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Nº 205 - TOMO 386 - 5 DE NOVIEMBRE DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

66ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

y el SENADOR LUIS BREZZO  Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO, LIC. JORGE MOREIRA PARSONS Y
LA PROSECRETARIA SEÑORA QUENA CARAMBULA

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

- El señor Senador Sarthou solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Se procederá de conformidad.

5) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores García Costa y Couriel.
- Concedidas.

6) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el señor Ponce de León comunicando que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

7) Reconversión productiva en el departamento de Maldonado y aumento de las exportaciones

- Manifestaciones del señor Senador Sanabria.
- Por moción del propio señor Senador el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a todas las Juntas Departamentales del país.

8) Acuerdo comercial con el Gobierno de Rumania

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- Por moción del señor Senador Pereyra el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

9) Fragata ROU 02 "General Artigas" y corbeta ROU 24 "Comandante Pedro Campbell" y sus respectivas tripulaciones

- Proyecto de ley por el que se les autoriza a realizar un viaje de fin de cursos con alumnos de la Escuela Naval al Puerto de Río de Janeiro.
- Por moción del señor Senador Millor el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10) Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional

- Proyecto de ley por el que se modifica el régimen de títulos de deuda.
- Por moción del señor Senador Fernández Faingold el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

11) Aportaciones del sector rural al Banco de Previsión Social

- Proyecto de ley por el que se procede a su modificación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Gobiernos Departamentales

- Proyecto de ley por el que se les autoriza a adoptar las normas previstas por el artículo 35 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, sobre régimen en materia de transporte y 13 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 sobre contratación con terceros para la prestación de determinadas actividades.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Arrendamientos con destino a casa-habitación e industria y comercio

- Proyecto de ley por el que se sustituye el apartado I del artículo 28 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1979.
- Por moción del señor Senador Pozzolo el Senado resuelve postergar la consideración de este tema e incluirlo en el orden del día de la sesión a celebrarse el próximo miércoles 12.

14) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 4 de noviembre de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 5, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se modifica el sistema de aportación del sector rural al Banco de Previsión Social.

(Carp. Nº 584/96 - Rep. Nº 498/97)

2º) Por el que se faculta a los Gobiernos Departamentales a aplicar las normas previstas por el artículo 35 de la Ley Nº 16.697 sobre régimen en materia de transporte y el artículo 13 de la Ley Nº 16.736 sobre contratación con terceros para la prestación de determinadas actividades.

(Carp. Nº 510/96 - Rep. Nº 509/97)

3º) Por el que se establece que los contratos de arrendamiento con destino a casa-habitación cuyo precio supere las 60 UR y con destino a industria y comercio cuando el precio supere las 120 UR no están comprendidos en el régimen especial establecido en el Decreto-Ley Nº 14.219.

(Carp. Nº 272/95 - Rep. Nº 510/97)

4º) Por el que se autoriza la salida del país de las Unidades de la Armada Nacional ROU O2 "General Artigas" y ROU 24 "Comandante Pedro Campbell" y su tripulación para realizar el viaje de fin de cursos.

(Carp. Nº 881/97 - Rep. Nº 511/97)

5º) Discusión única de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley por el que se modifica el régimen de títulos de deuda vinculados a la operativa de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional.

(Carp. Nº 694/97 - Rep. Nº 512/97)

6º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República y el Gobierno de Rumania.

(Carp. Nº 867/97 - Rep. Nº 513/97)

7º) Discusión particular de los proyectos de resolución elevados por la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a:

un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Plazo constitucional vence el 27 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 814/97 - Rep. Nº 486/97)

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 799/97 - Rep. Nº 489/97)

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 800/97 - Rep. Nº 490/97)

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 801/97 - Rep. Nº 491/97)

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 802/97 - Rep. Nº 492/97)

un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (Plazo constitucional vence el 24 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 810/97 - Rep. Nº 493/97)

una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas (Plazo constitucional vence el 26 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 813/97 - Rep. Nº 494/97)

8º) Solicitud de venia de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para destituir de su cargo a un funcionario (Plazo constitucional vence el 20 de noviembre de 1997).

(Carp. Nº 808/97 - Rep. Nº 503/97)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Caviglia, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Ovalle, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia y Storace.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Andújar, Batlle, García Costa y Heber; con aviso, el señor Senador Couriel, y sin aviso, los señores Senadores Cid y Virgili.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 23 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 5 de noviembre de 1997.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje solicitando venia para exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Ministerio de Defensa Nacional remite la información solicitada por los señores Senadores Pablo Millor y Dante Irurtia relacionada con requisitos para aterrizar en la Isla Martín García.

-Oportunamente le fue entregado a los señores Senadores Pablo Millor y Dante Irurtia.

El Ministerio de Educación y Cultura remite la información solicitada por el señor Senador José Luis Ovalle relacionada con la opinión de que los técnicos de dicho Ministerio informen su opinión acerca del proyecto de ley relacionado con la condonación de las multas y los recargos sobre deudas por el Impuesto de Enseñanza Primaria

-Oportunamente le fue entregado al señor Senador.

Las Juntas Departamentales de Paysandú y Canelones remiten notas apoyando el planteamiento realizado por el Edil del departamento de Cerro Largo Haroldo Conde, solicitando se revean las multas, recargos e intereses que aplica la Banca Oficial y Organismos Estatales a sus deudores.

-Ténganse presente.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado el proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 294 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso), y se establecen normas referentes al instituto de la conciliación previa de juicios.

-Repártase e inclúyase en la próxima sesión ordinaria que realice el Cuerpo."

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Sarthou solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino al Banco de Previsión Social relacionado con la afiliación a ese organismo de los guardavidas de la costa del departamento de Canelones."

-Oportunamente fue tramitado.

(Texto del pedido de informes.)

"Montevideo, 27 de octubre de 1997.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente.

De mi mayor consideración social:

De conformidad con el artículo 118 de la Constitución de la República solicitamos, que por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se recabe la siguiente información respecto del Banco de Previsión Social:

1. - Si ese Banco tiene registrado como funcionarios públicos afiliados a los Guardavidas de la Costa del departamento de Canelones en el período 1.2.94 hasta el 31.3.97 en calidad de funcionarios de la Intendencia Municipal de Canelones.

2. - Se nos remita la lista de los funcionarios comprendidos en la situación a que se refiere el numeral anterior.

3. - Se informe si respecto de dichos funcionarios se ha cumplido con la aportación de las contribuciones de seguridad social que corresponde a la actuación de los mismos en el período mencionado y a cuánto asciende el aporte de cada uno de los funcionarios aludidos.

4. - Si existe atraso de la Intendencia Municipal de Canelones en la aportación correspondiente explicitando si ha existido con anterioridad atrasos en los pagos, si se han operado inspecciones y qué resultados emergen de las mismas, así como si se han efectuado convenios y en su caso en qué condiciones.

Saluda a Ud. muy atte.

Helios Sarthou. Senador."

5) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador García Costa solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 5 de noviembre de 1997.

Sr. Presidente del Senado

Dr. Hugo Batalla

Presente.

De mi consideración:

Por la presente solicito del Senado se me conceda licencia por el día de la fecha.

Saluda a Ud. y demás integrantes del Cuerpo atte.

Guillermo García Costa. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador García Costa solicita licencia desde el día 7 al 19 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 7 de noviembre de 1997.

Señor Presidente del

Senado de la República

Dr. Hugo Batalla

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a Ud. licencia a partir del día 7 al 19 de noviembre inclusive; motiva la misma el haber sido invitado por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular Nacional de la República China, para visitar ese país.

Sin otro particular y esperando se sirva citar al suplente respectivo, lo saluda a Ud. atte.

Guillermo García Costa. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

A partir del día 7 se convocará al suplente respectivo, que lo es el señor Senador Pablo Iturralde, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Couriel solicita licencia desde el día 7 al 19 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 5 de noviembre de 1997.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia a partir del día 7 de noviembre hasta el día 19 de noviembre inclusive. Motiva este pedido la invitación dirigida a la Comisión de Asuntos Internacionales de esta Cámara por parte de la Asamblea Nacional Popular de la República Popular de China para conocer dicho país.

Solicito esta licencia al amparo del literal C del Art. 1º de la Ley Nº 10.618 en la redacción dada a éste por la Ley Nº 16.456.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Alberto Couriel. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una nota de desistimiento llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Ponce de León comunica que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto".

-En consecuencia, a partir del día 7 se convocará a la suplente respectiva, que lo es la señora Celia Barbato, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

7) RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE MALDONADO Y AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA. - Señor Presidente: en el mundo actual y en el país en que vivimos, muchas veces podemos apreciar que las buenas noticias han dejado de serlo. En el día de hoy me quiero referir a un tema que está marcando un camino en el nuevo Uruguay y en la era de transformaciones y reconversiones en las áreas económicas, social, educativa y de la salud. Tal vez los sectores productivos o industriales sean los más expuestos a la urgencia de transformaciones y a la necesidad de una toma de decisiones económicas y comerciales, teniendo en cuenta la globalización de la economía y los procesos de integración que nuestro país está encarando con la serenidad y la prudencia que caracteriza a los uruguayos.

Por otra parte, si bien mucha gente pensó que estos procesos de integración iban a dejar por el camino las actividades agrícola, ganadera la industria y el comercio, el sector exportador está creciendo. Quisiera dar tres ejemplos que tal vez sean una novedad productiva para el país, pero son los caminos que los uruguayos estamos recorriendo. Me refiero, concretamente, a tres exportadores uruguayos radicados en el departamento de Maldonado, que están consolidando mercados en el mundo. Uno de ellos exporta salmón ahumado a través de una fábrica instalada recientemente en la ciudad de San Carlos. Se trata de un proceso moderno, eficiente y técnicamente avanzado, que permite abastecer en este momento al área del MERCOSUR, aunque según las apreciaciones técnicas y económicas que se han hecho podría aprovisionar a cualquier parte del mundo. Estamos hablando de salmón ahumado envasado al vacío que se exporta desde el Uruguay. Me parece que esto marca muy claramente lo que han significado los adelantos productivos y la confianza que muchos uruguayos han tenido en su país y en este proceso de integración.

Otro de los temas novedosos para nuestro país es el que tiene que ver con la plantación de dos hectáreas de rosas, cuya producción se está exportando, fundamentalmente, a la ciudad de San Pablo en Brasil. Así, por vía aérea, se exportan decenas de miles de rosas por mes a este gran mercado -tal vez, nunca antes analizado- captado por esta plantación que se está llevando adelante en la ciudad de San Carlos. Miles de docenas, entonces, que más allá del abastecimiento local, se exporta al Brasil, a la Argentina y a la comunidad económica europea.

Un emprendimiento novedoso lo es también la producción de ranas comestibles, también en la ciudad de San Carlos, en la que se ha alcanzado niveles industriales. Esta producción se exporta a más de diez países, entre los que se incluye Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, con volúmenes importantes que, en los últimos dos años, han triplicado su crecimiento.

Entonces, hablar de que hoy exportamos rosas, salmón ahumado y ranas comestibles, daría la impresión de que estamos aludiendo a otro país y a otra sociedad. Sin embargo, en el Uruguay -decenas de miles de dólares, que significan exportación, crecimiento y trabajo- estas tres empresas están ocupando a más de cien familias y se están consolidando a través de un trabajo técnico excepcional, lo cual refleja una innovación desde el punto de vista tecnológico, ya que esto no se hacía en la zona ni en el país. Evidentemente, en estos últimos tres años, estas empresas han logrado en forma independiente -porque son uruguayos que trabajan independientemente- concretar una apuesta a este nuevo país y a su crecimiento económico en base a todo lo que aquí se puede hacer.

En definitiva, todo el crecimiento de la agropecuaria, de la industria y de los productos tradicionales o no tradicionales, está demostrando que el país puede competir más allá de barreras arancelarias y de subsidios -tema al que nos referimos ayer con relación a la Comunidad Económica Europea- con lo cual ha alcanzado niveles de actividad creciente que hacen que avizoremos nuevas oportunidades laborales, comerciales, económicas, así como la consolidación de lo que significa que la gente que trabaja y quiere hacer cosas, tiene un espacio en esta sociedad uruguaya. Sociedad uruguaya que cada vez está creciendo más, transformándose y recorriendo caminos de optimismo y de confianza, ya no solamente en el Gobierno y en las instituciones democráticas, sino también en su propia consistencia, basada en esos elementos a que hacíamos referencia y en el esfuerzo de cada uno de sus integrantes.

Por todo esto, señor Presidente, celebramos y compartimos con el Senado de la República estos hechos significativos desde el punto de vista productivo, los que están vinculados, fundamentalmente, a la exportación.

Por otra parte, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras se curse a las diecinueve Juntas Departamentales del país, como una forma de trasmitir el conocimiento de buenas noticias en torno a uruguayos que, con su esfuerzo, trabajo y sacrificio, están detrás de estos emprendimientos. Aquí no se destacan solamente los resultados positivos que estamos señalando sino, reitero, el esfuerzo, el trabajo y el sacrifico de mucha gente, de familias uruguayas, que se han dedicado de lleno a esta producción exportable.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

8) ACUERDO COMERCIAL CON EL GOBIERNO DE RUMANIA

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: en el día de ayer hicimos la solicitud de que en el orden del día de hoy figurara el Acuerdo Comercial con el Gobierno de Rumania, condicionado a que los miembros de la Comisión hubieran aprobado el informe que se había redactado. Efectivamente, este tema se ha incluido en el sexto punto del orden del día. Debido a que hemos sido instados a que, si es posible, aprobemos rápidamente este proyecto de ley, en virtud de que estaría a punto de llegar una misión oficial integrada también con particulares a efectos de procurar incrementar el intercambio comercial entre ambos países, solicito que se distribuya el repartido correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia aclara que el repartido ya se distribuyó.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Entonces, si el Senado está de acuerdo, propongo que se altere el orden del día, pues creo
que es un asunto que se puede aprobar rápidamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para ello, simplemente, basta la decisión del Senado.

Se va a votar si se altera el orden del día.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada y que figuraba en sexto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República y el Gobierno de Rumania (Carp. Nº 867/97 - Rep. Nº 513/97)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 867/97
Rep. Nº 513/97

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Rumania suscrito en la ciudad de Bucarest el 31 de mayo de 1996.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de octubre de 1997.

Carlos Baráibar Presidente
Martín García Nin Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 17 de abril de 1997.

Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a la consideración de la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto Proyecto de Ley por el cual se aprueba el "Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Rumania".

El Acuerdo se realiza sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo de las Partes, con el fin de incrementar y facilitar las relaciones comerciales entre los dos países, dentro de un marco de respeto a los ordenamientos jurídicos de ambos países.

Las Partes se conceden recíprocamente el tratamiento de la nación más favorecida en todo lo relativo a la importación y exportación entre sus países, respetando los Acuerdos y Reglamentaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Se establecen las excepciones habituales a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida, a efectos de salvaguardar las relaciones de privilegio que las Partes hayan concedido o puedan conceder, en el marco de acuerdos que conformen uniones aduaneras, zonas de libre comercio u otras formas de integración.

En el artículo V se precisa que el intercambio de mercancías se efectuará en base a los contratos concluidos entre las personas físicas y jurídicas de los dos países, respetándose las reglamentaciones nacionales vigentes en cada país.

Con el fin de promover las transacciones comerciales entre los dos países, las Partes se comprometen a suministrarse entre sí la información previamente requerida. Además se dispone la exoneración de derechos aduaneros y demás gravámenes fiscales a objetos y mercaderías destinados a promoción comercial.

Se crea la Comisión Mixta Comercial que tendrá como cometido específico analizar la marcha de las relaciones comerciales entre ambos países, elevando a sus Gobiernos las recomendaciones de ajuste que se estimen necesarias para coadyuvar a impulsar los intercambios comerciales bilaterales.

Las Partes deberán promover el intercambio comercial a través de exposiciones y visitas de grupos y delegaciones comerciales.

Asimismo, se establece un procedimiento ágil para realizar posibles modificaciones a las disposiciones del Acuerdo.

El Acuerdo reemplazará el Convenio Comercial firmado en Montevideo el 9 de octubre de 1968, Convenio que ha debido reverse debido a los trascendentes cambios político-económicos registrados en los países de Europa Oriental y, en particular, en Rumania, desde fines de la década del 80. En este sentido, el Acuerdo aporta nuevas modalidades de relacionamiento que facilitarán la consecución de los fines ut supra referidos, además de cumplir perfectamente con la función de adaptación a la nueva realidad derivada de los cambios político-económicos mencionados.

Al solicitar la aprobación de este Acuerdo, el Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Hugo Batalla (VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA), Alvaro Ramos, Luis A. Mosca.

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 17 de abril de 1997.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el "Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Rumania" suscrito en la ciudad de Bucarest el día treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis.

Alvaro Ramos, Luis A. Mosca.

ACUERDO COMERCIAL ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Y EL GOBIERNO DE RUMANIA

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Rumania, denominados en adelante "las Partes";

Con el fin de incrementar y facilitar las relaciones comerciales entre sus dos países sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo;

Han convenido celebrar el siguiente Acuerdo:

ARTICULO I

Las Partes se comprometen a realizar los mayores esfuerzos y tomar todas las medidas necesarias para fomentar y ampliar el intercambio comercial entre los dos países.

ARTICULO II

Ambas Partes se comprometen a acordarse recíprocamente el tratamiento de la nación más favorecida en todo lo relativo a la importación y a la exportación entre sus dos países, de conformidad con los Acuerdos y las Reglamentaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

ARTICULO III

Las Partes, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos, adoptarán las medidas necesarias para facilitar el intercambio comercial entre ambos países.

ARTICULO IV

Las disposiciones del artículo II no serán, sin embargo, aplicables a:

a) las ventajas, concesiones o exenciones que cada Parte haya acordado o pueda acordar a los países vecinos para facilitar el tránsito y el comercio fronterizos;

b) las ventajas y/o concesiones que cada parte haya acordado o pueda acordar en el marco de uniones aduaneras o económicas, zonas de libre comercio, u organizaciones económicas regionales de las cuales sean o puedan ser socios o miembros; ni a

c) las donaciones de bienes en el marco de programas de ayuda o asistencia, destinados a una de las Partes, por un tercer Estado o asociación de Estado, u otras instituciones y organismos internacionales.

ARTICULO V

El intercambio de mercancías se efectuará en base a los contratos concluidos entre las personas naturales y jurídicas de los dos países, habilitadas a efectuar actos de comercio exterior, denominadas en adelante "agentes económicos", respetándose las reglamentaciones nacionales vigentes en cada país.

ARTICULO VI

Con miras a facilitar y promover las transacciones comerciales entre los dos países, las Partes se comprometen a comunicarse recíprocamente, a pedido expreso de la contraparte, todas las informaciones necesarias relativas a las posibilidades de suministrar productos provenientes de sus respectivos países.

ARTICULO VII

De conformidad con las normas nacionales vigentes, las Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar el otorgamiento de las licencias de exportación o importación a efectos de promover y facilitar el intercambio comercial en el marco del presente Acuerdo, siempre que tales licencias sean necesarias.

ARTICULO VIII

Todos los pagos, relativos a la importación y exportación de bienes entre los agentes económicos de ambos países se efectuarán en divisas de libre convertibilidad, de conformidad con las normas vigentes en los respectivos países.

ARTICULO IX

1. - Cada Parte, de conformidad con los respectivos regímenes jurídicos vigentes, exonerará de derechos aduaneros a los siguientes artículos originarios del territorio de la contraparte:

a) bienes y materiales destinados a ferias y exposiciones temporales que no estén destinados a la venta;

b) muestras de mercaderías destinadas exclusivamente a ser usadas como tales y que carezcan de valor comercial.

2. - Los bienes, materiales y muestras a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo, no serán comercializados dentro del país importador y deberán ser reexportados, salvo que se haya obtenido el consentimiento previo de las autoridades competentes de dicho país y se haya hecho efectivo el pago de los derechos aduaneros e impuestos exigibles.

ARTICULO X

Las Partes facilitarán el tránsito por sus respectivos territorios de las mercaderías originarias del territorio de la contraparte, de conformidad con las disposiciones vigentes nacionales.

ARTICULO XI

Ambas Partes convienen en establecer una Comisión Mixta Comercial, que se reunirá a solicitud de cualquiera de ellas y de común acuerdo en forma alternada en la capital de cada país, con miras a promover el desarrollo del comercio recíproco en concordancia con el espíritu emanado de este Acuerdo y con los objetivos por él propuesto.

Esta Comisión Mixta Comercial tendrá como cometido específico, analizar la marcha de las relaciones comerciales entre ambos países, elevando a sus Gobiernos las recomendaciones de ajuste que se estimen necesarias para coadyuvar a impulsar los intercambios comerciales bilaterales.

La Comisión Mixta Comercial funcionará de conformidad al Reglamento que se establecerá, de común acuerdo, entre los Ministerios designados a administrar el presente Acuerdo.

ARTICULO XII

Ambas Partes promoverán el intercambio de visitas de representantes, grupos y delegaciones comerciales, fomentarán el intercambio tecnológico de carácter comercial y proporcionarán toda clase de facilidades a los organismos de la otra Parte en la celebración de exposiciones y en otras actividades destinadas al fomento del comercio en el territorio de cada una de ellas, de acuerdo con sus respectivas disposiciones legales vigentes y la práctica habitual.

ARTICULO XIII

Se exceptúan de las estipulaciones del presente Acuerdo, las medidas restrictivas que cualquiera de las Partes pueda tomar en materia de protección de la seguridad nacional, la vida, la salud de las personas, de los animales y de las plantas, así como en materia de protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico y arqueológico, al igual que del medio ambiente y de los recursos no renovables.

ARTICULO XIV

Ninguna disposición del presente Acuerdo obstará al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de las obligaciones emergentes de otros convenios internacionales, bi o multilaterales, vigentes para cualquiera de las Partes.

Cada Parte designará a las autoridades nacionales que tendrán competencia en las distintas áreas de especialización temática, las que tendrán a su cargo la instrumentación y supervisión del cumplimiento del parágrafo anterior en los respectivos ámbitos internos, informando periódicamente a la Comisión Mixta Comercial.

ARTICULO XV

Las Partes buscarán, por medio de consultas y negociaciones mutuas, las soluciones a las controversias, litigios o diferendos que puedan surgir en la aplicación del presente Acuerdo.

ARTICULO XVI

Cualquiera de las Partes podrá presentar, por escrito y por la vía diplomática, una solicitud de modificación o revisión del presente Acuerdo. Esta modificación o revisión se hará efectiva por mutuo acuerdo.

Toda modificación o revisión en base a este artículo se efectuará sin perjuicio de los derechos emergentes y obligaciones contraídas bajo este Acuerdo con anterioridad a la fecha efectiva de dicha modificación o revisión.

ARTICULO XVII

El presente Acuerdo entrará en vigor mediante canje de Notas Diplomáticas que confirmen la aprobación del mismo de conformidad con las disposiciones vigentes en ambos países.

La fecha de la última notificación se considerará como la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

ARTICULO XVIII

El Acuerdo tendrá una duración de dos años y quedará automáticamente prorrogado por sucesivos períodos anuales, salvo el caso de que una de las Partes lo denunciara por escrito con tres meses de anticipación.

A la fecha de su entrada en vigor, el presente Acuerdo reemplazará al Convenio Comercial firmado en Montevideo el 9 de octubre de 1968.

Las disposiciones de este Acuerdo se seguirán aplicando después de su terminación con respecto a los contratos que no hayan sido cumplidos a la fecha de dicha terminación.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos plenipotenciarios, con este propósito, firman el presente Acuerdo en dos originales del mismo tenor, en idiomas español y rumano, ambos igualmente válidos y auténticos.

Hecho en Bucarest, a los treinta y un días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis.

(Luce firma)
POR EL GOBIERNO DE LA
DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
(Luce firma)
POR EL GOBIERNO
DE RUMANIA."

SEÑOR PRESIDENTE - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales aconseja la aprobación de este Acuerdo, que consta de una introducción y de dieciocho artículos. En la introducción se define la materia a que refiere el proyecto de ley, que es el intercambio comercial mediante compromisos y concesiones recíprocas.

El artículo 1º expresa los fines y compromete a ambos países en el cumplimiento del Tratado. En esta disposición se habla también del tratamiento especial que las partes acordarán de "nación más favorecida", aunque es dable destacar que en el artículo 4º se establecen excepciones para este tratamiento. A este respecto, se establece que el trato de nación más favorecida consagrado en el artículo 2º, se excepciona en cuanto a ventajas, concesiones o exenciones con otros países para el tránsito y comercios fronterizos; también referidas a acuerdos o uniones aduaneras o económicas, zona de libre comercio, u organizaciones regionales. De este modo, queda excepcionado todo lo que contiene la enumeración del artículo 4º, con lo que no juega el caso de nación más favorecida.

Por su parte, el artículo 5º, establece los procedimientos por los que actuarán los agentes económicos, según las prácticas jurídicas de cada país.

El artículo 6º refiere a las informaciones que mutuamente han de brindarse los Estados o "las Partes".

Por otro lado, el artículo 7º habla del compromiso del otorgamiento de decisiones destinadas a facilitar el cumplimiento del Acuerdo.

Mientras tanto, el artículo 8º hace referencia a la forma de pago, la que se efectuará en divisas de libre convertibilidad.

A su vez, el artículo 9º, habla de las exoneraciones aduaneras especiales.

El artículo 10, establece las facilidades para el tránsito de las mercaderías por los respectivos territorios.

El artículo 11, crea una Comisión Mixta Comercial para promover este Acuerdo, obviamente, integrada con representantes de los dos países.

El artículo 12, refiere a la promoción por parte de los países que firman el Acuerdo, respecto de visitas de delegaciones comerciales tendientes a incrementar el comercio entre ambos países.

El artículo 13, alude a las excepciones y medidas restrictivas que cualquiera de las partes puede tomar en relación a la protección de la seguridad nacional, la salud y la vida de las personas, así como de los animales o de las plantas. Lo mismo ocurre con el patrimonio nacional de valor artístico, histórico y arqueológico.

En otro orden de cosas, el artículo 14, establece salvedades, en el sentido de que el Acuerdo no obstará el cumplimiento de otros convenios internacionales.

El artículo 15 refiere a las controversias que se procurará solucionar por medio de negociaciones entre los dos Estados.

El artículo 16 tiene que ver con la revisión que puede pedir cualquiera de las partes.

El artículo 17 dice relación a la entrada en vigencia, que se produce mediante el cambio de notas diplomáticas de conformidad con las normas vigentes en cada país.

Por último, se hace referencia a que el convenio tendrá una duración de dos años, y será automáticamente prorrogable por períodos anuales, si es que no existe renuncia.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º. - Apruébase el "Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Rumania" suscrito en la ciudad de Bucarest el 31 de mayo de 1996."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

9) FRAGATA ROU 02 "GENERAL ARTIGAS" Y CORBETA ROU 24 "COMANDANTE PEDRO CAMPBELL" Y SUS RESPECTIVAS TRIPULACIONES

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: solicito que se altere el orden del día y se pase a tratar de inmediato el punto que figura en cuarto término del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto que figuraba en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de las Unidades de la Armada Nacional R.O.U. 02 `General Artigas' y R.O.U. 24 `Comandante Pedro Campbell' y su tripulación para realizar el viaje de fin de cursos. (Carp. Nº 881/97 - Rep. Nº 511/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 881/97
Rep. Nº 511/97

Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior

Montevideo, 21 de octubre de 1997.

Señor Presidente de la Asamblea General.

Doctor Hugo Batalla.

El Poder Ejecutivo remite a su consideración el presente proyecto de ley, a efectos de que ese Cuerpo conceda la autorización establecida en el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, para que dos unidades de la Armada Nacional, la Fragata ROU 02 "General Artigas" y la Corbeta ROU 24 "Comandante Pedro Campbell" y sus respectivas tripulaciones, realicen el Viaje de Fin de Cursos con alumnos de la Escuela Naval; visitando el Puerto de Río de Janeiro (República Federativa del Brasil) desde el 17 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 1997.

Por tal motivo, se solicita al señor Presidente, la atención de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña, cuya aprobación se encarece.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Juan Luis Storace, Alvaro Ramos, Washington Bado.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Autorízase la salida de aguas jurisdiccionales de la Fragata ROU 02 "General Artigas" y la Corbeta ROU 24 "Comandante Pedro Campbell" conjuntamente con sus respectivas tripulaciones y alumnos de la Escuela Naval, a los efectos de realizar el Viaje de Fin de Cursos, visitando el Puerto de Río de Janeiro (República Federativa del Brasil), desde el 17 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 1997.

Artículo 2º. - Comuníquese, publíquese y archívese.

Juan Luis Storace, Alvaro Ramos, Washington Bado."

SEÑOR PRESIDENTE - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: este asunto trata de la autorización para que dos Unidades de nuestra Armada Nacional puedan salir de aguas jurisdiccionales. Concretamente, me refiero a la Fragata ROU "General Artigas" y la Corbeta ROU 24 "Comandante Pedro Campbell". El motivo es el viaje de fin de cursos que todos los años realizan los alumnos de la Escuela Naval, visitando en esta oportunidad el puerto de Río de Janeiro.

En virtud de que el viaje se hará a partir del 17 de noviembre, pero restaría aún la aprobación de este proyecto de ley por parte de la Cámara de Representantes, sería conveniente que el Senado lo considerara en el día de hoy a los efectos de remitírselo y, por ende, conceder la autorización en tiempo y forma.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º. - Autorízase la salida de aguas jurisdiccionales de la Fragata ROU 02 `General Artigas' y la Corbeta ROU 24 `Comandante Pedro Campbell' conjuntamente con sus respectivas tripulaciones y alumnos de la Escuela Naval, a los efectos de realizar el Viaje de Fin de Cursos, visitando el puerto de Río de Janeiro (República Federativa del Brasil), desde el 17 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 1997".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

10) ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: en la sesión de ayer habíamos solicitado que la consideración del asunto que figura en quinto término del orden del día, por el que se introducen modificaciones al régimen de títulos de deuda vinculados a la operativa de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, se tratara en el día de hoy.

En ese sentido, solicitamos que se altere el orden del día para tratar ese punto de inmediato, pues ya ha sido repartido.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto que figuraba en quinto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se introducen modificaciones en el régimen de títulos de deuda vinculados a la operativa de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional. (Carp. Nº 694/97 - Rep. Nº 512/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 694/97
Rep. Nº 512/97

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Sustitúyese el artículo 144 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 144. - Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir y mantener en circulación títulos de ahorro previsional hasta por igual cantidad al 80% (ochenta por ciento) de la suma de las transferencias realizadas por el Banco de Previsión Social a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, con un máximo equivalente a UR 30.000.000 (treinta millones de unidades reajustables).

El Banco Central del Uruguay, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, comunicará anualmente a la Asamblea General el total acumulado de estas transferencias así como el límite referido en el primer iniciso.

Los títulos no podrán tener un plazo superior a veinte años y podrán emitirse en moneda nacional, moneda extranjera o unidades reajustables. En todos los casos tendrán el mismo tratamiento fiscal y libre circulación que los restantes títulos de deuda pública.

La emisión autorizada por este artículo no está comprendida en los topes previstos por la Ley Nº 16.812, de 14 de marzo de 1997".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 1º de octubre de 1997.

Carlos Baráibar Presidente
Martín García Nin Secretario.

CAMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

La mayoría de la Comisión de Hacienda pone a consideración del Cuerpo, el siguiente proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 144 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

Dicho proyecto, modifica el régimen de los títulos de deuda vinculados a la operativa de las AFAP, que fuera enviado por el Poder Ejecutivo, aprobado por la Cámara de Senadores con algunas modificaciones y ahora modificado por vuestra Comisión con la supresión del cuarto inciso.

El artículo 144 de la Ley Nº 16.713 vigente, preveía que las AFAP invirtieran en títulos reajustables por el Indice Medio de Salarios (unidades reajustables) expresamente creados a tales efectos, pero la baja rentabilidad de éstos, hizo que dichas instituciones invirtieran en otros títulos públicos incluidos en el tope de endeudamiento que posee el Estado, dejando al Gobierno con menores posibilidades de financiamiento.

En el momento de aprobarse la Ley Nº 16.713, los salarios crecían en dólares y la rentabilidad de la unidad reajustable era importante: al estabilizarse el crecimiento de los salarios, los bonos previsionales en unidades reajustables no fueron tenidos en cuenta por las AFAP, ya que defendiendo a sus afiliados invirtieron en Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería.

El texto programado establece la posibilidad de colocar títulos previsionales tanto en moneda extrajera, moneda nacional o en unidades reajustables de acuerdo a la demanda.

A su vez se impone en doble tope a esta emisión, por un lado que no supere en un 80% las transferencias que se hagan a las AFAP y por otro que tampoco supere las UR 30:000.000, como ya figura en el texto vigente.

También se posibilita que cualquier inversor pueda acceder a la tenencia de títulos previsionales (aparición de un mercado secundario) posibilitando que las compañías de seguros puedan proveerse de bonos previsionales en unidades reajustables, ya que son éstas, una vez recibido los montos acumulados en cada cuenta, las que deberán hacer frente a las jubilaciones respectivas, las que se ajustan por el Indice Medio de Salarios.

Al suprimirse el inciso cuarto se está defendiendo el valor de las cuentas individuales de capitalización, y por lo tanto, el éxito del nuevo sistema previsional ya que su texto permitiría limitar rendimiento de las inversiones de las AFAP.

En síntesis, la mayoría de la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de este proyecto, a los efectos de que las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional puedan garantizarle a sus asociados la mayor rentabilidad posible, sin influir en el tope de endeudamiento establecido para el Estado en la Ley Nº 16.812, de 14 de marzo de 1997, y permitiendo a las compañías de seguros la adquisición de bonos previsionales en unidades reajustables.

Sala de la Comisión, 20 de agosto de 1997.

Juan Federico Bosch (Miembro Informante), Julio Aguiar, Alvaro Alonso, Alejandro Atchugarry, Daniel García Pintos, Gustavo Penadés, Iván Posada.

 

Ministerio del Interior
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Ministerio de Industria,
Energía y Minería
Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 30 de abril de 1997.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a consideración de ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley por el cual se introducen modificaciones en el régimen de los títulos de deuda vinculados a la operativa de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

El artículo 144 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, autoriza al Poder Ejecutivo a emitir, en determinadas condiciones y hasta cierto monto, títulos reajustables.

Se preveía que las AFAP efectuarían sus inversiones en títulos reajustables por el Indice Medio de Salarios en moneda nacional expresamente creados a tales efectos. Sin embargo, en la práctica han diversificado su portafolio de inversiones adquiriendo valores públicos incluidos en el tope de endeudamiento, lo cual absorbe parte de éste y deja, entonces, al Gobierno con menores posibilidades de financiamiento. En este extremo, tanto si las AFAP adquirieron sus títulos en el mercado secundario como en las nuevas emisiones, la consecuencia sería que el Banco Central del Uruguay debería financiar con sus reservas internacionales lo que el Gobierno no puede financiar con nuevo endeudamiento.

Hasta el momento las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) no han adquirido en montos significativos los Bonos reajustables de Seguridad Social, que fueran especialmente concebidos a efectos de financiar la reforma del sistema previsional. La reticencia de las AFAP a comprar Bonos Previsionales se explica tanto en razones de liquidez como de rendimiento.

El artículo 1º del texto legal proyectado sustituye el artículo 144 de la Ley Nº 16.713, de lo que resultan las siguientes modificaciones:

a) La emisión de títulos de ahorro previsional nominados, indistintamente, en moneda nacional, en moneda extranjera o en unidades reajustables y no exclusivamente en unidades reajustables.

b) La sustitución del tope de UR 30:000.000,00 (unidades reajustables treinta millones), por un tope variable cuyo máximo estaría dado por el 80% (ochenta por ciento) de las transferencias realizadas por el Banco de Previsión Social a las AFAP.

c) La posibilidad de que la tenencia de los títulos de ahorro previsional no esté limitada a las AFAP sino que se extienda a cualquier inversor. De esta forma se estará habilitando la existencia de un mercado secundario para los referidos títulos.

Se establece, por último, que la emisión de títulos públicos que se autoriza no se computará dentro de los topes previstos para la deuda pública, ya que los mismos se compatibilizan con un financiamiento a largo plazo de un déficit inferior al 1% (uno por ciento) del PBI anual, en el actual período de Gobierno.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Didier Opertti, Luis A. Mosca, Lucio Cáceres, Julio Herrera, Carlos Gasparri, Samuel Lichtensztejn, Juan Luis Storace, Ana Lía Piñeyrúa, Benito Stern.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 144 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"Artículo 144 - Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir y mantener en circulación títulos de ahorro previsional hasta por igual cantidad al 80% (ochenta por ciento) de la suma de las transferencias realizadas por el Banco de Previsión Social a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional.

El Banco Central del Uruguay, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, comunicará anualmente a la Asamblea General el total acumulado de estas transferencias así como el límite referido en el primer inciso.

Los títulos no podrán tener un plazo superior a veinte años y podrán emitirse en moneda nacional, moneda extranjera o unidades reajustables. En todos los casos tendrán el mismo tratamiento fiscal y libre circulación que los restantes títulos de deuda pública.

La reglamentación podrá establecer que todo o parte de las inversiones previstas en el literal A) del artículo 123, se realicen en los títulos de ahorro previsional.

La emisión autorizada por este artículo no está comprendida en los topes previstos por la Ley Nº 16.812, de 14 de marzo de 1997."

Artículo 2º. - Comuníquese, etc.

Luis A. Mosca, Lucio Cáceres, Carlos Gasparri, Ana Lía Piñeyrúa, Julio Herrera, Benito Stern, Samuel Lichtensztejn, Juan Luis Storace, Didier Opertti."

SEÑOR PRESIDENTE - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: cabe aclarar que este asunto fue aprobado oportunamente en el Senado y ahora viene de la Cámara de Representantes con modificaciones al eliminar su inciso cuarto.

Hemos consultado a los señores Coordinadores de Bancada y a los miembros de la Comisión de Hacienda sobre la posibilidad de tratar el proyecto de ley directamente en el Pleno, sin necesidad de enviarlo a Comisión.

Concretamente, la modificación que introduce la Cámara de Representantes y que sugerimos apoyar, consiste en la eliminación de la disposición por la que el Poder Ejecutivo estaba facultado para determinar qué parte de las inversiones de las AFAP deberían ser invertidas en los bonos previsionales.

Con posterioridad a la aprobación de este proyecto de ley en la Cámara de Senadores, representantes de las diversas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional concurrieron a la Cámara de Representantes y solicitaron la eliminación de ese artículo, pues adujeron que representaba una interferencia del Poder Ejecutivo en la capacidad de toma de decisiones de las AFAP en cuanto al tipo de inversiones a realizar y, en consecuencia, ello podría afectar negativamente su capacidad para efectuar aquellas inversiones más rentables para los afiliados. La Cámara de Representantes acompañó ese criterio.

Consultamos al señor Ministro de Economía y Finanzas sobre el particular y nos manifestó que, en la medida en que se mantiene vigente la cadencia para la reducción paulatina y progresiva de inversiones en papeles públicos, y que ella coincide con el período de consolidación de las AFAP, tanto con el monto de los ahorros allí depositados como en cuanto a su maduración institucional, no tenía inconveniente en aceptar esa modificación que introduce la Cámara de Representantes.

Como compartimos ese argumento solicitamos al Pleno que acompañe el criterio que tuvo mayoría en la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: recordamos el trámite que tuvo este proyecto de ley, sobre todo cuando comenzó a tratarse en el seno de la Comisión de Hacienda del Senado y, en su oportunidad, intervinimos en el trabajo preparatorio de este proyecto de ley.

Este tema lo vinculamos con el proceso que ha experimentado el nuevo sistema de la seguridad social y el papel que en él juegan las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, sobre todo en esta primera etapa de funcionamiento del sistema.

En ese contexto no nos parece positiva la modificación que ha introducido la Cámara de Representantes a este proyecto de ley, porque se suprime, por la vía de esa modificación, la facultad que en él se asignaba al Poder Ejecutivo para establecer la proporción del portafolio de esas firmas, que debería estar dedicado a los Bonos cuya creación prevé el proyecto de ley.

En el transcurso de la discusión del proyecto de ley se levantaron algunas voces señalando que se trata de una disposición de carácter dirigista en materia económica. En verdad, hay que reconocer que sí lo es. Aclaro que me refiero a la disposición que se suprimió en la Cámara de Representantes.

También es cierto que el nuevo sistema de seguridad social y, en particular, las Administradoras de Fondos están en una etapa de su funcionamiento que puede catalogarse como preliminar. Se trata de una experiencia que el país debe cuidar muchísimo, porque están en juego fondos muy caudalosos que, precisamente, provienen del ahorro individual obligatorio de los trabajadores uruguayos.

Nos pareció bien que la ley original de la seguridad social estableciera algunos topes, en el sentido de fijar la composición del portafolio de las firmas pero, en el momento de votar el proyecto de ley que hoy vuelve a la Cámara de Senadores, consideramos acertado que exista la facultad del Poder Ejecutivo de fijar los límites correspondientes a la inversión de portafolio o de fondos en los bonos de ahorro previsional por él creados.

Es por eso que nos parece negativa la modificación que ha introducido la Cámara de Representantes, y en nuestra opinión, es un punto suficiente para fundamentar un voto negativo.

Quería volcar estas reflexiones un poco como fundamento de voto adelantado, que ilustran la posición que vamos a tomar ante esta decisión.

Muchas gracias.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Señor Presidente: cuando este asunto se trató en la Cámara de Representantes, varios señores Diputados y algunos visitantes pusieron un obstáculo importante a propósito de esta disposición.

Personalmente, pienso que tal vez el elemento que llamaba más la atención o que merecía una reflexión era introducir la posibilidad de que el Estado, en este nuevo sistema de ahorro, pudiera indicar el instrumento concreto en el cual se va a ahorrar. Por supuesto que estamos hablando de un ahorro a muy largo plazo, aunque la introducción o no de esta disposición es bastante innocua en virtud del ritmo de afiliación a este sistema y el monto va a ser utilizado a principios del año 2.000. En consecuencia, es notorio que no haya ningún tipo de imposición tanto por parte de las Cámaras como del Gobierno. Digo esto para reafirmar la idea de que estamos más ante diversidad de criterios que ante un punto de vista de diferencias prácticas.

En esa ocasión, se hizo más hincapié en que si se habilita el criterio de que después que el ahorro se está conformando, los legisladores o el Gobierno de turno pueden decir que esos ahorros deben ser volcados a tal o cual papel, se estaría brindando la infinita tentación a los 20 o 30 Ministros de Economía que habrá de aquí a que estos jóvenes se jubilen, de que cualquiera, por las urgencias del momento, disponga que se coloque ese dinero en determinados papeles cuyos valores de mercado probablemente serán la mitad, la décima o la centésima parte de su valor facial.

Hemos crecido escuchando a los representantes de los jubilados decir que hoy la Caja -así le siguen llamando- tiene que ser asistida, porque en algún momento en la historia de los tiempos se empapeló. Muchos que ni siquiera hicimos la propuesta y que inclusive nos resistimos porque queríamos que se aprobara y no que volviera al Senado, sentimos que sentar un criterio de esta naturaleza estableciendo las reglas de juego -ya hay una que determina que las Administradoras deben colocar en los primeros años la mayoría de su portafolio en papeles del Estado, aunque eso se va liberando con los años; si mal no recuerdo, eso figura en el artículo 123 de la Ley de Previsión Social- impide que las AFAP busquen la mayor rentabilidad, que es en lo que se basa el sistema de ahorro, en defensa de los 400.000 trabajadores, tres cuartas partes de los cuales han optado por este régimen en forma voluntaria. Insisto en que esta sería una enorme tentación para que el día de mañana se sancionara una ley que dijera que están obligados a ahorrar en pesos, en rupias o en cualquier moneda, o que tienen que colocar el dinero en papeles del Estado a 30 años con un 0,5% de interés anual. Quiere decir que estaríamos abriendo un camino para cambiar las reglas de juego, haciéndolo bajo la óptica de las necesidades del Estado y no de la conveniencia de los trabajadores, que con el futuro aumentarán. En consecuencia, cedimos a nuestra posición porque nos pareció razonable lo que se argumentaba, máxime en un asunto que no iba a cambiar la vida de esta ley, dado que estamos hablando de 30:000.000 de Unidades Reajustables, algo menos de U$S 500:000.000. El ahorro previsional o el monto en que hay que asistir al Banco de Previsión Social supera los U$S 100:000.000 y va a llegar a los U$S 170:000.000 anuales.

Además, hay otra incorporación, que obliga al Estado a ahorrar algo, porque el problema financiero no es tanto lo que colocan las AFAP, sino lo que hay que transferir al Banco de Previsión Social para que éste, a su vez, lo vuelque a las AFAP. La regla que se incorpora es que se va a permitir utilizar hasta el 80% de esa transferencia anual, o sea que le estamos diciendo al Estado que un 20% de ella va a tener que salir de otros rubros para poder cubrir la diferencia. Esta es una modificación a la ley vigente introducida en este proyecto de ley, que creemos que es conveniente porque en definitiva es el ahorro de una generación. Aunque sea un régimen de ahorro y de capitalización, siempre es a través de la generación de actividad económica o colocando en papeles del Estado, y ello significa solventar la jubilación actual, con la diferencia de que ahora se procura que parte de ese ahorro se vuelque a actividades productivas.

En resumen, todos los integrantes de la Cámara de Representantes sentimos que la postura de varios colegas y de las propias AFAP era justa, no tanto por el futuro inmediato, que no va a cambiar por más que modifiquemos la redacción, sino por lo que sucederá a largo plazo.

Muchas gracias.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Como ya fue mencionado, el artículo 123 mantiene su vigencia, que de alguna manera establece la composición del portafolio por la vía de la determinación de máximos de inversión en la categoría de valores emitidos por el Estado uruguayo o por el Banco Hipotecario, depósitos a plazos fijos en moneda nacional o extranjera, valores emitidos por empresas públicas o privadas, valores representativos de inversiones inmobiliarias, etcétera, para cada uno de estos rubros se establece un máximo de inversión para determinar perfiles de seguridad en los portafolios de las AFAP.

Al mismo tiempo, se introduce una cadencia que permite que los máximos de inversión en papeles públicos sean del 100% en el primer año y luego vayan descendiendo. Por ello entendemos que la protección de ese portafolio de alguna manera se asegura -esto es lo que nos trasmite el señor Ministro de Economía y Finanzas- por la vía de establecer hasta qué porcentaje del literal a) del artículo 123 -referido a los valores emitidos por el Estado uruguayo- debía adquirirse en estos nuevos bonos previsionales, que en definitiva funcionan de la misma manera que el resto de los títulos valores.

La eliminación de la restricción que incorporaba el numeral -según lo expresado por el señor Ministro de Economía y Finanzas- en nada altera el perfil de seguridad de los portafolios que introduce el artículo 123, que mantienen su vigencia.

Por estas razones, recomendamos al Cuerpo votar favorablemente esta modificación introducida por la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Quisiera hacer una aclaración de fondo y otra formal.

La de fondo es que, en nuestra opinión, el artículo suprimido por la Cámara de Representantes encuadra perfectamente dentro de las reglas de juego del artículo 123 de la nueva Ley de Seguridad Social.

Entonces, discrepo con lo dicho por el señor Senador Atchugarry; no hay ningún cambio en las reglas de juego con la presencia de este artículo que ahora fue suprimido.

Por otro lado, quisiera hacer un comentario de tipo formal. Hubiera sido útil que el Repartido incluyera el proyecto de ley aprobado por el Senado, que no es el que figura; el que tenemos a estudio es el del Poder Ejecutivo, que es absolutamente diferente al que elaboramos en la Comisión de Hacienda y luego aprobamos en este Cuerpo. Por lo tanto, entiendo que esta situación no habilita a un buen tratamiento de la decisión que tenemos por delante.

SEÑOR PRESIDENTE - Con referencia a lo que señala el señor Senador Astori, la Mesa declara que fue un error no haber incluido en el Repartido el proyecto de ley aprobado oportunamente por el Senado.

SEÑOR ASTORI. - Se trata de un caso en que hubo un cambio muy significativo entre lo que llegó del Poder Ejecutivo y lo que aprobó el Senado. Además, esa modificación se procesó en la Comisión de Hacienda. Aclaro que realizo estos comentarios con ánimo constructivo.

SEÑOR PRESIDENTE - La Presidencia ya lo sabe, señor Senador. Simplemente, desea señalar este hecho como responsabilidad de la Mesa.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: queremos señalar que no vamos a votar esta disposición por razones de fondo. Se trata de un aspecto de corrección de un sistema con el cual discrepamos, esto es, con la privatización de la seguridad social. Si bien no vamos a reproducir "inextenso" los fundamentos que nos llevaron a no estar de acuerdo con este régimen ni con la estructura que se le dio, sólo debemos manifestar que entendemos que la verdadera garantía para los pasivos y activos es que los fondos queden en el Banco de Previsión Social. Asimismo, hemos sostenido que la mecánica de la Ley Nº 16.713 es violatoria del artículo 67 de la Constitución, el que no admite que se le retiren aportes a los trabajadores para entregarlos a la especulación de empresas privadas. Ese no es un régimen de seguro social, sino de privatización de la seguridad social.

Este proyecto de ley tiende a tratar de rectificar una inversión de las AFAP que no se ajusta a las previsiones, tendientes a mantener las garantías para los trabajadores. Como dijimos, las garantías se hubieran realmente mantenido si se siguiera tratando de una seguridad social de carácter solidario y estatal, y no esta mecánica de privatización. Esto lo manifestamos en alguna oportunidad cuando inclusive se habló de garantía del Estado. Al respecto, debo agregar que en realidad no hay en la Ley 16.713 garantía real y efectiva de parte del Estado para estos aportes que van a quedar librados a la suerte y a la forma en que los maneje las AFAP, a través de la especulación particular que lleven adelante. Especialmente los artículos 139 y 140 de la Ley de Seguridad Social presentan cierta habilidad en la redacción. Dicen que van a garantizar la liquidación judicial de las aseguradoras, pero no de las AFAP. Además, todos sabemos que la liquidación judicial no tiene por qué darse, ya que las empresas pueden liquidarse privadamente. Por lo tanto, prevé una de las dos hipótesis, pero si una AFAP quiebra o entra en liquidación y no lo hace por vía judicial, sino privada, no existen garantías. Además, solamente por el artículo 140 se garantizan las AFAP que sean propiedad del Estado y no la de los particulares. De manera que existen verdaderos riesgos, y se apruebe o no este artículo, dentro de 25 ó 30 años habrá que ver qué sucedió con los aportes que estuvieron en manos de especuladores de la actividad comercial, pues es ésa y no otra la condición de las AFAP. Aún aquellas cuya propiedad accionaria está en manos del Estado, también se rigen -porque lo dice expresamente la Ley Nº 16.713, en una óptica totalmente neoliberal- por el Derecho Privado.

Se podrá decir que se trata de una medida que pretende corregir determinada situación, pero nosotros entendemos que la única forma de lograr eso sería volviendo al régimen de seguridad social solidario y estatal, dejando de lado esta mecánica que privatizó en un alto porcentaje los aportes de los trabajadores, poniéndolos en riesgo, y violando las características del seguro social establecidas en el artículo 67 de la Constitución, como forma de enfrentar el riesgo de vejez.

Por las razones de fondo que señalamos, consideramos que no tenemos que pronunciarnos porque solamente se trata este proyecto de un maquillaje para algo que está mal en su base y que nosotros votamos negativamente.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: simplemente quisiera hacer un fundamento de voto por adelantado.

En su oportunidad, no votamos el proyecto de ley que se discutió en el Senado y quiero advertir que el Poder Ejecutivo con esta iniciativa persigue un doble objetivo. En primer término, pretende tener la posibilidad de ampliar su capacidad de endeudamiento -lo dice expresamente el Mensaje del Poder Ejecutivo- dado que las AFAP habían comenzado a tener en sus carteras títulos públicos emitidos dentro del tope de endeudamiento. Este artículo dice que no estarán comprendidos dentro de los topes de endeudamiento estos títulos en Unidades Reajustables, lo que por una vía indirecta amplía la capacidad de endeudamiento del Estado. En segundo lugar, suprime una cláusula del artículo 144, que habilitaba a que estos títulos fueran adquiridos exclusivamente por las AFAP y no pudieran ser transferidos sino a otras administradoras. En síntesis, los introduce en el mercado de valores.

Quería hacer estas apreciaciones porque es menester recordar el contenido objetivo de lo que propone el Poder Ejecutivo.

A su vez, comparto los fundamentos que ha dado en la tarde de hoy el señor Senador Sarthou como así también los que expuso el señor Senador Couriel cuando se discutió el proyecto por primera vez.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en un solo acto si se aceptan o no las modificaciones planteadas por la Cámara de Representantes al proyecto inicialmente aprobado por el Senado.

(Se vota:)

-17 en 24. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

11) APORTACIONES DEL SECTOR RURAL AL BANCO DE PREVISION SOCIAL

SEÑOR PRESIDENTE - Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se modifica el sistema de aportación del sector rural al Banco de Previsión Social. (Carp. Nº 584/96 - Rep. Nº498/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 584/96
Rep. Nº 498/97

Camara de Representantes

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - A partir del 1º de mayo y hasta el 31 de diciembre de 1996, la tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) para los trabajadores rurales amparados en la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en las categorías ocupacionales que aportan el 10% (diez por ciento) según el artículo 9º de la citada ley, será del 12% (doce por ciento), incrementándose al 13% (trece por ciento) a partir del 1º de enero de 1997, al 14% (catorce por ciento) a partir del 1º de mayo de 1997 y al 15% (quince por ciento) a partir del 1º de enero de 1998. En las restantes categorías, la referida tasa será del 15% (quince por ciento) a partir del 1º de mayo de 1996. Por el mes de abril de 1996 los referidos trabajadores aportarán de conformidad con lo dispuesto en la mencionada ley y de acuerdo al régimen vigente al inicio del respectivo cuatrimestre.

A efectos de la cobertura del aumento de aportaciones personales dispuesto en el inciso precedente, así como el aporte al seguro social por enfermedad a que refiere el artículo 3º de la presente ley y a partir de la vigencia de cada uno de ellos, se incrementarán las remuneraciones sujetas a montepío, en el porcentaje necesario a fin de que las remuneraciones líquidas sean equivalentes a las abonadas con anterioridad a dichas fechas.

Artículo 2º. - La diferencia en los aportes de montepío personal que surge de considerar las tasas establecidas en el artículo anterior y el 15% (quince por ciento) será financiada con cargo a Rentas Generales. Bajo ningún concepto afectará la cuenta de ahorro individual del trabajador.

Artículo 3º. - A partir del primer día del cuatrimestre siguiente a la fecha de vigencia de la presente ley los trabajadores rurales comprendidos en la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, aportarán a los seguros sociales por enfermedad a una tasa del 3% (tres por ciento) sobre el total de sus asignaciones computables sujetas a montepío. A estos efectos se entiende que los cuatrimestres comienzan el 1º de enero, 1º de mayo y 1º de setiembre.

Artículo 4º. - Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, con las modificaciones introducidas por el artículo 2º de la Ley Nº 15.953, de 6 de junio de 1988, por el siguiente:

"Artículo 7º. - Declárase que a los efectos dispuestos en el literal D) del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.087, de 9 de diciembre de 1980, la existencia del cónyuge colaborador no altera el carácter unipersonal de la empresa.

Estarán asimismo en condiciones de percibir el beneficio las empresas unipersonales que empleen no más de un trabajador subordinado".

Artículo 5º. - Los afiliados al Banco de Previsión Social comprendidos en el artículo 7º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 4º de la presente ley, podrán ejercer la opción de afiliarse al seguro por enfermedad.

Quienes efectúen la opción de afiliación, exploten predios de hasta 500 hectáreas y no perciban otros ingresos que los derivados de dicha explotación aportarán, sin perjuicio de la obligatoriedad de estar al día en las aportaciones al sistema de la seguridad social, el 30% (treinta por ciento) del valor de la cuota mutual determinada de acuerdo a lo previsto por el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Los empresarios rurales que opten por la afiliación y no se encuentren comprendidos en el inciso anterior deberán abonar la totalidad de la cuota establecida en el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, sin perjuicio de la obligatoriedad de estar al día en las aportaciones al sistema de seguridad social.

La referencia precedente a extensión de campo se aplicará a los predios con índice de productividad CONEAT 100, debiéndose ajustar proporcionalmente dichos valores, en cada caso, al índice de productividad CONEAT de los predios respectivos.

Artículo 6º. - El pago del 30% (treinta por ciento) del valor de la cuota mutual, previsto en el artículo 5º de la presente ley, por parte del titular de la explotación, incluye el amparo del cónyuge colaborador a los beneficios que brindan los seguros sociales por enfermedad hasta el 31 de diciembre de 1996. A partir de esta fecha, el cónyuge colaborador de los empresarios rurales a que refiere el inciso segundo del citado artículo, en caso de ejercer la opción de afiliación, aportará el 30% (treinta por ciento) del valor de la cuota mutual determinada de acuerdo a lo previsto en el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Artículo 7º. - Dispónese que el artículo 340 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, a partir del 1º de abril de 1995, no rige para los titulares de empresas rurales unipersonales y sus cónyuges colaboradores.

Artículo 8º. - Derógase a partir del 1º de abril de 1995, el artículo 339 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Artículo 9º. - Derógase el inciso segundo del artículo 181 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995. Lo dispuesto en este artículo rige desde el 1º de abril de 1996.

Artículo 10. - La presente ley entrará en vigencia el primer día hábil del mes siguiente a su publicación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de noviembre de 1996.

Jorge Machiñena Presidente
Martín García Nin Secretario

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Montevideo, 3 de setiembre de 1996.

Señor Presidente de la Asamblea General:

Dr. Hugo Batalla.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a consideración de ese Cuerpo, el siguiente proyecto de ley y su pertinente exposición de motivos relacionados a la aportación del Sector Rural al Banco de Previsión Social.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 181 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, dispuso que a partir de la vigencia de dicha ley (1º de abril de 1996), la tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) sobre todas las asignaciones computables gravadas por las contribuciones especiales de seguridad social, en actividades amparadas por el Banco de Previsión Social, incluidas las rurales a que refiere la Ley Nº 15.852 de 24 de diciembre de 1986, será del 15% (quince por ciento). A partir de la misma fecha, los trabajadores rurales comprendidos en la referida ley deberán aportar a los seguros sociales por enfermedad a una tasa del 3% (tres por ciento) sobre el total de sus asignaciones computables sujetas a montepío.

Como puede verse, la Ley de Seguridad social equiparó a todos los trabajadores en cuanto al porcentaje de aportación sobre las asignaciones computables.

Ello determina que los trabajadores del Sector Rural aporten al Banco de Previsión Social un 18% (dieciocho por ciento) a partir del 1º de abril de 1996, más el Impuesto a las Retribuciones Personales (I. R. P.) que corresponda.

De acuerdo al artículo 182 de la Ley Nº 16.713 la diferencia entre la nueva escala de aportes personales (18%) y la anterior a su vigencia (10 ó 13%) según la categoría salarial del trabajador, más el eventual aumento en el I.R.P. por cambios de escala, deben ser absorbidos por el empleador, de forma que los salarios líquidos no sean inferiores a los calculados con el nivel tributario anterior. Lo descrito determina que el aporte total crece por encima del 80% (ochenta por ciento) en la mayoría de los casos.

A efectos de evitar que el Sector se vea afectado en su ecuación económico-financiera, por el sensible aumento en la aportación personal, que por aplicación del artículo 182 ya referido repercute en el costo de la explotación por su traslado al patrono rural, se propone un aumento progresivo de las tasas de montepío personal que tiene como finalidad atenuar tal impacto sobre todo en los sub-sectores de mayor intensidad en la utilización de mano de obra.

Es también conveniente recordar que la Ley Nº 16.713 incrementó las aportaciones personales para el resto de las actividades que contribuyen al Banco de Previsión Social del 13% al 15%, también trasladables al empleador, pero compensatoriamente disminuyó un 2% los aportes patronales, cosa que no ocurrió en el Sector Rural.

En tal sentido, se propone que a partir del 1º de mayo de 1996 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, la tasa de aportación para los trabajadores rurales que aportaban el 10% antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.713, citada sea del 12% (doce por ciento) incrementándose en un punto (13%) a partir del 1º de enero de 1997 y hasta el 30 de abril de 1997, otro punto (14%) a partir del 1º de mayo de 1997 y llevando la tasa de aportación al 15% a partir del 1º de enero de 1998.

Por otro lado, se proyecta diferir la entrada en vigencia del aporte del 3% con destino a los seguros sociales por enfermedad, contenida en el artículo 181 de la Ley Nº 16.713 ya mencionado, conjuntamente con la derogación de las normas de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 (artículos 339 y 341). El artículo 3º de la ley proyectada dispone que el 3% con el destino indicado, comenzará a regir a partir del primer día del cuatrimestre siguiente a la fecha de vigencia de la ley, fijando los cuatrimestres a partir del 1º de enero, 1º de mayo y 1º de setiembre de cada año.

El proyecto de ley contempla la situación de los empresarios rurales que opten por afiliarse al seguro por enfermedad. Hasta la fecha los patronos y cónyuges rurales, en determinadas condiciones, eran beneficiarios del seguro por enfermedad, sin aportación, al no haberse ejecutado las normas contenidas, al respecto, en la Ley Nº 16.320 citada. El sistema implementado en dicha Ley era poco operativo, oneroso y de difícil aplicación.

A partir de la vigencia de esta ley, la aportación por la afiliación voluntaria del patrón será de un 30% (treinta por ciento) del valor de una cuota mutual determinada de acuerdo a lo previsto en el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, para los que exploten predios de hasta quinientas hectáreas, no perciban otros ingresos y tengan hasta un dependiente.

Dicho pago ampara también al cónyuge colaborador de los empresarios rurales hasta el mes de diciembre de 1996; a partir de dicha fecha y de optar por la afiliación, éstos aportarán también un 30% (treinta por ciento) del valor de la referida cuota.

En contrapartida se derogan, desde la vigencia de la última prórroga legal, los artículos 339 y 341 de la Ley 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Luis A. Mosca, Carlos Gasparri, Ana Lía Piñeyrúa.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - A partir del primero de mayo de 1996 y hasta el 31 de diciembre de 1996, la tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) para los trabajadores rurales amparados en la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en las categorías ocupacionales que aportan el 10% (diez por ciento) según el artículo 9º de la citada ley, será del 12% (doce por ciento), incrementándose al 13% (trece por ciento) a partir del 1º de enero de 1997, al 14% (catorce por ciento) a partir del 1º de mayo de 1997 y al 15% (quince por ciento) a partir del 1º de enero de 1998. En las restantes categorías, la referida tasa será del 15% (quince por ciento) a partir del 1º de mayo de 196. Por el mes de abril de 1996 los referidos trabajadores aportarán de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 15.852 y de acuerdo al régimen vigente al inicio del respectivo cuatrimestre.

A efectos de la cobertura del aumento de aportaciones personales dispuesto en el inciso precedente, a partir de la vigencia de cada uno de ellos, se incrementarán las remuneraciones sujetas a montepío, en el porcentaje necesario a fin de que las remuneraciones líquidas sean equivalentes a las abonadas previamente.

Art. 2º. - La diferencia en los aportes de montepío personal que surge de considerar las tasas establecidas en el artículo anterior y el 15% (quince por ciento) será financiada con cargo a rentas generales, no afectando la cuenta de ahorro individual del trabajador.

Art. 3º. - A partir del primer día del cuatrimestre siguiente a la fecha de vigencia de la presente ley, los trabajadores rurales comprendidos en la Ley Nº 15.852 de 24 de diciembre de 1986, aportarán a los seguros sociales por enfermedad a una tasa del 3% (tres por ciento) sobre el total de sus asignaciones computables sujetas a montepío. A estos efectos se entiende que los cuatrimestres comienzan el primero de enero, primero de mayo y primero de setiembre.

Art. 4º. - Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, con las modificaciones introducidas por el artículo 2º de la Ley Nº 15.953 de 6 de junio de 1988 por el siguiente:

"ARTICULO 7º. - Declárase que a los efectos dispuestos por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.087, de 9 de diciembre de 1980, la existencia del cónyuge colaborador no altera el carácter unipersonal de la empresa.

Estarán asimismo en condiciones de percibir el beneficio las empresas unipersonales que empleen no más de un trabajador subordinado".

Art. 5º. - Los afiliados al Banco de Previsión Social comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.087 de 9 de diciembre de 1980, podrán ejercer la opción de afiliarse al seguro de enfermedad.

Quiénes efectúen la opción de afiliación, exploten predios de hasta quinientas hectáreas y no perciban otros ingresos que los derivados de dicha explotación aportarán, sin perjuicio de la obligatoriedad de estar al día en las aportaciones al sistema de la seguridad social, el 30% del valor de la cuota mutual determinada de acuerdo a lo previsto por el artículo 337 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992.

Los empresarios rurales que opten por la afiliación y no se encuentren comprendidos en el inciso anterior deberán abonar la totalidad de la cuota establecida en el artículo 337 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992, sin perjuicio de la obligatoriedad de estar al día en las aportaciones al sistema de la seguridad social.

La referencia precedente a extensión de campo se aplicará a los predios con índice de productividad CONEAT 100, debiéndose ajustar proporcionalmente dichos valores, en cada caso, al índice de productividad CONEAT de los predios respectivos.

Art. 6º. - El pago del 30% del valor de la cuota mutual, previsto en el artículo 5º de la presente ley, por parte del titular de la explotación, incluye el amparo del cónyuge colaborador a los beneficios que brindan los Seguros Sociales por enfermedad hasta el 31 de diciembre de 1996. A partir de esta fecha, el cónyuge colaborador de los empresarios rurales a que refiere el inciso segundo del citado artículo, en caso de ejercer la opción de afiliación, aportarán el 30% del valor de la cuota mutual determinada de acuerdo a lo previsto en el 337 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992.

Art. 7º. - Dispónese que el artículo 340 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992, a partir del 1º de abril de 1995, no rige para los titulares de empresas rurales unipersonales y sus cónyuges colaboradores.

Art. 8º. - Deróganse a partir del primero de abril de 1995 los artículos 339 y 341 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992.

Art. 9º. - Derógase el inciso 2º del artículo 181 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995. Lo dispuesto en este artículo rige es de el primero de abril de 1996.

Art. 10. - La presente ley entrará en vigencia el primer día hábil del mes siguiente a su publicación.

Luis A. Mosca, Carlos Gasparri, Ana Lía Piñeyrúa.

CAMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Seguridad Social

INFORME EN MINORIA

Señores Representantes:

La Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, que crea el nuevo sistema previsional comprendiendo en forma obligatoria a todas las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social, incluye en su artículo 181, una equiparación de la fórmula de cálculo y la tasa de aportes de todas las actividades, incluyendo las rurales, que por la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, tenían un régimen diferencial.

Como consecuencia, se impone un aumento de las aportaciones que eleva la tasa de las mismas a un 18%, sumados los aportes al sistema previsional, que son del 15% más los que corresponden al seguro social por enfermedad que son del 3%.

El proyecto de ley adjunto, que ingresó a la Cámara de Representantes por iniciativa del Poder Ejecutivo (artículo 86 de la Constitución de la República), se constituye en la fórmula legal por la cual se pone en práctica el principio de la simetría de los aportes al Banco de Previsión Social, y agrega la solución a la fórmula de financiamiento al régimen de pago de la cobertura mutual, a través de los seguros sociales por enfermedad.

En aplicación del criterio del artículo 182 de la mencionada Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el aumento de las tasas que en algunos casos significan (sumando Banco de Previsión social y ex-DISSE) 5% y hasta 8% debe ser asumido por el patrón, a fin de que no signifique una disminución del salario del trabajador rural.

Asimismo, debe ser practicado un sistema progresivo del aumento de dichas tasas, a fin de que este incremento no provoque un fuerte impacto en este sector.

Para atender esta situación, la iniciativa encuentra una fórmula de aumento progresivo según la siguiente escala, para las categorías que aportaban un 10%.

Progresivo de Aumento de
los Aportes al Régimen Previsional

Fecha %
1/5/96 12
1/1/97 13
1/5/97 14
1/1/98 15 15

Mientras, el 3% se generará a partir del primer día hábil de cuatrimestre siguiente a la aprobación de la presente ley, fijándose la iniciación de los cuatrimestres el 1º de enero, el 1º de mayo y el 1º de setiembre.

En relación a la situación de los pequeños empresarios rurales y su cónyuge colaborador, se establece un régimen especial que rige a partir de la vigencia de la ley el que obliga al pago del 30% del valor de la cuota mutual, determinada de acuerdo a lo establecido en el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

El proyecto que originalmente enviara el Poder Ejecutivo, ha sufrido algunos ajustes en su redacción a fin de esclarecer el alcance de las disposiciones que lo integran, especialmente, en la determinación exacta de que ningún aumento en la tributación de los que se disponen puede significar una disminución en el salario del trabajador.

Resultados Económicos de la Aplicación de las Normas Proyectadas

Dentro de las informaciones que el Banco de Previsión Social entregó a esta Asesora, nos parece oportuno destacar un resumen que establece los términos de la mayor recaudación que el Organismo Provisional tendrá en el futuro, en caso que el proyecto a estudio se convierta en ley.

En un informe de la Asesoría Económica y Actuarial del Banco de Previsión Social, se señala "En resumen, si se compara la recaudación estimada a partir del proyecto de ley con respecto al régimen anterior, las diferencias se ubican para el período mayo-diciembre/96 en un entorno de 5 millones de dólares constantes por recaudación IVS de trabajadores dependientes. Para 1997, por este mismo concepto la recaudación aumentaría en el entorno de 8,8 millones de dólares constantes y por Seguros de Enfermedad 14,6 millones de dólares constantes, lo que totalizaría para este último año 23,4, millones de dólares constantes".

CUADRO RESUMEN COMPARATIVO RECAUDACION

En millones de dólares constantes promedio 1er.
cuatrimestre 1996

1996
mayo/96-diciembre/96
1997
I. Recaudación estimada según régimen anterior a Ley Nº 16.713
I. APORTES IVS
Dependiente
2da. categoría (10%) 7,959 11,938
1ra. categoría (10%) 3,978 5,967
Rentas Generalles 0 0
Recaudación IVS dependientes BPS 11,937 17,905
2. APORTES ENFERMEDAD
Dependientes
2da. categoría (0%) 0 0
1ra. categoría (0%) 0 0
Patronos Unipersonales 0 0
Recaudación Enfermedad BPS 0 0
II. Recaudación estimada según proyecto de ley
I. APORTES IVS Dependientes
2da. categoría (12% - 14%)

(Art. 1)

9.,770 17,640
1ra. categoría (15%)

(Art. 1)

4,699 7,310
Rentas Generales

(Art. 2)

16,912 26,668
Recaudación IVS dependiente BPS
2. APORTES ENFERMEDAD
Dependientes
2a. categoría (3%)

(Art. 3)

0 3,872
1ra. categoría (3%)

(Art. 3)

0 1,462
Patronos Unipersonales
Recaudaciòn Enfermedad BPS
0 14,634
III. Variación neta
Racaudación IVS dependientes BPS
Recaudación Enfermedad BPS

4,975
0

8,763
14,634

En el cuadro que precede se esclarece la situación comparando la recaudación del régimen legal vigente con el proyectado.

La Comisión desea hacer saber a la Cámara, que trabajó intensamente sobre esta iniciativa, recibiendo la opinión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de Previsión Social, el proyecto URU/90/002 (fase 2) Convenio BPS-PNUD, y representantes de los sectores gremiales interesados, recibiendo de sus opiniones una impresión favorable en general.

Por los fundamentos expuestos, vuestra Asesora aconseja a la Cámara la sanción del adjunto proyecto de ley, recomendando que su trámite sea dispuesto con celeridad en atención a la necesidad urgente de aprobar definitivamente un nuevo marco legal, adecuando el régimen de aportaciones del sector rural al Banco de Previsión Social y una solución al financiamiento de los seguros sociales por enfermedad.

Sala de la Comisión, 5 de noviembre de 1996.

Jaime Mario Trobo (Miembro Informante), Yeanneth Puñales Brun, Carlos Testoni, Guillermo Chifflet y Enrique Pintado, discorde por los siguientes fundamentos:

La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes, ha trabajado intensamente sobre el sistema de aportación del sector rural: las normas incluidas en la Ley de Rendición de Cuentas Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y las de la última Ley de Seguridad Social Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 resultaron absolutamente inaplicables. Como consecuencia, no sólo se enfrentaron dificultades administrativas sino -lo que es más grave- problemas de financiamiento.

El Banco de Previsión Social sólo ha cobrado el primer cuatrimestre de 1996; y los aportes rurales que no percibe termina pagándolos el propio Banco.

Aunque algunos de los motivos de nuestra discrepancia con el proyecto, habrían podido superarse si se hubiese dispuesto de más tiempo para el análisis, compartimos la celeridad con que este tema debe ser considerado por el Parlamento. Uno de los directores sociales del Banco de Previsión Social (el señor Ernesto Murro) dejó constancia, al respecto, de lo importante que resulta analizar los proyectos de ley de la manera que lo hizo la Comisión; contando con la presencia de distintas partes involucradas y partiendo de la base que es necesario reformar el régimen de aportes del sector rural; porque es deficitario y porque tiene, además, serias insuficiencias de cobertura.

Corresponde analizar -aunque esto duplique la referencia a las disposiciones legales realizadas ya, con objetividad, por el Informe en Mayoría- las líneas fundamentales del proyecto.

La última Ley de Seguridad Social Nº 16.713, promulgada el 3 de setiembre de 1995, equiparó a todos los trabajadores en el porcentaje de aportes jubilatorios, establece:

"Artículo 181. (Incremento de tasa de aportes personal). - A partir de la vigencia de la presente ley, la tasa de aporte personal jubilatorio (montepío) sobre todas las asignaciones computables gravadas por las contribuciones especiales de seguridad social, en actividades amparadas por el Banco de Previsión Social, incluidas las rurales a que refiere la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, será del 15% (quince por ciento)".

(El artículo agrega que los trabajadores rurales comprendidos en la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, deberán aportar a los seguros por enfermedad una tasa del 3% sobre el total de sus asignaciones sujetas a montepío).

Los aportes alcanzan, en consecuencia, al 18%.

El artículo 182 de la Ley de Seguridad Social determina, a su vez, que la diferencia entre los nuevos aportes (18%) y la escala anterior a su vigencia (establecida en el artículo 9º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, que marcó aportes del 10% y del 13% según la categoría salarial del trabajador), deben ser absorbidos por el empleador. De esa manera el legislador buscó evitar, expresamente, que los salarios líquidos no se redujeran.

Teniendo en cuenta que sobre la escala de 10% y 13% se pasa al 18% (es decir, que en muchos casos se aumentó el aporte hasta un 80%) el artículo 1º del proyecto que pasa a consideración del Plenario de la Cámara, se propone que esos costos repercutan lo menos posible sobre la economía de los establecimientos. Con tal objetivo dispone que: desde el 1º de mayo de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1996 el montepío para trabajadores rurales amparados en la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986 (artículo 9º) que aportan el 10%, pasará al 12%.

- Dicho montepío se incrementará al 13% a partir del 1º de enero de 1997;

- al 14% a partir del 1º de mayo de 1997, y

- al 15% a partir del 1º de enero de 1998.

Se establece, además, que "a efectos de la cobertura del aumento de aportaciones personales dispuesto", así como "del aporte al Seguro Social por Enfermedad", a partir de la vigencia de cada uno de ellos se incrementarán las remuneraciones sujetas a montepío en el porcentaje necesario a fin de que las remuneraciones líquidas sean equivalentes a las abonadas con anterioridad". Importa subrayar este aspecto, porque los representantes de los Sindicatos de la Agroindustria denunciaron, en la Comisión de Seguridad Social que, en la práctica, hay empresas que descontaron a los trabajadores el 3% de los aportes al seguro por enfermedad y no lo han devuelto. En algunos casos, los han dejado de descontar, pero no han comunicado el aumento que corresponde para compensar la elevación del aporte.

Consideramos que deberá instrumentarse una forma rápida de devolución de esos aportes que abarcan, en algunos casos, desde mayo en adelante y que han alcanzado a los sueldos y al aguinaldo.

El proyecto que analizamos se propone superar una realidad que tenía, como consecuencia práctica, el no aporte a la seguridad social del sector rural, con todas sus consecuencias. Pero no podemos acompañar el criterio que propone el Poder Ejecutivo, porque determina un aporte mayor para los establecimientos que contratan más mano de obra. No nos resulta compartible que, en tanto intentamos combatir la desocupación (para lo cual una de las medidas deberá consistir en incentivos para los establecimientos que ofrezcan más mano de obra) castiguemos, paralelamente, a los que brindan trabajo a mayor número de personas.

Compartimos, en ese sentido, la propuesta de los Sindicatos de Asalariados Rurales que visitaron la Comisión, que se establezca un razonable aporte progresivo a medida que cada empresa disponga de mayor número de hectáreas.

Esta misma discrepancia con el proyecto del Ejecutivo fue desarrollada en Comisión por el director Ernesto Murro quien, además de sostener que es necesario hacer una reforma de los aportes rurales al Banco de Previsión Social porque son deficitarios, señaló que "quienes pagarán los aumentos de los aportes serán fundamentalmente los medianos, los pequeños productores y los trabajadores". "Simultáneamente -agregó- se rebaja el aporte a los establecimientos con grandes extensiones de tierra". (...) "A nuestro juicio -expresó Murro- para repartirse mejor la carga tributaria debería fijarse un aumento progresivo por franjas de hectáreas, de acuerdo al cual las explotaciones mayores pagasen porcentualmente más que las de menor extensión". En tal sentido, la escala propuesta hace algún tiempo por la Comisión Tripartita (empresarial, obreros y Banco de Previsión Social) era la siguiente:

Escala actual y propuesta:

Franja

Actual Ley Nº 15.852 Propuesta
200 há 1,5 o/oo 1,65 o/oo
500 há 1,8 o/oo 1,98 o/oo 1,98 o/oo
1.000 há 1,9 o/oo 2,09 o/oo
2.500 há 2,1 o/oo 2,31 o/oo
5.000 há 2,3 o/oo 2,53 o/oo
10.000 há 2,6 o/oo 2,86 o/oo
10.000 há 2,9 o/oo 3,19 o/oo

Incremento estimado de recaudación: U$S 2:600.000.

Promueve, además, nuestra discrepancia con este aspecto del proyecto, la idea de que los aportes establecidos, al incidir más según el mayor número de trabajadores puede provocar despidos y estimular la evasión o trabajo "en negro".

El artículo 2º del proyecto que pasa al Plenario de Representantes, establece que la diferencia en los aportes de montepío que surge de la escala de valores determinada en el artículo 1º, y el 15% que comenzará a regir el 1º de enero de 1998, será financiado con cargo a Rentas Generales. Se propone, pues -mediante ese aporte que queda a cargo de la sociedad- un subsidio genuino y no se impute al déficit de la seguridad social.

El artículo 3º indica las fechas a partir de las cuales se realizarán los aportes al seguro por enfermedad. Las cuatrimestres a los que se refiere el proyecto comienzan el 1º de enero, 1º de mayo, y 1º de setiembre. El aporte del 3% deberá ser servido a partir del primer día hábil correspondiente al cuatrimestre siguiente a la aprobación de la ley.

Los artículos 4º, 5º y 6º se refieren a los aportes al seguro por enfermedad de los empresarios rurales.

Aquellos que opten por la afiliación, exploten predios de hasta 500 hectáreas y no perciban otros ingresos que los derivados de dicha explotación, aportarán el 30% del valor de la cuota mutual determinada de acuerdo a lo previsto en el artículo 337 de la Ley Nº 16.320. (Será obligatorio, además, que estén al día en las aportaciones al sistema de seguridad social).

El artículo citado de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 indica que el Poder Ejecutivo fijará mensualmente el valor promedio de la cuota mutual de afiliación individual, la que servirá de base para la determinación del aporte patronal al seguro por enfermedad, así como la cuota mutual que el Banco de Previsión Social abonará a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva prestadoras de los servicios. La ley establece, asimismo, que la cuota mutual será fijada por el Ejecutivo en un porcentaje del valor promedio ponderado por el número de afiliados, que se ubicará entre un 85% y un 90% del mismo, etc. (Se indica, además, cómo se debe calcular el valor promedio y se fija el plazo dentro del cual el Ejecutivo tiene que comunicar al Banco de Previsión Social el valor de la cuota mutual que éste abonará a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva).

El artículo 6º se refiere al amparo, dentro de los beneficios señalados, del cónyuge colaborador, y determina a partir de qué fecha dicho cónyuge deberá aportar también el 30% de la cuota mutual si opta por la afiliación.

Los artículos 7º y 8º derogan el régimen que establece la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992. El artículo 9º deja sin efecto el inciso segundo de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 sustituido, asimismo, por las normas del proyecto a consideración.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - A partir del 1º de mayo de 1996 y hasta el 31 de diciembre de 1996, la tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) para los trabajadores rurales amparados en la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en las categorías ocupacionales que aportan el 10% (diez por ciento) según el artículo 9º de la citada ley, será del 12% (doce por ciento), incrementándose al 13% (trece por ciento) a partir del 1º de enero de 1997, al 14% (catorce por ciento) a partir del 1º de mayo de 1997 y al 15% (quince por ciento) a partir del 1º de enero de 1998. En las restantes categorías, la referida tasa será del 15% (quince por ciento) a partir del 1º de mayo de 1996. Por el mes de abril de 1996 los referidos trabajadores aportarán de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986 y de acuerdo al régimen vigente al inicio del respectivo cuatrimestre.

A efectos de la cobertura del aumento de aportaciones personales dispuesto en el inciso precedente, así como el aporte al Seguro Social por Enfermedad a que refiere el artículo 3º de la presente ley y a partir de la vigencia de cada uno de ellos, se incrementarán las remuneraciones sujetas a montepío, en el porcentaje necesario a fin de que las remuneraciones líquidas sean equivalentes a las abonadas con anterioridad a dichas fechas.

Art. 2º. - La diferencia en los aportes de montepío personal que surge de considerar las tasas establecidas en el artículo anterior y el 15% (quince por ciento) será financiada con cargo a Rentas Generales. Bajo ningún concepto afectará la cuenta de ahorro individual del trabajador.

Art. 3º. - A partir del primer día del cuatrimestre siguiente a la fecha de vigencia de la presente ley, los trabajadores rurales comprendidos en la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, aportarán a los Seguros Sociales por Enfermedad a una tasa del 3% (tres por ciento) sobre el total de sus asignaciones computables sujetas a montepío. A estos efectos se entiende que los cuatrimestres comienzan el 1º de enero, 1º de mayo y 1º de setiembre.

Art. 4º. - Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, con las modificaciones introducidas por el artículo 2º de la Ley Nº 15.953, de 6 de junio de 1988 por el siguiente:

"ARTICULO 7º. - Declárase que a los efectos dispuestos en el literal D) del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.087, de 9 de diciembre de 1980, la existencia del cónyuge colaborador no altera el carácter unipersonal de la empresa.

Estarán asimismo en condiciones de percibir el beneficio las empresas unipersonales que empleen no más de un trabajador subordinado".

Art. 5º. - Los afiliados al Banco de Previsión Social comprendidos en el artículo 7º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 4º de la presente ley, podrán ejercer la opción de afiliarse al seguro por enfermedad.

Quienes efectúen la opción de afiliación, exploten predios de hasta 500 hectáreas y no perciban otros ingresos que los derivados de dicha explotación aportarán, sin perjuicio de la obligatoriedad de estar al día en las aportaciones al sistema de la seguridad social, el 30% (treinta por ciento) del valor de la cuota mutual determinada de acuerdo a lo previsto por el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Los empresarios rurales que opten por la afiliación y no se encuentren comprendidos en el inciso anterior deberán abonar la totalidad de la cuota establecida en el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, sin perjuicio de la obligatoriedad de estar al día en las aportaciones al sistema de la seguridad social.

La referencia precedente a extensión de campo se aplicará a los predios con índices de productividad CONEAT 100, debiéndose ajustar proporcionalmente dichos valores, en cada caso, al índice de productividad CONEAT de los predios respectivos.

Art. 6º. - El pago del 30% (treinta por ciento) del valor de la cuota mutual, previsto en el artículo 5º de la presente ley, por parte del titular de la explotación, incluye el amparo del cónyuge colaborador a los beneficios que brindan los Seguros Sociales por Enfermedad hasta el 31 de diciembre de 1996. A partir de esta fecha, el cónyuge colaborador de los empresarios rurales a que refiere el inciso segundo del citado artículo, en caso de ejercer la opción de afiliación, aportarán el 30% (treinta por ciento) del valor de la cuota mutual determinada de acuerdo a lo previsto en el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Art. 7º. - Dispónese que el artículo 340 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, a partir del 1º de abril de 1995, no rige para los titulares de empresas rurales unipersonales y sus cónyuges colaboradores.

Art. 8º. - Derógase a partir del 1º de abril de 1995 el artículo 339 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Art. 9º. - Derógase el inciso segundo del artículo 181 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995. Lo dispuesto en este artículo rige desde el 1º de abril de 1996.

Art. 10. - La presente ley entrará en vigencia el primer día hábil del mes siguiente a su publicación.

Sala de la Comisión, 5 de noviembre de 1996.

Jaime Mario Trobo (Miembro Informante), Yeanneth Puñales Brun, Carlos Testoni, Guillermo Chifflet (discorde), Enrique Pintado (discorde)."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: fui designado Miembro Informante por la Comisión.

Este proyecto de ley que ya tiene media sanción, fue remitido por el Poder Ejecutivo el 3 de setiembre del año pasado y tiene relación con los aportes del sector rural al Banco de Previsión Social. Ocurre que la ley de reforma previsional, en su artículo 181, estableció una equiparación de las fórmulas de cálculo y la tasa de aporte de todas las actividades, naturalmente, incluyendo las rurales. Por una ley anterior -la Nº 15.582, de 24 de diciembre de 1986- la actividad rural tenía un régimen diferencial en esta materia. Como consecuencia de esto, se produjo un aumento de los aportes y la tasa se elevó a un 18%, si tenemos en cuenta el 3% relativo al seguro social por enfermedad.

Este proyecto de ley que, en su esencia, fue compartido por la mayoría de la Bancada de la Cámara de Representantes -ya que las observaciones que se le hicieron fueron sólo de forma y de procedimiento- pone en práctica el principio de la simetría de los aportes al Banco de Previsión Social y agrega la solución a la fórmula de financiamiento al régimen de pago de la cobertura mutual, a través de los seguros sociales por enfermedad.

En aplicación del artículo 182 de la ya referida ley de reforma previsional, el aumento de las tasas -que, en algunos casos, sumando el Banco de Previsión Social representa un 5% y hasta un 8%- debe ser asumido por el patrón a fin de no producir una disminución en el salario de los trabajadores rurales. Al mismo tiempo, debe practicarse un escalonamiento, es decir, un mecanismo de aumento progresivo en las tasas para que este incremento no gravite pesadamente sobre el sector rural.

Es en base a esto que el proyecto de ley establece una fórmula de aumento progresivo para las categorías que aportaban un 10%. De esta manera, pasa al 12% a partir del 1º de mayo de 1996, al 13% desde el 1º de enero de 1997, al 14% a partir del 1º de mayo de 1997 y, finalmente, al 15% desde el próximo 1º de enero de 1998. Entre tanto, el 3% se generará a partir del primer día hábil del cuatrimestre siguiente a la aprobación de esta ley, fijándose la iniciación de los cuatrimestres el 1º de enero, el 1º de mayo y el 1º de setiembre de cada año.

En relación a la situación de los pequeños empresarios rurales y sus cónyuges colaboradores, se establece un régimen especial que regirá a partir de la vigencia de esta ley. Este régimen obliga al pago del 30% del valor de la cuota mutual, determinada de acuerdo a la Ley Nº 16.320, de noviembre de 1992, según la cual el Poder Ejecutivo fijaría mensualmente el valor promedio de la cuota mutual de afiliación individual, lo que se tomaría como base, por un lado, para el aporte patronal al seguro social de enfermedad y, por otro, para la cuota mutual que el Banco de Previsión Social deberá abonar a las instituciones de asistencia médica colectiva prestadoras de los servicios. La Comisión de la Cámara de Representantes que analizó este proyecto de ley le introdujo algunas modificaciones, pero fueron sólo ajustes de redacción que apuntaron a esclarecer que ningún aumento de la tributación del tipo de los que ya he señalado, puede acarrear una rebaja en el salario de los trabajadores.

El artículo 2º del proyecto de ley establece que la diferencia en los aportes de montepío que surjan de la aplicación de la escala ya mencionada, así como también el 15% que regirá a partir del 1º de enero de 1998, será fijada con cargo a Rentas Generales. Por su parte, el artículo 3º indica las fechas a partir de las cuales se realizarán los aportes al seguro por enfermedad. Los artículos 4º, 5º y 6º refieren a los aportes al seguro por enfermedad de los empresarios rurales. Aquellos que opten por la afiliación, exploten predios de hasta 500 hectáreas y no perciban otros ingresos que los derivados de dicha explotación, aportarán el 30% del valor de la cuota mutual determinada de acuerdo a lo que señala la Ley Nº 16.320.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Brezzo)

-El artículo 6º se refiere al amparo dentro de los beneficios indicados del cónyuge colaborador y determina a partir de qué fecha dicho cónyuge, si opta por la afiliación, deberá aportar el 30% de la cuota mutual. Los artículos 7º y 8º derogan el régimen que establece la Ley Nº 16.320. Finalmente, el artículo 9º deja sin efecto el inciso segundo de la Ley Nº 16.713 de setiembre de 1995, ya que está sustituido en este proyecto de ley que tenemos a consideración.

Por todo lo expuesto, la Comisión, por mayoría, ha resuelto pedir al Senado la sanción de este proyecto de ley, cuya urgencia queda determinada por lo que sucintamente he expresado en Sala.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: en realidad, a modo de fundamento de voto y sin extendernos demasiado, queremos señalar que este proyecto de ley busca, de alguna manera, legitimar una situación de incumplimiento relacionada con las disposiciones de la Ley Nº 16.713, en las que se había establecido la fijación de una tasa de aportación personal jubilatoria para todas las asignaciones computables, que se elevaba al 15%, incluidas las rurales, según se señala en el artículo 181. Esto, en realidad, no se cumplió. Se pidieron prórrogas por la vía administrativa pero no se fueron cumpliendo. Ahora existe una realidad que este proyecto de ley trata de regularizar o legitimar.

Primero, es necesario analizar una diferencia notoria con respecto a las actividades rurales frente a las demás, desde el momento en que según el artículo 181 la elevación al 15% se aplicaba a todas las actividades. Pero aquí se elaboró un capítulo específico para las actividades rurales, de manera que se les otorga un privilegio especial en la forma de pagar los aportes. Evidentemente, hay una diferencia con el resto de las actividades comerciales e industriales que quedan comprendidas y que tienen un tratamiento específico distinto. El artículo 182 obligaba a que los montos de elevación de los aportes no afectara a los trabajadores y ponía a cargo de los patronos la elevación de las remuneraciones en forma tal que no se operara una disminución de los salarios. Esto era una protección que estableció la ley para que no se vieran afectadas las remuneraciones líquidas con estas nuevas aportaciones personales. Esta práctica hubiera significado, sin duda, desembolsos importantes que, evidentemente, no se cumplieron. Por ello se busca ahora la regularización de esas situaciones de incumplimiento que eran claras en los artículos 181 y 182.

La señora Senadora Arismendi y quien habla en la Comisión votamos en contra el texto de la ley, sin duda por este tipo de consideraciones que nos hacían pensar que, en realidad, se estaba habilitando el incumplimiento de esas normas. En el texto de la ley era claro que debían ser cumplidas. Pero también aclaramos en Comisión la eventualidad de que, configuradas ya esas situaciones de hecho, y estando comprometida, además, la situación de pequeños y medianos productores -que, sin duda, son los que tienen mayor número de personal y, por lo tanto, los que pueden tener un mayor compromiso de adeudo- existía la posibilidad de que modificáramos nuestro voto en el Plenario. Nuestra Bancada deliberó sobre este tema y, en función de eso, daremos nuestro voto, sin perjuicio de señalar nuestra discrepancia con una práctica que, de hecho, fue permitiendo que determinado sector incumpliera las disposiciones de la ley, beneficiando a quienes tendrían que haber tomado a su cargo la elevación de las remuneraciones, a efectos de que se cumpliera con los aportes y no se vieran afectadas las retribuciones líquidas.

Sin embargo, consumados -como están- los hechos, y en defensa del patrimonio del BPS entendemos que es razonable habilitar la posibilidad de esa regularización y la asistencia de rentas generales. Por lo tanto, en lo que se refiere al suscrito, y creo que también en lo que respecta a la señora Senadora Arismendi -con quien habíamos dado un voto adverso- vamos a cumplir lo que habíamos anunciado en el sentido de modificar ese voto, por esos motivos puntuales y concretos, así como por las aclaraciones realizadas sobre el fundamento y la razón de esta ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR POZZOLO. - Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - A partir del 1º de mayo y hasta el 31 de diciembre de 1996, la tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) para los trabajadores rurales amparados en la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en las categorías ocupacionales que aportan el 10% (diez por ciento) según el artículo 9º de la citada ley, será del 12% (doce por ciento), incrementándose al 13% (trece por ciento) a partir del 1º de enero de 1997, al 14% (catorce por ciento) a partir del 1º de mayo de 1997 y al 15% (quince por ciento) a partir del 1º de enero de 1998. En las restantes categorías, la referida tasa será del 15% (quince por ciento) a partir del 1º de mayo de 1996. Por el mes de abril de 1996 los referidos trabajadores aportarán de conformidad con lo dispuesto en la mencionada ley y de acuerdo al régimen vigente al inicio del respectivo cuatrimestre.

A efectos de la cobertura del aumento de aportaciones personales dispuesto en el inciso precedente, así como el aporte al seguro social por enfermedad a que refiere el artículo 3º de la presente ley y a partir de la vigencia de cada uno de ellos, se incrementarán las remuneraciones sujetas a montepío, en el porcentaje necesario a fin de que las remuneraciones líquidas sean equivalentes a las abonadas con anterioridad a dichas fechas".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 2º. - La diferencia en los aportes de montepío personal que surge de considerar las tasas establecidas en el artículo anterior y el 15% (quince por ciento) será financiada con cargo a Rentas Generales. Bajo ningún concepto afectará la cuenta de ahorro individual del trabajador".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 3º. - A partir del primer día del cuatrimestre siguiente a la fecha de vigencia de la presente ley los trabajadores rurales comprendidos en la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, aportarán a los seguros sociales por enfermedad a una tasa del 3% (tres por ciento) sobre el total de sus asignaciones computables sujetas a montepío. A estos efectos se entiende que los cuatrimestres comienzan el 1º de enero, 1º de mayo y 1º de setiembre".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 4º. - Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, con las modificaciones introducidas por el artículo 2º de la Ley Nº 15.953, de 6 de junio de 1988, por el siguiente:

`ARTICULO 7º. - Declárase que a los efectos dispuestos en el literal D) del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.087, de 9 de diciembre de 1980, la existencia del cónyuge colaborador no altera el carácter unipersonal de la empresa.

Estarán asimismo en condiciones de percibir el beneficio las empresas unipersonales que empleen no más de un trabajador subordinado".")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 5º. - Los afiliados al Banco de Previsión Social comprendidos en el artículo 7º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 4º de la presente ley, podrán ejercer la opción de afiliarse al seguro por enfermedad.

Quienes efectúen la opción de afiliación, exploten predios de hasta 500 hectáreas y no perciban otros ingresos que los derivados de dicha explotación aportarán, sin perjuicio de la obligatoriedad de estar al día en las aportaciones al sistema de la seguridad social, el 30% (treinta por ciento) del valor de la cuota mutual determinada de acuerdo a lo previsto por el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Los empresarios rurales que opten por la afiliación y no se encuentren comprendidos en el inciso anterior deberán abonar la totalidad de la cuota establecida en el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, sin perjuicio de la obligatoriedad de estar al día en las aportaciones al sistema de la seguridad social.

La referencia precedente a extensión de campo se aplicará a los predios con índice de productividad CONEAT 100, debiéndose ajustar proporcionalmente dichos valores, en cada caso, al índice de productividad CONEAT de los predios respectivos".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 6º. - El pago del 30% (treinta por ciento) del valor de la cuota mutual, previsto en el artículo 5º de la presente ley, por parte del titular de la explotación, incluye el amparo del cónyuge colaborador a los beneficios que brindan los seguros sociales por enfermedad hasta el 31 de diciembre de 1996. A partir de esta fecha, el cónyuge colaborador de los empresarios rurales a que refiere el inciso segundo del citado artículo, en caso de ejercer la opción de afiliación, aportará el 30% (treinta por ciento) del valor de la cuota mutual determinada de acuerdo a lo previsto en el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 7º. - Dispónese que el artículo 340 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, a partir del 1º de abril de 1995, no rige para los titulares de empresas rurales unipersonales y sus cónyuges colaboradores".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 8º. - Derógase a partir del 1º de abril de 1995 el artículo 339 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 9º. - Derógase el inciso segundo del artículo 181 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995. Lo dispuesto en este artículo rige desde el 1º de abril de 1996".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 10.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 10. - La presente ley entrará en vigencia el primer día hábil del mes siguiente a su publicación".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Simplemente deseo hacer una aclaración complementaria de lo que expresamos en primera instancia.

Tenemos conciencia de que los artículos 181 y 182 se hubieran podido cumplir perfectamente con patronos amparados en el plano de la actividad rural que tienen capacidad económica para cumplir con estas disposiciones. No obstante, como la ley no es selectiva y deseamos favorecer la situación de los productores de medianos o bajos recursos, nos vemos obligados a aprobar una ley en general sin perjuicio de una iniciativa complementaria posterior. Muchas veces sucede que junto con las personas que realmente tienen derecho a estar beneficiadas con determinadas exoneraciones o prórrogas, se amparan también quienes tienen posibilidades de pagar.

Dejamos esto establecido porque muchas veces implica una situación injusta desde el punto de vista del funcionamiento del sistema jurídico.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Por mi parte, también deseo dejar una constancia, pues he votado esta ley en particular y en general.

Este proyecto implica -la ha votado todo el Senado- no indicar lo que alguna vez se ha llamado "recursos genuinos". El artículo 2º establece que la diferencia en los aportes de montepío personal será financiada con cargo a Rentas Generales.

Deseo señalar que el Senado, en esta oportunidad, ha entendido que hablar de Rentas Generales es una forma de cumplir con las disposiciones del artículo 86 de la Constitución de la República que más de una vez se ha invocado -incluso se votó una ley interpretativa- para decir que esa expresión no significa recursos genuinos.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Hemos votado afirmativamente y queremos hacer dos comentarios.

En primer lugar, cabe señalar que naturalmente el artículo 2º de este proyecto que hemos votado es así y cuenta con la iniciativa del Gobierno, por lo que cumple acertadamente con la Constitución.

En segundo término señalo que por la vía de los hechos, y particularmente en el asunto de mayor importancia económica, que era el solventar el pago de la cuota mutual por parte del patrono unipersonal y del cónyuge colaborador que preveía la Ley de 1992 -lo cual suponía una exacción del orden de más de U$S 60:000.000 anuales al sector rural- frente a lo que se venía recaudando, este proyecto va a permitir recaudar más. En realidad, significa mucho menos con respecto a lo que la ley manda recaudar, pero frente a lo que veníamos percibiendo, permite lograr un incremento.

Por lo tanto, creo que este proyecto de ley tiene la virtud de caminar con sensibilidad frente a la situación social, particularmente de las empresas unipersonales, así como también intentar solucionar -al menos en parte- el sector de actividad- o caja, como se decía antes- más deficitario, que es el rural.

En consecuencia, creo que es un proyecto de ley equilibrado, y por esas razones y fundamentos lo he votado.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Como el fundamento de voto fue muy breve, quiero decir que no me referí a la falta de iniciativa del Poder Ejecutivo, que por supuesto me consta la hubo. Sí hice alusión a otro aspecto, que fue motivo de una ley interpretativa y que establece que la indicación de recursos a que se refiere el artículo 86, no significa simplemente indicar Rentas Generales, sino recursos genuinos, definiéndose lo que esto último significaba. Deseaba dejar constancia de que esto a veces se acepta o no según la finalidad, que en este caso es loable.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Entendí perfectamente la aclaración del señor Senador y por eso me permití señalar que en términos de caja efectiva del Estado, esto supone además un incremento.

12) GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se faculta a los gobiernos departamentales a aplicar las normas previstas por el artículo 35 de la Ley Nº 16.697 sobre régimen en materia de transporte y el artículo 13 de la Ley Nº 16.736 sobre contratación con terceros para la prestación de determinadas actividades. (Carp. Nº 510/96 - Rep. Nº 509/97).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 510/96
Rep. Nº 509/97

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Facúltase a los Gobiernos Municipales a adoptar el régimen en materia de vehículos de transporte previstos por el artículo 35 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995.

Art. 2º. - Facúltase a los Gobiernos Municipales a adoptar, en lo pertinente, el régimen previsto por el artículo 13 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Esta norma podrá aplicarse respecto de funcionarios presupuestados o contratados permanentes con dos años o más de antigüedad. También se aplicará respecto de ex funcionarios que reúnan las mismas características y hubieran renunciado a efectos de presentarse al llamado.

Art. 3º. - Las Intendencias Municipales y las Juntas Departamentales, en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumentarán estas facultades, respetando las reglas de debido proceso, procurando asegurar la igualdad de oportunidades.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de agosto de 1996.

Jorge Machiñena Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Presupuesto

INFORME

El presente proyecto, que ha sido sancionado por la Cámara de Representantes, tiene por objeto extender el sistema consagrado por las Leyes Nos. 16.697 y 16.736 a los gobiernos departamentales. Formando parte del extenso y variado proceso de Reforma del Estado, las mencionadas leyes contienen disposiciones que permiten a la Administración Central, contar con instrumentos para mejor aprovechar los recursos disponibles y obtener un mayor rendimiento en la gestión de los mismos.

El artículo 35 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, así como el artículo 13 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, facultan al Poder Ejecutivo a transferir servicios no sustanciales hacia terceros, consagrando incluso la excepción al artículo 43 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), con lo que permite consecuentemente que los mismos puedan ser prestados incluso, por ex-funcionarios de la Administración.

El proyecto de ley a estudio del Cuerpo faculta a los Gobiernos Municipales a adoptar ese mismo régimen en materia de vehículos de transporte y establece que dicho régimen podría aplicarse respecto de funcionarios presupuestados o contratados, permanentes con dos o más años de antigüedad y a ex-funcionarios de la Administración.

La extensión hacia las Intendencias Municipales del régimen ya vigente para la Administración Central se hace sin mengua de las autonomías departamentales, dado que la adopción de los institutos aquí previstos es facultativa y no imperativa para los Gobiernos Municipales. Es por lo tanto un instrumento que se pone al alcance de las Administraciones Municipales, a los efectos que puedan utilizarlo, si lo entienden convenientemente, para el mejor funcionamiento y racionalización de la gestión que tienen a su cargo.

El artículo 1º del proyecto establece un límite claro y estricto al objeto de la facultad que se confiere, restringiéndolo pura y exclusivamente a vehículos de transporte y excluyendo implícitamente la posibilidad de que dicha norma se extienda a otro tipo de maquinaria que las Intendencias pueden poseer, como por ejemplo motoniveladoras o plantas asfálticas.

Incorpora este proyecto un segundo elemento que restringe el ámbito de aplicación de las normas que hoy rigen para la Administración Central. Establece que sólo será aplicable esta ley respecto de funcionarios que tengan una antigüedad mínima de dos años.

Por las razones expuestas, vuestra Comisión, en mayoría, ha compartido el proyecto remitido por la Cámara de Representantes, por lo que aconseja al Cuerpo su aprobación.

Jorge Gandini (Miembro Informante), Luis A. Heber, Luis B. Pozzolo.

INFORME EN MINORIA

Al Senado:

1. La discordia se fundamenta en primer término en la posición discrepante ya adoptada, de los firmantes de este informe en minoría, con el régimen llamado de reinserción laboral, contenido en los artículos 6º y siguientes de la Ley Nº 16.736 y al que el artículo 2º del presente proyecto de ley se remite.

Dicho régimen y el artículo 13 que lo integra forman parte de un régimen de excedencia coactiva, reestructura y tercerización de servicios no sustantivos, con el que hemos discrepado en oportunidad de la discusión de la Ley de Presupuesto Nº 16.736.

Hemos rechazado y votado en contra el régimen de la Sección VIII de la Ley Nº 16.736 -al que se remite el capítulo de reinserción laboral- y que a nuestro juicio viola las garantías constitucionales de los funcionarios públicos contenidas en los artículos 60 y siguientes de la Constitución de la República, así como el artículo 86 de la misma Constitución en tanto se delega la supresión de cargos que sólo podría efectuarse por la ley.

Mal podemos aprobar entonces que se extienda el artículo 13 de la reinserción laboral de la Administración Central al ámbito de los gobiernos municipales, cuando dicha norma forma parte de esa desregulación, reestructura y tercerización, prevista por la llamada Reforma del Estado y contra la cual ya hemos efectuado pronunciamiento al votar negativamente la Ley Nº 16.736.

2. Discrepamos por razones de buena administración y de cristalinidad en la gestión, con la eliminación que el artículo 13 -que por este proyecto se hace aplicable a los gobiernos departamentales- realiza de la garantía establecida por el numeral 1º del artículo 43 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera.

La eliminación de la prohibición de negociación con funcionarios dependientes de la administración contra
tante, que había establecido el TOCAF carece de todo fundamento, colocando a las administraciones departamentales con una situación de excepción que compromete al principio de objetividad y elimina una norma que tendía a evitar privilegios o favorecimientos a determinados funcionarios dependientes, por razones eventualmente personales o políticas.

No existe ningún fundamento que justifique eliminar para los gobiernos municipales la regla de cristalinidald del numeral 1º del artículo 43 del TOCAF que sea considerado conveniente y necesario para la Administración Central.

El inciso 2º del artículo 2º al exigir determinada antigüedad no corrige el vicio o defecto fundamental consistente en la contratación con los propios funcionarios del gobierno municipal.

Todo lo expresado se agrava aun más si se tiene en cuenta que a diferencia del régimen de la Ley Nº 16.736: 1º) no se establece la eliminación de las vacantes que deben entenderse generadas por la tercerización; 2º) no se prohíbe que el funcionario que renunció para presentarse al llamado tercerizador pueda volver a ingresar como funcionario.

Ni siquiera puede señalarse que la contratación de la tercerización es un mecanismo que asegure la disminución de funcionarios públicos.

Lo expresado es más relevante si se tiene en cuenta las referencias que en la discusión de la Cámara de Representantes se efectuara sobre el elevado número y características de los ingresos de funcionarios en el ámbito de ciertas comunas.

A todo ello debe agregarse que el proyecto crea un privilegio para los ex funcionarios en cuanto a optar por la realización del servicio tercerizado, al que en realidad tendrían derecho todos los ciudadanos lo que entraría en colisión con el principio de igualdad del artículo 8º de la Constitución de la República.

3. Nos merece análogas reservas y objeciones el artículo 1º del proyecto de ley en cuanto dispone la aplicación del artículo 35 de la Ley Nº 16.697 a los gobiernos departamentales.

Especialmente en cuanto al inciso c), del artículo 35, no existe explicación razonable del perjuicio del Estado en la venta del vehículo por la mitad de precio a los funcionarios.

En subsidio, tampoco existen pautas o condiciones que aseguren la objetividad en la selección de los beneficiarios renunciantes.

Además, la aplicación del inciso F) si bien aparece como un contralor adecuado plantea la eventual inconstitucionalidad en relación con la autonomía municipal.

4. No tiene explicación -como se plantea en la Cámara de Representantes- la alusión en el artículo 3º al principio del debido proceso que nada parece tener que ver en la temática analizada pues está ligado al concepto de derecho de defensa de acuerdo al artículo 12 de la Constitución de la República.

De igual modo la referencia a la igualdad de oportunidades no tiene demasiada lógica en un proyecto que genera una especial situación de ventaja en precio y beneficiarios a determinados funcionarios estatales.

5. Compartimos la inconstitucionalidad alegada en la discusión en la Cámara de Representantes emergente del hecho de que se debía haber contado con dos tercios de votos de conformidad con el artículo 64 de la Constitución, desde que se establecen y regulan derechos de los funcionarios, quórum que no reunió la aprobación de la ley en la Cámara de Representantes.

Helios Sarthou, Reinaldo Gargano. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI. - La Comisión de Presupuesto del Senado nos ha encomendado informar sobre este proyecto de ley que ha sido votado por mayoría en ese ámbito. Además, fue sancionado por la Cámara de Representantes el año pasado.

Se trata de un eslabón más de este variado y extenso proceso de reforma del Estado, que contiene elementos importantes vinculados a la Administración Central; pero deberían habilitarse otros a los efectos de que esta misma reforma también pueda transitarse desde otros ámbitos del Estado.

Este proyecto de ley refiere a la facultad que se confiere a los gobiernos departamentales para hacer uso de los sistemas previstos por las Leyes Nos. 16.697 y 16.736. Estas Leyes contienen disposiciones que permiten a la Administración Central contar con instrumentos para aprovechar mejor los recursos materiales y humanos disponibles.

El artículo 35 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, y el artículo 13 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, permiten al Poder Ejecutivo transferir algunos servicios no sustanciales hacia terceros, consagrando incluso excepciones al artículo 43 del TOCAF, que es el que regula los modos en que la Administración debe contratar y cómo en esas contrataciones pueden o no participar los funcionarios públicos o los ex funcionarios.

Este proyecto adopta ese mismo sistema, pero acotado a los vehículos de transporte. En ese sentido, establece que dicho régimen puede aplicarse a funcionarios presupuestados y contratados, también con la limitación de que éstos tengan, por lo menos, dos años de antigüedad en la Administración. Asimismo, aquí se faculta a que este mismo tipo de contrataciones se realice con ex funcionarios de la Administración, siempre que éstos hayan renunciado al gobierno departamental con el objetivo de incorporarse a este sistema.

La extensión a los gobiernos departamentales de estos mecanismos que la ley previó para la Administración Central, se hace sin disminución alguna de las autonomías departamentales, dado que la modalidad que se emplea en el articulado es facultar a los Gobiernos Municipales a utilizar este sistema; es decir que no se trata de una disposición imperativa. Por lo tanto, es un instrumento que las Intendencias Municipales tendrán a su alcance a los efectos de usar los recursos que tienen a su disposición para lograr un mejor funcionamiento y racionalización de su gestión.

El artículo 1º de este proyecto de ley faculta a los Gobiernos Municipales a utilizar este sistema en materia de vehículos de transporte, y al emplear esta expresión, está claramente ubicando el alcance de la norma y dejando excluidos otros vehículos que pueden tener las Intendencias para algunas de sus actividades, como por ejemplo, plantas asfálticas, motoniveladoras u otro tipo de maquinaria vial que suele ser utilizado. Este artículo circunscribe la facultad, repito, a los vehículos de transporte.

El artículo 2º faculta a que estos gobiernos departamentales adopten en lo pertinente el régimen previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 16.736, y también acota el alcance a funcionarios presupuetados o contratados que tengan por lo menos dos años de antigüedad en su cargo, y a aquellos ex funcionarios que, reuniendo las mismas características, hayan renunciado a los efectos de presentarse a estos llamados para utilizar los vehículos de las Intendencias Municipales que pasen a manos privadas con el objeto de ser utilizados según se prevé en la referida ley.

Luego, también para salvaguardar las autonomías departamentales, se establece que las Intendencias Municipales y las Juntas Departamentales, en sus ámbitos respectivos, van a establecer el procedimiento que se utilizará, lo que deberán hacer procurando que se asegure la igualdad de oportunidades de los interesados -funcionarios o no- que participen en estos llamados.

Por lo tanto, la Comisión ha entendido que este proyecto debe aprobarse luego del largo tratamiento parlamentario que recibió, para facilitar la gestión de los gobiernos departamentales y para aprovechar mejor algunos recursos materiales. Varios intendentes municipales -no en expresiones formales ante la Comisión, pero sí ante algunos de los senadores intervinientes en ella- han expresado que sería de gran utilidad aprobar esta normativa para lograr un mejor aprovechamiento de los mencionados recursos.

Es cuanto quería informar.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - En la Comisión planteamos una posición discrepante con la de la mayoría e hicimos un informe en el cual se reflejan las razones de nuestras discrepancias con este proyecto de ley.

La norma que consideramos más importante es el artículo 2º que, de algún modo, extiende la aplicación del artículo 13 de la Ley de Presupuesto al ámbito departamental. Ya hemos sostenido que este artículo 13 forma parte de la reforma del Estado y que incluye la mecánica de la Sección VIII, de desregulación, reestructura y tercerización, lo que determinó que votáramos en contra porque entendemos que viola claramente disposiciones constitucionales, tales como los artículos 60 y siguientes, que consagran el derecho a la carrera administrativa. El proceso de excedencia coactiva que se propone en este texto cambia la naturaleza de la excedencia, que con anterioridad a la Ley Nº 16.736 quedaba sometida a la voluntad del funcionario. Al mismo tiempo, se procede a reducir la remuneración.

Repito que creo que esta disposición viola los artículos 60 y siguientes, así como el 86 de la Constitución de la República, por cuanto se realiza la supresión de cargos, no por la ley, sino por la forma como se aplica la mecánica de la excedencia y de la reestructura. El artículo 13 de la Ley Nº 16.736 resuelve la tercerización y le da características especiales, con lo cual se deroga para el caso las garantías establecidas en el TOCAF, en el sentido de que no se puede realizar la venta de bienes a los funcionarios públicos dependientes de los organismos.

Sin embargo, en el inciso segundo de este artículo 13 se hace una excepción. Nosotros creemos que esta norma quita garantías y cristalinidad, en tanto se habilita la posibilidad de venta por el 50% del valor del bien. Esto no tiene una explicación razonable, porque constituye un privilegio a determinadas personas que han sido funcionarios y, en todo caso, violaría el principio de igualdad, porque cualquiera podría tener derecho a ser adquirente en esas condiciones privilegiadas.

De manera que pensamos que este artículo 2º -que, reitero, extiende el artículo 13 de la Ley de Presupuesto al ámbito departamental- tiene esas consecuencias graves y, desde nuestro punto de vista, forma parte de esta mecánica de la reestructura o reforma del Estado, de la excedencia coactiva y tercerización de servicios. Además, es una norma absolutamente inconveniente, que crea privilegios y resta los fundamentos de cristalinidad establecidos en una disposición del TOCAF, que queda vigente para otras situaciones. La circunstancia de estar inscriptos en esta hipótesis del artículo 13 no cambia las razones por las cuales debe mantenerse y seguir vigente el artículo 43 del TOCAF.

Asimismo, compartimos las reservas que se han hecho, por ejemplo, en el artículo 3º, en el cual se hace referencia al debido proceso. Evidentemente, en esta disposición no tienen nada que ver las reglas de debido proceso. De modo que este artículo no tiene una explicación, porque no está vinculado para nada con el principio del derecho de defensa; el artículo 12 de la Constitución de la República es ajeno a todo esto y no sabemos cómo se ha llegado a este planteo. Además, la referencia a la igualdad de oportunidades es bastante discutible en un proyecto que genera una situación especial de ventaja, tanto en materia de precios como de beneficiarios.

Por otro lado, compartimos también el planteo que se hizo en la Cámara de Representantes en el sentido de que esta norma debe contar con los dos tercios -que no tuvo- de votos del total de componentes, porque se refiere concretamen te a los derechos de los funcionarios; por lo tanto, estaría comprendida en esa exigencia de mayoría especial que fija el artículo 64 de la Constitución de la República.

Por último, tampoco compartimos el artículo 1º que aplica el régimen en materia de vehículos de transporte previsto por el artículo 35 de la Ley Nº 16.697.

Estos son los fundamentos por los cuales nosotros hemos votado en forma negativa este proyecto de ley en la Comisión, y ratificamos esta posición en el pleno del Senado.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Señor Presidente: en primer lugar, debo decir que nosotros interpretamos este proyecto, no como una iniciativa vinculada a relaciones funcionales, sino aludiendo claramente a excepciones al TOCAF, que son necesarias para proceder de esta manera. En consecuencia, pese a que se dice en el informe en minoría que el proyecto debería contar con una mayoría especial del Senado para extender conceptos al Estatuto del Funcionario, creemos que con bastante claridad surge de la norma que no se hace referencia a los derechos estatutarios de los funcionarios como tales ante la Administración, sino a una excepción a la regla general, que impide a esta última contratar con ellos.

En segundo término -a pesar de que no somos autores de este proyecto- cuando se planteó este aspecto, en realidad no parecía haber demasiado inconveniente en extender a las Intendencias Municipales las normas que ya regían para el Estado Central. Obviamente, acepto que quien no votó estas disposiciones para el resto del Estado, con la misma coherencia no lo haga ahora. No obstante, me parece que no había muchos argumentos como para entender que aquello que se le permite al Estado Central a propósito de actividades idénticas, se le impida a las Intendencias.

La norma a la que remite el artículo 1º es, en realidad, bastante clara. Normalmente, los servicios de locomoción -todos quienes hemos trabajado en el Estado lo sabemos bien- son altamente deficitarios, no sólo en términos de eficiencia sino también de eficacia ya que, por lo general, los vehículos no funcionan o lo hacen muy mal. La norma simplemente faculta la venta del vehículo que está afectado a esa tarea.

Además, señor Presidente, debo señalar que normalmente el técnico que visita las obras que se realizan -particularmente aquellas relacionadas con las Intendencias y los Ministerios que se ocupan de obras- tiene que ser trasladado por un chofer. Por lo tanto, si se le vende el automóvil al técnico, se está efectuando un ahorro en el costo del chofer ya que, naturalmente, cualquier ingeniero o arquitecto irá por sus propios medios.

El artículo 2º refiere a una situación un poco más general, porque no hay extensión a propósito de los demás sistemas en cuanto a los funcionarios. A nuestro criterio, el alcance práctico de esta disposición es lo que establece el artículo 13, que son excepciones al TOCAF en lo que tiene que ver con las tercerizaciones, lo cual ya hoy está en el ámbito de las competencias del señor Intendente y de cada Junta Departamental. Tan es así, que es notorio que todas las Intendencias del país han hecho algunos procedimientos de tercerización. De esto se desprende que esa facultad no la agrega la ley; lo único que se establece es que si se va a tercerizar y además se tiene un problema con respecto al destino de los funcionarios, se puede llegar a un entendimiento que permita asignarles el mismo servicio para el cual ya están capacitados y, a través de una cooperativa o de otros mecanismos, podrán llegar a ser sus propios jefes. No parece que esto presente algún inconveniente, habida cuenta de que a menudo no sólo los Gobiernos Municipales tienen estas facultades sino que, incluso, empresas privadas han avalado la compra de vehículos, lo que es muy notorio en el sector del transporte. Repito que no parece haber inconvenientes en el hecho de que, funcionarios que renuncian a efectos de participar del llamado, tengan la posibilidad de ser contratados. Es preciso observar que la norma a que se hace referencia no impide que compitan terceros. Por tal motivo, en el artículo 3º -quizá con una redacción no muy feliz- lo que se quiere decir es que, en definitiva, la Junta Departamental de cada Gobierno Municipal, junto con el Intendente, formularán las reglas del llamado, en las que se dará mayor o menor prioridad a los ex funcionarios o funcionarios que pretendan cumplir el servicio.

En suma, señor Presidente, no encontramos mayor inconveniente para extender a los Gobiernos Municipales lo que ya hemos dispuesto para el Gobierno Central. Además, señalo que no se trata de normas que vayan a ser utilizadas en forma masiva y tampoco estamos hablando de cometidos esenciales del Estado.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: yo había señalado la aplicabilidad del artículo 64, que dice que la ley, por dos tercios de votos del total de componentes, podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales y de todos los Entes Autónomos o de algunos de ellos, según los casos. Evidentemente, aquí se establece un Estatuto especial para los funcionarios de los gobiernos departamentales, acordándoles una situación de excepción en el sentido de poder negociar con el Estado. Nos parece que integran el Estatuto de facultades o derechos de los funcionarios el estar comprendidos en una situación de este tipo.

Compartiendo posiciones sostenidas en la Cámara de Representantes, reiteramos que esta norma, que adjudica facultades específicas a los funcionarios de los gobiernos departamentales, debe contar con los dos tercios que mencionamos.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-15 en 21. Afirmativa.

SEÑOR POZZOLO. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Se va a votar nuevamente en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-16 en 22. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Facúltase a los Gobiernos Municipales a adoptar el régimen en materia de vehículos de transporte previsto por el artículo 35 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 22. Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º. - Facúltase a los Gobiernos Municipales a adoptar, en lo pertinente, el régimen previsto por el artículo 13 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Esta norma podrá aplicarse respecto de funcionarios presupuestados o contratados permanentes con dos años o más de antigüedad. También se aplicará respecto de ex funcionarios que reúnan las mismas características y hubieran renunciado a efectos de presentarse al llamado."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 23. Afirmativa.

Léase el artículo 3º.

(Se lee:)

"ARTICULO 3º. - Las Intendencias Municipales y las Juntas Departamentales, en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumentarán estas facultades, respetando las reglas de debido proceso, procurando asegurar la igualdad de oportunidades."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 23. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Simplemente deseamos aclarar que nos preocupa el hecho de que este régimen excepcional no se encuentra garantizado por una imposibilidad de reintegro de los funcionarios, por lo cual pueden obtener las ventajas de esta operación de adquisición de vehículos por el 50% o esta excepción del TOCAF y después reintegrarse. Quiere decir que ni siquiera se puede invocar el hecho de que existe una renuncia garantizada y que, en virtud de la misma, se da el beneficio. Nos parece que esto es importante y consideramos que el agregado de la antigüedad que establece el inciso segundo del artículo 2º no corrige en realidad el defecto señalado.

13) ARRENDAMIENTOS CON DESTINO A CASA HABITACION E INDUSTRIA Y COMERCIO

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: en primer lugar, vamos a solicitar que este tema sea postergado para el día miércoles de la próxima semana.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

14) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Puede continuar el señor Senador Pozzolo.

SEÑOR POZZOLO. - En segundo término, habida cuenta de que prácticamente se ha agotado el orden del día y de que la Bancada del Foro Batllista tiene pendiente desde hace días una reunión para escuchar el informe de los representantes en la Comisión que estudia el proyecto anticorrupción -los señores Senadores Hierro López y Ricaldoni- mocionamos que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 17 y 51 minutos, presidiendo el señor Senador Brezzo, y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Caviglia, Chiesa, Fernández Faingold, Gandini, Gargano, Hierro López, Korzeniak, Mallo, Michelini, Ovalle, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia y Storace).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Don Freddy A. Massimino Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.