplir con algunos sectores sociales con los cuales se habían comprometido. En ese plano, está el tema de las pequeñas y medianas empresas, el de la defensa de la competencia, el de la facilitación del crédito y el del Estado informático. Reitero que no aportan demasiado, en tanto no innovan, repiten y no son de ninguna manera trascendentes.

Por último, quiero referirme a los artículos 40 y 41, relativos al Poder Judicial, en los que se realizaron dos cambios fundamentales. Como venían redactados, se eliminaba, prácticamente, el recurso de casación, por lo que propusimos un texto alternativo que fue aceptado por la Bancada de la coalición, y ello hizo que los apoyáramos.

9) MINUTA DE COMUNICACIÓN

SEÑOR CID.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Se han repartido aditivos y sustitutivos presentados por distintos señores Senadores, pero no hemos encontrado el repartido correspondiente a una propuesta de Minuta de Comunicación relacionada con la situación de las instituciones de asistencia médica colectiva. En consecuencia, solicitamos a la Presidencia que disponga su distribución, a los efectos de que los señores Senadores puedan conocer su contenido y, en virtud de ello, tomar posición.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa informa al señor Senador que el tema pasó a la Comisión de Salud Pública, que es el trámite que hemos establecido. O sea que está en la órbita de esa Comisión que, seguramente, a la brevedad, informará al Cuerpo.

SEÑOR CID.- ¿Me permite, señor Presidente?

Creo que lo único que hace el procedimiento es impedir que el Cuerpo pueda pronunciarse porque, tal como lo ha establecido el Senado, las Comisiones han dejado de funcionar.

Nuestra aspiración era que, en la ley de urgencia, y en torno a un tema urgente que motivó la convocatoria del señor Ministro en la Comisión de Salud Pública, que en este momento es objeto de debate público y aqueja a la inmensa mayoría de las instituciones del país, el Cuerpo tomara posición.

En realidad, esa Minuta de Comunicación no exigía un pronunciamiento sobre temas específicos o de financiamiento que excedían esa facultad sino, simplemente, la demostración por parte de este Cuerpo de su interés por esta circunstancia problemática.

En fin, creo que el procedimiento que, por otra parte, no ha sido discutido -el Presidente tiene la facultad de resolverlo- no es el que aspiraba nuestra Bancada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando el Senado resolvió suspender las sesiones de las Comisiones, se dejó la expresa constancia de que, en casos urgentes, los Presidentes de éstas tenían facultad para citarlas, y este es un caso claro. Por lo tanto, lo que corresponde es que el Presidente de la Comisión de Salud Pública llame a sesión, para que sus integrantes se expidan al respecto.

10) MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLAN, Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del proyecto de ley del Poder Ejecutivo con declaratoria de urgente consideración.

Tiene la palabra el señor Senador Fau.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: el Senado viene considerando pacíficamente como -por otra parte- debe ser, un proyecto de ley que tiene algunas características especiales. Digo esto, porque lo estamos considerando en el marco de un instituto relativamente nuevo en el Derecho Público uruguayo, cual es la facultad que el Constituyente otorgó al Poder Ejecutivo a partir de la reforma constitucional de 1966. En ese momento, este instituto que se introdujo en la Constitución fue muy discutido, pero posteriormente a ello demostró que podía mantener los equilibrios tradicionales del sistema representativo uruguayo, en lo que hace a la relación de sus Poderes ya que, si bien es cierto -como lo es- que el Poder Ejecutivo puede determinar, con la remisión de un proyecto de ley, en qué plazos el Parlamento lo debe resolver, también lo es que si éste lo desea, le puede quitar el carácter de urgente consideración y someterlo a los plazos normales que cualquier proyecto de ley debe cumplir de acuerdo con lo que establece esa norma constitucional. El Parlamento no lo ha entendido así y ha creído que en este proyecto de ley hay materias cuyo tratamiento es urgente. Es por ello que hoy estamos asumiendo que es viable, que es posible que se pongan en marcha estos mecanismos que no son muy comunes.

Debo agregar, por otra parte, que los Poderes Ejecutivos no se han caracterizado por el abuso de este recurso constitucional y que, más allá de que algunas disposiciones pudieran ser polémicas en cuanto a su urgencia, hay, sí, un convencimiento compartido -diría que por todos los sectores- de que hay materias contenidas en esta iniciativa del Poder Ejecutivo que, seguramente, requerían de una consideración y de una resolución urgente.

El propio Mensaje del Poder Ejecutivo, en su exposición de motivos, dice que el país se ha enfrentado a una coyuntura desfavorable en que la sumatoria de efectos regionales, internacionales y aun climáticos, ha generado una importante dificultad, tanto en las finanzas del Estado, como en el desarrollo de las actividades productivas. Ahí está explicado y fundamentado por qué se entendió que debía haber una respuesta inmediata, eficaz y rápida a esa coyuntura desfavorable que se componía, repito, de elementos regionales, internacionales y también climáticos.

A nuestro juicio, este proyecto de ley tiene tres núcleos básicos. En el desarrollo del articulado se procura establecer un conjunto de mejoras que activen y fortalezcan aquellas áreas comprendidas en cada uno de estos temas. Por un lado, la necesidad de contribuir, aún más, a un mejoramiento de los servicios públicos y privados; por otro, mejorar las condiciones en que se desarrollan las actividades productivas del país; y, por último, también mejorar, en lo que sea posible, la seguridad pública.

Creo que estos son los tres puntos centrales que el proyecto de ley contiene. Más allá de que se coincida con las soluciones instrumentadas, nadie duda de que se trata de tres temas que dan mérito, justifican y explican que los estemos considerando dentro de estos plazos limitados, como fija la Constitución.

Hay una actitud política muy clara en todos los sectores y, también, en asumir que el país vivió una situación dramática, aún no superada, por los efectos de una sequía con pocos antecedentes en la historia climática del país. Estamos hablando de un sector productivo fundamental muy afectado, que vivió situaciones por momentos angustiantes que llevaban a que el poder político debía ser sensible y responder a esa circunstancia. Diría, entonces, que la voluntad de querer atacar los efectos de esa sequía está entre las decisiones primarias y básicas que se debieron tomar para poder dar una respuesta a ese sector productivo angustiado y agobiado.

Así, teniendo en cuenta ese efecto climático, aparecen las primeras propuestas que, si bien son las primeras, no serán las últimas. En definitiva, son una respuesta inmediata dentro de lo que hoy, un Gobierno recién instalado, podía establecer . Por un lado, determinar para el año 2000 la exoneración del aporte patronal, incluido el que corresponde al Banco de Previsión Social, y el abatimiento del 25% en la Contribución Inmobiliaria Rural, previéndose las correspondientes medidas para asegurar a las Intendencias que no sufran lo que significará esta disminución en sus ingresos.

Simultáneamente, en la exposición de motivos del proyecto de ley remitido a este Cuerpo, el Poder Ejecutivo señala que estas son aquellas medidas que hoy puede tomar, pero que se complementarán seguramente con las que vendrán cuando discutamos aquí la ley fundamental del país, esto es, la ley presupuestal, y que estarán inspiradas en las mismas causas y orientadas por los mismos propósitos. Me refiero a lo que se puede y tenemos que hacer hoy, y haremos dentro de muy poco tiempo, cuando estemos considerando la ley presupuestal.

Aquí es, señor Presidente, cuando se produce un hecho importante, puesto que forma parte de un debate político muy afirmado en el Uruguay y, aparentemente, muy consolidado. Cuando un gobierno se instala, alejado de la contienda electoral nacional nada más ni nada menos que por cinco años, tiene la posibilidad de adoptar medidas -a veces obligado por las circunstancias- que pueden ser justas pero carecer del respaldo popular necesario, lo que hace dudar de su intención. Por ello, algunas fuerzas políticas del país las identifican como producto de la adhesión a un proyecto económico y social que, en los últimos años, se ha conocido como neoliberalismo. Hay sectores políticos en el país, como lo hay en otras áreas, que tratan de identificar aquellas medidas impuestas por la realidad, carentes de toda ideologización y que, en definitiva, son la única alternativa que se plantea, como la expresión del neoliberalismo.

En esa actitud, un poco peyorativa y despectiva con que se califica esta experiencia de gobierno, se habla de coalición "blanqui-colorada" y se la identifica con una propuesta neoliberal. Se usa un tono despectivo, si es que se puede ser despectivo con partidos de más de 160 años de historia que, en el acierto o en el error, un día se entienden y resuelven gobernar conjuntamente. Se trata de una consigna, un rótulo o un eslogan que funciona y que se repite. Si así fuere, quienes así entienden que deben calificarse estas experiencias políticas tienen que reconocer, entonces, que esta coalición de Gobierno ha hecho una gran traición al neoliberalismo, ha traicionado al neoliberalismo. A éste lo identifican con el ajuste fiscal adoptado en los primeros sesenta días, es decir, con el llamado "fiscalazo" que significan los incrementos brutales de las cargas tributarias, pero he aquí que esta experiencia neoliberal -como la pretenden calificar- se aparta de la constante irrenunciable de esta doctrina. Sin embargo, no sólo no hay un ajuste fiscal ni un fiscalazo, sino que se tiende a descomprimir la carga impositiva sobre el sector productivo, a una rebaja de los impuestos, de la carga que ese sector tiene, y se le dice que, si hacemos un esfuerzo quizás con la ley presupuestal podemos ir a más. Entonces, seamos congruentes y consecuentes. Si pretenden descalificar una experiencia de Gobierno de esta naturaleza, asuman que no hemos sido coherentes ni congruentes con la ideología que se nos quiere adjudicar.

SEÑOR COURIEL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FAU.- No estoy muy acostumbrado a estos ambientes. El señor Senador tiene más antigüedad que quien habla y le pido que no abuse de mí. Permítame desarrollar el tema, ya que de esto conoce, pues ha sido asesor de ciertos gobiernos que han tomado algunas de estas medidas, mientras que yo soy nuevo en esto. Quizás, después de que ordene mis pensamientos y se me pasen un poco los nervios le conceda una interrupción, aunque ya me he distendido un poco. Por tanto, con mucho gusto le cedo el uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Sano y extraordinariamente positivo es el humor del señor Senador Fau, lo que, sin ninguna duda, facilita el diálogo entre los Senadores.

El señor Senador Fau dice que esta es la única salida, pero -por suerte- estamos en democracia y ello nos permite discutir, disentir y presentar opciones de distinto tipo. Por lo tanto, parecería casi antidemocrático y autoritario decirle a la sociedad que la única salida la tenemos nosotros, que somos los únicos que tenemos la verdad en esta democracia, que este Gobierno es el único que sabe de este tema y que esto es lo único que se podía hacer. Por supuesto, señor Senador Fau, esto no tiene nada que ver con el mundo real, ni con el mundo de las ideas, ni con la propia democracia.

Por otro lado, el señor Senador Fau dice que no hay ajuste fiscal. En otras ocasiones, éste se verificó al poner un impuesto, como hizo el Partido Colorado, aumentando el Impuesto a las Retribuciones Personales, o sea que gravará a los asalariados, o aumentando el IVA a los bienes de consumo popular, que lo pagarán los sectores populares. En este caso, en lugar de implementar más impuestos se rebajan los salarios, lo que significa un ajuste de la misma naturaleza o peor que los anteriores. Digo esto, porque la expresión del señor Ministro de Economía y Finanzas, que le cuenta a la sociedad uruguaya que el Producto Bruto Interno va a crecer un 2,5%, que el consumo privado va a aumentar un 2%, pero que los salarios van a bajar, es otra demostración de que se está haciendo un señor ajuste, otra vez a costa de los asalariados y, sin duda, de los sectores populares.

En otro orden de cosas, parece que está de moda disminuir el gasto público y el señor Ministro de Economía y Finanzas anuncia que va a dar aumento de salario -no sabemos a cuánto asciende- a policías y militares. ¿Y con el tema de los docentes que pasó, que estaba en el acuerdo entre el Partido Colorado y el Partido Nacional? Nos llenamos la boca hablando de la educación, mencionando que éste es el mundo del conocimiento y que allí está la clave para el futuro. Todos estamos de acuerdo en este aspecto y creemos que la educación es condición necesaria, no suficiente, pero a fin de mes los maestros no pueden ir a la escuela porque no tienen para el ómnibus; y éste no es un tema menor. Este es un señor ajuste.

Por último, debo decir que, por lo menos en lo que me es personal, no hice un esfuerzo en decir consignas o eslóganes que tuvieran que ver con el Gobierno. Incluso, en una hora de exposición nunca usé la expresión "neoliberal", pero hice una demostración en cuanto a que hay una política económica que afecta a los productores rurales, a los industriales, al turismo, a la construcción, a los trabajadores -porque el empleo no se atiende- a los pobres y, sobre todo, a la infantilización de la pobreza, porque para los niños no está prevista ninguna medida y sólo se beneficia a los importadores y al sector financiero. Esto lo demostré a través de la elaboración de toda una concepción que, obviamente, es la mía y puede ser polémica -estamos en democracia- pero se trata de puntos de vista diferentes. No digo que la única salida sea la que propongo, sino que es una más de las que se pueden atender para resolver esta problemática. Por lo tanto, desde este punto de vista, el gobierno se defiende diciendo que nosotros le atribuimos eslóganes. Sin embargo, no creo que mi exposición haya tenido esas características.

Muchas gracias, señor Presidente y señor Senador Fau.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Fau.

SEÑOR FAU.- A veces, cuando uno lanza un sayo no estima a quien le puede caer; se da cuenta cuando el que lo recibió, acusa. Si le tocó el sayo al señor Senador Couriel, por mi parte no voy a ser más realista que el rey. Si él tiene que ponerse a explicar que no dijo eslóganes, será porque en algún momento tuvo la duda de si los decía o no. Pero no se trata de eso. Creo que el señor Senador Couriel introduce un grado de politización en los debates. Ya lo hizo en la Comisión de Constitución y Legislación, donde perdió una hermosa oportunidad de debatir con el señor Ministro de Economía y Finanzas. En esa ocasión lo tuvo muy cerca para poder acribillarlo a preguntas y polemizar con él, pero optó por un discurso arengatorio, cargado de emoción y con la cuota de dramatismo que siempre lo caracterizan tanto a él como a su sector, y a la fuerza política que representa. Se trata de estilos personales y no le corresponde a nadie ocuparse de ellos.

Me parece que no puedo haber dicho que éstas eran las únicas soluciones; y si al leer la versión taquigráfica constato que lo hice, no tendré ningún problema en reconocerlo. ¡Cómo voy a hablar de lo único! Lo que digo es que a veces hay un conjunto de medidas que no admiten un debate ideológico y que cualquiera sea la orientación del Gobierno, éste las tiene que tomar o tomar.

Eso no está referido a lo único. ¿Cómo un liberal como yo y los que integran mi sector político vamos a hablar de lo único? El concepto de lo único es lo que está más alejado de nuestro pensamiento. Nosotros no creemos en las soluciones económicas únicas, en las ideas únicas, ni en los partidos únicos. ¿Cómo, entonces, voy a pensar que hay una única solución? Digo que hay algunas soluciones que son las que esencialmente las circunstancias aconsejan tomar, y en eso me ratifico y estoy absolutamente convencido. Afiliarme a la tesis de lo único, sería negar un pensamiento que tengo muy afirmado. Por lo tanto, rechazo el hecho de haber planteado el tema en ese tono.

Naturalmente, el señor Senador Couriel tiene que hacer un esfuerzo y reconocer que no hubo ajuste fiscal en los términos en que un economista de elemental seriedad debe entender como tal, o que un dirigente político de elemental formación debe entender cuando se habla de "fiscalazo". Entonces, señor Senador Couriel, por más palabras que quiera hilvanar, no va a poder demostrar que hubo ajuste fiscal o "fiscalazo". Lo que ha hecho...

(Intervención del señor Senador Couriel que no se entiende)

SEÑOR PRESIDENTE.- Está en uso de la palabra el señor Senador Fau y no ha concedido interrupciones.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Al señor Senador le cuesta aceptar una realidad; no lo puede admitir. Este Gobierno no aumentó los impuestos, no incrementó la carga tributaria ni creó nuevas obligaciones. ¿Cómo le reconocemos esto a la coalición blanqui-colorada? ¿Cómo le vamos a regalar esta oportunidad de que le puedan decir al país que llevan más de dos meses de Gobierno y no han incrementado un solo impuesto? Les cuesta políticamente, pero acéptenlo, porque es así. El señor Senador Couriel podrá armar los más hermosos discursos, podrá conmovernos, como lo estamos, con los sueldos de los maestros y si pueden pagar o no el boleto de ómnibus -me consta que en algunos casos no pueden hacerlo- pero, ¿eso qué tiene que ver? Repito, aquí no hubo ajuste fiscal ni "fiscalazo" y eso es lo que el señor Senador se resiste a admitir, en un estilo político que no comparto, pero no hago otra cosa que constatar que lo ratifica. Ustedes son la profesión del no, ustedes son la profesión de la oposición, ustedes sólo se conciben en política oponiéndose, criticando y confrontando. Como esto no le sirve para la confrontación y el enfrentamiento que los caracteriza como fuerza política, no tienen la sinceridad de decir: "Es cierto; ustedes no hicieron un ajuste fiscal ni un "fiscalazo", pero no están haciendo las otras cosas que tienen que hacer". Admito que eso puede ser motivo de un debate. Le puedo aceptar al señor Senador Couriel que me diga que además de no hacer un ajuste fiscal, de no decretar un "fiscalazo", pudiéramos haber tomado otras medidas. Eso es pasible de discusión y de análisis. Insisto, eso es lo que estoy dispuesto a aceptar, pero no que usted tergiverse los hechos, haga deducciones propias y quiera llegar a un ajuste fiscal que, en la realidad, no existe y, por lo tanto, insiste por otro lado.

(Intervención del señor Senador Couriel que no se entiende)

-Ahora usted va a tener oportunidad, y ojalá me equivoque, y ustedes no sean la fuerza política...

SEÑOR PRESIDENTE.- Por favor, señor Senador, diríjase a la Mesa.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Sí, señor Presidente, tiene usted razón.

Entonces, como decía, van a tener oportunidad de demostrarlo cuando discutamos la ley presupuestal -que es la que define al país- y, además, en ese momento vamos a debatir y a realizar las propuestas.

No deseo extenderme más sobre este asunto, entre otras cosas, porque creo haber contestado las apreciaciones que el señor Senador Couriel ha formulado. Entiendo que él tiene su onda de simpatía y que ha perdido una linda oportunidad de afirmar una personalidad política de responsabilidad, de sensatez y de haber tenido, aun discrepando con la orientación de Gobierno, un acto de nobleza política y decir: "Sí, señores Senadores, el Gobierno no ha decretado un ajuste fiscal, no ha dispuesto un `fiscalazo', pero nuestras discrepancias siguen estando en esto y aquello". Bueno; si la oportunidad la perdió, no seré yo el que lo ayude a encontrarla. De todos modos, no faltarán instancias en que puedan enmendarse estos pequeños errores.

SEÑOR COURIEL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FAU.- No, señor Senador, creo que ya cumplí con usted.

Considero que éste es un elemento importante a señalar en estas circunstancias, que demuestra y ejemplifica el acierto por haber incorporado a este proyecto de ley la declaratoria de urgente consideración a fin de poder introducir estas medidas que, seguramente, van a generar una sensación de alivio, de tranquilidad y respiro. Naturalmente, no son las soluciones definitivas pero van a contribuir con ese sector.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Carlos Garat)

-El otro núcleo básico que, para mí, caracteriza a esta Ley de Urgencia tiene que ver con las disposiciones que están comprendidas en el Capítulo referido a la Seguridad Ciudadana. Confieso que también nosotros estuvimos inmersos en un debate íntimo acerca de si sería conveniente que en una ley de urgente consideración estuviéramos debatiendo, nada más ni nada menos, normas que tienen que ver con la libertad, las personas y las cosas. Siempre he estado convencido de que no es bueno que los Parlamentos legislen al grito de la tribuna. Por la naturaleza de las normas que dictan, deben hacerlo reflexivamente, con serenidad, despojados de toda presión y a veces las circunstancias no son las más indicadas para que se legisle bajo esos efectos. En esta circunstancia -y lo digo con profunda sinceridad- siento que la sociedad tendría derecho a reprocharnos si nosotros no hubiéramos aprovechado el mecanismo de una ley de urgente consideración para adoptar algunas medidas de significación -junto con las que el Poder Ejecutivo, por naturaleza constitucional, está obligado a cumplir en cuanto a la prevención y represión del delito- a fin de dar una respuesta de sensibilidad ante una sociedad agobiada y dramáticamente preocupada por la situación de inseguridad, que tiene muy pocos antecedentes en la vida del país. Los hombres y mujeres de Montevideo, Canelones y Maldonado, fundamentalmente -sin perjuicio de los otros departamentos- están viviendo una situación dramática ante la falta de seguridad que sienten. Hay un esfuerzo nacional -justo es reconocerlo, apoyado por todos los partidos- para tratar de reprimir y prevenir ese delito, pero hacen falta algunas disposiciones legales que aumenten penas, que las hagan más severas, que reconozcan nuevas realidades para que todos podamos contribuir a lograr esa seguridad ciudadana. No caben dudas acerca de que hay nuevas formas delictivas del hurto, de las rapiñas, del instituto del arrebato y el copamiento, que ataca a la célula básica de nuestra sociedad que es la familia, ese hogar que hoy no tiene la seguridad o certeza de que en cualquier momento no va a ser alterada su tranquilidad por la presencia de un delincuente.

Por lo expuesto, es evidente que existe la necesidad de adecuar la legislación penal, por lo menos en aquellos puntos que contribuyan a dar respuesta a esos problemas que la sociedad enfrenta hoy. Más allá de que todas y cada una de las soluciones puedan compartirse o no, la sociedad uruguaya debe sentirse tranquila porque este Parlamento es sensible y reacciona frente a esa preocupación colectiva y se adelanta. Lo dije en la Comisión y lo reitero hoy: en esta mecánica de tantas consultas populares, ojalá que a nadie se le ocurra consultar al soberano sobre la forma en que quisiera castigar ciertos delitos.

¡Cuidado, si algún día llegáramos a hacer una consulta de esta naturaleza, porque nos provocaría una enorme sorpresa! Seamos sensatos, seamos más responsables, adelantémonos y vayamos dando algunos pasos que nos permitan adecuar nuestra legislación penal para que hagamos lo que tenemos que hacer, pero también para dar un mensaje a la sociedad en el sentido de que aquí se discuten y se resuelven cosas que algo tienen que ver con la gente. En definitiva, esa debe ser la preocupación fundamental de todos nosotros, mujeres y hombres provenientes de los partidos políticos.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- El señor Senador Couriel solicita que se prorrogue el término de que dispone, para la tarea que está realizando -muy amablemente- el señor Senador Fau.

(Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Fau.

SEÑOR FAU.- Agradezco, sin ajustes, al señor Senador Couriel...

(Hilaridad)

-...y al Senado la oportunidad de poder continuar mi exposición.

En el seno de la Comisión se dio un debate interesante sobre este tema, fundamentalmente con algunos Senadores de la coalición Encuentro Progresista-Frente Amplio, fuerza política que, por otra parte, está acompañando la inmensa mayoría de los artículos de este proyecto de ley, lo que señalo como un hecho saludable e importante, pues confrontamos y discutimos, pero somos capaces de encontrarnos, en decenas de artículos, votando las mismas cosas todos los partidos. Creo que esto es algo que debe destacarse. Precisamente, ayer comencé a tildar los artículos que habían contado con los votos de esa fuerza política y me sorprendí, porque realmente creí que eran menos. Sin embargo, la inmensa mayoría de los artículos fueron votados, por lo cual este proyecto de ley, tan castigado, tan malo no debe ser, cuando tantas fuerzas políticas se ponen de acuerdo. Incluso, nuestro distinguido colega, el líder del Nuevo Espacio, Senador Michelini, más de una vez señaló que si hubiera integrado la Comisión habría votado también muchos artículos, con lo cual casi se dio una unanimidad en torno a la ley de urgente consideración, salvo respecto a algunas disposiciones que, pese a ser las menos, han sido consideradas conceptualmente tan importantes, que llevaron a que no se votaran.

Decía, entonces, que se dio una discusión interesante. En una oportunidad el señor Senador Rubio le preguntó al señor Subsecretario del Interior -cuando concurrió a asesorarnos- si había una estimación de cuál podría ser el incremento de la población carcelaria en función de las nuevas penas que se establecían con estas modificaciones al Código Penal. El señor Subsecretario manifestó que no se había hecho un cálculo estimativo que le permitiera informar al Senado con exactitud, pero dio una cifra aproximada -seguramente fue la que estimó en ese momento; luego habrá que confirmarla- de 500 nuevos presos por año, que se incorporarían al sistema de reclusión en función de estas medidas. El problema que se planteó entonces, por parte de quienes tenían esa inquietud, era si habría que aprobar esas normas, sobre todo si ello implicaba incluir 500 presos más a establecimientos carcelarios que ya padecen de una superpoblación, como es por todos conocido. Respecto a ese punto se generó un debate interesante. Por cierto, cabe hacerse la pregunta de si es mejor tratar de recuperar a los que ya están y no superpoblar las cárceles, posibilitando mientras tanto que la sociedad sea castigada con 500 delincuentes, que no estarían en las cárceles, sino en las calles. No descalifico la argumentación que se hizo; la respeto en la medida en que estamos hablando de cosas muy importantes y serias. Lamentablemente sé que muchas veces los centros de reclusión, pese a los grandes esfuerzos de todos los gobiernos, no logran cumplir con el mandato constitucional de que los presos sean recuperados para volcarlos nuevamente a la sociedad. Sin embargo, si ese es el conflicto que se plantea, no tengo dudas en enviar más delincuentes a las cárceles, proteger a las víctimas -lo digo con toda sinceridad- y, simultáneamente, asumir el compromiso y la voluntad política de hacer todo lo que esté a mi alcance para ampliar los establecimientos o construir nuevas cárceles. Precisamente, cuando consideremos el Presupuesto vamos a tener oportunidad de discutir todo esto. De todos modos, si asumo que la sociedad uruguaya podría estar azotada por 500 personas que, actuando al margen de la ley, aumentaran la falta de seguridad ciudadana, no tengo ninguna duda en cuanto a que preferiría administrar esas cárceles, pero darle a la gente de mi país, a los hombres y mujeres de mi país, la certeza de que los estamos protegiendo. Obviamente, intentamos proteger a los más, no a los menos. ¿Quiénes son las víctimas de los hurtos? ¿A quiénes rapiñan? ¿A quiénes le arrebatan las carteras? A las mujeres pobres y a los hombres trabajadores. No son víctimas de las "pungas" los que tienen gran poder económico; todavía no ha surgido el "punguista" de automóviles; el "punguista" trabaja en los ómnibus y en estos viaja la gente pobre. Entonces, cuando se trata de asumir compromisos políticos con sectores sociales, nosotros no renunciamos a sentir nuestro compromiso con las clases más modestas, las más desprotegidas o las más desposeídas, pero no en el discurso ideológico en el sentido de que soy el intérprete de esos valores, sino en las cosas prácticas. Me refiero a la posibilidad de que a ese pobre jubilado distraído no le "pungueen", en la puerta de la Caja de Jubilaciones, su jubilación o su pensión, a que a esa pobre mujer que camina por 18 de Julio no le arrebaten la cartera, porque ellos en definitiva son las víctimas de estos delitos cuyos responsables son los que queremos que paguen una mayor pena y tengan un mayor tiempo de reclusión. No estamos defendiendo la seguridad de intereses económicos que puedan ser desconocidos por el delito; por el contrario, estamos hablando de algo que la gente siente directamente y que los lleva a reclamarnos por su seguridad en cuanta reunión de familia, de club o de agrupación vamos.

Si se trata de tener en cuenta a los victimarios y a las víctimas, por supuesto me importan los dos, porque los dos son seres humanos, pero, en la opción, me siento más comprometido con las víctimas que con los victimarios. Lo digo porque lo siento. Trataré de que sus derechos sean respetados en los centros carcelarios y que reciban el trato digno que toda persona humana necesita, porque esa es nuestra vocación y nuestra convicción, pero también tengo que adoptar alguna medida, como para que la gente sienta que el poder político reacciona.

En ese sentido, acompañamos estas normas que, como toda norma, no conforman en absoluto a todos, pero significan un paso, una respuesta, que nosotros consideramos importante.

He dejado para el final algunas consideraciones sobre otras disposiciones contenidas en este proyecto de ley que, por otra parte, es producto de una coalición política.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FAU.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- El señor Senador Fau reconocerá, con la nobleza que le exigía al señor Senador Couriel, que en materia de cárceles yo debo saber un poco más que él, por razones de pública notoriedad.

Independientemente de la opinión del más craso genocida, aquí hay un ex presidiario reformado, recuperado por la sociedad, y puedo asegurar al señor Senador, más allá de izquierda, derecha, centro o consignas, que lo que acaba de decir al postular ser prácticos y concretos, es erróneo. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Superpoblar las cárceles es el peor modo de amparar a las víctimas; es garantizar exponencialmente mayor cantidad de víctimas. En ese sentido, la solución que propone es, por lo menos, torpe, y lo puedo decir con conocimiento de causa. En el día de ayer me referí a este tema y dije que detrás del agravamiento de las penas y de acuerdo con los cálculos de los especialistas -si estos son verdaderos- para ser concretos y prácticos, aun cuando discrepáramos, debía venir la construcción de las cárceles necesarias. Me parecía, además, que esa formidable inversión con cargo a Rentas Generales, sería mucho mejor destinarla a erradicar las causas -y, ahí sí, entraríamos en una polémica muy de fondo- que están procreando, cada hora que pasa, cantidad de nuevos delincuentes.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede continuar el señor Senador Fau.

SEÑOR FAU.- Reconozco al señor Senador Fernández Huidobro mayor autoridad, no sólo en materia carcelaria; hay otros temas en que también tiene más autoridad. La mayor autoridad que le reconozco en materia carcelaria es porque él las conoció durante más años que yo, pero yo también sufrí la capucha, el apremio, y todavía sigo sin saber dónde estuve. Por lo tanto, en materia de autoridad, reconozco la suya al señor Senador Fernández Huidobro porque estuvo más años, pero yo también la conocí. Me parecía del caso señalarlo porque no está de más que, si no nos conocemos, lo vayamos haciendo.

Hago acuerdo con el señor Senador Fernández Huidobro en cuanto a que no es una buena política superpoblar cárceles; nadie puede reivindicar eso como un valor importante. Pero sí digo que no se puede dejar de detener y evitar un delito pensando que voy a perder a esa persona porque no la podré recuperar. El problema es qué hacer simultáneamente y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo; tenemos que tratar de reprimir, desde el punto de vista jurídico, lo que es delictivo y que esa gente vaya a la cárcel una sola vez y no vuelva a ella. Naturalmente, admito que sobre esto se puede tener más de una visión, pero en la línea de hacer de las cárceles centros de rehabilitación y lograr que los individuos se reinserten en la sociedad, me parece que no vamos a estar en trincheras distintas con el señor Senador, sino prácticamente en los mismos andariveles.

Con respecto a las otras normas contenidas en la ley, hay algunas con las que mi sector político tiene coincidencias y otras con las que tiene discrepancias. Por ejemplo, en el conjunto de medidas que se han adoptado, no creemos conveniente la reducción del número de integrantes del Directorio de ANTEL. No se trata de un debate numérico ni de que haya dos directores más o menos. Se trata de la valoración política que mi sector hace de una de las empresas más importantes que tiene el Estado. Para nosotros, esta empresa ha jugado un papel protagónico en la vida del país, ha sido una empresa que, a cargo del Estado, ha demostrado que puede ser próspera y avanzar tecnológicamente. Esa ANTEL del Estado es la que siente la gente común a que yo hacía referencia, esa gente que, después de implorar durante 20 años para conseguir un teléfono, sólo lo lograba si tenía en su bolsillo -por lo menos- la tarjeta de un Senador y cuatro Diputados, la misma a la que hoy le lleva 24 horas tenerlo y comunicarse con la madre, con el hijo, con la tía o con el amigo, como el hecho más natural. Eso se lo dio ANTEL. Y repito que eso es lo que siente la gente sobre ANTEL y lo que sentimos nosotros. Por lo tanto, creemos que un Directorio para una empresa tan importante como ésta no puede reducirse; debe mantenerse.

Nosotros, que estamos formados en una corriente de pensamiento que no odia al Estado que -por el contrario- lo mira con cariño, acompañamos todo aquello que signifique que deje de hacer lo que no debe, o lo que hace mal y el particular puede hacer. Incluso lo fomentamos, lo incentivamos y lo promovemos. Sin embargo, también reivindicamos que en algunas circunstancias el Estado tiene papeles a jugar. Esta es la visión batllista, de la que nutrimos nuestro pensamiento y en la que nos afirmamos, con todo respeto a las demás fuerzas.

Hoy recordaba una frase, muy feliz, de un gran socialista que tuvo la humanidad en las últimas décadas, como fue Willy Brandt, un socialista democrático de primera línea y gobernante de primer nivel. El Partido Socialista Alemán se "aggiorna" y resuelve ir abandonando paulatinamente las referencias al marxismo a través de la reforma de Godesberg en 1959, que es cuando los socialistas democráticos alemanes empiezan a plantearse la no vigencia del marxismo. Estamos hablando de hace 41 años, aunque ya venían con un debate muy rico sobre todo esto. Años después, en esa filosofía reformista de la social democracia alemana, Willy Brandt expresa aquella frase, para nosotros tan valiosa, en cuanto a la presencia o no del Estado: "Tanta libertad como sea posible, tanta intervención como sea necesaria". Se trata de una síntesis, para nosotros, muy democrática que refiere a la libertad de mercado, a la libertad comercial, a la libertad de empresa en todo lo que sea posible, pero con una intervención del Estado en todo aquello que sea necesario. Eso, en definitiva, es la síntesis del pensamiento batllista que hoy reivindico y reclamo, con el respeto a todas las posiciones, sobre todo en esta nueva experiencia de Gobierno, donde trabajar juntos por el país no significa que renunciemos a nuestras propias ideas. En la coalición, los blancos son más blancos que nunca y los batllistas somos más batllistas que nunca. Esa es la virtud del acuerdo de fuerzas democráticas, de partidos con historia democrática, que son capaces de enfrentar las adversidades del momento con grandes entendimientos, sin renunciar ninguno de ellos a lo que son sus ideas, su pasado y su historia. Entonces, aun discrepando con alguna disposición de este proyecto de ley, tenemos cosas muy claras.

El señor Presidente de la República fue candidato único del Partido que nosotros integramos y fue nuestro candidato. Por tanto, las herramientas que el señor Presidente de la República nos pida, las va a tener porque lo que importa, por sobre todas las cosas, es el sentimiento de responsabilidad y de compromiso. Y si el Partido Colorado ha sido, en este país, un testigo importante de los escenarios de responsabilidad y de cultura de Gobierno, esa cultura de Gobierno que nos impregna y nos caracteriza es la que nos lleva hoy a apoyar, con nuestro voto, aun aquellas propuestas con las cuales no estamos de acuerdo. Lo planteamos en la Comisión de Constitución y Legislación, hicimos una propuesta y no tuvimos suerte; formulamos una propuesta alternativa, tampoco tuvimos suerte y, ante la posibilidad de mantenernos en nuestra posición y quitarle una herramienta que el Gobierno nos pedía, no tuvimos dudas y nos inclinamos por darle la herramienta al Gobierno, como -reitero- se la vamos a seguir dando toda vez que coincidamos o aun en la discrepancia. Este es un sentimiento que el Foro Batllista afirma con una gran convicción, porque el tema de la empresa ANTEL tiene mucha fuerza en nuestro sector político y lo hemos planteado con mucha convicción pero, también, con una gran dosis de sentido de responsabilidad y con un convencimiento de compromiso con el Gobierno que fue electo por el Partido que integramos y a través de la coalición de la que formamos parte, y de cuya instrumentación tanto orgullo sentimos, así como por todo lo que estamos desarrollando hoy en el país.

Señor Presidente: estas son las consideraciones generales, básicas, por las cuales el Foro Batllista da su apoyo a la totalidad del proyecto de ley de urgente consideración con las marcadas coincidencias que reseñamos y con los matices que hemos señalado, pero con un único sentido de responsabilidad y -reitero- por sobre todas las cosas, de compromiso.

Muchas gracias.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: le pedí una interrupción al señor Senador Fau, quien me la concedió. Le solilcité una segunda interrupción y, como es lógico, tenía que hacer su exposición, de manera que esperé hasta el final.

El señor Senador Fau dijo que el señor Senador Couriel no tiene sinceridad, que debió haber dicho que acá no hay un ajuste fiscal; por lo tanto, el señor Senador Couriel no tiene sinceridad. Lo que ocurre, señores Senadores y señor Presidente, es que el señor Senador Couriel tiene algunos conocimientos que no puede negar, que no tiene por qué tenerlos el señor Senador Fau, porque él es especialista en otras cosas. En la Facultad de Derecho y en la de Ciencias Económicas hay una materia que se llama Finanzas Públicas, y la expresión "fiscal" se usa tanto para la parte tributaria, como para la parte del gasto e incluye, no sólo lo tributario sino también el gasto público. De manera que usted puede hacer un ajuste fiscal, o por la vía de la tributación o por la del gasto público y, en este caso, lo que se está haciendo es un ajuste por la vía del gasto. Pero, por sobre todas las cosas, señor Presidente, cuando popularmente -y esto lo acepto- se habla del "fiscalazo", se está hablando de tributación. Es verdad, es así. Cuando se habla de "fiscalazo", se dice: "Caramba, a los sectores populares se les va a cobrar más impuestos." Esto, a algunos sectores populares les puede llegar y a otros no. Esto es más directo. Es un ajuste mucho más expreso, nítido, claro, es rebaja de salarios, como lo planteó el señor Ministro de Economía y Finanzas y yo lo demostré en la sesión de ayer. De manera que no me puede pedir sinceridad sobre la base de que desconozca mis propios conocimientos.

En segundo lugar, señor Presidente, es verdad que el señor Ministro de Economía y Finanzas hizo una exposición. Dijo que lo que deseaba saber era dónde se inscribía esta Ley de Urgencia y nos explicó su política económica. Y cuando yo hago una exposición sobre política económica, allí hay una controversia, una exposición y una interpretación distintas sobre la realidad. Quienes no hicieron la controversia fueron los integrantes del Gobierno, porque yo no recibí absolutamente ninguna respuesta a mi exposición, porque -sin ninguna duda- era completamente distinta a la del señor Ministro de Economía y Finanzas. Y ahora me dicen que yo no quise tener un grado de diálogo o confrontación con el señor Ministro. Es al revés.

En tercer lugar -y para terminar, señor Presidente- está esta historia, tan mentada en el Uruguay de los últimos años, de que -muchas veces- en el Senado muchos Legisladores hablamos para la prensa. Y es hablar para la prensa decir acá, en el Senado, que el Frente no tiene propuestas y que sólo tenemos el "no" en la boca. Claro que nos negamos, por nuestros principios, a determinadas medidas; por supuesto que sí. Pero siempre hemos planteado propuestas, y aquí hay quince aditivos y sustitutivos, señor Presidente, que demuestran fehacientemente -y lo dije, además, en la exposición- que queremos construir y que esperábamos, del señor Presidente de la República, que el gesto que tuvo se pudiese haber concretado en algún tipo de diálogo antes de que llegara al Parlamento. No se dio. El gesto terminó siendo formal y no tuvo contenido, porque no hubo un mecanismo que nos habilitara el grado de participación que nosotros queríamos. Hacemos todo el esfuerzo en las Comisiones por trabajar y por presentar propuestas. Así que, para los medios de comunicación, puede ser muy lindo decir que el Frente lo único que dice es "no" y que nunca tiene propuestas. Nos cansamos de hacer propuestas porque tenemos interpretaciones distintas de la realidad, que no son únicas; son nuestras interpretaciones y nuestras propuestas, que estamos dispuestos siempre a deliberar, a dialogar y a confrontar, si es necesario, en el escenario político nacional.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador Fau.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: de pronto tenemos problemas auditivos con el señor Senador Couriel, porque él contesta cosas que yo no dije. Cuando le reclamo sinceridad, no digo que tenga una conducta insincera como norma y como constante. Lo que le pido es que en este tema, concreto y específico, del ajuste fiscal actúe sinceramente y diga que no lo hay. Pero con esto no pretendo juzgar su conducta sino que me estoy pronunciando sobre un hecho concreto y puntual que es su juicio, tan duro, con respecto al ajuste fiscal o al "fiscalazo". De cualquier manera, me pregunto como será la cosa que el señor Senador Couriel tuvo que recurrir a sus dotes de catedrático para darnos, como en la clase de Facultad, una minuciosa descripción de qué es lo fiscal y, por tanto, de cuándo puede haber, o no, fiscalazo. En ese debate no voy a entrar por obvias razones y por un deseo elemental de supervivencia, pero sí quiero decir que a lo que me refiero es a algo que él sabe mejor que yo: a eso que se proclama desde la tribuna, frente a la multitud o al pequeño grupo de personas a la que se le habla del ajuste fiscal y se le repite lo del "fiscalazo", pero no en los términos catedráticos y académicos con que nos ilustró el señor Senador Couriel, sino en esa actitud descalificante para fuerzas políticas que, en el acierto o en el error, quieren tanto a este país como el señor Senador Couriel. De eso es de lo que se trata. De ese hecho político, de ese concepto que ustedes, a viva voz, proclaman: los "fiscalazos" y los ajustes fiscales.

Nunca lo vi en una tribuna dar la explicación catedrática que hoy se brindó al Senado. A ese concepto político me estoy refiriendo, a ese ajuste fiscal, a ese "fiscalazo" del que hablan ciertos sectores políticos en el país; ese es el que en el Uruguay, bajo este Gobierno, no se dio.

11) REGIMEN DE TRABAJO PARA EL DIA JUEVES 18

SEÑOR PRESIDENTE( Don Carlos Garat).- Dése cuenta de una moción llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "Mocionamos para que la sesión permanente del Senado que se realizará mañana jueves 18 se inicie a las 15 horas.

Firman los señores Senadores Atchugarry, Sanabria y Garat".

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Estamos en régimen de sesión permanente por disposición legal. Entonces, qué sentido tiene esta moción que se refiere a una sesión permanente para el día de mañana. Como no se le pone término, parecería que lo que se quiere establecer es que se intentaría terminar el estudio del proyecto de ley. En ese sentido, quiero expresar que por razones de salud y familiares no puedo permanecer más allá de las horas habituales en las que se realiza la sesión, es decir, las 20 ó 21 horas.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Como las mociones no tienen discusión, la Mesa aclara al señor Senador Pereyra que el contenido de la misma es en el sentido de continuar la sesión hasta que culmine el análisis del proyecto.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para hacer una aclaración sobre el texto de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Más allá del respeto que me merece la posición u objeción que marcó el señor Senador Pereyra, deseo hacer una puntualización basándome en una lógica elemental. Si no estoy equivocado, el plazo que marca la Constitución para que esta ley sea aprobada es el 29 de este mes. Aclaro que no tengo ningún problema con el trabajo prolongado en la noche, y el día que este Senado vote para que las sesiones sean matutinas, tendré que rever mi vocación de Senador. Las sesiones nocturnas me encantan, inclusive aquellas que se van hasta las dos o cuatro de la mañana, que es cuando algunos de nosotros nos empezamos a despejar; pero me parece que es un poco apresurado establecer al tercer día de debate de una ley tan importante y a tantos días de que venza el plazo constitucional, una sesión de estas características. Con esto no quiero decir que esté mal hacerlo, pero reitero que sería un poco apresurado. Digo esto con la mayor sinceridad y el respeto hacia los compañeros de la coalición que firmaron esta moción, aclarando que nunca me negué a votar para que se prolongara una sesión. Siempre he tenido sensibilidad frente al caso de un señor Senador o sector político -a veces no se trata de una cuestión de salud sino política- que plantee determinada objeción, pero en este caso simplemente hago el siguiente razonamiento. Estamos a 17 y el proyecto vence el 29, mañana es el tercer día de su discusión y seguramente muchos de nosotros vamos a querer hacer uso de la palabra; inclusive en lo que a nosotros concierne, por las razones que magníficamente señaló el señor Senador Fau, vamos a votar este proyecto en su integridad aunque tenemos serias discrepancias con muchos artículos que queremos pronunciar en Sala. Asimismo, intentaremos introducirle algunos aditivos pero, reitero, lo vamos a votar. Entonces, creemos que todo esto merece un proceso en función de la importancia de la ley, que no se condice con marcar en este momento, al tercer día de sesión, una actitud de pretender analizarla hasta agotar su temática. En definitiva, hago la sugerencia de que la moción se retire, aunque sé que eso está en manos de quienes la propusieron.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: en realidad esta moción corrige lo que habíamos departido el primer día. Por alguna razón, cuando se presenta la moción sobre el régimen de trabajo -y al respecto se había acordado que se trabajaba martes y miércoles hasta las 20 horas- también se habló del jueves hasta las 20 horas, que no era lo que habíamos conversado amablemente. Creo que mañana el Cuerpo será dueño de decidir algo que, además implica volver al régimen establecido en la Constitución, que es de sesión permanente y no lo estamos inventando nosotros. En función de las realidades políticas y personales, en el día de mañana, los señores Senadores decidirán hasta qué hora quieren trabajar; lo único que se está haciendo es levantar el límite fijo de la hora 20, que nunca fue acordado pero que se deslizó en la moción. Evidentemente, nuestra aspiración, si fuera posible es avanzar todo lo que podamos. En estos años que llevo como Senador, por lo menos dos docenas de leyes de cierta importancia nos han insumido alguna noche trabajando hasta tarde. Si mañana el Cuerpo o nosotros mismos consideramos que hemos avanzado bastante, que no vale la pena seguir y que es mejor reiniciar la labor el día viernes o lunes, seremos dueños de votar un cuarto intermedio en cualquier momento. Evidentemente estas iniciativas estarán en la consideración de todos nosotros, dependiendo de cual sea el ritmo de análisis. Lo que estamos haciendo es, simplemente, volver a lo que informalmente hemos conversado en el sentido de no poner una hora de terminación a la sesión del jueves. De eso se trata la moción. Nuestra aspiración es la de terminar con el análisis del proyecto, pero no se trata de una imposición porque luego se verá cuáles son los acontecimientos determinantes.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- La Mesa reitera, señor Senador, que no corresponde discutir una moción, pero dadas las circunstancias puede hacer una aclaración.

Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- En realidad, lo que se está haciendo es fundando el voto a favor o en contra de la moción, con la postura de no hacer una afirmación tajante. Así lo hizo el señor Senador Millor, y me parece bien, con la tendencia de no aprobar esa moción y también lo hizo el señor Senador Atchugarry, según mi interpretación con tendencia hacia la aprobación.

Lo primero que hace la moción es fijar la hora de comienzo, porque no podemos decir que como constitucionalmente es sesión permanente, no hay que votar. Si fuera así, hoy me quedo hasta las cuatro de la mañana y digo que todos fueron. Las normas siempre tienen una relación con la realidad, porque aunque se trate de una sesión permanente no quiere decir que estemos día y noche discutiendo el proyecto. Lo que aquí se está planteando -aunque justamente no lo dice la moción- es que el espíritu de trabajo para mañana sea como se dice en el lenguaje popular "a morir". De lo que recuerdo de las costumbres parlamentarias -salvo algunas polémicas políticas muy fuertes- habitualmente eso se hace cuando hay una interpelación y el interpelante es demasiado abundante en sus preguntas y el Ministro demasiado extenso en sus respuestas por lo que la sesión se prolonga. También ocurre en las leyes de Presupuesto o Rendiciones de Cuentas cuando hay plazos que se están venciendo. Siempre recuerdo una anécdota según la cual por disposición del Presidente -no sé si fue Etchegoyen- se paró el reloj. En esa oportunidad había un motivo para que el Senado no apareciera violando, por lo menos en forma muy fragorosa, la Constitución. Lo que no creo que tenga sentido es aprobar una moción que es una forma de decir: "Muchachos, Senadores, vamos a tratar de trabajar hasta las dos de la mañana." ¿Esto qué quiere decir? Si mañana se va a decidir hasta que hora se sesiona y aún hay Senadores que quieren anotarse porque no pudieron hablar, no veo el sentido de aprobar esta moción. Digo esto con total sinceridad. Es más; si no se hubiera aclarado que el espíritu era seguir mañana hasta muy tarde, podríamos decir que lo que surge de esta moción es que el comienzo es a las 15 horas.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Para ordenar un poco las ideas, la Mesa señala que con lo que han manifestado los señores Senadores Korzeniak y Atchugarry podríamos pasar a votar la moción que, lo único que establece, es la hora de comienzo de la sesión del día de mañana; luego, en el transcurso de la misma se irá viendo cual es su desarrollo

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- El Senador que habla no hizo otra cosa que lo que comúnmente han hecho todos los integrantes del Cuerpo. Frecuentemente, aquí se pide que la sesión termine a determinada hora para asistir a una reunión política; también se realizan solicitudes similares por razones de cualquier índole. En este caso, lo he hecho por motivos de salud de familiares. Sin embargo, como algunos señores Senadores han hecho alusión a la permanencia durante largas horas y jornadas en el Parlamento, tengo que señalar que, en mi ya excesivamente larga vida parlamentaria, he permanecido dentro de este Recinto durante tres, cuatro y cinco días. Más precisamente, cuando integré la Comisión de Presupuesto era natural que cuando vencían los plazos se trabajara día y noche; inclusive, en aquellas largas jornadas de las Asambleas Generales por Medidas Prontas de Seguridad, estuvimos reunidos aquí durante días y noches. Nunca le hemos rehuido al trabajo.

Sé que no estuvo en el espíritu de los señores Legisladores ponerme en una situación especial frente al Senado, pero como estas manifestaciones constan en actas, quiero aclarar que tampoco he rehuido al trabajo y nunca he puesto límite a la permanencia en Sala cuando ha habido que tratar temas importantes, y no tanto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Léase nuevamente la moción propuesta a efectos de que no existan dudas sobre su contenido.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la sesión permanente del Senado que se realizará mañana, jueves 18, se inicie a las 15 horas."

-Se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 29. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quiero que las reglas sean conocidas de antemano. Me parece pertinente decir que mañana vamos a sesionar, por ejemplo, de las 10 a las 17 horas, o de las 15 a las 21 horas, pero no que dejemos librado a las circunstancias el hecho de que mañana se determine a que hora se levanta la sesión.

Creo que hay plazo suficiente para que, con un régimen de trabajo bastante intenso como el actual, de seis horas diarias, se pueda terminar correctamente el trabajo antes de llegar a la fecha límite establecida. Aquí nadie está haciendo obstrucción gratuita o poniendo trabas a la aprobación de las disposiciones, pero hay que tener en cuenta que también necesitamos de los plazos pertinentes para poder discutir con algún rigor este proyecto de ley de urgencia. Pero no estoy de acuerdo con la forma en que se pretende trabajar, sesionando mañana y continuando ininterrumpidamente hasta el día siguiente. No estoy dispuesto a aceptar esa situación porque creo que no hay necesidad de exigirle a los Legisladores que dejen de dormir durante tres días para aprobar una ley cuando todavía restan ocho días de plazo para aprobarla. Eso no es justo.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Si son tantas las urgencias y se conversa sobre los plazos y el régimen de trabajo, se tendrían que haber incorporado los días que se perdieron desde que entró el proyecto a consideración del Senado. La Semana de Turismo no fue utilizada y hubo otros días en los que tampoco se trabajó debido a que todos los Legisladores, naturalmente, estaban en campaña electoral.

Por lo tanto, no veo por qué ahora, súbitamente y sin demasiada explicación, se pasa a modificar la propuesta y se plantea que la sesión de mañana comience a las 15 horas, sin saber cuál será la hora de finalización.

No tengo tiempo -ni es el momento- para hacer algunas historias que algunos viejos Legisladores hicieron cuando en esta misma sala fundamentaron sus razones frente a propuestas de este tipo. No ha sido de estilo en el Senado la realización de sesiones de estas características. Si el espíritu de esta propuesta es desanimar a aquellos que queremos opinar, no nos desanimaremos; pero, por otro lado, sería bueno tomar las precauciones debidas, que tienen que ver con la salud de los señores Senadores, para que luego no tengamos que lamentar algunas cosas que ya han sucedido.

En consecuencia, no hemos acompañado esta moción y no nos parece correcto que se haya propuesto sin explicación. Casi distraídamente la podríamos haber aprobado en la medida en que expresa que la sesión va a comenzar a las 15 horas, si no fuera por el pedido de aclaración que efectuó el señor Senador Pereyra. Algunos nos podríamos haber quedado sin saber que la intención era acampar en el Senado de la República.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Hemos dado pruebas de seriedad en la realización del trabajo parlamentario. No argumentamos por descanso o por contracción a la labor del Cuerpo para no participar de una sesión que no tenga hora de finalización. Es más; la única vez que nuestra fuerza política, luego de muchas advertencias, resolvió no hacer quórum, quedó en evidencia que los que no asisten a las sesiones son los Legisladores de los partidos de la coalición. Ello generó un grave problema porque hubo que fabricar una sesión extraordinaria en acuerdo con los coordinadores.

Así que aquí no es problema de quién trabaja y quién no. Hemos dado señales de que trabajamos seriamente. Además, estoy en condiciones de asegurar -muchas veces, como señalaba el señor Senador Couriel estas sesiones son para la prensa- frente a lo que señala el señor Presidente en cuanto a que en realidad lo que votamos es la hora de comienzo de la sesión, que lo que se me ha trasmitido como coordinador de la Bancada es que el espíritu de la sesión del día de mañana es votar los 89 artículos de este proyecto de ley de urgente consideración. Y esto, ratificando lo que señalaba el señor Senador Gargano, es una barbaridad porque hay plazos constitucionales y tenemos tiempo suficiente para trabajar. No se me ha dado una sola razón ni argumento alguno, salvo el de limitar la discusión de los artículos para justificar esta propuesta.

En consecuencia, creo que esto forma parte de un estilo que no nos hace bien desde el punto de vista parlamentario y que enmarca a una ley de urgente consideración en un espíritu legislativo muy negativo para el Cuerpo. Tal vez esto forma parte de una filosofía que motiva el que me haya anotado para hacer uso de la palabra luego del señor Senador Mujica y así considerar algunos aspectos de esta iniciativa de ley que, en esta moción propuesta en la tarde de hoy, no hace más que ratificar alguna de las percepciones que tengo respecto de la misma.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Pese a lo que señalamos por la vía de aclaración, queremos señalar que hemos votado la moción luego de escuchar la interpretación que a la misma le daba el señor Presidente. La hemos votado -y quiero dejar constancia de ello ahora- en el entendido de que mañana -si no lo propone otro señor Senador, lo haremos nosotros- por las razones que expuso el señor Senador Pereyra, de salud de familiares, la sesión se levante a las 20 horas. Aclaro esto, por las dudas de que no haya sido bien interpretado, ya que si hay alguien que no pone en tela de juicio en esta Sala la vocación de trabajo del señor Senador Carlos Julio Pereyra, que siempre he admirado y reconocido, he sido yo.

Aclaro, nuevamente, que voté la moción en función de la interpretación que el señor Presidente le dio -que me parece correcta- y que mañana ya estaremos proponiendo, por las razones muy atendibles expuestas por el señor Senador Pereyra, que la sesión se levante a las 20 horas.

En este caso, lo ha solicitado el señor Senador Pereyra, pero cuántas veces hemos suspendido sesiones porque otro grupo político tiene que asistir, por ejemplo, a un acto. Por lo tanto y por las razones que ya adelantó el señor Senador Pereyra, vamos a proponer que mañana la sesión culmine a las 20 horas.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Como la Mesa ha sido aludida, quiero aclarar que la interpretación que hemos dado ha sido la que han expuesto, en forma muy clara, los señores Senadores Korzeniak y Atchugarry.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Voy a ser breve en la medida en que algunos señores Senadores ya han fundamentado nuestro voto negativo.

Tal como dijo el señor Senador Millor, faltan muchos días para cumplir los plazos constitucionales.

En la Comisión de Constitución y Legislación ya hemos asistido a un estilo de discusión de tratar de terminar con el estudio del articulado en un día. Estuvimos 16 horas para votar 95 artículos y esta situación se repite en el Senado, aun cuando los plazos constitucionales son amplios y podemos hacer la discusión en particular.

Tal como sucedió en la Comisión, en la cual se permitió invitar a una cantidad de gente que pudo ser útil para el estudio de este proyecto de ley, el tema no tiene que ver solamente con los plazos constitucionales sino con la voluntad política de no discutir y no escuchar otras visiones y otras ideas, incluso de los afectados, a quienes no oímos.

Debo recordar que el Senado ya había aprobado la hora de comienzo de la sesión, que sería a las 15 horas, y la hora de finalización, a las 20 horas. Por lo tanto, poner a votación una moción con horario de comienzo, sería eliminar la parte final de la moción que ya se había votado. Si el argumento de presentar esta moción era a los efectos de fijar una hora de comienzo, creo que es absolutamente innecesaria. Me parece que lo que aquí se está votando, más bien, es que mañana la sesión comience pero sin hora de finalización; por lo tanto, se trataría de votar todos los artículos, lo que significa una voluntad deliberada de no discutir los aditivos, sino el texto tal como viene de Comisión. Esta idea ya se ha expresado en la prensa, es decir que el cuerpo fundamental del proyecto de ley no va a ser modificado. Por lo tanto, las mayorías van a tratar de imponer una forma de debate que, teniendo plazos, es absolutamente inconveniente para la democracia uruguaya.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- No voy a abundar en los argumentos que se han vertido en Sala pero sí voy a decir que esta moción que se ha presentado es contradictoria con la que se formuló en el día de ayer con respecto a levantar media hora antes la sesión. Cuando se presentó dicha moción y en virtud de que existía -supongo- un acuerdo entre los coordinadores de las distintas Bancadas, me abstuve de presentar una moción en el sentido de ampliar la hora de finalización de la sesión por media hora más, que era lo que quizás hubiera correspondido para que otro orador anotado pudiera hacer uso de la palabra.

Por esta razón hemos votado en contra de la moción presentada porque creemos sin atribuir intención de ninguna clase, que es inconveniente para el tratamiento de este tema.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En primer lugar, debo señalar que es totalmente incierto que en la Comisión no se haya tratado desde el primero hasta el último de los artículos. De hecho, más del 50% recibieron modificaciones y no se dejó de consultar a ningún experto en la materia, que se haya solicitado por cualquier señor Senador.

En segundo término, hay 30 artículos sustitutivos, varios de ellos relevantes e importantes que no se quisieron presentar en Comisión y, como estoy fundando mi voto, no puedo calificar esta actitud política, pero todos entendemos de qué se trata.

Por último es la primera ley que pide el Gobierno. Creo que esto alcanza para fundamentar nuestro deseo de que todos expresen su punto de vista político y de tratar de conciliar este aspecto para que, cuando ya se tiene decisión de voto no alargar innecesariamente la cosa.

12) MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLAN Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: "Puntas de Malbajar, 8 de mayo de 2000". Esta es una carta remitida al Presidente de la Federación Rural Artigas De Cuadro que dice así: "Estimado Artigas: adjunto el envío de documentación referente a la acción que viene emprendiendo contra mi señora el Banco Sudameris y sobre la misma..." Y continúa la información. La operación vale U$S 225.000 a 10 años, garantía hipotecaria por 1.128 hectáreas, operación por compra de campo de 326 hectáreas, garantía solidaria ampliatoria por U$S 112.500. El Banco reclama una amortización de capital de U$S 22.500. Estos datos -números fríos- demuestran el derecho incuestionable del banco a reclamar los compromisos contraídos, pero también una posición de Banca Privada ajena a la realidad que vive el sector agropecuario. Queda demostrada la necesidad e inoperancia del Gobierno para atender esta realidad. Mientras conversamos y conversamos, la Banca nos ejecuta y nos degüella con intereses y moratorias, gastos judiciales, verdadero tesoro para los abogados. Este año, sólo en el rubro de semilleros del otro rincón, la productora en cuestión perdió U$S 50.000 brutos por la sequía. Todo el patrimonio de la familia son 326.000 hectáreas compradas e hipotecadas, urge encontrar medidas, etcétera. Firman Fernando Becerra y Liliana Etchenique.

El Banco con sus representantes en este documento fotocopia que tengo aquí -no los voy a aburrir- pide se decrete embargo específico sobre los inmuebles padrones 7503, 8758, 5315 del departamento de Durazno, arriba ampliamente descriptos para cubrir la suma reclamada de U$S 225.000 más intereses y demás ilíquidos, honorarios, impuestos y demás gastos y se libre el oficio pertinente al registro inmobiliario de Durazno, etcétera. Acá tengo la fotocopia del expediente.

También tengo en mi poder datos de los remates del Banco de la República de este momento. "Cuatro fracciones de campo. Se rematará judicial en el parque chileno. Pública subasta. 221 hectáreas". Es también por una cuestión de deudas en este caso con el Banco de la República.

Aquí tengo otro expediente; en este caso es un cedulón judicial. "El Letrado de Instancia de 2do. Turno de Carmelo". En este se expide: "Sáquese a la venta en pública subasta, sin base y al mejor postor, los bienes prendados y embargos. Desígnase rematador" etcétera.

A este otro paisano se le remite un cedulón del Banco de la República por parte de la sucursal Carmelo y se le pide que, para reperfilar su deuda, presente un proyecto avalado por un agrónomo y U$S 7.000. El hombre consigue el agrónomo, pero ¿de dónde los U$S 7.000? Estamos hablando de la zona girasolera y granelera.

Aquí tengo otro cedulón perteneciente a la zona de Young, y expreso que los mismos van a llover. Reitero: van a llover; es algo que pronostico a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Personalmente, no les quiero hacer perder el tiempo, pero sí deseo pedir a mis colegas, a todos, que no digan que no hay ejecuciones, porque todos vamos a quedar "pegados".

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MUJICA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede interrumpir el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Agradezco al señor Senador Mujica por haberme concedido esta interrupción.

En estos días recibí la visita de algunos productores que están endeudados con el Banco de la República y que, por las razones conocidas, no han podido cumplir con sus compromisos.

Debo decir que el Banco ha llamado a todos sus deudores a que planteen una solución por medio de un reperfilamiento del endeudamiento. Sin embargo, nos encontramos con que en la Regional Norte o del litoral, que tiene su sede en Paysandú, cuando han llegado los pedidos de reperfilamiento o de utilización del Cupón Cero, a más de un productor se le respondió con un cedulón como el que señalaba el señor Senador Mujica. Es decir, que en lugar de atender el planteo del productor, se le conmina a presentarse en un plazo de 24 ó 48 horas -no recuerdo bien- porque su asunto pasó a estudio de la Sección Jurídica del Banco. Me parece que, tratándose del Banco de la República -no hablo de la Banca privada, que no tiene las obligaciones que indudablemente tiene el Banco de la República para con la producción nacional- esta es una buena oportunidad para llamar la atención de sus autoridades, a los efectos de que sus servicios ajusten su conducta a las resoluciones que dicha Institución acaba de tomar.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede continuar el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Confieso que no vengo a pelear con nadie; estoy muy viejo para ello; hace 30 años quería arreglar el mundo... .

Me pregunto qué le ofrecemos ahora al paisano. En la parte referente a las normas tributarias, el artículo 48 dice que se exonera del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a los contribuyentes de los Impuestos a las Rentas de la Industria y Comercio, a las Rentas Agropecuarias y a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, por las enajenaciones de inmuebles que realicen, con destino al abatimiento de sus pasivos financieros. Podría continuar leyendo el artículo; pero, en los hechos, ¿qué le estamos diciendo a los paisanos? Les decimos: "En un momento de apretuje en que no tenés rentabilidad y en que estás hipotecado, vendé campo que el Estado te va a bajar un poquito para que te rinda más". Esta es una señal horrorosa, porque por una regla comercial, nunca se vende en momentos de crisis, porque lo que les va a rebajar el Estado es una "paparrucha" frente a lo que van a perder por la desvalorización inmobiliaria si todos salen a vender campo en un momento de baja rentabilidad. Reitero que como señal frente al problema agropecuario, me parece horrorosa. Por eso invito, pido -por favor- que se piense sobre el problema. Personalmente, hemos presentado un aditivo, pero expresamos que estamos dispuestos a firmar cualquier otro, ya que es necesario parar las ejecuciones -así no más, como suena- y ponernos a discutir en forma urgente qué vamos a hacer con estas cosas que paradojalmente, tienen salida. ¿Saben por qué? Porque el negocio agropecuario tiene una clave histórica, que es la bajísima rentabilidad líquida. En procesos largos de 20 años, apenas el 3% de rentabilidad líquida anual y sin embargo la renta total es el 11%. La diferencia está, justamente, en la alta capitalización, por la suba, a largo plazo, del valor tierra. Así, si un campo de U$S 250.000 tiene en este momento una deuda de U$S 100.000 y logramos que ese hombre pague los intereses durante 20 años, va a pagar menos que el arrendamiento del campo. Ese campo, dentro de 20 años va a valer más de U$S 1:000.000. Entonces, esa persona apenas tiene una deuda del 10%. Si ahora dejamos "fusilar" a los paisanos en un momento de crisis, estaremos cometiendo una barbaridad, porque atrás de todo esto vienen los que trabajan el campo. Más adelante voy a desarrollar mi pensamiento.

Sinceramente, y fuera de todos los dimes y diretes partidarios y de todas las diferencias que tengamos, pido que analicemos con frialdad esta situación porque, reitero, esta señal que damos me parece horrorosa. Reitero: horrorosa, porque estamos invitando a la gente a que liquide el campo.

Luego de esta introducción y para entrar en el tema, me voy a ir bastante atrás en el tiempo, al año 1776, con Adam Smith, quien en materia de teoría económica dijo que el individuo que sólo busca su propia ganancia es conducido por una mano invisible para proveer a una finalidad que no era parte de su intención. Tampoco siempre es malo para la sociedad que dicha finalidad no fuera parte de su intención. Persiguiendo su propio interés, este individuo frecuentemente promueve el de la sociedad más efectivamente, que cuando lo intenta hacer realmente de manera expresa.

Esto es lo que tienen que pensar los liberales que están en esta Cámara. A mí se me podrá criticar por hacerle algunas correcciones, pero hay que ser coherente.

Es más; el principio de la mano invisible se aplica solamente a un individuo que opera en la microeconomía, dentro de un contexto de precios macroeconómicos establecido correctamente por el Estado. Si los grandes precios macroeconómicos -es decir, el tipo de interés y el tipo de cambio- están "seteados" por el Estado erróneamente, el operador individual persiguiendo su propia ganancia, no contribuirá al interés del logro general. El error a escala cambiaria provoca, a su vez, dos grandes desequilibrios en la economía: uno en el sector externo y otro en el mercado de trabajo. La distorsión del tipo de cambio fijado arbitrariamente fuera del equilibrio natural, determina un déficit comercial que debe ser financiado. Para inducir a los banqueros privados a traer ese financiamiento, es necesario que las tasas de interés interno sean permanentemente más altas que las internacionales, especialmente las tasas activas que están vinculadas a préstamos y plazos más largos que la semana o el mes.

Hace un tiempo, por circunstancias parecidas, nos vimos en la necesidad de instrumentar una interpelación al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, a quien nunca consideramos, ni por asomo, responsable. Era una de esas cosas complicadas que tiene la vida política.

En esa interpelación decíamos -para demostrar que esto lleva mucho tiempo, que ha pasado mucho tiempo- que para nosotros el peor temporal que ha azotado a la agropecuaria en estos últimos años es el bien o mal llamado retraso cambiario. Se apostó a un modelo económico de intervención en el tipo de cambio, pero no como se hacía antes. El método adoptado consiste en un anclaje cambiario, con una flotación que llaman "sucia" dentro de una banda, complementado con prudencia en la emisión y luchando por achicar el déficit fiscal en el marco de una economía abierta, donde el gran objetivo es bajar la inflación.

Esa política no se inauguró en este Gobierno, en todo caso se continuó -nos referíamos al Gobierno que se fue- y ha sido la que se ha aplicado en general durante esta década.

Algunas personas han sostenido que no ha habido atraso cambiario porque el Banco Central no vendía dólares -como se hizo en tiempos de la dictadura- sino que, por el contrario, hubo un momento en que para mantener la banda tuvo que comprarlos. Este es un problema en el que vale la pena detenerse un poco.

En el año 1985 se produjo, en cierto modo, la cúspide del adelanto cambiario, lo que quiere decir que si no nos pusiéramos a medir el retraso cambiario desde allí, no lo haríamos con una base real de arranque. A partir de dicho año comienza un período de retraso de la evolución de la tasa de cambio frente a la inflación, que no se va a detener en lo que puede ser un eje histórico en torno al 150%, si se toma como base aquel año "glorioso" -dicho esto entre comillas- de la Guerra de Corea de 1951. Ahora queremos ahorrar parte de esta lectura a que hemos hecho referencia.

Nosotros teníamos otra posición; sinceramente y en honor a la verdad, estábamos cobrando al Gobierno del doctor Lacalle, en gran medida. No somos economistas; padecemos de largos insomnios y durante éstos somos capaces de leer la guía telefónica. Durante esas noches sin poder dormir y profundizando en el tema, nos hemos conformado esta opinión. Se podrían escribir cincuenta años de historia nacional a la luz de los procesos de adelanto y de retraso cambiario que han tenido una influencia tremenda en la historia económica de América Latina. Por lo tanto, no puedo cometer el pecadillo de considerar esto tan sólo así.

A efectos de ahorrar tiempo y utilizando términos concretos, señalo que de esas lecturas saqué la conclusión de que, por fenómenos de gran liquidez en los países centrales y tendencia a la baja de las tasas de interés, vienen masas importantes de dinero que están buscando rentabilidad por todas partes en el mundo pobre, y cuando las circunstancias cambian y hay que pagar, también cambia esa política y tenemos movimientos pendulares que son muy importantes.

¿Qué hicieron gobiernos de América Latina, como el de Chile, tan criticado de neoliberal, liberal, o la mar en coche? Olfatearon a tiempo y si bien no pudieron cambiar la naturaleza de este ciclo, le pusieron un palo en la rueda a los capitales golondrina de corto plazo y castigaron el gasto suntuario buscando atemperar las diferencias entre la profundidad y la altura que tienen estos procesos.

A esta altura no estoy hablando para cobrarle a nadie; no vamos a cambiar la realidad del mundo en el que vivimos y no podremos incidir en esta masa de billetes verdes que arranca de un lado y no se sabe dónde para. Sin embargo, tenemos que aprender a gobernarnos. Existen capitales de apuro que entran a nuestra plaza, que más vale que no vinieran. Este dinero caro, que hay que pagar para traerlo, nos sirvió en largos períodos para financiar la importación y el consumo de lo que importamos, creando una presión interna de carácter brutal. Nos prestaron la plata para traer autitos; nos volvieron a prestar para que nos hipotécaramos comprándolos, y así seguimos. No obstante, el engranaje productivo no tiene nada que ver con esto.

Por otro lado, el dólar al final es como una mercadería, y si entra en gran cantidad tiene una incidencia e influye en el motor de esta génesis del atraso cambiario. Sé en qué desembocó esto desde el punto de vista agropecuario, pero tendría que hablar de la industria, aunque en definitiva no importa, porque el fenómeno es el mismo. Un día me puse a hacer cálculos teniendo en cuenta atados de acelga o de espinaca y llegué a la conclusión de que es lo mismo en todos los sectores de la economía.

Tres meses antes de la devaluación de Brasil, la Federación Rural convocó a diversos diputados a recorrer todo el país y, en lo personal, me tocó visitar Tacuarembó. En esa oportunidad se nos entregó un documento -reitero que esto sucedió tres meses antes de la devaluación de Brasil- en donde la Federación Rural expresaba, entre otras cosas, que la política económica llevada adelante había deteriorado dramáticamente la ecuación económica de las exportaciones agropecuarias. Asimismo, agregaba que si bien no se oponían a un proceso de estabilización de la economía, les parecía injusto que el sector primario fuera el que tuviera que asumir la mayor parte de sus costos. Pienso que se olvidaron de la industria.

Más adelante el documento sostiene que el atraso cambiario generado por dicha política ha deteriorado de tal manera el poder adquisitivo de los productos que, para cubrir la canasta básica en el año 1990, se necesitaban 19 novillos, 3.400 kilos de lana o 54.000 litros de leche, mientras que en la actualidad se necesita -se decía esto hace casi dos años- 45 novillos, 8.800 kilos de lana -se quedaron cortos- o 127.000 litros de leche, en definitiva para comprar lo mismo.

Uno se tiene que explicar cómo la agropecuaria, que dio en esta década el mayor salto productivo y el mayor aumento de productividad rubro por rubro -en unos más y en otros menos- sin embargo, al final de la década está fundida. Esta es una realidad palpable y no obedece, señores Senadores, al efecto de la sequía o a la devaluación de Brasil.

En aquella interpelación nosotros demostrábamos que ya se debían casi U$S 1.400:000.000 sólo de deuda bancaria. Transcurrió más de un año y no entrábamos en otras formas de deuda. En aquel momento existían U$S 800:000.000 de deuda con el Banco de la República que hoy se han convertido en U$S 1.000:000.000 y U$S 400:000.000 -un 33%- con Banca privada. Si no hacemos algo, jurídicamente la Banca privada está en condiciones de ejecutar y ejecutar; jurídicamente lo puede hacer.

En consecuencia, estos procesos se deben, a mi juicio, a la política económica, a las sequías y a los temporales. Los precios promediados a lo largo de la década son precios históricos y tuvimos tres o cuatro años donde el paraguas brasilero nos sirvió para refugiarnos espléndidamente. Todas estas cosas debemos pensarlas.

Por todo esto, considero que este mensaje, esta señal, se la estamos dando al sector agropecuario, que está compuesto tal vez por 45.000 ó 46.000 empresas -esta es una apuesta, este año vamos a tener un censo- donde hay 20.000 por debajo de la línea de pobreza.

Creo que esta señal es desastrosa para un país que debe definir si va a seguir siendo agroindustrial o si, siendo agroexportador, pretende ser un país agroindustrial. Por encima de la deuda nos vamos a precipitar en la desaparición de productores, y es muy difícil reponer ese elemento.

Creo que el país no está en condiciones de regalar lo imposible, ni de dar un perdón "a tutti", lo cual se ha hecho muchas veces en varias etapas de nuestra historia. En definitiva, este mensaje es una señal, a mi juicio, a favor de los intereses de la Banca privada. A pesar de estos cedulones del Banco de la República, pienso que éste es la primera estancia del país a la cual defiendo a muerte y más allá de todos sus defectos, porque el día que no lo tengamos, vamos a saber lo que es marchar al espiedo. Más allá de todos los defectos que tenga el Banco, debo ser nítido: no le podemos seguir trasladando problemas que son del país, porque después no le podemos pedir eficiencia. Desde el punto de vista de lo que es un Banco, no le podemos pedir más al de la República, porque con este choclo se sostiene por la cultura del Uruguay. Mi madre me decía que cuando tuviera unos reales que me sobraran, los pusiera en el Banco de la República, porque el día que esté fundido, no habrá más país. Eso es casi un acervo cultural de nuestro pueblo. Pienso que no debemos continuar así, traspolando crisis que, en definitiva, el Uruguay debe atender. Vamos a pedirle a la Comisión de Ganadería y Agricultura del Senado que viabilice una discusión de alto nivel desde un punto de vista técnico e histórico. No puede ser que un economista me diga que el atraso cambiario significó para el agro una pérdida de U$S 1.200:000.000 y otro ejército de economistas exprese que ese sector perdió en este período U$S 11.000:000.000, lo cual equivale a vender en buena parte de los establecimientos a tranquera cerrada. Necesitamos un parámetro técnico confiable. Los economistas se tienen que poner de acuerdo y hacer un análisis. La pálida respuesta que logré del Gobierno a través del contador Davrieux fue poco convincente. Pero soy un ignorante en materia de economía.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MUJICA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: estamos atendiendo con mucho respeto la exposición del señor Senador Mujica. Por supuesto que aceptamos su propuesta acerca de promover esa discusión en la Comisión de Ganadería, de la cual ambos somos integrantes. Lamentablemente, el régimen de urgencia que sigue el Senado en la discusión de este tema, ha generado que las Comisiones no puedan sesionar.

Por tanto, en mi calidad de Presidente de dicha Comisión, me comprometo a ello, junto con el señor Senador Pereyra, quien también había solicitado que se celebrara una sesión a la brevedad. Entonces, sería conveniente que este proyecto de ley se votara el jueves, ya que hay otros temas urgentes para tratar.

Con respecto a la ley de urgencia, el señor Senador Mujica está haciendo un relato histórico en el que también nos gustaría intervenir. Lo que ocurre es que no son suficientes los pocos minutos de que disponemos para hablar. Quisiéramos decirle que, en algunos casos, coincidimos con él y, en otros, discrepamos frontalmente. Creo que es importante que invitemos a los economistas a la Comisión de Ganadería y Agricultura para saber quién es el verdadero responsable de las consecuencias del atraso cambiario en la política económica. Es muy fácil señalar las consecuencias sin buscar las causas. Recordemos que cuando se comenzó el proceso de cambio en el Uruguay, el Gobierno nacional pidió tres grandes instrumentos, a fin de evitar estas consecuencias. Concretamente, se pidió una reforma de la seguridad social y del Estado que el Parlamento no aprobó. Lo único que se concedió fue el equilibrio fiscal, que se pudo mantener durante algunos años. Entonces, de tres instrumentos solicitados, sólo se obtuvo uno. Tanto es así, que luego de haber votado la reforma de la seguridad social, los sectores productivos pudieron comprobar que no se generó más atraso cambiario del que existía.

Por ello, me gustaría que vinieran los economistas al seno de la Comisión para determinar quiénes fueron los que evitaron que un proyecto se pudiera implementar y dónde repercutió la consecuencia de no facilitar la concreción de un proyecto de país, que fue planteado en 1990. Por eso, acepto el desafío del señor Senador Mujica para analizar en profundidad este tema. En el seno de la Comisión recibimos informes según los cuales había una deuda de U$S 10.000:000.000 por concepto de atraso cambiario, de acuerdo con lo dicho por el ingeniero Bautes. Por supuesto que también se presentaron otros informes. Pero, consideremos también las causas, para saber cómo se pueden resolver. Los países que pudieron contar con los tres instrumentos que solicitó el Gobierno de entonces, hoy no se encuentran en la misma situación que padecen la industria y la agropecuaria nacionales. Todavía tenemos asignaturas pendientes y nos negamos a admitirlas. Sin embargo, tenemos un costo -Estado, un costo- país y no debemos olvidarlo. Por supuesto que debemos tratar el tema del endeudamiento. Incluso, lo hicimos en el seno del Directorio del Partido Nacional cuando suscribimos el acuerdo con el Partido Colorado. En esa ocasión, los señores Senadores Chiruchi y Larrañaga fueron al Banco de la República a pedir que se instrumentaran formas de rescate al sector agropecuario. Pero, como dijo el señor Senador Pereyra, si después los servicios no están solícitos a cobijar y a entender la situación de la empresa agropecuaria, será parte de otro análisis interno del Banco de la República que tendremos que realizar. En el Directorio del Ente, logramos compromisos importantes que dieron satisfacción a nuestros pedidos pero, después, a la hora de instrumentarlos, no se los respetó, puesto que se los negaba y ni siquiera se los ponía a consideración del productor, quien recibía como respuesta el cedulón que mencionaba el señor Senador Pereyra.

Por eso, no quería quedar callado luego de escuchar la exposición del señor Senador Mujica. Reitero que coincidimos con él en cuanto a la situación en que se encuentra el agro, pero nosotros no somos los responsables. Hay una responsabilidad colectiva que tendremos que aceptar para devolverle rentabilidad a las empresas agropecuarias, tal como ocurre con muchas otras en la actualidad.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede continuar el señor Senador Mujica.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA .- No sólo porque es habitual, sino porque mi intervención insumió algunos minutos, formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Pereyra.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Agradezco al señor Presidente y al señor Senador Pereyra.

Seguramente no he sido enfático; por eso conviene que repita lo que dije esa noche de la interpelación, hace ya mucho tiempo. Lo que quiero plantear tiene proyección hacia el futuro, porque el hombre es el único animalito capaz de tropezar varias veces con la misma piedra.

Para nosotros, hay una fuerza determinante internacional, que es lo que pasa cuando bajan los intereses: se produce como un movimiento centrífugo buscando mejores tasas. Eso se ve a lo largo de 40 años de historia; cuando bajan las tasas internacionales, tiende a subir capital por acá y por allá. En oportunidad de la interpelación, dije que estas cosas son funcionales, por lo menos en América Latina, y es curioso que con dictadura, con democracia o con lo que fuera, tiende a pasar. Es como un compás de ritmos de atrasos y adelantos cambiarios; cuando hay que pagar cuentas, cuando nos aprietan, viene un adelanto cambiario, y cuando el interés baja, viene el atraso cambiario. Yo consideraba como fuerza determinante esto en aquel entonces. En todo caso, lo que podíamos hacer los orientales, tenía un margen. Por eso quise aclarar que en un momento tuve una visión que luego, en base a mi insomnio, fui enriqueciendo. Entonces, hoy tengo una visión mucho más complicada y tal vez pasado mañana, cuando logremos que la gente que entiende de economía nos enseñe, tengamos una visión más rica todavía. Por ello, también aclaré que no estoy en un proceso de la vida de dedicarme a cobrarle a nadie; se me fue. Lo que digo es que estoy convencido de que este problema, mal que bien, como nación lo podemos arreglar y nos conviene hacerlo. Para eso pido un compromiso y tiempo. Además, pienso que esta ley podría ser no de refinanciación, sino una bandera roja que diga que estamos comprometidos en tal tiempo para considerar esto, y paramos el degüello. Eso es lo que pido.

No voy a analizar todo el proyecto de ley, sino que apenas voy a tocar este punto, porque no da el tiempo. Puede dar la impresión de que nos vamos por las ramas. Si aquí no nos preocupamos del escenario que es casi el 80% de las exportaciones de este país, todo lo demás me parece dependiente.

Para redondear mi intervención, voy a decir lo siguiente. El sector agropecuario está debiendo entre el 5% y el 10% de su activo. Parece mucho y lo es por la baja rentabilidad y, sobre todo, por la falta de liquidez; no es tanto con respecto al patrimonio. Por supuesto que no hay que hablar de la deuda total; pensamos que hay que hablar del sobreendeudamiento que no deja trabajar a la gente. Hay un margen de endeudamiento que es natural en un proceso productivo. Por lo tanto, las cifras que manejamos y que realmente duelen, son menores.

Por otra parte, si bien las perspectivas internacionales no son lo más deseable, el hecho que hay que suscribir es el siguiente. Trabajar la tierra es como criar elefantes: es un problema de ciclo largo. Si logramos que el paisano, que está acogotado por una deuda, pague sus intereses y que no lo ejecuten, en 15 ó 20 años esa deuda dará risa. Por supuesto que concuerdo con lo que decía ayer el señor Senador Heber: si no arreglamos el problema de la rentabilidad, tampoco solucionamos lo otro pero, para arreglar el problema de la rentabilidad, los productores tienen que estar. Creo que en este momento crítico estamos en el filo de la navaja. Hay que tener en cuenta que el departamento de Flores tiene entre 25.000 y 27.000 habitantes, el departamento de Durazno debe estar en alrededor de 50.000 habitantes, no recuerdo exactamente la cifra. El grueso de la población es urbana. La tasa promedio de edad de los pobladores rurales es más envejecida que la de los urbanos.. La proporción de mujeres también es inferior. Faltan mujeres, por lo tanto, faltan gurises, falta semilla. Es cierto que en el mundo entero el campo se está despoblando, es una ley universal, pero el Uruguay hace rato que pasó el umbral racional, mucho peor que la deuda, nos estamos rifando el valor de arranque. Pero hay una discusión que no se quiso dar y yo la planteé en la interpelación.

Creo que hay un sector pensante, muy importante, de este país que está siendo derrotado por el proteccionismo europeo y hasta por el proteccionismo norteamericano, ya que en este momento le están pagando más de U$S 5 de subsidio por bolsa de arroz a un productor norteamericano. La Comunidad Económica Europea gasta U$S 160.000:000.000 en subsidios agrícolas. Es así que los terneros que nacen en Inglaterra lo hacen con una asignación familiar, ya que el productor cobra U$S 350, y si nace un cordero se le paga U$S 35. Después le pedimos competitividad y cristalinidad. ¿El mundo es liberal para vender? Liberalismo para vender productos agropecuarios no existe, y en este terreno entraríamos en una discusión por la rentabilidad de la política económica exterior.

Eso es lo que tenemos y, de todas maneras, no es poca cosa. Hace un mes y pico recorríamos el norte, y estaba marrón, ahora parecería que la mano de Dios lo pintó de verde. A pesar de todo, nos damos el lujo de tener casi 5 hectáreas por habitante, mientras que el mundo está trabajando apenas 1.000 metros cuadrados por habitante y en los próximos 30 años tendrá que hacerlo con 1.500 metros, no se sabe cómo. Además, hay un déficit hídrico, de casi un Nilo por año, donde vive el 35% de la humanidad. Asimismo, en esta parte del planeta está la última frontera agrícola del mundo. No creo que estemos en un país pobre; por diversas circunstancias estamos apretados y empobrecidos, pero estamos en un pan dulce para una humanidad que en los próximos 30 años va a tener 9.000 millones de habitantes. Si esa humanidad tuviera el nivel de consumo de Estados Unidos o de Canadá, precisaría tres planetas tierra; civilización mentirosa. Entonces, pelear por los paisanos es pelear por una visión de país.

Pero sé que hay otra gente que se ha sentido derrotada. Un señor muy importante para el Uruguay dijo a "El País" de Madrid no hace mucho tiempo, que el país exportador no va más. Se trata de un ex Ministro de Economía, con el cual simpatizo mucho porque las dice sin anestesia. Políticamente, es muy feo decir eso en este país, ¿pero no estaremos asistiendo a una liquidación del país agropecuario así como así, sin enfrentar los costos políticos? De pronto hay otros modelos que son mejores y me pregunto; ¿con qué los vamos a financiar?. Me hago esta pregunta porque hay otras cuestiones dentro de este proyecto de ley. No puedo concordar con el señor Senador Atchugarry y con su concepción de que la tierra es un bien como otros. Digo esto porque, entre otras cosas, hoy se está atesorando tierra en el mundo de la timba financiera. El señor Soros, que arriesga mucho, compra 400.000 hectáreas en la República Argentina, y el señor Benetton tiene 800.000 hectáreas, pero no para producir; ya no vale la pena atesorar en lingotes de oro como reserva, hay que atesorar en tierra porque mal que bien, a la larga, siempre vale más. Hay mucha tierra comprada en el litoral por gente que ni piensa trabajar en ella ni le interesa, pero si se ve mal en otro negocio, tiene un capital seguro.

Entonces, yo veo correr todas esas cosas. Ojalá que me equivoque. Para mí, la Banca privada piensa en sus problemas, que seguramente son serios, y va contra el país productivo en esta circunstancia dramática.

Como decía Adam Smith, se precisa la intervención del Estado para contrarrestar las tendencias concentradoras y monopólicas. Para que exista competencia real, para que la economía sea cristalina, el Estado no se debe lavar las manos, no debe renunciar. ¡Parece mentira que yo tenga que venir a plantear estas cosas! Pero es así.

Para cerrar -pido excusas a los señores Senadores por si he sido demasiado extenso- voy a leer un documento que no tiene que ver con la cuestión agropecuaria, sino con la política económica. No lo he escrito yo, no es muy largo y creo que no tiene desperdicios porque quien ha escrito esto, Kenneth Coat, es un profesor que ha elaborado un trabajo sobre la competitividad, estabilidad y reforma del Estado, y también asesor económico del actual Gobierno. Antes de que éste asumiera, hizo un trabajo sobre las tres perspectivas en las que podía orientar desde el punto de vista económico.

En una página que voy a leer, este profesor de economía de la Universidad de Stanford dice: "La política oficial actual parece encaminarse a mantener incambiado el actual mecanismo cambiario por temor a que cualquier modificación pudiera desatar movimientos especulativos que llevaran a la desestabilización de precios. Es comprensible tal preocupación en vista del gran esfuerzo del país en lograr un retorno a la estabilidad de precios, pero tiene el inconveniente de hacer caer, justamente, sobre la variable menos flexible de la economía, el nivel nominal de precios y, en especial, del salario, todo el peso del ajuste necesario. Para que ello suceda tiene que producirse una recesión de tal magnitud que provoque una deflación, o sea una caída del nivel general de precios y, fundamentalmente, de los salarios.

Este mecanismo automático de ajuste operaría a través de un fuerte aumento del desempleo llevando, en su fórmula clásica, a los trabajadores y empleados a aceptar un menor salario nominal para reingresar a la fuerza laboral ocupada.

Fiscalmente, la caída en el nivel de actividad resultaría de una merma de la recaudación. Para evitar un aumento significativo del déficit fiscal, las autoridades deberían implementar medidas procíclicas, como los recortes de gastos de inversiones. Medidas estructurales tales como progresar en la reforma del Estado o reducir la componente impositiva de las tarifas públicas, sólo podrían implementarse en la medida en que tuvieran financiamiento genuino. De otro modo, deberán ser postergadas, porque agravarían el desempleo y el déficit fiscal.

Todo costo fiscal deberá ser financiado genuinamente, es decir, con ingresos o con deudas, para evitar una pérdida de reservas proveniente de saldos excesivos de pesos emitidos.

En el sector financiero habría una restricción del crédito debido a políticas de mayor selectividad y el costo de previsionar para un mayor porcentaje de incobrabilidad de la cartera de colocaciones llevaría a un aumento de las tasas de interés.

Debe aclararse que se trata de una estrategia prolongada y dolorosa, en realidad, de una extensión del gradualismo hacia el terreno de la inflación negativa para llegar, vía deflación, a una tasa de cambio real más competitiva para la economía. Sin embargo, los plazos podrían acelerarse si las autoridades estuvieran dispuestas a profundizar la reforma del Estado, reduciendo nominalmente las tarifas públicas y los aportes patronales. Ello demandaría un fuerte financiamiento que cedería la capacidad de endeudamiento del sector público. Es por ello que se propone la venta de activos públicos, en especial de participaciones en el capital accionario de las empresas del Estado, para financiar la capitalización del Banco de Previsión Social y el costo de perseverar en los planes de reducción voluntaria del personal de la Administración Central y de los Entes Autónomos.

Cabe acotar que un subproducto positivo de esta estrategia consistiría en el desarrollo de mercados de capitales domésticos, atrayendo capitales externos, no sólo para gestionar empresas existentes, sino también para financiar los emprendimientos de concesión de obra pública de puertos, carreteras, puentes, y sistemas de transporte colectivo rápidos, así como la creación de empleo para absorber el personal excedente del sector público."

Esta es mera teoría económica; cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. No tenemos la culpa de utilizar los términos que a veces usan los economistas. Este es un documento conocido dentro del actual equipo económico de Gobierno.

Por eso a veces se nos puede escapar que esto es ajuste, pero no vamos a entrar en esa discusión porque, si no lo es, al menos se parece; qué sé yo.

En fin, nos damos cuenta de que el país pretende, en su proyecto, recuperar competitividad hacia afuera, bajando en parte el costo del Estado; pero, fundamentalmente, bajando también el costo del trabajo de los uruguayos.

Voy a utilizar la siguiente expresión: apretados en este MERCOSUR y en este mundo, vamos camino de "abrasilerar" el salario de los uruguayos. Tal vez me podrían contestar que, si nosotros gobernáramos, tendríamos que hacer lo mismo. Pero ocurre que yo no tengo tanta imaginación, y sí esa sensación.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador Malaquina.

SEÑOR MALAQUINA.- Señor Presidente: vamos a apoyar este proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al que la Comisión de Constitución y Legislación le introdujo algunas modificaciones, por varias razones.

En primer lugar, y antes que nada, porque consideramos que este es un instrumento legal que el Poder Ejecutivo está solicitando al Parlamento como una de sus primeras medidas, a los efectos de que el Gobierno comience un tránsito hacia la búsqueda de la prosperidad y felicidad del pueblo uruguayo. En este sentido es que hoy valoramos las disposiciones incluidas en su Mensaje.

Naturalmente que algunos artículos merecen reparos y, seguramente, en el futuro habrá que modificarlos. No obstante ello, vamos a apoyar este proyecto de ley en general, porque consideramos, reitero, que es un instrumento que el Poder Ejecutivo necesita para su gestión.

Este es un Organo de integración política y, por lo tanto, no vamos a eludir la discusión política. Pienso que le haría muy mal a la democracia que en este ámbito no discutiéramos los temas que hacen a la esencia de los Partidos y a la gestión de cada uno de nosotros, defendiendo nuestras ideas para que otros hagan lo propio con las suyas.

Queremos precisar que, en este recinto, todas las fuerzas políticas del Parlamento, de una u otra forma, tienen responsabilidad de gobierno.

Cuando digo "responsabilidad de gobierno", señor Presidente, quiero significar que gobiernan algo de este país. Entonces, me parece importante decir que, cuando me siento en este recinto y hablo en nombre del Gobierno, tengo que hacerlo en el entendido de que, si el día de mañana soy oposición, tendré que defender exactamente lo mismo y de igual forma a la inversa. No puedo venir aquí a criticar al Poder Ejecutivo cuando, teniendo otro Gobierno, no procedo de la misma manera.

No puedo tener un doble discurso, señor Presidente. Considero que eso no le hace bien al sistema político. Es más; creo que ellos le hacen muy mal a todas las clases políticas y son los que, en general, desalientan a muchos ciudadanos. Voy a plantear algunos ejemplos. En muchas ocasiones escuché ponderar el alto índice de desocupación que existe en el país basándose, naturalmente, en que las oficinas del Estado y las estadísticas establecen que está en el orden del 11%. Asimismo, escuché a muchos dirigentes políticos que concurrieron a mi departamento -donde el índice de desocupación es muy inferior a ese- y, al ser consultados sobre ese detalle, responden que, a su juicio, habría que retocar algo de ese estudio.

En este ámbito se pretende decir que las multas y los recargos son excesivos. Pienso que es así, que lo que cobra el Estado es muy excesivo. Sin embargo, en los organismos que nosotros gobernamos, las multas son más bajas. Me voy a defender a mí mismo. Creo que puedo criticar ese aspecto porque, en mi Municipio, la multa por el no pago en plazo equivale a un 5% y el interés que se cobra mensualmente es del 2,5%, o sea, algo distinto a lo que cobran algunos, que es el 20% por concepto de multa y entre el 5% y el 7% mensual en caso de atraso, en la mayoría de los casos, capitalizable.

Por ser un órgano político, señalo que -con mucho orgullo- venimos a defender lo hecho por los gobiernos democráticos de este país a partir del año 1985. En definitiva, nadie mencionó que el país estuvo treinta años sin crecer ni que, a partir de 1985, con una democracia funcionando, estuvo en un permanente crecimiento. Estas son realidades y por eso, señor Presidente, quiero defender esta libertad, la democracia y la participación de todos nosotros. Asimismo, me permito advertir algunos aspectos cuando considero que la conducción política va por un camino distinto al que necesitamos para que el país se fortalezca cada vez más.

SEÑOR COURIEL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MALAQUINA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: me parece muy correcta la forma de plantear el tema del señor Senador Malaquina. Es evidente que uno de los problemas más relevantes que existe en el Uruguay, cuando se les pregunta a los ciudadanos uruguayos, es el del empleo. Es verdad que desde 1995 el desempleo abierto, es decir las personas que trabajan menos de una hora a la semana, creció y se ubica en el orden del 11% al 11,5%. Asimismo, existe otro problema, que tiene que ver con la precariedad, el subempleo y la informalidad.

El señor Senador Malaquina hace bien en aclarar que en su departamento la tasa de desempleo abierto es baja. Eso es verdad, pero quisiera agregar que, si se fija en los censos de población, constatará que el departamento de Salto es el que tiene mayor proceso migratorio. Los salteños se fueron de Salto. Si la oferta de trabajo baja, la tasa de desocupación disminuye. No tengo en mis manos el dato migratorio, pero lo considero clave para tratar de entender el tema, sobre todo en algunas zonas como Constitución y Belén, que el señor Senador Malaquina conoce mucho mejor que quien habla.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede continuar el señor Senador Malaquina.

SEÑOR MALAQUINA.- Quiero contestar la afirmación que ha hecho el señor Senador Couriel, porque me parece totalmente errada. Con franqueza, debo reconocer que no tengo estadísticas, pero vivo en Salto y quiero manifestar al señor Senador Couriel que hasta el año 1985 era común que las familias de Salto sintieran la pena de que emigraran sus hijos y que ahora, por suerte, en nuestro departamento eso no ocurre más, ya no hay más cola en el Ministerio del Interior para tramitar una migración. Además, actualmente hay muchísimas familias y personas que se habían ido de Salto y hoy vuelven. También tengo que señalar al señor Senador Couriel que la gente de Constitución no se fue de Salto, sino que se trasladó al Barrio Arbizu, donde hay fuentes de trabajo que les permiten tener un empleo. De la misma manera, de acuerdo a lo expresado por el profesor Germán Rama, mi departamento es el que crece más en cantidad de niños que van a la escuela, lo que significa que la gente no se va, sino que vive en Salto. Creo que el señor Senador Couriel tiene que reconsiderar sus informes. Yo le doy el de la realidad, porque vivo en ese lugar, estoy en permanente contacto con la gente y le puedo asegurar que lo que le digo, es verídico.

SEÑOR COURIEL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MALAQUINA.- Perdóneme, señor Senador, pero soy respetuoso y, personalmente, no he interrumpido a nadie. Le permito que me interrumpa, pero le pediría que...

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede interrumpir el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Sólo quiero decir una frase. No tengo en mi poder los datos estadísticos, pero los he estudiado. De acuerdo con los censos, el departamento de mayor emigración es Salto y esto no quiere decir que siempre se emigre al exterior, sino desde el departamento hacia afuera. En otra oportunidad, con mucho gusto voy a traer las cifras y se lo voy a demostrar.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede continuar el señor Senador Malaquina.

SEÑOR MALAQUINA.- Insisto en que el señor Senador está equivocado, porque Salto tenía 90.000 habitantes hace diez años y actualmente tiene 117.000.

SEÑOR MILLOR.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MALAQUINA.- Quisiera seguir con mi exposición, pero voy a conceder esta interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede interrumpir el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Señalo que pido esta interrupción con dolor, porque me estoy deleitando con la intervención de mi amigo y futuro Intendente de Salto, el señor Senador Malaquina.

Después de seis años sigo con un asombro permanente por los datos del señor Senador Couriel. Creo que tiene sus propios censos. Una persona desapercibida que hoy llegue de noche a Salto, tres kilómetros antes creerá que está en la capital, porque un lugar que no existía, unos "pocitos con agua caliente", ahora son una apuesta turística del primer mundo y así lo definen en Brasil. Eso se ha hecho con un Intendente que han reelecto y con la colaboración de la ciudadanía inteligente de Salto que entendió que la iniciativa privada es la que genera riqueza y que el Estado es el que debe ayudarla para que así sea. Actualmente, tres o cinco kilómetros antes de llegar a Salto parece que llegó a la capital, pero no es así, sino que se encuentra en esos "pocitos con agua caliente" que hoy son algo realmente formidable.

Creo que el señor Senador Couriel confunde a Salto con Constitución y Belén. Debe quedarse tranquilo, porque van a volver a esas ciudades cuando el candidato a Presidente de él reabra "El Espinillar", porque al ir allá manifestó que así lo va a hacer, aunque está fraccionado, fue vendido y ya existen emprendimientos. Cuando eso ocurra, la gente de Salto que se fue de Constitución y Belén va a volver a esas ciudades.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR MALAQUINA.- No quisiera negarme a dar interrupciones, pero le pediré a los señores Senadores que me permitan continuar con mi exposición.

Creo firmemente que cuando los números nos indican un discurso, decimos una cosa, y cuando los números no nos indican que nuestro discurso sirve, le echamos la culpa a alguien. A mi juicio, las estadísticas no las hacen ni el Presidente ni los Ministros, sino los funcionarios siguiendo normas que, en general, son internacionales. Así, seguramente se mide la desocupación en Uruguay de la misma forma que en España o Argentina; no sé si esto es así, pero presupongo que debe serlo. Entonces, cuando el mundo entero tiene problemas de desocupación, como, por ejemplo, le sucede a Alemania o a Argentina -cuyos niveles de desocupación son mayores que los nuestros- no puede ser que vengamos aquí a poner en tela de juicio ciertos hechos. En Salto, la situación es buena, no por la gestión de un Intendente ni de un partido, sino por la gestión de mi gente. El trabajo está en el turismo pero, fundamentalmente, está en los chacreros de Salto que son los que dan empleo a la gente. Me refiero a esas personas que compran una hectárea en U$S 1.000 y le ponen U$S 50.000 encima, en nylon, madera y tecnología. Además, en lugar de tener un empleado en esa hectárea, tienen entre quince y veinte. Precisamente, es eso lo que hace que la desocupación sea baja en Salto.

Naturalmente, voy a defender al Gobierno pasado. ¿Cómo no lo voy a hacer si hizo las cosas bien? ¿Quién me puede negar que en ese crecimiento que tuvimos en la economía del país los recursos no se invirtieron en políticas sociales? ¿Quién puede sostener que no se ha invertido en vivienda? ¿Quién puede negar que hoy los chiquilines de cuatro y cinco años de Pueblo Fernández, lugar apartado en el interior del departamento de Salto, tienen el mismo derecho que los que viven en Carrasco en cuanto a poder acceder a la educación? ¿Quién puede afirmar que un Gobierno que destina el 10% del Producto Bruto Interno a la salud está actuando mal? En la salud el dinero se distribuye de manera distinta y algunos se llevan una gran cantidad y otros cobran muy poco, será cierto, pero en todo caso no es por falta de recursos sino por un problema de asignación de los mismos, lo que es distinto. Algunos pobres trabajan 8 horas por $ 2.000 ó $ 3.000 por mes, mientras que otros cobran entre U$S 60.000 y U$S 70.000 mensuales por sus servicios a la salud. Esto se dice en todos lados; no es un secreto.

¿Cómo no voy a defender un Gobierno que ha hecho centros CAIF y los ha distribuido por todo el país, alimentando y educando a los niños? ¿Cómo no voy a defender a un Gobierno que ha llevado a cabo una gran obra en electrificación rural y que le ha dado comunicación al campo? ¿Acaso lo que digo es un invento? Esto, señor Presidente, no se lo dio al país un Gobierno sino la democracia y estos partidos políticos de los cuales, en vez de renegar, debemos sentirnos sumamente orgullosos porque son los que hacen y han hecho esta patria. El día que los partidos políticos no gobernaron al país, al Uruguay no le fue bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando?

Comprendo, señor Presidente, que quienes están en la oposición deben cumplir su rol, y bienvenidos sean porque con eso el Gobierno controla su gestión, y la mejora. Lo que no creo que sea acertado, es hacer oposición por oposición. Considero que en esta actividad hay gente que construye y otra que destruye; no es de ahora, sino que toda la vida fue igual. Es así que si los que construyen son los más, habrá futuro, pero si los que destruyen son los más habrá caos y para evitar eso estamos los partidos políticos.

Pasando a considerar concretamente el proyecto de ley, debo decir que en materia de la producción, del fomento de la inversión y el empleo estamos todos de acuerdo con esta rebaja, lo que, seguramente, será votado por todo el Parlamento razón por la cual no merece mayores comentarios de nuestra parte.

(Ocupa la Presidencia Don Luis Hierro López)

Asimismo, para conocimiento de mis colegas, quiero señalar que no estoy convencido de que los sistemas productivos e industrial vayan a mejorar por esta rebaja impositiva. Francamente no lo creo así, sobre todo desde el punto de vista productivo. Al final de su exposición, el señor Senador Mujica abordó un tema que, me parece, es básico. Me refiero, señor Presidente, al sistema de los subsidios perversos que, en el mundo desarrollado, se da a la producción. Este tema lo he discutido con las gremiales rurales porque, si bien los distintos Gobiernos, en diversos foros, han planteado el tema de los subsidios, no he visto nunca a las asociaciones agropecuarias, e inclusive industriales, exponer este problema. Por ejemplo, cómo puede producir la misma naranja, al mismo tiempo que en Salto, un productor español que paga U$S 100.000 por una hectárea de tierra cuando en nuestro departamento la compra por U$S 850 o U$S 900. También cabe preguntarse cómo pueden producir ellos una naranja y venderla en Rotterdam a 16 florines -que equivale a U$S 16- cuando los sueldos que pagan oscilan en los U$S 1.500 y U$S 2.000 por mes. Entonces, ¿cómo pueden ellos hacer eso cuando su clima no los ayuda convenientemente y tienen que utilizar un riego permanente? No nos engañemos. ¿Cómo podemos decir hoy que nuestros productores de arroz pueden tener rentabilidad porque le rebajamos los aportes al Banco de Previsión Social y la Contribución Inmobiliaria cuando ni siquiera obtienen U$S 5 por una bolsa de 50 kilos, mientras que hace un año recibían U$S 12? No es posible que se diga aquí -porque no creo que sea cierto- que no tiene nada que ver lo que pasó en Brasil; tiene muchísimo que ver lo que pasó en Brasil y en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Brasil pagaba la bolsa de arroz a U$S 12 ó U$S 15 antes del 13 de enero de 1999. Entonces, esos U$S 10, U$S 8 ó U$S 9 de diferencia no sólo no van a la empresa sino que tampoco van al trabajador, quien no va a pagar la cuenta en el banco.

Por cierto, el productor no tiene rentabilidad y esto es así, repito, porque aquí se protege la producción agraria, que es la que fija los precios internacionales. Nosotros, como todos sabemos, no podemos producir para nuestro mercado interno. Mientras tanto, ese mercado internacional le vende a Brasil el arroz a U$S 5, con subsidios, pagando fletes por ultramar, con lo cual, entonces, ¿cómo vamos a poder competir?

Este país, que a los ciudadanos de hoy -hoy señor Presidente- les otorga este pago, fue el que cobijó a principios de siglo a esos chacreros italianos, portugueses y españoles, por quienes nosotros pudimos crecer. Sin embargo, hoy este mismo país está atentando contra esa gente descendiente de ellos.

Me parece que tanto el Parlamento como las asociaciones de productores y las gremiales de los empleados tendrían que empezar a coordinar sobre todo esto porque, en definitiva -lo digo con mucho respeto- esos países están cometiendo un grave error y tenemos que señalárselo. Realmente, Europa comete un inmenso error, pues sostiene que los subsidios son necesarios porque, precisamente, tuvieron en riesgo una guerra por falta de alimentos. Sin embargo, tienen que entender que forzando la producción, fundamentalmente la agraria, van a perjudicar la salud de su gente. Por cierto, la enfermedad denominada "la vaca loca" no es un hecho aislado, como tampoco lo es lo que sucedió en Bélgica con respecto a la leche.

Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a esto, además de luchar? Tendremos que tratar de bajar nuestros costos. Ante esto me pregunto ¿cuánto esfuerzo hizo este país para quedar libre de aftosa? ¿Qué se le prometió a nuestros productores que hicieron ese gran esfuerzo y al Gobierno para librarnos de ese mal? Se nos prometió que la carne de vaca iba a valer mucho más. ¿Logramos eso? Por lo menos, hasta el momento, no.

¿Qué vamos a hacer? En esto somos todos responsables. Tenemos un sistema de comercialización interno que es perverso. No hay transparencia de mercado. Entonces ¿qué vamos a ganar con reducir estos impuestos, si los productores producen y no pueden vender? Por supuesto, no hay nadie que se esté enriqueciendo. Precisamente, lo que más llama la atención es que ni los frigoríficos, ni los comerciantes, ni los intermediarios de los horticultores nadan en oro; por el contrario, todos se funden, todos están mal. ¿Por qué? Porque nosotros no fijamos nuestros precios, sino que vienen de afuera. Además le compramos a estos países todas sus tecnologías a un alto costo. Por ejemplo, un gramo de una semilla de tomate cuesta más caro que el oro. Sin embargo, la importamos, la traemos de otro lado y con otra tecnología. Y por eso pagamos un alto precio; seguramente, con ese precio que pagamos nosotros, ellos subsidian su propia producción.

Estas son, entonces, las realidades y me animo a decir, señor Presidente, que si todos nos ponemos a trabajar en este sentido es probable que este país, que fundamentalmente produce calidad y no cantidad podría, con un buen sistema de comercialización, utilizar muchos nichos de mercado y lograr transformaciones, tal como ya se logró en la producción de vino. En este momento, la producción de vino está teniendo éxito a pesar de que hace 10 años se decía que eso no se podría lograr porque ya se conocía el vino en caja de Argentina y que luego vendría el MERCOSUR. Sin embargo, reitero que en este momento la vedette de moda en materia productiva es el vino en sus variedades Arriague y Tannat.

Creo que, por suerte, la Universidad de la República, que tendría que haber conducido esa investigación durante años, en este momento está entendiendo el mensaje y está interesada en integrarse al país y no oponerse al Gobierno. Eso es muy importante, porque nuestros técnicos no tienen que estar en un escritorio, sino investigando, para llegar a tener esa gran tecnología que nos permita desarrollar el país y el sector productivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa recibió una moción de orden para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Malaquina.

SEÑOR MALAQUINA.- No quiero seguir hablando de estos temas que, sin duda, muchos conocen, pero me parece que aquí no hay que tener solamente un discurso, sino mirar la realidad. Precisamente, nuestra producción de lácteos es excepcional, tenemos un buen clima, tenemos buena tierra y muy buena gente, con mucha experiencia. ¿Qué otra cosa nos falta? Nos faltan recursos financieros y mercados. Necesitamos mercados transparentes. ¿Por qué los productores hortícolas de Salto tienen que mandar su producción al Mercado Modelo, que aumenta el precio de su producto entre un 15% y un 20%? A eso debe agregarse que, si no tiene un destino del mercado al consumo, va a pérdida, y esta pérdida no la paga el intermediario sino el productor; ese productor que hizo su inversión de U$S 50.000 por hectárea. ¿Por qué ese productor no puede vender en Salto su producto y mandarlo directamente empacado al mercado de Buenos Aires, al de Porto Alegre o al que sea? Por cierto, este no es un invento mío, pues funciona perfectamente bien en países como España, donde los mercados están en el centro de la producción y no donde está el consumo. De allí salen perfectamente empaquetaditos, en camiones refrigerados y llegan a los hipermercados y supermercados todos los días. En esos casos, si al productor le conviene vender como fresco, lo hace, y si no le conviene él mismo hace su transformación a través de las industrias subsidiarias que están en ese mismo mercado. Es así que se hace jugo, pulpas y dulces.

Ese es, entonces, el desafío de este país porque no me refiero sólo a Salto sino a todo el país. Hablo de lo que conozco y de lo que he podido vivir personalmente en mis largos años. El asunto es estar en esto siempre, pensando y tratando de que nuestra producción, que es lo único que genera recursos genuinos para tener mejor educación, mejor salud, no desaparezca. Los productores no van a dejar de desaparecer solamente porque les demos estas exoneraciones, pero van a desaparecer si no los defendemos frente al mercado exterior.

Por todo esto, los gobiernos, los técnicos, el mercado, los servicios tienen que ponerse a trabajar en conjunto.

Naturalmente, hay varios capítulos de los que no quiero ocuparme ahora, porque no me daría el tiempo para hablar del tema de la descentralización. Sin embargo, quiero decir que veo muy bien, pues refleja mucha preocupación, este artículo 14 que defiende a los comerciantes, sobre todo, cuando estamos en un momento difícil. Hay un comerciante que no debemos olvidar, que es el almacenero de los barrios, al que la gente va a comprar fiado y le paga a fin de mes. Pero la proliferación de tantos grandes supermercados que venden al contado, seguramente va a influir para que estos pequeños comerciantes no puedan subsistir, porque ya no van a tener esa gente que le pagaba sus cuentas a fin de mes.

Creo que en una forma muy injusta, el informe en minoría del Frente Amplio dice que desde el año 1997 la Comisión Sectorial nada ha hecho. Reitero que creo que es injusto porque allí trabajamos cinco Intendentes y varios Ministros. Además, cabe aclarar que la Comisión Sectorial es asesora y no ejecutora, y también que la descentralización es un instrumento que, bien utilizado, da buenos resultados, pero que si se utiliza mal, puede llevar a peores resultados que los que se tenían. En este sentido, quiero rescatar algunos conceptos formulados por el Profesor Richard Bird, de la Universidad de Toronto, en un congreso realizado en la ciudad de Colonia. Con respecto a la descentralización -y adviértase lo que señala- dice lo siguiente: "Primero y lo más importante: no correr, caminar; ir poco a poco, es un proceso largo y lento; no se puede hacer rápido en ningún país del mundo." Continúa diciendo: "Segundo: permitir a los Gobiernos locales fijar sus propios impuestos que habrán de pagar sus propios habitantes, es claro. Sin tales impuestos, no es posible fijar claramente la responsabilidad económica y política a nivel local y sin tal responsabilidad no será posible que la descentralización tenga éxito." Más adelante expresa: "Cuarto: una clave para el éxito, tanto respecto a las transferencias como a los aspectos políticos, es involucrar a los habitantes locales tan directamente como sea posible".

Por lo tanto, señor Presidente, debo decir que esta Comisión Sectorial aconsejó a las autoridades muchas medidas, algunas de las cuales fueron aprobadas, como los recursos para compra de maquinaria vial, y también se tuvieron en cuenta ciertas opiniones respecto a la ley de promoción industrial. Asimismo, se presentaron algunos proyectos que están a estudio, como por ejemplo, el referido a la descentralización y asunción, por parte de los Gobiernos Departamentales, de tareas de asesoramiento y asignación de recursos de crédito a productores agropecuarios y otro que tiene que ver con la creación de centrales para la comercialización de productos granjeros, que fueron presentados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Otro planteo, realizado por delegados del Congreso Nacional de Intendentes y avalado por la Comisión Nacional de Educación Física, tiene que ver con la descentralización y asunción por parte de los Gobiernos Departamentales de las gestiones de las plazas de deporte. También está la iniciativa propuesta por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto relativa al suministro, por parte del Instituto Nacional de Estadística, de información censal sobre población, hogares y viviendas a las Intendencias para que éstas actúen como servicios descentralizados y puedan proporcionar esta clase de información a los ciudadanos.

Quizás lo más importante que hizo la Comisión Sectorial de Descentralización es lo que seguramente se plantea como un error de la Constitución de la República. Si observamos los recursos que se tienen que asignar a los Gobiernos Departamentales en el Presupuesto, vemos que es algo imposible en la práctica en esta situación, en el futuro y para siempre mientras esté vigente la disposición, porque no hay márgenes de tiempo. Adviértase que la Comisión Sectorial debe remitir al Poder Ejecutivo, con treinta días de anticipación a la elevación del Presupuesto, las propuestas sobre los recursos a asignar a los Gobiernos Departamentales. Esto viene a través del Congreso Nacional de Intendentes. El Poder Ejecutivo debe remitir el Presupuesto el 31 de agosto o el 1º de setiembre, por lo que treinta días antes -es decir, el 30 julio o el 1º de agosto- la Comisión Sectorial tendría que elevar la propuesta al Poder Ejecutivo. Para eso, los Intendentes que van a asumir el 14 de julio deben reunirse, nombrar al Presidente, integrar la mesa y luego nombrar a los delegados, lo que es imposible. Considero que la afirmación que se realizó es injusta y seguramente, cuando se hizo esta apreciación, no se sabía qué fue lo que hizo esta Comisión Sectorial. Ella realizó un estudio completo y planteó varias opciones que fueron elevadas al Congreso Nacional de Intendentes para que, cuando se reúna entre el 14 y el 31 de julio, nombre a sus delegados y haga la propuesta a la Comisión Sectorial para que la incorpore en el Presupuesto. Luego, los señores Intendentes que resultaron electos en esta oportunidad podrán discutir aquí, en este Parlamento, en las Comisiones de Presupuesto, las modificaciones necesarias en cuanto a esa asignación de recursos.

Por otra parte, quiero referirme a otra solución que se encontró para el tema de la energía eléctrica. Creo que fue una saludable decisión la que tomó la Comisión al proponer un sistema por el cual UTE cobra el servicio que presta y las Intendencias realizan el servicio donde es necesario. Las Intendencias son las que saben realmente cuáles son los lugares donde se puede llevar el alumbrado público en una forma eficiente. UTE no puede realizar ese trabajo; no está en condiciones para ello y, de hacerlo, sería muy caro. Pienso que la reposición de bombitas y el mantenimiento del alumbrado público debe hacerlo la Intendencia. Obviamente, este tema hay que regularlo muy bien porque no vaya a ser cosa que estemos cobrando dos veces el mismo servicio a la gente. Vamos a tener que cuidarnos porque las Intendencias deberán cobrar una tasa, por el mantenimiento del alumbrado público, muy inferior a la que están cobrando hoy. Pero eso, señor Presidente, no me preocupa porque en las Juntas Departamentales hay oposición y ella se va a encargar de que esto se cumpla.

En una minuta que recibí se habla de bajar los recargos y las multas, y con franqueza quiero decir que nos estamos olvidando de algo que es muy importante y que, en general, todo el mundo deja de lado. Aclaro que este no es un doble discurso porque en mi departamento apliqué siempre el sistema de considerar al buen pagador. En mi departamento, el buen pagador está registrado y tiene un descuento entre el 10% y el 15% en todos sus impuestos mientras siga pagando puntualmente. Creo que, más que multar y cobrar recargos, debemos intentar que la gente entienda que si paga tiene beneficios y no como ahora ocurre, que los tiene el mal pagador. Yo pregunto si las Intendencias que pagan puntualmente la energía eléctrica van a quedar como los hijos de doña María. Creo que ese sería un mal ejemplo y un error. Tenemos que marcar estos errores para formar una conciencia en toda la gente de que, quien cumple con el Estado, tiene beneficios. Además, a quien no cumple no se precisa matarlo ni masacrarlo; no tengo conocimiento de que alguna Intendencia haya ejecutado a alguien; quien habla tampoco ha actuado de esa forma. Reitero que considero que realmente el buen pagador tiene que ser el hombre privilegiado en este país. Además, esto también lo debe hacer la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social y todas las instituciones para, de esa forma, solucionar un grave problema que tiene el país, que es el de la morosidad.

Muchas gracias.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: como el señor Senador Malaquina hizo referencia al informe en minoría que presentó nuestra Bancada y que nosotros firmamos, sin perjuicio de que cuando se trate el tema en particular nos vamos a referir en forma extensa a la cuestión de la descentralización, quiero decir que no ignoramos que ha existido una Comisión y que ha hecho un conjunto de planes. Lo que queríamos decir en el informe -que tal vez no esté suficientemente claro- es que respecto de lo que la Constitución dice en cuanto a los cometidos que atribuye a la Comisión Sectorial de Descentralización en lo relativo a los planes de descentralización, al Fondo de Descentralización y demás, a la integración, cometidos y atribuciones de la Comisión, no ha existido ningún marco legal, y esta va a ser la primera alternativa en que se apruebe un proyecto. Nuestra crítica ha estado referida a algunos aspectos del contenido de este proyecto. Después nos referiremos a esa cuestión, pero cuando se considere en particular.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: yo quisiera empezar con un tema que ha resultado particularmente espinoso en el tratamiento de esta sesión plenaria, y me refiero al análisis de las afirmaciones que el miembro informante por la mayoría, en el comienzo del tratamiento de este proyecto de ley de urgente consideración, realizara en el Plenario y que luego fueron repetidas por otros señores Senadores, también defensores del proyecto de ley.

Se señaló que lo más importante de este proyecto de ley es lo que no contiene. Nosotros decimos que, en realidad, le faltan muchas cosas. Eso es absolutamente cierto. Pero ese no es el alcance que le querían dar los señores Senadores Atchugarry y Fau, sino que se mencionaba que lo que no tenía era nuevas cargas impositivas. En ese sentido, esto ha pasado a ser prácticamente una muletilla pública, porque en todos los medios de difusión todos los Legisladores de la coalición de Gobierno se refieren a este nuevo Gobierno que, sin hacer un ajuste fiscal, ha emprendido su tarea en una situación particularmente crítica para el país. Con este alcance, podemos coincidir. Ahora bien, el señor Senador Couriel y la señora Senadora Arismendi lo dijeron ayer, en extensas alocuciones y desmintieron el alcance de estas primeras propuestas de Gobierno: realmente hay elementos que establecen gravámenes a través del proyecto de ley de urgente consideración.

El señor Senador Malaquina hizo una defensa de la propuesta que se hace sobre UTE, pero yo voy a señalar que aquí hay una carga impositiva que va a recaer sobre la población de todo el país. Sean Intendencias buenas pagadoras o malas pagadoras, de acuerdo con las cifras manejadas por el Intendente Rodríguez en la Comisión de Constitución y Legislación, se van a transferir al pago de los ciudadanos nada menos que U$S 75:000.000, que es lo que actualmente deben las Intendencias por el consumo eléctrico de UTE. Esta cifra, cuando se tomó conciencia de la magnitud de lo que se estaba diciendo en la Comisión, fue corregida y disminuida, y se trató de decir que eran U$S 50:000.000 y que a esta cantidad había que agregarle las moras y las penalizaciones por atraso. En realidad, no me cambia el criterio el hecho que sean U$S 50:000.000 o U$S 75:000.000. Eso es lo que se adeuda a UTE y lo que va a pasar a pagar la población. ¿Por qué afirmo esto? Se puede decir que se van a disminuir las tasas -como señaló el señor Senador Malaquina- y, como hay oposición, ésta va a controlar que sean disminuidas acorde al consumo eléctrico que cada departamento realiza en su actividad. Ante esto quiero decir, señor Presidente, con mucho respeto, que las Intendencias del país, salvo contadas excepciones, no están en condiciones de disminuir nada porque son, todas, particularmente deficitarias, y más allá de cinco o seis que están al día con el pago de la energía eléctrica, la totalidad de las restantes tiene deudas con UTE. Esta es la razón de que esto figure en este proyecto de ley: mejorar la economía de la empresa estatal, lo cual me parece saludable. Lo que no me parece saludable es que lo pague la población. En el último año el Gobierno pasó a las Intendencias, como financiamiento -con excepción de Montevideo, obviamente- U$S 98:000.000. Algunas han sido más privilegiadas que otras. Tengo en mi poder datos del respaldo que el Gobierno Central hizo a algunas Intendencias y puedo decir que sobre los ingresos de éstas hay algunas que han recibido apoyos económicos del Gobierno Central muy significativos. ¿Pero qué significa que hayan recibido apoyos económicos? Que tienen una situación económica crítica, que no están en condiciones de disminuir nada de las tasas porque incrementarían su déficit

Pediría al señor Presidente si se puede disminuir el nivel de ese otro ámbito del Senado que está sesionando en paralelo.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se exhorta a los señores Senadores que, en lo posible, contribuyan a generar el clima de orden que la sesión requiere.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: yo le pediría que usted asumiera su cargo de Presidente de este Cuerpo, y asumirlo quiere decir que aplique el Reglamento. En estos momentos el humo ya es impresionante.

SEÑOR PRESIDENTE.- Coincido con el criterio del señor Senador Couriel. Hemos tenido cierta elasticidad en estas sesiones largas, pero vamos a terminar aplicando el Reglamento.

Puede continuar el señor Senador Cid y le pido disculpas por la interrupción.

SEÑOR CID.- Me parece particularmente lamentable el clima que se ha generado en esta sesión porque es una falta de respeto para el orador y para el resto de los integrantes, que pueden tener interés en seguir oyendo la exposición.

SEÑOR FAU.- Apoyado.

SEÑOR CID.- Yo me pregunto: la Intendencia de Artigas, que recibe un 37% del Gobierno Central sobre los ingresos que propiamente recauda, ¿estará en condiciones de disminuir la tasa por alumbrado de tal manera de no acentuar su desfinanciamiento? La Intendencia de Canelones, que recibe del Gobierno Central el 21% sobre sus ingresos, ¿estará en condiciones? Florida, que recibe el 34%; Río Negro, que recibe el 38%, Rivera, que recibe el 29%; Rocha, que recibe el 24%, ¿estarán en condiciones? Sin mencionar a Salto, que recibe el 40% sobre sus ingresos del Gobierno Central. ¿Estarán esas Intendencias en condiciones, más allá de que la oposición fiscalice la correcta ejecución?

Por otra parte, el proyecto señala que debe haber una suerte de razonable equivalencia -así lo dice el articulado- entre la disminución de la tasa y lo que se va a facturar por consumo eléctrico. La Intendencia Municipal de Montevideo hace más de dos años que está en litigio con la UTE porque la razonable equivalencia no la encuentran ni la UTE ni la Intendencia de Montevideo. ¿Quién y con qué criterios o parámetros se va a determinar la razonable equivalencia cuando dos instrumentos técnicos como la Intendencia Municipal de Montevideo, que es absolutamente seria, y la UTE, que también es muy seria, no han logrado un acuerdo? Nunca se han puesto de acuerdo sobre cómo instrumentar el consumo. Lo dijo el Intendente Rosselli en la Comisión de Constitución y Legislación cuando compareció el Congreso de Intendentes, al afirmar que por otra parte no hay algo que indique cuál es el costo del consumo del alumbrado público, sino que se hace un cálculo de lo que debería pagarse por tal concepto sobre la base de estimaciones de consumo. Porque, además -bueno es decirlo- en la inmensa mayoría de las Intendencias no hay medidores del consumo eléctrico, y por ese concepto a las Intendencias se les factura un costo de consumo como consumidor normal y no como gran consumidor, ya que pagan casi 1,5 el kilovatio.

SEÑOR MALAQUINA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CID.- Sé que este tema despierta rispideces y no me gustaría entrar en un coloquio o en una serie de
alusiones; sin embargo, como lo aludí directamente, se la concedo con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Malaquina.

SEÑOR MALAQUINA.- Aclaro al señor Senador que si la Intendencia Municipal de Montevideo no tiene control, es porque no lo hizo. La Intendencia Municipal de Salto asumió la responsabilidad de llevar a cabo la extensión del alumbrado público a partir de 1985, puso los conmutadores y ahora sabe lo que consume y lo que paga. Además, si la mencionada Intendencia recibió el porcentaje del 40%, es porque trabaja en forma eficiente: ha hecho escuelas, liceos, policlínicas y mantiene 5.000 kilómetros de caminos rurales, y para ello cuenta con un equipo adecuado. Por tanto, el Gobierno no le ha regalado nada.

Además, cuando se hizo un proyecto de mejoramiento de asentamientos, la Intendencia Municipal de Salto fue la única que presentó hasta el momento cuatro proyectos, de los cuales dos están aprobados: el de Fátima y el de Lazareto. Las otras Intendencias, blancas y del Frente Amplio, todavía no han presentado sus proyectos, mientras que nosotros ya hemos licitado y vamos a ponerlos en marcha en los próximos meses.

Por otra parte, el alumbrado público es una tasa, lo que quiere decir que a nuestros contribuyentes les estamos cobrando por un servicio que está siendo prestado. Si eso es justo o no, es un problema de la administración; pero si la Intendencia no vierte lo que le cobra al contribuyente por el consumo de energía eléctrica, estamos frente a una apropiación indebida. Inclusive, algunas Intendencias se quedan con el dinero y no pagan el Banco de Previsión Social ni la Caja Nacional de Ahorros y Descuentos. Eso es exactamente lo mismo; no podemos comparar una situación con la otra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- En realidad, no estaba aludiendo a las obras que realizó el departamento de Salto, sino a la dinámica que va a tener el nuevo criterio de facturación del costo de la energía eléctrica. Bueno es decir que el tema de la falta de contadores no es responsabilidad de las Intendencias sino de UTE, y no es un problema exclusivamente de Montevideo, sino de todo el país, con algunas excepciones que se pueden haber dado por criterios de otra índole.

Me interesa destacar que las Intendencias no están en condiciones de exonerar a nadie de nada. Tanto es así, que el año pasado recibieron del Gobierno Central, con excepción de Montevideo, U$S 100:000.000; es decir, el doble de lo que aporta la Intendencia Municipal de Montevideo a Rentas Generales por conceptos impositivos, que aproximadamente se ubica en los U$S 50:000.000. Entonces, como la energía eléctrica la va a pagar la población y va a venir en el recibo de consumo de electricidad domiciliaria, por esa vía va a tener el pago de la tasa a las Intendencias y a su vez el consumo eléctrico que hoy no paga, pero que sí lo va a pagar una vez que se promulgue este proyecto de ley.

Quiere decir que la ley de urgente consideración, una vez promulgada, va a tener en sí misma un impuesto al consumo que será pagado por todos los uruguayos. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con la afirmación que se ha hecho de que este proyecto de ley tiene una jerarquía mayor por lo que no tiene, es decir, porque carece de elementos impositivos.

Además, también quiero decir que lo que se viene afirmando públicamente con respecto a que el inicio de la gestión de Gobierno no significa un ajuste fiscal, es cierto que no lo significa de la misma forma que los anteriores que se han aplicado, pero también es cierto que el señor Ministro Bensión fue muy claro cuando planteó en el Parlamento Nacional cuál sería su propuesta de Gobierno. En esa oportunidad señaló que todos los empleados públicos este año no van a recibir ningún aumento. ¿Qué significa esto? Lo voy a explicar un poco extensamente, no porque el señor Senador Couriel no lo haya hecho con claridad, sino porque ayer, cuando contestó en forma de alusión sobre este punto, un señor Senador le dijo que no le había dado respuesta y no se refirió al tema.

Si partimos del hecho de que el año pasado la base monetaria de sueldos, de salarios públicos, fue de U$S 1.541:000.000, y que el concepto por pasividades fue de U$S 2.266:000.000 al año, si esa masa salarial de U$S 3.800:000.000 no va a sufrir ningún ajuste, pero sí seguirá habiendo una inflación del 5% de acuerdo con la estimación del equipo económico, quiere decir que le vamos a sacar un 4% a la capacidad adquisitiva de los salarios y de las jubilaciones que se ajustan por el Indice Medio de Salarios. Entonces estamos hablando de que por estos dos conceptos el Gobierno Central va a ahorrar U$S 137:500.000, aproximadamente unos U$S 11:000.000 mensuales. Podrá llamársele ajuste fiscal o de otras maneras, pero la realidad es que hay vastos sectores de trabajadores y de jubilados que van a perder, por mes, esa capacidad adquisitiva.

Entonces, puedo aceptar que no hay un "fiscalazo" y que algún señor Senador pueda molestarse, interpretando la gestión de Gobierno, cuando se habla de "fiscalazo", pero insisto en que esto va a ser una disminución de la capacidad adquisitiva de miles de uruguayos que, en forma subrepticia, van a percibir la pérdida de su capacidad salarial.

Esto lo reafirma el señor Ministro de Economía y Finanzas -y en el día de ayer lo mencionó el señor Senador Couriel- cuando certifica que no solamente los asalariados son los que consumen, coincidiendo con la respuesta que formuló cuando se le preguntó cómo se iba a reactivar la economía si no había mejoras salariales.

SEÑORA ARISMENDI.- Se trata de un "rebajazo".

SEÑOR CID.- Quizás pueda ser catalogado así.

Hemos podido darle más forma a este tema porque le pusimos algunos números, aunque de todas formas tenía argumentos de mucha claridad. Asimismo, nos queremos referir a otros aspectos. Me alegró que hoy el señor Senador Fau reconociera que cuando hizo la contabilidad de muchos de los artículos, comprobó que el Encuentro Progresista había votado la inmensa mayoría de ellos. Es de estricta justicia mencionar que cuando fuimos a trabajar a la Comisión de Constitución y Legislación lo hicimos con el mejor de los espíritus y de esa forma votamos muchos de los artículos, inclusive algunos sobre los que hoy presentamos como sustitutivos o aditivos. Entendimos que eran normas importantes para el país, aunque no coincidimos con el argumento de que este proyecto de ley de urgente consideración contiene los instrumentos necesarios para resolver los problemas que allí están planteados. Certificando lo que decía el señor Senador Mujica y también el señor Senador Malaquina, pienso que este proyecto de ley no va a resolver el problema de los sectores agropecuarios ni, a mi juicio, el de los industriales. ¿Por qué hago esta afirmación tan tajante, incluso sobre un artículo que nosotros votamos afirmativamente pero del que estamos presentando sustitutivo? Porque cuando uno analiza las cifras de endeudamiento de los sectores productivos del país y comprueba que en el sector agropecuario, en la mejor de las visiones, éste se ubica en U$S 1.200:000.000, mientras que en el sector industrial asciende a U$S 3.600:000.000, y advertimos que lo que se está proponiendo en este proyecto de ley de urgente consideración es una exoneración de U$S 23:000.000, realmente la cifra nos parece insignificante.

Por cuenta de la Contribución Inmobiliaria Rural irán U$S 15:000.000, con lo que nuevamente queda demostrado que las Intendencias no están en condiciones de exonerar a nadie de nada. Inclusive no lo están, por algo que dijo el propio Presidente de la República, doctor Jorge Batlle, cuando señaló que, posiblemente, en el futuro podría haber una nueva exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural si las Intendencias "prolijaban" su gasto. No fueron esas exactamente sus palabras, pero todos entendemos lo que quiso decir. Es más; él fue uno de los detractores más firmes de los criterios de gestión que tuvo la Intendencia Municipal de Canelones, hoy reelecta, señalando los gastos desmesurados en salarios de empleados. Señalo que ninguna Intendencia, con excepción de la de Montevideo, logró disminuir las cifras destinadas a este rubro. Eso lleva a que la carga de la Contribución Inmobiliaria Rural sea muy pesada para el sector productivo agropecuario.

Lamentablemente, esto nunca fue señalado por los sectores agropecuarios, que sí vinieron al Parlamento a reprochar a los Legisladores -que no somos quienes ponemos los impuestos ni generamos los gastos- lo que hacía el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en este proceso electoral de las Intendencias se quedaron muy callados; pero seguramente ahora volverán a plantear el tema.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción señor Senador?

SEÑOR CID.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- A propósito del problema de UTE al que hizo referencia el señor Senador Cid, quería expresar que este tema, inclusive en términos financieros, no es insignificante. Digo esto porque, si la cifra que UTE le quiere cobrar a la Intendencia Municipal de Montevideo en la actualidad -es el diferendo que tiene, porque le cobra de acuerdo con la tarifa usual para los domicilios- es de U$S 1:000.000 por mes, haciendo una estimación muy gruesa nos daría U$S 12:000.000 por año y, suponiendo que esa cifra cubra la mitad de la población del país o un poco menos, estaríamos hablando de U$S 25:000.000 anuales. Es decir que sería una cifra de ese orden -habría que consultar para tener mayor precisión al respecto- la que se cobraría directamente a los ciudadanos. Entonces, desde este punto de vista podemos decir que el Parlamento se coloca de tal manera que hace que UTE no deje de cobrar. Frente a esto, la pregunta que cabe hacerse -como decía el señor Senador Michelini en la Comisión- es quién defiende el interés de los ciudadanos para que no se les imponga en forma preceptiva, inconsulta y frente a un precio que se ve obligado a consumir porque, como no es una tasa, ni siquiera tiene posibilidad de decir que no. ¿Quién defiende ese interés en algo que tiene este volumen?

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Entiendo que, sin duda, el Estado tiene dificultades, ya que tiene un costo importante en el que están incluidas las Intendencias y muchas veces se elude analizar ese tema. En este punto particularmente gravoso, los problemas los tienen las Intendencias que reciben un financiamiento adicional de parte del Gobierno Central de U$S 100:000.000 -que no es una cifra pequeña- como ocurrió el año pasado. Pero, además, señor Presidente, aquí se han mencionado los problemas coyunturales, como los de la sequía, a los que agregaría ahora los de las inundaciones porque, sin duda, estos factores climáticos están incidiendo fuertemente.

SEÑOR GARCIA COSTA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CID.- Creo que no voy a tener tiempo para culminar mi exposición, señor Presidente, porque son las 19 y 40 horas y a las 20 termina la sesión. Por ello, pido disculpas por no conceder interrupciones.

Como decía, existen problemas de sequía, de inundaciones y también es cierto que hay dificultades por la devaluación brasileña, todo lo cual está incidiendo en una pérdida de competitividad de todos los sectores, como el agropecuario y el industrial, a lo que se agrega el atraso cambiario. Pero también es cierto que al día de hoy el endeudamiento del sector agropecuario, estos U$S 1.200:000.000 o U$S 1.600:000.000 representan, para ese sector, un 70% del Producto Bruto del mismo. Esta es una cifra realmente muy preocupante. Si bien en valores absolutos el endeudamiento del sector industrial es mucho mayor, pues es de U$S 3.600:000.000, tiene una incidencia en el Producto Bruto significativamente menor, de alrededor del 40%. En el sector agropecuario existe, pues, una problemática grave de inviabilidad, porque casi no existe capacidad de compensación para pagar las deudas del sector con toda la venta del producto agropecuario.

SEÑOR COURIEL.- ¿Me permite una interrupción señor Senador?

SEÑOR CID.- No tendría inconveniente en conceder interrupciones si, en el caso de que no pudiera terminar mi exposición, el Senado tuviera la amabilidad de prorrogar por unos minutos la finalización de la sesión.

13) PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Formulo moción para que el Senado prorrogue el término de la sesión hasta que finalice su exposición el señor Senador Cid.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

14) MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLAN Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.

Puede continuar el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Concedo, en primer lugar, una interrupción al señor Senador García Costa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Simplemente, quiero dejar una constancia.

Al fin de cuentas, la mayor parte de nosotros tenemos vinculación con algún departamento y por ello creo que es injusto decir que el Gobierno Central "les mandó" U$S 100:000.000, o el 40% de su presupuesto a Salto, o el 28% a Flores, etcétera. Esto no es así; el Legislador votó leyes que establecen que esas cifras van a los Municipios. Decir que eso lo hizo el Gobierno Central es como expresar que el cartero que llevó el cheque le regaló esa cifra a la Intendencia Municipal de Salto. No es así: son las leyes que lo disponen.

En lo que tiene que ver con los Convenios Internacionales que el país firma para procurar financiaciones en las que están incluidas las Intendencias, no veo por qué hay que decir que el Gobierno Nacional le dio a determinada Intendencia un porcentaje. Lo que ocurrió fue que le permitió comparecer en un préstamo con un destino fijo en el que, a priori, cuando se hizo la solicitud al BID o al Banco Mundial, se había incluido la Intendencia. Ese fue el caso del saneamiento de Montevideo. Nadie dice que el Gobierno Central le haya regalado determinada cifra aunque ese es el camino por el que se obtienen los préstamos con ese destino.

Comprendo a lo que se refiere el señor Senador Cid, en el sentido de que parte del Presupuesto de las Intendencias no proviene exclusivamente de recaudaciones realizadas in situ, en el propio departamento, sino de una recaudación que tiene otro origen, que es el nacional. Estimo señor Presidente -pero eso lo dejo para otro momento- que es muy poco lo que le dan a los Gobiernos Departamentales del Interior. Digo esto, porque el volumen principal se recauda en Montevideo, que tiene un nivel de vida superior, el doble al del Interior. Sin embargo parece se dijera: "¡Por favor, de aquí no puede salir nada porque ese es un pecado gravísimo contra la realidad nacional!".

Vuelvo a lo que quería decir, porque lo demás es otro tema: No debemos utilizar la expresión: "el Gobierno Central les manda", porque es la ley que obliga y consigna cuáles son los aportes que realiza la población del Uruguay a los Gobiernos Departamentales para los altos fines que estos desarrollan.

Le agradezco por la interrupción, señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CID.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Lamentablemente, no voy a estar en Sala en la sesión de mañana y quería dejar una constancia sobre los procesos migratorios en el país, especialmente al señor Senador Malaquina.

En el período 1980-1985, hay varios departamentos que reciben más gente de la que se va. Entre ellos, se encuentran Montevideo, Artigas, Canelones, Cerro Largo y Rocha. A su vez, el departamento donde hay mayor emigración neta es Salto, con una tasa del 41/000. En el período 1991-1996, hay sólo tres departamentos que reciben migración: Canelones, Maldonado y San José. El resto tiene migración neta negativa: son más los que se van, que los que vienen. En el caso de Salto, la tasa migratoria es de 25/000, es decir, una de las más altas. Eso quiere decir, señor Senador Malaquina, que en ese período se fue un 2.5%. A mi entender, si hay una tasa migratoria negativa -se fueron 70/000 y entraron 44/000- es porque se fueron muchos más de los que vinieron. Entonces, la oferta de trabajo baja y esa puede ser una de las explicaciones por la cual la tasa de desocupación de Salto es menor. Por suerte pude conseguir los datos a través de Internet y, por supuesto, la fuente es el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CID.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quisiera hacer una aclaración, debido a que el señor Senador García Costa hizo una afirmación que no es correcta desde el punto de vista de la información legal.

La Ley de Presupuesto establecía preceptivamente una disposición por la cual se determinaban ciertas transferencias a las Intendencias Municipales del Interior de la República o de la capital, es decir que se daba una partida. Sin embargo, dicha disposición se suprimió -trabajo en la Comisión de Presupuesto desde hace 12 años y alguna práctica tengo en este tema- pero en la última Ley de Presupuesto se dispusieron las transferencias para condonar las deudas que tenían las Intendencias con el Banco de Previsión Social. Tanto es así, que para poder votar la autorización del préstamo del BID -quiero recordar que el contador Davrieux, con mucha benevolencia, le daba a la Intendencia Municipal de Montevideo U$S 4:500.000- se nos planteó que votáramos la reimplantación del Impuesto al gas oil. ¿Lo recuerdan, señores Senadores? Si la Intendencia Municipal de Montevideo quería tener U$S 4:500.000, teníamos que votar eso pero, como no quisimos, no hubo aporte para pagar el crédito del BID. De todos modos, para la Intendencias sí hubo esa transferencia, establecida por ley, para condonar las deudas con el Banco de Previsión Social. Sin embargo, hay más. Creo que el Poder Ejecutivo por su cuenta, ha hecho cosas -y aquí hay candidatos a la Intendencia Municipal de Canelones que lo saben- como, por ejemplo, dar U$S 8:000.000 para caminería en un proyecto que, si no recuerdo mal, se llamaba "cero pozo". Pero, ¿dónde está la disposición legal del "cero pozo"? En ningún lugar.

SEÑOR GARCIA COSTA.- ¿Sólo fue en Canelones?

SEÑOR GARGANO.- Supongo que habrá otros casos, pero estoy enterado de ése. Y no fue por ley.

(Intervención del señor Senador García Costa que no se oye)

SEÑOR PRESIDENTE.- Evítense los dialogados.

SEÑOR GARGANO.- Perdóneme, señor Presidente, pero el señor Senador está equivocado.

Con esto termino mi exposición porque creo que es suficiente para aclarar las cosas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- He demostrado un amplio espíritu en conceder interrupciones, por lo que solicitaría continuar en el uso de la palabra. Al final de mi exposición concederé las interrupciones. No me caracterizo por pedir interrupciones porque tengo sumo respeto por el expositor, pues cuesta mantener el hilo del tema.

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE.- Pido a los señores Senadores que le permitan al señor Senador Cid desarrollar su pensamiento.

SEÑOR CID.- La evolución del endeudamiento del sector agropecuario tiene incidencia, importancia y gravedad. Por eso se habla de la afirmación del problema coyuntural, de la crisis brasileña, de la sequía, ahora de las inundaciones, de la necesidad de interrumpir el proceso de reconversión del "stock" ganadero, de la menor superficie sembrada de trigo, soja, etcétera. Todo eso incide, pero el endeudamiento del sector productivo no está radicado en esto porque entre 1994 y 1998 el crecimiento del endeudamiento pasó del 42% del Producto Bruto de todo el sector al 70%. Esto quiere decir que se trata de un problema crónico que no va a tener solución -y eso va a estar planteado permanentemente en este Cuerpo- con las medidas que se instrumentan, pese a lo cual nosotros las votamos, porque son mejores que nada. Asimismo, votaremos otros estímulos a la actividad agropecuaria cuando nuevamente el Presidente proponga una nueva exoneración a la Contribución porque se trata de un sector realmente necesitado y porque, además, han fracasado las medidas que el Gobierno anterior intentó instrumentar. Fracasó el Bono Cupón Cero; de los U$S 250:000.000 que se habían autorizado para financiar el Cupón Cero se utilizaron U$S 390.000. Ahora parecería que hay un acuerdo de unas cooperativas por un monto de U$S 19:000.000. Esto quiere decir que hay una disponibilidad de dinero y habría que buscar la operativa más eficiente para auxiliar a los sectores más comprometidos, con selectividad y contraprestaciones.

En cuanto al reperfilamiento de la deuda, puedo decir que accedieron 1.800 productores, de los casi 50.000 que tiene el país. ¿En cuánto, en qué monto, en qué condiciones y qué quiere decir reperfilamiento? Quiere decir que van a pagar la deuda en diez años, con dos años de gracia. Como decía, accedieron a esta modalidad de refinanciamiento sólo un 10% de los clientes del Banco de la República. Se podría decir que el problema agropecuario es un "incendio". Veo que estas medidas no resuelven el tema de la pérdida de competitividad. Como decían recién los señores Senadores Mujica y Malaquina, si no tenemos una enérgica propuesta para devolverle al sector agropecuario la competitividad, éste no va a poder pagar las deudas porque, vendiendo todo el producto bruto, no llega a pagar la deuda. ¿Por qué tenemos algunas discrepancias con este artículo que promueve exoneraciones a las contribuciones inmobiliarias rurales? Porque, como contrapartida -y recién lo decía el señor Senador Mujica- no sólo se exonera del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a aquellos que vayan a vender su tierra para pagar las deudas en el Banco -lo que es muy negativo desde el punto de vista de los mensajes- sino que también exoneramos de este Impuesto a los productores de menos de mil hectáreas que vayan a hacer sociedades anónimas. Esta es otra pésima señal para aquellos que queremos que el campo, nuestro recurso más noble y más importante, siga en manos uruguayas, porque el estimular la formación de sociedades anónimas es algo absolutamente negativo.

Son dos señales por las que hemos votado este artículo, pero con alguna resistencia y por eso estamos presentando estas modificaciones. Estas se han formulado luego de haber escuchado a los sectores productivos del país. Aquí compareció la Comisión Nacional de Fomento Rural, que nuclea o representa nada menos que a 20.000 pequeños productores que cifran casi la mitad de los productores del país. Repito que 20.000 productores rurales están representados por esta agrupación. Ellos estuvieron de acuerdo con la propuesta pero entendieron que los dejaba afuera, como queda afuera, por ejemplo, el productor al que se refirió el señor Senador Malaquina, que en una hectárea hizo una explotación intensiva con palos y nylon, pero como tiene a seis empleados queda exceptuado de la bonificación del Banco de Previsión Social. ¿Por qué? Porque en el articulado de este proyecto de ley se prevé que el que tiene más de dos empleados en su predio rural no puede hacer uso del beneficio de las exoneraciones tributarias. También quedan fuera estas 20.000 empresas que tributan por el mínimo, es decir que son propietarios de menos de 197 hectáreas. Muchos de estos 20.000 productores tienen una explotación intensiva y emplean más de dos trabajadores, por lo que no van a recibir ningún beneficio desde el punto de vista impositivo. Como tampoco lo recibirán aquellos que arrienden tierras, donde en el sector lechero es práctica habitual. En ese caso, además, se va a beneficiar el propietario de la tierra, pero no va a transferir al arrendatario el beneficio de esa exoneración, porque tal vez ya está pactado el arrendamiento y, quizás, ya lo haya pagado. Esto es una nueva injusticia que pretendemos modificar con aditivos y sustitutivos.

Además, los pequeños productores nos han planteado que esta ley privilegia -han presentado una planilla- a los grandes propietarios y terratenientes. No me voy a guiar por la planilla sino por las cuentas a las que pudimos acceder en base a los datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Aquí hay 500 productores que tienen más de 3.000 hectáreas, que corresponde al 20% del total del área productiva y por cada uno va a haber una exoneración de U$S 4.640 al año. Les pido que recuerden estas cifras porque son muy gráficas: hay 3.500 productores medianos que tienen entre 500 y 3.000 hectáreas -puede haber algunos productores chicos dentro de este margen tan amplio- que van a recibir al año, por concepto de exoneraciones U$S 1.657, es decir, casi un tercio de lo que recibe un gran productor.

Ahora vamos a referirnos a los productores más numerosos, es decir, a los 30.000 pequeños productores que trabajan en el país, que ocupan el 20% del área de explotación agropecuaria, y que van a recibir una exoneración de U$S 77 al año. Quiere decir que un productor de 100 hectáreas va a recibir U$S 0,77 al año y otro que tiene 200 hectáreas recibirá U$S 1,54 al año. Estos son datos que nos muestra la Asociación de Fomento Rural y en ellos se observa que hay una clara discriminación, porque quien tiene tierra para especular y no la utiliza, junto al gran productor -incluso algunos que tienen algún tipo de exoneración- van a ser los principales beneficiados. Por eso nosotros consideramos que debemos tratar de solucionar esta situación y para ello nuestra Bancada ha trabajado con asesoramiento en pos de la presentación de esta alternativa.

En este proyecto de ley no hay una propuesta de financiamiento alternativa a las dos que ya implementó el país y que fracasaron, que son el Bono Cupón Cero y el reperfilamiento de deudas, a que se han acogido los grandes productores. Los otros, seguramente, se encuentran ante una crítica situación de pago y es probable que haya que buscar mecanismos alternativos selectivos que permitan su mantenimiento en la actividad. Ya no hablamos de reperfilar la deuda, sino de mantenerse en actividad. No estamos contemplando a algunos sectores, como el de los granjeros, que hoy en día están haciendo denuncias porque perdieron prácticamente toda la cosecha de papas por no haberla podido recoger. Otro ejemplo es el de un apicultor de Salto quien nos comentó que con el fenómeno climático de la sequía y luego con las grandes lluvias, la floración se fue al piso y se quedó sin posibilidades de producción. Quiere decir que esta medida indiscriminada que se está proponiendo en el proyecto de ley de urgente consideración -que es mejor que nada, vamos a aclararlo- no es selectiva y, por lo tanto, incurre en injusticias que, en nuestra visión, estamos proponiendo enmendar.

Por otro lado, y por estar vinculado al tema de la salud, soy particularmente sensible a la situación que se está viviendo en muchas áreas del país. Se trata de la situación de aquellas personas que teniendo un ingreso bajo o mediano, o poseyendo una propiedad quedan descalificadas para obtener el carné de asistencia otorgado por el Ministerio de Salud Pública, sin poder pagar una cuota mutual. Repito que esta situación es absolutamente común y frecuente en nuestro país. De acuerdo a la nueva ley previsional se facultó la afiliación a DISSE de los pequeños productores, pero muchos de ellos, en función de su situación económica, no han podido mantener los correspondientes aportes y, por lo tanto, se han quedado sin cobertura médica porque no pueden cubrirse por el sistema mutual ni por el sistema de salud pública. Por esta razón, dichos productores están solicitando la exoneración a DISSE a efectos de darle cobertura al núcleo familiar.

Creemos que estos son temas absolutamente atendibles. Ha quedado claro, luego de la exposición del señor Ministro Bensión y del señor Senador Fau, que cuando se hace referencia a la urgencia de este proyecto de ley no se habla solamente del trámite, sino de los temas en ella contenidos.

En ese sentido, la coalición de Gobierno entiende que son temas urgentes que le importan al país. Si partimos de la base que este proyecto de ley es de urgente consideración para atender situaciones críticas, proponemos que se modifiquen estos puntos a efectos de atender estas situaciones, que son particularmente críticas.

Así como notamos que el proyecto de ley tiene una propuesta un poco discriminatoria en lo que tiene que ver con los sectores postergados, también creemos que hay grandes ausencias. Voy a leer la Minuta de Comunicación que propusimos a este Plenario para que se perciba la inocencia y la buena intención que tiene. Nos parecía que esta Minuta no ameritaba, como trámite, destinarla a la Comisión de Salud porque pensamos que éste era el ámbito favorable para analizar un tema tan delicado como es la gravísima crisis que atraviesan las instituciones de asistencia médica colectiva.

En ese sentido, propusimos al Cuerpo que votara esta propuesta, por la que el Senado de la República formulaba ante el Poder Ejecutivo la aspiración de que se tomara iniciativa con carácter urgente para que permitiese mejorar la grave situación por la que atraviesan las instituciones de asistencia médica colectiva y, en particular, aquellas que en los últimos días han expresado, a través del amparo del marco legal, su insolvencia ante los acreedores.

Esto es lo que proponíamos al Poder Ejecutivo; una iniciativa absolutamente inocente, pero que fuese capaz de dar la señal de que este Cuerpo está preocupado por esa grave situación que atraviesa el país, que es la crisis mutual.

Asimismo, y en virtud de que el señor Presidente de la República ha expresado públicamente su compromiso con la labor de investigación, con la Universidad, con la ciencia, con la tecnología, y en sus discursos ha hecho una apuesta pública a estos temas, notamos con extrañeza la ausencia de cualquier propuesta que permita complementar la actividad productiva del país con un sistema de innovación tecnológica, tan necesario para sumar valor agregado a nuestra producción básica. Creemos que se trata de una ausencia y que hemos perdido una extraordinaria oportunidad de introducir el tema en este proyecto de urgente consideración.

En función de lo avanzado de la hora y del respeto que me merece el Cuerpo por la deferencia que tuvo para conmigo, al haber autorizado una prórroga en mi tiempo de exposición, no voy a hacer referencia a los temas puntuales de ANSE, de la Administración Nacional de Puertos, de AFE, de la integración de los Entes, de la iluminación y de la playa de contenedores, porque en su momento los analizaremos.

Sin embargo, y antes de cerrar el debate, quiero tocar un tema que fue objeto de análisis en el día de hoy y es el vinculado al mecanismo de trabajo de este Cuerpo. Quiero decir que me ha provocado preocupación el mecanismo que estaba implícito en la propuesta, que luego fue enmendada quedando únicamente como hora de comienzo de la sesión y que no coincide con la intención que me fue expresada por los dos coordinadores de los partidos de coalición. Me refiero al hecho de que la intención del Cuerpo es que mañana se termine con el tratamiento y se apruebe el proyecto. Me preocupo, no porque se imponga un régimen de trabajo que es realmente antihigiénico para el Cuerpo, no por estar aquí de noche tratando artículos, no porque vayamos a aprobar 89 artículos en una jornada maratónica de tarde y noche, sino por el espíritu que está implícito en esa propuesta, o sea, el de no debatir, el de no discutir, el de no aceptar propuestas, el de no entrar en polémica sobre temas importantes para la vida del país. Reitero que me preocupa ese espíritu que, de alguna manera, me parece intuir en esta propuesta de urgente consideración, cuando ningún Legislador de la coalición que hizo uso de la palabra analizó por qué, un proyecto de urgente consideración, tiene 12 leyes en sí mismo. Pienso que estamos contradiciendo lo que la Constitución de la República establece, a texto expreso y muy claramente, respecto al hecho de que sólo se puede tratar una ley bajo el rótulo de urgente consideración. Pienso que este proyecto macro conlleva un espíritu de arrollar, de estudiar en forma expresa, tácita y sin discusión, varias leyes a la vez y que la propuesta de que mañana demos por concluido su estudio, teniendo plazos constitucionales que nos permitirían una discusión más a fondo, se inscribe en el mismo espíritu que el señor Senador Atchugarry expresó cuando hizo su fundamento de voto, al decir que nosotros teníamos la actitud de entorpecer el tratamiento del proyecto. Pienso que se trata de un agravio gratuito que no merecemos, ya que el propio señor Senador Fau reconoció, con sorpresa, que habíamos participado, proponiendo modificaciones a muchos artículos de esta iniciativa legislativa en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación.

De todas maneras, agradezco al Cuerpo la deferencia de haber prorrogado la hora.

Si los Senadores a los que no les concedí la interrupción quieren hacer uso de la misma, con gusto se la concedo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Malaquina.

SEÑOR MALAQUINA.- Expreso -lamentablemente no está el señor Senador en Sala- que también voy a traer mis datos en la próxima instancia en que nos reunamos y también voy a dar mis informaciones. De paso, le digo al señor Senador Gargano que la Intendencia Municipal de Salto siempre pagó el Banco de Previsión Social y no lo hizo durante mi período de Gobierno, sino en la del contador Eduardo Minutti. Ese 40%, que aparece como que se le dio a la Intendencia, se debe a que este Parlamento votó que a aquellas Intendencias que hubieran hecho efectivo el pago de los aportes jubilatorios, el Banco de Previsión Social les vertiera dicho importe. Quería hacer esta aclaración y reitero que no se trata de un mérito mío, sino de una Administración del Partido Nacional.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Naturalmente, no tengo la misma preocupación que el señor Senador Cid en cuanto a que lo que se busca en este proyecto es no discutir. Al respecto, debo decir que hace tres días que estamos discutiendo y en el seno de la Comisión lo hicimos hasta el cansancio. Creo que poner límites a la discusión no es coartar la oportunidad de que cada uno pueda hacer uso de la palabra respecto de cada artículo, y lo contrario es abusar del tiempo que cada uno tiene, y el mío vale mucho. El señor Senador Cid hará la valorización de su tiempo.

Lo que sí digo es que no acepto la acusación de que acá hay una intención de no discutir el proyecto. Reitero que lo hemos hecho en Comisión, donde aceptamos distintas propuestas de los Senadores y hemos escuchado a gente que vino a asesorar. Expreso que estamos dispuestos a discutir el proyecto artículo por artículo. Eso sí, queremos votarlo cuanto antes.

Digo más: el Senado de la República ha detenido muchas de sus actividades como consecuencia del tratamiento de este proyecto de urgente consideración. Hace unos momentos los señores Senadores Pereyra y Mujica hablaban de la necesidad de citar la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, ya que hay temas urgentes que no están dentro de este proyecto y no pueden estarlo. Si se hubiera agregado, seguramente se nos habría dicho: "¡otro tema nuevo que se incluye en la ley de urgencia! Entonces, señor Presidente, ¿en qué quedamos?

Pensamos que la ley de urgencia debe atender los temas que ya deberían contar con un marco legal. Sin embargo, no es una varita mágica que va a solucionar todos los problemas del país. Ya hemos dicho, que el tema del endeudamiento es algo que pesa sobre la agropecuaria, pero en este momento se encuentra suspendido el funcionamiento de las Comisiones, estamos en sesión permanente y queremos terminar cuanto antes. Ahora bien, ¿esto significa que queramos coartar la oportunidad de discutir? No. Pero pensamos que tampoco es posible realizar 19 discursos por cada artículo, ya que eso sí sería entorpecer. Estamos de acuerdo en discutirlos, pero no en hacer 19 discursos por artículo; estamos de acuerdo en contemplar la opinión de todos los señores Senadores, pero no en seguir con este tema dos semanas más, sólo por el hecho de que el plazo constitucional recién vence en esa fecha.

15) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 15.

(Así se hace, a la hora 20 y 13 minutos, presidiendo el profesor Luis Hierro López y estando presentes lo señores Senadores Antonaccio, Arismendi, Batlle, Carminatti, Chiruchi, Cid, Fau, Fernández Huidobro, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Millor, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Segovia y Xavier.

PROFESOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Freddy A Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.