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Nº 192 - TOMO 385 - 23 DE SETIEMBRE DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

53ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

y el CONTADOR ALBERTO COURIEL  Tercer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR LIC. JORGE MOREIRA PARSONS Y LA PROSECRETARIA SEÑORA QUENA CARAMBULA

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

- El señor Senador Sarthou solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública y otro al de Defensa Nacional.
- Oportunamente fueron tramitados.

5) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Sanabria, Brezzo y Pereyra.
- Concedidas.

6) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan la doctora Reta, los doctores Bluth, Correa Freitas, Opertti, Pais, Rama Matías Rodríguez, Renán Rodríguez, Sapolinski, Scavarelli, Solari y Bado, los señores Batlle Bertolini, Hackenbruch, Malaquina, Mascheroni, Noachas, Stern y los contadores Davrieux y Zerbino, comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.
- Ingresa a Sala el señor Acuña a quien, luego de prestar el juramento de estilo, se le declara incorporado al Cuerpo.

7 y 11) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Ejercicio 1996

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración.

8) Proyecto presentado

- El señor Presidente del Cuerpo y el señor Senador Korzeniak presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley relativo a la procedencia del recurso de revisión.
- A la Comisión de Constitución y Legislación.

9) Héctor Lorenzo Ríos. Homenaje a su memoria

- Por moción del señor Senador Rocha Imaz el Senado resuelve rendir homenaje en la primera sesión ordinaria del mes de octubre a la memoria del ex legislador Héctor Lorenzo Ríos al cumplirse diez años de su fallecimiento.

10) Sesión extraordinaria

- Por moción de la señora Senadora Arismendi el Senado resuelve continuar, en régimen de cuarto intermedio con el tratamiento de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal el día miércoles 24 de los corrientes a la hora 16:00.

12) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 19 de setiembre de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 23, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 1996.

(Carp. Nº 804/97 - Rep. Nº 481/97 y Anexos I y II)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Quena Carámbula Prosecretaria"

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Acuña, Andújar, Arismendi, Astori, Batlle, Bentancur, Bergstein, Cid, Chiesa, Dalmás, García Costa, Gargano, Heber, Hualde, Irurtia, Korzeniak, Lausarot, Mallo, Michelini, Millor, Quarneti, Rocha Imaz, Rodríguez, Ruggia, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Brezzo, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Hierro López, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni y Sanabria.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Está abierta la sesión.

No hay número para resolver, pero sí para sesionar.

(Es la hora 16 y 31 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 23 de setiembre de 1997.

La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

Por el que se autoriza un mecanismo financiero que permita a las intendencias municipales el acceso a equipamiento vial.

-A la Comisión de Transporte y Obras Públicas.

Por el que se aprueba el Protocolo de Integración Educativa para la formación de Recursos Humanos a nivel de Postgrado entre los países miembros del MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Fortaleza, el 17 de diciembre de 1996.

Por el que se aprueba el Protocolo de Integración Cultural del MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Fortaleza, el 17 de diciembre de 1996.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo comunicando el Decreto por el que se crea una Comisión para la preparación de los actos de conmemoración del Cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se celebrará el día 10 de diciembre de 1998.

-Téngase presente.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República comunicando las resoluciones adoptadas en los siguientes expedientes:

Del Instituto Nacional de Colonización: relacionado con el Estado de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre de 1996.

Del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente: relacionado con el informe de Auditoría, correspondiente al proyecto financiado con el Convenio BID ATN/SF 4375 - UR,

Del Banco de Seguros del Estado: relacionado con el Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 1994.

-Téngase presente.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje solicitando venia para destituir a:

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

dos funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Polonia, sobre Cooperación Cultural, Científica y Educacional, suscrito en la ciudad de Varsovia, el 23 de marzo de 1989; y,

por el que se faculta al Banco de Previsión Social a otorgar facilidades de pago para los adeudos por contribuciones personales, anteriores al 1º de abril de 1996 de acuerdo con las disposiciones del Decreto-Ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974.

-Ténganse presente y agréguense a sus antecedentes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite la información solicitada por la señora Senadora Marina Arismendi relacionada con manifestaciones del señor Presidente de la República Argentina, Carlos Saúl Menem, relativas a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland.

-Oportunamente fue entregada a la señora Senadora Marina Arismendi.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

por el que se designa con el nombre "Treinta y Tres Orientales" la Escuela Nº 117, del departamento de Lavalleja, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública.

Por el que se designa con el nombre "Dr. Simeón Eladio Aristimuño Mendaro" el Liceo de la ciudad de Chuy, departamento de Rocha, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública.

-A la Comisión de Educación y Cultura.

Por el que se autoriza a efectivos de las Fuerzas Armadas, a concurrir a la ciudad de Rosario do Sul, República Federativa del Brasil, a efectos de participar en la Operación "Cruz del Sur" 97, a realizarse entre los días 6 y 17 de octubre del año en curso.

Por el que autoriza a unidades de la Armada Nacional a participar en la Operación Unitas XXXVIII-97 y el ingreso a aguas jurisdiccionales de nuestro país de unidades pertenecientes a las Repúblicas Argentina y Federativa del Brasil, Canadá, Reino de España y de los Estados Unidos de América, participantes de dicha Operación, entre los días 22 y 29 de octubre de 1997.

Por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de una Sección, Banderas, Escoltas y Banda de Músicos con el equipo y armamento necesarios, pertenecientes al 12º Regimiento de Caballería Mecanizado "Regimiento Marechal José Pessoa", de la ciudad de Yaguarón, República Federativa del Brasil.

-A la Comisión de Defensa Nacional.

La Cámara de Representantes comunica la sanción de los siguientes proyectos de ley:

por el que se incorpora a la Reserva de la Fuerza Aérea, con el Grado de Coronel, al señor Teniente Coronel (B.M.) en situación de retiro Walter A. Miños; y,

el relacionado con la formación e inserción laboral de los jóvenes.

-Ténganse presente y agréguense a sus antecedentes.

La Junta Departamental de San José remite resolución relacionada con los hechos de violencia acaecidos en España al producirse el asesinato del Concejal Miguel Angel Blanco por parte de ETA y en Jerusalén con el atentado perpetrado por la Organización Islámica Hamas, con un saldo de 14 muertos y muchos heridos.

La Junta Departamental de Canelones remite la resolución aprobada por esa Junta relacionada con las Cajas Paraestatales.

La Junta Departamental de Paysandú remite nota comunicando la iniciativa de los Ediles Ricardo Castromán, Carlos Di Pascua y Luisa García de la Junta Departamental de Río Negro, relacionada con la situación presupuestal del Hospital de Clínicas.

La Junta Departamental de Paysandú remite nota comunicando apoyar la resolución 66/97 de la Junta Departamental de Durazno mediante la cual se reconoce el trabajo doméstico como actividad lícita que genera derechos.

-Ténganse presente

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado el proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, "Protocolo de Washington", suscrito por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay en Washington el 14 de diciembre de 1992.

-Repártase e inclúyase en el orden del día de la próxima sesión ordinaria que realice el Senado.

La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo, a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Checa;

por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Checa para la promoción y protección de las inversiones suscrito el día 26 de setiembre de 1996 en la ciudad de Montevideo; y,

por el que se aprueba el Protocolo de San Luis en Materia de Responsabilidad Civil Emergente de Accidentes de Tránsito entre los Estados Partes del MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Potreros de los Funes, provincia de San Luis, República Argentina, el día 25 de junio de 1996.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales."

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Sarthou solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública relacionado con eventuales salarios incentivados en el Hospital Pereira Rossell."

-Oportunamente fue tramitado.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 15 de setiembre de 1997.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

De conformidad con el artículo 118 de la Constitución de la República, vengo a solicitar se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública para que se sirva informar:

1. - Si es cierto que en el Hospital Pereira Rossell, de un total de 2.000 funcionarios, alrededor de 700 de ellos tienen un régimen de salarios incentivados, que hace que sus retribuciones sean muy superiores a los de la generalidad de los funcionarios de dicho centro hospitalario.

2. - Cuáles son los incentivos que se pagan en complemento del sueldo base a los funcionarios, indicando en cada caso su concepto y monto, así como las normas que lo habilitan y su reglamentación interna.

3. - Con respecto al pago de incentivos especiales se informe con cargo a qué rubros presupuestales o extrapresupuestales se pagan los mismos.

Lo saluda atentamente,

Helios Sarthou. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Sarthou solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional a fin de que detalle si varios buques de pesca coreanos han cumplido las normas de la Ley Nº 13.833 y el Decreto Nº 386/96."

-Procédase como se solicita.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, setiembre de 1997.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente.

De mi consideración:

De conformidad con el artículo 118 de la Constitución de la República vengo a solicitar se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Defensa a fin de que se sirva informar en relación con la competencia de la Prefectura Nacional Naval lo siguiente:

1. - Si los buques que se expresan a continuación: DONGYU 2007, propiedad de la empresa Oldymare, Nº de permiso de pesca otorgado por el INAPE 3229; JIM YOUNG 203 propiedad de Gavelmar con permisos de pesca número 3198; el Oryoung 56, propiedad de la empresa Estellmar, permiso Nº 183; SEO YANG 89, propiedad de la empresa Candysur, permiso 3230; Tae Jim 75, propiedad de Nautilux, permiso 3214; TON YOUNG 57 propiedad de Divalux, permiso 3221; YOUNG HWA II, propiedad de Coral Loby, permiso 3222; YOUNG HWA 33, propiedad de Lobinel, permiso 3199; YOUN HWA 77, propiedad de Naolymar, permiso 3216 y YOUNG HWA 99, propiedad de Tizelmar, permiso 21 han cumplido las normas de la Ley Nº 13.833 y del Decreto 386/809 indicando si han enrolado como correspondía un patrón de pesca y además con un segundo patrón como lo dispone el régimen jurídico vigente o si como se nos ha denunciado el primer patrón de pesca de nacionalidad uruguaya cumple funciones de segundo patrón y las de primer patrón son cumplidas por un ciudadano coreano que en el rol figura como marinero.

2. - Que se indiquen los nombres y apellidos de quiénes han actuado como primer patrón y segundo patrón en los barcos mencionados estableciendo si se han constatado infracciones en cuanto al cumplimiento de esas normas.

3. - Si se han denunciado por las organizaciones sindicales SUNTMA y SUDEPU las irregularidades aludidas, si se han realizado inspecciones e investigaciones y qué consecuencias han resultado de las mismas así como si se han establecido sanciones por infracciones constatadas, cuáles han sido y quiénes fueron sancionados.

Sin otro particular saluda a ud. muy atte.:

Helios Sarthou. Senador."

5) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Sanabria solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 23 de setiembre de 1997.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente.

De mi consideración:

Saludo al señor Presidente del Senado Dr. Hugo Batalla, y le solicito licencia por el día de la fecha por razones de salud.

Sin otro particular.

Wilson Sanabria. Senador."

(Ingresan a Sala varios señores Senadores).

SEÑOR PRESIDENTE. - Ahora sí hay número para resolver, en consecuencia se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, queda convocado el señor Quarneti, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que si estuviera en Antesala se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Quarneti)

-Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Brezzo solicita licencia desde el 23 de setiembre al 8 de octubre inclusive."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 22 de setiembre de 1997.

Señor Presidente del Senado,

Doctor Hugo Batalla.

De mi mayor consideración:

Por la presente, me dirijo a usted a fin de solicitar licencia entre los días 23 de setiembre y 8 de octubre inclusive. Motiva dicha solicitud el hecho de integrar la delegación uruguaya que asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Saludo al señor Presidente.

Luis Brezzo. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia..

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Pereyra solicita licencia desde el 22 de setiembre al 5 de octubre."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 22 de setiembre de 1997.

Señor Presidente del Senado

Dr. Hugo Batalla

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. a fin de solicitar licencia los días 22 de setiembre al 5 de octubre, en virtud de haber sido designado como integrante de la delegación uruguaya que asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sin otro particular, lo saludo atentamente,

Carlos Julio Pereyra. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Queda convocado el señor Senador Rocha Imaz quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que si se encontrara en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Rocha Imaz)

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de varias notas de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"La doctora Reta, el señor Batlle Bertolini, los doctores Bluth, Correa Freitas, los señores Hackenbruch, Malaquina, Mascheroni, Noachas, los doctores Opertti, Pais, Rama, Matías Rodríguez, Renán Rodríguez, Sapolinski, Scavarelli, Solari, el señor Stern, el doctor Bado y los contadores Davrieux y Zerbino, comunican que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto."

-En consecuencia, para sustituir al señor Senador Fernández Faingold, queda convocado el señor Senador Bergstein, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que si se encuentra en Antesala se le invita a ingresar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Bergstein.)

-Para sustituir al señor Senador Brezzo, corresponde convocar al señor Jorge Acuña a quien, si se encontrara en Antesala se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Acuña)

-Se invita a los señores Senadores y a la Barra a ponerse de pie.

Señor Acuña: ¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?

SEÑOR ACUÑA. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR ACUÑA. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda usted investido del cargo de Senador.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

7) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. Ejercicio 1996.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado ingresa a la consideración del único punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 1996. (Carp. Nº 804/97 - Rep. Nº 481/97) y Anexos I y II."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 804/97
Rep. Nº 481/97

Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 26 de junio de 1997.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo, la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1996.

En este ejercicio, la registración incluye el Fondo Nacional de Vivienda y las operaciones realizadas con fondos de libre disponibilidad, en aplicación de lo establecido por el artículo 55 de la Ley No. 16.736, de 5 de enero de 1996. Es decir que la aplicación de la contabilidad presupuestaria se extendió por primera vez a todos los ingresos públicos comprendiendo las operaciones realizadas con Rentas Generales, FIMTOP, Fondo Nacional de Vivienda, Endeudamiento y fondos de libre disponibilidad de los Incisos. Esto ha llevado a la necesidad de compatibilizar la información del Ejercicio 95 para su comparación.

El estado de Resultados del ejercicio 1996 presenta un déficit de $ 3.193:033.000,00 (pesos uruguayos tres mil ciento noventa y tres millones treinta y tres mil), que representa un 2.1% del Producto Bruto Interno (PBI) del período, nivel similar al observado en el Ejercicio 1995.

A los efectos comparativos y analíticos, se debe considerar que en el resultado financiero de 1996, se incluyen los costos asociados a las reformas de la Seguridad Social y del Estado en la Administración Central. El impacto de estas reformas en la situación financiera del ejercicio 1996 se estima en el 0.4% del Producto Bruto Interno (PBI), con lo que se puede afirmar que el déficit básico del gobierno Central se ubica en el 1.7% del Producto Bruto Interno (PBI).

En el informe económico-financiero que se acompaña, se fundamentan en detalle las cifras más relevantes de este Balance.

Saluda al Señor Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti (PRESIDENTE DE LA REPUBLICA), Didier Opertti, Alvaro Ramos, Luis A. Mosca, Raúl Iturria, Antonio Guerra, Lucio Cáceres, Julio Herrera, Mario Curbelo, Raúl Bustos, Carlos Gasparri, Benito Stern, Juan Chiruchi.

Artículo 55 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 55. - Los ingresos, con excepción de las donaciones y legados, y todos los gastos de cada Inciso integrarán el sistema presupuestario y como tales deberán reflejarse en las Leyes de Presupuesto Nacional y de Rendición de Cuentas.

Dichos ingresos y gastos deberán figurar por separado y con sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. En relación a las donaciones y legados recibidos, se deberá rendir cuentas en cada ejercicio financiero.

El monto de los gastos no podrá exceder el total de recursos previstos para su financiamiento (tributarios, crediticios y provenientes de precios públicos), el que deberá estar claramente identificado en las leyes de Presupuesto Nacional y de Rendición de Cuentas.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1996, con un resultado deficitario de ejecución presupuestal de $ 3.193:033.000,00 (pesos uruguayos tres mil ciento noventa y tres millones treinta y tres mil), según los anexos que acompañan a la presente Ley y que forma parte integrante de la misma.

Artículo 2º. - Comuníquese, publíquese, etc.

Montevideo, 26 de junio de 1997.

Didier Opertti, Alvaro Ramos, Luis A. Mosca, Raúl Iturria, Antonio Guerra, Lucio Cáceres, Julio Herrera, Mario Curbelo, Raúl Bustos, Carlos Gasparri, Benito Stern, Juan Chiruchi.

INFORME ECONOMICO FINANCIERO 1996

1 - La Situación macroeconómica durante 1996.

La característica central de la economía durante 1996 fue la salida de la recesión basada en un fuerte dinamismo exportador y un excepcional proceso de inversión por parte del sector privado. Concomitantemente se ha logrado progresar en el objetivo de estabilización de precios, fruto del estricto control en la gestión financiera del sector público. Este control financiero no ha impedido que se siguieran adoptando medidas en favor de la competitividad del sector privado y se hayan iniciado la implementación del nuevo régimen de Seguridad Social y las reformas estructurales previstas en el Presupuesto Nacional, en especial la Educativa y la Reforma del Estado, al mismo tiempo que los niveles de inversión pública se mantenían en valores similares al promedio de los registros históricos.

Al comienzo del año existían dudas sobre el escenario internacional en el que se desenvolvería la economía, lo cual determinó que se firmara un acuerdo Stand-By precautorio con el Fondo Monetario Internacional de forma de poder disponer de acceso al crédito internacional y de fondos frescos de manera inmediata en caso de un recrudecimiento de la crisis financiera que afectara a América Latina a partir de la originada en México en diciembre de 1994. En este sentido la evolución de la región fue mejor a la inicialmente esperada, recomponiéndose el flujo de capitales internacionales hacia ella, por lo que afortunadamente no existió la necesidad de recurrir a estos fondos.

La situación internacional no cooperó con nuestra economía ya que se sufrió el peor deterioro de los términos de intercambio desde la segunda crisis petrolera. En particular, el país sintió el impacto de la baja en los precios de los productos exportables tradicionales -carne y lana- y el fuerte incremento en el precio del petróleo, acompañado con tasas de interés estables en niveles reales altos. Esto implica que el país debe sacrificar más de sus recursos para satisfacer el mismo consumo.

A pesar de ello, las exportaciones se han incrementado a tasas crecientes, destacándose el dinamismo de los productos no tradicionales y los mayores volúmenes físicos de productos tradicionales. Las exportaciones cumplidas fueron un 13.8% superiores a las del año anterior, pero las variaciones fueron sustancialmente superiores en el último trimestre del año donde se observó un incremento del orden del 32.4%.

La política económica mantiene como objetivo el crecimiento de la economía sustentado en la mejora de la competitividad y en el comportamiento exportador. Para ello es muy importante la complementariedad entre la acción gubernamental y la iniciativa del sector privado. En este sentido se profundizaron las medidas específicas de apoyo a la competitividad adoptadas desde 1995. La respuesta del sector privado resultó más que satisfactoria ya que incluso mientras la economía mostraba síntomas recesivos éste mantuvo un continuo y creciente proceso de inversión.

En efecto, la inversión privada ha sido uno de los elementos de destaque en la economía en 1996, observándose un crecimiento del 23.6 % en las incorporaciones de maquinaria y equipo lo que constituye la variación más alta del último quinquenio y representa un nivel récord desde 1983.

El reseñado comportamiento de la economía, en especial la conjunción de los esfuerzos gubernamentales con la acción privada, es la base que permite ver el futuro con confianza y optimismo. Necesariamente, un sector privado que invierte en las condiciones actuales del país, bajo el auspicio de medidas genéricas de apoyo y sin subsidios ni transferencias distorsionantes, no sólo genera puestos de trabajo y permite incrementar el salario real en el corto plazo, sino que también asegura la sostenibilidad de los mismos para el futuro, al tratarse de procesos productivos competitivos orientados a un mercado integrado regional y mundialmente.

Continuar en este camino impone una severa disciplina en materia de gasto a efectos de no dilapidar el esfuerzo realizado por la sociedad en estos años. Ello implica que la conducta del sector público no puede ser dispendiosa en materia de egresos y precios administrados de forma tal que tenga la capacidad moral a la hora de reclamar una actitud similar de parte del sector privado.

2 - Medidas de mejora de la competitividad adoptadas en 1996.

Dada la evolución de la economía durante el primer semestre y en especial las respuestas del sector privado a los estímulos y el marco de estabilidad propuesto, se decidió impulsar un conjunto de medidas de forma de reforzar la ganancia en competitividad que se observa en la economía. Al respecto se cursó una solicitud de facultades legales al Parlamento para reducir hasta en tres puntos porcentuales los aportes patronales al Banco de Previsión Social.

Al mismo tiempo y con un impacto directo para todo el sector exportador, se determinó la rebaja de las tasas de contralor del comercio internacional que cobra el BROU y se decidió un abatimiento en las tarifas de la Administración Nacional de Puertos. En particular merece ser destacada la rebaja que operó para las mercaderías ingresadas bajo el régimen de admisión temporaria ya que por esta modalidad se importan principalmente los insumos del sector exportador.

Se aprobaron numerosas leyes que posibilitan el desarrollo del mercado de capitales, fundamentalmente para financiar grandes proyectos. Desde la aprobación de la nueva legislación sobre Obligaciones Negociables el monto de financiamiento que el sector privado captó del ahorro del público en la Bolsa de Valores alcanzó los U$S 110.5 millones.

A su vez, como política de fomento del sector productivo se acordó la implementación de un programa de financiación para micro y pequeñas empresas en la CND, reforzando así las líneas de crédito del BROU. Es decir se cuidó que el acceso al crédito fuera posible para cualquier tipo de empresa.

El esfuerzo por la inversión y el fomento de las exportaciones tiene su espacio reservado en el Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones de Bienes y Servicios, persona pública no estatal creada en la ley de Presupuesto y cuyo lanzamiento se concretara en 1996.

Simultáneamente, la lucha contra la evasión forma parte del necesario sinceramiento de la economía para lograr una mejora en la competitividad. Con este objetivo se llevó a cabo una intensa campaña por parte de la Dirección Nacional de Aduanas, se estableció la obligatoriedad de la constitución de una garantía para las operaciones en régimen de "tránsito" de algunos bienes y se determinaron medidas de anticipo en el cobro de tributos (Impuesto al Valor Agregado e IMESI) al ingreso de bienes al territorio nacional.

También dentro de las medidas adoptadas para cooperar con el esfuerzo empresarial privado, se avanzó en el esfuerzo por lograr un mayor desarrollo del mercado de valores y una canalización más eficiente del ahorro nacional. En este sentido no sólo se actuó sobre las condiciones para facilitar la oferta de títulos, también se tomó en cuenta el desarrollo de la demanda como parte esencial para el crecimiento del mercado.

Entre las medidas adoptadas se destaca la reglamentación de la ley de mercado de valores, marco legal de trascendental importancia para facilitar la disponibilidad de instrumentos financieros en el mercado uruguayo. Como complemento necesario de la emisión de papeles privados (entre los que se incluyen las Obligaciones Negociables) se procuró fortalecer el marco institucional que incluye la demanda de valores; en este sentido la Ley de Fondos de Inversión y su reglamentación ofrecen un resguardo a los derechos de propiedad de los ahorristas que deciden financiar emprendimientos privados mediante el uso de estos instrumentos. A estos inversores institucionales se deben agregar las nuevas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional y la demanda de las Compañías de Seguros en un mercado en competencia.

Un sector de particular sensibilidad en el período recesivo fue el de la construcción. Buscando dinamizar el desarrollo de esta actividad se les extendió el mecanismo de crédito tributario al que accede la industria manufacturera para adquirir bienes de activo fijo, facilitando la formación de capital en el sector. Esta medida se suma al programa de inversión pública y a la ampliación de la participación de los capitales privados en el financiamiento de la construcción de vivienda a través de la desmonopolización de las hipotecas de construcciones en el pozo.

3 - Nivel de actividad y desempleo.

La economía se recuperó durante 1996 de la recesión iniciada a principios del año anterior y que alcanzara su "valle" en el tercer trimestre. La recuperación se llevó a cabo a tasas de crecimiento trimestral del 2.1%, acumulando una variación del 10.7% entre el punto más bajo de los dos últimos años y el cuarto trimestre de 1996. Esta evolución de la actividad económica permitió que el producto creciera 4.9% en 1996, compensando la contracción del 2.0% observada en 1995.

El crecimiento se constató en todos los sectores productivos con la sola excepción de la pesca. Si se analiza la evolución de los sectores de mayor ponderación en el producto, el agropecuario fue el más dinámico (8.4%), seguido de transporte y comunicaciones (5.9%), servicios financieros, inmobiliarios y a empresas (4.9%), industria manufacturera (4.5%), comercio, restaurantes y hoteles (2.9%).

La recuperación de la economía permitirá el logro de mejoras en una de las áreas de preocupación del gobierno: la creación de puestos de trabajo para reducir el nivel de desempleo. La evolución de la tasa de desempleo en el último año no ha sido satisfactoria, con valores crecientes hasta mediado de año donde se alcanzó un nivel del 13% de la población económicamente activa en el departamento de Montevideo y 12% en el resto del país urbano. La evolución de la recuperación de la economía de acuerdo a lo originalmente previsto (con fortaleza en el segundo semestre del año) permitió en los últimos meses de 1996 una disminución en la tasa de desempleo superior a un punto porcentual, tendencia que se mantiene hasta la actualidad. Si bien el nivel de desocupación en el primer cuatrimestre no se encuentra en niveles aceptables -se ubica en 11.4% para todo el país urbano- la evolución es alentadora y permite pronosticar mejores resultados en el corto plazo.

La política económica apunta en este sentido, nuevamente mediante la conjunción del esfuerzo del sector público y privado. Por un lado sobresale el incremento previsto en la inversión del sector público, que alcanzará los U$S 880 millones en 1997 (un 4.4% del PBI) frente a U$S 690 millones en 1996. A su vez, se espera que las medidas de fomento de la inversión privada y el marco de estabilidad y garantía que rige en el país continúen dando sus frutos y el proceso de desarrollo del sector privado no sólo continúe sino que se profundice.

Un aspecto a destacar del problema del desempleo es que su origen se encuentra en una contracción de la demanda de trabajo (producto de la recesión y la necesaria reconversión para enfrentar el desafío del MERCOSUR) al tiempo que la oferta se mantiene en niveles estructuralmente superiores a los que la economía estaba acostumbrada históricamente. Hay más gente buscando trabajo y los puestos que se crean -netos de la reconversión necesaria por el proceso de integración regional- no son aún los suficientes.

4 - Situación fiscal bajo control e implementación de reformas.

Se persistió en el control del déficit del sector público buscando evitar la necesidad de cobrar impuestos a través de la inflación, ya que esta vía financiera indirecta es de claro sesgo regresivo, afectando negativamente a los segmentos de la población que dependen de ingresos fijos. El nivel inflacionario entre el 20% y el 25% anual permite una recaudación de impuesto sobre los saldos monetarios suficientes para cubrir las necesidades fiscales que se debieron enfrentar en 1996.

Por lo tanto, debido a la conducta fiscal y la situación de precios internacionales relevantes para el país, se pudo cumplir con las metas, sin generar compromisos crecientes a nivel de endeudamiento, ya que toda la deuda externa neta total del sector público se ubica en 13.6% del PBI: el nivel más bajo de los últimos quince años.

Sin embargo hay que destacar que el esfuerzo fiscal se incrementa automáticamente por el hecho de que 1996 fue el año de comienzo de las reformas estructurales desarrolladas en la Ley de Presupuesto (principalmente las Reformas del Estado y Educativa) y la reforma del Sistema de Seguridad social. Al mismo tiempo, el rol protagónico de las exportaciones y la inversión en la recuperación de la economía no permite una recuperación con similar dinamismo en la recaudación ya que es imposible y poco razonable que el país exporte impuestos o que pretenda atraer la localización de inversión productiva ofreciéndole mayor presión tributaria.

El déficit del sector público en su conjunto se situó en el 1.7% del PBI medido según sus fuentes de financiamiento. Sin embargo, de este déficit una fracción importante (0.8% del PBI) corresponde a las Reformas del Estado y de la Seguridad Social, en particular las transferencias que se debieron realizar a las AFAP.

Otro factor determinante del nivel de déficit observado durante 1996 fue la situación a nivel internacional. El precio del petróleo afectó directamente la situación financiera de ANCAP una vez que se adoptó la decisión de no traspasar a los consumidores todo el incremento del principal insumo de esta empresa y ajustar las tarifas por debajo de la variación de los costos. Algo similar pero de menor magnitud ocurrió con UTE en el caso de la sequía que se observara en el invierno de este año y la decisión de no implementar una tarifa especial para hacer frente a la generación de origen térmico.

Existe una manifiesta aspiración a poder reducir la carga impositiva en la medida que la situación fiscal evolucione favorablemente, en particular en aquellos tributos que conspiran contra la creación de puestos de trabajo, ya que ésa es la variable que peor desempeño ha mostrado en 1996. Para ello resulta de vital importancia el control sobre el gasto público. Con este objetivo es que se realizó un importante esfuerzo en forma conjunta con el Consejo de Ministros que fue recogido por la actitud de los Parlamentarios plasmándose en la aprobación de una Rendición de cuentas con un solo artículo y sin incrementos en el nivel de gasto para 1997.

Este esfuerzo debe continuar ya que los desafíos a enfrentar son varios, en particular la adecuación de las Empresas Públicas que deben prepararse para competir en el mercado regional, lo que determinará la igualación de la carga tributaria que ellas soportan con la del sector privado.

La ejecución presupuestal

De los cuadros presentados en los Tomos adjuntos se desprende que el déficit de la ejecución presupuestal alcanzó los $ 3.193 millones, lo que implica en términos del Producto Bruto Interno un 2.1%, cifra similar a la registrada en el déficit presupuestal del año anterior. Sin embargo las diferencias en los dos presupuestos son notorias debido a que el de 1996 recoge los esfuerzos de la reforma de la seguridad social y de la reforma administrativa del Estado, además de los incrementos en los gastos aprobados en la ley Nº 16.736 (Presupuesto Nacional).

La comparación en términos reales entre los dos últimos presupuestos (corrigiendo por la evolución del índice de precios al consumidor entre los promedios anuales y sin considerar los fondos de libre disponibilidad), arroja un incremento de los recursos del 8.85% y de los gastos de funcionamiento e inversiones del 9.27% por lo que el resultado del Gobierno Central (una vez consideradas las partidas a regularizar) disminuye 7.67%.

Los tres elementos componentes del gasto que merecen ser destacados son: las transferencias a la seguridad social, los pagos por la reforma del Estado, además de los incrementos en el gasto establecido en los distintos programas del Presupuesto. En el caso de las transferencias a la seguridad social y asistencia financiera, la partida presupuestal registra un incremento del 13.07% dentro de los cuales se incluyen $ 534 millones que fueron transferidos a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, marcando una diferencia con el año 1995.

Si bien buena parte de los costos de la reforma del Estado ocurrirán en 1997, se han observado algunas erogaciones en el ejercicio presupuestal bajo análisis (aproximadamente $88 millones), las que se registran en el renglón Subsidios y otras transferencias, que registra un incremento del 14.95%. También forman parte de este renglón los certificados del BROU y de la DGI, reflejo de la mayor intensidad con la que operó la devolución de impuestos, en particular por el mayor dinamismo exportador de la economía, y la partida de los aportes patronales de los gobiernos departamentales.

5 - Importantes logros en la reducción y predictibilidad de la inflación

La situación fiscal ha permitido proseguir con la tendencia descendente en el ritmo inflacionario y cumplir con los niveles programados para el año 1996. El año cerró con una variación de los precios al consumidor del 24.3%, el valor más bajo observado en los últimos catorce años, constatándose una progresiva convergencia hacia el nivel de devaluación fijado para los últimos meses del año (1.4% mensual o sea el 18% anual).

Una de las mejores formas de colaborar con el sector privado en la toma de sus decisiones de consumo e inversión es a través de la reducción de las fluctuaciones imprevisibles de los precios. En este sentido la cercanía entre los anuncios oficiales en materia de variación de precios y las mediciones a través de diversos índices marca un alto grado de predictibilidad para los agentes privados.

La primera consecuencia de esta situación es la convergencia sin sobresaltos de los principales precios. En efecto, por segundo año consecutivo se observó una convergencia en la variación de los principales precios y por lo tanto no se sufrieron fluctuaciones del tipo de cambio, la tasa de interés y el salario real. En este último caso el índice medio de salarios medido en términos de poder adquisitivo registró un incremento del 1.3% en los doce meses culminados en diciembre.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1996, con un resultado deficitario de ejecución presupuestal de $ 3.193:033.000 (tres mil ciento noventa y tres millones treinta y tres mil pesos uruguayos), según los anexos que acompañan a la presente ley y que forman parte integrante de la misma.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de agosto de 1997.

Carlos Baráibar Presidente
Martín García Nin Secretario

Montevideo, 26 de agosto de 1997.

Señor Presidente

de la Asamblea General

Dr. don Hugo Batalla

Carpeta Nº 174779

Of. Nº 3814/97

Transcribo la resolución dictada por este Tribunal en su acuerdo del día de la fecha:

"VISTO: la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 1996, presentada por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General, con fecha 30 de junio de 1997;

RESULTANDO: 1) que, simultáneamente, se remitió duplicado del mencionado documento al Tribunal de Cuentas de la República, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso final del artículo 112 del TOCAF;

2) que la documentación remitida se ajusta a lo establecido por el artículo 110 del TOCAF, artículo 8º de la Ley Nº 15.903 de 10/11/87 y artículo 720 de la Ley Nº 16.170 de 27/12/90;

3) que también se adjuntó, según lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley Nº 16.134 del 17/10/90, el resultado de la gestión del Banco Central del Uruguay, como Agente Financiero del Estado;

4) que a partir de este Ejercicio se incluyen en el Cuadro 01 del Tomo I "Estado de Resultados Consolidado", el resumen de las operaciones realizadas con los fondos destinados a Rentas Generales, Fondo Nacional de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (FIMTOP), Fondo Nacional de Vivienda (FNV), Endeudamiento y Fondos de Libre Disponibilidad de los Incisos;

5) que lo expresado en el Resultando 4), implica un cambio de criterio respecto de los Ejercicios anteriores, al extenderse la ejecución presupuestal a todos los ingresos públicos, con excepción de las donaciones y legados, y a todos los gastos correspondientes en aplicación de lo establecido por el artículo 55 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996;

6) que el examen de la documentación remitida se efectuó de conformidad con normas y procedimientos de Auditoría gubernamental de aceptación general, incluyendo por consiguiente pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría, en la medida que se consideraron necesarios y posibles a tenor de las circunstancias;

7) que los importes que se exponen en los Estados Demostrativos fueron determinados por parte de la Contaduría General de la Nación sobre el término del plazo constitucional, por lo cual este Tribunal recién dispuso a partir de ese momento de la información definitiva a ser auditada;

8) que, de acuerdo a lo establecido por el numeral 2) del artículo 110 del TOCAF, la Contaduría General de la Nación determinó el resultado del Ejercicio por comparación entre los compromisos contraídos para gastos de funcionamiento más los compromisos contraídos que responden a gastos ejecutados para inversión, con las sumas efectivamente recaudadas para la financiación de dichos gastos;

9) que los importes correspondientes a los Incisos 25 "Administración Nacional de Educación Pública", 26 "Universidad de la República" y 27 "Instituto Nacional del Menor", fueron analizados de acuerdo a los datos proporcionados por la Contaduría General de la Nación;

10) que el déficit expuesto por el Gobierno Central para el Ejercicio 1996 ascendió a miles de $ 3:193.033, de acuerdo al siguiente detalle:

(Miles de $)

a) Total de Recursos 29.708.484
b) Gastos de Funcionamiento e Inversiones (32.874.195)
Resultado de la Ejecución Presupuestal (3.165.711)
c) Otras erogaciones
Cred. no Finc. Acr. c/Estado 1.081
Partidas a Regularizar 26.241

(27.322)

Resultado del Gobierno Central

(3.193.033)

CONSIDERANDO: 1) que con la presentación de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 1996 al Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el inciso final del artículo 214 de la Constitución de la República;

2) que en función de lo expresado en los Resultandos 4) y 5), se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996;

3) que en relación a lo dispuesto en el resultando 9) este Tribunal se expedirá en oportunidad de emitir su dictamen constitucional sobre los estados presentados por dichos organismos correspondientes al Ejercicio 1996;

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 211, Literal C), de la Constitución de la República y por el artículo 94 del TOCAF y a lo expuesto precedentemente;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) No formular observaciones al Déficit del Gobierno Central de miles de pesos 3.193.033, expuesto en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 1996;

2) Comunicar la presente resolución a la Asamblea General y al Poder Ejecutivo".

Saludo a Ud. muy atentamente.

Guillermo Ramírez Presidente
Jorge Ortellado Pro-Secretario Gral.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Presupuesto
Integrada

 

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto, integrada con la Comisión de Hacienda ha efectuado el examen de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1996 y en mayoría propone su aprobación tal como fuera remitido por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Representantes.

Las razones para ello provienen de una visión global en virtud de la cual los diversos problemas económicos no deben ser enfrentados en forma separada para evitar su recíproca neutralización, sino respondiendo a criterios coherentes.

El rasgo distintivo de la economía moderna es la globalización, fenómeno resultante de los avances de la tecnología, particularmente en el campo de los transportes y las telecomunicaciones. La globalización ha unificado y en cierta forma empequeñecido el planeta.

De tal manera que a nivel de bienes materiales y mercaderías prácticamente todo puede producirse en cualquier parte, y prácticamente todo puede comprarse en cualquier lugar, y a nivel de conocimientos todo se sabe o se puede saber en forma instantánea. Como escribe Carlos Maggi, la globalización consiste en la expansión del saber sin restricciones ni de tiempo ni de espacio, ni jurídicas ni de hecho.

Estos dos niveles de globalización producen efectos de tal entidad y variedad que a veces ni nos percatamos. Por ejemplo, en 1980 los flujos financieros de los siete países centrales no sobrepasaban el 10% del PBI de cada uno de esos países. A mediados de la década actual en todos estos países, excepto Japón, los flujos financieros equivalen a la totalidad del PBI, o sea que la relación se modificó 10 a 1 en poco más de una década. Mientras que en Japón los flujos financieros equivalen al 75% del PBI, o sea que la relación se modificó 7 a 1.

No han pasado muchos años desde que la inversión pública en el mundo igualaba o sobrepasaba la inversión privada. Hoy la inversión privada supera en muchas veces a la pública.

Estos flujos financieros significan inversiones que van y vienen.

Por tanto, el núcleo básico que determina las inversiones, funciona como una unidad planetaria. Los mercados financieros y monetarios están globalizados.

Esto supone limitantes para la planificación nacional de la economía. Pero también abre una nueva dimensión de posibilidad a los países pequeños, economías que, precisamente por su dimensión, pueden encarar soluciones en forma más rápida que los países de mucho mayor dimensión, los que, aun cuando hoy están mucho más adelantados que nosotros, les cuesta enormemente continuar el avance.

Además, por efecto de la globalización se da la posibilidad de la división internacional del trabajo que, como dijo Horts Sieber en su reciente visita a nuestro país, "no es un juego de suma cero, en el que el país gana solamente si simultáneamente otro pierde, sino un juego de suma positiva del cual todas las economías se ven beneficiadas".

No olvidemos que entre la economía nacional y la globalización, contamos con la regionalización -en nuestro caso el MERCOSUR- que le permite al Uruguay avizorar posibilidades de otro modo inexistentes.

Por supuesto que falta alguna forma de institucionalización internacional que permita regular los efectos de la globalización. Eso vendrá seguramente con el Siglo XXI. Mientras tanto regionalización y globalización son verdaderos desafíos, riesgos por una parte y oportunidades por otra, cuya apropiada utilización depende de las decisiones macroeconómicas que se adopten en dirección al crecimiento.

Por ello los números de la macroeconomía no son producto de una abstracción teórica, sino que tienen relación directa con la calidad de vida de la población.

Por otra parte la globalización, con todo lo importante que ya es como dato de la realidad, se encuentra en sus primeras etapas y su avance se produce a un ritmo cada vez más acelerado.

En ese escenario, el gobierno no puede ni quiere desafiar ni darle la espalda al mercado resultante de la globalización. Por el contrario, la idea ha sido y es convertir al mercado en un aliado, interviniendo con decisiones razonables en las cuales el Estado juegue un papel significativo en defensa de quienes en verdad requieren de esa protección. Para ello, apostó a la apertura económica y a la estabilidad. Eso, a su vez, requiere equilibrio en las cuentas públicas, o sea disciplina monetaria que permita la baja de la inflación crónica del Uruguay. Se entiende que la baja de la inflación puede estimular el ahorro y la inversión que es imprescindible para una reconversión del aparato productivo hacia una economía más productiva y por ende competitiva, como elemento imprescindible del crecimiento sostenido.

Sin crecimiento sostenido, difícilmente podrán haber políticas sociales porque en el mundo moderno políticas sociales con déficit son la guía segura al desastre.

Durante la discusión de la Ley de Presupuesto de 1995 el Senador Fernández Faingold manifestó que el conjunto de medidas propuestas en materia de recursos no tenía la finalidad de incrementar la recaudación, sino que apuntaba a mejorar la competitividad de los sectores productivos, concomitantemente con el refuerzo de las inversiones de infraestructura en apoyo a la producción y reforma del Estado para mejorar la cantidad y calidad de los servicios.

Nueve meses más tarde, el Senador Hierro López, en oportunidad de discutirse el proyecto de Rendición de Cuentas presentado el pasado año por el Poder Ejecutivo, subrayó que los proyectos de Rendición de Cuentas no deben ser el desdichado escenario de la puja de los sectores de la sociedad, en pos de recursos que pasan a ser nominales en cuanto la inflación asoma su rostro, sino un ajuste de cuentas de un gran presupuesto -como el que tenemos- que el país hace cada cinco años para asignar recursos especialmente en los temas sociales prioritarios.

Cabe ahora la interrogante si el país efectivamente ha avanzado por esta senda, cuantificando de algún modo este avance, sus resultados y perspectivas por aplicación de la Ley Presupuestal y de la Rendición de Cuentas con artículo único aprobada por primera vez en 1996 con el apoyo de los sectores que integran el gobierno de coalición.

En otras palabras, y como ahora el Senado está enfrentado a un nuevo proyecto de Rendición de Cuentas de similares características, o sea con gasto cero, convendría evaluar si la Rendición de Cuentas votada hace un año contribuyó a los objetivos propuestos, o sea, estabilidad económica, aumento de la inversión que determine un crecimiento del aparato productivo particularmente orientado a la exportación, y un desarrollo de las políticas sociales.

Esto implica evaluar la gestión de gobierno no sólo por las grandes directrices, sino también sobre la base de los resultados prácticos.

Tal como lo dice en su comienzo el Informe Económico-Financiero 1996 del Ministerio de Economía y Finanzas, la característica central de la economía durante 1996 fue la salida de la recesión basada en un fuerte dinamismo exportador y un excepcional proceso de inversión por parte del sector privado.

La recuperación durante el segundo semestre de 1996 fue de tal entidad que el año se cerró con un sorprendente 4,9% de aumento del PBI compensando con largueza la contracción del año 1995.

Como expresamos hubo una respuesta positiva del sector privado ante las medidas adoptadas por el Gobierno en apoyo de una mayor competitividad en el marco de una sensación de buena organización económica. Cuando la economía está organizada en forma seria, la multiplicidad de decisiones individuales de productores y consumidores lleva a crecer.

Eso fue lo que sucedió, y es lo que está sucediendo porque durante el primer semestre de 1997 esa misma política económica inserta en el contexto de regionalización y globalización ya registra un aumento del 6,7% del PBI en relación al primer semestre de 1996.

Eso permite alentar la razonable expectativa de que aún si no se registrara crecimiento en el segundo semestre de 1997 en relación al mismo período de 1996 superaríamos igualmente al 5% anual para el año 1997.

Atribuimos gran importancia a este dato porque consideramos que un aumento anual del PBI del entorno del 5% configura la base adecuada para profundizar las políticas sociales, máxime cuando ese crecimiento no es efecto de un boom del consumo, en cuyo caso sus consecuencias son más visibles, sino que sus motores son la inversión productiva y el aumento de las exportaciones.

Tan es así que en 1996 las exportaciones fueron un 13,8% superiores al año anterior, a pesar del deterioro de importantes elementos de la relación de intercambio, como fue entonces la baja de precios de las exportaciones de lana y carne.

La inversión privada en maquinarias creció en 1996 un 23,6%, lo cual, como expresa el Informe ya citado del Ministerio de Economía y Finanzas, constituye un récord no registrado desde 1983. En cifras quiere decir que en 1996 se importó en maquinarias por un valor de quinientos noventa y ocho millones de dólares.

Esa tendencia ha continuado en 1997. Las exportaciones aumentaron en el primer semestre de 1997 un 13,5% en comparación con el primer semestre de 1996, lo que llevó la totalidad del semestre enero-junio de 1997 a mil doscientos ochenta y un millones de dólares.

Si consideramos aisladamente el segundo trimestre de 1997 en relación al mismo período de 1996, las exportaciones crecieron un 21%.

La importación también creció y de ahí el déficit de la balanza comercial el cual está aparentemente estacionado en el entorno de los mil millones de dólares.

En el primer semestre de 1997 las importaciones aumentaron 15,3% en relación al mismo período de 1996, pero debe subrayarse que la compra de bienes de capital que lógicamente integran este Rubro, aumentó 24,8% el primer semestre de 1997 en relación a igual período de 1996, y si tomamos los doce meses vencidos al 30 de junio de 1997 el aumento llega al 29,2%.

Consideramos que eso es posible gracias a la estabilidad y concomitante baja de la inflación.

La inflación en 1996 fue de 24,3%, o sea que bajó 21 puntos en relación a 1995. Cada punto de inflación significa un impuesto de ocho millones de dólares a cargo, por supuesto, de los sectores más pobres.

La tendencia continúa. En el pasado mes de agosto la inflación fue de 0,77% o sea que por primera vez en catorce años bajó a menos del 1% mensual.

La expectativa es que en 1997 la inflación pueda abatirse en cerca de un tercio en relación a 1996, y finalicemos el año en el entorno del 15,5%.

Apuntando en el mismo sentido los convenios salariales tienden a comprender períodos superiores a los cuatrimestres. En 1996 los convenios salariales que comprendían períodos superiores a cuatro meses eran el 6,25% de los convenios, mientras que en lo que va de 1997 los convenios con períodos superiores a cuatro meses son el 35,71% de los convenios salariales.

La disciplina fiscal permitió cumplir en 1996 con las metas propuestas en materia de endeudamiento, por lo que la deuda externa del sector público ascendió al 13,6% del PBI, o sea el nivel más bajo de los últimos quince años. Al respecto conviene destacar que la deuda externa neta al 30 de junio de 1997 bajó setenta y un millones de dólares en relación al 31 de diciembre de 1996 y la deuda externa bruta del sector público bajó ciento cuarenta y tres millones de dólares en relación al 31 de diciembre de 1996.

La inversión en el sector público ascendió en 1996 a seiscientos noventa millones de dólares; las proyecciones para el año en curso permiten esperar un aumento en la inversión pública de cerca de doscientos millones de dólares más.

La inversión pública atiende objetivos concretos, que no es la piedra angular del crecimiento económico, ni aquí ni en ninguna otra parte, aun cuando obviamente es un factor coadyuvante con los restantes canales de inversión.

El déficit de la Administración Central de 1996 se mantiene en 2,1% del PBI. Pero como lo señala el Informe del Ministerio de Economía y Finanzas, en el resultado deficitario de la ejecución presupuestal a la que se refiere el artículo único del proyecto en consideración se incluyen, además de los incrementos en los gastos aprobados en la Ley Presupuestal también las transferencias a la seguridad social y los costos de la reforma del Estado.

A propósito de la reforma del Estado, el Presidente del BID, Cr. Iglesias, manifestó que el préstamo de dicha Institución para contribuir a financiar la reforma del Estado en el Uruguay, ha sido emblemático por ser la primera operación en su tipo que realiza el BID y que del equipo económico nacional que trabajó en la implementación de dicha reforma el BID mucho aprendió. En ese contexto no es de extrañar que 1996 haya sido un año récord en materia de apoyo al país por parte del BID, con financiamientos aprobados por más de trescientos ochenta millones de dólares y que se haya anunciado que en 1997 el BID apoyará programas de integración, reconversión y desarrollo de la granja y recuperación urbana y finalización de la doble vía Montevideo-Punta del Este.

Sigue siendo alta la cifra del desempleo. Se ha estacionado en un 12% a pesar de los puestos de trabajo creados en 1996. Si comparamos el trimestre mayo-julio de 1997 con el mismo período de 1996, se aprecia un aumento de ocupación en el entorno de quince mil puestos de trabajo y una disminución de la desocupación de seis mil trabajadores urbanos. Se espera que lleguemos a fin de año con un desempleo máximo del 11%. La cifra sigue siendo alta pero permítasenos un ejemplo para ilustrar la complejidad del problema: hace doce años un tejedor podía atender seis telares. Hoy la misma persona puede atender diez o doce telares cuyo rendimiento es de dos veces y media el de cada uno de los telares de hace dos años. Por tanto, ese tejedor hace el trabajo que doce años atrás hacían cuatro o cinco personas.

Eso en el ámbito de la lana porque en la industria algodonera la diferencia es mucho mayor.

Pero si el industrial no se reconvierte e incorpora dicho telar, no va a poder competir y en vez de tres trabajadores van a sobrar los cuatro. Sólo nos queda pues apostar a que la mejor competitividad resultante de la inversión, más las medidas de apoyo del gobierno, y una coyuntura económica propicia, permitan aumentar la producción de modo que a este industrial le hagan falta más telares para atender una demanda creciente y los trabajadores sobrantes sean nuevamente contratados.

No es tarea de un día. Mientras tanto, los competidores de Indonesia, China e Italia no están de brazos cruzados.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas el ingreso promedio de los hogares de Montevideo se incrementó en un 4% en relación al trimestre anterior. En comparación con igual trimestre de 1996, el crecimiento por encima de la inflación fue de 2,3%. El ingreso promedio de los hogares del interior urbano representó en el mismo período un aumento del 4,2% respecto al trimestre anterior y de 2,1% en comparación a igual lapso del año pasado.

En este aspecto debemos volver a lo del principio en el sentido de que la globalización abarca el mercado de empleo. El competidor de un trabajador uruguayo es el trabajador de otro país que desempeña tarea análoga.

Pero si de algo podemos estar seguros es que no es con confrontaciones internas que bajaremos el índice de desempleo.

Se ha hecho hincapié en que deben bajar las tarifas públicas y han habido algunos adelantos. Por ejemplo, bajaron las tasas de contralor internacional que percibe el BROU así como las tarifas de la ANP en especial para mercaderías que entran bajo el régimen de admisión temporaria. La política de desmonopolización de los bienes y servicios producidos dentro del ámbito comercial del Estado ha mejorado la gestión de estos Entes y determinó una baja de sus tarifas en beneficio del público consumidor, tanto en materia de seguros de automóviles, alcoholes, portland, etc.

Debe abatirse también el costo energético y hay expectativas fundadas en los efectos de la incorporación del gas natural desde la República Argentina. Significará un abaratamiento en la industria y también en los hogares con el agregado, en el segundo caso, de una mejora en las condiciones térmicas de los más necesitados porque, gas natural mediante, el costo de la calefacción será cuatro veces menor.

Por supuesto que la construcción del gasoducto para el sur del país se hará con el aporte privado, el cual se basa en las condiciones de estabilidad y confianza que inspira la actual conducción económica.

Es dable presumir que este conjunto de variables haya sido determinante para que en 1997 las calificadoras líderes mejoraran el ranking de Uruguay, llevándolo al escalón que literalmente traducido significa "grado de inversión".

Tal como lo señaló la prensa en su oportunidad, esto apareja dos consecuencias inmediatas.

La primera tiene que ver con el costo de captación del ahorro externo para financiar el gasto y la inversión. La segunda franquea la posibilidad de que inversores institucionales fuera de fronteras puedan colocar los títulos que administran.

Pero por encima de ambas consecuencias consideramos que esta mejora de la calificación es un valor en sí mismo positivo en cuanto demuestra cómo los analistas más calificados y respetados en el mundo de las finanzas perciben el comportamiento de la actual administración y el futuro del país.

El hecho es que la estabilidad ya ha comenzado a dar sus frutos, tanto en el ámbito de la producción, la inversión, y las decisiones de los consumidores.

Por otra parte, si bien puede parecer indiscutible la afirmación del Primer Ministro de Gran Bretaña en el sentido de que sólo con ahorro previo puede hacerse la inversión social, es un hecho que este Gobierno comenzó sus políticas sociales desde la sanción de la Ley Presupuestal de 1995.

La política social del Gobierno se basa en el principio de igualdad de oportunidades.

Comienza con la igualdad de oportunidades para vivir. Es así que el Ministro de Salud Pública pudo anunciar recientemente que en el primer semestre de 1997 hubo una nueva disminución real de la mortalidad infantil, acotando que dicha estadística abarcó también el interior del país.

También en función del principio de igualdad de oportunidades la reforma educativa se constituyó en un factor clave de la equidad para dotar al individuo de las herramientas que le permitan insertarse exitosamente en el mundo global.

En materia de vivienda es sabida la asignación sin precedentes que en la Ley de Presupuesto significaron los U$S 1.280:000.000 asignados al Ministerio de Vivienda y al Banco Hipotecario del Uruguay. No hay semana que no se entreguen viviendas a personas que por primera vez acceden a la casa propia.

En 1996, desde el punto de vista del desarrollo humano, Uruguay estaba en el lugar 32 entre 170 países. Ahora está en el lugar 28.

Como lo destacara el Ministro de Economía ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el gasto social es actualmente el 24% del PBI y el 75% del total del gasto público.

¿Cuántos países en el mundo pueden exhibir esta performance?

Actualmente, los resultados de la política económica abren un campo más amplio de maniobras que permitirán, si se continúa la línea actual de seriedad, disciplina y austeridad, reducir en forma gradual la presión tributaria y profundizar las políticas sociales.

Por lo pronto, el Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley por el cual se rebaja del 3% al 2% el Impuesto a las Retribuciones Personales para quienes perciben de 3 a 6 salarios mínimos, retrotrayéndonos a la situación anterior a la Ley de Nuevo Régimen Fiscal y Mejora de la Competitividad de 1995, con el agregado de que se mantienen las mejoras en la dotación de las asignaciones familiares.

También se han solicitado facultades para disminuir los aportes patronales, con el fin de abatir los costos laborales.

Con todo lo importante que son los logros ya obtenidos, no son suficientes.

Es verdad que la exportación aumentó 50% en cuatro años. Es un progreso pero puede y deber crecer aún más.

Es verdad que la inflación seguramente terminará 1997 en el entorno de un 16% anual, pero por lo alta, sigue siendo la tercera o cuarta de América Latina, superada por Venezuela y Ecuador y quizás Colombia. Aspiramos a que en 1998 tengamos, por fin, una inflación de un solo dígito.

La mortalidad infantil bajó a 16,4%. El dato no es despreciable y está entre los países latinoamericanos con mejores índices. Sólo se destaca Chile que hace una década dio un salto hacia adelante y hoy está con un índice del 13 por mil. Pero no tenemos dudas que debe seguir bajando.

Dos tercios de la población aproximadamente tiene vivienda propia. Es un dato interesante. Sin embargo, son fundadas las expectativas de aumentar este porcentaje. No es una utopía pensar que si continuamos en esa línea económica, dentro de una generación será realidad el precepto constitucional y toda familia uruguaya vivirá en su casa propia.

Haber frenado la suba de la tasa de desempleo es importante, e incluso disminuyó, pero hay que bajarla más aún.

Pero las buenas intenciones requieren respaldo técnico, y las políticas sociales no se hacen con discursos sino con recursos.

Por tanto entendemos que la austeridad del proyecto de Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal no debe ser revisada. Forma parte de un proyecto de país en plena reforma que preserva los valores esenciales del Estado uruguayo pero, como señalara el señor Presidente de la República, racionalizándolo y viabilizándolo.

Nuestro país está viviendo un período de grandes transformaciones. Es posible que por su gradualismo no se aprecien en toda su profundidad. Pero estamos en pleno proceso de cambios que están lejos de haberse consumado, por lo que es prematura una evaluación definitiva de sus frutos.

El Talmud nos enseña que si se comienza una buena obra no hay que interrumpirla.

Si se interrumpe más valdría no haberla iniciado. Así, pues, al iniciar la segunda mitad de este período de gobierno, y en vísperas de una segunda generación de reformas, cabe profundizar la senda emprendida con austeridad y seriedad.

Por estas consideraciones, la Comisión de Presupuesto integrada con la Comisión de Hacienda recomienda por mayoría aprobar sin modificaciones presupuestales el proyecto de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo tal como sucedió en la instancia de su pasaje por la Cámara de Representantes.

Sala de la Comisión, a 17 de setiembre de 1997.

Nahum Bergstein (Miembro Informante), Jorge Batlle, Jorge Gandini, Guillermo Carcía Costa, Ariel Lausarot, Luis Eduardo Mallo (con salvedades), Fernando Quarneti, Ana María Ruggia.

INFORME
(En minoría)

Al Senado:

Los Senadores firmantes, considerado el Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1996, entendemos que el mismo debe ser rechazado. Los fundamentos de esta actitud han sido rigurosamente expuestos en el informe en minoría elevado a la Cámara de Representantes por nuestros compañeros Diputados Doreen Javier Ibarra, Guillermo Alvarez, Silvana Charlone, Carlos Gamou y Enrique Rubio. Transcribimos la parte expositiva y de conclusiones del mencionado informe que compartimos íntegramente, lo que vuelve innecesario redactar un nuevo texto:

"1. - que esta Rendición de Cuentas de un solo artículo se limita a la aprobación de la ejecución presupuestal sin modificación alguna en el Rubro gastos y recursos;

2. - que se continúa así, con la política económica planteada al comienzo de esta Legislatura -como el Ajuste Fiscal- sin tener en cuenta los resultados económicos de la misma, que han producido fuertes signos de deterioro en la situación de la mayoría de la población y que se ve expresada en las manifestaciones sociales que se están realizando en distintas ciudades del interior del país.

Esa realidad, está indicando que los vaticinios que el Encuentro Progresista enunciara al comienzo de esta Legislatura se están, lamentablemente, cumpliendo. Siguen subsistiendo, y en algunos casos se han acrecentado, los problemas económicos y sociales más graves, como lo son el desempleo, la inequidad en la distribución de la riqueza y la falta de medidas enérgicas para incentivar la producción, como por ejemplo la modificación del sistema tributario.

Desempleo y pobreza

Los ingresos de la población caen paulatinamente; el incremento del índice del desempleo, en el período 1995-1996, fue de un 15%.

Las cifras que se presentan en el mercado laboral son realmente alarmantes:

* 150.000 personas desocupadas;
* 80.000 personas subempleadas;
* 175.000 personas con empleo precario;
* 85.000 ocupados en el Servicio Doméstico.

Es decir, más de 500.000 personas del sector activo de la población con graves problemas laborales, en una situación donde la caída del empleo, no sólo significa menos puestos de trabajo, sino también una caída importante en la oferta de trabajo, factor que influyó para que la tasa de desempleo no alcanzara actualmente niveles más elevados.

En definitiva, si se mira el comportamiento de la oferta y la demanda de trabajo -la tasa de actividad y la tasa de desempleo respectivamente- entre 1994 y los últimos datos disponibles, se ve que la causa del desempleo no es que la oferta haya crecido más que la demanda, sino que al contrario, más bien la oferta se ha mantenido estancada y lo que ha decrecido es la demanda de trabajo, en otras palabras, ha habido destrucción de puestos de trabajo lo que ha generado el aumento de la tasa de desocupación.

Para el año 1996, la tasa alcanzó a 11.9%. Se debe destacar que los guarismos, según I.N.E. de la desocupación a nivel departamental son heterogéneos, el extremo inferior fue en Salto con el 2.4% y en el otro extremo Río Negro con el 25.5%.

La falta de equidad en la distribución de la riqueza se agudiza cuando hay problemas de desempleo, especialmente para los más pobres.

Los datos de la CEPAL en "Panorama Social de América Latina 1996", muestran cómo la tasa de desocupación es notoriamente más elevada, entre los integrantes de las familias pobres.

Debe tenerse en cuenta además, que la falta de capacitación, que tiene una correlación positiva con la pobreza es determinante en las dificultades para acceder a un trabajo, más aún cuando éste es escaso.

Esta resultancia ameritaría la consideración de las carencias en el área de los gastos en educación, que presenta el Gobierno en esta Rendición de Cuentas.

Es notorio que la pobreza castiga, en primer lugar a los niños; en el cuadro Nº 37 de Indicadores sociales de infancia, análisis y ajuste de Encuestas de Hogares, OPP con UNICEF, se muestra la distribución de los niños de 0 a 5 años por área geográfica y sexo del jefe, según quintil del ingreso al que pertenece el hogar.

Este cuadro es particularmente claro en señalar que la pobreza y la infancia están íntimamente vinculadas: en el 20% de los hogares más pobres está casi el 40% de los niños, ya sea en Montevideo o en el interior y si se toma el 40% más pobre se tiene el 60% de los niños ya sea en una o en otra región geográfica. En cambio en el otro extremo sólo el 10% del total de niños está en hogares que pertenecen al 20% más rico. Muestra además, que en el estrato más pobre está más del 50% de los hogares con jefatura femenina, alcanzando en Montevideo a un porcentaje del 55%.

En un comentario de la CEPAL, que realiza sobre América Latina, expresa que es totalmente pertinente para el Uruguay y que de cierta manera sintetiza una evaluación de la línea económica del actual Gobierno, dice la CEPAL: "Una desigual distribución de los costos en las fases de ajuste y una marcada rigidez en la distribución del ingreso, en los períodos de auge han caracterizado la mayoría de los países latinoamericanos durante los años 90".

Más aún, el crecimiento actual del producto en Uruguay, se da con concentración de la riqueza y generación de niveles de pobreza crecientes.

Los indicadores del Gobierno Central

El déficit presentado por el Estado es de $ 3.193:033.000, lo que significa el 2.1% del PBI. De ese porcentaje se expresa que el déficit básico del Gobierno Central es del 1.7% del PBI, correspondiendo al 0.9% a los costos de las Reformas del Estado y de la Seguridad Social, preferentemente las transferencias a las AFAPs, por $ 88:000.000 y $ 534:000.000 respectivamente. A este tipo de déficit lo califica como déficit `bueno'; nosotros no compartimos la conceptualización que realiza el Gobierno de déficit `bueno y déficit malo'.

¿Cómo podemos decir que los costos de la Reforma del Estado están en esa categoría, cuando el Poder Ejecutivo nunca ha calculado la relación costo-beneficio? Sólo conocemos ahora algunos desembolsos financieros y en ejercicios futuros vamos a conocer los costos de la deuda asociada a su financiamiento.

Por otra parte, las transferencias a las AFAPs ¿quién nos asegura que serán colocadas en inversiones productivas para el país? Por ahora las transferencias tienen el casi exclusivo destino de financiar el propio déficit generado.

También existe un incremento desmesurado de gastos no claramente explicitados en esta Rendición.

Por intermedio de la Ley Presupuestal Nº 16.736 se modificó el sistema de registros contables para la presentación de la Ejecución Presupuestal. Hasta el Ejercicio 1995 inclusive, existían una serie de partidas que no se incluían en el presupuesto y que daban superávit, las cuales fueron utilizadas por el Poder Ejecutivo para incrementar el gasto en el Ejercicio 1996, sin la necesidad de la autorización parlamentaria. Este aumento del gasto determina un incremento del déficit del 0.54% del PBI en relación al déficit del año 1995, y no permanece incambiado como se expresa en la exposición de motivos del Poder Ejecutivo.

A su vez, la recaudación de impuestos es ineficiente. Los ingresos tributarios crecieron por el ensanchamiento de la base tributaria, no reflejando el aumento del producto. Del 11.4% de aumento de los ingresos tributarios, 8% corresponde a la aplicación plena de la Ley de Ajuste Fiscal y la Ley de Presupuesto Nacional, quedando sólo 3.4% para recoger del crecimiento del PBI. El IVA y el IMESI, aumentan sólo el 2% frente al 4.9% del PBI mientras que el IRP, impuesto de muy fácil recaudación, tiene un crecimiento del 4.8%.

Queda demostrado, entonces, la vulnerabilidad de este sistema tributario regresivo, que se apoya en la imposición al gasto, con tasas muy altas concentradas en dos tributos que imposibilita un control eficiente de la Administración.

Es claro que el aumento del déficit de 1996, del 2.11% del PBI, fue de un 20% mayor en relación al de 1995, que resultó del 1.76% del PBI. En el Ejercicio 1995 se habían recortado las inversiones con respecto a 1994 en un 24.6%. En 1996 se detuvo el deterioro pero el incremento de la inversión total ha sido muy pobre: el 3.42%, menos que el aumento del PBI (4.9%).

Es notorio que en momentos difíciles para vastos sectores de la población el Gobierno no apuesta a la inversión, ni aprovecha esta Rendición de Cuentas para dar respuesta a situaciones críticas, ni está dispuesto a aliviar las cargas tributarias que soportan, por ejemplo los trabajadores, pasivos y productores.

Las tarifas públicas de las Empresas del Estado son fijadas por encima de las reales necesidades económicas de los Entes. En 1996 hubo una transferencia a la Administración Central considerable. ANTEL transfirió $ 324:850.000, equivalente a U$S 40:749.000 y UTE $ 179:002.500, equivalente a U$S 22:454.000.

En definitiva, los usuarios abonaron un plus muy importante en las tarifas, que salieron de sus bolsillos.

En los Estados Demostrativos del Tomo I con relación a Subsidios, Subvenciones y otras Transferencias, se registran subsidios a AFE por U$S 25:704.000 y a PLUNA por U$S 13:650.000.

Sobre los subsidios a AFE, queda demostrado el error histórico del primer Gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, de suprimir servicios de ese Ente, sobre todo los de pasajeros. Los subsidios actuales a AFE son similares a los de 1988, con el agravante de que miles de ciudadanos se vieron afectados, muy seriamente, por la supresión de trenes de pasajeros. En cuanto a PLUNA queda demostrado que a pesar de su privatización, el Estado tiene que seguir subsidiando a la empresa.

Son variadas las medidas económicas, que según nuestra opinión deberían aplicarse para revertir esta situación. Entre ellas la de asignar recursos a la Educación Superior, para que conjuntamente con todos los sectores involucrados, se aboquen a la implementación de una política de desarrollo científico y tecnológico para el sector productivo; priorizar la inversión pública en educación, de manera de contribuir a una mejor formación global de los recursos humanos, así como en áreas que aseguren el desarrollo del empleo, como la vivienda y obras de infraestructura; asignar recursos al Instituto Nacional de Colonización para la adquisición de tierras y sucesión a pequeños productores; facilitar recursos a efectos de implementar amplias políticas dirigidas a la micro, pequeña y mediana empresa, ya que son el grueso del empresariado nacional y tienen un alto efecto sobre el empleo.

Propuestas del Encuentro Progresista

En ese sentido el Encuentro Progresista realiza una propuesta pública para mejorar la producción, el empleo, el sistema tributario y la adopción de medidas de emergencia.

Los Diputados que realizan este informe entienden que es posible atender, en esta Rendición de Cuentas, demandas y necesidades de la sociedad.

Nos hemos opuesto a la Reforma del Estado que conduce la Comisión para la Reforma del Estado -CEPRE- por haber sido resuelta en el ámbito del Presupuesto Nacional y sin participación activa de los partidos, los trabajadores y los usuarios.

Proponemos asegurar que los funcionarios públicos, declarados excedentarios, sean redistribuidos en el plazo de un año y que no se vean afectados sus derechos funcionales ni retributivos. Planteamos también, la modificación del artículo 739 del Presupuesto Nacional, para que la Comisión Permanente de Relaciones Laborales se integre con las asociaciones de funcionarios y tenga como cometido, analizar y convenir en materia salarial condiciones de empleo y convenios colectivos.

Con referencia a los Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República acordamos con sus pedidos presupuestales los cuales podrían financiarse con el aumento de la recaudación por el concepto de crecimiento del producto.

Es así, que planteamos otorgar las partidas presupuestales solicitadas al Poder Judicial; la Corte Electoral; la ANEP; asignar recursos especiales al INAME y con relación a la Universidad de la República destinar fondos a la recuperación salarial, aplicando políticas retributivas a los funcionarios docentes y no docentes, a fin de asegurar la continuidad de los programas universitarios.

Un renglón particular es el Hospital Universitario -Hospital de Clínicas- Dr. Manuel Quintela que requie re recursos urgentes, ya que como todos los ciudadanos sabemos, cuenta con enormes carencias, que han desembocado en que la dirección del Hospital ha tenido que adoptar medidas de emergencia disminuyendo, por ejemplo, las operaciones quirúrgicas de 15 a 10 por día.

Además queremos manifestar que los perversos y complejos mecanismos de la ejecución de gastos que impone el Poder Ejecutivo a la Universidad de la República y a otros organismos como el CONICYT, hace que los ya menguados recursos destinados se vean aún más disminuidos.

Sigue siendo indignante la discriminación que el Gobierno Central realiza con la Intendencia Municipal de Montevideo. Por concepto de aportes patronales, de IVA sobre compras y a Entes Autónomos y otros, se transfirió en este ejercicio U$S 65:000.000 al Gobierno Central.

Para poner fin a esa discriminación presentamos aditivos donde se igualan los aportes de la Intendencia Municipal de Montevideo al Banco de Previsión Social, con los fijados al resto de las Intendencias Municipales del país, es decir situarlos en un 16.5% y no como en el actual de un 19.5%, asimismo exonerar del Impuesto al Valor Agregado a las tarifas que las Intendencias Municipales deben abonar por concepto de alumbrado público, que el crédito del IVA establecido en la Ley Nº 15.927, a las Intendencias Municipales, se extienda al ser generado por inversiones efectuadas en obras de carácter permanente financiadas con fondos propios; la exigencia al Poder Ejecutivo de cumplir con la autorización acordada por el artículo 755 de la Ley Presupuestal, de 5 de enero de 1996, de contribuir con la Intendencia Municipal de Montevideo, por intermedio de Rentas Generales, por los `acontecimientos graves e imprevistos', como el acontecido en el Mercado Modelo.

Es imprescindible incrementar y detener la caída de los salarios de la Administración Central, para ello es necesario dar respuesta inmediata a los funcionarios de la salud, la educación, del INAME, judiciales y funcionarios policiales.

Reiteramos que esta Rendición de Cuentas es una excelente oportunidad para modificar el sistema tributario. En ese sentido proponemos, como primera etapa, la disminución de la tasa mínima del Impuesto al Valor Agregado -IVA- al 12%, rebajas importantes del Impuesto a las Retribuciones Personales; modificación de las tasas máximas del IMESI para el ingreso de productos suntuarios; gravar a la importación de bienes de consumo, que ingresan al país fuera del MERCOSUR, con una tasa estadística del 12%.

Por consiguiente, se debe analizar en profundidad nuestro proyecto de reformulación del sistema tributario en forma global, con la reimplantación del Impuesto a las Rentas de las personas físicas. Con el IRPF se obtendrán nuevos recursos necesarios para habilitar la sustitución definitiva del Impuesto a las Retribuciones Personales y una disminución paulatina en las tasas de los impuestos al consumo. Con el IRPF se mejorará la eficiencia recaudatoria global del sistema tributario, coordinado entre sus diversas partes, ya que el IRPF servirá para controlar, tanto al IVA como al Impuesto al Patrimonio.

Conclusiones

Finalizamos este informe reiterando nuestras propuestas de asegurar a los funcionarios públicos su redistribución, ante las posibles declaraciones de excedentarios en la Administración Pública; atender los petitorios presupuestales de los Organismos del artículo 220 de la Constitución; finalizar con la discriminación fiscal que se hace, por parte del Gobierno Central, con la Intendencia Municipal de Montevideo, detener la caída del salario real de funcionarios públicos, y, comenzar con la modificación del sistema tributario aumentando la equidad entre los ciudadanos".

Lo que antecede expresa nuestra opinión global sobre esta Rendición de Cuentas de artículo único. Pero entendemos necesario referirnos, brevemente, a algunos temas que consideramos de interés.

En primer lugar expresando nuestra disconformidad con la metodología de trabajo que llevaron adelante las Comisiones de Presupuesto y de Hacienda integradas para considerar el Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Podemos afirmar que no hubo análisis y discusión de la misma. Sólo en la sesión inicial, donde el Sr. Ministro expuso la posición del gobierno sobre la marcha de la economía y sus perspectivas se analizaron en un breve debate los datos macroeconómicos y los resultados de la gestión global de la economía. Las Actas respectivas expresan las posiciones vertidas en esa instancia. Por lo demás no existió análisis de la gestión de las distintas áreas de la marcha y costo de la Reforma del Estado, de lo realizado en materia de inversiones, de la política salarial futura, etc.

En segundo lugar dejar constancia de que la Comisión trabajó en la mayor parte de sus reuniones o con un quórum precario o directamente sin quórum. En por lo menos cinco reuniones, celebradas para recibir al Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas, a la Administración Nacional de Enseñanza Pública, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Instituto Nacional del Menor, las sesiones fueron celebradas por deferencia a los invitados que habían sido citados para exponer sobre sus respectivas iniciativas presupuestales. Lo descripto habla de la importancia que se adjudicó al tratamiento de esta Rendición de Cuentas.

En tercer lugar dejar constancia que recién a partir del día 26 de agosto y vía fax, la Comisión dispuso del dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal previsto por el Art. 211 de la Constitución de la República, y que durante el trámite en la Cámara de Diputados, dicho informe no existió. Este hecho, que planteamos en la primera sesión de la Comisión, es absolutamente irregular (la Cámara de Representantes aprobó la Rendición sin conocer ni tener a su disposición dicho informe previsto en la Constitución), más allá de la disquisición sobre si existen plazos o no para que el Tribunal de Cuentas lo remita. Existe una obligación constitucional y no puede de ninguna manera sostenerse que se puede aprobar el Proyecto de una Cámara sin que dicho informe sea conocido, o al menos haya sido remitido.

Es preciso, además, referirnos a otros temas que consideramos de importancia a efectos de analizar las políticas de gobierno en diferentes áreas:

Política de Vivienda: Ha sido nuestro interés desde hace varias instancias presupuestales, analizar la correspondencia entre las recaudaciones realizadas para el Fondo Nacional de Viviendas -en sus distintos rubros- lo transferido efectivamente desde el Tesoro Central al Ministerio de Vivienda y lo realizado con esos fondos.

Es decir cuántas viviendas se han construido en los distintos años. Cuando se discutió en 1995 el Presupuesto Nacional, quedó comprobado con informes proporcionados por MVOTMA que, durante los años de la Administración anterior, período a período, varias decenas de millones de dólares recaudados de impuestos a los contribuyentes para la construcción de viviendas, no habían sido transferidos, sin que se justificara qué destino tenían. Es de presumir que el Ministerio de Economía y Finanzas los utilizó con otros destinos.

Viviendas para jubilados y pensionistas: Obran en nuestro poder informes -que adjuntamos a continuación- que comprueban que a Enero de 1997, se habían recaudado, por concepto de lo dispuesto por el artículo 8º inciso B de la Ley Nº 16.237 (1 y 2% IRP PASIVOS), la cantidad de U$S 151:681.862.

Es evidente que a setiembre de 1997 esa cifra ronda los 200 millones de dólares. Y es también evidente que la misma, realizada en viviendas, hubiera permitido construir seguramente más de 7.000 viviendas. Y también es evidente que sólo se han construido al presente unas 800 viviendas, de acuerdo a datos no precisos que obran en nuestro poder. Cabe preguntarse ¿dónde están los recursos no transferidos? ¿a cuánto ascienden? ¿qué destino han tenido?

Informe de Fondo Nacional de Vivienda Impuesto a las Retribuciones de las Pasividades Ley Nº 16.237.

Fecha de
Presupuesto
Estado
Recaudaciòn
Pago al Tesoro
Nacional
Espresado
(En $)
en Valores
(En U$S)
Corrientes
(En UR
           
Feb-92 Mar-92 4/27/92 3:165.454 1:207.497 134.186
Mar-92 Apr-92 5/25/92 3:339.890 1:225.355 129.153
Apr-92 May-92 6/29/92 3:680.614 1:299.675 140.321
May-92 Jun-92 7/15/92 3:783.936 1:290.662 140.981
Jun-92 Jul-92 8/14/92 4:028.195 1:340.221 140.014
Jul-92 Aug-92 9/17/92 4:106.191 1:328.452 135.205
Aug-92 Set-92 10/19/92 4:217.791 1:333.390 136.014
Set-92 Oct-92 11/17/92 4:492.111 1:384.395 144.070
Oct-92 Nov-92 12/18/92 4:617.144 1:390.895 1441.154
Nov-92 Dec-92 1/19/92 4:619.657 1:365.147 132.406
Dec-92 Jan-93 2/15/93 4:889.952 1:414.360 137.706
Jan-93 Feb-93 3/17/93 5:196.119 1:474.825 142.204
Feb-93 Mar-93 4/16/93 5:334.482 1:486.367 142.939
Mar-93 Apr-93 5/13/93 5:351.020 1:457.646 126.293
Apr-93 May-93 6/14/93 5:350.647 1:432.397 124.753
May-93 Jun-93 7/16/93 6:448.240 1:691.120 145.954
Jun-93 Jul-93 8/17/93 6:710.058 1:698.319 147.604
Jul-93 Aug-93 9/20/93 7:072.905 1:755.063 145.833
Aug-93 Set-93 10/15/93 7:421.657 1:832.508 149.540
Sep-93 Oct-93 11/17/93 7:459.854 1:808.449 147.749
Oct-93 Nov-93 12/15/93 8:139.959 1:934.861 155.017
Nov-93 Dec-93 1/14/93 9:478.573 2:207.759 168.269
Dec-93 Jan-94 2/16/94 8:324.846 1:901.952 143.879
Jan-94 Feb-94 3/14/94 9:278.025 2:076.550 156.512
Feb-94 Mar-94 4/18/94 9:272.209 2:037.400 153.260
Mar-94 Apr-94 5/12/94 9:817.745 2:108.622 154.076
Apr-94 May-94 6/14/94 9:304.821 1:956.850 139.420
May-94 Jun-94 7/15/94 9:270.040 1:917.278 156.410
Jun-94 Jul-94 8/16/94 10:593.655 2:145.768 148.329
Jul-94 Aug-94 5/15/94 10:593.655 2:101.082 144.353
    10/14/94 1:061.892 210.609 14.868
Aug-94 Sep-94 10/18/94 10:560.892 2:041.147 149.162
Sep-94 Oct-94 11/17/94 11:121.550 2:003.522 167.166
Oct-94 Nov-94 12/16/94 12:619.356 2:275.398 149.722
Nov-94 Dec-94 1/17/95 12:140.923 2:197.452 139.932
Dec-94 Jan-95 2/14/95 11:501.035 2:063.336 169.525
Jan-95 Feb-95 3/16/95 14:180.746 2:455.966 165.642
Feb-95 Mar-95 4/20/95 14:289.957 2:472.739 161.843
Mar-95 Apr-95 5/16/95 14:850.706 2:497.176 134.626
Apr-95 May-95 6/21/95 12:504.100 2:078.129 271.371
(*) May-95 Jun-95 7/19/95 25:736.811 4:184.847 265.228
Jun-95 Jul-95 8/17/95 25:745.713 4:114.048 275.080
Jul-95 Aug-95 9/21/95 27:169.665 4:253.901 270.586
Aug-95 Sep-95 10/27/95 27:020.746 4:150.652 267.836
Sep-95 Oct-95 11/22/95 27:070.139 4:076.828 259.491
Oct-95 Nov-95 12/28/95 26:802.857 3:949.728 259.491
Nov-95 Dec-95 1/19/95 26:802.857 3:868.773 243.176
Diferencia que se abonó el 23/02/96 3:200.123 461.912 29.034
Dec-95 Jan-96 2/23/96 29:006.889 4:113.869 261.276
Jan-96 Feb-96 #22/03/96 32:197.646 4:468.792 283.880
Feb-96 Mar-96 4/22/96 32:405.752 4:420.976 281.471
Mar-96 Apr-96 5/21/96 32:314.102 4:321.223 270.456
Apr-96 May-96 6/20/96 34:150.007 4:485.160 282.792
May-96 Jun-96 7/19/96 33:718.162 4:340.649 273.864
Jun-96 Jul-96 8/20/96 37:705.672 4:751.818 299.085
Jul-96 Aug-96 9/20/96 28:123.910 3:443.604 216.404
Aug-96 Sep-96 10/21/96 28:984.164 3:509.404 220.044
Sep-96 Oct-96 11/20/96 31:541.309 3:793.759 235.805
Oct-96 Nov-96 12/19/96 31:769.516 3:765.945 233.702
Nov-96 Dec-96 1/21/96 31:973.072 3:745.235 228.706
Dec-96 Jan-97 2/20/97 30:808.165 3:560.403 218.281
  914:437.880 151:681.862 10:888.280

NOTA

Se tomó tipo de cambio promedio mensual y valor de la UR correspondiente al mes del presupuesto de pasividades.

(*) Corresponde a diferencia que fuera incluida en el pago de $ 4:872.046 como complemento de activos.

(#) El incremento en el IRPPasivos se debe al Ajuste Fiscal.

# Primera transferencia realizada a la cuenta bancaria Nº 36.153/210 del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Ley Nº 15.900
Art. 7º y 1 y 2% IRP 45:007.807 35:481.284 4:904.415
Ley Nº 16.237
Art. 8º Inc. B 1 y 2% IRP
Pasivos 914:437.880 151:681.862 10:888.280
TOTAL FONDO NACIONAL
DE VIVIENDA AL 31/01/97

959:445.687

187:163.146

15:792.695

Política de Vivienda

De los datos aportados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con fecha 10 de setiembre de 1997 a nuestro requerimiento, surgen estos datos que sintetizamos:

Recaudación del Fondo Nacional de Vivienda

(en miles de $ a valores constantes de 1996)

año 1994 año 1995 año 1996
442.549 655.066 995.393

Transferencias realizadas al FNV por Tesoro Nacional y BPS

372.387 419.629 816.101
70.162 235.437 179.292

En total en los tres años referidos, 1994, 1995 y 1996 no han sido transferidos $ 484:891.000 (cuatrocientos ochenta y cuatro millones ochocientos noventa y un mil pesos), que al tipo de cambio promedio del año 1996 ($ 7.97 por dólar) equivalen a U$S 60:839.523. Y esto es sólo referido a estos tres años.

El MVOTMA nos ha proporcionado datos que corresponden a los ejercicios 1995/97 que expresan lo siguiente:

Total de transferencias no realizadas
recaudación ejercicios 1995/97

IRP Activos $ 235:527.922
IRP Pasivos  $ 263:406.057
Total 1995/97 (sin 1994)  $ 498:933.979

que para el MVOTMA equivalen a un importe en dólares de U$S 63:200.000.

Estas son las cifras que se nos proporcionan. Las recaudaciones para el Fondo Nacional de Viviendas son impuestos con destino específicos que pagan los trabajadores, para, solidariamente, construir viviendas para los sectores más postergados. Es inadmisible que esos fondos se distraigan de su destino específico. Podemos preguntarnos ¿qué pasará con todo lo que se ha recaudado desde 1992 y no se ha transferido? ¿A cuánto asciende? ¿Qué destino tuvieron esos recursos? ¿Cuántas viviendas podrían haberse construido?

Nuestro interés está centrado en que el MVOTMA reciba esas transferencias, y las reciba ya.

Incremento en la recaudación del IRP por Ley Ajuste Fiscal

De conformidad con los datos proporcionados por la OPP el incremento de la recaudación del IRP en el año 1995 fue de $ 854:420.000 que al tipo de cambio mencionado más arriba equivale a U$S 107:204.510. En 1996 el incremento fue de $ 1.457:418.000 equivalente a U$S 182:862.980.

La cifra mencionada -equivalente a un punto del PBI- explica que en gran medida el abatimiento del déficit fiscal se debe a la recaudación de este impuesto, que grava no la renta, sino el ingreso, el salario. La necesidad de modificar este injusto gravamen, reduciéndolo, salta a la vista.

Es este impuesto uno de los elementos claves que el Poder Ejecutivo ha manejado para abatir el déficit, sin afectar las grandes fortunas ni las grandes rentas.

Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

De conformidad con la información proporcionada por la OPP, desarrollada comparativamente, lo asignado para inversiones de este Ministerio, clave en el desarrollo de la infraestructura del país, permaneció prácticamente estancado entre los años 1994/1996, alcanzando en este último a $ 1.297:223.000, es decir a U$S 162:763.000, lo que no alcanza al 1% del PBI, de los que se ejecutaron $ 1.160:441.000, es decir unos U$S 145:601.000. Las cifras hablan por sí mismas. Para un país en desarrollo, este nivel de inversiones no permite siquiera realizar un mantenimiento correcto de las obras de infraestructura.

El gasto en materia de retribuciones personales

Un elemento muy importante, clave para juzgar la corrección o no de las políticas aplicadas en materia de reforma del Estado, hubiera sido el de conocer y comparar el gasto en materia de retribuciones personales, en forma discriminada.

Así, en la información proporcionada, a valores de 1996, cuadro 34 del Tomo I, las retribuciones personales pasaron de $ 7.059:652.000 gastados en 1995 a $ 8.091:126.000 gastados en 1996. Estas cifras dan un incremento de $ 1.031:474.000. Lo que importa una variación en más del 14,61%. Como es evidente que el ingreso real de los funcionarios no se incrementó en las cifras mencionadas, cabe preguntarse, ¿a qué se debió el incremento? Por lo menos, ¿en qué se gastó en más? ¿Cuánto se ahorró por la aplicación de los retiros incentivados? ¿Cuánto le cuestan al Estado los arrendamientos de Obras y Servicios?

Sabemos, por deferencia de la Oficina de Servicio Civil, que existen en toda la Administración -Administración Central y Empresas Públicas- una cantidad de 1.516 contratos de arrendamientos de obra y servicios. No hemos logrado aún conocer cuánto cuestan al Estado esos arrendamientos de obra y servicios, aunque sí conocemos el monto de algunos que han llegado al Parlamento observados por el Tribunal de Cuentas, aunque el Parlamento, seis meses después de recibirlos aún no se ha pronunciado sobre ellos. Hay contratos de arrendamiento de obra y servicios por varias decenas de millones de dólares. Es cierto, en alguna empresa pública. Pero ¿qué ocurre con la Administración Central?

Hemos pedido esta información al Tribunal de Cuentas. Aún no la hemos recibido. Pero debería ser esclarecida para conocimiento de todos. Porque, quizás inadvertidamente, estemos forzando el retiro incentivado de quince mil funcionarios, endeudando al país para poder pagar su retiro incentivado en centenares de millones de dólares, y por otra vía, sin mejorar -al menos en forma apreciable- el funcionamiento del Estado, gastando más dinero en retribuciones personales, pero pagándolo en sueldos de personal que gana en dólares, muchas veces en miles de dólares, que es designado directamente, sin concurso, a discreción por los sectores políticos que controlan los cargos ejecutivos.

Sala de la Comisión, a 17 de setiembre de 1997.

Reinaldo Gargano (Miembro Informante), Danilo Astori, Alberto Couriel y Helios Sarhou..

Carp. Nº 804/97
Rep. Nº 481/97
Anexo I

TEXTO DE LOS PROYECTOS DE LEY
REMITIDOS POR LOS ORGANISMOS
DEL ARTICULO 220 DE LA
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

INCISO 16

PODER JUDICIAL

CAPITULO I

Retribuciones personales y complementarias

1. - Retribuciones generales

Artículo 1º. - Increméntase el sueldo de los funcionarios judiciales de los escalafones I, Q y equiparados en un 4% (cuatro por ciento) y de los escalafones II a VI en un 15% (quince por ciento).

Art. 2º. - Facúltase a la Suprema Corte de Justicia a realizar transformaciones de cargos de los escalafones II a VI del Poder Judicial, con el fin de racionalizar la estructura jerárquica y la escala de sueldos correspondiente, realizando las exclusiones de cargos que considere necesarias, sin lesionar derechos funcionales. La misma se financiará con los créditos presupuestales de las partidas asignadas para el Rubro 0 "Retribuciones Personales".

Art. 3º. - Otórgase una partida de $ 13:900.000 (pesos uruguayos trece millones novecientos mil), la que será destinada por la Suprema Corte de Justicia al reordenamiento del Escalafón II "Profesional" desde el grado 12 al 16 y de los cargos que ella estime necesario, a los efectos de mantener la equiparación de las remuneraciones y hacer las correcciones pertinentes para superar las situaciones creadas por el artículo 386 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

2. - Retribuciones complementarias

Artículo 4º. - Sustitúyese el artículo 317 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en la redacción dada por el artículo 468 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

"Los funcionarios de los escalafones II al VI, con excepción de los incluidos en el artículo 311 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en la redacción dada por el artículo 388 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, y artículo 386 de esta misma ley, que durante el mes demuestren tener una especial asiduidad, de acuerdo a la reglamentación que, a tales efectos dicte la Suprema Corte de Justicia, percibirán una compensación a la asiduidad equivalente al 15% (quince por ciento), del total de sus remuneraciones permanentes de naturaleza salarial. Sin perjuicio de otras situaciones que prevea la reglamentación a dictarse, en ningún caso tendrán derecho quienes hayan gozado de licencias especiales de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IX de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, o hayan registrado inasistencias, sean estas justificadas o no."

El incremento de la tasa que se establece en el inciso primero, se financiará exclusivamente con los créditos presupuestales asignados al 1º de enero de 1997 en la partida correspondiente (Rubro 0 - renglón 064.401).

Art. 5º. - No recibirán el aumento establecido en el artículo 150 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, todos aquellos funcionarios cuyas remuneraciones surjan por equiparación con los sueldos de los Magistrados.

CAPITULO II

Creaciones

Artículo 6º. - Créanse los siguientes cargos:

2 Juez Letrado de 1a. Instancia Interior - Esc. I

1 Juez Letrado de 1a. Instancia Capital (materia Menores) - Esc. I

La Suprema Corte de Justicia asignará cada uno de los cargos creados.

CAPITULO III

Normas de ejecución presupuestal

Artículo 7º. - Extiéndese la autorización prevista en el artículo 477 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 a la partida asignada por el literal C) del artículo 474 de la mencionada ley.

CAPITULO IV

Normas sobre funcionarios

Artículo 8º. - Declárase incompatible el cargo de Médico en el Poder Judicial, o ejercicio de su función, con el desempeño de cargo o función pública remunerada u honoraria en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", derogándose exclusivamente a esos efectos lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Art. 9º. - La ineptitud física o mental permanente, prevista en los artículos 12 y 14 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, será declarada, en el caso de los funcionarios del Poder Judicial, por una Junta Médica del Instituto Técnico Forense que será designada por la Suprema Corte de Justicia.

Art. 10. - La Suprema Corte de Justicia podrá declarar excedentes a aquellos funcionarios judiciales, que teniendo un título profesional universitario o título técnico, no puedan ser designados en el escalafón respectivo del Poder Judicial y cuando así lo solicite el interesado.

Art. 11. - Los peritos y funcionarios técnicos que se desempeñan en el Instituto Técnico Forense, asesorando a los señores Magistrados en el cumplimiento de su función, no pueden actuar profesionalmente como peritos en forma particular en los asuntos que se tramiten ante el Poder Judicial.

Art. 12. - Los funcionarios contratados que hayan ingresado al Poder Judicial por el mecanismo de redistribución, podrán concursar para ocupar vacantes de cargos presupuestados, en el mismo grado en que hayan sido incorporados.

INCISO 17

Tribunal de Cuentas

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 510 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

"ARTICULO 510. - Fíjase en un 65% (sesenta y cinco por ciento) para todos los funcionarios de todos los escalafones A, B, C, D, R y F, el porcentaje establecido en el artículo 158 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994."

Art. 2º. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 47 del TOCAF por el siguiente:

"Para las licitaciones públicas y remates se efectuará una publicación en el Diario Oficial y en otro de circulación nacional, sin perjuicio de otros medios que se consideren convenientes para asegurar la publicidad del acto, en especial, la comunicación a los servicios de información sobre compras estatales. Se entiende por diario de circulación nacional, los que sean posible adquirir en todas las capitales departamentales."

Art. 3º. - Sustitúyese el artículo 57 del TOCAF, por el siguiente:

"ARTICULO 57. - En cada organismo con competencia para gastar, funcionará una o varias Comisiones Asesoras de Adjudicaciones designada por la autoridad superior del organismo, con el cometido de dictaminar o informar sobre la oferta más conveniente a los intereses del Estado y las necesidades del servicio, en las contrataciones cuyo monto supere el doble del límite fijado para la compra directa a que refiere el artículo 41.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante propondrá la adjudicación, aun cuando haya una sola oferta válida, mediante pronunciamiento fundado. Dicho pronunciamiento no creará derecho alguno a favor del oferente seleccionado.

A los efectos de evaluar las propuestas se podrá solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, pero no se podrá pedir ni permitir que modifique su contenido.

Si se presentaren dos o más ofertas iguales o similares en su precio, plazo y calidad, se podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas otorgando un plazo no menor de veinticuatro horas.

Tratándose de ofertas iguales o si subsistiera la igualdad en caso de haberse solicitado mejora de ofertas y el objeto del contrato permitiera dividir la adjudicación y esa facultad se hubiera establecido en el pliego de condiciones, se efectuará la adjudicación a todos los oferentes que estuvieran en tal situación, por las partes proporcionales que corresponda. De no haberse previsto en el pliego de condiciones la facultad de adjudicar parcialmente, se invitará a los oferentes a aceptar la adjudicación por partes iguales. De no ser posible el fraccionamiento por la naturaleza del objeto licitado, o no aceptarse el último procedimiento indicado, la adjudicación se efectuará por sorteo convocándose a los oferentes respectivos a concurrir al acto.

Tratándose de ofertas similares y si subsistiera la similitud luego de haberse solicitado mejora de ofertas y el objeto del contrato permitiera dividir la adjudicación y esa facultad se hubiera establecido en el pliego de condiciones o fuere aceptada por los respectivos oferentes, la adjudicación podrá efectuarse a todos los oferentes que estuvieren en tal situación.

Si el pliego lo prevé en caso de presentarse ofertas iguales o similares, se podrán entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos oferentes que precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio. De lo actuado en relación a cada proponente, se labrará acta sucinta.

Se consideran ofertas similares aquellas cuyo precio no supere el 5% (cinco por ciento) del de la
menor. Cuando los demás criterios de evaluación de ofertas tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio a los efectos de determinar cuál o cuáles son las ofertas similares. En los casos en que la calificación de las ofertas se efectúa mediante una operación aritmética o ecuación, cuya expresión final se exprese mediante puntaje, se consideran ofertas similares las que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la que resulte con mayor puntaje.

Además, se podrán establecer negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes."

Art. 4º. - Derógase el artículo 108 del TOCAF.

INCISO 18

Corte Electoral

Artículo 1º. - Facúltase a la Corte Electoral a liquidar trimestralmente la prima por asiduidad creada por el artículo 365 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Art. 2º. - Increméntase en un 25% (veinticinco por ciento) las remuneraciones que perciben, con cargo a los créditos presupuestales y leyes especiales, los funcionarios del inciso 18 "Corte Electoral", con excepción de los cargos comprendidos en los escalafones "P" y "Q".

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes a tales efectos.

Art. 3º. - La Corte Electoral procederá, antes del 31 de diciembre de 1998, a racionalizar la estructura orgánica de las Oficinas Centrales y de las Oficinas Electorales Departamentales, pudiendo disponer de las transformaciones de cargos y partidas de gastos que requiera el servicio, sin que ello signifique un aumento del crédito presupuestal ni lesión alguna a los derechos funcionales.

Luego de efectuados los ascensos que correspondieren se suprimirá el 40% (cuarenta por ciento) de las vacantes existentes en el último grado de los respectivos escalafones, quedando habilitada la Corte Electoral para designar al personal en los cargos vacantes restantes.

Art. 4º. - Incorpórase el siguiente cargo, a la nómina de cargos que perciben la retribución adicional creada por el artículo 163 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994;

Escalafón  Grado Cargo %
IV 16 1 Jefe de Sector Archivo Electoral 30

Art. 5º. - Increméntanse los créditos asignados a la Corte Electoral, para el ejercicio 1998 y siguientes, en los montos que se detallan: Rubro 2 "Materiales y Suministros" (excepto: renglón 251.822 "ANCAP" y renglón 252.827 "UTE") en $ 1:028.571 (pesos uruguayos un millón veintiocho mil quinientos setenta y uno); Rubro 3 "Servicios no Personales" (excepto: renglones 311.824 "ANTEL", 314.826 "OSE" y 351.890 "Alquileres") en $ 2:571.429 (pesos uruguayos dos millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve).

Art. 6º. - La Corte Electoral podrá, de acuerdo a lo establecido en el artículo 340 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, aplicar sus ingresos extrapresupuestales, de la manera siguiente:

A) 65% (sesenta y cinco por ciento) para gastos de funcionamiento e inversiones pudiendo destinar de este porcentaje hasta un 80% (ochenta por ciento), al pago de incentivos por rendimiento para sus funcionarios.

Dicho incentivo no podrá exceder el 40% (cuarenta por ciento) de las retribuciones mensuales perma nentes sujetas a montepío y podrá alcanzar hasta un 40% (cuarenta por ciento) de sus funcionarios.

B) 20% (veinte por ciento) destinado a capacitación y promoción social de los recursos humanos del Organismo.

C) 15% (quince por ciento) para el pago de servicios extraordinarios o especiales.

Art. 7º. - Facúltase a la Corte Electoral a pagar compensaciones por tarea terminada.

Dichas compensaciones son compatibles con el cobro de la compensación creada por el artículo 504 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Art. 8º. - Autorízase a la Corte Electoral a contratar en carácter de pasantes, hasta 100 (cien) estudiantes que tengan aprobado el segundo ciclo de enseñanza secundaria y hasta 30 (treinta) que tengan aprobado el ciclo de enseñanza primaria.

Dichos pasantes cumplirán funciones en las Oficinas Centrales y en las Oficinas Electorales Departamentales.

El plazo de dichas pasantías será hasta de un año, el que podrá prorrogarse hasta por un año más.

Los pasantes recibirán por toda remuneración por ocho horas diarias de labor $ 2.500 (pesos uruguayos dos mil quinientos) mensuales los que tengan aprobado el segundo ciclo referido y $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil) los restantes. La remuneración se reajustará por los aumentos que correspondan a los funcionarios del Organismo.

Para la contratación se seguirán las normas de filiación que se aplican para el ingreso al Organismo.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes.

Art. 9º. - Créanse los siguientes cargos:

A) Jefe de OED III Escalafón IV Grado 16.

B) Secretario de OED III Escalafón IV grado 15.

Dichos cargos serán provistos por los funcionarios restituidos al amparo de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, que no hayan sido presupuestados en los cargos que les hubieren correspondido.

Art. 10. - Asígnase una partida de $ 9:000.000 (pesos uruguayos nueve millones) para el ejercicio 1998 y otra de $ 3:000.000 (pesos uruguayos tres millones) para el ejercicio 1999 a fin de atender los gastos de funcionamiento e inversiones necesarios para incorporar al Sistema de Computación la información existente en los Registros que tiene a su cargo la Corte Electoral. El saldo no utilizado del ejercicio 1998 acrecentará la partida de 1999.

Con cargo a estas partidas se podrán contratar los técnicos en informática necesarios para implementar y ejecutar los programas referidos.

Art. 11. - A partir del 1º de enero de 1999 las economías resultantes de la no provisión de vacantes podrán destinarse al mejoramiento de las retribuciones personales de los funcionarios del Organismo.

Art. 12. - Sustitúyese el artículo 504 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 por el siguiente:

"ARTICULO 504. - Otórgase a todos los funcionarios una compensación mensual por concepto de régimen de permanencia a la orden a cuyos efectos se habilita una partida de $ 6:732.595,89
(pesos uruguayos seis millones setecientos treinta y dos mil quinientos noventa y cinco con ochenta y nueve centésimos) correspondiente al renglón 064.307."

INCISO 19

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Artículo 1º. - La dotación del cargo de Jefe del Tribunal de lo Contencioso Administrativo será del 80% (ochenta por ciento) de la retribución que por todo concepto perciban los directores de Departamento en régimen de dedicación exclusiva.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

Art. 2º. - La dotación de los funcionarios que ocupan los cargos mencionados en el artículo anterior y que no optaren por el régimen de dedicación exclusiva, será incrementada en un 25% (veinticinco por ciento).

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

Art. 3º. - Transfórmase un cargo de Jefe, Escalafón C, Grado 11, en un cargo de Actuario Adjunto (abogado o escribano), con la dotación del 80% (ochenta por ciento) de la del Actuario, sin dedicación exclusiva.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

Art. 4º. - Transfórmase dos cargos de Auxiliar Contable, Escalafón D, Grado 11, en dos cargos de Jefe, Escalafón D, Grado 12 de la Unidad Contable, con la dotación del Jefe de Servicio de Informática Jurídica y de Gestión.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

Art. 5º. - Transfórmase tres cargos de Administrativo I, Escalafón C, Grado 10 y un cargo de Administrativo II, Escalafón C, Grado 9, en cuatro cargos de Auxiliar Contable, Escalafón D, Grado 11 de la Unidad Contable, con la dotación del Operador I del Escalafón D.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

Art. 6º. - El Tribunal de lo Contencioso Administrativo procederá a designar, entre sus actuales funcionarios, a quienes ocuparán los cargos referidos en el artículo anterior, seleccionándolos por resolución fundada y atendiendo a su idoneidad técnica comprobada y su experiencia, valoradas en función de una anterior actuación en labores de esa naturaleza en el Organismo.

Art. 7º. - Increméntase la partida dispuesta en el artículo 544 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en el porcentaje dispuesto por el artículo 545 de la Ley citada, con la obligación establecida en ese artículo.

La Contaduría General de la Nación, habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

Art. 8º. - La dotación del Jefe de Informática Jurídica y de Gestión, será del 80% (ochenta por ciento) de la retribución que por todo concepto perciba el Director del Servicio de Informática Jurídica y de Gestión, sin perjuicio de la compensación prevenida por el artículo 174 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

El cargo mencionado estará en régimen de dedicación exclusiva, de no ser así, se incrementará en un 25% (veinticinco por ciento).

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

Art. 9º. - Aplícase a todo el Escalafón D, el artículo 174 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Art. 10. - Destínase una partida anual de $ 7.800 (pesos uruguayos siete mil ochocientos) a fin de compensar la asignación de funciones del Conserje de Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con la reglamentación que dicte el Organismo.

Art. 11. - Créase la División Jurídica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, compuesta por dos Directores de División (abogado o escribano) y por un Subdirector de División (abogado o escribano), dentro del Escalafón A.

Art. 12. - Transfórmase el cargo de Director de Departamento Jurídico (abogado) y un cargo de Actuario (escribano), en dos Directores de División, con la dotación del 90% (noventa por ciento), por todo concepto, de la que percibe el Defensor de Oficio en régimen de dedicación exclusiva, y el cargo de Secretario del Departamento Jurídico (abogado), en un cargo de Subdirector de División, con la dotación del 80% (ochenta por ciento) de la que, por todo concepto, percibe el Director de División.

Los cargos mencionados en el inciso anterior, estarán en régimen de dedicación exclusiva.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

Art. 13. - El Tribunal de lo Contencioso Administrativo procederá a designar entre sus actuales Actuarios, al que ocupará uno de los cargos de Director de División referidos en el artículo anterior, seleccionándolo por resolución fundada y atendiendo a su idoneidad técnica comprobada y experiencia avaladas en función de una anterior actuación en tareas de esa naturaleza en el Organismo.

Art. 14. - Los cargos de Chofer del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, además de las funciones atinentes a su cargo presupuestal, desempeñarán las que el Tribunal les asigne.

Art. 15. - Incorpórase a la unidad ejecutora 001, en el último Grado del Escalafón administrativo, los funcionarios que presten funciones en comisión en el Tribunal.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

Art. 16. - Inclúyese a los cargos de Secretario Letrado y Prosecretario Letrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el literal C) del artículo 35 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Art. 17. - Interprétase el artículo 556 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en el sentido que, el porcentaje dispuesto en el mismo, lo será sin perjuicio de la compensación preceptuada por el artículo 174 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Art. 18. - Increméntase en $ 50.000 (pesos uruguayos cincuenta mil) la partida para retribuciones adicionales por trabajos en horas extras, la que será distribuida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Art. 19. - Inclúyese dentro de las excepciones establecidas en el inciso quinto del artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, los cargos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La presente disposición regirá para las vacantes producidas a partir del 1º de enero de 1998.

Art. 20. - Establécese una partida anual de $ 150.000 (pesos uruguayos ciento cincuenta mil) para el ejercicio 1998 y siguientes, para cubrir los gastos que demande la participación y organización en eventos nacionales e internacionales relativos a la materia administrativa.

Art. 21. - Increméntanse los rubros: 2 (Materiales y Suministros) en $ 250.000 (pesos uruguayos doscientos cincuenta mil); (Gastos Extraordinarios) en $ 90.000 (pesos uruguayos noventa mil); y Suministros por otros Organismos estatales y paraestatales en $ 250.000 (pesos uruguayos doscientos cincuenta mil).

Art. 22. - Decláranse vigentes en todos sus términos los artículos 413 y 416 de la Ley Nº 16.320, de 11 de noviembre de 1992.

Art. 23. - Los créditos establecidos en la presente ley para Gastos e Inversiones, son a valores de 1º de enero de 1998.

Dichos créditos se ajustarán en la forma prevista en los artículos 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

INCISO 25

Administración Nacional de Educación Pública

Artículo 1º. - Increméntese el Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales" del Inciso 25 "Administración Nacional de Educación Pública" (ANEP), con vigencia al 1º de enero de 1998, en $ 73:475.000 (pesos uruguayos setenta y tres millones cuatrocientos setenta y cinco mil) a valores del 1º de enero de 1997 que se destinarán a:

A) $ 40:875.000 (pesos uruguayos cuarenta millones ochocientos setenta y cinco mil) para el pago de las retribuciones del personal adicional afectado a la expansión de las nuevas estrategias educativas.

B) $ 32:600.000 (pesos uruguayos treinta y dos millones seiscientos mil) para el pago de una compensación de $ 300 (pesos uruguayos trescientos) nominales mensuales a los docentes Grado 1 y Grado 2 y una compensación de $ 150 (pesos uruguayos ciento cincuenta) nominales mensuales a los docentes Grado 3, la que se ajustará en la misma oportunidad y porcentaje que las retribuciones de los funcionarios públicos y estará sujeta a montepío.

La presente compensación no deberá ser tenida en cuenta a los efectos del cálculo de las compensaciones por titulación y/o aula, ni para el cálculo de compensaciones que tienen como base el Grado 1 del Escalafón docente.

Podrán percibir esta compensación:

i) Los maestros con título de Maestro Normalista emitido por ANEP, que ejerzan funciones en el Consejo de Educación Primaria desempeñándose en el aula de clase con 20 horas semanales como mínimo y que se encuentran en los grados 1, 2 y 3 del Escalafón docente;

ii) los profesores egresados del Instituto de Profesores Artigas (IPA) y de los Institutos de Formación Docente (IFD) del interior, con título de Profesor de Educación Media que se desempeñan en liceos y escuelas técnicas del Consejo de Educación Secundaria y del Consejo de Educación Técnico-Profesional, que tienen como mínimo 20 horas semanales de clase y que se encuentran en los grados 1, 2 y 3 del Escalafón docente;

iii) los profesores egresados del Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET) con título de Maestro Técnico, que se desempeñan como docentes, del Consejo de Educación Técnico-Profesional, que tienen como mínimo 20 horas semanales de clase y que se encuentran en los grados 1, 2 y 3 del Escalafón docente;

iv) los profesionales universitarios de carreras de cuatro o más años de duración que hayan validado su titulación ante la ANEP con la aprobación de cursos de Capacitación Docente que dispensa para ellos la ANEP a través de la Dirección de Formación Docente, que se desempeñan como docentes del Consejo de Educación Técnico-Profesional, que tienen como mínimo 20 horas semanales de clase y que se encuentran en los grados 1, 2 y 3 del Escalafón docente;

v) los profesores egresados del Instituto Superior de Educación Física a partir del año 1979 y que acrediten haber finalizado y aprobado el ciclo secundario completo como formación previa, que ejerzan 20 horas semanales como mínimo en funciones docentes directas de Educación Física, que se desempeñen en la ANEP y que se encuentran en los grados 1, 2 y 3 del Escalafón docente.

Art. 2º. - Los incrementos correspondientes en el Rubro 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales" serán financiados en forma adicional con cargo a Rentas Generales, como se procedió en 1996 con las partidas aprobadas en el Inciso 25 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Art. 3º. - Increméntese el Rubro 9 "Asignaciones Globales" del Inciso 25 "Administración Nacional de Educación Pública", con vigencia al 1º de enero de 1998, en $ 47:350.000 (pesos uruguayos cuarenta y siete millones trescientos cincuenta mil), a valores del 1º de enero de 1997.

Art. 4º. - Autorícese a la Administración Nacional de Educación Pública a ampliar el financiamiento externo con el Banco Mundial establecido por el artículo 417 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y confirmado por el artículo 571 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 con destino al "Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria" en un monto adicional a las anteriores aprobaciones de $ 348:800.000 (pesos uruguayos trescientos cuarenta y ocho millones ochocientos mil) equivalente a U$S 40:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuarenta millones) de los cuales $ 104:640.000 (pesos uruguayos ciento cuatro millones seiscientos cuarenta mil) equivalente a US$ 12:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América doce millones) corresponden a la contrapartida nacional. Este nuevo programa tendrá una asignación presupuestal para 1998 y 1999, expresada en dólares de los Estados Unidos de América de:

Endeudamiento Contrapartida
Externo
(en U$S)
Nacional
(en U$S)
Año 1998 5:600.000 2:400.000 8:000.000
Año 1999 9:450.000 4:050.000 13:500.000

Art. 5º. - Autorícese a la Administración Nacional de Educación Pública a prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1999 la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de la Enseñanza Técnica" autorizado por el artículo 418 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y posteriormente establecidas las asignaciones presupuestales de cada año por el artículo 572 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. La cifra establecida para el año 1998 que alcanza a U$$ 17:827.000 (dólares de los Estados Unidos de América diecisiete millones ochocientos veintisiete mil) será redistribuida de la siguiente forma:

Endeudamiento Contrapartida
Externo
(en U$S)
Nacional
(en U$S)
TOTAL
(en U$S)
Año 1998 8:173.523 1:653.477 9:827.000
Año 1999 7:461.477 538.523 8:000.000

Art. 6º. - Autorícese a la Administración Nacional de Educación Pública a ejecutar en 1999 las asignaciones presupuestales establecidas por el artículo 572 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 para el año 1996 y no ejecutadas al 31 de diciembre de 1996, las que ascienden a U$S 3:711.867 (dólares de los Estados Unidos de América tres millones setecientos once mil ochocientos sesenta y siete), distribuidas de la siguiente forma:

Endeudamiento Contrapartida
Externo
(en U$S)
Nacional
(en U$S)
TOTAL
(en U$S)
Año 1999 2:705.412 1:006.455 3:711.867

Art. 7º. - Prorrógase desde el 1º de enero de 1997 y hasta la próxima Ley Presupuestal, la autorización establecida por el artículo 570 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 para destinar, un monto equivalente de hasta $ 87:200.000 (pesos uruguayos ochenta y siete millones doscientos mil), equivalente a U$S 10:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América diez millones) a precios del 1º de enero de 1997, del producto del Impuesto de Educación Primaria y de hasta $ 34:880.000 (pesos uruguayos treinta y cuatro millones ochocientos ochenta mil) equivalente a U$S 4:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro millones) de los recursos asignados al Rubro 9 "Asignaciones Globales", a fin de continuar con la financiación y pago de las partidas de alimentación del personal docente y no docente del Ente, dispuestas por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública en cumplimiento del artículo 2º de la Ley Nº 16.469, de 1º de marzo de 1994.

Las partidas de alimentación indicadas, se ajustarán en la misma oportunidad y porcentaje que las retribuciones de los funcionarios públicos y dicho incremento será de cargo de Rentas Generales, tal como lo establece el artículo 570 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Art. 8º. - Modifícase el literal C) del artículo 76 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 estableciendo que para el año 1998 ANEP podrá ejecutar de las asignaciones presupuestales destinadas a gastos de inversión con financiamiento de Rentas Generales y de Endeudamiento Externo hasta $ 469:702.800 (pesos uruguayos cuatrocientos sesenta y nueve millones setecientos dos mil ochocientos) equivalente a U$S 53:865.000 (dólares de los Estados Unidos de América cincuenta y tres millones ochocientos sesenta y cinco mil).

Art. 9º. - Sustitúyase el artículo 738 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 por el siguiente:

"ARTICULO 738. - Incorpórese al artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 (artículo 33 del TOCAF), los incisos siguientes:

"Las contrataciones referidas en el literal A), no podrán incluir la participación, directa o indirecta de empresas privadas.

Las realizadas al amparo del literal I), deberán contar con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto en la configuración de los extremos que habilitan la causal, como los precios y condiciones que corresponden al mercado.

Para el Poder Judicial, la Administración Nacional de Educación Pública y Universidad de la República e Intendencias Municipales, dicha certificación la realizará el Tribunal de Cuentas.

Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 8º del Código Civil)"".

Art. 10. - Modifíquese la redacción del artículo 41 del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera, que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 41. - Sin perjuicio de las excepciones establecidas en los artículos 33 y 42, fíjase para los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República y para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en $ 240:000.000 (doscientos cuarenta millones de pesos) el monto a que refiere el numeral 1º del artículo 33, y en $ 6:000.000 (seis millones de pesos) el monto máximo a que refiere el numeral 2º del referido artículo.

Este régimen podrá ser suspendido por decisión fundada del Poder Ejecutivo, previo dictamen del Tribunal de Cuentas si se evalúa que los sistemas de gestión o de control interno en las áreas vinculadas a las contrataciones del Ente o Servicio no son confiables, lo que deberá declarar expresamente en la resolución respectiva.

El Poder Ejecutivo, previo dictamen del Tribunal de Cuentas, podrá autorizar este régimen, total o parcialmente, a otros organismos públicos que demuestren tener adecuada gestión y eficaz control interno.

Cuando no exista acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas o no haya dictamen de éste luego de sesenta días de solicitado, la resolución del Poder Ejecutivo será remitida a conocimiento de la Asamblea General."

INCISO 26

Universidad de la República

Programa de Educación Superior

Artículo Unico. - Asígnase a la Universidad de la República una partida anual de $ 445:574.184 (cuatrocientos cuarenta y cinco millones quinientos setenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro pesos), a precios de 1º de enero de 1997, con destino a la recuperación salarial y a las políticas retributivas de sus funcionarios docentes y no docentes, para asegurar la continuidad de los programas universitarios e impulsar su desarrollo.

Programa de salud

Artículo 1º. - Asígnase una partida anual de $ 27:009.223 (veintisiete millones nueve mil doscientos veintitrés pesos), equivalente a U$S 3:097.388 (dólares de los Estados Unidos de América tres millones noventa y siete mil trescientos ochenta y ocho) a precios de enero de 1997, con destino a los gastos de funcionamiento del Hospital de Clínicas "Doctor Manuel Quintela".

Restitución de partida

Artículo 1º. - Restitúyase al presupuesto inicial de la Universidad de la República un monto anual de $ 19:660.000 (diecinueve millones seiscientos sesenta mil pesos), a precios de 1º de enero de 1997, para cubrir las obligaciones dispuestas por los Decretos del Poder Ejecutivo Nº 203/92, de 12 de mayo de 1992 y Nº 221/93, de 19 de mayo de 1993.

INCISO 27

Instituto Nacional del Menor

Artículo 1º. - Modifícase la denominación de "Instituto Nacional del Menor" (INAME), establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988, por la de "Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay" (INNAU), manteniendo su carácter de servicio descentralizado a todos sus efectos y competencias.

Art. 2º. - Facúltase al Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay a constituir un fondo con los descuentos de cualquier naturaleza que por inasistencias se practiquen a sus funcionarios, teniendo como único destino sumarse a las economías anuales creadas por el artículo 725 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, para atender aquellas necesidades que se vinculen con el pago de los premios por desempeño excelente y muy bueno.

A tal efecto, el INNAU comunicará a la Contaduría General de la Nación las trasposiciones resultantes de la aplicación del inciso anterior.

Art. 3º. - Las Cuidadoras de Hogares Sustitutos y Cuidadoras de Excepción que tengan menores a tiempo parcial percibirán una retribución proporcional a la establecida para las de tiempo completo por los artículos 534 y 535 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, de acuerdo a las horas efectivas de atención al menor. El Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay, reglamentará la aplicación del presente artículo.

Art. 4º. - Los cargos vacantes o que vaquen en el futuro pertenecientes al último grado del Escalafón administrativo podrán ser provistos por los becarios que desempeñan funciones en el Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay, provenientes de UTU al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete. El INNAU reglamentará el ingreso a los cargos vacantes para estas designaciones.

Posteriormente a esa fecha, el Instituto podrá mantener hasta treinta becarios provenientes de UTU, los cuales cesarán a los dos años si antes no son regularizados de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.

Art. 5º. - El fondo permanente que se asigne al Inciso 27, Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay, será equivalente a dos duodécimos de la suma total asignada en el respectivo presupuesto para inversiones y gastos de funcionamiento, con la excepción de la correspondiente a retribuciones de servicios personales, cargas legales y prestaciones de carácter social y suministros de bienes o servicios efectuados por organismos estatales y paraestatales. Dicho monto será ajustado anualmente al primero de enero de cada año de acuerdo a los créditos permanentes vigentes a esa fecha.

Art. 6º. - Modifícase la denominación establecida en los puntos d) y e) del artículo 217 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, de la siguiente manera, donde se expresa "discapacitados leves" por la expresión "problemática biopsicosocial leve" y donde dice "discapacitados profundos" debe decir "problemática biopsicosocial profunda".

Art. 7º. - Sustitúyese el artículo 616 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 616. - Los cargos del Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay de los escalafones "B", "C" y "D" podrán acceder a los grados 15 y 16. El Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay reglamentará la aplicación de este artículo"."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN. - Señor Presidente: la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda ha efectuado un examen del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1996 y, por mayoría, propone su votación tal como fue remitido por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Representantes.

En virtud de que se ha hecho un informe escrito, que está en manos de los señores Senadores, nos parece ocioso proceder a su lectura, pero nos permitiremos subrayar algunos de sus puntos.

Nos planteamos la siguiente interrogante. El año pasado se votó un proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de las mismas características del que se nos propone ahora, vale decir, con un artículo único y gasto cero. Cabe preguntarse, entonces, cuáles fueron los resultados del proyecto de ley similar votado en el año 1996. ¿Se justificó el esfuerzo político, social y económico que significa la aprobación de una Rendición de Cuentas de esas características? Es lo que trataremos de explicar en nuestra breve exposición.

Cualquiera sean los indicadores que tomemos, resulta claro que estamos en un período de crecimiento y de resultados positivos de la política económica emprendida en el marco de un fenómeno mundial, cual es la globalización a dos niveles. Nos referimos a la globalización de bienes, porque hoy todo se puede producir y comprar en cualquier parte, y a la globalización del saber, porque todo se conoce al instante. Sobre este escenario ha crecido en una forma realmente sorprendente, en el correr de una o dos décadas, la masa de medios de pago en manos de los privados. De manera que hoy, en el mundo entero, la inversión privada supera a la pública en márgenes de siete a uno, aproximadamente, cuando no hace muchos años esta última era igual o mayor que aquélla en cualquier parte del mundo. Esto significa que en el mundo está el dinero y que son muchos los países que compiten por atraerlo, porque la inversión es un elemento fundamental para el crecimiento.

Se trata, pues, de crear las condiciones necesarias para atraer la inversión en ese contexto. Ello puede parecer duro, y lo es por lo que significa la agudización de la competencia y porque para triunfar en el mundo de la competitividad hay que aumentar la productividad. Pero, paradojalmente, podemos constatar que varios países -que precisamente no se destacan por su población, su extensión ni sus recursos naturales- han sabido desarrollar una política en ese marco, que les ha resultado satisfactoria para sus intereses. A veces sucede que países grandes que están más adelantados que el nuestro desde el punto de vista económico, pero les cuesta mucho adaptarse a las nuevas circunstancias y no están en condiciones de hacer un avance, mientras que otros de menor dimensión tienen mayor flexibilidad y pueden hacerlo.

Resulta claro que necesitamos un crecimiento sostenido. Durante la discusión de la Ley de Presupuesto de 1995, el señor Senador Fernández Faingold manifestó que el conjunto de medidas propuestas en materia de recursos no tenía la finalidad de incrementar la recaudación, sino que apuntaba a mejorar la competitividad de los sectores productivos en forma concomitante con el refuerzo de las inversiones de infraestructura en apoyo a la producción y reforma del Estado para mejorar la cantidad y calidad de los servicios. Nueve meses más tarde, el señor Senador Hierro López, en oportunidad de la discusión del proyecto de ley de Rendición de Cuentas presentado el año pasado por el Poder Ejecutivo, subrayó que dichos proyectos no deben ser el desdichado escenario de la puja de los sectores de la sociedad en pos de recursos que pasen a ser nominales en cuanto la inflación asoma su rostro.

Entonces, vamos a evaluar qué es lo que pasó desde la aprobación de la Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del año pasado.

Como lo dice en su parte inicial el informe económico-financiero de 1996 del Ministerio de Economía y Finanzas, la característica central de la economía durante ese año fue la salida de la recesión, basada en un fuerte dinamismo exportador y un excepcional proceso de inversión por parte del sector privado. La recuperación durante el segundo semestre de 1996 fue de tal entidad que el año se cerró con un sorprendente 4,9% de aumento del Producto Bruto Interno, compensando con largueza la contracción de 1995.

Eso es lo que está sucediendo en 1997 porque esa misma política económica, inserta en el contexto de regionalización y globalización, ya registra un aumento de 6,7% del Producto Bruto Interno en relación al primer semestre de 1996. Esto permite alentar la razonable expectativa de que, aun si no hubiera mayor crecimiento en el segundo semestre de 1997 respecto del nivel alcanzado en el mismo período de 1996, superaríamos igualmente el 4,9% anual para el año 1997. Este dato no es desdeñable porque, desde nuestro punto de vista, un aumento anual del Producto Bruto Interno del entorno del 5%, configura una base sólida para profundizar las políticas sociales, máxime teniendo en cuenta que ese crecimiento no es resultado del efecto de un "boom" del consumo -en cuyo caso, las consecuencias serían más visibles- sino que sus motores son la inversión productiva y el aumento de las exportaciones. Tan así es que en 1996 las exportaciones fueron un 13,8% superiores al año anterior, a pesar del deterioro de rubros fundamentales como la baja de los precios de la lana y la carne.

En el primer semestre de 1997 -o sea, al 30 de junio de este año- las importaciones aumentaron 15,3% en relación al mismo período de 1996. No obstante, debe subrayarse que la compra de bienes de capital que integra este Rubro, aumentó 24,8% el primer semestre de 1997, en relación al mismo período de 1996. Asimismo, si tomamos los 12 meses vencidos al 30 de junio de 1997, el aumento llega a un 29,2%.

Por otro lado, la inversión privada en maquinarias creció en 1996 un 23,6%, lo cual constituye un récord no recordado desde 1983. Esto quiere decir que en 1996, se importó en maquinarias en nuestro país por un valor de U$S 598:000.000.

Además, la inflación en 1996 fue de 24,3%, lo que significa que en relación con 1995 bajó 21 puntos, y no se trata de una cifra abstracta, sino que tiene que ver con la calidad de vida de la sociedad uruguaya y en especial de los sectores necesitados, porque cada punto de inflación significa un impuesto de U$S 8:000.000 a cargo, por supuesto, de los sectores más modestos. Esta tendencia continúa. El pasado mes de agosto la inflación fue de 0,77%, o sea que por primera vez en 14 años bajó a menos de un 1% anual y todo indica que en este mes de setiembre vamos a cruzar nuevamente el umbral del 1% mensual y la inflación será menor a ese porcentaje. Esto lleva a la expectativa de que en 1997 la inflación pueda abatirse en cerca de un tercio con respecto a 1996, finalizando el año en el entorno del 15,5%.

Deseo subrayar, señor Presidente, que en el informe escrito hablábamos de una expectativa para 1997, de una inflación de 17% anual. No obstante, las cifras que llegaron a conocimiento público -prácticamente durante este fin de semana- nos indicaba que la previsión de la semana pasada de un 17%, pecaba por excesiva y hoy podemos hablar de un 15,5% hasta un 16%. Dicho sea de paso y apuntando en el mismo sentido de la estabilidad, cabe señalar que cada vez es mayor el porcentaje de convenios salariales que se hacen espontáneamente por períodos superiores a cuatro meses.

La disciplina fiscal permitió cumplir, en 1996 con las metas propuestas en materia de endeudamiento por lo que la deuda externa del sector público ascendió al 13,6% del Producto Bruto Interno, o sea, el nivel más bajo de los últimos 15 años. Asimismo, la deuda externa neta al 30 de junio de 1997, bajó U$S 71:000.000 en relación al 31 de diciembre de 1996, y la deuda externa bruta del sector público bajó U$S 143:000.000, si tomamos el 30 de junio de 1997 con el 31 de diciembre de 1996.

Por otro lado, la inversión en el sector público que algunos sectores demandan enfáticamente, ascendió en 1996 a U$S 690:000.000, y las proyecciones para el año en curso permiten esperar un aumento de la inversión pública de alrededor de U$S 200:000.000 más. Pero debemos subrayar que si bien esta inversión pública atiende objetivos concretos, no es la piedra angular del crecimiento económico, ni en nuestro país, ni en cualquier otra parte, aunque es verdad que puede coadyuvar con los restantes canales de inversión.

En cuanto al déficit de la Administración Central en 1996, se mantuvo en 2,1% del Producto Bruto Interno. No obstante, tal como lo señala el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, en este resultado deficitario al que se refiere el artículo único del proyecto en consideración, se incluyen además de los incrementos en los gastos aprobados en la ley presupuestal, también las transferencias a la seguridad social y los costos de la reforma del Estado, que fueron respectivamente $ 534:000.000 y $ 88:000.000, lo que nos da un total de $ 622:000.000, o sea, 0,4% del Producto Bruto Interno. Hay quien objeta que las transferencias a las AFAP se computen como un gasto, pero el hecho es que antes con el sistema de seguridad social, el Gobierno contraía una deuda con los futuros jubilados, y ésta no era contabilizada. Nosotros compartimos el criterio contable del Gobierno porque, a nuestro entender, es un índice de seriedad en las cuentas que se hacen.

El déficit fiscal, señor Presidente, a junio de 1997, bajó 1,6% del Producto Bruto Interno, incluyendo nuevamente las transferencias a las AFAP y el costo de la reforma del Estado. Asimismo, deseo dar un dato -en beneficio de los señores Senadores- que quizás no haya llegado a conocimiento público y es que el costo de la reforma del Estado en el primer semestre del año fue de $ 138:000.000 y las transferencias a las AFAP representaron una cifra de $ 734:000.000, lo que nos da un total transferido en el primer semestre de $ 872:000.000 que están incluidos en el 1,6% de déficit del Producto Bruto Interno. Si incluyéramos las transferencias a las AFAP en relación a las empresas públicas, la cifra sería mayor.

Por otra parte, debemos también decir que en el segundo semestre de 1997, el costo de la reforma del Estado va a ser mucho mayor. Precisamente, a propósito de la reforma del Estado, deseo hacer una pequeña disgresión. Se ha afirmado que no hay un verdadero estudio de costo-beneficio en relación a la reforma del Estado emprendida, frente a lo cual deseo comentar lo siguiente.

En primer término, el señor Presidente del BID, contador Iglesias, manifestó que el préstamo de dicha institución para contribuir a financiar la reforma del Estado en Uruguay, ha sido emblemático, por ser la primera operación en su tipo que realiza el BID. Además, señaló que del equipo económico nacional que trabajó en la implementación de dicha reforma, el BID mucho aprendió. Esta cita la hemos extraído de la revista "Guía Financiera".

En ese contexto no es de extrañar que 1996 haya sido un año récord en materia de apoyo al país por parte del BID, con financiamientos aprobados por más de U$S 380:000.000 y que se haya anunciado que en 1997 el BID apoyará programas de integración, reconversión y desarrollo de la granja, recuperación urbana y finalización de la doble vía Montevideo-Punta del Este.

En relación al costo-beneficio de la reforma del Estado, por supuesto que para obtener ese préstamo del BID -dicho préstamo era fundamental para financiarla- fue necesario hacer un minucioso estudio de costo-beneficios, el cual demuestra que deducidos todos los costos financieros del préstamo del BID, la reforma del Estado va a determinar una rentabilidad superior al 12%.

Si pasamos al tema del desempleo, podemos decir que se ha estacionado en un 12% -es alto- a pesar de los puestos de trabajo creados en 1996. Si comparamos con el trimestre de mayo-julio de 1996, se aprecia un aumento de ocupación en el entorno de 15.000 puestos de trabajo -se ha sostenido que no aumentan la oferta de trabajo- y una disminución de la desocupación de 6.000 trabajadores urbanos. Se espera que se llegue a fin de año -tal como lo ha dicho el señor Ministro de Economía y Finanzas- con un desempleo máximo de un 11%. La cifra sigue siendo alta, pero pedimos que se nos permita repetir un ejemplo que hemos incorporado al informe escrito.

Hace 12 años un tejedor de lanas, podía atender seis telares y hoy la misma persona puede atender 10 ó 12 cuyo rendimiento es dos veces y media el de cada uno de los telares de hace 12 años, es decir, de 500 a 600 golpes por minuto. Por lo tanto, ese tejedor hace el trabajo que 12 años atrás hacían, por lo menos, cuatro personas. Este ejemplo se aplica en el ámbito de la lana, porque en la industria algodonera la diferencia es mucho mayor. En consecuencia, si el industrial no se reconvierte e importa dicho telar semiautomático, no va a poder competir del todo y en vez de tres trabajadores, van a sobrar cuatro. Entonces, sólo nos queda apostar a que la mejor competitividad resultante de la inversión, más las medidas de apoyo al Gobierno, y una coyuntura económica propicia, permitan aumentar la producción de modo que a este industrial le hagan falta más telares para atender una demanda creciente, y sean nuevamente necesarios los servicios, de los trabajadores cesados. Esta no es tarea de un día y mientras tanto los competidores de otros países no están de brazos cruzados.

Todo esto nos da la pauta de cuán complejo es el sistema del desempleo y si algo tenemos seguro es que no lo vamos a solucionar con confrontaciones internas, sino que es una tarea que se inserta en la globalización del mundo y que podemos combatir con crecimiento y creación de riqueza.

Se ha hecho hincapié en que deben bajar las tarifas públicas. Ha habido algunos adelantos que hemos mencionado en el informe escrito. Pero hay una rigidez en la estructura del gasto corriente de la Administración Central que va a ser muy arduo de poder superar. Debe abatirse el costo energético y hay expectativas fundadas acerca de los efectos de la incorporación del gas natural de la República Argentina. Significará un abaratamiento. El Presidente de la UTE ha dicho recientemente a la prensa que, con el gas natural, habrá un abaratamiento de U$S 60:000.000 anuales y que, además, va a haber una mejora en la calidad de vida, porque los hogares modestos se beneficiarán con las condiciones térmicas, ya que el calor costará cuatro o cinco veces menos que ahora. No será cuestión de prender la estufa cuando se baña al nene o cuando alguien está enfermo. Con el gas natural, a un precio tremendamente inferior, se podrá brindar el acondicionamiento térmico necesario a los sectores más modestos. Por supuesto que la construcción del gasoducto para el sur de nuestro país se hará con el aporte privado.

Todo este conjunto de variables ha sido determinante para que en 1997 las calificadoras líderes mejoraran el "ranking" del Uruguay, llevándolo al escalón que, traducido literalmente, significa grado de inversión. Tal como lo señaló la prensa en su oportunidad, esto acarrea algunas consecuencias. La primera, tiene que ver con el costo de captación del ahorro externo para financiar el gasto de inversión. La segunda, franquea la posibilidad de que inversores institucionales fuera de fronteras puedan colocar los títulos que administran. Pero por encima de las dos consecuencias, lo que nos interesaría subrayar es que la mejora de la calificación es un valor en sí mismo positivo, en cuanto demuestra cómo los analistas más calificados y respetados en el mundo de las finanzas perciben el comportamiento de la actual conducción económica de nuestro país.

Creo que la estabilidad ha empezado a dar algunos frutos, tanto en el ámbito de la producción, como en el de la inversión y las decisiones de los consumidores. El Ministro de Economía y Finanzas, en oportunidad de concurrir a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, expresó que la estabilidad es un subproducto asociado a procurar que se realice de la mejor manera el proceso de tránsito a la unión aduanera.

Por otra parte, si bien puede parecer indiscutible la afirmación del primer Ministro de Gran Bretaña en el sentido de que sólo con ahorro previo puede hacerse la inversión social, es un hecho que este Gobierno comenzó sus políticas sociales desde la sanción de la Ley Presupuestal de 1995. Reconocemos que el grado de desigualdad que una sociedad está dispuesta a tolerar, no depende solamente de factores económicos, sino que también es una decisión política. Por esa razón es que el Poder Ejecutivo no esperó a los resultados finales del crecimiento para empezar a desarrollar sus políticas sociales. Estas comienzan con el principio de igualdad de oportunidades; igualdad en el punto de partida, no en el de llegada. Se trata de emparejar para arriba y no para abajo. Es así que el señor Ministro de Salud Pública anunció recientemente que en el primer semestre de 1997 hubo una nueva disminución real de la mortalidad infantil, acotando que dicha estadística abarcó también el interior del país.

También en función del mismo principio de igualdad de oportunidades, la reforma educativa constituye un factor clave de equidad; es el único instrumento para dotar al individuo de las herramientas que le permitan insertarse exitosamente en el mundo de la globalización.

En materia de vivienda, es sabida la asignación sin precedentes que en la Ley de Presupuesto significaron los U$S 1.280:000.000 otorgados al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al Banco Hipotecario. No hay semana que no se entreguen viviendas a personas que por primera vez acceden a la casa propia.

En 1996, desde el punto de vista del desarrollo humano, y según los indicadores de la Organización de las Naciones Unidas, el Uruguay estaba en el lugar 32 entre 170 países. Ahora está en el lugar 28.

Como lo destacara el señor Ministro de Economía y Finanzas ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el gasto social es actualmente el 24% del Producto Bruto Interno y el 75% del gasto público. Me permitiría, señor Presidente, leer un párrafo de la exposición del señor Ministro en dicho ámbito. En esa oportunidad indicó: "la performance de nuestro país no tiene parangón en la región. Cualquier indicador que nosotros tomemos -y no me voy a referir a ellos porque creo que todos los conocemos- es indicativo del mejoramiento de la distribución del ingreso. Ya sea que tengamos en cuenta los hogares bajo la línea de pobreza a nivel urbano, los hogares bajo la línea de indigencia -que es otro factor sobre el que muchas veces se hace referencia-, la pobreza como porcentaje total de la población o los coeficientes que querramos analizar; todos ellos son absolutamente indicativos de un mejoramiento notorio y sin parangón en el resto de la nación. Por otra parte, esto se ve sustentado en el hecho de que Uruguay ha mantenido el gasto social per cápita más alto de América Latina, el que asciende aproximadamente al 24% del Producto Bruto Interno. Asimismo," como decíamos hace unos instantes, "la proporción del gasto social respecto del gasto público también es muy alta, un 75%, y no hay registros de esa magnitud en toda la región. En consecuencia, si CEPAL sostiene que seguimos siendo una notable excepción a nivel regional por el bajo nivel de desigualdad y por el nivel de desconcentración de renta, ciertamente creemos que un mejor tejido económico tiene como respaldo también un notorio mejoramiento en la distribución de ese Producto".

Actualmente, los resultados de la política económica abren un campo más amplio de maniobra si se continúa en este camino de seriedad, disciplina y austeridad. El propósito es reducir en forma gradual la presión tributaria y profundizar las políticas sociales. A medida que la situación fiscal evolucione favorablemente, en especial en los tributos que conspiran con la creación de trabajo, se aspira a rebajar la carga impositiva.

Quiero volver a citar al señor Ministro cuando habló ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda: "Finalmente y en virtud de lo expuesto, pensamos que aún deben hacerse esfuerzos más significativos, no solamente para mantener controladas las cuentas del Estado, sino también por la necesidad de reducir la presión fiscal, a fin de que todo el proceso de adecuación de la economía uruguaya de cara al MERCOSUR pueda efectuarse sin costos apreciables. Dado que dichos esfuerzos deben darse simultáneamente manteniendo la estabilidad de la economía y la credibilidad en cuanto al manejo de la política fiscal, en esta instancia entendimos del caso mantener los incrementos de gastos ya aprobados en el Presupuesto quinquenal, así como procurar, por todas las vías, que este esfuerzo de reordenamiento interno del Estado permita, en el menor tiempo posible, satisfacer las demandas de los sectores de actividad que, como todos sabemos, desde el año pasado han visto reducida su protección intrarregional, lo que en forma acelerada seguirá sucediendo hasta el año 2000. Entonces, creemos que ante ello es imprescindible actuar para poder mejorar los niveles de actividad y de empleo, y por todo ello no estamos en condiciones de aumentar el gasto público".

Por lo pronto, en la medida en que ha habido esta sensible mejora en la disciplina de las cuentas del Estado, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley por el que se rebaja del 3% al 2%, el Impuesto a las Retribuciones Personales para quienes perciban de tres a seis salarios mínimos, a partir del 1º de enero de 1998. Esto nos retrotrae a la situación anterior a la ley de ordenamiento financiero y mejora de la competitividad de 1995, con el agregado de que se mantienen las mejoras en la dotación de las asignaciones familiares, que no estaban antes de esa fecha. Este punto de rebaja en el Impuesto a las Retribuciones Personales -como quizás sepan los señores Senadores- tiene un costo aproximado de U$S 17:000.000 por año y va a beneficiar a 250.000 personas.

También se han solicitado facultades para disminuir los aportes patronales, con el fin de abatir los costos laborales. Si se aprobara esa solicitud y se hiciera uso de ella en toda su extensión, esto sería muy importante porque en materia industrial, como es sabido, el aporte patronal, es la mitad que en otras áreas.

Hemos enumerado alguna serie de logros a los cuales, sin duda, este proyecto de ley de Rendición de Cuentas de gasto cero ha contribuido. ¿Estamos contentos? No, no estamos contentos, señor Presidente. Estamos esperanzados, que no es lo mismo. Con todo lo importante que son los logros ya obtenidos, no son suficientes. Es verdad que la exportación aumentó un 50% en cuatro años, y no sé en cuántos países del mundo se ha dado igual situación. Esto es un progreso, aunque no es suficiente para una economía de un país de tres millones de habitantes que no puede jugar con el colchón del consumo interno y que, necesariamente, tiene que orientarse a la exportación.

Seguramente, en 1997 la inflación final será de entre un 15.5% y 16%, pero sigue siendo la tercera o cuarta en América Latina, superada solamente por Venezuela, Ecuador y quizás Colombia. Aspiramos a que en 1998, por fin, tengamos una inflación de un solo dígito. La mortalidad infantil descendió al 16.4 por mil. El dato no es despreciable y está entre los países latinoamericanos con mejores índices, salvo Chile, que hace una década dio un gran salto para adelante y sus índices de mortalidad infantil son parecidos a los de los países centrales; a pesar de esto, no tenemos duda de que debemos continuar bajándolo.

Por otro lado, 2/3 de la población del país cuenta con vivienda propia. ¿Eso no significa nada? Sin embargo, esperamos seguir aumentando esa cifra. No sería una utopía que dentro de una generación se haga realidad el precepto constitucional al respecto y que, además -algo que la Constitución no dice- toda familia uruguaya viviera en su casa propia.

Por otra parte, haber frenado la tasa de desempleo e, inclusive, haber conseguido alguna disminución en ese sentido es importante, aunque tenemos que bajarla más. Pero las buenas intenciones requieren respaldo técnico. Las políticas sociales no se hacen con discursos, sino con recursos, y desarrollarlas aumentando el déficit, creemos que es la vía segura para el desastre.

Por lo tanto, pensamos que la austeridad del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal no debe ser revisada; forma parte de un país en plena reforma que preserva los valores esenciales del Estado, pero como lo señalara el señor Presidente de la República, racionalizándolo y viabilizándolo.

SEÑOR MICHELINI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BERGSTEIN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: agradezco la interrupción que me concede el señor Senador Bergstein, porque hemos venido escuchando con mucha atención el planteo que el señor Miembro Informante de la mayoría le ha estado haciendo al Senado. El trasmite en el informe sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas lo que llama "logros de la política económica". Me parece bien que un capítulo haga hincapié en determinados objetivos pero, naturalmente, la deducción de que la Rendición de Cuentas es parte de ese instrumento, es una afirmación que no comparto. Digo esto porque podría ser un instrumento mejor para el gasto del Estado y, además, debido a que entiendo que hay que separar aguas. Cada vez más los países -en la globalización que menciona el señor Senador -están más interconectados y más dependientes y muchos de los logros del Uruguay dependen de nuestros vecinos, porque si a ellos les va mal, a nosotros nos pasará lo mismo, por más que hagamos las cosas bien. Por supuesto, si hacemos bien las cosas, nos irá menos mal, pero, de todos modos, nos puede ir mal.

Reconozco que la economía uruguaya ha tenido una serie de indicadores bien importantes y sería tonto negarlo. Admito, asimismo, que parte de esos logros se deben a cierta austeridad, porque sin ella y sin tener responsabilidad a la hora del gasto, se incurriría en irresponsabilidad. Pero parto de la base de que el Presupuesto Nacional -y así debería marcarlo la propia Rendición de Cuentas- tiene un nivel muy alto de gastos, y ese es el problema.

Creo que el señor Miembro Informante no habla de -quizás lo mencione al final de su intervención- una decisión que ha tomado el Gobierno, que personalmente no comparto, pero respeto. En una coalición, que siempre tiene equilibrios precarios, pero equilibrios al fin, tomó la decisión de no analizar, por lo menos este año, cómo gasta el Estado. Seguramente, esto lo hizo luego de apreciar las dificultades -como le ocurre a toda coalición en cualquier parte del mundo, porque Uruguay no es la excepción- de presentar un presupuesto equilibrado. Naturalmente y en buena hora han podido formar mayorías, que es la manera en que se gobiernan los países; aclaro que no estoy criticando el objetivo. Sin embargo, entiendo que esto hay que explicitarlo, asumiendo que aquí existe equilibrio, hay una mayoría gobernando, se respeta ese equilibrio y, por las restricciones políticas, no tenemos capacidad de reducir y reordenar el gasto. Estoy absolutamente convencido de que todos los que estamos aquí pensamos que la educación debe contar con más rubros, y la reforma de la educación puede tener problemas por no contar con un financiamiento mayor. No creo que haya nadie que diga que el objetivo es el de restringir recursos a la educación y por ello actúe en consecuencia. La dificultad surge porque, como no podemos aumentar el gasto -y eso está bien- no sabemos de dónde obtener los recursos. Entonces, si la educación gana, ¿quién pierde? Esta es una decisión difícil de tomar y, obviamente, necesita de mucha voluntad política.

De todos modos, no quiero dejar pasar que se diga que en la Rendición de Cuentas está todo bien, porque hay muchas cosas que están mal y hay que arreglarlas. Existe una decisión política de la mayoría de postergar el tema y aunque pueda criticarlo, admito que es tal. Pero esto no quiere decir que el proyecto de ley de Rendición de Cuentas con su artículo único esté bien y sea el instrumento, sino que dicha Rendición con gasto cero lo sea. Entiendo que debería contener varios artículos, reordenando el gasto de ese modo, ya que ello sería más importante que los logros de la política económica. Si el año que viene a nuestros vecinos les va mal podemos tener problemas y no será este senador quien diga que tienen problemas económicos y se le conteste que lo que ocurre es que nuestros vecinos tienen dificultades. Entonces, con toda lealtad diré que por más que se ponga empeño, si a nuestros vecinos les va mal, tendremos problemas, restricciones y circunstancias complicadas.

Dejaría de lado el tema de la política económica, porque seguramente habrá otro momento para discutirla y analizaría más qué es lo que se debería cambiar en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, aunque no podamos hacerlo ahora y debamos elaborar leyes complementarias más adelante.

Hace pocos días nos vino a visitar gente de la Suprema Corte de Justicia, planteando algunas solicitudes. Naturalmente, si tenemos que resolverlas habrá que hacerlo a través de una ley aparte. Pero, de todos modos, hay puntos que resolver, porque no se están asignando bien los recursos y entiendo que hay mucho que corregir.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN. - Señor Presidente: pensábamos contestar todas las observaciones luego del debate, valiéndonos de nuestra condición de Miembro Informante. Como nuestra exposición inicial está próxima a finalizar, nos referiremos someramente a los aspectos que plantea el señor Senador Michelini.

En primer lugar, señalo que no hay tal decisión de postergar el abatimiento del nivel de gastos. Pero como decíamos en esta exposición y lo mencionábamos casi al pasar, para que se tenga idea clara de la rigidez de la estructura del gasto corriente de la Administración Central, el 73% del gasto se origina en retribuciones, intereses y aportes sociales. No es fácil bajar el gasto pero, reitero, la intención no es postergarlo. Pretendemos no aumentar el gasto como primera fase de un proceso de reducción. ¿Para qué está la reforma del Estado? Para hacerlo más eficiente. ¿Para qué hacerlo más eficiente? Para que se gaste menos, porque el gasto del Estado crea una presión tributaria.

En segundo término, el señor Senador Michelini, se refirió a la dependencia que nosotros tenemos en relación con nuestros vecinos. Es cierto; pero esto se puede combatir de dos maneras. Por un lado, con políticas serias, creando un colchón que nos permita asimilar cualquier desequilibrio brusco en las economías vecinas y amortiguar, en alguna medida, los efectos. Por otro lado, invocando por la razón del artillero, aumentando la competitividad, haciendo lo propio con la productividad, para no tener que vender solamente a los países del MERCOSUR, sino para poder hacerlo en el mundo entero. Sin embargo, la competitividad en el mundo se hace más aguda a medida que se pierde ese proteccionismo intrarregional que es el funcionamiento del MERCOSUR.

A nuestro modo de ver, los argumentos que invoca el señor Senador Michelini refuerzan la postura del Poder Ejecutivo en cuanto a la conducción económica; o sea que si queremos reducir esa dependencia, tendremos que mejorar las condiciones de la competitividad.

Es necesario destacar que nuestro país está viviendo un período de transformaciones que, por su gradualismo a lo largo de los años, es posible que no se aprecien en toda su profundidad. Es cierto que se trata de transformaciones provocadas por una crisis. Ahora bien; ¿qué fue lo que provocó la crisis? ¿En ello no habrá tenido algo que ver el intervencionismo del Estado, la rigidez, la falta de competitividad, la escasa productividad? ¿Se trata de un producto importado? ¿Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad frente a esa crisis que se fue gestando a lo largo de muchos años? Hoy tenemos que superarla, ya que hoy son otros los reclamos de la sociedad. Por eso se implementó una primera generación de reformas, que no vamos a recapitular porque son muy conocidas.

Ahora nos encontramos en los umbrales de una segunda generación de reformas. Pensamos que una Rendición de Cuentas con gasto cero contribuirá, para la mayoría de la sociedad, a facilitar la anticipación de los agentes económicos que, en definitiva, nos llevarán al crecimiento que pretendemos.

Al analizar una conducción económica, no se necesitan únicamente las grandes directivas, sino que también es necesario evaluar los hechos concretos de cada día. Una economía bien organizada determina que las miles y miles de decisiones individuales de productores y consumidores contribuyan al crecimiento del país, porque hay un marco que permite que esas decisiones puedan tener lugar y eso, justamente, es lo que creemos que se está dando, gradualmente, en nuestro país.

Voy a finalizar con una cita similar a la que hicimos en el informe escrito, donde me refería a los Sabios del Talmud. Allí se dice que si se comienza una buena obra, no hay que interrumpirla. Si se la interrumpe, más valdría no haberla iniciado. También se agrega que si se reinicia una buena obra, gran parte del mérito va a recaer sobre quienes la han continuado. A propósito, creemos que en vísperas de una segunda generación de reformas, sólo cabe profundizar en la senda de austeridad y seriedad emprendida. Sé que estamos pidiendo una dosis de comprensión por parte de la sociedad uruguaya, pero los frutos no están lejanos.

Por todas estas consideraciones, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda recomienda, por mayoría, aprobar sin modificaciones presupuestales el proyecto de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo, tal como sucedió en la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: tal como figura en el distribuido, se nos ha encargado la redacción del informe en minoría.

Antes que nada, debemos aclarar que la Bancada del Frente Amplio no acompañará con su voto la aprobación del artículo único de la presente Rendición de Cuentas.

A los efectos de abreviar el trabajo, e incluso nuestra exposición, queremos remitirnos a lo que fue la redacción del informe en minoría durante la discusión de este tema en la Cámara de Representantes. Allí se explicaba que esta Rendición de Cuentas, que consta de un solo artículo, se limita a la aprobación de la ejecución presupuestal, sin modificación alguna del Rubro correspondiente a gastos y recursos. De este modo, se continúa la política planteada a comienzos de esta Legislatura -como, por ejemplo, el ajuste fiscal- sin tener en cuenta sus resultados económicos, que han producido fuertes signos de deterioro en la situación de la mayoría de la población, lo que se ve expresado en las manifestaciones sociales que se realizan en las distintas ciudades del interior del país.

Asimismo, deseo agregar que en el seno de la Comisión -luego voy a hace referencia a su trabajo- se recibió a los representantes de los organismos integrantes del artículo 220 de la Constitución, como por ejemplo, el Poder Judicial, ANEP, la Universidad de la República, INAME y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aunque no se consideraron sus presupuestos. Sencillamente, se escuchó a los delegados de estos organismos, como también a los trabajadores de la Administración Central, organizados en COFE, quienes plantearon reivindicaciones salariales y dieron sus opiniones acerca de las relaciones laborales, subrayando que en el Uruguay no existe, desde el punto de vista laboral, un ámbito de negociación para ellos en relación al Poder Ejecutivo.

Estimo que algún senador integrante de mi sector se ocupará más tarde de realizar una evaluación crítica de las variables macroeconómicas, en las que se fundó prácticamente toda la exposición del Poder Ejecutivo, para decirnos que vivimos en un país de maravillas, porque bajó la inflación, se abatió el déficit fiscal y, actualmente, la economía crece a un ritmo del 7% anual.

Debo decir que en la Comisión se discutió alrededor de una hora y media sobre el tema de las variables macroeconómicas. Me parece bien que no se le haya dedicado más tiempo porque, en definitiva, parece tratarse de un diálogo entre sordos, donde no podemos ponernos de acuerdo.

Lo cierto es que, como se señaló en el informe en minoría, los vaticinios que realizó el Encuentro Progresista a comienzos de la presente Legislatura lamentablemente se están cumpliendo. Es más; en algunos casos, se han acrecentado los problemas sociales más graves, tales como el desempleo, la inequidad en la distribución de la riqueza o la falta de medidas enérgicas -como podría ser la modificación del sistema tributario- para incentivar la producción.

A propósito del desempleo, podemos citar cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística. Así, vemos que hay 150.000 personas totalmente desocupadas; 80.000 subempleadas; 175.000 con empleo precario y 85.000 ocupadas en el servicio doméstico. Es decir que hay más de 500.000 personas del sector activo de la población que tienen problemas de empleo. Hay que aclarar que la población activa apenas supera la cifra de 1:350.000, y cuando se habla de 500.000 personas, se hace referencia prácticamente al 40% de la población que tiene entre 14 y 60 años. En el informe se subraya que si se observa el comportamiento de la oferta y la demanda de trabajo, y la tasa de actividad y de desempleo, respectivamente, entre 1994 y los últimos datos disponibles, se verá que la causa de desempleo no se debe a que la oferta creció más que la demanda. Por el contrario, la oferta se ha mantenido estancada y lo que ha decrecido es la demanda; en otras palabras, ha habido destrucción de puestos de trabajo, lo que generó el aumento de la tasa de desocupación.

Otro dato en el que se pone énfasis en el informe es el relativo a la pobreza. Allí se dice que la pobreza castiga, en primer lugar, a los niños, y en el Uruguay este cuadro es particularmente claro, ya que pobreza e infancia son temas que están íntimamente vinculados. Vemos que en el 20% de los hogares más pobres de nuestro país, ya se trate de la capital o del interior, se encuentra casi el 40% de los niños. Si se toma el 40% más pobre, se tiene el 60% de los niños, ya sea en una u otra región geográfica.

Quiero dedicar un instante a una reflexión sobre el futuro. Aquí estamos diciendo que dentro de veinte años este 60% de los niños tendrá 30 años de edad y vivirá en esas condiciones en la medida en que no se rompan los círculos de pobreza y este modelo siga funcionando con las mismas características.

Quisiera no detenerme más, ni siquiera en nuestras propuestas, porque supongo que otros señores Senadores integrantes del Frente Amplio se van a referir a esos temas. Deseo sí mencionar cómo observo otros factores, que me parece importante que los conozca la opinión pública.

En primer lugar, quisiéramos subrayar nuestra disconformidad con la metodología de trabajo que se llevó adelante en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para considerar el proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Podemos afirmar que no hubo análisis ni discusión del mismo y que sólo en la sesión inicial -en la que el señor Ministro de Economía y Finanzas expuso la posición del Gobierno sobre la marcha de la economía y sus perspectivas- se debatieron brevemente los datos macroeconómicos y los resultados de la gestión global de la economía. En las versiones taquigráficas respectivas pueden leerse las posiciones vertidas en esa instancia. Por lo demás, no existió análisis de la gestión de las distintas áreas, de la marcha y costo de la reforma del Estado, de lo realizado en materia de inversiones, ni de la política salarial futura.

En segundo término, queremos dejar constancia de que la Comisión trabajó en la mayor parte de sus reuniones con un quórum precario o directamente sin número. En por lo menos cinco reuniones, convocadas para recibir al Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas, a la Administración Nacional de Educación Pública, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al Instituto Nacional del Menor, las sesiones fueron "celebradas" -dicho esto entre comillas- por deferencia a los invitados que habían sido citados para exponer sobre sus respectivas iniciativas presupuestales. Esto habla, señor Presidente, de la importancia que se adjudicó al tratamiento de esta Rendición de Cuentas.

En tercer lugar, recién a partir del día 26 de agosto y vía fax, la Comisión dispuso del dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, previsto por el artículo 211 de la Constitución, a lo que debemos agregar que durante el trámite en la Cámara de Representantes dicho informe no existió. Este hecho, que planteamos en la primera sesión de la Comisión, es absolutamente irregular. La Cámara de Representantes aprobó la Rendición de Cuentas sin conocer ni tener a su disposición ese informe previsto por la Constitución. Más allá de la disquisición sobre si existen plazos o no para que el Tribunal de Cuentas lo remita, se puede constatar, repito, que el hecho es absolutamente irregular. Existe una obligación constitucional, y de ninguna manera puede sostenerse que es posible aprobar el proyecto en una Cámara sin que dicho informe sea conocido o, al menos, le haya sido remitido.

Deseamos también referirnos a otros temas que nos parecen de singular importancia, para analizar las políticas del Gobierno en diferentes áreas. Uno de los asuntos que nos ha preocupado y sobre el cual vamos a insistir, seguramente el mes próximo, es el relativo a la política de vivienda. Ha sido nuestro interés desde hace varias instancias presupuestales, analizar la correspondencia entre las recaudaciones realizadas para el Fondo Nacional de Vivienda en sus distintos rubros, lo transferido efectivamente desde el Tesoro Central al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y lo realizado por éste. Me refiero al número de viviendas que se han construido en los distintos años; al respecto, quiero recordar que cuando en 1995 se discutió el Presupuesto Nacional, quedó comprobado -por los informes del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente- que durante la Administración anterior, año a año, varias decenas de millones de dólares de impuestos que pagan los contribuyentes para la construcción de viviendas no habían sido transferidos, sin que se hubiera justificado qué destino tuvieron. Es de presumir que el Ministerio de Economía y Finanzas los utilizó con otros fines.

Voy a dar algunos datos que han hecho públicos los Directores Sociales del Banco de Previsión Social y que creo conveniente que la gente los conozca. Se sabe que hay un fondo especial de vivienda para jubilados y pensionistas, que es nutrido por ellos mismos a través del aporte del 1% o 2% de sus jubilaciones o pensiones, según la cantidad que perciban. Las viviendas que así se construyan serán adjudicadas en calidad de usuarios a los pasivos más pobres, es decir, a aquellos jubilados y pensionistas que no perciban más de dos salarios mínimos que, si no me equivoco, significan unos $ 1.680.

Nosotros aportamos estos datos con la intención de que los señores Senadores -y también los medios de comunicación- los conozcan. En esa información está discriminado mes a mes lo recaudado para ese fondo de vivienda desde febrero de 1992 a diciembre de 1996. En total, se recaudaron U$S 187:000.000. He consultado con algunos técnicos acerca de qué se podría construir con ese dinero, y se me ha respondido que con una calidad de construcción muy buena es posible edificar entre 8.000 y 10.000 viviendas. Sin embargo, está demostrado que no se han construido más de 800 viviendas. Hace cuatro meses se decía que eran 600; ahora se sostiene que son 800.

Desde 1995, por una disposición que personalmente colaboré en redactar, existe una cuenta especial a la cual el Banco de Previsión Social debe destinar estos recursos. Sé que ese dinero está, y justamente ha habido un llamado a licitación para la construcción de esas viviendas que, si comienzan a construirse a principios del año próximo, estarán terminadas en 1999 para ser entregadas en esa etapa. Sin embargo, esto importa la utilización de sólo una parte de los casi U$S 200:000.000 que se han recaudado. ¿Dónde está el resto? ¿Qué destino tuvo? Aquí nos hemos preocupado muchas veces del destino de U$S 5:000.000 o U$S 6:000.000, pero en este caso estamos hablando de U$S 200:000.000. ¿No daría esto mérito a que se investigara un poco más profundamente qué ha pasado en esta materia?

Además, este es un tema que nos duele particularmente. El señor Senador Bergstein decía que dos tercios de los uruguayos tienen vivienda propia. Lo celebro, pero conozco mucha gente que no tiene vivienda propia ni ajena, que vive en la indigencia más absoluta, y se trata de centenares de miles de personas; quizás sean los que están comprendidos en el tercio restante, en ese millón cien mil habitantes que no tienen la oportunidad de disponer de una vivienda propia. Asimismo, los técnicos afirman que hay un déficit habitacional de alrededor de 100.000 viviendas, cifra que vengo escuchando prácticamente desde que ingresé a la Facultad de Derecho.

Dejando de lado el tema de los jubilados, que es exultante y que, además, no tiene réplica pues aquí están los datos, esta es plata distraída de los fines a los cuales se debía afectar, por lo menos, durante siete años.

SEÑOR BERGSTEIN. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO. - Sí, señor Senador, pero antes quisiera terminar con el tema de la vivienda.

Solicitamos al señor Ministro de Economía y Finanzas y al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que nos aportaron datos acerca de cuál era el monto de lo que el Tesoro Nacional transfería al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por la restauración del otro fondo, me refiero al fondo general, es decir, el que pagan todos los activos con destino a la cartera mencionada. Tengo las cifras en mi poder y esto no es discutible, ya que se trata de lo que el Gobierno mandó decir el 10 de setiembre de este año.

En el año 1994, se recaudaron $ 442:549.000 y se transfirieron $ 372:387.000. Debo aclarar que todas estas cifras están calculadas a valores del año 1996, de forma tal de obtener un mínimo denominador común. En el año 1995, se recaudaron $ 655:066.000 y se transfirieron $ 419:629.000. En el año 1996, se recaudaron $ 995:393.000 y se transfirieron $ 816:101.000. En total, durante los años 1994, 1995 y 1996 no fueron transferidos $ 484:891.000; reitero que estoy hablando de cifras calculadas a valores de 1996. Si tomamos un dólar que cueste $ 7,97, esto equivale a U$S 60:839.000. Aclaro que esto sólo se refiere a tres años y no examinamos lo que venía de atrás, porque ya lo habíamos analizado cuando se trató el Presupuesto.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente nos ha proporcionado datos que corresponden a los Ejercicios que van desde 1995 a 1997 y que expresan que el total de transferencias no realizadas en esos años alcanza casi a $ 500:000.000, a valores de 1996. Para dicho Ministerio, la cifra de lo no transferido asciende a U$S 63:200.000.

¿Qué destino han tenido los fondos que no han sido transferidos? ¿Qué políticas tiene el Gobierno? ¿Los va a transferir o no? ¿Han desaparecido? ¿Qué ha sucedido con los fondos de 1992, 1993 y 1994? ¿Qué destino tuvieron? Quisiera que alguien pudiera darnos esta explicación y, en ese sentido, concedo la interrupción que me solicitara el señor Senador Bergstein.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN. - En realidad, tal como decíamos, nos proponíamos contestar puntualmente todas las observaciones que se hicieran en el decurso del debate. Pero cuando, a propósito de la vivienda de los jubilados, el señor Senador Gargano decía que esto no admite réplica, de alguna manera me sentí aludido, más allá de lo que son las reglas de juego del debate parlamentario.

El tema de la vivienda para jubilados y pensionistas -que es a lo único que me voy a referir en esta intervención, sin perjuicio de que luego, insisto, nos ocuparemos de los demás aspectos mencionados por el señor Senador Gargano- merece las siguientes precisiones. De acuerdo con la Ley de Presupuesto, ese dinero, que proviene del 1% y 2% que se les descuenta a los pasivos, se vierte en una cuenta en el Banco de la República a la orden del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Sucede que, legalmente, los pasivos deben reunir determinadas condiciones para acceder a la vivienda propia. La ley exige que se trate de pasivos cuya jubilación no sobrepase un tope de dos salarios mínimos. Comprendo que se le podría imputar al Poder Ejecutivo si estas sumas que se le descuentan a los pasivos no se vertieran en esa cuenta, pero este no es el caso y, de alguna manera, creo que el señor Senador Gargano lo ha admitido; lo que se le descuenta a los pasivos se vierte en esta cuenta del Banco de la República y allí está el dinero. De ahí en más, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hace, por la prensa, sucesivas convocatorias a los jubilados y pensionistas para que puedan acceder a la vivienda propia de acuerdo con estos planes, y las va construyendo en función de su disponibilidad de dinero y de los postulantes que se van presentando. Puede darse el caso de que, a medida que va mejorando la jubilación real por la política de rebaja de la inflación -dado que, como se sabe, las jubilaciones se actualizan por la inflación pasada- y en tanto el Poder Legislativo apruebe el abatimiento del Impuesto a las Retribuciones Personales, las jubilaciones también mejoren, porque están unidas al salario líquido que cobra el trabajador en actividad. Entonces, nuevamente habrá un pequeño impulso para las jubilaciones reales. Podría darse el caso, repito, de que una masa importante de jubilados no pueda acceder a estos fondos porque su jubilación va a exceder los dos salarios mínimos que establece la ley. Lo que quisiera puntualizar, señor Presidente, es que el Poder Ejecutivo vierte los fondos; no los está reteniendo. El resto forma parte de un problema de ejecución de gestión a cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que, creo, está haciendo grandes esfuerzos en este sentido. Al respecto, permanentemente estamos viendo en la prensa -como decía antes- la convocatoria a postulantes para acceder a estas viviendas.

Esto es cuanto quería expresar sobre este único punto, ya que esperamos tener oportunidad de referirnos globalmente a los restantes que ha mencionado el señor Senador Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Creo que el señor Senador Bergstein no me atendió bien. Dije que durante varios años esos recursos no se utilizaron para la construcción de viviendas y también señalé que en un artículo del Presupuesto del año 1995 -estoy mirando al corredactor de esa disposición, ya que el señor Senador Heber y quien habla redactamos esa norma que, afortunadamente, recibió aprobación- se determina la obligatoriedad que tiene el Banco de Previsión Social de verter directamente esos fondos a una cuenta del Banco de la República, no sólo para que queden depositados, sino a la orden del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Hasta ese momento, no existía esta norma. Casi tengo la certeza de que, si bien se construyeron cien casas hasta ese momento y se recaudó desde el año 1992 a 1995 -como podrá ver el señor Senador Bergstein en la tabla donde figuran esos datos- la primera versión de fondos que se hace a esa cuenta fue en febrero de 1996. Es el propio Ministerio el que nos informa que de los fondos de los pasivos hay $ 263:000.000 que no se han transferido -que son algo más de U$S 31:000.000- y que están en manos del Banco de Previsión Social, que los ha retenido. Entonces, me pregunto por qué no los ha transferido y si, acaso, ha recibido una orden del Poder Ejecutivo en el sentido de no hacerlo. Además, ¿dónde está lo que se recaudó anteriormente? Pregunto esto, porque estamos hablando de U$S 200:000.000. Seguramente obtendremos una respuesta porque, si bien nos dio cierto trabajo lograr que se nos brindaran los datos, finalmente las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, tuvieron la deferencia de proporcionarlos. Se debe determinar dónde está este dinero, ya que él no le pertenece al Banco de Previsión Social ni al Tesoro Nacional, sino al citado Ministerio. Luego se podrá discutir sobre si las casas se construyen correctamente, sobre si se invirtió en forma adecuada o sobre si se hace política electoral para entregarlas en 1999; todo esto es harina de otro costal. Además, confieso que a esta altura, esos aspectos me interesan poco; lo que verdaderamente considero importante es que los jubilados, que ganan menos de $ 1.700 -y aclaro que estoy hablando de alrededor de doscientos mil y vaya si tienen necesidades y carencias en materia de vivienda- vean contemplada su situación.

Podríamos hablar también del otro fondo, es decir, de qué se ha hecho con los recursos que se recaudaron y de por qué todos los años hay aproximadamente U$S 20:000.000 que no se transfieren al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. A este respecto, quiero recordar que en lo que se refiere al Fondo Nacional, no fue aceptada por parte del Poder Ejecutivo la posibilidad de que existiera una disposición similar a la del Fondo de Pasivos. Me parece que este tema es sustancial, en primer lugar, por el volumen de la inversión y, en segundo término, porque se vería dinamizado el sector de la construcción, por lo que se podría estar ante un factor de desarrollo del empleo muy importante. Por ende, no es algo caprichoso el hecho de preocuparse e insistir sobre este tema.

Esto era lo que quería decir sumariamente en relación con el tema de la política de vivienda que, seguramente, dará lugar a un debate, más prolongado que el que puede realizarse ahora, en ocasión del tratamiento de la Rendición de Cuentas.

A continuación, me voy a referir al incremento en la recaudación del Impuesto a las Retribuciones Personales, que fuera determinado por la Ley de Ajuste Fiscal. En esta materia, he escuchado con mucha atención y respeto a los técnicos del Poder Ejecutivo.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: solicito que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Gracias, señor Presidente. Desde ya adelanto que no creo que vaya a emplear todo el tiempo de prórroga.

Tal como decía, he escuchado con mucho respeto a los técnicos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en general tengo tendencia a leer los números y a hacer cuentas. Así, observé que algunos datos parecían no coincidir con las apreciaciones optimistas del Poder Ejecutivo; me refiero, entre otras, a la magnífica gestión en materia de administración de recursos que había permitido abatir el déficit fiscal. Traté de indagar qué incidencia tenían algunos recursos que se habían visto aumentados en el año 1995, en el abatimiento de dicho déficit fiscal. Así, solicitamos al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto -quien maneja muy bien los libracos en los que figuran los datos y los cuadros comparativos- que se tomara el trabajo de efectuar las comparaciones acerca de qué significaba, para el ingreso del Tesoro, el incremento del Impuesto a las Retribuciones Personales desde su implantación hasta el momento presente, lo que en su momento generó una pequeña discusión. Formulé tal pedido debido a que soy poco habilidoso para llevar a cabo esa tarea a pesar de que trabajo en la Comisión respectiva desde hace once años. El señor Director cumplió con esa tarea y, finalmente, se nos remitieron los siguientes datos: en 1995 el incremento en la recaudación del Impuesto a las Retribuciones Personales, a valores del año 1996, fue de $ 854:420.000 que al tipo de cambio mencionado antes, o sea a $ 7.97 por dólar, equivale a U$S 107:204.000; aclaro que estas cifras abarcan desde mayo a diciembre. En 1996, el incremento, es decir, lo que se recaudó en más por concepto de Impuesto a las Retribuciones Personales fue de $ 1.457:418.000 que equivale a U$S 182:862.980. La cifra mencionada equivale a un punto del Producto Bruto Interno existente en 1996. Cabe acotar que escuché con mucha atención al señor Presidente de la República cuando decía que a fin de año tendremos un Producto Bruto Interno de U$S 20.000:000.000. Sin embargo, en 1996 la cifra correspondiente era de U$S 18.500:000.000. Esa cifra explica que, en gran medida, el abatimiento del déficit fiscal se debe a la recaudación de este impuesto que grava, no la renta, sino el ingreso, es decir, el salario.

Como comentario, quiero decir que esta es la magnífica actuación del Gobierno desde el punto de vista de la perspectiva fiscal; es decir, el punto que ha bajado el déficit fiscal se debe a que se aumentó el Impuesto a las Retribuciones Personales. Precisamente, en 1995 el gran tema era que el déficit fiscal había representado tres puntos y medio del PBI por lo que, si no se controlaba, la situación podría tornarse grave. Efectivamente, se lo controló. Pienso que aquí se invierte un poco nuestra estrategia. Digo esto porque, como es sabido, en relación con el tema fiscal tenemos el criterio de que quienes ganan más deben pagar más y quienes ganan menos deben pagar menos. Ahora queda en evidencia el hecho de que la coalición de Gobierno tiene la concepción contraria. Aquí no está gravada la riqueza; es decir, no ha sido la contribución este último factor lo que ha determinado que se abata el déficit fiscal. Lo que ha determinado este hecho ha sido la fijación de impuestos a los trabajadores, a aquellos que perciben un salario. Además, se trata de un impuesto que es facilísimo de recaudar porque basta cobrar un salario con recibo para tener la obligación de verter el impuesto correspondiente.

Por otra parte, pedí a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto los datos sobre cuánto habían ascendido las inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas porque me importaba sustancialmente saber qué nivel de inversiones hay en materia de infraestructura. De acuerdo con los datos proporcionados, lo invertido entre los años 1994 y 1996 -es decir, el monto total por año- está prácticamente estancado. Concretamente, en 1996 se alcanzaron U$S 162:763.000, lo que no llega al 1% del Producto Bruto Interno. Este constituye uno de los niveles más bajos de inversión que se ha conocido; además, en los hechos, quienes recorremos el país sabemos en qué medida está afectada la inversión, si bien no desconocemos el hecho de que está planificado realizar una inversión en infraestructura destinada a resolver algunos problemas a plantearse en el futuro como, por ejemplo, el de la extracción de la madera. Personalmente, en alguna otra oportunidad me gustaría discutir sobre este tema, así como también sobre la justicia que tiene el hecho de que el país invierta dinero para arreglar las carreteras que rompen los camiones que sacan la madera. Digo esto, porque la forestación es uno de los grandes negocios en expansión en nuestro país; precisamente, por ese motivo quisiera algún día discutir sobre si, además del subsidio al 50% de la inversión, del no pago del Impuesto al Patrimonio, del no pago de la Contribución Inmobiliaria, ni de los Impuestos a las Importaciones de Máquinas y Herramientas y a la Importación de Vehículos Utilitarios, tenemos que hacer las carreteras para que la madera salga del país. A lo mejor tendríamos que plantear a los dueños de la madera que, para poder sacarla del país, deberían pagar alguna tasa. Tal como afirman algunos técnicos, quizás sería necesario que compartieran, con el conjunto de la sociedad, algunas de las rentabilidades que obtienen, que se ubican en el entorno del 23%.

Además, deberíamos analizar si no sería conveniente eliminar estas exoneraciones fiscales, al menos parcialmente, y trasladarlas, por ejemplo, a la lechería, a la hortifruticultura y a la ganadería de carne, para beneficiar a los pequeños y medianos productores. Allí existe la posibilidad de un retorno importantísimo y de gran resultado para el país en materia de empleo, que sería bueno estudiar.

El otro tema que quiero abordar es el del gasto en materia de retribuciones personales. No voy a discutir en el día de hoy la estrategia que se ha seguido en este tema, porque se sabe que nosotros no la compartimos, destinada a reducir la plantilla de personal de la Administración Central. Estas medidas fueron inspiradas en una concepción que lleva adelante la CEPRE, que es la oficina encargada de la reforma del Estado. Curiosamente, ella inicia de la misma manera todos los informes que ha remitido a la Asamblea General, utilizando una especie de formulario que completa según la Unidad Ejecutora que debe analizar. Por ello, los mismos conceptos se repiten absolutamente en todos los casos. Reitero que no quiero discutir acerca de esta concepción, pero sí acerca de las cifras. El Estado le ha pagado a la gente para que se retire, ha declarado funcionarios excedentes -se dice que alcanzarán a 15.000 los que abandonarán la Administración Central- y se ha contratado un préstamo de U$S 110:000.000 con el Banco Interamericano de Desarrollo, del cual ya se han gastado alrededor de U$S 45:000.000 -por lo menos esta es la última cifra que conocí- para financiar esos incentivos. Uno podría pensar, entonces, que como el préstamo tiene plazos de gracia, al retirarse los funcionarios, el Estado no paga más sueldos ni hace más aportes al Banco de Previsión Social, por lo que se gastaría menos. En este sentido, he leído los documentos correspondientes, y recomiendo a los señores Senadores que estudien, a valores de 1996, el cuadro 34 del Tomo I, donde se compara lo gastado en retribuciones personales en 1995 y en 1996. En el año 1995, se invirtieron $ 7.059:652.000, y en 1996, $ 8.091:126.000, cifras de las que resulta un incremento de $ 1.031:474.000. Como quienes hacen las cuentas del Estado tienen mucho cuidado, también calculan porcentualmente cuánto importó el aumento, que en este caso significó un 14.61%. Cuando uno recurre a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas o a los que el Banco Central remite a todos los legisladores, puede apreciar que el salario de los trabajadores de la Administración se encuentra estancado o en descenso. ¿Cómo se explica, entonces, que eliminando funcionarios de la Administración, calculado a valores de 1996, se esté gastando $ 1.031:000.000 más, o sea, un 14.61% más.

Es evidente, pues, que el salario real de los trabajadores no se ha incrementado en las cifras mencionadas, por lo que hay que preguntarse a qué se debió el aumento del gasto. Esta preocupación la manifestó hace unos momentos el señor Senador Michelini, cuando hizo uso de una interrupción solicitada al señor Senador Bergstein. ¿Cuánto se ahorró con los retiros incentivados y cuánto le cuesta al Estado los contratos de arrendamiento de obras y servicios? La semana que viene, si tenemos la oportunidad, podremos discutir nuevamente este tema, que también nos afecta a los senadores.

Tengo en mi poder algunos datos proporcionados por la Oficina Nacional del Servicio Civil que indican que desde febrero de 1995 hasta el presente, en una cifra no discriminada de empresas públicas y Administración Central, hay alrededor de 1.516 contratos de arrendamiento de obra. En este sentido, hoy leí en la prensa una lista de los contratos de arrendamiento de servicios a nivel de la Presidencia de la República, que confirman lo que estoy diciendo.

SEÑOR BERGSTEIN. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO. - Cuando termine el concepto, con mucho gusto.

Tenemos interés en saber cuánto gasta la Administración Central en materia de contratos de arrendamiento de obra. Parece evidente que el gasto se ha incrementado, por lo que no se ha ahorrado dinero en materia de retribuciones personales. Reitero que hay que averiguar cuánto dinero significan y cuántos son esos contratos.

Cuando comparecieron ante la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda los representantes del Tribunal de Cuentas, tratamos de obtener esta información; se la solicitamos, si mal no recuerdo, en los últimos días de agosto.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Couriel)

-En ocasión del estudio de otra Rendición de Cuentas, nosotros mismos hicimos hincapié en este tema, pidiendo esta información al Tribunal de Cuentas, la que nos fue remitida. Quiero recordar este episodio, fundamentalmente, porque hoy están presentes señores Senadores que integraron el Cuerpo en la anterior Legislatura y también porque el hecho lo comentamos con el entonces Senador Cassina y lo hicimos público.

Los señores Senadores comprenderán que pueden retirarse 14.000 ó 15.000 funcionarios públicos que ganan $ 1.800 por mes, pero si ingresan 1.000 que ganan U$S 1.500 mensuales, el gasto excede al ahorro que se hace. Se contrata menor cantidad de gente, pero se les paga una cantidad que excede lo que ganaban los otros funcionarios, por lo que se multiplica por diez el gasto por cabeza. Muchas veces los sueldos se pagan en dólares y el IVA corre por cuenta del Estado, lo que implica que éste se hace cargo del 23% calculado sobre el salario en dólares. En los contratos que se firman con el Estado aparece que éste se obliga a pagar determinada cantidad de dólares, más IVA.

Creo que es muy importante conocer estos datos.

Aprovecho esta oportunidad para felicitar al señor Senador Couriel, quien está ejerciendo la Presidencia del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Alberto Couriel). - Agradezco al señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Seguramente, el señor Presidente y otros Senadores se ocuparán de los datos macroeconómicos, pero yo simplemente he aludido a esta cantidad importante de dinero que está en juego, y que muchas veces no se analiza.

Respecto a este tema quiero decir dos cosas. En primer lugar, que este personal es retribuido en dólares, aunque a veces también se le paga en pesos, llegando a percibir sueldos de $ 10.000 ó $ 12.000 mensuales, lo que implica lo mismo que ganar en dólares.

Por otro lado, se trata de un personal que ingresa por nominación directa; así, se designa a Fulano, Mengano, Zutano y Perengano. Nunca vi que se hiciera un llamado a concurso para contratar un arrendamiento de servicio.

En este sentido, me preocupé de que el Tribunal de Cuentas contestara las preguntas que le formulamos, y requerí a la Secretaría de la Comisión que excitara el celo de los Ministros para que nos remitieran esa información.

Voy a leer al Senado la nota que remitió a la Comisión el Presidente del Tribunal de Cuentas. Dice lo siguiente: "De mi mayor consideración. En oportunidad de considerarse en esta Comisión el Mensaje del Tribunal de Cuentas -Rendición de Cuentas- el Senador Gargano hizo referencia a los contratos de obra realizados en la Administración Central y en las Empresas Públicas, expresando su interés por conocer información sobre el particular.

Al respecto cabe informar: 1º) No existen antecedentes de que el Tribunal haya remitido este tipo de información en ocasión de tratarse la Rendición de Cuentas en años anteriores".

Se equivoca el Presidente del Tribunal de Cuentas, y lo digo claramente para que se tome nota. En el período anterior, en ocasión del tratamiento de la Rendición de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, a nuestro pedido, remitió esa información, de modo que no le pasaron bien los datos al actual Presidente, o tiene mala memoria, porque efectivamente esto se hizo.

La carta continúa: "2º) Los contratos de obra correspondientes al Ejercicio 1996, que fueron observados por el Tribunal y reiterados por los respectivos ordenadores, al amparo de lo establecido en el artículo 211, Lit. B) de la Constitución de la República, fueron oportunamente remitidos por este Cuerpo a la Asamblea General en cumplimiento a lo dispuesto en la citada norma". Quiero decir que de esto sabemos, porque en ocasión de tratar un contrato de arrendamiento de obra relativo al Senado de la República de un ex legislador que cobra un subsidio, hemos leído algo similar, pero lo que queremos no son los contratos que haya observado el Tribunal de Cuentas, sino todos, para poder calcular cuánto se gasta.

Continúo leyendo: "3º) Aquellos contratos de obra que no merecieron observaciones están siendo recopilados para ser enviados a esa Comisión una vez completados, ya que al no llevarse un archivo sistemático, que contenga toda la información de cada uno de ellos, es necesario analizar todas las carpetas relacionadas con el tema".

Es una pena que ocurra esto, porque debería existir al menos un programa que permitiera saber al instante, a través de un sistema computarizado, cuántos son, qué es lo que se paga e individualizar a cada uno de ellos.

Con mucho gusto concedo al señor Senador Bergstein la interrupción que oportunamente me solicitara.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Alberto Couriel). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN. - En primer lugar, uno mis felicitaciones a las expresadas por el señor Senador Gargano en oportunidad de que el señor Senador Couriel ocupa la Presidencia de este Cuerpo.

Quiero completar sólo un dato relativo al tema al que se estaba haciendo referencia. Como las objeciones del señor Miembro Informante por la minoría ya habían sido adelantadas en Comisión y en el informe en minoría en la Cámara de Representantes, nosotros disponemos de algunos datos para referirnos a los distintos puntos. En cuanto al tema que se está mencionando ahora, la cifra de 1.516 contratados, que el señor Senador Gargano mencionó en Sala y, además, en la prensa, es al 31 de diciembre de 1996. Debo aclarar que al 30 de junio de 1997, dicha cantidad bajó a 988 contratados. Creo que es una diferencia apreciable, porque la primera cifra excede en más de un tercio, en el hipotético caso de que se considere que la política de tomar contratados es inconveniente. Pero, además, aquí se responde a una gama muy amplia de situaciones, e incluso con costos diversos.

Nos sentimos en la obligación de señalar este aspecto, porque de otra manera parecería que el ser contratado es una panacea y un regalo que se recibe por gracia del Estado, sin obligaciones correlativas, y creo que pensar esto sería injusto. Me voy a limitar a un solo ejemplo: entre los 988 contratados, hay 157 que corresponden al Banco de la República; son abogados y algunos escribanos, a través de los cuales se ha descentralizado la labor de asistencia jurídica y notarial que en gran escala requiere el Banco de la República y con quienes se ha hecho contrato. Pero estos 157 contratos no originan un gasto a dicho Banco, porque estos profesionales universitarios -la mayor parte de ellos jóvenes- perciben un honorario en cada asunto que, seguramente, lo paga la parte que normalmente debe abonar los honorarios correspondientes en cada caso, y presumo que no es el Banco de la República. Me da la impresión de que estos 988 contratados sufren un proceso de hiperinflación, en el contexto de la exposición del señor Senador Gargano, porque no creo que pase por ahí la encrucijada del bien o del mal en la conducción económica del país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Alberto Couriel). - Puede continuar el señor Senador Gargano. Quiero informarle que todavía tiene 8 minutos para extenderse en su discurso sobre el tema de la Rendición de Cuentas.

SEÑOR GARGANO. - Gracias, señor Presidente.

Los datos que manejé son los que me proporcionó la Oficina del Servicio Civil. Quiero decir que con mucha honestidad dicha Oficina me comunicó que no me podía brindar las cifras de las remuneraciones que perciben estos funcionarios contratados, y vamos a confrontar si los datos a junio son éstos, o se cambió de denominación a algunas funciones. Con toda honestidad, no creo que los contratos hayan bajado a 600, y más bien tengo la impresión de que puede haber subido el número.

Creo que este tipo de cosas no debería merecer ninguna discusión; tendríamos que contar en Sala con los medios tecnológicos a través de los cuales, pulsando un botón, obtuviéramos automáticamente el número de funcionarios contratados. ¿Por qué no? ¿Por qué hay que manejar cifras, pedir datos y andar corriendo detrás de una oficina, cuando esta información es pública? Además, como legisladores, tenemos el derecho constitucional a que se nos informe y, en ese sentido, el Poder Ejecutivo no nos puede demorar la información. Hay casos de demoras que ya tienen algunos años, y también vamos a referirnos a ello la semana que viene.

Entiendo que estamos gastando mucho dinero en esto, y quiero ver si se justifica. Personalmente, no creo justificado -creo que es la quinta vez que lo digo en el Senado- que ANCAP tenga que contratar en U$S 80.000 a un abogado -que además cobra el subsidio como ex legislador- para que defienda al Ente en un juicio de inconstitucionalidad que se plantea ante la Suprema Corte de Justicia, cuando tiene veinte o treinta abogados que, de pronto, podrían interponer los recursos, pedirle a un constitucionalista que les elaborara un informe sobre el tema y presentarlo como un elemento adicional a su argumentación. De esta manera, arrendarían servicios de forma más directa, si no hay nadie que tenga esa extraordinaria competencia que se requiere para defender en un juicio. Debe haber alrededor de 8.000 abogados en todo el Uruguay, y de ellos, 7.800 "bailarían en una pata" si consiguieran un contrato de este tipo que, además, no sabemos a través de qué método se proveyó el cargo.

Me preocupé de estos temas, porque creo que tiene mucho que ver con lo que gasta el Estado y la forma en que lo hace. Asimismo, forman parte de la desmitificación de esta ejemplar Administración que ha permitido bajar el déficit y abatir la inflación, aunque existe la presencia de 550.000 personas con problemas de empleo y que temen constantemente por su futuro. Cabe agregar que a nuestra principal Casa de Estudios, que es la única que crea conocimiento en el Uruguay, la Universidad de la República, no se le ha dado absolutamente ningún centésimo en dos años. Además, se ha colocado en una crisis brutal al principal centro hospitalario del país, el Hospital de Clínicas. Podríamos seguir enumerando y referirnos, por ejemplo, a la Enseñanza Pública, a los sueldos de los funcionarios o al Poder Judicial. En ese sentido, cuando dicho Poder llamó a concurso para llenar cargos de auxiliar, muchos de los que fueron a inscribirse y constataron que el sueldo de ingreso era de $ 1.400, ni se molestaron en recoger los formularios. Obviamente, se paga muy poco en el sector privado, pero quizás, con dos o tres changas mensuales muchos lo consigan más fácilmente que trabajando ocho horas por día en el Poder Judicial. Así está el Poder Judicial en materia de funcionamiento.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Alberto Couriel). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Pongo en duda que el número de personas, ya sea bajo la denominación de contrato de obra u otra, que está recibiendo retribuciones del Estado -algunas muy importantes- no ha disminuido en la cantidad que decía el señor Senador Bergstein. Conozco algunos casos -naturalmente, no voy a dar nombres- en los que el contrato, en lugar de llamarse arrendamiento de obra, pasó a denominarse contrato de función pública. Asimismo, conozco la situación de los funcionarios del Banco de la República, sobre todo los curiales, que en el interior intervienen en los juicios relativos a este organismo. Esto lo sé desde que trabajé en Jurídica de esa institución bancaria. Lo que preguntaba el compañero, señor Senador Gargano, es cómo es posible que si hay menos funcionarios, el gasto por concepto de pago a los funcionarios, aunque no se llamen así, sea mayor que el que había antes.

8) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Alberto Couriel). - Dése cuenta de un proyecto de ley presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Presidente del Senado, doctor Hugo Batalla y el señor Senador José Korzeniak presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley relativo al recurso de revisión con respecto a las sentencias que hubieran condenado en costas y costos de la segunda instancia."

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

(Texto del proyecto de ley:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Tradicionalmente, la distribución de los gastos del juicio se rigió, en principio, por la solución contenida en el artículo 688 del Código Civil: "Puede el Juez no hacer condena especial en costas o imponerla al vencido y aun condenarlo en costas y costos, según estime que aquél litigó con alguna razón o por culpable ligereza o por malicia que merezca la nota de temeridad".

El Código General del Proceso, Ley Nº 15.962 de 18 de octubre de 1988, se apartó de ese criterio subjetivo en cuanto a la segunda instancia, imponiendo la condena preceptiva al apelante perdidoso en su artículo 261: "La sentencia de segunda instancia confirmatoria en todas sus partes de la de primera, condenará preceptivamente a la parte apelante en las costas y costos de la segunda instancia. En los demás casos, hará las condenaciones según el alcance de la revocatoria y la conducta de las partes en la segunda instancia".

Esta solución objetiva, que provocó disidencias entre los propios autores del texto del Código, mereció fundadas críticas en doctrina y en el foro. El legislador compartió esas críticas, y modificó el mentado artículo 261 del CGP, volviendo también para la segunda instancia, al tradicional criterio subjetivo que valora la conducta de los litigantes. Así, por la Ley Nº 16.699, de 25 de abril de 1995, sustituyó el artículo 261, que ahora dispone: "La sentencia de segunda instancia impondrá las condenaciones procesales de conformidad con el artículo 56.1", el cual a su vez se remite al artículo 688 del Código Civil.

Pese a esa modificación legislativa, la solución objetiva del original Art. 261 se mantiene para los casos resueltos durante su vigencia, provocando situaciones de irritante injusticia, reñidas con la tradición nacional sobre el punto y con el criterio de justicia aceptado por el propio legislador.

El presente proyecto de ley se propone remediar esas injusticias, habilitando para esos casos un recurso de revisión de las sentencias dictadas en aplicación del original artículo 261 del Código General del Proceso, tan solo en cuanto refiere a la condena en costas y costos; recurso que se resolverá con arreglo a los principios tradicionales del Art. 688 del Código Civil.

Se trata de una adecuación, al problema planteado, del "Recurso de revisión" previsto con carácter general en los artículos 281 a 292 del Código General del Proceso. El conocimiento y decisión corresponderán por tanto a la Suprema Corte de Justicia, cualquiera fuere el grado del tribunal en que hubiere quedado firme la resolución recurrida.

La revisión de la condena con arreglo al Art. 688 del Código Civil llevará a que cada parte sufrague los honorarios de su profesional patrocinante o representante, salvo que la Suprema Corte estime que el apelante ha actuado "con malicia que merezca la nota de temeridad". Por eso, el proyecto prevé que si el apelante, que procedió correctamente y pese a ello fue condenado, ha pagado ya los honorarios del profesional de la contraparte, pueda repetir contra ésta como consecuencia de la revisión.

El proyecto salvaguarda adecuadamente el derecho del abogado o procurador a obtener la remuneración por su trabajo. Para ello, se prevé que el recurso de revisión se interponga luego de regulados los honorarios en el procedimiento que a tal efecto se encuentre en trámite, sin afectarlo ni suspenderlo; en cambio, si la regulación de los honorarios todavía no se ha promovido, la revisión de la condena en costas y costos puede ser previa a esa regulación, que en tal caso se dirigirá contra quienes vengan a ser responsables del pago conforme al resultado del recurso. Se prevé también que la repetición de lo ya pagado por el apelante no podrá dirigirse en ningún caso contra el abogado o procurador.

Finalmente, se señala que el legislador está habilitado para sancionar este proyecto de ley que subsana situaciones de irritante injusticia, en virtud de la competencia que resulta del artículo 18 de la Constitución de la República: "Las leyes fijarán el orden y las formalidades de los juicios".

Hugo Batalla Presidente, José Korzeniak. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Procedencia del recurso de revisión. Procederá el recurso de revisión contra las sentencias de segunda instancia que, en aplicación del artículo 261 del Código General del Proceso, en su redacción original establecida por la Ley Nº 15.982 de 18 de octubre de 1988, hubieran condenado a la parte apelante en las costas y costos de la segunda instancia por ser confirmatorias en todas sus partes de la de primera.

El recurso y la sentencia que sobre él recaiga se limitará a la revisión de la condena en las costas y costos, según lo que se establece en los artículos siguientes.

Art. 2º. - Plazo y forma para interponer el recurso. El recurso se interpondrá en forma escrita y fundada dentro del plazo de quince días siguientes al de la notificación de la sentencia firme recaída en el proceso de regulación de honorarios establecido por el artículo 144 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985.

Si dicho plazo ya hubiera transcurrido o comenzado a transcurrir a la fecha de publicación de esta ley, o si el proceso de regulación de honorarios aún no se hubiera promovido a esa fecha, el recurso se interpondrá dentro del plazo de treinta días siguientes al de dicha publicación, cualquiera fuera el lapso transcurrido desde que hubiere quedado ejecutoriada la resolución impugnable.

Art. 3º. - Causal. Procederá la revisión de la condena en costas y costos cuando se hubiera basado en su carácter preceptivo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del Código General del Proceso en su redacción original, pero no hubiera correspondido con arreglo a lo dispuesto por los artículos 688 del Código Civil y 56.1 y 261 del Código General del Proceso en la redacción establecida por el artículo 6º de la Ley Nº 16.699, de 25 de abril de 1995.

Art. 4º. - Efectos de la sentencia que resuelve el recurso. Si se estimare fundada la revisión, así se declarará y se revocará la resolución impugnada, imponiéndose en su lugar la condenación en costas o declarándose no hacer especial condenación, según corresponda, con arreglo a lo dispuesto por los artículos 688 del Código Civil y 56.1 del Código General del Proceso.

La revocación de la resolución impugnada no afectará el derecho del abogado o procurador al cobro de sus honorarios, que serán exigibles contra su patrocinado o representado por el monto resultante de la regulación. En este caso, no serán oponibles al abogado o procurador las disposiciones estatutarias, reglamentarias o contractuales que regulen su relación con su patrocinado o representado reconociéndole derecho al cobro de honorarios sólo cuando sean de cargo de la contraparte.

Art. 5º. - Acción de repetición. Si el recurrente hubiera probado el pago de los honorarios en el procedimiento del recurso, la sentencia revocatoria de la condenación en costos constituirá título que aparejará ejecución (artículo 377 del Código General del Proceso), para pedir la devolución de lo pagado voluntaria o forzadamente en cumplimiento de esa condenación, contra el patrocinado o representado por el abogado o procurador que devengó esos honorarios o sus sucesores o causahabientes a cualquier título.

En caso contrario, la devolución de lo pagado se reclamará en proceso ordinario.

En ningún caso podrá dirigirse la acción de repetición contra el abogado o procurador que hubiera percibido total o parcialmente sus honorarios.

Art. 6º. - Regulación residual de este recurso. En todo lo no previsto por los artículos anteriores, regirá lo dispuesto por los artículos 281 a 292 del Código General del Proceso.

Hugo Batalla Presidente, José Korzeniak. Senador."

9) HECTOR LORENZO RIOS. Homenaje a su memoria.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Alberto Couriel). - Dése cuenta de una moción del señor Senador Rocha Imaz llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"Mociono para que en la primera sesión ordinaria del mes de octubre figure como primer punto del orden del día un homenaje al señor Héctor Lorenzo Ríos, al cumplirse en el mes de octubre diez años de su fallecimiento."

-Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Alberto Couriel). - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Mociono para que luego de la intervención del señor Senador Mallo, que está anotado para hacer uso de la palabra, el Senado pase a cuarto intermedio hasta el día de mañana a la hora 16.00.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Alberto Couriel). - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. Ejercicio 1996.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Alberto Couriel). - El Senado continúa con la consideración del proyecto de ley sobre Rendición de Cuentas.

Tiene la palabra el señor Senador Mallo.

SEÑOR MALLO. - En primer lugar -creo que no proceder así significaría una injusticia- quiero señalar la complacencia que me produjo el informe escrito del señor Senador Bergstein, se comparta o no su contenido. Es un informe bien contexturado y de mérito. Ahora me voy a referir al tema que estamos tratando.

Votaré afirmativamente este proyecto de ley que, con cierta falta de rigor técnico, se ha dado en llamar Rendición de Cuentas. Pero teniendo el deber de ser leal con mi conciencia quiero dejar consignados algunos escrúpulos que aparecen en primer plano, y esa es la razón de mis salvedades.

Bien sé que hay irregularidades y descuidos en las leyes y también inadvertencias, pero también sé que existe en muchas ocasiones la necesidad de transar con la realidad, y para que se salven algunos valores fundamentales hay que admitir, inevitablemente, algunos desajustes. Admito, por tanto, que se debe transar con la realidad, pero con el pleno sentido de esa transacción y del grado en que ella es lícita.

Expongo estas reflexiones para que lo erróneo no se sustente como verdad oficial. Es pertinente, además, afirmar que desconocer los defectos de la conducción financiera no sería tan insensato como ignorar las cualidades de la política económica: índices más que aceptables de crecimiento y mantenimiento de una tendencia a la baja de la inflación. Asimismo, cabe destacar que en seis meses, las cuatro calificadoras de riesgo más importantes del mundo incluyeron a Uruguay en la categoría que no existe riesgo para las inversiones financieras.

Luego daremos una opinión sobre los factores que determinan que ese buen desempeño económico se acompañe con una sensación de frustración o de escasa satisfacción social.

Cabe señalar inicialmente, como lo expresa el inteligente informe del señor Senador Bergstein, que el crecimiento del aparato productivo se ha orientado a la exportación y que la salida de la recesión se basa en un incrementado dinamismo exportador y en el proceso de inversión en el sector privado. Esto determina, necesariamente, efectos que la sociedad no percibe de inmediato, porque la inversión se dirige a aumentar una futura oferta de bienes y servicios y el incremento del consumo que se lograría con el aumento de las remuneraciones, a cargo de un déficit, robustecería la demanda de bienes y servicios, con detrimento de la inversión. El crecimiento determinado por la demanda estaría destinado a durar poco tiempo, por la sencilla razón de que el Uruguay no ha generado suficientes ahorros o capitales para tolerar la prolongada política de crecimiento encarado por el lado de la demanda.

Luego volveremos sobre el tema, porque estas consideraciones técnicas, aun siendo exactas, no dan sino una visión parcial del problema. Insuficiencias, errores o irregularidades en la consecución de las finalidades propias de los cometidos del Estado tienen también parte muy importante en cómo la sociedad -y particularmente los sectores populares- percibe la realidad y expresa un juicio negativo que muchos tienen por inmerecido.

Por aplicación de un principio elemental de congruencia, está indicado que al examinar una Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal debemos determinar cuál es el grado de relación y de concordancia entre el Presupuesto Nacional -con sus programas y el objetivo de los mismos- y la realidad verificada al vencimiento del ejercicio anual, que constituirá la esencia de lo que debe ser una Rendición de Cuentas. De esa verificación resultará si deben o no efectuarse modificaciones -que como manda la Carta, se estimen indispensables- al monto global de gastos, a las inversiones, a los sueldos, y efectuar creaciones o cambios de programas, debidamente justificados.

En rigor de verdad, lo que nos manda el Poder Ejecutivo es el asiento final de un Balance de Ejecución Presupuestal resumido en cifras de ingresos y egresos, con dictamen del Tribunal de Cuentas, que traduce la resultante final, el saldo positivo o negativo de la actividad financiera de los organismos comprendidos en el Presupuesto General. Asimismo, propone, en lo que impropiamente se llama "Rendición de Cuentas cero", que no se haga ninguna modificación al Presupuesto en curso y que no se acepte ninguna propuesta de los organismos del artículo 220 de la Carta.

Concuerdo plenamente en no aumentar el gasto público, pero no acepto cuando se dice que se gasta bien. Tampoco acepto que no deba modificarse el Presupuesto Nacional para dar con esas modificaciones destinos diferentes al gasto público. Si debemos ser fieles a nuestros propósitos electorales estampados como plataforma de propósitos, en documento bien difundido, estamos obligados a reconocer que no ha habido una gestión con objetivos claros y concretos, aplicando los recursos según prioridades preestablecidas, con opciones bien definidas y fundadas, resultantes de decisiones de la autoridad parlamentaria. Debemos reflexionar si, en la árida realidad cotidiana, la asignación de los recursos y los programas más o menos implícitos en los Presupuestos -los explícitos fueron muy escasos- han alcanzado los objetivos fundamentales de la acción del Estado y, por lo menos, el cumplimiento eficiente de sus cometidos esenciales: la seguridad, la justicia, la salud pública y la educación. Y si esto no ha ocurrido o ha sucedido en forma limitada, estaban impuestas modificaciones a los programas y objetivos del Presupuesto Nacional y a la concordante asignación de recursos. Sería personalmente injusto no reconocer que a partir del presente Presupuesto quinquenal se ha incluido, como lo establece el dictamen del Tribunal de Cuentas en el Resultando Nº 4, el resumen de las operaciones realizadas con los fondos destinados a Rentas Generales, al Fondo Nacional de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Fondo Nacional de Vivienda y al Fondo de Libre Disponibilidad de los Incisos.

Hemos avanzado en la buena dirección pero, no obstante, siguen fuera del contralor parlamentario y del Tribunal de Cuentas -no lo he encontrado en ningún lado- los ingresos y los egresos de la cuota parte que nos corresponde en las Comisiones Binacionales que, estando situadas en el país e integrando la Hacienda Pública, les comprende un mínimo de coordinación con el resto de los servicios, pues ha de haber en materia financiera, y concretamente del gasto público, una política general.

Para hacer referencia a una Comisión Binacional, ¿cuáles son las normas que disciplinan el destino de los recursos obtenidos por la venta de energía de Salto Grande? ¿Cuáles son los contralores sobre sus gastos? No ignoro que ha habido una moderación en los mismos, que alcanzaron en su momento un nivel superior al total de los gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero las garantías deben estar en las leyes, que son permanentes, y no en los titulares de los cargos, que son transitorios.

He leído en un reportaje aparecido en un diario de Salto "Cambio" -lo tengo en mi mesa de trabajo- de fecha 4 de setiembre, las expresiones de un distinguido ex integrante de la Comisión Técnica-Mixta de Salto Grande que manifestó que el destino de las utilidades podría fijarse por decisión del Presidente de la República. Seguramente quiso referirse a un decreto del Poder Ejecutivo. Constituyen, a mi juicio, conforme a los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Texto Ordenado de las Leyes de Contabilidad y Administración Financiera, las utilidades de Salto Grande, recursos y fuentes de financiamiento del Estado, los que deben determinarse por leyes nacionales y no por la libre voluntad del Poder Ejecutivo. Esa, por otra parte, es la teoría de la Constitución que hace preceptiva la intervención del Tribunal de Cuentas en toda la gestión relativa a la Hacienda Pública, intervención que no he visto en sus dictámenes.

Otra constancia pertinente es el incumplimiento reiterado al numeral 13 del artículo 297 de la Constitución, según el cual debe determinarse la cuota parte del total de recursos del Presupuesto Nacional destinados a las Administraciones Departamentales. En la reciente reforma constitucional se incorporó el artículo 298 que hace preceptivo proponer en el Presupuesto Nacional una alícuota de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo, formando con su producido un Fondo Presupuestal afectado al desarrollo del interior del país y a la ejecución de políticas de descentralización. Como es natural, el Presupuesto vigente no preveía ese Fondo, no estaba aprobada la reforma constitucional, por lo cual resultaba indicado modificar el Presupuesto por la vía constitucional de la Rendición de Cuentas para entrar de inmediato a la vigencia de la descentralización efectiva y que ésta no quedara reducida al texto impreso, forma común del progreso manuscrito en nuestro orden institucional.

Dije hace un momento que debemos preguntarnos si en la árida realidad de la vida cotidiana se han alcanzado los objetivos que son la esencia de los cometidos del Estado, casi la justificación de su existencia: seguridad, justicia, salud y educación.

No voy a entrar a la discusión técnica controvirtiendo la afirmación del informe sobre si los números de la macroeconomía son una abstracción teórica. La microeconomía estudia el comportamiento de las unidades económicas: un trabajador, una consumidora, una empresa, apareciendo como cuerpo orgánico de teoría en los principios del siglo con el economista inglés Alfredo Marshall. La macroeconomía tuvo su nacimiento oficial con otro inglés, John Maynard Keynes, en su obra "Teoría General del Interés, la Ocupación y el Dinero". Pero, en rigor, la microeconomía se ocupa de la realidad, porque los consumidores y los productores existen y la macroeconomía se ocupa de abstracciones, porque los agregados son, en definitiva, una abstracción conceptual, aunque inferidos de la realidad. Ambas se ocupan de aspectos de una misma realidad pero lo hacen con distintos grados de abstracción. Lo que interesa es cómo se traducen los números macro en la realidad micro, y eso es lo importante. Lo que pretendo descifrar es el grado de relación de los agregados macro en la realidad de la calidad de la vida de la población.

Discrepo -y lo voy a fundar con la afirmación del bien elaborado informe de la mayoría, que supone un esfuerzo serio y meritorio- con que la política social en general del Gobierno se basa en el principio de igualdad. Y como no quiero abrumar al Senado con una exposición que además de tediosa sería larga y por aquello que para muestra basta un botón, voy a tomar uno solo de los servicios sociales: la salud pública. Y pretendo demostrar, con la opinión de los propios integrantes del partido de Gobierno, que en materia de salud pública no existe la igualdad de que habla el informe que, por esa razón y por otras, suscribo con salvedades. Esta es una de las salvedades.

En esta Rendición de Cuentas no se da un solo paso para avanzar hacia los tres objetivos fundamentales en materia de salud pública. Primero, eliminar la desigualdad, eliminar la inequidad que tienen los servicios de salud. En segundo lugar, disminuir las ineficiencias. Somos el país que gasta más per cápita pero no el país que obtiene los mejores resultados en términos de la salud de su gente. En tercer término, aumentar la efectividad de nuestros servicios. No nos faltan recursos, nos falta organizarlos para su aplicación efectiva.

Estas expresiones que he pronunciado no son mías; son del doctor Alfredo Solari, hablando en nombre de la Administración, como Ministro de Salud Pública, delante del Presidente de la República y están impresas en una publicación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Hay varios tipos de desigualdades, una es la que marca claramente la segmentación vertical que por clases sociales y por niveles de ingreso tienen nuestros servicios de salud. Nuestro sistema de salud es ineficiente, según Solari; tenemos el gasto en salud más alto per cápita en América Latina, aproximadamente U$S 52 por persona y por mes, o sea, U$S 600 por año. China, según la misma fuente, tiene mejores niveles de salud y gasta menos de la décima parte de esa cantidad per cápita. Este diagnóstico fue desarrollado por el doctor Solari en el primer Seminario sobre "Ajustes al Sistema de Servicios de Salud" desarrollado en octubre de 1995.

En general estamos de acuerdo con las propuestas y hemos esperado un tiempo prudencial para valuar su puesta en práctica, tiempo que lógicamente se prolongó como consecuencia de su alejamiento y la asunción del doctor Bustos, pero pasó el tiempo y no se ha aplicado lo que se predica. El doctor Solari no habló a título personal, sino que insisto habló como Ministro del Dr. Sanguinetti y lo voy a leer textualmente.

"Esta es la desigualdad. No podemos cerrar los ojos por más que a los uruguayos nos guste considerarnos un país enormemente solidario. Lo somos en muchos aspectos, pero esta desigualdad marca claramente la segmentación vertical que por clases sociales y por niveles de ingreso tienen nuestros servicios de salud."

(Ocupa la Presidencia el doctor Hugo Batalla)

-La medida relevante, la única medida relevante que tomó quien hizo este informe, fue cesar o cambiar de destino a casi todos los directores de los hospitales del país. Los médicos cesados o a los que se asignó otro destino habían sido entrenados en la primera Presidencia del doctor Sanguinetti y continuados en el Gobierno nacionalista mediante cursos, talleres y becas para que se perfeccionaran en el manejo de estructuras administrativas muy complejas, como son los hospitales. Al Ministro Solari, cuyo diagnóstico y objetivos compartimos, para cumplir con el objeto de disminuir la ineficiencia, se le ocurrió la única medida de cesar a todos o a casi todos los directores de los hospitales, entre los cuales muchos, como dije, habían sido preparados por más de diez años para esa tarea y estaban bien calificados y acreditados en cuanto a su sapiencia y dedicación.

Y luego de cesar a los directores, donde había uno nombró dos y en aquellos lugares en que había un subdirector nombró tres, y nombró asesores o gestores con sueldos en dólares, como en el caso del Hospital Pereira Rossell, donde se me ha dicho que se nombraron gestores que ganan dos mil quinientos dólares por mes y trabajan al lado de médicos que seguramente no ganan dos mil quinientos pesos.

Al rendir cuentas debían habernos explicado en qué se mejoraba la eficiencia o se disminuía la ineficiencia, y por qué se aumentaba el gasto con estos gestores, a la vez que se contemplaba muy escasamente el justo reclamo salarial de los verdaderos funcionarios de Salud Pública.

Digo más sobre la desigualdad y no sobre la igualdad de que se autoelogia el informe en mayoría y lo que motiva mi salvedad. Es la desigualdad entre el interior y Montevideo, en cuanto a la asignación de recursos.

Tomemos dos hospitales, uno de Montevideo y otro del interior: el Maciel y el de Paysandú. El Hospital Maciel carece de maternidad, de atención pediátrica y de internación siquiátrica, y tiene 325 camas; a su vez, el de Paysandú tiene 293 camas y 27 camas de asilo. Esto da como resultado casi la misma cantidad de camas en uno como en otro. El Maciel registra 2.389 intervenciones quirúrgicas anuales y el de Paysandú 2.905; aquél no atiende obstetricias y en éste ocurren 1.369 nacimientos cada año; 110.646 consultas en el Maciel y 163.492 en el Hospital de Paysandú en un período anual. Resumiendo, en datos del año 1996, el Hospital de Paysandú con cinco camas menos que el Maciel, 516 intervenciones quirúrgicas más, 1.369 nacimientos contra cero del Maciel, 52.850 consultas más, tiene asignado, al 1º de junio de 1995, un cupo de gastos mensual de alrededor del 50% del correspondiente al Maciel; en octubre de 1997, ese cupo del Hospital de Paysandú bajará a casi el 40%. En el año 1996, el gasto autorizado por mes para el Hospital Maciel fue de U$S 50.393 y el gasto real de U$S 652.431, y el autorizado a partir del 1º de junio de 1997 fue de U$S 342.670; para Paysandú el mensual autorizado fue de U$S 23.622, el real mensual de U$S 358.033, o sea algo más del 50%, y el autorizado a partir del 1º de junio fue más o menos del 50% del autorizado al Maciel.

Estos son los grandes números. Cabría agregar que no están computados para cada hospital el Rubro 0, Sueldos. El Hospital Maciel tiene 110 funcionarios más y no se computan las partidas extraordinarias otorgadas a las comisiones de apoyo o ejecutoras de obras, ni las partidas otorgadas al Hospital Maciel por la Lotería Nacional. De todo ello resulta que la nave de la salud navega en Montevideo en clase bien superior; en cambio, atendiendo a los recursos asignados la que navega en Paysandú lo hace en una clase inferior. Vamos a señalar otro caso que traduce un desdén hacia el interior del país. En la administración del doctor Lacalle se equiparon todos los hospitales y centros de salud con tecnología de última generación mediante un convenio muy cuestionado sobre el que no es la ocasión de emitir juicio. Pero lo que no tiene explicación lógica -o si tiene, no ha sido dada- es que los hospitales de Canelones y Las Piedras no se hayan puesto en funcionamiento. Mientras los devaneos en torno a la operación FOCOEX continúan, las orientales pobres de Canelones, de parte de San José y de Lavalleja conforman una categoría social cuyas integrantes deben salir de su lugar de domicilio y bajar a Montevideo para dar a luz a sus hijos en el Pereira Rossell y cuyas integrantes que necesiten operarse o internarse deben recurrir a los hospitales de Montevideo.

Corresponde por la claridad de su contenido y el acierto de su juicio repetir las palabras del señor Presidente de la República: "Es precisamente quienes administran políticas sociales los que tienen menos derecho que nadie a no ser eficientes, porque sus carencias, limitaciones o errores, en definitiva no van a terminar en un expediente judicial, sino que van a terminar en situaciones que sufrirá la vida cotidiana".

No creo que esta Rendición de Cuentas, al mantener la misma asignación de gastos, haya hecho en lo mínimo para disminuir la desigualdad entre las clases sociales o para disminuir la desigualdad entre los que viven en el interior y los que viven en Montevideo.

Esta Rendición de Cuentas no es tal, pues en rigor de verdad lo que quiso el constituyente es que dicha instancia fuera el medio institucional por el cual el Poder Ejecutivo hace saber al Parlamento la medida en que se ha podido cumplir el gran plan de Gobierno, lo que es en esencia el Presupuesto. Asimismo, es a través de la Rendición de Cuentas que le debe requerir al Parlamento y proponer las modificaciones que estime indispensables al monto global de gastos, sin aumentarlo, inversiones y sueldos o recursos, y efectuar o proponer creaciones, supresiones y modificaciones de programas por razones debidamente justificadas.

Esto no es lo que ocurre ahora.

Repito lo que dije al aprobarse el Presupuesto. En materia financiera actúa la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y se desvanece la voluntad del Parlamento. Lamento que el señor Ministro de Economía y Finanzas y el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tienen atributos técnicos y éticos encomiables y que han definido y sostenido una política económica cuyos resultados sería una necedad negar, no hayan rectificado este empirismo financiero, empirismo sin programa, cuyos resultados afectan los cometidos esenciales del Estado generando un juicio negativo en importantes sectores sociales. El fenómeno financiero, al fin y al cabo, es una modalidad o una variante del fenómeno económico. El Estado se comunica con la sociedad a través del cumplimiento eficiente de sus cometidos; si este cumplimiento es omitido, la Sociedad emite un juicio desfavorable.

Quedarían otros aspectos para tratar, en particular el de la seguridad, el de la justicia y el de la educación, pero en homenaje a la brevedad y tal vez por la convicción de la inoperancia de mis modestas palabras, me inhibo de hacerlo.

En materia de seguridad -tema que está en nuestra preocupación- sólo quiero repetir ahora las palabras que pronunció Benjamín Franklin ante ciertos actuales atisbos de autoritarismo: "Aquellos que estén dispuestos a abandonar libertades esenciales por una seguridad ilusoria y efímera, no merecen ni libertad ni seguridad".

Es cuanto quería manifestar. Muchas gracias.

12) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con lo resuelto oportunamente por el Senado, se pasa a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 16:00.

(Así se hace a la hora 18 y 51 minutos, presidiendo el doctor Hugo Batalla y estando presentes los señores Senadores Acuña, Arismendi, Astori, Batlle, Bergstein, Couriel, Chiesa, Dalmás, García Costa, Gargano, Heber, Hualde, Irurtia, Lausarot, Mallo, Quarneti, Rodríguez, Rocha Imaz, Ruggia, Santoro, Segovia y Virgili).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario - Sra. Quena Carámbula Prosecretaria

Don Freddy A. Massimino Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.