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Nº 212 - TOMO 386 - 10 DE DICIEMBRE DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

73ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 21) Proyectos presentados

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece que el personal militar superior que hubiera sido desvinculado por razones políticas o ideológicas quedará automáticamente en situación de retiro con el grado resultante de la aplicación del criterio de ascenso por tiempo mínimo según sistema de antigüedad o concurso.
- A la Comisión de Defensa Nacional.
- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley relativo a refinanciación para los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay.
- A la Comisión de Hacienda.

5) Exposición escrita

- El señor Senador Segovia solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios del Interior, de Transporte
y Obras Públicas y a la Intendencia Municipal de Rivera relacionada con la problemática de Villa Vichadero.

6) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Chiesa por el día de la fecha.
- Concedida.

7) Situación de Médicos de Familia a la orden de ASSE

- Manifestaciones del señor Senador Sarthou.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Salud Pública.

8) Inauguración de obras en las Rutas 36 y 48 y Pla-zoleta en homenaje a Don Luis Batlle Berres

- Manifestaciones del señor Senador Virgili.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Canelones y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

9) Exoneración de tasa de conexión de teléfonos para discapacitados

- Manifestaciones del señor Senador Millor.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Directorio de ANTEL.

10) Impuesto a los Ejes

- Proyecto de ley por el que se exonera de sanciones pecuniarias por infracciones cometidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1996.
- Por moción del señor Senador Fernández Faingold, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

11) Trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales durante el receso

- Por moción de los señores Senadores Heber, Garat y García Costa, el Senado autoriza el trabajo de estas Comisiones durante el período de receso.

12) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para designar varios Fiscales Letrados

- Por moción del señor Senador Sanabria, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para designar varios Fiscales Letrados y para exonerar de su cargo a varios funcionarios públicos.

13, 16 y 18) Corrupción

- Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establecen normas para su prevención y lucha.
- Se aprueba en general.

14) Rectificación de trámite. Carpeta Nº 1450/97

- Por moción del señor Senador Sarthou, el Senado resuelve enviar esta Carpeta a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social que originalmente fue destinada a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social Integrada.

15) Proyectos relativos a Cajas de Jubilaciones Paraestatales

- Manifestaciones del señor Senador Michelini solicitando su pase a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.
- Intervención de varios señores Senadores.

17 y 19) Sesión extraordinaria

- Por moción del señor Senador Hierro López, complementada por el señor Senador Millor, el Senado resuelve levantar el receso y sesionar en forma extraordinaria el próximo martes 16 a la hora 14.

20) Señor Senador Don Orlando Virgili. Sus 75 años..

- Manifestaciones del señor Senador Hierro López. Intervención del señor Presidente y de varios señores Senadores.
- Palabras de agradecimiento del señor Senador Virgili.

22 y 24) Distribución de ahorros

- Proyecto de resolución elevado por la Comisión de Presupuesto.

23) Prorroga de la hora de finalización de la sesión

- Por moción del señor Senador Heber, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta agotar el tema en consideración.

25) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 9 de diciembre de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, mañana miércoles 10, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establecen normas para la
prevención y lucha contra la corrupción.

(Carp. Nº 481/96 - Rep. Nº 542/97)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2º) Por el que se declara Himno Cultural y Popular de la República Oriental del Uruguay a "La Cumparsita".

(Carp. Nº 750/97 - Rep. Nº 537/97)

3º) Por el que se exonera de sanciones pecuniarias pendientes de pago por infracciones cometidas a la legislación sobre el Impuesto a los Ejes, con anterioridad al 31 de diciembre de 1996.

(Carp. Nº 892/97 - Rep. Nº 530/97)

4º) Por el que se designa con el nombre "Maestra Haydeé Bellini Brillada" al Liceo de Villa Rodríguez, departamento de San José.

(Carp. Nº 766/97 - Rep. Nº 538/97)

5º) Por el que se designa con el nombre "Treinta y Tres Orientales" la Escuela Nº 117, del departamento de Lavalleja.

(Carp. Nº 841/97 - Rep. Nº 539/97)

6º) Por el que se designa con el nombre "Dr. Simeón Eladio Aristimuño Mendaro" el liceo de la ciudad de Chuy, departamento de Rocha.

(Carp. Nº 842/97 - Rep. Nº 540/97)

7º) Por el que se designa con el nombre "Dr. Héctor Lucián Canzani" la Escuela Nº 41, de la ciudad de Castillos, departamento de Rocha.

(Carp. Nº 879/97 - Rep. Nº 541/97)

8º) Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando venias para destituir de sus cargos a:

una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Plazo constitucional vence 1º de enero de 1998). (Carp. Nº 859/97 - Rep. Nº 529/97).

un funcionario del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence 15 de enero de 1998). (Carp. Nº 876/97 - Rep. Nº 531/97).

un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence 26 de enero de 1998). (Carp. Nº 882/97 - Rep. Nº 532/97).

un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence 26 de enero de 1998). (Carp. Nº 883/97 - Rep. Nº 533/97).

una funcionaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (Plazo constitucional vence 29 de enero de 1998). (Carp. Nº 884/97 - Rep. Nº 534/97).

un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence 2 de febrero de 1998). (Carp. Nº 885/97 - Rep. Nº 535/97).

un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence 11 de febrero de 1998). (Carp. Nº 890/97 - Rep. Nº 536/97).

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Arismendi, Astori, Bergstein, Brezzo, Cid, Couriel, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Laguarda, Mallo, Michelini, Millor, Pereyra, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Chiesa, Korzeniak y Pozzolo; sin aviso, el señor Senador Batlle.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 16 minutos.)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 10 de diciembre de 1997.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se modifican disposiciones de la Ley Nº 16.736 en lo relacionado con el régimen de la tributación del sector Agropecuario.

-A la Comisión de Hacienda.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

Por el que se establece que los registros del programa "Inscripción y Certificación de Actos y Contratos" no atenderán al público en el período comprendido entre los días 1º y 20 de enero de 1998.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se transfiere a título gratuito a favor de la Intendencia Municipal de Maldonado, el inmueble sito en la 1ª Sección Judicial, denominado "Museo Francisco Mazzoni".

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se autoriza al Banco de Seguros del Estado a enajenar determinados bienes inmuebles.

-A la Comisión de Hacienda.

Por el que se designa con el nombre "República de Venezuela" la Escuela Nº 344 del departamento de Montevideo;

Por el que se designa con el nombre "República de Armenia" la Escuela Nº 16 de Parada Herrería, departamento de Salto.

Por el que se designa con el nombre "Dr. Braulio Lago Miraballes" al Liceo Nº 1 de Vergara, departamento de Treinta y Tres.

Por el que se designa con el nombre "Profesora Valentina Polarkov de Dieguez" al Liceo de villa San Javier, departamento de Río Negro.

Por el que se designa con el nombre "Maestra Práxedes Pino" la Escuela Nº 45 de El Colorado, departamento de Canelones.

Por el que se designa con el nombre "Galicia" la Escuela Nº 163 del departamento de Montevideo.

-A la Comisión de Educación y Cultura.

Por el que se concede pensión graciable a la señora María Marta Canosa Hors.

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social."

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE - Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece que el personal militar superior que hubiera sido desvinculado por razones políticas o ideológicas quedará automáticamente en situación de retiro, con el grado resultante de la aplicación del criterio de ascenso por tiempo mínimo, según sistema de antigüedad o concurso."

-A la Comisión de Defensa Nacional.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"PROYECTO DE LEY

Militares sancionados por razones políticas
o ideológicas

Artículo Unico. - El personal militar superior que hubiera sido desvinculado Reforma o Baja, por razones políticas o ideológicas quedará automáticamente en situación de retiro, con el grado resultante de la aplicación del criterio de ascenso por tiempo mínimo, según sistema de antigüedad o concurso.

Para determinar dicho grado se tomará como servicio activo el tiempo transcurrido entre la sanción aplicada por razones políticas o ideológicas y el momento de la resolución reparatoria.

Este inciso será aplicable sólo en los casos en que el Poder Ejecutivo haya declarado en expediente que la desvinculación se produjo por motivos políticos o ideológicos procediendo, en consecuencia, a la reforma del haber correspondiente.

Abarca también, el caso del pase a reforma por motivos políticos o ideológicos que no motivó modificación del haber correspondiente por tratarse de Oficiales que ya tenían el máximo grado (General o equivalentes).

El personal subalterno que haya sido desvinculado por razones políticas o ideológicas quedará con el grado resultante del ascenso que le hubiera correspondido por sistema de tiempo mínimo, computándose como servicio activo el transcurrido desde la sanción por los motivos indicados hasta la fecha de la resolución reparatoria.

Korzeniak, Arismendi, Couriel, Gargano, Cid, Dalmás, Astori, Sarthou, Segovia. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La norma precedente corrige la injusticia derivada de una clara contradicción jurídica y fáctica: el Estado (Poder Ejecutivo) ha declarado expresamente en una serie de expedientes, que el pase a reforma de un grupo de Oficiales se produjo por razones políticas o ideológicas. Para esos casos, y por aplicación de una serie de pautas presentadas por el Poder Ejecutivo, compartidas y aprobadas por la Comisión de Defensa del Senado (22 de abril de 1991) en esos expedientes se dispuso la modificación de dicho haber, computándose para tal reajuste como tiempo en actividad, el transcurrido entre la sanción y la resolución respectiva.

La propuesta -básicamente- en transformar ipso jure la situación de reforma en situación de retiro, abarcando exclusivamente los casos ya reconocidos por el Poder Ejecutivo, por lo que no se corre el riesgo de abrir una brecha para imprevisibles nuevas reclamaciones.

En el inciso 4º se prevé una excepción que -pese a su redacción abstracta- se refiere exclusivamente al caso del General Arturo Baliñas, quien fue pasado a reforma notoriamente por razones políticas o ideológicas, pero que no motivó la modificación del haber de reforma por cuanto ya percibía el correspondiente al grado de General.

Korzeniak, Arismendi, Couriel, Gargano, Cid, Dalmás, Astori, Sarthou, Segovia. Senadores."

5) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE - Dése cuenta de una exposición escrita.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Segovia solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios del Interior y de Transporte y Obras Públicas y a la Intendencia Municipal de Rivera relacionada con la problemática de Villa Vichadero."

-Se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 10 de diciembre de 1997.

Sr. Presidente de Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla.

De mi consideración:

En virtud de lo dispuesto en el Art. 171 del Reglamento de la Cámara, cúmpleme efectuar la siguiente exposición escrita relacionada con problemática de Villa Vichadero, localidad de la 8a. Sección Judicial del departamento de Rivera.

Distintos representantes de las fuerzas vivas de la villa, me han manifestado su preocupación por la concreción de dos iniciativas: la instalación de un Cuartelillo de Bomberos y la construcción de un gimnasio en un predio del Ministerio del Interior, lindero al de la Comisaría. Ambas son necesidades vitales en la villa, por su alto desarrollo y crecimiento poblacional.

Estoy en conocimiento que está a estudio de la Asesoría Notarial del Ministerio del Interior la posibilidad de realizar un Convenio entre el Ministerio, la Intendencia Municipal de Rivera y las fuerzas vivas, para la construcción del gimnasio. La población no sólo realiza el planteo, sino que hace un gran esfuerzo y propone ayuda para concretarlo, fundamentalmente con el aporte para el necesario equipamiento del cuartelillo.

Sugiero por lo expuesto que se realice un Convenio único entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Intendencia Municipal de Rivera y fuerzas vivas, que incluya la construcción del gimnasio y la instalación del Cuartelillo de Bomberos en el citado predio.

Solicito que esta exposición escrita se ponga en conocimiento del Ministerio del Interior, del Ministerio de Obras Públicas y de la Intendencia Municipal de Rivera.

Albérico César Segovia. Senador."

6) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Chiesa solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 10 de diciembre de 1997.

Señor

Presidente del Senado

Dr. Hugo Batalla

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito la autorización correspondiente para hacer uso de licencia por el día de la fecha, basada en motivos personales.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente,

Sergio Chiesa Duhalde. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) SITUACION DE MEDICOS DE FAMILIA A LA ORDEN DE ASSE

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: quiero aprovechar esta intervención en la hora previa para plantear una inquietud relacionada con la situación de 32 Médicos de Familia que integran una lista en el Ministerio de Salud Pública, a la orden de ASSE.

Estos médicos corren el riesgo de ser desplazados de sus cargos, después de haber cumplido instancias, en base a las cuales fueron seleccionados.

Este asunto tiene como antecedente el artículo 270 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 1986. Por medio de dicho artículo se encomendó a ASSE realizar un primer nivel para la atención, en base a Médicos de Familia. En cumplimiento de esta disposición, en la Rendición de Cuentas del Ejercicio 1993 se aprobó una partida para la Unidad Nacional Administrativa de Médicos de Familia, para cubrir diez cargos titulares. A estos efectos, del 1º al 31 de julio de 1994, el Ministerio de Salud Pública, ASSE, la Unidad Nacional Administrativa de Médicos de Familia y la Sociedad Uruguaya de Médicos de Familia organizaron un curso de introducción a la medicina familiar, patrocinado, nada más ni nada menos, que la OMS, la OPS y el Centro Internacional para la Medicina Familiar. Este curso permitió que los egresados integraran una lista para ser convocados, a los efectos de cubrir las vacantes, titulares o suplencias, que pudiera haber en materia de Médicos de Familia. Fue un curso de extraordinaria importancia en el plano técnico, cuyo equipo coordinador estuvo integrado por los doctores Miguel Ciganda, Elaine Rivoir, Horacio Rodríguez Dulcini, Fernando Urruty y Dinorah Boada, y el equipo docente constaba de aproximadamente treinta especialistas en asistencia familiar.

En abril de 1996 surgieron inquietudes acerca de que no se pudiera cumplir con la lista que se confeccionó luego de ese curso. En realidad, el 31 de mayo de 1996 el régimen allí planteado recibió una confirmación de la lista de profesionales porque la Dirección General de ASSE comunicó a la Dirección de UNAMEFA la ratificación de que las suplencias o llamados se debían hacer de la lista de médicos que habían sido capacitados mediante este curso. A pesar de la capacitación que han venido cumpliendo estos médicos y de la lista que se ha confeccionado -de esos 50 ya hay 14 que se encuentran desempeñando funciones como Médicos de Familia titulares- aún quedan pendientes 32 profesionales a quienes no se les ha asignado un cargo.

Sorpresivamente, el Ministerio de Salud Pública ha realizado una designación directa de 63 médicos para hacer un curso de asistencia familiar que implicaría, sin duda, el desplazamiento de esta lista preexistente que data de 1994.

Queríamos trasmitir nuestra preocupación al Senado en virtud de que efectivamente existe un desplazamiento de profesionales médicos altamente capacitados que cumplieron todos los requisitos de ese curso. Nos parece que esto es totalmente injusto, máxime cuando se les ha creado una expectativa jurídica por el hecho de que ha habido contrataciones, aunque esto no implica la calidad de funcionario público, porque la forma de vinculación no es definitiva.

A nuestro entender, no tiene sentido que se vuelva a realizar un curso por designación directa que pueda desplazar a estos médicos que ya han sido seleccionados y vienen adquiriendo experiencia como Médicos de Familia.

Por estos motivos, solicitamos que se curse la versión taquigráfica de estas palabras al Ministerio de Salud Pública, a fin de que quede plasmada nuestra preocupación porque se respete estrictamente este llamado, puesto que una situación contraria realmente desalienta a quienes pretenden incorporarse a los cuadros de la Administración Pública cumpliendo con los requisitos exigidos, ya que pueden correr el riesgo de verse desplazados.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Ministerio de Salud Pública, a los efectos de defender esta fuente de trabajo y sobre todo a la competencia técnica que, indudablemente, es un factor importante. Digo esto, para que aquellas personas que realizaron una experiencia en el propio Ministerio sirviendo al interés general del Estado, no se vean desplazadas en base a una designación directa y sin garantías a las que, incluso, no pueden acceder.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) INAUGURACION DE OBRAS EN LAS RUTAS 36 Y 48 Y PLAZOLETA EN HOMENAJE A DON LUIS BATLLE BERRES

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Virgili.

SEÑOR VIRGILI. - Señor Presidente: el 29 de noviembre se llevó a cabo la inauguración de algunas obras ejecutadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia Municipal de Canelones.

De más está decir que este acontecimiento era muy deseado y necesario. No quiero dejar de nombrar, entre otras obras, las Rutas 36 -que es la que va de Melilla a Belastiquí- 48 -que va de la Ruta 36 a la 5- y otra que se realizó luego de la Ruta 5, de acuerdo con las necesidades del lugar. Además, se amplió la calzada y se mejoró la iluminación.

Todas estas obras eran tan necesarias que seguramente ya no se podía seguir sin ellas. A pesar de ser un centro tremendamente poblado, contábamos con una ruta sumamente angosta por la que transitaban coches y ómnibus a grandes velocidades, y de noche se transformaba en una boca de lobos. Con muy buen criterio, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas comenzó por solucionar el problema de la Ruta 48, la que hoy se ha transformado en una vía casi perfecta.

Asimismo, de la Ruta 5, por la 48, hasta Las Piedras, se hizo un pasaje peatonal y a la vez se iluminó.

También se realizó un homenaje a una figura de carácter nacional: me refiero a don Luis Batlle Berres. Cumpliéndose 100 años de su nacimiento, se diseñó una plazoleta como tributo de los canarios a esa gran figura nacional.

No cabe duda de que todas estas obras nos llenan de alegría, ya que las sentíamos, palpitábamos, deseábamos y hoy las vemos culminadas. Como todos sabemos, estamos terminando un año de trabajo y es momento de cosechar algunas satisfacciones.

En definitiva, deseo que la versión taquigráfica de mis palabras, que intentan trasmitir mi sincero agradecimiento a aquellas personas que posibilitaron el mejor vivir en la zona, pasen a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Canelones y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) EXONERACION DE TASA DE CONEXION DE TELEFONOS PARA DISCAPACITADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: a través de este mecanismo quiero realizar una sugerencia al Directorio de ANTEL, que descuento desde ya va a ser atendida.

El tema relativo a los discapacitados o a las personas con capacidad diferente siempre ha motivado la solidaridad de la sociedad uruguaya. Un claro ejemplo de ello es que desde hace muchos años y a través de la figura de la invalidez, se les otorgó un subsidio similar al de las pensiones a la vejez. Cabe señalar que el universo de pensiones a la vejez y a la invalidez alcanzan, en nuestro país, a las 66.000 personas. Si bien lo que se les aporta es un pequeño monto, no deja de ser un claro ejemplo, reitero, de nuestra solidaridad en cuanto a esta problemática.

En este sentido, hace pocos días elevamos al Presidente de la República un proyecto de ley que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, en el sentido de que a las personas con capacidad diferente no se les descuente -dentro de ciertos límites- del monto de la pensión lo que puedan percibir por otros ingresos, fundamentalmente, si consiguen otro trabajo.

A raíz de la presentación de este proyecto de ley, se pusieron en contacto con nosotros una serie de organizaciones de padres de discapacitados y más concretamente de aquellos que son no videntes, quienes nos manifestaban algunos detalles que a veces son elementales pero que quizá por descuido no advertimos. Al respecto, nos marcaban la importancia del teléfono para aquellas personas con ese tipo de discapacidad. Francamente extiendo la importancia de contar con un teléfono a todas las personas con cierto grado de discapacidad, pero sin duda que en el caso de los no videntes es sustancial.

Tengo entendido que entre los muchos adelantos que en los últimos tiempos se han registrado a nivel de la telefonía, el año que viene Uruguay va a contar con algo que es de última generación y que se trata de teléfonos instalados en la vía pública especialmente diseñados para los no videntes. Sin embargo, la inquietud principal consiste en que estas personas cuenten con el teléfono en su propia casa.

Ellos no pretenden que no se les cobre el servicio; lo único que solicitan es no tener que pagar la tasa de conexión. En cuanto a esto último, deseo destacar otra buena noticia y es que a partir del año que viene ANTEL dejará de cobrar dicha tasa a todos los ciudadanos. Si mal no recuerdo, en la actualidad su valor es de alrededor de U$S 400, mientras que el año venidero solamente se cobrará una tasa simbólica que rondará los U$S 40. No olvidemos que tenemos la dicha de habitar en el único país de América Latina que cuenta con 30 teléfonos por cada 100 habitantes, cuando el promedio es de 5 cada 100 y en el mundo es de 9 cada 100.

Si esta es la disposición ya manifestada públicamente por el Directorio de ANTEL en cuanto a suprimir la tasa de conexión a partir de 1998, creo que esta muy buena medida podría adelantarse para aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad.

En resumen, repito, considero que esta medida que se piensa adoptar a mediados del año que viene puede llevarse a cabo con anterioridad en el caso de aquellas personas que, desde el punto de vista clínico o médico, han sido catalogadas como con capacidad diferente. Estoy seguro de que lo que he manifestado será atendido por el Directorio de ANTEL; por ello solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Directorio de dicho Ente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) IMPUESTO A LOS EJES

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: luego de haber conversado con las distintas Bancadas, deseamos solicitar que se dé trámite urgente a la consideración del proyecto de ley por el que se exonera de sanciones pecuniarias pendientes de pago por infracciones cometidas a la legislación sobre el Impuesto a los Ejes con anterioridad al 31 de diciembre de 1996.

En consecuencia, solicitamos que se declare urgente y se trate de inmediato este tema, en la medida en que hemos entendido que se trata de un proyecto de ley sencillo, que cuenta con la aprobación unánime de la Cámara de Representantes y del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se altera el orden del día y se pasa a tratar de inmediato el asunto cuya urgencia fue solicitada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se exonera de sanciones pecuniarias pendientes de pago por infracciones cometidas a la legislación sobre el Impuesto a los Ejes, con anterioridad al 31 de diciembre de 1996. (Carp. Nº 892/97 - Rep. Nº 530/97)".

(Antecedentes:)

"Carp Nº 892/97
Rep. Nº 530/97

Camara de Representantes

La Camara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Exonérase hasta el 50% (cincuenta por ciento) de las sanciones pecuniarias pendientes de pago a la fecha de vigencia de la presente ley, por infracciones cometidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, en violación a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 196 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y el artículo 316 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Otórgase un plazo de noventa días calendario para que los deudores que se encuentren comprendidos en lo dispuesto en la presente ley, puedan acogerse al beneficio que se establece.

Art. 2º. - La reglamentación del Poder Ejecutivo podrá otorgar similares facilidades a las previstas en la Ley Nº 16.866, de 12 de setiembre de 1997, para las obligaciones tributarias del Impuesto a los Ejes, por los vehículos con una antigüedad mayor a diez años, que se acogieran según lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley.

Art. 3º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar la recaudación no exonerada a que hace referencia el artícu- lo 1º de la presente ley, como aporte del Estado al proceso de formalización del transporte de cargas, a la renovación de la flota y a la constitución de un fondo de garantía conforme a la reglamentación que se dictará con el objetivo citado. Dicha reglamentación deberá contemplar en particular la situación de los propietarios de un vehículo único.

Art. 4º. - La Dirección Nacional de Transporte declarará de oficio la prescripción de aquellas obligaciones tributarias que recauda y estuvieren comprendidas en lo dispuesto por el artículo 38 del Código Tributario.

Art. 5º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar una bonificación de hasta el 15% (quince por ciento) del importe del Impuesto a los Ejes, a los contribuyentes buenos pagadores, en los términos que establezca la reglamentación.

Art. 6º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir el monto del impuesto creado por el artículo 15 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 196 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, para los vehículos con capacidad de carga inferior a cinco mil quilogramos que resultan gravados por lo dispuesto en el artículo 316 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y a los vehículos con capacidad de carga superior a los cinco mil quilogramos con una antigüedad mayor a diez años al momento de la promulgación de la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 11 de noviembre de 1997.

Daniel Corbo 1er. Vicepresidente
Martín García Nin Secretario

Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 5 de agosto de 1997

Sr. Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto Proyecto de Ley referente al proceso de formalización del transporte de carga y la renovación de la flota respectiva.

Exposición de Motivos

El informalismo en el transporte nacional de cargas es uno de los problemas más graves del sector, habida cuenta de sus consecuencias negativas en cuanto a la eficiencia global y a la seguridad en la prestación de los servicios.

Dicho informalismo se manifiesta actualmente en la falta de cumplimiento de las normas procedimentales y tributarias que regulan las operaciones de transporte, así como en una situación deficitaria respecto de las condiciones de seguridad de las unidades vehiculares y en la competencia desleal respecto del resto de los empresarios que integran la oferta de servicios de flete.

Dentro de las obligaciones tributarias que caracterizan al sector la más significativa refiere al impuesto creado por el Art. 15 de la Ley Nº 12.950 de 23 de noviembre de 1961 y sus modificativas ("Impuesto a los Ejes").

Cumplido el Ejercicio 1996, una cantidad de contribuyentes del referido impuesto, que asciende aproximadamente al 40% de los vehículos registrados en la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se encuentra en situación de morosidad en el pago.

Los mayores porcentajes de morosidad se detectan en relación con vehículos empadronados durante el período 1960-1980. En estos casos el valor total de la deuda devengada por dicho impuesto y no pagada, superaría ampliamente el propio valor de reventa en plaza del vehículo y ésto hace que, desde el punto de vista fiscal, aquellas deudas sean prácticamente incobrables.

En lo que hace al propietario, lo anterior, sumado a los crecientes costos de mantenimiento e inadecuación al mercado que origina la excesiva antigüedad de la flota, lo va induciendo a la inserción progresiva en un mercado marginal e informal en el cual no existe ninguna regulación. Antes bien, el incumplimiento refiere además al pago de tasas por otros conceptos y, obviamente, a la inobservancia de la inspección técnica vehicular.

En este estado, se comprueban distorsiones importantes en la comercialización de servicios, como consecuencia de la competencia desleal, provocada por las graves asimetrías en los costos operativos.

Estas situaciones han sido advertidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el que ha tratado de encontrarles soluciones de acuerdo a la capacidad económica del sector y, en el caso específico de los deudores de referencia, darles a éstos facilidades de pago en el cumplimiento de las obligaciones tributarias más gravosas para el operador.

El Poder Ejecutivo estima que debe promover una solución por la vía legal que indirectamente facilite el reingreso al transporte formal de cargas a aquellos deudores, a la vez que fortalezca institucionalmente el subsector y contribuya a crear mejores condiciones de seguridad en la circulación por la red vial nacional.

La solución que se propone permitiría exonerar el cincuenta por ciento de los valores adeudados por concepto de las sanciones pecuniarias derivadas del impuesto a los ejes y destinar el producido del cincuenta por ciento no exonerado al proceso de formalización del transporte de cargas el que tiene como principal componente, nuevas medidas administrativas y financieras para la renovación de la flota de vehículos. Entre éstas la creación de un Fondo de Garantía para reforzar las operaciones de adquisición por el sistema de "contrato de crédito" (leasing) del cual se beneficiarán todos los interesados en la renovación sean éstos deudores o buenos pagadores.

En tales condiciones el Poder Ejecutivo considera asimismo que el proyecto adjunto tiene el consenso de todos los protagonistas del Subsector de Transporte de Cargas: operadores, importadores, agentes financieros y el Estado en particular.

Por lo expuesto se entiende que el proyecto atiende al interés general y contribuye a dar solución a los problemas derivados del informalismo, como son las asimetrías en materia de competitividad y la seguridad vial.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Lucio Cáceres, Raúl Bustos, Carlos Gasparri, Raúl Iturria, Ana Lía Piñeyrúa, Washington Bado, Antonio Guerra, Luis A. Mosca, Alvaro Ramos, Julio Herrera, Juan Chiruchi, Ernesto Rodríguez Altez.

PROYECTO DE LEY

Proyecto de ley sobre el proceso de formalización del transporte.

Artículo 1º. - Exonérase hasta el cincuenta por ciento de las sanciones pecuniarias pendientes de pago a la fecha de vigencia de la presente ley por infracciones cometidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 en violación a lo dispuesto por el Art. 15 de la Ley Nº 12.950 de 23 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el Art. 196 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 y el Art. 316 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 (Impuesto a los Ejes).

Otórgase un plazo de 90 días calendario para que los deudores que se encuentren comprendidos en lo dispuesto en la presente Ley, puedan acogerse al beneficio que se establece.

Art. 2º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar la recaudación no exonerada a que hace referencia el Art. 1º, como aporte del Estado al proceso de formalización del transporte de cargas, a la renovación de la flota y a la constitución de un fondo de garantía conforme a la reglamentación que se dictará con el objetivo citado.

Alvaro Ramos, Ernesto Rodríguez Altez, Juan Chiruchi, Luis A. Mosca, Raúl Bustos, Carlos Gasparri, Julio Herrera, Raúl Iturria, Washington Bado, Ana Lía Piñeyrúa, Antonio Guerra.

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda, habiendo realizado el estudio del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, relativo a "Impuesto a los Ejes, exoneraciones de sanciones pecuniarias por infracciones cometidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1996", por unanimidad aconseja al Cuerpo su aprobación, con las variantes introducidas en consulta con el Poder Ejecutivo, en mérito a las siguientes consideraciones:

1) En el Mensaje remitido el Poder Ejecutivo señala que "el informalismo en el transporte nacional de cargas es uno de los problemas más graves del sector, habida cuenta de sus consecuencias negativas en cuanto a la eficiencia global y a la seguridad en la prestación de los servicios.

2) Destaca que se estima en un 40% los vehículos morosos, y que se propone la exoneración del 50% de los recargos. Por último la recaudación del restante 50% de las sanciones por morosidad integrará un Fondo de Garantía para permitirle a los empresarios la renovación de sus vehículos.

3) La Comisión recibió al Director Nacional de Transporte, realizando un pormenorizado análisis; resultando del mismo que la morosidad se concentra en los vehículos mayores a diez años, y especialmente en los modelos anteriores a 1980.

4) En consecuencia, decidió extender las normas que rigen a estos mismos empresarios, notoriamente pequeños empresarios, las normas vigentes para los tributos recaudados por el Banco de Previsión Social. En efecto, se dispone por el artículo 4º que la Administración deberá declarar de oficio la prescripción de las obligaciones tributarias (esto es cinco años para los casos usuales).

Igualmente se establece en el artículo 2º la facultad de otorgar las mismas facilidades aprobadas recientemente para los deudores del Banco de Previsión Social. Esto es hasta seis años, convirtiendo el tributo y sus sanciones a unidades reajustables, con el 2% anual e interés.

5) Como contrapartida se autoriza al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a otorgar hasta un 15% de bonificación para los buenos pagadores, eternos olvidados del sistema.

6) En relación a los vehículos de carga con capacidad inferior a 5.000 kgs. recientemente incorporados como pasivos del impuesto, se autoriza la disminución, en hasta un 60% del gravamen.

Estas medidas son sin perjuicio de tomar en consideración los estudios de cargas a usuarios de la infraestructura nacional, y el extremos que se trata de un ingreso del FIMTOP, vertido directamente a recuperar y mantener la referida red, utilizada por los sujetos pasivos del gravamen.

Estas modificaciones se encuentran al servicio de facilitar el cumplimiento fiscal, en un parque notoriamente envejecido, esperando la regularización de las situaciones de morosidad, y un impulso a la renovación de la flota.

Sala de la Comisión, 15 de octubre de 1997.

Julio Aguiar (Miembro Informante), Alvaro Alonso, Alejandro Atchugarry, Juan Federico Bosch, Leonardo Nicolini, Iván Posada, Enrique Rubio.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Exonérase hasta el 50% (cincuenta por ciento) de las sanciones pecuniarias pendientes de pago a la fecha de vigencia de la presente ley, por infracciones cometidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 en violación a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 196 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 y el artículo 316 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 (Impuesto a los Ejes).

Otórgase un plazo de noventa días calendario para que los deudores que se encuentren comprendidos en lo dispuesto en la presente ley, puedan acogerse al beneficio que se establece.

Art. 2º. - La reglamentación del Poder Ejecutivo podrá otorgar similares facilidades a las previstas en la Ley Nº 16.866, de 12 de setiembre de 1997, para las obligaciones tributarias del Impuesto a los Ejes, por los vehículos con una antigüedad mayor a diez años, que se acogieran según lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley.

Art. 3º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar la recaudación no exonerada a que hace referencia el artículo 1º de la presente ley, como aporte del Estado al proceso de formalización del transporte de cargas, a la renovación de la flota y a la constitución de un Fondo de Garantía conforme a la reglamentación que se dictará con el objetivo citado.

Artículo 4º. - La Dirección Nacional de Transporte declarará de oficio la prescripción de aquellas obligaciones tributarias que recauda y estuvieren comprendidas en lo dispuesto por el artículo 38 del Código Tributario.

Art. 5º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar una bonificación de hasta el 15% (quince por ciento) del importe del Impuesto a los Ejes, a los contribuyentes buenos pagadores, en los términos que establezca la reglamentación.

Art. 6º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir el monto del impuesto creado por el artículo 15 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 196 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, para los vehículos con capacidad de carga superior a 3.500 kgs. e inferior a 5.000 kgs. que resultan gravados por lo dispuesto en el artículo 316 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Sala de la Comisión, 15 de octubre de 1997.

Julio Aguiar (Miembro Informante), Alvaro Alonso, Alejandro Atchugarry, Juan Federico Bosch, Leonardo Nicolini, Iván Posada, Enrique Rubio".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: el proyecto de ley aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes modifica una iniciativa del Poder Ejecutivo del 5 de agosto de este año. Ha contado con la anuencia del Poder Ejecutivo y de los distintos sectores vinculados al transporte.

En definitiva, se reconoce el hecho de que el informalismo del transporte nacional de cargas es un problema grave con consecuencias negativas en varios ámbitos.

Dicho informalismo se manifiesta de tres maneras. La primera de ellas es con una falta de cumplimiento de las normas tributarias y procedimentales en lo que tiene que ver con la operación de los vehículos; la segunda, refiere a una situación deficitaria con respecto a las condiciones de seguridad de los vehículos, al evadirse la revisión técnica de los mismos y la tercera, está relacionada con la competencia desleal con respecto al resto de los empresarios que integran la oferta de los servicios de fletes.

Este informalismo, señor Presidente, se debe fundamentalmente a que el 40% de los vehículos registrados en la Dirección Nacional de Transporte al final del Ejercicio 1996 se encontraba moroso con respecto al pago del denominado Impuesto a los Ejes, establecido en el artículo 15 de la Ley Nº 12.950 de 1961 y las que lo modifican.

La mayor parte de la morosidad se concentra en vehículos matriculados entre 1960 y 1980 y, entre ellos, especialmente los más antiguos. Esto significa que ponerse al día con los tributos y con las sanciones pecuniarias derivadas de esta morosidad implicaría, en muchos casos, tener que pagar un monto muy superior al valor de mercado de esas unidades. La única alternativa que tienen estos empresarios, que por lo general son pequeños, es dejar de operar en el sector formal y pasar a la informalidad, con las tres dificultades que señalaba.

En estas condiciones, señor Presidente, y luego de algunas conversaciones que mantuvimos con todos los sectores involucrados en el tema, la Cámara de Representantes perfeccionó el proyecto de ley original enviado por el Poder Ejecutivo, estableciendo -en forma resumida- una exoneración de hasta el 50% de las sanciones pecuniarias pendientes de pago a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, derivadas de infracciones cometidas antes del final del Ejercicio 1996, violando de esta manera lo dispuesto en el artículo que fija el Impuesto a los Ejes y las disposiciones que lo modifican.

Además, se otorga un plazo de 90 días calendario para que los propietarios de vehículos que estén en estas condiciones puedan acogerse al beneficio que establece este proyecto.

Asimismo, en esta iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes, se instituye que el Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, podrá otorgar, para el pago de los adeudos que no se exoneran, facilidades similares a las que se establecen en la Ley Nº 16.866, de 12 de setiembre de 1997, en relación con el Banco de Previsión Social.

Esta iniciativa, señor Presidente, pretende no sólo resolver la situación de no pago de estas obligaciones tributarias y de las sanciones pecuniarias, sino también estimular la formalización de estos empresarios y la renovación de la flota. El proyecto establece que el 50% de los tributos no exonerados se destinará a la creación de un fondo de garantía que, luego de dictada la reglamentación correspondiente, permitirá apoyar la adquisición de unidades nuevas en distintas modalidades, incluida la de crédito de uso o "leasing", con lo cual se buscaría la modernización de la flota y que los empresarios que se encuentren en la informalidad vayan regularizando su situación.

En el artículo 4º de este proyecto de ley se establece que la Dirección Nacional de Transporte declarará de oficio la prescripción de aquellas obligaciones tributarias que recauda y estuvieren comprendidas en lo dispuesto por el artículo 38 del Código Tributario que, precisamente, es el que refiere a la prescripción.

Además, tomando en cuenta observaciones realizadas en la Cámara de Representantes, se incorpora un artículo mediante el cual se otorga un beneficio de hasta un 15% a aquellos contribuyentes que hayan cumplido con todas las obligaciones, con el fin de que esto no se transforme en un mecanismo para perdonar a quienes han violado las normas y han omitido pagar impuestos.

Finalmente, luego de discutir este tema con la Dirección Nacional de Transporte, se establece una facultad para disminuir el monto del Impuesto a los Ejes en dos situaciones. La primera, es la que refiere a los vehículos que tienen una antigüedad mayor a 10 años para evitar, precisamente, no sólo la continuidad sino también la reiteración de las situaciones de morosidad que hemos señalado, en las que el monto del tributo y las sanciones pasan a ser mayores que el valor de mercado del vehículo. La segunda, está referida a los vehículos con una capacidad de carga inferior a los 5.000 kilogramos.

En esencia, esto es lo que establece este proyecto de ley que ha sido largamente reclamado por el sector del transporte. Obviamente, tanto la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo como las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes han contado con el apoyo -según consta en la versión taquigráfica de la respectiva Comisión- de los distintos sectores involucrados con la actividad del transporte.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Hacienda recomienda al Senado la aprobación de esta iniciativa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: como bien se ha expresado por parte del señor Miembro Informante, vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto de ley.

No obstante, quiero referirme a la situación que, en general, viven los camioneros propietarios de un solo vehículo que, a lo largo y a lo ancho del país, nos han planteado reiteradamente su situación. Esta es insostenible desde el punto de vista de la manutención de la fuente de trabajo.

Lo que ocurre, como me lo recordaba recién la señora Senadora Arismendi, es que hay zonas del país donde estos trabajadores, por la naturaleza de las cargas que transportan, tienen ubicada allí su fuente de trabajo, y el mecanismo de control para los vehículos con más de 10 años de antigüedad, les hace imposible que regularicen su situación. Por este motivo, han caído en esa morosidad en el pago de los tributos porque han perdido su fuente de trabajo.

A esto se agrega que, de acuerdo a la reglamentación vigente, los camiones que tienen matrícula de los países vecinos no pasan por los controles establecidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para su registro y habilitación, con lo cual se produce otro desplazamiento adicional de trabajo hacia personas que compiten con ellos en esta materia.

Se me señalaba que en la zona arrocera, prácticamente los camioneros uruguayos que están en esta situación han perdido las fuentes de trabajo.

Creo que aquí el Poder Ejecutivo tiene una tarea, porque uno de los artículos establece que el total o un porcentaje de la recaudación se destinará a la creación de un fondo de financiamiento para la renovación de la flota, a los efectos de que se pueda adquirir -como ocurrió con la flota del transporte cuando se la renovó- a través de la modalidad del crédito de uso o leasing. De este modo, estos trabajadores verán recuperado de alguna manera su instrumento de trabajo y estarán en condiciones de competir en condiciones diferentes a las actuales. Este no es un problema menor; hay miles de personas en esta situación que representan a miles de familias que, prácticamente, no perciben un ingreso decoroso en atención a la situación que están viviendo.

No sé si con la autorización del artículo 3º será suficiente o habrá que instrumentar algún nuevo proyecto de ley para que sea posible desarrollar ese fondo de financiamiento para los camioneros que estén en las condiciones previstas por esa disposición.

Pienso que este es un tema del que nos tendríamos que ocupar en el próximo período legislativo, a los efectos de resolver un problema de empleo muy importante.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Quiero recordar que este tema se debatió en el ámbito del Senado. Justamente, quien habla junto con otros Senadores lo trajimos, manifestando, en términos genéricos, que éramos contrarios a este Impuesto a los Ejes, porque afectaba en forma considerable la fuente de trabajo y la competencia que pudieran desarrollar aquellos que, como los camiones extranjeros, no pagaban este impuesto.

Se hizo mención al tema de los camiones en condiciones que no hacían posible su uso correcto, que se utilizaban en la zona arrocera, que provenían de Brasil y cruzaban la frontera, trabajando en condiciones mucho más económicas que las que podían ofrecer los camioneros uruguayos que deben pagar esta tremenda carga impositiva, que es la que agobia al trabajador y a la pequeña empresa. No recuerdo bien las cifras -no las tengo en este momento- pero era muy importante la cantidad que debía pagar un camión parado, es decir, sin trabajar, por impuestos de toda índole, que se van sumando a otras cargas generales.

Además, en aquel entonces había agrupaciones de camioneros que querían realizar la tarea de inspección controlada por una autoridad competente, pero se dijo que existía un compromiso con una empresa a través de un contrato firmado. Se trata de una empresa que gana mucho dinero y que tiene el monopolio de ese tipo de control. Sin embargo, está haciendo una tarea fiscalista que va mucho más allá de un control, que es necesario para que el vehículo esté en funcionamiento y brinde seguridad al trabajo de los camioneros.

Comparto lo que ha expresado el señor Senador Gargano, en el sentido de que debemos estudiar a fondo este tema y legislar al respecto. Se le está causando un grave daño -en esta época en que hablamos de pequeñas empresas- a los pequeños empresarios transportistas, con una finalidad que no es la que tiene como filosofía estas inspecciones que se realizan.

En aquel momento, me manifesté contrario a que se estableciera ese sistema, que es el que está vigente y la realidad nos ha demostrado que eso no funciona. Aquí daremos la posibilidad de que quienes deben se pongan al día, pero cuando algo no funciona, los problemas aparecen en poco tiempo.

El sistema que ha instrumentado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es malo, no cumple sus objetivos y representa un castigo impositivo para los pequeños transportistas, sobre todo, aquellos que tienen flotas menores o individuales.

Señor Presidente: dada la situación que se presenta, voy a acompañar este proyecto de ley, pero quiero sumarme a la voz de otros señores Senadores -como la del señor Senador Gargano- en el sentido de que hay que estudiar profundamente este tema. Todos estamos hablando de la necesidad de que se desarrolle la pequeña empresa, pero resulta que pretendemos hacerlo castigándola con impuestos que hacen difícil su trabajo, otorgándole préstamos que no pueden pagar a un interés carísimo en dólares e, inclusive, pidiéndole garantías extraordinarias que como bien saben los bancos prestamistas oficiales no pueden presentar.

Todo esto afecta el desarrollo de la pequeña empresa, por lo que de una vez por todas este país debe abocarse a una tarea en serio. No es posible que digamos que estamos intentando fomentar la pequeña empresa y lateralmente creamos las condiciones financieras e impositivas para que ninguna pequeña empresa se pueda desarrollar, como sucede en este caso con los camioneros.

Voy a votar este proyecto de ley, pero sigo manteniendo mi tesis -que desarrollé en un debate aquí- en cuanto a que estas inspecciones son malas, no sirven y perjudican sobre todo a los empresarios más pequeños. Por lo tanto, es necesario realizar un estudio y una revisión a fondo del sistema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Exonérase hasta el 50% (cincuenta por ciento) de las sanciones pecuniarias pendientes de pago a la fecha de vigencia de la presente ley, por infracciones cometidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, en violación a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 196 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y el artícu- lo 316 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Otórgase un plazo de noventa días calendario para que los deudores que se encuentren comprendidos en lo dispuesto en la presente ley, puedan acogerse al beneficio que se establece.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 2º. - La reglamentación del Poder Ejecutivo podrá otorgar similares facilidades a las previstas en la Ley Nº 16.866, de 12 de setiembre de 1997, para las obligaciones tributarias del Impuesto a los Ejes, por los vehículos con una antigüedad mayor a diez años, que se acogieran según lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

-En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 3º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar la recaudación no exonerada a que hace referencia el artículo 1º de la presente ley, como aporte del Estado al proceso de formalización del transporte de cargas, a la renovación de la flota y a la constitución de un fondo de garantía conforme a la reglamentación que se dictará con el objetivo citado. Dicha reglamentación deberá contemplar en particular la situación de los propietarios de un vehículo único.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 4º. - La Dirección Nacional de Transporte declarará de oficio la prescripción de aquellas obligaciones tributarias que recauda y estuvieren comprendidas en lo dispuesto por el artículo 38 del Código Tributario.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 5º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar una bonificación de hasta el 15% (quince por ciento) del importe del Impuesto a los Ejes, a los contribuyentes buenos pagadores, en los términos que establezca la reglamentación.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 6º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir el monto del impuesto creado por el artículo 15 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 196 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, para los vehículos con capacidad de carga inferior a cinco mil quilogramos que resultan gravados por lo dispuesto en el artículo 316 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y a los vehículos con capacidad de carga superior a los cinco mil quilogramos con una antigüedad mayor a diez años al momento de la promulgación de la presente ley.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

11) TRABAJOS DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DURANTE EL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"Mocionamos para que las Comisiones Permanentes y Especiales del Senado puedan sesionar durante el receso parlamentario. Firman los señores Senadores Heber, Garat y García Costa."

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR VARIOS FISCALES LETRADOS

SEÑOR SANABRIA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA. - Solicitamos que se pase a tratar el asunto que figura en octavo lugar del orden del día -para lo que se necesitaría pasar a sesión secreta- en el entendido de que es necesario tratar también las venias de designación de Fiscales Letrados, que en la mañana de hoy han sido aprobadas por unanimidad en la Comisión de Asuntos Administrativos.

Consideraríamos las venias de destitución solicitada por el Poder Ejecutivo y las de designación de Fiscales Letrados en varios lugares del país.

SEÑOR PRESIDENTE. - En la medida en que las venias de los Fiscales no figuran en el orden del día, se requieren 16 votos conformes para ser consideradas como cuestión de urgencia.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 16 y 57 minutos.)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 17 y 35 minutos.)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio). - El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para designar al Fiscal Letrado Nacional de Aduana de 1er. Turno, doctor Edward Abel Hernández Martínez, para ocupar el cargo vacante de Fiscal Letrado Nacional de lo Civil de 1er. Turno; a la Fiscal Adjunto Nacional de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de 6º Turno, doctora Raquel Beatriz González Tornaría, para ocupar el cargo vacante de Fiscal Letrado Departamental de Durazno de 1er. Turno; a la doctora Ana Cristina Vallverdú Olivera, para ocupar el cargo de Fiscal Adjunto Nacional de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de 6º Turno; al Secretario Letrado de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de 5º Turno, doctor Ricardo Fernando Perciballe López, para ocupar el cargo vacante de Fiscal Letrado Departamental del Chuy; a la Secretaria de la Fiscalía Nacional de lo Penal de 10º Turno, doctora Silvia Beatriz Méndez Pascal, para ocupar el cargo vacante de Fiscal Letrado Departamental de Tacuarembó de 2º Turno; al Secretario de la Fiscalía Nacional de lo Penal de 11er. Turno, doctor Carlos Genaro Negro Fernández, para ocupar el cargo vacante de Fiscal Letrado Departamental de Young; al Asesor I (Abogado) de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de 9º Turno, doctora Graciela María Peraza Furlan, para ocupar el cargo vacante de Fiscal Letrado Departamental de Rivera de 1er. Turno; al Asesor I (Abogado) de la Fiscalía Letrada Departamental de Canelones, doctor Luis Antonio Pachecho Carve, para ocupar el cargo vacante de Fiscal Letrado Departamental de Bella Unión; al Asesor I (Abogado) de la Fiscalía Letrada Departamental de Salto, doctor Carlos Alberto Rodríguez Carrete, para ocupar el cargo vacante de Fiscal Letrado Departamental de Artigas; al Asesor I (Abogado) de la Fiscalía Letrada Departamental de Maldonado, doctor Carlos Alberto Reyes Rodríguez, para ocupar el cargo vacante de Fiscal Letrado Departamental de Río Branco; al Subjefe de Departamento de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de 1er. Turno, doctor Juan Bautista Gómez Duarte, para ocupar el cargo vacante de Fiscal Letrado Departamental de Rivera de 2º Turno.

Asimismo, el Senado concedió venia para destituir de sus cargos a una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, a un funcionario del Ministerio de Salud Pública, a tres funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura.

13) CORRUPCION

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se establecen normas para la prevención y lucha contra la corrupción. (Carp. Nº 481/96 - Rep. Nº 542/97)".

(Antecedentes: Ver 72ª S.O.)

SEÑOR PRESIDENTE - Continúa la discusión general.

SEÑOR BERGSTEIN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN. - Señor Presidente: Cambises, el Rey Persa, tenía por norma, cuando un Juez se vendía a una de las partes, desollarlo vivo. Con todo lo grave que esto significa no es todo sino que, además, usaba la piel para forrar el sillón desde el cual el sucesor debía impartir justicia. Como los cargos de Juez en el Imperio Persa eran hereditarios y los hijos no tienen por qué pagar las culpas de los padres, el hijo asumía el cargo y se sentaba en el sillón forrado con la piel de su padre, para recordarle que era más conveniente un ejercicio recto de la Magistratura.

Con esto no estamos insinuando en modo alguno que debemos hacer más severas aún las penas en materia de combate contra la corrupción, sino recordar cuán antigua es la corrupción y cuán antigua es la lucha contra ella. Sin embargo, en el mundo está sucediendo algo nuevo en la materia. El tema de la corrupción pública y su enfrentamiento hoy está en el escenario público de la mayor parte de los países, y esto se debe a dos o tres factores que esquemáticamente, a nuestro modo de ver, son los siguientes.

La globalización y la proliferación de los medios masivos audiovisuales de comunicación contribuyen a fomentar tentaciones, que actualmente son más fuertes. Por otro lado, las barreras morales contra esas tentaciones quizás sean un poco más débiles, y no tanto porque los valores estén en crisis.

Compartimos la posición del filósofo Savater cuando dice que más que una crisis de valores, hay una proliferación de valores. Entonces, los valores tradicionales tienen que disputarse las prioridades con los nuevos que se están imponiendo en el mundo moderno.

Al mismo tiempo, el tema de la corrupción y su lucha tiene que ver con la consolidación y el desarrollo del sistema democrático. En un sistema totalitario, no se impone el concepto de lucha contra la corrupción tal como lo entendemos, porque en ese tipo de sistemas, cualquiera sea el signo ideológico, siempre hay alguien, una persona, una casta, una élite o un partido que está por encima de la ley. Y si alguien está por encima de la ley, la confrontación entre la corrupción y la lucha contra ella no tiene sentido, por lo menos, para quien esté en esa situación.

Lo que queremos inferir de todo esto es que no podemos asociar la corrupción pública con determinados sistemas ideológicos o regímenes; la corrupción pública está en todo tipo de régimen y las pruebas son casi obvias, pero la lucha contra la corrupción, tal como nosotros la entendemos, sólo la puede dar el régimen democrático, en el cual nadie está por encima de la ley. Entonces, es la democracia la que está en condiciones de combatirla, y compartimos la afirmación de la víspera del señor Senador Millor, cuando decía que estamos participando en una sesión histórica, porque la aprobación de este proyecto configura una respuesta del sistema político uruguayo a un fenómeno que no por internacional deja también de ser uruguayo. Es la respuesta del sistema político uruguayo a un reclamo de la sociedad.

Por otro lado, decíamos que la democracia puede combatir la corrupción con imaginación y con las garantías adecuadas: con imaginación, porque la estrategia estatal no debe concentrarse sólo en lo penal, sino que debe abarcar aspectos administrativos, institucionales, de control social, internacionales; y con las garantías adecuadas, porque ninguna respuesta político-criminal es válida si evade el sistema de garantías, aunque se trate de solucionar un tema tan grave. Nos adelantamos a reconocer que la lucha contra la corrupción puede poner en tensión el sistema de garantías; por ejemplo, evitar las presunciones de culpabilidad más o menos encubiertas que pueden afectar el principio de inocencia, los tipos abiertos que quitan certeza, que es lo menos que se debe pedir al sistema penal, lo que mencionaba en la sesión de ayer el señor Senador Santoro, a propósito de la retroactividad propuesta en la Convención de Caracas. Nos referimos, entonces, a tener imaginación en la creación de una respuesta múltiple, sin desmedro de un sistema de garantías. Precisamente, eso fue lo que intentó el proyecto del Poder Ejecutivo, que nace de una iniciativa del Presidente de la República cuando en 1995 creó un grupo de trabajo informal para analizar el tema.

Si la bondad de los proyectos estuviera en relación directa con el trabajo que se invierte en ellos, éste tendría que ser casi perfecto. Fue un proyecto trabajoso, en el que se fueron decantando una serie de aportes internacionales y nacionales. Luego pasó por el tamiz del Consejo de Ministros, o sea del Gobierno de Coalición, y más adelante tuvo el tránsito parlamentario al cual ayer hizo referencia el señor Miembro Informante.

El hecho concreto es que, como se dijo también ayer, los códigos no son buenos o malos por su tamaño, pero en materia de lucha contra la corrupción la respuesta no debe ser solamente penal. Este proyecto, como decíamos, incluye una respuesta administrativa, en cuyo ámbito incluye diversas normas.

También contiene una respuesta institucional a la ética del poder, como es la creación de la Comisión Asesora a la cual luego nos vamos a referir. Asimismo, reincorpora el Capítulo que llamamos Ley Cristal. En su momento, tratamos de oponernos a su desglose del cuerpo de la ley, porque entendíamos que se integraba armoniosamente con el resto de la misma y, en ese sentido, desde nuestro punto de vista fue una pena el hecho de que se hubiera desglosado para seguir un trámite independiente.

Los avatares del trámite parlamentario afortunadamente lo devolvieron al seno de donde no debió haberse extraído.

En cuanto al aspecto penal, decíamos que hay en el mundo una tendencia a combatir la inflación penal, sin perjuicio de lo cual en algunos aspectos se manifiestan tendencias criminalizadoras. Participamos de la idea de que el Derecho Penal, por el solo hecho de existir, mantiene a alguna gente apartada del delito. Es así que a pesar de que todos compartimos la convicción de que debemos evitar esa inflación penal, recurrentemente, en distintas áreas, se están estudiando y sancionando leyes penales, como por ejemplo de carácter ambiental, leyes antidiscriminatorias y leyes para combatir la corrupción, etcétera.

Toda respuesta penal es en sí misma severa, porque tiene que ver con los derechos fundamentales del individuo. Aquí se ha hablado de que este es un proyecto de ley "tibio", por cuanto no sería lo suficientemente severo. No podemos compartir esa opinión, porque creemos que la severidad en materia penal no consiste en imponer un año más o un año menos de privación de libertad. Pensamos que la verdadera severidad surge de una variedad de medidas en cuanto a la persecución penal, que se aplican a las diferentes conductas delictivas, utilizándose la imaginación para diseñar modelos político-criminales que permitan controlar eficazmente determinados comportamientos, pero respetando siempre las garantías del derecho penal liberal. De lo que se trata es de que la relación costo-beneficio resulte para el agente de la conducta objetivamente adversa, pero considerado en forma global. No estamos tomando aisladamente, por ejemplo, el monto de las multas y cuánto puede ser el volumen de su defraudación. Lo decimos tomando en conjunto las penas y no considerando aisladamente algunas de las penas, como por ejemplo, las penas privativas de libertad, o que han sido objeto de mucha discusión en el trámite parlamentario, aun cuando la criminología nos enseña desde hace tiempo que el puro aumento de las escalas penales no sirve demasiado. El posible autor de un delito, cuando lo está planeando o realizando, no se pregunta cuánto tiempo de cárcel le van a imponer, sino qué posibilidades hay de que sea descubierto. Personalmente, pienso que si él supiera que será descubierto, por menor que sea la pena, quizás no cometería el delito. Lo que pasa es que la esperanza o la convicción de permanecer impune es lo que lo lleva a cometer el delito. Así, el puro aumento de la pena es una receta de política simbólica que no altera en demasía la cuestión. Pero, verdaderamente, este proyecto de ley es sumamente severo. Si tomamos aisladamente las penas privativas de libertad, la iniciativa tal como vino del Poder Ejecutivo ya era severa, y luego de tratativas que se hicieron en el ámbito del Senado, se tornó aún más severa. Y lo es fundamentalmente porque ha innovado en las tradiciones jurídicas nacionales, cuando por primera vez acumula las penas privativas de libertad con las penas de multa y con multas que nada tienen que ver por su volumen con las tradicionales del sistema penal uruguayo. Pero es severo, porque esta multa no es un sustituto de lo que se haya defraudado, ya que este proyecto de ley establece una variante importantísima en la llamada confiscación de los efectos del delito, en la medida en que determina -quebrando también la tradición uruguaya, si se quiere- que al autor del delito se le habrá de confiscar los objetos o valores patrimoniales que sean resultado directo o indirecto del delito, pasando a pertenecer el producto de la confiscación al Estado. Quiere decir que si una persona comete una defraudación millonaria en perjuicio del Estado, en principio se le habrá de confiscar el producto de esa maniobra dolosa, y si con ese importe compró, por ejemplo propiedades, o hizo otro tipo de inversiones, habrá de serle confiscado todo lo que fuera producto de dicha maniobra. Además, se le impondrá una multa que podrá ser muy importante, ya que podría tratarse de U$S 80.000, U$S 100.000 o U$S 150.000. Asimismo, se le impondrán penas privativas de libertad que podrán llegar a extremos muy elevados. Cabe preguntarse si todo esto es acaso poco severo. Y aún hay más; deberá enfrentar las penas de inhabilitación para desempeñar funciones públicas por prolongados lapsos de tiempo.

En definitiva, tenemos una batería de sanciones pecuniarias -que, tal como lo estableció en el día de ayer el señor Senador Millor, es lo que a veces duele al corrupto- y privativas de libertad, que confieren a este proyecto un alto grado de severidad. Es claro que a la hora de determinar esta severidad, cuando se habla de las penas privativas de libertad, tenemos que establecer un equilibrio con las penas que establece el Código para los demás delitos. Por nuestra parte, nos sigue pareciendo que el homicidio doloso -es decir, el hecho de dar muerte a otra persona con intención de matar- no es un delito menos grave que alguno de los delitos de corrupción y, sin embargo, tiene un mínimo excarcelable de alrededor de 20 meses de penitenciaría, si es que la memoria no me engaña. Así, dentro de lo que fue la elevación del máximo de las penas, en el proyecto se ha tratado de mantener una concordancia con los otros delitos, además de mantener mínimos excarcelables. Por más grave que sea una conducta -nos estamos refiriendo a conductas de suma gravedad y no nos vamos a llamar a engaño en la materia- la vida real nos presenta a veces situaciones tan variadas que exceden la imaginación del Legislador y, de alguna manera, a nuestro modo de ver, uno debe dejar esa puerta abierta en lo que refiere a la posibilidad de excarcelación. Hemos adoptado ese criterio recientemente, en relación con delitos de extrema gravedad; me refiero a la aprobación que dio el Senado a la nueva ley de estupefacientes, modificándose el régimen vigente y bajando los mínimos que eran de penitenciaría a prisión, precisamente para admitir que en determinadas circunstancias el Juez tenga la libertad para poder conceder el beneficio de la libertad provisional. Creemos que no debemos apartarnos de este criterio. Podemos sí, por la vía de las agravantes -tal como lo hace la iniciativa del Poder Ejecutivo- establecer para determinados sujetos activos una agravante especial que se suma a las agravantes genéricas del Código Penal, pero sin apartarnos de estos mínimos excarcelables. En este sentido, me voy a permitir citar un ejemplo. En 1974 se aprobó un nuevo proyecto de ley en materia de juegos de azar y quiniela clandestinos.

En el régimen anterior a 1974, en el que se establecía una pena de prisión o multa, había múltiples procesamientos por violación a esa ley. En 1974 se estableció que si la persona era reincidente, el mínimo sería de dos años de penitenciaría. Cuando recién se sancionó la ley, hubo dos o tres procesamientos porque los capitalistas de la quiniela clandestina por ejemplo generalmente no tienen esta actividad como ocasional, sino que es habitual en ellos -al igual que en otros juegos de azar-; sin embargo, los Jueces no procesan a los reincidentes porque les pareció que las situaciones que se planteaban en la realidad eran incompatibles con la imposición de pena de penitenciaría. Se hicieron verdaderos galimatías intelectuales para evitar procesamientos, porque no existía la posibilidad de excarcelación, cuando el mínimo era de penitenciaría.

Dado lo expuesto, por más que deseemos ser severos -insisto que esta ley es, a nuestro juicio sumamente severa si sumamos todas sus opciones- instamos a no apartarnos de los mínimos excarcelables.

Y antes de abandonar el tema de la severidad, queremos agregar que hay algo que está más allá de las penas específicas que se establecen, sean de inhabilitación, pecuniarias, privativas de libertad o de confiscación. En ese tipo de delincuencia, el solo hecho del procesamiento -ya no hablo de la condena- tiene un profundo contenido estigmatizador. Incluso antes del procesamiento, la sola tramitación de una denuncia penal tiene una potencialidad dañina que no escapa a nadie en un país como el nuestro, en el que los medios de difusión -muchas veces involuntariamente- van gestando una especie de repudio dirigido. Quiere decir que el solo hecho de estar sometido a una investigación judicial, significa un peso muy grave; ¡ni que hablar cuando se llega a la etapa del procesamiento! Así como en el aspecto de fondo decíamos que por grave que sea el problema de la corrupción no tenemos que abandonar el sistema de garantías del Derecho Penal liberal, también decimos que por grande que sea la tentación de que el Legislador establezca penas más severas, debemos mantener un equilibrio, aun dentro de una severidad que todos compartimos.

Sin perjuicio de que pueda haber alguna nueva variante -el Cuerpo lo decidirá- el proyecto del Poder Ejecutivo, ya fue modificado en ese aspecto, en el trámite parlamentario -a propuesta del señor Senador Millor- aumentándose los máximos de una serie de delitos. Creemos que no debemos ir más allá de lo mucho que ya se ha avanzado en materia de severidad.

En lo que respecta al ámbito penal, se ha planteado la incorporación de nuevos tipos delictivos y de algunas medidas administrativas. Seguramente, ello va a ser objeto de discusión en el debate particular, pero queremos detenernos muy esquemáticamente en algunos aspectos, para someterlos a la reflexión de los señores Senadores.

Nosotros no creemos que debamos incorporar el delito de enriquecimiento ilícito porque, si bien en algunos países existe, tal como viene propuesto, lo que se estaría haciendo en la sistemática penal uruguaya sería incriminar la no justificación de la procedencia del enriquecimiento patrimonial. No se está castigando el enriquecimiento injusto, sino el no justificar su procedencia, sin distinguirse si la persona no lo justifica porque no puede o porque no quiere. Si bien el "nomen juris" habla de enriquecimiento ilícito, no surge del texto legal. Por ejemplo, una persona podría haber recibido una donación muy importante de su amante y no querer denunciar el origen de su enriquecimiento para no desestabilizar su familia. No nos parece de recibo que el solo hecho de no justificar el enriquecimiento -que puede ser la consecuencia de otros hechos que pueden o no ser delictivos- se considere ilícito. Es una especie de Derecho Penal de "por las dudas" -así lo llamamos nosotros- por si se nos escapó algo en el camino. Si se trata verdaderamente de conductas delictivas, éstas ya fueron incriminadas en una etapa anterior y fueron las que, a lo mejor, provocaron el enriquecimiento. Con todos los respetos, somos reacios al Derecho Penal de "por las dudas", y eso es lo que nos parece que se deriva de esta disposición.

SEÑOR MILLOR. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BERGSTEIN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Agradezco al señor Senador Bergstein y aclaro que no tengo por costumbre interrumpir a los oradores, sobre todo cuando vienen desarrollando su exposición de una manera tan armónica e ilustrada.

En nuestra modesta opinión, esta figura del enriquecimiento ilícito es la más importante, por lo menos de las que nosotros hemos presentado en un intento de combatir la corrupción. Simplemente deseo plantear un argumento que se me pasó por alto. La semana pasada el Senado de la República votó por unanimidad la Convención Interamericana contra la Corrupción, que fue informada por el señor Senador Gargano, que no tengo ningún empacho en decir que fue el que me recordó esto que voy a manifestar. En la página 12 del informe se hace referencia al artículo 9º, que trata sobre normas de enriquecimiento ilícito y establece que, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales sobre el ordenamiento jurídico, los Estados Parte que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él. Me limito a leer la exposición de motivos porque, como es de costumbre tal vez sea más fácil de comprender que el articulado en sí, aunque señala más o menos lo mismo.

Personalmente, no entiendo que estemos legislando por las dudas al proponer el enriquecimiento ilícito. Estoy de acuerdo con lo que señala el señor Senador Bergstein respecto a que se penaliza la no justificación, porque de eso se trata. Si un funcionario público incrementa su patrimonio excesivamente, de forma que despierte sospechas, ¿cómo las aventamos? Obviamente, justificando la forma en que incrementó el patrimonio. Lo que se castiga es que no lo haga. Pienso que si se trata de un gobernante va a estar deseoso de justificarlo.

Más allá de eso -todas las posiciones son respetables- este Senado de la República votó por unanimidad esta Convención Interamericana contra la Corrupción que, en su artículo 9º, recomienda a los Estados Parte legislar en materia de enriquecimiento ilícito. Además, cuando recomienda eso, lo hace en términos muy similares a la concreción de la redacción que nosotros le dimos al artículo, lo que no es de extrañar, porque no inventamos nada. Con la figura del enriquecimiento ilícito, lo único que hicimos fue extrapolar el texto de legislaciones de países muy civilizados, que entendieron conveniente darse este tipo de figuras.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Bergstein.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BERGSTEIN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Simplemente, quiero hacer una referencia a fin de no ingresar en el fondo del tema, porque de lo contrario estaríamos adelantándonos a la discusión particular.

Voy a hacer referencia al artículo 18 del proyecto de ley, que en realidad, reconoce el criterio de los signos exteriores de riqueza que sean manifiestamente desproporcionados con la situación económica del funcionario público. Es decir que esta disposición recoge claramente el principio de la Convención Interamericana, por lo que, en mi opinión, haría casi innecesario avanzar más, porque pone las cosas en sus justos términos. Esto no significa que esté a favor o en contra de incluir el aditivo propuesto por el señor Senador Millor, sino que una lectura a fondo de esta iniciativa nos acerca a las posiciones que, en este caso del artículo 18, son muy claras.

Aprovecho esta oportunidad para solicitar que se prorrogue el término de que dispone el señor Senador Bergstein.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN. - El señor Senador Hierro López me dejó sin tema, porque precisamente iba a referirme a esa disposición, que tiene una lógica que no escapará a la atención de los señores Senadores.

El hecho de que un funcionario público aparezca con signos desproporcionados de riqueza, puede deberse a mil y un factores.

Entonces, lo que corresponde es que sea convocado para brindar una explicación; si la misma no es satisfactoria, los antecedentes serán elevados al Juez. Pero tipificar como delito en sí mismo la no justificación, me parece que va en desmedro de las garantías que deben estar en la base de este proyecto de ley contra la corrupción. Pienso que por importantes y compartibles que sean las urgencias políticas y por graves que sean las repercusiones sociales en torno a la corrupción, volvemos al punto de partida en el sentido de que si bien la lucha contra ella pone en tensión el sistema de garantías, la respuesta político-criminal debe ser evaluada sin sustraernos a ninguna de las garantías que debe regir este cuerpo de leyes.

Es por ello que cuando se trabajó en la elaboración de la iniciativa que luego el Poder Ejecutivo hizo suya, se resistió la tentación de incluir fórmulas -algunas de las cuales figuran en convenciones internacionales- que son Derecho Positivo en otros países, por considerar que en nuestro país no estaban maduras las condiciones para ello y quizá no las necesitáramos. Me refiero al escucha clandestino, el agente encubierto, la impunidad para el testigo, etcétera, que son fórmulas que podrían reforzar la eficacia de una ley contra la corrupción, pero que nos ponen ante situaciones límite. Es por esa razón que pensamos que por el momento debíamos abstenernos.

Estoy recordando lo que manifestó en el día de ayer el señor Senador Santoro -que con todo respeto hacia los demás señores Senadores, realizó un aporte muy valioso en el proceso de obtener los consensos políticos necesarios para que se pueda sancionar, como es de prever este proyecto de ley- cuando hizo referencia a la retroactividad, que también fue mencionada en la reunión de Caracas.

Quiere decir que aquí ha primado, en todos los aspectos, un sentimiento de cautela frente a lo que pueden ser los derechos fundamentales que necesariamente están en juego. Por esa razón, no consideramos que deba tipificarse como un delito autónomo la violación de una incompatibilidad en sí misma. Esta puede deberse, a veces, hasta a motivos de altruismo y, en consecuencia, pensamos que no debe ser tipificada autónomamente como un delito. En algunas oportunidades puede estar encadenada a determinados delitos, pero que seguramente ya estarán atrapados en las figuras que se habrán de sancionar. Reitero, pues, que a nuestro juicio no debe ser establecida en sí misma, autónomamente, como delito.

Por ejemplo, constituye un delito el quebrantamiento de una pena, porque es un delito contra la administración de justicia, al igual que lo es el prevaricato del abogado y del procurador y no de cualquier funcionario público. En nuestro Derecho, el prevaricato tampoco es un delito contra la administración pública; sólo pueden cometerlo el abogado o el procurador, porque se los considera -así deben ser y lo son- auxiliares de la justicia, quizá de menor rango que los grandes protagonistas del proceso, pero auxiliares al fin. Entonces, los dos delitos de prevaricato que existen en nuestro Derecho son contra la administración de justicia, y ese no es el caso de la prevaricación del funcionario público.

Las distintas propuestas que se hacen a través de los aditivos -y lo digo con sumo respeto- son muy interesantes y siempre son opciones a considerar. Por ejemplo, se ha hablado de que cuando el Juez penal procesa preceptivamente, debe establecer un embargo preventivo. Ahora bien, debemos tener presente que en el Código de Proceso Penal que se acaba de sancionar -cuya tinta aún no se ha secado- hay disposiciones que establecen la misma solución que el Código General del Proceso. Entonces, si se hace el embargo preventivo, la persona que lo pide debe iniciar la demanda civil dentro de los 30 días de trabado aquél. En este caso, si un Juez penal va a trabar el embargo en forma preceptiva, ¿quién va a iniciar esa demanda? ¿Estamos cambiando el sistema general? Además, este embargo es el producto de un daño patrimonial. Creemos que de acuerdo con la normativa nacional, ello está supeditado a que efectivamente se produzca un daño patrimonial, porque se puede incurrir en estos delitos sin causar dicho daño. Si éste se ha producido, el damnificado -generalmente el Estado- tiene expeditos todos los caminos legales para pedir el embargo preventivo y luego, en la vía civil, deberá iniciar la demanda dentro de los 30 días. No debemos olvidar que en el sistema de la normativa uruguaya, si no se inicia la demanda dentro de ese plazo, el embargo preventivo caduca.

En definitiva, creemos que estamos ante un elenco muy completo de delitos. En la sesión de ayer, el Miembro Informante y el señor Senador Santoro señalaron la incorporación de delitos muy importantes como el tráfico de influencias -que es un punto de inflexión en la evolución del Derecho Penal uruguayo- y el uso de información indebida, todos ellos con sanciones severas y se establecieron agravantes especiales cuando las irregularidades se cometieren en el trámite de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado como en el caso de las licitaciones.

Vale decir que tomando en consideración los nuevos delitos, las nuevas agravantes, algunas modalidades adicionales que se crean en el delito de conjunción del interés público y privado y, en algunos aspectos, la severidad de las penas, la acumulación de penas pecuniarias con privativas de libertad, la confiscación de los efectos directos e indirectos del delito, además de la multa penal de esa magnitud y la suspensión e inhabilitación para desempeñar los cargos, tenemos una batería penal que podrá pecar de todo, menos de tibieza.

Al principio decíamos que el tema no se agota con la respuesta penal, ya que también existe una respuesta administrativa en el proyecto de ley. Como hay un capítulo penal, quizás tenemos la tendencia de subestimar el aspecto administrativo, y sin embargo, es importante. En este aspecto, el capítulo administrativo que figura en el proyecto del Poder Ejecutivo recoge las disposiciones más modernas en la materia, establece pautas legales para determinar ese concepto tan fundamental en el ejercicio de la función pública como es el de la probidad -que se presta mucho a subjetivismo- y también consagra el valioso principio de la rotación de los funcionarios que trabajan en las reparticiones encargadas de la compra de bienes y servicios.

Asimismo, establece la instalación de una comisión honoraria para modernizar y actualizar las disposiciones en materia de transparencia. También hay en el proyecto un capítulo referido al control social, que tampoco es de desdeñar, en cuanto a la difusión y a la publicidad de una serie de actos de la Administración.

Por otra parte, hay un capítulo que integra, en cierta forma, una respuesta institucional a la ética del poder; nos estamos refiriendo a la Junta Asesora. En realidad, el proyecto del Poder Ejecutivo hablaba de una Comisión de Transparencia, que despertó muchas resistencias en el trámite parlamentario, y finalmente, como solución transaccional y con el aporte del Fiscal de Corte se llegó a esta fórmula de la Junta Asesora en materia económico-financiera. Esta Junta, como el nombre lo dice, es asesora. Se ha mantenido el criterio del proyecto del Poder Ejecutivo de una integración colegiada, y nos permitimos subrayar ese aspecto porque también se han barajado opciones como las de Fiscalías especiales, o los Fiscales en general. La experiencia de otros países nos ha hecho llegar a la conclusión de que es preferible la creación de organismos colegiados, que están menos expuestos a las tentaciones de un protagonismo que debería ser incompatible con ese tipo de actividad. Además, esta Junta Asesora no tiene la función primordial que tenía la Comisión de Transparencia porque no posee esa facultad investigadora de la cual estaba investida dicha Comisión. Se trata de una Junta Asesora que claramente asesora al Juez o al Ministerio Público. Ese carácter surge de múltiples disposiciones. Es así que en el numeral 1 del artículo 4º se dice: "Actuará a nivel nacional en materia de los delitos previstos por la presente ley, contra la Administración Pública," etcétera. En el numeral 2 se expresa que: "Tendrá como cometido el asesoramiento de los órganos judiciales con competencia penal, emitiendo opinión dentro del marco de su materia," etcétera. En su momento, vamos a proponer alguna pequeña modificación de este párrafo. Luego dice: "La actuación de la Junta en el cumplimiento de su cometido se regulará por lo establecido en la Sección V, Capítulo III, Título IV, Libro I del Código General del Proceso, en lo aplicable". Debemos aclarar que aquí hay un error dactilográfico ya que el Título al cual se debe referir es al VI y no al IV, o sea aquel que se refiere a los peritos, a la prueba pericial.

Esta Junta Asesora, básicamente, es un órgano asesor, es una junta pericial por cuanto procede a verificar determinados hechos que requieren conocimientos artísticos, científicos o técnicos.

SEÑOR MALLO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BERGSTEIN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - El señor Senador Bergstein está insistiendo en que la Junta tiene una calidad de asesora, pero el artículo 18 que acaba de mencionar demuestra que es algo más que eso, ya que verifica si ha habido una violación del derecho objetivo o subjetivo, porque es la que instruye, la que recibe la prueba, la que cita a testigos, la que dice si en el caso de la apariencia de una situación patrimonial que no corresponde a los emolumentos del funcionario público, debe investigarse o no.

En un abordaje inicial, da toda la impresión de que hay una calificación previa; no se puede investigar a un funcionario público si la Junta Asesora no le prende la luz verde. Es decir que es mucho más que la verificación de si ha habido o no una violación de un derecho objetivo o subjetivo; es típicamente -y lo enseña nada menos que Duguit- una función jurisdiccional.

Ya que el señor Senador Bergstein me ha concedido generosamente esta interrupción para hacer esta precisión, digo también que con relación al delito de enriquecimiento indebido, estamos legislando para funcionarios públicos y no para el ciudadano en general. En ese sentido, el funcionario público está sometido a un régimen estatutario, porque accedió al cargo por su voluntad; nosotros estamos sometidos al Reglamento del Senado, que supone obligaciones, porque hemos aceptado ser Senadores. Nadie nos obligó a ello. Y si somos Senadores, tenemos que aceptar hacer una declaración de bienes, y eventualmente, tendremos que explicar la incrementación del patrimonio. Pero además, para los ciudadanos en general, la legislación impositiva y el Impuesto al Patrimonio obligan al contribuyente a justificar el incremento de su patrimonio. Desde luego que no supone una infracción penal, pero sí una dura imposición tributaria cuando la justificación no es la adecuada.

Por lo tanto, no es tan así eso de que se afecta la libertad del ciudadano común, porque lo que se afecta es la situación del funcionario público. No ya el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, sino un Ente Autónomo puede obligar a sus funcionarios a ciertas reglas de conducta: le puede prohibir, por ejemplo, ir a determinados lugares. Tengo entendido que los funcionarios bancarios no pueden concurrir a lugares de juego.

Me parece que afecta mucho más la libertad de una persona el hecho de determinar adónde puede ir y adónde no, que el de tener que hacer la justificación de su patrimonio para la eventualidad remota e hipotética de que recibió en un acto generoso, que no debe ser investigado, una donación o un aporte a sus bienes.

Muchas gracias por concederme la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN. - En su interrupción, el señor Senador Mallo ha planteado distintos temas. Uno era el relativo a la naturaleza de la Junta Asesora en materia penal, y nosotros decimos que es la de un asesor, porque en el numeral 3 dice que: "Las denuncias que se hicieren sobre comisión de delitos incluidos en el Capítulo I, serán presentadas ante el órgano judicial competente, o el Ministerio Público." Vale decir que no se presentan ante la Junta; por lo tanto, no tiene funciones jurisdiccionales.

Dicho numeral continúa diciendo: "los que podrán" -decimos nosotros: podrán o no- "disponer que la Junta proceda a la obtención y sistematización de todas las pruebas documentales que de existir fueran necesarias para el esclarecimiento por el Juez de los hechos noticiados". Nos parece que está muy claro que es el Juez o el Ministerio Público quien le pedirá a la Junta que sistematice. ¿Por qué le van a pedir a la Junta esta colaboración? Porque la lucha contra la corrupción debe ser eficaz, y la eficacia está directamente vinculada con la duración excesiva de estas denuncias lo cual va en desmedro de todos: del Poder Judicial, de la propia tranquilidad de los denunciados y de los intereses de la Administración Pública. Esto es comprensible, porque con los medios y la formación que tienen los Magistrados, cuando deben internarse en aspectos tan complejos como pueden ser los de estos delitos que son de naturaleza intelectual, es lógico que se pida un asesoramiento. Pero en lugar de las pericias tradicionales, se crea de antemano un órgano al cual se le acota en el tiempo y que actuará bajo el mandato del Juez o del Ministerio Público en el ámbito que la ley especifica.

Realmente debo decir que no vimos por ningún lado dónde se está sustituyendo a la función jurisdiccional. Es verdad que accesoriamente la Junta también tiene otras funciones, pero que no tienen que ver con el ámbito penal, que es lo que decíamos recién en relación al artículo 18.

En este punto ingreso a la otra observación que hacía el señor Senador Mallo, que es la siguiente. Es verdad que el funcionario público está sujeto a un régimen de ciertas limitaciones, pero lo estamos todos si tenemos en cuenta las incompatibilidades, lo que podemos o no hacer. A propósito de esto me agrada que el señor Senador Mallo haya dicho que nadie nos ha obligado a desempeñar esta función. Justamente ayer le señalaba a una figura pública que a nosotros tampoco nadie nos obligó a ser suplentes. No obstante, desde el momento en que aceptamos ocupar ese lugar dentro de nuestro partido, entendimos que estábamos obligados a aceptar los deberes y limitaciones que puedan emerger de ello.

Estos no son temas penales, sino administrativos. Incluso, cuando hablamos del enriquecimiento ilícito al cual el señor Senador Mallo acaba de hacer mención, creemos que el ciudadano está obligado a justificar los signos desproporcionados de riqueza. Pero nos resistimos a tipificar el solo hecho de la no justificación como un delito autónomo. Eso es lo que está aquí en discusión. Si prima el criterio contrario o sea que el sólo hecho de la no justificación puede configurar un delito nos parece peligroso. Vale decir que habría una presunción absoluta de que al no justificarlas, las riquezas se obtuvieron por medios delictivos. Entonces, en virtud de esa deducción, se incrimina la no justificación.

Pienso que de esta forma nos estamos apartando del marco liberal de los fundamentos de nuestro Derecho Penal, y en lo personal no podríamos acompañarlo en ese aspecto.

SEÑOR MALLO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BERGSTEIN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - El señor Senador Bergstein ha dicho que se establece una presunción absoluta si no se justifica, pero en el Derecho Penal liberal no hay presunciones absolutas, sino que son todas relativas. No existe, reitero, presunción absoluta.

Por otro lado, el señor Senador Bergstein dice que no cree -esto sin perjuicio de que en su momento explicaré las razones que tengo para hacer esta afirmación- que la Junta Asesora tenga funciones jurisdiccionales, y que el Juez o el Ministerio Público le encomienda hacer determinadas tareas. Me pregunto dónde está la potestad del Juez para transferir sus funciones. En realidad el Juez transfiere, porque no se trata de un peritaje; si solicitara un peritaje sí estaríamos frente a un asesoramiento, que el Juez podría admitir o no. Concretamente, lo que el Juez solicita es que se averigüe, que se investigue; es decir que en lugar de hacerlo él, lo hace una Junta Asesora, que tendrá todos los méritos que se le quieran atribuir, pero que es un órgano político, dependiente de un órgano político, integrado políticamente y que tendrá una intervención decisiva.

Por otro lado, deseo señalar al señor Senador Bergstein -no sé si en ese momento era suplente en ejercicio o no- que cuando el Poder Ejecutivo anterior vetó una ley, la agrupación política que él integra no concurrió a la Asamblea General a levantar el veto, cuando se estaba vetando por inconstitucional que una Comisión parlamentaria pudiera citar a un testigo. A esa sola citación se le atribuía el carácter de jurisdiccional, y se vetaba porque se daban a una Comisión Parlamentaria funciones jurisdiccionales. En este caso se le transfiere a una Junta Asesora, no la citación de testigos, sino la potestad de instruir un sumario.

Simplemente deseaba aclarar esto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN. - En cuanto al ejemplo concreto que nos da el señor Senador Mallo, no puedo hacer mención a él porque en aquel entonces estábamos lejos de estas lides parlamentarias. Sin perjuicio de ello, quiero decir lo siguiente.

La Junta Asesora, cuando el Juez lo dispone, puede proceder a obtener pruebas, porque el Juez -como dice el texto- estableció eso. Aquí tenemos la tensión que mencionábamos antes y que se produce como consecuencia de la lucha contra la corrupción. Asimismo, este órgano no deja de ser asesor por cuanto, aun cuando toma pruebas, no va a recomendar la adopción de ninguna medida. Las Comisiones parlamentarias recomiendan o no determinado tipo de sanciones o medidas, pero no es el caso de la Junta Asesora, que sólo sistematiza el panorama probatorio y trata de clarificar una situación compleja para que el Juez pueda entenderla. Es por eso que la ley habla de obtención y sistematización de todas las pruebas documentales.

Por nuestra parte entendemos que todas esas disposiciones deben interpretarse a la luz de lo que es la "ratio legis" de la disposición, vale decir, del verdadero sentido normativo que está incorporado en estas normas, cual es el de una respuesta eficaz a los objetivos que el texto legal se propone.

Por todo esto, con toda tranquilidad entendemos que en esas disposiciones no se está violando ningún principio de nuestro Derecho. Entonces, dado que a través de esta Junta Asesora se ha encontrado una fórmula intermedia entre lo que era originariamente la Comisión de Transparencia y lo que es el sistema judicial de nuestro país, aprobemos esto por cuanto en todo lo que no está expresamente previsto, el texto legal se remite al Capítulo del Código General del Proceso que tiene que ver con los peritos.

Seguramente cuando ingresemos a la discusión particular podremos opinar sobre alguna disposición en concreto. Creo que estamos ante un proyecto de ley amplio y, de alguna manera, equilibrado. Ha sido objeto de una elaboración colectiva que se dio antes de su ingreso al Parlamento y también durante su tránsito parlamentario.

Entonces, yendo a lo esencial, creo que estamos dando una señal muy clara a la sociedad de que el sistema político, al igual que la sociedad, no es tolerante con cualquier fenómeno que pueda haber en materia de corrupción pública. Creemos que con este proyecto de ley nuestro país se incorpora a la vanguardia de las respuestas legislativas que otros países han adoptado en la materia.

SEÑOR SARTHOU. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BERGSTEIN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Creo que la Junta Asesora es un organismo muy importante, pero tengo dudas similares a las que se han planteado. En realidad, las pensaba desarrollar porque, reitero, se trata de un organismo muy importante y mis interrogantes son sobre la posible colisión, inclusive con los derechos individuales, que se daría en el inciso segundo del artículo 4º numeral 6). A través de esta disposición el juez delega a este organismo el registro de lugares y la interceptación de correspondencia a efectos de obtener elementos probatorios útiles. Quiere decir que la Junta va a juzgar cuáles son los elementos probatorios y si son útiles, y se supone que va a interceptar la correspondencia.

Tengo mis dudas de que el respeto de los derechos individuales habilite a que no sea directamente el Poder Judicial y sí un órgano de creación específica por ley, el que pueda cumplir estas importantes facultades.

Planteo estas dudas al señor Senador Bergstein. Es decir, si esto no entra en colisión, con los derechos individuales y si no es inconstitucional, en la medida en que la limitación que implica este tipo de acciones supone que se realice con las garantías del Poder Judicial y no por la vía de la transferencia a un órgano o Junta cuya naturaleza jurídica habría que analizar.

Concretamente, esta es mi preocupación frente a la polémica mantenida entre los señores Senadores Bergstein y Mallo.

SEÑOR MALLO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PRESIDENTE - No es posible porque el señor Senador Sarthou está haciendo uso de una interrupción y al señor Senador Bergstein le resta solamente un minuto.

Puede continuar el señor Senador Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN. - La inquietud del señor Senador Sarthou es comprensible, pero al mismo tiempo debo aclararle que quien toma la decisión es siempre el Magistrado, y cuando dice: "También podrá pedir al Juez que vaya a entender en la causa el auxilio de la fuerza pública y, con expresión de fundamentos, la práctica de las siguientes medidas", etcétera, al final consta: "estándose a lo que el Magistrado resuelva".

Es verdad que la Junta Asesora tiene una iniciativa en materia de prueba y quizás esto es lo que rechina a algunos señores Senadores; es comprensible, pero cabe aclarar que ello no distorsiona el carácter de asesora porque es el Juez quien puede disponer o no el diligenciamiento. Puede haber casos de corrupción en los que el Magistrado entienda que no necesita una Junta Asesora, o sea, que es algo absolutamente facultativo del Juez. También puede entenderlo así el Ministerio Público y prescindir de dicha Junta.

Para redondear esta idea, quisiera agregar que el combate contra la corrupción debe ser eficaz y pocas cosas serían más devastadoras para el sistema democrático que el hecho de que la sociedad creyera que éste no es capaz de librar una lucha en ese sentido. No es cierto; somos capaces de hacerlo, y de alguna manera este proyecto de ley trata de demostrarlo.

SEÑOR PRESIDENTE - El señor Senador Mallo había solicitado una interrupción a quien no podía concedérsela y en ese momento la Presidencia tampoco se la podía otorgar. Por lo tanto, si ahora desea hacer uso de la palabra para alguna aclaración, puede hacerlo.

SEÑOR MALLO. - Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero hacer una precisión a fin de dejar en claro la jerarquía o potestad de esa Comisión Asesora.

El doctor Juan Andrés Ramírez decía que cuando de un presumario podía resultar inculpado un Legislador, ni siquiera en ese caso se le podía llamar a declarar sin la resolución conforme del Cuerpo que integra. Por su parte, la Comisión Asesora puede llamar a cualquiera de nosotros a declarar; entonces se produce una anomalía porque la Constitución dice que controlamos al Poder Ejecutivo, pero en la práctica de esta ley dicho Poder es el que nos controla y nos cita para que vayamos a dar explicaciones. Es claro que esto rechina en todo el mecanismo institucional y en la relación entre los Poderes, afectando fundamentalmente a la independencia del Poder Legislativo.

SEÑOR BERGSTEIN. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN. - En lo que me es personal no extraigo esa conclusión porque este proyecto de ley de ningún modo puede diluir el sistema de incompatibilidades consagradas en la Constitución. En definitiva, si se trata de llamar a un Legislador a deponer como testigo, será el Juez quien tendrá que pedirlo, y el régimen legal será exactamente el mismo que el que está vigente, ya sea que exista o no Junta Asesora, es decir que será el sistema que funciona actualmente. El eslabón que se introduce en la cadena es que la Junta Asesora podrá pedir al Juez que disponga determinada medida, pero eso no cambia la esencia.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Ya señalé mi decisión de votar en general este proyecto de ley y también mi propósito de introducir modificaciones en la discusión particular. Ahora voy a detallar cuáles son los cánones a los que me voy a ajustar.

Sobre el tema de la corrupción en general, creo haber hablado el 18 de setiembre del año pasado, oportunidad en la que se trató en este ámbito la Ley Cristal, por lo que simplemente voy a señalar cuáles son las modificaciones que a mi juicio deben introducirse en la discusión particular para que podamos dar a este instrumento la eficacia de la que recién se habló.

Debo agregar que coincido plenamente con las observaciones formuladas por el señor Senador Mallo en cuanto a la forma de constituir la Comisión Asesora. Como él ha señalado, esto se hace de la misma manera en que se lleva a cabo el nombramiento de los integrantes de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, es decir, mediante una iniciativa del Poder Ejecutivo, la venia del Senado y si ha transcurrido determinado tiempo sin que ésta se produzca, automáticamente queda confirmada la designación. Evidentemente, hay una predominancia del Poder Ejecutivo en la conformación de esta Comisión, y tal como recién señalaba el señor Senador Mallo, ya que una de las funciones primordiales que tiene el Parlamento es la de controlar al Poder Ejecutivo. Aclaro que no me estoy refiriendo a ningún titular del Poder Ejecutivo, en particular, sino en el sentido más amplio y permanente, porque le auguro a esta ley una larga vida, y la experiencia nos dice que el ambiente de dicho Poder es más proclive a caer en excesos que lo que suele ser el Parlamento.

Por lo tanto -y nuevamente cito al señor Senador Mallo- el que debe controlar es el Parlamento y el que va a determinar a través de su influencia, la designación de la Junta Asesora es el Poder Ejecutivo.

Creo que las funciones que tendrá esa Junta Asesora son muy importantes y que el éxito de este proyecto de ley está, precisamente, en la forma en que ella actúe.

Se me ocurre que entre las modificaciones a introducirle, deberíamos tener presente, en primer lugar, el origen de la proposición. Aunque no conocemos precedentes de esa forma de designación, creemos que tratándose de un asunto tan delicado como combatir la corrupción o los excesos a que suele llevar el poder, podría designarse un representante de cada uno de los Poderes del Estado, es decir, uno por la Asamblea General, otro por el Poder Ejecutivo y un tercero por la Suprema Corte de Justicia. Con esa fórmula -se me ocurre, aunque puede haber otras- daríamos una garantía de neutralidad y de eficacia a esa Comisión.

Por otra parte, advierto que no se propone un término a la duración de sus funciones. En uno de los proyectos sustitutivos presentados se habla de que al comenzar la Legislatura se harán las proposiciones correspondientes. Visto la delicadeza de las funciones que deberá cumplir esa Junta, su labor no debe coincidir con la duración de un período de Gobierno. Me refiero a que no debe nombrarse una integración para cada Legislatura, sino que su nombramiento y plazo de duración no tiene por qué coincidir necesariamente, reitero, con el de la Legislatura. Pienso que de esa manera su actuación tendría mayor neutralidad, independencia y eficiencia. Dejo planteadas estas ideas para el momento en que ingresemos a la discusión particular del proyecto de ley.

Debo decir, asimismo, que comparto las posiciones señaladas por los señores Senadores Millor y Mallo en cuanto a que las sanciones deben ser diferenciadas, es decir, aquellas que corresponden a los simples funcionarios y las que deben aplicarse a los gobernantes o a los que, por elección directa o indirecta, manejan la cosa pública. Es precisamente allí adonde apunta la mayor parte de las acusaciones de corrupción, que lastiman a la democracia y enferman al sistema.

Como muy bien se ha señalado, los gobernantes tienen una responsabilidad muy por encima de la de cualquier funcionario público, porque acceden a sus cargos por votación popular, llevando consigo la confianza de la ciudadanía, manejando intereses que no son propios sino del país. Entonces, esa tremenda responsabilidad e inmenso honor que le confiere la ciudadanía son justificativos suficientes para hacer una distinción entre la inconducta de un simple funcionario y la de un gobernante o administrador designado aun en elección de segundo grado, como se acostumbra en el caso de las jefaturas administrativas, cargo de confianza, etcétera.

Entiendo que con esas modificaciones el proyecto de ley ganaría en eficacia. Me sumo, pues, a las preocupaciones aquí expresadas, sin mayores argumentos sobre el fondo de la cuestión porque creo haberlo expuesto en oportunidad de considerarse la llamada Ley Cristal.

De cualquier manera, como se ha dicho, esta puede ser una ley de repercusión histórica en el Uruguay por cuanto pretende convertirse -y creo que así será- en un instrumento eficaz para combatir la corrupción que, reitero, constituye uno de los peligros más graves que debe enfrentar la democracia, que afecta a la esencia misma del sistema y que se basa en la fe que la gente deposita en él, porque no hay otra forma de sostenerlo. Precisamente, esa confianza y esa fe que en algunas circunstancias se ve estafada predispone a los ciudadanos, primero contra los hombres públicos, segundo contra el Partido y tercero, contra el sistema.

Como dije, en el curso de la discusión particular podremos mejorar aun más un proyecto de ley que la Comisión respectiva ha elaborado con esfuerzo y sacrificio.

Nada más. Muchas gracias.

14) RECTIFICACION DE TRAMITE. Carpeta Nº 1450/97

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social nos encomendó realizar un planteo con respecto a un proyecto de ley que figura con el Nº 1450/97, relacionado con una modificación de una deducción que se realiza a los funcionarios retirados y pensionistas de la actividad policial. Ellos se ven afectados por un descuento que, sin duda, es excepcional porque estaba previsto para quienes se jubilaban con determinado régimen, pero que se ha aplicado a todos.

Precisamente, este proyecto de ley deroga esa norma y establece otras disposiciones, pero fue remitido -de acuerdo con lo que se expresa en su exposición de motivos- a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social Integrada.

La Comisión resolvió que planteáramos en el Pleno que este proyecto de ley aparece como ligado a las reformas al régimen de pasividades policiales, pero en realidad es una iniciativa que trata un tema puntual. Por lo tanto, lo lógico sería que este tema pasara directamente a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, porque no implica una reforma del sistema de pasividades policiales, sino una disposición puntual en materia de aportes.

En consecuencia, solicitamos la rectificación del trámite y que el asunto sea pasado a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, porque la integrada -que es donde está radicado en este momento- es la que tiene a su cargo la mecánica de las reformas de los regímenes de pasividades.

SEÑOR PRESIDENTE - Se trata de un proyecto de ley llegado hace algún tiempo y la Presidencia ha comunicado que no ha de proceder más a determinar trámites por integraciones porque, como ha dicho el señor Senador Sarthou, ello sólo ha dificultado los pronunciamientos de las Comisiones.

SEÑOR SARTHOU. - Si me permite, quiero aclarar que este tema data de julio de 1997 y quedó detenido porque aparecía ligado a los proyectos de reforma del régimen de pasividades, los que no fueron estudiados porque la Comisión integrada no ha logrado el quórum necesario. En consecuencia, el proyecto de ley quedó atrasado y ahora lo justificamos porque existió un planteamiento de queja fundada por parte de quienes vieron demorar demasiado su trámite. De todas maneras, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social no lo podía tratar por sí sola, en la medida en que se había previsto que ese proyecto de ley fuera considerado por la Comisión Integrada, en razón de que se entendía que pertenecía a la reforma general del sistema.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: naturalmente vamos a votar la rectificación del trámite solicitado. Sin embargo, tenía entendido -de pronto estoy equivocado- que todos los asuntos que tiene a estudio la Comisión integrada pasarían a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, porque es muy difícil que en la integrada se logre el quórum correspondiente y obviamente es necesario considerar esos temas pendientes.

Por lo tanto, si se resuelve hacer una votación por separado no tendría inconveniente en apoyarla; de lo contrario, haría moción para que los otros proyectos de ley que tiene a estudio pasen a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Digo esto porque hace más de cuatro meses que no es posible reunir a la Comisión Integrada.

SEÑOR PRESIDENTE - Obviamente, la Mesa pondrá a consideración la moción del señor Senador Michelini, pero entiende que es diferente a la formulada por el señor Senador Sarthou, que realiza en nombre de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Sería deseable que la propia Comisión considerara el tema posteriormente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador Sarthou, en el sentido de rectificar el trámite y que el proyecto aludido pase a la órbita de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) PROYECTOS RELATIVOS A CAJAS DE JUBILACIONES PARAESTATALES

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Quiero formular una moción en el sentido de que los asuntos que están radicados en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con tres miembros de la de Constitución y Legislación pasen a la de Asuntos Laborales porque, a mi entender, se trata de proyectos que deben ser considerados independien temente de la decisión que adopte el Cuerpo. Debe tenerse en cuenta que hace cuatro meses que no es posible lograr que se reúna la Comisión pero, si la Presidencia considera que ahora no es el momento adecuado para plantear este asunto, lo haré el próximo martes.

De todas maneras, en virtud de que este tema fue discutido en la Comisión -personalmente, varias veces he realizado el planteo correspondiente- considerándose, en cierta medida, que es conveniente y aun así no hay forma de plasmarlo en la realidad, reitero mi solicitud de que se pase a votar.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - En principio, señor Presidente, quiero decir que no estoy de acuerdo con la propuesta que realiza el señor Senador Michelini. Llamemos a las cosas por su nombre: si no me equivoco el señor Senador se está refiriendo a los proyectos de reforma de las cinco Cajas Paraestatales.

SEÑOR MICHELINI. - Efectivamente, señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Entonces, señor Presidente, debemos puntualizar lo siguiente: las Comisiones del Senado trabajan, y con muchísima intensidad.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el Senado se encuentra con una desventaja en relación a la Cámara de Representantes en el sentido de que en esta última, según el Reglamento, cada Representante integra obligatoriamente sólo una Comisión; después podrá asistir o no a las restantes. Mientras tanto, en el Senado, con las mismas Comisiones, y a veces más, solamente son treinta Senadores para cubrirlas todas.

En lo personal, no integro la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, ni la de Constitución y Legislación, pero he concurrido a la reunión de coordinadores de las diferentes Bancadas de este Senado y puedo decir que, evidentemente, en lo que concierne a la reforma de las tres Cajas Paraestatales y a las de los Servicios de Retiros y Pensiones Militares y Policiales, no hay ambiente para que sea aprobada. Asimismo y si mal no recuerdo, en una de las reuniones de coordinadores se manejó la posibilidad de solicitar que se retirasen estos proyectos de ley, así como consultar a las autoridades de las distintas Cajas -que, en definitiva, son los propios interesados- acerca de si entienden menester realizar algún tipo de reforma. Por supuesto, esto no quiere decir que tengamos que atenernos a lo que ello nos digan, sino que después de analizado el tema, la Comisión resolverá si hay que reformar algo o no.

Con total franqueza, señor Presidente, quiero aclarar lo siguiente, porque con maledicencia se ha dicho que somos parte involucrada en este asunto. Al respecto digo: soy abogado, pero no tengo derechos de jubilación desde el día en que fui electo como Representante Nacional.

Entonces, que quede claro también que respecto de estos cinco proyectos de ley, en los diferentes partidos políticos, no hay ambiente para que sean aprobados. Lo que estamos logrando con esto es ubicarnos en una especie de limbo parlamentario, provocando la intranquilidad de vastos sectores de la población, como, por ejemplo, el de los escribanos, los bancarios, los profesionales, los militares y los policías. Verdaderamente, no veo la gracia de todo esto. Si no hay ambiente -tal como pareció entrever en la reunión de coordinadores que se llevó a cabo hace un par de semanas- retiremos estos proyectos y -como lo sugirió con sabiduría el propio Presidente del Senado- procedamos a solicitar a las cinco Cajas que emitan su opinión sobre si entienden conveniente reformar algo; a partir de ahí veremos cómo se resuelve. Digo esto porque, honestamente, entiendo que lo único que estamos provocando es un estado de limbo parlamentario, llevando intranquilidad a un vasto sector de la población.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Quiero señalar que este tema fue discutido en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social y, en lo que me es personal, había entendido que lo acordado era lo propuesto por el señor Senador Sarthou.

Naturalmente, me parece que el Senado debe considerar el planteo del señor Senador Michelini, pero desde ya adelanto que no lo vamos a votar, en buena medida, por las razones expuestas por el señor Senador Millor que, por otra parte, son elementos manejados por la propia Comisión.

En definitiva, no nos parece adecuado cambiar el criterio de la Comisión integrada para el tratamiento del tema de la reforma de las cinco Cajas, aunque sí para el punto planteado por el señor Senador Sarthou.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Por supuesto, señor Presidente, que se vote y que el Senado emita su opinión. Pero quiero aclarar que no pretendemos decir que la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social tiene una posición fundada para tal o cual proyecto. Sí queremos señalar que los podría tratar, devolverlos si lo considera así conveniente o, en su caso, elevarlos al Senado para que les dé el trámite correspondiente. A mi entender, lo peor, el limbo del que habla el señor Senador Millor, es que haya una Comisión que no trata los proyectos radicados en ella y que no logra reunirse. Sería preferible, entonces, dar la cara abiertamente, elevarlos al Senado y decir claramente que se votan en contra. Peor es que algunos señores Senadores estemos yendo en forma rotativa a la Comisión, como lo ha hecho el señor Senador Santoro que permanentemente concurre a las convocatorias y se retira porque no existe el quórum necesario.

Demos la cara y si se van a votar negativamente que se eleven al Senado y si la Comisión no se puede reunir, que el tema pase a la de Asuntos Laborales y Seguridad Social y que ésta el año que viene lo eleve al Senado para que dé su dictamen.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si me permiten los señores Senadores, como fundamento de voto adelantado, desde la Presidencia quiero señalar que estimo que el tema debe ser objeto de una decisión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, y ésta tendría que plantear al Cuerpo la rectificación del trámite correspondiente.

Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Michelini en el sentido de que los proyectos vinculados a la reforma de las Cajas Estatales y Paraestatales queden radicados en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

(Se vota:)

-1 en 22. Negativa.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Es cierto, señor Presidente, lo que señala el señor Senador Michelini en el sentido de que el funcionamiento de esta Comisión integrada ha sido desastroso; esa es la realidad. Salvo excepciones, no hemos podido lograr que se reúna con su integración total. De todas maneras, esto es algo que tendría que ser resuelto, inclusive, por la propia Comisión integrada, porque ni siquiera la de Asuntos Laborales y Seguridad Social puede pasar por encima de la Comisión integrada para plantear el tratamiento de este tema en el Senado. Comprendo la inquietud del señor Senador Michelini y muchas veces he insistido en la necesidad de que esa Comisión se reúna. Sin embargo, no podemos saltear la voluntad de los demás miembros de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, donde no se discutió este asunto, y aun de la integrada, que en definitiva podría plantear en este ámbito que el tema sea tratado por aquélla.

Por estos motivos no he votado afirmativamente la moción, aun cuando comparto la preocupación del señor Senador Michelini en lo que respecta a la falta de funcionamiento de la Comisión.

16) CORRUPCION

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión general del proyecto de ley relativo a la corrupción.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Tras haber realizado diversas consultas con las Bancadas, propongo el siguiente procedimiento de trabajo.

Hasta donde sabemos -naturalmente cada señor Senador posteriormente hará sus referencias- este proyecto de ley no ha merecido observaciones en lo que respecta a los Capítulos I, III, V, VI, VII y VIII. Sin embargo, han merecido reparo los Capítulos II y IV, lo que seguramente va a determinar que en la discusión particular el Senado deba abundar en el tratamiento de este tema. En esta medida y, reitero, tras haber realizado consultas con las Bancadas, me permito proponer que el Senado pase a votar estos Capítulos en bloque, en virtud de que no han sido objeto de observaciones y de que cuentan con un estudio por demás pormenorizado de parte de la Comisión.

17) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - A su vez, proponemos que se levante la sesión y que se apruebe el levantamiento del receso para el día martes a la hora 16, a los efectos de pasar a analizar los Capítulos discutibles, concretamente, el II, relativo a la Junta Asesora, y el IV, referente a Disposiciones Penales.

Me permito hacer esta moción luego de varias consultas a los señores Senadores. Por lo tanto, reitero mi propuesta de votar en bloque los Capítulos mencionados, luego votar el levantamiento del receso para el día martes a las 16 horas, a efectos de concluir con el análisis del proyecto de ley, y finalmente levantar la sesión.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra para ocuparme de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: si bien estoy de acuerdo con la sugerencia del señor Senador Hierro López, quisiera proponer una modificación, es decir, que la sesión del martes comience a las 14 horas. Sugiero esto porque presumo que los dos Capítulos a los que se refería el señor Senador Hierro López ocasionarán un largo debate. Además, ese martes los miembros de la Comisión de Defensa Nacional que deseen hacerlo estamos invitados a concurrir a la finalización de los cursos de la Escuela Militar. No es necesario aclarar que si comenzáramos la sesión a las 14 horas y la discusión continuara a la hora de este evento, los miembros de la Comisión vamos a optar por permanecer en Sala. Pienso que fijando esa hora de comienzo tendremos la posibilidad de cumplir con ambas obligaciones. Por este motivo, formulo moción en el sentido de que la hora de comienzo de la sesión del próximo martes sea las 14 horas.

18) CORRUPCION

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde votar la moción de orden del señor Senador Hierro López en una única votación.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para ocuparme de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: con respecto a esta forma de votación de la que tomamos conocimiento ahora y que nos ha explicado nuestra compañera integrante de la Comisión, pienso que significa disponer de una visión detallada de todas las disposiciones que se quiera discutir, lo cual no hemos podido hacer. Entonces, sugiero que incluyamos en la discusión el Capítulo III "Control Social".

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia aclara que es suficiente que uno de los señores Senadores señale su deseo de que la discusión se refiera expresamente a una determinada norma o capítulo, para que así se haga. Para que esta fórmula funcione se requiere la conformidad del Senado.

SEÑOR SARTHOU. - No tengo inconveniente en lo que tiene relación con el Capítulo I; sin embargo, debo hacer observaciones sobre algunos de los artículos de otros Capítulos.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Cuáles son los Capítulos que el señor Senador entiende que deben ser considerados de forma independiente?

SEÑOR SARTHOU. - Los Capítulos II, III y el artículo 18 del Capítulo V.

Por otra parte, quizás en la próxima sesión se pueda pedir reconsideración en caso de que exista algún artículo que lo amerite por su relación con los que se estén discutiendo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Naturalmente, se trata de mociones de orden que admiten ser consideradas nuevamente.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Señor Presidente: mantengo la moción original en el entendido de que si de aquí al día martes, luego de disponer de mayor tiempo de análisis, cualquier señor Senador solicita la reconsideración de un artículo, procederemos a hacerlo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, habría que votar la moción del señor Senador Hierro López complementada con la propuesta del señor Senador Sarthou.

La Presidencia quiere aclarar que, aunque levantemos hoy el receso, la sesión del próximo martes implicará, con 16 votos conformes o más, debatir únicamente el proyecto de ley en discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Senador Hierro López, en el sentido de que se voten en bloque todos los Capítulos, con excepción del II, III, IV así como el artículo 18 del Capítulo V.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: deseo hacer una referencia con respecto al Capítulo VI. En su artículo 28 se dice que el Poder Ejecutivo pondrá en vigencia Códigos Deontológicos que regirán para los funcionarios públicos. Comprendo la urgencia que pueda existir, pero debo señalar que con la palabra "deontológico" nos estamos refiriendo a códigos de conducta. Según el diccionario filosófico que tengo en mi mesa, deontología es la ciencia de la conducta, del deber, y, obviamente, conlleva a la sanción. Por tanto, estamos autorizando al Poder Ejecutivo a poner en marcha aspectos que pueden significar en el futuro la destitución por ineptitud u omisión de funcionarios por no haber cumplido con el Código Deontológico, que puede contener lo que ignoramos.

Los funcionarios públicos tienen su Estatuto, al que se podrá agregar lo que se estime necesario, en caso de que resultare anticuado o fuera de lugar; pero autorizar que el Poder Ejecutivo ponga en marcha un código de conducta, me parece una exageración. Sería mejor establecer que oportunamente el Poder Ejecutivo someterá al Parlamento un Código Deontológico de la función pública, que es algo muy distinto.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia sugiere que se extraiga el artículo 28 de la votación, lo que me parece mucho más conveniente desde todo punto de vista.

Entonces, haríamos lo siguiente. Aprobaríamos el Capítulo I, el V excepto el artículo 18, el VI menos el artículo 28, el VII y el VIII.

SEÑOR MICHELINI. - Solicito que la votación se realice por Capítulos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase los artículos 1º, 2º y 3º que integran el Capítulo I.

(Se leen:)

"ARTICULO 1º. - La presente ley será aplicable a los funcionarios públicos de:

a) Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial;

b) Tribunal de Cuentas;

c) Corte Electoral;

d) Tribunal de lo Contencioso Administrativo;

e) Gobiernos Departamentales;

f) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y,

g) En general, todos los organismos, servicios o entidades estatales, así como las Personas Públicas no Estatales.

ARTICULO 2º. - A los efectos de esta ley se entiende por funcionarios públicos, las personas a las que se refiere el artículo 175 del Código Penal.

ARTICULO 3º. - A los efectos del Capítulo II de la presente ley se entiende por corrupción el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo I.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léanse los artículos 10 a 20, con excepción del 18, pertenecientes al Capítulo V.

(Se leen:)

"ARTICULO 10. - El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros de Estado, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, los Senadores, los Representantes Nacionales y los Intendentes Municipales deberán formular una declaración jurada de bienes e ingresos a cualquier título.

ARTICULO 11. - También están comprendidos en la obligación del artículo precedente los funcionarios que se enumeran:

A) Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República.

B) Subsecretarios de Estado, Fiscal de Corte, Procurador General de la Nación, Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Director y Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

C) Miembros de los Tribunales de Apelaciones, Fiscales Letrados, Jueces, Actuarios y Alguaciles.

D) Titulares de los cargos con jerarquía de Dirección General o Nacional e Inspección General de los Ministerios.

E) Director de Recaudación, Director Técnico Fiscal, Director de Sistemas de Apoyo, Director de Fiscalización y Director de Administración de la Dirección General Impositiva, dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas.

F) Miembros de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

G) Miembros de la Junta del Instituto Nacional de Carnes y Director Nacional de Carnes.

H) Miembros del Consejo Directivo del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos.

I) Decanos de las Facultades de la Universidad de la República y miembros de los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico-Profesional.

J) Interventores de organismos e instituciones públicas o privadas intervenidas por el Poder Ejecutivo.

K) Secretarios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes.

L) Directores, Gerentes Generales, Subgerentes Generales de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y Gerentes de la Banca estatal.

LL) Tenientes Generales, Vicealmirantes, Generales, Contralmirantes y Brigadieres Generales en actividad, Jefes, Subjefes, Inspectores, Comisarios y Directores de Policía.

M) Ediles de las Juntas Departamentales, los titulares de cargos políticos o de particular confianza de los órganos de los Gobiernos Departamentales, miembros de las Juntas Locales (artículo 288 de la Constitución de la República), así como los ciudadanos que hayan asumido las atribuciones de las Juntas Locales mientras sus autoridades no se designen.

N) Representantes del Estado en los Directorios de los organismos paraestatales y en las empresas de economía mixta.

Ñ) Embajadores de la República y Ministros del Servicio Exterior, con destino en el extranjero.

O) Gerentes, Jefes de Compras y ordenadores de pago de todos los organismos públicos cualquiera sea la denominación de su cargo.

P) La totalidad de funcionarios que ocupen cargos de particular confianza y aquellos que cumplan funciones de carácter inspectivo.

Q) La totalidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, dependientes de las Direcciones General del Despacho y Tributación Aduanera, Dirección General Contable y de Contralor, Dirección General de Vigilancia y Operaciones de la Capital, Dirección General del Interior, Junta de Aranceles, e Inspección General de Servicios.

ARTICULO 12. - Dicha declaración jurada contendrá una relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles e ingresos propios del declarante, de su cónyuge, de la sociedad conyugal que integra, de las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela; de la participación que posea en sociedades nacionales o extranjeras personales con o sin personalidad jurídica, en sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o en comandita por acciones o holdings, así como de aquellas sociedades en las que desempeñe cargo de Director o Gerente, y de los bienes de que dispongan el uso exclusivo, y de los ingresos del declarante y su cónyuge.

En su caso, dicha declaración jurada deberá ser suscrita por el cónyuge, en lo referente a los ingresos y bienes de su pertenencia.

Se especificará el título y fecha de la última procedencia dominial de cada uno de los bienes en propiedad, alquiler o uso, monto y lugar de depósitos de dinero y otros valores en el país o en el exterior.

Se incluirá asimismo, rentas, sueldos, salarios o beneficios que se continúen percibiendo.

Las declaraciones se presentarán en sobre cerrado ante la Junta. La Junta abrirá los sobres conteniendo las declaraciones del Presidente y Vicepresidente de la República y dispondrá su publicación en el Diario Oficial.

ARTICULO 13. - Para la presentación de la declaración jurada inicial se dispondrá de un plazo de treinta días. Este plazo comenzará a computarse una vez cumplidos sesenta días de ejercicio ininterrumpido del cargo.

Para la primera declaración jurada a partir de la promulgación de esta ley regirá lo dispuesto en el artículo 40.

Las declaraciones subsiguientes se formularán cada dos años contados a partir de la respectiva declaración inicial, siempre que el funcionario continuare en el ejercicio del cargo. Toda vez que cesare en el mismo deberá presentar una declaración final dentro de los treinta días del cese.

ARTICULO 14. - La Junta llevará un registro de las declaraciones juradas de los funcionarios referidos en la presente ley y expedirá los certificados de haber recibido las mismas.

La Junta proporcionará los instructivos o formularios que correspondan para la correcta declaración jurada.

Las declaraciones se conservarán por un período de cinco años contados a partir del cese del funcionario en su cargo o su fallecimiento. Vencido el mismo, procederá a su destrucción, labrándose acta notarial de dicho acto, salvo que el interesado hubiera solicitado su devolución, en cuyo caso se le entregará.

ARTICULO 15. - La Junta tendrá a su cargo la custodia de las declaraciones juradas que reciba en cumplimiento de esta ley, y sólo procederá a su apertura:

A) A solicitud del propio interesado, o por resolución fundada de la Justicia Penal.

B) De oficio, cuando la Junta así lo resuelva en forma fundada, por mayoría absoluta de votos de sus miembros. También cuando se haya incurrido en alguna de las situaciones previstas en los numerales 2) y 3) del artículo 17, si la Junta lo entendiera procedente en el curso de una investigación promovida ante la misma.

ARTICULO 16. - En caso de no presentación de la declaración jurada en los plazos previstos por el artículo 13, la Junta cursará aviso a los funcionarios omisos. Si en los quince días posteriores no cumplieran con la obligación o no justificaran un impedimento legal, la Junta publicará en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional el nombre y cargo de los funcionarios que hayan omitido realizar la declaración dispuesta en los artículos 10 y 11 de la presente ley, sin perjuicio de lo que se establecerá en el artículo siguiente.

ARTICULO 17. - Se considerará falta grave a los deberes inherentes a la función pública:

1) La no presentación de la declaración jurada al cabo del trámite previsto en el artículo anterior;

2) La inclusión en la declaración jurada inicial de cada declarante de bienes y valores patrimoniales pertenecientes a terceros o inexistentes; o,

3) La ocultación en las declaraciones juradas subsiguientes de bienes que se hubieran incorporado al patrimonio del declarante o de las restantes personas a que se refiere el artículo 12.

De producirse la modalidad prevista en los numerales 2) y 3) de este artículo, la Junta iniciará las acciones previstas en el artículo 4º, numeral 3) de la presente ley.

ARTICULO 19. - Si durante el año electoral se formula una denuncia o se procede a la apertura del sobre por cualquiera de las causales indicadas en el artículo 15 de la presente ley, referente a un funcionario que se postule a cualquier cargo electivo, el interesado podrá urgir a la Junta a que dicte la resolución con una anticipación de, por lo menos, treinta días, al acto eleccionario. La Junta no recibirá denuncias dentro de los noventa días anteriores al acto eleccionario.

ARTICULO 20. - El Poder Ejecutivo y los titulares de los distintos organismos a los que alcanzare esta ley deberán comunicar a la Junta los nombres de todas las personas que a la fecha de su promulgación estén comprendidas en los artículos 10 y 11. Asimismo deberán comunicar dentro de los treinta días de acaecidas, las alteraciones que se produzcan en dicha nómina."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo V, que comprende los artículos 10 a 20, con excepción del 18.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Si no estoy mal informado, el Capítulo V es el vinculado a la declaración jurada de bienes e ingresos. Se trata de una iniciativa que, en oportunidad, había presentado el Nuevo Espacio en la Cámara de Representantes y que luego fuera recogida por el Poder Ejecutivo.

Si bien este proyecto no contiene todos los puntos que se habían aprobado en la Cámara de Representantes, se acerca mucho al original. Este excluye el tema de la concubina y, en lo que respecta a algunas potestades que tendría el Tribunal de Cuentas, en este caso la Junta no las tiene. A pesar de ello, hemos votado afirmativamente esta iniciativa, ya que estaríamos ante una situación mejor de la que existe en el ámbito de la Asamblea General.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Si fuera posible, quisiera que se me brindara una explicación sobre el literal M) del artículo 11, perteneciente al Capítulo V.

Es sabido que los suplentes de las Juntas Departamentales ingresan automáticamente, sin existir una solicitud previa de licencia. De pronto, podría suceder que en un asunto de mucha importancia, un suplente recién integrado vote a favor de determinado asunto, a pesar de que no ha realizado la declaración jurada porque no es titular.

Ya que se trata de suplencias automáticas, me pregunto si no correspondería incluir también a los suplentes, ya que sabemos que en ciertos departamentos la Junta Departamental vota asuntos de enorme importancia. Por lo que puede darse el caso de que el suplente vote e incurra en una tremenda responsabilidad, sin que exista una declaración jurada hecha por él.

Quisiera saber si este tema no fue considerado en la Comisión, ya que no la integro.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Cabe aclarar que este tema ha sido largamente discutido. A los efectos de proceder correctamente, me permito sugerir el siguiente mecanismo: consultar al resto de los colegas de dicha Comisión sobre este asunto, trayendo una redacción sustitutiva al Senado el próximo martes.

SEÑOR PEREYRA. - Pensaba que, quizás, cabría la posibilidad de volver a reflexionar sobre este tema en otra instancia.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Sin perjuicio de que se pueda traer una redacción alternativa, queremos manifestar que el régimen de suplencias en las Juntas Departamentales es automático, es decir, habilita a que al no estar el titular, cualquiera de los tres suplentes que ingrese adquiera la condición absoluta y plena de Edil departamental con todas las responsabilidades consiguientes. Por lo tanto, el Edil suplente que ingresa se sienta en la banca correspondiente y a partir de ese momento el individuo debe proceder a cumplir con las obligaciones que establece la ley. Esto es así porque los votos que otorgará son del mismo valor y trascendencia que los del Edil titular. Es decir que hay que comprender de esta manera la disposición, aunque quizás sea necesario mejorar su redacción.

Reitero que el suplente, una vez que ingresa, ya es Edil y, en el caso de que se tratara de un funcionario municipal, en ese preciso momento este individuo pierde esta condición.

SEÑOR PRESIDENTE - La Presidencia comparte plenamente el criterio planteado por el señor Senador Santoro. Además, cree que la redacción de la norma es suficientemente clara como para ratificar lo manifestado, por cuanto la expresión "los titulares de cargos políticos o de particular confianza" alude a los funcionarios referidos posteriormente. Aquí, la referencia es a Ediles de las Juntas Departamentales y creo que es clarísimo el sentido, sin perjuicio de lo cual es posible que sea necesario modificar la redacción si se entiende pertinente por los miembros de la Comisión.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Quisiera solicitar la rectificación de la votación del literal M) del artículo 11, comprendido en el Capítulo V.

La explicación brindada por el señor Senador Santoro es perfecta; sin embargo, a mi juicio, estos criterios no surgen con suficiente claridad del texto que se ha puesto a consideración.

Lo que expresa el señor Senador Santoro es cierto: el suplente pasa a ser Edil; pero pasa a serlo por un rato y no tiene obligación de realizar una declaración jurada, decidiendo de esta manera asuntos de enorme trascendencia.

SEÑOR PRESIDENTE - De acuerdo con la norma prevista en el artículo 11, creo que el suplente no podría sentarse en el sillón de Edil si no realiza su declaración jurada. Pienso que esto surge claramente del texto propuesto. Sin embargo, el señor Senador Pereyra solicita la rectificación de la votación del literal M) del artículo 11.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Ya que se trata de un artículo de enorme importancia, propongo desglosar el literal M) y realizar las consultas correspondientes en la Comisión, brindándole la información precisa al señor Senador Pereyra el día martes.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la rectificación del literal M) del artículo 11.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Solicito que sean desglosados los artículos 26 y 30 del Capítulo VI.

SEÑOR PRESIDENTE - Léanse los artículos 21 a 30, con excepción del 26, 28 y 30, pertenecientes al Capítulo VI.

(Se leen:)

"Articulo 21. - Los funcionarios públicos deberán observar estrictamente el principio de probidad, que implica una conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro.

El interés público se expresa en la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos.

Articulo 22. - Los funcionarios públicos observarán los principios de respeto, imparcialidad, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos.

Toda acción u omisión en contravención de este artículo, hará incurrir a sus autores en responsabilidad administrativa, civil o penal, en la forma prescrita por la Constitución y las leyes.

Articulo 23. - Son conductas contrarias a la probidad en la función pública:

1) Negar información o documentación que haya sido solicitada en conformidad a la ley;

2) Valerse del cargo para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero;

3) Tomar en préstamo o bajo cualquier otra forma dinero o bienes de la institución, salvo que la ley expresamente lo autorice;

4) Intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya participado como técnico. Los funcionarios deberán poner en conocimiento de su superior jerárquico su implicancia en dichos asuntos, para que éste adopte la resolución que corresponda; y,

5) Usar en beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de su función.

Articulo 24. - Los funcionarios públicos que cumplen funciones en las reparticiones encargadas de la adquisición de bienes y servicios deberán rotar periódicamente en la forma que establezca la respectiva reglamentación.

La rotación se hará sin desmedro de la carrera administrativa.

Articulo 25. - Las normas de esta ley no obstarán a la aplicación de las leyes que afecten a los funcionarios de la Administración Pública, cuando éstas prescriban exigencias especiales o mayores a las que surgen de su texto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las normas de esta ley constituirán, además, criterios interpretativos del actuar de los órganos de la Administración Pública en las materias de su competencia.

Articulo 27. - Los Directores o Directores Generales de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán intervenir como Directores, Administradores o empleados en empresas que contratan obras o suministros en el Ente Autónomo o Servicio Descentralizado cuyo Directorio o Dirección General integren.

ArtIculo 29. - El Ministerio de Educación y Cultura coordinará con los Entes de Enseñanza la implementación de cursos de instrucción en los correspondientes niveles de la educación sobre los diferentes aspectos a que se refiere esta ley, debiendo poner énfasis en los derechos y deberes de los ciudadanos frente a la Administración y las responsabilidades de las autoridades y funcionarios públicos."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 21 a 30, con excepción del 26,28 y 30.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léanse los artículos 31 a 38 pertenecientes al Capítulo VII.

(Se leen:)

"Articulo 31 (Cohecho y soborno transnacionales). - El que para celebrar o facilitar un negocio de comercio exterior uruguayo, ofrece u otorga en el país o en el extranjero, siempre que concurran las circunstancias previstas en el numeral 5º del artículo 10 del Código Penal, a un funcionario público de otro Estado, dinero u otro provecho económico, por sí mismo o para otro, para sí mismo o para otro, será castigado con una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Articulo 32 (Blanqueo de dinero). - El que obstaculizare la identificación del origen, la investigación, la incautación o la confiscación del dinero u otros valores patrimoniales a sabiendas que provienen de alguno de los delitos establecidos en los artículos 156, 158, 158 bis, 160, 161, 163, 163 bis, y 163 ter del Código Penal, o del delito establecido en el artículo 31 de la presente ley, será castigado con una pena de tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Articulo 33. - El proceso de extradición por hechos previstos como delito en esta ley se rige por las normas de los Tratados o Convenciones Internacionales ratificados por la República, que se encuentren en vigor. En ausencia de dichos instrumentos, se aplican las normas del Código Penal, del Código del Proceso Penal y las especiales previstas en los artículos siguientes.

Articulo 34. - La extradición por hechos previstos en la presente ley, no es procedente cuando la pena impuesta sea inferior a dos años de privación de libertad y la parte de la sentencia que aún resta por cumplir sea inferior a seis meses. Si se tratare de personas requeridas para ser juzgadas, cuando el mínimo de la pena que la ley extranjera prevé para el delito sea inferior a seis meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 54 del Código Penal.

Articulo 35. - El hecho de que el dinero o provecho económico que resulte de alguno de los delitos establecidos en los artículos 156, 158, 158 bis, 160, 161, 162, 163, 163 bis y 163 ter del Código Penal o del delito establecido en el artículo 31 de la presente ley, hubiese sido destinado a fines políticos o el hecho de que se alegue que ha sido cometido por motivaciones o con finalidad política, no basta por sí solo para considerar dicho acto como delito político.

Articulo 36. - 1. Las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional provenientes de autoridades extranjeras para la investigación o enjuiciamiento de hechos previstos como delitos en la presente ley, que se refieran a asistencia jurídica de mero trámite, probatoria, cautelar o de inmovilización, confiscación o transferencia de bienes, se recibirán y darán curso por la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional dependiente de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura. Esta remitirá las respectivas solicitudes a las autoridades jurisdiccionales o administrativas nacionales competentes para su diligenciamiento.

2. Los Jueces diligenciarán la solicitud de cooperación de acuerdo a leyes de la República.

3. Salvo el caso de medidas de naturaleza cautelar o de inmovilización, confiscación o transferencia de bienes, la cooperación se prestará sin entrar a examinar si la conducta que motiva la investigación o el enjuiciamiento constituye o no delito conforme al Derecho Nacional.

4. Las solicitudes relativas a registro, levantamiento del secreto bancario, embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto se someterán a la ley procesal y sustantiva de la República.

5. Las solicitudes podrán ser rechazadas cuando afecten en forma grave el orden público, así como la seguridad u otros intereses esenciales de la República.

6. El pedido de cooperación formulado por una autoridad extranjera importa el conocimiento y aceptación de los principios enunciados en este artículo.

Articulo 37. - Créase la Sección de Cooperación Jurídico Penal Internacional dentro de la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional dependiente de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura.

Articulo 38. - Las solicitudes extranjeras del levantamiento del secreto bancario para la investigación o enjuiciamiento de hechos previstos como delito en la presente ley, se someterán a la ley procesal y sustantiva de la República.

Para que proceda el levantamiento del secreto bancario, debe tratarse, en cualquier caso, de delitos previstos en el Derecho Nacional y la solicitud deberá provenir de autoridades jurisdiccionales.

El Estado requirente queda obligado a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto bancario que recibe, para ningún fin ajeno al establecido en la solicitud."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo VII, que comprende los artículos 31 a 38.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Quiero dejar constancia de que el artículo 32, que habla del blanqueo de dinero, ataca sólo una parte del problema y, ni en el Código Penal ni en las normas que hemos incorporado, en caso de votarse, se estaría abordando el otro aspecto de este tema, que es el relativo a aquellos que hacen usufructo del mencionado dinero.

Aquí se está haciendo referencia a quien no genera la identificación del dinero, pero también deberíamos encontrar alguna disposición -quizás de aquí al martes podría presentarse- que trate de resolver lo vinculado a quienes usufructúan ese dinero.

SEÑOR PRESIDENTE - Léanse los artículos 39 y 40 pertenecientes al Capítulo VIII.

(Se leen:)

"Articulo 39. - Derógase el Decreto-Ley Nº 14.900, de 31 de mayo de 1979.

Articulo 40 (Disposición transitoria). - El Poder Ejecutivo deberá nombrar los integrantes de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado dentro de los treinta días contados a partir de la promulgación de la presente ley. Dentro de los sesenta días contados a partir de la instalación de la Junta, ésta deberá proporcionar los instructivos o formularios que correspondan para la presentación de la declaración jurada.

Los funcionarios públicos comprendidos en los artículos 10 y 11 deberán presentar las primeras declaraciones juradas en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la primera publicación de los instructivos del Diario Oficial, siempre que hayan cumplido sesenta días de ejercicio ininterrumpido del cargo. En caso contrario, el plazo de treinta días comenzará a computarse una vez cumplidos los sesenta días de ejercicio ininterrumpido del cargo.

A la fecha de la primera publicación de los instructivos en el Diario Oficial, la Junta deberá tener a disposición de los funcionarios públicos los formularios necesarios para la presentación de la declaración jurada."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo VIII, que comprende los artículos 39 y 40.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

19) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde proceder a la votación del levantamiento del receso para el próximo martes, a fin de realizar una sesión a partir de las 14 horas, considerando como primer punto del orden del día el tema "Corrupción".

La Mesa entiende que cualquier asunto que pueda tratarse durante el receso tiene que ser objeto de decisión expresa.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Quisiera votar el levantamiento del receso para tratar como segundo punto del orden del día un proyecto de ley referido a la Presidencia de Río Branco.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que corresponde es que ambos puntos se voten separadamente.

Se va a votar el levantamiento del receso a los efectos de considerar como primer punto del orden del día el tema relativo a corrupción.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - No conocemos exactamente el detalle reglamentario que planteó el señor Presidente, pero también es notorio que hemos estado manteniendo conversaciones en la tarde hoy con relación, precisamente, a la configuración del orden del día. Estas conversaciones no están concluidas e informo de ello al señor Senador Heber.

En realidad, como el Cuerpo tiene más temas para tratar en el día de hoy, preferiríamos que la consideración del planteo del señor Senador Heber sea postergada para dentro de unos minutos.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que no es necesario que hoy el Senado determine su agenda para el receso. Lo deseable sería -y en ese sentido formulo una sugerencia- que se realizara una reunión de coordinadores el próximo lunes antes de la sesión de la Asamblea General citada para la hora 18 y 30, a los efectos de fijar los procedimientos a seguir. Podríamos reunirnos los coordinadores a los efectos de establecer una agenda para el receso, porque puede haber varios señores Senadores que quieran plantear algún asunto.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Considero que esa puede ser una buena idea pero, en ese sentido, quisiera saber si uno de los proyectos que hoy se terminó de considerar en Comisión, relativo a la reforma electoral, puede ser tratado durante el levantamiento del receso, ya que el coordinador y Presidente de la Comisión respectiva ha iniciado los contactos para que se proceda de esa manera.

SEÑOR PRESIDENTE. - En las reuniones de coordinadores ya había acuerdo con respecto a la consideración de esos proyectos.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Simplemente deseo señalar que a mi juicio es necesario realizar una reunión de coordinadores a los efectos de determinar qué temas se van a incorporar en el levantamiento del receso, tal como lo sugirió el señor Presidente. Si no entendí mal, este asunto se trataría en la reunión que la Presidencia ha propuesto para el día lunes a las 18 horas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entendemos que sería preferible comenzar esa reunión de coordinadores a la hora 17, teniendo en cuenta que la Asamblea General está fijada para la hora 18 y 30.

20) SEÑOR SENADOR DON ORLANDO VIRGILI. Sus 75 años.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Señor Presidente: antes de que finalice la sesión quiero comunicar al Cuerpo que hoy está cumpliendo 75 años nuestro compañero, el señor Senador Orlando Virgili, quien imaginando que yo iba a decir algo al respecto, acaba de retirarse de Sala.

Cumple 75 años con la humildad de siempre y, prácticamente, no lo ha dicho a ninguno de nosotros; en lo personal, me enteré casi por casualidad.

Son 75 años que cumple con el vigor con el que él encara la vida y el trabajo; 75 años de servicio, de abnegación, de trabajo, de esfuerzo y de vida generosa. Por lo tanto, no quería dejar pasar esta ocasión sin mencionarlo y aclaro que no se trata de un homenaje, sino simplemente de la expresión de nuestro enorme cariño y respeto a una personalidad tan importante para el país, para el departamento de Canelones y para el Senado, como es don Orlando.

No sé si él me está escuchando ahora o si se encuentra en otro lugar del Palacio, pero deseo que sepa que desde aquí le estamos expresando con enorme emoción las felicitaciones que merece por tan digna vida y porque, además, 75 años no se cumplen todos los días.

Es cuanto quería decir, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Deseo hacer mías las palabras del señor Senador Hierro López, ya que con Orlando Virgili tenemos una vieja amistad que, incluso, nació de una proximidad de vecinos muy ajena a la política. Creo que
son 75 años vividos con enorme dignidad.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: en realidad, creía que don Orlando era mayor que quien habla y ahora llego a la conclusión de que no es así. Este puede ser un elemento apropiado para celebrar el cumpleaños de don Orlando Virgili, un ciudadano ejemplar, que tiene la particularidad de que a pesar de que es nacido en Italia, es tan uruguayo que no habla italiano, con lo cual está indicando el amor que siente por esta tierra y, de manera especial, por la zona de Los Cerrillos, donde ha cumplido una extensa y muy proficua gestión, granjeándose el aprecio, el respeto, la consideración y el afecto de un sinnúmero de ciudadanos. Todos estos valores se extienden al resto del departamento de Canelones, donde es realmente una figura de significación.

Tiene la particularidad de que es colorado, un férreo defensor de su Partido Colorado, lo que respetamos. Al final, a nosotros, que somos del Partido Nacional, eso nos sirve de aliciente y de elemento provocador, porque al tenerlo no como enemigo ni adversario, sino como contrincante circunstancial en cada campaña electoral, nos vemos incentivados en el esfuerzo. Tenemos enfrente a un ciudadano de quilates y de valores tan significativos que nos obliga, en la campaña electoral, a cumplir una tarea superior para tratar de alcanzar el nivel de la actividad que él desarrolla.

Don Orlando Virgili: que lo cumpla muy feliz. Sabemos que estará rodeado de toda su gente, de sus vecinos, de sus amigos y de todo el departamento de Canelones, porque cuando se cumplen 75 años hay derecho a considerarse, más allá de partidos y de divisas, unido por una especie de hermandad con todos.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Creo que es una buena oportunidad para saludar al señor Senador Virgili. En el día de hoy, el señor Senador Hierro López descubrió por qué el señor Senador Virgili, que nunca faltó a las sesiones de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, misteriosamente hoy no estaba.

Nos sumamos con mucha alegría a las felicitaciones que se están tributando. Hemos conocido al señor Senador Virgili en esta Legislatura y podemos decir que, más allá de lo expresado por el señor Senador Santoro en el sentido de que provoca la lucha o la puja en Canelones desde el punto de vista electoral, es un delicado impulsor de acuerdos. En varias ocasiones, además, cuando por razones de posicionamiento esos acuerdos no se alcanzan, trabaja por ellos de una manera muy esforzada.

Le doy un abrazo a don Orlando y felicitaciones.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Me parece que el trabajo que hemos compartido con el señor Senador Virgili en este Período parlamentario amerita una anécdota.

Cuando recién me integraba a la vida parlamentaria, creía que "Orlando Virgili era jugador de fútbol", pero resultó que se trataba de un gran productor del interior de los interiores, de un departamento que no tiene interior y que no se considera del interior.

Quiero trasmitirle al señor Senador Virgili, que tuvo la gentileza de entrar a Sala después de ser "picaneado", que ha sido un inmenso placer para todos nosotros disfrutar de la compañía de un ser humano muy elevado, por cierto, que con cariño ha sabido granjearse nuestra amistad. Creo que él también me confundió a mí al iniciarse el Período al pensar que "yo seguía siendo colorado". Por esa razón siempre me manifestó que íbamos a ir juntos porque estábamos del mismo lado. No quiero decir que no lo estemos y, en realidad, muchas veces lo estaremos porque ha sabido cosechar un gran cariño y amistad.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Nos sumamos a las felicitaciones a don Orlando. No lo tuvimos como compañero de Comisiones pero es vecino de piso. Subimos y bajamos en el mismo ascensor, de modo que las chanzas son diarias.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Deseo adherir a este saludo por las razones que invocó el señor Senador Michelini, en calidad de vecino de despacho. Podemos testimoniar que su cordialidad no es un atributo que comparte solamente con nosotros, sino que la difunde a todo su despacho, particularmente a sus familiares, lo que crea un clima de gran concertación espiritual y de frecuentación con él y con los integrantes de su despacho.

SEÑOR VIRGILI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIRGILI. - Es evidente que no esperaba este acontecimiento. No sé si soy muy sensible o sensiblero, pero lo cierto es que la emoción me embarga. Han sido muy generosos en sus apreciaciones, algunas de las cuales fueron exageradas. Otras, como la del señor Senador Santoro, fueron justas.

Soy italiano, pero quiero mucho a esta República porque es mi madre adoptiva. Es cierto que no hablo mi idioma, pero no lo siento, no porque no quiera a Italia, sino porque siento más a esta tierra. En el tiempo que ha trascurrido encontré a un grupo de gente que quiero mucho, a todos por igual, sin distingos. Al fin y al cabo todos queremos un país mejor y todos estamos en un barco que, si se hunde, lo hace con nosotros. ¡Y cómo no voy a estar con ustedes!

Esta mañana no estuve presente en la Comisión por otros motivos, ya que ayer de tarde no sabía de la reunión y me enteré hoy después de las 9 horas; de lo contrario, no habría faltado.

Me siento muy cómodo aquí porque, tal vez por mi edad, me tratan con muy buena voluntad. Comprenderán que este momento ha sido para mí de gran emoción y sepan que los quiero a todos por igual.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

21) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Dalmás y Arismendi y los señores Senadores Laguarda, Segovia, Couriel, Cid, Gargano, Sarthou y Garat presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea un adicional del 0,5% sobre las tasas establecidas en el artículo 251 de la Ley Nº 16.462 con destino al Banco Hipotecario del Uruguay, a efectos de financiar el nuevo régimen de obligaciones de los deudores de dicho Banco."

-A la Comisión de Hacienda.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto tiende a aportar al Banco Hipotecario del Uruguay recursos que puedan habilitarlo de mejor manera o favorezcan a dicha Institución para el cumplimiento de las obligaciones emergentes del nuevo régimen de adeudos con el Banco Hipotecario del Uruguay.

Es sin duda de interés general que el Banco Hipotecario del Uruguay esté fortalecido económicamente para la mejor satisfacción de sus cometidos de tan alta importancia en el plano de la vivienda.

Es por tales fundamentos que se promueve la creación a través de este proyecto de un adicional al Impuesto de Trasmisiones Inmobiliarias que le aportará recursos para atender las obligaciones que habrá de generar la regulación aludida en materia de adeudos hipotecarios.

Por sus características el adicional proyectado no habrá de afectar el campo de la actividad productiva y no deja de ser un recurso vinculado con el amplio campo inmobiliario.

La tasa reducida tiende también a no afectar la negociabilidad de inmuebles a que está referido el impuesto que se incrementa.

Dalmás, Laguarda, Segovia, Couriel, Gargano, Cid, Arismendi, Sarthou y Garat, Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Créase un adicional del 0,5% (cero cinco por ciento) sobre las tasas establecidas por el ar-tículo 251 de la Ley Nº 16.462 promulgada el 11 de noviembre de 1994 que regula el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales.

El adicional que se crea estará destinado al Banco Hipotecario del Uruguay a los efectos de habilitar el debido cumplimiento del nuevo régimen de obligaciones de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay.

Dalmás, Laguarda, Segovia, Couriel, Gargano, Cid, Arismendi, Sarthou y Garat, Senadores."

22) DISTRIBUCION DE AHORROS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto de resolución elevado por la Comisión de Presupuesto.

(Se da del siguiente:)

"La Comisión de Presupuesto eleva un proyecto de resolución por el que se dispone que el porcentaje indicado en el artículo 14 de la Resolución de la Cámara de Senadores del 27 de diciembre de 1995, se distribuirá entre todos los funcionarios por concepto de lo establecido en dicho artículo."

-Repártase.

SEÑOR SANTORO. - ¿No se vota, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Se puede votar ahora o considerar en la reunión del lunes para tratarlo durante el receso.

SEÑOR GANDINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GANDINI. - La Comisión de Presupuesto, por unanimidad, elevó hoy este proyecto de resolución, el cual consideramos debe aprobarse a la brevedad. Cuando termina el año, esos recursos dejan de estar disponibles; por tanto, debemos resolverlo rápidamente. Si pudiéramos hacerlo hoy, creo que no es un tema que merezca demasiada discusión. Tenemos todavía unos minutos de sesión y a lo mejor nos alcanza el tiempo. De lo contrario, solicitaría que sin falta se incluyera entre los primeros puntos del orden del día de la próxima sesión.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: con respecto a la reunión de coordinadores del lunes, que creo es muy importante, debido a una reunión política que tenemos todos los Senadores del Foro Batllista a la hora 17 y 30 fuera del Palacio Legislativo, solicitaría que se realizara, de ser posible, lo más temprano posible en la tarde o bien durante la mañana.

SEÑOR PRESIDENTE. - El lunes, a la hora 18 y 30 se reúne la Asamblea General para cerrar el Período Legislativo.

Se ha planteado la votación del proyecto que viene aprobado por unanimidad a nivel de la Comisión de Presupuesto. Al respecto, en lo personal, quiero señalar mi oposición, tal como lo expresé en su momento. Comprendo las razones de la iniciativa y entiendo que la reestructura es un objetivo fundamental de mi acción como Presidente y, además, del propio Senado. Asimismo, comprendo que existen razones para formular este planteo por cuanto, por distintas circunstancias, se ha demorado el trámite de la reestructura y, obviamente, los funcionarios no han recibido promociones en la medida en que justamente se estaba esperando este trámite. No obstante, el Senado tiene la palabra.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Debemos ponernos de acuerdo en el sentido de si este tema se va a tratar ahora o en la reunión de coordinadores. Por mi parte, desearía que se considere en esa oportunidad porque quisiera hacer algunas puntualizaciones sobre este asunto, ya que lo ocurrido en el Palacio en estos últimos días merece algunas consideraciones, inclusive, en defensa de la propia gestión de los parlamentarios.

No quisiera para este tema un tratamiento y una votación apresurados. No estoy diciendo, con esto, que esté en contra de su aprobación, sino que considero que debe realizarse un tratamiento acorde con la situación generada a nivel de la Cámara de Senadores y de la Comisión Administrativa que, realmente, es difícil y desconocida.

Llevo muchos años de parlamentario y, quizás, estoy hablando con palabras de viejo; pero, evidentemente, estos episodios que hemos vivido en estos días son totalmente nuevos y anunciadores de otras situaciones muy complicadas a nivel del Palacio Legislativo. Por eso desearía que este tema sea tratado en la reunión de coordinadores, y aclaro que no vamos a perjudicar a los funcionarios, ya que el asunto podrá ser votado el martes. Pienso que es conveniente que nos curemos nosotros mismos ante estos problemas. Al país le ha costado muchas cosas graves el hecho de dar la espalda a situaciones generadas que anuncian situaciones difíciles.

El Senado es absolutamente libre de adoptar otra disposición y, si se desea votar la iniciativa ahora, puede hacerlo; pero llamo a la reflexión para que este asunto sea analizado en la reunión de coordinadores, claro está, no con la finalidad de "bocharlo", sino de tratarlo.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: como integrante de la Comisión de Presupuesto, quisiera brindar nuestra explicación.

En la referida Comisión, por unanimidad, vista la situación planteada en torno al tema de la reestructura, se acordó, habiendo ingresado recién en el día de hoy el texto de la misma y no existiendo tiempo material para poderla considerar antes del comienzo del receso, tratarla a partir del 15 de febrero en la Comisión respectiva y adelantar en quince días el trabajo de ese Cuerpo. No tuvimos ningún problema y no hubo discrepancias en torno al cumplimiento de las disposiciones presupuestales del Senado. Como sabemos, lo que estamos haciendo es llevar a la práctica una resolución que ejecuta una disposición presupuestal que ya aprobamos, y no estamos innovando absolutamente en nada porque, justamente, en las disposiciones presupuestales se establece que, en la medida en que no se ejecute la reestructura y, como lo decía el señor Presidente, en función de que los funcionarios no han tenido promociones durante estos años ni tampoco han recibido aumento de ningún tipo, las economías resultantes de los incentivos que se dieron a los funcionarios que han dejado de participar, en un porcentaje que ha sido determinado por la propia disposición presupuestal, se deben distribuir antes de que finalice este Período para que, de alguna manera, pueda compensarse la mayor carga laboral que han tenido los trabajadores durante este tiempo.

Aclaro que no tuvimos en cuenta ninguna otra cosa, porque no fue planteado ningún otro tema a nivel de la Comisión. Por mi parte, no sé qué referencia concreta se desprende de las palabras del señor Senador Santoro. Por lo tanto, creo que estamos en condiciones de votar el proyecto en el día de hoy sin ningún tipo de inconveniente, y además convendría hacerlo para que el mismo pueda ser ejecutado. Digo esto en función de que hoy es 10 de diciembre y es necesario ejecutarlo antes del 31 del corriente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quisiera hacer dos aclaraciones con respecto a lo expresado por el señor Senador Gargano. Es posible que la reestructura haya ingresado en el día de hoy a la Comisión de Presupuesto, pero la nota inicial tiene fecha 12. En realidad, ese día no se puede tomar en cuenta porque hubo procesos que demoraron su entrega. La fecha en que la Comisión de Presupuesto recibió la reestructura fue el 26 de noviembre. Obviamente, comprendo que puede tratarse de un plazo exiguo.

Por otra parte, el artículo 14 del Presupuesto establece que el 20% de las economías se entregarán como parte de la reestructura. Admito que el tema no es de fácil solución, pero declaro honestamente que comparto el planteamiento del señor Senador Santoro en cuanto a que creo que no se trata de un tema que pueda ser examinado en dos minutos, sino que requiere, de parte de todos, una meditación. Además, pienso que debemos actuar con absoluta transparencia en lo que van a ser nuestras decisiones.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: quiero hacer una consulta de tipo exploratorio, sin perjuicio de que lo que pregunto es nuestro punto de vista.

Existe una serie de temas importantes: uno de ellos acaba de ser señalado, en primer lugar, por el señor Senador Santoro; luego, por el señor Senador Gargano y, por último, por la Presidencia. Sin duda, se trata de un asunto importante. Sería bueno que viniéramos aquí demostrando que, de vez en cuando, las tareas de los coordinadores dan algunos resultados; aunque no sea demasiado estrepitoso, por lo menos que se vea que a veces funciona el intercambio de ideas y los acuerdos.

También hay otros temas que a una u otra de las bancadas aquí presentes les interesaría tratar antes de que lleguemos a fin de año. No me voy a extender al respecto. Por esto, pregunto a los representantes del Nuevo Espacio, del Partido Nacional y del Frente Amplio si mañana no podemos tener una reunión -concretamente, a las 16 horas- los coordinadores con el señor Presidente, por lo menos, para empezar a hablar del tema.

El próximo lunes, el Foro Batllista tiene una reunión que todos saben cuál es y que tiene su importancia. Inclusive el lunes, aunque no existiera esa reunión, ya habríamos dejado correr bastantes días y a lo mejor mañana, sin encontrar humo blanco, podríamos avanzar lo suficiente como para que luego, con consultas menos formales de las que derivarían de la reunión que estoy proponiendo, lleguemos al lunes de la semana que viene sabiendo a qué atenernos respecto a lo que haríamos de aquí a fin de año, antes y después del 15 de diciembre.

Por mi parte, propongo que nos reunamos en el día de mañana, a las 16 horas, todos los coordinadores con el señor Presidente. En esa oportunidad, cada uno planteará sus problemas y hablaremos como se debe sobre estas cosas. De no actuar así, me parece que podríamos dar un espectáculo que no es el que nos merecemos, seguramente, en cuanto a una especie de statu quo que creo que no beneficia a nadie.

En este sentido, señor Presidente, no me animo a formular una moción, sino tan sólo a mirar las caras, si se me permite, a los demás coordinadores para ver si mañana no podemos trabajar en este sentido.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Quiero señalar que asumimos hoy, en la Comisión de Presupuesto, un compromiso fundado en una norma clara del artículo 14 que dispone la asignación de ese 20% de las economías. Tomamos, por unanimidad, una resolución y planteamos que la íbamos a someter a consideración del Pleno.

Hemos sentido la frustración de que en un momento determinado se dijo que en 120 días se iba a llevar a cabo la reestructura y, de alguna manera, los derechos de los funcionarios fueron condicionados a estas circunstancias que no se dieron. Por ello, hemos interpretado como muy imperativo que esto debía hacerse y darse cumplimiento al artículo 14.

Quería hacer estas consideraciones porque fue lo que acordamos hoy en la Comisión de Presupuesto y reiteramos en el Senado que estamos dispuestos a votar hoy, para dar cumplimiento a esa palabra que dimos y a la votación que se realizó en la Comisión.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Quiero decir que mañana a las 15 horas comienzan a sesionar algunas Comisiones; por lo tanto, a las 16 horas va a ser difícil que los coordinadores podamos asistir a una reunión. Quizás podría citarse para las 17 horas.

SEÑOR PRESIDENTE. - No pretendo funcionar como defensor oficioso del señor Senador Santoro, pero digo que mañana se reúne la Comisión Administrativa a las 15 horas. Si termina rápido esa reunión, quizás podamos tratar este tema.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Mi preocupación en este sentido creo que es compartida por todo el Senado. Me allano a cualquier otra, ya sea en la mañana o en la tarde, pero quisiera que mañana empezáramos a conversar sobre estos temas y, en lo posible, resolverlos. Sé que todos tenemos problemas; muchos de nosotros integramos la Comisión de Constitución y Legislación que está citada para las 14 y 30 horas y la de Asuntos Internacionales a las 17 horas. Quizás podríamos reunirnos a las 18 y 30 o a las 14 horas. Lo importante es que avancemos en este asunto. ¿Qué vamos a hacer el lunes o el martes?

SEÑOR PRESIDENTE. - Sería deseable que mañana pudiéramos ponernos en contacto.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - El señor Presidente podría fijar la hora.

SEÑOR PRESIDENTE. - No tengo inconveniente en fijar la reunión a las 14 horas. Desde ya quedan convocados los coordinadores para mañana a las 14 horas.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - ¿No se va a votar la resolución en el día de hoy?

SEÑOR PRESIDENTE. - Si se plantea la votación, se vota hoy; me parece que en función de las razones aportadas por el señor Senador Santoro, es deseable realizar una valoración fuera de Sala.

En definitiva, el Senado es el que debe determinar y no el Presidente del Cuerpo.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: si la votación no se realiza ahora, en los dos minutos que quedan, luego habrá que votar el levantamiento del receso específicamente para considerar este tema. Pienso que no hay materia discutible en esta resolución, porque hay unanimidad de opiniones de todos los lemas. Es decir que el fondo del asunto no admite discusión; lo trató la Comisión de Presupuesto y por unanimidad resolvió traer este planteamiento al Senado en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que puede expresar el Senado es su voluntad de considerar este tema levantando el receso para analizarlo.

Entonces, quedaría abierta ya la instancia de discusión.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Es notorio que varias de las bancadas, la nuestra y otras, tenemos otros proyectos para los cuales queremos plantear el levantamiento del receso. Lo dije hace unos minutos. Nosotros también nos sorprendimos ante el planteamiento que realizó el señor Senador Santoro en relación con este tema y, francamente, quisiéramos enterarnos con más profundidad.

Por lo tanto, adelantamos desde ya nuestra voluntad de levantar el receso para tratar este asunto y otros que tenemos interés de aprobar antes de fin de año.

23) PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION

SEÑOR HEBER. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Solicito que se prorrogue el término de la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Puede continuar el señor Senador Fernández Faingold.

24) DISTRIBUCION DE AHORROS

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Estaríamos en condiciones de votar este tema luego de la reunión de coordinadores y preferiríamos no expedirnos sobre él antes de ella. Veníamos con una posición tomada, pero frente a lo señalado, quisiéramos, reitero, enterarnos más sobre este tema. Al mismo tiempo, adelantamos nuestra voluntad de plantear el levantamiento del receso para el tratamiento de otros proyectos.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Es evidente que hoy no hay condiciones para votar nada. Quiere decir que no habría votos a favor de la resolución, en tanto los fundamentos del Partido Colorado y los que han dado algunos Senadores del Partido Nacional, no harían factible que se aprobara. Me parece bien que los coordinadores discutan, pero creo que este tema no daba mérito a que se suscitara una situación como la que se ha planteado. Simplemente, estamos extendiendo el plazo de resolución de un tema sobre el que había acuerdo en la Comisión de Presupuesto.

25) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20, presidiendo el doctor Hugo Batalla y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Bergstein, Brezzo, Cid, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, García Costa, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Mallo, Millor, Pereyra, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.)

Dr. Hugo Batalla Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Don Freddy A. Massimino Director del Cuerpo de Taquígrafos.

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.