Retorno a página principal

Nº 243 - TOMO 388 - 7 DE JULIO DE 1998

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

25ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SENADOR ORLANDO VIRGILI  Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LICENCIADO JORGE MOREIRA PARSONS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitudes de licencia

- Las formulan el señor Presidente del Cuerpo, doctor Hugo Batalla, y el señor Senador Hugo Fernández Faingold.
- Concedidas.

5) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan la doctora Reta, los doctores Bluth, Solari, Opertti, Correa Freitas y Bastón y los contadores Zerbino y Davrieux comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

6) Modificación del régimen de trabajo del Senado

- Por moción del señor Senador Sanabria, formulada en nombre de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el Senado resuelve suspender la sesión convocada para la hora 16 del día de hoy y para que la convocada para el día miércoles comience a la hora 18 y 30, para considerar las venias que figuran en el orden del día, rendir homenaje al ex Legislador doctor José Pedro Cardoso y continuar la consideración del proyecto de ley por el que se expropia el Hipódromo de Maroñas.

7 y 9) Modificación del Reglamento de la Cámara de Senadores

- Proyecto de resolución por el que se suprimen los artículos 177, 178 y 179.
- En consideración. Aprobado.

8) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

- Por moción del señor Senador Gargano, el Senado resuelve prorrogar el término de la presente sesión hasta agotar el orden del día.

10) Modificación del artículo 129 del Reglamento de la Cámara de Senadores

- Proyecto de resolución por el que se crea la Comisión de Ciencia y Tecnología.
- En consideración. Aprobado.

11) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 3 de julio de 1998.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión especial, conforme lo dispuesto en el artículo 4º del Reglamento, el próximo martes 7, a la hora 15 y 30 a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Discusión particular del proyecto de resolución por el que se suprimen los artículos 177 a 179 del Reglamento referentes a la tramitación de los juicios políticos de carácter municipal.

(Carp. Nº 1096/98 - Rep. Nº 670/98)

2º) Discusión particular del proyecto de resolución por el que se modifica el artículo 129 del Reglamento creándose la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(Carp. Nº 1057/98 - Rep. Nº 671/98)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio   Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Batlle, Brezzo, Cid, Dalmás, Fernández, García Costa, Gargano, Hualde, Irurtia, Korzeniak, Ovalle, Pais, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia y Storace.

FALTAN: con licencia, el señor Presidente del Cuerpo, doctor Hugo Batalla, y los señores Senadores Fernández Faingold, Heber, Millor y Ramos; con aviso, los señores Senadores Bentancur y Bergstein; y sin aviso, los señores Senadores Andújar, Couriel, Garat, Mallo, Michelini y Gandini.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 35 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 7 de julio de 1998.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso en aguas jurisdiccionales uruguayas de Unidades Navales, Aeronavales y Personal de las Armadas de las Repúblicas Argentina y Federativa del Brasil y de los Estados Unidos de América para participar en la Fase III de la Operación Unitas XXXIX.

-A la Comisión de Defensa Nacional.

La Suprema Corte de Justicia remite la información solicitada por los señores Senadores Reinaldo Gargano y José Korzeniak relacionada con la presentación de solicitud de concordato preventivo judicial de la firma PROLOGO SA.

-Oportunamente le fue entregado a los señores Senadores Reinaldo Gargano y José Korzeniak.

La Suprema Corte de Justicia remite nota a la que adjunta los datos estadísticos correspondientes al departamento de Montevideo y a los departamentos del interior de la República referentes al primer trimestre del año en curso en relación a Desalojos, Lanzamientos y Acciones de Rebaja de Alquiler conforme lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Nº 15.799 de 30 de diciembre de 1985.

-Repártase.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite la información solicitada por el señor Senador Luis Alberto Heber relacionada con los gastos realizados en publicidad durante el año 1997 por esa Cancillería.

-Oportunamente le fue entregado al señor Senador Luis Alberto Heber.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

Por el que se declara de interés general la exhumación y posterior repatriación de los restos de los indios Charrúas Vaimaca Perú, Senaqué, Guyunusa y Tacuabé, y se establece el 10 de setiembre de cada año como "Día del Indio".

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se autoriza al Ministerio de Defensa Nacional -Dirección General de Información y Defensa- la enajenación del inmueble Padrón Nº 87.295 sito en el departamento de Montevideo.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

La señora Decana de la Facultad de Derecho remite nota comunicando la resolución adoptada por el Consejo de esa Facultad, relativa a las observaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos que actúa en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas al nuevo Código de Proceso Penal.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes."

4) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente del Cuerpo solicita licencia por los días 7 y 8 de los corrientes."

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Faingold solicita licencia desde el día 7 al 10 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 6 de julio de 1998.

Sr. Presidente del Senado

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi consideración:

Por intermedio de la presente me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar licencia entre los días 7 y 10 de julio del corriente año, inclusive, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.

Hugo Fernández Faingold."

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

5) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde que el señor Senador Pozzolo ocupe la Presidencia del Senado y se convoque a los suplentes respectivos.

SEÑOR POZZOLO. - Me siento muy bien representado por usted.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de varias notas de desistimiento llegadas a la Mesa.

(Se da de las siguientes:)

"La doctora Adela Reta, los doctores Solari, Opertti, Bluth, Correa Freitas y Carlos Bastón y los contadores Zerbino y Davrieux comunican que en esta oportunidad no aceptan la convocatoria de que han sido objeto."

-Corresponde convocar a los señores Senadores Bergstein y Bentancur para sustituir a los señores Senadores Fernández Faingold y Pozzolo, quienes ya han prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontraran en Antesala, se les invita a pasar al Hemiciclo.

6) MODIFICACION DEL REGIMEN DE TRABAJO DEL SENADO

SEÑOR SANABRIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA. - Señor Presidente: deseamos plantear una moción de orden en virtud de un acuerdo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que está analizando la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al año 1997. En conversación con los coordinadores acordamos proponer la suspensión de la sesión ordinaria prevista para el día de hoy y, en segundo término, que la sesión a realizarse el día de mañana comience a la hora 18 y 30 con el siguiente orden del día: en primer lugar se tratarían las venias que figuran en el orden del día de la sesión de hoy; luego el homenaje al ex Senador José Pedro Cardoso y, finalmente, continuar con el tratamiento del proyecto de ley por el cual se expropia el Hipódromo Nacional de Maroñas.

Concretamente, esta es la moción que formulamos, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE SENADORES

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de resolución por el que se suprimen los artículos 177 a 179 del Reglamento referentes a la tramitación de los juicios políticos de carácter municipal. (Carp. Nº 1096/98 - Rep. Nº 670/98)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1096/98

Rep. Nº 670/98

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

PROYECTO DE RESOLUCION

VISTO: la deliberación realizada en el Senado en la sesión del día 6 de mayo de 1998 acerca de cuál es la Comisión interna asesora encargada de conocer en la tramitación de los juicios políticos de carácter municipal (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores Nº 231, página 61 y siguientes del Tomo 388).

RESULTANDO: 1) Que en sesión del Senado del día 4 de diciembre de 1991, se aprobó una modificación al Reglamento del Cuerpo, estableciéndose en el artículo 129 que la Comisión de Constitución y Legislación es la competente para atender en "asuntos relativos a los artículos 93 y 296 de la Constitución" -que refieren inequívocamente tanto al juicio político contra gobernantes nacionales (artículo 93), como contra gobernantes departamentales (artículo 296)- sin establecer para nada entre las competencias de la Comisión de Asuntos Administrativos, en este artículo 129, que tuviese atribuciones en materia de juicio político, fuese éste dirigido a gobernantes nacionales o municipales (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores Nº 150, página 124 del Tomo 345).

2) Que, no obstante, ello, permanecieron sin modificar los artículos 177 a 179, que otorgan a la Comisión de Asuntos Administrativos algunas competencias en materia del "Juicio Político" contra gobernantes municipales.

CONSIDERANDO: 1) Que es notoria la contradicción entre lo dispuesto en el artículo 129 y los artículos 177 a 179 del Reglamento del Senado, como se señaló con acierto en la sesión aludida en el VISTO de la presente resolución.

2) Que parece claro que la intención o espíritu de la modificación reglamentaria de 1991 (ver RESULTANDO 1) fue trasladar el asesoramiento al Senado en el tema del Juicio Político íntegramente -sea contra gobiernos nacionales o municipales- a la Comisión de Constitución y Legislación. Esto surge como resultado de la norma misma (referencia a los artículos 93 y 296) y de la historia fidedigna de esa modificación (sesión del Senado de 4 de diciembre de 1991 y artículo 20 del Título Preliminar del Código Civil).

3) No obstante, es también muy claro que los artículos 177 al 179 mantienen un texto inequívoco que le atribuye a la Comisión de Asuntos Administrativos la instrucción de ciertas medidas en materia de Juicio Político contra gobernantes municipales.

4) Que ante una contradicción de textos de dos o más normas que integran un mismo Cuerpo normativo -es el caso presente- es deber del intérprete -conforme a conocidos principios de hermenéutica jurídica- buscar la superación de esas colisiones gramaticales mediante la búsqueda de interpretaciones armónicas (principios generales del Derecho y artículo 20 del Título Preliminar del Código Civil). Una "salida" orientada hacia este objetivo, podría centrarse en la interpretación siguiente: en los "Juicios Políticos Municipales" las medidas instructorias descriptas en los artículos 177 a 179 del Reglamento, serían cumplidas por la Comisión de Asuntos Administrativos, y, luego, el respectivo expediente pasaría a la Comisión de Constitución y Legislación (artículo 129 del Reglamento).

5) Si bien la solución indicada cumpliría adecuadamente con el principio interpretativo aludido antes (CONSIDERANDO 4), nada impide que el Senado aproveche la ocasión para depurar de contradicciones reales al texto de su Reglamento y, no por vía de trabajosa interpretación, sino de reforma reglamentaria, procure armonía teórica y práctica sobre el tema. Lo cual, por otra parte, evitaría la actuación necesaria de dos Comisiones en todo Juicio Político contra gobernantes municipales.

6) Como consecuencia, es necesario hacer una opción tajante: o se escoge a la Comisión de Constitución y Legislación o se mantiene a la Comisión de Asuntos Administrativos en "el Juicio Político Municipal".

La opción parece clara: a) las causales del Juicio Político -sean contra gobernantes nacionales o municipales- son la "violación de la Constitución u otros delitos graves" (artículos 93 y 296 de la Constitución); b) cualquiera de ambas causales, suponen un análisis de predominancia jurídica normalmente acorde con los cometidos de la Comisión de Constitución y Legislación; c) los posibles acusados en un Juicio Político son en un 99% "externos" al Parlamento (Presidente de la República, Ministros, miembros de la Suprema Corte de Justicia, miembros del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Intendentes, Ediles) y sólo en una hipótesis -"los miembros de ambas Cámaras"- sería un asunto "interno" del Parlamento; d) el único caso en la historia del Uruguay en que el Senado se pronunció -favorablemente- en un "Juicio Político Municipal", fue con actuación instructiva y de asesoramiento de la Comisión de Constitución y Legislación. Y si bien esa circunstancia difícilmente podría provocar una "nulidad" por vicio de procedimiento interno -ya que el Organo Juzgador es el Senado que, en todo caso habría subsanado vicios formales reglamentarios anteriores- está claro que ya desde esa época existía la convicción jurídica de que es la Comisión de Constitución y Legislación la más apropiada para asesorar al Cuerpo sobre el tema del Juicio Político, sea dirigido a gobernantes nacionales o municipales.

ATENTO: A los fundamentos expuestos, se considera que los planteos de Juicio Político promovidos contra gobernantes nacionales o departamentales que lleguen al Senado, pasarán a la Comisión de Constitución y Legislación para su calificación, instrucción y asesoramiento. Por lo tanto, se propone el siguiente proyecto de resolución:

"Modifícase el Reglamento de la Cámara de Senadores, suprimiéndose los artículos 177 a 179."

Sala de la Comisión, a 30 de junio de 1998.

José Korzeniak (Miembro Informante), Luis Brezzo, Luis Eduardo Mallo, Américo Ricaldoni, Walter Santoro, Helios Sarthou. Senadores.

FRAGMENTO DE LA VERSION TAQUIGRAFICA

DE LAS PALABRAS PRONUNCIADAS EN SALA

POR VARIOS SEÑORES SENADORES EN

SESION DE FECHA 6 DE MAYO DE 1998

SEÑOR PRESIDENTE. - Como recordarán los señores Senadores, en la sesión de ayer se resolvió que en el día de hoy se repartiera el conjunto de antecedentes referentes a la modificación del Reglamento del Senado y lo relativo a las competencias de las Comisiones de Constitución y Legislación y de Asuntos Administrativos.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Administrativos ha entendido que los antecedentes que han sido repartidos no resuelven el problema, sino que, por el contrario, lo dejan intacto. Por esa razón, la Comisión de Asuntos Administrativos considera -personalmente, lo puedo decir sin inhibición alguna, porque integro ambas Comisiones- que el juicio político municipal debe permanecer en su ámbito, entre otras razones, por motivos prácticos.

La Comisión de Asuntos Administrativos se encuentra al día en su trabajo, de tal manera que cuando el Senado no sesiona tampoco ella lo hace porque no tiene puntos que tratar. En cambio, es notorio que la Comisión de Constitución y Legislación está absolutamente desbordada.

Por esas razones y porque no advertimos con claridad que haya sido modificado el Reglamento, es que entendemos que este tema debe permanecer en la Comisión de Asuntos Administrativos.

Por otra parte, existiría una consideración de orden abstracto -podríamos decir- porque si establecemos que el juicio político se tramite en otra Comisión, en cierto modo estaríamos haciendo un juicio por Comisión. Es decir que después de los sucesos o de la acusación, estaríamos cambiando el instructor. Resulta claro que el Senado siempre es el Juez, pero la Comisión que instruye tiene su importancia, porque la instrucción es la parte fundamental del proceso en el juicio político.

Esta es una opinión compartida por la Comisión. El señor Senador García Costa no está presente en Sala, pero nos manifestó su acuerdo en la Comisión.

Además, declaro que estaba ausente el señor Senador Sanabria; no conozco su posición, ni queda comprometido con mis palabras.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: habitualmente coincido en los temas jurídicos con la muy ilustrada opinión del señor Senador Mallo, pero en esta oportunidad discrepo de manera muy radical.

En los antecedentes que se nos han distribuido figura el Repartido Nº 624, de mayo de 1998, que si no me equivoco está en poder de todos los señores Senadores. Me voy a referir a la página 34, en la numeración que figura al medio, arriba, que es la página 124 en la numeración que se encuentra a la izquierda y que tiene relación con el Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores.

En la mitad de la primera columna, luego de toda la discusión sobre reforma del Reglamento, se expresa: "(Texto del artículo aprobado:)" -aclaro que fue aprobado por 22 votos en 23. "Artículo 10. - Sustitúyese el texto del artículo 127 por el siguiente". Cabe aclarar que el artículo 127 del Reglamento era el que establecía la nómina de cada una de las Comisiones y sus cometidos; actualmente es el artículo 129. El artículo continúa diciendo: "Artículo 127. - Estas Comisiones serán quince a saber", y luego las enumera. Más adelante, expresa textualmente: "Comisión de Constitución y Legislación. Constitución, Legislación Civil, Penal, Comercial y Electoral: Administración de Justicia, Códigos, Asuntos Municipales, Organización de Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Migración; asuntos relativos a los artículos 93 y 296 de la Constitución".

Precisamente, el artículo 93 es el que dice que le compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros, y declarado haber lugar a la formación de causa. Estamos frente a lo que todos llamamos juicio político a los gobernantes nacionales.

Por su parte, el artículo 296 de la Constitución expresa que por las mismas causales del artículo 93 -es decir, por violación de la Constitución u otros delitos graves- pueden ser acusados, por un tercio de Ediles, ante la Cámara de Senadores, el Intendente Municipal y los Ediles.

Considero que el texto y el espíritu de quienes aprobaron este artículo el 4 de diciembre de 1991, por 22 votos en 23, es claro en el sentido de que quisieron que el juicio político contra gobernantes nacionales o departamentales, se tramitara en la Comisión de Constitución y Legislación.

Aclaro que personalmente indagué los antecedentes -tengo entendido que también lo hizo la Secretaría- durante muchas horas y revisé la Carpeta referida al juicio político a los Ediles de Maldonado. De allí surge que, hace varios años, un asesor letrado de la Secretaría del Senado -que, si no me equivoco, era el doctor Labandera- había aconsejado cuestiones de procedimiento y, entre ellas, la modificación de las competencias de las Comisiones y, más precisamente, sacarla de la Comisión de Asuntos Administrativos e incorporarla a la de Constitución y Legislación.

Precisamente, si continuamos leyendo la página 124 del Diario de Sesiones, observamos que dice: "Comisión de Asuntos Administrativos", se enumeran sus competencias, pero allí no figura para nada el juicio que acababa de ser adjudicado a la Comisión de Constitución y Legislación.

Esto es lo que sucedió desde el punto de vista de los textos, pero cabe preguntarse qué ocurrió en esa oportunidad. Cuando se realizó la reforma reglamentaria, seguramente basados en el viejo informe -que tampoco mencionaba el actual artículo 177- que expresa que la Comisión de Asuntos Administrativos trata este tema, olvidaron -me refiero a la voluntad real y psicológica de los señores Senadores- eliminar el artículo 177. Desde el punto de vista cronológico es evidente que antes del 4 de diciembre de 1991, esas competencias eran de la Comisión de Asuntos Administrativos, y luego de esa fecha pasaron a ser de la Comisión de Constitución y Legislación. Por ese motivo, debemos razonar cuál es la lógica, o sea, qué es lo que se analiza en un juicio político; si hay violación de la Constitución u otros delitos graves. Entonces, me pregunto a quién se le puede ocurrir que ese tema no sea materia de la Comisión de Constitución y Legislación.

El único caso en que puede justificarse -y fue el origen de que estuviera en la Comisión de Asuntos Administrativos- es cuando los propios Legisladores piden que les haga un juicio político, lo que se estilaba en el siglo pasado cuando se les estaba acusando públicamente. Esa fue la razón considerada como un asunto interno y no otra, porque el análisis que hace la Comisión es respecto a si hay violación de la Constitución de la República u otros delitos graves y eso, hasta por razones de naturaleza, es propio de la de Constitución y Legislación. De cualquier manera, es cierto que no se derogó el actual artículo 177.

En consecuencia, en mi opinión, si el espíritu de una norma aprobada posteriormente aparece claro, se deriva de ella misma y si la lógica de lo que se analiza en un juicio político también coincide con los cometidos de la Comisión, lo único que cabría sería que el Senado votara una interpretación definitiva con respecto a quién le corresponde hacerlo. Como es obvio, no tengo ningún interés en que el asunto esté en una Comisión o en otra; solo me anima lo que se denomina el interés del derecho, es decir, lo que resulta de la aplicación de las normas jurídicas: como dicen en algunos países, el interés de la legalidad. Ahora bien, como efectivamente olvidaron cambiar el artículo 177, el Senado debe interpretar o resolver.

Con respecto al último argumento que daba el señor Senador Mallo en el sentido de que sería una solución "ex post facto", porque ya hay asuntos en la Comisión, pienso que, si así fuera, primero tendríamos que declarar nulas todas las veces que se ha pedido que un tema pase de una Comisión a otra, ya que en esos casos ni siquiera median razones jurídicas. A veces ello se solicita, simplemente, por razones lógicas.

En segundo lugar, me parece que la Comisión no hace más que instruir. Tal vez haya una razón práctica basada en que la Comisión de Constitución y Legislación tiene muchos asuntos que tratar pero, si fuera así, comenzaríamos a enviar los temas que a ella le competen a la de Ganadería, Agricultura y Pesca o a la que tenga menos puntos para considerar.

Sinceramente, creo que la solución está clara, pero admito que es verdad que cuando se modificó la competencia de las Comisiones, el Senado olvidó cambiar el artículo 177. Entonces, lo que éste tiene que hacer es resolver qué es lo que quiere. Además, pienso que la resolución tiene que tomarla de acuerdo a lo que hace cada una de las Comisiones. Incluso, no creo que sea necesario buscar una solución creativa; sino simplemente, en mi concepto, una de carácter interpretativo: decir qué se quiso hacer con esta reforma.

Pido excusas por haber realizado una exposición demasiado larga pero realmente creía que sobre este tema había acuerdo, ya que así se tuvo en cuenta cuando el juicio a los Ediles de Maldonado y el juicio político -para mí injusto- tramitado al señor Representante Nicolini. Este último también fue a la Comisión de Constitución y Legislación, aunque es el único que tiene algo que ver con las cosas internas del Parlamento. Por lo
tanto, me parece que a esta altura no vale la pena discutir más, habría que votar y proceder como decida el Senado.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: hay una evidente colisión entre lo que establece el artículo 129 del Reglamento, que fija la competencia de las distintas Comisiones, y lo que dice el artículo 177. Para tratar de ser prácticos en esta materia, me parece que lo lógico sería que la Mesa le propusiera al Senado tratar, en la reunión de la semana que viene, un proyecto de reforma del artículo 177 del Reglamento, estableciendo a quién compete la instrucción y coordinándolo con el artículo 129.

Creo que tiene razón el señor Senador Korzeniak en el sentido de que ha habido un olvido, pero que lo que prevalece en este caso es la competencia fijada por el artículo 129. Si el Senado aceptara este criterio -para no comenzar a discutir aquí sobre quién tiene razón- pienso que habría que aunar opiniones con los Coordinadores, de forma de plantearlo al Senado en la próxima sesión. Si así se procediera, podríamos adelantar tiempo, haciendo lo que solicita la Comisión de Asuntos Administrativos, es decir, devolviendo los expedientes para mayor información. Entretanto, el Senado considerará el informe de los Coordinadores para ver si es viable una reforma al artículo 177 del Reglamento, que ordene lo que está tan claro en la disposición anterior.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa iba a proponer, al final de la intervención de los señores Senadores, una reunión con los Coordinadores porque el procedimiento que el propio Reglamento establece para su reforma, requiere un informe escrito de la Comisión de Asuntos Administrativos y una sesión extraordinaria citada exclusivamente para ese fin. Entonces, aquí hay dos temas: la resolución de los dos puntos del orden del día en particular y la resolución de la cuestión reglamentaria. Sin perjuicio de ello, adelanto la voluntad de la Mesa de proceder de esa manera. Simplemente quería que los señores Senadores lo tuvieran en cuenta.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: no me voy a incorporar con tanta facilidad a la propuesta de reforma del Reglamento y voy a dar las razones. Lo que se plantea es si está vigente la disposición que leyó el señor Senador Korzeniak, que dice que compete a la Comisión de Constitución y Legislación entender en los juicios políticos de acuerdo con los artículos 93 y 296 de la Constitución de la República o si, en el caso de un juicio político municipal, debe participar la Comisión de Asuntos Administrativos.

Creemos que el Reglamento está bien como está porque, si leemos las disposiciones constitucionales, vemos que cuando el artículo 93 establece la competencia de la Cámara de Representantes para acusar ante la Cámara de Senadores a los integrantes o quienes ejerzan los cargos que allí se determinan y se precisan, en la última parte establece: "después de haber conocido sobre ellos" -es decir, sobre esos cargos- "a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa". A su vez, el artículo 102 dice: "A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental en su caso, y pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos, por dos tercios de votos del total de sus componentes".

Lo que queremos remarcar en forma precisa es que para el caso de que la Cámara de Senadores acuse a un miembro del Senado, de la Cámara de Representantes, al Vicepresidente o al Presidente de la República, en la disposición correspondiente se habla de "después de haber conocido sobre ellos" -esos cargos- "a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa". Quiere decir que existe un proceso parlamentario en el cual se analiza el cargo y luego se pasa a declarar que hay lugar a la formación de causa, formulando acusación ante el Senado de la República. Esto es lo que ha ocurrido en varios de los juicios políticos conocidos en el país. Entonces, como es natural, en esos casos va a intervenir la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

Sin embargo, el artículo 296 -que, según creo, fue incorporado en la Constitución de 1934, aunque no sé si con la misma numeración o con otra- dice que los Intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de dicha Junta, por los motivos previstos en el artículo 93. Esos motivos refieren, concretamente, a la violación de la Constitución y otros delitos graves. Pero la norma no establece que haya conocimiento de causa por parte de la Junta Departamental; por eso, esta deficiencia de las acusaciones que ha hecho la Junta Departamental y que las Comisiones de Cerro Largo y de Soriano proceden a devolver señalando que se debe determinar con mayor precisión cuáles son las acusaciones. Es decir, en relación con la Junta Departamental no existe un procedimiento establecido de acuerdo con la Constitución. Entonces, nos parece lógico el artículo 177 del Reglamento de la Cámara cuando, conociendo el Senado las acusaciones que se deduzcan de conformidad con el artículo 296 de la Constitución, determina el procedimiento a realizar a nivel del Senado y expresa que se recibe la pieza acusatoria y demás antecedentes, todo lo que deberá remitirse en forma conjunta. Asimismo, indica que la Comisión de Asuntos Administrativos no tiene funciones de asesoramiento, no elabora un diagnóstico ni hace un informe, sino que debe correr vista al o a los inculpados a los efectos de que presenten sus descargos o articulen sus defensas. Esto quiere decir que dicha Comisión debe hacer todo aquello que no entre dentro de las competencias de la Junta Departamental; luego, tiene que determinar el término de la vista y, tal como figura en otra de las disposiciones, durante la vigencia del término de la vista, los interesados y sus asesores podrán examinar los antecedentes en la Secretaría del Senado. En definitiva, la Comisión de Asuntos Administrativos es la que debe realizar el procedimiento e informar sobre el juicio político incoado en una Junta Departamental. Después de la actuación de esta Comisión; sí tendrá que intervenir la Comisión de Constitución y Legislación la que, con todos los antecedentes -los que vinieron de la Junta Departamental y los que derivaron de las reuniones llevadas a cabo por la Comisión de Asuntos Administrativos- deberá realizar el informe, concluyendo si corresponde o no que el Senado proceda a actuar en la emergencia. Esto significa que recién una vez que el Senado cuente con este informe, estará en condiciones de dictar sentencia y señalar si separa o no al imputado de su cargo, en el juicio político. Este es nuestro criterio en relación con el tema.

A su vez, creemos que lo que se complementa con el artículo 177 es el procedimiento para cumplir adecuadamente una información sobre el juicio político. De hecho, no está determinada la forma como debe realizarlo la Junta Departamental: sí se ha determinado cómo hacerlo en el caso de la Cámara de Representantes. Así, no fue por equivocación o por olvido que quedó este Capítulo XXII del Reglamento del juicio político municipal. Pensamos que estas actuaciones de la Comisión de Asuntos Administrativos están establecidas de modo de completar el trámite del juicio político, la acusación, para que luego el Senado, con el informe de la Comisión de Constitución y Legislación, proceda a dictar sentencia.

Era cuanto queríamos manifestar.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Debo decir que comparto íntegramente las manifestaciones del señor Senador Santoro. Quiero dejar, constancia, sí, de que la tesis de que determinadas disposiciones deben ser eliminadas o no están derogadas por un olvido del Legislador, es muy grave, porque así podríamos decir que el Constituyente se olvidó de cambiar un artículo de la Constitución. Nosotros tenemos que atenernos a los tenores literales, a la literalidad de los textos. Si el Legislador no derogó es porque no quiso, aun pudiendo hacerlo; no vamos a presumir que era incompetente u olvidadizo.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: creo que el Cuerpo tiene facultad para corregir los Reglamentos por él confeccionados, es decir, cambiar, agregar o quitar lo que se considere conveniente, ya sea que quienes lo redactaron en su momento hayan tenido o no algún olvido.

A mi juicio, la interpretación del señor Senador Korzeniak es correcta. Pero, dado que el artículo del Reglamento que establece cómo se han de efectuar las modificaciones, señala todo un sistema especial, pienso que lo práctico sería que aquellos que entienden que el Reglamento debe ser modificado en el artículo 177, así lo planteen por los caminos que posibiliten verificar si hay o no voluntad política del Cuerpo en ese sentido. Se han escuchado distintas opiniones por lo que, a mi entender, lo práctico sería acompañar con el voto el planteo de la Comisión de Asuntos Administrativos de devolver los expedientes para mayor información. Asimismo, quedaría pendiente la tesis del señor Senador Korzeniak a efectos de ver si ella cuenta con el apoyo político necesario para modificar el texto. Así, en su momento retomaremos esta interesante discusión.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Casi todo lo que pensaba decir lo ha manifestado ya el señor Senador Batlle. Comparto totalmente sus expresiones y quiero decir que también estoy de acuerdo esta vez con el señor Senador Korzeniak en cuanto a la inteligencia que hace de los textos del Reglamento. A mi juicio, es tal cual él lo señala.

Sin embargo, me parece que no nos podemos embarcar en una discusión de este tipo por la razón que el señor Presidente ha señalado, es decir, porque hay normas que nadie discute en cuanto a lo que tenemos que hacer cuando se plantea un problema de esta naturaleza. Pienso que sería ocioso ponernos a discutir si la competencia le corresponde a una Comisión o a otra, como una especie de interpretación del Reglamento. En un tema tan delicado como el del juicio político, no me gusta salir del paso con una interpretación que podría cambiar pasado mañana. A mi juicio, no es bueno que ello ocurra.

Considero que lo mejor sería -tal como el señor Presidente lo ha propuesto- celebrar una sesión especial para analizar la posibilidad de modificar algunos artículos del Reglamento. Por mi parte, he escuchado con mucha atención al señor Senador Santoro. Pienso que sus palabras van en la misma dirección de la argumentación del señor Senador Mallo y, en mi opinión, ha sido muy inteligente su intervención, además de habilidosa, y digo esto sin ningún tipo de ironía. Sin embargo, confieso que no la comparto. No creo que ese haya sido el sentido de la reforma de 1991.

No discutamos más hoy. Creo que lo correcto es proceder en el sentido indicado y el Senado debe hacer suyo el informe de los dos Ediles; el informe de la Comisión de Asuntos Administrativos, luego, la Mesa determinará cuándo tendremos una sesión extraordinaria para ir al fondo del tema y ver si nos afiliamos a la tesis -repito que no la comparto- de los señores Senadores Mallo y Santoro, que dice que lo que establece el Reglamento es así y está bien. En su defecto, como otros pensamos, aquí inadvertidamente nos olvidamos de ajustar el texto del artículo 177 y no sé si también el de los artículos 178 y 179 del mismo Capítulo sobre juicio político municipal.

De modo que adhiero a lo que han expresado el señor Presidente y el señor Senador Batlle.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: me pregunto si a veces no viene bien, en esta clase de temas, que quienes saben muy poco realicen un aporte o consideraciones que puedan ser útiles posteriormente. En realidad, estoy en duda acerca de si lo que realmente tenemos que modificar es el Reglamento o la Constitución. Quiero aclarar que mi intención es actuar con serenidad y objetividad en este episodio, que nace a partir de una acusación del Partido que integro contra un Edil del Partido Nacional del departamento de Soriano. Allí se formó una Comisión Investigadora que resolvió archivar los asuntos.

Parecía que el capítulo estaba cerrado, pero se ejerció la facultad constitucional que establece que un tercio del total de Ediles -once en este caso- pueden promover la acción. Entonces, a mi entender, aquí hay dos aspectos en juego, obviamente mirado desde el punto de vista práctico y no desde el de un especialista en materia constitucional, porque no lo soy. Concretamente, se trata de una facultad constitucional de un grupo minoritario de Ediles, que posibilita que se pueda torcer la voluntad mayoritaria de un órgano que tiene competencia para resolver -y de hecho resolvió- ejerciendo la autonomía que la Constitución le adjudica. Por lo tanto, solicito que esto también se examine aunque sé que, de pronto, el Edil de mi propio Partido, de mi grupo, me puede estar reprochando lo que acabo de decir. Quizás en este caso el problema no se resuelva, simplemente modificando el Reglamento, sino que la dificultad radica en esa mayoría rígida que la Constitución le otorga a los Gobiernos Departamentales, lo cual puede generar este tipo de situaciones. Si a través de la reforma obligamos al partido que alcanza el Gobierno a formar una coalición y a mantener mayorías regimentadas en amparo del ciudadano que gana un Gobierno Departamental, se estaría produciendo una brusca contradicción con otros principios contenidos en la Carta. Por eso digo que, desde mi punto de vista, este es un episodio menor en sí mismo, y no en su contenido o en lo que debería aconsejarse acerca de qué Comisión es la correspondiente en este tema. A mi juicio, el problema no está en este punto, sino que proviene de otro lado.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Aclaro que no me voy a referir al tema que plantea el señor Senador Pozzolo, sino a la propuesta formulada por el señor Presidente en el sentido de que los Coordinadores se reunieran a los efectos de comenzar a considerar la posible modificación del Reglamento. Por su parte, el señor Senador Ricaldoni habla de realizar una sesión a los efectos de analizar si es preciso o no modificar el Reglamento. En lo que a nosotros respecta, creemos que lo pertinente es consultar a los Coordinadores porque, de lo contrario, en este ámbito va a ser imposible proceder en ese sentido.

SEÑOR RICALDONI. - Estoy de acuerdo, señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Deseo formular dos aclaraciones. La primera de ellas tiene que ver con las consideraciones expuestas por el señor Senador Pozzolo, que podemos decir se encuadran en un razonamiento lógico. El hecho de que un tercio de los miembros de un órgano adopte una decisión, existe tanto en materia municipal como nacional y corresponde a una tradición que nace en el Derecho Constitucional durante el siglo XVIII. Esto es lo que se llama un derecho de las minorías, y la interpelación de un Ministro, por ejemplo, según el artículo 119, también se lleva a cabo por la voluntad de un tercio de los miembros del Cuerpo, a pesar de que la mayoría de éste pueda no estar de acuerdo con tal decisión. Lo mismo ocurre con la acusación en el juicio político, que también pertenece a una vieja historia del Derecho Constitucional y que, obviamente, puede ameritar una reforma.

Con todo el respeto que me merecen las demás opiniones, creo que cuando existen dos normas contradictorias en un cuerpo normativo y todas tienen la misma validez, es obligación del intérprete alcanzar una solución armonizada. Para decirlo de alguna manera, es una sacada de cuerpo de "chambón jurídico" decir que como las disposiciones están en contradicción, entonces es necesario quitar algo. Si en la Constitución aparecen normas contradictorias, el intérprete, repito, está obligado a armonizarlas. Pienso que lo mismo tendríamos que hacer con el Reglamento: si hay dos normas contradictorias y hay acuerdo en que realmente es así, lo que debe hacer el Cuerpo es interpretarlas. Este es el primer deber del intérprete, y todos lo conocemos como la armonización del orden jurídico. Si existe una contradicción entre la ley y la Constitución, también hay un procedimiento para resolver, y si dentro de una misma ley hay dos normas de apariencia contradictoria, hay que interpretar la contradicción.

A mi juicio, está muy claro que no hay nada para reformar en el Reglamento. Si por razones pragmáticas, como señalaban los señores Senadores Batlle y Ricaldoni, y a fin de evitar una larga discusión, se decidiera traer aquí un informe sobre el asunto, no tendría inconveniente. Pero, reitero, desde el punto de vista jurídico me parece que esto no es discutible, y lo digo con absoluta sinceridad. Usualmente se habla de dos bibliotecas, pero a veces no las hay. Cuando en un mismo cuerpo normativo hay dos disposiciones contradictorias, el deber del intérprete es resolver la contradicción y no por vía de reforma, sino interpretando.

La segunda aclaración que deseaba realizar tiene que ver con el hecho de que, en lo personal, no me opongo a que se traiga aquí una opinión y se fije una sesión a los efectos de analizarla. Sin embargo, no estoy de acuerdo -quizás esto merecería una aclaración- con que se devuelvan las cosas porque el Senado todavía no tiene opinión sobre cuál es la Comisión que debe intervenir en este asunto. Por mi parte, esa no es la imagen que quiero dar. Ahora bien, si faltan antecedentes de verdad o si la acusación no está bien hecha, podría admitir que se procediera de esa manera; pero si no es así, pido al Senado que no se invoque como razón para devolver los expedientes el hecho de que el Cuerpo está discutiendo acerca de cuál Comisión es la competente en este caso. Si efectivamente la Comisión interpreta que hay que devolver esos expedientes porque faltan antecedentes, no me opongo a ello. No obstante, mantengo mi opinión en el sentido de que es sólo por razones pragmáticas que se necesita reformar el Reglamento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si los señores Senadores me permiten, a efectos de tratar de ordenar el trabajo del Cuerpo y si no hubiera oposición, reuniríamos a breve plazo a los Coordinadores e informaríamos en la primera sesión ordinaria de la semana próxima, es decir el martes, sobre el camino sugerido, que puede ser el de la interpretación, el de la reforma o cualquier vía de resolución, de acuerdo con lo previsto por el Reglamento. Si el Senado no tuviese objeciones en este procedimiento, dejaríamos pendiente ese punto de la discusión de hoy hasta ese momento y la Mesa informaría."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En consideración.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: el Senado fue convocado para la modificación de su Reglamento y, tal como allí se establece, debe hacerlo a través de una sesión especial.

Concretamente, se trata de determinar si es la Comisión de Constitución y Legislación o la de Asuntos Administrativos la competente para tratar el tema de los juicios políticos en su etapa de instrucción e informe porque, obviamente, la de decisión corresponde al Plenario, el que según establece el artículo 102 de la Constitución, es el juez en los juicios políticos.

Cabe recordar que en 1991 se propuso, por el entonces señor Senador Posadas Montero, que fuera la Comisión de Constitución y Legislación la que hiciera la instrucción y diera el asesoramiento al Senado en materia de juicios políticos. Las razones fueron múltiples y todas muy atendibles, como ser las causales de los juicios políticos -que son la violación de la Constitución u otros delitos graves- y la circunstancia de que todos los sujetos pasibles de este instrumento -salvo en el caso de los Legisladores- son personas ajenas a los Cuerpos parlamentarios. Por consiguiente, nada tendría que ver la Comisión de Asuntos Administrativos.

Esa reforma propuesta en 1991 fue aprobada y en el artículo 129 del Reglamento se estableció que los juicios políticos, ya fueran nacionales o respecto de gobernantes departamentales -por eso la referencia al artículo 93- debían ser estudiados por la Comisión de Constitución y Legislación. Sin embargo, por una desprolijidad, quizás vinculada a un tema de memoria, se omitió borrar del Reglamento los artículos 177 a 179, que le otorgaban a la Comisión de Asuntos Administrativos la facultad para entender en la instrucción de los juicios políticos a gobernantes municipales, es decir, a Ediles e Intendentes. Indudablemente, se trató de una omisión u olvido, pero quedó claro que en el artículo 129 -que refiere al juicio político nacional como también al entablado a gobernantes departamentales- se le daba esa potestad a la Comisión de Constitución y Legislación.

Frente a esta situación ya planteada en el Senado, había una posible solución teóricamente sostenible. Cuando hay disposiciones de un mismo cuerpo normativo -y eso es lo que dice el proyecto de resolución propuesto por la Comisión- que son contradictorias -como sería el caso del artículo 129 que dice que todos los juicios políticos, incluidos los que se le hacen a los gobernantes municipales, serán estudiados por la Comisión de Constitución y Legislación, y el artículo 177, que por una omisión u olvido sigue estableciendo que la encargada de tratar esos temas es la Comisión de Asuntos Administrativos- se debe intentar armonizar las cosas. Sin embargo, dada esa contradicción real desde el punto de vista gramatical, la Comisión de Constitución y Legislación entendió que podría aprovecharse esta oportunidad para reformar el Reglamento eliminando los artículos 177 a 179, de forma de depurarlo de una contradicción gramatical que nadie quiso en 1991. Con esto, se evitaría el intento de armonizar de manera un poco artificiosa, aunque ajustada a la hermenéutica jurídica, estas disposiciones.

Es precisamente por estos motivos que se llega a esta sesión especial en la que se propone una reforma muy elemental: eliminar del Reglamento los artículos 177, 178 y 179, ya que se contradicen abiertamente con el 129, que dice que los juicios políticos, ya sean contra gobernantes nacionales o municipales, corresponden a la Comisión de Constitución y Legislación. Ese es el proyecto que todos los señores Senadores tienen a la vista, a través del cual se depura el Reglamento de una contradicción puramente gramatical no querida, y se ajusta a lo que ha sido la práctica reglamentaria.

El juicio político ocurrido después de 1991 en el ámbito del Senado contra dos Ediles departamentales -el único que hubo y que llegó a esa etapa culminante- fue analizado por la Comisión de Constitución y Legislación. Entonces, no sostener la tesis que estamos planteando podría implicar la posibilidad -aunque seguramente perderían quienes la impulsaron- de que se sostuviera que el Senado dispuso mal el procedimiento para aquellos dos Ediles que fueron expulsados de la Junta Departamental de Maldonado, ya que el tema fue considerado por la Comisión de Constitución y Legislación. En realidad, lo que sucedió en aquella ocasión es que esa Comisión examinó el tema y llegó a la misma conclusión a la que arribó en el presente.

En consecuencia, recomendamos al Senado que se eliminen los artículos 177 a 179, que suponemos por error, omisión u olvido no fueron quitados. Repito, estas disposiciones establecen que la Comisión de Asuntos Administrativos es la que debe entender en los juicios políticos a gobernantes municipales. Sin embargo, debe regir el artículo 129, insisto, que efectivamente establece que el juicio político, ya sea a gobernantes nacionales o municipales, en su etapa de instrucción y asesoramiento, le compete a la Comisión de Constitución y Legislación. Para evitar continuar citando artículos, aclaro que el artículo 129 figura en la página 33 del ejemplar del Reglamento que tienen todos los señores Senadores, mientras que los artículos 177 a 179 se encuentran en la página 49.

Por último, sólo nos resta decir que la Comisión de Constitución y Legislación propone, después de una fundamentación que he resumido en pocas palabras, que se modifique el Reglamento de la Cámara de Senadores suprimiéndose los artículos 177, 178 y 179.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - En oportunidad de considerarse el tema en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación, voté negativamente y he de indicar las razones que me llevaron a tal criterio, a fin de ver si éste es
compartido.

La fundamentación que se nos ha repartido, y que el señor Senador Korzeniak ha expuesto brevemente en lo personal la resumiría aún más diciendo que estamos frente a un problema de contradicción a nivel del Reglamento, que hay que innovar en el tema. El Senado hoy tiene que resolver si está mal adjudicada determinada competencia que se da en forma contradictoria en el Reglamento y en mérito a ello a qué Comisión se deben enviar los juicios políticos. En tal sentido, puede decidir -tal como se ha sugerido- que sea a la Comisión de Constitución y Legislación o, en su caso, a la de Asuntos Administrativos. En lo personal, prefiero que sea a esta última.

Las razones que me llevan a adoptar esta postura son muy sencillas. En primer lugar, no podemos partir de la base de que hay Comisiones que son capaces de entender mejor determinados asuntos. Se supone que todos los Senadores deben tener la capacitación -y si no, la adquirirán- para tratar todos los asuntos porque, de lo contrario, este sería un Senado con diversas categorías, cosa que, por supuesto, no es aceptable y descuento no se pretende en la propuesta que se está analizando. Cualquiera de las dos Comisiones es conceptualmente apta.

En segundo lugar todos los señores Senadores deben saber, pero los que trabajamos en la de Constitución y Legislación lo sabemos aún más, que ésta es la que tiene mayor cantidad de trabajo en sus manos, de proyectos en su agenda. Tan es así, que es la única Comisión del Senado que se reúne ordinariamente dos veces a la semana, cuando las demás lo hacen una vez. Ahora, se ha propuesto que los juicios políticos pasen también a la Comisión de Constitución y Legislación. Actualmente, en la Comisión de Asuntos Administrativos, que integro -al igual que la de Constitución- hay tres juicios políticos. Si este Cuerpo pretende cumplir de la mejor manera posible sus tareas, ¿va a enviar los tres juicios políticos a la Comisión que está sobrecargada de tareas y que se reúne dos veces por semana -soy testigo de que, a pesar del trabajo que se hace, no alcanza el doble horario en el que funciona- o los va a reservar a una Comisión que sé que tiene -porque también conozco su actuación- el tiempo necesario y disponible para eso?

Argumentar que todo juicio político es meramente una actividad vinculada a la legislación y a la Constitución, me parece que es exagerado. El 90% ó el 95% del tema atinente es apreciación sobre pruebas, apreciación sobre criterios, apreciación de hechos que han determinado que vengan a este Cuerpo los juicios políticos.

Por lo tanto, que la Comisión de Asuntos Administrativos sea incapaz de hacerlo porque no tiene la presunta especialización que puede tener la otra en materia de Constitución y Legislación, me parece exagerado. Si el Senado resuelve lo que propone la mayoría de la Comisión de Constitución y Legislación, no se precisa ser ningún anticipador del futuro para decir que vamos a empezar por preguntar una y otra vez qué pasa con los juicios políticos pendientes, que quedarán tres meses en la Comisión, y luego, cuatro meses, seis meses o un año. No estoy haciendo puramente ciencia ficción actualmente hay tres juicios políticos vinculados a lo municipal en marcha. La Comisión de Constitución y Legislación, ¿va a suspender la consideración de tres o cuatro temas cuya solución es acuciante y muchos de ellos son complejos, para detenerse en juicios políticos? Creo que si tenemos una Comisión que tiene la capacidad necesaria -porque está integrada por Senadores- el tiempo disponible y la posibilidad de hacerlo, no veo por qué no podemos encomendar a ella el análisis de los juicios políticos. Estos, generalmente -y este es el último argumento que deseo agregar- son complejos, algunos de ellos desde el punto de vista constitucional.

8) PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Formulo moción para que se prorrogue por cinco minutos más la finalización de esta sesión, a efectos de votar este asunto y el siguiente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Gargano.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE SENADORES

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la consideración del proyecto de resolución por el que se suprimen los artículos 177 a 179 del Reglamento referentes a la tramitación de los juicios políticos de carácter municipal.

Continúa en el uso de la palabra el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Decía, señor Presidente, que es optativo que los juicios políticos sean analizados por cualquiera de estas dos Comisiones. Si se quiere optar por una es obvio se puede hacer. Pero como integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, debo decir que no se pida luego que ésta se expida con celeridad sobre estos temas tan delicados siendo que es la que más tareas tiene adjudicadas. El Senado debería en tal caso modificar el trabajo que a ella le compete. Si se la libera de muchas tareas, podrá dedicarse eficazmente a los juicios políticos. Esta es la opción planteada. Si se modificó mal un artículo del Reglamento, porque se procuraba determinado propósito, entonces, se modificó mal y punto. Vamos a tratar de hacer las cosas adecuadamente.

Pregunto, señor Presidente -porque creo que para resolver este tema tiene mucho que ver el sentido común- si se estima que para los juicios políticos planteados hoy en la Comisión de Asuntos Administrativos se requiere una Comisión que presuntamente, por sus integrantes, tendría una determinada especialización que no necesariamente puede alcanzar lo que es un juicio político, que es en gran parte un juzgamiento de actitudes y conductas; y que no necesariamente concierne exclusivamente a quienes integran la Comisión de Constitución y Legislación.

Propondría -no lo he redactado- que la tarea de los juicios políticos, tal como está establecida para la Comisión de Constitución y Legislación, pasara a la de Asuntos Administrativos. Concretamente sugiero seguir el mecanismo inverso al que se ha propuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Simplemente, deseo señalar que el planteo realizado por el señor Senador Korzeniak me parece muy sólido. Considero que el criterio de especialización es el que debemos tener en cuenta, porque es el que guía la distribución de las competencias en las Comisiones. El fenómeno relacionado con el volumen de trabajo que puede existir, es totalmente contingente; de ninguna manera puede alterar esa necesidad de ajustar la actividad de las Comisiones de acuerdo con el campo de especialización de cada una.

Reitero que deseo afirmar la argumentación realizada por el señor Senador Korzeniak y dejar en claro mis diferencias con los conceptos vertidos por el señor Senador García Costa.

10) MODIFICACION DEL ARTICULO 129 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE SENADORES

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: "Proyecto de resolución por el que se modifica el artículo 129 del Reglamento creándose la Comisión de Ciencia y Tecnología. (Carp. Nº 1057/98 - Rep. Nº 671/98)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1057/98

Rep. Nº 671/98

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Administrativos

PROYECTO DE RESOLUCION SUSTITUTIVO

Artículo Unico. - Modifícase el artículo 129 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el que queda redactado de la siguiente forma:

"Estas Comisiones serán dieciséis, a saber: Asuntos Administrativos, Asuntos Internacionales, Asuntos Laborales y Seguridad Social; Ciencia y Tecnología; Constitución y Legislación; Defensa Nacional; Educación y Cultura; Ganadería, Agricultura y Pesca; Hacienda; Industria y Energía; Medio Ambiente; Orden del día; Presupuesto; Salud Pública; Transporte y Obras Públicas y Vivienda y Ordenamiento Territorial."

"Estas Comisiones informarán sobre los siguientes temas:"

"Ciencia y Tecnología:

Asuntos relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la integración de ambas disciplinas en el campo educativo y productivo, al mismo tiempo establecerá las prioridades a nivel nacional en ambas ramas del conocimiento."

Sala de la Comisión, 1º de julio de 1998.

Alberto Cid (Miembro Informante), Susana Dalmás, Guillermo García Costa, Luis Eduardo Mallo, Wilson Sanabria. Senadores.

PROYECTO CON EXPOSICION DE MOTIVOS POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE SENADORES CON EL COMETIDO DE CREAR UNA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. SENADOR ALBERTO CID

CREACION DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Modifícase el artículo 129 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el que queda redactado de la siguiente forma:

"Estas Comisiones serán dieciséis, a saber: Asuntos Administrativos; Asuntos Internacionales; Asuntos Laborales y Seguridad Social; Ciencia y Tecnología; Constitución y Legislación; Defensa Nacional; Educación y Cultura; Ganadería, Agricultura y Pesca; Hacienda; Industria y Energía; Medio Ambiente; Orden del día; Presupuesto; Salud Pública; Transporte y Obras Públicas y Vivienda y Ordenamiento Territorial."

"Estas Comisiones informarán sobre los siguientes temas:"

"Ciencia y Tecnología:

Asuntos relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la integración de ambas disciplinas en el campo educativo y productivo, al mismo tiempo establecerá las prioridades a nivel nacional en ambas ramas del conocimiento."

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Helios Sarthou, Albérico Segovia. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La propuesta de crear una Comisión que estudie los problemas vinculados con el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología no es nueva ya que ella funcionó en la XLIIa. y XLIIIa. Legislaturas, impulsando diferentes iniciativas de importancia. La actual iniciativa busca darle continuidad al esfuezo emprendido anteriormente y colocar el tema en forma permanente en la agenda parlamentaria.

La necesidad de involucrar al Parlamento en esta área del conocimiento está determinada por su explosiva evolución y en especial por el desarrollo acelerado de las ciencias. Asimismo, la necesaria integración tecnológica a la tarea productiva y el fortalecimiento de los procesos productivos innovadores, colocan el tema en un lugar prioritario de la agenda. Las transformaciones ocurridas en la economía a nivel internacional y los efectos derivados de la globalización, a tiempo que se produce la apertura comercial en el país con la eliminación de las barreras arancelarias, llevan a la necesidad de mejorar los factores que afectan la competitividad, exigiendo a los países a revisar permanentemente su mayor eficacia en la obtención de estos objetivos. Dentro de ellos se encuentra el discernir cómo interactúa la Ciencia y la Tecnología con la producción y cómo estos agregados ponderan definitivamente el producto final mejorando la competitividad. El reconocimiento de esta situación por parte del sector productivo en el país, se ha ido dando de manera poco planificada y obviamente tampoco anticipada, lo que condujo entre otras causas, al cierre de importantes sectores industriales al no haber procesado a tiempo la reconversión productiva que le permitiera afrontar la competencia derivada fundamentalmente del proceso de integración.

Esta realidad llevó al reconocimiento de la necesidad de tecnificarse y asumir la modernización de los procesos productivos determinando un notorio incremento en la importación de maquinarias y equipos. Estos rubros significaron para el año 1997 un valor 3.5 veces mayor que el destinado en el año 1990 por igual concepto. Este proceso, al que se han abocado diferentes sectores del área productiva resulta altamente positivo, pero es probable que no resulte suficiente, fundamentalmente si tenemos en cuenta que esta actualización productiva se ha ido dando sobre la marcha, condicionada por las exigencias del mercado, con un carácter paliativo, de forma puntual y en muchas ocasiones con escasa programación. Esto puede resultar en una debilidad del proceso de implementación condenando a estos sectores a un tipo de desarrollo cíclico, con la consiguiente necesidad de ajustes una vez que lo adquirido ayer se transforme en obsoleto, en lugar de un desarrollo programado y de carácter innovador, es decir con claro carácter anticipativo.

Para alcanzar este objetivo, entre otras cosas es necesario contar con un sistema articulado y coherente, que prevea los nuevos cauces por los que es necesario conducir este proceso. Este sistema, deberá tener como característica el ser un modelo de trabajo, donde los actores interactuando se complementan en un esfuerzo colectivo, orientado de acuerdo a una programación previa. Para la construcción de estos espacios interconectados es necesario contar con los actores con formación suficiente, inmersos en los desafíos de una industrialización sujeta a cambios permanentes, producidos muchas veces de forma vertiginosa, que realicen las adaptaciones con capacidad de "anticipación tecnológica" o que los sincronicen, por la vía de la adaptación, con la realidad nacional. En definitiva, significará prepararse para competir en un mercado complejo, buscando los hiatus del mismo e implementando mecanismos que a través de la innovación, coloque a los sectores industriales en condiciones de mejorar y adaptar su producto a las exigencias internacionales.

Como primer requisito para ir avanzando en este sentido, es importante reconocer que en el país no son todos los sectores, ni todas las empresas las que alcanzarán las condiciones para ser competitivas. Por el contrario, solamente algunas de ellas lograrán esa condición. Si además, como se sostiene en un estudio del Instituto de Ingenieros de Chile de noviembre de 1996, que los sectores con capacidad de competir internacionalmente lo son cuando se ha desarrollado suficientemente una competencia interna intensa, con una demanda exigente y compleja; se reconoce como otro factor importante y adicional a la educación considerada a todos los niveles, al tiempo que se transforman en impostergables los esfuerzos legislativos en la búsqueda de instrumentos que establezcan y amparen los derechos del consumidor. Por otra parte, el desarrollo de cadenas productivas, que complementen en sentido horizontal y vertical la actividad de los sectores con potencialidad innovadora constituye otro de los requisitos en la búsqueda de esas herramientas que llevaran a mejorar la competitividad.

Por otra parte, la pertenencia de Uruguay a un mercado regional impone la necesidad de comparar lo que sucede en los países que lo integran. De ella surgen las desventajas que tiene nuestro país en su apuesta histórica a la producción de productos básicos, con una economía de pequeña dimensión y con carácter fuertemente proteccionista. Estos factores junto a un desarrollo industrial protegido y de pequeña escala determinaron una escasa exigencia de la capacidad innovadora. Todo lo que explica el escaso acceso de los sectores productivos al respaldo tecnológico que hoy en el mundo y en la región se ha venido desarrollando. Esta suma de factores, la que debe agregarse el restringido apoyo económico que el sector productivo transfiere a los organismos que trabajan en ciencia y tecnología, refuerza y explica nuestro escaso desarrollo. Esto sin duda constituye una desventaja significativa, como surge de la comparación por ejemplo con países como los Estados Unidos, Canadá y España donde del total invertido para investigación, un 40% a 50% del total es aportado por las empresas, situación que también se reproduce en los países integrantes del mercado regional como es el caso de Brasil y Argentina donde esta cifra se sitúa en el entorno del 30%.

Es notoria la necesidad de contar con una interacción entre los sectores productivos y los organismos con capacidad de desarrollar los procesos de innovación, determinando la creación de un sistema, armónico y coherente, flexible y dinámico, con capacidad de impulsar el cambio que vincule estrechamente a todos los sectores involucrados en el proceso. La experiencia llevada adelante por el programa CONICYT-BID, y su derivado el FINTEC, que más adelante analizaremos en más detalle, permitió apreciar que esto es posible, en la medida que se mantengan los esfuerzos ya iniciados.

Este programa de recapitalización en ciencia y tecnología comenzó en el año 1985 donde se tomaron una serie de iniciativas en el campo de la formación científica y la investigación, que comienzan a revertir el crónico rezago que afecta al país y que tuvo especial severidad durante los años de la dictadura. El primero de tales emprendimientos lo constituyó el Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), le siguió la Comisión Sectorial de Investigaciones Científicas (CSIC) y finalmente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Banco Interamericano de Desarrollo (CONICYT-BID). Estos programas constituyen la base, y así ha resultado, para iniciar la reversión de los aspectos más negativos en este campo, posibilitando en primer lugar la formación de recursos humanos, así como la adquisición de equipamiento para investigación básica y la adecuación de la infraestructura de varios organismos.

Sin embargo estas experiencias que resultan positivas en la creación y enriquecimiento del capital científico del país, muestran determinadas tendencias que motivan preocupación. Así por ejemplo, del total de investigadores del programa, únicamente el 18% están afectados a las áreas tecnológicas, fundamentalmente pertenecientes al INIA, SUL y LATU tres de los sectores con clara y directa vinculación al sector productivo. En el informe del consultor del CONICYT-BID, Cr. Darío Sarachaga: "Ciencia y Tecnología en Uruguay: una agenda hacia el futuro", se señala que países como Estados Unidos tienen un 70% del personal científico asignados a esas áreas, lo que marca un notorio contraste con nuestra realidad, que es imprescindible corregir. En el terreno de reforzar el relacionamiento entre lo productivo y la ciencia, debe jugar un papel importante el Legislador, proporcionando las herramientas que favorezcan y estimulen, la construcción de los ámbitos de conexión, intercambio y complementación.

Sin duda que el ámbito de conexión imprescindible debe ser un Sistema Nacional de Innovación (SNI) que corrija las asimetrías, enfrente a las carencias y establezca los puentes para la interconexión. El Cr. Enrique Iglesias en las jornadas Israel Wonsewer del CONICYT-BID, al igual que el Cr. Darío Sarachaga, señalaron la necesidad de contar con un SNI. El primero de ellos enfatizó su importancia al señalar que entre otras razones, gran parte del retraso en Latinoamérica en el campo de la investigación y la innovación tecnológica, derivan de la ausencia de un SNI capaz de actuar como elemento dinamizador, al tiempo que establece los objetivos y los roles de sus integrantes, imponiéndole en consecuencia la coherencia del rumbo preciso y complementado.

La temática prioritaria a abordar por esta Comisión Parlamentaria en forma inmediata, deberán surgir de las conclusiones a las que ha llegado la consultoría aludida para el programa CONICYT-BID, la que señala la incertidumbre en la capacidad de los organismos para retener los investigadores, como consecuencia de la derivación de los recursos del programa para paliar las insuficiencias básicas de los sectores. Esta posibilidad constituye una amenaza capaz de desbaratar la inversión realizada. Por otra parte el no contar con cierta
previsibilidad en el aspecto presupuestario, lleva a dificultades en la planificación y organización de las actividades, situaciones que conspiran con el desempeño de las distintas áreas. Frecuentemente se argumenta que en forma sistemática y exclusiva se recurre como justificación del retraso a la escasez del presupuesto para el área. El argumento resulta válido cuando se analiza como un único factor y no como un componente más de una serie de situaciones que convergen y potencian este magro resultado. Como contrapartida, es claro que no existe ninguna posibilidad de desarrollo en esta área del conocimiento sin una adecuada asignación de recursos. En este mismo sentido, es importante reconocer que el país en los últimos 20 años ha destinado una cifra insuficiente para investigación, expresada por una baja incidencia en relación con el Producto Bruto Interno. En 1986 la participación de Ciencia y Tecnología sobre el PBI era de apenas 0.284%, cifra claramente insuficiente que además por su continuidad explican el actual retraso. En el período 1994-96 se llegó a un 0.5% del PBI, representando el fondo CONICYT-BID un 15% del total de la inversión. Este cambio en la disponibilidad de recursos, que no resulta suficiente para revertir los años de estancamiento, fue sin embargo capaz de dinamizar diferentes sectores del área. Esto redundó en la reincorporación de científicos que estaban en el exterior, en la formación de investigadores de mayor calificación, en el crecimiento de publicaciones registradas de nivel internacional, en un mejor relacionamiento con los ámbitos académicos internacionales y en la convicción de que es posible desarrollar esta experiencia y obtener logros, a pesar de nuestra pequeñez.

Sin pretender que nuestro país tenga los resultados de los países del primer mundo con una antigua cultura en el terreno de ciencia y tecnología debemos reconocer lo desparejo de las condiciones para comenzar a revertirlas. Si como dijimos previamente, el presupuesto otorgado no es el único factor a ponderar en nuestro retraso, no podemos desconocer la franca asimetría con otros países que actúa potenciando este retraso. Si analizamos en el contexto mundial lo destinado por nuestro país en ciencia y tecnología comprenderemos a donde apunta nuestra reflexión por la vía de la comparación; así por ejemplo, tenemos que EE.UU. destina a esta área un 2.5% de su PBI, Canadá 1.5%, Cuba entre 1 y 1.5%, Costa Rica una cifra levemente superior al 1% del PBI. Todos los demás países están por debajo de estas cifras, pero en el contexto del MERCOSUR Uruguay se coloca a la zaga de los dos socios mayores, luego de Brasil y Argentina en ese orden.

En la reciente publicación del Ministerio de Educación y Cultura, "Claro Que Se Puede" del CONICYT-BID, y a pesar de estos elementos negativos reseñados, es contundente en la enumeración de los logros en el campo de la ciencia, con claro impacto en la actividad productiva. Pero a esto se ha llegado luego de recorrer el camino de la formación científica básica, la que dotó a los equipos de los instrumentos y la metodología claves para cualquier proceso de investigación. Sin esta no es posible edificar una estructura de desarrollo científico sólido y aplicado, sería como pretender edificar un edificio sin obtener un sólido cimiento. Como ha señalado el Dr. Mario Bunge en una conferencia dictada en diciembre de 1996 en el Edificio Libertad, en la que hacía énfasis sobre la interacción de las distintas áreas del saber: "Los principales flujos en la era moderna entre estos cuatro dominios de la actividad y del pensamiento son los siguientes: de la ciencia básica a la ciencia aplicada, de la aplicada a la técnica, de la técnica a los servicios". Esto resulta importante de valorar a la hora de asignar las prioridades del sector porque ese capital básico está en el investigador, el que aporta no solo la metodología, la creatividad, su capacidad de soñar sino, y ello resulta a la postre fundamental, la manera de transmitir el conocimiento, es decir la forma en que educa y encara el proceso de desarrollo cultural de la ciencia.

Esta mejora en la actividad de investigación, en términos generales, no se ha reflejado en forma suficiente en el sector productivo. En la auditoría señalada previamente, el Cr. Sarachaga establece que el sector productivo ha accedido escasamente a este desarrollo creciente en investigación y desarrollo. Sin embargo, puntualiza que cuando al frente de estas empresas se desempeñan universitarios, la conexión entre el ámbito académico y la empresa se da en forma natural y fluida. Esto pone en evidencia las carencias en los vínculos entre ambos sectores, lo que sin duda condiciona el nivel de desarrollo tanto del sector productivo, como el de la investigación. Esto se refuerza por las características de nuestro desarrollo, con una fuerte apuesta al sector básico de producción, buscando su incremento cuantitativo y con pocos requerimientos de innovación, lo que condiciona escasas y puntuales necesidades de apoyo científico. Como ejemplo de lo anterior tenemos que de los proyectos por áreas del CSIC el porcentaje del sector agrícola fue de un 10.6% para el año 1992 y de apenas un 8.8% para 1994. Este modelo productivo coloca al país en una mala relación de intercambio derivada del limitante precio de las materias básicas sin valor agregado. La integración de diferentes áreas implementada en la Facultad de Veterinaria que permitió el desarrollo de técnicas complejas como es el desarrollo en reproducción animal asistida con selección genética de la descendencia, llevada adelante por el equipo de las Dras. A. Postiglioni y C. Laroca muestra el camino a seguir, donde sobre la base de la complementación de esfuerzos, la producción básica puede ser potenciada por el aporte tecnológico.

La Comisión de Ciencia y Tecnología propuesta debe por lo tanto jugar un papel que desarrolle un ámbito de conexión para los distintos actores del programa. La creación el 20 de noviembre de 1997 de la Asociación Uruguaya para la Ciencia, la Tecnología y el Desarrollo, avalada por los cuatro partidos políticos del país, la Cámara de Industria, autoridades universitarias, distinguidos investigadores y académicos, periodistas, el Instituto Nacional de Normas Técnicas, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, las Fuerzas Armadas, los trabajadores de esos sectores, resulta una clara respuesta de la sociedad en su conjunto para alentar esta iniciativa que el Parlamento nacional debe respaldar.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Helios Sarthou, Albérico Segovia. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Cid.

SEÑOR CID. - Señor Presidente: voy a ser extremadamente breve, para contemplar los tiempos establecidos por el Senado.

Se trata de retomar una iniciativa que esta misma Cámara, en sus XLIIa. y XLIIIa. Legislaturas, había impulsado en el sentido de crear una Comisión de Ciencia y Tecnología, esta vez con carácter permanente, a efectos de poder incluir en la agenda parlamentaria temas que hacen a la investigación científica, a la tecnológica y a la complementación que la investigación y la tecnología deben tener con la actividad industrial y productiva.

El proyecto de ley que presentamos en el día de hoy fue catalogado por algunos integrantes del PEDECIBA y de la Universidad de la República como una necesidad imprescindible. En este sentido, señalo solamente un ejemplo. El Parlamento nacional creó, hace dos años, un Fondo Nacional de Investigadores, el cual todavía no se ha instrumentado. Entonces, esta Comisión podría generar los mecanismos administrativos que potenciaran la ejecutividad de todo lo que está motivado en el campo de la ciencia y de la tecnología.

Por otra parte, el país viene haciendo esfuerzos importantes a través del PEDECIBA, del préstamo CONICYT - BID y del CSIC, que es un instrumento impulsado por la Universidad de la República en el año 1991. Sin embargo, no se ha logrado hacer coincidir los esfuerzos de los ámbitos oficiales con el enlace necesario de la actividad productiva industrial nacional.

Por estas razones, creemos que la labor parlamentaria facilitará -aunque no sea la única solución- la construcción del puente entre la investigación y la actividad productiva del país.

Podría haber hablado extensamente sobre este tema, pero en la exposición de motivos está explicitado con mayor fuerza y riqueza.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

11) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 16 y 7 minutos, presidiendo el Primer Vicepresidente, don Orlando Virgili, y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Batlle, Brezzo, Cid, Dalmás, Fernández, García Costa, Gargano, Hualde, Irurtia, Korzeniak, Ovalle, Pais, Pereyra, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia y Storace).

Senador ORLANDO VIRGILI  Primer Vicepresidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Sr. Freddy A. Massimino  Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.