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Nº 201 - TOMO 385 - 21 DE OCTUBRE DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

62ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

- Los señores Senadores Korzeniak y Gargano solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay.
- Oportunamente fue tramitado.

5) Proyectos presentados

- El señor Senador Michelini presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con el ajuste de salarios de los funcionarios públicos, tarifas públicas y cuotas de amortización de préstamos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay.
- A la Comisión de Presupuesto.
- El señor Senador Pereyra presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Doctor Héctor Lucián Canzani" la Escuela Nº 41 del departamento de Rocha.
- A la Comisión de Educación y Cultura.

6) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Batlle.
- Concedida.

7) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el señor Amaro comunicando que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

8) Promoción y Protección de Inversiones Nacionales y Extranjeras en el territorio nacional

- Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se las declara de interés nacional.

9) Sesión extraordinaria

- Por moción del señor Senador Ricaldoni, el Senado resuelve celebrar sesión extraordinaria el próximo martes 28, en régimen de cuarto intermedio, para continuar con el análisis del tema en consideración.

10) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 17 de octubre de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 21, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en territorio nacional.

(Carp. Nº 428/96 - Rep. Nº 484/97 y Anexo I)

2º) Discusión particular del proyecto de resolución elevado por la Comisión de Asuntos Administrativos por el que se instituyen diversos premios a los mejores trabajos periodísticos y al medio que los difunda, que refieran a la personalidad, acción política y de gobierno de Luis Batlle Berres.

(Carp. Nº 743/97 - Rep. Nº 485/97)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3º) Por el que se modifica el sistema de aportación del sector rural al Banco de Previsión Social.

(Carp. Nº 584/96 - Rep. Nº 498/97)

4º) Por el que se establece un sistema de pasantías laborales para los estudiantes mayores de 15 años que concurran a establecimientos educacionales del país.

(Carp. Nº 327/95 - Rep. Nº 499/97)

5º) Discusión particular de los proyectos de resolución elevados por la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a:

un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence el 27 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 814/97 - Rep. Nº 486/97).

un funcionario del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 799/97 - Rep. Nº 489/97).

un funcionario del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 800/97 - Rep. Nº 490/97).

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 801/97 - Rep. Nº 491/97).

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 802/97 - Rep. Nº 492/97).

un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. (Plazo constitucional vence el 24 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 810/97 - Rep. Nº 493/97).

una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas. (Plazo constitucional vence el 26 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 813/97 - Rep. Nº 494/97).

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Batlle, Brezzo, Cid, Couriel, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Hierro López, Hualde, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, el señor Senador Chiesa, y con aviso, el señor Senador Andújar.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 10 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 21 de octubre de 1997.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje solicitando venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Washington";

por el que se autoriza a unidades de la Armada Nacional a participar en la Operación Unitas XXXVIII-97, conjuntamente con unidades de la Repú-blica Argentina y Federativa del Brasil, Canadá, Reino de España y de los Estados Unidos de América;

por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1996;

por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos pertenecientes al 12 Regimiento de Caballería Mecanizada de la República Federativa del Brasil para participar en desfile cívico-militar.

-Ténganse presente y agréguense a sus antecedentes.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite la información solicitada por la señora Senadora Marina Arismendi y los señores Senadores Milton Antognazza, Danilo Astori, Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Helios Sarthou y Albérico Segovia relacionada con los contratos de arrendamiento de obra y de servicio a profesionales universitarios por el período 1º de marzo de 1994 al 1º de marzo de 1997 por parte de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

-Oportunamente le fue entregado a la señora Senadora Arismendi y a los señores Senadores Antognazza, Astori, Couriel, Gargano, Korzeniak, Sarthou y Segovia.

El Ministerio del Interior remite la información solicitada por el señor Senador Alberto Cid, relacionado con la flota automotriz que posee dicho Ministerio.

-Oportunamente le fue entregado al señor Senador Alberto Cid.

La Corte Electoral presenta con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se modifican las leyes de elecciones Nº 7.812, de 16 de enero de 1925 y su modificativa Ley Nº 13.882, de 18 de setiembre de 1970.

-A la Comisión Especial de partidos políticos.

El señor Embajador de los Países Bajos remite fax comunicando la llegada al Uruguay de una delegación compuesta por el Intendente de Rotterdam, el Presidente de la Cámara de Comercio de Rotterdam y el Gerente de ABN Amro Bank Rotterdam quienes han manifestado su deseo de reunirse con las Comisiones de Transporte y Obras Públicas y Medio Ambiente.

-Póngase en conocimiento de las Comisiones de Transporte y Obras Públicas y Medio Ambiente.

La Cámara de Tiendas y Afines remite fax relacionado con el artículo 18 del proyecto de ley a estudio del Senado por el que se declara de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales o extranjeros en territorio nacional.

-Agréguese a sus antecedentes.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se modifican los períodos de ajustes de los salarios de los funcionarios de la Administración Central, de las tarifas públicas y de las cuotas de amortización de préstamos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay.

-A la Comisión de Presupuesto.

La Cámara de Representantes comunica la sanción del proyecto de ley por el que se crea un programa de apoyo a las micro y pequeñas empresas, financiado por el Poder Ejecutivo y ejecutado por la Corporación Nacional para el Desarrollo.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes.

El señor Coordinador de la Bancada de Senadores del Foro Batllista comunica que a partir del día 17 de octubre el señor Senador Luis Brezzo sustituyó al señor Senador Hugo Fernández Faingold como representante de ese Sector en la Comisión de Industria y Energía.

-Se procedió en consecuencia.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el Protocolo de Integración Educativa y Reválida de diplomas, certificados, títulos y reconocimiento de estudios de Nivel Medio Técnico, emanado de la VII Reunión de Ministros del MERCOSUR;

por el que se aprueba el Protocolo de Integración Cultural del MERCOSUR; y

por el que se aprueba el Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad Civil emergente de accidentes de tránsito;

-Repártanse e inclúyanse en el orden del día de la próxima sesión del Senado."

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Korzeniak y Gargano solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay, relacionado con los nombres de las personas que libran cheques, hacen retiros o realizan operaciones de gestiones a nombre de la empresa ALIAN SA."

-Oportunamente fue tramitado.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 15 de octubre de 1997.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, solicito se curse al Banco de la República Oriental del Uruguay, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el siguiente pedido de datos e informes:

Se sirvan comunicarnos quién es la persona o las personas que libran cheques, hacen retiros o, en general, realizan operaciones de gestión a nombre o por cuenta de ALIAN SA, empresa que explota el negocio conocido como SHOPPING PUNTA CARRETAS.

Saluda atte

Reinaldo Gargano, José Korzeniak. Senadores."

5) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Michelini presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican los períodos de ajuste de los salarios de los funcionarios públicos, tarifas públicas y cuotas de amortizaciones de préstamos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay."

-A la Comisión de Presupuesto.

(Texto del proyecto de ley:)

"PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO
REFERIDO A LA MODIFICACION DE LOS
PERIODOS DE AJUSTE DE LOS SALARIOS
DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS,
TARIFAS Y CUOTAS DEL BHU

Artículo 1º. - (Adecuación de las remuneraciones). Sustitúyase el artículo 6º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"El Poder Ejecutivo adecuará la remuneraciones de los funcionarios comprendidos en los Incisos 02 al 14, de modo de mantener y recuperar progresivamente el poder adquisitivo del trabajador público.

Los ajustes serán realizados tomando en consideración la variación del índice general de precios al consumo confeccionado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y las disponibilidades del Tesoro Nacional. En todos los casos el primer ajuste en las remuneraciones debe realizarse el primer día de cada ejercicio financiero.

Los períodos de adecuación de las remuneraciones se aplicarán, dentro de cada Ejercicio financiero, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Por períodos no menores de seis meses ni mayores de doce meses, si la variación de precios al consumo, tomada en años móviles, resultara inferior o igual al 6% (seis por ciento) anual, en cada una de las mediciones mensuales posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior.

b) Por períodos no menores de cuatro meses ni mayores de seis meses, si la variación de precios al consumo fuera inferior o igual al 15% (quince por ciento) anual y superior al 6% (seis por ciento) anual, como mínimo en cada una de las mediciones mensuales posteriores al último ajuste del Ejercicio financiero anterior, ambas medidas en años móviles.

c) Por períodos no menores de tres meses ni mayores de cuatro meses, si la variación de precios al consumo, tomada en años móviles, resultara superior al 15% (quince por ciento) anual, como mínimo en cada una de las mediciones mensuales posteriores al último ajuste del Ejercicio financiero anterior.

Art. 2º. - (Cláusula de salvaguarda). En las situaciones previstas en los literales a) y b) del artículo anterior y en caso que la variación acumulada de precios al consumo, en los meses posteriores al ajuste de las remuneraciones, resultara superior al aumento otorgado por el Poder Ejecutivo para todo el período respectivo, éste procederá a adecuar, sin alterar lo dispuesto en el artículo anterior, las remuneraciones en el mes inmediato siguiente a tal acontecimiento.

Art. 3º. - (Tarifas públicas). Los Entes Autónomos pertenecientes al dominio industrial y comercial del Estado, salvo casos de fuerza mayor debidamente fundados, adecuarán las tarifas de los servicios públicos que prestan, por períodos no inferiores a los que resulten de la aplicación del artículo 1º de la presente ley, sin perjuicio de que puedan optar por períodos de ajuste mayores. Igual criterio de periodicidad de ajuste deberá seguir el Poder Ejecutivo en relación a las tasas por él administradas.

Art. 4º. - (Ajuste en las cuotas del Banco Hipotecario del Uruguay). Sustitúyense los incisos 1º y 2º del artículo 499 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991 por los siguientes:

"Las cuotas de los préstamos otorgados o que se otorguen por el Banco Hipotecario del Uruguay, así como las que se estuvieran abonando o que se abonen por los promitentes compradores de viviendas construidas dentro del Sistema Público de Producción de Viviendas, se reajustarán conforme con la variación de la unidad reajustable (artículo 38 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968), por períodos no inferiores a los que resulten de la aplicación del artículo 1º de la presente ley.

Tratándose de viviendas de las Categorías I y II o similares, de acuerdo con la reglamentación del Banco Hipotecario del Uruguay, el reajuste referido en el inciso precedente no podrá efectuarse por períodos inferiores a seis meses cuando sea de aplicación el literal c) del artículo 1º. Cuando el período de adecuación de las remuneraciones sea el dispuesto por los literales a) o b) del citado artículo el reajuste no podrá efectuarse por períodos inferiores a doce meses."

Rafael Michelini. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento un proyecto de ley por el que se procura modificar los períodos de ajuste de los salarios de los funcionarios públicos del gobierno central y se faculta a que el Banco Hipotecario del Uruguay proceda de similar forma en relación al ajuste de las cuotas de los préstamos concedidos por la referida entidad estatal, que con modificaciones resultó aprobado por la Cámara de Representantes.

Debe reconocerse como un logro destacable la baja operada en el nivel de inflación, como consecuencia del esfuerzo que en materia de estabilización de precios se ha aplicado fundamentalmente en el anterior y en el actual período de gobierno.

Es de público conocimiento que el objetivo en materia de nivel de precios al consumo, fijado por el Poder Ejecutivo para el año 1997, es de un 15,4%. Las proyecciones realizadas en función de la pauta cambiaria adoptada pronostican que la inflación del año en curso podría tener un desvío en más de aproximadamente un 2%, cerrando el año en entorno del 17%.

Para el Nuevo Espacio resulta plenamente compartible la idea de modificar los períodos de indexación de los salarios públicos y de las cuotas del Banco Hipotecario como forma de disponer de un instrumento adicional para abatir el impuesto inflacionario, pero concomitantemente, es imperioso que el propio Poder Ejecutivo y los Entes comerciales e industriales del Estado, adopten igual criterio en relación a la política de tarifas públicas, porque de lo contrario se compromete el cumplimiento de los objetivos planteados y lo que es más importante, la propia credibilidad del gobierno.

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, plantea en su artículo 1º, tres hipótesis de
comportamiento inflacionario con sus correspondientes períodos de ajuste a las remuneraciones de los funcionarios:

a) inflación menor o igual al 10% anual, ajustes por períodos no menores de 6 ni mayores de 12 meses,

b) inflación mayor que el 10% y menor o igual que el 23% anual, ajustes por períodos no menores de 4 ni mayores de 6 meses,

c) inflación mayor que el 23% ajustes por períodos no menores de 3 ni mayores de 4 meses.

Para el Nuevo Espacio los límites inflacionarios de las franjas propuestas por el Poder Ejecutivo exceden claramente los propósitos anunciados a la opinión pública por cuanto se lo faculta para que los ajustes salariales semestrales operen a partir de un alto nivel inflacionario (23%) por un lado, y por otro introduce la posibilidad de un ajuste anual, cuando el nivel inflacionario sea menor o igual al 10%. En consecuencia, el presente proyecto sustitutivo plantea que para que pueda operar un solo ajuste anual de salarios, el nivel inflacionario sea menor o igual al 6% anual. Asimismo se establece que los ajustes semestrales podrán efectuarse en tanto el nivel inflacionario sea mayor al 6% y menor o igual al 15% anual. El fundamento de esta propuesta está en línea con el objetivo anunciado por el Poder Ejecutivo para el año 1997, y por cierto, si se ajustara la política en materia de incrementos de las tarifas públicas, se puede estimar que en el próximo trimestre se estaría en una inflación menor o igual al 15%.

El artículo 2º de nuestro proyecto establece una cláusula de salvaguarda que difiere sustancialmente del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, por cuanto establece que para una inflación menor o igual al 15% anual -literales a) y b)- y en caso que la variación acumulada de precios al consumo resultare superior al aumento otorgado por el Poder Ejecutivo para todo el período respectivo, deberá procederse a ajustar las remuneraciones en el mes inmediato siguiente.

El artículo 3º introduce lo que es a nuestro juicio un aspecto medular del tema en cuestión. De nada vale que ajustemos en períodos mayores los salarios, si los períodos de ajuste de las tarifas públicas no se corresponden con los de aquellos. Más aún, cuando los antecedentes inmediatos muestran que en el caso de la energía eléctrica y el agua, los ajustes de sus tarifas están -al mes de febrero de 1997- por encima del comportamiento inflacionario. En efecto, en el caso de UTE, desde 1995 a la fecha citada, un 3,8%, y en lo que refiere a OSE, el incremento que comienza a gestarse en 1991 (6,97%), se sitúa al mes referido en un 69,59%. En este caso, excepto por la eliminación de la expresión "de fuerza mayor", el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, recogió la propuesta realizada en el informe en minoría presentado por el Nuevo Espacio.

En consecuencia, para el Nuevo Espacio resulta de vital importancia que el Poder Ejecutivo predique con el ejemplo. Si se quiere realmente cumplir con una inflación del 15,4% para el año en curso, parece lógico exigir que la política de ajuste de las tarifas públicas sea consecuente con el objetivo trazado.

Por último, en el artículo 4º, el presente proyecto establece un tratamiento en consonancia con lo dispuesto en el artículo 1º, para las cuotas de los préstamos otorgados por el Banco Hipotecario. También en este punto hay una diferencia sustancial con el proyecto aprobado en Diputados, en tanto el artículo que se refiere al tema no mantiene el criterio de dar un tratamiento distinto a los deudores del Banco Hipotecario de las categorías I y II o similares.

Nuestro proyecto de ley, establece con carácter preceptivo la obligatoriedad del ajuste y restablece la voluntad del legislador expresada en el inciso 2º del artículo 499 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, estableciendo que "cuando el período de adecuación de las remuneraciones sea el dispuesto por los literales a) o b) del citado artículo, el reajuste no podrá efectuarse por períodos inferiores a doce meses".

Montevideo, 21 de octubre de 1997.

Rafael Michelini. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Pereyra presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley relativo a la designación con el nombre de "Doctor Héctor Lucián Canzani" la Escuela Nº 41, ubicada en la ciudad de Castillos, departamento de Rocha."

-A la Comisión de Educación y Cultura.

(Texto del proyecto de ley:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Desígnase con el nombre de "Dr. Héctor Lucián Canzani" la Escuela Pública Nº 80 ubicada en la ciudad de Castillos (departamento de Rocha).

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Dr. Héctor Lucián Canzani fue un prestigioso médico que prestó grandes servicios en el ámbito de la salud en las localidades de 18 de Julio y Castillos y las respectivas zonas rurales circundantes de ambas localidades.

Apenas recibido el título se instaló en el pueblo 18 de Julio, siendo ejemplar su comportamiento profesional y de solidaridad con los habitantes de una zona que entonces tenía enormes dificultades para las comunicaciones. Prestó servicios en zonas inhóspitas, viajando a caballo o en las pequeñas embarcaciones que los vecinos poseían, para recorrer las amplias zonas inundables de la región. Su consagración al cumplimiento de los deberes para con la sociedad fue realmente insuperable, luchando solo -como único profesional- contra carencias de todo tipo. Luego de años de esta azarosa vida, se radicó en Castillos, siendo médico y luego director del Centro de Salud Pública de aquella ciudad.

Su acción cívica lo llevó a la Presidencia del Concejo Departamental de Rocha, en 1958, donde también cumplió exitosa gestión.

Por todo lo expuesto y mucho más que perdura en los recuerdos de las personas que lo conocieron en su accionar como médico y ciudadano ejemplar consideramos de estricta justicia que -luego de las consultas de rigor a ANEP- el Poder Legislativo sancione el justo homenaje que proponemos.

Agregamos que también en la Junta Departamental de Rocha se ha planteado esta inquietud que gustosamente hacemos nuestra.

Carlos Julio Pereyra. Senador."

6) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Batlle solicita licencia desde el 1º al 30 de noviembre."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 16 de octubre de 1997.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Dr. Hugo Batalla

De mi consideración:

A través de la presente solicito a usted tenga a bien considerar mi licencia a partir del 1º al 30 de noviembre inclusive, con el fin de que se cite al suplente correspondiente.

Sin otro particular lo saluda atentamente.

Jorge Batlle. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Amaro comunica que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

-Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

8) PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: "Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en territorio nacional. (Carp. Nº 428/96 - Rep. Nº 484/97 y Anexo I)".

(Antecedentes: ver 58a. S.O.)

-En consideración el artículo 25.

Continúa en uso de la palabra el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: entiendo me queda poco tiempo a los efectos de referirme al artículo en consideración. Antes que ese plazo finalice, quisiera presentar y explicar un artículo sustitutivo.

Lo esencial de las modificaciones presentadas radica en lo siguiente. En primer término, en lugar de decir: "ser sometida a elección del inversor", proponemos que se sustituya por "sometida a elección de cualquiera de los mismos". El señor Senador Bergstein señaló -y nos parece razonable- que corresponde que sea para ambos.

En segundo lugar, introducimos algunas modificaciones en los literales a) y b), en virtud de las confusiones a que han dado lugar, por cuanto allí se mezclan conceptos que no son los que corresponden. El actual literal a) dice: "a los órganos jurisdiccionales competentes;". Estos órganos son todos, inclusive el arbitraje del Tribunal Arbitral, por lo que no corresponde esa expresión. Por ello, proponemos que en dicho literal se diga "al del Tribunal competente". Con respecto al literal b) y a fin de seguir el concepto que informa el anterior, consideramos que debería señalar "al del Tribunal Arbitral conforme a lo establecido en los artículos 480 a 502 del Código General del Proceso". Esas serían dos modificaciones a introducir. Finalmente, en el segundo inciso, donde dice "Cuando el inversor haya optado por someter la controversia a uno de los procedimientos previstos...", con mayor rigor de lógica y teniendo en cuenta que incluimos arriba la palabra tribunales, debería decir "Cuando se haya optado por someter la controversia a uno de los Tribunales previstos precedentemente, la elección será definitiva". Este es el artículo sustitutivo que voy a hacer llegar a la Mesa -supongo que será repartido- y que significa conservar la misma disposición con modificaciones, aunque sin alterarla sustancialmente, salvo en lo que tiene que ver con que ambas partes pueden pedir la recurrencia al Tribunal Arbitral. Creo que con esto es suficiente.

Hace unos días, señor Presidente, planteé algunas consideraciones en virtud de que algunas expresiones que se hicieron en torno al tema a mi entender estaban totalmente descaminadas. Vuelvo a repetir que en este texto estamos hablando de una de las formas absolutamente legítimas del derecho positivo nacional para dirimir contiendas, esté o no el Estado entre ellas si el Tribunal Arbitral implica una serie de posibilidades, desde la patria pleitera hasta una elusión de los grandes principios artiguistas y para los nacionalistas el evadirnos de conceptos muy caros para nuestra colectividad. En tal caso, señor Presidente, hay que innovar el Código General del Proceso e incluir una disposición que prohíba radicalmente, por lo menos para el Estado y para todos los Entes públicos, la posibilidad del Tribunal Arbitral.

Por otro lado, eventualmente también habría que estudiar esto con relación a todos los particulares, por ser un procedimiento de tan discutible equidad.

Considero por lo contrario señor Presidente, que tenemos aquí un elemento eficaz para dirimir las contiendas. Agrego que por la forma de constituir el Tribunal Arbitral, que se hace difícil que sea tan recurrido, como se cree, porque el inversionista -particularmente si éste es extranjero- quedaría en desventaja en un Tribunal en el que dos de sus integrantes van a defender, legítimamente y como corresponde, los intereses del Estado, mientras uno solo hará lo mismo, pero con relación a ese inversionista extranjero o nacional. En consecuencia, no creo que sea una fórmula tan recurrida como se piensa.

En cuanto a las otras críticas que aluden a que el Tribunal puede recurrir a la equidad, podría modificarse el Código General del Proceso en el texto pertinente. No obstante pienso que el recurrir a la equidad no implica utilizar cosas negativas, ni partir de la base de que dos de los tres integrantes de un Tribunal Arbitral van a utilizar el concepto de equidad para "vender" -dicho esto entre comillas- sus criterios en la materia; simplemente, van a recurrir a la equidad, que a veces es más efectiva en asuntos de muy compleja solución que una larga diferencia basada en aspectos que no resultan muy claros y que en derecho son altamente discutibles.

En otro aspecto que se ha mencionado, estimo que si hay discusiones que deben ir a la inconstitucionalidad y a la controversia, está el artículo 494 que atiende directamente la solución, porque siendo un Tribunal Arbitral integrante del Poder Judicial, va a ir a la Suprema Corte de Justicia y el proceso se detiene hasta que se resuelva. Lo mismo con respecto a cuestiones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que no pueden ventilarse en otro ámbito que no sea ese.

No hay a mi juicio ningún motivo para suponer otra cosa.

Creo que estos elementos determinan que la permanencia de este artículo en nada afecta el proyecto de ley, aunque sí añade una manera más de llevar adelante la protección de las inversiones y, por tanto, debe ser aprobado por este Cuerpo.

Era cuanto deseaba manifestar, señor Presidente. Seguidamente hago llegar a la Mesa el texto del artículo sustitutivo que he propuesto, para que se proceda a su repartido, y oportunamente se discutirá.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - El problema que se había planteado es si la función jurisdiccional, que es privativa, salvo excepciones, del Poder Judicial, puede o no transferirse a otros Poderes. Parece que esto ya no está en discusión y la posición tanto de Arcos Ferrand como de Real, ha sido aceptada.

Sin embargo, ahora se ha introducido otro problema. Se dice que el Tribunal Arbitral integra el Poder Judicial, que es un órgano jurisdiccional y, en consecuencia, es perfectamente legítimo que la ley le defiera a un órgano con esas características la potestad de juzgar. No obstante ese es, precisamente, el problema. Personalmente sostengo, con la opinión del constituyente y con la opinión de uno de los redactores del Código General del Proceso, que no es así, y lo voy a demostrar.

Los Tribunales Arbitrales están fuera del Estado; no son órganos o instituciones del Gobierno sino, simplemente, justicia privada. Esto lo dice Justino Jiménez de Aréchaga en la página 523 del tomo que editó el Senado. Precisamente en ese libro Jiménez de Aréchaga señala que cuando se tramitaba la última reforma -se refería a la de 1952- y a raíz de una pregunta del Diputado Beltrán, se aclaró con toda precisión por el Miembro Informante que no podrían existir otras magistraturas judiciales fuera de aquellas a las cuales se refiere expresamente el texto constitucional, y que lo que le incumbe a la ley es sólo la fijación de las jurisdicciones y competencias de cada una de esas magistraturas.

Por lo tanto, dice Jiménez de Aréchaga que de acuerdo con esta explícita manifestación se ha de entender que el artículo 1º de la Sección Poder Judicial -es decir, el artículo 233- determina, limitada y taxativamente, cuáles son los órganos del Poder Judicial. Ellos son la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales de Apelaciones, los Jueces Letrados y los Jueces de Paz, concluyendo que no puede haber otros.

Es decir que, en opinión del constituyente, los tribunales arbitrales no pueden integrar el Poder Judicial y en ese sentido existe una manifestación expresa.

El recordado profesor emérito Justino Jiménez de Aréchaga dice que la ley se limitará exclusivamente a fijar las jurisdicciones y competencias de cada uno de esos magistrados. Quienes pueden ejercer la función jurisdiccional en nombre del Estado, son los órganos que la Constitución estatuye en su Sección XV.

Jiménez de Aréchaga dice, también, en su obra "Teoría del Gobierno", página 281, que la regla primera y fundamental de la atribución de querer por el Estado es que esa potestad resulte del texto expreso de la Constitución de la República. La soberanía de la nación sólo puede ser ejercida por los Poderes representativos que establece el artículo 82 de la Constitución. Lo que la ley puede establecer es la forma como se ejerce esa potestad -de ahí los Códigos procesales- y quiénes tienen competencia para ejercerla, esa es la materia reservada a la Constitución.

Podría citar, asimismo, la opinión del doctor José Aníbal Cagnoni en su obra "El Derecho Constitucional uruguayo", pero como me parece absolutamente definitiva la posición del constituyente que el profesor Justino Jiménez de Aréchaga, recuerda. Diré que en el curso del Código General del Proceso que se publicó en dos tomos -en el primero aparece el texto y en el segundo hay varios estudios- el doctor Vescovi -quien es uno de sus autores- y al hablar del proceso arbitral dice que este estatuto tiene aspectos conceptuales. Con relación a ellos expresa que se trata de un proceso en el cual un sujeto privado -es decir, no es un funcionario público, sino privado, porque si integrara un tribunal de los que establece la Constitución no sería un sujeto privado- es investido de la potestad de juzgar. Es decir que estamos según expresa manifestación de uno de los autores del CGP ante una forma de realización de la justicia privada. Agrega Véscovi que, por lo dicho, quedan excluidos de este tipo de acuerdos aquellos asuntos en los cuales está interesado el orden público.

Creo que he demostrado acabadamente que para el constituyente, según las versiones taquigráficas de la Cámara de Representantes y de acuerdo con la opinión del Miembro Informante de la Comisión de los veinticinco, no hay más órganos jurisdiccionales que los que establece el artículo 233 de la Constitución de la República. Además, no puede acordarse la función jurisdiccional, si no se tiene en cuenta el artículo mencionado.

Por otro lado, para el autor del Código General del Proceso, el arbitraje es una expresión de la justicia privada y no de la justicia pública.

Con esto, dejo sentada y documentada la exposición que he hecho. Muchas gracias.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Antes que nada, quiero resumir -quizás sea necesario y conveniente, aunque tal vez no- las notas que tenía preparadas para la intervención que iba a realizar en la sesión anterior. Creo que puede ser de utilidad no perder ciertos puntos de referencia en cuanto a los alcances de este artículo.

La disposición se aplica tanto a los inversores extranjeros como a los nacionales. Ello quiere decir que aquí no hay una cláusula destinada solamente a los primeros, sino que apunta a cualquiera que sea inversor en los términos de este proyecto de ley. Pero con respecto a los inversores extranjeros, es de interés recordar que el texto que estamos analizando expresa que éstos sólo estarán amparados por lo que aquí se determina.

Dice, textualmente, el último inciso del artículo 25 del proyecto de ley que tenemos a estudio: "en caso de ausencia de tratado, protocolo o convención internacional en materia de solución de controversias, en vigor a la fecha de suscitarse las mismas". Quiere decir que tampoco todos los inversores extranjeros están amparados por dicha disposición, ya que solamente serán amparados cuando no hubiere un tratado, un protocolo o una convención que establezca una solución diferente para ellos. Es un tema que también hay que tener en cuenta.

Quiero hacer otra precisión. Aunque este artículo dice que se aplica el arbitraje conforme a lo establecido en los artículos 480 a 502 del Código General del Proceso, debe entenderse que también se están produciendo modificaciones, aunque no a texto expreso, de otros artículos de dicho Código, vinculados al arbitraje. Por ejemplo, lo que me parece más importante en esta materia -y ello no figura en los artículos mencionados del Código General del Proceso- es que este artículo se aparta de lo que establece el Código mencionado en tanto y cuanto, unilateralmente, el inversor, sea nacional o extranjero, puede señalar su voluntad de recurrir al arbitraje. En el Código General del Proceso, salvo por mandato legal, ello requiere el consentimiento de las partes. Por lo tanto, este es un aspecto que también se debe tener en cuenta.

Quiero decir, además, que no tengo algunas de las discrepancias que se han señalado previamente en Sala, pero sí una con respecto a los alcances o bases sobre las que se haría el arbitraje. Como dijo el señor Senador García Costa, es cierto que el arbitraje, tal como está estructurado en el proyecto de ley, podría ser con arreglo a derecho o con arreglo a la equidad. Quizás, más que nada por una cuestión instintiva, preferiría que el arbitraje aquí establecido fuera exclusivamente dictado con arreglo a derecho. Digo esto porque tengo un cierto temor a normas de arbitraje en las cuales se resuelva con arreglo a la equidad, pues allí sí puede haber una válvula de escape muy importante para que lo que quiere ser una solución adecuada de una controversia, termine transformándose en algo que ingrese en forma total o casi total en el terreno de la discrecionalidad de los árbitros, y por vía de la invocación a la equidad se puede llegar a soluciones, sin duda, no queridas, en este proyecto de ley.

Por lo tanto, habría que tener en cuenta que el numeral 5) del artículo 477 del Código General del Proceso, en lo pertinente, debería modificarse, ya que él establece: "La mención de si el arbitraje es de derecho o de equidad; si nada se dijere, los árbitros fallarán por equidad". En el texto del proyecto, no se dice nada y, entonces, habría que suponer que se va a fallar casi siempre por equidad.

Repito, más que nada por una cuestión de precaución, me parece que ese arbitraje que se hará en la República Oriental del Uruguay conforme al Código General del Proceso debería ser con arreglo a Derecho. Sobre el particular, luego me gustaría escuchar la opinión del señor Miembro Informante.

Debo decir, además, que comparto totalmente el punto de vista del señor Senador Mallo en cuanto a que, sin duda alguna, los Tribunales Arbitrales -los previstos por el Código General del Proceso y otros a los que se puedan recurrir- no forman parte del Poder Judicial uruguayo. Esto me parece muy claro; las citas que he escuchado, diría que son categóricas. Los Tribunales Arbitrales tienen una función jurisdiccional cuando fallan de acuerdo con lo que le corresponde. La función jurisdiccional en los arbitrajes es igual o casi igual a la del Poder Judicial o de la justicia contencioso-administrativa. La alusión a los Tribunales que utiliza el Código General del Proceso está referida a los órganos del Poder Judicial de carácter unipersonal o pluripersonal. Es muy evidente que no incluye a los Tribunales de este tipo.

Por otro lado, debo señalar que los fallos arbitrales no pueden ser objeto de revisión por el Poder Judicial, ni siquiera en casación, ni por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De acuerdo con el artículo 268 del Código General del Proceso, la casación está muy acotada y sólo corresponde respecto de las sentencias definitivas o de las interlocutorias con fuerza de definitivas de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, del Trabajo y de Familia, como así también de los Juzgados Letrados de Primera Instancia.

En consecuencia, reitero, señor Presidente, creo que el artículo está bien, que es conveniente para el país, tiene los alcances a los que me he referido, y solamente me permitiría -salvo mejor opinión, en primer lugar del Miembro Informante y luego de los demás integrantes de la Comisión- establecer que esta facultad de arbitraje se circunscribiera a aquéllos que se hicieran con arreglo a derecho, dejando de lado la invocación a la equidad, que me parece riesgosa.

Finalmente, en cuanto al proyecto del señor Senador García Costa, debo confesar que me fue entregado mientras estaba haciendo uso de la palabra, por lo que recién estaremos en condiciones de discutirlo más adelante.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Quisiera agregar algunos elementos a la intervención del señor Senador Ricaldoni.

Cabe señalar que hay un concepto material y otro formal. Materialmente, el Tribunal Arbitral tiene la capacidad de dictar justicia en el país y eso es inequívoco. Si formalmente se quiere discutir el alcance del Tribunal y la esencia del mismo, creo que ni siquiera es tarea de constitucionalistas sino de procesalistas. No estoy capacitado ni quiero inmiscuirme en ese tema que, además, considero tiene poca relevancia porque de todas formas se aplicará, más allá de conceptos doctrinarios, lo establecido en esta norma, si es que se aprueba.

En cuanto a que el laudo no puede ser objeto de recurso, confieso no haber estudiado lo relativo a la casación y, en tal sentido, me parece suficiente el análisis que ha hecho el señor Senador Ricaldoni.

El artículo 499 -que constituye otra razón más para sostener que el Tribunal Arbitral se integra claramente en todo el sistema judicial- dice así: "Contra el laudo arbitral no habrá más recurso que el de nulidad, que corresponde en los casos siguientes: 1) Por haberse expedido fuera del término" -razón puramente formal- "2) Por haberse expedido sobre puntos no comprometidos" -ya no es un motivo tan formal dado que puede haber una zona muy rica de discusión en la materia- "3) Por no haberse expedido sobre puntos comprometidos" -situación inversa a la anterior, en la que también pueden haber muchos aspectos- "4) Por haberse negado los árbitros a recibir alguna prueba esencial y determinante", lo que está aclarando, y mucho, que la sentencia arbitral puede ser objeto de un recurso y no de uno elemental.

Por otra parte, el artículo 500 aclara con precisión los alcances de la nulidad, cómo se aplica, etcétera, pero no es del caso entrar a considerar esos aspectos. A su vez, el artículo 501 determina el plazo de interposición y procedimiento del recurso. Además, otra de las normas que cité establecía que si se observare en algo el laudo, se detendría la marcha del Tribunal Arbitral hasta que se defina.

En consecuencia, en cuanto a lo que decía el señor Senador Ricaldoni, creo que materialmente es un acto jurisdiccional. Si se quiere discutir si formalmente lo es o no, personalmente dejo el debate porque considero que no nos interesa para nada.

Debo señalar que el doctor Eduardo J. Couture definía la "jurisdicción" de la siguiente manera: "Función jurisdiccional, actividad pública realizada por órganos competentes nacionales o internacionales, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se aplica el orden jurídico establecido, para dirimir conflictos y controversias, mediante decisiones susceptibles de adquirir autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución". A mi juicio, esto es un laudo del Tribunal Arbitral, tal como figura en el artículo 25.

Por otra parte, y con respecto al procedimiento -que es un tema que también incluimos en el artículo 25- Couture señala, luego de definirlo, lo siguiente: "Actuación, tramitación, secuencia de actos ante los órganos del Poder Público".

Este es un órgano del poder público puesto que tiene la facultad primero, y el imperio después, de hacer aplicar sus resoluciones.

Finalmente, Couture define al Tribunal de la siguiente manera: "Organo del Poder Judicial, unipersonal o colegiado, investido de la función jurisdiccional".

Recuérdese que este autor hablaba de un Código anterior al Código General del Proceso, que no tiene la precisión de éste, que en el Libro II define muy cuidadosamente todos los procesos. En el anterior Código -me tomé un poco de tiempo para revisarlo- es muy caótica la referencia a jurisdicción, Tribunal, Juzgado. En fin; se utiliza una cantidad importante de nombres para referirse a lo que el Código General del Proceso define con gran precisión, empleando siempre las mismas palabras.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: en la sesión anterior habíamos dicho que no era posible establecer, en este proyecto de ley, que una de las partes pudiera determinar que un tema se extraiga del Poder Judicial para someterse a un órgano arbitral, cualquiera sea el nombre que se le dé; es decir, Tribunal Arbitral -como dice el Código General del Proceso- o cualquier otro, puesto que existen varios.

Pienso que la única forma por la cual en circunstancias de este tipo puede recurrirse a árbitros, es cuando las dos partes están de acuerdo; inclusive, es muy dudoso cuando una de ellas es el Estado. Decir que una u otra parte tenga derecho a hacerlo, para mí no soluciona los problemas que trae este artículo. Tendrían que ser ambas, pero si una de ellas es el Estado, el tema es más que discutible. Por ejemplo, la controversia podría surgir a raíz de un acto administrativo dictado por el Estado y comunicado a la otra parte. ¿Acaso por el hecho de estar en desacuerdo, ese inversor puede decir que, en función de este artículo, hay que someter el asunto a un Tribunal Arbitral? No, porque todos sabemos que la Constitución tiene un capítulo entero que establece que los actos administrativos se impugnan por medio de recursos administrativos, que serán resueltos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No se trata, pues, de un problema que no esté resuelto.

¿Cómo actúa el Estado? ¿Estamos pensando en un gerente que se encuentra negociando con un inversor o en órganos públicos que dictan resoluciones, decretos o actos administrativos que dependen del organismo público que entra en controversia con aquél?

Insisto en que la Constitución de la República establece de qué manera se impugnan los actos administrativos; no hay otra vuelta. Se oponen los recursos previstos en el artículo 317 y, si se agota la vía administrativa, de acuerdo con lo que establece el artículo 309, se debe acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

¿La ley puede decir que eso no se va a aplicar, pero sí el derecho del inversor a ir a un Tribunal Arbitral? No; me parece que esa es una tesis realmente insostenible. Digo esto, sin perjuicio de que varios de los problemas teóricos más generales que aquí se plantearon, están muy lejos de ser abarcados en este caso, como por ejemplo, el concepto de función jurisdiccional. Podemos tomar la definición de Couture, pero todos sabemos que hay criterios orgánicos, criterios formales y criterios materiales. Inclusive, Mario Capeletti enumera no menos de sesenta o setenta criterios materiales, pero esas son discusiones que nos trascenderían.

Pregunto una vez más si este artículo está permitiendo que si el inversor no está de acuerdo con una decisión tomada por el Estado, recurra al Tribunal Arbitral. Insisto en que esto es insostenible. ¿Es así que se va a generar el 80% o el 90% de las controversias? ¿Cómo se van a producir? ¿Conversando un representante del inversor con otro del Estado? No; va a haber alguna resolución. Por el hecho de que el inversor no esté de acuerdo, no se puede saltear todo lo que la Constitución establece acerca de quién resuelve en esta materia.

En cuanto a la búsqueda de una especie de igualdad en este proyecto de ley que el señor Senador García Costa ha distribuido -que no supera ese inconveniente constitucional que, a mi juicio, es terminante- creo que lo único que se hace es ampliar al Estado esa posibilidad. Esto todavía tendría una gravedad mayor, porque supone que el Estado renuncie a que se utilice un procedimiento que la Constitución dice que es el adecuado para impugnar los actos administrativos.

En suma, creo que desde el punto de vista jurídico, y sin irnos a las grandes alturas de la definición de función jurisdiccional -que es un tema bastante complejo- no se puede aprobar este artículo.

Era la aclaración que deseaba hacer.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: estamos completamente de acuerdo con que el Poder Judicial no está integrado por los tribunales de conciliación y arbitraje, conforme a lo que establece el Código General del Proceso. Este es el tema.

Un examen del texto constitucional permite verificar que los únicos órganos previstos son la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales y los Juzgados. Concretamente, el artículo 233 señala: "El Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y Juzgados, en la forma que estableciere la ley". Esto armoniza con el artículo 261, que habla de la competencia que la ley tiene en esta materia. Dice: "La ley reglamentará los procedimientos pertinentes". Reglamenta los procedimientos pero no los órganos que están previstos en el texto del 233.

El hecho de que se haga referencia a recursos relacionados con actuaciones del juicio arbitral establecidas en el Código General del Proceso como la recusación y a otras disposiciones, no cambia la cosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las personas públicas no estatales, y concretamente en materia jubilatoria, existe la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Apelaciones: pero no por eso las instituciones paraestatales pasan a integrar el Poder Judicial. El hecho de que un arbitraje de justicia privada -recordemos que no sólo Jiménez de Aréchaga, sino también Véscovi califica a los tribunales de conciliación como justicia privada no integrantes del sistema judicial- admita un recurso ante el Poder Judicial, no significa que cambie su naturaleza y pase a formar parte de éste. Si así fuera, tendríamos que sostener que los organismos paraestatales que pueden recurrir ante el Tribunal de Apelaciones, que forma parte del Poder Judicial, pasarían a integrar este último. No es así; se trata de circunstancias de excepción por remisión de la ley pero no integran estrictamente el Poder Judicial.

Creemos que el artículo 25 lesiona en forma importante el funcionamiento del sistema judicial y del sistema jurídico, porque el Poder Ejecutivo no puede verse privado de la posibilidad de accionar en determinado sentido en función de una ley aprobada por otro Poder, que lo limita en esta materia. No puede ser, por la separación de Poderes, que una ley le establezca, específicamente, al Poder Ejecutivo la imposibilidad de acceder al órgano o a la mecánica que la Constitución prevé para la dilucidación de los conflictos, y esto es lo que hace el artículo 25. En el conflicto que se pueda dar entre el inversor y el Poder Ejecutivo, se priva a este último de la capacidad de hacer funcionar el Poder Judicial en la previsión constitucional, permitiendo que el inversor pueda actuar por su voluntad y exigir la justicia privada de un arbitraje.

Pensamos que esto es claramente inconstitucional y que el hecho de que se dé a ambas partes la facultad no lo arregla, porque si uno desea el arbitraje y el otro no, ¿cómo se soluciona? A esto hacía mención el señor Senador Korzeniak.

Se puede reconocer la buena intención de no aparecer creando un privilegio al inversor -privilegio en el sentido etimológico de la palabra, de ley privada- y tratando de corregir eso. Sin embargo, se trata de un problema insoluble porque, reitero, ¿cómo se resuelve esta situación si una de las partes desea el arbitraje y la otra no? Desde mi punto de vista, sí es clara la inconstitucionalidad en caso de que el Poder Legislativo imponga a otro Poder la prohibición de utilizar el sistema de dilucidación de controversias del Poder Judicial previsto en el texto constitucional, obligándole a aceptar la justicia privada, más allá de las conexiones que puedan operarse hacia el Poder Judicial por efecto de la ley en recursos en que se le dé intervención.

Por otra parte, no sólo se le impide acceder, sino que se le entrega a un particular. Creo que esto lesiona un principio general del sistema democrático, garantizado por la Declaración de los Derechos Humanos, que dice que todo sujeto de derecho tiene derecho natural a acceder al sistema de Tribunales públicos del Estado, porque la justicia del Poder Judicial estatal tiene imparcialidad, objetividad y gratuidad, caracteres que le dan a la persona seguridad al ser juzgada. Vemos que el artículo 8º de la Declaración de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los Tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley.

Esto es válido para todo sujeto de Derecho. No puede ser que al Estado, como sujeto mayor, y al Poder Ejecutivo representándolo, se le impida, por vía de una ley, el ejercicio de esta norma que, gracias al artículo 72, forma parte de los derechos fundamentales. Todos sabemos que los derechos constitucionales están establecidos en función genérica a través del artículo 72 y que estos derechos, reconocidos en declaraciones internacionales, tienen pleno valor. Hay un derecho natural a la jurisdicción del sistema judicial público, no privado, y este derecho lo debe tener el Estado. Por consiguiente, no puede ser que se entregue a un particular la discrecionalidad para determinar que el Estado, que es contratante, pueda utilizar o no el sistema judicial previsto.

Desde este punto de vista, nos parece que el artículo es inconstitucional. En la Constitución existe la previsión de tribunales de conciliación y arbitraje para determinadas hipótesis. Ellos están previstos solamente en el artículo 57. Si se examina la discusión de la Asamblea Constituyente del año 1934, especialmente las intervenciones de los constituyentes Rossi, Salgado y Bellini, se ve que establecen que todos estos son Tribunales específicos para las contiendas obrero patronales, como complemento del derecho de huelga. Es decir que si alguna previsión existe en el sistema, es sólo la del artículo 57, para admitir Tribunales de arbitraje, con un sentido específico, concreto, y para determinadas contiendas. Esto fue completamente aclarado en el debate de la Constituyente del año 1934. Por lo tanto, estos Tribunales no están incluidos en el sistema judicial de nuestro país en la justicia pública; esta imposición del arbitraje es la de una justicia privada reconocida a un particular, en perjuicio del Estado.

Por lo expresado, no vamos a apoyar con nuestro voto esta disposición ya que creemos que la solución del problema no se va a lograr por este camino. Supongamos que un inversor resuelve aplicar el arbitraje pero que el Estado no está de acuerdo. ¿Cómo se resuelve el hecho de que cualquiera de los dos pueda utilizar un sistema u otro? Es imposible hacerlo, porque hay una contradicción; al menos debería indicarse qué método habría que adoptar, fuera del hecho de que, en realidad, el sistema de autonomía de la voluntad, que está previsto en el Código General del Proceso, no puede aplicarse al régimen del Estado. Esto es así porque el sistema de arbitraje necesario está violando ese derecho del Poder Ejecutivo, relativo a la aplicación del régimen del Poder Judicial.

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más oradores inscriptos, corresponde votar el artículo 25, con el texto venido de Comisión. Además, hay un artículo modificativo presentado por el señor Senador García Costa.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: de acuerdo con lo escuchado hasta ahora y luego de consultas parciales, desearíamos hacer algunas sugerencias.

Con respecto al inciso primero del artículo, creemos que la propuesta realizada por el señor Senador García Costa -que ya había sido tratada en sesiones anteriores- que de alguna manera permitía que fuese a elección de cualquiera de las partes el recurrir a los procedimientos establecidos, brinda al Poder Ejecutivo una simetría conveniente.

En consecuencia, con relación a este inciso, aceptaríamos votar la modificación propuesta.

En lo que respecta a los literales a) y b), aceptaríamos también alguna modificación. A propósito del literal a), estaríamos de acuerdo con la propuesta que formula el señor Senador García Costa, y en el caso del b) le agregaríamos la sugerencia realizada por el señor Senador Ricaldoni. El literal diría: "b) al del Tribunal Arbitral que fallará siempre con arreglo a Derecho, conforme a lo establecido en los artículos 480 a 502 del Código General del Proceso".

A propósito del inciso siguiente, señor Presidente, dejaríamos la redacción original venida de Comisión que dice: "Cuando el inversor haya optado por someter la controversia a uno de los procedimientos previstos precedentemente la elección será definitiva". O sea que dejaríamos "procedimientos" en lugar de "Tribunales".

En cuanto al último inciso, debo decir que es idéntico en ambos artículos, por lo que no requiere modificación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para mayor claridad, se dará lectura al artículo, tal como quedaría redactado y que sería votado en primer término.

Léase.

(Se lee:)

"ARTICULO 25. - Toda controversia relativa a la interpretación o aplicación de la presente ley que se suscite entre el Estado y un inversor que hubiere obtenido del Poder Ejecutivo la Declaratoria Promocional, podrá ser sometida a elección de cualquiera de los mismos a alguno de los siguientes procedimientos:

a) al del Tribunal competente;

b) al del Tribunal Arbitral que fallará siempre con arreglo a Derecho, conforme a lo establecido en los artículos 480 a 502 del Código General del Proceso.

Cuando se haya optado por someter la controversia a uno de los procedimientos previstos precedentemente, la elección será definitiva.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación con relación a los inversores extranjeros en caso de ausencia de tratado, protocolo o convención internacional en materia de solución de controversias, en vigor a la fecha de suscitarse las mismas."

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - En principio, quisiera saber si este texto es parte del artículo propuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Efectivamente, señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Debo decir entonces que reconozco que el señor Senador García Costa hizo un esfuerzo, a mi modo de ver errado, pero con un buen sentido, pues quiso justificar la constitucionalidad de la disposición. Este concepto fue refutado totalmente por la lectura que hice de la opción del constituyente y del redactor del Código General del Proceso -que dijo que esto era una justicia privada- y acá no se ha justificado cómo la función jurisdiccional, que es privativa del Poder Judicial, se transfiere a la justicia privada. En este sentido, Jiménez de Aréchaga es absolutamente claro y, a pesar de que ya lo leí, lo reitero. Expresa que queda determinado taxativamente cuáles son los órganos del Poder Judicial: la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Apelaciones, los Jueces Letrados y los Jueces de Paz. No puede haber otros. La ley se limitará exclusivamente a fijar las jurisdicciones y competencias de cada una de las Magistraturas.

En este artículo propuesto, entonces, se introduce la justicia privada como alternativa inconstitucional del Poder Judicial.

El doctor Cassinelli Muñoz, por citar un autor más, habla de qué ocurre cuando se plantea una controversia. ¿Qué significa? Significa que cuando no haya acuerdo de partes en un conflicto, la decisión liquidadora, final y definitiva, con autoridad de cosa juzgada, deberá emanar de la Suprema Corte de Justicia, de un Tribunal de Apelaciones, de un Juzgado Letrado o de un Juzgado de Paz; es decir, de uno de los órganos de la judicatura estatal. Sin embargo, de acuerdo con esta disposición, la decisión va a emanar de un Tribunal Arbitral, lo que según el redactor del Código General del Proceso se ubica dentro de la justicia privada. De modo que podemos inferir que acá lo que se está votando es la privatización de la Justicia, y no he oído refutar para nada esa opinión.

Reitero que reconozco que la posición del señor Senador García Costa, aunque totalmente errada, fue un intento de dar una explicación. Sin embargo, no he oído del Miembro Informante ninguna otra explicación que demuestre cómo la función jurisdiccional, que todos reconocen es privativa del Poder Judicial, se privatiza y se otorga a un Tribunal Arbitral.

En cuanto a que no se juzga por equidad, sino por Derecho, debo decir que habría que aclarar que esto es de acuerdo con el Derecho nacional. Digo esto porque hay Tribunales Arbitrales que se establecen y adquieren vigencia por la autonomía de la voluntad -en donde las partes acuerdan un arbitraje voluntario- y juzgan por otros Derechos distintos al Derecho nacional.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: en este diálogo, de alguna manera, limitado por el Reglamento, diría que el argumento del señor Senador Mallo prueba demasiado. De ser cierto lo que dice el señor Senador, no podrían existir Tribunales Arbitrales. Si el Poder Judicial resume en sí mismo toda la capacidad de juzgamiento de las controversias entre los habitantes del país y, lo que se plantea en este artículo es privatizar oponiéndose a lo que establece la Constitución, pues entonces carecería de sentido la existencia misma del Tribunal Arbitral. Sin embargo esta clase de órganos jurisdiccionales existe en nuestro país, y no desde la vigencia del Código de Procedimiento Civil -no fui más atrás, porque el Código que estudié era el de 1868- ya que sospecho que debe haber habido otros Códigos o Leyes en la materia que también preveían estos Tribunales Arbitrales.

Sin duda, se trata de una institución de larga data en el mundo. El Estado reconoce que en determinadas condiciones puede allanarse a que se haga justicia de una manera distinta a la que formalmente es la habitual, pero incorporándola al orden positivo del derecho del Estado y dándole -como figura en estos artículos- la ejecución a sus sentencias a través de los Tribunales, a ser objeto de apelación sus resoluciones por parte de éstos, así como una serie de condicionantes -que no vamos a repetir para no perder el tiempo- que demuestran que el Procedimiento Arbitral está inscripto en ese contexto. Si esto es inconstitucional en este texto que analizamos repito lo que decía al principio: se está probando más de lo que se quiere probar. Y todo lo relativo al Tribunal Arbitral es inconstitucional.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Disculpe, señor Senador, pero antes había solicitado la palabra el señor Senador Ricaldoni; inmediatamente le será concedida a usted.

SEÑOR RICALDONI. - Me gustaría saber cómo se debería manejar esta discusión desde el punto de vista reglamentario. Entiendo que si estamos discutiendo un artículo sustitutivo, no es por vía de aclaraciones que debemos pronunciarnos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Hemos estado analizando este artículo en discusión particular. La interpretación que hace del Reglamento el señor Senador Ricaldoni nos permitiría hacer una discusión general en cada discusión particular de cada artículo indefinidamente. Luego de la discusión del artículo, en la medida en que se han planteado modificaciones, como es lógico corresponden aclaraciones. De todas maneras, como los señores Senadores saben, la Presidencia establece que a modo de aclaraciones y alusiones, se puede hacer uso de la palabra solamente una vez.

En consecuencia, en la medida en que la Presidencia parte de la base de que todos tenemos la intención de mejorar el artículo y no de enlentecer su trámite, diría que ha sido absolutamente amplia en la concesión del uso de la palabra para formular aclaraciones.

La Presidencia consulta al señor Senador Ricaldoni si lo que ha expresado fue lo que motivó su pedido de la palabra para una aclaración.

SEÑOR RICALDONI. - En realidad, señor Presidente, no llegué a comenzar mi intervención, pero con mucho gusto cedo mi lugar al señor Senador Mallo porque, en todo caso, hay mayor relación de causa a efecto entre las palabras del señor Senador García Costa y lo que seguramente va a decir a continuación el señor Senador Mallo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sólo resta aclarar que la Presidencia se limitó a respetar la prioridad en el pedido de la palabra.

Tiene la palabra el señor Senador Mallo.

SEÑOR MALLO. - Mi aclaración refería al arbitraje legal, forzoso y obligatorio para el Estado; no he hecho alusión al arbitraje voluntario que las partes convienen, y así lo expresé en mi intervención inicial.

Pero voy a aclarar más. En el Uruguay es un tema -tal como lo reconoce Véscovi en sus "Comentarios al Código General del Proceso"- sobre el que se ha escrito poco. Quien lo ha hecho es el profesor Dante Barrios de Angelis, mientras que en Chile lo hizo el ex Presidente Patricio Aylwin.

El doctor Barrios de Angelis defiende el arbitraje voluntario -en lo que todo dado el mundo de acuerdo y a nadie se le ha ocurrido que es inconstitucional- y se basa en la autonomía de la voluntad, en la disponibilidad que tienen las personas de sus derechos para acordar lo que se les ocurra. Barrios de Angelis, que defiende el arbitraje voluntario, con relación al arbitraje forzoso, dice: "Porque ya no se trata que de las partes nieguen a los jueces del Estado; es este mismo el que les extiende el certificado de ineptitud". A mi entender, esta ley extiende a la judicatura nacional un certificado de ineptitud, tal como lo expresa Dante Barrios de Angelis.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - En principio, señor Presidente, no voy a ingresar al tema en el ámbito de discusión que ha habido hasta ahora; simplemente señalo que estoy de acuerdo con la modificación que planteó el señor Senador García Costa. En todo caso, quiero formular una pregunta a quien sabe mucho más que yo sobre este tema y, como presumo que el señor Senador Ricaldoni iba a hablar sobre esto, me permito solicitarle que me pida una interrupción.

El inciso final del artículo 25 dice: "Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación con relación a los inversores extranjeros en caso de ausencia de tratado, protocolo o convención internacional en materia de solución de controversias, en vigor a la fecha de suscitarse las mismas". Quiere decir que aquí estamos reconociendo que ya existe este tipo de soluciones; es más, han sido aprobadas en el Senado en relación a controversias sobre inversiones provenientes del extranjero en tratados ratificados por el Parlamento. Inclusive, se contó con el voto prácticamente unánime de los señores Senadores al considerarse, por ejemplo, el tratado con China. Pienso que el señor Senador Ricaldoni, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales, podrá relacionar mejor que quien habla este inciso final del artículo 25 que estamos analizando con lo que "ut supra" se establece en el mismo.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Si es necesario puedo decirle al Senado que me he tomado el trabajo de hacer una recopilación, a través de mi secretaría, desde el año 1990 hasta la fecha respecto de cuántos convenios contiene la cláusula de arbitraje internacional. Aclaro que son más de veinte y que sólo algunos todavía están en tránsito aún por el Parlamento.

Asimismo, quiero mencionar que el arbitraje, ya no nacional como modestamente pretende este proyecto, sino internacional, está previsto con carácter general para cualquier tipo de inversor extranjero -excluyendo a los nacionales- en aquella ley en la que se aprobaron al mismo tiempo el Tratado de Inversiones de Capital con Alemania y el Tratado para evitar la doble tributación internacional con el mismo país. Quiere decir que, además de esa ley general para los inversores extranjeros, hay más de veinte tratados en los cuales se establece con variantes el arbitraje internacional.

El proyecto que estamos analizando pretende algo bien modesto y en el Senado se le está dedicando mucho más tiempo que el empleado al discutir otros tratados de inversión, por ejemplo los firmados con Alemania, Francia, Gran Bretaña, Cuba, China y otras naciones.

Por otra parte -creo que ya lo expresó con otras palabras el señor Senador García Costa- en el caso de sostenerse la inconstitucionalidad del artículo 25, como hoy se ha hecho, aunque con argumentos que no comparto, prácticamente se "cae a pedazos" la columna vertebral del Código General del Proceso.

El inciso segundo del artículo 472 -incluido en el Título VIII, que se refiere al Proceso Arbitral- dice: "La ley reconoce de pleno derecho los laudos emitidos por árbitros designados, ya sea por las partes, o por un tribunal judicial, así como los dictados por los tribunales formados por las cámaras de arbitraje, a los que se sometan las partes". Aclaro que en la Comisión de Constitución y Legislación participé hace años junto con otros señores Senadores, en la discusión de este Código General del Proceso, y con la presencia de los tres autores del proyecto, los doctores Torello, Véscovi y Gelsi Bidart. Nunca se planteó el tema de la inconstitucionalidad, como se hace ahora. Entonces, pienso que si atacamos al artículo 25 debemos cambiar la estructura del Código General del Proceso.

El artículo 537, incluido en el Capítulo IV, "Del reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras", dice en el inciso primero del numeral 537.1: "El presente Capítulo se aplicará a las sentencias dictadas en país extranjero en materia civil, comercial, de familia, laboral, y contencioso administrativa; también comprenderá las sentencias dictadas en tales materias por Tribunales Internacionales, cuanto éstas refieran a personas o intereses privados".

En el numeral 537.2 se establece: "La naturaleza jurisdiccional de la sentencia extranjera y la materia sobre la que hubiere recaído, serán calificadas por los tribunales del Estado de origen del fallo y según su propia ley".

Estoy totalmente de acuerdo con esta redacción y aclaro que participé en la elaboración del informe correspondiente, en ocasión de aprobarse el Código General del Proceso. Repito que había juristas de tanto valor y jerarquía -dentro y fuera de la Comisión y del Parlamento- contestes con esta norma, que no comprendo cómo ahora se cree que una disposición como esta -que como lo dije en mi intervención inicial, sólo establece que se puede ir al arbitraje dentro del Uruguay por un inversor uruguayo o extranjero y con un tribunal arbitral uruguayo- es de una gravedad mayor que la de todas las otras, incluidas en tratados vigentes.

Actualmente, para que el país pueda insertarse verdaderamente en el desarrollo y en el desafío que exigen los tiempos que corren y en los que vendrán en lo inmediato, este Parlamento tiene que aceptar -de lo contrario quedaremos fuera de las posibilidades de desarrollo, que sin duda existen- que hoy en día hay un derecho nacional y un derecho internacional propios, específicos, aplicable a las inversiones. Si no admitimos esto, señor Presidente, quedaremos fuera de las reglas de juego del mundo, cualquiera sea la ideología del gobierno.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - He culminado mi intervención, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto leído por Secretaría y que comprende las observaciones formuladas en Sala, aceptadas por el señor Miembro Informante.

(Se vota:)

-15 en 27. Afirmativa.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - En realidad, voy a utilizar el tiempo que se me otorga para fundamentar el voto para hacer una réplica a las palabras del señor Senador Ricaldoni sobre eficacia de sentencia extranjera. Le recuerdo que ese es un tema discutido, no aceptado por todos. La Cámara de Representantes modificó el numeral cuarto del artículo 539 por unanimidad, el Senado lo aprobó y el Poder Ejecutivo lo vetó. El doctor Fernando Aguirre Ramírez escribió un artículo -que por casualidad tengo en mi poder- en el que demuestra la gran inconveniencia de esa disposición en el Código General del Proceso. De haber estado vigente, hubiera costado a la República Oriental del Uruguay centenares de millones de dólares, ya que se inició un juicio en los Estados Unidos en contra de nuestro país porque en la construcción de la Ruta 5 se hizo una consulta con una empresa extranjera que nos demandó. El Uruguay se desentendió del juicio y, como la sentencia que pudiera dictar el tribunal americano no era aplicable a nuestro país, se salvó de la condena.

Hoy, vigente el Código General del Proceso, con esa eficacia de la sentencia extranjera que defiende el señor Senador Ricaldoni y que fue restablecida por el veto del Poder Ejecutivo luego de haberla votado la Cámara de Representantes por unanimidad y el Senado por gran mayoría, el Uruguay habría tenido que hacer frente a indemnizaciones millonarias. Digo esto, entre otras cosas, porque la legislación de los Estados Unidos, en cuanto a su competencia, sería lo que se llama "long arms statute" ya que, por ejemplo, si sucede un choque en Japón y uno de los autos tiene una cubierta americana, los Estados Unidos considera que sus Tribunales son competentes para juzgar en esa controversia.

Por lo tanto, el señor Senador Ricaldoni citó algo que se discutió mucho y sobre lo que los autores del Código General del Poceso manifestaron que nada modificarían en materia de eficacia de sentencia extranjera, pero sí lo hicieron sin haberlo fundado nunca.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: hemos seguido con mucha atención el debate que ha originado este artículo sumamente complejo y relacionado con una materia de la que no tenemos especialización, por lo que no hemos intervenido en la discusión general, pero no hemos votado este artículo. Nos ha convencido, fundamentalmente, los argumentos esgrimidos por el señor Senador Mallo. Aun lejos en la materia, entendemos que la función jurisdiccional está confiada a los órganos señalados en el artículo 233 de la Constitución.

Sin negar la existencia del arbitraje, según las informaciones y la tradición en la materia, se admite que a él se llega cuando hay acuerdo entre las partes, lo que se requiere, incluso, para constituir el Tribunal. De lo contrario, este organismo no existiría y, en consecuencia, tampoco el arbitraje. En cuanto al párrafo final -que establece que esta disposición del artículo 25 es aplicable a aquellos extranjeros cuyos países no han realizado tratados especiales de inversión con el Uruguay- creo que debemos tener presente que en esta ley, destinada a atraer inversiones a un país que no cuenta con grandes capitales, la mayor parte de los inversores serán extranjeros. Entonces, esta disposición a que hace referencia el párrafo final, que ha sido incluido -tal como lo señalaba el señor Senador Ricaldoni- en algunos de los tratados de inversión que ha aprobado este Senado, ha merecido serias objeciones por parte de muchos señores Legisladores especializados en el tema del Derecho y generado grandes dudas en aquellos que no lo somos.

Sin duda, por esta vía se extienden las disposiciones de los tratados a que hacemos referencia a todos aquellos nacionales de países que realicen inversiones en el Uruguay. Se ha afirmado, también -y es obvio- que existe el Derecho Nacional y el Derecho Internacional, pero según nuestro pobre conocimiento, el Derecho Internacional se genera a raíz de los acuerdos y tratados que realizan los distintos Estados. De lo contrario, tendríamos que admitir -como lo señalaba en su exposición el señor Senador Mallo- la existencia de la supranacionalidad de la ley, a lo que -pese al MERCOSUR- en los países que integran la Comunidad Económica Europea ya existen los tribunales comunitarios, que son aquellos que dilucidan los pleitos que se originan entre los Estados signatarios de los pactos e, incluso, entre los particulares. Sin embargo, el MERCOSUR, al que el Uruguay pertenece, no ha creado esos tribunales, pero -sin duda- tendrá que hacerlo.

Al respecto, recordarán los señores Senadores que, cuando discutimos la maxirreforma, en el artículo 6º se establecía una modificación para abrir esta posibilidad. A último momento, en la reforma constitucional que aprobamos se remitió, por parte del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, un artículo que no fue aceptado. Esto no significa que todos estemos convencidos de que la vigencia de esta integración que se está realizando -en nuestro caso, a través del MERCOSUR- no requiera la creación del derecho comunitario para alcanzar la solución de los conflictos entre los Estados, o entre éstos y los particulares signatarios del Tratado.

Sin duda, por esta disposición estamos dificultando el camino para la necesidad profunda, evidente y seria de la creación de este derecho comunitario para el MERCOSUR, tal como -reitero- ya existe en la Comunidad Económica Europea para resolver esos conflictos.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: por razones de tiempo, voy a referirme sólo a dos puntos.

El primero de ellos es que se ha hablado -como argumento a favor del artículo- de una especie de surgimiento de un derecho internacional de las inversiones. Naturalmente, es cierto que esto se está dando, pero no veo cómo -estudiando este proyecto de ley- se puede simultáneamente sostener esto, con el énfasis puesto en que los inversores pueden ser tanto nacionales como extranjeros. No olvidemos que al respecto existe un artículo que afirma que son tratados en un mismo plano de igualdad por las normas generales.

También quería decir que no he escuchado la explicación de un fenómeno que va a ocurrir toda vez que haya una controversia entre el Estado y un inversor, es decir, cuando tenga lugar un acto administrativo del Estado. Por ejemplo, si un inversor alega que está comprendido en la ley y el Estado dice que no, sin duda estamos ante un acto administra tivo. ¿Cómo se hace para decir que por el artículo de una ley se saltea toda una Sección de la Constitución que establece cómo se impugnan los actos administrativos? En mi opinión, se da una inconstitucionalidad, que es de una flagrancia todavía mayor que los problemas teóricos planteados por el tema del arbitraje.

Reitero que no he encontrado quien explique cómo es posible que no se tome en cuenta toda esa Sección de la Constitución de la República, que abarca desde el artículo 309 hasta el 318 y que establece cómo se impugnan los actos administrativos y quién resuelve esas impugnaciones.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: en mis anteriores exposiciones -la última de las cuales realicé por generosidad del señor Senador Batlle, quien me concedió una interrupción- desarrollé las razones por las cuales he votado este artículo.

Sin embargo, quiero decir que -nuevamente- en las fundamentaciones se está haciendo una especie de sobredimensionamiento de la modesta y tímida norma que hemos votado. Es más. Se ha dicho que incurriríamos en inconstitucionalidad por el hecho de que sustrajéramos de la jurisdicción contencioso-administrativa prevista en la Constitución, determinadas contiendas que irían a ser resueltas por tribunales arbitrales. Tengo el total convencimiento de que hemos votado sin violar la Constitución, ya que "mutatis mutandi" se presenta la misma situación cuando se pacta el arbitraje sustrayendo a la Justicia una contienda.

Pero mi convencimiento es mayor aún, por otra razón. No recuerdo si fue en 1990 o en 1991 -cuando votamos los Tratados con Alemania- que aprobamos una ley de carácter general para todos los inversores extranjeros con el agotamiento, en un juicio breve y sumario, de la jurisdicción interna. En caso incluso de no haber pronunciamiento, creo que dentro de un plazo de seis meses, se recurría al arbitraje internacional, estuviera o no de acuerdo el Estado uruguayo. Y allí estaría incluida toda la materia contencioso-administrativa.

Han tenido que pasar alrededor de seis o siete años para que no sólo tachemos de inconstitucional este tímido artículo 25, sino para que también, "de rebote" -si se me permite la expresión- planteemos las mismas dudas respecto de aquella ley y de una cantidad de Convenios internacionales que ha firmado y que seguirá firmando el país porque, de lo contrario, repito, quedaría afuera de la inversión extranjera.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Los argumentos que se han manejado en relación con este artículo 25 en la sesión pasada y en esta, los ha escuchado el Senado en repetidas oportunidades en ocasión de considerar, como bien se dijo antes, tratados de distinto tipo.

Los argumentos constitucionales han sido similares en ambos sentidos, profundizándose, quizás, algo más en esta instancia.

Paralelamente, este Senado estudia desde hace dos años un proyecto de promoción y protección de inversiones, habiendo entrado con ello al examen de un tema vital para la vida del país. Ambas discusiones se tocan en un punto que es, precisamente, al que refiere el artículo 25. En este momento, es condición "sine qua non" en alguna solución, no sólo para los tratados sino para los marcos legales que amparan, protegen, estimulan y promueven la inversión. Creo que la solución a la que ha arribado en primera instancia la Comisión y luego el Senado, con la redacción retocada del artículo 25 recoge, por un lado, una parte de los argumentos que se han manejado históricamente -y que para mí resultan convincentes- y, por otro, la necesidad a la que hacía referencia el señor Senador preopinante. En ese sentido, es absolutamente imprescindible que a los requisitos de seguridad jurídica, que son fundamenta les para el proceso de inversiones, se agreguen, en una ley de esta naturaleza, normas equivalentes a las que tienen marcos jurídicos similares, tanto dentro como fuera del MERCOSUR.

Por estas razones, y por considerarlo un artículo equilibrado, lo he votado afirmativamente.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: en primer lugar, queremos señalar que este proyecto de ley se refiere a actos internos que no están sometidos al Derecho Internacional Privado. Son inversiones en lo nacional regidas por la soberanía de nuestro país. En ese plano, el Poder Legislativo, sin violar la Constitución, no puede imponerle al Poder Ejecutivo una opción -que haga el inversor- privatizadora de la Justicia. Esto es, evidentemente, inconstitucional y para solucionar controversias nacionales corresponde aplicar el sistema jurídico nacional, salvo que hubiera -en función de la autonomía de la voluntad- un compromiso privado entre las partes. Asimismo, con la estructura de nuestra Constitución y con el derecho natural a la jurisdicción que marca la Declaración de los Derechos del Hombre, tengo dudas de que se pueda imponer un arbitraje preceptivo aun en las relaciones privadas por la ley. Al respecto, creemos que sólo puede ser por cláusula compromisoria; nunca por imposición de la ley a pesar del artículo del Código del Proceso. Pero no es el caso de esta disposición del Art. 25 de este Proyecto que impone al Estado aceptar la voluntad del inversor o esta especie de acuerdo extraño que resulta de esta última corrección, propuesta por el Dr. García Costa a la que no le encontramos salida porque sólo sería posible en base a un acuerdo entre el inversor y el Estado. En el fondo, creo que la corrección es peor porque lo otro era una opción por un camino equivocado y, sin embargo, esta cláusula es confusa porque no va a permitir saber cuándo se va a resolver; es decir, si será por la voluntad del inversor, por la del Estado o por un acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo 26.

(Se lee:)

"ARTICULO 26. (Fusiones y escisiones). - Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, Impuesto al Valor Agregado, e Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, que grave las fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades, siempre que las mismas permitan expandir o fortalecer a la empresa solicitante.

En el caso de que el Poder Ejecutivo ejerza la facultad a que refiere el inciso anterior, no será exigible la escritura pública para la transferencia de bienes, derechos, obligaciones o gravámenes comprendidos en la trasmisión patrimonial operada como consecuencia de los referidos actos (artículo 122 de la Ley Nº 16.060, de 5 de setiembre de 1989)."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 24. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: esta disposición es de nuevo tipo y no tiene relación solamente con las nuevas inversiones sino, en general, con una exoneración que se va a realizar a toda empresa que se fusione con otras, de los Impuestos a las Rentas de la Industria y el Comercio, al Valor Agregado y a las Transmisiones Patrimoniales, que grave a esas fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades, siempre que las mismas permitan expandir o fortalecer a la empresa solicitante. Me parece que es una disposición de carácter genérico, de enorme trascendencia, que no tiene que ver con las nuevas inversiones que se deben realizar en nuestro país.

Como no tiene nada que ver con este proyecto de ley, no he votado el artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo 27.

(Se lee:)

"ARTICULO 27. (Impuesto a las hipotecas). - Derógase el Impuesto a las hipotecas establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 10.976, de 4 de diciembre de 1947, en su redacción modificada por la Ley Nº 12.011, de 16 de octubre de 1953 y por el artículo 200 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 24. Afirmativa.

Léase el artículo 28.

(Se lee:)

"ARTICULO 28. (Prendas sin desplazamiento). - Las prendas sin desplazamiento previstas en las Leyes Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918, Nº 8.292, de 24 de octubre de 1928, Nº 12.367, de 8 de enero de 1957, y artículos 58 y siguientes de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, podrán constituirse a favor de cualquier acreedor para garantizar todo tipo de obligaciones, del propietario del bien que se da en prenda o de terceros."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 29.

(Se lee:)

"ARTICULO 29. (Prescripción). - Las acciones originadas en las relaciones de trabajo prescriben al año a partir del día siguiente a aquel en que cesó la vinculación laboral en que se funda. La sola presentación del trabajador ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicitando la audiencia de conciliación prevista en el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.188, de 5 de abril de 1974, interrumpirá la prescripción.

En ningún caso podrán reclamarse prestaciones laborales que se hubieran hecho exigibles con más de dos años de anticipación a la fecha en que se inicie la reclamación judicial pertinente."

-En consideración.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: he presentado un texto sustitutivo, que ha sido repartido, con el cual pretendo darle mayor precisión a la norma. Por ejemplo, en el artículo venido de la Comisión se establecía la interrupción de la prescripción por la sola solicitud de audiencia a conciliación y hemos agregado la necesidad de que, a posteriori de dicha audiencia, con la sola presencia del citante -para no someterlo al riesgo de que no concurra la contraparte- deba interponerse la demanda judicial. De esta manera, se completaría el trámite y no se lo dejaría pendiente y sin plazo.

Por otro lado, en lo que respecta al texto sustitutivo del artículo 3º de la Ley Nº 15.837, que modifica el artículo 30 de este proyecto de ley venido de la Comisión, establecemos con mayor precisión la vigencia de la aplicabilidad de esta norma, otorgando un plazo de 60 días calendario para presentar demandas judiciales válidas. Esto no figura en el proyecto original. Creemos que, si bien no se puede -razonablemente- esperar 10 años, descontándose día a día los plazos para que dentro de 8 años los empleadores puedan tener la tranquilidad de que los créditos se van a reclamar por dos años hacia atrás, debe otorgarse un plazo de 60 días para habilitar la eventual presentación de demandas.

En suma, creemos que es un texto que no cambia el concepto general y es más preciso en cuanto al funcionamiento.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Cuando hicimos la exposición general señalamos la gravedad que tenía esta norma -que, en realidad, no es un estímulo sino una disposición de favorecimiento- introducida aquí por un "contrabando jurídico", en el sentido de que en una ley de estímulo no puede haber una donación como esta para las empresas y una verdadera expropiación de los créditos laborales de los trabajadores. Digo esto porque actualmente, de acuerdo con la Ley Nº 15.837, toda persona que ha generado créditos laborales por incumplimiento del patrono, puede reclamar hasta 10 años atrás. Por este proyecto se reduce a dos años, lo cual significa prácticamente que desde 1987 a 1995 se le da un premio al empleador o empresario incumplidor, confiscando esos créditos a los trabajadores y entregándoselos, virtualmente, a los propietarios de las empresas que incumplieron la norma.

Sin duda, se está haciendo una donación que asume un carácter absolutamente falto de igualdad en la contribución a la existencia del empleo, que es la pretensión de este proyecto de ley, porque se toman determinados créditos que están incorporados al patrimonio de los trabajadores y se les transfieren, por acto legislativo, a los empleadores, sin ninguna indemnización. De manera que se trata de una expropiación; si al empleador le expropiaran las máquinas, no le parecería bien, y en este caso se expropian los créditos que los trabajadores generaron. Por cierto, esto tiene varias inconstitucionalidades. La primera de ellas está relacionada con el artículo 32 de la Constitución, porque está violando el derecho de propiedad sobre los créditos litigiosos que se generaron. Precisamente, esa disposición establece que cualquier expropiación debe ser con indemnización previa. Sin embargo, en este caso se suprime el derecho sin ninguna indemnización.

En segundo término, se establece un derecho premial a la inversa; se premia al que no cumple con los derechos laborales, al que viola las normas legales. Inclusive, se establece una especie de competencia desleal con el cumplidor, porque el hombre que en estos ocho años cumplió con los aguinaldos, las licencias, las horas extras, etcétera, va a estar en iguales condiciones que el que no cumplió.

Con esto no sólo se viola el artículo 32, que prohíbe expropiar derechos sin indemnización previa, sino también el artículo 54 de la Constitución, que establece el derecho a la justa indemnización. Esta norma resumió una lucha muy grande por el establecimiento de los derechos sociales de los trabajadores. Asimismo, también se viola el artículo 53, que dice que el trabajo estará bajo la protección de la ley. En este caso, diría que está bajo la desprotección de la ley, porque este trabajo estuvo produciéndose y generó determinados derechos y hoy, a través de esta disposición, se desprotege al trabajador y se lo priva de sus derechos.

También se viola, sin duda, el principio de igualdad. Puede entenderse un estímulo en la exoneración de impuestos porque, de alguna manera, es un sacrificio global de la comunidad. Es la sustitución de un bien por otro; se suprime un impuesto, pero se va a conquistar empleo. Sin embargo, en este caso, no es toda la comunidad, sino sólo determinadas personas las que van a entregar sus créditos a la supuesta compensación que a la sociedad le va a provocar esta donación que se realiza.

De manera que las condiciones de esta norma son gravemente perjudiciales para los trabajadores y no representan un estímulo real, sino que constituyen, simplemente, una donación, que se convierte en clasista, porque la toma de los trabajadores y se la entrega a los empleadores, por lo que transforma un principio de protección al trabajador en un principio de perjuicio.

El mecanismo utilizado es aún más grave, porque deforma totalmente el funcionamiento de la prescripción en derecho de trabajo. El mecanismo que se utiliza para esta transferencia de créditos de los trabajadores a los empresarios consiste en aplicar la prescripción en forma distinta a la que establece la Ley Nº 15.837, que se sancionó cuando se institucionalizó el país, para corregir el grave defecto que había tenido una disposición de la dictadura -el Decreto-Ley Nº 14.490- que permitía que a medida que transcurría el tiempo fueran clausurándose los derechos de los trabajadores. Esto es sumamente grave porque el trabajador no tiene libertad para poder enfrentar los incumplimientos, porque corre el riesgo de perder el empleo. Por esa razón, la Ley Nº 15.837 corrigió la situación y dispuso que la prescripción comenzara a correr a partir de la fecha de terminación del contrato de trabajo y otorgó el beneficio de diez años hacia atrás, para recuperar los incumplimientos.

La reducción a dos años es de suma gravedad y deja instalado, además, un mecanismo por el cual, cada dos años, se van extinguiendo los reclamos posibles y se va haciendo funcionar la prescripción mientras dura el contrato de trabajo. Precisamente, la prescripción es un instituto que está fundado en el transcurso del tiempo y en la voluntad del trabajador de no accionar: transcurre el tiempo y el trabajador no acciona voluntariamente. Pero aquí el trabajador tiene intervenida su voluntad; su inacción judicial no es voluntaria porque puede correr el riesgo de la pérdida del empleo y el transcurso del tiempo sin reclamar no es la expresión de su voluntad, sino la consecuencia de que si acciona, puede perder el empleo. Esta es, en definitiva, la situación que se va a plantear ahora, porque al trabajador se le fuerza a una litigiosidad, poniendo en riesgo el empleo. De manera que tiene dos posibilidades: accionar para reclamar todo lo que se le debe hasta los diez años, o perderlo, si quiere conservar el empleo.

Decía el doctor Raso, después de la dictadura, cuando se sanciona la Ley Nº 15.837 y criticando el Decreto-Ley Nº 14.490, del gobierno de facto, lo siguiente: "Debe destacarse que la principal crítica que se hacía al Decreto-Ley Nº 14.490 era que la caducidad corría desde el día en que debieron cumplirse las prestaciones laborales. Por lo tanto todos los proyectos que se presentaron en las Cámaras coincidían en el hecho que la nueva ley debía tomar como punto de partida para el cómputo de la prescripción el de la finalización de la relación laboral. Esta opinión fue compartida también por el Poder Ejecutivo que en el memorándum sobre el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, expresaba: "Se coincide plenamente con el principio según el cual el término de prescripción no puede correr mientras subsista la relación de trabajo, dada la situación de subordinación en que se encuentra el trabajador frente al patrono. Se recoge así la particularidad en el punto del Derecho Laboral, sancionada ya con anterioridad por nuestro derecho positivo". ("La prescripción de las acciones laborales" pág. 64-65.)

El doctor Plá Rodríguez, exponiendo un planteo similar, decía: "Nosotros creemos que la experiencia práctica mostrará", se refería a la mecánica de hacer correr la prescripción durante la relación de trabajo, "que esto significará sacrificar en muchos casos, los legítimos reclamos del trabajador porque normalmente el empleador no tolera que continúe dentro de su personal, un empleado u obrero que le ha entablado acción judicial. Y el trabajador, ante la amenaza o el peligro de perder el empleo, prefiere sacrificar su reclamo. Lo peor es que eso puede originar en los empleadores una verdadera sensación de impunidad en materia de diferencias de salarios, que facilite y estimule los incumplimientos.

"Por eso, en cierto modo, compromete la eficacia de todo el régimen de salario mínimo que podrá violarse con bastante impunidad, seguros de que, a lo sumo, las reclamaciones comprenderán un año", se refería al decreto de la dictadura, "y sólo serán hechas por quienes egresen". ("Los principios del Derecho del Trabajo" pág. 134-135). Quiere decir que volvemos a un sistema que había sido duramente criticado, reducimos a dos años el reclamo retroactivo y forzamos a que se abandonen los ocho años de créditos laborales o, en su defecto, se corra el riesgo de ser despedido. Esta es una grave lesión y transformación de lo que son los principios relacionados con el Derecho Laboral.

Para terminar, queremos señalar que la modificación que se ha planteado ahora en sesión del Art. 25 contiene un elemento mucho más grave que lo establecido en el proyecto de la Comisión. Digo esto porque el artículo 29 de la Comisión permitía al trabajador solicitar la audiencia de conciliación, con lo cual se interrumpía la prescripción. Ahora, este texto sustitutivo es mucho peor. Cabe señalar que esa norma de interrupción con la mera presentación fue incorporada por la Ley Nº 15.837, a fin de dar al trabajador la ventaja de poder presentarse ante el Ministerio e interrumpir, por esa vía, la prescripción, aun cuando no pudiera ubicar al abogado para hacer una acción de inmediato. Pero aquí se elimina esto y se establece un sistema mucho peor, porque se le permite al trabajador interrumpir solamente con la audiencia efectuada y no con el pedido -esto no es lo mismo que pedir la interrupción automáticamente- y, además, ello tiene que ser seguido de demanda judicial dentro de los 30 días. No siempre el trabajador tiene esta posibilidad, por distintas razones, como ser, entre otras, su lugar de trabajo y la necesidad de trasladarse para poder formalizar la acción judicial, con su abogado dentro del período mencionado.

Este texto, que se modifica en el inciso segundo, es muchísimo más perjudicial para el trabajador que la norma que reproducía la Ley Nº 15.837, según la cual bastaba con que el trabajador se presentara ante el Ministerio para interrumpir una prescripción. Ahora las cosas cambian y la persona debe llevar a cabo otra serie de actos entre los que se encuentran, en principio, la audiencia de conciliación y luego, dentro de los 30 días, contar con un abogado disponible que presente el escrito. Sabemos que muchas veces el trabajador tiene dificultades para lograr esto; precisamente por ello la norma en cuestión había sido protectora, en el sentido de que la sola comparecencia ante el Ministerio generaba la interrupción de la prescripción. Ahora, a raíz de esto, tendría que llevar a cabo una tarea mucho más compleja, complicándose enormemente la defensa del crédito del trabajador. Pienso que esto es sumamente perjudicial.

Considero dentro de lo negativo, mejor el hecho de fijar en 60 días el plazo para poder reclamar lo atrasado. Pienso que esto es mejor que lo establecido en el proyecto de la Comisión que obligaría a que la gente estuviera previendo el momento de aprobación de la ley, para entrar en juicio, tal como está ocurriendo ahora. Por lo menos, se otorgan 60 días. Sin embargo no se corrige el hecho de que, en ese período de tiempo, la persona se deberá enfrentar a reclamar el juicio y correr el riesgo con el empleo, o a la inversa.

A mi juicio, la corrección del inciso segundo es sumamente grave. Digo esto porque constituyó una gran conquista de la Ley Nº 15.837 en el sentido -reitero- de que el trabajador simplemente presentándose ante el Ministerio interrumpía la prescripción. Entonces, desde ese punto de vista, esto constituye un grave retroceso, que no figuraba en el artículo 29.

Muchas gracias.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: creemos que esta norma tiende a racionalizar el equilibrio en las relaciones entre el patrono y el trabajador. Digo esto porque no es bueno para las inversiones y las relaciones laborales que exista permanentemente una suerte de "espada de Damocles" sobre los empleadores, corriendo el riesgo de reclamaciones 10 años para atrás. Personalmente he sido testigo, por ejemplo, de reclamaciones de horas extras hechas por un grupo de trabajadores. Además, aquí tenemos que tener en cuenta que cuando se plantea una reclamación de horas extras la carga de la prueba se invierte. El empleador es el que tiene que probar que realmente las horas extras en cuestión no se realizaron. Entonces, imaginemos solamente la realización de dos horas extras por día, que se pagan doble; serían en total 4 horas, lo que equivale a medio jornal diario reclamado, por ejemplo, 10 años para atrás. En definitiva, no creo que aquí estemos solamente ante un elemento de protección del trabajador, sino que es elemento de exceso. En algunos casos se ha dado reclamaciones en las que el monto sobrepasaba el valor de algunas pequeñas empresas.

Por otro lado, creo que en alguna medida es cierto lo que se pretende en cuanto a brindar protección al trabajador ya que muchas veces la gente no hace reclamos porque corre el riesgo de perder el empleo. Sin embargo, hay que encontrar un cierto equilibrio porque, con este razonamiento podríamos ir, no ya 10 sino 20 ó 30 años para atrás, habilitando una reclamación de esa naturaleza. A mi juicio, es necesario proteger esa posibilidad.

En definitiva, no creo que esa sea la forma de regular las relaciones laborales y las eventuales reclamaciones de trabajadores frente a empleadores incumplidores. Pienso que la norma, tal como estaba, con la mecánica que tenemos en el país, también dio lugar en algunos casos -y puede seguir haciéndolo- a ciertos abusos que deben disiparse de una vez por todas.

En cuanto a la obligación de presentar la demanda, pienso que si así no se hiciera, toda la norma perdería valor, porque si solamente con la solicitud de audiencia queda todo congelado y suspendido, en definitiva el valor de la prescripción desaparece. Es por esa razón que habíamos agregado la obligación de establecer la demanda.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase una moción de orden llegada a la Mesa firmada por la totalidad de los señores Senadores y señoras Senadoras del Frente Amplio.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se desglosen los artículos 29 y 30, y los mismos sean pasados a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda."

-Por consiguiente, el Senado debe pasar a considerar, con carácter prioritario, la moción de orden que ha sido presentada.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Nos preocupa que esta temática compleja, que repercutirá en forma muy importante sobre los trabajadores, haya venido planteada en una ley que, en definitiva, tenía que ver fundamentalmente con estímulos en el aspecto impositivo. Se trata de un tema estrictamente laboral, porque el instrumento utilizado modifica totalmente lo relacionado con la prescripción, volviéndose a un criterio anterior al período de institucionalización del país en que se corrigió aquel sistema de prescripción nefasto del período de la dictadura. Este asunto no ha sido discutido en el seno de la Comisión de Asuntos Laborales. El Reglamento del Senado no está hecho porque sí; si establece determinados ámbitos de competencia para cada Comisión es por considerar que el asesoramiento del Senado debe hacerse a través de las Comisiones en el marco de lo que a cada una de ellas compete, incluso para que puedan brindarse los asesoramientos respectivos, con conciencia de que el proyecto en cuestión incluye normas de alcance laboral de tremenda importancia. Entonces, nuestro fundamento es el siguiente: aprobar este asunto que fue tratado únicamente en el seno de la Comisión de Hacienda sin intervención de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, aun cuando el tema es estrictamente laboral, es violatorio del Reglamento. Por consiguiente, lo lógico sería realizar un desglose para promover un análisis más profundo.

Personalmente, no me niego a tomar en cuenta algunos aspectos planteados aquí, pero me parece que sería indispensable proceder como lo hemos señalado para dar garantías al Parlamento y a los trabajadores de que el debate se llevará a cabo con la plenitud e intervención de quienes tienen un cometido específico relacionado con los temas laborales. Reconozco el papel que tiene la Comisión de Hacienda, pero todos sabemos que muchas veces, cuando los temas tienen que ver con dos Comisiones, se realiza un funcionamiento integrado lo que, de alguna manera, garantiza equilibrar la especialización de las Comisiones. En este caso, únicamente la Comisión de Hacienda se ha encargado del estudio de este tema, por lo que nos parece que sería muy importante que se desglosaran los artículos mencionados y fueran analizados también por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Este proyecto de ley ha sido ya extensamente considerado en el Senado. La existencia de los artículos 29 y 30 de esta versión, así como también de otras disposiciones que la propia Comisión de Hacienda decidió desglosar en su momento, no era ignorada y dio lugar a debates públicos y también a manifestaciones de invitados ante la citada Comisión. Se manejó públicamente, en conocimiento del Cuerpo y del país, que se iban a tratar estos temas como parte del proyecto en cuestión.

En ningún momento se planteó la integración de una Comisión Especial para tratar estos asuntos. El tema es bastante claro; pensamos que el Cuerpo tiene suficiente información para expedirse y los señores Senadores hemos recibido visitas de delegaciones para discutirlo no sólo en la Comisión, sino también en nuestros despachos.

Por lo dicho, señor Presidente, no nos parece oportuno el deglose sugerido en la moción de orden y lo vamos a votar negativamente.

SEÑORA DALMAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS. - Estamos de acuerdo con el señor Senador Sarthou en el sentido de que estas normas laborales no deberían estar incluidas en el proyecto de ley, del mismo modo que, afortunadamente, otras de carácter laboral sí han sido excluidas y están siendo debatidas en otros ámbitos. En este caso, apoyamos la idea de que el tema se discuta en la Comisión de Asuntos Laborales, no sólo porque implica cambios muy importantes en el sistema laboral sino, sobre todo, porque el artículo 30 no se refiere a las empresas estimuladas para invertir, sino a todo el régimen laboral vigente.

Por esta razón quisiéramos que se reflexionara acerca de si no sería bueno, más allá de que entendemos que la ley es urgente para el país y que ya se ha estudiado durante un año y medio, analizar la posibilidad de que la Comisión de Asuntos Laborales tratara estos dos artículos, tal como se ha logrado con las normas de flexibilidad laboral.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: como señalaban el señor Senador Sarthou y la señora Senadora Dalmás, estos dos artículos son normas generales en materia laboral. Lo más probable es que la Comisión no haya tenido en cuenta -porque su disposición imagino que sería la de tratar una ley de inversiones- que hay algunas empresas que están paradas y deben años a los trabajadores por disposiciones expresas, contractuales o convencionales, y que a lo mejor se presentan para hacerse inversoras, sacándose de encima una cantidad de deudas de las que los trabajadores no tienen ninguna culpa. Esto no se debe a que no se ha reclamado, sino a que simplemente la empresa figura como cerrada. Hay varias empresas comprendidas en este caso -que no quiero nombrar- que, si hacen el cálculo de lo que deben, pueden llegar a la conclusión de que de esta forma se podrían sacar de encima ocho años de lo que deben a los trabajadores y entrar en el régimen de esta ley o, sin hacerlo, simplemente se los sacan de encima.

Incluso, hay una situación que probablemente esté prevista en el espíritu de la moción del señor Senador Brezzo, pero que no surge de su letra. En algunos casos hay demandas ya presentadas y, por lo que leo acá, no se haría lugar a los años anteriores. En la moción sustitutiva se habilitan las demandas que se presenten en un plazo de 60 días, pero me parece que no se hace mención, quizás por inadvertencia, a demandas ya presentadas, que en algunos casos existen en cantidades enormes. Personalmente, conozco casos de mi departamento en los que eso ocurre así; no hay una situación de quiebra formal ni de liquidación de la sociedad, pero hay quiebras técnicas.

Me parece que esta disposición general merece un tratamiento especializado, porque es una norma general incluida en una ley de inversiones o, en el fondo, oblicuamente, se trata de un nuevo estímulo para las inversiones. Si es esto último, quizás el artículo debería decir -y lo discutiríamos también- que es sólo para aquellas empresas que se incorporen al régimen de inversiones que establece esta ley. Acá hay una norma laboral general y, entonces, parece más que justificado que una Comisión especializada se pronuncie sobre el tema.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Nosotros no vamos a acompañar lo solicitado por la Bancada del Frente Amplio. Naturalmente que discutimos el tema durante un año y medio, y los señores miembros de la Comisión de Hacienda integrada con la de Industria y Energía que representan al Frente Amplio jamás plantearon esto. Es más: esta ley de inversiones incluye una serie de disposiciones que, aparentemente, no tienen que ver, en forma directa, con las inversiones; por ejemplo, ser tratadas por la Comisión de Constitución y Legislación. Todo lo que tiene que ver con prendas, impuestos, hipotecas, trasmisión de títulos valores, fusiones y escisiones, son normas que mejoran el perfil y facilitan la inversión de cualquier persona, nacional o extranjera, en el ámbito de los rubros que aquí se protegen o se pretenden estimular.

Digo más: cuando nosotros nos opusimos al tratamiento en esta ley de las disposiciones que tenían que ver con regímenes especiales de carácter laboral era, precisamente, porque no tenían carácter general y solamente se aplicaban a las empresas que recibían o realizaban inversiones. Nos pareció que ese sistema no era de recibo para este tipo de ley.

En este caso concreto -ya lo discutiremos o analizaremos cuando votemos el tema- estamos volviendo a un régimen anterior que, como bien explicó el señor Senador Sarthou, se modificó porque el Parlamento entendió necesario atender situaciones derivadas del proceso que vivimos desde 1973 hasta 1984, del cual ya han pasado doce años y no se dan más estas circunstancias. Diría, y puedo probar, que este tipo de prescripciones que hoy rigen en el país -las de la Ley Nº 15.837- a los únicos a los que no protege es a los trabajadores. Esta es una disposición que va en contra de ellos, porque lleva de la mano a que las empresas, que jamás pueden saber cuál es la responsabilidad que tienen porque nunca van a poder definir durante diez años cuáles son las provisiones o previsiones que tienen que tomar para eventuales reclamaciones, terminen tercerizando todos los servicios y haciendo que le reclamen a aquel que no tiene responsabilidad, a quien inducen a que tercericen los servicios.

Esta ley, tal como está, no solamente le hace daño a la inversión sino también a los trabajadores. Estoy convencido de eso porque he visto con mis propios ojos, en actividades agropecuarias, la reacción de los empleadores ante los procedimientos de carácter laboral basados en estas disposiciones, inducidos por abogados que por este camino tienen posibilidades de generar honorarios y tener clientes que de otra manera no podrían lograr. Esto determina una situación contraria a los intereses legítimos de los propios trabajadores.

Por tanto, señor Presidente, hemos analizado esto, lo hemos discutido durante largo tiempo y pensamos votar negativamente la solicitud de desglose.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Deseo hacer una brevísima apreciación, que tiene que ver con el tema y con la moción de orden, pero que también se relaciona con lo que acaba de expresar el señor Senador Batlle, quien afirmó que la ley, tal como está, es perjudicial para los trabajadores. A pesar de que no comparto su opinión, la respeto, pero debe recordarse que nosotros, en la Comisión de Hacienda, propusimos un texto alternativo diferente del proyectado y de esta última iniciativa; esa alternativa sigue planteada. Si hoy proponemos pasar el tema a estudio de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, es porque la sugerencia planteada también fracasó. Debemos considerar todo esto como un proceso en el que uno va intentando una salida diferente a la que predomina y, al no lograrlo, busca otra. Quería hacer esta aclaración porque el Frente Amplio no está defendiendo la permanencia de la ley tal como está, y eso debe quedar claro.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - En primer término, quiero señalar que antes de la dictadura existía una amplia libertad de reclamación; en el tiempo fue el gobierno de facto el que cambió el panorama. Aquí se está volviendo a la posición sostenida por el gobierno de facto, porque el régimen que siempre imperó en nuestro país no hacía correr, en ningún momento, el plazo de prescripción durante la relación de trabajo, por razones de principios como los que hemos sostenido. Reitero que no es cierto que este período haya sido algo excepcional, porque antes de la dictadura ya existía la norma que disponía que la prescripción se contara a partir del cese de la relación laboral.

Con respecto a los reclamos laborales, debo aclarar que tengo sumo respeto por los profesionales abogados que gestionan los juicios, y por ello no voy a pensar que ellos inventan juicios porque quieren únicamente beneficiarse a sí mismos; además, están los Jueces -por los que también tengo mucho respeto- que son los encargados de analizar los fundamentos de las reclamaciones.

En cuanto a las tercerizaciones, también quiero señalar que es erróneo sostener que el único responsable es el tercerizador. Cuando hay una relación de tercerización, el cliente es tan responsable como el suministrador de la mano de obra, de acuerdo con la debida aplicación del Derecho Laboral. Este tema no ha sido resuelto aún por el Parlamento, pero debe quedar claro que el contrato de trabajo no se celebra con el intermediario sino con el cliente. El intermediario hace una promesa de contrato de trabajo. Quiere decir que las tercerizaciones constituyen un fenómeno económico de otra naturaleza pero, desde el punto de vista de la reclamación, no cambia la solidaridad que debe existir entre el tercerizador y la empresa cliente, porque el contrato de trabajo se verifica con este último.

En lo que tiene que ver con la pregunta de por qué no se planteó esto antes, debo decir que ello, de alguna manera, lo aclaraba el señor Senador Astori. También existían normas flexibilizadoras, y nosotros esperamos los resultados del debate en la Comisión. En una medida que consideramos acertada, se eliminaron dichas normas flexibilizadoras, aunque no sé si la intención es hacerlas más amplias. Lo cierto es que hubo correcciones en esta ley y nosotros abrigábamos la posibilidad de que esas modificaciones también tuvieran relación con el tema prescripcional como lo había planteado el Instituto de Derecho del Trabajo de la Facultad. Al no producirse ello, planteamos este pedido de pase a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se procede al desglose y pase a la Comisión de Asuntos Laborales, de los artículos 29 y 30 del proyecto de ley en discusión.

(Se vota:)

-9 en 26. Negativa.

SEÑOR SARTHOU. - Solicito que se rectifique la votación y que ésta se haga en forma nominal, porque el tema tiene mucha importancia desde el punto de vista jurídico.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tómese la votación nominal.

(Se hace en el siguiente orden:)

SEÑORA ARISMENDI. - Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Afirmativa.

SEÑOR BATLLE. - Negativa.

SEÑOR BREZZO. - Negativa.

SEÑOR CID. - Afirmativa.

SEÑOR COURIEL. - Afirmativa.

SEÑORA DALMAS. - Afirmativa.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Negativa.

SEÑOR GANDINI. - Negativa.

SEÑOR GARAT. - Negativa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Negativa.

SEÑOR GARGANO. - Afirmativa.

SEÑOR HEBER. - Negativa.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Negativa.

SEÑOR IRURTIA. - Negativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI. - Afirmativa.

SEÑOR MILLOR. - Negativa.

SEÑOR PEREYRA. - Negativa y voy a fundar el voto.

Desde hace mucho se viene señalando la inconveniencia de los plazos vigentes y, a los efectos señalados en este artículo hasta hace algún tiempo, la idea era de limitarlo a un año. Sin embargo, en virtud del párrafo segundo de esta disposición, la disminución hace que la prescripción baje de 10 a 2 años, por lo que se elimina aquella rigidez inicial con que se había planteado el tema.

Pero, además, en el primer párrafo se establece que la sola presentación del trabajador ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social citando a una audiencia de conciliación, prevista en el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.188, interrumpirá la prescripción establecida en las líneas iniciales. Por este motivo creo que el proyecto no tiene la rigidez que se ha señalado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúe tomándose la votación nominal.

(Se hace en el siguiente orden:)

SEÑOR POZZOLO. - Negativa.

SEÑOR RICALDONI. - Negativa.

SEÑOR SANABRIA. - Negativa.

SEÑOR SARTHOU. - Afirmativa.

SEÑOR SEGOVIA. - Afirmativa.

SEÑOR STORACE. - Negativa.

SEÑOR VIRGILI. - Negativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Negativa.

Dése cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio). - La moción para desglosar los artículos 29 y 30 del proyecto en estudio, obtuvo 10 votos por la afirmativa y 17 votos por la negativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia, el resultado de la votación indica que se ha desestimado la solicitud de desglose.

Continúa la discusión del artículo 29.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - A modo de fundamento de voto anticipado, quiero decir que comparto en su totalidad lo expuesto por el señor Senador Sarthou. También deseo señalar que poco a poco, a través de distintos mecanismos, insertando disposiciones laborales en leyes que nada tienen que ver con este tema o con los derechos de los funcionarios, se está cambiando prácticamente toda la arquitectura de lo que son los derechos de los trabajadores en nuestro país.

Obsérvese que el argumento central que se esgrime para reducir el plazo a un año a partir del día siguiente al cese de la relación laboral en que se funda, es dar seguridad al empresario o patrono de que no va a ser objeto de reclamaciones originadas hace mucho tiempo. Me pregunto a quién afecta todo esto. ¿Qué puede temer un empresario honesto si cumple con las obligaciones laborales, paga el salario que corresponde, otorga las licencias legales y paga los salarios vacacionales, conservando todos los comprobantes? En general, aquellos que organizan su empresa de modo correcto -y que son vigilados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de sus inspectores- ¿qué miedo pueden tener de que algún abogado pleitista, en función de sus intereses personales, induzca al trabajador a efectuar reclamos a los que no tiene derecho? Si tiene toda la prueba y los elementos comprobantes de que ha actuado honesta y honradamente, no hay que tener ningún temor.

En definitiva, creo que un sector de la estructura política del país se olvida de que el Derecho Laboral está fundado, en muchas de estas disposiciones, en la objetiva desigualdad de las partes en una relación laboral. Todos sabemos que la parte fuerte es la patronal y la débil la del trabajador. En muchos casos, esta parte débil no cuenta con el instrumento o el respaldo de una organización social de carácter sindical que la pueda ayudar incluso a conocer los derechos que le corresponden.

Naturalmente, se puede decir que mediante estas normas estamos favoreciendo las inversiones. Si destruimos el Derecho Laboral y liquidamos las disposiciones fiscales -por ejemplo, las que establece el artículo 26- estaríamos beneficiando las fusiones de sociedades, escisiones y transformaciones, con exoneraciones del IRIC, del IVA y del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales. Obsérvese que le estamos cobrando impuestos a quien compra una casita por $ 150.000 y no lo hacemos con el empresario que realiza una transformación de U$S 15:000.000. Parecería que el objetivo y la filosofía de estas disposiciones serían castigar al débil y favorecer al poderoso.

Por otra parte, las modificaciones que se plantean en el texto sustitutivo empeoran radicalmente la redacción que viene de Comisión. Quisiera saber cuántos trabajadores están en condiciones de cumplir con esta exigencia que establece el artículo 2º del texto sustitutivo, en el sentido de que ya no alcanza con la audiencia de conciliación, sino que para que se interrumpa la prescripción, ésta debe ser seguida de una demanda judicial interpuesta dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha del acto del testimonio de la no comparecencia del citado. A mi entender, esto agrega una barrera adicional para que el trabajador que, reitero, es la parte más débil de la relación, pueda ejercer sus derechos. Precisamente, no serán muchos los que estén en condiciones de cumplir dentro de los plazos con la exigencia planteada en el texto sustitutivo.

Por supuesto que parto de la base de que existen votos suficientes como para aprobar esta disposición. Naturalmente, pienso que en su oportunidad habrá que modificarla, ya que secciona los derechos de los trabajadores.

Además, quiero decir que para fundamentar el texto se dice que la disposición va a favorecer a los trabajadores dado que en la actualidad los patronos para no tener problemas litigiosos con reclamos laborales están tercerizando el sistema de prestación de servicios a gente que no va a cumplir con las relaciones laborales. Entonces el Senador Batlle nos dice: "Acortemos los plazos de prescripción de los reclamos laborales así los patronos se sienten más seguros y no tercerizan más". Esto se expresa porque la experiencia indica que las tercerizaciones hacen proliferar empresas que no tienen ningún respaldo y, sin embargo, la política oficial del Gobierno de coalición es favorecer la tercerización. Quiere decir que aquí se la está utilizando como fundamento para defender los derechos de los trabajadores y, por otro lado, se la apuntala para desarrollarla como un instrumento que posibilita la transformación de los trabajadores como empresarios. Se limpia mejor, si hay alguien que se dedica sólo a la limpieza, y entonces hay que tercerizar la limpieza; lo mismo sucede con la preparación de comida para los sanatorios o distintas dependencias públicas. Pero cuando se plantea el tema aquí para la relación laboral, se dice que esto es malo para los trabajadores porque, en general, esas empresas son irresponsables. ¡Qué curiosa contradicción! Por un lado, existe la teoría de que eso es bueno y, por otro, de que es perjudicial.

No quiero abundar más sobre el punto, dado que me parece que los argumentos se caen solamente describiendo este artículo.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - De una manera un poco global, nos estamos refiriendo tanto al texto que viene de la Comisión como al sustitutivo; en realidad, no está muy claro qué es lo que estamos tratando.

Aquí se establecen dos clases de prescripciones. Aunque todos los señores Senadores están al tanto de ello, estoy dando un pie gramatical para razonar. Una de esas prescripciones es la de los créditos existentes antes de terminar la relación laboral es decir, lo que el patrón debe al trabajador mientras éste se encuentra cumpliendo funciones. Naturalmente, esa relación puede ser de muchos años, y sobre esto -tal como explicaba hoy el señor Senador Astori- hubo una propuesta flexible en la Comisión presentada por los compañeros frenteamplistas. Lo que llama la atención -realmente me sorprende sobremanera- es que cada vez que aquí se ha tratado la limitación, la quita o la baja de créditos de empresas bancarias, por ejemplo, se ha dicho que el artículo 32 de la Constitución es tremendamente vulnerable. He escuchado a algunos señores Senadores decir que se estaba expropiando cuando se aprobaron las leyes de refinanciación en las que había un factor clarísimo de culpa del Estado -aclaro que con un Gobierno usurpado por dictadores- en oportunidad de la ruptura de la "tablita". De manera que existía una razón de equidad para decidir emprender una refinanciación. En dicha ocasión se dijo que se estaba expropiando a los bancos una parte de sus créditos, sin indemnización. Como es sabido, estas instituciones plantearon la acción de inconstitucionalidad, pero perdieron la apelación en la Suprema Corte de Justicia -me refiero tanto a los bancos oficiales como privados- porque existían motivos sociales que justificaban esa limitación al derecho de propiedad. Pero acá sucede al revés; a los débiles se les quita una parte de sus créditos, no se les limita. Por ejemplo, esta disposición alcanza a aquellas empresas que están en quiebra técnica, que de pronto tenían ocho años de atraso en el pago de los salarios, ya sea de la totalidad, de horas extras, de licencias o de salarios especiales. Quiere decir que se trata de una quita; se dice legalmente que eso no se puede cobrar en caso de que la deuda sea de más de dos años. No he visto que se conteste la argumentación que el señor Senador Sarthou hizo con total claridad en cuanto a que se trata de expropiar una parte de un crédito que puede ser de un año hasta veinte años, como es el caso de los créditos personales, que prescriben a los veinte años.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Creo que estamos muy enfervorizados con el tema, y creo que éste tampoco tiene la trascendencia que se le está dando.

Pregunto al señor Senador Sarthou, que fue quien lanzó el argumento expropiatorio, y luego al señor Senador Korzeniak, si ellos realmente creen que expropiar significa que en lugar de hacerse una reclamación disponiendo de un plazo de diez años, se la haga con uno de dos años. Para mí la expropiación derivaría del hecho de que esta norma legal estableciera que, a partir de la vigencia de esta ley, lo que se debe no se cobra ni aunque se reclame al día siguiente. Pero eso no es lo que ocurre. Acá se dice que se puede seguir reclamando, pero en lugar de hacerlo en un plazo de diez años, se hace en uno de dos.

Ya que se habló tanto de la inconstitucionalidad, quiero decir que no la veo, y creo que no es la primera vez que aquí se plantea algo profundamente equivocado. Todos conocemos la enumeración de derechos que hace la Constitución, pero debemos tener en cuenta que cada uno de ellos debe considerarse en relación con los demás derechos.

Agradezco la interrupción al señor Senador Korzeniak y, por lo anterior, le termino preguntando si el derecho a la seguridad no merece también una protección. Este derecho está presente en algunas de las argumentaciones que hizo con total precisión el señor Senador Brezzo, autor de este proyecto de artículo sustitutivo. ¿Se puede creer realmente que hay seguridad laboral cuando se crea una especie de Espada de Damocles, con carácter permanente, obligando no sólo a afrontar a veces la inversión de la carga de la prueba -como él señalaba muy bien sino a conservar documentaciones por diez o más años? Repito que la expropiación es otra cosa; en este caso no se cercena el derecho a reclamar, sino que solamente se establece un plazo menor que el anterior.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Cuando comencé mi exposición, dije que se trataba de un pie gramatical que explicaba a los señores Senadores que en esto están establecidas dos prescripciones. La primera es la relativa a los créditos que ya existen antes del cese de la relación laboral, y la segunda está referida a la prescripción que se establece después que cesa esa relación para realizar la demanda. Creo que son dos cosas distintas. Ahora me doy cuenta de que no se trataba solamente de un pie gramatical, y que valía la pena hacer la aclaración. Aquí estamos hablando de créditos que suponemos que existen, de prestaciones que debió hacer el patrón -que no realizó durante años- y que ahora las debe; se transformaron en deudas. Entonces, no se trata de un término que lo habilite a reclamar sino un término sustantivo que indica lo que se debe. Por ejemplo, si el empleador debe cinco años de horas extras, cuando cesa la relación laboral, no se pueden reclamar. No es un problema de prescripción que permita iniciar la acción, sino que se trata de que una parte del crédito que ya tenía, y que pierde por disposición legal.

Personalmente me extrañaba, me resultaba sorprendente la reacción invocativa del artículo 32 de la Constitución que garantiza el derecho de propiedad, sujeto a las limitaciones que se establezcan por razones de interés general, cuando a quien se le quita una parte de su crédito, o se le rebajan los intereses son bancos o personas con alto poder adquisitivo. En este caso, si partimos de una relación no patológica, el empresario es deudor y culpable, aunque puede haber razones económicas que lo justifiquen. En cambio, el que no tiene culpa de nada es el trabajador. No me estoy refiriendo al caso de las leyes de refinanciación, que contemplaban a los deudores, porque la culpa recaía en el Estado cuando les prometió estabilidad en la "tablita" y, sin embargo, se rompió. El argumento que se esgrimió en aquel momento, inclusive motivó un veto muy fuerte del Poder Ejecutivo. Tal vez los señores Senadores recuerden que se lo calificó de inconstitucional, porque se estaba expropiando a los bancos que tenían créditos contra los productores. Se decía que se les estaba sacando una parte, porque no se les cobraban todos los intereses. Ahora, en cambio, se trata de la parte débil, que además no es culpable de que no se le haya pagado. Todos sabemos que si sigue trabajando en esas condiciones, es porque responde a una necesidad. ¿Por qué esto suscita un planteo que a mi juicio tiene importancia cívica y muy enfática? Porque tal como lo decía el señor Senador Gargano, estamos nada menos que echando abajo un sistema. Esto lo ha explicado muy bien un hombre que no pertenece a las filas del Frente Amplio, pero que sabe una enormidad de Derecho Laboral. Me estoy refiriendo al doctor Héctor Hugo Barbagelata y a su libro "El particularismo del Derecho Laboral", donde ha explicado este fenómeno de avalancha que terminará en definitiva con el Derecho Laboral. Este Derecho pasará a ser Civil, tal como lo fue en la Edad Media y en la época del Derecho Romano. Ese es el Derecho Laboral. Pensemos que por algo se creó un género, una disciplina especial que partía de la base de que las partes que se relacionan en torno al trabajo no tienen promedialmente la misma potencia. Esto nos hace pensar que esta fórmula, tanto en la prescripción para iniciar juicios después de cesar la relación laboral como en la quita de créditos ya existentes mientras esa relación está establecida, es de una injusticia tremenda. Si se trata de introducir normas de carácter general, debemos decir que tenemos algunas ya pensadas que en su momento vamos a proponer, aunque seguramente no contaremos con las mayorías necesarias. No se trata de normas dirigidas a empresas que van a hacer inversiones, ni siquiera a aquellas que están cerradas dese hace algunos años, sino que es una disposición de carácter general. Reitero que esto no tiene una justificación razonable; si lo que explicaba el señor Senador Batlle y luego de alguna manera el señor Senador Brezzo es una justificación, creo que estas normas deben dirigirse específicamente a empresas que van a hacer inversiones y a integrar el espíritu y la letra de esta ley. No olvidemos que las normas jurídicas tienen voluntad objetiva, más allá de lo que piensan quienes las elaboran, y aquí aparece algo así como querer aprovechar esta ley para meter una norma general, limitando el derecho de los trabajadores. Eso es lo que objetivamente aparece, y desde mi punto de vista, es de una gran injusticia.

Considero que debemos examinar esta situación a los efectos de buscar una fórmula -creo que algunos compañeros de la Comisión buscaron una solución en el propio Instituto de Derecho Laboral- que resulte más razonable que esto. Por eso se justifica la discusión formal que tuvimos hoy por el pasaje de estos temas a la Comisión, pero en este momento nos encontramos analizando el tema de fondo, ante una disposición que, reitero, es de una gran injusticia. Creo que va a generar más problemas que los que podemos imaginar, ya que si un trabajador lee una norma que dice que tenía un derecho, que no ejercía porque temía que lo despidieran, y a su vez tenía para cobrar cuatro o cinco años por concepto de salario y ahora no lo puede hacer porque le quedó reducido a dos, seguramente no se va a sentir nada cómodo y va a protestar; si está en un sindicato, va a plantear su situación.

Reitero una vez más que, además de ser inconstitucional, esta norma es de una injusticia flagrante.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: creo que debemos adecuarnos, pero el tema no es a qué, sino cómo hacerlo. Tal como está elaborada esta norma, pensamos que se ha incurrido en muchos abusos, y que frente a esa circunstancia, necesitamos un momento de reflexión y adecuación. Muchas veces, frente a estas controversias y litigios, los Jueces fallan a favor de la parte más débil, que en este caso es el trabajador. Quizás ante un caso concreto sea lo adecuado, pero cuando se va a estos juicios sabiendo prácticamente que se va a perder, la inseguridad que se crea en la parte patronal es enorme. Ahora bien, esto no significa que para evitar estos abusos nos vayamos al otro extremo. Antes de la dictadura estábamos en un extremo, en el transcurso de ella, en otro, y posteriormente volvimos al primero; ahora nos estaríamos instalando de nuevo en el otro extremo. Creo que en el correr de algunos años, cuando ocurran hechos notorios de injusticia para algunos trabajadores y la gente se vea despojada de parte de sus remuneraciones legítimas, seguramente se va a generar una reacción que lleve a alguna norma que regule esto tal cual está regulado hoy en la ley. Si bien estoy de acuerdo en que quizás se afecten las inversiones, creo que éstas lo que necesitan son reglas claras y sostenidas en el tiempo. Mi preocupación, señor Presidente, es que esta norma, tal como está gestada, no va a poder perdurar.

No ha habido un esfuerzo sustancial por consensuar la norma. En la medida en que no hay un consenso importante detrás que permita, sea cual sea el Gobierno, que la norma se mantenga, lamentablemente, estaremos legislando para algunos años o para pocos meses.

En función de eso, apoyé remitir la norma a la Comisión correspondiente, así como hemos presentado en algún otro proyecto la modificación de las reglas tal como están hoy. Creo que la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social podría trabajar en eso -hay personas muy idóneas para ello- y, en poco tiempo, presentar una adecuación de la normativa general, sin llegar a un texto final como el que está planteando el señor Senador Brezzo. Incluso, se podría establecer alguna vinculación con el tema de seguridad social, en la medida en que las normas siempre deberían contener un enorme estímulo para quienes cumplen con la seguridad social.

Por esas razones, no vamos a votar a favor de esta disposición tal como está, aunque consideramos que a la norma vigente habría que introducirle algunas adecuaciones.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - El señor Senador Ricaldoni -que ahora no está en Sala- dijo que no se explicaba que yo hablara de expropiación y aludía a la seguridad. Uno puede admitir que un empresario quiera tener seguridad, ¿pero el trabajador no tiene derecho a la seguridad jurídica de las leyes que se violan? Entonces, tomar en cuenta la seguridad es que no sea posible aplicar una extracción de derechos con efecto retroactivo. Es reconocer que el trabajador tiene, a su vez, el derecho a la seguridad de que se cumpla la norma que lo ampara. Por tanto, proteger al incumplidor es, evidentemente, desproteger al trabajador. Ese es el sentido que tiene esta ley, sobre todo, cuando se habla de que no hay expropiación. ¿Qué otra cosa puede haber, si teniendo derecho a reclamar diez años porque no me pagan las horas extras u otros créditos laborales, de repente me dicen que solamente puedo reclamar dos? Me extraen de mi patrimonio los derechos litigiosos de ocho años y me los anulan. Pregunto a cualquiera que tenga o haya tenido derechos a reclamar -aquí hay funcionarios y gente que ha actuado al respecto- qué pensaría si le hubieran hecho eso en su persona. Pues, simplemente, que fue expropiado indebidamente. ¿Qué pensarían los comerciantes o industriales si se aprobara una ley que estableciera que no le pueden reclamar a sus deudores más de dos años de los créditos comerciales que tengan? ¿Pensarían que hay expropiación o que no la hay?

Digamos, entonces, que se quiere establecer la expropiación, pero no que aquí no existe una confiscación de créditos en beneficio de los patronos incumplidores.

Repito que, a mi juicio, se instala un mecanismo de incumplimiento permanente, porque todo empleador va a saber que si deja pasar dos años, lo adeudado desaparece. Es una especie de mecanismo antiético. ¡No me van a decir que dos años es un plazo extenso? Todo patrono sabe que si aguanta dos años violando las leyes laborales sin que el trabajador le reclame -no lo va a hacer porque teme perder el empleo- quedará anulada la deuda. Es un premio al incumplimiento bianual que liquida todo adeudo anterior a los dos años. Por eso nos parece que es sumamente grave desde el punto de vista ético de la relación laboral.

Como decía el señor Senador Korzeniak, el artículo 53 de la Constitución ordena que el trabajo esté bajo la protección de la ley. Por tanto, esto es una desprotección deliberada de la ley. Es al revés de lo que establece el artículo 53 porque, además, se le impone el trabajo, ya que dispone que el trabajador no sólo tiene el derecho a trabajar, sino el deber de prestar sus energías. Pero resulta que ahora, cuando es necesario proteger el resultado de esas energías, lo limito y, además, le confisco esos derechos.

Simplemente, queríamos aclarar que hay expropiación y que la seguridad no es sólo la del empleador, sino también del trabajador que tiene derecho a exigir que se cumpla la ley. ¿Acaso nos estamos olvidando de que los créditos laborales son el resultado de un incumplimiento?

He escuchado sostener en Sala la necesidad de que los patronos cumplan con las leyes fiscales pero, ¿por qué no con estas otras? Entonces, ¿hay que cumplir unas leyes y otras no? Cuesta entenderlo. De ser así, vamos a hablar de seguridad y no les cobremos los impuestos y aportes a los organismos de seguridad social. De esa manera, les daríamos tranquilidad absoluta. ¿Por qué elegir los créditos laborales para dar seguridad de que no se podrán reclamar? ¿Acaso el Banco de Previsión Social anula sus reclamos cuando los patronos incumplen? No. Entonces, no entendemos la discriminación que se está haciendo con los derechos de los trabajadores.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Como sucede muchas veces cuando una razón se esgrime al extremo, parte de ella se pierde.

Respecto del artículo 29, quiero hacer dos o tres reflexiones. En primer lugar, las relaciones de trabajo no son iguales hoy a lo que eran en las décadas del cuarenta, del cincuenta o del sesenta; en esas épocas no fueron iguales a las que existieron durante la dictadura militar ni a las del día de hoy. Cuando en 1986 se aprobó la Ley Nº 15.837 -distinguiendo las dos situaciones a las que hacía referencia el señor Senador Korzeniak- para determinar el período de diez años se tomó en cuenta, precisamente, la circunstancia de que durante el gobierno de facto los trabajadores no habían tenido individualmente la posibilidad de accionar, como tampoco la tuvieron las organizaciones sindicales, las que de una u otra manera, rápidamente, después de 1985 asumieron la defensa de los reclamos de los trabajadores, de naturaleza similar a la que se establece en este artículo 29, en especial, en su segunda parte.

Esa fue una de las razones por las cuales se fijó el plazo de diez años y se mantiene el período de dos años planteado en el inciso primero. Pero ahora las cosas han cambiado. Desde 1986 hasta la fecha, en el país no sólo se han modificado las relaciones de trabajo -las que han evolucionado razonablemente- y no sólo funciona el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino también la justicia laboral. La prueba reside en un examen estadístico de las acciones, no sólo en la búsqueda de la instancia de conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino también en la acción directa de la justicia del trabajo. Esto es esperable y razonable en un país que evoluciona, en relaciones de trabajo que también evolucionan y en una situación en la cual empiezan a prosperar los convenios colectivos y distintos tipos de acuerdos en la relación colectiva de trabajo que, de alguna manera, también inciden en la materia.

Sostengo, señor Presidente, que la norma conveniente en 1997 no es necesariamente la que lo fue a la salida de la dictadura en 1986. Probablemente, tampoco lo hubiera sido en los años cincuenta o sesenta. El tema está en saber cuál es la norma hoy conveniente y equilibrada que garantice los derechos y las seguridades de las dos partes, aun reconociendo que pese a esa evolución hay, en la relación de trabajo, una parte más débil y otra más fuerte. La norma equilibrada al día de hoy, señor Presidente, no es aquella que plantea una ventana de diez años para reclamar hacia atrás. No es conveniente para el trabajador y tampoco para la empresa; además, es ciertamente disuasiva de inversiones y, fundamentalmente, de la contratación de trabajadores adicionales. Por eso pensamos que esa segunda disposición, la que refiere al reclamo de créditos o prestaciones anteriores a la fecha en que se presenta la demanda judicial, debe hoy asumir un carácter más realista.

Actualmente, reitero, hay sindicatos, hay tribunales -me remito a lo que ha sido la tradición de la justicia del trabajo en el Uruguay- hay buenos y malos empresarios y buenos y malos trabajadores. No todos los créditos que se reclaman son legítimos y no toda la defensa que hacen los empresarios es legítima. Lo que sí es claro es que en muchas oportunidades -y eso también se sabe hoy- es muy difícil reconstruir un reclamo puntual frente a un hecho sucedido o a un crédito presuntamente no abonado en tiempo y forma, ocho, nueve o diez años antes. Esto es así porque es muy difícil que existan papeles, así como encontrar personas que puedan testimoniar en forma fehaciente cuál de las dos partes, en esta situación, está diciendo la verdad.

En consecuencia, señor Presidente, lo que intenta hacer el artículo 29 -y de alguna manera recoge el texto sustitutivo presentado por el señor Senador Brezzo- es constituir un nuevo equilibrio en esta relación que es desigual. Este nuevo equilibrio toma en consideración la existencia en el Uruguay de un estado de derecho que establece que si alguien cesa una relación de trabajo y se va, tiene un año para reclamar desde el momento en que terminó la relación de trabajo, período que puede ser interrumpido en la medida en que se presente buscando la conciliación, para lo cual habrá una audiencia de conciliación y a los treinta días -tal como lo establece el texto sustitutivo propuesto- en caso de que no prospere un acuerdo por esta vía, se procederá a la demanda judicial. Todo esto parece razonable porque un año en el Uruguay de 1997 -no hablo del Uruguay de 1982, de 1980 o de 1976- es un plazo suficiente y justo para ambas partes, existiendo sobre todo la posibilidad de interrumpir la prescripción ante la acción de que efectivamente exista la audiencia, que podrá ser al día veinticinco del mes once.

En cuanto a la segunda de las disposiciones, creo que el argumento histórico -no sólo histórico antes de 1973, sino histórico con posterioridad a 1985- es que este riesgo que puede existir de presiones surgidas de la relación de dependencia entre el trabajador y el empleador, de todas maneras, hoy no sólo tiene el amparo del estado de derecho o de las normas existentes, sino también de una justicia que en este país ha sabido reconocer y amparar los derechos de los trabajadores. Existen buenos y malos empleadores; entonces, una norma que establece un amparo de diez años quizás pueda ser efectiva en el caso de muy malos empleadores, pero también puede ser disuasiva para el caso de buenos empleadores que no faltan a sus obligaciones y que se ven disuadidos de ampliar y manejar su plantilla de manera realista frente a sus necesidades, porque el plazo pasa a ser de diez años. Esto sucede no sólo con créditos legítimos reclamados, sino en muchos casos con créditos reclamados como parte de una industria que todos sabemos se ha desarrollado en el país y que a mi entender va a ser contenida por la propia justicia del trabajo en la medida en que ésta continúe su tendencia de accionar de forma cada vez más responsable y mirando el detalle de la demanda que está estudiando.

Por lo expresado, señor Presidente, creo con franqueza que no se produce ninguna de las situaciones extremas que aquí se han denunciado. El planteamiento realizado en cuanto a que aquella disposición que establece una limitación de dos años para reclamar presuntos créditos tiene un carácter expropiatorio, no lo comparto, porque no es así en la medida en que hoy vivimos en un estado de derecho y además se establece un plazo de 60 días para que quien cree debe reclamar, lo pueda hacer dentro de ese período por situaciones que se prolonguen más de diez años.

Soy consciente de que la aprobación de este proyecto puede dar lugar al surgimiento de muchos juicios, todos juntos, si es que se mantiene la disposición correspondiente. No obstante, frente a todos estos argumentos está el de establecer normas equilibradas con relación a la prescripción y que se tome en cuenta la forma en que han evolucionado las relaciones de trabajo en el país, la fuerza que han ido adquiriendo los actores sociales, la evolución que ha tenido la justicia de trabajo y que se considere también que la indefensión, desde hace tiempo, no es la regla sino la excepción.

Todo esto nos hace pensar, señor Presidente, que es bueno incorporar el artículo 29; más adelante me voy a referir al texto sustitutivo propuesto, porque no es este el momento de hacerlo. En realidad, se trata de un texto sustitutivo de los artículos 29 y 30, pero como en su redacción aparecen dificultades, me referiré a ese punto antes de la votación.

Por otro lado deseo señalar con franqueza que si aprobamos este nuevo equilibrio en cuanto al funcionamiento del régimen de prescripción vamos a avanzar. Creo que avanza el país y que de alguna manera con ello estamos habilitando a que se ordene el funcionamiento de los actores porque hoy, frente a las normas que existen, no tenemos un funcionamiento adecuado.

Asimismo, con toda sinceridad, entiendo, en primer término, que no se está produciendo una expropiación en cuanto existe la posibilidad de accionar y, en segundo lugar, tampoco existe expropiación en la medida en que queda un plazo disponible para que el trabajador pueda accionar una vez aprobado este proyecto de ley. Si bien es cierto que se trata de un plazo de 60 días, de alguna manera para quienes hoy tengan algo que reclamar queda abierta esa ventana. Del mismo modo, aquellos que en el futuro sientan que durante la relación de trabajo deben efectuar ese reclamo, queda en este nuevo equilibrio un plazo de dos años para hacerlo, lo que a nuestro entender es justificado y razonable.

Por otra parte, adelantando nuestra opinión sobre el artículo 29 sustitutivo, queremos decir que no nos parece mal que se unifiquen en un solo texto los artículos 29 y 30 bajo el "nomen juris" prescripción y aplicabilidad de la misma. Sí creo que no se debe proceder, desde el punto de vista de técnica legislativa, a sustituir los artículos 2º y 3º de la ley, sino simplemente plantear los textos que aparecen, porque luego, en el artículo final del proyecto, se propone la derogación de la ley completa. De esta forma -adelanto mi opinión de algo que repetiré antes de la votación- las opciones no son sustituir los artículos 2º y 3º de esa ley, sino simplemente decir "Artículo 29 (Prescripción y aplicabilidad de la misma). - Las acciones originadas en las relaciones de trabajo...", sin poner artículo 2º. Asimismo, el último inciso referiría a las disposiciones del artículo, sin poner el artículo 3º. Luego se dejaría el artículo final de la ley tal como está, con la derogación total de la Ley Nº 15.837.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Debo decir, señor Presidente, que me he sentido totalmente reflejada con las intervenciones que han realizado mis compañeros de Bancada y aclaro que no voy a incursionar en aspectos jurídicos, porque esto lo han hecho los señores Senadores que pueden manejar este tema con mucha mayor solvencia que quien habla. Sin embargo, dado los argumentos que se han esgrimido en la sesión de hoy, parece que se estuviera hablando de un país virtual. Ello me sucede cotidianamente, por ejemplo, cuando se reúne la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado. Digo esto, porque se está describiendo un país que, seguramente, los senadores que aquí estamos sentados, vemos con ojos distintos y, asimismo, transitamos por caminos diferentes.

Efectivamente, existe un régimen laboral en este país que nadie regaló a los trabajadores, sino que fue conquistado palmo a palmo y que cuenta la historia del movimiento obrero y sindical del Uruguay. Esta justicia laboral que fue conquistándose y luego fue dejada de lado y pisoteada durante la dictadura, por lo que tuvo que ser reconquistada en la democracia, asegura una cantidad de derechos a los trabajadores. Pero vivimos en un momento, señor Presidente, en el que los actores sociales -como le gusta decir al señor Senador Fernández Faingold, Miembro Informante de este proyecto- están sintiendo el peso y las propias dificultades de la atomización de los lugares de trabajo, así como de la desaparición de fuentes de trabajo. Entonces, objetiva y subjetivamente están sufriendo un debilitamiento de la capacidad de responder de manera colectiva a los retrocesos, representados en este caso por los artículos contenidos en este proyecto de ley, que tienen que ver con la legislación laboral.

Aquí se habla de buenos y malos empresarios y, con respecto a este tema, los señores Senadores del Frente Amplio que me precedieron en el uso de la palabra ya han explicado de qué manera estos artículos favorecen, precisamente, a los malos empresarios. Como lo han manifestado los señores Senadores Sarthou y Korzeniak, no estamos hablando de violación a las normas laborales que se generen de aquí en más, de situaciones y conflictos laborales, ni de deudas que se contraigan por los trabajadores en el futuro, sino de deudas que existen actualmente con decenas de trabajadores en las distintas estancias del país.

Me pregunto qué son los trabajadores que vienen a golpear las puertas de los despachos o que encontramos en distintos departamentos del país, donde la transformación de las empresas hace que ellos se adapten a empezar nuevamente en la categoría mínima, conservando la fuente de trabajo, o que reclamen los adeudos correspondientes, corriendo el riesgo de perder el empleo. Esto lo expresan las estadísticas oficiales -se ha dicho en algunos momentos de la argumentación- y, además, lo vivimos cotidianamente los que tenemos los ojos y los oídos abiertos a la situación que padecen las grandes mayorías de este país.

Por lo tanto, estoy convencida -y lo he expresado en más de una oportunidad- de que los otros artículos referidos a la flexibilidad laboral son eliminados del proyecto de ley por un problema de realismo y porque se reconoce que, para desgracia de los trabajadores de este país y del propio movimiento sindical, el 80% de las relaciones laborales en este país ya están desreguladas. Es decir que nos estamos refiriendo a no incluir en este proyecto de ley, los otros dos artículos que tienen que ver con la desregulación laboral, ya que se trata de una situación que va transitando por otros caminos que no son los de la ley.

En consecuencia, por responsabilidad, creo que este Senado tendría que plantearse que, si los trabajadores de este país contarán con sesenta días desde el momento de la promulgación de esta ley para reclamar lo que se les adeuda de manera injusta y reconocida por el Derecho Laboral que invocaba el señor Senador Fernández Faingold, habría que tomar las medidas extremas para que los que hoy están ocupados, subocupados o que trabajan en más de un lugar para sobrevivir, y que no tienen la posibilidad de acceder al Diario de Sesiones del Senado o de la Cámara de Representantes, a un periódico ni a la radio, y que tienen dificultades para participar en su organización sindical porque fue arrasada por la desregulación laboral -lo cual ya se está dando en una serie de empresas y muchas veces ha sido denunciado en este Parlamento- se enteraran que sesenta días después de ponerse en práctica esta ley, van a quedar privados de todos aquellos derechos de reclamar las deudas que con ellos se tiene.

Personalmente, debo decir, señor Presidente, que tengo la sensación de que estamos hablando de países distintos, de los mismos países que hemos discutido en el día de hoy con los señores Senadores que defienden estos artículos, inclusive, con el señor Senador Brezzo, quien ha presentado el texto sustitutivo. Digo esto ya que, cuando discutimos los problemas referidos a un sector tan importante como el que constituyen las empleadas domésticas, que son 85.000 en nuestro país y que se encuentra totalmente desregulado, parecería que los señores Senadores se están refiriendo a una realidad virtual o a una situación con la cual no están totalmente compenetrados.

Existe una tendencia, mediante proyectos de ley o leyes que, aparentemente, no tienen que ver con el fondo de la cuestión, a destruir el sistema laboral y la justicia del trabajo a la que se refería el Miembro Informante. Esta situación la estamos viviendo paso a paso y, para su desgracia, los trabajadores se van enterando de dichas circunstancias en el momento en que el tema los toca directamente. Actualmente, existen trabajadores como los de frigoríficos que han cerrado, dejando deudas millonarias por pagar como, por ejemplo, en el caso de Cybaran, donde los empleados ni siquiera se habían enterado de que no tenían la posibilidad de jubilarse luego de que se aprobara la reforma de la seguridad social.

Por lo tanto, pienso que habría que avisar claramente lo que aquí se "contrabandea" por medio de este proyecto de ley, bajo un título y una intencionalidad que compartimos, que es la de promover las inversiones y el empleo y poder desarrollar equitativamente a toda la población del país desde el punto de vista de la industria y la agroindustria.

SEÑOR SARTHOU. - ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ARISMENDI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Corroborando lo que señalaba la señora Senadora Arismendi, queremos señalar que el hecho de plantear el mantenimiento de los créditos no es algo del otro mundo, ya que hay que tener en cuenta que la Justicia demora cinco o seis años para hacer efectivos los pagos. Digo esto ya que, por ejemplo, un trabajador que se presenta en el día de hoy, tendrá su primera audiencia judicial en el mes de abril, porque los Juzgados de Trabajo son insuficientes debido a que los reclamos son cuantiosos y el incumplimiento laboral es más grave que nunca.

Se expresa que no existía la misma situación hace veinte años; frente a ello afirmo que ahora es peor, porque antes existían sindicatos con gran volumen y que eran los verdaderos custodios de que se cumpliera el derecho del trabajador. Sin embargo, actualmente los sindicatos se han debilitado y el trabajador queda librado a los mecanismos que nos estamos refiriendo, los cuales, repito, son muy lentos. Por lo tanto, estamos ante una denegación de justicia, por lo que no es válido afirmar que el trabajador, por mantener los derechos, los tenga seguros; por el contrario, debe seguir un largo vía crucis.

Por otra parte, debo señalar que el tema de la economía de desempleo que vive este país hace que sea dudoso el mecanismo planteado en cuanto a otorgar un plazo de 60 días para accionar. Pienso que esto crearía una situación moral muy difícil, ya que el trabajador tendrá que elegir entre el empleo o el accionar. Es evidente que se trata de un regalo de saneamiento para el incumplidor, porque esto va a enfrentar al empleado a perder empleo o a no cobrar. No podemos decir que hoy estamos mejor que antes porque desde el punto de vista de los derechos laborales, el incumplimiento nunca ha sido mayor, ni ha sido menos fácil accionar ya que en la vía del juicio, hay una demora de hasta 5 ó 6 años. ¿Cómo le explicamos a un trabajador que su patrón, comerciante o industrial, dispone de veinte años para cobrar un crédito de su empresa, mientras él sólo cuenta con dos? Por otro lado, el comerciante no tiene presiones sobre su voluntad, como sucede con el trabajador, cuya limitación deriva del hecho de ser la parte más débil del contrato de trabajo. ¿Cómo explicamos esto, teniendo en cuenta el derecho de igualdad que existe en nuestro país?

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI. - Quisiera decir que no me llama la atención que se planteen estos temas, ya que en el mismo momento en que se incorporan estos artículos, con o sin modificaciones al proyecto de ley, los señores Senadores y los partidos políticos que impulsaron esta iniciativa se han negado expresamente a ratificar -a través de un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio- que los créditos laborales y todo lo relativo a los trabajadores tengan prioridad ante otro tipo de crédito. Un ejemplo de esto se dio hace pocos días en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social al tratarse la ratificación del Convenio Nº 95 de la OIT.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: he escuchado prácticamente toda la línea argumental en contra del artículo propuesto y parece que debería llegarse con toda claridad a la conclusión de que -como dije antes- los créditos laborales se pudieran reclamar no sólo durante 10 años, sino por 20 ó 25 años. Parece ser muy claro que el trabajador no tiene posibilidad de reclamar porque si lo hace lo echan y, en muchos casos, esto es verdad. Por otra parte, también se dice que el objetivo parecería ser el castigar al más débil. Creo que no es así; lo que se pretende es encontrar un equilibrio razonable entre las normas que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores.

No creemos estar en un mundo idílico -la señora Senadora Arismendi nos aludió en ese sentido- ni creemos en la lucha de clases, porque pasó de moda, ya nadie cree en ella y es un concepto que terminó destruyendo a los trabajadores, empobreciéndolos, quitándoles los derechos e imposibilitándolos de hacer reclamaciones de cualquier naturaleza.

Por lo tanto, no creemos que esta sea una forma de comprender la sociedad; es más, pensamos que es errónea y la historia lo ha demostrado porque ya no quedan Estados organizados sobre la base de ese concepto. Creo que ese es el fondo de la discrepancia filosófica que tenemos en cuanto a este criterio. Lo mismo sucede con lo mencionado por la señora Senadora Arismendi con respecto a otro tipo de naturaleza de relaciones laborales que se ha tratado en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, y lo seguiremos haciendo. También seguiremos discrepando, simplemente porque creemos que las sociedades deben tener una posibilidad de permeabilidad vertical donde la gente pueda empezar desde abajo e ir ascendiendo hasta llegar a ser empleadores y no terminar condenada al proletariado "del lecho caliente" del Siglo XIX. Eso se acabó hace muchísimos años.

De todas formas, no se aplica una medida absoluta que corte de un tajo la posibilidad de reclamaciones. Se otorgan 60 días para abrir juicio y establecer una demanda reclamando 10 años hacia atrás pero, desde nuestro punto de vista, no vamos a condenar las relaciones laborales en este país, a los inversores y a quienes hoy están trabajando, a tener permanentemente una bomba de tiempo por reclamos desde 10 años que se van reduciendo en cuotas. Nos parece un tema realmente importante a resolver con la mayor rapidez.

Otro de los temas mencionados ha sido el rechazo, por parte de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, de la prioridad de los créditos laborales frente a los hipotecarios y prendarios. Hemos hecho esto porque estamos convencidos y tenemos el derecho de exigir que se crea en nuestra buena fe; nos parece que es la forma de proteger el empleo y la inversión. Es evidente que nadie invertiría o prestaría dinero si corre el riesgo de no poder cobrar porque aparecen créditos de esta naturaleza. Entonces, desaparecería el crédito con garantía prendaria o hipotecaria para el comercio y la industria.

En resumen, debo decir que estoy totalmente de acuerdo con el planteo del señor Miembro Informante en cuanto a la supresión del comienzo del texto y empezar diciendo: "Las acciones originadas...", sin poner "artículo 2º". Asimismo, suprimir el "artículo 3º" y en el último inciso se establecerá: "Las disposiciones anteriores serán aplicables a los créditos o prestaciones existentes".

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Quiero señalar que a diferencia de la concepción dogmática que tiene el señor Senador Brezzo, no voy a decir que vamos a continuar discrepando. Estimo que él tendrá una larga vida como para poder flexibilizar sus concepciones y aprender algo de la realidad, ya que por más que se diga que ésta no existe, tozudamente sigue existiendo más allá de lo que pensemos.

Muchas gracias.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Agradezco a la señora Senadora Arismendi, pero a pesar de ser maestra, no es la mía y nunca lo será. Ella podrá tener sus opiniones y yo, naturalmente, iré cambiando, evolucionando, pero no hacia atrás hasta llegar a la Edad Media, como parece que quiere ir la señora Senadora Arismendi.

SEÑOR PRESIDENTE. - Obviamente, el artículo 29 tiene dos textos distintos, sin perjuicio de que el señor Senador Brezzo ha eliminado la referencia a los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 15.837. No sería correcto desde el punto de vista jurídico modificarlos en el texto por cuanto se deroga totalmente la Ley en el último artículo del proyecto que estamos considerando. De todas formas, nos parece importante la opinión del señor Miembro Informante con respecto al texto definitivo del artículo a votarse.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - A efectos de ratificar lo dicho, aceptaríamos fundir los artículos 29 y 30 del texto venido de Comisión en un nuevo artículo 29, que diría lo siguiente: "(Prescripción y aplicabilidad de la misma)", luego borraríamos el resto de ese acápite que dice "Sustitúyense los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 15.837, de 28 de octubre de 1986, por los siguientes: Artículo 2º". Entonces, comenzaría directamente de esta forma: "Las acciones originadas...", seguiría idéntico hasta el último inciso en donde se borraría "Artículo 3º" y se sustituiría: "Las disposiciones del artículo anterior", por "Las disposiciones anteriores". Por tanto, sugeriría votar este artículo 29 que incluye los antiguos textos de los artículos 29 y 30.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase por Secretaría el texto tal como quedaría, luego de fusionar los artículos 29 y 30.

(Se lee:)

"ARTICULO 29 (Prescripción y aplicabilidad). - Las acciones originadas en las relaciones de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquel en que haya cesado la relación laboral en que se fundan. La audiencia de tentativa de conciliación, con presencia del citante, interrumpirá la prescripción, siempre que sea seguida de demanda judicial interpuesta dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha del Acta o del testimonio de la no comparecencia del citado.

En ningún caso podrán reclamarse créditos o prestaciones laborales que se hubieran hecho exigibles con más de dos años de anticipación a la fecha en que se presente la demanda judicial correspondiente.

Las disposiciones anteriores serán aplicables a los créditos o prestaciones existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, salvo que en un plazo de sesenta días calendario contados a partir de la mencionada fecha se hubiere presentado demanda judicial válida."

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 29.

SEÑOR SARTHOU. - Solicito que la votación se tome en forma nominal.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se procederá de conformidad.

Tómese la votación nominal.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑORA ARISMENDI. - Negativa.

SEÑOR ASTORI. - Negativa.

SEÑOR BATLLE. - Afirmativa.

SEÑOR BREZZO. - Afirmativa.

SEÑOR CID. - Negativa.

SEÑOR COURIEL. - Negativa.

SEÑOR HUALDE. - Afirmativa.

SEÑORA DALMAS. - Negativa.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Afirmativa.

SEÑOR GANDINI. - Afirmativa.

SEÑOR GARAT. - Afirmativa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Negativa.

SEÑOR HEBER. - Afirmativa.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Afirmativa.

SEÑOR IRURTIA. - Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Negativa.

SEÑOR MALLO. - Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI. - Negativa.

SEÑOR MILLOR. - Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Afirmativa.

SEÑOR POZZOLO. - Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - Afirmativa.

SEÑOR SANABRIA. - Afirmativa.

SEÑOR SANTORO. - Afirmativa.

SEÑOR SARTHOU. - Negativa.

SEÑOR SEGOVIA. - Negativa.

SEÑOR STORACE. - Afirmativa.

SEÑOR VIRGILI. - Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Afirmativa.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio). - Han sufragado treinta señores Senadores; veinte lo han hecho por la afirmativa y diez por la negativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia, el resultado de la votación ha sido: AFIRMATIVA.

9) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: si bien nuestra idea inicial -consulta mediante con otros partidos políticos- era formular moción para levantar la sesión, en virtud de una solicitud expresada por el Frente Amplio vamos a modificar la moción y pedir que se pase a cuarto intermedio hasta el martes próximo a la hora 16, de modo de continuar considerando el asunto que hoy nos ocupa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a cuarto intermedio hasta el martes próximo a la hora 16.

(Así se hace a la hora 19 y 34 minutos, presidiendo el doctor Hugo Batalla y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Batlle, Brezzo, Cid, Couriel, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, García Costa, Gargano, Heber, Hierro López, Hualde, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Don Freddy A. Massimino Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.