Retorno a página principal

Nº 186 - TOMO 384 - 2 DE SETIEMBRE DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

47ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR SEÑOR MARIO FARACHIO Y EL PROSECRETARIO SEÑOR GABRIEL RODRIGUEZ GARCES

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

- El señor Senador García Costa solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública.
- El señor Senador Michelini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional.
- Los señores Senadores Santoro y García Costa solicitan se curse un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia.
- Oportunamente fueron tramitados.

5) Archivo de Carpeta

- La Comisión de Hacienda solicita se proceda al archivo de la Carpeta Nº 786/97 relativa a la gestión de los compradores del Banco Pan de Azúcar.
- Se procederá de conformidad.

6) Rectificación de trámite

- La Comisión de Industria y Energía solicita que la Carpeta Nº 789/97 relativa a la creación del "Ente Jurídico Consorcio de Exportación" se remita a la Comisión de Hacienda para su estudio.
- Se procederá de conformidad.

7) Proyectos presentados

- El señor Senador Mallo presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley, por el que se modifica el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales.
- A la Comisión de Hacienda.
- El señor Senador Santoro presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley, relativo a las elecciones internas de los partidos políticos.
- A la Comisión Especial de Partidos Políticos.

8) Solicitudes de licencia

- La formula la señora Senadora Dalmás y los señores Senadores Santoro, Garat, Heber, Ricaldoni, Sanabria y Millor.
- Concedidas.

9) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. La presentan el señor Burgueño Miguel, la doctora Reta y los doctores Opertti, Quarnetti y Bluth y los contadores Zerbino y Davrieux comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

10) Banco de Previsión Social. Facilidades de Pago

- Por moción del señor Senador Pozzolo el Senado resuelve incluir este tema en primer término del orden del día del miércoles 3 de setiembre de 1997.

11) Mozos de Cordel en los puertos de Montevideo y Colonia

- Proyecto de ley por el que se les establece una nueva remuneración en esta actividad privada de un servicio público.
- Por moción del señor Senador Garat el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- Continúa la discusión particular. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12) Convenio de Cooperación Jurídica con el Reino de España

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- Por moción del señor Senador Pozzolo el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 29 de agosto de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 2 de setiembre, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se declara de interés general, la creación y gestión de un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas.

(Carp. Nº 147/95 - Rep. Nº 428/97 y Anexo I)

2º) Discusión particular del proyecto de ley relacionado con las tareas que realizan los Mozos de Cordel en los puertos de Montevideo y Colonia.

(Carp. Nº 680/97 - Rep. Nº 453/97)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3º) Por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Jurídica entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España.

(Carp. Nº 788/97 - Rep. Nº 461/97)

4º) Por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Polonia sobre Cooperación Cultural, Científica y Educacional.

(Carp. Nº 536/97 - Rep. Nº 452/97)

5º) Por el que se concede pensión graciable al señor Carlos María De Avila.

(Carp. Nº 753/97 - Rep. Nº 454/97)

6º) Por el que se concede pensión graciable a la señora Guma Zorrilla de Estrázulas.

(Carp. Nº 765/97 - Rep. Nº 455/97)

7º) Por el que se concede pensión graciable a la señora Olga Piria.

(Carp. Nº 770/97 - Rep. Nº 456/97)

8º) Por el que se concede pensión graciable al señor René Deceja.

(Carp. Nº 771/97 - Rep. Nº 457/97)

9º) Por el que se concede pensión graciable al señor Juan José Brenta.

(Carp. Nº 772/97 - Rep. Nº 458/97)

10) Por el que se concede pensión graciable al señor Edgardo Pedroza.

(Carp. Nº 773/97 - Rep. Nº 459/97)

11) Discusión particular del proyecto de resolución por el que queda confirmada la constitución de la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y la República del Ecuador.

(Carp. Nº 807/97 - Rep. Nº 462/97)

12) Discusión particular del proyecto de resolución por el que se crea la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y el Estado de Kuwait.

(Carp. Nº 793/97 - Rep. Nº 463/97)

13) Discusión particular del proyecto de resolución por el que se concede al Poder Ejecutivo el acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República Francesa al doctor Miguel Angel Semino.

(Carp. Nº 803/97 - Rep. Nº 460/97)

14) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence 11 de setiembre de 1997).

(Carp. Nº 737/97 - Rep. Nº 450/97)

Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Arismendi, Astori, Batlle, Bergstein, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Fernández Faingold, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Ovalle, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Dalmás, Heber, Sanabria y Santoro.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 12 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 2 de setiembre de 1997.

La Presidencia de la Asamblea General remite:

Un Mensaje del Poder Ejecutivo comunicando haber dictado una resolución por la que se tributan honores fúnebres a los restos mortales del señor Intendente Municipal de Lavalleja, Esc. Héctor Leis Riccetto.

-Téngase presente.

Y nota del Tribunal de Cuentas de la República comunicando la resolución dictada por la que no observa la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 1996.

-Téngase presente. Oportunamente le fue enviada a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes solicitando venia para designar:

a la Dra. Adriana Arenas Berreiro como Fiscal Letrado Adjunto de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de 13º Turno;

a la Dra. Mercedes Abdala Sosa como Fiscal Letrado Suplente;

a la Dra. Mariela Zito como Fiscal Letrado Adjunto de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de 15º Turno,

al Dr. Juan Walter Trecca como Fiscal Letrado Adjunto de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de 14º Turno;

a la Dra. Alba María Betolaza Cafferata como Fiscal Letrado Nacional de lo Civil de 10º Turno;

a la Dra. María del Huerto Martínez Balbuena como Fiscal Letrado Nacional de lo Civil de 12º Turno;

documentación complementaria sobre las solicitudes para designar a la Dra. Cristina Luján García Luengo como Fiscal Letrado Departamental de Rocha de Primer Turno;

y destituir de sus cargos a dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca;

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje solicitando venia para conferir el ascenso al grado de Coronel Médico al señor Teniente Coronel Médico José Terra.

-A la Comisión de Defensa Nacional.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se designa con el nombre "Juan H. Grieco - Celia E. Cattalurda de Grieco" la Escuela de Música Nº 90 de la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado,

por el que se designa a la Brigada de Infantería Nº 2 del Comando General del Ejército cuyo Puesto de Comando se encuentra en la ciudad de Colonia del Sacramento, con el nombre "General José de San Martín",

por el que se aprueba el Acuerdo de Fomento y Recíproca Protección de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana y

por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa en materia de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y su protocolo.

-Ténganse presente y agréguese a sus antecedentes.

El Ministerio de Defensa Nacional remite la información solicitada por el señor Senador Reinaldo Gargano, relacionada con la adjudicación de estaciones de televisión abierta, televisión por cable y emisoras de radio.

-Oportunamente le fue entregado al señor Senador Gargano.

La Suprema Corte de Justicia remite información complementaria relacionada con el pedido de informes formulado por el señor Senador Albérico Segovia sobre posibles remates judiciales a solicitud del Banco Hipotecario del Uruguay.

-Oportunamente le fue entregado al señor Senador Albérico Segovia.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se introducen modificaciones al régimen de salidas transitorias de reclusos.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

La Cámara de Representantes remite nota comunicando que designó al señor Representante León Morelli, para integrar la Comisión Administrativa del Poder Legislativo que actuará durante el tercer período de la XLIVa. Legislatura en sustitución del señor Representante Luis Alberto Andriolo.

-Téngase presente.

La Comisión Administrativa del Poder Legislativo remite nota solicitando venia para destituir de su cargo a un funcionario del Escalafón III, Item 03 - Inventarios.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos."

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador García Costa solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública relacionado con la adquisición de ambulancias Nissan Trade 2.8."

-Oportunamente fue tramitado.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 13 de Agosto de 1997.

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente.

De mi consideración:

Por la presente, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución, solicito de Ud. se sirva cursar el siguiente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública:

1º) Ubicación y uso al que se hallan destinadas, a la fecha de recibirse el presente pedido de informes, las Ambulancias Nissan Trade 2.8 adquiridas por el ministerio con los fondos provenientes del Tratado celebrado con España;

2º) Kilometraje recorrido, a la misma fecha, de cada uno de dichos vehículos;

3º) Estado General de las mismas calificándole a tales efectos como bueno, regular o malo;

4º) Perspectiva eventual de continuidad en el uso de cada una de las ambulancias referidas, categorizadas a tal fin como:

-hasta un año

- hasta dos años.

- superior a dos años

Naturalmente sobre la base de un cuidado normal y regular.

Saluda a Ud. atte.

Guillermo García Costa. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Michelini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional relacionado con declaraciones de los señores Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas respecto a distintos proyectos a estudio del Poder Legislativo."

-Oportunamente fue tramitado.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 20 de agosto de 1997.

Señor Presidente del Senado

Dr. Hugo Batalla

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a Usted a los efectos de solicitarle que, conforme al artículo Nº 118 de la Constitución de la República, se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional.

Se solicita a dicha Secretaría de estado tenga a bien informar respecto a los siguientes puntos:

En el diario "La República" del día de ayer 19 de agosto, se publica el texto de un documento, carta o memorándum que habría sido enviado por los Sres. Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas al Sr. Ministro. En el día de hoy, 20 de agosto, el diario "El Observador" reproduce un párrafo del documento en cuestión.

Con relación a estas publicaciones, se desea saber:

1) Si efectivamente los Sres. Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas se han dirigido al Sr. Ministro formulando opiniones respecto a proyectos de ley actualmente a consideración del Poder Legislativo.

2) En caso afirmativo, si el texto del documento, carta o memorándum conteniendo opiniones de los Sres. Comandantes coincide con el publicado en "La República" (por entero) y en "El Observador" (parcial mente). De no ser así, cuál es el texto completo de dicho documento, carta o memorándum.

3) Siempre en caso de respuesta afirmativa al numeral 1, cuál es el trámite dispuesto por el Sr. Ministro con relación al documento en cuestión, si es que se ha dispuesto alguno.

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.

Rafael Michelini. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Santoro y García Costa solicitan se curse un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia relacionado con el trámite administrativo dispuesto por ésta y la fecha de recepción relacionada con el trámite de la comunicación remitida por el Senado relativa al juicio político del señor Representante Nacional Leonardo Nicolini."

-Oportunamente fue tramitado.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, agosto 19 de 1997.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 118 de la Constitución solicitamos se sirva cursar el siguiente pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia:

1) Fecha de recepción por dicho organismo de la comunicación, y los anexos indicados en su texto, datada del 8 de mayo de 1997, que le realizara el Senado de la Resolución de la fecha mencionada relativa a extremos resultantes del juicio público abierto al señor Representante Nacional Leonardo Nicolini (Arts. 93 y 102 de la Constitución).

2) Trámite administrativo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia a la antes identificada comunicación.

3) Sede judicial actuante en las eventuales resultancias de las disposiciones de la Suprema Corte, y, en su caso, la Fiscalía que correspondiera.

Saluda a ud. atte.,

Santoro, García Costa. Senadores."

5) ARCHIVO DE CARPETAS

SEÑOR PRESIDENTE. - La Comisión de Hacienda solicita que se proceda al archivo de la Carpeta Nº 786/97.

Se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

6) RECTIFICACION DE TRAMITE

"La Comisión de Industria y Energía solicita que la Carpeta Nº 789/97 se remita al estudio de la Comisión de Hacienda."

-Se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

7) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Mallo presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales."

-A la Comisión de Hacienda.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"MODIFICACION DEL IMPUESTO A LAS TRASMISIONES PATRIMONIALES

EXPOSICION DE MOTIVOS

La ley de ajuste fiscal de 1990 (16.107), recreó el antiguo impuesto a las trasmisiones inmobiliarias, bajo el "nomen juris" de impuesto a las trasmisiones patrimoniales.

Quedaron así gravadas todas las enajenaciones y promesas de bienes inmuebles, (literal A) del artículo 2º, con un impuesto del 2% (artículo 6º) del valor real del respectivo bien inmueble (fijado de acuerdo con el artículo 10 del Título 1 del Texto Ordenado), (artículo 4º) que deben pagar tanto el enajenante como el adquirente.

Este impuesto, en cuanto grava la primera promesa de enajenación de los bienes inmuebles, esto es la que realizan las empresas constructoras respecto de unidades a estrenarse, representa un importante desembolso adicional -y efectivo- para los adquirentes, que dificulta la venta de dichas unidades y perjudica seriamente, por tanto, a la industria de la construcción.

Debe tenerse presente, para comprender el fundamento de lo expresado, que la gran mayoría de las ventas de apartamentos nuevos se realizan en base a financiamientos de mediano y largo plazo, lo que reduce el desembolso inicial a cantidades muy inferiores al precio total, y bajo la obligada forma jurídica de promesas de enajenaciones.

Un ejemplo práctico ilustrará el problema. Si el precio final de una unidad es de U$S 155.000 y la cuota inicial de U$S 10.000, con ésta deberá pagarse el impuesto, que podrá ser de U$S 2.000, (2% de U$S 100.000), por estimarse sobre el valor de aforo, que suele ser un 35% inferior al valor de mercado. Si a ello añadimos el 1,5% que cobra el escribano actuante -U$S 2.325- más el 3% que percibe la inmobiliaria (más IVA) -U$S 5.819- el desembolso inicial real asciende, en el caso hipotético planteado, a U$S 20.144.

En tales condiciones, muchos eventuales compradores capacitados para enfrentar las futuras cuotas mensuales no lo están, en cambio, para realizar el importante pago inicial, innecesariamente aumentado por el impuesto en cuestión.

La merma recaudatoria que aparejaría la modificación impositiva propuesta sería mínima en el total de la recaudación. Según datos oficiales de la D.G.I., ésta ascendió en 1996 a unos 3.050 millones de dólares. El impuesto a las trasmisiones inmobiliarias representó apenas el 1,4% del total recaudado. O sea, 43 millones de dólares. Como este impuesto grava todas las enajenaciones de bienes inmuebles y no solo las primeras de ellas, amén de otros actos y negocios jurídicos, el producto de esas primeras enajenaciones es sensiblemente inferior al total.

Según datos de la revista "Propiedades", en 1996 se vendieron unidades a estrenar por valor de 300 millones de dólares. Como ya fue dicho que el monto imponible recae sobre el valor de aforo, dicha cifra debe reducirse en un 35%, lo que arroja un total imponible de U$S 195 millones y una recaudación estimada de U$S 7:800.000, que apenas representa un 0,25% del total recaudado. O sea, una insignificancia fiscal.

Pero esa insignificancia fiscal no lo es desde el punto de vista de la industria de la construcción ni, muchos menos, del posible contribuyente, que a menudo deja de serlo por no poder enfrentar esa carga impositiva.

Además, la merma recaudatoria casi seguramente no será tal, de sancionarse este proyecto de ley, pues todo lo que ayuda al crecimiento de la industria de la construcción produce importantes ingresos al Estado, por pago del IRIC, IVA (sobre los materiales) y leyes sociales, por parte de las empresas del sector.

En el plano estrictamente jurídico, debe tenerse presente que la modificación impositiva propuesta no configura una exoneración, o sea "la liberación total o parcial de la obligación tributaria, establecida por la ley en favor de determinadas personas, comprendidas en la definición del hecho generador", (artículo 41 del Código Tributario).

Ello es así porque en nada se modifica ni se reduce el elenco de sujetos pasivos (contribuyentes) de este impuesto, establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 16.107.

Lo que se propone, en cambio, es suprimir uno de los hechos gravados por el impuesto. O sea que cierto negocio jurídico, a saber la primer promesa de enajenación recaída sobre un inmueble, deje de ser "el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo y cuyo acaecimiento origina la existencia de la obligación", (artículo 24 del Código Tributario).

Luis E. Mallo. Senador.

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo único. - Modifícase el literal B) del artículo 2º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, en la redacción dada por el artículo 481 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, que quedará redactado de la siguiente manera:

"B) Las segundas y sucesivas promesas de las enajenaciones referidas en el literal anterior, así como las
cesiones de dichas promesas."

Luis E. Mallo. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otro proyecto de ley presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Santoro presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley respecto a las elecciones internas de los partidos políticos."

-A la Comisión Especial de Partidos Políticos.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Las elecciones internas de los Partidos Políticos para seleccionar el candidato único a la Presidencia de la República, y elegir miembros titulares y suplentes de los órganos deliberativos nacionales y departamentales, se realizarán en un único acto y hoja de votación, con sufragio no obligatorio en la que se expresará el voto por el ciudadano a nominar como candidato único del Partido a la Presidencia de la República y por las nóminas de Convencionales Nacionales y Departamentales.

Art. 2º. - Todo ciudadano es elector en las elecciones internas, y es elegible con dieciocho años cumplidos de edad, en los casos y formas que se designaran.

Art. 3º. - Para ser miembro de los órganos deliberativos nacionales se requieren las mismas calidades que para ser Representante nacional, artículos 90 y 92 de la Constitución de la República, excepto la edad, y para serlo de los órganos departamentales, las que se requieren para ser miembro de la Junta Departamental, Arts. 264, 293 y 294 de la Constitución de la República.

Art. 4º. - Cada agrupación política reconocida por la autoridad partidaria competente, que desee participar en las elecciones internas deberá comparecer ante la Junta Electoral respectiva presentando lista de candidatos a integrar en calidad de titulares y suplentes, los órganos deliberativos nacionales y departamentales.

Art. 5º. - Los órganos deliberativos nacionales se compondrán de un máximo de 500 miembros, con triple número de suplentes, elegidos directamente, con arreglo a un sistema de representación proporcional en el que se tomen en cuenta los votos emitidos a favor de cada partido en todo el país.

Art. 6º. - La adjudicación de Convencionales Nacionales por departamento se hará con arreglo a las siguientes disposiciones:

a) se determinará el cociente de representación, dividiendo la cifra electoral nacional de votantes de cada Partido por 500, o por la cifra máxima de integración que establezca la respectiva Carta Orgánica.

b) se dividirá la cifra electoral del Partido en cada departamento por el cociente de representación, asignándole a cada departamento tantos Convencionales nacionales como unidades tenga el cociente de esta nueva división.

c) se agruparán y contarán todos los votos válidos que tengan el mismo sub-lema y se le adjudicará a cada sub-lema tantos cargos de Convencionales Nacionales como veces esté contenido el cociente de representación en el número de votos obtenidos por el sub-lema.

d) para la distribución de los puestos restantes se dividirá el número de votos de cada sub-lema por el de puestos que ya se le haya adjudicado más uno y se asignará un puesto más al sub-lema que dé un cociente mayor en esta última operación. Si varios cocientes iguales fueran los mayores, se asignará un puesto más a cada sub-lema, siempre que alcanzare el número de puestos a distribuir. Si ese número no alcanzare, la asignación se hará a los sub-lemas por el orden decreciente del número total de votos válidos que cada sub-lema haya obtenido en la circunscripción.

e) se repetirá la operación precedente tantas veces sean necesarias hasta adjudicar uno por uno todos los puestos restantes.

Art. 7º. - Fijado el número de puestos correspondientes a cada sub-lema, se les distribuirá entre las listas diferenciadas por distintivos, para lo cual se procederá así:

1) se determinará el cociente de cada sub-lema dividiendo el total de votos válidos correspondientes a la circunscripción y emitidos a favor de cada sub-lema por el número de puestos adjudicados al correspondiente sub-lema en las operaciones anteriores.

2) se agruparán y contarán todos los votos válidos que tengan el mismo distintivo y se les adjudicará a cada lista tantos puestos electivos como veces esté contenido el cociente del sub-lema en el número de votos obtenidos por la lista.

3) Para la distribución de los puestos restantes se dividirá el número de votos de cada lista por el de puestos que se le haya adjudicado más uno, y se le asignará un puesto más a la lista que dé un cociente mayor en esta última operación. Si varios cocientes iguales fueran los mayores, se asignará un puesto más a cada lista correspondiente, siempre que alcanzare el número de puestos a distribuir.

Si ese número de puestos no alcanzare, la asignación se hará a las listas por el orden decreciente del número total de votos válidos que cada lista haya obtenido en la circunscripción.

4) Se repetirá la operación precedente tantas veces cuantas sean necesarias, hasta adjudicar uno por uno todos los puestos restantes.

Art. 8º. - El órgano deliberante departamental tendrá un número de miembros igual al cuádruple de los que le corresponda en el órgano deliberante nacional a dicho departamento; pero nunca inferior a 30 ni superior a 250.

Estos cargos se llenarán con los candidatos titulares y suplentes, en el orden preferencial, de las listas que se presenten para la elección del órgano deliberante departamental, distribuyéndose los mismos por el sistema de representación proporcional integral y de cocientes decrecientes, en función de los votos válidos obtenidos por el partido en el departamento.

Art. 9º. - La elección de los candidatos de cada Partido a la Vice-Presidencia de la República, se hará por el Colegio Elector Nacional, o el órgano deliberativo que haga sus veces, surgido de la elección interna, mediante la nominación del candidato en votación nominal y pública, por la mayoría absoluta de sus integrantes.

Art. 10. - De sobrevenir la vacancia definitiva del candidato presidencial antes de la designación del candidato a Vicepresidente de la República, la nominación del nuevo candidato será realizada por el Colegio Elector Nacional u órgano deliberativo equivalente: -convoca- expresamente a tales efectos.

Art. 11. - La Corte Electoral controlará la nominación del candidato a la Presidencia de la República realizada por el órgano deliberativo nacional, cuando no se hubieren obtenidos las mayorías requeridas en la elección interna. Asimismo controlará las elecciones de Vice-Presidente e Intendente.

En la elección de miembros de los órganos deliberativos nacionales y departamentales, se permitirá la acumulación de votos por sub-lema, dentro de un mismo lema, distribuyéndose los cargos obtenidos por cada sub-lema en favor de cada lista, de acuerdo a lo previsto por el artículo 7º.

Art. 12. - En el caso de no obtenerse para la elección del candidato a la Presidencia de la República las mayorías requeridas por el literal e) de la disposición transitoria W, el Colegio Elector Nacional o el órgano deliberativo que haga sus veces surgido de las elecciones internas nominará al candidato el último domingo del mes de mayo siguiente a la elección interna.

Art. 13. - Para la elección del Intendente Municipal mediante la nominación a realizar por el órgano deliberativo o Colegio Elector que haga sus veces, éste deberá reunirse el primer domingo del mes de febrero con una anticipación no menor a 90 días a la elección prevista por la disposición transitoria letra Z.

Art. 14. - Los miembros de los Directorios, los Directores Generales de los Entes autónomos y de los Servicios Descentralizados y los representantes del Estado en las Personas Públicas no Estatales podrán ser candidatos a integrar los órganos deliberativos nacionales y departamentales si cesan en sus cargos con seis meses de anticipación a la celebración de las elecciones internas.

En estos casos, la sola presentación de la renuncia fundada en esta causal, determinará el cese inmediato del renunciante en sus funciones.

Los Organismos Electorales no registrarán listas en que figuren candidatos que no hayan cumplido con aquel requisito.

Montevideo, agosto 28 de 1997.

Walter R. Santoro. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por el proyecto de ley que sometemos a la consideración Legislativa se procura reglamentar la elección de los miembros de los órganos Convención Nacional y Departamentales, que las disposiciones transitorias letra W y Z colocan como elemento sucedáneos de elección en caso de no aprobarse las leyes previstas en los artículos 77 Inc. 12 y 271 de la Constitución (elección de Presidente e Intendentes). La regulación que se establece se basa en normas que desde 1925 se vienen aplicando en el País, para las elecciones nacionales y departamentales, con plena eficacia y absoluta garantía de preservación del sufragio.

El sistema es el usual en materia de representación proporcional, tomándose como base para la realización de las distintas operaciones el número de sufragios obtenidos por cada partido en la circunscripción nacional. Una vez obtenido el cociente de representación, se aplica el mismo en cada departamento y así, sucesivamente, como en la actualidad para las elecciones nacionales se distribuyen los cargos.

Se opta por fijar el número máximo de convencionales nacionales en 500 y el cuádruple de esta cifra para la convención departamental, con un tope de 250.

Aunque está prohibida la acumulación por sub-lemas en las candidaturas a Presidente, dentro de cada partido, se permite la acumulación por sub-lemas para la elección de convencionales nacionales y departamentales por considerar que lo básico de la elección interna, de acuerdo con la reforma constitucional, es la elección de los convencionales que no tienen como tales, que quedar unidos inexorablemente a las candidaturas a la Presidencia de la República.

Tal aseveración es procedente porque de lo que se trata en oportunidad de la elección interna, es realizar tres elecciones en un mismo acto: candidatos a la Presidencia, a la Convención Nacional y a la Departamental.

Como siempre lo ha establecido nuestra legislación, la prohibición de acumular por sub-lema ha existido para los cargos de Presidente y Vice-Presidente, pero no para los otros cargos, exigiéndose la existencia de un sub-lema, con el que se acumula, como expresión de un sector dentro del partido, tanto en lo nacional como en lo departamental, sectores que serán luego fundamentales en el caso de elección de Presidente por la Convención Nacional.

Todo esto resulta así, dentro de un régimen transitorio, que por supuesto puede cambiar totalmente la ley votada por 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara (Art. 77 num. 12 de la Constitución).

El sistema utilizado implica una variante respecto a las elecciones de Representantes Nacionales, ya que no se puede tomar como base el número de inscriptos existentes antes de las elecciones para la asignación de bancas sino que se debe hacer la distribución de los cargos de convencionales, una vez realizada la elección interna.

En verdad, es un sistema en cierta manera similar al de la distribución de bancas en la elección de Senadores, que prácticamente repite el sistema que se aplicó en la elección del Colegio elector de Senadores cuando regía la Constitución de 1918.

En el proyecto, también se procuran determinar situaciones que exigen regulación, como la forma de elegir el candidato a Vice-Presidente; la fecha de reunión de los órganos deliberativos nacionales y departamentales para la elección de candidatos a la Presidencia de la República y a la Intendencia Municipal, así como la previsión para el caso de vacancia definitiva del candidato Presidencial antes de la designación del candidato a la Vice-Presidencia.

Montevideo, agosto 28 de 1997.

Walter R. Santoro. Senador."

8) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Dalmás solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 2 de setiembre de 1997.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito se me conceda licencia por el día de la fecha.

Motiva dicha solicitud razones de carácter personal.

Sin otro particular saluda a usted, y por su intermedio a los integrantes del Cuerpo, atentamente.

Susana Dalmás. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Walter R. Santoro solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, setiembre 1º de 1997.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

Señor Presidente:

Solicito licencia para la sesión del Senado, del día 2 de setiembre, por razones de carácter personal.

Saludo al señor Presidente muy atentamente.

Walter R. Santoro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Carlos M. Garat solicita licencia a partir del día 3 de setiembre hasta fin de mes."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 26 de agosto de 1997.

Sr. Presidente del Senado

Dr. Hugo Batalla

De mi consideración:

Por la presente vengo a solicitar del Plenario del Senado licencia a partir del 3 de setiembre hasta fin de mes, para poder concurrir a la IX Reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Latinoamericano que tendrá lugar en la ciudad de Panamá entre los días 4 y 7 de setiembre, asimismo posteriormente asistir a la Conferencia Parlamentaria de las Américas que tendrá lugar del 18 al 22 de setiembre en la ciudad de Quebec.

Los días intermedios cumpliré con distintas visitas en Estados Unidos y Canadá, a los que he sido invitado.

Saluda a usted con mi mayor consideración.

Carlos M. Garat. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

En consecuencia, a partir de mañana queda convocado el suplente respectivo, señor Ambrosio Rodríguez, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Heber solicita licencia desde el día de la fecha hasta el 18 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 2 de setiembre de 1997.

Sr. Presidente de

la Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente con el fin de solicitar licencia desde hoy y hasta el 18 de setiembre con motivo de concurrir a la 98a. Conferencia Interparlamentaria en la ciudad de El Cairo, Egipto.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

Luis A. Heber. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, a partir del día de hoy queda convocado el señor José Luis Ovalle, quien ya ha prestado el juramento de estilo. Si se encontrara en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Ovalle)

-Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Ricaldoni solicita licencia desde el día 3 hasta el 23 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 27 de agosto de 1997.

Sr. Presidente del Senado

Lic. Hugo Fernández Faingold

Presente

De mi mayor consideración:

Habiendo sido designado para integrar la delegación parlamentaria que concurrirá a la 98a. Conferencia Inter-Parlamentaria a realizarse en El Cairo entre el 11 y el 16 de setiembre del corriente año solicito que se me conceda la licencia correspondiente desde el 3 y hasta el 23 de dicho mes inclusive.

Por otra parte, y en mi carácter de coordinador de la bancada de Senadores del Foro Batllista, comunico a Ud. y por su intermedio al Cuerpo de su presidencia, que entre el 3 y el 23 de setiembre próximos, el Senador Nahum Bergstein ocupará mi lugar en las Comisiones de Constitución y Legislación, de Asuntos Internacionales y en la Especial para el estudio de los proyectos para combatir la corrupción.

A su vez, el Senador Luis Bernardo Pozzolo me sustituirá durante el lapso antedicho en la Comisión de Partidos Políticos.

Finalmente, el Senador Alvario Bentancur mientras ejerza la suplencia del referido mes de setiembre me sustituirá en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada para el estudio de la reforma del régimen de las Cajas Jubilatorias paraestatales. Y además, cuando no estén los titulares, actuará en las Comisiones de Medio Ambiente y de Salud Pública.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

Américo Ricaldoni. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

En consecuencia, a partir del día de mañana, queda convocado el señor Alvario Bentancur, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

-Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Sanabria solicita licencia desde el día de la fecha, por el término de una semana."

-Léase.

(Se lee:)

"San Carlos, 2 de setiembre de 1997.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores.

Dr. Hugo Batalla.

Por la presente solicito a usted licencia a partir del día de la fecha por el término de esta semana, por razones de salud.

Saludo a usted muy atentamente.

Wilson Sanabria. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. Unanimidad.

En consecuencia, a partir del día de hoy, queda convocado el señor Nahum Bergstein, quien ya ha prestado el juramento de estilo. Si estuviera en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Bergstein)

-La Presidencia se interesará por el estado de salud del señor Senador Sanabria.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Millor solicita licencia desde el día 3 hasta el 16 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 1 de setiembre de 1997.

Sr. Presidente

de la Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia desde el 3 al 16 del corriente, para participar en la 7a. Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Deuda Externa del Parlamento Latinoamericano, que se desarrollará en Panamá.

Pablo Millor. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. Unanimidad.

En consecuencia, a partir del día de mañana, queda convocado el señor Nelson Fernández, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

9) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de varios desistimientos.

(Se da de los siguientes:)

"El Intendente de Maldonado, señor Burgueño Miguel, los doctores Opertti, Quarneti, Bluth, Solari, la Dra. Reta y los contadores Zerbino y Davrieux comunican que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto."

10) BANCO DE PREVISION SOCIAL. FACILIDADES DE PAGO

SEÑOR PRESIDENTE. - No hay oradores inscriptos en la hora previa.

Dése cuenta de una moción de orden llegada a la Mesa.

"El señor Senador Pozzolo formula moción en el sentido de que se incluya como primer punto del orden de día de la sesión ordinaria del miércoles 3 de setiembre el proyecto de ley: Banco de Previsión Social. Facilidades de Pago. Carpeta Nº 651/97, con sanción de la Cámara de Representantes."

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: se trata de un proyecto de ley que el pasado mes de junio fuera aprobado por la unanimidad de la Cámara de Representantes. Además, cuenta con el visto bueno del total de los integrantes del Directorio del Banco de Previsión Social, con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, así como con la del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Cabe aclarar que este proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Asuntos Laborales. En el día de ayer -y para no sorprender a ninguno de los compañeros que la integran- anuncié el propósito y el interés del Gobierno en sancionarlo rápidamente. De todas maneras, no quise forzar el pronunciamiento de la Comisión, en función de que legítimamente uno de los partidos políticos allí representados manifestó que todavía no tenía opinión al respecto, pese a que, insisto, fue votado y defendido por unanimidad en la Cámara de Representantes.

En virtud de que creo que este tema no puede dar lugar a una mayor discusión ni distraer demasiado la debida atención al orden del día, propongo que se trate como primer punto en la sesión del día de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. Unanimidad.

11) MOZOS DE CORDEL EN LOS PUERTOS DE MONTEVIDEO Y COLONIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde que el Senado ingrese al orden del día con el asunto relativo a Areas Naturales Protegidas.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: tal vez esté equivocado en mi razonamiento, pero debo señalar que días pasados empezamos a tratar el proyecto de ley relativo a la remuneración de los Mozos de Cordel, se votó en general, quedaron algunos detalles para ajustar durante la discusión particular y se acordó que quedara como primer punto del orden del día de esta sesión ordinaria.

SEÑOR PRESIDENTE. - Obviamente, señor Senador, el Cuerpo es el soberano y para resolver alterar el orden del día, bastaría con que se formule una moción en ese sentido.

SEÑOR GARAT. - En consecuencia, formulo moción en el sentido de que se altere el orden del día y que se pase a considerar como primer punto el que figura en segundo lugar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. Unanimidad.

En consecuencia, el Senado pasa a considerar el proyecto de ley por el que se establece una nueva remuneración a los Mozos de Cordel en los puertos de Montevideo y Colonia.

(Antecedentes: Ver 45a. Sesión Extraordinaria)

-Continúa la discusión particular.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: hemos preparado un texto sustitutivo del artículo 4º de este proyecto de ley que, en este momento, está siendo repartido a los señores Senadores. La fundamentación correspondiente la haremos cuando dicho artículo sea considerado en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea aclararle al señor Senador Brezzo que, en realidad, se está refiriendo al artículo 4º del artículo 1º.

SEÑOR BREZZO. - Tiene razón el señor Presidente; por tanto, es necesario corregir el encabezamiento del repartido. En consecuencia, se trata de una modificación al artículo 4º de la Ley.

Consulto al señor Presidente si este es el momento adecuado para hacer la fundamentación de dicha sustitución.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sí, señor Senador, ya que ahora está en discusión el artículo 1º que comprende uno de los artículos modificados, que es el 4º.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: el Senado recordará que en la sesión pasada se comenzó a analizar este proyecto de ley. Entre otras cosas, se dijo que no había información sobre la recaudación que administraba la Prefectura Nacional Naval. Yo me comprometí a traer esos datos al Senado.

A tales efectos, he mantenido contactos con integrantes de la Prefectura Nacional Naval y se me ha dado la información de lo recaudado por el concepto del 2% que establece el artículo 2º de la Ley. Concretamente, en el primer semestre del año 1997 se recaudaron $ 4:367.000. Por su parte, en el primer semestre de 1996 se recaudaron en Colonia y Montevideo $ 2:998.000, en tanto que en el segundo semestre, la cifra fue de $ 2:868.000. Además, quiero señalar que tengo en mi poder la copia de un acta de liquidación del puerto de Colonia, que está firmada por la Prefectura Nacional Naval y la Unión de Mozos de Cordel. A mi juicio, esto no es suficiente para aportar tranquilidad a este clima que se ha creado, particularmente, en el puerto de Colonia más que en el de Montevideo.

Entonces, proponemos cambiar el texto remitido por la Comisión por el de la Ley del año 1989, que ha sido repartido a los señores Senadores. También está reproducido íntegramente en el artículo sustitutivo que presenté al Senado, con un agregado -que está en negrita- que es el último inciso. Concretamente, este inciso establece: "La Prefectura Nacional Naval queda obligada a producir mensualmente un informe detallado de todo lo recaudado, así como del destino dado a los fondos correspondientes, que se entregará a los representantes de las entidades asesoras antes mencionadas a los efectos de su control".

Me parece que este texto es mejor que el otro, porque en el texto del artículo 4º remitido al Senado, se crea una Comisión administradora de naturaleza un tanto extraña, mixta, puesto que participan representantes de la Prefectura Nacional Naval, de la Administración Nacional de Puertos, del Ministerio de Turismo y dos delegados privados de la Unión de Mozos de Cordel. Considero que no es bueno formar una Comisión de esa naturaleza, aunque sí era aceptable que la administración de esos fondos, que estaba a cargo de la Prefectura, fuera controlada y obligada por la ley por los representantes no sólo de la Administración Nacional de Puertos, sino también por los de la Unión de Mozos de Cordel. Esto es lo que propongo en el inciso final del texto sustitutivo. De esta manera, no se produciría esa creación un tanto extraña de una Comisión administradora en la que participan la Prefectura Nacional Naval, la Administración Nacional de Puertos y la Unión de Mozos de Cordel. De esta manera, se deja la Prefectura quien, al mismo tiempo, queda obligada a rendir cuentas mensualmente. Entonces, se disipa cierta situación de inquietud e inseguridad que han expresado representantes de la Unión de Mozos de Cordel a muchos señores Senadores. En consecuencia, el tema quedaría resuelto.

En este artículo 4º también proponemos que en lugar de pagar 1.6 Salarios Mínimos, se abonen 3. Con esto estaríamos atendiendo una situación que se había planteado en forma equivocada desde el punto de vista de la administración, porque hasta fines del año pasado se les pagaba a los Mozos de Cordel una partida ficta que se denominaba horas extras, lo cual no resultaba conveniente. De acuerdo a como queda el texto de la Ley, es claro que a quienes hagan horas extras se les pagará lo que corresponda, de lo contrario, no será así.

Estos son los fundamentos por los cuales hemos propuesto este texto sustitutivo del artículo 4º incluido en el artículo 1º. Estamos dispuestos a votar el resto del proyecto tal como fue remitido por la Comisión.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: desde ya adelanto que voy a ser breve porque deseamos que este proyecto de ley se apruebe rápidamente. Tenemos en cuenta la mención que hizo en su exposición el señor Senador Michelini, acerca de que no podemos demorar la aprobación de esta iniciativa porque, en realidad, se está sacrificando la situación de estos trabajadores del puerto.

La modificación que plantea el señor Senador Brezzo apunta a dos temas esenciales. En primer lugar, a modificar el coeficiente de ajuste salarial, que en la Comisión se había fijado en 5 Salarios Mínimos y que ahora sería de 3. En segundo término, se hace referencia a la administración de esos recursos. Nosotros pretendíamos modificar el actual sistema de administración para que fuera una Comisión copartícipe donde también estuviera la Prefectura Nacional Naval. Aunque ésta no se mencionaba específicamente en la iniciativa, automáticamente, se derivaba que esa era la entidad que iba a presidir esa Comisión. En el texto propuesto por el señor Senador Brezzo se plantea que la administración continúe como estaba antes, o sea, que quede a cargo de la Prefectura Nacional naval. Estos dos temas que ha planteado el señor Senador Brezzo son los que se han discutido y han creado dificultades hasta ahora.

Muchas veces hemos dicho en la Comisión que podría ser discutible el nivel o el coeficiente que se fije y tan es así, que se habló de tres, cuatro y cinco, como finalmente se decidió. De todas formas, esta resolución podría dar lugar al mismo análisis que se planteó allí.

Con respecto al otro tema de la administración, comprendo perfectamente al señor Senador Brezzo cuando dice que hay que darle un mayor control -que actualmente no existe- a la gestión de la Prefectura Nacional Naval. Las cifras que mencionó el señor Senador Brezzo no pueden ser verificadas, ya que al no haber control, se desconoce si son ciertas o no. En el único lugar donde se han firmado actas es en Colonia, donde los trabajadores parecen ser los más meticulosos y puedo afirmar que en Montevideo no se rinde cuenta de nada. ¿Cómo se firman las actas en ese departamento? La Prefectura Nacional Naval dice cuántos pasajeros ingresaron pero, al respecto, tampoco hay controles. El rumor dice -lo he oído, pero no lo sostengo- que en Colonia ingresan 900 pasajeros y se liquida por 600. No puedo decir que este rumor sea cierto ni que sea conveniente pronunciarlo aquí, pero afirmo que sería bueno que existieran medidas de contralor, a fin de que esos rumores no se extiendan, especialmente, cuando llegan a quienes deben trabajar con un salario muy bajo. Ellos pueden pensar que tienen que percibir un salario ínfimo que apenas les permite vivir, mientras se recauda más dinero y se le da un destino diferente del que está previsto por la ley, sin que nadie disponga un contralor al respecto. Podríamos decir que aquí se generó toda la dificultad de este tema.

Quiero señalar que con tal que se apruebe este proyecto de ley que contempla la situación de estos trabajadores -aunque de haber unanimidad desearía que el tema quedara como fue planteado en Comisión- no tendría ningún inconveniente en llegar a un consenso y aceptar algunas modificaciones, a fin de lograr la tranquilidad de los trabajadores con la estabilidad de sus ingresos.

Como Miembro Informante y con respecto al planteo efectuado por el señor Senador Brezzo, debo afirmar que estoy dispuesto a analizar -aunque creo que no hay mucho para estudiar- el coeficiente, aunque es algo que ya fue discutido en la Comisión; de todos modos, si los demás integrantes desean hacer un nuevo planteo del tema, me avengo a ello. De cualquier forma, todo lo que se baje el coeficiente significaría dinero legítimamente previsto para que fuera distribuido entre los trabajadores, pero se destinará a otro tipo de gastos. Reitero que, de mejorar la situación, me avengo a que modifiquemos esto en consenso, luego de un análisis general.

Se sobreentendía que en lo que venía de la Comisión existía una presencia, un contralor inmediato y una dirección de la administración de la Prefectura Nacional Naval, que no eran solamente los Mozos de Cordel, sino la Administración Nacional de Puertos. No tiene poca importancia que se trata de esta Administración, porque es la otra institución que lleva una lista oficial de los pasajeros ingresados y, por lo tanto, debe tener una función que implique más que un asesoramiento. Podríamos mencionar a los delegados del Ministerio de Turismo, pero esta Cartera es la que observa la calidad del servicio que, en beneficio del turismo, deben prestar los Mozos de Cordel quienes, del fondo común, tienen que distraer recursos para sus uniformes y los elementos que usan para cumplir con su trabajo.

Esta es mi explicación y, como dije antes, estoy dispuesto a acompañar lo que se decida con ánimo mayoritario consensuado, para que este tema se resuelva de una vez por todas.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Voy a votar este artículo 1º con la propuesta que ha hecho circular el señor Senador Brezzo respecto del artículo 4º, pero me parece conveniente que para una mejor inteligencia del texto, en la parte que está en negrita, se introduzca una brevísima modificación. Dicho párrafo dice: "La Prefectura Nacional Naval queda obligada a producir mensualmente un informe detallado de todo lo recaudado, así como del destino dado a los fondos correspondientes, que se entregará a los representantes de las entidades asesoras antes mencionadas a los efectos de su control". No queda muy claro qué es lo que se entrega, aunque sabemos que es el informe. Por lo tanto, propongo que después de "los fondos correspondientes", exprese "informe que se entregará a los representantes"..., a fin de mejorar la redacción.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Solicito un cuarto intermedio de quince minutos, porque recién ahora he tenido acceso a esta redacción y, a fin de evacuar ciertas dudas, aspiraría a reunirme con algunos miembros de la Comisión, para no extendernos en una discusión en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. Unanimidad.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace. Es la hora 16 y 48 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 17 y 49 minutos)

-Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: en el cuarto intermedio estuvimos reunidos con los miembros de la Comisión analizando la propuesta del señor Senador Brezzo. En ese sentido, hemos llegado -luego de un extenso análisis- a una conjunción de ideas en cuanto a la propuesta original y a la que ahora realiza el señor Senador Brezzo, que en este momento apoya la Comisión en su totalidad.

Antes de dar lectura al acuerdo alcanzado, quiero decir que el artículo 4º, integrante del artículo 1º del proyecto de ley, que viene a consideración del Senado, es el tema central del desarrollo de la propuesta. Es una gran satisfacción para quienes hemos impulsado esta iniciativa, que en su totalidad haya sido redactada con el esfuerzo y el trabajo de todos los integrantes de la Comisión, en el seno de la cual hemos corregido palabras, frases y conceptos, todo ello en una tarea constructiva con el fin de encontrar el mejor destino en esta delicada solución.

Reitero que me siento satisfecho y feliz de esta tarea parlamentaria que hemos realizado en conjunto los integrantes de la Comisión respectiva.

La propuesta del señor Senador Brezzo, aceptada por la Comisión, dice así:

"ArtIculo 4º. - El Fondo de Retribución para los Mozos de Cordel será administrado en cada puerto por la Prefectura Nacional Naval con el asesoramiento de una Comisión integrada por un delegado del Ministerio de Turismo, uno de la Administración Nacional de Puertos y dos de la Unión de Mozos de Cordel respectiva. Las cantidades integradas al Fondo serán distribuidas mensualmente entre los Mozos de Cordel del puerto que las produzca hasta una suma equivalente al Salario Mensual Mínimo Nacional fijado por el Poder Ejecutivo para la actividad privada, multiplicado por el coeficiente 4.0, de acuerdo al régimen de trabajo practicado hasta ahora.

También se abonarán de este Fondo, todas las prestaciones laborales consagradas en la legislación vigente, en la oportunidad prevista para cada una de ellas, los seguros contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y las compensaciones para capataces que se establezcan. El Fondo establecido en la Ley, quedará obligado exclusivamente para los aportes obreros a los organismos de Previsión Social.

El sobrante se verterá anualmente al Fondo común, que se distribuirá de la siguiente manera: 20% (veinte por ciento) a la Prefectura Nacional Naval, 40% (cuarenta por ciento) a la Unión de Mozos de Cordel de Montevideo y 40% (cuarenta por ciento) a la Unión de Mozos de Cordel de Colonia. Con estos porcentajes, las respectivas instituciones solventarán los gastos que se estimen convenientes para atender los servicios que presten en los puertos que originan esta recaudación.

La Prefectura Nacional Naval deberá producir mensualmente un informe detallado de todo lo recaudado, así como del destino dado a los fondos correspondientes, informe que se entregará a los representantes de las entidades asesoras antes mencionadas a los efectos de su control."

Reitero que este es el artículo modificativo, que tiene el apoyo de toda la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: habría que agregar que este artículo 4º sustituye al anterior, y que el 6º y el 7º se eliminan. Es decir, del artículo 1º original del proyecto de ley, quedan el inciso 1º, el inciso 2º, el inciso 3º, el inciso 4º -que presenta la Comisión- y los incisos 6º y 7º se eliminan. Ese sería el contenido del artículo 1º, y luego vienen los artículos 2º, 3º y 4º de esta iniciativa, que quedarían tal como están.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: en el segundo párrafo de la propuesta, se dice que se abonarán del Fondo "los seguros contra accidentes de trabajo"; en realidad, son "los seguros de accidentes de trabajo".

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º, que modifica el texto de la Ley Nº 16.010, de 19 de diciembre de 1988, en sus artículos 1º, 2º, 3º y 4º, y quedarían eliminados los artículos 6º y 7º, aclarando que el texto del artículo 4º es el que acaba de leer el señor Senador Garat, al que se le agrega la sugerencia realizada por el señor Senador García Costa.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. Unanimidad.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Articulo 2º. - En aquellos puertos de Uruguay donde las empresas navieras que transportan pasajeros establezcan nuevas frecuencias, las Uniones de Mozos de Cordel de Montevideo y Colonia organizarán y prestarán los servicios referidos en esta Ley, hasta que las Uniones resuelvan si es necesario el establecimiento de una organización departamental.")

- Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. Unanimidad.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Articulo 3º. - Las violaciones que se cometan a la presente Ley, serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 289, 290 y 291 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con la redacción dada por la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.")

-Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. Unanimidad.

En consideración el artículo 4º y último del proyecto de ley.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Articulo 4º. - Derógase la Ley Nº 10.066, de 16 de octubre de 1941.")

- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto del ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1º. - Modifícanse los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley Nº 13.418, de 2 de diciembre de 1965, modificados por la Ley Nº 13.721, de 16 de diciembre de 1968, Ley Nº 14.133, de 1º de junio de 1973, Decreto Ley Nº 14.794, de 6 de junio de 1978 y la Ley Nº 16.010, de 19 de diciembre de 1988, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Articulo 1º. El trabajo de los Mozos de Cordel en los puertos de los departamentos de Colonia y Montevideo, será organizado y prestado por la Unión de Mozos de Cordel de cada departamento. A tales efectos se crea el Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel de los puertos de Montevideo y Colonia, que se integrará con los fondos previstos en los artículos siguientes."

Articulo 2º. Toda empresa de transporte fluvial de pasajeros, deberá destinar al Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel, una suma equivalente al 2% (dos por ciento) del precio del pasaje común por cada pasajero que embarque y/o desembarque desde los departamentos de Montevideo y Colonia hacia o desde los puertos argentinos.

No se abonará la cantidad indicada en el inciso anterior, por los pasajeros menores de diez años, funcionarios de Sanidad, Migración, Prácticos, Policía y toda persona que viaje a bordo prestando servicios a la empresa o por exigencia de disposiciones legales.

Articulo 3º. Las sumas devengadas de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, serán liquidadas por la Prefectura Nacional Naval o sus dependencias y vertidas semanalmente por las empresas correspondientes, a la Prefectura Nacional Naval, en la cuenta corriente del Banco de la República Oriental del Uruguay destinada a tales efectos.

Articulo 4º. El Fondo de Retribución para los Mozos de Cordel será administrado en cada puerto por la Prefectura Nacional Naval con el asesoramiento de una Comisión integrada por un delegado del Ministerio de Turismo, uno de la Administración Nacional de Puertos y dos de la Unión de Mozos de Cordel respectiva. Las cantidades integradas al Fondo serán distribuidas mensualmente entre los Mozos de Cordel del puerto que las produzca hasta una suma equivalente al Salario Mensual Mínimo Nacional fijado por el Poder Ejecutivo para la actividad privada, multiplicado por el coeficiente 4.0, de acuerdo al régimen de trabajo practicado hasta ahora.

También se abonarán de este Fondo, todas las prestaciones laborales consagradas en la legislación vigente, en la oportunidad prevista para cada una de ellas, los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y las compensaciones para capataces que se establezcan. El Fondo establecido en la Ley, quedará obligado exclusivamente para los aportes obreros a los organismos de previsión social.

El sobrante se verterá anualmente al Fondo común, que se distribuirá de la siguiente manera: 20% (veinte por ciento) a la Prefectura Nacional Naval, 40% (cuarenta por ciento) a la Unión de Mozos de Cordel de Montevideo y 40% (cuarenta por ciento) a la Unión de Mozos de Cordel de Colonia. Con estos porcentajes, las respectivas Instituciones solventarán los gastos que se estimen convenientes para atender los servicios que prestan en los puertos que originan esta recaudación.

La Prefectura Nacional Naval deberá producir mensualmente un informe detallado de todo lo recaudado, así como del destino dado a los fondos correspondientes, informe que se entregará a los representantes de las entidades asesoras antes mencionadas a los efectos de su control."

Artículo 2º. En aquellos puertos de Uruguay donde las empresas navieras que transportan pasajeros establezcan nuevas frecuencias, las Uniones de Mozos de Cordel de Montevideo, y Colonia organizarán y prestarán los servicios referidos en esta Ley, hasta que las Uniones resuelvan si es necesario el establecimiento de una organización departamental.

Artículo 3º. Las violaciones que se cometan a la presente Ley, serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 289, 290 y 291 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con la redacción dada por la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 4º. Derógase la Ley Nº 10.066, de 16 de octubre de 1941."

12) CONVENIO DE COOPERACION JURIDICA CON EL REINO DE ESPAÑA

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: solicito que se altere el orden del día y que el Cuerpo pase a considerar el tercero y cuarto punto que refieren a dos convenios que no darían discusión.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: a la moción formulada por el señor Senador Pozzolo, agregaría que, posteriormente, el Senado pasara a sesión secreta para considerar los puntos que figuran en decimotercero y decimocuarto término del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no hay objeciones por parte de los integrantes del Cuerpo, se van a votar en un solo acto las mociones por las cuales se propone la alteración del orden del día, en el sentido de pasar a considerar los puntos tercero y cuarto y luego, en sesión secreta, los que figuran en el lugar 13 y 14.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Jurídica entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España. (Carp. Nº 788/97 - Rep. Nº 461/97".)

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 788/97
Rep. Nº 461/97

Camara de Representantes

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente proyecto de ley

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio de Cooperación Jurídica entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 4 de noviembre de 1987.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de junio de 1997.

Carlos Baráibar Presidente
Martín García Nin
Secretario

Camara de Senadores
Comisión de Asuntos
Internacionales

Informe

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado aconseja la aprobación del Convenio de Cooperación Jurídica entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito en Montevideo el 4 de noviembre de 1987.

Se busca por el mismo hallar instrumentos jurídicos de Cooperación que profundicen los vínculos históricos que unen a la República Oriental del Uruguay y al Reino de España.

En el Convenio se regula la actuación procesal con la finalidad de asegurar que la que se cumple en un país también surta efectos en el otro.

El Título I refiere al Ambito del Convenio, y en su artículo 1º dispone que el Convenio se aplica a las actuaciones procesales, a las decisiones judiciales y a los laudos arbitrales, con las excepciones que se detallan en el artículo 1º, literales "a" y "e" y que refieren al estado y capacidad de las personas y derechos de familia, obligaciones alimenticias respecto de menores, quiebras, concursos y procedimientos análogos a la seguridad social, a daños de origen nuclear.

El artículo 2º acota la extensión del ámbito material, estableciendo que el Convenio se aplica a los laudos arbitrales y a cualquier decisión dictada por los Tribunales de los Estados Partes (sentencias, transacciones judiciales que pongan fin al proceso, autos, despachos, mandamientos o cualquier otra resolución similar). También incluye las medidas cautelares firmes que dictadas en uno deban cumplirse en el otro Estado Parte.

El Convenio se aplica, asimismo, a las decisiones pronunciadas en actos de jurisdicción voluntaria. También a las resoluciones de los Tribunales administrativos y contencioso administrativos, a los efectos del Título V, o sea, en el campo del auxilio o cooperación judicial.

Por último, el artículo 2º, menciona las sentencias penales en cuanto refieren a la indemnización de perjuicios derivados del delito.

El Título II refiere al Reconocimiento y Ejecución, distinguiendo entre uno y otro, con lo cual mejora el texto de la Convención Interamericana de 1984. Luego a través de variados artículos va desarrollando los requisitos correspondientes.

El Título III extiende el ámbito de la convención a los laudos arbitrales, a los cuales aplica las normas establecidas en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias. En el artículo 15, establece que los laudos arbitrales serán reconocidos y ejecutados conforme con las disposiciones de este convenio.

El Título IV trata de la igualdad de trato procesal.

En tal sentido, en el artículo 16 se establece que las personas físicas de nacionalidad española tendrán en nuestro país igual trato procesal al de las personas que en él se domicilien.

En el artículo siguiente se invierte la consideración de nacionalidad y domicilio. En efecto, establece que las personas físicas con residencia habitual en nuestro país gozarán en el Reino de España del mismo trato procesal que disfrutan los nacionales españoles domiciliados en España.

La igualdad de trato procesal en un Estado Parte también rige para las personas jurídicas constituidas en el otro, siempre que en su "ítem constitutivo" se haya cumplido con los requisitos de fondo y forma exigidos para su creación (artículo 17).

La igualdad de trato procesal exime a los litigantes de la prestación de fianza de arraigo (artículo 18).

El Título V trata del auxilio judicial, consignando el artículo 20 que el mismo se regirá por la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 30 de enero de 1975. Con lo cual, se da la circunstancia de que este Convenio bilateral, entre un Estado americano y otro europeo, se rija por aquella Convención elaborada entre Estados americanos y a la cual España ha adherido.

El Título VI, artículo 27, trata del intercambio de información sobre materias jurídicas, estableciendo el intercambio entre los Estados Partes en cuanto a aspectos generales de sus ordenamientos jurídicos respectivos, y entre sus órganos juisdiccionales en cuanto a aspectos jurídicos precisos, en relación a procesos existentes.

En el Título VII se plasman las disposiciones finales de esta Convención, y en el artículo 28 se dispone la denuncia por cualquiera de las Partes de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 1975, no importará la denuncia de la presente, respecto de las disposiciones de la Convención Interamericana a la que este Convenio expresamente se remite.

Es por las razones expuestas, por la utilidad que acarrea el Convenio, por el tiempo que lleva el mismo de firmado sin ser ratificado, que se aconseja la aprobación.

Sala de la Comisión, 21 de agosto de 1997.

Carlos Garat (Miembro Informante), Reinaldo Gargano, Carlos Julio Pereyra, Américo Ricaldoni. Senadores.

Poder Ejecutivo
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 7 de mayo de 1996.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo de conformidad con lo estipulado por el artículo 168 (numeral 20) de la Constitución de la República, a fin de reiterar su solicitud de aprobación para el instrumento internacional cuya copia autenticada, acompañada del Mensaje que fuera oportunamente remitido a la Asamblea General, se agrega al presente en el entendido de que permanecen en vigencia para los intereses de la República los fundamentos que, en aquella ocasión, ameritaron su envío.

El Poder Ejecutivo reitera a la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti (PRESIDENTE DE LA REPUBLICA), Carlos Pérez del Castillo, Samuel Lichtensztejn

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio de Cooperación Jurídica entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España suscrito en la ciudad de Montevideo el 4 de noviembre de 1987.

Montevideo, 7 de mayo de 1996.

Carlos Pérez del Castillo, Samuel Lichtensztejn.

Montevideo, 4 de setiembre de 1990.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de reiterar el Mensaje de fecha 26 de abril de 1988, que se transcribe, por el que se solicita la aprobación parlamentaria del Convenio de Cooperación Jurídica entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito el 4 de noviembre de 1987, al permanecer vigentes para los intereses de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío.

"El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Jurídica entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito en Montevideo el 4 de noviembre de 1987.

El Gobierno de la República y el Gobierno del Reino de España buscan, a través del presente Convenio, traducir los profundos vínculos históricos que unen a ambas Naciones, en instrumentos jurídicos de cooperación. En este sentido, ambas Partes han trabajado en la búsqueda de un texto cuyo objeto es asegurar, entre los dos Estados, que la actuación procesal que se cumple en cada uno de ellos surta efectos en el otro.

La estructura del Convenio consiste en siete Títulos, con un total de veintinueve artículos. El artículo 1º dispone que el Convenio se aplica a las actuaciones procesales, decisiones judiciales y laudos arbitrales, si bien se establecen algunas excepciones por razón de materia que se aplican por su naturaleza:

a) Estado y capacidad de las personas y Derecho de Familia: Por tradición las Convenciones han excluido esta materia (como la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras de La Paz, 1984) o la han reducido a ciertos aspectos específicos como es el caso de varias Convenciones a nivel europeo, por considerarlo como un tema en el que tiene una importante intervención el orden jurídico territorial.

b) Obligaciones alimenticias respecto a menores: En este caso, la excepción se justifica por el hecho de que en forma simultánea los Gobiernos de la República y de España, suscribieron el Convenio sobre conflictos de Leyes en materia de Alimentos para Menores y Reconocimiento y Ejecución de Decisiones y Transacciones Judiciales relativas a Alimentos, que contempla este aspecto.

c) Quiebras, concursos y procedimientos análogos: La justificación de esta excepción está dada por tratarse de procedimientos del Derecho Comercial, que poseen autonomía en cuanto a su desarrollo.

d) Seguridad Social: Se entiende que este es un tema donde tiene primordial importancia el orden jurídico interno de cada Estado.

e) Daños de origen nuclear: Este punto se excluye, por tratarse de un tema que todavía se encuentra en una etapa de desarrollo preliminar en la que aún no existe doctrina pacífica.

En cuanto a la extensión del ámbito material, el artículo 2º establece que el Convenio se aplica a los laudos arbitrales y decisiones dictadas por los tribunales de los Estados Partes, abarcando:

a) Sentencias.

b) Transacciones judiciales que ponen fin al proceso; este constituye un texto satisfactorio, en tanto supera a la Convención Interamericana de 1984 en materia de competencia, en el sentido de que las menciona especialmente, a diferencia de esta última.

c) Actos de jurisdicción voluntaria; aunque no son enunciados, se pueden citar a vía de ejemplo, el inventario judicial de bienes, relación de bienes sucesorios y la partición.

d) Las sentencias penales en cuanto se refieren a indemnizaciones de perjuicios derivados del delito.

e) Resoluciones de los tribunales administrativos y contencioso administrativo a los efectos del Título V; es esta una fórmula innovadora, que alcanza exclusivamente al auxilio judicial, es decir no a los efectos de la eficacia de las resoluciones, sino a los efectos de la cooperación.

Con referencia al Título II, cabe destacar que el Convenio perfecciona el texto de la Convención Interamericana de 1984, al distinguir entre reconocimiento y ejecución.

Con respecto al reconocimiento, el artículo 3º establece que las decisiones judiciales se reconocerán de pleno derecho, salvo cuando se trate de producir efecto de cosa juzgada o de ser ejecutadas. En caso de discordia en cuanto al reconocimiento, la parte interesada que lo invoque a título principal podrá obtener el reconocimiento por el procedimiento previsto para la ejecución. En caso de invocarse a título incidental ante un Tribunal, éste será competente.

En cuanto a los requisitos para el reconocimiento, el artículo 4º exige los de estilo:

a) Que la sentencia haya sido dictada por Tribunal competente.

b) Que sea firme y ejecutoria.

c) Que la iniciación del proceso haya sido notificada de acuerdo con la ley del Estado de origen de la sentencia.

En materia de competencia el artículo 5º adopta una solución que recibe los principios generales de nuestro orden jurídico, aun cuando avanza y profundiza en algunos de ellos:

1. En cuanto a obligaciones:

a) En primer lugar, reconoce el acuerdo sumisorio, adoptándose la fórmula "pre litem", aunque con ciertas limitaciones:

- Que los tribunales pertenezcan al Estado donde se domicilie una de las Partes.

- Que el acuerdo conste por escrito en cuanto a litigios que surjan con motivo de una relación jurídica concretamente determinada.

- Que la competencia no haya sido establecida en forma abusiva.

b) Como principio residual, se establece el domicilio o residencia habitual del demandado con fijación temporal al momento de iniciarse el litigio, o en casos de personas jurídicas, el lugar donde ésta tuviere su sede o establecimiento principal. Pero además, en este caso, si al comenzar el proceso el demandado tuviera establecimiento, sucursal o agencia con organización propia y si el litigio se refiriera a la actividad desarrollada en ese establecimiento, sucursal o agencia, podrá ser demandado en dicho lugar.

2. En cuanto a obligaciones extracontractuales se observa la adopción de una posición moderna, tomando dos jurisdicciones alternativas: donde se hubieren producido los hechos generadores de la obligación o donde se produjeren los efectos dañosos, a opción del actor.

3. Para las acciones relativas a bienes, se toma la solución tradicional, es decir el lugar de ubicación de los mismos.

4. En lo referente a obligaciones pecuniarias en materia de Derecho de Familia, serán competentes los Tribunales del Estado donde el demandado tenga su domicilio o residencia habitual. Se observa que, si bien se excluye del ámbito de aplicación del Convenio al Derecho de Familia en lo que le es connatural, éste resulta abarcado en cuanto a las obligaciones pecuniarias que de él se derivan.

El Convenio avanza en sus previsiones en tanto su artículo 6º, reconoce la competencia del Tribunal del Estado de origen para la petición reconvencional si, en cuanto a ella, concurre alguno de los motivos mencionados en materia de competencia o si la petición deriva del hecho que fundó la principal.

El artículo 7º prevé los casos en que puede desconocerse la competencia del Tribunal del Estado de origen:

a) Si la ley del Estado requerido reserva a sus tribunales competencia exclusiva por razón de materia.

b) Si el Estado requerido se considera obligado a reconocer un acuerdo en el que la competencia haya sido sometida a arbitraje.

Asimismo, se prevén como casos de denegación de reconocimiento y ejecución:

a) La ilicitud en el Estado requerido de la obligación en cuya virtud se ha procedido.

b) Que la decisión sea "manifiestamente contraria al orden público" en el Estado requerido, adoptándose la expresión de las Convenciones emanadas de las Conferencias Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado.

c) Si ante los Tribunales del Estado requerido estuviese pendiente un litigio entre las mismas partes, con el mismo objeto y fundado en los mismos hechos, salvo que la acción se hubiera ejercitado primero en el Estado de origen.

d) Si en el Estado requerido o en un tercero, ya se hubiera dictado decisión sobre el mismo litigio y si la misma fuera susceptible de reconocimiento en dicho Estado.

La Sección 2a. del Título II contiene disposiciones referentes al proceso de reconocimiento y ejecución, destacándose especialmente en este aspecto:

- La prohibición del reexamen de los méritos de la sentencia, sin perjuicio del control formal de los requisitos indispensables enumerados en el artículo 4º.

- La imposibilidad de denegar el reconocimiento o ejecución de una decisión por el hecho de que el Tribunal que la dictó haya aplicado una ley diferente de la que hubiera aplicado en el mismo caso el Derecho Internacional Privado del Estado requerido, según lo establece el artículo 11, inciso tercero.

- No es necesario legalizar los documentos que deban presentarse para obtener el reconocimiento o la ejecución de la sentencia.

El Título III extiende el ámbito de la Convención a los laudos arbitrales, a los cuales aplica las normas establecidas en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias.

El Título IV, referente a la igualdad de trato procesal, contiene una fórmula innovadora al combinar los criterios de nacionalidad y domicilio, adoptados por el Derecho Internacional Privado español y el de la República respectivamente, en tanto se asegura la igualdad de trato procesal de las personas físicas de nacionalidad española y de las domiciliadas en la República.

La igualdad de trato procesal alcanza también a las personas jurídicas constituidas en un Estado Parte. Se considerarán constituidas en un Estado Parte aquellas que hayan cumplido en dicho Estado, con los requisitos de forma y fondo exigidos para su creación.

Asimismo, la igualdad de trato procesal, exime a los litigantes de la prestación de la fianza de arraigo.

El Título V contiene disposiciones referentes al auxilio judicial, incluyendo el artículo 20 una disposición de particular importancia en tanto declara que los Estados Partes regirán el auxilio judicial por la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias de 1975. De esta manera, se incorporan a un Convenio bilateral entre un Estado americano y otro europeo, las disposiciones de una Convención elaborada en el ámbito interamericano, cuerpo normativo al que España ha adherido.

Se amplía el ámbito de la Convención de Panamá en cuanto a la materia, ya que no sólo abarca la materia civil y comercial, sino que se extiende a la laboral, contencioso administrativa, e incluye también a los juicios arbitrales y materias en las que sean competentes los Tribunales administrativos.

En cuanto a lo actos que comprende, también resulta más amplio que la precitada Convención, en tanto incluye exhortos que tengan por objeto actos procesales de mero trámite, como notificaciones, citaciones o emplazamientos, recepción u obtención de pruebas o informes y actos procesales no contenciosos. Comprende, además, los embargos, materia excluida en la Convención de 1975. Tampoco se incluyen los embargos en los Convenios bilaterales sobre igualdad de trato procesal y exhortos que vinculan a la República con Argentina y con Chile.

El artículo 21, inciso segundo reconoce la actividad de los funcionarios consulares en tanto podrán notificar actos judiciales nacionales a personas que se encuentren en el extranjero y ejecutar comisiones rogatorias en relación con sus propios nacionales, aunque en ningún caso podrán ejecutar embargos. Esta norma encuentra antecedentes en la propia Convención de Panamá sobre exhortos y en las Convenciones de La Haya.

Como causales de denegación de auxilio judicial, el Convenio prevé: el orden público, la falta de acreditación de la autenticidad de documentos y una causal en la cual la Delegación de España puso especial énfasis: que el contenido del acto a practicar, por su naturaleza, no corresponda a las atribuciones de la autoridad requerida.

El Convenio establece los requisitos tradicionales que debe reunir el exhorto en caso de solicitar la recepción u obtención de pruebas (resumen del juicio, texto de los interrogatorios y otros documentos necesarios, nombre y dirección de testigos, peritos, personas o instituciones que deban intervenir, así como de la persona que en su caso, se responsabilizará en el Estado requerido de los gastos que pudiera causar el diligenciamiento de la prueba).

En materia de embargos, el Convenio sigue otros textos, en tanto establece que la procedencia del embargo se regirá y determinará por las leyes y los Jueces del Estado de origen, mientras que la traba del embargo, su forma y la inembargabilidad, lo serán por las leyes y Jueces del Estado de situación de los bienes.

El artículo 25 presenta una solución novedosa en cuanto determina que los trámites y diligencias necesarios para cumplir el exhorto no requieren petición expresa ni la intervención de parte interesada, debiendo practicarse de oficio por el órgano jurisdiccional, lo cual no obsta a la intervención de la parte por sí o por apoderado.

Se establece el principio de gratuidad, con la única excepción del diligenciamiento de medios probatorios que ocasionen gastos en el Estado requerido.

En materia de auxiliatoria de pobreza, también se verifica un avance con respecto a la Convención Interamericana de 1975 sobre Exhortos, ya que según ésta, el beneficio de pobreza se regula por las leyes del Estado requerido, mientras que en el Convenio, puede concederse a la parte requirente por el Estado requerido o por el exhortante.

En el Título VI el Convenio agrega al plano de la cooperación, la información sobre materias jurídicas, recogiendo el principio de la información plasmado en la Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero de 1979, permitiendo la comunicación directa de los órganos judiciales con las Autoridades Centrales.

En las disposiciones finales, se establece que la denuncia por cualquiera de los Estados Partes de la Convención sobre Exhortos de Panamá no implicará la denuncia del presente Convenio, respecto de las disposiciones de dicha Convención a las que el Convenio se remite expresamente".

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera (PRESIDENTE DE LA REPUBLICA) Héctor Gros Espiell, Guillermo García Costa

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio de Cooperación Jurídica entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 1987.

Montevideo, 4 de setiembre de 1990.

Héctor Gros Espiell, Guillermo García Costa

CONVENIO DE COOPERACION JURIDICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

El Reino de España y la República Oriental del Uruguay,

CONSCIENTES de los profundos vínculos históricos que unen a ambas Naciones,

DESEANDO traducirlos en instrumentos jurídicos de cooperación,

HAN DECIDIDO concluir un Convenio de cooperación jurídica y a tal efecto han convenido las siguientes disposiciones

TITULO I

Ambito del Convenio

Artículo 1º

El presente Convenio se aplica a las actuaciones procesales, a las decisiones judiciales y laudos arbitrales, con excepción de las siguientes materias:

a) Estado y capacidad de las personas y derecho de familia, en cuanto se traten de sentencias constitutivas o declarativas de tales estados o derechos, sin comprender las decisiones sobre obligaciones pecuniarias que sean consecuencia de aquella declaración, de conformidad con lo previsto en el artículo 5º ordinal 4º del presente Convenio.

b) Obligaciones alimenticias respecto a menores.

c) Quiebras, concursos y procedimientos análogos.

d) En materia de seguridad social.

e) Daños de origen nuclear.

Artículo 2º

1. El presente Convenio se aplica a los laudos arbitrales y a cualquier decisión dictada por los Tribunales de los Estados Partes, ya se trate de sentencias, transacciones judiciales que pongan fin al proceso, autos, despachos, mandamientos o cualquier otra resolución similar. Se consideran incluidos dentro de este Convenio las medidas cautelares firmes decretadas por los Tribunales de uno de los Estados Partes que deban cumplirse en el otro Estado Parte.

2. También se aplicará el Convenio a las decisiones pronunciadas en actos de jurisdicción voluntaria.

3. Igualmente, será de aplicación a las resoluciones de los Tribunales administrativos y contencioso-administrativos a los efectos del Título V.

4. Asimismo, se consideran comprendidas dentro del Convenio las sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de perjuicios derivados del delito.

TITULO II

Reconocimiento y ejecución

Sección 1a.

Requisitos del Reconocimiento

Artículo 3º

1. Las decisiones judiciales enumeradas en el artículo 2º, serán reconocidas sin necesidad de procedimiento alguno, salvo que debieran producir efectos de cosa juzgada o ser ejecutadas.

2. En caso de disconformidad, cualquier parte interesada que invoque el reconocimiento a título principal, podrá obtener el reconocimiento según el procedimiento previsto para la ejecución. Si el reconocimiento se invoca a título incidental ante un tribunal, éste será competente.

3. Habrá lugar a un reconocimiento parcial, siempre que fuere posible en vista del contenido de la decisión.

Artículo 4º

Para que la decisión dictada en un Estado, pueda ser reconocida en el otro, serán requisitos indispensables:

a) que haya sido pronunciada por Tribunal competente, en los términos de este Convenio.

b) que sea firme y ejecutoria.

c) que la iniciación del proceso haya sido notificada en legal forma de acuerdo con la ley del Estado de origen de la sentencia.

Artículo 5º

Para los efectos del presente Convenio se considerarán Tribunales competentes:

1. En materia de obligaciones:

a) Aquellos a quienes se hubieran sometido las partes, siempre que pertenezcan al Estado Parte de domicilio de una de éstas, el acuerdo sumisorio conste por escrito en cuanto a los litigios que surjan con motivo de una relación jurídica concretamente determinada y tal competencia no haya sido establecida de manera abusiva.

b) Subsidiariamente, los del Estado Parte donde tuviese el demandado su domicilio o residencia habitual al iniciarse el litigio o en caso de persona jurídica, los del lugar donde tuviese su sede o establecimiento principal.

Si al iniciarse el proceso el demandado tuviese establecimiento, sucursal o agencia con organización propia, podrá ser demandado en este lugar, cuando el litigio se refiera a la actividad desenvuelta en dicho establecimiento, sucursal o agencia.

2. En materia de obligaciones extracontractuales, los del Estado Parte donde se hubieren producido los hechos generadores de la obligación, o los del Estado Parte donde se produjeren los efectos dañosos a opción del actor.

3. Para las acciones relativas a bienes, los del lugar en que se encuentran.

4. Para las obligaciones pecuniarias en materia de derecho de familia los del Estado Parte del domicilio o residencia habitual del demandado.

Artículo 6º

La competencia del Tribunal del Estado de origen, será reconocida para la petición reconvencional si, en cuanto a ésta, concurriese alguno de los motivos de competencia expresados en el artículo anterior o si tal petición derivara del mismo hecho en que se fundó la principal.

Artículo 7º

La competencia del Tribunal del Estado de origen puede no ser reconocida en los siguientes casos:

a) si la ley del Estado requerido reserva a los Tribunales del mismo la competencia exclusiva para conocer de la acción, por razón de la materia.

b) si el Estado requerido se considera obligado a reconocer un acuerdo en el cual la competencia exclusiva haya sido sometida a arbitraje.

Artículo 8º

El reconocimiento y la consiguiente ejecución, en su caso, pueden ser denegados en cualquiera de los casos siguientes:

a) si la obligación en cuya virtud se hubiere procedido fuese ilícita en el Estado requerido.

b) si la decisión fuese manifiestamente incompatible con el orden público del Estado requerido.

c) si estuviese pendiente ante un Tribunal de dicho Estado un litigio entre las mismas partes, con el mismo objeto y fundado en los mismos hechos, salvo que la acción se hubiere ejercitado primero en el Estado de origen.

d) si en el Estado requerido o en un tercer Estado, hubiera sido ya dictada decisión sobre el mismo litigio y la misma fuere susceptible de reconocimiento en el Estado requerido.

Sección 2a.

Proceso de reconocimiento y ejecución.

Artículo 9º

Son tribunales competentes para el reconocimiento y ejecución:

a) En España, los Juzgados de Primera Instancia.

b) En Uruguay, los Juzgados Letrados competentes en primera instancia, que correspondieren por razón de materia, jurisdicción y turno.

Artículo 10

El proceso de reconocimiento y ejecución se regirá por la ley del Estado requerido, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Convenio y en especial en los artículos siguientes.

Artículo 11

1. En ningún caso se procederá al reexamen del mérito o fondo de la causa, sin perjuicio del control formal para comprobar la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 4º.

2. Al apreciar la competencia del Tribunal que dictó la decisión, se tendrán como probados los hechos que le sirvieron para fundarla.

3. No podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución por el hecho de que el Tribunal que dictó la decisión haya aplicado una ley diferente de la que correspondería según las reglas del Derecho Internacional Privado del Estado requerido.

Artículo 12

La parte que pretenda el reconocimiento o la ejecución deberá presentar copia literal, auténtica o autenticada de la decisión, así como certificación de ser firme y ejecutoria y de que la citación al demandado se hizo en tiempo y forma. Los documentos están dispensados de legalización.

Artículo 13

La parte vencida en la decisión cuya ejecución se pretenda, deberá ser citada luego de ordenada la misma.

De igual modo, se procederá en el caso de reconocimiento de la sentencia cuando éste se solicitara a fin de producir efecto de cosa juzgada.

Artículo 14

Desde que se inicie el proceso, pueden solicitarse medidas aseguratorias o cautelares, ante el mismo tribunal y con sujeción a la ley del Estado requerido.

TITULO III

Del reconocimiento y ejecución de

los laudos arbitrales

Artículo 15

Los laudos arbitrales serán reconocidos y ejecutados de acuerdo con lo prevenido en este Convenio, en cuanto sea aplicable.

TITULO IV

De la igualdad de trato procesal

Artículo 16

Las personas físicas de nacionalidad española, gozarán ante los tribunales de la República Oriental del Uruguay, del mismo trato procesal de que disfrutan las personas domiciliadas en el territorio de esta última.

Artículo 17

Las personas físicas con residencia habitual en la República Oriental del Uruguay gozarán ante los tribunales del Reino de España del mismo trato procesal de que disfrutan los nacionales españoles domiciliados en España.

Artículo 18

Las personas jurídicas constituidas en un Estado Parte gozarán ante los tribunales del otro del mismo trato procesal de que disfrutan aquellas constituidas en él.

Se considerarán constituidas en un Estado Parte, aquellas personas jurídicas que hayan cumplido en él los requisitos de forma y fondo exigidos para su creación.

Artículo 19

La igualdad de trato procesal consagrada en los artículos precedentes exime a los litigantes de la prestación de la fianza de arraigo (cautio judicatum solvi).

TITULO V

Del auxilio judicial

Artículo 20

Los Estados Parte regirán el auxilio judicial por la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 30 de enero de 1975 complementada por las disposiciones siguientes.

Artículo 21

El presente Título se aplicará a los exhortos o comisiones rogatorias expedidas en actuaciones y procesos en materia civil, mercantil, laboral, contencioso-administrativo, juicios arbitrales y materias que sean competencia de los tribunales administrativos, que tengan por objeto:

a) la realización de actos de comunicación como notificaciones, citaciones y emplazamientos en el otro Estado Parte;

b) la recepción u obtención de pruebas e informes;

c) actos procesales no contenciosos tales como apertura de testamentos, inventarios, tasaciones y otros semejantes;

d) embargos.

2. Se reconoce el derecho de los funcionarios consulares de carrera acreditados en ambos países a:

a) notificar actos judiciales nacionales a personas que se encuentren en el extranjero;

b) ejecutar comisiones rogatorias en relación con sus propios nacionales.

En lo que se refiere a los nacionales de la otra Parte o de un tercer país, este derecho sólo podrá ser ejercido en el caso de que los interesados den su consentimiento expreso, y siempre que ello no se oponga a las leyes del Estado de acreditación del Cónsul.

En ningún caso podrá ejecutar las medidas previstas en el apartado d) del párrafo 1.

Artículo 22

El auxilio judicial previsto en el artículo anterior sólo podrá denegarse cuando el Estado requerido estime que:

a) La actividad que se pretende es contraria al orden público.

b) El contenido del acto a practicar, por su naturaleza, no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad requerida.

c) La autenticidad del documento no está acreditada.

Artículo 23

Si se ruega la recepción u obtención de pruebas, el exhorto deberá también contener:

a) un resumen del juicio que facilite las diligencias probatorias.

b) nombre y dirección de los testigos, peritos, personas o instituciones que deban intervenir.

c) texto de los interrogatorios y documentos necesarios para su recepción.

d) nombre y dirección de la persona que, cuando correspondiera, se hará responsable en el país requerido de los gastos procesales que pudiera causar el diligenciamiento de la prueba solicitada, o bien un giro por el valor que estimativamente los pueda cubrir.

Artículo 24

La procedencia de la medida de embargo se regirá y determinará por las leyes y jueces del Estado de origen.

La traba del embargo, su forma y la inembargabilidad de los bienes se regirán por las leyes, y se ordenarán por los jueces del Estado en donde dichos bienes estuvieren situados.

Artículo 25

Las diligencias y trámites necesarios para hacer efectivo el cumplimiento del exhorto, no requerirán petición expresa ni la intervención de parte interesada, debiendo ser practicados de oficio por el órgano jurisdiccional requerido, lo que no obsta a que las partes intervengan por sí o por intermedio de apoderado.

Artículo 26

La tramitación de los exhortos contemplada en el presente Título será recíprocamente gratuita, excepto el diligenciamiento de los medios probatorios que ocasionen gastos en el Estado requerido. Lo precedente, sin perjuicio del beneficio o auxiliatoria de pobreza que pueda haberse concedido a la parte requirente ya por las autoridades del Estado exhortante, ya por las del Estado requerido.

TITULO VI

De la información sobre materias jurídicas

Artículo 27

1. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia del Reino de España en calidad de Autoridad Central y la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay en la misma calidad, podrán solicitarse información y documentación sobre aspectos generales de sus respectivos ordenamientos jurídicos. Los Estados Parte se comprometen a comunicarse por vía diplomática cualquier cambio de Autoridad Central.

2. Los órganos jurisdiccionales, de cualquier grado y orden y el Ministerio Fiscal, podrán solicitar a través de las Autoridades Centrales, información sobre aspectos jurídicos precisos, en relación a procesos existentes. La solicitud irá acompañada de una relación de hechos relevantes y de preguntas precisas.

TITULO VII

Disposiciones Finales

Artículo 28

La denuncia por cualquiera de ambas Partes de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 1975, no comportará la denuncia del presente Convenio respecto de las disposiciones del mismo que hacen expresa remisión a la precitada Convención.

Artículo 29

1. El presente Convenio está sujeto a ratificación, entrando en vigor el último día del mes siguiente al canje de los respectivos instrumentos.

2. El presente Convenio tiene una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante un aviso escrito por vía diplomática. La denuncia será efectiva a partir del último día del siguiente sexto mes de haberse efectuado dicha notificación.

En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio.

HECHO en la ciudad de Montevideo a los cuatro días del mes de noviembre del año mil novecientos ochenta y siete, en dos ejemplares igualmente auténticos, e igualmente haciendo fe.

(Luce firma)
Por el Reino
de España
(Luce firma)
Por la República
Oriental del Uruguay".

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Este es un acuerdo que desde hace bastante tiempo está a consideración del Parlamento uruguayo. La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado aconseja la aprobación de este Tratado suscrito el 4 de noviembre de 1987. Mediante él se busca hallar instrumentos jurídicos de cooperación que profundicen los vínculos históricos que unen a la República Oriental del Uruguay con el Reino de España.

En el Convenio se regula la actuación procesal con la finalidad de asegurar que la que se cumple en un país también surta efectos en el otro.

El Título I se refiere al ámbito del Convenio, y en su artículo 1º dispone que se aplica a las actuaciones procesales, a las decisiones judiciales y a los laudos arbitrales, con las excepciones que se detallan en los literales a) y e) del artículo 1º.

El artículo 2º acota la extensión del ámbito material, estableciendo que el Convenio se aplica a los laudos arbitrales y a cualquier decisión dictada por los Tribunales de los Estados Parte (sentencias, transacciones judiciales que pongan fin al proceso, autos, despachos, mandamientos o cualquier otra resolución similar). También incluye las medidas cautelares firmes que, dictadas en uno, deban cumplirse en el otro Estado Parte.

El Convenio se aplica, asimismo, a las decisiones pronunciadas en actos de jurisdicción voluntaria, así como a las resoluciones de los Tribunales administrativos y contencioso administrativos, a los efectos del Título V, o sea, en el campo del auxilio o cooperación judicial.

El Título II se refiere al Reconocimiento y Ejecución, distinguiendo entre uno y otro, con lo cual mejora el texto de la Convención Interamericana de 1984. Luego, a través de variados artículos, va desarrollando los requisitos correspondientes.

El Título III extiende el ámbito de la Convención a los laudos arbitrales, a los cuales se aplican las normas establecidas en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias.

El Título IV refiere a la igualdad de trato procesal. En tal sentido, en el artículo 16 se establece que las personas físicas de nacionalidad española tendrán en nuestro país igual trato procesal al de las personas que en él se domicilien.

En el artículo siguiente se invierte la consideración de nacionalidad y domicilio. En efecto, éste establece que las personas físicas con residencia habitual en nuestro país gozarán en el Reino de España del mismo trato procesal que disfrutan los nacionales españoles domiciliados en España.

El Título V trata del auxilio judicial, consignando el artículo 20 que el mismo se regirá por la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, de 30 de enero de 1975.

En el Título VI, el artículo 27 trata del intercambio de información sobre materias jurídicas, estableciendo el intercambio entre los Estados Parte en cuanto a los aspectos generales de sus ordenamientos jurídicos respectivos, y entre sus órganos jurisdiccionales en lo que refiere a los aspectos jurídicos precisos, con relación a procesos existentes.

En el Título VII se plasman las disposiciones finales de esta Convención, y en el artículo 28 se dispone que la denuncia por cualquiera de las Partes de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 1975, no importará la denuncia de la presente respecto de las disposiciones de la Convención Interamericana a la que este Convenio expresamente se remite.

Es por las razones expuestas, por la utilidad que acarrea el Convenio y por el tiempo que lleva firmado sin ser ratificado, que se aconseja su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébase el Convenio de Cooperación Jurídica entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 4 de noviembre de 1987."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

13) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - En nombre del Partido Nacional, solicitaría que el Senado pasara a un cuarto intermedio, en virtud de que se está realizando un homenaje en la Cámara de Representantes al ex Intendente Municipal de Lavalleja, escribano Leis, del que desearíamos participar. Propongo que el cuarto intermedio se realice hasta terminado dicho homenaje y, si culmina dentro del horario de trabajo del Senado, continuaríamos con la sesión, si así se acuerda.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Creo que tendríamos que tomar una decisión más práctica. Naturalmente, estamos dispuestos a acompañar la moción presentada por el señor Senador García Costa aunque sabemos que, tratándose de un Cuerpo tan numeroso como la Cámara de Representantes y de una persona tan estimada como el Intendente fallecido, el homenaje va a insumir mucho tiempo. Por lo tanto, pienso que sería conveniente levantar la sesión y continuar mañana con el orden del día previsto para hoy.

SEÑOR GARCIA COSTA. - En ese caso, estoy de acuerdo con el señor Senador Pozzolo.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia, se va a votar la moción formulada por el señor Senador Pozzolo.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 18 y 4 minutos, presidiendo el doctor Hugo Batalla y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Batlle, Bergstein, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Fernández Faingold, Gandini, García Costa, Gargano, Michelini, Ovalle, Pereyra, Pozzolo, Sarthou, Segovia y Virgili).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Gabriel Rodríguez Garcés Prosecretario

Don Freddy A. Massimino Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.