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Nº 237 - TOMO 388 - 9 DE JUNIO DE 1998

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

19ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL LICENCIADO HUGO FERNANDEZ FAINGOLD   Presidente en ejercicio

y el SENADOR ORLANDO VIRGILI  Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR LICENCIADO JORGE MOREIRA PARSONS Y LA

PROSECRETARIA SEÑORA QUENA CARAMBULA

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Exposición escrita

- El señor Senador Heber solicita se curse una exposición escrita al Banco Central del Uruguay relativa a la acuñación de monedas de $ 5, $ 10 y $ 20.
- Se procederá de conformidad.

5) Archivo de Carpetas

- La Comisión de Hacienda aconseja el archivo de la Carpeta Nº 811/97 relativa a un proyecto de ley por el que se modifica el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales y de la Carpeta Nº 916/97 relativa a la creación de un impuesto adicional sobre las tasas establecidas en el artículo 25 de la Ley Nº 16.462, y la Comisión de Medio Ambiente aconseja el archivo de la Carpeta Nº 688/98 que contiene la exposición escrita del Representante Nacional don Jorge Orrico sobre utilización de motos de agua y otros vehículos en playas y zonas costeras.
- Se procederá de conformidad.

6 y 15) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Cid, Couriel y Segovia.

7) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento: las presentan la señora Representante Gómez, los señores Representantes Baráibar y Nicolini y el señor Prada comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

8) Envío de propaganda por parte del Directorio de UTE a los usuarios, relativa al plebiscito sobre Marco Regulatorio Energético

- Manifestaciones de la señora Senadora Arismendi.
- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Directorio de UTE y a la Corte Electoral.

9) Numerales primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del orden del día. Postergación

- Por moción de los señores Senadores Pozzolo y Gargano, el Senado resuelve postergar la consideración de estos numerales.

10) Convenio con el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la Prevención de Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

11) Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa suscrito por los Estados Parte del Tratado de Asunción

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales

- Proyecto de ley por el que se modifica el literal c) del artículo 8º de la Ley Nº 16.107, del 31 de marzo de 1990.
- En consideración.
- Por moción de la señora Senadora Dalmás, el Senado resuelve postergar la consideración de este tema hasta el día de mañana, incluyéndolo como primer punto del orden del día.

13) Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, suscrita por la República en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP V)

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- El señor Senador Gargano aclara al Senado que este tema fue devuelto oportunamente a la Comisión de Asuntos Internacionales.

14) Doctor Nol M. Burgos Borche

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre el Centro de Salud de Melo, departamento de Cerro Largo.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar Fiscal Letrado Nacional de lo Civil de 12º turno

- Por moción del señor Senador Pozzolo, se posterga la consideración de este tema hasta el día de mañana.

17) Protocolo IV de la Convención de las Naciones Unidas sobre ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 5 de junio de 1998.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 9, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Checa.

(Carp. Nº 850/97 - Rep. Nº 586/98)

2º) Por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

(Carp. Nº 966/98 - Rep. Nº 595/98)

3º) Por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Reino de Suecia sobre Promoción y Recíproca Protección de las Inversiones.

(Carp. Nº 963/98 - Rep. Nº 594/98)

4º) Por el que se aprueba el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República y el Reino de España.

(Carp. Nº 798/92 - Rep. Nº 636/98)

5º) Por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

(Carp. Nº 644/97 - Rep. Nº 637/98)

6º) Por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre la República y la República Argentina.

(Carp. Nº 645/97 - Rep. Nº 638/98)

7º) Por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre la República y la República de Chile.

(Carp. Nº 646/97 - Rep. Nº 639/98)

8º) Por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

(Carp. Nº 1016/98 - Rep. Nº 647/98)

9º) Por el que se aprueba el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa aprobado por los cuatro Estados Parte del Tratado de Asunción.

(Carp. Nº 1017/98 - Rep. Nº 640/98)

10) Por el que se modifica el literal c) del artículo 8º de la Ley Nº 16.107 de 31 de marzo de 1990. (Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales).

(Carp. Nº 825/97 - Rep. Nº 644/98)

11) Por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales.

(Carp. Nº 231/95 - Rep. Nº 648/98)

12) Por el que se aprueba el Protocolo IV de la Convención de las Naciones Unidas sobre ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

(Carp. Nº 1036/98 - Rep. Nº 651/98)

13) Por el que se designa con el nombre "Doctor Nol M. Burgos Borche" el Centro de Salud de Melo, departamento de Cerro Largo.

(Carp. Nº 1033/98 - Rep. Nº 652/98)

14) Proyecto de resolución elevado por la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar a la doctora Graciela Victoria González López como Fiscal Letrado Nacional de lo Civil de 12º Turno.

(Carp. Nº 1025/98 - Rep. Nº 633/98)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio   Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Antognazza, Arismendi, Batlle, Bergstein, Brezzo, Dalmás, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Pereyra, Ponce De León, Pozzolo, Ricaldoni, Santoro, Sarthou, Segovia y Storace.

FALTAN: con licencia, el señor Presidente del Cuerpo, doctor Hugo Batalla y los señores Senadores Cid, Couriel y Ramos; con aviso, el señor Senador Astori y sin aviso, los señores Senadores García Costa, Hualde, Pais y Sanabria.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 10 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 9 de junio de 1998.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo comunicando las resoluciones adoptadas:

por el que se tributan honores fúnebres de Ministro de Estado a los restos mortales del Teniente General (R) Hugo Medina;

por el que se tributan honores fúnebres de Ministro de Estado a los restos mortales del Dr. Horacio Abadie Santos;

por las que se autorizan trasposiciones de créditos presupuestales entre Proyectos de Inversión del Ejercicio 1998 a varias Unidades Ejecutoras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas;

por las que se ratifican transacciones acordadas en juicios entre el Ministerio de Defensa Nacional y el señor Winston Ors y entre el Ministerio de Defensa Nacional y FAR Compañía de Seguros S.A.

-Ténganse presente.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Corea al señor Julio Giambruno.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

En nueva forma: por el que se conceden pensiones graciables a los señores Francisco Benítez, Hermes Sarli y Vicente Ferro De Rosa.

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

En nueva forma: por el que se prohíbe la introducción al país de desechos químicos, biológicos o radioactivos.

-A la Comisión de Medio Ambiente.

Por el que se declara el 9 de diciembre de cada año "Día Nacional de la Persona Discapacitada".

-A la Comisión de Salud Pública.

Por el que se declara de interés nacional para el desarrollo turístico el puerto de pescadores de Punta del Diablo ubicado en la 2a. Sección Judicial del departamento de Rocha.

-A la Comisión de Industria y Energía.

Por el que se modifica el régimen de importación de vehículos automotores para discapacitados.

-A la Comisión de Hacienda.

Por el que se designa con el nombre "Aparicio Saravia" la Escuela Nº 343 del departamento de Montevideo.

-A la Comisión de Educación y Cultura.

Por el que se designa con el nombre "Malasia" la Escuela Nº 141 del departamento de Montevideo.

-A la Comisión de Educación y Cultura.

Por el que se autoriza la retención de los haberes de los asociados de los Círculos, Clubes y Centros Policiales del interior del país, en cuenta de las adquisiciones hechas en la proveeduría de dichas instituciones o con su garantía.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se sustituye el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, referente a las personas discapacitadas.

-A la Comisión de Presupuesto.

Por el que se concede una pensión graciable a la señora Nelly Baycé.

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

Por el que se declara el día 15 de setiembre de cada año "Día Nacional del Ingeniero Agrónomo".

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se regula la actividad de los maleteros de los aeropuertos internacionales.

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

Por el que se eleva a la categoría de ciudad el pueblo Joaquín Suárez, ubicado en la 16a. Sección Judicial del departamento de Canelones.

-A la Comisión de Constitución y Legislación."

4) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una exposición escrita.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Heber solicita se curse una exposición escrita al Banco Central del Uruguay."

-Se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 3 de junio de 1998.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

En virtud de lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento de la Cámara cúmpleme efectuar la siguiente exposición escrita, solicitando se remita la misma al Banco Central del Uruguay.

Estimamos que ya es tiempo de acuñar monedas por valores correspondientes a cinco (5), diez (10) y veinte (20) pesos uruguayos, en mérito a que no parece demasiado lógico que las transacciones de menor valor sean abonadas con billletes.

Resulta evidente que las compras más nimias, como por ejemplo, las de un diario, un boleto o golosinas, terminan siendo pagadas mediante el uso de papel moneda.

Creemos que sería altamente beneficioso para el movimiento económico, que se contara con monedas para la adquisición de aquellos bienes de escaso valor, al tiempo que estimamos cambiaría hasta la sensación que produce en la gente el pago con billetes de un valor más que exiguo.

Por lo expuesto reiteramos que, sería sumamente positivo el hecho de poder contar con monedas de valores un poco superiores a los que, hoy en día, se encuentran circulando y que representan montos verdaderamente bajos.

Luis A. Heber. Senador."

5) ARCHIVO DE CARPETAS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de la Comisión de Hacienda.

(Se da de la siguiente:)

"La Comisión de Hacienda aconseja el archivo de la Carpeta Nº 811/97 relativa a un proyecto de ley por el que se modifica el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, y de la Carpeta Nº 916/97 por el que se crea un impuesto adicional sobre las tasas establecidas en el artículo Nº 251 de la Ley Nº 16.462."

-Se va a votar.

(Se vota:)

-11 en 12. Afirmativa.

Dése cuenta de una solicitud de la Comisión de Medio Ambiente.

(Se da de la siguiente:)

"La Comisión de Medio Ambiente aconseja el archivo de la Carpeta Nº 688/98 que contiene la exposición escrita del señor Representante Nacional Jorge Orrico sobre utilización de motos de agua y otros vehículos en playas y zonas costeras."

-Se va a votar.

(Se vota:)

-13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Cid solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 8 de junio de 1998.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Hugo Batalla

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al señor Presidente se me conceda licencia por motivos personales por el día 9 del corriente mes de junio de 1998 y se convoque consecuentemente al suplente que corresponda.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que dispense a la presente solicitud, saludo al Sr. Presidente con mi más alta consideración.

Alberto Cid. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Couriel solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 9 de junio de 1998.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia por enfermedad por el día de la fecha. Sin otro particular, lo saluda atentamente,

Alberto Couriel. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de varias notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

"El señor Representante Baráibar, la señora Representante Cristina Gómez, el señor Representante Leonardo Nicolini y el señor Immer Prada presentan notas comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto."

-Oportunamente se convocará a los suplentes señores Antognazza y Ponce de León, quienes ya han prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontraran en Antesala, se les invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresan a Sala los señores Senadores Antognazza y Ponce de León)

8) ENVIO DE PROPAGANDA POR PARTE DEL DIRECTORIO DE UTE A LOS USUARIOS, RELATIVA AL PLEBISCITO SOBRE MARCO REGULATORIO ENERGETICO

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI. - Deseamos hacer uso de la palabra para compartir con el Cuerpo una honda preocupación. En estos días, tal como seguramente les ha sucedido a los señores Senadores que están presentes -así como a los que aún no han ingresado a Sala- ha llegado a los usuarios de la empresa UTE, más precisamente a nombre del cliente registrado, una carta firmada por ésta como institución, convocándolos a no concurrir -por la vía de los hechos- al acto eleccionario del día 17 de junio, en el cual la ciudadanía va a expresar si desea o no que haya una consulta popular para que se decida democráticamente a favor o en contra de la ley del marco regulatorio del sector eléctrico.

Reitero que queremos compartir esta preocupación que hoy también conversábamos con el sindicato de trabajadores de UTE. Precisamente, a estos trabajadores, de las más diversas maneras se les ha señalado que no pueden hacer dentro del recinto ningún tipo de propaganda en contra de la ley, e incluso en muchos casos ni siquiera pueden llevar puesta una escarapela. El sindicato ha tomado esto con mucha seriedad y ha intentado realizar todas sus actividades con los propios trabajadores de UTE fuera de los lugares de trabajo.

Hace unos días -como les consta a los señores Senadores- un sector político, en particular el que lidera el señor Senador Gandini, lista 250, realizó un llamado de atención a la Intendencia Municipal de Montevideo, en el sentido de que se tomaran las medidas adecuadas para retirar de los ómnibus y taxímetros aquello que se consideró -y así hicieron el planteo- como propaganda política y que llama a votar en una instancia que para nosotros es un voto a la democracia, pero que naturalmente es discutible, porque como sabemos dentro de este recinto existen opiniones distintas. Nos llama la atención -y simplemente lo recordamos- este criterio, porque también sabemos que hay dignos integrantes del Directorio de UTE que responden a esa corriente, muchos de los cuales actúan en el área jurídica del Directorio y, por lo tanto, no entendemos cómo se adoptan criterios diversos según se trate de las banderitas que pueden llevar los taxímetros o los carteles de un ómnibus, y sin embargo por correo -en muchos casos junto con la factura de UTE- se envía a los usuarios una carta como ésta. Para ello se utilizó el listado que existe dentro de UTE, en el que figura quiénes son los abonados de dicho servicio, enviándoles por correo una larga enumeración de afirmaciones que por cierto no compartimos, y que pensamos es claramente una propaganda política. Pensamos que el Directorio de UTE no tiene potestades políticas para ello y que estaría violando la ley al enviar esta carta.

Más allá de lo que podemos preguntar respecto a cuál es el dinero que UTE ha destinado durante este tiempo a la publicidad, también cabría preguntarse si es cierto o no que se ha excedido en ese gasto de publicidad y cuánto le cuesta a esa empresa que es nuestra -como nos dicen- que genera bienestar y de la que se supone que todos somos propietarios, el envío de esta propaganda a los hogares de todos aquellos clientes cautivos, como somos todos, a nivel de electricidad.

Asimismo, AUTE, que es el sindicato de trabajadores de esa institución, nos ha comunicado -supongo que a todos los señores Legisladores les ha llegado esta carta- que va a solicitar, por lo menos, igualdad de condiciones y de reglas de juego, ya que si aceptamos que el Directorio y la UTE como institución envíe esta carta a los usuarios, también es democrático que el sindicato utilizando la misma vía, las mismas direcciones y nombres, pueda enviar por correo a través de la propia institución, una contestación frente a esta propaganda que el Directorio de UTE ha hecho llegar a los usuarios.

Creo que aquí no se discute si esto está fuera del marco jurídico. Sin embargo, este Directorio, que además discrepó con la ley antes de que se aprobara, y que cambió de opinión -está en todo su derecho de hacerlo- utiliza las vías institucionales y el dinero del organismo para realizar aquello que está expresamente prohibido en el numeral 4) del artículo 77 de la Constitución de la República, empleando además los medios que se tienen para llegar al conjunto de la población, en un momento en que, como todos sabemos, en muchos aspectos hay interés de que haya un manto de silencio sobre el debate y sobre el contenido de esta ley. Creemos que esto es atentatorio a la democracia y viola la Constitución de la República. Además no sé hasta qué punto deberíamos investigarlo y seguramente muchos señores Senadores que están presentes -ni que hablar de los de mi propia Bancada- podrían destacar qué significa el destinar nuestro dinero a la realización de una propaganda que no compartimos. Digo que mi dinero se está usando para que me envíen una propaganda contraria a algo que nosotros estamos sosteniendo.

En ese sentido, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, al Directorio de UTE y a la Corte Electoral.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el trámite solicitado por la señora Senadora Arismendi.

(Se vota:)

-14 en 15. Afirmativa.

9) NUMERALES PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO DEL ORDEN DEL DIA. Postergación.

SEÑOR PRESIDENTE. - En este momento hay quince señores Senadores en Sala. Corresponde ingresar al orden del día.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: por razones obvias, y en virtud de la propia expresión del señor Presidente respecto al quórum que tenemos en este momento, observo que estaríamos inhabilitados de votar los asuntos que figuran en primero, segundo, tercero y cuarto lugar del orden del día, por lo que solicito su postergación.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: simplemente para aclarar que todos los Convenios Internacionales necesitan para su aprobación dieciséis votos. En este momento hay dieciséis señores Senadores en Sala, y como se sabe, los puntos que vamos a tratar tienen opiniones divididas.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia, debería postergarse del primero al séptimo punto del orden del día. En ese sentido, la moción presentada por el señor Senador Pozzolo quedaría complementada y se pospondría la consideración de los asuntos que van del primero al séptimo lugar del orden del día para la próxima sesión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) CONVENIO CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y SUS PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. (Carp. Nº 1016/98 - Rep. Nº 647/98)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1016/98

Rep. Nº 647/98

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito entre las Partes en la ciudad de México, el 29 de marzo de 1996.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 1º de abril de 1998.

Jaime Mario Trobo

Martín García Nin Presidente

Secretario

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

CONVENIO CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y SUS PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES

El presente Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 29 de marzo de 1996 para Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, viene con aprobación de la Cámara de Representantes y trata de un Convenio para combatir el uso indebido y el tráfico de tales sustancias que representan una grave amenaza a la salud y al bienestar de los pueblos, que socaban sus economías y producen un grave mal social.

Establece la necesidad de combatir la organización, facilitación y financiamiento relacionado con estas sustancias o sus materias primas.

Se establece intercambiar información sobre los temas en cuestión y se adoptan acciones para la prevención, rehabilitación, tratamiento y reinserción social del toxicómano y farmacodependiente.

Las Partes acuerdan el establecimiento del Comité Uruguayo-Mexicano de Cooperación contra el Narcotráfico y Fármacodependencia. Este Comité estará integrado por autoridades competentes de las Partes.

El Comité sería convocado por las Cancillerías de ambas Partes, se reunirá alternativamente en cada uno de los países, en las fechas que se convengan por vía diplomática.

Este Comité hará recomendaciones a las Partes, elaborará planes y programas para disminuir la producción y evitar el tráfico ilícito de drogas.

Siendo el narcotráfico una actividad perniciosa para la sociedad, el dificultoso combate de las organizaciones criminales que se dedican a él, torna necesarios esfuerzos conjuntos como lo establece el presente Convenio al que se aconseja su aprobación.

Sala de la Comisión, 21 de mayo de 1998.

Carlos M. Garat (Miembro Informante), Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Rafael Michelini, Américo Ricaldoni, Ricardo Rocha Imaz. Senadores.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 29 de abril de 1997.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a la consideración de la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales", suscrito en la ciudad de México a los veintinueve días del mes de marzo del año mil novecientos noventa y seis.

El presente Convenio toma en cuenta las convenciones internacionales en vigor para ambos países y se hace sobre la base del respeto a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de ambos Estados.

El acuerdo apunta a la cooperación en las distintas etapas de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes.

Aporta mecanismos para la adopción de una estrategia coordinada y armónica, frente a un flagelo que tiene tras de sí a importantes organizaciones delictivas.

Uruguay no es un país productor, pero sí figura en las vías de tránsito del narcotráfico, y sufre las consecuencias del mal, por lo que resulta de gran importancia un convenio que abarque las etapas de educación, prevención, rehabilitación y reinserción del farmacodependiente.

La cooperación prevista por el Convenio es muy amplia ya que se extiende al área judicial y al intercambio de información, estableciendo canales de permanente actualización.

Se establece concretamente una vía institucional para el logro de objetivos y acciones coordinadas: el Comité, integrado por autoridades competentes de las Partes.

El narcotráfico es una actividad delictiva que trasciende fronteras, siendo desarrollada por organizaciones criminales con enormes poderes. Es prácticamente imprescindible que, para encarar una lucha efectiva, los países coordinen sus esfuerzos, por lo que la instrumentación de la misma a través de la adopción de este tipo de convenios pone a disposición de los Gobiernos un arma de vital eficacia.

Al solicitar la aprobación de este Convenio, el Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Alvaro Ramos, Didier Opertti, Samuel Lichensztejn, Raúl Bustos, Raúl Iturria, Luis A. Mosca.

Montevideo, 29 de abril de 1997.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el "Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales", suscrito entre las Partes en la ciudad de México a los veintinueve días del mes de marzo del año mil novecientos noventa y seis.

Alvaro Ramos, Didier Opertti, Samuel Lichensztejn, Raúl Bustos, Raúl Iturria, Luis A. Mosca.

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y SUS PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados "las Partes",

CONSCIENTES que el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas representan una grave amenaza a la salud y al bienestar de sus pueblos, que tienden a socavar sus economías, en detrimento del desarrollo político, cultural y socioeconómico de sus países;

TENIENDO especialmente en cuenta la necesidad de combatir la organización, facilitación y financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con estas sustancias y sus materias primas, la de intercambiar información sobre estos trascendentes temas y la de adoptar acciones para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los toxicómanos y farmacodependientes;

RECORDANDO la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada en Viena, el 20 de diciembre de 1988, el Programa Interamericano de Acción de Río de 24 de abril de 1986 contra el consumo, la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y el Programa de Acción de Ixtapa (México), de abril de 1990;

TOMANDO en consideración sus sistemas constitucionales, legales y administrativos y el respeto de los derechos inherentes a la soberanía nacional de sus respectivos Estados;

CONSCIENTES de la importancia de desarrollar una colaboración recíproca para la prevención del uso indebido y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y en general en materia de narcóticos mediante la coordinación y la armonización de políticas y la ejecución de programas específicos;

CONSIDERANDO el precedente de la suscripción, en marzo de 1995, por nuestros respectivos Gobiernos y la Secretaría General de la OEA, del Acuerdo de Cooperación y Coordinación de Actividades en Materia de información Estadística sobre Drogas en el marco de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA);

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO

Las Partes, sobre la base del respeto a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en sus respectivos países, así como a los derechos inherentes a la soberanía de ambos Estados, se proponen armonizar políticas y realizar programas coordinados para la educación y la prevención del uso indebido de drogas, la rehabilitación del farmacodependiente, el combate a la producción y al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como sus precursores y productos químicos esenciales.

Las políticas y programas antes mencionados tomarán en cuenta las convenciones internacionales en vigor para ambos países.

ARTICULO SEGUNDO

La cooperación objeto del presente Convenio podrá asumir las siguientes modalidades:

a) intercambio periódico de información y datos sobre el control y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas dentro de los límites permitidos por sus respectivos ordenamientos jurídicos;

b) intercambio de información sobre las acciones emprendidas en ambos Estados para prestar la asistencia necesaria a los toxicómanos y los métodos de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, así como las iniciativas tomadas por las Partes para favorecer a las instituciones que se ocupan de la recuperación de los toxicómanos;

c) prestar una colaboración técnica mutua, con el fin de intensificar las medidas para detectar, controlar, erradicar y sustituir la producción ilícita de sustancias y cultivos ilícitos de los cuales se pueden extraer sustancias consideradas como estupefacientes y psicotrópicos en sus respectivos territorios;

d) intercambio de información sobre exportaciones y/o importaciones de precursores inmediatos, insumos químicos, estupefacientes y psicotrópicos en sus respectivos territorios;

e) intercambio de expertos de los organismos competentes para actualizar las técnicas y estructuras de organización en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;

f) visitas del personal de los respectivos organismos competentes para coordinar actividades en el área de prevención, control del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;

g) programar encuentros entre autoridades nacionales de ambos Estados, a fin de organizar seminarios, conferencias y cursos de entrenamiento y especialización para la recuperación de los toxicómanos;

h) intercambio de información y experiencias sobre sus respectivas legislaciones en materia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como precursores químicos específicos;

i) asistencia judicial recíproca sobre el lavado de dinero y activos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de acuerdo a la legislación vigente de cada país; y

j) prever que el procedimiento sea expedito cuando una de las Partes tramite para la Otra las solicitudes de asistencia jurídica, así como los exhortos y cartas rogatorias librados por autoridades judiciales dentro de los procesos judiciales contra traficantes individuales o asociados, o contra cualquiera que viole las leyes que combaten el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus precursores químicos específicos, de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país.

ARTICULO TERCERO

Para el logro de los objetivos y acciones coordinadas del presente Convenio, las Partes acuerdan el establecimiento del Comité Uruguay-México de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia, "El Comité".

ARTICULO CUARTO

El Comité estará integrado por las Autoridades competentes de las Partes que serán, en el caso de la República Oriental del Uruguay, la Junta Nacional de Represión y Prevención del Tráfico Ilícito y el Uso Abusivo de Drogas y, en el caso de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República y las demás que para tal efecto se designen.

Las Autoridades competentes de ambas Partes podrán solicitar de las instituciones públicas y privadas de sus respectivos Estados, relacionadas por su actividad con la materia del presente Convenio, que presten la asesoría especializada y la asistencia técnica que de ellas se requiera.

ARTICULO QUINTO

El Comité tendrá las facultades siguientes:

a) recomendar a las Partes, en el marco del presente Convenio, los programas y acciones específicos coordinados para el logro de los objetivos propuestos en el mismo, los que se desarrollarán a través de los organismos y servicios competentes de cada Parte;

b) elaborar planes y programas para eliminar la producción, la sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, prevención del uso indebido y la represión coordinada del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y narcóticos en general, sus precursores y productos químicos específicos, así como también para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social del toxicómano;

c) proponer a las Partes las recomendaciones que consideren pertinentes para mejorar la aplicación e instrumentación del presente Convenio; y

d) evaluar el cumplimiento de los programas y acciones contempladas en el presente Convenio.

El Comité será convocado por las Cancillerías de ambas Partes, de acuerdo con los servicios competentes por materia de las mismas a que se refiere el artículo 4º de este Convenio y se reunirán alternativamente en Uruguay y en México, en las fechas en que se convenga por la vía diplomática, debiendo verificarse el primer encuentro en un término no mayor a los 180 días a partir de la fecha de firma del presente Convenio.

En el desempeño de su función principal, el Comité llevará a cabo otras funciones complementarias para prever en el ámbito del combate al narcotráfico y la farmacodependencia la más eficaz aplicación de otros instrumentos convencionales de carácter bilateral, incluyendo los referentes a la asistencia mutua en materia legal y a la ejecución de sentencias penales, que se llegaran a suscribir entre las Partes.

Asimismo, durante sus reuniones, el Comité aprobará sus informes y todas sus recomendaciones y decisiones por mutuo acuerdo.

ARTICULO SEXTO

El Comité elaborará anualmente, para conocimiento de las Partes, un informe sobre la aplicación del presente Convenio, en el que consigne el estado de la cooperación acerca de las acciones contra el narcotráfico y la farmacodependencia.

ARTICULO SEPTIMO

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha en que ambas Partes se comuniquen, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos constitucionales internos para tal efecto.

ARTICULO OCTAVO

El presente Convenio tendrá una vigencia indefinida y podrá ser denunciado por cualesquiera de las Partes mediante notificación escrita, a través de la vía diplomática, con noventa (90) días de antelación a la fecha que se desee darlo por terminado.

Hecho en la ciudad de México, a los veintinueve días del mes de marzo del año de mil novecientos noventa y seis, en dos ejemplares originales, en idioma español, siendo ambos textos igualmente válidos."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: este Convenio, que fue suscrito entre nuestro país y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos el 29 de marzo de 1996, sigue la línea de otros en cuanto a prevenir y combatir el uso indebido y el tráfico de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos químicos especiales.

Se hace mención a la necesidad de combatir la organización, facilitación y financiamiento relacionado con estas sustancias o sus materias primas. También se establece el intercambio de información sobre los temas en cuestión y se adoptan acciones para la prevención, rehabilitación, tratamiento y reinserción social del toxicómano y fármacodependiente.

Por otro lado, las partes acuerdan el establecimiento del Comité Uruguayo-Mexicano de Cooperación contra el Narcotráfico y Farmacodependencia, que estará integrado por autoridades competentes de ambas partes. Dicho Comité sería convocado por las Cancillerías de los dos países y se reunirá alternativamente en cada una de las naciones, en las fechas que se convengan por vía diplomática. A su vez, hará recomendaciones a las partes, elaborará planes y programas para disminuir la producción y evitar el tráfico ilícito de drogas.

Siendo el narcotráfico una actividad perniciosa para la sociedad, y atendiendo a la necesidad de combatirla, la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado aconseja al Cuerpo la aprobación del presente convenio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito entre las Partes en la ciudad de México a los veintinueve días del mes de marzo del año de mil novecientos noventa y seis."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que será comunicado al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

11) PROTOCOLO DE COOPERACION Y ASISTENCIA JURISDICCIONAL EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA SUSCRITO POR LOS ESTADOS PARTE DEL TRATADO DE ASUNCION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa aprobado por los cuatro Estados Parte del Tratado de Asunción. (Carp. Nº 1017/98 - Rep. Nº 640/98)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1017/98

Rep. Nº 640/98

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, aprobado en el Valle de Las Leñas, provincia de Mendoza, República Argentina, el 27 de junio de 1992, por los cuatro Estados Parte del Tratado de Asunción.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 1º de abril de 1998.

Jaime Mario Trobo Presidente

Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

PROTOCOLO DE COOPERACION Y ASISTENCIA JURISDICCIONAL EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA, SUSCRITO POR LOS ESTADOS PARTE DEL TRATADO DE ASUNCION

Con la aprobación de la Cámara de Representantes viene a consideración del Senado el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, aprobado en el Valle de Las Leñas el 27 de junio de 1992, por los cuatro Estados Parte del Tratado de Asunción.

Su texto surge de la reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR, a fin de dotar a los países miembros de reglas comunes para la cooperación judicial interestatal.

Se busca por el mismo un ágil funcionamiento de la prestación de justicia en la región ante un proceso internacional, o sea cuando un juicio tenga lugar en un Estado Parte y existan elementos del mismo radicados en otro.

La falta de prevención de normas al respecto, determina frecuentes inconvenientes y demoras en la tramitación entre Estados ante instancias judiciales.

El Protocolo es amplio en sus objetivos previendo la cooperación y asistencia tanto en materia civil y comercial como laborales y administrativas.

Se circunscribe la aprobación del Protocolo a las diligencias de mero trámite, como citaciones, intimaciones, emplazamientos, notificaciones u otras semejantes, así como a la recepción u obtención de pruebas.

La cooperación se hará efectiva mediante exhortos que serán diligenciados de oficio por la autoridad competente del Estado requerido, propiciando una amplia cooperación siguiendo en este sentido las más modernas tendencias.

La ejecución del exhorto no implica el reconocimiento de la jurisdicción internacional del Juez del cual aquél emana.

En el Capítulo III se habla de la igualdad del trato procesal estableciendo que los ciudadanos y residentes permanentes de uno de los Estados Parte gozarán de las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes de otro Estado Parte, del libre acceso a la jurisdicción en dicho Estado para la defensa de sus derechos e intereses.

El Capítulo I hace referencia al condicionamiento y sentencias de laudos arbitrales estableciendo las condiciones que deberán tener para su eficacia extra territorial.

Así se extiende el Protocolo que incluye 9 capítulos y 36 artículos, referentes como ya se ha expresado a la cooperación y asistencia jurisdiccional ya sea civil, comercial, laboral y administrativa entre los Estados firmantes.

Visto la implicancia de este documento y la necesidad de su puesta en vigor es que se aconseja su aprobación.

Sala de la Comisión, 21 de mayo de 1998.

Carlos M. Garat (Miembro Informante), Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Rafael Michelini, Américo Ricaldoni, Ricardo Rocha Imaz. Senadores.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 23 de agosto de 1995.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de reiterar el Mensaje de fecha 22 de junio de 1993, que se transcribe, por el que se solicita la aprobación parlamentaria del Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa aprobado en el Valle de Las Leñas, Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, República Argentina, el 27 de junio de 1992, por los cuatro Estados Parte del Tratado de Asunción para la constitución del MERCOSUR, al permanecer vigentes para los intereses de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío:

"El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de Ley, por el cual se aprueba el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa aprobado en el Valle de Las Leñas, Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, República Argentina, el 27 de junio de 1992, por los cuatro Estados Parte del Tratado de Asunción para la constitución del MERCOSUR.

Su texto fue negociado en el ámbito de la Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR -la cual fue creada por Resolución del Consejo en su sesión de Brasilia de diciembre de 1991- con la finalidad de dotar a los países miembros de aquél de una regulación común en el área de la cooperación judicial interestatal.

La aprobación del presente Convenio se estima trascendente, en tanto habrá de permitir un ágil funcionamiento de la prestación de justicia en la subregión en presencia de un proceso internacional, es decir, cuando el juicio se desenvuelva en un Estado Parte y existan elementos del mismo radicados en otro, tales como el domicilio del demandado, los elementos probatorios, etc.

Ha sido tradicionalmente intenso el tráfico jurídico entre los cuatro Estados como consecuencia natural de su vecindad geográfica, el cual es previsible se verá sensiblemente incrementado con el funcionamiento de un mercado común.

Son asimismo numerosos los procesos internacionales que tienen lugar en el referido ámbito geográfico. Cabe recordar que Brasil no es parte de los Tratados de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de 1889 ni de 1940, así como tampoco de las Convenciones que en este sector fueran suscritas en el área de las CIDIP (Conferencia Especializada sobre Derecho Internacional Privado). Debe señalarse, empero, que se concluyeron entre ambos países, en el pasado año, sendos Convenios de cooperación judicial en el área civil y en el ámbito penal, respectivamente, los que aún no han sido ratificados. Existe en cambio regulación para los demás países miembros del MERCOSUR (Argentina, Paraguay y Uruguay), en virtud de que el Tratado de Montevideo de 1940 rige, precisamente, para dichos Estados.

La carencia de previsión normativa internacional determina frecuentes complejidades e inconvenientes demoras en la tramitación interestatal de instancias judiciales. Existirá, pues, según los países involucrados en cada caso, una disimilitud de soluciones que dista de ser la respuesta ideal para un escenario de países integrados.

El Tratado se desarrolla en 9 capítulos y 36 artículos. Comprende, por un lado, la cooperación y asistencia jurisdiccional en sentido estricto -que tiene lugar durante el proceso, sea en sus etapas iniciales- para permitir su comienzo o durante su desenvolvimiento, para hacer viable la prosecución y, por el otro, abarca el grado máximo de cooperación, en las etapas posteriores a la obtención de la sentencia (o del laudo arbitral en su caso) lo que permite hacerlas valer en el otro Estado Parte, en el que tendrán idénticos efectos que en el país en el que fueron dictados.

Corresponde destacar la amplitud del objeto del Protocolo también desde otra perspectiva en virtud de que, junto a la materia civil y comercial tradicionalmente contempladas, comprende asimismo el área laboral y administrativa. La cooperación y asistencia son de naturaleza "jurisdiccional" y no estrictamente "judicial", en tanto se insertan en la actividad de tribunales cuyo objeto habitual consiste en resolver cuestiones jurídicas controvertidas, aun fuera del marco del Poder Judicial (artículo 1º).

El artículo 5º circunscribe la aplicación del Protocolo a las diligencias de mero trámite, tales como citaciones, intimaciones, emplazamientos, notificaciones u otras semejantes, así como a la recepción u obtención de pruebas.

Tal como se establece en los demás Convenios suscritos por el país en esta materia, la cooperación habrá de hacerse efectiva mediante exhortos, los que deberán contener las especificaciones de estilo dispuestas por los artículo 6º y 7º, relativas a la identificación, tanto del órgano jurisdiccional requirente como del propio expediente, copia de la demanda y transcripción de la resolución que ordena la expedición del exhorto, indicación del objeto del exhorto, información de los respectivos plazos, etc. Si se tratare de una descripción del asunto que facilite la diligencia, la identificación de los testigos y el texto del interrogatorio, así como los documentos necesarios para la materialización de la diligencia.

Los pedidos serán transmitidos a través de las Autoridades Centrales, las que los recibirán y tramitarán, a cuyos efectos tendrán la potestad de comunicarse entre sí directamente, dando intervención a las respectivas autoridades competentes cuando sea necesario (artículo 2º).

El cumplimiento de los exhortos deberá ser diligenciado de oficio por la autoridad jurisdiccional competente del Estado requerido, previéndose una única hipótesis sustancial de denegatoria de ejecución cuando la medida solicitada, por su naturaleza, atente contra los principios de orden público de Estado requerido. Como puede advertirse, el texto propicia una amplia cooperación, siguiendo las más modernas tendencias en este sector.

Se aclara asimismo, como es habitual, que la ejecución del exhorto no implica el reconocimiento de la jurisdicción internacional del juez del cual aquél emana, solución adecuada en virtud de que la competencia internacional no se prevé como requisito para dar trámite a un exhorto, tanto por la doctrina como por el presente u otros Convenios en esta materia (artículo
8º).

Las cuestiones que se susciten con motivo del cumplimiento de la diligencia solicitada serán resueltas por la autoridad jurisdiccional requerida. Asimismo, si dicha autoridad se declarare incompetente para proceder a la tramitación del exhorto, remitirá de oficio los documentos y antecedentes a la autoridad jurisdiccional de su Estado (artículo 9º).

El artículo 11 dispone acertadamente que las partes interesadas y sus representantes puedan comparecer y ejercer las facultades contempladas en la legislación del Estado requerido, a cuyos efectos se deberá informar el lugar y la fecha en que la medida solicitada se hará efectiva, notificación que habrá de efectuarse con la debida antelación por intermedio de las respectivas Autoridades Centrales.

En lo que hace a la ley aplicable al cumplimiento de los exhortos, ella será la del Estado requerido, norma que recoge la solución internacional de mayor recibo. Se autoriza asimismo -a solicitud de la autoridad requirente- la aplicación de un procedimiento especial o el cumplimiento de formalidades adicionales, siempre que los mismos no sean incompatibles con el orden público del Estado requerido (artículo 12).

El texto brinda una solución razonable en materia de aplicación de medios procesales coercitivos al diligenciamiento de la rogatoria, en tanto dispone que la autoridad requerida aplicará los previstos en su legislación interna, en los casos y en la medida en que deba hacerlo para cumplir un exhorto de las autoridades de su propio Estado (artículo 13).

El cumplimiento de la rogatoria no podrá dar lugar al reembolso de ningún tipo de gastos, excepto cuando se soliciten medios probatorios que ocasionen erogaciones especiales o se designen profesionales para intervenir en el diligenciamiento. En estas hipótesis, deberá consignarse en el cuerpo del exhorto los datos de la persona que en el Estado requerido procederá a dar cumplimiento al pago de los gastos y honorarios devengados (artículo 15).

Según establece el artículo 17, los trámites necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de la rogatoria deberán ser practicados de oficio por la autoridad jurisdiccional del Estado requerido siendo innecesaria, en consecuencia, la intervención de la parte interesada a esos efectos.

Se recoge, asimismo, la solución ya contenida en otros tratados, por la que los ciudadanos o residentes permanentes de un Estado Parte gozarán en el otro, del libre acceso a la jurisdicción en dicho Estado para la defensa de sus derechos e intereses; solución que se extiende a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de cualquiera de los Estados Parte (artículo 3º). Se establece que no podrá imponerse caución o depósito alguno -tanto para las personas físicas como jurídicas- en razón de la calidad de ciudadano o residente permanente en otro Estado Parte.

El Capítulo V regula los efectos extraterritoriales de las sentencias y laudos arbitrales dictados en un Estado Parte -en su doble vertiente de reconocimiento y ejecución- en un ámbito que comprende también la materia civil, comercial, laboral y administrativa, así como los fallos que, en materia civil, sean dictados en sede penal. Esta última solución reitera lo dispuesto en el artículo 1º de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros aprobada en ocasión de la CIDIP II (Montevideo, 1979), la cual también ha sido recogida en otros textos bilaterales.

La solicitud de reconocimiento o ejecución se tramitará por medio de exhortos y se hará efectiva por intermedio de la Autoridad Central, según dispone el artículo 19.

El artículo 20 establece las condiciones usualmente requeridas para el reconocimiento y la ejecución, recogiéndose como tales la existencia de formalidades externas vinculadas a la autenticidad según las reglas del Estado del cual proceden, la traducción al idioma del Estado requerido de los documentos correspondientes, la competencia internacional de acuerdo al Derecho del Estado requerido, los requisitos que hacen al debido proceso, la calidad de ejecutoriada de la decisión en el Estado requirente, así como la no contradicción manifiesta con los principios esenciales de orden público del Estado requerido.

El texto condiciona el reconocimiento o la ejecución, como establece el artículo 22, cuando hayan tenido lugar, en el Estado requerido, procesos entre las mismas partes, fundados en los mismos hechos y sobre el mismo objeto que el pronunciamiento dictado en el Estado requirente que se pretende reconocer o ejecutar.

El artículo 23 prevé la eficacia extraterritorial parcial, solución también contemplada en la prealudida Convención de Montevideo de 1979.

Según se dispone habitualmente en este punto, tanto los procedimientos como la competencia interna de los respectivos órganos jurisdiccionales habrán de regirse por la ley del Estado requerido (artículo 24).

El Capítulo VI regula diversos aspectos vinculados a los instrumentos públicos y otros documentos.

El artículo 25 dispone -en solución de evidente utilidad práctica- que los instrumentos públicos emanados en un Estado Parte tendrán, en los demás, la misma fuerza probatoria que en aquel del cual provienen.

Recogiendo también en este aspecto la más moderna y conveniente solución, el artículo 26 prevé la exención de legalización, apostilla u otra formalidad análoga para los documentos emanados de autoridades jurisdiccionales u otras de uno de los Estados Parte, así como para las escrituras públicas y demás documentos que se establecen, cuando sean tramitados por intermedio de la Autoridad Central para ser presentados en el territorio de otro Estado Parte.

De gran utilidad es, asimismo, la posibilidad que contempla el artículo 27, en tanto autoriza a las Partes a remitirse recíprocamente sin cargo, por intermedio de la Autoridad Central -y para fines exclusivamente públicos- los testimonios o certificados de las actas de los registros de estado civil.

El Capítulo VII contiene preceptos vinculados a la información del Derecho extranjero, cuya recíproca remisión en concepto de cooperación judicial -a menos que se oponga a disposiciones de orden público- será suministrada por las Autoridades Centrales de las Partes, tanto en relación a las materias a las que se circunscribe el ámbito del Protocolo como al Derecho Internacional Privado (artículo 28).

El contenido de la información suministrada no es vinculante, en virtud de que el Estado que la recibe no estará obligado a aplicar o hacer aplicar el Derecho extranjero según el contenido de la respuesta recibida, previéndose asimismo, en el artículo 30 que el país que la brinda no será responsable por la opinión emitida ni estará obligado a aplicar su propio Derecho según el contenido de aquella información.

El Capítulo VIII regula lo relativo a las consultas y a la solución de controversias. Las primeras podrán ser celebradas por las Autoridades Centrales con el fin de facilitar la aplicación del Protocolo en las ocasiones que se acuerden.

El artículo 32 dispone, en el inciso 1º, que las controversias sobre la interpretación, la aplicación o el incumplimiento de las disposiciones del Protocolo procurarán resolverse mediante negociaciones diplomáticas directas.

El inciso 2º señala que, si no se alcanzara un acuerdo o la controversia se hubiera resuelto parcialmente, "se aplicarán los procedimientos previstos en el Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias cuando éste entre en vigor y hasta tanto se adopte un Sistema Permanente de Solución de controversias para el Mercado Común del Sur".

La primera parte del precepto examinado se estima aceptable; no así la solución contenida en el inciso 2º cuya aplicación puede derivar en situaciones razonablemente no deseadas por las Partes en los casos concretos.

Baste imaginar una hipótesis en la que un juez nacional deniegue fundadamente -por estimarla improcedente- una instancia de cooperación solicitada por un tribunal de otro Estado Parte. En aplicación de la norma examinada, esta denegatoria de cooperación podrá ser objeto de revisión en un ámbito extraño y no previsto por los preceptos procesales internos, propiciándose un nivel de apelación en un plano y con características que coliden con principios y disposiciones de orden público.

El Protocolo de Brasilia sobre solución de controversias -destinado a regir pura y exclusivamente en el ámbito del ordenamiento jurídico del MERCOSUR- crea un ámbito de negociación y una instancia arbitral tendientes a resolver los eventuales conflictos que pudieran surgir respecto a la aplicación o interpretación de ese ordenamiento jurídico. Se trata de un sistema cuyo objeto es, en suma, controlar la juridicidad de los actos de los órganos del sistema (Consejo y Grupo del Mercado Común), así como los actos de los Estados miembro contrarios a las normas originarias o derivadas que emerjan de ese proceso de integración económica.

Su objeto es, pues, ostensiblemente ajeno a la finalidad del Protocolo bajo examen, en mérito a lo cual es impensable una trasposición automática de sus soluciones a un área tan extraña a su contexto natural como lo es el escenario de la integración del área de la asistencia judicial interestatal.

Si bien puede estimarse que la cooperación jurisdiccional constituye, en cierto modo, un instrumento al servicio de la integración económica, sostuvo oportunamente la delegación uruguaya que no era pertinente aplicar, a los acuerdos de cooperación jurisdiccional, el sistema transitorio de solución de controversias establecido en el Protocolo de Brasilia para resolver cuestiones específicamente vinculadas a la integración económica.

La cooperación jurisdiccional internacional, que integra un área sujeta a principios propios y particulares, forma parte del ámbito del Derecho Internacional privado en general y, en particular, del Derecho procesal internacional, los que se rigen, en cuanto a su creación y aplicación, por principios y normas específicas de estas ramas del Derecho.

Desde el punto de vista estricto, la referida cooperación se resume en lo siguiente: el juez de un Estado, con motivo de un proceso que tiene lugar en ese Estado, se ve precisado de solicitar a un juez de otro Estado que lo auxilie, llevando a cabo determinados actos procedimentales que, una vez cumplidos, se remiten a aquél. Con esta descripción se advierte que este tipo de asistencia funda su razón de ser en la existencia de diversos ordenamientos jurídicos estatales y en la tendencia del hombre a cruzar las fronteras y ponerse en contacto con otros hombres y otros Derechos. Estos factores son determinantes, tanto del surgimiento de las relaciones privadas internacionales como de una serie de situaciones procesales vinculadas con aquéllas y cuya solución depende de la cooperación jurisdiccional que puedan brindarse recíprocamente los Estados.

Este tipo de cooperación nada tiene que ver, del punto de vista ontológico, con los procesos de integración económica, responde a objetivos distintos, encaran una materia diferente y forman parte de contextos normativos autónomos.

Cuando nos referimos a las normas de cooperación jurisdiccional internacional, es valor entendido que estamos fuera del ámbito del Derecho de la integración, aun cuando aquéllas hayan sido adoptadas por los países que pasan a formar parte de un esquema de integración económica.

Ciertamente, cuando se gesta un proceso de integración, surge un escenario multinacional propicio para que los países involucrados, al comprometerse a desarrollar acciones en el terreno económico, promuevan también iniciativas en áreas ajenas a la propia integración, que sirven o contribuyen indirectamente a un mejor funcionamiento del sistema. Observación ésta que no puede conducirnos a afirmar que las normas convencionales que se adopten en tales áreas, como pueden ser las normas de cooperación jurisdiccional internacional, deban considerarse parte integrante del ordenamiento regulador del proceso de integración. Por su objeto, por su materia y por su fuente normativa, estas regulaciones son ajenas al Derecho de la integración.

En suma, si bien la producción normativa en áreas ajenas a la integración económica es estimulada y alentada por la gestación de un proceso de esta naturaleza, no por ello pasa a formar parte del orden jurídico que regula tal proceso ni debe quedar sujeta, por ende, al contralor jurisdiccional que rige para este último.

El artículo 33 del Protocolo establece que éste es "parte integrante del Tratado de Asunción" y el artículo 34 señala la "adhesión por parte de un Estado al Tratado de Asunción, implicará ipso jure la adhesión al presente Protocolo".

Si estamos en presencia de dos ámbitos normativos sustancial y formalmente distintos, no parece ser lo más adecuado insertar uno dentro del otro. La cooperación jurisdiccional entre los países que conforman el MERCOSUR no forma parte integrante de este proceso y ello es tan así aun cuando se haya plasmado entre sus países miembros y en ocasión del mismo.

Esta solución no puede considerarse similar a la concebida en oportunidad de la adopción del Protoclo de Brasilia sobre solución de controverisas, pues en este caso se trata de un instrumento no solamente vinculado sustancialmente al Tratado de Asunción sino que también lo está del punto de vista formal, en cuanto el referido Tratado previó desde un principio (Anexo 3) la existencia de este sistema.

Por las razones expuestas, en caso de recabarse la aprobación parlamentaria, se reservan los artículos 32 y 34 del texto bajo examen. Asimismo; se reserva parcialmente el artículo 33, en lo que refiere, por un lado, a que el presente Protocolo es "parte integrante del Tratado de Asunción" y, por el otro, al disponer que "se aplicará provisionalmente a partir de la fecha de su firma", en virtud de que tal solución contraviene la Constitución uruguaya. Permanece sin reservar, en consecuencia, el texto que establece que el instrumento internacional "entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de depósito del segundo instrumento de ratificación".

Por los mismos fundamentos y con el objeto de guardar concordancia con las señaladas reservas, se estima necesario formular una declaración interpretativa sobre la expresión "Protocolo".

DECLARACION INTERPRETATIVA

La República Oriental del Uruguay desea dejar constancia que el "Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa" aprobado en el ámbito de la Reunión de Ministros de justicia del MERCOSUR no reviste, no obstante su designación, el sentido de documento anexo o vinculado atribuido en ocasiones por la práctica al instrumento internacional así nominado. Su contenido se vincula más bien al concepto sostenido por Rousseau y comúnmente compartido, según el cual, "Cualquiera sea su denominación, el Tratado constituye un acuerdo entre Estados destinado a producir efectos jurídicos". Tal acepción concuerda con la recogida en la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados, la cual establece, en el artículo 2º, que se entiende por "Tratado" un "acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y recogido por el Derecho Internacional... cualquiera sea su denominación particular".

En suma, el presente constituye un Tratado internacional independiente y autónomo, cuya validez y eficacia entre los Estados Parte no está condicionada ni forma parte de ningún otro instrumento jurídico preexistente.

Por los fundamentos expuestos se estima de singular importancia la entrada en vigor del presente instrumento internacional, por lo que se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General, las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Alvaro Ramos, Samuel Lichenstejn.

Montevideo, 23 de agosto de 1995.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el "Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa", aprobado en el Valle de Las Leñas, Provincia de Mendoza, República Argentina, el 27 de junio de 1992, por los cuatro Estados Parte del Tratado de Asunción.

Alvaro Ramos, Samuel Lichtenstejn.

TEXTO DEL PROTOCOLO

Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay,

Considerando que el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), previsto en el Tratado de Asunción, suscripto el 26 de marzo de 1991, implica el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración;

Deseosos de promover e intensificar la cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa, a fin de contribuir de este modo al desarrollo de sus relaciones de integración en base a los principios de respeto a la soberanía nacional y a la igualdad de derechos e intereses recíprocos;

Convencidos de que este Protocolo coadyuvará al trato equitativo de los ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Parte del Tratado de Asunción y les facilitará el libre acceso a la jurisdicción en dichos Estados para la defensa de sus derechos e intereses;

Conscientes de la importancia que reviste para el proceso de integración de los Estados Parte la adopción de instrumentos comunes que consoliden la seguridad jurídica y tengan como finalidad alcanzar los objetivos del Tratado de Asunción,

Acuerdan:

CAPITULO I

COOPERACION Y ASISTENCIA

JURISDICCIONAL

Artículo 1º

Los Estados Parte se comprometen a prestarse asistencia mutua y amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa. La asistencia jurisdiccional se extenderá a los procedimientos administrativos en los que se admitan recursos ante los tribunales.

CAPITULO II

AUTORIDADES CENTRALES

Artículo 2º

A los efectos del presente Protocolo cada Estado Parte designará una Autoridad Central encargada de recibir y tramitar los pedidos de Asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa. A tal fin, dichas Autoridades Centrales se comunicarán directamente entre ellas, dando intervención a las respectivas autoridades competentes, cuando sea necesario.

Los Estados Parte, al depositar el instrumento de ratificación al presente Protocolo, comunicarán dicha designación al Gobierno depositario, el cual lo pondrá en conocimiento de los demás Estados Parte.

La Autoridad Central podrá ser cambiada en cualquier momento, debiendo el Estado Parte comunicarlo en el menor tiempo posible al Gobierno depositario del presente Protocolo, a fin de que ponga en conocimiento de los demás Estados Parte el cambio efectuado.

CAPITULO III

IGUALDAD DE TRATO PROCESAL

Artículo 3º

Los ciudadanos y los residentes permanentes de uno de los Estados Parte gozarán, en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes de otro Estado Parte, del libre acceso a la jurisdicción en dicho Estado para la defensa de sus derechos e intereses.

El párrafo precedente se aplicará a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de cualquiera de los Estados Parte.

Artículo 4º

Ninguna caución o depósito, cualquiera sea su denominación, podrá ser impuesta en razón de la calidad de ciudadano o residente permanente de otro Estado Parte.

El párrafo precedente se aplicará a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de cualquiera de los Estados Parte.

CAPITULO IV

COOPERACION EN ACTIVIDADES DE MERO TRAMITE Y PROBATORIAS

Artículo 5º

Cada Estado Parte deberá enviar a las autoridades jurisdiccionales del otro Estado, según la vía prevista en el artículo 2º, los exhortos en materia civil, comercial, laboral o administrativa, cuando tengan por objetivo:

a) diligencias de mero trámite, tales como citaciones, intimaciones, emplazamientos, notificaciones u otras semejantes;

b) recepción u obtención de pruebas.

Artículo 6º

Los exhortos deberán contener:

a) denominación y domicilio del órgano jurisdiccional requirente;

b) individualización del expediente con especificación del objeto y naturaleza del juicio y del nombre y domicilio de las partes;

c) copia de la demanda y transcripción de la resolución que ordena la expedición del exhorto;

d) nombre y domicilio del apoderado de la parte solicitante en el Estado requerido, si lo hubiere;

e) indicación del objeto del exhorto, precisando el nombre y domicilio del destinatario de la medida;

f) información del plazo de que dispone la persona afectada por la medida para cumplirla;

g) descripción de las formas o procedimientos especiales con que ha de cumplirse la cooperación solicitada;

h) cualquier otra información que facilite el cumplimiento del exhorto.

Artículo 7º

Si se solicitare la recepción de pruebas, el exhorto deberá además contener:

a) una descripción del asunto que facilite la diligencia probatoria;

b) nombre y domicilio de testigos u otras personas o instituciones que deban intervenir;

c) texto de los interrogatorios y documentos necesarios.

Artículo 8º

El cumplimiento de los exhortos deberá ser diligenciado de oficio por la autoridad jurisdiccional competente del Estado requerido y sólo podrá denegarse cuando la medida solicitada, por su naturaleza, atente contra los principios de orden público del Estado requerido.

Dicho cumplimiento no implicará un reconocimiento de la jurisdicción internacional del Juez del cual emana.

Artículo 9º

La autoridad jurisdiccional requerida tendrá competencia para conocer de las cuestiones que se susciten con motivo del cumplimiento de la diligencia solicitada.

Si la autoridad jurisdiccional requerida se declarare incompetente para proceder a la tramitación del exhorto, remitirá de oficio los documentos y antecedentes del caso a la autoridad jurisdiccional competente de su Estado.

Artículo 10

Los exhortos y los documentos que los acompañen deberán redactarse en el idioma de la autoridad requirente y ser acompañados de una traducción al idioma de la autoridad requerida.

Artículo 11

La autoridad requirente podrá solicitar de la autoridad requerida se le informe el lugar y la fecha en que la medida solicitada se hará efectiva, a fin de permitir que la autoridad requirente, las partes interesadas o sus respectivos representantes puedan comparecer y ejercer las facultades autorizadas por la legislación de la Parte requerida.

Dicha comunicación deberá efectuarse con la debida antelación por intermedio de las Autoridades Centrales de los Estados Parte.

Artículo 12

La autoridad jurisdiccional encargada del cumplimiento de un exhorto aplicará su ley interna en lo que a los procedimientos se refiere.

Sin embargo, podrá accederse, a solicitud de la autoridad requirente, a otorgar al exhorto una tramitación especial o aceptarse el cumplimiento de las formalidades adicionales en la diligencia del exhorto, siempre que ello no sea incompatible con el orden público del Estado requerido.

El cumplimiento del exhorto deberá llevarse a cabo sin demora.

Artículo 13

Al diligenciar el exhorto, la autoridad requerida aplicará los medios procesales coercitivos previstos en su legislación interna, en los casos y en la medida en que deba hacerlo para cumplir un exhorto de las autoridades de su propio Estado o un pedido presentado a este efecto por una parte interesada.

Artículo 14

Los documentos en los que conste el cumplimiento del exhorto serán comunicados por intermedio de las Autoridades Centrales.

Cuando el exhorto no haya sido cumplido en todo o en parte, este hecho, así como las razones que determinaron el incumplimiento, deberán ser comunicados de inmediato a la autoridad requirente, utilizando el medio señalado en el párrafo precedente.

Artículo 15

El cumplimiento del exhorto no podrá dar lugar al reembolso de ningún tipo de gastos, excepto cuando se soliciten medios probatorios que ocasionen erogaciones especiales o se designen profesionales para intervenir en el diligenciamiento. En tales casos, se deberá consignar en el cuerpo del exhorto los datos de la persona que en el Estado requerido procederá a dar cumplimiento al pago de los gastos y honorarios devengados.

Artículo 16

Cuando los datos relativos al domicilio del destinatario del acto o de la persona citada estén incompletos o sean inexactos, la autoridad requerida deberá agotar los medios para satisfacer el pedido. Al efecto, podrá también solicitar al Estado requirente los datos complementarios que permitan la identificación y la localización de la referida persona.

Artículo 17

Los trámites pertinentes para hacer efectivo el cumplimiento del exhorto no requerirán necesariamente la intervención de parte interesada, debiendo ser practicados de oficio por la autoridad jurisdiccional competente del Estado requerido.

CAPITULO V

RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE SENTENCIAS Y DE LAUDOS ARBITRALES

Artículo 18

Las disposiciones del presente Capítulo serán aplicables al reconocimiento y ejecución de las sentencias y de los laudos arbitrales pronunciados en las jurisdicciones de los Estados Partes en materia civil, comercial, laboral y administrativa. Las mismas serán igualmente aplicables a las sentencias en materia de reparación de daños y restitución de bienes pronunciadas en jurisdicción penal.

Artículo 19

La solicitud de reconocimiento y ejecución de sentencias y de laudos arbitrales por parte de las autoridades jurisdiccionales se tramitará por vía de exhortos y por intermedio de la Autoridad Central.

Artículo 20

Las sentencias y los laudos arbitrales a que se refiere el artículo precedente tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes si reúnen las siguientes condiciones:

a) que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden;

b) que éstos y los documentos anexos que fueren necesarios, estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado en el que se solicita su reconocimiento y ejecución;

c) que éstos emanen de un órgano jurisdiccional o arbitral competente, según las normas del estado requerido sobre jurisdicción internacional;

d) que la parte contra la que se pretende ejecutar la decisión haya sido debidamente citada y se haya garantizado el ejercicio de su derecho de defensa;

e) que la decisión tenga fuerza de cosa juzgada y/o ejecutoria en el Estado en el que fue dictada;

f) que no contraríen manifiestamente los principios de orden público del Estado en el que se solicitare el reconocimiento y/o ejecución.

Los requisitos de los literales a), c), d), e) y f) deben surgir del testimonio de la sentencia o del laudo arbitral.

Artículo 21

La Parte que en un juicio invoque una sentencia o un laudo arbitral de alguno de los Estados Partes, deberá acompañar un testimonio de la sentencia o del laudo arbitral con los requisitos del artículo precedente.

Artículo 22

Cuando se tratare de una sentencia o de un laudo arbitral entre las mismas partes, fundada en los mismos hechos y que tuviere el mismo objeto que el de otro proceso jurisdiccional o arbitral en el Estado requerido, su reconocimiento y ejecutoriedad dependerán de que la decisión no sea incompatible con otro pronunciamiento anterior o simultáneo recaído en tal proceso en el Estado requerido.

Asimismo, no se reconocerá ni se procederá a la ejecución, cuando se hubiere iniciado un procedimiento entre las mismas partes, fundado en los mismos hechos y sobre el mismo objeto, ante cualquier autoridad jurisdiccional de la Parte requerida con anterioridad a la presentación de la demanda ante la autoridad jurisdiccional que hubiere pronunciado la resolución de la que se solicite el reconocimiento.

Artículo 23

Si una sentencia o un laudo arbitral no pudiere tener eficacia en su totalidad, la autoridad jurisdiccional competente en el Estado requerido podrá admitir su eficacia parcial mediando solicitud de parte interesada.

Artículo 24

Los procedimientos, incluso la competencia de los respectivos órganos jurisdiccionales, a los efectos del reconocimiento y ejecución de las sentencias o de los laudos arbitrales, se regirán por la ley del Estado requerido.

CAPITULO VI

DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS Y OTROS DOCUMENTOS

Artículo 25

Los instrumentos públicos emanados de un Estado Parte tendrán en el otro la misma fuerza probatoria que sus propios instrumentos públicos.

Artículo 26

Los documentos emanados de autoridades jurisdiccionales u otras autoridades de uno de los Estados Partes, así como las escrituras públicas y los documentos que certifiquen la validez, la fecha y la veracidad de la firma o la conformidad con el original, que sean tramitados por intermedio de la Autoridad Central, quedan exceptuados de toda legalización, apostilla u otra formalidad análoga, cuando deban ser presentados en el territorio de otro Estado Parte.

Artículo 27

Cada Estado Parte remitirá, a través de la Autoridad Central, a solicitud de otro y para fines exclusivamente públicos, los testimonios o certificados de las actas de los registros de estado civil sin cargo alguno.

CAPITULO VII

INFORMACION DEL DERECHO EXTRANJERO

Artículo 28

Las Autoridades Centrales de los Estados Parte se suministrarán, en concepto de cooperación judicial, y siempre que no se opongan a las disposiciones de su orden público, informes en materia civil, comercial, laboral, administrativa y de derecho internacional privado, sin gasto alguno.

Artículo 29

La información a que se refiere el artículo anterior podrá también efectuarse ante la jurisdicción del otro Estado, a través de informes suministrados por las autoridades diplomáticas o consulares del Estado Parte de cuyo derecho se trate.

Artículo 30

El Estado que brinde los informes sobre el sentido y alcance legal de su derecho, no será responsable por la opinión emitida ni está obligado a aplicar su derecho según la respuesta proporcionada.

El Estado que reciba dichos informes no estará obligado a aplicar o hacer aplicar el derecho extranjero según el contenido de la respuesta recibida.

CAPITULO VIII

CONSULTAS Y SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

Artículo 31

Las Autoridades Centrales de los Estados Parte celebrarán consultas en las oportunidades que convengan mutuamente con el fin de facilitar la aplicación del presente Protocolo.

Artículo 32

Los Estados Parte en una controversia sobre la interpretación, la aplicación o el incumplimiento de las disposiciones de este Protocolo, procurarán resolverla mediante negociaciones diplomáticas directas.

Si mediante tales negociaciones no se alcanzare un acuerdo o si la controversia fuera solucionada sólo en parte, se aplicarán los procedimientos previstos en el Protocolo de Brasilia para la solución de controversias cuando este entre en vigor y hasta tanto se adopte un Sistema Permanente de Solución de Controversias para el Mercado Común del Sur.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 33

El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de depósito del segundo instrumento de ratificación, y se aplicará provisionalmente a partir de la
fecha de su firma.

Artículo 34

La adhesión por parte de un Estado al Tratado de Asunción, implicará ipso jure la adhesión al presente Protocolo.

Artículo 35

El presente Protocolo no restringirá las disposiciones de las convenciones que sobre la misma materia hubieran sido suscritas anteriormente entre los Estados Parte en tanto no lo contradigan.

Artículo 36

El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente Protocolo y de los instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los Gobiernos de los demás Estados Parte.

Asimismo, el Gobierno de la República del Paraguay notificará a los Gobiernos de los demás Estados Parte la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo y la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación.

Hecho en el Valle de Las Leñas, departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, República Argentina, a los 27 días del mes de junio de 1992, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: este Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, fue aprobado en el Valle de Las Leñas el 27 de junio de 1992 por los cuatro Estados Parte del Tratado de Asunción.

Su texto surge de la reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR, a fin de dotar a los países miembros de reglas comunes para la cooperación judicial interestatal. Por él, se busca un ágil funcionamiento de la prestación de Justicia en la región ante un proceso internacional, o sea, cuando un juicio tenga lugar en un Estado Parte y existan elementos del mismo radicados en otro. La falta de prevención de normas al respecto determina frecuentes inconvenientes y demoras en la tramitación entre Estados ante instancias judiciales.

El Protocolo es amplio en sus objetivos, previendo la cooperación y asistencia tanto en materia civil y comercial, como en la laboral y administrativa.

Se circunscribe la aprobación del Protocolo a las diligencias de mero trámite, como citaciones, intimaciones, emplazamientos, notificaciones u otras semejantes, así como a la recepción u obtención de pruebas.

La cooperación se hará efectiva mediante exhortos, que serán diligenciados de oficio por la autoridad competente del Estado requerido, propiciando una amplia cooperación, siguiendo en este sentido las más modernas tendencias.

La ejecución del exhorto no implica el reconocimiento de la jurisdicción internacional del Juez del cual aquél emana.

En el Capítulo III se habla de la igualdad del trato procesal, estableciendo que los ciudadanos y residentes permanentes de uno de los Estados Parte gozarán de las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes de otro Estado Parte, del libre acceso a la jurisdicción del dicho Estado para la defensa de sus derechos e intereses.

Por su parte, el Capítulo I hace referencia al condicionamiento y sentencias de laudos arbitrales, estableciendo las condiciones que deberán tener para su eficacia extraterritorial.

Así se extiende el Protocolo que incluye 9 Capítulos y 36 artículos referentes, como ya se ha expresado, a la cooperación y asistencia jurisdiccional, ya sea civil, comercial, laboral y administrativa entre los Estados firmantes.

Vista la importancia que tiene para el desarrollo de la región y el relacionamiento jurisdiccional en la misma, la Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación de este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aprueba en general.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébase el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, aprobado en el Valle de Las Leñas, provincia de Mendoza, República Argentina, el 27 de junio de 1992, por los cuatro Estados Parte del Tratado de Asunción."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que será comunicado al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

12) IMPUESTO A LAS TRASMISIONES PATRIMONIALES

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se modifica el literal C) del artículo 8º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990. (Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales) (Carp. Nº 825/97 - Rep. Nº 644/98)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 825/97

Rep. Nº 644/98

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento

Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 19 de agosto de 1997.

Sr. Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir para su discusión y sanción el proyecto de ley por el cual se modifica el literal C) del artículo 8º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, en la redacción dada por el artículo 450 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el cual se busca ampliar el espectro de actos jurídicos exonerados del pago del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales.

Por dicha norma se logra exonerar del pago del tributo no sólo la primera enajenación de bienes inmuebles que efectúen las figuras jurídicas allí referidas, sino también las adquisiciones que realicen para el desarrollo de sus programas, lo que en definitiva implica el logro del fin social de las mismas.

Sin perjuicio de lo cual, por un error involuntario dicha redacción no comprende las promesas de enajenación de inmuebles a plazo que realicen aquellas, dado que estas no constituyen "strictu sensu" enajenaciones, sino que son el medio para una vez cumplidos un conjunto de requisitos, se opere la transferencia definitiva del inmueble mediante la forma de escritura pública.

En tal sentido la propia norma al crear el tributo consideró como dos hechos generadores independientes a la promesa de compraventa y a la enajenación, lo que resulta corroborado por el artículo 7º que prevé que las enajenaciones que se otorguen en cumplimiento de promesas que ya han tributado el impuesto están exoneradas.

De lo expuesto resulta que el fin buscado al incluir este literal es favorecer el accionar de estas entidades jurídicas con hondo contenido
social, que en la mayoría de los casos el medio al cual han recurrido para el logro de sus objetivos es el otorgamiento de promesas de enajenación de inmuebles a plazo teniendo en cuenta el bajo nivel de ingreso de sus beneficiarios.

Al analizar las exoneraciones establecidas en el artículo 8º de la Ley Nº 16.107, el literal C) se caracteriza por la naturaleza del sujeto pasivo. Este, con un cometido eminentemente social, fue considerado por el Legislador al momento de otorgar la exoneración, pero de mantenerse la redacción actual del mismo, no se lograría la finalidad de la norma que exoneró la primera enajenación, en la medida que al otorgarse la promesa se está gravando en definitiva a dichos institutos y a los beneficiarios del sistema.

Por lo expuesto, a fin de remediar dicha situación consideramos pertinente la modificación propuesta, de forma tal que el espíritu del Legislador que buscó beneficiar a dichas entidades mediante la consagración de la exoneración de la primera enajenación, no se vea frustrado por la discordancia existente entre la norma jurídica y la realidad fáctica.

Saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Juan Chiruchi.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Sustitúyese el literal C) del artículo 8º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, en la redacción dada por el artículo 450 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

"C) La primera promesa de enajenación de inmuebles a plazo o la primera enajenación de los bienes inmuebles que realicen las Cooperativas de Vivienda y Fondos Sociales, así como las adquisiciones para el desarrollo de sus programas a que refiere la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992, y las sociedades civiles reguladas por el Decreto-Ley Nº 14.804, de 14 de julio de 1978."

Juan Chiruchi.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

INFORME

Al Senado:

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo introduce una modificación al literal C) del artículo 8º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, en la redacción dada por el artículo 450 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Dicha disposición se inscribe en el contexto de una definida política social, cuya piedra angular es la aplicación del principio de igualdad de oportunidades. En otras palabras, igualdad en el punto de partida.

En este caso, se trata de la oportunidad de acceso a la vivienda propia como escenario físico apropiado para la vida familiar.

Por otra parte, las cooperativas de vivienda y fondos sociales integran la batería de instrumentos jurídicos que permiten a numerosas familias acceder por primera vez a una vivienda propia y decorosa, o sea que constituyen un medio apropiado para el fin social precitado y, por ende, deben ser estimuladas en el plano de los hechos.

Esta es la razón determinante del régimen legal vigente, el cual exonera del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales a la primera enajenación de bienes inmuebles que realicen estas cooperativas de viviendas y fondos sociales, así como las adquisiciones para el desarrollo de sus programas a que se refiere la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992 y las sociedades civiles reguladas por el Decreto-Ley Nº 14.804, de 14 de julio de 1978.

Vale decir que se alivia de una obligación tributaria al cooperativista, que con la adquisición realiza un esfuerzo económico que para él es trascendente.

Pero como bien dice la exposición de motivos del proyecto del Poder Ejecutivo, la disposición vigente, seguramente por un error de redacción, no comprende las promesas de enajenación de inmuebles a plazo, dado que éstas no constituyen "strictu sensu" enajenaciones, sino que son el medio para que una vez cumplido un conjunto de requisitos, se opere la transferencia definitiva del inmueble mediante la forma de escritura pública siendo que, tal como lo establece el régimen legal que regula el impuesto en las transmisiones inmobiliarias, el mismo se abona al otorgarse el compromiso de compraventa.

De modo que en el texto vigente de la exoneración, el propósito loable que la motiva se ve anulado desde el momento que por lo general, es precisamente a través de un compromiso de compraventa inscribible en el Registro de Enajenación de Inmuebles a Plazo, que estos adquirentes viabilizan la adquisición de la vivienda.

Esto es lo que tiene en cuenta la Comisión de Hacienda al proponer en forma unánime al Senado la aprobación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, introduciendo una modificación por la cual el texto definitivo de la exoneración establecida en el artículo 8º de la Ley Nº 16.107 literal C) se ajustará a los fines que lo inspiraron, al incluir la primera promesa de enajenación de inmuebles a plazos que realicen las cooperativas de vivienda y fondos sociales.

Sala de la Comisión, a 14 de mayo de 1998.

Nahum Bergstein (Miembro Informante), Danilo Astori, Jorge Batlle, Luis Brezzo, Alberto Couriel, Guillermo García Costa, Luis Eduardo
Mallo.
Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN. - Señor Presidente: en realidad, es poco lo que tenemos para agregar al informe escrito de la Comisión. Tal como allí se expresa en el mismo, el proyecto pretende subsanar una omisión, seguramente involuntaria, de la ley vigente para incluir a los compromisos de compraventa que suscriben los cooperativistas de vivienda y fondos sociales, en la exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Inmobiliarias.

Se trata de un tema importante para una franja significativa de personas que accede por primera vez a la vivienda propia a través de una de las múltiples vías por las cuales la actual Administración ha abordado el problema social de la vivienda: nos referimos a las cooperativas.

De acuerdo con este sistema, tanto el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente como el Banco Hipotecario, han trabajado intensamente en esos carriles. Al respecto, estamos en condiciones de suministrar las cifras, de lo que ha sido la construcción por el sistema de cooperativas en la actual Administración de Gobierno.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha financiado 1.805 cooperativas mediante distintos sistemas. Como es sabido, su política se orienta al financiamiento de la vivienda de sectores cuyos ingresos están por debajo de las 60 unidades reajustables.

En la actual Administración -según información que hemos obtenido al día de ayer- el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha finalizado 1.805 cooperativas y están en construcción 2.198, habiéndose comprometido -están en el trámite final- 1.253 con el subsidio del Fondo Nacional de Vivienda y 1.304 en trámite para concesión de préstamo. Esto hace un total de 6.560 unidades habitacionales por el régimen de cooperativas.

El Banco Hipotecario del Uruguay, por su parte, en la actual Administración ha terminado 1.007 viviendas por el sistema cooperativo, tiene en construcción 1.270 y ha proyectado 1.138, lo que hace un total de 3.415. Cabe aclarar que esta información fue suministrada por el Presidente de esa institución, y es al día viernes de la semana pasada. En cuanto a ese organismo refiere, la inversión ha significado un monto que, en términos globales, es de U$S 135:000.000, pudiendo estimarse el aporte de los cooperativistas en un 10% aproximadamente.

En lo que hace a la suma del monto de unidades reajustables de los préstamos y de los subsidios que, dentro del sistema de cooperativas, ha contribuido el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente -porque hay una categoría de cooperativistas a los que dicho Ministerio da directamente un subsidio- debemos decir que es de 11:048.000 unidades reajustables. Como puede observarse, se trata de un monto significativo, cercano a U$S 185:000.000.

Con estas cifras, queremos señalar que si tomamos un promedio de valor de la vivienda de U$S 40.000 en el caso del Banco Hipotecario del Uruguay, y de inferior monto en el del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el importe de la exoneración de los compromisos de compraventa no alcanza una cifra de gran importancia, pero sí lo es la cantidad de gente que se va a ver beneficiada. En otras palabras, debemos decir que esa exoneración tributaria abarca a un gran sector que necesita la protección de una política social coherente, de modo que cada familia o persona que firma el compromiso de compraventa por el sistema cooperativo se beneficia de un pequeño monto que para él es importante. Vuelvo al punto de partida, para señalar que esta ley subsana la omisión de incluir a los compromisos de compraventa, pues el texto original hablaba estrictamente de enajenaciones, y en la mecánica de la contratación muchas veces existe un compromiso previo el que, según la anterior redacción, no quedaba exonerado de ese impuesto.

Por último, debo decir que el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el seno de la Comisión de Hacienda.

Es todo cuanto quería manifestar.

SEÑORA DALMAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS. - Señor Presidente: lo que voy a plantear intenté hacerlo antes, pero no se dio la oportunidad. En virtud de que no están presentes los dos miembros de nuestra Bancada que integran la Comisión que estudió este tema, vamos a solicitar la postergación del tratamiento de este punto y que se incluya en primer término del orden del día de la sesión de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES, SUSCRITA POR LA REPUBLICA EN LA QUINTA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (CIDIP V)

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: creo que, por error, se ha incluido en undécimo término del orden del día, el proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales.

Cabe recordar que ese tema, por resolución expresa del Cuerpo, fue derivado a la Comisión de Asuntos Internacionales, pero ésta aún no lo consideró, por lo que mal se lo puede reincorporar nuevamente al orden del día de esta sesión.

En consecuencia, solicito que se cumpla el trámite ya aprobado, es decir, que el tema vuelva a la Comisión de Asuntos Internacionales.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que, tal como lo plantea el señor Senador Gargano, en este tema ha habido una inadvertencia, por lo que no sería necesario votarlo, pues ya se hizo oportunamente.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: confirmo lo que ha expresado el señor Senador Gargano.

En la sesión del 16 de octubre de 1996 se votó, por unanimidad, el pasaje del tema a la Comisión. En esa instancia, se argumentó, por parte del señor Senador Ricaldoni, la necesidad de convocar al señor Ministro de Relaciones Exteriores, y nosotros hicimos lo propio respecto a llamar a la Cátedra de Derecho Civil, pues entendíamos que la iniciativa implicaba modificar el Capítulo del Apéndice del Código Civil, que rige en el Uruguay. Concretamente, la propuesta consistía en modificar el lugar de ejecución por el que eligieran las partes, lo cual consideramos que es un cambio trascendente en la vida del país en el plano jurídico de los contratos. Por esa razón, insisto, se había sostenido la necesidad de que el tema fuera analizado con el asesoramiento correspondiente.

Por ende, adelantamos nuestro apoyo al planteo realizado por el señor Senador Gargano porque el tema ya había sido resuelto por el Cuerpo.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Señor Presidente: seguramente, también por inadvertencia, en el repartido correspondiente a este tema se incluyen disposiciones relativas a la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores. Cabe aclarar que dicha Convención fue aprobada en el Senado el 17 de setiembre de 1997, y en la Cámara de Representantes el 7 de mayo de 1997.

En consecuencia, no es pertinente que se incluya en un repartido, pues el Poder Ejecutivo ya ratificó ese Tratado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el Senado lo entiende pertinente, postergaríamos momentáneamente la consideración de este punto a efectos de identificar las razones por las que ha sido incluido en el orden del día de esta sesión. La Mesa recuerda lo mismo que el señor Senador Mallo, pero quisiera constatar en las actas de la Secretaría las razones de su inclusión.

A efectos de ordenar el tratamiento de los asuntos, debe indicarse que el punto 11 del orden del día, tal como lo señaló el señor Senador Gargano, fue
devuelto oportunamente a la Comisión de Asuntos Internacionales. Asimismo, dejaríamos pendiente la resolución relativa al punto que figura en duodécimo término del orden del día, e ingresaríamos -si el Senado está de acuerdo- en el asunto decimotercero.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: pido disculpas, pero no escuché el motivo por el que no se considera el numeral duodécimo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa ha pedido unos minutos al Senado para que le permita examinar la razón por la que se incluyó el punto en el orden del día, en virtud de lo expresado por el señor Senador Mallo respecto a que ya habría una ratificación del Poder Ejecutivo correspondiente a este tema y una aprobación de ambas Cámaras. Entonces, ello se corroborará con la documentación que obra en poder de la Secretaría, para no ocasionar demoras al Senado.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Virgili)

14) DOCTOR NOL M. BURGOS BORCHE

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili). - Se pasa a considerar el asunto que figura en decimotercer término del orden del día: "Proyecto de Ley por el que se designa con el nombre `Doctor Nol M. Burgos Borche' el Centro de Salud de Melo, departamento de Cerro Largo. (Carp. Nº 1033/98 - Rep. Nº 652/98)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1033/98

Rep. Nº 652/98

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Desígnase con el nombre "Doctor Nol M. Burgos Borche" el Centro de Salud de Melo, departamento de Cerro Largo, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

Sala se Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de abril de 1998.

Jaime Mario Trobo Presidente

Martín García Nin Secretario

CAMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha estudiado el proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Doctor Nol M. Burgos Borche" al Centro de Salud de Melo, departamento de Cerro Largo.

Este destacado ciudadano nació en la ciudad de Melo, capital del mencionado departamento, el día 29 de mayo de 1910. Su vocación por la medicina lo llevó a ocupar un cargo en el Ministerio de Salud Pública a partir del 27 de marzo de 1942, integrando el Cuadro de Practicantes Suplentes, cargo al que accedió por concurso de oposición. Obtiene el título de Doctor en Medicina y Cirugía en el año 1945, realizando con posterioridad diferentes cursos de perfeccionamiento en la Facultad de Medicina, destacando las especialidades de Farmacodinámica y Terapéutica Clínica.

Su actuación trascendió fronteras y un ejemplo de ello fue su nombramiento, en el año 1965, como miembro adherente por la Asociación de Diabéticos del Uruguay y Sociedad Argentina de Diabetes, derivada de su participación en las "Segundas Jornadas Rioplatenses de Diabetes".

No puede dejar de mencionarse que por Resolución del Poder Ejecutivo de 11 de julio de 1968 se le comete la función de Médico Jefe del Centro de Salud de Melo.

En la exposición de motivos, el Legislador proponente señala su labor abnegada en pro de la comunidad, teniendo como centro de sus preocupaciones a la niñez de su departamento; a vía de ejemplo se cita su intervención en ocasión de un brote de enfermedades infecto-contagiosas en una escuela primaria en el año 1967, cuando el doctor Burgos en persona vacunó a los escolares y también a los vecinos de la zona. También prestó colaboración en la planificación de campañas escolares contra diferentes enfermedades.

Falleció el día 8 de agosto de 1984, pérdida especialmente sentida por los habitantes del departamento de Cerro Largo. Como justo homenaje a una vida consagrada al ejercicio de la medicina con sentido humanitario y social, para que perdure en la memoria de la comunidad es que esta Asesora aconseja al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 6 de agosto de 1997.

Jorge Orrico (Miembro Informante), Washington Abdala, Fernando Araujo, Gustavo Borsari Brenna, Daniel Diaz Maynard, Alejo Fernandez Chaves, Felipe Michelini, Fernando Saralegui, Diana Saravia Olmos."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: la Comisión de Salud Pública encargó a quien habla informar al Senado este proyecto de ley que viene con media sanción de la Cámara de Representantes, y que refiere a la nominación del Centro de Salud de Melo, departamento de Cerro Largo, con el nombre "Doctor Nol M. Burgos Borche".

Este proyecto, señor Presidente, lo informo con gusto, por dos razones. En primer lugar, por la personalidad del doctor Burgos Borche, a quien se homenajea con esta designación y, en segundo término, porque el proyecto original que consideró la Cámara de Representantes, fue presentado en su oportunidad por nuestro compañero Eber Da Rosa Viñoles, fallecido, Representante por el departamento de Cerro Largo.

El doctor Nol Máximo Burgos Borche nació en el departamento de Cerro Largo en mayo de 1910. Ejerció la medicina durante 40 años, prácticamente, desde que se recibe en 1945 hasta 1984, año en que fallece. En esos 40 años, el doctor Burgos Borche se caracterizó por las mejores virtudes que siempre tiene a su cargo un médico. La primera de ellas, el cumplimiento eficaz de las funciones que le fueron asignadas en el Ministerio de Salud Pública y en el propio Centro de Salud al que hoy se propone nominar con su nombre, en su honor.

Fue un hombre que a lo largo de su vida, como médico, siempre mantuvo una gran preocupación por el perfeccionamiento profesional. Tiene en su haber muchos cursos y actividades profesionales, dentro y fuera del país. En particular, podemos citar el perfeccionamiento en fármaco-dinámica y terapéutica clínica en la Facultad de Medicina y en otras actividades en el país.

Asimismo, señor Presidente, tuvo reconocimiento internacional al haber sido nominado miembro adherente por la Asociación de Diabéticos del Uruguay y la Sociedad Argentina de Diabetes, por su participación en jornadas rioplatenses en esta especialidad.

También tuvo una fuerte e importante actividad gremial, vinculada a la Asociación Médica de Cerro Largo, que presidió en diferentes períodos, entre los años 1964 y 1971.

Finalmente, señor Presidente, tiene en su haber el reconocimiento del pueblo de Cerro Largo por su proficua labor humanitaria, destinada primordialmente a atender a la niñez, brindando especial colaboración cuando se planificaron campañas escolares contra la viruela, la difteria, el tétanos, la polio y la hepatitis. Hay un reconocimiento colectivo de la actuación personal abnegada de este profesional en ocasión de brotes de hepatitis en la zona de Rincón de Urbana. En definitiva, existe la convicción plena de sus conciudadanos -habitantes del departamento de Cerro Largo- de que se trató de un profesional no sólo de un altísimo nivel técnico, sino también de una fuerte vocación de servicio a la comunidad.

En consecuencia, en forma unánime la Comisión de Salud Pública del Senado le recomienda al Cuerpo aprobar la nominación del Centro de Salud de Melo con el nombre del doctor Nol M. Burgos Borche.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Quiero expresar mi complacencia de poder votar este proyecto por el que se designa un Centro de Salud con el nombre del doctor Burgos Borche quien, además, formó una familia extremadamente vinculada con las actividades culturales de Melo. Frecuentemente recibo de su señora comunicaciones sobre la televisión, la radiodifusión oficial y sobre los actos culturales que allí se desarrollan. Quiere decir que el espíritu del doctor Burgos Borche permanece en su familia.

Tuve ocasión de tratarlo y de comprobar personalmente la verdad de todos los elogios que se han hecho en relación con su persona.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili). - En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Desígnase con el nombre `Doctor Nol M. Burgos Borche' el Centro de Salud de Melo, departamento de Cerro Largo, dependiente del Ministerio de Salud Pública."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Antes de pasar a sesión secreta, en nombre de la Bancada del Partido Colorado, solicito un cuarto intermedio de cinco minutos.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Orlando Virgili). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.

(Así se hace a la hora 16 y 51 minutos).

(Vueltos a Sala)

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Hugo Fernández Faingold)

15) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 16 y 57 minutos).

-Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Segovia solicita licencia los días 15 y 16 del corriente."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 9 de junio de 1998.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside, licencia los días 15 y 16 del corriente mes, por motivos particulares.

A la vez, solicito que se convoque al suplente correspondiente.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.

Albérico César Segovia. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

En consecuencia, queda convocado para los días referidos el señor Víctor Semproni, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

16) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR FISCAL LETRADO NACIONAL
DE LO CIVIL DE 12º TURNO

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Formulo moción para que el punto que figura en decimocuarto término del orden del día de hoy se deje para la sesión de mañana, por lo que no será necesario que el Senado entre en sesión secreta, y para que entremos de inmediato a la consideración del punto que figura en duodécimo término.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) PROTOCOLO IV DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS

Se pasa a considerar el asunto que figura en duodécimo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo IV de la Convención de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. (Carp. Nº 1036/98 - Rep. Nº 651/98)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1036/98

Rep. Nº 651/98

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Protocolo IV de la Convención de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, por el que se prohíbe el empleo de armas láser que causan ceguera, aprobado el 13 de octubre de 1995.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de mayo de 1998.

Jaime Mario Trobo

Martín García Nin Presidente

Secretario

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

PROTOCOLO IV DE LA "CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS"

El siguiente Protocolo que viene con aprobación de la Cámara de Representantes se anexa como Protocolo IV a la "Convención sobre prohibición o restricción del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados". En el mismo se prohíbe el empleo de armas láser que causan ceguera.

Nuestro país es parte de la Convención de las Naciones Unidas y del Protocolo I, II, III. En la Convención de revisión que tuvo lugar en Viena en 1995, se aprobaron enmiendas al Protocolo II y un nuevo Protocolo IV por el que se prohíbe el empleo y la transferencia de armas láser que causan ceguera.

La aprobación de este Protocolo importa un gran progreso para lograr reducir la crueldad en la guerra; prohibiéndose por primera vez un arma antes de que se haya usado en el campo de batalla. Este Protocolo constituye además un importante apoyo a la labor que realiza el Comité Internacional de la Cruz Roja con el fin de mejorar el destino de las víctimas de los conflictos armados.

Es por tales razones que se recomienda la aprobación del mismo que redundará en prestigio internacional para nuestro país, consecuente con una doctrina de paz y de respeto a la vida humana.

Sala de la Comisión, 28 de mayo de 1998.

Carlos M. Garat (Miembro Informante), Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Carlos Julio Pereyra, Américo Ricaldoni, Gastón Silberman. Senadores.

Anexo A

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS

ARTICULO 1º: PROTOCOLO ADICIONAL

El siguiente protocolo se anexará como Protocolo IV a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados ("la Convención"):

"Protocolo sobre armas láser cegadoras

(Protocolo IV)

Artículo 1º

Queda prohibido emplear armas láser específicamente concebidas, como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista. Las Altas Partes Contratantes no transferirán armas de esta índole a ningún Estado ni a ninguna entidad no estatal.

Artículo 2º

En el empleo de sistemas láser, las Altas Partes Contratantes adoptarán todas las precauciones que sean viables para evitar el riesgo de ocasionar ceguera permanente a la vista no amplificada. Esas precauciones consistirán en medidas de instrucción de sus fuerzas armadas y otras medidas prácticas.

Artículo 3º

La ceguera como efecto fortuito o secundario del empleo legítimo con fines militares de sistemas láser, incluido el empleo de los sistemas láser utilizados contra equipo óptico, no está comprendida en la prohibición del presente Protocolo.

Artículo 4º

A los efectos del presente Protocolo, por "ceguera permanente" se entiende una pérdida irreversible y no corregible de la vista que sea gravemente discapacitante y sin perspectivas de recuperación.

La discapacidad grave equivale a una agudeza visual inferior a 20/200 en ambos ojos, medida según la prueba de Snellen.

ARTICULO 2º: ENTRADA EN VIGOR

El presente Protocolo entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del artículo 5º de la Convención."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: el Protocolo IV se anexa a la Convención sobre prohibición o restricción del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

En el mismo se prohíbe el empleo de armas láser que causen ceguera. Nuestro país forma parte de la Convención de las Naciones Unidas y de los Protocolos I, II y III. En la Convención de Revisión que tuvo lugar en Viena en 1995, se aprobaron enmiendas al Protocolo II y se redactó un nuevo Protocolo IV, por el que se prohíbe el empleo y la transferencia de armas láser que causen ceguera.

La aprobación de este Protocolo importa un gran progreso para lograr reducir la crueldad en la guerra, prohibiéndose por primera vez el uso de un arma antes de que haya sido empleada en los campos de batalla.

Además, el referido Protocolo constituye un importante apoyo a la labor que realiza el Comité Internacional de la Cruz Roja, con el fin de mejorar el destino de las víctimas de los conflictos armados.

Por las razones anteriormente expresadas, se recomienda su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aprueba en general.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébase el Protocolo IV de la Convención de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, por el que se prohíbe el empleo de armas láser que causan ceguera, aprobado el 13 de octubre de 1995."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

-La Mesa va a examinar los planteamientos realizados con relación al asunto que figura en undécimo término del orden del día, e informará, en la sesión del día de mañana, de acuerdo con los antecedentes de la Secretaría.

18) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 17 y 2 minutos, presidiendo el licenciado Hugo Fernández Faingold y estando presentes los señores Senadores Antognazza, Bergstein, Dalmás, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Pereyra, Ponce de León, Pozzolo, Ricaldoni, Segovia y Virgili).

Lic. HUGO FERNANDEZ FAINGOLD  Presidente en ejercicio

Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario - Sra. Quena Carámbula Prosecretaria

Sr. Freddy A. Massimino  Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.