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Nº 278 - TOMO 392 - 17 DE NOVIEMBRE DE 1998

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

60ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL LICENCIADO HUGO FERNANDEZ FAINGOLD Presidente

y el  SEÑOR SENADOR ORLANDO VIRGILI Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LICENCIADO JORGE MOREIRA PARSONS

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitudes de licencia

- Las formulan la señora Senadora Dalmás y el señor Senador Sanabria.
- Concedidas.

5) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el señor Prada comunicando que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

6) Dificultades de funcionamiento en el Centro de Asistencia Primaria de Villa Pancha

- Manifestaciones del señor Senador Garat.
- Por moción del propio señor Senador el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Salud Pública y a la Comisión de Fomento del Centro de Asistencia Primaria de Villa Pancha.

7 y 9) Funcionarios del Plan Agropecuario, Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones e Instituto Nacional de Abastecimiento

- Proyecto de ley por el que se le reconocen todos los derechos adquiridos.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

8, 10 y 12) Acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de difusión

- Proyecto de ley por el que se declara de interés público el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de difusión.
- Por moción del señor Senador Korzeniak el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Se vota negativamente.

11) Usura

- Proyecto de ley por el que se modifica la legislación vigente.
- Por moción del señor Senador Brezzo el Senado resuelve postergar la consideración de este tema hasta la primera sesión del mes de diciembre.

13) Plantas pasterizadoras

- Proyecto de ley por el que se deroga el artículo 2º de la Ley Nº 15.640 de 4 de octubre de 1984.
- Por moción del señor Senador Pereyra el Senado resuelve devolver este proyecto a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, eliminándolo del orden del día.

14) Protocolo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el ejercicio de actividades academicas en los países del MERCOSUR

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Envases de cigarrillos, cigarros, tabacos y productos de uso similar

- Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.361 de 14 de diciembre de 1982 en su texto de publicidad.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16, 18 y 20) Trabajadoras públicas o privadas en estado de gravidez o en período de lactancia

- Proyecto de ley por el que se declara que no podrán ser destinadas a tareas que, por su naturaleza, pudieran afectarlas.
- En consideración. Se aprueba en general y, por moción del señor Presidente del Cuerpo, se posterga la discusión particular hasta la primera sesión del mes de diciembre.

17 y 19) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

- Por moción del señor Presidente del Cuerpo, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta agotar el tema en debate.

21) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

Montevideo, 13 de noviembre de 1998.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 17, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se declara que los funcionarios pertenecientes al Plan Agropecuario, Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones e Instituto Nacional de Abastecimiento, que no hayan sido absorbidos por otras dependencias públicas, continuarán desempeñando funciones para los Ministerios correspondientes.

(Carp. Nº 1219/98 - Rep. Nº 755/98).

2º) por el que se modifica la legislación vigente tendiente a combatir la usura.

(Carp. Nº 417/96 - Rep. Nº 728/98).

3º) por el que se deroga el artículo 2º de la Ley Nº 15.640, por la que se reglamenta el régimen de abastecimiento de leche pasterizada en el territorio nacional.

(Carp. Nº 712/97 - Rep. Nº 736/98).

4º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el ejercicio de actividades académicas en los países del MERCOSUR.

(Carp. Nº 1037/98 - Rep. Nº 719/98).

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

5º) por el que se modifica el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.361, referente a la publicidad escrita de cigarrillos, cigarros, tabacos y productos de uso similar.

(Carp. Nº 1155/98 - Rep. Nº 734/98).

6º) por el que se declara que las trabajadoras públicas o privadas en estado de gravidez no podrán ser destinadas a cumplir tareas que, por su naturaleza, pudieran afectarlas.

(Carp. Nº 1185/98 - Rep. Nº 749/98).

7º) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para destituir de sus cargos a cinco funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (plazo constitucional vence 19 de noviembre de 1998).

Mario Farachio Secretario - Jorge Moreira Parsons Secretario

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Batlle, Bentancur, Bergstein, Brezzo, Cid, Couriel, Dalmás, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Hualde, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Pais, Pereyra, Quarneti, Ricaldoni, Santoro, Sarthou y Segovia.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Hierro López, Iturria, Pozzolo y Sanabria; con aviso, el señor Senador Andújar; y, sin aviso, el señor Senador Storace.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 17 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

ASUNTOS ENTRADOS

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes solicitando venia:

para designar como miembro integrante del Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado al señor Roberto Médica.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos. Por disposición reglamentaria se efectúa su repartido.

y para destituir de sus cargos a varios funcionarios del Ministerio de Salud Pública.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

La Presidencia de la Asamblea remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo comunicando haber dictado los siguientes Decretos y Resoluciones:

-por la que designa Vicepresidente del Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado al señor César Hernández Pérez;

por la que se designa miembro del Directorio de Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea al señor Abraham Czarnievicz Czolkowska.

por el que se aprueba el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del Estado, ejercicio 1999.

por el que se aprueba la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, ejercicio 1996.

y por el que se aprueba el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, correspondientes al ejercicio 1999.

por el que se amplían las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, correspondientes al ejercicio 1997.

por el que se aprueban las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones financieras y de Inversiones del Instituto Nacional de Colonización, correspondiente al ejercicio 1999.

-Téngase presente.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se modifica el monto de la asignación mensual establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 15.900 de 21 de octubre de 1987, para la adjudicación de viviendas en usufructo, a determinados jubilados y pensionistas.

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

La Cámara de Representantes remite nota adjuntando la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante José Mahía referidas a su proyecto de ley por el que se eliminan las sanciones a los ciudadanos mayores de setenta y cinco años de edad que no concurran a sufragar.

-Téngase presente.

El Presidente de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes remite nota adjuntando el informe de la labor que se ha realizado en los últimos tres años.

-Téngase presente.

El Presidente del Congreso de Honduras remite Fax relacionada con los daños causados por el Huracán MITCH.

-Repártase.

La Comisión de Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se establece que los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados deberán dar cuenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con anterioridad, las donaciones que efectúen.

La Comisión de Salud Pública eleva informado el proyecto de ley por el que se regula las técnicas de Reproducción Asistida Humana.

-Repártase e inclúyase en el orden del día de la próxima sesión del Senado.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje y proyecto de ley relativo al aumento de la cuota del Uruguay en el Fondo Monetario Internacional por el que se establecen modificaciones al Convenio Constitutivo de dicho Organismo Internacional.

Pase a la Comisión de Hacienda.

4) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

«La señora Senadora Dalmás solicita licencia por el día 18 de los corrientes.»

-Léase.

(Se lee:)

Montevideo, 17 de noviembre de 1998.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Lic. Hugo Fernández Faingold

Presente.

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito se me conceda licencia el día 18 del corriente mes.

Motiva dicha solicitud razones particulares.

Sin otro particular saluda a usted, y por su intermedio a los integrantes del Cuerpo, muy atentamente

Susana Dalmás. Senadora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde convocar al suplente respectivo, señor Senador Milton Antognazza.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

«El señor Senador Sanabria solicita licencia los días 17 y 18 de los corrientes.»

-Léase.

(Se lee:)

Montevideo, 17 de noviembre de 1998.

Señor

Presidente del Senado

Lic. Hugo Fernández Faingold

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Sr. Presidente del Senado de la República, Don Hugo Fernández Faingold, licencia los días 17 y 18 de los corrientes por motivos particulares.

Atentamente,

Wilson Sanabria. Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Se convocará al suplente respectivo.

5) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

«El señor Prada comunica que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto».

6) DIFICULTADES DE FUNCIONAMIENTO CENTRO DE ASISTENCIA PRIMARIA DE VILLA PANCHA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: he recibido una carta de la Comisión del Centro de Asistencia Primaria de Villa Pancha en la ciudad de Juan Lacaze, departamento de Colonia, y también he tenido oportunidad de departir con sus distintos integrantes, que tienen la tarea de llevar adelante la conducción de este Centro que, con gran esfuerzo, sacrificio y ayuda de toda la población se construyó y puso en funcionamiento. Me consta el sacrificio, el esfuerzo y la lucha de estas personas porque en algún momento hemos ayudado y contribuido para que este Centro funcione. Todo se desarrolló normalmente y dentro de las expectativas que se habían planteado con respecto a sus funciones, pero últimamente se tomaron distintas medidas por parte del Ministerio de Salud Pública que han complicado para decirlo de alguna manera el funcionamiento de este Centro. El problema parte desde el momento en que el Ministerio de Salud Pública designa a un médico con el cargo de «Médico de Familia» quien, además, es el actual Director del Centro Auxiliar de Salud Pública de Juan Lacaze, pasando entonces a ejercer esta doble función. El Director del Centro Auxiliar ubica como lugar de desarrollo de la función el barrio de Villa Pancha y, específicamente, este Centro de Asistencia Primaria.

Después de la designación de este profesional, me informan que se decidió la creación de una Asociación de Usuarios de Salud Pública en esa zona y también radicada en dicho Centro de Asistencia. Esta Asociación de Usuarios carece de estatutos y personería jurídica y ni siquiera está autorizada a funcionar por el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, cobra a los usuarios de este Centro un ticket para la prestación de determinados servicios.

Por lo que conocemos de ese Centro, podemos decir que lo que antes era contribución y ayuda generosa brindada por sus distintos integrantes, ahora pasó a ser una Asociación -reitero que sin el correspondiente marco jurídico- que cobra a los usuarios a efectos de llevar adelante su funcionamiento. La discrepancia o disconformidad surge del hecho de que esta Asociación, que no tiene nada más que una existencia aparentemente en el papel y sin ninguna consistencia real, ha entrado en colisión con la Comisión de Fomento del Centro Asistencial, que es la que comenzó con la obra y creó todas las circunstancias favorables para su desarrollo.

Por otro lado, ha habido discrepancias de distinto orden, incluso en el tratamiento con médicos y enfermeros que venían a prestar servicios a ese centro asistencial, de forma tal que muchos se han alejado. A algunos que cumplían funciones, se les ha dejado de pagar e incluso han radicado una denuncia ante las autoridades del Ministerio en la localidad. Los hechos han continuado y no solamente se creó esta asociación que cobra un ticket -por lo que me dicen, ha empeorado la atención que presta y ha desconocido a la Comisión de Fomento- sino que, además, con la autorización del médico de familia designado -que, a su vez, es el Director del Centro Auxiliar de Juan Lacaze- se ha dispuesto contratar un servicio de emergencia móvil que se ha instalado en el Centro asistencial, que atiende solamente a sus socios, es decir, a los que pagan la cuota, descartando de la atención a todos los carenciados, a todas aquellas personas que poseen carné de asistencia de Salud Pública. Además, según se me comenta, este servicio de emergencia móvil expide a los pacientes recetas membretadas del Ministerio de Salud Pública y ASSE para retirar medicamentos en el Centro Auxiliar de la ciudad.

La Comisión de Fomento que continúa en sus actividades y está en oposición a esta forma de conducir este centro asistencial, ha tenido que recurrir a un profesional particular para que atienda el Centro, ya que los servicios que presta el médico designado dejan mucho que desear, puesto que no cumple con el horario que se le ha establecido. Asimismo, hay discusiones en cuanto a la disponibilidad de la ambulancia y al destino que se le da; en fin, hay una serie de hechos que marcan una situación muy indecorosa, según manifiestan los vecinos.

La Comisión de Fomento reclama por mi intermedio ante el Ministerio de Salud Pública que se adopten medidas para solucionar la situación de confrontación que se está viviendo en el Centro de Asistencia Primaria de Villa Pancha. Aquí se muestra la contradicción -ya que no sé si esto está permitido- de que el médico que es Director del Centro Auxiliar de Juan Lacaze, también lo sea de familia en el barrio Villa Pancha. De esta forma, todo queda a disposición del mismo ciclo de asistencia médica.

Hacemos esta exposición en el buen entendido de que el Centro de Asistencia Primaria de Villa Pancha es muy importante, ya que se encuentra en un barrio de gente que tiene dificultades económicas y que ha hecho un esfuerzo muy grande para tener este edificio, que fue levantado con la contribución popular. Sin embargo, ahora ven escapar de sus manos el control y la forma de prestar la asistencia de la salud en el barrio.

Solicito, señor Presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras pase a la Comisión de Fomento del Centro de Asistencia Primaria de Villa Pancha -cuya dirección figura en el papel que voy a entregar- al Ministerio de Salud Pública -agradecería, sinceramente, que el Ministro de dicha Cartera se interese en este tema y me pueda informar a la brevedad sobre esta complicada situación que he expuesto- y, al mismo tiempo, pediría -no sé si se estila por la vía reglamentaria- que se adjuntara esta carta que me fue enviada, para que el Ministro de Salud Pública vea con claridad lo que se expone en la misma.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Garat.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la documentación recibida por el señor Senador Garat:)

Comisión Centro de
Asistencia Primaria
Villa Pancha

Calle 1 - Esq. 3 - Juan L. Lacaze
Dpto. Colonia

Granja San José, Octubre 09/998.

Señor Senador de la República.

Carlos M. Garat

De nuestra mayor consideración.

La Comisión de Fomento del Centro de Asistencia Primaria de Villa Pancha, se encuentra atravesando por una muy difícil situación, debido a que se pretende usurpar del esfuerzo de los vecinos de esta localidad, usufructuando del edificio levantado con mucho trabajo por manos de los contribuyentes y aprobado por la Regional "D" del Ministerio de Salud Pública, para ser utilizado para prestar asistencia Primaria.

El Dr. Carlos Martínez Acuña actual Director del Centro Auxiliar de Juan L. Lacaze, fue designado como Médico de Familia por el Ministerio de Salud Pública para atender a los vecinos de esta zona suburbana, al igual que una enfermera que es paga por la Intendencia Municipal de Colonia.

Dicho profesional forma una Asociación de Usuarios de Salud Pública, la cual es integrada por personas tales como Orlando Pérez, Gustavo Di Paulo, Luján Guerrero, Nancy Viera, Miguel Portela, Ana Viera, Elvira Batista y José Vizconde, esta asociación inicia una campaña de socios que abonan un recibo de $ 40, 80 y 100 respectivamente, entregándoseles al momento del cobro un recibo que dice: "Comisión de Apoyo Centro Auxiliar", sin firma del tesorero.

Queda en claro que esta Asociación carece de Estatutos y Personería Jurídica, ni siquiera es autorizada por el Ministerio de Salud Pública.

En un principio se contratan médicos y enfermeras para atender a los vecinos que son socios y aquellos que poseen Carnet de Asistencia de Salud Pública y/o carenciados que no pueden pagarse una sociedad, dado que esta parte de la localidad en su mayoría son obreros y/o jornaleros de bajos recursos en muchos de los casos, estos profesionales atendían a la población las 24 horas del día, generándose por tal concepto una deuda que terminó con la presentación de médicos y enfermeras ante la Oficina de Trabajo del MTSS de la ciudad de Rosario, reclamando haberes atrasados por haber sido despedidos en algunos casos por decisión del Dr. Carlos Martínez y en otros por Gustavo Di Paulo y Luján Guerrero.

Antes esta situación muchos de los integrantes de la Asociación de Usuarios de Salud Pública presentaron su renuncia al sistema, quedando involucrados las personas Orlando Pérez, Gustavo Di Paulo y Luján Guerrero, esta última haciéndose cargo de la confección y cobranza y administración de los fondos, los cuales no son fiscalizados ni volcados a la administración del Centro Auxiliar de Juan L. Lacaze, ni a la Tesorería de la Comisión de Fomento de Asistencia Primaria.

Con la aprobación del Dr. Carlos Martínez y a espaldas de la Comisión de Fomento, esta Asociación firma un contrato con un servicio de Emergencia Móvil "SUM", que se instala en el Centro de Asistencia, atendiendo solamente a los socios de dicha Asociación, descartando de esta manera a los carenciados y aquellas personas que poseen Carnet de Asistencia a Salud Pública, es más este servicio de Emergencia Móvil, expide a los pacientes recetas membretadas del MSP-ASSE para levantar medicamentos en el Centro Auxiliar.

La Comisión de Fomento recurre al asesoramiento de un profesional debido a que no está de acuerdo a que este servicio privado de Asistencia Médica, siga atendiendo en este Centro, porque no atiende a personas de bajos recursos y esta es la finalidad del Centro.

Asimismo el Dr. Carlos Martínez, no cumple con el horario de 20 horas semanales, es más ha entregado la ambulancia al Sr. Walter Velázquez esposo de la tal Luján Guerrero para que la lleve para su domicilio por entender que es el único chofer autorizado, (no se sabe por quién) privando de esta manera al Centro de dicho vehículo para hacer traslados que son realmente necesarios, haciéndose estos por vecinos en sus propios vehículos y en forma gratuita.

Esta Comisión de Fomento reclama ante el Ministerio de Salud Pública se adopten las medidas necesarias para solucionar esta situación por entender que el Dr. Carlos Martínez como Director del Centro Auxiliar de Juan L. Lacaze, no puede ser designado médico de Familia y este Centro de Asistencia Primaria fue creado y levantado para atender las necesidades básicas de las personas de bajos recursos de esta humilde población.

Sin otro particular y esperando se puedan solucionar todos nuestros reclamos saludan a usted atentamente por la Comisión del Centro de Asistencia Primaria de Villa Pancha.

Miguel Angel Portela Presidente
Elba Figueiras Secretaria.

7) FUNCIONARIOS DEL PLAN AGROPECUARIO, DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES E INSTITUTO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se declara que los funcionarios pertenecientes al Plan Agropecuario, Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones e Instituto Nacional de Abastecimiento, que no hayan sido absorbidos por otras dependencias públicas, continuarán desempeñando funciones para los Ministerios correspondientes. (Carp. Nº 1219/98 - Rep. Nº 755/98)».

(Antecedentes:)

Carp. Nº 1219/98
Rep. Nº 755/98

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Declárase que los funcionarios pertenecientes a las dependencias o servicios que fueron transformados en personas públicas no estatales, Plan Agropecuario, Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones e Instituto Nacional de Abastecimiento, que no hayan sido absorbidos por otras dependencias públicas, continuarán, mientras tanto, desempeñando sus funciones para los Ministerios correspondientes, manteniendo la totalidad de los derechos y las remuneraciones que tenían como funcionarios con anterioridad a la transformación referida.

Sala de la Comisión, a 26 de octubre de 1998.

Jorge Gandini (Miembro Informante), Carlos M. Garat, Rafael Michelini, Luis B. Pozzolo, Helios Sarthou.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Vamos a hacer un informe verbal de este proyecto de ley que tiene un solo artículo y que ha ocupado muchas sesiones de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, en las que recibimos a los funcionarios del actual Instituto Nacional de Abastecimiento, ex funcionarios de la dependencia que lo precedió, es decir, la vieja Dirección Nacional de Comercio, que fue suprimida de acuerdo con el artículo 431 de la Ley de Presupuesto. También recibimos en más de una oportunidad a autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, intentando buscar una solución a este problema que creo no me equivoco si catalogamos de angustiante para estos funcionarios .

Este proyecto de ley refiere a los funcionarios pertenecientes a las dependencias o servicios que fueron transformados en personas públicas no estatales. Concretamente, alude al Plan Agropecuario, a la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones y al Instituto Nacional de Abastecimiento. Cabe aclarar que este proyecto sólo va a generar consecuencias sobre los funcionarios que pertenecían a la vieja Dirección Nacional de Comercio, ya que los demás casos están resueltos. Estos últimos están incorporados en esta iniciativa porque así han sido tratados en las disposiciones legales y en los decretos posteriores que han ido abordando el tema.

Como decíamos, la situación se origina en el artículo 431 de la Ley de Presupuesto, que suprime la Dirección Nacional de Comercio, la Unidad Ejecutora 010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el artículo siguiente, se aprueba la Carta Orgánica del nuevo Instituo Nacional de Abastecimiento que pasa a ser una persona jurídica de derecho público no estatal.

Un decreto, de fecha 10 de julio de 1996 declara excedentes a todos los funcionarios que pertenecían a ese organismo. En ese momento había 310 funcionarios, los cuales tienen distintas opciones. Es así que unos se acogen al incentivo, otros a la jubilación con incentivo, algunos se incorporan al nuevo organismo quedando regidos por el Derecho Privado, y 108 optan por permanecer en la función pública.

A partir de este momento, pues, deben ser redistribuidos. Mientras esta situación no se dé, pasarán a ser regidos por el artículo 729 de la Ley de Presupuesto, que establece que todos aquellos funcionarios cuyos cargos hayan sido declarados excedentarios y no hubiesen optado por abandonar la función pública, quedarán eximidos de su obligación de asiduidad. Esto quiere decir que pasan a revistar en sus domicilios, pero se les va a aplicar un régimen de rebaja salarial que disminuye a una quinta parte aproximadamente el salario que percibían con anterioridad, si tomamos sus retribuciones con todos sus componentes, incluidos los proventos que cobraban cuando pertenecían a la vieja Dirección Nacional de Comercio.

La solicitud que debe hacerse para los funcionarios que quieren redistribuirse, tiene un plazo de doce meses, el cual venció el 15 de marzo de 1997. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por razones que no vienen al caso, envió los formularios vencido ese plazo de doce meses, haciéndolo recién el 30 de octubre de 1997, aunque ya se había aplicado antes la rebaja o disminución salarial.

El 24 de setiembre de 1997, es decir, un poco antes de que se enviaran los formularios, un decreto establece que 38 funcionarios son redistribuidos al propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que los absorbe, y otro -también con esa fecha- que determina que 40 funcionarios de la Imprenta Nacional que estaban en una situación similar, pasan a ser absorbidos por el Ministerio de Educación y Cultura.

La gente que queda en situación de excedencia hace distintas gestiones; en el mes de enero de este año, 21 son redistribuidos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 20 de ellos en el interior. Luego, con fecha 26 de mayo de este año, 2 funcionarios son redistribuidos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En tanto esto sucede, la mayoría de los funcionarios que se encuentran en la situación descrita, pasan a trabajar honorariamente en algunas dependencias del Estado, asumiendo roles adjudicados por sus jerarcas, por lo que perciben una pequeña parte de su salario. De todos modos, y estando cubiertos por el artículo 729 de la Ley de Presupuesto que establece que quedan eximidos de la obligación de asiduidad, concurren a trabajar a distintas dependencias públicas con la aspiración y la esperanza de ser absorbidos por alguna de ellas.

Lo cierto es que ha pasado el tiempo, y pese a que hay organismos que han manifestado la intención de incorporarlos, no cuentan con las vacantes requeridas para hacerlo o las partidas presupuestales necesarias. Básicamente es un problema de vacantes, según se nos ha explicado por la Oficina Nacional del Servicio Civil.

La Comisión ha efectuado distintas averiguaciones y, por lo que se nos ha informado, hemos podido saber que hay voluntad explícita de resolver este problema, pero a la vista no hay forma de hacerlo porque, reitero, hoy en día no hay vacantes en organismos como para que puedan incorporar a dichos funcionarios. Se trata de unos 50 funcionarios que se encuentran en esa situación, que no ven una solución a su problema, lo que les genera un estado de angustia que ha motivado a la Comisión a elaborar este proyecto de ley, que declara que esos funcionarios, en tanto no hayan sido absorbidos por otras dependencias públicas, continuarán desempeñando sus funciones para los Ministerios a los que pertenecían en el caso del que estamos hablando, que es el único vigente, para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, manteniendo la totalidad de los derechos y la remuneraciones que percibían antes de la transformación referida, dado que el Estado no ha podido resolver el tema.

Se argumenta que el artículo 723 de la Ley de Presupuesto establece que ese es el régimen vigente para los funcionarios que fueron declarados excedentes. La Comisión entendió que el artículo 723 está incluido dentro de lo que se ha denominado la reforma del Estado, y a texto expreso establece que su contenido rige para aquellos funcionarios que hayan sido declarados disponibles por reestructura. No es éste el caso, porque no hay una reestructura del organismo, sino una supresión de la Unidad Ejecutora por la vía de la ley.

La Comisión entiende, pues, que la situación debe mantenerse vigente en su solución legal, esto es, que esos funcionarios deben ser redistribuidos a otras dependencias públicas, pero en tanto el Estado no pueda solucionar esa situación, deben mantenerse trabajando en el Ministerio al que pertenecían. En tanto las vacantes de esos otros organismos se habiliten, podrán ser redistribuidos en ellas y, entonces sí, tendrán que pasar a ocupar esos cargos obligatoriamente, transformándose los mismos, e irán a ellos con sus partidas presupuestales. Mientras eso no suceda, y para evitar una situación que creemos es injusta, esos 50 funcionarios de la antigua Dirección Nacional de Comercio, deben continuar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De esa manera, se estaría corrigiendo esa situación generada en dicho Ministerio, que entregó los formularios vencido el plazo de los doce meses para acogerse a esa redistribución, por lo que seguramente también se quedaron sin posibilidades de encontrar vacantes disponibles en otros organismos. Pensamos que es una medida de justicia, que no supone una importante carga de recursos para el Estado y que, momentáneamente, resuelve una situación hasta que la eficiencia del Estado permita ubicarlos en algún lugar donde puedan ser incorporados definitivamente.

Debo destacar una vez más la voluntad de trabajo de esas personas, que se ha visto ratificada permanentemente con su disposición a prestar funciones en otros organismos del Estado sin recibir ninguna retribución extra por ello. Han puesto al día el trabajo del Archivo General de la Nación y, asimismo, han colaborado en dependencias del Ministerio de Educación y Cultura, cuyos jerarcas han efectuado informe sobre la corrección en el desempeño de las tareas que realizan voluntariamente, pues lo que quieren es trabajar en algún lugar, revistar en alguna planilla presupuestal en forma estable y percibir una retribución acorde al cargo que desempeñan, y no permanecer en esta situación en que sólo perciben unos $ 1.000 mensuales, que en algún caso supone una cuarta o quinta parte de lo que cobraban antes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En términos generales, es lo que queremos informar con respecto a este tema, y quedamos a la orden para ampliar algún concepto si fuera necesario.

SEÑOR SARHTOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Nos parece que el proyecto de ley que está en discusión, fundamentalmente, hace justicia a una situación funcional que, tal como lo señalaba el señor Senador Gandini, ha implicado una rebaja muy importante en la remuneración de estos funcionarios durante mucho tiempo. Además, no se ha seguido el criterio que se había adoptado para cierto sector de funcionarios que habían quedado igualmente excedentes. Aclaro que no utilizo la palabra «excedente» en sentido técnico, sino en el hecho de que quedaron virtualmente desvinculados. La excedencia, en sentido técnico, tal como lo entiende la Ley de Presupuesto, no es la hipótesis planteada en este caso, de funcionarios que, técnicamente, por la resolución de la ley mencionada, pertenecen al Instituto Nacional de Abastecimiento pero que tendrían que revistar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la medida en que algunos de los funcionarios que cesaron a raíz de la creación de esta persona pública no estatal -el Instituto Nacional de Abastecimiento- se mantuvieron e incorporaron a dicha Cartera a la que pertenecía la Unidad, pero los que hoy suman 54 quedaron en una situación totalmente distinta.

Por lo tanto, aquí existe, en primer término, un aspecto que tiene que ver con la anormalidad de la situación funcional, basada en la diferencia con relación a un principio de igualdad. Este último -esto está previsto en la Constitución- llevaba a que los funcionarios quedaran en la misma situación, es decir que todos los que habían cesado por la creación de la persona pública no estatal -el Instituto Nacional de Abastecimiento- en realidad debían ser incorporados y continuar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, puesto que era la Cartera a la que pertenecían. Además, es claro que estaban amparados por el texto constitucional. El artículo 61 de la Constitución, al establecer las condiciones o atributos de esa situación de funcionarios de carrera, además del ascenso, el descanso semanal y el régimen de licencia anual, les otorga a esos funcionarios el derecho a la permanencia en el cargo. Esta disposición dice expresamente que el funcionario tendrá derecho a la permanencia en el cargo y ésta es una norma constitucional que ninguna ley, por más que sea la de presupuesto, puede alterar.

Entonces, cuando en razón de una transformación del Estado se sustituye un servicio que pertenecía al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se independiza y se crea una persona pública no estatal -Instituto Nacional de Abastecimiento- los funcionarios que quedaban sin ejercicio de función en el marco del Estado -porque esta persona pública no estatal se encuentra para los funcionarios en el marco del Derecho Privado- evidentemente, tenían que continuar en la Cartera mencionada. Esto es aún más claro cuando algunos de esos funcionarios continuaron, pero aquellos a quienes hoy intenta reparar este proyecto de ley quedaron excluidos, con una remuneración menor -como lo señalaba el Miembro Informante, señor Senador Gandini- y en una situación sumamente grave, por aplicarse la mecánica de la excedencia que prevé la Ley de Presupuesto en los artículos 720 y siguientes, que no era la que correspondía a esta situación.

Entonces, en primer lugar, queremos decir que, a nuestro juicio, el proyecto de ley satisface dos exigencias fundamentales. Por un lado, se establece un principio de igualdad de funcionarios que estaban en la misma situación, pero que al transformarse los servicios de que dependían, unos continúan en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros pasan a tener un tratamiento totalmente distinto, sin una inserción funcional -lo que es sumamente grave- y con una rebaja de remuneración en base a aplicar normas que tienen que ver con la modalidad de la excedencia que incorporó la ley, que no es la situación de exclusión o cese determinada por la creación de una persona pública no estatal.

De manera que aquí se cumple el primer objetivo, en el sentido de ubicar de la misma forma a los funcionarios, tal como fueron trasladados. Digo esto porque, en cierto modo, en la vía administrativa, habría un acto que la doctrina considera de desviación de poder, porque no es lógico que a una igual situación funcional se utilice un tratamiento distinto en cuanto a la aplicación de las normas jurídicas.

Por otro lado, estos funcionarios tienen derecho a la permanencia en el cargo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De alguna manera, lo que trata de reparar este proyecto de ley, es esta situación en la cual restituye el derecho a continuar en los Ministerios en que estaban y con la remuneración que percibían. Esto se debe a que la retribución también es uno de los elementos que integra las características que la Constitución establece como inherentes al cargo o en función de la permanencia en el cargo.

En segundo término, queremos decir que el régimen jurídico que se aplicó -que, a nuestro juicio, es equivocado- es el de regular la situación a través de lo dispuesto en el artículo 720 y siguientes de la Ley de Presupuesto, que estableció y cambió el régimen de excedencia de los funcionarios públicos que existía en el país, que era voluntario, transformándolo en coactivo. Este sistema tiene determinados rasgos que no son los que corresponden a la situación de estos funcionarios, porque el artículo 720 de la Ley de Presupuesto, para este régimen especial prevé, antes que nada, un análisis de las características del servicio, una reestructura del mismo y un acto fundado del jerarca que resuelve por qué esos funcionarios deben ser redistribuidos. Aquí esto no se da y la mecánica prevista por la disposición mencionada no es tal, porque no se trata de funcionarios que hayan sido seleccionados por acto fundado de un jerarca y que en razón del interés del servicio tengan que pasar a ser redistribuidos, sino que es un cese masivo de los cargos que tenían, en los que eran presupuestados, sin ningún enjuiciamiento de condiciones, de aptitudes ni de calidades de esos funcionarios, tal como dice el artículo 720, que establece ese régimen en función de un interés del servicio definido por acto fundado de un jerarca. Reitero que aquí no hay nada de eso. Entonces, aplicar -como se hizo- un régimen de remuneración como el del artículo 723 de la Ley de Presupuesto, en el que prácticamente se utiliza la tabla básica de sueldos, más la compensación máxima del grado y la prima por antigüedad, con una remuneración bajísima, no tiene nada que ver, porque no es la situación de excedencia por reestructura prevista en el artículo 720 de la Ley de Presupuesto.

Quiere decir que esta situación se ha extendido muchísimo tiempo -inclusive, ha generado enfermedades en algunas personas, y otras han fallecido- y realmente ha sido muy dramática la odisea seguida por los funcionarios que revistaban en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto se corrige restableciendo, de alguna manera, el texto constitucional, que es lo que hace el artículo 1º del proyecto de ley, en la medida en que cualquier acción jurídica que suponga seguir un trámite para restablecer esa armonía con el mismo mantendría a los funcionarios en esta situación de injusticia, que no es lógico que se produzca.

Por lo tanto, el proyecto de ley repara esta situación por esta vía, al establecer lo que en realidad debió hacerse desde el primer momento en que se constituyó la nueva persona pública no estatal. Es decir que establece que continuarán en las funciones, para los Ministerios correspondientes, todos aquellos que no hayan sido absorbidos por otras dependencias públicas con las garantías y derechos que tenían.

Esos casos no están comprendidos, pero sí lo están los que siguen en esta situación de virtual desamparo, porque en realidad están con un régimen de remuneración ubicado en la excedencia por esta reestructura, a pesar de que no es la situación que realmente tienen estos funcionarios. Debe quedar claro que cuando por interés se modifica o cesa un servicio, los funcionarios no pierden su calidad de tales y siguen manteniendo los derechos a la permanencia en el cargo y, por supuesto, a la remuneración, tal como establece el artículo 61 de la Constitución.

En síntesis, señor Presidente, tal como lo dijo el señor Senador Gandini, nos parece que hay un fundamento jurídico muy claro en el derecho que se intenta reparar. Lamentablemente, ha transcurrido mucho tiempo sin que se solucionara esta situación. Pienso que este proyecto de ley sobre todo corrige la injusticia de una distinta situación funcional en personas que tenían la misma condición cuando se produjo la transformación de un servicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el Instituto Nacional de Abastecimiento.

8) ACCESO EQUITATIVO DE LOS PARTIDOS POLITICOS A LOS MEDIOS DE DIFUSION

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

«Las señoras Senadoras Arismendi y Dalmás, y los señores Senadores Astori, Cid, Gargano, Korzeniak y Segovia presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara de interés público el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de difusión».

-PASE A LA COMISION ESPECIAL DE PARTIDOS POLITICOS.

9) FUNCIONARIOS DEL PLAN AGROPECUARIO, DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES E INSTITUTO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del primer punto del orden del día.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: simplemente deseo señalar que tanto desde el punto de vista de la equidad, como del jurídico, de acuerdo con las dos exposiciones que se han hecho, parece clarísimo que este proyecto de ley debe ser aprobado por el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

«Artículo 1º.- Declárase que los funcionarios pertenecientes a las dependencias o servicios que fueron transformados en personas públicas no estatales, Plan Agropecuario, Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones e Instituto Nacional de Abastecimiento, que no hayan sido absorbidos por otras dependencias públicas, continuarán, mientras tanto, desempeñando sus funciones para los Ministerios correspondientes, manteniendo la totalidad de los derechos y las remuneraciones que tenían como funcionarios con anterioridad a la transformación referida.»

-En consideración.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO.- Señor Presidente: nosotros participamos de esta iniciativa y estamos de acuerdo con ella, pero aspiramos a que no quede únicamente en la condición de un buen deseo.

Estos funcionarios se encuentran en esta situación debido a una mecánica muy especial que se aplicó en procura de disminuir la extensión de los servicios del Estado. Cabe recordar que el Instituto Nacional de Abastecimiento ahora está creado con la condición de persona pública no estatal. Por su parte, el proyecto de ley que estamos considerando establece la pertenencia de estos funcionarios y señala que si no han sido absorbidos por otras dependencias públicas continuarán, mientras tanto, desempeñando sus funciones para los Ministerios correspondientes, manteniendo la totalidad de los derechos y remuneración que tenían con anterioridad a la transformación referida.

En tal sentido, me parece importante saber si estos cargos existen, así como también los fondos necesarios para que estos funcionarios puedan percibir el sueldo a que tienen derecho. Señalo esto porque se ha producido una transformación, y si no existieran dichos recursos, en la iniciativa se debería disponer tal situación. De lo contrario, estaremos aprobando una disposición que tiene el excelente ánimo de corregir una situación de injusticia, pero luego veremos que en la práctica fracasará, porque si bien estas personas podrán desempeñar sus funciones en los Ministerios correspondientes, quizás no estén en condiciones de cobrar sus remuneraciones. Insisto, ¿existen las partidas para pagar esos sueldos?

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Quiero comentar lo que se discutió en el ámbito de la Comisión. Casualmente, lo que plantea el señor Senador Santoro constituyó el centro del debate. El hecho real -intentaré ser lo más breve posible- es que el Ministerio correspondiente -que en este caso es el de Trabajo y Seguridad Social- al desaparecer esa unidad ejecutora, regularizó la situación de algunas personas, pero no de todas. Entonces, los excedentes de los cargos que luego quedaron vacantes, para decirlo de alguna manera -lo explicaron las autoridades del propio Ministerio- se reparten como mejoras entre el resto de los funcionarios. Esa era una de las objeciones que plantearon los delegados de dicha Cartera; es decir que esta sería una razón por la cual no podría absorber -como ya lo había hecho antes- a estos funcionarios.

La Comisión interpretó que la misma solución que se había dado a parte de los funcionarios de esa repartición del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se tendría que haber dado a todos. Asimismo, entendió que se dio una interpretación equivocada al análisis de la ley presupuestal.

Por consiguiente, la Comisión propone al Plenario una interpretación de lo que se debería haber hecho y no se hizo, aunque sí se llevó a cabo en otras reparticiones y Ministerios.

En cuanto a si existen o no los recursos, creo que eso es responsabilidad de quien tomó la resolución. Nosotros pensamos que la ley debería haberse aplicado en ese sentido, cosa que no ocurrió. No recuerdo exactamente el número de funcionarios afectados, pero si, por ejemplo, eran 100, no se dio ninguna explicación clara acerca de por qué solamente se absorbió a 50.

Por lo tanto, se llega a esta situación, cuya única solución es mediante una interpretación del Parlamento en lo que hace al alcance que tenía la ley que se dictó en su momento y que dio motivo a todo este equívoco y, por supuesto -como muy bien lo explicó el señor Senador Gandini- a toda esta infeliz situación que padecieron muchos funcionarios públicos.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR GANDINI.- Simplemente, deseo aclarar que las vacantes no han sido eliminadas y que aquellos funcionarios que optaron por permanecer en el Estado, cuando pasan a formar parte de otro organismo, lo hacen con la partida presupuestal que les correspondía, tal como sucede en el mecanismo de la redistribución. Por lo tanto, el dinero está; no se está pagando, pero existe porque la habilitación presupuestal continúa vigente en tanto la persona sigue siendo un funcionario público, aunque no tiene un lugar donde ser incorporado. No obstante, cuando se logre su incorporación, se integrará al trabajo con su partida presupuestal, que se cancela en el organismo al cual deja de pertenecer, y se habilita en aquel al que se incorpora.

Quiere decir que la partida presupuestal, aunque sea en términos teóricos de habilitación, existe; no se ha eliminado del presupuesto. A la hora del balance de caja, ese dinero no se gastó, pero la habilitación o autorización presupuestal no fue eliminada.

En consecuencia, creemos que se trata de volver a abrir la disponibilidad para que se hagan efectivas las remuneraciones.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- A lo dicho por el señor Senador Gandini -con lo que coincido totalmente- deseo agregar que tan es así -quizás lo expliqué muy superficialmente y no se comprendió- que el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social reparte los excedentes o ahorros generados por todos esos funcionarios que ya no tiene.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Deseaba señalar que la propia estructura de la nueva persona pública no estatal prevé que los que salen de un Ministerio para integrarse a ella renuncian como funcionarios públicos. Por lo tanto, la partida que correspondía a ese cargo queda en el Ministerio correspondiente en virtud de que el que se incorpora lo hace en un régimen que expresamente se establece. Concretamente, se otorga un plazo durante el cual se pide licencia, y si después esa persona decide incorporarse a la persona pública no estatal, renuncia como funcionario público. Entonces, todos los que hayan podido salir, en realidad, han tenido que dejar el cargo con la cobertura presupuestal que tienen, tal como lo establece el propio régimen de la disposición transitoria.

Por otro lado, en materia de excedencia, el artículo 726 habla de la redistribución de las economías efectivamente producidas, pero eso es cuando realmente se trata de economías. En este caso, han quedado funcionarios que están en tierra de nadie porque no se incorporaron a la nueva persona pública no estatal y, a su vez, tampoco continúan en el Ministerio. Eso no puede ser. En este caso, los funcionarios quedaron en una situación indefinida y, en consecuencia, no es posible distribuir esos fondos entre los demás empleados, tal como se hace con las economías. En realidad, aquellos que no resolvieron pasar al Instituto Nacional de Abastecimiento tienen derecho al cargo y a la dotación, tal como expresamente establece el artículo 19 de su estatuto.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO.- Si bien comprendemos las aclaraciones que se han hecho, la verdad es que el dinero para pagar a estas personas no está. Esto es así porque ese dinero está siendo redistribuido entre los funcionarios del Ministerio, a raíz de lo cual tengo entendido que se generó este problema.

En consecuencia, el hecho de que planteemos esta situación en la forma en que lo hemos hecho, es en procura de que este proyecto de ley se remita con este tipo de información, para obligar en cierta forma al propio Ministerio a que adopte la decisión. En realidad, el financiamiento ya no existe porque, repito, el dinero ya no está.

Por otro lado, a estas personas no se les están pagando las asignaciones que les correspondía. Aquí se ha dicho con mucha claridad que están cobrando mucho menos y, por tal razón, hay que establecer -por lo menos en la discusión del proyecto de ley- que esto no es simplemente algo formal, sino que el Ministerio tendrá que disponer las medidas adecuadas para habilitar los créditos que permitan que estas personas puedan percibir los sueldos correspondientes. De lo contrario, no estaríamos cumpliendo con el objetivo de justicia que esta disposición persigue.

Entonces, el Ministerio tendrá el problema consiguiente con aquellos funcionarios a los que ahora les está redistribuyendo esos fondos y, seguramente, para ello tendrá que adoptar medidas administrativas.

Por nuestra parte, tenemos razones de tipo constitucional que en este momento no nos habilitan a generar los cargos para que esto pueda cumplirse sin ningún tipo de problemas. Quiere decir que el Parlamento no tiene la posibilidad de dar los fondos consiguientes, pero creemos que si ellos están en el Ministerio, pero lo que ocurre es que están siendo redistribuidos, esa Cartera tendrá que buscar la forma para superar la situación y cumplir con lo que establece la ley, pagándole a estos funcionarios los sueldos que les corresponden y que no perciben desde hace mucho tiempo.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quisiera manifestar que la partida que habilita a pagar a estos funcionarios fue aprobada por norma presupuestal. Entonces, el hecho de que estos funcionarios no hayan sido absorbidos por las dependencias que se formaron como personas públicas no estatales, no significa que esa partida quede anulada.

Por otra parte, las prácticas internas de los Ministerios no generan ningún precedente obligatorio ni vinculante, sino que son simplemente eso: prácticas internas. Acá lo que importa es que estos cargos existieron, no fueron eliminados; no hay una disposición legal al respecto. En cambio, estamos frente a una disposición declarativa que interpreta cuál debió ser la solución. Por consiguiente, entiendo que no hay ningún obstáculo para que se cumpla con la disposición y se pague como corresponde las remuneraciones a los funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único del proyecto.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Voy a ser muy breve, señor Presidente, porque comparto todas las consideraciones que se hicieron en Sala por parte de los señores Senadores que participan de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

Simplemente quiero decir que el Senado y, en particular, la Comisión, han actuado con mucho cuidado y con mucha prudencia -quizás con excesiva prudencia- en la solución de este tema. Hemos reclamado, en su momento, que el propio Ministerio resolviera la situación porque estaba en sus manos hacerlo. No tuvimos el gusto de contar con la presencia de la señora Ministra en la Comisión para poder plantearle de manera directa este tema y, finalmente, tuvimos que transitar por el camino de este proyecto de ley.

Cabe señalar que además de los temas que estaban planteados desde el punto de vista jurídico, y de las razones de estricta justicia que tiene esto, hay un problema profundamente humano que no fue ajeno a la discusión y reflexión de la Comisión de Asuntos Laborales, y que tiene que ver con la dignidad del trabajador. Se trata de personas que, tal como se dijo aquí, estaban en tierra de nadie, en una situación donde lo que se hacía era mendigar trabajo; digo esto con mucho respeto por esos trabajadores, porque aquí no se estaba reclamando otra cosa que poder seguir trabajando. Esa inquietud encontró en la votación del Senado la sensibilidad necesaria para entender que un trabajador que tiene el derecho de estricta justicia al trabajo, al mismo tiempo, tiene la dignidad de poder participar en esa tarea.

Pienso que no deberíamos llegar a esta situación, siendo que existen caminos marcados por la ley y potestades del Ministerio para resolver este tema con anticipación al tratamiento de este proyecto de ley en el Senado.

SEÑOR SEGOVIA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA.- Señor Presidente: no podía estar ajeno a expresar mi conformidad con el voto favorable que ha logrado este proyecto de ley. Digo esto porque esos 18 funcionarios del interior y prácticamente 32 de Montevideo recibirán con este proyecto de ley una reparación absolutamente justa y merecida, aunque también la catalogo tardía. De esta manera se logra que este grupo de funcionarios recupere el complemento de equiparación que habían perdido -que han quedado con sueldos extremadamente bajos con respecto a quienes han seguido la carrera por otros caminos- y reciban un aporte que considero sustancial, la recuperación del lugar de trabajo. Esta recuperación del lugar de trabajo es algo que buscan todos aquellos que tienen derecho a la permanencia en su puesto, para no estar en sus casas sin trabajar recibiendo remuneraciones, condición injusta para cualquier trabajador de este país.

Por estos motivos y por la vía de la fundamentación del voto, quiero trasmitir mi alegría por funcionarios que recibirán esa justa reparación, al tiempo que desaparece ese tema angustiante que trajo graves problemas sociales en el grupo.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: nos hemos sentido, en este caso, impelidos a fundar el voto afirmativo, por cuanto somos acérrimos defensores de la restricción en todo lo que tiene que ver con el gasto público y sin embargo apoyamos este proyecto.

Creemos que hay un problema de mentalidad nacional en lo que concierne a la generosidad con el dinero del Estado. Sin embargo, desde las últimas horas de ayer hemos tratado de familiarizarnos con el tema y nos pareció que el reclamo que estaba detrás del proyecto de ley que acabamos de votar, era de justicia. Aquí hay un problema humano que aqueja a varias decenas de funcionarios que, por esos avatares de los aspectos administrativos, se encuentran en una situación de notoria injusticia en la que no habían tenido arte ni parte.

Por ello, sin alejarme ni un ápice de mis criterios generales en lo que tiene que ver con la administración del gasto público, he podido votar sin vacilaciones este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Señor Presidente: en forma breve quería destacar el acierto del Senado en aprobar esta iniciativa porque, de alguna manera, la figura del funcionario presupuestado -que es la condición que tienen los funcionarios comprendidos en el proyecto- supone la tranquilidad ante una situación funcional y la seguridad en el aspecto de la remuneración. Entonces, por vía de este proyecto de ley, nos parece que se restablece una situación y, por lo tanto, se ajusta a lo que la Constitución de la República tiene preceptuado.

Pensamos que este proyecto de ley aprobado implica adaptar y ajustar, realmente, los derechos de los funcionarios de acuerdo con la carrera administrativa que cumplieron durante muchos años y que, de pronto, se vio totalmente alterada en lo que tiene que ver con los cargos y las remuneraciones en una forma que aparecía como ilegítima.

10) ACCESO EQUITATIVO DE LOS PARTIDOS POLITICOS A LOS MEDIOS DE DIFUSION

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: mociono para que se distribuya un proyecto de ley que está en la Mesa y, una vez distribuido, se trate como urgente, ya que no creo que haya necesidad de dos votaciones sucesivas.

Habitualmente, el Senado realiza primero la distribución y luego trata la moción de orden, pero, repito, no creo que haya ningún impedimento en proceder tal como lo he solicitado.

La iniciativa consta de un artículo único referente a cuestiones vinculadas al acceso a los medios de publicidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara al señor Senador Korzeniak que la diferencia radica en la mayoría. Por lo tanto, procederemos a la distribución y luego votaríamos la consideración de la iniciativa en forma urgente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la distribución del proyecto.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

11) USURA

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- Señor Presidente: mociono para que el segundo punto del orden del día sea tratado en la primera sesión ordinaria del mes próximo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es decir que estamos hablando del punto que modifica la legislación vigente, tendiente a combatir la usura.

SEÑOR BREZZO.- Además, quiero mocionar en el sentido de que las venias de designación del Presidente y de los miembros del Directorio de AFE, sean tratadas en la sesión extraordinaria del día de mañana.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: quisiera solicitar una aclaración a la Mesa, porque la última sesión de este mes es mañana y los coordinadores habían acordado que se trataría el tema del puente Colonia-Buenos Aires. Entonces, se estaría trastocando el acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Efectivamente, como es de conocimiento del Senado, se acordó suspender la sesión ordinaria del día de mañana y convocar a una extraordinaria a las 15 y 30 horas para tratar el tema del puente Colonia-Buenos Aires.

La moción que formula el señor Senador Brezzo en relación con las venias de destitución y de designación, se basa en que, en el primer caso, el plazo vence el día 19 y la Comisión de Asuntos Administrativos recién culminaría su consideración en el día de mañana. En general y como los señores Senadores saben, se trata de un tema muy breve. En lo que tiene que ver con las venias de designación, el planteamiento sería que fuesen consideradas en la misma y breve sesión secreta, al comienzo de esa sesión que, durante el resto de la jornada, se ocuparía del tema del puente.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Entonces, ¿qué puntos se verían mañana?

SEÑOR PRESIDENTE.- En la sesión de mañana se trataría el punto séptimo del orden del día de hoy, que ya contaría con el informe de la Comisión y que de cualquier manera debería ser considerado por razones reglamentarias, ya que el plazo constitucional vence el día 19; además, se trataría una venia que fue postergada en la sesión pasada y otra que fue distribuida en el día de hoy. Por su parte, el segundo punto del orden del día de hoy pasaría -en la primera moción del señor Senador Brezzo- a considerarse en la próxima sesión ordinaria que sería la primera de diciembre.

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- Como decía el señor Senador Pereyra -y lo comparto- se da una situación muy particular con respecto a la votación de estas venias; incluso, han salido artículos en la prensa. Por tanto, creo que el Senado está en condiciones de resolver este tema en el día de hoy. Entonces, voy a cambiar mi moción y a solicitar que el Senado trate en forma urgente estas dos venias en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- En todo caso, esto debería plantearse al final de la sesión, a fin de poder continuar con el tratamiento del orden del día.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la primera moción formulada, en el sentido de postergar el punto dos para la primera sesión ordinaria del mes de diciembre.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) ACCESO EQUITATIVO DE LOS PARTIDOS POLITICOS A LOS MEDIOS DE DIFUSION

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud planteada por el señor Senador Korzeniak, en el sentido de declarar urgente el proyecto ingresado en el día de hoy, que acaba de ser distribuido.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia ha sido votada: «Proyecto de ley relativo al acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de difusión».

(Antecedentes:)

Artículo Unico. - Declárase de interés público el acceso equitativo de los Partidos Políticos a los medios de difusión.

Los Partidos Políticos podrán celebrar convenios a los efectos del inciso anterior.

Korzeniak, M. Arismendi, Gargano, Segovia, Astori, Cid, Susana Dalmás. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El texto proyectado recoge básicamente, dos inquietudes: por un lado, sin introducir innovaciones sustantivas, la declaración de un principio que suponemos de máxima aceptación: el interés público en que el acceso a los medios de difusión sea equitativo; por otro, una situación coyuntural que compartida o no, se ha producido: el ofrecimiento unilateral de una organización privada de medios de comunicación, con un mínimo de espacios gratuitos para los partidos en los períodos preelectorales.

La referencia genérica a los medios de difusión, no excluye otros que pudiesen no estar representados por la organización que ha presentado la propuesta antes referida.

Korzeniak, Gargano, Dalmás, Segovia. Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En consideración.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Deseo expresar claramente que se trata de un artículo único, mediante el cual se toma en cuenta una realidad. En la Comisión se estuvo discutiendo un proyecto de ley -aparentemente, con consenso- que establece determinadas reglas para la utilización mínima, gratuita, de medios de comunicación privados. Con posterioridad, la Asociación Nacional de Broadcasting del Uruguay y algunos representantes de los canales abiertos de Montevideo se opusieron a una regulación legal y, en su lugar, ofrecieron una solución unilateral, eventualmente de autorregulación, que tenía una similitud bastante llamativa con el texto del proyecto. Planteada así la situación y luego de un intento de aprobar, en la sesión anterior, un proyecto que extendía el régimen establecido para regular la publicidad del SODRE, a los medios privados -elaborado por el señor Senador Michelini, que nosotros suscribimos y que fracasó- nosotros estamos proponiendo ahora un artículo, de alguna manera declarativo, que tiende a preservar dos cosas. Por un lado, intenta preservar un principio -partimos de la base que nadie está en desacuerdo con él- por el cual se considera de interés público que todos los partidos políticos tengan un acceso equitativo a los medios de difusión. Este es un principio que no tiene relación directa con los espacios gratuitos y pensamos que es de interés público para todos los partidos, las personas y los medios, por cuanto atañe a la libertad de comunicación del pensamiento. En primer lugar, reinvindica que el Parlamento puede dictar reglas de tipo generales y, en segundo término, tiende a reconocer que en el Senado no hubo un acuerdo en cuanto a la aprobación de normas con una regulación explícita y detallada. Este es el objetivo del esfuerzo y no oculta -lo digo a título personal- que trata de superar una situación vinculada con la votación de otras disposiciones que a todos nos resultan muy importantes.

Esta es la razón por la que solicitamos al Senado que considere en forma urgente esta norma y la apruebe. De esta manera, podrá pasar a la Cámara de Representantes donde mañana también se van a tratar las otras leyes que elaboró la Comisión Especial de Partidos Políticos de la Cámara de Senadores.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO.- Señor Presidente: siempre resulta difícil elaborar algún razonamiento con respecto a un proyecto sobre el que se ha tomado conocimiento hace muy pocos minutos. Por tanto, uno debe someterse a la rapidez de sus conocimientos, a la capacidad e inteligencia que tenga.

Este proyecto, que procura realizar una declaración, tiene para nosotros gran trascendencia ya que se refiere a un terreno muy sensible, como es el relativo al uso de los medios de difusión por parte de los partidos políticos. Es sabido que ello ha motivado una serie de actuaciones a nivel de la Comisión Especial del Senado y que se ha considerado un proyecto relativo a espacios gratuitos en los medios de difusión a cargo del Estado, que está a estudio de la Cámara de Representantes.

En lo que respecta a este proyecto específico, quisiéramos conocer el alcance que tiene una declaración de interés público. En un primer razonamiento, estimamos que una ley que establezca que es de interés público el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de difusión, afecta la libre disposición que puedan tener los medios de aceptar o no la propaganda de un partido político. Esto queda determinado con la declaración de interés público, porque si dicho interés existe, el medio que reciba la solicitud no puede negar su otorgamiento.

Estimamos que habría que determinar, en un desarrollo mayor, el alcance de la declaración de interés público. Supongamos que un medio de difusión concede a un partido político, voluntaria o comercialmente -es decir, en forma gratuita o no- determinado tiempo para la difusión de sus actividades o para hacer propaganda política. Entonces, otro partido que solicite también la utilización de ese medio tendría derecho a que le sea otorgada en forma equitativa. Me pregunto qué alcance tiene esta calificación de acceso equitativo y si significa que el medio de difusión que concede a un partido político un espacio determinado está obligado a concedérselo a otro.

Más allá de que todo lo relativo a la difusión de la propaganda o de la información que le corresponde a los partidos políticos -y que es conveniente que lo hagan- y de todo el complejo panorama generado con relación a la situación legal de los medios de difusión, creemos que una declaración de este tipo merecería, por lo menos, un desarrollo en amplitud, para determinar qué alcance tiene.

Evidentemente, allí aparece una determinación en el sentido de que el interés público tiene carácter de obligatorio, porque no se puede dejar de cumplir -en virtud de este tipo de declaración o de ley- por parte de ninguno de los que estén en condiciones de ser integrante de los medios de difusión. Teniendo en cuenta, además, que todos estos proyectos han pasado por la Comisión Especial del Senado, que ha trabajado -y lo ha hecho muy bien- en todos estos temas, estimamos que sería conveniente remitirle el proyecto para que informe. En este momento no nos animamos a dar un voto afirmativo o a expresar nuestra conformidad con él en razón de las dudas que genera, fundamentalmente en lo que hace al establecimiento de interés público en el acceso a los medios de difusión por los partidos políticos.

El contenido de la segunda parte de la disposición está establecido en la realidad actual y no necesita ley. Por tal razón no le hacemos ningún tipo de comentario, porque el hecho de que los partidos políticos puedan celebrar convenios a los efectos del inciso anterior depende totalmente de la posibilidad de que sea aceptada la declaración de interés público para el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de difusión.

SEÑOR GARCIA COSTA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANTORO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Quiero agregar a lo que dijo el señor Senador Santoro -que me parece muy oportuno- que la declaración consigna «medios de difusión», vale decir la prensa escrita, también. Digo esto porque en oportunidad reciente se discutió solamente sobre la radio y la televisión, pero al decir medios de difusión en forma genérica, obviamente se está involucrando a la prensa escrita. Alguna vez, en oportunidad de tratar este tema, señalamos que alguien de la colectividad política firmante de este proyecto de declaración había señalado que su aspiración era no sólo incluir en disposiciones como esas los medios radiales y televisivos, sino también los escritos. Pues aquí, señor Presidente, tenemos otro escalón en tal aspecto, que creo contradice abiertamente todos los principios en materia de libertad de comunicación del pensamiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Santoro.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANTORO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quisiera que se me aclarara quién hizo la afirmación que el señor Senador García Costa pone en boca de algún integrante del Senado, porque yo no la conozco.

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa ruega a los señores Senadores que no dialoguen.

¿El señor Senador Gargano ha concluido?

SEÑOR GARGANO.- Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO.- En este momento, señor Presidente, prácticamente he dicho lo que quería decir.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANTORO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: simplemente quiero afirmar que si al establecerse que es de interés público el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de difusión, el obstáculo es que se dice «medios de difusión» y que este concepto comprende a los medios escritos, entonces no tenemos ningún inconveniente en que se diga «medios audiovisuales de difusión», para evitar cualquier idea de que se quiere extender a los medios escritos. Ahora bien, si el obstáculo es que no se considera de interés público que el acceso sea equitativo a los medios audiovisuales, es otra cosa. Pero si es por esa razón, creo que los compañeros de Bancada no tendrían ningún inconveniente en incluir la expresión «medios audiovisuales de difusión» o «radio y televisión» para evitar también cualquier duda.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Santoro.

SEÑOR GARCIA COSTA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANTORO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Lo que acaba de decir el señor Senador Korzeniak demuestra a las claras el acierto del señor Senador Santoro cuando pedía que el tema pasara a Comisión. Tres minutos, no digo de debate, sino de cambio de ideas al respecto, y ya está modificado el texto de la resolución.

Parece, señor Presidente, que tiene razón el señor Senador Santoro de que esto hay que estudiarlo en el ambiente adecuado, que es la Comisión respectiva.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO.- Nosotros creemos que la declaración de interés público en la difusión de las ideas, de los programas y de la propaganda de los partidos políticos a través de los medios, es algo plenamente admisible. El punto radica en que se establece el acceso equitativo, que creemos determina una pauta que afecta la posibilidad de la libre ejercitación por parte de los medios de lo relativo a la concesión de los espacios consiguientes a los partidos.

Por esa razón consideramos que sería conveniente que esto se analizara con la finalidad de traer una discusión ya producida con la información correspondiente al Senado.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- Señor Presidente: no voy a hacer, como supone amistosamente el señor Senador Couriel, una pieza oratoria de primer nivel, pero digo que tengo las mismas reservas sobre este proyecto de ley que acabo de escuchar a los señores Senadores Santoro y García Costa. Entré a Sala en la mitad de la discusión de este tema y, por lo tanto, corro el riesgo de reiterar algún concepto no escuchado por mí previamente. Aclaro, sí, que coincido totalmente con lo que han expresado los dos señores Senadores que acabo de mencionar, pero quiero hacer algunos comentarios con la duda de no saber si ya se han realizado previamente.

Me parece que es un proyecto hecho de una forma que en vez de aclarar algunas cosas que seguramente son las que lo han inspirado, van a complicar la comprensión del tema vinculado con el acceso de los partidos políticos a ciertos medios de difusión. Digo esto, porque la declaración de que ese acceso es de interés público me plantea la primera interrogante: ¿se trata de aquello que fue objeto de un proyecto de ley que ahora está en la Cámara de Representantes y que aprobamos nosotros, es decir lo relacionado con la propaganda política? ¿O, en cambio, tiene que ver con la información de la actividad política? Me pregunto esto habida cuenta de todos los problemas que se van a suscitar. Yo lo dije en su momento en el Senado al discutirse ese proyecto que ahora está en la Cámara de Representantes: hay zonas grises que para lo único que van a servir es para que se puedan crear climas artificiales o no, pero sin duda innecesarios, de confrontación durante las campañas electorales, cuando una noticia deja de ser tal y se convierte en publicidad.

Tal como lo he dicho más de una vez, llegado a este punto los creativos que fatalmente tendremos que contratar habrán de hacer grandes esfuerzos para colocarnos en esa zona gris; zona gris que dará mérito a que intervenga la Corte Electoral, a la que le agregaremos más problemas de los que debería tener.

En verdad, no lo sé. Se me podrá decir que esto abarca todo, la publicidad y las noticias políticas, pero eso no está dicho.

Por otra parte, no entiendo -confieso que nunca lo entendí, tal vez, fruto de mis defectos personales- qué se quiere decir cuando se habla de interés público o interés nacional. Nunca entendí muy bien en qué se traduce o en qué beneficia concretamente a los receptores de una declaración de este tipo.

Tampoco sé para qué se dice todo esto. Pienso que se puede vivir en el sistema político, en la vida institucional del país como ocurre en el Uruguay, sin esta declaración de interés público susceptible, a mi juicio, de múltiples interpretaciones que seguramente no van a ser coincidentes y que aunque no lo queramos van a estar influidas por un clima electoral en el que ya estamos todos comprometidos.

El señor Senador García Costa decía hace unos minutos que el primer inciso de este artículo único se refiere a todos los medios de difusión, lo cual nos va a crear problemas jurídicos de primer nivel porque, precisamente, cuando discutimos el proyecto de ley que está ahora en la Cámara de Representantes se señalaba, con acierto, la diferencia que existe entre las ondas que el Estado concede y lo que es la publicidad escrita. Pero aquí todo ello no se toma en cuenta y es una afirmación categórica y de carácter general que, además lo digo respetuosamente a los firmantes de este proyecto de ley no se sabe bien qué quiere decir.

Entonces, en primer lugar, el inciso primero contiene una confusión acerca de lo que es «interés público» que, repito, no le agrega nada a la vida política del país.

En segundo término, abarca todos los medios de difusión. Se podrá decir tratando de aclarar que se trata de actividades de un tipo u otro, informativas o publicitarias, pero acá eso no está aclarado y no creo que sea bueno que improvisemos en esa área; se podrá especificar que no se trata de todos los medios de difusión, sino de la radio y de la televisión. Sin embargo, me parece que todo esto daría mérito a una reflexión que no estamos en condiciones de hacer en este momento.

Por otra parte, respecto del inciso segundo comparto lo que acaba de expresar el señor Senador Santoro, pero también destaco que me parece altamente inconveniente, porque al decir que los partidos políticos podrán celebrar convenios, parecería darse a entender que si la ley no los habilita no lo pueden hacer. Pienso que ha pasado inadvertido a los autores de este proyecto de ley que el principio, también en lo que tiene que ver con los partidos políticos, es el de la libertad, salvo lo que disponga la Constitución o, en su caso, las leyes. Cuando estas limitan la actividad de los partidos políticos solamente lo pueden hacer en base a lo que derive de las normas constitucionales. Digo esto, porque sin que se indique que los partidos políticos pueden celebrar convenios con los medios de difusión, lo pueden hacer y de eso no cabe ninguna duda. Entiendo que es muy peligroso el texto de este inciso porque, «contrario sensu» podría en algún momento dar mérito a que se sostenga que hay ciertas actividades de los partidos políticos, que a mi entender se pueden hacer sin texto legal habilitante, que a partir de la vigencia de un inciso como este no podrían ser posibles.

Pienso que tenemos que reflexionar y, como dije antes, el principio que hay que tener en cuenta es el de libertad. Además, las restricciones requieren texto legal en base a lo que dice nuestra Constitución. Si se me dice que esta es una interpretación equivocada digo, entonces, que el inciso segundo es peligrosamente innecesario.

En definitiva, creo que no es una mala idea que el tema dé mérito a una reflexión puesto que en lo que tiene que ver con nosotros, que no hemos participado en la confección de este proyecto de ley de un artículo único, no lo hemos podido hacer porque recién viene a nuestro conocimiento.

Al respecto, alguno de los señores Senadores preopinantes del Partido Nacional sugería que pasara a la Comisión de Partidos Políticos; puede ser una solución viable, pero quiero recordar, además, que este tema quizás fuera más adecuado discutirlo donde en este momento se encuentra radicado el proyecto de ley relativo a todo este tema, que es en la Cámara de Representantes. Digo esto porque como ejemplo de mala actividad legislativa, este sería uno de los más llamativos, pues hemos enviado a la Cámara de Representantes, primero, el proyecto de ley sobre elecciones, luego el de partidos políticos, después la ley de acceso gratuito a los medios de difusión y ahora este artículo único que pasaría a ser la cuarta iniciativa vinculada a un tema institucional de primera magnitud, que tiene que ver nada más y nada menos que con la reglamentación de la Reforma Constitucional de 1996. Tal vez sería mejor que este tema se trasladara a la Cámara de Representantes porque, de no ser así, estaríamos fraccionando arbitrariamente temas que tienen que ver con la misma materia, con el mismo objeto de la ley, lo cual no parece ser lo más adecuado.

Básicamente, repito, a mi juicio, es imposible entrar a considerar un proyecto de ley de este tipo y en este momento, en virtud de las dudas que presenta y porque, por lo menos, en lo personal, me toma, si no totalmente, bastante de sorpresa.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: cuando firmamos este proyecto de ley teníamos cierta idea de lo que iba a ocurrir y ello se ha visto confirmado por los hechos. Este es un país donde, con relación a las estrategias en materia económica y política, en general, siempre se acusa a determinados sectores de estar atrasados, de vivir en otros tiempos o de ser anacrónicos.

En esta materia de regulación de los medios de comunicación en los períodos electorales hace ya 30 años que tanto en Europa como en América Latina se ha legislado, menos en este país, en donde como estamos muy adelantados, siempre este tema es tabú y no se puede legislar.

Estamos descolocados y lo que se están defendiendo son intereses, y no otra cosa; me refiero a intereses de carácter político y económico. Tal como comenté el otro día, hace ocho años planteamos un proyecto de ley y por un «carpetazo» ni se lo abrió; lo volvimos a presentar en este Período y el señor Senador Sarthou lo actualizó hace menos de seis meses. El mismo mereció un tratamiento en la Comisión de Constitución y Legislación, en la que no hubo número, y sólo se recibió al autor del proyecto para que lo comentara, tal como figura en la respectiva versión taquigráfica. No hay interés en legislar sobre esto. Se planteó de nuevo a través de un acuerdo entre el Nuevo Espacio y el Frente Amplio, en el sentido de introducir este tema en la ley que reglamentaba las elecciones internas de los partidos, que se van a realizar en abril del año próximo. Se propuso incluir dos artículos que contenían ciertas normas para que se pudiera dar el acceso gratuito, naturalmente que en forma parcial, de los partidos en los períodos electorales. No se votó y se elaboró otra iniciativa que sólo obligaba a los medios del Estado. Concurrió a este ámbito la organización que nuclea a los medios de comunicación privada a decir que ellos ofrecían mucho más desde el punto de vista del tiempo que lo que estaba previsto en la ley; se dijo que sería mejor así, porque a través del acuerdo se podría llegar a una solución más equitativa para todos. Entonces, se legisló en ese sentido, y ese es el proyecto que se encuentra a estudio en la Cámara de Representantes. El mismo refiere solamente a los medios de comunicación estatales. Teníamos el compromiso en cuanto a que esta ley se podía votar juntamente con la que actualiza la normativa sobre los procesos de las elecciones nacionales.

Tenemos la convicción de que los promotores de esta nota tienen la idea de que va a salir este proyecto de ley tal como lo hizo el Senado, sin ninguna modificación, y que no va a servir absolutamente para nada. Lo que intentaba este proyecto de ley era darle un marco a lo que decían los sectores privados y ni siquiera eso se acepta; ni siquiera darle un marco a lo que proponen los sectores privados. Y voy a agregar algo más: es probable que nada cambie en el país con las elecciones del año próximo y que todo siga igual, pero si llega a cambiar, yo tengo la convicción de que sectores políticos que ahora no votan ni siquiera esto, van a pedir engolada y estridentemente que se regule esto, porque van a tener el temor de que haya alguna fuerza política, que a lo mejor tiene una parte o todo el Gobierno, que los obligue a morder el mismo polvo que ahora están haciendo morder a la fuerza política que ha planteado que se distribuyan equitativamente los espacios en los medios de comunicación. Reitero que se trata de una norma o una costumbre que rige en todo el mundo, menos en el Uruguay. Rige en toda América Latina, y en nuestros dos grandes vecinos; en países que tienen 150:000.000 de habitantes. No obstante, aquí somos muy adelantados y los que estamos proponiendo esto somos anacrónicos, vivimos fuera de tiempo y hacemos proposiciones que están alejadas de la realidad.

Está bien, señor Presidente, sugiero que se vote y se termina la discusión, ya que si el proyecto pasa a Comisión estaríamos como votando en contra.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN.- Las últimas palabras del señor Senador Gargano nos dejan un poco descolocados, porque parecería que quienes no estamos en condiciones de votar ese proyecto sobre tablas es porque según el señor Senador Gargano no queremos que el tema sea tan siquiera considerado o que se legisle sobre él. Esto nos parece realmente injusto. El hecho de que no haya interés en improvisar, no quiere decir que no haya intención de legislar; una cosa es legislar y otra es tener que aprobar casi sobre tablas un proyecto que ofrece algunos aspectos, que justifican una discusión más minuciosa.

Por otro lado, creo que inclusive ya se ha legislado en esta materia y, más que eso, se ha avanzado mucho en la consideración y en la opinión pública en cuanto a lo que debe ser el relacionamiento del sistema político con los medios de información. No nos parece justo entonces que se nos imputen intereses subalternos al resistirnos a aceptar a pie juntillas un texto que hace agua por tantos lados.

En ese sentido, señor Presidente, quisiera referirme a algunos aspectos que surgen incluso de una lectura más superficial, y que confirman que las complejidades están a la vuelta de la esquina. La ley se refiere a los partidos políticos. La primera pregunta que salta casi como un mecanismo reflejo es ¿cuáles partidos? ¿Los partidos con representación parlamentaria? ¿Todos los partidos políticos? Hay partidos que no tienen representación parlamentaria y que han sacado varios miles de votos y con larga tradición también hay partidos menores. Si queremos establecer un principio estricto de acceso equitativo luego veremos qué es eso, tendríamos que precisar cuáles son los partidos políticos a los cuales nos estamos refiriendo.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Virgili)

-Inclusive, si el propósito del proyecto es que todos los partidos políticos reconocidos como tales por la Corte Electoral puedan tener ese acceso equitativo, preferiríamos que se hable de partidos políticos con o sin representación parlamentaria.

Además, el meollo del proyecto es el concepto de acceso equitativo, y esto también nos crea algunas interrogantes bastante serias. ¿Qué es acceso? ¿Es la propaganda, la información de las actividades o las tareas de difusión? En el proyecto sobre publicidad que aprobamos recientemente en el Senado se hizo un intento de distinguir entre las actividades informativas y las de propaganda. El sentido común nos dice que el acceso comprende todo; vale decir que abarca todos los aspectos de la participación, de la discusión, de todo lo que un partido quiere hacer llegar a la discusión pública. Pensamos que ese artículo único asume una dimensión que ni siquiera estamos seguros que responda a la intención de quienes propician esta iniciativa. Más grave aún, desde nuestro modesto punto de vista, es el concepto de qué es lo equitativo. ¿Equitativo se refiere a la duración, en cuanto a que el acceso de todos los partidos políticos debe durar el mismo tiempo? Tal vez, equitativo quiere decir que deben responder a un mismo horario, como lo dice la ley que hemos aprobado recientemente. ¿Equitativo quiere decir gratuito? Nosotros podemos aprobar este proyecto de ley y en el día de mañana los medios de difusión podrán decir que van a asegurar el acceso equitativo, pero quién dijo que éstos tengan que ser gratuitos. Son empresas con fines de lucro y, si aseguran un acceso equitativo eso no quiere decir que sea gratuito. En ese caso quizás los autores del proyecto quieran asegurar un acceso gratuito; si quieren hacerlo, tendrían que haber incluido además de un acceso equitativo que el mismo sea gratuito.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BERGSTEIN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Voy a comenzar con una frase de mi profesor de Filosofía del Derecho, el doctor Antonio M. Grompone, quien cuando estaba examinando a un estudiante y le preguntó sobre la Teoría de la Institución, éste le contestó que se trataba de la teoría de Hauriau, pronunciándolo como se lee. El profesor lo corrigió a lo que el estudiante respondió: «Perdóneme, profesor, pero yo no sé francés». Entonces, el doctor Grompone en una frase muy festejada por quienes la escucharon dijo: «Está bien m'hijo, pero todo tiene su límite». Por eso digo que cuando en una frase se habla de partido y no se hace distinción alguna, en Derecho es muy claro -y no lo voy a decir en latín porque puede parecer una arrogancia- que «donde la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir». Si dice «partido», son todos los partidos y no sólo los que tienen representación parlamentaria. Pueden surgir otras discusiones, pero no ésa.

En segundo lugar, si dice «el acceso equitativo» y no dice gratuito, es evidente que no se trata del acceso gratuito sino equitativo. Todos sabemos lo que se quiere decir con «equitativo», porque es la palabra que además recoge -y por eso aquí dice «Declárase»- la expresión que usa ANDEBU, para ser más concretos y claros. Nosotros tenemos - en esta Sala hay un testigo y el otro es Diputado- y queremos una política de acceso equitativo a todos los partidos políticos y nuestros enfrentamientos han sido a veces con el Poder Ejecutivo y también con algún partido cuando hay determinadas directivas que aquí también las conocemos. De manera que lo que se quiere decir con «acceso equitativo» es que ninguno de los partidos se sienta desplazado. Es posible que haya razones prácticas para decir si algo es o no equitativo, pero para eso está el inciso segundo que habla de convenios. No digo que sea mi ideal, sino lo que planteó una organización privada que se llama ANDEBU, y otras del interior. Se paró un proyecto consensuado que era el Capítulo I elaborado por el señor Senador Gandini. Eso es lo que se recoge -y no tengo ningún interés en ocultarlo- porque se busca salir. Lo que no esperaba es que para oponerse a que haya acceso equitativo a los medios de difusión, cuando todos sabemos a qué nos referimos, haya que ir buscando ese tipo de argumentación un poco bizantina. Como decía Grompone, «todo tiene su límite», y por eso pedí una interrupción.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PAIS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BERGSTEIN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PAIS.- Confieso, señor Presidente, que tengo las mismas perplejidades que han manifestado algunos de los Senadores que me precedieron en el uso de la palabra. Esta es una materia muy sensible y, además, se presta a confundir lo que en definitiva se busca. Se trata de un proyecto con un artículo único que busca algo específico y, aunque desde mi punto de vista no está redactado con claridad y amerita las dudas que se han planteado, se relaciona con otro tema más sensible. Me refiero al manejo de la política de radiodifusión y la manera en que esto se refleja en su regulación legal. La interrupción del señor Senador Korzeniak me ha planteado nuevas dudas. Por ejemplo, en el inciso segundo cuando se habla de que los partidos políticos podrán celebrar convenios a los efectos del inciso anterior, uno se pregunta si se está refiriendo a todos los partidos políticos en su conjunto y con quién se puede celebrar. ¿Se está refiriendo a las entidades y a los medios de comunicación? Sin duda estos elementos no son -en base a las citas que se han realizado de otras legislaciones- motivo para un proyecto de ley que se presenta sobre tablas, con la exigencia que se trate en forma urgente. Las leyes de radiodifusión en todos los países mencionados motivaron discusiones muy prolongadas porque el tema es muy sensible y no recibe soluciones unánimes en el Derecho Comparado. Cada país tiene su realidad específica, entonces, creo que no se pueden atribuir intenciones al decir que lo que se está planteando es un cuestionamiento menor de texto. Lo que en definitiva se está haciendo es analizando la inteligencia del texto, porque lo que se pretende regular es el acceso equitativo de los partidos políticos. Por lo tanto, hay que reconocer que este tema amerita una explicación, un estudio y una posibilidad de variantes en el texto y no se puede pretender que eso suceda cuando se presenta un proyecto de un solo artículo sobre el que se debe decidir en un lapso muy corto.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Puede continuar el señor Senador Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Lamento que el señor Senador Korzeniak apenas uno improvisa algunos reparos o perplejidades provocadas por el texto presentado, rápidamente lo interprete como pretextos para oponerse a la sanción de la ley. Me parece injusto porque cuando se habló del acceso equitativo yo creí realmente que se referían a un acceso gratuito, porque el convenio con ANDEBU al que se ha hecho reiteradamente referencia, habla precisamente de un acceso gratuito, que está establecido en su propuesta. Esta propuesta ha sido una referencia desde el momento en que se ha dicho que lo que se busca es dar una consagración legal a la concesión gratuita y no dejar libradas estas cosas a los convenios. Por lo tanto, creo que es bastante razonable la conclusión que sacamos en el sentido de que el acceso equitativo se suponía como gratuito. Como ahora nos aclaran que no es así, le damos la bienvenida a esta aclaración.

Hace unos minutos el señor Senador Brezzo nos preguntó si en nuestra opinión y de acuerdo a ese texto, teníamos claro cómo se debía interpretar el hecho de que los medios de difusión emitan su propia opinión política. Supongamos que un medio de difusión tiene una inclinación política determinada o se pronuncia políticamente en una confrontación electoral, ¿el acceso equitativo significaría que se le otorga una especie de derecho de respuesta a los partidos políticos? Quizás pueda parecer un ejemplo de laboratorio pero es el resultado de una disposición que deja aspectos librados a la buena voluntad del intérprete y, al mismo tiempo, involucra aspectos muy sensibles sobre el relacionamiento entre el sistema político y los órganos de difusión.

En cuanto al segundo apartado pienso que si hoy no existiera este texto legal ¿habría algo que inhibiera a algún partido político a celebrar un convenio de cualquier tipo con uno o más órganos de difusión? ¿La disposición legal quiere decir que el conjunto de los partidos políticos podrán celebrar convenios o cada partido político por su cuenta? En un primer momento interpretamos que se refiere a que cualquier partido político podrá celebrar esos convenios. En ese caso creemos que nada se agrega porque la Constitución ya consagra la libertad de los partidos políticos diciendo que el Estado deberá velar por ella. En consecuencia, no pueden haber otras limitaciones que las que surjan del texto expreso y no conocemos ningún texto que limite la potestad de los partidos políticos de celebrar ese tipo de convenios si sus interlocutores circunstanciales están dispuestos a hacerlo. Quiere decir que se trata de un área librada al acuerdo de voluntades entre quienes participen de este convenio. Estas observaciones expresadas en forma algo desarticulada y fruto de la improvisación -realmente desconocíamos que se iba a plantear ese tema- creo que justifican con creces apoyar la propuesta del señor Senador Santoro en el sentido de que el proyecto vaya a la Comisión respectiva para un estudio algo más pormenorizado.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Realmente, tuve que hacer un esfuerzo para entender el proyecto, ya que llegué unos minutos después del comienzo de la sesión. Cuando lo leí, me llamó la atención, no sólo por las observaciones que muy bien se han hecho en Sala en la tarde de hoy, sino por la concepción y el argumento que se ha dado.

Concretamente, se ha dicho que este proyecto -fundamentalmente en su primer inciso, cuando dice: «Declárase de interés público el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de difusión»- no comprende los espacios gratuitos, sino los pagos. Me parece que esa afirmación es una temeridad. Por mi parte, pregunto a quienes presentan esta moción, si acaso algún medio de prensa le ha negado acceso al Frente Amplio, aunque pagara por él. ¿Cuál es la razón del término «equitativo»? ¿Acaso no hay equidad a la hora de contratar un espacio? ¿No existe atención a un compromiso de una fuerza política que busca contratar un espacio? ¿Se le ha dicho que no en algún momento?

El señor Senador Gargano sostuvo en su intervención, siempre con esa actitud tan positiva de mirar por el funcionamiento de la democracia, que existían intereses económicos; pero digo sinceramente que, a mi juicio, afirmar que no hay acceso equitativo a los medios de difusión, equivale a cuestionar la libertad de prensa y también la democracia misma.

(Interrupciones)

-Antes de continuar, rogaría al señor Senador Bergstein que me escuche, tal como todos lo hemos hecho cuando él hizo uso de la palabra, con mucha atención.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- La Mesa insta a los señores Senadores a seguir el desarrollo del debate.

Continúa en el uso de la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- En todo caso, podemos esperar a que el señor Senador Bergstein termine su conversación, ya que todos estamos interesados en escuchar los argumentos de unos y otros.

Quería decir que cuando estaba a punto de votarse el proyecto de ley de elecciones, firmé, junto a varios señores
Senadores blancos, la posibilidad del acceso gratuito a los medios de difusión. Reitero que fui uno de los firmantes; si no me equivoco, así lo recordó el señor Senador Pereyra en la sesión en la que consideramos el tema. Lo firmé porque entendí que era algo factible, e incluso hay un proyecto del entonces señor Senador Ortiz. Sin embargo, más tarde, en la Comisión, cuando estudiamos esta iniciativa, y también cuando la analizamos con los asesores de nuestro sector, quedaron demostradas notorias violaciones constitucionales, tal como lo demostró el señor Senador García Costa. A nuestro juicio, eso está muy claro; no se trata del tema de los medios de prensa ni de su gratuidad, ni tampoco de la necesidad de contar con esos espacios, sino que estamos ante asuntos de análisis constitucional que violan principios muy claros que figuran en nuestra Carta. Así nos lo explicó acá el señor Senador García Costa, al igual que lo hizo en el seno del Comité Ejecutivo de nuestro sector político, y convenció a muchos de los que habíamos firmado en primera instancia.

Solamente con un razonamiento muy retorcido, alguien podría creer que firmábamos para habilitar una discusión y luego cambiar de posición. Evidentemente, no fue así. Firmamos porque entendimos que era lógico.

Reitero, pues, que luego del análisis realizado en la Comisión, entendimos que existían violaciones constitucionales muy claras. Tan es así que quien firmaba en aquel ámbito argumentaba en contra de lo que había firmado. Personalmente, así lo hice en su momento en la Comisión, como lo deben recordar muy bien los señores Senadores Korzeniak y Astori. Llegamos aquí, y debemos decir que el señor Senador García Costa ha explicado este punto mucho mejor que nosotros en la sesión en la que se consideró el tema del acceso a los medios de difusión en forma gratuita. A mi juicio, sus argumentos no han sido rebatidos por nadie en la Cámara de Senadores. Los conceptos que el señor Senador manejó fueron muy claros, y nadie los contestó ni los rebatió, aunque se le quiso asignar intenciones en dos o tres oportunidades. Ahora, este proyecto de ley nada tiene que ver con el otro.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Simplemente, quiero aclarar que es posible que las exposiciones que se hicieron rebatiendo la opinión del señor Senador García Costa no hayan convencido al señor Senador Heber; sin embargo, no es cierto que no se le haya rebatido. El señor Senador Santoro hizo una extensa exposición rebatiendo toda la tesis del señor Senador García Costa. Personalmente, no hice lo mismo para no aburrirlo y porque ya había hecho mi exposición en la Comisión, habiéndola escuchado el propio señor Senador García Costa y también el señor Senador Heber.

Reitero que el señor Senador Santoro hizo una extensísima exposición rebatiendo punto por punto lo que había manifestado el señor Senador García Costa. Es posible que ella pudo no haber convencido al señor Senador Heber, pero el hecho es ese.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- No viene al caso recordar de memoria; quizás yendo a la versión taquigráfica podríamos volver a refrescar la discusión.

Lo cierto, señor Presidente, es que no me convencieron los argumentos que se esgrimieron; personalmente, no considero que se hayan rebatido los argumentos de orden constitucional establecidos en ese momento. Eso no quiere decir que no coincida con el señor Senador Santoro en la necesidad, si no hubiera este tipo de reparos constitucionales, de firmar una moción, un artículo aditivo, en la ley de elecciones, que no tiene absolutamente nada que ver, habiendo sido condicionadas dos leyes más respecto al hecho de que se votara este tema, en cuanto a la necesidad de que hubiera espacios gratuitos para los partidos políticos. Sin embargo, el razonamiento de orden constitucional nos ha llevado a adoptar otra posición.

Está claro, entonces, que no son grupos económicos los que, de alguna manera, están entrelazados con intereses cruzados, de modo tal de tener espacios y dominar los medios; tal es el argumento de la izquierda en toda América Latina. Días pasados vimos perder por «paliza» en el Brasil a Lula, un candidato de izquierda, y su argumento es que los medios de difusión no le dieron los espacios necesarios. Siempre la ultra izquierda sostiene el mismo argumento: que no tienen espacios para poder difundir sus ideas. Nunca dicen que quizás sus ideas no sean de recibo; plantean las cosas como si se tratara de un tema relacionado con los medios de prensa y no con la opinión de la gente. Según ellos, las personas son manipuladas, llevadas por el capital y por el interés económico a votar de otra manera, casi cuestionando el sistema bajo el cual estamos viviendo.

Entonces, quienes ven este tema como un problema, asignan magia a los medios de difusión; tan es así que en el primer gobierno del Frente Amplio a nivel departamental, la mayor inversión que se hizo fue en los medios de comunicación, en aras de una imagen que luego proyectaron para un candidato a la Presidencia. De hecho, invirtieron mucho más en la imagen que en las obras que pudieran hablar por ellos. Aparentemente, se trata de un tema de imagen; es una concepción y no una cuestión de resultados. Piensan que llegando al poder y dominando los medios, se permanece. Creo que estamos ante una concepción diferente en cuanto a la forma en que nos debemos regular. Pienso que de ahí viene la insistencia en este tipo de proyectos.

(Ocupa la Presidencia el licenciado Hugo Fernández Faingold)

-Quiero decir que me parece muy grave lo que se dice en este artículo único: «Declárase de interés público el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de difusión». ¿No hay acceso equitativo a los medios de difusión en nuestro país? Aparentemente, no lo hay; al menos, así lo señala esta afirmación. Entonces, más que esas elaboraciones tan intrincadas que hacen algunos Senadores de la izquierda nacional, me gustaría que como argumento se dijera cuándo no se les permitió acceder a un espacio en los medios de difusión, porque esos espacios son pagos; es decir, no estamos hablando de los espacios gratuitos. ¿Ha existido un episodio en el que, habiendo contratado el espacio, se haya negado el mismo a alguna fuerza política? Si la respuesta es sí, entonces que se diga cuál fue el medio y cuándo sucedió. Personalmente, me parece que eso no ha sucedido en ningún medio de difusión. Pienso que no es cierto y que sí es grave para la libertad de prensa, para los dueños de los medios y para el país todo, que se hagan afirmaciones de este tipo, es decir, que se diga que aun pagando, contratando el espacio, no se accede a los medios. No hemos oído que haya sucedido algo así hasta ahora.

Debatimos lo relativo al espacio equitativo gratuito en función de una representación parlamentaria, tratando de atender a algunos partidos que lamentablemente o no tan lamentablemente -porque eso depende de quien se pueda encontrar en una situación de falta de representatividad- no la tenían, como la Unión Cívica y, por lo tanto, no estaría comprendida en el proyecto de ley que se votó en la sesión anterior cuando se trataron estos temas.

Vuelvo al meollo del asunto. Esta declaración de interés público creo que es una ofensa al sistema político y democrático del país, porque se están haciendo afirmaciones que para mí son graves. Vuelvo a decir en voz alta y clara: ¿existió algún episodio en el que el Frente Amplio o alguna fuerza política del país no pudo acceder a un medio de comunicación, aun contratando el espacio? Eso no es así. Ya discutimos lo que tiene que ver con los espacios gratuitos; aquí estamos hablando de que no hay equidad en los espacios contratados. Eso, de alguna manera, es una novedad para mi, y creo que nos hiere a todos, no solamente a la fuerza política que está diciendo que no puede acceder.

Se dice muy suelto de cuerpo: «en el mundo hay este tipo de leyes». No las vi; tráiganlas. No afirmen más a la ligera que en el mundo existe este tipo de leyes, porque no las hay, por lo menos, en el mundo democrático. Dicen que el Brasil y la Argentina tienen este tipo de legislación. Yo vi los disparates que suceden en la televisión brasileña porque fui Diputado por el departamento de Rivera. En aquella circunstancia aprecié el horror que significa una propaganda política tras otra, a tal punto que el ciudadano lo primero que hace es apagar la televisión y escuchar cualquier otra cosa que no sean los mensajes políticos. Lo mismo sucede en la Argentina. ¿Brasil y Argentina son ejemplos democráticos para el Uruguay? ¿Son nuestro espejo esos dos países, o son las democracias estables de Europa? ¿Y en Europa, en la Francia socialista, o en Italia, existe esta ley? Tráigamela, señor Senador Gargano, pero no afirme así no más. Diga dónde está, tráigamela y seré el primero en reconocer que en un mundo democrático existe la inconstitucionalidad que expresa nuestra Carta -no sé si la Constitución de ellos lo dice- en cuanto a lo que puede ser un régimen de concesión y el derecho de propiedad que puedan tener los dueños de los medios.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Creo que la discusión es bastante ociosa, tal como lo dije en mi intervención anterior; ya hemos discutido este asunto.

El señor Senador Heber ha dicho que el desaparecido Senador Ortiz trabajó sobre este tema. Desafortunadamente, el señor Senador Heber no estaba presente en la primera ronda de debate, cuando hice la historia de la discusión de este tema en el Senado. Este proyecto de ley se está analizando desde 1985, a raíz de una iniciativa relativa a partidos políticos que presentó el entonces Senador Eduardo Paz Aguirre, y de otros proyectos que propuso la Corte Electoral en una Comisión Especial que trabajó durante varios años y que elaboró un texto, en la que trabajé junto con el ex Senador Ortiz y con otros Legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado. Allí se presentaron los antecedentes legislativos que el señor Senador Heber está pidiendo. Búsquelos, y allí podrá encontrar las leyes francesa y española, así como las disposiciones que rigen en Alemania y en Inglaterra. También allí figuran los antecedentes que el señor Senador conoce. Ahora bien, que al señor Senador Heber le parezca mal lo que dicen los partidos políticos brasileños o los argentinos, o que juzgue que son democracias de segunda clase, es un tema de él, no mío, pero antecedentes hay.

Realmente, creo que en esta materia lo que se ha intentado hasta ahora, sin éxito, es posibilitar que más allá de los recursos económicos que cada partido tenga y pueda invertir en la propaganda electoral, haya un mínimo base a través del cual la población pueda enterarse de las propuestas de cada uno. No se pedía otra cosa que eso, que es lo que efectivamente se realiza en todo el mundo; no está prohibida la campaña electoral pagándola en unos medios o en otros.

Al respecto, voy a dar un solo ejemplo. En la campaña electoral realizada recientemente en el Brasil, un periodista uruguayo comentó -creo que en la radio El Espectador- lo siguiente. El día antes a las elecciones este periodista, que está radicado hace mucho tiempo en Brasil, descubrió que el Instituto Brasileño de Opinión Pública -que es el que hacía las encuestas y que había sido cuestionado por la forma en que las llevaba adelante y las difundía- era privado y no público, como pensaba hasta el día anterior, vinculado a la Cadena O Globo, que es la que controla todos los medios de comunicación masivos que existen en ese país. Fue la que, efectivamente, fabricó candidatos -esta es una opinión personal- como el señor Collor de Mello, y lo impuso a la opinión pública.

Por supuesto, no tengo la aspiración de que hoy se vote nada, ni siquiera esto que es encuadrar lo que, a mi juicio, es una forma de dar marco a lo que proponía el sector privado. Ya dije que me parece negativo que los partidos políticos de este país tengan que acordar con el sector privado. Considero que es importante legislar, pero no acordar, porque el sector privado en esta materia es el concesionario de un instrumento público de gran importancia, y por algo el Estado es el que otorga la concesión a los medios de comunicación audiovisuales.

Quiero recordar lo que dije en mi intervención anterior. No sé lo que va a pasar el año próximo; a lo mejor el país mantiene sus características tradicionales y los resultados electorales no cambian el espectro político, pero si ello sucede, tengo la seguridad de que voy a escuchar muchas voces, que hoy rechazan esta propuesta, levantarse con énfasis a reclamar para que exista una legislación de este tipo. Créame que si corresponde que yo dé mi voto, lo voy a hacer, pero no graciosamente, sino con el mismo énfasis que ahora, para que todo el mundo tenga una total equidad en cuanto al acceso a los medios de comunicación en las campañas electorales. Me parece que este es un modo de democratizar la vida política y de dar garantías a todos, cuando se es Gobierno y cuando se es oposición.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Termino diciendo dos cosas. Por supuesto que no mencioné democracias de segunda; simplemente, he dicho que democráticamente el Uruguay tiene una tradición que no le tiene que envidiar a ninguna nación del mundo. Quizás por orgullo nacional -que lo tengo muy desarrollado- no veo en otras naciones de América o del mundo lecciones democráticas para aprender. Naturalmente, podemos encontrar ejemplos de naciones que han resuelto mejor que otras algún problema, pero no es un argumento decir que en América Latina existe este tipo de ley. Lo digo con mucho respeto por las otras naciones, pero quizás con un orgullo mayor por la nuestra y por nuestras propias tradiciones.

El tema constitucional fue la barrera que existió para que no se pudiera votar el proyecto del ex Senador Dardo Ortiz, que tenía la misma intención. Entonces, sin prejuzgar intenciones, señor Presidente, nuestro partido había presentado un proyecto de ley en este sentido y eso lo confirma el mismo señor Senador Gargano. Los problemas de orden constitucional que seguramente percibió el entonces Senador Ortiz -que estaba muy apegado a los principios constitucionales y a los cuales hizo honor a lo largo de su trayectoria en el Senado- lo llevó a desistir o a no insistir demasiado en un proyecto de ley en el que quizás muchos de nosotros creíamos, pero esa es otra discusión.

Respecto a lo que dice el señor Senador Gargano en cuanto a la particular situación del Brasil, en la que Lula y este periodista señalaban que no habían tenido acceso a los medios de prensa, hay que recordar que allí hay espacios gratuitos, porque en ese país existe una ley como la que quiere votar el señor Senador Gargano. Entonces, si bien en el Brasil existe una ley que otorga espacios, en los que pueden decir lo que quieran e informar a la población, el argumento es que los medios de comunicación son los que dominan la democracia. Esto no es de recibo, señor Presidente.

Se habla de la particular situación empresarial de los dueños de los medios de comunicación que se vive en Brasil, que sin duda es diferente a lo que estamos analizando. Es más; si un día se quiere considerar el tema de la propiedad de los medios de comunicación, lo haremos con mucho gusto, pero insisto en que no es lo que estamos abordando en este momento. Ahora bien; si en el fondo se está haciendo un cuestionamiento, que se haga directamente y tengamos la verdadera discusión que corresponde, es decir, la que cuestiona a los dueños de los medios de comunicación y el régimen en concesión que da el Estado. Insisto: si es eso lo que se quiere discutir, deberá presentarse un proyecto de ley que lleve a corregir esa situación que, a juicio de un sector político, está mal.

Sin embargo, el acceso gratuito a los medios de difusión, sobre todo la televisión y la radio, ya se ha logrado. Se dice: «No me alcanza con los acuerdos». Si el tema era estar presente, cabe recordar que ya existió un entendimiento. Asimismo, se expresa: «Los partidos políticos no pueden tener este tipo de entendimiento». Pregunto por qué no pueden tenerlo, si de lo que se trata es de difundir las ideas. Si ello se hace por ley o por entendimiento de autorregulación, el fin se cumple. ¿O acaso el fin es otro? Si así fuera, dígase claramente y tendremos la discusión correspondiente, pero no insitamos en ese tipo de proyectos que ahora agravan la situación, porque ya no se trata de tener acceso gratuito a los medios de prensa, sino que, aun contratando y pagando, se dice que no hay un acceso equitativo. No puedo votar un texto de esa naturaleza, porque ello supone afirmar algo que no existe en mi país; de lo contrario, exhorto a que en esta sesión, o en cualquier otra, se señale que en un medio de comunicación se ha visto que una fuerza política, aun contratando espacio, no puede difundir sus ideas. Eso sí me parecería grave, pero no ha pasado; no existe en la realidad ni ocurrirá en el Uruguay. Digo esto, sin perjuicio de que podamos coincidir en la necesidad de que los partidos políticos tengan espacios y facilidades para difundir sus ideas.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: quiero dar un enfoque un poco distinto a este tema.

Deseo señalar que si la intención de los proponentes fuera la de establecer estas características en un proyecto de ley breve y que si se quisiera consagrar aquella oferta que se hizo por parte de algunos medios de comunicación de que pudieran existir convenios bilaterales entre los partidos políticos y los medios de comunicación para otorgar espacios publicitarios gratuitos, de modo tal de impedir que uno o un grupo de medios de comunicación hicieran un convenio de publicidad gratuita por un tiempo con un partido político y, con otro, no lo hicieran por el mismo período, sino uno mucho menor, de pronto me animaría a discutirlo y a votarlo. Digo esto, porque estaríamos estableciendo en un texto legal que cuando un medio de comunicación otorga, por convenio, espacios gratuitos a un partido político, debería tener la obligación de otorgar la misma cantidad de minutos gratuitos a todos los partidos políticos. Si ese proyecto de ley dijera eso, podríamos discutirlo y trasladarlo a la Comisión correspondiente. Sin embargo, este proyecto se las ingenia para, en muy pocas palabras, dejar una cantidad de dudas, pues utiliza una serie de términos que, combinados, pueden dar lugar a muchas interpretaciones; además, no coloca algunos otros términos que serían fundamentales si el resultado fuera el que yo reseñaba hace un momento.

Por ejemplo, se combinan las palabras «acceso», «equitativo», «partidos políticos» y «medios de difusión»; están ausentes los términos «gratuita» y «publicidad». Lo que se está indicando es que medios de difusión ya no son sólo -como lo hemos discutido- la radio y televisión, sino también la prensa escrita. Esta es también un medio de difusión; pero en el texto no se dice radio y televisión, sino «medios de difusión». También se habla de «partidos políticos», pero no se precisa «partidos políticos con representación parlamentaria» como en acuerdos generales, se dejó en claro en varias discusiones de la Comisión Especial que estudió el tema. Es así que no sabemos si son todos los partidos políticos o los que tienen representación parlamentaria.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GANDINI.- Pido al señor Senador que me deje concluir el razonamiento e inmediatamente le concederé la interrupción.

En el proyecto de ley se habla de «acceso equitativo», pero no de publicidad, tema que nos preocupamos por definir en la ley que votamos en virtud de una moción del señor Senador Astori, que todos acompañamos, y que hacía referencia a la publicidad de una pieza profesional, elaborada con ese objetivo, con criterios definidos, como pieza comercial, etcétera. No sabemos si la expresión «acceso equitativo» incluye la publicidad, los programas donde habitualmente hay reportajes o debates, la participación o la presencia en los informativos de televisión, los espacios gratuitos exclusivamente, o también la publicidad paga. Todas estas dudas, combinadas, más la ausencia del establecimiento de si es publicidad y si es gratuita, son las que conducen a un sinnúmero de posibles interpretaciones.

Antes de continuar, con mucho gusto concedo la interrupción que me ha solicitado el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero decir que en la sesión en que se trató el tema de los medios de comunicación, ya aclaramos que si el obstáculo era que quedaran comprendidos los medios escritos, no había ningún inconveniente en precisar que se trataba de la radio y la televisión o, dicho en otras palabras, de los medios audiovisuales. Ese aspecto ya se aclaró hace un buen rato.

En segundo término, queremos señalar que la disposición no restringe a los partidos con representación parlamentaria, y que lo que procuramos fue recoger algo que el propio señor Senador Gandini incluyó en su proyecto de ley. Es más; recuerdo hasta lo que dijo: «porque con este texto superamos el tema de la Unión Cívica, que no tiene representación parlamentaria». La verdad es que me estoy enterando de que en este Senado habemos 31 juristas que estamos buscandole pelos a la leche en el asunto.

Quiero decir con enorme franqueza -y no es fácil hacerlo- que con esto estamos tratando de buscar una salida para que se puedan votar proyectos de ley en la Cámara de Representantes, que se van a considerar mañana; por eso es la urgencia, pero no para generar ningún tipo de problema. Precisamente, como todo el mundo sabe, el Nuevo Espacio y el Frente Amplio habían dicho: «Señores, en esta oportunidad queremos que se apruebe alguna norma sobre publicidad». Si ello se quiere limitar solamente a los gratuitos y si se sospecha que, al hablar de «acceso equitativo» sin decir «gratuito», estamos hablando de algo mucho más tremendo, entonces póngasele «gratuito».

El tema es muy claro. La palabra «declárase» intenta lo siguiente. Hay datos concretos de casos que, no por culpa del medio, sino por instrucciones que recibieron, no se podía avisar; un ejemplo de ello es el caso de la campaña del voto verde en donde hubo un aviso rechazado, aunque se ofrecía pagar bastante bien y al contado. Eso hay que decirlo, y no soy el único Senador que conoce ese episodio. Incluso, se logró que sólo en Treinta y Tres se publicara, por supuesto que pagándolo, pero en Montevideo no fue posible hacerlo, aunque no por culpa de los medios. La palabra «equitativo» es la que, en una reunión que mantuvimos días pasados con representantes de ANDEBU, fue usada varias veces por gente de los medios. A esos efectos, se incluye el término «declárase», para que nadie diga que estamos criticando lo que hay y, por ende, estamos instaurando algo. Además, en la Exposición de Motivos se dice: «Sin introducir innovaciones sustantivas», en referencia a la declaración de un principio que suponemos de máxima aceptación.

De manera que ese tema está claramente explicado.

Reconozco que no es fácil la comprensión del proyecto en una primera lectura; sin embargo, todo el mundo conoce la existencia del proyecto de ley que se refería a mínimos espacios gratuitos. Pero fue a partir del momento en que nos visitó ANDEBU cuando comenzaron las objeciones constitucionales y esto se puede comprobar leyendo las versiones taquigráficas correspondientes. Como todo el mundo sabe, el Frente Amplio se reunió con ANDEBU y se habló de todos estos temas. Entonces, lo que quisimos fue buscar una salida sencilla y clara. En este sentido, no tenemos inconveniente en que se incorporen las palabras «televisión» y «radio», «acceso equitativo gratuito» -para que no se crea que estamos hablando de otras cosas- o «acceso publicitario», ya que esto se puede hacer en forma muy rápida. Pienso que el tema es que no se quiere legislar en un asunto en el que hasta hace muy poco tiempo parecía que sí, al menos en el seno de la Comisión.

A título personal, quiero decir con total franqueza que no se pueden evitar determinadas acciones de los medios de comunicación y esto no ocurre por culpa de los mismos. Más de una vez hemos constatado que esto se debe a que existen ciertos misterios que no pueden develarse. Al respecto, cabe preguntarse -ya que se ha hecho referencia a las posiciones de la izquierda- si es sólo la izquierda la que dice que la pérdida de la elección es debido a los medios de comunicación. Sostengo que no se trata sólo de la izquierda, ni de los líderes de la misma. Vamos a poner las cosas en su lugar: las embestidas atribuidas a la prensa no se han hecho por parte de nuestra fuerza política. No quisiera con esto provocar una discusión política sobre este tema; pienso que se trata de un asunto muy sencillo para el que hemos intentado encontrar una salida elemental para un paquete de leyes que se va a votar en el día de mañana. No queremos que después se haga una campaña política diciendo que el Frente Amplio se negó a votar estas leyes porque quiere chantajear con los medios de publicidad.

Finalmente, debo decir que creo que deben eliminarse los votos observados, que es lo que va a dar más trabajo a la Corte Electoral y, al mismo tiempo, evitará un problema en la Cámara de Representantes. De esta manera, no discutiríamos más sobre este tema, ya que se pierde mucho tiempo.

Con mucha franqueza quería aclarar, porque estuve presente en la reunión a la que hice referencia, que no fue oculta, que hablé con los representantes de los medios de comunicación y les mandé este texto que estamos considerando, del cual no he obtenido respuesta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Pienso que la intervención del señor senador Korzeniak fue muy extensa, sobre todo, en la cantidad de temas que abordó, algunos de los cuales fueron aclarados en su exposición.

Antes que nada, quiero manifestar que en el proyecto que redacté, cuando se estaba resolviendo acerca del planteo realizado por la Unión Cívica, se especificó el acceso a los espacios gratuitos de publicidad para los partidos políticos con representación parlamentaria o aquellos que, sin tenerla, sí la hubieran tenido en alguna de las últimas tres elecciones. De esta manera, incorporamos a este sistema un partido político con tradición, pero no a una veintena de partidos políticos que se forman, ya que no parece justo que tengan un igualitario acceso gratuito a los medios de comunicación televisivos y radiales. Este era el concepto que todos acompañamos en la Comisión. Es decir, hicimos una discriminación y la aprobamos: discriminamos a los partidos políticos con representación parlamentaria actual o que la hayan tenido, de aquellos nuevos que recién aparecen que, inclusive, muchas veces generan problemas en la Corte Electoral, en el sentido de si se autoriza o no a los mismos a funcionar en el país.

Precisamente, creo que esa suerte de misterios que señalaba el señor Senador Korzeniak, que no puede detallar ni especificar de donde viene, siempre existirá, así como también las embestidas o los candidatos que no llegan a la Presidencia en otros países y se quejan de que los medios de comunicación sacan y ponen Presidentes, con minutos gratuitos de publicidad o sin ellos. Pienso que hay aspectos más sutiles que aún hoy vemos en los medios de comunicación. Por ejemplo, actualmente existe publicidad gratuita para algunos precandidatos presidenciales; en realidad, no se trata de publicidad gratuita, pero algunos precandidatos no necesitan pagarla. Esto lo apreciamos observando la televisión estos días, a pesar de que otros no puedan aparecer en ella. Esto no es responsabilidad de los medios de comunicación, por lo que no podremos regular con una inocente ley estos aspectos, sino que son otros los que importan. Tampoco podremos cambiar ese poder que tiene la comunicación actualmente con un simple proyecto de ley que diga que si todos tenemos un convenio con los medios de comunicación, deberemos tener el mismo convenio para acceder en forma igualitaria. Como he expresado en otras oportunidades, aunque tengamos acceso gratuito a treinta minutos de publicidad, luego vamos a contratar una docena de horas más; la diferencia está en que algunos podrán pagar dos docenas de horas, porque tienen los recursos y el dinero para hacerlo. Después que votamos esta ley dejamos de ser Senadores por la investidura de la representación popular para pasar a ser clientes que negocian minutos, tarifas, formas de pago y allí existe una relación privada entre un cliente que va a contratar y un dueño de una empresa privada que utiliza la concesión que le dio el Estado, pero que también usa la planta emisora y la antena que son de su propiedad. La equidad está en cómo nosotros podamos manejar esas relaciones de poderes reales y no en los treinta, cuarenta o diez minutos gratuitos de publicidad. Si eso es lo que se quiere discutir podemos volver el tema a Comisión; sin embargo, creo que este proyecto de ley, tal como está redactado, abre una serie de dudas inclusive más grandes que las que teníamos hasta el día de hoy y nos puede embarcar en una situación de difícil resolución. Reitero que el mismo habla del acceso equitativo y no de la publicidad; no establece si se refiere a la publicidad paga o a la gratuita -pues se refiere a todos los partidos políticos- no puntualiza si tiene en cuenta otros espacios que no sean publicitarios -pueden ser mensajes, informativos, debates, reportajes- y creo que pone el centro de la discusión en otro punto, lo cual sería como empezar de nuevo. Valoro realmente que se esté buscando una salida, porque siempre he dicho que me parece una desproporción dejar al país sin una ley de elecciones actualizada, con el nuevo régimen constitucional y con una ley reglamentaria de los partidos políticos que pone en grave situación a la Corte Electoral ya que debe resolver y administrar una situación nueva sin tener las herramientas legales claras para poder hacerlo y siendo, quizás, objeto de nuestras permanentes críticas cuando vaya resolviendo por mayoría las reglas de juego que la ley no le dio. Entonces, para evitar todos esos problemas y el desgaste del Organo que imparte justicia electoral, es bueno que tengamos las leyes correspondientes. Por este motivo, reitero, es que valoro que se esté haciendo el esfuerzo del diálogo para encontrar caminos. Sin embargo, creo que este no es un proyecto feliz; lamentablemente, no lo conocimos antes y nos encontramos con él repentinamente en Sala, con muy poco espacio para poderlo conversar, negociar o hasta modificar. Si la intención es la que establece el señor Senador Korzeniak, creo que lo más sano es que el proyecto de ley pase a la Comisión, para buscar una salida, tratando de que se resuelvan estos aspectos. Considero que debemos valorar las buenas intenciones que aparentemente aquí se señalan, es decir, la de aceptar que los partidos políticos, por convenio, puedan acceder en forma equitativa, igualitaria y gratuita a los medios de comunicación para enviar sus mensajes a la población, que es la propuesta que ANDEBU hizo a la Comisión. Personalmente, estaría de acuerdo con ese aspecto, pero este texto está muy lejos de esa interpretación.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARTHOU.- Señor Presidente: no pensaba hacer uso de la palabra, ya que estos temas los habíamos discutido cuando se debatió el proyecto de ley. Sin embargo, algunos fundamentos expuestos nos llevan a, por lo menos, dejar aclarada la posición, por aquello de que «el que calla, otorga».

Con respecto a la influencia de los medios de comunicación en el plano de la vida política de los distintos países, debo decir que no hay sociólogo que hoy no analice, estudie ni defina la incidencia poderosísima de dichos medios, ni desconozca que los mismos están obedeciendo a capitales muy importantes que tienen interés en influir en la vida política de los países.

Ramonet, autor de «Le Monde Diplomatique», dice que hay dos realidades, y una es la que crea la televisión. Entonces, ¿quién puede negar que el ámbito de los medios, especialmente los visuales, significa un factor poderoso en la conformación de las posiciones políticas de la población?

Por otro lado, no estoy de acuerdo con que el juicio de la libertad dependa de cómo se ejercita; la libertad va de por sí. Si la libertad de los medios de comunicación está mal utilizada desde el punto de vista del enjuiciamiento de cómo se ejecuta, no quiere decir que no sea imprescindible que exista; a esto se refería el señor Senador Gargano. Puedo discrepar con la forma en que se utiliza un espacio publicitario, pero me niego a no admitir la necesidad de que exista esa posibilidad de acceso equitativo e igualitario. Por lo tanto, me parece que consagrar la libertad no tiene nada que ver con la modalidad con que se ejercite. Tampoco me gusta cierta literatura y no por eso voy a tratar de negar que es bueno que exista una literatura y haya libertad de escribir.

El tercer punto tiene que ver con algo que es absolutamente violatorio de la lógica. Cuando se establece un deber ser no se está definiendo, necesariamente, en forma negativa que eso no se dé en la realidad; se postula un principio de deber ser. Decir «declárase de interés público», por la contraria, no quiere decir que no exista, porque es posible ratificar datos del ser a través de un deber ser. De manera que agravia la lógica sostener que al establecer un principio general de interés público estamos diciendo que no existe. Se ratifican postulaciones del deber ser en elementos que están dados en la práctica. Insisto: no me parece que se pueda inferir que se declara de interés público el acceso equitativo porque eventualmente puede ser distinta la realidad y por eso existe el deber ser ratificatorio de algo que está dado.

En lo que tiene que ver con el proyecto de ley, debo confesar que tomé conocimiento del texto en el día de hoy y lo veo como dos principios distintos.

Con respecto a la declaración de interés público en el acceso equitativo -creo que incluso se había aceptado que se aclarara que era gratuito- debo decir que se trata prácticamente del contenido del proyecto al que habíamos llegado por la vía del consenso. Precisamente, habíamos establecido que existía un interés público en el hecho de que los partidos políticos tuvieran un acceso equitativo. El interés público radica en que la opinión democrática se forme con el conocimiento de todas las posiciones; en este plano, el pluralismo de la democracia se ejercita a través de la forma más subjetiva que existe hoy en día, que es la de la imagen, la que debe llegar en forma igualitaria a todos los partidos, en un mínimo de forma gratuita. Posiblemente, aquí falte el término «gratuito», que era aceptado por el señor Senador Korzeniak como una clarificación.

A su vez, la apertura que hacía el señor senador Gandini en cuanto a buscar formas de viabilidad a través de alguna corrección, me parece que es un elemento positivo con respecto al trámite que este proyecto pueda tener en la Cámara de Representantes.

En cuanto a la referencia que se hace en el segundo párrafo acerca de que los partidos políticos deberán celebrar convenios a los efectos del inciso anterior, digo que es un dato que no es deber ser, sino una realidad, es decir que lo pueden hacer. Apoyo esto en el sentido de que es un dato de la realidad que puede ser, pero no es la vía que debería ser. Nosotros entendemos que debe hacerse por ley, porque ésta tiene la generalidad de comprender para siempre, y no para quienes acuerdan en un momento determinado. La firma de un contrato con entidades privadas limita a los contratantes y, por lo tanto, no tiene la generalidad equitativa que impone una ley. Por tal motivo, a nosotros no nos pareció bien -y lo dijimos aquí- que se sustituyera el texto de una ley por la posibilidad de realizar contratos privados. Esa es una especie de contractualización virtual de lo que es la actividad legislativa, que debe estar ajena a la negociación. Es lógico lo que aquí se aclara en cuanto a que serán los partidos políticos, pero igualmente quiero aclararlo porque la comparecencia de ANDEBU de algún modo confundió las cosas, haciendo posible que quedara descartada una iniciativa en función de que era posible que los partidos políticos, fuera del plano parlamentario, celebraran acuerdos. Puede servir como aclaración el hecho de que se establezca «a los efectos del inciso anterior». Se está postulando que los convenios deberán tener el elemento objetivo de equidad que establece el primer inciso.

Luego de estas aclaraciones, debemos decir que compartimos las ideas contenidas en el proyecto y creemos que es posible que las rectificaciones del caso que se han planteado aquí -medios audiovisuales, la gratuidad, etcétera- permitan viabilizar las soluciones de fondo que indicaba el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR SEGOVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA.- Cuando en el Senado se discutió el proyecto de ley por espacios de publicidad en los medios de radiodifusión, ante la preocupación que existía sobre el tema por parte de la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay, participamos de una reunión con integrantes de su Directorio, en la que plantearon abiertamente sus objeciones ante el hecho de que el tema fuera tratado a través de una ley. En tal sentido, ya existía una resolución tomada por parte de la Mesa política del Frente Amplio de buscar el camino legal para reglamentar los usos de la radiodifusión. Lógicamente, el punto no se abordó como una política nacional de comunicaciones -algún día habrá que hacerlo- pero se tomó en cuenta el interés público, ya que esta actividad -la de radiodifusión- contiene en la propaganda política gran interés público, usando ondas concedidas por el Estado, que son bien público y concesiones a término.

ANDEBU cree que la legislación en trámite podría contener inconstitucionalidades, que dejamos de lado por cuanto no quedaban claramente confirmadas. Como camino alternativo veían la vía del entendimiento y no la legislación. En la primera no visualizaban estabilizado el relacionamiento con los partidos políticos. Los propios integrantes de ANDEBU fueron acordes en el sentido de que había que buscar alguna forma de estabilizar, garantizando la institucionalización para la equidad tan mencionada en esta discusión. Sostuvieron la necesidad de profundizar la equidad, ya que en la propuesta se hablaba de buscar el perfeccionamiento de la forma de comunicación entre los partidos políticos y la ciudadanía en los procesos electorales. Insisto: se habló de equidad, y a partir de ese momento fueron contestes en el sentido de que era absolutamente conveniente que quedara institucionalizada dicha equidad, ante lo que manifestamos no ver otro camino para hacerlo que no fuera el de la ley.

Como otro dato importante, debo decir que ANDEBU mantiene la propuesta de sustitución del mecanismo legal por un compromiso unilateral con los medios de radiodifusión para la adjudicación de espacios.

ANDEBU busca sustituir ese mecanismo legal, pero estableció el compromiso unilateral, que es el ofrecimiento que hacían a través de su proyecto de ley. De esta forma se lograba una distensión por cuanto, para ANDEBU, el proyecto de ley contenía disposiciones anticonstitucionales y significaba, además, un manifiesto ataque a la radiodifusión privada, que había contribuido permanentemente a la libre difusión de ideas de todas las fuerzas políticas en el país. Se exigía entonces un cierto reconocimiento -que todos tenemos- en el sentido de que los espacios siguen siendo abiertos para la difusión de ideas. Este es un hecho que comprobamos fehacientemente quienes operamos en el interior del país, donde los medios de comunicación están siempre abiertos a la difusión de ideas y con espacios harto generosos.

Ese compromiso unilateral ANDEBU lo mantiene en toda su extensión, y tan es así que hace una propuesta de crear una comisión con representantes de todos los partidos políticos, a efectos de ajustar los detalles para el perfeccionamiento de las formas de comunicación.

Creemos que la palabra «equitativo», que ha generado más divergencias en la discusión, se introdujo por la propia Asociación y esa equidad, para nosotros, quedaba debidamente institucionalizada si la llevábamos adelante a través de una ley.

Deseaba realizar estas manifestaciones complementarias, en virtud de que participo de lo señalado por los demás compañeros de Bancada y porque queda establecido en forma permanente, para todos los partidos políticos que trabajan en este país, tengan o no representación parlamentaria -si ese es el camino del diferendo- que los espacios están definitivamente concedidos, lo cual habla una vez más como reconocimiento de la contribución profesional que ha hecho la radiodifusión en la propagación de ideas en el país.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-8 en 19. Negativa.

13) PLANTAS PASTERIZADORAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Este proyecto de ley se trató nuevamente en Comisión a pedido de un conjunto de productores que concurrió el jueves pasado a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Dicho Cuerpo solicita plazo para pronunciarse definitivamente, en virtud de que ese día no teníamos número suficiente para votar.

En consecuencia, mocionaría para que el proyecto de ley se elimine del orden del día y vuelva a Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

14) PROTOCOLO DE ADMISION DE TITULOS Y GRADOS UNIVERSITARIOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LOS PAISES DEL MERCOSUR

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley sobre Protocolo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el Ejercicio de Actividades Académicas en los Países del MERCOSUR. (Carp. Nº 1037/98 - Rep. Nº 719/98).»

(Antecedentes:)

Carp. Nº 1037/98
Rep. Nº 719/98

CAMARA DE REPRESENTANTES

La CAMARA DE REPRESENTANTES, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Protocolo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el Ejercicio de Actividades Académicas en los países del MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 19 de junio de 1997.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de mayo de 1998.

Jaime Mario Trobo Presidente
Martín García Nin Secretario

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales eleva al Cuerpo para su consideración, el proyecto de ley por el que se aprueba el "Protocolo de Admisión de títulos y grados Universitarios para el Ejercicio de Actividades Académicas en los Países del MERCOSUR", el cual contó con el voto conforme de la unanimidad de miembros presentes de la Comisión.

El "Protocolo..." fue suscrito por nuestro país el 19 de junio de 1997, en cumplimiento de una "Recomendación" aprobada en la Xª Reunión de Ministros de Educación del Mercosur (Buenos Aires, 20 de junio de 1996), contando ya con la media sanción de la Cámara de Representantes (6 de mayo de 1998).

Tal como reza en su título, el Protocolo sólo habilita al ejercicio de "actividades académicas" una vez cumplidos los trámites correspondientes de admisión de títulos de grado y postgrado, excluyéndose en forma expresa toda otra forma de ejercicio profesional en el país receptor.

Su objetivo central es, precisamente, el posibilitar un mayor intercambio académico, como forma de propiciar -tal como se dice en el tercer "considerando" del documento- "el mejoramiento de la formación y de la capacitación científica, tecnológica y cultural para la modernización de los Estados Partes...".

Desde el punto de vista formal, el documento está encabezado por cuatro considerandos, en los que se establecen las motivaciones centrales del Protocolo: que la educación juega un papel central en la consolidación del proceso de integración; que la promoción del desarrollo armónico de la región, en lo científico-tecnológico resulta fundamental para responder a los desafíos de la realidad actual; que el intercambio académico resulta un mecanismo eficaz en tal sentido; etc. En su parte articulada, el Protocolo consta tan solo de 12 artículos, cuyos aspectos medulares ya explicitáramos:

Por el artículo 1º, se establecen cuáles son las instituciones debidamente reconocidas, en cada país, para expedir los títulos de grado y postgrado.

En los artículos 2º a 5º, se establecen las condiciones mínimas que deben tener los cursos y los títulos para ser aceptados, los trámites que deben seguirse, las limitaciones de la admisión al ajercicio académico exclusivo y el derecho del país que concede la admisión a requerir la presentación de documentación complementaria.

Por el artículo 6º, se establece el compromiso de cada Estado Parte a mantener informados a los demás acerca de "cuales son las instituciones con sus respectivas carreras reconocidas, comprendidas en el presente Protocolo".

En lo que refiere a otros aspectos de interés, el artículo 8º establece las vías de solución de controversias, planteando que las mismas se resolverán "mediante negociaciones diplomáticas directas" o, en caso de persistir aquellas, mediante los procedimientos "previstos en el sistema de Solución de Controversias vigente entre los Estados Partes del tratado de Asunción", del cual el presente Protocolo se considera parte integrante (artículo 9º). En este mismo artículo, se establece que el Protocolo "entrará en vigencia para los dos primeros Estados que lo ratifiquen, treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación...".

El artículo 11 establece que "la adhesión de un Estado al Tratado de Asunción implicará ipso jure, la adhesión al presente Protocolo". Es de hacer notar que, hasta el presente, Paraguay -nominado "depositario" del Protocolo y sus instrumentos de ratificación por el artículo 12- es el único Estado Parte que ha ratificado este Protocolo.

Dejamos constancia que, durante el trámite de elaboración del protocolo, el mismo contó con el aval de las autoridades de la Universidad de la República.

Por las razones expresadas, exhortamos al Cuerpo a dar su aprobación al presente Protocolo.

Sala de la Comisión, 17 de setiembre de 1998.

Reinaldo Gargano (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos M. Garat, Rafael Michelini, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra y Américo Ricaldoni. Senadores.

PROTOCOLO DE ADMISION DE TITULOS Y GRADOS UNIVERSITARIOS PARA
EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LOS PAISES DEL
MERCOSUR

Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, en adelante denominados "Estados Partes", en virtud de los principios, fines y objetivos del Tratado de Asunción, suscrito en marzo de 1991.

CONSIDERANDO

Que la educación tiene un papel central para que el proceso de integración regional se consolide;

Que la promoción del desarrollo armónico de la Región, en el campo científico-tecnológico, es fundamental para responder a los desafíos impuestos por la nueva realidad socio-económica del continente;

Que el intercambio de académicos entre las instituciones de educación superior de la Región se constituye en mecanismo eficaz para el mejoramiento de la formación y de la capacitación científica, tecnológica y cultural para la modernización de los Estados Partes;

Que del Acta de la X Reunión de Ministros de Educación de los Países Signatarios del Tratado del Mercado Común del Sur, realizada en Buenos Aires, Argentina, el día veinte de junio de mil novecientos noventa y seis, surge la recomendación de preparar un Protocolo sobre admisión de títulos y grados universitarios para el ejercicio de actividades académicas en instituciones universitarias de la Región.

Acuerdan:

Artículo 1º

Los Estados Partes, a través de sus organismos competentes, admitirán, al solo efecto del ejercicio de actividades académicas, los títulos de grado y postgrado, conferidos por las siguientes instituciones debidamente reconocidas:

-Universidades, en Paraguay

-Instituciones de Educación Superior, en Brasil

-Instituciones Universitarias, en Argentina y Uruguay

Artículo

A los efectos previstos en el presente Protocolo, se consideran títulos de grado aquellos obtenidos en cursos con una duración mínima de cuatro años o dos mil setecientas horas cursadas, y títulos de postgrado tanto a los cursos de especialización con una carga horaria presencial no inferior a las trescientas sesenta horas, como a los grados académicos de maestría o doctorado.

Artículo 3º

A los fines establecidos en el artículo 1º, los postulantes de los países miembros del Mercosur deberán someterse a las mismas exigencias previstas para los nacionales del país miembro en que pretenden ejercer actividades académicas.

Artículo 4º

La admisión que se otorgue en virtud de lo establecido en el Artículo 1º, no conferirá, de por sí, derecho a otro ejercicio profesional que no sea el académico.

Artículo 5º

El interesado en solicitar la admisión en los términos previstos en el Artículo 1º, debe presentar toda la documentación que pruebe las condiciones exigidas en el presente Protocolo. Se podrá requerir la presentación de documentación complementaria para identificar en el país que concede la admisión, a qué título o grado corresponde la denominación que figura en el diploma. Toda documentación deberá estar debidamente legalizada.

Artículo 6º

Cada Estado parte se compromete a mantener informados a los demás, sobre cuáles son las Instituciones con sus respectivas carreras reconocidas, comprendidas en el presente Protocolo.

Artículo 7º

En caso de existencia entre Estados Partes, de acuerdos o convenios bilaterales con disposiciones más favorables sobre la materia, éstos podrán invocar la aplicación de aquellos términos que consideren más ventajosos.

Artículo

Las controversias que surjan entre los Estados Partes a consecuencia de la aplicación, interpretación, o del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo, serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas. Si mediante tales negociaciones, no se alcanzara un acuerdo, o si la controversia fuera resuelta sólo en parte, serán aplicados los procedimientos previstos en el sistema de Solución de Controversias vigente entre los Estados Partes del Tratado de Asunción.

Artículo 9º

El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigencia para los dos primeros Estados que los ratifiquen, treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación y, para los demás signatarios, a los treinta (30) días del depósito respectivo y en el orden en que fueren depositadas las ratificaciones.

Artículo 10

El presente Protocolo podrá ser revisado de común acuerdo, a propuesta de uno de los Estados Partes.

Artículo 11

La adhesión de un Estado al Tratado de Asunción implicará, ipso jure, la adhesión al presente Protocolo.

Artículo 12

El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente Protocolo, así como de los instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos, a los Gobiernos de los demás Estados Partes. Asimismo, notificará a éstos la fecha de entrada en vigencia del presente Protocolo y la del depósito de los instrumentos de ratificación.

HECHO en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diecinueve días del mes de junio del año mil novecientos noventa y siete, en un original en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Firmas:

Por la República Argentina
Por la República Federativa del Brasil
Por la República del Paraguay
Por la República Oriental del Uruguay


Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 18 de noviembre de 1997.

Señor Presidente

de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Protocolo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios Para el Ejercicio de Actividades Académicas en los países del Mercosur, suscrito en la ciudad de Asunción, a los diecinueve días del mes de junio de 1997.

Dicho Protocolo fue elaborado como consecuencia de la Recomendación contenida en el Acta Nº 9/96 de la X Reunión de Ministros de Educación del MERCOSUR que se llevara a cabo en la ciudad de Buenos Aires el 20 de junio de 1996, referente a la conveniencia de preparar un "Protocolo de Reconocimiento de Títulos Universitarios de Grado para el Ejercicio de la Docencia en las Instituciones Universitarias de la Región".

La suscripción de este Protocolo se enmarca dentro del creciente desarrollo que últimamente ha venido experimentando la esfera educativa en el proceso de integración regional, cuyo objetivo a largo plazo consiste en alcanzar un marco de cooperación técnica adecuado tendiente a propiciar el perfeccionamiento de recursos humanos altamente competitivos.

En ese sentido, la aprobación del presente documento posibilitará el intercambio de académicos entre las Instituciones de Educación Superior debidamente reconocidas en el mismo, lo cual impulsará sin lugar a dudas la generación y transmisión de nuevos conocimientos mejorando de ese manera la formación y la capacitación de los estudiantes a nivel científico, tecnológico y cultural.

El texto del Acuerdo dispone claramente que la admisión de los títulos de grado y postgrado que se otorguen en virtud de sus disposiciones no conferirán derecho a otro ejercicio profesional que no sea el académico. Este aspecto es considerado muy importante, motivo por el cual se repite en dos oportunidades (en el artículo 1º y en el artículo 4º).

Cabe destacar que se inserta en el articulado una precisa definición de los títulos de grado y postgrado tanto a nivel de años como de horas cursadas. Esto resulta fundamental pues brinda certeza evitando futuros inconvenientes en lo que respecta a la interpretación del Protocolo (artículo 2).

Asimismo, este instrumento internacional adopta el principio de "Trato Nacional" propio de un estado de integración avanzado como el MERCOSUR, estableciendo que los postulantes de los países miembros serán sometidos a las mismas exigencias previstas para los nacionales del país miembro en que pretenden ejercer actividades académicas (artículo 3º).

Además de la necesidad de presentar toda la documentación probatoria de las condiciones exigidas en el Protocolo, se prevé la posibilidad de requerimiento de comprobantes complementarios para identificar en el país que concede la admisión, a qué título o grado corresponde la denominación que figura en el diploma (artículo 5º).

Por otra parte, el texto negociado presenta la ventaja de reconocer la existencia de Convenios o Acuerdos bilaterales con disposiciones más favorables sobre la materia. Dichos Estados Parte tendrán el derecho de invocar la aplicación de aquellos términos que consideran más ventajosos (artículo 7º).

Asimismo, los países firmantes acuerdan que el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Protocolo serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas. De no alcanzarse un acuerdo se aplicarán los procedimientos previstos en el Protocolo de Brasilia sobre Solución de Controversias del MERCOSUR (artículo 8º).

Finalmente resta agregar que el texto podrá ser revisado de común acuerdo, a propósito de uno de los Estados Parte (artículo 10), y que la adhesión de un Estado al Tratado de Asunción implicará, ipso facto, la adhesión al presente Protocolo (artículo 11).

Este Acuerdo se constituye entonces en un instrumento adecuado para fortalecer la integración educativa entre los países del MERCOSUR. Es dable afirmar que iniciativas como el "Protocolo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios Para el Ejercicio de Actividades Académicas en los Países del MERCOSUR" favorecen un mejoramiento de la calidad de la educación de los pueblos, hecho que ha sido definido como el eje estratégico del desarrollo de los países de la región.

Es en virtud de lo expuesto que, a juicio del Poder Ejecutivo, resulta evidente la conveniencia para la República de formar parte de dicho Protocolo, a cuyos efectos se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria para proceder al depósito del respectivo instrumento de ratificación.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Lucen firmas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- El proyecto de ley que ratifica este Protocolo se mantuvo en el orden del día, a pesar de que volvió a la Comisión a efectos de procesar una información que se brindó en Sala, en el sentido de que la Agrupación Universitaria tenía una opinión contraria al mismo.

Tal como lo informó el señor Presidente, este Protocolo dice relación con regular la participación -en el marco de la integración regional- de las actividades académicas, de acuerdo con las disposiciones que en el mismo se establecen.

La Comisión procesó una consulta a la Agrupación Universitaria y seguramente los señores Senadores tienen una copia de la carta con su respuesta, que seguidamente voy a leer porque creo que es lo que importa. Concretamente, dice así: «La Agrupación Universitaria del Uruguay tiene el agrado de acusar recibo a la nota de la Comisión que Ud. preside por la cual se le solicita la opinión de la entidad sobre el `Protocolo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el Ejercicio de Actividades Académicas en los Países del MERCOSUR' suscrito el 19 de junio de 1997 por los señores Ministros de Educación de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay.

En respuesta esta Agrupación Universitaria expresa que comparte la finalidad de dicho Protocolo que sustancialmente está orientado a facilitar el intercambio de académicos entre las instituciones de educación superior del área para contribuir al mejoramiento de la formación y capacitación científica, tecnológica y cultural, y no tiene observaciones que formular a su contenido.

Consecuentemente, señor Presidente, considera esta Agrupación que es conveniente la aprobación de dicho Protocolo.»

Por lo tanto, tal como lo habíamos dicho en aquel momento, no existía ninguna opinión contraria; el Protocolo había sido elaborado con la presencia en una Comisión Sectorial de la Universidad de la República y, como se ve ahora, también comparte esto la organización de profesionales.

En consecuencia, recomendamos la aprobación del texto.

SEÑOR PRESIDENTE.-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee:)

«Artículo Unico.- Apruébase el Protocolo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el Ejercicio de Actividades Académicas en los países del MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 19 de junio de 1997.»

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

15) ENVASES DE CIGARRILLOS, CIGARROS, TABACOS Y PRODUCTOS DE USO SIMILAR

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.361, referente a la publicidad escrita de cigarrillos, cigarros, tabacos y productos de uso similar. (Carp. Nº 1155/98 - Rep. Nº 734/98).»

(Antecedentes:)

Carp. Nº 1155/98
Rep. Nº 734/98

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 17 de agosto de 1998.

Señor Presidente de la

Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto Proyecto de Ley modificando la publicidad escrita de cigarrillos, cigarros y productos de uso similar.

El Instituto de Radiología y Centro de Lucha contra el Cáncer del Centro Hospitalario Pereira Rossell considera que la etapa de informar "Advertencia: fumar es perjudicial para la salud. M.S.P." es un eufemismo que deberá superarse.

El tabaco es la causa principal de cáncer y otras patologías que afectan nuestra sociedad, cuya mortalidad en el país puede ser significativamente abatida sólo con la eliminación del hábito de fumar.

Lograr este objetivo debe ser nuestra mayor preocupación y debemos empezar por proteger los intereses de los no fumadores e informar adecuadamente a los fumadores.

Los consumidores deben saber que el fumar genera cáncer, enfermedades pulmonares y coronarias y que se aconseja no fumar durante el embarazo.

La ciencia ha definido y comprobado los efectos nocivos del humo de tabaco tanto en fumadores como en no fumadores por lo que se entiende oportuno cambiar la actual publicidad escrita.

La División Jurídico-Notarial del Ministerio de Salud Pública informa que la Constitución de la República (artículos 7-44) y la Ley Orgánica de Salud Pública Nº 9.202 imponen al Estado el deber de legislar en todos los aspectos relevantes a la salud e higiene pública. Este poder-deber abarca obviamente el tema referido en tanto el tabaquismo es un factor que atenta contra la preservación de la salud individual y colectiva.

La Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer no formulan objeciones y comparten la propuesta de referencia.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente con la mayor consideración:

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Lucen firmas.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Modifícase el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.361 de 14 de diciembre de 1982, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 2º. - A partir de los ciento ochenta días de la fecha de promulgación de esta Ley, las cajillas de cigarrillos, paquetes de tabaco y en general toda clase de envases de cigarrillos, cigarros, tabacos y productos de uso similar que se expendan en el país, deberán lucir, en caracteres claramente visibles el siguientes rótulo: "Fumar genera cáncer, enfermedades pulmonares y cardíacas". "No se aconseja fumar durante el embarazo. M.S.P.".

Artículo 2º. - Comuníquese, etc.

Lucen firmas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- En realidad, se trata de un proyecto de ley muy sencillo. Es una iniciativa del Poder Ejecutivo, que entendió que el aviso genérico de que «fumar es perjudicial para la salud» ha perdido impacto y trascendencia como advertencia para los fumadores, ya que se ha generado un cierto acostumbramiento que tornó dicha advertencia en algo habitual para los fumadores, por lo que ya no tiene efecto. En función de este hecho y de una serie de conocimientos científicos que avalan actualmente determinada vinculación entre el consumo de cigarrillos y ciertas enfermedades, es que el Poder Ejecutivo ha decidido cambiar el rótulo que figura en las cajillas de cigarrillos por una alusión mucho más directa a los efectos que el mencionado consumo tiene sobre la salud.

Así, por ejemplo, expresa que fumar genera cáncer, enfermedades pulmonares y cardíacas, realizando una recomendación muy importante sobre el efecto perjudicial que tiene el consumo de cigarrillos sobre el embarazo, vinculándolo al bajo peso al nacer.

En consecuencia, la Comisión de Salud Pública entendió que se trataba de una buena iniciativa que proponía un cambio que modernizaba, incluso, las invocaciones que se hacen hoy a nivel mundial sobre el consumo de cigarrillos y, por lo tanto, le dio rápido trámite. Es así que hoy la proponemos al Cuerpo, a efectos de que se sustancie su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

«Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.361 de 14 de diciembre de 1982, el que quedará redactado de la siguiente manera:

`Artículo 2º.- A partir de los ciento ochenta días de la fecha de promulgación de esta Ley, las cajillas de cigarrillos, paquetes de tabaco y en general toda clase de envases de cigarrillos, cigarros, tabacos y productos de uso similar que se expendan en el país, deberán lucir, en caracteres claramente visibles, el siguiente rótulo: «Fumar genera cáncer, enfermedades pulmonares y cardíacas».«No se aconseja fumar durante el embarazo. M.S.P.».'»

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

16) TRABAJADORAS PUBLICAS O PRIVADAS EN ESTADO DE GRAVIDEZ O EN PERIODO DE LACTANCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se declara que las trabajadoras públicas o privadas en estado de gravidez no podrán ser destinadas a cumplir tareas que, por su naturaleza, pudieran afectarlas. (Carp. Nº 1185/98 - Rep. Nº 749/98)»

(Antecedentes:)

Carp. Nº 1185/98
Rep. Nº 749/98

CAMARA DE REPRESENTANTES

La CAMARA DE REPRESENTANTES, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Toda trabajadora pública o privada que se encontrare en estado de gravidez o en períodos de lactancia tendrá derecho a obtener un cambio temporario de las actividades que desempeña, si las mismas, por su naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo, pudieren afectar el proceso normal del embarazo, la salud de la progenitora o del hijo.

Dichos extremos deberán justificarse necesariamente con certificación médica expedida por organismo competente.

En ningún caso el traslado de funciones implicará disminución de la remuneración que percibe habitualmente la trabajadora.

Finalizado el período de referencia la trabajadora deberá ser reintegrada a sus funciones anteriores, salvo que por acuerdo de partes se disponga lo contrario.

Artículo 2º. - Las trabajadoras que se hubieren amparado en el derecho al traslado de funciones no podrán, por esa sola causa, ser suspendidas, despedidas, perjudicadas en sus derechos laborales ni postergadas en su carrera funcional.

Artículo 3º. - La negativa del empleador a acceder al cambio de tareas cuando ello corresponda, así como las acciones u omisiones previstas en el artículo anterior, serán consideradas conductas discriminatorias y harán pasible a aquél de las sanciones establecidas en la Ley Nº 16.045, de 2 de junio de 1989.

Artículo 4º. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de noventa días.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de setiembre de 1998.

Jaime Mario Trobo Presidente
Martín García Nin Secretario

INFORME

Señores Representantes:

I

Con fecha 4 de octubre de 1989, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley relativo a la ampliación de las licencias por maternidad y el establecimiento de la licencia por adopción (Tomo 326, Diario de Sesiones Nº 342, página 48).

Su artículo 3º se refería a la protección laboral de la mujer embarazada y rezaba así: "Queda prohibida la ocupación de mujeres grávidas en trabajos insalubres, pesados o peligrosos en su condición de gestante. Ello no afectará la estabilidad laboral de la trabajadora ni podrá postergar su carrera funcional".

Según surge de los Diarios de Sesiones del Senado Nº 327, Tomo 324, (página 60 y siguientes) y Nº 342, Tomo 326, (página 45), el texto se originó en iniciativas presentadas por los señores Senadores Olazábal y Rodríguez Camusso y modificaciones propuestas por el Senador Pozzolo. Su aprobación se verificó sin discusión alguna, limitándose el Informe de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social a expresar que, en el marco de la defensa de la igualdad de posibilidades de trabajo entre el hombre y la mujer, se buscaba "preservar la salud de la nueva vida en gestación", así como también "impedir que la condición de gravidez perjudique a la madre con la pérdida de su fuente de trabajo o la postergación de su carrera funcional" (página 43, Diario de Sesiones Nº 342 citado). Dicho proyecto fue archivado en su oportunidad, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 136 de la Constitución de la República.

La Cámara de Senadores, de la siguiente Legislatura, volvió a considerar el tema (Diarios de Sesiones Nº 116 y Nº 118, Tomo 341, de 13 y 14 de agosto de 1991), aprobando un proyecto que introducía algunas alteraciones en su artículo 3º, el que finalmente quedó redactado del siguiente modo: "Prohíbese la ocupación de mujeres grávidas en trabajos insalubres o en circunstancias que puedan afectar su proceso normal de gestación.

Las trabajadoras que se beneficiaren por dicha prohibición no podrán, por esta única razón, ser despedidas, afectadas o perjudicadas en sus demás derechos funcionales ni postergadas en su carrera administrativa".

El artículo citado estaba dirigido a ampliar y desarrollar lo dispuesto por la Ley Nº 16.045, de 2 de junio de 1989, que en su artículo 1º prohibe «toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos en cualquier sector», y en su artículo 2º hace aplicable la prohibición genérica a las hipótesis de suspensión o despido en los casos de cambio de estado civil, embarazo o lactancia (apartado H).

II

En cuanto a las demás temáticas abordadas, en los proyectos sancionados por el Senado (licencia por adopción, etcétera), esta Comisión Especial consideró en su oportunidad que debían desglosarse y formar un articulado separado; por tal razón, en base a una iniciativa ya presentada con fecha 22 de mayo de 1990 (Carpeta Nº 261 de 1990, Repartido Nº 180), reelaboró y amplió su texto y el 8 de noviembre de 1990, lo elevó a la Cámara; posteriormente, y allanándose a las observaciones surgidas en la discusión del tema en Sala, lo acompañó de un proyecto de minuta de comunicación para que el Poder Ejecutivo remitiera la iniciativa correspondiente, lo que se reiteró en la presente Legislatura (11 de julio de 1996).

III

Teniendo en cuenta el mencionado artículo 3º del proyecto aprobado por el Senado, los Representantes Agapo Luis Palomeque y Humberto Pica Ferrari, con fecha 14 de junio de 1995, elaboraron una nueva iniciativa, que tenía la finalidad de poner a la trabajadora embarazada así como a la criatura en gestación, a cubierto de los riesgos de ser afectadas en su salud con motivo de las tareas que la primera realizara, y amparar a la misma en sus legítimas aspiraciones en cuanto a continuar en el trabajo y progresar en su carrera funcional.

Su articulado rezaba así:

"ARTICULO 1º. - Las trabajadoras públicas o privadas que se encuentran en estado de gravidez, no podrán ser destinadas a la realización de actividades que por su naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo, pudieren afectar el proceso normal del embarazo, la salud del gestado y de su progenitora.

ARTICULO 2º. - Tampoco podrán, por la sola causa de su gravidez, ser despedidas o suspendidas, perjudicadas en sus derechos laborales o postergadas en su carrera funcional (apartado H) del artículo 2º de la Ley Nº 16.045, de 2 de junio de 1989)".

IV

En lo que concierne a esta última iniciativa, vuestra Comisión Especial acordó solicitar asesoramiento técnico, en el marco del Convenio suscrito por la Cámara de Representantes con la Universidad de la República, al Instituto del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho. Posteriormente también pidió opinión al PIT-CNT, a la Cámara Nacional de Comercio y a la Cámara de Industrias del Uruguay. Ni el PIT-CNT, ni la Cámara Nacional de Comercio respondieron. La Cámara de Industrias del Uruguay, en nota de 24 de junio de 1998, si bien plantea la posibilidad de que el sistema previsto incida sobre una mayor discriminación de la mujer cuando las empresas seleccionen el personal y también destaca las dificultades que podrían presentarse a las Pequeñas y Medianas Empresas en cuanto a su aplicabilidad, no formula objeciones de esencia e incluso manifiesta que "ya en la mayoría de las empresas donde un cambio de tareas es regularmente posible, el mismo se realiza de hecho, en coordinación entre el empresario y la trabajadora grávida sin norma alguna que lo imponga".

Resultó de particular importancia para esta Comisión el asesoramiento del Instituto del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho.

El mencionado Instituto se expidió en un informe suscrito por la doctora Martha Márquez Garmendia, con fecha 18 de marzo de 1996. El mismo constituye un valioso análisis de la normativa de la Organización Internacional del Trabajo, de las soluciones brindadas por el Derecho comparado y de la legislación nacional. Al pronunciarse sobre el articulado del proyecto, confirmó que éste cubría un notorio vacío normativo, ya que hasta el momento, si bien la doctrina nacional había venido sosteniendo que el empleador estaba obligado "en una medida razonable y conforme a sus posibilidades, a cambiar transitoriamente la tarea de la trabajadora" si su estado así lo reclamaba, no existía ninguna norma que estableciera una prohibición genérica respecto al desempeño de trabajos inconvenientes para las mujeres en estado de gravidez. Quedaba así justificada la necesidad de legislar al respecto.

El inciso segundo del artículo 42 de la Constitución de la República, dispone que "la maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desamparo".

A su vez, el artículo 31 del Decreto de 6 de febrero de 1936, pone en manos del médico el control de las condiciones y tipo de trabajo que realiza la trabajadora grávida.

En base a dichas normas, destacados juristas nacionales han afirmado que a través del certificado en el que se establezca la contraindicación del trabajo de la embarazada en ciertas condiciones que puedan lesionar su salud, "el médico puede encauzar a la trabajadora hacia determinado tipo de tareas", lo que, por otra parte, "coincide plenamente con el espíritu del Legislador y contribuye a alcanzar sus propósitos (A. Plá Rodríguez. Curso de Derecho Laboral, Tomo III, citado en el informe referido).

En cuanto a las disposiciones vigentes acerca de actividades laborales concretas, es oportuno recordar la existencia de diversos convenios que contienen prohibiciones particulares: el trabajo de mujeres embarazadas en lugares donde se emplee carbonato básico de plomo (blanco de plata o ceruza), radiaciones ionizantes, benceno, sustancias que despidan polvos tóxicos o bensol. Dichos convenios también prohíben la realización de tareas cuya naturaleza suponga la limpieza o reparación de máquinas en marcha y la manipulación de objetos pesados. También está prohibida la realización de trabajos duros o de considerable esfuerzo en las plantaciones y las actividades de enfermería o llevadas a cabo en ambientes contaminados por el aire, el ruido o las vibraciones.

V

En las observaciones que dirigiera a la Comisión el instituto técnico mencionado, se destaca la conveniencia de que se transfiriera el énfasis "desde el plano de las prohibiciones al de los derechos reconocidos a la trabajadora embarazada, tendientes a hacer efectiva la protección buscada", criterio que la Comisión entendió que era razonable recoger.

Asimismo, se aportaron atinadas sugerencias sobre el traslado de función de la mujer embarazada, su carácter transitorio y la justificación por certificado médico; el mantenimiento de la remuneración de la trabajadora; y las previsiones sobre despido, suspensión, postergamiento en la carrera funcional o derechos laborales de la misma.

Finalmente, la asesora propuso se sustituyera la mera imposición de multas (que serían aplicables en los casos de violación de las prohibiciones establecidas) por las sanciones conminatorias ("astreintes") establecidas en la Ley Nº 16.045 para las conductas consideradas discriminatorias, de modo tal que pudiera asegurarse el efectivo cese de la medida perjudicial tomada por el empleador.

VI

Esta Comisión Especial, ante la alternativa de realizar el intento para englobar la totalidad de las normas relativas a la maternidad en un único estatuto legal modernizado -como quizás resultara técnicamente más aconsejable- o enfocar un aspecto parcial del amparo a la mujer embarazada, con sentimiento pragmático optó por este último criterio, considerando el lapso exiguo de que dispone para cumplir los cometidos encomendados por la Cámara, y el hecho de que existe una Comisión Permanente especializada en los temas laborales que podría encarar aquella tarea.

En concordancia con ese temperamento, el Informante redactó, con fecha 8 de agosto de 1996, un nuevo articulado, teniendo presente y recogiendo las observaciones indicadas por el referido Instituto de Derecho del Trabajo de nuestra Universidad pública, y los aportes de los señores miembros de la Comisión.

El proyecto se limita, entonces, sólo a un aspecto concreto, aunque por supuesto muy relevante, de la protección de la mujer embarazada que trabaja, quedando para un estudio ulterior, una serie de temas como los relativos al plazo de estabilidad luego del reintegro al trabajo, el monto del subsidio por maternidad, la prohibición de tests de embarazo previos al empleo o durante el mismo, las facilidades para la lactancia, la licencia por hijo menor enfermo, la licencia por paternidad y por adopción, y otros.

En uno de estos casos la Cámara entendió que para expedirse, se requería iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Así ocurrió con el proyecto sobre "Funcionarias públicas o trabajadoras privadas que adopten menores". (Carpeta Nº 261 de mayo de 1995. Repartido Nº 180, que esta Comisión Especial tiene a estudio, tal como se recuerda en el párrafo II.

VII

El artículo 1º del proyecto plantea el principio general que lo inspira: ante la posibilidad de que las tareas laborales que la mujer embarazada se encuentre llevando a cabo puedan redundar en su perjuicio o en el de la criatura en gestación, se instituye en su favor la potestad de obtener un cambio temporario de las actividades que desempeña.

¿Cuál es su alcance?

En primer lugar, el beneficio cubre tanto a la trabajadora de la actividad privada como de la Administración Pública.

En segundo término, se prevén dos posibles factores causantes del perjuicio a la trabajadora; éste puede derivar tanto de la propia índole de las tareas que realice, como del contexto ambiental en el que las desarrolle ("Las condiciones en las que se llevan a cabo").

Además, se determina que son tres los aspectos a proteger, la salud de la mujer, el proceso normal del embarazo y la salud del hijo.

Asimismo, el régimen de amparo se extiende más allá del período de embarazo, abarcando también el de lactancia.

A ese respecto, deberá tenerse presente que, según la legislación vigente, la licencia por maternidad para las funcionarias públicas está regida por la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, la que les otorga un lapso de trece semanas en total (una semana previa al parto y doce semanas posteriores al mismo). Aunque la fecha del parto sobrevenga después de la fecha presunta, la interesada deberá gozar de un descanso puerperal obligatorio de doce semanas a partir del mismo, pudiendo, obviamente, prolongarse por razones de enfermedad; y de un régimen de medio horario por amamantamiento (artículos 24 a 28 de la ley citada).

A su vez, el Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, regula las licencias por maternidad de las trabajadoras privadas, otorgándoles una licencia preceptiva durante las seis semanas anteriores y las seis semanas posteriores al parto, con prolongación del descanso puerperal por causa de enfermedad, pero sin que el total de la licencia concedida por este concepto puede exceder de los seis meses (artículos 12 y 14 de la norma legal citada); para determinar este lapso no se computan los descansos anteriores ni los posteriores al parto (artículo 17 del Decreto 227, de 27 de mayo de 1981).

El mismo artículo 1º del proyecto propuesto por esta Comisión Especial prevé, en sus incisos segundo, tercero y cuarto, dispositivos de garantía tendientes a asegurar que, en su aplicación práctica, la protección que se persigue no quede desnaturalizada.

A fin de evitar situaciones de conflicto entre las partes, se deja en manos del Servicio Médico de los organismos competentes la determinación de si corresponde o no el cambio de tareas. El mismo deberá expedir la certificación oficial que lo justifique en cada caso concreto.

Para impedir un evento verosímil de abuso patronal, se preceptúa que tal cambio de tareas no deberá significar en ningún caso decrecimiento del salario que perciba la trabajadora.

Finalmente, se dispone la obligación por parte del empleador, de restituir a la obrera o empleada a sus tareas originarias, cerrando el paso a la posibilidad de perjudicarla o de menoscabarla al encomendarle una tarea de menor jerarquía laboral.

Por supuesto, en nada se coarta, en este caso, la libertad de las partes para acordar otra fórmula.

El artículo 2º refuerza el amparo a la trabajadora, en la medida que impide cualquier tentativa del patrono (sea privado o público) para desestimular la solicitud de cambio de tareas, generando el temor a sus pensiones ulteriores de la trabajadora en su labor, su cese forzado por voluntad unilateral del empleador, perjuicios diversos en el reconocimiento de sus derechos como trabajadora o rezago intencional en los ascensos propios de su carrera.

Por eso se prohíbe expresamente que dichas medidas se adopten por la sola causa de haberse amparado la trabajadora en el mecanismo del traslado de funciones por embarazo o lactancia.

El artículo 3º establece un régimen de sanciones al empleador por incumplimiento de lo preceptuado en los dos artículos anteriores.

Siguiendo la sugerencia del Instituto del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, se optó por acudir al sistema instituido por la Ley Nº 16.045, de 2 de junio de 1989.

En efecto, toda tentativa del empleador para impedir u obstaculizar el cambio de tareas cuando corresponda, así como cualquiera de las acciones u omisiones previstas en el artículo 2º, se considerarán por imperio de la normativa propuesta, "conductas discriminatorias".

Y ello tendrá como consecuencia con resultados de probada eficacia inhibitoria, que el Magistrado judicial actuante en la instancia, en la audiencia que deberá convocar con plazo de tres días, pueda adoptar "las medidas tendientes a hacer cesar la situación denunciada" (artículo 4º de la Ley Nº 16.045), con lo cual se garantiza una efectiva marcha atrás en la acción patronal dañosa para la trabajadora.

A estas providencias que el Juez puede adoptar en ocasión de realizarse la audiencia, se agrega un mecanismo adicional, el de las sanciones conminatorias ("astreintes") establecidas en el mismo artículo: diez unidades reajustables de multa por cada día en que se mantenga el incumplimiento de la sentencia que recaiga con motivo de la reclamación que se haya formalizado.

De ese modo, la Comisión entiende que queda suficientemente afirmada la seguridad de una efectiva protección de la trabajadora embarazada en cuanto a la estabilidad de su empleo y la conservación plena de sus derechos laborales y propios de su carrera funcional.

Sala de la Comisión, 25 de mayo de 1998.

Agapo Luis Palomeque (Miembro Informante), Gabriel Barandiarán, Raquel Barreiro, Ruben H. Díaz, Daisy Tourné.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Las trabajadoras públicas o privadas que se encuentran en estado de gravidez, no podrán ser destinadas a la realización de actividades que por su naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo, pudieren afectar el proceso normal del embarazo, la salud del gestado y de su progenitora.

Art. 2º. - Tampoco podrán, por la sola causa de su gravidez, ser despedidas o suspendidas, perjudicadas en sus derechos laborales o postergadas en su carrera funcional (del apartado H del artículo 2º de la Ley Nº 16.045, de 2 de junio de 1989).

Montevideo, 14 de junio de 1995.

Agapo Luis Palomeque. Representante por Canelones
Humberto Pica Ferrari. Representantes por Cerro Largo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Reviste particular importancia la protección de la madre embarazada y del ser que se está gestando, cuando aquélla desempeña una tarea remunerada pública o privada.

El propósito de este proyecto es ponerla a cubierto de riesgos que puedan emerger, sea del desarrollo en sí de actividades que afecten su organismo, y por tanto el de la criatura en gestación, o de la eventualidad de que se pretenda menoscabar el derecho a continuar en el trabajo, o al goce de sus legítimas expectativas de mejoramiento y progreso en el campo laboral.

La Cámara de Senadores había aprobado un proyecto inspirado en similar finalidad, con fecha 14 de agosto de 1991, que no alcanzó a ser considerado por la Comisión Especial de la Condición de la Mujer en la pasada Legislatura, por lo que nos permitimos formalizarlo en el presente como iniciativa, modificado y ampliado, pero sin perder su inicial teleología.

Montevideo, 14 de junio de 1995.

Agapo Luis Palomeque. Representante por Canelones
Humberto Pica Ferrari. Representantes por Cerro Largo.

Artículo referente

LEY Nº 16.045, DE 2 DE JUNIO DE 1989

Artículo 1º. - Prohíbese toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y de oportunidades para ambos sexos en cualquier sector o ramo de la actividad laboral.

Artículo 2º. - La prohibición a que hace referencia el artículo precedente será aplicable también en cuanto a:

A) Llamados para provisión de cargos.

B) Criterios de selección.

C) Reclutamiento y contratación.

D) Criterios de evaluación de rendimiento.

E) Derecho de promoción y ascenso.

F) Estabilidad laboral.

G) Beneficios sociales.

H) Suspensión y despido, particularmente en los casos de cambios de estado civil, embarazo o lactancia.

I) Posibilidad de formación o reconversión profesional y técnica.

J) Capacitación y actualización.

K) Criterio de remuneración.

Art. 3º. - No constituirá discriminación el hecho de reservar a un sexo determinado la contratación para actividades en que tal condición sea esencial para el cumplimiento de las mismas ni las excepciones que resulten de los Convenios Internacionales de Trabajo ratificados por el país.

Asimismo, la discriminación de carácter compensatorio orientada a promover la igualdad de oportunidades y trato para ambos sexos en situaciones concretas de desigualdad, no se encuentra comprendida en la prohibición a que hace referencia el artículo 1º de la presente ley.

Art. 4º. - De las infracciones a las disposiciones de esta ley, conocerán el Juez Letrado del Trabajo de Montevideo o el Juez Letrado de Primera Instancia Departamental. A instancia del trabajador, del perjudicado por la infracción o de quienes los representan el Juez convocará a las partes a una audiencia con plazo de tres días y podrá adoptar en ella las medidas tendientes a hacer cesar la situación denunciada. Si el Juez lo considerare necesario, podrá disponer la apertura a prueba, en cuyo caso se seguirá el procedimiento de los artículos 6º y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.188, de 5 de abril de 1974. El incumplimiento de la sentencia dictada dará lugar al pago, por parte del infractor, de un "astreinte" equivalente a 10 UR (diez unidades reajustables) por cada día en que se mantenga su incumplimiento.

El recurso de apelación, que deberá ser fundado, deberá interponerse dentro del plazo perentorio de cinco días hábiles contados desde la notificación personal. El recurso se sustanciará con un traslado por igual plazo y los autos serán elevados al Tribunal de Apelaciones del Trabajo, cuyo fallo causará ejecutoria.

Art. 5º. - Sin perjuicio de la acción prevista en el artículo anterior, las infracciones que se comprueben se sancionarán también por la Administración de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 289 y siguientes de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Art. 6º. - El Estado y particularmente los medios de enseñanza, realizarán las campañas educativas necesarias para propiciar en todo el país, el interés y la comprensión por los problemas que afectan a las trabajadoras, fomentar la toma de conciencia de su condición por parte de éstas y de los empleadores y, en especial, suprimir los factores que impidan a los trabajadores la utilización óptima de sus capacidades.

Art. 7º. - Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 8º. - La presente ley es de orden público.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Este proyecto fue rápidamente aprobado, en forma unánime, por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, la que entendió que aportaba una mayor protección a la mujer trabajadora, ya que el mismo procura proteger el estado de salud de la nueva vida que se gesta en su vientre.

Este proyecto tiene también como objetivo impedir que la condición de gravidez perjudique a la mujer con la pérdida de su fuente de trabajo o implique su postergación en la carrera funcional. El mismo tiene varios antecedentes, ya que desde 1989 más de una iniciativa fue aprobada en este Senado, si bien luego no se transformaron en ley. La iniciativa fue recogida en esta Legislatura por los señores Representantes Palomeque y Pica y presenta la particularidad de establecer que toda trabajadora, tanto de la actividad privada como de la pública que se encuentre en estado de gravidez, así como también en el período de lactancia -esta es una incorporación- tendrá derecho a obtener un cambio de actividad en el lugar de trabajo en que se desempeña, si las condiciones de la misma afectasen el proceso normal del embarazo o la salud de la madre o del hijo. Obviamente, esta situación deberá justificarse con el correspondiente certificado médico.

Sin embargo, este cambio temporario del lugar de trabajo no puede implicar una disminución en la remuneración que percibe habitualmente la trabajadora, quien deberá ser reintegrada a su trabajo anterior -salvo que haya un acuerdo de partes en contrario- una vez terminada la lactancia.

Asimismo, se establece también que por el hecho de haberse amparado a esta ley, la trabajadora no puede ser perjudicada -suspendida, despedida o postergada- en su carrera funcional. Se establece que las conductas que ocasionen estas consecuencias serán consideradas como discriminatorias y se harán pasibles de las sanciones previstas en la Ley Nº 16.045 del año 1989.

En consecuencia, a través de este proyecto se busca defender la igualdad de posibilidades en el trabajo entre el hombre y la mujer, preservar la salud de la nueva vida e impedir que la condición de gravidez perjudique la situación laboral de la madre.

En la Cámara de Representantes se consultó a determinadas instituciones sobre el proyecto. En particular, la Cámara de Industrias no opuso mayores reparos al mismo, aunque sí manifestó preocupación en función de que este elemento podría operar como discriminador a la hora de contratar mujeres, porque el aumento de beneficios, muy justos para las mujeres trabajadoras, podría traer como consecuencia que el empleador prefiera no contratar mujeres, ocupando los puestos con hombres.

Esta es la salvedad que realizó la Cámara de Industrias y es una preocupación que hacemos nuestra, aunque vamos a esperar a ver cómo funciona en la práctica.

Asimismo, en la Comisión recibimos a los integrantes del Instituto del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho, quienes manifestaron su opinión favorable al proyecto, remarcando que el mismo se encuadra dentro de la previsión constitucional que figura en el inciso segundo del artículo 42 de la Constitución de la República, que dispone que la maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desamparo.

Con estas breves palabras esperamos satisfacer la expectativa del Cuerpo, en cuanto a los fundamentos que llevaron a la Comisión a aprobar rápidamente este proyecto de ley, que es de enorme justicia en lo que se refiere a la igualdad entre el hombre y la mujer en cuanto a su acceso al trabajo.

SEÑOR PAIS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PAIS.- Señor Presidente: quisiera hacer una consulta al Miembro Informante.

El artículo 1º, inciso segundo, dice: «Dichos extremos deberán justificarse necesariamente con certificación médica expedida por organismo competente.» A su vez, la exposición de motivos que viene de la Cámara de Representantes habla de que, en el caso de los organismos públicos y a fin de evitar situaciones de conflicto entre las partes, se deja en manos del servicio médico de los organismos competentes la determinación de si corresponde o no el cambio de tareas. Se establece que dicho servicio deberá expedir la certificación oficial en cada caso concreto. Parecería que debe entenderse que el organismo competente en el caso de las trabajadoras públicas es el servicio médico de cada organismo. Sin embargo, no me queda claro cuál es el organismo competente en relación a las trabajadoras de la actividad privada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR GANDINI.- La consulta del señor Senador Pais es pertinente, en cuanto la referencia a «organismos» vincula esto al sector público. Sin embargo, en un concepto más amplio, podríamos interpretar que debe ser un certificado médico que la empresa exija, de acuerdo a los convenios que haya suscrito, o bien de las propias instituciones que otorgan certificados cuando dan la cobertura de salud. Si bien creo que la referencia es demasiado genérica, este no debería ser un tema que generase problemas en la aplicación del proyecto. Por lo menos, eso es lo que le pareció a la Comisión.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Queríamos destacar que se trata de un proyecto de ley importante. Efectivamente, hay tareas delicadas como las que se realizan en el campo de la utilización del cuero o de elementos químicos que realmente pueden ser muy agresivas para las trabajadoras, por lo que este proyecto de ley constituye un aporte positivo.

En cuanto al tema del organismo competente, es cierto que hay dependencias que podrían hacerlo, como por ejemplo el Departamento de Salud en materia de trabajo del Hospital de Clínicas que es muy eficiente para calificar la situación de los trabajadores que puedan estar afectados por enfermedad. Sin duda, habría sido mejor precisarlo con exactitud en el caso de la actividad privada, incluyendo a las mutualistas. Sin embargo, cualquier observación a esta ley significa la imposibilidad de que sea aprobada. Incluso, tengo alguna otra observación, que formularé en la discusión particular. Pero, insisto en que en el fondo esto no puede quedar reducido solamente a los organismos públicos, sino que debe existir la posibilidad de que se certifique por médicos o mutualistas que puedan establecer la situación de posible afectación de la salud sobre las trabajadoras.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN.- Quisiera formular una pregunta al señor Miembro Informante.

El proyecto responde a una finalidad muy loable y establece que toda trabajadora pública o privada que se encontrare en estado de gravidez o en período de lactancia -o sea que abarca un período amplio- tendrá derecho a obtener un cambio temporario de las actividades que desempeña, etcétera. En este sentido, ¿qué ha visualizado la Comisión si se diera el caso de que en la empresa en cuestión no existe la posibilidad práctica de ese cambio temporario de las actividades? Por ejemplo, en el caso de una persona que se encuentra abocada a las tareas de
limpieza y que no está preparada para labores de producción y tareas administrativas, ¿cuál sería la obligación de la empresa en esta situación?

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR GANDINI.- La Comisión no consideró la hipótesis que planteó el señor Senador Bergstein y que puede darse en la práctica. Precisamente, la Cámara de Industrias, durante su visita a la Comisión de la Cámara de Representantes, consideró también la posibilidad de situaciones que se pueden dar en forma similar en pequeñas o micro empresas, donde los puestos de trabajos son escasos; allí la rotación hasta puede ser imposible, en tanto puede haber uno o dos empleados. Se trata de situaciones límites que realmente el proyecto no prevé. Esa es la auténtica verdad. Lo que sí hace el proyecto de ley es consagrar legalmente algo que genéricamente se aplica normalmente en las grandes empresas o en aquellas regulares, para evitar algunas excepciones desagradables. Sin embargo, es cierto que en algunos casos prácticos puede llegar a ser de muy difícil aplicación. La situación que el señor Senador menciona es una de ellas y la otra es la que se da en las pequeñas empresas donde hay pocos empleados y, por lo tanto, pocas posibilidades de cambiar de lugar de trabajo. Creo que la imposibilidad de cumplir con la ley por fuerza mayor va a eximir al empleador de su responsabilidad, en tanto no puede dar cumplimiento a una obligación legal, dado que esta excede sus posibilidades. Por lo tanto, la sanción aquí referida en el artículo 3º no debería operar.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Coincido con este articulado tanto en su espíritu como en su alcance, pero quisiera dejar planteada alguna observación con respecto a cierto carácter limitativo que puede tener en su proceso este proyecto de ley. En ese sentido, queremos señalar que en el artículo 1º se habla de actividades que puedan afectar el proceso normal del embarazo y que, en definitiva, pueda provocar una anormalidad. Esta puede ser determinada por múltiples circunstancias; como ejemplo, el de aquella que pone a la mujer embarazada en contacto con las radiaciones ionizantes, afectando la salud del producto de su gestación. Por lo tanto, el hecho de que el artículo 3º se relacione solamente con la Ley Nº 16.045, donde se caracterizan únicamente las conductas discriminatorias, me parece que puede establecer, de alguna manera, un cierto carácter restrictivo en cuanto a las sanciones a las que podría estar expuesto el empleador por vincularlo simplemente a esa conducta. A mi entender, se tendría que haber incluido en este artículo 3º una expresión que dijera: «sin perjuicio de las sanciones penales que pudiesen corresponder». Más allá de que, como el señor Senador Sarthou me informara, no se excluye esa posibilidad, me pareció importante que en el Plenario quedase la constancia de que el alcance del artículo 3º podría, de alguna manera, ser restrictivo sobre la responsabilidad penal que pudiera tener alguna conducta, no solamente discriminatoria, sino también de afectación del producto de la gestación.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Virgili)

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Confirmo lo que acaba de expresar el señor Senador Cid en el sentido de que este texto no excluye otras modalidades de responsabilidad, en la medida en que esto tiene que ver con el desarrollo de la relación de trabajo y no con aspectos de otro tipo de responsabilidad.

En cuanto al planteamiento que hacía el señor Senador Bergstein, debo decir que, sin que ello sea una solución total -como decía el señor senador Gandini- hay que tomar en cuenta que la remisión que se hace a la Ley Nº 16.045 -en su artículo 4º- da intervención al Juez que, con plazo de tres días, puede adoptar medidas tendientes a hacer cesar la situación denunciada. Esto puede implicar una cierta flexibilidad, frente a una situación de cumplimiento estricto, en cuanto a que el Juez puede buscar soluciones a la circunstancia concreta planteada, como podría ser compartir una tarea administrativa. Entonces, hay un ámbito de flexibilidad para conocer la situación; el Juez realmente actuará en un plazo muy breve, porque se trata de una audiencia que debe hacerse en tres días, es decir, en forma similar a lo que establece la ley de amparo. Esto se ha venido cumpliendo bien en el país y se tuvo en cuenta en la Ley Nº 16.045 cuando se dispuso la intervención del Juez.

De manera que me parece que esta intervención del Juez, a los efectos de corregir la situación, puede permitir buscar una salida en casos en los cuales pueda no darse la facilidad de la sustitución concreta de un cargo por otro. En general, las empresas tienen actividades de otro tipo, ya sea de servicios o administrativas, por lo que el Juez puede buscar una solución. Por eso se dice «medidas tendientes a hacer cesar la situación denunciada». O sea que puede tratar de buscar una solución para que no se produzca el daño de la salud de la trabajadora.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Tiene la palabra el señor Presidente del Senado.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Estamos francamente interesados en la aprobación de este proyecto de ley. Nos parece bueno que se contemple un tema que debe ser atendido y que debe tener una respuesta y un respaldo legal para su solución.

En lo que tiene que ver con la primera pregunta que se realizaba en cuanto al organismo competente, vinculado a la certificación médica, nos parece que ello es fácil de salvar por la vía reglamentaria, en la medida en que se interprete que es una disposición de carácter general que lo que quiere es garantizar el peso y la fuerza de la certificación para asegurar un procedimiento correcto en la aplicación de la norma.

Sí nos preocupa la otra consulta que se hacía en relación a qué pasa en todas aquellas circunstancias en que no es efectivamente posible trasladar a la trabajadora a una tarea que no ponga en peligro la situación de gravidez, la salud de la madre o la del hijo. Me preocupa desde los dos puntos de vista. El primero, de que no haya otra tarea y la trabajadora decida seguir desempeñando esa y en consecuencia ponga en peligro su salud o la de su hijo. El segundo punto de vista que nos inquieta es que al no existir otra tarea se dé o bien la hipótesis de la Cámara de Industrias de que a determinada edad la trabajadora va a ser discriminada a la hora del contrato en una empresa que tiene actividades que pueden ser peligrosas en esta situación, o simplemente va a discriminar a la mujer a la hora de contratar. Pero por otra parte nos intranquiliza también la situación que se pueda dar en el caso de la pequeña empresa, como decía el señor Miembro Informante. Supongamos que se plantea la necesidad de un cambio de tareas por esta razón, que no puede efectuarse en tanto no hay otras hacia las cuales derivar a esa trabajadora. Allí puede surgir una situación de riesgo sanitario por un lado o, por otro, de producirse una desgracia, de las condiciones indemnizatorias a que la empresa tendría que hacer frente en función de esa desgracia no querida. Creo que todos tenemos en este momento la misma preocupación, la cual me parece que no está bien resuelta en el proyecto. Además, habría que pensar en algún elemento programático que pudiese guiar la reglamentación para amparar las dos situaciones. Deseamos que este proyecto sea aprobado antes del 15 de diciembre, pero me pregunto si no podríamos hacer un intento por corregir esto y, al mismo tiempo, excitar a través de las Bancadas, el interés de la Cámara de Representantes para que apruebe modificaciones introducidas por el Senado en este sentido. Adelanto que no hay ningún interés en retrasarlo, sino que la preocupación es que aprobemos un proyecto de ley que, en definitiva, pueda producir discriminaciones del empleo, generar situaciones de riesgo sanitario serio porque no se cambia la función de la trabajadora -que es la situación actual, frente a la cual no habría cambios- o, en tercer lugar, no produciéndose ese cambio, se habilite una vía de reclamo que en definitiva conduzca de pronto al cese de actividades de algunas empresas.

Por lo tanto, creo que todo el Senado comparte la importancia del proyecto y el interés de que pueda ser aprobado antes del 15 de diciembre. Mi pregunta es si no podremos realmente encontrar la solución a este punto cuya dificultad todos hemos advertido y, al mismo tiempo, reitero, excitar a las Bancadas en la Cámara de Representantes, para que estas modificaciones puedan ser aprobadas antes de esa fecha. Nosotros, señor Presidente, en muchas oportunidades hemos aprobado en el Senado, aun sin estar completamente de acuerdo y sin haberlas discutido en su totalidad, modificaciones venidas de la Cámara de Representantes a proyectos aprobados aquí. No veo por qué no podemos en este caso -donde además hay un acuerdo básico; esa es la sensación que tengo- realizar ese pequeño esfuerzo adicional, no para resolver el tema en el texto del proyecto, sino para incorporar algún artículo o inciso que facilite la reglamentación en esta materia. Hoy el intento de reglamentar esto no tendría sustento en el texto del proyecto, tal como está.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: estamos todos contestes en que a veces hay una cortesía parlamentaria que permite enviar a Comisión un proyecto de ley o darnos el tiempo necesario a fin de mejorarlo y perfeccionarlo. Yo no tendría ningún tipo de inconveniente si no estuviera absolutamente seguro de que el problema no tiene solución. ¿Por qué no la tiene y por qué la Comisión no aconsejó en ese sentido o a qué se debió todo el trabajo que hicieron sus integrantes o la propia Cámara de Industrias? En primer lugar, podemos preguntarnos si la solución estaría en plantear que todas aquellas empresas con menos de diez empleados quedaran exoneradas de cumplir en esta materia y, entonces, aceptaríamos por vía legal, que una mujer embarazada pudiera hacer trabajos que van contra la vida que está gestando. No, eso no sería admisible. ¿Podríamos admitir entonces que la empresa, si no la mantiene, la despidiera? No. Pongamos el ejemplo de la mujer embarazada: la pequeña empresa, ¿no le va a dar licencia cuando va a tener a su hijo? Es decir que la microempresa y la pequeña empresa ya aceptó que cuando toma a una mujer, si mañana está embarazada, su hijo va a nacer. Naturalmente, cuando el embarazo llega a término y el niño nace, existe un costo adicional para la empresa y es por eso que discriminan. ¿Pero podríamos nosotros derogar ese artículo de otra ley, para que no haya discriminación e intentar que cuando la mujer tenga a su hijo se le dé una licencia más corta a fin de que no se la discrimine? No. El problema es que esto no tiene solución. Cuando las empresas toman mujeres se plantean algunos problemas agregados. Ya hoy, sin este proyecto de ley, cuando toman a una mujer, queda embarazada y tiene a su hijo, existe una licencia por maternidad. Todas las empresas saben que eso es así y que ello tiene un costo mayor. Aclaro que no estoy hablando del costo económico sino de que si una persona especializada deja un puesto porque va a tener a su hijo, cualquier persona que asuma esa tarea tendrá que rendir lo mismo que aquella. Personalmente, me da la sensación de que la reglamentación podrá basarse en toda la jurisprudencia que pueda haber para tratar de mitigar los efectos de este problema. Sin embargo, no hay solución. O lo hacemos o no lo hacemos, señor Presidente. Creo que demorar el proyecto es darle posibilidades de que no se apruebe. Prefiero que salga y que sea hoy. Todo lo que la reglamentación después pueda hacer, en buena hora sea. Pero hay un nudo que no podemos solucionar. Por ejemplo, pensemos en una empresa, que cuenta tan solo con cuatro puestos y una mujer queda embarazada. La tarea que está desarrollando le genera problemas a la vida que va a nacer y no hay otro puesto para asignarle porque la empresa, por sus dimensiones, no lo permite. Entonces, ¿qué hacemos? Me parece que la solución es votar este proyecto de ley. Hay un bien a tutelar -en este caso la vida- que es mucho más importante que el resto.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Puede continuar el señor Presidente del Senado.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Señor Presidente: en realidad, me cuesta aceptar que no hay solución para este tema. Por ejemplo, creo que ejercer la imaginación durante dos minutos nos permitiría incorporar una norma que diga que se faculta al Poder Ejecutivo, en la reglamentación, a establecer un mecanismo mediante el cual esta trabajadora pueda acogerse a una suerte de variante del seguro de paro, autorizándose la contratación temporal de un sustituto. Creo que simplemente el tema no se ha pensado lo suficiente en el Senado, y no estoy proponiendo, señor Presidente, que lo estudiemos hasta el año que viene. Estoy diciendo que me parece que podríamos incorporar una norma otorgando esta facultad o algo por el estilo.

Es muy difícil hacerlo en Sala, pero si lo que deseamos es tutelar un bien tan importante, si en otras oportunidades este Senado o cualquiera de los Cuerpos ha considerado modificaciones razonables introducidas por otros y nuestra Bancada señala su disposición a apoyar que este proyecto quede aprobado antes del 15 de diciembre, no veo por qué, señor Presidente, tenemos que dejar trunco un esfuerzo diciendo que no hay solución cuando, en dos minutos y sin haberla profundizado a este Legislador se le ocurre una.

Muchas gracias.

SEÑOR RICALDONI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- En principio, quiero decir que me ocurre lo mismo que al señor Presidente Fernández Faingold y, en realidad, esta es una interrupción de tipo corroborante.

Estamos totalmente de acuerdo con el espíritu que anima este proyecto de ley, pero francamente debo decir que tiene muchas más dificultades en su aplicación de lo que seguramente parece a primera vista.

En primer lugar, debo señalar al señor Senador Michelini que no se puede reglamentar una ley en contra de lo que la misma establece, y acá hay una serie de disposiciones sobre las que con gran optimismo se dice que las puede aclarar la reglamentación pero que, por lo que he escuchado en Sala, significaría, por esa vía, modificar una ley. Reitero: eso no se puede hacer.

En segundo lugar, pienso que no se puede afirmar como se ha dicho que no hay mejores soluciones que estas. Por supuesto que las hay; una la acaba de adelantar el señor Senador Fernández Faingold y hace algunos minutos el señor Senador Pais me decía que quizás podría haber una solución mucho más sencilla para resolver algunas de las dificultades que plantearía en la práctica la aplicación de esta normativa. Debemos tener en cuenta que no se trata solamente de la microempresa como aquí se dice, pues es posible que todas las tareas de una empresa perturben un embarazo. Entonces, como me indicaba el señor senador Pais ¿por qué no pensar en un camino más simple como podría ser el de extender el período de licencia previa y el posterior al parto? Esta idea la sumamos a la planteada por el señor Senador Fernández Faingold y también podríamos pensar en otra como, por ejemplo, la de tener en cuenta el seguro de paro.

En lo personal pienso que en algunos casos, para algunas empresas, la ley podría establecer cosas muy sencillas como, por ejemplo, que en casos de dificultades para el patrono de encontrar una actividad adecuada para la mujer embarazada o en período de lactancia, éste podrá optar por el traslado y, de no ser posible dentro de la propia empresa, se podría extender la licencia previa y posterior al parto lo que ya está establecido por ley.

Para terminar, pienso que este proyecto de ley tendría que incluir algún concepto como para evitar colisiones que nadie desea entre esta y otras leyes que están vigentes.

Desde ya adelanto en nombre de la Bancada del Partido Colorado que, al igual que el señor Senador Fernández Faingold estamos dispuestos a tratar esto la semana que viene y hacer lo necesario para que este proyecto de ley quede aprobado antes del receso. No obstante, llamo la atención de los señores Senadores y los exhorto a que tengamos cuidado con aprobar un proyecto de ley que puede terminar significando una discriminación anticipada de mujeres que quieran acceder al mercado laboral y se vean perjudicadas ante el temor de los patronos de tener problemas que no desean.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Puede continuar el señor Presidente del Senado.

SEÑOR PAIS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Observo que me solicitan una interrupción los señores Senadores Pais y Sarthou pero debo hacer notar que queda poco tiempo para que termine la sesión. No quiero que luego se interprete que no queremos terminar de tratar este proyecto en el día de hoy. Igualmente, concedo con mucho gusto las interrupciones.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Puede interrumpir el señor Senador Pais.

SEÑOR PAIS.- Muy brevemente, señor Presidente, quiero decir que me parece que es obvio que el valor tutelado por la ley es compartido en su intención y en importancia. Además, en los ejemplos que han planteado varios de los Legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, se expresa claramente que hay algunos casos que merecen sin duda la aplicación de esta normativa. Sin embargo, mi duda radica en los casos extremos de extensión indebida de la ley. Por este motivo planteaba el tema de la certificación médica, lo que me parece un punto crucial porque si en un determinado momento, por ejemplo, una telefonista de una compañía de taxis argumenta estrés y la certificación médica es liberal, tal como sucede algunas veces en materia de trabajo, se podría generar la situación de que si esa empresa no tiene un lugar de trabajo sustitutivo, se produzca el peligro que señalaba el señor Senador Fernández Faingold o que simplemente esa funcionaria quede sin hacer nada. De esta forma, naturalmente, se estarían incrementando los costos laborales de la empresa, lo cual iría en perjuicio de los propios trabajadores por los mismos motivos que señalaba el señor Senador Ricaldoni que provoca cierta prevención en el sentido de que para determinadas tareas se busque al hombre porque, en general, no complica, y no a la mujer. Por supuesto, creo que no es esto lo que pretende el proyecto de ley que estamos estudiando.

Quizás el tema crucial esté en estudiar un poco más un criterio restrictivo para contemplar aquellos casos que aquí se han señalado como evidentes en el tema de la certificación médica en el sentido de que contenga todo lo que refiere al organismo emisor así como determinados extremos que aseguren una aplicación ceñida exclusivamente a aquellas situaciones que la ley pretende tutelar.

Sin perjuicio de esto añado que, tanto se trate hoy este proyecto o posteriormente, estoy dispuesto a aprobar el proyecto tal como viene, pero me gustaría dejar esta constancia, porque muchas veces este tipo de iniciativas amparadas en las mejores de las intenciones no beneficia a los trabajadores, sino que por el contrario los perjudica. Además, creo que debe tenerse en cuenta aquellos casos en los que esta normativa significa un incremento de costos y, a la vez, pensar en la posibilidad de extender la licencia de la trabajadora. Tal vez en este aspecto no expresé debidamente mi idea al señor Senador Ricaldoni, pero ese beneficio de la licencia podría extenderse durante todo el proceso de embarazo, y el período post - parto lo cual en ciertas tareas y para determinadas empresas puede complicar sus actividades.

Muchas gracias.

17) PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlgando Virgili).- Puede continuar el señor Presidente del Senado.

SEÑOR SARTHOU.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Con mucho gusto. Pero antes me gustaría dejar constancia de que si el Senado así lo desea, propondría que se prorrogue la hora hasta terminar esta discusión. Dicho de otra manera, no quisiera que se interrumpa automáticamente el análisis de este proyecto de ley al llegar la hora 20, por cuanto la aspiración de nuestra Bancada es aprobar este proyecto a los efectos de que pueda tener sanción antes del receso.

18) TRAJADORAS PUBLICAS O PRIVADAS EN ESTADO DE GRAVIDEZ O EN PERIODO DE LACTANCIA

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Continúa la discusión general del proyecto de ley relativo a las trabajadoras públicas o privadas en estado de gravidez o en período de lactancia.

En uso de una interrupción tiene la palabra el señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU.- Quiero señalar que de las soluciones planteadas, la de seguro de paro violaría el principio que la propia ley establece en el sentido de que no implique disminución de la remuneración, por lo que no podría admitirse que una trabajadora pase a cobrar el 60% que se cubriría por ese concepto.

En cuanto a no hacer nada, es cierto que aumentaría el costo de la empresa. Pero sí podría funcionar el régimen normal según el cual cuando en la licencia maternal se generan enfermedades puerperales o post parto, se amplía dicha licencia, lo cual está previsto a título de seguro y, por lo tanto, no es responsabilidad de la empresa. Entonces, esa podría ser una hipótesis de ampliación excepcional, tal como está establecido para el caso de enfermedad antes y después del parto. Según esto se habilita la posibilidad de la enfermedad y ello ni implica costo para la empresa ni un perjuicio en la remuneración de la trabajadora.

Ahora bien: tengo el temor de que, si se le introduce una modificación, este proyecto finalmente no sea aprobado por el problema del quórum. Por eso pensaba que podría ser una solución el hecho de que el Juez pudiera aplicar el artículo 4º de la Ley Nº 16.045, si se encuentra en una situación en la que no es posible cumplir con estas disposiciones. En realidad, la ley dice que no puede ser suspendida, despedida, perjudicada en su derecho laboral, postergada en su carrera funcional, ni disminuida su remuneración, pero no indica que no puedan cambiarse las tareas dentro de ciertos límites. Pero si no hay ninguna tarea, parecería que el Juez podría aplicar la solución que mencionaba. De todas maneras, no es fácil que el Juez admita esto, porque no tiene una norma que lo habilite. ¿Cómo llevamos a la práctica esa fórmula, que sería la mejor, sin crear un obstáculo para que esta ley realmente sea aprobada? Reitero que temo que este proyecto vuelva a la Cámara de Representantes y que finalmente no pueda sancionarse. Por eso, proponía que, en base a la discusión parlamentaria, se dejara librado a lo que pudiera hacer en cada caso el Juez que interviniera a raíz del planteo que hiciera la trabajadora.

19) PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Puede continuar el señor Presidente del Senado.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Ahora sí planteo formalmente la moción en el sentido de que se prorrogue la hora de finalización de la sesión por unos minutos a los efectos de poder concluir mi exposición-que es muy breve- pero sobre todo para definir el tratamiento que el Cuerpo le quiera dar a este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

20) TRABAJADORAS PUBLICAS O PRIVADAS EN ESTADO DE GRAVIDEZ O EN PERIODO DE LACTANCIA

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Puede continuar el señor Presidente del Senado.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Creo que aquí hay dos discusiones paralelas. La primera es si hay o no soluciones; en este sentido, creo que el planteo del señor Senador Sarthou es mucho más pensado, producto de su práctica profesional cotidiana en esta materia.

Personalmente, no proponía incluir a estas trabajadoras en el seguro de paro, sino buscar alguna fórmula que permitiera aplicar una norma similar, naturalmente, sin pérdida de remuneración. Pienso, además, que la reglamentación adecuada del inciso segundo del artículo 1º, en cuanto a certificaciones, constituiría una garantía en el sentido de la seriedad con que el tema se aborda. Por eso, señalaba que hay dos discusiones, y en media hora de debate hemos encontrado dos posibilidades de mejorar notoriamente el proyecto.

De manera que la primera preocupación es si el proyecto es mejorable o no en este sentido. Recién se decía que no hay cómo resolverlo, pero yo creo que sí y estoy dispuesto a contribuir personalmente a buscar una solución.

La segunda discusión gira en torno a si lo aprobaremos o no. A este respecto, quiero señalar que el Senado últimamente ha tenido quórum y no ha tenido dificultades para sesionar. Es cierto que a veces el quórum «cruje» un poco, pero hemos estado aprobando muchos proyectos de ley y cumpliendo una interesante agenda legislativa. Por lo tanto, me atrevería a decir que si para la fecha de la primera sesión ordinaria del mes de diciembre la Comisión no ha logrado mejorar el texto de este proyecto, votaría el proyecto con la redacción actual.

Pero me duele votarlo a sabiendas de que este texto va a generar problemas. No todos los Jueces van a tener el mismo criterio, y el señor Senador Sarthou sabe que si un proyecto de este tipo, en lugar de ser un factor que tutela el valor de la vida -que es tan importante- pasa a ser un elemento generador de conflictos individuales de trabajo, entonces, se echa oxígeno en la hoguera de la discriminación a la hora de contratar.

En definitiva, creo que estamos en condiciones de formular un compromiso político en el sentido de que este proyecto sea aprobado en el Senado en alguna sesión extraordinaria de noviembre o en la primera sesión ordinaria de diciembre. Además, comprometo una gestión ante nuestra Bancada en la Cámara de Representantes para que esta iniciativa pueda considerarse en ese ámbito antes del receso. Insisto en que estaríamos generando algunos problemas no previstos si no nos introducimos en la aventura de tratar de mejorar este proyecto. Asumo el compromiso de votarlo con esta redacción si no encontramos una solución alternativa y creo que, en la medida en que la Bancada está operando con ese mismo criterio, podría ser una visión compartida por ésta. Hagamos el esfuerzo, señor Presidente; me parece que el tema es demasiado importante como para que lo tratemos simplemente con la preocupación o el temor de que eventualmente no se alcancen las mayorías necesarias.

En consecuencia, mociono para que en el día de hoy procedamos a aprobar este proyecto en general postergando la discusión particular hasta la primera sesión del mes próximo.

Muchas gracias.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Pensaba participar en la discusión general, pero voy a suspender mi intervención, porque prefiero que se busque una solución a los problemas planteados.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Corespondería votar en general el proyecto de ley.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- Entiendo que hay una moción de orden planteada por el señor Presidente del Cuerpo en el sentido de postergar la consideración del proyecto y buscar una solución en el seno de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Inclusive, algunos señores Senadores aquí presentes se han ofrecido para hacer llegar a la Comisión y al Miembro Informante sus ideas, a fin de que este tema pueda ser considerado en la primera sesión ordinaria del mes de diciembre.

Por lo tanto, considero que la propuesta es distinta, salvo que, en forma simbólica, se quiera votar en general el proyecto de ley y suspender luego la consideración del articulado.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar la moción formulada en el sentido de que se postergue la discusión particular para la primera sesión ordinaria del mes de diciembre.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

21) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili).- Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 20 y 2 minutos, presidiendo el señor Senador Virgili y estando presentes el señor Presidente del Cuerpo, licenciado Fernández Faingold, y los señores Senadores Arismendi, Bentancur, Bergstein, Cid, Couriel, Dalmás, Gandini, García Costa, Gargano, Irurtia, Korzeniak, Pais, Quarneti, Ricaldoni, Sarthou y Segovia.)

LIC. HUGO FERNANDEZ FAINGOLD Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.