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Nº 215 - TOMO 386 - 18 DE DICIEMBRE DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

76ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

y el SEÑOR SENADOR LUIS BREZZO  Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 10) Solicitudes de licencia

- Las formulan el señor Presidente del Cuerpo y el señor Senador Fernández Faingold.
- Concedidas.

4) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. La presentan los señores Hackembruch, Batlle Bertolini, Bentancur, la doctora Reta, los contadores Zerbino, Davrieux y Rodríguez y los doctores Bluth, Solari, Correa Freitas, Bastón, Opertti, Bado, Scavarelli y Pais comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

5) Corrupción

- Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se establecen normas para la prevención y lucha contra la corrupción.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

6) Organización y funcionamiento de los registros públicos

- Proyecto de ley por el que se prorroga la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.871.
- Por moción del señor Senador Garat el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

7) Previsión Social Policial

- Proyecto de ley por el que se modifica el régimen actual.
- Por moción del señor Senador Garat el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

8) Banco de Seguros del Estado

- Proyecto de ley por el que se le autoriza a enajenar determinados bienes.
- Por moción del señor Senador Garat el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

9) Salarios públicos, tarifas públicas y cuotas del Banco Hipotecario del Uruguay

- Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se modifican los períodos de ajuste.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

11) Impuesto a las Retribuciones Personales

- Proyecto de ley por el que se modifican sus tasas.
- Por moción del señor Senador Pozzolo el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) "La Cumparsita"

- Proyecto de ley por el que se le declara himno cultural y popular de la República Oriental del Uruguay.
- Por moción del señor Senador Heber el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Modificacón de la legislación electoral vigente

- Proyecto de ley por el que se modifican algunas normas.
- En consideración.

14) Sesión extraordinaria

- Por moción del señor Senador Batlle el Senado resuelve sesionar en forma extraordinaria el próximo martes 23 a la hora 16 y 30.

15) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 17 de diciembre de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria en régimen de cuarto intermedio, mañana jueves 18 a la hora 14, a fin de hacer cesar el receso, informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se establecen normas para la prevención y lucha contra la corrupción.

(Carp. Nº 481/96 - Rep. Nº 542/97)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2º) Por el que se modifican los períodos de ajuste de los salarios de los funcionarios de la Administración Central, de las tarifas públicas y de las cuotas de amortización de préstamos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay.

(Carp. Nº 875/97 - Rep. Nº 545/97)

3º) Proyecto de ley originado en la Corte Electoral, modificativo de disposiciones de la Ley de Elecciones Nº 7.812 y complementarias.

(Carp. Nº 877/97 - Rep. Nº 506/97
Anexos I y II)

4º) Por el que se modifican las tasas del Impuesto a las Retribuciones Personales.

(Carp. Nº 863/97 - Rep. Nº 550/97)

5º) Por el que se dispone dejar sin efecto el aporte del 2% adicional de los funcionarios policiales y se establece que dicho aporte sea igual al dispuesto por el artículo 181 de la Ley Nº 16.713.

(Carp. Nº 917/97 - Rep. Nº 547/97)

6º) Por el que se declara himno cultural y popular de la República Oriental del Uruguay a "La Cumparsita".

(Carp. Nº 750/97 - Rep. Nº 537/97)

7º) Por el que se autoriza al Banco de Seguros del Estado a enajenar determinados bienes inmuebles.

(Carp. Nº 905/97 - Rep. Nº 544/97)

8º) Por el que se prorroga la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, relativa a la organización de los Registros Públicos.

(Carp. Nº 941/97 - Rep. Nº 551/97)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario"

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Arismendi, Astori, Batlle, Bergstein, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Laguarda, Mallo, Michelini, Millor, Pereyra, Pozzolo, Quarneti, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia y Storace.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Fernández Faingold, Korzeniak y Virgili.

3) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 14 y 38 minutos)

-Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Faingold solicita licencia por el día de la fecha por motivos particulares."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 18 de diciembre de 1997.

Sr. Presidente del Senado

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito a Ud. licencia por el día de la fecha por motivos particulares.

Sin otro particular, saluda atte.

Hugo Fernández Faingold. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

4) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de varias notas de desistimiento llegadas a la Mesa.

(Se da de las siguientes:)

"Los señores Tabaré Hackembruch, Luis Batlle Bertolini y Bentancur, la doctora Reta, los contadores Zerbino, Davrieux y Rodríguez y los doctores Bluth, Solari, Correa Freitas, Bastón, Opertti, Bado, Scavarelli y Pais comunican que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto."

-Corresponde convocar al señor Quarneti, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se
encontrara en Antesala, se le invita pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Quarneti)

5) CORRUPCION

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde ingresar a la consideración del primer punto del orden del día: "Discusión particular del proyecto de ley por el que se establecen normas para la prevención y lucha contra la corrupción (Carp. Nº 481/96 - Rep. Nº 542/97)".

(Antecedentes: Ver 72a. S.O.)

-Está en discusión general el Capítulo IV "Disposiciones Penales" en los aditivos propuestos por el señor Senador Millor, sin perjuicio de que ya se hizo referencia a este asunto cuando se analizó el artículo 18 del proyecto.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Hierro López.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Simplemente a título recordatorio, a los efectos de contribuir con el orden del trabajo y asegurar una rápida votación, quisiera decir que hemos hecho algunas consultas con varios señores Senadores y nos da la impresión que estaríamos en condiciones de avanzar rápidamente en la votación.

Estamos considerando varios aditivos del señor Senador Millor y, obviamente, corresponde analizarlos a todos. Por otra parte, hemos distribuido un agregado al Capítulo del Código Penal que en su oportunidad vamos a proponer, en sustitución de los conceptos establecidos en el artículo 18 del proyecto de ley, que no vamos a acompañar con nuestro voto. Creo que correspondería postergar la discusión sobre el artículo 18 de la figura del enriquecimiento ilícito hasta que se culmine con su redacción, para avanzar con los otros aditivos del señor Senador Millor y con los artículos que faltan. De esa manera, pasaríamos a votar este artículo que ya está distribuido pero que en este momento está siendo corregido por los señores Senadores Bergstein y Dalmás, pues quizás pudiera merecer algún ajuste de redacción.

SEÑOR PRESIDENTE. - En este momento se están analizando los artículos aditivos, por lo que el artículo 18 fue tratado por lo menos en forma tangencial; de todas formas, la discusión se planteó en torno a los aditivos del señor Senador Millor.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - No quisiera pasar en silencio la propuesta del señor Senador Millor porque aunque alguien pueda pensar que la redacción no es la más correcta y otros señores Senadores crean que significaría un cambio muy fuerte en nuestro Código, plantear una discusión en torno al enriquecimiento ilícito, deseo trasmitir al Cuerpo algunas inquietudes que van en la dirección de hacer algo respecto a aquellos que usando los cargos públicos, terminan generando un patrimonio que ni el salario que perciben ni sus entradas familiares pueden justificar.

Aquí se ha dicho que estaríamos invirtiendo la carga de la prueba y que esta sería la primera excepción, independientemente de que haya algunos ejemplos como puede ser el caso del proxeneta, en el que el Juez muchas veces falla por convicción. Si bien no soy un experto en estos temas, considero que este asunto es clave porque representa una señal que se le da a la ciudadanía; son premios y castigos que se dirigen a los ciudadanos según hagan bien o mal las cosas. A modo de ejemplo, hace algunos días, en la otra orilla, en la ciudad de Buenos Aires, a un empleado público, un policía, se le constató que contaba con cientos de miles de dólares. La única justificación que dio fue que su padre -jubilado, anciano y de pocos recursos- le había entregado ese dinero a manera de regalo. Justamente, esta persona está siendo vinculada con uno de los atentados más importantes de los últimos tiempos: me refiero al realizado contra la AMIA. Creo que esté vinculado o no al delito por el que se le está persiguiendo, genera enormes dudas acerca de cómo logró ese enriquecimiento absolutamente injustificado. Es más, nos preguntamos por qué ese funcionario sigue trabajando como empleado con un sueldo menor, cuando cuenta con semejante patrimonio.

Cuando el Nuevo Espacio visitó el Círculo Policial y se entrevistó con activos y pasivos se desprendió una voz de alerta por parte de esos asociados. Ellos me manifestaron que sabían cuánto ganaban los comisarios; me preguntaban cómo era posible que algunos de ellos -por suerte, los menos- posean un patrimonio importante. Todos sabemos que en ningún momento justifican sus entradas y, además, ¿si tienen tal patrimonio, por qué continúan trabajando?

Quizá esto parezca algo menor y tengan razón quienes dicen que no deben hacerse excepciones a la regla, invirtiendo la carga de la prueba en este delito. Pero digo que le damos muy malas señales a los funcionarios públicos cuando presencian que hay otros que se enriquecen inexplicablemente, ejerciendo su cargo. De esta manera, los demás empleados se sienten inclinados a pensar que los premios no se ganan por cumplir correctamente la función, sino por actuar corruptamente.

Estamos en el mundo de los "vivos", donde al que hace las cosas mal no le pasa nada y donde reina la impunidad. El Estado contrata a una persona para cumplir determinada función y la comunidad, a través de los impuestos paga sus sueldos, pero resulta que después el funcionario hace lo que quiere, obteniendo un gran patrimonio en virtud del cargo que está desempeñando. De esa manera, el mencionado funcionario se enriquece y, además, lo muestra, induciendo a los demás a pensar que él es muy "vivo", porque no le pasa nada.

Entiendo que esta es la peor señal de todas, porque a los funcionarios públicos les decimos que en la medida en que no surja la comisión de un delito, no se puede hacer nada contra quienes se enriquecen indebidamente. Aquí no estamos hablando de investigar a todos los ciudadanos, sino que nos referimos a aquellos funcionarios públicos que tienen determinados cargos y, a la vista del conjunto de la población, se encuentran entre los "vivos".

No hace falta recorrer mucho para apreciar que en la frontera algunos empleados públicos tienen un patrimonio mayor del que podrían poseer de acuerdo en relación con el cargo que ocupan; en algunas localidades, algunos funcionarios pertenecientes en muchos casos a los gobiernos locales tienen un patrimonio muy importante en relación con lo que ganan.

SEÑOR BATLLE. - En ese caso, señor Senador, tendría que denunciarlos.

SEÑOR MICHELINI. - Precisamente, estamos buscando los instrumentos necesarios para que no sea el Senador Michelini quien deba preguntar dónde está tal o cual funcionario público; creo que deben existir mecanismos naturales para que el propio Estado pueda contribuir -analizando los estados patrimoniales- con la tarea relativa a la investigación del patrimonio que posee cada uno de estos funcionarios públicos.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - En la discusión general dejé sentada la coincidencia que tenía con esta preocupación expresada primero por el señor Senador Millor, por el señor Senador Mallo, y ahora por el señor Senador Michelini, con quien estoy totalmente de acuerdo. Pregunto qué sentido tendría el hacer firmar declaraciones juradas de patrimonio si luego no serán utilizadas ante la sospecha de un enriquecimiento ilícito. ¿Para qué requerimos su firma si después no servirán para el fin para el que fueron creadas?

Reitero que comparto la preocupación del señor Senador Michelini y me parece que este razonamiento es complementario de la exigencia de las declaraciones juradas y aprovecho esta interrupción para fijar, una vez más, mi posición al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - No deseo triangular esta discusión, contestando al señor Senador Pereyra a través de una interrupción que tan amablemente me concedió el señor Senador Michelini. Me parece de interés precisar y recordar que en todos los casos de los delitos previstos por la ley, y a solicitud del Juez o a resolución de la Junta, la declaración de bienes de un funcionario es un documento que puede incluso ser publicado en la prensa. Entonces, no se puede preguntar para qué sirve la declaración jurada; sirve para todos los casos de delitos tipificados en la ley, que es lo que estamos discutiendo. La duda en torno a la figura del enriquecimiento ilícito radica en que no está definido exactamente qué significa, pero la ley es muy precisa y ha sido estudiada y avalada por dictámenes técnicos muy correctos. Por lo tanto, ya sea por actuación de la Junta como por resolución del Juez, la declaración jurada puede ser utilizada para saber si ha habido una actuación indebida de parte del funcionario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI. - Quiero decir que no soy jurista, ni abogado, ni mucho menos y que tampoco esa es mi vocación. La necesidad de preservar la libertad y las garantías de los ciudadanos, cuestión en la cual permanentemente debemos hacer hincapié para evitar cualquier arbitrariedad o abuso de autoridad de parte del Estado, no puede transformarse en una caza de brujas; ese no es el sentido. Un Estado es fuerte o débil en función de los premios que otorgue a sus funcionarios. Lo peor que le puede pasar al conjunto de los funcionarios públicos es que el hacer bien las cosas se transforme en una pérdida de tiempo y hacerlas mal y en provecho propio signifique ser el "vivo" de la película.

Entonces, lo que estamos intentando -y quizá no es este el camino- no es ver el tema vinculado -como quieren algunos- a la política; ni tuviéramos que sacar aquí el tema de la política, siempre terminaríamos en la lucha política y, por lo tanto, usando este instrumento podrían darse actitudes menores. Si ello es así, deberíamos eliminarlo. Digo que tenemos un funcionamiento público y que debemos ser muy cuidadosos para saber quién se enriquece aprovechando el cargo que ocupa y da la peor señal a los demás funcionarios.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Creo que la intención del señor Senador Michelini es buena y, por ello, la comparto. Sin embargo, el mecanismo que él nos está planteando es absolutamente horroroso, porque a través de este sistema se estaría creando nada menos que la posibilidad de que, sin tipificar el delito, la autoridad que tiene que juzgar se forme una idea en función de lo que ella entiende que es el enriquecimiento.

Cuando el enriquecimiento es indebido es porque proviene de una ilicitud y en ese caso ha habido un delito tipificado en el Código Penal. Me parece muy bien que el enriquecimiento indebido como consecuencia de haber incurrido en delitos tipificados por el Código Penal, se introduzca o incorpore al Código como un agravante especial, porque entonces sí la persona sabe que no solamente está incurriendo en un delito, sino que ese delito tiene un agravante especial que lo puede condenar a una pena de equis años, no excarcelable -si se quiere hacer así- que determinará una situación totalmente distinta para el caso del enriquecimiento que surja del hecho de haber cometido delitos. Pero lo que plantea el señor Senador Michelini -que pido lo traslade a un texto para incorporarlo al Código Penal- es algo tremendo; es algo que determina que el Juez, de acuerdo a su leal saber y entender en cada caso, establecerá si ese enriquecimiento se debió a ilícitos o no ilícitos, en función de la prueba que tiene que demostrar aquel a quien se le dice que como funcionario público no puede tener los bienes que tiene porque recibió un sueldo de tanto. Entonces, no solamente estamos alterando la carga de la prueba modificando las formas constitucionales, sino además estamos generando un nuevo estilo de Derecho Penal que se practicó en las peores dictaduras del universo.

Los funcionarios públicos son ciudadanos de este país como cualquiera y merecen la misma protección y el mismo castigo de la ley; deben tener un delito tipificado en el Código. Entonces, tipifique el delito y proponga el delito para que el Juez pueda decir que en tal caso hay concusión, en tal otro hay cohecho y en tal otro hay peculado, o hay uso de influencias o aprovechamiento ilícito de la función, pero tipifique el delito. Si usted tipifica el delito, lo vamos a votar, pero lo que usted está proponiendo es que al funcionario público, que parece que es una persona que no merece los derechos de los demás ciudadanos del Uruguay, se le invierta la carga de la prueba y además el Juez pueda decir, por sí y ante sí, que "en este caso tiene siete autos y merece ser castigado" y que otro Juez exprese: "En este caso tiene siete autos, pero me parece bien lo que me dijo acerca de cómo los consiguió".

Entonces, lo que estamos haciendo es torcer el Código Penal y el funcionamiento de la ley penal y de la seguridad de los ciudadanos en este país de una manera que nos retrotrae a las penas y a los sistemas de paredón. Eso es lo que estamos haciendo y a eso no me presto, y no me duelen prendas, porque es una absoluta aberración. Y nunca en mi vida he escuchado algo semejante.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI. - El señor Senador Batlle va a tener que seguir escuchando, señor Presidente, con todo respeto lo que habla este Senador.

SEÑOR BATLLE. - Por supuesto que voy a seguir escuchando.

SEÑOR MICHELINI. - Hemos logrado el primer objetivo: reflexionar que el tema de la ley anticorrupción no consiste sólo en intentar tipificar los delitos que correspondan, sino tratar de que las señales que da el Estado y este Parlamento refieren a los premios y castigos que deben recibir los funcionarios públicos, es decir, los estímulos bien concebidos. Quien hace bien las cosas tiene que ser premiado y quien las hace mal, castigado. Lo que no puede pasar es que hoy muchos de los que hacen mal las cosas terminan generando un nivel de patrimonio y dando la señal a todos de que los "vivos" son ellos. Quizás esa reflexión -si el propio señor Senador Batlle nos hubiera dejado terminar- nos permita a quienes somos amantes de la libertad y queremos darle a los ciudadanos todas las garantías y sabemos -como lo sabe el señor Senador Batlle- lo que significa haber perdido las libertades -nadie más cuidadoso que yo, señor Presidente, de las libertades ni nadie más lejos que yo de la caza de brujas- encontrar los mecanismos que posibiliten direccionar los estímulos hacia donde tienen que ir y terminar con el país de los "vivos". Yo estoy en un determinado lugar y saco un provecho no por el lugar que ocupo y por la responsabilidad que tengo, sino por lo que dejo hacer o ayudo a hacer. No reprimo el delito, lo amparo. ¿Cuántas veces ha pasado? Lo hemos visto. Tal vez, el señor Senador Batlle tiene razón. ¿Por qué la va a tener este humilde ciudadano? Seamos cuidadosos; está en juego el tema de la libertad. Por este mecanismo que plantea el señor Senador Millor, una persona podría ir presa sin que haya una tipificación del delito. Quizás se trata de una persona inocente que no quiso decir que su patrimonio proviene de algo que podría afectar otros valores, pero no de un acto delictivo. Ahora bien; ¿no hay en este Senado otros mecanismos para plantear que, sin afectar la libertad, eviten que el país de los "vivos" siga existiendo? Vuelvo a insistir que este problema se ha visto muchas veces en relación con lo político. Si hay que eliminar esta posibilidad, no tengo inconveniente, ya encontraremos otra forma da dar las señales correspondientes. Pero me parece que sería bueno redactar una disposición por la que se establezca que si un empleado público ganando lo que gana no puede justificar ni por él mismo, ni por su cónyuge ni por ninguna situación del azar los bienes desproporcionados que posee -consideremos incluso la posibilidad de que acierte en la lotería o en cualquier otro juego de azar- entonces no los pueda usar, sin afectar el tema de la libertad. Entendemos que de esta manera se podría dar una clara señal de que aquel que se enriquece ilícitamente no va a ganar y no tiene impunidad, y de que la sociedad es cuidadosa de quien ejerce un cargo público.

Vuelvo a llamar a la reflexión. Puede que esta no sea la mejor solución, pero no veo que otros señores Senadores -independientemente de que quien está cometiendo el delito es un delincuente y se enriquece indebidamente, pero no se puede probar- se pregunten cuál es la señal que damos al resto de los funcionarios públicos, a quienes estamos diciendo que hagan uso de ese cargo y de esas influencias que tienen, para enriquecerse, porque en este país en definitiva no pasa nada. A veces me acuerdo del pago de impuestos, donde se da la señal de que quien no paga y defrauda se ve beneficiado por las reglas tal como las estamos armando.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el Senado lo permite, la Mesa quiere expresar que esperaba la presencia en Sala del señor Senador Couriel para pedirle excusas al Cuerpo y especialmente a dicho señor Senador por un exabrupto de nuestra parte en la sesión de ayer, que la Presidencia entiende no debió formular. No tenía ninguna referencia personal ni a él ni a nadie, pero de cualquier manera la Mesa quiere presentar excusas públicamente. Esta Presidencia cree que las excusas valen cuando se hacen en forma pública, no cuando se dan personalmente.

SEÑOR COURIEL. - Está todo muy bien, señor Presidente.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Quiero hacer dos referencias en relación con lo que mencionaba el señor Senador Michelini. En primer lugar, la señal que damos a los funcionarios públicos y a la sociedad en su conjunto es de una ley muy severa, muy importante y muy estudiada que impone controles a los funcionarios públicos, como la Ley Cristal. Inclusive, algunos señores Senadores creen que estos controles son excesivos y que imponen penas muy severas para cuando se cometen actos indebidos y una serie de normas administrativas que conforman la señal a la que hacía referencia el señor Senador Michelini.

Creo que estamos ante un proyecto de ley muy importante, que ha sido extensamente debatido, que todo el mundo reconoce que es necesario que el Estado asuma y me parece que constituye una discusión desmedida decir que, porque no incorporamos tal tipo de delito, entonces estamos dejando de dar la señal. No; digamos primero que estamos dando una muy buena señal a la sociedad y a los funcionarios públicos, porque tenemos una iniciativa importante y, luego, sí podremos discutir en particular este asunto.

Por otro lado, se expresa que debemos buscar la fórmula para tipificar esta figura del enriquecimiento ilícito. Señor Presidente: la Comisión trabajó un año y medio; hemos consultado a los Catedráticos de Derecho Penal y a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, y otra serie de consultas más durante todo este tiempo. Los señores Senadores Santoro y Bergstein han trabajado durante meses en la redacción de estos artículos, en concurrencia con el Fiscal de Corte y los asesores del Ministerio del Interior. Ocurrió que después de todo ese trabajo se advirtió que no es posible tipificar el enriquecimiento ilícito o indebido como delito, ya que si lo hacemos estaríamos contraviniendo una larga tradición nacional en materia de doctrina de Derecho Penal. Por ello, creo que los argumentos que se manifiestan han sido exagerados.

La gran señal que estamos dando a los funcionarios públicos es que estamos sancionando una ley con penas muy severas, Ley Cristal y una serie de controles para ellos. Pienso que este es el dato positivo que no podemos menoscabar expresando que, por ejemplo, falta tal delito y no estamos dando ningún indicio; por el contrario, estamos dando señales muy importantes a los funcionarios públicos y a la sociedad en su conjunto.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: si la inquietud del señor Senador Hierro López se basa en que no reconozco el trabajo de la Comisión, su propia labor, el esfuerzo que ha puesto, sobre todo en estos últimos meses, para que este proyecto de ley sea aprobado e, inclusive, el esfuerzo que ha hecho el Gobierno para enviar una norma de este estilo, debo decir que todo eso lo reconozco. Lo que digo es que a veces las señales de la vida son más fuertes que las que da el Estado y, en este caso, el Parlamento. Si después de la aprobación de esta ley rigurosa -como lo plantea el señor Senador Hierro López y, quizás, más rigurosa de lo que él expresa- la vida enseña al resto de los funcionarios públicos que de nada sirve hacer las cosas bien porque los que salen premiados son los que evidentemente están actuando mal, naturalmente la vida se impondrá ante las normas.

Quiero darle instrumentos a la democracia y a las instituciones para que las señales sean las más correctas. Quizás tengan razón -lo digo con mucha humildad- en que el instrumento planteado por el señor Senador Millor y quien habla no sea ciento por ciento el más adecuado y, tal vez, sea necesario estudiar otro, pero creo que mientras los corruptos, los que actúan mal y los que están fuera de la ley se sigan enriqueciendo y la democracia no tenga herramientas para investigar, la norma será la de la vida y no la que estamos votando.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Quisiera hacer varias aclaraciones porque acá se parte de la base de que el delito no está tipificado. No niego que nuestra redacción pueda ser mejorada -y, en tal sentido, la señora Senadora Dalmás me propuso agregar un par de frases que creo serían útiles- pero no se puede decir que el delito no está tipificado. El delito que pretendemos tipificar es el de no justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial posterior a la asunción de un cargo público, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave. Ese es el delito. ¿De qué otra forma se pretende que lo tipifiquemos? ¿Cuál es el delito que tipificamos? Que no justifique un enriquecimiento patrimonial posterior a la asunción del cargo.

Lo que expresa el señor Senador Pereyra es tremendamente correcto. Hacemos la declaración jurada y, por ejemplo, cuando cesamos en el ejercicio del cargo resulta que no tiene nada que ver nuestro patrimonio con lo que juramos tener. Luego de comprobar eso, ¿qué se hace? Hay que tratar de tipificarle a esa persona que mintió en la declaración jurada o se enriqueció con posterioridad a ella, los delitos de peculado, concusión, cohecho o fraude, así como cualquiera de las figuras que se encuentran en el Código Penal, todo lo cual es muy difícil. Estamos tipificando como delito en sí, siempre y cuando no se compruebe uno más grave, el hecho de que no se justifique ese enriquecimiento ilícito. Esto no debe ser tan aberrante, señor Presidente, porque -reitero- hemos tratado de extrapolar esta figura al Derecho uruguayo, no precisamente de Códigos de naciones totalitarias, sino de Estados muy democráticos que han ido tomando esta figura y han ido modificando su estructura sobre el Derecho Penal, habida cuenta de cómo se ha expandido la corrupción.

Por otra parte, frente a lo que señala el señor Senador Hierro López, debo decir que tengo en mi poder el resumen de la comparecencia de los Catedráticos y Profesores que concurrieron a asesorarnos. Ninguno de ellos se opuso a esta figura y el único que hizo una mención para realizar algún cambio fue el doctor Amadeo Otatti, pero lo hizo en lo que respecta a su nombre, puesto que preferiría que en lugar de "enriquecimiento ilícito" se le denominase "enriquecimiento indebido". Pero ni los Ministros de la Suprema Corte de Justicia ni los Catedráticos de Derecho Penal manifestaron ningún argumento en contra de la figura tal como la habíamos presentado. Reitero que no se trata de ninguna aberración, de ningún disparate, ni de algo que inventamos, sino que lo hemos obtenido de legislaciones muy modernas y también está establecido en la propia Convención de Lucha contra la Corrupción, que ha sido votada por el Senado. Insistimos en que se podrá estar de acuerdo o no con la tipificación del delito, pero está tipificado. Repito que el delito que pretendemos tipificar consiste en que un funcionario público que se enriquezca indebidamente después de asumir el cargo, no justifique la manera en que ha acrecentado su patrimonio. Esa es la tipificación del delito y no otra. Como dije, no se trata de ninguna aberración y es algo que ya han adoptado muchas naciones democráticas y lo establece el Convenio que sobre Corrupción ha votado el Cuerpo hace un par de semanas.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: como lo explicaba el señor Senador Millor, efectivamente le recordé que en momentos en que aprobamos el proyecto que ratificó la Convención Interamericana para el Combate de la Corrupción, existió la obligación de legislar sobre el enriquecimiento ilícito. Recibo y valoro la crítica que se hace acerca del cuidado y, diría, la cautela con que se debe proceder en la materia. También es cierto que hasta ahora el único procedimiento que las naciones han encontrado en el tiempo contemporáneo para combatir la corrupción ha sido este instrumento, que consiste en invertir la carga de la prueba, es decir, en plantearle al investigado la necesidad que tiene de demostrar que el procedimiento por el cual obtuvo sus bienes está absolutamente ligado con su actividad normal. Digo que esto es lo novedoso, lo importante y también lo grave. Admito que es grave, pero no creo que exista la posibilidad de combatir a fondo este flagelo que se plantea en el mundo moderno, si no es recurriendo a este procedimiento. Obsérvese que en el proyecto de ley estamos estableciendo mecanismos para que los funcionarios públicos declaren sus bienes. Además, el Presupuesto de la Nación establece la remuneración que obtienen por su trabajo. A su vez, si tienen bienes que produzcan grandes rentabilidades, ellas pueden ser probadas. Por ejemplo, si un funcionario público tiene U$S 300.000 en Bonos del Tesoro, esto le da una rentabilidad equis y cuando corta los cupones se sabe perfectamente cuánto posee. También se puede probar una sobrevaloración inmobiliaria repentina, sencillamente, recurriendo a la estadística que llevan los agentes inmobiliarios acerca de cómo evoluciona el nivel de la propiedad. Un productor rural o uno ganadero, que ve subir el kilo de ganado en pie, de 65 a 85 centavos de dólar, puede demostrar cómo se incrementa su fortuna. Lo que no es posible demostrar es la exorbitancia en los ingresos, comprobada por una riqueza ostentosa, con relación al tiempo anterior en que se estuvo actuando.

En consecuencia, soy partidario de que se legisle, porque creo que no hay otro mecanismo. Aquí se decía que estamos legislando e indicando el provecho económico, pero que puede haber beneficios de otro tipo. En realidad, pienso que estamos legislando sobre un tema económico y específicamente nos referimos a él cuando tipificamos el delito. No quiero historiar la larga serie de problemas de este tipo que se han dado en América Latina y también en Europa, que han afectado a Gobiernos de distintos signos. Lo digo claramente; la corrupción es un flagelo derivado de la apetencia de poder, del hedonismo, del lujo y de la ostentación, que se han apoderado de la sociedad moderna. Creo que hay que combatirla; la gente vería con satisfacción que se legislara sobre este tema y que cada uno pudiera probar, después, de dónde obtuvo sus bienes. No creo que esto sea imposible en ninguno de los rubros de la actividad.

De modo que voy a apoyar que se legisle. Al respecto, mis compañeros de bancada han presentado una modificación para volver un poco más estricto el encuadre del delito.

SEÑOR LAGUARDA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAGUARDA. - Señor Presidente: en los dos días transcurridos desde la sesión del martes pasado, en que fue planteada la introducción de esta figura delictiva, hemos escuchado argumentos en un sentido y en otro y hemos meditado acerca de la creación de este delito, ya que -indudablemente- es un tema complejo, que implica una opción difícil.

Tal como lo ha expuesto en forma brillante el señor Senador Batlle, entendemos que en este caso nos encontramos ante un eventual conflicto de valores -lo que sucede casi siempre cuando estamos creando Derecho- porque aquí se involucra, por un lado, la necesidad de preservar las libertades y las garantías -que son esenciales a la democracia- y, por otro, la credibilidad de las propias instituciones democráticas. A la hora de encontrar una solución y de legislar, nos inclinamos a favor de la creación de esta figura delictiva, estableciendo los contrapesos necesarios, que seguramente la sabiduría del Legislador sabrá instrumentar en este momento. En tal sentido, también apoyamos un posible aditivo que está siendo elaborado, que crea mejores condiciones y garantías para la instrumentación de esta figura, haciendo referencia a las eventuales omisiones o acciones del ejercicio indebido del poder por parte del funcionario involucrado.

Pensamos que la corrupción debe ser combatida y que debe haber señales claras y firmes del Legislador en este sentido, tipificando este tipo de delitos y estableciendo lo que dice el aditivo que está a consideración: "El que, debidamente requerido por la autoridad judicial, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial, suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público", etcétera. Esta es una figura que debe establecerse, porque corona la bóveda de las anteriores figuras delictivas creadas. Estos delitos apuntan, efectivamente, al enriquecimiento indebido y, en caso de que el mismo se visualice, deberán tomarse las medidas que se marcan en este aditivo.

En tal sentido, con las correcciones y con los agregados que se incorporen a los efectos de que su aplicación sea de mayor justicia, y para poder soslayar el eventual conflicto de valores al que aludíamos antes, vamos a apoyar la creación de esta figura delictiva.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sin perjuicio de que se ha hecho una discusión global de los aditivos propuestos, la Mesa entiende que corresponde la votación de cada uno de ellos.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Las razones por las cuales nosotros no participamos de esta redacción se encuentran en normas de carácter constitucional y en disposiciones del Código Penal. Este es un Código de carácter subjetivo y no objetivo, porque no se castiga el delito, sino la conducta. Nuestro Código Penal, esencialmente, está armado sobre esa base.

Si tipificáramos el enriquecimiento ilícito en la forma en que se ha redactado, estaríamos -en nuestro concepto- violentando un elemento esencial al que ya se ha hecho referencia en Sala: hasta que no se pruebe lo contrario, todas las personas son inocentes. En cambio, aquí se invierte ese principio y se establece que debe justificarse la procedencia de un enriquecimiento patrimonial; si no se justifica, queda tipificado el delito.

Además se establece: "no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial, suyo o de persona interpuesta para disimularlo". De manera que hay razones constitucionales y legales radicadas en el Código Penal que, a nuestro modo de ver, inhabilitan la posibilidad de la recepción de esta figura. En tal sentido, me interesa señalar la opinión que se emitió ante la Comisión en la sesión correspondiente al 31 de octubre de 1997, por parte del doctor Gonzalo Fernández. En aquella oportunidad hizo referencia a los delitos nuevos que están incorporados al proyecto de los señores Senadores Millor e Irurtia. El citado profesor señaló: "En primer lugar, está el enriquecimiento ilícito, que tiene una larga trayectoria muy cerca de nosotros -fundamentalmente en el Derecho argentino- y en realidad, pese a que el nombre dice una cosa y es sugestivo de que se está castigando a quien indebidamente y apartándose de la ley se enriquece, el delito es un puro delito de omisión". O sea que el doctor Fernández califica a la figura del enriquecimiento ilícito con esta redacción, como delito de omisión. Más adelante, agrega: "Acá, a lo sumo, el enriquecimiento ilícito es presunto, porque lo que se está castigando no es ninguna conducta -la conducta no está tipificada y el enriquecimiento es el mero resultado material- sino pura y exclusivamente la omisión de aportar elementos probatorios que justifiquen el incremento patrimonial". Creo que esto es fundamental, tal como lo ha dicho el profesor Gonzalo Fernández, ya que el enriquecimiento ilícito es presunto, porque lo que se está castigando con esta redacción no es una conducta. La conducta no está tipificada y el enriquecimiento es el mero resultado material. El doctor Fernández expresa que lo que se castiga es pura y exclusivamente a la omisión de aportar -porque el imputado debe probar de dónde obtuvo los bienes- elementos probatorios que justifiquen el incremento patrimonial. Luego, refiriéndose a la interpuesta persona -que también está comprendida en la figura- el doctor Fernández señala que no considera que cuando sea hecho mediante interpósita persona, ella pueda ser copartícipe, tal como dice el proyecto de ley, ya que aquí se trata de alguien que no tiene legalmente ninguna carga de justificar su patrimonio. Por lo tanto, el citado profesor continúa diciendo que no ve cómo, por más que existan las normas generales de coparticipación, el interpuesto puede ser coautor de una omisión de aportar elementos probatorios. Verdaderamente, esto es fundamental porque se trata de un razonamiento de carácter técnico, efectuado por un catedrático de la Facultad de Derecho, integrante del grupo de personas que trabajan en la parte relativa al Derecho Penal. El doctor Fernández señala con mucha claridad la imposibilidad de tipificación de esta figura, tal como está redactada.

Simplemente, queríamos aportar esta opinión, ya que fue la misma que se expresó a nivel de la Comisión, con fecha 31 de octubre de 1997.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - En realidad, quería ocuparme del artículo aditivo presentado por los señores Senadores Bergstein y Pozzolo.

Sin embargo, en relación con el artículo que se está considerando, cabe señalar que tiene en sí mismo un error conceptual fundamental, ya que establece, como agravantes, elementos constitutivos de otros delitos. Todos los delitos a los que se refiere suponen un provecho indebido.

El doctor Cairoli, en su Código Penal, realiza un comentario de los agravantes y señala que, en realidad, no se trata de agravantes que configuran en sí mismos delitos independientes, por lo que pueden considerarse como agravantes y debe concluirse que tienen aplicación práctica alguna. En el cohecho, en el peculado, existe un enriquecimiento. Así, el doctor Cairoli señala que el elemento constitutivo del delito no puede tomarse después como agravante; es en sí un delito autónomo.

En lo que refiere al tema general -sobre el que creo que, prácticamente, está todo dicho- personalmente, en este momento no estoy en condiciones de establecer qué valor tiene, con relación a la legislación interna, el Tratado que consagra el delito del enriquecimiento ilícito. En este momento -reitero- no estoy en condiciones de dar una opinión sobre el punto, pero pienso que no se puede atacar, como algo totalmente execrable, una cláusula que la delegación de la República votó y el Parlamento ratificó.

En cuanto a las presunciones, cabe indicar que en la ley sobre seguridad pública establecimos una de carácter absoluto, prohibiendo la prueba en contrario, violando lo que días pasados dije al señor Senador Bergstein -al refutar su posición- en el sentido de que el Código de Derecho Penal liberal no podía establecer presunciones absolutas, sino presunciones "juris tantum".

SEÑOR BERGSTEIN. - Pero no es así.

SEÑOR MALLO. - No había advertido que en la ley de seguridad ciudadana se había establecido, reitero, una presunción absoluta que no admite prueba en contrario. En la realidad -y no voy a entrar en el tema- en lo que refiere a la violación de menores de 15 años, se ha señalado reiteradamente que se hace aparecer como violación actos a los que fue inducida la otra parte a cometer, para después amenazarla con la acción penal si no había indemnización pecuniaria. Antes de que fuera aprobada la citada ley la Jurisprudencia había establecido, particularmente en una sentencia del doctor Guillot, que esa presunción no era absoluta, es decir que sí admitía prueba en contrario. Soy contrario a que las presunciones puedan ser absolutas, pero sí está admitido que sean "juris tantum". Así, el acusado de enriquecimiento indebido puede -y debe- probar su licitud perfectamente. Sin embargo, establecerlo como un agravante está fuera de la técnica de Derecho.

SEÑOR BERGSTEIN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN. - Con relación a este delito, creemos que si bien en las últimas 48 horas no se ha agotado el repertorio de argumentos, se ha hilado bastante fino. En lo personal, tenemos la sensación de que no podemos trasmitir la gravedad de determinados conceptos ni lo delicado que es preservar las garantías en un tema de esta naturaleza. Pensamos que lo que tenemos entre manos es un proyecto de ley muy severo, quizás uno de los más severos en todo el Derecho Comparado, si bien no se puede negar la posibilidad de que siempre pueda haber opciones de mayor severidad aún. Sin embargo, también hemos señalado que la severidad de una ley no está determinada por el hecho de que se establezca un año más o menos, sino por el repertorio de políticas criminales que encierra. Ahora no vamos a repetir lo que ya hemos dicho más de una vez en este recinto.

Quiero referirme a dos o tres cosas concretas que aquí se han mencionado. Por supuesto, suscribo totalmente la opinión que acaba de invocar el señor Senador Santoro, dada por el doctor Fernández. Personalmente, debo decir que no la conocía, pero ahora me tomo la libertad y la inmodestia de afirmar que es más o menos lo mismo que decíamos anteayer, cuando insistíamos en que se trata de un delito que consiste en no justificar y en no enriquecerse. Es lo que nos acaba de leer el señor Senador Santoro, con otras palabras.

Se ha dicho que existe una confusión conceptual en la propuesta realizada en la sesión de hoy, recogiendo -lo que, comprendemos, rechina a los señores Senadores- el caso de gente que aparece con síntomas evidentes de una riqueza desproporcionada con relación a su estado patrimonial y la sensación de impotencia que se puede sentir frente a estas situaciones. Hemos dicho que no podemos ir a un Derecho Penal de "por las dudas" y pensamos que se confunde quien cree que el agravante está en el elemento constitutivo del delito. Es una confusión de "ab initio" -desde el arranque- porque en la mayor parte de los delitos no se exige el daño efectivo. Tomemos, por ejemplo, uno de los nuevos delitos que aquí se están tipificando. Tenemos el caso de la utilización indebida de información privilegiada, donde el funcionario público, con el fin de obtener un provecho, hace uso indebido de información de carácter reservado. Ello le puede acarrear cuatro años de penitenciaría, inhabilitación, multa, así como también la confiscación. Pero no quiere decir que se haya enriquecido; él utilizó la información para obtener un provecho. Si, además, obtuvo el provecho, ello constituye un agravante. Si tomamos el delito de estafa, cabe preguntarnos ¿en qué momento se consuma la estafa? ¿Cuándo la persona obtuvo el enriquecimiento? No; la estafa se consuma cuando se induce a error a otra persona por medio de una estratagema. La persona puede no haber recibido un solo peso e incurre en el delito. Pero, si además consiguió obtener el aprovechamiento, habrá incurrido en un agravante. Nos pareció que esa fórmula, sin ser perfecta, mejora sensiblemente las cosas, ya que concilia las distintas posiciones.

Antes de ayer, el señor Senador Mallo manifestó que el Derecho Penal no admite las presunciones absolutas. En ese momento no quisimos contestar, porque no era nuestra intención entrar en discusiones académicas, pero como hoy se ha insistido con ese concepto, debemos decir que, a nuestro juicio, no es así. Todo delito de peligro abstracto implica una presunción absoluta. Por ejemplo, si alguna disposición estableciera que quien va a cien kilómetros por hora por la avenida 18 de julio será castigado con tal pena, no importa que la persona intente probar que eran las cuatro de la mañana, que llovía en forma diluvial y que no había ninguna persona, por lo que no existía peligro para nadie, porque el Legislador presumió en forma absoluta que si va a cien kilómetros por hora incurre en un delito. Del mismo modo, si una norma expresara que quien viola las disposiciones sanitarias en caso de epidemia incurre en tal o cual pena, evidentemente estaría estableciendo una presunción absoluta en cuanto a que se produce un peligro de salud pública por ese solo hecho.

Con respecto al ejemplo que ponía el señor Senador Mallo en cuanto a la violación "ope legis", debemos aclarar qué es lo que dice. Señala que la violencia se presume cuando la conjunción carnal se efectúa con una persona menor de doce años. ¿Puede haber una prueba en contrario de que no hubo violencia? No; si tuvo una relación con una persona menor de doce años, ni el Legislador, ni la ley, ni el Juez le permiten probar lo contrario.

De todas formas, insisto, no deseo entrar en discusiones académicas, aunque no faltará oportunidad de analizar este proyecto de ley en ese ámbito.

En el afán de conciliar y teniendo en cuenta que pretendemos una ley severa, que queremos preservar las garantías y que no vamos a violentar los principios del Derecho Penal liberal, hemos tomado el enriquecimiento patrimonial como un agravante de cualquiera de estos delitos, para la eventualidad de que, además de haberse producido el delito, haya enriquecimiento patrimonial. Concretamente, ese es el sentido de esta disposición que, repito, con ánimo conciliador, hemos presentado a la Mesa.

Era cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Señor Presidente: el señor Senador Bergstein señaló ciertos casos en virtud de que manifesté que el agravante era un elemento constitutivo del delito. En tal sentido, debo aludir al artículo 153, que habla del caso en que el funcionario público se apropiare del dinero o las cosas muebles, es decir, donde hay un enriquecimiento. Con relación al peculado, señala el caso de un funcionario público que, aprovechándose, recibiera o retuviera en beneficio propio dinero u otra cosa mueble. Evidentemente, allí también hay un enriquecimiento patrimonial. En la concusión sucede lo mismo. Reconozco que hay algunos delitos, como los que citó el señor Senador Bergstein, en los que el enriquecimiento no es constitutivo del delito.

En cuanto a los delitos de peligro -como por ejemplo el que comete quien circula a más de cien kilómetros por hora en la Avenida 18 de Julio, que no puede presentar prueba en contrario- debo recordar que el Senado se manifestó absolutamente adverso a los delitos objetivos, porque el artículo 18 exige conciencia y voluntad. Reitero: nos hemos expresado contrarios a los delitos objetivos. El señor Senador Bergstein es especialista en eso, porque promulgó una ley por delito objetivo.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Señor Presidente: estamos en condiciones de votar el artículo 163 ter sustitutivo. En el distribuido que se ha hecho consta la redacción final que proponemos, por lo que habría que reconsiderar el artículo -que ya fue aprobado- y votarlo con el nuevo texto que le ha dado la mayoría de la Comisión. La Mesa resolverá si esto lo hacemos antes o después de votar el aditivo propuesto por el señor Senador Millor.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado puede resolverlo en la forma que estime conveniente.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Como fundamento de voto adelantado, decimos que no acompañaremos el aditivo propuesto por el señor Senador Millor, ya que votaremos el artículo 163 ter que reconoce el concepto de enriquecimiento patrimonial indebido.

Por otro lado, sabemos que aún resta considerar tres artículos del proyecto de ley, y cinco o seis aditivos presentados por el señor Senador Millor. Con la mayor cordialidad y cariño para con los señores Senadores, me permito invitarlos a agilizar el tratamiento de este proyecto. El mismo ha sido suficientemente debatido, las bancadas tienen su posición y no vamos a resolver aquí las cuestiones doctrinarias del Código Penal con grandes discusiones. Lo que debemos hacer es votar un proyecto de ley muy importante para el país. Además, no olvidemos que también hay otros puntos de gran trascendencia que deben ser aprobados en esta sesión. Es entonces en ese sentido que me permito hacer esta invitación.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: creo que lo mejor será votar el enriquecimiento indebido de una vez por todas, ya sea a favor o en contra. A su vez, existe una propuesta del Frente Amplio que agrega un par de cláusulas con las que estoy de acuerdo. Votemos eso y, posteriormente, lo relativo al agravante.

En cuanto al planteo del señor Senador Hierro López, debo decir que lo comparto, pero recuerdo -también fraternalmente- que este Senado recientemente ha discutido durante una o dos horas aspectos reglamentarios en cuanto a cómo se levantaba el receso o cómo se confeccionaba el orden del día. En consecuencia, estimo que una hora más o menos en el tratamiento de este proyecto de ley no cambia mucho las cosas.

Por consiguiente, propongo que votemos la figura del enriquecimiento ilícito y después el agravante que sugiere el señor Miembro Informante.

SEÑORA DALMAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS. - Señor Presidente: he solicitado la palabra a fin de asegurarme de que el Cuerpo conozca un aditivo que recientemente hemos presentado, sobre el que ya adelantó su apoyo el señor Senador Millor. En realidad, sólo agrega una frase al aditivo originalmente propuesto por dicho señor Senador; luego de donde dice "posterior a la asunción de un cargo o empleo público", se agregaría "y hubiere incurrido en una o más acciones u omisiones que impliquen ejercicio indebido del poder público". De esta manera, creemos contemplar las dudas que con lógica se plantearon en Sala acerca de este artículo que configura el enriquecimiento ilícito.

Repito que mi intención era que el Cuerpo conociera este aditivo, que ya cuenta con el apoyo del señor Senador Millor.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: quisiera hacer una aclaración en sentido favorable al planteo realizado por la señora Senadora Dalmás, porque lo que se plantea aquí es el hecho del enriquecimiento ilícito, en momentos en que nuestra sociedad está afectada por ese tema. Esto no se da sólo en nuestro país, sino en toda América Latina. Pensemos, por ejemplo, cuántos Presidentes de países latinoamericanos han sido procesados por esa causa, lo que indica que hasta los Jefes de Estado han incurrido en esta ilicitud de conducta.

Señalamos que compartimos algunas de las expresiones de preocupación que formulaba el señor Senador Michelini. La sociedad puede sentirse desamparada frente al enriquecimiento ilícito en usufructo de condiciones emanadas del ejercicio de la función pública que dan lugar a la obtención de bienes. Esto no es algo insignificante, porque la gente ve que desde los sectores públicos se produce el fenómeno de la corrupción, cuando a ella le es muy costoso vivir con su bajo salario. Ello crea una falta de solidaridad social y una sensación de que el sistema no funciona. Por ese motivo, comprendo que importe mucho el tema del enriquecimiento ilícito desde la función pública.

De alguna manera, el artículo 18 demuestra que existía esa preocupación en la Comisión.

Precisamente, lo que en realidad establece el artículo 18 son los signos del enriquecimiento ilícito, es decir, esa desproporción entre las posibilidades o situación económica del funcionario y los signos exteriores de su riqueza. La única diferencia es que se da una solución distinta. Mientras el proyecto del señor Senador Millor tipifica el delito, aquí se señala que esto corresponde a la Junta y debe ir hacia el Juez; no obstante, este último se encontrará con que no cuenta con la posibilidad de tipificar esa figura que encabeza el artículo 18, por lo que, necesariamente, tendrá que insertar esto en otros delitos contra la Administración Pública, porque la existencia del enriquecimiento ilícito en sí mismo, no tiene tipificación. El haber planteado el artículo 18 en estos términos, habilita la comprensión de que la ilicitud debe tener alguna forma que permita encararla como un enriquecimiento ilícito; pero con esto no basta, porque el caso pasa a la Justicia sin que ésta tenga armas para enfrentar la situación.

Por este motivo, nos parece razonable la consideración de que alguna figura tiene que recoger la posibilidad de que el Juez Penal, cuando recibe un caso por la aplicación del artículo 18 a nivel de la Junta, tenga la oportunidad de tipificar. De lo contrario, dejamos el Código Penal tal como está y esta Junta no hace nada, permaneciendo igual que hasta ahora, porque cuando el Juez recibe el planteo de la Junta, sólo puede basarse en los delitos que figuran hoy en dicho Código. Esto es una realidad; no existe una figura que corresponda a esta excitación que hace la Junta en función de determinados hechos objetivos que no son tipificados en ningún delito. Seguramente el Juez tendrá que decir que no existe ningún delito, porque el planteo que le hace llegar la Junta no corresponde a ninguna tipificación delictiva del Código Penal.

En consecuencia, notamos cierta incongruencia en esa situación que plantea el artículo 18 al terminar de esta forma, razón por la cual nos parecía que el aporte de una figura delictiva lo hace verosímil y no es incompatible con la disposición, porque este pasaje que hace la Junta le permite al Juez -si se configura un enriquecimiento ilícito- la posibilidad de que el artículo 18 realmente pueda funcionar.

También comprendemos lo que se ha señalado desde el punto de vista de la tradición del Derecho Penal; a todos nos parece un poco extraño que se presuma culpable y tenga que descargar la culpabilidad, cuando el principio general ha sido siempre la presunción de inocencia.

Nosotros apoyamos el texto que aportó la señora Senadora Dalmás en representación nuestra, porque incluye un elemento objetivo, material, que no deja establecer el delito sólo en función de una presunción, sino que exige una conducta omisiva o activa, violando un deber en el ejercicio del poder público.

No se trata sólo del tema del enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque también es imperfecta la sola idea del enriquecimiento ilícito. Cabría preguntarse en qué momento se enriquece una persona: ¿cuando compra una casa de U$S 500.000 o cuando tiene U$S 50.000? ¿Cuál es el "quantum" que configura el enriquecimiento ilícito, si no hay ningún otro dato de inconducta en su gestión? Puede suceder que a alguien se le impute un enriquecimiento ilícito y argumente que durante veinte años estuvo ahorrando ese dinero, lo guardó en un cofre fort -no hay ningún contralor- y eso fue lo que utilizó; o que esa suma de dinero se la trajo un primo que vive en Australia y que vino a visitarlo. En consecuencia, ¿quién puede probar que hubo enriquecimiento ilícito?

Frente a todo esto y pensando que es difícil la figura, si se le agrega un elemento material que no llega a ser ningún delito de los que ya están tipificados contra la Administración Pública, pero sí implica un desajuste en la conducta, integramos el tipo del delito y evitamos que sea sólo la presunción. Quizás se podría incluir esta figura material, aunque no sea perfecta -no existe nada perfecto- porque establecer únicamente la figura del enriquecimiento ilícito tal como está, tiene más defectos. Además, nos preocupa que no sea una figura que quede en una situación de falta de inserción; de lo contrario, el artículo 18 nos parece muy poco claro, porque enviamos el caso a la Junta para tipificar un delito que no existe, que no está regulado.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que es previa la votación de la reconsideración del artículo 163 ter, en virtud de que se trata del proyecto de ley venido de Comisión.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Nosotros estábamos discutiendo una serie de modificaciones del Código Penal. Después se presentaron los aditivos del señor Senador Millor, por lo que correspondería pasar a votarlos. Luego se presentará la reconsideración del artículo 163 ter y, eventualmente, se votará. Creo que lo que estábamos discutiendo eran los aditivos presentados por el señor Senador Millor.

SEÑOR PRESIDENTE. - En la medida en que se trata de una modificación del proyecto venido de Comisión y por otro lado de aditivos, la Mesa entiende que es prioritaria la votación de la reconsideración del artículo 163 ter.

De todos modos, el Senado es soberano para determinar un procedimiento distinto al que la Mesa entiende reglamentariamente aplicable.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la reconsideración del artículo 163 ter.

(Se vota:)

-20 en 30. Afirmativa.

Léase el artículo 163 ter.

(Se lee:)

"ARTICULO 163 ter (Circunstancias agravantes especiales). - Constituyen circunstancias agravantes especiales de los delitos de los artículos 153, 155, 156, 157, 158, 158 bis, 160, 161, 162, 163 y 163 bis:

1º) que el sujeto activo fuera alguna de las personas comprendidas en los artículos 10 y 11 de esta ley; o

2º) que el sujeto activo haya obtenido, como consecuencia de cualquiera de estos delitos, un enriquecimiento patrimonial."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

Corresponde pasar a votar el aditivo propuesto por el señor Senador Millor, referido al enriquecimiento ilícito.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Preferiría que se votara este aditivo con el agregado del párrafo propuesto por el Frente Amplio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Efectivamente, señor Senador. En la medida en que usted lo aceptó inicialmente, se va a votar con el agregado planteado.

Léase el aditivo propuesto.

(Se lee:)

"ENRIQUECIMIENTO ILICITO. - El que, debidamente requerido por la autoridad judicial, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial, suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público, y hubiere incurrido en una o más acciones u omisiones que impliquen ejercicio indebido del poder público, siempre que el hecho no constituya otro delito más grave, será castigado con 18 meses de prisión a 6 años de penitenciaría, con multa de 50 a 20.000 unidades reajustables (U.R.), e inhabilitación especial de 2 a 6 años.

Con la misma pena será castigada la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento ilícito."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 29. Negativa.

SEÑORA DALMAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS. - Simplemente deseo solicitar la rectificación del artículo 163 ter, puesto que como el aditivo no ha sido aprobado, quisiéramos acompañar la disposición propuesta por la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Respecto del pedido formulado, creo que la intención es correcta y, por consiguiente, se va a rectificar la votación del artículo 163 ter.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

Léase el siguiente aditivo presentado por los señores Senadores Millor e Irurtia.

(Se lee:)

"PREVARICATO DE FUNCIONARIO PUBLICO. - El funcionario público que, obrando con deslealtad, emita resolución o dictamen manifiestamente ilegal, en perjuicio de la Administración para la que presta funciones, será castigado con 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría, e inhabilitación especial de 2 a 4 años.

Con la misma pena se castigará al funcionario público que, obrando con deslealtad, asesore o patrocine de manera ilícita, en perjuicio de la Administración para la que presta funciones."

-En consideración.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR. - El prevaricato de funcionario público está legislado en el artículo 194 de nuestro Código Penal, pero considerado como la asistencia y el consejo desleal que el abogado brinda a su cliente. Esta figura funciona en el sentido de que cuando se entiende que un abogado ha asesorado con deslealtad a su cliente, recibe una pena. A nuestro juicio no existe ninguna diferencia entre el asesoramiento desleal del abogado hacia su cliente y el del funcionario público hacia la Administración o el Estado. Si el abogado que asesora mal a su cliente recibe una pena, debería suceder lo mismo con el funcionario público que, con deslealtad, aconseja a la Administración. Este asesoramiento, procurando un beneficio económico propio o de otra naturaleza, es una de las formas más usuales de incurrir en actos de corrupción y de atentar contra la Administración Pública.

Debo aclarar que la única crítica que escuché en Comisión por parte de los asesores que concurrieron a ese ámbito, fue señalar que la tradición del Derecho uruguayo vinculaba al prevaricato con el asesoramiento desleal del abogado -lo que admitimos- pero sucede que no encontramos ninguna diferencia con el caso del funcionario público que, para beneficiarse indebidamente, asesora con deslealtad a la Administración Pública.

Insisto en que, si se examinan los diferentes casos de corrupción a nivel mundial, esta es una de las vías más normales para llevarlos a cabo; quien tiene la potestad de asesorar al Estado no lo hace en función de lo más conveniente para éste, sino de sus beneficios personales o de terceros que quiera favorecer.

En resumidas cuentas, en esto consiste la figura que proponemos, que no implica sustituir la existente en el Código Penal, sino crear un delito nuevo que tomamos de la legislación colombiana. En Colombia, la Ley Nº 190 del año 1995 con el "nomen juris" "Prevaricato por Asesoramiento Ilegal", se refiere al servidor público que asesora, aconseja o patrocina de manera ilícita a personas que gestionen cualquier asunto público o de su competencia, y nosotros hemos adaptado la redacción al Derecho uruguayo.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Brezzo)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-3 en 25. Negativa.

Léase el siguiente aditivo presentado por los señores Senadores Millor e Irurtia.

(Se lee:)

"RECEPTACION, LEGALIZACION Y OCULTAMIENTO DE BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILEGALES. - El que, fuera del caso de concurso de delitos y siempre que el hecho no configure otro más grave, oculte, asegure, transforme, invierta, transfiera, administre, o adquiera el objeto material del delito o el producto del mismo, o les proporcione a los bienes provenientes de dicha actividad, apariencia de legalidad o los legalice, será castigado con 6 meses de prisión a 10 años de penitenciaría, y con multa de 50 a 20.000 unidades reajustables (U.R.).

El presente tipo delictivo será de aplicación exclusivamente respecto de los delitos previstos en esta ley (TRAFICO DE INFLUENCIAS; UTILIZACION INDEBIDA DE INFORMACION PRIVILEGIADA; ENRIQUECIMIENTO ILICITO; SOBORNO CALIFICADO; PREVARICATO DE FUNCIONARIO PUBLICO; RECEPTACION, LEGALIZACION Y OCULTAMIENTO DE BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILEGALES; VIOLACION DEL REGIMEN LEGAL DE INHABILIDADES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES) y de los delitos de PECULADO, PECULADO POR APROVECHAMIENTO DEL ERROR DE OTRO, CONCUSION, COHECHO SIMPLE, COHECHO CALIFICADO, SOBORNO, FRAUDE Y CONJUNCION DEL INTERES PERSONAL Y DEL PUBLICO (Artículos 153 a 161 del Código Penal).

La pena se elevará en un tercio:

A) Si el valor de los bienes que constituyen el objeto material del delito, o el producto del hecho punible fuera superior a 10.000 unidades reajustables (U.R.).

B) Si los bienes que constituyen el objeto material o el producto del hecho punible provienen de los delitos de Extorsión o Secuestro (Arts. 345 y 346 del Código Penal).

C) Cuando para la realización de la o de las conductas se efectúen operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introduzcan mercaderías dentro del territorio nacional, o se celebren contratos con personas sujetas a la inspección, vigilancia o contralor del Banco Central del Uruguay.

D) Cuando la persona que realiza la conducta sea importador o exportador de bienes o servicios, o sea director-administrador, representante legal, interventor u otro funcionario de cualquier entidad sujeta a la inspección, vigilancia o contralor del Banco Central del Uruguay.

-Agravante Especial- La pena será de 2 a 10 años de penitenciaría, con multa de 300 a 30.000 unidades reajustables (U.R.), e inhabilitación especial de 2 a 10 años, cuando se tratare de agente que ocupe un cargo electivo o de particular confianza o hubiere sido designado previa venia parlamentaria."

-En consideración.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: de lo que se trata es de legislar, en un artículo que consideramos que es extenso, el "lavado" del beneficio económico proveniente del acto de corrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-2 en 25. Negativa.

Léase el siguiente aditivo presentado por los señores Senadores Millor e Irurtia.

(Se lee:)

"VIOLACION DEL REGIMEN DE INHABILIDADES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES. - El funcionario público que intervenga en la tramitación, gestión, autorización, aprobación o celebración de un acto, contrato u operación, con violación del régimen legal de inhabilidades, inhibiciones e incompatibilidades que se contienen en las normas que a continuación se enumeran, o en general ejecute actos directos u omisiones en violación del mismo régimen, será castigado, por el simple hecho de la intervención, con 3 meses de prisión a 4 años de penitenciaría, con multa de 50 a 15.000 unidades reajustables (U.R.), e inhabilitación de 2 a 6 años.

-ART. 124 (Numeral 1) de la Constitución de la República: `Los Senadores y los Representantes tampoco podrán durante su mandato: 1) Intervenir como Directores, Administradores o Empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o cualquier otro órgano público'.

-ART. 171 de la Constitución de la República: `El Presidente de la República gozará de las mismas inmunidades y le alcanzarán las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los Senadores y Representantes'.

-ART. 178 de la Constitución de la República: `Los Ministros de Estado gozarán de las mismas inmunidades y les alcanzarán las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los Senadores y Representantes en lo que les fuere pertinente'.

-ART. 208 de la Constitución de la República: `El Tribunal de Cuentas estará compuesto por 7 miembros que deberán reunir las mismas calidades exigidas para ser Senador. Serán designados por la Asamblea General por 2/3 de votos del total de sus componentes. Regirán a su respecto las incompatibilidades establecidas en los Arts. 122, 123, 124 y 125...'

-ART. 289 de la Constitución de la República: `Es incompatible el cargo de Intendente con otro cargo o empleo público, excepción hecha de los docentes, o con cualquier situación personal que importe recibir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con el Gobierno Departamental. El Intendente no podrá contratar con el Gobierno Departamental'.

-ART. 291 de la Constitución de la República: `Los Intendentes, los miembros de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales, tampoco podrán durante su mandato:

1) Intervenir como Directores o Administradores en empresas que contraten obras o suministros con el Gobierno Departamental, o con cualquier otro órgano público que tenga relación con el mismo.

2) Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el Gobierno Departamental'.

-ART. 152 de la Ley Nº 13.420 del 2/12/65: `Los funcionarios de la Administración Central con cometidos o cargos de Dirección superior o inspectores o de asesoramiento, no podrán ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o Directores de las personas físicas o jurídicas que se encuentren sujetas al contralor de las Oficinas de que aquellas dependen. No podrán tampoco percibir dichas personas ninguna clase de retribución, comisiones y honorarios por concepto de servicios prestados en forma permanente'.

-ART. 487 (Numeral 1) de la Ley Nº 15.903 de 10/11/87: `Están capacitados para contratar con el Estado las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario público dependiente de los Organismos de la Administración contratante, no siendo de recibo las ofertas presentadas a título personal, o por firmas, empresas o entidades con las cuales el funcionario esté vinculado por razones de dirección o dependencia. No obstante, en ese último caso, tratándose de funcionarios que no tengan intervención en la dependencia estatal en que actúan, en el proceso de la adquisición, podrá darse curso a las ofertas presentadas en las que se deje constancia de esa circunstancia'.

-ART. 508 de la Ley Nº 15.903 del 10/11/87 en la redacción dada por el Art. 653 de la Ley Nº 16.170 del 28/12/90: `Los ordenadores deberán excusarse de intervenir cuando la parte contratante esté ligada por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad'.

-Agravante Especial- La Pena será de 2 a 6 años de penitenciaría, con multa de 300 a 30.000 unidades reajustables (U.R.), e inhabilitación especial de 2 a 10 años, cuando se tratare de agente que ocupe un cargo electivo, o de particular confianza, o hubiere sido designado previa venia parlamentaria'."

-En consideración.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - En este caso no tenemos más remedio que extendernos y pedir un momento de reflexión.

Hemos sustituido sobre la marcha el artículo aditivo que presentamos en primera instancia -que insumía cuatro carillas- por una norma mucho más breve que en la estructura jurídica se denomina "norma de reenvío", pero tratamos de compendiar en una sola disposición todas aquellas que se refieren a la violación de un régimen que se ha llamado de "Inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades". Para poner un ejemplo, a los señores Legisladores, Ministros y al señor Presidente de la República les está prohibido contratar con el Estado. En caso de que violaren esta prohibición, la resultancia es la pérdida inmediata del cargo. Para mí, en este hay una relatividad total, porque si quien contrata con el Estado es un Senador, perderá el cargo siempre y cuando se logre el milagro de juntar los votos para darle el desafuero, y esa sería la sanción administrativa. Es muy difícil que eso suceda; en realidad, no recuerdo ningún caso en el cual en el Parlamento se haya votado el desafuero de algún Legislador, sea cual fuere el delito o la inmoralidad que hubiere cometido. Estas normas son clarísimas. En el caso de los señores Legisladores, de los señores Ministros o del señor Presidente de la República, son de rango constitucional, pero en lo que tiene que ver con los ordenadores del gasto público, éstas están comprendidas en el TOCAF.

Quisiera hacer el siguiente razonamiento. Supongamos que un Legislador viola la Constitución contratando con el Estado. En ese caso la resultancia debería ser la pérdida del cargo, pero es muy normal en esta Casa que nunca se logren juntar los votos necesarios para llegar al desafuero. En el caso de quien contrate con el Estado sea un señor Ministro, éste será destituido si el señor Presidente de la República tiene voluntad de hacerlo. Pero si no ocurre una cosa ni la otra y se constata que violó la prohibición que establece la Constitución de la República, y además cesa el mandato del Legislador o el período ministerial, ¿qué pena recae sobre esa persona? Absolutamente ninguna. La Constitución de la República nos prohíbe contratar con el Estado, pero si lo hacemos y violamos la Carta obteniendo un provecho económico, no tenemos absolutamente ninguna sanción. Si un señor Ministro contrata con el Estado y el señor Presidente de la República entiende que no tiene porqué destituirlo aunque se compruebe el delito, esa persona no debe cumplir ninguna sanción, y no porque tenga fueros, sino porque dicha sanción no está legislada.

En el caso de un ordenador de gastos que no se abstiene de participar cuando quien interviene en el negocio es un pariente, estaría violando una ley que está establecida en el TOCAF pero, sin embargo, no tiene ninguna sanción penal por más que esté comprobado el parentesco y el hecho de que no se abstuvo en su función. Desde mi punto de vista, esta es una incongruencia tremenda, porque ni siquiera se trata de normas que estén consagradas en el código ético, el cual va variando de acuerdo con las costumbres de las civilizaciones. Estamos hablando de la violación de normas escritas, que están en la Constitución de la República o compiladas en el TOCAF, y por eso las presuntas sanciones administrativas -que casi nunca se concretan- no están consagradas como delito, cuando a mi criterio esta clase de delitos es una de las más graves que puede cometer un hombre público. Reitero, es de extrema gravedad el hecho de que un Legislador o un Ministro contrate con el Estado, así como el de que un ordenador de gastos no se abstenga de participar cuando quien interviene en el negocio jurídico es pariente suyo. Sin embargo, estos delitos no están penados con ninguna sanción, y esto hace que se produzca un escándalo, ya que es tremendo el impacto que recibe la población frente a tamaña inmoralidad. Pero lo que sucede es que no se constituye un delito -esta es una expresión que desprestigia mucho a las instituciones- y lo que se tipifica es una "desprolijidad", cuando lo que hizo la persona fue contratar con el Estado, llevándose por delante la Constitución y los más elementales procedimientos éticos, y abusando de su cargo. Sin embargo, todo se engloba en el término "desprolijidad", y en este momento es cuando la gente comienza a no entender absolutamente nada y comienza a primar el país del "vale todo".

Digo esto porque por más grave que sea la conducta, todo se diluye en unos días de comentarios tal vez adversos -siempre y cuando algún compañero del Partido no justifique esa violación que realizó- y aparece ese término "desprolijidad", tan difuso, que jurídicamente no significa nada. Es ahí donde la gente deja de creer en nosotros, en los partidos políticos y en las instituciones, lo que se transforma en un daño grave, ya no para la Administración Pública, sino para la Democracia. Por todo esto es que considero que esta norma es elemental y pienso que si no tiene sanciones penales es porque venimos de un país que por tan honesto, peca de ingenuo. No recuerdo exactamente quién fue el hombre público que dijo que aquel que ocupaba un cargo público tenía que andar por la vida con la renuncia en el bolsillo, porque ante la más mínima sospecha de su comportamiento o de la honestidad de sus procedimientos, indefectiblemente debía presentarla. Sin embargo, estamos viviendo el mundo al revés y esto que acabo de manifestar no funciona y con lo que se anda en el bolsillo es con "Poxipol", con el fin de aferrarse al cargo que se ostenta y de ninguna manera renunciar por más grave que sea la conducta que se practica. Creo que ese Uruguay de la honestidad sin límite y de la ingenuidad tremendista es lo que ha provocado que un régimen que está consagrado en la Constitución, que fue votado en leyes y que está recopilado en el TOCAF, es lo que ha hecho que cuando se ha violentado no tenga prevista ninguna sanción, lo que le hace muy mal a la transparencia de la cosa pública.

Por estas razones es que en una norma muy breve tratamos de recopilar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones, dándole relevancia penal. Al respecto, las únicas críticas que escuché fueron en el sentido de que se quería agregar funcionarios públicos. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia manifestó que se debía agregar a los Jueces y el señor Senador Korzeniak expresó que sería conveniente incluir a los Directores de los Entes Autónomos. Honestamente tenemos nuestras dudas en cuanto a agregar a los Jueces y en cuanto a los Directores de los Entes Autónomos creemos que se trató de una confusión del señor Senador Korzeniak, porque en la recopilación que nosotros hicimos, están incluidos.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar

(Se vota:)

-2 en 22. Negativa.

SEÑOR BERGSTEIN. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN. - Señor Presidente: seré telegráfico y entre las varias razones que podemos aducir en cuanto a nuestro voto negativo, vamos a invocar sólo una.

En el artículo 161, que ya fue aprobado por el Senado, figuran dos modalidades delictivas. Una de ellas dice que el funcionario público que omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, será castigado. Vale decir que, a nuestro juicio, la hipótesis propuesta por los señores Senadores Millor e Irurtia está comprendida en la nueva modalidad delictiva que este Senado incorporó a este artículo del Código Penal.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Léase el literal M) del artículo 11 del Capítulo V.

(Se lee:)

"M) Ediles de las Juntas Departamentales, los titulares de cargos políticos o de particular confianza de los órganos de los Gobiernos Departamentales, miembros de las Juntas Locales (artículo 288 de la Constitución de la República), así como los ciudadanos que hayan asumido las atribuciones de las Juntas Locales mientras sus autoridades no se designen."

-En consideración.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Hierro López.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - El señor Senador Pereyra había pedido el desglose por el régimen de suplencias que tienen los Ediles de las Juntas Departamentales. Hemos hecho consultas con otros miembros de la Comisión y estamos proponiendo mantener la redacción tal como está, sin cambios, porque así como se refiere a los titulares de otros cargos como Senadores y Representantes y no se establece específicamente que es sobre los titulares, sino que se sobreentiende, queda comprendido que se trata de los Ediles de las Juntas Departamentales y que en el momento de asumir ese cargo les corresponden todas las responsabilidades de la ley. Por lo tanto, no proponemos modificaciones y solicitamos que se mantenga el literal M) tal como está redactado.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: en oportunidad en que se trató este tema en discusión general, planteé la situación de los Ediles suplentes que ingresan automáticamente al desempeño del cargo. Al respecto, se me contestó, con razón, que desde el momento en que ocupan el cargo están comprendidos en la ley. Sin embargo, seguramente el Edil que ingresa accidentalmente no tiene la declaración en el bolsillo y sin duda se trata de un requisito previo, tal como el de juramento que tiene el Senado para los que ingresan. Alguien que se sienta en una Banca del Senado, sin duda, es porque le corresponde, pero no queda investido de su calidad de Senador hasta que no jura. Entonces, entiendo que en este caso el requisito previo tiene que existir para aquel Edil que ingresa accidentalmente -y no porque se le convocó, tal como sucede en el Senado- pero tiene que formular su declaración de bienes. Naturalmente que no estoy planteando que esto se haga con los 93 nombres que figuran en la lista de Ediles -ya que son 31 con triple número de suplentes- sino que se extendiera a aquellos que fueran proclamados por la Corte Electoral, que son los que tienen derecho a intervenir en caso de suplencia automática. En mi opinión, deberían estar comprendidos en la declaración, porque es la única forma que encuentro para que podamos salvar la situación en caso de que alguien vote una medida trascendente que pueda repercutir en perjuicio del Estado o de determinado departamento al que pertenezca el Edil. De esta manera, en el momento de llamarlo a responsabilidad por los abusos que pueda haber cometido, no existe la declaración jurada. Es cierto que se habla de treinta días, pero ¿para quiénes se señala? Para los proclamados, es decir, para los que ocupan el cargo. Sin embargo, el Edil suplente puede estar en la Junta Departamental treinta días votando proyectos importantísimos, que muchas veces significan perjuicios. Por ejemplo, si a alguien se le ocurriera levantar una torre en la zona de Playa de Punta del Este, lo que está prohibido y mediante determinadas maniobras lograra conseguir los votos necesarios a través de los Ediles suplentes, podría darse allí un beneficio para el gobernante y tendríamos prevista una declaración para demostrar que su patrimonio se ha visto acrecentado por una actitud indecorosa e ilícita. Lo mismo digo para casos similares.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Según entiende la Mesa, el señor Senador Pereyra propone una variante al texto para que se hable de Ediles proclamados. Mientras tanto, el señor Miembro Informante propone mantener la disposición que vino de la Comisión.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: en alguna oportunidad hemos hecho referencia a la observación efectuada por el señor Senador Pereyra. Es sabido que el régimen de suplencias, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal de los señores Ediles, es automática. Su proclamación es hecha por la Junta Electoral una vez conocido el resultado de la elección, convocándose a los titulares y respectivos suplentes, tal como lo establece la Constitución. El artículo 265 dice: "Los miembros de las Juntas Departamentales durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones. Simultáneamente con los titulares se elegirá triple número de suplentes". La redacción de esta norma no hace referencia a titulares o suplentes, sino sólo a Ediles, y creemos que está bien por cuanto así involucra a todos los que ejercen esos cargos, ya sean titulares o suplentes.

La particularidad del sistema hace que en el régimen de suplencias un Edil pase a desempeñar un cargo en la Junta, adquiriendo todas las capacidades y condiciones del titular. Entonces, da la impresión de que la proclamación de los cargos de Ediles -sean titulares o suplentes- se hace en núcleo, por lo que son todos proclamados por el régimen de suplencias.

Creemos que corresponde mantener la disposición, porque ella no habla de titulares y suplentes, sino sólo de Ediles, y está bien que así sea.

En cuanto al plazo, creemos que el que tiene el Edil para hacer la declaración comienza a correr después de su incorporación a la Junta. Es decir que si hay un Edil en calidad de suplente porque el titular falta o no tiene interés en exponer su posición en determinado tema -esto se hace comúnmente- se produce un desempeño del cargo en forma múltiple. Esa es una situación real en las Juntas Departamentales, donde no interesa el lugar que ese Edil suplente ocupa en la lista -puede ser el primer, segundo o tercer suplente- ya que procederá a actuar con todas las posibilidades y responsabilidades del titular. A partir de ese momento comenzarán a correr los 30 días de plazo para que efectúe la declaración jurada.

Por nuestra parte, no hay inconveniente en aprobar esta disposición, porque comprende la realidad y las urgencias de las Juntas Departamentales, la naturaleza de los cargos de Ediles y la multiplicidad de su ejercicio. Cuando los Ediles ocupan sus cargos, no hay ningún elemento de protocolo, ya que simplemente ingresan al recinto, ocupan el asiento vacante que correspondía al titular y ejercen el cargo. Incluso, pueden ingresar y opinar en forma totalmente contraria -es común que esto suceda en las Juntas Departamentales- a como lo hizo el titular minutos antes.

Quiere decir que esta redacción es adecuada y no se plantearán los inconvenientes expuestos por el señor Senador Pereyra. Creemos que es conveniente que todos los Ediles estén comprendidos en estas disposiciones. Es sabido que el único caso en el que a nivel departamental algunas personas fueron cesadas de los cargos públicos que ocupaban, es el de algunos Ediles del departamento de Maldonado en el período pasado. En esa oportunidad, el Senado los destituyó de sus cargos. Vale la pena señalar que ese episodio demuestra la conveniencia de que estas disposiciones se apliquen a los Ediles sin tener en cuenta si son titulares o suplentes.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: nadie lo ha dicho, pero me parece adivinar que se considera un tanto disparatada o fuera de lugar la propuesta que he formulado.

Fui Edil en dos períodos y, por lo tanto, conozco la situación, no sólo por la lectura de la Constitución. Un Edil suplente se sienta hoy en la Junta, pero de pronto pasan tres meses sin que vuelva a ocupar el cargo. Sin embargo, el día en que se incorporó, votó un asunto trascendente que puede constituir un elemento perturbador de la vida del Estado o, incluso, violentar las disposiciones legales vigentes. En definitiva, su voto puede ser decisivo.

El caso que planteé es real. También puedo mencionar una situación que se vivió en La Paloma; aclaro que no estoy afirmando que en todos los casos ello haya sido ilegal, aunque sí estoy seguro de que se trató de hechos importantísimos. Por ejemplo, puedo citar el caso de la construcción de un gran hotel en un lugar inadecuado, o donde está prohibido hacerlo, a pesar de lo cual la obra puede ser realizada con autorización de la Junta.

Entonces, supongamos que un partido tiene 16 Ediles y doble número de suplentes. Por el régimen de las suplencias automáticas, estos últimos rotan; así, algunos actúan uno o dos días y los restantes lo hacen por cinco o más días. No debemos olvidar que en esas sesiones se pueden estar votando asuntos de enorme gravitación que, incluso, pueden perjudicar al Estado y, sin embargo, no tendríamos la salvaguarda de la declaración jurada.

Creo que se trata de una situación muy particular, porque la suplencia automática sólo existe en el caso de las Juntas Departamentales. No se aplica en el Senado ni en la Cámara de Representantes, y no recuerdo si rige en las Juntas Electorales; de todos modos, estas últimas no deben votar asuntos que impliquen daño o perjuicio patrimonial al Estado.

De manera que estoy procurando trasmitir a los señores Senadores la preocupación que siento. Es cierto que, en todo caso, son Ediles, pero a ellos no se les podrá exigir después la declaración jurada porque no actuaron un mes, sino que lo hicieron durante sólo dos o tres días. Sin embargo, en esa oportunidad contribuyeron con su voto a sancionar una ordenanza o una disposición que viola el régimen jurídico y puede acarrear perjuicios al Estado.

Si se entiende que mi propuesta no es pertinente, de todas maneras habré salvado mi responsabilidad al plantear mi preocupación.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Con respecto a una de las preocupaciones planteadas por el señor Senador Pereyra en torno a este tema de la rotación de los Ediles, pensamos que por el sólo hecho de ingresar la persona debe realizar su declaración jurada. Eso es así.

A los efectos de superar las observaciones señaladas, deberíamos modificar el artículo 13, que refiere a la declaración jurada. Esta norma dice que para la presentación de la declaración jurada inicial se dispondrá de un plazo de 30 días; con esto no habría inconvenientes. Pero después agrega que el plazo comenzará a computarse una vez cumplidos 60 días de ejercicio ininterrumpido del cargo. Finalmente, se dice que para la primera declaración jurada a partir de la promulgación de esta ley, regirá lo dispuesto en el artículo 40.

El tema consiste en que si el Edil suplente ingresa, puede en ese momento votar una decisión trascendente a nivel de la Junta, como por ejemplo autorizar una construcción en un lugar determinado y, además -como se hace habitualmente- exonerar a nivel municipal de ciertas reglamentaciones a determinada empresa. A veces esto puede generar situaciones delicadas y levantar sospechas.

El Edil deberá hacer la declaración jurada, por el sólo hecho de ingresar y sentarse en la Junta. Entonces, deberíamos corregir esta disposición, cuando dice que el plazo de 30 días comenzará a computarse una vez cumplidos 60 días de ejercicio ininterrumpido del cargo, porque el Edil muchas veces puede participar en una sola sesión o, inclusive, desempeñarse únicamente durante algunos minutos. Es muy común que los Ediles transfieran su cargo durante una sesión. El señor Senador Pereyra fue Edil, al igual que quien habla, que ocupó ese cargo en los años cincuenta.

Entonces, en nuestro concepto habría que mantener la letra M) y corregir el artículo 13, lo que dejaría en manos del Miembro Informante.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Creo que se trata de un tema de redacción, pues entiendo que la propuesta del señor Senador Pereyra tiene el sustento del sentido común y de cómo funcionan las cosas.

Un Edil puede actuar por espacio de pocos minutos y estar tomando la decisión más trascendente de todo el período legislativo. Por eso, para aventar esa posibilidad -y porque cuando alguien se postula a un cargo conoce los derechos a los cuales va a acceder, pero también las obligaciones- creo que no sería ningún disparate que se dejara aclarado en el literal M) que la declaración jurada la deben realizar los Ediles electos y sus correspondientes suplentes. Digo esto porque la Junta funciona de tal forma que por cada Edil titular hay tres suplentes que potencialmente tienen la condición de Ediles. Podrán actuar más que el Edil titular, o cinco minutos en todo el período, pero resolver en ese momento un tema importantísimo. Sin embargo, tal como lo manifestaba, por el sistema de convocatoria automática -no ya del primer, segundo o tercer suplente, sino del que se encuentra en la antesala- potencialmente existe la probabilidad -diríamos que casi la certeza- de que puedan actuar como Ediles.

Entonces me parece que lo más atinado sería incluirlos en la obligación de realizar una declaración jurada. Además, eso aventaría por completo las dudas planteadas por el señor Senador Pereyra con argumentos legítimos. Asimismo, me parece que cerraríamos toda posible brecha, evitando que se pudiera colar algún hecho de corrupción.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Miembro Informante, señor Senador Hierro López.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Señor Presidente: creo que es más conveniente aceptar la propuesta del señor Senador Millor respecto de lo que decía el señor Senador Pereyra, incorporando la expresión: "Ediles de las Juntas Departamentales y sus correspondientes suplentes". Considero que este agregado sería mejor que corregir los plazos a que hacía referencia el señor Senador Santoro.

Por tanto, aceptamos la sugerencia y votaríamos el artículo con la siguiente incorporación: "Ediles de las Juntas Departamentales y sus correspondientes suplentes". Luego el artículo continuaría tal como estaba redactado.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Se va a votar el artículo con el aditivo propuesto por el Miembro Informante.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: he votado la modificación, y aunque no sea del caso referirme a este artículo cuya modificación voté, si lo conectamos con otros del proyecto de ley, como se trata de 90 suplentes, imagino que va a ser un poco complicado que algunos Ediles puedan cumplir con el artículo 12. Ni siquiera sé si será fácil para los titulares porque advierta señor Presidente que, por ejemplo, el artículo 12 obliga a que una persona que desempeña un cargo de director o gerente en una compañía deba presentar el estado de bienes de esa empresa. Francamente no sé cómo funciona eso, aunque creo que será muy difícil que se dé en la práctica.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Miembro Informante, señor Senador Hierro López.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Voy a proponer que se postergue la consideración del artículo 18, pasando a votar los artículos 26, 28 y 30. El señor Senador Sarthou había solicitado el desglose de los artículos 26 y 30 y, por su parte, el señor Senador García Costa pidió el desglose del artículo 28. Corresponde señalar que se ha presentado un texto sustitutivo del artículo 26.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Se va a votar la propuesta del Miembro Informante.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Léase el artículo 26 del Capítulo VI.

(Se lee:)

"ARTICULO 26. - Créase una Comisión Honoraria de cinco miembros, integrada por un representante de la Junta, que la presidirá, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un representante del Tribunal de Cuentas y un representante de la Oficina Nacional del Servicio Civil, con el cometido de elaborar propuestas de actualización y ordenamiento legislativo y administrativo en materia de transparencia en la contratación pública, así como respecto de los conflictos de intereses en la función pública. Esta Comisión tendrá un plazo de ciento ochenta días para expedirse."

-En consideración.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: habíamos solicitado el desglose de este artículo porque esta Comisión Honoraria tiene una competencia importante al establecerse que debe elaborar propuestas para la actualización y ordenamiento legislativo y administrativo en materia de transparencia en la contratación pública, así como de los conflictos de intereses en la función pública.

Pensamos que sería importante que en esta Comisión hubiera un representante de la organización más representativa de los funcionarios públicos. Digo esto porque, de algún modo, verían el funcionamiento por dentro, en la parte atomizada de las funciones de los distintos servicios. Asimismo, sería un aporte de interés para las elaboraciones que debe realizar esta Comisión Honoraria. Por ello, en el sustitutivo habíamos propuesto una modificación, llevando su integración a seis miembros en lugar de cinco, e incluyendo un representante de la organización más representativa de los funcionarios públicos. Este había sido el sentido del desglose.

Reitero que en el tema de la transparencia en materia de la contratación pública nos parecía importante conocer los aportes que pudieran hacer los funcionarios.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Miembro Informante, señor Senador Hierro López.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Señor Presidente: a título personal, porque no puedo consultar a todos los miembros de la Comisión, digo que aceptamos la sugerencia del señor Senador Sarthou. No sé si el señor Senador Santoro estaría en condiciones de realizar algún aporte, pero no vemos objeciones en que haya un representante de los funcionarios en la mencionada Comisión.

SEÑOR SARTHOU. - En la Mesa se encuentra el sustitutivo que agrega nuestra propuesta y nos parecería muy bien que hubiera acuerdo.

(Ocupa la Presidencia el Dr. Hugo Batalla)

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo sustitutivo propuesto.

(Se lee:)

"Créase una Comisión Honoraria de seis miembros, integrada por un representante de la Junta que la presidirá, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante de la Oficina Nacional del Servicio Civil, un representante de la organización más representativa de los funcionarios públicos con el cometido de elaborar propuestas de actualización y ordenamiento legislativo y administrativo en materia de transparencia en la contratación pública, así como respecto de los conflictos de intereses en la función pública. Esta Comisión tendrá un plazo de 180 días para expedirse."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el sustitutivo propuesto.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

Léase el artículo 28.

(Se lee:)

"ARTICULO 28. - La Administración Central, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales, pondrán en vigencia Códigos Deontológicos que regirán para los funcionarios públicos en actividad, de acuerdo a los lineamientos del modelo que confeccionará la Comisión, los cuales, previa consulta con las organizaciones representativas de los funcionarios involucrados, deberán ser aprobados dentro del plazo de ciento ochenta días siguientes a la aprobación del modelo por parte de la Comisión."

-En consideración.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: tengo una duda y una preocupación para plantear al Miembro Informante y, en general, a la Comisión.

Este artículo 28, a la luz de su texto -aclaro que esta Comisión Honoraria va a ser la que elabore el modelo sobre este tema- nos preocupa porque el artículo 59 de la Constitución fija el estatuto del funcionario y establece la necesidad de la legalidad en la determinación de los elementos que tienen que ver con aspectos estatutarios en la actividad de los funcionarios públicos.

Con el fin de preservar ese carácter, el artículo 64 exige una mayoría especial de dos tercios para regular normas que comprendan a los funcionarios de los Gobiernos Departamentales y Entes Autónomos. O sea que hemos notado que estos códigos deontológicos plantean un problema porque, por supuesto, no representan una categoría jurídica, y no creo que la Comisión haya pensado lo contrario, porque son decretos.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SARTHOU. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - La Comisión ha tenido dudas con respecto a este tema, y las mismas fueron manifestadas por el señor Senador García Costa, quien iba a proponer que este artículo se excluyera del proyecto de ley.

El hecho de que deleguemos en el Poder Ejecutivo o en las oficinas correspondientes la posibilidad de crear códigos de valores morales y éticos podría ameritar cierta polémica. Además, como bien dice el señor Senador Sarthou, su votación requeriría mayorías especiales.

Por estos motivos, en lo que respecta a la opinión del Miembro Informante, no tenemos inconveniente, a efectos de agilizar la sanción de este proyecto de ley, en evitar la discusión y votar negativamente este artículo hasta estar en condiciones de avanzar por otra vía en estas cuestiones.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU. - Personalmente, comparto esta posición porque, si bien existía la voluntad de consultar a las organizaciones representativas de los funcionarios -lo cual considero muy positivo- en realidad se operaría por decreto y, como bien señala el señor Miembro Informante, se violaría el esquema constitucional de regulación por vía de la ley de toda esta temática. Entonces, estamos de acuerdo con votar negativamente este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-0 en 26. Negativa.

Se pasa a considerar el artículo 30.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: habíamos pedido el desglose de este artículo por una cuestión que consideramos menor, pero que nos parecía que era necesario establecer. Se trata de que el tiempo de los cursos sea imputado al horario de los funcionarios. Reitero que no es un asunto de relevancia, pero es algo corriente que los cursos que se reciban sean integrados al horario de los funcionarios públicos. Al respecto, ya hemos hecho llegar a la Mesa el texto de un sustitutivo al inciso segundo que aclara ese punto y solicitaría que se le dé lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el sustitutivo al inciso segundo.

(Se lee:)

"Será obligación de los funcionarios públicos la asistencia a estos cursos y el tiempo que insuman se imputará al horario del funcionario."

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Estamos de acuerdo con la propuesta del señor Senador Sarthou.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, se va a votar el artículo 30 con el texto venido de la Comisión y la modificación del señor Senador Sarthou.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

Debido a que los Capítulos VII y VIII ya han sido votados, quedaría por considerar el artículo 18.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Por las razones que hemos dado al comienzo de la sesión -no deseamos reiniciar el debate- y debido a que con la reforma del artículo 163 del Código Penal quedan comprendidos los temas vinculados al enriquecimiento patrimonial, proponemos votar negativamente el artículo 18.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-0 en 28. Negativa.

En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

La Presidencia considera que corresponde que se la autorice a efectuar los ajustes del articulado que fueran necesarios en virtud de que el artículo 18 desaparece.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Solicito que se rectifique la votación del artículo 18.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación del artículo 18.

(Se vota:)

-2 en 28. Negativa.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Justamente, presento moción en el sentido de autorizar a la Mesa a efectuar las correcciones de los artículos correlativos, ya que se le ha cambiado la numeración a más de una disposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Senador Hierro López.

(Se vota:)

-22 en 27. Afirmativa.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"CAPITULO I

Ambito de Aplicación y Definiciones

Artículo 1º. - La presente ley será aplicable a los funcionarios públicos de:

a) Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial;

b) Tribunal de Cuentas;

c) Corte Electoral;

d) Tribunal de lo Contencioso Administrativo;

e) Gobiernos Departamentales;

f) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y,

g) En general, todos los organismos, servicios o entidades estatales, así como las Personas Públicas no Estatales.

Art. 2º. - A los efectos de esta ley se entiende por funcionarios públicos, las personas a las que se refiere el artículo 175 del Código Penal.

Art. 3º. - A los efectos del Capítulo II de la presente ley se entiende por corrupción el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado.

CAPITULO II

Junta Asesora

Artículo 4º. - Créase una Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, cuya actuación y cometidos serán los siguientes:

1. - Asesorará a nivel nacional en materia de los delitos previstos por la presente ley, contra la Administración Pública (Título IV, excluyendo los Capítulos IV y V, del Código Penal) y contra la Economía y la Hacienda Pública (Título IX del Código Penal), que se imputen a alguno o algunos de los funcionarios públicos enumerados en los artículos 10 y 11 de la presente ley.

Estará compuesta de tres miembros, quienes durarán cinco años en sus funciones a partir de su designación por el Presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros, con venia de la Cámara de Senadores otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral.

El Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros podrá destituir por resolución fundada a los miembros de la Junta con venia de la Cámara de Senadores otorgada por la misma mayoría exigida para su designación. Si la Cámara de Senadores no se expidiera en el término de sesenta días, el Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la destitución.

2. - Tendrá como cometido exclusivo el asesoramiento de los órganos judiciales con competencia penal, emitiendo opinión dentro del marco de su materia, cuando la Justicia o el Ministerio Público lo dispongan.

La actuación de la Junta en el cumplimiento de su cometido se regulará por lo establecido en la Sección V Capítulo III, Título VI, Libro I del Código General del Proceso, en lo aplicable.

3. - Las denuncias que se hicieren sobre comisión de delitos incluidos en el Capítulo I, serán presentadas ante el órgano judicial competente, o el Ministerio Público, los que podrán disponer que la Junta proceda a la obtención y sistematización de todas las pruebas documentales que de existir fueran necesarias para el esclarecimiento por el Juez de los hechos noticiados.

4. - La Junta dispondrá de sesenta días para el cumplimiento del cometido indicado en el apartado anterior, pudiendo solicitar al Juez por una sola vez, la prórroga del plazo la que será concedida, siempre que exista mérito bastante para ello, por un máximo de treinta días.

Vencido el plazo o la prórroga en su caso, la Junta remitirá al órgano que legalmente corresponda recepcionarla, los antecedentes reunidos. Estos serán acompañados por un informe explicativo de la correlación de los mismos con los hechos denunciados.

5. - Para el cumplimiento de sus funciones la Junta tendrá los siguientes cometidos accesorios:

- Recabar, cuando lo considere conveniente, información sobre las condiciones de regularidad e imparcialidad con las cuales se preparan, formalizan y ejecutan los contratos públicos de bienes, obras y servicios.

- Recibir las declaraciones juradas de que tratan los artículos 10 y siguientes de la presente ley.

- Determinar, a requerimiento del interesado, si éste debe presentar la declaración jurada de bienes e ingresos a que se refiere el Capítulo V de la presente ley.

- Proponer las modificaciones de normas sobre las materias de su competencia.

- Elaborar un informe anual que será elevado a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

6. - Para el cumplimiento de los cometidos previstos en los Capítulos III y IV de la presente ley, la Junta podrá dirigirse por intermedio del órgano judicial interviniente o del representante del Ministerio Público, a cualquier repartición pública, a fin de solicitar los documentos y demás elementos necesarios para el esclarecimiento por el Juez de los hechos denunciados.

7. - En la ejecución de sus funciones, la Junta contará con el asesoramiento jurídico permanente del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, sobre aspectos formales y procedimentales (artículos 1º y 6º de la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal).

8. - La Junta constituye un Cuerpo con independencia técnica en el ejercicio de sus funciones. Actuará bajo la superintendencia del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.

CAPITULO III

Control Social

Artículo 5º. - Los organismos públicos darán amplia publicidad a sus adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, de acuerdo a las pautas que fije el Poder Ejecutivo -o el órgano jerarca, en su caso- al reglamentar la presente ley.

Art. 6º. - El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Junta llevará a cabo periódicamente campañas de difusión en materia de transparencia pública y responsabilidad de los funcionarios públicos, así como sobre los delitos contra la Administración Pública y los mecanismos de control ciudadano.

Art. 7º. - Los actos, documentos y demás elementos relativos a la función pública pueden ser divulgados libremente, salvo que por su naturaleza deban permanecer reservados o secretos o hayan sido declarados tales por ley o resolución fundada. En todo caso, bajo la responsabilidad a que hubiese lugar por derecho.

CAPITULO IV

Disposiciones Penales

Artículo 8º. - Sustitúyense los siguientes artículos del Código Penal, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTICULO 68. - La pena de penitenciaría durará de dos a treinta años. La pena de prisión durará de tres a veinticuatro meses. La pena de inhabilitación absoluta o especial durará de dos a diez años. La pena de inhabilitación especial de determinada profesión académica, comercial o industrial, durará de dos a diez años. La pena de suspensión durará de seis meses a dos años.

La pena de multa será de diez a quince mil unidades reajustables".

"ARTICULO 84. (Sustitución de la multa). - Si el sentenciado no tuviese bienes para satisfacer la multa, sufrirá, por vía de sustitución y apremio, la pena de prisión, regulándose un día por cada diez unidades reajustables.

Esta disposición no se aplicará cuando la multa se acumule a una pena privativa de libertad, en cuyo caso se procederá por la vía de apremio si el sentenciado no lo abonare en el plazo otorgado en la sentencia."

"ARTICULO 156. (Concusión). - El funcionario público que con abuso de su calidad de tal o del cargo que desempeña, compeliere o indujere a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero, dinero u otro provecho cualquiera, será castigado con doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, multa de cincuenta a diez mil unidades reajustables e inhabilitación de dos a seis años.

Se aplica a este delito la atenuante del artículo 154".

"ARTICULO 157. (Cohecho simple). - El funcionario público que, por ejecutar un acto de su empleo recibe por sí mismo, o por un tercero, para sí mismo o para un tercero una retribución que no le fuera debida, o aceptare la promesa de ella, será castigado con una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, con multa de diez a cinco mil unidades reajustables, e inhabilitación especial de dos a cuatro años.

La pena será reducida de la tercera parte a la mitad, cuando el funcionario público acepta la retribución, por un acto ya cumplido, relativo a sus funciones".

"ARTICULO 158. (Cohecho calificado). - El funcionario público que, por retardar u omitir un acto relativo a su cargo, o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero u otro provecho, o acepta su promesa, será castigado con doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a seis años, y multa de cincuenta a diez mil unidades reajustables.

La pena será aumentada de un tercio a la mitad en los siguientes casos:

1) Si el hecho tuviere por efecto: la concesión de un empleo público, estipendios, pensiones, honores, o el favor o el daño de las partes litigantes en juicio civil o criminal; o,

2) Si el hecho tuviere por efecto la celebración de un contrato en que estuviere interesada la repartición a la cual pertenece el funcionario o se realizare por medio de un uso abusivo de los procedimientos legales que deben aplicarse por la Administración Pública en materia de adquisición de bienes y servicios".

"ARTICULO 159. (Soborno). - El que indujere a un funcionario público a cometer cualquiera de los delitos previstos en los artículos 157 y 158, será castigado por el simple hecho de la instigación, con una pena de la mitad a las dos terceras partes de la pena principal establecida para los mismos.

Se considerarán agravantes especiales:

1) Que el inducido sea funcionario policial o encargado de la prevención, investigación o represión de actividades ilícitas, siempre que el delito fuere cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de sus funciones, o en razón de su calidad de tal y que esta última circunstancia sea ostensible para el autor del delito; o

2) Que el inducido sea alguna de las personas comprendidas en los artículos 10 y 11 de la Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción".

"ARTICULO 160. (Fraude). - El funcionario público que, directamente o por interpuesta persona, procediendo con engaño en los actos o contratos en que deba intervenir por razón de su cargo, dañare a la Administración, en beneficio propio o ajeno, será castigado con doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a seis años y multa de cincuenta a quince mil unidades reajustables".

"ARTICULO 161. (Conjunción del interés personal y del público). - El funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, tomare injerencia en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años, y multa de cincuenta a diez mil unidades reajustables.

Constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para un tercero".

"ARTICULO 162. (Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley). - El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de diez a tres mil unidades reajustables".

"ARTICULO 163. (Revelación de secretos). - El funcionario público que, con abuso de sus funciones, revelare hechos, publicare o difundiere documentos, por él conocidos o poseídos en razón de su empleo actual o anterior, que deben permanecer secretos, o facilitare su conocimiento, será castigado con suspensión de seis meses a dos años y multa de diez a tres mil unidades reajustables".

"ARTICULO 175. (Concepto de funcionario público). - A los efectos de este Código, se reputan funcionarios a todos los que ejercen un cargo o desempeñan una función retribuida o gratuita, permanente o temporaria, de carácter legislativo, administrativo o judicial, en el Estado, en el Municipio o en cualquier Ente Público o Persona Pública no Estatal".

"ARTICULO 177. (Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos). - El Juez competente que teniendo conocimiento de la ejecución de un delito, no interviniera o retardase su intervención, y el que no siendo competente, omitiere o retardare formular su denuncia, será castigado con la pena de tres meses a dieciocho meses de prisión.

La misma pena se aplicará al funcionario policial que omitiera o retardare formular la denuncia de cualquier delito de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, y a los demás funcionarios, en las mismas circunstancias, de los delitos que se cometieren en su repartición o cuyos efectos la repartición experimentara particularmente.

Se exceptúan de la regla, los delitos que sólo pueden perseguirse mediante denuncia del particular ofendido.

Constituye circunstancia agravante especial, respecto de los funcionarios públicos y en relación a los hechos que se cometieren en su repartición, el hecho de que se trate de los delitos previstos en los artículos 153, 155, 156, 157, 158, 158 bis, 159, 160, 161, 162, 163 y 163 bis".

"ARTICULO 179. (Calumnia y simulación de delito). - El que a sabiendas denuncia a la autoridad judicial o policial, o ante la Junta asesora en Materia Económico Financiera del Estado o ante un funcionario público el cual tenga la obligación de dirigirse a tales autoridades, un delito que no se ha cometido, o que simule los indicios de un delito, en forma que proceda la iniciación de un procedimiento penal para su averiguación, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría".

Art. 9º. - Incorpóranse al Código Penal las siguientes disposiciones:

"ARTICULO 158 bis. (Tráfico de influencias). - El que, invocando influencias reales o simuladas, solicita, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro provecho económico, o acepta su promesa, con el fin de influir decisivamente sobre un funcionario público para retardar u omitir un acto de su cargo, o por ejecutar un acto contrario al mismo, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

La pena será reducida de un tercio a la mitad cuando se acepta la retribución, con el fin de influir decisivamente, para que el funcionario público ejercite un acto inherente a su cargo.

Se considerará agravante especial del delito, la circunstancia de que el funcionario público en relación al cual se invocan las influencias, fuere alguna de las personas comprendidas en los artículos 10 y 11 de la Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción".

"ARTICULO 163 bis. (Utilización indebida de información privilegiada). - El funcionario público que, con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero, haga uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que haya conocido en razón o en ocasión de su empleo, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años, y multa de diez a diez mil unidades reajustables".

"ARTICULO 163 ter. (Circunstancias agravantes especiales). - Constituyen circunstancias agravantes especiales de los delitos de los artículos 153, 155, 156, 157, 158, 158 bis, 160, 161, 162, 163 y 163 bis:

1º) que el sujeto activo fuera alguna de las personas comprendidas en los artículos 10 y 11 de la Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción; o

2º) que el sujeto activo haya obtenido, como consecuencia de cualquiera de estos delitos, un enriquecimiento patrimonial".

"ARTICULO 163 quater. (Confiscación). - Tratándose de los delitos de los artículos 153, 155, 156, 157, 158, 158 bis, 160, 161, 162, 163 y 163 bis, el Juez también podrá confiscar los objetos o valores patrimoniales que sean resultado directo o indirecto del delito.

El producto de la confiscación pertenecerá al Estado, a cuyo efecto y salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, el Juez de la causa lo pondrá a disposición del Poder Ejecutivo, el que le dará el destino especial que la ley establezca. De no haber previsión especial, se procederá a su venta y se destinará el importe a Rentas Generales.

Lo dispuesto en la presente disposición regirá sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe".

CAPITULO V

Declaración Jurada de Bienes e Ingresos de las Autoridades y Funcionarios Públicos

Artículo 10. - El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros de Estado, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, los Senadores, los Representantes Nacionales y los Intendentes Municipales deberán formular una declaración jurada de bienes e ingresos a cualquier título.

Art. 11. - También están comprendidos en la obligación del artículo precedente los funcionarios que se enumeran:

A) Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República.

B) Subsecretarios de Estado, Fiscal de Corte, Procurador General de la Nación, Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Director y Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

C) Miembros de los Tribunales de Apelaciones, Fiscales Letrados, Jueces, Actuarios y Alguaciles.

D) Titulares de los cargos con jerarquía de Dirección General o Nacional e Inspección General de los Ministerios.

E) Director de Recaudación, Director Técnico Fiscal, Director de Sistemas de Apoyo, Director de
Fiscalización y Director de Administración de la Dirección General Impositiva, dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas.

F) Miembros de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

G) Miembros de la Junta del Instituto Nacional de Carnes y Director Nacional de Carnes.

H) Miembros del Consejo Directivo del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos.

I) Decanos de las Facultades de la Universidad de la República y miembros de los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico-Profesional.

J) Interventores de organismos e instituciones públicas o privadas intervenidas por el Poder Ejecutivo.

K) Secretarios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes.

L) Directores, Gerentes Generales, Subgerentes Generales de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y Gerentes de la Banca estatal.

LL) Tenientes Generales, Vicealmirantes, Generales, Contralmirantes y Brigadieres Generales en actividad, Jefes, Subjefes, Inspectores, Comisarios y Directores de Policía.

M) Ediles de las Juntas Departamentales y sus correspondientes suplentes, los titulares de cargos políticos o de particular confianza de los órganos de los Gobiernos Departamentales, miembros de las Juntas Locales (artículo 288 de la Constitución de la República), así como los ciudadanos que hayan asumido las atribuciones de las Juntas Locales mientras sus autoridades no se designan.

N) Representantes del Estado en los Directorios de los organismos paraestatales y en las empresas de economía mixta.

Ñ) Embajadores de la República y Ministros del Servicio Exterior, con destino en el extranjero.

O) Gerentes, Jefes de Compras y ordenadores de pago de todos los organismos públicos cualquiera sea la denominación de su cargo.

P) La totalidad de funcionarios que ocupen cargos de particular confianza y aquellos que cumplan funciones de carácter inspectivo.

Q) La totalidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, dependientes de las Direcciones General del Despacho y Tributación Aduanera, Dirección General Contable y de Contralor, Dirección General de Vigilancia y Operaciones de la Capital, Dirección General del Interior, Junta de Aranceles, e Inspección General de Servicios.

Art. 12. - Dicha declaración jurada contendrá una relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles e ingresos propios del declarante, de su cónyuge, de la sociedad conyugal que integra, de las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela; de la participación que posea en sociedades nacionales o extranjeras personales con o sin personalidad jurídica, en sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o en comandita por acciones o holdings, así como de aquellas sociedades en las que desempeñe cargo de Director o Gerente, y de los bienes de que dispongan el uso exclusivo, y de los ingresos del declarante y su cónyuge.

En su caso, dicha declaración jurada deberá ser suscrita por el cónyuge, en lo referente a los ingresos y bienes de su pertenencia.

Se especificará el título y fecha de la última procedencia dominial de cada uno de los bienes en propiedad, alquiler o uso, monto y lugar de depósitos de dinero y otros valores en el país o en el exterior.

Se incluirá asimismo, rentas, sueldos, salarios o beneficios que se continúen percibiendo.

Las declaraciones se presentarán en sobre cerrado ante la Junta. La Junta abrirá los sobres conteniendo las declaraciones del Presidente y Vicepresidente de la República y dispondrá su publicación en el Diario Oficial.

Art. 13. - Para la presentación de la declaración jurada inicial se dispondrá de un plazo de treinta días. Este plazo comenzará a computarse una vez cumplidos sesenta días de ejercicio ininterrumpido del cargo.

Para la primera declaración jurada a partir de la promulgación de esta ley regirá lo dispuesto en el artículo 38 de la presente ley.

Las declaraciones subsiguientes se formularán cada dos años contados a partir de la respectiva declaración inicial, siempre que el funcionario continuare en el ejercicio del cargo. Toda vez que cesare en el mismo deberá presentar una declaración final dentro de los treinta días del cese.

Art. 14. - La Junta llevará un registro de las declaraciones juradas de los funcionarios referidos en la presente ley y expedirá los certificados de haber recibido las mismas.

La Junta proporcionará los instructivos o formularios que correspondan para la correcta declaración jurada.

Las declaraciones se conservarán por un período de cinco años contados a partir del cese del funcionario en su cargo o su fallecimiento. Vencido el mismo, procederá a su destrucción, labrándose acta notarial de dicho acto, salvo que el interesado hubiera solicitado su devolución, en cuyo caso se le entregará.

Art. 15. - La Junta tendrá a su cargo la custodia de las declaraciones juradas que reciba en cumplimiento de esta ley, y sólo procederá a su apertura:

A) A solicitud del propio interesado, o por resolución fundada de la Justicia Penal.

B) De oficio, cuando la Junta así lo resuelva en forma fundada, por mayoría absoluta de votos de sus miembros. También cuando se haya incurrido en alguna de las situaciones previstas en los numerales 2) y 3) del artículo 17 de la presente ley, si la Junta lo entendiera procedente en el curso de una investigación promovida ante la misma.

Art. 16. - En caso de no presentación de la declaración jurada en los plazos previstos por el artículo 13 de la presente ley, la Junta cursará aviso a los funcionarios omisos. Si en los quince días posteriores no cumplieran con la obligación o no justificaran un impedimento legal, la Junta publicará en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional el nombre y cargo de los funcionarios que hayan omitido realizar la declaración dispuesta en los artículos 10 y 11 de la presente ley, sin perjuicio de lo que se establecerá en el artículo siguiente.

Art. 17. - Se considerará falta grave a los deberes inherentes a la función pública:

1) La no presentación de la declaración jurada al cabo del trámite previsto en el artículo anterior;

2) La inclusión en la declaración jurada inicial de cada declarante de bienes y valores patrimoniales pertenecientes a terceros o inexistentes; o,

3) La ocultación en las declaraciones juradas subsiguientes de bienes que se hubieran incorporado al patrimonio del declarante o de las restantes personas a que se refiere el artículo 12 de la presente ley.

De producirse la modalidad prevista en los numerales 2) y 3) de este artículo, la Junta iniciará las acciones previstas en el artículo 4º, numeral 3) de la presente ley.

Art. 18. - Si durante el año electoral se formula una denuncia o se procede a la apertura del sobre por cualquiera de las causales indicadas en el artículo 15 de la presente ley, referente a un funcionario que se postule a cualquier cargo electivo, el interesado podrá urgir a la Junta a que dicte la resolución con una anticipación de, por lo menos, treinta días, al acto eleccionario. La Junta no recibirá denuncias dentro de los noventa días anteriores al acto eleccionario.

Art. 19. - El Poder Ejecutivo y los titulares de los distintos organismos a los que alcanzare esta ley deberán comunicar a la Junta los nombres de todas las personas que a la fecha de su promulgación estén comprendidas en los artículos 10 y 11 de la presente ley. Asimismo deberán comunicar dentro de los treinta días de acaecidas, las alteraciones que se produzcan en dicha nómina.

CAPITULO VI

Aspectos Administrativos

Artículo 20. - Los funcionarios públicos deberán observar estrictamente el principio de probidad, que implica una conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro.

El interés público se expresa en la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos.

Art. 21. - Los funcionarios públicos observarán los principios de respeto, imparcialidad, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos.

Toda acción u omisión en contravención de este artículo, hará incurrir a sus autores en responsabilidad administrativa, civil o penal, en la forma prescrita por la Constitución y las leyes.

Art. 22. - Son conductas contrarias a la probidad en la función pública:

1) Negar información o documentación que haya sido solicitada en conformidad a la ley;

2) Valerse del cargo para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero;

3) Tomar en préstamo o bajo cualquier otra forma dinero o bienes de la institución, salvo que la ley expresamente lo autorice;

4) Intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya participado como técnico. Los funcionarios deberán poner en conocimiento de su superior jerárquico su implicancia en dichos asuntos, para que éste adopte la resolución que corresponda; y,

5) Usar en beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de su función.

Art. 23. - Los funcionarios públicos que cumplen funciones en las reparticiones encargadas de la adquisición de bienes y servicios deberán rotar periódicamente en la forma que establezca la respectiva reglamentación.

La rotación se hará sin desmedro de la carrera administrativa.

Art. 24. - Las normas de esta ley no obstarán a la aplicación de las leyes que afecten a los funcionarios de la Administración Pública, cuando éstas prescriban exigencias especiales o mayores a las que surgen de su texto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las normas de esta ley constituirán, además, criterios interpretativos del actuar de los órganos de la Administración Pública en las materias de su competencia.

Art. 25. - Créase una Comisión Honoraria de seis miembros integrada por un representante de la Junta, que la presidirá, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante de la Oficina Nacional del Servicio Civil y un representante de la organización más representativa de los funcionarios públicos, con el cometido de elaborar propuestas de actualización y ordenamiento legislativo y administrativo en materia de transparencia en la contratación pública, así como respecto de los conflictos de intereses en la función pública. Esta Comisión tendrá un plazo de ciento ochenta días para expedirse.

Art. 26. - Los Directores o Directores Generales de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán intervenir como Directores, Administradores o empleados en empresas que contratan obras o suministros en el Ente Autónomo o Servicio Descentralizado cuyo Directorio o Dirección General integren.

Art. 27. - El Ministerio de Educación y Cultura coordinará con los Entes de Enseñanza la implementación de cursos de instrucción en los correspondientes niveles de la educación sobre los diferentes aspectos a que se refiere esta ley, debiendo poner énfasis en los derechos y deberes de los ciudadanos frente a la Administración y las responsabilidades de las autoridades y funcionarios públicos.

Art. 28. - Las entidades públicas tendrán programas de formación para el personal que ingrese, y uno de actualización cada tres años, los cuales contemplarán aspectos referentes a la moral administrativa, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de intereses en la función pública, además de los otros aspectos a los que se refiere la presente ley.

Será obligación de los funcionarios públicos la asistencia a estos cursos y el tiempo que insuman se imputará al horario del funcionario.

Cométese a la Comisión y a la Oficina Nacional del Servicio Civil, la preparación de material didáctico que se pondrá al alcance de las diversas entidades públicas.

CAPITULO VII

Ambito Internacional

Artículo 29. (Cohecho y soborno transnacionales). - El que para celebrar o facilitar un negocio de comercio exterior uruguayo, ofrece u otorga en el país o en el extranjero, siempre que concurran las circunstancias previstas en el numeral 5º del artículo 10 del Código Penal, a un funcionario público de otro Estado, dinero u otro provecho económico, por sí mismo o para otro, para sí mismo o para otro, será castigado con una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Art. 30. (Blanqueo de dinero). - El que obstaculizare la identificación del origen, la investigación, la incautación o la confiscación del dinero u otros valores patrimoniales a sabiendas que provienen de alguno de los delitos establecidos en los artículos 156, 158, 158 bis, 160, 161, 162, 163, 163 bis y 163 ter del Código Penal, o del delito establecido en el artículo 29 de la presente ley, será castigado con una pena de tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Art. 31. - El proceso de extradición por hechos previstos como delito en esta ley se rige por las normas de los Tratados o Convenciones Internacionales ratificados por la República, que se encuentren en vigor. En ausencia de dichos instrumentos, se aplican las normas del Código Penal, del Código del Proceso Penal y las especiales previstas en los artículos siguientes.

Art. 32. - La extradición por hechos previstos en la presente ley, no es procedente cuando la pena impuesta sea inferior a dos años de privación de libertad y la parte de la sentencia que aún resta por cumplir sea inferior a seis meses. Si se tratare de personas requeridas para ser juzgadas, cuando el mínimo de la pena que la ley extranjera prevé para el delito sea inferior a seis meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 54 del Código Penal.

Art. 33. - El hecho de que el dinero o provecho económico que resulte de alguno de los delitos establecidos en los artículos 156, 158, 158 bis, 160, 161, 162, 163, 163 bis y 163 ter del Código Penal o del delito establecido en el artículo 29 de la presente ley, hubiese sido destinado a fines políticos o el hecho de que se alegue que ha sido cometido por motivaciones o con finalidad política, no basta por sí solo para considerar dicho acto como delito político.

Art. 34. - 1. Las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional provenientes de autoridades extranjeras para la investigación o enjuiciamiento de hechos previstos como delitos en la presente ley, que se refieran a asistencia jurídica de mero trámite, probatoria, cautelar, o de inmovilización, confiscación o transferencia de bienes, se recibirán y darán curso por la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional dependiente de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura. Esta remitirá las respectivas solicitudes a las autoridades jurisdiccionales o administrativas nacionales competentes para su diligenciamiento.

2. Los Jueces diligenciarán la solicitud de cooperación de acuerdo a leyes de la República.

3. Salvo el caso de medidas de naturaleza cautelar o de inmovilización, confiscación o transferencia de bienes, la cooperación se prestará sin entrar a examinar si la conducta que motiva la investigación o el enjuiciamiento constituye o no delito conforme al Derecho Nacional.

4. Las solicitudes relativas a registro, levantamiento del secreto bancario, embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto se someterán a la ley procesal y sustantiva de la República.

5. Las solicitudes podrán ser rechazadas cuando afecten en forma grave el orden público, así como la seguridad u otros intereses esenciales de la República.

6. El pedido de cooperación formulado por una autoridad extranjera importa el conocimiento y aceptación de los principios enunciados en este artículo.

Art. 35. - Créase la Sección de Cooperación Jurídico Penal Internacional dentro de la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional dependiente de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura.

Art. 36. - Las solicitudes extranjeras del levantamiento del secreto bancario para la investigación o enjuiciamiento de hechos previstos como delito en la presente ley, se someterán a la ley procesal y sustantiva de la República.

Para que proceda el levantamiento del secreto bancario, debe tratarse, en cualquier caso, de delitos previstos en el Derecho Nacional y la solicitud deberá provenir de autoridades jurisdiccionales.

El Estado requirente queda obligado a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto bancario que recibe, para ningún fin ajeno al establecido en la solicitud.

CAPITULO VIII

Disposiciones finales

Artículo 37. - Derógase el Decreto-Ley Nº 14.900, de 31 de mayo de 1979.

Art. 38. (Disposición transitoria). - El Poder Ejecutivo deberá nombrar los integrantes de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado dentro de los treinta días contados a partir de la promulgación de la presente ley. Dentro de los sesenta días contados a partir de la instalación de la Junta, ésta deberá proporcionar los instructivos o formularios que correspondan para la presentación de la declaración jurada.

Los funcionarios públicos comprendidos en los artículos 10 y 11 de la presente ley deberán presentar las primeras declaraciones juradas en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la primera publicación de los instructivos del Diario Oficial, siempre que hayan cumplido sesenta días de ejercicio ininterrumpido del cargo. En caso contrario, el plazo de treinta días comenzará a computarse una vez cumplidos los sesenta días de ejercicio ininterrumpido del cargo.

A la fecha de la primera publicación de los instructivos en el Diario Oficial, la Junta deberá tener a disposición de los funcionarios públicos los formularios necesarios para la presentación de la declaración jurada".

6) ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS REGISTROS PUBLICOS

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: habíamos efectuado consultas con algunos señores Senadores a efectos de solicitar que algunos proyectos que aparentemente no generarán discusión, se consideren urgentes y se traten de inmediato, comenzando por el que figura en octavo lugar del orden del día, que refiere a la organización y el funcionamiento de los registros públicos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por tratarse de una alteración del orden del día, solamente se requiere una mayoría simple.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 27. Afirmativa.

En consideración el punto que figura en octavo lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se prorroga la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, relativa a la organización de los Registros Públicos. (Carp. Nº 941/97 - Rep. Nº 551/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 941/97
Rep. Nº 551/97

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único. - Prorrógase, por única vez, la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, hasta el 1º de mayo de 1998. El Poder Ejecutivo reglamentará la ley precitada, antes del 1º de marzo de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 11 de diciembre de 1997.

Carlos Baráibar Presidente
Martín García Nin Secretario

PROYECTO DE LEY

Artículo único. - Prorrógase la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, hasta el 1º de mayo de 1998. El Poder Ejecutivo reglamentará la ley precitada antes del 31 de marzo de 1998.

Montevideo, 9 de diciembre de 1997.

Raquel Barreiro (Representante por Montevideo), Guillermo Stirling (Representante por Montevideo), Gabriel Courtoisie (Representante por Montevideo), José Carlos Cardoso (Representante por Rocha), Fernando Saralegui (Representante por Tacuarembó).

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con el proyecto de ley adjunto se propone prorrogar la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, relativa a la Organización de los Registros Públicos.

Dicha postergación de la entrada en vigencia se hace necesaria, en virtud de los motivos que se exponen a continuación:

- La ley significa un avance en la Organización de los Registros Públicos, consagrando la autonomía técnica de los mismos. No obstante ello, su entrada en vigencia, prevista para el día 1º de enero de 1998, no es posible, teniendo en consideración que su implementación determina modificaciones que no han sido instrumentadas hasta la fecha por su complejidad y lo acotado de los plazos.

- Como ejemplo de ello, es suficiente la mención de la imposibilidad de instrumentar la puesta en práctica del capítulo correspondiente a vehículos automotores, con la implementación del sistema de matriculación y empadronamiento a nivel nacional previsto en la ley.

- Es de notar además que al haberse demorado la reglamentación de la ley, los usuarios de los Registros no disponen de información sobre el nuevo sistema para operar con los mismos.

Por lo tanto, se considera de utilidad la prórroga de la entrada en vigencia de la ley precitada, destacándose la necesidad de que el Poder Ejecutivo dicte el decreto reglamentario correspondiente con antelación, para su mejor difusión e información.

Montevideo, 9 de diciembre de 1997.

Raquel Barreiro (Representante por Montevideo), Guillermo Stirling (Representante por Montevideo), Gabriel Courtoisie (Representante por Montevideo), José Carlos Cardoso (Representante por Rocha), Fernando Saralegui (Representante por Tacuarembó)."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR SANABRIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA. - Por este proyecto de ley se prorroga la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.871 debido a que la misma preveía una reglamentación del Poder Ejecutivo que no está pronta. En virtud de eso se pide la prórroga, seguramente, hasta el momento en que el Poder Ejecutivo reglamente dicha ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-25 en 27. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º y único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Prorrógase, por única vez, la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, hasta el 1º de mayo de 1998. El Poder Ejecutivo reglamentará la ley precitada, antes del 1º de marzo de 1998".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

7) PREVISION SOCIAL POLICIAL

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - De la misma manera que lo hice anteriormente, voy a solicitar que se considere urgente y se trate de inmediato el punto que figura en quinto lugar del orden del día, en el que se dispone dejar sin efecto el aporte del 2% adicional de los funcionarios policiales y se establece que dicho aporte sea igual al dispuesto por el artículo 181 de la Ley Nº 16.713.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se dispone dejar sin efecto el aporte del 2% adicional de los funcionarios policiales y se establece que dicho aporte sea igual al dispuesto por el artículo 181 de la Ley Nº 16.713. (Carp. Nº 917/97 - Rep. Nº 547/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 917/97
Rep. Nº 547/97

Ministerio del Interior
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 2 de julio de 1997.

Señor Presidente de

la Asamblea General

Presente

De nuestra mayor consideración:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a usted, para proponer la incorporación de dos artículos adicionales al mensaje y proyecto de ley de 30 de diciembre de 1996, relativo a la modificación del Régimen de Previsión Social Policial.

Por el primero, se deroga el literal A del artículo 7º de la Ley Nº 13.793, de fecha 24 de noviembre de 1969. Significa dejar sin efecto el aporte del 2% adicional que los funcionarios policiales en actividad deben realizar por encima de lo que se descuenta a los demás funcionarios civiles, lo que se considera justo.

Por otro lado, al establecerse que el aporte de los afiliados policiales será igual al dispuesto por el artículo 181 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, se incrementan las remuneraciones sujetas a montepío en igual porcentaje de lo oportunamente dispuesto para el resto de los funcionarios de la Administración Central.

De este modo se establece una estricta igualdad.

Por el segundo artículo proyectado, se prevé que el descuento del 3% y 2%, respectivamente, sobre los haberes de retirados y pensionistas de la actividad policial, solamente se aplicará a quienes se hubieran jubilado o se jubilaren al amparo de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley Nº 13.793, de 24 de noviembre de 1969 o leyes anteriores, quedando excluidos los que lo hubieren hecho o hicieren al amparo de normas posteriores.

Esta modificación también es de justicia puesto que ese aporte estaba dirigido a financiar los beneficios especiales consagrados por la normativa anterior, que no alcanzan al régimen dispuesto por las normas posteriores.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Didier Opertti, Juan A. Moreira, Ana Lía Piñeyrúa.

PROYECTO DE LEY

Artículo 64. - Derógase el literal A del artículo 7º de la Ley Nº 13.793, de 24 de noviembre de 1969. El montepío de los afiliados será el mismo que el previsto por el artículo 181 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, incrementándose las remuneraciones sujetas a montepío en igual porcentaje de lo oportunamente dispuesto para los funcionarios de la Administración Central, por aplicación del artículo 182 de dicha ley.

Artículo 65. - Lo dispuesto en los literales B y C del artículo 7º de la Ley Nº 13.793, de 24 de noviembre de 1969, sólo será aplicable a quienes se hayan jubilado o se jubilaren al amparo de dicha ley o anteriores a ella.

Didier Opertti, Juan A. Moreira, Ana Lía Piñeyrúa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: desde ya adelanto que voy a ser breve, ya que todos queremos agotar el orden del día.

Este proyecto de ley, que cuenta con Mensaje del Poder Ejecutivo de fecha 2 de julio de 1997, fue remitido a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con tres miembros de la de Constitución y Legislación. La Comisión nunca se reunió ni analizó el proyecto de ley. Sé que hay algunas iniciativas del Herrerismo, pero no son exactamente iguales a las de la Cámara de Representantes. En la última sesión ordinaria, el Senado lo elevó a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, la que tampoco lo estudió. Luego de ello, se incluyó en el orden del día de esta sesión.

Sinceramente, no lo pudimos analizar en profundidad. Hemos hecho algunas preguntas a distintos señores Senadores, y nos hemos encontrado con que algunas de las respuestas que se nos han dado no logran identificar exactamente en qué consiste el proyecto.

El tema radica en que los empleados públicos, de acuerdo con la Ley Nº 16.713, de tener un montepío del 13%, pasaron al 15%. Para mantener igual líquido hubo un aumento de su salario nominal. En ese caso, no hubo aumento de salario. Por otra parte, en relación con los funcionarios policiales, debemos citar el literal A) del artículo 7º de la Ley Nº 13.793 que dice: "Un 2% (dos por ciento) por los funcionarios policiales en actividad que se agregará al que están sujetos los funcionarios públicos en general". Se trata de los funcionarios públicos de aquélla época. Estamos hablando de cuando el funcionario policial tenía un 13% de montepío y se le aumentó un 2% para atender los beneficios que daba la Ley Nº 13.793. Esos beneficios hoy no existen, aunque se mantiene ese porcentaje.

que lo que voy a decir es engorroso y complicado. Se trata de que ese 15% que pagaban los funcionarios policiales baje al 13% pero, a la vez, se los equipare a los públicos, vuelva a ascender al 15%, incrementándose las remuneraciones sujetas a montepío en igual porcentaje de lo oportunamente dispuesto para los funcionarios de la Administración Central, por aplicación de lo establecido en el artículo 182 de esa norma. Esta disposición señala que las remuneraciones no van a subir pero, en este caso, sí lo van a hacer. Nadie sabe cuánto cuesta esto. Hay un aumento de los salarios de los funcionarios policiales que no llega a ser el 2% -aunque, literalmente, lo sea- pero nadie sabe qué cantidad de dinero significa. Pienso que si vamos a remunerar a los funcionarios policiales, los aumentos deberían destinarse a los que están activamente combatiendo el delito. Dichos aumentos no serían de un 2%, sino mayores. Todos sabemos que los funcionarios policiales abarcan una gran gama de personas, que no son sólo los activos. Sin embargo, la ley no incorpora la solicitud de los jubilados, que están pagando este 2%. Además, cualquier propuesta al respecto no se puede llevar adelante porque no contamos con la iniciativa del Poder Ejecutivo.

En consecuencia, mientras no tengamos el monto total de lo que se está incrementando o una explicación más adecuada sobre este tema -luego de haber distraído brevemente al Senado- deseo señalar que no voy a votar este proyecto de ley.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Quisiera saber si los integrantes de esta Comisión que estudiaron el proyecto de ley tienen la misma lectura que hago yo. Lo que se hace es cambiar el sistema. En lugar de mantener la vigencia de ese 2% establecida en el literal a) del artículo 7º de la Ley Nº 13.793, se aplica el artículo 181 de la Ley de Seguridad Social, donde también se habla de un 2%. Se aumenta el nominal a los efectos de que no sufran una rebaja en los ingresos. Creo que esa es la lectura. Cuando se redactan las leyes de esta forma -es decir, se sustituyen literales y se disponen las cosas por números- resulta imperioso tener las disposiciones a la vista. Recién ahora está en nuestro poder este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI. - En primer lugar, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social no analizó este proyecto de ley. En segundo término, no puedo dar una respuesta ya que no estoy seguro de cuál es la interpretación que hizo el Poder Ejecutivo cuando lo remitió. Tampoco sé cuál sería la interpretación literal. El artículo 7º de la Ley Nº 13.793 dice: "Para atender los aumentos que se produzcan por aplicación de esta ley, se pagarán los siguientes montepíos: A) Un 2% (dos por ciento) por los funcionarios policiales en actividad que se agregará al que están sujetos los funcionarios públicos en general". Había un 13% para los funcionarios públicos, un 2% más para los policiales, lo que totalizaba un 15%. La Ley Nº 16.713 llevó el montepío de los funcionarios públicos de 13% a 15%. Si la ley se siguiera aplicando en el entendido de que los funcionarios policiales siempre tienen que estar 2% arriba de los públicos, se tendría que llevar el montepío -antes de que se aprobara este proyecto de ley- de 15% a 17%. Parece que esta no es la interpretación. Aparentemente, habría que aplicar un 2% a lo que los funcionarios públicos aportaban en aquella oportunidad. Los funcionarios policiales aportaban un 15%. Ahora, de acuerdo con este artículo 64 -que debería ser 1º- los policiales tendrían igual nivel de equiparación que los públicos. La primera frase de la norma deroga ese 2%, entonces, los policiales pasarían del 15% al 13%. A renglón seguido, se dice que tienen el mismo montepío que los funcionarios públicos. Entonces, los policiales pasan del 13% al 15%. Después se señala que se incrementarán las remuneraciones para los funcionarios de la Administración Central. En aquel momento se incrementó un 2% a dichos funcionarios y se aumentó el salario nominal. Por lo tanto, si un funcionario policial ganaba $ 100 y le descontaban un 15%, ahora por la primera frase del inciso le descuentan un 13%, por la segunda le vuelven a descontar un 15% y, según lo que dice en el resto, le aumentarían ese nominal de $ 100 a $ 102. En consecuencia, si se les descuenta un 15%, en vez de llevar para sus casas $ 85 -por cada $ 100- cobrarían $ 87. Esa es la interpretación que hago, pero no digo que sea la correcta. Reitero que es un tema complejo y engorroso. Si esa es la interpretación, me gustaría discutirla más en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Si esto implica incrementar los sueldos, entonces, a la hora de aumentar las retribuciones de los funcionarios policiales -y estoy de acuerdo con eso- deberíamos beneficiar a los que se baten contra el delito.

En consecuencia, me gustaría estudiar más profundamente este tema porque es una buena cantidad de dinero lo que está en juego. Es más; quisiera saber de qué cifras se trata exactamente.

Sin perjuicio de ello, aclaro que no estoy haciendo ninguna afirmación porque no hemos analizado en profundidad el proyecto de ley en el ámbito de la Comisión.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: debo confesar que, luego de escuchar al señor Senador Michelini, también tengo una gran confusión, porque pensé que el proyecto de ley había sido analizado en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Es más; se me habían efectuado consultas sobre cuáles eran los aportes de los funcionarios policiales.

Hago referencia a ese tema porque de la exposición de motivos surge que lo que se pretende es equiparar, en materia de descuentos, a los funcionarios policiales con los civiles; y, a propósito, voy a citarlos. Un funcionario policial en actividad vierte un 15% por concepto de montepío; un 1% por tutela social y un 4% por sanidad, lo que indica que aportan un 20% y que tiene 5 puntos de diferencia con los empleados civiles. Esto es así sin tener en cuenta el adicional que se les descuenta en función de las franjas, que es algo circunstancial. Mientras tanto, los funcionarios policiales retirados pagan un 13% de montepío -si no ha computado 36 años en una actividad cualquiera- más un 3% -que no se les descuenta a ningún pasivo, y aclaro que eso rige para los retirados por la Ley Nº 9.940- un 1% de tutela y un 4% por sanidad. Quiere decir que en materia de retirados pagan lo que no vierte ningún jubilado del país.

Por otra parte, si se trata de retirados por la Ley Nº 16.333, estos aportan un 3% -que no paga ningún jubilado- más un 13% -si no han computado 32 años en el ejercicio de la actividad policial- un 1% de tutela y un 4% de sanidad.

Concretamente, esa es la situación actual de los funcionarios policiales en actividad y en retiro. No estamos abriendo opinión en torno a este proyecto de ley, sino simplemente decimos que si la pretensión es equiparar a los funcionarios policiales con los civiles, no debe hacerse de esta manera. No me refiero a que sea un mal proyecto de ley o no implique un beneficio para los funcionarios policiales, sino que, reitero, no se los debe equiparar de esa manera en función de los descuentos que acabo de mencionar, que son los que sufren tanto los que están en actividad como los que están en situación de retiro.

En cambio, nos parece de estricta justicia lo que establece el artículo 2º, porque se suprime el descuento para aquellos retirados que no gozaban del beneficio de los ascensos cuando pasaron a esa situación, ya que ese régimen fue cambiado recientemente. Insisto en que el retirado policial, antes o después del cambio de ese sistema, sigue teniendo descuentos que no afectan a los pasivos comunes y corrientes.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: advierto que estaríamos en condiciones de votar el proyecto de ley tal como está redactado y voy a explicar cómo lo hemos analizado.

En el año 1969 los funcionarios policiales podían acogerse al retiro por una ley especial, que les daba grados mayores a los que tenían en actividad. Eso se financió con aportes del 2% que realizaban los funcionarios en actividad y los que continuaban efectuando los retirados según tasas distintas, de acuerdo con la bonificación que recibían cuando pasaban a esa situación.

En el artículo 2º del proyecto de ley se mantendría el aporte de los funcionarios que se retiraron con la bonificación que hemos mencionado, porque formaba parte del acuerdo de ese momento. En cambio, se suprime el aporte del 2% a los funcionarios policiales en actividad, que se había fijado para financiar aquel proyecto. Ello obedece a que se tiende a igualar el criterio del descuento de montepío -no así otro tipo de aportes- con relación al resto de los funcionarios públicos. Estos, por la ley general de la reforma de la Seguridad Social, pasaron a aportar un 15% -antes vertían un 13%- estableciéndose que se modifica el nominal de forma que los funcionarios no vieran disminuido el sueldo líquido que estaban percibiendo antes de la modificación.

En el caso de los funcionarios policiales, lo que se hace es igualar este criterio. Se suprime el aporte del 2%, ya que el 15% no se calcula sobre el sueldo nominal, sino que se vuelve al 13% -para explicarlo en términos sencillos- aplicándose el mismo criterio de la ley general de la Seguridad Social. Reitero que se aumenta un 2%, llevando el aporte al 15%, incrementándose de ese modo el nominal. De esa manera, se iguala a los funcionarios policiales en actividad con el resto de los empleados públicos en materia de montepío.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: voy a ser breve porque, casualmente, cuando planteamos la consideración de este tema pensamos que no se iba a generar una discusión.

Considero que todos los señores Senadores que se han manifestado sobre este tema tienen algo de razón. El tema concreto es que, en este caso, se hace un avance para tratar de que esos funcionarios policiales puedan pagar ese 2% sin que vean menoscabados sus ingresos actuales. Cabe aclarar que no se trata de un privilegio especial porque, como hemos dicho tantas veces, la situación de los funcionarios policiales -según pudimos enterarnos, por informaciones proporcionadas por aquellos que están retirados, quienes concurrieron al ámbito de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social- es totalmente distinta a la del resto de los empleados públicos. Esto es así, a tal punto que, en muchas oportunidades, en este ámbito he hecho notar que no se pueden comparar situaciones que son totalmente distintas.

Reitero que ese es el hecho concreto y, por tal razón, me aventuraba a decir que el tema no iba a tener discusión. De todos modos, debemos señalar que se produce una mejora en la situación de los funcionarios policiales que perciben salarios muy bajos, que se veían afectados por ese 2% de aporte a que se ha hecho mención y que se debe corregir.

Asimismo, tienen razón algunos señores Senadores, en el sentido de que esto no es todo lo que se pretende para alcanzar una verdadera solución a la mejora de los salarios de los funcionarios policiales. De todas maneras, esos temas se tratarán más profundamente en otra oportunidad, porque hay Legisladores que están interesados en hacerlo.

Repito que en este caso se trata solamente de los aportes que deben hacer los funcionarios policiales para equipararlos, de modo que no se vean afectados en sus ingresos.

Por lo expuesto, y al igual que el señor Senador Brezzo, adelanto que estoy en condiciones de votar inmediatamente este proyecto de ley, porque es un paso que se da, ya que dilatarlo significaría mantener inconvenientes que realmente afectan a los funcionarios policiales. Además, no tengo dudas al respecto, porque el Poder Ejecutivo ha hecho llegar un proyecto de ley sobre el tema, que nos ofrece todas las garantías de que, evidentemente, se está tratando de beneficiar al funcionario policial.

SEÑOR HEBER. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARAT. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Coadyuvando la argumentación que ha hecho el señor Senador Garat, debo decir que este proyecto fue presentado por nuestra Bancada en la Cámara de Representantes. En una suerte de negociación con el Poder Ejecutivo, en la figura del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, hemos logrado contemplar situaciones que son injustas. Quiero dejar asentado en actas la buena colaboración que ha tenido el titular de este Organismo en comprender esta situación planteada por el señor Representante Trobo. En ese sentido, creo que se está citando para estos días al Plenario de la Cámara de Representantes para sancionar este proyecto de ley, que es un beneficio justo que merece el Instituto Policial, y ojalá que sea antes de fin de año.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Ya he terminado, señor Presidente.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - A modo de fundamento de voto, quiero decir que la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, en el último tiempo, no ha desarrollado su tarea de la mejor forma en cuanto a la presencia de sus integrantes y el abordaje de algunos proyectos. Sin embargo, en una conversación informal en una oportunidad que había número y luego en deliberaciones con los integrantes de la Comisión, estuvimos de acuerdo en que el proyecto viniera a Sala para ser tratado. Partíamos de la base -más allá de las dudas que señalaba el señor Senador Michelini, que en su oportunidad también nos las hizo saber- de que era un proyecto justo. No es completo, ni es el que impulsaríamos para este sector de actividad y pasividad, pero vamos a acompañarlo porque es lo que estamos en condiciones de hacer. Estamos convencidos de que con este proyecto se supera una situación injusta de una franja de retirados policiales y de los que están en actividad. Como señalaban algunos señores Senadores, nos estamos refiriendo a una ley que fue derogada y que modificaba el grado por el cual se jubilaban los efectivos policiales. Eso hoy no existe más y, por tanto, hay que eliminar el descuento ya que no se recauda para los fines que tenía cuando se empezó a aplicar.

Es más, en muchas oportunidades en el Senado y fuera de él hemos dicho que somos partidarios de medidas más de fondo en lo que tiene que ver con la seguridad pública, que pasan de manera inexorable por el aumento de la calidad de vida de los funcionarios policiales y de su calificación profesional. Incluso, nosotros daríamos un paso más largo que el que da este proyecto y, en ese sentido, vamos a acompañar todo tipo de medidas que apunten a que el Instituto Policial califique su trabajo y tenga una calidad de vida que no haga que en la práctica deban abstenerse de realizar determinadas acciones -porque ¡poner en riesgo su vida por unos "vintenes" que cobran en este momento!; y somos conscientes de que es un elemento negativo que juega su papel- y, por otro lado, que pierdan el afán de perfeccionarse y de tener un mayor nivel profesional, aspectos estos que también tienen que ver con las retribuciones. Además, hay que recompensar a gente que siempre ha ganado muy poco en este país y que ha tenido un trabajo sumamente difícil y con riesgo de vida.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la concepción, estamos de acuerdo con el proyecto. Además, pensamos que es justo. Permítaseme, a modo de casi broma, decir que la razón fundamental por la que lo apoya el señor Senador Garat es porque viene del Poder Ejecutivo y no sería la que predominaría en nosotros para evaluar el proyecto. Sin embargo, también es cierto que analizándolo y escuchando a los retirados policiales que vinieron a la Comisión, pudimos darnos cuenta de que es justo. También podíamos haber apoyado un proyecto con mayores perspectivas, pero vamos a acompañar éste con nuestro voto porque vale la pena hacer este ajuste ya que en salarios y pasividades tan bajos puede significar una ayuda. Además, no creo que para las arcas del Estado sea una gran modificación, en función de lo que decíamos: nosotros estamos comprometidos con medidas que apoyen el desarrollo del Instituto Policial acorde con las necesidades y reclamo de seguridad que la sociedad exige, y el paso fundamental tiene que ver con cómo viven los funcionarios policiales. Sin lugar a dudas, si nosotros pudiéramos votar aumentos o derogar impuestos o gravámenes en los salarios y jubilaciones de otros sectores, lo haríamos con gusto, pero no dejamos de votar este proyecto por el hecho de que no se les aumente a los maestros, a los de salud pública, a los del Poder Judicial o a tantos otros que también tienen la misma necesidad y que sería de estricta justicia que se modificara en un pequeño porcentaje su nivel de vida.

De todas maneras, por lo que señalábamos, vamos a apoyar el proyecto que tenemos a consideración.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Como miembro y Presidente en este año de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social me siento en el deber de explicar al Cuerpo por qué este proyecto llega al Plenario sin haber sido estudiado por la Comisión y sin informe.

En primer lugar, y no siendo responsabilidad de la Presidencia -porque venía establecido en la exposición de motivos del Poder Ejecutivo- este proyecto fue remitido a la Comisión integrada que debía estudiar todo el sistema nuevo de adaptación al régimen de la Seguridad Social planteado por la Ley Nº 16.713, o sea, la revisión del régimen de las Cajas Paraestatales, Militar y Policial. El problema es que esta Comisión no sesionó en ningún momento por lo que el tema no pudo ser estudiado. Aquí y en forma compartida por la Presidencia de la Cámara, se corrigió el trámite y se pasó a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social que también ha tenido sus vicisitudes para lograr el quórum y como estamos al término del período, no pudo considerarlo. Esa es la razón por la que viene sin haber sido estudiado por la Comisión, ya que se entendió que era muy urgente la solicitud de los retirados y funcionarios policiales.

Por otro lado, me voy a referir muy brevemente al tema de fondo porque ya se ha dicho lo fundamental. Nosotros vemos esto como un tema que tiene que ver con la Seguridad Social y no con uno de remuneraciones. Si tuviéramos que analizarlo como un tema de remuneraciones, habría que hacerlo no sólo con respecto a los funcionarios policiales, porque nosotros pensamos que sucede lo mismo con los de salud pública, los maestros, etcétera, por lo que habría que rever todas las remuneraciones. Es cierto que esto trae como consecuencia una mejora de la remuneración, pero también es un acto de justicia desde el punto de vista de la seguridad social que se aplique el mismo mecanismo establecido por el artículo 181 de la Ley Nº 16.713 para todos los demás. Entonces, al generalizar esta solución se opera una mejora porque se elimina una deducción, pero lo que importa es que el acto en sí mismo de darles el mismo régimen de descuento que a los demás trabajadores nos parece lógico. Es cierto que trae aparejada una mejora pero, en algún modo, hay una injusticia anterior porque se grava en mayor forma a determinados funcionarios que a otros. Entonces, se tata de un principio de igualdad ante las cargas u obligaciones. Por lo tanto, este fenómeno indirecto no alcanza para dejar de reconocer la justicia de aplicar el mismo sistema. Inclusive, el artículo 65 trata de corregir la situación manteniendo la deducción en los casos de aquellos que fueron concretamente beneficiados por el texto legal. Es posible que cuando se ideó la Ley Nº 13.793 no se pensaba que su financiación podía ser exclusivamente con sus beneficiarios porque cuando se hacen cálculos actuariales, se toma en cuenta la totalidad de los funcionarios comprendidos. Nosotros creemos que a esta altura se trata de un acto de justicia.

Por último, creo que no corresponde distinguir si las personas están en actividad o no, ya que esto debería resolverse en función de cuestiones salariales.

Esta es una disposición que corrige un aspecto meramente ligado a las contribuciones a la Seguridad Social y a una legítima igualdad en las deducciones que se hacen sobre las distintas remuneraciones y sueldos.

Es cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Brezzo.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Derógase el literal A del artículo 7º de la Ley Nº 13.793, de 24 de noviembre de 1969. El montepío de los afiliados será el mismo que el previsto por el artículo 181 de la Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1995, incrementándose las remuneraciones sujetas a montepío en igual porcentaje de lo oportunamente dispuesto para los funcionarios de la Administración Central, por aplicación del artículo 182 de dicha ley.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 2º. - Lo dispuesto en los literales B y C del artículo 7º de la Ley Nº 13.793, de 24 de noviembre de 1969, sólo será aplicable a quienes se hayan jubilado o se jubilaren al amparo de dicha ley o anteriores a ella.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Deseo hacer una consulta sobre el proyecto que acabamos de aprobar.

El señor Presidente hizo referencia a los artículos 1º y 2º, pero no es esa la numeración que figura en el repartido que obra en nuestro poder, en tanto que esto formaba parte de un proyecto mayor. La Presidencia se expresó bien; no obstante, me parece que hay que tener en cuenta que cuando aprobamos este proyecto de ley no estamos hablando de los artículos 64 y 65, sino de los artículos 1º y 2º.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ese problema ya ha sido resuelto, señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - De acuerdo.

8) BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - En el orden del día figura en 7º término un proyecto de ley por el que se autoriza al Banco de Seguros del Estado a enajenar determinados bienes inmuebles. Como se recordará, esta iniciativa ha sido aprobada por la Cámara de Representantes.

No voy a explicar, a efectos de no demorar más el trámite, la importancia que este tema tiene, pero sí deseo consultar al Cuerpo si existe disposición a votarlo sin discusión. Pido una respuesta honesta porque, en caso de que se desee debatir en torno a esto, no formularé moción para que se trate en la tarde de hoy.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, tanto en la Cámara de Representantes como en la Comisión de Hacienda del Senado. Supongo, entonces, que no dará lugar a discusión, en cuyo caso no habría inconveniente en tratarlo.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - A nombre de la Bancada del Partido Colorado, solicito que se postergue por diez minutos la votación de este asunto y que el Senado pase a cuarto intermedio por ese lapso.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Pozzolo.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por el término de diez minutos.

(Así se hace. Es la hora 17 y 19 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 17 y 37 minutos)

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: hemos hecho consultas entre las distintas Bancadas y estamos dispuestos a apoyar la propuesta del señor Senador Garat porque, repito, hemos acordado no debatir sobre el tema y limitarnos a votarlo y después sí entrar a la consideración del segundo punto del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la alteración del orden del día a los efectos de considerar el punto que figura en séptimo lugar: "Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco de Seguros del Estado a enajenar determinados bienes inmuebles. (Carp. Nº 905/97 - Rep. Nº 544/97)".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la alteración del orden del día.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día y que pasó a ser segundo: "Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco de Seguros del Estado a enajenar determinados bienes inmuebles. (Carp. Nº 905/97 - Rep. Nº 544/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 905/97
Rep. Nº 544/97

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Autorízase al Banco de Seguros del Estado a enajenar los bienes inmuebles, excepto bienes de uso considerados indispensables, en las condiciones que se expresan:

A) Se realizará por medio de subasta o llamado público, con o sin base. La reglamentación, en forma fundada, podrá establecer otro procedimiento.

B) Podrán ser adjudicatarios los funcionarios del Banco, en cuyo caso deberán abstenerse de intervenir directamente en el trámite del inmueble respectivo.

C) El Banco podrá otorgar facilidades de pago por el plazo que estime oportuno, documentándose el crédito en título valor con garantía hipotecaria del inmueble enajenado.

D) Los arrendatarios buenos pagadores tendrán prioridad para comprar por el valor de tasación o el resultante del llamado público, según determine la reglamentación, otorgando su consentimiento dentro de los setenta y dos horas hábiles de requerirlo el Banco.

Art. 2º. - El Banco de Seguros del Estado podrá ceder estos títulos valores hipotecarios, operar con ellos en todo tipo de actividades en el Mercado de Valores, incluyendo aportarlos a un fondo de inversión. También está facultado a participar en la sociedad administradora del Fondo, y eventualmente constituirla por sí o convocar a terceros para el mismo fin.

Se aplicará a estos títulos valores lo dispuesto por los artículos 40 y 42 de la Ley Nº 16.749, de 12 de junio de 1996.

Art. 3º. - Por resolución del Banco de Seguros del Estado, respecto de los inmuebles referidos en el artículo 1º, podrá transformarlos al régimen de propiedad horizontal, inscribiendo el plano de mensura y fraccionamiento horizontal, y cumpliendo con los requisitos físicos mínimos a que hace referencia el Decreto-Ley Nº 14.261, de 3 de setiembre de 1974.

Art. 4º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar de todo tributo las operaciones tendientes a la realización de los activos inmobiliarios a que refiere el artículo 1º de la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de diciembre de 1997.

Carlos Baráibar Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

El presente proyecto de ley autoriza al Banco de Seguros del Estado a enajenar bienes inmuebles de su cartera de inversiones, exceptuando aquéllos considerados de carácter indispensable.

Para dicho sistema se aplicarán determinados procedimientos, tanto sea por medio de subasta o llamado público con o sin base, autorizando a los funcionarios del Banco a ser adjudicatarios, debiendo abstenerse de intervenir directamente en el trámite correspondiente.

Se establece en esta norma la posibilidad de otorgar facilidades de pago con documentación que acredite la garantía hipotecaria del inmueble enajenado.

Los arrendatarios buenos pagadores tendrán prioridad para la compra del bien por el valor de tasación que se establezca.

En el proyecto propuesto se contempla la posibilidad que el Banco de Seguros del Estado pueda operar con los títulos valores hipotecarios en el Mercado de Valores y también pueda participar en la sociedad administradora del Fondo.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes ante lo anteriormente expresado y considerándose conveniente para el Banco de Seguros del Estado esta iniciativa, recomienda al Cuerpo su aprobación.

Sala de la Comisión, 27 de agosto de 1997.

Alvaro Alonso (Miembro Informante), Alejandro Atchugarry, Federico Bosch, Carlos Gamou, Gustavo Penadés, Iván Posada.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR COURIEL. - Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Autorízase al Banco de Seguros del Estado a enajenar los bienes inmuebles, excepto bienes de uso considerados indispensables, en las condiciones que se expresan:

A) Se realizará por medio de subasta o llamado público, con o sin base. La reglamentación, en forma fundada, podrá establecer otro procedimiento.

B) Podrán ser adjudicatarios los funcionarios del Banco, en cuyo caso deberán abstenerse de intervenir directamente en el trámite del inmueble respectivo.

C) El Banco podrá otorgar facilidades de pago por el plazo que estime oportuno, documentándose el crédito en título valor con garantía hipotecaria del inmueble enajenado.

D) Los arrendatarios buenos pagadores tendrán prioridad para comprar por el valor de tasación o el resultante del llamado público, según determine la reglamentación, otorgando su consentimiento dentro de las setenta y dos horas hábiles de requerirlo el Banco.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 2º. - El Banco de Seguros del Estado podrá ceder estos títulos valores hipotecarios, operar con ellos en todo tipo de actividades en el Mercado de Valores, incluyendo aportarlos a un fondo de inversión. También está facultado a participar en la sociedad administradora del Fondo, y eventualmente constituirla por sí o convocar a terceros para el mismo fin.

Se aplicará a estos títulos valores lo dispuesto por los artículos 40 y 42 de la Ley Nº 16.749, de 12 de junio de 1996.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 3º. - Por resolución del Banco de Seguros del Estado, respecto de los inmuebles referidos en el artículo 1º, podrá transformarlos al régimen de propiedad horizontal, inscribiendo el plano de mensura y fraccionamiento horizontal, y cumpliendo con los requisitos físicos mínimos a que hace referencia el Decreto-Ley Nº 14.261, de 3 de setiembre de 1974.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 4º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar de todo tributo las operaciones tendientes a la realización de los activos inmobiliarios a que refiere el artículo 1º de la presente ley.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

9) SALARIOS PUBLICOS, TARIFAS PUBLICAS Y CUOTAS DEL BANCO DEL HIPOTECARIO DEL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se modifican los períodos de ajustes respecto de los salarios públicos, tarifas públicas y cuotas del Banco Hipotecario del Uruguay.

(Antecedentes: ver 75a. S.E.)

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Señor Presidente: brevemente voy a tratar los dos temas que surgen de este proyecto de ley: el de la inflación y el de la desindexación. Nos vamos a referir en exclusividad a estos dos temas y no entraremos en ningún otro, sobre todo porque ayer escuchamos atentamente al señor Senador Sanabria que hizo una exposición y cuando lo oímos sentimos que estaba hablando del Uruguay de la "Tierra Púrpurea", aquel bellísimo trabajo de Hudson que tiene 130 años.

De manera que con esta apreciación no voy a entrar, de ningún modo, en el tema del análisis de la situación del Uruguay de hoy. Sí voy a hablar lo más brevemente que pueda, señor Presidente, de la inflación y de la desindexación.

En ambos casos entendemos que bajar la inflación es un hecho positivo. Y como considero que la indexación es una de las causas importantes de la inflación, desindexar es bueno. De manera que podría decir que tengo puntos de vista positivos sobre bajar la inflación y sobre la desindexación. Donde no estoy conforme es con los mecanismos, con la forma en que se está llevando adelante este proceso.

En primer lugar, señor Presidente, la inflación está bajando y seguramente es posible que continúe haciéndolo. Creo que es positivo que no haya inflación en el país; el punto es cómo se baja la inflación y las repercusiones que esto tiene. Lo hemos analizado en muchas oportunidades. A nuestro entender en el Uruguay no hay una inflación de demanda sino de costos, una inflación por indexación y una de expectativa. Esto sucede sobre todo en los medios urbanos. Hay un costo muy importante que es lo que hace bajar la inflación y es lo que se está desindexando en los hechos: el tipo de cambio. El ancla cambiaria sin ninguna duda ayuda a bajar la inflación. El punto es: cuando entra al ancla cambiaria, ¿cómo sale de ella?

Este es el problema que tiene el Gobierno de la República Argentina y también la Alianza, que le cuesta salir de la Ley de Convertibilidad. Lo mismo ocurre con Brasil y sobre ello hablamos con su Presidente cuando estuvo en nuestro país. Me refiero a cómo salir cuando uno entra en un proceso de esta naturaleza. Uno puede usar este mecanismo para bajar la inflación en un determinado período de tiempo, pero en el caso del Uruguay esta situación se da desde el año 1991. Si bien es cierto que no se profundiza el fenómeno en los años 1996 y 1997, lo acumulado es un elemento muy importante porque genera un cambio en la estructura de precios, se modifican los precios relativos, se favorecen las importaciones y no las exportaciones y empezamos a tener un modelo de crecimiento no exportador sino importador. Esto no es bueno y es uno de los elementos relevantes por el cual, sin ninguna duda, el Uruguay aumenta su desocupación abierta, su empleo precario y la informalidad.

En el caso de Argentina la situación es similar porque con este fenómeno de cambio de estructura de precios se vuelve a un modelo mucho más importador y, en los hechos, ocurre que este país que nunca tuvo más que un 3% o un 4% de desocupación, casi friccional, en la actualidad tiene un 17%. Esta realidad también se está dando en Brasil en este momento.

¿Cuál es nuestra preocupación? Que empecemos a desindexar con un proceso antiinflacionario que no es sustentable. Siento que en el plano local estamos en una situación parecida a la de "la tablita" del período 1980-1982. ¿Por qué no estamos ante una realidad exactamente igual a la de "la tablita"? Porque la situación internacional es distinta y las tasas de interés a ese nivel están bajas, entran capitales y esto se puede sostener; pero tenemos una brutal vulnerabilidad para la cual no estamos preparados. El país, al igual que Brasil y Argentina, está mal preparado si en el mercado internacional se modifican las tasas de interés y los movimientos de capitales.

Por otro lado, como el Uruguay es pequeño, uno aspira a tener un país básicamente exportador y este es el elemento central que aquí está afectado para bajar la inflación. Cuando el Embajador uruguayo en los Estados Unidos concurrió a la Comisión de Asuntos Internacionales le dije -figura en la versión taquigráfica- que una de sus funciones básicas era conseguir mercados para productos uruguayos, porque todo el mundo le quiere vender a Norteamérica. También le manifesté que cuando después de muchos meses no consiguiera los mercados que deseaba para nuestros productos, no fuera al psicoanalista ni tomara pastillas, porque no iba a ser problema de él; con esta política cambiaria el Uruguay no puede exportar a Estados Unidos. Además, se dificulta exportarle a Europa, porque por el problema del Euro, hubo una devaluación de un 15%. Por lo tanto, la moneda uruguaya se apreció con respecto a Europa y, entonces, se dificulta la exportación a esos países. A su vez, con la crisis del Sudeste asiático, sus monedas se devaluaron entre el 25% y el 40%, razón por la cual es muy difícil vender a esos países y competir con ellos. Lo mismo sucede con Europa y Estados Unidos, por esas devaluaciones del Sudeste asiático. Esto es válido para Uruguay, para Argentina y, sobre todo, para Brasil.

Soñamos con un MERCOSUR -que en lo personal defiendo porque, desde el punto de vista político, es extraordinariamente importante- y en vez de hacer un regionalismo abierto, estamos creando un regionalismo cerrado. Digo esto porque con esta política cambiaria Argentina y Uruguay sólo le pueden vender a Brasil que tiene más atraso cambiario, diciendo esto en números relativos. ¿Por qué me preocupa Brasil? Porque apareció el Real en 1994 y su problema de balanza de pagos comenzó a partir del primer trimestre de 1995. En ese sentido, tuvo un 450% de aumento en las importaciones de automóviles y debió aumentar los aranceles, lo que no le dió resultado. Posteriormente cortaron el financiamiento de las importaciones y tampoco tuvieron éxito. Actualmente, están duplicando las tasas de interés con efectos extraordinariamente negativos pero, además, hacen un recorte muy importante de U$S 20.000:000.000 en su Presupuesto. La situación de Brasil realmente me inquieta. Leí una declaración del señor Ministro de Economía brasileño donde manifiesta que todavía tienen mucha chance y que las privatizaciones iban a permitir resolver el problema del déficit de la balanza de pagos. Quiere decir que, de pronto, las privatizaciones empiezan a tener urgencia -como le pasó a la Argentina- porque no están en función de los requerimientos de la sociedad brasileña, sino de un déficit de la balanza de pagos; de lo contrario, vamos al Fondo que nos va a dar recursos y si no, tengo un as en la manga -aclaro que esto lo leí en la prensa; no sé si es cierto- que consiste en vender PETROBRAS para asegurar que en octubre pueda darse la reelección del Presidente Cardoso.

Desde ese punto de vista, países como los latinoamericanos, que tienen que ser básicamente exportadores y competitivos en el mundo, hoy se ven muy afectados, porque el problema de Brasil es que su déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente es de un 70% en las exportaciones. Esto no lo sé sólo yo sino los economistas brasileños y los inversionistas. Entonces, si suceden nuevos acontecimientos en la Bolsa, seguramente van a volver a apretar a Brasil por temor a que haya alguna modificación en la política cambiaria. A su vez, si Brasil modifica su política cambiaria, puede obligar a Argentina y a Uruguay a cambiar las suyas.

Creo que es muy positivo bajar la inflación, pero siento que es muy vulnerable y que tiene consecuencias negativas la forma en que se está realizando; además, no es sostenible.

Desde esa perspectiva, dejo la constancia de mi preocupación por lo que está ocurriendo y, sobre todo, porque miro a mayor plazo. Este cambio en la estructura de precios afecta, sin ninguna duda, a rubros muy importantes de Argentina, Uruguay y Brasil. Además, en un mundo que cada vez es más competitivo, en el que todo el mundo quiere exportar, nosotros no podemos exportarle al resto del mundo por situaciones de esta naturaleza.

Por otro lado, pensamos que es bueno y necesario desindexar. El problema es que estamos en una sociedad democrática y la democracia tiene un principio básico: la ética de la igualdad, de la equidad, entonces, tengo que desindexar no sólo para un lado. Aquí se está desindexando con respecto a los salarios, pero no ocurre lo mismo con las tarifas de los servicios públicos, que están creciendo por encima de la inflación, generando un impuesto.

Hoy las tarifas son verdaderos impuestos para que las empresas públicas le traspasen ingresos a Rentas Generales, pero no es obligatorio desindexar las tarifas de los servicios públicos, las cuotas del Banco Hipotecario o los arrendamientos.

No estoy conforme, para nada, con las tasas de interés vigente en el caso del Uruguay y tampoco lo estoy con la regulación que hace el Banco Central ni con la política del Banco de la República. Estimo que desindexar costos es bueno, pero no salarios solamente.

Yo quiero desindexar pero equitativamente, a los efectos de poder resolver de mejor manera esta situación. Por eso, señor Presidente, lo que se ha planteado son diferencias, por un lado, para tratar que la desindexación sea obligatoria, también, para estos otros rubros. Por otro lado, hay objeciones en cuanto a que el Poder Ejecutivo pone plazos distintos según la inflación sea de 10%, 23% o más de 23%. En las propuestas que hizo el Frente Amplio en la Cámara de Representantes los números eran distintos: 6%, 15% y más de 15% para los períodos de desindexación.

Creo que lo más relevante es generar un fenómeno concreto para que la desindexación de los salarios -no tengo ninguna duda que ello puede ayudar a bajar la inflación- se haga en exclusividad y no con los otros costos que el Poder Ejecutivo tiene en sus manos poder modificar.

Estas son las dos apreciaciones fundamentales que quiero realizar: siento que hay una inflación que no es sostenible y una desindexación que no es equitativa. Todo ello nos lleva a votar negativamente este proyecto de ley. Insisto en que la desindexación es importante y también lo es bajar la inflación.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Señor Presidente: quisiéramos incorporar algunos elementos de juicio al pronunciamiento que hizo en la tarde de ayer el señor Senador Gargano y a las palabras que acaba de pronunciar el señor Senador Couriel.

En las declaraciones que formuló el señor Ministro de Economía y Finanzas en la Comisión de la Cámara de Representantes señaló que uno de los principales objetivos de la política económica en curso es preservar y consolidar la estabilidad macroeconómica. Al respecto, podríamos hacer un debate para saber exactamente qué significa para cada uno de nosotros esa estabilidad macroeconómica y cuáles son las variables que se tienen en cuenta para asegurarla.

Lo que queda absolutamente claro, tanto en las exposiciones que hacen los que impulsan la política económica del Gobierno como en las de quienes la han defendido, es que la variable que siente permanentemente la gran mayoría de los uruguayos tiene que ver, precisamente, con la desindexación de los salarios y las pasividades.

Aquí hay compañeros de mi Bancada y otros Senadores con mayor nivel y formación que yo que podrían ver, en un debate profundo de los temas vinculados a la economía del país, si esas son las únicas variables que se pueden utilizar para el descenso de la inflación, para controlar a nivel macro la economía del país, y si efectivamente estos ajustes que se hacen a los sueldos y a las jubilaciones actúan como elementos determinantes en ese control de los números macro.

Como señalaba el señor Senador Couriel, en líneas generales, nosotros podríamos compartir el planteo que se hace en el sentido de mantener a nivel macro de la economía cierta estabilidad; realmente, es uno de los objetivos a seguir.

De la misma manera, pensamos que la inflación o la hiperinflación es una patología que puede tener la economía del país, por lo que no debemos impulsarla.

En este país, desde hace muchas décadas -fundamentalmente en la última década y en lo que va de este Gobierno- se han ido produciendo distintos ajustes fiscales, impuestos a los sueldos y a las jubilaciones y se han tomado otro tipo de medidas que tienden a atacar la canasta familiar y la vida de las grandes mayorías de los trabajadores o de jubilados de este país que viven de una entrada fija.

El señor Senador Couriel hablaba de la "Tierra purpúrea". Personalmente, no tuve el gusto en la tarde de ayer de escuchar esa descripción de parte del señor Senador Sanabria, pero sí tuve oportunidad de oír en distintos medios de comunicación, ante la comparecencia del equipo económico estos sueños rosados con los que nos acostumbran, pero que la gran mayoría de la población no percibe de manera alguna. Por cierto que no es un sueño rosado, sino que esa tan mentada sensación térmica de la que se habla es la realidad.

Hace unos días, en las salidas que periódicamente hace la Mesa política del Frente Amplio para conversar con las organizaciones sociales en distintas localidades del país -no capitales departamentales, por cierto- se nos preguntaba, precisamente, cómo podíamos explicar nosotros, de manera sencilla, que entienda el trabajador, una familia de este país que vive de su salario, de su jubilación, de un ingreso fijo, estas diferencias que aparecen entre lo que el Gobierno proclama por un lado y lo que es nuestro discurso político como Frente Amplio, como Encuentro Progresista, por otro.

En general, el ama de casa, que es una gran economista, el trabajador, que hace malabarismos con su salario, y el pasivo, que debe hacer lo mismo con su jubilación, entienden muy claramente lo que pasa. Lo entienden mucho más allá de todo tipo de discursos, tanto de la izquierda como de la coalición de Gobierno. El señor Ministro Mosca, en la defensa que hizo del proyecto en la Cámara de Representantes, señaló que, precisamente, el objetivo de todo esto es la desindexación de la economía, con el descenso inflacionario. Afirmó también que algún día se verán beneficiados los trabajadores, los jubilados y todos aquellos que viven de una entrada fija. Ese "algún día" viene siendo esperado por la gente desde hace mucho tiempo; esperan vivir mejor en la perspectiva de que suceda tal como se dice, cuando se sostiene que algún día todo va a mejorar, cuando los números macro funcionen mejor y se logre sanear la situación.

Por nuestra parte -y lo que voy a decir ahora me gusta repetirlo en muchos ámbitos- podríamos hacer un discurso simplista -que no hacemos por un problema de ética política- diciéndole a la gente que vea lo mal que vive, y que vote a nuestro partido político en 1999, porque así en el año 2000 podrá pasar a vivir mejor. Esta no es la política del Frente Amplio ni del Encuentro Progresista, porque hay un compromiso con la vida de la gente todos los días. Estoy hablando de esa gente que vive de su salario y de su jubilación hoy, que tiene que comer hoy y que debe ver cómo hace, es decir, si paga primero la tarifa de UTE y deja acumular durante dos meses la de OSE, o si paga la factura de ANTEL -en caso de que cuente con ese servicio- y cómo realiza malabarismos para pagar una mutualista, si tiene acceso a ella. En fin, de lo que se trata es de saber cómo ir haciendo la calesita -cosa que todas las amas de casa conocemos muy bien- para ir sobreviviendo mes a mes. Lo cierto es que el anuncio de mejoramiento que se hizo no condice con lo que la gente siente todos los días.

Tal como escuché decir en el debate que se realizó en la Cámara de Representantes, se echa la culpa de esto a la vida. Se usaron expresiones tales como "la vida ha demostrado" y "la vida dirá". La verdad es que la vida no dice ni demuestra nada, si quienes actuamos para que la vida diga no lo hacemos en un sentido o en otro.

Se ha hablado además de los logros que se han alcanzado: el aumento del volumen físico de producción, el incremento de la venta de automóviles cero quilómetro y el descenso de la inflación. Lo cierto es que esta última disminución se ha dado desde un punto de recesión.

Se ha argumentado -cosa que me sorprendió mucho- en la Cámara de Representantes, que en la medida en que haya menos movimiento de mercado, porque la gente tiene menor poder adquisitivo para comprar, vendiéndose menos, existirán menos riesgos de que la inflación se dispare. Razonando por el absurdo, podríamos decir que en la medida en que nadie tuviera nada, tendríamos una inflación cero. Realmente, no creo que este sea el objetivo al que se quiere llegar, ni siquiera citando un ejemplo exagerado.

El señor Ministro Mosca ha dicho que el sector privado ha dado claras señales en cuanto a la relación costo-beneficio y también sobre la forma a proceder en el futuro; además, instó a pensar en los últimos convenios realizados por importantes sectores de la actividad, en algunos de los cuales el Estado tiene participación. En ese sentido, mencionó a la construcción, la Salud, el dique de la Armada y también sectores de la industria, sosteniendo que, en realidad, se celebran convenios en casi todas las ramas del comercio. Luego expresó también que con este proyecto de ley, es decir, con esta adecuación de los ajustes, todos los agentes -confieso que no entiendo quiénes son "todos", aunque ello surge después, a lo largo del debate- podrán tener un horizonte de mayor certidumbre para poder comparar realmente todas las alternativas en cuanto a las decisiones de inversión y ahorro. Seguramente, "todos" los agentes no incluye a los trabajadores ni a los pasivos.

También es cierto -y lo vimos cuando discutimos la llamada Ley de Inversiones que hoy está siendo considerada en la Cámara de Representantes- que se habían incluido los artículos de flexibilización laboral en un país donde sólo el 20% de los trabajadores tienen convenios colectivos con salvaguarda, y el 79%, el 80% o el 81% -dependiendo de cuáles sean los parámetros- se ha visto afectado por una imposición masiva de medidas, dado que la flexibilización ya está en marcha. Además, a veces el acuerdo al que se llega luego de un conflicto no es el mejor, sino aquel que se logra dadas las condiciones que incluso el propio gremio tiene para dar la pelea. Entonces, tampoco se puede decir realmente que el sector privado haya dado señales, porque existe una serie de condicionantes o factores que actúan en esto y no son tenidos en cuenta al realizar un análisis de la situación. Por nuestra parte, tenemos la obligación de tener en cuenta todos esos elementos.

Cuando se habla de una mayor certidumbre, nos preguntamos quiénes gozarán de ella. ¿Todos los actores estamos pensando que se trata de una mayor certidumbre para los trabajadores y también para los jubilados? Seguramente, se tendrá una mayor certidumbre de que el dinero no va a alcanzar y de que la gente deberá seguir pagando de su bolsillo y de su menguado salario y jubilación la mejora de muchos números macro que se señalan como grandes logros de la política económica de este Gobierno de coalición. En este sentido, en lo que refiere a los salarios de la Administración Central y de los Organismos del artículo 220 de la Constitución, se habla de mantenimiento, que es lo que habilita al artículo 6º de la Ley Nº 15.809 del año 1985. Dicha norma habilita al Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que lo que puede hacer es tomar medidas para ir recuperando el salario. Desde 1985 hasta ahora, ha habido un 28% de pérdida de salario real. Se ha hablado de una recuperación, que no se ha dado en los hechos. No se ha cumplido con esto antes, y pensamos que tampoco sucederá de aquí en adelante, y esta no es sólo una afirmación de carácter legislativo, sino que se puede demostrar. También se demostró esto en el debate con el equipo económico de Gobierno y en el propio debate en la Cámara de Representantes; a lo mejor en este ámbito vamos a escuchar argumentos de fondo que puedan hacernos cambiar nuestra visión del tema. Hasta ahora, no hemos visto que se haya demostrado lo contrario de lo que estamos asegurando. Al contrario; se dice que se va a perder, pero menos. Es decir, se reconoce que habrá pérdida.

En la Cámara de Representantes, el señor Davrieux dijo que tanto en salarios como en los precios de los bienes se maneja un valor promedio; podríamos hablar entonces de cómo se hallan esos promedios y en función de qué elemento. Concretamente, afirmó que siempre se pierde y que el asunto es a cuánto asciende la pérdida. Lo cierto es que claramente se reconoce que se perdió y que se va a seguir perdiendo a partir de todo esto. Al parecer, la discusión con el equipo económico de Gobierno estaría centrada no en si habrá pérdida, sino en cuánto se perderá. Es ahí donde surgen nuestras diferencias.

A su vez, tal como se señala en el artículo 6º de la mencionada ley y en esta iniciativa, todo va a quedar, en última instancia, de acuerdo con la disponibilidad de la Tesorería. Esto es algo que me sorprende, porque es tanta la presión y el cúmulo de trabajo a abordar durante la campaña electoral, que olvidamos las cosas que oímos. En aquella instancia, los números daban que todo estaba bien; hablaban de superávit. Al parecer, la situación era magnífica. Naturalmente, más tarde, en abril, se estuvo discutiendo la ley de ajuste fiscal o el "tarifazo", como lo llamó la gente. En definitiva, se planteó que el problema es que existe déficit, aunque se ha bajado la inflación, cosa que es cierta en los hechos. Sin embargo, se prevén determinadas cosas, con algunos elementos que creemos no son tenidos en cuenta. Algunos de ellos fueron señalados recién por el señor Senador Couriel y otros los expuso en la sesión de ayer el señor Senador Gargano. No se deben tener en cuenta sólo y exclusivamente los elementos que aparecen en este proyecto de ley, sino también otros que forman parte de la política económica e inciden decisivamente en el mantenimiento o no del ritmo de la inflación, es decir, de su descenso o aumento. Muchos de ellos son ajenos a nuestro país, tal como lo señaló hace un momento el señor Senador Couriel.

Por otro lado, el equipo económico ha señalado, como referencia, los convenios y acuerdos que se han hecho con distintas ramas de la actividad. En este sentido, queremos recordar que la obligatoriedad de la negociación colectiva no se está cumpliendo en este país. De hecho, somos signatarios de los Convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, que hablan muy claramente de lo que tiene que pasar con respecto a la Administración Central. Concretamente, el artículo 1º del Convenio Nº 154 señala que en lo que se refiere a la Administración Pública, la legislación o la práctica nacionales, podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este Convenio.

Luego, en el artículo 2º, se explica claramente qué significa negociación colectiva, quiénes son los que participan de la misma y cómo se fijan las condiciones de trabajo o de empleo. Sin embargo, señor Presidente, la ley de convenios colectivos está aún durmiendo en el Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo Ministerio que nos fundamenta y nos explica los logros que se adquieren a partir de dichos convenios. A pesar de ello, la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social trabajó en el tema que luego pasó el Ministerio de Economía y Finanzas, donde ahora seguramente está durmiendo en el despacho del señor Ministro Mosca. Mientras tanto y a nivel de la Administración Pública, no existen en nuestro país convenios colectivos.

Por otro lado, afirmamos que lo que sí es previsible y tenemos total certidumbre es que si se aprueba este proyecto de ley -y parecería que están los votos de la coalición de Gobierno para aprobarlo- va a haber una mayor pérdida de ingresos de los trabajadores y los jubilados, con toda la repercusión que ello tiene en la vida del país. Evidentemente, los trabajadores y los jubilados ven reducido su salario real, tal como lo observamos a nivel de todo el país y en las manifestaciones de pueblo que se dan en todo el interior. Allí, los comerciantes instalados y los informales manifiestan juntos, porque tienen claro que el problema de fondo pasa por la marginalidad y por la modificación de las cargas tributarias, pero también se da porque la gente, a menos salario, trabajo y jubilación, va a invertir menos y verá reducido su poder de compra. Todo esto tiene repercusión en los comerciantes, en los que trabajan para estos comerciantes y en todos aquellos -no lo voy a explicar ahora- que integran una red social que se ve afectada porque la gran mayoría de este país, que vive de un sueldo o una jubilación, ve reducida su capacidad de compra.

Si observamos en particular el presupuesto que pasó por este Senado y por este Parlamento, así como las realidades de la Administración Central y los planteos que con mucha seriedad realizan los representantes de COFE, vemos que, por ejemplo, en un solo inciso, como el de Salud Pública -los temas de salud aún hoy están planteados- hay U$S 20:000.000 no ejecutados. Esto fue incluso reconocido por el propio señor Ministro Bustos, quien en oportunidad de concurrir a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes señaló que si bien en los papeles y en las planillas cuenta con ese dinero, si el Ministro de Economía y Finanzas no se lo permite, él no puede gastar, adjudicar o readjudicar esta partida para atender la pérdida salarial y la situación en la cual vivían y siguen viviendo los funcionarios de Salud Pública. Cito este caso por tomar un ejemplo que hemos vivido todos con mucha fuerza en este tiempo.

Por otro lado, tenemos al resto del funcionariado de la Administración Central, donde pasó y sigue pasando la reforma del Estado, con la repercusión y el gasto que ello significa, así como por el endeudamiento que implica para nuestro país. Cuando nos referimos a nuestro país, estamos hablando de la sociedad en su conjunto. Asimismo tenemos un gasto público que no privilegia a los trabajadores. Tenemos 200.000 funcionarios de la Administración Central; 700.000 pasivos, y al mismo tiempo, a través de distintos cálculos que se han hecho -con variantes más o variantes menos, según la forma en que se aborde el estudio- estamos hablando de una pérdida aproximada de $ 800 en salarios promedio de $ 3.000 o poco más. Debemos tener en cuenta que los promedios que maneja tanto el Gobierno como nosotros mismos muchas veces son, precisamente, eso, es decir, promedios. Ello no quiere decir que no haya gente que viva -y mucha- con mucho menos que esto, del mismo modo que hay alguna gente, poca, que vive con muchísimo más que esto.

Por otro lado, cuando hablamos de pérdidas, podemos decir que desde 1971 a la fecha, ha habido un 90% de pérdida del poder adquisitivo, y desde 1985 a la fecha, un 28%; asimismo, en mayo tendríamos una inflación de un 6.47%, mientras que el aumento que se dio a los trabajadores fue de un 4.5%. Esos promedios de los que estábamos hablando son los que ponen incluso a consideración el Ministerio y el equipo económico, sin tener en cuenta que hay parte de salida de caja que se contabiliza en esos promedios, y al mismo tiempo existen créditos de vacantes que no son ejecutados -y que también van a influir en esos promedios- y vuelven a Rentas Generales. Esto es lo que en la práctica, en la vida -esa vida a la cual le echamos la culpa de todas estas cosas- hace que existan algunos sectores o Unidades Ejecutoras de algunos Ministerios que, vía proventos u otro tipo de agregados que se le hacen al sueldo, marcan una diferencia muy grande con otros que cobran pura y exclusivamente el salario. La gente no vive de los promedios, sino de lo que le ingresa todos los meses por concepto de salario o de jubilación.

En consecuencia, aquí también hay -porque esto es parte del salario y del sueldo que se vacía cada vez que aprobamos un proyecto de ley de este tipo- pérdida de beneficios sociales. Muchos de los que venimos de ser parte de los funcionarios públicos o de aquellos comprendidos en el artículo 220 sabemos que la cuota mutual o parte de la misma -que hoy es un 63% menos que cuando se aprobó- era una forma de colaborar en el presupuesto familiar o, por lo menos, de tener acceso a una cierta cobertura de salud, que además se garantiza con la presentación del recibo.

Quiere decir que el planteo que aquí se hace con este proyecto de ley es el siguiente. Se hacen cálculos y se dice que con una inflación que baja y que seguirá bajando -lo que no está demostrado, pero tomemos que la inflación mantendrá su tendencia a descender- se va a perder, pero menos que con un cuatrimestre actual. Sin embargo, no se demuestra que la inflación va a seguir descendiendo, y a su vez se compara, no con los cuatrimestres actuales, sino con la media de los cuatrimestres viejos, lo que arroja un determinado resultado. Pienso que aquí hay algo muy curioso, porque siempre se le está pidiendo a las grandes mayorías de este país -a los trabajadores y a los jubilados- que le fíen al Estado; es esto lo que se está planteando. concretamente, se le solicita al trabajador que le fíe al Estado, que le fíe al patrón, en función del compromiso o estimación de que va a haber una modificación, de que la torta va a crecer, de que los macros van a estar más rosados que ahora y, por lo tanto, el trabajador va a recuperar su salario o, como se dice, no perderá más. Decimos que la gente le va a fiar al Estado, porque ya lo hizo cuando se aprobó el ajuste fiscal, y hoy tenemos aquí para discutir una modificación del 1% con respecto al Impuesto a las Retribuciones Personales. Nos alegramos de que ello sea así, pero al mismo tiempo me pregunto si la Bancada de Gobierno o quienes han informado este proyecto pueden explicar si ese 1% que ahora vamos a rebajar -con gusto lo vamos a hacer- no está saliendo por un lado y entrando nuevamente a través de este proyecto de ley que estamos aprobando en el mismo día de hoy. Mi pregunta concreta es cuál es el monto que se calcula -deseo que me lo contesten quienes informan este proyecto de ley, que, por lo que tengo entendido, no fue aprobado por mayoría, sino por la mitad de la Comisión- y si lo que estamos haciendo es dar con una mano lo que se va a sacar con la otra, el mismo día, la misma tarde y en la misma sesión.

Por otro lado, en el proyecto de ley se dice que si hay un ajuste de la inflación anualizada que vaya a escapar al 30%, finalizado esto se pasaría a un ajuste de otro tipo. Sin embargo, la gente ya perdió, viene perdiendo desde el ajuste fiscal y desde hace muchos años. Pero el ajuste siempre se hace con retroactividad, cuando la gente ya dejó de consumir determinados artículos o servicios, redujo la calidad de su alimentación, hizo "calesitas" con los gastos fijos de la casa y se endeudó.

En la Cámara de Representantes una compañera de Bancada, la señora Diputada Tourné, planteó una medida demostrativa por el tema de las tarjetas de crédito. Quien habla tenía muchas dudas en cuanto a dicha medida, pero concluimos que son muchas las mujeres que utilizamos tarjetas de crédito, ya que hasta en el supermercado se compra la comida por este medio. Por otra parte, los médicos cuentan que la gente afiliada a una mutualista les pide que no hagan la receta para no pagar el ticket y, de esa manera, poder comprar el medicamento en la farmacia abonándolo con la tarjeta de crédito. De pronto, esto resulta más caro, pero es una pérdida que la persona no puede evitar aunque se hiciera un ajuste de acuerdo con el 100%. Entonces, los números que se manejan no tienen nada que ver con la realidad y lo que estoy diciendo no es nuevo, como tampoco lo es lo que está sucediendo, por lo que de una vez por todas queremos modificarlo.

A su vez, en el proyecto de ley se establecen supuestas salvaguardas. Por un lado, el Poder Ejecutivo, mediante el artículo 6º que ya citamos, está facultado para adecuar las remuneraciones. Inclusive, tal como consta en la ley vigente, permitiría recuperar el salario real lo que, hasta ahora, no ha sucedido y esa variación de precios "post ajuste" luego incidiría en un número importante de artículos.

En definitiva, me voy a referir a algunos aspectos que se incluyen en artículos sustitutivos que vamos a presentar. Ellos están vinculados con las salvaguardas y con nuestra forma de resolver este tema en el día de hoy -si existe la voluntad política para ello- de manera que no repercuta sobre las familias trabajadoras de este país.

Con respecto a las cuotas del Banco Hipotecario del Uruguay, éstas están vinculadas con la variación de la UR. Por otro lado, está el tema de las tarifas, en el cual vamos a señalar las transferencias a Rentas Generales y las ganancias de las empresas del Estado que, a nuestro juicio, constituye otro impuesto o sobrecuota que debe cubrir la gente cada vez que abona sus recibos.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Solicito que se prorrogue el término de que dispone la oradora.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

Puede continuar la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI. - Como decíamos, en el caso de las ganancias de las empresas, existen cifras muy importantes de transferencias que se pueden demostrar con un pequeño cálculo. La Contaduría General de la Nación informa que en 1996 ANTEL transfirió a la Administración Central U$S 40:000.000 -quiere decir que cada usuario del servicio pagó una sobrecuota en su recibo- y en el informe de dicho organismo del 21 de mayo de 1997 se dice que hubo un aporte financiero de UTE a la Administración Central por U$S 25:000.000, entonces, la gente debería -como siempre le aconsejamos- controlar cuánto paga por concepto de IVA en el consumo de luz, agua y teléfono, así como lo que abona por el Impuesto a las Retribuciones Personales, sin tener en cuenta siquiera lo incluido en los productos de la canasta familiar. ¿Cuánto está aportando la gente mensualmente de su bolsillo?

En lo que tiene que ver con las cuotas del Banco Hipotecario del Uruguay, las categorías más golpeadas son las I y II, precisamente aquellas en las que no va a haber modificaciones. Y no las va a haber por partida doble, más allá de que este artículo no es imperativo; es por eso que queremos incluir una disposición sustitutiva. Estas categorías tienen un ajuste semestral y en el proyecto de ley se plantea que haya un ajuste cuatrimestral -así lo indicarían los datos con respecto a la inflación- por lo cual no se van a ver beneficiadas, cuando éstas son precisamente las de menores ingresos.

En consecuencia, pensamos que a este proyecto de ley, que no vamos a acompañar, aunque estamos dispuestos a introducirle modificaciones -como lo hicieron nuestros compañeros en la Cámara de Representantes- debería adecuársele el punto de partida. El ajuste de arranque se relaciona con el semestre pasado, y pensamos que el de este proyecto de ley debe determinar un punto de partida distinto, que tenga menor pérdida, aunque no sea de ganancia ni de recuperación.

Por otra parte, se trata de cláusulas "gatillo" que permiten modificar, si hay alteraciones de la inflación por factores distintos a los previstos hoy o por los que surjan a nivel continental o mundial que en pocos días pueden precipitar una situación, que no es la que está planteada en el análisis del equipo económico de Gobierno.

Asimismo, se deberían contemplar -y pensamos que eso también debe existir en los convenios colectivos que se realizan- mejoras salariales adicionales. Como señalamos, en algunos casos de la Administración Central que tienen que ver con la cuota mutual, debería existir otro tipo de disposiciones que permitiera corregir la pérdida del salario real que están padeciendo, y lo seguirán haciendo, quienes viven de una entrada fija.

Por lo tanto, reitero, no vamos a acompañar este proyecto de ley tal como está redactado, y tenemos una serie de propuestas que vamos a exponer cuando ingresemos en la discusión particular. De aprobarse tal como está, pensamos que los macro indicadores se ajustarían a partir de los seres humanos, es decir que los más "estrujados" aquí son el trabajador y el jubilado.

Hace un tiempo ya, y no sé por qué, dejamos de hablar de la "carestía" para referirnos con términos típicos de la jerga parlamentaria que sólo nosotros entendemos, y la gente piensa que hablar del "costo de la vida" y de la "carestía" pasó de moda. Esto es lo que la gente siente, y tiene razón porque es la situación que estamos viviendo. Estamos convencidos de que estamos apuntando a mejorar los macro indicadores, ajustando a los seres humanos que viven de su trabajo.

En otro orden de cosas, este proyecto de ley también va a significar pérdidas para cientos de miles de ciudadanos del país, y ello da al Poder Ejecutivo un enorme margen de discrecionalidad. Una parte de éste lo adquirió por vía de la reforma constitucional, y aunque es una filosofía que no compartimos, entendemos que es coherente con la política que se lleva a cabo. Asimismo, pensamos que con la aprobación de cada uno de los proyectos de ley que se estudian en el Parlamento se sigue abriendo el camino para que el Poder Ejecutivo tenga más discrecionalidad para hacer cosas que consideramos no van en beneficio de la sociedad en su conjunto. Esto se ve agravado en las franjas de excesiva amplitud. Me refiero a cuando hablamos de un rango de entre un 12% a un 30%; obviamente, la amplitud es tan grande que para quien vive de pequeños salarios la diferencia es muy considerable, y hace a su presente, pero mucho más a su futuro.

Por otra parte, las salvaguardas estipuladas en este proyecto de ley constituyen una declaración de buenas intenciones.

Estas no obligan a nada y estarán en función de la voluntad política, de lo que haga la Tesorería General de la Nación y de otros tantos factores que inciden en las determinaciones que se hacen. Con mucha franqueza -debo aclarar que no se trata de adjudicar intenciones- quiero señalar que es una política que no compartimos. Pero es claro que hasta ahora en todos los proyectos que se han aprobado en el Parlamento, como el Ajuste Fiscal, el Presupuesto Nacional y la reforma del Estado, esas buenas intenciones no se verifican, sino que sucede lo contrario. Tenemos la posibilidad de afirmar con bastante precisión que, en la práctica, esto no es creíble. Pero sí lo es que la ley indique claramente que esas salvaguardas son obligatorias, y que no se trate de una declaración de buenas intenciones. Si estuviera en Sala el señor Senador Bergstein diría legislar "por las dudas" y, personalmente, creo que es así. Digo esto porque las dudas parten de certezas que la gente vive y siente todos los días cuando tiene que hacer su comida, tomar un ómnibus, ir a trabajar o cuando -momento en que se enfrenta a la realidad- va a cobrar un salario o una jubilación con los que debe hacer maravillas el resto del mes.

Queremos decir, con total responsabilidad, que no son creíbles las declaraciones de buenas intenciones y, por lo tanto, aspiramos -en ese sentido presentaremos algunos sustitutivos- que se aprueben una serie de salvaguardas que obliguen a que se tomen determinadas medidas frente a modificaciones negativas para el conjunto de la población.

SEÑOR GANDINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GANDINI. - Muy brevemente, como acostumbro a hacerlo, quisiera referirme al tema, aunque no a los fundamentos que inspira este proyecto de ley, dado que ya los expresó en la tarde de ayer el señor Senador Sanabria, fundamentando su voto afirmativo.

Simplemente, voy a dejar algunas constancias, a los efectos de que quede claro, por lo menos, mi pensamiento personal, ante esta iniciativa. Cuando aprobamos una medida de esta naturaleza lo hacemos pensando que mejoramos el salario de la gente y, por lo tanto, no estamos dispuestos a que se nos coloque entre los malos que quieren que la población se perjudique para beneficiar no se sabe a quién. Creemos que el estado ideal de las cosas es el de un país que no tiene inflación. Esto lo decía ya el entonces Jefe del Gobierno español, Felipe González, quien expresaba que la inflación no es de izquierdas ni de derechas, la inflación es inflación, es mala y hay que combatirla y eliminarla. Entiendo que es el peor impuesto para los ciudadanos que viven de ingresos fijos, es decir, de sus salarios y sus jubilaciones y no de rentas ni de especulaciones. Por lo tanto, tenemos que hacer un gran esfuerzo -como lo hemos venido haciendo hasta ahora- para que la inflación continúe descendiendo. Entonces, pienso que vale la pena realizar un nuevo impulso todos quienes vivimos de ingresos fijos para que, en la cuenta final, tengamos un mejor poder adquisitivo o una mejor capacidad de compra con nuestros salarios.

Este proyecto de ley consagra un sistema que tiende a ayudar a desindexar la economía y a desacelerar la inflación, dado que actualmente los salarios y, en consecuencia las pasividades, se calculan tomando en cuenta la inflación pasada, proyectándola hacia el futuro, en tanto queremos que en el futuro la inflación baje, estamos aplicando una inflación pasada que condiciona la del futuro. En la medida en que podamos extender los plazos, estoy seguro que la gente va a ganar más y no menos. Esto es así porque todo depende del número que se tome. Siempre un ajuste en un período tiene que ver con el porcentaje de la inflación. Por ejemplo, si en un cuatrimestre la inflación es del 60%, el trabajador pierde más que en un semestre con inflación del 17%. Si en un año la inflación es del 5%, el trabajador gana más en ese año con dicho porcentaje aunque ajuste una vez por año, que si ajusta una vez por mes con inflación del 200%. Por lo tanto, creo que lo que estamos protegiendo aquí es la capacidad de compra y el poder adquisitivo del salario de la gente, porque por el hecho de ajustar todos los meses, trimestral o cuatrimestralmente y tener el efecto sicológico de que en el sobre aumentó el sueldo, no mejoraremos realmente la capacidad de adquirir más bienes y servicios de una familia uruguaya.

A mi juicio, con esta herramienta, que no es la única, estaríamos ayudando a la gente. Creo que el Gobierno ha tomado otras medidas -aquí se han mencionado algunas otras variables, que también se han recorrido- haciendo un gran esfuerzo por parte del equipo económico, de la coalición de Gobierno y de los Legisladores que votamos presupuestos equilibrados y Rendiciones de Cuentas sin aumentar gastos, para que el déficit fiscal disminuya y, de esa manera, ocurra lo mismo con la presión que éste genera sobre la inflación. Asimismo, se han realizado esfuerzos para disminuir las tasas de interés -y esto hay que decirlo- que tiene otros componentes, entre ellos, el salario de los activos, las retribuciones de los pasivos del sector bancario y el costo operativo del sistema financiero, que es alto e influye sobre esas tasas de interés. En cuanto a las variables controlables y manejables, se han realizado esfuerzos y estas han ido descendiendo, como ha ocurrido con otros elementos.

Este proyecto de ley contiene un ajuste semestral de tarifas y de cuotas del Banco Hipotecario del Uruguay, las que también integran la canasta familiar de gastos mensuales. También es cierto -y esto hay que decirlo- que las tarifas no están sujetas a ningún índice de precios, sino que aumentan según otras variables y, a veces, experimentan aumentos reales que no tienen que ver con la evolución de la economía ni de la inflación, pero sí con otros componentes que los Directores de las empresas públicas incorporan cuando fijan el precio o el aumento de una tarifa. Debemos, entonces, hacer el esfuerzo para que, además de que ajusten semestralmente, lo hagan sin sobrepasar el mismo criterio de la inflación, que queremos que vaya descendiendo en forma permanente.

Es verdad que, al final, la gente es la que paga todos los costos del Estado. También es cierto que, a veces, debimos tomar medidas antipáticas como fue el ajuste fiscal -que hoy se mencionó aquí- pero cuando asumió este Gobierno heredó una situación no provocada por cuestiones nacionales, sino provenientes de una crisis financiera que, como hoy proviene de otra parte del mundo, en aquellos, venía del Norte de América Latina. Por suerte, con una economía saneada y equilibrada, tuvimos que asumir aquella situación, ajustando algunos elementos para poder absorber esa crisis que pasó de largo por el Uruguay, pero que de alguna manera nos afectó. Así fue que generamos una ley que se conoció con el nombre de Ajuste Fiscal, que permitió al Estado recaudar -eso, por lo menos, fue lo que se anunció en aquel momento- U$S 200:000.000 para enjugar un déficit que hubiera sido complicado absorber de otra manera. Es verdad que esto lo logramos a través de mayores impuestos a los salarios. Pero también lo es, que en la medida en que esa situación va cediendo, vamos devolviendo -como lo haremos hoy- ese poder adquisitivo a los salarios, porque tenemos la capacidad legal, la voluntad política y la capacidad para hacerlo. Lo que no se dice es que han habido otros elementos y otros ajustes a veces menos conocidos que han afectado de la misma manera los ingresos de los uruguayos o, por lo menos, de una parte de ellos. Aquí no se ha dicho que el Presupuesto de la Intendencia Municipal de Montevideo incorporó en 1995, mediante impuestos nuevos y aumentos de otros, ingresos con relación al Presupuesto anterior -se trata de un mismo partido político que gobierna una misma Intendencia- de U$S 100:000.000. Esa cifra es la mitad de lo que recaudó el ajuste fiscal, y fue pagado por la mitad de los uruguayos, los que viven en Montevideo; por lo tanto, el ajuste fiscal del Gobierno nacional es equivalente al aumento impositivo de la Intendencia Municipal de Montevideo. Y ese aumento tributario también afecta el poder de compra de las amas de casa, las tarjetas de crédito y todos aquellos aspectos que se ponen sobre la mesa. Además, ese aumento no se puede devolver, porque ya está incorporado y afecta a todos por igual, a los que tienen más y a los que tienen menos.

Cada uno echa mano de la realidad que tiene a su alcance para administrar las variables que condicionan sus realidades. La época de hacer discursos a veces resulta más fácil que aquella en la que se deben administrar las realidades. Por nuestra parte, hemos asumido la tarea de administrar la realidad de este país y creo que con nuestro respaldo a la gestión de un partido de Gobierno que no tiene mayoría, hemos brindado estabilidad política y económica. Asumimos con responsabilidad la tarea de votar algunas leyes que no son demasiado populares, en el convencimiento de que al final estaremos beneficiando a la gente y, particularmente, a aquellos que más necesitan, que son los que viven de sus ingresos fijos. Nuestra tarea no está orientada al hoy, sino al mañana, y consiste en culminar esta etapa y este período de Gobierno con una economía saludable y un país en crecimiento. A pesar de que seguramente quedarán -como siempre- cosas por hacer, esperamos poder culminar diciendo que hemos hecho lo posible y que hemos marcado una huella positiva en este período.

En ese entendido, votamos con absoluta convicción este proyecto en su totalidad, no sólo en lo que siempre se menciona, que es el aumento semestral de salarios, sino también de tarifas, de cuotas del Banco Hipotecario y la cláusula denominada "gatillo", para la eventualidad de que no se cumplan las previsiones.

Era cuanto quería expresar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-16 en 26. Afirmativa.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Las completas exposiciones que han realizado los compañeros de Bancada, señora Senadora Arismendi y señores Senadores Gargano y Couriel, nos han eximido de hacer uso de la palabra para no extender esta sesión. Sin embargo, como fundamento de nuestra posición quisiéramos brindar algunas cifras que se manejaron en el debate de la Cámara de Representantes y que nadie desconoció. Me refiero a que es una realidad que en el año 1996 existió una diferencia anual acumulada negativa del 9,65% para los salarios públicos, si tomamos el ajuste y el proceso de evolución de los precios; verdaderamente, se trata de una disminución.

Además, cabe aclarar que siempre se habla de cifras relativas, pero es necesario tener en cuenta las cifras absolutas en las que se encuentran los funcionarios de Salud Pública, del Correo y los maestros. Aquí se habla como si estuviéramos partiendo de la base de un salario recuperado, cuando no es así.

Otra cifra que podemos dar es que desde 1984 hasta ahora, el salario de los funcionarios públicos ha bajado al 83%, produciéndose una pérdida del 17%, que ya fue mencionada en Sala.

Esta propuesta que ahora se plantea, que consiste en extender los períodos de ajuste, en realidad agrava la situación, en especial de los 700.000 pasivos que perciben un promedio de $ 2.370. Entonces, pregunto si el hecho de alargar y demorar el reajuste en dos meses más, por más que se lo vincule con la inflación, no produce un déficit en el presupuesto. Sin duda, esta es una forma de afectar seriamente los bajos ingresos de los funcionarios públicos, y también de los pasivos, por el encadenamiento del artículo 67 de la Constitución. A veces se dice que eso es relativo, y que podría haber sido peor; sin embargo, estos salarios podrían tener una debida recuperación de acuerdo con el costo de vida.

En definitiva, es por algo que la Constitución habla de la justa remuneración y por algo hoy todavía hay un salario mínimo, definido como aquel que permite atender las necesidades físicas, intelectuales y morales. Pero yo pregunto si con estos salarios y remuneraciones que perciben los activos y pasivos es posible cumplir ese principio que establece la Constitución.

Por todos estos fundamentos, hemos votado negativamente. Entendemos, además, que este régimen que se establece causa un perjuicio con el objetivo señalado, vinculado con la inflación. Tal como ya se señaló, no desconocemos que ello sea importante, pero también podría obtenerse si estuviéramos situados en niveles de salarios y pasividades adecuados; como no lo estamos, esto agrava una situación deficitaria.

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR POZZOLO. - Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos en la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º (Plazos de adecuación). - Modifícanse los períodos de adecuación previstos en el artículo 6º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, conforme a los siguientes criterios:

A) Dentro de cada ejercicio financiero el Poder Ejecutivo podrá adecuar las remuneraciones comprendidas en la citada disposición legal, por períodos no menores de seis meses ni mayores de doce, siempre que la variación de precios al consumo, tomada en años móviles, resulte inferior al 10% (diez por ciento) anual en cada una de las mediciones mensuales posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior.

B) Si la variación en los precios al consumo fuere inferior al 23% (veintitrés por ciento) anual en cada uno de los meses posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior y superior al 10% (diez por ciento) anual como mínimo en una de las mediciones mensuales posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior, ambas medidas en años móviles, el Poder Ejecutivo adecuará las citadas remuneraciones por períodos no menores de cuatro meses ni mayores de seis.

C) Si la variación en los precios al consumo fuere igual o superior al 23% (veintitrés por ciento) anual, como mínimo en una de las mediciones mensuales posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior, el Poder Ejecutivo adecuará dichas remuneraciones por períodos no menores de tres meses ni mayores de cuatro.")

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Si bien algunos señores Senadores dicen que no quieren ser ubicados entre los malos, por mi parte tampoco quiero que se me ubique entre aquellos que abonan un aumento de la inflación de este país a partir de aumentos irreales que no permiten que la gente viva mejor. En cierta medida, ese es un aspecto simplista de la argumentación en contra de algunos aspectos que nosotros hemos sostenido.

Aquí se sostiene que esto ayuda al conjunto del país, que se hace un esfuerzo, y se señala que el mismo es realizado por parte del equipo económico. Esto es totalmente falso; el que hace el esfuerzo es el trabajador y el jubilado. Siempre son ellos, porque entre las variables manejables, siempre hay una que es cautiva; en este caso, el trabajador que vive de su salario o aquel que lo hace de su jubilación está cautivo. Esa es la variable que está más a mano, porque de ella no se puede escapar y a ella se le aplica directamente el ajuste. Esto ha sido así y mediante esta iniciativa lo seguirá siendo. Además, no hay conexión clara entre el Indice de Precios al Consumo y los salarios públicos. Podríamos demostrarlo exponiendo cifras, pero no lo vamos a hacer porque partimos de la base de que todos manejamos las mismas.

En los últimos años, los ajustes de salarios nunca recuperaron la pérdida real del poder de compra producida por la inflación. Por lo tanto, no se puede decir que los salarios públicos hayan incidido en el aumento de la inflación, porque siempre estuvieron por debajo de ella. Es decir que no hay una relación unívoca entre la baja de la inflación y el poder del salario real; ello no es así y todos lo advertimos al mirar los números. Además, lo dijo el propio equipo económico cuando manifestó que iba a intentar que se perdiera menos a través de esta medida.

Por nuestra parte, vamos a presentar un sustitutivo, aunque no es el artículo que hubiéramos querido, porque en ese caso hubiéramos tenido que presentar otro proyecto, y no es esa la filosofía que nos impulsa.

Con respecto al artículo 1º, en lo que refiere a la adecuación de las remuneraciones, planteamos la sustitución del artículo 6º de la Ley Nº 15.809. Nuestra propuesta dice así: "El Poder Ejecutivo adecuará las remuneraciones de los funcionarios comprendidos en los Incisos 02 al 14 de modo de mantener y recuperar progresivamente el poder adquisitivo del trabajador público. Los ajustes no podrán ser inferiores al 100% de la inflación pasada, tomando como indicador el Indice de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas". Además, nosotros pensamos que ello debe ser con respecto al semestre pasado, como sostuvimos en la discusión general, y no en relación al cuatrimestre. Como punto de partida, decimos que previamente a comenzar a ampliarse el período de ajuste para los salarios, se otorgará un ajuste inicial por la diferencia entre el Indice de Precios al Consumo y el Indice de Ajuste de Salarios del semestre inmediato anterior.

Esta es la propuesta que hacemos y que acercaremos a la Mesa, a los efectos de que sea repartida, en sustitución del artículo 1º.

SEÑOR PRESIDENTE. - No hay informe de la Comisión pero, de cualquier manera, reglamentariamente corresponde votar en primer término el artículo 1º con el texto aprobado por la Cámara de Representantes. Si éste no obtuviera mayoría, obviamente pasaríamos a votar el sustitutivo planteado por la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI. - De todas maneras solicito que se incorpore al acta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sin duda; hoy quedará incorporado a la Mesa y luego a la versión taquigráfica.

Se va a votar el artículo 1º con el texto venido de la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-15 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 2º (Cláusula de salvaguarda). - Si en la vigencia de un ajuste anual la variación acumulada de precios al consumo en los meses posteriores al ajuste de las remuneraciones y hasta la mitad del período fuere superior al 10% (diez por ciento) será de aplicación el literal B) del artículo anterior, lo que se hará con vigencia al mes siguiente de tal acontecimiento.")

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Señor Presidente: para este artículo 2º también vamos a proponer un sustitutivo.

Tal como señalábamos hablando de las cláusulas de salvaguarda, pensamos que la disposición debería ser mucho más explícita y ajustada al artículo 1º. Por tanto, en esta oportunidad nuestro sustitutivo sería el siguiente: "Para las franjas A y B del artículo 1º, si en los meses posteriores al ajuste se produjera una variación en el índice de precios que anualizada superara el tope de inflación que opera como tope de la franja, se procederá a adecuar las remuneraciones al mes inmediato siguiente a producirse dicho acontecimiento". Entendemos que eso actuaría de manera inmediata, corrigiendo lo que pensamos que va a suceder. Ojalá tengan razón quienes han impulsado este proyecto, pero de todas maneras proponemos esto, que dispara en forma automática porque la ley así se lo indica.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 2º con el texto venido de la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-15 en 24. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: tanto el artículo 1º como el 2º, que instalan este nuevo mecanismo y que, además, plantean lo que se da en denominar una cláusula de salvaguarda, no incorporan un elemento básico y sustancial para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y, por añadidura, de los jubilados, dado que éstos ajustan sus remuneraciones de acuerdo con el Indice Medio de Salarios.

En las exposiciones que hemos hecho, señalábamos la pérdida de poder adquisitivo real que han tenido los funcionarios de la Administración Central durante los años que van de funcionamiento del sistema democrático, es decir, el período comprendido entre 1985 y 1997. Dijimos que hubo una pérdida superior al 17% del poder adquisitivo real y eso ha sido en función de que año a año los ajustes decretados por el Poder Ejecutivo siempre se hicieron por debajo del Indice de Precios al Consumo. Simplemente mencionaré los años que van de 1991 a 1996. Puedo decir que en 1991 el aumento del IPC fue del 81.5% y los ajustes acumulados en el año del 58.59%; en 1992 el aumento del IPC fue de 58.9% y los ajustes acumulados en el año del 33.40%; en 1993 el aumento del IPC fue de 52.9% y los ajustes del 22.28%; en 1994 el aumento del IPC fue del 44.1% y los ajustes acumulados del 31.89%; en 1995 el aumento del IPC fue del 35.4% y los ajustes acumulados del 23.56% y, por último, en 1996 el IPC aumentó 24.3% y los ajustes fueron del 14.69%. Con esto queda demostrado que podrán modificarse los mecanismos de ajuste, pero si no existe voluntad política de adecuar los salarios de acuerdo con el incremento del costo de vida, la pérdida del poder adquisitivo va a seguir persistiendo, con este mecanismo o con los anteriores. Inclusive, podría verse agravado si no se obtienen los objetivos que el Gobierno dice que obtendrá en materia de reducción de la inflación.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 3º (Tarifas públicas). - Los Entes Autónomos pertenecientes al dominio industrial y comercial del Estado, salvo casos debidamente fundados, adecuarán las tarifas de los servicios públicos que prestan, por períodos no inferiores a los que resulten de la aplicación del artículo 1º de la presente ley, sin perjuicio de que puedan optar por períodos de ajustes mayores. Igual criterio de periodicidad de ajuste deberá seguir el Poder Ejecutivo en relación a las tasas por él administradas.")

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Señor Presidente: ya señalamos las consideraciones que nos merece el tema de las tarifas públicas.

Aclaro que por más que el señor Senador Bergstein esté votando de antemano, nosotros estamos argumentando en contra.

En cuanto a las tarifas públicas, podemos señalar que en 1996 UTE ajustó un 3.8% por encima de la inflación y, en el período comprendido entre 1991 y 1997, OSE incrementó sus tarifas un 69.59% por encima de la inflación.

Por otro lado, en estos días se han producido debates acerca de megaproyectos que se están impulsando en el país. Cuando se dice que se van a invertir en la torre de ANTEL sesenta, ochenta o cien millones de dólares, digo que habría que preguntarle a cada uno de los trabajadores y jubilados cuánto pusieron para dicha obra y de qué parte de la torre son propietarios. Digo esto, porque lo que sale del bolsillo de los trabajadores y jubilados también se vuelca a ese proyecto. No voy a entrar a discutir si se necesita o no o si es centralizado o descentralizado. Sobre el tema, la señora Senadora Dalmás sabe mucho más y en su momento lo expresó claramente en Sala, al explicar las dudas que le merecía la centralización a nivel de la torre de ANTEL. Sin embargo ¿quién paga? Una vez más la cuenta la pagan los trabajadores y jubilados.

La forma como esto está planteado no obliga realmente a un ajuste vinculado al IPC, ni a la inflación; además, no se asegura -como lo señalábamos recién- que se vayan a seguir los mismos criterios y creemos, por tanto, que se va a continuar con la política de golpear directamente al sector productivo de este país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º con el texto venido de la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 4º (Ajuste en las cuotas del Banco Hipotecario del Uruguay). - Sustitúyese el inciso primero del artículo 499 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 499. - Las cuotas de los préstamos otorgados o que se otorguen por el Banco Hipotecario del Uruguay, así como las que se estuvieren abonando o que se abonen por los promitentes compradores de viviendas construidas dentro del sistema público de producción de viviendas, se reajustarán conforme con la variación del valor de la unidad reajustable (artículo 38 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968), de acuerdo al siguiente régimen:

A) Cuando el período de adecuación de las remuneraciones sea el dispuesto por el literal A) del artículo 1º de la presente ley, las cuotas de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) podrán reajustarse por períodos no inferiores a los doce meses.

B) Si la adecuación de las remuneraciones se rigiese por lo dispuesto en el literal B) del artículo 1º de la presente ley, las cuotas de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay podrán reajustarse por períodos no menores de seis meses.

C) Cuando fuere de aplicación lo establecido en el literal C) del artículo 1º de la presente ley, el reajuste de las cuotas no podrá realizarse por períodos menores a cuatro meses".")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º con el texto venido de la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 5º. - El Poder Ejecutivo promoverá a través de sus delegados, en la Comisión Sectorial (literal B) del artículo 230 y Disposición Transitoria y Especial X) de la Constitución de la República) que el régimen de ajuste de las remuneraciones aplicable, en su caso, sea extendido a los Gobiernos Departamentales, mediante la aprobación por el Congreso Nacional de Intendentes o por el mecanismo que la autoridad departamental dispusiese. Asimismo, igual criterio aplicará el Poder Ejecutivo en aquellos organismos de naturaleza no estatal donde tenga representación, si correspondiese".)

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Señor Presidente: habíamos señalado en Sala que para las categorías I y II esto no corre, porque tiene vigencia la ley actual, que establece ajustes semestrales. Si por esas casualidades al Poder Ejecutivo se le ocurre en algún momento bajar el ajuste, siendo este cuatrimestral, me pregunto qué va a pasar con las viviendas de categoría I y II, pues la ley indica claramente que se deben ajustar semestralmente. Considero que se debería haber incluido acá la posibilidad de ajustes menores, en la medida en que la situación en que vive la gente haga que el Poder Ejecutivo se sienta compelido a modificar esa política que se está consagrando en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º.

(Se vota:)

-16 en 26. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

10) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente del Cuerpo solicita licencia desde el 7 al 25 de enero de 1998".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 18 de diciembre de 1997.

Señor Vicepresidente de la

Cámara de Senadores

Cúmpleme solicitar al Senado licencia por el período comprendido entre el 7 de enero de 1998 y el 25 de enero de 1998 inclusive, a fin de concurrir a la Reunión del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria que tendrá lugar en la ciudad de Ginebra.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Hugo Batalla. Presidente".

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-24 en 26. Afirmativa.

11) IMPUESTO A LAS RETRIBUCIONES PERSONALES

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Solicito que se altere el orden del día, se considere urgente y se trate de inmediato el punto que figura en cuarto término, relativo a las tasas del Impuesto a las Retribuciones Personales, que ya fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Unicamente faltan por considerar los puntos 3º, 4º y 6º; se supone que el 3º dará lugar a una importante deliberación en la Cámara.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la alteración del orden del día a los efectos de considerar el asunto que figura en 4º término, para lo cual se requiere mayoría simple.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto que figura en 4º término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se modifican las tasas del Impuesto a las Retribuciones Personales. (Carp. Nº 863/97 - Rep. Nº 550/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 863/97
Rep. Nº 550/97

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 23 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 23. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 325 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, las tasas del impuesto creado por el artículo 25 y siguientes del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, para las personas comprendidas en el inciso primero del artículo 25 de dicho Decreto-Ley, en la redacción dada por el artículo anterior, serán las siguientes:

A) 1% (uno por ciento) hasta el monto imponible equivalente a tres Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

B) 2% (dos por ciento) cuando el monto imponible supere los tres Salarios Mínimos Nacionales y hasta el equivalente de seis de dichos salarios mensuales.

C) 6% (seis por ciento) cuando el monto imponible supere el equivalente a seis Salarios Mínimos Nacionales y hasta el equivalente de doce de dichos salarios mensuales.

D) 6% (seis por ciento) cuando el monto imponible supere el equivalente a doce Salarios Mínimos Nacionales mensuales".

Art. 2º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir o eliminar las alícuotas establecidas en los literales A), B), C) y D) del artículo 23 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, en la redacción dada por el artículo 1º de la presente ley, cuando la situación presupuestal lo permita y lo estime pertinente.

Art. 3º. - La presente ley entrará en vigencia el 1º de enero de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 1º de octubre de 1997.

Carlos Baráibar Presidente
Martín García Nin Secretario

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se rebaja en un punto porcentual la tasa del Impuesto a las Retribuciones Personales, en la franja comprendida entre los tres y los seis Salarios Mínimos Nacionales.

La evolución positiva de la recaudación le ha permitido al Poder Ejecutivo iniciar la rebaja de las tasas del Impuesto que fueron aumentadas por la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995. Esta Comisión como forma de facilitar las futuras rebajas, le ha incorporado al proyecto dos aditivos.

El primero consiste en dividir la franja de más de seis salarios mínimos en dos, una entre seis y doce Salarios Mínimos Nacionales y la restante de más de doce Salarios Mínimos Nacionales. Con esta separación se busca que el Poder Ejecutivo no tenga que esperar grandes mejoras en la recaudación para ir implementando las futuras rebajas de las tasas y priorizar de esta forma a quienes tienen menores ingresos.

El segundo aditivo permitirá que el Poder Ejecutivo haga efectivas las futuras rebajas, sin tener que enviar un proyecto de ley y, por lo tanto, no tener que esperar el trámite del mismo por las dos Cámaras.

Sala de la Comisión, 24 de setiembre de 1997.

Juan Federico Bosch (Miembro Informante), Alejandro Atchugarry, Carlos Castaldi, Gustavo Penadés, Gloria Robaina, Diver Villanueva.

Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 27 de agosto de 1997.

Sr. Presidente de

la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley referente a las tasas del Impuesto a las Retribuciones Personales.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por el presente proyecto de ley se sustituye el artículo 23 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995.

La referida norma establece las tasas del impuesto creado por el artículo 25 y siguientes del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, para las personas comprendidas en el inciso primero del artículo 25 de dicho Decreto-Ley, en tres escalas diferenciadas según los montos imponibles.

Diversos factores coadyuvan en la presente coyuntura para hacer viable una rebaja en un punto porcentual de la tasa del referido impuesto para la escala de retribuciones que superan a los tres Salarios Mínimos Nacionales, hasta el equivalente de seis de dichos salarios mensuales.

En efecto, la positiva evolución de la recaudación como resultancia de la implementación de la Ley de Reforma Provisional Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por la cual se ha verificado una disminución en la evasión de aportes al Banco de Previsión Social y una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema, posibilitan en esta oportunidad proponer la referida modificación.

De esta manera, una importante franja de contribuyentes, será favorecida por la disminución de parte de la carga tributaria que grava sus ingresos.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Luis A. Mosca, Ana Lía Piñeyrúa.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 23 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 23. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 325 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, las tasas del impuesto creado por el artículo 25 y siguientes del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, para las personas comprendidas en el inciso primero del artículo 25 de dicho Decreto-Ley, en la redacción dada por el artículo anterior serán las siguientes:

A) 1% (uno por ciento) hasta el monto imponible equivalente a tres Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

B) 2% (dos por ciento) cuando el monto imponible supere los tres Salarios Mínimos Nacionales y hasta el equivalente de seis de dichos salarios mensuales.

C) 6% (seis por ciento) cuando el monto imponible supere el equivalente a seis Salarios Mínimos Nacionales mensuales".

Art. 2º. - La presente ley entrará en vigencia el 1º de enero de 1998.

Luis A. Mosca, Ana Lía Piñeyrúa."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR HEBER. - Solicito que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Sustitúyese el artículo 23 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 23. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 325 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, las tasas del impuesto creado por el artículo 25 y siguientes del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, para las personas comprendidas en el inciso primero del artículo 25 de dicho Decreto-Ley, en la redacción dada por el artículo anterior, serán las siguientes:

A) 1% (uno por ciento) hasta el monto imponible equivalente a tres Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

B) 2% (dos por ciento) cuando el monto imponible supere los tres Salarios Mínimos Nacionales y hasta el equivalente de seis de dichos salarios mensuales.

C) 6% (seis por ciento) cuando el monto imponible supere el equivalente a seis Salarios Mínimos Nacionales y hasta el equivalente de doce de dichos salarios mensuales.

D) 6% (seis por ciento) cuando el monto imponible supere el equivalente a doce Salarios Mínimos Nacionales mensuales".")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 2º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir o eliminar las alícuotas establecidas en los literales A), B), C) y D) del artículo 23 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, en la redacción dada por el artículo 1º de la presente ley, cuando la situación presupuestal lo permita y lo estime pertinente".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 3º. - La presente ley entrará en vigencia el 1º de enero de 1998".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - El eje de la llamada Ley de Ajuste Fiscal fue, justamente, el incremento del impuesto a las retribuciones personales. En el día de hoy hemos votado una disminución mínima de un impuesto que, según se dijo en su momento, se establecía para superar una situación crítica por la que se atravesaba en el año 1995. Al respecto, se pronunciaron expresiones tales como que esto era producto del carnaval electoral -no quiero hacer alusiones- que se había generado; nosotros, justamente, lo examinamos desde otro ángulo.

Queremos dejar constancia del fracaso de la política de equilibrio fiscal que se lleva adelante. Sustancialmente, la reducción de aquel déficit fiscal se sostiene hasta hoy sobre la base de un mecanismo impositivo que recae sobre la gente que percibe ingresos fijos en el país. Esta disminución es absolutamente mínima en relación a lo que se está recaudando por el aumento operado durante 1995. Lo votamos porque, naturalmente, es una reducción de impuesto; el único Impuesto a la Renta que existe en el país. Hay un Impuesto a la Renta de los trabajadores, pero no a las grandes rentas, a la riqueza de este país.

Muchas gracias.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - En los mismos términos que el señor Senador Gargano, pensamos que en un país que no tiene Impuesto a la Renta de las personas físicas, el hecho de aplicar un Impuesto a la Renta a los pasivos y trabajadores, evidentemente, muestra un régimen muy desigual ante la ley. Votamos la rebaja porque no hemos podido obtener la eliminación de esta tasa. La propia Ley de Ajuste Fiscal planteaba que llegaría un momento en que este impuesto sería eliminado. Sin embargo, en el transcurso del tiempo se ha mantenido esto y no puede deberse a lo que alimenta las arcas fiscales sino a lo que disminuye el consumo, de acuerdo con la teoría de que la reducción de las unidades monetarias rebaja la inflación. Esta es la verdadera razón -y no lo que efectivamente se recaude- por la que se ocasiona este perjuicio en ingresos realmente magros.

12) LA CUMPARSITA

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Solicito que se altere el orden del día a fin de considerar urgente y tratar de inmediato el asunto que figura en 6º término del orden del día, relativo a la declaración de himno cultural y popular de la República Oriental del Uruguay a "La Cumparsita".

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto que figura en 6º término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se declara himno cultural y popular de la República Oriental del Uruguay a `La Cumparsita'. (Carp. Nº 750/97 - Rep. Nº 537/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 750/97
Rep. Nº 537/97

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Declárase Himno Cultural y Popular de la República Oriental del Uruguay a "La Cumparsita", creada por el uruguayo Gerardo Hernán Matos Rodríguez y estrenada en Montevideo, el 19 de abril de 1917.

Art. 2º. - La declaración dispuesta en el artículo anterior comprende únicamente la música, no alcanzando las letras que se hubieren agregado a la referida pieza musical.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 11 de junio de 1997.

Carlos Baráibar Presidente
Martín García Nin Secretario

Comisión de Constitución,
Códigos, Legislación General
y Administración

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley por el que se declara himno cultural y popular de la República Oriental del Uruguay a "La Cumparsita".

El himno de los tangos, "La Cumparsita", sin duda nuestra música más conocida a nivel universal, fue estrenada en Montevideo, en la confitería La Giralda -que se hallaba ubicada sobre la Plaza Independencia, en el predio que hoy ocupa el Palacio Salvo- el 19 de abril de 1917, por la orquesta del maestro Roberto Firpo.

Su autor, el uruguayo Gerardo Hernán Matos Rodríguez, había nacido en Montevideo, el 18 de marzo de 1897.

En la segunda década de este siglo, Matos Rodríguez era parte de una barra de estudiantes de entonces que se reunía en la Federación de Estudiantes del Uruguay, cuya sede quedaba en la calle Ituzaingó entre Reconquista y Buenos Aires.

A partir de ese estreno, comenzaron a sucederse algunas actitudes francamente inmorales de gente que, apovechando el éxito de la música, le agregaba una letra pretendiendo luego cobrar derechos de autor. Matos Rodríguez siempre rechazó esas letras porque consideraba que su tango no era para cantarlo sino para escucharlo.

En definitiva, el autor nunca quiso que su música tuviera letra, y tal circunstancia debe ser tenida hoy en cuenta.

Hace bien el Parlamento uruguayo en declarar a "La Cumparsita" como himno cultural y popular del Uruguay, sobre todo en este año 1997 en que se cumple el primer centenario del nacimiento del "Becho" Matos Rodríguez. Entonces, que comienza de nuevo "La Cumparsita" su viaje permanente alrededor del mundo, desde este Poder Legislativo se diga que esta música, que pertenece a toda la humanidad, nació aquí, en Montevideo, fue compuesta por un joven uruguayo en el destartalado piano de una federación de estudiantes, fue estrenada en una confitería que ya no existe, y se convirtió en el himno indiscutible del tango.

Por los fundamentos expuestos, se aconseja al Plenario la aprobación del siguiente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 7 de mayo de 1997.

Jorge Orrico (Miembro Informante), Washington Abdala, Fernando Araújo, Gustavo Borsari Brenna, Daniel Díaz Maynard, Alejo Fernández Chaves, Fernando Saralegui, Diana Saravia Olmos."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Se pasa a la discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR HEBER. - Solicito que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Declárase Himno Cultural y Popular de la República Oriental del Uruguay a `La Cumparsita', creada por el uruguayo Gerardo Hernán Matos Rodríguez y estrenada en Montevideo, el 19 de abril de 1917.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 2º. - La declaración dispuesta en el artículo anterior comprende únicamente la música, no alcanzando las letras que se hubieren agregado a la referida pieza musical".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - En realidad, la Comisión de Educación y Cultura me había encomendado la tarea de realizar un informe. No lo hice en virtud de la forma en que estamos trabajando, procurando agotar el orden del día. Interpretando, entonces, el sentir de la Comisión, haré este fundamento de voto en sustitución del informe.

Señalo que la Comisión no tuvo dudas en votar por unanimidad este proyecto de ley, aunque sí hubo algunas vacilaciones en cuanto a si correspondía la palabra "himno". Posteriormente, pudimos recabar opiniones acerca del concepto que abarca la palabra "himno" y ella no solamente está referida a canciones de origen patriótico, bélico o relacionada con la soberanía de un estado sino que en la Edad Media se usaba para canciones populares y posteriormente también hasta nuestros días.

Creo que declarar a "La Cumparsita" himno cultural y popular de la República no hace más que reconocer un hecho real, ya que ésta es una canción nacida en el Uruguay que ha recorrido el mundo entero. Además, considero que la aprobación de este proyecto de ley viene a darle carta de ciudadanía o inscripción de nacionalidad frente a intenciones que existieron en el sentido de otorgarle otro origen, tal como ocurrió en una exposición realizada en Sevilla, en la que determinado país se adjudicaba el origen de esta canción.

De manera que considero que esto, que es lo que canta nuestro pueblo, es un símbolo de nuestra cultura; nacido en el seno de nuestro pueblo y constituye un elemento más de identidad nacional.

13) MODIFICACION DE LA LEGISLACION ELECTORAL VIGENTE

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley originado en la Corte Electoral, modificativo de disposiciones de la Ley de Elecciones Nº 7.812 y complementarias. (Carp. Nº 877/97 - Rep. Nº 506/97 Anexos I y II)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 877/97
Rep. Nº 506/97

Montevideo, 15 de octubre de 1997.

Señor Presidente de la Asamblea General

Dr. Hugo Batalla

Señor Presidente:

Tengo el honor de poner en conocimiento de ese Alto Cuerpo que la Corte Electoral, en sesión de 9 de octubre próximo pdo., resolvió aprobar el proyecto de normas modificativas de la legislación electoral que estima necesario ver sancionadas para estar en condiciones de cumplir con la organización y proclamación de los actos electorales previstos en las nuevas disposiciones constitucionales, en los plazos establecidos en las mismas.

Se transcribe a continuación, precedido de su respectiva exposición de motivos, el proyecto aprobado que fue elaborado por una Comisión Especial de esta Corporación integrada por su Presidente y Vice Presidente Dres. Carlos Alberto Urruty y Renán Rodríguez Santurio y por los Ministros Prof. Rodolfo González Rissotto y Dr. Wilfredo Penco.

Al final de este Mensaje se acompaña el informe en minoría de la aludida Comisión, que propone una redacción distinta para los artículos 22, 77, 78, 79, 81, 104 y 133 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925 y 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 12.882, de 18 de setiembre de 1970.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La entrada en vigencia de nuevas normas constitucionales, hace necesario introducir modificaciones en la legislación electoral que permitan cumplir con el programa y cronograma de actos e instancias electorales previsto en el nuevo texto constitucional.

Las reformas que se proyectan, se realizan sin perjuicio del constitucional.

Las reformas que se proyectan, se realizan sin perjuicio del enorme respeto que la Corte y sus integrantes tienen por la Ley de 1925, que ha sido el fundamento de un sistema electoral que nos identifica en el mundo y del cual todos estamos orgullosos. Si no fuera entonces, por la necesidad de adecuar los textos legales a una nueva realidad, que impone una mayor celeridad en los actos y procedimientos electorales, la unanimidad de los integrantes de la Corte no estaría proponiendo estas modificaciones, ya que la sistemática de la legislación vigente, que se comparte plenamente, proporciona a nuestro sistema electoral las máximas garantías que se conocen en el mundo, desde los actos previos a la elección, la emisión del sufragio y el escrutinio de los votos.

La posibilidad de que haya que realizar una segunda vuelta en la elección de Presidente de la República, cuatro semanas después de la realización de las elecciones nacionales, supone la necesidad de que los partidos políticos conozcan el resultado de estas elecciones en el menor plazo posible.

En ese sentido las modificaciones que se proponen tienden a dos objetivos primordiales: el primero de ellos, en el tiempo, es que la propia Corte Electoral pueda dar a conocer, en lo posible en la misma noche de las elecciones nacionales, el resultado preliminar del escrutinio primario en el ámbito nacional. De esta forma el Organismo competente en la materia sería el que daría a conocer un resultado preliminar oficial. El segundo objetivo, es que la duración de los escrutinios departamentales no se extienda más allá del octavo día de su iniciación.

La difusión oficial del resultado preliminar del escrutinio primario a nivel nacional, en la misma noche de la realización de las elecciones nacionales, se podrá lograr, en lo que refiere a las modificaciones legales, con el establecimiento de la obligación de las comisiones receptoras de votos de acompañar, con la urna y fuera de ella, una copia del acta de escrutinio. De esta forma la Junta Electoral respectiva sumando los resultados de las actas, podrá comunicar a la Corte Electoral en esa misma noche el resultado a nivel departamental, para que ésta, reuniendo los resultados departamentales, pueda dar a conocer el resultado
preliminar del escrutinio primario de las elecciones a nivel nacional.

Esta modificación legal deberá complementarse con el procesamiento informatizado de los cómputos que surjan de las copias de las actas de escrutinio.

El segundo objetivo se podrá lograr si se acota sensiblemente la cantidad de votos observados, de forma tal que si el resultado del escrutinio primario a nivel nacional, está determinado por una escasa diferencia de votos entre los lemas, esa diferencia no pueda ser absorbida por el cómputo de los votos observados.

En el proyecto que se somete a consideración se procura por dos vías lograr ese objetivo: por una parte, se proponen normas que tienden a disminuir la cantidad de votos observados y por otra, se proyecta una serie de disposiciones que procuran, además, restringir dentro de ellos el número de votos observados por identidad, ya que los votos observados simples o por no pertenecer al circuito, como se los denomina en el proyecto, requieren un menor tiempo de estudio que los observados por identidad.

Para disminuir el número de votos observados en general, se propone en el artículo 15 del proyecto la prohibición de instalar comisiones receptoras rurales en las zonas urbanas y suburbanas; en el artículo 38 se elimina la posibilidad de que el delegado partidario vote fuera de su circuito; en el artículo 39 se restringe el elenco de sufragantes que en las zonas rurales pueden votar fuera de su circuito, circunscribiendo esa posibilidad exclusivamente a los electores del mismo departamento cuya inscripción cívica corresponda a una circunscripción rural; y en el artículo 41 se prohíbe el voto de la persona que no figura ni en el padrón ni en el cuaderno de hojas electorales de su circuito, solución que concuerda con la modificación que se propone en el artículo 102, relativo a los no votantes en dos elecciones nacionales sucesivas.

Para disminuir la cantidad de votos observados por identidad, se reduce ese concepto a las situaciones en las que lo que está cuestionado específicamente es la identidad del votante. En ese sentido, en el artículo 38 del proyecto se establecen dos categorías de votos observados: por no pertenecer al circuito y por identidad; en la primera categoría se incluyen los casos de los miembros actuantes de la comisión receptora de votos y el custodia, ya que, en cuanto deben justificar su identidad con la exhibición de su credencial cívica, no es precisamente su identidad la que está en duda. En la categoría de voto observado por no pertenecer al circuito, también se incluye, en el artículo 39 del proyecto, el caso del voto en circuito rural, para cuya emisión se requiere también necesariamente la presentación de la credencial cívica. En el artículo 41 del proyecto se elimina la calidad de voto observado por identidad, en el caso del votante que figura en la nómina de electores del circuito, pero no en el cuaderno de hojas electorales del mismo, siempre que exhiba su credencial cívica. En todos estos casos, con la legislación actual, el voto se emitía con observación por identidad.

El estudio de los votos observados se agiliza con la creación de una planilla especial de votos observados (artículo 44 del proyecto), uno de cuyos ejemplares debe ser entregado conjuntamente con la urna y fuera de ésta a los representantes de la Junta Electoral.

Para el mismo efecto de abreviar la duración de los escrutinios departamentales, se propone en el artículo 57 del proyecto anticipar el inicio de los mismos para dentro de los tres días siguientes al de la elección; se prevé la asistencia de la Corte Electoral a las Juntas Electorales (artículo 58); en el artículo 59 se reafirma la intangibilidad del acta de escrutinio y se limita la posibilidad de recurrir al examen de contenido de la urna; se establece la prioridad del estudio de los votos observados (artículo 61) y para adelantar el mismo; en el artículo 63 se permite recurrir a la planilla especial de votos observados creada en el artículo 44 del proyecto; se establece en el artículo 64 la decisión conjunta y simultánea de todas las observaciones; se preceptúa en el artículo 70 que las Juntas Electorales deben terminar los escrutinios antes del octavo día siguiente al de su iniciación y en los artículos 75 a 77 del proyecto se abrevian los plazos para recurrir ante la Junta Electoral las resoluciones y procedimientos de las comisiones receptoras de votos y los de la propia Junta Electoral practicados durante el escrutinio, así como para recurrir de los procedimientos y actos de competencia originaria de la Corte Electoral en materia de elecciones. También se abrevia el plazo de que disponen los partidos políticos para protestar una elección y para solicitar su anulación.

Estas son, a grandes rasgos, las modificaciones legales que se proponen para poder cumplir en tiempo con la realización de la segunda elección prevista en el artículo 151 de la Constitución de la República. La Corte no incursiona en este proyecto en la llamada ley de partidos políticos que, si bien resulta necesario dictarla, supone en algunos aspectos una serie de definiciones de carácter político que no le corresponde formular a la Corporación.

Al final de este informe, es conveniente reiterar que las modificaciones legales que se proponen, resultan necesarias por las nuevas disposiciones constitucionales, en especial por la realización eventual de la segunda vuelta en la elección de Presidente de la República, por cuya razón si no se hubiera reformado la Constitución, los integrantes de esta Comisión y los de la Corte en pleno hubieran preferido mantener las disposiciones de la Ley de 1925, que a lo largo de más de siete décadas ha resultado ser un instrumento insustituible de nuestro sistema electoral. Las reformas se proyectan entonces desde esa perspectiva y procuran un equilibrio adecuado, entre el mantenimiento de las garantías inherentes a nuestro sistema electoral previstas en la Ley de 1925 y la necesidad de agilidad y urgencia, que deriva del hecho de tener que dar a conocer el resultado definitivo de una elección nacional a pocos días de su celebración.

Por último, importa destacar que la sucesión de actos electorales prevista en el nuevo texto constitucional, supone para la Corte Electoral un verdadero desafío, al cual se podrá dar cumplimiento, no sólo con las modificaciones legales propuestas, imprescindibles pero no suficientes, sino en la medida en que se logren también los recursos necesarios para efectuar la gran transformación que el Organismo requiere, a través de la informatización de sus registros y procedimientos.

A continuación se transcriben las disposiciones legales proyectadas con el fundamento o explicación de cada una de ellas.

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Son electores todas las personas inscriptas en el Registro Cívico Nacional que por resolución ejecutoriada de la Corte Electoral estén comprendidos en el momento de la elección en la sección "Habilitados para Votar", organizada por el artículo 64 de la Ley de 9 de enero de 1924.

Constituyen la sección "Habilitados para Votar" a que se refiere el inciso anterior las hojas electorales correspondientes a las inscripciones en el Registro Cívico Nacional que no hubieren sido impugnadas, las que habiendo sido impugnadas hubieren sido mantenidas por resolución de las autoridades competentes, y aquellas sobre las cuales, en el juicio de exclusión respectivo, no se hubiere pronunciado sentencia ejecutoriada dentro del período de calificación".

NOTA: El texto propuesto sustituye el vocablo "ciudadanos" que utilizaba la Ley de 1925 por el de "personas" en razón de que a partir de la reforma constitucional de 1934, también integran el Registro Cívico Nacional y son, por tanto, electores, los extranjeros no ciudadanos que han obtenido certificado de residencia al amparo del artículo 78 de la Constitución.

Art. 2º. - Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"En las elecciones de Presidente de la República, Cámara de Senadores, Cámara de Representantes, Intendentes Municipales, Juntas Departamentales, Juntas Locales electivas y Juntas Electorales, podrán sufragar las personas que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 1º.

Esas mismas personas serán las habilitadas para votar en la elección prevista en el artículo 151 de la Constitución, si fuera necesario realizarla. Esta se llevará a cabo con el mismo padrón y hojas electorales que rigieron la anterior, con la misma integración de las comisiones receptoras de votos -salvo las sustituciones que deban operarse por razones de fuerza mayor- y sobre la base de los mismos planes circuitales, que no requerirán nueva publicidad".

NOTA: El inciso 1º repite el texto original eliminando la mención de órganos públicos electivos que hoy ya no existen e incorporando al texto la referencia a otros que la Constitución vigente declara
electivos.

El inciso 2º establece las reglas que han de regir en caso de que, para elegir al Presidente de la República, sea necesario realizar la elección prevista en el artículo 151 de la Constitución. En tal caso, se preceptúa expresamente que esa segunda elección se llevará a cabo con el mismo plan circuital, repitiendo la integración de las comisiones receptoras de votos y con la misma nómina de electores que estuvieron habilitados para participar en la elección anterior, única forma de poder organizar esa segunda convocatoria en los términos brevísimos previstos en la Constitución.

Art. 3º. - Derógase el artículo 4º de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925.

NOTA: El artículo cuya derogación se propone establecía una prohibición relacionada con la elección de colegio electoral de Senador vinculada a la renovación parcial de este órgano. Carece de sentido mantenerla en el actual sistema institucional.

Art. 4º. - Deróganse los artículos 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925.

NOTA: Estos tres artículos establecían la distinción entre partidos permanentes y accidentales basándose en criterios que fueron sustituidos por la Ley Nº 9.645 de 15 de enero de 1937 y posteriormente, por el artículo 79 de la Constitución de 1967. Se considera, por consiguiente, que están tácitamente derogados. La reciente reforma constitucional eliminó la distinción entre partidos permanentes y accidentales con referencia concreta a la posibilidad de acumular votos por lema para cualquier cargo electivo. Corresponderá al Legislador decidir si debe mantenerse esa distinción a otros efectos y, en tal caso, cuál debe ser el criterio que debe tomarse en cuenta para la categorización. La Corte estima que este punto forma parte de la temática a considerar al dictarse la ley de partidos políticos y que no debe integrar la ley de elecciones. Por esta razón propone la derogación expresa de estos tres artículos.

Art. 5º. - Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Las hojas de votación y las listas de candidatos insertadas en ellas, deberán distinguirse por la diversidad de sus lemas, o, en el caso de tenerlos, de sus sub-lemas o distintivos. Las autoridades electorales decidirán si las hojas de votación presentadas reúnen las condiciones requeridas para no inducir en confusión a los votantes. Dicha diversidad se señalará, además, por números de orden que irán colocados encabezando las hojas de votación en caracteres claros de mayor tamaño, encerrados en un círculo.

En cada período preeleccionario los partidos o agrupaciones políticas mantendrán el derecho de prioridad sobre el uso del número o números que hayan utilizado para distinguir sus hojas de votación en la elección nacional anterior.

Igual derecho mantendrán las agrupaciones departamentales sobre el uso del número que hayan utilizado en la elección departamental anterior.

Los partidos o agrupaciones políticas que deseen utilizar en una elección el mismo número usado en la anterior, deberán hacerlo saber así a las Juntas Electorales con cincuenta días por lo menos, de anterioridad al del acto comicial.

Vencido dicho término sin que se haya hecho la comunicación a que se refiere el parágrafo anterior la Junta Electoral podrá conceder los números sin excepción a cualquier otro partido o agrupación que los hubiere solicitado, por orden de presentación."

NOTA: La sustitución propuesta procura, en lo sustancial, incorporar al texto de la ley de elecciones las normas sobre prioridad en el uso de números contenidas en los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto-Ley Nº 10.237, de 26 de setiembre de 1942, contemplando, al regular esa prioridad, la separación en el tiempo de las elecciones nacionales y departamentales establecida en la última reforma constitucional.

Art. 6º. - Sustitúyese el artículo 12 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Las listas de candidatos contendrán los nombres de los mismos, colocados de alguna de las maneras siguientes:

a) En una sola ordenación sucesiva, debiendo convocarse, en caso de vacante de cualquiera de los titulares, a los demás candidatos que no hubieran sido electos titulares, por el orden sucesivo de su colocación en la lista.

b) En dos ordenaciones, correspondiente, una, a los candidatos titulares, y la otra a los suplentes, debiendo convocarse, en caso de vacante, a dichos suplentes, por el orden sucesivo de su colocación en la lista.

c) En dos ordenaciones, correspondiente, una, a los candidatos titulares, y otra, a los suplentes respectivos de cada titular, debiendo convocarse, en primer lugar, a los suplentes correspondientes al titular cuya vacancia hubiera de suplirse, y en segundo, a los demás suplentes de la lista en el orden establecido en el literal b).

d) En dos ordenaciones, correspondiente, una, a los titulares, y otra, a los suplentes respectivos de cada titular. Si la vacancia del titular fuera definitiva, la suplirá el primer titular no electo de la lista siguiendo el orden preferencial descripto en el literal a). En esa circunstancia los suplentes respectivos serán los que ya suplían al titular que cesó. En cambio si la vacancia del titular fuera temporal, se convocará al suplente respectivo de la lista según el orden establecido en el literal c).

Los partidos políticos podrán optar por cualquiera de estas fórmulas, debiendo comunicarlo a la Corte Electoral, o a la Junta Electoral que corresponda, al registrar sus listas y establecerlo con claridad en ellas, a cuyo efecto se denominará sistema preferencial de suplentes al del apartado a), de suplentes ordinales al del literal b), de suplentes respectivos al del literal c) y mixto de suplentes preferenciales y respectivos al del literal d).

El número de candidatos titulares no podrá exceder al de los cargos que se provean por medio de la elección para la cual se proponen los candidatos, salvo el caso del apartado a), en el cual no podrá pasar el cuádruple de dicho número.

El número de candidatos suplentes no podrá pasar del triple de los titulares".

NOTA: La modificación que se propone en el proyecto consiste en incorporar un nuevo sistema de suplentes que se incluye en el literal "d)". El nuevo sistema, que se denomina "sistema mixto de suplentes preferenciales y respectivos", resulta de la combinación de los sistemas previstos en el literal a) y c) del mismo artículo y tiene, a los efectos de la confección de la lista de candidatos, la misma presentación y conformación que el sistema de suplentes respectivos, pero, en cambio, contempla en caso de vacancia dos variantes en la convocatoria.

Si la vacancia del titular fuera definitiva, lo suplirá el primer titular no electo de la lista siguiendo el orden preferencial previsto en el literal a). En esa circunstancia los suplentes respectivos serán los que ya suplían al titular que cesó.

En cambio, si la vacancia del titular fuera temporal, se convocará al suplente respectivo de la lista según el orden establecido en el literal c).

Art. 7º. - Derógase el inciso 1º del artículo 13 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 26 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928.

NOTA: La derogación que se propone tiene por objeto hacer expresa la derogación tácita que resulta del artículo 77 numeral 9º de la Constitución en cuanto preceptúa la obligación de incluir en sendas hojas de votación las listas de candidatos a cargos nacionales y departamentales.

Art. 8º. - Sustitúyese el artículo 14 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 26 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"Con treinta días por lo menos de anterioridad al de la elección todo partido o agrupación política que proponga candidaturas deberá registrar en las Juntas Electorales tres ejemplares impresos por lo menos, de las hojas de votación en que figuren dichas candidaturas con su número, color de tinta de impresión, lema y, en su caso, sub-lemas y distintivos partidarios.

Una de las hojas de votación deberá ir autorizada por la firma de las autoridades ejecutivas del partido o agrupación registrante.

Junto con los ejemplares impresos de la hoja, los registrantes deberán acompañar una nómina de los candidatos que integran las listas de circunscripción departamental, con indicación de las series y números de las respectivas credenciales cívicas. Esta exigencia comprenderá la totalidad de la lista de Intendente Municipal y al primer tercio, por lo menos, de los titulares y suplentes correspondientes a los otros órganos que se proveen por medio de la elección.

Para las listas que intervienen en circunscripción nacional la misma comunicación deberán realizar a la Corte Electoral las autoridades nacionales de las agrupaciones partidarias que las patrocinan".

NOTA: La redacción propuesta procura incorporar al texto de la ley de elecciones los requisitos para el registro de hojas de votación establecidos en el artículo 3º de la Ley Nº 16.584, de 22 de setiembre de 1994, que sustituyó el artículo 4º de la Ley Nº 16.083, de 18 de octubre de 1989.

Art. 9º. - Sustitúyese el artículo 15 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"En caso de que deba celebrarse la segunda elección prevista en el articulo 151 de la Constitución, las hojas de votación se registrarán ante la Corte Electoral diez días antes por lo menos a dicha elección. En este caso, además de los ejemplares previstos en el artículo anterior, se entregarán a la Corte la cantidad suficiente para que ella remita a cada Junta Electoral tres ejemplares, por lo menos, de las hojas de votación que hubieran sido presentadas".

NOTA: La nueva redacción circunscribe la posibilidad de registrar hojas de votación ante la Corte Electoral a la segunda elección prevista en el artículo 151 de la Constitución, único acto en el que sólo se votan listas nacionales.

Para tal hipótesis se prevé un plazo de diez días para el registro de las hojas de votación.

Art. 10. - Sustitúyese el artículo 16 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Las Juntas Electorales y la Corte Electoral, en su caso, publicarán, dentro de las veinticuatro horas de su presentación, la composición y características de las hojas de votación que se fueren presentando y las exhibirán a los delegados partidarios que las solicitaren.

La oposición al registro podrá deducirse dentro de los dos días siguientes a su publicación".

NOTA: Se agrega al artículo 16 de la Ley de 1925 un segundo inciso en el cual se establece expresamente el plazo para oponerse al registro de una hoja de votación. A tal efecto se considera adecuada a la brevedad que debe acompañar esa etapa del proceso electoral, el plazo de oposición establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 10.789, de 23 de setiembre de 1946, para quienes figuran en el primer tercio de una lista de candidatos, aunque se prefiere fijarlo en días y no en horas para favorecer la certeza en cuanto al momento en que el mismo comienza y expira.

Art. 11. - Sustitúyese el artículo 17 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Las Juntas se negarán a registrar toda hoja de votación que no presente diversidad en el lema o sub lema, si lo hubiere, o en las imágenes, sellos, distintivos o en alguna de las listas de candidatos contenidas en la hoja, respecto de las anteriormente registradas".

NOTA: La exigencia de diversidad que ya contenía este artículo en su redacción original, se extiende a las listas de candidatos contenidas en la hoja de votación. Con ello procura afirmarse el principio de que no pueden registrarse dos hojas de votación idénticas distinguidas con distinto número y que ello debe evitarse de oficio.

Art. 12. - Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Las Juntas Electorales y la Corte Electoral, en su caso, negarán el registro de las hojas de votación que se presenten, si ellas contienen como lema o sublema las denominaciones partidarias registradas por los partidos, o los lemas y sublemas registrados por ellos en elecciones anteriores, siempre que las autoridades nacionales de dichos partidos se opusieren al registro dentro de los dos días siguientes a la publicación de la hoja de votación que se pretenda registrar".

NOTA: Se repite el texto del artículo original eliminándose exclusivamente la limitación a partidos "permanentes" que el mismo contenía, por entenderse que si el Legislador decide mantener la categorización de partidos en permanentes y accidentales, la protección a los lemas y a los sublemas que el artículo consagra, debe amparar a ambas categorías.

Art. 13. - Sustitúyese el artículo 20 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Sólo podrán tenerse en cuenta a los efectos del escrutinio las hojas de votación registradas de acuerdo con los artículos anteriores".

NOTA: La modificación es sólo de redacción. Se elimina la referencia "a candidatos" puesto que el artículo es de aplicación no sólo en caso de elecciones sino también de plebiscito o referéndum.

Art. 14. - Sustitúyese el artículo 21 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Serán nulas las hojas de votación cuyo lema, sub lema, tinta de impresión, candidatos, imágenes, signos o sellos distintivos, difieran de los que figuran en las hojas de votación registradas ante la Junta Electoral.

Se considerarán iguales a las registradas las hojas de votación votadas, cuando expresen o representen lo mismo a juicio de la Junta Electoral o de la Corte Electoral, cualesquiera sean las diferencias de detalle que presenten".

NOTA: La modificación propuesta al párrafo primero procura aclarar que la hipótesis que el artículo está contemplando es la de nulidad de hoja de votación y no de nulidad del voto.

La modificación al párrafo segundo es exclusivamente de redacción, manteniéndose el concepto que inspira el artículo en su redacción actual.

Art. 15. - Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 8.927, de 16 de diciembre de 1932, por el siguiente:

"Las personas inscriptas en las zonas urbanas y suburbanas votarán en circuitos formados de acuerdo con la ordenación correlativa de sus respectivas series.

Las personas inscriptas en las zonas rurales votarán en los circuitos que integren, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Registro Cívico Nacional, a cuyo efecto las Juntas Electorales, en cuanto sea posible, ubicarán las comisiones receptoras de votos procurando su equidistancia con respecto a los domicilios de los inscriptos correspondientes al circuito.

No se instalarán comisiones receptoras rurales en las zonas urbanas y suburbanas".

NOTA: La modificación propuesta al párrafo segundo procura que las comisiones receptoras de votos en los circuitos rurales se instalen de manera que aseguren la equidistancia con respecto a los domicilios de las personas comprendidas en el circuito, a fin de evitar a éstas grandes desplazamientos y de facilitar la votación.

Se incorpora un último párrafo tendiente a prohibir una práctica que en los últimos comicios se venia repitiendo en algunos departamentos, y que provocó, como consecuencia, un aumento considerable en la cifra de votos observados, que es imprescindible reducir para poder finalizar los escrutinios en plazos mucho más reducidos.

Art. 16. - Sustitúyese el artículo 23 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley de 16 de diciembre de 1932, por el siguiente:

"Sesenta días antes de la fecha en que deba realizarse el acto eleccionario, cada Junta Electoral propondrá a la Corte Electoral el plan circuital del departamento. A tal efecto clasificará los circuitos electorales en la siguiente forma:

1) Las inscripciones comprendidas en los distritos urbanos y suburbanos, agrupadas por el orden correlativo de su numeración en el distrito, en circuitos que no sobrepasen el número de cuatrocientos inscriptos.

2) Las inscripciones correspondientes a los distritos rurales, agrupadas por circuitos, en orden ascendente de numeración, no pudiendo éstos comprender más de trescientos inscriptos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22".

NOTA: Se propone una redacción que permita comprender tanto la elección nacional a celebrarse en octubre como la de autoridades departamentales y locales que ha de tener lugar en mayo del año siguiente.

Art. 17. - Sustitúyese el artículo 26 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"En cada circuito electoral funcionará una comisión receptora de votos. El local en que haya de funcionar la comisión, será determinado por la Junta Electoral, teniendo en cuenta, en lo que sea posible, su equidistancia con respecto a los domicilios de las personas correspondientes al circuito. La ubicación de dicho local será la misma en todas las elecciones, salvo que por fuerza mayor o conveniencia indiscutible, reconocida por tres quintos de votos de los integrantes de las Juntas, se haga necesario cambiar dentro del circuito".

NOTA: La modificación propuesta procura contemplar el hecho de que actualmente las Juntas Electorales se integran con cinco miembros y no con nueve como ocurría cuando se sancionó la norma original.

Art. 18. - Sustitúyese el artículo 27 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Aprobado el plan circuital la Corte Electoral dispondrá su publicación en carteles que se imprimirán en número suficiente para que puedan distribuirse con profusión en las respectivas circunscripciones electorales o en otros medios de difusión. La publicación contendrá la serie y número del circuito, número inicial y número final de las inscripciones habilitadas para votar en él; lugar donde funcionará la comisión receptora, día de la elección y horas hábiles para el sufragio".

NOTA: La redacción propuesta procura que el procedimiento que desde hace muchos años se ha venido siguiendo en aplicación de este artículo quede reflejado en el texto de la ley, ya que lo que se publica en carteles y en otros medios de difusión es el plan circuital y no la nómina de inscriptos habilitados para votar en cada circuito.

Art. 19. - Sustitúyese el artículo 29 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925 en la redacción dada por el artículo 7º de la Ley Nº 10.789, de 23 de setiembre de 1946, por el siguiente:

"La distribución de los electores por circuito se fijará en lugares públicos y se publicará en la prensa de las localidades, veinte días antes de la elección. En el local en que deba funcionar cada comisión receptora se colocará necesariamente un cartel que indique serie y número de circuito, número inicial y número final de las inscripciones habilitadas para votar en él".

NOTA: La modificación procura adecuar el texto del artículo a la forma práctica en que se viene aplicando desde mucho tiempo atrás.

Art. 20. - Sustitúyese el artículo 30 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Los partidos políticos podrán reclamar ante la Corte Electoral de las deficiencias que a su juicio existan en el padrón de habilitados para votar hasta quince días antes de la fecha fijada para la elección. Dentro del mismo término, los ciudadanos omitidos podrán formular reclamación por escrito, personalmente o por carta certificada. La Corte Electoral dispondrá las rectificaciones que procedan y las comunicará a la Junta Electoral que corresponda".

NOTA: La redacción propuesta reconoce de manera expresa lo que, de todos modos, se considera que estaba implícito en el sistema: el derecho de los partidos políticos a formular reclamaciones por las deficiencias que pueda presentar el padrón de habilitados para votar.

Se establece un plazo para formular estas reclamaciones, única forma de poder estudiarlas, resolverlas y decidir las rectificaciones que pudieran corresponder.

Art. 21. - Sustitúyese el artículo 31 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 7º de la Ley Nº 10.789, de 23 de setiembre de 1946, por el siguiente:

"La Corte Electoral formará los registros electorales correspondientes a cada circuito. A tal efecto, la Oficina Nacional Electoral ordenará, en la forma que considere más adecuada, las hojas electorales de los inscriptos comprendidos en cada circuito, las encuadernará de manera tal que no puedan ser separadas y dejará en la carátula la constancia auténtica de su contenido. La Corte Electoral remitirá dichos cuadernos, sin demora alguna, a las Juntas Electorales.

NOTA: La única modificación propuesta procura eliminar el plazo previsto al final del artículo para la remisión de los registros electorales circuitales a las Juntas Electorales. La posibilidad de tener que realizar la elección prevista en el artículo 151 de la Constitución veintiocho días después de la elección nacional, demuestra la imposibilidad de mantener ese plazo. Por otra parte, es suficiente que las Juntas Electorales tengan en su poder los cuadernos de hojas electorales con la antelación que les permita incluirlos en las urnas y remitirlos a las comisiones receptoras de votos.

Art. 22. - Sustitúyese el artículo 33 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925 en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"Las designaciones para integrar dichas comisiones recaerán en funcionarios públicos y escribanos públicos. Sólo por excepción, si éstos no fueran suficientes, podrán recaer en ciudadanos que no tengan esa calidad. En todos los casos se tomará en cuenta solamente a quienes tengan su inscripción cívica vigente en el departamento en que deban actuar.

Las designaciones efectuadas para la elección nacional mantendrán su vigencia si fuera necesario llevar a cabo la segunda elección prevista en el artículo 151 de la Constitución".

NOTA: Se propone incorporar a los escribanos públicos como integrantes de las comisiones receptoras de votos. Se considera que su condición de depositarios de la fe pública y su capacitación profesional han de permitir mejorar la actuación de las mesas receptoras, verdadero puntal del proceso electoral.

En previsión de que fuera necesario llevar a cabo una segunda convocatoria para elegir Presidente de la República y dado que, en tal caso, el exiguo tiempo que media entre una y otra elección no permite proceder a nuevas designaciones, declara que las efectuadas para la primera alcanzarán también a la segunda.

Art. 23. - Sustitúyese el artículo 35 de la Ley Nº 7.812 de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"La condición de miembro de las comisiones receptoras de voto es irrenunciable. Sólo se admitirán como causales fundadas para no integrar dichas comisiones las previstas en los literales A, B y C del artículo 6º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, que deberán acreditarse en la forma establecida en el artículo 7º de dicha ley, modificada por el artículo 6º de la Ley Nº 16.083, de 18 de octubre de 1989. La Junta Electoral respectiva apreciará las renuncias presentadas y su resolución será irrevocable".

NOTA: Se conplementa el artículo y se precisan las causales que pueden invocarse para renunciar a integrar comisiones receptoras de votos, remitiéndose a tal efecto a las causales y medios de prueba previstos en la Ley Nº 16.017 y modificativas que regulan la obligatoriedad del voto.

Art. 24. - Sustitúyese el artículo 37 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"A efectos de hacer posible el cumplimiento del cometido previsto por el artículo precedente, los organismos públicos deberán proporcionar a las Juntas Electorales, por lo menos noventa días antes del acto comicial, la nómina de los funcionarios de su dependencia en las condiciones que determinará la Corte Electoral.

Bajo la responsabilidad de los respectivos jerarcas, deberá figurar en las referidas nóminas la totalidad de los funcionarios que pertenezcan a su repartición correspondiendo incluir en forma preferente al personal superior, y el que forma parte de los escalafones técnico profesionales. Sólo se excluirán los funcionarios que, por encontrarse en la situación prevista en el artículo 34, no están en condiciones de integrar las comisiones receptoras de votos".

NOTA: Se establece a texto expreso la obligación de los jerarcas de las reparticiones públicas de incluir en las nóminas de funcionarios a tomar en cuenta para integrar comisiones receptoras de votos, al personal superior y al que forma parte de los escalafones profesionales. Se procura con ello mejorar el nivel de actuación de las mesas receptoras.

Art. 25. - Sustitúyese el artículo 39 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, sustituido por el artículo 1º de la Ley Nº 16.584, de 22 de setiembre de 1994, por el siguiente:

"Los funcionarios públicos que sean designados para integrar comisiones receptoras de votos, en caso de ejercer sus funciones, tendrán asueto el día siguiente al de la elección y cinco días de licencia.

En el mismo caso, los escribanos públicos que no tengan la calidad de funcionarios públicos, percibirán por su actuación una retribución equivalente a doce unidades reajustables.

Esta retribución se hará efectiva mediante el descuento de ese importe en el pago de tributos recaudados por la Dirección General Impositiva que se devenguen con motivo del ejercicio de su profesión.

Los funcionarios públicos designados como suplentes, que se presenten a la hora establecida en el artículo 55 y cumplan con la obligación prevista en el inciso 2º del artículo 58, tendrán derecho a dos días de licencia si no suplen a los titulares.

Los funcionarios públicos que no concurran a integrar las comisiones receptoras de votos para las que fueron designados o lo hagan pasada la hora prevista en el artículo 55 sin justificar debidamente su omisión, serán sancionados con una multa equivalente al importe de un mes de sueldo, que será retenido de sus haberes.

Los descuentos se efectuarán a requerimiento de la Corte Electoral, la que instrumentará las medidas necesarias para la aplicación de las sanciones.

Los escribanos públicos que incurran en idéntica omisión serán sancionados con una multa equivalente a sesenta unidades reajustables. El pago de la multa se hará efectivo en la Junta Electoral del departamento que corresponda a su inscripción cívica siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 8º, 9º, 10 y 11 de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989.

Las inasistencias a los cursos de capacitación harán perder el derecho al uso de la licencia o a la
retribución previstos en los incisos primero y segundo de este artículo".

NOTA: Como no es posible compensar a los escribanos públicos por su actuación en las mesas receptoras con días de licencia, tal como se hace con los funcionarios públicos, se prevé para ellos una retribución equivalente a doce unidades reajustables, que podrán descontar de los tributos que deban satisfacer con motivo del ejercicio de su profesión. En consonancia, se establece para el caso de omisión, una multa de sesenta unidades reajustables, proporcional a la que se aplica a los funcionarios públicos omisos. Para el cobro de esa multa se declaran aplicables las normas que regulan la forma de hacer exigible la sanción a quienes, sin causa justificada, omiten cumplir con el deber de sufragar.

Art. 26. - Sustitúyese el artículo 42 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Son atribuciones de las comisiones receptoras:

a) Recibir los sufragios de los inscriptos con arreglo a lo establecido en el Capítulo VIII.

b) Decidir inmediatamente todas las dificultades que ocurran a fin de no suspender su misión.

c) Efectuar los escrutinios primarios a que se refiere el Capítulo XI.

d) Conservar el orden impidiendo que se altere la normalidad del ejercicio del sufragio, para lo cual dispondrá de la fuerza pública necesaria".

NOTA: La modificación propuesta responde a la razón expresada en la NOTA al artículo 1º.

Art. 27. - Sustitúyese el artículo 45 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Las comisiones receptoras de votos deberán funcionar en los locales designados previamente por la Junta Electoral.

Las Juntas Electorales procurarán seleccionar locales que por su emplazamiento permitan el fácil acceso de los electores eligiendo con preferencia los locales públicos, salvo los destinados a las Fuerzas Armadas o la Policía. Cuando no se dispusiera de locales públicos suficientes para la instalación de las comisiones receptoras o los disponibles no reuniesen las condiciones adecuadas, las Juntas Electorales podrán utilizar sin compensación locativa las propiedades privadas que consideren necesarias".

NOTA: La modificación propuesta obliga a dar preferencia en la selección de locales en que se instalarán comisiones receptoras de votos, a aquellos que permitan el fácil acceso de los electores. Se procura con ello contemplar, en lo posible, la emisión del voto por parte de los discapacitados y de personas de avanzada edad.

Art. 28. - Sustitúyese el artículo 47 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Los locales de votación deberán estar en comunicación inmediata con otro local o compartimiento cerrado -el cuarto secreto- dentro del cual puedan los electores, sin ser vistos, colocar la hoja de votación en el sobre correspondiente.

Este último local o compartimiento no podrá tener más que una puerta utilizable para comunicarse con el local de votación. Todas las demás aberturas que tuviere deberán clausurarse, lacrándose y sellándose por el Presidente y Secretario.

No podrán alterarse ni quitarse los sellos hasta la terminación del acto eleccionario.

La Junta Electoral tomará las disposiciones necesarias para que este local tenga la iluminación suficiente".

NOTA: La modificación propuesta contempla la posibilidad -ya recogida en la práctica- de utilizar
cabinas para asegurar el secreto del voto, cuando no sea posible disponer de locales destinados a tal efecto.

Art. 29. - Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"En el referido local o compartimiento deberá haber una mesa u otro mueble apropiado sobre el cual se colocarán ejemplares, en número suficiente, de todas las hojas de votación que hubiesen sido registradas".

NOTA: El agregado responde, al igual que en el artículo anterior, a la posibilidad de que sean utilizadas cabinas para preservar el secreto del voto.

Art. 30. - Sustitúyese el artículo 56 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"Los miembros titulares que al llegar la hora siete no se hubieran hecho presentes, serán sustituidos inmediatamente por los suplentes ordinales, en el orden que corresponda. De todo ello, así como del nombre y apellido y serie y número de la credencial cívica del custodia se dejará constancia en el acta de instalación".

NOTA: Las modificaciones se introducen en la cláusula final del artículo y consisten en dejar constancia en el acta de instalación del nombre y apellido y serie y número de la credencial cívica del ciudadano que oficia como custodia de la comisión receptora de votos. Esa constancia obedece a que se permitirá al custodia, cuya inscripción pertenezca al departamento pero no al circuito en el cual se desempeña, votar observado simple (por no pertenecer al circuito). A tales efectos el custodia deberá acreditar su identidad ante los integrantes de la comisión receptora de votos con la exhibición de su credencial cívica.

Art. 31. - Sustitúyese el artículo 58 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"Si los titulares y suplentes de una comisión receptora de votos no llegaran a tres, recurrirán para integrarla a los suplentes -en el orden en que fueron designados- de las demás comisiones receptoras de votos que funcionen en el mismo local, que no se hayan constituido como titulares en dichas comisiones y lo comunicarán a la Junta Electoral.

A estos efectos los suplentes deberán permanecer en el local de votación hasta que queden integradas la totalidad de las comisiones receptoras de votos que han de funcionar en él.

Si la comisión receptora no pudiera integrarse en la forma prevista, los titulares y suplentes presentes que no lleguen a tres, invitarán a cualquier ciudadano o ciudadanos, para que ocupen provisoriamente los puestos de los ausentes e inmediatamente comunicarán lo ocurrido a la Junta Electoral".

NOTA: La modificación que se introduce procura ampliar las posibilidades de integración de las mesas con personas que hayan recibido las instrucciones previas y que por tanto se encuentran en mejores condiciones de preparación para integrarlas que los otros ciudadanos. El procedimiento consiste en llenar las vacantes que existieron en la integración de la comisión, en primer término con los suplentes de las otras mesas que funcionen en el mismo local y cuya actuación no fuere necesaria en la mesa para la cual habían sido originalmente designados. Si, no obstante, la mesa no se pudiere integrar con esos suplentes, se recurrirá al procedimiento tradicional de integrarlas provisoriamente con ciudadanos que se encuentren en el lugar.

Art. 32. - Sustitúyese el artículo 59 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"Recibidas por la Junta Electoral las comunicaciones a que se refiere el artículo anterior, designará de inmediato el miembro o los miembros que sean necesarios para integrar la comisión.

Esta designación o ratificación será comunicada de inmediato al Presidente de la comisión que corresponda.

En las zonas rurales las comunicaciones se harán en la forma más rápida posible y por intermedio de la dependencia policial más próxima al lugar en que funcione la comisión.

En este último caso, el funcionario policial dejará constancia de la comunicación en los libros de la oficina y la trasmitirá por escrito al Presidente de la comisión".

NOTA: Se adecua la redacción de este artículo a las modificaciones introducidas en el artículo 58, procurándose, según el caso, la designación definitiva por la Junta Electoral o la ratificación por ésta de lo actuado por los integrantes de la mesa.

Art. 33. - Sustitúyese el artículo 60 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Cada miembro de la comisión receptora y el custodia si su inscripción no correspondiese al circuito electoral en que actúe la comisión, deberán exhibir su credencial cívica a fin de justificar su identidad".

NOTA: La exigencia de exhibir la credencial a los integrantes de la comisión receptora se extiende al custodia a fin de que justifique su identidad.

Art. 34. - Sustitúyese el artículo 63 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"Antes de iniciar sus funciones la comisión receptora de votos deberá necesariamente extender un acta de su instalación, en la que hará constar lo siguiente:

1º. - La hora precisa de la instalación.

2º. - Los nombres de los miembros presentes especificándose en qué repartición pública desempeñan sus funciones o su calidad de escribano público y la serie y número de sus credenciales cívicas.

3º. - El nombre del custodia con indicación precisa de la serie y número de su credencial cívica y la repartición a que pertenece.

4º. - Los nombres de los delegados partidarios presentes con expresión de la agrupación política que representa.

5º. - Los nombres del Presidente y Secretario.

6º. - Las observaciones que el acto de la instalación merezca por parte de los miembros o de los delegados que quieran hacerlas.

7º. - Todas las demás circunstancias que se refieran a la instalación.

El acta deberá ser firmada por todos los miembros presentes pudiendo hacerlo también los delegados que hubiesen concurrido al acto".

NOTA: En el acta de instalación se debe dejar constancia del nombre del custodia con la indicación de la serie y número de su credencial cívica y la repartición a la que pertenece. Esta modificación es acorde con la realizada en el artículo 60, en cuanto el custodia debe exhibir su credencial cívica para justificar su identidad.

Art. 35. - Sustitúyese el artículo 70 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Los delegados partidarios entregarán al Presidente de la comisión las hojas de votación de los partidos que representen, en número suficiente, a juicio de los mismos delegados".

NOTA: Se sustituye la terminología "listas" por la de hojas de votación, que es la correcta.

Art. 36. - Sustitúyese el artículo 72 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Las hojas de votación serán depositadas por los delegados, en presencia del Presidente de la comisión, en el cuarto secreto, en un mueble apropiado, de modo que puedan ser fácilmente distinguidas por los electores".

NOTA: La nueva redacción, al establecer que las hojas de votación deben ser colocadas directamente por los delegados en el cuarto secreto, procura adecuar el texto a la forma en que efectivamente se procede, en los hechos, desde largo tiempo atrás.

Art. 37. - Sustitúyese el artículo 74 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"En cualquier momento, en el transcurso de la votación, los delegados de los partidos podrán entregar a la comisión receptora de votos hojas de votación que hayan sido registradas ante las autoridades electorales respectivas.

Los delegados colocarán de inmediato estas hojas en el cuarto secreto, en presencia del Presidente de la comisión receptora de votos".

NOTA: Se sustituye la expresión ante la Junta Electoral respectiva, por ante las autoridades electorales respectivas, a fin de contemplar el caso de la segunda vuelta presidencial. El último párrafo se modifica para adecuarlo al artículo 72.

Art. 38. - Sustitúyese el artículo 77 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017 de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"El sufragio se emitirá solamente ante las comisiones receptoras de votos del departamento en que se halle vigente la inscripción cívica.

Ante las comisiones que actúen en los circuitos urbanos y sub-urbanos sólo podrán sufragar los electores comprendidos en el circuito que corresponda a cada una de dichas comisiones. Exceptúanse de esta disposición los miembros actuantes de la comisión receptora de votos y el custodia quienes podrán sufragar ante la comisión en que actúen -exhibiendo su credencial cívica- debiendo en tal caso admitirse sus votos con observación por no pertenecer al circuito".

NOTA: La primera modificación importante de este artículo es sustituir la expresión comisiones que actúen en las ciudades, por comisiones que actúen en los circuitos urbanos y suburbanos, con lo cual se aplica el mismo régimen a unos y a otros y se elimina por tanto la duda de cuál es el criterio que se aplica a los circuitos que actúan en la periferia de las ciudades.

La segunda innovación importante es que se elimina la observación por identidad de los miembros de la comisión receptora de votos y del custodia que no pertenecen al circuito. Desde que deben justificar su identidad con la exhibición de su credencial cívica, la misma no está en duda. Aquí la causal de la observación es por no pertenecer al circuito.

La tercera innovación importante consiste en eliminar la posibilidad de que el delegado partidario, en razón de su libre movilidad, vote fuera de su circuito.

Con las modificaciones incluidas en este artículo se disminuye sensiblemente la cantidad de votos observados por identidad, cuyo estudio lleva un mayor tiempo que el voto observado por no pertenecer al circuito, ya que en este caso especial sólo es necesario verificar que el sufragante no haya también votado en el circuito al que pertenece su inscripción cívica.

Art. 39. - Sustitúyese el artículo 78 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.027 de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"Ante las comisiones receptoras de votos que actúen en los circuitos rurales podrán sufragar sus integrantes y el custodia aunque no pertenezcan al circuito, siempre que tengan vigente su inscripción en el departamento. En tal caso sus sufragios serán admitidos con observación por no pertenecer al circuito. Podrán sufragar también los electores del departamento no comprendidos en el circuito en que éstas funcionan, siempre que su inscripción cívica corresponda a una circunscripción rural y se cumplan además las condiciones siguientes:

1º. - Los electores deberán presentar necesariamente su credencial cívica.

2º. - Mientras estuvieren presentes electores pertenecientes al circuito que aún no hubiesen sufragado, no podrá admitirse el voto de los electores que no pertenezcan al circuito.

3º. - Los votos emitidos por electores no pertenecientes al circuito deberán ser admitidos con observación por esta circunstancia".

NOTA: En primer lugar, se sustituye la expresión confusa ante las demás comisiones receptoras de votos y se precisa que el ámbito de aplicación del artículo es el de las comisiones receptoras de votos que actúan en los circuitos rurales.

En segundo lugar se restringe el elenco de sufragantes comprendidos en el artículo, a los electores del departamento no pertenecientes al circuito, siempre que su inscripción cívica -aquí está la innovación- corresponda a una circunscripción rural. Esta modificación concuerda con la nueva redacción de los artículos 22 y 77.

En tercer lugar y en la medida que se debe justificar la identidad con la exhibición de su credencial cívica, se elimina la observación por identidad y se sustituye por la observación por no pertenecer al circuito, que supone, en el estudio a posteriori del voto, solamente comprobar si el elector tenía su inscripción cívica vigente y si no votó además en el circuito en el que le correspondía hacerlo.

Art. 40. - Sustitúyese el artículo 79 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Todo elector puede ser observado por las causales siguientes:

1º. - Por identidad, cuando a juicio de cualquiera de los miembros de la comisión receptora de votos o de los delegados partidarios no correspondieran a la persona que se presenta a votar los datos que ella se atribuye o los que resultaren de la credencial que exhiba.

2º. - Por suspensión o pérdida de la ciudadanía o por suspensión de los derechos políticos.

3º. - Por inscripción múltiple.

Bastará con que un miembro de la comisión receptora de votos apoye o mantenga la observación formulada para que la misma quede obligada a admitir el voto como observado".

NOTA: La modificación propuesta se incluye en el último párrafo del artículo y consiste en requerir, en caso que la observación la formule un delegado partidario, que la apoye un miembro de la Comisión.

La modificación se inscribe en la misma línea de disminuir la posible existencia de votos observados. Si bien es cierto que en los últimos tiempos, la observación de votos por parte de los delegados partidarios ha sido prácticamente inexistente, se procura que ese instrumento de control sea ejercido en forma razonable, evitándose los abusos que pueden, no sólo entorpecer el desarrollo de la elección, sino además, prolongar innecesariamente los escrutinios departamentales.

Art. 41. - Sustitúyese el artículo 81 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, y las modificaciones dadas por el artículo 5º de la Ley Nº 13.882 de 18 de setiembre de 1970, por el siguiente:

"Se admitirá el voto de toda persona que manifieste pertenecer al circuito en que actúe la comisión, aunque su nombre no figure en la nómina de electores, siempre que en el registro electoral del circuito figure su hoja electoral. Se admitirá, asimismo, el voto, de toda persona que manifieste pertenecer al circuito, aunque su hoja electoral no figure en el registro electoral del circuito, siempre que su nombre figure en la nómina de electores. En ambos casos el votante será observado. En el segundo, si el votante no exhibe su credencial cívica, será observado por identidad.

En caso de que la persona exhiba su credencial cívica pero no figure su nombre en el padrón ni su hoja electoral en el registro electoral del circuito no se admitirá el voto y se retendrá su credencial cívica a efectos de remitirla en la urna a la Junta Electoral respectiva para que se proceda, si correspondiere, a la regularización de la documentación electoral del sufragante".

NOTA: La modificación del artículo elimina la observación por identidad en el caso en que el elector figure en el padrón pero no aparezca en el cuaderno de hojas electorales, siempre que el votante exhiba su credencial cívica. En este caso, al igual que el votante inscripto en una circunscripción rural que vota en un circuito rural al que no pertenece, al exigírsele la exhibición de su credencial cívica se tiene por justificada su identidad y se le observa únicamente por no pertenecer al circuito.

En el caso que la persona no figure ni en el padrón ni en el cuaderno de hojas electorales, se le impide el voto. En este caso, lo que se hace es explicitar el contenido del artículo 81 vigente, que sólo contempla la emisión del sufragio cuando el votante figura en uno de los dos instrumentos que maneja la comisión receptora de votos.

Art. 42. - Sustitúyese el artículo 83 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Inmediatamente el votante tomará un sobre de votación abierto de la caja que los contenga y mostrará a los miembros de la Comisión el número que lleve impreso.

Se anotará entonces en la lista ordinal el número de orden del votante, el número de la tirilla, la serie y número de la inscripción del votante, así como su nombre y apellido. Luego se invitará al votante a pasar al cuarto secreto para encerrar en el sobre la hoja de votación".

NOTA: Se efectúan ligeras modificaciones de redacción, por las cuales se hace referencia al número de la tirilla y no del sobre y se suprime la expresión de sus candidatos en lo que respecta a la hoja de votación, para contemplar los casos de plebiscitos o referéndum.

Art. 43. - Sustitúyese el artículo 84 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"El elector, al entrar en el cuarto secreto, cerrará tras sí la puerta y procederá de inmediato a colocar en el sobre la hoja de votación y a cerrarlo".

NOTA: Se introducen ligeras variantes de redacción en lo que hace a las hojas de votación y a un tiempo verbal.

Art. 44. - Sustitúyese el artículo 93 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Antes de emitirse el voto se inscribirán en la lista ordinal de votación el nombre del votante, la serie y el número de su inscripción y la causal de observación si ésta se hubiere formulado.

Estos datos, el número del circuito y el número que correspondió al votante en la lista ordinal serán anotados, también, en una planilla especial destinada a registrar los votos observados emitidos en el circuito que se llevará en dos ejemplares y que deberá ser firmada por todos los integrantes de la comisión receptora y por los delegados que lo deseen.

Uno de los ejemplares de esa planilla será entregado conjuntamente con la urna y fuera de ésta, al Presidente y Secretario de la Junta Electoral o miembros que los reemplacen".

NOTA: En este artículo se crea una planilla especial de votos observados que se llevará en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con la urna y fuera de ésta a los representantes de la Junta Electoral. En el escrutinio departamental, con este ejemplar de la planilla se podrá adelantar y acelerar el estudio de los votos observados.

Art. 45. - Sustitúyese el artículo 96 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 16.584, de 22 de setiembre de 1994, por el siguiente:

"A las diecinueve y treinta horas terminará la recepción de sufragios. No obstante, si al llegar esa hora se comprobara por la comisión que aún hay electores, siempre que pertenezcan al circuito, que no podrían sufragar por falta de tiempo, se prorrogará el término al solo efecto de que voten dichos electores sin que la prórroga pueda exceder de una hora.

Las comisiones receptoras de votos a que refiere el artículo 78 se regirán durante la hora de prórroga por lo establecido en dicha disposición".

NOTA: Se adecua la redacción del artículo a las disposiciones legales vigentes que, en los circuitos urbanos y suburbanos, sólo permiten votar en la hora de prórroga a electores que pertenezcan al circuito. En los circuitos rurales se deberá dar preferencia a los ciudadanos que pertenecen al circuito.

Art. 46. - Sustitúyese el artículo 104 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Terminada la votación y firmada el acta de clausura a que se refiere el artículo 97, se procederá a abrir la urna y a retirar y contar los sobres que hubiera en ella, comprobándose si su número concuerda con el que indique la lista ordinal.

Luego se separarán los sobres conteniendo votos observados, se verificará también si su número coincide con el que indique la lista ordinal y, sin abrirlos, se harán dos paquetes; uno con los que correspondan a votos observados por no pertenecer al circuito o no figurar en el padrón; otro con los que correspondan a votos observados por identidad.

En la envoltura de cada paquete se expresará el número de sobre que contiene. La envoltura será firmada por el Presidente y Secretario de la comisión, sellada y lacrada".

NOTA: De acuerdo a la modificación propuesta al artículo 77 los votos observados se clasifican en dos grupos: los observados por no figurar el votante en el padrón o no pertenecer al circuito en que está sufragando y los observados por identidad. Ambas categorías requieren distintas formalidades para su emisión y dan lugar a distintos procedimientos para su estudio y validación. A esa doble categoría responde la redacción propuesta para este artículo.

Art. 47. - Sustitúyese el artículo 106 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"En caso de que dentro de un mismo sobre apareciera más de una hoja de votación, si fueran idénticas y no excedieran de dos se validará una, anulándose la otra; si excedieran de dos se anularán todas; si fueran diversas se procederá de la siguiente manera: si fueran de distinto lema, no valdrá ninguna, anulándose todas; si fueran del mismo lema se computará un voto al lema y no se tendrán en cuenta las hojas de votación para las operaciones ulteriores del escrutinio, sin perjuicio de dejarse constancia expresa en el acta del número que distingue las hojas de votación que componen el voto al lema. En este último caso la Junta Electoral, al practicar el escrutinio departamental, determinará si por contener las hojas sublemas o listas iguales, corresponde adjudicar un voto al sublema o a la lista".

NOTA: La redacción propuesta parte de la base que el Legislador utilizó en el artículo 106, en su redacción actual, la expresión lista de candidatos en su sentido estricto, es decir que estableció una regla de interpretación de la voluntad del votante para el caso que éste depositara en el sobre hojas de votación diversas que pudieran contener listas idénticas. Se estima que no debe ampararse a quien encierra en el sobre más de dos hojas de votación idénticas, pues de este modo está singularizando su voto y violando el principio del secreto que está en la base del sistema.

Art. 48. - Sustitúyese el artículo 107 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Toda hoja de votación que aparezca señalada con cualesquiera signos, enmendaduras, testaduras o nombres manuscritos agregados, será nula.

Las roturas o dobleces que pueda presentar la hoja de votación no darán motivo para su anulación a menos que por su magnitud demuestren la clara intención del votante de violar el secreto del voto.

Será nula, también, toda hoja de votación que no hubiera sido registrada ante la Junta Electoral respectiva".

NOTA: El párrafo segundo procura aclarar cual es el motivo que justifica la anulación de una hoja de votación, limitándola exclusivamente a aquellos casos en que es manifiesta la clara intención del votante de marcar su voto y con ello perdiendo el carácter de secreto que se debe preservar. Una práctica muy generalizada, pese a que no tenía fundamento legal, tendía a anular en el escrutinio realizado por la comisión receptora de votos, las hojas que presentaban algún tipo de rotura o de dobleces (muchas veces provocado por el propio elector al introducir la hoja de votación en el sobre correspondiente). Se establece expresamente en el artículo, en qué casos se deberá proceder a su anulación, y validarlo en las restantes situaciones.

Art. 49. - Sustitúyese el artículo 108 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"No podrán anularse las hojas de votación con errores de impresión en el nombre o los nombres de los candidatos.

Tampoco serán anulables las hojas de votación cuando a juicio de la comisión receptora de votos expresen o representen lo mismo que las registradas ante la Junta Electoral, cualesquiera sean las diferencias de detalle que presenten".

NOTA: El párrafo 1º reproduce el actual artículo 109 con leves modificaciones de redacción. Se agrega un segundo párrafo con la finalidad de extender a las comisiones receptoras de votos el criterio que para las Juntas Electorales se estableció en el artículo 21. Se ha cambiado de ubicación el artículo (antes era el 109), por entenderse adecuado que las normas que establecen criterios a aplicar en el escrutinio primario se agrupen y precedan a las que regulan el procedimiento.

Art. 50. - Sustitúyese el artículo 109 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"El Presidente y el Secretario de la comisión receptora de votos firmarán cada una de las hojas de votación anuladas, las que se pondrán aparte para remitirlas a la Junta Electoral, sin tomarlas en cuenta en el cómputo a que se refiere el artículo 105".

NOTA: Reproduce el actual artículo 108 que cambia su ubicación por la razón antedicha.

Art. 51. - Sustitúyese el artículo 114 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"La comisión receptora de votos extenderá copia del acta de escrutinio o certificación de su resultado, firmada por todos sus miembros y por los delegados que lo desearen, para su entrega fuera de la urna al Presidente y Secretario de la Junta Electoral o miembros que los reemplacen. Un ejemplar de dicha copia o certificación será entregado al delegado o miembros de la comisión que lo solicitaren".

NOTA: Se propone que adquiera mandato legal la obligación que desde hace tiempo la Corte Electoral venía imponiendo en el instructivo a las comisiones receptoras de votos de entregar fuera de la urna a la Junta Electoral una copia del acta de escrutinio. Esta copia es fundamental para que cada Junta Electoral pueda obtener en breve plazo el resultado del escrutinio primario en el departamento y para que, trasmitido ese resultado a la Corte Electoral, ésta pueda hacerlo público.

Art. 52. - Sustitúyese el artículo 115 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"De inmediato se colocarán en la urna las hojas de votación escrutadas, los sobres que las contenían, los paquetes de votos observados, todas las actas labradas por la comisión, un ejemplar de la planilla especial destinada a registrar los votos observados, las hojas de observaciones, los sobres de votación inutilizados, todos los sobrantes y los demás documentos recibidos por la comisión para su funcionamiento.

La urna será cerrada, lacrada y sellada. Una de las llaves quedará en poder del Presidente y la otra en poder del Secretario de la comisión".

NOTA: No existe ninguna razón para continuar incluyendo dentro de la urna, las hojas de votación que no fueron escrutadas, y que los delegados partidarios colocaron en el cuarto secreto durante el horario de votación. Esta inclusión es susceptible de generar confusión al realizarse el escrutinio departamental, si se hiciera necesario proceder al recuento de las hojas de votación para aclarar desinteligencias del acta de escrutinio. Se incluye en la nueva redacción la planilla especial que registra los votos observados prevista en el artículo 93.

Art. 53. - Sustitúyese el artículo 116 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Las comisiones que actúen en circuitos que no disten más de veinticinco kilómetros de la capital de los departamentos, estarán obligadas a remitir la urna a la Junta Electoral el mismo día en que se efectúe la votación. Las comisiones que actúen en los demás circuitos las remitirán dentro de las doce horas siguientes a la clausura de la votación".

NOTA: Se reduce el plazo que establecía la Ley Nº 7.812, de veinticuatro a doce horas. Las razones son diversas: el Legislador de 1924 tuvo en cuenta la realidad de los medios de transporte y las condiciones para acceder a las capitales departamentales. Hoy, con la red carretera y los modernos medios de transporte, el plazo es por demás extenso. Por otra parte, tras la reforma constitucional es necesario acortar los plazos por las exigencias que se han impuesto a la Corte Electoral y a las Juntas, las que deberán contar con los resultados en el más breve plazo para poder proclamar el resultado del escrutinio preliminar, para el caso de que se deba realizar la segunda elección prevista en el artículo 151 de la Constitución.

Art. 54. - Sustitúyese el artículo 117 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"La urna será conducida por el Presidente y Secretario de la comisión receptora de votos, o, en caso de imposibilidad de éstos, por los miembros de la comisión que ella designe".

NOTA: La modificación propuesta atiende a que desde la vigencia de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, que sustituyó en su artículo 1º el Capítulo IV de la Ley de Elecciones Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, y sus modificaciones, las comisiones receptoras de votos están integradas por funcionarios públicos, y el artículo 38 les impone el deber de actuar con imparcialidad y tener presente que su designación se ha efectuado con total prescindencia de su filiación política. El artículo que se proyecta reformar tenía en cuenta, justamente, que los integrantes de las comisiones receptoras de votos, deberían pertenecer a diferentes partidos, cosa que con la nueva legislación, ha sido eliminada, al incorporarse a los funcionarios públicos.

Art. 55. - Sustitúyese el artículo 118 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"La urna será entregada, en el local de la Oficina Electoral Departamental, al Presidente y al Secretario de la Junta Electoral o a los dos miembros en quien ésta, por tres quintos de votos, delegue esa función.

De esta entrega se otorgará recibo en el que se indicará el estado de la urna, de sus lacres y sellos.

Las llaves serán entregadas una a cada uno de los miembros de la Junta Electoral que reciban la urna".

NOTA: La modificación que se propone procura ajustar el quórum exigido por el artículo a la actual composición de las Juntas Electorales que se integran con cinco miembros y no con nueve como en la época en que se sancionó la reforma original.

Art. 56. - Incorpórase como artículo 120 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, el siguiente:

"Con las copias o los certificados a que se refiere el artículo 114 las Juntas Electorales realizarán las operaciones para la obtención del resultado de la votación en cada departamento y lo comunicarán a la Corte Electoral.

Esta reglamentará los plazos y procedimientos que deberán seguirse para la remisión de estas comunicaciones".

NOTA: Este nuevo artículo es introducido a los efectos de contemplar la necesidad de proporcionar el resultado del escrutinio primario en la forma más rápida posible.

Art. 57. - Sustitúyese el artículo 125 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 26 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"Dentro de los tres primeros días siguientes al de la elección, se reunirá la Junta Electoral en sesión permanente en el local de sus sesiones para iniciar el escrutinio departamental, que deberá continuarse diariamente durante seis horas diarias como mínimo hasta su terminación. Los miembros inasistentes serán conducidos a la sesión por la fuerza pública, a solicitud de los asistentes. La Corte Electoral fijará dentro de ese término el día y hora en que cada Junta Electoral deberá iniciar el escrutinio".

NOTA: Se propone la reducción del plazo para el comienzo del escrutinio departamental, de modo de iniciarlo dentro de los tres días siguientes al de la elección, en lugar de los diez días que fija el texto actual. Se propone asimismo que la duración de la labor diaria de las Juntas Electorales sea de seis horas como mínimo. Todo esto responde a la necesidad de terminar el escrutinio departamental en el menor tiempo posible, sobre todo en consideración a la eventualidad de tener que realizar la segunda elección prevista en el artículo 151 de la Constitución.

Art. 58. - Sustitúyese el artículo 126 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 8.693, de 15 de octubre de 1930, por el siguiente:

"La Corte Electoral prestará a las Juntas Electorales la asistencia que estime del caso a efectos de que éstas puedan finalizar la realización del escrutinio departamental en los plazos establecidos.

Asimismo reglamentará la intervención de los delegados partidarios en los escrutinios, para impedir obstrucciones y retardos injustificados".

NOTA: Este artículo responde a la misma preocupación y a la sentida necesidad de terminar en el menor plazo el escrutinio departamental. Sustituye, de este modo, el que contemplaba la posibilidad de crear comisiones escrutadoras en los departamentos de Montevideo y Canelones que la experiencia ha demostrado que no han dado ningún resultado positivo.

Art. 59. - Sustitúyese el artículo 128 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"La Junta Electoral no podrá desechar las actas y escrutinios revestidos de las formalidades prescriptas por esta ley, ni decretar la anulación de votos que no hubiesen sido observados ante las comisiones receptoras de votos.

La Junta Electoral conocerá y resolverá sobre las observaciones formuladas ante dichas comisiones y sobre las que, respecto de los votos ya observados, se hicieran durante el escrutinio. Sólo se recurrirá al examen del contenido de la urna en caso de ser necesario para resolver dichas observaciones o las reclamaciones que se formulen al amparo del artículo 159 o cuando los datos contradictorios consignados en las actas así lo requieran.

En caso de que faltare alguna de las actas de escrutinio primario serán válidas las copias o certificados otorgados de acuerdo con el artículo 114".

NOTA: Se agrega un párrafo que procura evitar prácticas que puedan enlentecer el desarrollo del escrutinio departamental.

A tal fin se procura reafirmar la intangibilidad del acta de escrutinio limitando la posibilidad de recurrir al examen del contenido de la urna a los casos en que ello sea necesario para resolver las observaciones o reclamaciones formuladas al amparo del artículo 159 o cuando lo requieran los datos contradictorios que puedan haberse consignado en la propia acta. El agregado responde también a la preocupación de hacer más ágil el escrutinio departamental.

Art. 60. - Sustitúyese el artículo 130 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.082, del 27 de junio de 1978, por el siguiente:

"Inmediatamente el Presidente y el Secretario de la Junta Electoral, irán abriendo una por una, de acuerdo con su orden numeral, las urnas recibidas y, dejando dentro de ellas las hojas de votación, extraerán los paquetes que contengan los votos observados, la planilla que los registra, la lista ordinal de votación, el cuaderno de hojas electorales del circuito, la nómina de electores y las hojas de votación que hubieran sido anuladas por la comisión receptora de votos. Luego se volverá a cerrar la urna".

NOTA: Se busca consagrar en la nueva ley, la forma en que, en la práctica, se realiza el escrutinio departamental.

Art. 61. - Sustitúyese el artículo 131 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Sin perjuicio de pronunciarse sobre la validez de lo actuado por las comisiones receptoras, la Junta Electoral dará prioridad al estudio y escrutinio de los votos observados. A tal efecto el Presidente irá abriendo uno por uno los sobres exteriores de los votos observados por identidad, extraerá la hoja de identificación correspondiente y la remitirá a la Oficina Nacional Electoral para que efectúe las comprobaciones necesarias a fin de establecer la vigencia y la habilitación de la inscripción cívica y la identidad del votante".

NOTA: Se establece un trámite distinto para el estudio de los votos observados por identidad y por no pertenecer al circuito. En este artículo se regula específicamente el procedimiento a seguir en caso de observación por identidad que requiere extraer la hoja de identificación para su estudio dactiloscópico.

Art. 62. - Incorpórase como artículo 132 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, el siguiente:

"Respecto a cada uno de los votos emitidos por inscriptos correspondientes al circuito, observados "por no figurar el votante en la nómina de electores, sólo se comprobará si su inscripción se encuentra vigente y hábil". En tal "caso, su voto será validado".

NOTA: Se contempla expresamente el procedimiento que se sigue en caso de observación por no figurar el votante en la nómina de electores.

Art. 63. - Sustitúyese el artículo 133 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Respecto a cada uno de los votos emitidos fuera del circuito a que correspondiera la inscripción, se comprobará si la misma se encuentra vigente y hábil y mediante la lista ordinal de votantes de dicho circuito si el votante ha sufragado también en él. Si no lo hubiera hecho, se validará su voto agregando su nombre a la lista ordinal respectiva. Si de la comprobación resultara que el votante había sufragado también en su circuito, el sobre de votación se destruirá sin abrir, reservándose la hoja de observación a los efectos de iniciar la acción penal correspondiente.

A efectos de realizar las comprobaciones previstas en este artículo se tendrán en cuenta las planillas a que se refiere el artículo 93".

NOTA: Este artículo regula el estudio de la otra categoría de votos observados: los emitidos fuera del circuito a que pertenece el votante. Como en este caso no está en duda la identidad, se procura hacer más ágil su estudio limitado a verificar si el votante tiene su inscripción vigente y que no ha sufragado también en su circuito para lo cual se permite utilizar las planillas previstas en el artículo 93.

Art. 64. - Sustitúyese el artículo 134 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Conjuntamente con las demás observaciones se procederá a resolver aquellas a que se refieren los numerales 2º y 3º del artículo 79.

En todos los casos el sobre con el voto observado se mantendrá aparte resguardándolo bajo lacre, sello y firmas del Presidente y Secretario de la Junta Electoral".

NOTA: El primer párrafo modifica la redacción del actual artículo 134 de manera de permitir la decisión conjunta y simultánea de todas las observaciones.

Se agrega un segundo párrafo procurando dotar al escrutinio de garantías que eviten que los votos observados puedan ser sustituidos mientras se estén estudiando las hojas de observación.

Art. 65. - Sustitúyese el artículo 135 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Si resultara comprobado que la identidad del votante no corresponde a la del inscripto cuya credencial o datos se han utilizado para votar, y no se apelara en el acto de la resolución de la Junta Electoral, se rechazará el voto y se destruirá, sin abrirlo, el sobre de votación, reservándose la hoja de identificación a los efectos de iniciar la acción penal correspondiente".

NOTA: La modificación propuesta responde a la razón expresada en la NOTA al artículo 1º.

Art. 66. - Sustitúyese el artículo 137 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Si resultara comprobada la identidad del votante con la del inscripto cuya credencial o datos se hubieran utilizado para votar, o si, en su caso no resultaran justificadas las demás observaciones formuladas, y no se apelara en el acto de la resolución de la Junta Electoral, se admitirá el voto volviéndose a encerrar el sobre de votación en la urna correspondiente para su posterior escrutinio".

NOTA: En la redacción propuesta se modifica el procedimiento en cuanto obliga a depositar los votos observados validados en la urna correspondiente a la inscripción del votante. La modificación responde a la necesidad de evitar la violación del secreto del voto que se produciría toda vez que en el circuito hubiera sólo un voto emitido con observación.

Art. 67. - Sustitúyese el artículo 138 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Hecha esta comprobación, se mezclarán todos los sobres de votación admitidos, procediéndose a su apertura y la extracción de sus contenidos".

NOTA: Se reproduce el actual artículo 139 alterándose su numeración por entenderse que incluido inmediatamente después del Art. 137, culmina el proceso de estudio, validación y escrutinio de los votos observados.

Art. 68. - Sustitúyese el artículo 139 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Al escrutar los votos observados la Junta Electoral se ajustará a lo establecido en los artículos 106, 107 y 109".

NOTA: El artículo propuesto sustituye en realidad al actual artículo 140 al cual, por la razón expresada en la NOTA anterior se ordena de manera diferente. La remisión a los artículos 106, 107 y 109 procura establecer en forma expresa que, al proceder al escrutinio de los votos observados, las Juntas Electorales deben aplicar los mismos criterios que el Legislador preceptuó a las comisiones receptoras de votos.

Art. 69. - Sustitúyese el artículo 140 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Simultáneamente con la operación sobre los votos observados la Junta Electoral, verificará la correspondencia de los datos consignados en las actas entre sí y con los demás documentos elaborados por las comisiones receptoras de votos y procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 128".

NOTA: Este artículo sustituye el actual artículo 138 ordenándolo de manera diferente. Procura dejar expresamente establecida la simultaneidad de las verificaciones que deben practicar las Juntas Electorales al llevar a cabo el escrutinio departamental.

Art. 70. - Sustitúyese el artículo 141 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 26 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"Terminadas todas las operaciones y una vez resueltas las cuestiones a que se refiere este capítulo, la Junta Electoral hará el cómputo final de los votos emitidos en el departamento clasificándolos por lemas, sub lemas y distintivos para cada uno de los cuerpos que corresponde proveer por medio de la elección y sumando los que contenga cada clasificación.

Cuando se trate de hojas de votación que tengan lema, sub lema y distintivo generales para todas las listas de candidatos se entenderá que dichos lemas, sub lemas y distintivos señalan a todas y cada una de las listas de candidatos insertadas en la hoja de votación.

Las Juntas Electorales deberán terminar los escrutinios antes del octavo día siguiente al de su iniciación.

En caso de no estar terminado para esa fecha un escrutinio cualquiera, se remitirán inmediatamente los antecedentes de la elección a la Corte Electoral.

La Corte deberá hacer lo posible para concluir el escrutinio antes del quinto día siguiente a la recepción de los antecedentes debiendo extremar para ese fin todos los medios legales a su alcance.

Si llegada esa fecha no hubiese terminado el escrutinio, se constituirá en sesión permanente, sin intermedios, hasta ponerle fin".

NOTA: La modificación propuesta dice relación con los plazos para terminar el escrutinio departamental y está motivada por la eventualidad de tener que realizar en veintiocho días la segunda elección prevista en el artículo 151 de la Constitución.

Para hacerlo posible se preceptúa que la Juntas Electorales deben terminar los escrutinios antes del octavo día siguiente al de su iniciación y se otorga a la Corte Electoral un plazo máximo de cinco días para finalizar el escrutinio en caso de que alguna Junta Electoral no haya podido terminarlo en tiempo.

Art. 71. - Sustitúyese el artículo 142 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"En las elecciones en que la República deba ser considerada como una sola circunscripción, las Juntas Electorales, cumpliendo lo dispuesto en este capítulo, se limitarán a computar los votos válidos emitidos en sus respectivos departamentos, agrupándolos y contándolos por lemas, sub lemas y listas de candidatos.

Del cómputo realizado dejarán constancia en acta, que, firmada por los miembros de la Junta Electoral y delegados partidarios que lo deseen, se enviará a la Corte Electoral".

NOTA: En el primer párrafo se agrega a la redacción del artículo actualmente vigente y "listas de candidatos" puesto que en las elecciones de circunscripción nacional, el cómputo toma en cuenta, además del lema y sub lema, la identidad de listas.

En el segundo párrafo, donde el artículo establecía que el acta sería enviada al Cuerpo que deba realizar el escrutinio definitivo, se preceptúa que será remitida a la Corte Electoral. La modificación responde a que, luego de su constitucionalización en 1934 y de la ampliación de su competencia en la reforma de 1952, la Corte Electoral es un Poder de Gobierno, con plenas facultades para decidir en última instancia todas las apelaciones y reclamos y para juzgar las elecciones de todos los cargos electivos.

Art. 72. - Sustitúyese el artículo 143 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Todos los documentos que tengan relación con la elección, así como las actas, registros, hojas de
votación y sobres correspondientes, quedarán en poder y bajo la responsabilidad de la Junta Electoral, hasta tanto se haya resuelto de la validez de la elección o sean reclamados por la Corte Electoral".

NOTA: La modificación propuesta en la redacción se explica por las mismas razones expuestas en la NOTA anterior.

Art. 73. - Sustitúyese el artículo 144 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"El cómputo de las elecciones en que la República deba ser considerada como una sola circunscripción, será realizado por la Corte Electoral".

NOTA: Adecua la redacción del artículo a la normativa constitucional vigente.

Art. 74. - Sustitúyese el artículo 158 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"De las resoluciones y procedimientos de las Juntas Electorales, en los actos previos a la elección, a que se refiere la Sección II, se podrá solicitar reposición dentro de los cinco días de su publicación. A esta reclamación deberá acompañarse la acción subsidiaria de apelación para ante la Corte Electoral.

El plazo para recurrir será de dos días si la resolución se refiere al registro de hojas de votación. Las Juntas Electorales deben fallar el recurso dentro de los tres días siguientes a su interposición. Si mantuvieran su resolución se franqueará la apelación elevándose de inmediato los autos a la Corte Electoral que los fallará sumariamente y sin ulterior recurso".

NOTA: Además de algunos ajustes de redacción, se establece un plazo de dos días para recurrir resoluciones de las Juntas Electorales que refieran al registro de hojas de votación. Se limita el plazo a dos días porque en el artículo 16 (numeral 2º) se establece otro plazo para oponerse al registro solicitado. Este último se estaría sumando al del presente artículo. Serían dos plazos: el de la oposición a que hace referencia el artículo 16, si es que ocurriere, y el del recurso previsto en el segundo inciso de este artículo 158.

Art. 75. - Sustitúyese el artículo 159 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Las resoluciones y procedimientos de las comisiones receptoras de votos en los actos del sufragio podrán ser observados en el acto dejándose las constancias correspondientes. Podrán asimismo ser reclamados hasta el día siguiente a la elección, ante la Junta Electoral respectiva que las resolverá conjuntamente con el escrutinio. La resolución de la Junta será recurrible en la forma prevista en el artículo 160".

NOTA: Se propone que la reclamación pueda ser formulada hasta el día siguiente a la elección, ante la Junta Electoral, y se abrevian los plazos correspondientes.

Art. 76. - Sustitúyese el artículo 160 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"De las resoluciones y procedimientos de las Juntas Electorales durante los escrutinios, se podrá solicitar reposición hasta el día siguiente de producirse. A esta reclamación deberá acompañarse la acción subsidiaria de apelación para ante la Corte Electoral. Las Juntas Electorales deben fallar el recurso dentro de los dos días siguientes a su interposición. Si la Junta mantuviera su decisión, sin perjuicio de continuar el escrutinio, cuyos resultados quedarán en suspenso hasta la resolución del recurso, se franqueará la apelación, elevándose los autos a la Corte Electoral, que los fallará sin ulterior recurso antes de los dos días siguientes, comunicando de inmediato la parte dispositiva de su resolución".

NOTA: Se abrevian los plazos para recurrir resoluciones y procedimientos de las Juntas Electorales durante los escrutinios, y se introducen otros ajustes acordes con la normativa constitucional como la supresión de la referencia a las resoluciones unánimes de las Juntas.

Art. 77. - Sustitúyese el artículo 161 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"De los procedimientos y actos de competencia originaria de la Corte Electoral en materia eleccionaria, se podrá pedir reposición dentro de los tres días perentorios de su publicación.

La resolución que recaiga no admitirá ulterior recurso".

NOTA: Se abrevia el plazo establecido, que era de cinco días, conforme a la remisión correspondiente a la Ley de Registro Cívico Nacional. Este plazo queda reducido a tres días. Se establece asimismo que la reposición es admisible cuando el asunto sea de competencia originaria de la Corte, superando de este modo una discusión interpretativa planteada al respecto.

Art. 78. - Sustitúyese el artículo 162 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Las autoridades nacionales de los partidos políticos registradas ante la Corte Electoral podrán protestar una elección y solicitar su anulación por actos que la hubieren viciado. Las protestas podrán presentarse durante los escrutinios y hasta los tres días siguientes al de su terminación ante la Corte Electoral. La presentación de una protesta no obstará a la proclamación de los candidatos electos, quedando supeditada su validez o eficacia a la decisión que recaiga en el pedido de anulación".

NOTA: Se otorga personería a las autoridades nacionales de los partidos políticos para protestar una elección y se abrevia el plazo para formularla de cinco a tres días, en el marco de la necesaria reducción de los plazos para que la Corte pueda proclamar resultados en el menor tiempo posible.

Art. 79. - Derógase el artículo 164 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925.

NOTA: Se deroga el artículo porque correspondía al tiempo en que el Senado era juez de la elección, lo que no ocurre con el régimen constitucional vigente.

Art. 80. - Sustitúyese el artículo 165 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"La Corte Electoral podrá anular total o parcialmente las elecciones, requiriéndose para ello el voto conforme de seis de sus miembros, de los cuales tres, por lo menos, deberán ser de los miembros elegidos por dos tercios de votos de la Asamblea General.

En tal caso deberá convocar a una nueva elección -total o parcial- la que se efectuará el segundo domingo siguiente a la fecha del pronunciamiento de nulidad. En la nueva elección no podrán concurrir otras hojas de votación que las registradas para la elección anulada".

NOTA: Se transcribe el artículo 327 de la Constitución que otorga facultad a la Corte Electoral para anular las elecciones y se mantiene la limitación consecuente respecto de las hojas de votación que pueden participar en la nueva elección en caso de anulación.

Art. 81. - Sustitúyese el artículo 166 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Las agrupaciones que hayan registrado hoja de votación en el departamento podrán designar hasta dos delegados ante cada uno de los organismos electorales, para presenciar y fiscalizar todos los actos referentes a la votación y los escrutinios. Los delegados podrán ejercer vigilancia en los locales de las Juntas Electorales mientras custodien en ellos las urnas de votación".

NOTA: Se sustituye la denominación centros políticos por agrupaciones que hayan registrado hojas de votación. Se ha precisado el concepto, ya que son las referidas agrupaciones las que, al participar en la elección, tienen derecho a designar delegados.

Art. 82. - Sustitúyese el artículo 169 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Además de los delegados a que se refiere el artículo anterior, las agrupaciones que hayan registrado hojas de votación en el departamento podrán designar uno o más delegados generales con facultades de
representación en todas las comisiones receptoras de votos que funcionen en el departamento".

NOTA: Se introduce el mismo cambio incluido en el artículo 166.

Art. 83. - Sustitúyese el artículo 170 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"En el momento de la votación queda prohibida toda discusión entre los delegados de los partidos, así como entre éstos y las comisiones receptoras de votos. Quédales igualmente prohibido a los delegados interrogar a los votantes o mantener conversaciones con ellos dentro del local de votación".

NOTA: Se incorporan ajustes en la redacción.

Art. 84. - Sustitúyese el artículo 175 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

En ningún caso podrá estorbarse el tránsito de los electores desde su domicilio hasta los lugares de votación ni molestárseles en el ejercicio de sus funciones. Las autoridades electorales podrán recurrir al auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarlo de inmediato, en caso de comprobar la violación de este precepto".

NOTA: Se agrega la parte final para perfeccionar lo dispuesto en el artículo y dar medios eficaces a las autoridades electorales con el fin de asegurar el libre tránsito de los electores para el ejercicio de sus derechos cívicos.

Art. 85. - Sustitúyese el artículo 176 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Durante las horas en que se realicen elecciones no podrán efectuarse espectáculos públicos en local abierto o cerrado, ni manifestaciones o reuniones públicas de carácter político.

Tampoco podrán realizarse en la vía pública actos que procuren obtener adhesiones con cualquier finalidad o actos de propaganda proselitista.

Esta prohibición no impide la entrega a los votantes de las hojas de votación, siempre que se efectúe a una distancia superior a los cien metros del local donde funcionen comisiones receptoras de votos".

NOTA: Se hace extensiva la prohibición a los actos que procuren obtener adhesiones con cualquier finalidad o actos de propaganda proselitista que puedan convertirse en coacción al votante. Se especifica, además, que no constituye tales actos, la entrega al votante de las hojas de votación (práctica que los partidos desarrollan sin afectar la normalidad de la jornada electoral) y a los efectos de evitar cualquier incidencia se establece que dicha entrega no podrá efectuarse a una distancia menor a los cien metros del local donde actúa la comisión receptora de votos.

Art. 86. - Sustitúyese el artículo 179 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Queda igualmente prohibida la aglomeración de tropas y toda ostentación de fuerza pública armada durante el día de la recepción del sufragio. Dichas fuerzas, con excepción de las de policía indispensables para mantener el orden, deberán permanecer acuarteladas durante el acto eleccionario, sin perjuicio de concederse a sus integrantes el tiempo necesario para que concurran a sufragar".

NOTA: El agregado propuesto procura asegurar que el cumplimiento de esta norma no impida emitir su voto a los integrantes de las Fuerzas Armadas o de la Policía.

Art. 87. - Sustitúyese el artículo 180 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Ninguna autoridad pública podrá intervenir, bajo pretexto alguno, en el funcionamiento de las comisiones receptoras de votos. Esta prohibición no excluye el asesoramiento y asistencia que puedan proporcionar los funcionarios electorales".

NOTA: Se propone el agregado final a efectos de que los funcionarios electorales puedan asesorar a los integrantes de las comisiones receptoras, colaborando para el mejor cumplimiento de sus cometidos.

Art. 88. - Sustitúyese el artículo 181 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Queda prohibido a los jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía permanecer en el local de las comisiones receptoras de votos más tiempo del necesario para sufragar, encabezar grupos de electores, emplear los locales, útiles y elementos de sus reparticiones en actos electorales de cualquier especie y hacer valer, en forma alguna, la influencia de sus cargos para coartar, impedir o alterar la libertad del sufragio".

NOTA: En este artículo se propone un cambio de redacción que incluye a la Policía en la hipótesis, por así corresponder a la realidad vigente.

Art. 89. - Derógase el artículo 184 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925.

NOTA: Este artículo atendía razones históricas que hoy en día han desaparecido.

Art. 90. - Sustitúyese el artículo 186 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"El personal militar o policial podrá votar uniformado, pero sin armas".

NOTA: Es un cambio que incluye al personal policial por así corresponder a la realidad vigente.

Art. 91. - Sustitúyese el artículo 187 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Queda absolutamente prohibido destruir hojas de votación en dependencias de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como todo acto de propaganda dentro de las mismas, sin perjuicio de la correspondencia privada.

La misma prohibición alcanza a las demás dependencias del Estado".

NOTA: La modificación responde a que se estima que en toda dependencia estatal debe prohibirse la propaganda política y que se repartan hojas de votación.

Art. 92. - Sustitúyese el artículo 188 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Queda, también, absolutamente prohibido bajo pena de destitución inmediata, toda intervención de los jerarcas de la Administración Pública que coarte el derecho del personal bajo su dependencia a la libre emisión del voto".

NOTA: Se hace extensiva a todos los jerarcas de la Administración Pública la prohibición de la norma que, en su actual redacción, limita a los superiores del personal policial. La prohibición específica para jerarcas policiales es suprimida, por razones de coherencia en este artículo y reproducida en el siguiente.

Art. 93. - Sustitúyese el artículo 189 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"En las dependencias de las Fuerzas Armadas y de la Policía será permitida la intervención de los delegados partidarios para comprobar si se ha dado absoluta libertad de acción a los inscriptos para el acto del voto, libertad que no podrá ser coartada ni aun para el cumplimiento de penas disciplinarias.

Queda absolutamente prohibido a los jerarcas policiales bajo pena inmediata de destitución, todo acto que impida la propaganda directa de los partidos políticos fuera de los locales que ocupan los locales policiales".

NOTA: Se agrega un segundo inciso con la prohibición incluida en la versión del artículo 188, antes de su propuesta de modificación.

Art. 94. - Sustitúyese el artículo 190 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Los funcionarios públicos, propietarios, directores y administradores de establecimientos comerciales o industriales, y todo patrono, deberán conceder a los inscriptos habilitados para votar, que estén bajo su dependencia, un término no menor de dos horas para que concurran a votar en sus respectivos circuitos, sin perjuicio de los haberes o jornales que les correspondan".

NOTA: La modificación propuesta responde a la razón expresada en la NOTA al artículo 1º.

Art. 95. - Sustitúyese el artículo 191 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Son delitos electorales:

1º. - La falta de cumplimiento por parte de los miembros de las autoridades públicas y de las autoridades, oficinas y corporaciones electorales, de cualquiera de las obligaciones o formalidades que expresamente impone esta ley.

2º. - El sufragio o tentativa de sufragio realizado por persona a quien no corresponda la inscripción utilizada para ello, o por persona que ya hubiera votado en la misma elección.

3º. - La violación o tentativa de violación del secreto del voto.

4º. - El suministro de los medios para la violación del secreto del voto.

5º. - La violencia física o moral ejercida en el sentido de impedir, coartar o estorbar en cualquier forma el ejercicio libre y personal del sufragio. La infracción de lo dispuesto en el artículo 190 por quienes tengan personas bajo su dependencia.

6º. - La obstrucción deliberada opuesta al desarrollo regular de los actos electorales.

7º. - El ofrecimiento, promesa de un lucro personal o la dádiva de idéntica especie, destinados a conseguir el voto o la abstención del elector.

8º. - El abuso de autoridad ejercido por los funcionarios públicos que fueren contra las prescripciones del Capítulo XIX de esta ley.

9º. - La adulteración, modificación o sustracción, falsificación de las actas y documentos electorales, así como la violación de los instrumentos destinados a cerrar la urna o paquetes que contengan dichas actas y documentos.

10. - La organización, realización o instigación de desórdenes, tumultos o agresiones que perjudiquen el desarrollo regular de los actos electorales.

11. - El arrebato, destrucción, estrago u ocultación de las urnas, actas, registros o documentos electorales.

12. - El uso indebido del lema perteneciente a cualquier partido que lo posea legalmente, en la propaganda verbal, escrita o televisiva, escudos, carteles, sellos, membretes y toda otra forma de publicidad. Esta disposición alcanza a toda expresión o palabra impresa que evidentemente induzca a confusión de los electores".

NOTA: Se agrega el numeral 12 en el que se incorpora el delito previsto en la denominada Ley de Lemas, Nº 9.378 de 5 de mayo de 1934, con su misma redacción.

Art. 96. - Sustitúyese el artículo 192 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

`"Los delitos a que se refiere el artículo anterior serán castigados:

El del numeral 1º con la pena de tres días de privación de libertad, que se elevará a dos meses, con
privación de empleo si fuere cometido por funcionarios públicos con infracción de los deberes de su cargo.

Los numerales 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º con la pena de tres a seis meses de prisión, que se elevará a la pena de seis meses a un año de prisión con privación de su empleo cuando fuere cometido por funcionario público o electoral con infracción de los deberes de su cargo.

El del numeral 8º con la pena de seis meses a un año de prisión con privación de empleo.

Los de los numerales 9º y 10 con la pena de seis meses a un año de prisión, que se elevará a la de un año a dos años, con privación de empleo, si fuere cometido por funcionario público con infracción de los deberes a su cargo.

El del numeral 11 con la pena de dos a cuatro años de penitenciaría.

El del numeral 12 con la pena de tres días de privación de libertad a tres meses de prisión.

Si en los casos previstos por los numerales 9º, 10 y 11 al cometer el delito se hubiese incurrido además, en algún otro de los que castiga el Código Penal, se aplicará, en caso de ser mayor, la pena correspondiente agravada en dos grados".

NOTA: Se modifica la pena correspondiente al delito previsto en el numeral 2º del artículo anterior porque se entiende que tanto el que usurpa la identidad de otra persona para votar, como el que vota dos veces está cometiendo un grave delito electoral que merece una sanción más severa de la que estableció el Legislador de 1925. Asimismo se establece pena para el delito contemplado en el numeral 12 que se agrega al artículo.

Art. 97. - Sustitúyese el artículo 193 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Respecto de los delitos a que se refiere el artículo 191 regirán, en lo pertinente, las disposiciones contenidas en los artículos 196 a 203, inclusive, de la Ley de Registro Cívico Nacional".

NOTA: Se introduce un cambio de redacción para armonizar de modo más ajustado la norma con las indicadas de la Ley de Registro Cívico Nacional.

Art. 98. - Sustitúyese el artículo 195 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Están exentos de tributos todas las solicitudes, reclamos y protestas que se hagan con relación al funcionamiento de esta ley".

NOTA: Sólo se propone un cambio de redacción para adecuar la disposición a la normativa vigente en materia tributaria.

Art. 99. - Sustitúyese el artículo 197 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"Facúltase a la Corte Electoral para realizar todos los gastos que demande la realización de los actos electorales y plebiscitarios".

NOTA: Se mantiene el inciso primero de la versión vigente, con un ajuste de redacción que procura hacer más precisa y pertinente la facultad que la ley otorga a la Corte Electoral en la materia a que hace referencia la norma. Asimismo se suprime el segundo inciso en virtud de que la indemnización a los integrantes de las comisiones receptoras de votos está regulada en otra disposición del presente proyecto.

Art. 100. - Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 13.882, de 18 de setiembre de 1970, por el siguiente:

"La Corte Electoral confeccionará después de cada elección nacional, la nómina de las personas con inscripción vigente en el Registro Cívico Nacional que no hayan votado en dos elecciones inmediatas anteriores.

A los efectos indicados en el inciso anterior, no se tendrán en cuenta las elecciones a que se refiere el artículo 148 de la Constitución de la República".

NOTA: En el artículo 1º se precisa que la elección a que refiere la norma, es la elección nacional, pues si no se definiera de ese modo podría generar dudas sobre la reiteración del procedimiento en oportunidad de la elección de gobiernos departamentales, lo que no resulta necesario a los efectos de esta ley.

Art. 101. - Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 13.882, de 18 de setiembre de 1970, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.331, de 23 de diciembre de 1974, por el siguiente:

"Las personas que figuren en dichas nóminas, deberán presentarse ante las Oficinas Electorales Departamentales respectivas a ratificar sus inscripciones, dentro del plazo de tres años contados a partir del 31 de marzo del segundo año siguiente a las elecciones a que se refiere el artículo 1º ".

NOTA: Esta disposición procura que el plazo de que disponen los inscriptos no votantes para ratificar sus inscripciones expire en la misma fecha en que se cierra el período inscripcional. La referencia al 31 de marzo en lugar del 15 de mayo responde al hecho de que la Corte, en proyecto de ley que ha recibido aprobación en la Cámara de Senadores ha propuesto esa fecha para el cierre del período inscripcional.

Art. 102. - Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 13.882, de 18 de setiembre de 1970, por el siguiente:

"La exclusión recién se hará efectiva una vez transcurridas las elecciones internas partidarias previstas en el artículo 77 numeral 12) y en la Disposición Transitoria y Especial letra W) de la Constitución. Si el inscripto excluido sufragara en ellas la Corte Electoral dispondrá, de oficio, que se deje sin efecto la exclusión de su inscripción cívica.

El inscripto que hubiese sido excluido podrá solicitar hasta cuarenta y cinco días antes de la fecha fijada para la realización de la elección nacional, ante la Junta Electoral de su residencia, que se deje sin efecto la resolución que ordena su exclusión del Registro Cívico Nacional.

Vencido este plazo su inscripción quedará definitivamente excluida de lo cual se dejará constancia en el respectivo expediente inscripcional debiendo el excluido inscribirse nuevamente en el Registro Cívico Nacional para poder ejercer su derecho al sufragio en las subsiguientes elecciones".

NOTA: En la sistemática consagrada en la Ley de Elecciones, para que se admita el voto de una persona es necesario que su nombre figure en la nómina de electores del circuito o, en su defecto, que su hoja electoral aparezca en el registro electoral del mismo.

Así lo establece expresamente el artículo 81 de la Ley Nº 7.812.

La Ley Nº 13.882 introdujo un mecanismo supletorio de depuración del Registro Cívico disponiendo la exclusión de oficio de los no votantes en dos elecciones sucesivas. Pero al permitir en su artículo 5º que el excluido votara observado en la elección subsiguiente, el mismo tiempo que desconoció el principio general consagrado en el artículo 81 de la Ley Nº 7.812 -ya que en este caso el votante no figura ni en el padrón ni en el cuaderno de hojas electorales del circuito, contribuyó a incrementar la cifra de los votos observados.

Con la modificación propuesta a dicho artículo 5º se procura disminuir la cantidad de votos observados y restablecer en todos sus términos el principio general consagrado en el artículo 81 de la Ley de Elecciones, conforme al cual no debe admitirse el voto de quien no figura ni en el padrón ni en el cuaderno de hojas electorales. Como contrapartida, y con la finalidad de permitir que sufrague sin observación quien no votó en dos elecciones nacionales sucesivas, ni se presentó a ratificar su inscripción durante los posteriores tres años en que la nómina de no votantes estuvo en exposición, se asigna eficacia para dejar sin efecto la exclusión al sufragio emitido en la elección interna partidaria a celebrarse en abril del año en que han de tener lugar las elecciones nacionales y se otorga un plazo a quien fue excluido por no votante, que expira cuarenta y cinco días antes de la elección, para solicitar se deje sin efecto dicha exclusión y, de este modo, quedar habilitado para sufragar sin incrementar la cifra de votos observados.

Art. 103. - Sustitúyese el artículo 12 de la Ley Nº 8.070 de 23 de febrero de 1927, por el siguiente:

"La Corte Electoral dispondrá la rehabilitación de aquellas inscripciones que se encuentren inhabilitadas, siempre que antes de los setenta y cinco días previos a las elecciones nacionales previstas en el artículo 77 (inciso 1º, numeral 9º) de la Constitución, haya tomado conocimiento de que han desaparecido las causas determinantes de la suspensión de la ciudadanía en cada caso. La Oficina Nacional Electoral procederá a la comprobación de tales extremos e informará si corresponde proceder en tal sentido, y la Corte Electoral resolverá la rehabilitación y ordenará que se retiren del Registro de Inhabilitados los documentos respectivos, los que se guardarán, debidamente ordenados, en un archivo especial. Asimismo dispondrá que la hoja electoral del inscripto pase a la sección correspondiente del Registro Electoral y que sus datos sean incorporados a la nómina de electores.

El trámite de rehabilitación podrá iniciarse de oficio o a pedido de cualquier ciudadano".

NOTA: Se ajustan los plazos previstos para proceder a la rehabilitación de inscripciones suspendidas, cuando corresponda, de acuerdo con las nuevas fechas establecidas por la Constitución para la realización de elecciones nacionales. También se procede a una nueva redacción que procura ser más clara a propósito de los procedimientos a seguir.

Art. 104. - Agrégase al artículo 5º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, los siguientes incisos finales:

"Si se realizara la segunda elección prevista en el artículo 151 de la Constitución, los treinta días de plazo para la justificación de no haber votado, se contarán tanto para la primera como para la segunda elección a partir del día siguiente a esta última.

Respecto de la elección de Gobiernos Departamentales rige lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo".

NOTA: Se agregan los dos incisos finales a efectos de aclarar el alcance del plazo previsto en el primer inciso. Esta aclaración es pertinente y necesaria al haber dispuesto la nueva Constitución que las elecciones que se realizaban antes en forma simultánea en un solo acto, estén ahora divididas en tres instancias diferentes, y una de ellas sea eventual.

INFORME EN MINORIA

La intensa labor cumplida por la Comisión Especial encargada de estudiar la legislación electoral a la luz de las nuevas normas constitucionales, dio lugar a importantes acuerdos en un amplio espectro de cambios a introducir a la normativa legal en la materia.

En la mayoría de los artículos de la Ley Nº 7.812 de 16 de enero de 1925 que se propone modificar, los miembros de la Comisión alcanzaron soluciones alternativas por unanimidad, lo que refleja la empecinada búsqueda de coincidencias sobre la base de un común convencimiento en la necesidad de actualizar en lo imprescindible una ley excepcional que ha cumplido, con modificaciones parciales, más de siete décadas y media en la vida institucional del país, y que ha sido fundamento del sistema electoral uruguayo, en particular de su transparencia y seguridad, motivo de orgullo para los uruguayos.

Estos acuerdos, sin embargo, no han sido totales, y el presente informe en minoría expresa discordias en aspectos que no son secundarios. El suscripto comparte la preocupación de los demás miembros de la Comisión sobre la exigencia tácita que impone la Constitución de reducir los plazos disponibles para la realización de los escrutinios departamentales, a efectos de que la Corte Electoral pueda proclamar en tiempo y forma los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República que participarían en una segunda elección si no se alcanzaran las mayorías establecidas para la primera. La celeridad requerida, que habrá de lograrse de modo coadyuvante con la modernización del organismo, impone también cambios en la legislación y adaptación de reglas y procedimientos. En las propuestas que sobre algunos artículos ha acordado la mayoría de la Comisión, se suprimen garantías establecidas por la ley vigente -en particular el voto observado por identidad en determinadas condiciones, supresión no compartida aunque sea realizada en nombre de la necesidad de reducir plazos y disminuir dificultades en los escrutinios departamentales. La brevedad que estos deberán alcanzar no tendría que resultar incompatible con el mantenimiento de un conjunto de seguridades que están en el sustento democrático del régimen electoral, para cuya construcción se conjugaron tantas luchas, esfuerzos y desvelos que forman parte de la mejor tradición nacional.

Esta interpretación en absoluto procura siquiera remotamente atribuir a la mayoría de la Comisión una intención deliberada de eliminar garantías del sistema. Se trata en todo caso de puntos de vista diferentes, sostenidos siempre con el respeto que puede merecer la sincera opinión ajena. No obstante, el informante en minoría considera fundamentales las discordias establecidas al respecto, y asimismo estima que con las modificaciones que se proponen a continuación, incluidas las que corresponden a algunos artículos de la Ley Nº 13.882 de 18 de setiembre de 1970, por caminos diferentes a los propuestos mayoritariamente por la Comisión, se podrá cumplir con las nuevas disposiciones constitucionales en un marco normativo legal que concilie adecuadamente celeridad y seguridad.

Art. 22. - Se propone agregar al texto propuesto el siguiente inciso final:

"Son circuitos urbanos o suburbanos los pertenecientes a circunscripciones con 500 o más habilitados para votar. Son circuitos rurales los pertenecientes a circunscripciones con menos de 500 habilitados para votar".

NOTA. - Aunque la Corte ha recibido propuestas de Juntas Electorales para eliminar la posibilidad de votar observado fuera de circuito en circunscripciones rurales (al igual que fueron desechadas otras hipótesis de voto observado fuera de circuito - votos interdepartamentales, votos fuera de circuito en la hora de prórroga en cualquier zona o distrito dentro del mismo departamento), creemos que es posible mantener la posibilidad de votar en tales condiciones siempre y cuando queden consolidadas reglas que impidan distorsiones que se han dado en anteriores oportunidades y se alcance el objetivo de disminuir los votos observados a efectos de poder proclamar los resultados de la elección nacional en un tiempo razonablemente breve, sin que se supriman las garantías que están en la base del sistema que asegura la pureza del sufragio.

Por eso resulta necesario establecer criterios claros para definir la índole de las circunscripciones a las que corresponden los diversos circuitos. Al no fijar criterios el Legislador, las calificaciones de las zonas y distritos quedaron sujetas a la discrecionalidad de las autoridades electorales lo que ha dado lugar a transformaciones de zonas suburbanas en rurales, sin el consiguiente fundamento que las hubiera justificado, o al mantenimiento de zonas rurales como tales cuando su desarrollo poblacional y urbanístico hubiera obligado a calificarlas de suburbanas o urbanas. Para terminar con esa práctica inconveniente y perjudicial se propone que la ley recoja un criterio preciso en la materia, que tenga que ser rigurosamente observado a la hora de definir la índole de las circunscripciones electorales. En tal sentido se han tomado en cuenta -a la luz de la evolución del país en los 70 años transcurridos- el primero y más importante de los elementos ya contenidos en la versión original del artículo 22 de la Ley Nº 7.812, en concreto la densidad de población, expresada en la propuesta que se formula en términos electorales, esto es en cantidad de habilitados para votar, y en un número cercano, apenas superior, al que se considera para la constitución de las unidades circuitales.

De este modo, con un criterio nítido como el que se propone, quedarán exclusivamente acotados los circuitos rurales a las circunscripciones que tengan ese carácter, y como consecuencia se producirá una significativa reducción de votos observados.

Art. 77. - Se propone sustituir el artículo por el siguiente:

"El sufragio se emitirá solamente ante las Comisiones Receptoras del departamento en que se halle vigente la inscripción cívica.

Ante las comisiones que actúen en los circuitos urbanos y suburbanos sólo podrán sufragar los electores comprendidos en el circuito que corresponda a cada una de dichas comisiones. Exceptúanse de esta disposición los miembros actuantes de la Comisión Receptora de Votos y el custodia quienes podrán sufragar ante la comisión en que actúen debiendo exhibir su credencial. En tal caso y si no pertenecieran al circuito se admitirán sus votos con observación simple".

NOTA: La redacción propuesta respeta la clasificación entre votos observados simples y por identidad, por no compartirse la clasificación que propone la mayoría de la Comisión entre votos observados por no pertenecer al circuito y observados por identidad. Se comparte, en cambio, la excepción prevista para miembros actuantes de la Comisión Receptora de Votos y para el custodia quienes podrán sufragar con observación simple, en la medida en que la exhibición de la credencial complementa otros datos identificatorios provenientes de los organismos públicos que han propuesto sus nombres, así como de las propias autoridades electorales que han definido la integración y la custodia de las Comisiones Receptoras. Por sus características particulares, esta información puede ser considerada de modo excepcional como supletoria ante la ausencia de la Hoja Electoral correspondiente en el circuito, lo que habilitaría a que la observación en este caso no fuera por identidad.

Art. 78. - Se propone sustituir el numeral 3) por el que sigue:

"3) Los votos emitidos por electores no pertenecientes al circuito deberán ser admitidos con observación por identidad, salvo los integrantes y el custodia de la Comisión Receptora, los que votarán con observación simple, cuando corresponda".

NOTA: El sufragante que concurre a un circuito rural que no le corresponde (porque no pudo acceder al de la serie y el número de su inscripción, en virtud de diversas circunstancias), debe votar observado y esa observación debe ser por identidad.

Tal es el criterio que se ha venido aplicando desde 1925 y no debe ser modificado porque constituye una garantía básica del sistema electoral, en mérito a las siguientes consideraciones.

En efecto, salvo en el circuito que corresponde a la respectiva serie y número, en los restantes circuitos los miembros de Comisiones Receptoras carecen de la necesaria documentación del registro electoral, la única que les permitiría cotejar la autenticidad de la credencial cívica que el sufragante presenta en el acto.

Como hacía notar uno de los integrantes de la célebre y benemérita Comisión de los 25, el doctor Andrés Martínez Trueba, en memorable intervención en la Cámara de Representantes: "la observación por identidad tiene por fundamento el que ese ciudadano no figura ni en la nómina ni en el registro electoral (...) De manera que lo que corresponde es dejar sentada la observación de un ciudadano que vota en un circuito que no le corresponde a su inscripción, y se lo debe observar por no corresponder a ese circuito, por no figurar su nombre en la nómina de electores, ni en el Registro Electoral. Se deja constancia de la observación, haciéndola por identidad, a los efectos de comprobar después si es el mismo ciudadano que está habilitado para votar en otra parte". Es muy claro que para el Legislador del 25, la observación por identidad en estas circunstancias era de recibo, pues la presentación de la credencial cívica no es suficiente por sí sola para acreditar la identidad, acreditación que en la hipótesis prevista sólo quedaría perfeccionada mediante el cotejo con el Registro Electoral. De este modo queda descartada toda posibilidad de maniobra fraudulenta con la utilización de credencial cívica falsa.

Se ha señalado que por deficiencia en la toma de la impresión dígito pulgar o por omisión de la referida toma, el voto observado en tales condiciones termina siendo rechazado. Para evitar que tales situaciones se vean reiteradas, es necesario que la Corte y las Juntas Electorales adopten medidas más eficaces en la preparación de los miembros de Comisiones Receptoras, en particular de aquellas que actuarán en circuitos rurales, y asimismo se les aporte planchuelas y tinta adecuadas, lo que según informe técnico del Registro Dactiloscópico permitiría tomar las impresiones sin dificultades.

Por lo demás, es cierto que el alto número de votos observados por identidad que se ha verificado en los últimos comicios y elecciones en las circunstancias a que hace referencia la norma, ha impuesto un estudio más prolongado con la consecuente demora en la finalización de los escrutinios departamentales. Sin embargo, la reducción de los circuitos rurales a los que corresponden de modo estricto a zonas que efectivamente sean de igual índole (superando la distorsionada situación actual en la que circuitos rurales operan en jurisdicciones suburbana o urbana) se traduciría en una muy importante disminución de votos observados por identidad. La reducción será mayor en la medida en que sólo puedan votar observado quienes estén inscriptos en zonas rurales y se prohíba expresamente la instalación de esas Comisiones Receptoras en jurisdicción no rural. De estas tres condiciones, las dos últimas han sido aceptadas por unanimidad por la Comisión Especial de la Corte que ha estudiado la ley de elecciones, pero no serían suficientes sin la primera a la que se hace particular hincapié en el fundamento a la modificación
propuesta al artículo 22.

La demora en los escrutinios departamentales por el estudio de los votos observados por identidad también podría reducirse con la prevista informatización del organismo, en particular la que refiere a la remisión por pantalla, desde todas las Oficinas Electorales Departamentales, de las huellas digitales que figuren en las hojas de identificación para su cotejo en el Registro Dactiloscópico de la Oficina Nacional Electoral, lo que se traducirá en una economía sustancial de los tiempos disponibles.

De esta manera la Corte Electoral estará en condiciones de realizar la proclamación en tiempo y forma para habilitar, si fuera necesario, la segunda elección prevista en el artículo 151 de la Constitución.

Art. 79. - Se propone mantener la redacción actual.

NOTA: No se considera conveniente modificar este artículo como propone la mayoría de la Comisión, en la medida en que se recorta un derecho reconocido a los delegados partidarios para observar aquellos votos que lo requieran. La modificación propuesta acota una facultad conferida desde larga data por la legislación con lo cual podría eventualmente restarle eficacia a la acción fiscalizadora del delegado, acción en la que radica la naturaleza misma del agente, perdiéndose de ese modo una garantía fundamental para la transparencia y pureza del sistema electoral.

Por lo demás, la experiencia muestra que se ha apelado a este instrumento de control con la prudencia necesaria, y no existe ni siquiera indicio que permita prever un cambio en tal conducta con consecuencias entorpecedoras para el desarrollo normal de los escrutinios.

Art. 81. - Se propone la siguiente redacción:

"Se admitirá el voto de toda persona que manifieste pertenecer al circuito en que actúe la Comisión Receptora, aunque su nombre no figure en la nómina de electores, siempre que en el Registro Electoral del circuito figure su hoja electoral. Se admitirá, asimismo, el voto de toda persona que manifieste pertenecer al circuito, aunque su hoja electoral no figure en el Registro Electoral del circuito, siempre que su nombre figure en la nómina de electores. En ambos casos el votante será observado. En el segundo lo será necesariamente por identidad.

En caso de que el votante exhiba su credencial cívica pero no figure su nombre en la nómina de electores ni su hoja electoral en el Registro Electoral del circuito, se admitirá el voto pero la Comisión Receptora deberá observar necesariamente por identidad el sufragio emitido en estas condiciones y retener la credencial cívica del votante a efectos de remitirla en la urna a la Junta Electoral respectiva para que se proceda, si correspondiere, a la regularización de la documentación electoral del sufragante.

Se expedirá a quien vote en las condiciones indicadas en el inciso anterior una constancia que acredite la emisión del sufragio".

NOTA: Se propone adaptar el texto del artículo 81 a las modificaciones introducidas por el artículo 7 de la Ley Nº 16.083, de 18 de octubre de 1989. Las mismas consideraciones realizadas en el fundamento a la propuesta de modificación al artículo 78 son aplicables en lo pertinente a la presente norma. En efecto, si bien en este caso el sufragante vota en el circuito que le pertenece, la no figuración de la hoja electoral en el Registro Electoral del circuito, obliga a que sea observado por identidad por las razones ya consignadas y que refieren en lo fundamental a que la acreditación de identidad no puede ser perfeccionada en esa instancia porque la Comisión Receptora no tiene en su poder la documentación que habilitaría un cotejo a tales efectos. Pero además se admite que la persona sufrague aunque no figure en el Registro Electoral del circuito ni en la nómina de electores, siempre que presente su credencial cívica, porque la no incorporación de su hoja electoral en el cuaderno respectivo y la simultánea omisión del nombre en la nómina de electores, pudo ser consecuencia de una cancelación errónea -como ha ocurrido en varias oportunidades- o de un error administrativo cuyos efectos no es posible que recaigan sobre el sufragante, al que se le cercenaría el derecho de votar si no se acepta el procedimiento de la admisión del voto con la consecuente necesaria observación por identidad, introducido expresamente por la Ley Nº 16.083.

Si bien esta última hipótesis no fue contemplada por la Ley de Elecciones de 1925, algunos parlamentarios llamaron la atención sobre el tema en oportunidad de su debate, en particular el doctor Mendívil, quien advirtió que la no figuración en la nómina de electores ni en el Registro Electoral del circuito podía constituirse en un caso corriente. La experiencia de más de siete décadas han dado en parte razón al Legislador Mendívil en la medida en que se han sucedido, aunque felizmente no en forma extendida, situaciones de la índole por él denunciada. El número de casos suele ser reducido, y por consiguiente no afectará de modo sustancial los plazos de los escrutinios departamentales. Resulta prioritario, asimismo, que la ley ampare al votante cuyo derecho al sufragio -de lo contrario- se vería coartado por responsabilidad exclusiva de la Administración. El procedimiento, por lo demás, habilita la eventual regularización de la documentación electoral si fuera necesario.

Art. 104. - Se propone la siguiente redacción:

"Terminada la votación y firmada el acta de clausura a que se refiere el artículo 97, se procederá a abrir la urna y a retirar y contar lo sobres que hubiera en ella, comprobándose si su número concuerda con el que indique la lista ordinal. Luego se separarán los sobres conteniendo votos observados, se verificará también si su número coincide con el que indique la lista ordinal y, sin abrirlos, se harán dos paquetes; uno con los que correspondan a votos observados simples, otro con los que correspondan a votos observados por identidad. En la envoltura de cada paquete se expresará el número de sobres que contiene. La envoltura será firmada por el Presidente y Secretario de la Comisión, sellada y lacrada".

NOTA: La redacción propuesta se adapta a la clasificación de votos observados que se ha sostenido para la presente ley, y que difiere de la propuesta por la mayoría de la Comisión.

Art. 132. - Se propone la siguiente redacción:

"Respecto a cada uno de los votos con observación simple, correspondientes a integrantes y custodia de la Comisión Receptora, se comprobará si la inscripción se encuentra vigente y hábil y mediante la lista ordinal de votantes del circuito al que pertenece si el votante ha sufragado también en él. Si no lo hubiera hecho, se validará su voto agregando su nombre a la lista ordinal respectiva. Si de la comprobación resultara que el votante había sufragado también en su circuito, el sobre de votación se destruirá sin abrir, reservándose la hoja de observación a los efectos de iniciar la acción penal correspondiente.

A efectos de realizar las comprobaciones previstas en este artículo se tendrán en cuenta las planillas a que se refiere el artículo 93".

NOTA: El procedimiento previsto en esta disposición corresponde sólo a los miembros y al custodia de las Comisiones Receptoras, los únicos que están habilitados a votar con observación simple fuera del circuito al que pertenece su inscripción, de acuerdo con las iniciativas que se promueven en este informe en minoría. El sufragio de las demás personas que voten fuera de su circuito, en zonas rurales, deberá necesariamente ser observado por identidad y será de aplicación para el escrutinio el procedimiento de los artículos 131 y 137.

Ley Nº 13.882 de 18 de setiembre de 1970

Se proponen las siguientes redacciones:

"Artículo 3º. - Las personas que figuren en dichas nóminas, deberán presentarse ante las Oficinas Electorales Departamentales respectivas a ratificar sus inscripciones, a partir del 31 de marzo del segundo año siguiente a las elecciones a que se refiere el artículo 1º y hasta 45 días antes de la fecha fijada para la realización de las siguientes elecciones nacionales ordinarias.

El plazo establecido en el inciso anterior regirá asimismo para los inscriptos que se hallen ausentes del país, los que deberán presentarse a ratificar sus inscripciones ante la oficina consular uruguaya más próxima a su residencia temporaria. La oficina consular, de inmediato y dentro del mismo plazo, deberá comunicar a la Corte Electoral la ratificación recibida, la que será acompañada necesariamente de la impresión dígito pulgar derecha del inscripto".

"Art. 4º. - Las personas que no hayan ratificado sus inscripciones en el plazo que dispone el artículo anterior, serán incluidas no obstante en la nómina de electores y en el Registro Electoral y les será admitido el sufragio en las inmediatas elecciones nacionales".

"Art. 5º. - Con posterioridad a la realización de las elecciones nacionales ordinarias, durante el mes de diciembre del mismo año, la Corte Electoral dispondrá, de oficio, la exclusión automática de las inscripciones que no hayan sido ratificadas o las correspondientes a las personas que no hayan sufragado en las elecciones previstas en el artículo 77 (numeral 12) o en las elecciones nacionales, publicando las resoluciones por el término de diez días.

Se dejará constancia en los respectivos expedientes inscripcionales de las inscripciones que queden definitivamente excluidas, debiendo sus titulares inscribirse nuevamente en el Registro Cívico Nacional, una vez iniciado el período inscripcional, para poder ejercer su derecho al sufragio en las siguientes elecciones".

NOTA: Se introducen modificaciones a los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 13.882 de 18 de setiembre de 1970, con la finalidad de eliminar los votos observados, sin que ello afecte el derecho al ejercicio del sufragio (que en condiciones de observación prevé el régimen vigente para las personas que figuran en la nómina de no votantes de las dos elecciones inmediatas anteriores) y para cumplir de oficio, una vez celebradas las elecciones, con la necesaria depuración del Registro Cívico Nacional que persigue la ley en cuestión.

El artículo 3º incluye la misma redacción que la que propone la Comisión, pues se considera pertinente ampliar el período para que las personas que figuran en la nómina de no votantes puedan ratificar su inscripción antes de la elección nacional y de ese modo queden regularizadas sus situaciones en el Registro Cívico Nacional. Asimismo se prevé un procedimiento que presenta analogías con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley Nº 16.017 de 20 de enero de 1989 para contemplar la situación de aquellos inscriptos que se hallen fuera del país.

A diferencia de la propuesta en mayoría de la Comisión, que elimina el derecho al sufragio de aquellas personas que no hayan ratificado su inscripción en el plazo establecido en el artículo 3º (al disponer la exclusión de sus inscripciones y no admitirles el voto observado por identidad, como lo prevé el régimen vigente), la redacción del artículo 4º, proyectado en minoría, habilita el voto en condiciones regulares (con la inclusión del nombre de la persona que no ratificó su inscripción en la nómina de electores así como su hoja electoral en el Registro Electoral del circuito que corresponda) de tal modo que pueda ejercer el sufragio, sin necesidad de que su voto sea observado. De esta manera se contempla al sufragante que no pudo votar en las dos elecciones anteriores ni pudo ratificar su inscripción antes de la tercera elección y al mismo tiempo se elimina la posibilidad de que aumente por esta vía el número de votos observados.

Finalmente, y para que se cumpla con el objetivo de depuración del Registro Cívico Nacional que persigue la ley mediante el original y compartible procedimiento de excluir a los no votantes de elecciones anteriores, y con el fin de no demorar esa depuración más tiempo que el mínimo imprescindible, se dispone, en el artículo 5º propuesto en minoría, la exclusión de oficio de las inscripciones que no hayan sido ratificadas o que correspondan a personas que no hayan votado en la elección interna partidaria o en la tercera elección nacional, una vez realizada esta última, durante el mes de diciembre de ese año.

Con estas modificaciones al régimen vigente y al que proyecta en mayoría la Comisión, se procura hacer compatibles situaciones y principios que deben ser contemplados por el Legislador con equilibrio y ponderación, sin que ninguno se vea en definitiva postergado.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

Carlos A. Urruty

Alfonso Mario Cataldi Presidente

Secretario Letrado

Carp. Nº 877/97
Rep. Nº 506/97
Anexo I

CAMARA DE SENADORES
Comisión Especial

 

INFORME

Al Senado:

MODIFICACION DE LA LEGISLACION
ELECTORAL VIGENTE

El proyecto de ley que se somete a la consideración del Senado, proviene, en su redacción original, de la Corte Electoral, organismo que de acuerdo con lo que dispone la Sección XVIII, De la Justicia Electoral, artículos 322 a 328 de la Constitución, le corresponde conocer en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales, estando facultada por el voto conforme de seis de sus miembros, de los cuales tres por lo menos deberían ser miembros elegidos por dos tercios de votos de la Asamblea General, a anular total o parcialmente las elecciones y convocar a nueva elección.

La Corte Electoral, en su iniciativa procedió, de manera minuciosa, a tomar en cuenta las nuevas disposiciones constitucionales que establecen la realización en el país, de varias instancias electorales, para la elección de los integrantes del Poder Ejecutivo, Cuerpos Legislativos nacionales y departamentales e Intendentes Municipales, comenzando con la necesidad de organizar y controlar las elecciones internas establecidas en la Letra W) de las Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución.

Con una perfecta identificación de los plazos previstos entre una elección y las otras, la Corte Electoral adoptó, como criterio regulador, el de eliminar todos los procedimientos y emisiones de sufragios que pudieran enlentecer el recuento de votos y la publicación de los resultados.

Para conocer y difundir el resultado preliminar del escrutinio primario en la misma noche de la realización de las elecciones nacionales, se establece la obligación de las Comisiones Receptoras de Votos de acompañar, con la urna y fuera de ella, una copia del acta de escrutinio, que habilita a que la respectiva Junta Electoral sume los votos obtenidos en el departamento y lo comunique a la Corte Electoral.

La modificación fundamental que se adopta está constituida por un cambio radical en materia de votos observados. Es conocido que en el proceso legislativo, en materia electoral, constituyó siempre un verdadero valor cívico de preservación esencial la defensa y seguridad del sufragio, por lo que las observaciones por identidad conformaron una especie de última garantía.

Esta práctica fue modificándose por necesidad infranqueable, eliminándose primero el voto interdepartamental, y ahora se procede a la eliminación del voto interseccional dentro de cada departamento y también el voto de los delegados de mesa, cuando su credencial no corresponde al circuito.

En la condición de voto observado por identidad, queda solamente el caso que el votante figure únicamente en la nómina de electores y no exhiba su credencial.

Por supuesto que se podrá, a solicitud de un delegado partidario, apoyado por un miembro de mesa, artículo 40 numeral 3º, a observar por identidad un voto, cuando se ven circunstancias que lo habilitan.

La innovación fundamental que se crea es la categoría de votos observados simples, es decir que no lo son por identidad, y que es reservada únicamente para los miembros de mesa, que no pertenezcan al circuito y al custodia. Pero para todas se exige la exhibición de la credencial.

Asimismo se comprende en esta categoría de votos observados simples, a los votos emitidos por un ciudadano inscripto en un circuito rural que vote en otro circuito rural del mismo departamento. En este aspecto la Corte, en el artículo 15, proyectó prohibir la instalación de las mesas receptoras rurales, en las zonas urbanas y suburbanas, propuesta que no fue aceptada por la Comisión, que eliminó el último apartado del artículo 15, por lo que quedará a criterio de las Juntas Electorales y de la Corte instalar las Comisiones Receptoras rurales, procurando su equidistancia con respecto al domicilio de los inscriptos, pero también observando la facilitación del traslado de los votantes, elemento que en las jornadas electorales es de vital importancia.

Cabe señalar, con respecto a estas modificaciones que en las elecciones correspondientes a 1994, los votos observados por identidad alcanzaron la cifra de 66.000 y en el plebiscito del 8 de diciembre de 1996 a 68.000 por lo que se debe señalar la entidad del cambio que se realiza.

Además, como lo expresa la Corte Electoral en su mensaje: "Para el mismo efecto de abreviar la duración de los escrutinios departamentales, se propone en el artículo 57 del proyecto anticipar el inicio de los mismos para dentro de los tres días siguientes al de la elección; se prevé la asistencia de la Corte Electoral a las Juntas Electorales (artículo 58); en el artículo 59 se reafirma la intangibilidad del acta de escrutinio y se limita la posibilidad de recurrir al examen del contenido de la urna; se establece la prioridad del estudio de los votos observados (artículo 61) y para adelantar el mismo, en el artículo 63, se permite recurrir a la planilla especial de votos observados creada en el artículo 44 del proyecto; se establece en el artículo 64 la decisión conjunta y simultánea de todas las observaciones; se preceptúa en el artículo 70 que las Juntas Electorales deben terminar los escrutinios antes del octavo día siguiente al de su iniciación y en los artículos 75 a 77 del proyecto se abrevian los plazos para recurrir ante la Junta Electoral las resoluciones y procedimientos de las Comisiones Receptoras de Votos y los de la propia Junta Electoral practicados durante el escrutinio, así como para recurrir de los procedimientos y actos de competencia originaria de la Corte Electoral en materia de elecciones. También se abrevia el plazo de que disponen los partidos políticos para protestar una elección y para solicitar su anulación.

A nivel de la Comisión Especial se analizaron particularmente los artículos 5º, 9º, 15, 20, 22, 25, 41, 57 y 70 del proyecto, luego de recibir un informe de la Subcomisión designada a los efectos del correspondiente estudio.

El artículo 5º ajusta la redacción, sin modificaciones significativas a la actual legislación, procurando la debida identificación de las hojas de votación y listas de candidatos a través de los lemas, sublemas y distintivos, dándole especial significación a los números como identificatorios, a los que se les llama "número de orden", los que se pueden reservar de una elección a la otra.

El artículo 9º mereció una especial atención ya que regula lo relativo al registro de las hojas de votación para la elección del artículo 151 -balotaje- y además refiere a la conformación gráfica de dicha hoja, habiéndose optado por un doble registro, el pronunciamiento de la Corte del resultado de la elección y el que realicen los candidatos a la Presidencia de la República o sus delegados lo que debe hacerse diez días antes por lo menos de dicha elección.

Cabe resaltar que se dispuso que las hojas de votación para la segunda vuelta se impriman en papel color blanco y tinta de color negro, admitiéndose como únicos distintivos los nombres y fotografías de los candidatos.

Con respecto al artículo 15, ya que con anterioridad se explicitó su contenido.

El artículo 20, por el cual se sustituye el artículo 30 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, procede a una modificación importante y tiene que ver con el aceleramiento del escrutinio.

Los partidos políticos podrán reclamar ante la Corte Electoral de las deficiencias del padrón hasta treinta días antes de cada elección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley y también lo podrán hacer los ciudadanos omitidos.

El artículo 22, contiene la verdad de la incorporación como miembros de mesa, de los escribanos y el
artículo 25 determina las consiguientes remuneraciones.

Las modificaciones e innovaciones del artículo 41, ya fueron comentados en cuanto tienden a disminuir el número de votos observados, pero corresponde subrayar que sólo no se admitirá el voto en el caso de las elecciones establecidas por el numeral 9º del artículo 77 de la Constitución cuando el ciudadano exhibe la credencial, pero no figura su nombre en el padrón ni su hoja electoral en el Registro electoral del circuito. El padrón deberá publicarse sesenta días antes de la elección de octubre.

El artículo 57, dispone la iniciación del escrutinio por las Juntas Electorales dentro de los tres primeros días siguientes a la elección.

El artículo 70, ordena que las Juntas Electorales, terminen los escrutinios antes del octavo día siguiente a su iniciación. Si así no ocurre, lo realizará la Corte, debiéndolo terminar antes del quinto día siguiente a la recepción de los antecedentes.

En los términos y conceptos que anteceden creemos haber formulado las principales modificaciones introducidas en la legislación electoral, de la cual, en algún momento habrá que proceder a realizar un Digesto para facilitar su mensaje y comprensión.

Como última novedad, cabe señalar que en el artículo 6º se incorpora una nueva modalidad para colocar los nombres de los candidatos en las listas, llevando a cuatro las ordenaciones. Con la misma se distingue para convocar a los suplentes, si el llamado es por vacancia deficitaria o temporal.

Como conclusión final, corresponde informar que las modificaciones que no se comentan individualmente y que fueron realizadas en el proyecto de la Corte Electoral, en un número importante, se deben a la necesidad de adecuar los textos legales a una nueva realidad, pero que sustancialmente no producen cambios que exijan explicaciones.

Sala de la Comisión, el 10 de diciembre de 1997.

Walter Santoro (Miembro Informante), Danilo Astori (Con salvedades), Jorge Batlle, Jorge Gandini, Luis Alberto Heber, Manuel Laguarda (Con salvedades), Rafael Michelini, Pablo Millor, Américo Ricaldoni, Helios Sarthou (Con salvedades).

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Son electores todas las personas inscriptas en el Registro Cívico Nacional que por resolución ejecutoriada de la Corte Electoral estén comprendidos en el momento de la elección en la Sección "Habilitados para Votar", organizada por el artículo 64 de la Ley de 9 de enero de 1924.

Constituyen la sección "Habilitados para Votar" a que se refiere el inciso anterior las hojas electorales correspondientes a las inscripciones en el Registro Cívico Nacional que no hubieren sido impugnadas, las que habiendo sido impugnadas hubieren sido mantenidas por resolución de las autoridades competentes, y aquellas sobre las cuales, en el juicio de exclusión respectivo, no se hubiere pronunciado sentencia ejecutoriada dentro del período de calificación".

Art. 2º. - Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 3º. - En las elecciones de Presidente de la República, Cámara de Senadores, Cámara de Representantes, Intendentes Municipales, Juntas Departamentales, Juntas Locales Electivas y Juntas Electorales, podrán sufragar las personas que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 1º.

Esas mismas personas serán las habilitadas para votar en la elección prevista en el artículo 151 de la Constitución, si fuera necesario realizarla. Esta se llevará a cabo con el mismo padrón y hojas electorales que rigieron en la anterior, con la misma integración de las Comisiones Receptoras de Votos -salvo las sustituciones que deban operarse por razones de fuerza mayor- y sobre la base de los mismos planes circuitales, que no requerirán nueva "publicidad".

Art. 3º. - Derógase el artículo 4º de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925.

Art. 4º. - Deróganse los artículos 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925.

Art. 5º. - Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 26 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 11. - Las hojas de votación y las listas de candidatos insertadas en ellas deberán distinguirse por la diversidad de sus lemas, o, en el caso de tenerlos, de sus sublemas o distintivos. Las autoridades electorales decidirán si las hojas de votación presentadas reúnen las condiciones requeridas para no inducir en confusión a los votantes. Dicha diversidad se señalará, además, por número de orden que irán colocados encabezando las hojas de votación en caracteres claros de mayor tamaño, encerrados en un círculo.

En cada período preeleccionario los partidos o agrupaciones políticas mantendrán el derecho de prioridad sobre el uso del número o números que hayan utilizado para distinguir sus hojas de votación en la elección nacional anterior.

Igual derecho mantendrán las agrupaciones departamentales sobre el uso del número que hayan utilizado en la elección departamental anterior.

Los partidos o agrupaciones políticas que deseen utilizar en una elección el mismo número usado en la anterior, deberán hacerlo saber así a las Juntas Electorales con cincuenta días por lo menos, de anterioridad al del acto comicial.

Vencido dicho término sin que se haya hecho la comunicación a que se refiere el parágrafo anterior la Junta Electoral podrá conceder los números sin excepción a cualquier otro partido o agrupación que los hubiere solicitado por orden de presentación.

Art. 6º. - Sustitúyese el artículo 12 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 26 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928 y el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 10.167, de 29 de mayo de 1942, por el siguiente:

"ARTICULO 12. - Las listas de candidatos contendrán los nombres de los mismos, colocados de alguna de las maneras siguientes:

a) En una sola ordenación sucesiva, debiendo convocarse, en caso de vacantes de cualquiera de los titulares, a los demás candidatos que no hubieran sido electos titulares, por el orden sucesivo de su colocación en la lista.

b) En dos ordenaciones, correspondiente, una, a los candidatos titulares, y la otra a los suplentes, debiendo convocarse, en caso de vacante, a dichos suplentes, por el orden sucesivo de su colocación en la lista.

c) En dos ordenaciones, correspondiente una a los candidatos titulares y otra a los suplentes respectivos de cada titular, debiendo convocarse en primer lugar a los suplentes correspondientes al titular cuya vacancia hubiera de suplirse, y en segundo, a los demás suplentes de la lista en el orden establecido en el literal b).

d) En dos ordenaciones, correspondiente, una a los titulares y otra a los suplentes respectivos de cada titular. Si la vacancia del titular fuera definitiva, lo suplirá el primer titular no electo de la lista siguiendo el orden preferencial descripto en el literal a). En esa circunstancia los suplentes respectivos serán los que ya suplían al titular que cesó. En cambio si la vacancia del titular fuera temporal, se convocará al suplente respectivo de la lista según el orden establecido en el literal c).

Los partidos políticos podrán optar por cualquiera de estas fórmulas, debiendo comunicarlo a la Corte Electoral, o a la Junta Electoral que corresponda, al registrar sus listas y establecerlo con claridad en ellas, a cuyo efecto se denominará sistema preferencial de suplentes al del apartado a), de suplentes ordinales al del literal b), de suplentes respectivos al del literal c) y mixto de suplentes preferenciales y respectivos al del literal d).

El número de candidatos titulares no podrá exceder al del de los cargos que se provean por medio de la elección para la cual se proponen los candidatos, salvo el caso del apartado a), en el cual no podrá pasar el cuádruple de dicho número.

El número de candidatos suplentes no podrá pasar del triple de los titulares".

Art. 7º. - Derógase el inciso primero del artículo 13 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 26 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928.

Art. 8º. - Sustitúyese el artículo 14 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 26 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 14. - Con treinta días por lo menos de anterioridad al de la elección, todo partido o agrupación política que proponga candidaturas deberá registrar en las Juntas Electorales tres ejemplares impresos, por lo menos, de las hojas de votación en que figuren dichas candidaturas, con su número, color de tinta de impresión, lema y, en su caso, sublemas y distintivos partidarios.

Una de las hojas de votación deberá ir autorizada por la firma de las autoridades ejecutivas del partido o agrupación registrante.

Junto con los ejemplares impresos de la hoja, los registrantes deberán acompañar una nómina de los candidatos que integran las listas de circunscripción departamental, con indicación de las series y números de las respectivas credenciales cívicas. Esta exigencia comprenderá la totalidad de la lista de Intendente Municipal y al primer tercio, por lo menos, de los titulares y suplentes correspondientes a los otros órganos que se proveen por medio de la elección.

Para las listas que intervienen en circunscripción nacional la misma comunicación deberán realizar a la Corte Electoral las autoridades nacionales de las agrupaciones partidarias que las patrocinan.

Art. 9º. - Sustitúyese el artículo 15 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las manifestaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 15. - En caso de que deba celebrarse la segunda elección prevista en el artículo 151 de la Constitución, las hojas de votación se registrarán ante la Corte Electoral diez días antes, por lo menos a dicha elección. En este caso, además de los ejemplares previstos en el artículo anterior, se entregarán a la Corte la cantidad suficiente para que ella remita a cada Junta Electoral tres ejemplares, por lo menos, de las hojas de votación que hubieran sido presentados.

Las fórmulas presidenciales quedarán automáticamente registradas, con el pronunciamiento que haga la Corte Electoral del resultado de la elección.

Los habilitados para el registro de las hojas de votación son los candidatos a la Presidencia de la República o sus delegados.

Las hojas de votación se imprimirán en papel de color blanco y con tinta de color negro, e incluirán solamente los nombres de los candidatos y sus fotografías, no admitiéndose distintivos adicionales de especie alguna.

La reglamentación de la Corte Electoral determinará las demás características de las hojas de votación, tales como sus dimensiones y gramaje del papel, antes de la realización de la primera elección".

Art. 10. - Sustitúyese el artículo 16 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 16. - Las Juntas Electorales y la Corte Electoral, en su caso, publicarán, dentro de las veinticuatro horas de su presentación, la composición y características de las hojas de votación que se fueren presentando y las exhibirán a los delegados partidarios que las solicitaren.

La oposición al registro podrá deducirse dentro de los dos días siguientes a su publicación."

Art. 11. - Sustitúyese el artículo 17 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 17. - Las Juntas se negarán a registrar toda hoja de votación que no presente diversidad en el lema o sublema, si lo hubiere, o en las imágenes, sellos, distintivos, o en alguna de las listas de candidatos contenidas en la hoja, respecto de las anteriormente registradas".

Art. 12. - Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 18. - Las Juntas Electorales y la Corte Electoral, en su caso, negarán el registro de las hojas de votación que se presenten, si ellas contienen como lema o sublema las denominaciones partidarias registradas por los partidos, o los lemas y sublemas registrados por ellos en elecciones anteriores, siempre que las autoridades nacionales de dichos partidos se opusieren al registro dentro de los dos días siguientes a la publicación de la hoja de votación que se pretenda registrar".

Art. 13. - Sustitúyese el artículo 20 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 20. - Sólo podrán tenerse en cuenta, a los efectos del escrutinio, las hojas de votación registradas de acuerdo con los artículos anteriores".

Art. 14. - Sustitúyese el artículo 21 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 21. - Serán nulas las hojas de votación cuyo lema, sublemas, tinta de impresión, candidatos, imágenes, signos o sellos distintivos, difieran de los que figuran en las hojas de votación registradas ante la Junta Electoral.

Se considerarán iguales a las registradas, las hojas de votación votadas, cuando expresen o representen lo mismo a juicio de la Junta Electoral o de la Corte Electoral, cualesquiera sean las diferencias de detalle que presenten".

Art. 15. - Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 8.927, de 16 de diciembre de 1932, por el siguiente:

"ARTICULO 22. - Las personas inscriptas en las zonas urbanas y suburbanas votarán en circuitos formados de acuerdo con la ordenación correlativa de sus respectivas series.

Las personas inscriptas en las zonas rurales votarán en los circuitos que integren, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Registro Cívico Nacional, a cuyo efecto las Juntas Electorales, en cuanto sea posible, ubicarán las Comisiones Receptoras de Votos procurando su equidistancia con respecto a los domicilios de los inscriptos correspondientes al circuito".

Art. 16. - Sustitúyese el artículo 23 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 8.927, de 16 de diciembre de 1932, por el siguiente:

"ARTICULO 23. - Sesenta días antes de la fecha en que deba realizarse el acto eleccionario, cada Junta Electoral propondrá a la Corte Electoral, el plan circuital del departamento. A tal efecto clasificará los circuitos electorales, en la siguiente forma:

1º Las inscripciones comprendidas en los distritos urbanos y suburbanos, agrupadas por el orden correlativo de su numeración en el distrito, en circuitos que no sobrepasen el número de cuatrocientos inscriptos.

2º Las inscripciones correspondientes a los distritos rurales, agrupadas por circuitos, en orden ascendente de numeración, no pudiendo éstos comprender más de trescientos inscriptos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22".

Art. 17. - Sustitúyese el artículo 26 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 8.927, de 16 de diciembre de 1932, por el siguiente:

"ARTICULO 26. - En cada circuito electoral funcionará una Comisión Receptora de Votos. El local en que haya de funcionar la Comisión, será determinado por la Junta Electoral, teniendo en cuenta, en lo que sea posible, su equidistancia con respecto a los domicilios de las personas correspondientes al circuito. La ubicación de dicho local será la misma en todas las elecciones, salvo que por fuerza mayor, o conveniencia indiscutible, reconocida por tres quintos de votos de los integrantes de las Juntas, se haga necesario cambiar dentro del circuito".

Art. 18. - Sustitúyese el artículo 27 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 27. - Aprobado el plan circuital la Corte Electoral dispondrá su publicación en carteles, que se imprimirán en número suficiente para que puedan distribuirse con profusión en las respectivas circunscripciones electorales o en otros medios de difusión. La publicación contendrá la serie y número del circuito, número inicial y número final de las inscripciones habilitadas para votar en él; lugar donde funcionará la Comisión Receptora, día de la elección y horas hábiles para el sufragio".

Art. 19. - Sustitúyese el artículo 29 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 7º del Decreto-Ley Nº 10.789, de 23 de setiembre de 1946, por el siguiente:

"ARTICULO 29. - La distribución de los electores por circuito se fijará en lugares públicos y se publicará en la prensa de las localidades, veinte días antes de la elección. En el local en que deba funcionar cada Comisión Receptora se colocará necesariamente un cartel que indique serie y número de circuito, número inicial y número final de las inscripciones habilitadas para votar en él".

Art. 20. - Sustitúyese el artículo 30 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 30. - Los partidos políticos podrán reclamar ante la Corte Electoral de las deficiencias que a su juicio existan en el padrón de habilitados para votar hasta treinta días antes de la fecha fijada para cada elección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley. Dentro del mismo término, los ciudadanos omitidos podrán formular reclamación por escrito, personalmente o por carta certificada. La Corte Electoral dispondrá las rectificaciones que procedan y las comunicará a la Junta Electoral que corresponda".

Art. 21. - Sustitúyese el artículo 31 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 7º del Decreto-Ley Nº 10.789, de 23 de setiembre de 1946, por el siguiente:

"ARTICULO 31. - La Corte Electoral formará los registros electorales correspondientes a cada circuito. A tal efecto, la Oficina Nacional Electoral ordenará, en la forma que considere más adecuada, las hojas electorales de los inscriptos comprendidos en cada circuito, las encuadernará de manera tal que no puedan ser separadas y dejará en la carátula la constancia auténtica de su contenido. La Corte Electoral remitirá dichos cuadernos, sin demora alguna, a las Juntas Electorales".

Art. 22. - Sustitúyese el artículo 33 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 33. - Las designaciones para integrar dichas Comisiones recaerán en funcionarios públicos y escribanos públicos. Sólo por excepción, si éstos no fueran suficientes, podrán recaer en ciudadanos que no tengan esa calidad. En todos los casos se tomará en cuenta solamente a quienes tengan su inscripción cívica vigente en el departamento en que deban actuar.

Las designaciones efectuadas para la elección nacional mantendrán su vigencia si fuera necesario llevar a cabo la segunda elección prevista en el artículo 151 de la Constitución de la República".

Art. 23. - Sustitúyese el artículo 35 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 35. - La condición de miembro de las Comisiones Receptoras de Votos es irrenunciable. Sólo se admitirán como causales fundadas para no integrar dichas Comisiones las previstas en los literales A), B) y C) del artículo 6º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, que deberán acreditarse en la forma establecida en el artículo 7º de dicha ley, modificada por el artículo 6º de la Ley Nº 16.083, de 18 de octubre de 1989. La Junta Electoral respectiva apreciará las renuncias presentadas y su resolución será irrevocable".

Art. 24. - Sustitúyese el artículo 37 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 37. - A efectos de hacer posible el cumplimiento del cometido previsto por el artículo precedente, los organismos públicos deberán proporcionar a las Juntas Electorales, por lo menos noventa días antes del acto comicial, la nómina de los funcionarios de su dependencia en las condiciones que determinará la Corte Electoral.

Bajo la responsabilidad de los respectivos jerarcas, deberá figurar en las referidas nóminas la totalidad de los funcionarios que pertenezcan a su repartición correspondiendo incluir en forma preferente al personal superior, y el que forma parte de los escalafones técnico profesionales. Sólo se excluirán los funcionarios que, por encontrarse en la situación prevista en el artículo 34, no están en condiciones de integrar las Comisiones Receptoras de Votos".

Art. 25. - Sustitúyese el artículo 39 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, sustituido por el artículo 1º de la Ley Nº 16.584, de 22 de setiembre de 1994, por el siguiente:

"ARTICULO 39. - Los funcionarios públicos que sean designados para integrar Comisiones Receptoras de Votos en caso de ejercer sus funciones, tendrán asueto el día siguiente al de la elección y cinco días de licencia.

En el mismo caso, los escribanos públicos que no tengan la calidad de funcionarios públicos percibirán por su actuación una retribución equivalente a doce unidades reajustables.

Esta retribución se hará efectiva mediante el descuento de ese importe en el pago de tributos recaudados por la Dirección General Impositiva que se devenguen con motivo del ejercicio de su profesión.

Los funcionarios públicos designados como suplentes, que se presenten a la hora establecida en el artículo 55 y cumplan con la obligación prevista en el inciso segundo del artículo 58, tendrán derecho a dos días de licencia si no suplen a los titulares.

Los funcionarios públicos que no concurran a integrar las Comisiones Receptoras de Votos para las que fueron designados o lo hagan pasada la hora prevista en el artículo 55 sin justificar debidamente su omisión, serán sancionados con una multa equivalente al importe de un mes de sueldo, que será retenido de sus haberes.

Los descuentos se efectuarán a requerimiento de la Corte Electoral, la que instrumentará las medidas necesarias para la aplicación de las sanciones.

Los escribanos públicos que incurran en idéntica omisión serán sancionados con una multa equivalente a sesenta unidades reajustables. El pago de la multa se hará efectivo en la Junta Electoral del departamento que corresponda a su inscripción cívica siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 8º, 9º 10 y 11 de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989.

Las inasistencias a los cursos de capacitación harán perder el derecho al uso de la licencia o a la retribución previstos en los incisos primero y segundo de este artículo".

Art. 26. - Sustitúyese el artículo 42 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 42. - Son atribuciones de las Comisiones Receptoras:

a) Recibir los sufragios de los inscriptos con arreglo a lo establecido en el Capítulo VIII;

b) Decidir inmediatamente todas las dificultades que ocurran a fin de no suspender su misión;

c) Efectuar los escrutinios primarios a que se refiere el Capítulo XI;

d) Conservar el orden impidiendo que se altere la normalidad del ejercicio del sufragio, para lo cual dispondrá de la fuerza pública necesaria".

Art. 27. - Sustitúyese el artículo 45 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 45. - Las Comisiones Receptoras de Votos deberán funcionar en los locales designados previamente por la Junta Electoral.

Las Juntas Electorales procurarán seleccionar locales que por su emplazamiento permitan el fácil acceso de los electores eligiendo con preferencia los locales públicos, salvo los destinados a las Fuerzas Armadas o la Policía. Cuando no se dispusiera de locales públicos suficientes para la instalación de las Comisiones Receptoras o los disponibles no reuniesen las condiciones adecuadas, las Juntas Electorales podrán utilizar sin compensación locativa las propiedades privadas que consideren necesario".

Art. 28. - Sustitúyese el artículo 47 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 47. - Los locales de votación deberán estar en comunicación inmediata con otro local o compartimiento cerrado -el cuarto secreto- dentro del cual puedan los electores, sin ser vistos colocar la hoja de votación en el sobre correspondiente.

Este último local o compartimiento no podrá tener más que una puerta utilizable para comunicarse con el local de votación.

Todas las demás aberturas que tuviere deberán clausurarse, lacrándose y sellándose por el Presidente y Secretario.

No podrán alterarse ni quitarse los sellos hasta la terminación del acto eleccionario.

La Junta Electoral tomará las disposiciones necesarias para que este local tenga la iluminación suficiente".

Art. 29. - Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 48. - En el referido local o compartimiento deberá haber una mesa u otro mueble
apropiado sobre el cual se colocarán ejemplares en número suficiente de todas las hojas de votación que hubiesen sido registradas".

Art. 30. - Sustitúyese el artículo 56 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 56. - Los miembros titulares que al llegar la hora siete no se hubieran hecho presentes, serán sustituidos inmediatamente por los suplentes ordinales, en el orden que corresponda. De todo ello, así como del nombre y apellido y serie y número de la credencial cívica del custodia se dejará constancia en el acta de instalación".

Art. 31. - Sustitúyese el artículo 58 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 58. - Si los titulares y suplentes de una Comisión Receptora de Votos no llegaran a tres, recurrirán para integrarla a los suplentes -en el orden en que fueron designados- de las demás Comisiones Receptoras de Votos que funcionen en el mismo local, que no se hayan constituido como titulares en dichas Comisiones y lo comunicarán a la Junta Electoral.

A estos efectos los suplentes deberán permanecer en el local de votación hasta que quede integrada la totalidad de las Comisiones Receptoras de Votos que han de funcionar en él.

Si la Comisión Receptora no pudiera integrarse en la forma prevista, los titulares y suplentes presentes que no lleguen a tres, invitarán a cualquier ciudadano, o ciudadanos para que ocupen provisoriamente los puestos de los ausentes e inmediatamente comunicarán lo ocurrido a la Junta Electoral".

Art. 32. - Sustitúyese el artículo 59 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 59. - Recibidas por la Junta Electoral las comunicaciones a que se refiere el artículo anterior, designará de inmediato el miembro o los miembros que sean necesarios para integrar la Comisión.

Esta designación o ratificación será comunicada de inmediato al Presidente de la Comisión que corresponda.

En las zonas rurales las comunicaciones se harán en la forma más rápida posible y por intermedio de la dependencia policial más próxima al lugar en que funcione la Comisión.

En este último caso, el funcionario policial dejará constancia de la comunicación en los libros de la oficina y la trasmitirá por escrito al Presidente de la Comisión".

Art. 33. - Sustitúyese el artículo 60 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 60. - Cada miembro de la Comisión Receptora y el custodia si su inscripción no correspondiese al circuito electoral en que actúe la Comisión, deberán exhibir su credencial cívica a fin de justificar su identidad".

Art. 34. - Sustitúyese el artículo 63 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 63. - Antes de iniciar sus funciones la Comisión Receptora de Votos deberá necesariamente extender un acta de su instalación, en la que hará constar lo siguiente:

1) La hora precisa de la instalación;

2) Los nombres de los miembros presentes especificándose en qué repartición pública desempeñan sus funciones o su calidad de escribano público y la serie y número de sus credenciales cívicas;

3) El nombre del custodia con indicación precisa de la serie y número de su credencial cívica y la repartición a la que pertenece;

4) Los nombres de los delegados partidarios presentes con expresión de la agrupación política que representan;

5) Los nombres de Presidente y Secretario;

6) Las observaciones que el acto de la instalación merezca por parte de los miembros o de los delegados que quieran hacerlas;

7) Todas las demás circunstancias que se refieran a la instalación.

El acta deberá ser firmada por todos los miembros presentes pudiendo hacerlo también los delegados que hubiesen concurrido al acto".

Art. 35. - Sustitúyese el artículo 70 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 70. - Los delegados partidarios entregarán al Presidente de la Comisión las hojas de votación de los partidos que representen, en número suficiente, a juicio de los mismos delegados".

Art. 36. - Sustitúyese el artículo 72 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 72. - Las hojas de votación serán depositadas por los delegados, en presencia del Presidente de la Comisión, en el cuarto secreto, en un mueble apropiado, de modo que puedan ser fácilmente distinguidas por los electores".

Art. 37. - Sustitúyese el artículo 74 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 74. - En cualquier momento en el transcurso de la votación, los delegados de los partidos podrán entregar a la Comisión Receptora de Votos hojas de votación que hayan sido registradas ante las autoridades electorales respectivas.

Los delegados colocarán de inmediato estas hojas en el cuarto secreto, en presencia del Presidente de la Comisión Receptora de Votos".

Art. 38. - Sustitúyese el artículo 77 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 77. - El sufragio se emitirá solamente ante las comunicaciones Comisiones Receptoras de Votos del departamento en que se halle vigente la inscripción cívica.

Ante las Comisiones que actúen en los circuitos urbanos y suburbanos sólo podrán sufragar los electores comprendidos en el circuito que corresponda a cada una de dichas Comisiones. Exceptúanse de esta disposición los miembros actuantes de la Comisión Receptora de Votos y el custodia quienes podrán sufragar ante la Comisión en que actúen -exhibiendo su credencial cívica- debiendo en tal caso admitirse sus votos con observación por no pertenecer al circuito".

Art. 39. - Sustitúyese el artículo 78 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1989, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 78. - Ante las Comisiones Receptoras de Votos que actúen en los circuitos rurales podrán sufragar sus integrantes y el custodia aunque no pertenezcan al circuito, siempre que tengan vigente su inscripción en el departamento. En tal caso sus sufragios serán admitidos con observación por no pertenecer al circuito. Podrán sufragar también los electores del departamento no comprendidos en el circuito en que éstas funcionen, siempre que su inscripción cívica corresponda a una circunscripción rural y se cumplan además las condiciones siguientes:

1) Los electores deberán presentar necesariamente su credencial cívica;

2) Mientras estuvieren presentes electores pertenecientes al circuito que aún no hubiesen sufragado, no podrá admitirse el voto de los electores que no pertenezcan al circuito;

3) Los votos emitidos por electores no pertenecientes al circuito deberán ser admitidos con observación por esta circunstancia".

Art. 40. - Sustitúyese el artículo 79 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 79. - Todo elector puede ser observado por las causales siguientes:

1) Por identidad, cuando a juicio de cualquiera de los miembros de la Comisión Receptora de Votos o de los delegados partidarios no correspondiera a la persona que se presenta a votar los datos que ella se atribuye o los que resultaren de la credencial que exhiba;

2) Por suspensión o pérdida de la ciudadanía o por suspensión de los derechos políticos;

3) Por inscripción múltiple.

Bastará con que un miembro de la Comisión Receptora de Votos apoye o mantenga la observación formulada para que la misma quede obligada a admitir el voto como observado".

Art. 41. - Sustitúyese el artículo 81 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, y las modificaciones dadas por el artículo 5º de la Ley Nº 13.882, de 18 de setiembre de 1970, por el siguiente:

"ARTICULO 81. - Se admitirá el voto de toda persona que manifieste pertenecer al circuito en que actúe la Comisión, aunque su nombre no figure en la nómina de electores siempre que en el registro electoral del circuito figure su hoja electoral. Se admitirá, asimismo, el voto, de toda persona que manifieste pertenecer al circuito, aunque su hoja electoral no figure en el registro electoral del circuito, siempre que su nombre figure en la nómina de electores. En ambos casos el votante será observado. En el segundo, si el votante no exhibe su credencial cívica, será observado por identidad.

En las elecciones a que se refiere el inciso primero del numeral 9º) del artículo 77 de la Constitución de la República no se admitirá el voto cuando la persona exhiba la credencial cívica pero no figure su nombre en el padrón, ni su hoja electoral en el registro electoral del circuito.

La Corte Electoral publicará el padrón electoral, a más tardar, sesenta días antes de la elección referida en el inciso anterior".

Art. 42. - Sustitúyese el artículo 83 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 83. - Inmediatamente el votante tomará un sobre de votación abierto de la caja que los contenga y mostrará a los miembros de la Comisión el número que lleve impreso.

Se anotará entonces en la lista ordinal el número de orden del votante, el número de la tirilla, la serie y número de la inscripción del votante, así como su nombre y apellido. Luego se invitará al votante a pasar al cuarto secreto para encerrar en el sobre la hoja de votación".

Art. 43. - Sustitúyese el artículo 84 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 84. - El elector, al entrar en el cuarto secreto, cerrará tras si la puerta y procederá de inmediato a colocar en el sobre la hoja de votación y a cerrarlo".

Art. 44. - Sustitúyese el artículo 93 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 93. - Antes de emitirse el voto se inscribirán en la lista ordinal de votación el nombre del votante, la serie y el número de su inscripción y la causal de observación si ésta se hubiere formulado.

Estos datos, el número del circuito y el número que correspondió al votante en la lista ordinal serán anotados, también, en una planilla especial destinada a registrar los votos observados emitidos en el circuito que se llevará en dos ejemplares y que deberá ser firmada por todos los integrantes de la Comisión Receptora y por los delegados que lo deseen.

Uno de los ejemplares de esa planilla será entregado conjuntamente con la urna y fuera de ésta, al Presidente y Secretario de la Junta Electoral o miembros que lo reemplacen".

Art. 45. - Sustitúyese el artículo 96 de la Ley Nº 7.812, de 1925, en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 16.584, de 22 de setiembre de 1994, por el siguiente:

"ARTICULO 96. - A las diecinueve y treinta horas terminará la recepción de sufragios. No obstante, si al llegar esa hora se comprobara por la Comisión que aún hay electores, siempre que pertenezcan al circuito, que no podrían sufragar por falta de tiempo, se prorrogará el término al solo efecto de que voten dichos electores sin que la prórroga pueda exceder de una hora.

Las Comisiones Receptoras de Votos a que refiere el artículo 78 se regirán durante la hora de prórroga por lo establecido en dicha disposición".

Art. 46.- Sustitúyese el artículo 104 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 104. - Terminada la votación y firmada el acta de clausura a que se refiere el artículo 97, se procederá a abrir la urna y a retirar y contar los sobres que hubiera en ella, comprobándose si su número concuerda con el que indique la lista ordinal.

Luego se separarán los sobres conteniendo votos observados, se verificará también si su número coincide con el que indique la lista ordinal y, sin abrirlos, se harán dos paquetes; uno con los que corresponda a votos observados por no pertenecer al circuito o no figurar en el padrón; otro con los que correspondan a votos observados por identidad.

En la envoltura de cada paquete se expresará el número de sobres que contiene. La envoltura será firmada por el Presidente y Secretario de la Comisión, sellada y lacrada".

Art. 47. - Sustitúyese el artículo 106 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 106. - En caso de que dentro de un mismo sobre apareciera más de una hoja de votación, si fueran idénticas y no excedieran de dos se validará una, anulándose la otra; si excedieran de dos se anularán todas; si fueran diversas se procederá de la siguiente manera: si fueran de distinto lema no valdrá ninguna; anulándose todas; si fueran del mismo lema se computará un voto al lema y no se tendrán en cuenta las hojas de votación para las operaciones ulteriores del escrutinio, sin perjuicio de dejarse constancia expresa en el acta del número que distingue las hojas de votación que componen el voto al lema. En este último caso la Junta Electoral, al practicar el escrutinio departamental, determinará si por contener las hojas sublemas o listas iguales, corresponde adjudicar un voto al sublema, o a la lista".

Art. 48. - Sustitúyese el artículo 107 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 107. - Toda hoja de votación que aparezca señalada con cualesquiera signos, enmendaduras, testaduras o nombres manuscritos, agregados, será nula.

Las roturas o dobleces que pueda presentar la hoja de votación no darán motivo para su anulación a
menos que por su magnitud demuestren la clara intención del votante de violar el secreto del voto.

Será nula, también, toda hoja de votación que no hubiera sido registrada ante la Junta Electoral respectiva".

Art. 49. - Sustitúyese el artículo 108 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 108. - No podrán anularse las hojas de votación con errores de impresión en el nombre o los nombres de los candidatos.

Tampoco serán anulables las hojas de votación cuando a juicio de la Comisión Receptora de Votos expresen o representen lo mismo que las registradas ante la Junta Electoral, cualesquiera sean las diferencias de detalle que presenten".

Art. 50. - Sustitúyese el artículo 109 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925 con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 109. - El Presidente y el Secretario de la Comisión Receptora de Votos firmarán cada una de las hojas de votación anuladas, las que se pondrán aparte para remitirlas a la Junta Electoral, sin tomarlas en cuenta en el cómputo a que se refiere el artículo 105".

Art. 51. - Sustitúyese el artículo 114 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 114. - La Comisión Receptora de Votos extenderá copia del acta de escrutinio o certificación de su resultado, firmada por todos sus miembros y por los delegados que lo desearen, para su entrega fuera de la urna al Presidente y Secretario de la Junta Electoral o miembros que lo reemplacen. Un ejemplar de dicha copia o certificación será entregado al delegado o miembros de la Comisión que lo solicitaren".

Art. 52. - Sustitúyese el artículo 115 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 115. - De inmediato se colocarán en la urna las hojas de votación escrutadas, los sobres que las contenían, los paquetes de votos observados, todas las actas labradas por la Comisión, un ejemplar de la planilla especial destinada a registrar los votos observados, las hojas de observaciones, los sobres de votación inutilizados, todos los sobrantes y los demás documentos recibidos por la Comisión para su funcionamiento.

La urna será cerrada, lacrada y sellada. Una de las llaves quedará en poder del Presidente y la otra en poder del Secretario de la Comisión".

Art. 53. - Sustitúyese el artículo 116 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 116.- Las Comisiones que actúen en circuitos que no disten más de veinticinco quilómetros de la capital de los departamentos, estarán obligadas a remitir la urna a la Junta Electoral el mismo día en que se efectúe la votación. Las Comisiones que actúen en los demás circuitos las remitirán dentro de las doce horas siguientes a la clausura de la votación."

Art. 54. - Sustitúyese el artículo 117 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 117.- La urna será conducida por el Presidente y Secretario de la Comisión Receptora de Votos, o, en caso de imposibilidad de éstos, por los miembros de la Comisión que ella designe".

Art. 55. - Sustitúyese el artículo 118 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 118. - La urna será entregada, en el local de la Oficina Electoral Departamental, al
Presidente y al Secretario de la Junta Electoral o a los dos miembros en quien ésta, por tres quintos de votos, delegue esa función.

De esta entrega se otorgará recibo en el que se indicará el estado de la urna, de sus lacres y sellos.

Las llaves serán entregadas a cada uno de los miembros de la Junta Electoral que reciban la urna".

Art. 56. - Incorpórase como artículo 120 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, el siguiente:

"ARTICULO 120. - Con las copias o los certificados a que se refiere el artículo 114 las Juntas Electorales realizarán las operaciones para la obtención del resultado de la votación en cada departamento y lo comunicarán a la Corte Electoral.

Esta reglamentará los plazos y procedimientos que deberán seguirse para la remisión de estas comunicaciones".

Art. 57. - Sustitúyese el artículo 125 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 26 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 125. - Dentro de los tres primeros días siguientes al de la elección, se reunirá la Junta Electoral en sesión permanente en el local de sus sesiones para iniciar el escrutinio departamental, que deberá continuarse diariamente durante seis horas diarias como mínimo hasta su terminación. Los miembros inasistentes serán conducidos a la sesión por la fuerza pública, a solicitud de los asistentes. La Corte Electoral fijará dentro de ese término el día y hora en que cada Junta Electoral deberá iniciar el escrutinio".

Art. 58. - Sustitúyese el artículo 126 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 8.693, de 15 de octubre de 1930, por el siguiente:

"ARTICULO 126. - La Corte Electoral prestará a las Juntas Electorales la asistencia que estime del caso a efectos de que éstas puedan finalizar la realización del escrutinio departamental en los plazos establecidos.

Asimismo reglamentará la intervención de los delegados partidarios en los escrutinios, para impedir obstrucciones y retardos injustificados".

Art. 59. - Sustitúyese el artículo 128 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 128. - La Junta Electoral no podrá desechar las actas y escrutinios revestidos de las formalidades prescriptas por esta ley, ni decretar la anulación de votos que no hubiesen sido observados ante las Comisiones Receptoras de Votos.

La Junta Electoral conocerá y resolverá sobre las observaciones formuladas ante dichas Comisiones y sobre las que, respecto de los votos ya observados, se hicieran durante el escrutinio. Sólo se recurrirá al examen del contenido de la urna en caso de ser necesario para resolver dichas observaciones o las reclamaciones que se formulen al amparo de artículo 159 o cuando los datos contradictorios consignados en las actas así lo requieran.

En caso de que faltare alguna de las actas de escrutinio primario serán válidas las copias o certificados otorgados de acuerdo con el artículo 114".

Art. 60. - Sustitúyese el artículo 130 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.082, de 27 de julio de 1978, por el siguiente:

"ARTICULO 130. - Inmediatamente el Presidente y el Secretario de la Junta Electoral irán abriendo una por una, de acuerdo con su orden numeral, las urnas recibidas y, dejando dentro de ellas las hojas de votación, extraerán los paquetes que contengan los votos observados, la planilla que los registra, la lista ordinal de votación, el cuaderno de hojas electorales del circuito, la nómina de electores y las hojas de votación que hubieran sido anuladas por la Comisión Receptora de Votos. Luego se volverá a cerrar la urna".

Art. 61. - Sustitúyese el artículo 131 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 131. - Sin perjuicio de pronunciarse sobre la validez de lo actuado por las Comisiones Receptoras, la Junta Electoral dará prioridad al estudio y escrutinio de los votos observados. A tal efecto el Presidente irá abriendo uno por uno los sobres exteriores de los votos observados por identidad, extraerá la hoja de identificación correspondiente y la remitirá a la Oficina Nacional Electoral para que efectúe las comprobaciones necesarias a fin de establecer la vigencia y la habilitación de la inscripción cívica y la identidad del votante".

Art. 62. - Incorpórase como artículo 132 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, el siguiente:

"ARTICULO 132. - Respecto a cada uno de los votos emitidos por inscriptos correspondientes al circuito, observados por no figurar el votante en la nómina de electores, sólo se comprobará si su inscripción se encuentra vigente y hábil. En tal caso, su voto será validado".

Art. 63. - Sustitúyese el artículo 133 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 133. - Respecto a cada uno de los votos emitidos fuera del circuito a que correspondiera la inscripción, se comprobará si la misma se encuentra vigente y hábil y mediante la lista ordinal de votantes de dicho circuito si el votante ha sufragado también en él. Si no lo hubiera hecho se validará su voto agregando su nombre a la lista ordinal respectiva. Si de la comprobación resultara que el votante había sufragado también en su circuito, el sobre de votación se destruirá sin abrir reservándose la hoja de observación a los efectos de iniciar la acción penal correspondiente.

A efectos de realizar las comprobaciones previstas en este artículo se tendrá en cuenta las planillas a que se refiere el artículo 93".

Art. 64. - Sustitúyese el artículo 134 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 134. - Conjuntamente con las demás observaciones se procederá a resolver aquellas a que se refieren los numerales 2) y 3) del artículo 79.

En todos los casos el sobre con el voto observado se mantendrá aparte resguardándolo bajo lacre, sello y firmas del Presidente y Secretario de la Junta Electoral".

Art. 65. - Sustitúyese el artículo 135 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 135. - Si resultara comprobado que la identidad del votante no corresponde a la del inscripto cuya credencial o datos se han utilizado para votar, y no se apelara en el acto de la resolución de la Junta Electoral, se rechazará el voto y se destruirá, sin abrirlo, el sobre de votación, reservándose la hoja de identificación a los efectos de iniciar la acción penal correspondiente".

Art. 66. - Sustitúyese el artículo 137 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 137. - Si resultara comprobada la identidad del votante con la del inscripto cuya credencial o datos se hubieran utilizado para votar, o si, en su caso, no resultaran justificadas las demás observaciones formuladas, y no se apelara en el acto de la resolución de la Junta Electoral, se admitirá el voto volviéndose a encerrar el sobre de votación en la urna correspondiente para su posterior escrutinio".

Art. 67. - Sustitúyese el artículo 138 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 138. - Hecha esta comprobación, se mezclarán todos los sobres de votación admitidos, procediéndose a su apertura y la extracción de su contenido".

Art. 68. - Sustitúyese el artículo 139 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 139. - Al escrutar los votos observados la Junta Electoral se ajustará a lo establecido en los artículos 106, 107 y 109".

Art. 69. - Sustitúyese el artículo 140 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 140. - Simultáneamente con la operación sobre los votos observados la Junta Electoral, verificará la correspondencia de los datos consignados en las actas entre sí y con los demás documentos elaborados por las Comisiones Receptoras de Votos y procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 128".

Art. 70. - Sustitúyese el artículo 141 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 26 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, y el agregado del artículo 6º de la Ley Nº 8.693, de 15 de octubre de 1930, por el siguiente:

"ARTICULO 141. - Terminadas todas las operaciones y una vez resueltas las cuestiones a que se refiere este Capítulo, la Junta Electoral hará el cómputo final de los votos emitidos en el departamento clasificándolos por lemas, sublemas y distintivos para cada uno de los cuerpos que corresponde proveer por medio de la elección y sumando los que contenga cada clasificación.

Cuando se trate de hojas de votación que tengan lema, sublema y distintivos generales para todas las listas de candidatos se entenderá que dichos lemas, sublemas y distintivos señalan a todas y cada una de las listas de candidatos insertadas en la hoja de votación.

Las Juntas Electorales deberán terminar los escrutinios antes del octavo día siguiente al de su iniciación.

En caso de no estar terminado para esa fecha un escrutinio cualquiera, se remitirán inmediatamente los antecedentes de la elección a la Corte Electoral.

La Corte deberá hacer lo posible para concluir el escrutinio antes del quinto día siguiente a la recepción de los antecedentes debiendo extremar para ese fin todos los medios legales a su alcance.

Si llegada esa fecha no hubiese terminado el escrutinio, se constituirá en sesión permanente, sin intermedios, hasta ponerle fin".

Art. 71. - Sustitúyese el artículo 142 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 142. - En las elecciones en que la República deba ser considerada como una sola circunscripción, las Juntas Electorales, cumpliendo lo dispuesto en este Capítulo, se limitarán a computar los votos válidos emitidos en sus respectivos departamentos, agrupándolos y contándolos por lemas, sublemas y listas de candidatos.

Del cómputo realizado dejarán constancia en acta, que firmada por los miembros de la Junta Electoral y delegados partidarios que lo deseen, se enviará a la Corte Electoral".

Art. 72. - Sustitúyese el artículo 143 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, con las modificaciones introducidas por el artículo 27 de la Ley Nº 8.312, de 17 de octubre de 1928, por el siguiente:

"ARTICULO 143. - Todos los documentos que tengan relación con la elección, así como las actas, registros, hojas de votación y sobres correspondientes, quedarán en poder y bajo la responsabilidad de la Junta Electoral, hasta tanto se haya resuelto de la validez de la elección o sean reclamados por la Corte Electoral".

Art. 73. - Sustitúyese el artículo 144 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 8.070, de 23 de febrero de 1927, por el siguiente:

"ARTICULO 144. - El cómputo de las elecciones en que la República deba ser considerada como una sola circunscripción, será realizado por la Corte Electoral".

Art. 74. - Sustitúyese el artículo 158 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 158. - De las resoluciones y procedimientos de las Juntas Electorales, en los actos previos a la elección, a que se refiere la Sección II, se podrá solicitar reposición dentro de los cinco días de su publicación. A esta reclamación deberá acompañarse la acción subsidiaria de apelación para ante la Corte Electoral.

El plazo para recurrir será de dos días si la resolución se refiere al registro de hojas de votación. Las Juntas Electorales deben fallar el recurso dentro de los tres días siguientes a su interposición. Si mantuvieran su resolución se franqueará la apelación elevándose de inmediato los autos a la Corte Electoral que los fallará sumariamente y sin ulterior recurso".

Art. 75. - Sustitúyese el artículo 159 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 159. - Las resoluciones y procedimientos de las Comisiones Receptoras de Votos en los actos del sufragio podrán ser observados en el acto dejándose las constancias correspondientes. Podrán asimismo ser reclamados hasta el día siguiente a la elección, ante la Junta Electoral respectiva que las resolverá conjuntamente con el escrutinio. La resolución de la Junta será recurrible en la forma prevista en el artículo 160".

Art. 76. - Sustitúyese el artículo 160 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 160. - De las resoluciones y procedimientos de las Juntas Electorales durante los escrutinios, se podrá solicitar reposición hasta el día siguiente de producirse. A esta reclamación deberá acompañarse la acción subsidiaria de apelación para ante la Corte Electoral. Las Juntas Electorales deben fallar el recurso dentro de los dos días siguientes a su interposición. Si la Junta mantuviera su decisión, sin perjuicio de continuar el escrutinio, cuyos resultados quedarán en suspenso hasta la resolución del recurso, se franqueará la apelación, elevándose los autos a la Corte Electoral, que los fallará sin ulterior recurso antes de los dos días siguientes, comunicando de inmediato la parte dispositiva de su resolución".

Art. 77. - Sustitúyese el artículo 161 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 161. - De los procedimientos y actos de competencia originaria de la Corte Electoral en materia eleccionaria, se podrá pedir reposición dentro de los tres días perentorios de su publicación.

La resolución que recaiga no admitirá ulterior recurso".

Art. 78. - Sustitúyese el artículo 162 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 8.070, de 23 de febrero de 1927, por el siguiente:

"ARTICULO 162. - Las autoridades nacionales de los partidos políticos registradas ante la Corte Electoral podrán protestar una elección y solicitar su anulación por actos que la hubieren viciado. Las protestas podrán presentarse durante los escrutinios y hasta los tres días siguientes al de su terminación ante la Corte Electoral. La presentación de una propuesta no obstará a la proclamación de los candidatos electos, quedando supeditada su validez o eficacia a la decisión que recaiga en el pedido de anulación".

Art. 79. - Derógase el artículo 164 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925.

Art. 80. - Sustitúyese el artículo 165 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 165.- La Corte Electoral podrá anular total o parcialmente las elecciones, requiriéndose para ello el voto conforme de seis de sus miembros, de los cuales tres, por lo menos, deberán ser los miembros elegidos por dos tercios de votos de la Asamblea General.

En tal caso deberá convocar a una nueva elección total o parcial la que se efectuará el segundo domingo siguiente a la fecha del pronunciamiento de nulidad. En la nueva elección no podrán concurrir otras hojas de votación que las registradas para la elección anulada".

Art. 81. - Sustitúyese el artículo 166 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 166. - Las agrupaciones que hayan registrado hoja de votación en el departamento podrán designar hasta dos delegados ante cada uno de los organismos electorales, para presenciar y fiscalizar todos los actos referentes a la votación y los escrutinios. Los delegados podrán ejercer vigilancia en los locales de las Juntas Electorales mientras custodien en ellos las urnas de votación".

Art. 82. - Sustitúyese el artículo 169 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 169. - Además de los delegados a que se refiere el artículo anterior, las agrupaciones que hayan registrado hojas de votación en el departamento podrán designar uno o más delegados generales con facultades de representación en todas las Comisiones Receptoras de Votos que funcionen en el departamento".

Art. 83.- Sustitúyese el artículo 170 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 170. - En el momento de la votación queda prohibida toda discusión entre los delegados de los partidos, así como entre éstos y las Comisiones Receptoras de votos. Quédales igualmente prohibido a los delegados interrogar a los votantes o mantener conversación con ellos dentro del local de votación".

Art. 84. - Sustitúyese el artículo 175 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 175. - En ningún caso podrá estorbarse el tránsito de los electores desde su domicilio hasta los lugares de votación ni molestárseles en el ejercicio de sus funciones. Las autoridades electorales podrán recurrir al auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarlo de inmediato, en caso de comprobar la violación de este precepto".

Art. 85. - Sustitúyese el artículo 176 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 176. - Durante las horas en que se realicen elecciones no podrán efectuarse espectáculos públicos en local abierto o cerrado, ni manifestaciones o reuniones públicas de carácter político.

Tampoco podrán realizarse en la vía pública actos que procuren obtener adhesiones con cualquier finalidad o actos de propaganda proselitista.

Esta prohibición no impide la entrega a los votantes de las hojas de votación, siempre que se efectúe a una distancia superior a los cien metros del local donde funcionen Comisiones Receptoras de Votos".

Art. 86. - Sustitúyese el artículo 179 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

ARTICULO 179. - Queda igualmente prohibida la aglomeración de tropas y toda ostentación de fuerza pública armada durante el día de la recepción del sufragio. Dichas fuerzas, con excepción de las de policía indispensables para mantener el orden, deberán permanecer acuarteladas durante el acto eleccionario, sin perjuicio de concederse a sus integrantes el tiempo necesario para que concurran a sufragar".

Art. 87. - Sustitúyese el artículo 180 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 180. - Ninguna autoridad pública podrá intervenir, bajo pretexto alguno, en el funcionamiento de las Comisiones Receptoras de Votos. Esta prohibición no excluye el asesoramiento y asistencia que pueden proporcionar los funcionarios electorales".

Art. 88. - Sustitúyese el artículo 181 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 181. - Queda prohibido a los jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía permanecer en el local de las Comisiones Receptoras de Votos más tiempo del necesario para sufragar, encabezar grupos de electores, emplear los locales, útiles y elementos de sus reparticiones en actos electorales de cualquier especie y hacer valer, en forma alguna, la influencia de sus cargos para coartar, impedir o alterar la libertad del sufragio".

Art. 89. - Derógase el artículo 184 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925.

Art. 90. - Sustitúyese el artículo 186 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 186. - El personal militar o policial podrá votar uniformado, pero sin armas".

Art. 91. - Sustitúyese el artículo 187 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 187. - Queda absolutamente prohibido distribuir hojas de votación en dependencias de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como todo acto de propaganda dentro de las mismas, sin perjuicio de la correspondencia privada.

La misma prohibición alcanza a las demás dependencias del Estado".

Art. 92. - Sustitúyese el artículo 188 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 188. - Queda, también, absolutamente prohibido bajo pena de destitución inmediata, toda intervención de los jerarcas de la Administración Pública que coarte el derecho del personal bajo su dependencia a la libre emisión del voto".

Art. 93. - Sustitúyese el artículo 189 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 189. - En las dependencias de las Fuerzas Armadas y de la Policía será permitida la intervención de los delegados partidarios para comprobar si se ha dado absoluta libertad de acción a los inscriptos para el acto del voto, libertad que no podrá ser coartada ni aun para el cumplimiento de penas disciplinarias.

Queda absolutamente prohibido a los jerarcas policiales bajo pena inmediata de destitución, todo acto que impida la propaganda directa de los partidos políticos fuera de los locales que ocupan los locales policiales".

Art. 94. - Sustitúyese el artículo 190 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 190. - Los funcionarios públicos, propietarios, directores y administradores de establecimientos comerciales o industriales y todo patrono, deberán conceder a los inscriptos habilitados para votar, que estén bajo su dependencia, un término no menor de dos horas para que concurran a votar en sus respectivos circuitos, sin perjuicio de los haberes o jornales que les correspondan".

Art. 95. - Sustitúyese el artículo 191 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 191. - Son delitos electorales:

1º La falta de cumplimiento, por parte de los miembros de las autoridades públicas y de las autoridades, oficinas y corporaciones electorales, de cualquiera de las obligaciones o formalidades que expresamente impone esta ley.

2º El sufragio o tentativa de sufragio realizado por persona a quien no corresponda la inscripción utilizada para ello, o por persona que ya hubiera votado en la misma elección.

3º La violación o tentativa de violación del secreto del voto.

4º El suministro de los medios para la violación del secreto del voto.

5º La violencia física o moral ejercida en el sentido de impedir, coartar o estorbar en cualquier forma el ejercicio libre y personal del sufragio. La infracción de lo dispuesto en el artículo 190 por quienes tengan personas bajo su dependencia.

6º La obstrucción deliberada opuesta al desarrollo regular de los actos electorales.

7º El ofrecimiento, promesa de un lucro personal, o la dádiva de idéntica especie, destinados a conseguir el voto o la abstención del elector.

8º El abuso de autoridad ejercido por los funcionarios públicos que fueren contra las prescripciones del Capítulo XIX de esta ley.

9º La adulteración, modificación o sustracción, falsificación de las actas y documentos electorales, así como la violación de los instrumentos destinados a cerrar la urna o paquetes que contengan dichas actas y documentos.

10 La organización, realización o instigación de desórdenes, tumultos o agresiones que perjudiquen el desarrollo regular de los actos electorales.

11 El arrebato, destrucción, estrago u ocultación de las urnas, actas, registros o documentos electorales.

12 El uso indebido del lema perteneciente a cualquier partido que lo posea legalmente, en la propaganda verbal, escrita o televisiva, escudos, carteles, sellos, membretes y toda otra forma de publicidad. Esta disposición alcanza a toda expresión o palabra impresa que evidentemente induzca a confusión de los electores".

Art. 96. - Sustitúyese el artículo 192 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 192. - Los delitos a que se refiere el artículo anterior serán castigados:

El del numeral 1º con la pena de tres días de privación de libertad, que se elevará a dos meses, con privación de empleo si fuere cometido por funcionario público con infracción de los deberes de su cargo.

Los de los numerales 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º con la pena de tres a seis meses de prisión, que se elevará a la pena de seis meses a un año de prisión, con privación de su empleo cuando fuere cometido por funcionario público o electoral con infracción de los deberes de su cargo.

El del numeral 8º con la pena de seis meses a un año de prisión con privación de empleo.

Los de los numerales 9º y 10 con la pena de seis meses a un año de prisión, que se elevará a la de un año a dos años, con privación de empleo, si fuere cometido por funcionario público con infracción de los deberes a su cargo.

El del numeral 11 con la pena de dos a cuatro años de penitenciaría.

El del numeral 12 con la pena de tres días de privación de libertad a tres meses de prisión.

Si en los casos previstos por los numerales 9º, 10 y 11 al cometer el delito se hubiese incurrido además, en algún otro de los que castiga el Código Penal, se aplicará, en caso de ser mayor, la pena correspondiente agravada en dos grados".

Art. 97. - Sustitúyese el artículo 193 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 193. - Respecto de los delitos a que se refiere el artículo 191 regirán, en lo pertinente, las disposiciones contenidas en los artículos 196 a 203, inclusive de la Ley de Registro Cívico Nacional".

Art. 98. - Sustitúyese el artículo 195 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 195. - Están exentos de tributos todas las solicitudes, reclamos y protestas que se hagan con relación al funcionamiento de esta ley".

Art. 99. - Sustitúyese el artículo 197 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, por el siguiente:

"ARTICULO 197. - Facúltase a la Corte Electoral para realizar todos los gastos que demande la realización de los actos electorales y plebiscitarios".

Art. 100. - Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 13.882, de 18 de setiembre de 1970, por el siguiente:

"ARTICULO 1º. - La Corte Electoral confeccionará después de cada elección nacional, la nómina de las personas con inscripción vigente en el Registro Cívico Nacional que no hayan votado en dos elecciones nacionales inmediatas anteriores.

A los efectos indicados en el inciso anterior, no se tendrán en cuenta las elecciones a que se refiere el artículo 148 de la Constitución de la República".

Art. 101. - Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 13.882, de 18 de setiembre de 1970, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.331, de 23 de diciembre de 1974, por el siguiente:

"ARTICULO 3º. - Las personas que figuren en dichas nóminas, deberán presentarse ante las Oficinas Electorales Departamentales respectivas a ratificar sus inscripciones, dentro del plazo de tres años contados a partir del 31 de marzo del segundo año siguiente a las elecciones a que se refiere el artículo 1º".

Art. 102. - Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 13.882, de 18 de setiembre de 1970, por el siguiente:

"ARTICULO 5º. - La exclusión recién se hará efectiva una vez transcurridas las elecciones internas partidarias previstas en el artículo 77, numeral 12 y en la Disposición Transitoria y Especial Letra W) de la Constitución. Si el inscripto excluido sufragara en ellas la Corte Electoral dispondrá, de oficio, que se deje sin efecto la exclusión de su inscripción cívica.

El inscripto que hubiese sido excluido podrá solicitar hasta cuarenta y cinco días antes de la fecha fijada para la realización de la elección nacional, ante la Junta Electoral de su residencia, que se deje sin efecto la resolución que ordena su exclusión del Registro Cívico Nacional.

Vencido este plazo su inscripción quedará definitivamente excluida de lo cual se dejará constancia en el respectivo expediente inscripcional debiendo el excluido inscribirse nuevamente en el Registro Cívico Nacional para poder ejercer su derecho al sufragio en las subsiguientes elecciones".

Art. 103. - Sustitúyese el artículo 12 de la Ley Nº 8.070, de 23 de febrero de 1927, por el siguiente:

"ARTICULO 12. - La Corte Electoral dispondrá la rehabilitación de aquellas inscripciones que se encuentren inhabilitadas siempre que antes de los setenta y cinco días previos a las elecciones nacionales previstas en el artículo 77 (inciso primero, numeral 9) de la Constitución, haya tomado conocimiento de que han desaparecido las causas determinantes de la suspensión de la ciudadanía en cada caso. La Oficina Nacional Electoral procederá a la comprobación de tales extremos e informará si corresponde proceder en tal sentido, y la Corte Electoral resolverá la rehabilitación y ordenará que se retiren del Registro de Inhabilitados los documentos respectivos, los que se guardarán, debidamente ordenados en un archivo especial. Asimismo dispondrá que la hoja electoral del inscripto pase a la sección correspondiente del Registro Electoral y que sus datos sean incorporados a la nómina de electores.

El trámite de rehabilitación podrá iniciarse de oficio o a pedido de cualquier ciudadano."

Art. 104. - Agrégase al artículo 5º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, los siguientes incisos finales:

"Si se realizara la segunda elección prevista en el artículo 151 de la Constitución, los treinta días de plazo para la justificación de no haber votado, se contarán tanto para la primera como para la segunda elección a partir del día siguiente a esta última.

Respecto de la elección de Gobiernos Departamentales rige lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo."

Sala de la Comisión, el 10 de diciembre de 1997.

Walter Santoro (Miembro Informante), Manuel Laguarda (Con salvedades), Danilo Astori (Con salvedades), Rafael Michelini, Pablo Millor, Jorge Batlle, Américo Ricaldoni, Jorge Gandini, Helios Sarthou (Con salvedades), Luis Alberto Heber. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: ya anunciamos que, lamentablemente, tendremos que retirarnos a las 20 y 30 horas, en virtud de compromisos impostergables.

Procederemos a informar rápidamente -aunque ya lo hemos hecho por escrito- el proyecto de ley enviado por la Corte Electoral que modifica de manera esencial la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925. Cabe señalar que, si bien es un proyecto extenso en el número de artículos que lo componen, se procura ajustar todas las disposiciones legales aplicables a los procesos electorales, actualizándolas a nuestra realidad y procurando agilitar tanto la instalación de las mesas receptoras de votos, como la emisión de los votos y las comunicaciones de los resultados de los respectivos actos electorales. Asimismo se pretende proceder con rapidez en la interposición de recursos, reduciendo los plazos que tienen para resolverlos las mesas electorales, las Juntas y la Corte Electoral. En ese sentido, cabe señalar que el proyecto de ley ajusta una serie de disposiciones que no tienen mayor trascendencia que la de ser actualizadas a la realidad del país, a la dinámica y a los aspectos materiales de los procedimientos electorales. También ajusta otras disposiciones que, fundamentalmente, procuran reducir los plazos y encarar una modificación que tiene como fin que el resultado de las elecciones se sepa rápidamente. Esto consiste, prácticamente -aunque no del todo- en la eliminación de los votos observados por identidad.

Es sabido que los votos observados por identidad, a nivel de las elecciones nacionales en el Uruguay, fueron siempre un elemento que enlenteció la posibilidad de conocer el resultado. Primero existieron los votos observados por identidad, porque se habilitaba la emisión del voto en materia interdepartamental, lo cual se eliminó hace ya un tiempo. Ahora se procura eliminar el voto observado por identidad para los casos en que voten los integrantes de las mesas receptoras de votos. Se elimina el voto observado por identidad porque también se anula el voto interseccional. Es decir, un ciudadano inscripto en una de las secciones de un departamento podía votar observado por identidad, hasta ahora, en una mesa rural de ese lugar. Ese voto se elimina. Por lo tanto, a través de este conjunto de normas se alcanza la eliminación de los votos observados por identidad y se mantiene únicamente otro tipo de votos observados que es el simple. El voto observado simple únicamente va a surgir de los votos que, exhibiendo la credencial, procedan a realizar los integrantes de las mesas receptoras de votos y los custodios. Se elimina la posibilidad de que los delegados de los partidos que actúan ante las mesas receptoras puedan votar observados. Estos votos que acabamos de señalar tienen el carácter de observados simples. Se agrega a los votos observados simples aquellos que se emitan por personas que sean inscriptas en un circuito rural y que votan en otro. También se limita la posibilidad de que existan votos observados, quedando únicamente la calidad de voto observado simple.

Queremos señalar que los únicos votos observados por identidad que quedan vigentes, son los realizados por votantes cuyas hojas electorales no figuren en la mesa receptora y no tengan credencial, pero sí esté la nómina de los que sufragan. Esa es la única oportunidad -según el artículo 41- en que se procede a habilitar el voto observado por identidad. Esta modificación es muy importante, porque en las elecciones de 1994, los votos observados superaron los 66.000 y en el plebiscito del 8 de diciembre pasado, fueron más de 68.000 en toda la República. Eliminando así los votos observados, las Juntas Electorales y la Corte Electoral, en su caso, estarán en condiciones de conocer el resultado de las elecciones con rapidez, a fin de hacer las respectivas publicaciones.

En procura de agilitar los procedimientos, se ha establecido que para recurrir de los procedimientos de las mesas receptoras, de votos, los delegados tendrán que merecer el apoyo de uno de los integrantes de dicha mesa. Si tal circunstancia no se da, no se podrá hacer ningún tipo de reclamación o interponer recurso. Se habilita a que luego de las 24 horas del acto electoral se recurra de uno de los procedimientos realizados a nivel de la Junta Electoral.

Asimismo, en materia de los recursos se disminuyen los términos, estableciéndose la necesidad de recurrir en plazos cortos, a fin de que las Juntas Electorales, en poco tiempo, resuelvan los recursos, pudiendo apelar a la Corte Electoral. Esta también deberá resolver con rapidez, estableciéndose que en un plazo de cinco días deberá resolver los recursos que en apelación hayan ido a conocimiento del órgano electoral.

A través de estas modificaciones se agilita todo el procedimiento electoral y se incorpora una disposición que hace a su mecánica. Es sabido que nosotros tenemos un procedimiento electoral, en lo que se refiere a la actuación y a la documentación, que es muy exigente. Me refiero al acta de formación o instalación de la mesa, al orden en que van ingresando y votando los distintos ciudadanos inscriptos en el circuito y al acta de cierre del escrutinio, en la que también figuran las observaciones que se produzcan. Para agilitar el procedimiento también se estableció una planilla especial para los votos observados. Uno de los ejemplares se colocará fuera de la urna para que a nivel de las Juntas puedan hacerse las consultas del caso. En su inmensa mayoría serán votos observados simples. A su vez, habrá que constatar que el ciudadano que votó de esta manera no lo haya hecho en el circuito que le correspondía emitir el sufragio.

De esta manera vemos cómo se han agilitado todos los procedimientos y se ha alcanzado rapidez en la dilucidación de todas las situaciones que se generan en un acto electoral. Teniendo en cuenta la sucesión de elecciones y los plazos relativamente cortos entre una y otra -fundamentalmente, entre la elección nacional de octubre y, en su caso, el balotaje, para lo cual quedarían 28 días hábiles- la Corte Electoral ha dispuesto que dará a conocer el resultado de las elecciones nacionales de octubre en un plazo de 8 días.

Además de estas modificaciones se han realizado otras, algunas de las cuales merecieron a nivel de la Comisión un análisis más cuidadoso.

En ese sentido queremos significar de manera particular -y lo hacemos rápidamente porque ya lo manifestamos a nivel del propio informe escrito- que uno de los elementos que provocó una mayor discusión en la Comisión fue el artículo 9º, que modifica las disposiciones de las leyes de 1925 y de 17 de octubre de 1928. Esta norma tiene que ver con la realización de la elección prevista en el artículo 151 de la Constitución, es decir, la elección a través del balotaje. Como se trata de un punto de fundamental importancia, no solamente se han establecido normas con respecto al registro de la hoja de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República -en el régimen de la segunda vuelta- sino que también se resolvió un tema que motivó alguna discusión, como era la posibilidad de eliminar en forma definitiva todo elemento que distinga a la hoja. Así, se optó porque la misma, además de ser registrada automáticamente por la Corte Electoral -que va a saber cuáles son las dos fórmulas que van a ir al balotaje- también lo podrá ser por el candidato a la Presidencia o por quien lo represente. A su vez, la hoja no va a tener ningún elemento de distinción, más allá de que va a ir en papel blanco, con letras en negro y podrá llevar la foto de los candidatos. Es sabido que en materia electoral, donde siempre se tiene en cuenta de manera esencial, no solamente lo que tiene que ver con la pureza del sufragio, sino que el votante tenga real conocimiento de que sobre su voluntad no se incide a través de ningún elemento que puede ser contrario al buen manejo de su voto, se dispuso que no se puede incluir ninguna frase o alusión de tipo histórico o político, ni cambiar el color de la hoja.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Brezzo)

-Este fue uno de los elementos que se analizó con mayor preocupación, pero se resolvió sin problemas.

Otra de las modificaciones que rápidamente queremos señalar es la que comprende el artículo 15 -al cual hace unos instantes hice referencia- relacionada con que al eliminarse la posibilidad de que se sufrague a través del voto interseccional, quedó únicamente el voto de los inscritos en circuitos rurales; estos podrán sufragar en otro circuito rural dentro del mismo departamento. Al respecto, la Corte Electoral había establecido que las mesas rurales no se instalarían en centros urbanos o suburbanos. Esta prohibición fue eliminada y se deja a la decisión de las Juntas Electorales y, en su caso, de la Corte Electoral, la ubicación de las mesas rurales en los lugares más adecuados, es decir, cerca de los núcleos de votantes, para facilitar su traslado.

Además, se modificó lo establecido en el artículo 20 del proyecto de ley, que está relacionado con la integración de los padrones electorales. Siempre ha habido problemas en el sentido de que se publica el padrón electoral muy cerca de la elección y con poco tiempo para reclamar; entonces, si hay ciudadanos que ven que no están incluidos, este hecho los coloca en la imposibilidad de realizar las reclamaciones correspondientes.

El artículo 20 modifica el artículo 30 de la Ley Nº 7.812, de enero de 1925, que establece que los partidos políticos podrán reclamar ante la Corte Electoral por las deficiencias que a su juicio existan en el padrón de habilitados para votar, hasta treinta días antes de la fecha fijada para cada elección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley. Dentro del mismo término de treinta días, los ciudadanos omitidos podrán formular reclamaciones por escrito, personalmente o por carta certificada. La Corte Electoral dispondrá las rectificaciones que procedan y las comunicará a la Junta Electoral que corresponda. Aquí hubo una modificación de parte de la Comisión, porque el término que había propuesto la Corte Electoral era de quince días y no de treinta. En contestación al señor Presidente, la Corte Electoral ha vuelto a reiterar la propuesta, con alguna modificación que en su momento, cuando se proceda a la discusión particular, daremos a conocer.

Cabe señalar que este artículo 20 en cierta medida está relacionado con el artículo 102 de este proyecto de ley que estamos considerando, que hace referencia de manera especial a la situación generada como consecuencia de las disposiciones que establecen que quien no sufrague durante dos elecciones consecutivas, será excluido del registro correspondiente.

Por el artículo 5º de la Ley Nº 13.882, se permitió al excluido votar observado en la elección subsiguiente; es decir, una persona que no votó en dos elecciones comparecía en una tercera con su credencial y emitía su voto en calidad de observado. Esa disposición generaba determinadas situaciones, como la de que la persona no aparezca en el registro porque realmente no votó durante dos elecciones consecutivas. A su vez, esta disposición hay que vincularla con el artículo 20, en el que la Corte Electoral propone quince días para la reclamación por los Partidos o ciudadanos. Como señalé, la Comisión extendió dicho plazo a treinta días.

Otro cambio que realizó la Comisión -aunque no tiene que ver con la parte electoral típica- se basa en la iniciativa de la Corte Electoral, que en el artículo 22 propone que también integren las mesas receptoras de votos los escribanos públicos, en procura de que el trabajo se haga con agilidad y en forma pulcra.

Cabe señalar que otra de las innovaciones también se vincula con la actuación de los escribanos. Se establece un sistema de remuneraciones mediante la rebaja de aportes que deben realizar a la Previsión Social. Este no es un tema de mayor importancia, pero hay que mencionarlo ya que ahora las mesas estarán integradas también por escribanos públicos.

En otro orden de cosas, el único voto observado por identidad va a ocurrir cuando el ciudadano proceda a comparecer en la mesa, no esté su hoja electoral -es decir, la copia de su credencial- y únicamente figure en la nómina de los votantes registrados en el padrón. En el artículo 41, que comprende esta situación, se establece que se admite el voto de toda persona que manifieste pertenecer a un circuito, aunque su nombre no figure en la nómina de electores, pero sí se encuentre la hoja electoral. También se admite el voto de toda persona que manifieste pertenecer al circuito aunque su hoja electoral no figure en el registro electoral del circuito, siempre que su nombre esté en la nómina de electores. En ambos casos el votante va a emitir su sufragio en calidad de observado. Sin embargo, cuando no estén las hojas electorales, no exhiba su credencial y solamente esté en la nómina de inscritos en ese circuito, votará observado por identidad.

Esta es una de las modificaciones más trascendentes, ya que la Corte Electoral habría previsto -eso fue eliminado- que en el caso en que la persona exhibiera su credencial, pero su nombre no figurase en el padrón ni constare la hoja electoral en el registro electoral del circuito, no se admitirá el voto y se retendrá su credencial cívica a efectos de ser remitida con la urna a la Junta Electoral. Esto fue eliminado y se estableció, en propuesta admitida por la Comisión, que en las elecciones a que se refiere el inciso primero del numeral 9º) del artículo 77 de la Constitución de la República, no se admitirá el voto cuando la persona exhiba la credencial cívica pero no figure su nombre en el padrón ni esté su hoja electoral en el registro electoral del circuito. Es decir que quien exhiba su credencial, pero no se encuentre su hoja electoral -o sea, la réplica de la credencial- ni su nombre figure en la nómina de los inscritos para votar en ese circuito, no podrá votar.

Otra de las disposiciones que fue oportunamente analizada a nivel de la Comisión tiene que ver con la capacidad de realizar rápidamente los escrutinios. En ese sentido, en el artículo 57 se estableció que dentro de los tres días siguientes a la elección, la Junta Electoral debe reunirse e iniciar el escrutinio departamental. Al comienzo hicimos referencia a la necesidad de esa rapidez en iniciar el escrutinio. Además la Corte Electoral, en el caso que la Junta Electoral no termine el escrutinio, deberá tomarlo a su cargo en un plazo muy rápido y tendrá que realizarlo a fin de que no haya demoras que perjudiquen la posibilidad de conocer el resultado de las elecciones.

Otra de las disposiciones que podría merecer alguna referencia es el artículo 70, por el que se regulan en forma precisa todas las operaciones que sean necesarias para determinar los votos realmente emitidos y debidamente contabilizados por las respectivas autoridades electorales. En este artículo se señala que la Corte Electoral deberá hacer lo posible para concluir el escrutinio antes del quinto día siguiente a la recepción de los antecedentes, debiendo extremar a ese fin todos los medios legales a su alcance. Con estas modificaciones, la preocupación de que la elección se pueda realizar con rapidez, que se puedan conocer los resultados, que no se afecte la voluntad del votante, que el sufragio sea totalmente secreto y garantizado, y que los resultados sean rápidamente comunicados, quedaría relativamente zanjada.

Se está procurando adecuar la legislación electoral a una realidad nueva, ya que se van a realizar no sólo elecciones internas, sino también elecciones nacionales en octubre, balotaje en noviembre y elecciones municipales el segundo domingo de mayo del año siguiente a las elecciones nacionales.

Esta es la información que tenemos para dar con respecto a este proyecto, que fue analizado adecuadamente por la Comisión y que mereció algunas observaciones de parte de algunos señores Senadores, que serán expresadas en su momento en Sala. En general, creemos que puede ser votado, naturalmente, con alguna modificación que se le quiera realizar.

14) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Formulo moción a los efectos de que se levante la sesión ahora, luego de escuchar el informe del señor Senador Santoro, y que el Senado se reúna nuevamente el próximo martes a las 16 y 30 horas, a fin de continuar la consideración de este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Si no se hace uso de la palabra se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

15) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 41 minutos, presidiendo el señor Senador Brezzo y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Batlle, Bergstein, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, García Costa, Gargano, Heber, Hierro López, Michelini, Pereyra, Pozzolo, Quarneti, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou y Storace).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Don Freddy A. Massimino Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.