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Nº 236 - TOMO 388 - 3 DE JUNIO DE 1998

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

18ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES HUGO BATALLA  Presidente,

el SENADOR LUIS EDUARDO MALLO  Segundo Vicepresidente

y la SEÑORA SENADORA MARINA ARISMENDI  Tercera Vicepresidenta

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO, EL LICENCIADO JORGE MOREIRA PARSONS Y EL PROSECRETARIO SEÑOR GABRIEL RODRIGUEZ GARCES

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 10) Señor Presidente de la República doctor Julio María Sanguinetti. Solicitud de autorización para ausentarse del territorio nacional

- Nota del señor Presidente de la República solicitando autorización para ausentarse del territorio nacional.
- Concedida.

4) Asuntos entrados

5) Proyectos presentados

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara que el espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad. Se crea una Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicaciones y se fijan sus cometidos.
- A la Comisión de Educación y Cultura.
- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se modifica el Reglamento de la Cámara de Senadores, creando una Comisión de Ciencia y Tecnología.
- A la Comisión de Asuntos Administrativos.

6) Pedidos de informes

- Los señores Senadores Gargano y Korzeniak solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, otro a los Ministerios de Educación y Cultura y al de Economía y Finanzas y otro a la Suprema Corte de Justicia, relacionados con la empresa Prólogo SA.
- Oportunamente fueron tramitados.

7) Solicitud de licencia

- La formula el señor Presidente del Cuerpo.
- Concedida.

8) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. La presentan la doctora Reta, los doctores Bluth y Solari y los contadores Davrieux y Zerbino comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

9) Banco Hipotecario del Uruguay. Cierre de la línea de crédito para la adquisición de vivienda usada por parte de discapacitados

- Manifestaciones del señor Senador Garat.
- Por moción del propio señor Senador el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay.

11) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar varios Fiscales Letrados Nacionales, Departamentales y Fiscales Adjuntos y conferir ascensos al grado de Coronel del Ejército a varios señores Tenientes Coroneles

- Por moción del señor Senador Sanabria el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para designar varios Fiscales Nacionales, Departamentales y Fiscales Adjuntos y para conferir ascensos al Grado de Coronel del Ejército a varios señores Tenientes Coroneles.

12) Numerales primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, décimo, undécimo y decimoquinto del orden del día

- Por moción del señor Senador Ricaldoni, el Senado resuelve postergar la consideración de los temas que figuran en esos numerales.

13) Funcionarios en Comisión

- Proyecto de ley por el que se interpreta que mantienen los beneficios jubilatorios, bonificación de servicios o incentivos del cargo original.
- Por moción de la señora Senadora Arismendi el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre

- Proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 1º de la Ley Nº 16.298, de fecha 18 de agosto de 1992, en la redacción dada por el artículo 443 de la Ley Nº 16.736 de fecha 5 de enero de 1996.
- Por moción del señor Senador Heber el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Enmiendas a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) Efectivos pertenecientes al Ejército de los Estados Unidos de América

- Proyecto de ley por el que se autoriza su ingreso al territorio nacional a efectos de realizar ejercicios conjuntos con Unidades del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea Uruguaya.
- Por moción del señor Senador Brezzo el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Enmienda al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del empleo de Minas, Armas Trampa y otros Artefactos, anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales

- Proyecto de ley por el que se modifica el literal C) del artículo 8º, de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990.
- Por moción del señor Senador Fernández Faingold el Senado resuelve postergar la consideración de este tema hasta el próximo martes.

19) Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú

- Proyecto de ley por el que se procede a su creación.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y la Federación de Rusia

- Proyecto de ley por el que se procede a su creación.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 2 de junio de 1998.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 3, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Checa.

(Carp. Nº 850/97 - Rep. Nº 586/98)

2º) Por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

(Carp. Nº 966/98 - Rep. Nº 595/98)

3º) Por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Reino de Suecia sobre Promoción y Recíproca Protección de las Inversiones.

(Carp. Nº 963/98 - Rep. Nº 594/98)

4º) Por el que se aprueba el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República y el Reino de España.

(Carp. Nº 798/92 - Rep. Nº 636/98)

5º) Por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

(Carp. Nº 644/97 - Rep. Nº 637/98)

6º) Por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre la República y la República Argentina.

(Carp. Nº 645/97 - Rep. Nº 638/98)

7º) Por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre la República y la República de Chile.

(Carp. Nº 646/97 - Rep. Nº 639/98)

8º) Por el que se aprueban las enmiendas a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

(Carp. Nº 866/97 - Rep. Nº 642/98)

9º) Por el que se aprueba la Enmienda al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos.

(Carp. Nº 1014/98 - Rep. Nº 641/98)

10) Por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la prevención del uso indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

(Carp. Nº 1016/98 - Rep. Nº 647/98)

11) Por el que se aprueba el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa aprobado por los cuatro Estados Parte del Tratado de Asunción.

(Carp. Nº 1017/98 - Rep. Nº 640/98)

12) Por el que se modifica el literal c) del artículo 8º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990. (Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales).

(Carp. Nº 825/97 - Rep. Nº 644/98)

13) Por el que se sustituye el artículo 1º de la Ley Nº 16.298, en la redacción dada por el artículo 443 de la Ley Nº 16.736, disponiéndose que no será exigible el certificado único especial expedido por el Banco de Previsión Social en los casos en que adquiera o enajenen determinados bienes inmuebles.

(Carp. Nº 938/97 - Rep. Nº 645/98)

14) Por el que se interpreta que la Ley Nº 16.824, de 30 de abril de 1997 incluye a los funcionarios comprendidos en el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992. (Funcionarios en Comisión).

(Carp. Nº 960/98 - Rep. Nº 646/98)

15) Por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales.

(Carp. Nº 231/95 - Rep. Nº 648/98)

16) Por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos pertenecientes al Ejército de los Estados Unidos de América para realizar ejercicios conjuntos con Unidades del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea.

(Carp. Nº 1021/98 - Rep. Nº 650/98)

17) Proyecto de resolución elevado por la Comisión de Asuntos Internacionales por el que se crea la Asociación de Amistad Parlamentaria con la República del Perú.

(Carp. Nº 1046/98 - Rep. Nº 634/98)

18) Proyecto de resolución elevado por la Comisión de Asuntos Internacionales por el que se crea la Asociación de Amistad Parlamentaria con la Federación de Rusia.

(Carp. Nº 1047/98 - Rep. Nº 635/98)

19) Proyecto de resolución elevado por la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar a varios Fiscales Letrados Nacionales, Departamentales y Fiscales Adjuntos.

(Carp. Nº 1025/98 - Rep. Nº 633/98)

20) Proyecto de resolución elevado por la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir los ascensos al grado de Coronel del Ejército a varios señores Tenientes Coroneles.

(Carp. Nº 1001/98 - Rep. Nº 649/98)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio   Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Antognazza, Astori, Bertolini, Brezzo, Cid, Couriel, Fernández Faingold, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Hualde, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Pais, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou y Segovia.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Dalmás, Ramos y Virgili; con aviso el señor Senador Batlle y sin aviso, el señor Senador Storace.

3) SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOCTOR JULIO MARIA SANGUINETTI. Solicitud de autorización para ausentarse del territorio nacional.

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 15 minutos.)

-Dése cuenta de una nota de la Presidencia de la República, llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente de la República, solicita autorización para ausentarse del territorio nacional."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 2 de junio de 1998.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente.

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente a los efectos de solicitar la autorización prescripta por el artículo 170 de la Constitución de la República, en virtud de que me ausentaré del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas, a partir del 27 de junio de 1998, con motivo de realizar una visita oficial a Japón para asistir al 5º Simposio organizado por el BID Exim Bank, para Asia y América Latina y el Caribe.

Saludo al señor Presidente con mi más alta consideración,

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA."

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 3 de junio de 1998.

La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

Por el que se modifica la tributación aplicada al suministro de gas por cañería.

-A la Comisión de Hacienda.

Por el que se aprueba el Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Israel.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales."

5) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara que el espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad. Se crea la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicaciones y se fijan sus cometidos.

-A la Comisión de Educación y Cultura.

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE TELECOMUNICACIONES

CAPITULO I: PRINCIPIOS

Artículo 1º. - El espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad por lo que el derecho de uso de sus frecuencias radioeléctricas es un bien comunitario y su utilización equitativa en beneficio de toda la sociedad uruguaya constituye la base que debe orientar su administración y regulación por medio de la ley y los convenios, resoluciones, tratados y demás normas de carácter internacional.

Art. 2º. - A los efectos de la presente ley:

a) se entiende por Comunicación toda forma de poner a disposición del público o de categorías de público, signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza;

b) asimismo, se entiende por Telecomunicación a toda comunicación que se efectúa por hilo, radio-electricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos;

c) se entiende por Medios Audiovisuales de Telecomunicación a todo dispositivo u organización de recursos capaz de efectivizar una comunicación audiovisual destinada al público en general o bien a un sector del mismo.

Art. 3º. - Se reconoce como principios fundamentales la igualdad de tratamiento y la pluralidad de las diversas corrientes de pensamiento que nutren la sociedad, en el acceso y utilización de los diversos medios de comunicación.

Toda persona tiene derecho a una comunicación radial o televisiva libre y pluralista y a la libertad de información. La justicia garantizará la más plena libertad de expresión del pensamiento (Art. 29 de la Constitución).

Art. 4º. - La comunicación audiovisual se declara servicio público cuya titularidad corresponde al Estado, quien asegurará a través de los órganos competentes, los principios enunciados en la Constitución y en particular los contenidos en la presente ley.

Los Medios Audiovisuales de Telecomunicación serán explotados por:

a) las entidades públicas estatales, las que gozarán de preferencia sobre los particulares en cuanto a la asignación de frecuencias o canales y ubicación de estaciones;

b) por entidades privadas en régimen de concesión gestionados ya sea por empresas comerciales o por las organizaciones sociales que reúnan las condiciones expresadas en el Capítulo IV referido a radios y televisión comunitarias y de acuerdo a los artículos 18 a 23 de la presente ley.

Ninguna de las entidades privadas aludidas podrá ser beneficiada con la concesión de más de tres medios de telecomunicación audiovisual total o parcial, directa o indirectamente.

La intersección de las zonas de servicio de los medios cuya concesión pertenezcan a una misma persona física o jurídica deberá ser inferior al 25% de cada una de ellas.

Las concesiones registradas en la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación serán absolutamente intransferibles por acto entre vivos o por el modo de sucesión. Dicha intransferibilidad traerá aparejado el inmediato cese de la concesión, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños y perjuicios causados.

Las situaciones existentes al momento de promulgación de la presente ley que contravengan los incisos tercero y cuarto del presente artículo, deberán ser regularizadas dentro de un plazo no mayor a los dos años a contar de la vigencia de la presente ley.

Art. 5º. - La actividad de los Medios Audiovisuales de Telecomunicación quedará sujeta a las siguientes reglas:

a) objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones que se brinden;

b) separación en forma nítida entre lo que es información y lo que es opinión. En todo momento y en cualquier tipo de mensaje deberá estar perfectamente identificado el responsable de la emisión;

c) respeto a la libertad de expresión e información;

d) pleno acceso a las diferentes corrientes de opinión, en cuanto al pluralismo filosófico, religioso, político, cultural y social asegurando igualdad de oportunidades a todos los habitantes de la República;

e) establecimiento de un porcentaje de publicidad no superior al 20% de la programación en cada hora de emisión lo que será debidamente reglamentado;

f) democratización de los medios de comunicación respecto de los partidos políticos y especialmente en períodos electorales, lo que se reglamentará por ley en un plazo máximo de seis meses a contar de la fecha de publicación de la presente ley.

Art. 6º. - La Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación establecerá los tiempos a utilizar por las asociaciones civiles profesionales representantes de los distintos sectores de la sociedad, en forma gratuita, a los diferentes medios de comunicación, en caso fundado en razones de interés general y tomando en cuenta la antigüedad de la asociación, el número de afiliados, la obra realizada y en cada caso los objetivos de interés social y público que determinen la petición de acceso a los medios de comunicación. Se tomará en cuenta además la imposibilidad notoria de acceso por medios económicos propios de los peticionantes.

CAPITULO II: CREACION COMISION NACIONAL DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE TELECOMUNICACION

Artículo 7º. - Créase la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación que tendrá personería jurídica y actuará bajo la órbita de la Asamblea General.

Art. 8º. - La Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación estará integrada por representantes de cada uno de los lemas partidarios que tengan representación parlamentaria, que serán designados por la Asamblea General a propuesta de cada uno de los lemas. Además la Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

1 representante de los medios estatales.

1 representante de los medios comerciales.

1 representante de los medios comunitarios.

1 representante de la Universidad de la República.

1 representante de los sindicatos de los trabajadores de medios de comunicación electo por la central de trabajadores más representativa del país.

Las designaciones deberán recaer en personas de reconocida capacidad técnico-profesional y solvencia moral.

La reglamentación organizará el procedimiento de designación de los representantes en un plazo de 90 días.

La Asamblea General designará como representante de cada uno de los medios a que se refiere el inciso primero, de una terna que presentará cada sector.

Los miembros designados en la forma prevista en el inciso anterior durarán en sus cargos durante todo el período que abarque la Legislatura que los designó, salvo casos de renuncia, muerte o incapacidad, violación a los deberes del cargo o delito.

Existirá un cargo de Presidente de la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación, el cual será rotativo entre sus miembros por períodos de un año.

Los cometidos del Presidente serán los de representar a la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación ante los demás organismos oficiales, además de presidir sus reuniones.

Las decisiones de la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros.

Art. 9º. - La actual Dirección Nacional de Comunicaciones pasará a depender del Ministerio de Educación y Cultura.

La Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación coordinará en el ámbito de sus cometidos con el Poder Ejecutivo dicha transferencia, en el plazo de un año a partir de la vigencia de la presente ley.

La transferencia a que se refiere el presente artículo no implicará en ningún caso perjuicio alguno respecto de los funcionarios actualmente dependientes de la Dirección que se transfiere, los que mantendrán plenamente todos los derechos funcionales de cualquier naturaleza que posean al tiempo del cambio institucional operado.

CAPITULO III: COMETIDOS DE LA COMISION NACIONAL DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE TELECOMUNICACION

Artículo 10. - El cometido esencial de la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación será asegurar el cumplimiento de la presente ley y en especial velar por el respeto de los principios en ella contenidos.

Además de dichos cometidos esenciales, compete a la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación, los que se enuncian a título de ejemplo:

a) Propender a la vigencia plena de los principios de independencia y pluralismo de la información;

b) Contribuir a satisfacer las necesidades contemporáneas en materia de educación, distracción y cultura de los diferentes sectores de la población, con miras al enriquecimiento del conocimiento y desarrollo de la iniciativa y responsabilidad de los ciudadanos;

c) Favorecer la comunicación social y en forma particular la expresión, formación e información de los grupos culturales, sociales, profesionales, religiosos y filosóficos, propendiendo a su relacionamiento pacífico y a la erradicación de toda forma de violencia;

d) Fomentar las acciones de investigación, creación y desarrollo de la industria audiovisual y de las comunicaciones audiovisuales, teniendo en cuenta la evolución de la demanda de los usuarios y las mutaciones introducidas por las nuevas tecnologías;

e) Establecer las condiciones requeridas para la instalación, explotación y utilización de los Medios Audiovisuales de Telecomunicación, en régimen de concesión o licencia;

f) Controlar la supervisión técnica y operativa de las emisiones radio-eléctricas y televisivas cualesquiera que fuere su modalidad;

g) Autorizar en acuerdo con las Intendencias, Entes Autónomos y demás Poderes del Estado, la instalación de nuevos tendidos de cables, fibras ópticas o cualquier otro medio destinado a los medios audiovisuales de telecomunicación.

h) Corresponde en forma exclusiva a la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación, otorgar las concesiones y licencias de acuerdo a los siguientes principios:

1. Las adjudicaciones serán realizadas previo llamado público a las personas físicas o jurídicas formadas por
acciones nominativas que llenen las condiciones reglamentarias vigentes, fijadas por dicha Comisión.

2. La ponderación de los postulantes a los llamados se basarán fundamentalmente en los puntos siguientes:

Preponderancia de la programación propia.

Tiempo dedicado a producciones nacionales o departamentales según la zona de servicio del medio de que se trate.

Preferencia de las personas jurídicas en proporción directa al número de accionistas, siempre que la participación de éstos sea igualitaria.

Prioridad en el acceso a aquellos que no sean poseedores de otras concesiones o licencias.

Mayor proporción de tiempo dedicado a programación.

3. Todas las concesiones y licencias serán dadas en forma precaria y revocables sin derecho a indemnización y tendrán una duración máxima de 10 años.

i) Controlar y autorizar las importaciones de equipos y repuestos necesarios para el funcionamiento de los medios audiovisuales de telecomunicación.

j) Planificar, administrar y controlar las zonas del espectro radioeléctrico dedicado a los medios audiovisuales de telecomunicaciones coordinando con la Dirección Nacional de Comunicaciones todo lo pertinente.

k) Aprobar convenios con entidades extranjeras referentes al establecimiento de telecomunicaciones relativas a medios audiovisuales.

Art. 11. - Toda concesión o licencia que se cree o que haya quedado vacante, de acuerdo a las normas de la presente ley, será adjudicada por la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación mediante llamado abierto a aspirantes que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios vigentes. En cualquier caso tal situación deberá ser incluida debidamente en el informe anual que la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación debe remitir a la Asamblea General según lo expresado por el artículo 15.

Art. 12. - Serán sancionables todas las infracciones que se cometan por violación a las condiciones de la concesión o a las normas de la presente ley. Las sanciones serán de multa, suspensión o cese de la concesión de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Art. 13. - Integrada la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación, elevará para su aprobación a la Asamblea General, el Proyecto de Presupuesto para el quinquenio que se inicia.

El Presupuesto que se apruebe no podrá superar el 5% del Presupuesto adoptado para el Poder Legislativo.

Art. 14. - Toda represalia ejercida contra los profesionales de la información o comunicación que ejerzan su función en relación de dependencia y que ajusten su actuación a las disposiciones de esta ley, será penada con las sanciones previstas en el artículo 12 de esta ley.

Art. 15. - Anualmente la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación rendirá cuenta de su gestión ante la Asamblea General, la que se pronunciará por mayoría absoluta de sus integrantes sobre la misma, aprobando o reprobándola.

Deberá elaborar antes del 30 de setiembre del primer año, un plan quinquenal en el cual se darán a conocer el plan de frecuencias radioeléctricas dedicadas a los medios audiovisuales de telecomunicación a instituciones de acción comunitarias o al Estado, así como los servicios por cable o televisión satelital o cualquier otro sistema que se pondrán a disposición del público.

Deberá elaborar antes del 1º de marzo de cada año:

Un programa de apertura de licitaciones de concesiones o permisos vacantes para la explotación de medios audiovisuales de telecomunicación para el año en curso;

Memoria de actuación del año anterior.

Art. 16. - En un plazo máximo de seis meses de constituida, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, elaborará y elevará para su consideración legislativa, un proyecto de ley que establezca el Estatuto del Trabajador de los medios de comunicación con consulta a las gremiales de los trabajadores comprendidos. El mismo deberá establecer el porcentaje de participación mínima de profesionales nacionales de los medios de comunicación en las programaciones.

Dicho estatuto regulará también los derechos del artista nacional, en cuanto a la difusión y participación en las obras de su autoría, en los medios de comunicación audiovisuales, sin perjuicio de la normativa vigente sobre derechos de autor e intérprete y de lo establecido en la presente ley.

Art. 17. - La Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación para el cumplimiento de sus cometidos utilizará los recursos humanos y servicios de la Dirección Nacional de Comunicaciones.

CAPITULO IV: RADIOS Y TELEVISION COMUNITARIAS

Artículo 18. - Los medios comunitarios de radiodifusión sonora y televisión tendrán por finalidad satisfacer necesidades de interés social y cultural de la comunidad. Los concesionarios de radios y televisión comunitarias deberán invertir en su integridad los recursos que obtenga su emisora por concepto de comercialización de espacios, patrocinios, auspicios, venta de publicidad, apoyos financieros, en su adecuado funcionamiento, mejoramiento de equipos y de la programación que se transmita a través de ella y en general en inversiones que garanticen la adecuada continuidad en la prestación del servicio y el desarrollo de los objetivos comunitarios.

Art. 19. - Los medios comunitarios de radiodifusión sonora y televisión estarán orientados a difundir programas de interés social para los diferentes sectores de la comunidad que propician su desarrollo socio-económico y cultural dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadano.

En el caso de la radiodifusión sonora, este servicio podrá prestarse en amplitud modulada (AM) o en frecuencia modulada (FM). En materia de televisión, el servicio podrá prestarse mediante canales abiertos en VHF o en UHF o mediante distribución por cable. En esta última modalidad, todos los medios que se instalen en una misma zona geográfica deberán necesariamente compartir el soporte físico y no tendrán limitación alguna en cuanto a su extensión ni en cantidad de abonados.

En los casos en que ya existan tendidos de empresas comerciales, estas estarán obligadas a permitir el uso de su tendido a los canales comunitarios, hasta el máximo de su capacidad. A su vez tendrán derecho a ser retribuidas por el uso de su tendido de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Art. 20. - La concesión del servicio comunitario de radio y televisión será otorgada por la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación hasta por diez (10) años, prorrogable por períodos de diez (10) años, en base a llamados específicos y exclusivos para este tipo de medio audiovisual.

Art. 21. - Los titulares de las radios y televisoras comunitarias no podrán ceder, vender o arrendar bajo ningún título a terceros los derechos derivados de dicha concesión.

Art. 22. - Los titulares de radios y televisoras comunitarias podrán retransmitir programas originados en otros medios audiovisuales comunitarios, estatal y privada-comercial, con autorización previa de la radio o televisora que originó el programa así como establecer redes y transmisiones en cadena nacional e internacional, siempre y cuando estas tengan relación con los objetivos de la radio o televisora comunitaria.

Art. 23. - Deróganse todas las normas que se opongan a las disposiciones de esta ley.

José Korzeniak, Helios Sarthou, Susana Dalmás, Marina Arismendi, Alberto Cid, Albérico Segovia, Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Danilo Astori. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es un principio democrático esencial en las sociedades modernas, de acuerdo al desarrollo extraordinario de los medios de comunicación, que la libertad de comunicación se ejercite plenamente y con el más amplio pluralismo ideológico y filosófico.

El pluralismo, la objetividad y el interés público inherentes al fenómeno social de la comunicación, requiere la calificación de servicio público de la actividad de comunicación, y que la misma se regule en sus bases fundamentales mediante la intervención de las representaciones políticas electas por el sistema democrático.

El proyecto por tales fundamentos, declara el espectro radioeléctrico como de patrimonio de la humanidad y reputa que el uso del mismo debe ser realizado en forma equitativa en beneficio de toda la sociedad uruguaya.

Asimismo, declara la comunicación audiovisual como servicio público que podrá cumplirse por entidades públicas estatales o por concesionarios ya sea empresas comerciales u organizaciones sociales en los términos a que aluden las disposiciones de los artículos 18 a 23 del presente proyecto de ley.

Sobre la matriz de un proyecto anterior del Frente Amplio, se realiza la opción de crear a nivel parlamentario como órgano máximo que tendrá los cometidos esenciales en materia de medios audiovisuales de telecomunicación, una Comisión llamada Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación. La misma estará integrada por representantes de cada uno de los lemas partidarios que posean representación parlamentaria, designados por la Asamblea General a propuesta de cada uno de los lemas. Asimismo integrarán la Comisión representantes de los medios estatales, comerciales y comunitarios, así como de la Universidad de la República y de los sindicatos de los trabajadores de los medios de comunicación. La elección está regulada en el proyecto por el artículo 8º.

Se dispone por el proyecto que la actual Dirección Nacional de Comunicaciones, pasará a depender del Ministerio de Educación y Cultura, voluntad expresada por el Constituyente por el proyecto de 1967 y que quedó pendiente de aplicación y que actualizada en cuanto al Ministerio, cumple con el mandato constitucional.

Como garantía de objetividad e imparcialidad en el otorgamiento de las concesiones, todas las que se creen o que hayan podido quedar vacantes, serán adjudicadas por la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación, asegurando el llamado abierto a aspirantes y el cumplimiento de las normas de la presente ley y de la Reglamentación correspondiente.

Se dispone que la actividad de los medios audiovisuales de telecomunicación se deberá ajustar a las reglas de objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones. Se efectuará la separación entre información y opinión y se respetará el pluralismo filosófico, religioso, político, cultural y social.

El proyecto establece un porcentaje de publicidad máximo del 20% de la programación en cada hora de emisión como garantía respecto de los usuarios.

Incluye en los artículos 18 a 22 un conjunto de disposiciones que tienen por objeto regular, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución de la República, los medios comunitarios de radiodifusión (conocidos por radios comunitarias) y televisión, habilitando la posibilidad de su registro y debido control.

Los medios comunitarios de radiodifusión o televisión se caracterizarán por estar orientados a la difusión de programas de interés social y cultural de la comunidad. Se dispone expresamente que la totalidad de recursos que se obtengan por la utilización de dichos medios deberán ser invertidos en su integridad para el mejor funcionamiento, mejoramiento de equipos y programación, favoreciendo la adecuada continuidad en el servicio y el desarrollo de los objetivos comunitarios.

Los titulares de las radios y televisoras comunitarias no podrán ceder, vender ni arrendar, los derechos derivados de la concesión.

Los medios comunitarios de televisión y radiodifusión deberán cumplir todas las instancias de registro y habilitación como cualquier otro medio de comunicación comprendido por el proyecto de ley.

La normativa que regula los medios de comunicación es inorgánica, fraccionaria y en su mayor parte se generó durante el período de gobierno de facto, por lo que aparece como imprescindible que el Art. 29 de la Constitución, de tanta trascendencia democrática, no aparezca regulado de esa forma sino por una norma legal, que contemple toda la importancia y la jerarquía que una temática de esta naturaleza tiene en la sociedad actual.

Helios Sarthou, José Korzeniak, Susana Dalmás, Marina Arismendi, Albérico Segovia, Alberto Couriel, Alberto Cid, Reinaldo Gargano, Danilo Astori. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se modifica el Reglamento de la Cámara de Senadores creando una Comisión de Ciencia y Tecnología."

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

(Texto del proyecto de resolución presentado:)

"PROYECTO CON EXPOSICION DE MOTIVOS POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE SENADORES CON EL COMETIDO DE CREAR UNA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Creación de la Comisión de Ciencia y Tecnología

Modifícase el artículo 129 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el que queda redactado de la siguiente forma:

"Estas Comisiones serán dieciséis, a saber: Asuntos Administrativos; Asuntos Internacionales; Asuntos Laborales y Seguridad Social; Ciencia y Tecnología; Constitución y Legislación; Defensa Nacional; Educación y Cultura; Ganadería, Agricultura y Pesca; Hacienda; Industria y Energía; Medio Ambiente; Orden del Día; Presupuesto; Salud Pública; Transporte y Obras Públicas y Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Estas Comisiones informarán sobre los siguientes temas:

Ciencia y Tecnología:

Asuntos relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la integración de ambas disciplinas en el campo educativo y productivo, al mismo tiempo establecerá las prioridades a nivel nacional en ambas ramas del conocimiento."

Susana Dalmás, Danilo Astori, Albérico C. Segovia, José Korzeniak, Marina Arismendi, Alberto Couriel, Helios Sarthou, Reinaldo Gargano, Alberto Cid. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La propuesta de crear una Comisión que estudie los problemas vinculados con el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología no es nueva ya que ella funcionó en la XLIIa. y XLIIIa. Legislaturas, impulsando diferentes iniciativas de importancia. La actual iniciativa busca darle continuidad al esfuerzo emprendido anteriormente y colocar el tema en forma permanente en la agenda parlamentaria.

La necesidad de involucrar al Parlamento en esta área del conocimiento está determinada por su explosiva evolución y en especial por el desarrollo acelerado de las ciencias. Asimismo, la necesaria integración tecnológica a la tarea productiva y el fortalecimiento de los procesos productivos innovadores, colocan el tema en un lugar prioritario de la agenda. Las transformaciones ocurridas en la economía a nivel internacional y los efectos derivados de la globalización, a tiempo que se produce la apertura comercial en el país con la eliminación de las barreras arancelarias, llevan a la necesidad de mejorar los factores que afectan la competitividad, exigiendo a los países a revisar permanentemente su mayor eficacia en la obtención de estos objetivos. Dentro de ellos se encuentra el discernir como interactúa la Ciencia y la Tecnología con la producción y como estos agregados ponderan definitivamente el producto final mejorando la competitividad. El reconocimiento de esta situación por parte del sector productivo en el país, se ha ido dando de manera poco planificada y obviamente tampoco anticipada, lo que condujo entre otras causas, al cierre de importantes sectores industriales al no haber procesado a tiempo la reconversión productiva que le permitiera afrontar la competencia derivada fundamentalmente del proceso de integración.

Esta realidad llevó al reconocimiento de necesidad de tecnificarse y asumir la modernización de los procesos productivos determinando un notorio incremento en la importación de maquinarias y equipos. Estos rubros significaron para el año 1997 un valor 3.5 veces mayor que el destinado en el año 1990 por igual concepto. Este proceso, al que se han abocado diferentes sectores del área productiva resulta altamente positivo, pero es probable que no resulte suficiente, fundamentalmente si tenemos en cuenta que esta actualización productiva se ha ido dando sobre la marcha, condicionada por las exigencias del mercado, con un carácter paliativo, de forma puntual y en muchas ocasiones con escasa programación. Esto puede resultar en una debilidad del proceso de implementación condenando a estos sectores a un tipo de desarrollo cíclico, con la consiguiente necesidad de ajustes una vez que lo adquirido ayer se transforme en obsoleto, en lugar de un desarrollo programado y de carácter innovador, es decir con claro carácter anticipativo.

Para alcanzar este objetivo, entre otras cosas es necesario contar con un sistema articulado y coherente, que prevea los nuevos cauces por los que es necesario conducir este proceso. Este sistema, deberá tener como característica el ser un modelo de trabajo, donde los actores interactuando se complementan en un esfuerzo colectivo, orientado de acuerdo a una programación previa. Para la construcción de estos espacios interconectados es necesario contar con los actores con formación suficiente, inmersos en los desafíos de una industrialización sujeta a cambios permanentes, producidos muchas veces de forma vertiginosa, que realicen las adaptaciones con capacidad de "anticipación tecnológica" o que los sincronicen, por la vía de la adaptación, con la realidad nacional. En definitiva, significará prepararse para competir en un mercado complejo, buscando los hiatus del mismo e implementando mecanismos que a través de la innovación, coloque a los sectores industriales en condiciones de mejorar y adaptar su producto a las exigencias internacionales.

Como primer requisito para ir avanzando en este sentido, es importante reconocer que en el país no son todos los sectores, ni todas las empresas las que alcanzarán las condiciones para ser competitivas. Por el contrario, solamente algunas de ellas lograrán esa condición. Si además, como se sostiene en un estudio del Instituto de Ingenieros de Chile de noviembre de 1996, que los sectores con capacidad de competir internacionalmente lo son cuando se ha desarrollado suficientemente una competencia interna intensa, con una demanda exigente y compleja; se reconoce como otro factor importante y adicional a la educación considerada a todos los niveles, al tiempo que se transforman en impostergables los esfuerzos legislativos en la búsqueda de instrumentos que establezcan y amparen los derechos del consumidor. Por otra parte, el desarrollo de cadenas productivas, que complementen en sentido horizontal y vertical la actividad de los sectores con potencialidad innovadora constituye otro de los requisitos en la búsqueda de esas herramientas que llevarán a mejorar la competitividad.

Por otra parte, la pertenencia de Uruguay a un mercado regional impone la necesidad de comparar lo que sucede en los países que lo integran. De ella surgen las desventajas que tiene nuestro país en su apuesta histórica a la producción de productos básicos, con una economía de pequeña dimensión y con carácter fuertemente proteccionista. Estos factores junto a un desarrollo industrial protegido y de pequeña escala determinaron una escasa exigencia de la capacidad innovadora. Todo lo que explica el escaso acceso de los sectores productivos al respaldo tecnológico que hoy en el mundo y en la región se ha venido desarrollando. Esta suma de factores, la que debe agregarse el restringido apoyo económico que el sector productivo transfiere a los organismos que trabajan en ciencia y tecnología, refuerza y explica nuestro escaso desarrollo. Esto sin duda constituye una desventaja significativa, como surge de la comparación por ejemplo con países como los Estados Unidos, Canadá y España donde del total invertido para investigación, un 40% a 50% del total es aportado por las empresas, situación que también se reproduce en los países integrantes del mercado regional como es el caso de Brasil y Argentina donde esta cifra se sitúa en el entorno del 30%.

Es notoria la necesidad de contar con una interacción entre los sectores productivos y los organismos con capacidad de desarrollar los procesos de innovación, determinando la creación de un sistema, armónico y coherente, flexible y dinámico, con capacidad de impulsar el cambio que vincule estrechamente a todos los sectores involucrados en el proceso. La experiencia llevada adelante por el programa CONICYT-BID, y su derivado el FINTEC, que más adelante analizaremos en más detalle, permitió apreciar que esto es posible, en la medida que se mantengan los esfuerzos ya iniciados.

Este programa de recapitalización en ciencia y tecnología comenzó en el año 1985 donde se tomaron una serie de iniciativas en el campo de la formación científica y la investigación, que comienzan a revertir el crónico rezago que afecta al país y que tuvo especial severidad durante los años de la dictadura. El primero de tales emprendimientos lo constituyó el Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), le siguió la Comisión Sectorial de Investigaciones Científicas (CSIC) y finalmente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Banco Interamericano de Desarrollo (CONICYT-BID). Estos programas constituyen la base, y así ha resultado, para iniciar la reversión de los aspectos más negativos en este campo, posibilitando en primer lugar la formación de recursos humanos, así como la adquisición de equipamiento para investigación básica y la adecuación de la infraestructura de varios organismos.

Sin embargo estas experiencias que resultan positivas en la creación y enriquecimiento del capital científico del país, muestran determinadas tendencias que motivan preocupación. Así por ejemplo, del total de investigadores del programa, únicamente el 18% están afectados a las áreas tecnológicas, fundamentalmente pertenecientes al INIA, SUL y LATU tres de los sectores con clara y directa vinculación al sector productivo. En el informe del consultor del CONICYT-BID, Cr. Darío Sarachaga: "Ciencia y Tecnología en Uruguay: una agenda hacia el futuro", se señala que países como Estados Unidos tienen un 70% del personal científico asignados a esas áreas, lo que marca un notorio contraste con nuestra realidad, que es imprescindible corregir. En el terreno de reforzar el relacionamiento entre lo productivo y la ciencia, debe jugar un papel importante el Legislador, proporcionando las herramientas que favorezcan y estimulen, la construcción de los ámbitos de conexión, intercambio y complementación.

Sin duda que el ámbito de conexión imprescindible debe ser un Sistema Nacional de Innovación (SNI) que corrija las asimetrías, enfrente las carencias y establezca los puentes para la interconexión. El Cr. Enrique Iglesias en las jornadas Israel Wonsewer del CONICYT-BID, al igual que el Cr. Darío Sarachaga, señalaron la necesidad de contar con un SNI. El primero de ellos enfatizó su importancia al señalar que entre otras razones, gran parte del retraso en Latinoamérica en el campo de la investigación y la innovación tecnológica, derivan de la ausencia de un SNI capaz de actuar como elemento dinamizador al tiempo que establece los objetivos y los roles de sus integrantes, imponiéndole en consecuencia la coherencia del rumbo preciso y complementado.

La temática prioritaria a abordar por esta Comisión Parlamentaria en forma inmediata, deberán surgir de las conclusiones a las que ha llegado la consultoría aludida para el programa CONICYT-BID, la que señala la incertidumbre en la capacidad de los organismos para retener los investigadores, como consecuencia de la derivación de los recursos del programa para paliar las insuficiencias básicas de los sectores. Esta posibilidad constituye una amenaza capaz de desbaratar la inversión realizada. Por otra parte el no contar con cierta previsibilidad en el aspecto presupuestario, lleva a dificultades en la planificación y organización de las actividades, situaciones que conspiran con el desempeño de las distintas áreas. Frecuentemente se argumenta que en forma sistemática y exclusiva se recurre como justificación del retraso a la escasez del presupuesto para el área. El argumento resulta válido cuando se analiza como un único factor y no como un componente más de una serie de situaciones que convergen y potencian este magro resultado. Como contrapartida, es claro que no exista ninguna posibilidad de desarrollo en esta área del conocimiento sin una adecuada asignación de recursos. En este mismo sentido, es importante reconocer que el país en los últimos 20 años ha destinado una cifra insuficiente para investigación, expresada por una baja incidencia en relación con el Producto Bruto Interno. En 1986 la participación de Ciencia y Tecnología sobre el PBI era de apenas 0.284%, cifra claramente insuficiente que además por su continuidad explican el actual retraso. En el período 1994-96 se llegó a un 0.5% del PBI, representando el fondo CONICYT-BID un 15% del total de la inversión. Este cambio en la disponibilidad de recursos, que no resulta suficiente para revertir los años de estancamiento, fue sin embargo capaz de dinamizar diferentes sectores del área. Esto redundó en la reincorporación de científicos que estaban en el exterior, en la formación de investigadores de mayor calificación, en el crecimiento de publicaciones registradas de nivel internacional, en un mejor relacionamiento con los ámbitos académicos internacionales y en la convicción de que es posible desarrollar esta experiencia y obtener logros, a pesar de nuestra pequeñez.

Sin pretender que nuestro país tenga los resultados de los países del primer mundo con una antigua cultura en el terreno de ciencia y tecnología debemos reconocer lo desparejo de las condiciones para comenzar a revertirlas. Si como dijimos previamente, el presupuesto otorgado no es el único factor a ponderar en nuestro retraso, no podemos desconocer la franca asimetría con otros países que actúa potenciando este retraso. Si analizamos en el contexto mundial lo destinado por nuestro país en ciencia y tecnología comprenderemos a dónde apunta nuestra reflexión por la vía de la comparación; así por ejemplo, tenemos que EE.UU. destina a esta área un 2.5% de su PBI, Canadá 1.5%, Cuba entre 1 y 1.5%, Costa Rica una cifra levemente superior al 1% del PBI. Todos los demás países están por debajo de estas cifras, pero en el contexto del MERCOSUR Uruguay se coloca a la zaga de los dos socios mayores luego de Brasil y Argentina en ese orden.

En la reciente publicación del Ministerio de Educación y Cultura, "Claro Que Se Puede" del CONICYT-BID, y a pesar de estos elementos negativos reseñados, es contundente en la enumeración de los logros en el campo de la ciencia, con claro impacto en la actividad productiva. Pero a esto se ha llegado luego de recorrer el camino de la formación científica básica, la que dotó a los equipos de los instrumentos y la metodología claves para cualquier proceso de investigación. Sin esta no es posible edificar una estructura de desarrollo científico sólido y aplicado, sería como pretender edificar un edificio sin obtener un sólido cimiento. Como ha señalado el Dr. Mario Bunge en una conferencia dictada en diciembre de 1996 en el Edificio Libertad, en la que hacía énfasis sobre la interacción de las distintas áreas del saber: "Los principales flujos en la era moderna entre estos cuatro dominios de la actividad y del pensamiento son los siguientes: de la ciencia básica a la ciencia aplicada, de la aplicada a la técnica, de la técnica a los servicios". Esto resulta importante de valorar a la hora de asignar las prioridades del sector porque ese capital básico está en el investigador, el que aporta no solo la metodología, la creatividad, su capacidad de soñar sino, y ello resulta a la postre fundamental, la manera de transmitir el conocimiento, es decir la forma en que educa y encara el proceso de desarrollo cultural de la ciencia.

Esta mejora en la actividad de investigación, en términos generales, no se ha reflejado en forma suficiente en el sector productivo. En la auditoría señalada previamente, el Cr. Sarachaga establece que el sector productivo ha accedido escasamente a este desarrollo creciente en investigación y desarrollo. Sin embargo, puntualiza que cuando al frente de estas empresas se desempeñan universitarios, la conexión entre el ámbito académico y la empresa se da en forma natural y fluida. Esto pone en evidencia las carencias en los vínculos entre ambos sectores, lo que sin duda condiciona el nivel de desarrollo tanto del sector productivo, como el de la investigación. Esto se refuerza por las características de nuestro desarrollo, como una fuerte apuesta al sector básico de producción, buscando su incremento cuantitativo y con pocos requerimientos de innovación, lo que condiciona escasas y puntuales necesidades de apoyo científico. Como ejemplo de lo anterior tenemos que de los proyectos por áreas del CSIC el porcentaje del sector agrícola fue de un 10.6% para el año 1992 y de apenas un 8.8% para 1994. Este modelo productivo coloca al país en una mala relación de intercambio derivada del limitante precio de las materias básicas sin valor agregado. La integración de diferentes áreas implementada en la Facultad de Veterinaria que permitió el desarrollo de técnicas complejas como es el desarrollado en reproducción animal asistida con selección genética de la descendencia, llevada adelante por el equipo de las Dras. A. Postiglioni y C. Laroca muestra el camino a seguir, donde sobre la base de la complementación de esfuerzos, la producción básica puede ser potenciada por el aporte tecnológico.

La Comisión de Ciencia y Tecnología propuesta debe por lo tanto jugar un papel que desarrolle un ámbito de conexión para los distintos actores del programa. La creación el 20 de noviembre de 1997 de la Asociación Uruguaya para la Ciencia, la Tecnología y el Desarrollo, avalada por los cuatro partidos políticos del país, la Cámara de Industria, autoridades universitarias, distinguidos investigadores y académicos, periodistas, el Instituto Nacional de Normas Técnicas, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, las Fuerzas Armadas, los trabajadores de esos sectores, resulta una clara respuesta de la sociedad en su conjunto para alentar esta iniciativa que el Parlamento Nacional debe respaldar.

Susana Dalmás, Danilo Astori, Albérico C. Segovia, Marina Arismendi, José Korzeniak, Reinaldo Gargano, Helios Sarthou, Alberto Couriel, Alberto Cid. Senadores."

6) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE. - Los señores Senadores Gargano y Korzeniak solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relativo a la firma Prólogo SA que realizó algún acuerdo con sus empleados por despidos.

A los Ministerios de Educación y Cultura y de Economía y Finanzas, solicitando los nombres de los Directores actuales de la empresa Prólogo SA.

A la Suprema Corte de Justicia solicitando se le informe si la empresa Prólogo SA se ha presentado a concordato, liquidación judicial o moratoria en alguna sede judicial.

Oportunamente fueron tramitados.

(Texto de los pedidos de informes presentados:)

"Montevideo, 2 de junio de 1998.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, solicito se curse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el siguiente pedido de datos e informes:

1. - Si la firma Prólogo SA, conocida comercialmente como Centro Eléctrico, presidida por el Sr. Daniel Soler, ha hecho algún acuerdo con empleados de dicha empresa por despidos y otros créditos laborales pendientes de pago con motivo del cierre de esa empresa.

2. - En caso afirmativo, se sirva enviar copia de dichos acuerdos.

Saludan atte.

José Korzeniak, Reinaldo Gargano. Senadores."

"Montevideo, 2 de junio de 1998.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente.

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, solicito se curse a los Ministerios de Educación y Cultura y de Economía y Finanzas, el siguiente pedido de datos e informes:

1. - Quienes son los Directores actuales de la empresa Prólogo SA, firma gestionadora de la empresa conocida comercialmente como Centro Eléctrico;

2. - Si el Sr. Daniel Soler figura o no como Presidente de Prólogo SA.

Saludan atte.

José Korzeniak, Reinaldo Gargano. Senadores."

"Montevideo, 2 de junio de 1998.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente.

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, solicito se curse a la Suprema Corte de Justicia el siguiente pedido de datos e informes:

1. - Se sirva informar si la Empresa Prólogo SA, conocida comercialmente como "Centro Eléctrico", se ha presentado, luego de febrero de 1997, solicitando concordato, liquidación judicial o moratoria en alguna sede judicial dependiente de ese alto Cuerpo;

2. - En caso afirmativo, si el Sr. Cr. Daniel Soler ha actuado en alguno de esos trámites como representante de la firma Prólogo SA.

Saludan atte.

José Korzeniak, Reinaldo Gargano. Senadores."

7) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente del Cuerpo solicita licencia desde el 5 al 14 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 2 de junio de 1998.

Sr. Vicepresidente del Senado

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia del 5 al 14 de junio incluido para efectuar en dicha fecha un viaje oficial a la República Popular China, respondiendo a una invitación del Gobierno de dicho país.

En dicha oportunidad se mantendrán contactos entre empresarios de ambos países, buscando el acercamiento necesario para poder entablar un comercio fluido.

Sin otro particular, le saluda atentamente

Hugo Batalla. Presidente."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-11 en 12. Afirmativa.

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - A partir del 5 del corriente el señor Senador Fernández Faingold ocupará la Vicepresidencia de la República.

Dése cuenta de varios desistimientos

(Se da de los siguientes:)

"El doctor Elías Bluth, el contador Ariel Davrieux, el doctor Alfredo Solari, la doctora Adela Reta y el contador Ricardo Zerbino, comunican que por esta oportunidad no aceptan la convocatoria."

-Corresponde convocar a partir del día 5 del corriente al doctor Nahum Bergstein, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

9) BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY. Cierre de la línea de crédito para la adquisición de vivienda usada por parte de discapacitados.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa para la que está inscripto el señor Senador Garat.

Tiene la palabra el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: es bien sabido que el Banco Hipotecario del Uruguay cerró los préstamos para vivienda usada y los préstamos individuales para la construcción. Ha desarrollado una política de construcción de núcleos importantes a través de empresas constructoras y esto ha dado lugar a que cerraran muchas líneas de crédito que tenían una gran repercusión popular. En tal sentido he sido informado de que se cerró la línea de créditos a los discapacitados por cegueras, y no se le dio ningún trámite a las que ya estaban presentadas.

Esto fue una resolución del Banco Hipotecario del Uruguay de fecha 1º de agosto de 1995, que figura en el Acta Nº 13.381. Hasta aquel entonces, la Administración anterior daba préstamos para que los discapacitados, especialmente los no videntes, pudieran acceder a su vivienda. El Banco Hipotecario cerró todas las líneas de crédito y de préstamo para vivienda usada y para la construcción. A las carpetas ya presentadas por los discapacitados, no sólo no se les dio trámite sino se cerró la línea de crédito y aquellas que estaban presentadas en tiempo y forma de acuerdo con las circunstancias legales que las amparaban fueran destinadas, lisa y llanamente al archivo.

Esto se inscribe dentro de la línea general sobre la que hemos venido protestando formalmente a lo largo del tiempo porque creemos que el Banco Hipotecario ha incurrido en una política absolutamente equivocada al haber cerrado las líneas de préstamo para compra de vivienda usada. Sin embargo, otorga los préstamos para la construcción y reciclaje de edificios a un costo imposible de pagar por ningún ahorrista que acceda a esa vivienda. Por ejemplo, recientemente se ha inaugurado el reciclaje del edificio de Cervecerías del Uruguay donde se construyeron viviendas cuya cuota oscila entre $ 2.000 y $ 3.000 y no hay ningún empleado del Estado, ningún maestro, ningún jubilado ni empleado de la Justicia que pueda hacerse cargo de ella. Solamente una persona que tenga grandes ingresos puede pagar esas cuotas, pero justamente estas son las que no recurren al Banco Hipotecario del Uruguay.

No le estamos diciendo al Banco Hipotecario que no construya, simplemente que habilite las líneas de crédito que ya existían y que destine alrededor de un 30% de su capacidad de inversión a préstamos para vivienda usada. Entre estos últimos estaba el sistema preferencial -para decirlo de alguna forma- que se les daba a los discapacitados, en este caso a los ciegos que cumplían con toda la reglamentación y los ingresos para poder acceder a estos préstamos.

Creo que el tiempo le tiene que ir demostrando a la Administración del Banco Hipotecario que está en una política absolutamente equivocada y lo que menos está haciendo es una política social, por el contrario está empeñado en una política por la que se construyen viviendas a las que nadie puede acceder por lo que está generando que todos se transformen en el futuro en morosos, por no poder pagar sus cuotas.

En el día de hoy queríamos hacernos eco de la preocupación que nos ha hecho llegar la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay de que por lo menos exista la sensibilidad de que las carpetas que ya están entradas y que se presentaron de acuerdo a la reglamentación vigente hasta el momento en que la Administración del Banco Hipotecario cambió las reglas de juego, sigan su curso.

Pienso que tendría que ir habilitando las carpetas que están en archivo, concediendo los préstamos a estos solicitantes, que son discapacitados, que tienen una verdadera dificultad ante la vida, que cumplen con todas las reglamentaciones y que necesitan que el Estado se preocupe por su destino.

En este sentido solicitamos a la Administración del Banco Hipotecario que tenga la sensibilidad de comenzar la apertura de los préstamos para la vivienda usada con los pedidos que hicieron estos discapacitados graves. Digo esto porque, en definitiva, se trata de una acción social y de justicia.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al Banco Hipotecario del Uruguay.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Garat.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado da la bienvenida al señor Senador Santoro que se reintegra luego de su accidente y se alegra de su rápido restablecimiento.

SEÑOR SANTORO. - Muchas gracias.

10) SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DOCTOR JULIO MARIA SANGUINETTI. Solicitud de autorización para ausentarse del territorio nacional.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud oportunamente leída.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR VARIOS FISCALES LETRADOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y FISCALES ADJUNTOS Y CONFERIR ASCENSOS AL GRADO DE CORONEL DEL EJERCITO A VARIOS SEÑORES TENIENTES CORONELES

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde ingresar al orden del día.

SEÑOR SANABRIA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA. - Solicito al Senado la alteración del orden del día para pasar a sesión secreta a efectos de considerar los asuntos que figuran en 19 y 20 lugar del mismo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-17 en 20. Afirmativa.

El Senado pasa a sesión secreta a los efectos de considerar los asuntos que figuran en 19 y 20 lugar del orden del día.

(Así se hace, es la hora 16 y 28 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 17 y 4 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio). - El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para nombrar al señor Fiscal Letrado Departamental de Pando 2º Turno, doctor Rafael Alvaro Ubiria Alzugaray, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Nacional de lo Penal de 15º Turno; al señor Fiscal Letrado Departamental de Paysandú de 3er. Turno, doctor Enrique A. Viana Ferreira, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Nacional de lo Civil de 8º Turno; a la señora Fiscal Letrado Departamental de Maldonado de 3er. Turno, doctora Mariana Clotilde Malet Vázquez, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Nacional de Menores de 2º Turno; a la señora Fiscal Adjunto Nacional de la Fiscalía Letrada Nacional de Aduana de 1er. Turno, doctora Brenda Puppo Grezzi, para ocupar el cargo de Fiscal Adjunto Nacional de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de 7º Turno; a la señora Secretario Letrado doctora Ana María Moris Davyt, para ocupar el cargo de Fiscal Adjunto Nacional de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de 4º Turno; a la señora Secretario Letrado de Fiscalía Nacional, doctora Anabel Susana Durañona Gravier, para ocupar el cargo de Fiscal Adjunto Nacional de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de 5º Turno; a la señora Secretario Letrado de Fiscalía Nacional, doctora Ruth Silvana Irureta Liotti, para ocupar el cargo de Fiscal Adjunto Nacional de la Fiscalía Letrada Nacional de Menores de 2º Turno; al Asesor I Abogado, doctor Rafael María Burutarán García Da Rosa, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Pando de 2º Turno; a la señora Secretario Letrado, doctora Silvana Lizete Elena Bello Suárez, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Treinta y Tres; a la doctora Silvia Liliana Porteiro Bello para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Paysandú de 3er. Turno; a la señora Fiscal Letrado Adjunto de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de 10º Turno, doctora Sylvia María Gari Abaracón, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Maldonado de 3er. Turno; y a la Asesor I Abogado, doctora Alicia Schiappacasse Pandiani, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Adjunto de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de 10º Turno; y para conferir ascensos al Grado de Coronel, a los siguientes Tenientes Coroneles en el Arma de Infantería, por el Sistema de Antigüedad: don Julio C. Texeira, don Glauco J. Yannone, don Roberto C. Velasco y don Washington D. Estéves; por el Sistema de Selección: don Milton E. Ituarte, don Juan C. Leandri, don Carlos I. Perdomo y don Juan A. Cirillo; por el Sistema de Concurso: don Carlos D. De león, don Juan J. Saavedra, don Juan C. Bordagorry y don Sergio N. D'Oliveira; a los siguientes Tenientes Coroneles en el Arma de Caballería, por el Sistema de Antigüedad: don Gustavo A. Mieres y don José C. Araújo; por el Sistema de Selección: don Nicolás Montagno, don Eduardo Basaistegui y don Eliocadio W. Martínez; por el Sistema de Concurso: don Nelson A. Viar, don Carlos R. Acuña y don Eduardo J. Gloodtdofsky.

En el Arma de Artillería, por el Sistema de Antigüedad: Manuel A. Lerena y Carlos E. Tanco; por el Sistema de Selección: Alfredo E. Raineri y Gustavo Zuasti; por el Sistema de Concurso: Lucio D. Dalia, Alvaro A. Lerena y Alvaro A. Picabea.

En el arma de Ingenieros, por el Sistema de Antigüedad: Osvaldo F. Rosadilla; por el Sistema de Selección: Elmar P. Castiglioni; y por el Sistema de Concurso: Fernando Romero.

En el Arma de Comunicaciones, por el Sistema de Antigüedad: Miguel A. Vanacore y Luis E. Morales.

12) NUMERALES PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, DECIMO, UNDECIMO Y DECIMO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Correspondería pasar a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversión entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Checa (Carp. Nº 850/97 - Rep. Nº 586/98)".

No hay informe escrito de la Comisión de Asuntos Internacionales, sino que teóricamente habría dos informes verbales.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Efectivamente, señor Presidente.

De todas maneras, voy a solicitar que los puntos que van del 1º al 7º lugar, el 10, el 11 y el 15 del orden del día sean postergados en su consideración.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: el señor Senador Mallo me ha advertido de un problema existente en los Tratados de Protección de Inversiones y me parece pertinente que se lo escuche en el Senado a efectos de no mantener en el orden del día asuntos que no podemos votar. Digo esto porque en tales Tratados hay disposiciones que refieren al instituto que se crea en el otro Tratado, convención que ayer resolvimos fuera devuelta a consideración de la Comisión de Asuntos Internacionales.

En consecuencia, no podemos votar afirmativamente -y pienso que tampoco negativamente- la remisión de un tema a una organización que no decidimos todavía si pertenece o no al país.

Solicitaría al señor Senador Mallo que explicara un poco más cuidadosamente que yo este aspecto, ya que logró estudiarlo con más detenimiento.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - La lógica de los hechos determina que no podemos votar porque lo que hoy está vigente en la República en materia del Tribunal constituido a iniciativa del Banco Mundial, y que ayer volvió a Comisión, es la resolución del Consejo Nacional de Gobierno estableciendo que el Uruguay no ratificará ese Tratado. Si ayer hubiéramos votado el Tratado, habríamos revocado un acto administrativo mediante uno legislativo, y habríamos quedado habilitados para incluir en un Tratado la jurisdicción creada por el Convenio del Banco Mundial. Como eso no se votó y el asunto volvió a Comisión, nosotros no podemos remitirlo a los inversores o a un instituto determinado. El Uruguay no ha ratificado estos Tratados, por ejemplo, con la República Checa, que le dan al inversor la opción de acudir a un Tribunal que aún no hemos aceptado. Cuando el Senado ratifique -si es que lo hace- con lo cual revoca la posición del Consejo Nacional de Gobierno, entonces sí se podrá votar a favor o en contra, de acuerdo a la apreciación de mérito de cada uno. Pero según entiendo, hoy día no podemos votar un Tratado -reitero- que remite a un Tribunal que no hemos aceptado.

No sé si a algún señor Senador le quedan dudas de lo que estoy diciendo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa quiere expresar al señor Senador Mallo que si bien no es especialista en el tema, tiene sus dudas jurídicas al respecto, pues no está segura de que la revocación se produzca a través del acto del Poder Legislativo. Hay un Mensaje del Poder Ejecutivo que, en la medida en que remite ese texto, ha significado una derogación tácita de lo que eventualmente pudo haber resuelto el Consejo Nacional de Gobierno hace algunos años. La Presidencia no pretende señalar verdades jurídicas en la materia porque, como indicó, no tiene conocimiento para hacerlo. Pero le parece que el tema, por lo menos en su concepto, es opinable.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Admitiendo la posición extrema de que el tema no fuera opinable y de que la decisión del Consejo Nacional de Gobierno estuviera revocada implícitamente por el Mensaje, falta todavía la ratificación del Poder Ejecutivo, que el Uruguay acepte la existencia de un Tribunal internacional. Entonces, no podemos remitir la resolución de conflictos a un Tribunal que no ha sido aceptado por el país. Cuando el Senado ratifique el Convenio, el Tratado con la República Checa podrá votarse afirmativamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sin perjuicio de que las palabras del señor Senador Mallo serían profundamente esclarecedoras, la Mesa cree que lo deseable es que se produzca globalmente un examen del tema y no solamente una exposición del señor Senador, que luego quedaría "colgada" en la medida en que pasaría a Comisión para su análisis.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: debo decir que lamentablemente no comparto el punto de vista del señor Senador Mallo. Es absolutamente cierto que no se ha aprobado en el Parlamento la convención de la que se está hablando, pero nada impide que en el caso de un Tratado en particular, el país acepte para esa relación bilateral la intervención del referido Tribunal internacional. La diferencia es que si se aprueba en el Parlamento -lo que todavía, es cierto, no ha ocurrido- la convención para la solución de controversias relativas a inversiones, Uruguay no puede eludir, frente a los demás Estados partes de esa convención, la intervención -si la otra parte lo solicita- del Tribunal Arbitral. Sí lo puede eludir en este caso, porque no se ha ratificado en el Parlamento. Si en cambio se ratifica este Convenio con la República Checa, Uruguay voluntariamente -y al margen de la decisión multilateral que todavía no ha tomado en el otro caso- acepta la intervención de ese Tribunal y eso no significa violar norma internacional alguna. Otra cosa es discutir si estamos de acuerdo o no con la jurisdicción internacional de carácter arbitral en ciertos casos. Eso es harina de otro costal.

La consideración de este Tratado y la de otros no está supeditada a que Uruguay ratifique previamente la Convención del año 1965. La puede hacer, repito, para un caso concreto, y la única diferencia -vaya diferencia, por supuesto- es que por esta vía sólo está ligado, por los procedimientos constitucionales que haga, en las relaciones bilaterales, no así en los demás casos.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - En definitiva, lo que sucedió es que mientras el tema genérico volvió a Comisión, ahora solamente se pidió la postergación de este asunto. Si en ambos casos se hubiera solicitado lo mismo, no existiría ningún problema.

Por consiguiente, quizás fuera posible unificar la propuesta del señor Senador Ricaldoni y en lugar de resolver simplemente la postergación del proyecto, el mismo volviera a Comisión. En ese caso, la discusión teórica sobre el procedimiento -que al comienzo no la había entendido, pero ahora sí la tengo clara- quedaría superada. Me dio la impresión de que algún señor Senador pensaba que se estaba discutiendo el problema de fondo y no una moción de orden.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: a fin de contestarle al señor Senador Korzeniak, debo decir claramente que comparto lo que manifestó el Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales en la tarde de ayer. A menos que se trate de un acto de cortesía parlamentaria, no tiene sentido volver estos temas a la Comisión, porque de antemano conocemos la posición que tiene cada uno de sus miembros, y la misma no va a cambiar. Entonces, debemos asumir la responsabilidad en el Plenario -en su momento, no hoy- y fijar nuestras respectivas posiciones.

En la Comisión de Asuntos Internacionales este tema se ha planteado tantas veces que cada uno de nosotros conoce de memoria lo que piensan los demás. Cabe preguntarse, entonces, para qué volver el proyecto a la Comisión, pues no creo que se suscite ningún debate que modifique las opiniones de sus miembros e, incluso, creo que tampoco lo hará en este Senado.

En consecuencia, no deseo agregarle a mi moción el planteo del señor Senador Korzeniak.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: cuando en el día de ayer se planteó la discusión del tema, quien habla informó el expediente que venía de la Comisión de Asuntos Internacionales. Quiero hacer notar al Plenario que la secuencia del proyecto estaba perfectamente ordenada; en primer lugar figuraba esta iniciativa, y luego todas las demás que hacían referencia a ella, no porque fuera necesario, sino simplemente atendiendo a una coordinación de razonamiento sobre un mismo tema. ¿Qué sucedió en el día de ayer? No estaban los votos necesarios para aprobarlo. Por ese motivo sostuve que su vuelta a Comisión era inútil, e iba a tener el mismo resultado, puesto que como ha dicho el señor Senador Ricaldoni, ya conocemos cuál es la opinión de cada uno al respecto; algunos señores Senadores opinan de una forma, y otros, de manera distinta. Podría decirse que existe un empate o, si alguien falta, una mayoría exigua, pero siempre dos informes. Eso es lo que nuevamente se trasladará al Plenario.

Lo que sucede en estos casos en que se plantea la postergación de algún asunto, es que en el Plenario no existe la mayoría necesaria para transmitir la voluntad mayoritaria en la aprobación de determinados expedientes. Esa es la realidad. En lo que hace a la discusión del tema, es muy claro que no habrá otro proceso, al menos en el ámbito de la Comisión. Allí continuará habiendo dos posiciones respecto a esta temática. Lo que tendríamos que determinar -y eso se hace en el Plenario- es si en la discusión amplia podemos llegar a un acuerdo acerca de la forma de votar todos los expedientes, a fin de tener una única posición en materia internacional.

Repito que lo único que logrará este proceso es dilatar las cosas, y nada más que eso, ya sea que se esgrima una u otra situación en lo que hace al análisis del tema.

Considero que ingresar a la discusión de si es necesario votar la ley primaria antes que los tratados de inversión que hacen referencia a este instituto creado en 1965, solamente demorará aún más la consideración de los temas. Aquí hay un asunto bien claro, que es el que debemos definir: estamos de acuerdo en referirnos a estos tribunales arbitrales como una posibilidad que tenga el país para remitirse a ellos frente a distintos contratos que se celebren con inversores extranjeros, o no. Por el momento, ese punto está dividido y la única forma de dilucidarlo es en el seno del Plenario, ya que la Comisión no resolverá absolutamente nada -vaya este expediente o muchos otros- porque el tema ya se ha discutido ampliamente y no se ha arribado a ninguna conclusión.

Además, frente a estos puntos -en los que hay mucha paridad de opinión- la Comisión de Asuntos Internacionales ha resuelto elevar los expedientes al Plenario para que sea éste el que resuelva. Insisto: esta es una de las decisiones que ha tomado la Comisión frente a la amplitud de opiniones.

Por lo tanto, por más que el expediente vuelva a la Comisión, ésta lo remitirá nuevamente al Senado en la misma forma.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Señor Presidente: es evidente que sobre el tema de fondo hay dos posiciones: unos estamos en contra de que se vaya al arbitraje por la sola iniciativa del inversor, mientras que otros lo creen conveniente.

Pero también es cierto que aquí se está pidiendo una postergación porque no hay votos suficientes para aprobar el proyecto de ley. El Partido Colorado y el Partido Nacional no tienen el número suficiente y, en realidad, hace bastante tiempo que no lo tienen; de pronto, tendremos que esperar a que terminen las elecciones internas de 1999; no lo sabemos. El punto concreto es que se solicita la postergación porque no están los votos necesarios.

De todas formas, considero que existe un hecho nuevo a tener en cuenta. En los tratados se plantea que el arbitraje se dé en una institución determinada, vinculada al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, hoy Banco Mundial. En la tarde de ayer se planteó este tema y se resolvió que volviera a Comisión aquel que fija la institución que va a arbitrar. Allí creo que existe un problema jurídico que no tiene que ver con el resto de los tratados, que está relacionado con lo que señaló el señor Senador Mallo en cuanto a que hay un decreto de 1965 por el cual el Gobierno uruguayo decidió no participar de un convenio vinculado al Banco Mundial y a esta institución de arbitraje. Indudablemente, se debe hacer una consulta jurídica sobre ese aspecto.

Por consiguiente, independientemente de las distintas posiciones, se resolvió volver el punto a la Comisión de Asuntos Internacionales. Ahora hay tres tratados que dicen que se puede pasar a esa institución de arbitraje, tema por el cual se postergó la discusión en el día de ayer. Entonces, me parece natural que en vez de postergarlos, estos tres tratados vuelvan a la Comisión, en virtud de que están estrechamente ligados. Si decido que tengo un problema jurídico porque existe un decreto del año 1965 que resolvió que el Gobierno del Uruguay no participe de una institución determinada sobre el arbitraje, y al mismo tiempo tengo un tratado internacional que establece que el inversor puede pedir esa institución de arbitraje -es decir, la misma- es evidente que existe un vínculo. Si esto es así, más allá de la discusión de fondo, me parece normal que los tres tratados vuelvan y sean considerados en forma conjunta, no como problema de fondo, sino como una cuestión jurídica. Concretamente, existe una institución que el Gobierno del Uruguay no aceptó en el año 1965 y a ella se hace referencia en los tratados internacionales.

Reitero que en vez de postergar, considero que es más conveniente que estos tres tratados vuelvan a la Comisión de Asuntos Internacionales, no para la discusión de fondo -porque las posiciones ya están claramente delimitadas- sino para resolver ese problema jurídico por el cual una institución ligada y vinculada al Banco Mundial fue desechada por el Poder Ejecutivo en un decreto de 1965.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: puedo estar de acuerdo con el señor Senador Couriel -quizás también con lo que dijo antes algún otro señor Senador- en el sentido de que habría que derogar este decreto -no tengo dudas- porque no representa el pensamiento de los gobiernos uruguayos a partir de ese Gobierno; no lo representa por la actitud general que se ha tenido en tratados en donde está involucrado el arbitraje. De todos modos, deseo reiterar lo que dije hace un rato. Me refiero a que la existencia del decreto en modo alguno impide -más allá de que sería conveniente derogarlo- que para un tratado bilateral Uruguay deje de lado, si así lo resuelven conjuntamente el Poder Ejecutivo y el Parlamento, esa resistencia a votar, según ese decreto, otro en el cual la obligación deja de ser bilateral para pasar a ser multilateral. Debemos tener en cuenta que ese tratado es multilateral y nada lo impide.

Estoy de acuerdo con que habría que ser más prolijos en esto; me parece bien y creo que sería importante que el Gobierno tomara una iniciativa en ese sentido. Pero también quiero preguntar por qué fue votado entusiastamente por la bancada del Frente Amplio -lo digo sin ningún ánimo de polémica- algún tratado de arbitraje como el de China, donde también estaba pactada la cláusula arbitral y vigente el decreto del año 1965.

Pienso que debemos hacer lo que señalaba el señor Presidente de la Comisión, Senador Garat: sincerarnos en este tema y no hacer doctrina donde está agotada la capacidad de convicción que hemos tratado de ejercer unos sobre otros.

El tema es que hoy en Sala no hay votos suficientes para aprobar los tratados, porque ello requiere una mayoría absoluta y basta mirar las bancas para darse cuenta de que una posición que políticamente es claramente mayoritaria, hoy en el Senado no está confirmada en los hechos.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - En realidad, en los asuntos de orden no hay alusión.

De todos modos, en la medida en que ya se ha cometido alguna violación al Reglamento, la Presidencia concede la palabra al señor Senador Couriel para una aclaración.

SEÑOR COURIEL. - En primer lugar, el señor Senador Ricaldoni reconoce que tiene que haber cierto grado de prolijidad y estoy de acuerdo con ello. Por lo tanto, por prolijidad, tendríamos que esperar hasta que se resuelva lo relativo al decreto vigente desde el año 1965 para definir este tema. Mientras ello no ocurra, a nuestro entender no estamos en condiciones de votar un tratado que hace referencia a esa institución internacional; no deberíamos hacerlo por razones de prolijidad, independientemente de los argumentos de fondo.

Por otro lado, debo decir que la bancada del Frente Amplio votó un tratado con China donde hay tribunal arbitral únicamente cuando existe acuerdo de las partes que están en controversia. Quiere decir que no se le da al inversor la chance de que él decida si quiere tribunal arbitral o no, sino que tiene que existir acuerdo entre las partes. Sí existe un caso en ese tratado con China, en el que el inversor tiene derecho a solicitar tribunal arbitral. Esto se puede dar cuando la controversia es por el monto de la compensación en caso de expropiación de la propiedad. Este sería el único caso, porque en todos los demás no hay tribunal arbitral.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Pienso, señor Senador, que corremos el riesgo de comenzar a discutir el fondo del asunto. No tengo inconveniente en concederle nuevamente la palabra, pero reitero que quizás corramos el riesgo de ingresar al fondo del asunto, cuando lo que estamos discutiendo es simplemente una moción de orden.

En realidad, creo que hay dos mociones de orden que no son incompatibles y la Presidencia, salvo decisión contraria del Senado, las pondrá a votación por su orden.

En primer lugar, correspondería someter a votación la moción formulada por el señor Senador Ricaldoni, en el sentido de postergar la consideración de los asuntos comprendidos desde el 1º al 7º punto del orden del día y los puntos 10, 11 y 15, para una sesión que en su momento se fijará.

En segundo término, tendríamos que votar la formulada por el señor Senador Korzeniak, en cuanto a pedir el pase a Comisión de los asuntos que son postergados. Indudablemente la decisión del Senado en esto es soberana y a él corresponde adoptarla.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra para una aclaración sobre la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Me parece natural que la votación de postergación sea a partir del 4º punto en adelante. Luego, que se vote la moción del señor Senador Ricaldoni de postergación de los puntos 1º, 2º y 3º y, finalmente, la moción del señor Senador Korzeniak. Sugiero esto porque deseo votar la postergación de los puntos 4º en adelante y no de los que figuran en primero, segundo y tercer término.

SEÑOR PRESIDENTE. - Obviamente, la Presidencia no puede transformarse en intérprete de lo que el señor miembro de la Comisión y, además, mocionante, ha planteado.

En consecuencia, se va a votar en bloque la postergación de todos los asuntos, tal como ya se ha reseñado.

(Se vota:)

-11 en 21. Afirmativa.

Se va a votar la moción del señor Senador Korzeniak, en el sentido de que los tres primeros asuntos postergados sean enviados a la Comisión de Asuntos Internacionales para su consideración.

(Se vota:)

-10 en 21. Negativa.

13) FUNCIONARIOS EN COMISION

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Señor Presidente: hemos hecho consultas y vamos a proponer que el punto 14 del orden del día, por el que se interpreta la Ley Nº 16.824, se declare urgente y sea considerado inmediatamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - La alteración del orden del día sólo requiere votación del Senado por mayoría simple.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-17 en 21. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto que figura en decimocuarto lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se interpreta que la Ley Nº 16.824, de 30 de abril de 1997 incluye a los funcionarios comprendidos en el artículo 40 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992 (Funcionarios en comisión) (Carp. Nº 960/98 - Rep. Nº 646/98)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 960/98

Rep. Nº 646/98

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Declárase, por vía de interpretación, que la Ley Nº 16.824, de 30 de abril de 1997, incluye a los funcionarios comprendidos en el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, los que mantendrán a todos sus efectos los mismos beneficios jubilatorios que le corresponden al funcionario en su cargo original, incluidos la bonificación de servicios o incentivos de cualquier índole, estableciéndose el derecho desde el 15 de setiembre de 1995.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 11 de diciembre de 1997.

Carlos Baráibar Presidente

Martín García Nin Secretario

CAMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de

Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Seguridad Social, ha analizado en profundidad el proyecto de ley referido a los Funcionarios Docentes en Comisión e interpretación del artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Este órgano asesor, comparte los fundamentos expuestos en la exposición de motivos que acompaña el proyecto, dado que la voluntad del Legislador al aprobar la Ley Nº 16.824, de 30 de abril de 1997, tiene por finalidad recrear situaciones jurídicas generales al amparo de las normas declaradas inconstitucionales, habida cuenta de que el vicio de inconstitucionalidad no alude al eventual contraste entre el texto de la disposición y un precepto constitucional, sino a la modalidad empleada legislativamente para regular determinadas materias que por su tenor, son ajenas al contenido implícito que la propia Constitución reconoce debe respetar el Legislador.

Por ello se interpreta que el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, se encuentra contenido en la normativa de la Ley Nº 16.824.

Por las consideraciones brevemente expuestas, la Comisión por mayoría, se permite aconsejar al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley con iniciativa de varios señores Representantes.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 1997.

Enrique Pintado (Miembro Informante), Guillermo Chifflet, Ernesto Murissich, Guillermo Stirling, Gabriel Barandiarán, discordes por los siguientes fundamentos: el proyecto de ley no especifica qué ley se interpreta, ya que el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, fue anulado por el Plebiscito de 1994. Por lo tanto, más que una interpretación el proyecto restituye los beneficios jubilatorios a que hace referencia, no estando habilitado el Legislador a realizarlo sin la iniciativa del Poder Ejecutivo. Por esta razón, y otras que expondré en Sala, votamos discorde.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La posibilidad del traslado de funcionarios en comisión para tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Ministros de Estado o Legisladores Nacionales fue consagrada a través de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986 en el artículo 32, donde se aprueban normas para asegurar el funcionamiento de los Servicios Estatales.

Dicha norma sufre sucesivas modificaciones a través de las Leyes Nº 15.903 (artículo 20, de 10 de noviembre de 1987), Nº 16.170 (artículo 41, de 28 de diciembre de 1990), Nº 16.226 (artículo 15, de 29 de octubre de 1991) y Nº 16.320 (artículo 40, de 1º de noviembre de 1992).

En este artículo se autoriza el pase en comisión de funcionarios públicos estatales y no estatales, para tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Ministros de Estado y Legisladores Nacionales a expresa solicitud de estos.

Se establece también en este artículo un límite de pases en comisión para los legisladores nacionales, no más de cinco simultáneamente.

En la norma queda establecido también el plazo de los referidos traslados en comisión, los cuales se extenderán por todo el período de ejercicio del cargo por parte de quien formula la solicitud, salvo que éste resolviera dejar sin efecto dicho traslado.

A los efectos de la carrera y los derechos de dichos funcionarios, la misma norma establece que "los indicados traslados en comisión no tendrán otro efecto que la prestación de la actividad al servicio y a la orden de quien formula la solicitud. Los funcionarios mantendrán su condición, ya sea de carácter presupuestado o contratado, debiendo renovarse el contrato mientras dure la comisión, sin perjuicio de los ascensos que le correspondan o de la presupuestación de los contratados, debiendo considerárseles como si prestaran servicios en su lugar de origen y, en particular, en cuanto refiera a la carrera administrativa, a la bonificación de servicios a los efectos jubilatorios y la remuneración cualquiera sea su naturaleza, incluyendo aquéllas que tengan por condición la prestación efectiva de tareas en el organismo".

El acto plebiscitario llevado a cabo el 27 de noviembre de 1994 por el cual se incorporó un nuevo literal; el V al conjunto de Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución de la República, ordena que sea la Suprema Corte de Justicia quien determine de oficio o a pedido de parte, la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, seguros sociales, o previsión social que estén contenidos en las leyes de presupuesto o de rendición de cuentas a partir del 1º de octubre de 1992, comunicando al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de su resolución, dejando dichas normas de producir efecto para todos los casos y con retroactividad a su vigencia.

En el marco de este mandato constitucional la Suprema Corte de Justicia en Sentencia Nº 338 de 15 de setiembre de 1995 declaró comprendido el artículo 40 de la Ley Nº 16.320 "exclusivamente en la parte que habla de la bonificación de servicios a los efectos jubilatorios".

El Poder Ejecutivo envía entonces el 19 de diciembre de 1996, un proyecto de ley que tal como se expresa en la exposición de motivos que lo acompaña tiene por finalidad recrear situaciones jurídicas generales al amparo de las normas declaradas inconstitucionales, habida cuenta de que el vicio de inconstitucionalidad no alude al eventual contraste entre el texto de la disposición y un precepto constitucional, sino a la modalidad empleada legislativamente para regular determinadas materias que por su tenor son ajenas al contenido implícito que la propia Constitución reconoce debe respetar el Legislador.

Este proyecto fue aprobado rápidamente, siendo promulgado con el número 16.824, el 30 de abril de 1997.

Conforme a lo dispuesto por esta norma en su artículo 1º se consideran vigentes los regímenes especiales en materia de causales, promedios, cómputos, topes e incompatibilidades establecidas en las Leyes Nº 16.320 y Nº 16.462.

En el entendido de que la bonificación de servicios, es una forma de "computar" años de servicio y edad, el Legislador comprendió que los funcionarios con pase en comisión que por su origen tuvieran actividad bonificada se encontraban comprendidos por esta norma.

Sin embargo el Banco de Previsión Social en uso de sus potestades en la materia interpreta que estos funcionarios no se encontrarían comprendidos en la norma, dejando entonces de computárseles la bonificación a los efectos jubilatorios.

Se hace necesario entonces establecer por vía interpretativa que los funcionarios comprendidos en el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, mantendrán los mismos beneficios jubilatorios que le corresponden al funcionario en su cargo original, incluidos la bonificación de servicios o incentivos de cualquier índole, estableciéndose el derecho desde la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia.

Por las consideraciones expuestas, no dudamos que se dará una pronta solución a este núcleo de personas que ven afectados sus derechos, y que prestan una importante colaboración diariamente en esta difícil tarea en el Parlamento Nacional.

Montevideo, 2 de diciembre de 1997.

Alejo Fernández Chaves (Representante por Maldonado), Jaime Mario Trobo (Representante por Montevideo), Enrique Pintado (Representante por Montevideo), Guillermo Stirling (Representante por Montevideo), José Carlos Cardoso (Representante por Rocha), Guillermo Chifflet (Representante por Montevideo)."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Muy brevemente, señor Presidente.

Se trata de un proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes y que cuenta también con la aprobación de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de este Cuerpo. Refiere a algunas disposiciones que fueron derogadas por la Ley Nº 16.320, de Presupuesto; luego, la Suprema Corte de Justicia, actuando en consecuencia, derogó un conjunto de leyes que fueron declaradas inconstitucionales y, tiempo después, el Poder Ejecutivo restableció normas que cayeron como consecuencia de esa especie de "barrido" genérico que se hizo de acuerdo con el texto constitucional.

Todos compartimos, en su momento, la Ley Nº 16.824 que se aprobó el 30 de abril de 1997. De esa forma, todos los derechos que de alguna manera habían sido derogados, se restituyeron por medio de esa ley. Al respecto, según la interpretación de la Cámara de Representantes, si entendemos que dentro de los cómputos jubilatorios estaban incluidas las bonificaciones -pero no se establece de manera expresa en lo que tiene que ver con el pase en comisión- dentro de esos derechos restituidos también se encontrarían las mismas, fijando además la fecha tope que toma la propia Ley de Seguridad Social, a fin de tratar de preservar esos derechos.

En ese sentido, la Comisión, en forma unánime, recomienda la aprobación de este proyecto de ley, que surgió como consecuencia de un desfase de interpretación entre lo que el Parlamento aprobó y lo que hace el Banco de Previsión Social.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Declárase, por vía de interpretación, que la Ley Nº 16.824, de 30 de abril de 1997, incluye a los funcionarios comprendidos en el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, los que mantendrán a todos sus efectos los mismos beneficios jubilatorios que le corresponden al funcionario en su cargo original, incluidos la bonificación de servicios o incentivos de cualquier índole, estableciéndose el derecho desde el 15 de setiembre de 1995."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

-Correspondería pasar a considerar el punto 8º del orden del día.

14) COMISION HONORARIA PRO ERRADICACION DE LA VIVIENDA RURAL INSALUBRE

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Formulo moción en el sentido de que se altere el orden del día y se considere en forma urgente el punto que figura en el decimotercer lugar. Se trata de un proyecto que fue votado por unanimidad en la Cámara de Representantes y sustituye al artículo 1º de la Ley Nº 16.298.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se altera el orden del día en el sentido indicado.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a considerar el punto que figura en decimotercer lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 1º de la Ley Nº 16.298, en la redacción dada por el artículo 443 de la Ley Nº 16.736, disponiéndose que no será exigible el certificado único especial expedido por el Banco de Previsión Social en los casos en que adquiera o enajenen determinados bienes inmuebles. (Carp. Nº 938/97 - Rep. Nº 645/98)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 938/97

Rep. Nº 645/98

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 16.298, de 18 de agosto de 1992, en la redacción dada por el artículo 443 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Para las enajenaciones previstas en el numeral 8) del artículo 663 y en los numerales 3), 4) y 5) del artículo 664 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, se prescindirá de los certificados expedidos por el Banco de Previsión Social a que refieren dichas normas cuando las enajenaciones se lleven a cabo por expropiación, por cumplimiento forzado de la Ley Nº 8.733, de 17 de junio de 1931, y concordantes, o por ejecución forzada judicial o extrajudicial. Asimismo, se prescindirá de los referidos certificados en las adjudicaciones en favor del Banco Hipotecario del Uruguay posteriores a remates frustrados.

También se prescindirá de dichos certificados en los casos en que la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) sea adquirente de bienes inmuebles, no mayores de quince hectáreas, destinados a la construcción de viviendas o servicios anexos. En este caso las eventuales deudas a favor del Banco de Previsión Social gravarán los restantes inmuebles del enajenante.

Tampoco serán exigibles dichos certificados cuando la Comisión Honoraria antes referida enajene sus inmuebles.

En todos los casos previstos en el presente artícu- lo no serán de aplicación los artículos 667 y 668 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990."

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 9 de diciembre de 1997.

Carlos Baráibar Presidente

Martín García Nin Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Voy a informar verbalmente sobre este proyecto de ley, que fue aprobado por unanimidad.

El asunto puede resultar un poco complicado por la remisión a leyes distintas, pero sintetizado, es muy sencillo.

La Ley de Presupuesto de 1990, en esos impulsos un poco draconianos de compeler a los sujetos pasivos de la relación tributaria, estableció una serie de exigencias que requerían un certificado del Banco de Previsión Social para la realización de ciertos actos jurídicos. Al mismo tiempo, se dispuso que los funcionarios públicos que registraran esos actos jurídicos con los escribanos que lo otorgaban, eran responsables solidarios. De esta manera, se creaba una situación bastante grave para los que infringieran estas disposiciones. La vida demostró que las rigideces no pueden aplicarse en su totalidad.

En 1992, en la Cámara de Representantes, se planteó por primera vez que era imposible el cumplimiento de la Ley de Presupuesto de 1990, en el sentido de que para realizar determinados actos jurídicos era absolutamente indispensable el certificado del Banco de Previsión Social. Este planteo tenía relación con la empresa ONDA. En determinado momento, el Poder Ejecutivo decidió expropiar el antiguo local de ONDA para destinarlo a oficinas de la Suprema Corte de Justicia. Se hizo el remate de los ómnibus de esa empresa, pero cuando llegó el momento de hacer efectiva la expropiación y otorgar la escritura, se encontraron con que ésta última no se podía otorgar porque ONDA no tenía el certificado del Banco de Previsión Social. Por tal razón, los compradores de los ómnibus no podían obtener las transferencias, a pesar de que los habían adquirido en un remate judicial, porque el Banco de Previsión Social no le otorgaba el certificado a la empresa ONDA, en virtud de que no había cumplido con sus obligaciones. Entonces, se dictó la Ley del año 1992 -aclaro que quien informó el proyecto fue la señora Representante Diana Saravia, ya que en su calidad de escribana podía ser más precisa en los términos- y se incluyeron las promesas de enajenación de inmuebles a plazos, porque a pesar de que el comprador hubiera cumplido con todas las prestaciones, se encontraba con que después no podía escriturar porque el vendedor no tenía el certificado del Banco de Previsión Social.

En consecuencia, se dictó la Ley del año 1992, que contó con la unanimidad de votos en la Cámara de Representantes y en el Senado.

Por otro lado, se planteó otra situación en el año 1969, que tiene que ver con los remates frustrados del Banco Hipotecario. Cuando este último realizaba ejecuciones de inmuebles, no podían escriturarse porque el ejecutado no tenía dicho certificado. Entonces, se amplió y se estableció que tampoco se requería el certificado cuando se daba este tipo de situaciones en el Banco Hipotecario.

Ahora se plantea el caso de MEVIR. Cuando éste realiza determinadas adjudicaciones -se trata de predios que, a veces, ni siquiera tienen titulación o sobre los que existe un juicio de prescripción- de ninguna manera el propietario o el expropiado -aunque, en general, MEVIR no realiza expropiaciones, sino acuerdos- tienen el certificado del Banco de Previsión Social. De modo que en estos casos tampoco se podría realizar la escritura. Por ello, este proyecto de ley sigue, con criterio sensato, el viejo consejo de que hay que ser radical en los principios y moderado en su aplicación. Si se es radical en los principios y en la aplicación, tanto en el caso de los adquirentes de los ómnibus de ONDA como en el del Poder Judicial, para quien se expropió aquel predio, no podrían haberse otorgado los actos jurídicos. A eso tiende este proyecto de ley. Si lo miramos con el criterio de colar el mosquito, quizás podría señalarse alguna imperfección, ya que dice que tampoco serán exigibles dichos certificados cuando la Comisión Honoraria antes referida enajene sus inmuebles. Pero el sentido de la ley es claro. Este proyecto de ley no se refiere a aquellos edificios que MEVIR alquila, sino a las viviendas que enajena a las personas que las necesitan. En el interior del país, esta es la obra más encomiable y enaltecedora para los Poderes públicos, que terminó con aquel espectáculo tan deplorable que aparecía en el libro del doctor Chiarino y Saralegui, "Detrás de la Ciudad": a través de algunas fotografías se apreciaba una serie de pueblos de ratas -así se llamaban- que ahora están prácticamente en extinción.

Simplemente, repito, este es el sentido del proyecto de ley y la Comisión aconseja que el Senado lo apruebe, como lo hizo la Cámara de Representantes donde fue votado en forma unánime.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º y único del proyecto de ley.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 16.298, de 18 de agosto de 1992, en la redacción dada por el artículo 443 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

"Artículo 1º. - Para las enajenaciones previstas en el numeral 8) del artículo 663 y en los numerales 3), 4) y 5) del artículo 664 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, se prescindirá de los certificados expedidos por el Banco de Previsión Social a que refieren dichas normas, cuando las enajenaciones se lleven a cabo por expropiación, por cumplimiento forzado de la Ley Nº 8.733, de 17 de junio de 1931, y concordantes, o por ejecución forzada judicial o extrajudicial. Asimismo, se prescindirá de los referidos certificados en las adjudicaciones en favor del Banco Hipotecario del Uruguay posteriores a remates frustrados.

También se prescindirá de dichos certificados en los casos en que la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) sea adquirente de bienes inmuebles, no mayores de quince hectáreas, destinados a la construcción de viviendas o servicios anexos. En este caso, las eventuales deudas a favor del Banco de Previsión Social gravarán los restantes inmuebles del enajenante.

Tampoco serán exigibles dichos certificados cuando la Comisión Honoraria antes referida enajene sus inmuebles.

En todos los casos previstos en el presente artículo no serán de aplicación los artículos 667 y 668 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990"."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

15) ENMIENDAS A LA CONSTITUCION Y AL CONVENIO DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en 8º término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueban las enmiendas a la Constitución y al Convenio Internacional de Telecomunicaciones. (Carp. Nº 866/97 - Rep. Nº 642/98)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 866/97

Rep. Nº 642/98

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébanse las Enmiendas a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) adoptadas en las Conferencias de Ginebra de 1992 y de Kyoto de 1994, así como la Reserva formulada por la República Oriental del Uruguay.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de octubre de 1997.

Carlos Baráibar Presidente

Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

ENMIENDAS A LA CONSTITUCION Y AL CONVENIO DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT)

Vuestra Comisión aconseja la aprobación de las Enmiendas a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Este Convenio fue aprobado ya por la Cámara de Representantes, el 8 de octubre de 1997, al igual que la Reserva expresada por nuestro Gobierno al firmar los textos antes mencionados.

La extensión y complejidad de la normativa que se aprueba aconseja remitirnos al Mensaje que el Poder Ejecutivo remitiera a nuestro Parlamento el 9 de julio de 1996, y que se acompaña.

Como en el referido Mensaje se expresa "es de suma importancia apoyar a la UIT mediante la aprobación de los referidos instrumentos, teniendo en cuenta la importancia creciente que reviste hoy en día el campo de las telecomunicaciones en la salvaguardia de la paz y el desarrollo social y económico de todos los pueblos y dado el carácter de aquélla como organismo especializado en el referido campo".

Sala de la Comisión, 21 de mayo de 1998.

Américo Ricaldoni (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos M. Garat, Reinaldo Gargano, Rafael Michelini, Ricardo Rocha Imaz. Senadores.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 9 de julio de 1996.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a la consideración de la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueban las Enmiendas introducidas en la Conferencia de Ginebra de diciembre de 1992 y en la Conferencia de Kyoto de octubre de 1994 respectivamente a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

En este sentido se cumple en destacar que los instrumentos objeto de estas enmiendas fueron aprobados por Ley Nº 16.303 de 14 de setiembre de 1992, habiéndose depositado el Instrumento de Aprobación ante la Secretaría General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones el día 5 de octubre de 1992.

Las enmiendas introducidas en Ginebra en 1992 tuvieron como fuente básica el proyecto elaborado por un Comité de Alto Nivel (CAN) integrado por 26 miembros de la UIT. Las modificaciones están referidas a la Constitución y del Convenio de la UIT, conservando el Protocolo Facultativo su redacción original.

Las enmiendas incorporan nuevos principios, que tienden a jerarquizar la función positiva que las telecomunicaciones desempeñan en el cierre de la brecha tecnológica existente entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. En este sentido, se ha buscado potenciar:

a) la movilización de los recursos materiales y financieros necesarios a fin de facilitar la asistencia a los países en desarrollo;

b) la extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías en materia de telecomunicaciones a todos los habitantes del planeta; y

c) la promoción a nivel internacional de un enfoque más amplio de las cuestiones relacionadas con las telecomunicaciones como consecuencia de la universalización de la economía y la sociedad de la información.

Asimismo se reordenan las actividades de la Unión en tres nuevos sectores: el de normalización, sustituyendo a los Comités Consultivos Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT), y al de Radiocomunicaciones (CCIR); el de radiocomunicaciones, sustituyendo a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, por una Junta de Reglamento de Radiocomunicaciones con una mejor representación geográfica y que, al ser un órgano no permanente, resultar sensiblemente menos onerosa que su predecesora; el de desarrollo de las telecomunicaciones, ampliando los cometidos de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, creándose el sector de desarrollo de las telecomunicaciones, que incluye las Conferencias Mundiales y Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones, combinando así las responsabilidades de otros órganos y favoreciendo la adaptación al cambiante entorno de las radiocomunicaciones.

Las modificaciones introducidas en Ginebra procuraron subsanar las dificultades de funcionamiento que se habían constatado en la Unión. Se intentó además, dotar a la organización de un marco normativo adecuado que permitiera que fabricantes, proveedores de servicios y usuarios de las telecomunicaciones desempeñaran un mayor protagonismo en los procesos de toma de decisiones y la planificación estratégica de la UIT.

Otra inquietud que recibió particular atención fue la de definir con mayor claridad las relaciones de la Unión con otros organismos de normalización. La aparición de un creciente número de organizaciones nacionales, regionales e internacionales de normalización que desempeñan una función mayor en las telecomunicaciones internacionales exige que la Unión armonice sus actividades con las de estas nuevas entidades.

Finalmente las enmiendas de Ginebra tienden a acelerar el proceso de normalización, a mejorar métodos y procedimientos de trabajo, a simplificar las estructuras de las comisiones de estudio y a suprimir las duplicaciones de esfuerzos y la superposición de competencias.

En la Conferencia de Kyoto de 1994 se introdujeron enmiendas de índole formal destinadas a subsanar errores en la terminología empleada por los instrumentos modificados.

El instrumento de enmienda a la Constitución de la Unión introdujo modificaciones mínimas en lo referente a las competencias de la Conferencia de Plenipotenciarios atribuyéndole facultades para examinar los informes del Consejo sobre las actividades de la Unión y sobre las políticas y planificación estratégica del organismo, así como para aprobar las enmiendas propuestas a la Constitución y al Convenio que sean formuladas por los miembros de la Unión de conformidad con el artículo 55 de la Constitución y las disposiciones aplicables del Convenio.

También se contempla la posibilidad de convocatorias excepcionales de Conferencias de Plenipotenciarios con un orden del día restringido y para el tratamiento de temas concretos. Estas convocatorias podrán proceder como consecuencia de una decisión de la Conferencia Ordinaria, a petición de los dos tercios de los Miembros o a propuesta del Consejo siempre que cuente con la misma mayoría.

A su vez el instrumento de enmienda al Convenio contiene ajustes diversos en lo relativo a las finanzas de la Unión y trata, entre otras cosas la integración del Consejo, admitiendo la participación en las actividades de la Unión -en nombre de un miembro- de entidades y organizaciones distintas de las administraciones siempre que haya mediado comunicación a la Oficina del sector correspondiente.

En el momento de la suscripción de los instrumentos cuya aprobación se solicita la delegación de la República Oriental del Uruguay reiteró la reserva a los instrumentos que ya fueron aprobados por la Asamblea General por Ley Nº 16.303.

En síntesis, el Poder Ejecutivo considera que es de suma importancia apoyar a la UIT mediante la aprobación de los referidos instrumentos, teniendo en cuenta la importancia creciente que reviste hoy en día el campo de las telecomunicaciones en la salvaguardia de la paz y el desarrollo social y económico de todos los pueblos y dado el carácter de aquélla como organismo especializado en el referido campo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Carlos Pérez Del Castillo, Juan Luis Storace.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébanse las Enmiendas a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) adoptadas en las Conferencias de Ginebra de 1992 y de Kyoto de 1994.

Carlos Pérez Del Castillo, Juan Luis Storace.

CONSTITUCION DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

PREAMBULO

Reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de cada Estado a reglamentar sus telecomunicaciones y teniendo en cuenta la importancia creciente de las telecomunicaciones para la salvaguardia de la paz y el desarrollo económico y social de todos los Estados, los Estados Partes en la presente Constitución, instrumento fundamental de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y en el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (en adelante denominado "el Convenio") que la complementa, con el fin de facilitar las relaciones pacíficas, la cooperación internacional entre los pueblos y el desarrollo económico y social por medio del buen funcionamiento de las telecomunicaciones, han convenido lo siguiente:

CAPITULO I

DISPOSICIONES BASICAS

Artículo 1º

Objeto de la Unión

1. La Unión tendrá por objeto:

a) mantener y ampliar la cooperación internacional entre todos los Miembros de la Unión para el mejoramiento y el empleo racional de toda clase de telecomunicaciones;

b) promover y proporcionar asistencia técnica a los países en desarrollo en el campo de las telecomunicaciones y promover asimismo la movilización de los recursos materiales y financieros necesarios para su ejecución;

c) impulsar el desarrollo de los medios técnicos y su más eficaz explotación, a fin de aumentar el rendimiento de los servicios de telecomunicación, acrecentar su empleo y generalizar lo más posible su utilización por el público;

d) promover la extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes del Planeta;

e) promover la utilización de los servicios de telecomunicaciones con el fin de facilitar las relaciones pacíficas;

f) armonizar los esfuerzos de los Miembros para la consecución de estos fines;

g) promover a nivel internacional la adopción de un enfoque más amplio de las cuestiones de las telecomunicaciones, a causa de la universalización de la economía y la sociedad de la información, cooperando a tal fin con otras organizaciones intergubernamentales mundiales y regionales y con las organizaciones no gubernamentales interesadas en las telecomunicaciones.

2. A tal efecto, y en particular, la Unión:

a) efectuará la atribución de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y la adjudicación de frecuencias radioeléctricas, y llevará el registro de las asignaciones de frecuencias y las posiciones orbitales asociadas en la órbita de los satélites geoestacionarios, a fin de evitar toda interferencia perjudicial entre las estaciones de radiocomunicación de los distintos países;

b) coordinará los esfuerzos para eliminar las interferencias perjudiciales entre las estaciones de radiocomunicación de los diferentes países y mejorar la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y de la órbita de los satélites geoestacionarios por los servicios de radiocomunicación;

c) facilitará la normalización mundial de las telecomunicaciones con una calidad de servicio satisfactoria;

d) fomentará la cooperación internacional en el suministro de asistencia técnica a los países en desarrollo, así como la creación, el desarrollo y el perfecccionamiento de las instalaciones y de las redes de telecomunicación en los países en desarrollo por todos los medios de que disponga y, en particular, por medio de su participación en los programas adecuados de las Naciones Unidas y el empleo de sus propios recursos, según proceda;

e) coordinará asimismo los esfuerzos para armonizar el desarrollo de los medios de telecomunicación, especialmente los que utilizan técnicas espaciales, a fin de aprovechar al máximo sus posibilidades;

f) fomentará la colaboración entre los Miembros con el fin de llegar, en el establecimiento de tarifas, al nivel mínimo compatible con un servicio de buena calidad y con una gestión financiera de las telecomunicaciones sana e independiente;

g) promoverá la adopción de medidas destinadas a garantizar la seguridad de la vida humana, mediante la cooperación de los servicios de telecomunicación;

h) emprenderá estudios, establecerá reglamentos, adoptará resoluciones, formulará recomendaciones y ruegos y reunirá y publicará información sobre las telecomunicaciones;

i) promoverá, ante los organismos financieros y de desarrollo internacionales, el establecimiento de líneas de crédito preferenciales y favorables con miras al desarrollo de proyectos sociales orientados, entre otros fines, a extender los servicios de telecomunicaciones a las zonas más aisladas de los países.

Artículo 2º

Composición de la Unión

La Unión Internacional de Telecomunicaciones, en virtud del principio de la universalidad, y del interés en la participación universal en la Unión, estará constituida por:

a) todo Estado que sea Miembro de la Unión por haber sido Parte en un Convenio Internacional de Telecomunicaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Constitución y del Convenio;

b) cualquier otro Estado Miembro de las Naciones Unidas, que se adhiera a la presente Constitución y al Convenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la presente Constitución;

c) cualquier otro Estado que, no siendo Miembro de las Naciones Unidas, solicite su admisión como Miembro de la Unión y que, previa aprobación de su solicitud por las dos terceras partes de los Miembros de la Unión, se adhiera a la presente Constitución y al Convenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la presente Constitución. Si dicha solicitud se presentase en el período comprendido entre dos Conferencias de Plenipotenciarios, el Secretario General consultará a los Miembros de la Unión. Se considerará abstenido a todo Miembro que no haya respondido en el plazo de cuatro meses a contar desde la fecha en que haya sido consultado.

Artículo 3º

Derechos y obligaciones de los Miembros

1. Los Miembros de la Unión tendrán los derechos y estarán sujetos a las obligaciones previstos en la presente Constitución y en el Convenio.

2. Los Miembros de la Unión tendrán, en lo que concierne a su participación en las conferencias, reuniones o consultas, los derechos siguientes:

a) participar en las conferencias, ser elegibles para el Consejo y presentar candidatos para la elección de funcionarios de la Unión y de los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;

b) cada Miembro, a reserva de lo dispuesto en los números 169 y 210 de la presente Constitución, tendrá derecho a un voto en las Conferencias de Plenipotenciarios, en las Conferencias Mundiales, en las Asambleas de Radiocomunicaciones, en las reuniones de las Comisiones de Estudio y, si forma parte del Consejo, en las reuniones de éste. En las Conferencias Regionales, sólo tendrán derecho de voto los Miembros de la Región interesada;

c) cada Miembro, a reserva de lo dispuesto en los números 169 y 210 de la presente Constitución, tendrá igualmente derecho a un voto en las consultas que se efectúen por correspondencia. En el caso de consultas referentes a Conferencias Regionales, sólo tendrán derecho de voto los Miembros de la Región interesada.

Artículo 4º

Instrumentos de la Unión

1. Los instrumentos de la Unión son:

- La presente Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

- El Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y

- Los Reglamentos Administrativos.

2. La presente Constitución, cuyas disposiciones se complementan con las del Convenio, es el instrumento fundamental de la Unión.

3. Las disposiciones de la presente Constitución y del Convenio se complementan, además, con las de los Reglamentos Administrativos siguientes, que regulan el uso de las telecomunicaciones y tendrán carácter vinculante para todos los Miembros:

- Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales.

- Reglamento de Radiocomunicaciones.

4. En caso de divergencia entre una disposición de la presente Constitución y una disposición del Convenio o de los Reglamentos Administrativos, prevalecerá la primera. En caso de divergencia entre una disposición del Convenio y una disposición de un Reglamento Administrativo, prevalecerá el Convenio.

Artículo 5º

Definiciones

A menos que del contexto se desprenda otra cosa:

a) los términos utilizados en la presente Constitución y definidos en su Anexo, que forma parte integrante de la misma, tendrán el significado que en él se les asigna;

b) los términos -distintos de los definidos en el Anexo a la presente Constitución- utilizados en el Convenio y definidos en su Anexo, que forma parte integrante del mismo, tendrán el significado que en él se les asigna;

c) los demás términos definidos en los Reglamentos Administrativos tendrán el significado que en ellos se les asigna.

Artículo 6º

Ejecución de los instrumentos de la Unión

1. Los Miembros estarán obligados a atenerse a las disposiciones de la presente Constitución, del Convenio y de los Reglamentos Administrativos en todas las oficinas y estaciones de telecomunicaciones instaladas o explotadas por ellos y que presten servicios internacionales o puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios de radiocomunicación de otros países, excepto en lo que concierne a los servicios no sujetos a estas disposiciones de conformidad con el artículo 48 de la presente Constitución.

2. Además, los Miembros deberán adoptar las medidas necesarias para imponer la observancia de las disposiciones de la presente Constitución, del Convenio y de los Reglamentos Administrativos a las empresas de explotación autorizadas por ellos para establecer y explotar telecomunicaciones y que presten servicios internacionales o que exploten estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios de radiocomunicación de otros países.

Artículo 7º

Estructura de la Unión

La Unión comprenderá:

a) la Conferencia de Plenipotenciarios, órgano supremo de la Unión;

b) el Consejo, que actúa como mandatario de la Conferencia de Plenipotenciarios;

c) las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Internacionales;

d) el Sector de Radiocomunicaciones, incluidas las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones, las Asambleas de Radiocomunicaciones y la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;

e) el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones, incluidas las Conferencias Mundiales de Normalización de las Telecomunicaciones;

f) el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones, incluidas las Conferencias Mundiales y Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones;

g) la Secretaría General.

Artículo 8º

La Conferencia de Plenipotenciarios

1. La Conferencia de Plenipotenciarios estará constituida por delegaciones que representen a los Miembros y se convocará cada cuatro años.

2. La Conferencia de Plenipotenciarios:

a) Determinará los principios generales aplicables para alcanzar el objeto de la Unión enunciado en el artículo 1 de la presente Constitución.

b) Una vez examinados los informes del Consejo acerca de las actividades de la Unión desde la última Conferencia de Plenipotenciarios y sobre la política y planificación estratégicas recomendadas para la Unión, adoptará las decisiones que juzgue adecuadas.

c) Fijará las bases del presupuesto de la Unión y, de conformidad con las decisiones adoptadas en función de los informes a que se hace referencia en el número 50 anterior, determinará el límite máximo de sus gastos hasta la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios después de considerar todos los aspectos pertinentes de las actividades de la Unión durante dicho período.

d) Dará las instrucciones generales relacionadas con la plantilla de personal de la Unión y, si es necesario, fijará los sueldos base y la escala de sueldos, así como el sistema de asignaciones y pensiones para todos los funcionarios de la Unión.

e) Examinará y, en su caso, aprobará definitivamente las cuentas de la Unión.

f) Elegirá a los Miembros de la Unión que han de constituir el Consejo.

g) Elegirá al Secretario General, al Vicesecretario General y a los Directores de las Oficinas de los Sectores como funcionarios de elección de la Unión.

h) Elegirá a los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.

i) Examinará y, en su caso, aprobará las enmiendas propuestas a la presente Constitución y al Convenio, de conformidad respectivamente con el artículo 55 de la presente Constitución y las disposiciones del Convenio.

j) Concertará y, en su caso, revisará los acuerdos entre la Unión y otras organizaciones internacionales, examinará los acuerdos provisionales concertados con dichas organizaciones por el Consejo en nombre de la Unión y resolverá sobre ellos lo que estime oportuno.

k) Tratará cuantos asuntos de telecomunicación juzgue necesarios.

Artículo 9º

1. En las elecciones a las que se refieren los números 54 a 56 de la presente Constitución, la Conferencia de Plenipotenciarios se asegurará de que:

a) Los Miembros del Consejo sean elegidos teniendo en cuenta la necesidad de una distribución equitativa de los puestos entre las regiones del mundo.

b) El Secretario General, el Vicesecretario General, los Directores de las Oficinas y los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones sean nacionales de Miembros diferentes y de que, al proceder a su elección, se tenga en cuenta una distribución geográfica equitativa entre las diversas regiones del mundo; en cuanto a los funcionarios de elección, que también se tengan en cuenta los principios expuestos en el número 154 de la presente Constitución.

c) Los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones sean elegidos, a título individual, de entre los candidatos propuestos por los Miembros de la Unión; cada Miembro sólo podrá proponer un candidato, que habrá de ser uno de sus nacionales.

2. La Conferencia de Plenipotenciarios establecerá el procedimiento de elección. El Convenio contiene disposiciones sobre vacantes, toma de posesión y reelegibilidad.

Artículo 10

El Consejo

1. (1) El Consejo estará constituido por Miembros de la Unión elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios de conformidad con lo dispuesto en el número 61 de la presente Constitución.

(2) Cada Miembro del Consejo designará una persona para actuar en el mismo, que podrá estar asistida de uno o más asesores.

2. El Consejo establecerá su propio Reglamento interno.

3. En el intervalo entre Conferencias de Plenipotenciarios, el Consejo actuará, en cuanto órgano de gobierno de la Unión, como mandatario de la Conferencia de Plenipotenciarios, dentro de los límites de las facultades que ésta le delegue.

4. (1) El Consejo adoptará las medidas necesarias para facilitar la aplicación por los Miembros de las disposiciones de esta Constitución, del Convenio, de los Reglamentos Administrativos, de las decisiones de la Conferencia de Plenipotenciarios y, en su caso, de las decisiones de otras conferencias y reuniones de la Unión. Realizará, además, las tareas que le encomiende la Conferencia de Plenipotenciarios.

(2) Examinará las grandes cuestiones de política de telecomunicaciones, siguiendo las directrices generales de la Conferencia de Plenipotenciarios, a fin de que la política y la estrategia de la Unión respondan plenamente a la continua evolución de las telecomunicaciones.

(3) Coordinará eficazmente las actividades de la Unión y ejercerá un control financiero efectivo sobre la Secretaría General y los tres Sectores.

(4) Contribuirá, de conformidad con el objeto de la Unión, al desarrollo de las telecomunicaciones en los países en desarrollo por todos los medios de que disponga, incluso por la participación de la Unión en los programas apropiados de las Naciones Unidas.

Artículo 11

La Secretaría General

1. (1) La Secretaría General estará dirigida por un Secretario General, auxiliado por un Vicesecretario General.

(2) El Secretario General, con ayuda del Comité de Coordinación, preparará las políticas y los planes estratégicos de la Unión y coordinará las actividades de ésta.

(3) El Secretario General tomará las medidas necesarias para garantizar la utilización económica de los recursos de la Unión y responderá ante el Consejo de todos los aspectos administrativos y financieros de las actividades de la Unión.

(4) El Secretario General actuará como representante legal de la Unión.

2. El Vicesecretario General será responsable ante el Secretario General; auxiliará al Secretario General en el desempeño de sus funciones y asumirá las que específicamente le confíe éste. Desempeñará las funciones del Secretario General en su ausencia.

CAPITULO II

EL SECTOR DE RADIOCOMUNICACIONES

Artículo 12

Funciones y estructura

1. (1) El Sector de Radiocomunicaciones tendrá como función el logro de los objetivos de la Unión en materia de radiocomunicaciones enunciados en el artículo 1 de la presente Constitución.

- garantizando la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios, a reserva de lo dispuesto en el artículo 44 de la presente Constitución, y

- realizando estudios sin limitación de gamas de frecuencias y adaptando recomendaciones sobre radiocomunicaciones.

(2) Las funciones precisas de los Sectores de Radiocomunicaciones y de Normalización de las Telecomunicaciones estarán sujetas a un constante examen en estrecha colaboración entre ambos en los asuntos de interés mutuo, de conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio. Los Sectores de Radiocomunicaciones, Normalización de las Telecomunicaciones y Desarrollo de las Telecomunicaciones mantendrán una estrecha coordinación.

2. El Sector de Radiocomunicaciones cumplirá sus funciones mediante:

a) Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones.

b) La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.

c) Las Asambleas de Radiocomunicaciones, asociadas a las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones.

d) Las Comisiones de Estudio.

e) La Oficina de Radiocomunicaciones dirigida por un Director de elección.

3. Serán miembros del Sector de Radiocomunicaciones:

a) Por derecho propio, las Administraciones de los Miembros de la Unión.

b) Las entidades y organizaciones autorizadas de conformidad con las disposiciones pertinentes al Convenio.

Artículo 13

Las Conferencias de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones

1. Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones podrán revisar parcialmente o, en casos excepcionales, totalmente el Reglamento de Radiocomunicaciones y tratar cualquier otra cuestión de carácter mundial que sea de su competencia y guarde relación con su orden del día; sus demás funciones se especifican en el Convenio.

2. Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones se convocarán normalmente cada dos años; sin embargo, por aplicación de las disposiciones pertinentes del Convenio, es posible no convocar una conferencia de esta clase, o convocar una conferencia adicional.

3. Las Asambleas de Radiocomunicaciones se convocarán normalmente también cada dos años y estarán coordinadas en sus fechas y lugar con las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, con el objeto de mejorar la eficacia y el rendimiento del Sector de Radiocomunicaciones. Las Asambleas de Radiocomunicaciones proporcionarán las bases técnicas necesarias para los trabajos de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y darán curso a las peticiones de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. Las funciones de las Asambleas de Radiocomunicaciones se especifican en el Convenio.

4. Las decisiones de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, de las Asambleas de Radiocomunicaciones y de las Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones deberán ajustarse en todos los casos a la presente Constitución y al Convenio. Las decisiones de las Asambleas de Radiocomunicaciones o de las Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones se ajustarán también en todos los casos al Reglamento de Radiocomunicaciones. Al adoptar resoluciones y decisiones, las conferencias tendrán en cuenta sus repercusiones financieras previsibles y deberían evitar la adopción de aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de los límites máximos de los créditos fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios.

Artículo 14

La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

1. La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones estará integrada por miembros elegidos, perfectamente capacitados en el ámbito de las radiocomunicaciones y con experiencia práctica en materia de asignación y utilización de frecuencias. Cada miembro deberá conocer las condiciones geográficas, económicas y demográficas de una región particular del globo. Los miembros de la Junta ejercerán sus funciones al servicio de la Unión de manera independiente y en régimen de dedicación no exclusiva.

2. Las funciones de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones serán las siguientes:

a) la aprobación de reglas de procedimiento, que incluyan criterios técnicos, conformes al Reglamento de Radiocomunicaciones y a las decisiones de las Conferencias de Radiocomunicaciones competentes.

El Director y la Oficina utilizarán estas reglas de procedimiento en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones para la inscripción de las asignaciones de frecuencia efectuadas por los Miembros.

Las administraciones podrán formular observaciones sobre dichas reglas y, en caso de desacuerdo persistente, se someterá el asunto a una próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones;

b) el estudio de cualquier otra cuestión que no pueda ser resuelta por aplicación de las mencionadas reglas de procedimiento;

c) el cumplimiento de las demás funciones complementarias, relacionadas con la asignación y utilización de las frecuencias según se indica en el número 78 de la presente Constitución, conforme a los procedimientos previstos en el Reglamento de Radiocomunicaciones, prescritas por una conferencia competente o por el Consejo con el consentimiento de la mayoría de los Miembros de la Unión, para la preparación de conferencias de esta índole o en cumplimiento de las decisiones de las mismas.

3. (1) En el desempeño de sus funciones, los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones no actuarán en representación de sus respectivos Estados Miembros ni de una región determinada, sino como depositarios de la fe pública internacional. En particular, los miembros de la Junta se abstendrán de intervenir en decisiones directamente relacionadas con su propia Administración.

(2) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta no solicitarán ni recibirán instrucciones de Gobierno alguno, de ningún funcionario de Gobierno ni de ninguna organización o persona pública o privada. Se abstendrán asimismo de todo acto o de la participación en cualquier decisión que sea incompatible con su condición definida en el número 98 anterior.

(3) Los Miembros respetarán el carácter exclusivamente internacional de las funciones de los miembros de la Junta y se abstendrán de influir sobre ellos en el ejercicio de las mismas.

4. Los métodos de trabajo de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones se definen en el Convenio.

Artículo 15

Las Comisiones de Estudio de

Radiocomunicaciones

Las funciones de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones se especifican en el Convenio.

Artículo 16

La Oficina de Radiocomunicaciones

Las funciones del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones se especifican en el Convenio.

CAPITULO III

El Sector de Normalización de las

Telecomunicaciones

Artículo 17

Funciones y estructura

1. (1) El Sector de Normalización de las Telecomunicaciones tendrá como funciones el logro de los objetivos de la Unión en materia de normalización de las telecomunicaciones enunciados en el artículo 1 de la presente Constitución, estudiando para ello las cuestiones técnicas, de explotación y de tarificación relacionadas con las telecomunicaciones y adoptando recomendaciones al respecto para la normalización de las telecomunicaciones a escala mundial.

(2) Las funciones precisas de los Sectores de Normalización de las Telecomunicaciones y de Radiocomunicaciones estarán sujetas a un constante examen en estrecha colaboración entre ambos en los asuntos de interés mutuo, de conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio. Se establecerá una estrecha coordinación entre los Sectores de Radiocomunicaciones, Normalización de las Telecomunicaciones y Desarrollo de las Telecomunicaciones.

2. El Sector de Normalización de las Telecomunicaciones cumplirá sus funciones mediante:

a) las Conferencias Mundiales de Normalización de las Telecomunicaciones;

b) las Comisiones de Estudio de Normalización de las Telecomunicaciones;

c) la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, dirigida por un Director de elección.

3. Serán miembros del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones:

a) por derecho propio, las Administraciones de los Miembros de la Unión;

b) las entidades y organizaciones autorizadas de conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio.

Artículo 18

Las Conferencias Mundiales de Normalización de las Telecomunicaciones

1. Las funciones de las Conferencias Mundiales de Normalización de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.

2. Las Conferencias Mundiales de Normalización de las Telecomunicaciones se celebrarán cada cuatro años; no obstante, podrá celebrarse una conferencia adicional de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio.

3. Las decisiones de las Conferencias Mundiales de Normalización de las Telecomunicaciones deberán ajustarse en todos los casos a la presente Constitución, al Convenio y a los Reglamentos Administrativos. Al adoptar resoluciones y decisiones, las Conferencias tendrán en cuenta sus previsibles repercusiones financieras y deberán evitar la adopción de aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de los límites máximos de los créditos fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios.

Artículo 19

Las Comisiones de Estudio de Normalización de las Telecomunicaciones

Las funciones de las Comisiones de Estudio de Normalización de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.

Artículo 20

La Oficina de Normalización de las

Telecomunicaciones

Las funciones del Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.

CAPITULO IV

El Sector de Desarrollo de las

Telecomunicaciones

Artículo 21

Funciones y estructura

1. (1) Las funciones del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones consistirán en cumplir el objeto de la Unión enunciado en el artículo 1 de la presente Constitución y desempeñar, en el marco de su esfera de competencia específica, el doble cometido de la Unión como organismo especializado de las Naciones Unidas y como organismo ejecutor de proyectos de desarrollo del sistema de las Naciones Unidas y de otras iniciativas de financiación, con objeto de facilitar y potenciar el desarrollo de las telecomunicaciones ofreciendo, organizando y coordinando actividades de cooperación y asistencia técnica.

(2) Las actividades de los Sectores de Desarrollo, Radiocomunicaciones y Normalización de las Telecomunicaciones serán objeto de una estrecha cooperación en asuntos relacionados con el desarrollo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la presente Constitución.

2. En ese contexto, el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones tendrá las funciones siguientes:

a) crear una mayor conciencia en los responsables de decisiones acerca del importante papel que desempeñan las telecomunicaciones en los programas nacionales de desarrollo económico y social, y facilitar información y asesoramiento sobre posibles opciones de política y estructura;

b) promover el desarrollo, la expansión y la explotación de las redes y servicios de telecomunicaciones, particularmente en los países en desarrollo, teniendo en cuenta las actividades de otros órganos interesados, y reforzando las capacidades de revalorización de recursos humanos, de planificación, gestión y movilización de recursos, y de investigación y desarrollo;

c) potenciar el crecimiento de las telecomunicaciones mediante la cooperación con organizaciones regionales de telecomunicación y con instituciones mundiales y regionales de financiación del desarrollo, siguiendo la evolución de los proyectos mantenidos en su programa de desarrollo, a fin de velar por su correcta ejecución;

d) activar la movilización de recursos para brindar asistencia en materia de telecomunicaciones a los países en desarrollo, promoviendo el establecimiento de líneas de crédito preferenciales y favorables y cooperando con las organizaciones financieras y de desarrollo internacionales y regionales;

e) promover y coordinar programas que aceleren la transferencia de tecnologías apropiadas a los países en desarrollo, considerando la evolución y los cambios que se producen en las redes de los países más avanzados;

f) alentar la participación de la industria en el desarrollo de las telecomunicaciones en los países en desarrollo, y ofrecer asesoramiento sobre la elección y la transferencia de la tecnología apropiada;

g) ofrecer asesoramiento y realizar o patrocinar, en su caso, los estudios necesarios sobre cuestiones técnicas, económicas, financieras, administrativas, reglamentarias y de política general, incluido el estudio de proyectos concretos en el campo de las telecomunicaciones;

h) colaborar con los otros Sectores, la Secretaría General y otros órganos interesados, en la preparación de un plan general de redes de telecomunicación internacionales y regionales, con objeto de facilitar el desarrollo coordinado de las mismas para ofrecer servicios de telecomunicación;

i) prestar atención especial, en el desempeño de las funciones descritas, a las necesidades de los países menos adelantados.

3. El Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones cumplirá sus tareas mediante:

a) las Conferencias Mundiales y Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones;

b) las Comisiones de Estudio de Desarrollo de las Telecomunicaciones;

c) la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, dirigida por un Director de elección;

4. Serán miembros del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones:

a) por derecho propio, las Administraciones de los Miembros de la Unión;

b) las entidades y organizaciones autorizadas de conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio.

Artículo 22

Las Conferencias de Desarrollo de las

Telecomunicaciones

1. Las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones servirán de foro para la deliberación y el examen de aspectos, proyectos y programas relacionados con el desarrollo de las telecomunicaciones; en ellas se darán orientaciones a la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

2. Las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones comprenderán:

a) las Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones;

b) las Conferencias Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

3. Entre dos Conferencias de Plenipotenciarios habrá una Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones y, a reserva de los recursos y las prioridades, Conferencias Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

4. En las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones no se producirán Actas Finales. Sus conclusiones adoptarán la forma de resoluciones, decisiones, recomendaciones o informes y en todos los casos deberán ajustarse a la presente Constitución, al Convenio y a los Reglamentos Administrativos. Al adoptar resoluciones y decisiones, las Conferencias tendrán en cuenta sus previsibles repercusiones financieras y deberían evitar la adopción de aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de los límites máximos de los créditos fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios.

5. Las funciones de las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.

Artículo 23

Las Comisiones de Estudio de Desarrollo de las Telecomunicaciones

Las funciones de las Comisiones de Estudio de Desarrollo de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.

Artículo 24

La Oficina de Desarrollo de las

Telecomunicaciones

Las funciones del Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.

CAPITULO V

Otras disposiciones sobre el funcionamiento de la Unión

Artículo 25

Las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Internacionales

1. Las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Internacionales podrán revisar parcialmente o, en
casos excepcionales, totalmente el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales y tratar cualquier otra cuestión de carácter mundial que sea de su competencia y guarde relación con su orden del día.

2. Las decisiones de las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Internacionales se ajustarán en todos los casos a la presente Constitución y al Convenio. Al adoptar resoluciones y decisiones, las conferencias tendrán en cuenta sus repercusiones financieras previsibles y deberían evitar la adopción de aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de los límites máximos de los créditos fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios.

Artículo 26

El Comité de Coordinación

1. El Comité de Coordinación estará constituido por el Secretario General, el Vicesecretario General y los Directores de las tres Oficinas. Su Presidente será el Secretario General y, en su ausencia, el Vicesecretario General.

2. El Comité de Coordinación, que actuará como un equipo de gestión interna, asesorará y auxiliará al Secretario General en todos los asuntos administrativos, financieros y de cooperación técnica y de sistemas de información que no sean de la competencia exclusiva de un Sector o de la Secretaría General, así como en lo que respecta a las relaciones exteriores y a la información pública. En sus deliberaciones, el Comité de Coordinación se ajustará totalmente a las disposiciones de la presente Constitución y del Convenio, a las decisiones del Consejo y a los intereses globales de la Unión.

Artículo 27

Funcionarios de elección y personal de la Unión

1. (1) En el desempeño de su cometido, los funcionarios de elección y el personal de la Unión no solicitarán ni aceptarán instrucciones de Gobierno alguno ni de ninguna autoridad ajena a la Unión. Se abstendrán asimismo de todo acto incompatible con su condición de funcionarios internacionales.

(2) Cada Miembro respetará el carácter exclusivamente internacional del cometido de los funcionarios de elección y del personal de la Unión, y se abstendrá de influir sobre ellos en el ejercicio de sus funciones.

(3) Fuera del desempeño de su cometido, los funcionarios de elección y el personal de la Unión no tomarán parte ni tendrán intereses financieros de ninguna clase en ninguna empresa de telecomunicaciones. En la expresión "intereses financieros" no se incluye la continuación del pago de cuotas destinadas a la constitución de una pensión de jubilación derivada de un empleo o de servicios anteriores.

(4) Con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz de la Unión, todo Miembro, uno de cuyos nacionales haya sido elegido Secretario General, Vicesecretario General, o Director de una Oficina, se abstendrá, en la medida de lo posible, de retirarlo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios.

2. La consideración predominante para la contratación del personal y la determinación de las condiciones de empleo será la necesidad de garantizar a la Unión los Servicios de personas de la mayor eficiencia, competencia e integridad. Se dará la debida importancia a la contratación del personal sobre una base geográfica lo más amplia posible.

Artículo 28

Finanzas de la Unión

1. Los gastos de la Unión comprenderán los ocasionados por:

a) el Consejo;

b) la Secretaría General y los Sectores de la Unión;

c) las Conferencias de Plenipotenciarios y las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Internacionales.

2. Los gastos de la Unión se cubrirán con las contribuciones de los Miembros y de las entidades y organizaciones autorizadas a participar en las actividades de la Unión de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio, a prorrata del número de unidades correspondientes a la clase contributiva elegida por cada Miembro, y por cada entidad u organización autorizada, según lo establecido en las disposiciones pertinentes del Convenio.

3. (1) Los Miembros elegirán libremente la clase en que deseen contribuir al pago de los gastos de la Unión.

(2) Esta elección se hará en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de clausura de la Conferencia de Plenipotenciarios, de conformidad con la escala de clases contributivas que figura en el Convenio.

(3) Si la Conferencia de Plenipotenciarios aprueba una enmienda a la escala de clases contributivas que figura en el Convenio, el Secretario General comunicará a cada Miembro la fecha de entrada en vigor de la enmienda. En el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de esta comunicación, cada Miembro notificará al Secretario General la clase contributiva que haya elegido dentro de la nueva escala.

(4) La clase contributiva elegida por cada Miembro de conformidad con los números 161 ó 162 anteriores, será aplicable a partir del 1º de enero siguiente al transcurso de un período de un año a contar desde la expiración del plazo de seis meses al que se hace referencia en los números 161 ó 162 anteriores.

4. Los Miembros que no hayan dado a conocer su decisión dentro del plazo previsto en los números 161 y 162 anteriores, conservarán la clase contributiva que hayan elegido anteriormente.

5. La clase contributiva elegida por un Miembro sólo podrá reducirse de conformidad con los números 161, 162 y 163 anteriores. No obstante, en circunstancias excepcionales, como catástrofes naturales que exijan el lanzamiento de programas de ayuda internacional, el Consejo podrá aprobar una reducción de la clase contributiva cuando un Miembro lo solicite y demuestre que no le es posible seguir manteniendo su contribución en la clase originariamente elegida.

6. Igualmente, los Miembros podrán, con la aprobación del Consejo, elegir una clase contributiva inferior a la que hayan elegido anteriormente de conformidad con el número 161 anterior, si sus posiciones relativas de contribución, a partir de la fecha establecida en el número 163 anterior para un nuevo período de contribuciones, resultan sensiblemente más desfavorables que sus últimas posiciones anteriores.

7. Los gastos ocasionados por las conferencias regionales a que se refiere el número 43 de la presente Constitución serán sufragados por los Miembros de la Región de que se trate, de acuerdo con su clase contributiva y, en su caso, sobre la misma base, por los Miembros de otras regiones que participen en tales conferencias.

8. Los Miembros, entidades y organizaciones a que se hace referencia en el número 159 anterior abonarán por adelantado su contribución anual, calculada sobre la base del presupuesto bienal aprobado por el Consejo y de los reajustes que el Consejo pueda introducir.

9. Los Miembros atrasados en sus pagos a la Unión perderán el derecho de voto estipulado en los números 27 y 28 de la presente Constitución cuando la cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos años precedentes.

10. En el Convenio figuran disposiciones específicas relativas a las contribuciones financieras de las entidades y organizaciones a que se hace referencia en el número 159 anterior, y de otras organizaciones internacionales.

Artículo 29

Idiomas

1. (1) Los idiomas oficiales y de trabajo de la Unión son: el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso.

(2) Estos idiomas se utilizarán de conformidad con las decisiones pertinentes de la Conferencia de Plenipotenciarios para la redacción y publicación de los documentos y textos de la Unión, en versiones equivalentes en su forma y contenido, y para la interpretación recíproca durante las conferencias y reuniones de la Unión.

(3) En caso de divergencia o controversia, el texto francés hará fe.

2. Cuando todos los participantes en una conferencia o reunión así lo acuerden, podrá utilizarse en los debates un número menor de idiomas que el mencionado anteriormente.

Artículo 30

Sede de la Unión

La Unión tendrá su sede en Ginebra.

Artículo 31

Capacidad jurídica de la Unión

La Unión gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de la capacidad jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos.

Artículo 32

Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones

1. Para la organización de sus trabajos y en sus debates, las conferencias y reuniones de la Unión aplicarán el Reglamento interno contenido en el Convenio.

2. Las conferencias y el Consejo podrán adoptar las reglas que juzguen indispensables para completar las del Reglamento interno. Sin embargo, dichas reglas deben ser compatibles con las disposiciones de la presente Constitución y del Convenio; las adoptadas por las conferencias se publicarán como documentos de las mismas.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS TELECOMUNICACIONES

Artículo 33

Derecho del público a utilizar el servicio internacional de telecomunicaciones

Los Miembros reconocen al público el derecho a comunicarse por medio del servicio internacional de correspondencia pública. Los servicios, las tasas y las garantías serán los mismos, en cada categoría de correspondencia para todos los usuarios, sin prioridad ni preferencia alguna.

Artículo 34

Detención de telecomunicaciones

1. Los Miembros se reservan el derecho a detener la transmisión de todo telegrama privado que pueda parecer peligroso para la seguridad del Estado o contrario a sus leyes, al orden público o a las buenas costumbres, a condición de notificar inmediatamente a la oficina de origen la detención del telegrama o de parte del mismo, a no ser que tal notificación se juzgue peligrosa para la seguridad del Estado.

2. Los Miembros se reservan también el derecho a interrumpir otras telecomunicaciones privadas que puedan parecer peligrosas para la seguridad del Estado o contrarias a sus leyes, al orden público o a las buenas costumbres.

Artículo 35

Suspensión del servicio

Los Miembros se reservan el derecho a suspender el servicio internacional de telecomunicaciones, bien en su totalidad o solamente para ciertas relaciones y para determinadas clases de correspondencia de salida, llegada o tránsito, con la obligación de comunicarlo inmediatamente, por conducto del Secretario General, a los demás Miembros.

Artículo 36

Responsabilidad

Los Miembros no aceptan responsabilidad alguna en relación con los usuarios de los servicios internacionales de telecomunicaciones especialmente en lo que concierne a las reclamaciones por daños y perjuicios.

Artículo 37

Secreto de las telecomunicaciones

1. Los Miembros se comprometen a adoptar todas las medidas que permita el sistema de telecomunicación empleado para garantizar el secreto de la correspondencia internacional.

2. Sin embargo, se reservan el derecho a comunicar esta correspondencia a las autoridades competentes, con el fin de garantizar la aplicación de su legislación nacional o la ejecución de los convenios internacionales en que sean parte.

Artículo 38

Establecimiento, explotación y protección de los canales e instalaciones de telecomunicación

1. Los Miembros adoptarán las medidas procedentes para el establecimiento, en las mejores condiciones técnicas, de los canales e instalaciones necesarias para el intercambio rápido e ininterrumpido de las telecomunicaciones internacionales.

2. En lo posible, estos canales e instalaciones deberán explotarse de acuerdo con los mejores métodos y procedimientos basados en la práctica de la explotación y mantenerse en buen estado de funcionamiento y a la altura de los progresos científicos y técnicos.

3. Los Miembros garantizarán la protección de estos canales e instalaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.

4. Salvo acuerdos particulares que fijen otras condiciones, cada Miembro adoptará las medidas necesarias para el mantenimiento de las secciones de los circuitos internacionales de telecomunicación sometidas a su control.

Artículo 39

Notificación de las contravenciones

Con objeto de facilitar la aplicación del artículo 6º de la presente Constitución, los Miembros se comprometen a informarse mutuamente de las contravenciones a las disposiciones de la presente Constitución, del Convenio y de los reglamentos Administrativos.

Artículo 40

Prioridad de las telecomunicaciones relativas a la seguridad de la vida humana

Los servicios internacionales de telecomunicación deberán dar prioridad absoluta a todas las telecomunicaciones relativas a la seguridad de la vida humana en el mar, en tierra, en el aire y en el espacio ultraterrestre, así como a las telecomunicaciones epidemiológicas de urgencia excepcional de la Organización Mundial de la Salud.

Artículo 41

Prioridad de las telecomunicaciones de Estado

A reserva de lo dispuesto en los artículos 40 y 46 de la presente Constitución, las telecomunicaciones de Estado (véase el Anexo a la presente Constitución, número 1014) tendrán prioridad sobre las demás telecomunicaciones en la medida de lo posible y a petición expresa del interesado.

Artículo 42

Acuerdos particulares

Los Miembros se reservan para sí, para las empresas de explotación reconocidas por ellos y para las demás debidamente autorizadas a tal efecto, la facultad de concertar acuerdos particulares sobre cuestiones relativas a telecomunicaciones que no interesen a la generalidad de los Miembros. Sin embargo, tales acuerdos no podrán estar en contradicción con las disposiciones de la presente Constitución, del Convenio o de los Reglamentos Administrativos en lo que se refiere a las interferencias perjudiciales que su aplicación pueda ocasionar a los servicios de radiocomunicaciones de otros Miembros y, en general, en lo que se refiere al perjuicio técnico que dicha aplicación pueda causar a la explotación de otros servicios de telecomunicación de otros Miembros.

Artículo 43

Conferencias, acuerdos y organizaciones

regionales

Los Miembros se reservan el derecho a celebrar conferencias regionales, concertar acuerdos regionales y crear organizaciones regionales con el fin de resolver problemas de telecomunicación que puedan ser tratados en un plano regional. Los acuerdos regionales no estarán en contradicción con la presente Constitución ni con el Convenio.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LAS RADIOCOMUNICACIONES

Artículo 44

Utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y de la órbita de los satélites geoestacionarios

1. Los Miembros procurarán limitar las frecuencias y el espectro utilizado al mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio de los servicios necesarios. A tal fin, se esforzarán por aplicar, a la mayor brevedad, los últimos adelantos de la técnica.

2. En la utilización de bandas de frecuencias para las radiocomunicaciones, los Miembros tendrán en cuenta que las frecuencias y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a esta órbita y a esas frecuencias a los diferentes países o grupos de países, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo y la situación geográfica de determinados países.

Artículo 45

Interferencias perjudiciales

1. Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deberán ser instaladas y explotadas de tal manera que no puedan causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones o servicios radioeléctricos de otros Miembros, de las empresas de explotación reconocidas o de aquellas otras debidamente autorizadas para realizar un servicio de radiocomunicación y que funcionen de conformidad con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.

2. Cada Miembro se compromete a exigir a las empresas de explotación reconocidas por él y a las demás debidamente autorizadas a este efecto, el cumplimiento de lo dispuesto en el número 197 anterior.

3. Los Miembros reconocen asimismo la necesidad de adoptar cuantas medidas sean posibles para impedir que el funcionamiento de las instalaciones y aparatos eléctricos de cualquier clase cause interferencias perjudiciales a las comunicaciones o servicios radioeléctricos a que se refiere el número 197 anterior.

Artículo 46

Llamadas y mensajes de socorro

Las estaciones de radiocomunicación están obligadas a aceptar con prioridad absoluta las llamadas y mensajes de socorro, cualquiera que sea su origen, y a responder en la misma forma a dichos mensajes, dándoles inmediatamente el curso debido.

Artículo 47

Señales de socorro, urgencia, seguridad o identificación falsas o engañosas

Los Miembros se comprometen a adoptar las medidas necesarias para impedir la transmisión o circulación de señales de socorro, urgencia, seguridad o identificación que sean falsas o engañosas, así como a colaborar en la localización e identificación de las estaciones situadas bajo su jurisdicción que emitan estas señales.

Artículo 48

Instalaciones de los servicios de Defensa Nacional

1. Los Miembros conservarán su entera libertad en lo relativo a las instalaciones radioeléctricas militares.

2. Sin embargo, estas instalaciones se ajustarán en lo posible a las disposiciones reglamentarias relativas al auxilio en casos de peligro, a las medidas para impedir las interferencias perjudiciales y a las prescripciones de los Reglamentos Administrativos referentes a los tipos de emisión y a las frecuencias que deban utilizarse, según la naturaleza del servicio.

3. Además, cuando estas instalaciones se utilicen en el servicio de correspondencia pública o en los demás servicios regidos por los Reglamentos Administrativos deberán, en general, ajustarse a las disposiciones reglamentarias aplicables a dichos servicios.

CAPITULO VIII

RELACIONES CON LAS NACIONES UNIDAS, OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y ESTADOS NO MIEMBROS

Artículo 49

Relaciones con las Naciones Unidas

Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión Internacional de Telecomunicaciones se definen en el Acuerdo concertado entre ambas organizaciones.

Artículo 50

Relaciones con otras organizaciones internacionales

A fin de contribuir a una completa coordinación internacional en materia de telecomunicaciones, la Unión colaborará con las organizaciones internacionales que tengan intereses y actividades conexos.

Artículo 51

Relaciones con Estados no Miembros

Los Miembros se reservan para sí y para las empresas de explotación reconocidas la facultad de fijar las condiciones de admisión de las telecomunicaciones que hayan de cursarse con un Estado que no sea Miembro de la Unión. Toda telecomunicación procedente de tal Estado y aceptada por un Miembro deberá ser trasmitida y se le aplicarán las disposiciones obligatorias de la presente Constitución, del Convenio y de los Reglamentos Administrativos, así como las tasas normales, en la medida en que utilice canales de un Miembro.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 52

Ratificación, aceptación o aprobación

1. La presente Constitución y el Convenio serán ratificados, aceptados o aprobados simultáneamente en un solo instrumento por los Miembros signatarios de conformidad con sus normas constitucionales. Dicho instrumento se depositará en el más breve plazo posible en poder del Secretario General, quien hará la notificación pertinente a los Miembros.

2. (1) Durante un período de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Constitución y del Convenio, los Miembros signatarios, aun cuando no hayan depositado el instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de acuerdo con lo dispuesto en el anterior número 208, gozarán de los mismos derechos que confieren a los Miembros de la Unión los números 25 a 28 de la presente Constitución.

(2) Finalizado el período de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Constitución y del Convenio, los Miembros signatarios que no hayan depositado el instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, de acuerdo con lo dispuesto en el número 208 anterior no tendrán derecho a votar en ninguna conferencia de la Unión, en ninguna reunión del Consejo, en ninguna reunión de los sectores, ni en ninguna consulta efectuada por correspondencia, en virtud de las disposiciones de la presente Constitución y del Convenio, hasta que hayan depositado tal instrumento. Salvo el derecho de voto, no resultarán afectados sus demás derechos.

3. A partir de la entrada en vigor de la presente Constitución y del Convenio, prevista en el artículo 58 de la presente Constitución, el instrumento de ratificación, aceptación o aprobación surtirá efecto desde la fecha de su depósito en poder del Secretario General.

Artículo 53

Adhesión

1. Todo Miembro que no haya firmado la presente Constitución ni el Convenio y, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente Constitución, todos los demás Estados mencionados en dicho artículo, podrán adherirse a ellos en todo momento. La adhesión se formalizará simultáneamente en un solo instrumento que abarque a la vez la presente Constitución y el Convenio.

2. El instrumento de adhesión se depositará en poder del Secretario General, quien notificará inmediatamente a los Miembros el depósito de tal instrumento y remitirá a cada uno de ellos copia certificada del mismo.

3. Después de la entrada en vigor de la presente Constitución y del Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la presente Constitución, la adhesión surtirá efecto a partir de la fecha en que el Secretario General reciba el instrumento correspondiente, a menos que en él se especifique lo contrario.

Artículo 54

Reglamentos Administrativos

1. Los Reglamentos Administrativos mencionados en el artículo 4º de la presente Constitución, son instrumentos internacionales obligatorios y estarán sujetos a las disposiciones de esta última y del Convenio.

2. La ratificación, aceptación o aprobación de la presente Constitución y del Convenio, o la adhesión a los mismos, en virtud de los artículos 52 y 53 de la presente Constitución, entraña también el consentimiento en obligarse por los Reglamentos Administrativos adoptados por las Conferencias Mundiales competentes antes de la fecha de la firma de la presente Constitución y del Convenio. Dicho consentimiento se entiende con sujeción a toda reserva manifestada en el momento de la firma de los citados Reglamentos o de cualquier revisión posterior de los mismos, y siempre y cuando se mantenga en el momento de depositar el correspondiente instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión.

3. Las revisiones de los Reglamentos Administrativos, parciales o totales, adoptadas después de la fecha mencionada anteriormente, se aplicarán provisionalmente, en la medida en que así lo permita su legislación nacional, con respecto a todos los Miembros que hayan firmado estas revisiones. Esta aplicación provisional será efectiva a partir de la fecha o fechas especificadas en las mismas y estará sujeta a las reservas que puedan haberse hecho en el momento de la firma de dichas revisiones.

4. Esta aplicación provisional continuará hasta:

a) que el Miembro notifique al Secretario General su consentimiento en obligarse por dicha revisión e indique en su caso, la medida en que mantiene cualquier reserva hecha a tal revisión en el momento de la firma de la misma; o

b) sesenta días después de la recepción por el Secretario General de la notificación del Miembro informándole de que no consiente en obligarse por dicha revisión.

5. Si el Secretario General no recibiera ninguna notificación en virtud de los números 219 ó 220 anteriores de un Miembro que haya firmado dicha revisión, antes de que expire un período de treinta y seis meses contados a partir de la fecha o fechas especificadas en la misma para el comienzo de la aplicación provisional, se considerará que ese Miembro ha consentido en obligarse por dicha revisión, sujeto a cualquier reserva que pueda haber hecho a tal revisión en el momento de la firma de la misma.

6. El Miembro de la Unión que no haya firmado tal revisión de los Reglamentos Administrativos, parcial o total, adoptada después de la fecha estipulada en el número 216 anterior, tratará de notificar rápidamente al Secretario General su consentimiento en obligarse por la misma. Si antes de la expiración del plazo mencionado en el número 221 anterior, el Secretario General no ha recibido ninguna notificación de dicho Miembro, se considerará que éste consiente en obligarse por tal revisión.

7. El Secretario General informará a los Miembros acto seguido acerca de toda notificación recibida en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Artículo 55

Enmiendas a la presente Constitución

1. Los Miembros de la Unión podrán proponer enmiendas a la presente Constitución. Con vistas a su trasmisión oportuna a los Miembros de la Unión y su examen por los mismos, las propuestas de enmienda deberán obrar en poder del Secretario General como mínimo ocho meses antes de la fecha fijada de apertura de la Conferencia de Plenipotenciarios. El Secretario General enviará lo antes posible, y como mínimo seis meses antes de dicha fecha, esas propuestas de enmienda a todos los Miembros de la Unión.

2. No obstante, los Miembros de la Unión o sus delegaciones en la Conferencia de Plenipotenciarios podrán proponer en cualquier momento modificaciones a las propuestas de enmienda presentadas de conformidad con el número 224 anterior.

3. Para el examen de las enmiendas propuestas a la presente Constitución o de las modificaciones de las mismas en sesión plenaria de la Conferencia de Plenipotenciarios, el quórum estará constituido por más de la mitad de las delegaciones acreditadas ante la Conferencia.

4. Para ser adoptada, toda modificación propuesta a una enmienda, así como la propuesta en su conjunto, modificada o no, deberá ser aprobada en sesión plenaria al menos por las dos terceras partes de las delegaciones acreditadas ante la Conferencia de Plenipotenciarios que tengan derecho de voto.

5. En los casos no previstos en los párrafos precedentes del presente artículo, se aplicarán supletoriamente las disposiciones generales relativas a las conferencias y el reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones contenidos en el Convenio.

6. Las enmiendas a la presente Constitución adoptadas por una Conferencia de Plenipotenciarios entrarán en vigor, en su totalidad y en forma de un solo instrumento de enmienda, en la fecha fijada por la Conferencia, entre los Miembros que hayan depositado con anterioridad a esa fecha el instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Constitución y del instrumento de enmienda, o el instrumento de adhesión a los mismos. Queda excluida la ratificación, aceptación o aprobación parcial de dicho instrumento de enmienda o la adhesión parcial al mismo.

7. El Secretario General notificará a todos los Miembros el depósito de cada instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

8. Después de la entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda, la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de conformidad con los artículos 52 y 53 de la presente Constitución se aplicará el nuevo texto modificado de la Constitución.

9. Después de la entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda, el Secretario General lo registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. El número 241 de la presente Constitución se aplicará también a dicho instrumento de enmienda.

Artículo 56

Solución de controversias

1. Los Miembros podrán resolver sus controversias sobre cuestiones relativas a la interpretación o a la aplicación de la presente Constitución, del Convenio o de los Reglamentos Administrativos por negociación, por vía diplomática, por el procedimiento establecido en los tratados bilaterales o multilaterales que hayan concertado para la solución de controversias internacionales o por cualquier otro método que decidan de común acuerdo.

2. Cuando no se adopte ninguno de los métodos citados, todo Miembro que sea parte en una controversia podrá recurrir al arbitraje de conformidad con el procedimiento fijado en el Convenio.

3. El Protocolo Facultativo sobre la solución obligatoria de controversias relacionadas con la presente Constitución, el Convenio y los Reglamentos Administrativos será aplicable entre los Miembros partes en ese Protocolo.

Artículo 57

Denuncia de la presente Constitución y del Convenio

1. Todo Miembro que haya ratificado, aceptado o aprobado la presente Constitución y el Convenio o se haya adherido a ellos tendrá derecho a denunciarlos. En tal caso, la presente Constitución y el Convenio serán denunciados simultáneamente en forma de instrumento único mediante notificación dirigida al Secretario General. Recibida la notificación, el Secretario General la comunicará acto seguido a los demás Miembros.

2. La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a partir de la fecha en que el Secretario General reciba la notificación.

Artículo 58

Entrada en vigor y asuntos conexos

1. La presente Constitución y el Convenio entrarán en vigor el 1º de julio de 1994 entre los Miembros que hayan depositado antes de esa fecha su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. En la fecha de entrada en vigor especificada en el número 238 anterior, la presente Constitución y el Convenio derogarán y reemplazarán, en las relaciones entre las Partes, al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi (1982).

3. El Secretario General de la Unión registrará la presente Constitución y el Convenio en la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

4. El original de la presente Constitución y del Convenio redactados en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso se depositará en los archivos de la Unión. El Secretario General enviará copia certificada en los idiomas solicitados a cada uno de los Miembros signatarios.

5. En caso de divergencia entre las distintas versiones de la presente Constitución y del Convenio, el texto francés hará fe.

En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios respectivos firman el original de la presente Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el original del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

En Ginebra, a 22 de diciembre de 1992.

ANEXO

Definición de algunos términos empleados en la presente Constitución, en el Convenio y en los Reglamentos Administrativos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

A los efectos de los instrumentos de la Unión mencionados en el epígrafe, los términos siguientes tienen el sentido que les dan las definiciones que les acompañan.

Administración: Todo departamento o servicio gubernamental responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de sus Reglamentos Administrativos.

Interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación explotado de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Correspondencia pública: Toda telecomunicación que deban aceptar para su transmisión las oficinas y estaciones por el simple hecho de hallarse a disposición del público.

Delegación: El conjunto de delegados y, en su caso, de representantes, asesores, agregados o intérpretes enviados por un mismo Miembro.

Cada Miembro tendrá la libertad de organizar su delegación en la forma que desee. En particular, podrá incluir en ella, en calidad de delegados, asesores o agregados, a personas pertenecientes a toda entidad u organización autorizada de conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio.

Delegado: Persona enviada por el Gobierno de un Miembro de la Unión a una Conferencia de Plenipotenciarios o persona que represente al Gobierno o a la Administración de un Miembro de la Unión en una conferencia o reunión de la Unión.

Empresa de explotación: Todo particular, sociedad, empresa o toda institución gubernamental que explote una instalación de telecomunicaciones destinada a ofrecer un servicio de telecomunicación internacional o que pueda causar interferencias perjudiciales a tal servicio.

Empresa de explotación reconocida: Toda empresa de explotación que responda a la definición precedente y que explote un servicio de correspondencia pública o de radiodifusión y a la cual imponga las obligaciones previstas en el artículo 6º de la presente Constitución el Miembro en cuyo territorio se halle la sede social de esta explotación, o el Miembro que la haya autorizado a establecer y a explotar un servicio de telecomunicaciones en su territorio.

Radiocomunicación: Toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas.

Servicio de radiodifusión: Servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de otro género.

Servicio internacional de telecomunicación: Prestación de telecomunicación entre oficinas o estaciones de telecomunicación de cualquier naturaleza, situadas en países distintos o pertenecientes a países distintos.

Telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

Telegrama: Escrito destinado a ser transmitido por telegrafía para su entrega al destinatario. Este término comprende también el radiotelegrama, salvo especificación en contrario.

Telecomunicación de Estado: Telecomunicación procedente:

- de un Jefe de Estado;

- de un Jefe de Gobierno o de los miembros de un Gobierno;

- de un Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, terrestres, navales o aéreas;

- de agentes diplomáticos y consulares;

- del Secretario General de las Naciones Unidas o de los Jefes de los principales órganos de las Naciones Unidas;

- de la Corte Internacional de Justicia;

y las respuestas a las citadas telecomunicaciones de Estado.

Telegramas privados: Los telegramas que no sean de servicio ni de Estado.

Telegrafía: Forma de telecomunicación en la cual las informaciones transmitidas están destinadas a ser registradas a la llegada en forma de documento gráfico; estas informaciones pueden representarse en ciertos casos de otra forma o almacenarse para una utilización ulterior.

Nota: Documento gráfico es todo soporte de información en el cual se registra de forma permanente un texto escrito o impreso o una imagen fija, y que es posible clasificar y consultar.

Telefonía: Forma de telecomunicación destinada principalmente al intercambio de información por medio de la palabra.

TEXTO DEL CONVENIO

CAPITULO I

FUNCIONAMIENTO DE LA UNION

SECCION 1

Artículo 1º

La Conferencia de Plenipotenciarios

1. (1) La Conferencia de Plenipotenciarios se reunirá de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 8º de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (denominada en adelante "la Constitución").

(2) De ser posible, las fechas exactas y el lugar de la Conferencia serán fijados por la precedente Conferencia de Plenipotenciarios; en otro caso, serán determinados por el Consejo con el acuerdo de la mayoría de los Miembros de la Unión.

2. (1) Las fechas exactas y el lugar de la Conferencia de Plenipotenciarios podrán ser modificados:

a) a petición de la cuarta parte, por lo menos, de los Miembros de la Unión, dirigida individualmente al Secretario General;

b) a propuesta del Consejo.

(2) Cualquiera de esos cambios necesitará el acuerdo de la mayoría de los Miembros de la Unión.

Artículo 2º

Elecciones y asuntos conexos

El Consejo

1. Salvo en el caso de las vacantes que se produzcan en las condiciones especificadas en los números 10 a 12 siguientes, los Miembros de la Unión elegidos para el Consejo desempeñarán su mandato hasta la elección de un nuevo Consejo y serán reelegibles.

2. (1) Si entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se produjese una vacante en el Consejo, corresponderá cubrirla, por derecho propio, al Miembro de la Unión que en la última elección hubiese obtenido el mayor número de sufragios entre los Miembros pertenecientes a la misma Región sin resultar elegido.

(2) En el caso de que por cualquier motivo la plaza vacante no pueda ser cubierta de acuerdo con el procedimiento del número 8 anterior, el Presidente del Consejo invitará al resto de los Miembros de la correspondiente Región a que presenten su candidatura en el plazo de un mes a partir del envío de tal invitación. Transcurrido dicho plazo, el Presidente del Consejo invitará a los Miembros de la Unión a elegir un nuevo Miembro. Dicha elección se llevará a cabo mediante votación secreta por correspondencia, requiriéndose la misma mayoría indicada en el párrafo anterior. El nuevo Miembro desempeñará sus funciones hasta que la próxima Conferencia de Plenipotenciarios competente elija el nuevo Consejo.

3. Se considerará que se ha producido una vacante en el Consejo:

a) cuando un Miembro del Consejo no esté representado en dos reuniones ordinarias consecutivas;

b) cuando un Miembro de la Unión renuncie a ser Miembro del Consejo.

Funcionarios de elección

1. El Secretario General, el Vicesecretario General y los Directores de las Oficinas tomarán posesión de sus cargos en las fechas que se determinen en el momento de su elección por la Conferencia de Plenipotenciarios. Normalmente permanecerán en funciones hasta la fecha que determine la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios y sólo serán reelegibles una vez.

2. Si quedara vacante el empleo de Secretario General, le sucederá en el cargo el Vicesecretario General, quien lo conservará hasta la fecha que determine la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios. Cuando en estas condiciones el Vicesecretario General suceda en el cargo al Secretario General, se considerará que el empleo de Vicesecretario General queda vacante en la misma fecha y se aplicarán las disposiciones del número 15 siguiente.

3. Si quedara vacante el cargo de Vicesecretario General más de 180 días antes de la fecha fijada para el comienzo de la próxima Conferencia de Plenipotenciarios, el Consejo nombrará un sucesor para el resto del mandato.

4. Si quedaran vacantes simultáneamente los cargos de Secretario General y de Vicesecretario General, el Director de mayor antigüedad en el cargo asumirá las funciones de Secretario General durante un período no superior a 90 días. El Consejo nombrará un Secretario General y, en caso de producirse dichas vacantes más de 180 días antes de la fecha fijada para el comienzo de la próxima Conferencia de Plenipotenciarios, a un Vicesecretario General. Los funcionarios nombrados por el Consejo seguirán en funciones durante el resto del mandato para el que habían sido elegidos sus predecesores.

5. Si el cargo de Director quedara vacante por circunstancias imprevistas, el Secretario General tomará las disposiciones necesarias para que se cumplan las funciones del Director en espera de que el Consejo designe al nuevo Director, en su reunión ordinaria siguiente a la producción de dicha vacante. El nuevo Director permanecerá en funciones hasta la fecha que determine la Conferencia de Plenipotenciarios siguiente.

6. En las situaciones previstas en el presente artículo, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, el Consejo cubrirá las vacantes de Secretario General o de Vicesecretario General durante una reunión ordinaria, si la vacante se produce dentro de los 90 días anteriores a la reunión o durante una reunión convocada por su Presidente dentro de los períodos fijados en estas disposiciones.

7. Todo período de servicio cumplido en un puesto de elección en las condiciones previstas en los números 14 a 18 anteriores no impedirá la elección o reelección para ese puesto.

Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

1. Los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones tomarán posesión de sus cargos en las fechas que determine en el momento de su elección la Conferencia de Plenipotenciarios. Permanecerán en funciones hasta la fecha que determine la Conferencia de Plenipotenciarios siguiente y serán reelegibles una sola vez.

2. Si en el período comprendido entre dos Conferencias de Plenipotenciarios un miembro de la Junta dimite o se encuentra en la imposibilidad de desempeñar sus funciones, el Secretario General, en consulta con el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, invitará a los Miembros de la Unión de la Región considerada a que propongan candidatos para la elección de un sustituto en la siguiente reunión del Consejo. Sin embargo, si la vacante se produjera más de 90 días antes de una reunión del Consejo o después de la reunión del Consejo que precede a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios, el Miembro de la Unión interesado designará lo antes posible y dentro de un plazo de 90 días a otro de sus nacionales como sustituto, el cual permanecerá en funciones hasta la toma de posesión del nuevo miembro elegido por el Consejo o, en su caso, hasta la toma de posesión de los nuevos miembros de la Junta que elija la próxima Conferencia de Plenipotenciarios. El sustituto podrá ser candidato a la elección por el Consejo o por la Conferencia de Plenipotenciarios, según proceda.

3. Se considerará que un miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones se encuentra en la imposibilidad de desempeñar sus funciones en caso de inasistencia reiterada y consecutiva a las reuniones de la Junta. El Secretario General, después de evacuar consultas con el Presidente de la Junta, con el miembro de la Junta y con el Miembro de la Unión interesados, declarará que se ha producido una vacante en la Junta y actuará conforme a lo estipulado en el número 21 anterior.

Artículo 3º

Otras Conferencias

1. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constitución, en el intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se convocarán normalmente las siguientes Conferencias Mundiales de la Unión:

a) dos Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones;

b) una Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones;

c) una Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones;

d) dos Asambleas de Radiocomunicaciones, coordinadas en sus fechas y lugar con las correspondientes Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones.

2. Excepcionalmente, en el intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios:

- se podrá cancelar la segunda Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones junto con su Asamblea de Radiocomunicaciones asociada, o se podrá cancelar cualquiera de ellas aunque la otra se convoque; o

- se podrá convocar una Conferencia de Normalización de Telecomunicaciones adicional.

3. Estas disposiciones podrán ser adoptadas:

a) por decisión de la Conferencia de Plenipotenciarios;

b) por recomendación de la Conferencia Mundial precedente del Sector interesado, aprobada por el Consejo;

c) cuando una cuarta parte, por lo menos, de los Miembros de la Unión lo hayan propuesto individualmente al Secretario General;

d) a propuesta del Consejo.

4. Se convocará una Conferencia Regional de Radiocomunicaciones:

a) por decisión de la Conferencia de Plenipotenciarios;

b) por recomendación de una Conferencia Mundial o Regional de Radiocomunicaciones precedente, aprobada por el Consejo;

c) cuando una cuarta parte, por lo menos, de los Miembros de la Unión de la Región interesada lo hayan propuesto individualmente al Secretario General;

d) a propuesta del Consejo.

SECCION 2

Artículo 4º

El Consejo

1. El Consejo estará constituido por cuarenta y tres Miembros de la Unión elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios.

2. (1) El Consejo celebrará anualmente una reunión ordinaria en la Sede de la Unión.

(2) Durante esta reunión podrá decidir que se celebre, excepcionalmente, una reunión extraordinaria.

(3) En el intervalo entre dos reuniones ordinarias, el Consejo, a petición de la mayoría de sus Miembros, podrá ser convocado, en principio en la Sede de la Unión, por su Presidente o a iniciativa de éste en las condiciones previstas en el número 18 del presente Convenio.

3. El Consejo tomará decisiones únicamente mientras se encuentre reunido. Excepcionalmente, el Consejo puede decidir en una de sus reuniones que un asunto concreto se decida por correspondencia.

4. Al comienzo de cada reunión ordinaria, el Consejo elegirá Presidente y Vicepresidente entre los representantes de sus Miembros; al efecto se tendrá en cuenta el principio de rotación entre las Regiones. Los elegidos desempeñarán sus cargos hasta la próxima reunión ordinaria y no serán reelegibles. El Vicepresidente reemplazará al Presidente en su ausencia.

5. En la medida de lo posible, la persona designada por un Miembro del Consejo para actuar en éste será un funcionario de su propia administración de telecomunicación o directamente responsable ante esta administración, o en nombre de ella, y habrá de estar calificado por su experiencia en los servicios de telecomunicaciones.

6. Sólo correrán por cuenta de la Unión los gastos de viaje, las dietas y los seguros del representante de cada uno de los Miembros del Consejo, con motivo del desempeño de sus funciones durante las reuniones del Consejo.

7. El representante de cada uno de los Miembros del Consejo podrá asistir como observador a todas las reuniones de los Sectores de la Unión.

8. El Secretario General ejercerá las funciones de Secretario del Consejo.

9. El Secretario General, el Vicesecretario General y los Directores de las Oficinas participarán por derecho propio en las deliberaciones del Consejo, pero no tomarán parte en las votaciones. No obstante, el Consejo podrá celebrar sesiones limitadas exclusivamente a los representantes de sus Miembros.

10. El Consejo examinará cada año el Informe preparado por el Secretario General sobre la política y planificación estratégicas recomendadas para la Unión de conformidad con las directrices generales de la Conferencia de Plenipotenciarios y tomará las medidas oportunas al respecto.

11. El Consejo supervisará en el intervalo entre las Conferencias de Plenipotenciarios la administración y la gestión generales de la Unión y, en particular:

(1) Aprobará y revisará el Reglamento del Personal y el Reglamento Financiero de la Unión y los Reglamentos que considere pertinentes de acuerdo con la práctica seguida por las Naciones Unidas y por los organismos especializados que aplican el sistema común de sueldos, asignaciones y pensiones;

(2) Reajustará en caso necesario:

a) las escalas de sueldos base del personal de las categorías profesional y superior, con exclusión de los sueldos correspondientes a los empleos de elección, para adaptarlas a las de los sueldos base adoptadas por las Naciones Unidas para las categorías correspondientes del sistema común;

b) las escalas de sueldos base del personal de la categoría de servicios generales, para adaptarlas en la Sede de la Unión a las de los sueldos aplicados por las Naciones Unidas y los organismos especializados;

c) los ajustes por lugar de destino correspondientes a las categorías profesional y superior, incluidos los empleos de elección, de acuerdo con las decisiones de las Naciones Unidas aplicables en la Sede de la Unión;

d) las asignaciones para todo el personal de la Unión, de acuerdo con los cambios adoptados en el sistema común de las Naciones Unidas.

(3) Tomará las decisiones necesarias para conseguir una distribución geográfica equitativa del personal de la Unión y fiscalizará su cumplimiento;

(4) Resolverá sobre las propuestas de cambios importantes en la organización de la Secretaría General y de las oficinas de los Sectores de la Unión, compatibles con la Constitución y el presente Convenio y que le someta el Secretario General tras su examen por el Comité de Coordinación;

(5) Examinará y aprobará planes multianuales referentes a los empleos, a la plantilla y a los programas de desarrollo de los recursos humanos de la Unión y establecerá directrices sobre dicha plantilla, incluidos su nivel y su estructura, teniendo en cuenta las directrices generales de la Conferencia de Plenipotenciarios y lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución;

(6) Ajustará, en caso necesario, las contribuciones pagaderas por la Unión y por su personal a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, de acuerdo con los Estatutos y el Reglamento de la Caja, según la práctica seguida por esta última Caja así como las asignaciones por carestía de vida abonadas a los beneficiarios de la Caja de Seguros del Personal de la Unión;

(7) Examinará y aprobará el presupuesto bienal de la Unión y considerará el presupuesto provisional para el bienio siguiente, teniendo en cuenta las decisiones de la Conferencia de Plenipotenciarios en relación con el número 50 de la Constitución y el límite máximo de gastos establecido por esa Conferencia de conformidad con el número 51 de la Constitución, realizando las máximas economías pero teniendo presente la obligación de la Unión de conseguir resultados satisfactorios con la mayor rapidez posible; asimismo se inspirará en las opiniones del Comité de Coordinación contenidas en el Informe del Secretario General mencionado en el número 86 del presente Convenio y en el Informe de gestión financiera mencionado en el número 101 del presente Convenio;

(8) Dispondrá lo necesario para la auditoría anual de las cuentas de la Unión presentadas por el Secretario General y las aprobará si precede, para someterlas a la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios;

(9) Adoptará las disposiciones necesarias para convocar las Conferencias de la Unión y proporcionará, con el acuerdo de la mayoría de los Miembros de la Unión, si se trata de una Conferencia Mundial, o de la mayoría de los Miembros de la Unión de la región interesada, si se trata de una Conferencia Regional, las directrices oportunas a la Secretaría General y los Sectores de la Unión respecto de su asistencia técnica y de otra índole para la preparación y organización de las Conferencias;

(10) Tomará decisiones en relación con el número 28 del presente Convenio;

(11) Decidirá sobre la aplicación de las decisiones de conferencias que tengan repercusiones financieras;

(12) En la medida en que lo permita la Constitución, el presente Convenio y los Reglamentos Administrativos, adoptará cuantas disposiciones se consideren necesarias para el buen funcionamiento de la Unión;

(13) Previo acuerdo de la mayoría de los Miembros de la Unión, tomará las medidas necesarias para resolver, con carácter provisional, los casos no previstos en la Constitución, en el presente Convenio ni en los Reglamentos Administrativos y sus Anexos, y para cuya solución no sea posible esperar hasta la próxima conferencia competente;

(14) Efectuará la coordinación con todas las organizaciones internacionales a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Constitución y, a tal efecto, concertará en nombre de la Unión acuerdos provisionales con las organizaciones internacionales a que se refiere el artículo 50 de la Constitución, y con las Naciones Unidas en aplicación del acuerdo entre esta última y la Unión Internacional de Telecomunicaciones; dichos acuerdos provisionales serán sometidos a la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios, de conformidad con el artículo 8º de la Constitución;

(15) Después de cada reunión, enviará lo antes posible a los Miembros de la Unión informes resumidos sobre las actividades del Consejo y cuantos documentos estime conveniente;

(16) Someterá a la Conferencia de Plenipotenciarios un Informe sobre las actividades de la Unión desde la anterior Conferencia de Plenipotenciarios, así como las recomendaciones que considere pertinentes.

SECCION 3

Artículo 5º

La Secretaría General

1. El Secretario General:

a) responderá de la gestión global de los recursos de la Unión; podrá delegar la gestión parcial de tales recursos en el Vicesecretario General y en los Directores de las Oficinas, previa consulta en su caso con el Comité de Coordinación;

b) coordinará las actividades de la Secretaría General y los Sectores de la Unión, teniendo en cuenta la opinión del Comité de Coordinación, con el objeto de utilizar con la máxima eficacia y economía los recursos de la Unión;

c) previa consulta con el Comité de Coordinación y teniendo en cuenta su opinión, preparará y someterá al Consejo un Informe anual sobre la evolución del entorno de las telecomunicaciones que contendrá además las medidas recomendadas en cuanto a la estrategia y política futuras de la Unión, como se estipula, en el número 61 del presente Convenio, junto con sus consecuencias financieras;

d) organizará el trabajo de la Secretaría General y nombrará el personal de la misma, de conformidad con las directrices fijadas por la Conferencia de Plenipotenciarios y con los Reglamentos establecidos por el Consejo;

e) adoptará las medidas administrativas relativas a la constitución de las Oficinas de los Sectores de la Unión y nombrará a su personal previa selección y a propuesta del Director de la Oficina interesada, aunque la decisión definitiva en lo que respecta al nombramiento y al cese del personal corresponderá al Secretario General;

f) informará al Consejo de las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados que afecten a las condiciones de servicio, asignaciones y pensiones del sistema común;

g) velará por la aplicación de los Reglamentos adoptados por el Consejo;

h) proporcionará asesoramiento jurídico a la Unión;

i) tendrá a su cargo la supervisión administrativa del personal de la Unión, con el fin de lograr la utilización óptima del personal y la aplicación de las condiciones de empleo del sistema común al personal de la Unión. El personal nombrado para colaborar directamente con los Directores de las Oficinas, dependerá administrativamente del Secretario General y trabajará directamente bajo las órdenes de los Directores interesados, pero con arreglo a las directrices administrativas generales del Consejo;

j) en interés de la Unión, y en consulta con los Directores de las Oficinas, podrá trasladar temporalmente, en caso necesario, a los funcionarios a empleos distintos de aquellos para los que hayan sido nombrados, con objeto de hacer frente a las fluctuaciones del trabajo en la Sede;

k) de acuerdo con el Director de la Oficina interesada, tomará las medidas administrativas y financieras necesarias para las conferencias y reuniones de cada Sector;

l) teniendo en cuenta las responsabilidades de los Sectores, proporcionará los adecuados servicios de secretaría anteriores y posteriores a las conferencias de la Unión;

m) preparará recomendaciones para la primera reunión de los jefes de delegación mencionada en el número 342 del presente Convenio, teniendo en cuenta los resultados de cualquier consulta regional;

n) proporcionará, en cooperación, si procede, con el Gobierno invitante, la Secretaría de las conferencias de la Unión y, en colaboración, en su caso, con el Director interesado, facilitará los servicios necesarios para las reuniones de la Unión, recurriendo al personal de la Unión cuando lo considere necesario, de conformidad con el número 93 anterior. Podrá también, previa petición y mediante contrato, proporcionar la secretaría de otras reuniones relativas a las telecomunicaciones;

o) tomará las medidas necesarias para la publicación y la distribución oportunas de documentos de servicio, boletines de información y otros documentos e informes preparados por la Secretaría General y los Sectores, comunicados a la Unión o cuya publicación haya sido solicitada por conferencias o por el Consejo; la lista de documentos que se hayan de publicar será actualizada por el Consejo, previa consulta con la conferencia interesada en cuanto a los documentos de servicio y otros documentos cuya publicación sea solicitada por conferencias;

p) publicará periódicamente un boletín de información y de documentación general sobre las telecomunicaciones, con las informaciones que pueda reunir o se le faciliten, y las que pueda obtener de otras organizaciones internacionales;

q) previa consulta con el Comité de Coordinación y tras haber realizado todas las economías posibles, preparará y someterá al Consejo un proyecto de presupuesto bienal que cubra los gastos de la Unión dentro de los límites fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios. Este proyecto comprenderá un presupuesto consolidado, incluidos los presupuestos de los tres Sectores, basados en los costos, preparado de conformidad con las directrices presupuestarias emanadas del Secretario General y comprenderá dos variantes. Una corresponde a un crecimiento nulo de la unidad contributiva y la otra a un crecimiento inferior o igual al límite fijado por la Conferencia de Plenipotenciarios, después de una posible detracción de la cuenta de provisión. Una vez aprobada por el Consejo, la resolución del presupuesto se enviará a todos los Miembros de la Unión para su conocimiento;

r) con la asistencia del Comité de Coordinación, preparará un Informe anual de gestión financiera de acuerdo con el Reglamento Financiero, que someterá al Consejo. Serán preparados y sometidos a la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios para su examen y aprobación definitiva un informe de gestión financiera y un estado de cuentas recapitulativos;

s) con la asistencia del Comité de Coordinación, preparará un Informe anual sobre las actividades de la Unión que, después de aprobado por el Consejo, será enviado a todos los Miembros;

t) realizará las demás funciones de secretaría de la Unión;

u) cumplirá cuantas funciones pueda encomendarle el Consejo.

2. El Secretario General o el Vicesecretario General podrán asistir con carácter consultivo, a las conferencias de la Unión. El Secretario General o su representante podrá participar con carácter consultivo en las demás reuniones de la Unión.

SECCION 4

Artículo 6º

El Comité de Coordinación

1. (1) El Comité de Coordinación asistirá y asesorará al Secretario General en todos los asuntos citados en el artículo 26 de la Constitución y en los artículos pertinentes del presente Convenio.

(2) El Comité será responsable de la coordinación con todas las organizaciones internacionales mencionadas en los artículos 49 y 50 de la Constitución en lo que se refiere a la representación de la Unión en las conferencias de esas organizaciones.

(3) El Comité examinará los progresos de los trabajos de la Unión y asistirá al Secretario General en la preparación, para su presentación al Consejo, del Informe a que se hace referencia en el número 86 del presente Convenio.

2. El Comité procurará adoptar sus conclusiones por unanimidad. De no obtener el apoyo de la mayoría del Comité, su Presidente podrá tomar decisiones bajo su propia responsabilidad en casos excepcionales, si estima que la decisión sobre los asuntos tratados es urgente y no puede aplazarse hasta la próxima reunión del Consejo. En tales casos, informará de ello rápidamente y por escrito a los Miembros del Consejo, exponiendo las razones que le guían y cualquier opinión presentada por escrito por otros miembros del Comité. Si en tales casos los asuntos no fuesen urgentes, pero sí importantes, se someterán a la consideración de la próxima reunión del Consejo.

3. El Presidente convocará el Comité como mínimo una vez al mes; en caso necesario, el Comité se podrá reunir también a petición de dos de sus miembros.

4. Se elaborará un informe de las actividades del Comité de Coordinación, que se hará llegar a los Miembros del Consejo a petición de los mismos.

SECCION 5

El Sector de Radiocomunicaciones

Artículo 7º

Las Conferencias Mundiales de

Radiocomunicaciones

1. De conformidad con el número 90 de la Constitución, se convocarán Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones para examinar cuestiones específicas de radiocomunicaciones. Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones tratarán los puntos incluidos en su orden del día, adoptado de conformidad con las disposiciones pertinentes de este artículo.

2. (1) En el orden del día de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones podrá incluirse:

a) la revisión parcial o, excepcionalmente, total del Reglamento de Radiocomunicaciones mencionado en el artículo 4º de la Constitución;

b) cualquier otra cuestión de carácter mundial que sea de la competencia de la conferencia;

c) un punto sobre instrucciones a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y a la Oficina de Radiocomunicaciones en lo que respecta a sus actividades y al examen de estas últimas;

d) la adopción de las cuestiones que haya de estudiar la Asamblea de Radiocomunicaciones, así como los asuntos que ésta deba examinar en relación con futuras Conferencias de Radiocomunicaciones.

(2) El ámbito general de dicho orden del día debería ser establecido con cuatro años de anterioridad, y el orden del día definitivo será fijado por el Consejo, preferentemente dos años antes de la Conferencia con el acuerdo de la mayoría de los Miembros de la Unión, a reserva de lo establecido en el número 47 del presente Convenio.

(3) En el orden del día figurará todo asunto cuya inclusión haya decidido la Conferencia de Plenipotenciarios.

3. (1) Este orden del día podrá modificarse:

a) a petición de la cuarta parte, por lo menos, de los Miembros de la Unión. Las peticiones deberán dirigirse individualmente al Secretario General, el cual las someterá al Consejo para su aprobación;

b) a propuesta del Consejo.

(2) Las modificaciones propuestas al orden del día de una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones sólo quedarán definitivamente adoptadas previo acuerdo de la mayoría de los Miembros de la Unión, a reserva de lo establecido en el número 47 del presente Convenio.

4. Asimismo, la Conferencia:

(1) examinará y aprobará el informe del Director de la Oficina sobre las actividades del Sector desde la última Conferencia;

(2) recomendará al Consejo la inclusión en el orden del día de la próxima Conferencia de los puntos que considere oportunos, expondrá su opinión sobre los órdenes del día de un ciclo de Conferencias de Radiocomunicaciones de cuatro años y hará una estimación de sus consecuencias financieras;

(3) incluirá en sus decisiones, según el caso, instrucciones o peticiones al Secretario General y a los Sectores de la Unión.

5. El Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea de Radiocomunicaciones o de la Comisión o Comisiones de Estudio pertinentes podrán participar en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones asociada.

Artículo 8º

Las Asambleas de Radiocomunicaciones

1. Las Asambleas de Radiocomunicaciones estudiarán y formularán recomendaciones sobre las cuestiones que haya adoptado siguiendo sus propios procedimientos o le encomienden la Conferencia de Plenipotenciarios, cualquier otra conferencia, el Consejo o la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.

2. En cuanto al número 129 anterior, las Asambleas de Radiocomunicaciones:

(1) examinarán los informes de las Comisiones de Estudio, preparados de conformidad con el número 157 siguiente y aprobarán, modificarán o rechazarán los proyectos de recomendación contenidos en los mismos;

(2) teniendo en cuenta la necesidad de reducir al mínimo las cargas que pesan sobre los recursos de la Unión, aprobarán el programa de trabajo resultante del examen de las cuestiones existentes y nuevas y determinarán la prioridad, la urgencia, las consecuencias financieras previsibles y el calendario para la terminación de su estudio;

(3) a la luz del programa de trabajo aprobado a que se hace referencia en el número 132 anterior, decidirán en cuanto a la necesidad de crear, mantener o suprimir Comisiones de Estudio y atribuirán a cada una de ellas las cuestiones correspondientes;

(4) en la medida de lo posible, agruparán las cuestiones de interés para los países en desarrollo, con el fin de facilitar la participación de esos países en el estudio de tales cuestiones;

(5) proporcionarán asesoramiento sobre asuntos de su competencia en respuesta a las solicitudes formuladas por una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones;

(6) informarán a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones a la que están asociadas del estado de los asuntos que puedan incluirse en el orden del día de futuras conferencias de radiocomunicaciones.

3. La Asamblea de Radiocomunicaciones será presidida por una personalidad designada por el Gobierno del país en que se celebre la reunión o, si ésta se celebra en la Sede de la Unión, por una persona elegida por la propia Asamblea. El Presidente estará asistido por Vicepresidentes elegidos por la Asamblea.

Artículo

Las Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones

El orden del día de las Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones sólo podrá contener puntos relativos a cuestiones específicas de radiocomunicaciones de carácter regional, incluyendo instrucciones a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y a la Oficina de Radiocomunicaciones relacionadas con sus actividades respecto a la Región considerada, siempre que tales instrucciones no estén en pugna con los intereses de otras Regiones. Estas conferencias se limitarán estrictamente a tratar los asuntos que figuren en su orden del día. Las disposiciones de los números 118 a 123 anteriores se aplicarán a las Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones pero solamente en lo que afecta a los Miembros de la Región interesada.

Artículo 10

La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

1. La Junta estará compuesta por nueve miembros elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios.

2. Además de las funciones especificadas en el artículo 14 de la Constitución, la Junta examinará también los informes del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones relativos a los estudios realizados, a solicitud de una o varias de las administraciones interesadas, sobre los casos de interferencia perjudicial y formulará las recomendaciones procedentes.

3. Los miembros de la Junta tendrán el deber de participar, con carácter consultivo, en las Conferencias de Radiocomunicaciones y en las Asambleas de Radiocomunicaciones. El Presidente y el Vicepresidente de la Junta o los miembros de la Junta que les representen deberán participar, con carácter consultivo, en las Conferencias de Plenipotenciarios. En todos estos casos, los miembros en quienes recaiga esta obligación no participarán en estas conferencias como miembros de sus delegaciones nacionales.

4. Sólo correrán por cuenta de la Unión los gastos de viaje, las dietas y los seguros de los miembros de la Junta con motivo del desempeño de sus funciones para la Unión.

5. Los métodos de trabajo de la Junta serán los siguientes:

(1) Los miembros de la Junta elegirán de entre ellos un Presidente y un Vicepresidente, que permanecerán en funciones un año. Transcurrido éste, el Vicepresidente sucederá al Presidente y se elegirá un nuevo Vicepresidente. En caso de ausencia del Presidente y del Vicepresidente, la Junta elegirá para sustituirlos, de entre sus miembros, un Presidente Interino.

(2) La Junta se reunirá normalmente no más de cuatro veces al año, en general en la Sede de la Unión, con la asistencia como mínimo de dos tercios de sus miembros, y podrá desempeñar sus funciones utilizando los modernos medios de comunicación.

(3) La Junta procurará adoptar sus decisiones por unanimidad. Si ello no fuese posible, sólo serán válidas las decisiones tomadas con el voto a favor de dos tercios de los miembros de la Junta, como mínimo. Cada miembro de la Junta tendrá un voto; no se admitirá el voto por delegación.

(4) La Junta podrá adoptar las disposiciones internas que considere necesarias, conformes con la Constitución, el presente Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones. Tales disposiciones se publicarán en el Reglamento Interno de la Junta.

Artículo 11

Las Comisiones de Estudio de

Radiocomunicaciones

1. Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones serán establecidas por las Asambleas de Radiocomunicaciones.

2. (1) Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones estudiarán cuestiones y redactarán proyectos de Recomendación sobre los asuntos que les hayan sido sometidos de conformidad con las disposiciones del artículo 7 del presente Convenio. Estos proyectos se someterán para su aprobación a una Asamblea de Radiocomunicaciones o, en el intervalo entre dos Asambleas, a las Administraciones por correspondencia, de conformidad con el procedimiento que adopte la Asamblea. Las Recomendaciones aprobadas tendrán la misma categoría que las aprobadas por la Asamblea.

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 158 siguiente, el estudio de tales cuestiones se centrará en lo siguiente:

a) la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas en las radiocomunicaciones terrenales y espaciales (y la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios);

b) las características y la calidad de funcionamiento de los sistemas radioeléctricos;

c) la explotación de las estaciones de radiocomunicación;

d) los aspectos de las radiocomunicaciones relacionados como el socorro y la seguridad.

(3) Estos estudios no versarán, por lo general, sobre cuestiones económicas pero, si entrañan la comparación de soluciones técnicas alternativas, podrán tomarse en consideración los factores económicos.

3. Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones realizarán también estudios preparatorios y formularán informes sobre las cuestiones técnicas, de explotación o de procedimiento que hayan de examinar las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones, de conformidad con el programa de trabajo adoptado al respecto por una Asamblea de Radiocomunicaciones o según instrucciones del Consejo.

4. Cada Comisión de Estudio preparará, para la Asamblea de Radiocomunicaciones, un informe en el que se indiquen los progresos realizados, las Recomendaciones adoptadas de acuerdo con el procedimiento de consulta del número 149 y los proyectos de Recomendaciones nuevas o revisadas, para su examen por la Asamblea.

5. Teniendo en cuenta el número 79 de la Constitución, los Sectores de Radiocomunicaciones y de Normalización de las Telecomunicaciones deberán someter a un examen constante las tareas enunciadas en los números 151 a 154 anteriores y en el número 193 siguiente en relación con el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones, a fin de llegar a un común acuerdo sobre posibles cambios de la distribución de las materias en estudio. Los dos Sectores cooperarán estrechamente y adoptarán procedimientos para realizar ese examen y alcanzar acuerdo oportuna y eficazmente. Si no se llega a un acuerdo, el asunto podrá someterse por conducto del Consejo a la decisión de la Conferencia de Plenipotenciarios.

6. En el cumplimiento de su misión, las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones prestarán la debida atención al estudio de los problemas y a la elaboración de Recomendaciones directamente relacionadas con el establecimiento, el desarrollo y el perfeccionamiento de las telecomunicaciones en los países en desarrollo en los planos regional e internacional. Llevarán a cabo su labor tomando debidamente en consideración los trabajos de las organizaciones nacionales, regionales e internacionales que se ocupan de radiocomunicaciones, con las que cooperarán teniendo presente la necesidad de que la Unión conserve su posición preeminente en el campo de las telecomunicaciones.

7. Con objeto de facilitar el examen de las actividades en el Sector de Radiocomunicaciones, conviene tomar medidas para fomentar la cooperación y la coordinación con otras organizaciones que se ocupan de radiocomunicaciones y con los Sectores de Normalización de las Telecomunicaciones y de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Las funciones concretas, la forma de participación y las reglas de aplicación de estas medidas se determinarán en una Asamblea de Radiocomunicaciones.

Artículo 12

La Oficina de Radiocomunicaciones

1. El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones organizará y coordinará la actividad del Sector de Radiocomunicaciones. Las funciones de la Oficina se complementan con las especificadas en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

2. En particular, el Director;

(1) En relación con las Conferencias de Radiocomunicaciones:

a) coordinará los trabajos preparatorios de las Comisiones de Estudio y de la Oficina, comunicará a los Miembros los resultados de estos trabajos, recibirá sus observaciones y presentará un informe refundido a la Conferencia que puede incluir propuestas de naturaleza reglamentaria;

b) participará por derecho propio, pero con carácter consultivo, en las deliberaciones de la Asamblea de Radiocomunicaciones y de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones. Adoptará todas las medidas necesarias para la preparación de las Conferencias de Radiocomunicaciones y de las reuniones del Sector de Radiocomunicaciones, en consulta con la Secretaría General de conformidad con el número 94 del presente Convenio y, cuando proceda, con los demás Sectores de la Unión, teniendo debidamente en cuenta las directrices del Consejo en la realización de esos preparativos;

c) prestará asistencia a los países en desarrollo en sus preparativos para las Conferencias de Radiocomunicaciones.

(2) En relación con la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.

a) preparará y presentará proyectos de reglas de procedimiento a la aprobación de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones; estas reglas incluirán, entre otras cosas, los métodos de cálculo y los datos necesarios para la aplicación de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones;

b) distribuirá a los Miembros de la Unión las reglas de procedimiento de la Junta y recibirá las observaciones de las administraciones sobre las mismas;

c) tramitará la información recibida de las administraciones en aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones y de acuerdos regionales y la preparará en forma adecuada para su publicación;

d) aplicará las reglas de procedimiento aprobadas por la Junta, preparará y publicará conclusiones sobre la base de estas reglas y someterá a la Junta toda revisión de conclusión solicitada por una administración que no haya podido ser resuelta por aplicación de dichas reglas de procedimiento;

e) de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones, efectuará la inscripción y registro metódicos de las asignaciones de frecuencia y, en su caso, de las características orbitales asociadas; mantendrá al día el Registro Internacional de Frecuencias; revisará todas las inscripciones contenidas en el Registro con el objeto de modificar o suprimir, según el caso, las que no reflejen la utilización real del espectro de frecuencias, de acuerdo con la Administración interesada;

f) ayudará a resolver los casos de interferencia perjudicial a petición de una o varias de las administraciones interesadas y, cuando sea necesario, efectuará investigaciones y preparará, para examen por la Junta, un informe con proyectos de recomendaciones a las administraciones interesadas;

g) actuará de secretario ejecutivo de la Junta.

(3) El Director coordinará los trabajos de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y será responsable de la organización de esa labor.

(4) Asimismo el Director:

a) realizará estudios a fin de asesorar a los Miembros para la explotación del mayor número posible de canales radioeléctricos en las regiones del espectro de frecuencias en que puedan producirse interferencias perjudiciales y la utilización equitativa, eficaz y económica de la órbita de los satélites geoestacionarios, teniendo en cuenta las necesidades de los Miembros que requieran asistencia, las necesidades específicas de los países en desarrollo, así como la situación geográfica especial de determinados países;

b) intercambiará con los miembros datos en forma legible automáticamente y en otras formas, preparará y tendrá al día la documentación y las bases de datos del Sector de Radiocomunicaciones y organizará, junto con el Secretario General, su publicación en los idiomas de trabajo de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el número 172 de la Constitución;

c) llevará al día los registros necesarios;

d) someterá a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones un informe sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la última conferencia; si no está prevista ninguna Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, el informe referente a los dos años siguientes a la última conferencia se presentará al Consejo y a los miembros de la Unión;

e) preparará una estimación presupuestaria de las necesidades del Sector de Radiocomunicaciones basada en los costes y la transmitirá al Secretario General para su examen por el Comité de Coordinación y su inclusión en el presupuesto de la Unión.

3. El Director elegirá al personal técnico y administrativo de la Oficina ajustándose al presupuesto aprobado por el Consejo. El nombramiento de este personal técnico y administrativo lo hará el Secretario General de Acuerdo con el Director. Corresponderá al Secretario General decidir en último término acerca de su nombramiento o destitución.

4. El Director proporcionará la asistencia técnica necesaria al Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones en el marco de las disposiciones de la Constitución y del presente Convenio.

SECCION 6

EL SECTOR DE NORMALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES

Artículo 13

Las Conferencias Mundiales de Normalización de las Telecomunicaciones

1. De conformidad con el número 104 de la Constitución, se convocarán Conferencias Mundiales de Normalización de las Telecomunicaciones para examinar materias relacionadas con la normalización de las telecomunicaciones.

2. Las Conferencias Mundiales de Normalización de las Telecomunicaciones estudiarán y formularán recomendaciones sobre las cuestiones que hayan adoptado siguiendo sus propios procedimientos o sobre las que les encomiende la Conferencia de Plenipotenciarios, cualquier otra conferencia o el Consejo.

3. De conformidad con el número 104 de la Constitución, la Conferencia:

a) Examinará los informes de las Comisiones de Estudio preparados de conformidad con el número 194 del presente Convenio y aprobará, modificará o rechazará los proyectos de recomendación contenidos en los mismos.

b) Teniendo en cuenta la necesidad de reducir al mínimo la presión sobre los recursos de la Unión, aprobará el programa de trabajo resultante del examen de las cuestiones existentes y nuevas y determinará la prioridad, la urgencia, las consecuencias financieras previsibles y el calendario para la terminación de su estudio.

c) A la luz del programa de trabajo aprobado a que se hace referencia en el número 188 anterior, decidirá en cuanto a la necesidad de crear, mantener o suprimir Comisiones de Estudio y atribuir a cada una de ellas las cuestiones correspondientes.

d) En la medida de lo posible, agrupará cuestiones de interés para los países en desarrollo, con el fin de facilitar la participación de los mismos en el estudio de tales cuestiones.

e) Examinará y aprobará el informe del Director sobre las actividades del Sector desde la última Conferencia.

Artículo 14

Comisiones de Estudio de Normalización de las Telecomunicaciones

1. (1) Las Comisiones de Estudio de normalización de las telecomunicaciones estudiarán cuestiones y redactarán proyectos de recomendación sobre los asuntos que les hayan sido sometidos de conformidad con las disposiciones del artículo 13 del presente Convenio. Estos proyectos se someterán para su aprobación a una Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones, o, en el intervalo entre dos conferencias, a las administraciones por correspondencia de conformidad con el procedimiento que adopte la Conferencia. Las Recomendaciones así aprobadas tendrán la misma categoría que las aprobadas por la conferencia.

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 195 siguiente, estudiarán cuestiones técnicas, de explotación y de tarificación y formularán recomendaciones sobre las mismas con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial, incluidas las recomendaciones sobre interconexión de sistemas radioeléctricos en redes públicas de telecomunicación y sobre la calidad de funcionamiento exigida a esas interconexiones. Las cuestiones técnicas y de explotación relacionadas concretamente con las radiocomunicaciones e indicadas en los números 151 a 154 del presente Convenio serán de la competencia del Sector de Radiocomunicaciones.

(3) Cada Comisión de Estudio preparará para las Conferencias de Normalización de las Telecomunicaciones un informe en el que se indiquen los progresos realizados, las recomendaciones adoptadas de acuerdo con el procedimiento de consulta previsto en el número 192 anterior y los proyectos de recomendaciones nuevas o revisadas para su examen por la conferencia.

2. Teniendo en cuenta el número 105 de la Constitución, los Sectores de Normalización de las Telecomunicaciones y de Radiocomunicaciones deberán someter a un examen constante la distribución de las tareas enunciadas en el número 193 anterior y las indicadas en los números 151 a 154 del presente Convenio en relación con el Sector de Radiocomunicaciones, a fin de llegar a un común acuerdo sobre posibles cambios de la distribución de las materias en estudio. Los dos Sectores cooperarán estrechamente y adoptarán procedimientos para realizar ese examen y alcanzar acuerdos oportuna y eficazmente. Si no se llega a un acuerdo, el asunto podrá someterse por conducto del Consejo a la decisión de la Conferencia de Plenipotenciarios.

3. En el cumplimiento de su misión, las Comisiones de Estudio de normalización de las telecomunicaciones prestarán la debida atención al estudio de los problemas y a la elaboración de las recomendaciones directamente relacionadas con la creación, el desarrollo y el perfeccionamiento de las telecomunicaciones en los países en desarrollo, en los planos regional e internacional. Llevarán a cabo su labor tomando debidamente en consideración los trabajos de las organizaciones nacionales, regionales e internacionales de normalización, con las que cooperarán teniendo presente la necesidad de que la Unión conserve su posición preeminente en el sector de la normalización mundial de las telecomunicaciones.

4. Con objeto de facilitar el examen de las actividades en el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones, conviene tomar medidas para fomentar la cooperación y la coordinación con otras organizaciones que se ocupan de normalización y con los Sectores de Radiocomunicaciones y de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Las funciones concretas, la forma de participación y las reglas de aplicación de estas medidas se determinarán en una Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones.

Artículo 15

Oficina de Normalización de las

Telecomunicaciones

1. El Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones organizará y coordinará la actividad del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones.

2. En particular, el Director:

a) Actualizará anualmente, después de consultar a los Presidentes de las Comisiones de Estudio de normalización de las telecomunicaciones, el programa de trabajo aprobado por la Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones.

b) Participará por derecho propio, pero con carácter consultivo, en las deliberaciones de las Conferencias Mundiales de Normalización de las Telecomunicaciones y de las Comisiones de Estudio de normalización de las telecomunicaciones. Adoptará todas las medidas necesarias para la preparación de las conferencias y reuniones del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones en consulta con la Secretaría General de conformidad con el número 94 del presente Convenio y, cuando proceda, con los otros Sectores de la Unión, y teniendo debidamente en cuenta las directrices del Consejo en la realización de esos preparativos.

c) Tramitará la información recibida de las administraciones en aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales o de decisiones de las Conferencias Mundiales de Normalización de las Telecomunicaciones y la preparará en forma adecuada para su publicación.

d) Intercambiará con los miembros datos en forma legible automáticamente y en otras formas, preparará y tendrá al día la documentación y las bases de datos del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones y organizará, junto con el Secretario General, su publicación en los idiomas de trabajo de la Unión de conformidad con lo dispuesto en el número 172 de la Constitución.

e) Someterá a la Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones un informe sobre las actividades del Sector desde la última Conferencia; asimismo someterá al Consejo y a los Miembros de la Unión un informe referente a los dos años siguientes a la última Conferencia, a menos que se haya convocado una segunda Conferencia.

f) Preparará una estimación presupuestaria de las necesidades del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones basada en los costes y la transmitirá al Secretario General para su examen por el Comité de Coordinación y su inclusión en el presupuesto de la Unión.

3. El Director elegirá al personal técnico y administrativo de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones ajustándose al presupuesto aprobado por el Consejo. El Secretario General, de acuerdo con el Director, procederá al nombramiento de este personal técnico y administrativo. Corresponderá al Secretario General decidir en último término acerca de su nombramiento o destitución.

4. El Director proporcionará la asistencia técnica necesaria al Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones en el marco de las disposiciones de la Constitución y del presente Convenio.

SECCION 7

EL SECTOR DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Artículo 16

Las Conferencias de Desarrollo de las

Telecomunicaciones

1. De conformidad con el número 118 de la Constitución, las funciones de las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones serán las siguientes:

a) Las Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones establecerán programas de trabajo y directrices para la definición de las cuestiones y las prioridades de desarrollo de las telecomunicaciones y proporcionarán orientaciones y directrices para el programa de trabajo del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Podrán establecer las Comisiones de Estudio que consideren necesarias.

b) Las Conferencias Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones podrán asesorar a la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones en cuanto a las necesidades y características específicas de las telecomunicaciones de la Región de que se trate y podrán asimismo someter recomendaciones a las Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

c) Las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones deberían fijar objetivos y estrategias para el desarrollo equilibrado de las telecomunicaciones mundiales y regionales, brindando especial consideración a la expansión y modernización de las redes y servicios de los países en desarrollo, así como a la movilización de los recursos necesarios para ello. Servirán de foro para el estudio de las cuestiones de política, de organización, de explotación, reglamentarias, técnicas y financieras y de los aspectos conexos, incluyendo la identificación de nuevas fuentes de financiación y su implantación.

d) Dentro de su ámbito de competencia, las Conferencias Mundiales y Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones examinarán los informes que se les presenten y evaluarán las actividades del Sector; asimismo, podrán considerar aspectos del desarrollo de las telecomunicaciones relacionados con las actividades de otros Sectores de la Unión.

2. El Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones preparará el proyecto de orden del día de las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Secretario General lo someterá al Consejo para su aprobación con el acuerdo de la mayoría de los Miembros de la Unión en el caso de una Conferencia Mundial o de la mayoría de los Miembros de la Unión pertenecientes a la Región de que se trate en el caso de una Conferencia Regional, a reserva de lo previsto en el número 47 del presente Convenio.

Artículo 17

Las Comisiones de Estudio de Desarrollo de las Telecomunicaciones

1. Las Comisiones de Estudio de desarrollo de las telecomunicaciones se ocuparán de cuestiones específicas de telecomunicaciones de interés general para los países en desarrollo, incluidas las indicadas en el número 211 del presente Convenio. El número y el período de actividad de estas Comisiones se limitarán en función de los recursos disponibles, y su mandato se concretará en cuestiones y temas prioritarios para los países en desarrollo y se orientará a tareas prácticas.

2. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el número 119 de la Constitución, los asuntos estudiados en los Sectores de Radiocomunicaciones, Normalización de las Telecomunicaciones y Desarrollo de las Telecomunicaciones, serán objeto de constante examen por los Sectores para llegar a un acuerdo sobre la distribución del trabajo, evitar duplicidad de esfuerzos y mejorar la coordinación. Los Sectores adoptarán los procedimientos necesarios para efectuar esos exámenes y llegar a esos acuerdos de un modo oportuno y eficaz.

Artículo 18

Oficina y Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones

1. El Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones organizará y coordinará los trabajos del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

2. En particular, el Director:

a) Participará por derecho propio, pero con carácter consultivo, en las deliberaciones de las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones y de las Comisiones de Estudio de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Adoptará todas las medidas necesarias para la preparación de las conferencias y reuniones del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en consulta con la Secretaría General de conformidad con el número 94 del presente Convenio y, cuando proceda, con los otros Sectores de la Unión, teniendo debidamente en cuenta las directrices formuladas por el Consejo para la realización de esos trabajos preparatorios;

b) Tramitará la información recibida de las administraciones en aplicación de las resoluciones y decisiones pertinentes de la Conferencia de Plenipotenciarios y de las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y la preparará en forma adecuada para su publicación;

c) Intercambiará con los miembros datos en forma legible automáticamente y en otras formas, preparará y tendrá al día la documentación y las bases de datos del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones y organizará junto con el Secretario General su publicación en los idiomas de trabajo de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el número 172 de la Constitución;

d) Reunirá y preparará para su publicación, en colaboración con la Secretaría General y los demás Sectores de la Unión, las informaciones de carácter técnico o administrativo que puedan ser de especial utilidad para los países en desarrollo, con el fin de ayudarles a perfeccionar sus redes de telecomunicación; señalará a la atención de estos países las posibilidades que ofrecen los programas internacionales patrocinados por las Naciones Unidas;

e) Someterá a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones un informe sobre las actividades del Sector desde la última Conferencia; asimismo someterá al Consejo y a los Miembros de la Unión un informe referente a los dos años siguientes a la última Conferencia;

f) Preparará una estimación presupuestaria para las necesidades del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones basada en los costes y la transmitirá al Secretario General para su examen por el Comité de Coordinación y su inclusión en el presupuesto de la Unión;

3. El Director trabajará en forma colegiada con otros funcionarios de elección a fin de reforzar el papel activador de la Unión en lo que respecta al estímulo del desarrollo de las telecomunicaciones y tomará las disposiciones necesarias con el Director de la Oficina correspondiente para la convocación de reuniones de información sobre las actividades del Sector de que se trate.

4. A solicitud de los Miembros interesados, el Director, con la asistencia de los Directores de las otras Oficinas, y, en su caso, del Secretario General, estudiará y asesorará sobre cuestiones relativas a sus telecomunicaciones nacionales; cuando ese estudio entrañe la comparación de variantes técnicas, podrán tenerse en cuenta los factores económicos.

5. El Director elegirá al personal técnico y administrativo de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, ajustándose al presupuesto aprobado por el Consejo. El nombramiento de este personal técnico y administrativo lo hará el Secretario General de acuerdo con el Director. Corresponderá al Secretario General decidir en último término acerca de su nombramiento o destitución.

6. El Director establecerá una Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y designará a los miembros de ésta en consulta con el Secretario General. La Junta estará compuesta por personas que representen una amplia y equitativa distribución de intereses y conocimientos en el desarrollo de las telecomunicaciones y elegirá a su presidente de entre sus miembros. La Junta asesorará al Director, que participará en sus reuniones, sobre las prioridades y estrategias de las actividades de la Unión en materia de desarrollo de las telecomunicaciones; entre otras cosas, formulará recomendaciones sobre la actuación orientada a promover la cooperación y coordinación con otras organizaciones interesadas en el desarrollo de las telecomunicaciones.

SECCION 8

DISPOSICIONES COMUNES A LOS TRES SECTORES

Artículo 19

Participación de entidades y organizaciones distintas de las administraciones en las actividades de la Unión

1. El Secretario General y los Directores de las Oficinas fomentarán una mayor participación en las actividades de la Unión de las siguientes organizaciones y entidades:

a) Las empresas de explotación reconocidas, los organismos científicos o industriales y las instituciones de financiación o de desarrollo autorizadas por el Miembro interesado.

b) Otras entidades que se ocupen de cuestiones de telecomunicaciones, autorizadas por el Miembro interesado.

c) Las organizaciones regionales y otras organizaciones internacionales de telecomunicación, de normalización, de financiación o de desarrollo.

2. Los Directores de las Oficinas mantendrán estrechas relaciones de trabajo con las entidades y organizaciones autorizadas a participar en las actividades de uno o varios Sectores de la Unión.

3. Toda solicitud de participación de cualquiera de las entidades a que se hace referencia en el número 229 anterior en los trabajos de un Sector, de conformidad con las disposiciones aplicables de la Constitución y del presente Convenio, aprobada por el Miembro correspondiente, será transmitida por éste al Secretario General.

4. Toda solicitud de cualquiera de las entidades a que se hace referencia en el número 230 anterior, presentada por el Miembro correspondiente, será tramitada de conformidad por el procedimiento que establezca al efecto el Consejo. Esa solicitud será examinada por el Consejo para cerciorarse de su conformidad con el procedimiento anterior.

5. Toda solicitud de participación en los trabajos del Sector formulada por cualquiera de las entidades u organizaciones indicadas en el número 231 anterior con excepción de las mencionadas en los números 260 y 261 siguientes, deberá ser enviada al Secretario General y se tramitará con arreglo a los procedimientos establecidos por el Consejo.

6. Toda solicitud de participación de cualquiera de las organizaciones a que se hace referencia en los números 260 a 262 del presente Convenio en los trabajos de un Sector se enviará al Secretario General y la organización correspondiente se incluirá en las listas a que se hace referencia en el número 237 siguiente.

7. El Secretario General preparará y mantendrá listas actualizadas de las entidades y organizaciones a que se hace referencia en los números 229 a 231 así como en los números 260 a 262 del presente Convenio y que están autorizadas a participar en los anteriores trabajos de los Sectores y, a intervalos apropiados, publicará y distribuirá esas listas a todos los Miembros y al Director de la Oficina del Sector interesado, quien comunicará a las entidades y organizaciones interesadas el curso dado a su solicitud.

8. Las organizaciones y entidades contenidas en las listas a que se hace referencia en el número 237 se considerarán también "miembros" de esos Sectores de la Unión; las condiciones de su participación en dichos Sectores se especifican en el presente artículo, en el artículo 33 y en otras disposiciones pertinentes del presente Convenio. Las disposiciones del artículo 3 de la Constitución no se aplican a estos "miembros".

9. Toda empresa de explotación reconocida podrá actuar en nombre del Miembro que la haya reconocido, siempre que ese Miembro comunique al Director de la Oficina del Sector interesado la correspondiente autorización.

10. Toda entidad u organización autorizada a participar en los trabajos de un Sector tendrá derecho a denunciar su participación en el mismo mediante notificación dirigida al Secretario General. Esta participación podrá ser también denunciada, en su caso, por el Miembro interesado. La denuncia surtirá efecto transcurrido un año desde el día de recepción de la notificación por el Secretario General.

11. El Secretario General eliminará de la lista de entidades y organizaciones aquéllas que ya no estén autorizadas a participar en los trabajos de un Sector, de conformidad con los criterios y procedimientos que determine el Consejo.

Artículo 20

Gestión de los asuntos en las Comisiones de Estudio

1. La Asamblea de Radiocomunicaciones, la Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones y las Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones nombrarán un Presidente para cada Comisión de Estudio y, normalmente, un Vicepresidente. Para el nombramiento de Presidentes y de Vicepresidentes se tendrán particularmente presentes la competencia personal y una distribución geográfica equitativa, así como la necesidad de fomentar una participación más eficaz de los países en desarrollo.

2. Si el volumen de trabajo de una Comisión de Estudio lo requiere, la Asamblea y las Conferencias nombrarán los Vicepresidentes que estimen necesarios, normalmente no más de dos en total.

3. Si en el intervalo entre dos asambleas o conferencias del correspondiente Sector, el Presidente de una Comisión de Estudio se ve imposibilitado de ejercer sus funciones y sólo se hubiera nombrado un Vicepresidente, éste le sustituirá en el cargo. Si para esa Comisión de Estudio se hubiera nombrado más de un Vicepresidente, la Comisión, en su reunión siguiente, elegirá de entre ellos un nuevo Presidente y, si fuere necesario, un nuevo Vicepresidente de entre sus miembros. De igual modo, si durante ese período, uno de los Vicepresidentes se ve imposibilitado de ejercer sus funciones, se elegirá otro.

4. Los asuntos confiados a las Comisiones de Estudio se tratarán, en lo posible, por correspondencia, utilizando los medios de comunicación más modernos.

5. El Director de la Oficina de cada Sector, en base a las decisiones de la conferencia o asamblea competente, previa consulta con el Secretario General y tras la coordinación prescrita en la Constitución y el Convenio, establecerá el plan general de las reuniones de las Comisiones de Estudio.

6. Las Comisiones de Estudio podrán adoptar medidas para obtener la aprobación por los Miembros de las recomendaciones elaboradas entre dos conferencias. Para obtener dicha aprobación se aplicarán los procedimientos aprobados por la asamblea o conferencia competente. Las recomendaciones así aprobadas tendrán igual categoría que las aprobadas por la propia conferencia.

7. En caso necesario, se podrán constituir grupos de trabajo mixtos para estudiar las cuestiones que requieran la participación de expertos de varias Comisiones de Estudio.

8. El Director de la Oficina interesada enviará los informes finales de las Comisiones de Estudio a las administraciones, a las organizaciones y a las empresas participantes en el Sector. En ellos se incluirá una lista de las recomendaciones aprobadas de conformidad con el número 247 anterior. Estos informes se enviarán tan pronto como sea posible y, en todo caso, con tiempo suficiente para que lleguen a su destino un mes antes, por lo menos, de la fecha de apertura de la conferencia de que se trate.

Artículo 21

Recomendaciones de una conferencia a otra

1. Toda conferencia podrá someter a otra conferencia de la Unión recomendaciones derivadas de su ámbito de competencia.

2. Estas recomendaciones se dirigirán a su debido tiempo al Secretario General, a fin de que puedan ser agrupadas, coordinadas y comunicadas en las condiciones previstas en el número 320 del presente Convenio.

Artículo 22

Relaciones entre los Sectores y con las organizaciones internacionales

1. Los Directores de las Oficinas podrán acordar, después de las consultas y la coordinación prescritas por la Constitución y el Convenio y las decisiones de las conferencias o asambleas competentes, la organización de reuniones mixtas de Comisiones de Estudio pertenecientes a dos o tres Sectores, con el objeto de estudiar cuestiones de interés común y la preparación de proyectos de recomendación sobre las mismas. Estos proyectos de recomendación se someterán a las conferencias o asambleas competentes de los Sectores interesados.

2. Podrán asistir con carácter consultivo a las conferencias o reuniones de un Sector el Secretario General, el Vicesecretario General, los Directores de las Oficinas de los otros Sectores o sus representantes y los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones. En caso necesario, tales conferencias o reuniones podrán invitar a la Secretaría General o a cualquier otro Sector que no haya considerado necesario estar representado en ellas, a que envíen observadores a sus reuniones, también con carácter consultivo.

3. Cuando se invite a uno de los Sectores a participar en una reunión de una organización internacional, el Director del mismo podrá tomar las disposiciones necesarias, habida cuenta del número 107 del presente Convenio, para la designación de un representante con carácter consultivo.

CAPITULO II

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS CONFERENCIAS

Artículo 23

Invitación a las Conferencias de Plenipotenciarios y admisión a las mismas cuando haya Gobierno invitante

1. Las fechas exactas y el lugar de la Conferencia se fijarán de conformidad con las disposiciones del artículo 1º del presente Convenio, previa consulta con el Gobierno invitante.

2. (1) Un año antes de la fecha de apertura de la Conferencia, el Gobierno invitante enviará la invitación al Gobierno de cada Miembro de la Unión.

(2) Dichas invitaciones podrán enviarse ya directamente, ya por conducto del Secretario General, o bien a través de otro Gobierno.

3. El Secretario General invitará a las siguientes organizaciones, a que envíen observadores:

a) Las Naciones Unidas.

b) Las organizaciones regionales de telecomunicaciones mencionadas en el artículo 43 de la Constitución.

c) Las organizaciones intergubernamentales que explotan sistemas de satélite.

d) Los organismos especializados de las Naciones Unidas y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

4. (1) Las respuestas de los Miembros de la Unión deberán obrar en poder del Gobierno invitante al menos un mes antes de la fecha de apertura de la Conferencia y en ellas se hará constar, de ser posible, la composición de la delegación.

(2) Dichas respuestas podrán enviarse al Gobierno invitante bien directamente, bien por conducto del Secretario General, o bien a través de otro Gobierno.

(3) Las respuestas de los organismos y organizaciones a que se hace referencia en los números 259 a 262 anteriores deberán obrar en poder del Secretario General un mes antes de la fecha de apertura de la Conferencia.

5. La Secretaría General y las tres Oficina de la Unión estarán representadas en la Conferencia con carácter consultivo.

6. Se admitirá en las Conferencias de Plenipotenciarios a:

a) Las delegaciones.

b) Los observadores de las organizaciones y de los organismos invitados de conformidad con los números 259 a 262 anteriores.

Artículo 24

Invitación a las Conferencias de Radiocomunicaciones y admisión a las mismas cuando haya Gobierno invitante

1. Las fechas exactas y el lugar de la Conferencia se fijarán de conformidad con las disposiciones del artículo 3º del presente Convenio, previa consulta con el Gobierno invitante.

2. (1) Lo dispuesto en los números 256 a 265 del presente Convenio se aplicará a las Conferencias de Radiocomunicaciones.

(2) Los Miembros de la Unión deberían informar a las empresas de explotación reconocidas de la invitación que han recibido a participar en una Conferencia de Radiocomunicaciones.

3. (1) El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo o a propuesta de éste, podrá enviar una notificación a las organizaciones internacionales no previstas en los números 259 a 262 del presente Convenio que puedan tener interés en que sus observadores participen con carácter consultivo en los trabajos de la conferencia.

(2) Las organizaciones internacionales interesadas a que se refiere el número 273 anterior, dirigirán al Gobierno invitante una solicitud de admisión dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la notificación.

(3) El Gobierno invitante agrupará las solicitudes; corresponderá a la Conferencia decidir sobre la admisión.

4. Se admitirá en las Conferencias de Radiocomunicaciones a:

a) Las delegaciones.

b) Los observadores de las organizaciones y organismos a que se hace referencia en los números 259 a 262 del presente Convenio.

c) Los observadores de las organizaciones internacionales que hayan sido admitidas según lo dispuesto en los números 273 a 275 anteriores.

d) Los observadores que representen a empresas de explotación reconocidas admitidas de conformidad, con el artículo 19 del presente Convenio a participar en las Comisiones de Estudio de radiocomunicaciones y que hayan sido autorizados por el Miembro interesado.

e) Con carácter consultivo, los funcionarios de elección, cuando la Conferencia trate asuntos de su competencia, y los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.

f) Los observadores de los Miembros de la Unión que, sin derecho de voto, participen en la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de una Región diferente a la que pertenezcan.

Artículo 25

Invitación a las Asambleas de Radiocomunicaciones, a las Conferencias de Normalización de las Telecomunicaciones y de Desarrollo de las Telecomunicaciones y admisión a las mismas cuando haya Gobierno invitante

1. Las fechas exactas y el lugar de cada Asamblea o Conferencia se fijarán de conformidad con las disposiciones del artículo 3º del presente Convenio, previa consulta con el Gobierno invitante.

2. Un año antes de la fecha de apertura de la Asamblea o de la Conferencia, el Secretario General, previa consulta con el Director de la Oficina interesada, enviará una invitación a:

a) La administración de cada Miembro de la Unión.

b) Las entidades y organizaciones autorizadas de conformidad con el artículo 19 del presente Convenio a participar en las actividades del Sector interesado.

c) Las organizaciones regionales de telecomunicación mencionadas en el artículo 43 de la Constitución.

d) Las organizaciones intergubernamentales que explotan sistemas de satélite.

e) Cualquier otra organización regional o internacional que se ocupe de materias de interés para la Asamblea o la Conferencia.

3. Asimismo el Secretario General invitará a las siguientes organizaciones a que envíen observadores:

a) Las Naciones Unidas.

b) Los organismos especializados de las Naciones Unidas y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

4. Las respuestas deberán obrar en poder del Secretario General al menos un mes antes de la fecha de apertura de la Asamblea o la Conferencia y contener en lo posible toda clase de información sobre la composición de la delegación o representación.

5. La Secretaría General y los funcionarios de elección de la Unión estarán representados en la Asamblea o la Conferencia con carácter consultivo.

6. Se admitirá en la Asamblea o Conferencia:

a) A las delegaciones.

b) A los observadores de las organizaciones invitadas de conformidad con los números 287 a 289, 291 y 292 anteriores;

c) A los representantes de las entidades y organizaciones a que se hace referencia en el número 286 anterior.

Artículo 26

Procedimiento para la convocación o cancelación de Conferencias Mundiales o de Asambleas de Radiocomunicaciones a petición de Miembros de la Unión o a propuesta del Consejo

1. En las siguientes disposiciones se describe el procedimiento aplicable para convocar una segunda Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones en el intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios sucesivas, para determinar sus fechas exactas y su lugar y para cancelar la segunda Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones o la segunda Asamblea de Radiocomunicaciones.

2. (1) Los Miembros de la Unión que deseen la convocación de una segunda Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones lo comunicarán al Secretario General, indicando, las fechas y el lugar propuestos para la Conferencia.

(2) Si el Secretario General recibe peticiones concordantes de una cuarta parte, al menos, de los Miembros de la Unión, informará inmediatamente a todos los Miembros, por los medios de telecomunicación más adecuados, y les pedirá que le indiquen, en el término de seis semanas si aceptan o no la propuesta formulada.

(3) Si la mayoría de los Miembros, determinada de acuerdo con lo establecido en el número 47 del presente Convenio, se pronuncia en favor del conjunto de la propuesta, es decir, si acepta al mismo tiempo, las fechas y el lugar propuestos, el Secretario General lo comunicará inmediatamente a todos los Miembros de la Unión por los medios más adecuados de telecomunicación.

(4) Si la propuesta aceptada se refiere a la reunión de la Conferencia en lugar distinto de la Sede de la Unión, el Secretario General, con el asentimiento del Gobierno interesado, adoptará las medidas necesarias para convocar la conferencia.

(5) Si la propuesta no es aceptada en su totalidad (fechas y lugar) por la mayoría de los Miembros, determinada de acuerdo con lo establecido en el número 47 del presente Convenio, el Secretario General comunicará las respuestas recibidas a los Miembros de la Unión y les invitará a que se pronuncien definitivamente, dentro de las seis semanas de su recepción, sobre el punto o los puntos en litigio.

(6) Se considerarán adoptados dichos puntos cuando reciban la aprobación de la mayoría de los Miembros, determinada de acuerdo con lo establecido en el número 47 del presente Convenio.

3. (1) Cualquier Miembro de la Unión que desee que la segunda Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones o la segunda Asamblea de Radiocomunicaciones se cancele informará en consecuencia al Secretario General quien recibe peticiones concordantes de una cuarta parte, por lo menos, de los Miembros, informará inmediatamente a todos los Miembros por los medios de telecomunicación más adecuados y les pedirá que indiquen, en el término de seis semanas, si aceptan o no la propuesta formulada.

(2) Si la mayoría de los Miembros, determinada de acuerdo con lo establecido en el número 47 del presente Convenio, se pronuncia en favor de la propuesta, el Secretario General lo comunicará inmediatamente a todos los Miembros por los medios de telecomunicación más adecuados y se cancelará la Conferencia o la Asamblea.

4. El procedimiento descrito en los números 301 a 307 anteriores, con la excepción del número 306, se aplicará también cuando la propuesta de convocación de una segunda Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones o de cancelación de una segunda Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones o de una segunda Asamblea de Radiocomunicaciones proceda del Consejo.

5. Cualquier Miembro de la Unión que desee que se convoque una Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, lo propondrá a la Conferencia de Plenipotenciarios; el orden del día, las fechas exactas y el lugar de esa Conferencia se determinarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del presente Convenio.

Artículo 27

Procedimiento para la convocación de Conferencias Regionales a petición de Miembros de la Unión o a propuesta del Consejo

En el caso de las Conferencias Regionales, el procedimiento previsto en los números 300 a 305 del presente Convenio se aplicará sólo a los Miembros de la Región interesada. Cuando la convocación se haga por iniciativa de los Miembros de la Región, bastará con que el Secretario General reciba solicitudes concordantes de una cuarta parte de los Miembros de la misma. El procedimiento descrito en los números 301 a 305 del presente Convenio se aplicará también cuando la propuesta de celebrar una Conferencia Regional proceda del Consejo.

Artículo 28

Disposiciones relativas a las conferencias que se reúnan sin Gobierno invitante

Cuando una conferencia haya de celebrarse sin Gobierno invitante, se aplicarán las disposiciones de los artículos 23, 24 y 25 del presente Convenio. El Secretario General adoptará las disposiciones necesarias para convocar y organizar la conferencia en la Sede de la Unión, de acuerdo con el Gobierno de la Confederación Suiza.

Artículo 29

Cambio de fechas o de lugar de una conferencia

1. Las disposiciones de los artículos 26 y 27 del presente Convenio relativas a la convocación de una conferencia se aplicarán por analogía cuando, a petición de los Miembros de la Unión o a propuesta del Consejo, se trate de cambiar las fechas o el lugar de celebración de una conferencia. Sin embargo, dichos cambios podrán efectuarse únicamente cuando la mayoría de los Miembros interesados, determinada de acuerdo con lo establecido en el número 47 del presente Convenio se haya pronunciado en su favor.

2. Todo Miembro que proponga cambiar las fechas o el lugar de celebración de una conferencia deberá obtener el apoyo del número requerido de Miembros.

3. El Secretario General hará conocer, llegado el caso, en la comunicación que prevé el número 301 del presente Convenio, las repercusiones financieras que pueda originar el cambio de fechas o de lugar, por ejemplo cuando ya se hubieran efectuado gastos para preparar la conferencia en el lugar previsto inicialmente.

Artículo 30

Plazos y modalidades para la presentación de propuestas e informes a las conferencias

1. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a la Conferencia de Plenipotenciarios, las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Internacionales.

2. Enviadas las invitaciones, el Secretario General rogará inmediatamente a los Miembros que le remitan por lo menos cuatro meses antes del comienzo de la conferencia, las propuestas relativas a los trabajos de la misma.

3. Toda propuesta de enmienda al texto de la Constitución o del Convenio o de revisión de los reglamentos administrativos, deberá contener una referencia a los números del texto que hayan de ser objeto de enmienda o revisión. La propuesta irá acompañada de una concisa exposición de los motivos que la justifican.

4. El Secretario General indicará junto a cada propuesta recibida de un Miembro de la Unión el origen de la misma mediante el símbolo establecido por la Unión para este Miembro. Si la propuesta fuera patrocinada por más de un Miembro, irá acompañada en la medida de lo posible del símbolo correspondiente a cada Miembro patrocinador.

5. El Secretario General enviará las propuestas a todos los Miembros, a medida que las vaya recibiendo.

6. El Secretario General reunirá y coordinará las propuestas recibidas de los Miembros, y las enviará a los Miembros a medida que las reciba, pero en todo caso con dos meses de antelación por lo menos a la apertura de la conferencia. Los funcionarios de elección y demás funcionarios de la Unión y los observadores y representantes que puedan asistir a conferencias de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Convenio no estarán facultados para presentar propuestas.

7. El Secretario General reunirá también los informes recibidos de los Miembros, del Consejo y de los Sectores de la Unión, y las recomendaciones de las conferencias y los enviará, junto con un eventual informe propio, a los Miembros por lo menos cuatro meses antes de la apertura de la conferencia.

8. El Secretario General enviará a todos los Miembros lo antes posible las propuestas recibidas después del plazo especificado en el número 316 anterior.

9. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las que, en relación con las enmiendas, se contienen en el artículo 55 de la Constitución y en el artículo 42 del presente Convenio.

Artículo 31

Credenciales para las Conferencias

1. Las delegaciones enviadas por los Miembros de la Unión a una Conferencia de Plenipotenciarios, a una Conferencia de Radiocomunicaciones o a una Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales deberán estar debidamente acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en los números 325 a 331 siguientes.

2. (1) Las credenciales de las delegaciones enviadas a las Conferencias de Plenipotenciarios estarán firmadas por el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno o el Ministro de Relaciones Exteriores.

(2) Las credenciales de las delegaciones enviadas a las demás conferencias citadas en el número 324 anterior estarán firmadas por el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno, el Ministro de Relaciones Exteriores o el Ministro del ramo.

(3) A reserva de confirmación por una de las autoridades mencionadas en los números 325 ó 326 anteriores, y recibida con anterioridad a la firma de las Actas Finales, las delegaciones podrán ser acreditadas provisionalmente por el Jefe de la Misión diplomática del Miembro interesado ante el Gobierno del país en que se celebre la conferencia. De celebrarse la conferencia en la Confederación Suiza, las delegaciones podrán también ser acreditadas provisionalmente por el Jefe de la Delegación Permanente del Miembro interesado ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

3. Las credenciales serán aceptadas si están firmadas por una de las autoridades competentes mencionadas en los números 325 a 327 anteriores y responden a uno de los criterios siguientes:

- confieren plenos poderes a la legislación;

- autorizan a la delegación a representar a su Gobierno, sin restricciones;

- otorgan a la delegación o a algunos de sus miembros, poderes necesarios para firmar las Actas Finales.

4. (1) Las delegaciones cuyas credenciales reconozca en regla la sesión plenaria podrán ejercer el derecho de voto del Miembro interesado, a reserva de lo dispuesto en los números 169 y 210 de la Constitución, y firmar las Actas Finales.

(2) Las delegaciones cuyas credenciales no sean reconocidas en regla en sesión plenaria, perderán el derecho de voto y el derecho a firmar las Actas Finales hasta que la situación se haya regularizado.

5. Las credenciales se depositarán lo antes posible en la secretaría de la conferencia. La Comisión prevista en el número 361 del presente Convenio verificará las credenciales de cada delegación y presentará sus conclusiones en sesión plenaria en el plazo que esta especifique. Toda delegación tendrá derecho a participar en los trabajos y a ejercer el derecho de voto, mientras la sesión plenaria de la conferencia no se pronuncie sobre la validez de sus credenciales.

6. Por regla general, los Miembros de la Unión deberán esforzarse por enviar sus propias delegaciones a las conferencias de la Unión. Sin embargo, si por razones excepcionales un Miembro no pudiera enviar su propia delegación, podrá otorgar a la delegación de otro Miembro de la Unión poder para votar y firmar en su nombre. Estos poderes deberán conferirse por credenciales firmadas por una de las autoridades mencionadas en los números 325 ó 326 anteriores.

7. Una delegación con derecho de voto podrá otorgar a otra delegación con derecho de voto poder para que vote en su nombre en una o más sesiones a las que no pueda asistir. En tal caso, lo notificará oportunamente y por escrito al Presidente de la conferencia.

8. Ninguna delegación podrá ejercer más de un voto por poder.

9. No se aceptarán las credenciales ni las delegaciones de poder notificadas por telegrama, pero sí se aceptarán las respuestas telegráficas a las peticiones que, para precisar las credenciales, hagan el Presidente o la secretaría de la conferencia.

10. Un Miembro o una entidad u organización autorizada que desee enviar una delegación o representantes a una Conferencia de Normalización de las Telecomunicaciones, a una Conferencia de Desarrollo de las Telecomunicaciones o a una Asamblea de Radiocomunicaciones informará al Director de la Oficina del Sector interesado, indicando el nombre y la función de los miembros de la delegación o de los representantes.

CAPITULO III

REGLAMENTO INTERNO

Artículo 32

Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones

El Reglamento interno se aplicará sin perjuicio de las disposiciones relativas a las enmiendas que se contienen en el artículo 55 de la Constitución y en el artículo 42 del presente Convenio.

1. Orden de colocación

En las sesiones de las conferencias, las delegaciones se colocarán por orden alfabético de los nombres en francés de los Miembros representados.

2. Inauguración de la conferencia

1. (1) Precederá a la sesión de apertura de la conferencia una reunión de los Jefes de delegación, en el curso de la cual se preparará el orden del día de la primera sesión plenaria, y se formularán proposiciones sobre la organización y la designación del Presidente y los Vicepresidentes de la conferencia y de sus comisiones, habida cuenta de los principios de la rotación, de la distribución geográfica, de la competencia necesaria y de las disposiciones del número 346 siguientes.

(2) El Presidente de la reunión de Jefes de delegación se designará de conformidad con lo dispuesto en los números 344 y 345 siguientes.

2. (1) La conferencia será inaugurada por una personalidad designada por el Gobierno invitante.

(2) De no haber Gobierno invitante, procederá a la apertura el Jefe de delegación de mayor edad.

3. (1) En la primera sesión plenaria se procederá a la elección del Presidente, que recaerá, por lo general, en una personalidad designada por el Gobierno invitante.

(2) Si no hay Gobierno invitante, el Presidente se elegirá teniendo en cuenta la propuesta hecha por los Jefes de delegación en el curso de la reunión mencionada en el número 342 anterior.

4. En la primera sesión plenaria se procederá asimismo:

a) a la elección de los Vicepresidentes de la conferencia;

b) a la constitución de las comisiones de la conferencia y a la elección de los Presidentes y Vicepresidentes respectivos;

c) a la designación de la Secretaría de la conferencia, de conformidad con el número 97 del presente Convenio; la Secretaría podrá ser reforzada en caso necesario por personal de la administración del Gobierno invitante.

3. Atribuciones del Presidente de la conferencia

1. El Presidente, además de las atribuciones que le confiere el presente reglamento, abrirá y levantará las sesiones plenarias, dirigirá sus deliberaciones, velará por la aplicación del reglamento interno, concederá la palabra, someterá a votación las cuestiones que se planteen y proclamará las decisiones adoptadas.

2. Asumirá la dirección general de los trabajos de la conferencia y velará por el mantenimiento del orden durante las sesiones plenarias. Resolverá las mociones y cuestiones de orden y, en particular, estará facultado para proponer el aplazamiento o cierre del debate o la suspensión o levantamiento de una sesión. Asimismo, podrá diferir la convocación de una sesión plenaria cuando lo considere necesario.

3. Protegerá el derecho de las delegaciones a expresar libre y plenamente su opinión sobre la materia en debate.

4. Velará por que los debates se limiten al asunto en discusión y podrá interrumpir a todo orador que se aparte del tema, para recomendarle que se circunscriba a la materia tratada.

4. Constitución de comisiones

1. La sesión plenaria podrá constituir comisiones para examinar los asuntos sometidos a la consideración de la conferencia. Dichas comisiones podrán, a su vez, establecer subcomisiones. Las comisiones y subcomisiones podrán, asimismo formar grupos de trabajo.

2. Se establecerán subcomisiones y grupos de trabajo cuando sea necesario.

3. A reserva de lo dispuesto en los números 356 y 357 anteriores, se constituirán las siguientes comisiones:

4.1 Comisión de Dirección

a) Estará constituida normalmente por el Presidente de la conferencia o reunión, quien la presidirá, por los Vicepresidentes de la conferencia y por los Presidentes y Vicepresidentes de las comisiones.

b) La Comisión de Dirección coordinará toda cuestión relativa al buen desarrollo de los trabajos y programará el orden y número de sesiones, evitando, en lo posible, su simultaneidad en atención al reducido número de miembros de algunas delegaciones.

4.2 Comisión de Credenciales

La Conferencia de Plenipotenciarios, la Conferencia de Radiocomunicaciones o la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales nombrarán una Comisión de Credenciales, cuyo mandato consistirá en verificar las credenciales de las delegaciones en estas conferencias. Esta Comisión presentará sus conclusiones en la sesión plenaria en el plazo que ésta especifique.

4.3 Comisión de Redacción

a) Los textos que las diversas comisiones redactarán, en la medida de lo posible, en forma definitiva teniendo para ello en cuenta las opiniones emitidas, se someterán a la Comisión de Redacción, la cual sin alterar el sentido, se encargará de perfeccionar su forma y, si fuese oportuno, de disponer su correcta articulación con los textos preexistentes que no hubieran sido modificados.

b) La Comisión de Redacción someterá dichos textos a la sesión plenaria, la cual decidirá su aprobación o devolución, para nuevo examen, a la comisión competente.

4.4 Comisión de Control del Presupuesto

a) La sesión plenaria designará, al inaugurarse una conferencia, una Comisión de Control del Presupuesto encargada de determinar la organización y los medios que han de ponerse a disposición de los delegados, de examinar y aprobar las cuentas de los gastos realizados durante dicha conferencia. Formarán parte de esta Comisión, además de los miembros de las delegaciones que deseen inscribirse en ella, un representante del Secretario General, un representante del Director de la Oficina interesada y, cuando exista Gobierno invitante, un representante del mismo.

b) Antes de que se agoten los créditos previstos en el presupuesto aprobado por el Consejo para la conferencia de que se trate, la Comisión de Control del Presupuesto, en colaboración con la secretaría de la conferencia, preparará un estado provisional de los gastos para que la sesión plenaria, a la vista del mismo, pueda decidir si el progreso de los trabajos justifica una prolongación de la conferencia después de la fecha en la que se hayan agotado los créditos del presupuesto.

c) La Comisión de Control del Presupuesto presentará a la sesión plenaria, al final de la conferencia, un informe en el que se indicarán lo más exactamente posible los gastos estimados de la conferencia, así como una estimación de los gastos resultantes del cumplimiento de las decisiones de esta conferencia.

d) Una vez examinado y aprobado este informe por la sesión plenaria, será transmitido al Secretario General, con las observaciones de aquélla, a fin de que sea presentado al Consejo en su próxima reunión ordinaria.

5. Composición de las comisiones

5.1 Conferencias de Plenipotenciarios

Las comisiones se constituirán con delegados de los Miembros y con los observadores previstos en el número 269 del presente Convenio que lo soliciten o que sean designados por la sesión plenaria.

5.2 Conferencias de Radiocomunicaciones y Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Internacionales

Las comisiones se constituirán con delegados de los Miembros y con los observadores y representantes previstos en los números 278, 279 y 280 del presente Convenio que lo soliciten o que sean designados por la sesión plenaria.

5.3 Asambleas de Radiocomunicaciones, y Conferencias de Normalización de las Telecomunicaciones y de Desarrollo de las Telecomunicaciones

Además de los delegados de los Miembros y de los observadores indicados en los números 259 a 262 del presente Convenio, podrán asistir a las Asambleas de Radiocomunicaciones y a las comisiones de las Conferencias de Normalización de las Telecomunicaciones y de Desarrollo de las Telecomunicaciones los representantes de cualquier entidad u organización que figuren en la correspondiente lista mencionada en el número 237 del presente Convenio.

6. Presidentes y Vicepresidentes de las subcomisiones

El Presidente de cada comisión propondrá a ésta la designación de los Presidentes y Vicepresidentes de las subcomisiones que se constituyan.

7. Convocación de las sesiones

Las sesiones plenarias y las sesiones de las comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo se anunciarán con anticipación suficiente en el local de la conferencia.

8. Propuestas presentadas con anterioridad a la apertura de la conferencia

La sesión plenaria distribuirá las propuestas presentadas con anterioridad a la apertura de la conferencia entre las comisiones competentes que se constituyan de acuerdo con lo estipulado en la Sección 4 del presente Reglamento interno. Sin embargo, la sesión plenaria podrá tratar directamente cualquier propuesta.

9. Propuestas o enmiendas presentadas durante la conferencia

1. Las propuestas o enmiendas que se presenten después de la apertura se remitirán, al Presidente de la conferencia, al Presidente de la comisión competente, o a la secretaría de la conferencia para su publicación y distribución como documentos de la misma.

2. No podrá presentarse ninguna propuesta o enmienda escrita sin la firma del jefe de la delegación interesada o de quien lo sustituya.

3. El Presidente de la conferencia, de una comisión, de una subcomisión o de un grupo de trabajo, podrá presentar en cualquier momento propuestas para acelerar el curso de los debates.

4. Toda propuesta o enmienda contendrá en términos precisos y concretos el texto que deba considerarse.

5. (1) El Presidente de la conferencia o el de la comisión, subcomisión o grupo de trabajo competente decidirá, en cada caso, si las propuestas o enmiendas presentadas en sesión podrán hacerse verbalmente o entregarse por escrito para su publicación y distribución en las condiciones previstas en el número 374 anterior.

(2) En general, el texto de toda propuesta importante que deba someterse a votación deberá distribuirse en los idiomas de trabajo de la conferencia con suficiente antelación para facilitar su estudio antes de la discusión.

(3) Además, el Presidente de la conferencia, al recibir las propuestas o enmiendas a que se alude en el número 374 anterior, las asignará a la comisión competente o a la sesión plenaria, según corresponda.

6. Toda persona autorizada podrá leer, o solicitar que se lea, en sesión plenaria, cualquier propuesta o enmienda que se haya presentado durante la conferencia y exponer los motivos en que la funda.

10. Requisitos para la discusión, decisión o votación acerca de las propuestas o enmiendas

1. No podrá ponerse a discusión ninguna propuesta o enmienda si en el momento de su consideración no lograse, por lo menos, el apoyo de otra delegación.

2. Toda propuesta o enmienda debidamente apoyada deberá someterse a discusión y después a decisión, si es necesario mediante una votación.

11. Propuestas o enmiendas omitidas o diferidas

Cuando se omita o difiera el examen de una propuesta o enmienda, incumbirá a la delegación proponente velar por que se efectúe dicho examen.

12. Normas para las deliberaciones en sesión plenaria

12.1 Quórum

Las votaciones en sesión plenaria sólo serán válidas cuando se hallen presentes o representadas en ella más de la mitad de las delegaciones con derecho a voto acreditadas ante la conferencia.

12.2 Orden de las deliberaciones

(1) Las personas que deseen hacer uso de la palabra necesitarán para ello la venia del Presidente. Por regla general, comenzarán por indicar la representación que ejercen.

(2) Todo orador deberá expresarse con lentitud y claridad, distinguiendo bien las palabras e intercalando las pausas necesarias para facilitar la comprensión de su pensamiento.

12.3 Mociones y cuestiones de orden

(1) Durante las deliberaciones, cualquier delegación podrá formular una moción de orden o plantear una cuestión de orden, cuando lo considere oportuno, que será resuelta de inmediato por el Presidente, de conformidad con este Reglamento interno. Toda delegación tendrá derecho a apelar contra la decisión presidencial, pero ésta se mantendrá en todos sus términos a menos que la mayoría de las delegaciones presentes y votantes se oponga.

(2) La delegación que presente una moción de orden se abstendrá, en su intervención, de hablar sobre el
fondo del asunto que se debate.

12.4 Prioridad de las mociones y cuestiones de orden

La prioridad que deberá asignarse a las mociones y cuestiones de orden de que trata el número 388 anterior, será la siguiente:

a) toda cuestión de orden relativa a la aplicación del presente Reglamento interno comprendidos los procedimientos de votación;

b) suspensión de la sesión;

c) levantamiento de la sesión;

d) aplazamiento del debate sobre el tema en discusión;

e) clausura del debate sobre el tema en discusión;

f) cualquier otra moción o cuestión de orden que pueda plantearse, cuya prioridad relativa será fijada por el Presidente.

12.5 Moción de suspensión o levantamiento de las sesiones

En el transcurso de un debate, toda delegación podrá proponer la suspensión o levantamiento de la sesión indicando las razones en que se funda tal propuesta. Si la moción fuese apoyada, se concederá la palabra a dos oradores que se opongan a dicha moción y para referirse exclusivamente a ella, después de lo cual la moción será sometida a votación.

12.6 Moción de aplazamiento del debate

Durante las deliberaciones, cualquier delegación podrá proponer el aplazamiento del debate por un tiempo determinado. Formulada tal moción, el debate consiguiente, si lo hubiere, se limitará a tres oradores como máximo, uno a favor y dos en contra, además del autor de la moción, después de lo cual la moción será sometida a votación.

12.7 Moción de clausura del debate

Cualquier delegación podrá proponer en todo momento la clausura del debate sobre el tema en discusión. En tal caso, podrá concederse el uso de la palabra solamente a dos oradores que se opongan a la moción, después de lo cual será ésta sometida a votación. Si es aceptada, el Presidente pondrá inmediatamente a votación el tema cuyo debate fue objeto de la moción de clausura.

12.8 Limitación de las intervenciones

(1) La sesión plenaria podrá establecer eventualmente el número y duración de las intervenciones de una misma delegación sobre un tema determinado.

(2) Sin embargo en las cuestiones de procedimiento, el Presidente limitará cada intervención a cinco minutos como máximo.

(3) Cuando un orador exceda el tiempo concedido, el Presidente lo hará notar a la asamblea y rogará al orador que concluya brevemente su exposición.

12.9 Cierre de la lista de oradores

(1) En el curso de un debate, el Presidente podrá disponer que se dé lectura de la lista de oradores inscritos; incluirá en ella a quienes manifiesten su deseo de intervenir, y con el consentimiento de los presentes, podrá declararla cerrada. No obstante, el Presidente, cuando lo considere oportuno, podrá permitir, como excepción, que se conteste cualquier exposición anterior, aun después de cerrada la lista de oradores.

(2) Agotada la lista de oradores sobre el tema en discusión, el Presidente declarará clausurado el debate.

12.10 Cuestiones de competencia

Las cuestiones de competencia que puedan suscitarse serán resueltas con anterioridad a la votación sobre el fondo del asunto que se debate.

12.11 Retiro y reposición de mociones

El autor de cualquier moción podrá retirarla antes de la votación. Toda moción, enmendada o no, que se retire del debate, podrá ser presentada de nuevo por la delegación autora de la misma o cualquier otra delegación.

13. Derecho de voto

1. La delegación de todo Miembro de la Unión, debidamente acreditada por éste para tomar parte en los trabajos de la conferencia, tendrá derecho a un voto en todas las sesiones que se celebren, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución.

2. La delegación de todo Miembro de la Unión ejercerá su derecho de voto en las condiciones determinadas en el artículo 31 del presente Convenio.

3. Cuando un Miembro de la Unión no se halle representado por una Administración en una Asamblea de Radiocomunicaciones, en una Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones o en una Conferencia de Desarrollo de las Telecomunicaciones, los representantes de las empresas de explotación reconocidas de dicho Miembro, cualquiera que sea su número, tendrá derecho a un solo voto, a reserva de lo dispuesto en el número 239 del presente Convenio. Serán aplicables a las indicadas conferencias las disposiciones de los números 335 a 338 del presente Convenio relativas a la delegación de poderes.

14. Votación

14.1 Definición de mayoría

(1) Se entenderá por mayoría más de la mitad de las delegaciones presentes y votantes.

(2) Las delegaciones que se abstengan de votar no serán tomadas en consideración para el cómputo de mayoría.

(3) En caso de empate, toda propuesta o enmienda se considerará rechazada.

(4) A los efectos de este Reglamento se considerará "delegación presente y votante" a la que vote en favor o en contra de una propuesta.

14.2 No participación en una votación

Las delegaciones presentes que no participen en una votación determinada o que declaren explícitamente no querer participar en ella, no se considerarán como ausentes para la determinación del quórum, en el sentido del número 385 del presente Convenio, ni como abstenidas desde el punto de vista de la aplicación de las disposiciones del número 416 posterior.

14.3 Mayoría especial

Para la admisión de nuevos Miembros de la Unión regirá la mayoría fijada en el artículo 2º de la Constitución.

14.4 Abstenciones de más de cincuenta por ciento

Cuando el número de abstenciones exceda de la mitad de los votos registrados (a favor, en contra y abstenciones), el examen del asunto en discusión quedará diferido hasta una sesión ulterior, en la cual no se computarán las abstenciones.

14.5 Procedimiento de votación

(1) Los procedimientos de votación son los siguientes:

a) por regla general, a mano alzada, si no se ha solicitado la votación nominal por orden alfabético, según lo previsto en el apartado b), o la votación secreta, según lo previsto en el apartado c);

b) nominal por orden alfabético de los nombres en francés de los Miembros presentes y con derecho de voto;

1. si así lo solicitan por lo menos dos delegaciones presentes y con derecho de voto antes de comenzar la votación, y si no se ha solicitado una votación secreta según lo previsto en el apartado C), o

2. si el procedimiento previsto en el apartado a) no da lugar a una mayoría clara.

c) Por votación secreta, si así lo solicitan antes del comienzo de la votación por lo menos cinco de las delegaciones presentes con derecho de voto.

(2) Antes de comenzar la votación, el Presidente observará si hay alguna petición en cuanto a la forma en que debe realizarse la votación; a continuación, declarará formalmente el procedimiento de votación que haya de aplicarse, el asunto que ha de someterse a votación y el comienzo de la misma. Una vez celebrada la votación, proclamará sus resultados.

(3) En caso de votación secreta, la secretaría adoptará de inmediato las medidas necesarias para garantizar el secreto del sufragio.

(4) La votación podrá efectuarse por un sistema electrónico, si se dispone de un sistema adecuado y si la conferencia así lo determina.

14.6 Prohibición de interrumpir una votación iniciada

Ninguna delegación podrá interrumpir una votación iniciada excepto si se trata de una cuestión de orden acerca de la forma en que aquélla se desarrolla. La cuestión de orden no podrá incluir la modificación de la votación en curso o un cambio del fondo del asunto sometido a votación. La votación comenzará con la declaración del Presidente de que la votación ha comenzado y terminará con la proclamación de sus resultados por el Presidente.

14.7 Fundamentos del voto

Terminada la votación, el Presidente concederá la palabra a las delegaciones que deseen explicar su voto.

14.8 Votación por parte de una propuesta

(1) Toda propuesta podrá subdividirse y ponerse a votación por partes a instancia de su autor, si el pleno lo estima oportuno o a propuesta del Presidente, con la aprobación del autor. Las partes de la propuesta que resulten aprobadas serán luego sometidas a nueva votación de conjunto.

(2) Cuando se rechacen todas las partes de una propuesta, se considerará rechazada la propuesta en su totalidad.

14.9 Orden de votación sobre propuestas concurrentes

(1) Cuando existan dos o más propuestas sobre un mismo asunto, la votación se realizará de acuerdo con el orden en que aquéllas hayan sido presentadas, excepto si el pleno resuelve adoptar otro orden distinto.

(2) Concluida cada votación, el pleno decidirá si se vota o no sobre la propuesta siguiente.

14.10 Enmiendas

(1) Se entenderá por enmienda toda propuesta de modificación que solamente tienda a suprimir, agregar o alterar una parte de la propuesta original.

(2) Toda enmienda admitida por la delegación que haya presentado la propuesta original será incorporada de inmediato a dicha propuesta.

(3) No se considerarán enmiendas las propuestas de modificación que el pleno juzgue incompatibles con la propuesta original.

14.11 Votación de enmiendas

(1) Cuando una propuesta sea objeto de enmienda, esta última se votará en primer término.

(2) Cuando una propuesta sea objeto de dos o más enmiendas, se pondrá a votación en primer término la enmienda que más se aparte del texto original; si esta enmienda no obtiene la aprobación de la mayoría, se hará lo propio con aquella enmienda que entre las restantes también se aparte en mayor grado de la propuesta considerada y este mismo procedimiento se observará sucesivamente hasta que una enmienda obtenga la aprobación de la mayoría; si una vez finalizado el examen de todas las enmiendas presentadas, ninguna hubiera obtenido la mayoría, se pondrá a votación la propuesta original.

(3) Cuando se adopten una o varias enmiendas, se someterá seguidamente a votación la propuesta así modificada.

14.12 Repetición de una votación

(1) En las comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo de una conferencia o reunión, no podrá someterse de nuevo a votación dentro de la misma comisión, subcomisión o grupo de trabajo, una parte de una propuesta o una modificación ya decididas en otra votación. Este principio se aplicará con independencia del procedimiento de votación elegido.

(2) En las sesiones plenarias no se someterá de nuevo a votación una parte de una propuesta o una enmienda, a menos que se cumplan las dos condiciones siguientes:

a) la mayoría de los Miembros con derecho de voto lo solicite, y

b) medie al menos un día entre la votación realizada y la solicitud de repetición de esa votación.

15. Normas para las deliberaciones y procedimiento de votación en las comisiones y subcomisiones

1. El Presidente de una comisión o subcomisión tendrá atribuciones similares a las que la sección 3 del presente Reglamento interno concede al Presidente de la conferencia.

2. Las normas de deliberación previstas en la sección 12 del presente Reglamento interno para las sesiones plenarias, serán aplicables a los debates de las comisiones y subcomisiones, salvo las que regulan el quórum.

3. Las normas previstas en la sección 14 del presente Reglamento interno serán aplicables igualmente a las votaciones que se efectúen en las comisiones o subcomisiones.

16. Reservas

1. En general, toda delegación cuyos puntos de vista no sean compartidos por las demás delegaciones procurará, en la medida de lo posible, adherirse a la opinión de la mayoría.

2. Sin embargo, cuando una delegación considere que una decisión cualquiera es de tal naturaleza que impida que su Gobierno consienta en obligarse por enmiendas a la Constitución o al presente Convenio o por la revisión de los Reglamentos Administrativos, dicha delegación podrá formular reservas provisionales o definitivas sobre aquella decisión. Asimismo, cualquier delegación podrá formular tales reservas en nombre de un Miembro que no participe en la conferencia y que, de acuerdo con las disposiciones del artículo 31 del presente Convenio, haya otorgado a aquélla poder para firmar las Actas Finales.

17. Actas de las sesiones plenarias

1. Las actas de las sesiones plenarias serán redactadas por la secretaría de la conferencia, la cual cuidará de que su distribución entre las delegaciones se realice lo antes posible y, en todo caso, dentro de los cinco días laborables siguientes a cada sesión.

2. Una vez distribuidas las actas, las delegaciones podrán presentar por escrito a la secretaría de la conferencia, dentro del más breve plazo posible, las correcciones que consideren pertinentes, sin perjuicio de su derecho a presentarlas oralmente durante la sesión en que se consideren dichas actas.

3. (1) Por regla general, las actas contendrán las propuestas y conclusiones, con sus respectivos fundamentos, redactados con la mayor concisión posible.

(2) No obstante, toda delegación tendrá derecho a solicitar que conste en acta, en forma sumaria o íntegra, cualquier declaración por ella formulada durante el debate. En tal caso, por regla general, lo anunciará así al comienzo de su exposición, para facilitar la tarea de los relatores. El texto respectivo será suministrado a la secretaría de la conferencia dentro de las dos horas siguientes al término de la sesión.

(3) La facultad concedida en el número 450 anterior sobre inserción de declaraciones, deberá usarse con discreción en todos los casos.

18. Resúmenes de los debates e informes de las comisiones y subcomisiones

1. (1) Los debates de cada sesión de las comisiones y subcomisiones se compendiarán en resúmenes preparados por la secretaría de la conferencia, y se distribuirán a las delegaciones dentro de los cinco días laborables siguientes a cada sesión. Los resúmenes reflejarán los puntos esenciales de cada discusión, las distintas opiniones que sea conveniente consignar, así como las proposiciones o conclusiones que se deriven del conjunto.

(2) No obstante, toda delegación también tendrá derecho a proceder en estos casos conforme a la facultad que le confiere el número 450 anterior.

(3) La facultad concedida en el número 453 anterior también deberá usarse con discreción en todos los casos.

2. Las comisiones y subcomisiones podrán redactar los informes parciales que estimen necesarios y, eventualmente, al finalizar sus trabajos, podrán presentar un informe final en el que recapitularán, en forma concisa, las proporciones y conclusiones resultantes de los estudios que se les hayan confiado.

19. Aprobación de actas, resúmenes de los debates e informes

1. (1) Por regla general, al iniciarse cada sesión plenaria, sesión de comisión o de subcomisión, el Presidente preguntará si las delegaciones tienen alguna observación que formular en cuanto al acta o, en caso de comisión o de subcomisión al resumen de los debates de la sesión anterior, y estos documentos se darán por aprobados si no se presentan correcciones a la secretaría o si no se manifiesta ninguna oposición verbal. En caso contrario, se introducirán las rectificaciones a que hubiere lugar.

(2) Todo informe parcial o final deberá ser aprobado por la comisión o subcomisión interesada.

2. (1) Las actas de las últimas sesiones plenarias serán examinadas y aprobadas por el Presidente de la conferencia o reunión.

(2) Los resúmenes de los debates de las últimas sesiones de cada comisión o subcomisión serán examinados y aprobados por su respectivo Presidente.

20. Numeración

1. Hasta su primera lectura en sesión plenaria, se conservarán los números de los capítulos, artículos y apartados de los textos que deban revisarse. Provisionalmente se dará a los textos que se agreguen el número del apartado precedente del texto primitivo, seguido de "A", "B", etc.

2. La numeración definitiva de los capítulos, artículos y apartados, después de su aprobación en primera lectura, será confiada normalmente a la comisión de redacción aunque, por decisión adoptada en sesión plenaria, podrá encomendarse al Secretario General.

21. Aprobación definitiva

Los textos de las Actas Finales de las Conferencias de Plenipotenciarios, las Conferencias de Radiocomunicaciones o las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Internacionales se considerarán definitivos una vez aprobados en segunda lectura en sesión plenaria.

22. Firma

Los textos de las Actas Finales aprobados por las conferencias mencionadas en el número 462 anterior serán sometidos a la firma de los delegados que tengan los poderes definidos en el artículo 31 del presente Convenio, a cuyo efecto se observará el orden alfabético de los nombres en francés de los Miembros representados.

23. Relaciones con la prensa y el público

1. No se podrán facilitar a la prensa comunicados oficiales sobre los trabajos de la conferencia sin la previa autorización de su Presidente.

2. La prensa y el público podrán, en la medida de lo posible, estar presentes en las conferencias conforme a las directrices aprobadas por la reunión de los jefes de delegación mencionada en el número 342 anterior y a las disposiciones prácticas tomadas por el Secretario General. La presencia de la prensa y del público no alterará en modo alguno la marcha normal de los trabajos de la reunión.

3. Las demás reuniones de la Unión no estarán abiertas a la prensa y al público, a menos que la propia reunión decida lo contrario.

24. Franquicia

Durante la conferencia, los miembros de las delegaciones, los representantes de los Miembros del Consejo, los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, los altos funcionarios de la Secretaría General y de los Sectores de la Unión que participen en la conferencia y el personal de la secretaría de la Unión enviado a la misma, tendrán derecho a la franquicia postal, telegráfica, telefónica y de télex que el Gobierno invitante haya concedido, de acuerdo con los demás Gobiernos y las empresas de explotación reconocidas interesadas.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 33

Finanzas

1. (1) La escala de la que elegirá cada Miembro su clase contributiva, de conformidad con lo estipulado en el artículo 28 de la Constitución, será la siguiente:

Clase de 40 unidades

Clase de 35 unidades

Clase de 30 unidades

Clase de 28 unidades

Clase de 25 unidades

Clase de 23 unidades

Clase de 20 unidades

Clase de 18 unidades

Clase de 15 unidades

Clase de 13 unidades

Clase de 10 unidades

Clase de 8 unidades

Clase de 5 unidades

Clase de 4 unidades

Clase de 3 unidades

Clase de 2 unidades

Clase de 1 1/2 unidad

Clase de 1 unidad

Clase de 1/2 unidad

Clase de 1/4 unidad

Clase de 1/8 unidad (*)

Clase de 1/16 unidad (*)

(2) Además de las clases contributivas mencionadas en el número 468 anterior, cualquier Miembro podrá elegir una clase contributiva superior a 40 unidades.

(3) El Secretario General notificará a todos los Miembros de la Unión la decisión de cada Miembro acerca de la clase contributiva elegida.

(4) Los Miembros podrán elegir en cualquier momento una clase contributiva superior a la que hayan adoptado anteriormente.

2. (1) Los nuevos Miembros abonarán por el año de su adhesión una contribución calculada a partir del primer día del mes de su adhesión.

(2) En caso de denuncia de la Constitución o del presente Convenio por un Miembro, la contribución deberá abonarse hasta el último día del mes en que surta efecto la denuncia.

3. Las sumas adeudadas devengarán intereses desde el comienzo de cada ejercicio económico de la Unión. Para estos intereses se fija el tipo de un 3% (tres por ciento) anual durante los seis primeros meses y de un 6% (seis por ciento) anual a partir del principio del séptimo mes.

4. Se aplicarán las disposiciones siguientes a las contribuciones de las organizaciones indicadas en los números 259 a 262 y de las entidades autorizadas a participar en las actividades de la Unión conforme a las disposiciones del artículo 19 del presente Convenio.

5. Las organizaciones indicadas en los números 259 a 262 del presente Convenio y otras organizaciones internacionales que participen en una Conferencia de Plenipotenciarios, en un Sector de la Unión o en una Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones Internacionales contribuirán a los gastos de esa conferencia o de ese Sector de conformidad con los números 479 a 481 siguientes, según el caso, salvo cuando sean exoneradas por el Consejo, en régimen de reciprocidad.

6. Las entidades y organizaciones que aparezcan en las listas mencionadas en el número 237 del presente Convenio contribuirán al pago de los gastos del Sector de conformidad con los números 479 y 480 siguientes.

7. Las entidades y organizaciones que aparezcan en las listas mencionadas en el número 237 del presente Convenio que participen en una Conferencia de Radiocomunicaciones, en una Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones Internacionales o en una conferencia o asamblea de un Sector del que no sean miembros contribuirán al pago de los gastos de esa conferencia o asamblea de conformidad con los números 479 y 481 siguientes.

8. Las contribuciones mencionadas en los números 476, 477 y 478 se basarán en la libre elección de una clase contributiva de la escala que figura en el número 468 anterior, con la exclusión de las clases de 1/4, de 1/8 y de 1/16 de unidad reservadas a los Miembros de la Unión (esta exclusión no se aplica al Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones); la clase elegida se comunicará al Secretario General; la entidad u organización interesada podrá en todo momento elegir una clase contributiva superior a la adoptada anteriormente.

9. El importe de la unidad contributiva a los gastos de cada Sector interesado se fija en 1/5 de la unidad contributiva de los Miembros de la Unión. Estas contribuciones se considerarán como ingresos de la Unión y devengarán intereses conforme a lo dispuesto en el número 474 anterior.

10. El importe de la unidad contributiva a los gastos de una conferencia o asamblea se fija dividiendo el importe total del presupuesto de la conferencia o asamblea de que se trate por el número total de unidades pagadas por los Miembros en concepto de su contribución a los gastos de la Unión. Las contribuciones se considerarán como ingresos de la Unión y devengarán intereses a los tipos fijados en el número 474 anterior a partir del sexagésimo día siguiente al envío de las facturas correspondientes.

11. Sólo podrá concederse una reducción de la clase contributiva de conformidad con los principios estipulados en el artículo 28 de la Constitución.

12. En caso de denuncia de la participación en los trabajos de Sector o de la terminación de tal participación (véase el número 240 del presente Convenio), deberá abonarse la contribución hasta el último día del mes en que surta efecto la denuncia o se produzca la terminación.

13. El Secretario General fijará el precio de las publicaciones, procurando que los gastos de reproducción y distribución queden cubiertos en general con la venta de las mismas.

14. La Unión mantendrá una cuenta de provisión a fin de disponer de capital de explotación para cubrir los gastos esenciales y mantener suficiente liquidez para evitar, en lo posible, tener que recurrir a préstamos. El saldo de la cuenta de provisión será fijado anualmente por el Consejo sobre la base de las necesidades previstas. Al final de cada período presupuestario bienal, todos los créditos presupuestarios no utilizados ni comprendidos se ingresarán en la cuenta de provisión. Esta cuenta se describe detalladamente en el Reglamento Financiero.

15. (1) El Secretario General, de acuerdo con el Comité de Coordinación, podrá aceptar contribuciones voluntarias en efectivo o en especie, siempre que las condiciones de esas contribuciones sean compatibles, en su caso, con el objeto y los programas de la Unión y con los programas aprobados por una conferencia y conformes con el Reglamento Financiero, que contendrá disposiciones especiales para la aceptación y uso de tales contribuciones.

(2) Esas contribuciones serán notificadas por el Secretario General al Consejo en el informe de gestión financiera, así como en un resumen que indique para cada caso el origen, la utilización propuesta y las medidas adoptadas referentes a cada contribución.

Artículo 34

Responsabilidades financieras de las conferencias

1. Antes de adoptar propuestas o de tomar decisiones que tengan repercusiones financieras, las conferencias de la Unión tendrán presentes todas las previsiones presupuestarias de la Unión para cerciorarse de que no entrañan gastos superiores a los créditos que el Consejo está facultado para autorizar.

2. No se llevará a efecto ninguna decisión de una conferencia que entrañe un aumento directo o indirecto de los gastos por encima de los créditos que el Consejo está facultado para autorizar.

Artículo 35

Idiomas

1. (1) En las conferencias y reuniones de la Unión podrán emplearse otros idiomas distintos de los mencionados en el artículo 29 de la Constitución:

a) cuando se solicite del Secretario General o del Director de la Oficina interesada que tome las medidas adecuadas para el empleo oral o escrito de uno o más idiomas adicionales, siempre que los gastos correspondientes sean sufragados por los Miembros que hayan formulado o apoyado la petición;

b) cuando una delegación sufrague la traducción oral de su propia lengua a uno de los idiomas indicados en el artículo 29 de la Constitución.

(2) En el caso previsto en el número 491 anterior, el Secretario General o el Director de la Oficina interesada atenderá la petición en la medida de lo posible, a condición de que los Miembros interesados se comprometan previamente a reembolsar a la Unión el importe de los gastos consiguientes.

(3) En el caso previsto en el número 492 anterior, la delegación que lo desee podrá además asegurar, por su cuenta, la traducción oral a su propia lengua a partir de uno de los idiomas indicados en la disposición pertinente del artículo 29 de la Constitución.

2. Todos los documentos mencionados en el artículo 29 de la Constitución podrán publicarse en un idioma distinto de los estipulados, a condición de que los Miembros que lo soliciten se comprometan a sufragar la totalidad de los gastos que origine la traducción y publicación de los mismos.

CAPITULO V

Disposiciones varias sobre la explotación de los servicios de telecomunicaciones

Artículo 36

Tasas y franquicia

Los Reglamentos Administrativos contienen las disposiciones relativas a las tasas de las telecomunicaciones y a los diversos casos en que se concede la franquicia.

Artículo 37

Establecimiento y liquidación de cuentas

1. La liquidación de cuentas internacionales será considerada como una transacción corriente, y se efectuará con sujeción a las obligaciones internacionales ordinarias de los Miembros interesados cuando los Gobiernos hayan celebrado arreglos sobre esta materia. En ausencia de arreglos de este género o de acuerdos particulares concertados en las condiciones previstas en el artículo 42 de la Constitución, estas liquidaciones de cuentas serán efectuadas conforme a los Reglamentos Administrativos.

2. Las administraciones de los Miembros y las empresas de explotación reconocidas que exploten servicios internacionales de telecomunicaciones deberán ponerse de acuerdo sobre el importe de sus respectivos débitos y créditos.

3. Las cuentas correspondientes a los débitos y créditos a que se refiere el número 498 anterior se establecerán de acuerdo con las disposiciones de los Reglamentos Administrativos, a menos que se hayan concertado acuerdos particulares entre las partes interesadas.

Artículo 38

Unidad Monetaria

A menos que existan acuerdos particulares entre Miembros, la unidad monetaria empleada para la composición de las tasas de distribución de los servicios internacionales de telecomunicaciones y para el establecimiento de las cuentas internacionales, será:

- la unidad monetaria del Fondo Monetario Internacional, o

- el franco oro,

entendiendo ambos como se definen en los Reglamentos Administrativos. Las disposiciones para su aplicación se establecen en el Apéndice 1 al Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales.

Artículo 39

Intercomunicación

1. Las estaciones de radiocomunicación del servicio móvil estarán obligadas, dentro de los límites de su utilización normal, al intercambio de radiocomunicaciones, sin distinción del sistema radioeléctrico empleado.

2. Sin embargo, a fin de no entorpecer los progresos científicos, las disposiciones del número 501 anterior no serán obstáculos para el empleo de su sistema radioeléctrico incapaz de comunicar con otros sistemas, siempre que esta incapacidad sea debida a la naturaleza específica de tal sistema y no resultado de dispositivos adoptados con el único objeto de impedir la intercomunicación.

3. No obstante lo dispuesto en el número 501 anterior, una estación podrá ser dedicada a un servicio internacional restringido de telecomunicación, determinando por la finalidad de este servicio o por otras circunstancias independientes del sistema empleado.

Artículo 40

Lenguaje secreto

1. Los telegramas de Estado, así como los de servicio, podrán ser redactados en lenguaje secreto en todas las relaciones.

2. Los telegramas privados en lenguaje secreto podrán también admitirse entre todos los Miembros, a excepción de aquellos que previamente hayan notificado, por conducto del Secretario General, que no admiten este lenguaje para dicha categoría de correspondencia.

3. Los Miembros que no admitan los telegramas privados en lenguaje secreto procedentes de su propio territorio o destinados al mismo, deberán aceptarlos en tránsito, salvo en el caso de la suspensión del servicio prevista en el artículo 35 de la Constitución.

CAPITULO VI

Arbitraje y enmienda

Artículo 41

Arbitraje: Procedimiento

(véase el artículo 56 de la Constitución)

1. La parte que desee recurrir al arbitraje iniciará el procedimiento enviando a la otra parte una notificación al efecto.

2. Las partes decidirán de común acuerdo si el arbitraje ha de ser confiado a personas, administraciones o Gobiernos. Si en el término de un mes, contado a partir de la fecha de dicha notificación, las partes no logran ponerse de acuerdo sobre este punto, el arbitraje será confiado a Gobiernos.

3. Cuando el arbitraje se confíe a personas, los árbitros no podrán ser ni nacionales de un Estado parte en la controversia ni tener su domicilio en uno de los Estados interesados, ni estar al servicio de alguno de ellos.

4. Cuando el arbitraje se confíe a Gobiernos o a administraciones de Gobierno, éstos se elegirán entre los Miembros que no estén implicados en la controversia, pero que sean partes en el acuerdo cuya aplicación lo haya provocado.

5. Cada una de las dos partes en la controversia designará un árbitro en el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación del propósito de recurrir al arbitraje.

6. Cuando en la controversia se hallen implicadas más de dos partes, cada uno de los dos grupos de partes que tengan intereses comunes en la controversia designará un árbitro, conforme al procedimiento previsto en los números 510 y 511 anteriores.

7. Los dos árbitros así designados se concertarán para nombrar un tercero, el cual, en el caso de que los dos primeros sean personas y no Gobiernos o administraciones, habrá de responder a las condiciones señaladas en el número 509 anterior, y deberá ser, además, de nacionalidad distinta a la de aquéllos. Si los dos árbitros no llegan a un acuerdo sobre la elección del tercero, cada uno de ellos propondrá un tercer árbitro no interesado en la controversia. El Secretario General de la Unión realizará en tal caso un sorteo para designar al tercer árbitro.

8. Las partes en desacuerdo podrán concertarse para resolver su controversia por medio de un árbitro único, designado de común acuerdo; también podrán designar un árbitro cada una y solicitar del Secretario General que designe por sorteo, entre ellos, al árbitro único.

9. El árbitro o los árbitros, decidirán libremente el lugar y las normas de procedimiento que se han de aplicar al arbitraje.

10. La decisión del árbitro único será definitiva y obligará a las partes en la controversia. Si el arbitraje se confía a varios árbitros, la decisión que se adopte por mayoría de votos de los árbitros será definitiva y obligará a las partes.

11. Cada parte sufragará los gastos en que haya incurrido con motivo de la instrucción y presentación del arbitraje. Los gastos de arbitraje que no sean los efectuados por las partes se repartirán por igual entre éstas.

12. La Unión facilitará cuantos informes relacionados con la controversia puedan necesitar el árbitro o los árbitros. Si las partes en controversia así lo deciden, la decisión del árbitro o árbitros se comunicará al Secretario General con fines de referencia en el futuro.

Artículo 42

Enmiendas al presente Convenio

1. Los Miembros de la Unión podrán proponer enmiendas al presente Convenio. Con vistas a su transmisión oportuna a los Miembros de la Unión y su examen por los mismos, las propuestas de enmienda deberán obrar en poder del Secretario General como mínimo ocho meses antes de la fecha fijada de apertura de la Conferencia de Plenipotenciarios. El Secretario General enviará lo antes posible, y como mínimo seis meses antes de dicha fecha, esas propuestas de enmiendas a todos los Miembros de la Unión.

2. No obstante, los Miembros de la Unión o sus delegaciones en la Conferencia de Plenipotenciarios podrán proponer en cualquier momento modificaciones a las propuestas de enmienda presentadas de conformidad con el número 519 anterior.

3. Para el examen de las enmiendas propuestas al presente Convenio o de las modificaciones de las mismas en sesión plenaria de la Conferencia de Plenipotenciarios el quórum estará constituido por más de la mitad de las delegaciones acreditadas ante la Conferencia de Plenipotenciarios.

4. Para ser adoptada, toda modificación propuesta a una enmienda, así como la propuesta en su conjunto, modificada o no, deberá ser aprobada en sesión plenaria por más de la mitad de las delegaciones acreditadas ante la Conferencia de Plenipotenciarios que tengan derecho de voto.

5. En los casos no previstos en los párrafos precedentes del presente artículo, se aplicarán las disposiciones generales relativas a las conferencias y el reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones contenidas en el presente Convenio.

6. Las enmiendas al presente Convenio adoptadas por una Conferencia de Plenipotenciarios entrarán en vigor en su totalidad y en forma de un solo instrumento de enmienda, en la fecha fijada por la Conferencia entre los Miembros que hayan depositado con anterioridad a esa fecha el instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio y del instrumento de enmienda, o el instrumento de adhesión a los mismos.
Queda excluida la ratificación, aceptación o aprobación parcial de dicho instrumento de enmienda o la adhesión parcial al mismo.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 524 anterior, la Conferencia de Plenipotenciarios podrá decidir que para la correcta aplicación de una enmienda a la Constitución es necesario enmendar el presente Convenio. En tal caso, la enmienda al presente Convenio no entrará en vigor antes que la enmienda a la Constitución.

8. El Secretario General notificará a todos los Miembros el depósito de cada instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

9. Después de la entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda, la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Constitución se aplicará al nuevo texto modificado del Convenio.

10. Después de la entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda, el Secretario General lo registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. El número 241 de la Constitución se aplicará también a dicho instrumento de enmienda.

Nota 1: Las ondas radioeléctricas son ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3.000 GHz y que se propagan por el espacio sin guía artificial.

Nota 2: A los efectos de los números 149 a 154 del presente Convenio, la palabra "radiocomunicación" comprende también las telecomunicaciones realizadas por ondas electromagnéticas cuya frecuencia sea superior a los 3.000 GHz y que se propaguen en el espacio sin guía artificial.

Telecomunicación de servicio: Telecomunicación relativa a las telecomunicaciones públicas internacionales y cursada entre todas y cada una de las entidades o personas siguientes:

- Las Administraciones.

- Las empresas de explotación reconocidas.

- El Presidente del Consejo, el Secretario General, el Vicesecretario General, los Directores de las Oficinas, los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y cualquier otro representante o funcionario autorizado de la Unión, incluidos los que se ocupan de asuntos oficiales fuera de la Sede de la Unión.

ANEXO

Definición de algunos términos empleados en el presente Convenio y en los Reglamentos Administrativos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

A los efectos de los instrumentos de la Unión mencionados en el epígrafe, los términos siguientes tienen el sentido que les dan las definiciones que les acompañan.

Experto: Persona enviada por:

a) El Gobierno o la Administración de su país.

b) Una entidad u organización autorizada de conformidad con el artículo 19 del presente Convenio, o

c) Una organización internacional.

Para participar en tareas de la Unión relacionadas con su especialidad profesional.

Observador: Persona enviada:

- Por las Naciones Unidas, un organismo especializado de las Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica, una organización regional de telecomunicaciones o una organización intergubernamental que explote sistemas de satélite, para participar con carácter consultivo en la Conferencia de Plenipotenciarios, en una conferencia o en una reunión de un Sector.

- Por una organización internacional para participar con carácter consultivo en una conferencia o en una reunión de un Sector.

- Por el Gobierno de un Miembro de la Unión para participar, sin derecho a voto, en una Conferencia Regional.

De conformidad con las disposiciones aplicables del presente Convenio.

Servicio móvil: Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones terrestres o entre estaciones móviles.

Organismos científicos o industriales: Toda organización, distinta de un organismo o entidad gubernamental, que se dedique al estudio de los problemas de las telecomunicaciones o al diseño o fabricación de equipos destinados a los servicios de telecomunicación.

Radiocomunicación: Toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas.

DECLARACIONES Y RESERVAS

Hechas al final de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. (Ginebra, 1992) (*)

En el acto de proceder a la firma de este documento, que forma parte de las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992), los plenipotenciarios que suscriben confirman haber tomado nota de las siguientes declaraciones y reservas hechas al final de dicha Conferencia:

1

Original: inglés

De la República de Eslovenia:

Al firmar las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992), con sujeción a la ratificación oficial, la Delegación de la República de Eslovenia reserva para su Gobierno el derecho a tomar todas las medidas que considere necesarias para proteger sus intereses en el caso de que otros Miembros no cumplan sus obligaciones financieras con la Unión o dejen de cumplir de otra forma las disposiciones de la Constitución y del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), de sus anexos o protocolos o las reservas formuladas por otros Miembros comprometieran el funcionamiento de sus servicios de telecomunicación.

2

Original: francés

De la República Gabonesa:

La Delegación de la República Gabonesa reserva para su Gobierno el derecho:

1. A adoptar todas las medidas necesarias para proteger sus intereses en el caso de que otros Miembros no cumplan las disposiciones de la Constitución y del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), o si las reservas formuladas por otros Miembros pueden comprometer el funcionamiento de sus servicios de telecomunicación.

2. A aceptar o rechazar las consecuencias financieras que pudieran derivarse de esas reservas.

18

Original: francés

De la República de Côte d'Ivore:

La Delegación de la República de Côte d'Ivore reserva para su Gobierno el derecho:

a) A tomar todas las medidas que considere necesarias para proteger sus intereses en el caso de que otros Miembros dejen de cumplir en cualquier forma las disposiciones de la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992).

b) A rechazar las consecuencias de las reservas formuladas a la Constitución y al Convenio de la UIT (Ginebra, 1992) por otros Gobiernos, que pudieran entrañar un aumento de su contribución a los gastos de la Unión o que pudieran comprometer sus servicios de telecomunicaciones.

c) A rechazar toda disposición de la Constitución y del Convenio o a formular las reservas que considere necesarias respecto de los textos de la Constitución o del Convenio (Ginebra, 1992) que pudieran comprometer el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicación o afectar directa o indirectamente a su soberanía.

19

Original: francés

De la República de Burundi:

La Delegación de la República de Burundi reserva para su Gobierno el derecho a:

1. Adoptar todas las medidas que juzgue necesarias para proteger sus intereses en el caso de que otros Miembros no cumplan, de cualquier manera, las disposiciones de la Constitución y del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), o de sus anexos y Protocolos, o si las reservas formuladas por otros países comprometiesen el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicación.

2. Aceptar o no toda medida que pueda entrañar un aumento de su parte contributiva.

20

Original: español

De la República Oriental del Uruguay:

La Delegación de la República Oriental del Uruguay declara, en nombre de su Gobierno, que se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere necesarias para proteger sus intereses en el caso de que otros Miembros no cumplan las disposiciones de la Constitución y del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) o del Protocolo facultativo, o cuando las reservas formuladas por otros Miembros comprometan el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicación.

Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

(Ginebra, 1992)

Enmiendas adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994)

Parte I. Prefacio

En virtud y en aplicación de las disposiciones de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) y, en particular, de su artículo 55, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha adoptado las enmiendas siguientes a dicha Constitución.

Artículo 8º (CS)

La Conferencia de Plenipotenciarios

B) Examinará los Informes del Consejo acerca de las actividades de la Unión desde la última Conferencia de Plenipotenciarios y sobre la política y planificación estratégicas de la Unión.

I) Examinará y, en su caso, aprobará las enmiendas propuestas a la presente Constitución y al Convenio, formuladas por los Miembros de la Unión, de conformidad, respectivamente, con el artículo 55 de la presente Constitución y las disposiciones aplicables del Convenio.

3. En el intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios ordinarias, se podrá convocar excepcionalmente una Conferencia de Plenipotenciarios extraordinaria con un orden del día restringido para tratar temas concretos:

a) Por decisión de la Conferencia de Plenipotenciarios ordinaria precedente.

b) A petición, formulada individualmente, por los 2/3 de los Miembros de la Unión, y dirigida al Secretario General.

c) A propuesta del Consejo, con aprobación de, al menos, 2/3 de los Miembros de la Unión.

Artículo 9º (CS)

Principios aplicables a las elecciones y

asuntos conexos

b) El Secretario General, el Vicesecretario General, los Directores de las Oficinas y los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones sean elegidos entre los candidatos propuestos por los Miembros en tanto que nacionales suyos, de que sean nacionales de Miembros diferentes y de que, al proceder a su elección, se tenga en cuenta una distribución geográfica equitativa entre las diversas regiones del mundo; en cuanto a los funcionarios de elección, de que también se tengan en cuenta los principios expuestos en el número 154 de la presente Constitución;

c) Los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones sean elegidos a título individual y de que cada Miembro pueda proponer un solo candidato.

Artículo 28 (CS)

Finanzas de la Unión

(4) La clase contributiva elegida por cada Miembro de conformidad con los números 161 ó 162 anteriores, será aplicable al primer presupuesto bienal a contar desde la expiración del plazo de seis meses al que se hace referencia en los números 161 ó 162 anteriores.

Parte II. Fecha de entrada en vigor

Las enmiendas contenidas en el presente Instrumento entrarán en vigor, conjuntamente y en forma de un solo instrumento, el 1º de enero de 1996 entre los Miembros que sean parte en la Constitución y en el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) y que haya depositado antes de esa fecha su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del presente instrumento o de adhesión al mismo.

En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firman el original del presente instrumento de enmienda a la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992).

En Kyoto, a 14 de octubre de 1994.

22

Original: español

De la República Oriental del Uruguay:

La Delegación de la República Oriental del Uruguay declara, en nombre de su Gobierno, que se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere necesarias para proteger sus intereses en el caso de que otros Miembros no cumplan las disposiciones de la Constitución y del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) o del Protocolo facultativo, o cuando las reservas formuladas por otros Miembros comprometan el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicación.

Original: inglés

23

De la República Popular de China:

Al firmar las Actas Finales, la Delegación de la República Popular de China declara que reserva para su Gobierno el derecho a tomar cuantas medidas juzgue necesarias para proteger sus intereses si algún Miembro no cumpliese de alguna manera las disposiciones de la Constitución y del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Kyoto, 1994) o los Anexos al mismo, o si las reservas de otros países afectasen sus intereses.

24

Original: inglés

De la República de Uganda:

Al firmar las Actas Finales, la Delegación de la República de Uganda reserva el derecho de su Gobierno a tomar cuantas medidas considere necesarias para proteger sus intereses en caso de que otros países Miembros dejen de cumplir en alguna forma las disposiciones de las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), o los anexos al mismo, o en caso de que las reservas formuladas por otros países comprometan los intereses de la República de Uganda.

INSTRUMENTO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (GINEBRA, 1992)

(Enmiendas adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994))

PARTE I. Prefacio

En virtud y en aplicación de las disposiciones del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) y, en particular, de su artículo 42, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha adoptado las enmiendas siguientes a dicho Convenio:

Artículo 4º (CV)

El Consejo

1. El número de Miembros del Consejo será determinado por la Conferencia de Plenipotenciarios que se reúne cada cuatro años.

2. Este número no excederá del 25% del número total de Miembros de la Unión.

(14) efectuará la coordinación con todas las organizaciones internacionales a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Constitución y, a tal efecto, concertará en nombre de la Unión acuerdos provisionales con las organizaciones internacionales a que se refieren el artículo 50 de la Constitución y los números 260 y 261 del Convenio, y con las Naciones Unidas en aplicación del acuerdo entre esta última y la Unión Internacional de Telecomunicaciones; dichos acuerdos provisionales serán sometidos a la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios, de conformidad con el artículo 8º de la Constitución;

Artículo 7º (CV)

Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones

(2) El ámbito general de dicho orden del día debería ser establecido con cuatro años de anterioridad, y el orden del día definitivo será fijado por el Consejo, preferentemente dos años antes de la Conferencia con el acuerdo de la mayoría de los Miembros de la Unión, a reserva de lo establecido en el número 47 del presente Convenio. Ambas versiones del orden del día serán establecidas sobre la base de las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, de acuerdo con el número 126 del presente Convenio.

Artículo 19 (CV)

Participación de entidades y organizaciones distintas de las administraciones en las actividades de la Unión

9. Las entidades u organizaciones citadas en los números 229 ó 230 anteriores podrán actuar en nombre del Miembro que las haya aprobado, siempre que ese Miembro comunique al Director de la Oficina del Sector interesado la correspondiente autorización.

Artículo 23 (CV)

3. El Secretario General invitará en calidad de observadores a:

e) las entidades y organizaciones mencionadas en el número 229 de este Convenio y a las organizaciones de carácter internacional que representen a esas entidades y organizaciones.

b) los observadores de las organizaciones y de los organismos invitados de conformidad con los números 259 a 262 bis;

Artículo 24 (CV)

2. (1) Lo dispuesto en los números 256 a 265 del presente Convenio, excepto el número 262 bis se aplicará a las Conferencias de Radiocomunicaciones.

Artículo 32 (CV)

Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones

(2) El texto de toda propuesta importante que deba someterse a votación deberá distribuirse en los idiomas de trabajo de la conferencia con suficiente antelación para facilitar su estudio antes de la discusión.

Artículo 33 (CV)*

Finanzas

4. Se aplicarán las disposiciones siguientes a las contribuciones de las organizaciones en los números 259 a 262 y de las entidades autorizadas a participar en las actividades de la Unión conforme a las disposiciones del artículo 19 del presente Convenio.

(1) Las organizaciones indicadas en los números 259 a 262 del presente Convenio y otras organizaciones internacionales que participen en una Conferencia de Plenipotenciarios, en un Sector de la Unión o en una Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones Internacionales contribuirán a los gastos de esa conferencia o de ese Sector de conformidad con los números 479 a 481 siguientes, según el caso, salvo cuando sean exoneradas por el Consejo, en régimen de reciprocidad.

(2) Las entidades y organizaciones que aparezcan en las listas mencionadas en el número 237 del presente Convenio contribuirán al pago de los gastos del Sector de conformidad con los números 479 y 480 siguientes.

(3) Las entidades y organizaciones que aparezcan en las listas mencionadas en el número 237 del presente Convenio que participen en una Conferencia de Radiocomunicaciones, en una Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones Internacionales o en una conferencia o asamblea de un Sector del que no sean miembros contribuirán al pago de los gastos de esa conferencia o asamblea de conformidad con los números 479 y 481 siguientes.

(4) Las contribuciones mencionadas en los números 476, 477 y 478 se basarán en la libre elección de una clase contributiva de la escala que figura en el número 468 anterior, con la exclusión de las clases de 1/4, de 1/8 y de 1/16 de unidad reservadas a los Miembros de la Unión (esta exclusión no se aplica al Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones); la clase elegida se comunicará al Secretario General; la entidad u organización interesada podrá en todo momento elegir una clase contributiva superior a la adoptada anteriormente.

(5) El importe de la unidad contributiva a los gastos de cada Sector interesado se fija en 1/5 de la unidad contributiva de los Miembros de la Unión. Estas contribuciones se considerarán como ingresos de la Unión y devengarán intereses conformes a lo dispuesto en el número 474 anterior.

(6) El importe de la unidad contributiva a los gastos de una conferencia o asamblea se fija dividiendo el importe total del presupuesto de la conferencia o asamblea de que se trate por el número total de unidades pagadas por los Miembros en concepto de su contribución a los gastos de la Unión. Las contribuciones se considerarán como ingresos de la Unión y devengarán intereses a los tipos fijados en el número 474 anterior a partir del sexagésimo día siguiente al envío de las facturas correspondientes.

(7) Sólo podrá concederse una reducción de la clase contributiva de conformidad con los principios estipulados en el artículo 28 de la Constitución.

(8) En caso de denuncia de la participación en los trabajos de Sector o de la terminación de tal participación (véase el número 240 del presente Convenio), deberá abonarse la contribución hasta el último día del mes en que surta efecto la denuncia o se produzca la terminación.

5. El Secretario General fijará el precio de las publicaciones, procurando que los gastos de reproducción y distribución queden cubiertos en general con la venta de las mismas.

6. La Unión mantendrá una cuenta de provisión a fin de disponer de capital de explotación para cubrir los gastos esenciales y mantener suficiente liquidez para evitar, en lo posible, tener que recurrir a préstamos. El saldo de la cuenta de provisión será fijado anualmente por el Consejo sobre la base de las necesidades previstas. Al final de cada período presupuestario bienal, todos los créditos presupuestarios no utilizados ni comprometidos se ingresarán en la cuenta de provisión. Esta cuenta se describe detalladamente en el Reglamento Financiero.

7. (1) El Secretario General, de acuerdo con el Comité de Coordinación, podrá aceptar contribuciones voluntarias en efectivo o en especie, siempre que las condiciones de esas contribuciones sean compatibles, en su caso, con el objeto y los programas de la Unión y con los programas aprobados por una conferencia y conformes con el Reglamento Financiero, que contendrá disposiciones especiales para la aceptación y uso de tales contribuciones.

(2) Esas contribuciones serán notificadas por el Secretario General al Consejo en el Informe de gestión financiera, así como en un resumen que indique para cada caso el origen, la utilización propuesta y las medidas adoptadas referentes a cada contribución.

ANEXO (CV)

Observador: Persona enviada:

- por las Naciones Unidas, un organismo especializado de las Naciones Unidas, el organismo Internacional de Energía Atómica, una organización regional de telecomunicaciones o una organización intergubernamental que explote sistemas de satélite, para participar con carácter consultivo en la Conferencia de Plenipotenciarios, en una conferencia o en una reunión de un Sector;

- por una organización internacional para participar con carácter consultivo en una conferencia o en una reunión de un Sector;

- por el Gobierno de un Miembro de la Unión para participar, sin derecho de voto, en una Conferencia Regional;

- por una entidad u organización de las mencionadas en el número 229 del Convenio o por una organización de carácter internacional que represente a estas entidades u organizaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables del presente Convenio.

PARTE II. Fecha de entrar en vigor

Las enmiendas contenidas en el presente instrumento entrarán en vigor, conjuntamente y en forma de un solo instrumento, el 1º de enero de 1996 entre los Miembros que sean parte en la Constitución y en el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) y que hayan depositado antes de esa fecha su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del presente instrumento o de adhesión al mismo.

En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firman el original del presente instrumento de enmienda al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992).

En Kyoto, a 14 de octubre de 1994."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Luis E. Mallo)

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: este convenio, que cuenta con la sanción de la Cámara de Representantes, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales.

Hemos entendido que no correspondía un análisis demasiado exhaustivo de su contenido, porque significaría adentrarse en temas que realmente son de una alta especialidad. En todo caso, por los antecedentes de estas enmiendas -es decir, cuando fueron discutidas en el seno de la Unión Internacional de Telecomunicaciones- podemos decir que contaron con el apoyo explícito de una enorme cantidad de países adherentes. A través del examen que hemos realizado de esas enmiendas, nos parece que todas ellas son razonables para el Uruguay, al igual que la reserva que nuestro país y otros dejaron estampadas a la hora de la firma por parte de los gobiernos.

Reitero, pues, que a nuestro juicio no se puede entrar a analizar los puntos y las comas de un tema muy técnico, pero todos los antecedentes de las referidas enmiendas indican que Uruguay no puede permanecer ajeno a su aprobación parlamentaria por la importancia que tienen las telecomunicaciones para nuestro país.

De modo que, insisto, la Comisión no vaciló en aprobarlo por unanimidad, al igual que lo ocurrido en la Cámara de Representantes, por lo que aconsejamos al Cuerpo que lo vote afirmativamente.

Es cuanto tenía que informar.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis E. Mallo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: advierto que mi intervención va a ser un poco jocosa.

Quiero describir el estado de ánimo que tuve cuando leí el título de la Carpeta relativa a este asunto, que dice: "Enmiendas a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones". A primera vista, tuvimos la impresión de que se trataba de una reforma constitucional y, además, de una enmienda a las telecomunicaciones. Por ello dije que mi intervención iba a ser un poco jocosa.

Deseo aclarar que ese título que ha puesto la Secretaría en la Carpeta, recoge textualmente lo que dice el texto del artículo único, por lo que no estoy haciéndole una crítica, sino una referencia a la redacción original. Queda muy claro que se trata de un Convenio que crea la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Simplemente esa era la aclaración que quería realizar y no tenía el objeto de ser un chiste para que se festejara, pero quise revelar mi alarma cuando leí el título que, reitero, dice "Enmiendas a la Constitución".

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis E. Mallo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: simplemente, deseo señalar que, en más de una oportunidad, he advertido que los organismos internacionales cuidan menos la traducción al idioma español que otros.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis E. Mallo). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º y único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébanse las Enmiendas a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) adoptadas en las Conferencias de Ginebra de 1992 y de Kyoto de 1994, así como la Reserva formulada por la República Oriental del Uruguay."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

16) EFECTIVOS PERTENECIENTES AL EJERCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis E. Mallo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: solicito que se altere el orden del día y se declare urgente y se pase a tratar de inmediato el asunto que figura en decimosexto término del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis E. Mallo). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la alteración del orden del día.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

De acuerdo con lo resuelto por el Senado, se pasa a considerar el asunto que figura en decimosexto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos pertenecientes al Ejército de los Estados Unidos de América para realizar ejercicios conjuntos con Unidades del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea. (Carp. Nº 1021/98 - Rep. Nº 650/98)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1021/98

Rep. Nº 650/98

Ministerio de Defensa Nacional.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Montevideo, 14 de abril de 1998.

Señor Presidente de la Asamblea General

Doctor don Hugo Batalla

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de someter a su consideración, atento a lo preceptuado por el numeral 11 del artículo 85 de la Constitución de la República, el proyecto de ley adjunto por el cual se autoriza a Personal Superior y Subalterno, perteneciente al Ejército de los Estados Unidos de América, a visitar nuestro país entre el 17 de julio y el 25 de setiembre de 1998, a efectos de realizar un Ejercicio Bilateral de Infantería Ligera con Unidades de Infantería de nuestro Ejército Nacional y participación de la Fuerza Aérea Uruguaya.

En el año 1997 fueron llevados a cabo en territorio nacional Ejercicios de Infantería Ligera, que involucraron personal militar de todas las jerarquías, equipo y armamento del Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14 y del Ejército de los Estados Unidos de América, para los cuales se contó con la correspondiente autorización parlamentaria.

La realización del mencionado Ejercicio, entre otras ventajas, le permitió al Ejército:

- Entrenar instructores en las últimas técnicas, sin costos para nuestro país.

- Ahorrar material y equipo.

- Ahorrar horas de vuelo.

- Realizar actividades con material, que si bien existe en el país, no es posible su empleo por los costos operativos.

- Cumplir entrenamiento especializado y costoso que nuestra Fuerza Aérea está en condiciones de apoyar sólo en contadas oportunidades, aunque tiene capacidad para ejecutarlo.

- Conocer por parte de nuestros especialistas las últimas técnicas e incrementar su eficiencia operativa y niveles de seguridad.

- Ponerse al día sobre las últimas tácticas y técnicas en rescate de rehenes.

- Conservar, luego del entrenamiento conjunto, un remanente de material, de venta restringida y muy costoso, que permite proseguir con la instrucción durante el año militar.

Teniendo en consideración la complejidad y el costo que conlleva la preparación de Fuerzas para el cumplimiento de las Misiones del Ejército, la realización de esos Ejercicios en el presente año permitiría alcanzar similares objetivos.

Es por ello, que a los efectos de mantener una continuidad en el entrenamiento especializado iniciado en años anteriores, focalizando particularmente las tareas detalladas, se solicita se autorice el ingreso al territorio nacional del siguiente personal y equipo en las condiciones que a continuación se detallan:

- Se trata de un ejercicio bilateral avanzado de dos meses de duración a realizarse en tres fases, la primera de ellas del 17 de julio al 1º de agosto de 1998, desarrollada por un grupo de 8 hombres de Infantería Ligera del Ejército Sur de los Estados Unidos y el personal del Batallón "Paracaidista" de Infantería Nº 14 del Ejército Nacional, preparando a los participantes para la segunda fase (ejercicio final de campo).

Las operaciones de campo incluirían paracaidismo y despliegue táctico aerotransportado. Un segundo grupo del personal del Ejército Sur de los Estados Unidos, vendría en la segunda fase con dos aviones cargueros, transportando helicópteros UH-60 Night-Hawk y 2 pequeños vehículos, los cuales serían usados para las operaciones aerotransportadas de paracaidismo. Este segundo grupo consistiría en aproximadamente 100 miembros, incluyendo el personal de Infantería Ligera del Ejército Sur, las tripulaciones de las aeronaves y helicópteros y el personal de mantenimiento de los mismos entre el 2 y 10 de agosto de 1998.

Una vez finalizada la segunda fase, el personal de ésta partiría, dejando atrás un pequeño grupo de 10 miembros desde el 10 de agosto al 25 de setiembre de 1998, con el objetivo de reentrenar con el personal uruguayo, de acuerdo a las pautas alcanzadas, reafirmando las expectativas a lograr, para las cuales se han estado preparando en fases previas por tres años consecutivos.

Por los fundamentos precedentemente expuestos, se solicita al señor Presidente, la atención de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña, cuya aprobación se encarece.

Saluda a usted con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Raúl Iturria, Roberto Rodríguez Pioli, Luis Hierro López.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Autorízase el ingreso al territorio nacional de efectivos pertenecientes al Ejército de los Estados Unidos de América, integrado por Personal Superior y Subalterno, en las siguientes fases: Fase 1, integrada por 8 efectivos entre el 17 de julio y el 1º de agosto de 1998, Fase 2, integrada por 100 efectivos entre el 2 y el 10 de agosto de 1998 y Fase 3, compuesta por 10 efectivos entre el 10 de agosto y el 25 de setiembre de 1998, a efectos de realizar ejercicios de campo con Unidades de Infantería del Ejército Nacional y la participación de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Art. 2º. - Comuníquese, publíquese, archívese.

Raúl Iturria, Roberto Rodríguez Pioli, Luis Hierro López."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis E. Mallo). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Brezzo.

Previamente, invito a la señora Senadora Arismendi a que ocupe la Presidencia, en un sentido de homenaje a la mujer uruguaya.

(Pasa a ocupar la Presidencia la señora Senadora Arismendi)

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - En la Comisión de Defensa Nacional se consideró este proyecto, por el que se pide autorización para el ingreso de tropas, instructores y equipamiento del Ejército norteamericano a nuestro país, a fin de realizar ejercicios de Infantería Ligera en forma conjunta con el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14. Se trata de fuerzas especiales que traen determinado equipamiento y poseen conocimientos y un tipo de entrenamiento que nuestros Oficiales no tienen, significando ello un aporte técnico, de formación y, además, económico.

En nuestra opinión, esta es la única forma que tiene el Cuerpo de Paracaidistas -que podríamos llamar Fuerzas Especiales- del país de acceder a este tipo de entrenamiento.

No quiero extenderme en el punto ya que en el Mensaje del Poder Ejecutivo está descripto el tipo de tarea que van a realizar: por ejemplo, tácticas y técnicas de rescate de rehenes; operaciones de ahorro de horas de vuelo, etcétera.

Me resta agregar que en la Comisión se discutió este proyecto y que, por mayoría, se recomienda su aprobación.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - El ingreso de Fuerzas pertenecientes a un Estado hegemónico -como sin duda lo son las de los Estados Unidos de América- para visitar nuestro país y realizar ejercicios de campo con unidades de Infantería de nuestro Ejército Nacional, fue un tema que ya el 15 de julio de 1997 lo debatió este Senado, y habilitó el ingreso de una Fuerza similar a la que hoy se propone.

En ese momento, hicimos algunas puntualizaciones, que en cada una de estas situaciones volvemos a repetir, no con ánimo de comenzar un debate, sino por el hecho de que seguimos creyendo que se trata de un tema recurrente que tendría que recibir un tratamiento más profundo desde el punto de vista militar y de las agrupaciones políticas de nuestro país. Hoy se reedita la misma propuesta, se habla de los mismos ejercicios y, una vez más, aparece la actualización de la doctrina del Ejército. Esto no lo decimos nosotros, sino que venía en el Mensaje que nos fuera enviado en aquella oportunidad, e incluso en el Mensaje de hoy el Poder Ejecutivo también habla de una actualización doctrinaria. Allí se dice que, en esa actualización se va a dar cumplimiento de la misión y apoyar el Sistema Nacional de Emergencia. Se trata del Sistema Nacional de Emergencia que vemos activo cada vez que en nuestro país tenemos dificultades desde el punto de vista civil.

Ese Batallón de Infantería de Paracaidistas viene a entrenar instructores, sin costo para el Ejército Nacional. Nuevamente se plantea el problema de los costos para nuestro Ejército, como si la presencia de Fuerzas militares externas a lo que consideramos la doctrina latinoamericana, se pudiera medir, exclusivamente en costos para el Ejército Nacional, así como por los bienes que quedan a posteriori de la realización de las operaciones para el mantenimiento y la actualización de nuestro Ejército, con ahorro en materiales, equipos y entrenamiento especializado.

Ya en aquella oportunidad dijimos que la propuesta de actualizar las tácticas y técnicas para el rescate de rehenes por el sistema de caída libre no nos ofrecían los suficientes elementos de vinculación a la temática, así como tampoco nos aclaraban la real trascendencia que tenía la presencia de estas Fuerzas militares. En tal ocasión, objetamos la desconocida actualización de la doctrina del Ejército y expresamos que no era aceptable la generación permanente de debates en este ámbito. En tal circunstancia -no voy a leer palabras propias- se manifestó que "se estaba hablando en relación a la doctrina de nuestras Fuerzas Armadas y a su destino, así como al cumplimiento de sus funciones dentro del ámbito nacional e internacional. Se trata de un tema realmente trascendente que, a nuestro juicio, supera el esquema de análisis de este proyecto de ley y tiene valores suficientes para que, en algún momento, se proceda a su estudio".

En cada oportunidad, reclamamos estudiar y debatir, en todo su alcance, el tema militar. No por ser recurrentes, utilizamos las palabras pronunciadas por el señor Senador Santoro donde hacía un llamamiento explícito al tratamiento del tema.

También se dijo que el tema no se había originado en ese momento y que ya en circunstancias especiales, en períodos anteriores, el entonces señor Representante Vidal Zaglio había defendido un mecanismo de Tratados que el doctor Vargas Guillemet calificaba como contratos de adhesión y de homologación de decisiones ajenas. Incluso, el Senador Eduardo Víctor Haedo condicionaba esto a una necesaria discusión y revisión de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, cosa que hoy está en proceso de realización a través de los institutos militares.

Debemos decir que nos vemos en la obligación de votar en forma contraria todo aquello que signifique la presencia de Fuerzas Armadas no vinculadas al sistema latinoamericano. Aceptamos todos los convenios, incluso los que debieran estar totalmente derogados porque han perdido vigencia, siempre que traten la vinculación con Fuerzas Armadas a nivel latinoamericano, pero no panamericano. Este hecho llevó a que tuviéramos diferencias en la forma de expresarnos con respecto a los límites geográficos del continente o, mejor dicho, del multicontinente americano.

Nos interesa profundizar en el tema militar, y por eso justamente hoy se dijo -en circunstancias que no es del caso mencionar- que esto sería motivo de discusión, siempre y cuando nuestra política, -el Frente Amplio- tuviera propuestas que permitieran llevar adelante dicha discusión. Dicho así, no se conocen evidentemente, las propuestas ideológicas que tenemos con respecto a las Fuerzas Armadas, al modo de trabajar con ellas, a las vinculaciones que deben existir entre éstas y el poder político, debidamente fundamentadas por nuestra Constitución. Nos pareció que no se había tomado en cuenta lo que hemos mantenido constantemente en esta Cámara cuando un señor Senador nos dijo que no teníamos propuesta, cuando en otra oportunidad, él mismo recalcó que no le interesaba saber qué es lo que pasó ni lo que va a pasar. Entonces, si al señor Senador no le interesa esto, menos le interesará la propuesta que tenemos al respecto.

Además, se dijo que no se aceptan los planteos de organismos desconocidos y de dudosa credibilidad. Por lo menos debió suponer que no procedemos con ligereza cuando recibimos la información.

Esta propuesta de ingreso de fuerzas, así como las que están siendo analizadas en este momento en el Senado y en la Comisión de Defensa Nacional, según Mensaje del Poder Ejecutivo, vienen vinculadas a una Reforma del Estado. Es algo que queremos saber, si en esa reforma del Estado se van a usar mecanismos doctrinarios distintos a los que existen hoy, contrarios al ingreso de este tipo de fuerzas. Del estudio general del problema saldrá el evitarnos reiterar debates estériles con un debate único en busca de una ley más general.

Una vez más, y reiterando la voluntad de trabajo en ese sentido, tenemos que votar en contra de ejercicios que, por lo menos, y en las circunstancias en que están establecidos, no tienen la claridad suficiente como para avizorar que doctrinariamente no son contrarios a las posiciones sustentadas por el Uruguay en convenios internacionales.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-12 en 21. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Autorízase el ingreso al territorio nacional de efectivos pertenecientes al Ejército de los Estados Unidos de América integrado por Personal Superior y Subalterno en las siguientes fases: Fase 1, integrada por 8 efectivos entre el 17 de julio y el 1º de agosto de 1998, Fase 2 integrada por 100 efectivos entre el 2 y el 10 de agosto de 1998 y Fase 3 compuesta por 10 efectivos entre el 10 de agosto y el 25 de setiembre de 1998 a efectos de realizar ejercicios de campo con Unidades de Infantería del Ejército Nacional y la participación de la Fuerza Aérea Uruguaya."

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-12 en 20. Afirmativa.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Quiero decir que por esta vía una vez más hemos permitido que las Fuerzas Armadas reciban un entrenamiento adecuado a la época y a las circunstancias que se pueden plantear en este momento, con aporte de tecnología que nuestras Fuerzas Armadas no tienen. Cito solamente el aporte de uno de los helicópteros que van a llegar a nuestro país, que permiten hacer ejercicios nocturnos.

Sin ánimo de polémica, deseo expresar que no sentimos, de ninguna manera, el criterio que se ha manifestado por parte de un señor Senador hablando de fuerzas hegemónicas. Al respecto, en algún momento haremos referencia -no quiero incluirlo ahora, en el fundamento de voto- a documentos públicos sobre políticas y concesiones que tienen los distintos partidos políticos -el Partido Colorado, el Partido Nacional y especialmente el Frente Amplio, que ha votado en sus congresos diferentes decisiones- hacia las Fuerzas Armadas.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

17) ENMIENDA AL PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE MINAS, ARMAS TRAMPA Y OTROS ARTEFACTOS, ANEXO A LA CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la enmienda al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y otros artefactos. (Carp. Nº 1014/98 - Rep. Nº 641/98)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1014/98

Rep. Nº 641/98

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Camara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase la enmienda al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996), Anexo a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminatorios, celebrada en Nueva York, el 18 de octubre de 1996.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 1º de abril de 1998.

Jaime Mario Trobo Presidente

Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

ENMIENDA AL PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE MINAS, ARMAS TRAMPA Y OTROS ARTEFACTOS, ANEXO A LA CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS

La Cámara de Representantes envía con media sanción la aprobación de la Enmienda al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y otros Artefactos, según el Protocolo II fue enmendado el 3 de mayo de 1996, anexo a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, exhortos celebrados en Nueva York el 18 de octubre de 1996.

El Protocolo enmendado significa para los Estados signatarios, normas mínimas de protección basadas en principios humanitarios universalmente reconocidos.

El propósito fundamental, es la prohibición del uso de la fuerza, la discriminación del uso de armas en general, y las particularmente crueles en especial.

El Protocolo enmendado es de gran ayuda para la efectividad de aplicación de estos compromisos, al llevar adelante la coordinación y armonización de las distintas legislaciones.

El mismo prohibe el empleo indiscriminado de armas, prevé las "precauciones viables" para proteger a los civiles de sus efectos.

Se prevé la obligación del empleo de minas antipersonas que no sean detectables y de dar con antelación aviso sobre lanzamiento de minas a distancia que afecten a una población civil.

Se indican procedimientos para delimitar, controlar y limpiar perímetros de empleo de minas antipersonas,
siempre con sentido de protección en general.

Las partes se comprometen a no transferir ningún tipo de minas cuyo uso esté prohibido.

Por ser una temática de gran interés y actualidad, por las soluciones que las normas de aplicación del Protocolo trae aparejado, se recomienda la aprobación del mismo.

Sala de la Comisión, 21 de mayo de 1998.

Carlos M. Garat (Miembro Informante), Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Rafael Michelini, Américo Ricaldoni, Ricardo Rocha Imaz. Senadores.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 3 de enero de 1997.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, la adjunta enmienda al Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996), Anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminatorios enmendado el 3 de mayo de 1996.

El Protocolo Enmendado significa para los Estados Signatarios, consagrar normas mínimas de protección, aceptadas por la Comunidad Internacional, basadas en principios humanitarios universalmente reconocidos.

Su propósito fundamental consiste en la reafirmación de una de las normas más importantes del Derecho Internacional como lo es la interdicción del uso de la fuerza, contribuyendo de esta forma a disminuir el uso de armas en general y de las particularmente crueles en especial.

En este sentido, el Protocolo Enmendado será un instrumento de ayuda para garantizar la efectividad de estos compromisos al propiciar la coordinación y armonización de legislaciones nacionales.

La enmienda al Protocolo reafirma la prohibición del empleo indiscriminado de armas previendo las precauciones viables para proteger a las personas civiles de sus efectos. El Protocolo define el concepto de "precauciones viables" estableciendo que son aquellas factibles o pasibles de aplicación.

En el artículo 4º, se prevé la obligación de restringir el empleo de minas antipersonales que no sean detectables y de dar, por adelantado, aviso eficaz sobre cualquier lanzamiento de minas a distancia que pueda afectar a una población civil.

En ese sentido el artículo 5º, impone también la obligación de restringir el empleo de minas antipersonales que no sean lanzadas a distancia, salvo que se coloquen en una zona con perímetro marcado, y se proceda a limpiar la zona de esas armas antes de abandonarla. Establece asimismo, que la zona estará supervisada por personal militar que garantice la exclusión efectiva de toda persona civil.

Finalmente y en aplicación del artículo 8º, las Partes se comprometen a no transferir ningún tipo de minas cuyo uso esté prohibido, y a no transferir mina alguna a ningún receptor que no sea un Estado o agencia estatal, debiendo restringirse al máximo este tipo de transferencia.

Entendiendo que es de interés para la República la entrada en vigor de las Normas de aplicación del Protocolo, por cuanto presenta soluciones jurídicas a un problema de mucha actualidad como lo es el de la proliferación de todo tipo de conflictos armados, el Poder Ejecutivo solicita de ese Cuerpo la aprobación correspondiente.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Carlos Pérez Del Castillo, Raúl Iturria, Didier Opertti, Alfredo Solari.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase la enmienda al Protocolo Sobre Prohibición o Restricciones Del Empleo De Minas, Armas Trampa Y Otros Artefactos Según Fue Enmendado El 3 De Mayo De 1996 (Protocolo II Segun Fue Enmendado El 3 de Mayo De 1996), Anexo a la Convención Sobre Prohibiciones o Restricciones Del Empleo De Ciertas Armas Convencionales Que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o De Efectos Indiscriminatorios, celebrada en Nueva York a los 18 días del mes de octubre de 1996.

Carlos Pérez Del Castillo, Raúl Iturria, Didier Opertti, Alfredo Solari.

Anexo B

PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE MINAS, ARMAS TRAMPA Y OTROS ARTEFACTOS SEGUN FUE ENMENDADO EL 3 DE MAYO DE 1996 (PROTOCOLO II SEGUN FUE ENMENDADO EL 3 DE MAYO DE 1996), ANEXO A LA CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS

ARTICULO I: PROTOCOLO ENMENDADO

Por el presente artículo queda enmendado el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II), anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados ("la Convención"). El texto del Protocolo según fue enmendado es el siguiente:

"Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996)

Artículo 1º

Ambito de aplicación

1. El presente Protocolo se refiere al empleo en tierra de las minas, armas trampa y otros artefactos, que en él se definen, incluidas las minas sembradas para impedir el acceso a playas, el cruce de vías acuáticas o el cruce de ríos, pero no se aplica al empleo de minas antibuques en el mar o en vías acuáticas interiores.

2. El presente Protocolo se aplicará, además de a las situaciones a que se refiere el artículo 1º de la Convención, a las situaciones a que se refiere el artículo 3º común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados.

3. En el caso de conflictos que no sean de carácter internacional que tengan lugar en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada parte en el conflicto estará obligada a aplicar las prohibiciones y restricciones del presente Protocolo.

4. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con el fin de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al Gobierno de mantener o restablecer el orden público en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos.

5. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo para justificar la intervención, directa o indirecta, sea cual fuere la razón, en un conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Alta Parte Contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto.

6. La aplicación de las disposiciones del presente Protocolo a las partes en un conflicto, que no sean Altas Partes Contratantes, que hayan aceptado el presente Protocolo no modificará su estatuto jurídico ni la condición jurídica de un territorio en disputa, ya sea expresa o implícitamente.

Artículo 2º

Definiciones

A los efectos del presente Protocolo:

1. Por "mina" se entiende toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo.

2. Por "mina lanzada a distancia" se entiende toda mina no colocada directamente sino lanzada por medio de artillería, misiles, cohetes, morteros o medios similares, o arrojada desde aeronaves. Las minas lanzadas, desde un sistema basado en tierra, a menos de 500 metros no se consideran "lanzadas a distancia", siempre que se empleen de conformidad con el artículo 5º y demás artículos pertinentes del presente Protocolo.

3. Por "mina antipersonal" se entiende toda mina concebida primordialmente para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona y que incapacite, hiera o mate a una o más personas.

4. Por "arma trampa" se entiende todo artefacto o material concebido, construido o adaptado para matar o herir, y que funcione inesperadamente cuando una persona mueva un objeto al parecer inofensivo, se aproxime a él o realice un acto que al parecer no entrañe riesgo alguno.

5. Por "otros artefactos" se entiende las municiones y artefactos colocados manualmente, incluidos los artefactos explosivos improvisados, que estén concebidos para matar, herir o causar daños, y que sean accionados manualmente, por control remoto o de manera automática con efecto retardado.

6. Por "objetivo militar", en lo que respecta a los bienes, se entiende aquellos que, por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del momento, una clara ventaja militar.

7. Por "bienes de carácter civil" se entiende todos los bienes que no sean objetivos militares tal como están definidos en el párrafo 6 del presente artículo.

8. Por "campo de minas" se entiende una zona determinada en la que se han colocado minas y por "zona minada" se entiende una zona que es peligrosa a causa de la presencia de minas. Por "campo de minas simulado" se entiende una zona libre de minas que aparenta ser un campo de minas. Por "campo de minas" se entiende también los campos de minas simulados.

9. Por "registro" se entiende una operación de carácter material, administrativo y técnico cuyo objeto es obtener, a los efectos de su inclusión en registros oficiales, toda la información disponible que facilite la localización de campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos.

10. Por "mecanismo de autodestrucción" se entiende un mecanismo incorporado o agregado exteriormente, de funcionamiento automático, que causa la destrucción de la munición a la que se ha incorporado o agregado.

11. Por "mecanismo de autoneutralización" se entiende un mecanismo incorporado, de funcionamiento automático, que hace inoperativa la munición a la que se ha incorporado.

12. Por "autodesactivación" se entiende el hacer inoperativa, de manera automática, una munición mediante el agotamiento irreversible de un componente, por ejemplo una batería eléctrica, que sea esencial para el funcionamiento de la munición.

13. Por "control remoto" se entiende el control por mando a distancia.

14. Por "dispositivo antimanipulación" se entiende un dispositivo destinado a proteger una mina, que forma parte de la mina, está conectado o fijado a la mina, o colocado bajo ella, y que se activa cuando se intenta manipularla.

15. Por "transferencia" se entiende, además del traslado físico de minas desde o hacia el territorio nacional, la transferencia del dominio y del control sobre las minas, pero no se entenderá la transferencia de territorio que contenga minas colocadas.

Artículo 3º

Restricciones generales del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos

1. El presente artículo se aplica a:

a) Las minas;

b) Las armas trampa; y

c) Otros artefactos.

2. De conformidad con las disposiciones del presente Protocolo, cada Alta Parte Contratante o parte en un conflicto es responsable de todas las minas, armas trampa y otros artefactos que haya empleado, y se compromete a proceder a su limpieza, retirarlos, destruirlos o mantenerlos según lo previsto en el artículo 10 del presente Protocolo.

3. Queda prohibido, en todas las circunstancias, emplear minas, armas trampa u otros artefactos, concebidos de tal forma o que sean de tal naturaleza, que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios.

4. Las armas a las que se aplica el presente artículo deberán cumplir estrictamente las normas y límites que se especifican en el Anexo Técnico respecto de cada categoría concreta.

5. Queda prohibido el empleo de minas, armas trampa y otros artefactos provistos de un mecanismo o dispositivo concebido específicamente para hacer detonar la munición ante la presencia de detectores de minas fácilmente disponibles como resultado de su influencia magnética u otro tipo de influencia que no sea el contacto directo durante su utilización normal en operaciones de detección.

6. Queda prohibido emplear minas con autodesactivación provistas de un dispositivo antimanipulación diseñado de modo que este dispositivo pueda funcionar después de que la mina ya no pueda hacerlo.

7. Queda prohibido, en todas las circunstancias, emplear las armas a las que se aplica el presente artículo, sea como medio de ataque, como medio de defensa o a título de represalia, contra la población civil propiamente dicha o contra personas civiles o bienes de carácter civil.

8. Queda prohibido el empleo indiscriminado de las armas a las que se aplica el presente artículo. Empleo indiscriminado es cualquier ubicación de estas armas:

a) Que no se encuentre en un objetivo militar ni esté dirigido contra un objetivo militar. En caso de duda de si un objeto que normalmente se destina a fines civiles, como un lugar de culto, una casa u otro tipo de vivienda, o una escuela, se utiliza con el fin de contribuir efectivamente a una acción militar, se presumirá que no se utiliza con tal fin;

b) En que se recurra a un método o medio de lanzamiento que no pueda ser dirigido contra un objetivo militar determinado; o

c) Del que se pueda prever que cause fortuitamente pérdidas de vidas de personas civiles, heridas a personas civiles, daños a bienes de carácter civil o más de uno de estos efectos, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.

9. No se considerarán como un solo objetivo militar diversos objetivos militares claramente separados e individualizados que se encuentren en una ciudad, pueblo, aldea u otra zona en la que haya una concentración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil.

10. Se tomarán todas las precauciones viables para proteger a las personas civiles de los efectos de las armas a las que se aplica el presente artículo. Precauciones viables son aquellas factibles o posibles en la práctica, habida cuenta de todas las circunstancias del caso, incluidas consideraciones humanitarias y militares. Entre otras, estas circunstancias incluyen:

a) El efecto a corto y a largo plazo de las minas sobre la población civil local durante el período en que esté activo el campo de minas;

b) Posibles medidas para proteger a las personas civiles (por ejemplo, cercas, señales, avisos y vigilancia);

c) La disponibilidad y viabilidad de emplear alternativas; y

d) Las necesidades militares de un campo de minas a corto y a largo plazo.

11. Se dará por adelantado aviso eficaz de cualquier ubicación de minas, armas trampa y otros artefactos que puedan afectar a la población civil, salvo que las circunstancias no lo permitan.

Artículo 4º

Restricciones del empleo de minas antipersonal

Queda prohibido el empleo de toda mina antipersonal que no sea detectable, según se especifica en el párrafo 2 del Anexo Técnico.

Artículo 5º

Restricciones del empleo de minas antipersonal que no sean minas lanzadas a distancia

El presente artículo se aplica a las minas antipersonal que no sean minas lanzadas a distancia.

12. Queda prohibido el empleo de las armas a las que se aplica el presente artículo que no se ajusten a lo dispuesto en el Anexo Técnico respecto de la autodestrucción y la autodesactivación, a menos que:

a) Esas armas se coloquen en una zona con el perímetro marcado que esté vigilada por personal militar y protegida por cercas u otros medios para garantizar la exclusión efectiva de personas civiles de la zona. Las marcas deberán ser inconfundibles y duraderas y ser por lo menos visibles a una persona que esté a punto de penetrar en la zona con el perímetro marcado; y

b) Se proceda a limpiar la zona de esas armas antes de abandonarla, a no ser que se entregue el control de la zona a las fuerzas de otro Estado que acepten la responsabilidad del mantenimiento de las protecciones exigidas por el presente artículo y la remoción subsiguiente de esas armas.

3. Una parte en un conflicto sólo quedará exenta del ulterior cumplimiento de las disposiciones de los apartados a) y b) del párrafo 2 del presente artículo cuando no sea posible tal cumplimiento debido a la pérdida de control de la zona por la fuerza como resultado de una acción militar enemiga, incluidas las situaciones en que la acción militar directa del enemigo impida ese cumplimiento. Si esa parte recupera el control de la zona, reanudará el cumplimiento de las disposiciones de los apartados a) y b) del párrafo 2 del presente artículo.

4. Si las fuerzas de una parte en un conflicto toman el control de una zona en la que se hayan colocado armas a las que se aplica el presente artículo, dichas fuerzas mantendrán y, en caso necesario, establecerán, en la mayor medida posible, las protecciones exigidas en el presente artículo hasta que se haya procedido a limpiar la zona de esas armas.

5. Se adoptarán todas las medidas viables para impedir la retirada, desfiguración, destrucción u ocultación, no autorizada, de cualquier dispositivo, sistema o material utilizado para delimitar el perímetro de una zona con el perímetro marcado.

6. Las armas a las que se aplica el presente artículo que lancen fragmentos en un arco horizontal de menos de 90° y que estén colocadas en la superficie del terreno o por encima de ésta podrán ser empleadas sin las medidas previstas en el párrafo 2 a) del presente artículo durante un plazo máximo de 72 horas, si:

a) Están situadas en la proximidad inmediata de la unidad militar que las haya colocado; y

b) La zona está supervisada por personal militar que garantice la exclusión efectiva de toda persona civil.

Artículo 6º

Restricciones del empleo de las minas lanzadas a distancia

1. Queda prohibido emplear minas lanzadas a distancia a menos que estén registradas conforme a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 del Anexo Técnico.

2. Queda prohibido emplear minas antipersonal lanzadas a distancia que no se ajusten a lo dispuesto en el Anexo Técnico respecto de la autodestrucción y la autodesactivación.

3. Queda prohibido emplear minas lanzadas a distancia distintas de las minas antipersonal, a menos que, en la medida de lo posible, estén provistas de un mecanismo eficaz de autodestrucción o autoneutralización, y tengan un dispositivo de autodesactivación de reserva diseñado de modo que las minas no funcionen ya como minas tan pronto como se prevea que vayan a dejar de cumplir la finalidad militar para la que fueron colocadas.

4. Se dará, por adelantado, aviso eficaz de cualquier lanzamiento de minas a distancia que pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias no lo permitan.

Artículo 7º

Prohibiciones del empleo de armas trampa y otros artefactos

1. Sin perjuicio de las normas del Derecho Internacional aplicables en los conflictos armados con respecto a la traición y la perfidia, queda prohibido, en todas las circunstancias, emplear armas trampa y otros artefactos que estén de algún modo vinculados o relacionados con:

a) Emblemas, signos o señales protectores reconocidos internacionalmente;

b) Personas enfermas, heridas o muertas;

c) Sepulturas, crematorios o cementerios;

d) Instalaciones, equipo, suministros o transportes sanitarios;

e) Juguetes u otros objetos portátiles o productos destinados especialmente a la alimentación, la salud, la higiene, el vestido o la educación de los niños;

f) Alimentos o bebidas;

g) Utensilios o aparatos de cocina, excepto en establecimientos militares, locales militares o almacenes militares;

h) Objetos de carácter claramente religioso;

i) Monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto, que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos; o

j) Animales vivos o muertos.

2. Queda prohibido el empleo de armas trampa u otros artefactos con forma de objetos portátiles aparentemente inofensivos, que estén especialmente diseñados y construidos para contener material explosivo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo queda prohibido el empleo de las armas a las que se aplica el presente artículo en cualquier ciudad, pueblo, aldea u otra zona donde se encuentre una concentración similar de civiles, en la que no tengan lugar combates entre las fuerzas de tierra o no parezcan inminentes, a menos que:

a) Estén ubicadas en un objetivo militar o en su inmediata proximidad; o

b) Se tomen medidas para proteger a los civiles de sus efectos, por ejemplo, mediante centinelas, señales o actos de advertencia o cercas.

Artículo 8º

Transferencias

1. A fin de promover los propósitos del presente Protocolo, cada Alta Parte Contratante:

a) Se compromete a no transferir ningún tipo de minas cuyo uso esté prohibido en virtud del presente Protocolo;

b) Se compromete a no transferir minas a ningún receptor distinto de un Estado o agencia estatal autorizado para recibir tales transferencias;

c) Se compromete a ser restrictiva en la transferencia de todo tipo de minas cuyo empleo esté restringido por el presente Protocolo. En particular, las Altas Partes Contratantes se comprometen a no transferir minas antipersonal a los Estados que no estén obligados por el presente Protocolo, a menos que el Estado receptor convenga en aplicar el presente Protocolo; y

d) Se compromete a garantizar que, al realizar cualquier transferencia con arreglo al presente artículo, tanto el Estado transferente como el Estado receptor lo hagan de plena conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Protocolo y con las normas aplicables del derecho humanitario internacional.

2. En caso de que una Alta Parte Contratante declare que va a aplazar el cumplimiento de algunas disposiciones concretas para el empleo de determinadas minas, según se dispone en el Anexo Técnico, se seguirá aplicando de todas formas a esas minas el apartado a) del párrafo 1 del presente artículo.

3. Hasta la entrada en vigor del presente Protocolo, todas las Altas Partes Contratantes se abstendrán de todo tipo de acciones que sean incompatibles con el apartado a) del párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 9º

Registro y utilización de información sobre campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos

1. Toda la información concerniente a campos de minas, zonas minadas, armas trampa y otros artefactos se registrará de conformidad con las disposiciones del Anexo Técnico.

2. Todos los registros mencionados serán conservados por las partes en un conflicto, las cuales adoptarán, sin demora, tras el cese de las hostilidades activas, todas las medidas necesarias y apropiadas, incluida la utilización de esa información, para proteger a las personas civiles de los efectos de campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos en las zonas bajo su control.

Al mismo tiempo, facilitarán también a la otra parte o a las otras partes en el conflicto y al Secretario General de las Naciones Unidas toda la información que posean respecto de los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos colocados por ellas en las zonas que ya no estén bajo su control; no obstante, y a condición de que haya reciprocidad, cuando las fuerzas de una parte en el conflicto estén en el territorio de una parte contraria, cada una de las partes podrá abstenerse de facilitar esa información al Secretario General y a la otra parte, en la medida en que lo exijan sus intereses de seguridad, hasta que ninguna parte se encuentre en el territorio de la otra. En este último caso, la información retenida se divulgará tan pronto como lo permitan dichos intereses de seguridad. Siempre que sea factible, las partes en el conflicto procurarán, por mutuo acuerdo, disponer la divulgación de esa información lo antes posible y de modo acorde con los intereses de seguridad de cada parte.

3. El presente artículo se entiende sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 10 y 12 del presente Protocolo.

Artículo 10

Remoción de campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos y cooperación internacional

1. Sin demora alguna tras el cese de las hostilidades activas, se deberá limpiar, remover, destruir o mantener de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º y en el párrafo 2 del artículo 5º del presente Protocolo todos los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos.

2. Incumbe a las Altas Partes Contratantes y a las partes en un conflicto esa responsabilidad respecto de los campos de minas, las zonas minadas, las minas, las armas trampa y otros artefactos que se encuentren en zonas que estén bajo su control.

3. Respecto de los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos colocados por una parte en zonas sobre las que ya no ejerza control, esta parte facilitará a la parte que ejerza el control, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, en la medida que esa parte lo permita, la asistencia técnica y material que se necesite para cumplir esa responsabilidad.

4. Siempre que sea necesario, las partes se esforzarán por llegar a un acuerdo entre sí y, cuando proceda, con otros Estados y organizaciones internacionales, acerca del suministro de asistencia técnica y material, incluida, en las circunstancias adecuadas, la organización de las operaciones conjuntas que sean necesarias para cumplir esas responsabilidades.

Artículo 11

Cooperación y asistencia técnicas

1. Cada Alta Parte Contratante se compromete a facilitar el intercambio más completo posible de equipo, material e información científica y técnica en relación con la aplicación del presente Protocolo y los medios para la limpieza de minas, y tendrá el derecho a participar en ese intercambio. En particular, las Altas Partes Contratantes no impondrán restricciones indebidas al suministro de equipo de limpieza de minas y de la correspondiente información técnica con fines humanitarios.

2. Cada Alta Parte Contratante se compromete a proporcionar información a la base de datos sobre limpieza de minas establecida en el Sistema de las Naciones Unidas, en especial la información relativa a los diversos medios y tecnologías de limpieza de minas, así como listas de expertos, organismos de especialistas o centros de contacto nacionales para la limpieza de minas.

3. Cada Alta Parte Contratante que esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para la limpieza de minas por conducto del Sistema de las Naciones Unidas, de otros órganos internacionales o sobre una base bilateral, o contribuirá al Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para Asistencia a la Limpieza de Minas.

4. Las solicitudes de asistencia presentadas por las Altas Partes Contratantes, fundamentadas en la información pertinente, podrán presentarse a las Naciones Unidas, a otros órganos competentes o a otros Estados. Esas solicitudes podrán presentarse al Secretario General de las Naciones Unidas, quien las transmitirá a todas las Altas Partes Contratantes y a las organizaciones internacionales competentes.

5. En caso de solicitudes hechas a las Naciones Unidas, el Secretario General de las Naciones Unidas, con cargo a los recursos de que él disponga, podrá tomar medidas apropiadas para evaluar la situación y, en cooperación con la Alta Parte Contratante solicitante, determinará el suministro apropiado de asistencia para la limpieza de minas o la aplicación del Protocolo. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá asimismo informar a las Altas Partes Contratantes de esa evaluación y también del tipo y alcance de la asistencia solicitada.

6. Sin perjuicio de sus disposiciones constitucionales y demás disposiciones legales, las Altas Partes Contratantes se comprometen a cooperar y a transferir tecnología para facilitar la aplicación de las prohibiciones y restricciones pertinentes establecidas en el presente Protocolo.

7. Cada Alta Parte Contratante tendrá derecho a pedir y recibir asistencia técnica, cuando proceda, de otra Alta Parte Contratante en relación con la tecnología específica pertinente, que no sea tecnología de armas, según sea necesario y viable, con miras a reducir cualquier período de aplazamiento previsto en las disposiciones del Anexo Técnico.

Artículo 12

Protección contra los efectos de los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos

1. Aplicación

a) Con la excepción de las fuerzas y misiones que se mencionan en el inciso i) del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo, el presente artículo solamente se aplica a las misiones que desempeñen funciones en una zona con el consentimiento de la Alta Parte Contratante en cuyo territorio se desempeñen esas funciones.

b) La aplicación de las disposiciones del presente artículo a partes en un conflicto que no sean Altas Partes Contratantes no modificará su estatuto jurídico o la condición jurídica de un territorio disputado, bien sea explícita o implícitamente.

c) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio del derecho internacional humanitario en vigor u otros instrumentos internacionales, según proceda, o de decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que dispongan un nivel de protección más elevado para el personal que desempeñe sus funciones de conformidad con el presente artículo.

2. Fuerzas y misiones de mantenimiento de la paz y de otra índole

a) El presente párrafo se aplica a:

i) toda fuerza o misión de las Naciones Unidas que desempeñe funciones de mantenimiento de la paz, observación u otras funciones análogas en una zona de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; y

ii) toda misión establecida de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas y que desempeñe sus funciones en la zona de un conflicto.

b) Cada una de las Altas Partes Contratantes o de las partes en un conflicto, si se lo solicita el jefe de una fuerza o misión a la que se aplique el presente párrafo; deberá:

i) adoptar, dentro de lo posible, las medidas que sean necesarias para proteger a las fuerzas o misión de los efectos de minas, armas trampa y otros artefactos, que se encuentren en la zona bajo su control;

ii) si es necesario para proteger eficazmente a ese personal, remover o hacer inocuas, dentro de lo posible, todas las minas, armas trampa y otros artefactos de esa zona;y

iii) informar al jefe de la fuerza o misión acerca de la ubicación de todos los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos conocidos en la zona en que la fuerza o misión desempeñe sus funciones y, en la medida de lo posible, poner a disposición del jefe de la fuerza o misión toda la información que esté en poder de esa parte respecto de esos campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos.

3. Misiones humanitarias y de investigación de las Naciones Unidas

a) El presente párrafo se aplica a toda misión humanitaria o de investigación del Sistema de las Naciones Unidas.

b) Cada Alta Parte Contratante o parte en un conflicto, si se lo solicita el jefe de una misión a la que se aplique el presente párrafo, deberá:

i) proporcionar al personal de la misión las protecciones indicadas en el inciso i) del apartado b) del párrafo 2 del presente artículo; y

ii) en caso de que sea necesario acceder a algún lugar bajo su control o pasar por él para el desempeño de las funciones de la misión y a fin de ofrecer al personal de la misión acceso seguro hacia ese lugar o a través de él:

aa) a menos que lo impidan las hostilidades en curso, informar al jefe de la misión acerca de una ruta segura hacia ese lugar, cuando disponga de esa información; o

bb) cuando no se proporcione información que señale una ruta segura de conformidad con el subinciso aa), en la medida de lo necesario y factible, abrir un pasillo a través de los campos de minas.

4. Misiones del Comité Internacional de la Cruz Roja

a) El presente párrafo se aplica a toda misión del Comité Internacional de la Cruz Roja que desempeñe funciones con el consentimiento del Estado o los Estados anfitriones de conformidad con lo previsto en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, y, en su caso, de sus Protocolos adicionales.

b) Cada una de las Altas Partes Contratantes o partes en un conflicto, si se lo solicita el jefe de una misión a la que se aplique el presente párrafo, deberá:

i) proporcionar al personal de la misión las protecciones indicadas en el inciso i) del apartado b) del párrafo 2 del presente artículo; y

ii) adoptar las medidas previstas en el inciso ii) del apartado b) del párrafo 3 del presente artículo.

5. Otras misiones humanitarias y misiones de investigación

a) En la medida en que no les sean aplicables los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, se aplicará el presente párrafo a las siguientes misiones cuando desempeñen funciones en la zona de un conflicto o presten asistencia a las víctimas del mismo:

i) toda misión humanitaria de una sociedad nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o de su Federación Internacional;

ii) toda misión de una organización humanitaria imparcial, incluida toda misión humanitaria imparcial de limpieza de minas; y

iii) toda misión de investigación establecida de conformidad con las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y, en su caso, de sus Protocolos adicionales.

b) Cada una de las Altas Partes Contratantes o partes en un conflicto, si se lo solicita el jefe de una misión a la que se aplique el presente párrafo, deberá, en la medida de lo posible:

i) proporcionar al personal de la misión las protecciones indicadas en el inciso i) del apartado b) del párrafo 2 del presente artículo; y

ii) adoptar las medidas previstas en el inciso ii) del apartado b) del párrafo 3 del presente artículo.

6. Confidencialidad

Toda la información proporcionada confidencialmente de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo será tratada por quien la reciba de manera estrictamente confidencial y no se divulgará fuera de la fuerza o la misión del caso sin la autorización expresa de quien la hubiera facilitado.

7. Respeto de las leyes y reglamentos

Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades de que pueda gozar, o de las exigencias de sus funciones, el personal que participe en las fuerzas y misiones a que se refiere el presente artículo deberá:

a) Respetar las leyes y reglamentos del Estado anfitrión; y

b) Abstenerse de toda medida o actividad que sea incompatible con el carácter imparcial e internacional de sus funciones.

Artículo 13

Consultas entre las Altas Partes Contratantes

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a consultarse y a cooperar entre sí con respecto a toda cuestión relativa a la aplicación del presente Protocolo. A tal efecto, se celebrarán anualmente conferencias de las Altas Partes Contratantes.

2. La participación de las Altas Partes Contratantes en la conferencia anual vendrá determinada por el reglamento en que ellas convengan.

3. La labor de la Conferencia comprenderá:

a) El examen de la aplicación y condición del presente Protocolo;

b) Estudio de los asuntos que se planteen a raíz de los informes de las Altas Partes Contratantes conforme a lo dispuesto en el párrafo 4 del presente artículo;

c) La preparación de conferencias de revisión;

d) Estudio de los adelantos tecnológicos aplicables a la protección de civiles contra los efectos indiscriminados de las minas.

4. Las Altas Partes Contratantes presentarán informes anuales al Depositario, el cual los distribuirá entre todas las Altas Partes Contratantes con antelación a la conferencia, acerca de cualquiera de los siguientes asuntos:

a) Difusión de información sobre el presente Protocolo entre sus fuerzas armadas y la población civil;

b) Programas de limpieza de minas y de rehabilitación;

c) Medidas adoptadas para satisfacer los requisitos técnicos del presente Protocolo, y cualquier otra información pertinente al respecto;

d) Legislación concerniente al presente Protocolo;

e) Medidas adoptadas acerca del intercambio internacional de información técnica, cooperación internacional en materia de limpieza de minas y asistencia y cooperación técnicas; y

f) Otros asuntos pertinentes.

5. El costo de la Conferencia de las Altas Partes Contratantes será sufragado por las Altas Partes Contratantes y los Estados que no son parte que participen en la labor de la conferencia, de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas convenientemente ajustada.

Artículo 14

Cumplimiento

1. Cada una de las Altas Partes Contratantes adoptará todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas y de otra índole, para prevenir y reprimir las violaciones del presente Protocolo cometidas por personas o en territorios sujetos a su jurisdicción o control.

2. Entre las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo figuran medidas pertinentes para garantizar la imposición de sanciones penales a las personas que, en relación con un conflicto armado y en contravención de las disposiciones del presente Protocolo, causen deliberadamente la muerte o lesiones graves a civiles, y la comparecencia de esas personas ante la justicia.

3. Cada una de las Altas Partes Contratantes exigirá también que sus Fuerzas Armadas dicten las instrucciones militares y elaboren los procedimientos de operación pertinentes y que el personal de las Fuerzas Armadas reciba una formación acorde con sus obligaciones y responsabilidades para cumplir las disposiciones del presente Protocolo.

4. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a consultarse y a cooperar entre sí, bilateralmente, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas o por otro procedimiento internacional pertinente, para resolver cualquier problema que pueda surgir con respecto a la interpretación y aplicación de las disposiciones del presente Protocolo.

Anexo Técnico

1. Registro

a) El registro de la ubicación de las minas que no sean minas lanzadas a distancia, campos de minas, zonas minadas, armas trampa y otros artefactos se hará de conformidad con las disposiciones siguientes:

i) Se especificará con exactitud la ubicación de los campos de minas, zonas minadas, zonas de armas trampa y otros artefactos en relación con las coordenadas de por lo menos dos puntos de referencia y las dimensiones estimadas de la zona en que se encuentren esas armas en relación con esos puntos de referencia;

ii) Se confeccionarán mapas, diagramas u otros registros de modo que se indique en ellos la ubicación de los campos de minas, zonas minadas, armas trampa y otros artefactos en relación con puntos de referencia, indicándose además en esos registros sus perímetros y extensiones; y

iii) A los efectos de la detección y limpieza de minas, armas trampa y otros artefactos, los mapas, diagramas o demás registros contendrán información completa sobre el tipo, el número, el método de colocación, el tipo de espoleta y el período de actividad, la fecha y la hora de ubicación, los dispositivos antimanipulación (si los hubiere) y otra información pertinente respecto de todas esas armas colocadas. Siempre que sea posible, el registro del campo de minas indicará la situación exacta de cada mina; salvo en los campos de minas sembrados en hileras, donde bastará conocer la situación de la hilera. La situación precisa y el mecanismo de accionamiento de cada una de las armas trampa colocadas serán registrados individualmente.

b) Tanto la ubicación estimada como la zona de las minas lanzadas a distancia deberán especificarse mediante las coordenadas de puntos de referencia (normalmente puntos situados en las esquinas) y deberán determinarse y, siempre que sea posible, señalarse sobre el terreno en la primera oportunidad posible. También se registrará el número total y el tipo de minas colocadas, la fecha y la hora de ubicación y los períodos de autodestrucción.

c) Se conservarán ejemplares de los registros a un nivel de mando que permita garantizar su seguridad en la medida de lo posible.

d) Queda prohibido el empleo de minas producidas después de la entrada en vigor del presente Protocolo, salvo que lleven marcadas, en inglés o en el idioma o idiomas nacionales respectivos, la información siguiente:

i) nombre del país de origen

ii) mes y año de fabricación

iii) número de serie o número del lote.

Las marcas serán visibles, legibles, duraderas y resistentes a los efectos ambientales, en la medida de lo posible.

2. Especificaciones sobre detectabilidad

a) Las minas antipersonales producidas después del 1º de enero de 1997 llevarán incorporado un material o dispositivo que permita su detección con equipo técnico de detección de minas fácilmente disponible y que dé una señal de respuesta equivalente a 8 gramos, o más, de hierro en una sola masa homogénea.

b) Las minas antipersonales producidas antes del 1º de enero de 1997 llevarán incorporado, o se les fijará antes de su colocación, de manera que no se pueda separar fácilmente, un material o dispositivo que permita su detección con equipo técnico de detección de minas fácilmente disponible y que dé una señal de respuesta equivalente a 8 gramos, o más, de hierro en una sola masa homogénea.

c) En el caso de que una Alta Parte Contratante llegue a la conclusión de que no puede cumplir de inmediato con lo dispuesto en el apartado b), podrá declarar, cuando notifique su consentimiento a quedar obligada por el presente Protocolo, que aplaza el cumplimiento de dicho apartado por un período no superior a nueve años contado a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo. Mientras tanto, reducirá al mínimo, en la medida de lo posible, el empleo de minas antipersonales que no cumplan esas disposiciones.

3. Especificaciones sobre la autodestrucción y la autodesactivación

a) Todas las minas antipersonales lanzadas a distancia se diseñarán y construirán de modo que, dentro de los 30 días siguientes a haber sido colocadas, no queden sin autodestruirse más del 10% de las minas activadas, y cada mina contará con un dispositivo de autodesactivación de reserva diseñado y construido a fin de que, en combinación con el mecanismo de autodestrucción, no más de una de cada mil minas activadas siga funcionando como tal 120 días después de haber sido colocada.

b) Todas las minas antipersonales no lanzadas a distancia que se empleen fuera de las zonas marcadas, según se definen en el artículo 5º del presente Protocolo, cumplirán los requisitos de autodestrucción y autodesactivación estipulados en el apartado a).

c) En el caso de que una Alta Parte Contratante llegue a la conclusión de que no puede cumplir de inmediato con lo dispuesto en los apartados a) y/o b), podrá declarar, cuando notifique su consentimiento a quedar obligada por el presente Protocolo, que aplaza el cumplimiento de los apartados a) y/o b), con respecto a las minas fabricadas antes de su entrada en vigor, por un período no superior a nueve años contado a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo.

Durante ese período de aplazamiento, la Alta Parte Contratante:

i) se esforzará por reducir al mínimo, en la medida posible, el empleo de minas antipersonales que no se ajusten a esas disposiciones; y

ii) en lo que respecta a las minas antipersonales lanzadas a distancia, cumplirá los requisitos de autodestrucción o bien los de autodesactivación, y con respecto a las demás minas antipersonales cumplirá por lo menos los requisitos de autodesactivación.

4. Señales internacionales para los campos de minas y zonas minadas

Se utilizarán señales análogas a las del ejemplo adjunto y según se especifican a continuación para marcar los campos de minas y zonas minadas a fin de que sean visibles y reconocibles para la población civil:

a) Tamaño y forma: un triángulo o un cuadrilátero no menor de 28 cm. (11 pulgadas) por 20 cm. (7,9 pulgadas) para el triángulo y de 15 cm. (6 pulgadas) de lado para el cuadrilátero;

b) Color: rojo o naranja con un borde amarillo reflectante;

c) Símbolo: el símbolo que se da como ejemplo en el modelo adjunto o cualquier otro símbolo fácilmente reconocible en la zona en que haya de colocarse para identificar una zona peligrosa;

d) Idioma: la señal deberá contener la palabra "minas" en uno de los seis idiomas oficiales de la presente Convención (árabe, chino, español, inglés, francés y ruso) y en el idioma o los idiomas que se utilicen en la zona; y

e) Separación: las señales deberán colocarse en torno del campo de minas o la zona minada a una distancia que permita que un civil que se acerque a la zona las vea perfectamente desde cualquier punto.

Adición

SEÑAL DE AVISO PARA LAS ZONAS EN

QUE SE HAYA COLOCADO MINAS

ARTICULO II: ENTRADA EN VIGOR

El presente Protocolo enmendado entrará en vigor conforme a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 8º de la Convención.

Dra. Adriana Berro de Piriz. Consejero".

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Esta enmienda al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampas y otros artefactos, Anexo a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminatorios, tiende a integrar a nuestro país a un acuerdo de importancia, pues hemos visto, en los últimos tiempos, la real significación que este tipo de armas tiene en perjuicio de la población civil, sobre todo en aquellos países en los que, por distintas circunstancias, se ha entrado en el caos de la guerra interna. En ellos se instalan y se colocan armas de este tipo que a veces, prácticamente, causan más perjuicio, más víctimas y más heridos en la población que la guerra misma.

El Protocolo enmendado significa, para los Estados signatarios, normas mínimas de protección basadas en principios humanitarios universalmente reconocidos. Su propósito fundamental es la prohibición del uso de la fuerza, la discriminación del uso de armas en general, y las particularmente crueles en especial.

El Protocolo enmendado es de gran ayuda para la efectividad de aplicación de estos compromisos, al llevar adelante la coordinación y armonización de las distintas legislaciones. El mismo prohíbe el empleo indiscriminado de armas, prevé las "precauciones viables", para proteger a los civiles de sus efectos. Prevé la obligación del empleo de minas antipersonas que no sean detectables y de dar con antelación aviso sobre el lanzamiento de minas a distancia que afecten a una población civil. Se indican procedimiento para delimitar, controlar y limpiar perímetros de empleo de minas antipersonas, siempre con sentido de protección en general.

Las partes se comprometen a no transferir ningún tipo de minas cuyo uso esté prohibido.

Esta temática es de gran interés y actualidad y, por lo tanto, al contar con la aprobación en general de la Comisión de Asuntos Internacionales, solicitamos la aprobación por parte del Senado.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

"ARTICULO UNICO. - Apruébase la enmienda al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampas y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996), Anexo a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminatorios, celebrada en Nueva York, el 18 de octubre de 1996".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

18) IMPUESTO A LAS TRASMISIONES PATRIMONIALES

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Se pasa a considerar el asunto que figura en el punto 12 del orden del día: "Proyecto de ley por el que se modifica el literal c) del artículo 8º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990. (Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales). (Carp. Nº 825/97 - Rep. Nº 644/98)".

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señora Presidenta: quisiera solicitar la postergación de este proyecto hasta la sesión del próximo martes, dado que el Miembro Informante es el señor Senador Bergstein, quien va a estar presente en esa oportunidad. Si bien podríamos informarlo nosotros, porque no es complejo, pensamos que aquella sería una mejor ocasión.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Queda postergado el asunto que figura en 12 término del orden del día.

19) ASOCIACION DE AMISTAD PARLAMENTARIA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DEL PERU

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Se pasa a considerar el asunto que figura en 17 término del orden del día: "Proyecto de Resolución elevado por la Comisión de Asuntos Internacionales por el que se crea la Asociación de Amistad Parlamentaria con la República del Perú. (Carp. Nº 1046/98 - Rep. Nº 634/98)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1046/98

Rep. Nº 634/98

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1º. - Créase, conforme al principio de reciprocidad internacional, la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, la cual estará integrada por los Legisladores miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Art. 2º. - Se procederá a su constitución, una vez efectuada la correspondiente coordinación con la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

Sala de la Comisión, 14 de mayo de 1998.

Carlos M. Garat (Miembro Informante), Gonzalo Fernández, Rafael Michelini, Carlos Julio Pereyra, Américo Ricaldoni. Senadores."

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Esta resolución es similar a otras que han tenido lugar de acuerdo con una política de la Comisión de Asuntos Internacionales que recomienda la creación de estas asociaciones de amistad parlamentaria con distintos países. En tal sentido, en este momento viene la propuesta de crear una con la República hermana del Perú. Habiendo sido aprobada por unanimidad en la Comisión, solicitamos su aprobación por el Cuerpo.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Créase, conforme al principio de reciprocidad internacional, la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, la cual estará integrada por los Legisladores miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º. - Se procederá a su constitución, una vez efectuada la correspondiente coordinación con la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

20) ASOCIACION DE AMISTAD PARLAMENTARIA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA FEDERACION DE RUSIA

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Se pasa a considerar el asunto que figura en 18 término del orden del día: "Proyecto de Resolución elevado por la Comisión de Asuntos Internacionales por el que se crea la Asociación de Amistad Parlamentaria con la Federación de Rusia. (Carp. Nº 1047/98 - Rep. Nº 635/98)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1047/98

Rep. Nº 635/98

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1º. - Créase, conforme al principio de reciprocidad internacional, la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y la Federación de Rusia, la cual estará integrada por los Legisladores miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Art. 2º. - Se procederá a su constitución, una vez efectuada la correspondiente coordinación con la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

Sala de la Comisión, 14 de mayo de 1998.

Carlos M. Garat (Miembro Informante), Gonzalo Fernández, Rafael Michelini, Carlos Julio Pereyra, Américo Ricaldoni. Senadores."

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - De igual forma que lo informado sobre el proyecto anterior, recomendamos aprobar esta resolución para un Tratado de Amistad Parlamentaria con el Parlamento ruso.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Créase, conforme al principio de reciprocidad internacional, la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y la Federación de Rusia, la cual estará integrada por los Legisladores miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º. - Se procederá a su constitución, una vez efectuada la correspondiente coordinación con la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

21) SE LEVANTA LA SESION

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - No habiendo más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 18 y 19 minutos, presidiendo la señora Senadora Marina Arismendi y estando presentes los señores Senadores Antognazza, Astori, Bertolini, Cid, Couriel, Fernández Faingold, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Hualde, Irurtia, Millor, Pereyra, Ricaldoni y Segovia).

Dr. HUGO BATALLA  Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Sr. Freddy A. Massimino  Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.