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Nº 17 - TOMO 401 - 15 DE MAYO DE 2000

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

16ª SESION EXTRAORDINARIA Y PERMANENTE

PRESIDE EL PROF. LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQ. HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

- El señor Senador Gargano solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Turismo relacionado con posibles contratos firmados con empresas argentinas y periodistas o empresas productoras y costo de la edición del Festival de Cine del MERCOSUR,
- y otro al Ministerio de Educación y Cultura relacionado con la situación actual del Museo Nacional de Historia Natural.
- El señor Senador Laguarda solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas relacionado con la situación de endeudamiento del sector privado de la salud.
- La señora Senadora Arismendi solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura con destino al Consejo Central de ANEP y al Consejo de Educación Primaria relacionado con el número de niños por grupos, cuántos reajustes de cargos de maestros se han realizado a nivel nacional y creaciones de cargos del mismo nivel.
- El señor Senador Núñez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social relacionado con la situación de ANSE.
- Oportunamente fueron tramitados.

5) Proyecto presentado

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que el Estado podrá entregar en comodato a organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos aquellos bienes inmuebles que no pueda cuidar debidamente y no hubieren estado afectados a ningún uso en los últimos doce meses.
- A la Comisión de Constitución y Legislación.

6) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Korzeniak y Chiruchi.
- Concedidas.

7) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el doctor Moreira Reisch comunicando que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.
- Ingresan a Sala los señores Senadores Gallinal y Laguarda.

8, 10 y 12) Mejora de los Servicios Públicos y Privados, de la Seguridad Pública y de las condiciones en que se desarrollan y de fomento a las actividades productivas

- Proyecto de ley del Poder Ejecutivo con declaratoria de urgente consideración.
- En consideración.
- Manifestaciones del señor Senador Atchugarry. Intervención de varios señores Senadores.

9) Minuta de comunicación

- Varios señores Senadores solicitan se curse una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo transmitiendo la aspiración de que se contemple la situación por la que atraviesan las instituciones de asistencia médica.
- A la Comisión de Salud Pública.

11 y 13) Régimen de trabajo del Cuerpo

- Manifestaciones del señor Senador Cid.
- Por moción del señor Senador Sanabria el Senado resuelve sesionar de 15 a 20 horas los días martes, miércoles y jueves para agotar la consideración del proyecto de ley de urgente consideración.

14) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 12 de mayo de 2000.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria y permanente, de conformidad con el artículo 168, numeral 7° literal d) de la Constitución de la República, el próximo lunes 15, a la hora 17:00, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración relacionado con la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de fomento de las actividades productivas.

(Carp. N° 145/2000 - Rep. N° 19/2000 y Anexos)

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Batlle, Carminatti, Cid, Couriel, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Laguarda, Larrañaga, Malaquina, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Singer, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Chiruchi y Korzeniak.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 10 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Libanesa;

por el que se aprueba la Enmienda al Artículo XIII del Convenio Constitutivo de la Unión Latina de 15 de mayo de 1954;

y reiterando los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el Protocolo de Colonia para la promoción y protección recíproca de Inversiones entre los países miembros del MERCOSUR;

por el que se aprueba el Protocolo sobre promoción y protección de inversiones provenientes de Estados no partes del MERCOSUR;

por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Israel para la promoción y protección recíproca de Inversiones;

y por el que se aprueba el Acuerdo Comercial con el Gobierno de Malasia suscrito en la ciudad de Montevideo el 9 de agosto de 1995.-

por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Cultural entre la República y la República Argentina;

por el que se aprueba el Convenio en Materia Educativa entre la República y la República Argentina;

por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Chile;

por el que se aprueba el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con la República Federativa del Brasil,

por el que se aprueba la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,

por el que se aprueba la Enmienda al Acuerdo de Transporte Aéreo Comercial entre la República y el Reino de España;

por el que se aprueban los Estatutos del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales (ICCROM),

por el que se aprueba la Convención sobre la Esclavitud de 1926, modificada en los términos del Protocolo de 1953 así como la Convención suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud;

por el que se aprueba la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados;

por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores;

por el que se aprueba el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República y la República de Venezuela;

por el que se aprueba el Tratado de Asistencia Mutua en Materia Penal entre la República y el Gobierno de Canadá;

por el que se aprueba el Convenio de Asistencia Judicial Internacional entre las Autoridades Centrales de la República y la República del Paraguay;

por el que se aprueba el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas;

por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Contrato de Transporte Internacional de Mercadería por Carreteras,

por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Restitución de Menores;

por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias;

por el que se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero;

por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras;

por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado.-

por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre Cooperación Cultural y Científica;

por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre la República y Australia;

por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales suscrito por la República en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.-

-A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje solicitando venia para exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional.

-A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS."

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de varios pedidos de informes.

(Se da de los siguientes:)

"El señor Senador Gargano solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Turismo relacionado con posibles contratos firmados con empresas argentinas, periodistas o empresas productoras y costo de la edición del Festival de Cine del Mercosur; y otro al Ministerio de Educación y Cultura relacionado con la situación actual del Museo Nacional de Historia Natural".

"El señor Senador Manuel Laguarda solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas relacionado con la situación de endeudamiento del sector privado de la Salud".

"La señora Senadora Marina Arismendi solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura relacionado con el número de niños por grupo, cuántos reajustes de cargos maestros se han realizado a nivel nacional y creaciones de cargos del mismo nivel".

"El señor Senador Manuel Núñez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social relacionado con la situación de ANSE".

-OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS.

(Texto de los pedidos de informes:)

"Montevideo, 26 de abril de 2000.

Señor Presidente del Senado de la República

Profesor Luis Hierro López

De mi mayor consideración:

En base a lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito envíe el siguiente pedido de informes al Ministerio de Turismo.

1) Que informe si ese Ministerio realizó un acuerdo con la empresa argentina Crónica TV, firmando un contrato específico, con el fin de difundir distintas zonas y actividades turísticas de nuestro país.

2) Si la primera respuesta es afirmativa, que responda el monto de ese contrato, su vigencia y las modalidades de servicio establecido en el mismo.

3) Si ese Ministerio hizo un acuerdo con una inmobiliaria de Punta del Este para alquilar un departamento en el Edificio Parquemar.

4) Si la anterior respuesta es afirmativa, que informe sobre el monto de dicha operación, la inmobiliaria y los gestores intervinientes en dicha operación.

5) Si ese Ministerio también realizó contratos con periodistas en particular o empresas productoras u otros a especificar.

6) Si la última respuesta es afirmativa, que informe sobre el monto de esas operaciones, si se firmaron contratos específicos y cuáles fueron las contraprestaciones establecidas.

7) Cuál fue el costo de la edición del Festival de Cine del Mercosur, quiénes fueron sus promotores, sus gestores y qué intervención tuvo ese Ministerio en su realización y financiación.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Reinaldo Gargano. Senador."

"Montevideo, 5 de mayo de 2000.

Señor Presidente del

Senado de la República

Profesor Luis Hierro López

Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted envíe el siguiente pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, para que se respondan las siguientes preguntas:

1) Cuál es la situación actual del Museo Nacional de Historia Natural, que funcionaba en una de las alas del Teatro Solís, hoy cerrada por la remodelación que se está realizando de ese histórico edificio.

2) Si es verdad que en la última etapa del gobierno anterior ese Ministerio de Cultura alquiló el local de la ex librería "Barreiro y Ramos", en Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo, con el fin de trasladar a ese edificio el referido Museo Nacional de Historia Natural.

3) Si la anterior respuesta es afirmativa, que se señale el monto mensual de dicho alquiler y la vigencia del contrato, además de las obras de remodelación que se deben implementar, el costo de las mismas y el tiempo que estas insumirán.

4) También se solicita que se informe -de existir un contrato de alquiler- sobre si en el mismo se establece el estado del edificio alquilado y quién o quiénes asesoraron a ese Ministerio para realizar la referida operación.

5) Que se informe también si se tuvo en cuenta que los trabajos de reciclaje del edificio pueden superar el plazo del contrato de arrendamiento.

6) Si el edificio eventualmente alquilado tiene las necesarias habilitaciones que otorgan la Intendencia Municipal de Montevideo y el Cuerpo Nacional de Bomberos.

7) Que se informe dónde se encuentra depositado el acervo de dicho Museo Nacional de Historia Natural y si se ha integrado alguna Comisión Técnica para los trabajos de mudanza, teniendo en cuenta el valor de esos elementos y el cuidado que se debe tener para su conservación.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente:

Reinaldo Gargano. Senador."

"Montevideo, 2 de mayo de 2000.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Profesor Luis Hierro López

Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a Ud. eleve al Ministerio de Economía y Finanzas el siguiente pedido de datos e informes:

1) ¿Qué política piensa seguir el Ministerio en relación a la situación de crisis y endeudamiento del sector privado de la Salud (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva)?

2) ¿Qué acuerdos o coordinaciones plantea encarar dicha Cartera en relación a la citada problemática tanto con el Banco de la República O. del Uruguay como con el Ministerio de Salud Pública?

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente

Manuel Laguarda. Senador."

"Montevideo, 3 de mayo de 2000.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López

Presente

De mi consideración:

Amparada en las potestades que me confiere el Art. 118 de la Constitución de la República, solicito el envío del siguiente pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al Consejo Directivo Central de ANEP y al Consejo de Educación Primaria.

Antecedentes.-

Según las declaraciones públicas realizadas por el Lic. Rama, se han reincorporado 50.000 niños en educación inicial, lo cual significaría aproximadamente 2.500 nuevas designaciones de maestros.

Tradicionalmente, el mecanismo llamado reajuste de cargos ha permitido la adaptación de las designaciones de maestros a la matrícula efectiva, que de acuerdo con lo arriba mencionado, sin duda es este año tan elevado que se dificulta el normal desarrollo de la labor docente. El reajuste de cargos adecuado, según la experiencia indica, es imprescindible para evitar el hacinamiento de niños, fenómeno negativo desde cualquier ángulo de la atención educativa aceptable. Por otra parte, evitar los aspectos negativos señalados, implica la atención de los desplazamientos evitando que el logro de soluciones en lugares carenciados trasladen el problema a otras escuelas de la misma condición.

Solicito se me informe:

1.- ¿Cuál es el número máximo de niños por grupo que se estima como pedagógicamente aceptable por parte de las autoridades de Primaria?

2.- ¿Se ha tenido en cuenta para estas estimaciones la opinión manifiesta de las Asambleas Técnico Docentes de Primaria?

3.- ¿Cuántos niños por grupo (no promedio sino en cada caso) se han distribuido en las escuelas 29, 30 y 267?

4.- ¿Cuántos reajustes de cargos maestros se han realizado a nivel nacional?

5.- ¿Cuántas creaciones de cargos al mismo nivel se han producido en este año?

6.- ¿Cuántos grupos de educación inicial se han cubierto en detrimento de la educación de adultos?

7.- ¿Cuántos en detrimento de la educación común?

8.- ¿Cuántos en detrimento de la educación rural?

9.- ¿Qué número de creaciones de cargos de maestros proyecta proponer el CODICEN en el próximo Presupuesto quinquenal?

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente,

Marina Arismendi. Senadora."

"Montevideo, 4 de mayo de 2000.

Señor Presidente del Senado de la República

Profesor Luis Hierro López

De mi mayor consideración:

Amparado en las facultades que me confiere el Art. 118 de la Constitución de la República, solicito se curse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el siguiente pedido de informes.

Siendo ANSE un organismo de derecho público no estatal tutelada por el Tribunal de Cuentas, dependiente del MTSS en temas laborales y del MT y OP en temas operacionales que informe:

1) Cuántos funcionarios revisten actualmente en ANSE, qué antigüedad tiene cada uno, y la discriminación entre contratados y presupuestados.

2) A qué Caja se realizan los aportes patronales y personales de los referidos funcionarios.

3) Si existen funcionarios y cuántos que además del trabajo en ANSE, revistan en otro organismo público.

4) Si existe personal de ANSE en comisión en organismos públicos, de ser afirmativa, amparados en qué ley se realizaron dichos pases en comisión, cuántos y a qué organismos fueron enviados.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Ec. Manuel Núñez. Senador."

5) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto de ley presentado.

(Se da del siguiente:)

"Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que el Estado podrá entregar en comodato a organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos aquellos bienes inmuebles que no pueda cuidar debidamente y no hubieren estado afectados a ningún uso en los últimos doce meses".

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"Artículo 1º.- El Estado podrá entregar en comodato a Organizaciones no Gubernamentales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, aquellos bienes inmuebles que no pueda cuidar debidamente y no
hubieren estado afectados a ningún uso en los últimos doce meses.

Artículo 2º.- El plazo no podrá ser superior a cinco años, el que podrá ser prorrogado por dos períodos.

Artículo 3º.- Las Organizaciones no Gubernamentales a que refiere el artículo 1º, sólo podrán utilizar estos bienes inmuebles para el cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 4º.- Las reparaciones que requieran serán de cargo del comodatario, no pudiendo ocasionar ningún gasto a cargo del Estado.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, estableciendo en dicha reglamentación las características de las instituciones a que hace referencia el artículo 1º.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, José Mujica, Rodolfo Nin Novoa, Manuel Núñez, Enrique Rubio, Mónica Xavier, Manuel Laguarda . Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto tiene como fundamento al mismo tiempo que contribuir a la promoción de los derechos humanos en el país, ahorrar gastos de mantenimiento de los bienes inmuebles que se encuentran en desuso por parte del Estado, cediendo su mera tenencia a las Organizaciones no Gubernamentales cuyo objeto es la defensa de los Derechos Humanos, las que deberán mantenerlas y repararlas si ello fuera necesario.

Se entiende prudente establecer un plazo máximo de duración del contrato.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, José Mujica, Rodolfo Nin Novoa, Manuel Núñez, Enrique Rubio, Mónica Xavier, Manuel Laguarda. Senadores."

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Korzeniak solicita licencia por el día de la fecha".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 15 de mayo de 2000.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores:

Prof. Luis Hierro López

Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo al artículo 1º de la Ley Nº 16.465 y por motivos personales, solicito licencia por el día de la fecha y que se convoque al suplente respectivo, Dr. Manuel Laguarda.

Saluda atte,

José Korzeniak. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde convocar al suplente respectivo que lo es el señor Senador Laguarda, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encontrare en la Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Laguarda)

-Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Chiruchi solicita licencia por el día de la fecha".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 15 de mayo de 2000.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López

Presente

Por la presente solicito a usted se me conceda licencia en el día de la fecha por motivos personales.

Sin otro particular lo saluda muy atentamente

Juan Antonio Chiruchi. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Moreira Reisch presenta una nota comunicando que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto".

-Corresponde convocar al siguiente suplente que lo es el señor Francisco Gallinal, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Francisco Gallinal)

8) MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el único punto del orden del día: "Discusión general y particular del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración relacionado con la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de fomento de las actividades productivas. (Carp. Nº 145/2000 - Rep Nº 19/2000 y Anexos I - proyecto de ley sustitutivo elevado por la Comisión de Constitución y Legislación- II - texto de las disposiciones citadas- y III, informe en minoría."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 145/00
Rep. N° 19/00

Presidencia de la República
Oriental del Uruguay
Ministerio del Interior
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
Ministerio de
Industria, Energía y Minería
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Montevideo, 12 de abril de 2000.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley de urgente consideración, numeral 7º del artículo 168 de la Constitución de la República, referente a la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de las condiciones en que desarrollan las actividades productivas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El país se ha enfrentado a una coyuntura desfavorable en que la sumatoria de efectos regionales, internacionales, y aun climáticos, han generado una importante dificultad tanto en las finanzas del Estado como en el desarrollo de las actividades productivas.

Puede percibirse que la situación que desde el 13 de enero de 1999 atraviesa el MERCOSUR, aunado a la caída del precio de nuestros productos de exportación, al alza de los precios de importaciones imprescindibles como el petróleo y al incremento de la tasa de interés internacional, han impactado dramáticamente en la economía nacional, disminuyendo de manera directa el nivel de actividad, y consecuentemente la recaudación. El aumento del déficit público resultante ha sido tradicionalmente enfrentado en Uruguay con un aumento de los tributos.

El primer aspecto a destacar es que este Gobierno no adoptó tal camino, ya que se considera negativo para las posibilidades del trabajo nacional aumentar la presión tributaria. En consecuencia, se buscará una mayor austeridad en el gasto público, utilizando facultades que le son propias del Poder Ejecutivo, e incorporando otras al texto de ley de urgencia que se propone en este acto.

Naturalmente es urgente adoptar medidas que apunten a mejorar las condiciones de trabajo y que al mismo tiempo contribuyan a mantener la estabilidad del costo de vida, que sin dudas es garantía de quienes dependen de ingresos fijos.

Descartado un aumento impositivo y acotados por la defensa de los valores señalados, se propone una alternativa en beneficio de los sectores productivos. Así, se pone a consideración del Poder Legislativo un conjunto de disposiciones, que cada una en su área colaborarán en la mejora de gestión, la apertura de nuevas posibilidades y la consolidación de las ya emprendidas.

En consecuencia, el proyecto presenta medidas que se entienden imprescindibles en las siguientes áreas:

Fomento de la Inversión y el Empleo:

Siendo preocupación de ambos Poderes la mejora de las condiciones de competitividad del trabajo nacional, se adopta una línea de disminución de aquellos impuestos que gravan particularmente al mismo, acompasada con la racionalización del gasto estatal, la simplificación de tareas burocráticas, y una eficiente administración tributaria.

Particularmente en lo que refiere a la contribución patronal, no sólo se consolida la disminución de tasas aprobada para el Ejercicio 1999, sino que también se solicita la autorización para avanzar en tal dirección, en la medida que se obtenga una mayor racionalización en el gasto público.

Agropecuaria:

Sensibles ante las excepcionales dificultades que este sector básico para la economía nacional ha enfrentado, se propone para el Ejercicio 2000, la exoneración del aporte patronal incluido en la contribución al Banco de Previsión Social, el abatimiento de un 25% la contribución inmobiliaria rural, compensándose por parte del Poder Ejecutivo a las Intendencias Municipales como corresponde. Al mismo tiempo se impulsan diversas disposiciones tendientes a facilitar los acuerdos entre productores, de la incorporación tecnológica y su agrupamiento para mejorar el nivel de exportaciones y de precios.

Sin perjuicio de lo expuesto, es propósito de este Poder Ejecutivo realizar una presentación, en ocasión del Presupuesto Nacional, de un ordenamiento del sistema tributario aplicable al sector agropecuario, basado fundamentalmente en el impuesto a la renta.

Asimismo se propone la exoneración del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para aquéllos predios menores a 1000 hectáreas índice CONEAT 100 para el año 2000, y en forma permanente para aquellos emprendimientos agropecuarios que incorporen tecnología al sector.

Pequeñas y medianas empresas:

Se proponen normas para el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y de servicios, procurando mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas, defender la lealtad de la competencia, facilitar el acceso al crédito y a los beneficios tributarios para su inversión.

Se habilita la formación de sociedades de garantía recíproca y se reconoce a las cooperativas en tal función para la facilitación del crédito.

Mejora de la administración y de los servicios:

Se entiende importante la mejora de los servicios de transporte, facilitando la renovación de vehículos terrestres, proponiendo mejoras para el Puerto de Montevideo, tanto para su playa de contenedores como para la mercadería depositada en el mismo.

Se incorporan normas que pretenden planificar el sistema ferroviario para el desafío que el aumento de la producción agropecuaria y forestal le demandarán en los próximos años.

En materia de administración se plantean normas para racionalizar y acotar el gasto burocrático, completar su control e informatizar aquellos aspectos de las tramitaciones que aún no lo están.

Compartible con la política de racionalización del gasto público, se incluyen normas que buscan disminuir la cantidad de integrantes de los Directorios de algunos Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y otros organismos públicos.

Asimismo, se procura la mejora de recaudación por medio de la centralización de información entre los organismos recaudadores del Estado.

Se incorporan normas, aprobadas en una rama parlamentaria en la anterior Legislatura, que facilitan el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional creadas por la Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1996, con el objetivo de flexibilizar las posibilidades de inversión en la economía nacional, a la vez que se incluyen normas tendientes a salvaguardar el derecho de los ahorristas.

Descentralización:

Se reglamenta el funcionamiento de la Comisión Sectorial que con tal fin previó el Constituyente, y se facilita la instalación de empresas en el Interior de la República.

Sociedades Comerciales:

Se facilita la asociación de empresas, para adaptarse a un mercado mundial extremadamente competitivo, modificando ciertos artículos de la Ley Nº 16.060 de 4 de setiembre de 1989.

Seguridad pública:

Considerando la calidad de vida a que tienen derecho los ciudadanos, se proponen modificaciones a la legislación penal, que si bien atienden la situación de algunos delitos que aquejan particularmente a los más débiles -el arrebato, el hurto con destreza en el transporte público, con ingreso a la casa habitación- también se procura prevenir limitando situaciones como el expendio de bebidas alcohólicas en ciertas circunstancias.

También se procuran garantías, como el deber de informar y la defensa propia en el hogar, o prevenir el porte de armas en ciertas circunstancias, el carácter público del agente como agravante y aun el aparentemente inocente juego de la mosqueta que se convierte en el escenario apropiado para el hurto y el arrebato.

Ministerio de Deporte y Juventud:

Se incorpora la transformación de la Comisión Nacional de Educación Física y el Instituto Nacional de la Juventud en un Ministerio -denominado en lo sucesivo Ministerio de Deporte y Juventud- sin que ello implique incurrir en mayores gastos, cumpliéndose así con un anhelo requerido por gran parte de la población.

Otras medidas:

Se incorporan normas sobre identificación civil, aprobadas en una rama parlamentaria en la anterior Legislatura, que tienen relación con la prevención de la situación del menor y especialmente con una mejor planificación de su atención por parte del Banco de Previsión Social y la educación.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente con su mayor consideración,

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Sergio Abreu, Lucio Cáceres, Alvaro Alonso, Gonzalo González, Alfonso Varela, Didier Opertti, Carlos Cat, Guillermo Stirling, Antonio Mercader, Horacio Fernández.

PROYECTO DE LEY DE URGENTE CONSIDERACION

CAPITULO I
FOMENTO DE LA INVERSION Y EL EMPLEO

Artículo 1º.- Fíjase en 6,5 (seis y medio) puntos porcentuales la tasa de aportes patronales jubilatorios de la industria manufacturera al Banco de Previsión Social. Derógase el artículo 25 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley.

Artículo 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, en la medida de las posibilidades del erario público y dando cuenta a la Asamblea General, a reducir la tasa de aportes patronales, por plazo determinado y en forma genérica o con referencia a uno o más sectores de la actividad económica.

La disminución de la recaudación que experimente el Banco de Previsión Social, será compensada por el Ministerio de Economía y Finanzas en las cantidades que debe verter por concepto de asistencia de Rentas Generales.

CAPITULO II
AGROPECUARIA

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 686 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el articulo 1º de la Ley Nº 17.143, de 6 de agosto de 1999, por el siguiente:

"ARTICULO 686.- Las tasas de aportaciones de la escala establecida en el artículo 3º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, será del 1.143 o/oo (uno con ciento cuarenta y tres por mil), para todos los tramos de hectáreas establecidos en la citada escala. La reducción porcentual operada afectará exclusivamente a los componentes patronales jubilatorios de la contribución patronal rural global.

Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir la citada tasa en hasta un 0.387 o/oo (cero con trescientos ochenta y siete por mil). La reducción refiere exclusivamente a los componentes patronales jubilatorios de la contribución patronal rural global".

La presente reducción de la tasa regirá entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2000.

Artículo 4º.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso final del artículo 3º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, exonérase de la aportación patronal sobre dependientes -con excepción de las correspondientes a la Dirección de los Seguros Sociales por Enfermedad, al Banco de Seguros del Estado y al Impuesto a las Retribuciones Personales- y de la aportación patronal sobre el titular y su cónyuge colaborador, a todas las empresas amparadas por dicha ley que exploten predios con extensiones inferiores a las 100 (cien) hectáreas, índice CONEAT 100 y no ocupen, además del titular de la misma y su cónyuge, más de dos dependientes.

La presente exoneración regirá entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2000.

Artículo 5º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir el aporte mínimo establecido en el articulo 3º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en la proporción que fuere necesaria para aplicar la reducción de aportes establecida en los artículos 2º y 3º de la presente ley.

Artículo 6º.- La disminución de la recaudación que experimente el Banco de Previsión Social, será compensada por el Ministerio de Economía y Finanzas en las cantidades que debe verter por concepto de asistencia de Rentas Generales.

Artículo 7º.- Incorpórase al artículo 15 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, el siguiente inciso final:

"Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales creado por el artículo 2º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, los actos y hechos gravados por dicha norma cuando tuvieren por objeto inmuebles rurales incluidos en proyectos de inversión en actividades agropecuarias comprendidas en lo dispuesto en el artículo 11 precedente. La reglamentación establecerá los procedimientos correspondientes a los efectos del otorgamiento de este beneficio".

Artículo.- Durante el plazo de un año los sujetos pasivos del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales creado por el artículo 2º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, no pagarán el mismo cuando los actos y hechos gravados por dicha norma tuvieren por objeto inmuebles rurales que: (i) se incorporen al patrimonio de sociedades anónimas con acciones al portador; y (ii) su superficie a la fecha de promulgación de la Ley Nº 17.214, de 25 de junio de 1999, no superare el equivalente a 1000 hectáreas CONEAT 100.

Artículo 9º.- Incorpórase a los beneficios comprendidos en los artículos 11 y 16 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, las actividades desarrolladas por agrupamientos o conjuntos de productores agropecuarios tendientes a la reducción de costos y aplicación de nuevas tecnologías que hagan posible mejorar los volúmenes de producción y la rentabilidad de sus establecimientos, sean aquéllos inversores o usuarios.

Podrá considerarse como parte de la inversión las existencias y demás bienes preexistentes que se destinen o afecten al emprendimiento.

Artículo 10.- Rebájase en un 25%, por única vez, la alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural cuyo pago deba efectuarse en el año 2000, establecida por el artículo 652 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Autorízase al Poder Ejecutivo, a fin de compensar la merma recaudatoria que ocasionará dicha rebaja, a disponer para el año 2000, por única vez, de una partida global de U$S 15:000.000 (quince millones de dólares). Dicha partida se distribuirá entre las Intendencias Municipales en partidas mensuales y a prorrata de la recaudación que éstas hayan obtenido por dicho impuesto en el año 1998.

CAPITULO III
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Artículo 11.- Las empresas que ejecutaren proyectos de inversión en actividades comerciales promovidas al amparo del Capítulo III de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, no podrán gozar de las exoneraciones del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, establecidas en los artículos 35, 37 y 38 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.

Artículo 12.- Las asociaciones de empresas que producen o comercializan bienes o prestan servicios, podrán tramitar y obtener en favor de sus afiliados y para proyectos específicos, los beneficios previstos en la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, con la excepción de los beneficios establecidos en el artículo precedente de esta ley. El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición .

CAPITULO IV
NORMAS SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Artículo 13.- Las empresas que desarrollen actividades económicas, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, están sujetas a las reglas de la competencia, sin perjuicio de las limitaciones que se establecieren por ley y por razones de interés general (artículos 7º y 36 de la Constitución), o que resulten del carácter de
servicio público de la actividad de que se trate.

Artículo 14.- Prohíbense los acuerdos y las prácticas concertadas entre los agentes económicos, las decisiones de asociaciones de empresas y el abuso de la posición dominante de uno o más agentes económicos, que tengan por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios, tales como:

a) imponer en forma permanente, directa o indirectamente precios de compra o venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva para los consumidores;

b) restringir, de modo injustificado, la producción, la distribución y el desarrollo tecnológico, en perjuicio de empresas o de consumidores;

c) aplicar injustificadamente a terceros contratantes condiciones desiguales en el caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja importante frente a la competencia;

d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación de obligaciones complementarias o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los usos comerciales, no tengan relación con el objeto de esos contratos, en perjuicio de los consumidores;

e) vender bienes o prestar servicios a precio inferior al costo sin razones fundadas en los usos comerciales, e incumpliendo sus deudas fiscales y comerciales, que tengan por efecto eliminar la competencia en el mercado.

La aplicación de estas normas procede sólo cuando la distorsión en el mercado genere perjuicio relevante al interés general.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones del presente Capítulo y dispondrá las medidas pertinentes para la aplicación de dichas disposiciones.

Toda contienda que se suscite que refiera a la materia regulada en este Capítulo, podrá ser sometida por las partes a arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el Título VIII del Libro II del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988), pudiendo la reglamentación a ser dictada por el Poder Ejecutivo habilitar centros especializados a tales efectos.

CAPITULO V
FACILITACION DEL CREDITO

Artículo 16.- Podrán constituirse sociedades anónimas de garantía recíproca, cuyo objeto exclusivo será el otorgamiento de garantías en beneficio de sus integrantes y para respaldar obligaciones correspondientes al giro habitual de sus actividades.

Estas sociedades podrán, además, prestar a sus socios servicios de asesoramiento.

Artículo 17.- En todo lo no previsto por las disposiciones de este Capítulo, éstas se regirán por las disposiciones de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Sus acciones serán nominativas y se les aplicará en lo pertinente las normas relativas a sociedades abiertas.

Artículo 18.- En su denominación figurará necesariamente la indicación "Sociedad Anónima de Garantía Recíproca".

Artículo 19.- También podrán adoptar la forma de sociedad cooperativa, en cuyo caso se denominarán Cooperativas de Garantía Recíproca y se regirán por las normas legales aplicables a estas sociedades, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo siguiente.

Artículo 20.- La reglamentación establecerá el capital mínimo, responsabilidad patrimonial mínima y
requisitos razonables en materia de información y procedimientos.

CAPITULO VI
EDUCACION

Artículo 21.- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las compras en plaza de computadoras personales e impresoras vinculadas directamente a las mismas, que se utilizaren exclusivamente en tareas educativas.

Sólo podrán beneficiarse de dicha devolución los institutos de enseñanza a que se refiere el artículo 2º del Título 3 del Texto Ordenado 1996.

Los referidos bienes no podrán enajenarse por un plazo de tres años a partir de la fecha de su adquisición.

Artículo 22.- Agrégase al artículo 3º del Título 3 del Texto Ordenado 1996 el siguiente inciso:

"El plazo a que refiere el inciso anterior será de tres años en el caso de importaciones de computadoras personales y las impresoras vinculadas directamente a las mismas".

CAPITULO VII
TRANSPORTE

Sección 1º
Renovación de Flotas de Transporte Terrestre

Artículo 23.- No será aplicable el inciso 2º del artículo 382 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988) cuando se tratare de la ejecución del crédito otorgado para la compra de una unidad de transporte.

Artículo 24.- Los permisos de automotores con taxímetro podrán ser prendados, en garantía del crédito para la adquisición de la unidad. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

Sección 2º
Puerto de Montevideo

Artículo 25.- Autorízase a la Administración Nacional de Puertos a participar, conforme lo establecido en el inciso 3º del artículo 188 de la Constitución de la República, en sociedad con capitales privados, en la administración, construcción, conservación y explotación de una terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo.

La participación se efectuará por intermedio de una sociedad anónima, constituida al efecto por la Corporación Nacional para el Desarrollo, cuyo objeto social será el descripto en el inciso anterior.

La reglamentación del Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones en que se instrumentará el acuerdo entre la referida sociedad y la Administración Nacional de Puertos, la participación inicial que ésta tendrá en su capital integrado, y las bases de sus estatutos sociales. Dichos documentos deberán contener al menos las siguientes previsiones:

a) El plazo de uso de las instalaciones será de 30 años.

b) En ningún caso el aporte patrimonial de la Administración Nacional de Puertos podrá ser realizado mediante la enajenación de bienes inmuebles.

c) Se establecerá una tarifa máxima a usuarios y un canon a pagar a la Administración Nacional de Puertos, que la reglamentación fijará en ambos casos por contenedor.

d) Se asegurará la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que los soliciten, manteniendo la continuidad y regularidad de los mismos, y no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del Puerto de Montevideo.

e) Se obligará a la captación de un mínimo de actividad.

f) Se obligará a realizar las inversiones necesarias para brindar un servicio de buena calidad, confiable y al mínimo costo para el usuario final, favoreciendo el desarrollo del comercio exterior de Uruguay y promocionando el Puerto de Montevideo como puerto de transbordo regional.

Sin perjuicio que la sociedad y las contrataciones que realice se rigen por el derecho privado, el Estado tendrá dos representantes en el Directorio los que se regirán por las mismas normas que los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado.

El capital correspondiente a los inversores privados será representado por acciones al portador, estableciendo la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo las condiciones de emisión y de subasta u oferta pública en el mercado de valores. La correspondiente participación de capitales privados sólo procederá una vez instrumentado el acuerdo entre la referida sociedad y la Administración Nacional de Puertos.

El producido de la subasta u oferta pública en el mercado de valores de las acciones de la sociedad correspondientes a la Corporación Nacional para el Desarrollo o a la Administración Nacional de Puertos, se destinará a la construcción de edificios de educación pública en la órbita del CODICEN.

Dentro del plazo que establecerá la reglamentación a contar de la fecha de la subasta, la sociedad deberá presentar un operador que reúna antecedentes, solvencia y experiencia adecuadas, cuya designación deberá ser sometida a la aprobación del Poder Ejecutivo.

De lo actuado se informará a la Asamblea General.

Sección 3º
Ferrocarriles

Artículo 26.- El Poder Ejecutivo podrá autorizar la utilización de las vías férreas por parte de empresas, que cumplan con los requisitos técnicos y abonen el peaje que establezca la reglamentación.

CAPITULO VIII
MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Sección 1º
Bienes del Estado

Artículo 27.- Las unidades ejecutoras del Presupuesto Nacional, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, dentro de sus competencias y para el mejor logro de los objetivos y metas presupuestales, podrán dar y tomar bienes tanto por el contrato de crédito de uso de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nos. 16.072, de 9 de octubre de 1989 y 16.205, de 5 de setiembre de 1991, como por el contrato de arrendamiento con opción a compra (leasing operativo).

A tales efectos podrán afectar los créditos existentes para adquisición y arriendo de bienes muebles o inmuebles, así como las economías, que se estime obtendrán con la operación, previo informe favorable del Registro de Inmuebles del Estado, cuando correspondiere, o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto cuando se trate de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Sección 2º
Gastos de Funcionamiento

Artículo 28.- El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, podrá comunicar a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado su criterio sobre la fijación de límites a la ejecución presupuestal de sus gastos de funcionamiento. Dichos organismos, dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación del Poder Ejecutivo, informarán a éste la resolución que deberá adoptar su Directorio respecto a si se comparte o no el criterio sugerido. En este último caso, el Poder Ejecutivo podrá ejercer las atribuciones que le comete el artículo 197 de la Constitución de la República.

Sección 3º
Estado Informático

Artículo 29.- La substanciación de las actuaciones administrativas en la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, así como los actos administrativos de cualquier naturaleza, deberán realizarse por medios informáticos en las condiciones y plazos que establezca el Poder Ejecutivo.

El expediente electrónico tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional.

Autorízase la firma electrónica y la firma digital en todas las actuaciones administrativas, las que deberán ser debidamente autenticadas por claves u otros procedimientos acordes con la naturaleza de la tramitación electrónica.

La documentación emergente de la transmisión a distancia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí, documentación auténtica y hará plena fe a todos los efectos en cuanto a la existencia del original transmitido.

Toda petición o recurso administrativo que se presente ante la Administración Pública, podrá realizarse por medio de documentos electrónicos.

Artículo 30.- Los actos administrativos y las órdenes de compra que adjudiquen la contratación de bienes o servicios, deberán estar acompañados de una constancia emitida por el Sistema Integrado de Información Financiera del Estado, que certifique la existencia de crédito suficiente para atender la erogación resultante. El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá las formalidades requeridas para la emisión de la constancia.

El acto administrativo o la orden de compra deberán hacer referencia a la existencia de la referida constancia, debiendo incluir los datos identificatorios de la misma.

Los proveedores adjudicatarios, previa a la entrega de los bienes o a la prestación de los servicios, deberán exigir a la administración la vía correspondiente de la constancia de existencia de crédito suficiente.

Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 1560 del Código Civil).

Las disposiciones de este artículo comprenden las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional por montos superiores al límite de la contratación directa. Facúltase al Poder Ejecutivo a extender este régimen a las contrataciones efectuadas al amparo de lo dispuesto por el numeral 2) del inciso 2º del artículo 33 del TOCAF.

Sección 4º
Organismos Públicos

Artículo 31.- Los Directorios de la Administración Nacional de Puertos, la Administración de Ferrocarriles del Estado y la Administración Nacional de Telecomunicaciones estarán integrados por tres miembros designados conforme a lo dispuesto por el artículo 187 de la Constitución de la República.

Artículo 32.- El Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos será dirigido por un Consejo Directivo integrado por tres miembros, los que serán designados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 33.- Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 15.785, de fecha 4 de diciembre de 1985, por el siguiente:

"ARTICULO 3º.- El Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo se compondrá de tres miembros, los cuales serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores otorgada sobre propuesta motivada en sus condiciones personales y reconocida solvencia en asuntos económicos - financieros, por el procedimiento previsto en el artículo 187 de la Constitución".

Artículo 34.- Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 15.785, de fecha 4 de diciembre de 1985, por el siguiente:

"ARTICULO 4º.- El Presidente del Directorio será designado por el Poder Ejecutivo".

Artículo 35.- En los casos que las disposiciones vigentes requieran mayorías especiales por parte de los Directorios o Consejos Directivos de los organismos mencionados en los artículos 31 a 34 de esta ley, se tendrán por cumplidas las mismas con el voto conforme de la mayoría absoluta del total de sus componentes.

Artículo 36.- Suprímese ANSE (Administración Nacional de los Servicios de Estiba), encomendándose al Poder Ejecutivo la redistribución de sus funciones y su patrimonio.

Se disminuirán los importes cobrados de acuerdo a la ley, en la proporción resultante de esta disposición.

Los funcionarios de la referida institución que se suprime, con funciones permanentes e ingresados hasta el 27 de octubre de 1998, serán redistribuidos en la forma dispuesta por el artículo 37 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Facúltase al Poder Ejecutivo para que proceda, previo informe de la Contaduría General de la Nación, a reasignar los créditos presupuestales, dando cuenta a la Asamblea General.

Las transferencias de dominio que correspondan operarán de pleno derecho con la entrada en vigencia de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, determinando los bienes comprendidos. Los registros públicos procederán a su registración con la sola presentación del testimonio notarial de esa resolución.

Sección
Servicios Públicos

Artículo 37.- UTE podrá efectuar el servicio público de alumbrado de ciudades, villas, pueblos y centros poblados, siendo responsable de la instalación, con todos sus elementos, y el mantenimiento que posibilite una prestación adecuada del servicio.

Artículo 38.- La tarifa del servicio reflejará los costos del mismo, será propuesta por UTE y aprobada por el Poder Ejecutivo. Se facturará y cobrará periódicamente, conjuntamente con la factura de suministro eléctrico, integrando un único pago indivisible.

En los inmuebles carentes de servicio de suministro eléctrico, la reglamentación establecerá la forma de cobro.

Artículo 39.- UTE y las Intendencias Municipales acordarán la designación de un tasador independiente que determinará el valor actualizado de los activos incrementales ejecutados por éstas, que se compensará con las deudas existentes, y de existir un remanente a favor de la Intendencia se compensará con consumos futuros de energía eléctrica provenientes de las dependencias municipales.

En caso de no existir acuerdo para la designación de tasador independiente en un plazo de treinta días a partir que las Intendencias Municipales expresen su conformidad a que el servicio sea prestado por UTE, o que ésta manifieste la voluntad de efectuar el servicio de alumbrado público, la parte que haya designado el suyo, podrá solicitar la designación de tasador al Poder Ejecutivo, quien dispondrá de un plazo de treinta días para hacerlo.

Artículo 40.- Lo dispuesto en los artículos precedentes de la presente Sección sólo será de aplicación en aquellos casos en que las Intendencias Municipales manifiesten su conformidad, que se considerará irrevocable, o que estuvieren en situación de morosidad frente a UTE por un período superior a seis meses.

Sección 6º
Poder Judicial

Artículo 41.- Incorpórase al artículo 268 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.892, de 18 de octubre de 1988) el siguiente párrafo final:

"Sólo será procedente el recurso de casación cuando la sentencia de segunda instancia revoque en todo o en parte a la sentencia de primera instancia".

Artículo 42.- Sustitúyese el numeral 3º del artículo 269 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.892, de 18 de octubre de 1988) por el siguiente:

"Contra las sentencias recaídas en asuntos cuyo monto no superare el importe equivalente a 5000 (cinco mil) unidades reajustables. En el caso de sentencias dictadas por Tribunales de Apelaciones de Trabajo. No procederá el recurso cuando el monto del asunto no superare un importe equivalente a 3000 (tres mil) unidades reajustables".

Sección 7º
Caja de Profesionales Universitarios

Artículo 43.- Agrégase al artículo 26 de la Ley Nº 12.997, de 28 de noviembre de 1961, el siguiente inciso:

"La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios tendrá además, las facultades establecidas por el artículo 257 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, para la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias".

Sección 8º
CONAPROLE

Artículo 44.- Derógase el artículo 12 de la Ley Nº 10.707, de 9 de enero de 1946 y los artículos 23 y 24 de la Ley Nº 9.526, de 14 de diciembre de 1935. Para los actos jurídicos referidos en la Ley Nº 12.378, de 31 de enero de 1957, se requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta del Directorio, integrado conforme al presente artículo.

Artículo 45.- El control interno y el destino de las utilidades serán dispuestos por las autoridades de la Cooperativa, quedando sin efecto a partir de la vigencia de la presente ley todas las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes que se opongan a lo establecido en este artículo.

Artículo 46.- A partir de la vigencia de esta ley, CONAPROLE deberá cumplir con las normas de información, publicidad y control aplicables a las sociedades anónimas abiertas previstas por la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Sección 9º
Normas Tributarias

Artículo 47.- No están comprendidas en la base imponible del Impuesto al Patrimonio establecido en el Título 14, del Texto Ordenado 1996 las mercaderías depositadas en régimen de puerto libre, a que refiere el artículo 2º de la Ley Nº 16.246, del 8 de abril de 1992, cuyos titulares sean personas físicas o jurídicas del exterior.

Artículo 48.- Centralización de la Información Fiscal.- Facúltese al Poder Ejecutivo a centralizar la información relativa a los contribuyentes que se encuentre disponible en sus diversas dependencias y la que le suministrará el Banco de Previsión Social, con la misma obligación de reserva establecida en las normas legales vigentes, y a efectos de mejorar la percepción de los tributos correspondientes.

Artículo 49.- Durante el plazo de un año, los sujetos pasivos del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, creado por el artículo 2º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, no pagarán el mismo, cuando los actos y hechos gravados por dicha norma se verifiquen a consecuencia de aportes de capital destinados a la disminución de pasivos con instituciones bancarias, casas financieras o cooperativas de intermediación financiera, radicadas en el país, adeudados por la empresa receptora de capital.

Los inmuebles objeto de la referida exoneración deberán ser de propiedad de quien realiza el aporte de capital o de la empresa receptora del mismo.

La reglamentación determinará los elementos con que los sujetos pasivos justificarán el cumplimiento de los extremos exigidos por la presente disposición.

Sección 10
Escalafón Policial

Artículo 50.- Modifícase el artículo 132 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 132.- A partir de la vigencia de la presente ley, no podrá autorizarse pase en comisión a otras dependencias u organismos públicos de los integrantes del Escalafón Policial, excepto aquéllos que impliquen el cumplimiento de un servicio de seguridad a juicio del Ministerio del Interior".

CAPITULO IX
DESCENTRALIZACION

Artículo 51.- En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 298 de la Constitución de la República, el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Comisión de Aplicación creada por el artículo 12 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, otorgará mayores exoneraciones, conforme a lo establecido en el Capítulo III de la referida ley, a la instalación o ampliación de emprendimientos en el interior del país, cuyos proyectos de inversión sean declarados promovidos, que las que otorgue a análogos emprendimientos que se instalen o amplíen en el Departamento de Montevideo, en la forma y condiciones que se determinará en la reglamentación correspondiente. Se pondrá en conocimiento de la Asamblea General y la Comisión Sectorial asesora prevista en el literal b) del artículo 230 de la Constitución de la República.

Artículo 52.- La Comisión Sectorial a que se refiere el artículo 230 de la Constitución de la República estará integrada por delegados de los Ministerios competentes a juicio del Poder Ejecutivo, e igual número de delegados del Congreso de Intendentes. Como mínimo el Poder Ejecutivo designará delegados de los Ministerios de Economía y Finanzas, Transporte y Obras Públicas, Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minería, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Turismo.

La Presidencia de la Comisión será rotativa, correspondiéndole, alternativamente, a un delegado del Poder Ejecutivo y a uno del Congreso de Intendentes.

Los designantes podrán establecer un régimen de suplencias por sus delegados.

Un delegado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a fin de realizar la coordinación correspondiente, asistirá a las reuniones de la Comisión, aunque no la integrará a ningún efecto.

Artículo 53.- La Comisión podrá invitar a concurrir a sus sesiones a delegados de otros Ministerios e Intendencias.

Artículo 54.- La Comisión tendrá los siguientes cometidos que la Constitución fija:

a) asesorar al Poder Ejecutivo, con treinta días de anticipación al vencimiento del plazo para presentar el Presupuesto Nacional, sobre el porcentaje de recursos, en el monto total, que corresponderá a los Gobiernos Departamentales conforme a lo establecido en el artículo 214 literal C) de la Constitución de la República;

b) proponer a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto planes de descentralización conforme a lo establecido en el artículo 230 literal B) de la Constitución de la República;

c) asesorar respecto a la aplicación del Fondo Presupuestal a que refiere el numeral 2 del artículo 298 de la Constitución de la República, en el marco de los planes de descentralización referidos en el literal anterior.

Artículo 55.- Cuando debiera asesorar en las materias de su competencia, sus decisiones se adoptarán por mayoría absoluta del total de componentes. Si, en esos casos, se registrare empate en la votación, habrá dos informes que serán elevados siguiendo el procedimiento previsto en las normas constitucionales (literal C, artículo 214 y numeral 2º del artículo 298).

Artículo 56.- A tales fines la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

a) solicitar del Poder Ejecutivo y de las Intendencias Municipales la información pertinente en materia de recursos como de ejecución de inversiones y gastos en los diferentes Departamentos;

b) solicitar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el apoyo humano y logístico para el cumplimiento de sus funciones.

CAPITULO X
FONDOS DE AHORRO PREVISIONALES

Artículo 57.- Sustitúyese el artículo 97 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"ARTÍCULO 97. (Capital y Patrimonio mínimo).- El capital mínimo necesario para la constitución de una Administradora será de 60.000 UR (sesenta mil unidades reajustables) de las previstas en el artículo 38 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el que deberá encontrarse suscrito e integrado en efectivo en el momento de su autorización.

Todo capital inicial superior al mínimo deberá integrarse en las condiciones indicadas en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, no pudiendo exceder el plazo máximo de dos años contado desde la fecha de la resolución que autorice la existencia de la sociedad.

Cuando la Administradora haya iniciado la formación del Fondo de Ahorro Previsional, el patrimonio mínimo, excluida la reserva especial, no podrá ser inferior al importe mencionado en el inciso primero de este artículo o al 2% (dos por ciento) del valor del fondo si éste fuere mayor, hasta alcanzar la suma de 150.000 UR (ciento cincuenta mil unidades reajustables), para quedar fijado en esta cantidad. En este caso, el faltante deberá integrarse dentro de los treinta días siguientes al fin de cada mes.

Si el patrimonio mínimo se redujere por cualquier otra causa por debajo del mínimo exigido, deberá ser reintegrado totalmente dentro del plazo de tres meses contado desde el momento en que se verificó tal reducción, sin necesidad de intimación o notificación previa por parte de la autoridad de control. En caso contrario, el Poder Ejecutivo, con la opinión previa del Banco Central del Uruguay, procederá a revocar la autorización para funcionar y dispondrá la liquidación de la Administradora".

Artículo 58.- Sustitúyese el artículo 121 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el
siguiente:

"ARTÍCULO 121. (Reserva Especial).- Las Administradoras deberán integrar y mantener en todo momento una reserva entre un mínimo equivalente a un 0,5% (cero con cinco por ciento) del Fondo de Ahorro Previsional respectivo y un máximo equivalente a un 2% (dos por ciento) del mismo, que se denominará Reserva Especial. El Banco Central del Uruguay regulará el porcentaje referido, para cada período que determine, en función de criterios técnicos fundamentados de cobertura de riesgo, sin perjuicio de las normas y medidas de carácter particular que pueda adoptar, atendiendo a esos mismos criterios.

La referida reserva en ningún caso podrá ser inferior al 20% (veinte por ciento) del capital mínimo fijado en el artículo 97 de la presente ley, deberá ser invertida en cuotas del Fondo de Ahorro Previsional y tendrá por objeto responder a los requisitos de tasa de rentabilidad real mínima a que refiere el artículo siguiente.

Los bienes y derechos que la componen serán inembargables.

Todo déficit de la Reserva Especial, no originado en el proceso de aplicación establecido en el artículo siguiente, se regirá por las normas y plazos de integración, penalidades y reclamos que a tal efecto fijen las normas reglamentarias".

Artículo 59.- Sustitúyese el inciso final del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"La suma de las inversiones mencionadas en los literales D), E) y F) no podrá exceder del 40% (cuarenta por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional".

Artículo 60.- Sustitúyese el literal E) del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"E) Valores representativos de inversiones inmobiliarias, industriales, forestales u otros sectores productivos que estén radicados en el país, hasta el 20% (veinte por ciento)".

Artículo 61.- Sustitúyese el literal B) del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"B) Valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central del Uruguay, hasta el 30% (treinta por ciento)".

Artículo 62.- Sustitúyese el artículo 119 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"ARTÍCULO 119. (Integración del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad).- El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad se integrará en forma mensual y siempre que la rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional fuese positiva. El mismo se integrará con el producido de todo exceso de la tasa de rentabilidad promedio del régimen, incrementada en el máximo entre dos puntos porcentuales y el 50% (cincuenta por ciento) de la rentabilidad promedio del régimen. El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad estará expresado en cuotas".

CAPITULO XI
SOCIEDADES COMERCIALES

Artículo 63.- Sustitúyense los artículos 284, 331, 362 y 419 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, los que quedarán redactados en la siguiente forma:

"ARTICULO 284. (Aumento del capital contractual).- Todo aumento de capital contractual será resuelto por asamblea extraordinaria de accionistas sin necesidad de conformidad administrativa, salvo que el contrato social disponga que deba seguirse el procedimiento establecido en el artículo 252.

En lo pertinente regirá lo dispuesto por el artículo 362.

La asamblea sólo podrá delegar en el Directorio o el administrador en su caso, la época de la emisión, la forma y condiciones de pago. La resolución de la asamblea se inscribirá en el Registro Público de Comercio y se publicará".

"ARTÍCULO 331.- Convenios de sindicación de accionistas. Serán legítimos los convenios de accionistas sobre compra y venta de sus acciones, ejercicio de los derechos de preferencia y de voto o cualquier otro objeto lícito.

Los accionistas contratantes podrán ejercer todos sus derechos y acciones legales para el cumplimiento debido de las obligaciones asumidas y frente a quienes resulten comprometidos para la debida ejecución del convenio.

Estos convenios no tendrán efecto frente a terceros excepto cuando:

a) Se entregue a la sociedad un ejemplar con las firmas certificadas notarialmente.

b) Se incorpore un ejemplar al legajo de la sociedad.

c) Se anote en los títulos accionarios o se haga constar en el libro de Registro de Acciones Escriturales. Cumplidos estos requisitos, las acciones respectivas no podrán ser negociadas en Bolsa.

Tratándose de sociedades abiertas, el órgano de administración informará a cada asamblea ordinaria sobre la política de capitalización de ganancias y distribución de dividendos que resulte de los convenios depositados en la sociedad. En ningún caso los convenios de sindicación de acciones podrán ser invocados para eximir a los accionistas de sus responsabilidades en el ejercicio del derecho de voto.

Los convenios de sindicación de acciones tendrán una vigencia máxima de quince años, sin perjuicio de que la partes acuerden la prórroga tácita o automática de su plazo".

"ARTICULO 362 (Supuestos Especiales).

362.1 Cuando se trate de la fusión, escisión, transformación, prórroga o disolución anticipada de la sociedad, transferencia del domicilio al extranjero, cambio fundamental en el objeto y aumento o reintegración total o parcial del capital integrado, tanto en primera como en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría absoluta de acciones con derecho a voto, salvo que se establezca en el contrato social una mayoría mayor.

Sin más trámite, un extracto de la resolución correspondiente será publicado en el Diario Oficial y en otro diario por una sola vez.

En los supuestos previstos en este artículo, con excepción de los casos de disolución anticipada y del aumento de capital mediante la emisión de acciones liberadas, se podrá receder en las condiciones que se establecen en el artículo 363.

362.2 Podrá estipularse en el contrato social que no existirá derecho a receso en los casos de aumento de capital social por nuevos aportes, con excepción de los casos previstos en el artículo 330.

La modificación que apareja la incorporación de esta estipulación en el contrato social dará derecho de receso.

362.3 En las sociedades que emitan acciones que se coticen en mercados formales, los supuestos de aumento o reintegro -totales o parciales- de capital integrado, disolución anticipada, prórroga del plazo de la sociedad, y fusión o escisión no generarán derecho de receso".

"ARTICULO 419. (Obligación de reserva).

El Organo estatal de control guardará reserva sobre todos los actos que intervenga y cuya publicación no sea determinada por la ley. No obstante suministrará informaciones sobre el domicilio y sede de las sociedades, disposiciones estatutarias vigentes, constitución de sus Directorios y los estados contables, a los titulares de un interés directo, personal y legítimo.

También podrá suministrar la referida información a otros órganos u organismos nacionales con responsabilidades y competencias de supervisión y contralor sobre la actividad de la sociedad en cuestión, quedando exceptuadas las de carácter tributario, cuando dicha información sea solicitada como parte de un procedimiento administrativo desarrollado en ejecución de las referidas competencias.

En todos los casos los requerimientos se efectuarán por escrito y en forma fundada. De la resolución favorable se remitirá copia a la sociedad involucrada.

La obligación de guardar reserva se extenderá a los funcionarios del órgano estatal de control, bajo pena de destitución y sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.

El juez competente, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá liberar de la obligación a que refieren los incisos anteriores."

CAPITULO XII
SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 64.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 16.814, de 21 de marzo de 1997, por el siguiente:

"Facúltase al Ministerio del Interior a contratar por el plazo de seis meses, prorrogable por iguales períodos, hasta doscientos retirados policiales para desempeñar funciones correspondientes al Subescalafón Ejecutivo, con destino a la creación de una Policía Ciudadana que dependerá de la Jefatura de Policía de Montevideo. Los contratos que no fueren realizados con retirados policiales, y hasta un máximo de cincuenta, se proveerán designando personas de hasta 22 años de edad con al menos el primer ciclo de secundaria aprobado. En el caso de éstos últimos, transcurridos dos años, si su desempeño así lo justifica, el Ministerio del Interior podrá designarlos Agente de Primera".

Artículo 65.- Sustitúyese el numeral primero del artículo 2º de la Ley Nº 16.814, de 21 de marzo de 1997, por el siguiente:

"1º) Estar en situación de retiro al día 30 de abril de 1999".

CAPITULO XIII
MODIFICACIONES A LA LEGISLACION PENAL

Sección 1º
Rapiña: tentativa

Artículo 66.- Incorpórase al artículo 344 del Código Penal el siguiente inciso final:

"La pena a aplicar en caso de tentativa se regulará por las disposiciones generales, excepto que no será inferior a dos años de penitenciaría".

Sección 2º
Hurto: agravantes especiales

Artículo 67.- Sustitúyese el artículo 341 del Código Penal por el siguiente:

"La pena será de doce meses de prisión a ocho años de penitenciaría cuando concurran las siguientes agravantes:

1º. Si el sujeto llevara consigo armas o narcóticos, aun cuando no hiciera uso de ellos;

2º. Si la sustracción se efectuara sobre persona en estado de inferioridad psíquica o física, o con destreza;

3º. Si el hecho se cometiera con intervención de dos o más personas, o por solo una simulando la calidad de funcionario público o con la participación de un dependiente del damnificado;

4º. Si el delito se cometiera sobre objetos o dinero de los viajeros, cualquiera fuese el medio de transporte, durante la conducción, así como en los depósitos y estaciones, albergues y cualquier otro lugar donde se suministran alimentos o bebidas;

5º. Si el delito se cometiera sobre cosas existentes en establecimientos públicos o que se hallaren bajo secuestro o expuestas al público, por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público, o de utilidad, defensa, reverencia o beneficencia públicas;

6º. Cuando la víctima fuere un encargado de numerario o valores.

La pena será de dos a ocho años de penitenciaría cuando concurran las siguientes agravantes especiales:

1º. Si para cometer el delito el sujeto hubiera penetrado o se mantuviere en un edificio o en algún otro lugar destinado a habitación;

2º. Si la sustracción se efectuara con destreza o por sorpresa, mediante despojo de las cosas que la víctima llevare consigo".

Sección 3º
Legítima defensa

Artículo 68.- Modifícase el artículo 26 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Se hallan exentos de responsabilidad:

1º El que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

a) Agresión ilegítima.

b) Necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño.

c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquél que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias.

2º El tercer requisito no es necesario tratándose de la defensa de los parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, del cónyuge, de los padres o hijos naturales reconocidos o adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación.

3º El que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño, siempre que concurran las circunstancias expresas en el inciso 1º y la que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo".

Sección 4º
Atentado violento al pudor

Artículo 69.- Modifícase el artículo 273 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Comete atentado violento al pudor, el que por los medios establecidos en el artículo anterior, o aprovechándose de las circunstancias en él enunciadas, realizara sobre persona del mismo o diferente sexo, actos obscenos, diversos de la conjunción carnal, u obtuviera que ésta realizare dichos actos sobre sí mismo o sobre la persona del culpable o de un tercero.

Este delito se castigará con la pena de ocho meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Si el sujeto pasivo del delito fuese un menor de doce años, la pena a aplicarse será de dos a diez años de penitenciaría".

Sección 5º
Carácter público del agente

Artículo 70.- Sustitúyese el numeral 8º del artículo 47 del Código Penal por el siguiente:

"8º) (Carácter público del agente). Prevalecerse del carácter público que tenga el culpable, en especial su calidad de funcionario policial".

Sección 6º
Agravantes

Artículo 71.- Agrégase al artículo 47 del Código Penal el siguiente numeral:

"17) (Homicidio) Cuando se prevalezca de la actividad laboral que esté desempeñando la víctima en el momento de cometerse el delito".

Artículo 72.- Agrégase al artículo 151 del Código Penal el siguiente numeral:

"4) La participación en ella de algún funcionario policial en actividad u otro funcionario encargado de hacer cumplir la ley".

Sección 7º
Punibilidad de la conspiración seguida de actos preparatorios

Artículo 73.- Agrégase al Capítulo I del Título XII del Código Penal el siguiente artículo:

"ARTICULO 313. (Punibilidad de la conspiración seguida de actos preparatorios).- Tratándose del delito de homicidio, tanto en su modalidad simple como en las agravadas, la conspiración seguida de actos preparatorios se castigará con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado".

Artículo 74.- Agrégase al Capítulo II del Título XII del Código Penal el siguiente artículo:

"ARTICULO 346 bis. (Punibilidad de la conspiración seguida de actos preparatorios).- Tratándose de los delitos de rapiña, copamiento, extorsión y secuestro, la conspiración seguida de actos preparatorios se castigará con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado".

Sección 8º
Porte de armas

Artículo 75.- El que registrando antecedentes penales en el Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, cuya data no exceda el término de cinco años (artículo 126 del Código Penal y artículo 332 del Código del Proceso Penal) y se encuentre procesalmente abierta, imputado de la comisión de alguna de las figuras delictivas previstas en los artículos 150, 272, 273, 288, 310, 316, 318, 319, 321 bis, 323 bis, 340, 344, 344 bis, 345, 346, 350 bis, fuere sorprendido teniendo en su poder un arma de fuego, será castigado por esa sola circunstancia, con pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

En estos casos, no sé tendrá en cuenta la autorización de "porte de armas" que pudiere habérsele otorgado en vía administrativa (inciso tercero del artículo 17, del Decreto 652/970).

Sección 9º
Deber de informar

Artículo 76.- (Deber de informar). En todo supuesto de privación de libertad dispuesto por la autoridad, la persona deberá ser informada por el aprehensor de dicha medida con expresión clara de los cargos que se le formulan dentro de las veinticuatro horas de producida la privación de libertad.

Sección 10
Divulgación

Artículo 77.- En los casos de procesamiento por delitos de homicidio a título doloso, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, violación, corrupción, estafa y los previstos en los artículos 30 a 34 de la Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, de estupefacientes, y modificativas, o en aquellos otros en que el juez de la causa lo estime conveniente, por razones de interés público, podrá divulgarse, sin ninguna restricción, el nombre y demás datos identificatorios del procesado, en forma expresa y fundada, en el mismo auto de procesamiento.

La resolución del juez que no disponga la divulgación podrá ser recurrida por el Ministerio Público, la víctima o sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o por los tutores o curadores de incapaces, mediante los recursos de reposición y apelación, dentro de los seis días de su notificación al Ministerio Público.

Sección 11
Del delito putativo y la provocación por la autoridad

Artículo 78.- Modifícase el artículo 8º del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 8º. (Del delito putativo y la provocación por la autoridad). No se castigará el hecho jurídicamente lícito, cometido bajo la convicción de ser delictivo.

El hecho delictuoso provocado por la autoridad para obtener su represión, sólo se castigará en caso que el juez competente autorice la provocación por razones fundadas. Esta autorización sólo podrá otorgarse considerando la gravedad de los ilícitos o en los casos de delincuencia organizada que requieran en forma excepcional este procedimiento.

Sección 12
Suministro de bebidas alcohólicas

Artículo 79.- Prohíbese el expendio o suministro de bebidas alcohólicas o su ofrecimiento a cualquier persona entre las 0 y 6 de la mañana, en aquellos locales que no cuentan con la habilitación otorgada por la autoridad competente para que en los mismos se puedan consumir bebidas alcohólicas.

Por vía reglamentaria y por razones fundadas podrá extenderse o limitarse el horario impuesto a exceptuarse de la prohibición a aquellos locales que se estimare oportuno, así como imponerse otro tipo de medidas de carácter supletorio a la establecida y que sirvan a la finalidad perseguida por la presente ley.

Artículo 80.- Agrégase al artículo 361 del Código Penal el numeral siguiente:

"11. (Suministro de bebidas alcohólicas en infracción a prohibiciones legales). El que expendiere, suministrare u ofreciere el suministro de bebidas alcohólicas en infracción a las prohibiciones legales".

Sección 13
Juego de mosqueta

Artículo 81.- El que en lugares públicos o expuestos al público, incitare, invitare a participar o participare en el llamado juego de la mosqueta o similares, mediante apuestas, ya sea como habilidoso, jugador simulado o simple incitador, será castigado con la pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

El apostador será sancionado con la pena prevista en el artículo 361 del Código Penal.

Artículo 82.- Entiéndese por juego de la mosqueta o similar a los efectos de esta ley, la actividad desplegada por una persona, llamada a los efectos de esta ley, el habilidoso, que por medio de movimientos rápidos y continuos y otros, consecuencia de su habilidad manual, desafía al resto de los jugadores o espectadores a acertar en qué lugar se encuentra el o los objetos por él manipulados.

Sección 14
Causales de Justificación

Artículo 83.- Se presumirá la existencia de la causal de justificación prevista en el artículo 28 del Código Penal "cumplimiento de la ley", respecto de los actos lesivos de la personalidad física ejecutados por personal militar asignado a las tareas de seguridad externa de establecimientos determinados por el Poder Ejecutivo y formalmente encomendados por éste y en ocasión de las mismas, conforme a las disposiciones vigentes en materia de seguridad en instalaciones militares.

CAPITULO XIV
NORMAS SOBRE IDENTIFICACION CIVIL

Artículo 84.- Sustitúyese los incisos primero y segundo del artículo 7º del Decreto-Ley Nº 14.762, de 13 de febrero de 1978, por los siguientes:

"Declárase obligatoria la obtención de la cédula de identidad, para toda persona mayor de cuarenta y cinco días de edad, nacional o extranjera con residencia permanente en el país. El Poder Ejecutivo tenderá a que la identificación de las personas físicas se realice desde el nacimiento. Esta obligación se exigirá, en su caso, a los representantes legales de los menores e incapaces.

La Dirección Nacional de Identificación Civil expedirá dicho documento aun cuando se solicite antes de los cuarenta y cinco días cumplidos de edad".

Artículo 85.- La Dirección Nacional de Identificación Civil podrá exonerar del pago de la tasa correspondiente, siempre que medie solicitud fundada del Instituto Nacional del Menor, de la Dirección Nacional de Prevención del Delito, Banco de Previsión Social, de la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria), de las Defensorías de Oficio en materia de Familia y de Menores y de los Consultorios Jurídicos gratuitos dependientes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

La Dirección Nacional de Identificación Civil, a los efectos de autorizar la exoneración, podrá requerir los asesoramientos, informes o documentación que crea convenientes.

En los casos de renovaciones, la exoneración será excepcional y deberá conferirse previa auxiliatoria de pobreza, en casos debidamente justificados mediante información sumaria, ante la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Artículo 86.- Exonérase del pago de la tasa de información prevista por el artículo 151 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y Resolución del Poder Ejecutivo Nº 380/996, de 30 de abril de 1996, a solicitudes tramitadas por las Defensorías de Oficio, Consultorios Jurídicos gratuitos dependientes de la Suprema Corte de Justicia, suscritas por los funcionarios autorizados. A tales efectos deberá remitirse a la Dirección Nacional de Identificación Civil, nómina y firma del profesional responsable de la actuación de cada una de las Instituciones mencionadas.

CAPITULO XV
MINISTERIO DE DEPORTE Y JUVENTUD

Artículo 87.- Créase el Ministerio de Deporte y Juventud, que se incorporará al Presupuesto Nacional como el Inciso 15.

Artículo 88.- El Poder Ejecutivo establecerá las políticas nacionales en materia de deporte y juventud, considerando particularmente el interior de la República, y las ejecutará a través del Ministerio que se crea por la presente ley.

Artículo 89.- Suprímese la Comisión Nacional de Educación Física creada por la Ley Nº 3.789, de 7 de julio de 1911.

Artículo 90.- El Instituto Nacional de la Juventud, creado por el artículo 331 de la Ley Nº 16.170 de diciembre de 1990, en el Programa 001 "Administración General" del Ministerio de Educación y Cultura, pasará a integrar el Ministerio que se crea por la presente ley.

Artículo 91.- Al Ministerio de Deporte y Juventud corresponde:

1) Asesorar al Poder Ejecutivo y proponer las políticas nacionales en las materias de sus competencias.

2) Ejercer los cometidos que tenía asignadas la Comisión Nacional de Educación Física.

3) Formular, ejecutar y evaluar las políticas nacionales relativas a la Juventud, en coordinación con otros organismos estatales, ejerciendo las competencias conferidas al Instituto Nacional de la Juventud.

4) Promover y coordinar las actividades del Centro de Información a la Juventud, asesorando y capacitando al personal de las unidades locales de información.

5) Ejercer toda competencia que le cometa el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 174 de la Constitución de la República.

Artículo 92.- Tranfiérense de pleno derecho al Ministerio de Deporte y Juventud, todos los bienes, créditos, recursos, derechos y obligaciones de la Comisión Nacional de Educación Física y el Instituto Nacional de la Juventud, cualquiera fuere su origen o financiación.

Artículo 93.- La adecuación presupuestal de los funcionarios de la Comisión Nacional de Educación Física y del Instituto Nacional de la Juventud, que se redistribuyen al Ministerio de Deporte y Juventud se efectuará conforme a las normas que regulan la materia.

Artículo 94.- Créanse en el Inciso 15, los cargos de particular confianza del Poder Ejecutivo de Director General de Secretaría del Ministerio de Deporte y Juventud, el de Director de Deportes y de Director de Coordinación Deportiva, cuya retribución será la establecida en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Inclúyese en lo establecido por el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el cargo de particular confianza del Poder Ejecutivo, Director del Instituto Nacional de la Juventud.

Suprímense los cargos de Presidente, Vicepresidente y Vocal de la Comisión Nacional de Educación Física.

Artículo 95.- La creación del Ministerio de Deporte y Juventud no podrá significar el nombramiento de nuevos funcionarios públicos. Los cargos y sus funciones se cubrirán con los actuales funcionarios de las unidades que se suprimen, o con los procedimientos de redistribución de funcionarios vigentes.

Alberto Bensión, Luis Brezzo, Sergio Abreu, Lucio Cáceres, Alvaro Alonso, Gonzalo González, Alfonso Varela, Didier Opertti, Carlos Cat, Guillermo Stirling, Antonio Mercader, Horacio Fernández.

Carp. N° 145/00
Rep. N° 19/00
Anexo I

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

CAPITULO I
FOMENTO DE LA INVERSION Y EL EMPLEO

Artículo 1º.- Fíjase en 6,5 (seis y medio) puntos porcentuales la tasa de aportes patronales jubilatorios de la industria manufacturera al Banco de Previsión Social. Derógase el artículo 25 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley.

Artículo 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, en la medida de las posibilidades del Erario público y dando cuenta en forma fundada a la Asamblea General, a reducir la tasa de aportes patronales, por plazo determinado y en forma genérica o con referencia a uno o más sectores de la actividad económica.

La disminución de la recaudación que experimente el Banco de Previsión Social, será compensada por el Ministerio de Economía y Finanzas en las cantidades que debe verter por concepto de asistencia de Rentas Generales.

CAPITULO II
AGROPECUARIA

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 686 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.143, de 6 de agosto de 1999, por el siguiente:

"ARTICULO 686.- Las tasas de aportaciones de la escala establecida en el artículo 3º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, será del 1,143 o/oo (uno con ciento cuarenta y tres por mil), para todos los tramos de hectáreas establecidos en la citada escala. La reducción porcentual operada afectará exclusivamente a los componentes patronales jubilatorios de la contribución patronal rural global".

Por el período 1º de enero a 31 de diciembre del año 2.000 se reduce en un 0,387 o/oo (cero con trescientos ochenta y siete por mil) la citada tasa. La reducción refiere exclusivamente a los componentes patronales jubilatorios de la contribución patronal rural global".

Artículo 4º.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso final del artículo 3º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, exonérase de la aportación patronal sobre dependientes -con excepción de las correspondientes a la Dirección de los Seguros Sociales por Enfermedad, al Banco de Seguros del Estado y al Impuesto a las Retribuciones Personales- y de la aportación patronal sobre el titular y su cónyuge colaborador, a todas las empresas amparadas por dicha ley que exploten predios con extensiones inferiores a las 100 (cien) hectáreas, índice CONEAT 100 y no ocupen, además del titular de la misma y su cónyuge, más de dos dependientes.

La presente exoneración regirá entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2000.

Artículo 5º. Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir el aporte mínimo establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en la proporción que fuere necesaria para aplicar la reducción de aportes establecida en los artículos 2º, 3º y 4º de la presente ley.

Artículo 6º. La disminución de la recaudación que experimente el Banco de Previsión Social, será compensada por el Ministerio de Economía y Finanzas en las cantidades que debe verter por concepto de asistencia de Rentas Generales.

Artículo 7º. Incorpórase al artículo 15 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, el siguiente inciso final:

"Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales creado por el artículo 2º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, los actos y hechos gravados por dicha norma cuando tuvieren por objeto inmuebles rurales incluidos en proyectos de inversión en actividades agropecuarias comprendidas en lo dispuesto en el artículo 11 precedente. La reglamentación establecerá los procedimientos correspondientes a los efectos del otorgamiento de este beneficio".

Artículo 8º. Durante el plazo de un año los sujetos pasivos del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales creado por el artículo 2º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, no pagarán el mismo cuando los actos y hechos gravados por dicha norma tuvieren por objeto inmuebles rurales que: i) se incorporen al patrimonio de sociedades anónimas con acciones al portador; ii) su superficie a la fecha de promulgación de la Ley Nº 17.124, de 25 de junio de 1999, no superare el equivalente a 1.000 hectáreas CONEAT 100.

Artículo 9º. Incorpórase a los beneficios comprendidos en los artículos 11 y 16 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, las actividades desarrolladas por agrupamientos o conjuntos de productores agropecuarios tendientes a la reducción de costos y aplicación de nuevas tecnologías que hagan posible mejorar los volúmenes de producción y la rentabilidad de sus establecimientos, sean aquellos inversores o usuarios.

Podrá considerarse como parte de la inversión las existencias y demás bienes preexistentes que se destinen o afecten al emprendimiento.

Artículo 10. Rebájase en un 25% (veinticinco por ciento), por única vez, la alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural cuyo pago deba efectuarse en el año 2000, establecida por el artículo 652 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Autorízase al Poder Ejecutivo, a fin de compensar la merma recaudatoria que ocasionará dicha rebaja, a disponer para el año 2000, por única vez, de una partida global equivalente a U$S 15:000.000 (quince millones de dólares). Esta transferencia se distribuirá entre las Intendencias Municipales en partidas mensuales y a prorrata del impuesto generado, según informe que realizará el Congreso Nacional de Intendentes. En su defecto se realizará considerando la recaudación que éstas hayan obtenido por dicho impuesto en el año 1998.

CAPITULO III
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Artículo 11.- Las empresas que ejecutaren proyectos de inversión en actividades comerciales promovidas al amparo del Capítulo III de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, no podrán gozar de las exoneraciones del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, establecidas en los artículos 35, 37 y 38 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.

Artículo 12.- Las asociaciones de empresas que producen o comercializan bienes o prestan servicios, podrán tramitar y obtener en favor de sus afiliados y para proyectos específicos, los beneficios previstos en la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, con la excepción de los beneficios establecidos en el artículo precedente de esta ley. El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición.

CAPITULO IV
NORMAS SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Artículo 13.- Las empresas que desarrollen actividades económicas, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, están sujetas a las reglas de la competencia, sin perjuicio de las limitaciones que se establecieren por ley y por razones de interés general (artículo 7º y 36 de la Constitución de la República), o que resulten del carácter de servicio público de la actividad de que se trate.

Artículo 14.- Prohíbense los acuerdos y las prácticas concertadas entre los agentes económicos, las decisiones de asociaciones de empresas y el abuso de la posición dominante de uno o más agentes económicos, que tengan por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios, tales como:

a) imponer en forma permanente, directa o indirectamente precios de compra o venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva para los consumidores;

b) restringir, de modo injustificado, la producción, la distribución y el desarrollo tecnológico, en perjuicio de empresas o de consumidores;

c) aplicar injustificadamente a terceros contratantes condiciones desiguales en el caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja importante frente a la competencia;

d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación de obligaciones complementarias o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los usos comerciales, no tengan relación con el objeto de esos contratos, en perjuicio de los consumidores;

e) en forma sistemática, vender bienes o prestar servicios a precio inferior al costo, sin razones fundadas en los usos comerciales, incumpliendo con las obligaciones fiscales o comerciales.

La aplicación de estas normas procede cuando la distorsión en el mercado genere perjuicio relevante al interés general.

Artículo 15. El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones del presente Capítulo y dispondrá las medidas pertinentes para la aplicación de dichas disposiciones.

Toda contienda que se suscite que refiera a la materia regulada en este Capítulo, podrá ser sometida por las partes a arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, del Libro II del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988). La reglamentación promoverá la habilitación de centros especializados a tales efectos.

CAPITULO V
FACILITACION DEL CREDITO

Artículo 16. Podrán constituirse sociedades anónimas de garantía recíproca, cuyo objeto exclusivo será el otorgamiento de garantías en beneficio de sus integrantes y para respaldar obligaciones correspondientes al giro habitual de sus actividades.

Estas sociedades podrán, además, prestar a sus socios servicios de asesoramiento.

Artículo 17. En todo lo no previsto por las disposiciones de este Capítulo, éstas se regirán por las disposiciones de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Sus acciones serán nominativas, el capital podrá ser variable en los términos que establecerá la reglamentación, la que preverá las condiciones de ingreso y egreso de los socios.

Tendrán un fondo de garantía conformado por los aportes que realizaran al mismo los socios que lo utilicen.

Artículo 18. En su denominación figurará necesariamente la indicación "Sociedad Anónima de Garantía Recíproca".

Artículo 19. También podrán adoptar la forma de sociedad cooperativa, en cuyo caso se denominarán Cooperativas de Garantía Recíproca y se regirán por las normas legales aplicables a estas sociedades, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo siguiente.

Artículo 20. La reglamentación establecerá el capital mínimo, responsabilidad patrimonial mínima y requisitos razonables en materia de información y procedimientos.

Las sociedades o cooperativas existentes a la fecha de promulgación de esta ley contarán con un plazo de doce meses para dar cumplimiento a dicha reglamentación.

CAPITULO VI
INFORMATICA EN LA EDUCACION

Artículo 21. Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las compras en plaza de computadoras personales e impresoras vinculadas directamente a las mismas, que se utilizaren exclusivamente en tareas educativas.

Sólo podrán beneficiarse de dicha devolución los institutos de enseñanza privados a que se refiere el artículo 2º del Título 3 del Texto Ordenado 1996 y los institutos de enseñanza públicos.

Los referidos bienes no podrán enajenarse por un plazo de tres años a partir de la fecha de su adquisición.

En caso de infracciones a las normas consagradas en el presente artículo, serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Capítulo V, Sección 1 del Código Tributario.

Artículo 22. Agrégase al artículo 3º del Título 3 del Texto Ordenado 1996 el siguiente inciso:

"El plazo a que refiere el inciso anterior será de tres años en el caso de importaciones de computadoras personales y las impresoras vinculadas directamente a las mismas".

CAPITULO VII
TRANSPORTE

SECCION 1ª
PUERTO DE MONTEVIDEO

Artículo 23. Autorízase a la Administración Nacional de Puertos a participar, conforme lo establecido en el inciso tercero del artículo 188 de la Constitución de la República, en sociedad con capitales privados, en la administración, construcción, conservación y explotación de una terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo.

La participación se efectuará por intermedio de una sociedad anónima, constituida al efecto por la Corporación Nacional para el Desarrollo, cuyo objeto social será el descrito en el inciso anterior.

La reglamentación del Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones en que se instrumentará el acuerdo entre la referida sociedad y la Administración Nacional de Puertos, la participación inicial que ésta tendrá en su capital integrado, y las bases de sus estatutos sociales. El referido acuerdo deberá contener al menos las siguientes previsiones:

a) El plazo de uso de las instalaciones será de 30 años;

b) En ningún caso el aporte patrimonial de la Administración Nacional de Puertos podrá ser realizado mediante la enajenación de bienes inmuebles;

c) Se establecerá una tarifa máxima a usuarios y un canon a pagar a la Administración Nacional de Puertos, que la reglamentación fijará en ambos casos por contenedor;

d) Se asegurará la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que los soliciten, manteniendo la continuidad y regularidad de los mismos, y no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del Puerto de Montevideo;

e) Se obligará a la captación de un mínimo de actividad en plazo a determinar y de no cumplirse se procederá a cancelar la concesión;

f) Se obligará a realizar, en plazo determinado, las inversiones necesarias para brindar un servicio de buena calidad, confiable y al mínimo costo para el usuario final, favoreciendo el desarrollo del comercio exterior de Uruguay y promocionando el Puerto de Montevideo como puerto de transbordo regional.

Sin perjuicio que la sociedad y las contrataciones que realice se rigen por el derecho privado, el Estado tendrá dos representantes en el Directorio, los que serán designados por el Directorio de la Administración Nacional de Puertos.

El capital correspondiente a los inversores privados será representado por acciones al portador, estableciendo la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo las condiciones de emisión y de subasta u oferta pública en el mercado de valores. La correspondiente participación de capitales privados sólo procederá una vez instrumentado el acuerdo entre la referida sociedad y la Administración Nacional de Puertos. Cualquier modificación dentro de las normas precedentes, deberá necesariamente contar con la autorización previa del Poder Ejecutivo.

El producido de la subasta u oferta pública en el mercado de valores de las acciones de la sociedad correspondientes a la Corporación Nacional para el Desarrollo o a la Administración Nacional de Puertos, se destinará a la construcción de edificios de educación pública en la órbita del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (CODICEN). La Administración Nacional de Puertos conservará una participación en la sociedad.

Dentro del plazo que establecerá la reglamentación a contar de la fecha de la subasta, la sociedad deberá presentar un operador de técnica operativa portuaria que reúna antecedentes, solvencia y experiencia adecuadas, cuya designación y remoción deberá ser sometida a la aprobación del Poder Ejecutivo.

De lo actuado se informará a la Asamblea General.

SECCION
FERROCARRILES

Artículo 24. El Poder Ejecutivo podrá autorizar la utilización de las vías férreas por parte de empresas, que cumplan con los requisitos técnicos y abonen a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), el peaje que establezca la reglamentación.

CAPITULO VIII
MEJORA DE LA ADMINISTRACION

SECCION 1ª
BIENES DEL ESTADO

Artículo 25. Las unidades ejecutoras del Presupuesto Nacional, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, dentro de sus competencias y para el mejor logro de los objetivos y metas presupuestales, podrán tomar bienes tanto por el contrato de crédito de uso, de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nos. 16.072, de 9 de octubre de 1989, y 16.205, de 5 de setiembre de 1991, como por el contrato de arrendamiento con opción a compra (leasing operativo). No siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989.

A tales efectos podrán afectar los créditos existentes para adquisición y arriendo de bienes muebles o inmuebles, así como las economías que se estime obtendrán con la operación, previo informe favorable del Registro de Inmuebles del Estado, cuando correspondiere, o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto cuando se trate de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

En todos los casos se seguirán las reglas de contratación estatal correspondientes y se cumplirá con la intervención del Tribunal de Cuentas de la República (artículo 211 de la Constitución de la República).

SECCION 2ª
RACIONALIZACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
DE LAS EMPRESAS PUBLICAS

Artículo 26. El Poder Ejecutivo conforme a sus atribuciones constitucionales, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, podrá comunicar a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado, su criterio sobre la ejecución presupuestal de sus gastos de funcionamiento. Dichos organismos, al dar cumplimiento a su obligación de comunicar al Poder Ejecutivo las resoluciones de Directorio, cuando los mismos aprueben erogaciones, deberán acompañar los antecedentes y estudios que los justifiquen.

SECCION 3ª
ESTADO INFORMATICO

Artículo 27. El Estado, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados deberán implantar el expediente electrónico para la sustanciación de todas las actuaciones administrativas. A tal efecto dispondrán los actos jurídicos y operaciones materiales tendientes al cumplimiento de esta norma en el menor tiempo posible, dando cuenta a la Asamblea General.

El expediente electrónico es la serie ordenada de documentos registrados por vía informática, provenientes de la Administración o de terceros, tendientes a la formación de la voluntad administrativa en un asunto determinado, teniendo la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional.

Artículo 28. Autorízase en todo caso la firma electrónica y la firma digital, las que tendrán idéntica validez y eficacia a la firma autógrafa, siempre que estén debidamente autenticadas por claves u otros procedimientos seguros, de acuerdo a la tecnología informática.

La prestación de servicios de certificación no estará sujeta a autorización previa y se realizará en régimen de libre competencia, sin que ello implique sustituir o modificar las normas que regulan las funciones que corresponde realizar a las personas facultadas para dar fe pública o intervenir en documentos públicos.

Artículo 29. Los actos administrativos y las órdenes de compra que adjudiquen la contratación de bienes o servicios, deberán estar acompañados de una constancia emitida por el Sistema Integrado de Información Financiera del Estado, que certifique la existencia de crédito suficiente para atender la erogación resultante. El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá las formalidades requeridas para la emisión de la constancia.

El acto administrativo o la orden de compra deberán hacer referencia a la existencia de la referida constancia, debiendo incluir los datos identificatorios de la misma.

Los proveedores adjudicatarios, previa a la entrega de los bienes o a la prestación de los servicios, deberán exigir a la Administración la vía correspondiente de la constancia de existencia de crédito suficiente.

Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 8º del Código Civil).

Las disposiciones de este artículo comprenden las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por las Unidades Ejecutoras de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional por montos superiores al límite de la contratación directa. Facúltase al Poder Ejecutivo a extender este régimen a las contrataciones efectuadas al amparo de lo dispuesto por el numeral 2) del inciso segundo del artículo 33 del TOCAF.

SECCION 4ª
ORGANISMOS PUBLICOS

Artículo 30. Los Directorios de la Administración Nacional de Puertos, de la Administración de Ferrocarriles del Estado y de la Administración Nacional de Telecomunicaciones estarán integrados por tres miembros designados conforme a lo dispuesto por el artículo 187 de la Constitución de la República.

Artículo 31. El Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), será dirigido por un Consejo Directivo integrado por tres miembros, los que serán designados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 32. Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985, por el siguiente:

"ARTICULO 3º.- El Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo se compondrá de cinco miembros. Tres de ellos representarán al Estado y serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores otorgada sobre propuesta motivada en sus condiciones personales y reconocida solvencia en asuntos económico-financieros, por el procedimiento previsto en el artículo 187 de la Constitución de la República.

Los dos miembros restantes representarán a los accionistas privados y serán designados por éstos. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento de su elección sobre la base de que cada accionista tendrá derecho a tantos votos como acciones sea titular".

Artículo 33. Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985, por el siguiente:

"ARTICULO 4º.- El Presidente del Directorio será designado por el Poder Ejecutivo, entre los tres miembros representantes del Estado".

Artículo 34. En los casos que las disposiciones vigentes requieran mayorías especiales por parte de los Directorios o Consejos Directivos de los organismos mencionados en los artículos 30 a 33 de esta ley, se tendrán por cumplidas las mismas con el voto conforme de la mayoría absoluta del total de sus componentes.

Artículo 35.- Suprímese la Administración Nacional de los Servicios de Estiba (ANSE), encomendándose al Poder Ejecutivo la redistribución al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de sus bienes, activos y pasivos, así como aquellas de sus funciones que fueren necesarias para la actividad portuaria, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Se disminuirán los importes actualmente cobrados en la proporción resultante de esta disposición.

Los funcionarios de la referida Institución que se suprime, con funciones permanentes y con al menos un año de antigüedad a la fecha de la promulgación de la presente ley, serán redistribuidos en la forma dispuesta por el artículo 37 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Facúltase al Poder Ejecutivo para que proceda, previo informe de la Contaduría General de la Nación, a reasignar los créditos presupuestales, dando cuenta a la Asamblea General.

Las transferencias de dominio que correspondan operarán de pleno derecho con la entrada en vigencia de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, determinando los bienes comprendidos. Los registros públicos procederán a su registración con la sola presentación del testimonio notarial de esa resolución.

SECCION 5ª
SERVICIOS PUBLICOS

Artículo 36. El consumo de energía eléctrica correspondiente al servicio público de alumbrado, en todos los casos, será cobrado directamente por la Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas (UTE), a sus clientes domiciliarios.

La tarifa de tal consumo distinguirá dos o más franjas que reconozcan la diferencia de prestaciones, será propuesta por la Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas (UTE) y aprobada por el Poder Ejecutivo. Se facturará y cobrará periódicamente, juntamente con la factura de suministro eléctrico, integrando un único pago indivisible.

No corresponde pago alguno en las zonas que carezcan del servicio.

Artículo 37. La Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas (UTE) podrá efectuar el servicio público de alumbrado de ciudades, villas, pueblos y centros poblados, siendo responsable de la instalación, con todos sus elementos, y el mantenimiento que posibilite una prestación adecuada del servicio.

Lo dispuesto en el inciso anterior sólo será de aplicación en aquellos casos en que las Intendencias Municipales manifiesten su conformidad, que se considerará irrevocable.

También podrán acordar otras formas de participación y colaboración en el desempeño de este servicio, al amparo de lo dispuesto por el artículo 262 de la Constitución de la República.

Artículo 38. En caso de mediar el consentimiento a que refiere el inciso segundo del artículo anterior, la Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas (UTE) y las Intendencias Municipales acordarán el valor actualizado de los activos incrementales ejecutados por éstas, que se compensará con las deudas existentes, y de existir un remanente a favor de la Intendencia se compensará con consumos futuros de energía eléctrica provenientes de las dependencias municipales.

En caso de no existir acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar la designación de tasador al Poder Ejecutivo, quien dispondrá de un plazo de treinta días para hacerlo.

Artículo 39. Las tasas de alumbrado, para mantener la razonable equivalencia a que refiere el Código Tributario, no podrán incluir el costo de consumo eléctrico a que refiere el artículo anterior.

SECCION 6ª
PODER JUDICIAL

Artículo 40. Incorpórase al artículo 268 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988), el siguiente párrafo final:

"No será procedente el recurso de casación cuando la sentencia de segunda instancia confirme en todo, y sin discordia, a la sentencia de primera instancia."

Artículo 41. Sustitúyese el numeral 3) del artículo 269 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988), por el siguiente:

"3) Contra las sentencias recaídas en asuntos cuyo monto no superare el importe equivalente a 4.000 Unidades Reajustables".

SECCION 7ª
CAJA DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

Artículo 42. Agrégase al artículo 26 de la Ley Nº 12.997, de 28 de noviembre de 1961, el siguiente inciso:

"La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios tendrá, además, las facultades establecidas por el artículo 257 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, para la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias".

SECCION 8ª
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE
(CONAPROLE)

Artículo 43. Derógase el artículo 12 de la Ley Nº 10.707, de 9 de enero de 1946 y los artículos 23 y 24 de la Ley Nº 9.526, de 14 de diciembre de 1935. Para los actos jurídicos referidos en la Ley Nº 12.378, de 31 de enero de 1957, se requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta del Directorio, integrado conforme al presente artículo.

Artículo 44. El control interno y el destino de las utilidades serán dispuestos por las autoridades de la Cooperativa, quedando sin efecto a partir de la vigencia de la presente ley, todas las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes que se opongan a lo establecido en este artículo.

Artículo 45. A partir de la vigencia de esta ley, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE), deberá cumplir, en lo pertinente y sin que suponga cambio de su naturaleza jurídica, con las normas de información, publicidad y control aplicables a las sociedades anónimas abiertas previstas por la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

SECCION 9ª
NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 46. No están comprendidas en la base imponible del Impuesto al Patrimonio establecido en el Título 14, del Texto Ordenado 1996, las mercaderías depositadas en régimen de puerto libre, a que refiere el artículo 2º de la Ley Nº 16.246, de 8 de abril de 1992, ni las depositadas en las zonas francas, cuyos titulares sean personas físicas o jurídicas radicadas en el exterior.

Artículo 47. Centralización de la información fiscal. Facúltase al Poder Ejecutivo a centralizar la información relativa a los contribuyentes que se encuentre disponible en sus diversas dependencias y la que le suministrará el Banco de Previsión Social, con la misma obligación de reserva establecida en las normas legales vigentes, y a efectos de mejorar la percepción de los tributos correspondientes.

Artículo 48. Exonérase del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a los contribuyentes de los Impuestos a las Rentas de la Industria y Comercio, a las Rentas Agropecuarias, y a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, por las enajenaciones de inmuebles que realicen con destino al abatimiento de sus pasivos financieros.

Asimismo, estarán exonerados del tributo quienes enajenen inmuebles y destinen el producido de tales operaciones a aportes de capital en las entidades deudoras a que hace referencia el inciso anterior, a efectos de que éstas cancelen sus pasivos financieros.

Se entenderán por pasivos financieros, las deudas originadas en préstamos otorgados hasta el 30 de junio de 1999 por Instituciones Bancarias, Casas Financieras o Cooperativas de Ahorro y Crédito, radicadas en el país.

La exoneración no podrá superar el monto que surja de aplicar la alícuota vigente al monto total de los pasivos abatidos.

En ningún caso quedarán comprendidas en la franquicia aquellas enajenaciones de inmuebles que
constituyan activo circulante para el enajenante.

El Poder Ejecutivo establecerá los requisitos de cumplimiento efectivo de abatimiento de pasivos.

Asimismo podrá establecer un sistema de devolución del impuesto, cuando las operaciones de enajenación y cancelación total o parcial de las deudas no se realicen en forma simultánea.

La franquicia a que refiere el presente artículo regirá para los hechos generadores acaecidos durante el plazo de un año, contado a partir de la promulgación de la presente ley.

SECCION 10ª
ESCALAFON POLICIAL

Artículo 49. Modifícase el artículo 132 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 132. A partir de la vigencia de la presente ley, no podrá autorizarse pase en comisión a otras dependencias u organismos públicos de los integrantes del Escalafón Policial, excepto aquellos que impliquen el cumplimiento de un servicio de seguridad a juicio del Ministerio del Interior".

CAPITULO IX
DESCENTRALIZACION

Artículo 50. En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 298 de la Constitución de la República, el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Comisión de Aplicación, creada por el artículo 12 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, otorgará mayores exoneraciones, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la referida ley, a la instalación o ampliación de emprendimientos en el interior del país, cuyos proyectos de inversión sean declarados promovidos, que las que otorguen análogos emprendimientos que se instalen o amplíen en el departamento de Montevideo, en la forma y condiciones que se determinará en la reglamentación correspondiente. Se pondrá en conocimiento de la Asamblea General y la Comisión Sectorial asesora prevista en el literal B) del artículo 230 de la Constitución de la República.

Artículo 51. La Comisión Sectorial a que se refiere el articulo 230 de la Constitución de la República estará integrada por delegados de los Ministerios competentes, a juicio del Poder Ejecutivo, e igual número de delegados del Congreso Nacional de Intendentes. Como mínimo el Poder Ejecutivo designará delegados de los Ministerios de Economía y Finanzas; Transporte y Obras Públicas; Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; y de Turismo.

La Presidencia de la Comisión será rotativa, correspondiéndole, alternativamente, a un delegado del Poder Ejecutivo y a uno del Congreso Nacional de Intendentes.

Los designantes podrán establecer un régimen de suplencias por sus delegados.

Un delegado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a fin de realizar la coordinación correspondiente, asistirá a las reuniones de la Comisión, aunque no la integrará a ningún efecto.

Artículo 52. La Comisión podrá invitar a concurrir a sus sesiones a delegados de otros Ministerios e Intendencias.

Artículo 53. La Comisión tendrá los siguientes cometidos, que la Constitución de la República fija:

a) Asesorar al Poder Ejecutivo, con treinta días de anticipación al vencimiento del plazo para presentar el Presupuesto Nacional, sobre el porcentaje de recursos, en el monto total, que corresponderá a los Gobiernos Departamentales, conforme a lo establecido en el literal C) del articulo 214 de la Constitución de la República;

b) Proponer a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto planes de descentralización conforme a lo establecido en el literal B) del artículo 230 de la Constitución de la República;

c) Asesorar respecto a la aplicación del Fondo Presupuestal a que refiere el numeral 2) del artículo 298 de la Constitución de la República, en el marco de los planes de descentralización referidos en el literal anterior.

Artículo 54. Cuando debiera asesorar en las materias de su competencia, sus decisiones se adoptarán por mayoría absoluta del total de componentes. Si, en esos casos, se registrare empate en la votación, habrá dos informes que serán elevados siguiendo el procedimiento previsto en las normas constitucionales (literal C) del artículo 214, y numeral 2) del articulo 298 de la Constitución de la República.

Artículo 55. A tales fines la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

a) Solicitar del Poder Ejecutivo y de las Intendencias Municipales la información pertinente en materia de recursos como de ejecución de inversiones y gastos en los diferentes departamentos.

b) Solicitar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el apoyo humano y logístico para el cumplimiento de sus funciones.

CAPITULO X
FONDO DE AHORROS PREVISIONALES

Artículo 56. Sustitúyese el artículo 97 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 97. (Capital y Patrimonio Mínimo).- El capital mínimo necesario para la constitución de una Administradora será de 60.000 U.R. (sesenta mil unidades reajustables) de las previstas en el artículo 38 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el que deberá encontrarse suscrito e integrado en efectivo en el momento de su autorización.

Todo capital inicial superior al mínimo deberá integrarse en las condiciones indicadas en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, no pudiendo exceder el plazo máximo de dos años contado desde la fecha de la resolución que autorice la existencia de la sociedad.

Cuando la Administradora haya iniciado la formación del Fondo de Ahorro Previsional, el patrimonio mínimo, excluida la reserva especial, no podrá ser inferior al importe mencionado en el inciso primero de este artículo o al 2% (dos por ciento) del valor del Fondo si éste fuere mayor, hasta alcanzar la suma de 150.000 U.R. (ciento cincuenta mil unidades reajustables), para quedar fijado en esta cantidad. En este caso, el faltante deberá integrarse dentro de los treinta días siguientes al fin de cada mes.

Si el patrimonio mínimo se redujere por cualquier otra causa por debajo del mínimo exigido, deberá ser reintegrado totalmente dentro del plazo de tres meses contado desde el momento en que se verificó tal reducción, sin necesidad de intimación o notificación previa por parte de la autoridad de control. En caso contrario, el Poder Ejecutivo, con la opinión previa del Banco Central del Uruguay, procederá a revocar la autorización para funcionar y dispondrá la liquidación de la Administradora".

Artículo 57. Sustitúyese el artículo 121 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 121. (Reserva Especial).- Las Administradoras deberán integrar y mantener en todo momento una reserva entre un mínimo equivalente a un 0,5% (cero con cinco por ciento) del Fondo de Ahorro Previsional respectivo y un máximo equivalente a un 2% (dos por ciento) del mismo, que se denominará Reserva Especial. El Banco Central del Uruguay regulará el porcentaje referido, para cada período que determine, en función de criterios técnicos fundamentados de cobertura de riesgo, sin perjuicio de las normas y medidas de carácter particular que pueda adoptar, atendiendo a esos mismos criterios.

La referida reserva en ningún caso podrá ser inferior al 20% (veinte por ciento) del capital mínimo
fijado en el artículo 97 de la presente ley, deberá ser invertida en cuotas del Fondo de Ahorro Previsional y tendrá por objeto responder a los requisitos de tasa de rentabilidad real mínima a que refiere el artículo siguiente.

Los bienes y derechos que la componen serán inembargables.

Todo déficit de la Reserva Especial, no originado en el proceso de aplicación establecido en el artículo siguiente, se regirá por las normas y plazos de integración, penalidades y reclamos que a tal efecto fijen las normas reglamentarias".

Artículo 58. Sustitúyese el inciso final del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"La suma de las inversiones mencionadas en los literales D), E) y F) no podrá exceder del 40% (cuarenta por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional".

Artículo 59. Sustitúyese el literal E) del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"E) Valores representativos de inversiones inmobiliarias, industriales, forestales u otros sectores productivos que reúnan condiciones suficientes de retorno y seguridad, o se encuentren debidamente garantizadas según determine la reglamentación del Banco Central del Uruguay y que estén radicados en el país, hasta el 20% (veinte por ciento)".

Artículo 60. Sustitúyese el literal B) del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"B) Valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central del Uruguay, hasta el 30% (treinta por ciento)".

Artículo 61. Sustitúyese el artículo 119 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 119. (Integración del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad). El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad se integrará en forma mensual y siempre que la rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional fuese positiva. El mismo se integrará con el producido de todo exceso de la tasa de rentabilidad promedio del régimen, incrementada en el máximo entre dos puntos porcentuales y el 50% (cincuenta por ciento) de la rentabilidad promedio del régimen. El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad estará expresado en cuotas".

CAPITULO XI
SOCIEDADES COMERCIALES

Artículo 62. Sustitúyense los artículos 284, 331, 362 y 419 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, los que quedarán redactados en la siguiente forma:

"ARTICULO 284. (Aumento del capital contractual). Todo aumento de capital contractual será resuelto por asamblea extraordinaria de accionistas sin necesidad de conformidad administrativa, salvo que el contrato social disponga que deba seguirse el procedimiento establecido en el artículo 252.

En lo pertinente regirá lo dispuesto por el artículo 362.

La asamblea sólo podrá delegar en el directorio o el administrador en su caso, la época de la emisión, la forma y condiciones de pago. La resolución de la asamblea se inscribirá en el Registro Público de Comercio y se publicará".

"ARTICULO 331. (Convenios de sindicación de accionistas). Serán legítimos los convenios de accionistas sobre compra y venta de sus acciones, ejercicio de los derechos de preferencia y de voto o cualquier otro objeto lícito.

Los accionistas contratantes podrán ejercer todos sus derechos y acciones legales para el cumplimiento debido de las obligaciones asumidas y frente a quienes resulten comprometidos para la debida ejecución del convenio.

Estos convenios no tendrán efecto frente a terceros excepto cuando:

a) Se entregue a la sociedad un ejemplar con las firmas certificadas notarialmente.

b) Se incorpore un ejemplar al legajo de la sociedad.

c) Se anote en los títulos accionarios o se haga constar en el libro de Registro de Acciones Escriturales.

Cumplidos estos requisitos, las acciones respectivas no podrán ser negociadas en Bolsa.

Tratándose de sociedades abiertas, el órgano de administración informará a cada asamblea ordinaria sobre la política de capitalización de ganancias y distribución de dividendos que resulte de los convenios depositados en la sociedad. En ningún caso los convenios de sindicación de acciones podrán ser invocados para eximir a los accionistas de sus responsabilidades en el ejercicio del derecho de voto.

Los convenios de sindicación de acciones tendrán una vigencia máxima de quince años, sin perjuicio de que las partes acuerden la prórroga tácita o automática de su plazo".

"ARTICULO 362. (Supuestos Especiales).

362.1 Cuando se trate de la fusión, escisión, transformación, prórroga o disolución anticipada de la sociedad, transferencia del domicilio al extranjero, cambio fundamental en el objeto y aumento o reintegración total o parcial del capital integrado, tanto en primera como en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría absoluta de acciones con derecho a voto, salvo que se establezca en el contrato social una mayoría mayor.

Sin más trámite, un extracto de la resolución correspondiente será publicado en el Diario Oficial y en otro diario por una sola vez.

En los supuestos previstos en este artículo, con excepción de los casos de disolución anticipada y del aumento de capital mediante la emisión de acciones liberadas, se podrá receder en las condiciones que se establecen en el artículo 363.

362.2 Podrá estipularse en el contrato social que no existirá derecho a receso en los casos de aumento de capital social por nuevos aportes, con excepción de los casos previstos en el artículo 330.

La modificación que apareja la incorporación de esta estipulación en el contrato social dará derecho de receso.

362.3 En las sociedades que emitan acciones que se coticen en mercados formales, los supuestos de aumento o reintegro -totales o parciales- de capital integrado, disolución anticipada, y fusión o escisión no generarán derecho de receso".

"ARTICULO 419. (Obligación de reserva). El Organo estatal de control guardará reserva sobre todos los actos que intervenga y cuya publicación no sea determinada por la ley. No obstante suministrará informaciones sobre el domicilio y sede de las sociedades, disposiciones estatutarias vigentes, constitución de sus directorios y los estados contables, a los titulares de un interés directo, personal y legítimo.

También podrá suministrar la referida información a otros órganos u organismos nacionales con responsabilidades y competencias de supervisión y contralor sobre la actividad de la sociedad en cuestión, cuando dicha información sea solicitada como parte de un procedimiento administrativo desarrollado en ejecución de las referidas competencias.

En todos los casos los requerimientos se efectuarán por escrito y en forma fundada. De la resolución favorable se remitirá copia a la sociedad involucrada.

La obligación de guardar reserva se extenderá a los funcionarios del órgano estatal de control, bajo pena de destitución y sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.

El juez competente, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá liberar de la obligación a que refieren los incisos anteriores".

CAPITULO XII
SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 63. Sustitúyese el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 16.814, de 21 de marzo de 1997, por el siguiente:

"Facúltase al Ministerio del Interior a contratar por el plazo de seis meses, prorrogable por iguales períodos, hasta doscientos retirados policiales para desempeñar funciones correspondientes al Subescalafón Ejecutivo, con destino a la creación de una Policía Ciudadana que dependerá de la Jefatura de Policía de Montevideo. Los contratos que no fueren realizados con retirados policiales se proveerán designando personas de hasta 25 años de edad con al menos el primer ciclo de secundaria aprobado. En el caso de éstos últimos, transcurridos dos años, si su desempeño así lo justifica, el Ministerio del Interior podrá designarlos Agente de Primera.

Artículo 64. Sustitúyese el numeral 1º del artículo 2º de la Ley Nº 16.814, de 21 de marzo de 1997, por el siguiente:

"1) Estar en situación de retiro al día 30 de abril de 1999".

CAPITULO XIII
MODIFICACIONES A LA LEGISLACION PENAL

SECCION 1ª
RAPIÑA: TENTATIVA

Artículo 65. Incorpórase al artículo 344 del Código Penal el siguiente inciso final:

"La pena a aplicar en caso de tentativa se regulará por lo dispuesto en el artículo 87, nunca será inferior a dos años de penitenciaría".

SECCION 2ª
HURTO: AGRAVANTES ESPECIALES

Artículo 66. Sustitúyese el artículo 341 del Código Penal por el siguiente:

"ARTICULO 341. La pena será de doce meses de prisión a ocho años de penitenciaría cuando concurran las siguientes agravantes:

1º) Si el sujeto llevara consigo armas o narcóticos, aun cuando no hiciera uso de ellos;

2º) Si la sustracción se efectuara sobre persona en estado de inferioridad psíquica o física;

3º) Si el hecho se cometiera con intervención de dos o más personas, o por solo una, simulando la calidad de funcionario público o con la participación de un dependiente del damnificado;

4º) Si el delito se cometiera sobre objetos o dinero de los viajeros, cualquiera fuese el medio de transporte, durante la conducción, así como en los depósitos y estaciones, albergues y cualquier otro lugar donde se suministran alimentos o bebidas;

5º) Si el delito se cometiera sobre cosas existentes en establecimientos públicos o que se hallaren bajo secuestro o expuestas al público, por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público, o de utilidad, defensa, reverencia o beneficencia públicas;

6º) Cuando la víctima fuere un encargado de numerario o valores.

La pena será de dos a ocho años de penitenciaría cuando concurran las siguientes agravantes especiales:

1º) Si para cometer el delito el sujeto hubiera penetrado o se mantuviere en un edificio o en algún otro lugar destinado a habitación;

2º) Si la sustracción se efectuara con destreza, o por sorpresa mediante despojo de las cosas que la víctima llevare consigo".

SECCION 3ª
LEGITIMA DEFENSA

Artículo 67. Modifícase el artículo 26 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 26. Se hallan exentos de responsabilidad:

1º) El que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

a) Agresión ilegítima.

b) Necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño.

c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias.

2º) El tercer requisito no es necesario tratándose de la defensa de los parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, del cónyuge, de los padres o hijos naturales reconocidos o adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación.

3º) El que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño, siempre que concurran las circunstancias expresadas en el numeral 1º y la que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo"

SECCION 4ª
ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR

Artículo 68. Modifícase el artículo 273 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 273. Comete atentado violento al pudor, el que por los medios establecidos en el artículo anterior, o aprovechándose de las circunstancias en el enunciadas, realizara sobre persona del mismo o diferente sexo, actos obscenos, diversos de la conjunción carnal, u obtuviera que ésta realizare dichos actos sobre sí mismo o sobre la persona del culpable o de un tercero.

Este delito se castigará con la pena de ocho meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Si el sujeto pasivo del delito fuese un menor de doce años, la pena a aplicarse será de dos a seis años de penitenciaría".

SECCION 5ª
CARÁCTER PUBLICO DEL AGENTE

Artículo 69. Sustitúyese el numeral 8º) del artículo 47 del Código Penal por el siguiente:

"8º) (Carácter público del agente). Prevalecerse del carácter público que tenga el culpable, en especial su calidad de funcionario policial".

SECCION 6ª
AGRAVANTES

Artículo 70. Agrégase al artículo 47 del Código Penal el siguiente numeral:

"18) (Actividad laboral de la víctima). Cuando se prevalezca de la actividad laboral que esté desempeñando la víctima en el momento de cometerse el delito".

Artículo 71. Agrégase al artículo 151 del Código Penal el siguiente numeral:

"4) La participación en ella de algún funcionario policial en actividad u otro funcionario con funciones de policía administrativa".

SECCION 7ª
PUNIBILIDAD DE LA CONSPIRACION SEGUIDA
DE ACTOS PREPARATORIOS

Artículo 72. Agrégase al capítulo II del Título XIII del Código Penal el siguiente artículo:

"ARTICULO 346 bis. (Punibilidad de la conspiración seguida de actos preparatorios). Tratándose de los delitos de rapiña y de copamiento, la conspiración seguida de actos preparatorios se castigará con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado".

SECCION 8ª
DEBER DE INFORMAR

Artículo 73. (Deber de informar). En todo supuesto de privación de libertad dispuesto por la autoridad, la persona deberá ser informada por el aprehensor, con expresión clara de los cargos que se le formulan, dentro de las veinticuatro horas de producida la privación de la libertad.

SECCION 9ª
DEL DELITO PUTATIVO Y LA PROVOCACION POR LA AUTORIDD

Artículo 74. Modifícase el artículo 8º del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 8º. (Del delito putativo y la provocación por la autoridad). No se castigará el hecho jurídicamente lícito, cometido bajo la convicción de ser delictivo.

El hecho delictuoso provocado por la autoridad para obtener su represión, sólo se castigará en caso que el Juez competente autorice la provocación por razones fundadas. Esta autorización sólo podrá otorgarse en los casos de delincuencia organizada que requieran en forma excepcional este procedimiento.

Queda el Juez facultado en los casos de delito putativo o cuando no mediare la autorización para la provocación, para adoptar medidas de seguridad".

SECCION 10ª
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

Artículo 75. Prohíbese el expendio o suministro de bebidas alcohólicas o su ofrecimiento a cualquier persona entre las 0 y 6 horas de la mañana, en aquellos locales que no cuentan con la habilitación otorgada por la autoridad competente para que en los mismos se puedan consumir bebidas alcohólicas. Los infractores estarán sujetos al pago de una multa que la reglamentación establecerá de 100 a 1000  UR (cien a mil unidades reajustables), considerando la gravedad de la infracción y los antecedentes del infractor.

Por vía reglamentaria y por razones fundadas podrá extenderse o limitarse el horario impuesto a exceptuarse de la prohibición a aquellos locales que se estimare oportuno, así como imponerse otro tipo de medidas de carácter supletorio a la establecida y que sirvan a la finalidad perseguida por la presente ley.

SECCION 11ª
JUEGO DE LA MOSQUETA

Artículo 76. Agrégase al Código Penal el siguiente artículo:

"ARTICULO 348 bis (Juego de la Mosqueta). El que en lugares públicos o expuestos al público, incitare, invitare a participar o participare en el llamado juego de la mosqueta o similares, mediante apuestas, ya sea como habilidoso, jugador simulado o simple incitador, será castigado con la pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Entiéndese por juego de la mosqueta o similar a los efectos de esta ley, la actividad desplegada por una persona, llamada a los efectos de esta ley, el habilidoso, que por medio de movimientos rápidos y continuos y otros, consecuencia de su habilidad manual, desafía al resto de los jugadores o espectadores a acertar en que lugar se encuentra el o los objetos por él manipulados".

SECCION 12ª
CAUSALES DE JUSTIFICACION

Artículo 77. Se presumirá la existencia de la causal de justificación prevista en el artículo 28 del Código Penal "cumplimiento de la ley", respecto de los actos lesivos de la personalidad física ejecutados por personal militar asignados a las tareas de seguridad externa de establecimientos de reclusión, determinados por el Poder Ejecutivo y formalmente encomendados por éste y en ocasión de las mismas, conforme a las disposiciones vigentes en materia de seguridad en instalaciones militares.

CAPITULO XIV
NORMAS SOBRE IDENTIFICACION CIVIL

Artículo 78. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 7º del Decreto-Ley Nº 14.762, de 13 de febrero de 1978, por los siguientes:

"Declárase obligatoria la obtención de la cédula de identidad, para toda persona mayor de cuarenta y cinco días de edad, nacional o extranjera con residencia permanente en el país. El Poder Ejecutivo tenderá a que la identificación de las personas físicas se realice desde el nacimiento. Esta obligación se exigirá, en su caso, a los representantes legales de los menores e incapaces.

La Dirección Nacional de Identificación Civil expedirá dicho documento aun cuando se solicite antes de los cuarenta y cinco días cumplidos de edad".

Artículo 79. La Dirección Nacional de Identificación Civil podrá exonerar del pago de la tasa correspondiente, siempre que medie solicitud fundada del Instituto Nacional del Menor, de la Dirección Nacional de Prevención del Delito, del Banco de Previsión Social, de la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria), de las Defensorías de Oficio en materia de Familia y de Menores y de los Consultorios Jurídicos gratuitos dependientes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

La Dirección Nacional de Identificación Civil, a los efectos de autorizar la exoneración, podrá requerir los asesoramientos, informes o documentación que crea convenientes.

En los casos de renovaciones, la exoneración será excepcional y deberá conferirse previa auxiliatoria de pobreza, en casos debidamente justificados mediante información sumaria, ante la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Artículo 80. Exonérase del pago de la tasa de información, prevista por el artículo 151 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y Resolución del Poder Ejecutivo Nº 380/996, de 30 de abril de 1996, a solicitudes tramitadas por las Defensorías de Oficio, Consultorios Jurídicos gratuitos dependientes de la Suprema Corte de Justicia, suscritas por los funcionarios autorizados. A tales efectos deberá remitirse a la Dirección Nacional de Identificación Civil, nómina y firma del profesional responsable de la actuación de cada una de las Instituciones mencionadas.

CAPITULO XV
MINISTERIO DE DEPORTE Y JUVENTUD

Artículo 81. Créase el Ministerio de Deporte y Juventud, que se incorporará al Presupuesto Nacional como el Inciso 15.

A estos efectos, créase el Programa 001 "Administración General", habilitando la Contaduría General de la Nación los créditos correspondientes a los cargos de Ministro, Subsecretario, Director General y los que se crean en esta ley.

Artículo 82. El Poder Ejecutivo establecerá las políticas nacionales en materia de deporte y juventud, considerando particularmente el interior de la República, y las ejecutará a través del Ministerio que se crea por la presente ley.

Artículo 83. Suprímese la Comisión Nacional de Educación Física creada por la Ley Nº 3.789, de 7 de julio de 1911.

Artículo 84. El Instituto Nacional de la Juventud, creado por el artículo 331 de la Ley Nº 16.170, de 28 diciembre de 1990, en el Programa 001 "Administración General" del Ministerio de Educación y Cultura, pasará a integrar el Ministerio que se crea por la presente ley. Los funcionarios que actualmente prestan funciones efectivamente en el Instituto serán redistribuidos al Ministerio de Deporte y Juventud, habilitándose los créditos correspondientes por parte de la Contaduría General de la Nación.

Artículo 85. Al Ministerio de Deporte y Juventud corresponde:

1) Asesorar al Poder Ejecutivo y proponer las políticas nacionales en las materias de sus competencias.

2) Ejercer los cometidos que tenía asignados la Comisión Nacional de Educación Física.

3) Formular, ejecutar y evaluar las políticas nacionales relativas a la juventud, en coordinación con otros organismos estatales, ejerciendo las competencias conferidas al Instituto Nacional de la Juventud.

4) Promover y coordinar las actividades del Centro de Información a la Juventud, asesorando y capacitando al personal de las unidades locales de información.

5) Ejercer toda competencia que le cometa el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 174 de la Constitución de la República.

Artículo 86. Transfiérense de pleno derecho al Ministerio de Deporte y Juventud todos los bienes, créditos, recursos, derechos y obligaciones de la Comisión Nacional de Educación Física y del Instituto Nacional de la Juventud, cualquiera fuere su origen o financiación.

Artículo 87. La adecuación presupuestal de los funcionarios de la Comisión Nacional de Educación
Física y del Instituto Nacional de la Juventud, que se redistribuyen al Ministerio de Deporte y Juventud se efectuará conforme a las normas que regulan la materia.

Artículo 88. Créanse en el Inciso 15, los cargos de particular confianza de: Director General de Secretaría; Director de Deportes; y, Director de Coordinación Deportiva, cuya retribución será la establecida en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986; incluyéndose en la referida disposición el cargo de Director del Instituto Nacional de la Juventud.

Suprímense los cargos de Presidente, Vicepresidente y Vocal de la Comisión Nacional de Educación Física.

Artículo 89. La creación del Ministerio de Deporte y Juventud no podrá significar el nombramiento de nuevos funcionarios públicos. Los cargos y sus funciones se cubrirán con los actuales funcionarios de las Unidades Ejecutoras que se suprimen, o con los procedimientos vigentes de redistribución de funcionarios.

Sala de la Comisión, el 9 de mayo de 2000.

Alejandro Atchugarry (Miembro Informante), Ruben Correa Freitas, Yamandú Fau, Guillermo García Costa, Luis Alberto Heber, Manuel Laguarda (Discorde), Jorge Larrañaga, Manuel Núñez (Discorde), Enrique Rubio (Discorde). Senadores.

Carp. Nº 145/00
Rep. Nº 19/00
Anexo III

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME EN MINORIA

Al Senado:

PROYECTO DE LEY DE URGENTE CONSIDERACION

EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

La Comisión de Constitución y Legislación de esta Cámara ha analizado a marcha forzada, con la premura impuesta por el procedimiento establecido en la Constitución, el proyecto de ley de urgente consideración que remitiera el Poder Ejecutivo.

El proyecto ingresó en forma irregular a este Senado el día 13 de abril del corriente año, fue derivado a esta Comisión que recibió invitados durante una semana entre el 24 de abril y el 3 de mayo, tras lo cual votó 95 artículos en 4 sesiones desarrolladas entre el 3 y el 9 de mayo, las que totalizaron unas 16 horas.

El proyecto analizado es -en rigor- una sola ley únicamente en sentido formal, ya que por su contenido constituye un conjunto de leyes (más de una docena) con objetos que nada tienen que ver entre sí. El mecanismo constitucional se halla, de esta forma, desvirtuado por la dispersión, variedad y cuantía de los temas abarcados en este proyecto.

No existe Comisión en este Senado que pueda abordar seriamente su estudio, ya que por su contenido desborda los cometidos de todas ellas, ni Legislador que pueda analizar seria y profundamente -como es nuestra obligación- sus 95 artículos en el plazo exiguo y perentorio de tan sólo los 45 días previstos por la Constitución.

Los 15 Capítulos carecen de conexión temática entre sí, conformando un verdadero puzzle jurídico con el que no se respeta el espíritu del Constituyente que en un clarísimo texto (Artículo 168 Numeral 7) prohibe la remisión de otro proyecto con carácter de urgente consideración hasta no haber concluido el trámite del anterior.

Por otra parte y como su nombre lo indica, esta posibilidad otorgada al Poder Ejecutivo tiene carácter excepcional y sólo casos de real urgencia justifican la importante limitación que implica a las potestades de este Parlamento. Aún con el más amplio de los criterios, esta verdadera miscelánea que incluye objetos tan diversos como la creación de un Ministerio, exoneraciones tributarias diversas, normas sobre defensa de la competencia, modificaciones a las normas que rigen las AFAPs, disposiciones que habilitan el cobro directo a los usuarios por parte de UTE del alumbrado público, importantes cambios en la ANP y AFE, el agravamiento de las penas a ciertos delitos, la creación de otros, la definición como delito del juego de la mosqueta, normas sobre descentralización, y otros temas variopintos, tan sólo en una mínima parte admite considerarse urgente y únicamente expresa la necesidad de dar rango legal a un pacto político. Pacto con un contenido bien distinto al que se dio a conocer el 9 de noviembre con el objetivo de «vestir» programáticamente el acuerdo electoral para el balotaje.

Efectivamente, este proyecto hubiera constituido una buena oportunidad para concretar algunos de los compromisos publicitados entonces. Pero no tienen lugar en este proyecto, ni los incrementos de salario para los funcionarios del Gobierno Central, ni la suba de las jubilaciones menores a un Salario Mínimo, ni la elevación de los topes jubilatorios, ni la mejora del seguro de desempleo para los trabajadores mayores a 50 años, ni la disminución de las tarifas públicas, ni la ampliación del régimen de devolución de impuestos para los exportadores, ni el incremento de la inversión educativa hasta alcanzar el 4,5% del PBI, ni la rebaja de los tickets del mutualismo ni la supresión de las sobretasas en el Impuesto a las Retribuciones Personales.

A pesar de la situación descrita, no se aceptó el criterio de seleccionar los temas verdaderamente urgentes y quitar tal condición a lo accesorio, lo más numeroso en el proyecto analizado.

A nuestro modo de ver muchas de las iniciativas planteadas debieron merecer un estudio más acabado y profundo que hubiera significado mayor precisión y alcance en el texto legal. Sumado a esto, se puede afirmar que los verdaderos problemas y las necesidades urgentes de nuestra sociedad no están tratados en el proyecto a estudio, o las propuestas que éste contiene se encuentran a enorme distancia de las soluciones necesarias.

Con base a estas consideraciones respecto al contenido del proyecto analizado nuestro voto será negativo en lo general. Sin perjuicio de esta afirmación, distintos artículos serán acompañados en la votación particular, algunos porque su contenido es adecuado aunque no se justifique su tratamiento urgente, y otros porque consagran mejoras que, a pesar de ser parciales e insuficientes desde nuestro punto de vista, significan alivios para situaciones que las requieren.

En el análisis de su contenido, encontramos una diversidad temática que incluye numerosos Capítulos de muy poca significación, por lo que en este informe consideraremos básicamente los principales temas que se abordan en el proyecto.

LA INVERSION Y EL EMPLEO

Constituyen temas de fundamental importancia en la realidad actual y son tratados en el Capítulo inicial del proyecto de ley en cuestión, el que consta solamente de dos artículos. El primero de carácter permanente a la reducción de los aportes jubilatorios patronales de la industria manufacturera, ya existente con carácter provisorio desde el año 1995.

El artículo 2º otorga al Poder Ejecutivo la facultad de reducir los aportes patronales ya sea en forma genérica o para uno o más sectores.

La reducción de aportes jubilatorios como estímulo a la inversión y el empleo es de muy dudoso valor. La rebaja que establece el artículo 1º se viene aplicando ininterrumpidamente desde 1995, ya que el Poder Ejecutivo siempre hizo uso de la potestad legal, provocando una merma recaudatoria estimada en más de 200 millones de dólares desde el 1º de julio de 1995 a la fecha (unos 42 millones anuales) sin que por ello se registre una mejora en los números del empleo industrial, el que por lo contrario ha experimentado un sostenido descenso.

De todas maneras, la medida puede estar bien orientada hacia la promoción de empleo pero no tener, por factores diversos, el resultado esperado. Cualquier medida de política económica merece ser analizada en el contexto en que se desarrolla y esta medida lo deberá ser en el marco de los lineamientos económicos anunciados por el señor Ministro de Economía. Estos lineamientos tienen por eje un fuerte recorte de la inversión pública, que según lo previsto por el Decreto 90/2000, llegará globalmente a un 20% respecto a lo ejecutado en el año 1998. Este recorte se produce en un país con bajísimo nivel de inversión bruta fija (en el trienio 96-98, sin contar el desastroso año 1999, la IBF no superó el 14% del PBI). El Ministro de Economía se ha visto enfrentado a la pesada herencia de la administración anterior, constituida por un déficit fiscal de más de 800 millones de dólares (números que confirman los vaticinios que se hicieran desde nuestra fuerza política durante la campaña electoral) que entre otras cosas lo ha obligado a pedir autorización parlamentaria para aumentar el endeudamiento.

En este marco, nos parece difícil que la reducción de aportes prevista en este artículo pueda tener un impacto dinamizador de la inversión y el empleo.

Pero tras cinco años de aplicación de la medida si se la dejara sin efecto se produciría un agravamiento de la situación, y en ese sentido es que la acompañaremos.

Asimismo proponemos incorporar un segundo inciso en este artículo 1º por el que se beneficia con una reducción de aportes patronales, la creación de nuevos empleos acentuando la disminución según se trate de las franjas etáreas o sectores sociales más afectados por el desempleo.

Con relación al artículo 2º debemos recordar que las exoneraciones impositivas afectan a toda la sociedad. Por consiguiente determinar el porcentaje y los sectores a ser favorecidos debe ser una decisión adoptada en el ámbito de mayor espectro político, tal cual se expresa en el Poder Legislativo.

Dejar librada al Poder Ejecutivo esta tarea significa un cheque en blanco de muy dudosa constitucionalidad si tenemos en cuenta lo establecido en los artículos 85 numeral 4º) y 67 literal A) de nuestra Carta Magna.

Por estas razones es que vamos a votar negativamente este artículo 2º en su redacción actual.

AGROPECUARIA

El Capítulo dedicado al agro establece, por un lado, reducciones del aporte patronal jubilatorio de ciertas empresas rurales y por el otro, una reducción del 25% de la Contribución Inmobiliaria Rural.

Lo propuesto es claramente insuficiente en relación con la crisis que vive el sector agropecuario. La suma de las exoneraciones y rebajas tributarias previstas alcanza a 23 millones de dólares según voceros del propio gobierno.

No se ataca el tema del abultado endeudamiento sectorial, y las exoneraciones propuestas significarán, en muchos casos, importes simbólicos. Por otra parte, la generalidad de la reducción de la Contribución Inmobiliaria Rural significa que el beneficiario puede no ser empresario rural, ya sea por tener su campo arrendado, no explotado, o dedicado a una actividad no agropecuaria.

Las medidas propuestas evidencian la carencia de prioridades sociales en el apoyo al sector, ya que muestran una generalidad que puede llevar a que los principales beneficiarios sean los menos necesitados.

No resulta claro y mucho menos compartible el sentido del artículo 8º que exonera del ITP por el plazo de un año a las transacciones que incorporen inmuebles rurales a Sociedades Anónimas. Esta norma proyectada viola la neutralidad tributaria con un sentido regresivo, estimulando el anonimato del propietario de la tierra, facilitando así la extranjerización de esta preciada riqueza y la radicación de capitales de origen incierto en nuestro campo.

Con la excepción de los artículos 7º y 8º, se acompañarán las normas previstas en este Capítulo, buscando a través de aditivos y sustitutivos darle una dirección con sentido social y mejorar los montos de los beneficios previstos.

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Acompañaremos los artículos propuestos pues ellos apuntan a favorecer una mayor igualdad de oportunidades en el mercado.

Se suprimen por el artículo 11 los beneficios que en la práctica solo favorecían a grandes empresas comerciales en detrimento de la pequeña y mediana empresa.

Por el artículo 12 se aprueba una norma que permite la tramitación de los beneficios previstos en la Ley Nº 16.906 por asociaciones de empresas. Se establece así una vía práctica para que medianas y pequeñas empresas puedan acceder a beneficios que por una cuestión de escala y de costos resultaba difícil que encararan en forma particular.

NORMAS SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

En el Capítulo IV se plantean normas que tienen por objeto la defensa de la competencia. Serán acompañadas con nuestro voto pero consideramos que se hubiera podido lograr mejores resultados sin el procedimiento de urgencia a que fue sometido su análisis.

Las normas proyectadas son de muy modestos alcances en términos de lo que entiende que son conductas prohibidas al compararlo con cualquier texto legal de países vecinos, incluso con el Protocolo del MERCOSUR. Hubiera sido conveniente incluir en las conductas que implican abuso de posición dominante todo lo relacionado con acciones monopólicas.

En otro orden de cosas estas normas, prohiben conductas, pero no prevé sanciones. Quizá lo haga la reglamentación pero sería preferible que las mismas tuviesen base legal. El artículo respecto al arbitraje sobra pues este mecanismo ya está previsto en el Código General del Proceso. Otro aspecto que nos parece discutible es el último inciso del artículo 14 que limita la aplicación de estas normas a casos de «perjuicio relevante al interés general», expresión suficientemente imprecisa para generar dudas. Además, pueden haber conductas que no afecten el interés general, pero sí intereses particulares que sea necesario o conveniente proteger.

FACILITACION DEL CREDITO

El Encuentro Progresista acompañará los cinco artículos que componen este Capítulo por entender que ellos tienden a consagrar normas positivas para la obtención del crédito. Sin embargo volvemos a encontrarnos aquí con un problema que se reitera a lo largo de casi toda la ley. Estas normas, siendo necesarias y encontrándose en la dirección correcta, son insuficientes para poder lograr los fines requeridos.

Quizás por el apuro con el que fueron consagrados estos acuerdos políticos en forma de ley, no se tuvo en cuenta el abundante derecho comparado, que hubiese permitido sancionar una ley que no dejara lugar a dudas a la hora de ser reglamentada.

INFORMATICA EN LA EDUCACION

En la Comisión, votamos afirmativamente los dos artículos de este Capítulo por el cual se establece la devolución del Impuesto al Valor Agregado a las Instituciones de Enseñanza por la compra de computadoras e impresoras de uso exclusivamente docente.

Nos congratulamos de que la Comisión aceptara nuestra propuesta de extender a la Enseñanza Pública un beneficio que en el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo sólo contemplaba a las instituciones de la enseñanza privada.

ENTES AUTONOMOS

En diversos Capítulos se incluyen normas relativas a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

El artículo 26 da una señal política en dirección al recorte de sus autonomías, avanzando en la línea de centralización en la que ya incursionó la última Reforma Constitucional, que otorgó al Presidente de la República la potestad de remover sus directores en cualquier circunstancia a través del mecanismo de declarar que el Consejo de Ministros carece de respaldo (artículo 175).

Ahora el mencionado artículo propone la potestad de limitar los gastos de funcionamiento, decidida sin límite alguno, unilateralmente, y aunque en la redacción final se eliminó la mención a las drásticas disposiciones del artículo 197 de la Constitución, está presente su amenaza de aplicación contra los directores que no lo acaten.

En la Sección 4 del Capítulo VIII se reduce el número de integrantes de los directorios de algunos entes. No surge claro el criterio utilizado para decidir cuáles sufrirán la reducción mencionada. Más bien parece que se aplicó un criterio arbitrario, quizás vinculado con los posibles ocupantes de los cargos o con el destino de los organismos. La norma propuesta tiene un contenido meramente efectista, ya que las reducciones del gasto obtenidas por esta vía son de escasa significación en los presupuestos de las empresas públicas. En contraste, la reducción del número de directores limita la posibilidad de la integración de los partidos de oposición en la gestión, debilitando este mecanismo de participación plural, que constituye un control necesario e insustituible.

De haberse propuesto estas disminuciones en forma racional y fundada, en conjunto con otras medidas que apunten a una mejor gestión de los Entes Autónomos, como la limitación de los contratos arrendamientos de obra (que en el año 1999 sumaron nada menos que 1.033 y la tercera parte resultó observada por el Tribunal de Cuentas) o normas sobre la distribución y montos de su propaganda, pudo ser considerada.

Los artículos 36 al 39 transfieren el cobro del consumo eléctrico del alumbrado público a la UTE. Este organismo lo cobrará en forma conjunta e indivisible con la tarifa domiciliaria.

Consideramos que es una mala solución para un problema real, como lo es la falta de pago en que incurren las Intendencias. Es un tema, con variados intereses a proteger: las Intendencias, los ciudadanos y la propia UTE. La solución propuesta no nos satisface; en muchos departamentos se caerá en una doble imposición al ciudadano que terminará pagándole a ambos organismos. Aún cuando se estime que la cuantía del pago no será mucha, es preciso tener presente que el pago será conjunto e indivisible con el consumo doméstico, lo que encarecerá un servicio que hoy es necesario para una calidad de vida mínima.

El artículo 23 propone la creación de una Sociedad de Economía Mixta para la construcción y explotación de la Playa de Contenedores del Puerto de Montevideo con la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Este es el camino elegido en el proyecto para resolver el tema Playa de Contenedores, tras los fallidos intentos de otorgar su explotación por licitación. Desde nuestro punto de vista, la importancia estratégica de lo que se ha transformado en el corazón de la economía portuaria impone una ley específica, donde se analicen detenidamente las variantes de tan complejo tema. El artículo propuesto nos genera profundas discrepancias, tanto en el procedimiento previsto como en el contenido que tendrá el acuerdo entre la ANP y la sociedad a crearse. No establece el porcentaje del paquete accionario que quedará en poder del Estado, dispone que habrá dos Directores que lo representen pero no dice cuántos integrantes tendrá el Directorio. No requiere mucha perspicacia entender que no es lo mismo 2 en 3 que 2 en 7 u 11. Establece acciones al portador, cuando por la importancia del área a explotar debe saberse quién es el propietario; no prevé normas para la concentración de las acciones en un único propietario, y deriva numerosos aspectos a la reglamentación futura. No nos convence el tratamiento superficial y parcial que hace el texto propuesto de un problema que es determinante de la capacidad operativa y competitiva de nuestro principal puerto. El artículo en cuestión es altamente peligroso para los intereses nacionales.

En el artículo 24 se habilita al Poder Ejecutivo a autorizar la utilización de las vías férreas por parte de empresas que abonen el peaje que establezca la reglamentación. Este artículo le deja a AFE lo más costoso, que es el mantenimiento de la red vial, ofreciendo a empresas privadas la actividad más lucrativa, que es el transporte de carga. El artículo no abunda en detalles, por lo que no sabemos si las autorizaciones se otorgarán a través de licitaciones o en forma directa; tampoco cuáles serán los requisitos técnicos exigidos, quién pondrá el material rodante; si la autorización se dará a empresas para el transporte de su propia carga o a su vez la permisaria podrá venderle el servicio a terceros. Debemos tener presente que para el transporte de ciertas cargas, (como la madera), el papel del ferrocarril será de vital importancia. Este artículo parece encuadrar en un plan de desguace de AFE, del cual la opinión pública y el Parlamento ha tomado conocimiento recientemente, en el que se apunta a reducirla a una empresa de mantenimiento de la infraestructura, que estará al servicio de la explotación que otros harán del transporte ferroviario.

Como hemos visto, los aspectos del proyecto analizado que afectan a la gestión empresarial del Estado son perjudiciales para ésta, por lo cual este aspecto constituye uno de los centros principales de nuestra oposición al proyecto.

NORMAS TRIBUTARIAS

En este Capítulo destacamos nuestra oposición al artículo 48.

Consideramos que constituye una suerte de subsidio a la Banca privada acreedora, en la medida en que postula una exoneración del Impuesto a las Transacciones Inmobiliarias a las empresas que vendan su patrimonio inmobiliario con destino al abatimiento de sus pasivos financieros.

DESCENTRALIZACION

La descentralización fue una de las banderas políticas que más se agitó en defensa de la Reforma Constitucional plebiscitada en el año 1997. En el texto aprobado se incluyó la creación de una Comisión Sectorial, pero desde entonces nada se hizo. Este proyecto, a través de los artículos que integran el Capítulo IX, da forma a la Comisión mencionada intentando cumplir con lo que fue una disposición constitucional y una bandera electoral. El proyecto es extremadamente restrictivo en relación con los cometidos de la Comisión Sectorial; prácticamente se limita a transcribir el texto constitucional. También lo es en cuanto a la integración de la Comisión. Por nuestra parte pretendemos que la Comisión esté integrada por el mayor número posible de Intendentes. Opinamos que la descentralización requiere una base legal más ambiciosa y completa que la propuesta, y en ese sentido hemos presentado sustitutivos con mayores alcances que el texto originado en el Poder Ejecutivo.

NORMAS SOBRE LAS AFAPS

El Capítulo X, a través de sus seis artículos, propone igual número de modificaciones a la Ley que rige el sistema previsional vigente. Este régimen ha contado con la oposición de nuestra fuerza política desde su creación, entre otras causas, por las escasas garantías que posee el ahorrista con respecto a la suerte de su ahorro; algunos de los artículos propuestos debilitan aún más estas garantías. El artículo 56 le pone tope de 150.000 UR a la exigencia patrimonial mínima que la norma vigente ubica en el 2% del Fondo de Ahorro Previsional; el artículo 57 disminuye el monto de la Reserva Especial -fijada actualmente en el 2% como mínimo- a una cifra ubicada entre el 0,5 y el 2% del Fondo de Ahorro Previsional. Estos dos artículos a nuestro juicio debilitan el respaldo exigido a las AFAPs, haciendo opción por defender la rentabilidad del ahorro con mengua de su seguridad. No vemos conveniente su aprobación por este Senado.

Distinto es el juicio que nos merecen los restantes cuatro artículos.

El artículo 58 aumenta del 30% vigente a un 40% las inversiones que se pueden hacer en el sector privado. Si bien es posible considerar que esto aumenta el riesgo para el ahorrista, no es menos cierto que el volumen del ahorro previsional acumulado necesitará a la brevedad de más opciones para su colocación rentable, y administrado adecuadamente puede ser la palanca financiera para muchos emprendimientos productivos, ya sean del sector público o del privado.

El artículo 59 mejora la redacción dada al literal E) del artículo 123. La norma vigente exigía que las inversiones estuvieran garantizadas por una institución bancaria, lo que prácticamente las inviabiliza. Ahora se sustituye por la exigencia de que estén debidamente garantizadas de acuerdo con la reglamentación que establecerá el Banco Central del Uruguay.

El artículo 60 agrega la posibilidad de invertir en instrumentos de regulación monetaria emitidos por el BCU alternativa que nos parece conveniente.

Por último, el artículo 61 busca modificar la forma de integración del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad establecido por el artículo 119 de la Ley de Seguridad Social. Limita el aporte que cada ahorrista debe hacer. El mecanismo propuesto implica que para situaciones donde la rentabilidad promedio supere el 4% el aporte personal al Fondo será menor, quedando por consecuencia una mayor suma en la cuenta personal del ahorrista.

SEGURIDAD CIUDADANA

Consideramos aquí el artículo 49, referido al escalafón policial y los dos artículos del Capítulo XII (63 y 64). El artículo 49 limita los pases en comisión de personal policial y los otros dos facultan al Poder Ejecutivo a contratar retirados policiales, previendo que los contratos que no fueran cubiertos con retirados se cubrirán con jóvenes de hasta 25 años de edad. La utilización del personal ejecutivo de la policía en su tarea específica limitando su derivación hacia otras tareas, así como el esfuerzo del personal estable a través de la contratación de retirados busca aumentar la eficacia de la gestión policial, sobre todo en la faz preventiva y disuasiva. Acompañamos ambas medidas pero importa advertir lo reducido del impacto que ellas generarán si no son complementadas con otras que apunten a cambios de fondo del Instituto Policial: como una mayor profesionalización de sus cuadros, la necesaria racionalización administrativa, la descentralización de funciones (en particular la investigativa) y el ajuste de remuneraciones.

MODIFICACIONES A LA LEGISLACION PENAL

No es una ley de urgente consideración el instrumento adecuado para promover modificaciones de importancia en la legislación penal vigente. Este Capítulo, uno de los más extensos, constituye un ejemplo de una materia en la cual el Parlamento debe realizar una tarea minuciosa, metódica y no caer en lo que algunos ilustres doctrinarios llaman «legislar bajo el signo de alarma».

Para resolver un problema real -la inseguridad que experimentan los ciudadanos- se insiste en una orientación que ha demostrado ampliamente su ineficacia en los últimos 15 años: el aumento de las penas y la introducción de nuevas figuras delictivas en el Código Penal. En efecto, los últimos tres períodos de gobierno se iniciaron con la discusión de medidas para resolver la inseguridad ante el delito.

En nuestra opinión constituyen caminos más adecuados los que actúan sobre los factores que inciden en la génesis de los delitos, en las políticas de prevención y disuasión, en los dispositivos de investigación y represión, y en la reeducación de los detenidos. Por ello nuestra fuerza política ha planteado con insistencia tres campos de actuación: el económico-social, la reestructuración del Instituto Policial y la mejora del sistema carcelario.

Una vez más este proyecto de ley opta por una respuesta represiva, con aumento de penas, sin tener en cuenta la complejidad y multicasualidad del aumento del delito. Ya se incursionó por este camino en la Legislatura anterior, cuando se aprobó la llamada «Ley de Seguridad Ciudadana» que creó nuevos delitos y agravó las penas de otros. ¿Alguien sería capaz, con casi cinco años de vigencia de la misma, de afirmar que tal ley provocó una disminución en los índices de criminalidad?

No tenemos prejuicios en la materia; la nueva realidad que vivimos puede requerir de un nuevo marco legal; pero pretendemos que se procese en la forma debida, con la reflexión necesaria para que el resultado no incurra en graves incoherencias como las que están planteadas en el proyecto a estudio. No entraremos al examen artículo por artículo de este Capítulo, que debería despojarse del trámite urgente, pero haremos mención a alguna de las normas contenidas en él.

El artículo 66 modifica el artículo 341 del Código Penal en materia de agravantes especiales del delito de hurto. Aquí la modificación prevista consiste en calificar agravantes simples y especiales; en estos últimos viene dada la modificación, ya que se le impone una pena de penitenciaría, inexcarcelable, para el caso que ocurra la penetración domiciliaria o si la sustracción se efectuara con destreza o por sorpresa mediante despojo (léase «pugna» y «arrebato» respectivamente). La elevación de la pena mínima en estos hurtos parece desmedida. En particular, debe tenerse en cuenta que dentro de lo que habitualmente se conoce como arrebato hay una variada gama de posibilidades: desde verdaderas organizaciones que operan con celulares y motos veloces pasando por hurtos que lindan con la rapiña por la violencia empleada hasta formas simples cometidas por sujetos primarios y jóvenes para los que puede existir real posibilidad de recuperación. Es necesario mantener el equilibrio en las penas, de forma tal que el Juez actuante no quede limitado por una norma extremadamente rígida y pueda valorar las circunstancias graduando la pena según la verdadera gravedad del delito.

La punibilidad de la conspiración seguida de actos preparatorios es excepcional en el Código Penal uruguayo, hallándose prevista en materia de delitos contra la Patria (artículos 137 y 146 Código Penal) o de estupefacientes (artículo 37 Decreto-Ley Nº 14.294).

Se entra así en una línea de llamado «derecho penal de emergencia» que afecta principios básicos del derecho penal liberal. Aun cuando en el trabajo de la Comisión se limitó el alcance de la norma propuesta a los delitos de rapiña y copamiento, consideramos que se trata de una solución peligrosa que será fuente de graves problemas interpretativos.

La figura del delito provocado presenta problemas de difícil solución y no se advierte fácilmente de qué manera puede configurarse en la práctica. En la Comisión, el artículo correspondiente fue limitado a los casos de «delincuencia organizada» pero de todas maneras consideramos que la aprobación de esta norma puede constituir una «claudicación ética del Estado» en el combate contra la delincuencia, de acuerdo con la expresión citada por uno de los ilustrados visitantes que recibió la Comisión.

El artículo 77 establece la presunción de la existencia de la causal de justificación prevista en el artículo 28 del Código Penal -»Cumplimiento de la ley»- respecto a las lesiones que pueda causar personal militar asignado a las tareas de seguridad externa de establecimientos de reclusión determinados por el Poder Ejecutivo; en ocasión de las mismas y conforme a las disposiciones vigentes en materia de seguridad en instalaciones militares.

Si bien el texto aprobado por la Comisión incorpora una importante limitación que no tenía el proyecto original al circunscribir sus alcances a establecimientos de reclusión, este artículo nos parece inconveniente.

Establecer a través de una ley la presunción de que las lesiones personales que puedan causar personal militar estén basadas en el cumplimiento de la ley si se encuadran en desconocidas disposiciones que rigen la seguridad de las instalaciones militares; es francamente inaceptable; aun cuando se considere como lo hace mayoritariamente la doctrina que las presunciones en derecho penal no deben ser absolutas sino relativas, es decir, admitir prueba en contrario. Este artículo parece tener base en la situación generada por el soldado que, cumpliendo vigilancia externa en Santiago Vázquez, dio muerte a un recluso que intentó huir. En su momento, cuando se discutió la autorización para que efectivos de las Fuerzas Armadas cumplieran esa tarea, advertimos de las consecuencias que podían derivarse del uso de personal militar en tareas ajenas a su profesión. Los problemas no demoraron en surgir y la solución prevista en este artículo está lejos de ser admisible. Es preciso dosificar la autorización mencionada.

Respaldaremos los agravantes previstos en las Secciones 4, 5 y 6 de este Capítulo, donde se incluyen los artículos 68 al 71. Ellos son: el aumento de la pena para el delito de atentado violento al pudor cuando la víctima sea menor de 12 años (artículo 68), el carácter público del agente en especial su calidad de funcionario policial (artículo 69), la condición de que la víctima se encuentre trabajando (artículo 70) y la participación de algún funcionario policial en la asociación delictuosa (artículo 71).

Sobre el deber de informar previsto en el artículo 73, estamos dispuestos a acompañar la norma si se establece con claridad que se brindará la información en forma inmediata de las causas de la detención tanto al detenido como a los familiares que lo soliciten.

EL SISTEMA CARCELARIO

Si sumamos al aumento de la pena mínima del hurto agravado el aumento previsto para la tentativa de rapiña, convertidas ambas en inexcarcelables, es esperable un considerable aumento en el número de presos, estimado por el señor Ministro del Interior en su visita a la Comisión en unos 500 cada año. No es necesario abundar las consecuencias que tendría para nuestro sistema carcelario -ya en crisis- un agudo y repentino aumento de su población.

Para mejor ilustración, es preciso recordar el informe que redactara la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario, creada de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Nº 16.707 en junio de 1996 respecto a los rasgos más salientes de las cárceles uruguayas. Se señalaba
entonces:

1. Inadecuación de los edificios para el cumplimiento mínimo de los objetivos.

2. Superpoblación y hacinamiento.

3. Ausencia de capacitación específica funcional. Utilización de la función penitenciaria, en algunos casos, como sanción o desvalorización del funcionario.

4. Distribución inadecuada de funcionarios.

5. Denuncias informales pero frecuentes de corrupción, consumo de drogas y alcohol, juegos de azar prohibidos.

6. Violencia física institucional e intragrupal.

7. Desorganización de los equipos técnicos y ausencia de seguimiento en el tratamiento.

8. Régimen disciplinario desprovisto de garantías y racionalidad, y desconectado del tratamiento.

9. Desvalorización de los derechos de los internos.

10. Ausencia de organización de la cotidianeidad de la vida carcelaria. Ocio excesivo.

La realidad que describe el informe citado ha cambiado muy poco. Tal vez este proyecto podría haber aportado algo en esa dirección; esta problemática es -por cierto- verdaderamente urgente.

CONCLUSIONES

Como conclusión, consideramos que mantiene plena vigencia el juicio contenido en el documento que el doctor Tabaré Vázquez le entregara al señor Presidente de la República respecto al proyecto analizado, el que transcribimos:

«El EP-FA entiende que se trata de un proyecto que omite la consideración de algunas cuestiones económicas y sociales realmente urgentes, en particular las vinculadas con los graves problemas de inversión productiva y empleo que el país sufre y que la actual política económica no encara. Profundiza en otros temas cuya inclusión en un proyecto de ley de urgencia no se justifica, contiene algunas propuestas que no podemos aceptar, junto a otras que resultan compartibles, aunque en muchos casos con desarrollos insuficientes a nuestro criterio. Finalmente, presenta dificultades ciertas de armonización con el orden jurídico-constitucional vigente, conteniendo algunas normas inconstitucionales».

La Bancada del Encuentro Progresista - Frente Amplio, propondrá en el Plenario de la Cámara de Senadores los aditivos y sustitutivos de acuerdo con la nómina que sigue. Aquellas disposiciones que requieren iniciativa del Poder Ejecutivo se plantean a los efectos de promover un intercambio político que habilite los consensos necesarios.

ADITIVOS Y SUSTITUTIVOS

1. Industria. El empleo industrial y las prioridades sociales.

2. Industria y empleo. Junta Nacional de Empleo.

3. Agro. Pequeñas y medianas empresas rurales: exoneraciones de aportes.

4. Agro. Rebaja de la Contribución Inmobiliaria Rural por Franjas.

5. Agro. Energía Eléctrica: Rebaja del IVA a la tasa mínima para empresas agropecuarias.

6. Agro. Suspensión de ejecuciones.

7. Agro. Seguro de desempleo para trabajadores rurales.

8. CONAPROLE. Modificaciones en el Directorio y sistema de elección de sus autoridades.

9. Sociedades Comerciales. Transparencia en la información.

10. Descentralización. Integración, cometidos y atribuciones de la comisión sectorial.

11. Educación. Creación de la cuota mutual para los funcionarios de la ANEP.

12. Pobreza. Universalización de la asignación familiar para hogares pobres.

13. Ingresos. Eliminación de la sobretasa del IRP.

14. Asentamientos. Inmuebles objeto de regularización.

15. Libertad sindical. Trabajadores despedidos a causa de su afiliación o militancia sindical.

Enrique Rubio (Miembro Informante), Manuel Núñez, Manuel Laguarda. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación recibió este proyecto de ley, que originalmente era de 25 artículos, inserto en la declaración de urgente consideración, tal como lo prevé el artículo 168 de la Constitución de la República.

Pese a lo exiguo de los plazos, dicha Comisión realizó diversas consultas, entre ellas, en materia administrativa, a los doctores Delpiazzo -en forma personal- y al catedrático Aníbal Cagnoni, por escrito. En materia penal, recibió el asesoramiento, en forma personal, del profesor Gonzalo Fernández y recibió también los aportes del Ministro Cairoli por escrito. Asimismo, se recibieron otros aportes y asesoramientos por parte de una Subcomisión en la cual estaban representados los tres lemas, en donde también se escuchó la opinión de distintas organizaciones.

En estos términos, la Comisión entró a analizar, en primer lugar el marco en que se nos envía este proyecto de ley, que es el primero del nuevo Gobierno.

En un primer contexto había un interesante artículo del doctor Ramón Díaz -el mismo que ahora escribe y dice que no le gusta parte de este proyecto de ley- de hace unos veinte años que decía que si miraba los treinta años anteriores -así que ya estamos en medio siglo- era frecuente que dadas las coyunturas regionales el cambio de gobierno podía apreciarse por los aumentos de la presión fiscal. El decía que si viniera una persona que no supiera cuándo se hacen elecciones en el Uruguay podría adivinarlo simplemente viendo las alzas de presión fiscal al año siguiente.

Es muy claro que a partir del 13 de enero de 1999 la situación de devaluación del Brasil, que generó la recesión conocida en Argentina más la caída de los precios internacionales, nos hizo entrar en una etapa recesiva por todos conocida y sufrida con su respectivo reflejo en las finanzas públicas, habida cuenta que la base de los ingresos del Estado está en impuestos indirectos, particularmente, los que se cobran al momento de importar. La caída de ingresos que le supone al Estado el hecho de que la gente importe menos autos es realmente notable.

En consecuencia, señor Presidente, en ese contexto recesivo, naturalmente, el país entró en una caída de casi cuatro puntos del Producto y otro tanto en sus finanzas, lo que significó más de U$S 800:000.000 de déficit al inicio de esta Administración. Entonces, lo esperable era que el primer mensaje de la Administración hubiera sido pedir más impuestos, como ha sido la tónica de los últimos cincuenta años. Como he dicho en público y lo repito en esta Casa, tal vez lo más importante de este proyecto de ley es lo que no tiene, es decir, un aumento de impuestos.

Por eso, señor Presidente, la Comisión, junto con los colegas de la de Hacienda, invitó al señor Ministro de Economía y Finanzas, el contador Alberto Bensión, quien marcó lo que desde el ángulo de su Cartera era lo más importante. Obviamente, al enviar un proyecto que no aumenta ningún impuesto y baja alguno y tener un déficit de U$S 800:000.000, se preocupó en marcar el mantenimiento del equilibrio de las cuentas recurriendo al control del gasto y, eventualmente, a un aumento moderado de U$S 300:000.000 del endeudamiento público.

El propósito que trasluce este proyecto de ley no es sólo el equilibrio fiscal, que sería fácilmente obtenible repitiendo la tradicional receta de aumentar la recaudación. Las preocupaciones del Poder Ejecutivo y del sector parlamentario que sustenta este proyecto de ley son bastante mayores a la del simple equilibrio fiscal. Para entender este proyecto de ley hay que considerar el crecimiento del empleo y la situación de las personas que ilustran e ilustrarán estos cinco años de actividad, fuertemente acotado en esta primera instancia por los números y no por los deseos y la voluntad política.

La segunda reflexión que deseo hacer es que en el pasado, en los primeros 15 años de democracia, hubo grandes títulos que supusieron los desafíos que la sociedad uruguaya enfrentaba: salir de la inflación, reformar el sistema jubilatorio, pacificar el país. Probablemente la época de los grandes asuntos y los grandes titulares ya pasó. Actualmente nos enfrentamos, al igual que la mayoría de las sociedades, a algo menos espectacular pero de no menos importancia. Me refiero a la búsqueda de la mejora de la gestión pública y privada para que la sociedad pueda crecer y atender el sentimiento de igualdad social lo que requiere una economía creciente que sustente esa situación de equidad.

En consecuencia, pasadas las grandes reformas, entramos en otro gran título que se llama mejora de la gestión, pero que se desmenuza y se expresa a través de un conjunto de medidas que, vistas desde el conjunto de la sociedad, pueden parecer menores. Ellas buscan facilitar que en cada área los administradores y trabajadores públicos y privados, la gente de conocimiento, puedan irse desenvolviendo de mejor forma y ajustados a su tiempo.

Por lo tanto, no se van a dar, ni en este proyecto de ley ni en otros, discusiones fundamentales donde vamos hasta las raíces del concepto de sociedad y de Estado. En este caso se trata de un tema pragmático para ver cómo hacemos para dar las herramientas al gobierno para que a través de la gestión mejore la situación.

En el informe en minoría se discute el concepto de urgencia. Debemos decir claramente que ese concepto en primer lugar es un tema de plazos y en segundo término un tema político, y así lo establece la Constitución. Es el concepto político del Poder Ejecutivo que la envía y el concepto político del Parlamento que puede considerar que no lo es y levantar la urgencia.

Por lo tanto, no deseamos entrar en la discusión de si es urgente o no, aunque respetamos a quien considere que no lo es. Es urgente empezar a tomar este tipo de medidas. Naturalmente, señor Presidente, no puede hacerse un juego que lleve a decir que con este proyecto de ley no se resuelven todos los problemas del país; ni siquiera los más importantes. Sin embargo, que yo sepa, los principales problemas del país no se resuelven por decreto. Se hará -y espero que lo logremos- remangándose y trabajando todos los días. Habrá leyes y decretos importantes, pero no fórmulas mágicas. Si las hubiera, ¡qué fácil sería arreglar el país por medio de una ley! Personalmente tengo la visión de que el gobierno ha procurado empezar a caminar, para lo que le pide esta primer herramienta al Parlamento. Obviamente, no espera que todo el Parlamento la acompañe; eso sería soberbia. Sí espera comprensión para que se le faciliten las herramientas que se necesitan para empezar a superar una situación que es muy dura para el país. Estas son las primeras herramientas y vendrán otras en el presupuesto quinquenal y en otras leyes sobre las que se está trabajando y seguramente habrá aportes de los distintos sectores o Partidos para ir mejorando las cosas.

Debo señalar que la consideración tampoco fue cerrada y en el comparativo que recién me han entregado se pueden confirmar mis palabras y ver que tal vez la mitad de los artículos sufrieron modificaciones en Comisión. Algunos fueron directamente suprimidos, otros agregados y otros ajustados. Por tanto, señor Presidente, la labor de la Comisión fue regimentada, a partir de la cual se convalidó lo enviado por el Poder Ejecutivo. Naturalmente, la única manera de resolver las cosas cuando unos están convencidos y otros no, es votando, pero todos los que asistieron a los trabajos de la Comisión pudieron percibir claramente que nada era intocable.

¿Qué contiene, señor Presidente? Yo diría, en una apretada síntesis, que contiene algunos de los temas que este Parlamento y el Poder Ejecutivo van a ir trabajando durante estos cinco años. La primera cosa que contiene es un rumbo que parte de la base de una mayor austeridad y sensatez en los gastos del Estado y una línea que va en dirección de bajar la presión tributaria. Sobre este primer Capítulo, "Fomento de la Inversión y el Empleo", se puede decir que consolida la rebaja facultativa que se hizo oportunamente de los aportes patronales al sector manufacturero y las ya realizadas, profundizándolas para el sector agropecuario. Además, se faculta al Poder Ejecutivo a ir bajando este impuesto para todos los sectores. Al respecto se puede decir dos cosas. Una, con escepticismo, en el sentido de que la baja no es tan significativa, ya que son U$S 20:000.000 o U$S 30:000.000 más U$S 800:000.000 de déficit, lo que es un esfuerzo muy importante. Pero se puede decir que es insuficiente y cuestionar por qué se ha elegido esta herramienta. Mire, señor Presidente, yo creo que esta es una buena herramienta. El llamado aporte patronal en un país cerrado es un impuesto más en un mundo cerrado. En este mundo en que nos ha tocado vivir para bien o para mal, el aporte patronal es un impuesto al trabajo que cuando el país procura exportar, es el único impuesto que las reglas de la OMC no permite restituir. Por lo tanto, en las decenas y decenas de millones de dólares que se devuelven a los exportadores es un impuesto que no puede estar incluido, como sí lo está hasta el IMESI del gasoil que utilizan los vehículos, y todos los impuestos indirectos. Si miramos del país hacia adentro, en un país que ha abierto sus fronteras a Argentina y Brasil, mientras que los productos que van desde los fideos hasta las galletas que nos vienen de esos países pagan por igual que el producto nacional el IVA y el IMESI en su caso, sólo el producto nacional paga el aporte patronal, por lo menos al Estado uruguayo; a sus Estados de origen tal vez sí o tal vez no, porque hay una guerra de subsidios para instalar fábricas en la región y en el mundo tan fuertes que uno al final no sabe realmente qué impuestos les cobran a los exportadores de productos que nosotros importamos.

Así las cosas, señor Presidente, sentimos que ir disminuyendo un impuesto que sólo se cobra al producto nacional y en proporción a la mano de obra que utiliza, es una buena línea de trabajo. Ojalá que en algún momento las finanzas nos permitan ir disminuyéndolo para todos los sectores progresivamente, por las dos razones apuntadas. Porque cuando usted va a la góndola, señor Presidente, el aceite de la Bunge y Borg o de cualquier otra compañía argentina, no pagó este impuesto y el nuestro sí.

En segundo lugar, señor Presidente, se puede decir: "Bueno, pero ésta ha sido una línea de trabajo que el país encaró en 1996 a propósito del sector manufacturero y pese a ello encontramos una caída importante del empleo industrial. Correcto, la hay, sin ninguna duda. Lamentablemente, sin ninguna duda. Pero la pregunta justa es: ¿cuál hubiera sido esa caída si no se hubiera hecho esta rebaja? No se puede comparar el ayer de un país cerrado con el hoy. Tenemos que comparar el hoy con y sin ese Impuesto. ¿Cuánto hubiera sido la caída del empleo en más si no se hubiera disminuido este Impuesto? Por demás, señor Presidente. Por las reglas usuales de mercado, cuando uno baja un Impuesto que grava directamente la ocupación de mano de obra, pasan dos cosas: o la empresa se vuelve más competitiva, o el gremio o sindicato correspondiente tiene mayor poder negociador. La disminución de este Impuesto es criticada por algunos liberales al decir que es una forma de fomentar el aumento de salarios; algunos liberales que son más liberales que uno.

Tengo claro mi deseo de que el país pueda progresivamente embarcarse en este camino y que el país crezca -el país al cual todos estamos tratando de ayudar, tanto quienes están en el Gobierno como quienes no lo están- porque si esto ocurre crece la recaudación. Esperemos que el Estado no se embarque en más gastos sino que procure mantener una línea de austeridad que permita ir bajando varios de los Impuestos molestos de los cuales éste es uno. Se podrá decir que hay algunos más que también son molestos y seguramente estaremos de acuerdo. Pero sin duda, éste, señor Presidente, es uno de los más complicados. Además, este Impuesto, a diferencia de la sobretasa al IRP, grava con mayor fuerza la mano de obra más humilde y peor paga, porque según la nueva ley de jubilaciones, como todos sabemos, a partir de los $ 30.000 se está desgravado; y además hasta 6 salarios mínimos no se aplica la sobretasa, mientras que el Impuesto Patronal que grava al mismo hecho imponible -trabajar en situación de dependencia- grava desde el primer peso con la misma tasa. Es decir que visto como sociedad, como Estado, este es el Impuesto que grava desde el primer peso la mano de obra de los uruguayos. En términos económicos usted podrá decir que el IRP y el Aporte Patronal son dos formas distintas de llamar el impuesto al trabajo. Es correcto, es así. La diferencia está en que este grava por igual desde el primero hasta el último peso, hasta los $ 30.000, mientras que el otro grava en forma diferencial y menos gravosa los primeros seis salarios mínimos. Ojalá que algún día podamos sustituir el IRP y también muchos otros Impuestos. Pero si la sociedad desea ir caminando hacia una situación de mejora de competitividad debe hacer muchas cosas, algunas que no tienen que ver con Impuestos sino con todo el sistema, a saber el transporte, la producción, el Estado; pero también cosas que tienen que ver con los Impuestos.

Señor Presidente: en estos mismos Capítulos I y II se hace referencia también a la situación del sector agropecuario para el cual en el Ejercicio 2000, y en forma retroactiva, se dispone llevar a cero la componente de aporte patronal a todos los establecimientos. Digo "la componente" porque como todos recordamos se paga un monto fijo por hectárea que tiene varios conceptos: aporte personal, seguros, etcétera. O sea que lo que supone la carga de aporte patronal al sector agropecuario se lleva a cero y, además, se empieza un camino en el sentido de desgravar uno de los factores de producción, que es la tierra, alivianando la Contribución Rural. Como todos recordamos, la Constitución hace competente al Parlamento para fijar tanto el monto imponible como la alícuota de este tributo, no así la forma de administrarlo, lo que corresponde a las Intendencias. En consecuencia, esta propuesta supone la disminución "per se" del Parlamento de un 25% con la idea de que progresivamente, si la situación financiera así lo permite, se avance en el Presupuesto Nacional en esa disminución.

En materia agropecuaria se ha llegado a sostener todo, hasta el Impuesto a la Renta presunta según la extensión o a la renta mínima exigible, caminos todos que el país transitó y que tienen su lógica.

La percepción que tenemos hoy, señor Presidente, es que la tierra es un bien de capital más y existe la idea de que no hay un gravamen específico para los bienes de producción electrónicos, fabriles o comerciales, más allá del Impuesto al Patrimonio que cada vez más se va combinando con el impuesto a la renta para las empresas.

Existe el concepto -que se procurará someter a la consideración del Parlamento para que lo defina- y así lo expresa el Mensaje del Poder Ejecutivo, de procurar llegar, en la consideración del Presupuesto Nacional, a un sistema que grave, básicamente, la renta en el sector agropecuario. Como todo impuesto a la renta, tendrá mínimos no imponibles. Al respecto y tal como decía un experto en la materia -notoriamente yo no lo soy- para el "productor vocacional", como le llaman los australianos a aquél que no está en la tierra por su rentabilidad, sino por vocación, progresivamente estos impuestos llegarán a cero. Esto le sirve a la sociedad e interesa ayudarlos a mantenerse en esas explotaciones no rentables. Pensamos que, después, la contribución o el sacrificio de la sociedad tiene que darse sobre la base de "tanto ganas, tanto pagas". Digo esto porque creo que el indicador de superficie es muy tosco. Los señores Senadores conocen más que yo este tema como para que les explique que con relación a ciertas producciones intensivas como, por ejemplo, el arroz o los cítricos, el sistema de previsión social y el de la contribución, siguen siendo ciegos, ya que solamente miden la tierra, a lo sumo por un valor de índice CONEAT y, por lo tanto, no están gravando, efectivamente, el potencial. Las experiencias que se llevaron a cabo sobre la renta presunta o mínima exigible, si bien partían de un concepto atractivo que estaba basado en el hecho de que si alguien posee tierra, tiene que hacerla producir; de lo contrario, se le cobraría como si hubiera producido. Esto es tratar al sector agropecuario de forma diferente a los demás. Personalmente, esto no se le aplica, por ejemplo, a los almaceneros y, en general, no se le hace al importador o al empresario, ya sean grandes o pequeños. Tal vez, de jóvenes esta idea nos simpatizó, pero ahora entendemos que sería una discriminación para el sector agropecuario con respecto al resto de los sectores.

El concepto de este Gobierno es tratar, en la medida de lo posible, que la inversión de capital se aplique al sector agropecuario, de la forma más parecida posible al resto de los sectores. Esto se daría, tal vez, con la excepción de los pequeños, a fin de tratarlos más favorablemente. Al respecto, se puede decir que este proyecto de ley establece discriminaciones, porque establece organizaciones del ITP, dado que no hay uno para los bienes industriales, para el valor llave de los comercios o para los comercios electrónicos. Entonces, el ITP también es un impuesto bastante ciego. Al igual que el impuesto al patrimonio, se trata de un sucedáneo del impuesto a la renta a la persona física, porque grava una renta presunta. Por ejemplo, cuando le cobro a un Senador el impuesto sobre su casa -naturalmente, si excede los mínimos imponibles- en definitiva estoy cobrando una especie de ficto, al igual que en el caso del impuesto a las comisiones. Repito que se trata de formas toscas de cobrar una renta presunta.

Voy a tratar de ir al grano, porque se trata de un proyecto de ley extenso. Sin embargo, me interesa efectuar una referencia expresa: los modestos avances que se realizan en esta materia están marcando, más que nada, un rumbo que, tal como señaló el señor Ministro de Economía y Finanzas y el Gobierno todo -digo esto porque la opinión de un Gobierno es la de todos sus Ministros- se basa en el hecho de ayudar a la reactivación, a la mejora de la competitividad y al fomento del empleo. Por supuesto, que con esta situación fiscal, estas medidas no son todas las que quisiéramos. Además, el Gobierno espera expresar, con la presentación del presupuesto quinquenal, su opinión respecto de las principales medidas a tomar, según lo marca la Constitución.

Por otro lado, se han incorporado otros aspectos. Algunos de ellos fueron objeto -cuentan con esta legitimidad- de debate en la campaña electoral. Se puede decir que aquí hay cosas que tienen poco que ver con otras. Sin embargo, pensamos que todas ellas tienen que ver con un mismo asunto y que es cómo mejorar la gestión. Entonces, vamos a ver que hay normas relativas a la defensa de la competencia y a pequeñas y medianas empresas, que fueron objeto de un debate, durante la campaña electoral, que todos recordamos. Pienso que si no las hubiéramos tenido en cuenta, también se nos reclamaría que habíamos quedado en no discriminar a los pequeños frente a los grandes. Entonces, se establecieron.

El concepto sobre la urgencia de la ley puede ser discutible, pero para los pequeños y medianos comerciantes este asunto es urgente; por lo tanto, para mí también. Alguien podría decir que estos temas podrían haber sido objeto de otra ley.

En este proyecto de ley también se habilita a que las asociaciones de empresas, en nombre de sus asociados, puedan tramitar beneficios a los que, en la práctica, hasta el día de hoy sólo podían acceder quienes poseían un tamaño que los hacía capaces de pagar a un experto para efectuar el trámite ante la Comisión correspondiente, con el fin de lograr exoneraciones.

Asimismo, hay normas de defensa de la competencia. Se ha dicho que esto podría haber sido objeto de un proyecto de ley aparte. Sin duda, ya que en la mayoría de los países es así. Al respecto, hemos hablado con las asociaciones representativas de los pequeños y medianos comerciantes y les dijimos que existen dos caminos. En relación a este tema, algunos señores Legisladores, por ejemplo el señor Representante Trobo, consiguieron información, incluso, sobre la legislación japonesa, con el fin de empezar a trabajar en este asunto. Hoy en día hay un cambio en las reglas de juego, fruto no tanto de la globalización, sino del MERCOSUR, que todos votamos. Esos cambios son tan dramáticos en el sector comercial que se nos ha dicho que no hay sanciones, hecho que también reconoció un Senador de la oposición. Esto es verdad y el motivo es que tendríamos que elaborar una ley de 80 ó 120 artículos, lo que nos demandaría mucho tiempo. Aquí, señor Presidente, están las normas básicas. Personalmente, creo que es mejor contar con estas normas básicas que con un gran Código. En los últimos 2.000 años hemos manejado la responsabilidad extra contractual con un solo artículo que aconseja no dañar. En nuestro Código, esto se refleja en el artículo 1319. Naturalmente, la presente norma no tiene la sabiduría del citado artículo, porque está referida a una realidad mucho más compleja. Sin embargo, incluye los principios centrales: no prevalecerse de una situación dominante en el mercado para limitar en perjuicio de otros colegas o del público y dar una mayor transparencia y competencia en el mercado. Están exceptuadas, naturalmente, aquellas limitaciones que la ley haya establecido en razón del interés general o las que constituyen un servicio público, porque estos no están sujetos a la competencia.

Además, se plantea la facilitación del crédito, a través de un Capítulo -que sufrió varias modificaciones en la Comisión- relativo tanto a las sociedades anónimas de garantía recíproca como a las cooperativas, algunas de las cuales ya existen.

Asimismo, señor Presidente, se dan facilidades para la adquisición de computadoras, tanto para los institutos privados -como decía el Mensaje originalmente- como para los públicos, tal como en consulta con el señor Ministro de Economía y Finanzas y a propuesta de varios miembros de la Comisión, se solicitó.

Por otro lado, existe un planteo para el Puerto de Montevideo que procura recoger algunas de las observaciones que se hicieron a tres o cuatro procesos frustrados de licitación. El primer planteo que se tiene en cuenta es la no exclusividad, lo que significa que se puedan hacer contenedores en el muelle B, por ejemplo, y si se desea hacer lo mismo al otro lado de la bahía, ello también es posible. Asimismo, se plantea una sociedad de economía mixta en régimen de Derecho Privado a los efectos de poder invertir, para que no sea necesario hacer un fondo previo de tarifas más elevadas y tener un fondo de inversión, pudiendo utilizar de los privados lo que más interesa y que es, más que la plata, la capacidad de captar más mercadería en tránsito. De esta forma, se evita que el Puerto de Montevideo no termine siendo un puerto de "feeders" respecto del de Buenos Aires o el de San Pablo. Más de una compañía naviera, desde hace años, ha pensado en el sistema que se utiliza en las Islas Canarias, donde los grandes buques bajan y reparten con "feeders" o alimentadores los contenedores. Creo que esto es urgente, señor Presidente, y hasta diría que ya es casi tarde.

Un buque "full container" puede bajar aquí mercadería para las provincias argentinas y para el sur del Brasil, o puede hacerlo en Buenos Aires y traerla con un alimentador acá; de eso se trata.

Finalmente, esto termina en una subasta, en la Bolsa, a la vista de todo el mundo. Ahora, si no se decide hacer así, que se sea claro y que se diga que no se desea la incorporación de capitales privados en este punto, aunque sí se admita en los demás.

Por otra parte, existen normas para los ferrocarriles. Hay quien ha dicho que no es nada nuevo ya que por ley la Administración puede hacer estas cosas. Es cierto que lo puede hacer, pero aquí lo que se desea es explicitar de qué forma se va a proceder, y que es tratar al "camino de hierro" -como dicen los franceses- igual que al de cemento. Existe una autoridad nacional del transporte que dicta las normas, y cualquiera que esté dispuesto a pagar por la utilización de las vías, como de la carretera, que lo haga. Del mismo modo la empresa estatal también lo debe hacer y cobrar su peaje. Esto será bueno para AFE y para el sector, porque creo que lo que aquí interesa es mover la carga al menor costo posible, y mientras más opciones tenga el usuario, más conveniente le será. Las vías siguen siendo del Estado, éste sigue transportando y no vemos por qué hay que prohibírselo a los demás.

En la mejora de la Administración, señor Presidente, hay una serie de normas que procuran mejoras a partir del estado informático y la posibilidad de tomar en leasing para que el Estado, que desperdicia dinero en arrendamientos, pueda tener la opción a compra. Hay una disposición que se discutió mucho y que en realidad no pretendía ser demasiado importante, porque el artículo 26 lo más que decía es menos de lo que establece la Constitución. Concretamente, expresaba que en un momento de austeridad se le pedía respaldo al Parlamento para solicitar esa misma austeridad en los gastos de funcionamiento, no en los salarios o en las inversiones. Eso lo podemos hacer en forma totalmente arbitraria, de acuerdo con la Constitución, en virtud de que el Poder Ejecutivo está habilitado constitucionalmente para decir que determinada resolución le gusta o no, o desea observarla por razones de mera conveniencia. Este es un procedimiento hasta si se quiere limitativo de la facultad del Gobierno, porque se le dice al Poder Ejecutivo que puede expresar a las empresas del Estado cuál es su criterio sobre los gastos, ya sea sobre la publicidad, la compra de autos, los viajes, la compra de tinteros o el alquiler de camionetas. ¿Le damos alguna facultad más al Gobierno? Ninguna. Es más, de alguna manera le decimos que en lugar del mero arbitrio, adelante su criterio. Además, desde hace muchos años por ley los organismos están obligados a comunicar al Poder Ejecutivo todas sus resoluciones de Directorio y éste puede observar cualquiera, e incluso suspender el acto, de acuerdo con el artículo 197 de la Constitución. Aquí nadie está pensando en echar Directores, sino de observar el acto y suspenderlo. Simplemente, lo que aquí se expresa es que se va a adelantar el criterio, a efectos de hacer algo racional, orgánico, a la vista de todo el mundo.

Otro aspecto que se plantea, señor Presidente, es que cuando se hagan erogaciones y se cumpla con la obligación de comunicar al Poder Ejecutivo la resolución del Directorio, se tenga a bien acompañar esto con los justificativos, o sea, con los estudios de preinversión, así como con los detalles que permitan generar la opinión de si el gasto es necesario, conveniente y demás. Quiere decir que el título que se cambió es ese: racionalizar los gastos. ¿Por qué? Porque las empresas del Estado facturan más que los ingresos que tiene el Estado central, siendo como son los gastos de éste absolutamente inelásticos: más de la mitad se destina al apoyo de las jubilaciones, a lo que se agregan los salarios, razón por la cual ese gasto no es demasiado flexible.

Tampoco tiene sentido que se reclame a este mismo Parlamento austeridad, y no se la podamos reclamar a las empresas del Estado, que se supone son tan propiedad de la ciudadanía como este Parlamento y el Poder Ejecutivo. No se busca más, ni está en juego la autonomía; no es ese nuestro propósito, y por eso cambiamos la redacción para dejarlo más claro.

Luego se establece la disminución de algunos Directorios de los Entes. Pienso que esto en sí mismo -se puede decir con justicia- no supondrá un gran ahorro y no fue ese el propósito del Poder Ejecutivo cuando lo planteó. Creo que lo hizo pensando que si iba a reclamar austeridad, debía dar alguna señal en el sentido de que también estaba dispuesto, del mismo modo que se está haciendo en esta Casa, no porque el Presupuesto del Estado se vaya a arreglar porque se tomen dos café menos o se evite algún viaje, sino porque hay que tratar de hacer algo para poder pedir a los demás que también lo hagan. Ese es el sentido que esto tiene. ¿Por qué unos más y otros menos? Porque así se acordó y además no existen normas en este país al respecto. Si se me pregunta por qué el Banco de Seguros del Estado tiene cinco Directores y el Banco Central tres, debo señalar que el criterio fue no tocar los Bancos. ¿Por qué a ANTEL le corresponden tres y a la UTE no? Por la misma razón que se tuvo en cuenta para OSE, que es tan importante como aquella y siempre tuvo tres Directores. Se acordó hacer una baja del personal político en los Entes y esta es la baja. Esa es la señal y la manera en que yo lo interpreto, con todo respeto hacia otra opinión. Creo que está bien y es un paso en la buena dirección.

Otro Capítulo de interés es el del alumbrado público, tema que siempre estuvo a cargo de la UTE hasta el gobierno de facto, que lo transfirió a las Intendencias Municipales. En el seno de la Comisión se hizo un cambio de interés sobre el concepto final.

En ese sentido, más que una discusión teórica, hay una situación real. Actualmente, el alumbrado público, como la UTE no quiebra, lo pagamos los consumidores del Ente de dos maneras: en las Intendencias Municipales serias, con la tasa correspondiente, y en las que están endeudadas, con la tarifa del organismo. No es verdad cuando se le dice a la gente: "Ah, bueno, esto le va a salir más caro", porque ya le resulta más caro. ¿De dónde se piensa que salen los U$S 40:000.000, los U$S 50:000.000, los U$S 60:000.000 o los U$S 70:000.000 -no hemos logrado precisar la cifra, porque todos los días sube- que deben las Intendencias Municipales? ¿La UTE entró en cesación de pagos? No. Entonces, surgen de las tarifas.

Por lo tanto, quien vive en un departamento cuya Comuna está al día, paga con su tasa y, además, en su tarifa está pagando la tasa de otro poblador de un lugar donde la Intendencia Municipal no hace los aportes correspondientes. Parecería mucho más racional que todos pagaran lo mismo y de forma pareja.

Concretamente, ese es el planteo que trae la Comisión al Cuerpo. Es decir, se trata de dividir para dar mayor transparencia al servicio, de modo que los que tienen iluminación, hagan el pago a través de la factura eléctrica. Es decir, pago en función de la iluminación que uso; si es poca, pago poco, si tengo mucha, será algo más y, si no tengo, no pago nada. De ese modo, sé lo que pago por concepto de iluminación. A la Intendencia Municipal le voy a pagar por mantener, ampliar y mejorar la red. Entonces, si me cobra una tasa y no hace nada, iré a quejarme a mis Ediles, que para eso los voté, y serán quienes tendrán que disponer.

En el proyecto de ley se dice expresamente -y lo aclaro porque mucho se ha comentado- que siendo la tasa no un mero impuesto, a efectos de guardar la razonable equivalencia, no puede tener en adelante el costo de la energía. Por lo tanto, no hay que pagar dos veces, pero sí existe una división de cobro para dotarlo de mayor transparencia, puesto que si no, al final, los pobladores siempre lo pagamos. El tema es si queremos hacerlo en proporción a lo que usamos o en esa bolsa extraña que se arma en las empresas públicas y en tarifas monopólicas, donde también lo pagamos pero sin darnos cuenta.

Este proyecto de ley también contiene normas varias, algunas solicitadas por el Poder Judicial, en función de la situación de trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia, y otras para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, para quienes es importante mejorar las opciones de inversión. Asimismo, hay normas pedidas por CONAPROLE que, naturalmente, respetan -y si es necesario reiterarlo tres veces más a efectos de dejarlo en claro, así lo haremos- su naturaleza jurídica y esencia. Lo que procuran es retirar los directivos políticos que la integran a nombre del Estado; desde que éste ha cambiado su rol, ya no tiene el monopolio de abastecimiento de leche a la población de Montevideo desde hace muchos años. Entonces, el Estado le dice que está en competencia, sobre todo en el MERCOSUR.

En consecuencia, a nuestro juicio no tiene sentido que el Estado participe en decisiones que no paga, sino que están a cargo de los productores. Se ha dicho que se ha hecho eso para venderla, pero en realidad se hará lo que los productores quieran. Es más; a través de esta disposición tendrán su síndico, aun las minorías, cosa que hoy no existe.

Cabe destacar, también, que hay normas para el escalafón policial, para los fondos previsionales que, básicamente, procuran que se pueda invertir en forma directa en valores que tienen que ver con la producción. Además, hay una disminución del capital. Se ha dicho que eso supone desproteger a los ahorristas porque se pone un techo. Hoy por hoy, la única AFAP que podría hacer uso de esa limitación es la del Estado, es decir, República AFAP. La única sociedad que hoy se beneficia con el techo del 2% acumulativo que deben tener de capital, por cierto de gran significación, es República AFAP. Más claro aun es el hecho de poner un límite a la constitución de la reserva especial. Tengamos en cuenta que ésta es para absorber las fluctuaciones de rentabilidad. Lo que no va al fondo de reserva especial, se destina a la cuenta del trabajador. O sea que es claro que al fijarse un límite no perjudicamos al trabajador sino que, por el contrario, reforzamos su cuenta.

Por otro lado, se incluyen normas de sociedades comerciales que, en algunos casos, procuran dar más conocimiento de la manera en que funcionan, que se pueda informar de sus Directorios aun a las autoridades fiscales y que faciliten las asociaciones y fusiones, cosa en la que, según se desprende de la prensa, está todo el mundo.

Hay otros dos Capítulos a los que voy a hacer referencia, y luego cederé el uso de la palabra, porque considero que tal vez sea de interés otro tipo de reflexiones.

Uno de ellos refiere a la legislación penal. Sabido es que el propio Presidente de la República ha dicho que hubiera preferido que este proyecto de ley no fuera una ley de urgencia, en tanto ésta pudiera ser objeto de una aprobación ficta o tácita, palabras que suscribo. A propósito, quiero significar dos aspectos. Lo primero es que tener la titularidad del Poder Ejecutivo no significa gozar de más derechos que los demás, sino tener más obligaciones. En consecuencia, la primera obligación que uno tiene es también darse cuenta de que los demás sectores políticos, en especial los que le dan respaldo parlamentario, y a veces los que están en la oposición, son representantes de las urgencias que siente la población. Frente a las urgencias que todos conocemos -aun los que no vayan a votar este Capítulo- tiene la población en materia de seguridad pública, es que se avino a incorporarlo. Eso duplica nuestra responsabilidad para dar una aprobación explícita y expresa. A fin de que la única objeción que se podría hacer con respecto a asuntos que tienen que ver con la libertad de las personas pueda tener una aprobación tácita, superemos esa barrera trabajando y aprobándola expresamente. Diría, además, que este Capítulo es el que tuvo variaciones más importantes, pues también se puso de manifiesto el ánimo, no sólo de atender las opiniones de los profesores, sino también las de los partícipes de la Comisión, tanto de quienes integran la coalición, como de los que no forman parte de ella.

En consecuencia, este Capítulo ha quedado reducido a las siguientes líneas. En primer lugar, hay una línea de delitos que aflige a los sectores más humildes de la población, que básicamente son modalidades agravadas del hurto, que todos conocemos por sus nombres populares: con destreza, "la punga", que normalmente acontece en las paradas y en los transportes públicos; los que refieren a la penetración al hogar o el arrebato, esto es, con violencia en las cosas. Existe una fuerte discusión a propósito de la tentativa de rapiña, con relación a cuándo es tentativa y cuándo deja de serlo. En todos estos casos, y aun en la tentativa, está presente la violencia.

En ese sentido, se ha planteado no aumentar los máximos, pero sí establecer que el mínimo es de penitenciaría, para no facilitar una rápida vuelta a la sociedad. No escapa a nadie que el sistema carcelario está en una situación en la que ninguno desearía, ni aun a su peor enemigo, entrar en él.

Señalo, señor Presidente, que esta situación se arregla mejorando y buscando en el presupuesto algunos recursos que tiendan a elevar la calidad del sistema carcelario. Esto no se arregla dejando tal como están a quienes, de alguna manera, hacen de la delincuencia su modo de vida. No estamos hablando del delincuente por ocasión ni por pasión. Adquirir esta habilidad lleva unos cuantos años; además, no se es delincuente por una sola vez y tampoco se enriquece. Indudablemente, este es un tema muy delicado y sobre el cual todos tenemos algo de razón. Por supuesto que todos sabemos que las causas últimas y las soluciones del delito no están, siquiera, en el sistema penal. Pero también las víctimas tienen derecho, por lo menos, a no encontrarse en su propio barrio, prematuramente, a las pocas horas o días, con quienes hacen del delito su modo de vida. La idea del Gobierno es trabajar en dos líneas. Por un lado, aceptar que para estos delitos, que tienen mucha frecuencia, haya un sistema que genere la inexcarcelabilidad. Por otro, tratar de mejorar la situación carcelaria que, por cierto, es un desafío para todos.

Hay normas sobre legítima defensa que son acompañadas, quitando el factor nocturnidad, por una presunción simple. Hay un agravamiento del atentado violento al pudor en menores. En el proyecto figura una expresión -a quienes dicen que no es necesaria- que considera agravante el carácter de oficial policial o encargado de policía administrativa.

También allí se hace referencia a aspectos que se consideran como derecho de emergencia, como es la conspiración seguida de actos preparatorios, su punibilidad de excepción. En nuestro derecho sólo estaba planteado para los casos de droga. No obstante, esto estaba planteado con bastante amplitud, pero en la Comisión se decidió retirar lo que refiere al homicidio, en especial, porque esta figura siempre estuvo considerada como un asunto de muy difícil percepción. Por ejemplo, si una persona se pelea con el vecino y al día siguiente va a comprar veneno, según dice, para matar ratas, ¿eso sería un acto preparatorio? Entonces, se dejó sólo para los delitos que más afligen a la población, la rapiña y el copamiento, donde los actos preparatorios son bastante más inequívocos que en cualquier otra conducta.

En el proyecto de ley también se consagró el deber de informar al detenido, lo cual se considera un avance. Se limitó la posibilidad del delito provocado por la autoridad, es decir, su punibilidad. Exclusivamente se encontró una fórmula que requiere dos elementos: la autorización del Juez y que sólo sea en caso de delincuencia organizada, y aun así, en forma excepcional. Es decir que la forma de organizar y proceder esa delincuencia no permitan su razonable captura por otro medio que no sea provocando el delito.

Además, se tomó de la literatura penal el planteo hecho por el señor Ministro del Interior en cuanto al suministro de bebidas alcohólicas en determinado horario, que pasó a ser una infracción administrativa. También se volvió a regular el llamado juego de la mosqueta, que ha dado lugar a muchos comentarios, algunos tan bien hechos que promovieron la sonrisa, salvo de la gente que es hurtada mientras presencia el juego, como todos lo hemos visto, en la principal arteria de nuestra capital.

En consecuencia, señor Presidente, siguiendo las indicaciones de quienes más saben, se lo colocó al lado del delito de estafa y no se pena al supuesto jugador que es timado, o sea, la víctima.

Hay normas sobre identificación civil que refieren básicamente a la prevención, pensando sobre todo en el tráfico de niños. Lo que se pretende, fundamentalmente, es organizar y llegar con más eficacia mediante los servicios sociales a la población infantil. Varias de estas normas fueron solicitadas por el propio Banco de Previsión Social, a fin de extender un conjunto de beneficios a los que se accede actualmente identificando primero al padre. Entonces, no se tiene claro quién es el beneficiario. Lo que se quiere es llegar con más fuerza y decisión a ese sector, tal como es nuestro espíritu.

También se crea el Ministerio de Deportes, transformándose la Comisión Nacional de Educación Física, además de otras dependencias existentes. Por supuesto que, como toda creación de un Ministerio, ésta es discutible. Pero si observamos la historia reciente de la Comisión, puede ser menos discutible, lo cual nos da más fuerza para votar esta norma.

Por último, el Poder Ejecutivo incluyó una norma -aclaro que la redacción definitiva no será ésta- relativa a la situación del personal militar, al cual la sociedad le encomendó la custodia externa de los establecimientos de reclusión. Como toda norma confeccionada con cierto apuro, ésta también tenía ciertas imprecisiones, por lo que se introdujeron algunos ajustes. En primer lugar, se ajustó la situación de esa guardia en los establecimientos de reclusión y en los lugares donde actualmente presta esa función, empezando por esta Casa y siguiendo por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que son, salvo los recintos militares que tienen sus propios regímenes, los únicos lugares donde ella existe. Ajustamos la redacción, porque estaba bien claro que no era el propósito de esta Administración extender la custodia militar; no está en nuestro ánimo, ni creemos que sea ésa la función. Además, estamos convencidos de que los propios integrantes de las Fuerzas Armadas comparten este punto de vista; probablemente, ellos lo hagan por razones profesionales, que compartimos, pero nosotros lo hacemos por el sentimiento de libertad y por entender que no es correcto encomendar la extensión de dicha custodia.

La situación existente es la siguiente. No se trataba de cuidar a ciudadanos cualesquiera, sino el perímetro del COMCAR. El Gobierno de la época encomendó esa tarea a las Fuerzas Armadas para liberar, porque así lo entendió de urgencia, el personal policial de la custodia de las cárceles. En esas circunstancias fue que se encomendó al personal militar el cumplimiento de dicha tarea. Todos sabemos que un soldado, obedeciendo órdenes, procedió como es público y notorio.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

-25 en 27. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- A riesgo de que no me crean, procuraré ser breve, por más que se comenta por ahí que quienes dicen esto, terminan haciendo exposiciones extensas.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Puede ser que esté equivocado y que se haya modificado el Reglamento del Senado y yo no me enteré. Pero no creo que el Miembro Informante tenga un tiempo limitado como tenemos los demás integrantes del Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Según entiende la Mesa, sí, pero vamos a verificarlo.

El Miembro Informante tiene una hora, y 30 minutos de prórroga.

Se va a dar lectura al artículo correspondiente del Reglamento.

Léase.

(Se lee:)

"Artículo 71.- En la discusión general se deliberará sobre la importancia, conveniencia o inconveniencia del asunto, a objeto de resolver si el Senado debe o no ocuparse de él.

Los Senadores no podrán, salvo casos de rectificación o aclaración de lo expresado, hablar más de una vez ni por más de treinta minutos durante la discusión general.

El o los miembros informantes, o uno de los firmantes del proyecto en consideración -si no hay informe- dispondrán de sesenta minutos y podrán, además, usar de la palabra hasta por cinco minutos cada vez que se les requiera alguna aclaración o explicación sobre el asunto. Tendrán, además, un plazo de media hora antes de darse el punto por suficientemente discutido.

La expresión Miembro Informante se interpretará, a todos los efectos de este Reglamento, como referida a quienes informen en mayoría".

-Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- He tomado conciencia de lo que ya he informado al Cuerpo y seré telegráfico.

Voy a decir lo que siento. Cuando el Poder Ejecutivo le dio la orden al Ejército de custodiar el COMCAR, nadie presentó una ley para impedirlo ni una moción de censura al Ministro. Algunos la compartieron y otros no, pero lo cierto es que la autoridad civil en su conjunto -el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial- por acción o por omisión, consolidó esa situación. De modo que siento que ahora lo tenemos que asumir y tenemos que votar esta norma, que no es la norma de gatillo fácil, sino la de respaldo a un soldado que actuó como podría haberlo hecho cualquiera de los otros soldados, porque están entrenados para ello, como todos sabemos; el día que los pusimos allí, sabíamos que si alguien se escapaba le iban a tirar. Así que ya es anecdótico saber cuál de nosotros estuvo a favor o en contra de esa medida. Lo cierto es que la medida se consolidó y sin los grandes debates que han tenido otras. Entonces, yo siento -cada cual podrá sentir en esto lo que quiera- que tenemos la responsabilidad de respaldar lo hecho. Si después sentimos que esto no debe seguir así, discutámoslo y resolvámoslo. Esa es mi manera de sentir, señor Presidente. No siento que a través de esta norma hagamos un avance a propósito del rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad uruguaya que, por cierto, lo tienen y es otro. Cada señor Senador sentirá lo que tenga que sentir; no involucro más que mi manera de sentir y los que me conocen desde hace años, saben que tengo un defecto: nunca oculto lo que siento, y yo siento eso.

En suma, esta es la primera herramienta que pide este Gobierno. No hay nuevos impuestos. Se podrá decir que se está a favor de algunos artículos y de otros no, pero todo apunta a un concepto amplio, que es la mejora de la gestión, la disminución del peso de la carga impositiva y el aliento al trabajo nacional, dentro de un marco natural e imprescindible de mantener un cierto criterio en las cuentas públicas, sin el cual nada de lo demás funciona, pero que no es un fin en sí mismo, sino que el fin es bastante superior y distinto.

Señor Presidente: recomendamos con humildad al Cuerpo la aprobación, en los menores tiempos posibles y en forma expresa, por las razones que hemos manifestado, en especial, de los capítulos finales.

9) MINUTA DE COMUNICACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Xavier y Arismendi y los señores Senadores Cid, Núñez, Fernández Huidobro, Rubio, Couriel, Astori, Nin Novoa, Mujica, Laguarda y Gargano presentan un proyecto de minuta de comunicación trasmitiendo al Poder Ejecutivo la aspiración para que se tome con urgencia la iniciativa que contemple la situación que atraviesan las instituciones de asistencia médica."

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

10) MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLAN Y DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Es oportuno dar cuenta de que se han presentado varios aditivos al proyecto de ley en discusión, que se van a repartir en ocasión de la discusión en particular.

Tiene la palabra el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, se podrían hacer muchas consideraciones, pero voy a procurar no tomar todo el tiempo. Al respecto, quisiera saber cuál es el tiempo de que dispongo, porque después de la discusión reglamentaria, me distraje.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene treinta minutos más otros treinta de prórroga. El Miembro Informante es el de la mayoría, que tiene un régimen especial.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Si el Cuerpo entiende que el señor Senador Rubio es Miembro Informante, aunque sea por la minoría, dispone del mismo tiempo que el de la mayoría.

(Interrupción del señor Senador Singer que no se oye)

-Si desea hablar, señor Senador, pida la palabra.

Como decía, ese es el criterio que ha usado siempre el Senado. De modo que se puede votar si se le concede el mismo tiempo, para volver más claro el procedimiento, pero no es lo que se ha acostumbrado siempre, por lo menos en los quince años que han pasado desde la recuperación de la democracia después de la dictadura.

Formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, correspondería votar la moción del señor Senador Gargano en el sentido de que el señor Senador Rubio actúe como Miembro Informante.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Propongo que nos ajustemos al Reglamento. Este es claro y recién me lo hacía notar el señor Senador García Costa. Al respecto, allí se dice: "La expresión Miembro Informante se interpretará, a todos los efectos de este Reglamento, como referida a quienes informen en mayoría". Esto lo dice el Reglamento; ahora si se quiere modificarlo, que se proponga una modificación.

De todas maneras, el señor Senador Atchugarry como Miembro Informante apenas pasó la hora. Quiere decir que tener una hora prácticamente es un margen suficiente. Entonces, no tengamos discusiones sobre aspectos reglamentarios que están perfectamente claros. Al respecto, ninguna moción pueda modificar el nivel de discusión que ya está perfectamente reglamentado. En consecuencia, no creo que sea de orden poner una modificación reglamentaria para la cual se debe citar al Senado.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: no tengo la experiencia de mi compañero el señor Senador Gargano, pero sí he estado cinco años en este Senado, en este mismo asiento, en los que siempre fue de pacífica aceptación el sistema que proponemos. En alguna oportunidad me tocó ser Miembro Informante en minoría, como en el caso del marco regulatorio energético, y la propia Comisión acordó considerar con equidad los tiempos. No hay ningún problema en que se aplique el Reglamento, pero recordemos entonces que siempre tenemos que aplicarlo y no como se hizo durante los cinco años anteriores. Nos acordamos del Reglamento en el día de hoy, mientras que en los otros casos se llegó a un acuerdo y se trabajó de esa forma. Podemos trabajar a Reglamento o hacerlo pacíficamente, como lo hemos hecho en diversas oportunidades.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es obligación de la Mesa aplicar el Reglamento tal cual está establecido, más allá de las pragmáticas. Por lo tanto, el señor Senador Rubio tiene treinta minutos para hablar y otra media hora de prórroga.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: es cierto lo que establece el Reglamento, tal como se ha interpretado; pero también lo es que, muchas veces, en Legislaturas anteriores, hemos acordado regímenes especiales de discusión. Recuerdo haber usufructuado de la situación de Miembro Informante en minoría -concretamente, en el caso del debate en torno al puente Colonia-Buenos Aires- y haber usado el mismo tiempo de que disponía el Miembro Informante de la mayoría.

De manera que cuando se plantea una situación de este tipo, creo -por lo menos, en lo que me es personal- que debo acompañar la solicitud que se hace en cuanto a, si es posible, mantener ese régimen en circunstancias de leyes a las que se les adjudique la importancia que reviste la presente.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa no tiene más remedio que aplicar el Reglamento.

Por lo tanto, le concede la palabra al señor Senador Rubio, en régimen de 30 minutos y 30 minutos.

SEÑOR RUBIO.- No quiero provocar un debate, sino simplemente tener claridad sobre el alcance. Lo puedo hacer en cinco minutos porque, por ejemplo, estoy acostumbrado a hablar frente a los medios de comunicación disponiendo sólo de 30 segundos. Ahora bien, el tema es que si uno fuera a emitir opinión con cierta profundidad sobre éste, no ya proyecto, sino macroproyecto, una hora no alcanzaría.

Hemos adelantado trabajo e hicimos lo que no hizo la mayoría, que es redactar un informe, que obviamente nos dio trabajo, puesto que tuvimos que estar hasta las 14 horas del sábado en este hermoso edificio, acompañado de la guardia y algún funcionario. Esto le ha dado una ventaja relativa a mi amigo, el señor Senador Atchugarry, porque él ha podido comentar el informe de la minoría y yo no puedo hacer lo mismo con el informe de la mayoría. Si esas son las reglas, está bien.

El señor Senador Atchugarry ha dicho que el tema de la urgencia es un concepto político, y estoy de acuerdo con ello, aunque si uno lee la Constitución más bien parece referirse a otra cosa y no a un proyecto de ley que incluye, por lo menos, a una docena de proyectos.

Como decía, hemos trabajado en esta cuestión. En realidad, hubo todo un proceso previo de tipo político. El señor Presidente de la República solicitó opinión a nuestra fuerza política, que le fue dada a través de un documento y de una entrevista que mantuvo con el doctor Tabaré Vázquez. Nosotros esperábamos que se hiciera alguna modificación importante en la iniciativa original, pero eso no sucedió, salvo en lo que hace a alguna cuestión no muy central.

Posteriormente, llega el borrador, como iniciativa del Poder Ejecutivo. Y hablo de borrador porque era casi tan borrador como el que recibió nuestra fuerza política, dada la cantidad de erratas, repeticiones y manifiestos errores que contenía. Por su nivel de improvisación, demostraba que había recibido modificaciones hasta el último minuto.

No se puede decir, pues, que no hemos sido tolerantes en este proceso político, ya que, en realidad, en el Parlamento recibimos una docena de leyes con el rótulo de urgente, que incluía, diría, una veintena de problemas de presentación realmente importantes. Debemos reconocer que muchos se corrigieron, porque en la Comisión hubo amplitud desde este punto de vista para incorporar elementos formales y algunos de contenido, que permitieron mejorar el proyecto en su presentación.

Pero el tema de fondo, es decir, si el proyecto de ley es de urgencia o no, como concepto político, subsiste y merece, desde nuestro punto de vista, una opinión distinta, porque también en esto la materia se vincula con la forma y la materia no incorporaba temas verdaderamente urgentes para la sociedad uruguaya. Sí incorporaba algunos que son urgentes, pero también contenía un conjunto muy grande, en esa miscelánea de puntos, que no lo son. He podido advertir que el señor Senador Atchugarry, con su clásica inteligencia, ha intentado vincular unos temas a otros. Bueno; uno puede hacer un esfuerzo por incorporar con carácter verdaderamente urgente algunas modificaciones sobre la sindicación entre los accionistas en las sociedades anónimas, sobre algún juego -ese ejemplo que ha sido tan socorrido- que se practica en la avenida 18 de Julio y en otros lugares; sobre algunos aspectos del régimen del Derecho Comercial sobre las sociedades; sobre la creación de un Ministerio; sobre problemas importantes y cambios relevantes en la legislación penal; sobre la baja de algunos impuestos y otras modificaciones al sistema tributario y, por último, sobre importantes cambios en los Entes Autónomos, en particular, en dos de ellos. Puedo hacer un esfuerzo, repito, y decir que todo esto es urgente y que está vinculado. En realidad, las cosas de este mundo suelen estar todas vinculadas por algunos de sus aspectos o aristas, pero de ahí a concluir que tengan un vínculo que justifique incluirlas en un proyecto de ley de urgencia, creo que hay una distancia muy importante.

Nosotros interpretamos que esta cantidad de cuestiones han sido incluidas en un solo proyecto únicamente porque existe un acuerdo político muy claro entre los miembros de la coalición en cuanto a presentarlo de este modo.

En segundo término, quiero decir que se nos impuso un régimen de trabajo que creó muchas tensiones y que no resuelve adecuadamente las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en materia de elaboración de modificaciones legislativas, porque el tiempo de una semana para tratar todo el proyecto, hacer las consultas del caso, recibir a los Ministros, a los catedráticos, a las organizaciones sociales y a todos los que tenían algún grado de vinculación con la cuestión, fue muy limitado y exiguo.

Por otra parte, votar en cuatro reuniones -que duraron 16 horas- 95 artículos de un proyecto, de los que quedaron 89 artículos, fue una verdadera proeza, que no es conveniente que se realice ni que se reitere. Da la sensación de que había una especie de frenesí legislativo que imponía considerar todo esto al mismo tiempo y procurar sacarlo de la Comisión y luego del Senado -que creo es el criterio- con la mayor velocidad posible.

Sostenemos el punto de vista que expusimos en la Comisión, en cuanto a que hubiera sido altamente conveniente para el Parlamento y el país considerar en distintos proyectos de leyes las iniciativas que se desglosaran de la ley de urgencia, porque creíamos que podían ser perfectamente tratadas aparte. Me refiero, por ejemplo, a las normas sobre defensa de la competencia que, en su mayoría, son programáticas y no tienen ninguna consecuencia en materia de sanciones; a las normas incorporadas sobre el tema del transporte, que finalmente se sacaron; una parte de la legislación sobre modificaciones al régimen de las AFAP; la iniciativa sobre sociedades comerciales; la legislación penal, por la delicadeza de los temas en cuestión; y por último, reitero, la creación del Ministerio de Deportes. No creo que ningún uruguayo en un debate público -esto no se va a poder sostener con credibilidad- entienda que fundar hoy el Ministerio de Deportes, incluyendo dos Unidades Ejecutoras que se fusionan, sea una iniciativa que merezca un trámite acelerado en el Parlamento, disponiendo de 45 días en una Cámara y 30 días en la otra para su tratamiento, a pesar de que todos estemos de acuerdo en que hay que promover el deporte en el Uruguay. Este criterio no fue aceptado; estábamos dispuestos a que se consideraran con carácter de urgente el resto de los capítulos incluidos en el proyecto.

En cuanto a los distintos capítulos que lo consideran, nosotros pensábamos, antes de recibir el primer borrador, en el diálogo político que se estableció con el Presidente de la República, que algunos de los compromisos publicitados en oportunidad del balotaje, en el acuerdo del 9 de noviembre, estarían incluidos; es más, lo dimos por descontado.

Sin embargo, de los compromisos de ese momento prácticamente no hay ninguno en este proyecto de ley. No sé si serán remitidos en el transcurso del año a propósito del Presupuesto o en otras oportunidades, pero no está de más recordar que el acuerdo político que permitió que el doctor Jorge Batlle llegara al lugar en que está preveía un incremento de los salarios de los funcionarios del Gobierno Central, un aumento de las jubilaciones menores a un Salario Mínimo Nacional, la elevación de los topes jubilatorios, una mejora en el Seguro de Desempleo para los trabajadores mayores de 50 años, una disminución de las tarifas públicas, una ampliación del régimen de devolución de impuestos para exportadores, un incremento de la inversión educativa hasta el 4,5% del Producto Bruto Interno, una rebaja de los tickets del mutualismo y la supresión de la sobretasa del Impuesto a las Retribuciones Personales. Es posible que todo esto figure en otras iniciativas parlamentarias, pero la mayor parte son necesidades verdaderamente urgentes.

Por otra parte, hemos planteado necesidades que sí nos parecen urgentes, que fueron elevadas al señor Presidente de la República y algunas de las cuales fueron incluidas en los aditivos y sustitutivos que presentamos a esta Cámara.

Si bien nos vamos a referir posteriormente al balance de este proyecto de ley que podemos hacer como fuerza política, queremos señalar que nuestro voto en general va a ser negativo por las razones que daremos a lo largo de nuestra breve exposición, breve en relación al tenor de los temas en consideración.

Con respecto al Capítulo I, relativo a la inversión y el empleo, debemos hacer algunos comentarios. El señor Senador Atchugarry ha hecho una argumentación que en el campo epistemológico se llama "verificación contrafáctica" y se refiere a lo que hubiera sucedido en caso de no haberse aprobado lo que se aprobó. Entonces, frente al argumento que dice que, en realidad, el extraordinario esfuerzo que ha hecho la sociedad uruguaya, superior a los U$S 200:000.000, para rebajar el impuesto de los aportes patronales en la industria manufacturera desde el 1º de julio de 1995 hasta el 30 de abril de 2000, no ha provocado un incremento ostensible del empleo, debemos pensar en lo que hubiera ocurrido en materia de empleo si no se hubiera aprobado. Indudablemente, es posible que la industria no hubiera tenido esta ventaja y, por lo tanto, se hubiera dado una caída mayor. Reitero que estamos en el terreno de las asunciones epistemológicas de lo que hubiera pasado en caso de no darse determinado factor, que es absolutamente opinable y sin demasiado asidero. Lo que sé es que hubo una inversión de U$S 203:000.000, U$S 204:000.000 o U$S 205:000.000 y, si tomamos los informes de la Cámara de Industrias, suponiendo como base cien el año 1988 y estudiando la serie 1993-1999, en materia de ocupación como indicador global para la industria manufacturera para un índice que estaba en 60,29 en el momento de comenzar a regir la reducción de los aportes patronales en julio de 1995, podemos constatar que el resultado a diciembre de 1999 es de 48,58. Para los textiles, por ejemplo, partiendo también de 1995 con un índice de 48,70, en diciembre de 1999 el valor es de 32,09. Algo similar ocurre en las demás ramas industriales importantes. Por lo tanto, cuando la Cámara de Industrias dice que se ha producido una caída muy importante del empleo, se está refiriendo a este período. En el Boletín de setiembre a diciembre de 1999 de la Cámara se expresa que "En cuanto al empleo industrial se observa que el mismo presentó una disminución sostenida del 6% acumulativo anual desde 1988, lo que representa una pérdida de casi 90.000 puestos de trabajo. En este caso se aprecia que los sectores de mayor inserción internacional fueron en conjunto los que presentaron mayores caídas de empleo. Este es el caso del sector plástico", etcétera. Luego se relativiza y se dice que "Esta baja del empleo directo del sector industrial debe analizarse teniendo en cuenta la tendencia a la tercerización de actividades que ha tomado fuerza en los últimos años". Finalmente, concluye que en los últimos años, considerando y descontando este factor, la caída ha sido realmente espectacular. Esto es lo que ha sucedido en la última década, y el final de la misma no ha sido ajeno a la tendencia.

Nosotros apoyamos la reducción de los aportes patronales con carácter permanente para la industria manufacturera, pero al mismo tiempo señalamos que parece no haber tenido un impacto muy relevante, por lo menos, en lo relativo al empleo. Esto quiere decir que hay otros factores más importantes que están influyendo en esta cuestión. Entonces, se puede afirmar que esta medida importa, pero no sostener que hay que aprobarla con carácter urgente porque de ella depende la fuerza de trabajo de los uruguayos vinculados a la industria.

El artículo 2º tiene un problema -razón por la cual no lo vamos a votar- y es que faculta al Poder Ejecutivo a reducir los aportes patronales para cualquier sector y en la medida en que lo entienda conveniente. No lo vamos a votar no porque no sea conveniente hacer las reducciones, sino porque nos parece que se le transfiere al Poder Ejecutivo, como cheque en blanco, una facultad que le corresponde al Parlamento.

Nos hacemos cargo de que este proyecto de ley de urgencia que promueve el Poder Ejecutivo tiene como punto de partida una situación en el Uruguay con rasgos de urgencia, así como de la pesada herencia que ha recibido el señor Ministro Bensión. Si el año pasado el Producto Bruto Interno cayó un 3% y el déficit fiscal fue de 3.5 del PBI, superando los U$S 800:000.000 en el mes de febrero según la información brindada por el señor Ministro de Economía y Finanzas, debemos concluir que para el sistema económico, en cierta medida, la situación tenía algunos rasgos de dramatismo. Si, además, en cuenta corriente la balanza de pagos tenía un déficit de 2.8 del PBI y la tasa de desempleo superó el 11.3%, el resultado del anterior Gobierno, cualesquiera fueren las circunstancias, tiene un conjunto de indicadores con rasgos negativos muy acusados. Lo paradójico de esto es que la mayor parte de estas cosas fueron dichas por esta fuerza política durante la campaña electoral, y se le manifestó que estaba distorsionando la realidad o quizás mintiendo. No hay una afirmación que se haya realizado en la campaña electoral por parte del Encuentro Progresista que no haya sido convalidada por el señor Ministro Bensión en los informes que presentó al Parlamento, a los empresarios o a otros sectores. Realmente es notable lo que ha sucedido en el Uruguay en tan breve tiempo, casi tan notable como lo que no se podía hacer en derechos humanos durante quince años o quince meses y que se llevó a cabo en quince días. Este es un país sorprendente en mucho de sus aspectos y en las modalidades de operar en la vida política.

Nos hacemos cargo de esto, pero también de la preocupación que nos provoca la terapéutica que se va a emplear para encarar estos problemas tan importantes.

Si hay un déficit fiscal de U$S 800:000.000 cabe prever que se va a producir, en forma unilateral o acumulada, una rebaja en los salarios públicos a través de ajustes por debajo de la inflación, un incremento de las tarifas públicas, una reducción del 20% en las inversiones -que ya fue acordado por el Decreto Nº 90/2000- o un endeudamiento externo creciente, que también ha sido decidido, en la medida en que se ha solicitado al Parlamento una nueva autorización para ello. Estamos dispuestos a votar esta nueva autorización, pero debemos señalar -y con ello termino este aspecto- que los topes de deuda sólo en los Bonos del Tesoro, las Letras, los bonos de las AFAP, los bonos Brady y los bonos Cupón Cero, que se votaron y no se aplicaron para el salvataje del sector agropecuario, superan los U$S 5.046:000.000. Quiere decir que nos hacemos cargo de esta situación, pero no vemos un vínculo demasiado estrecho entre ella y gran parte del contenido de este proyecto de ley. En realidad, en materia de inversión y empleo consideramos que las medidas a adoptar están lejos de ser suficientes y, en consecuencia, vamos a proponer un aditivo para promover en forma diferencial el empleo industrial, vinculándolo con algunas franjas etarias y ciertos sectores sociales.

En definitiva, algunas medidas del primer Capítulo las apoyaremos y otras, por las facultades que otorgan, no contarán con nuestro voto favorable.

En lo que tiene que ver con el sector agropecuario, se destinan U$S 23:000.000, entre la exoneración parcial que se produce en el impuesto al Banco de Previsión Social por los aportes patronales y la rebaja de la Contribución Inmobiliaria. Debemos decir que en esta propuesta no están incluidos aspectos que quizás hoy no se hagan oír en este ámbito, pero es posible que en los próximos quince días -una vez pasado el legítimo alboroto de las elecciones municipales, que ha tenido resultados tan disímiles y algunos inesperados- sí escuchemos los reclamos de los productores agropecuarios. Según la información con la que contamos -sin duda el señor Senador Mujica podrá ampliar el punto- hay ejecuciones en el agro y los beneficios que se proponen en este proyecto, que son importantes en la medida en que si no los disminuimos cuestan U$S 23:000.000, no alcanzan, en forma diferencial e importante, a los pequeños productores, porque los beneficios previstos en el artículo 4º fueron absorbidos por el artículo 3º.

Por tal motivo, vamos a proponer un sustitutivo del artículo 4º.

En lo que tiene que ver con la Contribución Inmobiliaria Rural, cabe identificar que cuatro millones de hectáreas van a recibir aproximadamente U$S 4:000.000; es decir, U$S 1 por hectárea. Cuatro millones de hectáreas son ocupadas por entre 45.000 y 48.000 productores, que son más del 90%, y recibirán los U$S 4:000.000, lo que significa U$S 100 por productor -si son propietarios- por año. Resulta que muchos son productores y arrendatarios. Por otro lado, tenemos cuatro millones de hectáreas de las cuales son titulares menos de mil productores, los que recibirán U$S 4:000.000. Es decir, alrededor de U$S 4.000 por titular. Hubiera sido conveniente un criterio que le diera mayor aliento y transferencia de recursos a los medianos y pequeños productores que son los que tienen la peor situación, como así también que se contemplara a los arrendatarios. Como esto no ha sido planteado, vamos a proponer un sustitutivo del artículo 10, que resuelve esta situación contemplando las prioridades de los pequeños productores y la de los arrendatarios.

En relación con los artículos 7º y 8º, la única puntualización que tenemos para hacer sobre el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales es que el activo tierra no es como cualquier otro, ya que posee otra significación en materia de recursos naturales y soberanía. En lo que tiene que ver con las normas sobre la competencia y en contra de los monopolios, estamos de acuerdo. Son un poco programáticas pero en líneas generales las apoyamos.

Quiero volver a un punto anterior, porque olvidé señalar que es nuestra intención política proponer otro artículo para el sector agropecuario que atienda, aunque sea parcialmente, su dramática situación.

El Capítulo sobre facilitación de crédito nos parece positivo, al igual que el relativo a la informática en la educación. Debemos reconocer que se incorporó, luego de una consulta al Poder Ejecutivo, algo que nos parece elemental, que es extender los beneficios de la rebaja del IVA para la compra de computadores y otros implementos informáticos para el sector público.

El Capítulo relativo a los Entes Autónomos yo diría que, por lo menos, no es inocente. No estoy de acuerdo cuando se sostiene que estamos en la era de las micro reformas y que pasó el momento de las macro reformas. En realidad hay una macro reforma en relación con los Entes Autónomos que se ha hecho por la acumulación de micro reformas. Entonces, el resultado puede ser distinto. No se puede sustentar sólidamente la tesis de que en Uruguay no se han hecho modificaciones en el régimen de monopolio de los Entes del Estado y en el régimen de regulaciones. Lo que se ha aplicado es una línea de modificaciones que por acumulación tuvo como resultado la desregulación de gran parte de toda esta área y la desaparición de las situaciones de monopolio, quedando reducidas a sectores que no son muy importantes. El señor Senador Atchugarry conoce mucho más sobre el tema ya que fue el autor de muchas de estas modificaciones y las ha seguido en forma muy inteligente y con gran voluntad y persistencia. Así tenemos las modificaciones que se hicieron en ANCAP en cuanto al manejo y la asociación para emprendimientos mixtos en alcoholes y portland, la desregulación en UTE, el cambio que se hizo en el Correo, la habilitación genérica que se le dio a OSE en 1995 para concesiones de obra donde quisiera y de servicio sin limitación alguna ni control parlamentario. Todo esto tiene la característica de que se vota una vez en el Parlamento y luego el Ente lo aplica tantas veces como lo crea conveniente. Tampoco podemos olvidar los cambios que se propician en este proyecto con relación al Puerto, la modificación que se hizo en el régimen del Banco Hipotecario, en el Banco de Seguros, en el Banco de la República, en PLUNA, el que se propone para el Aeropuerto, entre otros. El resultado global de todas estas medidas es que muchas de las empresas públicas desaparecen -como PLUNA- otras se debilitan y las demás pierden áreas estratégicas que estaban a su cargo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado una moción en el sentido que se prorrogue el término de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Si se tratara de fortalecer empresas públicas que operan en régimen no monopólico y realizan inversiones en conjunto con el sector privado, dentro del país y fuera de él, al estilo y modalidad de la francesa u otros países europeos -incluso, en algunos aspectos de Estados Unidos- sería una cosa; pero si el asunto es que bajo la implementación jurídica del sistema de empresa mixta, se hace una asociación donde la presencia del Estado es irrelevante o testimonial y donde se combina eso -como se hizo en PLUNA- con un operador privado que después se convierte en acreedor del emprendimiento mixto y termina comprando el paquete, el resultado es muy diferente. No estamos de acuerdo con la modificación que se hace del régimen general de los Entes Autónomos por las señales que se dan y no porque no se tengan facultades constitucionales para hacerlo. En realidad, la reducción de los Directorios de los Entes Autónomos podía haber sido estudiada y considerada globalmente, si se trata de hacer un nuevo sistema para los Entes. Ahora bien; con una modificación puntual realizada para algunos de ellos sin saber cuál es la racionalidad que inspira, salvo el acuerdo político, no estamos de acuerdo.

El tema relativo a UTE lo discutiremos en particular, porque creemos que el tema de si hay o no doble tarifa, da para bastante. Nos parece que en varias Intendencias se va a producir el fenómeno de la doble imposición.

En cuanto al Puerto, creo que se trata de no ser inocente. El paquete accionario de esta nueva sociedad colocado en la Bolsa es un fenómeno transparente. Sin embargo, en forma transparente como se lo coloca en la Bolsa, va a suceder que un gran comprador, probablemente, de una naviera internacional adquiera la mayor parte de un paquete accionario, pero en la ley no se establece si existe un mínimo del Estado. Tampoco se establece si los dos Directores que se tienen son en cuatro, cinco o siete; entonces, el resultado lo podemos prever de acuerdo con los antecedentes. Además, las acciones no son nominativas sino al portador, es decir que la posibilidad de tener una influencia importante de la sociedad a través del Estado en la futura playa de contenedores del Puerto de Montevideo, con estas bases legales, puede ser nula.

Con respecto a AFE se podrían hacer algunas consideraciones similares que se las ahorro al Plenario, porque llevarían mucho tiempo.

El capítulo de la descentralización incorpora algunos elementos y disposiciones que compartimos. No obstante, hubiéramos preferido que la integración de la Comisión Sectorial de Descentralización le otorgara a los Intendentes un rol más importante, sin que estén en paridad con los representantes del Poder Ejecutivo. No vemos por qué deben estar en paridad numérica con los representantes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, de pronto con esta nueva composición del Congreso Nacional de Intendentes, esto se pueda reconsiderar. No veo por qué deben tener el mismo número que los representantes de los Ministerios en una Comisión asesora que se ocupa de la descentralización. En cuanto a algunas otras atribuciones de la Comisión, hemos presentado y vamos a presentar algún aditivo, pues nos parece que es uno de los temas más importantes que se incluyen en este proyecto de ley y donde hay una cuestión de fecha porque viene el Presupuesto y, por lo tanto, se requiere el informe de esta Comisión.

Las dos primeras normas de las AFAP no son apoyadas por nosotros porque cae la responsabilidad patrimonial y de capital que tienen las sociedades administradoras en relación al fondo que administran. No vemos por qué se establece un tope. Antes existía una relación fija de un 2%; entonces, si el fondo era -y lo será dentro de unos años si este sistema sigue con el desarrollo que tiene- de U$S 1.000:000.000, se obligaba a la administradora a que tuviera U$S 20:000.000 como capital y patrimonio. Sin embargo, ahora por esto tiene U$S 2:500.000 como tope de patrimonio. En esto no hay garantía del Estado, pero si uno no está de acuerdo con el sistema pero se coloca en la defensa de los ahorristas de dicho sistema -y nosotros nos colocamos en ese punto de vista- se pregunta por qué bajar tanto, a lo que se contesta que es porque se afectan las comisiones. Se pueden afectar las comisiones o la tasa de rentabilidad de la empresa que maneja el fondo. Por tanto, el tema es por dónde se promueve el efecto.

Las otras normas que se vinculan con inversiones u otros aspectos, en líneas generales cuentan con nuestro respaldo.

En materia de seguridad ciudadana, las dos normas que ha promovido el Ministro Stirling sobre los pases en Comisión y los retirados policiales, también son apoyadas. En ello no vemos problema alguno, pues creo que está en otra parte en relación con el Instituto policial. La legislación penal no nos resulta para nada convincente. Eso que se ha dicho en una frase que se ha repetido muchas veces en cuanto a que no hay que legislar bajo el signo de la alarma, parecería que aquí, por lo menos en parte, se aplica. Existe una situación de alarma social que no está en duda. Los cuatro bloques de medidas más importantes que aquí aparecen tienen problemas y, a nuestro juicio, algunos son muy relevantes. No parece que en este tema de la seguridad y los delitos se apuntara a otros factores como ser la génesis de los delitos, las políticas de prevención y disuasión, los dispositivos de investigación y represión o la reeducación de los detenidos. No parece que se apunte a los campos de actuación de naturaleza económico-social, a la reestructuración del instituto policial o al sistema carcelario. Creo que hay un juicio extendido que, en realidad, comprende a la mayor parte del sistema político, acerca de que nuestro sistema carcelario es deplorable. Le he pedido información al señor Representante Chifflet, y me ha dado información cuantitativa sobre esta cuestión. Estamos en un eje de 4.000 detenidos en establecimientos carcelarios y situaciones de cárcel. En los niveles que se está en Uruguay en materia de desatención, hacinamiento y deplorable situación desde el punto de vista de la salud y otras condiciones, cualquier modificación que se haga en el otro eslabón que es el penal, tiene un impacto directo en esta cuestión. Entonces, no es argumento sostener que no se debe hacer esta modificación penal porque va a traer 500 presos más por año, o sea, 1.000 en los primeros dos años. Puedo compartir el punto de vista de que el argumento cuantitativo no debe ser el que defina el tema penal, pero entonces deberíamos discutir aparte la modificación penal y ver si es convincente o no. Por otra parte, si va a tener un impacto tan importante que incrementa en un 25% el número de detenidos en el Uruguay en el primer año y medio o en el segundo, tendría que haber un conjunto de medidas paralelas para atender esta situación. Sin embargo, si el sistema tiene los niveles deplorables que sustenta, como punto de partida, hacer esta modificación puede atraer consecuencias que sean exactamente inversas a las que se propician. Está muy claro que la situación en que se encuentra hoy el sistema carcelario y el incremento en el número de presos, en estas condiciones, va a producir un salto en los niveles de incidencia delictiva en el Uruguay porque, de esta manera, para los primarios que ingresan, las cárceles se han convertido en formidables sistemas de educación para agravar sus pautas de conducta.

Creo que, por lo menos en el debate a nivel de los ámbitos especializados, esto está fuera de discusión. Realmente, no comprendemos cuál es la racionalidad y la lógica de las modificaciones que se propician en esta iniciativa en lo que tiene que ver con la conversión en inexcarcelables de determinados delitos en todas sus variantes, sin darle al Juez la facultad de que pueda adoptar ciertas decisiones en este terreno.

Este es, entonces, uno de los problemas más importantes que se plantea en este texto.

Me pregunto, además -y aclaro que no es una opinión que tengamos en particular, sino que proviene de la gente que se ha dedicado al estudio de este tema durante mucho tiempo a nivel de distintos partidos- cómo puede ser que los últimos tres períodos de Gobierno se inicien con un año en el que se instrumentan, discutimos y aprobamos el mismo tipo de medidas. Esta discusión se planteó al comienzo de la Administración del doctor Lacalle; se volvió a plantear cuando se aprobó el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en el año 1995, concretamente, en el primer año de la segunda Administración del doctor Sanguinetti, y ahora se plantea el mismo tema, con medidas similares, en el primer año de la Administración del doctor Jorge Batlle.

Los estudios cuantitativos y cualitativos sobre los delitos cometidos en el Uruguay muestran que crecieron en los últimos 5 años. Si esto es así, entonces todos los alegatos que se hicieron -por lo menos los que yo oí en la Cámara de Representantes- sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, se encontraron un día con la cruel realidad que mostraba que ese no era el camino.

Quiere decir que estamos ante el fracaso más ostensible del sistema político a la hora de adoptar medidas para combatir la delincuencia y generar mayores niveles de seguridad -o menores niveles de inseguridad- a la población, que en muchos aspectos está aterrada, ha cambiado sus pautas y se ha enrejado, por lo menos en la mayor parte del área metropolitana del país. Y si vuelve por este camino y no plantea medidas en otros campos, irremediablemente se va a ver enfrentado al mismo resultado dentro de cinco años.

Este es el juicio que tenemos del proyecto de ley, después de haberlo considerado con gente que, desde el punto de vista técnico y político, nos merece la mejor opinión, pues se han dedicado al estudio de estos temas durante muchos años. Por lo tanto, no creemos que por este camino se vaya a buen puerto.

Hay otros problemas que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, de orden filosófico. Me refiero al tema del delito provocado, que fue discutido y en torno al cual escuchamos, entre otras, la opinión del doctor Fernández. Concretamente: ¿puede un Juez autorizar que se cometan delitos para prevenir la comisión de otros delitos? Debo reconocer que se reduce el mal, pues se limita al crimen organizado. Sin embargo, nos queda la sensación de que se está cruzando el Rubicón, porque, ¿dónde vamos a parar? Por cierto, hay países que lo aplican, pero la mayor parte no.

Otro tema importante es el de los militares y la custodia perimetral de cárceles o de otros lugares. En el momento en que esto se decidió y comenzó a aplicarse no estuvimos de acuerdo, y ahora estamos ante las consecuencias. Sería preferible, entonces, eliminar el sistema y no legislar sobre las consecuencias, que habilitan a que los soldados que están en esas situaciones, que a veces son dramáticas, tengan que dar respuesta, rompiendo la cadena de mando, que modificar la legislación sobre este tema para abarcar las nuevas situaciones que se generan.

En otras de las disposiciones que promueven cambios también hay problemas, no obstante lo cual compartimos algunos puntos. Por ejemplo, estamos de acuerdo con que se eleve la pena para el delito de atentado violento al pudor cuando la víctima es menor de 12 años, así como en otras situaciones.

Sobre el sistema carcelario hemos ya expresado nuestra opinión, pero vale la pena recordar el juicio que emitió la Comisión Honoraria del Mejoramiento del Sistema Carcelario en el año 1996. Lamentablemente da vergüenza ajena, porque hay que ser analfabeto para no darse cuenta de que muchos de los primarios que allí ingresan, por el contexto en el que quedan durante varios años, cuando egresan lo hacen en condiciones espantosas para la sociedad uruguaya, tal como es de público conocimiento. En 1996, esa Comisión Honoraria en la que participó el doctor Tomassino, dijo que había una inadecuación de los edificios, superpoblación y hacinamiento. Es más, los datos aportados por el señor Representante Chifflet establecen que hay casi 1.900 presos en el COMCAR, lo cual es un reverendo disparate; lo mismo sucede en Canelones y en muchas cárceles del interior. Además de superpoblación y hacinamiento, existe una ausencia de capacitación específica funcional, así como una distribución inadecuada de funcionarios, corrupción, violencia física, desorganización de los equipos técnicos, régimen disciplinario desprovisto de garantías, desvalorización de los derechos de los internos, ocio excesivo, etcétera.

Creo que, en terrenos como los del instituto policial, sistema carcelario y otros campos vinculados, hubiera sido conveniente operar con otras medidas, que esperamos que este año se concreten. En verdad, desesperamos, y esperamos que esto pueda lograrse por otras vías.

Finalmente, queremos expresar que hemos presentado un conjunto de aditivos y de sustitutivos -algunos conocidos en la Comisión y otros nuevos- que toman, entre otros, el tema del empleo industrial -que puede ser menor, pero es significativo- así como el del agro -para lo que se plantean cuatro o cinco medidas- y lo que tiene que ver con la transparencia de las sociedades anónimas. También se plantean aditivos relativos a la descentralización, a los educadores y su situación social, así como alguno relativo a la pobreza, universalizando la asignación familiar para hogares pobres. Se incluyen además medidas en lo que tiene que ver con el ingreso, los asentamientos y la libertad sindical.

Sabemos que algunas de estas medidas requieren de la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, pero no es nuestro propósito entrar en un debate prolongado en el Senado, sino dar una señal política y generar un ámbito para que se puedan analizar, a efectos de encontrar una oportunidad en el curso de este año y saber cuál es el mecanismo para que puedan ser aprobadas, total o parcialmente, en el marco de los trabajos del Parlamento nacional.

En términos generales, estas son las opiniones que están contenidas en el informe. Otros aportes los haremos en el curso de la discusión particular.

11) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR CID.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: teniendo en cuenta que estamos cerca de la hora habitual de término de la sesión -aunque tratándose de una sesión extraordinaria los plazos normalmente establecidos no rigen- sería importante que el Cuerpo definiera cuál va a ser el régimen de trabajo en el día de hoy y siguientes, a los efectos de poder ordenarnos en cuanto a los tiempos de los expositores mediante un cronograma. Tenemos entendido que se pretende aprobar el proyecto de ley en esta semana, lo cual, de confirmarse, nos parece implicaría un régimen de trabajo absolutamente inmanejable.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia aclara que los coordinadores habían acordado trabajar hoy hasta que el señor Senador Laguarda terminara su exposición, a quien le corresponde el uso de la palabra a continuación. Mientras tanto, mañana y pasado se trabajaría desde las 16 hasta las 21 horas. Teníamos entendido que el Frente Amplio había sido consultado respecto a este extremo pero, en todo caso, mientras el señor Senador Laguarda comienza su intervención, los coordinadores podrían acordar el régimen de trabajo para mañana y pasado.

12) MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLAN Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del proyecto de ley de urgencia.

Tiene la palabra el señor Senador Laguarda.

SEÑOR LAGUARDA.- En primer lugar, como una cuestión de cortesía, quiero manifestar mi agradecimiento al señor Senador Michelini, quien ha aceptado que hiciera uso de la palabra en este momento, ya que el día de mañana vence el plazo de licencia del titular de la Banca que estoy ocupando en el Senado.

Mi intervención va a ser global y referida a la ley en general, sin entrar al análisis de los capítulos o artículos, ya que este punto queda para la discusión particular. Voy a tratar de entender esta ley vinculándola con el momento peculiar que está viviendo la República, tratando de ver el alcance de sus normas.

Esta ley de urgente consideración es presentada en un momento en que el país vive una situación de crisis, una coyuntura de grave crisis económica pautada por el estancamiento y el endeudamiento del conjunto de sus sectores productivos -el agro, el comercio, la industria, el turismo- acompañada de una grave crisis social: el crecimiento de la pobreza y del desempleo, la crisis de la vivienda y la crisis de la salud, donde se anticipan situaciones tremendamente graves para muchas Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, que se ven enfrentadas a una posible quiebra.

Toda esta situación que enmarca la presentación de esta ley es, sin duda, el fruto de coyunturas que llegan de fuera de fronteras -la crisis regional a partir de la devaluación de Brasil, la situación internacional con el aumento del precio del petróleo y de las tasas de interés- pero sobre todo -y lo decimos muy enfáticamente- esta crisis también es consecuencia de políticas económicas equivocadas que se han seguido en los últimos 15 años y que han dejado a nuestro aparato productivo y a nuestra sociedad indefensos para enjugar los efectos negativos que vienen de fuera de fronteras.

Ahora bien, señor Presidente: ante la crisis, el país necesita medidas de urgencia; sin duda, espera soluciones de urgencia. Entonces, nos preguntamos: ¿están contenidas en este proyecto de ley? Desde ya decimos enfáticamente que no, que en la redacción original que viene del Poder Ejecutivo no hay, a nuestro juicio, soluciones reales para el tema del empleo y la desocupación, ni para el incremento de la pobreza, ni para los salarios sumergidos o el tema de la salud. Precisamente, la salud no es mencionada en ningún momento en este proyecto.

Queremos recordar ante el Plenario del Senado una situación que vivimos en la Comisión de Constitución y Legislación cuando el señor Ministro de Economía y Finanzas hizo su comparecencia, el día 25 de abril. Allí, varios señores Senadores tocaron el tema del endeudamiento y nosotros agregamos el que padecían las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, planteando la necesidad de que el Estado instrumentara medidas para enfrentar esta situación de crisis hasta que se pudieran poner en práctica soluciones más de fondo y estructurales. Exactamente el mismo sentido tiene el mensaje que elevamos hace unos momentos para que este Plenario lo considere. El señor Ministro no contestó nuestro planteo referente al tema de la salud, pero hizo referencia a que el tema del endeudamiento era un problema de acreedores y deudores y no de la ley. En ese momento vimos el paradigma de una concepción económica que criticamos y de la cual nos sentimos tremendamente distantes; vimos una concepción del Estado desertor, de la retirada del Estado ante un gravísimo problema que involucra en este caso a un sector capital de la sociedad, como es el de la salud, pero como son muchos otros; vimos a la concepción liberal o neoliberal que tanto criticamos.

A nuestro juicio, esta ley no encara los problemas reales del país ni responde a las expectativas profundas de nuestro pueblo. ¿Qué es lo que contiene esta ley? En primer lugar, algunas medidas que compartimos y que vamos a votar afirmativamente. Por ejemplo, vamos a acompañar las medidas que significan un alivio tributario para un sector en situación tan grave como el agro; pero también vamos a proponer que, en lo que respecta a la reducción de la contribución inmobiliaria del 25%, se establezca un criterio más justo, por franjas, que reconozca situaciones diferentes de acuerdo con la extensión de la tierra, así como a aquellos productores que no son propietarios sino arrendatarios. De manera que entendemos justas esas medidas y las vamos a acompañar, mejorándolas por la vía de aditivos.

En segundo término -no estoy agotando los temas sino simplemente enumerando ejemplos- este proyecto comprende normas proyectadas que no compartimos, que apuntan al desmantelamiento del Estado, a la centralización del poder en el Poder Ejecutivo y a una legislación represiva en materia penal. Entendemos que en esas materias no cabía haber legislado vía ley de urgencia, sino que debió hacerse un debate específico con otros plazos.

En lo que respecta al desmantelamiento del Estado, consideramos que las normas referentes al Puerto y a AFE están tremendamente equivocadas y significan que un sector esencial y estratégico para el futuro del país -como lo es el Puerto- sea entregado sin condicionamientos ni garantías. Lo mismo pensamos con respecto a las medidas que se proyectan para AFE.

Entendemos también equivocada la concepción que sostiene la concentración del poder en el Poder Ejecutivo y que se legisle en materia penal vía ley de urgencia. Es equivocado que esa materia tan delicada sea legislada de esa forma, ya que correspondería un debate más profundo y específico. El tema del delito no se soluciona a través de un aumento de las penas, porque es un fenómeno complejo que responde a causas muy profundas en lo social. No obstante lo cual, tampoco nos cerramos dogmáticamente a considerar la posibilidad de que en algún caso puedan elevarse las penas y en ese sentido acompañamos la elevación de la pena para el atentado violento al pudor en menores de 12 años. También acompañamos en ese capítulo la presunción de legítima defensa en la defensa del hogar, tanto en la noche -como es actualmente- como en el día, como se proyecta.

Queremos entender que por detrás de estas normas proyectadas hay una concepción filosófica -que no compartimos- que tiene que ver con la sociedad en su conjunto y que sostiene y fundamenta esta ley.

En tercer lugar, la norma proyectada contiene medidas que son compartibles, que aceptamos y apoyamos, pero que entendemos que no deberían estar en una ley de urgente consideración, como por ejemplo aquellas que hacen referencia a sociedades comerciales y a la libre competencia.

En cuarto término, tiene razón el señor Senador Atchugarry en cuanto a que lo más notable de esta norma es lo que no está, las ausencias referidas a las reales urgencias de nuestro pueblo, que no están contempladas y que nos llevan a fundamentar nuestro voto negativo al proyecto en general.

A continuación, queremos referirnos al procedimiento seguido para la elaboración de esta norma a nivel del Senado. En primer lugar, entendemos que el mecanismo de urgente consideración restringe las atribuciones del Parlamento, y es un mecanismo del cual no puede abusarse, como creemos que ha sido el caso. El ámbito natural del debate democrático es el Parlamento. Si se acotan esos plazos y se estipula que en cualquier caso la norma queda en pie, se están restringiendo gravemente las atribuciones del Parlamento. Pensamos que se ha abusado de la declaración de urgente consideración para materias que, insistimos, deberían haber exigido una legislación específica y separada. Nos referimos nuevamente a la reforma del Estado y de los Entes, a la legislación penal y a la creación del Ministerio de Deportes. Esas tres materias no deberían haber figurado en una ley de urgente consideración, ya que con ese criterio cualquier asunto en el futuro puede estar incluido en una ley de esa naturaleza, quedando acotadas gravemente las atribuciones del Parlamento.

En esa misma línea decimos que en esta norma que está a consideración hay, por lo menos, una docena de leyes. No se trata de una ley sino de 12 con poca articulación entre sí.

En tal sentido, se está violentando el espíritu del inciso a) del numeral 7º) del artículo 168 de la Constitución de la República, que establece que sólo puede tratarse una ley de urgente consideración por vez.

Por último queremos decir que la forma en que este proyecto ingresó al Senado fue irregular. La sesión del 13 de abril, que fue convocada con pocas horas de antelación, no pudo realizarse y, por lo tanto, no se dio el debate que debió haberse dado respecto a si se ratificaba o no la declaración de urgente consideración para esta norma ni tampoco la creación de una Comisión Especial que hubiera tratado la iniciativa.

También quiero decir que la Comisión de Constitución y Legislación trabajó intensamente, ya que en 16 horas analizamos 95 artículos. Por supuesto que es muy difícil analizar 95 artículos en materias tan complejas, en tan poco tiempo, pero, de todas maneras se trabajó - como dije- intensamente.

Debemos reconocer, asimismo, que el proyecto original fue modificado en algún sentido favorablemente respecto al que venía del Poder Ejecutivo. Admitimos que hubo mejoras, no obstante lo cual éstas no son esenciales y no alcanzan para cambiar nuestra opinión global acerca de la iniciativa. El proyecto original tenía algunos institutos que consideramos tremendamente graves y equivocados. En el artículo 27, por ejemplo, se instituía el "leasing" dador, vía por la cual el Estado podía enajenar cualquier bien. Por suerte, eso fue retirado del proyecto que estamos considerando ahora.

Por su parte, en materia de transporte, los artículos 23 y 24 creaban una situación de caos. Así, puedo mencionar otras normas, inclusive en materia penal, que fueron modificadas favorablemente. No obstante ello, teniendo en cuenta los defectos de este proyecto, vamos a dar nuestro voto negativo a la discusión general.

Si tuviéramos que resumir nuestra posición con respecto a esta iniciativa, diríamos lo siguiente. Hay, realmente, una situación de urgencia en el país y una crisis económica y social. Están las promesas del 9 de noviembre y el acuerdo que lleva a que la coalición blanca y colorada se presente al balotaje en el mes de noviembre. Hay promesas realizadas a la ciudadanía en el mes de noviembre, pero, también, una política económica que acota tremendamente la realización de esas políticas, una política económica sustentada en la restricción del gasto público. ¿Cuál es el margen posible para atender la crisis económica y las expectativas de la gente, si se mantiene una política económica tan nociva? El único margen posible es el que establece esta Ley de Urgencia. Creemos que con la declaración de urgente consideración se está apuntando, además, al imaginario. Se está apuntando a crear en él la idea de que se están atendiendo las reales urgencias del pueblo. Esquematizando todo esto, podríamos decir que la ley de urgencia, la declaración de urgente consideración, viene a llenar en el imaginario lo que la política económica no puede cumplir en lo real. Este sería nuestro resumen último de este proyecto.

Por todo esto, vamos a votar negativamente el proyecto en general y a presentar una lista de aditivos y sustitutivos que -creemos- mejoran muchas cosas, ya que en ellos sí se apunta a las urgencias reales de nuestro pueblo. Aditivos que tienen que ver con la industria, con el empleo industrial y las prioridades sociales, con la Junta Nacional de Empleo, con las pequeñas y medianas empresas rurales, con exoneraciones de aportes que tienen que ver con el impuesto a los sueldos, con la cuota mutual para los funcionarios de la ANEP, con la universalización de la Asignación Familiar, etcétera. Estoy mencionando algunos de los numerosos aditivos que presentaremos. Esta ley de urgencia, así como está planteada, va a significar otra decepción más para nuestro pueblo. Lo decimos, con mucho dolor. Si esta norma no es modificada sustancialmente, esto va a significar otra decepción más.

Para terminar, señor Presidente, este proyecto de ley ingresa al Plenario del Senado cuando finaliza un proceso electoral que llevó 13 meses. Un largo proceso electoral del cual nuestra fuerza política sale confirmada como la primera del país. Ahora comienza un gran debate en torno a los asuntos y a los rumbos económicos y sociales que nuestra patria va a llevar adelante en los próximos 4 ó 5 años. La Ley de Urgencia y la Ley de Presupuesto van a ser las grandes batallas de este año, batallas de ideas, de debate y en el marco de las instituciones democráticas en las que se van a enfrentar dos concepciones. Queremos que ese debate se dé en el Parlamento y también en la sociedad. Queremos escuchar la voz de la sociedad civil organizada, de los sectores afectados e interesados por todas estas normas. Asimismo, queremos escuchar y recibir la opinión, la voz y la sensibilidad, sobre todo, de los sectores más postergados y más necesitados de nuestro pueblo. Por un lado, una concepción que busca restringir el gasto público y que se sostiene en esta visión de un Estado desertor que, en parte, ha contribuido a crear una sociedad de fragmentación y de exclusión. Por otro lado, una concepción que quiere avanzar hacia caminos de justicia y que apuesta a los mecanismos de distribución del Estado democrático, que aspira a la articulación y al diálogo de la sociedad civil y de la sociedad política.

Con todas estas concepciones, señor Presidente, es que nuestra fuerza política se posiciona en el debate de esta ley.

Nada más, y gracias.

13) REGIMEN DE TRABAJO DEL CUERPO

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: con la idea de planificar el trabajo parlamentario de los días martes, miércoles y jueves, realizamos consultas a los coordinadores de Bancada y conciliamos la moción que apunta a trabajar a partir de la hora 15 hasta la hora 20, los días que mencioné. Concretamente, formulamos moción para que el Senado pase a cuarto intermedio hasta mañana, a la hora 15, para trabajar de acuerdo a lo propuesto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a cuarto intermedio hasta mañana, a la hora 15.

(Así se hace, siendo la hora 19 y 36 minutos, presidiendo el profesor Hierro López y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Batlle, Carminatti, Cid, Couriel, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, García Costa, Heber, Laguarda, Larrañaga, Malaquina, Michelini, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Sanabria, Virgili y Xavier).

PROFESOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.