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Nº 206 - TOMO 386 - 11 DE NOVIEMBRE DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

67ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente,

el SENADOR LUIS BREZZO  Primer Vicepresidente

y el PROFESOR CARLOS JULIO PEREYRA  Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- El señor Senador Pozzolo presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se deroga el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.621.
- A la Comisión de Constitución y Legislación.

5) Solicitudes de licencia

- Las formulan la señora Senadora Dalmás, el señor Senador Brezzo y el señor Presidente del Cuerpo.
- Concedidas.

6) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el señor Immer Prada comunicando que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

7) Transporte de estudiantes en el medio rural

- Manifestaciones del señor Senador Heber.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al CODICEN.

8) Desarrollo turístico en la zona Este

- Manifestaciones del señor Senador Sanabria.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Turismo y de Relaciones Exteriores y a todas las Juntas Departamentales del país.

9) Pedidos de informes. Reiteración

- Por moción del señor Senador Korzeniak el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes relativo al régimen de préstamos sociales, cursado el día 11 de julio y otro relativo a la lista, régimen jurídico y destinos porcentuales de los juegos de azar, cursado el día 22 de julio.
- Se procederá de conformidad.

10) Don Jaime Montaner. Homenaje a su memoria

- Por moción del señor Senador Pozzolo, el Senado resuelve homenajear la memoria del mencionado ex-Legislador.
- Manifestaciones del señor Senador Pozzolo. Intervención de varios señores Senadores.
- Por moción de varios señores Senadores, el Senado resuelve ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria del ciudadano desaparecido y enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a sus familiares.

11) Protocolo de integración educativa y reválidas de diplomas, certificados, títulos y reconocimiento de estudios de nivel medio técnico emanado de la VII Reunión de Ministros del MERCOSUR

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Código General del Proceso

- Proyecto de ley por el que se sustituye al artículo 294 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) Cambio de trámite

- Por moción del señor Senador Sarthou el Senado resuelve enviar a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social el proyecto de ley presentado por la Bancada del Frente Amplio, relativo a faltas laborales graves, retirándolo de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con la de Constitución y Legislación.

14) Intendencias Municipales

- Proyecto de ley por el que se autoriza un mecanismo financiero que permita a los gobiernos departamentales el acceso al equipamiento vial.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a varios funcionarios públicos

- El Senado, en sesión secreta, concedió venias al Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a seis funcionarios del Ministerio de Salud Pública, dos del Ministerio de Defensa Nacional, dos del Ministerio de Economía y Finanzas y uno del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

16) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 7 de noviembre de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 11, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se aprueba el Protocolo de Integración educativa y reválidas de diplomas, certificados, títulos y reconocimiento de estudios de nivel medio Técnico, emanado de la VII Reunión de Ministros del MERCOSUR.

(Carp. Nº 824/97 - Rep. Nº 502/97)

2º) Por el que se sustituye el artículo 294 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso) incorporando un mayor número de excepciones a la conciliación previa.

(Carp. Nº 601/96 - Rep. Nº 514/97)

3º) Por el que se autoriza un mecanismo financiero que permita a las Intendencias Municipales el acceso a equipamiento vial.

(Carp. Nº 838/97 - Rep. Nº 519/97)

4º) Discusión particular de los proyectos de resolución elevados por la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a:

un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Plazo constitucional vence el 27 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 814/97 - Rep. Nº 486/97)

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997).
(Carp. Nº 799/97 - Rep. Nº 489/97)

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 800/97 - Rep. Nº 490/97)

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 801/97 - Rep. Nº 491/97)

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 802/97 - Rep. Nº 492/97)

un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (Plazo constitucional vence el 24 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 810/97 - Rep. Nº 493/97)

una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas (Plazo constitucional vence el 26 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 813/97 - Rep. Nº 494/97)

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 8 de diciembre de 1997). (Carp. Nº 829/97 - Rep. Nº 515/97)

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 11 de diciembre de 1997). (Carp. Nº 831/97 - Rep. Nº 516/97)

un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional (Plazo constitucional vence el 22 de diciembre de 1997). (Carp. Nº 846/97 - Rep. Nº 517/97)

un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional (Plazo constitucional vence el 22 de diciembre de 1997). (Carp. Nº 847/97 - Rep. Nº 518/97)

5º) Solicitud de venia de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para destituir de su cargo a un funcionario (Plazo constitucional vence el 20 de noviembre de 1997).

(Carp. Nº 808/97 - Rep. Nº 503/97)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Barbato, Caviglia, Cid, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Iturralde, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Andújar, Batlle, Couriel y García Costa; sin aviso, el señor Senador Storace.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo) - Habiendo número, está abierta la Sesión.

(Es la hora 16 y 21 minutos.)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 11 de noviembre de 1997.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo, reiterando el proyecto de ley por el que se aprueba la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, adoptada en Viena, Austria el 21 de mayo de 1963 y el Protocolo Facultativo sobre Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias de la misma fecha.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Presidencia de la Asamblea General remite un Mensaje del Poder Ejecutivo otorgando la iniciativa al proyecto de ley por el que se establece que los ciudadanos uruguayos residentes en la República Federativa del Brasil o en la República Argentina, a no más de cinco kilómetros de la frontera con nuestro país, no pierden el derecho a la pensión a la vejez o invalidez, el que se encuentra a estudio de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, y cuenta con la media sanción de la Cámara de Representantes.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes.

El Ministerio de Educación y Cultura remite nota dando respuesta al planteamiento formulado por la Comisión de Educación y Cultura relacionada con el proyecto de ley a estudio por el que se declara la gratuidad de la enseñanza oficial preescolar.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite nota adjuntando el tercer boletín de informaciones de dicho Ministerio, así como de acontecimientos de relevancia de la política exterior de la República.

-Repártase.

La Cámara de Representantes comunica la sanción del proyecto de ley por el que se concede pensión graciable al señor Juan José Brenta.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes.

La Junta Departamental de Cerro Largo remite nota comunicando la resolución adoptada por la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución promueve ante la Cámara de Senadores, juicio político al Edil Roberto Sartorio.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos."

4) Proyecto presentado

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo) - Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Pozzolo presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se deroga el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.621, de 28 de diciembre de 1973, que faculta a la Cooperativa de Previsión Social a efectuar retenciones en los sueldos de los afiliados."

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Derógase el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.621, de 28 de diciembre de 1976.

Artículo 2º. - Comuníquese, etc.

Luis B. Pozzolo Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Nº 10.761, de 15 de agosto de 1946 y su decreto reglamentario definieron a las cooperativas según la acción de sus socios, es decir si operaban o trabajaban en dichas sociedades. En el caso que la operaran eran de consumo y en las que tenían actividad de producción.

El consumo en sí estaba tomado en el sentido del suministro de bienes, que podía ser al contado o a plazo. Al extremo que la venta a crédito, sólo debía efectuarse a la persona que tenía la calidad de socio, constituía esta opción una especie de privilegio para las cooperativas, que incluso fueron paulatinamente protegidas mediante la sanción de normas que instituían la posibilidad de disponer retenciones en las remuneraciones de los trabajadores o afiliados pasivos. También era admitido que estas instituciones recibieran de su masa social ahorros, lo que les permitía incrementar las posibilidades de obtener una fuente de capitales que le suministraban financiamiento en las adquisiciones de las mercaderías que ofertaban a su masa social y público en general.

El 19 de julio de 1971 se promulga la Ley Nº 13.988 que crea una nueva modalidad de cooperativas, las de Ahorro y Crédito cuyos cometidos eran la promoción del ahorro y el establecimiento de créditos de distinta índole que lógicamente fueron dirigidos, por sus escasos montos, a proveer de los medios con el fin de obtener bienes o servicios o instalarse con pequeños talleres.

La disposición que se pretende derogar fue sancionada en 1976, es decir en el período en que regía la Ley Nº 13.988 y simultáneamente la Nº 10.761, parecería que los préstamos en efectivo quedaba como exclusividad de las denominadas de Ahorro y Crédito no así las que operaban "en consumo de bienes".

En 1982 se sanciona el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre; por intermedio de esta norma se regula el funcionamiento de las instituciones bancarias y todo lo relacionado con la "intermediación financiera". En su capítulo VIII, se deroga la Ley Nº 13.988 y a los fines del marco legal se remite, no aplicándose el artículo 10 del Decreto de 5/3/1948, a la primitiva Ley Nº 10.761, de 15 de agosto de 1946. Se hace una distinción en cuanto a la capacidad de recibir ahorro, en dos categorías, las que pueden hacerlo libremente del público son controladas por el Banco Central y las que sólo pueden efectuarlo de sus socios, por la ex-Inspección General de Hacienda.

Es decir, que las que denominaremos cerradas y no entran en la expresión "intermediación financieras" se rigen por las mismas normas legales que las sociedades cooperativas de consumo o de producción. Su diferencia está en sus normas estatutarias y la inaplicabilidad del artículo 10 del Decreto de 5/3/48. Por tanto la simple operativa de reformar sus estatutos, su inscripción etc., permite que una entidad pueda operar con diferente modalidad con su masa social. Máxime la intensa competitividad que tiene el mercado actualmente, no sólo de los hipercentros, cadenas de supermercados, tarjetas de crédito, casas financieras, etc.

La Cooperativa de Previsión Social, ha modificado su estatuto social, pero no puede disponer retenciones sobre pasividades dada la prohibición que a texto expreso le modificó el Decreto-Ley Nº 14.621, de 28 de diciembre de 1976, época en que las sociedades de Ahorro y Crédito se regían por otra norma (13.988) ya derogada.

Lo normal sería que se modificara el texto actual de la Ley de Retenciones -derogando tal prohibición (Art. 5º)- y se volviera a la generalidad que le permitía la primitiva ley de retenciones Nº 12.249, de 21 de diciembre de 1955, derogada en lo pertinente por la Ley Nº 14.621.

El objetivo del presente proyecto de ley, es derogar el artículo 5º de la Ley Nº 14.621, que es la disposición que le prohíbe disponer retenciones por préstamos en efectivo, y de esa forma darle la posibilidad de atender a sus socios en todos los ramos del consumo, por crédito directo o con efectivo de forma de favorecer al consumo de una de las clases económicas con menores posibilidades como son las pasivas (jubilados y pensionistas) y de reciente data, los pensionistas a la vejez e invalidez, ya que el Banco de la República Oriental del Uruguay, se ha negado otorgar beneficios a estas personas que reciben tales prestaciones.

Por tanto entendemos justo propiciar la norma derogatoria de este proyecto de ley.

Montevideo, 11/11/97.

Luis B. Pozzolo Senador."

5) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Dalmás solicita licencia desde el 12 al 22 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 11 de noviembre de 1997.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, solicito se me conceda licencia a partir del día 12 al 22 de noviembre inclusive.

Motiva dicha solicitud el hecho de integrar la delegación parlamentaria que concurrirá a un Seminario, que se llevará a cabo en Nueva Zelanda, del 13 al 22 del corriente mes.

Asimismo dejo constancia que los gastos generados por el traslado y alojamiento son cubiertos, en su totalidad, por el Banco Mundial.

Sin otro particular saluda a usted, y por su intermedio a los integrantes del Cuerpo, muy atentamente

Susana Dalmás. Senadora."

-Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Brezzo solicita licencia desde el 12 al 22 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 6 de noviembre de 1997.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores,

Dr. Hugo Batalla.

Por la presente solicito licencia por el período comprendido entre el 12 de noviembre al 23 de noviembre inclusive. Motiva la misma el hecho de haber sido invitado a integrar la delegación, por el Gobierno Nacional, para concurrir a un Seminario organizado por el Banco Mundial a llevarse a cabo en Nueva Zelanda.

Saludo al señor Presidente muy atentamente.

Luis Brezzo. Senador."

-Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente del Cuerpo solicita licencia desde el día 13 al 19 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 11 de noviembre de 1997.

Señor Vicepresidente de la Cámara de Senadores

Por la presente solicito licencia a partir del día 13 hasta el 19 de noviembre inclusive a fin de realizar una visita en mi carácter de Vicepresidente de la República, a la República de Guatemala, invitado por el Gobierno de dicho país para participar en el "FORO BOLIVAR".

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Hugo Batalla. Presidente."

-Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 16 Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Dése cuenta de una nota de desistimiento llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Immer Prada comunica que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

-En consecuencia, a partir del día 12 del corriente se convocará al suplente respectivo, que es el señor Milton Antognazza, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

7) TRANSPORTE DE ESTUDIANTES EN EL MEDIO RURAL

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER. - Señor Presidente: la semana pasada tuvimos oportunidad de recorrer el departamento de Rivera y mantuvimos un grato encuentro con más de cien estudiantes del liceo Cerro Pelado, que se encuentra en medio de la campaña de ese departamento. Indudablemente, después de años de realizar la experiencia piloto de los liceos rurales, vemos que éstos han dado resultado y generaron una expectativa y un aprendizaje que, quizás, de otra forma, el hijo del trabajador rural no habría podido tener al alcance de la mano, como se está dando ahora.

Creemos que si alguna inversión tenemos que hacer es, justamente, la de concentrar en el medio de nuestra campaña oportunidades de Enseñanza Secundaria como la de Cerro Pelado y la que ya conocíamos de Caraguatá. Sin embargo, existe una dificultad en esa zona, al igual que en todos los liceos rurales, que es la del traslado de los estudiantes.

En una oportunidad, el liceo rural había recibido una donación de un ómnibus con cierto uso por parte de Acción Solidaria; éste ya generó un deterioro que no le permite ponerlo en funcionamiento nuevamente.

Por lo tanto, en los lugares donde no pasan líneas regulares del departamento o interdepartamentales, los muchachos no tienen la oportunidad de acercarse al liceo.

Asimismo, sabemos que el CODICEN está instrumentando una serie de esfuerzos económicos para lograr el traslado de los estudiantes, sobre todo, de Primaria, por lo que pensamos que tal vez sea factible hacer el mismo esfuerzo con estos ejemplos de educación y de igualdad de oportunidades que se da en el medio de la campaña en el departamento de Rivera y en tantos otros lugares. En el día de hoy hablo en el Senado para ver si podemos lograr que uno de estos ómnibus que el CODICEN va a comprar, sea destinado al liceo de Cerro Pelado. Además, la concentración de escuelas del medio rural -y no eliminarlas, pasándolas a las zonas suburbanas-, en lo que sí estamos de acuerdo, puede permitir que el ómnibus sirva para el liceo y para las escuelas que, en definitiva, se están concentrando en pequeños centros urbanos.

También mostramos nuestra preocupación porque muchos estudiantes no tienen la posibilidad de viajar en las líneas regulares en razón de que el costo es únicamente de la Intendencia Municipal; no hay un costo compartido entre lo que puede ser la comunidad y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Entonces, también encontramos inconvenientes en cuanto a facilitar el transporte a aquellos muchachos que viven en rutas por las que pasan líneas regulares; de alguna manera, sería bueno que pudieran ser trasladados en forma gratuita, ya que se trata de familias de origen humilde que, indudablemente, precisan tener la oportunidad de no gastar en transporte. Por eso hoy traemos al Senado de la República nuestra preocupación por este tema.

Concretamente, solicitamos al CODICEN la posibilidad de donación de los ómnibus que sabemos ha comprado. A su vez, sería conveniente tratar de mejorar el convenio con las líneas urbanas y facilitar el pago, de modo de facilitar las cosas a aquellos muchachos que viven a varios kilómetros del liceo al que asisten y sobre las rutas por las que pasan líneas regulares, y resarcir a dichas líneas pagando el Estado el costo de esos pasajes.

En consecuencia pedimos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada al CODICEN y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Heber.

(Se vota:)

-16 en 18 Afirmativa.

8) DESARROLLO TURISTICO EN LA ZONA ESTE

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA. - Señor Presidente: el país está asistiendo a un proceso de transformación que apunta a la excelencia de los servicios y a ampliar las oportunidades económicas vinculadas a los servicios y al turismo en el país. Tal vez uno de los ejemplos a tener en cuenta sea el desarrollo importante que ha tenido el turismo en la Zona Este del país, con sus atractivos matices de oferta turística, no sólo para la región del MERCOSUR sino también para el mundo entero, a raíz de las comunicaciones que cada día acercan las distancias y permiten al turismo internacional llegar a nuestro país.

Así, por suerte para el Uruguay, el turismo está siendo una fuente de recursos y de servicios durante prácticamente todo el año, en la expectativa vinculada a las altas temporadas. De todas formas, la expectativa vinculada a la alta temporada turística que se extiende desde el 15 de diciembre hasta el 28 de febrero, fundamentalmente en nuestro principal balneario, Punta del Este, está enmarcando las posibilidades del desarrollo turístico para un país como el nuestro, que está transitando rápidamente el camino hacia los servicios, no sólo en lo que es la expresión misma de la infraestructura turística sino también en lo que es la propia balanza comercial del Uruguay. Es sabido que cada día los servicios están acrecentando sus ingresos en concordancia con la exportación de los productos no tradicionales que, en muchos casos, esconden cifras también vinculadas a la actividad turística. Precisamente el turismo es una actividad a través de la cual se consumen productos tradicionales en el país; muchas veces el crecimiento de dichos productos se mide exclusivamente por la exportación, sin tener en cuenta lo que significa el consumo de ellos y de los productos elaborados con mayor valor agregado en las áreas de turismo.

Nuestro comentario apunta a resaltar el esfuerzo que está haciendo el Gobierno a través del Ministerio de Turismo con relación a la inversión en infraestructura turística. En la actualidad existen, en los Ministerios de Turismo y de Industria y Energía, U$S 1.000:000.000 presentados por operadores privados y destinados a la creación de infraestructura en todo el país: hoteles, centros de convenciones, desarrollo de clubes de campo, construcciones vinculadas a restaurantes y servicios, todo lo que hace avizorar en el área de los servicios un crecimiento sustancial de la oferta turística del Uruguay.

En ello también está enmarcada la propuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la concesión de explotación de los puertos del país, fundamentalmente los deportivos, que constituyen un eslabón importantísimo en lo que hace a la atracción turística para los servicios de toda la nación. Basta señalar las decenas de miles de embarcaciones que hay en la Argentina y en el Brasil, y que podrían servir para desarrollar, precisamente, esta modalidad turística que cada día va acaparando toda la región, no sólo por su nivel económico sino también por todas las posibilidades que ofrece. En este sentido, cabe citar las inauguraciones, en los días 14 y 15 de este mes, del Hotel Conrad de Punta del Este, con la presencia del señor Presidente de la República. Asimismo, el 19 de diciembre tendrá lugar la inauguración del Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce, que nos permitirá lograr un mayor crecimiento del turismo a nivel regional.

A su vez, debemos mencionar la doble vía Montevideo-Punta del Este y el Puerto de Piriápolis, con la certeza de que una compañía naviera unirá a Piriápolis con Buenos Aires en forma directa. Próximamente se inaugurará también el "shopping" de Punta del Este.

Esto, sumado al hecho de que un 80% de las ofertas de alquileres de casas y apartamentos de buen nivel de Punta del Este están siendo cubiertas desde ahora -es decir, antes de iniciada la temporada- demuestra que, de alguna manera, estamos volviendo a los buenos niveles de alquileres, comparables a los de 1980-1982. En aquella época, dos o tres meses antes de comenzada la temporada, argentinos y brasileños venían al Uruguay a alquilar casas o apartamentos. Las reservas que ya han sido hechas en hotelería indican que tendremos una muy buena temporada.

En contradicción con todo este panorama, surgen las medidas adoptadas por el gobierno brasileño. Evidentemente, sería prematuro medir las consecuencias que ellas tendrán en el área productiva del país. Sin embargo, debemos confesar que no comprendemos el incremento de la tasa de embarque de los aeropuertos, fundamentalmente para el MERCOSUR; seguramente nuestra Cancillería y los Ministerios de Economía y Finanzas y Turismo deberán trabajar para que, en el marco de los Acuerdos regionales firmados, esa suba de la tasa de embarque de U$S 18 a U$S 90 -a mi juicio, desmesurada- pueda ser resuelta de alguna manera ya que, evidentemente, constituye un perjuicio importante para los brasileños que deciden salir como turistas. A nuestro juicio, esa medida es, en sí misma, un factor negativo para el proceso de integración, que deberá ser canalizada a través de caminos constructivos. Seguramente ese elemento tendrá que ser una voz de alerta a lo que significan, precisamente, estas negociaciones en las próximas semanas, porque creemos que se está atentando contra el libre desarrollo del turismo en nuestra región.

(Ocupa la Presidencia el doctor Hugo Batalla)

-Evidentemente, respetamos las medidas económicas adoptadas por el gobierno brasileño porque señalan, de alguna manera, lo complejo de la situación económica del mundo y de la región. Pensamos que todo esto enmarca claramente los objetivos que el gobierno y el país se han fijado con relación a las previsiones del mercado regional. De lo que se trata es de valorizar y vigorizar las políticas económicas que se están llevando adelante, porque países con mayores posibilidades económicas como el Brasil, también son sacudidos por estos ajustes que, en definitiva, apuntan a reordenar la economía. Desde nuestra óptica, es evidente que deberemos trabajar prontamente a los efectos de ir logrando los acuerdos que impidan perjuicios tan importantes en el área productiva, industrial y comercial. En este caso, reitero, con la tasa de embarque que ha fijado el gobierno brasileño hace pocas horas, se están contradiciendo la voluntad política de todos los integrantes del MERCOSUR.

Es con ese ánimo que hoy estamos alzando nuestra voz de alerta para tratar de buscar soluciones a este tema, porque están en juego no sólo el proceso de integración sino una actividad tan importante -como es el turismo- para nuestro país y tan abierta a respetar los Acuerdos Internacionales tendientes a fomentar el libre intercambio comercial y fundamentalmente turístico dentro de la región, o sea, en el MERCOSUR.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Turismo, de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores y a las 19 Juntas Departamentales de todo el país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Sanabria.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

9) PEDIDOS DE INFORMES. Reiteración.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para dos cuestiones de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: el día 10 de setiembre, a título personal, reiteré un pedido de informes cursado el 11 de julio al Ministerio de Economía y Finanzas, vinculado al régimen de préstamos sociales sobre sueldos que otorga el Banco de la República. En concreto, la pregunta consistía en si existen casos en que las disposiciones reglamentarias han sido superadas y en saber cuáles son las razones jurídicas.

Dadas las fechas y la reiteración personal que he realizado, solicito que el Senado haga suyo el pedido de informes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si el Senado hace suyo el pedido de informes oportunamente formulado por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak para formular la segunda cuestión de orden.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución, solicito que el Senado haga suyo un pedido de informes cursado al Ministerio de Economía y Finanzas, en el que se solicita la lista, el régimen jurídico y los destinos porcentuales en los juegos de azar. El pedido de informes fue realizado el 22 de julio y reiterado el 10 de setiembre. Al respecto, no he recibido ninguna respuesta, por lo que pediría que el Senado lo haga suyo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si el Senado hace suyo el referido pedido de informes.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) DON JAIME MONTANER. Homenaje a su memoria.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: me parece oportuno y necesario plantear a esta altura de la reunión, como un acto de conciencia y de afecto, que el Senado tribute homenaje a un hombre de la raza política que ha caído. Me refiero a don Jaime Montaner, quien falleció el pasado jueves.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si me permite, señor Senador, de acuerdo con lo que corresponde reglamentariamente, el Senado debería votar el tratamiento en forma urgente del homenaje al señor ex Senador Jaime Montaner.

Se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a considerar, en forma urgente, el homenaje al ex Legislador don Jaime Montaner.

Tiene la palabra el señor Senador Pozzolo.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: el pasado jueves a la noche, aquí, en la ciudad de Montevideo, falleció don Jaime Montaner.

Jaime Montaner fue por más de treinta años uno de los principales dirigentes del Partido Colorado en su natal departamento de Tacuarembó. En 1938, inició allí su militancia en el Partido Colorado Batllismo y, al tiempo que se dedicaba a sus actividades privadas, la ganadería, y realizaba estudios preparatorios de Derecho, se constituyó en uno de los puntales del viejo Partido de la Defensa.

Entre 1963 y 1967 fue Concejal y en 1967, cuando el General Gestido accedió al gobierno tras aquella elección de 1966 que trajo nuevamente al Partido Colorado al Gobierno, época en la que se llevó adelante la reforma constitucional, fue electo diputado por el departamento de Tacuarembó.

Posteriormente, siendo Presidente el señor Jorge Pacheco Areco, fue designado Ministro de Ganadería y Agricultura, cargo que ocupó por algunos meses para volver luego, nuevamente, a la Cámara de Representantes.

De la vida de Montaner, que rápidamente he reseñado, quisiera destacar, señor Presidente, su pasaje por esta Casa. Aquí dio siempre pruebas del señorío de una persona de bien y de un individuo que se supo ganar, por su forma de ser, el afecto de la gente del Partido Colorado y de los extraños. Todos nos sentíamos sus amigos, todos lo queríamos y a todos nos prodigaba la calidez de su amistad.

Por supuesto que su alejamiento nos duele en el sentido directo, es decir, en cuanto a que el Partido ha perdido un militante y dirigente. Nosotros hemos perdido a un amigo, pero una amiga muy querida nuestra, que sigue la tradición de los Montaner en Tacuarembó, Martha, su hija, diputada del Partido Colorado y del Foro Batllista, perdió a su padre. Entonces, Señor Presidente, esto me motivó aún más para que haya improvisado esta moción a los efectos de que el Senado le rinda homenaje a este gran ciudadano y trasmita a toda su familia, particularmente a Martha Montaner, nuestra colega, en estos momentos, el sentimiento de pesar que a todos nos embarga por un hecho tan doloroso para el país, el Partido y su familia.

SEÑOR CHIESA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CHIESA. - Señor Presidente: en nombre de la bancada del Partido Nacional y también en mi condición de tacuaremboense, me uno al justo homenaje que el Cuerpo está brindando al ex dirigente político y hombre público, don Jaime Montaner.

Como muy bien decía el señor Senador Pozzolo, era un hombre del interior del país, trabajador y empleado bancario. Don Jaime estuvo vinculado intensamente a las actividades agropecuarias. Formó su familia en Tacuarembó con una mujer de ese departamento, y se dedicó intensamente a la actividad política. Quizás en el plano personal poco sepamos de Jaime Montaner, pero mucho hemos podido escuchar en nuestra familia, también de políticos, sobre su personalidad. Enfrentados, por supuesto, en una lucha permanente pero leal, como debe ser, a nivel político, lo vimos transitar en su Tacuarembó -en nuestro Tacuarembó- durante muchos años. A su manera, fue un incansable trabajador político y tuvo un estilo que lo caracterizó como verdadero caudillo del interior del país, del norte del Uruguay.

Por la confianza y el voto popular de su Partido, Jaime Montaner logró acceder a escaños tanto a nivel departamental como nacional. Fue Concejal departamental en algún período, también fue diputado, Ministro, Senador y un dirigente político de presencia y referencia directa de la dirigencia colorada en Tacuarembó.

Nos unía con Jaime y su familia una gran amistad. Esa veta política de Jaime Montaner se mantiene viva y es hoy expresada en el trabajo político, sobre todo de una de sus hijas, la actual diputada Martha Montaner, que es una activa militante del Partido Colorado y que, continuando el trabajo político de su padre, hoy ocupa un escaño en el Parlamen to Nacional.

En nombre de la Bancada de Senadores del Partido Nacional expresamos nuestro pésame a su familia y a su esposa, Dora Formoso de Montaner, una mujer que, al igual que toda su familia, es de extracción nacionalista, hija de don Domingo Formoso, un reconocido dirigente nacionalista del departamento, que por supuesto acompañó a su esposo en su dilatada campaña de militancia y trabajo político. También extendemos nuestro pésame a sus tres hijos: la actual diputada Martha Montaner, su otra hija Dora y el doctor Jaime Montaner hijo. El Partido Nacional expresa su reconocimiento a esta figura del interior del país que mucho trabajo realizó en defensa de sus ideales y de su departamento.

Con la lealtad que nos caracteriza y a pesar de habernos enfrentado durante mucho tiempo, le rendimos este justo y merecido homenaje en nombre de nuestra colectividad política.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: en nombre de la Bancada del Frente Amplio y en lo personal, a pesar de las hondas diferencias políticas que tuvimos con la persona que estamos homenajeando, queremos presentar nuestras sentidas condolencias al Partido Colorado y a la familia del señor Jaime Montaner.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia hace suyas las palabras pronunciadas en Sala, que comparte plenamente, y quiere expresar que entiende que el país, y no solamente el Partido Colorado, ha sufrido una pérdida con la desaparición de Jaime Montaner.

Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee:)

"Ponerse de pie en homenaje al ex legislador Jaime Montaner, guardar un minuto de silencio y remitir a sus familiares la versión taquigráfica de las palabras que se pronuncien en Sala. Firman: Irurtia, Millor, Ricaldoni, Fernández Faingold, Chiesa, Hierro López, Pozzolo y Atchugarry. Senadores."

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción que se acaba de leer.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: quiero sumarme al homenaje a esta persona que ha ocupado cargos ejecutivos y parlamentarios de relevancia, no sólo a nivel del departamento de Tacuarembó, sino también en el ámbito nacional. Naturalmente, deseo trasmitir a su colectividad política, a su familia y, especialmente, a la legisladora Martha Montaner, las condolencias del caso.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa invita a los señores Senadores, a los funcionarios y a la Barra a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria del ex legislador Jaime Montaner.

(Así se hace)

11) PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA Y REVALIDAS DE DIPLOMAS, CERTIFICADOS,
TITULOS Y RECONOCIMIENTOS DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO TECNICO EMANADO DE LA VII REUNION DE MINISTROS DEL MERCOSUR

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día con la consideración el asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de Integración educativa y reválidas de diplomas, certificados, títulos y reconocimientos de estudios de nivel medio Técnico, emanado de la VII Reunión de Ministros del MERCOSUR. (Carp. Nº 824/96 - Rep. Nº 502/97)".

(Antecedentes: ver 65ª SO)

-Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: como se recordará, la semana pasada aprobamos el Protocolo de Integración cultural para los países del MERCOSUR. Dijimos entonces, y lo reiteramos hoy, que todos estos Protocolos vienen a complementar el acuerdo firmado en Asunción en 1994, el cual no constituye sólo un acuerdo de carácter económico porque abarca distintos aspectos destinados a la conquista de la integración latinoamericana, tal como se establece en los Considerandos del Tratado que creó el MERCOSUR.

El Tratado que estamos considerando ahora refiere a la reválida de diplomas, certificados, títulos y reconocimientos de estudios de nivel medio técnico que emana de la VII Reunión de Ministros del MERCOSUR, realizada el 28 de julio de 1995.

A raíz de esta Reunión de Ministros se fijó un plan trienal a los efectos de la armonización de los programas y la acción educativa en general en los cuatro países que integran el MERCOSUR. El Tratado, entonces refiere a la armonización de los niveles de capacitación técnica para todos los países que integran el Tratado.

Frente a algunas objeciones que se plantearon, a nuestro juicio equivocadamente, queremos señalar que la aprobación del Tratado no implica en sí misma la aprobación de las reválidas, sino que abre el camino para que éstas puedan efectuarse, tal como se establece en el artículo 2º del Protocolo que está a consideración. En él se dice: "De la reválida de diplomas, certificados y títulos.

La reválida de diplomas, certificados y títulos se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

2.01. - La reválida del título de nivel medio técnico se otorgará al egresado del sistema de educación formal, público o privado, avalado por resolución oficial".

Quiero decir, que, a nuestro juicio, se hizo una apreciación equivocada cuando se creyó que se consolidaba cierta situación de desigualdad entre los técnicos electricistas uruguayos y brasileños. Digo esto porque los uruguayos señalan que UTE les permite realizar una instalación hasta cierto nivel de potencial eléctrico y en cambio a los egresados de institutos brasileños se les permite trabajar más allá de ese nivel. Como decíamos, esta no es una situación que podamos arreglar en un Tratado entre los cuatro países, sino que es un problema interno que debe solucionar el Estado uruguayo, una vez que se haya comprometido a otorgar estas reválidas que en cada caso deberán ser avaladas por resolución oficial. Por tanto, no considero que tenga significación la objeción que se ha hecho porque, evidentemente, ella parte de un error.

A los efectos de mantener el conocimiento de las leyes y normas que rigen en cada país para el ejercicio de una profesión, el artículo 2º establece que la institución responsable del otorgamiento de la reválida proporcionará el instructivo correspondiente y el mismo deberá ser elaborado a nivel oficial y tendrá las características de un "módulo informativo complementario". A su vez, los módulos serán elaborados en cada país sobre la base de los núcleos temáticos acordados.

Luego el acuerdo establece: "2.04. - Los Estados Parte deberán actualizar la Tabla de Equivalencia para Estudios de Nivel Medio Técnico y el Módulo Informativo Complementario (Anexos I y II), toda vez que haya modificaciones en los sistemas educativos de cada país".

Por otro lado, en los Anexos se establece, en primer término, una Tabla de Equivalencias para Estudios de Nivel Medio Técnico entre los cuatro países. Además, a través de módulos informativos se mantendrán actualizados los trabajos y se incrementarán los esfuerzos para complementar adecuadamente los distintos programas que rigen en los cuatro países, a fin de llegar, en el futuro, a una integración educativa absolutamente necesaria, en virtud de que habrá un traslado de población de un país a otro, de que vendrá gente que está estudiando y se le tendrán que reconocer esos estudios, o profesiones, los cuales podrán revalidar sus estudios y títulos. Todos estos temas están contenidos en el tratado y en los Anexos que lo acompañan.

Para el ingreso a los estudios de nivel medio técnico, previsto en el artículo 3º, tiene que haber un reconocimiento de los estudios también a nivel oficial, y en tanto no se llegue a la uniformización de los programas de estudio, se establece cierto paralelismo entre los cursos que se dictan en los distintos centros de enseñanza de los países. De todas formas, siempre la resolución final queda librada a lo que se resuelva oficialmente al respecto, por la autoridad competente de cada país.

Para una mejor comprensión, quiero hacer referencia al artículo 6º, que crea una Comisión Técnica Regional a los efectos de este Tratado y en el que se plantean los casos que pueden no estar considerados. En esta disposición se establece, entre otras cosas: "Con el objeto de facilitar el desarrollo de los procedimientos administrativos, crear mecanismos que favorezcan la adaptación de los estudiantes en el país receptor, asegurar el cumplimiento de este Protocolo y resolver las situaciones no contempladas en el mismo, se constituirá una Comisión Técnica Regional que podrá reunirse toda vez que por lo menos dos de los Estados Parte lo soliciten".

Quiero decir que los Estados Parte continúan sus tratativas pero, en todo caso, para el cumplimiento del Protocolo, a los efectos de dilucidar las controversias o reclamaciones que puedan existir, bastaría que dos de los Estados se pongan de acuerdo para que se solicite la reunión de autoridades superiores. En este sentido, recomiendo que se observe el Anexo I, que refiere a las tablas de equivalencias, y también el Anexo II, para que se comprenda mejor lo que acabo de decir. En este último se establece: "Los módulos informativos complementarios de cada país deben ser desarrollados sobre la base de los siguientes núcleos temáticos:

1. - Legislación educativa referente a educación técnico- profesional de nivel medio.

2. - Legislación laboral. Derechos y obligaciones.

3. - Legislación que reglamente la profesión de técnico de nivel medio.

4. - Orientaciones sobre normas técnicas utilizadas en el país, en el área de su desempeño".

Aquí estaría contemplada la preocupación que han hecho llegar a los miembros de la Comisión, los instaladores autorizados por UTE en nuestro país.

Finalmente, en los numerales 7 y 8 se dice que los módulos deberán contener también documentos y trámites obligatorios para trabajar como técnicos en relación de dependencia o como trabajador independiente. Asimismo, se hace una referencia a la relación de títulos de cursos técnicos de nivel medio.

Por otro lado, en el Anexo III se establecen las formas del reconocimiento de estudios realizados de manera incompleta. Aquí se contemplan las exigencias que cada país tendrá para poder otorgar el reconocimiento de esos estudios.

Por su parte, el Anexo IV establece las condiciones de traslado del interesado y los trámites que hay que realizar. En todos los casos, la autorización final para la intervención de técnicos de un país en otro, queda librada a una resolución oficial de los gobiernos de los distintos Estados que integran el MERCOSUR.

La Comisión ha considerado en dos oportunidades este tema, en virtud del memorándum que nos hizo llegar la Asociación de Instaladores autorizados por UTE, y ha llegado a la conclusión de que, en realidad, este es un problema interno del Uruguay, que no puede afectar, de ninguna manera, la aprobación de este Protocolo de integración, que recién abre los cauces para que las reválidas y los reconocimientos se puedan efectuar.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - En forma coadyuvante con el señor Miembro Informante, quiero señalar lo siguiente, para que quede constancia en la versión taquigráfica.

El artículo 1º establece que se otorgará la reválida de los títulos, reconociendo los estudios de nivel medio técnico y los diplomas y certificados expedidos por instituciones educativas, oficialmente reconocidas por cada uno de los Estados Parte, en las mismas condiciones que el país de origen establece para los cursantes o egresados de dichas instituciones. De conformidad con la lectura que ha hecho el señor Miembro Informante del Anexo correspondiente, ello deberá hacerse de acuerdo con un módulo informativo negociado por el Estado, a los efectos de que la normativa no signifique a igual nivel curricular de cada uno de los técnicos, beneficios para técnicos extranjeros, en detrimento de los nacionales, en función de las reglamentaciones que puedan existir en el país. Esto es muy importante porque, a juicio de la Comisión, la normativa general no implica ningún perjuicio para los técnicos nacionales, pero si los módulos informativos no se realizan correctamente y no se defiende el derecho de los técnicos nacionales, puede darse una situación como la que han planteado los técnicos.

Quería hacer esta aclaración para que quede en la historia de la sanción del Tratado, a los efectos de cualquier interpretación posterior.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico. - Apruébase el Protocolo de Integración Educativa y Reválidas de Diplomas, Certificados, Títulos y Reconocimiento de Estudios de Nivel Medio Técnico, emanado de la VII Reunión de Ministros del MERCOSUR, suscrito el 28 de julio de 1995, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, queda sancionado el proyecto que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado.)

12) CODIGO GENERAL DEL PROCESO

SEÑOR PRESIDENTE - Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 294 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso) incorporando un mayor número de excepciones a la conciliación previa. (Carp. Nº 601/96 - Rep. Nº 514/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 601/96
Rep. Nº 514/97

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

El proyecto de ley que la Comisión de Constitución y Legislación somete a la consideración del Senado, es modificativo del original, que fue oportunamente aprobado por la Cámara de Representantes.

El mismo procede a sustituir el artículo 294 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso), por un nuevo texto que incorpora un mayor número de excepciones a la conciliación previa.

El actual artículo 294 del Código General del Proceso tiene como excepciones a la conciliación previa, las siguientes:

1) los casos en que se deduce demanda en juicio pendiente por la misma causa;

2) los juicios en los cuales es actor o demandado el Estado u otra persona pública estatal;

3) los procesos de jurisdicción voluntaria o cualquier gestión que no implicare la resistencia o negativa de alguien, pero en estos casos, si se suscitare controversia se procederá a la conciliación;

4) los procesos que no se tramiten por la vía ordinaria;

5) los casos en los que la ley expresamente la excluye.

De las excepciones citadas, se mantienen las comprendidas en los apartados 1) y 3) y se agregan varias que se explicitan en el proyectado artículo 294 del Código General del Proceso.

En cierta medida se cumple con lo que el actual artículo 294 del Código General del Proceso establece en el apartado 5) cuando dice que se "exceptúan de la conciliación previa, los casos en los que la ley expresamente la excluye".

La razón del aumento de las excepciones a la conciliación previa, se encuentra en elementos derivados de la naturaleza jurídica de las situaciones previstas, en las que la conciliación, en la condición citada no es compatible con el procedimiento o está prevista para circunstancias en que pierde la calidad de previa.

La mayor innovación que el proyecto contiene, está constituida por lo dispuesto en el artículo 2º, por el cual, en todo procedimiento de conciliación, cada parte deberá estar asistida por abogado, salvo en los asuntos de una cuantía inferior a 20 unidades reajustables.

La innovación, tiende a darle a la audiencia de conciliación una mayor rigurosidad técnica y un mejor asesoramiento a las partes.

Se prohíbe la prórroga de competencia en razón de territorio para la conciliación previa, debiendo practicarse la citación del futuro demandado, en el domicilio real, legal o contractual, sin perjuicio, de acuerdo al artículo 293.2 del Código General del Proceso, de prescindir de la conciliación previa, si se ignora el domicilio del demandado, si es desconocido o si se domicilia fuera del departamento correspondiente al Tribunal competente.

A los efectos de asegurar la asistencia letrada, se procede a derogar por el artículo 6º, el artículo 323 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el cual se dispuso que no se exigía dicha asistencia en el previo proceso conciliatorio. También se derogan cualesquiera otras disposiciones que se opongan directa o indirectamente a las previsiones de lo que se dispone en los artículos anteriores.

El proyecto, faculta a la Suprema Corte, para que, mediante las transformaciones necesarias, proceda al establecimiento de Juzgados con competencia exclusiva en materia conciliatoria y a reglamentar el régimen consiguiente.

En nuestro Derecho, desde la Constitución de 1830, la conciliación, como requisito preliminar al juicio, está establecida por mandato constitucional con carácter obligatorio, salvo las excepciones dispuestas por ley (artículo 255 de la constitución).

Al establecer el artículo 37 del Código General del Proceso que la parte deberá comparecer en todos los actos del proceso asistida por abogado, la obligatoria asistencia letrada, en la conciliación previa, la convierte a ésta, en un acto del proceso, con lógicas repercusiones, con respecto a la actuación del Juez competente, cuya presencia en la audiencia es preceptiva.

Entre las actuales excepciones a la conciliación previa, según el artículo 294 del Código General del Proceso están los juicios en los cuales es actor o demandado el Estado u otra persona pública estatal, la que se elimina.

Del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes no merecieron aprobación los artículos 2º, inciso primero; 3º y 4º; mientras que se modificaron los artículos 7º y 8º.

Sala de la Comisión, el 30 de octubre de 1997.

Walter Santoro (Miembro Informante), Luis Brezzo, Guillermo García Costa, José Korzeniak, Luis B. Pozzolo, Américo Ricaldoni, Helios Sarthou, Luis Eduardo Mallo, Senadores.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 294 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso), por el siguiente:

"Artículo 294 (Excepciones). - Solamente se exceptúan de la conciliación previa:

1) Los casos en que se deduce demanda en juicio pendiente por la misma causa.

2) Los procesos de jurisdicción voluntaria o cualquier gestión que no implicare la resistencia o negativa de
alguien; pero en estos casos, si se suscitare controversia se procederá a la conciliación.

3) Los procesos ejecutivos y de entrega de la cosa.

4) Los procesos contemplados en los artículos 546.2 y 546.3 de este Código, y los procesos de reforma de plazo o clausura de desalojo aludidos en el artículo 546.5 del mismo cuerpo legal.

5) Los procesos de amparo y el proceso cautelar previo, sin perjuicio de lo que corresponda respecto del proceso principal, en el segundo caso.

6) El proceso laboral, en cuyo caso la conciliación se tentará en vía administrativa, de acuerdo con el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.188, de 5 de abril de 1974 y disposiciones complementarias.

7) El proceso expropiatorio y el de toma urgente de posesión.

8) Los procesos de concurso, concordato, moratoria, quiebra y liquidación judicial de sociedades anónimas.

9) Los casos previstos por el artículo 293.2 de este Código.

10) En los juicios de divorcio y separación de cuerpos.

11) Los procesos de familia en los departamentos en que existan Juzgados especializados en la materia."

Artículo 2º. - En todo procedimiento de conciliación en sede judicial o administrativa, mediación o arbitraje, cada parte deberá estar asistida por abogado desde el comienzo hasta su culminación.

No se requerirá firma letrada ni asistencia letrada en la audiencia en los asuntos cuya cuantía sea inferior a 20 UR (veinte unidades reajustables).

Los asuntos no susceptibles de estimación pecuniaria requerirán firma en la presentación y asistencia letrada en la audiencia.

Artículo 3º. - La prórroga de competencia en razón de territorio no será admisible respecto de la conciliación previa, debiendo practicarse la citación, en su caso, en el domicilio real, legal o contractual del futuro demandado, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 293.2 del Código General del Proceso.

Artículo 4º. - Facúltase a la Suprema Corte de Justicia a realizar las transformaciones necesarias para el establecimiento de Juzgados con competencia exclusiva en materia conciliatoria, determinando el número y categoría que estime pertinentes, así como los demás aspectos atinentes a la organización y funcionamiento de tales Juzgados.

Artículo 5º. - La Suprema Corte de Justicia reglamentará el régimen de conciliación previa ante Jueces Conciliadores pudiendo emitir instructivos sobre la forma de realización de audiencia.

Artículo 6º. - Deróganse el artículo 323 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991 y cualesquiera otras disposiciones cuyo contenido se oponga directa o indirectamente a las previsiones de la presente ley.

Sala de la Comisión, el 30 de octubre de 1997.

Walter Santoro (Miembro Informante), Luis Brezzo, Guillermo García Costa, José Korzeniak, Luis B. Pozzolo, Américo Ricaldoni, Helios Sarthou, Luis Eduardo Mallo, Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 294 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso), por el siguiente:

"ARTICULO 294. (Excepciones). - Solamente se exceptúan de la conciliación previa:

1) Los casos en que se deduce demanda en juicio pendiente por la misma causa.

2) Los procesos de jurisdicción voluntaria o cualquier gestión que no implicare la resistencia o negativa de alguien; pero en estos casos, si se suscitare controversia se procederá a la conciliación.

3) Los procesos ejecutivos y de entrega de la cosa.

4) Los procesos contemplados en los artículos 546.2 y 546.3 de este Código, y los procesos de reforma de plazo o clausura de desalojo aludidos en el artículo 546.5 del mismo cuerpo legal.

5) Los procesos de amparo y el proceso cautelar previo, sin perjuicio de lo que corresponda respecto del proceso principal, en el segundo caso.

6) El proceso laboral, en cuyo caso la conciliación se tentará en vía administrativa, de acuerdo con el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.188, de 5 de abril de 1974 y disposiciones complementarias.

7) El proceso expropiatorio y el de toma urgente de posesión.

8) Los procesos de concurso, concordato, moratoria, quiebra y liquidación judicial de sociedades anónimas.

9) Los casos previstos por el artículo 293.2 de este Código.

10) En los juicios de divorcio y separación de cuerpos.

11) Los procesos de familia en los departamentos en que existan Juzgados especializados en la materia".

Art. 2º. - La petición de citación a conciliación se formulará por escrito, firmado por abogado, aportándose los datos identificatorios de citante y citado, individualizándose el objeto del eventual proceso ulterior y expresándose en forma sucinta los hechos en que se fundará la pretensión para la aplicación del artículo 295.3 del Código General del Proceso. Se acompañará las copias a que refieren los artículos 70 y 74 de ese cuerpo legal.

En todo procedimiento de conciliación en sede judicial o administrativa, mediación o arbitraje, cada parte deberá estar asistida por abogado desde el comienzo hasta su culminación.

No se requerirá firma letrada ni asistencia letrada en la audiencia en los asuntos cuya cuantía sea inferior a UR 20 (veinte unidades reajustables).

Los asuntos no susceptibles de estimación pecuniaria requerirán firma en la presentación y asistencia letrada en la audiencia.

Art. 3º. - Los Defensores de Oficio y los consultores jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República estarán facultados para la convocatoria a conciliación previa sin que la citación así practicada exima de cumplir con lo requerido por el artículo 255 de la Constitución de la República.

Los acuerdos logrados ante los abogados que ocupen cargos de Defensor de Oficio del Poder Judicial y ante aquellos que se desempeñen como profesores de los consultores jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República tendrán la eficacia que el artículo 297 del Código General del Proceso prevé para la conciliación celebrada ante los Jueces de Paz sin necesidad de homologación judicial.

Art. 4º. - El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y demás personas públicas estatales podrán conciliar.

Al efecto los representantes deberán concurrir a las audiencias munidos de instrucciones precisas del jerarca respectivo.

Los acuerdos celebrados quedarán firmes si dentro del plazo de treinta días corridos el jerarca correspondiente no comunicase por escrito a la sede su negativa al acuerdo logrado, salvo que se hubiere concedido al representante del Estado expresa autorización previa general o especial.

Art. 5º. - La prórroga de competencia en razón de territorio no será admisible respecto de la conciliación previa, debiendo practicarse la citación, en su caso, en el domicilio real, legal o contractual del futuro demandado, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 293.2 del Código General del Proceso.

Art. 6º. - Facúltase a la Suprema Corte de Justicia a realizar las transformaciones necesarias para el establecimiento de Juzgados con competencia exclusiva en materia conciliatoria, determinando el número y categoría que estime pertinentes, así como los demás aspectos atinentes a la organización y funcionamiento de tales Juzgados.

Art. 7º. - La Suprema Corte de Justicia reglamentará el régimen de conciliación previa ante Jueces Conciliadores y Defensores de Oficio pudiendo emitir instructivos sobre la forma de realización de audiencia.

Art. 8º. - Deróganse el artículo 1º de la Ley Nº 16.077, de 11 de octubre de 1989; el artículo 323 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991 y cualesquiera otras disposiciones cuyo contenido se oponga directa o indirectamente a las previsiones de la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de diciembre de 1996.

Alejo Fernández Chavez 1er. Vicepresidente
Martín García Nin Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor Miembro Informante, señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Esta iniciativa se basa en un proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, en el que se sustituía el artículo 294 de la Ley Nº 15.982, del 18 de octubre de 1988, es decir, del Código General del Proceso.

Cabe indicar que la razón del proyecto originario de la Cámara de Representantes y el que estamos considerando, que procede en parte importante a modificarlo, se fundamenta en la conveniencia de jerarquizar la conciliación previa en todos los juicios de tipo civil, a los efectos de evitar las contiendas a nivel jurisdiccional. En ese sentido, debe recordarse que nuestros textos constitucionales, desde siempre, han procedido a indicar -como lo hace ahora el artículo 255 de la Constitución- que no se podrá iniciar ningún pleito en materia civil sin acreditarse previamente que se ha intentado la conciliación previa ante la Justicia de Paz, salvo las excepciones que estableciere la ley. Es decir, se trata de jerarquizar y elevar a la condición de un auténtico y verdadero elemento del proceso, aunque sea previo a él, a lo que se conoce normalmente como conciliación previa o audiencia de conciliación.

Debe precisarse que se trata de la conciliación previa, y no debe confundirse con las posibilidades de conciliación que el propio Código General del Proceso habilita en otras disposiciones de su texto, como las incluidas en el artículo 223, que establece: "Las partes podrán conciliar o transar la litis en cualquier estado del proceso". Tampoco puede asociarse con la referencia del artículo 341 del Código General del Proceso que, al ordenar la audiencia preliminar, dispone la posibilidad de que las distintas partes concilien o transen.

Lo que este proyecto de ley procura jerarquizar y, en cierta medida, reglamentar a través de disposiciones legales, es el instituto de la conciliación previa, con el alcance que hemos indicado, en el sentido de ser un instituto de basamento constitucional.

Vale la pena señalar rápidamente una definición de la conciliación. Personalmente, optamos por la que menciona el doctor Couture en su "Vocabulario Jurídico", donde define a la conciliación como: "Acuerdo o avenencia de partes que, mediante renuncia, allanamiento o transacción, hace innecesario el litigio pendiente o evita el litigio eventual". Cabe aclarar que nos estamos refiriendo a la conciliación previa, es decir, la que evita el litigio eventual. En una segunda acepción, el doctor Couture define la conciliación como: "Audiencia que, por precepto constitucional, debe realizarse con carácter preliminar a todo juicio civil o de injurias, a fin de procurar un acuerdo amigable que evite el proceso".

Señalamos que en este proyecto de ley únicamente se habla de juicio civil. Según el Diccionario de la Real Academia, conciliar es: "Componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí".

Con estas precisiones estamos indicando la razón del proyecto, la naturaleza de la conciliación y también los elementos que llevan a que se haya estructurado el proyecto que ahora se está considerando en el Senado.

Destacamos que este proyecto de ley lleva a sustituir, como ya lo hemos expresado, el artículo 294 del Código General del Proceso. A fin de darle mayor trascendencia, alcance y uso al instituto de la conciliación previa, ¿qué es lo que este proyecto procede a realizar? Dicho artículo establece las excepciones a la conciliación previa, cuyo número, actualmente, es reducido. En el proyecto de ley se procede a ampliar dichas excepciones para indicar que la conciliación previa va a adquirir, como instituto, un alcance superior, y va a comprender mayor número de conductas preprocesales, prejurisdiccionales o precontenciosas, para que en ellas se intente buscar, a través de la conciliación, la posibilidad de la superación del litigio, ya que en las excepciones ahora se precisa, qué situaciones no necesitan en lo previo de la misma.

Aquí estamos indicando un cambio fundamental en lo relativo al instituto de la conciliación previa. De las disposiciones vigentes como excepciones, establecidas en el artículo 294, quedan las que actualmente están incluidas en los apartados 1) "Los casos en que se deduce demanda en juicio pendiente por la misma causa", y 3) "Los procesos de jurisdicción voluntaria o cualquier gestión que no implicare la resistencia o negativa de alguien; pero en estos casos, si se suscitare controversia, se procederá a la conciliación".

Entonces, este proyecto de ley procede a aumentar el número de excepciones posibilitando, como lo hemos indicado, que se comprendan mayores posibilidades. De su lectura se percibe con inmediatez que el terreno -por decirlo de alguna manera- de las excepciones se amplía en forma muy importante con la finalidad de evitar los litigios y de que también haya acuerdos previos a ellos en los casos no excluidos, para satisfacer los derechos de los que pueden verse enfrentados a un contencioso en la jurisdicción civil.

Decimos que con esta modificación el sistema sufre un cambio importante, habilitando la posibilidad de que se proceda a realizar las conciliaciones previas, porque hasta el presente las excepciones estaban reducidas en forma muy importante. Las razones para que se aumente el número de excepciones para la conciliación previa derivan de elementos propios de la naturaleza jurídica de las situaciones previstas en que la conciliación, pasa a cumplir una tarea trascendente e importante pero que no necesita que sea previa. Es decir, al haber aumentado las excepciones se comprende que la conciliación tiene una condición propicia para superar los inconvenientes que pueden derivarse de un proceso civil. Pero este proyecto de ley tiene una innovación que no es una novedad total, en razón de que se establece que en la audiencia de conciliación y en todo procedimiento de conciliación, cada parte deberá estar asistida por abogado, salvo en los asuntos de una cuantía inferior a 20 unidades reajustables.

Debemos indicar que esa modificación se realiza restableciendo lo que expresaba el artículo 37, del Capítulo II, subtítulo Postulación, del Código General del Proceso, al hacer referencia a la asistencia letrada. Allí se determinaba la obligación de la asistencia letrada para el procedimiento de conciliación en los Juzgados de Paz, lo que fue eliminado por la Ley de Rendición de Cuentas Nº 16.226, de 29 de setiembre de 1991, estableciéndose en el numeral 37.2 del artículo 37 del Código General del Proceso, que: "Se exceptúan de lo dispuesto en el ordinal precedente", es decir, de la obligación de que quedan sin la necesidad de asistencia letrada, "a) los asuntos que se tramiten ante los Juzgados de Paz en asuntos menores al equivalente a una Unidad Reajustable y el previo proceso conciliatorio".

Esto último fue lo que la Ley Nº 16.226, mediante estas expresiones, modificó en el Código General del Proceso. Ahora se vuelve a la redacción original y existe la obligación de la asistencia letrada en la audiencia de conciliación. Cabe indicar que esta innovación, al realizarse, trata de dar a dicha audiencia una mayor rigurosidad técnica y un mejor asesoramiento, que se estima es en beneficio de las partes o de los comparecientes.

En este sentido, queremos señalar que en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes aparecía una modificación que, a nivel de la Comisión, no alcanzó la posibilidad de ser admitida. Es una de las modificaciones esenciales que se realizó a nivel de la Comisión. En el artículo 2º del proyecto original se establecía que la petición de citación a conciliación había que formularla por escrito y, además de ello, debían brindarse una serie de datos, pero lo fundamental de la modificación era que debía llevar firma de abogado. Esa modificación que se introdujo en la Cámara de Representantes, que figura en el proyecto elaborado por dicho Cuerpo, fue eliminada en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, admitiéndose únicamente la obligatoriedad de la presencia de abogado para la audiencia, pero quitándose la obligación que se había establecido, en el sentido de que el pedido de citación a conciliación previa debía ser realizada por escrito y llevar firma letrada.

Ya que hemos ingresado a las modificaciones practicadas a nivel de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde realizamos cambios al proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, cabe señalar que, además de esa importante modificación también se eliminaron los artículos 3º y 4º aprobados por la Cámara de Representantes. La eliminación de estas dos disposiciones se basó en el hecho de que, a nivel de la Comisión, se estimó que no era conveniente, a los efectos de la realización de las audiencias de conciliación -como lo decían las disposiciones eliminadas- que los Defensores de Oficio y los consultores jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, estuvieran facultados para la convocatoria a conciliación previa, sin que la citación se practicara eximida de cumplir con lo requerido en el artículo 255 de la Constitución de la República. Esa disposición se eliminó, así como también la que hacía referencia a que los acuerdos logrados ante los abogados que ocupen cargos de Defensores de Oficio del Poder Judicial y ante aquellos que se desempeñen como profesores de los consultores jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, tenían la eficacia que prevé el artículo 297 del Código General del Proceso para la conciliación celebrada ante los Jueces de Paz, sin necesidad de homologación judicial; es decir, tenían el valor de cosa juzgada.

Estas disposiciones no tuvieron receptividad a nivel de la Comisión, por lo que, repito, fueron eliminadas, así como también el artículo 4º del proyecto original, que habilitaba a que el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados y demás personas públicas estatales, pudieran conciliar. Por lo tanto, se suprimieron estas disposiciones y quedó únicamente lo que hemos indicado con relación a la realización de la conciliación con asistencia letrada obligatoria.

Cabe indicar que otra de las normas que vienen incorporadas es la que prohíbe la prórroga de competencia en razón de territorio para la conciliación previa, debiendo practicarse la citación del futuro demandado en el domicilio real, legal o contractual, sin perjuicio, de acuerdo con el artículo 293.2 del Código General del Proceso, de prescindir de la conciliación previa si se ignora el domicilio del demandado, si es desconocido o si éste se ubica fuera del departamento correspondientes al tribunal competente.

En resumen, señor Presidente, estas son las modificaciones fundamentales realizadas al proyecto aprobado por la Cámara de Representantes. Debemos decir, sin embargo, que en dicha iniciativa se ha mantenido el hecho de facultar a
la Suprema Corte de Justicia para que, mediante las transformaciones necesarias, proceda al establecimiento de Juzgados con competencia exclusiva en materia conciliatoria.

De este modo, se procura iniciar un camino y en ese sentido ya se ha realizado alguna practica a nivel barrial, sobre todo en Montevideo, tratando de lograr una solución, a través del acuerdo de quienes están en situación de ir a un proceso o de iniciar algún acto a nivel contencioso.

El proyecto faculta para que la Suprema Corte de Justicia, en su momento, pueda instalar Juzgados con competencia exclusiva en materia dedicada a la conciliación.

Además, queremos señalar otro elemento. Hace instantes dijimos que en el artículo 4º del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes se establecía la posibilidad de que el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y demás personas públicas estatales, pudieran conciliar. Allí se establecía una ordenación relativa a la forma y a los plazos que estos acuerdos tendrían. Esto fue eliminado, pero en el proyecto que está considerando el Senado, dentro de las excepciones para realizar la conciliación previa, se eliminaron los juicios en los cuales el Estado u otra persona pública estatal es actor o demandado. Quiere decir que en el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes se autorizaba expresamente a que el Estado, los Municipios, etcétera, pudieran conciliar. En el actual artículo 294 del Código General del Proceso figuran como excepciones a la conciliación, los juicios en los cuales es actor o demandado el Estado u otra persona pública estatal. ¿Qué hacemos en el proyecto? Eliminamos esa excepción y ello, en cierta medida, habilita a que el Estado y los Municipios puedan ingresar en estos procesos de tipo conciliatorio.

Por último, queremos señalar que con relación a la posibilidad de que el Estado pueda intervenir en las conciliaciones se han adoptado dos posiciones. Una de ellas sostiene que no existe norma expresa que impida al Estado transar o conciliar y, en consecuencia, éste puede ser citado a conciliación aun con el Código General del Proceso vigente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 294. La otra sostiene que por imperio del artículo 2.152 del Código Civil, dado el principio de especialidad de las personas jurídicas, debe existir una norma expresa que habilite al Estado y, en general, a las personas jurídicas a transar. Esta disposición dice que las personas jurídicas sólo pueden transigir en conformidad a las leyes o reglamentos especiales que les conciernen. En el proyecto eliminamos la excepción para el caso del Estado y, de esa manera, dejamos abierta la posibilidad de que éste pueda ingresar a la práctica de dicho instituto.

De esta forma, señor Presidente, hemos realizado el informe relativo a este proyecto aprobado en la Comisión de Constitución y Legislación, por unanimidad de sus miembros.

Muchas gracias.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Queremos ratificar y apoyar los fundamentos de este técnico y exhaustivo informe realizado por el señor Senador Santoro.

Algunos aspectos que venían planteados en el texto aprobado por la Cámara de Representantes nos parecían inconvenientes desde el punto de vista procesal. Deseamos señalarlos porque, en tanto el proyecto retornará a dicha Cámara, queremos ratificar las razones que nos movieron a realizar la modificación.

El proyecto nos parece adecuado. En especial deseamos referirnos, no a los casos en que se excluye la conciliación -que consideramos correctamente modificados- sino al artículo 2º que tiene que ver con las correcciones en el procedimiento de conciliación. Con el sistema de admitir que se realice la audiencia conciliatoria sin asistencia letrada podía ocurrir que personas que no supieran la trascendencia que a veces tiene el trámite conciliatorio, asumieran compromisos o resultados en la audiencia para los cuales no estaban preparadas por no haber recibido el asesora miento previo. Al recibir una citación cualquiera, la persona concurre a la oficina, ingresa a la audiencia y, si no se exige la asistencia letrada, es posible que asuma compromisos que puedan comprometerla posteriormente. Inclusive, la no asistencia luego de haber recibido una citación y resolviéndolo por sí, tiene el riesgo de la presunción simple que, evidentemente, genera un aspecto en contra del inasistente. Probablemente la persona tampoco domina este riesgo y existen dificultades porque la citación no obliga actualmente la intervención de un asesor letrado.

Con la redacción actual, cuando concurra con la citación al Juzgado le van a decir que tiene que concurrir con un Letrado para evitar perjuicios. Por lo tanto, se podrá hacer la doble corrección del riesgo, aunque se trate de personas de bajos recursos, que necesariamente deberán recurrir al defensor de oficio para asesorarse. De otra manera, hay gente sin los conocimientos necesarios que recibe citaciones a conciliación y queda comprometida por lo que dice al asistir a la audiencia o por la omisión, que es interpretada en su contra de acuerdo con lo establecido en la disposición expresa del Código General del Proceso. Por lo tanto, nos parece adecuado que se haya incorporado la necesidad de la firma letrada para tecnificar la audiencia y como protección para el litigante eventual, inadvertido, que no tiene práctica y que es citado a una audiencia de este tipo. Sin duda que deberá reforzarse adecuadamente los medios de la Defensoría de Oficio.

Compartimos el hecho de no establecer que el pedido de conciliación se haga por escrito, ya que ello implicaba que el acceso mismo a la conciliación tuviera necesidad de la intervención letrada. La realización de la audiencia misma es una operación técnica en la que sí se justifica la asistencia letrada pero no en el simple pedido o solicitud.

Estos fueron los conceptos expuestos por el señor Senador Santoro y nos interesaba ratificarlos, porque fuimos muy enfáticos en las modificaciones de este artículo.

Estuvimos, señor Presidente, de acuerdo con negar la prórroga de competencias por una necesidad de garantías de citación en el domicilio real, contractual o legal.

Por último, también compartimos que se mantuviera el artículo 4º, ya que nos parece que el hecho de que la Suprema Corte de Justicia habilite la creación de Juzgados de Conciliación puede permitir crear un ámbito de especialización en materia conciliatoria. No es lo mismo hacer una conciliación en un Juzgado que atiende diversas problemáticas que en uno que se dedique específicamente a conciliar. Esto puede implicar que disminuya la cantidad de asuntos, facilitando que los juicios se tramiten más rápidamente. Uno de los problemas más graves de nuestro país es la muy larga duración de los juicios; en el caso de los laborales, prácticamente se configura una denegación de justicia. Tal es el caso de créditos urgentes ligados a la vida de una persona, como el salario o el aguinaldo, que demoran cinco o seis años en tramitarse. Si habilitamos medios técnicos especializados en realizar conciliaciones, podemos reducir la cantidad de juicios y lograr una mayor eficacia en el número de pleitos transados. Con esto no desmerecemos que en un ámbito como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social funcione muy bien la conciliación administrativa. A este nivel, justamente, el Código General del Proceso elimina la conciliación judicial porque es muy adecuada la conciliación administrativa, la cual es llevada a cabo por técnicos y tiene una alta eficacia. Al estudiar el Código General del Proceso defendimos la posición de que en el plano laboral se mantuviera la conciliación administrativa a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ha sido muy eficaz. Pero no siendo en este caso del juicio laboral es de alta importancia favorecer el ámbito judicial de la conciliación.

Por lo tanto, la transformación de juzgados para encarar los especializados en materia conciliatoria nos parece muy importante. Sin embargo, ello debe hacerse tomando en cuenta el absoluto crecimiento que se da en el caso de los juicios laborales; inclusive se está pensando -y lo consideramos importante- en que algunos juzgados en materia civil se dediquen a la materia laboral.

El desarrollo de la conciliación a nivel judicial nos parece muy importante para eliminar una corriente de privatización de la justicia por vía de las cámaras o de los arbitrajes privados. Consideramos que este es un aspecto muy negativo. Si algo debe mantener el Estado, además de los cometidos que normalmente tiene, es sin duda la prestación de justicia. A nuestro juicio, el proceso de privatización de la justicia es un elemento altamente negativo desde el punto de vista del estado democrático. Indudablemente, sería favorable que se creen órganos específicos que prestigien a la justicia estatal en su papel conciliatorio.

Uno de los argumentos que se esgrimen para desarrollar el arbitraje privado se refiere a las dificultades para solucionar conflictos por la vía judicial. En consecuencia, en materia conciliatoria defendemos la jurisdicción estatal y no la de las cámaras u organizaciones privadas de lucro que, evidentemente, no aseguran la objetividad, sino que especulan con la rapidez como elemento prestigiante.

Por otra parte, deseo señalar por qué algunos aspectos que se incluyeron en el proyecto remitido por la Cámara de Representantes no nos parecían adecuados.

Concretamente, no nos pareció adecuado el artículo 3º porque le adjudica a los Defensores de Oficio y a los Consultores Jurídicos de la Facultad el rol de Jueces, en la medida en que se les habilita para intervenir en forma conciliatoria, otorgándole a sus decisiones el efecto que se establece en el artículo 297 del Código General del Proceso, o sea, el de cosa juzgada, como si fueran sentencias. No es lógico que a funcionarios que tienen su estatus de trabajo y sus remuneraciones se les transforme en su responsabilidad para desempeñar un rol de jueces, tal como se pretendía hacer a través de estas disposiciones. Por más que sea en la etapa de conciliación, de alguna manera, estarían dictando sentencia. Así lo entiende el Código General del Proceso cuando adjudica a la conciliación el efecto de cosa juzgada.

Por último, no estamos de acuerdo con el artículo 4º, relacionado con una práctica de conciliación del Estado, puesto que no nos merece garantías en cuanto al funcionamiento. La idea de que se puedan dar instrucciones solamente calificadas como precisas -en una forma no acertada al no establecer que sean por escrito, con las debidas garantías- para que el jerarca que concurra a conciliar en nombre del Estado tenga una especie de autorización ficta y que pasado cierto tiempo después que se celebró el acuerdo conciliatorio -si el jerarca no lo niega- quede configurada la conciliación. Eventualmente podría habilitar formas de irregularidad o de muy poca certeza en la defensa de los intereses del Estado.

En consecuencia, al no compartir este artículo 4º, la Comisión, por unanimidad, resolvió que debía ser suprimido.

Estas eran las aclaraciones que queríamos hacer corroborando, de algún modo, el informe del señor Senador Santoro.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR PEREYRA. - Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos en la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 294 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General
del Proceso), por el siguiente:

"Artículo 294 (Excepciones). - Solamente se exceptúan de la conciliación previa:

1) Los casos en que se deduce demanda en juicio pendiente por la misma causa.

2) Los procesos de jurisdicción voluntaria o cualquier gestión que no implicare la resistencia o negativa de alguien; pero en estos casos, si se suscitare controversia se procederá a la conciliación.

3) Los procesos ejecutivos y de entrega de la cosa.

4) Los procesos contemplados en los artículos 546.2 y 546.3 de este Código, y los procesos de reforma de plazo o clausura de desalojo aludidos en el artículo 546.5 del mismo cuerpo legal.

5) Los procesos de amparo y el proceso cautelar previo, sin perjuicio de lo que corresponda respecto del proceso principal, en el segundo caso.

6) El proceso laboral, en cuyo caso la conciliación se tentará en vía administrativa, de acuerdo con el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.188, de 5 de abril de 1974 y disposiciones complementarias.

7) El proceso expropiatorio y el de toma urgente de posesión.

8) Los procesos de concurso, concordato, moratoria, quiebra y liquidación judicial de sociedades anónimas.

9) Los casos previstos por el artículo 293.2 de este Código.

10) En los juicios de divorcio y separación de cuerpos.

11) Los procesos de familia en los departamentos en que existan Juzgados especializados en la materia.".")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"Artículo 2º. - En todo procedimiento de conciliación con sede judicial o administrativa, mediación o arbitraje, cada parte deberá estar asistida por abogado desde el comienzo hasta su culminación.

No se requerirá firma letrada ni asistencia letrada en la audiencia en los asuntos cuya cuantía sea inferior a 20 UR (veinte unidades reajustables).

Los asuntos no susceptibles de estimación pecuniaria requerirán firma en la presentación y asistencia letrada en la audiencia.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"Artículo 3º. - La prórroga de competencia en razón de territorio no será admisible respecto de la conciliación previa, debiendo practicarse la citación, en su caso, en el domicilio real, legal o contractual del futuro demandado, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 293.2 del Código General del Proceso.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"Artículo 4º. - Facúltase a la Suprema Corte de Justicia a realizar las transformaciones necesarias para el establecimiento de Juzgados con competencia exclusiva en materia conciliatoria, determinando el número y categoría que estime pertinentes, así como los demás aspectos atinentes a la organización y funcionamiento de tales Juzgados.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

-En consideración el artículo 5º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"Artículo 5º. - La Suprema Corte de Justicia reglamentará el régimen de conciliación previa ante Jueces Conciliadores pudiendo emitir instructivos sobre la forma de realización de audiencia.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

-En consideración el artículo 6º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"Artículo 6º. - Deróganse el artículo 323 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991 y cualesquiera otras disposiciones cuyo contenido se oponga directa o indirectamente a las previsiones de la presente ley.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se remitirá a la Cámara de Representantes con las modificaciones introducidas.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

13) CAMBIO DE TRAMITE

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: en el día de ayer, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, por acuerdo de todos sus integrantes, resolvió encomendarme que planteara un cambio en cuanto a la asignación del proyecto de ley que presentó el Frente Amplio sobre faltas laborales graves, que incluye el acoso sexual. Este proyecto figura en el Distribuido Nº 1493/97.

Todos los miembros de la Comisión coincidimos en que este proyecto, típicamente, está comprendido en las competencias y cometidos de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. El Cuerpo resolvió que este proyecto fuera tratado por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad social integrada con la de Constitución y Legislación. Luego de analizar su articulado y sus características, estuvimos de acuerdo en que solamente corresponde que intervenga la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Esta circunstancia está demorando la consideración de este asunto, ya que es bien sabido que la dificultad es mayor cuando los proyectos deben ser analizados en Comisiones integradas.

En consecuencia, en nombre de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social solicito que este proyecto de ley sea tratado únicamente por esta comisión, dejando sin efecto la integración propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE - La Presidencia quiere expresar que hace ya tiempo se convenció de que las Comisiones integradas, en general, tenían graves problemas para su funcionamiento. El Senado percibirá que, desde hace tiempo, no se procede a una integración de dos Comisiones para el tratamiento de un asunto.

En la medida en que se trata de un procedimiento de rectificación de trámite solicitado por una Comisión, obviamente, el Senado es el responsable.

Se va a votar la rectificación del trámite solicitado, a efectos de que el proyecto de ley mencionado por el señor Senador Sarthou pase a consideración de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

14) INTENDENCIAS MUNICIPALES

SEÑOR PRESIDENTE - Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se autoriza un mecanismo financiero que permita a las Intendencias Municipales el acceso a equipamiento vial. (Carp. Nº 838/97 - Rep. Nº 519/97)".

(Antecedentes:)

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Transporte y
Obras Públicas

 

"Carp. Nº 838/97
Rep. Nº 519/97

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Banco de la República Oriental del Uruguay a contratar entre sí el financiamiento necesario para la obtención de maquinaria vial con destino a las Intendencias Municipales. El servicio correspondiente a dicho financiamiento será atendido con los importes de los arrendamientos que se prevén en el inciso siguiente.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas queda facultado para suscribir con cada una de las Intendencias un contrato de arrendamiento con opción de compra de la maquinaria vial que fuera necesaria a los efectos establecidos en el inciso anterior.

Dicho Ministerio podrá descontar los importes necesarios para atender el contrato de arrendamiento con opción de compra a que refiere la presente ley, de las partidas que correspondan a cada Intendencia, en las inversiones previstas en el Inciso 10, Programa 008, Proyecto 999 en la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Estarán exentas de todo tributo las operaciones comprendidas en los dos primeros incisos del presente artículo que no gozaran de la inmunidad tributaria a que refiere el artículo 28 del Título 3 del Texto Ordenado 1996.

Art. 2º. - Autorízase al Banco de la República Oriental del Uruguay a contratar con las Intendencias Municipales, arrendamiento con opción de compra, de maquinarias viales que no pudieran adquirirse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º y fueran igualmente necesarias, cuando cuenten con capacidad propia de pago durante el mismo período de Gobierno Municipal para cancelar las erogaciones que se causen por ese concepto. Estas operaciones gozarán de los mismos beneficios previstos en el artículo 1º y se realizarán en el marco de licitaciones que realice el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en cumplimiento del mismo.

Sala de la Comisión, 5 de noviembre de 1997.

Albérico César Segovia (Miembro Informante verbal), Marina Arismendi, Sergio Chiesa, Dante Irurtia, Orlando Virgili. Senadores.

Ministerio del Interior
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Montevideo, 10 de setiembre de 1997.

Sr. Presidente

de la Asamblea General

Dr. Hugo Batalla

De nuestra consideración:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General a los efectos de remitir el adjunto proyecto de ley por el que se autoriza un mecanismo financiero que permita a las Intendencias Municipales el acceso a equipamiento vial.

La Comisión Sectorial de Descentralización establecida en el literal B del artículo 230 de la Constitución de la República de acuerdo con el resultado del referéndum del 8 de diciembre de 1996, ha asesorado sobre la conveniencia de volver a aplicar el mecanismo para el financiamiento de inversiones viales establecido en el Art. 62 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988.

Tanto su antecedente como lo propuesto, vienen a desarrollar las normas programáticas establecidas en los
arts. 50 inc. 3, 230 inc. 5, 262 incs. 6 y 7, 297 nro. 13, 298 nro. 2 y Disposición Transitoria letra X de la Constitución de la República en vigencia, ya sea en el aspecto programático (ejemplo Art. 50), ya sea en el aspecto interorgánico (ejemplo Art. 230).

Este proyecto se ajusta tanto a la letra como al espíritu de la Constitución vigente, particularmente atendiendo a la última enmienda ratificada por el Cuerpo Electoral.

Este aspecto no es menor, si se tiene en cuenta que en la campaña pública desarrollada en ocasión del último referéndum constitucional, los temas vinculados a las descentralizaciones territoriales así como la asistencia financiera del Estado Central en favor de los Gobiernos Departamentales estuvieron en el primer plano de la atención de la ciudadanía, todo lo cual -por ende- contribuirá a consolidar en la población el sentimiento de afirmación constitucional.

Cabe destacar que en el antecedente legal del Art. 62 de la Ley Nº 16.002, el destino municipal de la maquinaria vial a adquirir era sólo una opción. Por el contrario, en el proyecto a estudio, dicho destino se convierte en objetivo principal para el desarrollo de la caminería del interior de la República.

Se prevé un doble mecanismo contractual (arrendamiento con opción de compra entre las Intendencias y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas así como la operación de crédito entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Banco de la República Oriental del Uruguay) que no plantea inconvenientes desde el punto de vista formal.

Atento a que si bien el arrendamiento con opción de compra se encuentra comprendido en la exoneración tributaria del Art. 28 del título 3 del Texto Ordenado de 1996, no ocurre lo mismo con la operación de crédito entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Banco de la República Oriental del Uruguay, razón por la cual en el último inciso se plantea su exoneración genérica y global.

En el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones a estudio parlamentario, destaca como objetivo principal el desarrollo de las inversiones que mejoren la competitividad y favorezcan la creación de empleo.

El impulso al desarrollo de la infraestructura física vial a la que apunta el proyecto presentado a la Asamblea General, viene a complementar, coadyuvando con aquel objetivo el desarrollo de fuentes genuinas de empleo y de la economía en su conjunto.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

Julio María Sanguinetti (PRESIDENTE DE LA REPUBLICA). Didier Opertti, Lucio Cáceres, Luis A. Mosca.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Banco de la República Oriental del Uruguay a contratar entre sí el financiamiento necesario para la obtención de maquinaria vial con destino a las Intendencias Municipales. El servicio correspondiente a dicho financiamiento será atendido con los importes de los arrendamientos que se prevén en el inciso siguiente.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas queda facultado para suscribir con cada una de las Intendencias un contrato de arrendamiento con opción de compra de la maquinaria vial que fuera necesaria a los efectos establecidos en el inciso anterior.

Dicho Ministerio podrá descontar los importes necesarios para atender el contrato de arrendamiento con opción de compra a que refiere la presente ley, de las partidas que correspondan a cada Intendencia, en las inversiones previstas en el Inciso 10, Programa 008, Proyecto 999 en la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Estarán exentas de todo tributo las operaciones comprendidas en los dos primeros inciso del presente artículo que no gozaran de la inmunidad tributaria a que refiere el artículo 28 del Título 3 del Texto Ordenado 1996.

Didier Opertti, Lucio Cáceres, Luis A. Mosca."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Segovia.

SEÑOR SEGOVIA. - Señor Presidente: a juicio de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, el proyecto que aprobó por unanimidad, da continuidad a una muy buena experiencia originada por el artículo 62 de la ley Nº 16.062, Rendición de Cuentas, del año 1987, que permitió a las Intendencias Municipales del interior acceder, por el modo "arrendamiento con opción de compra", a equipamiento vial para el programa de mantenimiento de la red vial departamental.

Son estos los objetivos básicos del proyecto alcanzados por similares convenios en los años 1988, 1994 y 1996, cuando este tema fue incorporado en el subcapítulo correspondiente al Plan Forestal.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Pereyra)

-El "leasing" usado como operación financiera entre las Intendencias y el Banco de la República -y a través de éste, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas- es parte del instrumento para la ejecución del programa de caminería departamental que se ha venido desarrollando y que ahora la ley permite extender hasta el año 1999.

El financiamiento será atendido con el arrendamiento de la maquinaria a las Intendencias y a través de contratos menores para obras de rutina y complementarias, reteniendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas parte del pago para la cancelación de las deudas.

Se contempla al tiempo el espíritu descentralizador de la Constitución vigente, al establecer los Municipios sus necesidades reales en cuanto a maquinaria vial para el mantenimiento de las redes departamentales. Esta inquietud ha sido reclamada intensamente por el Congreso de Intendentes.

La propuesta acorta los plazos de amortización de cinco años habitualmente usados y los circunscribe, en este caso, al período de Gobierno municipal. Es el tiempo de que dispondrá el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para descontar los fondos para atender esos "contratos de arrendamiento con opción de compra" de las Partidas de Inversiones previstas en el Inciso X del Programa 008, del proyecto 999 de la Ley Presupuestal Nº 16.736 que se refiere a "Inversiones para el mantenimiento y conservación de la red vial departamental".

Se incorpora una exención tributaria mejorada por el sistema de "leasing" y es este hecho de impunidad el que obliga a tratarlo por ley, ya que el sistema estaba previsto en el artículo 28, Título III del Texto Ordenado 1996, pero no en el caso de la propia operación de crédito.

En el tratamiento del proyecto de ley en Comisión se agregó un segundo artículo, ya que la adjudicación de maquinaria quedaba limitada a la disponibilidad de crédito dentro del proyecto de inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así como a cupos regulados por un sistema de proporcionalidad población-territorio. De ese modo, podrían resultar afectadas las gestiones y autonomías municipales cuando las Intendencias tienen mayores necesidades de mantenimiento de redes viales y al tiempo disponen de recursos presupuestales que aumenta su capacidad de pago dentro del período de Gobierno municipal.

El artículo 2º incorporado, entonces, salva esa situación autorizando al Banco de la República Oriental del Uruguay a contratar directamente con aquellas Intendencias que reúnan esas características sin transferir obligaciones de un período a otro.

A los efectos de la concesión del préstamo, el Banco de la República Oriental del Uruguay dictaminará sobre la necesidad y solvencia de pago. Sin duda en el caso de evaluar las necesidades, requerirá del asesoramiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En este sentido, cabe dejar constancia de que ello no significa en modo alguno un ejercicio de tutela para ninguna Intendencia Municipal, sino una mejora desde el punto de vista del asesoramiento técnico.

Por otra parte, al incluir esta maquinaria adicional en el mismo procedimiento colectivo licitatorio, gozará de idénticas prerrogativas que las del artículo 1º, estandarizando el parque nacional de maquinaria vial con sus consiguientes beneficios en tanto se evita la diversificación de los tipos y marcas, mejorando los precios en virtud del aumento del número pedido y cuidando su adecuado mantenimiento.

Asimismo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Tribunal de Cuentas, no consideran necesaria la anuencia de las Juntas Departamentales para este crédito de uso, ya que se lo utiliza como arrendamiento con opción de compra, resultando entonces de ágil tramitación.

Por lo expuesto, señor Presidente, la Comisión de Transporte y Obras Públicas -tal como lo manifestara al inicio de esta breve exposición- promueve el voto favorable del proyecto de ley en el entendido de que redundará, sin duda, en un beneficio de las gestiones municipales y en un mejor mantenimiento de las redes viales departamentales, cada día más exigidas por ese modo de transporte, tanto de carga como de pasajeros.

Era cuanto quería señalar como Miembro Informante de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra) - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º. - Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Banco de la República Oriental del Uruguay a contratar entre sí el financiamiento necesario para la obtención de maquinaria vial con destino a las Intendencias Municipales. El servicio correspondiente a dicho financiamiento será atendido con los importes de los arrendamientos que se prevén en el inciso siguiente.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas queda facultado para suscribir con cada una de las Intendencias un contrato de arrendamiento con opción de compra de la maquinaria vial que fuera necesaria a los efectos establecidos en el inciso anterior.

Dicho Ministerio podrá descontar los importes necesarios para atender el contrato de arrendamiento con opción de compra a que refiere la presente ley, de las partidas que correspondan a cada Intendencia, en las inversiones previstas en el Inciso 10, Programa 008, Proyecto 999 en la Ley Nº 17.736, de 5 de enero de 1996.

Estarán exentas de todo tributo las operaciones comprendidas en los dos primeros incisos del presente artículo que no gozaran de la inmunidad tributaria a que refiere el artículo 28 del Título 3 del Texto Ordenado
1996."

-En consideración.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra) - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Quisiera hacer una puntualización en cuanto a la lectura del artículo 1º realizada por el señor secretario, ya que en el último inciso el texto expresa "no gozaran de la inmunidad tributaria", y no "no gozarán de la inmunidad tributaria", como fue leído.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra) - -Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º. - Autorízase al Banco de la República Oriental del Uruguay a contratar con las Intendencias Municipales, arrendamiento con opción de compra, de maquinarias viales que no pudieran adquirirse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º y fueran igualmente necesarias, cuando cuenten con capacidad propia de pago durante el mismo período de Gobierno Municipal para cancelar las erogaciones que se causen por ese concepto. Estas operaciones gozarán de los mismos beneficios previstos en el artículo 1º y se realizarán en el marco de licitaciones que realice el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en cumplimiento del mismo."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

15) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA EXONERAR DE SU CARGO A VARIOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Corresponde pasar a sesión secreta para considerar los asuntos que figuran en cuarto y quinto término del orden del día.

(Así se hace. Es la hora 17 y 58 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra) - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 18 y 30 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio). - El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a seis funcionarios del Ministerio de Salud Pública, dos del Ministerio de Defensa Nacional, dos del Ministerio de Economía y Finanzas y uno del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

16) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra) - No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 18 y 31 minutos, presidiendo el profesor Carlos Julio Pereyra y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Barbato, Brezzo, Caviglia, Cid, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Gargano, Irurtia, Iturralde, Korzeniak, Mallo, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria y Segovia).

Dr. Hugo Batalla Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Don Freddy A. Massimino Director del Cuerpo de Taquígrafos.

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.