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Nº 316 - TOMO 397 - 9 DE JUNIO DE 1999

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

22ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL LICENCIADO HUGO FERNANDEZ FAINGOLD Presidente

y el SEÑOR SENADOR WILSON SANABRIA  Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LICENCIADO JORGE MOREIRA PARSONS

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Alteración del orden del día

- Por moción de los señores Senadores Pozzolo y Segovia y sugerencia del señor Presidente el Senado resuelve pasar a sesión secreta para continuar la consideración de una venia de destitución cuyo análisis comenzó en la sesión anterior y una vez vueltos a Sala considerar los asuntos que figuran en los numerales 20), 21) y 19) declarando su urgencia y consideración inmediata.

5) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a un funcionario público

- El Senado, en sesión secreta, resolvió devolver al Poder Ejecutivo los antecedentes contenidos en la Carpeta Nº 1343/99 para que proceda a su ampliación remitiendo, en forma reservada, la versión taquigráfica de lo actuado en sesión secreta.

6) Doctor Guillermo L. Ruggia

- Proyecto de ley por el que se designa con este nombre al Instituto de Formación Docente de la ciudad de Fray Bentos departamento de Río Negro.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

7 y 10) Ley Nº 15.900 - Artículo 7º

- Proyecto de ley por el que se modifica el tope establecido para adjudicar el uso de viviendas a jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

8) Solicitud de licencia

- La formulan los señores Senadores Segovia, García Costa y el señor Presidente del Cuerpo.
- Concedidas.

9) Inclusión de varios proyectos de ley para la designación de centros docentes con el nombre de Wilson Ferreira Aldunate y de un proyecto de ley sobre fondos para el Instituto Nacional de Colonización, en la sesión prevista para el día miércoles 16 de junio

- Por moción de los señores Senadores Santoro y Gargano el Senado resuelve incluir estos temas en dicha sesión.

11) Desarrollo apícola

- Proyecto de ley por el que se crea la Comisión Honoraria y el Fondo de Desarrollo Apícola.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12) Numerales 4), 12), 14), 16), 17), 18), 22), 30), 31) y 36)

- Por moción del señor Senador Ricaldoni el Senado declara la urgencia de los temas de estos numerales y su consideración inmediata.

13) Asistencia y salvamento de embarcaciones, artefactos navales o bienes en peligro en el mar, en aguas interiores o en puertos de la República

- Proyecto de ley por el que se comete a la Armada Nacional, a través de la Prefectura Nacional Naval, la coordinación y control.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) Acuerdo entre el gobierno de la República y el gobierno del estado de Israel sobre cooperación en el campo de la medicina veterinaria

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Día de la integración del Fútbol Uruguayo

- Proyecto de ley por el que se declara el 31 de octubre de cada año, «Día de la Integración del Fútbol Uruguayo».
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) Convenio con el gobierno de la República del Ecuador para la prevención del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus precursores y productos químicos esenciales

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Convenio con el gobierno de la República de Panamá para la prevención del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus precursores y productos químicos esenciales

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Convenio con la República del Perú para la prevención del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y delitos conexos, sus precursores y productos químicos esenciales

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) Protocolo de Integración Educativa para la prosecución de estudios de Post-grado en las universidades de los países miembros del MERCOSUR

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) Monedas Conmemorativas IV Serie Iberoamericana «Encuentro de dos mundos», «El Hombre y el Caballo»

- Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a su acuñación.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

22) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascenso al grado de Coronel a un señor Teniente Coronel

- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para conferir ascenso al Grado de Coronel a un señor Teniente Coronel.

23) Asignación familiar

- Por moción del señor Senador Ricaldoni, el Senado resuelve incluir este tema como primer punto de la sesión prevista para el día martes 15 de los corrientes.

24) Se levanta la sesión

- Por moción del señor Senador Korzeniak, el Senado resuelve levantar la sesión.

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 8 de junio de 1999.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, mañana miércoles 9, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se extiende el beneficio de la asignación familiar a todos los hogares de menores recursos.

(Carp. Nº 1198/98 - Rep. Nº 795/98)

2º) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución).

3º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se regulan las técnicas de reproducción humana asistida.

(Carp. Nº 410/96 - Rep. Nº 774/98)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

4º) por el que se establece que compete a la Armada Nacional, a través de la Prefectura Nacional Naval, la asistencia y salvamento de embarcaciones siniestradas en aguas jurisdiccionales.

(Carp. Nº 1287/98 - Rep. Nº 819/98)

5º) por el que se declara falta laboral grave de la parte empleadora todo acto de violencia, injuria, amenaza, malos tratos, acoso sexual o cualquier otra violación al deber del respeto de la personalidad física o moral del trabajador, cometidos por el empleador o representantes o por familiares.

(Carp. Nº 636/97 - Rep. Nº 813/98. Anexo I/99.

Anexo II/99)

6º) discusión particular del proyecto de ley por el que se declara que las trabajadoras públicas o privadas en estado de gravidez, no podrán ser destinadas a cumplir tareas que por su naturaleza pudieran afectarlas.

(Carp. Nº 1185/98 - Rep. Nº 749/98. Anexo I/99).

7º) por el que se modifica la legislación vigente tendiente a combatir la usura.

(Carp. Nº 417/96 - Rep. Nº 728/98)

8º) por el que se establece que el Ministerio del Interior deberá hacer efectivo el pago de los aportes al Servicio de Retiros y Pensiones Policiales correspondientes a las remuneraciones que los funcionarios perciben por tareas extraordinarias (artículo 222 de la Ley Nº 13.318, de 28 de setiembre de 1964).

(Carp. Nº 1184/98 - Rep. Nº 784/98)

9º) por el que se tributan diversos homenajes a integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales abatidas en la lucha contra la sedición.

(Carp. Nº 1189/98 - Rep. Nº 820/98)

10) por el que se aprueba el Tratado sobre Asistencia Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de la República y el Gobierno de Canadá.

(Carp. Nº 1284/98 - Rep. Nº 880/99)

11) por el que se aprueba el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República y la República de Venezuela.

(Carp. Nº 1282/98 - Rep. Nº 881/99)

12) por el que se aprueba el Acuerdo con el Gobierno del Estado de Israel sobre Cooperación en el Campo de la Medicina Veterinaria.

(Carp. Nº 1259/98 - Rep. Nº 882/99)

13) por el que se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicólogo.

(Carp. Nº 1364/99 - Rep. Nº 883/99)

14) por el que se declara el 31 de octubre de cada año «Día de la Integración del Fútbol Uruguayo».

(Carp. Nº 1286/98 - Rep. Nº 814/98)

15) Continúa la discusión única de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley por el que se prohíbe la introducción al país de desechos químicos, biológicos o radiactivos.

(Carp. Nº 100/95 - Rep. Nº 657/98)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

16) por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Ecuador para la prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes.

(Carp. Nº 1378/99 - Rep. Nº 886/99)

17) por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Panamá para la prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes.

(Carp. Nº 1379/99 - Rep. Nº 887/99)

18) por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República del Perú, para la prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes.

(Carp. Nº 1380/99 - Rep. Nº 888/99)

19) por el que se establece que al Poder Ejecutivo le compete la fijación de la política nacional en materia de desarrollo apícola.

(Carp. Nº 1317/98 - Rep. Nº 885/99)

20) por el que se designa con el nombre «Dr. Guillermo Ruggia» el Instituto de Formación Docente de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

(Carp. Nº 1384/99 - Rep. Nº 889/99)

21) por el que se modifica el monto de la asignación mensual establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, para la adjudicación de viviendas en usufructo a determinados jubilados y pensionistas.

(Carp. Nº 1240/98 - Rep. Nº 891/99)

22) por el que se aprueba el Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Post-Grado en las Universidades de los Países Miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

(Carp. Nº 1263/98 - Rep. Nº 894/99)

23) por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República y el Gobierno de Canadá, para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear.

(Carp. Nº 1549/89 - Rep. Nº 896/99)

24) por el que se aprueba el Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados no Partes del MERCOSUR.

(Carp. Nº 794/97 - Rep. Nº 892/99)

25) por el que se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la República y el Gobierno de Malasia.

(Carp. Nº 467/96 - Rep. Nº 897/99)

26) por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Israel para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

(Carp. Nº 1142/98 - Rep. Nº 893/99)

27) por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

(Carp. Nº 1267/98 - Rep. Nº 895/99)

28) Por el que se autoriza la salida de aguas jurisdiccionales del Buque ROU «General Artigas» y su tripulación para participar en la Operación Júpiter VII.

(Carp. Nº 1382/99 -Rep Nº 901/99)

29) Por el que se autoriza la salida de aguas jurisdiccionales del Buque ROU «Vanguardia» y su tripulación para participar en la Operación «Salvex VIII».

(Carp. Nº 1396/99 - Rep. Nº 903/99)

30) Por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a acuñar monedas conmemorativas correspondientes a la IV Serie Iberoamericana «Encuentro de Dos Mundos».

(Carp. Nº 1223/98 - Rep. Nº 898/99)

31) Por el que se aprueba el Acuerdo para promover el cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que pescan en Alta Mar.

(Carp. Nº 870/97 - Rep. Nº 899/99)

32) Por el que se reglamenta el artículo 118 de la Constitución fijando plazos para la respuesta de los pedidos de datos e informes.

(Carp. Nº 1052/98 - Rep. Nº 904/99)

33) Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence 9 de junio de 1999).

(Carp. Nº 1343/99 - Rep. Nº 866/99)

34) Informe de la Comisiòn de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas. (Plazo constitucional vence 4 de agosto de 1999).

(Carp. Nº 1377/99 - Rep. Nº 900/99)

35) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para designar integrantes de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, al Dr. Carlos Balsa, Dr. Eduardo José Piaggio y señor Jorge Sambarino.

(Carp. Nº 1351/99 - Rep. Nº 836/99)

36) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para conferir el ascenso al Grado de Coronel, al señor Teniente Coronel (JM) don Luis Vázquez Gazzano.

(Carp. Nº 1392/99 - Rep. Nº 902/99)

37) Proyecto de resolución elevado por la Comisión de Asuntos Internacionales por el que se crea la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República y la República Arabe Saharaui Democrática.

(Carp. Nº 1361/99 - Rep. Nº 842/99)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario.»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Atchugarry, Bergstein, Carvalho, Casartelli, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Irurtia, Iturria, Korzeniak, Mallo, Millor, Pais, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Arismendi, Brezzo y Michelini; y, con aviso, los señores Senadores Astori y Hierro López.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 18 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Montevideo, 9 de junio de 1999.

La Presidencia de la Asamblea General remite un Mensaje del Poder Ejecutivo comunicando la Resolución adoptada por la que se autoriza a la Administración de Ferrocarriles del Estado a proceder al levantamiento de un tramo de vía del ramal al Puerto de Salto.

-TENGASE PRESENTE.

El Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Nacional Herrerismo remite nota acusando recibo de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Senador Carlos Garat en homenaje a la memoria del ex-Legislador Don Mario Heber.

-TENGASE PRESENTE.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje comunicando la promulgación del proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Seguridad Social entre la República y el Reino de España.

-TENGASE PRESENTE Y AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

por el que se modifica la aportación al sistema de seguridad social del sector rural;

-A LA COMISION DE HACIENDA.

por el que se modifica el artículo 38 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, sobre tributación del sector agropecuario.

-A LA COMISION DE HACIENDA.

La Intendencia Municipal de Salto remite nota acusando recibo de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora Senadora Marina Arismendi relacionadas con las condiciones laborales de los trabajadores rurales y agroindustriales, vinculados al citrus en ese departamento.

-TENGASE PRESENTE.»

4) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del orden del día.

De acuerdo con lo que se nos ha informado, la Mesa sugeriría iniciar la sesión concluyendo el tema que nos quedó pendiente en la sesión secreta celebrada ayer, relativo al tratamiento de una venia de destitución cuyo plazo vence en la jornada de hoy. Como esto requiere modificación del orden del día, hago la correspondiente consulta a los señores Senadores.

SEÑOR POZZOLO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO.- Señor Presidente: aparentemente, la sesión de hoy va a ser polémica, tanto en lo que tiene que ver con el primer punto del orden del día, como si pasamos a secreta.

Entonces, antes de pasar a sesión secreta, quiero hacer un planteo en torno a dos asuntos que creo no van a merecer ninguna observación, por lo que podrían votarse rápidamente. Concretamente, se trata de considerar, en primer lugar, el punto 20) del orden del día, que hace justicia a un gran ciudadano, el doctor Guillermo Ruggia, designando con su nombre a un Instituto creado a partir de su inspiración en la ciudad de Fray Bentos. En segundo término, analizar un proyecto de ley que modifica el tope establecido para la adjudicación de viviendas a jubilados -y del cual es Miembro Informante el señor Senador Gandini- que creo que tampoco merecerá mayores observaciones.

En tal sentido, pues, formulo moción para que se declare la urgencia de estos temas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiere decir, entonces, que la moción concreta sería modificar el orden del día para tratar, en primer lugar, los asuntos 20) y 21); luego, pasar a sesión secreta para concluir con el tratamiento de la venia de destitución que comenzamos a analizar ayer; y, por último, regresar al orden del día.

SEÑOR SEGOVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA.- Quisiera hacer un agregado. El asunto que aparece con el número 19) del orden del día refiere a un proyecto de ley que establece que al Poder Ejecutivo le compete la fijación de la política nacional en materia de desarrollo apícola. Este es un tema de real trascendencia, que ha venido preocupando a los apicultores del interior del país y que ha tomado una alta relevancia en el plano nacional, debido a sus niveles de exportación.

Nos hacemos, pues, eco de la preocupación de los apicultores proponiendo que se trate -con la misma urgencia prevista para los puntos planteados por el señor Senador Pozzolo- en tercer término, el asunto a que aludí.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de resumir lo que vendría a ser la moción concreta, deseo señalar que, según me han informado los señores Senadores que integran la Comisión de Asuntos Administrativos, la sesión secreta sería muy breve. Por lo tanto, preferiría que no se modificara el orden del día con carácter previo al tratamiento de la venia en cuestión.

Está planteado tratar de inmediato los puntos 20), 21) y 19) para, posteriormente, pasar a sesión secreta. De ser posible, entonces, pediría que antes de solicitar modificaciones adicionales al orden del día, votáramos estos.

SEÑOR POZZOLO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO.- Tengo la presunción de que la sesión secreta no va a ser tan breve; lo sería si hubiera un acuerdo en lo que fue el primer punto que tratamos ayer. Pero hay otro tema en el orden del día, que también es motivo de sesión secreta, sobre el cual ya se han adelantado oposiciones.

Si se nos asegura que pasamos a sesión secreta ahora para votar el asunto que discutimos ayer y rápidamente volvemos a sesión pública, no tendría inconveniente en que, en este orden y aceptando el planteo del señor Senador Segovia, ingresemos de inmediato a tratar la venia referida. Si no es así, vamos a insistir en nuestro planteo inicial.

SEÑOR PRESIDENTE.- Deseo hacer la siguiente solicitud al Cuerpo: que concluyamos con el tema de la venia de destitución en sesión secreta, regresemos a sesión pública y veamos los puntos que los señores Senadores han planteado que se consideren con prioridad dentro del orden del día. Luego, en todo caso, se volvería a insistir en el planteamiento relacionado con la sesión secreta. Si fuese ese el criterio, creo que la sesión de hoy podría resultar muy productiva.

Pasaríamos a votar, entonces, que el Senado pase a sesión secreta para tratar la venia de destitución a que se ha hecho referencia, regresar a sesión pública para considerar los puntos 20), 21) y 19), y luego entrar a los restantes puntos del orden del día.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA EXONERAR DE SU CARGO A UN FUNCIONARIO PUBLICO

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar este tema.

(Así se hace. Es la hora 16 y 25 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 16 y 43 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- El Senado, en sesión secreta, resolvió devolver al Poder Ejecutivo la venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública, a fin de ampliar los antecedentes y, a esos efectos, remitirle la versión taquigráfica, en forma reservada, de lo actuado en esta sesión secreta.

6) DOCTOR GUILLERMO L. RUGGIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en vigésimo término del orden del día, según la moción aprobada en la tarde de hoy: «Proyecto de Ley por el que se designa con el nombre `Dr. Guillermo Ruggia' al Instituto de Formación Docente de Fray Bentos, departamento de Río Negro. (Carp. Nº 1384/99 - Rep. Nº 889/99).»

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 1384/99
Rep. Nº 889/99

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre del Dr. Guillermo L. Ruggia el Instituto de Formación Docente de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

Montevideo, 12 de mayo de 1999.

Luis Bernardo Pozzolo. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con anterioridad al 1º de junio de 1945 los estudiantes de magisterio de Fray Bentos debían estudiar en condición de libres o radicándose en Montevideo. Rendían exámenes en el Instituto Normal de Mercedes, adonde en diciembre de cada año llegaban desde la capital las Mesas Examinadoras.

Fue así que en diciembre de 1994 se presenta en Mercedes a rendir examen un grupo de estudiantes magisteriales fraybentinos: se habían presentado en forma libre, en el domicilio particular de una educacionista - la maestra María Alicia Pintos - donde la preparación, por falta de libros y técnicas pedagógicas, no daba márgenes adecuados de preparación. La postergación era casi masiva.

Fue en uno de esos momentos de colectiva frustración, que el padre de una estudiante mercedaria, que celebraba la graduación de una hija, le dio la idea. ¿Por qué ya que tenían en Fray Bentos un Intendente sensible y emprendedor, no le pedían su apoyo para la formación en la capital rionegrense, de un Instituto igual al que funcionaba en Mercedes?

La idea prendió de inmediato: padres y alumnos recurrieron al Intendente Ruggia -excelente gobernante y ciudadano- y éste consiguió, de modo urgente, profesores que actuaron en forma gratuita, el local donde funcionaba el liceo de Fray Bentos y el caluroso apoyo del Director de éste, Prof. Héctor Laborde, que asumió como primer director del nobel Instituto.

Esta historia está recogida en el Acta Fundacional del Instituto Magisterial de Fray Bentos, fechado el 1º de junio de 1945, donde está fehacientemente documentada la decisiva intervención de aquel gobernante para la formación del Instituto.

Este, hoy, carece de una denominación que identifique su origen. Esta identificación no puede prescindir del nombre del Dr. Guillermo L. Ruggia.

Montevideo, 12 de mayo de 1999.

Luis Bernardo Pozzolo. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Tal como surge de la exposición de motivos y de las palabras del señor Senador Pozzolo, se trata de darle el nombre de doctor Guillermo L. Ruggia al Instituto de Formación Docente de la ciudad de Fray Bentos que, en buena medida, pudo concretarse gracias al apoyo precisamente de la persona con cuyo nombre se quiere nominar a dicho Instituto, cuando era Intendente del departamento.

Anteriormente, sucedía que quienes querían formarse en esas disciplinas debían rendir exámenes en el Instituto Normal de Mercedes, con todo lo que eso significaba. La exposición de motivos es clara sobre un hecho que tiene directa relación con el Instituto al que se quiere denominar «Doctor Guillermo L.Ruggia».

Sólo cabe agregar que en el seno de la Comisión de Educación y Cultura fue votado por unanimidad.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee:)

«Artículo único.- Desígnese con el nombre del Dr. Guillermo L. Ruggia el Instituto de Formación Docente de Fray Bentos, departamento de Río Negro».

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

7) LEY Nº 15.900 - Artículo 7º

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en vigésimo primer lugar del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifica el monto de la asignación mensual establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, para la adjudicación de viviendas en usufructo a determinados jubilados y pensionistas. (Carp. Nº 1240/98 - Rep. Nº 891/99)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 1240/98
Rep. Nº 891/99

Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- El monto de asignación mensual de pasividad, establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, para dar en uso viviendas a jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, queda fijado en 12 UR (doce unidades reajustables) el que podrá ser elevado por dicho Banco, en una o más etapas, hasta un máximo de 24 UR (veinticuatro unidades reajustables) para los casos en que las disponibilidades de viviendas lo permitan.

Artículo 2º.- Las unidades habitacionales se adjudicarán a jubilados y pensionistas que carezcan de vivienda propia, previo análisis de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios.

Sala de la Comisión, a 31 de mayo de 1999.

Jorge Gandini (Miembro Informante), Nahum Bergstein, Edgardo Carvalho (con salvedades), Carlos Garat.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- El monto de asignación mensual de pasividad establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, para dar en usufructo viviendas a jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, tendrá un máximo de 24 UR (veinticuatro unidades reajustables)

Artículo 2º.- Las viviendas se adjudicarán a jubilados y pensionistas que carezcan de vivienda propia y serán entregadas de acuerdo a una nómina que se confeccionará ordenada de menor a mayor, según el monto de sus ingressos, la que deberá hacerse pública en las dependencias del Banco de Previsión Social.

Artículo 3º.- El incumplimiento de lo establecido en el artículo 2º, configurará la causal de omisión a que refiere el artículo 198 de la Constitución de la República y habilitará su aplicación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 4 de noviembre de 1998.

Julio Olivar Cabrera 1er Vicepresidente
Martín García Nin Secretario»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: el Senado tiene a consideración un proyecto de ley que, a pesar de su sencillez y brevedad, reviste enorme trascendencia social. Creo que apunta a hacer justicia para que los recursos que les descuentan a los jubilados y pensionistas vayan exactamente al lugar que la ley les destinó.

Este proyecto de ley proveniente de la Cámara de Representantes tuvo su origen en una iniciativa del Representante Nacional por Soriano, señor Diputado Walter Vener y fue modificado por dicho Cuerpo. En lo sustancial plantea una alteración en el artículo 7º de la Ley Nº 15.900 del 21 de octubre de 1987. Esa norma establece que el impuesto que creó el Decreto-Ley Nº 15.294, que grava las jubilaciones y pensiones que sirve el Banco de Previsión Social, queda afectado a la construcción de viviendas, tal como señala la ley vigente, «para dar en usufructo personal a jubilados y pensionistas cuyas asignaciones mensuales de pasividades sean inferiores al monto de dos salarios mínimos nacionales.»

La Cámara de Representantes remitió un proyecto de ley que modifica, en primer lugar, el monto que, de acuerdo a la ley vigente, se ubica en dos salarios mínimos. Concretamente, el artículo 1º del proyecto proveniente de dicha Cámara lo fija en 24 unidades reajustables. De esta manera, más que duplica ese tope.

A efectos de resolver un problema que se plantea en la práctica, el Banco de Previsión Social, en cumplimiento de la ley, a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ha construido, en varias ocasiones, núcleos habitacionales con este destino. Sin embargo, no ha encontrado interesados en ocuparlos, o sea, jubilados o pensionistas cuyo máximo ingreso sea menor a dos salarios mínimos. Esto significa que, aunque existen en el interior jubilados y pensionistas que carecen de vivienda propia, que no tengan resuelta su solución habitacional y que poseen interés en acceder a ellas, no pueden hacerlo porque sus ingresos superan los dos salarios mínimos fijados por la ley que, en realidad, es un tope muy bajo.

La Cámara de Representantes nos remitió un proyecto de ley que eleva dicho tope a 24 unidades reajustables. Además, se establece un criterio para que dicho aumento de tope no perjudique a aquellos jubilados que tienen menos ingresos, ya que en el artículo 2º se señala lo siguiente: «Las viviendas se adjudicarán a jubilados y pensionistas que carezcan de vivienda propia» -primer aspecto que no figura en la ley vigente- «y serán entregadas de acuerdo a una nómina que se confeccionará ordenada de menor a mayor, según el monto de sus ingresos, la que deberá hacerse pública en las dependencias del Banco de Previsión Social.»

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado compartió esta intención del proyecto de ley que nos remitió la Cámara de Representantes. Sin embargo, cuando recibimos al Directorio en pleno de dicha Institución nos advirtió que este era el momento apropiado para incorporar alguna otra modificación sobre cuestiones que suscitan inconvenientes a la hora de aplicar la ley, a efectos de que ésta llegue efectivamente al destino que se quiere.

El artículo 7º de la Ley Nº 15.900 indica que estas viviendas deberán ser entregadas en usufructo personal. En los hechos, este es un derecho que se puede trasmitir y lo que se quiso hacer con esta ley es que jubilados y pensionistas, exclusivamente, de bajos recursos puedan acceder a viviendas que se trasmitieran a otros jubilados y pensionistas cuando ya no las necesiten más. Lo que se pretende evitar es que ingresen al comercio, es decir que no sean susceptibles de ningún tipo de negociación comercial. En la práctica, existen diversas situaciones a través de las cuales el usufructo permite ser transferido. Por lo tanto, el Banco de Previsión Social otorga estas viviendas a quienes luego las usen en beneficio propio, y no de algún familiar o, incluso, de alguien que las arriende o que, por cierta vía, pase a utilizarlas, a veces, con resultados económicos para el beneficiario.

Decía que cuando escuchamos al Directorio del Banco de Previsión Social en pleno, advertimos que la mejor solución consistía en cambiar el término «usufructo» por «uso» lo cual, estrictamente, es intransferible por cualquier concepto.

Entonces, aprovechamos a introducir algunos elementos que modifican a este proyecto de ley y esperamos que, en caso de que se apruebe, la Cámara de Representantes pueda acompañar las alteraciones que le introdujo el Senado.

También recogimos, pero de una manera distinta, el interés para establecer un mecanismo que dé prioridades a los jubilados y pensionistas de menores recursos, en lugar de hacer una nómina, utilizando la sugerencia del propio Directorio a través de un mecanismo de franjas. En realidad, el propio Banco tiene organizado un sistema de datos, mediante una división de aquellos que tienen un ingreso menor a 12 unidades reajustables y los que perciben más de ese monto. Por lo tanto, el proyecto que la Comisión recomienda a este Cuerpo para que se apruebe, establece en su artículo 1º lo siguiente: «El monto de asignación mensual de pasividad,establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, para dar en uso viviendas a jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, queda fijado en 12 UR (doce unidades reajustables) el que podrá ser elevado por dicho Banco, en una o más etapas, hasta un máximo de 24 UR (veinticuatro unidades reajustables) para los casos en que las disponibilidades de viviendas lo permitan». Este es el máximo fijado en el proyecto remitido por la Cámara de Representantes. Esto significa que dicho tope se podría elevar siempre que existan viviendas disponibles y no haya interesados con menores ingresos que los fijados para acceder a ellas.

En el artículo 2º se hace referencia a un concepto que si bien no figura en la ley vigente, el Banco, de hecho, aplica. De esta manera, lo incorporamos a la ley. Concretamente, allí se indica: «Las unidades habitacionales se adjudicarán a jubilados y pensionistas que carezcan de vivienda propia, previo análisis de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios». Es cierto que en la práctica se dan situaciones donde existen jubilados o pensionistas que tienen pasividades menores a dos salarios mínimos -que es el tope actual- pero poseen otros ingresos, por ejemplo, provenientes de rentas o de otros integrantes del núcleo familiar. Es importante, entonces, hacer justicia mediante un análisis previo de las condiciones socioeconómicas para optar siempre por aquellos que tienen más necesidades y, particularmente, por los que no tienen resuelta su situación habitacional.

Es por esto que la Comisión recomienda este texto que modifica el que proviene de la Cámara de Representantes, aunque no lo cambia sustancialmente, sino que lo mejora y perfecciona, en un total acuerdo con lo que el Banco de Previsión Social considera lo más sano para la administración de esos recursos y de los objetivos que para ellos se han fijado.

Por estas razones, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social recomienda al Cuerpo que se vote afirmativamente esta iniciativa.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: creo que la Bancada del Frente Amplio va a solicitar un cuarto intermedio para fijar su posición con respecto a este tema.

En términos generales, me parecen buenos tanto la iniciativa como los criterios que ha manejado la Comisión.

Personalmente, quisiera referirme al fondo del asunto. Esta disposición, que asigna una masa de fondos provenientes de los propios jubilados y pensionistas para la construcción de viviendas destinadas a ser usadas por el sector de ellos de menores recursos, hace doce años que se votó. Esto me parece estrictamente justo, pero lo que no considero correcto -y tengo la obligación de decirlo- es que, en el curso de doce años, el Banco de Previsión Social haya descontado a los jubilados y pensionistas más de U$S 270:000.000 y, al día de hoy, no haya construidas más de 2.500 viviendas, estimándose que para fin de año esa cifra será de 5.000.

En el presupuesto de 1995, a raíz de una iniciativa que tomamos conjuntamente con el señor Senador Heber -y el señor Presidente recordará que lo discutimos en la Comisión Especial que se formó a este respecto- se dispuso que lo recaudado a partir del 1º de enero de 1996 fuera depositado en una cuenta especial del Banco de la República, lo que se ha hecho. Hoy en día sabemos que esos recursos están preservados. Entonces, me parece de justicia que se recoja nuestra inquietud en el sentido de que se acelere este trabajo. Estoy de acuerdo en que hay que ampliar la franja, ya que considero insólito que alguien que gana $ 3.000 de jubilación por mes no pueda acceder a este beneficio porque supera los dos salarios mínimos, aunque sabemos que se encuentra en condiciones deplorables desde el punto de vista de sus ingresos. Esto ocurre tanto en el interior como en Montevideo.

También hay un problema relacionado con la administración de los recursos que daría mérito a que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se enterara de nuestra preocupación, porque existen plazos para llevar a cabo estas tareas. Me refiero a que a la gente que tiene 65 ó 70 años le queda muy poco tiempo para vivir y es necesario darle la vivienda lo antes posible para que la pueda usufructuar. Si ya hemos votado los recursos y los tenemos, no me parece bueno que no se usen en tiempo y forma para que estas viviendas puedan ser disfrutadas por la gente.

Por último, en nombre de la Bancada del Frente Amplio, solicito un cuarto intermedio de 15 minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, el Senado pasa a cuarto intermedio por el término de 15 minutos.

(Así se hace a la hora 16 y 59 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 17 y 33 minutos)

8) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa fuera de hora.

(Se da de la siguiente:)

«El señor Senador Segovia solicita licencia desde el 15 al 24 del corriente mes.»

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 9 de junio de 1999.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores,

Licenciado Hugo Fernández Faingold.

Solicito a usted licencia entre los días 15 y 24 de los corrientes a fin de poder asistir acompañando al señor Presidente de la Asamblea General a la X Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos Iberoamericanos que tendrá lugar en Lisboa entre los días 17 al 20 de junio y posteriormente visitar Polonia entre los días 21 al 23 de junio invitado por la señora Presidenta del Senado.

Saludo a usted atentamente,

Albérico César Segovia. Senador.»

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

-Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

«El señor Senador García Costa solicita licencia desde el 15 al 24 del corriente mes.»

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 9 de junio de 1999.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores,

Licenciado Hugo Fernández Faingold.

Por intermedio de la presente solicito a usted licencia por el período comprendido entre el 15 y el 24 de junio del corriente.

Motiva la presente solicitud acompañar al señor Presidente del Senado quien participará en la X Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos Iberoamericanos a llevarse a cabo en la ciudad de Lisboa entre los días 17 al 20 de junio y luego visitará Polonia entre los días 21 al 23 de junio invitado por la señora Presidenta del Senado.

Saluda a usted atentamente,

Guillermo García Costa. Senador».

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. Unanimidad.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

«El señor Presidente del Senado, licenciado Fernández Faingold, solicita licencia desde el 15 al 24 del corriente mes.»

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 9 de junio de 1999.

Señor Primer Vicepresidente de la

Cámara de Senadores,

Senador Wilson Sanabria.

Por intermedio de la presente solicito a usted licencia por el período comprendido entre el 15 y el 24 de junio del corriente para participar en la X Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos Iberoamericanos a llevarse a cabo en la ciudad de Lisboa entre los días 17 al 20 de junio y luego visitar Polonia entre los días 21 al 23 de junio invitado por la señora Presidenta del Senado, en reciprocidad a la visita efectuada por la invitante a nuestro país en el mes de noviembre de 1998.

Saluda a usted atentamente,

Hugo Fernández Faingold. Presidente.»

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Oportunamente se procederá a la convocatoria del suplente respectivo.

9) INCLUSION DE VARIOS PROYECTOS DE LEY PARA LA DESIGNACION DE CENTROS DOCENTES CON EL NOMBRE DE WILSON FERREIRA ALDUNATE Y DE UN PROYECTO DE LEY SOBRE FONDOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION, EN LA SESION PREVISTA PARA EL DIA MIERCOLES 16 DE JUNIO

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO.- Señor Presidente: como una cuestión de orden, quería plantear que se ubiquen en primer lugar del orden del día de la sesión del próximo miércoles 16 del corriente, tres proyectos de ley a través de los cuales se denominan centros docentes del país con el nombre de Wilson Ferreira Aldunate. Se trata del Liceo Nº 56, ubicado en la calle Gil Nº 1665 de la ciudad de Montevideo, el Complejo Educativo del Liceo Nº 13 y la Escuela Nº 132 de la ciudad de Melo, en Cerro Largo, y el Liceo Nº 2 del barrio Rivera Chico del departamento de Rivera.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa desea informar a los señores Senadores que si bien estos proyectos no figuran en el orden del día de la sesión, han sido informados por la Comisión de Educación y Cultura y están en condiciones de ser tratados por el Cuerpo.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para referirme a la moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quiero decir que estoy de acuerdo con la moción formulada por el señor Senador Santoro y, a la vez, deseo pedir que también se incorpore a esa sesión un proyecto de ley que fue informado a fines del año pasado sobre fondos para el Instituto Nacional de Colonización, que tiene informes en mayoría y en minoría de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y que no ha sido incorporado aún al orden del día.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para referirme a la moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Los integrantes del Cuerpo podrán comprobar que he venido aceptando alteraciones del orden del día para lo cual hemos suspendido el tratamiento del proyecto de ley de Reproducción Humana Asistida, que en nuestra visión es muy significativo. No me escapa que lo que se está proponiendo es introducir un punto en el orden del día de la sesión del próximo miércoles, luego de haber retomado el martes el tema de Reproducción Humana Asistida. Pero quiero dejar constancia de que, seguramente, ese día no se podrá aprobar ese proyecto de ley en su totalidad, por la complejidad de la polémica que ha ido despertando. Por lo tanto, quisiera señalar que si bien se está planteando un tema muy importante, como es el reconocimiento público a una personalidad de la trayectoria política del ex Senador Wilson Ferreira Aldunate, no me gustaría que por esta vía se siga postergando el análisis de un proyecto de ley al que hemos dedicado tres años de trabajo en la Comisión.

En consecuencia, quisiera solicitar que no se sigan agregando puntos al orden del día que ya se está proponiendo alterar, a efectos de que una vez que designen las escuelas con el nombre del ex Senador Wilson Ferreira Aldunate, se continúe tratando el proyecto de ley de Reproducción Humana Asistida.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa no ha registrado que se solicitara la incorporación, en primer lugar, del proyecto a que se hizo referencia y entiende que se agregará en el orden correspondiente, tal como ha sido formulada la moción.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Quiero decir que nosotros vamos a votar, pero deseo dejar constancia de que el proyecto que viene a consideración del Senado trae solamente las designaciones de institutos de enseñanza, pero en la sesión anterior el señor Senador García Costa presentó un proyecto que también instituía la posibilidad de la creación de un premio que llevara el nombre de Wilson Ferreira Aldunate, con un llamado que se efectuaría, naturalmente, contando con los recursos necesarios a tales efectos.

En la Comisión, en el largo tiempo en que el proyecto ha estado en consideración, se han tenido en cuenta las dificultades que ha señalado aquí el señor Senador Santoro. Pero nos parece que, dado el lapso que habrá de transcurrir entre hoy y el miércoles, será posible -desde nuestro punto de vista- en la próxima reunión de la Comisión, plantear que se incorpore, por lo menos, la aspiración del señor Senador García Costa, haciendo del proyecto algo más completo que lo que hoy está a estudio.

Quería dejar esta constancia, porque el próximo lunes voy a solicitar la reconsideración del tema en la Comisión, sin perjuicio de que el mismo siga figurando en el orden del día.

SEÑOR POZZOLO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO.- Frente a la exhortación que ha hecho el señor Senador Cid, voy a limitar la moción informando al Senado que en la tarde de hoy, la Comisión de Presupuesto aprobó, por unanimidad, un proyecto de ley que modifica el artículo 42 de la Ley Nº 16.095 -la llamada Ley de Discapacitados- en lo que tiene que ver con ese 4% de adjudicación de vacantes para el ingreso a la Administración Pública.

Solicito, señor Presidente, sin pedir ninguna prioridad -ya veremos cómo lo hacemos en su momento- que se incorpore este proyecto de ley, que ya está informado, al orden del día de la sesión del próximo miércoles, en el lugar que corresponde.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estamos incorporando estos proyectos al orden del día a partir del momento en que lleguen informados, lo que no significa darles prioridad; quedarán incluidos en el orden en que han sido presentados. Si el Senado desea otorgarles otra prioridad, lo podrá hacer a partir de ese momento.

La moción que plantea el señor Senador Santoro, consiste en incorporar la designación de estos tres institutos de enseñanza en primer lugar del orden del día de la sesión del miércoles. Se solicita la incorporación de un proyecto que hoy no figura y que tiene informe en mayoría y minoría. A partir de esta instancia, el Senado continuará con la consideración del orden del día.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada, en los términos indicados.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) LEY NUMERO QUINCE MIL NOVECIENTOS - ARTICULO SEPTIMO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continua la discusión general del proyecto de ley por el que se modifica el tope establecido para la adjudicación de viviendas.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- En oportunidad en que se discutió este proyecto en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, planteamos reservas con respecto a este texto del proyecto sustitutivo, por considerar que afecta aspectos realmente positivos que tenía la iniciativa venida de la Cámara de Representantes. Luego de este intermedio de quince minutos, la Bancada ha ratificado también esa posición, en el sentido de que vamos a apoyar el proyecto tal como vino de la Cámara de Representantes, por entender que hay algunos aspectos que tienen mucha trascendencia pese a que en realidad la finalidad perseguida es la misma.

La primera y fundamental reserva que nos merece el proyecto sustitutivo es que el eje de la iniciativa venida de la Cámara de Representantes -que consistía en mejorar sensiblemente la condición de los pasivos para que tuvieran un monto de asignación de pasividad más elevado, que permitiera un espectro más amplio- se reduce en una forma tan importante que, prácticamente, en los hechos no se modifica la situación actual, tal como está planteada. Eso es perceptible porque mientras la iniciativa venida de Cámara de Representantes fijaba un tope de 24 unidades reajustables que, en términos actuales, significarían $ 4.800, en éste proyecto sustitutivo eso se reduce a la mitad, a $ 2.400. Entonces, el tope actual en vigencia, que es de dos salarios mínimos, es decir, $ 2.000, se aumenta sólo en $ 400. Evidentemente, esta modificación, para lo que implica el esfuerzo de una ley, es de muy poca incidencia. Entendemos que lo lógico era mantener las 24 UR, para levantar en forma razonable ese tope de asignación.

Es cierto que en el proyecto sustitutivo se deja librado al Banco de Previsión Social el hecho de que, en sucesivas etapas, se pueda llegar a estas 24 UR, pero se trata de algo facultativo. Simplemente, reitero, se deja librado al BPS, en un proceso en el que -como lo señaló el señor Senador Gargano- ha dejado mucho que desear la inversión de los fondos en vivienda. Debemos tener en cuenta que prácticamente entre l987 y l992, debió haberse invertido en viviendas U$S 123:000.000, lo que no se hizo, hasta que, por ley, se estableció la obligación de depositar en el Banco de la República a la orden del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Por lo tanto, la primera observación que hacemos es que esta reducción hace prácticamente inocua la mejora, dejándola librada al Banco de Previsión Social, lo que no constituía la intención de la propia ley. La voluntad era que la ley estableciera una garantía y una protección en lo que refiere a la elevación del tope de la asignación de pasividad.

Por otro lado, el proyecto de la Cámara de Representantes, disponía, de acuerdo con el informe correspondiente, que la voluntad era establecer una garantía para los pasivos y una lista ordenada de acuerdo con los ingresos, que se publicara en las dependencias del Banco de Previsión Social. Compartimos esa preocupación, en el sentido de dar la certeza que ofrecía el artículo 2º para que se pudiera confeccionar la lista ordenada de menor a mayor, en función de los ingresos y, además, publicitarla de modo que se pudiera conocer. Esto, que en la Cámara de Representantes se calificaba como una garantía, se elimina.

A su vez, el artículo 3º, para otorgarle sentido de garantía, aplicaba una sanción por omisión, en caso de no cumplirse el requisito de la nómina debidamente publicitada, lo que también se elimina.

De manera que, prácticamente, de los aspectos básicos del proyecto sólo queda el establecer nada más que 12 UR en lugar de dos salarios mínimos, eliminando esa garantía complementaria que fijaba el proyecto venido de la Cámara de Representantes y reduciendo sensiblemente el beneficio que, en realidad, se ubicaba en 24 UR.

Se agrega, además, un artículo 2º que flexibiliza demasiado el tema de la determinación de quiénes tienen derecho a vivienda propia. Mientras que en el proyecto de la Cámara de Representantes se establece con claridad que se hará en forma ordenada, de acuerdo con los ingresos, aquí se habla de «previo análisis de las condiciones socio-económicas de los beneficiarios». Esto habilita un concepto muy amplio de interpretación, que ya hemos sufrido otras veces en el Banco, en materia de discapacidad, cuando se juzgaba si el discapacitado tenía o no solvencia y, de pronto, porque tenía un aparato de televisión, se consideraba que sí era solvente. No queremos que esto quede librado a un análisis de las condiciones socio-económicas de los beneficiarios, porque ello ya estaba comprendido al hablar de los ingresos, pero no flexibilizaba en tal medida la situación.

Es cierto, es un tema que también preocupó a los integrantes de la Comisión, ya que modificar este proyecto de ley significaba que debería volver a la otra Cámara, en una etapa bastante azarosa en cuanto a que no tenemos seguridad de que va a llegar en tiempo para ser aprobado, una vez que vuelva de la Cámara de Representantes.

También es cierto que allí se establecía el término «usufructo», cuando el adecuado debía ser «uso». Lo que sucede es que siempre se entendió que se iba a utilizar para vivienda propia del pasivo y nunca para negociarla, alquilarla u obtenerla por vía de un usufructo. Las condiciones del nuevo proyecto, sin embargo, son muy inferiores a las que establecía la disposición proveniente de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, mantenemos nuestra posición, sin perjuicio del planteamiento que hacía el señor Senador Gargano sobre la utilización efectiva de un determinado monto de los recursos, para las viviendas que se hubieran generado en el año fiscal. De alguna manera, se trata de una pauta de inversión necesaria que, en el momento oportuno, incluiremos en un artículo aditivo.

SEÑOR CARVALHO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARVALHO.- Debo decir que, como se hizo constar oportunamente, suscribí el informe de la Comisión con salvedades y, como recordarán los demás integrantes, estas se referían fundamentalmente a dos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que se fija el monto máximo de la asignación mensual de pasividad en 12 Unidades Reajustables, el que podrá ser elevado por el Banco hasta 24 UR. En mi opinión, hubiera sido mejor conservar el espíritu de la norma votada en la Cámara de Representantes y fijar, desde ya, el tope en 24 unidades reajustables. Sobre este aspecto se nos dio una explicación muy detallada, por parte de los integrantes del Directorio del Banco de Previsión Social, quienes sostuvieron que, en los hechos, significaría crear expectativas a 500.000 pasivos aproximadamente -si no recuerdo mal- cantidad que sería imposible atender con los recursos actuales y en varias decenas de años. Al mismo tiempo, parece lógico establecer la facultad de elevar progresivamente el tope, según la disponibilidad de recursos y de viviendas, en sucesivas franjas, hasta llegar a 24 unidades reajustables y no establecer solamente ese límite, sin tener en cuenta ninguna otra posibilidad. En ese sentido, recuerdo expresiones muy claras de uno de los representantes sociales, el señor Colotuzzo, quien discrepaba con el límite de 12 Unidades Reajustables, pero entendía que el tope adecuado podía llegar a 15 UR, pero no más. Estas afirmaciones constan en la versión taquigráfica de la Comisión. Recuerdo también lo que dijo el señor Murro, en cuanto a que la ley debía reglamentar, naturalmente, los aspectos generales y que luego al Banco, en la aplicación concreta, debería reservársele la posibilidad de regular las situaciones particulares. Precisamente, mencionó, a modo de ejemplo, la realidad de los discapacitados, que en este momento el Banco ya está tomando en cuenta.

De todas maneras, pienso que sería mejor contar con una redacción que estableciera que el monto de asignación mensual de pasividad establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, para dar en uso viviendas a jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, queda fijado en 24 unidades reajustables. Luego continuaría diciendo: facúltase al Banco de Previsión Social a elevar el tope actualmente vigente en una o varias etapas para los casos en que la disponibilidad de viviendas lo permita, hasta alcanzar el máximo requerido. Quiere decir que de esta forma estaríamos estableciendo, por ley, el mismo máximo que fija el proyecto venido de la Cámara de Representantes y habilitando al Banco de Previsión Social a graduar ese tope, en función de la disponibilidad de recursos y de viviendas. De lo contrario, simplemente se alimentaría una ilusión que, en definitiva, no tiene muchas posibilidades de concretarse.

Además, este artículo incluye una mejora sustancial, porque sustituye el concepto de usufructo por el de uso. En ocasión de esa sesión que celebramos con el Directorio del Banco de Previsión Social, quedó claramente explicado que éste, por unanimidad, considera que esta modificación es sustancial porque, de lo contrario, se prestaría a aprovechamientos indebidos, es decir, a que las viviendas sean utilizadas en una especie de mercado paralelo o mercado negro. Ya existen muchos casos denunciados con relación a viviendas, que deberían estar ocupadas por jubilados o pensionistas que las necesitan y, sin embargo, lo están por otras personas, ya que han sido objeto de un cierto tráfico de tipo comercial.

La referencia a que debe realizarse, previamente a la adjudicación, el análisis de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, tiene como fundamento el hecho de que el propio Directorio del Banco de Previsión Social admitió, por unanimidad en esa sesión, que ya lo está reglamentando y aplicando de esa forma. Es decir que no sólo toma en cuenta los ingresos sino que, por ejemplo, en el orden de prelación, da preferencia a los discapacitados. Reitero que esto ya está ocurriendo actualmente y, en efecto, hay una cantidad de situaciones en las que exclusivamente el orden de los ingresos podría no estar representando una solución de mayor justicia, que la aplicación de otros criterios. Concretamente, en el caso de los discapacitados, me pareció que el ejemplo era muy pertinente y razonable; por eso adhiero a la formulación hecha por los integrantes de la Comisión.

También es cierto que había un artículo 2º en el proyecto de ley que se refería a la adecuada publicidad. Pienso que este es un requisito que debería mantenerse. Se trata de un tema muy sensible y es natural que las personas que aspiran a beneficiarse deseen saber, en detalle, quiénes han resultado favorecidos y cuándo les tocará a ellos. Esto debe hacerse aplicando criterios objetivos y flexibles en cuanto a considerar, por ejemplo, no solamente los ingresos, sino también otra de las condiciones particulares, como puede ser la discapacidad. Entiendo que hay elementos que deben ser definidos objetivamente y, a mi juicio, tienen que ver con los criterios con que se va a aplicar la ley, con las reglamentaciones internas del Banco de Previsión Social y con la nómina de beneficiarios.

Por lo tanto, estoy proponiendo un aditivo, que diría lo siguiente: «El Banco de Previsión Social dará adecuada publicidad en todas sus dependencias a los criterios de aplicación, reglamentaciones internas que dicte y nóminas de beneficiarios de la presente ley». De esta forma podrá quedar satisfecho el requisito de publicidad que -en mi criterio, era correcto- recogía el proyecto de ley venido de la Cámara de Representantes que, creo, deberíamos mantener como principio básico de la Adminisitración Pública en general y, especialmente, de la atribución de beneficios sociales por el Banco de Previsión Social.

En definitiva, señor Presidente, propongo modificar la redacción del artículo 1º y un artículo aditivo, que es el que acabo de leer.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita al señor Senador Carvalho que le haga llegar por escrito la modificación sugerida.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GANDINI.- Quisiera aclarar que la formulación del artículo 1º -que establece el monto en 12 Unidades Reajustables y permite al Banco elevarlo, en una o más etapas, hasta 24 unidades reajustables- cuando habla de etapas no se refiere a una sucesión cronológica de ejecución de obras o de disponibilidad de recursos. Lo que se precisa allí es que, si el Banco tiene interesados con ingresos menores a 12 unidades reajustables, va a adjudicar en esa franja, pero si se da un llamado a una adjudicación de viviendas y no encuentra interesados, entonces puede habilitar la siguiente franja, que podrá ser una o más. Una vez que se hizo presente en la Comisión el Directorio del Banco en pleno, y luego de las observaciones recogidas, se comprometieron a sugerirnos una redacción, desde su punto de vista, para tener un texto concreto que analizar. Precisamente, allí se dice que de conformidad con lo acordado en la reunión mantenida en el día anterior con nuestra Comisión, el señor Presidente tiene el agrado de remitirnos el texto alternativo que recoge la posición sustentada por los representantes del organismo en dicha oportunidad. Aclaro que estaban presentes todos los miembros del Directorio. En el artículo 1º que sugerían se establece que el monto queda fijado en 12 unidades reajustables, el que podrá ser elevado hasta 18 y/o 24 unidades reajustables, para los casos en que las disponibilidades de vivienda lo permitan. Esto quiere decir que el propio Banco -todos sus integrantes- está de acuerdo en fijar franjas. La Comisión, por su parte, entendió que no tenía por qué fijarlas por medio de una ley ya que el Banco podía establecer hoy 18 y 24 unidades reajustables, mañana 15 y 20, de acuerdo con los criterios de la Administración.

De este modo, sí le damos la oportunidad de que fije esa franja, no para que sean etapas en el tiempo, en cuyo caso se aplicarían hasta 12 unidades reajustables y dentro de dos años más, sino para que si se llama para la adjudicación de viviendas construidas, por ejemplo, en Pirarajá y son diez unidades y se presentan tres jubilados porque no hay más interesados que ganen menos de 12 unidades reajustables, se llamaría a aquellos interesados que perciban menos de 18 unidades reajustables. En ese caso podrán aparecer otros aspirantes y si aun así quedan viviendas disponibles estará habilitado para llamar a quienes puedan llegar a las 24 unidades reajustables. Mediante este mecanismo no se generaría una expectativa enorme como la que se podría producir si directamente estableciéramos 24 unidades reajustables porque, en ese caso, todos aquellos jubilados y pensionistas -que se ubican en el entorno de medio millón- que perciben menos de $ 4.800, podrían estar pensando que a la brevedad se verían beneficiados con el otorgamiento de una vivienda.

Reitero, entonces, que estas etapas no son en el tiempo, sino en franjas que el Banco de Previsión Social va a disponer de acuerdo con su reglamentación interna.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN.- Cuando este proyecto de ley llegó a la Comisión de Asuntos Laborales se hizo evidente que contaba, en principio, con la adhesión de todos sus integrantes. Tan es así que, en algún momento, se planteó la posibilidad de votarlo sobre tablas, pero luego se optó por escuchar al Directorio del Banco de Previsión Social antes de tomar decisión, a cuyos efectos éste fue invitado y concurrió a una sesión posterior junto con sus asesores.

En esa instancia, el Directorio hizo un planteo al cual, tanto el Miembro Informante como el señor Senador Carvalho -y si no me equivoco también el señor Senador Sarthou- hicieron referencia en algunos aspectos.

Es evidente que siempre, y en especial a esta altura de la Legislatura, cada vez que llega un proyecto de ley de la otra Cámara al estar de acuerdo con el fondo se plantea el dilema de introducir modificaciones que si bien mejoran el proyecto, pueden comprometer su aprobación dentro de la actual Legislatura por lo que los plazos urgen para que las iniciativas que están pendientes sean aprobadas en este Período. Como ya lo hicieron notar otros señores Senadores, desde el arranque había un hecho que no podía pasarse por alto. Eso de por sí, por lo menos a nuestro juicio, justificaba apartarse del proyecto que venía de la Cámara de Representantes. Me refiero la facultad del Banco de Previsión Social para dar la vivienda en usufructo. Este es un viejo instituto jurídico que tiene características muy precisas y muy definidas.

Además, utilizar un instituto jurídico en un texto legal y luego pretender darle un sentido distinto, parecía al menos un poco preocupante; máxime cuando, según nos explicó el Directorio del Banco, ya se habían detectado en la realidad situaciones irregulares. Lo más importante es que el usufructo, al dar derecho de posesión, permitiría al usufructuario -o sea al jubilado que se le otorga la vivienda sólo para su uso- arrendar la vivienda a otras personas.

Esto determinó el cambio de concepto de «usufructo» por «uso» en un anteproyecto sustitutivo que envió directamente a la Comisión el Banco de Previsión Social. Precisamente, ese fue el criterio que se utilizó en definitiva porque sustituimos «usufructo» por «uso».

Posteriormente se planteó el tema del máximo de 24 unidades reajustables. Todos teníamos, en realidad, la misma idea pero había diferencia de matices. En este sentido, el Presidente del Directorio del Banco de Previsión Social nos explicó el problema que surge desde el punto de vista operativo en cuanto a que aparezca esa ampliación de potenciales beneficiarios, que ya de por sí genera por la vía de consultas o de gestiones de otro tipo una actividad administrativa muy intensa. No me atrevería a reproducir los números, pero el Directorio del Banco de Previsión Social planteó que la relación entre la cantidad de postulantes y la cantidad de viviendas disponibles, sería de diez a uno aproximadamente. De tal manera que la propuesta del Banco de Previsión Social era que quedara fijado en 12 unidades reajustables el que podrá ser elevado hasta 18 y/o 24 unidades reajustables para los casos en que las disponibilidades de vivienda lo permitan.

A nivel de la Comisión hemos optado por cambiar la redacción sin modificar la idea esencial, admitiendo la posibilidad de que el tope de los ingresos se eleve a 24 unidades reajustables. A nuestro juicio, en su forma actual el texto quedó un poco más preciso y pondría algún freno a expectativas desmedidas.

El proyecto de ley que venía de la Cámara de Representantes, en su artículo 2º, efectivamente establecería toda una mecánica de una nómina que se confeccionaría de menor a mayor, además del requisito de la publicidad. En realidad, este artículo 2º fue simplificado por la Comisión, porque la versión que propuso el Banco de Previsión Social decía que las unidades habitacionales se adjudicarán a jubilados y pensionistas que carezcan de vivienda propia o no tengan solucionada su necesidad habitacional en forma permanente, previo análisis de las condiciones socio-económicas de los beneficiarios. Esta fórmula, al incluir la opción de que no tengan solucionada su necesidad habitacional en forma permanente, ya había originado en el propio seno de la Comisión distintas interpretaciones contrapuestas. Si en el seno de la Comisión ya teníamos dos bibliotecas en cuanto a ese artículo 2º, cuánto más las íbamos a tener en el futuro de la ley.

Por este motivo, insistimos en suprimir la parte que dice «o no tengan solucionada su necesidad habitacional en forma permanente». Pensamos que, aparentemente, lo que quiere decir el proyecto es que queden fuera del campo de los beneficiarios aquellas personas que están viviendo en hogares de ancianos y por ende tienen solucionado su problema habitacional. No vamos a reproducir ahora la discusión que se generó en el seno de la Comisión, pero debo decir que teníamos -y tenemos- una posición muy clara sobre el punto.

Finalmente, como fórmula de consenso -no recuerdo si por unanimidad o por mayoría- se optó por suprimir esa alternativa y se mantuvo la parte restante de la disposición que habla del «previo análisis de las condiciones socio-económicas de los beneficiarios».

Llegado a este punto quisiera decir, señor Presidente, que si el Miembro Informante y los integrantes de la Comisión no tienen inconveniente, nosotros no pondríamos objeciones a incorporar a esa disposición una versión simplificada del requisito de la publicidad, por cuanto todo lo que signifique mayor transparencia nos parece bienvenido. Creemos que eso se podría solucionar agregando a este artículo 2º que «a esos efectos se confeccionará una nómina, la que deberá hacerse pública en las dependencias del Banco de Previsión Social». Quiero subrayar que la nómina ordenada, tal como figuraba en el proyecto de la Cámara de Representantes, según el orden de sus ingresos, de alguna manera se contrapone a la parte del texto del artículo 2º sobre previo análisis de las condiciones económicas de los beneficiarios, porque en ella no figuran sólo las condiciones económicas sino las socio-económicas. Debe tenerse en cuenta que las condiciones sociales van más allá que el problema descarnado de los ingresos. Con esto quiero significar que si el Miembro Informante y los integrantes de la Comisión estuvieran de acuerdo, no tendría inconveniente en agregar a esa disposición la obligatoriedad de publicitar en las dependencias del Banco de Previsión Social una nómina suprimiendo la referencia estricta a los ingresos.

Creo que con decir «a esos efectos se establecerá una nómina de menor a mayor que se publicitará en las dependencias del Banco de Previsión Social» se obtendría el objetivo sobre el cual insiste el señor Senador Carvalho y mantendríamos el esquema que viene de la Comisión.

El artículo tercero, que es el que establece el incumplimiento -supongo que se refiere a ese requisito de la publicidad- configurará la causal de omisión a que refiere el artículo 198 de la Constitución de la República y habilitará su aplicación, nos parece excesivo y creo que también lo entendió el Directorio del Banco de Previsión Social, si la memoria no me engaña. Ya había sido suprimido en el texto enviado por el Banco.

Deseo subrayar que toda vez que queremos incluir una sanción tenemos que mantener vigentes los criterios de la proporcionalidad, por lo que me parece que eso supone ir demasiado lejos, razón por la cual la mayoría de la Comisión consideró prudente suprimir esa disposición.

En resumen, el tema es el siguiente. Debo subrayar que el señor Senador Sarthou ya había adelantado que iba a votar el texto con la redacción venida de la Cámara de Representantes porque le interesaba que la ley entrara prontamente en vigencia. El hecho de aprobar el texto legal tal como viene de la Cámara de Representantes, significaría que las objeciones que teníamos varios integrantes de la Comisión, no eran de tal entidad como para detener el proceso de aprobación inmediata. En ese aspecto, la mayoría de la Comisión optó por otra vía. Creemos que el proyecto que ella elaboró -al cual, insisto, se le podría agregar el requisito de la publicidad- logra el objetivo primario fijado y significa un avance en cuanto a los eventuales beneficiarios de un régimen privilegiado para solucionar el problema habitacional de personas de escasos ingresos.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Señor Presidente: advertimos una preocupación de abrir expectativas, pero no hay que olvidar que debemos hacer viviendas. Sin duda que las expectativas son legítimas para personas que tienen pasividades muy bajas y necesitan viviendas. Reitero, pues, que el tema no es la naturaleza de la expectativa que se crea, sino la seguridad de habilitar viviendas.

En este caso partimos de una base distinta. Aparentemente, hay quienes creen que los recursos han sido correctamente aplicados en su quántum con las viviendas edificadas; en ese sentido, tenemos diferencias con lo que señalaba el señor Senador Gargano.

Por lo tanto, consideramos que con todos los recursos existentes deben hacerse viviendas y no generar expectativas porque en función de los fondos disponibles pueden realizarse. Debe recordarse un sonado episodio de U$S 123:000.000 que discutimos en 1992 porque, de acuerdo con la Ley Nº 15.900, no se sabía dónde estaban los recursos y no se aplicaron a las viviendas.

De manera tal que, según la óptica que se adopte y en el entendido de que se han hecho todas las viviendas que se podían realizar, se tiene una interpretación distinta con respecto al texto de la ley. Creemos que esta debe establecer la necesaria inversión y por esa razón vamos a proponer ese aditivo a efectos de satisfacer las necesidades de los pasivos.

En cuanto a las etapas, en el artículo 1º se dice «en una o más etapas». Consideramos que no hay ningún criterio, por lo que las etapas pueden hacerse en el tiempo o como sea. En fin, esto es un cheque en blanco porque se dice que el Banco hará las viviendas en una o más etapas y no se da ningún contenido que permita decir, por ejemplo, que «etapas» quiere significar lo que el Banco entienda en el tiempo y en la forma de organizarlas como considere más razonable. Por tanto, no hay ningún freno o dato objetivo sobre ese tema.

Deseo aclarar que cuando voté en contra del proyecto de ley no lo hice solamente por lo que refiere a lo aprobado en la Cámara de Representantes, sino por estas razones de fondo. Insisto en que no sólo me interesaba que el texto de la Cámara de Representantes se aprobara de inmediato sin correcciones, sino por todas estas diferencias que consideramos muy importantes.

Entendemos que todos los fondos deben aplicarse; inclusive queremos que exista un contralor de las viviendas. Además, creemos que la sanción establecida en el artículo 3º es legítima, en la medida en que el número de viviendas y su disponibilidad es algo que no está precisado; es importante que los pasivos sepan cuál es la forma de aplicación y en qué medida se van a ir satisfaciendo las necesidades habitacionales.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: propongo que el Cuerpo pase a votar en general el proyecto de ley para luego ingresar a la discusión particular y, entonces, analizar las sugerencias que se han realizado.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Señor Presidente: solicitamos que, en primer término, se vote el proyecto de ley venido de la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia desea aclarar que, desde el punto de vista reglamentario, corresponde votar primero el proyecto de ley venido de la Comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-14 en 22. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º del proyecto sustitutivo.

(Se lee:)

«Artículo 1º.- El monto de asignación mensual de pasividad, establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, para dar en uso viviendas a jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, queda fijado en 12 UR (doce Unidades Reajustables) el que podrá ser elevado por dicho Banco, en una o más etapas, hasta un máximo de 24 UR (veinticuatro Unidades Reajustables) para los casos en que las disponibilidades de viviendas lo permitan.»

-Léase el artículo modificativo propuesto por el señor Senador Carvalho.

(Se lee:)

«Artículo 1º.- El monto de asignación mensual de pasividad, establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, para dar en uso viviendas a jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, queda fijado en 24 UR (veinticuatro Unidades Reajustables). Facúltase al Banco de Previsión Social a elevar el tope actualmente vigente en una o varias etapas para los casos en que las disponibilidades de viviendas lo permitan hasta alcanzar el máximo fijado en este artículo.»

-En consideración.

Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: consulto a los otros miembros de la Comisión con los que estuvimos de acuerdo en esta redacción si es posible, a efectos de aventar cualquier duda, sustituir la palabra «etapas» por el vocablo «franjas», porque creo que es más específico en cuanto al espíritu de la norma. Si aquí se ha dicho que «etapas» puede significar tiempos pongamos «franjas», atendiendo a la solicitud que nos hizo la delegación del Directorio del Banco de Previsión Social para tener la posibilidad de hacerlo en distintas franjas de ingresos. Con ello, nos evitaremos una interpretación errónea de lo que quisimos votar.

SEÑOR PRESIDENTE.- En este momento, existen dos propuestas de modificación: una, el sustitutivo a que se dio lectura; y, otra, la que acaba de proponer el señor Miembro Informante.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: lo que termina de expresar el señor Miembro Informante, a fuer de honesto no me termina de convencer, pero creo que no es un tema que justifique que nos quememos las pestañas. Por tanto, si esto concita un mayor apoyo a la disposición y nos ahorra tiempo, no tengo inconveniente en sustituir la palabra «etapas» por «franjas».

SEÑOR CARVALHO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARVALHO.- En el mismo sentido, a los efectos de aclarar definitivamente el tema y de aventar cualquier duda, me permito cambiar también, en el artículo sustitutivo que presenté, la palabra «etapas» por «franjas».

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde, pues, votar el artículo 1º tal como fue aprobado por la Comisión, con la modificación de la palabra «etapas» por «franjas».

(Se vota:)

-13 en 22. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Voy a ser muy breve, señor Presidente, porque el señor Senador Sarthou ya explicó que el artículo disminuye lo que se había establecido en la Cámara de Representantes. Si bien desde el punto de vista técnico, mejora el artículo el cambio de la palabra «usufructo» por «uso», nos parece, también, que desde el punto de vista de la finalidad social y de las mejoras que este proyecto de ley propone, era mejor el que se aprobó en la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

«Artículo 2º.- Las unidades habitacionales se adjudicarán a jubilados y pensionistas que carezcan de vivienda propia, previo análisis de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios».

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 23. Afirmativa.

Léase un artículo aditivo llegado a la Mesa, que fuera presentado por el señor Senador Carvalho.

(Se lee:)

«Artículo aditivo.- El Banco de Previsión Social dará adecuada publicidad en todas sus dependencias a los criterios de aplicación, reglamentaciones internas que dicte y nóminas de beneficiarios de la presente ley.»

-En consideración.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN.- Aprovechando nuestra vecindad con el señor Senador Carvalho, estábamos conversando sobre la posibilidad de buscar un acuerdo con relación a esa exigencia.

En lo que me es personal, el proyecto estaría completo con lo que hemos votado hasta ahora; pero para dar satisfacción a la exigencia de la publicidad, de la nómina de beneficiarios, propondríamos una fórmula que vincule a ésta con los requisitos del artículo 2º, que consisten en carecer de vivienda propia, previo análisis de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios.

Entiendo que por la vía de la publicidad no se debe agregar otro corsé, y habrá que dejar en libertad al Poder Ejecutivo por la vía de la reglamentación. Digo esto porque una cosa es libertad para desplazar de la ley a la reglamentación lo que, en realidad, debe ser materia de la reglamentación, y otra cosa es la publicidad de los criterios de la reglamentación, a fin de dar mayor transparencia al régimen de aplicación.

Entonces, si el señor Senador Carvalho lo acepta, querríamos sugerir que el artículo 3º dijera: «A los efectos dispuestos en el artículo anterior, el Banco de Previsión Social confeccionará una nómina, la que deberá hacerse pública en las dependencias del Banco de Previsión Social». Como es a los efectos del artículo anterior, es para implementar los dos criterios del artículo 2º, más los otros que ya está aplicando el Banco de Previsión Social a raíz de las reglamentaciones vigentes; pero no quisiéramos entrar a detallar lo que nos parece que debemos dejar al administrador.

SEÑOR CARVALHO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARVALHO.- Lamento no coincidir con mi colega y vecino, el señor Senador Bergstein, porque si el Banco de Previsión Social no explicita los criterios con los que va a confeccionar la nómina ni las reglamentaciones internas que dicte para tales fines, le agregaría muy poco a un jubilado o a una pensionista que desee saber por qué ha sido postergada en esa nómina. Entiendo que es importante que se sepa, por ejemplo, si la institución asigna un puntaje especial a la situación de discapacitado, a la mayor edad con respecto a la menor y al tener o no tener familia. Eso el Banco de Previsión Social ya lo está haciendo sobre la base de reglamentaciones internas. La nómina de beneficiarios debe respetar esos criterios, que deben ser previos a la confección de la lista y públicos como garantía de que un potencial beneficiario pueda apreciar si se están aplicando o no correctamente.

Como se ve, señor Presidente, es algo más que la nómina, porque en ella se aprecia que, por ejemplo, Juan Pérez está detrás de Juan González, pero no puede saber por qué. Entonces, quiero darle las herramientas a la persona para que pueda verificar si, efectivamente, se tomó en cuenta una situación de discapacidad, la edad, la carencia de otros familiares, etcétera, que me imagino que son algunos de los muchos criterios que la reglamentación interna del Banco puede aplicar.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Quiero saber si entendí bien la propuesta del señor Senador Carvalho.

Me parece bien que se incorpore una norma por la que se garantice la transparencia de los criterios en la publicidad y que esto esté en las carteleras de las dependencias. Asimismo, también creo que corresponde -fue lo que entendí al principio- que se publiciten aquellos que resultaron beneficiarios. Sin embargo, pienso que es inaplicable que se publique la nómina de todos los candidatos para saber, por ejemplo, si uno gana más que otro y debe figurar antes. Esto era lo que aparecía en el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes y al final son cientos de miles que hay que publicar en las dependencias del Banco de Previsión Social. Esta bien que la lista aparezca en un lugar visible, que se establezcan cuáles son los criterios y, además, para el llamado de viviendas, quiénes resultaron los beneficiarios. De esa forma, si alguien se siente agredido, podrá interponer el recurso correspondiente.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Sanabria)

SEÑOR CARVALHO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARVALHO.- Quiero aclararle al señor Miembro Informante que el sentido era exactamente ese. Entendí beneficiario como el beneficiario real de la ley, es decir, aquella persona a la que se le ha asignado vivienda o que se lo coloca en el orden de prelación para asignarle vivienda en determinada localidad. Aclaro que no me refería a una nómina que incluyera decena de miles de casos; esos serían beneficiarios potenciales y creo que no tendría sentido hacerlo así, ya que haría imposible la verificación. En cambio, si en una localidad determinada se publican los criterios y el orden en que van a ser asignadas las viviendas, cada uno de los interesados podrá determinar si se ha juzgado correctamente su situación y hará lo que crea conveniente.

El sentido de esta disposición era exactamente el que acaba de mencionar el señor Senador Gandini.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero señalar, simplemente, que el artículo propuesto por el señor Senador Carvalho, en líneas generales -por lo menos eso es lo que he visto hasta hace un tiempo- era el que se aplicaba en las carteleras del Banco Hipotecario del Uruguay y daba buen resultado. Inclusive, conozco alguna hipótesis de que por error se incluyó a una persona como beneficiaria y luego la institución tuvo serias dificultades para arreglar la situación, pero lo hizo con mucha precisión.

De manera que me parece muy buena la propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo propuesto por el señor Senador Carvalho.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése lectura a un artículo aditivo presentado por la Bancada del Frente Amplio.

Léase.

(Se lee:)

«El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente deberá invertir anualmente, en la construcción de viviendas destinadas a los fines de esta ley, una suma equivalente a lo recaudado durante el año fiscal más un 10% de los fondos existentes para estos fines que no han sido utilizados.

Firman la señora Senadora Dalmás y los señores Senadores Couriel, Korzeniak, Sarthou, Gargano, Casartelli, Cid y Segovia.»

-En consideración.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- La fundamentación de este artículo aditivo es muy sencilla. Como explicamos, a este fondo han ingresado, desde la sanción primera de la ley, más de U$S 270:000.000. A la fecha, seguramente, de esa cantidad no se ha invertido una tercera parte. Existe un porcentaje de esos fondos -los que ingresaron en forma previa a la sanción de la ley presupuestal que nos rige ahora- que fue invertido parcialmente, y el destino de una gran cantidad de ellos hasta el día de hoy no se conoce, pues fue dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas para ejecutar el Presupuesto en general.

En definitiva, lo que pretende el artículo aditivo es que, habiendo ganado el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente capacidad de ejecución y teniendo dinero disponible, lo ejecute. De esta manera, se cumpliría el objetivo de que el beneficio alcance a otra franja de jubilados, más allá de las que rigen o que entrarán en vigencia de inmediato. O sea que si hay más viviendas disponibles y si se invierte el dinero que se recauda, va a ser más fácil que los jubilados que tienen como ingreso 24 Unidades Reajustables mensuales, puedan acceder al uso de una de estas viviendas. Asimismo, se podría mejorar la calidad de la vivienda que se construye.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN.- Solicito que se dé lectura, nuevamente, al artículo aditivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Léase.

(Se lee:)

«El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente deberá invertir anualmente, en la construcción de viviendas destinadas a los fines de esta ley, una suma equivalente a lo recaudado durante el año fiscal más un 10% de los fondos existentes para estos fines que no han sido utilizados.»

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-9 en 23. Negativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

«ARTICULO 1º.- El monto de asignación mensual de pasividad, establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, para dar en uso viviendas a jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, queda fijado en 12 UR (doce Unidades Reajustables) el que podrá ser elevado por dicho Banco en una o más franjas, hasta un máximo de 24 UR (veinticuatro Unidades Reajustables) para los casos en que las disponibilidades de viviendas lo permitan.

ARTICULO 2º.- Las unidades habitacionales se adjudicarán a jubilados y pensionistas que carezcan de vivienda propia, previo análisis de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios.

ARTICULO 3º.- El Banco de Previsión Social dará adecuada publicidad en todas sus dependencias a los criterios de aplicación, reglamentaciones internas que dicte y nóminas de beneficiarios de la presente ley.»

11) DESARROLLO APICOLA

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Corresponde pasar al punto que figura en decimonoveno término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establece que al Poder Ejecutivo le compete la fijación de la política nacional en materia de desarrollo apícola (Carp. Nº 1317/98 - Rep. Nº 885/99).»

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 1317/98
Rep. Nº 885/99

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Al Poder Ejecutivo compete la fijación de la política nacional en materia de desarrollo apícola, contando para ello con el asesoramiento de la Comisión honoraria de Desarrollo Apícola. La formulación de dicha política tendrá en cuenta la declaratoria de interés nacional dispuesta por el artículo 201 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Artículo 2º. - Créase la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola que dependerá del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 3º. - La Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola tendrá los siguientes cometidos:

A) Promover el desarrollo de la producción, elaboración y comercialización de los productos de la colmena.

B) Coordinar las acciones de entidades públicas y privadas dirigidas al sector.

C) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de política apícola, emitiendo su opinión en forma previa y preceptiva al dictamen de normas relacionadas con la actividad apícola.

D) Administrar el Fondo de Desarrollo Apícola.

E) Promover la capacitación y perfeccionamiento de los agentes vinculados al sector.

F) Apoyar y promover las actividades de investigación en relación a la producción y procesamiento de productos de la colmena.

G) Promover la valorización de los productos de la colmena.

H) Proponer y coordinar acciones de control y erradicación de enfermedades y parasitosis de la colmena.

I) Administrar el Registro Nacional de Propietarios de Colmenas.

Artículo 4º. - La Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola estará integrada por cuatro miembros:

A) Un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que la presidirá y tendrá doble voto en caso de empate.

B) Un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

C) Dos representantes de los productores apícolas propuestos en forma conjunta por la Sociedad apícola Uruguaya, la Central Apícola Cooperativa, la Comisión Nacional de Fomento Rural y el Centro de Estudios Apícolas.

Los representantes de los productores serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las instituciones respectivas. Los mecanismos de elección surgirán de la reglamentación que establecerá el Poder Ejecutivo. Por cada representante se designará un suplente que sustituirá al titular en caso de ausencia de éste. La duración del mandato de los miembros será de tres años.

Artículo 5º. - Créase el Fondo de Desarrollo Apícola, que se integrará con los siguientes recursos:

A) Las sumas que se le asigne por ley.

B) Los fondos procedentes de préstamos y demás financiamientos que se concierten de acuerdo a la ley.

C) Los legados y donaciones que reciba.

Artículo 6º. - Las cantidades que se integren al Fondo de Desarrollo Apícola serán depositadas en una cuenta especial en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), denominada «Fondo de Desarrollo Apícola». Sus disponibilidades se aplicarán al cumplimiento de los cometidos establecidos por el artículo 3º de la presente ley.

En la financiación de proyectos de producción, industrialización, comercialización y exportación de productos apícolas, se contemplará preferentemente a los emprendedores de menor capacidad económica que, por su naturaleza, tengan dificultades para acceder a otras formas de financiamiento y a aquellos proyectos que contribuyan en mayor medida al desarrollo de los citados.

Artículo 7º. - Créase el Registro Nacional de Propietarios de Colmenas en el que deberán inscribirse todos los poseedores de más de una colonia de abejas en colmenas movilistas, entendiendo por colmenas movilistas aquellas que tengan panales intercambiables.

Artículo 8º. - Aquellos proyectos de explotación apícola, pecuaria o forestal que aspiren a ser beneficiados por subsidio público, incluyendo crédito en condiciones preferenciales, exoneraciones impositivas o arancelarias específicas, deberán incluir una adecuada explotación del potencial apícola vinculado al emprendimiento.

Artículo 9º. - Las violaciones o infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias en materia apícola serán sancionadas con multas que se graduarán según la importancia de la infracción y el carácter de reincidente o no del infractor, de acuerdo a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que el hecho dé lugar.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de diciembre de 1998.

Jaime Mario Trobo Presidente
Martín García Nin Secretario

Comisión de Ganadería,
Agricultura y Pesca

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, ha estudiado y eleva a consideración de la Cámara, el presente proyecto de ley por el que se impulsa la apicultura, creando la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA), el Fondo de Desarrollo Apícola, el Registro Nacional de Propietarios de Colmenas que condiciona el otorgamiento de subsidios a proyectos agropecuarios o forestales a la adecuada explotación del potencial apícola del emprendimiento en cuestión.

En los últimos años la apicultura ha crecido a una tasa del 10% anual y la exportación de los productos de la colmena supera ya los U$S 12 millones anuales, siendo el segundo producto exportador de la granja en el Uruguay, después de los cítricos.

Se trata de una actividad que por su naturaleza ocupa mucha mano de obra y permite a los productores iniciarse y crecer con poco capital. Entre los varios miles de apicultores se cuentan quienes se dedican en forma exclusiva a esta actividad y un gran número que hacen de la apicultura un rubro que complementa efectivamente sus otras ocupaciones. Dado que la gran mayoría son pequeños y medianos productores que se nuclean en cooperativas para obtener los insumos y comercializar los productos de la colmena, el interés social del rubro es innegable.

En setiembre de 1997 se presentó, por parte de los señores Representantes Ricardo Berois Quinteros y Fernando Araújo, un proyecto de ley que tiene como objetivo impulsar el desarrollo apícola.

Una vez presentado el proyecto y entendiendo que el mismo era una propuesta de trabajo, la Comisión recibió la representación de la Dirección de Laboratorios Veterinarios «Doctor Miguel C. Rubino» (DILAVE) dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como también a las diferentes asociaciones de apicultores y a la Asociación de Productores Forestales, para conocer sus opiniones al respecto.

Las autoridades ministeriales encuentran, en términos generales, positivo el proyecto, haciendo objeciones sobre temas puntuales, así como también las asociaciones de apicultores que en todo momento apoyaron la iniciativa, siendo tema de foros y artículos de las publicaciones en la materia. Asimismo, se logró una redacción que contempló las válidas objeciones que oportunamente plantearan los productores forestales.

Una vez que se escuchó a todas las partes, la Comisión comenzó a trabajar sobre los puntos de vista vertidos en la misma, formando un grupo de trabajo representado por todos los partidos para avanzar rápidamente en el tema.

A diferencia de otros subsectores de la agropecuaria nacional, la apicultura cuenta con un desarrollo institucional a nivel público que es aún incipiente y que se caracteriza por su dispersión. Existe hoy la Comisión Nacional del Poder Ejecutivo en Materia de Política Apícola (CAPEMPA), que cuenta con una integración mixta, público-privada, muy amplia y de una larga trayectoria. Vuestra asesora entendió necesaria la creación de la CHDA, que reformula la integración, cometidos y atribuciones de CAPEMPA. Se le atribuye un rol jerarquizado en la formulación de la política de promoción para el sector y en la coordinación de las líneas de trabajo que los diversos organismos públicos implementan en relación a la apicultura.

De la lectura del artículo 3º que enumera los cometidos de la CHDA, surge claramente la importancia de la misma para el desarrollo continuado del sector.

Se consideró conveniente que la CHDA estuviera integrada en partes iguales por representantes del Poder Ejecutivo y de las organizaciones de productores, tal como lo establece el artículo 4º.

El artículo 5º crea el Fondo de Desarrollo Apícola sin el cual el cumplimiento de los cometidos establecidos en el artículo 3º no sería posible. En la financiación de proyectos ya sean estos productivos, comerciales, educativos o de investigación, el proyecto de ley prevé se priorice aquellos que tengan mayor impacto en el desarrollo de los emprendedores de menor capacidad económica.

La financiación de los proyectos de producción apícola ha enfrentado dificultades por las particularidades del tipo de producción, por lo que un fondo de financiación codirigido por los productores se espera tendrá la flexibilidad para adaptarse a las condiciones del rubro y complementar las fuentes de financiación existentes.

En el artículo 7º se crea el Registro Nacional de Propietarios de Colmenas, no con afán fiscalista, sino como elemento de prueba de la propiedad de las colmenas. Cuando el apicultor presenta un estado de responsabilidad, su patrimonio más importante, que son las colmenas, no le sirve como aval; siendo también tan necesario a la hora de prevenir los robos de colmenas, que lamentablemente están en expansión.

En el artículo 8º se establece que los proyectos agropecuarios en general que aspiren a determinados beneficios de parte del Poder Público deberán explotar adecuadamente el potencial apícola que su emprendimiento genere.

En el artículo final se establece un régimen de sanciones en relación al incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en relación a la apicultura, el que estará sujeto a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo.

Por los fundamentos expresados precedentemente, esta Comisión pro unanimidad se permite aconsejar al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley, a fin de contar con esta herramienta legal tan necesaria para el país y el sector de referencia.

Sala de la Comisión, 2 de diciembre de 1998.

Ricardo Berois Quinteros, Miembro Informante, Jorge Boerr, Luis Alberto Bolla, Jorge Coll, Julio Lara, Dimar Larroque, José Mújica, Silvio Núñez Guerra, Carlos Soria

«Carp. Nº 1317/98
Rep. Nº 885/99

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En consideración.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Mediante este proyecto de ley que el Cuerpo está considerando, se propone crear una Comisión Honoraria y se establece un fondo para el fomento de la apicultura.

Se trata de una ley marco, la cual fue aprobada por unanimidad de la Cámara de Representantes. Asimismo, debo decir que todos los integrantes de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca estamos de acuerdo en que se apruebe rápidamente esta iniciativa, y tampoco pensamos plantear ninguna modificación a este proyecto, ya que es muy sencillo. Pienso que sería posible votarlo en general y luego votar en bloque el articulado.

SEÑOR ITURRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el Miembro Informante.

SEÑOR ITURRIA.- Señor Presidente: no voy a abundar en detalles, ya que el Presidente de la Comisión, aunque yo había sido designado como Miembro Informante, ya ha informado sobre este proyecto de ley.

Lo que debo decir es, simplemente, que hay acuerdo en las partes interesadas y que el proyecto mejora bastante la situación, aunque existan aspectos que luego podrán ser complementados con el tiempo. Por lo tanto, ahorro discursos para que se proceda a la votación del proyecto.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Simplemente, quisiera dejar la misma constancia que mis predecesores, en el sentido de que, efectivamente, se trata de una ley marco que brinda algunas seguridades, sobre todo en el control de especies y en el registro correspondiente. Entonces, me sumo al planteo del señor Miembro Informante y del señor Senador Gargano, en el sentido de que se apruebe este proyecto y, de ser posible, luego se voten en bloque los artículos.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN.- Por mi parte, quisiera pedir una aclaración al Miembro Informante, ya que notamos una disposición que llamó nuestra atención. Me refiero al artículo 8º, porque en su versión literal dice que los proyectos de explotación agrícola, pecuaria o forestal que aspiren a ser beneficiados por subsidio, o por créditos preferenciales o exoneraciones impositivas o arancelarias específicas, deberán incluir una adecuada explotación del potencial apícola vinculado al emprendimiento.

Debo decir que esta disposición me generó una duda, porque podría entenderse que en todo proyecto de explotación agrícola habría que incluir una explotación de potencial apícola, si es que se aspira, por ejemplo, a un crédito preferencial. Por lo tanto, nos gustaría escuchar la aclaración por parte del Miembro Informante.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Iturria.

SEÑOR ITURRIA.- Señor Presidente: este proyecto de ley procura favorecer la adecuada dotación de colmenas en todo el territorio nacional porque, justamente, se trata de un recurso importante que no está explotado en su totalidad. El hábitat normal de las abejas o las posibilidades de explotación parten del bosque natural a las plantaciones forestales o agrícolas, especialmente aquellas vinculadas con praderas artificiales para la ganadería, sobre todo cuando se trata de semillas finas, que son las que necesitan de la colmena para polinizar y, a su vez, generan una riqueza a través del uso de esas flores en la transformación que hace la abeja.

En concreto, esta disposición no busca imponer, pero sí establecer una condición a aquellos que vayan a pedir créditos motivados por leyes especiales, o sea, condiciones de crédito preferencial -como expresa el proyecto de ley- que obliguen a una explotación. De esta manera, ellos mismos plantearán no la explotación directa, sino a través de convenios o contratos con apicultores, permitiéndoles la colocación de determinado número de colmenas, obteniendo o dando un beneficio.

Estamos frente a un artículo típico de fomento de la apicultura, que es, en definitiva, lo que busca este proyecto de ley. Es decir, se trata de una de las tantas políticas de apoyo a la apicultura, tratando de que todos los predios tengan la dotación de colmenas necesaria o conveniente, tanto para la explotación concreta como para el aumento de este producto que tiene una incidencia importante en la economía de exportación.

SEÑOR CHIESA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CHIESA.- Señor Presidente: quiero fundamentar mi voto favorable a este proyecto de ley.

Comparto las expresiones vertidas por el señor Senador Gargano en el sentido de que se trata de un proyecto de ley marco. Creo que ya se ha legislado en materia apícola, como bien lo dice este proyecto de ley en las disposiciones citadas, cuando hace referencia a la Ley Nº 16.226 que en su artículo 201 ya declaró de interés nacional la actividad apícola.

Entendemos que es un rubro de la granja que desde hace muchos años está en plena expansión en el país, con netos fines exportadores. El Uruguay es un bajo consumidor de miel y de productos de la colmena también poco desarrollados, quizás algunos subproductos.

Los mercados que Uruguay ha conseguido son muy buenos. En Europa, por ejemplo, Alemania es el primer comprador de los últimos años de nuestros productos, mientras en la región lo es Brasil.

Se trata de un rubro que está pasando por una situación de baja de los precios internacionales, por lo que se ha visto afectada su rentabilidad, pero que tiene mucho futuro en el país, máxime con la actividad forestal que hoy se ha implantado en nuestro suelo. Hay vastas zonas del litoral y el norte que pueden coadyuvar a que este rubro se expanda.

A manera de marco legal se crea la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola. Por su parte, el Poder Ejecutivo tiene desde hace varios años trabajando una Comisión Asesora en materia apícola, perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que en forma silenciosa pero muy eficientemente ha estado asesorando al Poder Ejecutivo.

A través de este proyecto se ha instrumentado un Registro de Propietarios de Colmenas. El año pasado, a pedido de productores apícolas, la JUNAGRA se estaba encargando del mismo. Asimismo, se crea un Fondo de Desarrollo Apícola, que en el futuro será la voluntad política la que le asigne los recursos necesarios.

Es necesario destacar que es un rubro que se integra a la granja y está siendo atendido, en la medida de las posibilidades, por los diferentes programas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través del Junta Nacional de la Granja y del Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja, también dependiente del referido Ministerio. Por todo lo expuesto, damos a este proyecto nuestro visto bueno y declaramos que lo vamos a votar afirmativamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Presidente del Senado.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Mociono para que se suprima la lectura y se voten en bloque los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a votar en bloque el proyecto de ley.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

SEÑOR PAIS.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PAIS.- Hemos acompañado con nuestro voto este proyecto de ley, porque nos parece que es un paso adelante que se da en una actividad que, tal como se ha señalado por distintos señores Senadores, está en expansión en nuestro país y que acompaña un desarrollo muy importante que se da a nivel regional. Así, Argentina, en 1997, fue el primer productor y exportador mundial de miel, acompañando a los países que lo son tradicionalmente, como Méjico y China, que son los que tienen mayor producción. Como aquí bien se ha señalado, Uruguay tiene un bajo consumo de miel y pienso que un primer marco jurídico que ordene y aliente la actividad es algo muy positivo.

En este momento, Argentina está estudiando un proyecto de ley muy polémico que trata de promover el consumo interno de miel mediante un impuesto a los propios productores apícolas, algo que se aplica en los Estados Unidos y que seguramente en el futuro tendremos que discutir.

A pesar del apoyo que he prestado a este proyecto, quiero dejar constancia del hecho de que he renunciado a plantear algunas observaciones, que quizá en el futuro -cuando este proyecto reciba complementaciones y un mayor desarrollo- puedan discutirse con mayor amplitud. Estas observaciones son dos. En primer término, en el artículo 4º, creo que el literal c) -que establece que son dos los representantes de los productores apícolas que van a componer la Comisión, propuestos en forma conjunta por la Sociedad Apícola Uruguay, la Central Apícola Cooperativa, la Comisión Nacional de Fomento Rural y el Centro de Estudios Apícolas- de algún modo está congelando la situación actual y no contempla la posibilidad de que, con la expansión, haya otras agrupaciones o entidades gremiales con el mismo derecho para integrar dicha Comisión.

En segundo lugar, en el artículo 9º se establece que las violaciones e infracciones serán sancionadas con multas. Creo que hubiéramos tenido una muy buena oportunidad de que las mismas integraran el mismo Fondo de Desarrollo Apícola establecido en el artículo 5º. Sin embargo, tal como dije anteriormente, estos no son obstáculos para acompañar con mi voto este proyecto que significa un paso adelante en esta actividad de mucho futuro en nuestro país.

12) NUMERALES 4), 12), 14), 16), 17), 18), 22), 30), 31) y 36)

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- La propuesta que voy a hacer y que ha sido consultada con los representantes de las distintas bancadas que componen el Senado, es a efectos de votar, si es posible en bloque, varios proyectos sobre los cuales existe un acuerdo total. Aparentemente, y de acuerdo a lo que he hablado con algunos señores Senadores, no habría irregularidad en hacerlo y no deseo comenzar una discusión sobre el tema.

En consecuencia, propongo tratar de inmediato, comprometiéndonos a que no haya informe escrito o verbal de los mismos a efectos de ganar tiempo, los siguientes proyectos de ley: el que figura en cuarto término del orden del día, por el que se establece que compete a la Armada Nacional, a través de la Prefectura Nacional Naval, la asistencia y salvamento de embarcaciones siniestradas en aguas jurisdiccionales; el punto duodécimo, por el que se aprueba el Acuerdo con el Gobierno del Estado de Israel sobre cooperación en el campo de la medicina veterinaria; el punto decimocuarto, por el que se declara el 31 de octubre de cada año «Día de la Integración del Fútbol Uruguayo» -a pedido reiterado y vehemente del señor Senador Heber- el punto decimosexto, por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Ecuador para la prevención del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes; el punto decimoséptimo, por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Panamá para la prevención del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes; el punto decimoctavo, por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República del Perú para la prevención del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes; el punto vigesimosegundo, por el que se aprueba el Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Post-Grado en las Universidades de los Países Miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR); el punto trigésimo, por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a acuñar monedas conmemorativas correspondientes a la IV Serie Iberoamericana «Encuentro de Dos Mundos»; el punto trigesimoprimero, por el que se aprueba el Acuerdo para promover el cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que pescan en Alta Mar. Por último, aunque para ello tendríamos que volver a sesión secreta, el punto trigesimosexto, que es un Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para conferir el ascenso al Grado de Coronel, al señor Teniente Coronel (JM) don Luis Vázquez Gazzano.

Hago moción en ese sentido, si es necesario, desdoblándola para aprobarlos en bloque o no; particularmente, me inclino por hacerlo en bloque, por razones de economía de tiempo.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Estoy de acuerdo con los proyectos de ley que se van a aprobar; pero me parece que es de mayor rigor ir aprobándolos uno a uno. Entiendo que es más ordenado, inclusive para que la Secretaría pueda trabajar mejor, que se los enuncie previo a votarlos.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- Pues bien, cambiemos la terminología y aprobémoslos uno por uno, pero en función de las reglas de juego ya anticipadas.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Ricaldoni y complementada por el señor Senador Gargano.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) ASISTENCIA Y SALVAMENTO DE EMBARCACIONES, ARTEFACTOS NAVALES O BIENES EN PELIGRO EN EL MAR EN AGUAS INTERIORES O EN PUERTOS DE LA REPUBLICA

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- En consecuencia, se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establece que compete a la Armada Nacional, a través de la Prefectura Nacional Naval, la asistencia y salvamento de embarcaciones siniestradas en aguas jurisdiccionales. (Carp. Nº 1287/98 - Rep. Nº 819/98)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 1287/98
Rep. Nº 819/98

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Compete a la Armada Nacional, a través de la Prefectura Nacional Naval, como autoridad marítima, la coordinación y control de la actividad de asistencia y salvamento de embarcaciones, artefactos navales o bienes deficientes, en peligro o siniestrados en aguas de jurisdicción o de soberanía nacional o puertos de la República.

Artículo 2º. - La expresión asistencia y salvamento a que refiere la presente ley significa todo acto o actividad efectuada para asistir o disponer sobre embarcación, artefacto naval o bien en peligro o siniestrado en aguas de jurisdicción o de soberanía nacional o puertos de la República.

Artículo 3º. - Cuando una embarcación, artefacto naval o bien representa, además, riesgo de daños o perjuicios a terceros o a la calidad de aguas y costas, el armador o propietario del mismo es responsable por las medidas necesarias para anular o minimizar el riesgo, así como por las consecuencias sobre terceros o sobre el medio ambiente, sin perjuicio de otros derechos que puedan corresponder.

Artículo 4º. - La autoridad marítima podrá intervenir en las operaciones de asistencia y salvamento toda vez que así lo considere necesario para prevenir, controlar o evitar daños a la vía navegable, la calidad de aguas o costas o bienes de terceros.

Esta intervención puede ser afectada sin haber sido solicitada o aun contra la voluntad expresa de los responsables de la embarcación, artefacto naval o bien asistido.

Dicha intervención de la autoridad marítima, solicitada o no, aceptada o no, por los responsables del buque, no libera al propietario ni al armador de su responsabilidad por los daños y perjuicios causados a la vía navegable, a la calidad de las aguas o costas o a bienes de terceros.

Artículo 5º. - El Capitán de la embarcación en peligro deberá tomar todas las medidas posibles para evitar daños como consecuencia de un siniestro. Asimismo, deberá tomar todas las medidas a su alcance para obtener la asistencia y salvamento y cooperar, junto con su tripulación, íntegramente con la autoridad marítima, dando sus mejores esfuerzos antes y durante las operaciones de asistencia o de salvamento, procurando evitar o minimizar daños derivados de un posible siniestro.

Artículo 6º. - La autoridad marítima es competente para determinar si una embarcación, artefacto naval o bien, que esté dentro de aguas o jurisdicción o soberanía nacional, debe ser considerado como peligroso o deficiente, entendiéndose por tal aquél que presenta carencias en su casco, tripulación, máquinas o carga, por las que se constituye en un riesgo o peligro de hundimiento o accidente, con consecuencias sobre la vía navegable, la calidad de aguas o costas o sobre bienes de terceros.

Artículo 7º. - La autoridad marítima puede intimar al Capitán, armador o propietario, para que se tomen las medidas pertinentes que, a su juicio, eliminen o eviten el peligro o deficiencia.

Artículo 8º. - La autoridad marítima es quien designa lugar de fondeadero o punto de destino en aguas abiertas, puerto o instalación que considere conveniente para anular o minimizar los riesgos derivados de un posible siniestro de una nave, artefactos o bien en condiciones de peligro o deficiencia.

Artículo 9º. - El Capitán del buque o persona a cargo de artefactos o bienes es considerado representante del armador y máxima autoridad a bordo y es responsable directo de todos los daños que puedan ocasionarse sobre bienes ajenos en aguas de soberanía o jurisdicción nacional.

Artículo 10. - La autoridad marítima es el órgano competente para determinar las posibles causas de accidentes marítimos.

Artículo 11. - Las embarcaciones extranjeras que naveguen en aguas de jurisdicción nacional deberán poseer seguros de casco, responsabilidad civil y protección e indemnización, incluyendo remoción de restos.

Artículo 12. - Los elementos de una embarcación o de su carga que durante la navegación o en las operaciones de carga o descarga caigan a las aguas deberán ser extraídos pro el propietario, armador u operador, quien deberá iniciar las acciones de remoción en forma inmediata.

El propietario, armador y operador portuario responsable pro la caída de los elementos o carga a las aguas será pasible de una multa, además de los costos que demande la operación de remoción.

Artículo 13. - Si una embarcación que se encuentra a disposición de la Justicia durante el proceso es declarada deficiente por la autoridad marítima, el Magistrado podrá considerarla bien perecedero, disponiendo su venta en remate y depositando lo obtenido en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) hasta la sentencia definitiva.

Artículo 14. - Los gastos en que la autoridad marítima incurra por sí o por terceros a causa de operaciones de asistencia, salvamento o remoción de restos, por la aplicación de la presente ley, serán de cargo del propietario o armador respondiendo por ellos en forma solidaria.

Estos gastos y las multas tendrán el mismo tratamiento que los previstos en el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 14.343, de 21 de marzo de 1975.

Artículo 15. - Las infracciones a la presente ley -no contempladas en otras- serán sancionadas con multas en efectivo equivalente al importe de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables). Las multas serán graduadas por la Prefectura Nacional Naval y depositadas en el Fondo para la Salvaguarda de la Vida Humana en el Mar.

Artículo 16. - El Poder Ejecutivo, al reglamentar la presente ley, dispondrá las medidas pertinentes para asegurar la posibilidad de resarcirse de todo tipo de daño o perjuicio causado por un siniestro en aguas jurisdiccionales o de soberanía de la República, por medio de depósitos o seguros, según se establezca.

A este respecto deberán tenerse en cuenta las Convenciones Internacionales sobre la Polución y Contaminación del Medio Marino ratificadas por la República (Decretos-Leyes Nº 14.880, de 23 de abril de 1979, y Nº 14.885, de 25 de abril de 1979; y Leyes Nº 16.221, de 22 de octubre de 1991, Nº 16.521, de 25 de julio de 1994, y Nº 16.820, de 23 de abril de 1997).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de diciembre de 1998.

Jaime Mario Trobo Presidente
Martín García Nin Secretario

Comisión de
Defensa Nacional

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha estudiado con especial interés el proyecto de ley referente a: «Asistencia y Salvamento de Embarcaciones, Artefactos Navales o Bienes en Peligro en el Mar, en Aguas Interiores o en Puertos de la República».

En el año 1994, la presencia de un buque en aguas del Río de la Plata, con riesgos ciertos de posibilidades de naufragio y por consiguiente con consecuencia sobre la vía navegable, y el impacto ecológico que hubiera provocado, evidenció la carencia de normas apropiadas para proteger los bienes nacionales ante un eventual desastre marítimo.

Dos factores se destacaban claramente de la posibilidad del hecho:

A) Que el buque al hundirse, se transformare en un obstáculo para la navegación ya que se encontraba en el lugar de mayor tránsito de ingreso y salida del Río de la Plata.

B) Que como consecuencia del siniestro se produjeran derrames que afecten la calidad de las aguas, como sus consecuencias sobre las mismas, su fauna y su flora, así como tales efectos lleguen a la costa misma, incluso en áreas de actividad turística.

Estos factores siempre tendrán mayores consecuencias si las cargas son de carácter tal que amenacen con mayor contaminación, cosa que pudo suceder en esa oportunidad si en lugar de tratarse de una carga de mineral fuese en cantidades similares (unas 120.000 toneladas) de elementos de alta toxicidad o radioactivos.

En el caso del buque chipriota que nos ocupa, se sucedieron dos instancias: en primer lugar de fondeo fue directamente en el Río de la Plata, que como tal, de acuerdo al Derecho Internacional marítimo, debe ser considerado como aguas interiores de la República. Segundo, se alejó del Río de la Plata hacia el océano, pero aun así dentro de aguas jurisdiccionales nacionales, aun dentro de lo establecido en la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar de Naciones Unidas, sobre el cual el estado ribereño tiene facultades para dictar normas que protejan ese medio acuático en cuanto a acciones que atenten contra la calidad de sus aguas o sobre sus recursos.

Dicho proyecto de ley tiende a solucionar los aspectos de mayor interés de la carencia normativa señalada, por lo que solicitamos al Cuerpo la aprobación del mismo.

Sala de la Comisión, 6 de agosto de 1998.

Guillermo Stirling, Miembro Informante, Brum Canet, Gustavo Penadés, Alfredo Pérez Riera, Miguel A. Pose

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Compete a la Prefectura Nacional Naval, la coordinación y control de la actividad de asistencia y salvamento de embarcaciones, artefactos navales o bienes en peligro en el mar, aguas interiores o puertos de la República.

Artículo 2º. - La expresión asistencia y salvamento a que refiere esta ley, significa todo acto o actividad efectuada para asistir o disponer sobre embarcación, artefacto naval o bien en peligro en el mar, aguas interiores o puertos de la República.

Artículo 3º. - Cuando una embarcación, artefacto naval o bien representa además riesgo de daños o perjuicios a terceros o a la calidad de aguas y costas, el armador o propietario del mismo es responsable pro las medidas necesarias para anular o minimizar el riesgo, así como por las consecuencias sobre terceros o medio ambiente, sin perjuicio de otros derechos que puedan corresponder.

Artículo 4º. - La autoridad competente podrá intervenir en las operaciones de asistencia y salvamento, toda vez que así lo considere necesario para prevenir, controlar o evitar daños sobre la vía navegable, la calidad de aguas y costas o bienes de terceros.

Esta intervención puede ser efectuada sin haber sido solicitada o aun contra la voluntad expresa de los responsables de la embarcación, artefacto naval o bien asistido.

Dicha acción de la autoridad competente, solicitada o no, aceptada o no, por los responsables, no libera al propietario, armador o Capitán, de la responsabilidad por daños o perjuicios que la misma causa a la vía navegable, a la calidad de aguas o costas o a terceros.

Artículo 5º. - El Capitán de la embarcación en peligro, deberá tomar todas las medidas posibles para evitar daños como consecuencia de un siniestro. Asimismo, deberá tomar todas las medidas a su alcance, para obtener la asistencia o salvamento, y cooperar junto con su tripulación, íntegramente con la autoridad competente, dando sus mejores esfuerzos antes y durante las operaciones de asistencia o salvamento, procurando evitar o minimizar daños derivados de un posible siniestro.

Artículo 6º. - La autoridad es competente para determinar si una embarcación, artefacto naval o bien, que esté dentro de aguas de jurisdicción o soberanía nacional, debe ser considerada como peligrosa o deficiente, entendiéndose por tal aquella que presenta carencias en su casco, tripulación, máquinas o carga, por lo que se constituye en un riesgo o peligro de hundimiento o accidente, con consecuencias sobre la vía navegable, la calidad de aguas y costas o sobre bienes de terceros.

Artículo 7º. - La autoridad competente puede intimar al Capitán, armador o propietario, para que se tomen las medidas pertinentes que a juicio de la autoridad eliminen o eviten el peligro o deficiencia.

Artículo 8º. - La autoridad competente es quien designa lugar de fondeadero o punto de destino en aguas abiertas, puerto o instalación que considere conveniente para anular o minimizar los riesgos derivados de un posible siniestro de una nave, artefacto o bien en condiciones de peligro o deficiencia.

Artículo 9º. - El Capitán del buque o persona a cargo de artefactos o bienes, es considerado representante del armador y máxima autoridad a bordo y es responsable directo de todos los daños que puedan ocasionarse sobre bienes ajenos en aguas de soberanía o jurisdicción nacional.

Artículo 10. - El Poder Ejecutivo, al reglamentar la presente ley, dispondrá las medidas pertinentes para asegurar la posibilidad de resarcirse de todo tipo de daño o perjuicio causado por un siniestro en aguas jurisdiccionales o de soberanía de la República, por medio de depósitos o seguros, según se establezca.

Montevideo, 26 de abril de 1995.

Daniel García Pintos
Representante por Montevideo

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el transcurso del año 1994, la presencia de un buque en aguas del Río de la Plata, con riesgos ciertos de posibilidades de naufragio y por consiguiente con consecuencia sobre la vía navegable, la calidad de aguas y costas, evidenció la carencia de normas apropiadas para proteger los bienes nacionales ante el desastre.

Dos factores se destacaban claramente de la posibilidad del hecho: a) que el buque al hundirse, se transformare en un obstáculo para la navegación -concretamente tal caso- en lugar de mayor tránsito de ingreso y salida del Río de la Plata, y b) que como consecuencia del siniestro se produjeran derrames o vaciamientos de carga que afecten la calidad de las aguas, como sus consecuencias sobre las mismas, su fauna y su flora, así como que tales efectos lleguen a la costa misma, incluso en áreas de actividad turística, con los consiguientes perjuicios.

Estos factores siempre tendrán mayores consecuencias si las cargas son de carácter tal que amenacen con mayor contaminación, lo que en aquella oportunidad pudo haber sucedido si en lugar de tratarse de una carga de mineral fuese en cantidades similares (unas 120.000 toneladas) de hidrocarburos o peor aun, de carga con elementos de alta toxicidad o radioactivos.

Existía en el caso del buque chipriota que nos ocupa, otro elemento que debe ser observado. Su primer lugar de fondeo fue directamente en el Río de la Plata, que como tal, de acuerdo al Derecho Internacional Marítimo, debe ser considerado como aguas interiores de la República, sobre las cuales los derechos de soberanía y jurisdicción, tienen su máxima fuerza.

En una segunda instancia, se alejó del Plata hacia el océano, pero aun así dentro de aguas jurisdiccionales nacionales, aun dentro de lo establecido en la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar de Naciones Unidas, o sea dentro de lo que sería la zona económica exclusiva, sobre la cual el estado ribereño tiene facultades para dictar normas que protejan ese medio acuático en cuanto a acciones que atenten contra la calidad de sus aguas o sobre sus recursos.

En un intento de solucionar en forma urgente los aspectos de mayor interés de la carencia normativa señalada, es que en abril de 1994 presentamos un proyecto de ley en tal sentido, el cual reiteramos por medio del presente.

Montevideo, 26 de abril de 1995.

Daniel García Pintos
Representante por Montevideo

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Léase el proyecto.

(Se lee)

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos de los proyectos de ley en cuestión.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Se va a votar en general y en particular el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR POZZOLO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO.- Señor Presidente: no quisiera ser corresponsable de lo que me parece un pecado legislativo. El Senado tiene un Reglamento y en él se indica la forma cómo debe votarse. Hay una discusión general y su correspondiente votación, y una discusión particular y una posterior votación. Por lo tanto, no podemos obviar eso porque, de otra forma, los proyectos quedarían mal sancionados.

(Apoyados)

-En consecuencia, solicito que se reconsidere el asunto que figura en cuarto término y se vote en general y en particular.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Se va a votar la solicitud del señor Senador Pozzolo.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar en general el proyecto de ley referente a la Carpeta Nº 1287/98.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración los artículos 1º a l6.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

14) ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL SOBRE COOPERACION EN EL CAMPO DE LA MEDICINA VETERINARIA

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Se pasa a considerar el asunto que figura en duodécimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo con el Gobierno del Estado de Israel sobre cooperación en el campo de la Medicina Veterinaria. (Carp. Nº 1259/98 - Rep. Nº 882/99)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 1259/98
Rep. Nº 882/99

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el acuerdo entre el Gobierno de República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Israel sobre Cooperación en el Campo de la Medicina Veterinaria, suscrito en la ciudad de Jerusalén, Estado de Israel, el 30 de marzo de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 1º de diciembre de 1998.

Jaime Mario Trobo Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado ha examinado el Acuerdo entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Israel sobre cooperación en el campo de la Medicina Veterinaria.

Dicho Acuerdo busca, en el marco de mantener las relaciones y colaboración entre los Estados signatarios, ampliar la colaboración entre los dos países en el campo de la Medicina Veterinaria con el objeto de asegurar las condiciones sanitarias adecuadas que reduzcan el riesgo de enfermedades contagiosas, tanto infecciosas como parasitarias.

Del contenido de su articulado destacamos el compromiso de las partes en colaborar para la protección de sus territorios nacionales contra el ingreso de enfermedades como resultado de la importación, exportación y tránsito de animales vivos, materias primas y productos animales así como de materiales que pudieran ser vectores patógenos.

La importación de estos animales y productos únicamente podrá ser realizada cuando sea presentado previamente un permiso escrito extendido por la autoridad veterinaria competente del país de origen (artículo 1º).

En el artículo 2º se establecen las autoridades competentes, que serán la Dirección de los Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de nuestro país y los Servicios Veterinarios y de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel.

El artículo 8º establece la colaboración en el área de la investigación veterinaria aplicada y de la actividad veterinaria en general, a través de diversos mecanismos, como ser el intercambio de experiencias y conocimiento en formación profesional; la colaboración entre institutos especializados y unidades veterinarias centrales; el intercambio de información y visitas de especialistas e investigadores; el intercambio de diarios científicos y otras publicaciones de medicina veterinaria aplicada; y el intercambio de información sobre la organización de la actividad veterinaria y sobre disposiciones legales e instrucciones en dicha área.

El resto del articulado establece precisos mecanismos de acción, formas de resolución de controversias, y otros aspectos de las gestiones que los Estados acuerdan llevar adelante.

En virtud de que el Estado de Israel ha alcanzado un alto nivel científico y tecnológico, sumado al hecho de que es un importante comprador de nuestras carnes, tanto por los volúmenes adquiridos como por el tipo de productos que adquiere, aconsejamos a la Cámara la aprobación del Tratado en estudio.

Sala de la Comisión, 20 de mayo de 1999.

Alberto Couriel, Miembro Informante, Edgardo Carvalho, Carlos M. Garat, Carlos Julio Pereyra, Américo Ricaldoni.

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
MINISTERIO DE GANADERIA,
AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 1º de setiembre de 1998.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto pro el Artículo 168 numeral 20 y el Artículo 85 numeral 7 de la Constitución Nacional, el adjunto Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Israel sobre Cooperación en el Campo de la Medicina Veterinaria, suscrito en Jerusalén, el 30 de marzo de 1998.

El Acuerdo que se adjunta, tiene como objetivo ampliar la colaboración en la materia entre ambos países, a fin de asegurar condiciones sanitarias satisfactorias de sus animales, para de esta manera reducir el riesgo de enfermedades infecciosas, contagiosas o parasitarias.

A tales efectos, el Artículo 1 estipula que las Partes Contratantes se esforzarán en impedir el ingreso de enfermedades fitozoóticas que puedan provenir de la importación de animales vivos, materia primas y productos animales en general. La importación de estos animales y productos animales podrá ser realizada únicamente cuando sea presentado previamente un permiso escrito extendido por la autoridad veterinaria competente del país de donde se realiza la importación.

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 2, las autoridades sanitarias competentes serán la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la República, y los Servicios Veterinarios y de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel.

El Acuerdo resalta la importancia de la colaboración entre las Partes Contratantes, en especial en lo referente al intercambio de información sobre las enfermedades animales que ocurran en sus territorios (Artículos 6 y 7); así como sobre el intercambio de experiencias y conocimiento en formación profesional, publicaciones especializadas y disposiciones legales nacionales en el área (Artículo 8).

El Artículo 11 estipula el procedimiento a aplicarse en caso de surgir controversias sobre la aplicación del Acuerdo, las cuales serán examinadas por una comisión formada por tres representantes de cada Parte Contratante. Si de esta forma no se soluciona el problema, la vía diplomática será la alternativa a utilizar.

Finalmente, el Artículo 3 establece que las Partes Contratantes concluirán protocolos sobre los distintos requisitos veterinarios para el comercio de animales y productos animales.

Al considerar la fructífera lucha que nuestro país ha llevado adelante contra las enfermedades de origen animal, y la importancia de mantener tal nivel de salud animal, así como el potencial del mercado israelí, y de todo Medio Oriente en general, para la exportación de carne nacional, es que el Poder Ejecutivo manifiesta su interés en la pronta entrada en vigor del presente Acuerdo, para lo cual solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Alvaro Ramos, lucen firmas

 

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
MINISTERIO DE GANADERIA,
AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 1º de setiembre de 1998.

Proyecto de Ley

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Israel sobre Cooperación en el Campo de la Medicina Veterinaria, suscrito en Jerusalem, el 30 de marzo de 1998.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL SOBRE COOPERACION EN EL CAMPO DE LA MEDICINA VETERINARIA

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Israel, en adelante denominados las «Partes Contratantes»;

A fin de ampliar la colaboración entre los dos países en el campo de la Medicina Veterinaria, para asegurar buenas condiciones sanitarias de los animales y sus países y de reducir el riesgo de enfermedades infecciosas, contagiosas y parasitarias;

En su deseo de continuar y promover las amistosas relaciones y colaboración entre los dos Estados;

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Las Partes Contratantes colaborarán en la protección de sus territorios nacionales contra el ingreso de enfermedades fitozoóticas como resultado de la importación, exportación y tránsito de animales vivos, materias primas y productos animales así como de materiales, que pudieran ser vectores patógenos.

La importación de animales vivos, materia prima, productos animales y materiales que pudieran ser vectores patógenos y el transporte de animales que pudieran ser portadores de cualquier tipo de infección o enfermedad parasitaria que afecte a los mismos y de zoonosis, se llevarán a cabo sólo presentando previamente un permiso escrito de Sanidad Veterinaria extendido por la Autoridad Veterinaria del país importador, y respectivamente al país a través de cuyo territorio se realice dicho transporte.

Artículo 2

Las autoridades sanitarias competentes para el fin de la implementación del presente Acuerdo, serán:

a) La Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la República Oriental del Uruguay.

b) Los Servicios Veterinarios y de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Israel.

Las autoridades sanitarias competentes de las Partes Contratantes mutuamente acordarán medidas para facilitar los controles sanitarios para la importación y exportación de animales, sus productos y subproductos, que pudieran ser sujetos a control veterinario.

Artículo 3

Las Partes Contratantes concluirán protocolos conjuntos con el fin de establecer los requisitos veterinarios de importación, exportación y tránsito de animales vivos, materia prima, productos animales y materiales que pudieran ser vectores patógenos que exijan ser sometidos a control de las Autoridades Veterinarias fronterizas.

Artículo 4

Las Partes Contratantes acuerdan que los Certificados Veterinarios empleados para la exportación de animales vivos y de productos animales serán expedidos por Veterinarios oficiales especialmente autorizados. Ambas partes tendrán el derecho de preparar sus propios requisitos sanitarios para las importaciones.

Cada consignación de animales vivos, materia prima, productos animales y materiales, transportada en vehículos, que pudieran ser vectores patógenos deberá ir acompañada de dicho Certificado Veterinario. Los Certificados Veterinarios serán válidos por el período acordado entre las autoridades competentes de las Partes Contratantes. El Certificado se expedirá en el idioma del país exportador e incluirá una traducción al idioma inglés.

Artículo 5

Las Partes Contratantes designarán Puestos Especiales de Control Veterinario fronterizos para las importaciones, exportaciones y tránsito entre los mismos de animales vivos, materia prima, productos animales y materiales que pudieran ser vectores patógenos. En caso necesario, dichos puestos se podrán cambiar, suprimir y establecer nuevos puestos, por consentimiento escrito de ambas Partes Contratantes.

Artículo 6

En caso necesario, las Partes Contratantes intercambiarán información acerca de las enfermedades animales que ocurran en sus territorios.

Artículo 7

Las Partes Contratantes, a través de sus autoridades sanitarias competentes, se comprometen a cumplir las obligaciones siguientes:

a) Intercambiar información dentro del plazo de 24 horas acerca de cualquier tipo de enfermedades incluidas en la Lista A de la OIE - París, que se desarrolle en sus territorios; acerca de las especies, número de animales enfermos, lugar donde ha sido reportada la enfermedad, diagnóstico, y en caso de la aftosa (FMD), acerca del tipo de virus detectado y acerca de las medidas que se han tomado para controlar las respectivas enfermedades.

b) Intercambiar, mensualmente, boletines veterinarios oficiales indicando estadísticas de enfermedades infecciosas y contagiosas, enumeradas en las listas «A» y «B» de la Oficina Internacional de Epizootías.

2. Si en el territorio de una de las Partes Contratantes, se detectara cualquiera de las enfermedades mencionadas en el ítem 7 1-a/, la Parte afectada suministrará a la otra Parte Contratante, en caso de disponer de la misma, información sobre las características de la enfermedad.

3. En caso de producirse una de las enfermedades enumeradas en la lista A de la OIE, la Parte que prohibe la importación y tránsito, informará a la otra Parte acerca de la prohibición en 24 horas. Esta decisión se aplicará inmediatamente después de informar sobre la prohibición. Sin embargo, en casos extraordinarios, con la aprobación de las Partes Contratantes, el tránsito se permitirá.

Artículo 8

Las Partes Contratantes promoverán su colaboración en el área de la Investigación Veterinaria Aplicada y de la Actividad Veterinaria, por:

a) Intercambio de experiencias y conocimiento en formación profesional;

b) Colaboración entre institutos especializados y unidades Veterinarias centrales;

c) Intercambio de información y visitas de especialistas e investigadores;

d) Intercambio de diarios científicos y otras publicaciones de medicina Veterinaria aplicada;

e) Intercambio de información sobre la organización de la actividad Veterinaria y sobre disposiciones legales e instrucciones en dicha área.

Artículo 9

Los Servicios Veterinarios de las Partes Contratantes establecerán contactos directos entre ellos, sobre todos los problemas relativos a la salud de los animales, de conformidad con el presente Acuerdo.

Artículo 10

Los costos financieros que surjan del cumplimiento del Acuerdo se cubrirán del modo siguiente:

a) El intercambio de revistas y publicaciones Veterinarias será financiado por la Parte Remitente;

b) En caso de que una de las Partes Contratantes solicite la presencia de especialistas o investigadores, todos los gastos correrán por cuenta del solicitante; en el caso de seminarios u otros encuentros científicos auspiciados u organizados por las autoridades sanitarias competentes, los gastos de traslado correrán por cuenta del país remitente, en tanto alojamiento y viáticos correrán por cuenta del país anfitrión.

Los gastos por viajes internacionales para el cumplimiento de las disposiciones del artículo 8, literal c) correrán por cuenta de la Parte Contratante remitente, en tanto que alojamiento y viáticos correrán por cuenta del país anfitrión.

Artículo 11

Las controversias entre las Partes Contratantes relacionadas con la aplicación del presente Acuerdo serán examinadas por una comisión conjunta.

Esta comisión estará formada por tres representantes de cada Parte Contratante.

La comisión se reunirá en un plazo de treinta (30) días posteriores a la convocatoria hecha por una de las Partes Contratantes, en su territorio, y trabajará en reuniones presididas, alternadamente por un miembro de cada delegación.

Los problemas no resueltos por la comisión serán solucionados por vía diplomática.

Artículo 12

El presente Acuerdo no afectará los derechos futuros o presentes y/u obligaciones de las Partes con relación a otros Acuerdos y Tratados, internacionales, concluidos anteriormente por cualquiera de dichas Partes.

Artículo 13

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la segunda de las Notas por las cuales las Partes Contratantes se notifiquen, por vía diplomática, de la conclusión de los procedimientos requeridos al efecto por el Derecho interno de cada una de ellas.

Artículo 14

El presente Acuerdo está sujeto a modificaciones y anexos, por mutuo consentimiento de las Partes Contratantes. Todas las modificaciones o anexos al Acuerdo seguirán el mismo procedimiento para su entrada en vigor.

El presente Acuerdo será válido por un período de tres (3) años. A partir de esa fecha, su validez se extenderá automáticamente por períodos adicionales de dos (2) años cada uno, a menos que una de las Partes Contratantes lo denuncie por escrito, por lo menos con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de cada período.

Hecho en Jerusalem el 30 de marzo de 1998, que corresponde al día 3 de Nissan de 5758, en dos ejemplares originales del mismo tenor en idiomas español, hebreo e inglés, siendo todos ellos igualmente válidos. En caso de divergencia en la interpretación de los textos en español y hebreo, prevalecerá la versión en idioma inglés.

Por el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay
Por el Gobierno del
Estado de Israel»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artìculo único del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

15) DIA DE LA INTEGRACION DEL FUTBOL URUGUAYO

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Se pasa a considerar el asunto que figura en decimocuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se declara el 31 de octubre de cada año `Día de la Integración del Fútbol Uruguayo'. (Carp. Nº 1286/98 - Rep. Nº 814/98)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 1286/98
Rep. Nº 814/98

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Declárase el 31 de octubre de cada año «Día de la Integración del Fútbol Uruguayo».

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de diciembre de 1998.

Jaime Mario Trobo Presidente
Martín García Nin Secretario

Comisión de Constitución, Códigos
Legislación General y Administración

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha aprobado el proyecto de ley por el que se declara el 31 de octubre de cada año «Día de la Integración del Fútbol Uruguayo».

Si bien es cierto que el proyecto de ley original establecía como fecha 8 de noviembre, en atención a que en ese día se definió el campeón de la liguilla de la segunda división profesional, se ha entendido por la mayoría de esta Comisión que la fecha más adecuada es el 31 de octubre, ya que fue precisamente en ese día que, en un hecho histórico para el fútbol profesional uruguayo, dos instituciones de tierra adentro se clasificaban para dicha final.

Frontera Rivera Fútbol Club y Deportivo Maldonado se constituyeron sin duda en pioneros de tan anhelada integración del fútbol uruguayo.

El 8 de noviembre de 1998 el Frontera Rivera Fútbol Club obtuvo el pasaje directo a la primera división profesional, mientras que su circunstancial adversario deportivo, pero aliado en la filosofía integracionista, se clasificó para el denominado repechaje con un club de la primera división.

Por tal motivo entendemos de justicia homenajear con la declaración por vía legislativa, el 31 de octubre de cada año como «Día de la Integración del Fútbol Uruguayo», a este popular deporte que se ha transformado, a través de los años, en el mejor embajador que ha tenido nuestro país en el mundo definitivamente integrado.

Por lo expuesto, se aconseja al Plenario la aprobación del siguiente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 19 de noviembre de 1998.

Fernando Araújo Miembro Informante, Washington Abdala, Gustavo Borsari Brenna, Daniel Díaz Maynard, Alejo Fernández Chaves, Felipe Michelini, Jorge Orrico, Fernando Saralegui, Diana Saravia Olmos.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Declárase el 31 de octubre de cada año «Día de la Integración del Fútbol Uruguayo».

Sala de la Comisión, 19 de noviembre de 1998.

Fernando Araújo Miembro Informante, Washington Abdala, Gustavo Borsari Brenna, Daniel Díaz Maynard, Alejo Fernández Chaves, Felipe Michelini, Jorge Orrico, Fernando Saralegui, Diana Saravia Olmos.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Declárase el día 8 de noviembre de cada año «Día de la Integración del Fútbol Nacional».

Montevideo, 12 de noviembre de 1998.

Fernando Araújo. Representante por Rivera.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 8 de noviembre ha sido fecha histórica para el fútbol uruguayo al consagrarse campeón de la Liguilla, por primera vez en la historia, un equipo del interior del país, el Frontera Rivera Fútbol Club.

El Frontera Rivera siempre tuvo vocación de integración del fútbol nacional, luchando para que el fútbol profesional no fuera patrimonio exclusivo de la capital, y porque los equipos del interior lograran acceder a esa situación de privilegio.

Sin duda el domingo 8 de noviembre quedará en el recuerdo de todos, siendo el día en que el fútbol nacional dejó de ser de Montevideo para convertirse en fútbol uruguayo de verdad, cumpliendo el viejo sueño de los dirigentes del interior, quienes durante muchos años soñaron con este momento.

Es por tal motivo, y porque en la instancia de esa fecha fueron dos los equipos del interior que disputaron la final, que proponemos que el 8 de noviembre de cada año se declare «Día de la Integración del Fútbol Nacional».

Montevideo, 12 de noviembre de 1998.

Fernando Araújo Representante por Rivera

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo único del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: voy a solicitar a la Presidencia que me permita incurrir en una picardía de procedimiento.

Por un compromiso insoslayable en mi despacho, me integré al Cuerpo cuando ya se comenzaba a tratar el orden del día. Tenía pensado referirme a un tema en la hora previa y no encontraba la manera de mencionarlo, cosa que voy a hacer en un minuto.

Además de votar con mucho agrado esta declaración del «Día de la Integración del Fútbol Uruguayo», iba a recordar en la hora previa un hecho que es bueno, tanto para los del interior, como para los de Montevideo: los 75 años de la final olímpica de 1924. Vaya mi respetuosa admiración por esos héroes del deporte nacional que hicieron una hazaña el 9 de junio de 1924 que, en ese estadio tan histórico de Colombes, le ganaron la final a Suiza por 3 a 0.

Quisiera dejar esta constancia, a sabiendas de que si la Presidencia fuera rígida con el Reglamento podría llamarme a la cuestión, porque esto es una recordación que no tiene que ver con el «Día de la Integración del Fútbol Uruguayo».

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- No lo haremos, señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: estoy como aquella murga «Nos obligan a salir», puesto que el fundamento de voto del señor Senador Korzeniak hace que me sienta en el deber de señalar que este día fue cuando el Club Frontera de Rivera se consagró campeón de la Liguilla y se integraron así el fútbol del interior y el de Montevideo. Paso el aviso de mi departamento, porque un poco me sigo sintiendo representante de Rivera. Estoy seguro de que estamos contentos con el Senador Segovia -creo que en esto lo represento- por esta integración del fútbol uruguayo y con los triunfos que ha cosechado este equipo de Rivera.

16) CONVENIO CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ECUADOR PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y SUS PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Se pasa a considerar el asunto que figura en decimosexto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Ecuador para la prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes. (Carp. Nº 1378/99 - Rep. Nº 886/99)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 1378/99
Rep. Nº 886/99

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Aprúebase el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República del Ecuador para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 27 de agosto de 1997.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de mayo de 1999.

Ariel Lausarot Peralta Presidente
Martín García Nin Secretario

PODER EJECUTIVO
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 14 de julio de 1998.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 20 del artículo 168 y el numeral 7 del artículo 85 de la Constitución Nacional, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República del Ecuador para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Montevideo, el 27 de agosto de 1997.

El presente Convenio, firmado en ocasión de la visita del señor Presidente del Ecuador, señor Fabián Alarcón, a la República, marca en su preámbulo la importancia de la suscripción de un acuerdo de este tipo, dada la gran amenaza que el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas significa para los pueblos, al tiempo que resalta la legislación internacional en la materia y, en especial, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

El Convenio consta de ocho artículos, subrayando en el artículo primero la importancia de la armonización de políticas en la materia y la realización de programas para la prevención y la educación acerca del uso indebido de drogas.

La cooperación que se establece en el artículo segundo, comprende el intercambio de información sobre el control y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y las acciones emprendidas para la prestación de asistencia a los toxicómanos, entre otros.

Al mismo tiempo, se fomenta el intercambio de expertos de los organismos estatales competentes así como la mutua colaboración técnica con el fin de detectar, controlar y erradicar la producción ilícita de sustancias.

A los efectos de lograr alcanzar los objetivos fijados, el Convenio establece una Comisión Binacional Uruguay-Ecuador de Cooperación Contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia (artículo tercero), la cual se reunirá alternativamente en Ecuador y en Uruguay en fechas a convenir (artículo quinto).

El artículo cuarto establece que la Comisión estará integrada por delegados o técnicos de la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas de la Presidencia de la República y del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del Ecuador.

Finalmente, los artículos siguientes establecen las competencias de la Comisión, destacándose la elaboración de planes y programas para la eliminación de la producción y la prevención del uso indebido de sustancias sicotrópicas, y la elaboración de un informe anual sobre el estado de aplicación del Convenio.

Considerando que el narcotráfico es una actividad delictiva que trasciende las fronteras nacionales, es de suma importancia encarar una lucha efectiva y coordinada entre los países, por lo que la instrumentación de este tipo de acuerdos resulta de gran utilidad.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su alta consideración.

Julio María Sanguinetti, Diddier Opertti, Luis A. Hierro López, Luis A. Mosca, Raúl Iturria, Samuel Lichtensztejn, Raúl Bustos.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República del Ecuador para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Montevideo, el 27 de agosto de 1997.

Montevideo, 14 de julio de 1998.

Diddier Opertti, Luis A. Hierro López, Luis A. Mosca, Raúl Iturria, Samuel Lichtensztejn, Raúl Bustos.

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS Y SUS PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República del Ecuador, en adelante denominadas «las Partes».

Conscientes de que el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas representan una grave amenaza a la salud y al bienestar de sus pueblos; que el mismo tiende a socavar sus economías, en detrimento del desarrollo político, cultural y socio económico de sus países;

Teniendo especialmente en cuenta la necesidad de combatir la organización, facilitación y financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con estas sustancias y sus materias primas, la de intercambiar información sobre estos trascendentes temas y la de adoptar acciones para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los toxicómanos y farmacodependientes;

Teniendo presente la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en Viena el 20 de diciembre de 1988, y demás normas de la legislación internacional vigente sobre la materia;

Tomando en consideración sus sistemas constitucionales, legales y administrativos y el respeto de los derechos inherentes a la soberanía nacional de sus respectivos Estados;

Conscientes de la importancia de desarrollar una colaboración recíproca para la prevención del uso indebido y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y en general en materia de narcotráfico mediante la coordinación y armonización de políticas y la ejecución de programas específicos.

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO

Las Partes, sobre la base del respeto a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en sus respectivos países, así como a los derechos inherentes a la soberanía de ambos Estados, se proponen armonizar políticas y realizar programas para la educación y la prevención del uso indebido de drogas, la rehabilitación del farmacodependiente, el combate a la producción y al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como sus precursores y productos químicos esenciales.

Las políticas y programas antes mencionados tomarán en cuenta las Convenciones Internacionales en vigor en ambos países.

ARTICULO SEGUNDO

La cooperación objeto del presente Convenio comprenderá:

a) Intercambio periódico de información y datos sobre el control y represión del tráfico ilícito de estupefaciente y sustancias sicotrópicas dentro de los límites permitidos por sus respectivos ordenamientos jurídicos;

b) Intercambio de información sobre las acciones emprendidas en ambos Estados para prestar la asistencia necesaria a los toxicómanos y los métodos de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social; así como las iniciativas tomadas por las Partes para favorecer a las entidades que se ocupan de la recuperación de los toxicómanos;

c) Prestar una colaboración técnica mutua, con el fin de intensificar las medidas para detectar, controlar, erradicar y sustituir la producción ilícita de sustancias y cultivos ilícitos de los cuales se pueden extraer sustancias consideradas como estupefacientes y sicotrópicos en sus respectivos territorios;

d) Intercambio de información sobre exportaciones y/o importaciones de precursores inmediatos, insumos químicos, estupefacientes y sicotrópicos en sus respectivos territorios;

e) Intercambio de expertos de los organismos competentes para actualizar las técnicas y estructuras de la organización en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y contra el lavado de dinero procedente de estas actividades;

f) Visitas del personal de los respectivos organismos competentes para coordinar actividades en el área de la prevención, control del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefaciente y sustancias sicotrópicas, control y regulaciones sobre precursores químicos, legislación en materia de drogas, coordinación de programas anti-lavado de dinero procedente del narcotráfico, etc.

g) Programar encuentros entre autoridades nacionales de ambos Estados, a fin de organizar seminarios, conferencias y cursos de entrenamiento y especialización para la recuperación y rehabilitación de los toxicómanos;

h) Intercambio de información y experiencias sobre sus respectivas legislaciones y reglamentaciones en materia de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, precursores y productos químicos específicos y relativas al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, etc.;

i) Asistencia judicial recíproca sobre el lavado de dinero y de activos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de acuerdo a la legislación vigente en cada país y a su seguridad y orden público; y

j) Prever que el procedimiento sea ágil cuando una de las Partes tramite para la otra las solicitudes de asistencia jurídica, así como los exhortos y cartas rogatorias librados por autoridades judiciales dentro de los procesos judiciales contra traficantes individuales asociados, o contra cualquiera que viole las leyes que combaten el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, sus precursores y productos químicos específicos, de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país.

ARTICULO TERCERO

Para el logro de los objetivos y acciones coordinados del presente Convenio, las Partes acuerdan el establecimiento de una Comisión Binacional Uruguay - Ecuador de cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia, en adelante denominada «la Comisión».

ARTICULO CUARTO

La Comisión estará integrada por delegados o técnicos de los respectivos organismos competentes de las Partes que serán, en el caso de la República Oriental del Uruguay, la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas y, en el caso del Ecuador, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas -CONSEP- y las demás que para tal efecto se designen.

Las Autoridades competentes de ambas Partes podrán solicitar de las instituciones públicas y privadas de sus respectivos Estados, relacionados por su actividad con la materia del presente Convenio, que presten la asesoría especializada y la asistencia y apoyo técnico que de ellas se requiera.

ARTICULO QUINTO

La Comisión tendrá las siguientes facultades:

a) recomendar a las Partes, en el marco del presente Convenio, los programas y acciones específicos coordinados para el logro de los objetivos propuestos en el mismo, los que se desarrollarán a través de los organismos y servicios competentes de cada Parte;

b) elaborar planes y programas para eliminar la producción, para la sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, para la prevención del uso indebido y la represión coordinada del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y narcóticos en general, sus precursores y productos químicos específicos, así como también para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social del toxicómano;

c) proponer a las Partes las recomendaciones que consideren pertinentes para mejorar la aplicación e instrumentación del presente Convenio;

d) evaluar el cumplimiento de los programas y acciones contempladas en el presente Convenio; y

e) elaborar su propio reglamento.

La Comisión se reunirá alternativamente en el Ecuador y en el Uruguay, en las fechas en que se convenga por la vía diplomática, debiendo verificarse el primer encuentro en un término no mayor a los 180 días desde la firma del presente Convenio.

En el desempeño de su función principal, la Comisión llevará a cabo otras funciones complementarias para prever en el ámbito del combate al narcotráfico y la farmacodependencia la más eficaz aplicación de otros instrumentos convencionales de carácter bilateral, incluyendo los referentes a la asistencia mutua en materia legal y a la ejecución de sentencias penales que se llegarán a suscribir entre las Partes.

Asimismo, durante sus reuniones, la Comisión aprobará sus informes y todas sus recomendaciones y decisiones por mutuo acuerdo.

ARTICULO SEXTO

La Comisión elaborará anualmente, para conocimiento de las Partes, un informe sobre la aplicación del presente Convenio, en el que consigne el estado de la cooperación acerca de las acciones contra el narcotráfico y la farmacodependencia.

ARTICULO SEPTIMO

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha en que ambas Partes se comuniquen, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos constitucionales internos para tal efecto.

ARTICULO OCTAVO

El presente Convenio tendrá vigencia indefinida y podrá ser denunciado por cualesquiera de las Partes mediante notificación escrita, a través de la vía diplomática, con noventa (90) días de antelación a la fecha que se desee darlo por terminado.

Hecho en la ciudad de Montevideo, a los veintisiete días del mes de agosto del año mil novecientos noventa y siete, en dos ejemplares originales en idioma castellano.

Luce firma
Por el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay
Luce firma
Por el Gobierno de la República
del Ecuador
Dr. Jorge Cassinelli
Encargado de la Subdirección de Tratados.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En discusión particular.

En consideración el artículo único del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

17) CONVENIO CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y SUS PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Se pasa a considerar el asunto que figura en 17º término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Panamá para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes (Carp. Nº 1379/99 - Rep. Nº 887/99)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 1379/99
Rep. Nº 887/99

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Panamá para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Montevideo, el 9 de noviembre de 1996.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de mayo de 1999.

Ariel Lausarot Peralta Presidente
Martín García Nin Secretario

PODER EJECUTIVO
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 24 de julio de 1998.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 y el artículo 85 numeral 7 de la Constitución Nacional, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Panamá para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Montevideo, el 9 de noviembre de 1996.

El presente Convenio, señala en su preámbulo la importancia de la suscripción de un acuerdo de este tipo, dada la gran amenaza que el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas significa para los pueblos, al tiempo que resalta la legislación internacional en la materia y, en especial, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

El Convenio consta de ocho artículos, subrayando en el artículo primero la importancia de la armonización de políticas en la materia y la realización de programas para la prevención y la educación acerca del uso indebido de drogas.

La cooperación que se establece en el artículo segundo, comprende el intercambio de información sobre el control y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sobre las acciones emprendidas para la prestación de asistencia a los toxicómanos, entre otros. Al mismo tiempo, se fomenta el intercambio de expertos de los organismos estatales competentes así como la mutua colaboración técnica con el fin de detectar, controlar y erradicar la producción ilícita de sustancias.

A los efectos de lograr alcanzar los objetivos fijados, el Convenio establece un Comité Binacional Uruguay-Panamá de Cooperación Contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia (artículo tercero), el cual se reunirá alternativamente en Ecuador y en Uruguay en fechas a convenir (artículo quinto).

El artículo cuarto establece que el Comité estará integrado por las Autoridades competentes de las Partes, las cuáles serán la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas de la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación de Panamá.

Finalmente, los artículos siguientes establecen las competencias del Comité, destacándose la elaboración de planes y programas para la eliminación de la producción y la prevención del uso indebido de sustancias psicotrópicas, y la evaluación del cumplimiento de los programas y acciones contempladas en el Convenio.

Considerando que el narcotráfico es una actividad delictiva que trasciende las fronteras nacionales, es de suma importancia encarar una lucha efectiva y coordinada entre los países, para combatir ese flagelo, por lo que la instrumentación de este tipo de acuerdos resulta de gran utilidad.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti, Roberto Rodríguez Pioli, Luis A. Hierro López, Luis A. Mosca, Raúl Iturria, Antonio Guerra Raúl Bustos.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Panamá para la Prevención del Uso indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Montevideo, el 9 de noviembre de 1996.

Montevideo, 24 de julio de 1998.

Roberto Rodríguez Pioli, Luis A. Hierro López, Luis A. Mosca, Raúl Iturria, Antonio Guerra, Raúl Bustos.

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS Y SUS PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Panamá, en adelante denominadas «las Partes».

Conscientes que los problemas del uso indebido, la demanda de drogas, la producción, el tráfico y la distribución de las mismas, incluidas las drogas sintéticas o de «diseño», representan una grave amenaza a la salud y al bienestar de sus pueblos; que tiende a socavar sus economías, en detrimento del desarrollo político, cultural y socio económico de sus países;

Teniendo especialmente en cuenta la necesidad de intercambiar información sobre estos trascendentes temas y la conveniencia de adoptar acciones para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los toxicómanos y farmacodependientes y habida cuenta de la necesidad de enfrentar los problemas de la organización, facilitación y financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con estas sustancias, sus materias primas, así como los precursores químicos;

Teniendo presente la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en Viena el 20 de diciembre de 1988, y demás normas de la legislación internacional vigente sobre la materia;

Tomando en consideración sus sistemas constitucionales, legales y administrativos y el deber de respetar los derechos internacional, en particular los de la soberanía nacional, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de los respectivos Estados;

Conscientes de la importancia de desarrollar una colaboración recíproca para la prevención del uso indebido y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y en general en materia de drogas mediante la coordinación y armonización de políticas y la ejecución de programas específicos.

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO

Las Partes, sobre la base del respeto a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en sus respectivos países, así como a los derechos inherentes a la soberanía de ambos Estados, se proponen armonizar políticas y realizar programas para la educación y la prevención del uso indebido de drogas, la rehabilitación del farmacodependiente, el combate a la producción y al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como sus precursores y productos químicos esenciales.

Las políticas y programas antes mencionados tomarán en cuenta las Convenciones Internacionales en vigor para ambos países.

ARTICULO SEGUNDO

La cooperación objeto del presente Convenio comprenderá:

a) colaboración técnica mutua, con el fin de intensificar las medidas para detectar, controlar, erradicar y sustituir la producción de sustancias y cultivos ilícitos de los cuales se pueden extraer sustancias consideradas como estupefacientes y sicotrópicas en sus respectivos territorios.

b) Intercambio periódico de información y datos sobre el control y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas dentro de los límites permitidos por sus respectivos ordenamientos jurídicos;

c) intercambio de información sobre exportaciones y/o importaciones de precursores e insumos químicos, estupefacientes y sicotrópicos en sus respectivos territorios;

d) Intercambio de información sobre las acciones emprendidas en ambos Estados para prestar la asistencia necesaria a los toxicómanos y los métodos de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social; así como las iniciativas tomadas por las Partes para favorecer a las entidades que se ocupan de la recuperación de los toxicómanos;

e) Intercambio de expertos de los organismos competentes para actualizar las técnicas y estructuras de organización en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas;

f) Visitas del personal de los respectivos organismos competentes para coordinar actividades en el área de prevención, control del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas;

g) Programar encuentros entre autoridades nacionales de ambos Estados, a fin de organizar seminarios, conferencias y cursos de entrenamiento y especialización para la recuperación y rehabilitación de los toxicómanos;

h) Intercambio de información y experiencias sobre sus respectivas legislaciones en materia de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como precursores y productos químicos específicos;

i) Asistencia judicial recíproca sobre el lavado de dinero y de activos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de acuerdo a la legislación vigente en cada país y a su seguridad y orden público; y

j) Prever que el procedimiento sea ágil cuando una de las Partes tramite para la otra las solicitudes de asistencia jurídica, así como los exhortos y cartas rogatorias librados por autoridades judiciales dentro de los procesos judiciales contra traficantes individuales asociados, o contra cualquiera que viole las leyes que combaten el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, sus precursores y productos químicos específicos, de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país.

ARTICULO TERCERO

Para el logro de los objetivos y acciones coordinados del presente Convenio, las Partes acuerdan el establecimiento de un Comité Binacional Uruguay - Panamá de cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia, en adelante denominado «el Comité».

ARTICULO CUARTO

El Comité estará integrado por las autoridades competentes de las Partes que serán, en el caso de la República Oriental del Uruguay, la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas y, en el caso de la República de Panamá, la Procuraduría General de la Nación y las demás que para tal efecto se designen.

Las Autoridades competentes de ambas Partes podrán solicitar de las instituciones públicas y privadas de sus respectivos Estados, relacionados por su actividad con la materia del presente Convenio, que presten la asesoría especializada y la asistencia y apoyo técnico que de ellas se requiera.

ARTICULO QUINTO

El Comité tendrá las facultades siguientes:

a) recomendar a las Partes, en el marco del presente Convenio, los programas y acciones específicos coordinados para el logro de los objetivos propuestos en el mismo, los que se desarrollarán a través de los organismos y servicios competentes de cada Parte;

b) elaborar planes y programas para eliminar la producción, para la sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, para la prevención del uso indebido y la represión coordinada del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y narcóticos en general, sus precursores y productos químicos específicos, así como también para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social del toxicómano;

c) proponer a las Partes las recomendaciones que consideren pertinentes para mejorar la aplicación e instrumentación del presente Convenio;

d) evaluar el cumplimiento de los programas y acciones contempladas en el presente Convenio;

e) elaborar su propio reglamento.

El Comité será convocado por los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambas Partes, de acuerdo con los servicios competentes por materia de las mismas a que se refiere el artículo 4º de este Convenio y se reunirán alternativamente en Uruguay y en Panamá, en las fechas en que se convenga por la vía diplomática, debiendo verificarse el primer encuentro en un término no mayor a 180 días desde la entrada en vigencia del presente Convenio.

En el desempeño de su función principal, el Comité llevará a cabo otras funciones complementarias para prever en el ámbito de los esfuerzos contra el problema del narcotráfico y la farmacodependencia la más eficaz aplicación de otros instrumentos convencionales de carácter bilateral.

Durante sus reuniones, el Comité aprobará sus informes y todas sus recomendaciones y decisiones por mutuo acuerdo.

ARTICULO SEXTO

El Comité elaborará anualmente, para conocimiento de las Partes, un informe sobre la aplicación del presente Convenio, en el que consigne el estado de la cooperación acerca de las acciones contra el narcotráfico y la farmacodependencia.

ARTICULO SEPTIMO

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha en que ambas Partes se comuniquen, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos constitucionales internos para tal efecto.

ARTICULO OCTAVO

El presente Convenio tendrá una vigencia indefinida y podrá ser denunciado por cualesquiera de las Partes mediante notificación escrita, a través de la vía diplomática, con noventa (90) días de antelación a la fecha que se desee darlo por terminado.

Hecho en la ciudad de Montevideo, a los nueve días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y seis, en dos ejemplares originales, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay
Por el Gobierno de la República
del Panamá

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

18) CONVENIO CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y DELITOS CONEXOS, SUS PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Se pasa a considerar el asunto que figura en 18º término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República del Perú, para la prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes. (Carp. Nº 1380/99 -Rep. Nº 888/99)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 1380/99
Rep. Nº 888/99

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República del Perú para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Lima, 5 de mayo de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de mayo de 1999.

Ariel Lausarot Peralta Presidente
Martín García Nin Secretario

PODER EJECUTIVO
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 4 de agosto de 1998.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 y el artículo 85 numeral 7 de la Constitución Nacional, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República del Perú para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Lima, el 5 de mayo de 1998.

El presente Convenio, marca en su preámbulo la importancia de la suscripción de un acuerdo de este tipo, dada la gran amenaza que el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas significa para los pueblos, al tiempo que resalta la legislación internacional en la materia y, en especial, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

El Convenio consta de seis artículos, señalando en el artículo primero la importancia de la armonización de políticas en la materia y la realización de programas para la prevención y la educación acerca del uso indebido de drogas.

Para el logro de los objetivos del Convenio su artículo segundo, estipula el intercambio de información sobre el control y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y las acciones emprendidas para la prestación de asistencia a los drogadependientes, entre otros. Al mismo tiempo, se fomenta el intercambio de expertos de los organismos competentes así como el intercambio de información sobre la metodología de investigación referida al uso indebido de drogas en ambos países.

A los efectos de cumplir con los propósitos fijados, el Convenio establece una Comisión Mixta Peruano-Uruguaya de Lucha Contra las Drogas, integrada por representantes designados por la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas de la Presidencia de la República y de la Comisión de Lucha Contra el Consumo de Drogas CONTRADROGAS del Perú.

El artículo cuatro, establece las competencias de la Comisión, destacándose la elaboración de planes y programas para la eliminación de la producción ilícita de sustancias y la prevención del uso indebido de drogas, y la creación de subcomisiones mixtas para el mejor desempeño de sus funciones.

Considerando que el narcotráfico es una actividad delictiva que trasciende las fronteras nacionales, es de suma importancia encarar una lucha efectiva y coordinada entre los Estados para combatir dicho flagelo, por lo que la instrumentación de este tipo de acuerdos resulta de gran utilidad para ese alto fin.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su alta consideración.

Julio María Sanguinetti, Didier Opertti, Luis A. Hierro López, Luis A. Mosca, Raúl Iturria, Antonio Guerra, Raúl Bustos.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República del Perú para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus delitos Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Lima, el 5 de mayo de 1998.

Montevideo, 4 de agosto de 1998.

Didier Opertti, Luis A. Hierro López, Luis A. Mosca, Raúl Iturria, Antonio Guerra, Raúl Bustos.

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS SICOTROPICAS Y DELITOS CONEXOS, SUS PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS SICOTROPICAS Y DELITOS CONEXOS, SUS PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República del Perú, en adelante denominados «las Partes».

RECONOCIENDO que los distintos aspectos de la problemática de las drogas tienden a poner en peligro la salud de sus respectivas poblaciones, socavar sus economías, en detrimento de su desarrollo y atentar contra la seguridad e intereses esenciales de ambos países.

INTERESADOS en fomentar la cooperación para prevenir y combatir el tráfico ilícito y el consumo indebido de drogas, así como los delitos conexos, mediante la armonización de políticas y la ejecución de programas concretos, que contemplen la adopción de medios que permitan una comunicación directa y un eficiente intercambio de información entre los organismos competentes de ambos Estados.

TENIENDO EN CUENTA las recomendaciones contenidas en la «Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas», suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, en adelante llamada «la Convención», la Conferencia Ministerial concerniente al Lavado de Dinero e Instrumentos del Delito suscrita en Buenos Aires, el 02 de diciembre de 1995, así como la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio aprobada por la CICAD el 16 de octubre de 1996;

CONSIDERANDO que para obtener resultados eficaces contra las diversas manifestaciones del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus delitos conexos, se hace necesario el intercambio permanente de información con el fin de prevenir, controlar y reprimir todas las manifestaciones de estas actividades ilícitas:

RECONOCIENDO la necesidad de adoptar medidas conjuntas para la fiscalización sanitaria de drogas de uso médico, a fin de evitar su desvío a canales ilícitos y uso indebido,

CONSCIENTES de la importancia de desarrollar una colaboración recíproca para la prevención del uso indebido y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus delitos conexos y en general en materia de drogas mediante la coordinación y armonización de políticas y la ejecución de programas específicos:

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO

El propósito del presente Convenio es emprender esfuerzos conjuntos entre las Partes, a fin de armonizar políticas de cooperación técnica y financiera así como realizar programas específicos en materia de desarrollo alternativo, prevención y control de la producción, el tráfico ilícito y el consumo de drogas, así como sus delitos conexos.

Las Partes se proponen armonizar políticas y realizar programas para la educación y la prevención del uso indebido de drogas, la rehabilitación del drogodependiente, el combate a la producción y al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus delitos conexos, así como sus precursores y productos químicos esenciales.

Las Partes cumplirán con las obligaciones derivadas del presente Convenio, conforme a los principios de autodeterminación, no intervención en asuntos internos, igualdad jurídica y respeto a la integridad territorial de los Estados.

Las políticas y programas antes mencionados tomarán en cuenta las Convenciones Internacionales en vigor en ambos países.

ARTICULO SEGUNDO

Para el logro de los objetivos del presente Convenio, las Partes a través de sus respectivas Autoridades Competentes, desarrollarán las siguientes acciones:

a) Intercambiar información y datos sobre el control y represión del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sus delitos conexos dentro de los límites permitidos por sus respectivos ordenamientos jurídicos;

b) Intercambiar información sobre las acciones emprendidas en ambos Estados para prestar la asistencias necesaria a los drogodependientes y los métodos de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social: así como las iniciativas tomadas por las Partes para favorecer las entidades que se ocupan de la recuperación de los drogodependientes;

b1. Prestar colaboración en acciones de capacitación en materia de prevención, rehabilitación y reinserción social, fomentando el intercambio de experiencias.

b2. Intercambiar información sobre metodología de investigación referida al uso indebido de drogas en ambos países, que coadyuve al fortalecimiento en el diseño de programas de prevención y rehabilitación.

c) Prestar colaboración técnica, con el fin de intensificar las medidas para detectar, controlar, erradicar y sustituir la producción ilícita de sustancias y cultivos ilícitos de los cuales se pueden extraer sustancias consideradas como estupefacientes y sicotrópicas en sus respectivos territorios; el intercambio de personal de sus organismos competentes con el fin de lograr el mejoramientos de su participación en la prevención y lucha contra el Tráfico y Consumo Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y sus Delitos Conexos, en sus respectivos territorios.

d) Coordinar y formular estrategias conjuntas para la prevención, control y represión de la producción y tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y demás drogas ilícitas y sus actividades delictivas conexas, así como de los precursores e insumos químicos frecuentemente utilizados en su elaboración.

e) Coordinar y formular estrategias conjuntas para la prencención, control de la producción y tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, otorgando prioridad a la estrategia de desarrollo alternativo y tomando las medidas necesarias para proteger y asegurar las cantidades que sean requeridas para satisfacer el consumo lícito con fines tradicionales, médicos, científicos, industriales y comerciales.

f) Intercambiar información sobre exportaciones y/o importaciones de estupefacientes, precursores, sicotrópicos e insumos químicos en sus respectivos territorios;

g) Intercambiar expertos de los organismos competentes para actualizar las técnicas y estructuras de organización en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y delitos conexos, así como contra el lavado de activos procedente de estas actividades.

h) Intercambiar expertos de los respectivos organismos competentes para coordinar actividades en el área de la prevención, control del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, control y regulaciones sobre precursores e insumos químicos, legislación en materia de drogas y coordinación de programas anti-lavado de activos, entre otros.

i) Programar encuentros entre autoridades nacionales de ambos Estados, a fin de organizar seminarios, conferencias y cursos de entrenamiento y especialización para la recuperación y rehabilitación de los drogodependientes.

j) Intercambiar información y experiencias sobre sus respectivas legislaciones en materia de estupefacientes y sustancias sicotrópicas u sus delitos conexos.

k) Prestar asistencia judicial recíproca en materia del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos de acuerdo a la legislación vigente en cada país y su seguridad y orden público: y

l) Prever que el procedimiento sea ágil cuando una de las Partes tramite para la otra las solicitudes de asistencia jurídica, así como los exhortos y cartas rogatorias librados por autoridades judiciales dentro de los procesos judiciales contra traficantes individuales asociados, o contra cualquiera que viole las leyes que combaten el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefaciente y sustancias sicotrópicas y sus delitos conexos, sus precursores y productos químicos específicos, de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país.

ARTICULO TERCERO

Para el logro de los objetivos y acciones coordinadas del presente Convenio, las Partes acuerdan el establecimiento de una Comisión Mixta Peruano - Uruguaya de Lucha Contra las Drogas, integrada por representantes designados por las Autoridades Competentes de las Partes que serán en el caso de la República del Perú la Comisión de Lucha Contra el Consumo de Drogas CONTRADROGAS y por la República Oriental del Uruguay, la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas de la Presidencia de la República y las demás que para tal efecto se designen.

Las Autoridades competentes de ambas Partes, podrán solicitar de las instituciones públicas y privadas de sus respectivos Estados, relacionadas por su actividad con la materia del presente Convenio, que presten la asesoría especializada y la asistencia y apoyo técnico que de ellas se requiera.

ARTICULO CUARTO

La Comisión tendrá las facultades siguientes:

a) Recomendar a las Partes, en el marco del presente Convenio, los programas y acciones específicos coordinados para el logro de los objetivos propuestos en el mismo, los que se desarrollarán a través de los organismos y servicios competentes de cada Parte;

b) Elaborar estrategias y programas para eliminar la producción ilícita de sustancias, la sustitución de cultivos ilícitos promoviendo el desarrollo alternativo así como para la prevención del uso indebido y la represión coordinada del tráfico ilícito de drogas, sus precursores y productos químicos específicos, así como también para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social del drogodependiente;

c) Proponer a las Partes las recomendaciones que consideren pertinentes para la mejor aplicación del presente Convenio;

d) Crear Sub comisiones mixtas para el mejor desempeño de sus funciones;

La Comisión será convocada por los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambas Partes, se reunirán alternativamente en Uruguay y en el Perú, en las fechas en que se convenga por la vía diplomática, debiendo verificarse el primer encuentro en un término no mayor a los 180 días desde la firma del presente Convenio.

Asimismo, durante sus reuniones, la Comisión aprobará sus informes y todas sus recomendaciones y decisiones por mutuo acuerdo.

ARTICULO QUINTO

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha en que ambas Partes se comuniquen, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos constitucionales internos para tal efecto.

ARTICULO SEXTO

El presente Convenio tendrá una vigencia indefinida y podrá ser denunciado por cualesquiera de las Partes mediante notificación escrita, a través de la vía diplomática, con noventa (90) días de antelación a la fecha que se desee darlo por terminado.

Hecho en la ciudad de Lima, a los cinco días del mes de mayo del año mil novecientos noventa y ocho, en dos ejemplares originales, en idioma español.

Lucen firmas
Por el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay
Lucen firmas
Por el Gobierno de la República
del Perú

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

19) PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA PARA LA PROSECUCION DE ESTUDIOS DE POST-GRADO EN LAS UNIVERSIDADES DE LOS PAISES MIEMBROS DEL MERCOSUR

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Se pasa a considerar el asunto que figura en 22º término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Post-Grado en las Universidades de los Países Miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). (Carp. Nº 1263/98 - Rep. Nº 894/99)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 1263/98
Rep. Nº 894/99

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Post-Grado en las Universidades de los Países Miembros del MERCOSUR, suscrito entre las Partes en Fortaleza, el 16 de diciembre de 1996.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 1º de diciembre de 1998.

Jaime Mario Trobo Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado ha procedido al estudio del «Protocolo de Integración educativa para prosecución de estudios de post-grado en las Universidades de los países miembros del MERCOSUR».

En el Protocolo analizado los Estados partes del MERCOSUR se comprometen al reconocimiento de los títulos universitarios de grado otorgados por las Universidades reconocidas de cada país, al solo efecto de la prosecución de estudios de post-grado.

Este Acuerdo va en la misma línea de los ya aprobados -todos ellos por unanimidad- «Protocolo de integración educativa para la formación de recursos humanos a nivel de post-grado entre los países miembros del MERCOSUR» (votado por el Senado el 4/11/97) «Protocolo de integración educativa y reválidas de diplomas, certificados, títulos y reconocimientos de estudios de nivel medio técnico emanado de la VII Reunión de Ministros del MERCOSUR» (votado por el Senado el 14/11/97) y «Protocolo de admisión de Títulos y Grados universitarios para el ejercicio de actividades académicas en los países del MERCOSUR» (votado por el Senado el 17/11/98).

Compartiendo en su totalidad lo expresado en los Considerandos del instrumento a estudio en el sentido de «...Que la educación tiene un papel fundamental para que la integración regional se consolide, en la medida en que genera y trasmite valores, conocimientos científicos y tecnológicos, constituyéndose en medio eficaz de modernización de los Estados Partes» y de «... Que es fundamental promover cada vez más el desarrollo científico y tecnológico en la Región, intercambiando conocimientos a través de la investigación conjunta» y en la opinión de que el presente Tratado permite avanzar en la regulación jurídica necesaria para permitir e impulsar la integración educativa, es que proponemos al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 3 de junio de 1999.

Alberto Couriel Miembro Informante, Américo Ricaldoni, Reinaldo Gargano, Carlos M. Garat, Pablo Millor

PODER EJECUTIVO
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 15 de abril de 1997.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Post-Grado en las Universidades de los Países Miembros del MERCOSUR, suscrito entre las Partes en Fortaleza, el 16 de diciembre de 1996.

Dicho Protocolo presenta como antecedentes el Plan Trienal para el Sector Educación convenido entre los Países Miembros del MERCOSUR y la recomendación contenida en el Acta de la VII Reunión de Ministros de Educación del MERCOSUR que tuvo lugar en Ouro Preto, el 9 de diciembre de 1994, referente al reconocimiento de títulos universitarios de grado, a efectos de continuar estudios de post-grado.

La suscripción de dicho Protocolo permite avanzar considerablemente en el campo de la integración educativa mediante una regulación jurídica que marca las pautas y requisitos así como también el régimen adoptado para el reconocimiento, al solo efecto académico, de los títulos universitarios de grado otorgados por las Universidades reconocidas de cada país.

Se inserta en el articulado una disposición por la cual el ingreso de alumnos extranjeros en los cursos de post-grado se regirá por los mismos requisitos de admisión aplicados por las instituciones de educación superior a los estudiantes nacionales. Se establece además, que cada Estado Parte, se comprometerá a informar a los restantes -Universidades o Institutos de Educación Superior- reconocidos e incluidos en el presente Protocolo.

El antedicho Protocolo aporta solución al problema del reconocimiento, de aceptación y admisión de candidatos cuyos títulos no existan en el país donde se realizarán los cursos de post-grado, estableciendo un régimen de análisis sobre la adecuación de la formación del candidato al post-grado, presentándose la documentación pertinente con la debida autenticación universitaria y consular.

El Protocolo además presenta la ventaja de reconocer y prever la existencia de convenios o acuerdos bilaterales con disposiciones más favorables acerca de la materia. Dichos Estados Partes tendrán el derecho de invocar la aplicación de las disposiciones más ventajosas.

Los Países firmantes acuerdan que el incumplimiento de las disposiciones de este Protocolo será resuelto mediante el procedimiento de negociaciones directas entre las instituciones correspondientes. De no aclararse el conflicto o si el mismo fuera solucionado sólo en parte, se aplicarán los procedimientos previstos en el sistema de solución de controversias vigentes en el MERCOSUR.

Dentro de las disposiciones finales se establece que el presente Protocolo entrará en vigor treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación, en relación con los dos primeros Estados Partes que lo ratifiquen, en tanto que para los demás signatarios, entrará en vigor el trigésimo día posterior al depósito del respectivo instrumento de ratificación y en el orden en que fueran depositados los mismos.

Cabe destacar que la adhesión de un Estado al Tratado de Asunción implicará la adhesión al presente Protocolo el cual, por otro lado, podrá ser revisado de común acuerdo, a propuesta de uno de los Estados Partes.

Teniendo en cuenta la materia del Protocolo así como los objetivos que lo inspiraron, lo establecido en el mismo contribuye a fortalecer y favorecer el fin de la Integración Educativa en el ámbito del Mercado Común del Sur, no lesionando disposiciones internas ni internacionales en este campo.

Al solicitar la aprobación de este Protocolo que constituirá un instrumento eficaz entre los países integrantes del MERCOSUR, el Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General, las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti, Alvaro Ramos, Samuel Lichetenztejn.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Post-Grado en las Universidades de los Países Miembros del MERCOSUR, suscrito entre las Partes en Fortaleza, el 16 de diciembre de 1996.

Montevideo, 15 de abril de 1997.

Alvaro Ramos, Samuel Lichetenztejn.

PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA PARA LA PROSECUCION DE ESTUDIOS DE POST-GRADO EN LAS UNIVERSIDADES DE LOS PAISES MIEMBROS DEL MERCOSUR

Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, en adelante denominados Estados Partes, basados en los principios, fines y objetivos del Tratado de Asunción, suscripto el 26 de marzo de 1991.

CONSIDERANDO:

Que la educación tiene un papel fundamental para que la integración regional se consolide, en la medida en que genera y transmite valores, conocimientos científicos y tecnológicos, constituyéndose en medio eficaz de modernización de los Estados Partes;

Que es fundamental promover cada vez más el desarrollo científico y tecnológico en la Región, intercambiando conocimientos a través de la investigación conjunta,

Que fue asumido el compromiso en el Plan Trienal para el Sector Educación, Programa II.4, de promover en el orden regional la formación de una base de conocimientos científicos, recursos humanos e infraestructura institucional de apoyo a la toma de decisiones estratégicas del MERCOSUR;

Que se ha señalado la importancia de implementar políticas de cooperación entre instituciones de educación superior de los cuatro países;

Que en el acta de la VII Reunión de Ministros de Educación, realizada en Ouro Preto, República Federativa del Brasil, con fecha nueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se recomendó la suscripción de un protocolo sobre reconocimiento de títulos universitarios de grado, al solo efecto de continuar estudios de post-grado,

Acuerdan:

ARTICULO 1

Los Estados Partes, a través de sus organismos competentes, reconocerán los títulos universitarios de grado otorgados por las Universidades reconocidas de cada país, al solo efecto de la prosecución de estudios de post-grado.

ARTICULO 2

A los efectos del presente Protocolo, se consideran títulos de grado, aquellos obtenidos en los cursos que tienen un mínimo de cuatro años o dos mil setecientas horas cursadas.

ARTICULO 3

El ingreso de alumnos extranjeros en los cursos de post-grado se regirá por los mismos requisitos de admisión aplicados por las instituciones de educación superior a los estudiantes nacionales.

ARTICULO 4

Los títulos de grado y post-grado sometidos al régimen que establece el presente Protocolo serán reconocidos al solo efecto académico por los organismos competentes de cada Estado Parte. Estos títulos de por si no habilitarán para el ejercicio profesional.

ARTICULO 5

El interesado en postularse a un curso de post-grado deberá presentar el diploma de grado correspondiente, así como la documentación que acredite lo expuesto en el artículo segundo. La autoridad competente podrá requerir la presentación de la documentación necesaria para identificar a qué título corresponde, en el país que recibe al postulante, el título presentado. Cuando no exista título equivalente, se examinará la adecuación de la formación del candidato al post-grado, de conformidad con los requisitos de admisión, con la finalidad de, en caso positivo, autorizar su inscripción. En todos los casos, la documentación debe presentarse con la debida autenticación de las autoridades educativas y consulares.

ARTICULO 6

Cada Estado Parte se compromete a informar a los restantes cuáles son las universidades o institutos de educación superior reconocidos que están comprometidos en el presente Protocolo.

ARTICULO 7

En caso de existir entre Estados Partes acuerdos o convenios bilaterales con disposiciones más favorables sobre la materia, los referidos Estados Partes podrán invocar la aplicación de las disposiciones que consideren más ventajosas.

ARTICULO 8

Las controversias que surjan entre los Estados Partes con motivo de la aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas.

Si mediante tales negociaciones no se alcanzara un acuerdo, o si la controversia fuera solucionada solo en parte, se aplicarán los procedimientos previstos en el Sistema de Solución de Controversias vigente entre los Estados Partes del Tratado de Asunción.

ARTICULO 9

El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor para los dos primeros Estados que lo ratifiquen 30 (treinta) días después del depósito del segundo instrumento de ratificación. Para los demás signatarios, entrará el trigésimo día después del depósito del respectivo instrumento de ratificación, y en el orden en que fueran depositadas las ratificaciones.

ARTICULO 10

El presente Protocolo podrá ser revisado de común acuerdo, a propuesta de uno de los Estados Partes.

ARTICULO 11

La adhesión por parte de un Estado al Tratado de Asunción implicará ipso iure la adhesión al presente Protocolo.

ARTICULO 12

El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente Protocolo y de los instrumentos de ratificación, y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los gobiernos de los demás Estados Partes.

Asimismo el Gobierno de la República del Paraguay notificará a los gobiernos de los demás Estados Partes, la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, y la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación.

Hecho en Fortaleza, a los 16 días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República
Argentina
Por el Gobierno de la República
Federativa del Brasil
Por el Gobierno de la República
del Paraguay
Por el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

20) MONEDAS CONMEMORATIVAS IV SERIE IBEROAMERICANA «ENCUENTRO DE DOS MUNDOS», «EL HOMBRE Y EL CABALLO»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Se pasa a considerar el asunto que figura en 30º término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a acuñar monedas conmemorativas correspondientes a la IV Serie Iberoamericana `Encuentro de Dos Mundos'. (Carp. Nº 1223/98 - Rep. Nº 898/99)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 1223/98
Rep. Nº 898/99

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

XLIVa. LEGISLATURA
Quinto Período

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de la IV Serie Iberoamérica de monedas conmemorativas «Encuentro de Dos Mundos», dedicada al tema «El hombre y su caballo», hasta las cantidades y con las características que se determinan en los artículos siguientes, facultándosele a prescindir del requisito de licitación pública y proceder a la contratación directa con casas acuñadoras oficiales.

Artículo 2º.- El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta 25.000 (veinticinco mil) unidades con las siguientes características:

a) el valor facial de cada unidad será de $ 250.00 (pesos uruguayos doscientos cincuenta);

b) la moneda será de plata con un fino de 925 (novecientas veinticinco) milésimas. Se admitirá una tolerancia por la aleación de un 2% (dos por ciento);

c) tendrá 27 (veintisiete) gramos de peso y 40 (cuarenta) milímetros de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar;

d) su forma será circular y su canto estriado.

Artículo 3º. - El Banco Central del Uruguay determinará los elementos ornamentales de las monedas que aludirán al tema seleccionado.

Artículo 4º. - Facúltase al Banco Central del Uruguay a vender al exterior las monedas que se autorizan por la presente ley y a disponer la desmonetización de monedas de curso legal, así como la enajenación de las piezas desmonetizadas en la forma prevista en artículo 701 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 5º. - El producido líquido de la acuñación de monedas que se dispone por la presente ley será destinado a solventar los gastos que demande la restauración en Isla Gorriti y Playa y Bahía de Maldonado, del sistema defensivo español existente en época colonial.

De existir remanente se destinará a la restauración de la denominada «Casa de los Pérez» sita en Avenida Agraciada esquina San Fructuoso, de la ciudad de Montevideo.

A tales fines se depositarán los fondos en cuenta especial en el Banco de la República Oriental del Uruguay a disposición de la Comisión del Patrimonio Cultural de la nación del Ministerio de Educación y Cultura.

Sala de la Comisión, 2 de junio de 1999.

Guillermo García Costa Miembro Informante, Danilo Astori, Alejandro Atchugarry, Nahum Bergstein, Alberto Couriel, Luis Eduardo Mallo, Ronald Pais

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 28 de octubre de 1998

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto Proyecto de Ley por el cual se autoriza al Banco Central del Uruguay a acuñar monedas conmemorativas correspondientes a la IV Serie Iberoamericana «Encuentro de Dos Mundos», dedicada a «El hombre y su caballo».

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro país ha participado en las tres series de la acuñación internacional de monedas conmemorativas denominadas «Encuentro de Dos Mundos», con una primera serie motivada por los festejos de los 500 años del descubrimiento de América.

Posteriormente, en el año 1994 fueron acuñadas la serie «Animales Autóctonos en Peligro de Extinción», en la cual participamos con el Venado de Campo, y en el año 1995 la acuñación se denominó «Danzas y Trajes Típicos Iberoamericanos», integrando nuestro país la misma con la imagen de un «gaucho» y una «china».

No caben dudas acerca de la importancia de estar presente en esta clase de acuñaciones, por intermedio de las cuales nuestro país no sólo está representado en el evento internacional, sino que además difunde su imagen en el amplio mundo de la numismática y sus adherentes.

En la presente acuñación, el tema establecido es «El hombre y su caballo», para lo cual se ha seleccionado la imagen de la escultura «Nuevos Rumbos», obra de José Belloni. En ella hay una pareja ecuestre, con el caballo detenido; se puede observar que el gaucho lleva su mano derecha a la frente con su mirada a la distancia, buscando el camino, mientras su compañera, «enancada», observa su actitud; complementando el diseño, como fondo, se ve el paisaje del Valle Edén.

El presente diseño responde a la selección de una imagen representativa del tema, rindiendo tributo, a la vez, a la mujer, al hombre y al caballo como medio de transporte, de trabajo y de compañía para el ser humano.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Cr. Luis A. Mosca.

PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1º. - Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de la IV Serie Iberoamericana de monedas conmemorativas «Encuentro de Dos Mundos», dedicada al tema «El hombre y su caballo», hasta las cantidades y con las características que se determinan en los artículos siguientes, facultándosele a prescindir del requisito de licitación pública y proceder a la contratación directa con casas acuñadoras oficiales.

ARTICULO 2º. - El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta 25.000 (veinticinco mil) unidades con las siguientes características:

a) El valor facial de cada unidad será de $ 250.00 (pesos uruguayos doscientos cincuenta).

b) La moneda será de plata con un fino de 925 (novecientas veinticinco) milésimas. Se admitirá una tolerancia por la aleación de un 2% (dos por ciento).

c) Tendrá 27 (veintisiete) gramos de peso y 40 (cuarenta) milímetros de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

d) Su forma será circular y su canto estriado.

ARTICULO 3º. - El Banco Central del Uruguay determinará los elementos ornamentales de las monedas que aludirán al tema seleccionado.

ARTICULO 4º. - Facúltase al Banco Central del Uruguay a vender al exterior las monedas que se autorizan por la presente Ley y a disponer la desmonetización de monedas de curso legal, así como la enajenación de las piezas desmonetizadas en la forma prevista en el artículo 701 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración los artículos 1º al 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

21) ACUERDO PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS INTERNACIONALES DE CONSERVACION Y ORDENACION POR LOS BUQUES PESQUEROS QUE PESCAN EN ALTA MAR.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Se pasa a considerar el asunto que figura en 31º término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo para promover el cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que pescan en Alta Mar. (Carp. Nº 870/97 - Rep. 899/99)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 870/97
Rep. 899/99

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que Pescan en Alta Mar, adoptado en el 27 Período de Sesiones de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 24 de noviembre de 1993.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de octubre de 1997.

Carlos Baráibar Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha resuelto, por unanimidad de miembros presentes, aprobar el Acuerdo de referencia, que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Representantes. Dicho Acuerdo había sido aprobado en el 27 Período de Sesiones de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en noviembre de 1993.

Desde el punto de vista formal, el Acuerdo consta de un PREAMBULO y XVI Artículos. En el primero, se comienza por reconocer «que todos los Estados tienen derecho a que sus connacionales se dediquen a la pesca en alta mar, con sujeción a las normas pertinentes del Derecho Internacional, tal como se reflejan en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar», pero también que «tienen la obligación de adoptar, o de cooperar con otros Estados para adoptar las medidas aplicables a sus respectivos nacionales que sean necesarias para la conservación de los recursos vivos de alta mar». Agrega que «reconociendo también el derecho de todos los Estados y su interés en desarrollar sus sectores pesqueros de conformidad con su políticas nacionales, y la necesidad de promover la cooperación de los países en desarrollo para fortalecer su capacidad de cumplir las obligaciones dimanantes del presente Acuerdo». Más adelante, se recuerda que en el Programa 21, aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio Ambiente y el Desarrollo, se pide a los Estados «que tomen medidas eficaces, acordes con el Derecho Internacional, para evitar que sus nacionales cambien el pabellón de los buques como medio de eludir el cumplimiento de las normas de conservación y ordenación aplicables a las actividades de pesca en alta mar». Y un poco más adelante, luego de dejar sentada la conciencia existente acerca de la obligación de cada Estado de «ejercer eficazmente su jurisdicción y control sobre los buques que enarbolan su pabellón, inclusive los buques pesqueros y los dedicados al trasbordo de pescado», también se acepta que «la práctica del abanderamiento o del cambio de pabellón de los buques pesqueros como medio de eludir el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación de los recursos marinos vivos, y el incumplimiento por parte de los Estados del pabellón de sus responsabilidades con respecto a los buques pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón figuran entre los factores que más gravemente debilitan la eficacia de dichas medidas». Luego, se deja sentada la comprobación de que los objetivos del presente Acuerdo pueden lograrse estableciendo, por un lado, la responsabilidad de los Estados del pabellón con respecto a los buques pesqueros autorizados a enarbolar sus pabellones y que faenan en alta mar, incluyendo la autorización de dichas operaciones por el Estado del pabellón; por otro, fortaleciendo la cooperación internacional y aumentando la transparencia a través del intercambio de información sobre la pesca en alta mar. Finalmente, se expresa que el Acuerdo «formará parte integrante del Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable» solicitado en la Declaración de Cancún y se expresa «el deseo de concertar un acuerdo Internacional en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación» (FAO).

En el Artículo I, se establecen DEFINICIONES contenidas en el texto del Acuerdo: «buque pesquero»; «medidas internacionales de conservación y ordenación»; «eslora»; «registro de buques pesqueros»; «organización regional de integración económica» y «buques autorizados a enarbolar el pabellón»; etc.

En el Artículo II, referido a APLICACION, se establecen los alcances del Acuerdo, siendo el mismo aplicable «a todos los buques pesqueros que se utilizan o se tenga previsto utilizar para pescar en al mar». En el numeral 2, se establece la posibilidad de eximir a los buques pesqueros de menos de 24 metros de eslora, con excepción de aquellos que faenan en las regiones pesqueras «indicadas en el párrafo 3 siguiente», o que las exenciones no se apliquen a obligaciones asumidas por una Parte en virtud de otras cláusulas del Acuerdo.

El Artículo III tiene que ver con la RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DEL PABELLON. El inciso (a) del numeral 1 del artículo, establece que cada una de las Partes adoptará las medidas necesarias para asegurar que los buques que enarbolan su pabellón «no se dediquen a actividad alguna que debilite la eficacia de las medidas internacionales de conservación y ordenación». En el inciso (b), se extiende tal contralor a los buques que hubieran sido eximidos, en aplicación del Artículo II. En el numeral 2, se establece que no podrán pescar en alta mar que no cuenten con autorización dada por autoridad competente. Por el 3, se restringe la autorización a buques sobre los cuales la Parte pueda «ejercer efectivamente sus responsabilidades». En el numeral 4, se dice que en el caso de que un buque pesquero autorizado a pescar en alta mar «deje de estar autorizado a enarbolar el pabellón» de una Parte, se considerará cancelada aquella autorización. El numeral 5 detalla las circunstancias en que un buque al que se le haya retirado la autorización para pescar en alta mar puede o no volver a hacerlo. En el siguiente numeral, se fija la obligación de marcar a los buques autorizados de modo que puedan identificarse fácilmente. A su vez, en el numeral 7, se establece que cada Parte asegurará que los buques que usen su pabellón «le proporcione las informaciones sobre sus operaciones» necesarias para que la Parte pueda cumplir con las obligaciones contraídas. Finalmente, el numeral 8 prescribe que «cada una de las partes adoptará medidas de ejecución con respecto a los buques pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón que contravengan lo dispuesto en el presente Acuerdo» (se propone que las sanciones sean suficientemente severas como para garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones de este Acuerdo).

El Artículo IV establece el deber de cada Parte de «mantener un registro de los buques pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón y a ser utilizados en la pesca en alta mar», debiendo adoptar las medidas necesarias para que dichos buques estén incluidos en el registro.

El Artículo V está dedicado a la COOPERACION INTERNACIONAL. En su numeral 1, se establece la necesaria cooperación entre las Partes en la aplicación del Acuerdo, en especial, el intercambio de información y los elementos de prueba sobre aquellos buques señalados «por haber ejercido actividades que debiliten las medidas internacionales de conservación y ordenación». En el numeral 2, se considera en particular las obligaciones del Estado del puerto, con respecto a buques que enarbolen el pabellón de otro Estado Parte y que pudieran haber cometido infracción, en particular la de informar inmediatamente al Estado del pabellón al respecto. Se establece la posibilidad de que puedan concertarse acuerdos entre las Partes para la aplicación de medidas de investigación por parte de los Estados del puerto. Por el numeral 3, se prescribe que «las Partes deberán cuándo y cómo sea apropiado, concertar acuerdos de cooperación o arreglos de mutua asistencia, de carácter mundial, regional, subregional o bilateral, a fin de promover la consecución de los objetivos del presente Acuerdo».

El Artículo VI refiere al INTERCAMBIO DE INFORMACION, detallándose el tipo de información que las Partes deberán poner a disposición de la FAO, cuya enumeración omitimos. Esta última organización se compromete a enviar dicha información dentro de los límites impuestos por la Parte interesada, «a cualquier organización pesquera mundial, regional o subregional que la solicite expresamente».

Las Partes, por el numeral 5, se comprometen a informar inmediatamente a FAO las modificaciones al registro, en especial, de las razones allí referidas sobre eventuales cancelaciones del registro. Además, informarán lo relativo a exenciones concedidas y acuerdos concertados, así como también toda la información pertinente referida a las actividades de los buques pesqueros que enarbolan su pabellón que debiliten la eficacia de las medidas internacionales de conservación y ordenación, y probables infracciones cometidas por buques que usen otro pabellón.

El Artículo VII refiere a la COOPERACION CON LOS PAISES EN DESARROLLO, comprometiéndose a «prestar asistencia, incluyendo asistencia técnica, a las Partes que son países en desarrollo a fin de ayudarles a cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Acuerdo».

En el Artículo VIII, se hace referencia a TERCEROS, es decir, Estados no miembros, a los que se estimulará para que lo acepten y alentarán a cualquiera que no sea parte a que adopten «leyes y reglamentos en conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo». De igual modo, cooperarán para que buques pesqueros que enarbolen el pabellón de un Estado que no sea Parte, «no emprendan actividades que debiliten la eficacia de las medidas internacionales de conservación y ordenación».

El Artículo IX contiene disposiciones referidas a la SOLUCION DE CONTROVERSIAS, estableciéndose en primer término un mecanismo de consultas horizontales, fracasado el cual apelarán a mecanismos de «negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, resolución judicial u otro medio pacífico de su propia elección». De persistir la controversia, las partes en conflicto podrán consentir someterse a la resolución de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar o al arbitraje. Aun ante el fracaso de tales mecanismos, las Partes «deberán continuar las consultas y cooperar a fin de llegar a la solución de la controversia de conformidad con los principios del derecho internacional relativos a la conservación de los recursos marinos vivos.

El Artículo X refiere al mecanismo de aceptación del Acuerdo, luego de establecer que el mismo está abierto a la aceptación «de cualquier Miembro o Miembro Asociado de la FAO», y de cualquier Estado no Miembro que sea Miembro de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos especializados, o del Organismo Internacional de Energía Atómica». En el numeral 2, se plantea que la aceptación del Acuerdo se efectivizará mediante el depósito del instrumento de aceptación en manos del Director General de la FAO, quien informará a las Partes acerca de los instrumentos recibidos. El artículo prevé disposiciones especiales para cuando una organización regional de integración económica sea Parte del Acuerdo.

El Artículo XI establece que la ENTRADA EN VIGOR se producirá «a partir de la fecha en que el Director General reciba el vigesimoquinto instrumento de aceptación». A su vez, en el Artículo XII que la aceptación podrá estar sujeta a RESERVAS, las que sólo serán efectivas «tras la aceptación unánime por todas las Partes...».

El Artículo XIII trata acerca de las ENMIENDAS. Las propuestas deberán comunicarse al Director General, y deberán ser presentadas en un período ordinario o extraordinario de sesiones de la Conferencia para su aprobación. Una vez aprobadas entrará en vigor a partir del trigésimo día de tal aprobación por dos terceras partes. Se señala, también, que aquellas enmiendas que impliquen nuevas obligaciones para las Partes, sólo regirán para las mismas una vez éstas las hayan aceptado. En este caso, deberán depositarse en poder del Director General los correspondientes instrumentos de aceptación, al igual que en la primera instancia.

En el Artículo XIV se establecen las condiciones para la DENUNCIA del Acuerdo por cualquiera de las Partes, en condiciones similares a las de otros Acuerdos. Los DEBERES DEL DEPOSITARIO -El Director General- que se definen en el Artículo XV, son también los usuales en Acuerdos similares. Finalmente, en el Artículo XVI, se definen como TEXTOS AUTENTICOS aquellos escritos en árabe, chino, español, francés e inglés.

Por lo expuesto precedentemente, solicitamos al Cuerpo se sirva dar su aprobación al presente Acuerdo, que complementa aquel ya aprobado en el pasado Período Legislativo, referido a la protección de las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorias, titulado «Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1992».

Sala de la Comisión, 3 de junio de 1999.

Reinaldo Gargano Miembro Informante, Alberto Couriel, Carlos M. Garat, Pablo Millor, Américo Ricaldoni. Senadores.

ACUERDO PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS INTERNACIONALES DE CONSERVACION Y ORDENACION POR LOS BUQUES PESQUEROS QUE PESCAN EN ALTA MAR

PREAMBULO

Las Partes en el presente Acuerdo,

Reconociendo que todos los Estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en alta mar, con sujección a las normas pertinentes del derecho internacional, tal como se reflejan en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar;

Reconociendo asimismo que, en virtud del derecho internacional, tal como se refleja en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, todos los Estados tienen la obligación de adoptar, o de cooperar con otros Estados para adoptar, las medidas aplicables a sus respectivos nacionales que sean necesarias para la conservación de los recursos vivos de alta mar;

Reconociendo también el derecho de todos los Estados y su interés en desarrollar sus sectores pesqueros de conformidad con sus políticas nacionales, y la necesidad de promover la cooperación de los países en desarrollo para fortalecer su capacidad de cumplir las obligaciones dimanantes del presente Acuerdo;

Recordando que en el Programa 21, aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se pide a los Estados que tomen medidas eficaces, acordes con el Derecho Internacional, para evitar que sus nacionales cambien el pabellón de los buques como medio de eludir el cumplimiento de las normas de conservación y ordenación aplicables a las actividades de pesca en alta mar;

Recordando asimismo que la Declaración de Cancún, adoptada por la Conferencia Internacional de Pesca Responsable, solicita igualmente a los Estados a que tomen medidas al respecto;

Teniendo en cuenta que, con arreglo al Programa 21, los Estados se comprometen a la conservación y utilización sostenible de los recursos marinos vivos en alta mar;

Exhortando a los Estados que no son parte en organizaciones o acuerdos mundiales, regionales o subregionales de pesca a que se adhieran a ellos o, en su caso, lleguen a arreglos con dichas organizaciones o con los miembros de dichas organizaciones o acuerdos con el fin de lograr el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación;

Conscientes de la obligación que tiene cada Estado de ejercer eficazmente su jurisdicción y control sobre los buques que enarbolan su pabellón, inclusive los buques pesqueros y los dedicados al trasbordo de pescado;

Conscientes de que la práctica del abanderamiento o del cambio de pabellón de los buques pesqueros, como medio de eludir el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación de los recursos marinos vivos, y el incumplimiento por parte de los Estados del pabellón de sus responsabilidades con respecto a los buques pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón figuran entre los factores que más gravemente debitan la eficacia de dichas medidas;

Comprobando que el objetivo del presente Acuerdo puede lograrse estableciendo la responsabilidad de los Estados del pabellón con respecto a los buques pesqueros autorizados a enarbolar sus pabellones y que faenan en alta mar, incluyendo la autorización de dichas operaciones por el Estado del pabellón, así como fortaleciendo la cooperación internacional y aumentando la transparencia a través del intercambio de información sobre la pesca en alta mar;

Observando que el presente Acuerdo formará parte integrante del Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable solicitado en la Declaración de Cancún;

Expresando el deseo de concertar un acuerdo internacional en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (a partir de aquí denominada «FAO»), en virtud del Artículo XIV de la Constitución de la FAO;

Han convenido en lo siguiente:

Artículo I

DEFINICIONES

A los efectos del presente Acuerdo:

(a) por «buque pesquero» se entiende todo buque utilizado o que se tenga previsto utilizar para la explotación comercial de los recursos marinos vivos, incluyéndose los buques de apoyo y cualesquiera otros buques empleados directamente en tales operaciones de pesca;

(b) por «medidas internacionales de conservación y ordenación» se entienden las medidas encaminadas a conservar u ordenar una o varias especies de recursos marinos vivos adoptadas y ejecutadas de conformidad con las normas aplicables de derecho internacional tal como se hallan reflejadas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Tales medidas pueden ser adoptadas por organizaciones pesqueras mundiales, regionales o subregionales, sin perjuicio de los derechos y obligaciones de sus miembros, o mediante tratados u otros acuerdos internacionales;

(c) por «eslora» se entiende:

(i) en el caso de los buques pesqueros construidos después del 18 de julio de 1982, el 96 por ciento de la eslora total en una flotación situada a una altura sobre el canto superior de la quilla igual al 85 por ciento del puntal mínimo de trazado, o la distancia desde la cara de proa de la roda al eje de la mecha del timón en esta flotación, si este último valor es mayor. En los buques proyectados para navegar con asiento de quilla, la flotación en la que se ha de medir la eslora debe ser paralela a la flotación en carga prevista en el proyecto;

(ii) en el caso de buques pesqueros construidos antes del 18 de julio de 1982, la eslora registrada tal como se halla indicada en el registro nacional o en otro registro de buques;

(d) por «registro de buques pesqueros» se entiende un registro de los buques pesqueros en que figuren los detalles pertinentes del buque pesquero. Puede ser un registro independiente de los buques pesqueros o formar parte de un registro general de embarcaciones;

(e) por «organización regional de integración económica» se entiende una organización regional de integración económica a la que sus Estados miembros hayan transferido la competencia en las materias contempladas en este Acuerdo, incluida la autoridad para tomar decisiones que vinculen a sus Estados miembros en relación con tales materias;

(f) las expresiones «buques autorizados a enarbolar su pabellón» y «buques autorizados a enarbolar el pabellón de un Estado» incluyen los buques autorizados a enarbolar el pabellón de un Estado Miembro de una organización regional de integración económica.

Artículo II

Aplicación

1. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos siguientes de este artículo, el presente Acuerdo se aplicará a todos los buques pesqueros que se utilizan o se tenga previsto utilizar para pescar en alta mar.

2. Cualquier Parte puede eximir a los buques pesqueros de menos de 24 metros de eslora autorizados a enarbolar su pabellón de la aplicación del presente Acuerdo, a no ser que la Parte constate que dicha exención debilitaría el objetivo y finalidad del presente Acuerdo, siempre que tales exenciones:

(a) no se otorguen a buques pesqueros que faenan en las regiones pesqueras indicadas en el párrafo 3 siguiente, a menos que se trate de buques pesqueros autorizados a enarbolar el pabellón de un Estado ribereño de esa región pesquera; y

(b) no se apliquen a las obligaciones asumidas por una Parte, en virtud del párrafo 1 del artículo III o del párrafo 7 del artículo VI del presente Acuerdo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 anterior, en cualquier región de pesca en la que los Estados ribereños aún no hayan declarado zonas económicas exclusivas o zonas equivalentes de jurisdicción nacional de pesca, tales Estados ribereños en cuanto Partes en el presente Acuerdo podrán acordar, directamente o a través de las organizaciones pesqueras regionales apropiadas, que el presente Acuerdo no se aplique a los buques pesqueros de menos de una determinada eslora que enarbolen el pabellón de tales Estados ribereños y que faenen exclusivamente en dicha región de pesca.

Artículo III

Responsabilidad del Estado del Pabellón

1. (a) Cada una de las Partes tomará las medidas necesarias para asegurar que los buques pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón no se dediquen a actividad alguna que debilite la eficacia de las medidas internacionales de conservación y ordenación.

(b) En caso que una Parte, de conformidad con el párrafo 2 del Artículo II, haya eximido de la aplicación de otras disposiciones del presente Acuerdo a los buques pesqueros de menos de 24 metros de eslora autorizados a enarbolar su pabellón, dicha Parte deberá adoptar, no obstante, medidas efectivas con respecto a cualquiera de dichos buques pesqueros cuya actividad debilite la eficacia de las medidas internacionales de conservación y ordenación. Estas medidas deberán ser tales que garanticen que el buque pesquero deje de dedicarse a actividades que debiliten la eficacia de las medidas internacionales de conservación y ordenación.

2. En particular, ninguna de las Partes permitirá que un buque pesquero autorizado a enarbolar su pabellón se utilice en la pesca en alta mar, a no ser que haya sido autorizado para ello por la autoridad o autoridades competentes de dicha Parte. El buque pesquero así autorizado pescará de conformidad con las condiciones establecidas en la autorización.

3. Ninguna de las Partes permitirá que un buque pesquero autorizado a enarbolar su pabellón sea utilizado para pescar en alta mar a no ser que la Parte considere que, teniendo en cuenta los vínculos existentes entre ella y el buque pesquero de que se trate, puede ejercer efectivamente sus responsabilidades en virtud del presente Acuerdo con respecto a dicho buque pesquero.

4. En los casos en que un buque pesquero que haya sido autorizado por una Parte para ser utilizado en la pesca en alta mar deje de estar autorizado a enarbolar el pabellón de dicha Parte, se considerará que ha sido cancelada la autorización a pescar en alta mar.

5. (a) Ninguna Parte autorizará a ningún buque pesquero, registrado anteriormente en el territorio de otra Parte y que haya debilitado la eficacia de las medidas internacionales de conservación y ordenación, para ser utilizado en la pesca en alta mar, a no ser que haya constatado que:

(i) se ha cumplido el período de suspensión de la autorización, impuesto por otra Parte, para que dicho buque pesquero se utilice en la pesca en alta mar; y

(ii) ninguna Parte ha retirado autorización alguna para que dicho buque pesquero se utilice en la pesca en alta mar en los últimos tres años.

(b) Las disposiciones del apartado (a) anterior se aplicarán también a los buques pesqueros anteriormente registrados en el territorio de un Estado que no sea Parte en el Presente Acuerdo, siempre que la Parte interesada disponga de información suficiente sobre las circunstancias en las que se suspendió o retiró la autorización para pescar.

(c) Las disposiciones de los apartados (a) y (b) anteriores no se aplicarán en los casos en que haya cambiado posteriormente la propiedad del buque pesquero y el nuevo propietario haya presentado pruebas suficientes de que el propietario o armador anterior no tiene ninguna relación jurídica, económica o de beneficio con el buque pesquero, ni control alguno del mismo.

(d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados (a) y (b) anteriores, una Parte puede autorizar que un buque pesquero, al que de lo contrario se aplicarían dichos apartados, se utilice para la pesca en alta mar en los casos en que la parte interesada, después de haber tenido en cuenta todos los hechos pertinentes, incluidas las circunstancias en que la autorización para pescar ha sido denegada o retirada por la otra Parte o Estado, haya determinado que la concesión de una autorización para utilizar el buque para pescar en alta mar no dibilitará el objetivo y la finalidad del presente Acuerdo.

6. Cada una de las Partes asegurará que todos los buques pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón y que hayan sido inscritos en el registro que se ha de llevar de conformidad con el Artículo IV, estén marcados de tal manera que puedan identificarse fácilmente, de conformidad con las normas generalmente aceptadas, tales como las Especificaciones Uniformes de la FAO para el Marcado e Identificación de las embarcaciones pesqueras.

7. Cada una de las Partes asegurará que el buque pesquero autorizado a enarbolar su pabellón le proporcione las informaciones sobre sus operaciones que puedan resultar necesarias para que la Parte pueda cumplir las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo, incluyendo, en particular, información relativa al área de sus operaciones de pesca y a sus capturas y desembarques.

8. Cada una de las Partes adoptará medidas de ejecución con respecto a los buques pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón que contravengan lo dispuesto en el presente Acuerdo, llegando incluso a considerar, si fuera apropiado, la contravención de dichas disposiciones como infracción en la legislación nacional. Las sanciones aplicables a tales contravenciones deberán ser lo bastante severas como para garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones de este Acuerdo y privar a los infractores de los beneficios derivados de sus actividades ilegales. Dichas sanciones incluirán, en el caso de infracciones graves, la denegación, suspensión o retiro de la autorización para ser utilizado en la pesca en alta mar.

Artículo IV

REGISTROS DE LOS BUQUES PESQUEROS

Cada una de las Partes deberán, a los efectos del presente Acuerdo, mantener un registro de los buques pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón y a ser utilizados en la pesca en alta mar, y adoptará las medidas necesarias para asegurar que dichos buques pesqueros estén incluidos en dicho registro.

Artículo V

COOPERACION INTERNACIONAL

1. Las Partes deberán cooperar, según convenga, en la aplicación del presente Acuerdo, y deberán, en particular, intercambiar información, incluyendo los elementos de prueba relativos a las actividades de los buques pesqueros a fin de ayudar al Estado del pabellón a identificar aquellos buques pesqueros que, enarbolando su pabellón, hayan sido señalados por haber ejercido actividades que debiliten las medidas internacionales de conservación y ordenación, de modo que pueda cumplir sus obligaciones de conformidad con el Artículo III.

2. Cuando un buque pesquero se encuentre voluntariamente en un puerto de una de las Partes que no sea el Estado de su pabellón, dicha Parte, si tiene motivos razonables para creer que el buque pesquero ha sido utilizado para ejercer una actividad que debilite la eficacia de las medidas internacionales de conservación y ordenación, deberá informar inmediatamente al Estado del pabellón al respecto. Las Partes podrán concertar acuerdos respecto a la aplicación, por parte de los Estados del puerto, de las medidas de investigación que éstos consideren necesarias para determinar si el buque pesquero ha sido utilizado efectivamente en contra de las disposiciones de este Acuerdo.

3. Las Partes deberán, cuando y como sea apropiado, concertar acuerdos de cooperación o arreglos de mutua asistencia, de carácter mundial, regional, subregional o bilateral, a fin de promover la consecución de los objetivos del presente Acuerdo.

Artículo VI

INTERCAMBIO DE INFORMACION

1. Cada una de las Partes pondrá puntualmente a disposición de la FAO la siguiente información sobre cada uno de los buques pesqueros inscritos en el registro que deberá mantenerse en virtud del Artículo IV:

a) nombre del buque pesquero, número de registro, nombres anteriores (si se conocen), y puerto de registro;

b) pabellón anterior (en su caso);

c) señal de llamada de radio internacional (en su caso);

d) nombre y dirección del propietario o propietarios;

e) lugar y fecha de construcción;

f) tipo de buque;

g) eslora.

2. Cada una de las Partes deberá poner a disposición de la FAO, en la medida de lo posible, la siguiente información adicional respecto a cada uno de los buques pesqueros inscritos en el registro que deberá mantenerse en virtud del Artículo IV:

(a) nombre y dirección del armador o armadores (en su caso);

(b) tipo de método o métodos de pesca;

(c) puntal de trazado;

(d) manga;

(e) tonelaje de registro bruto;

(f) potencia del motor o motores principales.

3. Cada una de las Partes deberá señalar inmediatamente a la FAO cualquier modificación en las informaciones indicadas en los párrafos 1 y 2 de este Artículo.

4. La FAO enviará periódicamente la información suministrada en virtud de los párrafos 1, 2 y 3 de este Artículo a todas las Partes y, previa petición, individualmente a cada una de ellas. La FAO enviará también dicha información, sin perjuicio de las limitaciones relativas a su distribución impuestas por la Parte interesada, a cualquier organización pesquera mundial, regional o subregional que la solicite expresamente.

5. Cada una de las Partes deberá, además, informar inmediatamente a la FAO en relación a:

(a) cualquier adición al registro;

(b) cualquier cancelación del registro por razón de:

(i) la renuncia voluntaria o la no renovación de la autorización de pesca por parte del propietario o del armador del buque pesquero;

(ii) el retiro de la autorización de pesca emitida respecto del buque pesquero en virtud del párrafo 8 del Artículo III;

(iii) el hecho de que el buque pesquero en cuestión ya no está autorizado a enarbolar su pabellón;

(iv) el desguace, decomiso o pérdida del buque pesquero en cuestión; o

(v) cualquier otra razón.

6. Cuando se proporcione a la FAO información con arreglo al párrafo 5 (b) supra, la Parte interesada especificará cuál de las razones indicadas en dicho párrafo es aplicable.

7. Cada una de las Partes informará a la FAO acerca de:

(a) cualquier exención concedida de conformidad con el párrafo 2 del Artículo II, el número y tipo de buque implicado y las zonas geográficas en que faenan dichos buques; y

(b) cualquier acuerdo concertado de conformidad con el párrafo 3 del Artículo II.

8. (a) Cada una de las Partes comunicará inmediatamente a la FAO toda la información pertinente a las actividades de los buques pesqueros que enarbolan su pabellón que debiliten la eficacia de las medidas internacionales de conservación y ordenación, incluyendo la identidad del buque o buques pesqueros implicados y las medidas impuestas por la Parte en relación a dichas actividades. La comunicación de las medidas impuestas por una Parte puede supeditarse a las limitaciones exigidas por la legislación nacional con respecto a la confidencialidad, en particular confidencialidad relativa a medidas que aún no son definitivas.

(b) Cuando una de las Partes tenga motivos razonables para creer que un buque pesquero no autorizado a enarbolar su pabellón ha realizado cualquier actividad que debilita la eficacia de las medidas internacionales de conservación y ordenación, deberá señalarlo a la atención del Estado del pabellón interesado y, según proceda, podrá señalarlo a la atención de la FAO. La Parte proporcionará al Estado del pabellón todas las pruebas de apoyo y podrá presentar a la FAO un resumen de las mismas. La FAO no distribuirá esta información hasta que el Estado del pabellón haya tenido la oportunidad de hacer comentarios sobre los puntos alegados y sobre las pruebas presentadas o, según sea el caso, de oponerse al respecto.

9. Cada una de las Partes informará a la FAO de los casos en que una Parte, de conformidad con el párrafo 5 (d) del Artículo III, haya concedido una autorización a pesar de las disposiciones del párrafo 5 (a) o 5 (b) del Artículo III. La información deberá incluir los datos pertinentes que permitan la identificación del buque pesquero y del propietario o armador y en su caso, cualquier otra información relacionada con la decisión de la Parte.

10. La FAO enviará inmediatamente la información suministrada en virtud de los párrafos 5, 6, 7, 8 y 9 de este Artículo a todas las Partes y, previa petición, individualmente a cada una de las Partes. La FAO enviará también dicha información inmediatamente, sin perjuicio de las limitaciones relativas a la distribución impuestas por la Parte interesada, a cualquier organización mundial, regional o subregional que la solicite expresamente.

11. Las Partes intercambiarán información referente a la aplicación del presente Acuerdo, incluso a través de la FAO y otras organizaciones mundiales, regionales y subregionales pesqueras apropiadas.

Artículo VII

COOPERACION CON LOS PAISES EN DESARROLLO

Las Partes cooperarán a escala mundial, regional, subregional o bilateral y, cuando sea oportuno, con el apoyo de la FAO y de otras organizaciones internacionales o regionales, para prestar asistencia, incluyendo asistencia técnica, a las Partes que son países en desarrollo a fin de ayudarles a cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Acuerdo.

Artículo VIII

TERCEROS

1. Las Partes alentarán a todo Estado que no sea Parte en este Acuerdo a aceptarlo y alentarán a cualquiera que no sea Parte a adoptar leyes y reglamentos en conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

2. Las Partes cooperarán de modo conforme con el presente Acuerdo y con el derecho internacional a fin de que los buques pesqueros autorizados a enarbolar el pabellón de cualquiera que sea Parte no emprendan actividades que debiliten la eficacia de las medidas internacionales de conservación y ordenación.

3. Las Partes intercambiarán información entre sí, directamente o través de la FAO, respecto a las actividades de los buques pesqueros que enarbolan el pabellón de cualquiera que no sea Parte que debiliten la eficacia de las medidas internacionales de conservación y ordenación.

Artículo IX

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1. Cualquiera de las Partes podrá entablar consultas con otra u otras Partes sobre cualquier controversia con respecto a la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo con el fin de llegar lo antes posible a una solución satisfactoria para todos.

2. En el caso de que la controversia no se resuelva a través de estas consultas en un período de tiempo razonable, las Partes de que se trate se consultarán entre ellas lo antes posible con el fin de solucionar la controversia mediante negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, resolución judicial u otro medio pacífico de su propia elección.

3. Toda controversia de esta índole no resuelta se someterá, con el consentimiento de todas las Partes en conflicto, para su resolución a la Corte Internacional de Justicia, al Tribunal Internacional del Derecho del Mar cuando entre en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar de 1982, o al arbitraje. Si no se llegara a un acuerdo sobre el recurso a la Corte Internacional de Justicia, al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, o al arbitraje, las Partes deberán continuar las consultas y cooperar a fin de llegar a la solución de la controversia de conformidad con los principios del derecho internacional relativos a la conservación de los recursos marinos vivos.

Artículo X

ACEPTACION

1. El presente Acuerdo estará abierto a la aceptación de cualquier Miembro o Miembro Asociado de la FAO y de cualquier Estado no miembro que sea miembro de las naciones Unidas, o de cualquiera de sus organismos especializados, o del Organismo Internacional de Energía Atómica.

2. La aceptación del presente Acuerdo se hará efectiva mediante el depósito de un instrumento de aceptación en el poder del Director General de la FAO (a partir de aquí denominado «Director General»).

3. El Director General informará a todas las Partes, a todos los Miembros y Miembros Asociados de la FAO y al Secretario General de las Naciones Unidas de todos los instrumentos de aceptación recibidos.

Cuando una organización regional de integración económica sea Parte en el presente Acuerdo, dicha organización regional de integración económica deberá, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo II.7 de la Constitución de la FAO, notificar, según proceda las modificaciones o aclaraciones a su declaración de competencia, presentada de conformidad con el Artículo II.5 de la Constitución de la FAO, que sean necesarias teniendo en cuenta su aceptación del presente Acuerdo. Cualquier Parte en el presente Acuerdo podrá, en cualquier momento, pedir a una organización regional de integración económica que sea Parte en el mismo que presente información acerca de quién es responsable, la organización regional de integración económica o sus Estados Miembros, de la ejecución de cualquier asunto concreto incluido en el presente Acuerdo. La organización regional de integración económica deberá presentar esta información en un plazo razonable de tiempo.

Artículo XI

ENTRADA EN VIGOR

1. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha en que el Director General reciba el vigésimoquinto instrumento de aceptación.

2. A los efectos del presente Artículo, el instrumento depositado por una organización regional de integración económica no se considerará como adicional a los instrumentos depositados por los Estados Miembros de dicha organización.

Artículo XII

RESERVAS

La aceptación del presente Acuerdo podrá estar sujeta a reservas que solamente serán efectivas tras la aceptación unánime por todas las Partes en el presente Acuerdo. El Director General notificará inmediatamente a todas las Partes cualquier reserva. Se considerará que las Partes que no hayan respondido en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificación han aceptado la reserva. En caso que no se produzca dicha aceptación, el Estado o la organización regional de integración económica que haya formulado la reserva no llegará a ser Parte en el presente Acuerdo.

Artículo XIII

ENMIENDAS

1. Cualquier propuesta que haga una Parte para enmendar este Acuerdo, deberá comunicarse al Director General.

2. Cualquier propuesta de enmienda al presente Acuerdo que reciba el Director General de una Parte deberá ser presentada en un período ordinario o extraordinario de sesiones de la Conferencia para su aprobación y, si la enmienda implica cambios técnicos de importancia, supone obligaciones adicionales a las Partes, deberá ser estudiada por un comité con especialistas que convoque la FAO antes de la Conferencia.

3. El Director General notificará a las Partes cualquier propuesta de enmienda al presente Acuerdo, a más tardar en la fecha en que se envíe el programa del período de sesiones de la Conferencia en el cual haya de considerarse dicha enmienda.

4. Cualquiera de las enmiendas al Acuerdo, así propuesta, requerirá la aprobación de la Conferencia y entrará en vigor a partir del trigésimo día después de su aceptación por las dos terceras Partes. Sin embargo, las enmiendas que impliquen nuevas obligaciones para las Partes entrarán en vigor, para cada una de dichas Partes, solamente después de que las hayan aceptado y a partir del trigésimo día después de dicha aceptación. Se considerará que cualquier enmienda entraña nuevas obligaciones para las Partes, a menos que la Conferencia, al aprobar la enmienda, decida otra cosa por consenso.

5. Los instrumentos de aceptación de las enmiendas que impliquen nuevas obligaciones deberán depositarse en el poder del Director General, quien a su vez deberá informar a todas las Partes del recibo de las aceptaciones y la entrada en vigor de las enmiendas.

6. A los efectos del presente Artículo, el instrumento depositado por una organización regional de integración económica no se considerará como adicional a los instrumentos depositados por los Estados Miembros de dicha organización.

Artículo XIV

DENUNCIA

Cualquiera de las Partes podrá en cualquier momento denunciar este Acuerdo una vez transcurridos dos años desde la fecha en que el Acuerdo entró en vigor con respecto a dicha Parte, notificando por escrito dicha denuncia al Director General, el cual informará inmediatamente de la denuncia a todas las Partes y a los Miembros y Miembros Asociados de la FAO. La denuncia entrará en vigor al final del año civil siguiente a aquel en que el Director General recibió la notificación de la denuncia.

Artículo XV

DEBERES DEL DEPOSITARIO

El Depositario del presente Acuerdo será el Director General. El Depositario deberá:

(a) enviar copias certificadas del presente Acuerdo a cada Miembro y Miembro Asociado de la FAO y a los Estados no miembros que puedan llegar a ser Partes en el presente Acuerdo:

(b) encarcargarse de que el presente Acuerdo, en el momento de su entrada en vigor, se registre en la Secretaría de las Naciones Unidas de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas;

(c) informar a cada Miembro y Miembro Asociado de la FAO y a cualquier Estado no miembro que pueda llegar a ser Parte en el presente Acuerdo de:

(i) los instrumentos de aceptación depositados de conformidad con el Artículo X;

(ii) la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo de conformidad con el Artículo XI;

(iii) las propuestas de enmiendas a este Acuerdo y su entrada en vigor de conformidad con el Artículo XIII; y

(iv) las denuncias al presente Acuerdo de conformidad con el Artículo XIV.

Artículo XVI

TEXTOS AUTENTICOS

Los textos árabe, chino, español, francés e inglés del presente Acuerdo son igualmente auténticos.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

22) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA CONFERIR ASCENSO AL GRADO DE CORONEL A UN SEÑOR TENIENTE CORONEL

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Corresponde pasar a sesión secreta para considerar el asunto que figura en 36º término del orden del día.

(Así se hace. Es la hora 19 y 4 minutos)

(Vueltos a sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 19 y 7 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para ascender al Grado de Coronel, por el Sistema de Antigüedad, en el Escalafón de la Justicia Militar, al señor Teniente Coronel don Luis A. Vázquez Gazzano.

23) ASIGNACION FAMILIAR

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- Señor Presidente: a pedido del señor Senador Gandini, que es Miembro Informante y que no ha podido permanecer en la sesión por razones de fuerza mayor, solicitaríamos que el primer punto del orden del día de hoy relativo al proyecto de ley por el que se extiende el beneficio de la Asignación Familiar a todos los hogares de menores recursos, pase a figurar como primer punto del orden del día de la sesión del martes que viene.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- En consideración la moción presentada.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

24) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- En esta jornada, señor Presidente, se ha votado una profusa cantidad de leyes. Por consiguiente, pienso que los señores Senadores podemos darnos por satisfechos y propongo, en consecuencia, que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- En consideración la moción formulada.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 8 minutos, presidiendo el señor Senador Don Wilson Sanabria, con la asistencia del señor Presidente del Cuerpo, Licenciado Hugo Fernández Faingold, y de los señores Senadores Atchugarry, Bergstein, Carvalho, Casartelli, Couriel, Chiesa, Dalmás, García Costa, Gargano, Heber, Iturria, Korzeniak, Pais, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sarthou, Segovia y Virgili).

Lic. HUGO FERNANDEZ FAINGOLD Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.