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Nº 203 - TOMO 385 - 29 DE OCTUBRE DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

64ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente,

el SENADOR LUIS BREZZO  Primer Vicepresidente

y el PROFESOR CARLOS JULIO PEREYRA  Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS
Y EL PROSECRETARIO SEÑOR GABRIEL RODRIGUEZ GARCES

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Promoción y protección de inversiones nacionales y extranjeras en el territorio nacional

- Continúa la discusión particular del proyecto por el que se las declara de interés nacional.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

4) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 28 de octubre de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio,
mañana miércoles 29, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en territorio nacional.

(Carp. Nº 428/96 - Rep. Nº 484/97 y Anexo I)

2º) Discusión particular del proyecto de resolución elevado por la Comisión de Asuntos Administrativos por el que se instituyen diversos premios a los mejores trabajos periodísticos y al medio que los difunda, que refieran a la personalidad, acción política y de gobierno de Luis Batlle Berres.

(Carp. Nº 743/97 - Rep. Nº 485/97)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3º) Por el que se modifica el sistema de aportación del sector rural al Banco de Previsión Social.

(Carp. Nº 584/96 - Rep. Nº 498/97)

4º) Por el que se establece un sistema de pasantías laborales para los estudiantes mayores de 15 años que concurran a establecimientos educacionales del país.

(Carp. Nº 327/95 - Rep. Nº 499/97)

5º) Discusión particular de los proyectos de resolución elevados por la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a:

un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Plazo constitucional vence el 27 de noviembre de 1997).

(Carp. Nº 814/97 - Rep. Nº 486/97)

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997).

(Carp. Nº 799/97 - Rep. Nº 489/97)

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997).

(Carp. Nº 800/97 - Rep. Nº 490/97)

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997).

(Carp. Nº 801/97 - Rep. Nº 491/97)

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997).

(Carp. Nº 802/97 - Rep. Nº 492/97)

un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (Plazo constitucional vence el 24 de noviembre de 1997).

(Carp. Nº 810/97 - Rep. Nº 493/97)

una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas (Plazo constitucional vence el 26 de noviembre de 1997).

(Carp. Nº 813/97 - Rep. Nº 494/97)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Antognazza, Arismendi, Astori, Caviglia, Cid, Couriel, Chiesa, Fernández Faingold, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Andújar y Dalmás y con aviso el señor Senador Batlle.

3) PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 19 minutos)

-No hay asuntos entrados ni solicitudes de licencia.

Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en territorio nacional. (Carp. Nº 428/96 - Rep. Nº 484/97 y Anexo I)".

(Antecedentes: ver 58 a. SO)

-Continúa la discusión particular.

El único artículo pendiente es el 18. Ha hecho uso de la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold y están inscriptos los señores Senadores Couriel y Michelini, quienes momentáneamente no se encuentran en Sala.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Estamos frente a un artículo que ha despertado una fuerte oposición, aun en espíritus tan alejados de juicios estridentes como lo es el del doctor De Posadas Montero. En una conferencia sobre Promoción de Inversiones y Exportaciones, nuestro antiguo colega criticó fuertemente dos aspectos del proyecto de ley, demostrando que se había opuesto radicalmente a ellos en el Senado.

En primer lugar, los beneficios tributarios no deben tener el grado de discrecionalidad que en el proyecto se les otorgan. De ello se ocupó el señor Senador Sarthou. En segundo término, con respecto al artículo 18, textualmente se ha dicho que se le ha puesto con admirable habilidad un nombre: "especialización productiva", pero que en definitiva se traduce en la posibilidad de toquetear aranceles y hacerlo no sólo por actividad, sino por empresas. Creo -concluyó el doctor De Posadas Montero- que es una señalar pésima y que los argumentos que se hagan a favor no llegan a empatar el daño que esto puede causar. Se le han hecho a este artículo muy gruesas imputaciones con un sesgo que tiende a personalizar su consideración desde que se afirma que es un artículo con dedicatoria. En ese aspecto, no me voy a introducir porque creo que impersonalizar los debates es un aporte a la cultura política. A esta discusión debemos entrar esforzándonos por colocar nuestro espíritu en un plano muy elevado por el propio respeto a los proponentes, cuyas intenciones, aun en el error, las debemos considerar como inspiradas en el interés público.

Determina, fundamentalmente, esta consideración de mi parte el hecho de que la propuesta del Poder Ejecutivo lleve la firma principal del economista Luis Mosca, quien personalmente me merece la mayor consideración. No puedo entrar siquiera a juzgar sus intenciones las que supongo, por su trayectoria y hechos concretos de su actuación, son excelentes; el hecho de que esté en el error o en la verdad es cosa distinta. Los hombres más selectos pueden equivocarse por la propia imperfección humana. Siempre he sostenido que el Poder Legislativo debe ser muy liberal en acoger posibilidades de examen de las protestas que contra su actuación se formulen por vías directas o indirectas, aun cuando contengan -tal vez como ocurre en este caso- manifestaciones impertinentes o inconvenientes pero que, motivadas por la resistencia a los que reputan como irregular o ilícita la dispositiva proyectada, no estaría justificado "in limine" que los promotores o defensores de la disposición controvertida prescindieran de refutarla. Es más; creo que es su obligación refutarla porque el derecho de resistencia a la ilicitud no está excluido del mecanismo jurídico. Cuando se hacen reproches de la índole de los que se han hecho a este proyecto, los proponentes y defensores deben tener un interés espontáneo en establecer el grado de exactitud de las afirmaciones que los contradicen, porque puede estar comprometido el prestigio de las instituciones.

Concluidas estas observaciones, pasaré a señalar mi discrepancia con la disposición que está a consideración. El artículo 18 es discriminatorio y contradictorio con el 4º, por el que el Estado se compromete a no incurrir en esa conducta. A su vez, es discriminatorio frente a empresas que producen un solo bien ya que la especialización es la que se lleva a cabo internamente en la firma. También es discriminatorio frente a otros productores de los mismos bienes que no necesitan reconvertirse porque ya lo han hecho o ante aquellos que no vayan a discontinuar o reducir la producción de sus bienes o a aumentar la exportación de otros. Es discriminatorio frente a los importadores de ciertos productos, si no son simultáneamente productores de esos bienes, y también frente a nuevos inversores que con tecnología de avanzada pueden iniciarse en una producción competitiva de dichos bienes.

Por lo expuesto, queda demostrada la violación del principio de igualdad. Si alguien tiene dudas, el informe del doctor Addiego Bruno fundamenta totalmente esta posición. Informe publicado en el diario "Ultimas Noticias".

Otro reproche que se le formula a este artículo es el que tiene que ver con el hecho de que se le estaría dando una segunda preferencia arancelaria sobre los mismos bienes a empresas que ya habían obtenido un tratamiento excepcionalmente privilegiado en 1994. Me voy a explicar: a fines de ese año en la reunión de Ouro Preto, el Consejo del Mercado Común del MERCOSUR aprobó el denominado Régimen de Adecuación Final -Decisión V del año 1994- que reguló los aspectos arancelarios del comercio entre los países del MERCOSUR.

Para un grupo de productos -papeles entre ellos- el Uruguay obtuvo aprobación para arancelizar los precios mínimos de exportación que los protegía, de forma tal que los niveles arancelarios de esos productos no sólo no bajaron sino que subieron del 20% en 1994, al 26% en 1995, acordándose una reducción gradual: el 26% en 1996, el 20% en 1997, el 13% en 1998, el 7% en 1999 y el 0% en el año 2000. Parece ilógico que luego de haber solicitado la excepción para ciertos productos, ahora, cuando se advierte que sigue siendo ineficiente en la producción de dichos bienes y la discontinuará o reducirá, se le otorgue al productor de esos bienes una desgravación para importarlos de la región.

Lo propuesto por el artículo 18 implicaría que por segunda vez se estaría dando preferencia arancelaria sobre los mismo bienes a empresas que ya habían obtenido un tratamiento excepcionalmente privilegiado en 1994. Todo este artículo incurre en lo que el doctor De Posadas calificaba de excesiva discrecionalidad del Poder Ejecutivo y, contra los que sostienen que el Poder Legislativo debe hacer confianza en el acierto de las decisiones del Poder Ejecutivo, como si la mayoría aritmética que lo instituyó le hubiera conferido el don de la verdad y el de la preservación del error. Me basta citar, por reciente y por vinculado al tema, una sentencia unánime del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 24 de setiembre de 1997 en autos "DAPAMA Uruguay Sociedad Anónima y otras con el Estado, Ministerio de Economía y Finanzas", en la que anula el Decreto 37/94 de fecha 26 de enero de 1994 y con la opinión concordante del Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo. En el Decreto recurrido se fijaron precios mínimos de exportación con violación de los procedimientos que el propio Poder Ejecutivo había predeterminado, con prescinden cia de los precios dictaminados por la Comisión de Aplicación, siendo abismal la diferencia entre los precios propuestos por la Comisión de Ampliación y los fijados en el acto impugnado. El Decreto impugnado carecía de motivación, dice el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando debió fundar en forma apropiada su apartamiento al dictamen de la Comisión de Aplicación. En síntesis, la sentencia dice: "El Decreto impugnado se concreta en puridad a fijar los precios mínimos de exportación solicitados por la Fábrica Nacional de Papel". Es decir que los poderes ejecutivos tienen en general -no me refiero a uno en concreto- cierta vocación para el error y por eso el Partido Nacional consagró instituciones como la inconstitucionalidad de las leyes y la institución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que la voluntad de los hombres no pueda prevalecer sobre la voluntad impersonal de la ley. Lo que el Partido Nacional ha deseado con vehemencia y con el tributo de su propia sangre es reducir toda posibilidad de arbitrariedad y procurar que el poder administrador esté efectivamente sometido mediante sistemas que ya fueran ideados por la Cátedra o fueran fruto de la concepción personal de los políticos, y pudieran ofrecer garantías efectivas.

Por todo eso, daré mi voto contrario al artículo 18. Si fuera del caso y alguien invocara la necesidad de proteger a determinado personal que tal vez quedaría sin trabajo, citaré opiniones muy antiguas del Partido Nacional pero que tienen una gran actualidad porque, en realidad, fueron el embrión de la política que sostuvo al Partido en el Gobierno, al sostener la apertura económica al mundo y los grandes peligros del proteccionismo en los países pequeños. Se exhibe algún montón de obreros que podrían ser desocupados, se oculta o no se nombra a millones de consumidores extorqueados por precios excesivos. Los obreros de las industrias protegidas ganan el mismo jornal que los obreros de las no protegidas. La tasa de remuneración del trabajo se fija por otras razones; el lucro siempre va a los patrones. Con esto creo que he fundado mi voto contrario al artículo 18.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Señor Presidente: sin duda, este artículo 18 es polémico y se viene discutiendo en el Parlamento; se trató en la Comisión de Hacienda integrada con la de Industria y hoy también se esta debatiendo en los medios de comunicación, por lo que parecería no ser un artículo menor en el conjunto de este proyecto de ley.

Quisiera introducir dos elementos. En primer lugar, para analizar este artículo he recibido todas las demandas de diálogo que se me plantearon; he recibido a todos los que quisieron conversar conmigo sobre el artículo 18, llámense industriales, comerciantes o importadores. Quiero decir que lo he hecho muy cálidamente porque el diálogo con los interesados siempre sirve y desde este punto de vista creo que recibí elementos positivos de cada uno con los que estuve dialogando sobre este tema.

Por otro lado, señor Presidente, busqué antecedentes en distinguidos economistas del país que no responden al Frente Amplio -aunque también de él- y en especialistas en estos temas de Argentina, donde este asunto ha sido suspendido. Quiero dejar constancia que estoy alegre de todos los diálogos que he tenido y que lo que voy a expresar hoy es una posición absolutamente individual, propia de quien analizó el tema y encontró dónde había elementos positivos y negativos. Por lo tanto, mi análisis deriva de estos diálogos, de mis estudios y de la profundización en un tema que no es sencillo ni menor.

En segundo lugar, quisiera hacer una especie de declaración de fe. Siento que tengo una ideología industrialista; creo en la industria. No conozco ningún país desarrollado que no lo haya hecho bajo el liderazgo de la industria manufacturera. Los países desarrollados que avanzaron lo hicieron porque progresaron en la industria manufacturera. Los que hoy son vencedores en las relaciones comerciales, como lo son los países del sudeste asiático, venden fundamentalmente productos manufactureros de tecnología de punta y nueva. De manera que, antes que nada, creo en la industria y pienso que es esencial para el desarrollo del Uruguay.

Por otra parte, también creo en la selectividad y en la especialización. La especialización me parece muy importante y lo hemos planteado cuando analizamos el tema de la complementariedad industrial con Argentina y Brasil. Probablemente, en un país pequeño como el nuestro, las chances y las posibilidades de futuro de la industria están en esa complementariedad con Argentina y Brasil, y para poder tener complementariedad, hay que poseer especialidad. Esto quiere decir que nos vamos a especializar en un rubro determinado, con una calidad determinada o en el eslabón de un proceso productivo que nos permita insertarnos en Argentina y Brasil.

Desde este punto de vista, creo firmemente en la necesidad de promoción, de selectividad y de especialización en el proceso industrial del Uruguay.

¿Qué es lo que ocurre con este artículo? Debemos tener en cuenta el tipo de instrumento que se utiliza. Estoy de acuerdo con la industria y con la especialización, pero el instrumento que se emplea es muy llamativo. Normalmente, la industria siempre encontró mecanismos por la vía cambiaria, arancelaria o crediticia, pero llama la atención que se haga sobre la base de un subsidio a las importaciones. Esto es lo novedoso y lo llamativo del artículo 18.

Voy a intentar hacer una análisis de lo que siento serían las consecuencias de la aplicación de esta norma. Pero antes quisiera dejar constancia de que este artículo abarca a los rubros que consiguieron una adecuación a partir del 1º de enero de 1995 hasta el 1º de enero del año 2000, que comprende a 953 posiciones arancelarias y a más de 1.000 productos que se pueden ver beneficiados con su aplicación. Este es el primer elemento que me llama la atención. La promoción vía un subsidio impositivo en lugar de promover la industria, que crezca el producto y el empleo, puede generar lo contrario: un fenómeno de desindustrialización, donde el producto en vez de crecer, baje y lo mismo sucedería con el empleo. Para que quede claro el concepto voy a poner un ejemplo. Una actividad industrial elabora dos productos, el A y el Z. Produce 100 unidades de A y 100 de Z. A se quiere especializar y exporta. En A, con 100 unidades se emplea a 10 personas; en Z, con 100 unidades se emplea a 50. ¿Qué es lo que se busca? Discontinuar la producción de 100 unidades de Z y el beneficio está en importar con arancel 0, proveniente del MERCOSUR, las 100 unidades que elaboraba esa empresa. Por lo tanto, es bien nítido que cuando entren las 100 unidades de importación provenientes de los países del MERCOSUR, la empresa va a dejar de producir el bien Z por 100 unidades donde además empleaba a 50 personas. Frente a eso, tiene el compromiso de aumentar las exportaciones. Pero, ¿cuánto hay que aumentarlas? ¿De 100 a 101, de 100 a 102? ¿Generará empleo o nuevas inversiones? No necesariamente. Desde este punto de vista, yo estaría perdiendo 100 unidades de producción del rubro Z, que se discontinúa, por un aumento de exportaciones, que es simplemente un proyecto de incremento y que puede ir desde el 1% en adelante, porque no sabemos de cuánto es. Asimismo, puede generar 1 ó 2 unidades de empleo o quién sabe cuántas, pero sí sé que del bien Z puedo perder 50 unidades de empleo.

La primera constatación que surge es que, por un lado, se da un beneficio para que se deje de producir un bien y que se importe por la misma cantidad, pero no conozco cuánto se va a exportar, porque la iniciativa sólo dice que se presente un proyecto de aumento de exportaciones de otros bienes que produzca la empresa. Aquí se presenta la primera dificultad, porque en vez de actuar esto como una promoción de la industria, puede ser una promoción de importaciones de determinados bienes, que entran con arancel 0 y que significan una caída del producto y del empleo en dichos rubros industriales. Esto ocurre además exactamente en la misma empresa que lleva adelante el proceso; estoy independizando el caso de otras empresas.

Por otro lado, tampoco sé qué es lo que se le exige a la exportación, suponiendo que este sistema rija por dos años si se comienza a aplicar el 1º de enero de 1998. Sólo se le exige que haya aumento pero, ¿es por una sola vez, por seis meses, por uno o por dos años? No lo sabemos. Desde ese punto de vista, este articulado nos deja mucho que desear. Probablemente ocurra que, así como el rubro Z que se discontinúa tiene mayor empleo, de pronto también tenga mayor valor agregado. No sé cuál es el valor agregado del producto de exportación, por lo que, inclusive si la exportación fuera de la misma cantidad del que se discontinúa, podría ocurrir que el producto cayera, porque el producto exportado tiene menos valor agregado que el que se deja de elaborar y se empieza a importar con arancel 0.

A esto debemos agregar una preocupación más, señor Presidente. El beneficio se otorga en el momento de presentar un proyecto de aumento de exportación. Luego, tenemos el problema del contralor de ese proyecto, que no se sabe si es por una vez o por un año y a partir de cuándo. Además, debemos tener en cuenta que este Senado votó negativamente un artículo que intentaba buscar controlar la contrapartida de resultados o el desempeño; esto sería controlar un desempeño concreto. El espíritu de la ley es que no haya desempeño; creo que el artículo 3º, en su versión original, decía que no debía haber ningún tipo de desempeño ni metas de exportación. Por eso, cuando quisimos incluir contrapartidas de resultados y desempeño se votó negativamente.

Entonces, ¿cómo nos aseguramos en este caso, cuando estamos dando un beneficio para que se discontinúe la producción de un bien y se importe un producto con arancel 0, si no sabemos de cuánto va a ser la exportación, en qué período, de qué calidad, con qué valor agregado y con qué empleo? Desde mi punto de vista, este no es un elemento menor para atender esta situación.

Un argumento de la misma naturaleza utilizo para decir que este régimen, que en el caso de Argentina no es para el MERCOSUR, sino -como bien lo dijo el señor Senador Fernández Faingold en el día de ayer- que es general, sirvió para hacer la rentabilidad de la empresa a través de las importaciones con arancel 0. Entonces, puede ocurrir que le dé la chance a un productor industrial, que está generando determinados bienes nacionales, de que los sustituya por importaciones y que la ganancia la logre por la vía del arancel 0 proveniente del MERCOSUR.

Este es un tipo de argumento por el cual no tengo certeza y más bien tengo mucha incertidumbre. Además, si miro el caso argentino, tengo mucha posibilidad de que el producto industrial en lugar de crecer, baje y que lo mismo ocurra con respecto al empleo industrial.

Con respecto al segundo tipo de argumento, cambia las reglas de juego en lo que denomino "la mitad del camino". Se tomó una decisión y determinados rubros en la interna del MERCOSUR, consiguieron una protección por más tiempo que otros. Esto es lo que se denomina régimen de adecuación -que en estos momentos consta de 953 posiciones arancelarias- por el cual esos rubros en vez de entrar en 1995 con arancel 0 en el comercio con Argentina, Brasil y Paraguay, tuvieron un período de adecuación en el que contaron con la chance de tener un arancel más alto que otros. A mi juicio, esto es positivo; me parece bien que se haya dado un régimen de adecuación y que el gobierno del Uruguay haya negociado y conseguido los 953 ítems de adecuación. Digo esto porque el período del MERCOSUR era muy corto, de apenas cuatro años, y muchas de nuestras industrias tenían necesidad de más tiempo para reconvertirse y adecuarse. Precisamente, ese régimen de adecuación les permitió contar con el tiempo necesario. Repito que a mi entender es positivo que se haya podido disponer durante el lapso que va desde el 1º de enero de 1995 al 1º de enero del 2000 de un régimen de rebaja arancelaria año a año.

Ahora bien; en los hechos, el 1º de enero de 1995 las empresas vinculadas a las 953 posiciones arancelarias sabían que había un régimen por el cual se fijaba un arancel para ese año que bajaría al siguiente y así sucesivamente, hasta llegar al año 2000, cuando sería cero. Esto regía para todos por igual y, por lo tanto, todos conocían la cronología que habría de seguirse. En base a esto podrían realizar sus proyectos de reconversión y de especialización. Posiblemente, algunos hayan pensado que al tener cinco años de plazo era conveniente iniciar inmediatamente la especialización. Quizás otros no estuvieran en condiciones de hacer esto, pero lo cierto es que en la mitad del camino se decide que quien presente un proyecto de exportación tiene derecho a importar con arancel 0 el rubro que va a discontinuar. Creo que esto en vez de dar seguridad, confianza y reglas de juego estables al empresario, logra todo lo contrario porque cambia a mitad de camino. Todos sabían que desde el 1º de enero de 1995 al 1º de enero del 2000 en los ítems correspondientes se iba a producir una rebaja transparente y conocida. De pronto, reitero, en la mitad del camino se le dice al empresario que tiene derecho a importar no con el 20%, con el 13% o con el 6%, sino con el 0%, si es que baja los niveles de producción y presenta un proyecto de aumento de exportación. Entonces, señor Presidente, podría haber empresas que ya se reconvirtieron y se fijaron un plazo de reconversión sobre la base de la rebaja conocida y transparente, que quedarían en pérdida al cambiarse las reglas de juego y tener que enfrentar una nueva situación. Insisto en que, a mi criterio, en las reglas de juego que se le dan al empresario privado, es vital que exista cierta estabilidad y transparencia, lo que en este caso no ocurre. Debo estar cometiendo errores porque veo que el señor Senador Heber me asiente desde su Banca.

(Dialogados en Sala)

-Por otra parte, pienso que otro tipo de argumento tiene que ver con el hecho de que esta medida afecta a otros productores nacionales. Vamos a suponer que en un momento determinado, un empresario que produce 100 unidades decide discontinuar, reducirlas y traer con arancel 0, 100 unidades de exportación. En la oferta interna esa empresa que produce 100, deja de hacerlo y pasa a tener 100 productos provenientes de la importación del MERCOSUR, pero siempre tendría que vender 100. Cabe destacar que esa misma empresa puede traer 100 unidades con arancel 0 pero, al mismo tiempo, puede importar otras 100, con arancel 20 que es el vigente.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

-En consecuencia, ya no está ofreciendo 100, sino 200, con la ventaja de que éstos los recibió con un promedio de arancel 10 -porque en un caso es de 0 y en el otro es de 20- de modo que ese productor en ese rubro se está transformando fundamentalmente en importador y tiene la ventaja de que como presentó un proyecto de exportación para otro rubro, cuenta con la facilidad de multiplicar sus niveles de importación que serían mayores a los que reduce de producción, pagando un arancel más bajo en relación con los de otros productores o importadores del mismo bien.

De manera que desde este punto de vista, sin duda alguna, esto se podría denominar como una especie de competencia desleal en virtud de la cual quien ofrecía 100 en el mercado está en condiciones de ofrecer 200 con un arancel más bajo que el que pagan los demás importadores que no presentaron proyecto de exportación. De acuerdo con la experiencia de Argentina, debo decir que mi temor es que en buena medida, en determinado rubro, los productores locales se transformen en importadores, como consecuencia de esta medida. El hecho de tener la ventaja de importar con arancel cero un determinado bien Z, le permite a estos empresarios también obtener un subsidio para otros bienes que están produciendo. Por lo tanto, se está afectando nuevamente la competencia con otros rubros. Pero además, señor Presidente, quizás un industrial haya decidido, sobre la base de que sabe que a partir del 1º de enero del 2000 el arancel será 0, comenzar un proceso de sustitución de exportación. Quizás ya lo haya empezado y piense que está en condiciones de competir a partir del 2000 cuando el arancel sea 0; sin embargo, ahora el arancel dependerá de la vigencia de esta ley. Si ello ocurre en 1998, habrá un adelanto de dos años y, entonces, se está afectando un rubro determinado -quién sabe cuál- por haber iniciado un proceso de sustitución de importaciones sabiendo que iba a poder competir con los brasileños y los argentinos en el año 2000, pero no en 1999 o 1998. En este caso también se plantea una diferencia muy importante que nos obliga a pensar...

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa solicita al señor Senador que vaya redondeando su pensamiento, si bien en caso de que quede algo sin mencionar, podrá hacerlo posteriormente a través de aclaraciones.

SEÑOR COURIEL. - Días pasados, cuando se estaba considerando el artículo 25, el señor Presidente entendió que el proyecto de ley y el artículo en cuestión eran lo suficientemente importantes como para no interrumpir en el uso de la palabra al señor Senador Mallo que en ese momento era el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Exactamente, así fue, señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Teniendo en cuenta eso, señor Presidente, desearía recibir un tratamiento igualitario cuando se está considerando un artículo como el 18, que es tan o más importante que el 25.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se le pidió al señor Senador que fuera redondeando su pensamiento simplemente a los efectos de que no extienda su razonamiento más allá de lo lógico, pues ya se ha excedido largamente en el tiempo. Asimismo, la Mesa no ha tenido con el señor Senador un tratamiento distinto al dado al resto de los señores Senadores. Al Senado le consta la tolerancia y muchas veces la evasión del Reglamento realizada por la Presidencia para permitir una más amplia discusión.

En la medida en que el señor Senador Ricaldoni le había pedido una interrupción, pensé -posiblemente estaba equivocado- que luego de que éste hiciera uso de la palabra, el señor Senador Couriel podría volver a intervenir a través de una aclaración. Si el señor Senador se siente molesto, puede continuar con su pensamiento, inclusive hasta la madrugada.

SEÑOR COURIEL. - Creo que hay un argumento por el cual es factible que no se aumente la producción ni el empleo y que ocurra lo contrario. También creo que se afecta a otros productores nacionales adoptando una medida de esta naturaleza. A mi entender la experiencia de Argentina no es menor porque en ese caso la rentabilidad se obtuvo a través de la importación y no como industriales o como exportadores. Además, considero que este régimen es difícil de controlar; hay cosas que de por sí son difíciles pero ésta lo es mucho más.

Primero habría que controlar la cantidad de exportaciones que no se fija, así como su calidad, el empleo y el tiempo, pues todo esto en sí mismo no está en el proyecto de ley. El problema es controlar y verificar el rubro de importación con arancel cero. Oí hablar por la radio a un representante del comercio que decía que el ítem podrían ser zapatos deportivos. Estos artículos pueden venir con tecnologías y calidades completamente distintas y, de pronto, la importación que se hace de ese rubro no tiene absolutamente nada que ver con la producción que se hacía de zapatos deportivos y se discontinúa. Por tanto, desde este punto de vista el contralor es muy difícil.

En el período pasado presenté un proyecto de ley por el cual el control de la importación se le daba al Banco de la República. Sin embargo, esa ley fue vetada y la Aduana muchas veces tiene dificultades para hacer los contralores correspondientes.

La experiencia de Argentina marca lo siguiente. De pronto, se hace un acuerdo con una empresa de Brasil para importar acero y exportar determinado rubro. A veces estas operaciones se hacen intra firma y entonces es muy difícil verificar si la importación cuenta con la calidad correspondiente y si los precios se ajustan a la realidad. Aquí es donde comienzan a aparecer los problemas que tuvo Argentina acerca de sub y sobre facturación. Argentina dejó de lado esto porque entendía que había imposibilidad de controlar y porque consideraba que tenía altos costos fiscales.

Creo que este no es un buen instrumento para fortalecer la industria y la especialización. Asimismo, no estoy de acuerdo con los subsidios a la importación. Considero que las empresas que están en condiciones son viables y, de pronto, estaría dispuesto a darles el apoyo necesario con otra clase de instrumento. Por ejemplo, a través del crédito podría haber una salida que mejore el nivel de especialización. Estoy de acuerdo con el tema de la especialización, pero no comparto el instrumento que se está utilizando en este caso.

Quisiera terminar explicitando que mi posición es pro industria, aunque a veces, algunos amigos industriales sienten que no comparto algunas de sus posiciones y eso es verdad. El hecho de ser pro industrial no quiere decir, de ninguna manera, que tenga que apoyar todos los instrumentos de política económica que se propongan. Por suerte, tengo una posición propia y creo en la industria y en la especialización. Asimismo, considero que en estos momento entre la importación y la industria, el atraso cambiario es mucho más grave para los industriales que cualquiera de estas medidas que estamos analizando.

Por último, agradezco la tolerancia del señor Presidente por el tiempo que utilicé en esta disertación.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: comprendo al señor Senador Couriel porque tenía mucho que decir en poco tiempo y, quizás, temía que fuera a hablar de un gol hecho por el amigo Carrasco el fin de semana pasado.

Simplemente, quisiera aclarar que el señor Senador Couriel en toda su exposición habla de aquellos proyectos de ley que se presenten y que por ese hecho reciben determinados beneficios, pero eso no es así. Se trata de los proyectos que se han aprobado luego de todo un trámite que contiene el propio proyecto de ley, lo cual hace del tema una cuestión esencialmente distinta. Esta es una de las tantas cosas en las que conviene ser tremendamente preciso. Más allá de las posiciones personales, que pueden ser contrapuestas y muchas veces aunque no siempre ellas pueden ser respetables -aclaro que las del señor Senador Couriel son respetables- hay situaciones en las cuales a partir de ciertas impresiones involuntarias en la explicación de los temas que se están considerando, generan algunas reacciones comprensibles y otras que son pretextos y, en definitiva, dan lugar a escuchar cosas que por los menos a quien habla no le caen bien y no las acepta. Por tanto, esto dará lugar -y aclaro que no me refiero al señor Senador Couriel- a que en uso de mi intervención toque lateralmente estas cuestiones que están desvirtuando el clima en el que se debería estar discutiendo fuera del Parlamento -más que dentro- toda la temática inserta en el proyecto de ley.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Señor Presidente: la alusión a Carrasco no sé si se refiere al gol o al hotel.

El artículo 18 en su literal a) dice que el beneficio podrá otorgarse a aquellas empresas que presenten un proyecto de aumento de exportaciones de otros bienes que produzcan. Es decir que es contra un proyecto de exportación y si discontinúan el producto se les da arancel cero sobre la importación. En realidad, el texto no dice en qué momento se produce la exportación, por qué cantidad se realiza, cuál es el empleo, cuántas veces se efectúa y durante qué tiempo se lleva a cabo. Entonces, desde ese punto de vista siento que las chances de que en vez de que aumenten la producción y el empleo, estos caigan, son muy elevadas.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: en nuestra breve presentación general del artículo, manifestamos que la aspiración al presentar y proponer este mecanismo no era la de habilitar transferencias entre sectores, es decir que no se pretende que sea un sector de la actividad el que cediendo una parte del mercado transfiera recursos a otro. Más bien, lo que se buscaba era que la transferencia fuese del Fisco hacia el sector de actividad o, en este caso, a la empresa que presenta un proyecto específico tratando de reconvertirse. Hablo de la transferencia del Fisco desde el punto de vista de la no recaudación de determinados tributos.

En este sentido, señor Presidente, el mecanismo que señalaba el señor Senador Couriel lo podríamos denominar de promediar aranceles al importar una parte sin o con arancel cero y otra con un arancel de veinte.

Nosotros, lo digo con toda claridad, estamos dispuestos a recibir una sugerencia que permita dejar en el texto de la ley una disposición que asegure lo que señalamos al principio: la transferencia no debe ser entre sectores, sino del Fisco hacia la empresa que presenta el proyecto. Si existiera alguna propuesta en el sentido de plantear un mecanismo que limite, por ejemplo, la importación por ambos regímenes, estaríamos dispuestos a considerarla, porque una buena parte de las suspicacias que se han generado en torno a este proyecto de ley caerían si éste se examina con serenidad, y parte de ella es la actitud de reconocer que su intención no es, repito, la de habilitar transferencia entre sectores o entre empresas, sino del Fisco hacia la empresa que se reconvierte, por la vía de la especialización. Además, estamos y estaremos dispuestos a admitir todo ajuste de su texto que permita evitar esos efectos no deseados; lo hemos indicado y lo ratificamos en este momento.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - No dudo y jamás lo hice, de los objetivos que persigue este artículo y el señor Senador Fernández Faingold. De manera que, desde ese punto de vista, cuando el señor Senador Fernández Faingold dice que desea que haya una transferencia del Fisco al contribuyente, yo le creo totalmente; eso no lo discuto de ninguna manera. Lo que yo digo es que si bien el señor Senador tiene ese deseo, lo que se está generando es otra cosa, un fenómeno nuevo, distinto, que está afectando a otros productores. En primer lugar, perjudica al que ya se especializó; en segundo término, al que estaba haciendo un proceso de sustitución de importaciones y sabía que el plazo iba hasta el 2000, pero aquí se le acorta el tiempo de que disponía; en tercer lugar, está la chance a que yo hacía referencia de una importación por una cantidad superior a la que deja de producir. En cuanto a las propuestas, como yo creo en la industria y en su selectividad, estoy dispuesto a recibir las ideas que se planteen y a considerarlas; no tengo ningún inconveniente en ello, pero yo siento que éste no es el instrumento adecuado.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - El país ha crecido en los últimos 12 ó 13 años a más de un 3% anual en términos reales. No es poca cosa para un país que no estaba acostumbrado al crecimiento, el cual está acompañado de una inversión importante, independientemente de que nosotros aspiramos a más. En este proceso ha tenido una gran responsabilidad, por el esfuerzo y la energía volcados, la industria nacional, porque su producción subió notoriamente y eso no lo puede negar nadie. Parte del aumento de las exportaciones de este país está dado por el esfuerzo que ha hecho la industria en los últimos 12 ó 13 años. Entonces, acá no se trata, señor Presidente, de discutir una promoción de la industria, sino de ver si las promociones van por buen camino o empiezan a desandar el que con tanto esfuerzo el país y el pueblo uruguayo han hecho; no hay otra discusión.

Por otro lado, pensamos que los aranceles no son ni más ni menos que la decisión de un país de cuánto está dispuesto a pagar por la ineficiencia de su propia industria local. Como la industria genera una serie de contrapartidas sociales -entre ellas el empleo- la pregunta que surge es cuán cautivo dejamos al mercado uruguayo de las industrias nacionales y de su ineficiencia. Si acá sólo viéramos al país en función de la industria, ¿por qué en lugar de tener un 10% o un 20% no tenemos un 100% de aranceles? Esto sucedió muchas veces; había mercados cautivos y nadie podría importar nada porque los aranceles eran de tal magnitud que ni siquiera había posibilidades de competencia. En la medida en que el mercado uruguayo es muy pequeño, era difícil instalar otras industrias y, entonces, el conjunto de los uruguayos quedábamos cautivos, repito, de las ineficiencias de algunos industriales. Pero que nosotros digamos que los aranceles deben estar en un nivel prudente y moderado, para que nadie esté preso de esas ineficiencias y el mercado uruguayo tenga otros productos competitivos, resguardados por ese porcentaje de arancel que se marca, no significa que no le estamos haciendo un bien a las industrias porque éstas, a la hora en que se reconvierte y pelean en el mercado uruguayo con un nivel arancelario bajo, también lo pueden hacer afuera. Precisamente, estamos exportando más porque hubo una reconversión fuerte de la industria uruguaya, que peleó el mercado interno y que se dio cuenta que también puede competir en los mercados externos. Paradójicamente, a veces defender la industria es no sobreprotegerla tanto, sino darle competitividad para hacerla más fuerte, a la hora de competir afuera. Esto es así.

Ahora bien; el tema que se trata aquí son las reglas de juego. Muchas veces mi Partido ha criticado, sobre todo al Partido Nacional, porque hizo muy rápido determinadas reconversiones, pero discutir el tiempo y el plazo de las mismas no significa que no estemos de acuerdo en que los niveles arancelarios deben tener un nivel moderado y prudente. Precisamente, esta es la fuerza de la propia industria; poder competir dentro y fuera sin que ningún Estado la tenga que sobreproteger porque sus propios productos, la calidad y la eficiencia, son los que la defienden. Así es la vida, nos guste o no. Pero lo fundamental es que las reglas sean claras. Cuando empezamos a tocar las reglas, generamos una dispersión de esfuerzos de parte de los empresarios y de los industriales. Digo esto porque algunos empiezan a olfatear que a veces su ganancia y rentabilidad está más en golpear la puerta al Estado que en producir bien y eficientemente. Concretamente, en los últimos 13 años los industriales uruguayos han seguido por este último camino: producir bien, con eficiencia y con calidad, que es lo que más los defiende. Sin embargo, en tiempos anteriores, se daba la historia permanente de que la rentabilidad de las industrias muchas veces estaba en el Estado, en el decreto y en la ley, que las amparaba y las protegía y que en definitiva, fue lo que produjo momentos económicos y de dificultades que el país ha pasado y muchas de esas secuelas las estamos viviendo hoy en día.

Debemos respetar las reglas de juego y el peor problema que tenemos es cuando las tocamos o no las respetamos. Entonces, me hago algunas preguntas que me gustaría que el Miembro Informante atendiera con preocupación, para ver si él las puede contestar, ya que se supone que es él que ha estudiado con mayor esfuerzo este proyecto.

Un importador que importa productos de fuera o del propio MERCOSUR, frente al hecho de que mañana ingresen algunos de esta región sin aranceles, pensará que no tiene de qué preocuparse si las industrias que los traen sólo pueden vender en el mercado interno lo que estaban vendiendo.

Personalmente, no sé cómo se va a reglamentar esto, porque si una industria trae todos los productos de un año en una sola importación, no los ingresará mes a mes; si los vuelca en el mercado en ese mismo mes, ¡vaya que creará problemas a cualquiera! Es más; si trae la producción de un año y luego, con pago de aranceles, hace ingresar más producción, mezclándola y subvencionando una con otra, naturalmente que estará desplazando importadores.

Me pregunto por qué tocamos las reglas de juego. Que alguien me responda por qué a un importador le damos beneficios y a otro no. Se podrá decir que unos están defendiendo el trabajo nacional. En buena hora. Entonces, sigamos hasta el final ese razonamiento, ya que sería bueno hacerlo.

Supongamos que el importador que paga todos los aranceles piensa en especializarse y producir en el país dos artículos de los ocho que ha estado trayendo. Querrá que se le dé también arancel 0. Se le dirá que no, que si produce e instala una empresa y una fábrica, se verá comprendido en las exoneraciones que establece este proyecto. Sin embargo, el mismo importador insistirá en el arancel 0 porque también se está especializando y dando nuevos trabajos. No advierto que esto se contemple aquí; si estoy equivocado, que el Miembro Informante me lo diga.

Al parecer, al industrial que empieza a importar se le otorga un beneficio porque defiende el trabajo, mientras que al importador que podía crear trabajo convirtiéndose en industrial se le otorgarían sólo los beneficios que reciben todos y no el arancel 0. Creemos que esto no es bueno, señor Presidente.

Podemos citar también el ejemplo de un industrial que ya reconvirtió, que creyó al ex Presidente Lacalle cuando firmó el Tratado de Creación del MERCOSUR y al Parlamento cuando lo aprobó, por lo que pensó que aquí se venía el temporal y que debería competir con todas sus fuerzas con la industria argentina y la brasileña y, además, con toda la caída de aranceles que el Gobierno instrumentó a toda velocidad. Así, este industrial debió reconvertirse; se endeudó, invirtió y tuvo problemas sociales, porque seguramente con sus trabajadores las situaciones tampoco fueron fáciles. Ahora, a esta persona se le dice que, lamentablemente, la nueva decisión con relación a las compensaciones es que éstas son para quienes no reconvirtieron o no se especializaron o para quienes están haciéndolo a medias.

Supongamos que el mismo industrial razona de la siguiente forma: tenía diez productos y se especializó en dos, quedando en ocho de ellos fuera del mercado. Tenía una buena cadena de ventas e igualmente los dejó fuera, por lo que decide traerlos de nuevo, porque podrá tener ahora arancel 0. Se le dice que no, que él reconvirtió antes, que creyó al Estado y al Parlamento uruguayo, por lo que no puede importar esos productos sin arancel. Pienso que actuar así no es buena cosa. No es bueno generar reglas que tratan en forma desigual a los iguales.

Veamos a los industriales que se van a reconvertir y a especializar por este camino, y recordemos que no estamos hablando de 960 aranceles y más de 1.000 productos. No es así, hay muchos que tienen un porcentaje muy pequeño. Un industrial en ese caso ya se reconvirtió o está afuera del escenario. Personalmente, me hubiera gustado que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas o, por lo menos, la Comisión del Senado -a cuyas sesiones he asistido- nos hubiera dado la lista de los rubros específicos a los cuales este Cuerpo está beneficiando y subvencionando.

Veamos el caso del industrial que recibe un beneficio. Creo de buena fe que va a defender el empleo, porque en todos estos años ha sacado adelante al país, reconvirtiéndose y logrando aumentar el producto industrial de que estamos hablando. Esta persona, por ejemplo, puede tener diez productos y resolver bajar a tres o dos, importando el resto, ya que tendrá arancel 0. ¿Los señores Senadores creen que un industrial que está dando la batalla a brazo partido, cuando se encuentre con este beneficio decidirá hacer ingresar en el mercado sólo el volumen de productos que produce sabiendo que puede importar el resto con los mismos aranceles? Hará una mezcla de los productos que son iguales y saldrá a venderlos, unos con y otros sin arancel, y ganará mercado. Y podrá hacer esto debido a una ley votada por este Parlamento.

¿Por qué vamos a desplazar mercado? No creo que se deban hacer así las cosas. A los iguales se los trata de igual forma; así tiene que ser. Esas son las reglas y todos tienen que saberlo. Este es nuestro rol: gobernar el país y decirle a todos, independientemente de su poder, que vamos a tratarlos con equidad, respetando las reglas de juego.

Quisiera ampliar un poco lo que es este régimen, porque me parece que a veces todos nos entusiasmamos con ciertas promociones y, sin embargo, estamos afectando la credibilidad del país. En este sentido, cabe señalar que un destacado economista, Nelson Noya, integrante de nuestro Partido, ha elaborado una nota muy extensa y muy dura sobre este régimen de promoción. Si el Senado quisiera, se podría hacer llegar dicho informe a todos los señores Senadores. Personalmente, me habría gustado que, además de analizar todo lo referente al artículo 18, se hubiera profundizado en el tema del clima de inversiones. Digo esto porque no en vano en este país se vivieron determinadas cosas; no en vano hubo una ausencia de crecimiento que se extendió prácticamente durante treinta años, y no en vano se sufrieron situaciones económicas muy complicadas que afectaron, incluso, el ingreso y la distribución y, además, hicieron que el Uruguay, país por esencia exportador, perdiera la dinámica a nivel de las exportaciones.

En un país con vocación industrial y exportadora, los productos primarios siempre derivaron en secundarios, pero luego nos quedamos. Consecuencia de ese enlentecimiento de la producción nacional fueron las permanentes violaciones de las reglas de juego que realizó el Estado uruguayo; me refiero a decretos, reglamentos y leyes que determinaban que la ganancia y la rentabilidad no se obtuviera con el esfuerzo de producir mejor y con mayor calidad, sino golpeando los despachos del Parlamento y del Gobierno. Creo que ahora estamos viviendo otra etapa y que, por suerte, a pesar de que todavía quedan resabios de aquel clientelismo, hemos salido de ello y este tema se está abordando con otra mentalidad.

Hace trece años, señor Presidente, que la industria viene haciendo un esfuerzo enorme y magnífico por producir mejor, con calidad y eficiencia. ¿Qué mejor, entonces, que seguir por esa senda? Por supuesto que hay dificultades en el empleo; nadie deja de ver los costos que muchas veces implican las reconversiones, y debemos encontrar los mecanismos adecuados para que el empleo se estimule. Al respecto, hemos presentado varias iniciativas que, naturalmente, llevan a bajar el costo que este trabajo tiene; en este caso, me refiero al costo de la seguridad social y a los aportes patronales, que deben tenerse en cuenta a la hora de medir los esfuerzos que realizan los industriales y los empresarios al construir y al elaborar sus productos.

Finalmente -y no voy a extenderme demasiado ya que advierto que no me queda mucho tiempo- quisiera decir que, a mi juicio, vamos por el camino equivocado, porque si existe un industrial que cuenta con un buen proyecto, debemos ofrecerle promociones y créditos, y no una subvención o un arancel que lo terminará utilizando para lograr nuevos mercados, ya que esa es la forma en que razona cualquier industrial.

Es verdad, señor Presidente, que no hay ningún límite para cuantificar esto, ya que el Estado uruguayo es débil con respecto a eso. Por este motivo muchas de las normas que proponíamos tenían la intención de que el Estado cumpliera con sus cometidos.

Además, si se pretende decir que no se puede volcar al mercado más de lo que se importó con esos aranceles -no creo que se le pueda obligar, porque en ese caso nos encontraríamos frente a una violación de la libertad de comercio-, sí podemos pretender que vuelque al mercado otro tanto, pagando los aranceles correspondientes. Es decir, tenemos dos productos, uno de los cuales no tiene aranceles o al tope máximo que se permite, y otro por el que se pagan esos tributos. Entonces, si se mezcla la mercadería, ese importador de entrada tendrá ganada la mitad de los aranceles, en contraposición con los otros comerciantes. Ese no es, sin duda, el camino correcto; el camino correcto es el del crédito, el de las facilidades de pago con tasas accesibles y todo aquello que signifique no dar dinero, en el sentido de regalar, sino otorgar préstamos que obliguen a desarrollar la eficiencia en un mercado competitivo, con un nivel de excelencia en la producción, tal como lo han logrado muchos industriales.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: he seguido con mucho interés la argumentación expuesta por el señor Senador preopinante porque de alguna manera creo que recoge los múltiples argumentos que se han esgrimido -y esto lo digo con mucho respeto- para apoyar algunas opciones y no a otras. Pienso que ha sido un buen resumen de algunos de los debates que se han desarrollado en torno a este proyecto.

Quisiera hacer varias puntualizaciones. En primer lugar, creo que es un error plantear este proyecto como una iniciativa que enfrenta al productor nacional con el importador, en una economía que se ha abierto y en la que muchos sectores de importación y de comercio se beneficiaron. Me parece muy bien porque eso es lo que pretendió hacer el país cuando, al armar el esquema de apertura, lo condujo en forma prolija durante mucho tiempo.

Por otra parte, no creo que se trate de plantear el tema enfrentando posiciones, porque la importación de muchos de los rubros que hoy quedarían representando algunos productos -creo que son aproximadamente novecientos- serían pasibles de iniciativas como la que contiene el artículo 18. Inclusive, muchos industriales iniciaron la importación de productos competitivos, cuando la protección arancelaria era mucho mayor. De esa forma establecieron empresas importadoras que prosperaron, que se desarrollaron y que actualmente se encuentran con la expectativa de que dentro de dos años, aproximadamente, podrán competir sin ninguna de las restricciones de protección que se le plantearon a esas posiciones involucradas, en el universo de adecuación al que estamos haciendo referencia.

Reitero que no se trata de que se opongan unos contra otros, sino que debemos entender que este proyecto, en su artículo 18, reconoce un dato importante. Existen industrias nacionales que no han procedido suficientemente en materia de reconversión; asimismo, el proyecto no pretende regular el conjunto de la economía ni estimular a todas las actividades, sino promover y proteger inversiones nacionales y extranjeras. Dentro de ese propósito se encuentra, especialmente, el interés de tomar aquellas empresas que aún no se han reconvertido y decir que su rumbo más probable de reconversión es la especialización productiva, que vamos a apoyar. El instrumento que estamos utilizando para ello no es desconocido ni novedoso, sino uno de muchos: aquel que el sector público y el Poder Ejecutivo entendió que podía ser viable. No se trata de generar posibilidades de competencia privilegiada frente a sectores de la importación, sino porque nos interesa que aquellas empresas que aún no se han reconvertido puedan hacerlo y no desaparezcan, como ciertamente va a suceder si no se reconvierten. Para ello estamos generando un régimen que prevé tratar a esas empresas en forma desigual. Todos compartimos el principio de tratar igual a los iguales, pero debemos tener cuidado con la definición de los criterios que dibuja la igualdad, que es siempre, señor Presidente, lo más difícil. De esa manera, habríamos incorporado un tratamiento selectivo, tal como lo son permanentemente las políticas de promoción y de estímulo. Esto es así aun en aquellas economías que teóricamente respetan el mercado y defienden a nivel mundial el respeto de los otros mercados.

Insisto en que este no es un tema de confrontación, sino que se trata de medir puntualmente los efectos que esto puede tener. Se podrá decir que había otros regímenes de especialización y de promoción tal vez más eficaces; ello no lo niego, pero reitero que el que seleccionó este proyecto y evaluó cuidadosamente el Poder Ejecutivo en todas sus opciones, es éste. Se genera mecánicas de competencia por la vía de promediar aranceles diferentes entre el régimen aquí propuesto y el común, pues busquemos los mecanismos que eviten eso; pero no argumentemos como si hubiera una oposición implícita entre los importadores y los productores, cuando los primeros se establecieron en este país -y diría que afortunadamente- habiendo reconvertido, en algunos casos, empresas industriales e inclusive ampliado el giro comercial de otras. Así lo hicieron, se establecieron y prosperaron cuando los aranceles o las barreras de protección eran mucho más altas que las actuales.

Quiero expresar, señor Presidente -y el señor Senador Michelini mencionó algo al respecto, con mucha razón- que aquí no estamos frente a un arancel del 20 % por el período de dos o tres años, tal como lo han planteado algunas de las posiciones en este debate, sino que nos encontramos ante protecciones que se terminan el 31 de diciembre de 1999 y que pueden mantener el arancel del 20 % hasta el 31 de diciembre de este año; luego se ubicarán en el 13 % o el 14 % hasta el 31 de diciembre del año que viene, para más adelante descender al 6 % o al 7 % hasta el 31 de diciembre de 1999. Debemos considerar que se compitió y se prosperó con niveles arancelarios del orden del 26 % -lo menciono para dar un ejemplo- y hoy, cuando nos ubicamos en el 13 %, no podemos decir que esto signifique una oposición de intereses. Creo que lo que ocurre es normal, porque nos encontramos en un país que tal vez tardíamente ha decidido apoyar un mecanismo que tiene un final cierto: me refiero al proceso de especialización.

Personalmente, no digo que se nos atribuyan intenciones, porque no es el caso. Además, quiero destacar que jamás, en casi tres años, me excedí en el tiempo de que disponía, luego de encendida la luz roja. Sin embargo, en este momento quiero redondear mi pensamiento, diciendo que estamos frente a un régimen transitorio, que va a finalizar, que tiene máximos y que si se nos escapó algún detalle en su redacción, para evitar prácticas desleales como aquella a la que hicimos referencia, estamos dispuestos a incorporarlo, porque lo que dijimos que pretendíamos que fuese este régimen, es lo que queremos que sea.

SEÑOR MICHELINI - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI - Aspiraba a que el señor Miembro Informante me dijese: "Usted puso tres ejemplos, de acuerdo con los cuales puede darse una competencia desleal. Sin embargo, eso no va a pasar por las siguientes razones". Pero no ocurrió de esa manera.

Además no me gusta que se diga que esto es malo, pero va a serlo por poco tiempo.

Por otra parte, tampoco estoy de acuerdo con que se diga que no se hizo un esfuerzo por parte del país, con respecto a las industrias. Eso no es cierto, porque cuando aquí se establecieron excepciones de artículos, hubo industrias que no las tuvieron y otras que sí. Por lo tanto, se hizo un esfuerzo grande por parte del país, ya que se exceptuaron más de mil productos. Algunas de esas industrias tendrían una segunda posibilidad, porque otras del mismo rubro, que estuvieron dentro de las excepciones, se reconvirtieron. Pero aquellas no lo hicieron o lo hicieron a medias, es decir que están haciendo el esfuerzo.

Todos estamos al tanto de estos detalles, porque el Uruguay es un país muy chico y nos conocemos todos. Reitero que esas industrias han hecho esfuerzos, pero, además, encontraron que acá tienen un canal especial a transitar. Así, estamos desplazando mercado y, personalmente, eso no me gusta, ya se haga por decreto o por ley. No es algo bueno y, además, da una mala señal para el futuro. Como dentro de dos años con el MERCOSUR tendremos arancel cero y estas industrias aún no se han reconvertido, sería bueno averiguar por qué no lo han hecho. Sin embargo, como no se han reconvertido, les damos una ayuda mayor, les decimos que se apropien de determinada parte del mercado. Es decir que como tienen una dificultad, les creamos una situación especial dentro del mercado. Pero, señor Presidente, no se puede actuar así.

Digámoslo de otra manera. Supongamos que, de ahora en adelante, a ciertos productos importados les vamos a aumentar el IVA un 10 %. Es lo mismo. Si la mercadería se produce a nivel nacional, tiene determinado IVA; si ese mismo producto se importa, tiene un recargo del 10 %, por concepto de IVA. No sé lo que va a decir la Organización Mundial de Comercio frente a una situación de este tipo. Tampoco sé lo que va a decir frente a este proyecto. La información que poseo dice que Argentina lo eliminó. Al respecto, hemos mantenido una discusión con el señor Miembro Informante. Sin embargo, reitero que hay problemas con la referida Organización, porque la comunidad internacional no deja pasar estas cosas así nomás. Por otra parte, es importante que un país chico como nosotros haga las cosas bien. Los países grandes, fuertes, desarrollados, se pueden dar el lujo de hacerlas mal, pero, reitero que los chicos somos los más sancionados y perjudicados.

Por lo tanto, vuelvo a dejar constancia de que no es bueno que sigamos por este camino. Sí lo sería dar crédito a estas industrias. En este momento contamos con el ahorro que se realiza a través de las AFAP, por lo que bastaría generar los instrumentos necesarios para otorgar esos créditos a diez o quince años. Así, toda vez que se presente un buen proyecto, se otorga el crédito correspondiente que, por supuesto, deberá pagarse. Insisto en que no debemos continuar por el camino que se sugiere, ya que trata a los iguales en forma desigual.

Con mucho énfasis pero con mucha tranquilidad, reitero que no debemos decir que no se les ha ayudado y que ahora hay que hacerlo. Las excepciones fueron una ayuda que prestó el país para que las empresas se reconvirtieran, y las reglas fueron claras. Si es necesario dar más ayuda, habrá que otorgar créditos y las cosas deberán ser simples y claras.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Escuchando el debate, parecería que no estamos discutiendo sobre el artículo 18, sino sobre todo el texto del proyecto y quiero aprovechar este momento para hacer algunos comentarios.

Acá se ha manejado por parte de varios señores Senadores la idea de que si uno critica la propuesta del Poder Ejecutivo, lo que tiene que hacer es presentar un proyecto alternativo.

No es que me precie de tener buena memoria, pero, en general, uno se acuerda de las cosas que ve o hace. Así, pude conseguir, luego de buscarlo intensamente, un proyecto de ley sobre inversiones y su promoción, de setiembre de 1995. Es decir, que data de ocho meses antes de que llegara el proyecto del Poder Ejecutivo y está firmado por la totalidad de los 31 Legisladores del Frente Amplio y del Encuentro Progresista. El mismo contiene una pauta de cómo se otorgarían las promociones, qué papel le cabría al Poder Ejecutivo, qué rubros entrarían en la desgravación, un registro de las inversiones y los mecanismos para llevarlas adelante. Es decir, que todo lo que hemos debatido en el Senado está sintéticamente expresado en este proyecto de ley que, por supuesto, no tuvo andamiento, no fue considerado, como tantas otras iniciativas que están durmiendo en las Carpetas del Senado o de la Cámara de Representantes, pese a que se dice que no hay propuestas.

Quería hacer mención a este proyecto, para destacar que había una alternativa, que existió una propuesta que, obviamente, difiere de la que estamos considerando.

Asimismo, deseo hacer una aclaración porque, o bien yo vivo en otro país o bien los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística no son ciertos. Debo decir que recibí la síntesis sobre actividad y empleo del referido Instituto que dice que, tomando como base 100 el año 1988, el volumen físico de la producción industrial subió al 103 %, a junio de 1997. Es decir, que en nueve años el volumen físico de la producción aumentó un 3 %.

Además, hay otros indicadores que usa el Instituto Nacional de Estadística que dicen, por ejemplo, que el índice de horas trabajadas, tomando como base 100 también el año 1988, ha caído al 63,8 % en junio de 1997. En consecuencia, parecería que habláramos de mundos diferentes.

También tengo frente a mí un documento de fecha 27 de octubre de 1997 de la Cámara de Industrias donde se dice que se han perdido, entre 1989 y 1996, 68.000 puestos de trabajo en la industria manufacturera.

Si se afirma que la industria no tiene problemas, quisiera saber qué traslucen estos datos: un rendimiento del 3 % en nueve años, una caída de la actividad de casi el 40 % y una pérdida de casi 70.000 puestos de trabajo.

Quiero decir con claridad que cuando se inició el proceso del MERCOSUR, los que tenemos más tiempo en el Senado escuchamos a los sectores del Gobierno sostener la tesis de que era más conveniente abrir el país al mundo antes de asociarnos a los vecinos pobres, porque esto no daría resultado, por lo que era mejor buscar socios ricos a lo largo del mundo. Sin embargo, a mediados de 1990 se descubrió que Argentina y Brasil estaban por realizar un acuerdo bilateral de libre comercio, por lo que fue necesario "engancharse al tren" porque, de lo contrario, no podríamos efectivizar el 40 % de nuestras exportaciones que era lo que estaba dirigido hacia esos dos países. Entramos en ese acuerdo mal y tarde, porque no había más remedio.

Además, esta situación que vive la industria no es solamente producto de la integración al MERCOSUR, sino de la estrategia política y de la apertura indiscriminada de la economía uruguaya al mundo, la que ha traído consecuencias muy graves para este sector.

Asimismo, creo que existe una concepción equivocada que tiene que ver con un relato retórico equivocado, respecto del tema del mercado, que todo lo acomoda; es como si se dijera ¡démosle un marco al mercado! Como decía el doctor Lacalle, ya los agentes económicos se ocuparán de llenar los intersticios de actividad y saldremos adelante. Digo esto, porque él francamente lo planteaba de esta manera y, en definitiva, no vamos a hacer más que eso. Es más; en algunas áreas esto ya existe. Por ejemplo, en forestación el Estado invierte el 50% y exonera del tributo. Aquí el Estado es bueno, como lo es también a nivel internacional.

Al respecto, en el día de ayer, al notarse que caía la Bolsa en Nueva York, a la media se cerró. Pero, ¿quién lo hizo? Por supuesto, los operadores. Si existiera libertad de mercado, podrían haberla dejado caer; sin embargo, en este caso, el Estado intervino y a la media hora se terminó la libertad de mercado. Con esto quiero decir que el discurso es retórico, ya que el mercado y la libertad de mercado sirven de acuerdo a los intereses que se pretende promover y, si estos son negativos -como en este caso- se cierra el mercado.

Por lo tanto, pienso que el artículo 18 puede ayudar a aquellos que han tenido más dificultades para poder reconvertirse e insertarse en el proceso de integración regional. Es cierto -así como lo hemos observado en la Cámara de Industrias- que existen otros sectores industriales que han hecho esto y lo han financiado. En general, se trata de empresas multinacionales que operan en los cuatro países de la región y que se especializan en cada uno de ellos para promover un rubro. Cabe aclarar que esto lo han hecho muy bien, invirtiendo muchísimo dinero, con una enorme capacidad de financiamiento. Sin embargo, con este artículo se pretende buscar una ayuda acotada en el tiempo -y creo que esto es necesario tenerlo presente- para aquellos sectores que tienen más dificultades para poder integrarse y reconvertirse sin transformarse meramente en establecimientos que cierran sus puertas, abandonan la situación en que están y pasan a ser importadores.

Por otra parte, sería conveniente hablar de ciertos temas que no han sido analizados. Quizás lleve un poco más de trabajo, ya que es necesario explicar y entender -aunque, personalmente, entiendo poco de este tema- que el problema no está sólo en reconvertirse, sino también en saber que hay que producir a nivel de escala. Digo esto porque en nuestro país un sector industrial puede tener el mejor nivel y las mejores ideas -también en lo que se refiere al dinero- pero no funcionar en la región. En contraposición, una empresa brasileña, con su producción a nivel de escala, puede hacer desaparecer del campo de juego a la empresa competidora uruguaya. Es por este motivo que el Estado debe buscar mecanismos de complementación y alentar a que estos existan.

Por mi parte, observo que la mecánica del artículo tiene que ver con que la especialización puede llevar a que se desarrolle una estrategia de complementación que permita salvar los puestos de trabajo en la industria. Tal como lo expresé en la reunión de Bancada, reitero que no comparto que con este artículo se puedan crear puestos de trabajo, sino que lo único que se podrá hacer es defender algunos.

Por este motivo, voy a votar afirmativamente este artículo, tendiendo en cuenta que algunos de los aspectos que están planteados se pueden corregir. Al contrario de lo que se dice, pienso que la Comisión Adjudicataria que otorgue los beneficios deberá tomar en cuenta que existe un condicionamiento, ya que si no hay un volumen de exportaciones similar al de las importaciones que se van a realizar próximamente, no creo que se pueda autorizar un beneficio indiscriminado. Es decir que deberá estar condicionado al proyecto de exportación, que no está cuantificado -en este punto coincido con lo que decía el señor Senador Couriel- pues no hay una norma que exprese, por ejemplo, que debe ser de tal cantidad o que debe estar relacionado proporcionalmente con lo que se vaya a exportar, porque sí está vinculado proporcionalmente con lo que se deja de producir. En otras palabras, se autoriza la importación de tal volumen en tanto se disminuye la producción del artículo que se va a importar.

El beneficio consiste en desgravar a la empresa que haga este proceso de reconversión del impuesto aduanero y otros recargos, a los efectos de permitirle que se financie. En síntesis, esto es lo que se persigue.

Además, hay que tener claro que estamos hablando de un subsidio. Personalmente, lo voto conscientemente, ya que no me molesta el hecho de que existan subsidios, siempre y cuando sirvan para promover la producción, generar fuentes de empleo, desarrollar la economía y estén bien controlados. Precisamente, un aspecto que he criticado de este proyecto de ley es que no instrumenta un análisis de resultado que permita tener un control estricto de lo que se va realizando.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, efectivamente, existe un plazo firme en el que va a operar este beneficio, que va desde la sanción de la ley hasta el 1º de enero del año 2000. En esa fecha todos los aranceles van a estar a nivel cero, por lo que no habrá rebaja de ningún impuesto, porque estos no existirán para la exportación.

Asimismo, me parece beneficioso que en ese plazo de un año o un año y medio puedan darse determinadas condiciones que garanticen que se van a salvar los puestos de trabajo.

Pienso que existe razón en una crítica formulada acerca de que no se da garantía de que el industrial que pase a ser importador de un determinado producto, no haga el juego de importarlo libre de gravámenes y, por otro lado, importar otra cantidad bajo el régimen común. Volviendo al ejemplo citado de las zapatillas deportivas, un fabricante puede dejar de producirlas e importar libre de impuesto 2.000 ó 3.000 pares y, mediante el régimen común, otros 3.000 pares. Cuando digo 2.000 ó 3.000 también podemos pensar en 30.000 y 30.000; y con 60.000 unidades tendría un recargo promedio del 10%. De este modo, efectivamente, podría romperse la plaza, pues estaría compitiendo en forma ventajosa con los que deben pagar el 20% del impuesto.

Opino que hay que buscar un mecanismo que permita salvar esa situación. Al respecto, he elaborado un texto aditivo muy breve para el apartado b) de este artículo. Al final del mismo, donde dice: "con monto máximo de importaciones determinado por dicha reducción", se podría agregar la expresión: "el beneficiario no podrá importar el mismo bien o bienes bajo el régimen común". Es decir que si el importador ingresa en este sistema por el cual se le otorga el beneficio, no podrá utilizar el régimen común.

Se me ha explicado que ya existen sectores que utilizan este mecanismo de la importación al mismo tiempo que siguen produciendo internamente y que, quizás, estaríamos contribuyendo a quitarles una parte del mercado con un planteo de este tipo. Por lo tanto, deseo que lo que se me ha expresado se le explique igualmente al Senado a los efectos de llegar a un acuerdo sobre un texto único. Me parece que la norma debe estar claramente establecida porque, efectivamente, si no existiera, podemos correr el riesgo de que haya un beneficio extra para el industrial que pasa a ser importador y que puede adueñarse o desplazarse de un mercado a otro.

Es cuanto quería señalar.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: el tema al que se refirió en último término el señor Senador Gargano ha surgido recurrentemente, tanto en la tarde de hoy como en conversaciones anteriores. A ese propósito, nosotros también hemos señalado en esta sesión que estamos dispuestos a buscar algún ajuste de texto que nos permita tomar en cuenta las sugerencias realizadas y evitar que se lo utilice como un mecanismo para expandir la participación en el mercado interno por la vía de promediar aranceles. En ese sentido, nos permitíamos señalar al señor Senador Gargano -y lo hacemos ahora a todo el Cuerpo- que una alternativa que limite la posibilidad del industrial que cesa su producción y la sustituye por una importación en las condiciones en que está planteada -hasta la cantidad que se deja de producir, tal como lo hemos discutido hasta ahora- o sea, que se establezca alguna limitación a la capacidad de importar por el régimen común, no nos parece mal.

Por otra parte, deseo recordar que -según nos ha comunicado el señor Ministro de Economía y Finanzas cuando conversamos con él respecto de este peligro- la pretensión del proyecto de ley es mantener la participación en el mercado y no generar condiciones que favorezcan que unos y otros la amplíen a partir de su entrada en vigencia.

Por estas razones, esta restricción nos parece conveniente, aunque considerando que existen industriales -según nos informaba el economista Mosca- que ya están importando por el régimen común bienes que podrían estar dejando de producir, pensamos que a la idea que plantea el aditivo propuesto por el señor Senador Gargano sería bueno agregar algo más. No me refiero a la prohibición absoluta de importar por el régimen común a los industriales que ya están introduciendo bienes al país -a quienes estaríamos generando un daño y desplazando del mercado- sino a una limitación o restricción planteada en términos de no incrementar la importación por el régimen común de aquellos productos que ya estaban comprando en el exterior. A su vez, resultaría conveniente la instrumentación del permiso o el beneficio que se establece en este proyecto de ley en cuanto a autorizar la importación con arancel cero de los bienes que se dejan de producir.

En síntesis, señor Presidente, estaríamos dispuestos a recorrer ese camino si a esa prohibición de importar se la acotase para aquellos que ya están importando, de manera de evitar un aumento de la importación por el régimen común si, al mismo tiempo, se introduce al país lo que se deja de producir con arancel cero. Creo que en esas condiciones este es un camino que podríamos recorrer porque resolvería un problema planteado por varios señores Senadores, entre quienes figuran los señores Senadores Couriel, Gargano y Michelini.

A todo esto, deseo agregar mi opinión respecto a dos temas que ya han sido formulados. Me refiero, por un lado, a qué ocurriría si un importador se convierte en industrial. Por supuesto, nos estamos refiriendo a una reconversión de industrias establecidas que cesan de producir y al importador que resulta de ese proceso y que no estaría amparado por el régimen que proponemos.

Se plantea, además, qué pasa con los aranceles en el caso de un industrial que se reconvirtió hacer tres años y ahora produce dos artículos mientras importa diez. No están cubiertos por este proyecto de ley, que solamente toma el caso de las industrias que no se han reconvertido y que son las que han tenido más dificultades. Es a ellas que en este tiempo que queda hasta el final del período de adecuación intenta brindarles un apoyo que les permita la reconversión mediante la especialización para no desaparecer.

Quiero señalar, señor Presidente, que se trata de un intento para que esos puestos de trabajo no desaparezcan y, seguramente, ése será su mayor efecto, más que el de generar a corto plazo fuentes laborales nuevas o adicionales. Pienso en el corto plazo porque estoy convencido de que las empresas que se reconvierten logran insertarse y competir en el ámbito del MERCOSUR y fuera de él y son organizaciones que al expandir su potencial exportador con el tiempo, más allá de la transformación tecnológica, van a aumentar su plantilla.

Estos han sido los razonamientos básicos con respecto a este tema. No pretendemos que el proyecto de ley sea lo que no es.

Pido disculpas nuevamente, señor Presidente, por exceder el límite de tiempo en algunos segundos, pero creo conveniente agregar que a aquellas empresas que hoy estuvieran importando por el régimen común artículos cuya producción también está dirigida al mercado interno y que van a discontinuar como parte de su proyecto de especialización -que tiene que ser aprobado por el Poder Ejecutivo, es decir, que debe asociarse a un programa de aumento de las exportaciones- no deberíamos eliminarlas porque estaríamos alterando su ecuación en el mercado. Como hemos visto, ellas quedarían eliminadas de acuerdo con el texto que presentó el señor Senador Gargano. En realidad, estaríamos apuntando a que no se pueda incrementar lo que han estado importando por el régimen común. Con esto quiero significar que si importaban cero por el régimen común, no podrán importar nada, y si importaban equis por el régimen común, podrán hacerlo hasta equis cantidad, y no más. Por lo tanto, señor Presidente, debemos encontrar una redacción que refleje este concepto que es el sentido de la propuesta que formulé en relación al aditivo presentado por el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: el planteo que hemos escuchado puede ser atendible siempre y cuando haya una fecha cierta que sea anterior a la sanción del proyecto de ley.

Como se ha dicho tantas veces, aquí somos pocos y nos conocemos, y es bueno que exista una disposición que establezca una fecha -que puede ser al día de hoy o al 31 de diciembre- para que quien importaba veinte vasos bajo el régimen común pueda hacerlo en la misma cantidad, pero que no introduzca dos mil unidades, y que aquel que no importaba nada, no pueda comprar nada en el extranjero.

Comprendo, señor Presidente, que se diga que todo esto es demasiado complicado y que existen otros procedimientos más sencillos para promover la inversión, entre otros, el crédito. Ahora bien; habría que preguntar a los industriales por qué no toman créditos en dólares con una tasa de interés del 24% o en pesos con tasas del 50% y del 60%, cuando la inflación se mantiene por debajo del 20%. Todos sabemos que se puede hablar de créditos y créditos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: quiero formar parte de aquellos que estamos absolutamente convencidos de las ventajas que tiene la propuesta incluida en el artículo 18. No quiero formar parte de lo que suele ocurrir a veces en la vida pública del país en cuanto a estar poco menos que pidiendo disculpas respecto de una norma de este tipo.

Estoy absolutamente convencido de que esta es una norma muy adecuada a las circunstancias. Hay, sí, actitudes difíciles de compartir, más allá de que se las respete, como es mi costumbre siempre; sin embargo, las críticas que he escuchado en el día de hoy efectuadas a la propuesta de la Comisión de Hacienda -que, con respecto al artículo 18, contó con los votos de todos sus integrantes menos uno- son todas en términos condicionales, pues se dice: "podría ocurrir tal cosa o tal otra", o que "existe la posibilidad de que se dé tal supuesto o tal otro". No me parece correcto que frente a una propuesta de este tipo, las críticas se hagan en términos condicionales o, si se quiere, hipotéticos.

En alguna medida -lo digo muy francamente-, me da la sensación de que todavía tenemos en el país la actitud de poner al inversor nacional o extranjero -sobre todo a este último- poco menos que bajo sospecha acerca de sus verdaderas intenciones. Tampoco esta es una actitud que nos permita buscar con claridad las soluciones adecuadas.

No he escuchado, señor Presidente, propuestas alternativas consistentes. En más de una oportunidad hemos oído decir dentro del sistema político, que quizás las medidas para la industria tendrían que transitar por otros caminos. Me pregunto cuáles. Generalmente no escuchamos propuestas alternativas a las que está sosteniendo este Gobierno de coalición. A veces hemos oído que las soluciones pasan por una devaluación o restricciones importantes a las importaciones de equipos industriales como forma de combatir la desocupación. Por lo tanto, no se sabe cómo activar el desarrollo económico en una forma más acelerada de la que comprobadamente está teniendo lugar en estos momentos. Acabo de escuchar al señor Senador Gargano hablar de fórmulas más sencillas; puede ser que las haya, pero lo que es evidente es que hasta este momento dichas fórmulas no han sido puestas sobre la mesa. Esto me lleva a señalar otros aspectos vinculados con este artículo 18 que estamos analizando. En primer lugar -quiero decirlo muy francamente-, este artículo no lleva nombre y apellido, no beneficia a una o a dos empresas, ni tiene un trasfondo poco menos que inconfesable en el cual hay intenciones ocultas distintas de las que surgen de su texto. Como otros señores Senadores, me he ocupado de tratar de saber cuántos ítems están comprendidos en los beneficios derivados de este artículo 18. Son 953 ítems y se habla de un solo sector productivo del país. Permítaseme que en el orden en que están en el Repartido correspondiente que obra en mi poder, los mencione: Lácteos, 11; Hortifrutícolas, 14; Molineros, 2; Aceites, 10; Alimentos envasados, 49; Bebidas con y sin alcohol, 9; Tabaco, 2; Cemento, 3; Químicos, 40; Medicamentos, 97; Pinturas, 16; Perfumería y Cosméticos, 16; Plástico, 35; Caucho y neumáticos, 28; Maderas, 12; Corcho, 1; Papel, 37; Textil, 143; Vestimenta de punto, 48; Vestimenta excepto de punto, 37; Calzado, 26; Manufactura de piedra, yeso, etcétera, 7; Componentes automotores, 4; Cerámica, 10; Vidrio, 15; Joyería, 2; Metalúrgicos, 141; Eléctricos y electrónicos, 70; Automotriz, 15; Lentes, 3; Muebles, 15; Juguetes, 19; Cepillos y escobas, 8; Varios, 8. Total: 953.

Entonces, señor Presidente, quiero expresar categóricamente que no hay derecho -y no se ha dicho dentro del Senado, sino fuera de él- a decir que esta es una normativa que apunta a perjudicar al país, que se formula sin argumentos, que hubo una negociación extramuros, que hay ventajas significativas para dos importantes empresas de plaza, que todo esto tiene nombre y apellido, que hay dos directivos que son personas muy importantes que están impulsando este artículo y que hay mucho dinero en juego.

Personalmente, no voy a salir del tema del artículo 18, pero adelanto que me reservo el derecho de hacer un planteo sobre estas expresiones a las que por ahora no me voy a seguir refiriendo, una vez terminada la consideración de este proyecto de ley.

Señalo también, señor Presidente, que quienes han creado voluntariamente este clima y no están, por supuesto en ninguna de estas Bancas, se olvidan a la vez de otros detalles que no me parecen en modo alguno menores. Quiero citar, por ejemplo, las exposiciones realizadas por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, ingeniero Alvaro Ramos, en Tokio el 14 de octubre.

En ocasión de la reunión del MERCOSUR -Japón, Evolución y Perspectivas; el señor Ministro explicaba algunas cosas -y voy a citarlas textualmente- que quienes tratan de ensuciar la consideración de este tema, deliberadamente omiten.

Decía el señor Ministro Ramos: "Existe un régimen de adecuación que permite algunas excepciones al libre comercio interno, aunque limitando su vigencia hasta fines de 1998 para Brasil y Argentina y fines de 1999 para Paraguay y Uruguay".

Sin embargo, agrega algo que quienes tratan -reitero- de sembrar dudas y desconfianzas sobre los que vamos a apoyar esta norma, omiten.

El señor Ministro continuó diciendo: "Existen listas de excepciones al Arancel Externo Común para cada país, las que regirán hasta el año 2001 para Argentina y Brasil y", préstese atención, "hasta el año 2006 para Paraguay y Uruguay".

Y estos señores o uno de ellos, que manifiesta que hay mucho dinero en juego y las otras cosas a que me acabo de referir, omite decir -ya ni siquiera "pasa en puntas de pie"-, no en lo que tiene que ver con las relaciones dentro del MERCOSUR, sino perforando el Arancel Externo Común, que los importadores cuentan con listas de excepciones que para Uruguay con Paraguay habrán de mantener determinados beneficios, que bien dados y negociados están por nuestro Gobierno, hasta el año 2006.

Son cosas, señor Presidente, que hay que decir; como también hay que aclarar que esta discriminación que efectivamente existe -¿quién lo duda?- ha sido impuesta por las necesidades del país que están por encima de las sectoriales. Lo dijo hace un rato el señor Miembro Informante, pero yo también lo he leído en las versiones taquigráficas de la Comisión de Hacienda de la que no formo parte, y en la redacción final de este artículo que estamos considerando, que redactó el señor Senador Astori. Al respecto, dijo algo que para mí constituye una verdad de a puño: "No hay política económica", y yo agregaría, sabiendo que él y también el señor Miembro Informante estarán de acuerdo, que "no hay política social que en una u otra forma no suponga una discriminación". Lo que está mal es crear discriminaciones que no respondan a los reclamos de los intereses generales; pero está bien que cuando los reclamos de los intereses generales así lo exijan, se establezcan medidas que nosotros llamamos promocionales pero que se puede admitir que desde cierto punto de vista se diga que son discriminatorias. Discriminatorias son, señor Presidente -pongo ejemplos muy simples-, leyes que apuntan a dar algún tipo de beneficio a los discapacitados, y aclaro que no estoy pensando en los autos que se traen para ellos, sino en oportunidades de trabajo; lamentablemente, éstas a veces no se cumplen adecuadamente por falta de reglamentación de una ley que se dictó hace ya unos cuantos años en el Parlamento.

En lo que tiene que ver con la seguridad social, ¿acaso no ocurre que por accidentes graves una persona no puede seguir trabajando y tiene un régimen anticipado de seguridad social?

¿Y eso no es discriminación? Sí, lo es y está bien que exista. Pero pregunto si la Ley Forestal y la Ley de Zonas Francas, que muchos de nosotros hemos votado aquí en el Parlamento -creo que hubo votos de todos los sectores y hoy nadie habla en contra de ellas-, no son, acaso, normas promocionales que significan, en su calidad de tal, privilegiar a algunos respecto de los demás, promoviendo determinadas actividades. ¿El interés general, tal como uno honestamente lo percibe, merece estos beneficios? ¿Cuál es, entonces, la diferencia -si lo ponemos en términos políticos o éticos- entre la intención de esta norma y otras que aceptamos en forma pacífica, afortunadamente, dentro y fuera del sistema político? Confieso que no lo entiendo.

Se dice que hay algo así como una escasez total de garantías en cuanto a la forma en que se habían de conceder estos beneficios. En ese sentido, me permito traer a colación algunos artículos de este proyecto de ley. Por ejemplo, en el Capítulo III -dentro del cual figura el artículo 18 que estamos considerando-, se incluye el artículo 11 que, en su párrafo tercero señala: "Se tendrán especialmente", subrayo este término, "en cuenta a efectos del otorgamiento de los beneficios, aquellas inversiones que: a) incorporen progreso técnico que permita mejorar la competitividad; b) faciliten el aumento y la diversificación de las exportaciones, especialmente aquellas que", obsérvese bien, "incorporen mayor valor agregado nacional; c) generen empleo productivo directa o indirectamente; d) faciliten la integración productiva,", y se vuelve a decir, "incorporando valor agregado nacional en los distintos eslabones de la cadena productiva; e) fomenten las actividades de las micro, las pequeñas y las medianas empresas, por su capacidad efectiva de innovación tecnológica y", vuelve a decirse, "de generación de empleo productivo; f) contribuyan a la descentralización geográfica", etcétera. Aclaro que no he agotado la cita.

Las normas de descentralización geográfica que hemos incorporado expresamente en la última reforma constitucional, que hemos impulsado convencidamente, ¿no son acaso también promoción y, desde otra óptica, para algunos, una discriminación? ¡Claro que lo es frente a lo que puede ocurrir fuera de la capital del país! Pero son discriminaciones que apuntan a la defensa de los intereses superiores del país, a ese interés general que todos tratamos de interpretar de la manera más clara posible. En este caso, me refiero al artículo 12. Se ha creado una Comisión de Aplicación -que es asesora- ante la cual se presentan estos proyectos y ella determinará cuál es el Ministerio competente para estudiarlos. Luego, todo esto dará mérito o no a una resolución afirmativa del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo se puede haber dicho que esto poco menos que entra en forma subrepticia a la escena nacional y que sólo favorece a un par de empresas industriales, cuando en realidad hemos visto que abarca una infinita cantidad de otras actividades? Es difícil de entender. ¿Cómo no se advierte -aunque lo hemos votado en sesiones anteriores- que el artículo 14 faculta al Poder Ejecutivo a requerir de los beneficiarios -luego de estos trámites que insumirán cierto tiempo y tienen serias garantías- de las franquicias otorgadas, las garantías pertinentes, sin perjuicio de exigir, cuando corresponda, los tributos, las multas y los recargos?

Entonces, el artículo 18, ¿qué tiene que ver con el beneficio de un par de empresas? ¿O se puede pensar que primero el Poder Ejecutivo, con el proyecto de ley inicial, y luego la Comisión de Hacienda -donde siempre ha habido acuerdo, con excepción de este caso- sólo entendían estar favoreciendo el interés de un sector productivo del país? ¡Acaso se cree -aunque no se haya dicho en el Senado, sino fuera- que esto tiene que ver con un par de empresas, que tienen nombre y apellido y que hay mucho dinero en juego? Estamos convencidos de que esta es una herramienta más -no la única, ni la panacea-, alineada en la misma dirección de lo que han hecho otros países. Creo que el señor Miembro Informante, hace unos instantes, mencionaba la ley argentina que, ni siquiera como la nuestra, limita los beneficios a las importaciones provenientes del MERCOSUR, sino de cualquier lugar, con un plazo mucho mayor en Uruguay. Es lo que también ha ocurrido en Europa.

¿Qué está demostrando todo esto? Que no estamos diciendo que con esto sólo se reconvierte una industria, aunque es cierto que debemos ayudarla a hacerlo. Pero para ello necesita estímulos y estos tienen que venir de este lado porque, de lo contrario, habría que acudir a recursos que no están disponibles y que sólo significarían mayor déficit fiscal o presión tributaria que este Gobierno no está dispuesto a aceptar. Esta es una realidad.

Por lo tanto, creo que todo el Senado puede votar tranquilo esta norma porque forma parte de una batería de instrumentos que, por suerte, este proyecto de ley va a poner a disposición de inversores, que son necesarios tanto en este país como en otros. Me pregunto cómo vamos a llevar adelante el desarrollo del Uruguay. ¿Con un ahorro interno que todavía no es importante? Imposible. ¿Con un mayor endeudamiento externo? Tampoco es aconsejable. No hay otra alternativa que la inversión privada: nacional, donde se pueda obtener, y extranjera, dentro de marcos legales que garanticen que se cumpla con lo que se propone y que se controle lo que se autorice. En definitiva, todo ello va a apuntar a afirmar, también por este camino, aunque no sea el único, un desarrollo que por suerte está marchando muy bien en nuestro país. Pensamos que seguirá de esa manera en la medida en que el sistema político continúe aprobando soluciones legislativas como las que estamos considerando hoy.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Señor Presidente: queremos hacer una reflexión en voz alta sobre el artículo 18, por supuesto, descartando algunas cosas que ha señalado el señor Senador Ricaldoni -y que me parecen justas-, en cuanto a no adjudicar intención, ni transformar o tratar de destruir una iniciativa en base a su intencionalidad, como ha pretendido algún actor dentro de la discusión.

Pienso que es de recibo la protesta que ha hecho el señor Senador Ricaldoni, al igual que no diga que este artículo tiene nombre y apellido, lo cual sería una gran ofensa a quienes, en definitiva, se está adjudicando y al propio Gobierno.

Descartada la intencionalidad del artículo, queremos ver qué dice el mismo y discutirlo, porque podemos tener las mejores intenciones pero no siempre llegar a los mejores resultados.

En la etapa de la negociación del MERCOSUR, se estableció una lista de productos excepcionados. ¿Con qué fin? Personalmente, no sabía lo que acaba de informar al señor Senador Ricaldoni acerca de unas manifestaciones del Ministro Ramos que señalan que algunas excepciones llegarían hasta el año 2006. Este tema es importante e, indudablemente, debemos incluirlo en nuestras reflexiones sobre el artículo 18. ¿Por qué se establecieron excepciones? ¿Cuál fue la intención de los gobiernos? ¿Cuál fue la de la Argentina que, en primera instancia, empezó a establecer excepciones en la negociación? Justamente, intentaba proteger para posibilitar la reconversión. La única intención que tuvieron los gobiernos que se sentaron a negociar fue determinar plazos y protecciones en forma global y distinta.

Indudablemente, la negociación fue difícil, pero también exitosa. Discrepo con las manifestaciones del señor Senador Gargano en cuanto a que entramos mal y tarde al MERCOSUR; considero que entramos bien y a tiempo. Uruguay tiene la lista más grande de excepciones junto a Paraguay en comparación con Argentina y Brasil; incluso, no sé si la lista de Paraguay es la misma actualmente, pero creo que es menor.

Reitero que lo que los gobiernos buscaban era, justamente, excepcionar, proteger, vale decir, seguir condenando al pueblo uruguayo, a la sociedad, a pagar productos más caros para ayudar a la industria elaborada de nuestro país a reconvertirse y adecuarse a las nuevas reglas del mercado y a la competencia.

Aquí se nos ha planteado un cuestionamiento a aquellos que, en definitiva, creemos en lo transparente y legítima que es la competencia en el mercado, como si se tratara de una especie de nebulosa donde se benefician unos pocos. Personalmente, considero que el mercado es la gente. Esta es la que vota todos los días comprando uno u otro producto, eligiendo por precio y por calidad. A mi juicio, todos los ciudadanos del país tienen el derecho de poder elegir. Lo que me cuesta entender en la historia política del país y también en este artículo es cómo se pretende -digo esto con todo respeto por las opiniones que se han vertido- intervenir en el mercado, condenando al consumo nacional a pagar productos más caros en beneficio de una teórica reconversión o inversión.

En esta exposición no solamente voy a hacer razonamientos, sino que también quisiera plantear algunas preguntas. No tenemos las cosas claras y creo que muchos Senadores que estamos en el Plenario y no integramos la Comisión llegamos a este ámbito abiertos a la discusión, esperando que se nos convenza de que este artículo es un buen instrumento para el país y para la industria. Se trata de una ley de promoción de inversiones y contiene un artículo sobre especialización, que no procura invertir más pero exige exportar más. Se me podrá decir que para exportar hay que invertir, pero ello no está establecido. Indudablemente, a la industria que tiene este beneficio se le da la garantía de que va a exportar el producto en el que se va a especializar. Quizá tenga que hacer inversiones y quizá no.

Nos estamos refiriendo a sectores de la industria y, como decíamos, la lista de productos excepcionados del MERCOSUR son los que entran en esta medida. Quiere decir que todas las industrias que hace pocos años tuvieron que reconvertirse para competir, ahora no están incluidas en el artículo, es decir, no integran la lista de excepciones. Por lo tanto, reitero que una cantidad sustancial de industrias -lamentablemente no tenemos la lista de las que están incluidas- no se benefician; un gran volumen de industriales ha hecho el esfuerzo de reconvertirse y a ellos no se aplican las medidas establecidas. Muchos de los que sí gozan del beneficio, que tienen esa ventaja porque están dentro de la lista de excepciones, no han hecho la inversión necesaria porque no pudieron o porque, como me dijo un industrial amigo, toda reconversión necesita capital, dinero.

Muchos no alcanzaron la lista de protección, la de productos excepcionados que elaboraban las industrias y por eso estamos discutiendo este artículo en el día de hoy. Hace 6 ó 7 años que, de alguna manera, estamos en el proceso del MERCOSUR y el tiempo no ha sido suficiente y la fecha de entrada en vigencia, teóricamente, es a fines de 1999, es decir, en el año 2000. Digo "teóricamente" porque, como lo ha señalado el señor Senador Ricaldoni, hay productos excepcionados hasta el 2006. Me gustaría saber cuáles son esos productos; creo que sería bueno que el Miembro Informante lo mencionara hoy en Sala porque, de alguna manera, estos tienen una excepcionalidad mayor a la que, en definitiva, se establece en los Convenios de Ouro Preto.

En consecuencia, se excluye de los beneficios a una gran cantidad de industrias que ya tuvieron que reconvertirse y, si no lo hicieron, se fundieron porque están en régimen de competencia total y sin ningún nivel de protección arancelaria ni de excepción.

Por otro lado, hay otro grande, mediano o pequeño listado de productos -como lo señaló el señor Senador Ricaldoni y consta en la versión taquigráfica- que no sabemos si son elaborados por parte de un solo industrial. Algunos industriales elaboran sólo un producto; me pregunto qué ocurre con ellos. No están amparados por el artículo 18, porque no van a especializarse en lo único que, en definitiva, fabrican; además, no tendrán beneficios de importación porque no discontinuaron ninguno de sus productos. Entonces, dentro del grupo de industriales que podrían acogerse a esta norma, muchos quedan afuera porque elaboran un solo producto. En consecuencia, seguimos reduciendo la nómina de industriales beneficiados.

Hay algunas preguntas que todavía no se me han respondido. Quizás se hayan planteado a nivel de la Comisión, pero me gustaría que se me contestaran porque también forman parte de esta discusión. ¿Por qué es necesario que el Estado premie la especialización? ¿Por qué la especialización? ¿Quién la determina? ¿Es necesaria? Me pregunto por qué un industrial competitivo, que ha hecho una inversión importante en 2 ó 3 productos y tiene éxito, debe discontinuar un producto exitoso y que, de alguna manera, tiene posibilidades de competir en la región. ¿Por qué lo obligamos a reducirse? Porque desde el Estado se dice que es buena la especialización.

¿Es buena la especialización, señor Presidente? Lo lógico sería decir que sí, porque en un sector industrial, donde indudablemente cuesta canalizar el ahorro, y en un país como el Uruguay, donde históricamente no se han hecho grandes inversiones y promociones como para que tengamos niveles de competitividad, todo indicaría que podríamos llegar a la conclusión de que, especializándose en determinado producto, un industrial puede ser más competitivo. Pero me pregunto por qué no hacerlo beneficioso al punto tal que aquel que quiera pueda beneficiarse; porque aquel industrial que hoy está en condiciones de competir con toda su línea de productos, no tiene beneficios por el artículo 18. Es decir que no cuenta con la posibilidad de importar productos a la tasa preferencial que se anuncia en la mencionada norma.

Precisamente, aquí radica parte de nuestra discrepancia porque, en definitiva, la lista de productos es todavía incierta, al igual que la cantidad de industrias que pueden acogerse a esta medida. No quiero decir que sean pocas o muchas; no se nos ha dicho nada al respecto y tampoco se ha sostenido que esto involucre a 30, 40, 50 100 ó 2 industrias, como también se ha manejado públicamente. Quizás haya elementos de juicio que permitan decir que este artículo que tanto hemos discutido, en definitiva va a beneficiar a diez industrias.

En consecuencia, aquí no está en juego si se está a favor o en contra de la industria; es más, parece chabacano emitir este tipo de juicio o sentencia. Asimismo, sostener que hay algunos sectores que son favorables a la industria y otros que no, sería una ofensa que se haría a quienes en definitiva quieren ayudar a nuestro sector industrial de la mejor manera posible.

Se nos ha dicho que toda reconversión necesita dinero. Bien, si es así, quizás no sea este el mejor camino. Incluso, hay innumerables posibilidades de elegir opciones diferentes que no implican intervenir en las reglas del mercado. En nuestro país, aunque determinados industriales estén "topeados" en la línea de producción que hoy están elaborando, podemos decirles que pueden importar al 20%, al 13% o al 0% por lo que, quienes consumen, trasladarán una ganancia a ese sector. Vale decir que el esfuerzo no lo hace el Estado sino quien, en definitiva, está comprando ese producto con un margen de ganancia excepcional, que no tienen aquellos que importan y que sí van a tener aquellos industriales que discontinúen una línea de producción e importen en sustitución. ¿Quién va a "pagar el pato"? La gente, el pueblo, que va a pagar más por un producto que vale menos.

Por otro lado, se ha insistido tanto, señor Presidente, en las etapas de negociación del MERCOSUR, que realmente hoy no entendemos cómo algunos sectores que antes pedían una protección excepcional para poder hacer la reconversión y tener el oxígeno suficiente para la inversión necesaria, ahora sostienen que están de acuerdo con esta fórmula que ha encontrado la Comisión, ya que originalmente el Poder Ejecutivo había enviado otra que desconozco.

En consecuencia, a nuestro juicio, en la discusión que se ha procesado hasta ahora no se ha rebatido el argumento de que en definitiva no es la sociedad en su conjunto -ni el Estado uruguayo- quien va a sostener esta reconversión o ayuda que el sector industrial precisa, sino el propio mercado. En resumen, será la propia gente la que va a pagar un producto más caro, cuando el industrial va a tener un margen de ganancia mayor. ¿Esto es bueno o malo? Yo cuestiono si es indispensable que el Estado diga que la especialización es necesaria. Me gustaría contar con una norma del Estado que ayude al sector industrial en términos generales, y no porque se especialice o no; prefiero normas que vengan del Estado, que guarden la objetividad, para no estar diciendo que se va a ayudar a tal o cual industria que tiene dificultades. También me agradaría -quizás sea puntual- dar una garantía a un sector industrial, que asegure que durante diez años no va a vivir ahogado con determinado impuesto -que de alguna manera le está siendo expropiatorio- dictando reglas para todos, tanto para los que ya hicieron el esfuerzo, como para los que lo están haciendo y para los que lo hagan en el futuro, en función del artículo 18.

Por lo tanto, no me parece válido que se sostenga -como lo ha hecho hace un momento el señor Senador Michelini- que este artículo no es tan bueno o que, en definitiva, no debemos hacer tanto escándalo porque es por un año. Incluso, el señor Ministro de Industria, Energía y Minería, hoy de mañana en algunas radios manifestó que era obsoleta o muy extensa la discusión que estábamos teniendo en el Senado, a tal punto que cuando las medidas estuvieran prontas iba a ser tarde y no iban a servir para nada. Creo que podríamos haberle puesto más ritmo a este debate -incluso para definir a favor o en contra- dando a este proyecto de ley otra urgencia, para que pudiera haber un fallo del Senado de la República. Esperamos que en la Cámara de Representantes no se demore mucho más, ya que en este ámbito el fallo se dará en el día de hoy.

Por otro lado, el señor Ministro señalaba que esto va a regir por dos años, es decir en 1998 y 1999. A propósito de ello, hago la siguiente reflexión, que me gustaría se nos contestara por parte de voceros autorizados del Partido Colorado. Cuando el señor Ministro habla de que esto será por dos años, ¿está generando un mensaje muy claro al sector industrial en cuanto a que el Gobierno no va a pedir prórrogas en las próximas reuniones del MERCOSUR? ¿Acaso nos está diciendo al Senado y al país que el Gobierno no piensa pedir prórrogas en el futuro? Debemos tener en cuenta que estamos votando un artículo que va a regir por dos años. Eso que ha dicho públicamente el señor Ministro de Industria, Energía y Minería, ¿refleja la actitud que tendrá el Gobierno en los próximos años? Digo esto porque también se ha señalado aquí -no lo sabía- que, según el Canciller de la República, hay productos que seguirán exceptuados hasta el año 2006.

En consecuencia, no va a haber ampliaciones; pero si hay una lista de excepciones que se extienden más allá del año 1999 -parece que efectivamente existe- ¿la actitud del Poder Ejecutivo es no pedir prórrogas? De acuerdo con las informaciones que tenemos, desde algunos sectores ha surgido la necesidad de que el Gobierno uruguayo solicite prórrogas, lo que quizás sea mejor que sancionar este tipo de artículos que pueden distorsionar el mercado interno. En todo caso, que el Uruguay resuelva -no observo esto como algo malo- y diga que necesita más tiempo -dos, tres o cuatro años más- para adecuar nuestros niveles de competencia e inversión. Prefiero que se defina claramente si la actitud del Poder Ejecutivo va a ser adecuarse a las fechas que ya están preestablecidas o solicitar prórrogas para que el sector se pueda reconvertir. Entiendo, señor Presidente, que no se puede minimizar lo propuesto en el artículo 18 diciendo que es solamente por dos años.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

-Enseguida termino, señor Presidente, con mis interrogantes.

Para minimizar los efectos de esta iniciativa no se puede señalar públicamente que es por dos años; si hay una posibilidad -de acuerdo con nuestra información, se estaría estudiando- de replantear las fechas del MERCOSUR, la disposición adquiere una mayor importancia y no se circunscribe únicamente al plazo de dos años. Sabemos que en algunos niveles de competencia, si se da esta ventaja al sector industrial frente al importador -que no deben estar enfrentados, pero que podrían llegar a estarlo a causa de este proyecto de ley- un plazo no ya de dos años, sino de dos meses, puede ser definitorio para la vida de muchas empresas que están establecidas.

Entonces, no es porque sí que planteamos estas interrogantes. En resumen, entendemos que este artículo no constituye el mejor camino para ayudar a los industriales; tampoco creemos que abarque a todo el universo de industriales, como nos gustaría que sucediera, tal como ocurrió con la Ley de Ajuste Fiscal, en la que se establecieron reintegros a las exportaciones con esfuerzo de la sociedad. Vemos que el Ministro de Economía y Finanzas dice, donde se le quiera escuchar, que esa medida ha tenido éxito y que la exportación ha presentado un crecimiento. Entonces, ¿por qué buscar la exportación por otro mecanismo distinto a este, que tuvo éxito, dando ventajas a unos en desmedro de otros?

Para no ser negativos, hemos presentado una alternativa que, debido a la urgencia, tampoco nos seduce. Ojalá se nos convenciera de lo contrario -porque no queremos entorpecer- pero no creemos que de esta manera estemos ayudando al país, al Gobierno, y menos al mercado, que hemos logrado transformar en limpio y competitivo. Para que la sana competencia y la limpieza sirvan de garantía para competir fuera, primero debemos tenerla adentro. El señor Miembro Informante, dijo que muchos sectores se beneficiaron con la apertura. Eso no es así, señor Presidente; el principal sector en beneficiarse ha sido la propia gente, que ha tenido variedad de productos, a menor precio y con mayor calidad. Esto ha llevado a que aquellos sectores que, teniendo un mercado cautivo, no tomaban decisiones -porque el mercado les estaba aportando ganancias- se animaran a adoptar las medidas de reconversión e inversión. Indudablemente las tomaron, y hoy son competitivos frente a la importación.

Se nos dice que muchas de las industrias ya hicieron una inversión en aras de la necesaria reconversión. Pero, ¿qué pasa con esas personas que ya se han reconvertido? ¿No están comprendidas en este artículo? ¿Cómo actúa la norma frente a aquellos que hicieron la inversión y que ya han discontinuado productos porque el mismo mercado así lo ha establecido? No creo que el Estado, ni ningún burócrata, pueda señalar al industrial qué es lo que debe hacer con su empresa y qué es lo que debe discontinuar o agrandar. Pienso que la mejor cabeza es el propio industrial y la línea que buscamos es que éste sea respaldado por parte del Estado, sin ahogarlo, sin maniatarlo y dejando que gane mucho -porque no está mal que así sea- y que pague en función de eso. No podemos cobrarle antes de invertir, antes de crecer.

Estos son algunos de los argumentos y dudas que tenemos y que llevan a que no acompañemos este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lamento profundamente expresar -debí hacerlo antes, pero pensé que la sesión iba a ser más breve- que a las 19 y 20 horas tengo un compromiso absolutamente ineludible, por lo que deberé retirarme de Sala. Ese compromiso es una obligación que asumí hace muchos días, antes de prever que iba a haber sesión del Senado. Voy a participar como orador en un homenaje a un gran amigo fallecido, el ex Legislador Héctor Lorenzo Ríos. Obviamente, por respeto al homenaje y a quienes me invitaron, debo retirarme.

El Senado determinará si desea continuar con esta deliberación o si hace un cuarto intermedio hasta el día de mañana. De todas maneras, como ya se ha llegado a un acuerdo sobre el texto del artículo, pienso que la discusión puede continuar sin problemas, y así lo deseo.

Simplemente entendí que era mi obligación expresar al Senado las razones que imponen mi ausencia y dar las excusas del caso.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: he solicitado la palabra, no con el ánimo de alargar esta discusión, sino con la intención de poner el acento en algunos aspectos que a mi juicio son muy relevantes.

Creo que la discusión ha sido muy buena, con argumentos sólidos de uno y otro lado, y se ha concentrado básicamente en algo que es comprensible, que es la herramienta elegida para estimular la especialización productiva. Sin embargo, me parece que hemos dicho poco sobre lo que esto significa en materia de actitud política del proyecto de ley y, en particular, sobre lo que significa la estrategia de especialización productiva para el Uruguay con proyección hacia el futuro. Precisamente, mi intención es comenzar por estos puntos.

Creo que el régimen de especialización productiva, desde el punto de vista de la actitud política de este proyecto de ley, es uno de sus aspectos más importantes, uno de los que le da identidad. ¿Qué entendemos por actitud política? Dos cosas que planteamos al fundar nuestro voto en general favorable a este proyecto de ley. Por un lado, el estímulo a la inversión productiva y a la creación de puestos de trabajo no puede dejarse librado a la acción de las fuerzas del mercado, sino que es una responsabilidad fundamental del sector público, que no puede eludir. Esta es una posición doctrinaria, así como también lo es la que acabamos de oír en sentido contrario, que respeto mucho pero que no comparto en absoluto. El mercado no asegura a los países -y esto está demostrado fehacientemente- crecimiento, inversión y empleo. Por otra parte, esta acción, responsabilidad del sector público, no puede asumirse en forma diferenciada e indiscriminada, sino que tiene que ser selectiva, en función de lo que el país vaya decidiendo y de los caminos que resuelva transitar. Por supuesto, esto tiene relación con los modelos políticos que la sociedad de ese país elija recorrer y con la política económica que esos modelos incluyan. El Frente Amplio está convencido, desde su fundación, de que la política económica es responsabilidad del sector público y que éste la tiene que encarar selectivamente. Y esto es lo que entraña este proyecto de ley, una actitud de ese tipo, distanciada del llamado neoliberalismo por dos razones: porque el sector público asume su responsabilidad y porque lo hace selectivamente.

Debimos esperar 23 años para tener una ley de este tipo, ya que el último intento en este sentido fue el decreto-ley de la dictadura de 1974. Luego, ninguno de los Gobiernos posteriores elaboró una iniciativa como la que hoy tenemos sobre nuestras mesas.

El régimen de especialización productiva es uno de los ejemplos más notorios y claros de esta doble característica que nosotros queremos que tenga la actitud política fundamental frente a la orientación y conducción de la economía del país.

Obviamente, las discrepancias que más entendemos son las de orden doctrinario, aquellas que dicen no estar de acuerdo con la intervención del Estado en la economía ni con la selectividad, argumentando que debe tratarse a todo el mundo por igual, indiscriminada e indiferenciadamente. Comprendo esa actitud, pero no la comparto.

Creo que la política tiene que ser selectiva y debe discriminar, no en función de lo que quiera un burócrata -en absoluto, esos son caminos que también demostraron su ineficacia y su negatividad en el país- sino de lo que el propio Uruguay, a través de su sociedad, vaya seleccionando como modelos de actitud política, como esquemas de conducción de la economía. Entonces, lo más importante que tiene el artículo 18 no es la herramienta, sino el hecho de llevar a la práctica esta actitud y, junto con ella -ahora voy al segundo aspecto que me interesa destacar sobremanera- un rasgo de naturaleza estratégica para el país futuro.

En el mundo actual, un mundo fuertemente globalizado, con el progreso de bloques regionales -como el MERCOSUR, que afortunadamente integra nuestro país, en lo que fue, a mi juicio, una de las decisiones estratégicas más importantes en muchos años- que intentan posicionarse de la mejor manera posible ante esa globalización, el Uruguay, país frágil, vulnerable y pequeño, tiene por delante un camino de crecimiento que debe apoyarse, fundamentalmente, en la calidad de su producción. El Uruguay no es un país que pueda competir en base a cantidad, porque no tiene condiciones estructurales para ello y jamás podrá hacerlo en el futuro. Tiene que proponerse, pues, apostar a la calidad de su producción, para lo cual, afortunadamente -y no es cuestión de discutirlo ahora- el país tiene condiciones sobradas y potencialidades innegables, que habrá que promover y estimular con acciones de política económica.

Ahora bien, un país como el Uruguay, si se convence que tiene que apostar a la calidad de su producción, tiene un solo camino de estrategia productiva a recorrer, que es el de la especialización. Esto lo está gritando el mundo, la evidencia internacional: no hay apuesta a la calidad de la producción sin especialización productiva y el camino obligado a recorrer por un país como el nuestro, primero en el seno del bloque regional que integra y luego en relación al mundo en su conjunto, es el de la especialización productiva. Entonces, frente a la pregunta de si es buena la especialización, contesto con una evidencia que rompe los ojos: todos los países del mundo que han tenido éxito en su desarrollo industrial, sobre todo en los últimos años, lo han hecho en base a la especialización. Se terminó aquella época de crecimiento horizontal, del famoso modelo de industrialización sustitutiva perteneciente a otras circunstancias históricas, donde los países no sólo no seleccionaron sino que estimularon indiscriminadamente; la industria, en vez de especializarse, se expandió en un cúmulo de sectores que, en muchos casos, terminaron derrumbándose. Hoy en día, se observan abundantes y dolorosos ejemplos -sobre todo en nuestro país- de ruinas de industrias, que significaron la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo; y ahora sí estoy hablando del Uruguay, precisamente, entre otras cosas, porque no supo estimular a tiempo el camino de la especialización productiva.

Entonces, señor Presidente, este artículo 18, más allá de la herramienta que ha elegido para ponerse en práctica, es importante por lo que significa estratégicamente para el país. La especialización productiva es el camino obligado a recorrer por el Uruguay para tener éxito en su desarrollo productivo, en el de la inversión y en la creación de puestos de trabajo estables y sólidos; en suma, para obtener logros en la expansión de sus innegables potencialidades en lo que tiene que ver con la calidad productiva, el crecimiento y, en definitiva, el bienestar de su población.

Esto es lo que nos parece más importante destacar acerca del artículo 18. Esta norma no representa todo el proyecto de ley, sino que es una parte de él, pero tiene que ser defendida por lo que significa conceptual y políticamente. Se trata de defender una filosofía de encarar el desarrollo productivo y económico del país. Eso es lo más importante.

Se ha dicho -y vamos a referirnos a eso- que la herramienta elegida está limitada, y eso es verdad, pero importa el concepto. Se ha expresado que pueden existir otras herramientas, y ello también es verdad, aunque no conozco ninguna propuesta sólida y viable hasta ahora, ni siquiera las que han circulado por nuestras mesas, y después voy a decir por qué. Sería conveniente tener propuestas alternativas articuladas y posibles de analizar desde este punto de vista, pero lo que quiero destacar, señor Presidente, es que por encima de todo eso se impone la actitud conceptual que significa impulsar la especialización productiva en el país; y esta es la primera vez que se conoce una iniciativa de este tipo.

La herramienta ha sido polémica y la discusión se concentró en ella. Desde hace varios días, quienes estamos de acuerdo con impulsar este proyecto de ley, dijimos que estamos abiertos a conocer otras alternativas. Se ha hablado de conceder crédito en circunstancias favorables, lo que me parece una buena herramienta. Sin embargo, me pregunto cómo funcionaría ese crédito, quién lo daría, en qué condiciones y durante qué período. Eso hay que proponerlo y una vez que esté escrito y definido con precisión, estaremos en condiciones de considerarlo. También se ha hablado de exoneraciones fiscales que ya están concedidas en otra parte de la iniciativa y que tienen una extensión relativamente considerable en relación al régimen que aquí se establece.

No obstante, yendo a la herramienta polémica que está incluida en el artículo 18, debemos comenzar por tener muy claro cómo funciona y cuáles son sus límites. Debe constar que aquí no estamos defendiendo a la herramienta por tener límites, sino que lo hacemos en función del objetivo que persigue, que es otra cosa muy distinta. Se trata de una herramienta acotada, en principio, por tres lados.

En primer lugar, como se ha dicho hasta el cansancio -lo menciono telegráficamente- por el monto de las importaciones que se pueden hacer por el régimen especial. Sólo se pueden realizar, sobre base anual, por supuesto, importaciones equivalentes al monto de producción que se discontinúa.

En segundo término, está acotada por las calidades de los productos que se pueden importar, aspecto que no fue discutido en Sala. El punto, que inclusive fue objeto de intensa discusión en la Comisión y que motivó una propuesta de redacción diferente a la original, alude a que las importaciones tienen que referirse exclusivamente a bienes de la misma naturaleza de aquellos cuya producción se discontinúa, pero con un detalle adicional fundamental: con el mismo destino económico, ya que de lo contrario el régimen no funciona. En la versión original del proyecto de ley había una expresión muy ambigua y peligrosa, pues se hablaba de "bienes análogos", lo que fue sustituido por "bienes de la misma naturaleza y con el mismo destino económico". ¿Qué quiere decir "de la misma naturaleza"? Se refiere a la misma naturaleza física, es decir, no se puede importar otro bien de naturaleza distinta a aquel que se discontinúa. ¿Qué quiere decir con el mismo destino económico? Si lo que se produce es una materia prima, sólo se pueden importar materias primas y no bienes para colocar en el mercado final; si lo que se elabora es un bien final, sólo se puede importar un bien final; si lo que se genera es para el mercado interno, sólo se puede importar para éste; si lo que se produce es para la importación, sólo se puede importar para ello. Esto es lo que quiere decir "destino económico" y representa un límite muy importante en la operativa de este régimen.

Por último, la herramienta está limitada por la vigencia -este tema ya fue tratado hasta el hartazgo y no lo voy a repetir- la que más se acorta en la medida en que más discutamos el proyecto de ley. Con un pronóstico optimista, podríamos estar previendo que esta iniciativa se sancione en el otoño del próximo año en la Cámara de Representantes.

Si así fuere -desearía que el proyecto de ley se aprobara antes, porque es urgente- esta vigencia es de apenas un año y medio. Y si hubiera cambios en la vigencia de los acuerdos internacionales que hemos suscrito -aspecto que me permito introducir en un pronóstico absolutamente reservado, por lo que le costó al Gobierno de la época obtener esto en agosto de 1994 en Buenos Aires, peleando contra Argentina y Brasil juntos, y el señor Senador Heber lo sabe muy bien- también puede haber modificaciones en las reglas internas de juego.

Además de estos límites juegan las exigencias que están en los artículos 11 y 12 del proyecto. No podemos olvidar, y el señor Senador Ricaldoni lo recordaba, que este régimen de especialización productiva pertenece al Capítulo III, denominado "Estímulos e Inversiones Específicas" y para ello inciden todos los artículos que están antes, en particular el 11 y el 12. El artículo 11 establece seis criterios de prioridad que deberán ser tenidos en cuenta. Ellos son: progreso técnico para mejorar la competitividad, aumento y diversificación de exportaciones, empleo productivo directo o indirecto, integración productiva incorporando valor agregado nacional en eslabones de la cadena, actividades de micro, pequeñas y medianas empresas y descentralización geográfica. Todos estos temas los hemos discutido cuando analizamos en general el proyecto de ley, y esos criterios prioritarios también juegan en este régimen. Algunos de ellos están establecidos todavía en forma más enfática, porque una de las condiciones que exige el funcionamiento del régimen de especialización productiva es un programa de exportaciones. Aquí hay que hacer un proyecto de inversión, tal como lo exige el Capítulo III, en cuyo marco hay que cumplir con las normas de la evaluación que discutimos, precisamente, en el día de ayer. Se trata de una evaluación privada que realizará el empresario y una evaluación social que tiene obligación de realizar la Comisión de Aplicación, ante la cual hay que presentar el proyecto que se inscribe en el régimen de especialización productiva. Por si esto no queda claro, el artículo 18 lo vuelve a decir, aunque ya estaba referido en el artículo 12, que juega para todo el Capítulo III y no para una parte. Este último dice que las inversiones que serán estimuladas por la vía de este Capítulo tienen que incluirse en un proyecto de inversión con estas características y en el artículo 18 lo vuelve a decir. Esto también opera, no como limitación sino como condición para que se instaure y se desarrolle el régimen de especialización productiva.

Se dijo, y creo que el argumento es sólido, que se podría utilizar este régimen con malos fines comerciales, por lo que había que limitarlo con alguna disposición como la que propuso el señor Senador Gargano, que acompaño por completo. Sin embargo, también hay una réplica, que es la de decir que estableciendo la prohibición de importar por el régimen tributario común, se puede perjudicar al industrial que ya está importando por esa vía. Esto también tiene arreglo, por lo que hemos hecho circular una propuesta en el mismo sentido de la del señor Senador Gargano, que respeta absolutamente su estilo, y evita la réplica. La misma dice que los industriales beneficiados por esta exoneración no podrán, durante la vigencia de la misma, incrementar el volumen de importaciones de los bienes mencionados por el régimen tributario común que realicen al 1º de enero de 1998. De esta manera, se establece una fecha cierta y se deja librado a la reglamentación la administración, tanto de la base anual de esta prohibición -porque es en base anual-, como de los peligros del estilo de los que señalaba el señor Senador Michelini, también con argumentos sólidos, en el sentido de que no se pueda importar todo de golpe e inundar el mercado, en tanto que la reglamentación administre, como debe, la aplicación de esta medida sobre una base anual. Se sobreentiende que todas estas propuestas operan sobre una base anual.

Señor Presidente: cuando la política económica es selectiva -nosotros creemos que así debe serlo, aunque respetamos muchísimo a quienes opinen lo contrario-, siempre hay quien gana y quien pierde. Entonces, me permito discrepar con aquellas interpretaciones que señalan que con este régimen hay quien gana y quien pierde y que en este caso, pierde el consumidor, lo cual no ocurriría con exoneraciones fiscales. Personalmente, considero que con exoneraciones fiscales también pierde el consumidor, porque el Estado deja de percibir ingresos y, si mantiene el mismo gasto público, tiene que recurrir a otros impuestos. Y, ¿quién paga los impuestos? Si, por ejemplo, se establece un régimen de crédito subsidiado, ¿quién financia a la institución bancaria que los concede? Lo harán aquellos que pagarán mayores tasas de interés por otros créditos. Siempre ocurre esto, no es que esta herramienta origine costos a los integrantes de la sociedad y otras no. Por el contrario, todas los generan. El tema es elegir el mejor camino, pero no hay ningún método gratis; siempre hay que pagar la cuenta y el arte de la política económica selectiva es elegir quién lo hace. Ese es el arte y, naturalmente, la base de un modelo de política económica: por un lado está quien se beneficia y por otro quien paga la cuenta.

Con mucha sinceridad y transparencia debo decir que nadie puede negar que en los últimos años la actividad de importación en este país ganó muchísimo dinero, financiado por la sociedad uruguaya y, en particular, por el atraso cambiario que nos dejó un dólar muy barato e hizo que dicha actividad tuviera especiales condiciones para ganar. Ahora se trata de que ganen dinero aquellos que tienen que alcanzar niveles de especialización dignos de la calidad de producción a la que tiene que apostar el país para desarrollarse productivamente y, sobre todo, para tener capacidad de generar empleo productivo. Nadie puede negar que la industria es el sector con mayor capacidad de generación de empleo productivo, hoy día junto a los servicios. Eso es una realidad objetiva. Debemos estimular las actividades con mayor capacidad de generación de empleo productivo, que es lo que necesitan los uruguayos. Ahí se elige quién paga la cuenta y quién se beneficia.

Señor Presidente: creo que hay cambios en las reglas de juego. En ese sentido, debo decir que pertenezco a una fuerza política que quiere cambiar las reglas de juego en este país, pero lo va a anunciar antes y lo va a discutir con la sociedad. Personalmente, no me asustan estos cambios, entre otras cosas, porque pertenezco a una fuerza que discrepa con la política económica que se ha venido desarrollando hasta ahora en el Uruguay, y quiere modificarla. Eso es, sin duda, cambiar las reglas de juego y lo vamos a anunciar y a discutir antes con la sociedad uruguaya. Reitero, entonces, que no me asusta que haya cambios en las reglas, siempre que los discutamos con claridad y transparencia, como lo merece la sociedad uruguaya.

Termino recordando que hay un texto propuesto para intentar llegar a un acuerdo en el punto de limitación de las posibilidades de importar de los industriales beneficiados por este sistema.

Muchas gracias, y pido disculpas por el exceso de tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Eso ha sido normal en la discusión, señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa aclara que no advirtió tal alusión, pero igualmente le concede la palabra al señor Senador para una aclaración.

Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Quisiera rebatir un argumento que me parece importante y que marca la diferencia entre cómo vemos el tema el señor Senador Astori y nuestro sector político.

El señor Senador dice que siempre hay quien gana y quien pierde. Eso es muy cierto, pero el problema radica en quién es el juez. Personalmente creo que el juez es el mercado, es decir, la gente, y no un técnico de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ni los señores Ministros de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas.

Creo que en un régimen de mercado leal, competitivo y sano, el Juez debe ser la propia gente.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Voy a ser muy breve. Quiero puntualizar algunos aspectos que tienen que ver con este ar-tículo en el marco de un proyecto de ley en el cual no quiero analizar uno de sus instrumentos desligado del conjunto porque, en determinado contexto, el mismo instrumento puede actuar en uno u otro sentido.

Compartimos la necesidad de la existencia de normas que estimulen y regulen las inversiones. A su vez, pensamos que las políticas de promoción de inversiones y las de inversión tienen que ver con el interés nacional, colectivo, del conjunto de la sociedad. Naturalmente, en este régimen en el cual vivimos, en general se basan en el estímulo en función del interés individual o sectorial. Muchas veces hay estímulos que abarcan intereses particulares de sectores de la sociedad. Pensamos que la concepción general y la base en la cual se debe enmarcar una política de inversiones, y en particular este instrumento del artículo 18, debe estar en función de una estrategia delineada por el Estado, conjuntamente y en interrelación con los sectores involucrados. En ese marco se deben definir las prioridades del país y de la sociedad uruguaya en su conjunto, teniendo en cuenta el aspecto regional e internacional. Entonces, con esa estrategia del Estado y en interrelación con los sectores involucrados, se deben definir las políticas de fomento y orientación. En ese sentido, hay una serie de factores que señalaron muchos compañeros de Bancada, que tienen que ver con la maquinaria y tecnología instaladas, con la gestión empresarial y su organización, con el tipo de cambio y los costos de un determinado proceso de producción, y aquí el papel del Estado está vinculado -y en particular en materia de costos- con el peso que tienen las tarifas públicas, que no es menor.

Reitero que mis compañeros de Bancada señalaron las exigencias que, desde nuestro punto de vista, deberían tener este proyecto y esta política de promoción de inversiones, a los efectos de beneficiar al conjunto de la población o a las grandes mayorías de este país, en el sentido de que se generen divisas, se utilicen insumos nacionales, se fomente la mano de obra y que el mismo se encuentre en el marco de una política comercial, cambiaria y financiera del Estado. Inclusive, esta última debe estar referida a una agresiva actitud en la política exterior que permita, en un marco de determinadas prioridades que se deben definir, combatir a esos dioses del mercado que algunos creen que funcionan sin ninguna clase de impulso.

Simplemente con el afán de recordar algo relativo a las reconversiones de nuestro país impulsadas a nivel del Poder Ejecutivo -en este caso, del anterior-, quiero decir que esta clase de previsiones no se toman ni se enmarcan en una política -y en particular, una política exterior- que realmente garantice que los estímulos que se generan y los impulsos que se dan a la reconversión de determinados rubros, cuenten luego con las mejores condiciones a nivel del famoso mercado internacional. Para citar un ejemplo cercano que vivimos en estos tiempos, quiero recordar que la reconversión de determinados productores del agro, los llevó a que produjeran cebolla dulce. Pienso que a nivel agroindustrial no podemos aspirar -creo que sería absurdo hacerlo- a que el productor -que debe producir bien- salga luego con la canasta a recorrer el mundo y tratar de colocar sus productos en el mercado. Eso debe formar parte de una política diseñada en la cual se fijen prioridades y posibilidades, y se establezcan estímulos, impulsos y beneficios a aquellos que apunten a determinadas franjas de producción. Ello implica la realización de un estudio por ramas de actividad, que traiga como consecuencia una propuesta de beneficios a cambio de ciertos resultados en determinado plazo.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Luis Brezzo)

-Por lo tanto, pensamos -tal como manifestamos a través del voto- que éste no es el proyecto de ley de inversiones que hubiéramos deseado; más aún, se sabe que no acompañamos en general esta iniciativa, lo que no significa que no estemos dispuestos -tal como hicimos- a votar algunos artículos en la discusión particular o, a su vez, intentar modificar algunos temas planteados. Como decía mi compañero, Senador Astori, alguien siempre paga la cuenta, y cuando se promueven y otorgan determinados beneficios, debemos preguntarnos quién pagará los costos y cómo se devuelven -en particular por parte de las empresas industriales o agropecuarias- esos beneficios que se les otorgaron por medio de determinado proyecto de ley. En ese sentido, se debe definir si ellos se reintegran en productos de calidad, en puestos de trabajo, en salarios e incluso a nivel de los propios tributos e impuestos.

Tal como dijo el compañero Gargano, los representantes del Encuentro Progresista y del Frente Amplio presentaron en esta Legislatura un proyecto de ley de inversiones que, efectivamente, abarcaba y contemplaba alguno de estos aspectos a los que hemos hecho referencia. En dicha iniciativa figuraba, por ejemplo, un tema al cual hizo referencia el Senador Couriel, quien avizoró el peso del artículo 3º de esta iniciativa que estamos considerando. En el proyecto de ley que presentó el Encuentro Progresista y el Frente Amplio en la Cámara de Representantes se hace referencia a la creación de un Registro Nacional de Inversiones. Quiero destacar algo que es central en nuestra iniciativa, como es el hecho de que allí se dice que "el Poder Ejecutivo orientará y fomentará las inversiones en atención a que las mismas procuren los siguientes objetivos: creación de puestos de trabajo, transferencia de tecnología de avanzada inexistente en el país, salvaguarda del medio ambiente, compromiso de empleo y capacitación de mano de obra nacional, compromiso de cumplir conjuntamente con instituciones nacionales, programas de investigación y desarrollo, aumento y diversificación de las exportaciones y descentralización de las actividades productivas en el territorio nacional".

Por lo expuesto, existe y pudo haber estado a consideración del Senado un proyecto que fue presentado por nuestra fuerza política, que no leeré en su totalidad porque seguramente correría la misma suerte que ha tenido desde setiembre de 1995 al día de hoy en la Cámara de Representantes.

También es verdad que hemos aportado y debatido en el tratamiento de esta iniciativa, porque estamos convencidos de que uno de los caminos por los cuales es necesario trabajar, ya que el mismo es importante para el desarrollo del país, es el que tiene que ver con la especialización productiva. Sin embargo, decimos que en este país se reconvirtieron empresas con capitales transnacionales que tenían la posibilidad de suprimir la producción de determinado bien -el término discontinuar me parece un eufemismo- y que desde el exterior se importaban a sí mismas aquellos rubros que aquí dejaban de producir.

Precisamente, uno de los señores Senadores señalaba la contradicción que podía existir en el caso de un importador, en base al régimen y al beneficio que se plantea; puede suceder que en lugar de importar equis cantidad de rubros, decida producir, por ejemplo, al menos dos. Si esto sucede, sería sumamente beneficioso, pero pienso que ese no va a ser el resultado, producto de la puesta en práctica de este instrumento. Ahora bien; si un importador de este país pasa a ser productor de bienes, ello sería saludado no solamente por nosotros, sino también por aquellos que se beneficiarían con la generación de puestos de trabajo, por el desarrollo de una rama de la industria de este país.

Considero que debemos analizar este artículo 18. Si bien es cierto que en el artículo 11 se señala que se tendrán especialmente en cuenta, a efectos del otorgamiento de los beneficios, aquellas inversiones que generen, entre otras cosas, empleo productivo de manera directa o indirecta, la preocupación que tenemos respecto al artículo 18 no es por la generación de empleo, sino por la no reducción de puestos de trabajo y de plantillas de empleo. Tenemos el temor de que en aquellos rubros en que cese la producción y se importe con los beneficios que están planteados aquí, se produzca la desaparición de puestos de trabajo vinculados a la producción directa de ese bien que se va a discontinuar. Por lo tanto, el hecho de que esté presente el artículo 18 como uno de los elementos a tener en cuenta para evaluar el proyecto, en el que se otorgan beneficios, donde no se reduce la plantilla y, por ende, la reconversión de la empresa pasaría también por la calificación y por el perfeccionamiento de los propios trabajadores, que podrán desempeñarse en la producción de otros bienes dentro de la misma empresa, para nosotros es un elemento no menor.

Respecto a la cuenta que mencionaba el señor Senador Astori, en este país, en general, la pagan siempre los trabajadores y los jubilados; y ocurre lo mismo en este proyecto de ley. El reducir la prescripción de los créditos laborales y quedarse con ocho años de derechos y de deudas que se tienen con los trabajadores, nos hace pensar una vez más que la cuenta de esta promoción la pagarán los mismos.

Entonces, quisiéramos que a este artículo se le agregara -y por eso hicimos una propuesta que está sobre la mesa de los señores Senadores- precisamente al final del literal a), luego que se habla del beneficio que se podrá otorgar a las empresas y del proyecto de aumento de exportaciones de otros bienes que produzcan, lo siguiente: "y donde se verifique estabilidad en la plantilla de trabajadores".

El señor Senador Ricaldoni decía algo que yo comparto, que cuando uno está convencido de algo, el problema no es pedir disculpas por determinados instrumentos, proyectos de ley o por beneficiar a ciertos sectores. No quisiera que votando este artículo yo tenga que pedir disculpas a centenares de familias uruguayas que, como consecuencia de la eliminación de la producción de determinados bienes, se queden sin trabajo. No se me escapa -porque creo que analizo la realidad en todos sus componentes- que el cierre de empresas industriales o agroindustriales, fruto de que no tengan determinados beneficios, trae consigo muchas más desgracias para los mismos que pagan la cuenta, que son los trabajadores. Entonces, el lograr que esto avance y que se mantengan determinadas empresas en este país, es un objetivo a seguir y por el cual debemos trabajar.

En consecuencia, analizando este tema con otros señores Senadores e, incluso, con el propio Miembro Informante, creo que estaríamos de acuerdo en modificar la propuesta que está sobre nuestra mesa, incluyendo a partir del literal c) del artículo 18, cuando se habla de los beneficiarios del régimen que deberán someter el Proyecto de Reconversión Productiva a consideración de la Comisión de Aplicación, un nuevo párrafo que diría así: "Entre otros criterios, será tenida especialmente en cuenta a los efectos del referido asesoramiento, la estabilidad en la plantilla de trabajadores".

El tema está planteado. De todas formas, no creo que esto asegure los puestos de trabajo de nadie, como pienso que tampoco lo pueden hacer ni siquiera quienes bien intencionadamente consideran que el proyecto va a llevar a un desarrollo de las inversiones que traiga consigo aumento y crecimiento de las fuentes de trabajo. Estimo que la presencia del tema en este artículo va a provocar que, por lo menos, se tenga en cuenta, a la hora de medir los resultados, en el momento en que esta norma va a actuar.

Si bien es cierto que tiene un tiempo acotado -este mismo hecho hace que no debamos darle una dramaticidad tal al artículo, como hemos escuchado por parte de algunos señores Senadores- también es verdad que en dos años pueden ser muchos los trabajadores que queden en la calle. Por lo tanto, el objetivo que muchos Senadores persiguen cuando apoyan el proyecto de ley en su conjunto, puede no tener las consecuencias que se esperan.

De todas maneras, pensamos que debería existir una evaluación de la cual pudiéramos disponer. Inclusive, ayer acompañamos la propuesta del señor Senador Michelini en el sentido de publicitar o de dar a conocer los resultados y los caminos por los que se transitaba -si bien podíamos haberla redactado de otra forma- porque el objetivo que allí se perseguía es compartible. Nosotros mismos, en el proyecto que presentaron nuestros Diputados en 1995, establecemos que el Poder Ejecutivo, anualmente, junto con los proyectos de ley presupuestales, remitirá a la Asamblea General un resumen pormenorizado de todas las formas vigentes de orientación o fomento de inversiones, así como las propuestas de modificación que estime convenientes. A su vez, se debe señalar en el resumen los instrumentos cambiarios, crediticios, tributarios, los relacionados con tratados internacionales, etcétera.

Pensamos, entonces, que hubiera sido conveniente poder debatir este aspecto; seguramente, en la Cámara de Representantes cuando se trate este proyecto, nuestros Diputados incorporarán o plantearán estos temas que están en la iniciativa del Frente Amplio y del Encuentro Progresista.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Con respecto al artículo 18, he tomado la misma actitud que señalaba el señor Senador Heber. En el análisis de las argumentaciones realizadas, en el caso de nuestro sector político, dos economistas competentes y de prestigio tenían diferencias, inclusive, en sus posiciones. Al mismo tiempo, se han manifestado otros puntos de vista que han enfocado de distinta manera el tema. De manera que estábamos en definir nuestra posición abiertos a ese análisis polémico y, en ese sentido, vamos a ser breves.

Antes de referirnos al artículo 18 queríamos, sin ánimo de polemizar porque ya lo hemos sostenido, señalar nuestra convicción en el sentido de que este proyecto de ley de inversiones responde, sin duda, a un pensamiento neoliberal claro y, por esta vía, no tenemos posibilidades de tener el contralor.

Señor Presidente: lamento que usted haga gestos mientras estoy hablando. Le exigo el mismo respeto que tiene para con los demás señores Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Le pido disculpas, señor Senador. Estaba pensando en otra cosa y estaba sonriendo por otra razón.

Puede continuar el señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU. - Sé que a veces no gusta cuando se dice que determinado texto responde a un pensamiento neoliberal, pero creo que es mi deber expresar mi convicción. Por ejemplo, con respecto al artículo 5º, que admite una transferencia libre al exterior de los capitales y de las utilidades, cabe señalar que existen legislaciones que fijan un plazo para garantizar que la inversión, que ha sido protegida, mantenga cierta vida en el país y no se pueda remitir en cualquier momento, lo mismo que los capitales y las utilidades. De manera que esta disposición es un ejemplo de ese enfoque neoliberal. Además, el artículo 4º, que ya ha sido discutido y que establece un compromiso para el Estado en cuanto a no afectar, en ninguna de sus etapas, a la inversión, es neoliberal porque implica la abstención total del Estado en el funcionamiento de la instalación, la gestión, el mantenimiento, el uso, el goce y la disposición de la inversión. Asimismo, aquí se planteó con toda claridad que por el artículo 19 del proyecto, el Estado asume, bajo pena de daños y perjuicios, el compromiso de asegurar a todos los inversores las exoneraciones tributarias, los beneficios y los derechos. Nos hemos planteado el problema de que si un sistema político mañana quiere cambiar esto, se va a generar un semillero de juicios por daños y perjuicios. Es decir que hay un compromiso de abstención del Estado para no afectar la libertad de empresa y del mercado que documenta que esto obedece a un enfoque neoliberal.

También debemos mencionar la naturaleza de los beneficios. A nuestro juicio, por este proyecto no se dan estímulos, sino ventajas o beneficios. La idea de estímulo supone generar una contrapartida determinada y lleva, en sí misma, el objetivo de lograr determinados resultados, lo que presupone un control. Personalmente, voté una propuesta -contenida en un aditivo- que establecía el control bianual del proceso de las inversiones. Este artículo no se aprobó, porque no se admitía el análisis de la contrapartida, de los resultados. De manera que dejamos aclarado esto, también con respecto a la naturaleza de estos beneficios que, en realidad, pueden ser a fondo perdido en la medida en que, de los cuatro mecanismos, dos carecen de equidad, porque afectan a un sector determinado de la sociedad, ya sean los acreedores laborales o los que tienen que ver con el Banco de Previsión Social. Mientras tanto, los otros dos -y no lo ha sostenido solamente quien habla, sino también prestigiosos Senadores de otros sectores- tienen el rasgo de inconstitucionalidad y no admiten la posibilidad de análisis en cuanto a si realmente fueron eficaces para generar el empleo, que es el sentido de esta ley. Si este control no se opera, todo va a depender de la voluntad. Es cierto que hay una evaluación para autorizar la protección -no para el ingreso- pero esto es lógico, porque si llega un capital con el objetivo de explotar el negocio de la prostitución, no podría admitirse que se otorgaran estímulos. Por eso se determinan ciertas actividades, pero ello no implica el contralor de los resultados, y eso es, precisamente, lo que falta para que esta disposición no sea neoliberal y para que pueda controlarse en realidad que la inversión refleje también resultados de empleo, que es el objetivo que la ley persigue.

Por otra parte, el artículo 11 no va más allá de lo que establece el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 14.178 del año 1974, que ya incluye mejorar la eficiencia y la competitividad, la diversificación de las exportaciones y el apoyo a las empresas, aunque en este proyecto se menciona expresamente a las microempresas. Tal vez lo que aporta esta disposición es el control por la descentralización, pero este no es un elemento de orden excepcional que cambie las características generales que este régimen tenía en el Decreto-Ley Nº 14.178.

Con respecto al artículo 18, queremos señalar que nosotros atribuimos a la apertura de la economía -que no sólo deriva del MERCOSUR, sino de la política general del país- el proceso por el cual prácticamente se extinguió el trabajo industrial de nuestras fábricas textiles y de nuestros frigoríficos. Es cierto que existió un contrato de adhesión al MERCOSUR, pero en el momento en que éste se firmó ya estaba trabado el tratado entre Brasil y Argentina cumpliendo aquellos acuerdos de Santa Fe, y no adherimos a él. El propio Mensaje del Poder Ejecutivo señaló que no había sido posible incluir cláusulas de protección especial para un país de menor desarrollo económico relativo, y así fue. Además, no se tomaron los tiempos necesarios, tal como lo hizo la Comunidad Europea. De pronto, nuestro país tuvo que soportar el descenso de los aranceles que liquidó nuestra producción industrial. Esto trajo como consecuencia que la cifra de 172.275 puestos de trabajo que había en 1989, se redujera a 104.883. Evidentemente, este es un fenómeno grave y es necesario juzgar este proyecto de ley de inversiones en función de su real eficacia para generar empleo. Esa es la razón por la que nos preocupa; no es por gusto que señalamos que es un proyecto neoliberal y que le faltan controles, sino porque nos parece que éstos son indispensables para que el resultado de la creación de empleos se produzca y se pueda atender esta crisis del empleo industrial. Para mí, instintivamente, el artículo 18 era muy importante, porque en mi concepto la actividad industrial es fundamentalmente dinámica y tiene la capacidad de generar posibilidades económicas muy importantes. Habiendo sufrido este deterioro tan grave, realmente resulta prioritaria la atención de dicha actividad.

Nuestra preocupación tiene que ver con la mecánica que se ha utilizado para que se opere, por vía de este artículo 18, la posibilidad del surgimiento de empleos. No voy a discutir el planteamiento del señor Senador Heber -que, evidentemente, está en oposición al pensamiento del señor Senador Astori- en relación con la especialización productiva. Creo que para el año 2000 puede ser muy grave la situación de toda la industria y pienso que la especialización productiva puede ser un camino para enfrentar la competencia de los productos industriales de los colosos del MERCOSUR. Sabemos muy bien que las grandes supranacionales están en Brasil, y que un plazo de pocos días de producción les permite producir para abastecer un año este mercado. Por eso no se instalan en nuestro país. ¿Cómo va a resistir nuestra industria cuando se liberen totalmente los aranceles? Esto es, para mí, todo un drama. Por eso, en principio, nos parece imprescindible la protección, pero creemos que el mecanismo del artículo 18 no aparece como adecuado en varios aspectos.

En primer término -y de esto hablo con mucha modestia, porque no tengo especialización en materia económica; observo este problema solamente por estar al lado de las fuentes de trabajo- el mecanismo de suprimir un renglón, un artículo de una empresa para tratar de hallar una solución por la vía de la exportación, significa plantear de entrada una política de reducción de empleos, porque hemos venido viviendo durante todo este tiempo el proceso de reestructuras, que ha sido gravísimo. Todos los puestos de trabajo se han perdido porque el empleador, que no pudo reconvertir, cerró o se vio obligado a despedir trabajadores y realizar reestructuras de emergencia para ver si se salvaba.

Este hecho es muy grave; por eso pensamos que este mecanismo permite que un rubro determinado, que se está explotando, cesa y se importan los mismos productos con arancel 0, hecho que, automáticamente, va a significar que se pierdan los puestos de trabajo correspondientes a ese rubro suprimido. Pienso que posteriormente hipotéticamente deberá darse el proceso que permita comprobar si esa exportación genera empleos sustitutivos.

No obstante, en primera instancia, veo una reestructura que implicará que los trabajadores afectados a ese rubro que se discontinúa pierdan sus fuentes de trabajo. También afecta la fuente de trabajo del comerciante que importó con arancel 20. Aquí se ha dicho que tal vez este proyecto no genere empleo, pero que asegurará el que ya existe. En el marco de la especialización productiva, en el sentido de enfrentar lo que traerá aparejado el año 2000, no nos parece mal la idea de que eso sea posible, pero creemos que en primera instancia hará perder a esos trabajadores del rubro suprimido los puestos de trabajo que hoy poseen. Ese rubro que se discontinúa, o sea, la importación, no va a requerir personal. Por lo tanto, ese mecanismo hace difícil pensar que se trate de un estímulo para el trabajador y, más allá de que no se haya establecido, debemos pensar en que sería mejor estímulo el crédito con control de resultados y las rebajas fiscales.

Transformar a un industrial en importador para evitar, justamente, que se pierda el empleo no nos resulta nada claro; por el contrario, por más que luego se establezca que el efecto secundario se va a tratar de corregir por vía de la exportación, el fenómeno real e inmediato es el cierre de un rubro donde hay trabajo realizado. La otra será una hipótesis potencial; si la evaluación ha sido correcta, se podrá generar empleo, pero el fenómeno inmediato será la pérdida de trabajo.

Esto no significa que no pensemos que hay que apoyar a la industria, que es la que ha soportado la situación de crisis. Existen algunos casos de comerciantes que comenzaron trabajando en torno a una mesita y hoy se han enriquecido por la importación, mientras que el hombre que realiza el gran esfuerzo de coordinar trabajo con capital -lo que constituye un verdadero esfuerzo- se ha visto desfavorecido por todo este proceso que significó la apertura de la economía hacia el MERCOSUR.

No hay que olvidar que este asunto no gira solamente en torno al MERCOSUR, porque cuando se firmó el Tratado cuatro más uno -dos meses después de celebrarse el de Asunción- se impuso una filosofía de absoluta prohibición al proteccionismo con un credo absolutamente neoliberal, hecho que han sufrido tanto los industriales como los trabajadores de este país.

Aquí se ha hablado de la temporalidad, lo que en cierto modo resulta un equívoco cuando se señala que llega hasta el año 2000. Por lo tanto, si no va a traer muchas consecuencias, no va a crear empleos importantes sino de corta duración. Se trata de un argumento confuso, porque si la sociedad hace un sacrificio para lograr que se generen empleos, ellos deben durar. Por lo tanto, este argumento basado en la temporalidad presenta, a mi juicio, una falla en el intento de llegar al arancel cero en todos los productos.

Por otra parte, pensamos que existe una discriminación evidente, ya sea para con el que no pudo reconvertir y cerró su empresa, como respecto de aquel que no está comprendido en la lista de los artículos favorecidos.

Creo que el señor Senador Ricaldoni planteó la idea de que a veces, por razones de interés general, se puede alterar el principio de igualdad. Al respecto, pienso que en este país la Suprema Corte de Justicia ha establecido que es posible controlar el criterio por el cual se considera que se pueden afectar algunos derechos por razones de carácter general, lo que significa que la afectación del derecho a la igualdad está sujeto a un criterio de contralor judicial. En este caso, debemos analizar hasta dónde un privilegio que alcanza -y el señor Senador Heber lo ha explicado muy bien- a un sector reducido está indicando una falla del criterio ya aludido.

Termino señalando que, como consecuencia de estos aspectos, que a nuestro juicio no garantizan el surgimiento de puestos de trabajo, no vamos a apoyar este proyecto. Sí lo vamos a hacer con respecto a las dos correcciones -por eso solicitamos que se vote por inciso- que realizó el señor Senador Gargano, en el sentido de que no se amplía el riesgo permitiendo la importación por el régimen común y que por lo menos se aplique sólo en aquello que integra el rubro que se va a discontinuar.

De igual manera, vamos a acompañar el planteo de la señora Senadora Arismendi y el aditivo presentado -a pesar de su dudosa practicidad- porque el riesgo de la pérdida de trabajo puede ser corregido si en la evaluación se analiza el proyecto y se objeta si implica la pérdida de empleo para una cantidad importante de trabajadores que están comprendidos en la elaboración del producto que se discontinúa.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: soy consciente de que el hacer uso de la palabra a esta hora, con el cansancio natural que tenemos los integrantes del Cuerpo, no va a ser bien recibido. No obstante, me siento en la obligación -porque no hablé en la discusión general- de decir unas breves palabras que justifiquen la actitud que vamos a adoptar en el momento de votar este artículo. También exponer las razones de carácter general que me han mostrado, apoyando, excepto el artículo 25, todo el articulado.

Debo expresar que la filosofía de este proyecto es, para nosotros, totalmente compartible, ya que el Estado debe contribuir con su acción, con su esfuerzo y a través de las normas que estamos estudiando -así como de otras similares- a la posibilidad de incrementar la inversión en el país, que es un factor fundamental para la creación de trabajo. Por tanto, compartimos la filosofía de la intervención del Estado en esta materia, a los efectos de estimular las inversiones y de participar en la orientación de la vida económica del país. Esa ha sido nuestra definición a lo largo de toda nuestra actuación legislativa.

Pasando por alto lo que ha surgido de la discusión general y entrando a analizar el artículo 18, encontramos -quizás en forma equivocada, pero debemos expresarlo porque así lo pensamos- que el artículo en sí mismo está fuera de contexto porque lo que estamos estudiando es un proyecto para atraer inversiones. Las ventajas que aquí se otorgan están dirigidas a gente que ya ha realizado inversiones, que ya tiene ese carácter. Por eso, esta disposición no constituye un atractivo para realizar nuevas inversiones, sino que es una forma de apuntalar a quienes no siguieron el proceso de reconversión y, por lo tanto, pueden haber quedado rezagados.

De ninguna manera atribuyo a los señores Senadores intenciones que no estén inspiradas en el interés patriótico, pero sí creo que hubo una equivocación en la forma en que fue encarada la redacción del proyecto.

Aunque con justicia se ha dicho que la aprobación de este artículo consagrará desigualdades -porque se trata de una disposición destinada a ciertas empresas, es decir, a aquellas que no terminaron su reconversión o a aquellas que por distintos factores no pudieron hacerla- sin embargo, el hecho de crear situaciones desiguales es algo que no se da solamente en este proyecto. Por ejemplo, en este momento, ante hechos dramáticos del país, estamos tratando de dar recursos a los pobladores de las zonas inundadas para superar su estado de necesidad en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la construcción de viviendas. Obviamente, hay otros pobladores del país que tienen las mismas carencias y no contamos con los recursos suficientes para solucionar sus problemas. Así, podríamos citar cientos de ejemplos en los que se da determinado tratamiento a un sector de la población, que no se ha extendido a la generalidad de la ciudadanía.

Quiero traer a colación, muy brevemente, el hecho de que esta situación de desigualdad se resolvió con el apoyo de todos los sectores políticos cuando, a principios del MERCOSUR, se constató el dramático problema a que se veía enfrentada la población de Bella Unión, con el cultivo de la caña de azúcar. En ese momento se instrumentaron soluciones preferenciales y se negoció dicha situación con los demás socios del MERCOSUR, dada la dramática situación creada a dichos productores. Por esa razón, se buscaron soluciones paliativas que iban a beneficiar, exclusivamente, a la gente de Bella Unión. Felizmente, ello ha dado buenos resultados. Además, el Estado aprovechó eso de modo que parte de las utilidades que allí se daban sirvieran para sacar a los productores del endeudamiento en que se encontraban.

Por lo tanto, no debemos inquietarnos si en circunstancias de verdadera necesidad se recurre a soluciones que aparecen como discriminatorias. Sin embargo, la referencia a "empresas" levanta algunas resistencias.

Pienso que en la redacción del artículo, que no es clara, habría que introducir algunas modificaciones, a fin de evitar los abusos que aquí se han insinuado y que son riesgos muy posibles.

Felizmente, hemos encontrado en las palabras del señor Miembro Informante la elasticidad y la comprensión necesarias que lo llevaron a decir que está dispuesto a buscar algunas garantías para evitar que se abuse de los beneficios que se van a otorgar por este artículo. Dichos abusos deberán ser corregidos, ya que distintos oradores señalaron -con acierto- la posibilidad de que los beneficiarios de este artículo puedan realizar dos tipos de operaciones: introducir mercadería con arancel cero y también con el arancel normal, generando así una situación de competencia desleal en el mercado.

El otro peligro que se ha señalado tiene que ver con la posibilidad de que, en lugar de aumentarse el empleo -que es lo que se busca con este proyecto- se generen situaciones de desempleo, al convertirse el industrial en importador, por lo menos en forma parcial, generando, así, desplazamiento de trabajadores.

Pienso que corrigiendo estos aspectos se podría votar el artículo.

Aún me queda por señalar -no con la amplitud que le dio el señor Senador Michelini- la necesidad de que los Legisladores sigamos de cerca este proceso. Por lo tanto, insisto en la necesidad de que en todas las circunstancias en que se otorguen los beneficios que consagra este artículo, se deba dar cuenta a la Asamblea General, para que los Legisladores podamos hacer el seguimiento correspondiente.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Carlos Julio Perey-ra)

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: no hice uso de la palabra en la discusión general y no pensaba hacerlo, porque coincido totalmente con las brillantes exposiciones realizadas por mis compañeros de Partido, señores Senadores Mallo, Heber y Pereyra, así como con las de otros señores Senadores que hablaron al respecto, lo que haría totalmente innecesarias mis palabras. Sin embargo, aquí se han dicho algunas cosas que, por lo menos para que conste en la versión taquigráfica, me gustaría aclarar.

Debo decir que mi pensamiento es contrario a votar este artículo 18, tal como lo han expresado, anteriormente, mis compañeros de Bancada.

Quiero exponer mis razones y definir un poco las cosas, las que se han ido confundiendo. Ya al comienzo, cuando leí este artículo, tuve una gran confusión, la que no he podido despejar a lo largo de todo el debate, de forma tal que no veo claro qué es lo que se va a votar.

Con todo respeto expreso que este es un artículo malo, que está mal redactado. No lo digo yo, lo que podría ser un atrevimiento, sino que lo dicen los mismos Legisladores que lo defienden. ¿Por qué digo esto? Porque del Poder Ejecutivo vino una redacción que luego se cambió en Comisión y al que hasta último momento cada uno de los Legisladores que lo defienden propone una modificación distinta. Es decir que ni siquiera los que están de acuerdo con el artículo están convencidos de su exactitud, de su alcance y de los logros que con él se piensa obtener. O sea, que ellos mismos piensan que el artículo no está completo. Quizás no lo expresan en forma tan categórica como yo, que digo que es malo, pero sí consideran que es incompleto.

Mis mayores dudas -y entro en un verdadero tembladeral de dudas- las tengo cuando se quiere explicar doctrinariamente el artículo y se dice que el mismo es una nueva propuesta económica, contraria al liberalismo. En definitiva, ante la posición de alguien que sostiene con orgullo que se trata de una propuesta económica contraria al liberalismo, debo decir que he aprendido que como posición contraria al liberalismo tenemos el estatismo, el socialismo y el marxismo. Sin embargo, esto me confunde, sobre todo cuando hay otros que sostienen -y que yo considero personas doctrinariamente convencidas y a quienes respeto en sus convicciones, aunque no las comparto- dicen que no están de acuerdo con este proyecto porque es neoliberal.

Hablando del artículo 18, como expresó un señor Senador, es contrario a una concepción neoliberal o sea que se puede caracterizar como marxista o estatista. Es un artículo que está de acuerdo en apoyarlo el Gobierno a pesar de tener rasgos estatistas y marxistas, que fija la intervención del Estado, el cual va a poder discriminar a quién beneficia y a quién no.

Es un artículo discriminatorio, y así lo ha manifestado un señor Senador integrante del Partido de Gobierno. En definitiva, ellos mismos afirman que esta disposición es discriminatoria; por lo tanto, no es liberal. Precisamente, una de las cosas que sostenemos quienes nos sentimos liberales, es la igualdad de todos los hombres y de todo el sector productivo ante la sociedad y la ley.

En consecuencia, si el Estado y la ley pueden beneficiar a unos en perjuicio de otros; si en la discusión de la doctrina de este artículo existen estas confusiones que he señalado, ¡imagínense la que tiene quien habla! ¡Imagínense en la confusión que puede estar alguien como yo, ciudadano y Legislador que lo que quiere y desea fervientemente es que con este proyecto de ley -que con seguridad va a ser aprobado en el día de hoy- se otorgue el mayor de los beneficios a una industria nacional que no ha caído en la situación de desgracia en la que está por culpa del liberalismo -hablemos claramente- pues se ha llegado a esta situación de incompetencia y no se ha desarrollado a través de los años porque, precisamente, se ha acostumbrado a un proteccionismo del Estado que la envolvió en esa especie de molicie de ganancias seguras que tenía en otro momento. Inclusive, cuando tuvo que enfrentarse a la competencia internacional, se encontró con que no había empresarios que tuvieran la mentalidad como para poder salir a competir en el mundo. Pero esto no es nuevo en el Uruguay; tampoco es culpa nuestra. Lo mismo ocurrió en la Rusia comunista, cuando tuvo un gran desarrollo, cuando funcionaba como segunda potencia, disputándose con Estados Unidos el primer lugar para llegar a la luna o crear las fuentes espaciales para bombardear al mundo y ocuparlo desde allá. En ese momento, hubo un Estado que establecía qué producir y en dónde trabajar. Prácticamente, se le indicaba a los ciudadanos dónde debían trabajar y si pretendían hacerlo en otro lado, no podían. Tampoco tenían permitido trasladarse de una localidad a otra; para dirigirse de una ciudad a otra tenían que pedir permiso. Esto era el dirigismo absoluto del Estado. Pero ya hemos visto cómo terminó Rusia; ni siquiera tiene gente capacitada que le permita salir de esta encrucijada brutal en la que está viviendo.

En el Uruguay no hemos vivido ese proceso con esa gravedad, a pesar de que siempre lo tuvimos. De todas maneras, lo cierto es que toda la industria surgió protegida a costa del ahorro nacional y, particularmente, de la agropecuaria. Pero, ¿cómo terminó? Con una industria ineficiente y con un sector agropecuario fundido. Esa es la realidad nacional: ni siquiera el sector agropecuario, que ha sido el gran pulmón del país -ahora lo son las industrias agrarias y agropecuarias- que debiera tener el capital que ellos mismos han producido para reconvertirse -palabra recientemente aparecida- no lo tienen. Por el contrario, para obtener recursos debe dirigirse a los créditos que proporciona el Banco de la República. Pero como todos sabemos, todo productor agropecuario que entra al Banco de la República, automáticamente se puede afirmar que está fundido porque, en verdad, no hay producción que pueda pagar los intereses que cobra esa institución. Y aclaro que menciono a este Banco porque, aparentemente, de acuerdo a los nuevos anuncios, es el más liberal y el que más ayuda; pero lo hace cobrando intereses del 70%, cuando tenemos una inflación del 17%. Me pregunto, qué producto se puede crear que permita capitalizarse y pagar esos intereses.

De todas maneras, es importante decir que todos tenemos el mismo afán y que en esto estamos todos con el mismo deseo constructivo. Tanto los liberales -personalmente, me siento liberal- como el Gobierno -aunque a esta altura no sé cómo se siente, ya que no dio ninguna respuesta después de las recientes declaraciones- al igual que los marxistas...

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARAT. - En realidad, señores Senadores, ya termino y no voy a decir nada trascendente.

(Hilaridad)

-Quiero decir, señor Presidente, que tengo dudas sobre este artículo. Pero, ¿qué es lo que queremos nosotros y, aparentemente, todos los que estamos aquí? Pretendemos que haya una industria nacional próspera y que se desarrolle. Creo que todos deseamos y estamos convencidos de esto, sólo que tenemos distintos enfoques para lograrlo. Algunos, equivocados, seguramente van a llevar a la refundición de las pocas empresas industriales que van quedando con capacidad de exportar; otros queremos, sinceramente, industrias con proceso de integración al MERCOSUR, de cogestión de empresas y capitales internacionales que vengan a crear industrias complementarias, que en definitiva es el futuro industrial que nosotros tenemos. Sin embargo, nos encontramos con este artículo 18 que seguramente debe tener una buena intención, pero el camino elegido es malo porque, en realidad, lo que tenemos que hacer es aliviar al industrial y al productor de la carga brutal del Estado. No obstante, en esta disposición no se instrumenta nada para bajar esa car-ga que significa el costo del Estado, que lo pagan todos a través de los servicios de energía, agua y saneamiento, los que en otros países se brindan como una ayuda al desarrollo industrial.

Aquí se ha hecho referencia a los créditos; también se ha hablado -y es cierto- de que el proyecto de ley en general tiende a beneficiar a aquellos que vengan a invertir. Así lo ha expresado, precisamente, el señor Senador Pereyra, y me parece que es exacto. Pero, ¿qué tiene que ver el artículo 18 con las inversiones que se realicen en nuestro país? Me pregunto esto, sobre todo, cuando aparentemente este artículo lo que intenta es salvar o ayudar -para decirlo de una forma civilizada- a aquellos que están en dificultades. Lo que ocurre es que esto lo hace a costa de una alteración del mercado interno, perjudicando a unos en beneficio de otros. El esfuerzo ni siquiera corre por cuenta del Estado, o la sociedad.

Por otra parte, se ha dicho que se va a controlar el mercado y que esto va a ser para determinados rubros, o sea, nada más que para aquellos que se producen. A mi juicio, esto equivale a volver al contralor de exportaciones e importaciones; es retornar a la postguerra; es elaborar una ley con 40 años de atraso. A nadie se le ocurriría en este mundo globalizado en el que vivimos instrumentar una ley con contralor de exportación e importación, sin embargo, eso es lo que se ha propuesto respecto de algunas situaciones de este tipo.

Señor Presidente: por más que se ha querido explicar que esto es un contexto doctrinario que abarca toda una unidad, creo que este artículo 18 no tiene nada que ver con la Ley de Inversiones o, por lo menos, con lo que algunos de nosotros queremos para el desarrollo de las inversiones en nuestro país.

Diría que este artículo afecta muchos intereses, pese a que creo en la mejor voluntad de los voceros del Gobierno. Como lo ha dicho un señor Senador, no quien habla, en los próximos dos años habrá privilegios para determinado sector, y afirmo que es mucho el dinero que está en juego.

No hay garantías, como se ha dicho, de que mejore el empleo, de que las industrias se desarrollen y de que aumente la capacidad de exportación, que es lo que queremos todos. Eso va a ocurrir el día en que el país tenga la capacidad de ser atractivo al ofrecer un margen racional de ganancias para quienes inviertan y trabajen en él, lo que no ocurre actualmente.

Señor Presidente: simplemente, he tratado de expresar mis dudas que son mayores que al comienzo de esta discusión. Aconsejaría -si es que me permiten ese atrevimiento- que se apruebe este proyecto de ley sin el artículo 18, y que con éste se elabore otra iniciativa. Digo esto, porque el proyecto de ley que estamos considerando tiende, precisamente, a favorecer las inversiones para que se instalen capitales de riesgo en el Uruguay, que es lo que queremos desesperadamente en toda América y, sobre todo, en nuestro país. ¿Por qué van a radicarse en Uruguay, que tiene un mercado interno que no es apetecible, cuando pueden dirigirse a Brasil o a la Argentina? Entonces, tenemos que crear condiciones especiales para atraer esos capitales, porque de otra forma no vendrán.

El artículo 18 es muy importante y debería resultar aprobado en forma unánime, porque no es bueno para el país que esta disputa la traslademos al ámbito electoral y cada uno discuta cuál fue su propuesta de reforma de la política económica, como se ha dicho claramente. Hay aspectos para los intereses del país que ameritan que todos nos pongamos de acuerdo, aunque todas esas situaciones impliquen largas horas de discusión.

Reitero que me sentiría feliz si pudiéramos votar el proyecto de ley y que el artículo 18 fuera motivo de un gran análisis. Incluso, sería beneficioso que se diera oportunidad a quienes quieren modificarlo, a último momento y en forma apresurada, a que mediten un poco más sobre todas las circunstancias; ello lo haría extensivo al Poder Ejecutivo, que envió un proyecto de ley y luego lo cambió. En definitiva, me refiero a que encontremos una solución legal que sea de armonía nacional y no de discusión interna en el país.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: antes que nada, trataré de salir de la batea a que nos ha convocado el señor Senador Garat, porque vamos a estar más cómodos discutiendo el tema fuera de ella.

Por otra parte, no quiero fatigar al Senado, pero estimo que debo hacer esta intervención porque el artículo 18 hace a una concepción de políticas económicas, de gobierno y de manejo del Estado, por lo que no quiero dejar de transmitir nuestro punto de vista.

La pregunta que todos nos hacemos es si por este artículo 18, frente a una situación de coyuntura riesgosa para la industria nacional, el Estado debe o no apoyarla y desarrollar o no políticas de auxilio. Naturalmente, puede haber respuestas en cuanto a que eso no es así en una concepción liberal o neoliberal de la economía y que, por ende, el mercado regulará todo, el que determine qué industrias sobrevive y cuáles no, porque al Estado no le corresponde implementar políticas indicativas o de apoyo a industrias en riesgo. Nosotros pensamos lo contrario, porque creemos que el Estado debe impulsar una política de apoyo o de auxilio a esas industrias. Esto es así por muchas razones.

No estamos solos en ese pensamiento, porque no conozco ningún país en donde no se sostenga esa actitud. Nos referimos, por ejemplo, al Reino Unido, al Japón, en fin, a todos aquellos lugares en donde, en circunstancias de crisis, se desarrollan políticas de apoyo a sectores industriales. Se trata, además, de políticas de distinto tipo pero que, en definitiva, establecen una cierta preferencia o apoyo, ya sea por la vía de beneficios fiscales, de créditos más baratos o subsidiados -medida que se ha adoptado en varios países del mundo- o por este camino. De todas esas vías, la más prudente o la más tímida es la que propone el artículo 18 porque la acota de cuatro formas.

En primer lugar, lo hace en cuanto a la cantidad, porque le dice a la industria: "Ustedes podrán importar sin recargos solamente la cantidad que suspenden de producir". De modo que no le abre a esa industria una preferencia para dominar el mercado mediante la importación.

En segundo término, esa acotación se produce en el tiempo, porque funcionará por el año 1998 y 1999, y finalizará el 1º de enero del 2000.

Asimismo, debemos indicar que la acota geográficamente, porque se dice que se aplicará solamente en la región.

Y finalmente, la acota porque la obliga a desarrollar nuevas exportaciones para poder acceder a ese beneficio.

Quiere decir que es más que prudente el apoyo que daría el Estado a las industrias que se van a reconvertir. Es bueno que ello suceda y que, además se especialicen, porque con ello les va la vida, la supervivencia y la continuidad, y lo propio ocurrirá con el Uruguay industrial. Precisamente, cuando el MERCOSUR esté funcionando con arancel cero, la industria de nuestro país deberá defenderse de los embates que va a sufrir y, al mismo tiempo, tendrá que aprovechar la oportunidad que se le ofrece de los mercados de los demás países integrantes. Eso se hará de una sola manera en la escala uruguaya: especializándose y apoyando la calidad.

Entonces, me parece absolutamente imprescindible que la industria se especialice, que apunte a la calidad y no a la cantidad, porque de lo contrario el Estado no le va a brindar apoyo.

Asimismo, se ha puesto mucho acento en el empleo o en condicionarlo a la reconversión. No me parece mal esa idea, pues todos tenemos la preocupación por aumentar las fuentes laborales. Sin embargo, es indudable que si la industria no se reconvierte, no se tecnifica y no se especializa; cerrará. Por lo tanto, la condición previa a la reconversión de aumentar el empleo, es un poco declarativa, pero no termina de atender la realidad.

La única manera de mantener y aumentar el empleo, a partir de una reconversión y de una modernización de la industria, es incrementando la capacidad de producción y los mercados, y por esa vía tomar más trabajadores. También por esa vía el procedimiento generará la posibilidad de que esa industria se expanda.

Pero no sé de qué se está hablando cuando se dice que industrias que producen veinte rubros distintos pretenderían competir con sus similares de Brasil y Argentina. Esas industrias deberán trabajar produciendo solamente cinco rubros de esos veinte en una cantidad mayor y entrando en un nicho de mercado, tanto en el Brasil como en la Argentina, que le permita sobrevivir, dar empleo y traer divisas al país.

No creo que todas estas cosas sean extrañas en el mundo ni tampoco aquí en la historia del país. Esto no quiere decir generar industrias perezosas que no tengan capacidad de creación. De ningún modo, porque la propuesta del artículo 18 es a muy corto plazo, para hablar en términos industriales, a cortísimo plazo, ya que dos años para la industria no es nada. De lo que en realidad se trata es de apoyar a la industria que se anima a reconvertirse, a invertir y a arriesgar a través de una consideración otorgada por el Estado.

Esta es una concepción del actual Gobierno y de la presente política económica. No hay cambios en la política económica y estas iniciativas continúan la misma línea que ha venido desarrollando este Gobierno desde que se instaló. Quiero dejar perfectamente asentada esta idea porque, además y seguramente, luego vendrán otros proyectos de ley y otras propuestas en el mismo sentido. No descarto que cuando lleguemos al año 2000 o en el próximo Gobierno, la Bancada del Partido Colorado, esté o no en el Gobierno, siga trabajando en la misma dirección tratando de proteger a la industria que arriesga, invierte y da trabajo, de acuerdo con todas las condiciones que establece el artículo 11 ó 12 de este proyecto de ley.

De esta forma hemos intentado dejar precisada la posición de la Bancada del Partido Colorado respecto de este punto.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: con las mejores intenciones de brevedad, siento que debo responder algunas preguntas que se formularon, aunque los temas hayan sido tocados y parcialmente respondidos en distintas intervenciones a lo largo de esta jornada y de otras anteriores.

En primer lugar, se planteaba si es necesaria la especialización como instrumento de reconversión. Toda la experiencia nos muestra que sí, lo que no quiere decir que la especialización productiva constituya la única estrategia y que deba ser utilizada por todas las empresas. No es así. Pero en virtud del tipo de inserción de nuestro país en el MERCOSUR y en mercados externos, la especialización productiva constituye una de las herramientas estratégicas fundamentales de las empresas. Se preguntaba a cuántas les sirve. No lo sé, señor Presidente; no saqué cuentas ni las conozco, pero sabemos cuáles son las posiciones arancelarias y los productos para los cuales existe un régimen de adecuación. Sería muy fácil para quien quiera especular sobre números, cantidades, apellidos y empresas, recorrer esas posiciones arancelarias y esos productos y ver quiénes están en este momento en el sector industrial recibiendo esa protección que la sociedad negoció en su nombre y para ellos. El Poder Ejecutivo no lo hizo, de manera que no sabemos responder a cuántas les sirve. Aquí hay una herramienta importante y la queremos apoyar.

Por otra parte, se nos preguntaba cuáles son los productos para los cuales la producción continúa hasta el año 2006. Los principales son bienes de capital e informática -que el país no produce- así como azúcar, rubro cuya situación es socialmente muy sensible. Esto es el grueso de lo que sigue hasta el año 2006.

Se nos plantea si el país va a proponer formalmente una prórroga en el régimen de adecuación. Nosotros decimos que no es ese el planteamiento uruguayo y además se sabe que esto es así.

Se pregunta si estamos obligando a las empresas en general a especializarse, aunque no les sirva, para poder acceder a estos beneficios. El planteamiento no es ese. La ley tiene beneficios de carácter general para quien invierta, propone beneficios específicos para el caso de que existan proyectos y, además, establece apoyos específicos para quienes decidan que la herramienta de la especialización productiva es la que necesitan para reconvertir la empresa.

En cuanto al empleo, debo decir que se trata de una prioridad y de un problema nacional. Aquí no hay sector político contrario a todo aquello que contribuya a la generación de empleo. Lo que sí quiero decir, señor Presidente, es que muchas veces el tema del empleo no es de fácil abordaje porque la opción no es el mismo empleo o más empleo, sino la reconversión para asegurar que los empleos necesarios para que una empresa sea eficaz y competitiva son los que hay que proteger. Digo esto porque hacer cualquier otra cosa, forzar la mano, bien podría significar que estamos perdiendo aquellos empleos que podríamos conservar.

Quiero hacer una última apreciación en materia de filosofía que siento imprescindible y que aquí se ha mencionado. No creo que sea una cuestión de filosofía política plantear si los países y los Gobiernos tienen que tener políticas sectoriales; a veces no tener una política sectorial explícita, es una política sectorial. Nosotros preferimos políticas sectoriales explícitas. Aquí no hay ningún pecado. Ni las aguas ideológicas del mundo se dividen hoy en función de si un país tiene o no políticas sectoriales.

Es esencial que el Uruguay tenga una política industrial; lo es ahora y lo va a ser en el futuro. No hay país que abandone a su suerte a ninguno de los sectores productivos importantes desde el punto de vista del empleo, del producto y de las exportaciones.

No creo, señor Presidente, en extremos ni en políticas industriales que confunden el concepto de la tendencia proactiva con el dirigismo. Eso no existe más. Así, no.

Tampoco creo en las definiciones de política industrial que dicen que la mejor política industrial es que no exista política industrial. Creo en una que combine sabiamente instrumentos de carácter general con otros de carácter específico.

Creo en la selectividad y me parece que, en definitiva, entre las políticas sectoriales en forma explícita, los Estados, los Gobiernos y las sociedades deben decidir cómo distribuyen los recursos de los que disponga el país y la sociedad. Y esto, señor Presidente, no significa cambiar reglas de juego. Estas son reglas de juego que están en el ordenamiento jurídico uruguayo y en la tradición productiva del país, que existen en su tradición política y de política y que seleccionan instrumentos diversos en momentos diversos de la vida de la nación. Hoy estamos seleccionando estos instrumentos y habrá otras instancias de política industrial que seleccionen otros. Me parece que el único drama sería que los instrumentos no funcionaran. Nosotros estamos convencidos que van a funcionar, incluidos aquellos que se describen y plantean en el artículo 18.

Señor Presidente: en términos prácticos y en mi carácter de Miembro Informante, quiero decir que estamos en condiciones de aceptar la propuesta del señor Senador Astori, a efectos de agregar en el literal b) del artículo 18 lo siguiente: "Los industriales beneficiados por esta exoneración no podrán -durante la vigencia de la misma- incrementar el volumen de importaciones de los bienes mencionados por el régimen tributario común que realicen al 1º de enero de 1998". Entendemos que esta propuesta combina en forma adecuada nuestra inquietud con la iniciativa del señor Senador Gargano.

Asimismo, estamos dispuestos a aceptar, a fin de que se incluya también en la votación, el aditivo al literal c) presentado por la señora Senadora Arismendi, que dice lo siguiente: "Será tenida especialmente en cuenta, a los efectos del referido asesoramiento, entre otros criterios, la estabilidad en la plantilla de trabajadores".

Creo que, en ambos casos hemos llegado a textos satisfactorios que incorporan inquietudes debatidas en el Cuerpo, haciéndolo de manera sensata, en el estilo y espíritu que se planteaba en el proyecto.

Por lo tanto, señor Presidente, en mi carácter de Miembro Informante, solicito que se vote el artículo 18 incluyendo estos dos aditivos: uno al literal b) y otro al literal c).

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Léase el artículo 18 con la redacción que tendría.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Solicito, señor Presidente, que la votación se tome por incisos.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - De acuerdo, señor Senador. De cualquier manera, hay que dar lectura al artículo en su totalidad, porque se le han introducido modificaciones propuestas por algunos señores Senadores.

Léase el artículo 18.

(Se lee:)

"ARTICULO 18. - Créase un régimen de aceleración de la adecuación, destinado a facilitar la reconversión de las empresas en el marco del proceso de integración regional.

De acuerdo a dicho régimen, las empresas podrán importar exoneradas del Impuesto Aduanero Unico a la Importación (IMADUNI) y de recargos, bienes originarios de los Estados Miembros del MERCOSUR, de la misma naturaleza y con el mismo destino económico que aquellos cuya producción discontinúan o reducen. Dicha exoneración estará sujeta al cumplimiento de un programa de exportación por parte de las beneficiarias.

Encomiéndase al Poder Ejecutivo la reglamentación del régimen que se crea y el otorgamiento, total o parcial, de la exoneración establecida en este artículo, de acuerdo a las siguientes bases:

a) El beneficio podrá otorgarse a aquellas empresas que discontinuando o reduciendo la producción de bienes alcanzados por el régimen de adecuación a la unión aduanera del MERCOSUR presenten un proyecto de aumento de exportaciones de otros bienes que produzcan.

b) El Poder Ejecutivo podrá otorgar la exoneración parcial o total de los tributos a la importación de bienes originarios de los Estados Parte del MERCOSUR para un bien o bienes de la misma naturaleza y con el mismo destino económico que aquellos cuya producción se reduce y con monto máximo de importaciones determinado por dicha reducción.

Los industriales beneficiados por esta exoneración no podrán -durante la vigencia de la misma- incrementar el volumen de importaciones de los bienes mencionados por el régimen tributario común que realicen al 1º de enero de 1998.

c) Los beneficiarios de este régimen deberán someter el Proyecto de Reconversión Productiva a consideración de la Comisión de Aplicación creada por el ar-tículo 12 de la presente ley, la que previa consulta con las cámaras del sector empresario dará el asesoramiento correspondiente al Poder Ejecutivo para su aprobación.

Será tenida especialmente en cuenta, a los efectos del referido asesoramiento, entre otros criterios, la estabilidad en la plantilla de trabajadores."

-Si no se hace uso de la palabra, en primer lugar se va a votar el encabezamiento y el primer párrafo del artículo 18.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar el párrafo siguiente y el literal a) del artículo 18.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal b) con el agregado propuesto por el señor Senador Astori.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal c) con el agregado propuesto por la señora Senadora Arismendi.

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

Queda aprobado, pues, el artículo 18.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - En virtud de lo acordado en la sesión pasada, hemos presentado a la Mesa un artículo aditivo, que sugeriría fuera el penúltimo, relativo al tema de información.

Concretamente, este artículo dice lo siguiente: "El Poder Ejecutivo informará anualmente a la Asamblea General sobre la aplicación de la presente ley". No recuerdo cuál sería el número que le correspondería pero, reitero, sugeriría que fuera el penúltimo.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Llevaría el número 31, señor Senador.

También había un aditivo propuesto por el señor Senador Michelini. La Mesa entiende que, en caso de resultar negativa la propuesta del señor Senador Fernández Faingold, correspondería votar el articulado presentado por el señor Senador Michelini, aunque también puede entenderse que no son excluyentes.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Se planteó como una alternativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Así lo había entendido la Mesa.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Sea cual sea el trámite que elija la Mesa, estará bien. El artículo aditivo propuesto no tiene los votos suficientes para ser aprobado. Si la Mesa cree que es más fácil votarlo para pasar luego al otro artículo, no tendría inconveniente. Por tanto, si se considera necesario podría retirar mi propuesta. Creo que la iniciativa presentada por el señor Senador Fernández Faingold se acerca a nuestras aspiraciones y es más de lo que tenemos en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra) - Léase el artículo propuesto por el señor Senador Fernández Faingold.

(Se lee:)

"El Poder Ejecutivo informará anualmente a la Asamblea General sobre la aplicación de la presente ley".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra) - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Deseo recordar a la Mesa que hay otro artículo aditivo que fue presentado en el día de ayer por la Bancada del Frente Amplio.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra) - Léase el artículo aditivo presentado por la Bancada del Frente Amplio.

(Se lee:)

"Los beneficiarios de cualquiera de los estímulos establecidos en la presente ley no podrán hacer donaciones de especie alguna a los partidos políticos."

-En consideración.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra) - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Si me permiten, brevemente, quiero fundamentar este artículo.

En primer lugar, quisiera despejar la posibilidad de una argumentación contraria vinculada a que se interprete que esta norma presume intenciones que no son correctas por parte de los partidos.

En general, en los proyectos de ley sobre partidos políticos siempre se ha intentado cubrir el tema de su financiamiento y darles la mayor cristalinidad. Eso ha sido incorporado en todos los proyectos, inclusive en el que fue aprobado en la Cámara de Representantes hace unos años y que, si mal no recuerdo, tomó como base una iniciativa del entonces Legislador Paz Aguirre.

En segundo término, desde el punto de vista de la técnica de formulación legislativa, es posible que se sostenga que esta norma debería ser incorporada en una ley de partidos políticos y no en la que estamos tratando. Sin embargo, hay una Comisión Especial que está trabajando sobre el tema de los partidos políticos y todos están de acuerdo en que por ahora haya una reglamentación legal de las disposiciones electorales pero no una ley que cubra la estructura de los partidos, su financiamiento, etcétera.

En tercer lugar, este tipo de normas nunca pueden interpretarse como disposiciones que intentan presumir malas intenciones. De ser así, no podría aprobarse ninguna que estableciera prohibiciones. En la Constitución, por ejemplo, hay una cantidad de disposiciones de esta especie. El artículo 77, numeral 4º) prohíbe a los jueces, militares y directores de Entes Autónomos, entre otros, hacer actos políticos. El fundamento es muy claro, se conocen sus razones y no quiere decir que se desconfíe de que estén actuando mal. A su vez, el artículo 124 establece a los Legisladores la prohibición de desempeñar cargos en empresas que contraten con el Estado.

Con el mismo criterio que he señalado, quiero decir que esta disposición me parece saludable. Creo que proyecta, aunque en un aspecto parcial, una imagen que deslinda totalmente la posibilidad de que se piense que cualquier tipo de estímulo fiscal o de otra naturaleza pueda tener contrapartidas incorrectas.

En consecuencia, considero que una disposición como ésta, en una ley de esta naturaleza, hasta sería una buena imagen para los inversores. Así como interpreto que algunos artículos de este proyecto -como lo expresaba en su exposición el señor Senador Couriel- no tendrán demasiada trascendencia en materia de inversiones, otros son casi su médula y algunos se han puesto como imágenes para llamar la atención sobre los estímulos. La disposición que presentamos es también una buena imagen de cristalinidad para el país, a través de una institución intermediaria entre el ciudadano y el Estado, como son los partidos políticos.

En líneas generales, esta es la fundamentación del aditivo que la Bancada del Frente Amplio propuso en el día de ayer, pero pidió especialmente a Secretaría que no se distribuyera hasta el momento en que se hubiera tratado toda la ley, para evitar que se pensara que se había planteado con fines dilatorios o con intenciones de perturbar una discusión que ha sido azarosa en varios artículos.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra) - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - No nos parece oportuno ni procedente incluir este aditivo en el proyecto de ley. En primer término, como lo acaba de reconocer el señor Senador Korzeniak, recién tomamos conocimiento del texto. Además, estamos considerando un proyecto de ley de inversiones y, en esa medida, debemos atenernos estrictamente a la cuestión de que se trata, es decir, cómo promover las inversiones. Si un inversor extranjero recibe noticias de que incluimos esta disposición en la ley, puede suponer que las inversiones en el Uruguay dan lugar a favores improcedentes.

El aditivo no contribuye a dar certidumbre ni reglas de juego claras para las inversiones, que es lo que se reclama.

Me parece que este argumento alcanza, pero quiero decir algo más. Estamos estudiando un proyecto de ley contra la corrupción y el Senado se apresta especialmente a aprobar cuanto antes -quizás en las sesiones ordinarias del próximo mes- un cuerpo legal muy importante, impulsado por la Bancada de Gobierno y que seguramente contará con mayoría en el Cuerpo, en el que eventualmente se podrá incluir alguna norma de este tipo. Personalmente, me he comprometido a impulsar una disposición que fue sancionada por el Senado con mayoría casi absoluta cuando se votó con media sanción la llamada Ley Cristal, que obliga a que las donaciones a los partidos políticos no sean anónimas, a los efectos de dar transparencia a las campañas. Al mismo tiempo, estamos estudiando normas relativas a las campañas de los partidos políticos.

Por lo tanto, me parece que incluir el aditivo propuesto en este proyecto de ley de inversiones, teniendo la oportunidad procedente de incorporarlo a proyectos sobre materias específicas como anticorrupción o partidos políticos, sería realmente cambiar los criterios con los que debemos legislar.

No quiero adjudicar ningún tipo de intención a la propuesta porque eso viola el Reglamento y enrarece el debate cuando éste ya se está terminando. Digo que es improcedente incluirlo en este proyecto de ley y que sería una muy mala señal para el inversor ya que, en contra de lo que opina el señor Senador Korzeniak, daría lugar a interpretaciones erróneas. Reitero que se puede legislar sobre esta materia en el proyecto de ley anticorrupción que estamos por aprobar en Comisión o en el relativo a partidos políticos que se está preparando. En ambos casos se trata de Comisiones Especiales que pueden recibir estas iniciativas para ser estudiadas en ese ámbito con mayor seguridad jurídica y legislativa. De esa manera, estaríamos en condiciones de abordar el tema que plantea el Frente Amplio.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Expresamente reconocí que desde el punto de vista de la técnica de formulación legislativa, lo mejor es que la propuesta a que hacía referencia figurara en una ley de partidos. También dije que en la Comisión que está tratando el proyecto de ley sobre partidos políticos, éste se va a postergar y se va a considerar la reglamentación de las normas electorales introducidas en la reforma constitucional del año pasado.

En realidad, el argumento esgrimido es relativo, pero aquí también se han introducido normas con las que no estoy de acuerdo. Precisamente, se incluyeron algunas disposiciones laborales y generales que no se refieren exclusivamente al inversor y que son las que más reparos me merecen. Además, padecen del mismo defecto de formulación legislativa. Sé que un defecto no justifica el otro, pero de alguna manera este es un aspecto parcial ya planteado en una ley de partidos de la Legislación pasada, que no solamente incluía a empresas que realizaran inversiones, sino a todas aquellas que firmaran contratos o participaran en licitaciones estatales.

Esta era la aclaración que quería realizar sin ánimo de generar una polémica política.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - No haré uso de la palabra en mi carácter de Miembro Informante, porque la norma propuesta en la noche de hoy no se presentó ante la Comisión; en consecuencia, no fue analizada en ese ámbito. Por tanto, simplemente, quiero expresar mi posición personal frente a este tema.

Quería dejar bien claro que durante un año y medio hubo oportunidad de plantear la inclusión de este asunto en Comisión, con esta u otra disposición, en la Ley de Promoción y Protección de Inversiones Nacionales y Extranjeras, y no se introdujo el tema ni la norma.

Por otro lado, a lo que dijo el señor Senador Hierro López -que comparto en su totalidad- deseo agregar algo más. Nosotros, el Partido Colorado, hemos manifestado nuestra voluntad de introducir en una Ley de Partidos Políticos, normas relativas al financiamiento partidario que tocan, sin duda, el tema de las contribuciones a los partidos, aspectos que estamos dispuestos a legislar con carácter general. En ese espíritu quiero dejar ratificada esa decisión y voluntad del Partido Colorado.

Al mismo tiempo quiero decir que los argumentos anticipados referidos a la no vinculación de esta norma propuesta con intencionalidad de ninguna naturaleza, no es de recibo. No lo es porque no se discutió a nivel de la Comisión y porque no estamos discutiendo cualquier ley, sino un proyecto de ley que refiere a los sectores productivos y a las empresas de este país.

En consecuencia, señor Presidente, a la vez de señalar que no votamos esta disposición porque sin duda es inconveniente en el contexto de esta ley -como lo expresó el señor Senador Hierro López- también queremos decir que no nos parece adecuado que se plantee, dejando -con voluntad de hacerlo o no- cualquier tipo de duda sobre la voluntad con la que se ha trabajado durante estos dos años en la aprobación de este proyecto de ley. Además queremos hacer hincapié en las intenciones absolutamente transparentes y explícitas que a lo largo de esos dos años se manifestaron tanto en Comisión como, en este último tramo, en el Plenario del Cuerpo.

Por lo tanto, con estas puntualizaciones ratifico lo dicho por el señor Senador Hierro López; no voy a votar la norma y sí invito al Senado para que apresure el tratamiento de la Ley de Partidos Políticos o de cualquier otra, que con carácter general, se refiera al financiamiento partidario.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Debo decir que todavía no salgo de mi sorpresa al leer esta moción. Lo digo sinceramente; es algo que no lo esperaba. Si bien es cierto lo que señala al señor Senador Hierro López en cuanto a que este tipo de normas o medidas deben ser estudiadas durante el tratamiento de la Ley de Partidos Políticos, en el marco de la discusión de esta tarde y con los beneficios que se están otorgando a la industria, plantear este tipo de moción es un insulto y una guarangada que no estoy dispuesto a aceptar para mi Partido, ni para mi sector político. No voy a aceptarla, no la voy a acompañar y la voy a tirar a la basura, que es lo que corresponde.

SEÑOR KORZENIAK. - No utilice esos términos, señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - En primer lugar quiero solicitarle al señor Senador Heber que retire los términos que ha empleado.

SEÑOR HEBER. - No los voy a retirar.

SEÑOR GARGANO. - Si no los retira, lo que le voy a decir es que el guarango y el insolente es usted.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - No se puede dialogar. Diríjanse a la Mesa, señores Senadores.

Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - En este proyecto de ley, como en todas las iniciativas, se incorporan disposiciones de todo tipo, por ejemplo, se ha mencionado la materia laboral y quien habla podría hablar del Banco de Previsión Social, en el sentido de que se legisla autorizando al Poder Ejecutivo a reducir tres puntos en materia de aportes.

Esto está bien, sin embargo deseo señalar -y el señor Presidente es testigo- que el Senado hace más de once años está discutiendo disposiciones de esta naturaleza. En la primera Legislatura, después de la dictadura, sobre la base de un proyecto de ley en el cual participó el extinto Senador Paz Aguirre, así como también la Corte Electoral en una Comisión que se llamó de Partidos Políticos y que presidió el entonces Senador Dardo Ortíz, incluíamos legislación de esta naturaleza. No obstante, no se puedo aprobar nada. Quiero decir, además, que no hemos podido aprobar la Ley Anticorrupción, la Ley Cristal ni ninguna disposición que permitieran sentir en la sociedad signos de que sólo hay una actitud de transparencia total en toda la gestión que realiza el Estado. Al contrario de lo que aquí se ha dicho, me parece que este postulado es un mensaje para los inversores -esto es absolutamente claro- y un instrumento de defensa de los propios protagonistas políticos que, naturalmente, votando una disposición como esta, están diciendo a todo el mundo "atención, este tipo de planteos, ni siquiera se pueden insinuar".

Entonces, me parece que los agravios que ha instrumentado el señor Senador Heber, quien tiene el estilo de siempre...

SEÑOR KORZENIAK. - Un estilo patotero.

SEÑOR GARGANO. - Sí, pero a ese estilo hay que tenerlo en todos lados. Aquí se puede tirar a la basura una iniciativa y todos podríamos tener ese estilo. Personalmente no lo tengo y sí doy argumentos cuando planteo un tema.

En consecuencia, me parece que la propuesta es correcta, sensata y cabe dentro del proyecto de ley. Además, si este último se votara afirmativamente le daría un contenido político mayor del que tiene, en el sentido de que da un mensaje muy claro hacia los inversores.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Comparto totalmente todas y cada una de las expresiones que han dicho, justificando el voto negativo, los señores Senadores Hierro López y Fernández Faingold. Asimismo, comprendo y comparto el estado de ánimo del señor Senador Heber porque -y quiero ser muy franco- me resulta absolutamente improcedente la incorporación de una norma de este tipo. Puedo no compartir algunas de las expresiones puntuales, pero eso es harina de otro costal; es más, si hubiera hecho uso de la palabra hace un rato, quizás hubiera cometido algún desborde verbal del tipo que ha utilizado el señor Senador Heber.

De todos modos, lo concreto de todo esto, señor Presidente, es lo siguiente. Se dice, como presentación de esta insólita norma aditiva al proyecto de ley -llegada a último momento, reconocida y deliberadamente propuesta por la Bancada del Frente Amplio- que acá no se presumen intenciones. Digo que si no se presumen intenciones -y les creo- se está cometiendo un error porque el texto da a entender -reitero que me quedo muy tranquilo porque no se presumen las intenciones aunque el texto refleja lo contrario- que sí.

Observe, señor Presidente, que con este criterio cualquier ley importante de las que hemos votado desde tiempo inmemorial en este Parlamento -incluso desde mucho antes que nosotros formáramos parte del mismo- debería contener una norma de este tipo. Entonces, ¿por qué en esta ley? ¿Por qué como cierre del texto legal? ¿Acaso como medida cautelar y preventiva? No. Es más, han aclarado que no se presumen malas intenciones, por lo que sería un error algo más que estético el que supone presentar esto, que daría a entender, por supuesto al desprevenido -no a quienes estamos tranquilos por la aclaración del Frente Amplio- que aquí hay algo tan raro que ya no sólo lo dice alguien ajeno al Parlamento -a lo que me referí hace muchas horas en una intervención anterior- sino que hasta nosotros mismos estamos poco menos que en aquello que se llamaba "el país de la cola de paja" o algo por el estilo. Reitero entonces mi pregunta de por qué no se incluyó esto en otras leyes. Han habido muchas y siempre hay leyes que votamos, unánimemente o por mayoría, en las que pensamos que hay beneficiarios de las normas contenidas en las mismas. ¿Por qué en esas otras no y en esta sí? Ese es un error que no han advertido, como tampoco han advertido que la redacción no es muy cuidada. Probablemente, la intensidad del debate de estos últimos días no dio tiempo a la reflexión, incluso ya no sólo política sino técnico jurídica.

Aquí se ha dicho que los beneficiarios de cualquiera de los estímulos establecidos de la presente ley no podrán hacer donaciones de especie alguna a los Partidos Políticos.

Entonces, yo podría decir que como voto convencido todos y cada uno de los artículos del proyecto, incluso algunos en los que constan intervenciones convincentes y eficaces de señores Senadores del Frente Amplio -una prueba es el artículo 18, tal como vino de la Comisión, con una redacción del señor Senador Astori y otros que propusieron el señor Senador Gargano y la señora Senadora Arismendi que también voté convencido, como otros señores integrantes del Cuerpo- beneficia a todo el país, resulta que la prohibición va mucho más lejos de lo que surge de la redacción -y también en la intención, por las aclaraciones que hemos escuchado- si se hace una lectura superficial y desprevenida, como parece que hice yo cuando circuló esta moción entre nosotros. Repito que los beneficiarios de esta ley somos todos los actuales habitantes del país, insertos en cualquier tipo de actividades, y los que vengan más adelante.

Esta ley extremadamente importante para el país, por lo que también en esto el texto va mucho más lejos que las
intenciones.

Además, se habla de donaciones en especie alguna, pero -más allá de entrar en el terreno de cómo se instrumentan las donaciones porque muchas veces no lo son- no sé si se hace referencia a donaciones directas, porque a la hora de las suposiciones -no por parte nuestra porque estamos muy bien advertidos de los alcances puntuales de la propuesta- se podría pensar que podría haber donaciones indirectas. No sé qué significa "de especie alguna". Incluso, razonando por el absurdo -y no quiero entrar a poner ejemplos en ese sentido- al poner una norma que más que para el enojo sería -que podría comprender, aunque no las expresiones concretas del señor Senador Heber- para algo que a veces es mucho peor. Me refiero a la sonrisa, la ironía y hasta la propia burla de unos y otros, de los que se sintieran agraviados y perjudicados por esta norma y de los que se sintieran felices de ella.

Por último, aunque sea reiterativo de lo que expresaron los señores Senadores Hierro López y Fernández Faingold, quiero decir que no es cierto que acá no haya una voluntad política concreta para combatir cosas del tipo de las que parece querer, aunque sin mayor eficacia, esta norma que seguramente no va a aprobar el Senado, por lo menos en su mayoría.

Hay disposiciones que van a figurar en la Ley de Partidos Políticos -y espero que allí contemos con los dos tercios de votos que son necesarios para aprobarlas- vinculadas con estos temas que, por supuesto, no son menores. Pero, para eso espero que tengamos la voluntad de votar una Ley de Partidos Políticos de la que somos todos interdependientes y, si se quiere, rehenes unos de otros porque prácticamente la mayor parte de las normas sobre partidos políticos requieren dos tercios de votos.

El señor Senador Hierro López recordaba -y es cierto- que no hace muchos días él formuló una moción concreta en ese sentido. Estamos trabajando intensamente en la Comisión que está estudiando un proyecto de ley y quienes la integramos -entre los cuales hay calificados Senadores del Frente Amplio- sabemos que hay avances tales que permitirán seguramente que la semana que viene estemos en condiciones -por lo menos mi partido político- de votar en bloque -corrigiendo algunos aspectos de redacción sobre los que hablamos hoy y en los que también hay acuerdo- esta ley. Como nosotros hemos hecho saber en las reuniones de coordinadores -y todos están de acuerdo en ello pero también vamos a demostrarlo en los hechos- estamos deseando que en el mes de noviembre este proyecto de ley sobre anticorrupción cuente con media sanción. Por lo tanto, la Ley de Partidos Políticos está avanzando y es allí donde debe figurar esto. Además, todos sabemos lo bien, intensa y responsablemente que se está trabajando con respecto a las normas de corrupción. Entonces, esto entra un poco a contrapelo. Ya sé que no son las intenciones -yo estoy tranquilo al respecto- pero hacia afuera parecería que esto estuviera absolutamente fuera de contexto del proyecto que estamos considerando.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: en primer lugar, paso por alto algunos adjetivos que han aparecido ya que, como se dice en Rocha, no hay que gastar pólvora en chimangos. Hoy el señor Senador Garat formuló expresiones tremendamente duras contra un artículo que nosotros votamos y, como es notorio, no hubo una reacción de nadie que haya distorsionado la sesión.

En segundo término, con respecto a las intenciones, quiero decir que no creo que haya generado ninguna dureza de respuesta que en un proyecto que pertenece a varios sectores de este Senado -creo que a todos- se haya puesto que se prohíben las donaciones anónimas a los partidos políticos. Además, eso no supone decir que todas las donaciones son malas.

En tercer lugar, cualquiera sea el juicio que se haga sobre qué imagen proyecta esta norma, quiero decir que la donación a un partido político no es un acto de corrupción y por consiguiente tiene que ver con la Ley de Partidos Políticos pero no con una de anticorrupción, salvo que sea una donación con características muy peculiares.

En materia de Ley de Partidos Políticos -como expliqué- en todas las reuniones de la Comisión Especial que designó el Senado se ha dicho que por ahora ese es un tema a futuro porque es más urgente reglamentar las disposiciones de carácter electoral que fueron modificadas en el último plebiscito constitucional. Esta ley incluye normas laborales que tienen carácter general para proyectar una imagen porque el tema de los créditos y la prescripción no se estableció exclusivamente para los inversores, sino con carácter general. Entonces, como el Senado entendió que eso se podía hacer -repito que considero que no fue una norma justa ni de buena técnica- nosotros hicimos esta propuesta.

Por otra parte, quiero expresar que si este texto se hubiera distribuido en el día de ayer, no me imagino lo que se hubiera dicho en la discusión del artículo 18, por lo que veo en el ánimo de las respuestas. Se hubiera expresado que era una especie de condicionamiento que estábamos poniendo para votar el artículo 18 y que por eso lo habíamos presentado. Estoy seguro de que hubiera sido así y a tal punto lo estoy que cuando entregué el texto al señor Secretario Farachio le expresé que no queríamos que se discutiera antes para evitar que se pensase que lo estábamos haciendo con una intención aviesa. Por eso dice, a mano, que se incorpore como último artículo, es decir, antes del de la derogación, para que la ley ya estuviera terminada en su estudio y votación.

Por lo tanto, si se quieren hacer interpretaciones sobre malas intenciones, que se hagan, pero no las ha habido de nuestra parte. Nosotros hemos intentado participar de una sesión azarosa -esperamos que no sea escabrosa- pero si se usan algunos adjetivos que nos ofendan, desde luego que los vamos a contestar, hoy, mañana y en cualquier momento.

SEÑOR GANDINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GANDINI. - Señor Presidente: quiero sumar mi rechazo a la moción que presentaron los señores Senadores del Frente Amplio y no puedo menos que pensar que se busca un objetivo distinto al que se expresa en la letra de la misma, dado que es altamente inoportuno el momento y el lugar en que se ha propuesto. Se dice que se ha planteado porque se aduce que durante muchos años no se ha concretado una Ley de Partidos Políticos que contenga normas que regulen sus finanzas. Los proponentes saben, así como todos los señores Senadores, que si se aprobara este artículo, no lograríamos jamás el objetivo que se dice buscar. La transparencia en las finanzas de los partidos la vamos a obtener regulando las formas de administrar sus recursos. Con esta disposición, no sabremos jamás si una empresa beneficiaria de este proyecto de ley que acabamos de aprobar le dona dinero a un partido político. Todos sabemos que con este aditivo no basta; para ello debemos regular la vida interna de los partidos en materia financiera y establecer mecanismos lo suficientemente inteligentes como para no vulnerar la autonomía y la democracia interna de los partidos, dándole transparencia a la forma en que los dineros ingresan en ellos. Pienso que no es por este camino que lo vamos a lograr y eso todos lo sabemos. Por ello, me parece que se intentó sentar una sospecha sobre objetivos ocultos que podría tener este proyecto de ley. Con todo respeto digo que creo que ha sido un aditivo muy inoportuno.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: debemos tener en cuenta dos aspectos. El primero de ellos es la mecánica de cómo fue planteada esta moción, que fue retenida y luego presentada a último momento. Esa es una discusión.

El segundo punto que debemos tener presente es el hecho de que se debe comenzar a hacer algo con respecto al tema de cómo se financian los partidos y la relación que estos tienen con las empresas, aspecto sobre el cual en el Uruguay no se ha avanzado nada. Personalmente, no puedo entrometerme en la mecánica de cómo el Frente Amplio formula una moción. Pienso que presentar una moción de estas características en el medio de la discusión, por más que se diga que no se quiere que se malinterprete -aquí somos todos adultos y sabemos en los bailes que nos metemos- tiene un efecto político bien fuerte y eso nadie lo puede negar.

Por lo tanto, no abro juicio sobre la mecánica de cómo se presentó la moción, porque cada uno sabe lo que hace y los partidos tienen sus conductas que luego serán juzgadas por la gente.

El otro aspecto que debemos considerar es qué se hace frente a determinadas situaciones. En varias oportunidades, he impulsado la búsqueda de mecanismos que recuperen, en mi opinión, la credibilidad de los partidos ante la sociedad. A este respecto, puedo recordar que la Ley Cristal, que obtuvo unanimidad en la Cámara de Representantes, tuvo modificaciones en la Cámara de Senadores lo que, a mi juicio, le cambió el sentido, razón por la cual no la acompañé. Esa es la opinión del Nuevo Espacio.

Hemos expresado al señor Senador Hierro López -y también lo hemos dicho en la prensa- que estamos dispuestos a votar sobre tablas la ley anticorrupción enviada por el Gobierno y la coalición y firmada por todos los Ministros. Si bien sobre algunos artículos podremos no estar de acuerdo, pensamos que es preferible darle un instrumento al señor Ministro del Interior -que muchas veces lo pidió publicamente- que quedarnos con las manos cruzadas por un preciosismo jurídico. Debemos darnos cuenta que el tema de la corrupción está presente en varias áreas del Estado y, precisamente, la política no es la que va a la cabeza. Es cierto que los señores Senadores Fernández Faingold y Ricaldoni han comprometido su palabra, pero no hay un avance en este sentido.

También le hemos propuesto al Presidente de este Cuerpo detener las tareas por veinte días para sancionar una serie de leyes imprescindibles; digo esto sabiendo que somos el partido con menor representación parlamentaria. En el día de hoy, precisamente, hemos estado en una Comisión donde manifestamos que determinado instrumento no nos gustaba y que preferíamos otro, pero que igualmente lo íbamos a acompañar en ese consenso, porque pensamos que en algunos temas lo peor que puede ocurrir es que no haya ninguna política.

Personalmente, no abro juicio frente a la mecánica de cómo se ha planteado este aditivo y con respecto a este asunto concreto digo que si mi voto vale en algo para dar una señal, prefiero que ella sea en el sentido de expresar que debemos trabajar sobre el tema. Independientemente de que el señor Senador Gandini señale que este no es el mecanismo y que se deben buscar otros caminos en diferentes proyectos de ley, estoy dispuesto a estudiar otra redacción, porque sobre este aspecto hay que actuar. Además, a nuestro partido ello le es muy caro, porque pensamos que está afectada la credibilidad de todo el sistema político.

Es en ese sentido, señor Presidente, que voy a acompañar la moción presentada.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-10 en 25. Negativa.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Hemos votado negativamente, señor Presidente, por las razones que han expresado con mucha claridad los señores Senadores Hierro López, Ricaldoni, Gandini y Heber.

Asimismo, queremos decir que aspiramos a que efectivamente se hagan controles sobre las finanzas de los partidos políticos -y, en ese sentido, al Partido Colorado no le duelen prendas- y que se controlen con precisión las remesas que pueden percibir y han recibido desde el exterior algunos de ellos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"CAPITULO I

PRINCIPIOS Y GARANTIAS

Artículo 1º (Interés nacional). - Declárase de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional.

Art. 2º (Igualdad). - El régimen de admisión y tratamiento de las inversiones realizadas por inversores extranjeros será el mismo que el que se concede a los inversores nacionales.

Art. 3º (Requisitos). - Las inversiones serán admitidas sin necesidad de autorización previa o registro.

Art. 4º (Tratamiento). - El Estado otorgará un tratamiento justo a las inversiones, comprometiéndose a no perjudicar su instalación, gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias.

Art. 5º (Libre transferencia de capitales). - El Estado garantiza la libre transferencia al exterior, de capitales, utilidades, así como de otras sumas vinculadas con la inversión, la que se efectuará en moneda de libre convertibilidad.

CAPITULO II

ESTIMULOS DE ORDEN GENERAL PARA LA INVERSION

Sección I

Ambito de aplicación

Artículo 6º (Alcance subjetivo) - Son beneficiarios de las franquicias establecidas en este Capítulo, los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, Impuesto a las Rentas Agropecuarias e Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, que realicen actividades industriales o agropecuarias.

Los beneficios establecidos en el presente Capítulo, y los que otorgue el Poder Ejecutivo en aplicación de las facultades legales que se le confieren en el mismo, operarán en forma general y automática para todos los sujetos a que se refiere el inciso anterior.

Art. 7º (Alcance objetivo). - Se entiende por inversión a los efectos de este Capítulo, la adquisición de los siguientes bienes destinados a integrar el activo fijo o el activo intangible:

a) bienes muebles destinados directamente al ciclo productivo;

b) equipos para el procesamiento electrónico de datos;

c) mejoras fijas afectadas a las actividades industriales y agropecuarias;

d) Bienes inmateriales tales como marcas, patentes, modelos industriales, privilegios, derechos de autor, valores llave, nombres comerciales y concesiones otorgadas para la prospección, cultivos, extracción o explotación de recursos naturales;

e) otros bienes, procedimientos, invenciones o creaciones que incorporen innovación tecnológica y supongan transferencia de tecnología, a criterio del Poder Ejecutivo.

Sección II

Beneficios Fiscales

Artículo 8º (Beneficios fiscales). - Otórgase a los sujetos a que refiere el artículo 6º, los siguientes beneficios:

a) Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los bienes de activo fijo comprendidos en los literales a) y b) del artículo 7º, adquiridos a partir de la vigencia de la presente ley. Los referidos bienes se considerarán como activo gravado a los efectos de la deducción de pasivos.

La presente exoneración no operará, en el caso de que los bienes referidos deban valuarse en forma ficta.

b) Exoneración de los Impuestos al Valor Agregado y Específico Interno, correspondientes a la importación de los bienes a que refiere el literal anterior, y devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones en plaza de los mismos.

Art. 9º (Beneficios fiscales). - Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar en forma general, para los sujetos definidos en el artículo 6º, los siguientes beneficios:

a) Exoneración del Impuesto al Patrimonio, en las condiciones establecidas en el literal a) del ar-tículo anterior, a los bienes comprendidos en los literales c) a e) del artículo 7º.

b) Establecimiento, a los efectos de los Impuestos a las Rentas de la Industria y Comercio, Impuesto a las Rentas Agropecuarias e Impuesto al Patrimonio, de un régimen de depreciación acelerada, para los bienes comprendidos en los literales a) a e) del artículo 7º.

Art. 10. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir hasta tres puntos de la alícuota de aportes patronales a la seguridad social a la industria manufacturera.

CAPITULO III

ESTIMULOS RESPECTO A INVERSIONES ESPECIFICAS

Sección I

Ambito de aplicación y Organos Competentes

Artículo 11 (Actividades y empresas promovidas). - Podrán acceder al régimen de beneficios que establece este Capítulo, las empresas cuyos proyectos de inversión sean declarados promovidos por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.

Asimismo la declaratoria promocional podrá recaer en una actividad sectorial específica, entendiéndose por tal, el conjunto de emprendimientos conducentes a producir, comercializar o prestar, según corresponda, determinados bienes o servicios.

Se tendrán especialmente en cuenta a efectos del otorgamiento de los beneficios, aquellas inversiones que:

a) incorporen progreso técnico que permita mejorar la competitividad;

b) faciliten el aumento y la diversificación de las exportaciones, especialmente aquellas que incorporen mayor valor agregado nacional;

c) generen empleo productivo directa o indirectamente;

d) faciliten la integración productiva, incorporando valor agregado nacional en los distintos eslabones de la cadena productiva;

e) fomenten las actividades de las micro, las pequeñas y las medianas empresas, por su capacidad efectiva de innovación tecnológica y de generación de empleo productivo;

f) contribuyan a la descentralización geográfica y se orienten a actividades industriales, agroindustriales y de servicios, con una utilización significativa de mano de obra e insumos locales.

Art. 12 (Asesoramiento). - A los efectos del otorgamiento de las franquicias previstas en el presente Capítulo, el Poder Ejecutivo actuará asesorado por una Comisión de Aplicación, integrada por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, que la coordinará, así como por representantes del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Comisión de Descentralización prevista en el artículo 230 de la Constitución, pudiendo, en casos especiales, integrarse con miembros de otros Ministerios u organismos con competencia en el sector de actividad del solicitante.

En el caso de proyectos de inversión, los mismos se presentarán a la Comisión de Aplicación la cual determinará cuál será el Ministerio u organismo al que corresponda su evaluación, en función de la naturaleza del proyecto y de la actividad al que éste corresponda.

La citada evaluación, conjuntamente con un informe en el que se detallarán los beneficios que se entiende corresponde otorgar, será elevada por el Ministerio u organismo designado, a la Comisión a la que se refiere el inciso primero. La reglamentación fijará los procedimientos y los plazos máximos en los que deberá expedirse el Ministerio u organismo referido.

La Comisión de Aplicación establecerá las correspondientes recomendaciones respecto al caso de que se trate. En la citada recomendación, de corresponder, se expresará además cuál será el Ministerio u organismo encargado del seguimiento de otorgamiento, total o parcial, de la exoneración establecida en este Capítulo.

Art. 13 (Uniformidad de procedimientos). - Los procedimientos administrativos previstos en el artículo anterior, serán asimismo aplicables a los beneficios que se otorguen en el marco de los Decretos-Leyes Nº 14.178, de 28 de marzo de 1974 (de Promoción Industrial), y Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974 (de Turismo), y sus normas modificativas y complementarias. A tales efectos facúltase al Poder Ejecutivo a modificar los cometidos y funciones, o a suprimir las Comisiones asesoras creadas en virtud de las referidas disposiciones.

Art. 14 (Incumplimiento). - En todos los casos, el Poder Ejecutivo podrá requerir las garantías que entienda pertinentes, en relación al efectivo cumplimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones vinculadas al otorgamiento de las franquicias, sin perjuicio de la reliquidación de tributos, multas y recargos que puedan corresponder en caso de verificarse el incumplimiento.

Sección II

Beneficios fiscales

Artículo 15 (Beneficios fiscales). - Se entenderán aplicables a las actividades o proyectos de inversión comprendidos en lo dispuesto por el artículo 11, las facultades conferidas al Poder Ejecutivo de otorgar los beneficios fiscales establecidos en el Decreto-Ley Nº 14.178, de 28 de marzo de 1974 y sus normas
modificativas y complementarias.

No se incluye en la citada extensión de facultades, el otorgamiento de exoneraciones arancelarias que contravengan los compromisos asumidos por el país en el marco de los acuerdos del MERCOSUR.

Art. 16 (Situaciones especialmente beneficiadas). - En el caso de proyectos o actividades declaradas promovidas en virtud de la importancia de su aporte al proceso de descentralización geográfica de la actividad económica, los beneficios a otorgar de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior serán superiores en plazo o cuantía, a los otorgados a proyectos equivalentes o actividades similares, localizados en el departamento de Montevideo.

Asimismo podrán otorgarse beneficios especiales en lo relativo a la determinación de los tributos a exonerar, y al plazo y cuantía de las franquicias, a las inversiones que estando comprendidas en la definición del inciso tercero del artículo 11, alcancen un monto de $ 500:000.000 (quinientos millones de pesos) en el plazo previsto en el plan de inversión respectivo. Esta cifra será actualizada anualmente por el Poder Ejecutivo en base a la variación operada en el Indice de Precios al Consumo que fija el Instituto Nacional de Estadística.

Art. 17 (Impuesto al Patrimonio). - Si por aplicación de lo dispuesto en el presente Capítulo, se otorgaran exoneraciones del Impuesto al Patrimonio, los bienes objeto de la exención se considerarán activos gravados a los efectos del cálculo del pasivo computable para la determinación de patrimonio gravado.

Sección III

Régimen de especialización productiva

Artículo 18. - Créase un régimen de aceleración de la adecuación, destinado a facilitar la reconversión de las empresas en el marco del proceso de integración regional.

De acuerdo a dicho régimen, las empresas podrán importar exoneradas del Impuesto Aduanero Unico a la Importación (IMADUNI) y de recargos, bienes originarios de los Estados Miembros del MERCOSUR, de la misma naturaleza y con el mismo destino económico que aquellos cuya producción discontinúan o reducen. Dicha exoneración estará sujeta al cumplimiento de un programa de exportación por parte de las beneficiarias.

Encomiéndase al Poder Ejecutivo la reglamentación del régimen que se crea y el otorgamiento, total o parcial, de la exoneración establecida en este artículo, de acuerdo a las siguientes bases:

a) El beneficio podrá otorgarse a aquellas empresas que discontinuando o reduciendo la producción de bienes alcanzados por el régimen de adecuación a la unión aduanera del MERCOSUR presenten un proyecto de aumento de exportaciones de otros bienes que produzcan.

b) El Poder Ejecutivo podrá otorgar la exoneración parcial o total de los tributos a la importación de bienes originarios de los Estados Parte del MERCOSUR para un bien o bienes de la misma naturaleza y con el mismo destino económico que aquellos cuya producción se reduce y con monto máximo de importaciones determinado por dicha reducción.

Los industriales beneficiados por esta exoneración no podrán -durante la vigencia de la misma- incrementar el volumen de importaciones de los bienes mencionados por el régimen tributario común que realicen al 1º de enero de 1998.

c) Los beneficiarios de este régimen deberán someter el Proyecto de Reconversión Productiva a consideración de la Comisión de Aplicación creada por el artículo 12 de la presente ley, la que previa consulta con las cámaras del sector empresario dará el asesoramiento correspondiente al Poder Ejecutivo para su aprobación.

Será tenida especialmente en cuenta a los efectos del referido asesoramiento, entre otros criterios, la estabilidad en la plantilla de trabajadores.

Sección IV

Estabilidad Jurídica

Artículo 19 (Garantía del Estado). - El Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, asegura a los inversores amparados a los regímenes establecidos en la presente ley y por los plazos establecidos en cada caso, las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que esta ley les acuerda.

CAPITULO IV

NORMAS DE APLICACION GENERAL

Sección I

Contrato de crédito de uso

Artículo 20. - Sustitúyese el artículo 45 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, con la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 16.205, de 6 de setiembre de 1991, por el siguiente:

"ArtIculo 45. - Las contraprestaciones resultantes de contratos de crédito de uso, estarán exoneradas del Impuesto al Valor Agregado, siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

a) que el contrato tenga un plazo no menor a tres años;

b) que los bienes objeto del contrato no sean vehículos no utilitarios, ni bienes muebles destinados a la casa-habitación;

c) que el usuario sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, Impuesto a las Rentas Agropecuarias o Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios.

En caso de que no se cumpla alguna de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, el Impuesto al Valor Agregado se aplicará sobre la amortización financiera de la colocación, salvo que el bien objeto de la operación se encuentre exonerado por otras disposiciones.

La diferencia entre las prestaciones pactadas y la amortización financiera de la colocación y los reajustes de precio, estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado, salvo que la operación estuviera pactada con quien no sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, el Impuesto a las Rentas Agropecuarias o el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios."

Art. 21. - Sustitúyese el artículo 46 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, con la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 16.205, de 6 de setiembre de 1991, por el siguiente:

"ArtIculo 46. - Acuérdase a las instituciones acreditantes un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones de los bienes que sean objeto de contratos de crédito de uso, siempre que los citados contratos cumplan con las condiciones establecidas en el inciso primero del artículo anterior. El crédito se anulará cuando el contrato pierda la exoneración del Impuesto al Valor Agregado. El Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en que las instituciones acreditantes harán efectivo el crédito anteriormente indicado, o su pérdida cuando corresponda.

En caso de cancelaciones anticipadas que reduzcan el plazo a menos de tres años, el Impuesto al Valor Agregado deberá liquidarse de conformidad a lo establecido en el artículo 45 de la presente ley. En tales casos
deberá abonarse dicho impuesto más el recargo mensual indemnizatorio a que hace referencia el inciso segundo del artículo 94 del Código Tributario.

En caso de rescisiones judiciales y homologadas judicialmente que signifiquen una reducción del plazo pactado a períodos de menos de tres años, se mantendrá la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, aplicable a los contratos de más de tres años de plazo".

Art. 22. - Sustitúyese el artículo 27 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 27. - La restitución forzada de la cosa por falta de pago de las cuotas periódicas estipuladas, no podrá requerirse sino cuando el usuario cayere en mora en el pago de dos cuotas consecutivas, si fueren por períodos no mayores de un mes y de una cuota en los demás casos".

Art. 23. - Sustitúyese el artículo 32 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, con la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 16.205, de 6 de setiembre de 1991, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 32. - El procedimiento para obtener la restitución forzada en los casos previstos en los artículos 27 y 29 de la presente ley, será el del proceso de entrega de la cosa. Sólo serán admitidas como excepciones: la de falsedad del instrumento en que se funda la acción; la falta de algunos de los requisitos esenciales para la validez de los contratos; pago o compensación de crédito líquido y exigible que se prueben por escritura pública o por documento privado emanado del actor; prescripción; caducidad; espera o quita concedidas por el demandante que se prueben por escritura pública o por documento privado emandado del actor; y la excepción de haberse ejercido válidamente alguna de las opciones previstas por el artículo 29 de la presente ley. Las excepciones inadmisibles serán rechazadas sin sustanciación (artículo 355.2 Código General del Proceso).

Si los escritos en que se deduzcan las excepciones no van acompañados de los documentos probatorios respectivos, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 355.2 del Código General del Proceso."

Art. 24. - Las normas a que refieren los artículos 20 a 23, se aplicarán a los contratos que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley.

Sección II

Disposiciones varias

Art. 25 (Solución de controversias). - Toda controversia relativa a la interpretación o aplicación de la presente ley que se suscite entre el Estado y un Inversor que hubiere obtenido del Poder Ejecutivo la Declaratoria Promocional, podrá ser sometida a elección de cualquiera de los mismos a alguno de los siguientes procedimientos:

a) al del Tribunal competente;

b) al del Tribunal Arbitral, que fallará siempre con arreglo a derecho, conforme a lo establecido en los artículos 480 a 502 del Código General del Proceso.

Cuando se haya optado por someter la controversia a uno de los procedimientos previstos precedentemente la elección será definitiva.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación con relación a los inversores extranjeros en caso de ausencia de tratado, protocolo o convención internacional en materia de solución de controversias, en vigor a la fecha de suscitarse las mismas.

Art. 26 (Fusiones y escisiones). - Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, Impuesto al Valor Agregado, e Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, que grave las fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades, siempre que las mismas permitan expandir o fortalecer a la empresa solicitante.

En el caso de que el Poder Ejecutivo ejerza la facultad a que refiere el inciso anterior, no será exigible la escritura pública para la transferencia de bienes, derechos, obligaciones o gravámenes comprendidos en la trasmisión patrimonial operada como consecuencia de los referidos actos (artículo 122 de la Ley Nº 16.060, de 5 de setiembre de 1989).

Art. 27 (Impuesto a las hipotecas). - Derógase el Impuesto a las Hipotecas establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 10.976, de 4 de diciembre de 1947, en su redacción modificada por la Ley Nº 12.011, de 16 de octubre de 1953 y por el artículo 200 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Art. 28 (Prendas sin desplazamiento). - Las prendas sin desplazamiento previstas en las Leyes Nº 5,649, de 21 de marzo de 1918, Nº 8.292, de 24 de octubre de 1928, Nº 12.367, de 8 de enero de 1957, y artículos 58 y siguientes de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, podrán constituirse a favor de cualquier acreedor para garantizar todo tipo de obligaciones, del propietario del bien que se da en prenda o de terceros.

Art. 29 (Prescripción y aplicabilidad de la misma). - Las acciones originadas en las relaciones de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquél en que haya cesado la relación laboral en que se fundan.

La audiencia de tentativa de conciliación, con presencia del citante interrumpirá la prescripción, siempre que sea seguida de demanda judicial interpuesta dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha del acta o del testimonio de la no comparecencia del citado.

En ningún caso podrán reclamarse créditos o prestaciones laborales que se hubieran hecho exigibles con más de dos años de anticipación a la fecha en que se presente la demanda judicial correspondiente.

Las disposiciones anteriores serán aplicables a los créditos o prestaciones existentes a la fecha de promulgación de la presente ley; salvo que en un plazo de sesenta días calendario contados a partir de la mencionada fecha se hubiere presentado demanda judicial válida.

Art. 30 (Trasmisión de títulos valores y facilitación de la circulación de las garantías que les acceden). - Agrégase al artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.701, de fecha 12 de setiembre de 1977:

"Los derechos emergentes de las garantías reales o personales que accedan a un título valor, se transferirán de pleno derecho por la sola trasmisión del título valor en el que conste la garantía que le accede, sin necesidad de inscripción alguna. Para la trasmisión de garantías que respaldan títulos valores objeto de oferta pública se estará a lo que disponga la legislación específica en la materia.

Las garantías reales que se constituyan para asegurar el cumplimiento de obligaciones cartulares se inscribirán en los Registros Públicos correspondientes individualizando el título valor garantizado, su emisor, objeto, monto, vencimiento y demás elementos que correspondan a su naturaleza. A los efectos de la referida inscripción registral no será necesario identificar a los sucesivos tenedores del título garantizado.

Las garantías se cancelarán por declaración unilateral del deudor y la exhibición del título valor. En defecto de la exhibición del título, para obtener la cancelación de la garantía deberá acreditarse ante el Registro, o ante el depositario en su caso, la consignación judicial de los importes."

Art. 31. - El Poder Ejecutivo informará anualmente a la Asamblea General sobre la aplicación de la presente ley.

Art. 32 (Derogaciones). - Derógase la Ley Nº 15.837, de 28 de octubre de 1986, y los Decretos-Leyes Nº 14.179, de 28 de marzo de 1974 y Nº 14.244, de 26 de julio de 1974."

4) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 21 y 22 minutos, Presidiendo el profesor Carlos Julio Pereyra y estando presentes los señores Senadores Antognazza, Astori, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Fernández Faingold, Gandini, Gargano, Heber, Hierro López, Korzeniak, Michelini, Millor, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Sarthou, Segovia y Virgili).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Don Freddy A. Massimino Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.