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Nº 200 - TOMO 385 - 15 DE OCTUBRE DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

61ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

- El señor Senador Cid solicita que se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública.
- El señor Senador Garat solicita que se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional.
- Oportunamente fueron tramitados.

5) Reconocimiento al profesor Rodolfo Tálice con motivo de sus 98 años de vida

- El señor Presidente del Cuerpo presenta un proyecto de resolución por el que se dispone la edición de una recopilación de los trabajos escritos por el profesor Tálice.
- A la Comisión de Asuntos Administrativos.

6) Solicitud de aprobación de la Suprema Corte de Justicia para designar dos miembros del Tribunal de Apelaciones

- Por moción del señor Senador Cid el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- El Senado, en sesión secreta, concedió aprobación a la Suprema Corte de Justicia para designar dos miembros del Tribunal de Apelaciones.

7) Señor Presidente del BID, contador Enrique Iglesias. Su estado de salud

- Manifestaciones del señor Presidente.

8) Señor Secretario del Senado, don Mario Farachio. Su participación en conversaciones en la Asamblea de la República de Portugal

- Manifestaciones del señor Presidente.

9, 11 y 13) Promoción y Protección de Inversiones Nacionales y Extranjeras en el territorio nacional

- Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se las declara de interés nacional.

10) Traslado de los restos del Sargento Manuel Antonio Ledesma

- Por moción del señor Senador Fernández, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Sesión extraordinaria

- Por moción del señor Senador Ricaldoni, el Senado resuelve celebrar sesión extraordinaria el próximo martes 21, a los efectos de continuar con la consideración del primer punto del orden del día de hoy, postergando para dicha oportunidad la consideración del artículo 18.

14) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 14 de octubre de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, mañana miércoles 15, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional.

(Carp. Nº 428/96 - Rep. Nº 484/97 y Anexo I)

2º) Discusión particular del proyecto de resolución elevado por la Comisión de Asuntos Administrativos por el que se instituyen diversos premios a los mejores trabajos periodísticos y al medio que los difunda, que refieran a la personalidad, acción política y de gobierno de Luis Batlle Berres.

(Carp. Nº 743/97 - Rep. Nº 485/97)

3º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se modifica el sistema de aportación del sector rural al Banco de Previsión Social.

(Carp. Nº 584/96 - Rep. Nº 498/97)

4º) Discusión particular de los proyectos de resolución elevados por la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de aprobación de la Suprema Corte de Justicia para designar:

a la doctora Selva Anabella Klett Fernández como Ministro de Tribunal de Apelaciones.

(Carp. Nº 832/97 - Rep. Nº 495/97)

a la doctora Amelia Milka Núñez como Ministro de Tribunal de Apelaciones.

(Carp. Nº 833/97 - Rep. Nº 496/97).

5º) Discusión particular de los proyectos de resolución elevados por la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a:

un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Plazo constitucional vence el 27 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 814/97 - Rep. Nº 486/97).

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 799/97 - Rep. Nº 489/97).

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 800/97 - Rep. Nº 490/97).

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 801/97 - Rep. Nº 491/97).

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 12 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 802/97 - Rep. Nº 492/97).

un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (Plazo constitucional vence el 24 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 810/97 - Rep. Nº 493/97).

una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas (Plazo constitucional vence el 26 de noviembre de 1997). (Carp. Nº 813/97 - Rep. Nº 494/97).

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Arismendi, Astori, Batlle, Brezzo, Cid, Couriel, Dalmás, Fernández Faingold, Fernández, Gandini, García Costa, Gargano, Heber, Hierro López, Hualde, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Pereyra, Pozzolo, Quarneti, Ricaldoni, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Chiesa, Millor y Sanabria y con aviso el señor Senador Garat.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 21 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 15 de octubre de 1997.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se autoriza el traslado de los restos del Sargento Manuel Antonio Ledesma al "Monumento Batalla de Las Piedras y al Soldado Oriental", ubicado en la 4ta. Sección Judicial del departamento de Canelones, ciudad de Las Piedras.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado el proyecto de ley por el que se establece el sistema de pasantías laborales como mecanismo de regular la formación curricular.

-Repártase e inclúyase en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del Senado.

La Junta Departamental de Canelones remite nota adjuntando la versión taquigráfica de lo manifestado por el señor Edil Daniel Cabrera relacionado con la seguridad pública en la ciudad de Santa Lucía.

-Téngase presente."

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Cid solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública relacionado con la situación sanitaria en el departamento de San José y otro relacionado con la policlínica comunitaria del Rincón de la Bolsa."

-Oportunamente fueron tramitados.

(Textos de los pedidos de informes:)

"Montevideo, 13 de octubre de 1997.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

El día 19 de setiembre en una extensa recorrida por el Dpto. de San José visitamos las estructuras de asistencia médica del subsector público en el departamento, así como la policlínica comunitaria de Rincón de la
Bolsa.

La visita se inició en esta última zona, donde el año pasado comprobamos la detención en la construcción del Policlínico edificado en colaboración del FAS-BID, lo que motivó una gestión personal frente al Dr. Raúl Amorín, entonces director de ASSE, quien nos expresó la decisión de las autoridades de culminar la misma en el menor tiempo posible. Este se encuentra terminado desde mediados del mes de julio, tal como se comprometieran las autoridades del MSP, pero lamentablemente deshabitado, sin equipamiento y obviamente sin funcionar.

Rincón de la Bolsa es una zona de alta densidad de población, en general de origen muy humilde, que ostenta una de las más altas tasas de crecimiento poblacional del país y que sin embargo carece de los apoyos mínimos ya sea en cuanto a pavimentación de calles, saneamiento, agua potable, etc., como también el apoyo médico necesario. Cuenta apenas con una policlínica comunitaria, sostenida por los vecinos, a través de una comisión de apoyo y con la colaboración del Ministerio de Salud Pública que aporta algo de la medicación utilizada.

En un nivel de complejidad mayor, en cuanto a capacidad de cobertura médica, se encuentra la policlínica del Km. 31.5. La misma está demasiado alejada del barrio, lo que determina la necesidad de contar con algún medio de transporte y en caso de disponer del mismo, los vecinos optan por desplazarse hasta Montevideo, en la eventualidad de que la situación clínica motive su internación o algún estudio complementario, llevando a una total distorsión de los criterios de descentralización asistencial, alternando además la vida familiar del paciente.

Por lo expuesto y de conformidad con lo que establece el artículo 118 de la Constitución de la República solicite se curse al Ministerio de Salud Pública el siguiente pedido de informes:

1. Si se prevé la habilitación de este Complejo Asistencial. En caso de que la respuesta resulte afirmativa. ¿en qué plazo se estima su puesta en funcionamiento?

2. ¿Cuáles han sido las razones de la demora en la habilitación?

3. ¿Cuáles serán las prestaciones del complejo asistencial, en lo concerniente a la cobertura por especialidades?

Sin otro particular saluda al Sr. Presidente muy atentamente

Alberto Cid. Senador."

"Montevideo, 13 de octubre de 1997.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

En la visita a la policlínica del Km. 31.5 del departamento de San José, se nos informó por parte de los profesionales que allí desempeñan sus tareas, que existe preocupación por la comprobación creciente de enfermedades respiratorias graves y en particular de crisis asmáticas. Estas, en opinión de los profesionales se han constituido en el segundo motivo de consulta, después de los accidentes de tránsito, lo que resulta llamativo. Esta percepción de la situación sanitaria por parte de los médicos, coincide con el testimonio de los vecinos de esas zonas del departamento, que relatan crecientes dificultades respiratorias, las que se acentúan los días en que el viento se orienta desde las distintas fábricas ubicadas al oeste de la ruta 1, en dirección a los centros poblados del otro lado de la ruta.

Por otra parte, los mismos médicos, señalan reiteradas carencias en el acceso a los medicamentos específicos para el tratamiento de esas crisis, como son los broncodilatadores inhalatorios.

Por lo expuesto y de conformidad con lo que establece el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse al Ministerio de Salud Pública el siguiente pedido de informes:

1. Si el Ministerio de Salud Pública tiene conocimiento de esta situación sanitaria en el departamento de San José.

2. En caso afirmativo, si existe algún estudio epidemiológico sobre los motivos de consultas en esa policlínica. De no existir, si se considera necesaria su realización, y en caso de que esta pregunta resultara afirmativa, en que plazo se podría disponer de esa información.

3. Cuál es la razón que justifique la imposibilidad de obtener, los broncodilatadores inhalatorios.

Sin otro particular saluda al Sr. Presidente muy atentamente.

Alberto Cid. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Garat solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional relacionado con las últimas misiones de paz en el marco de los acuerdos con las Naciones Unidas realizadas por efectivos militares en nuestro país y con la construcción del puente Colonia-Buenos Aires."

-Oportunamente fueron tramitados.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 14 de octubre de 1997.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Según lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la República, vengo a solicitar que se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional.

Informar sobre:

A) Las últimas Misiones de Paz, en el marco de los acuerdos con las Naciones Unidas, realizadas por efectivos militares de nuestro país puntualizando especialmente:

1) Misión en Camboya.

2) Número de efectivos que han concurrido.

3) retribuciones especiales que dichas fuerzas han percibido; indicando:

a) Compromisos de pagos a cargo de las Naciones Unidas.

b) Contribución de pagos a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.

c) Si se han cumplido con todos los pagos a los efectivos destacados en las misiones, o si se tienen todavía deudas a cumplir.

4) Material adquirido o recibido del exterior, con especificación de las compras efectuadas para las misiones de paz, explicando:

a) Característica del material adquirido, cantidad y variedad del material comprado.

b) En qué fechas fueron adquiridos los materiales.

c) Procedimientos administrativos llevados a cabo para las compras.

De igual modo se requiere:

B) Opinión del Ministerio de Defensa Nacional sobre la afectación que el proyecto de construcción del puente Colonia-Buenos Aires, a los planes y estrategias militares nacionales así como la misión de las Fuerzas Armadas de prestar servicios a la Nación en general, teniendo en cuenta:

a) Tipo de proyectos constructivo y selección del lugar de emplazamiento.

b) Desaparición del aeropuerto de Colonia, previsiones dispuestas al respecto.

c) Altura del gálibo sobre la costa uruguaya, que no permitirá paso de embarcaciones de gran porte.

d) Acumulación de sedimentos en los alrededores de la obra con posible alteración de canales de navegación sobre costa uruguaya.

e) Zona internacional exclusiva, con fines de servicios turísticos en la cabecera uruguaya del puente; medidas de seguridad previstas para evitar violaciones al sistema legal de contralor de fronteras en nuestro país.

Carlos M. Garat. Senador."

5) RECONOCIMIENTO AL PROFESOR RODOLFO TALICE CON MOTIVO DE SUS 98 AÑOS DE VIDA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto de resolución.

(Se da del siguiente:)

"El señor Presidente del Cuerpo presenta un proyecto de resolución por el que se dispone la edición de una recopilación de trabajos escritos por el profesor Rodolfo Tálice."

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

(Texto del proyecto de resolución:)

"Montevideo, 13 de octubre de 1997.

Es con gran satisfacción que la Presidencia presenta a consideración del Senado, el adjunto proyecto de resolución por el que se pretende reconocer la luminosa vida, hoy en plena vigencia, del doctor Rodolfo Tálice, por todo el invalorable aporte que día a día entrega a la sociedad uruguaya, y para que él reciba en sus propias manos la publicación de sus trabajos producto de su sabiduría.

La Presidencia aspira a la aprobación de este homenaje que conlleva el entrañable afecto de nuestro pueblo a la figura inconfundible y bondadosa del profesor Tálice, a su larga y profunda actividad científica y cultural y su inquebrantable voluntad de servicio a la comunidad.

PROYECTO DE RESOLUCION

Dispónese la edición de una recopilación de trabajos escritos por el profesor Rodolfo Tálice, como reconocimiento, en sus 98 años de vida, a su trayectoria ejemplar.

La Presidencia con la Comisión Administrativa seleccionará los textos a publicar.

La edición será solventada con los recursos vigentes.

Hugo Batalla. Presidente del Senado."

SEÑOR PRESIDENTE. - No hay oradores inscriptos para hacer uso de la palabra en la hora previa.

Corresponde considerar el asunto que figura en primer término del orden del día.

6) SOLICITUD DE APROBACION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA PARA DESIGNAR DOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE APELACIONES

SEÑOR CID. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID. - Teniendo en cuenta que la discusión sobre el proyecto de ley que el Senado está considerado no será agotada en la sesión de hoy, solicito que se altere el orden del día de modo de pasar a tratar a continuación el punto cuarto a través del cual se propone la designación de dos miembros para el Tribunal de Apelaciones. Este punto podría ser resuelto rápidamente, dado que en la Comisión se votó afirmativamente en forma unánime.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se altera el orden del día y si se declara urgente la consideración del punto cuarto.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 16 y 26 minutos)

(Vueltos a sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 16 y 31 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio). - El Senado, en sesión secreta, concedió a la Suprema Corte de Justicia aprobación para designar a la doctora Selva Anabella Klett Fernández y a la doctora Amelia Milka Núñez como Ministros del Tribunal de Apelaciones.

7) SEÑOR PRESIDENTE DEL BID, CONTADOR ENRIQUE IGLESIAS. Su estado de salud.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el Senado me permite, quisiera dar cuenta de un hecho.

En lo que tiene que ver con el planteo formulado en el día de ayer por parte del señor Senador Pozzolo, que el Senado compartió, en cuanto a interesarse por la salud del señor Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, contador Iglesias, hoy indagué nuevamente al respecto -ya que previo a la resolución del Cuerpo había actuado en ese sentido- y tuve la suerte de comunicarme directamente con él. Le hice saber de la preocupación y del deseo de pronta recuperación que el Senado le enviaba y de ello, naturalmente, se congratuló profundamente. Me dijo que dentro de pocos días iba a estar de regreso en los Estados Unidos y también le hice presente nuestra satisfacción por haberse hecho pública prácticamente su reelección como Presidente del Banco.

8) SEÑOR SECRETARIO DEL SENADO, DON MARIO FARACHIO. Su participación en conversaciones en la Asamblea de la República de Portugal.

SEÑOR PRESIDENTE. - También deseo hacer referencia a un hecho auspicioso producido pocos días atrás, del que debí haber dado cuenta en su momento, pero por distintas circunstancias no puede hacerlo.

A su regreso de la reunión de Secretarios Generales celebrada en el marco de la Unión Interparlamentaria, el Secretario del Senado, don Mario Farachio, fue invitado a participar en conversaciones en la Asamblea de la República del Portugal. Como resultado, se firmó un documento de amistad y cooperación a nivel de los Secretarios Parlamentarios. Asimismo, en la entrevista del señor Secretario con el Presidente de la Asamblea de la República del Portugal, se consideraron temas que estimo oportuno poner en conocimiento del Senado. Al tiempo de señalar los méritos de lo actuado por el Secretario del Cuerpo, me es muy grato destacar su vocación de servicio, que una vez más ha sabido demostrar en esta visita a Portugal. La Presidencia apoyará la puesta en práctica de lo acordado por los Secretarios Legislativos de Uruguay y de Portugal. Por lo tanto, a los efectos de que el Senado tenga conocimiento de este acuerdo, he dispuesto que se repartan los documentos aportados por el señor Secretario.

9) PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado continúa con la discusión particular del artículo 11 del proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en territorio nacional. (Carp. Nº 428/96 - Rep. Nº 484/97 y Anexo I)

(Antecedentes: ver 58a. S.O.)

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 11.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Muy brevemente quiero decir que en este artículo 11 se incluye uno de los fundamentos más importantes, a nuestro juicio, para apoyar este proyecto. Me refiero a los criterios de selectividad en función de los cuales actuará el Poder Ejecutivo en la promoción de inversiones específicas. Con este artículo estamos ingresando en el Capítulo III que precisamente refiere a esas inversiones específicas cuyo apoyo requerirá, a su vez, el desarrollo de algunos procedimientos que luego tendremos oportunidad de analizar en los artículos subsiguientes. Sin embargo, esta es una señal de política económica que compartimos absolutamente y que complementa la que da el proyecto de ley en su conjunto. Este está significando que las inversiones productivas y los puestos de trabajo que puedan derivar de ellas no nacen espontáneamente sino que hay que impulsarlas a través de la conducción económica del país. Esa es una postura que compartimos. La inversión no puede quedar librada a la acción de las fuerzas del mercado. La segunda señal es esta del artículo 11. El país debe, además, recorrer un camino de selectividad. Y aquí, señor Presidente, hay seis criterios de selectividad enumerados en un orden que no significa importancia y que tendrá que administrar y manejar la Comisión que analizará los proyectos de inversión, pero que a todas luces representan para el Uruguay elementos de mucha relevancia. La primera alude al progreso técnico para mejorar la competitividad de la producción nacional, sabiendo que el camino más seguro para ello es, precisamente, la innovación tecnológica. El segundo literal menciona algo que es vital para cualquier estrategia de crecimiento uruguaya, que es el incremento y la diversificación de las exportaciones, especialmente aquellas que incorporen mayor valor agregado nacional. Aquí hay tres elementos fundamentales. Primero, aumento de exportaciones, que es esencial para el desarrollo de un modelo de crecimiento hacia afuera; segundo, diversificación de exportaciones, esto es el incremento del espectro de los rubros que el país coloca en el exterior, lo cual es fundamental para reducir problemas de vulnerabilidad y dependencia externa; y tercero, las exportaciones que incorporen mayor valor agregado nacional. Esto va en la misma dirección de la creación de puestos de trabajo, ya que cuanto mayor sea el valor agregado nacional, mayor será también la posibilidad de crear puestos de trabajo que, precisamente, se encuentran aludidos en forma explícita en el literal c) porque ahí estamos incluyendo un criterio de selectividad, que es la generación directa e indirecta de empleo productivo. Debo recordar, señor Presidente, que hay muchas ramas de la producción nacional que generan poco empleo productivo directo, pero mucho del tipo indirecto. Uno de los ejemplos más recientes que ha estado en el centro de la polémica nacional por otras razones, que es la inversión en forestación tiene, precisamente, gran capacidad de generación de empleo indirecto. Me refiero, por ejemplo, a los transportes, a las comunicaciones, a la navegación por el río Uruguay y a la actividad de los puertos, que acumulan puestos de trabajo indirecto que también hay que tener en cuenta a la hora de evaluar proyectos de inversión. Por eso se alude aquí al trabajo directo o indirecto.

El cuarto literal habla de facilitar la integración productiva, incorporando valor agregado nacional en los distintos eslabones de la cadena productiva. Esto tiene que ver tanto con la perspectiva nacional de la producción, como con la posibilidad de establecer acuerdos de complementación productiva en el marco de la integración en el MERCOSUR, y por eso se alude al valor agregado nacional. Es decir que este artículo vincula la posibilidad de que el Uruguay, en el marco de cadenas productivas que tienen diferentes procesos en distintos países del Tratado del MERCOSUR, pueda participar con mayor valor agregado nacional en ciertos eslabones de la cadena productiva. Creo que el caso de la industria automotriz es el más claro al respecto y aquí se le da prioridad a las inversiones que se realizan selectivamente con el criterio que estamos tratando de explicar.

El quinto criterio, que va en la misma línea de otros proyectos de ley que hemos discutido y, afortunadamente, aprobado aquí en el Senado, es el de las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas, por su capacidad efectiva de innovación tecnológica y de generación de empleo productivo.

Señor Presidente: precisamente, el progreso tecnológico es el que ha permitido que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan condiciones tecnológicas de funcionamiento que antes no tenían y, además, una gran capacidad y posibilidad de generar empleo. Hoy, en términos relativos, la micro, pequeña y mediana empresa está en mejores condiciones de generar empleo que la gran empresa.

(Campana de orden)

-Entonces, a nosotros nos parece que este quinto criterio de selectividad es de extraordinaria importancia. Reitero que va en la misma línea de otros proyectos de ley que, afortunadamente, hemos aprobado aquí en el Senado y que se refieren al estímulo de las micro, pequeñas y medianas empresas por su capacidad efectiva -hoy en día lo podemos decir- de innovación tecnológica y de generación de empleo productivo, sobre todo, en la línea de la iniciativa de capitalización de la Corporación Nacional para el Desarrollo y sus actividades de apoyo a micro y pequeñas empresas.

Finalmente, señor Presidente, se trata de una innovación importantísima que luego será retomada por los artículos 15 y 16 y que refiere a una meta de todos los uruguayos por encima de diferencias partidarias, que es la descentralización geográfica que comenzó a ser señalada por la nueva Constitución que el pueblo uruguayo aprobó el 8 de diciembre de 1996. Este artículo se inscribe en esa línea y me refiero a la concreción de una facultad genérica que establece la nueva Constitución, que es la de estimular actividades que se localizan en el interior del país. Aquí no sólo se le da concreción como criterio de selectividad de apoyo a inversiones a ese principio, sino que se da un paso más allá y se agrega algo que para nosotros es muy importante, que es la utilización significativa de mano de obra e insumos locales. Esto es que tendrán prioridad aquellas actividades que se descentralicen pero, además, especialmente, las que utilicen mano de obra e insumos locales. Lamento que no esté en Sala el señor Senador Michelini, porque él señaló muchas veces -a mi juicio con razón, incluso lo hizo en la sesión de ayer- que había que dar prioridad a las inversiones que se instalaran en aquellos lugares donde más se necesitan. Creo que el literal f) está establecido precisamente para eso, es decir, para descentralizar inversiones y para intentar estimularlas en los lugares donde más se necesitan, como por ejemplo en aquellas zonas que pueden aportar al desarrollo de esas inversiones una utilización significativa de mano de obra e insumos locales. Cuando decimos esto, pensamos en muchos puntos del país, pero especialmente en el centro del Uruguay que está vacío por muchas razones. Por un lado, por falta de fuentes de trabajo y, por otro, porque no hay gente; cuando no hay fuentes de trabajo no puede haber personas y, cuando no hay ni fuentes de trabajo ni gente, la descentralización es una linda propuesta pero sin ninguna concreción en la práctica, porque este término significa, antes que nada, presencia de individuos que puedan concretar, encarar en sí mismos la descentralización del país. Lo primero que necesita la gente es trabajo y, para crearlo, hay que invertir; no se conoce otro método en la vida que no sea el de invertir.

El literal f) es un criterio de selectividad absolutamente fundamental para el Uruguay y completa una lista de seis criterios. A nuestro juicio, marca uno de los niveles más altos de este proyecto de ley, por el cual trabajamos mucho junto con todos los colegas desde que se comenzó a considerar en la Comisión este punto, que es uno de los que nos lleva a apoyar esta iniciativa, más allá de las discrepancias específicas que podamos tener con él y que vamos a tratar de mejorar en el trabajo en Sala. Sin ninguna duda, este es uno de los fundamentos más relevantes, sólido y profundo para apoyar este proyecto de ley que el Uruguay necesita no sólo para intentar -la práctica dirá si tenemos éxito o no- estimular la inversión, sino también para combatir la falta de trabajo, que es el principal problema que tenemos; la práctica dirá si logramos crearlo o no con esta iniciativa. Entre otras cosas, por esta razón, tenemos que apoyarla porque hasta ahora es la única alternativa conocida y válida para intentar conducir selectivamente la política de apoyo a la inversión.

Señor Presidente: me extendí algunos minutos en la consideración de este artículo, porque me parece -lo vuelvo a repetir- que aquí se encuentra una de las bases novedosas y más importantes para concitar apoyo en torno a este proyecto de ley.

Culmino señalando que es importante para el Uruguay romper con una línea que se venía prolongando demasiado a lo largo del tiempo, incluso desde la época de la dictadura, que consistía en creer que la inversión podía nacer de la libre acción de las fuerzas del mercado. Este proyecto de ley dice lo contrario, que no sólo las fuerzas del mercado actuando libremente no promueven la inversión, sino que se requieren iniciativas de este tipo para hacerlo y lo hace selectivamente, rompiendo con otra línea que se venía prolongando demasiado en la conducción económica del Uruguay por encima de Gobiernos y que consiste en que había que tener una política económica indiferenciada, que no seleccione, que no establezca prioridades y que no distribuya estímulos en función de las prioridades que el país elige.

Este proyecto de ley, señor Presidente, inicia un camino distinto y dice que hay que elegir, establecer prioridades y que, en función de ellas, deben ser apoyados los caminos que el país entienda más convenientes para concretar los objetivos de la inversión y creación de empleo.

Muchas gracias.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Señor Presidente: voy a votar con toda complacencia este artículo y adhiero a todas las manifestaciones que formuló el señor Senador Astori. Pero quiero particularmente señalar dos cosas. En primer lugar, la buena voluntad del señor Ministro de Economía y Finanzas cuando, sugerida en la Comisión una de estas variables, la de la descentralización geográfica, le prestó apoyo, la introdujo y le dio una redacción adecuada en el proyecto de ley. En segundo término, este artículo es una demostración de la vía correcta, porque cuando el Parlamento acuerda una potestad al Poder Ejecutivo indica las circunstancias en que podrá hacer uso de esa potestad que se le añade.

Al hacer uso de esa potestad, el Poder Ejecutivo se ajusta a la voluntad parlamentaria que le indica los fundamentos con los cuales debe ejercer aquella potestad.

Por todas estas razones, le voy a prestar apoyo a este artículo que, a mi modo de ver, es uno de los fundamentales de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - He votado afirmativamente este artículo en el entendido de que la lista que aquí se establece, aunque no sea demasiado explícita, fija condiciones concurrentes y no electivas.

10) TRASLADO DE LOS RESTOS DEL SARGENTO MANUEL ANTONIO LEDESMA

SEÑOR FERNANDEZ. - Pido la palabra para referirme a un tema del que se dio cuenta en la relación de asuntos entrados.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ. - Señor Presidente: formulo moción para que se declare urgente y se trate de inmediato un proyecto de ley por el que se autoriza el traslado de los restos del Sargento Manuel Antonio Ledesma.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se declara urgente el proyecto de ley a que ha hecho referencia el señor Senador.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia el Senado pasa a considerar el proyecto de ley por el que se solicita autorización para trasladar los restos del Sargento Manuel Antonio Ledesma al "Monumento a la Batalla de Las Piedras y al Soldado Oriental".

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Autorízase el traslado de los restos del Sargento Manuel Antonio Ledesma al "Monumento a la Batalla de Las Piedras y al Soldado Oriental", ubicado en la 4ta. Sección Judicial del departamento de Canelones, ciudad de Las Piedras.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de octubre de 1997.

Daniel Corbo 1er. Vicepresidente
Martín García Nin Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Autorízase el traslado de los restos del Sargento Manuel Antonio Ledesma al "Monumento a la Batalla de Las Piedras y al Soldado Oriental", ubicado en la 4ta. Sección Judicial del departamento de Canelones, ciudad de Las Piedras."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

11) PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado continúa con la consideración particular del proyecto de ley por el que declara de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en territorio nacional.

Léase el artículo 12.

(Se lee:)

"ARTICULO 12. (Asesoramiento). - A los efectos del otorgamiento de las franquicias previstas en el presente Capítulo, el Poder Ejecutivo actuará asesorado por una Comisión de Aplicación, integrada por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, que la coordinará, así como por representantes del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Comisión de Descentralización prevista en el artículo 230 de la Constitución, pudiendo, en casos especiales, integrarse con miembros de otros Ministerios u organismos con competencia en el sector de actividad del solicitante.

En el caso de proyectos de inversión, los mismos se presentarán a la Comisión de Aplicación la cual determinará cuál será el Ministerio u organismo al que corresponda su evaluación, en función de la naturaleza del proyecto y de la actividad al que éste corresponda.

La citada evaluación, conjuntamente con un informe en el que se detallarán los beneficios que se entiende corresponde otorgar, será elevada por el Inciso u organismo designado, a la Comisión a la que se refiere el inciso primero. La reglamentación fijará los procedimientos y los plazos máximos en los que deberá expedirse el Ministerio u organismo referido.

La Comisión de Aplicación establecerá las correspondientes recomendaciones respecto al caso de que se trate. En la citada recomendación, de corresponder, se expresará además cuál será el Ministerio u organismo encargado del seguimiento de otorgamiento, total o parcial, de la exoneración establecida en este Capítulo."

-En consideración.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Nosotros hemos propuesto radicar dicha Comisión en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y no en el Ministerio de Economía y Finanzas, como lo plantea este proyecto. En esta iniciativa se propone el Ministro como coordinador pero no se radica a la Comisión en una determinada estructura administrativa. Creemos que si bien el Ministerio de Economía y Finanzas tiene mucho para opinar, habría determinados seguimientos que la infraestructura de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto permitiría hacer, lo que viabilizaría este proyecto de ley.

De manera que solicitaría que este artículo se votara por incisos y aclaro que votaríamos en contra el primero de ellos y el resto a favor. Como primer inciso presentamos el sustitutivo que se ha repartido, en el que se propone a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en lugar del Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - En el último inciso de este artículo se establece que el informe de la Comisión de Aplicación recomendará en cada caso cual debe ser el Ministerio u organismo encargado del seguimiento de otorgamiento, total o parcial, de la exoneración establecida en este Capítulo. Quiere decir que aquí se consideró que la función de seguimiento, más que estar centralizada en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto -y en consecuencia en esta dependencia de la Presidencia de la República- debería ser asignada, caso por caso, de acuerdo con lo que el proyecto en cuestión involucre, a un Ministerio u Organismo, de alguna forma vinculado funcionalmente al tema de que se trate.

Por lo tanto, seguimos pensando que la Comisión de Aplicación debe mantener la integración que propone el artículo 12 que viene de la Comisión y ser presidida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Creemos que el haber introducido las modificaciones que propuso la Comisión como, por ejemplo, la inclusión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comisión de Descentralización prevista en el artículo 230 de la Constitución, en virtud de haber incorporado normas sobre descentralización en otros artículos, mejora sustancialmente la iniciativa que venía del Poder Ejecutivo. En este sentido, insisto, mantenemos la conformación que se establece en el primer inciso y la presidencia para el Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Quiero hacer una referencia gramatical. Me parece que el Senado no debería acostumbrarse al uso de una terminología que califico -usando una expresión de Casinelli Muñoz- como de "bárbara jerga".

En el inciso tercero del artículo 12 se dice, entre otras cosas, que la evaluación será elevada por el "Inciso u organismo designado, a la Comisión a la que se refiere el inciso primero". La palabra "Inciso" con mayúscula, si no me equivoco, se está refiriendo a la división que se hace en los Presupuestos, pero los incisos no elevan expedientes. Repito que es una división exclusivamente presupuestal. No veo por qué no se dice "será elevada por el organismo designado" o "por el Ministerio designado", salvo que haya una repartición que no está incluida pero que se quiere mencionar.

Formulo este planteo porque cada vez más se va generalizando el uso de la terminología que desde el punto de vista de la gramática legal no es correcta.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Creo que el señor Senador Korzeniak tiene razón. Así como en el inciso segundo se dice "Ministerio u organismo", de la misma forma, en el inciso tercero se podría sustituir "Inciso" por "Ministerio" y con eso queda satisfecha la prolijidad que se reclama.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el primer inciso del artículo 12 con el texto que viene de la Comisión.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

Se pasa a considerar el inciso segundo.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Quiero destacar muy brevemente el hecho de que en este segundo inciso se está incorporando la elaboración de proyectos de inversión como método para detectar y resolver actividades promovidas en el marco de la iniciativa que estamos considerando. Esta idea es de fundamental importancia a los efectos de algunos artículos que discutiremos posteriormente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo, tal como figura en el repartido.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso tercero, con la sustitución de la palabra "Inciso" por "Ministerio u organismo".

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso cuarto, tal como viene de Comisión.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Con el necesario visto bueno del Senado hemos presentado dos aditivos que deberían ir intercalados entre los artículos 12 y 13. Uno está vinculado a evaluación y el otro a publicidad. Si se quiere ahondar más sobre ellos, no tendría inconveniente en que el Senado siguiera considerando el articulado venido de Comisión y en el momento en que se crea oportuno se votarían. Solicito que los mismos sean repartidos y si se desean votar ahora podría fundamentarlos.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa cree que lo lógico sería votarlos ahora, porque si no se alteraría la numeración de los artículos. Se trata de dos aditivos que refieren a temas distintos.

Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - El problema es que no hemos tenido tiempo de analizar estos artículos aditivos presentados, por lo que solicitaría que se continúe con el tratamiento del texto y en su momento los votaríamos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Más adelante, entonces, el Senado y el señor Miembro Informante determinarán cuándo deben ser votados.

Léase el artículo 13.

(Se lee:)

"ARTICULO 13. (Uniformidad de procedimientos). - Los procedimientos administrativos previstos en el artículo anterior, serán asimismo aplicables a los beneficios que se otorguen en el marco de los Decretos-Leyes Nº 14.178, de 28 de marzo de 1974 (de Promoción Industrial), y Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974 (de Turismo), y sus normas modificativas y complementarias. A tales efectos facúltase al Poder Ejecutivo a modificar los cometidos y funciones, o a suprimir las Comisiones asesoras creadas en virtud de las referidas disposiciones."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 29. Afirmativa.

Léase el artículo 14.

(Se lee:)

"ARTICULO 14. (Garantías). - En todos los casos, el Poder Ejecutivo podrá requerir de los beneficiarios de las franquicias otorgadas, las garantías pertinentes, sin perjuicio de exigir, cuando corresponda, los tributos, las multas y los recargos."

-En consideración.

Hay un artículo sustitutivo presentado por el señor Miembro Informante.

Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Cuando en el día de ayer tratábamos el tema de los requisitos de desempeño, sin pretender que con eso se sustituyese esa discusión, decíamos que en la consideración del artículo 14 la Comisión optó por la redacción que viene en el informe y desechó la que venía en el proyecto de ley sustitutivo presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas con el mismo número. Revisando la versión taquigráfica de la discusión de la Comisión, comprobamos que ésta se concentró en el tema de los tributos, multas y recargos y su reliquidación, y así se encontró este texto sustitutivo. De alguna forma, en esa discusión se perdió una parte de la fuerza que traía la propuesta del Poder Ejecutivo en cuanto al requisito de garantía relativas al efectivo cumplimiento. Lo que hice en la sesión de ayer, en mi carácter de Miembro Informante y ante el requerimiento de algunos miembros de la Comisión, fue pedir que se fotocopiara y se distribuyera el texto venido del Poder Ejecutivo -no como sustitutivo, ya que no lo estaba proponiendo en ese momento- a los efectos de enriquecer la discusión de este artículo 14.

En mi opinión, el texto del Poder Ejecutivo mejora seriamente el actual, en lo que tiene que ver con los requisitos o el requerimiento de garantía en relación con el efectivo cumplimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones vinculadas al otorgamiento de las franquicias. En ese sentido, es mucho más fuerte, aun cuando plantea alguna dificultad de relación relativa al tema de la reliquidación de tributos, multas y recargos, que fue lo que nos llevó en Comisión a buscar un texto sustitutivo. En lo personal, por las razones expresadas, prefiero el artículo 14 venido del Poder Ejecutivo y que recién hemos repartido.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Nosotros también preferimos esta redacción, que originalmente estaba en el proyecto de ley que envió el Ministerio de Economía y Finanzas. A todas luces, nos parece superior al que elaboramos en la propia Comisión, sobre todo ante la ausencia de otros criterios que hubiéramos preferido que también incluyera el proyecto de ley en materia de control de resultados de las inversiones promovidas, como por ejemplo el referido en la nota de la Cámara de Industrias sobre metas cuantitativas. En la medida en que esto hasta ahora no ha sido posible -y no creo que pueda serlo en el transcurso de la discusión, aunque nunca está dicha la última palabra- nos parece mejor este artículo 14, porque plantea en forma mucho más rigurosa, precisa y clara las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para controlar el cumplimiento, por parte de los beneficiarios, de las obligaciones que se comprometen a asumir, estableciendo al mismo tiempo la posibilidad de reliquidar tributos, multas y recargos que pudieran corresponder, aludiendo obviamente a los tributos que integran las franquicias o beneficios concedidos. Cuando se habla de reliquidación se está señalando que se dejan sin efecto las franquicias que se hubieran concedido en caso de incumplimiento, por parte de los inversores, de las obligaciones asumidas.

Entonces, por esos motivos, nosotros también preferimos la redacción original y, naturalmente, acompañamos la propuesta que acaba de presentar el señor Miembro Informante.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia simplemente se permite señalar que correspondería la eliminación de la palabra "citado", porque no hay ningún incumplimiento citado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14 con la eliminación de la palabra "citado".

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 15.

(Se lee:)

"ARTICULO 15. (Beneficios Fiscales). - Se entenderán aplicables a las actividades o proyectos de inversión comprendidos en lo dispuesto por el artículo 11, las facultades conferidas al Poder Ejecutivo de otorgar los beneficios fiscales establecidos en el Decreto-Ley Nº 14.178, de 28 de marzo de 1974 y sus normas modificativas y complementarias.

No se incluye en la citada extensión de facultades, el otorgamiento de exoneraciones arancelarias que contravengan los compromisos asumidos por el país en el marco de los acuerdos del MERCOSUR."

-En consideración.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Señor Presidente: por este artículo se incorporan las facultades conferidas al Poder Ejecutivo de otorgar los beneficios fiscales previstos en el Decreto-Ley Nº 14.178, de 28 de marzo de 1974, y sus normas modificativas y complementarias.

Entonces, ¿qué es lo que realmente se está incorporando? El artículo 8º de ese Decreto-Ley, acerca de las franquicias fiscales, expresa: "Las franquicias fiscales en forma total o parcial comprenderán:

A) Exoneración total o parcial de toda clase de tributos, ya sean impuestos, tasas o contribuciones, así como rebajas de tarifas o precios en servicios prestados por el Estado.

B) Exoneración de hasta un 60% (sesenta por ciento) de las obligaciones por aportes patronales al Banco de Previsión Social, Asignaciones Familiares y Seguros de Enfermedad y Desocupación, en la parte correspondiente a la mano de obra incorporada a los bienes que se produzcan para la exportación.

C) Exoneración de todo tributo que grave las rentas de la empresa, así como su distribución o adjudicación sea cual fuere la forma como se realice, siempre que provengan de la parte del giro declarada de interés nacional.

D) Exoneración de proventos, tasas portuarias y adicionales que recaigan sobre la importación de bienes innecesarios para el equipamiento industrial de la empresa, ya sean equipos, maquinarias, repuestos y materiales que no sean competitivos de la industria nacional. Dicha limitación se aplicará a los equipos completos, sus partes o secciones independientes.

E) Las obligaciones fiscales por importaciones: recargos, impuestos, gastos consulares, derechos de Aduana y tasas portuarias, que se generen por la implantación de una nueva actividad o ampliación, o adecuación con equipos nuevos de una ya existente, para producciones de exportación podrán ser liquidados en un término equivalente al plazo medio proporcional de financiación que dichos equipos tenían del exterior", etcétera.

Quiere decir que, por esta vía, se da la chance al Poder Ejecutivo de fijar el impuesto que desee.

En el último párrafo de este artículo se dice: "El monto y el plazo de las franquicias a que se refiere este artículo serán establecidos por el Poder Ejecutivo previo dictamen de la Unidad Asesora".

Tengo la sensación de que estamos volviendo a un decreto-ley de la época en que el Parlamento no existía, en donde se daban todas las atribuciones al Poder Ejecutivo.

Llego a pensar para qué sirve el resto del articulado si, mediante esta delegación de funciones, le estoy diciendo al Poder Ejecutivo que puede exonerar el impuesto que desee, por el monto y el plazo que quiera.

Más allá de que seguramente algún señor Senador demostrará la inconstitucionalidad de esta disposición, creo que tiene muy poco sentido elaborar una ley en la que se busca determinar cuáles son los impuestos específicos que se quieren exonerar, cuando aquí se le da la atribución al Poder Ejecutivo para que, repito, por el monto y el plazo que desee, exonere el impuesto que quiera.

Es por estas razones que no voy a acompañar esta disposición.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: no hay dudas de que, aunque no votáramos este artículo, quedan vigentes las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por este Decreto-Ley. Por lo tanto, esta disposición para nada modifica la realidad en base a la cual se manejó este tema en el país desde que el Parlamento reconociera la vigencia de los decretos-leyes, es decir, luego de que se reinició la vida democrática.

Distintos Poderes Ejecutivos han utilizado el Decreto-Ley Nº 14.178 para otorgar franquicias y beneficios fiscales a los proyectos de ley estudiados y aprobados en Comisión. Insisto en que no aumentamos ni modificamos nada de lo que hasta ahora se ha hecho.

Creo que si queremos hacer una ley de esta naturaleza no podemos dar marcha atrás de lo que hasta ahora tenemos, puesto que, si no es así, lo mejor sería no incorporar este artículo y dejar que siga vigente el Decreto-Ley Nº 14.178. La única cosa que estamos haciendo es, simplemente, ratificar su vigencia.

Muchas gracias.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: discrepo con la postura del señor Senador Batlle por diversas razones.

La primera de ellas es que tengo entendido que este artículo no está vigente con este texto; digo que tengo entendido, porque en estos pocos minutos, no he tenido tiempo de hacer la búsqueda correspondiente.

La segunda razón es que, aun cuando en 1985 aquí se dictó una ley que decía que determinadas cosas debían mantenerse y que otras tenían que ser derogadas, mientras el Parlamento continuara estudiando el tema -cosa que no se hizo- la tesis que acaba de ser sostenida por el señor Senador preopinante, en el sentido de que las normas contrarias a la Constitución siguen vigentes porque fueron dictadas en períodos de facto, y que en el mundo jurídico se conoce como "tesis de facto" -su iniciador, por lo menos, quien tuvo cierta fama, fue el autor griego-francés Stasinopoulos- en nuestro país no cuenta con jurisprudencia favorable.

Expresamente, el artículo 329 de la Constitución dice que se declaran en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido, que directa o indirectamente no se opongan a la presente Constitución. Una norma, sea un decreto-ley o una ley, que se oponga a la presente Constitución, según la doctrina más recibida -inclusive, esta es hoy la opinión de la Suprema Corte de Justicia- no está vigente, por lo que no es necesaria su declaratoria de inconstitucionalidad. Esto lo acaba de declarar expresamente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en un juicio seguido contra la Universidad de la República; la sentencia fue terminante.

La Suprema Corte de Justicia, que antes sostenía por mayoría la tesis de que las normas anteriores a la Constitución y contrarias a ella no quedaban derogadas, sino que era necesario declararlas inconstitucionales, hoy sostiene la tesis a que hacíamos mención anteriormente. Así, está muy claro para los que siguen al día la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

Insisto en que el artículo 329 de la Constitución dice que están vigentes las normas que hasta aquí han regido y que no se opongan a la presente Constitución.

El Decreto-Ley a que dio lectura el señor Senador Couriel y esta norma que lo ratifica, por la cual el Poder Ejecutivo puede dejar sin efecto cualquier tributo, impuesto, tasa, contribución, aporte o gravamen de cualquier naturaleza, por el tiempo que quiera, son disposiciones contrarias a la Constitución uruguaya vigente. ¿Por qué? Porque implica -y creo que esto no se puede dudar- una delegación de atribuciones de Poder a Poder, de un tamaño enciclopédico, cuando el numeral 4º) del artículo 85 establece que las exoneraciones tributarias corresponden al Parlamento.

En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, no es verdad, salvo para la llamada "tesis de facto" -es decir, la de Stasinopoulos, distinguido escritor y jurista, que no es aceptada en el Uruguay- que si esta norma no existiera, estaría vigente el Decreto-Ley. Si éste se impugnara ante cualquier Tribunal, no digo ya ante la Suprema Corte de Justicia, diciendo que está derogado, porque es contrario a la Constitución y porque el artículo 329 deroga las normas anteriores contrarias a ésta, perdería toda posibilidad de aplicación.

En consecuencia, quería explicar esta tesis, tradicional de la Cátedra, pero respecto a la cual existía una discrepancia entre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Suprema Corte de Justicia que hoy no se da, porque ambos sostienen la misma posición.

De este modo, si hay un Decreto-Ley que es contrario a la Constitución de la República, no debe aplicarse. Es más; me parece que el Senado no debería -aunque pudiera adherir algún miembro del Senado a esa tesis que plantea la teoría de la validez de los actos de facto- ratificarlo expresamente, porque ello equivaldría a entrar en una especie de violación constitucional a sabiendas. En otras palabras, sabemos que esto implica una delegación de competencias del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. No obstante, ratificamos que pueda hacerse.

En definitiva, pienso que este artículo es contrario a la Constitución de la República; y si no estuviera, esto no sería aplicable. Obviamente, alguien tendría que ponerlo de manifiesto, porque cuando hay una norma que carece de validez, si se aplica y nadie lo reclama, se seguirá aplicando. Pero creo que, a esta altura, ni el propio Poder Ejecutivo se atreve a aplicar el Decreto-Ley que quedaría vigente según la tesis de facto a que hacíamos referencia.

Me voy a referir específicamente a una situación que se dio con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo después de esa sentencia que se dio en ocasión de la recuperación de la democracia en el Uruguay. Previo a esto, hubo una serie de profesores que fueron nombrados por la dictadura sin cumplir con ninguno de los trámites pertinentes, y basándose en normas que no habían sido derogadas por el Parlamento, fue entonces que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo adhirió exactamente a la postura que estamos sosteniendo en el sentido de que históricamente en el sistema uruguayo -no sólo en la última Constitución, en la de 1967- siempre hubo una norma que establece que las disposiciones están vigentes si no son contrarias a la presente Constitución. El razonamiento opuesto es que si son contrarias, significa que ya no están vigentes. Eso hace que durante un tiempo se declaraban inconstitucionales cuando se hacía el planteo o simplemente se consideraban derogadas, que es la tesis que hoy rige en los dos máximos órganos de control de la legalidad en el Uruguay: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - En Sala se ha mencionado que este Decreto-Ley no está vigente en parte. En consecuencia, si es posible, quiero saber cuál es la parte que ha sido derogada, pues me gustaría saber qué es lo que estoy votando porque, de pronto, le estaría dando vigencia nuevamente con carácter de ley a una disposición que ha sido derogada.

Por lo tanto, solicito que se aplace la votación de este artículo hasta tanto tengamos esa información.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Simplemente, señalo que en unos minutos tendremos la información que solicita el señor Senador Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se aplaza el artículo 15.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

Léase el artículo 16.

(Se lee:)

"ARTICULO 16. (Situaciones especialmente beneficiadas). - En el caso de proyectos o actividades declaradas promovidas en virtud de la importancia de su aporte al proceso de descentralización geográfica de la actividad económica, los beneficios a otorgar de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior serán superiores en plazo o cuantía, a los otorgados a proyectos equivalentes o actividades similares, localizados en el departamento de Montevideo.

Asimismo podrán otorgarse beneficios especiales en lo relativo a la determinación de los tributos a exonerar, y al plazo y cuantía de las franquicias, a las inversiones que estando comprendidas en la definición del inciso tercero del artículo 11, alcancen un monto de $ 500:000.000 (quinientos millones de pesos) en el plazo previsto en el plan de inversión respectivo. Esta cifra será actualizada anualmente por el Poder Ejecutivo en base a la variación operada en el Indice de Precios al Consumo que fija el Instituto Nacional de Estadística."

-En consideración.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: proponemos que se vote este artículo por incisos, pues votaríamos afirmativamente el primero, pero no acompañaríamos el segundo porque sostenemos un criterio diferente al que plantea en el sentido de que las inversiones se pueden clasificar de acuerdo a su monto. Dicho de otra manera, es más razonable para nosotros, y en ese sentido presentamos un artículo aditivo que esperamos se ponga a votación a posteriori, en el cual las inversiones tienen mayores beneficios según la región donde se localizan. En definitiva, no pretendemos entrar en la discusión de si U$S 50:000.000 sirven para hacer excepciones importantes y U$S 48:000.000 o U$S 49:000.000 no, porque ello implicaría entrar a transitar por un mal camino. En algunos lugares U$S 30:000.000 o U$S 40:000.000 es mucho más importante y necesita de más beneficios que una inversión de U$S 50:000.000 en un sitio que quizás no lo requiera tanto.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - A mi entender, este artículo 16 tiene algunas características similares a las del artículo 15. Por ejemplo, en su segundo inciso dice: "Asimismo podrán otorgarse beneficios especiales en lo relativo a la determinación de los tributos a exonerar, y al plazo y cuantía de las franquicias, a las inversiones que estando comprendidas en la definición", etcétera. Entonces, otra vez le estamos trasladando al Poder Ejecutivo la responsabilidad de determinar los tributos a exonerar, así como el plazo y la cuantía de la franquicia. Esto es lo que muchas veces denominamos como una especie de cheque en blanco, porque esto implica una delegación de poderes ya que se trata de una tarea del Poder Legislativo; y así se la estaríamos, repito, trasladando al Poder Ejecutivo.

De manera que, en lo personal, votaría este artículo 16 si tuviese una modificación con respecto a quién define estas exoneraciones, pero en las condiciones en que está planteado, no lo acompañaré con mi voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia, correspondería votar el inciso primero tal como vino de la Comisión.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Me gustaría saber por qué se va a votar por incisos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo ha solicitado el señor Senador Michelini y basta que un Senador lo solicite para que así se proceda.

SEÑOR ASTORI. - Muy bien. Ahora, si se me permite, señor Presidente, me gustaría señalar muy brevemente que a pesar de que hemos postergado la votación del artículo 15 -que tiene mucho que ver con el 16; es más, diría que están ligados- consideramos que el artículo 16 debe ser analizado a la luz de lo que hemos votado antes en la Sección I, ya que esta conforma con estas dos disposiciones un todo orgánico que no se puede fragmentar.

La Sección I se inicia con el artículo 11, que habla de proyectos de inversión o actividades sectoriales -no de empresas, sino de sectores en su conjunto- que resultan promovidas con franquicias y beneficios que establece este proyecto de ley.

Luego viene el artículo 12, que establece un método de asesoramiento -que ya hemos votado y aprobado- que surgirá, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo actúe a la cabeza de todo este procedimiento, de una Comisión de Aplicación que a su vez está compuesta por diversas reparticiones públicas, que asegura la presencia de distintas perspectivas para asesorar, repito, al Poder Ejecutivo, que es el que en definitiva resuelve.

El conjunto de estas disposiciones, tanto las del artículo 11, que establecen selectividad -personalmente, me extendí durante unos cuantos minutos hablando del artículo 11 literal por literal, exponiendo criterios- como las del artículo 12, fija límites a la acción del Poder Ejecutivo, que en materia de conducción económica tiene que estar liderando toda conducta o acción del Gobierno. Así como creo que el Parlamento puede y debe discutir otras normas de política económica, como las que se refieren al sector tributario -cuando se están elaborando, cuando se están definiendo- no creo que deba discutir disposiciones de política económica de este tipo.

Entonces, digo que si alguna vez mi fuerza política llega a ser gobierno de este país -y voy a trabajar para que lo sea- reclamaré para el Poder Ejecutivo la conducción de la política económica -que nadie dude de ello- y sobre todo en los ámbitos que están en juego en este proyecto de ley. Por lo tanto, no creo que sea saludable discutir en el Parlamento qué sector o qué proyecto de inversión aprobamos y mucho menos cuál vamos a promover o beneficiar otorgándole franquicias, porque esa es una tarea del Poder Ejecutivo, tanto de éste como de cualquier otro, no importa el color que tenga el Uruguay al frente de su gobierno.

El Parlamento debe establecer condiciones y limitaciones y, precisamente, este proyecto de ley las fija -por ello es que lo apoyamos- cuando en el artículo 11 incluye diversos criterios de selectividad; cuando en el 12 define los procedimientos de asesoramiento; cuando en el 13 promueve la unidad de procedimiento; y, en cierto modo, cuando en el artículo 14 dispone que el Poder Ejecutivo recibe la facultad de controlar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las actividades promovidas, norma que tiene una redacción bastante más severa que la original.

Es por esas razones, señor Presidente, que vamos a apoyar este artículo 16. Por otra parte, su inciso segundo establece un monto que será actualizado con un criterio objetivo que aquí está mencionado y es el del Indice de Precios al Consumo que fija el Instituto Nacional de Estadística.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: tengo la tremenda complacencia de coincidir con lo expresado por el señor Senador Astori en cuanto a que la iniciación de la conducción económica corresponde al Poder Ejecutivo. Pero, a menos que se cambie la Constitución, el tema de las exoneraciones tributarias corresponde al Poder Legislativo; y ello podrá ser bueno o malo, podrá ser necesario modificarlo o mantenerlo igual. Sin embargo, aunque toda la economía del mundo diga que es bueno que el Poder Legislativo transfiera hacia el Ejecutivo la facultad de establecer exoneraciones o franquicias, en el Uruguay ello no sólo no se puede sino que tampoco se debe hacer. En lo personal, estoy de acuerdo con que el Poder Ejecutivo en el Estado moderno y en cualquier sistema, ya sea parlamentario, convencional o presidencial, es el Poder que en los hechos conduce al país. Esa es una realidad del mundo moderno y quizá esa circunstancia sea la que lo impone. Pero aquí tenemos un artículo que expresamente establece en la Constitución que las exoneraciones las debe fijar el Parlamento, y debemos cumplirlo aunque ello no nos guste, nos resulte doloroso, o sea contrario a una concepción lógica común. Y aclaro que digo esto porque la lógica deóntica -como la llaman los expertos en las normas- no es siempre la misma que la lógica común. Por esa razón ese principio tan lindo de que siempre se puede aplicar el sentido común, muchas veces no funciona en la lógica del Derecho, y aunque el Derecho esté equivocado no hay más remedio que aplicarlo. Esa es una de las reglas de juego del Estado de derecho.

Por lo tanto, es claro que no se puede delegar en el Poder Ejecutivo. Tal vez sea necesario realizar esfuerzos para delegar en él, y me consta que se han hecho ya, tal como señalamos en una sesión anterior. En algún caso se lo ha vestido jurídicamente con lo que se llama el aumento de la facultad reglamentaria, figura inventada por los ingleses en el marco de una Constitución que no es escrita en su mayor parte, porque, como todos sabemos, es consuetudinaria.

Estoy de acuerdo -y también voy a pelear por ello- en que el Poder Ejecutivo, de cualquier pelo, tenga la conducción de la política económica, al igual que de la exterior, aunque en cierta medida. Pero por ello no podríamos decir que un tratado está vigente en nuestro país hasta tanto no se haya dictado una ley que lo apruebe, porque eso es lo que señala la Constitución. Tal vez esto deba ser cambiado en un futuro, como han hecho muchos países que establecieron que basta para ello con que el Senado apruebe un tratado; y aclaro que casi todos los países del mundo han adoptado esa solución mientras que aquí continuamos con su aprobación por ley.

El numeral 4º) del artículo 85 es clarísimo; es más, todavía se sigue enseñando que en la Constitución uruguaya los cordones de la bolsa los tiene el Parlamento, aspecto que no es verdad en la práctica, pero sí en la Constitución.

Por lo expuesto, coincido con el señor Senador Astori en cuanto a que el Poder Ejecutivo debe tener la conducción de la política económica, porque ello es lo que ocurre en cualquier sistema del mundo moderno. Ello es así en Suiza, que cuenta con un sistema convencional, al menos en teoría, en Estados Unidos, que tiene uno presidencial, y en Europa Occidental, que tiene uno parlamentario. Sin embargo, nosotros debemos aplicar la Constitución sobre todo cuando estamos frente a elementos muy fuertes como éste, donde es claro que se trata de una delegación. Es verdad que ellas se han otorgado muchas veces, pero en este caso se trata de una delegación no autorizada constitucionalmente.

Repito que creo que coincidimos en lo que debería ser y no en lo que jurídicamente es; el Derecho muchas veces no integra el mundo del deber ser y forma parte del mundo del ser porque las normas son objetivas.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: desde mi profunda ignorancia jurídica pienso que no está de más decir que no siento estar violando la Constitución al emitir este voto. En ese caso, debería haber sentido lo mismo al votar las decenas de disposiciones que acompañamos en estos siete años de trabajo legislativo, y en particular en Presupuestos y Rendiciones de Cuentas, en los cuales se facultó al Poder Ejecutivo a proceder de esa manera. Sin embargo, por el hecho de haber repetido un error, el mismo no se salva.

Digo que no siento que estemos violando la Constitución cuando se votan disposiciones de esta naturaleza, entre otros aspectos porque esta iniciativa hace que el Parlamento defina esos límites que aquí figuran, tal como traté de fundamentarlo en mi intervención anterior.

En esta oportunidad, el Senado fija límites a la acción del Poder Ejecutivo, la que deberá concretarse dentro de éstos porque, de lo contrario, este último estará incurriendo en acciones ilegales que este Parlamento deberá controlar. Es en ese sentido que vamos a votar los artículos 15 y 16.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: comparto los argumentos expuestos por el señor Senador Korzeniak. En muchas oportunidades he votado disposiciones de carácter fiscal, que facultan al Poder Ejecutivo a moverse entre un mínimo de un 10% y un máximo de un 40%, otorgándole facultades dentro de cierto marco. En cambio, aquí estamos objetando que existen facultades ilimitadas. No voy a leer nuevamente el texto del Decreto-Ley, cuya vigencia pedí que se me certificara, aunque al parecer no habría modificaciones, por lo que efectivamente estaría vigente. Entonces, existen más razones para objetar que se otorguen estas facultades de carácter extraordinario porque el inciso primero del artículo 16 habla de los beneficios a otorgar de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, y precisamente estos son todos los que figuran en el Decreto-Ley Nº 14.178.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso primero del artículo 16.

(Se vota:)

-21 en 26. Afirmativa.

-En consideración el inciso segundo.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Seguimos insistiendo en que no debería hacerse diferencia entre $ 500:000.000 y $ 400:000.000, así como también que las inversiones deberían destinarse en función de nuestras necesidades y distribución geográfica. Por lo tanto, esos beneficios especiales tendrían que repartirse en función de las necesidades de nuestro país.

Después de este artículo, presentaremos uno aditivo -antes del artículo 17- que ya debe estar en poder de los señores Senadores, a fin de que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto haga una especie de ordenamiento de las necesidades socioeconómicas, para que esos beneficios especiales se otorguen en función de las necesidades de nuestro país.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa consulta al señor Senador Michelini si se refiere al artículo 16/1.

SEÑOR MICHELINI. - Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el segundo inciso del artículo 16, con el texto remitido por la Comisión.

(Se vota:)

-19 en 24. Afirmativa.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: durante la discusión me había mantenido en silencio, ya que en la discusión general aludí a las objeciones con respecto al principio de legalidad, tanto en el artículo 9º, como en el 15 y el 16.

Por lo tanto, quiero señalar que comparto los fundamentos expuestos por el señor Senador Korzeniak. No hemos votado esta disposición por entender que esta delegación afecta el principio de legalidad garantizado por el numeral 4º del artículo 85 de la Constitución.

SEÑOR PRESIDENTE. - El artículo presentado por el señor Senador Michelini es obviamente contradictorio e incompatible con el texto aprobado. Por consiguiente, ya ha quedado rechazado.

A continuación, corresponde considerar el artículo 16/1 presentado por el señor Senador Michelini.

Léase el artículo 16/1.

(Se lee:)

"ARTICULO 16/1. - (Descentralización). - A efectos de contemplar los objetivos de descentralización y la adecuada distribución geográfica de las actividades económicas planteadas en el artículo anterior, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto definirá un conjunto de parámetros el que determinará un ordenamiento preferencial de los departamentos (o zonas, o regiones) para la promoción de nuevas inversiones. Dicho ordenamiento determinará los criterios para establecer la intensidad diferencial de los beneficios promocionales, prevista en el artículo anterior."

-En consideración.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: mediante este artículo aditivo 16/1 -que llevaría el número 17 si lo aprueba el Senado- lo que estamos pidiendo es que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto defina un conjunto de parámetros que determinarán un ordenamiento preferencial de los departamentos o zonas o regiones, para la promoción de nuevas inversiones. Dicho ordenamiento determinará los criterios para establecer la intensidad diferencial de los beneficios promocionales previstos en el artículo anterior.

Si bien al Poder Ejecutivo le estamos dando facultades para conceder beneficios especiales, naturalmente todos queremos que sea objetivo. Lo que estamos pidiendo es que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto haga un cierto ordenamiento que permita focalizar, dirigir las inversiones hacia donde más se precisan. Naturalmente, hay zonas, por inversiones ya previstas -por ejemplo, si en el futuro se hace el puente Colonia-Buenos Aires- que están afectadas y ya tienen un adicional. En consecuencia, inversiones nuevas con beneficios fiscales importantes deberían focalizarse en otras zonas del país, a fin de permitir que cada uruguayo al nacer tenga las mismas oportunidades de alimentación, salud, educación y trabajo.

Por eso promovemos este artículo de descentralización.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Cuando votamos el inciso primero del artículo 16, lo hicimos en la convicción de que, en virtud de la forma en que llegan a nuestro país -al igual que a otros- proyectos de inversión, nacionales o provenientes del exterior, estábamos votando la mejor alternativa para fortalecer el criterio de descentralización que el proyecto adopta en general.

No compartimos el artículo propuesto por el señor Senador Michelini, fundamentalmente, por dos razones. En primer lugar, es muy difícil establecer todas las situaciones y combinaciones de situaciones posibles que permitan determinar un ordenamiento de prioridades de carácter geográfico, porque todo ello dependerá del tipo de proyecto, del monto de la inversión y de otras que existan en algún momento. En definitiva, dependerá también de las iniciativas de carácter promocional que se instrumenten en distintos departamentos, por parte de diferentes autoridades en cada momento. El inversionista, en general, cuando formula una solicitud que puede ser considerada dentro de lo que es el inciso primero del artículo 16, lo hace con una idea establecida. Por ejemplo, dice que quiere realizar cierta actividad en determinado lugar. Pero con este artículo, le estaríamos indicando que si ese lugar no es Montevideo, es decir, si está en el interior, se le va a brindar un apoyo de carácter promocional mayor al que tendría si esa misma inversión la realizara en la capital. Es muy difícil imaginar a priori, "exante", con anterioridad al momento de examinar y evaluar el proyecto, cuáles serían los montos o las características diferenciales de la promoción en un departamento, en una región o en otra. Eso es muy difícil.

SEÑOR MICHELINI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Ya la Comisión, con el asesoramiento adecuado, definió dos zonas: Montevideo y el interior. Lo que estoy pidiendo es que se haga un esfuerzo mayor para que se puedan determinar por ejemplo, tres o cuatro zonas, lo que permitirá inducir la inversión hacia donde más se necesite. Esto se puede hacer, puesto que ya dividimos el país en dos. No debemos olvidar que hay zonas en el interior que, incluso, reciben más inversiones que Montevideo. Entonces, si podemos especificar más zonas, sería mejor para el país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: creo que lo que propone el señor Senador Michelini va a generar no sólo confusiones, engorros, más intervención burocrática y enfrentamientos, sino que al final también vamos a llegar a discutir para saber si Treinta y Tres tiene más derecho que Flores o si Cerro Largo está en mejores condiciones que Rivera para recibir tales o cuales inversiones. De esa forma, tendríamos que hacer una clasificación que ni siquiera la OFI podría realizar. Me da la impresión de que si se hace este tipo de reglamentaciones, en lugar de ayudar, vamos a empeorar. Además, la persona que hace una inversión de esta cuantía, no se fija en el ranking de los departamentos. Va a haber otro tipo de problemas. Si determinada persona quiere hacer una inversión en la explotación de caliza, aunque le digamos que el departamento que ofrece mejores posibilidades es el de Flores -porque es el que más precisa, ya que tiene solamente una industria- no lo va a aceptar, porque tendría que traer esa piedra desde Cerro Largo y Treinta y Tres y le quedaría muy lejos.

De manera que, a mi juicio, esto no agrega nada, sino que confunde y complica. Además, no se va a saber si esta clasificación va a ser permanente o si va a ir cambiando a medida que se modifiquen las circunstancias. Si ese fuera el caso, habría que revisarla cada cierto tiempo y todos los Intendentes querrían ser los más beneficiados y se sentirían los más perjudicados si no figuran en la lista de clasificaciones con ventajas que tendría que hacer la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Dicha lista tendría que confeccionarse cada noventa días, a fin de ir rotando los departamentos porque, de lo contrario, tendríamos un lío todos los días en el Congreso de Intendentes.

Creo que esto no contribuye a beneficiar ninguna inversión en ningún lugar del país. Me parece que lo natural sería que las cosas sigan como están, que no creemos más reglamentos ni más disposiciones. ¡Hablamos de la necesidad de modificar el Estado, pero le imponemos más obligaciones a la burocracia!

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - En realidad, se esgrimieron los argumentos en ambos sentidos hacia los cuales estaba dirigida la última parte de mi exposición. Por lo tanto, creo que ella es innecesaria.

Simplemente, deseo señalar que por las razones expuestas no vamos a acompañar este artículo aditivo propuesto por el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: se puede estar o no de acuerdo con la propuesta, pero no debe descalificarse un esfuerzo importante por llevar inversión donde más se la necesita, imaginando un escenario lleno de burocracia y de zonas. Esto no está planteado así. El artículo 16 fija dos zonas: Montevideo y el interior. Es evidente que ahí ya podemos tener problemas. La Comisión -y el Senado así lo aprobó- trató de inducir la inversión hacia el interior del país. Al respecto, puedo decir que hay lugares del interior que reciben más inversión que Montevideo. Sin embargo, falta espíritu creativo para inducir la inversión hacia donde más se la necesite y no hacia lugares, como la costa -ya se trate de la montevideana o de otra franja de la misma- que permanentemente la reciben.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 16 que pasa a ser 17, propuesto por el señor Senador Michelini.

(Se vota:)

-1 en 24. Negativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Ya manifesté cuando se establecieron las condiciones para favorecer las inversiones, sin establecer con claridad las prioridades de las mismas, ni si eran concurrentes o no, que tengo la impresión de que con respecto a estos artículos hay un problema, para el que habría una solución. Pienso que cuando la inversión produce más empleo, ya sea que se realice en Montevideo o en Artigas, la ley tendría que darle mayores facilidades, justamente por ser el desempleo, en este momento, el problema más importante del país. Esto debería ser así, siempre que esa inversión creara más fuentes de trabajo en la realidad, no en la reglamentación. Pienso que este sería el criterio que tendría que primar, no el geográfico o el de otras alternativas, dada la situación en que se encuentra el país.

Esta es la razón por la que no apoyé la fórmula presentada.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo 17.

(Se lee:)

"ARTICULO 17. (Impuesto al Patrimonio). - Si por aplicación de lo dispuesto en el presente Capítulo, se otorgaran exoneraciones del Impuesto al Patrimonio, los bienes objeto de la exención se considerarán activos gravados a los efectos del cálculo del pasivo computable para la determinación de patrimonio gravado."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 17.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

El Senado pasa a considerar la Sección III, Régimen de especialización productiva.

Léase el artículo 18.

(Se lee:)

"ARTICULO 18. - Créase un régimen de aceleración de la adecuación, destinado a facilitar la reconversión de las empresas en el marco del proceso de integración regional.

De acuerdo a dicho régimen, las empresas podrán importar exoneradas del Impuesto Aduanero Unico a la Importación (IMADUNI) y de recargos, bienes originarios de los Estados Miembros del MERCOSUR, de la misma naturaleza y con el mismo destino económico que aquellos cuya producción discontinúan o reducen. Dicha exoneración estará sujeta al cumplimiento de un programa de exportación por parte de las beneficiarias.

Encomiéndase al Poder Ejecutivo la reglamentación del régimen que se crea y el otorgamiento, total o parcial, de la exoneración establecida en este artículo, de acuerdo a las siguientes bases:

a) El beneficio podrá otorgarse a aquellas empresas que discontinuando o reduciendo la producción de bienes alcanzados por el régimen de adecuación a la unión aduanera del MERCOSUR presenten un proyecto de aumento de exportaciones de otros bienes que produzcan.

b) El Poder Ejecutivo podrá otorgar la exoneración parcial o total de los tributos a la importación de bienes originarios de los Estados Parte del MERCOSUR para un bien o bienes de la misma naturaleza y con el mismo destino económico que aquellos cuya producción se reduce y con monto máximo de importaciones determinado por dicha reducción.

c) Los beneficiarios de este régimen deberán someter el Proyecto de Reconversión Productiva a consideración de la Comisión de Aplicación creada por el artículo 12 de la presente ley, la que previa consulta con las cámaras del sector empresario dará el asesoramiento correspondiente al Poder Ejecutivo para su aprobación."

12) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - En realidad, deseo hacer dos mociones. En primer término, en consulta con los otros sectores políticos aquí representados, mociono en el sentido de que, una vez finalizada la sesión ordinaria del día de hoy, continuemos con la consideración del tema el martes de la semana próxima, en régimen de sesión extraordinaria, a partir de las 16 horas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Ricaldoni, en el sentido de realizar una sesión extraordinaria con la consideración, como primer punto del orden del día, del proyecto de ley que estamos estudiando.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Puede continuar el señor Senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Como segunda moción, y en nombre de la Bancada del Partido Colorado, propongo que se postergue la consideración del artículo 18 del presente proyecto para la sesión extraordinaria que se acaba de votar para el próximo martes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el aplazamiento del artículo 18, el que sería considerado el próximo martes.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: se acaba de votar una sesión extraordinaria para el martes próximo, a fin de continuar con el tratamiento de este tema. Quisiera complementar la moción en el sentido de que en esa sesión se mantenga como segundo punto del orden del día el que figura en ese lugar de la sesión del día de hoy, referido a Luis Batlle, así como también el tercer punto, que tiene que ver con Aportes Rurales.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que no habría problema al respecto, señor Senador. El punto que figura en cuarto lugar del orden del día ya fue aprobado, por lo que en esa futura sesión tendríamos que considerar lo que resta del de la sesión de hoy más los asuntos que fueran aprobados por las Comisiones de aquí al martes.

13) PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a considerar la Sección IV, Estabilidad Jurídica.

Léase el artículo 19.

(Se lee:)

"ARTICULO 19. (Garantía del Estado). - El Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, asegura a los inversores amparados a los regímenes establecidos en la presente ley y por los plazos establecidos en cada caso, las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que esta ley les acuerda."

-En consideración.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: durante el análisis que hemos realizado, no sólo en la Comisión, sino en las instancias posteriores al trabajo de la misma que finalizó hace ya más de un mes, estudiamos la posibilidad de dialogar con otros colegas, con especialistas en el tema y nos llegamos a preguntar acerca de la pertinencia y utilidad de este artículo, que dice que el Estado va a cumplir con la ley, agregando que lo hace bajo la responsabilidad de daños y perjuicios.

Así, nos preguntamos qué necesidad hay de decir que el Estado va a cumplir con la ley, lo que de por sí torna sospechoso cualquier movimiento, porque si estamos ante un Estado que expresa que va a cumplir con las leyes de su propio país, se puede llegar a pensar para qué dice esto y sospechar que se trata de un Estado incumplidor de la ley. Incluso, uno puede llegar a preguntarse si la expresión "bajo responsabilidad de daños y perjuicios" no está cargando tan exageradamente las tintas, que torne al Estado no sólo sospechoso de incumplimiento, sino en uno que difícilmente pueda promover la inversión, sobre todo la extranjera, como propone este proyecto de ley.

Reflexionando sobre el tema, llegamos a la conclusión de que se da una imagen de mayor seriedad cuando no se dicen estas cosas y cuando el Estado demuestra que su conducta es clara y coherente con las disposiciones jurídicas en vigencia. No se me escapa que el proyecto quiere incluir, además de las disposiciones legales, señales que demuestren a los inversores en qué condiciones se desea promover, tanto la inversión nacional como la extranjera, de aquí en adelante. Sin embargo, para todo lo concerniente a las señales, tenemos el Capítulo I "Principios y Garantías", ya votado. Se trata de un Capítulo que habla del interés nacional, de la igualdad de los requisitos, del tratamiento y de la libre transferencia de capitales.

Por lo tanto, nos parece que este artículo se transforma en una disposición innecesaria, redundante. No creemos que la estabilidad jurídica del proyecto que estamos discutiendo se asegure, ni mucho menos con este artículo 19. En todo caso, sabemos que si el Estado no cumple con la ley, los inversores que se sientan perjudicados, podrán reclamar ante él por daños y perjuicios, aunque no figure este artículo 19.

Por todas estas razones, señor Presidente, nos preguntamos si no sería mejor eliminarlo. Si no recuerdo mal creo que este tema ya fue discutido en Comisión e incluso algún colega planteó la misma pregunta que ahora estoy formulando y que en ese entonces no entendí necesario hacerlo. Pido disculpas a ese colega porque realmente no recuerdo quién era; no obstante, creo que en este momento la pregunta cabe, sobre todo en esta discusión del Plenario y quería cumplir dejándola planteada.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Si me dieran a elegir cuál es el peor artículo que a mi entender existe en este proyecto de ley, no tendría vacilaciones y señalaría -no digo con indignación, porque no estoy haciendo drama- que es este artículo 19. Desde el punto de vista emocional me hace recordar las expresiones de Justino Jiménez de Aréchaga, sobre las repúblicas bananeras, todas las cuales -desde Panamá cuando firmó su Tratado hasta otras- establecían una cláusula con términos muy similares a estos sobre la responsabilidad de daños y perjuicios del Estado cuando se firmaban esos contratos. En realidad, si bien luego se les daba forma de tratado, eran verdaderos contratos e incluso la terminología utilizada alude a la responsabilidad por daños y perjuicios y también figura cuando se establecieron esos Tratados a nivel de las potencias. A veces se trataba de Estados Unidos -no siempre- con las "republiquetas" como decía Justino Jiménez de Aréchaga o como también lo mencionaba en un lenguaje menos jurídico pero naturalmente más elegante desde el punto de vista literario, Miguel Angel Asturias en una de aquellas extraordinarias obras como "El señor Presidente".

Lo que está diciendo este artículo -cualquiera sea la intención de quien lo redacte- es que el tema de la responsabilidad del Estado por acto legislativo es muy discutible y discutido. No obstante, para que no haya dudas nosotros vamos a poner en la ley que si de alguna manera nos apartamos de un acto legislativo -es decir que la otra parte cree que el Estado uruguayo se aparta de ese acto legislativo- el Estado va a responder por los daños y perjuicios. Con respecto al tema de la responsabilidad por acto legislativo, todo el mundo sabe que en el Uruguay ha tenido una tremenda discusión y de los más de noventa juicios que se le han iniciado al país por esta causa, sólo le han ganado dos y todos los demás los han perdido los demandantes -muchos de ellos con costos y costas- a pesar de tener a veces atrás los capitales más grandes del mundo. Sin embargo con una norma de este tipo, en un conflicto, se pierde. Por todo esto digo que en cierto modo desde el punto de vista emocional este artículo me trae esos recuerdos.

Por otro lado, creo que este artículo no sólo está amparando al inversor en caso de un conflicto para que el Uruguay le pague daños y perjuicios cuando queriendo o sin querer incumple la ley, o también cuando quiere cumplir la Constitución. Digo esto porque si determinado gobierno señala que en esta ley, no por mala intención, sino porque como sucede siempre se introducen artículos y alguien logra que la Suprema Corte de Justicia los declare inconstitucionales -creo que hay varios que no sólo los va a declarar inconstitucionales, sino que dirá que están derogados, tal como sucede con las referencias a decretos-leyes anteriores- igualmente por la forma en que ésta está redactada, el Uruguay va a tener que indemnizar por daños y perjuicios. Si bien sé que esto está muy lejos de la idea que tuvieron los redactores de este proyecto de ley que en realidad pretendían mostrarle a los inversores que se les estaban dando facilidades para que realizaran inversiones y que estas fueran productivas y no meramente especulativas -esa es la idea central y naturalmente no discrepamos con ella- lo que se establece en este artículo 19 es raro encontrarlo, salvo cuando los propios países de los inversores probables solicitan que en estos casos se pongan artículos de esta naturaleza. Estos artículos tienen un origen histórico y no veo ninguna razón para que se incluyan. Es más, para decirlo en un tono que no quiero que resulte duro, diría que se trata de un artículo de renuncia a la soberanía jurídica del país; realmente este tipo de cosas no debería estar.

Por otra parte, si un inversor se siente defraudado por la manera en que actuó el Uruguay, que vaya a demandar y si gana, gana y si pierde, pierde, pero no se le debe asegurar de antemano que nuestro país le va a pagar daños y perjuicios. Además que no se use esa expresión de daños y perjuicios que normalmente repugna a las leyes, aun cuando se admita la responsabilidad patrimonial del Estado. No debemos olvidar que cuando se habla de daños y perjuicios, se hace referencia no sólo a lo que perdió, sino también al lucro cesante -expresión que tiene un contenido muy trabajado en el Derecho- y además se habla de asegurar esos daños y perjuicios.

Reitero que a mi juicio esta es una disposición que no debería figurar y su inclusión produce una especie de rechazo casi visceral, cada vez que el Uruguay tiene que aceptar -no creo que lo haya hecho de buen grado- este tipo de cosas. Digo esto con toda franqueza y por eso vamos a votar a dos manos en contra de esta disposición.

Muchas gracias.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Digo esto sin ninguna ironía y sin ánimo de confrontación. El señor Senador Korzeniak recién acaba de decir que el que gana, gana y el que pierde, pierde, como argumento para descalificar lo que establece este artículo 19.

A mi entender, esta disposición -hay que recordarlo- no constituye una invención que nos trae la mayoría de la Comisión de Hacienda a la consideración del Senado. Este tipo de disposiciones que garantizan bajo responsabilidad de daños y perjuicios el mantenimiento de determinadas situaciones jurídicas reguladas por la ley, figuran desde hace bastante tiempo en otras leyes que hoy están vigentes; hay varias y recuerdo, por ejemplo, la legislación de alquileres. A veces estas cosas nos parecen bien y en otras oportunidades nos parecen mal.

Frente a esto sostengo que la explicación de estas normas consiste en advertir que a veces nosotros, integrantes del Parlamento, hemos tenido vaivenes, idas y venidas que son los que crean desconciertos, sorpresas, molestias, desagrados y reclamos porque se creía estar dentro de un determinado marco jurídico, pero ciertas coyunturas de la vida política o circunstancias del momento concreto en el tratamiento de un proyecto de ley que está siendo estudiado en el Parlamento, han demostrado lo contrario. La certidumbre jurídica se asegura de muchas maneras, no sólo con lo relativo al respeto de los contratos, sino también con lo que tiene que ver con una razonable estabilidad de las denominadas reglas de juego que además deben considerarse dentro de lo que significan las leyes y decretos del país. Reitero que, en este caso, la Comisión de Hacienda o su mayoría no inventó absolutamente nada. Me toma un poco de sorpresa el tema y no he seguido el debate de este proyecto de ley en Comisión, pero repito que es absolutamente cierto que no es la primera vez que votamos estas soluciones

No había escuchado esto antes, pero en este sentido puede ser que me esté fallando la memoria. Además, cito otras normas -que fueron votadas, curiosamente, por unanimidad- que buscaban decirle a quienes se ampararan en nuestro sistema jurídico que el Parlamento iba a mantener esas reglas de juego por un tiempo razonable. Cuando en una ley se expresa -y son muchas las leyes que hablan en este sentido- ya no de garantizar bajo responsabilidad de daños y perjuicios, sino de declarar de orden público tales normas, nos estamos refiriendo, en primer lugar, al orden público interno y no al internacional pero, en segundo término, estamos diciendo que esas normas, al ser declaradas de orden público interno, no pueden ser modificadas por los particulares. De esta manera, estamos llegando por otro camino a la conclusión de que el legislador, muchas veces, es consciente, supone, presume o sospecha que aquello que está votando va a ser cambiado antes de lo que se pensó a la hora de votar dicho proyecto. Por lo tanto, esto no nos convierte -y que me disculpe el señor Senador Korzeniak- en una república bananera, en vasallos del imperialismo yanqui, ni en nada por el estilo, sino que estamos siguiendo una práctica que no es nueva ni original en el país y que significa una señal hacia el exterior, es decir, desde donde pretendemos que vengan más inversiones extranjeras de las que hoy se están realizando en el Uruguay. Asimismo, somos conscientes de que quien invierta en el país, además de asumir los riesgos que se corresponden con una economía libre como la que estamos manteniendo, debe tener la certeza de que las leyes van a tener estabilidad y que la veleidad de un momento no nos hará cambiar, importándonos muy poco el momento de aprobar otro proyecto de ley, que con ese criterio estemos borrando con el codo lo que escribimos con la mano.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Debo decir que realmente creo haber escuchado mal lo expresado por el señor Senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - No, señor Senador, escuchó perfectamente.

SEÑOR GARGANO. - Si el señor Senador Ricaldoni está diciendo que las leyes no pueden ser modificadas, creo que está cometiendo un grave error, porque no está viviendo en una sociedad democrática. El legislador puede dictar una ley que conceda beneficios y, además, puede establecer determinados plazos. Ese es un derecho adquirido por el inversor si éste realiza la inversión, pero la voluntad popular expresada en las urnas puede cambiar la filosofía, el criterio o la orientación política de un gobierno, por lo que puede surgir una ley distinta que no otorgue más esos derechos, sino que los derogue. Las personas que ya tengan adquiridos dichos derechos, los conservarán; sin embargo, el señor Senador Ricaldoni no puede decir que la estabilidad de la ley se dará por determinados años. Inclusive, la Constitución expresa que en materia presupuestal no se puede legislar más allá del mandato que tiene el gobierno de turno. Por lo tanto, el señor Senador Ricaldoni no puede decir que la ley va a tener vigencia en determinado período y que ese compromiso va a acarrear daños y perjuicios si el Estado no cumple. No es posible que una Legislatura le imponga a otra que no modifique la legislación. ¿En qué país vivimos? ¿En qué mundo estamos? ¿Qué sistema es ese? Realmente, no entiendo el razonamiento planteado y, además, comparto enteramente los juicios que aquí se han realizado, ya que pienso que un Estado de Derecho que se digne de ser tal, no puede poner en una ley una disposición de esta naturaleza.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Agradezco al señor senador Gargano su ilustrativa crítica, pero me doy cuenta de que no me ha entendido. Además, hay otros aspectos que no tiene en cuenta -no digo que no los entienda- y que, quizás, tengan que ver con que integramos distintos partidos políticos.

Antes que nada, debo aclarar que no creo que tuviera el diploma de la Facultad de Derecho si no supiera -como también lo sabe el señor senador Gargano, quien no pasó por dicha Facultad, aunque sabe mucho de derecho- que una ley puede ser modificada por otra. Si no fuera así, me pregunto para qué estaríamos en el Parlamento. Ya sabemos que las leyes pueden ser modificadas, pero hay aspectos que el señor senador Gargano no entiende porque omite tener en cuenta otras consideraciones. Le aclaro al señor Senador Gargano que los derechos adquiridos no pueden ser modificados por una ley posterior, aunque no me voy a extender en este tema, ya que no quiero desviarme del tema central. Lo que se expresa en esta disposición es que en el caso de que se modifiquen las leyes -y con esto demuestro que el señor senador Gargano no entendió nada de lo que dije, ya que nadie discute que las leyes puedan ser modificadas- esto dará lugar a daños y perjuicios, en la medida en que se afecten esos derechos adquiridos, que resultarán una vez que un beneficiario de esta ley se ampare a este régimen.

Por lo tanto, me hubiera gustado escuchar esto en este Parlamento cuando votamos otras leyes, incluso, con los votos del señor senador Gargano, oportunidad en la cual también se hablaba de estos mismos términos -no traje la lista de dichas leyes, porque no pensé que se iba a dar una discusión sobre este asunto- y en las cuales también se garantiza bajo el régimen de indemnización por daños y perjuicios, determinados aspectos previstos en el artículo correspondiente.

Pienso que no es por este camino, diciendo que acá vendemos poco menos que en plazoletas -si se me permite la expresión- la soberanía del país, que se debe hablar a favor o en contra de este proyecto de ley. Personalmente, no fui -y creo que tampoco lo fueron los señores Senadores Korzeniak y Gargano- el inventor de estas frases que figuran de tanto en tanto en nuestras leyes, algunas de las cuales podríamos volver a analizar. No estamos introduciendo ninguna "novedad" -entre comillas- y menos aún se puede admitir que esta disposición tenga intenciones inconfesables. Por el contrario, se trata, simplemente, de seguir una de las tantas tradiciones que de vez en cuando encontramos dentro del sistema jurídico del país.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Mi interrupción tiene dos objetivos. El primero de ellos tiene que ver con ratificar mi convicción y mi emoción frente al artículo, pero quiero que se recuerde que no dije que haya sido esa la intención de sus redactores. El segundo es afirmar categóricamente -ya que una cosa son las opiniones y otra, los hechos- que no es verdad que se haya votado por unanimidad -por lo pronto, el señor senador Gargano y quien habla no lo han hecho- una ley que exprese que se garantiza con daños y perjuicios la libre contratación. Esto es así y si se quiere se puede pedir a la Secretaría que nos lea las versiones correspondientes. Además, debo decir que, personalmente, nunca voté la libre contratación, no sólo con daños y perjuicios, sino que no la voté en materia de arrendamiento.

En consecuencia, no es verdad lo expresado por el señor Senador Ricaldoni; supongo que se tratará de un error.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Creo que el señor Senador Korzeniak está en buena compañía, ya que tampoco voté la ley madre en materia de alquileres -me refiero al Decreto-Ley Nº 14.219- pero en dicha norma no se garantiza la libre contratación, sino la estabilidad de todo el régimen, dado que se refiere a las normas de orden público que contiene la ley. Aquí lo que se está diciendo al referirnos a que esta ley es de orden público es que no la pueden modificar los particulares, lo que quiere decir que la ley tiene para el legislador -directa o indirectamente- una estabilidad y una jerarquía derivada -según lo que perciban los integrantes del Parlamento en ese momento- de una especial sensibilidad e importancia social o económica.

SEÑOR HEBER. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Quisiera consultar al Pleno y, en particular, al señor Senador Ricaldoni, acerca de la interpretación de este artículo, porque quienes no tenemos una formación jurídica podemos confundirnos con la discusión que se está dando. Parecería que el artículo es programático, por lo que deberíamos ir a los ejemplos prácticos. Pongamos el caso siguiente: a fin de que se verifique una inversión en el país de U$S 50:000.000, se exoneraría al inversor de los impuestos durante quince o veinte años. Ahora bien ¿se puede, mediante otra ley, cambiar las reglas de juego? De ser así, estoy de acuerdo en votar el artículo porque lo que se busca es que existan inversiones.

Por otro lado, está lo que decía el señor senador Gargano en cuanto a que sería distinto que se apruebe otra ley y se deroguen las mismas exoneraciones para futuras inversiones. Por ejemplo, si otro partido gana las elecciones y cree que esa ley es muy generosa y quita las exoneraciones, entonces aprobará otra que abarcará las nuevas situaciones.

En definitiva, quiero saber si el orden jurídico nacional respeta los plazos de exoneración porque, si es factible que otra ley cambie las reglas de juego, indudablemente es bueno votar el artículo ya que constituye una garantía para el inversor; pero si ello no es posible, entonces la disposición es meramente enunciativa.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Quisiera decirle al señor Senador Heber que tiene razón porque la situación es tal como él la planteó. Por eso creo que, en el fondo, más que discrepancias jurídicas se están dando diferencias políticas o ideológicas. ¿Por qué este artículo dice lo que dice? Creo que todos nos hemos dado cuenta, y no entiendo que se señale que se pretende convertir al país en una especie de república bananera. Lo que aquí se expresa es que el beneficiario de este proyecto de ley que obtenga las franquicias o garantías que se establecen, seguirá gozándolas aunque después se modifique la ley porque ya se le otorgaron.

Reitero que nadie discute que se puedan modificar las leyes; de lo contrario, me pregunto para qué estamos. La nueva ley regirá para los que se amparen a ella a partir del momento en que la anterior quede modificada o derogada. Esto es lo que se expresa, y me parece que está muy bien que además se le diga a quien invirtió en el país usando su capital, su inteligencia y su imaginación, que tiene determinadas reglas de juego que se van a respetar aunque la ley se modifique. Por supuesto que los que se amparen a la nueva norma contarán con otras reglas de juego, pero -como dice el señor Senador Heber- está bien que se aclare que hay responsabilidad por daños y perjuicios con aquel que invirtió en nuestro país -recuperando su capital en diez, quince o veinte años- y por un cambio en la coyuntura política se viera perjudicado.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: me parece que este tema surgió porque en el proyecto inicial del Poder Ejecutivo se establecían disposiciones llamadas "convenios de estabilidad fiscal". Precisamente, en el artículo 20 de ese proyecto se establecía lo siguiente: "El objeto de los convenios de estabilidad fiscal será asegurarle al inversor, respecto del giro amparado, el mantenimiento de:

A) las tasas del IRIC y del IRA.

B) los criterios de amortización de activos, el sistema de deducción de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y la forma de deducción de los gastos de organización y puesta en marcha.

C) las tasas, exoneraciones y sistemas de liquidación del Impuesto al Patrimonio.

El convenio estará referido a la situación vigente a la fecha de su otorgamiento. Su plazo será de cinco años, ampliable hasta quince años para inversiones de monto significativo y ciclo de maduración prolongado, según establezca la reglamentación en base a indicadores generales y objetivos."

Estas disposiciones son comunes en muchas legislaciones a fin de dar certeza y estabilidad fiscal al inversor que, por otra parte, no tiene por qué ser extranjero. Es decir, cuando hablamos de inversores nos referimos siempre a los extranjeros, como si en el Uruguay no hubieran importantes inversiones llevadas a cabo por uruguayos.

Quiero señalar que, en la Comisión, los señores Senadores Mallo, Posadas Montero y quien habla, manifestamos que incorporar esta disposición era absolutamente inconstitucional. Por esa razón, en el proyecto sustitutivo que redacté, le propuse a la Comisión resolver el problema mediante la redacción del artículo 19, que resume el mismo propósito pero sin violentar la disposición constitucional y que acaba de explicar el señor Senador Ricaldoni. Esto no quiere decir que el Parlamento no pueda, mañana mismo, modificar estas disposiciones, sino que, mientras esta ley esté vigente, los contratos que se establezcan, las condiciones que se fijen y los plazos que se acuerden, serán respetados. Me parece que esta es una garantía mínima que el país debe dar a cualquier inversor a quien le concede beneficios. ¿Cómo es posible que consideremos que a un inversor -sea nacional o extranjero- que viene al país, hace una propuesta y, de acuerdo con esta disposición, recibe del Poder Ejecutivo la expresión favorable al proyecto presentado y a la condición reclamada, a mitad de camino se le cambien las reglas? Si no le damos a la gente una certeza, me da la impresión de que le estamos diciendo que acá, tal vez, no se respeten las reglas de juego.

Hay quienes dicen que el orden jurídico uruguayo existe, está vigente y puede darle a cualquier persona el derecho a reclamar. Esto es cierto, pero se trata de una garantía mucho más importante en cuanto a respetar el contrato, que le hace bien al país y ratifica lo que el Uruguay ha hecho siempre en esta materia. Este es el camino que nos pareció que podríamos seguir para resolver el problema en beneficio de la idea de dar certeza al inversor en las condiciones contractuales que acuerda con el Poder Ejecutivo, dentro de las normas fijadas por la ley.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Entiendo que el equívoco resulta del sentido o la naturaleza del texto de una ley, porque éste no puede dar una señal. Sí lo puede hacer una declaración del Gobierno para excitar las inversiones pero, reitero, no se puede desnaturalizar el sentido de una ley para promover una señal a fin de que se obtengan más inversiones. De esa forma se origina un texto que puede tener dos lecturas. El señor Senador Astori hacía una lectura de inocuidad, sobre la base de que aquí no se renuncia a nada. Sería inocua porque diría que el Estado es responsable de lo que suceda si no se respetan las inversiones.

En este sentido no está repitiendo más que un fenómeno general del Derecho y de la responsabilidad de un Estado, que puede emerger si viola determinados compromisos u obligaciones. Sin embargo, se puede hacer otra lectura, que podría ser la siguiente. Por cierto, la esencia de toda norma jurídica es la de establecer obligaciones y dicho precepto genera derechos y deberes. Entonces, nos encontramos con que aquí aparece una norma -esta sería una lectura distinta a la que hacía el señor Senador Astori- que, si se le da valor jurídico, tiene que ser el de dar certeza al inversor de que van a ser respetados los derechos establecidos.

Evidentemente, este es un compromiso de irrenunciabilidad del sistema democrático, porque la posibilidad de que se altere la ley y no se pueda cumplir está ínsita en las instituciones democráticas, en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo. Entonces, estamos efectuando una operación en la cual no se está estableciendo una obligación o un derecho válido en una norma jurídica, ya que se está señalando algo que el Estado no va a poder hacer.

Es inconstitucional la lectura de una norma como el artículo 19 que supone que el Parlamento y el Poder Ejecutivo quedarán interdictos de poder actuar en razón de ella. Esta interpretación supone un sentido contrario a la irrenunciabilidad de una interdicción en el funcionamiento del sistema democrático. Esto fue señalado por el señor Presidente de la Comisión, el señor Senador García Costa, quien decía lo siguiente: "Debo decir que no concuerdo con el concepto que alienta este artículo 19. A mi juicio, significa -no quiero utilizar palabras demasiado circunspectas en este tema- subvertir lo que es el ordenamiento normal de un Estado democrático donde, necesariamente, el pueblo va cambiando sus gobernantes y, por lo tanto, estableciendo la posibilidad de que se creen distintas fórmulas".

O sea que existen dos posibilidades: la norma es inocua o, si se entiende que tiene algún sentido jurídico, está imponiendo un deber del Estado que no se puede establecer jurídicamente, porque es imposible renunciar al funcionamiento del sistema democrático con respecto a cualquier tema, incluido el que prevé la ley.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SARTHOU. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Con respecto a lo que está señalando el señor Senador Sarthou, quiero decir que existen muchos inversores nacionales o extranjeros en nuestro país. Por ejemplo, frente a mi casa vive un inversor que tiene un comercio, "La provisión de Mario", quien en el momento de realizar la inversión, tenía una cantidad de reglas de juego que el Estado le cambió, en casi todos los casos perjudicándolo. Lo último que le sucedió fue que como le robaron cinco veces, el Banco de Seguros del Estado le mandó decir que no le aseguraba más su comercio. Habría que averiguar por qué, puesto que dicho Banco se rige por una disposición que dice que si el asegurado contrata un seguro con otra empresa, no se lo renueva; pero en este caso este señor tiene contratados once seguros, todos con el referido Banco. ¿El Estado lo indemniza por esta situación? ¿A qué inversor se le paga porque se dicte una ley que le aumenta los impuestos?

Por supuesto que acá se trata de inversores especiales; no digo que no sea así, pero se está estableciendo una gran diferencia entre inversores extranjeros o nacionales que cuando pueden invierten y, sin embargo, la ley les cambia las reglas. Naturalmente, no vamos a pretender que se establezca que se les va a pagar por daños y perjuicios cuando aumentan los impuestos existentes o cuando surge el Impuesto a los Sueldos. En esos casos, ¿hay acciones contra el Estado por daños y perjuicios? Por supuesto que no.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Sarthou.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SARTHOU. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Quiero reiterar algo que hace un momento el señor Senador Heber me ayudó a precisar.

En este artículo no se está diciendo que la ley no se pueda modificar en el futuro; lo que se señala es que aquellos derechos y obligaciones allí establecidos, en caso de modificarse la ley, seguirán rigiendo para quienes ingresaron a este régimen bajo estas condiciones. Repito una vez más que esto está vinculado con los derechos adquiridos.

Si cuando se discutieron las normas vinculadas a la reforma de la seguridad social -de esto no hace mucho tiempo- las propias gremiales de pasivos invocaban el tema de los derechos adquiridos, más allá de lo que resultara de la nueva normativa, ¿por qué no vamos a hablar de ello aquí si es lo mismo? Es la misma institución jurídica de los derechos adquiridos. Puedo entender que un día una ley decida desconocer derechos adquiridos; sé que eso se puede hacer, ya que también pasé por la Facultad; pero en ese caso se estaría produciendo una expropiación que debería ser indemnizada conforme a otros principios constitucionales.

Al margen de que haya o no afectación de derechos adquiridos, aquí se está diciendo que ellos deben respetarse, como también lo establecen otras normas que no figuran en esta ley ni en nuestros propios códigos.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU. - Entiendo lo que manifiesta el señor Senador Ricaldoni, pero quiero señalar que este artículo contiene algo que no va a ser cierto para el inversor, porque inclusive está renunciando al necesario debate del Poder Judicial. La existencia o no de la responsabilidad por daños y perjuicios va a emerger de un debate jurídico, de un Poder Judicial que es soberano en el país. Por lo tanto, es imposible que un texto adelante una responsabilidad que se sabrá si realmente existe luego de la dilucidación del juicio pertinente, porque pueden existir ciertas eximentes irrenunciables que impiden asegurar una prometida responsabilidad. Inclusive, sería equivocada hasta como señal, porque ello hace que no podamos establecer en una norma la posibilidad de asegurar -ese es el término de la ley- la percepción por daños y perjuicios en caso de modificarse las condiciones. En todo caso, esto debería ser dilucidado por el Poder Judicial. El artículo 19 implica o pretende implicar una especie de renuncia indirecta al funcionamiento de dicho Poder.

Con relación al tema de la renuncia operada en materia de arrendamientos -al cual se hizo mención hace instantes- quiero señalar que los señores Senadores Ricaldoni y Korzeniak no pudieron votarlo porque fue obra del Gobierno de facto, en agosto de 1974. Esa norma fue la mecánica que la dictadura utilizó para poder habilitar el desarrollo de la construcción. Se le ocurrió el invento de establecer por veinte años un régimen de libre contratación en el marco de ciertos plazos.

Reitero que este tema fue discutido en la Comisión pero, a mi juicio, este aspecto no fue claramente contestado. Al respecto, el señor Senador García Costa, Presidente de la Comisión, decía: "Hay algunos antecedentes que, según quien habla, no son suficientes, por ejemplo, la disposición de los 10 ó 20 años que alguna vez se dio en materia de construcción de casas y la certeza de que no se les iban a aplicar leyes de alquileres. Alguna tuvo su origen en la época de la dictadura y, por lo tanto, poco valor tienen, pero otra se aprobó bajo un régimen de derecho. No la voté cuando era Diputado, precisamente, por esa razón: creía que fijaba condiciones a perpetuidad a un país que tiene derecho a cambiar. Reitero que esto significa la congelación, no por vía directa, sino indirecta y, además, crea un precedente sumamente grave que alentará otras soluciones similares".

En mi opinión, este artículo 19 está ligado con el 4º; estamos en contra de establecer una responsabilidad por daños y perjuicios porque votamos en contra también por discrepancias el artículo 4º, mediante el cual se compromete al Estado a no perjudicar la instalación, la gestión, el mantenimiento, el uso, el goce y la disposición, a través de medidas injustificadas o discriminatorias. Este artículo 4º aun es menos grave que el 19 porque determinada conducta de responsabilidad del Estado ante medidas injustificadas o discriminatorias que, de pronto, están indicando un eventual debate judicial para enjuiciar este tema. Pero el artículo 19 es peor porque establece un compromiso de responsabilidad por daños y perjuicios que implica cierta renuncia absoluta al funcionamiento de algunos aspectos esenciales del sistema democrático.

Por estas razones, señor Presidente, adelanto que vamos a votar en contra este artículo.

Sin duda, hay que dar señales que tengan que ver con elementos de publicidad o planteos del Estado o del Gobierno. Sin embargo, el texto legal es muy comprometedor y puede operar el efecto inverso, en la medida en que estas garantías no se van a poder cumplir porque, eventualmente, ello no se permitirá.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: efectivamente, lo que ha señalado el señor Senador Batlle es correcto. Con la redacción actual, en la Comisión sustituimos el artículo que establecía los convenios de estabilidad fiscal, que entendimos podían plantear dudas de carácter constitucional. Al ver la nueva redacción de esta disposición, creo que operó mucho sobre el ánimo de los miembros de la Comisión la idea trasmitida por el señor Ministro en el sentido de que era absolutamente imprescindible que el proyecto de ley -a eso se refería con el tema de la señal- pudiese indicar al inversionista uruguayo o extranjero, en forma inequívoca, respuestas en relación con cada una de las cuestiones sobre las cuales tuviera alguna duda. En este caso, considero que se intentó hacer -nosotros lo apoyamos y acompañamos en su momento- lo que hace unos minutos expresó el señor Senador Ricaldoni, en el sentido de no habilitar que el texto de la ley abordara el tema de la vigencia de los derechos adquiridos sino, por una vía directa y simple, utilizar -como otros artículos de este proyecto de ley- el propio texto como un elemento de promoción por los agentes, Embajadores o instituciones uruguayas que promueven inversiones y reciben en el país a inversionistas uruguayos y extranjeros que vienen con este tipo de inquietudes. Esta disposición, justamente, se refiere a ellos sin abrir la discusión acerca de si se aplica o no, en este caso, la materia correspondiente a los derechos adquiridos. Se dice que, independientemente de la discusión jurídica sobre si se aplica o no, el Estado asume un compromiso de responsabilidad por daños y perjuicios. Eso es, en el sentido planteado por el señor Senador Heber, lo que estamos expresando a los inversionistas uruguayos y extranjeros. Eso es lo que votó la Comisión y lo que expresa el proyecto de ley.

A lo expuesto, quiero agregar que me parece que esta solución, en definitiva, es más inteligente y más práctica desde el punto de vista de su operación, que la suscripción de convenios de estabilidad fiscal. En estos últimos se plantea una discusión, que el inversionista no hubiera podido soslayar con el texto original del proyecto de ley, ya que se contradecía el planteamiento realizado por el propio señor Ministro en la Comisión. De manera que pienso que hay que tomarlo desde la perspectiva de hacer ver al inversionista que no nos introducimos en la discusión jurídica, sino que simplemente decimos que, cualquiera sea la forma en que ella se resuelva, existe una responsabilidad del Estado que se expresa a través del resarcimiento de daños y perjuicios, que es la mayor responsabilidad que podemos asumir.

Solicito que, si no hay más señores Senadores anotados para hacer uso de la palabra, se proceda a la votación del artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 19, tal como viene de Comisión.

(Se vota:)

-14 en 21. Afirmativa.

Se pasa a considerar la Sección I, Contrato de crédito de uso, del Capítulo IV, relativo a normas de aplicación general.

Léase el artículo 20.

(Se lee:)

"ARTICULO 20. - Sustitúyese el artículo 45 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, con la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 16.205, de 6 de setiembre de 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 45. - Las contraprestaciones resultantes de contratos de crédito de uso, estarán exonera
das del Impuesto al Valor Agregado, siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

a) que el contrato tenga un plazo no menor a tres años;

b) que los bienes objeto del contrato no sean vehículos no utilitarios, ni bienes muebles destinados a la casa-habitación;

c) que el usuario sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, Impuesto a las Rentas Agropecuarias o Impuestos a la Enajenación de Bienes Agropecuarios.

En caso de que no se cumpla alguna de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, el Impuesto al Valor Agregado se aplicará sobre la amortización financiera de la colocación, salvo que el bien objeto de la operación se encuentre exonerado por otras disposiciones.

La diferencia entre las prestaciones pactadas y la amortización financiera de la colocación y los reajustes de precio, estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado, salvo que la operación estuviera pactada con quien no sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, el Impuesto a las Rentas Agropecuarias o el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios"."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Léase el artículo 21.

(Se lee:)

"ARTICULO 21. - Sustitúyese el artículo 46 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, con la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 16.205, de 6 de setiembre de 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 46. - Acuérdase a las instituciones acreditantes un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones de los bienes que sean objeto de contratos de crédito de uso, siempre que los citados contratos cumplan con las condiciones establecidas en el inciso primero del artículo anterior. El crédito se anulará cuando el contrato pierda la exoneración del Impuesto al Valor Agregado. El Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en que las instituciones acreditantes harán efectivo el crédito anteriormente indicado, o su pérdida cuando corresponda.

En caso de cancelaciones anticipadas que reduzcan el plazo a menos de tres años, el Impuesto al Valor Agregado deberá liquidarse de conformidad a lo establecido en el artículo 45 de la presente ley. En tales casos deberá abonarse dicho impuesto más el recargo mensual indemnizatorio a que hace referencia el inciso segundo del artículo 94 del Código Tributario.

En caso de rescisiones judiciales y homologadas judicialmente que signifiquen una reducción del plazo pactado a períodos de menos de tres años, se mantendrá la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, aplicable a los contratos de más de tres años de plazo"."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Léase el artículo 22.

(Se lee:)

"ARTICULO 22. - Sustitúyese el artículo 27 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Articulo 27. - La restitución forzada de la cosa por falta de pago de las cuotas periódicas estipuladas, no podrá requerirse sino cuando el usuario cayere en mora en el pago de dos cuotas consecutivas, si fueren por períodos no mayores de un mes y de una cuota en los demás casos". "

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Léase el artículo 23.

(Se lee:)

"Articulo 23. - Sustitúyese el artículo 32 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, con la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 16.205, de 6 de setiembre de 1991, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Articulo 32. - El procedimiento para obtener la restitución forzada en los casos previstos en los artículos 27 y 29 de la presente ley, será el del proceso de entrega de la cosa. Sólo serán admitidas como excepciones: la de falsedad del instrumento en que se funda la acción; la falta de algunos de los requisitos esenciales para la validez de los contratos; pago o compensación de crédito líquido y exigible que se prueben por escritura pública o por documento privado emanado del actor; prescripción; caducidad; espera o quita concedidas por el demandante que se prueben por escritura pública o por documento privado emanado del actor; y la excepción de haberse ejercido válidamente alguna de las opciones previstas por el artículo 29 de la presente ley. Las excepciones inadmisibles serán rechazadas sin sustanciación (artículo 355.2 Código General del Proceso).

Si los escritos en que se deduzcan las excepciones no van acompañados de los documentos probatorios respectivos, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 355.2 del Código General del Proceso"."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: no sé como salir de este encierro de índole reglamentario pero, por lo menos, quisiera plantear la duda. Creo que habría que pedir una reconsideración del artículo 19, para volver a estudiarlo.

El artículo 19 tiene que ver con exoneraciones, beneficios y derechos tributarios. Con su texto actual, puede suponer que a determinados inversores se les bajen tributos, se les planteen algunas exoneraciones o se les haga pagar algunos impuestos, distintos a los comunes. Quiero recordar que el artículo 87 de la Constitución de la República en materia de impuestos exige mayoría absoluta; y me parece que esta disposición no contó con 16 votos del Senado. Solamente con el ánimo -acá sí, irónico- de evitar normas inconstitucionales -ya que, si pudiera borrar este artículo para siempre, lo haría- quería que los señores Senadores tuviesen en cuenta ese elemento para que no se plantee aquí una inconstitucionalidad formal.

Dejo esto planteado para que la Mesa lo examine, pues no quiero generar una polémica.

SEÑOR PRESIDENTE. - La votación del artículo 19 fue de 14 votos en 21 señores Senadores presentes. La Mesa examinó el tema y entiende que simplemente se trata de la determinación de garantías del Estado; no se establece un régimen tributario distinto. Por consiguiente, no era necesaria la mayoría que, de acuerdo con la Constitución, se requiere en el caso de los impuestos. En esta disposición no se fija un nuevo sistema tributario.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: como posiblemente continuaremos el estudio de este proyecto de ley en la próxima sesión, no voy a seguir con mi argumentación. Quería dejar esto planteado para que no apareciera como una sorpresa salida de la manga o del sombrero, porque sé que otros señores senadores también tienen algunas dudas a este respecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo 24.

(Se lee:)

"Articulo 24. - Las normas a que refieren los artículos 20 a 23, se aplicarán a los contratos que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: a nuestro juicio, esta es la recta aplicación de las nuevas normas jurídicas a situaciones preexistentes. En realidad, se emplea en el caso de los contratos que se celebren a partir de la vigencia de la ley. El proyecto de ley tiene una incongruencia, porque este principio, que es el correcto para los contratos que se celebren en el futuro como garantía de estabilidad del sistema jurídico, no se cumple en el caso de los contratos de trabajo. En ese sentido, en los artículos 29 y 30 se aplican y confiscan créditos de contratos de trabajo celebrados con anterioridad.

Como posteriormente presentaré una moción en el sentido señalado, quería adelantar que esto es lo correcto y que acá se plantea una dualidad de criterios. Para algunos contratos se aplican las normas a partir de la vigencia de la ley, mientras que a otros se los alcanza aun cuando hayan sido celebrados bajo otro sistema jurídico.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo 25 de la Sección II "Disposiciones Varias".

(Se lee:)

"ArtIculo 25. (Solución de controversias). - Toda controversia relativa a la interpretación o aplicación de la presente ley que se suscite entre el Estado y un inversor que hubiere obtenido del Poder Ejecutivo la Declaratoria Promocional, podrá ser sometida a elección del inversor a alguno de los siguiente procedimientos:

a) a los órganos jurisdiccionales competentes;

b) al arbitraje conforme a lo establecido en los artículos 480 a 502 del Código general del Proceso.

Cuando el inversor haya optado por someter la controversia a uno de los procedimientos previstos precedentemente la elección será definitiva.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación con relación a los inversores extranjeros en caso de ausencia de tratado, protocolo o convención internacional en materia de solución de controversias, en vigor a la fecha de suscitarse las mismas."

-En consideración.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Señor Presidente: procuraré no reiterar los argumentos que expuse en la discordia escrita que presenté y quiero hacer el planteo de la forma más simple y sencilla posible.

La Constitución establece que el Poder Ejecutivo será ejercido por determinados órganos: el Presidente de la República actuando con los Ministros respectivos o en Consejo de Ministros; que el Poder Legislativo será ejercido por la Asamblea General; y que el Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de Justicia en los Tribunales y Juzgados que establece la Carta. El problema radica en eso. Esta asignación -y voy a prescindir de cierta imprecisión técnica de la Constitución pues los Poderes se integran y no se ejercen, lo que está de acuerdo con la terminología de 1830- de funciones a los Poderes, con las excepciones que se puedan establecer en el texto constitucional, ¿puede ser transferida? ¿La ley puede decir "No, el Poder Judicial no será ejercido por la Suprema Corte de Justicia, sino por otro organismo público"? Extremando el concepto, se podría plantear que se pudiera ejercer por un organismo que no integre el Estado jurídico o la República Oriental del Uruguay. Considerando la posibilidad de transferir el ejercicio de una función a otro Poder, se ha planteado algún caso que ha dado lugar a diversas opiniones de distinguidos constitucionalistas. En la década del '30 -creo que en 1936- una ley sobre indeseables dio al Consejo de Ministros la facultad de expulsar del territorio nacional a quienes se considerase indeseables. El doctor Luis Arcos Ferrand impugnó de inconstitucional esa ley porque consideró que la expulsión significaba el ejercicio de una función jurisdiccional. Es decir, que se trataba de una sanción penal y, en consecuencia, del ejercicio de una función jurisdiccional. La opinión del doctor Arcos Ferrand está publicada en la "Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración", en un opúsculo titulado "Conferencias y Dictámenes".

En una etapa posterior, con relación al impuesto al ausentismo, se discutió si las controversias relativas a ese impuesto podían ser resueltas por una oficina administrativa que era la Dirección de Impuestos Directos.

En un estudio muy minucioso publicado en el Tomo XVII de la Justicia Uruguaya, Sección II, página 47, el doctor Alberto Ramón Real entendió que un organismo administrativo como una Dirección Impositiva no podía ejercer una función jurisdiccional porque ésta era privativa del Poder Judicial con las excepciones establecidas en la Constitución. En relación con estas opiniones referidas a casos concretos, el doctor Real citó dictámenes del Fiscal de Corte, doctor Melitón Romero, y se agregó toda la Doctrina. No he encontrado ningún constitucionalista que haya considerado que la función jurisdiccional, o la que se acuerda a un Poder del Estado, podría ser transferida a otro.

Para los que admiten y defienden -como ocurrió en una sesión del Senado- la posición de que la función de un Poder del Estado puede ser transferida a otro digo que, si convenimos en que la función jurisdiccional puede ser extraída de los organismos del Poder Judicial, no para adjudicarla a otro Poder del Estado, sino a un organismo fuera de la estructura estatal, toda la lógica de un razonamiento elemental concluiría en que todas las otras facultades pueden ser transferidas. Manifiesto esto, porque no va a ser exclusivamente la función jurisdiccional la que puede ser transferida. Por lo tanto, debe concluirse que la función legislativa también podría ser transferida. Se podría dictar una ley estableciendo que la función legislativa, además -o sin el "además"- de ser ejercida por el Poder Legislativo, lo será por el órgano A, B, C o D, integre éste o no el Estado. A su vez, el Poder Ejecutivo también podría ser ejercido por otro Poder, además del propio Poder Ejecutivo, o por el organismo A, B o C. Esto sería la disociación o disgregación total del Estado, pero entra en la lógica de los que dicen que la función jurisdiccional puede ser adjudicada a un organismo que esté dentro o fuera del Estado.

Además de las opiniones del doctor Real y de las otras que cité en la discordia, tengo las opiniones de los doctores Sayagués Laso, Cagnoni y Valdés Costa que dicen que la función jurisdiccional es privativa del Poder Judicial. Si esto no fuera así y si estuviéramos equivocados, entonces no habría razón para el planteo del señor Ministro de Relaciones Exteriores ante la Comisión que trató la reforma de la Constitución, con relación a un artículo que la modificaba para que pudiera existir en el MERCOSUR un organismo con funciones jurisdiccionales. Si la Constitución lo autoriza, tal como opinan los que preconizan este artículo, y por sí la ley podría hacerlo. Entonces, ¿para qué se iba a necesitar reformar la Constitución? No obstante ello, el Poder Ejecutivo a través del señor Ministro de Relaciones Exteriores planteó a la referida Comisión un artículo para incorporar a la Constitución que, en definitiva, no tuvo andamiento.

En Sala se reconoció -y no voy a indicar más, porque no llevo una agenda donde apunto las contradicciones de los colegas- que el establecimiento de un organismo jurisdiccional en el MERCOSUR requería la reforma de la Constitución, tal como lo hizo Argentina, Paraguay, Bélgica, Portugal y casi todos los países. Hasta ahora, el único renuente ha sido Brasil, porque no se inclina a que los actos del MERCOSUR sean jurídicamente obligatorios ni a que exista una tribunal que sancione el incumplimiento.

Por tanto, lo que debe resolver el Senado es si la función jurisdiccional puede ser extraída de los organismos que establece la Constitución, acordándosela a otros.

A su vez, este artículo tiene otros inconvenientes, además del constitucional. Me refiero al problema de mérito, es decir, al valor del arbitraje. Digo esto porque hay que distinguir el arbitraje fundado en la autonomía de la voluntad, en el que todos estamos de acuerdo y que figura en el Código General del Proceso. A propósito de este punto y debido a que hoy se mencionaban disposiciones del período de facto no derogadas, no anuladas por la ley de convalidación dictada en marzo de 1985, quiero decir que hay un decreto-ley del gobierno de facto que deroga todas las disposiciones que establecen el arbitraje legal necesario.

El artículo 25 propuesto dice que se establece el arbitraje conforme a lo señalado en los artículos 480 a 502 del Código General del Proceso. Entonces, es razonable preguntarse si los otros artículos también tienen vigencia o si de todo el Capítulo sobre el Juicio Arbitral se aplican sólo los que he mencionado. Aquí debemos ver cuáles son las consecuencias de una y de otra solución.

Si tal como se insinuó en la Comisión, se considera que se aplican todos los artículos, es decir que la aplicación de los que no están mencionados resultaría implícita ¿qué sucede? Se aplicaría también la disposición que dice que cuando en la ley o en la cláusula compromisoria que hace obligatorio el arbitraje, no se indica de acuerdo a qué derecho va a juzgar el árbitro, el arbitraje es de equidad, siendo este término el más impreciso de todos. Ahora bien; se me puede decir que no, que esos artículos no se aplican, sino sólo del 480 al 502. Entonces, ¿qué ocurre si no se aplican todos? Una de las disposiciones incluidas en el capítulo de Arbitraje, pero que no está entre los artículos 480 y 502, establece que queda prohibido someter a arbitraje los asuntos que no pueden ser objeto de transacción. En consecuencia, si este artículo no rige, puede ser sometido al arbitraje cualquier asunto, porque no habría el límite o la prohibición de no someter a arbitraje lo que no puede ser sometido a transacción. ¿Y cuáles son los asuntos que no pueden ser sometidos a transacción? Los que refieren al estado civil de las personas y a la nacionalidad. Pero si suprimimos esa disposición o si no se hace referencia a esas normas, entonces quedaría habilitado el arbitraje sobre la nacionalidad es decir que retrocederíamos a la etapa anterior a los Tratados del 89. Volveríamos al tiempo en que la nacionalidad era discutida. A este respecto, Gonzalo Ramírez estableció la teoría de que la nacionalidad depende del lugar de nacimiento, es decir, la tesis territorial; así, las leyes se aplican al territorio de la República y no según la nacionalidad del actor o de la persona que reclama la aplicación de determinada ley, que es el juicio sanguinio.

Cabe señalar que en 1965 Uruguay, por la unanimidad del Consejo Nacional de gobierno, rechazó un tratado propuesto por el Banco Mundial que decía que los árbitros juzgarían según los derechos nacionales del país donde esté radicada la inversión. Es decir que Uruguay rechazó un tratado que era mucho más limitado que el que ahora se propone por esta ley. Y bien, ¿no hay en el mundo un concepto general de lo que es justo y de lo que es injusto? No tengo dudas, sino la seguridad de que no lo hay. Me voy a remitir a un estudio que hizo un distinguido funcionario del Gobierno anterior que fue Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, referido a una sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos.

Las autoridades de los Estados Unidos, frente a un hecho del que fue víctima un funcionario americano muerto por un mexicano llamado Alvarez Machaín, para sancionar a este último, lo raptaron en México y lo trasladaron a Estados Unidos. En los Tribunales de los Estados Unidos -en el Tribunal de Circuito y en la Corte de Apelaciones de California- los defensores del mexicano raptado sostuvieron que no podía fundarse un proceso sobre la base de un hecho ilícito como era el rapto y que, en consecuencia, había que darle la libertad. La Corte de California confirmó la sentencia del Juez de distrito y ordenó la devolución del mexicano a su país. La Suprema Corte de los Estados Unidos revocó esas decisiones y consideró que estaba justificado el rapto porque en el Tratado con México no se prohibía raptar. Esto sería lo mismo que si personas particulares firmaran un convenio o un contrato en el cual, si no se estableciera la prohibición de robarse recíprocamente, se estuviera autorizando que uno robara a otro. El doctor Gamio, en un estudio publicado en una revista universitaria, la "Revista Jurídica Estudiantil" -en diciembre de 1992- establece todas las violaciones que al Derecho Internacional supuso esa sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos. En principio, viola la igualdad soberana de los Estados; viola también la Carta de las Naciones Unidas en cuanto establece la inviolabilidad del territorio. No deseo abrumar al Senado leyendo, pero él utiliza una expresión de agravio en cuanto a la total falta de ajuste al Derecho de esa sentencia. Si ese es el concepto que la Suprema Corte de los Estados Unidos tiene sobre lo justo y lo injusto, ¿qué podemos esperar de un árbitro, teniendo en cuenta que el inversor afectado será bastante decisivo en su designación?

En cuanto a la eficacia del arbitraje, debemos señalar que existen otros problemas. Personalmente, no voy a hablar del arbitraje fundado en la autonomía de la voluntad, porque de él soy partidario; además, está fundado en la libertad de la gente de hacer los contratos o convenios que se le ocurra. Pero aquí estamos ante algo en lo que está interesado el Estado, donde él mismo es parte y se somete. Esta ley supone que el inversor nacional o extranjero desconfía de la Justicia nacional y nosotros le damos el aval a esa desconfianza. Todo juicio tramitado en la República, está sometido al contralor. La Constitución prohíbe al Poder Legislativo pedir informes sobre materia y competencia jurisdiccional, pero no nos impide, después que el Poder Judicial extendió su sentencia, juzgar de la sentencia de dicho Poder. Tanto es así que el Código General del Proceso establece como una causa de responsabilidad de un Juez el juzgar con error inexcusable. Y si los Jueces son responsables cuando dictan una sentencia con error inexcusable, la Suprema Corte es responsable del ejercicio de su potestad disciplinaria sobre los Jueces y el Poder Legislativo tiene el contralor de los actos administrativos del Poder Judicial. En consecuencia, esto sería una causa de juicio político.

Es decir que todo procedimiento judicial cumplido ante los tribunales de la República tiene un contralor. En el proceso arbitral, si el árbitro, a su vez, es el sustanciador, no tiene contralor alguno porque incluso éste puede resolver que no se sustancie por escrito. En consecuencia, no existe el menor contralor sobre el procedimiento arbitral.

SEÑOR PRESIDENTE. - Debo recordar al señor Senador que el tiempo de que dispone ha finalizado y no corresponde otorgar prórrogas en la discusión particular pero, de cualquier manera, la Mesa entiende que es natural y lógico que se conceda un tiempo razonable para completar la exposición.

SEÑOR MALLO. - Felizmente -y el Partido Nacional ha tenido algo que ver con eso- se han establecido en la Constitución sistemas de contralor de la constitucionalidad y de la legalidad. El árbitro tiene jurisdicción pero no imperio, es decir que el laudo arbitral tiene que ser sometido a los Jueces ordinarios para que lo hagan cumplir. En lo personal tengo esperanza de que si se llega a aprobar este artículo y a someter una contienda que obligue al arbitraje, el Juez al que se le pida la ejecución del laudo diga que no ordena el cumplimiento del laudo porque le interpone la acción de inconstitucionalidad, planteándola a la Suprema Corte de Justicia.

Seguramente no vivo apasionado con el prestigio aritmético con respecto a si mi posición es o no mayoritaria. Por vocación personal soy abogado, es decir, tengo por oficio defender lo que yo creo que es justo y oponerme a lo que considero es irregular o ilícito. Por consiguiente, si mi opinión es única, tendré la obligación de ser perseverante en ella y, en este sentido, voy a citar un ejemplo. Cuando el Estado Novo brasileño, en un acto de opresión dictó una ley de seguridad totalmente inicua en la que privaba a los imputados prácticamente de toda defensa, tuvo un momento de vacilación cometiendo el error de decir que sólo se admitía la defensa de aquellos profesionales nombrados por la organización de abogados del Brasil. En el caso de Luis Carlos Prestes y Henri Berger, que eran militantes comunistas, se nombró como abogado a una persona que se supuso iba a ser muy omisa y débil en la defensa: Sobral Pinto. Este abogado estaba vinculado al arzobispado de Río de Janeiro, o sea a sectores conservadores de la Iglesia Católica. Sobral Pinto hizo la defensa más encendida de estas dos personas e hizo esto porque tenían derecho y razón y no por ser comunistas. Ese hombre fue preso y sufrió persecución por haber defendido a estos dos ciudadanos. Creo que este es un ejemplo que debemos seguir; tenemos que analizar si los asuntos son o no justos y defenderlos aunque seamos los únicos que lo hagamos.

No quiero abusar del tiempo que tan generosamente me concedió el señor Presidente. Si alguien duda de todas estas razones y de todas las doctrinas y hay un profesor de Derecho Constitucional que opina que puede extraerse del Poder Judicial para darle a otro organismo, tenga la amabilidad de cumplir la obra de misericordia de enseñar al que no sabe, que seríamos Cassinelli, Cagnoni, Sayagués Laso, Real, Jiménez de Aréchaga, Arco Ferrand y yo, todos unos ignorantes porque todos hemos creído que no se puede hacer eso sin violar la Constitución nacional.

Muchas gracias.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: ya me refería a este artículo 25 con cierta extensión cuando lo consideramos en general. De manera que después de una exposición tan completa como la que acaba de realizar el señor Senador Mallo, no voy a abrumar al Cuerpo con una intervención de más de ocho o diez minutos. Sin embargo, voy a reiterar una pregunta que me parece no tiene gran importancia para una ley que finalmente es una especie de paroxismo de delegaciones entre Poderes. Entiendo que esto es una orgía de delegación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo y una orgía de delegación del Poder Judicial a otros organismos mencionados en este artículo. Aclaro que lo de orgiástico no lo digo en un sentido demasiado sensual sino jurídico.

En realidad, no entiendo por qué, en un tema tan elemental que no resulta muy difícil de resolver, se dejan aspectos sin arreglar. El hecho de que estos artículos anteriores no tengan un nombre o "nomen juris" no me queda claro. Pienso que este tipo de desprolijidades normalmente no se dan y cuando así ocurre, se produce una especie de festividad en la que los profesores de la Facultad afirman que no entienden cómo se olvidaron de ponerle un nombre al artículo. Una hipótesis acerca de esto es que se trataba de normas que se remitían a otras. Muy bien; hay una cantidad de disposiciones que se remiten a otras y sin embargo llevan un nombre. Otra es que se hayan olvidado. No creo que me hayan atendido en la otra sesión, pero igualmente no veo qué inconveniente hay en que al artículo 24 se le ponga entre paréntesis un "nomen juris". Me parece que una ley de tal naturaleza quedaría más presentable de esa manera.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Los artículos que van del 20 al 24 tienen que ver con los contratos de crédito de uso. El "nomen juris" de esos cuatro artículos es "Contrato de crédito de uso"

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Me siento realmente satisfecho y muy contento de que se le haya puesto ese "nomen juris", pero también me preocupa mucho mi ceguera porque tengo el ejemplar a la vista y sigo sin notarlo.

De todos modos, ahora quisiera referirme al tema de fondo por lo demás es sólo un asunto de prolijidad gramatical.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - No sé con qué Repartido se está manejando el señor Senador porque el Nº 484, en la página 6, dice: "Capítulo IV. Normas de Aplicación General. Sección I. Contrato de crédito de uso". Esto quiere decir que los cuatro artículos que se votaron están referidos al contrato de crédito de uso . Luego, en la Sección II, como bien lo señala el señor Senador Korzeniak, al tratarse de disposiciones varias que corresponden a temas totalmente diferentes, en cada uno de los artículos el "nomen juris" figura entre paréntesis. Pero estos cuatros se refieren únicamente a las disposiciones ya sancionadas relativas al contrato de crédito de uso. Por lo tanto, no nos pareció posible incorporar en cada artículo un "nomen juris" diferente, ya que todos se referían al mismo tema.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: ahora mi asombro crece, porque me resulta muy difícil de creer la confesión de que no les resultó posible hacer la incorporación. En el artículo 24 se puede hacer referencia a la vigencia, y en el 20 se pueden establecer las condiciones para que se aplique tal o cual norma; de esa forma no habrían más dificultades. Pienso que es sencillo hacer esto; de lo contrario, creo que un inversor extranjero podría poner en duda la habilidad jurídica de redactar algún artículo cuando lea la iniciativa, aunque seguramente no será ese el tema que más le preocupe.

A continuación, me gustaría analizar directamente el tema de solución de controversias. Ya fue explicado que en el sistema uruguayo no hay delegación de atribuciones de Poder a Poder; no existió en ninguna Constitución, en ninguna doctrina, ni en la jurisprudencia uruguaya, que son las fuentes de la autoridad jurídica más conocida. Sin embargo, aquí se permite la delegación de atribuciones, porque esto es del Poder Judicial y el inversor lo puede sacar de allí. En medio de un gran vicio jurídico como es la violación de la norma que establece que las facultades de un Poder no pueden delegarse a otro, se introduce otro vicio, una desigualdad muy grande, en la cual -como pasa en toda esta ley- el débil es el Estado uruguayo.

Podemos tener dificultades económicas y es bueno, a veces, dar señales para atraer inversiones productivas, pero no a través del proyecto de ley -como decía el señor Senador Sarthou- sino mostrando una buena política, explicándola, intentando que convenza, haciendo que nuestros agregados comerciales en las Embajadas no necesiten que cada vez que haya que hacer una negociación tenga que ir una delegación, puesto que ellos están para eso; también debe ponerse de manifiesto cuáles son los productos que el Uruguay está en condiciones de mejorar y exportar. En fin, hay mil fórmulas para permitir que un inversor -ya sea el que compra productos extranjeros o el que viene acá a instalar industrias u otro tipo de establecimientos- pueda actuar en el Uruguay, pero la delegación de competencias no es una posibilidad.

Reitero muy rápidamente que, en el Estado moderno, siguiéndose una tendencia hacia la eficiencia, se admitió la delegación de atribuciones dentro de un Poder. En la Constitución de 1967, eso se permitió dentro del Poder Ejecutivo y dentro de los Gobiernos Departamentales, pero no fue admitida la delegación de competencias entre los tres Poderes del Gobierno. No hay autor en el Uruguay -y la invitación que hizo el señor Senador Mallo está muy vigente, aclarando que cuando hago referencia a un autor me refiero a una persona que minímamente sea reconocida como estudiosa de estos temas fuera del calor político- que admita la posibilidad de que lo que le corresponde al Poder Judicial lo lleve a cabo otro órgano, estatal o no, en una hipótesis casi catastrófica que señalaba el señor Senador Batlle, en el sentido de que pudiera tratarse de un organismo no estatal. En la tarde de hoy comentábamos en Antesala acerca de un distinguido señor Senador -no actual- que estudiaba mucho el Derecho, y era partidario de que la actividad parlamentaria fuera cumplida por una empresa privada, es decir, que estaba de acuerdo con privatizar la actividad legislativa. Dicho señor Senador lo expresó con total sinceridad; dijo que se podía conseguir una empresa formada por muy buenos abogados que supieran hacer leyes, a la que el Parlamento delegara la función de redactarlas, lo que sería mucho mejor.

El tema de la inconstitucionalidad de la delegación de un Poder a otro se oscurece aquí en cuanto a su posibilidad de ser afectado, porque es el inversor el único que puede hacer la elección; ni siquiera se dice que cualquiera de las partes puede hacerla. Sería vergonzante para el Estado que se le dijera que se va a dejar de lado al Poder Judicial -que está organizado en la Constitución, en la ley y hasta en las acordadas- para recurrir a otra cosa que no sea este Poder. Permitir que sea el inversor el que opte por someter la controversia a uno de los dos procedimientos que figuran en la norma -uno de los cuales es el arbitraje- es una solución inadmisible, por lo menos para quien habla.

Para terminar, voy a dar un ejemplo. Teniendo en cuenta que anteriormente estuvimos discutiendo mucho acerca del artículo 19, vamos a suponer que el Estado le hubiera dado una exención tributaria a un inversor durante tres períodos fiscales y vamos también a suponer que, con el tiempo, se dijera que el período fiscal no se condice con el año civil de nuestro país, sino que termina, por ejemplo, en octubre, como ocurre en los Estados Unidos y tal como acota el señor Senador Couriel; quedarían en medio tres meses que serían muy importantes para un inversor, para quien podrían significar una gran cantidad de dinero. A su vez, vamos a imaginar que el Uruguay, de buena fe, hubiera variado -por razones técnicas o por adaptarse, como ocurre con mucha frecuencia, a otros países grandes- su período fiscal, generando un problema de interpretación. Frente a esto, el Uruguay podría señalar que no se ha violado nada, sino que lo único que se hizo fue cambiar el año fiscal, adaptándolo a normas generales, a un tratado o, en fin, a las reglas que ahora siguen los países grandes. La otra parte podría decir que el Uruguay debe respetar las normas porque, de lo contrario, deberá pagar los daños y perjuicios. Nuestro país solicitará acudir al Juez, donde la otra parte podrá apreciar que de muy buena fe el Uruguay no ha intentado violar nada y, simplemente, ha tomado una providencia acorde con los nuevos tiempos. Ese señor expresará que no le gusta el Poder Judicial, por lo que elegirá el arbitraje y, seguramente, nos va a ganar el litigio y deberemos hacernos cargo de los daños y perjuicios.

Digo esto porque el artículo 25 no se puede estudiar en forma aislada del contexto del proyecto de ley. Todo esto significa interpretar los contratos que se hayan hecho, los registros -que la ley expresa que no hay, pero los señores informantes nos han dicho que de alguna manera, al admitirse esto, algún tipo de registro va a quedar por allí- los plazos de las exoneraciones, así como los tributos que están o no exonerados. Al respecto, cabe recordar que la Cámara de Representantes estuvo discutiendo durante seis meses si una cosa era una tasa o un impuesto. Supongamos que el Estado exonere a determinados inversores de ciertos impuestos durante equis meses y ellos piensen que se trata de impuestos, mientras para el Uruguay son tasas, contribuciones de mejoras u otros gravámenes. Todo eso está conectado con este artículo, porque esas controversias se van a resolver de acuerdo con él.

De manera que no hay disposición de este proyecto de ley que, de algún modo, no pueda terminar en esta facultad exorbitante que tiene el inversor. Todos estamos de acuerdo con que tenemos que tratar de lograr inversiones productivas -creo que ese fue el principio con el que empezó a trabajar la Comisión- pero tenemos que mantener la dignidad y la soberanía jurídica del país. Creo que en este último punto también todos estamos de acuerdo, aunque en algunos momentos alguien pudo pensar que uno de esos valores está muy por encima del otro y aflojó un poco en este tema, cuando las cosas pueden hacerse compatibilizándose.

Yo no creo que alguien esté imponiendo este artículo. El Poder Judicial del Uruguay, que tiene defectos de arriba a abajo y de abajo a arriba, es de los mejores considerados en América Latina y esto lo sabe cualquier inversor; ni qué decir si lo comparamos con el de Argentina. Yo viví siete años en México y puedo decir que allí existe admiración por el Poder Judicial uruguayo. Me acuerdo que una vez me invitaron a escribir un artículo para un señor que se llamaba Vázquez del Mercado. El mismo se publicó en un libro, en México, y ahora se editó acá por parte de la Fundación de Cultura Universitaria. En aquella oportunidad le pregunté al Decano de la Facultad quién era ese señor, porque yo no lo conocía. El me respondió que era el único miembro de la Suprema Corte de Justicia que él conocía que, cuando el Presidente lo llamó para decirle cómo debía fallar en un asunto, le dijo que él fallaba como quería y renunció. Así me explicaron cómo funcionaba la exigencia del Poder Ejecutivo sobre los miembros de la Suprema Corte para aplicar la justicia.

Repito que nuestro Poder Judicial puede tener defectos -y pienso que los tiene- pero es uno de los que, dentro de la modestia de nuestro país, funciona con un grado de honestidad y a veces hasta de brillantez en algunas de sus sentencias, que no tienen los otros Poderes Judiciales de América Latina en general. En este tema estamos muy bien, mucho mejor que en el fútbol, por cierto. Entonces, señor Presidente, ¿para qué incluir este artículo? Un inversor extranjero sabe que puede confiar en el Poder Judicial de nuestro país, porque sabe que el Estado uruguayo no va a presionarlo y decirle, ante un problema con un inversor, que falle de determinada manera para que gane el Uruguay y el inversor pierda. Me parece que los jueces han dado muestras, más de una vez, de un grado aceptable de independencia y un nivel muy bueno, promedialmente, de versación.

Entonces, este artículo, al igual que el 19, me parece que implica una renuncia a la soberanía jurídica. No me estoy refiriendo a esas renuncias a la soberanía en un sentido fáctico, sino a la soberanía jurídica. Quienes queremos el Derecho y nos parece que el estado de derecho es la garantía básica del funcionamiento democrático, pensamos que no es bueno que se apliquen artículos como este.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Quien habla no ha estado en el larguísimo proceso de trabajo de la Comisión de Hacienda sobre esta ley sino sólo al final del mismo. El tema del Art. 25 fue planteado por el señor Senador Mallo en términos muy claros y rotundos, repetido en su discordia -que figura en el repartido- y también en el día de hoy.

Tengo la impresión -con todo el respeto debido- que estamos hablando de cosas totalmente ajenas. Los señores Senadores Korzeniak y Mallo dicen que el Poder Judicial queda marginado, de acuerdo con el texto de este artículo. Respeto las opiniones pero, a mi juicio, el Proceso Arbitral y el Tribunal Arbitral integran, incuestionablemente, el Poder Judicial; siempre ha sido así y el Tribunal Arbitral ha sido muy a menudo puesto en marcha de acuerdo con las regulaciones del Código pertinente. Si se parte de la base de que se le arrebata al Poder Judicial la capacidad de ejercer el fundamento esencial de su razón de ser, cualquier argumentación es válida y cualquier ataque al artículo que tenemos delante es correcto.

Vamos a tratar de expresar nuestro pensamiento que, obviamente, no coincide con lo que se ha planteado.

El artículo 233 de la Constitución de la República, que viene de larga data, dice: «El Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y Juzgados, en la forma que estableciere la Ley». Voy a cansar al Senado repitiendo conceptos que, por descontado, son conocidos por todos. Este Tribunal Arbitral es un Tribunal y perdonen la reiteración del término; parecería que se piensa que no lo es, pero es un Tribunal y está establecido como tal en el Código General del Proceso que muchos de nosotros en esta Sala votamos. Ni siquiera es una norma procesal o lateral al Código, porque está integrada dentro del mismo. La existencia y características del Tribunal Arbitral está autorizada por la Constitución, por el artículo 233 de la Carta al decir «por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y Juzgados». En este caso tenemos a un Tribunal, que es un concepto muy parecido al de Juzgado, aunque aceptamos que el constituyente hace muchos años quiso hacer una distinción entre Juzgados y Tribunales.

Por otra parte, el Código General del Proceso utiliza, reiterada e insistentemente la expresión «Tribunal». En el Libro I, «Disposiciones Generales», el artículo 2º dice: «La dirección del proceso está confiada al Tribunal, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este Código». En este Código, en el que se legisla el Tribunal Arbitral. Después, los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º, también hablan de «tribunal». Son los principios generales que informan el Código General del Proceso.

El Libro II -el Código General del Proceso está dividido en dos Libros-, cuyo «nomen juris» es «Desarrollo de los Procesos», contiene los siguientes capítulos: «Procesos preliminares», «Proceso cautelar», «Procesos incidentales», «Proceso de conocimiento» -dividido en ordinario y extraordinario-, «Procesos de ejecución», «Proceso voluntario», «Proceso concursal», «Proceso Arbitral» y «Proceso de inconstitucionalidad de la ley». Es decir que el Arbitral figura inserto entre todos los previstos en el Código General del Proceso. Su existencia pues no tiene nada que ver con ninguna potencia extranjera ni con ningún factor que no esté en nuestra ley desde hace muchos años, porque el anterior Código de Procedimiento del Uruguay, de 1868, preveía también la existencia de un Tribunal Arbitral que tenía prácticamente las mismas normas y puntos de vista que tiene éste.

SEÑOR MALLO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARCIA COSTA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Ya que cita el Código de Procedimiento Civil como conteniendo el juicio arbitral, le digo que el artículo 550 del Código de Procedimiento Civil dice que no pueden juzgarse por Tribunales Arbitrales aquellas cuestiones que requieren la intervención del Ministerio Público, es decir, en las que está interesada la causa pública.

En cuanto al resto del razonamiento del señor Senador García Costa, creo que no debe contestarse, porque se derrumba con su solo planteamiento. La Constitución hace la relación de los Tribunales y Juzgados, y sólo en el artículo 57 habla de los Tribunales Arbitrales, que si es necesario y se invoca, voy a explicar su sentido y la limitación que el constituyente le dio a los Tribunales Arbitrales. Está bien establecido en las actas de la Comisión de Constitución y del Plenario de la Constituyente el concepto que el constituyente tuvo de los Tribunales Arbitrales.

Con respecto a que el artículo 550 del Código de Procedimiento Civil no esté en el Código General del Proceso, debe leerse el informe del doctor Véscovi, uno de los redactores del Código General del Proceso, que dice que está el orden público, que los principios de orden público no pueden ser sometidos a juicios arbitrales. Que se me diga dónde en el Código General del Proceso está establecido el arbitraje legal obligatorio y necesario; está establecido el arbitraje fundado en la autonomía de la voluntad. El punto no es de ahora; seguramente no mereció su lectura, pero el doctor Juan Andrés Ramírez y el señor Batlle y Ordóñez, que era el Presidente de la República, admitían el prescindir de los Tribunales nacionales en el caso de denegación de justicia; si los Tribunales nacionales denegaban la justicia, ahí sí se podía recurrir a otra cosa.

En suma, todo el argumento del señor Senador García Costa me parece muy ingenioso, de un cartesianismo de entrecasa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Continúo, señor Presidente, en mi "cartesianismo de entrecasa". Yo soy un muchacho modesto, y no tengo la ilustración y el conocimiento del que hace gala el señor Senador Mallo, pero leo el Código y trato, modestísimamente, de señalar cuál es, a mi juicio, la interpretación adecuada.

Se dice que el Tribunal Arbitral no integra el Poder Judicial; lo hemos oído hasta el cansancio. Algunos señores Senadores tendrán delante el Código General del Proceso, ese que omitió el artículo 550 del Código de Procedimiento Civil, supongo que por error; peculiar conclusión por la que debo suponer que lo que está en el Código está mal interpretado, y lo que falta, no está por error. El artículo 488 del Código General del Proceso dice: "Las diligencias previas al arbitraje, como ser las pruebas anticipadas, las medidas cautelares y los procedimientos tendientes a la formalización del compromiso, se tramitarán ante el tribunal competente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 494". No "integra" el Poder Judicial, pero va al Poder Judicial, sorpresivamente. El artículo 489 establece: "Las cuestiones que surgieren durante las diligencias preliminares del arbitraje, se dilucidarán por el procedimiento establecido para los incidentes". Esto se cita no del Código de Brasil, sino ciertamente del Código General del Proceso.

El artículo 501 -y estoy omitiendo un gran número de otros artículos- habla de los recursos contra la actividad del Tribunal Arbitral. Lo que no podría suceder, si es un Tribunal ajeno al Poder Judicial. Los tales recursos se plantean ante el Tribunal que debió haber entendido de la controversia si a él se hubiera recurrido y no se usare el Tribunal Arbitral. El artículo 494 define terminantemente el tema diciendo: "Para las cuestiones precedentes" -que aluden a varios problemas-, "así como para cualesquiera otras que surgieren en el curso del arbitraje, y para el cumplimiento del mismo, será competente el tribunal que habría conocido del asunto si no hubiere mediado el compromiso". Este Tribunal, que se nos dice no está en el Poder Judicial, cuando tiene algún problema de los que de acuerdo al Código General del Proceso no tiene potestad para resolver, ¿a dónde acude? Al resto del Poder Judicial. Está organizado en el Código General del Proceso y recurre al resto de los organismos en él previsto. Igualmente, para ejecutar la sentencia, ¿a quién recurre? ¿Al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo? No; al Poder Judicial. Exhibe la sentencia y el tribunal requerido lleva adelante el cumplimiento. Entonces, reitero la pregunta: ¿forma o no forma parte del Poder Judicial? Que es un organismo "sui generis", es posible. Hay varios organismos "sui generis" en el Código General del Proceso, porque así debe ser; deriva de la vitalidad de una larga construcción hecha a través de siglos para llegar al sistema actual de procesos, y sobre todo en nuestra rica herencia del Derecho grecorromano y todo lo que ha venido después.

Formulémonos también preguntas de orden práctico. El otro día -y no vale la pena mencionar nombres- algún Senador me dijo, hablando de este artículo, "es bravo esto de entregar a árbitros, vaya a saber de qué nacionalidad y origen, los fallos entre el Estado uruguayo y una empresa o un inversionista extranjero"; siempre se traen ejemplos del extranjero, aunque también podría ser un nacional. Este señor Senador no había reparado en el Código. Descuento que saben todos los Senadores cómo se eligen los árbitros: un árbitro lo pone un inversionista, otro árbitro es nombrado por el Estado uruguayo y el tercero, si no se ponen de acuerdo, lo designa el Tribunal, Tribunal uruguayo, integrante del Poder Judicial. Pido disculpas por lo que voy a decir, porque debe sonar a una herejía insólita, pero si yo fuera inversionista, particularmente extranjero, salvo por otras razones, de apuro, de celeridad, tendría mucho cuidado en ir a un Tribunal donde, a priori, sé que hay dos representantes del interés uruguayo; no quiero decir que vayan con el ánimo deliberado de hacer daño a un tercero, porque eso estaría fuera de la tradición nacional, pero sí son representantes, ciertamente, del interés nacional. Uno de ellos designado por el Estado, y otro nombrado de común acuerdo -descuento que el Estado va a elegir un árbitro que respete todos nuestros derechos- o, de lo contrario -yo diría que esta posibilidad para el Uruguay, sería la mejor de todas-, es designado por el Tribunal.

¿A quién va a nombrar el Tribunal? Si se trata de un inversionista extranjero, ¿va a nombrar a alguien con apellido alemán, con apellido inglés o con apellido francés de la colectividad que vino a invertir a nuestro país? Todos sabemos que no va a ser así; va a nombrar a un uruguayo, abogado prestigioso, o a alguien que sabe y que conoce de la materia de la contienda.

Esta cuestión no me preocupa ni me alarma, sino que la solución del arbitraje la veo como la mejor de todas, en tanto resulta la más eficaz para la defensa de nuestros intereses.

Por otra parte, debo señalar -y podría extenderme mucho más- que el fallo del Tribunal Arbitral puede ser sometido a causal de nulidad. Las causales de nulidad hacen muy difícil -para corroborarlo, basta con que se lean- que ese fallo sea secreto o verbal. Necesariamente tiene que ser escrito, porque se dice como elemento de nulidad "que los árbitros se negaran a recibir alguna prueba esencial". Para saber si se recogieron las pruebas ofrecidas, alguien tiene que dejarlo por escrito, puesto que las memorias verbales no sirven a los efectos de estas oposiciones eventuales.

Se nos han hecho objeciones. En su discordia, el señor Senador Mallo ha dicho que en 1965 -fecha muy grata para mí, porque en ese entonces integré el Gobierno- el Uruguay rechazó, con toda razón, un arbitraje propuesto por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. Sin embargo, ello no tiene nada que ver con esto; basta leer lo que se propuso como objeción para advertir la diferencia. En la propuesta de esa Institución se nombraban listas de eventuales árbitros de todos los países que la integran, y de ahí se extraen nombres para integrar el Tribunal. Eso sí es inconstitucional, porque sale de la constitucionalidad de nuestro Poder Judicial, del que debería formar parte nuestro Tribunal Arbitral, para llevarlo a otro que es totalmente ajeno a la Constitución nacional. Hizo muy bien, pues, el Gobierno de ese momento en negarse a aceptar esas cláusulas.

¿Cuáles son las otras objeciones que se nos hacen? Son, señor Presidente, de muy diverso alcance y de relativo valor.

Ya nos referimos a la objeción relacionada con el BIRF, pero también se dice que al ir al arbitraje tenemos en el caso que aceptar la transacción sobre aspectos no transables. ¿Qué transacción se va a hacer entre un inversor y el Estado uruguayo, si lo que no es transable es lo relativo al estado civil de las personas? El Código Civil dice que eso no es transable, ni tampoco algún otro aspecto netamente civil. Entonces, ¿vamos a tener un pleito con un inversionista nacional o extranjero por el estado civil? Me parece que plantearlo es resolverlo.

Se ha señalado también que se deja afuera los recursos de inconstitucionalidad y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿De dónde se extrae la norma si en los recursos en materia arbitral se permite esa posibilidad? Si se plantea un recurso de inconstitucionalidad por el tema en el que está actuando el Tribunal Arbitral, y tal como establece el Código, se para el juicio y se va al Tribunal competente, o sea, a la Suprema Corte de Justicia, que será la que dirimirá la constitucionalidad del tema planteado. ¿Por qué? Porque el legislador del proceso judicial uruguayo tuvo la suficiente inteligencia para darse cuenta de que un Tribunal Arbitral no puede ser el que resolverá cuestiones constitucionales; lo que corresponde es que las eleve.

Podría extenderme mucho más, pero ahora quiero referirme a algo que ha dicho el señor Senador Mallo, a quien respeto y aprecio, y pertenece a una generación -que no está tan lejos de la mía- de la que aprendí a hacer política, en la que estuvimos juntos, y a la que admiraba y aún admiro. Por eso mismo me han dolido -y en esto pongo un poco de vehemencia- las referencias de que el Partido Nacional, en un momento brillante de su historia, luchó contra algo que se supone que yo también tengo que luchar, y no lo estoy haciendo. Pero, además, decir que la memoria de Artigas nos convoca a estos efectos, me parece una argumentación profundamente diminutoria para con nosotros. No se puede plantear el tema en análisis en esos términos. No se puede plantear como el enfrentamiento de dos corrientes, una de las cuales se definió en la época genésica de Artigas al oficiar el prócer al cuerpo capitular de Montevideo que los ingleses debían someterse a las leyes territoriales.

Por lo tanto, debo inferir que yo estoy en la otra corriente, no en la genésica, no en la de Artigas, sino en la que los extranjeros se someterán a sus leyes propias y nosotros lo aceptaremos, entre ellos, el que habla. No es así, señor Presidente. Puede pensarse de otra manera, pero no actuamos así.

La única crítica que admito y me parece aceptable y necesaria -ya lo había dicho en este Cuerpo el señor Senador Bergstein- es que la opción por el Tribunal Arbitral corresponda no a una sino a las dos partes. Me parece de toda lógica, y por ello voy a proponer que eso se modifique para que la elija cualquiera de las dos partes, tanto el Estado como el inversionista.

¿Por qué los inversionistas recurren a esto? Descuento que no ha de ser por sacar ventajas, porque entrar a un arbitraje -pido excusas nuevamente, porque no quiero faltar el respeto a quienes mañana van a ser árbitros en el término general de la palabra- donde van perdiendo dos a uno al momento de instalarse el Tribunal, no parece de toda lógica. No es posible creer que por este sistema previsto en el proyecto de ley que estamos tratando de aprobar, la iniciativa es tan negativa para el país. Se trata de un proyecto de ley que consagra eficacia y rapidez; en general, los inversionistas extranjeros quieren celeridad.

He actuado -cuando ejercía como abogado- en dos Tribunales, uno de ellos contra el Estado. En esa oportunidad defendí a una empresa constructora que había trabajado en la Exposición Nacional de la Producción, y pido que nadie se ría por los años que ello implica. El doctor Grauert, Presidente de la Comisión Especial de la Exposición Nacional de la Producción, fue invitado para hacer un Tribunal Arbitral, a lo cual respondió afirmativamente. Así, conformamos un Tribunal Arbitral con el consentimiento del Poder Ejecutivo de la época. No sé si nos fue bien o mal en el arbitraje pero sí que el doctor Grauert -con quien tuve oportunidad de conversar mucho, y a quien respeté por su manera de ser y su capacidad- salió muy satisfecho del Tribunal, porque a través de éste terminó una etapa de diferencias con una empresa. A su vez, para ésta fue el final y no un larguísimo peregrinar, como podía haber sido de no entrar al arbitraje.

14) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Lamento interrumpir al señor Senador, pero dado que son las 20 horas, corresponde levantar la sesión.

(Así se hace a la hora 20, presidiendo el doctor Hugo Batalla y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Batlle, Cid, Couriel, Dalmás, Fernández, Fernández Faingold, García Costa, Gargano, Heber, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Pozzolo, Ricaldoni, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili).

Dr. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Don Freddy A. Massimino Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.