Retorno a página principal

Nº 184 - TOMO 384 - 19 DE AGOSTO DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

45ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

y el SEÑOR SENADOR DON LUIS BREZZO  Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Exposición escrita

- El señor Senador Heber solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y otra a la misma Secretaría de Estado con destino a la Administración Nacional de Enseñanza Pública.
- Se procederá de conformidad.

5) Mozos de cordel en los Puertos de Montevideo y Colonia

- Proyecto de ley por el que se establece una nueva remuneración a esta actividad privada de un servicio público.
- Por moción del señor Senador Garat, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Se aprueba en general y se incluye en primer término del orden del día de la sesión a realizarse el martes 2 de setiembre.

6) Solicitud de licencia

- La formula el señor Presidente del Cuerpo desde el día 25 al 30 de los corrientes.
- Concedida.

7) Pedido de informes

- El señor Senador Heber solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas.
- Se procederá de conformidad.

8) Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y la República de Armenia

- Proyecto de resolución por el se que se procede a su creación.
- Por moción del señor Senador Gargano, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

9) Areas naturales protegidas

- Proyecto de ley por el que se las declara de interés nacional.
- En consideración. Se aprueba en general y la discusión particular se realizará el día martes 26, en una sesión extraordinaria votada a tal efecto.

10) Sesión extraordinaria

- Por moción del señor senador Ricaldoni, el Senado resuelve celebrar sesión extraordinaria el día martes 26, a la hora 16, en régimen de cuarto intermedio.

11) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE CITACION

"Montevideo, 18 de agosto de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, mañana martes 19, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se declara de interés general, la creación y gestión de un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas.

(Carp. Nº 147/95 - Rep. Nº 428/97)

2º) Discusión particular del proyecto de resolución por el que se crea la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y la República Armenia.

(Carp. Nº 775/97 - Rep. Nº 435/97)

3º) Discusión general y particular del proyecto de ley relacionado con la tarea que realizan los Mozos de Cordel
en los puertos de Montevideo y Colonia.

(Carp. Nº 680/97 - Rep. Nº 453/97)

4º) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para exonerar de su cargo a:

un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura (plazo constitucional vence 11 de setiembre de 1997)

(Carp. Nº 737/97 - Rep. Nº 450/97)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Astori, Casartelli, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, la señora Senadora Arismendi y, con aviso, el señor Senador Batlle.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 24 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 19 de agosto de 1997.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo comunicando haber dictado los siguientes Decretos y Resoluciones:

Por el que se entrega la "Medalla de la República Oriental del Uruguay", al señor Antonio Guterres, primer Ministro de la República Portuguesa.

Por el que se entrega la "Medalla de la República Oriental del Uruguay", al doctor Jaime Gama, Ministro de los Negocios Extranjeros de la República Portuguesa.

Por el que se adjuntan las resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declarando excedentes varios cargos.

Por el que se aprueban las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del Estado.

Y por el que se aprueban las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos.

-Ténganse presente.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje solicitando:

Acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República al Dr. Miguel Angel Semino.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

Venia para exonerar de sus cargos a cuatro funcionarios del Ministerio de Salud Pública.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Poder Ejecutivo comunica la promulgación del proyecto de ley por el que se faculta al Tribunal de Cuentas a fijar una tasa sobre los ingresos brutos de las empresas industriales y comerciales del Estado por la intervención que le compete en los estados contables de estas.

-Téngase presente y agreguése a sus antecedentes.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite la información suministrada por la Administración Nacional de Puertos en respuesta al pedido de informes cursado por el señor Senador Carlos Julio Pereyra relacionado con las disposiciones legales que permitan constituir una sociedad de economía mixta con particulares.

-Oportunamente le fue entregado al señor Senador Carlos Julio Pereyra.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite fax comunicando la nómina de los Diputados ecuatorianos que acompañarán al señor Presidente de la República de Ecuador en su visita al Uruguay.

-Téngase presente.

La Misión Permanente del Uruguay ante las Naciones Unidas remite nota adjuntando documentación sobre el llamamiento del Parlamento de la República de Lituania a los Parlamentos y Jefes de Estado de los Estados Miembros de la OTAN relacionada con la ampliación de esa organización.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Cámara de Representantes remite aprobado el proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1996.

-A la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

La Cámara de Representantes remite nota transcribiendo la exposición escrita presentada por el señor Diputado Felipe Michelini, relacionada con el pronunciamiento efectuado por varias organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos en el continente, ante la posibilidad de que se modifique el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, con destino a la Comisión de Asuntos Internacionales.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

4) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una exposición escrita.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Heber solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y otra a la misma Secretaria de Estado con destino a la Administración Nacional de Educación Pública relacionada con la situación de la Escuela Nº 24 de la localidad Estación Cuaró."

-Se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

(Texto de las exposiciones escritas:)

"Montevideo, 14 de agosto de 1997

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República solicito a usted tenga a bien dar curso al siguiente pedido a efectos de que se informe por parte del Ministerio de Educación y Cultura.

1. Si se interrumpió la construcción de la Escuela Nº 24 de Estación Cuaró en el departamento de Artigas. En caso afirmativo se indiquen los motivos y desde cuándo se suspendieron los trabajos.

2. Si es cierto que la enseñanza a los niños de la localidad referida se imparte en la estación de ferrocarril. En caso afirmativo, indicar que medidas se tomaron o se adoptarán para corregir esta situación.

3. Si es cierto que el CODICEN rechazó un ofrecimiento de MEVIR para construir la escuela y en caso afirmativo se indique la fecha y los motivos del rechazo.

Luis Alberto Heber. Senador."

"Montevideo, 14 de agosto de 1997

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

En virtud de lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento de la Cámara cúmpleme efectuar la siguiente exposición escrita, solicitando se remita la misma al Ministerio de Educación y Cultura y a la Administración Nacional de Educación Pública.

En la localidad de Estación Cuaró, sita en el departamento de Artigas, numerosos pobladores nos han expresado su preocupación por las deficiencias existentes respecto de las condiciones en que es impartida la enseñanza.

Se comenzó a construir una escuela (la Nº 24), habiéndose realizado únicamente la parte de cimentación y base; la construcción se interrumpió en mérito a que -según se nos comentó- el CODICEN mantenía deudas con la empresa constructora.

También a estar por las manifestaciones de los habitantes de Estación Cuaró, las autoridades de la Enseñanza habrían rechazado infundadamente un ofrecimiento realizado por MEVIR para construir la Escuela Nº 24.

Lo cierto es que la enseñanza a los 23 alumnos que asisten a los cursos, es impartida en la estación de AFE la cual no brinda las mínimas comodidades.

En el entendido de que no son correctas las condiciones en que los niños realizan su aprendizaje, es que solicito se remedie urgentemente dicha situación.

Luis Alberto Heber. Senador.»

5) MOZOS DE CORDEL EN LOS PUERTOS DE MONTEVIDEO Y COLONIA

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Formulo moción para que el punto que está en tercer lugar del orden del día, relacionado con la tarea de los Mozos de Cordel, que viene con opinión favorable unánime de los miembros de la Comisión, se trate en primer lugar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si el punto tercero del orden del día se declara urgente y se pasa a su consideración inmediata.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el tercer punto del orden del día: "Proyecto de ley relacionado con la tarea que realizan los Mozos de Cordel en los puertos de Montevideo y Colonia. Carp. Nº 680/97 - Rep. Nº 453/97".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 680/97
Rep. Nº 453/97

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos Laborales y
Seguridad Social

INFORME

Al Senado:

El proyecto trata de la función y retribución de los Mozos de Cordel, quienes -como aquí se sabe- en forma privada, reciben una remuneración por su tarea de llevar y traer los bultos de las personas que se embarcan en los puertos.

Originalmente, la definición de la función y remuneración de esas personas data de leyes muy antiguas, cuando el General Baldomir era Presidente de la República. Nos referimos a la ley de 16 de octubre de 1941, que posteriormente fue modificada por las Leyes Nos. 13.418, de 1965, 13.721, de 1968, 14.133, de 1973, 14.794, de 1978 y 16.010, de 1988. Como ya he dicho, todas estas personas organizan la actividad de los Mozos de Cordel y la colocan bajo la administración de la Prefectura Nacional Naval. Inclusive, hay una comisión que se encarga de su funcionamiento, pero no dejan de estar arbitrados por dicho organismo.

Los recursos a pagar a los Mozos de Cordel se recaudan de un porcentaje de los pasajes emitidos por las distintas compañías a los pasajeros que embarcan o desembarcan en los puertos de Colonia y de Montevideo. La ley prevé que se pague a los Mozos de Cordel un Salario Mínimo nacional con un factor de conversión de 1,6. A través de la evolución que ha tenido el Salario Mínimo Nacional, es fácil comprender que esos funcionarios han visto decaer sensiblemente su ingreso, a pesar de cumplir una tarea extraordinaria, efectiva, representa tiva del país y de gran ayuda en lo que tiene que ver con el turismo.

Los Mozos de Cordel de los respectivos puertos de Colonia y Montevideo, han intentado por diversas vías llegar a un acuerdo con la Prefectura Nacional Naval, a fin de poder recibir una remuneración que les permita vivir.

Durante un tiempo se efectuaron diversos acuerdos entre las partes involucradas y se pudo ir sobrellevando las dificultades que imponía el bajo salario.

Pero a partir de la última temporada turística, casi un año atrás, la Prefectura Nacional Naval se ha negado a pagar ningún concepto de ingreso a los Mozos de Cordel que no fuera el de 1,6 del salario mínimo, lo que hace imposible la subsistencia de los mismos con su trabajo específico.

Y esta actitud no es porque falte dinero de la recaudación prevista por la ley. Muy por el contrario, sería más que suficiente para una remuneración decorosa a los Mozos de Cordel.

Esta ley tiene por tanto el objetivo de corregir la injusticia que albergaba la vieja legislación y que hace necesario por decoro y la importancia de la función que cumplen los Mozos de Cordel, que los mismos sean justamente remunerados.

Sala de la Comisión, a 11 de agosto de 1997.

Carlos M. Garat (Miembro Informante), Marina Arismendi, Rafael Michelini, Luis B. Pozzolo, Helios Sarthou. Senadores.

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Modifícanse los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º y 7º de la Ley Nº 13.418, de 2 de diciembre de 1965, modificados por la Ley Nº 13.721, de 16 de diciembre de 1968, Ley Nº 14.133, de 1º de junio de 1973, Decreto-Ley Nº 14.794, de 6 de junio de 1978 y la Ley Nº 16.010, de 19 de diciembre de 1988, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTICULO 1º. El trabajo de los Mozos de Cordel en los puertos de los departamentos de Colonia y Montevideo, será organizado y prestado por la Unión de Mozos de Cordel de cada departamento. A tales efectos se crea el Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel de los puertos de Montevideo y Colonia, que se integrará con los fondos previstos en los artículos siguientes.

ARTICULO 2º. Toda empresa de transporte fluvial de pasajeros, deberá destinar al Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel, una suma equivalente al 2% (dos por ciento) del precio del pasaje común por cada pasajero que embarque y/o desembarque desde los departamentos de Montevideo y Colonia hacia o desde los puertos argentinos.

No se abonará la cantidad indicada en el inciso anterior, por los pasajeros menores de diez años, funcionarios de Sanidad, Migración, Prácticos, Policía y toda persona que viaje a bordo prestando servicios a la empresa o por exigencia de disposiciones legales.

ARTICULO 3º. Las sumas devengadas de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, serán liquidadas por la Prefectura Nacional Naval, o sus dependencias y vertidas semanalmente por las empresas correspondientes, a la Prefectura Nacional Naval, en la cuenta corriente del Banco de la República Oriental del Uruguay destinada a tales efectos.

ARTICULO 4º. El Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel será administrado en cada departamento por una Comisión Administradora, la que estará formada por un representante de la Prefectura Nacional Naval, un representante de la Administración nacional de Puertos, un representante del Ministerio de Turismo y dos representantantes de la Unión de Mozos de Cordel respectiva.

Las cantidades integradas al Fondo serán distribuidas mensualmente entre los Mozos de Cordel del puerto que las produzca, a fin de cubrir los salarios de los Mozos de Cordel, equivalente a 5 salarios mínimos por cada uno, de acuerdo al régimen de trabajo practicado hasta ahora. También se abonarán de este Fondo, todas las prestaciones laborales consagradas en la legislación vigente, en la oportunidad prevista para cada una de ellas, los seguros contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y las compensaciones para capataces que establezca la respectiva Comisión Administradora. El Fondo establecido en la ley, quedará obligado exclusivamente para los aportes obreros a los organismos de previsión social.

El sobrante se verterá anualmente al Fondo Común, que se distribuirá de la siguiente manera: 20% (veinte por ciento) a la Prefectura nacional Naval, 40% (cuarenta por ciento) a la Unión de Mozos de Cordel de Montevideo y 40% (cuarenta por ciento) a la Unión de Mozos de Cordel de Colonia. Con estos porcentajes, las respectivas instituciones solventarán los gastos que estimen convenientes para atender los servicios que prestan en los puertos que originan esta recaudación.

ARTICULO 6º. Las Comisiones Administradoras previstas en el inciso primero del artículo cuarto, informarán dentro del plazo de un año a los Ministerios de Turismo y de Trabajo y Seguridad Social, de las consecuencias de la aplicación del presente sistema de retribuciones, aconsejando en su caso las medidas que estimen conveniente adoptar.

ARTICULO 7º. El Poder Ejecutivo, por intermedio de los Ministerios de Turismo y de Trabajo y Seguridad Social, reglamentará la presente Ley."

Art. 2º. - En aquellos puertos de Uruguay donde las empresas navieras que transportan pasajeros establezcan nuevas frecuencias, las Uniones de Mozos de Cordel de Montevideo y Colonia organizarán y prestarán los servicios referidos en esta Ley, hasta que las Uniones resuelvan si es necesario el establecimiento de una organización departamental.

Art. 3º. - Las violaciones que se cometan a la presente Ley, serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 289, 290 y 291 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con la redacción dada por la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Art. 4º. - Derógase la Ley Nº 10.066, de 16 de octubre de 1941.

Sala de la Comisión, a 11 de agosto de 1997.

Carlos M. Garat (Miembro Informante), Marina Arismendi, Rafael Michelini, Luis B. Pozzolo, Helios Sarthou. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - La tarea de los Mozos de Cordel en los puertos de Montevideo y Colonia, será prestada por la Unión de Mozos de Cordel de cada uno de estos puertos, como actividad privada de un servicio público.

Art. 2º. - Créanse las Comisiones Administradoras para los Puertos de los departamentos de Montevideo y Colonia, que se integrarán cada una de ellas con un representante de la Administración Nacional de Puertos, un representante del Ministerio de Turismo. Créanse las Comisiones Administradoras para los Puertos de los departamentos de Montevideo y Colonia, que e integrarán cada una de ellas con un representante de la Administración Nacional de Puertos, un representante del Ministerio de Turismo, un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por dos representantes de la Unión de Mozos de Cordel de cada puerto.

Art. 3º. - Competerá a la Comisión Administradora de cada uno de los puertos mencionados, la administración y contralor de la actividad que regula esta Ley.

Art. 4º. - El Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel de los Puertos de los departamentos de Montevideo y Colonia, con que se cuenta actualmente, es integrado con los aportes que toda empresa de transporte fluvial de pasajeros, deberá destinar al Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel, por una suma equivalente al 2% (dos por ciento) del precio del pasaje, por cada pasajero que embarque desde los departamentos de Montevideo y Colonia, hacia la Argentina o desembarque procedente de la Argentina en los puertos de los departamentos de Montevideo y Colonia. No se abonará la cantidad indicada en el inciso anterior por pasajeros menores de diez años, funcionarios de sanidad o Migración, Prácticos, Policías y toda persona que viaje a bordo prestando servicios a la empresa o por exigencia de disposiciones legales.

Art. 5º. - El Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel, será administrado en cada departamento por la respectiva Comisión Administradora.

Art. 6º. - Las Comisiones Administradoras fijarán los salarios a percibir por los Mozos de Cordel, así como los aportes obreros exclusivamente que correspondan realizar a la Previsión Social, seguros y remuneraciones extraordinarias. Los pagos mencionados se harán con cargo al Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel que perciban.

El sobrante de este Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel de cada puerto, se verterá semestralmente en un fondo general, que se distribuirá luego de la siguiente manera: 10% (diez por ciento) a la Administración Nacional de Puertos, 10% (diez por ciento) al Ministerio de Turismo, 10% (diez por ciento) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 35% (treinta y cinco por ciento) a la Unión de Mozos de Cordel de 35% (treinta y cinco por ciento) a la Unión de Mozos de Cordel de Colonia. Las respectivas instituciones con estos porcentajes solventarán los gastos que estimen convenientes para atender los servicios que prestan.

Art. 7º. - En aquellos puertos que las empresas navieras establezcan nuevas frecuencias, las Uniones de Mozos de Cordel de Montevideo y Colonia, quedan obligadas a prestar los servicios referidos en esta Ley, hasta que se resuelva el establecimiento de una Organización Departamental.

Art. 8º. - Las Comisiones Administradoras de Colonia y Montevideo informarán a los respectivos Ministerios de Turismo y Trabajo y Seguridad social, dentro de un plazo máximo de ciento ochenta días de promulgarse esta Ley, sobre los resultados de la aplicación de la misma.

José Andújar, Sergio Chiesa, Carlos Garat, Guillermo García Costa, Luis A. Heber. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Este proyecto de ley que está en nuestra mesa viene con opinión favorable unánime de la Comisión y es un tema de justicia que se debe resolver lo antes posible.

Esta iniciativa tiende a mejorar la retribución que reciben por su tarea los Mozos de Cordel. Esta tarea se regía por una legislación muy antigua, en la cual se establecía que de un monto de recaudación que se hace sobre los pasajes emitidos por las compañías que hacen la travesía por el Río de la Plata, la retribución que iban a recibir era de 1,6% del Salario Mínimo Nacional. Al ir decayendo el nivel del Salario Mínimo Nacional, la situación de los Mozos de Cordel se tornó angustiante. Por esta razón llegaron a un acuerdo con la Prefectura Nacional Naval -que por ley era la que administraba esos recursos- a través del cual cobraban determinadas partidas que les permitían ir aumentando sus ingresos. Sin embargo, hace aproximadamente un año, la Prefectura Nacional Naval decidió no cumplir más estos convenios que se habían hecho para subsanar el bajo salario de los Mozos de Cordel. Por esta razón, volvieron a cobrar el 1,6% del Salario Mínimo Nacional por una tarea de ocho horas o más. Evidentemente, este es un sueldo absolutamente insuficiente para poder vivir, por lo que han reclamado a la Prefectura Nacional Naval distintas formas de arreglo, pero ésta se ha negado estableciendo -lo que es cierto- que en la ley ya estaba estipulado el porcentaje que debían percibir. Entonces, a lo que apunta este proyecto de ley es a cambiar esa injusta relación, fijando un ingreso de 5 Salarios Mínimos Nacionales. Para nada se ha objetado esto, en el sentido de que no haya recursos o que el Estado deba aportar fondos adicionales, ya que esta tarea produce mucho dinero. Hay suficiente como para que los Mozos de Cordel puedan recibir una retribución digna y decorosa.

Esto es lo que ha entendido la Comisión de Asuntos laborales y Seguridad Social y por ello recomienda al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley, que lo único que hace es recoger los artículos de la ley vigente, pero actualizándolos a la realidad a que hemos hecho referencia.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: compartimos el planteamiento realizado por el señor Senador Garat en cuanto a que la situación por la que atravesaban los Mozos de Cordel era absolutamente inadecuada en lo que hace a ese porcentaje del 1,6% del Salario Mínimo Nacional, siendo que éste está fijado en algo más de $ 800. Quiere decir que, como señalaba el señor Senador Garat, sus retribuciones dependían de una corrección que se operaba por vía de acuerdos sobre el pago de horas extras, lo cual hacía que la situación salarial dependiera del cumplimiento de esas condiciones de excepción.

Por otra parte, el hecho de que fueran retenidos los pagos que se hacían a partir del Fondo, ha determinado la justicia de este planteamiento que realizara el señor Senador Garat en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, que consideramos razonable porque incrementar este monto a 5 Salarios Mínimos hace que esto no dependa más de las oscilaciones emergentes de las decisiones a adoptar por parte de la Prefectura Nacional Naval.

Reitero que estamos de acuerdo con este proyecto de ley, que entendemos es de justicia. En términos generales, pensamos -y lo hemos dicho en el seno de la Comisión- que todos los trabajadores deberían recibir una mejora acorde a sus necesidades. Sabemos que al menos esto trata de paliar la insuficiencia de ese coeficiente de 1,6%, establecido en la ley.

En suma, vamos a prestar nuestro voto a la aprobación de este proyecto de ley, tal como ha sido elaborado por la Comisión.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Es simplemente para hacer una consulta ahora y no en la discusión particular. Concretamente, quisiera saber si existen cifras de cuánto se recauda por el 2% sobre el precio de los pasajes.

Si he entendido bien, esto ya se recauda; por lo tanto, el tema es cuánto se vierte el pago de los salarios y de las obligaciones en materia de seguridad social correspondiente a estos trabajadores. Naturalmente que comparto la mejora de remuneraciones planteada, no sólo por razones de justicia, sino también en función de que con el criterio del salario mínimo, se ha trabado la evolución de sus retribuciones. Sin perjuicio de ello, y haciendo un cálculo sobre lo que se supone es la cantidad de pasajes vendidos, llego a una recaudación total muy importante. Por eso es que preguntaba si existe información concreta al respecto.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Lamentablemente, en este momento no tengo en mi poder esa información, aunque en cual
quier momento puedo agregar las cifras a los antecedentes del proyecto de ley. De todos modos, debo decir que se trata de una suma muy importante y diría que alcanza -y hasta sobra- para pagar estos servicios.

Hay que tener en cuenta que el Puerto de Colonia es el que mueve más pasajeros y vehículos de América del Sur. Estamos hablando, reitero, de una recaudación muy importante. Es más, en muchas oportunidades -no últimamente- los ingresos que se logran por esta vía han alcanzado para cubrir el pago de los trabajadores de Montevideo. Seguramente, eso va a seguir siendo así.

Inclusive, en la ley se ha dejado constancia de que las respectivas organizaciones de Mozos de Cordel de Montevideo y de Colonia se comprometen a ir prestando servicios en los otros puertos que tienen tráfico de pasajeros, como es el caso de los puertos de Carmelo, nueva Palmira y, eventualmente, el de Piriápolis -al que hace unos días hizo referencia el señor Senador Sanabria- hasta que, por su dimensión, permitan el nombramiento de las autoridades de los Mozos de Cordel.

Repito que no puedo responder con exactitud a la pregunta planteada por el señor senador Fernández Faingold; pero sí digo que es una cantidad importante -adelanto que ha sido calculada- que permite hacer frente a estas erogaciones y, también, que exista un sobrante de un 20%, destinado a mantener los servicios administrativos de quienes intervienen en la administración del Fondo, que son los Mozos de Cordel de Montevideo y Colonia, y la Prefectura Nacional Naval.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Formulaba la pregunta porque, de acuerdo con lo que establece el artículo 4º, contenido en el 1º, se plantea que, más allá de la remuneración -insisto en que me parece absolutamente justo el planteamiento, tal como se formula en el proyecto de ley- el sobrante se distribuirá de la siguiente manera: un 20% a la Prefectura Nacional Naval, un 40% a la Unión de Mozos de Cordel de Montevideo y el 40% restante a la Unión de Mozos de Cordel de Colonia.

Justamente, como la suma es muy importante, me gustaría saber si existe alguna idea de cuánto sería ese 80% adicional que se les estaría entregando a las respectivas Uniones de Mozos de Cordel, más allá de las remuneraciones. Esto tendría que ver con que las instituciones, en el futuro, puedan solventar los gastos que estimen convenientes para atender los servicios que presten en los puertos que originan esta recaudación. Entonces, no se trataría de una remuneración lisa y llana, sino que aseguraría la compra de todo el equipamiento y los implementos que se necesitan para estas tareas.

Según un cálculo básico, esta suma puede llegar a ser muy grande. En este sentido, nos gustaría saber, no para negarnos a votarla, sino para informarnos, cuánto estarían costando los servicios de tierra de atención a pasajeros y si ello guarda alguna relación con los costos de servicios similares en otros puertos. Insisto en este dato, simplemente a título de aclaración, porque esto en nada afecta lo que tiene que ver con la remuneración de los Mozos de Cordel, cuyo incremento me parece absolutamente sensato y razonable. Inclusive, estando en el departamento de Colonia, recibí una visita de los Mozos de Cordel y, al respecto, coincido con sus planteamientos, pero no alcanzo a comprender en su totalidad lo que se establece en el proyecto en cuanto a lo que a todas luces parece ser una suma de dinero muy importante.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Como dije anteriormente, al suma exacta no la puedo dar. De todas formas, si calculamos que en el Puerto de Colonia circulan anualmente alrededor de 800.000 personas, más los vehículos, y que llevan el 20% de las tasas de embarque y desembarque, podemos estimar que la cifra es muy importante.

Hasta ahora, la administración la ha venido haciendo la Prefectura Nacional Naval. Lo que interpreto y me da garantías de este proyecto, es que el dinero recaudado no es para ninguna institución del Estado, sino para los Mozos de Cordel. Quizás más adelante, cuando se tengan los números exactos, a alguien se le puede ocurrir reducir el cobro de esa tasa.

Tal como está redactado, se da la garantía de que todos los gastos de funcionamiento de los Mozos de Cordel se paguen con esa recaudación, inclusive lo que tiene que ver con la prestación de servicios, o sea, los uniformes, las valijas, los carros, las linternas, etcétera. También se le hace partícipe a la Prefectura Nacional Naval, tal como estaba establecido, de un 20%, porque ella va a ser la encargada de cobrar y distribuir ese dinero, lo que garantizará que lo recaudado sea utilizado en la función que prestan los Mozos de Cordel. Esperamos que este dinero sea suficiente para que esta gente siga cumpliendo con esta tarea en forma decorosa, dejándonos muy bien en lo que es una de las puertas de ingreso al país.

Por otro lado, quiero aclarar que, hasta ahora, de acuerdo con la ley vigente, se ha utilizado el mismo procedimiento. Lo que sucede es que ese porcentaje que se vuelca en la función de los Mozos de Cordel, hasta el momento, no se había podido utilizar para pagar sueldos. Esta sería la única diferencia; lo demás sigue igual. Lo que uno podría preguntarse ahora es si este dinero va a alcanzar para pagar sueldos, que se incrementarán en dos o tres veces su valor. Seguramente, el dinero será suficiente, ante lo que cabría preguntarse: ¿qué se hacía con ese dinero que se recaudaba en exceso hasta ahora y no se destinaba a los Mozos de Cordel, para que tuvieran un salario justo y digno? Entonces, ante lo que planteaba el señor Senador Fernández Faingold podría decirse lo siguiente. Por un lado, podría haber demasiada recaudación, lo cual podría ser revertido bajando las tasas, para favorecer el turismo en un futuro. Pero en este proyecto se sigue cobrando la misma tasa que en el verano pasado, cuando se les pagaba $ 900 por mes a los Mozos de Cordel, a pesar de que ellos veían que ingresaban cierta cantidad de dinero proveniente de su trabajo, entre otras cosas.

Reitero que pienso que esto es una garantía de que toda la operativa de los Mozos de Cordel será decentemente pagada y les va a permitir, sin pedir un peso a nadie, el buen desempeño de los servicios que están brindando.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Queremos aclarar que hemos apoyado este texto porque, en realidad, reproduce la Ley Nº 16.010, del 19 de diciembre de 1988, salvo en dos modificaciones. Una de ellas tiene que ver con quién va a realizar la administración y, a mi juicio, pienso que aquí está hecho en mejor forma. Aquella ley le daba la administración a la Prefectura Nacional naval, con el asesoramiento del Ministerio de Turismo y de la Unión de Mozos de Cordel. En este caso, es una Comisión la que va a administrar, que estará integrada, además de las partes que señalé, por la Administración Nacional de Puertos. Al mismo tiempo, se modifica el sistema de 1.6% con reajustes de acuerdo con la Ley Nº 14.791, por este sistema de cinco Salarios Mínimos. Lo demás está todo previsto en el régimen vigente.

Como pacíficamente nunca ha habido ninguna perturbación, salvo ésta -es decir, la insuficiencia, en los últimos meses, del salario de los Mozos de Cordel- nos parece que la iniciativa no altera la realidad, salvo en los dos aspectos legítimos que tiene que ver con una mejor forma de administración y con la regulación de la elevación de la prestación según el Salario Mínimo Nacional, dejando de lado la referencia al coeficiente que, sin duda, era insuficiente, al que se hacía mención en el otro ajuste llevado a cabo a través de la Ley Nº 14.791. En función de que, aparentemente, no hubo problemas, pensamos que esto no va a suceder. En la medida de que se trate de una cantidad importante, va a ser posible cubrir este aumento que se va a producir. Por su parte, la distribución de los saldos se mantiene igual que en la Ley Nº 16.010.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: pocas veces la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva al Senado un tema específico laboral-sectorial que es apoyado por todos. La pregunta es por qué se actúa de esta manera. Aquí hay un problema. Pacíficamente, un sector del país trabajaba y se le remuneraba de una manera. Luego, llegó un Prefecto que consideró que se debía remunerar de otra forma, e interpretó las leyes y los decretos según su entender. Entonces, puede ser válida toda la discusión que podamos realizar a nivel del Senado de la República pero, en este momento, debemos observar que existe un acto de injusticia que, aparentemente, no hay forma de arreglar.

Tal como expresé en la Comisión -lo vuelvo a repetir acá y creo que el señor Senador Garat, que ha propiciado el proyecto de ley y ha puesto más voluntad con respecto a este tema, se encuentra en las mismas condiciones que quien habla- pienso que si el responsable del área de la Prefectura no hubiera hecho los cambios que realizó, no estaríamos discutiendo este asunto. Estamos estudiando esta iniciativa porque hace siete meses que los Mozos de Cordel no cobran las horas extras. A través de esta vía, el proyecto de ley intenta recuperar lo que ya tenían. No existe un aumento en la retribución de los Mozos de Cordel; solamente se mantiene lo que estaban ganando según una interpretación que esperemos que entienda el responsable de la Prefectura.

Entonces, podemos decir que el 2% ya se recauda y este porcentaje cubre con creces lo que se gasta en los Mozos de Cordel. Se podrá decir que tal vez lo correcto sea el 1,7%, el 1,75% o el 1%; pero en realidad el tema pasa porque existen Mozos de Cordel que estaban siendo remunerados de una manera y ahora lo son de otra.

Por ello, señor Presidente, creo que tendríamos que respaldar esta iniciativa. Si en algún momento se considera que ese fondo debería estar determinado de otra manera, tanto el señor Senador Garat y la Comisión como quien habla se podrían allanar a esa modificación. Si en algún momento se considera que lo expuesto en el último inciso del artículo 4º debe estar repartido de otra forma, no creo que existan problemas.

Deseo resumir mi intervención diciendo que no existe novedad en el sentido de que ya se recaude el 2%. Salvo en los últimos siete meses, los Mozos de Cordel recibían la misma cantidad que se propone en esta iniciativa; antes se trataba de un salario y horas extras y ahora se propone la remuneración en base a cinco salarios. En mi opinión, la interpretación con respecto a las horas extras no corresponde en la medida de que ésta ya está dada hoy, pacífica pero lamentablemente aceptada. De no ser así, se hubieran buscado otros caminos legales para reclamar lo que se les quitó, y no el del Parlamento. Si alguien considera que el sobrante del 80% se puede dividir en tercios o en 35%, 35% y 30%, creo que no existen problemas. Lo que no puede suceder -por ello estamos utilizando el arma legal a través de la elaboración de esta iniciativa- es que las cosas que estaban de determinada forma sean cambiadas arbitrariamente; existe un 2% que se recauda a las compañías con este fin y no para Prefectura, aunque prácticamente esta última se está quedando con él. Si es necesario dar a la Prefectura otros recursos, eso debe ser discutido a nivel presupuestal, pero no puede haber una actitud de apropiación. Es más; en el primer proyecto presentado por el señor Senador Garat no se hacía referencia a la Prefectura, pero luego de una conversación que mantuvimos entre los señores Senadores convinimos en que todo quedara igual que en diciembre del año pasado. Eso es lo que se propuso.

Ahora bien, nos preguntamos si esto debería ser estudiado con mayor profundidad para ver si corresponde el 2% o no. En ese sentido, no tengo ningún problema; si se me dice que mañana mismo se le da la orden al Prefecto para que abone lo que debe pagar, estoy dispuesto a estudiar todo lo que sea necesario, pero esto hasta el momento no ha sido posible, por lo menos según la información que poseo. Entonces, debemos dar el paso legislativo, y si más tarde a la Comisión se le encomienda corregir los porcentajes, siempre estamos a tiempo de sancionar una ley que pueda, por ejemplo, pasar del 2% al 1,8%, con lo que se podría bajar los pasajes. Lo que estamos haciendo es trasladar y convertir la fotografía de hoy a la de diciembre del año pasado, y si los mensajes que se enviaron a los Ministerios correspondientes no llegaron, deseamos que sepan que este Parlamento no es insensible, ya que actúa con responsabilidad frente a la situación de un sector determinado.

Además, señor Presidente, quiero aclarar que el proyecto de ley no es iniciativa de quien habla, pero creo que hay circunstancias que, independientemente de quien lo haya elaborado, amerita que se actúe en consecuencia. El 2% de los pasajes está destinado a pagar a los Mozos de Cordel y no para que la Prefectura se lo apropie. Eso es así de claro y, como creemos que hay una violación de la legislación, pretendemos restablecer todo igual que en diciembre del año pasado.

El proyecto de ley no es nuestro, pero aplaudimos la iniciativa del señor Senador Garat y de los colegas de su sector político. Lo compartimos, independientemente de otras iniciativas que se podrían haber desarrollado.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: estoy absolutamente de acuerdo con que, mediante una ley, se logre que los Mozos de Cordel cobren, por el régimen de trabajo que venían desarrollando, una suma equivalente a los cinco salarios mínimos nacionales, tal como se plantea en la iniciativa que estamos considerando. A su vez, no me opongo a que con ese fondo que se crea, que no es una innovación de este proyecto de ley, se atiendan todos los costos laborales en conjunto, es decir, los aportes a la seguridad social, el seguro contra accidentes, etcétera. Estoy absolutamente de acuerdo con que esto sea así. No obstante, señor Presidente, creo que existe un problema.

El señor Senador Michelini señalaba recién que en el último inciso del artículo 4° se plantean tres porcentajes: 20%, 40% y 40% de los cuales el primero va para Prefectura Nacional Naval y los siguientes para la Unión de Mozos de Cordel de Colonia y de Montevideo. Luego, la norma continúa diciendo: "con estos porcentajes, las respectivas instituciones solventarán los gastos que estimen convenientes para atender los servicios que prestan en los puertos que originan esta recaudación".

Al respecto, el señor Senador Michelini decía que podemos ver si en lugar de hablar de 20%, 40% y 40% se puede hacer referencia al 30%, 35% y 35%, ya que el tema no está allí. Lo que sucede, señor Presidente, es que no tengo cómo saber si las cifras del 40% o del 35% no son sumas enormes de dinero para solventar "los gastos que se estimen convenientes" para prestar el servicio en esos puertos. Eso no lo sé; tal vez se trate de mucho dinero o, quizás, no alcance. De esta forma, señor Presidente, estoy diciendo lo siguiente. Humildemente, formulo un planteamiento al Senado, porque deseo votar este proyecto de ley para llevar la situación de los Mozos de Cordel a la que tenían en diciembre del año pasado, en cuanto a los cinco salarios mínimos. Me pregunto si no sería posible votar en general la iniciativa y pedir a la Comisión que, a la brevedad y con el fin de ser incorporado en el primer punto del orden del día de la primera sesión que se celebre luego de que esto esté pronto, examine estos números. Si fuera correcto se dejaría así, y si fuera excesivo se rebajaría ese 2%, abaratando los pasajes -con lo que estaríamos favoreciendo el turismo- y cumpliendo con lo que queríamos. No estoy proponiendo, lisa y llanamente, un regreso del proyecto de ley a Comisión, ya que estoy dispuesto a votarlo en general y manifestar nuestra voluntad de resolver el problema de los salarios, dejando pendiente el último inciso del artículo 4°, el que podría ser votado la semana que viene o en una próxima sesión. No es mi propósito retrasar la votación de este proyecto de ley, pero de esta manera me sentiría votando en una forma irresponsable.

Deseo plantear lo siguiente: si, por ejemplo, luego de pagar los cinco salarios mínimos sobra U$S 1:500.000, y el 80% de esa cifra se destina a las Uniones de Mozos de Cordel de Colonia y de Montevideo para gastos que se estimen convenientes en el desempeño de la función, ¿no estaríamos estimulando algunos desembolsos innecesarios que encarecen sin motivo la venida de turistas al país? No cuestiono la forma ni el fondo del proyecto de ley, sino que simplemente me cuesta votar la distribución de un fondo que no sé a cuánto asciende.

En definitiva, insisto en que, como creo en la necesidad de resolver el problema salarial de los Mozos de Cordel, estoy dispuesto a votar el proyecto de ley en general -ya hemos dicho que vamos a acompañar esa solución- pero dejando un margen de tiempo para resolver esto en la próxima sesión.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: como dijo el señor Senador Michelini, este es un tema de justicia. Hay trabajadores que están viendo que se recauda dinero, que en la ley se prevé que debe ser para ellos, pero no les llega. Como muy bien dijo el señor Senador Michelini -repito una vez más- con este proyecto de ley no se cambia nada. Si hubiéramos venido un mes antes a hacer el planteo de que hay que bajar la tasa, habrían sobradas razones para ello porque no se les pagaba. Ahí sí que el 40%, el 40% y el 20% iban a ser cantidades astronómicas. En este proyecto de ley, reitero, no se cambia nada; podíamos haber traído una disposición -y voy a aclarar por qué no se trajo- que modificara un artículo de la ley de la época del General Baldomir, de forma que en lugar de decir 1,6 salarios mínimos dijera 5 salarios mínimos. Sin embargo, de esta forma queda igual que como está.

Como decía el señor Senador Sarthou, se han hecho dos grandes modificaciones. En primer lugar, ahora hay una Comisión que administra todos esos recursos y ya no una simple repartición del Estado. Personalmente, estoy cansado de observar que leyes que establecen circunstancias muy justas para quienes van a ser alcanzados por sus beneficios, después son cambiadas por la intervención de la Administración del Estado, dando una interpretación que cree conveniente por determinados motivos. En este caso se repitió todo para que quedara bien claro que se trataba de la misma ley, los mismos recursos, y solamente se cambiaba el salario a pagar a los Mozos de Cordel y la forma de administrar ese dinero.

El señor Senador Fernández Faingold hace una pregunta que yo ya hice pero que no me han contestado. La administración de estos recursos es realizada por la Prefectura Nacional Naval y yo no he logrado que me informen al respecto. ¿Lograré, en el término de una semana, que lo hagan? Puedo asumir el compromiso de que si los recursos son excesivos, ya con este aumento de gastos que le provocamos con la ley -ni qué hablar que eran mucho más excesivos antes, cuando no tenían ni siquiera esos nuevos gastos que ahora se crean por concepto de salarios- se analice el tema específico, pero después de aprobar este proyecto de ley, ya que, como dije, no modifica nada de la tasa ni de los recursos.

Pienso que, después de aprobado este proyecto de ley, debemos analizar la verdadera dimensión de los recursos con la rendición de cuentas que nos va a tener que dar la Prefectura Nacional Naval a través del Ministerio correspondiente. Mientras tanto, creo que no hay que dilatar más el pago a los Mozos de Cordel. Hay que tener en cuenta que ya estamos a fines de agosto, por lo que mientras el proyecto de ley es aprobado, se acerca la temporada y, con ella, los casi 600.000 pasajeros que embarcan y desembarcan en el departamento de Colonia. La gente va a estar mirando si nosotros estamos averiguando si lo que se cobra de tasa -que ya se ha venido cobrando, porque no lo cambiamos con este proyecto de ley- es suficiente o excesivo y si no es necesario reducirla.

Creo que sería importante analizar el tema en profundidad, pero sin dejar de aprobar el aumento de salario de los Mozos de Cordel.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Pienso que más esfuerzo del que hemos hecho para que este proyecto de ley sea aprobado no va a haber, y aspiraríamos a que se votase en el día de hoy. Sin embargo, el señor Senador Fernández Faingold está solicitando una última información. El ya adelantó su voto afirmativo en general y nos pide contar con esa información para la discusión particular. Personalmente, no quisiera que esta Cámara termine votando sin contar con una información que, si bien no es vital, puede ilustrar mejor el panorama. Se pretendía generar la misma situación y las gestiones que se hicieron antes de tratar este tema tendían a que todo volviera a su lugar. Si el Ministro correspondiente hubiera dado la orden, ni siquiera se hubiera planteado una ley pero, por cortesía parlamentaria, parece lógico que votemos en general el proyecto de ley y esperemos la mencionada información para empezar la discusión particular. Así como el señor Senador Fernández Faingold está pidiendo esto, yo quisiera solicitar lo siguiente. En la medida en que sólo falta una información, luego de contar con ella podríamos convocar a una sesión extraordinaria, quizás para mañana mismo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sería mejor para la semana próxima, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Estoy de acuerdo, señor Presidente, porque de lo contrario estaríamos llegando a principios de setiembre. Creo que con los señores Senadores Brezzo, Garat, Sarthou y la señora Senadora Arismendi podríamos acordar para que se vote en general, se obtenga esa información y se convoque al Senado enseguida.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR GARAT. - Por lo menos, quisiera salvar mi responsabilidad en este caso. Realmente, no puedo decir que se me vaya a dar esa información porque, hasta ahora, no se me ha brindado. Entonces, no quisiera que esto derivara en una crisis política, que es lo hemos estado evitando. Podría suceder que alguno de los señores Senadores del partido de Gobierno lograra obtener la información -cosa que quien habla no ha podido- pero no me voy a responsabilizar en traer una información que se me pide y que a mí no se me brinda. ¿Qué responsabilidad tengo de traer a Sala los números exactos de los ingresos si no los tengo, si los pido y no logro acceder a ellos?

Antes de que se elaborara este proyecto de ley, hice un planteo en el Senado a través del cual solicité información al Ministerio de Defensa Nacional y a la Prefectura Nacional Naval sobre la situación y las razones por las cuales se había llegado a ella. Hasta el día de hoy no he obtenido ninguna respuesta. Al contrario -y ya que estoy ingresando en esta temática, voy a hablar más claramente- algún jerarca ha estado jactándose frente a los Mozos de Cordel de que esta iniciativa no será aprobada. Además, se les dijo que tuvieran cuidado con lo que hicieran, porque su situación posterior iba a ser peor que la actual. Entonces, ¿como me voy a hacer yo responsable de conseguir una información que sé que no voy a poder obtener Por mi parte, tengo toda la buena voluntad y la cortesía con el señor Senador Fernández Faingold y el resto de los señores Senadores, pero dentro del límite de posibilidades de lo lógico. En definitiva, sin hacerme responsable, voto en general este proyecto de ley, pero sé que aun en las próximas semanas no contaremos con la información. Digo esto porque no quiero ser responsable de ese hecho.

Por consiguiente, creo que el camino más sensato, que invocaría, sería el de votar este proyecto tal como viene y en el ínterin, dado que el tema que está en discusión tiene que ver con la tasa, una vez obtenido el informe entremos a analizar ese punto de modo de ver si es necesario mantenerla o bajar su monto a través de una iniciativa que debería contar con el apoyo unánime de los señores Senadores.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: a esta altura de los acontecimientos me voy a plegar a la propuesta formulada por el señor Senador Michelini porque, a mi juicio, vale la pena hacerlo. Al mismo tiempo, me comprometo a intentar recoger la información relativa a las cifras de recaudación a través del Ministerio de Defensa Nacional. Pienso que el Senado, para votar esta iniciativa, debería conocer dichos datos, ya que podríamos estar hablando de cifras muy importantes. A su vez, estoy de acuerdo con que, si existieran dificultades para acceder a las cifras, el Senado podría tomar su decisión dentro de una semana; no creo que con ello estuviéramos empeorando la situación y sí estaríamos atendiendo a un planteo del señor Senador Fernández Faingold que tiene su lógica y que, en mi opinión, debe ser atendido.

En consecuencia, estaríamos en condiciones de votar en general el proyecto de ley, tal como ha sido propuesto por los señores Senadores Michelini y Fernández Faingold, y postergar por una semana la votación en particular.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Comparto las inquietudes del señor Senador Garat, sobre todo por el hecho de haber solicitado una información con la cual finalmente no pudo contar. De todas maneras, si representantes del Gobierno en este ámbito se comprometen a obtener dicha información y si todos estuviéramos de acuerdo con el hecho de convocar al Senado para una sesión extraordinaria, una vez se hubiera accedido a las cifras del caso o, igualmente, aun cuando ello no hubiera sido posible, en un período de siete días, estaría dispuesto a votar en general esta iniciativa. Tal como he dicho, habría que esperar por el término de una semana para que se cumpla el cometido de recabar la información. Si ello no se logra, de todas maneras, repito, pediríamos que se convocara a una sesión extraordinaria del Senado y, en tal sentido, esperaríamos el compromiso político de celebrarla para aprobar el proyecto de ley tal como está.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - A mi juicio, hablar de una sesión extraordinaria del Senado fuera del tiempo dispuesto en el mes para esa actividad parlamentaria, parece un poco riesgoso. Pienso que siete o diez días es lo mismo; entonces, ¿por qué no incluimos este asunto como primer punto del orden del día de la primera sesión ordinaria del mes de setiembre?

SEÑOR PRESIDENTE. - Como los señores Senadores habrán podido percibir, la Presidencia no ha puesto a consideración la moción de pase a Comisión, por cuanto entendió que ello debía hacerse una vez que el proyecto de ley fuera votado en general. La Mesa cree -y, obviamente, lo pondrá a consideración del Cuerpo- que lo que se puede hacer es votar en general el proyecto de ley, incluirlo como primer punto del orden del día de la primera sesión ordinaria del mes de setiembre y, en el ínterin, como el régimen de citación extraordinaria del Senado es muy fluido, -ya que basta la firma de cinco señores Senadores para convocar a una reunión con ese carácter- en la medida en que la información fuera obtenida antes -no debemos olvidar que se trata de un tema urgente- se podría convocar a una sesión extraordinaria. Esta instancia podría darse por la reunión de cinco firmas o por la propia convocatoria del señor Presidente del Cuerpo que, en la próxima semana, será el señor Senador Fernández Faingold.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

A continuación, se va a votar la segunda parte del planteamiento formulado por la Mesa.

(Se vota:)

- 20 en 23. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: hemos votado confiando en las palabras pronunciadas por el señor Senador Brezzo, en el sentido de que hará lo posible por recabar la información. Si ello no se logra, este Senador firmará para que se convoque a una sesión extraordinaria del Senado para el próximo martes, a fin de tratar este tema.

Personalmente, aspiro a que las gestiones tengan éxito, a tal punto de que, incluso, independientemente de este proyecto de ley y su curso, el señor Ministro restablezca el régimen anterior. Digo esto porque somos conscientes de que, aunque en este Senado se vote esta iniciativa el próximo martes, todavía deberá ser considerado en la Cámara de Representantes y, finalmente, promulgado.

Por lo tanto, aspiramos a que se realicen las gestiones tendientes a recabar la información y también a que se restablezca la situación a diciembre del año pasado.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - He votado afirmativamente por las razones que ya he explicado y, además, porque me parece inadmisible el hecho de que se pida información y ella no se pueda obtener por parte del Parlamento. Lo que se ha votado tiende a hacer posible acceder a esos datos, en virtud de un compromiso político asumido. Pienso que la forma regular en esta materia sería contar con la información y no votar la iniciativa sin haber accedido a los datos que se necesitan. Personalmente, me importa llegar a obtener una información que ha sido solicitada; asimismo, considero que sería importante tenerla antes de votar en particular este proyecto de ley.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR GARAT. - He votado en general el proyecto de ley, pero no acompañé la moción de postergación de la discusión particular en el bien entendido de que la iniciativa no modifica la situación vigente. Lo único que hace es cambiar el salario y la forma de administración de los recursos. Cuando venga esa información, lo único que se logrará saber es que antes había una cantidad de dinero mucho más grande, que se distribuía mal. Por supuesto, aquí pueden aparecer responsabilidades; personalmente ignoro lo que podría llegar a suceder. Lo que digo es que esto no varía absolutamente nada. Actuando de esta forma, si no contamos con la información a tiempo o si parlamentariamente no procedemos a aprobar este proyecto en ocho o diez días, se dilatará la justicia de la solución por la cual se otorga a los Mozos de Cordel una retribución acorde con su tarea.

6) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente de la Cámara de Senadores comunica al Senado que entre los días 23 y 24 de agosto inclusive, asumirá interinamente la Presidencia de la República. Asimismo, solicita licencia entre los días 25 y 30 del corriente por viaje en misión oficial con una delegación de empresarios a Belo Horizonte y Belén, en la República Federativa del Brasil."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 19 de agosto de 1997.

Señor Vicepresidente

de la Cámara de Senadores

Cúmpleme comunicar al Senado que entre los días 23 y el 24 de agosto inclusive, asumiré interinamente la Presidencia de la República; y solicito licencia entre los días 25 y 30 del corriente por viaje en misión oficial con una delegación de empresarios a Belo Horizonte y Belén, República Federativa del Brasil.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente

Hugo Batalla, Presidente."

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Se convocará al suplente respectivo a partir del próximo 25 de agosto.

7) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Heber, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas sobre los recursos obtenidos en función de la aplicación del artículo 29 de la Ley Nº 16.211, de 1º de octubre de 1991."

-Se procederá de conformidad.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 19 de agosto de 1997.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República solicito a usted tenga a bien dar curso al siguiente pedido a efectos de que se informe por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Según lo dispuesto por el Art. 29 de la Ley Nº 16.211, de 1º de octubre de 1991, los recursos obtenidos conforme a la misma debían ser destinados a:

a) Capitalización del Banco de Previsión Social.

b) Inversiones de la Administración Nacional de Educación Pública; y

c) Planes de vivienda o construcción, refacción o equipamiento de hospitales del Ministerio de Salud Pública.

De acuerdo con informes de PLUNA, el día 27 de junio de 1995, los adjudicatarios de la Licitación Pública Internacional Nº 1/93 depositaron la suma de dos millones de dólares estadounidenses en el Rubro 8.200102/22 "Compensación por Enajenación Art. 29 Ley Nº 16.211 Moneda Extranjera".

Tal como preceptúa el decreto 732/991 de 30 de diciembre de 1991, dichos recursos se depositan a la orden conjunta del Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, siendo ordenador primario el Poder Ejecutivo.

En consecuencia se solicita se informe si se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29 referido en forma detallada, indicando montos, fechas, destinatarios y procedimientos utilizados para la entrega de los recursos.

Luis Alberto Heber. Senador."

8) ASOCIACION DE AMISTAD PARLAMENTARIA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DE ARMENIA

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Mociono para que se altere el orden del día y se declare la urgencia de la creación de la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y la República de Armenia, y se considere de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

El Senado pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Discusión particular del proyecto de resolución por el que se crea la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y la República de Armenia (Carp. Nº 775/97 - Rep. Nº 435/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 775/97
Rep. Nº 435/97

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos Internacionales

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Créase, conforme al principio de reciprocidad internacional, la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y la República de Armenia, la cual está integrada por los Legisladores miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

La Mesa de la referida Asociación estará constituida por el Presidente y Vicepresidente de la mencionada Comisión, asistidos por el Secretario de la misma.

Art. 2º. - Se procederá a su constitución, una vez realizada la coordinación correspondiente con la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

Sala de la Comisión, 26 de junio de 1997.

Reinaldo Gargano (Miembro Informante) (Informe verbal), Alberto Couriel, Carlos M. Garat, Rafael Michelini, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de resolución.

(Se lee)

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Esta iniciativa propone la creación de un grupo de amistad -tal como existe con otras repúblicas hermanas- a nivel parlamentario, en base a la larga tradición y el vínculo existente entre nuestro pueblo y el armenio.

Solicito que sin más trámite se vote este proyecto de resolución.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si los señores Senadores están de acuerdo y no se hace uso de la palabra, se van a votar conjuntamente los dos artículos de este proyecto de resolución.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución que se comunicará a la Cámara de Representantes.

9) AREAS NATURALES PROTEGIDAS

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se declara de interés general la creación y gestión de un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas. (Carp. Nº 147/95 - Rep. Nº 428/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 147/95
Rep. Nº 428/97

PROYECTO DE LEY

TITULO I

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º. - Declárase de interés nacional, la creación, administración y gestión de áreas naturales protegidas en todo el territorio de la República, así como la creación de un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, con el objeto de:

A) Propender efectivamente a la conservación de la Naturaleza, entendido como: la preservación de la diversidad biológica del Uruguay; el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales esenciales, y: el uso sustentable de los recursos silvestres y de los ecosistemas naturales por parte del hombre, que deben trasmitirse con igual potencial a las generaciones futuras.

B) Asegurar políticas efectivas en el campo de la legislación, la administración, la divulgación científica, la educación generalizada y toda otra medida de gobierno que concurra a consolidar los objetivos generales y particulares a que refiere la presente ley, incluidas las de "policía ecológica".

Art. 2º. - Son objetivos específicos de la presente ley:

A) La protección de áreas significativas representativas de los diferentes tipos de ecosistemas o paisajes singulares de la República, que se consideran relevantes por su biodiversidad, su belleza escénica, o por su contribución a procesos ecológicos destacados o por su importancia notoria en los campos educativo, científico o económico.

B) A tales fines, la presente ley protege toda acción que conduzca a:

b.1. conservar muestras representativas de los ecosistemas característicos del territorio insular y lacustre de la República, y eventualmente de aquellos que comparte con las naciones vecinas;

b.2. establecer áreas naturales protegidas, aun cuando las mismas hubieren sido transformadas parcialmente por el hombre que: por sus valores en recursos naturales, histórico-culturales, o paisajísticos singulares, merezcan ser preservados como patrimonio de la Nación;

b.3. asegurar efectivamente aquellas áreas territoriales que constituyan el hábitat natural de especies de fauna y/o flora autóctona, fuentes de la diversidad biológica y componentes del material genético de valor universal;

b.4. preservar inalterado el hábitat temporario de las especies de fauna migratoria, así como la protección de sus nidos y el proceso de recría;

b.5. desarrollar programas de investigación sobre productividad natural y valor económico de especies silvestres existentes en cada ecosistema natural;

b.6. la protección irrestricta y sin concesiones de especie alguna, de las especies de fauna autóctona y de flora nativa en peligro de extinción o amenazadas de extinción, así como de las formaciones geológicas y geomorfológicas de indudable valor respecto al patrimonio histórico o cultural de la República;

b.7. promover en las áreas y zonas territoriales aptas, las actividades ecoturísticas, sujetas a la reglamentación que dictará la Dirección General de Recursos Naturales Renovables a los fines del cumplimiento de los objetivos generales y particulares de la presente ley.

Art. 3º. - En los términos y condiciones particulares que determinen las leyes presupuestales, se creará un cuerpo técnico-especializado de policía ambiental, dependiente de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, que se denominará Guardia Forestal y que tendrá a su cargo las funciones ejecutivas de gestión de las áreas protegidas (Guardaparques), así como de vigilancia en todo el territorio de la República del cumplimiento de los objetivos explicitados en la presente ley.

En las áreas territoriales de reserva (áreas protegidas) la Guardia Forestal tendrá la jurisdicción jerárquica privativa respecto a cualquier otro cuerpo inspectivo o policial; así como gozará de similares prerrogativas en cualquier punto del territorio nacional, respecto a las materias objeto de la presente ley, incluida la calidad de "auxiliar de justicia" equiparables en las que posee la Policía Civil dependiente del Ministerio del Interior.

La Guardia Forestal tendrá las mismas facultades y limitaciones atribuidas a la Policía, en cuanto al uso de armas y detención de ciudadanos, en todo cuanto refiera a los valores colocados bajo su protección, sin perjuicio de su fin primordial de prevención y de educación ciudadana.

No podrá integrar la Guardia Forestal, ningún ciudadano con antecedentes penales conexos con la depredación ambiental, ni aquel que no acredite los conocimientos mínimos indispensables respecto a las funciones técnicas o especializadas a desarrollar.

CAPITULO II

Categorías de manejo

Artículo 4º. - El sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, se integrará con aquellos territorios no urbanos, clasificados en las siguientes categorías de definición y manejo:

4.1. De "Reserva Natural" (Estricta o de Reserva Científica) con una elevada dotación de fauna y/o flora indígena, o que presenten la existencia de especies vivas de particular relevancia, que deban ser protegidas a ultranza por su importancia nacional o universal, en las que no se ha producido una modificación relevante del ecosistema por acción humana.

Todas las acciones de manejo en áreas de esta clasificación, deberán apuntar a "la exclusión" de toda presencia humana, con las únicas excepciones de las que demande la actividad científica o los planes de manejo y gestión de la misma.

4.2. "Parque Nacional".

Son áreas poseedoras de ecosistemas excepcionales, que no han sido alterados por el hombre en su mayor parte, o que de haberlo sido, puedan ser restaurados. Poseen elevada riqueza de fauna y de flora autóctona. También pueden ser hábitat de especies particularmente relevantes para la nación o el universo, que deben ser protegidas.

En estas áreas, las especies vegetales y animales y su hábitat, los sitios geomorfológicos y geológicos, los paisajes naturales y los espacios histórico-culturales, presenten un especial interés científico, educacional o recreativo.

Sus planes de manejo permiten el ingreso de visitantes bajo condiciones estrictas, de conformidad a las particularidades de cada Parque Nacional o de zonas internas específicas de los mismos.

4.3. "Reserva Natural" o "Refugio de Vida Silvestre".

Son áreas relativamente pequeñas, identificadas usualmente como áreas o zonas de nidificación de aves
autóctonas o migratorias: lagos o lagunas; bañados y esteros asociados o no a las mismas, etc.

Poseen ecosistemas de importancia excepcional y una elevada riqueza de fauna y flora y/o especies particularmente relevantes a proteger. En el área puede haber, eventualmente, zonas que hubieren recibido un impacto humano de diversa entidad, cuyos efectos negativos deben neutralizarse y propender a recuperar las mejores condiciones naturales posibles.

Las condiciones de manejo deben apuntar a la radical exclusión de toda interferencia humana, por lo menos durante los ciclos biológicos claves de la avifauna: desde la nidificación hasta las etapas de autonomía vital de las crías.

El manejo de estas áreas debe apuntar asimismo a la preservación estricta del hábitat de su fauna, como fuente indispensable de su alimentación.

El ingreso de personas a estas áreas sólo deberá permitirse en los tiempos y condiciones compatibles con su objetivo básico, bajo estrictas medidas proteccionistas y claras responsabilidades penales.

4.4. "Paisaje Protegido" ("Bellezas escénicas significativas").

Son áreas de gran superficie destinadas a proteger ecosistemas naturales o semi-naturales de importancia excepcional, con elevada riqueza de fauna o flora, o que presenten especies relevantes de importancia nacional o universal que merezcan ser protegidas.

Pueden incluir paisajes silvestres de alta calidad estética (cerros, etc.), aquellos usados con fines turísticos o recreativos (costas y playas, etc.), o en explotaciones tradicionales (ganadería no intensiva, etc.).

Los planes de manejo atenderán a que la intervención humana permita la protección de los elementos básicos del ecosistema.

4.5. "Areas de Uso Múltiple".

Son áreas extensas donde coexisten zonas dedicadas a la producción (bosques artificiales, cultivos, etc.) encaradas desde perspectivas ecológicas (sin destruir los ecosistemas), y ambientes naturales con ecosistemas de excepción y elevada riqueza de fauna y flora, o que presenten especies particularmente relevantes de importancia nacional o universal que deban ser protegidas.

En ellas pueden desarrollarse asimismo actividades científicas o recreativas; así como mediante una ordenación interna, contener zonas muy específicas sujetas a otras categorías de protección.

4.6. "Reserva de Biósfera".

Son áreas que representan ecosistemas naturales de interés excepcional, paisajes armoniosos resultantes de prácticas tradicionales de aprovechamiento de la tierra, o ecosistemas artificializados pasibles de volver a un estado más natural.

En esta categoría coexisten núcleos de protección estricta (Reservas Naturales, Parques Nacionales, etc.), con zonas donde se permiten actividades humanas, asentamientos humanos, e incluso parques industriales bajo determinadas condiciones.

Las áreas propuestas deben ser aprobadas por el Consejo Internacional del Programa del Hombre y la Biósfera de UNESCO.

Art. 5º. - Fuera del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, podrán haber sub-sistemas departamentales o regionales o Parques Departamentales o Regionales, o Reservas Naturales de cualquier naturaleza o
clasificación, de jurisdicción Departamental o Regional, pero siempre con sujeción a pautas de gestión y manejo determinadas por la autoridad nacional competente.

Definición de Parques Regionales (Areas Naturales en los ámbitos Departamentales o Regionales):

Son áreas naturales o modificadas por el hombre, de superficie variable, pasibles de reconvertirlas a su estado natural mediante planes y programas de gestión sustentables y transformadas en áreas demostrativas de la biodiversidad y/o de los valores escénicos o culturales de la Nación.

Su principal objetivo apuntará a la oferta local o regional de oportunidades de recreación, educación ambiental e investigación científica, compatibles con los recursos de la unidad, donde la conservación y protección de la fauna y la flora y la protección y conservación de sus rasgos arqueológicos e históricos y/o culturales sean metas concretas del proyecto.

Los "Parques Regionales" gozarán de iguales prerrogativas jurídicas atribuidas a los Parques Nacionales por la presente ley.

La autoridad funcional de la policía ambiental (Guardia Forestal) será competente, en lo pertinente, respecto a estas áreas Departamentales o Regionales.

TITULO II

CAPITULO I

Creación

Artículo 6º. - El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, declarará "áreas protegidas" a aquellas del territorio nacional que en opinión de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables reúnan las condiciones señaladas en el Título I.

Lo dispuesto en el inciso anterior regirá para los casos de áreas pertenecientes al patrimonio del Estado, así como de particulares que a tales efectos prestaren su consentimiento y accedan de tal forma a los beneficios a que refiere el Título III.

Art. 7º. - Declárase de utilidad pública la expropiación de aquellas áreas cuyos titulares no prestaren su consentimiento para su incorporación al Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas. A tales fines el Poder Ejecutivo podrá disponer de los recursos del "Fondo de Areas Protegidas" que se crea por el artículo 15. Ello sin perjuicio de que, en tanto, y por razones de interés general se les declare sujetas a las condiciones de manejo determinadas por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables con sujeción a las disposiciones de la presente ley.

Art. 8º. - Las áreas protegidas existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, deberán ser inventariadas por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, pudiendo ser redelimitadas y reclasificadas por resolución fundada del Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (artículo 207, Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992).

Art. 9º. - Dentro de los ciento ochenta días de la promulgación de la presente ley el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca determinará los padrones comprendidos en las situaciones a que refiere el presente Título, a partir de lo cual no se podrá intervenir sobre los recursos naturales, arqueológicos o históricos existentes en ellos.

CAPITULO II

Manejo

Artículo 10. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, formulará las pautas y condiciones particulares para el manejo de las áreas protegidas a que refiere el Capítulo II del Título I.

Las instituciones públicas o privadas administradoras de áreas protegidas, deberán presentar para su aprobación, dentro del primer año de formuladas las pautas a que refiere el inciso anterior, los planes de manejo que se propongan ejecutar.

Vencido dicho plazo, el referido Ministerio confeccionará dichos planes a través de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables y aplicará las sanciones que correspondan.

Los planes de manejo deberán actualizarse cada diez años, los que también deberán contar con la aprobación a que refiere el presente artículo.

Art. 11. - Quienes administren áreas protegidas estarán obligados a permitir en todo tiempo, el ingreso a las mismas con fines de inspección y control, del personal especializado de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables y a atender sus recomendaciones respecto a desvíos del respectivo plan de manejo.

CAPITULO III

Administración

Artículo 12. - Las áreas protegidas serán administradas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de su programa presupuestal "Recursos Naturales Renovables".

En el caso de Parques Departamentales o Regionales o Areas de Uso Múltiple, el Poder Ejecutivo podrá por motivos fundados, delegar la administración en los propietarios particulares o los Gobiernos Departamentales respectivos.

El actual Parque Nacional de Santa Teresa deberá ser desafectado de tal categorización, continuando su administración a cargo del Servicio de Parques, Monumentos y Museos del Ejército, del Comando General del Ejército. De igual forma se procederá con la zona del Parque Nacional de San Miguel actualmente administrada por el referido Servicio, quedando la superficie restante comprendida en la norma general del inciso primero.

Art. 13. - Créase la Red Nacional de Cooperación Técnica en Areas Protegidas, que estará integrada por:

a) El Director General de Recursos Naturales Renovables que la presidirá;

b) un representante de la Dirección Nacional de Medio Ambiente;

c) un representante de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial;

d) un representante del Ministerio de Defensa Nacional;

e) un representante del Ministerio del Interior;

f) un representante del Ministerio de Turismo;

g) un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería;

h) un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas;

i) un representante del Ministerio de Educación y Cultura;

j) un representante de la Universidad de la República;

k) un representante de la Administración Nacional de Educación Pública;

l) un representante de las Intendencias Municipales;

ll) Los Directores de las Divisiones: Fauna, Forestal, Hidrografía y Suelos;

m) un representante de la Red Nacional de Organización No Gubernamentales Ambientalistas.

La Red Nacional se integrará a la "Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, Otras Areas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres".

Serán cometidos de la Red Nacional de Cooperación Técnica en Areas Protegidas:

A) Procurar que la administración y manejo de las áreas protegidas, su propia existencia y el cumplimiento de sus objetivos y fines, se asuma como una meta nacional.

B) Coordinar actividades y propender a la utilización de recursos humanos y materiales comunes.

C) Asesorar al Poder Ejecutivo en la instrumentación de políticas relativas a áreas protegidas a nivel nacional.

D) Promover la capacitación técnica del personal afectado al manejo de las áreas protegidas, mediante su participación en cursos de formación y de perfeccionamiento en el exterior.

E) Organizar cursos cortos de capacitación a nivel medio, así como editar y difundir publicaciones de interés general o científico.

TITULO III

CAPITULO I

Fomento

Artículo 14. - Los propietarios de predios declarados "áreas protegidas" de conformidad con la presente ley, siempre que se ajusten a las normas generales y particulares establecidas, gozarán de los siguientes beneficios tributarios:

A) Estarán excentos de toda tributación nacional sobre la propiedad inmueble rural respecto al área afectada.

B) Sus respectivos valores o superficies no se computarán para la determinación de:

a) los montos imponibles para la determinación de los impuestos sobre la renta ficta de las explotaciones agropecuarias.

b) los montos imponibles del Impuesto al Patrimonio.

En los casos de proyectos de conservación de palmares u otras especies vegetales o animales declaradas de especial interés por el Poder Ejecutivo, los beneficios tributarios a que refiere el presente artículo podrán extenderse a la totalidad del área del proyecto, aun cuando éste se cumpla por etapas, siempre que sobre esa superficie no se desarrollen actividades que afecten los objetivos básicos del mismo.

Art. 15. - Créase el "Fondo de Areas Protegidas" que se integrará de la siguiente manera:

a) Con el producido de las entradas que el público deberá abonar para visitar -en las condiciones determinadas por la reglamentación para cada sitio- que no será menor del valor equivalente al 10% (diez por ciento) de una Unidad Reajustable (UR) ni mayor del 30% de una UR por persona mayor de 12 años;

b) Con el producido total de la venta de publicaciones científicas, libros o folletos de divulgación referidos a los valores de cada reserva, objetos recordatorios, artesanías locales, etc.;

c) Con el producido total de toda clase de proventos que deriven de la gestión de las áreas protegidas o de la realización económica de bienes afectados a Divisiones Administrativas de: Flora, Parques Nacionales o Areas Protegidas, bajo administración de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, respecto a los cuales no será de aplicación lo dispuesto en el Art. 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987;

d) el producido de la cuota parte que corresponde de multas y de decomisos derivados de infracciones a la presente ley u otras conexas con la protección ambiental, en particular de preservación del monte indígena y de la fauna autóctona;

e) el producido del impuesto a que refiere el Art. 18;

f) los fondos provenientes de convenios que la República acuerde con Organismos Internacionales con el objeto de alcanzar las metas propuestas en los respectivos Programas y Proyectos Presupuestales;

g) los legados y donaciones que el Estado reciba con destino al desarrollo de la gestión y manejo del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, o de su Guardia Forestal;

h) los recursos que específicamente le asigne el presupuesto nacional al programa y proyectos respectivos.

El "Fondo de Areas protegidas" queda genéricamente exceptuado de cualquier limitación de titularidad y disposición de recursos que las leyes presupuestales hubieren dispuesto, incluido el artículo 594 de la Ley Nº 15.903.

Art. 16. - Las infracciones a las leyes sobre protección y preservación de la fauna y la flora autóctonas, en el caso de las áreas protegidas serán consideradas circunstancias especialmente agravadas, a todos los efectos civiles o administrativos que pudieren corresponder.

La Administración, bajo responsabilidad civil de los jerarcas respectivos, está obligada a señalizar adecuadamente los límites de cada área protegida y las rutas nacionales o caminos departamentales que conduzcan a las mismas. En las rutas y caminos, la señalización y avisos al conductor comenzarán un quilómetro antes del área de influencia de cada unidad protegida en ambos sentidos del tráfico, y ganará en intensidad en todo el frente del área protegida. Se pondrá énfasis en la utilización de las simbologías internacionales de: prohibición de caza, uso de armas de fuego, instalación de campamentos, encender fuego, y destruir o dañar la flora.

Art. 17. - Los recursos destinados al fondo referido en el artículo 15 serán vertidos en moneda nacional o extranjera en la cuenta "Fondo de Areas Protegidas" que abrirá el Banco de la República Oriental del Uruguay a la orden de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, y cuya utilización sólo podrá realizarse con destino a gastos de funcionamiento e inversiones del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas autorizados por leyes presupuestales.

Art. 18. - Créase el "Impuesto Naturaleza Viva" (INVIVA), cuyos sujetos pasivos se determinan a continuación, así como la materia o actividades gravadas y las alícuotas respectivas:

a) del 0,5% (medio punto por ciento) de la facturación por concepto de hospedaje en hoteles categorizados cuatro y cinco estrellas;

b) del 0,5% (medio punto por ciento), de la facturación de las empresas inmobiliarias, por venta o alquiler
de fincas en zonas legalmente declaradas de interés turístico;

c) del 20% (veinte por ciento) del precio al consumidor final de artículos de vestir confeccionados con pieles de animales salvajes -cualquiera sea su procedencia- o productos cosméticos u otros usos no alimenticios elaborados en base a vísceras o partes de la anatomía de animales salvajes;

d) del 100% (cien por ciento) del precio final al consumidor, de prendas de vestir confeccionadas con pieles de animales protegidos por la ley pertenecientes a nuestra fauna autóctona, cuya materia prima no hubiere sido facturada por criaderos legalmente autorizados y sin perjuicio de las acciones penales y administrativas que pudieren corresponder;

e) del 1% (uno por ciento) del precio final al consumidor de: bebidas con más de 20 grados de componente alcohólico, de origen extranjero; cigarros y cigarrillos de igual origen, y productos del mar de origen extranjero destinado al mercado nacional;

f) del 3% (tres por ciento) sobre la facturación de empresas comerciales dedicadas al alquiler de elementos náuticos de cualquier clase, mediante oferta abierta, en toda la faja costera de la República;

g) del 100% (cien por ciento) del precio final al consumidor de artefactos o artes cuya aplicación práctica sea en perjuicio de la avifauna protegida: aves canoras, aves rapaces, cisnes o similares;

h) del 250% (doscientos cincuenta por ciento), del precio final al consumidor, de rifles de aire comprimido o similares, ballestas, etc., y sus municiones, cuya comercialización queda sujeta a las mismas regulaciones existentes para el caso de armas de fuego de calibres superiores al 32 (treinta y dos);

i) del 500% (quinientos por ciento) del precio final al consumidor de: trampas para nutrias u otros mamíferos, jaulas-tramperos para pájaros, redes y pegamentos con destino a la captura de pájaros, y cualquier otro elemento conducente a tales fines;

j) del 2% (dos por ciento) de la factura de las empresas cuyo giro comercial se relacione con el "ecoturismo" o "turismo ecológico", "Estancias gauchas" o similares;

k) del 30% (treinta por ciento) del valor nominal de la leña de monte indígena, que utilicen comercios tales como: parrilladas, restaurantes, hoteles, panificadoras, o de cualquier otro giro;

l) el 100% (cien por ciento) del precio final al consumidor, de cargo a firmas comerciales que negocien leña o maderas provenientes del monte indígena cualquiera sea su destino u origen;

ll) del 20% (veinte por ciento) del valor de los permisos de caza otorgados por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables como única autoridad habilitada para ello;

m) del 10% (diez por ciento) de la facturación por concepto de fletes de leña de monte indígena, cualquiera sea su origen y destino, de cargo de la empresa transportista;

n) del 10% (diez por ciento) de la facturación al consumidor de toda propaganda visual u oral que utilice con fines comerciales los valores escénicos o ecológicos de la República, sus territorios protegidos o sus valores de fauna o flora autóctonas;

ñ) del 250% (doscientos cincuenta por ciento) del valor en plaza de las municiones introducidas por extranjeros con fines cinegéticos, y del 100% (cien por ciento) del valor en plaza de cada arma de fuego introducida al país en ese concepto y con esos fines;

o) del 1% (uno por ciento) del precio de los pasajes cuyo destino sea total o parcialmente unidades del Sistema de Areas Naturales Protegidas, que será del 3% (tres por ciento) en aquellos casos en que la transportación se contrate desde territorio extranjero.

Art. 19. - Serán sujetos pasivos del impuesto INVIVA aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen algunas de las actividades gravadas, cualquiera sea su naturaleza jurídica e institucional, y en un todo de acuerdo con lo que dispone el Código Tributario.

TITULO IV

CAPITULO I

Prohibiciones

Artículo 20. - Respecto a las áreas protegidas, queda absolutamente prohibido:

a) ingresar a ellas sin autorización;

b) ingresar en ellas con armas de fuego, rifles de aire compromido o similares, flechas, jaulas o tramperos, o cualquier otro artefacto pasible de ser utilizado en perjuicio de la fauna terrestre o alada;

c) transitar, acampar, pernoctar y encender fuego en los lugares o sitios que no se encuentren expresamente habilitados a tales fines;

d) vaciar o depositar basuras, productos químicos, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza y volumen en los cursos de agua o en cualquier lugar no señalado expresamente para ello dentro de los límites del área protegida;

e) causar deterioro en las instalaciones existentes o dañar la cartelería o elementos de señalización;

f) cortar, arrancar, extraer o mutilar ejemplares de la flora;

g) ingresar con perros u otros animales domésticos;

h) introducir en el área especies de flora o animales y pájaros no autorizados por la autoridad correspondiente y sin conocimiento de la Guardia Forestal;

i) todo tipo de actividad cinegética (perseguir, intimidar, capturar, sacar o dar muerte a ejemplares de la fauna y avifauna) dentro de los límites del área y en su área de influencia;

j) destruir nidos o madrigueras, los lugares de reproducción o crianza, o ejecutar acciones que interfieran, impidan o interrumpan el cumplimiento de los ciclos de reproducción de las especies;

k) recolectar huevos, semillas o frutos;

l) destruir o dañar bienes culturales, así como su transporte tenencia o comercialización;

ll) provocar contaminación acústica o visual;

m) ejecutar cualquier otra acción contraria a los objetivos de la categoría o unidad de manejo respectiva.

Art. 21. - En las áreas protegidas, las administraciones respectivas podrán ejecutar las acciones que los respectivos planes de manejo determinen para el cumplimiento de los fines propios de cada unidad, aun cuando ellas pudieren estar comprendidas en las prohibiciones del artículo 20.

Asimismo, mediante resolución fundada, se podrá autorizar la realización de actividades de carácter científico y de aquellas destinadas a la protección y vigilancia -fuera de las que competen a la Guardia Forestal- de las unidades que integran el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, así como habilitar dentro de ellas lugares específicos destinados a la educación ambiental o la recreación, en un todo de acuerdo con los respectivos planes de manejo, aun cuando esas actividades requieran parcialmente la ejecución de algunos de los actos mencionados en el artículo 20.

Art. 22. - Conjuntamente con la delimitación precisa de cada unidad del Sistema, se definirá su área de influencia, respecto a la cual regirán todas las prohibiciones señaladas en el artículo 20.

TITULO V

CAPITULO I

De las competencias

Artículo 23. - Créase la Guardia Forestal dependiente de la autoridad responsable del manejo y gestión del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas y de los recursos naturales renovables.

Las leyes que se dicten en función de la Sección XIV de la Constitución de la República (Presupuesto Nacional Programático), proveerán respecto a la conformación de la Guardia Forestal como cuerpo especializado de policía ambiental, al que sólo podrá ingresarse previa realización de los cursos de formación profesional correspondiente.

La Guardia Forestal tendrá jurisdicción nacional, y se compondrá de unidades móviles y del cuerpo de Guardaparques con título habilitante, residentes en las respectivas unidades.

Art. 24. - Sin perjuicio de las potestades atribuidas a la Guardia Forestal por el artículo 3º del Título I, se comete a los funcionarios policiales, de la Prefectura Nacional Naval en su jurisdicción y de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, el contralor, prevención y represión de los ilícitos cometidos en contravención de la presente ley, del Código Ambiental y de los Planes Nacionales Ambientales en todo cuanto refiera a la protección, preservación y recuperación de los recursos naturales.

Art. 25. - Los funcionarios a que refiere el artículo 24 están facultados, en el ejercicio de sus funciones de contralor, para disponer medidas cautelares de intervención y secuestro administrativo sobre los objetos o productos del ilícito así como de todos los elementos empleados para la comisión del mismo: armas, vehículos, embarcaciones, y cualesquiera otro elemento logístico.

Art. 26. - Los elementos decomisados que no sean realizados económicamente de conformidad con la legislación vigente, serán inmediatamente destruidos, labrándose el acta respectiva.

Tratándose de secuestros de elementos vivos de la fauna autóctona, éstos deberán ser reintegrados inmediatamente a su hábitat natural, cuyos costos económicos serán de cargo de quienes incurrieron en el ilícito.

Art. 27. - La Dirección General de Recursos Naturales Renovables podrá recabar directamente de todas las dependencias oficiales o de los agentes privados, la información que estime indispensable a los fines dispuestos por la presente ley, así como facultada a realizar todos los controles que estime necesarios y exigir la formulación de las declaraciones juradas correspondientes.

TITULO VI

Artículo 28. - Las infracciones constatadas a las disposiciones de la presente ley y concordantes, serán sancionadas teniendo en cuenta su entidad y repercusión respecto a los valores protegidos, de la siguiente forma:

a) las infracciones respecto a las áreas protegidas se considerarán siempre como circunstancia agravada y, cuando ellas sean cometidas por funcionarios públicos, como especialmente agravadas;

b) (monto): las multas se graduarán entre un mínimo de 10 (diez) Unidades Reajustables (UR) y 1000 (un mil) Unidades Reajustables, salvo las establecidas a texto expreso, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder;

c) el comiso de todos los objetos producto de la actividad ilícita, ejemplares vivos, cueros, crías o huevos cuya introducción o extracción se encuentre prohibida, así como de todo otro elemento que directa o indirectamente fuere empleado en la comisión de la infracción: armas, vehículos, embarcaciones y todo elemento logístico concurrente;

d) la suspensión o cancelación de autorizaciones o permisos;

e) las infracciones a que refieren los literales a) a g) del artículo 20, serán sancionadas, en el acto con multas en efectivo por un valor equivalente al 50% de una Unidad Reajustable, sin perjuicio del secuestro administrativo que correspondiere de elementos prohibidos. Las infracciones a lo que disponen los literales h) al final del referido artículo se penalizarán con multas por un valor equivalente a una Unidad Reajustable, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondieran.

Art. 29. - La Dirección General de Recursos Naturales Renovables tendrá a su cargo la comprobación de las infracciones, así como la imposición y ejecución de las sanciones que correspondan, no siendo de aplicación en la especie disposiciones legales que se opongan a ello.

Art. 30. - Declárase que no tendrán validez legal en todo el territorio nacional ninguna autorización ni permiso de caza o pesca deportiva expedida por ninguna autoridad que no fuere la Dirección General de Recursos Naturales Renovables.

Art. 31. - El producido de multas o venta de elementos decomisados en virtud de la presente ley o concordantes, será distribuido de conformidad a la legislación vigente. No obstante, toda atribución a Rentas Generales o afectada a organismos oficiales, será reasignada al "Fondo de Areas Protegidas" a que refiere el artículo 15.

TITULO VII

Derogaciones y disposiciones finales

Artículo 32. - Quedan derogadas todas las normas legales que se opongan al cumplimiento de la presente ley y sus concordantes y complementarias.

Art. 33. - La presente ley es de orden público.

Montevideo, 30 de marzo de 1995.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley, en realidad, no nos pertenece intelectualmente -pese a que nos identificamos plenamente con él- sino que es resultado del esfuerzo, la dedicación y el compromiso ambientalista de alguien que supo ganarse el respeto de las Cámaras Legislativas en los últimos diez años: el ex Representante Nacional Eden Melo Santa Marina, integrante de nuestro PARTIDO POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO.

Su reconocida versación en la materia presupuestal, quizás haga olvidar otros parámetros que, como Legislador, le distinguieron en el ámbito nacional e internacional: Melo Santa Marina en realidad supo utilizar el "instrumento de la ley presupuestal" para impulsar una legislación tan variada como efectiva respecto a una amplia gama temática. Una de ellas fue la ambiental (o ecologista) cuando nadie hablaba de ellas, al punto de ser el "responsable" casi exclusivo de muchísimas normas legales que tomaron vida propia a través de las leyes de carácter presupuestal; la defensa del monte indígena, la protección de la fauna autóctona, etc., etc., pero
también autor de iniciativas mucho más ambiciosas, una de las cuales es precisamente este proyecto.

Nosotros estamos convencidos que se trata de un estudio serio y racional de la problemática que aborda -nos consta asimismo que ha sido considerado con sumo respeto por organismos internacionales especializados, donde el autor goza de un singular prestigio como uno de los poquísimos integrantes del sistema político uruguayo comprometido con el tema- y eso hace que consideremos una obligación ineludible el replanteo de este proyecto de ley, haciendo nuestras las fundamentaciones que originalmente acompañaron su presentación ante la Cámara de Representantes, en junio de 1994, frente a la inminencia -como señala el autor- de la finalización del período legislativo.

Por tal razón, la "exposición de motivos" que sigue a continuación, está "entrecomillada" ya que hemos preferido no modificarla, ni adaptarla a una realidad coyuntural diferente, sino preservar en todo caso los derechos intelectuales de su autor en el momento histórico y coyuntural preciso.

"1. Puntualizaciones previas

El proyecto de ley que tenemos el honor de proponer, reconoce algunas particularidades que, en honor a la verdad, nos sentimos obligados a puntualizar:

a) para su materialización hemos partido de un anteproyecto elaborado en el ámbito de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, bajo la responsabilidad jerárquica del Ing. Agr. Roberto M. Cal Johnston, hombre notoriamente comprometido y preocupado en la temática de interés nacional de su competencia funcional;

b) sólo la inminencia de la virtual clausura del último período de sesiones de la XLIIIa Legislatura, hace que consideremos necesario dar estado parlamentario a este proyecto, dejando de lado el propósito inicial de concensuarlo previamente en ámbito extraparlamentario. Lamentablemente, los "tiempos políticos" han cerrado la brecha que permite un trabajo previo sin duda aconsejable y que, como metodología legislativa, reivindicamos.

El proyecto de ley, como queda dicho, no es mérito exclusivo del diputado proponente ni de sus asesores técnicos, sino que en gran parte de su estructura y de sus disposiciones puntuales reconoce el aporte inicial del anteproyecto del Sr. Director General de Recursos Naturales Renovables.

2. Consideraciones Generales

Si bien el texto legal que proponemos refiere taxativamente a la creación, administración y gestión de un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, no sólo su contexto sino también disposiciones concretas, alcanzan propósitos mucho más amplios en el campo ambiental y del uso sustentable de los recursos naturales de la nación.

La necesidad de un cuerpo legal como éste, en conjunción con otros en vigencia y a dictarse, como el Código Ambiental y el Plan Nacional Ambiental, parte de la convicción -avalada en el ámbito universal- de que las actuales pautas de desarrollo no son sustentables desde el punto de vista de la utilización de los recursos naturales, cuya pertenencia no es privativa de las generaciones actuales sino un patrimonio que debemos legar -como parte integrante indisoluble de la nación- a las que nos sucedan.

No decimos ninguna originalidad cuando afirmamos que "la cuestión ambiental" en sentido amplio debe, necesariamente, integrarse a todo proyecto de desarrollo nacional que apunte al crecimiento económico y social de la República. Cualquiera sea el modelo de desarrollo elegido, cualquiera sea "el proyecto de país" que se plantee, sólo puede pensarse en un marco de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. De forma que, el cuidado y preservación del medio ambiente, uno de cuyos componentes fundamentales constituye el cuerpo general de este proyecto de ley, debe ser absolutamente integrado a la rutina de vida de los uruguayos, asumiendo que se trata de un imperativo ético intergeneracional que hace a la propia viabilidad del Uruguay como nación.

La degradación ambiental en nuestro país, que hasta pocos años atrás era pasible de revertir con costos y esfuerzos relativamente accesibles, hoy día constituye un problema de creciente importancia cuya corrección demandará muchos años y un considerable esfuerzo económico.

De ese cuadro de degradación, no escapa ninguno de los recursos fundamentales: desde el suelo y el agua, hasta la ruptura de ciertos equilibrios ecológicos o agresiones graves a la biodiversidad y bancos genéticos.

La gradual destrucción de los montes indígenas -de tan fundamental importancia como componentes básicos de ecosistemas insustituibles y de regulación del entretejido hídrico- si bien fue atemperada a partir de la Ley Forestal y la aplicación de normas legales de control y represión de reciente sanción, constituye todavía un serio problema habida cuenta de lo finito de tales recursos.

Otro tanto ocurre respecto a la mayoría de las especies de fauna, sea como consecuencia de la destrucción de sus hábitat, como de la caza y captura depredadora.

Es en este marco entonces, que se hace necesario un cuerpo legal como el propuesto, tendiente a crear las condiciones que permitan la conformación de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, a la par que perfeccionar los mecanismos de control y de policía ambiental.

3. El Sistema Nacional de
Areas Naturales Protegidas

Básicamente, se intenta crear el marco jurídico indispensable para que, antes de que sea demasiado tarde, la República rescate para el patrimonio común y como sustento de su identidad nacional valores que recibimos como herencia -paulatinamente devaluados- desde los orígenes conocidos de nuestro solar nacional, y que seamos capaces de transferir en condiciones sustentables (esto es: en condiciones de uso y disfrute no depredadoras). Que no implique el agotamiento de los recursos naturales luego de haberlo utilizado racional y civilizadamente como lo que realmente son: un capital nacional que sin embargo no pertenece enteramente a las generaciones de hoy, sino que de él sólo podemos utilizar sus intereses, preservándolo indefinidamente -como capital- para las generaciones del futuro (comenzando el conteo a partir de nuestros propios hijos).

Si bien es cierto que, como en toda manifestación removedora de las pautas de comportamiento social y de teoremas de comportamientos políticos, el relativamente brusco posicionamiento universal de la magnitud del proceso autodestructivo del planeta tierra por parte de su principal actor: el hombre, sin duda su más maravillosa creación natural, capaz de alcanzar las más altas cumbres pero también de caer en el más profundo abismo, hace que en el escenario universal y también en el local, aparezcan manifestaciones fundamentalistas de un ecologismo a ultranza, tan irracional e insensato como aquellas corrientes que, por mera ignorancia, niegan su importancia vital y reniegan de su validez científica.

Estos actores fundamentalistas de una ecología utópica del "arca de Noé, de las fábulas de Adán y la manzana de Eva", son tan perniciosos como el empresario que desvía las aguas superficiales y deseca un humedal para cultivar unos años el arroz.

La cuestión pasa entonces, indiscutiblemente, por el aprovechamiento y uso sustentable de aquellos recursos naturales cuyo agotamiento o extinción transformaría al planeta Tierra en un páramo. Y ésto no es, meramente, una figura retórica. Reconoce por el contrario ejemplos tangibles, fuera de toda duda dramáticos, que sin embargo como sociedad preferimos ignorar: bastaría mencionar la realidad innegable de los cursos de agua superficiales (los aún visibles porque los otros corren bajo nuestros pies pero fuera de nuestra vista) del departamento de Montevideo, de aguas muertas, putrefactas, donde no es posible ninguna manifestación de vida biológica sino que, por el contrario son fuentes de degradación de la calidad de vida y la salud de los seres vivos de su entorno. Bastaría recordar que tan sólo tres o cuatro décadas atrás, existían en plena Bahía del Puerto de Montevideo playas incontaminadas habilitadas al disfrute de la población: como Capurro. Bastaría recordar que hemos desecado los Bañados de Carrasco, creyendo que nos insertábamos en "el primer mundo", cuando en realidad sólo demostramos nuestra ignorancia voluntarista, eliminando el principal filtro natural de purificación de las aguas contaminadas que confluyen hacia un importante sector de nuestras costas y playas capitalinas; eliminando también uno de "los pulmones vitales de La Región Metropolitana" y una fuente insustituible de la biodiversidad biológica.

3.1. Objetivos generales

Un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas constituye uno de los instrumentos significativos que el país debe utilizar en un proceso continuo de conservación de la Naturaleza.

Ello implica: la preservación de la biodiversidad biológica; el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, así como los sistemas vitales esenciales; la preservación de las especies silvestres y los ecosistemas naturales, todo lo cual concurre al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de forma de que su uso actual en el desarrollo nacional no reduzca su potencial utilización por las generaciones del futuro.

3.2. Concepto

Es un área silvestre o natural aquella que dentro de sus límites geográficos es representativa de uno o más sistemas ecológicos autóctonos.

En ella están operando los procesos ecológicos y evolutivos sin la interferencia directa del hombre, o si la hay es muy menor. También que un impacto humano de baja intensidad pudiera ser revertido con medidas adecuadas de manejo.

Va de suyo entonces que se excluye de este concepto las áreas urbanizadas o muy modificadas por la presencia humana: sea por la extracción de recursos naturales por cosecha directa o como consecuencia de prácticas de manejo y gestión, o donde se han introducido especies exóticas.

Sin embargo -y más aún en el caso de nuestro país que ostenta un nada honroso retraso respecto a casi todos los países del continente- el concepto científico debe utilizarse en el marco de una diversidad de situaciones cuyas características, objetivos y manejo muchas veces no encuadrarán estrictamente en aquella definición.

3.3. Categorías de manejo

El proyecto que estamos presentando reconoce seis categorías de manejo:

a) La "Reserva Natural" (reserva estricta o reserva científica) poseedora de una elevada dotación de fauna y/o flora indígena, o especies vivas de particular relevancia, en las que no se han producido modificaciones importantes del ecosistema por acción humana. Las acciones de manejo apuntarán a "la exclusión" humana no compatibles con el mismo.

b) El "Parque Nacional": áreas poseedoras de ecosistemas excepcionales, en su mayor parte no alterado por el hombre o pasibles de ser restauradas; con elevada riqueza de fauna y flora autóctonas y hábitat de especies relevantes. En las mismas, las especies vegetales y animales, los sitios geomorfológicos y geológicos, los espacios histórico-culturales y los paisajes naturales, poseen un especial interés científico, educacional o recreativo.

c) La "Reserva Natural" o "Refugio de Vida Silvestre", son áreas usualmente identificadas como de nidificación de aves autóctonas o migratorias: lagos o lagunas, bañados y esteros, etc., sin perjuicio de poseer ecosistemas de importancia excepcional. El acceso a estas áreas sólo será permitido en los tiempos y condiciones compatible con la protección estricta de los ciclos biológicos de la avifauna.

d) El "Paisaje Protegido" ("Bellezas escénicas significativas"), son áreas de gran superficie destinadas a proteger ecosistemas naturales o semi-naturales de importancia excepcional. Pueden incluir paisajes silvestres
de alta calidad estética (como cerros), aquellos usados con fines turísticos o recreativos (costas y playas), o en explotaciones tradicionales (ganadería no intensiva, por ejemplo).

e) El "Area de Uso Múltiple", superficies extensas donde coexisten zonas dedicadas a la producción (como bosques artificiales o cultivos) encarados desde perspectivas ecológicas (sin destruir los ecosistemas), y ambientes naturales con ecosistemas de excepción y elevada riqueza de fauna y flora, o que presenten especies particularmente relevantes.

f) La "Reserva de Biósfera", son áreas que representan ecosistemas de interés excepcional, paisajes armoniosos resultante de prácticas de aprovechamiento de la tierra, o ecosistemas artificiales pasibles de volver a un estado más natural. Coexisten en ellas núcleos de protección estricta, con zonas donde se permiten actividades humanas y asentamientos humanos. Las mismas deben ser aprobadas por el Consejo Internacional del Programa del Hombre y la Biósfera de UNESCO.

Además y fuera del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, pero sujetas a sus normas generales, podrán haber subsistemas departamentales o regionales.

4. Manejo

El cuerpo legal que se propone contiene sin duda algunas disposiciones removedoras, en tanto y en cuanto algunas de ellas pudieran considerarse invadiendo indirectamente el campo doctrinario del sacrosanto "derecho de propiedad".

No obstante, si partimos del principio piramidal de que el desarrollo nacional tiene en su base de sustento en el uso racional de los recursos naturales, veremos que toda limitación teórica de los derechos constitucionales de propiedad están condicionados a un principio vital: la tierra (el territorio nacional) con todo lo que contiene en su superficie y en el subsuelo, es básicamente de propiedad social. Por consecuencia, todas las acciones que sobre esa superficie se pudieren determinar, no es solo una cuestión que ataña al tenedor, sino algo que hace a la sociedad en su conjunto.

Es perfectamente lícito entonces; más aún: es un imperativo que refiere a las obligaciones naturales del Estado, regular claramente las condiciones de manejo de los recursos naturales de "propiedad del común de la sociedad nacional".

5. Administración

En ese entendido, solo el Estado a través de una autoridad institucionalmente identificada y dotada de los medios jurídicos y materiales concurrentes debe administrar las políticas "de interés nacional" particulares.

Esa "autoridad" según el actual ordenamiento administrativo, es sin duda: la Dirección General de Recursos Naturales Renovables que, el marco del Presupuesto Nacional Programático tiene, además, la obligación legal de gestionar presupuestalmente ese programa nacional.

Ello no impide que, en un futuro próximo y dada la inserción y articulación innegable de la cuestión ambiental en los programas de desarrollo sustentable del país, la referida autoridad pueda ser redimensionada y reformulada de distinta manera y con atribuciones más jerarquizadas.

De cualquier forma, lo que no puede quedar pendiente, es la ubicación institucional de tal autoridad, confundiendo conceptualmente los roles de distintas reparticiones estatales por simple confusión semántica. Por ejemplo; las potestades legales del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que, en las materias objeto de estudio, no deben confundirse con las tareas encomendadas a organismos "de gestión".

La cuestión ya fue "laudada" legalmente, cuando el artículo 207 de la Ley Nº 16.320 del 1º de noviembre de 1992 interpretó que: "...dentro de los cometidos asignados al MVOTMA por el artículo 3º de la Ley Nº 16.112 de 30 de mayo de 1990 (ley de creación del ministerio), no se encuentran comprendidas la formulación y ejecución de las políticas relativas a los recursos naturales renovables, así como la delimitación, manejo y administración de áreas protegidas y parques nacionales. Tales cometidos seguirán siendo competencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al que también corresponderán las relaciones con los organismos internacionales... etc.".

6. Articulación ejecutiva

En el entendido de que "la cuestión ambiental", desde el punto de vista del Estado, debe superar rápida y terminante el plano de la retórica y la utopía, desde que es asumida como un factor integrado al propio proceso de desarrollo sustentable del país, se proponen en este proyecto diversas acciones tendientes al fomento de las áreas protegidas, su financiación genuina y las imprescindibles previsiones de control y sanción.

Es en este marco de escapar no solo "al progreso manuscrito" que llenan muchos tomos de nuestra historia jurídica, sino también a esa inclinación innata de los uruguayos de "salvar" nuestras responsabilidades dictando normas legales inaplicables o socialmente no asumidas, que hemos incorporado a este proyecto la creación de un cuerpo de policía ambiental (preventivo, educativo, represivo) que denominamos Guardia Forestal denominación ésta que universalmente identifica a los cuerpos especializados en las funciones de resguardo de los valores ambientales, sin perjuicio de facultades represivas de policía armada.

Como surge del texto del proyecto, la Guardia Forestal no es un componente intrínseco del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, sino que se articula con éstas en tanto el Cuerpo de Guardabosques o Guardaparques (integrado con personal poseedores de título habilitante), debe ser parte integrante de la misma. La Guardia Forestal se concibe como un cuerpo especializado (técnicamente formado) con jurisdicción nacional, dotado de todas las facultades de policía y auxiliar de justicia en la materia ambientalista, compuesto de una División Móvil de gran autonomía ambulatoria, y un Cuerpo Residente en las propias áreas protegidas integrado por los Guardaparques titulados.

Pero es claro que no se piensa en un cuerpo de policía más, ni en un nuevo "cuerpo de inspectores" o fiscalizadores más, sino en un auxiliar profesionalmente capacitado de las políticas ambientalistas del Estado. Primordialmente, la Guardia Forestal deberá ser "el ojo alerta" del Estado en todos los rincones del país; atento a intervenir en actos de autoridad, como a ejercer docencia en la materia ambiental.

En lo personal, y sin ningún género de duda, consideramos imprescindible la conformación de este cuerpo especializado de policía. Paradójicamente, el alto grado de depredación de los recursos naturales y de degradación ambiental en sentido amplio que se registran en el país, se debe no tanto a vacíos legales -ya que existe una legislación medianamente suficiente en materia de protección y preservación- sino a una ausencia casi absoluta de mecanismos de control y de efectivización de las leyes, a pesar de que varias reparticiones estatales lo cuentan entre sus funciones residuales".

Montevideo, 30 de marzo de 1995.

Hugo Batalla. Presidente.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Medio Ambiente

INFORME

Al Senado

Vuestra Comisión de Medio Ambiente eleva a la consideración del Cuerpo el presente proyecto referido a la creación de un Sistema Nacional de Areas Naturales protegidas, sobre la base de los fundamentos que a continuación se exponen.

1. La importancia de las áreas protegidas en el contexto general de la cuestión del medio ambiente.

Desde hace ya tiempo vienen creciendo la sensibilidad y la preocupación de la sociedad uruguaya en cuestiones referidas al medio ambiente.

Algunos sondeos de opinión realizados durante los últimos años ratifican, en términos generales, la existencia de un muy extendido sentimiento de alerta entre los ciudadanos en relación con la protección de la naturaleza y del medio ambiente. Esta preocupación parece no reconocer diferencias significativas entre generaciones, situación socioeconómica, ocupación, lugar de residencia o preferencias políticas de los uruguayos y apunta, en definitiva, a la generalización de una voluntad colectiva de cuidar juiciosamente nuestro patrimonio natural.

La experiencia del mundo indica que los debates sobre estas cuestiones no son nuevos. Señala también que, con el pasar del tiempo y la universalización de ideales y principios que confieren dirección al progreso humano, se ha avanzado mucho en la definición de prácticas deseables para pautar la interacción del hombre con su entorno natural. Tales pautas apuntan a definir procedimientos adecuados para alcanzar objetivos de bienestar referidos al presente. Además -y muy especialmente- plantean la obligación moral y ética de legar, a las generaciones que habrán de sucedernos, un patrimonio natural que no comprometa su capacidad para avanzar en la búsqueda de objetivos similares.

¿Cuál es el origen de estas preocupaciones? ¿De dónde surge hoy este imperativo?

Durante largo tiempo, el desarrollo tecnológico tomó como supuesto básico la capacidad del hombre para avanzar geométricamente en la producción de bienes a partir de la utilización de recursos naturales. Se basó también en una modalidad de interacción con la naturaleza que nos respetó muchos de los procesos naturales y que no tomó debidamente en cuenta las reglas fundamentales de funcionamiento de los ecosistemas.

En los primeros tramos de este desarrollo la sensibilidad ambiental estuvo prácticamente ausente. Al no plantearse el tema en forma explícita, se operó en forma implícita como si los recursos fuesen inagotables.

Con el pasar del tiempo, sin embargo, y en un período relativamente breve se sumaron tres señales de alarma. La primera, un deterioro visible del entorno natural y del medio ambiente urbano con efectos importantes sobre la salud y la calidad de vida de las personas. La segunda, la creciente evidencia de cambios -algunos irreversibles- en los sistemas naturales, signados por la desaparición de especies de plantas y animales y por el surgimiento de cambios tan inesperados como incontrolables al romperse la cadena y el ciclo de la vida como consecuencia de la acción humana. Y la tercera, finalmente, la acumulación de información y evidencia sobre el volumen y la naturaleza de los recursos disponibles, y el tiempo que abría de pasar -mucho más breve de lo imaginado- hasta su agotamiento.

Por otra parte, el mismo avance tecnológico que permitió un acelerado crecimiento de la producción, el consumo y el bienestar, y el progreso científico que lo sustenta, han permitido determinar que la continuidad inalterada de tales prácticas habría de comprometer el bienestar de la humanidad en el futuro -al reducir de manera irreversible el conjunto de los recursos disponibles- poniendo en riesgo incluso, en el corto plazo, el de las generaciones que hoy habitan la tierra.

Las estrategias asumidas en muchos países para revertir esta tendencia han incluido, desde hace tiempo, la definición de determinadas áreas de protección que, configuradas en un sentido amplio, hagan posible la preservación de una muestra significativa de los principales ecosistemas dentro del territorio de los países. La configuración referida, con el correr del tiempo, se ha extendido también a manifestaciones culturales y paisajísticas especialmente relevantes en sí mismas, por su significación para el patrimonio histórico y cultural de las naciones, y para el cumplimiento de finalidades educativas y de investigación científicas, entre otras.

Estas estrategias se han diseñado, en general, con el propósito de preservar la diversidad biológica y los recursos, al tiempo que se evalúan los sistemas más adecuados de interacción del hombre con el medio natural para asegurar el mantenimiento de equilibrios imprescindibles entre las necesidades productivas y el desarrollo de prácticas adecuadas desde el punto de vista medioambiental.

2. Algunos antecedentes.

El pionero en materia de Areas Protegidas fue Estados Unidos. El primer parque nacional a nivel mundial fue el Parque Nacional de Yellowstone, declarado tal en el año 1892. La primera idea manejada en este sentido y en ese momento fue "No tocar para que las generaciones futuras lo conozcan". Actualmente la posición es "Proteger y estudiar para lograr el uso sustentable en beneficio de la sociedad".

A partir de ese momento en Estados Unidos se desarrolla toda una cadena de Areas Protegidas, principalmente Parques Nacionales, que luego se hace extensiva a Europa y a otras partes del mundo.

En Uruguay, la primera Area Protegida fue el Parque Nacional Franklin Delano Roosevelt (1916) pero, ocho décadas después aún, no existe una norma general que regule la creación, administración y gestión de Areas Naturales Protegidas.

Legislación Vigente

Ley Nº 13.776 (17/10/69)

Dicha norma aprobó la Convención para la Protección de la Flora y la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América. La mencionada Convención en su artículo 2º establece que los Estados parte se obligan a estudiar inmediatamente la posibilidad de crear tan pronto como sea conveniente dentro de su territorio las categorías de áreas requeridas en su Art. 1º, y en el caso que no fuera factible su creación inmediata se seleccionarán a la brevedad posible los sitios para su establecimiento tan pronto como las circunstancias lo permitan.

Las categorías que establece en su artículo 1º son cuatro:

1. Parques Nacionales. La Convención establece que no se trata necesariamente de un área forestada sino regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas naturales, de la flora y de la fauna.

2. Reservas nacionales.

3. Monumentos naturales.

4. Reservas de regiones vírgenes.

Se trata de cuatro tipos diferentes de áreas con valores ambientales que merecen ser protegidos y a los cuales se les atribuyen regímenes jurídicos diferentes.

Los monumentos naturales pueden ser no sólo áreas, zonas, regiones, sino también especies; por ejemplo por Decreto 12/985 fue declarado en Uruguay Monumento Natural el venado de campo. En estos casos se trata de normas de menor jerarquía, que no siempre definen como Area Protegida un área que tenga valor ambiental.

Son normas meramente declarativas porque establecen como áreas protegidas zonas de propiedad privada, sin tener instrumentos jurídicos adecuados para ser aplicados y sin objetivos claros de conservación ambiental. En algunos casos incluso con objetivos contrarios al que hoy buscamos.

Por ejemplo, en cuanto se pretende el menor grado de intromisión antrópica en el Cabo Polonio tanto en las plantaciones forestales como en las construcciones, algún decreto dispuso detener el avance de las dunas, y esto se hacía forestando, primando el viejo concepto que la duna era un área improductiva e infértil.

Ley Nº 14.053 (1971)

Creación del Instituto Nacional para la Preservación del Medio Ambiente.

Ley Nº 15.939 (1987)

Referencia muy genérica en el título 3º al regular el patrimonio general del estado; la norma establece en el Art. 19 inc. 1º que los Parques Nacionales serán así declarados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la dirección Forestal debiendo ser destinados a fines turísticos, recreativos, científicos y culturales y no podrán estar sometidos a explotación, salvo la necesaria para preservar el destino del interés general que motivó su creación. Esta norma además de ser limitada encierra un concepto muy discutible de lo que es un Area Protegida, y considera un Parque Nacional como parte del patrimonio forestal del Estado, con posibilidades de explotación.

Ley Nº 16.170 (1990)

En su Art. 458 declaró un régimen jurídico reglamentario establecido a partir del Decreto 81/991 que creó el Grupo de Trabajo que debía delimitar y establecer Reglas de Uso y Manejo para las Areas Protegidas, a su vez y mientras este Grupo de Trabajo se expedía fue dictado el Decreto 183/991 que prohibía la modificación o alteración ambiental en una serie de predios cuyos padrones establecía el Art. 2º del decreto.

Este Grupo de Trabajo elaboró un informe que presentó al Poder Ejecutivo. Este dictó el Decreto 527/992 por el que aprobó el informe y la delimitación de cinco áreas de protección y reserva bajo Convenio Ramsar. Estas cinco zonas se integran en una gran área denominada "Bañados del Este".

Este Grupo de Trabajo no terminó su cometido, al no haber establecido normas de manejo ni la delimitación precisa de estas áreas. A tales efectos, en el mismo Decreto 527/92 es creada una nueva Comisión en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con el cometido de realizar un Plan de Trabajo para llevar adelante estudios técnicos, catastrales, jurídicos y económicos para la reglamentación del Uso y Manejo de las Areas de Protección y Reserva.

Paralelamente a este régimen reglamentario, se estableció otro que toma sus fuentes en las normas de la Comisión Mixta de la Laguna Merín a partir del Decreto 418/91. Creó una Comisión con el objetivo de establecer y aprobar un Plan de Regulación Hídrica para el departamento de Rocha y bañados adyacentes. Como producto de esta Comisión se aprobó el Decreto 345/992 que creó un Programa Regional de Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín.

Ley Nº 16.293

El país aprobó el Convenio Instrumentado con Brasil sobre Aprovechamiento de Recursos Naturales y Desarrollo de la Cuenca del Río Cuareim.

Ley Nº 16.408 (1993)

Se aprueba el Convenio sobre Protección de la Diversidad biológica (1992).

3. Convenciones y reuniones internacionales

Recordemos que la sociedad internacional ha instrumentado una política de conservación ambiental:

a. Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (1940) aprobada por Uruguay por Ley 13.776/69 - Es importante mencionarla porque en nuestro país es la primera y única ley que establece categorías de Areas Naturales Protegidas.

b. Convenio sobre las Zonas Húmedas de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de las Aves Acuáticas (Ramsar 1971). Este Convenio prevé que los países parte, en atención a la importancia internacional que pueden tener estas zonas húmedas, inscribirán en un Registro que lleva la UNESCO, áreas húmedas que por su importancia internacional deben ser conservadas. Apela a la conciencia internacional de los países; tiene su origen en los descubrimientos científicos que demuestran que éstas zonas tradicionalmente consideradas como tierras despreciables, sin productividad, eran sumamente ricas en algunas especies animales y eran indispensables para la conservación de algunas especies de fauna ornitológica. Uruguay aprobó esta Convención, pero sin delimitar áreas. Luego, se delimitaron los "Bañados del Este" que fueron declarados bajo Convenio Ramsar y Reserva Mundial de la Biósfera (1986). De este modo, Uruguay se comprometió a conservar humedales en 300.000 hectáreas ubicadas en los departamentos de Treinta y Tres, Cerro Largo y Rocha. Un redimensionamiento posterior nos informó que los humedales cubren 241.000 hectáreas.

Esta tampoco es la superficie real. Cuando se hicieron esos estudios de superficies se incluyeron zonas edificadas que no estarían dentro de lo requerido por el Convenio Ramsar, por lo que nuevamente las zonas que realmente abarcan los humedales están en proceso de redimensionamiento. Uruguay se encuentra con el problema que no puede retirar áreas del Registro de la UNESCO sin incluir otras, porque así lo establece el texto del Convenio.

c. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (París 1972)

d. Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. (Washington 1973). Es una norma típicamente ambiental. La conservación de la fauna y la flora amenazada no siempre es fácil. Los países no pueden atacar fácilmente las causas por las que estas especies están amenazadas, por lo tanto, se abocan a regular el comercio y el producido de las mismas. Esta Convención tiene apéndices en los que los Estados parte incluyeron las especies de fauna y flora amenazadas. Uruguay incluyó los lobos marinos.

e. Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (Bonn 1979). La comunidad internacional reconoció lo que se planteaba con ciertas especies. Desde un punto de vista fáctico hay situaciones que van más allá de los ordenamientos jurídicos nacionales. Esta Convención busca una cooperación entre los países que poseen como denominador común la existencia de especies migratorias que transitoriamente utilizan su territorio como hábitat.

f. En 1972 en Suecia se celebró lo que hoy conocemos como "Conferencia de Estocolmo"; su nombre oficial fue Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Por primera vez se discutió en el ámbito internacional la necesidad de poner en tela de juicio la capacidad de resistencia de los ecosistemas. A finales de la década de los 70 aparece la Carta de la Naturaleza, el informe Prusland o del Desarrollo Sustentable, llamado "Perspectivas ambientales hacia el año 2000 y más allá". En el se establece que no es necesario frenar el desarrollo, ni evitar el crecimiento económico y social, sino que debe hacerse en forma compatible con las reglas de funcionamiento de la naturaleza.

g. En 1992 se realiza la Conferencia de Río, oficialmente denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo; el tema de discusión radicó cómo articular las necesidades de protección ambiental con los requerimientos del desarrollo económico y social. Se elaboraron dos documentos. 1) Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo, y 2) la Agenda Nº 21.

4. Análisis exegético

TITULO I

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1º. - (Declaratoria de interés general). - Declara de interés general la creación y gestión de un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, como un instrumento de aplicación de las políticas y planes nacionales de protección ambiental. Estas áreas serán clasificadas en categorías. Declara de orden público las disposiciones legales relativas a la preservación, conservación, manejo y administración de las Areas Naturales Protegidas. El concepto "Naturales" fue incluido en un sentido ecológico aunque flexible debido a la gran variación del hábitat, de la biomasa y de los ecosistemas, como también su sensibilidad a la perturbación e influencia humana.

Las áreas vírgenes en el mundo son en el presente tan pocas que debemos ampliar el concepto de área natural para incluir regiones en las cuales existe impacto del hombre. Podemos encontrar áreas muy degradadas, que deben ser incluidas en la definición del Area Natural para poder ser regeneradas. Podríamos definir un Area Natural como el sitio donde predominan los rasgos o factores naturales. Pueden en las mismas existir lugares que poseen altos valores históricos, biológicos, geológicos o hidrológicos.

Por qué la creación de un SISTEMA. Este se define como órganos que funcionan en conjunto. Es un todo ordenado con diferentes componentes que no están aislados. En materia ambiental con la creación de un Sistema se logra mantener la diversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos silvestres y proteger las áreas naturales ricas en diversidad de especies; proteger los valores intrínsecos y propiciar las investigaciones científicas, proteger los paisajes con valores culturales, los monumentos históricos y otros sitios del patrimonio nacional.

Con el Sistema se busca la interrelación y la buena representatividad del conjunto de Areas Naturales Protegidas. En Uruguay, es la mejor manera de revertir la historia del tema Areas Naturales Protegidas, porque las mismas actualmente son un conjunto aislado de áreas. Es un todo deshilvanado. Un sistema establece una especie de mandato para la creación de Areas Naturales Protegidas, que tienen que cumplir determinadas políticas.

Un sistema es un todo orgánico que representa uno de los instrumentos que tiene el hombre para conservar la biodiversidad, entendiendo como tal el conjunto de especies animales y vegetales y sus interrelaciones, más el ambiente físico.

Art. 2º. - (Objetivos) - Se refiere a los objetivos específicos del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas. Es útil señalar que cada país adopta los objetivos específicos que quiere alcanzar. En el caso de Uruguay, el proyecto apunta a nueve objetivos:

a) Protección de la diversidad biológica y los ecosistemas.

b) Protección de los hábitat así como de las formaciones geológicas y geomorfológicas.

Estos dos primeros objetivos son muy importantes porque al hablar de protección y conservación de la naturaleza uno de los elementos a conservar es la biodiversidad.

En el año 1980 en la reunión de la Unión Integral para la Conservación y de los Recursos Naturales, se elabora un documento llamado "Estrategia mundial para la Conservación" en el cual aparece el llamado "Iceberg de la gestión de los recursos Genéticos", mide el valor del esfuerzo de conservación en cada sitio y sobre todo establece la necesidad de formar parte integrante de un manejo racional de los recursos. Este Iceberg de la gestión de los recursos genéticos se divide en tres franjas o áreas que muestran las diferentes maneras de preservar la diversidad genética. La división en el Iceberg también hace referencia al hecho de la imposibilidad de conservar la biodiversidad sin conservar lo abiótico. Hay diferentes acciones a tomar que tienen que estar en un todo orgánico.

En la parte superior y más pequeña del Iceberg se representa el área de conservación "ex - situ". Esta manera de conservar se practica de dos formas: I) del área se extraen elementos a partir de los cuales será posible la reproducción de los mismos fuera de su hábitat; II) se trata de mantener núcleos cautivos a salvo de los problemas del medio silvestre. La meta es preservar sólo una pequeña proporción porque no se pretende que todo esté en jardínes zoológicos o botánicos, aún cuando se considera que estos desempeñan una tarea importantísima en la conservación de población de flora y fauna.

En el área central del iceberg se representa la Conservación "in - situ". Son las Areas Protegidas. Esta no puede abarcar un 100% del territorio nacional por razones económicas, políticas y sobre todo porque supone conservar la vegetación exactamente como está.

Existen en esta área categorías de uso de esa vegetación, pero, nunca un cambio de área de lo natural a lo artificial. La premisa es conservar lo natural. Si bien este es el estado de conservación ideal, hay casos en que los hábitat están degradados y antropizados de tal forma que no es posible garantizar la supervivencia de ciertas especies en estado silvestre. En estos casos se recurre a actividades de conservación in - situ y ex - situ.

En la tercera y más extensa de las áreas que es la base del Iceberg, se representa la política de conservación de la naturaleza a nivel general del país, dentro de la cual las Areas Protegidas son una parte. Poco se puede hacer en materia de conservación de las otras dos áreas si en el resto del país se tiene una política poco racional en cuanto al uso sustentable de los recursos naturales que tiene que ver con el ordenamiento territorial.

Una década después en la reunión de la Estrategia para el Futuro de la Vida, se mantienen estas posiciones.

De todo este tema surge la discusión en cuanto al área que deben en los hechos abarcar estos diferentes modos de conservación. Uruguay es el país en que las Areas Naturales Protegidas abarcan menos territorio.

Las Areas Protegidas presuponen un concepto aceptado que son las llamadas áreas, regiones o zonas de amortiguamiento o áreas "buffer" o áreas de transición o adyacentes. Significa seguir con la misma política que en las zonas de las áreas protegidas. Se hace referencia a ellas en los artículos 8º y 12 del presente proyecto de ley.

c) Mantener ejemplos singulares de paisajes naturales y culturales.- Este objetivo protege la memoria natural de un país y esto no se puede alcanzar si no es con un dispositivo común que ponga el bien general por encima del particular. La memoria natural es lo más parecido al territorio nacional en su estado natural. Tenemos un ejemplo en el departamento de Rocha en la franja de costa oceánica entre Laguna de Garzón y Laguna de Rocha. Se ve claramente la transición agua, playas, dunas, praderas. Así debió ser nuestra costa antes de la intervención antrópica. Creemos que en Uruguay esa es la única área que permanece en su estado natural. Quizás no tiene un valor económico notable, pero es una memoria natural que hace al acervo nacional.

d) Evitar el deterioro de las cuencas hidrográficas, asegurando así la calidad y cantidad de las aguas.- El agua mantiene y sirve de nexo a los ecosistemas de la Tierra. La manera de utilizar el agua afecta su calidad y cantidad. En suma, todo tipo de utilización del suelo y del agua dentro de una cuenca hidrográfica puede afectar la calidad y el flujo de la misma.

e) Proteger los objetos, sitios y estructuras culturales, históricas y arqueológicas, con fines de conocimiento público o de investigación científica.- Es una especie de memoria cultural. Tenemos el ejemplo -ya perdido- en el pueblo de pescadores de cabo Polonio. Hoy lo único con características originales es La Charqueada. El pueblo de San Javier está desapareciendo. Los literales c) y e) son básicos para la conservación de la identidad de un país.

En Japón en estas zonas se prohíbe la colocación de carteles de propaganda. En Costa Rica tomaron éstas áreas como punto turístico y actualmente hay lugares que han sufrido erosión de diferentes tipos. Con esto se demuestra que por más que el sistema sea bien desarrollado no va a ser exitoso si carecemos de una buena política ambiental a nivel nacional.

f) Proveer oportunidades para la educación ambiental e investigación, estudio y monitoreo en las Areas Naturales Protegidas.- La educación apunta a lograr la comprensión del hombre en cuanto a la repercusión que tiene la actividad humana, sobre los ecosistemas. Es importante la investigación, el estudio y el monitoreo, para que se puedan tomar decisiones idóneas para la conservación de la naturaleza. Estas áreas pueden considerarse como testigos naturales, en el sentido que se tiene una referencia para la evolución de la naturaleza.

g) Recreación con características naturales, apuntando a proporcionar oportunidades para la recreación al
aire libre, en sentido amplio.

h) Contribuir al desarrollo socioeconómico, con participación de las comunidades locales en relación a las Areas Naturales Protegidas o en las zonas de influencia. Lo principal de las Areas Naturales Protegidas es la comunidad local. Así como hay recursos vivos silvestres los hay humanos que hay que conservar, tanto por su cultura como por su trabajo.

i) Desarrollar formas y métodos de aprovechamiento y uso sustentable de la diversidad biológica nacional y de los hábitat naturales, asegurando su potencial para beneficio de las generaciones futuras. Este objetivo debe vincularse con el objetivo (f) porque si éste da oportunidades para investigar y para el monitoreo el objetivo (i) plantea formas de aprovechamiento dentro de las áreas. Se le saca a la naturaleza lo que puede producir en un largo plazo. Es básico porque este objetivo hace el nexo con la explotación de recursos naturales fuera de las Areas Naturales Protegidas. Lo que se puede investigar en las Areas Naturales Protegidas, se trata de incorporar a las otras áreas. En las Areas Naturales Protegidas se investiga y se aprovecha de modo sustentable. Los objetivos (f) e (i) son interesantes porque un importante número de Areas Protegidas están en terrenos privados.

CAPITULO II

De las categorías

Artículo 3º. - (Categorías) - Clasifica las Areas Naturales Protegidas en cuatro categorías sobre la base de objetivos de manejo. Cada categoría de manejo tiene sus propios objetivos y normas. En el orden internacional se recomienda que en una ley de Sistema, cuando en un país no hay experiencia, deben ser incluidas la menor cantidad de categorías de manejo. La selección de categorías si bien se hizo de acuerdo a las establecidas por la hoy llamada Unión Mundial para la Naturaleza (U.I.C.N.), se adaptó a los recursos del país, y a las formas de tenencia de la tierra. Se incorporaron las categorías más conocidas, aquellas sobre las que se tiene mayor experiencia de manejo de las mismas. Ellas son:

a) Parque Nacional. Son áreas en donde la intervención antrópica no ha producido alteraciones relevantes, especies de flora y fauna, sitios geomorfológicos y hábitat con interés científico, educacional, recreativo o con paisajes de belleza excepcional. Como ya se señaló esta es la primera categoría manejada a nivel mundial.

b) Monumento Natural. Areas donde se da importancia a la protección de aspectos específicos, donde la intervención humana es escasa y controlada.

c) Paisaje Protegido. Areas donde el hombre y la naturaleza han interactuado produciéndose zonas paisajísticas, o con valor de testimonio naturales, y que podrá contener valores ecológicos o culturales.

d) Sitios de protección. Se trata de superficies pequeñas, con especies o núcleos poblacionales relevantes que poseen valor crítico, los cuales específica. Dadas las condiciones del país, que tiene bajo explotación la mayor parte de su territorio y por ende sus recursos naturales, se hace necesaria e impostergable la salvaguarda de algunos sitios remanentes, con manifestaciones culturales o naturales insustituibles.

Se establecen las potestades del Poder Ejecutivo a propuesta del organismo competente para ampliar las categorías.

Art. 4º. - (De las áreas de conservación o reserva departamentales). Establece las competencias departamentales para declarar áreas de conservación o reserva, que podrán ser incorporadas al Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Poder Ejecutivo, de acuerdo al presente proyecto de ley. Atiende reclamos de Gobiernos Departamentales y de ciudadanos del interior.

CAPITULO III

De la asignación de categorías

Artículo 5º. - (Incorporación al Sistema). Se trata de la incorporación al Sistema de Areas Naturales Protegidas bajo el correspondiente sistema de manejo de Areas Naturales que reúnan las condiciones señaladas en el presente proyecto de ley.

Art. 6º. - (Expropiación y limitaciones). Declara de utilidad pública la expropiación de las áreas que reúnan las condiciones establecidas en el presente título, en el caso que sus titulares no presten su consentimiento para la incorporación de las mismas al Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas. Sin perjuicio, podrá declararse que esas áreas están sujetas a las condiciones de uso y manejo que se determine de conformidad con la ley.

Art. 7º. - (Aplicación). El Poder Ejecutivo a propuesta de la autoridad competente deberá seleccionar las Areas Naturales Protegidas a incorporar al Sistema, redelimitar y reclasificar las áreas ya existentes que antes deberán ser inventariadas; efectuar las designaciones dominiales, establecer plazos y formas para determinar padrones comprendidos en este Capítulo a partir de lo cual no se podrá intervenir o modificar las condiciones naturales, los valores ambientales, paisajísticos, culturales o históricos existentes en ellos, y por último identificar los programas de funcionamiento y proyectos de inversión con sus créditos y unidades ejecutoras correspondientes, incluidos locales y funcionarios. El Poder Ejecutivo tendrá ciento ochenta días para dar cuenta a la Asamblea General de las actuaciones llevadas a cabo.

Art. 8º. - (Medidas de Protección). Establece las limitaciones o prohibiciones respecto a las actividades que se realicen en las áreas comprendidas en el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas y zonas adyacentes.

Art. 9º. - (Oferta de venta). Establece la preferencia que tiene la autoridad pública en materia de compra de propiedades privadas -comprendidas en el Art. 7º- estableciendo plazos para la aceptación o no, de la oferta y en caso de aceptación para la concreción de compra.

TITULO II

CAPITULO I

De la administración y competencias

Artículo. 10. - (Competencia). El proyecto de ley asigna responsabilidades y competencias principales en materia de áreas naturales protegidas al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Tales competencias no excluyen de ninguna manera la participación de otros organismos -en particular de la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al que ha correspondido la responsabilidad institucional en la materia en el pasado- en diversas cuestiones relativas a la definición, gestión y control de estas áreas.

En la discusión en materia de competencias, la Comisión hubiera preferido contar con algunas definiciones previas de parte del Poder Ejecutivo que permitiesen plantear con mayor precisión la participación de distintas dependencias públicas en una cuestión que requiere coordinación interinstitucional.

Ante dicha ausencia, la Comisión tomó la opción que recoge el artículo, en la expectativa que durante el tratamiento legislativo del presente proyecto el Poder Ejecutivo concluya las definiciones referidas.

Art. 11. - (Administración). Se establece que la administración de las Areas Naturales Protegidas podrán estar a cargo de diferentes organismos o personas públicas o privadas. Se deberá tener en cuenta técnicas y capacidades de administración de los interesados. La actuación del adjudicatario será bajo la calidad de concesionario de un servicio público. La propiedad de la tierra en un Sistema de Areas Protegidas puede ser pública o privada. A nivel internacional en el 4to. Congreso Mundial de Parques Nacionales y Areas Protegidas realizado en Venezuela en el año 1993, ya se había establecido esta posición sobre la posibilidad que las tierras estuvieran bajo el régimen de propiedad pública o privada.

Art. 12. - (Planes de Manejo). Se refiere a todas las acciones políticas, legales, de planificación, administración, usos, educación, investigación y monitoreo que deben realizarse en un Area Natural Protegida para alcanzar su aprovechamiento y su permanencia a largo plazo. Es organizar, dirigir y controlar actividades que permitan cumplir con los objetivos preestablecidos. Las categorías se clasifican según el tipo de gestión, administración o manejo. Es la planificación, ejecución y producción en forma eficiente y con miras a largo plazo. Los administradores dentro del primer año de su gestión deben presentar para su aprobación los planes de manejo particulares que se propongan ejecutar en el área. Se hace referencia a la aplicación de la Ley 16.466/94.

Art. 13. - (Señalización). Obligación de los administradores de las Areas Naturales Protegidas en coordinación con la autoridad competente, de señalizar en forma adecuada los límites de cada área, rutas nacionales, caminos y accesos a las mismas especificando reglamentaciones y prohibiciones aplicables.

Art. 14. - (Inspección y contralor). Los administradores de las Areas Naturales Protegidas tienen la obligación de permitir el ingreso a las mismas con fines de inspeccionar y controlar. Quienes tengan competencia para esa función podrán disponer las medidas cautelares de intervención y secuestro administrativo de los objetos o productos del ilícito, así como de los elementos empleados para la comisión del mismo pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública que correspondiere según la jurisdicción del área en cuestión.

Art. 15. - (Asesoramiento). Asesoramiento y cooperación para la aplicación y cumplimiento de la ley.

CAPITULO II

De los aspectos financieros y tributarios

Artículo 16. - (FONAMA) - Destino de los recursos que correspondan a la creación y gestión de las Areas Naturales Protegidas.

Art. 17. - (Precios) - Competencia en la fijación de los precios por la prestación de servicios, explotación e ingreso a las Areas Naturales Protegidas.

CAPITULO III

De las infracciones y sanciones

Artículo 18. - (Sanciones) - Competencia y tipo de sanción cuando se cometieren infracciones a lo dispuesto en el presente proyecto de ley.

Art. 19. - (Agravantes) - Agravantes a los efectos civiles y administrativos por haberse cometido los ilícitos dentro de las Areas Naturales Protegidas.

Art. 20. - (Decomisos no realizables) - Los decomisos no realizables económicamente serán destruidos. Los ejemplares vivos de fauna autóctona deberán ser reintegrados a sus hábitat naturales. Los costos a cargo de los infractores. Se cita la Ley Nº 16.466/94.

CAPITULO IV

Disposiciones finales

Artículo 21. - (Normas vigentes) - No deroga normas anteriores que hubieren creado Areas Naturales Protegidas.

Conclusiones

La creación y gestión de un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, que es el fin de este proyecto de ley, apunta a la conservación de manifestaciones presentes, en nuestro territorio, de la diversidad cultural y biológica. Se entiende por esta última no solo las especies de plantas, animales y otros organismos sino también todas las variaciones genéticas dentro de cada especie y variedad de ecosistemas.

Para el proyecto; "conservar" plantea como imperativo lo hacemos teniendo en cuenta la utilización racional de los recursos naturales. En materia de recursos renovables ello significa hacer uso de ellos pero manteniendo su capacidad de renovación, entendiendo por conservación el manejo de organismos y ecosistemas que aseguren la sustentabilidad de dicho uso. Incluye la protección, mantenimiento, rehabilitación, restauración y mejoramiento de poblaciones y ecosistemas. En general, el concepto de conservación propugna el desarrollo sostenible queriendo significar con ello mejorar la calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los eco-sistemas que la sustentan, teniendo en cuenta los límites finitos para los impactos que los ecosistemas y la biósfera en conjunto pueden soportar. Esos límites varían de región a región y las repercusiones dependen del número de personas y de la cantidad de alimentos, agua, energía y materias primas que utilice y malgaste cada una de ellas.

Los recursos renovables son la base de todas las economías. No se puede vivir sin ellos. Son la tierra, el agua, los productos que explotamos en estado natural, las especies domésticas, la agricultura, la acuicultura y la silvicultura y ecosistemas tales como pastizales, bosques y aguas. Los componentes biológicos de la Tierra forman parte de un gran sistema interdependiente con los elementos abióticos y de ellos depende. Por ello la gestión del desarrollo es una cuestión ética y al mismo tiempo práctica.

Si es técnicamente viable, si es redituable desde el punto de vista económico, y si además existe la demanda social, no parece difícil la adopción de decisiones políticas para implantar este modelo de desarrollo que pretende mejorar la calidad de vida. Lo que se vuelve necesario, son reglas consensuadas de conducta mediante la elaboración y aprobación de normas jurídicas como las que se plantean en este proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 24 de junio de 1997.

Hugo Fernández Faingold (Miembro Informante), Luis A. Heber, Reinaldo Gargano, Alberto Cid, Jorge Gandini, Dante Irurtia, Orlando Virgili. Senadores.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Medio Ambiente

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

SISTEMA NACIONAL DE
AREAS NATURALES PROTEGIDAS

TITULO I

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º. - (Declaratoria de interés general). Declárase de interés general la creación y gestión de un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, como instrumento de aplicación de las políticas y planes nacionales de protección ambiental.

A los efectos de esta ley, se entiende por Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, el conjunto de áreas naturales del territorio nacional, continentales, insulares o marinas, representativas de los ecosistemas del país, que por sus valores ambientales, históricos, culturales o paisajísticos singulares, merezcan ser preservados como patrimonio de la Nación, aun cuando las mismas hubieran sido transformadas parcialmente por el hombre.

La creación del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas tiene por objeto armonizar los criterios de planificación y manejo de las áreas a proteger, bajo categorías determinadas, con una regulación única que fije las pautas de ordenamiento.

Decláranse de orden público las disposiciones legales relativas a la preservación, conservación, manejo y administración de las Areas naturales protegidas.

Art. 2º. - (Objetivos). Son objetivos específicos del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas:

a) proteger la diversidad biológica y los ecosistemas, que comprenden la conservación y preservación del material genético y las especies, priorizando la conservación de las poblaciones de flora y fauna autóctonas en peligro o amenazadas de extinción;

b) proteger los hábitat naturales, así como las formaciones geológicas y geomorfológicas relevantes, especialmente aquellos imprescindibles para la sobrevivencia de las especies amenazadas;

c) mantener ejemplos singulares de paisajes naturales y culturales;

d) evitar el deterioro de las cuencas hidrográficas, de modo de asegurar la calidad y cantidad de las aguas;

e) proteger los objetos, sitios y estructuras culturales, históricas y arqueológicas, con fines de conocimiento público o de investigación científica;

f) proveer oportunidades para la educación ambiental e investigación, estudio y monitoreo del ambiente en las áreas naturales protegidas;

g) proporcionar oportunidades para la recreación al aire libre, compatibles con las características naturales y culturales de cada área, así como también para su desarrollo ecoturístico;

h) contribuir al desarrollo socio-económico, fomentando la participación de las comunidades locales en las actividades relacionadas con las áreas naturales protegidas, así como también las oportunidades compatibles de trabajo en las mismas o en las zonas de influencia;

i) desarrollar formas y métodos de aprovechamiento y uso sustentable de la diversidad biológica nacional y de los hábitat naturales, asegurando su potencial para beneficio de las generaciones futuras.

CAPITULO II

De las categorías

Artículo 3º. - (Categorías). El Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas estará integrado por las áreas que sean clasificadas en las siguientes categorías de definición y manejo:

a) Parque nacional: aquellas áreas donde existan uno o varios ecosistemas que no se encuentren significativamente alterados por la explotación y ocupación humana, especies vegetales y animales, sitios geomorfológicos y hábitat, que presenten un especial interés científico, educacional y recreativo, o comprendan paisajes naturales de una belleza excepcional.

b) Monumento natural: aquella área que contiene normalmente uno o varios elementos naturales específicos de notable importancia nacional, tales como una formación geológica, un sitio natural único, especies o hábitat o vegetales que podrían estar amenazados, donde la intervención humana de realizarse, será de escasa magnitud y estará bajo estricto control.

c) Paisaje protegido: superficie territorial continental o marina, en la cual las interacciones del ser humano y la naturaleza, a lo largo de los años, han producido una zona de carácter definido, de singular belleza escénica o con valor de testimonio natural, y que podrá contener valores ecológicos o culturales.

d) Sitios de protección: aquellas áreas relativamente pequeñas que poseen valor crítico, dado que:

- contienen especies o núcleos poblacionales relevantes de flora o fauna;

- en ellas se cumplen etapas claves del ciclo biológico de las especies;

- tienen importancia significativa para el ecosistema que integran; o,

- contienen manifestaciones geológicas, geomorfológicas o arqueológicas relevantes.

El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, podrá ampliar las categorías establecidas en el presente artículo.

Art. 4º. - (De las áreas de conservación o reserva departamentales). Son aquellas áreas de conservación o reservas, declaradas como tales por los Gobiernos departamentales, las que podrán ser incorporadas al Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por la presente ley.

CAPITULO III

De la asignación de categorías

Artículo 5º. - (Incorporación al sistema). El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, incorporará al Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas, bajo las correspondientes categorías de manejo, aquellas áreas naturales que en opinión de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, reúnan las condiciones señaladas en este Título.

Lo dispuesto en el inciso anterior, regirá para los casos de áreas pertenecientes al patrimonio del Estado, así como de los particulares, que a tales efectos prestaren su consentimiento y accedan de tal forma a los beneficios a que refiere el Título II.

Art. 6º. - (Expropiación y limitaciones). Declárase de utilidad pública, la expropiación de aquellas áreas que reúnan las condiciones establecidas en el presente Título, cuyos titulares no prestaren su consentimiento para la incorporación de los mismos al Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas.

Sin perjuicio de ello, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá declarar tales áreas sujetas a las condiciones de uso y manejo que determine, de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

Art. 7º. - (Aplicación). El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, deberá:

a) seleccionar y delimitar las áreas naturales protegidas que incorporará al Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas;

b) redelimitar y/o reclasificar las áreas ya existentes, al momento de la promulgación de la presente ley, cualquiera sea la jerarquía de la norma de creación, para lo cual tales áreas deberán ser inventariadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente;

c) efectuar las designaciones dominiales, transfiriendo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente los bienes inmuebles que correspondieren, según lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990, sin que sea necesario el consentimiento del organismo titular, cuando se trate de incisos de la Administración Central;

d) establecer los plazos y formas para determinar los padrones comprendidos en las situaciones a que refiere este Capítulo, a partir de lo cual, no se podrá intervenir o modificar las condiciones naturales, los valores ambientales, paisajísticos, culturales o históricos existentes en ellos;

e) identificar los programas de funcionamiento y proyectos de inversión, con sus créditos y unidades ejecutoras correspondientes, incluidos locales y funcionarios, que deberán ser transferidos al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ante la creación del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, según lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990.

Dentro de los 180 (ciento ochenta) días de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo dará cuenta a la Asamblea General, de las actuaciones que hubiera llevado a cabo para el cumplimiento del presente artículo.

Art. 8º. - (Medidas de protección). El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, podrá establecer las siguientes limitaciones o prohibiciones respecto a las actividades que se realicen en las áreas comprendidas en el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas y zonas adyacentes:

a) la edificación o urbanización, salvo aquellas contenidas expresamente en los planes de manejo del área respectiva;

b) la ejecución de obras de infraestructura o la instalación de monumentos que alteren el paisaje o las características ambientales del área;

c) la introducción de especies alóctonas de flora y fauna silvestre;

d) los vertidos de residuos, así como el desagüe de efluentes o la liberación de emisiones contaminantes, sin el tratamiento que se disponga;

e) la recolección, la muerte, el daño o la provocación de molestias a animales silvestres, incluyendo la captura en vivo y la recolección de sus huevos o crías, así como alterar o destruir la vegetación;

f) la emisión o producción de niveles de ruido perturbadores para el entorno;

g) la actividad de caza y de pesca, salvo que estas se encuentren específicamente contempladas en los planes de manejo de cada área;

h) el desarrollo de aprovechamientos productivos tradicionales o no, que por su naturaleza, intensidad o modalidad, conlleven la alteración de las características ambientales del área;

i) los aprovechamientos y el uso del agua, que pueda resultar una alteración del régimen hídrico natural, que tenga incidencia dentro de un área natural protegida;

j) otras medidas de análogas características, necesarias para la adecuada protección de los valores ambientales, históricos, culturales o paisajísticos de cada área.

Art. 9º. - (Oferta de venta). Cuando los padrones a que se refiere el artículo 7º de la presente ley, sean de propiedad privada, previamente calificados, antes de ser enajenados, deberán ser ofrecidos al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el que dispondrá de un plazo de 60 (sesenta) días para manifestar si acepta o no dicho ofrecimiento.

Expresada la voluntad de aceptación de la oferta, el Estado dispondrá de un plazo de no más de 360 (trescientos sesenta) días para la concreción de compra.

TITULO II

CAPITULO I

De la Administración y competencias

Artículo 10. - (Competencia). El Poder Ejecutivo fijará la política nacional referida a las áreas naturales protegidas, como parte de la política nacional ambiental; correspondiendo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales referidos a las áreas naturales protegidas, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (artículo 2º y numerales 7 al 10 del artículo 3º de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990).

Art. 11. - (Administración). La administración de las áreas naturales protegidas que el Poder Ejecutivo determine a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, podrá estar a cargo de otros organismos o personas públicas o privadas.

Cuando se resuelva adjudicar la administración de un área natural protegida, se tendrá en cuenta para la contratación las condiciones técnicas y capacidades de administración de los interesados, correspondiendo que la actuación del adjudicatario sea realizada en calidad de concesionario de un servicio público.

Art. 12. - (Planes de manejo). El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a propuesta de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, establecerá las pautas y planes generales correspondientes para cada categoría de áreas naturales protegidas y para la región adyacente.

Los administradores de áreas naturales protegidas, dentro del primer año de su gestión, deberán presentar al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para su aprobación, los planes de manejo particulares que se propongan ejecutar en el área, de conformidad con las pautas y planes generales correspondientes a la categoría.

Sin perjuicio de ello, cuando así estuviera dispuesto serán de aplicación las disposiciones de la Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994 y normas reglamentarias.

Art. 13. - (Señalización). Los administradores de las áreas naturales protegidas, en coordinación con las autoridades competentes cuando correspondiere, tendrán la obligación de señalizar adecuadamente los límites de cada área, las rutas nacionales, caminos y accesos que conduzcan o linden con las áreas naturales protegidas; especificando las reglamentaciones y prohibiciones aplicables.

Art. 14. - (Inspección y contralor). Los administradores de áreas naturales protegidas estarán obligados a permitir en todo tiempo, el ingreso a las mismas, con fines de inspección y contralor, del personal debidamente identificado de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Los funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente asignados al efecto y el personal de los administradores de áreas naturales protegidas específicamente autorizados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en el ejercicio de sus funciones de contralor y custodia de las áreas respectivas, podrán disponer las medidas cautelares de intervención y secuestro administrativo de los objetos o productos del ilícito, así como de los elementos empleados para la comisión del mismo.

"Tales funcionarios y el personal mencionado podrán requerir directamente del Ministerio del Interior o de la Prefectura Nacional Naval, en su caso, el auxilio necesario para el cumplimiento de sus funciones y la adecuada defensa del área natural protegida correspondiente."

Art. 15. - (Asesoramiento). La Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (COTAMA), prevista en el artículo 10 de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990, asesorará y cooperará con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio con el Poder Ejecutivo, en la aplicación y cumplimiento de la presente ley.

CAPITULO II

De los aspectos financieros (y tributarios)

Artículo 16. - (FONAMA). El Fondo Nacional de Medio Ambiente (FONAMA) creado por el artículo 454 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, podrá ser destinado a la aplicación y cumplimiento de los fines de la presente ley. Los recursos que correspondan a la creación y gestión de las áreas naturales protegidas serán vertidos al Fondo Nacional de Medio Ambiente (FONAMA).

Art. 17. - (Precios). Autorízase al Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a fijar los precios por la prestación de servicios, explotación e ingreso a las áreas naturales protegidas, quedando comprendido en las disposiciones del artículo anterior, el producido de los mismos.

CAPITULO III

De las infracciones y sanciones

Artículo 18. - (Sanciones). Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de la siguiente forma:

a) con multa, según lo previsto en el artículo 6º de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 453 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990;

b) con el comiso de todos los objetos producto de la actividad ilícita, ejemplares vivos, cueros, crías o huevos, elementos arqueológicos y geológicos, cuya introducción o extracción se encuentre prohibida, así como todo otro elemento que directa o indirectamente fuere empleado en la comisión de la infracción, tales como armas, vehículos o embarcaciones; y, en su caso el producido de la comercialización de los elementos producto del ilícito.

c) la suspensión o cancelación de los permisos, autorizaciones o concesiones que hubieren sido otorgados al infractor.

Art. 19. - (Agravantes). Las infracciones cometidas dentro de las áreas naturales protegidas, serán consideradas especialmente agravadas a los efectos administrativos o civiles que pudieran corresponder, cuando:

a) contravinieren normas de protección de la fauna, la flora o el medio ambiente;

b) se destruyera cartelería indicativa y señalizaciones;

c) fueran cometidas por funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente o por personal de los administradores de áreas naturales protegidas; y,

d) se trate de infractores reiterados.

Art. 20. - (Decomisos no realizables). Los elementos decomisados, que no sean realizables económicamente, serán destruidos, adoptándose las medidas precautorias correspondientes, incluyéndose el labrado del acta respectiva.

Tratándose del secuestro o decomiso de ejemplares vivos de fauna autóctona, éstos deberán ser reintegrados a sus hábitat naturales.

En todos los casos, los costos que se generaran por tales operaciones serán de cargo de los infractores, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994.

CAPITULO IV

Disposiciones finales

Artículo 21. - (Normas vigentes). La presente ley no deroga normas anteriores que hubieran creado áreas naturales protegidas, las que serán interpretadas y aplicadas según lo dispuesto en la presente y en la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 22. - (Derogación). Derógase el artículo 207 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y normas concordantes, en todo lo que dice relación con las áreas naturales protegidas.

Sala de la Comisión, 24 de junio de 1997.

Luis A. Heber, Reinaldo Gargano, Alberto Cid, Hugo Fernández Faingold, Jorge Gandini, Dante Irurtia, Orlando Virgili. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: está a consideración del Senado en el día de hoy un proyecto de ley que crea un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas en el contexto de una creciente sensibilidad y preocupación de la sociedad uruguaya por cuestiones referidas al medio ambiente.

Es interesante constatar -y así se ha hecho en los últimos años a través de algunos sondeos de opinión- que en términos generales en el Uruguay existe un muy extendido sentimiento de alerta en relación con la protección de la naturaleza y del medio ambiente. Esos sondeos también muestran que esta posición no reconoce, el Uruguay, diferencias significativas en la población, en la edad o en el género; tampoco existen entre generaciones, situación socioeconómica, ocupación, preferencia política o lugar de residencia. En definitiva, esta preocupación apunta a la generalización de una voluntad colectiva de cuidar juiciosamente nuestro patrimonio natural.

Según la experiencia de muchos países, los debates sobre estas cuestiones no son nuevos. Con el pasar del tiempo y la generalización de ideales y principios que confieren dirección al progreso humano, mucho se ha avanzado en la definición de prácticas adecuadas para pautar la interacción del hombre con su entorno natural. Estas pautas están dirigidas a definir procedimientos adecuados para lograr objetivos de bienestar coincidentes con esa generalización de ideales y principios, y para alcanzar logros relativos al medio ambiente y al bienestar en el tiempo presente. Pero, en particular, plantean una obligación moral y ética de legar a las generaciones que nos sucederán un patrimonio colectivo natural que no comprometa la capacidad de las futuras generaciones para avanzar, como la nuestra pretende hacerlo, en el cumplimiento de objetivos de bienestar y satisfacción de necesidades humanas.

Este es el contexto, señor Presidente, en el cual la Comisión de Medio Ambiente de este Senado examinó el proyecto, consciente además de que desde hace muchos años el desarrollo tecnológico del mundo y también del Uruguay, tomó como supuesto básico que el hombre tiene capacidad para avanzar geométricamente en la producción de bienes a partir de la utilización de los recursos naturales. Reitero, avanzar geométricamente en la producción de bienes asociados al bienestar. Sin embargo, también se fundamentó en una modalidad de interacción con la naturaleza que no respetó los procesos naturales y no tomó debidamente en cuenta las reglas fundamentales y básicas de funcionamiento de la naturaleza y de los ecosistemas. En esos primeros tramos la sensibilidad ambiental estuvo prácticamente ausente. Se actuó implícitamente como si los recursos utilizados por el hombre para satisfacer sus aspiraciones de bienestar fueran inagotables.

Con el transcurrir del tiempo y en las últimas dos o tres décadas, se ha generalizado en la ciudadanía del Uruguay y del mundo una sensación de alarma a partir de tres señales o luces amarillas que se han prendido. La primera de ellas es un deterioro visible y notorio en el entorno natural del hombre y también en el medio ambiente urbano, con efectos muy importantes sobre la calidad de vida y la salud de las personas. La segunda está constituida por una evidencia creciente de cambios, en algunos casos irreversibles, en los sistemas naturales, que se han producido con la desaparición de especies, animales y plantas, y con el surgimiento de cambios absolutamente inesperados y en verdad incontrolables en el medio, al haberse roto la cadena y el ciclo de vida como consecuencia de la acción humana. La tercera es que la acumulación de información producida en los últimos años sobre el volumen y la naturaleza de los recursos naturales que el hombre utiliza, determina que el tiempo que habrá de pasar hasta que éstos se agoten es bastante más breve de lo que originalmente se imaginó. Es más, no sólo no eran inagotables los recursos, sino que, probablemente, el tiempo real para que éstos se agoten en función de la estimación que hoy existe sobre sus dimensiones, sería bastante breve y limitado.

Lo anterior permite asumir que las posibilidades de las generaciones futuras estarían comprometidas y que en función de ese compromiso habría que pensar, por razones éticas y morales, en formas y mecanismos para cuidar esos recursos de manera de asegurar que no se agoten.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Brezzo)

-Pero también, el mismo avance tecnológico que permitió un acelerado crecimiento de la producción, del consumo y del bienestar, así como el progreso científico que le da sustento, han permitido determinar que de continuar en forma inalterada esta práctica de interrelación del hombre con la naturaleza y de utilización de los recursos naturales, no sólo estarían comprometidas las posibilidades y el bienestar de futuras generaciones, sino que en los hechos lo estaría el de quienes hoy habitan la tierra. Algunos de los recursos y ciertas transformaciones están siendo producidas a una velocidad tal, que quienes hoy vivimos en este planeta, muy probablemente, en un tiempo relativamente breve, habremos de cambiar nuestra forma de vivir al tener necesariamente que modificar la forma de utilizar estos recursos naturales.

Cuando muchos países enfrentan este tipo de preocupaciones, además de políticas generales de carácter ambiental, lo que han hecho es definir algunas áreas de su territorio como áreas de protección. Estas, pensadas, configuradas y armadas en un sentido amplio, permiten la preservación de una muestra significativa de los principales ecosistemas dentro de cada uno de los territorios. Esa configuración, con el correr del tiempo, se ha extendido también a manifestaciones de índole cultural, paisajístico, y de patrimonio histórico y cultural para el cumplimiento de finalidades educativas y de investigación científica.

En general, la base de estas estrategias ha sido la de preservar la diversidad biológica y los recursos, al mismo tiempo que se evalúan de forma razonable las distintas modalidades de interacción entre el hombre y la naturaleza para asegurarse no sólo el mantenimiento de equilibrios imprescindibles, sino también que estas modalidades de interacción puedan en el futuro adecuarse a las necesidades productivas y al desarrollo de prácticas adecuadas desde el punto de vista ambiental.

Esto permitiría cumplir varios objetivos al mismo tiempo. Desde el punto de vista de las personas, preservaría la
posibilidad de continuar aumentando el bienestar; desde el punto de vista de los recursos, aseguraría que éstos no se agoten y desde el punto de vista de las necesidades productivas, evitaría que las modalidades de interacción del hombre con la naturaleza comprometan los recursos, no solamente con vistas a las generaciones futuras -lo que constituye una obligación de carácter ético- sino para las actuales.

En la década del 80 se elaboró un documento llamado "Estrategia Mundial para la Conservación", dentro del cual aparece la definición de lo que se llamó el "iceberg de la gestión de los recursos genéticos" que mide el valor del esfuerzo de conservación en cada sitio y, sobre todo, establece la necesidad de formar parte integrante de un manejo racional de los recursos. Este iceberg de la gestión de los recursos genéticos muestra, en tres franjas, diversas formas de preservar la diversidad genética. Al mismo tiempo, también hace referencia a la imposibilidad que existe de asegurar la biodiversidad, sin preservar, al mismo tiempo lo abiótico, es decir, lo-no vivo, creando relaciones adecuadas entre todos los componentes de la naturaleza.

En este iceberg, la franja superior, la más pequeña, es la que refiere a la conservación "ex-situ", es decir, fuera del sitio. En general, esta manera de conservar se realiza de dos formas: por un lado extrayendo del área elementos a partir de los cuales será posible la reproducción o la multiplicación de los elementos vivos, fuera de su hábitat; por otro, una segunda estrategia es tratar de mantener núcleos cautivos a salvo de los problemas del medio silvestre. En este último caso, la meta consiste en conseguir la preservación de sólo una pequeña proporción de los elementos vivos en jardines zoológicos y en jardines botánicos que, desempeñando una tarea importantísima, no pueden, sin embargo, conservar la totalidad de la flora y la fauna.

La franja intermedia de este iceberg de conservación de recursos genéticos refiere a la conservación "in-situ", que es precisamente la que refiere a las Areas Naturales Protegidas. Estas áreas no pueden abarcar el 100% del territorio de los países, por razones obvias; no obstante, constituyen una estrategia en la cual se establecen categorías de uso de la vegetación, pero nunca un cambio de área de lo natural a lo artificial, con la premisa de conservar lo natural. Si bien este es el estado de conservación ideal, hay casos en los que los hábitat están degradados o antropizados de tal forma que no es posible garantizar la supervivencia de ciertas especies en ello. Por este motivo, se recurre a actividades de protección "in-situ" y "ex-situ".

La tercera de las franjas dentro de este iceberg de la gestión de los recursos genéticos es la que se refiere al conjunto de las políticas de conservación de la naturaleza que a nivel general se adoptan en los países. Lo que se pretende mostrar es que muy poco se puede hacer en materia de áreas protegidas o de definición de áreas a proteger, en la medida en que el conjunto de la política no sea consistente y racional en el uso sustentable de los recursos naturales y con el ordenamiento territorial.

Las áreas protegidas presuponen un concepto aledaño, cercano, que es el de regiones o zonas adyacentes, de amortiguación, o también llamadas -utilizando un lenguaje que se está internacionalizando en este caso- "áreas buffer", es decir áreas de transición entre el área protegida y el resto del territorio. Esto implica manejar la misma política y los mismos criterios para las zonas adyacentes, sin que sean estrictamente áreas naturales de protección definidas como lo hace este proyecto de ley, constituyendo la transición natural entre la explotación de un territorio que como el nuestro está prácticamente explotado en su totalidad y áreas que se pretenden preservar.

Los artículos 8º y 12 de este proyecto de ley se refieren a estas áreas de transición.

Para concluir, señor Presidente, con esta presentación de carácter general, cabe señalar que el planteamiento de un sistema de Areas Naturales Protegidas, que es el fin de este proyecto de ley, apunta a conservar las manifestaciones presentes en nuestro territorio de la diversidad cultural y biológica, entendiendo por esta última no solamente especies de plantas, animales y otros organismos, sino también todas las variaciones genéticas dentro de cada especie y en toda la variedad de ecosistemas presentes en nuestro territorio.

En segundo lugar, quisiera afirmar también que en el proyecto de ley se plantea como un imperativo en esta materia la conservación, y lo hemos hecho teniendo en cuenta el concepto básico de utilización de recursos naturales. En materia de recursos naturales renovables, eso significa utilizarlos, manteniendo su capacidad de renovación, entendiendo por conservación el manejo de organismos y ecosistemas que aseguren la sustentabilidad de dicho uso. Por lo tanto, esta iniciativa incluye la protección, el mantenimiento, la rehabilitación, la restauración y el mejoramiento de poblaciones y ecosistemas.

En general, a través de este concepto propugnamos el desarrollo sostenible, queriendo significar con ello que es posible mejorar la calidad de la vida humana, sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que las sustentan, sobre todo teniendo en cuenta los límites finitos de los mismos, en cuanto a los impactos que sobre ellos y sobre la biósfera en conjunto, produce la acción humana. Precisamente estos límites que varían entre regiones, así como las repercusiones que inciden sobre ellos, dependen naturalmente de la carga poblacional de las regiones y de la cantidad de alimentos, agua, energía y materia prima que dichas poblaciones consideran imprescindibles para llevar una vida digna. De lo que se trata es de acercar el concepto de aquello que es imprescindible para llevar una vida digna, con el de la carga máxima que pueden tener los ecosistemas para no degradar el stock de los recursos naturales de que dispone el país y de los cuales no somos dueños solamente nosotros, sino también las generaciones que nos habrán de suceder. Los recursos renovables son la base de todas las economías. No podemos vivir sin ellos; son la tierra, el agua, los productos que explotamos en estado natural, las especies domésticas, la agricultura, la acuicultura, la silvicultura y ecosistemas tales como pastizales, bosques y aguas. Los componentes biológicos de la tierra forman parte de un gran sistema interdependiente de todos los elementos vivos y los elementos abióticos, y de ellos depende. La gestión del desarrollo, a partir de este concepto, al mismo tiempo que es una cuestión práctica, es también una cuestión ética. Existiendo en el Uruguay un consenso tan grande, que no reconoce límites de generaciones, de lugar de residencia, de edad, ni de creencias políticas, lo que nos hace falta son normas que permitan -como lo hace ésta- asegurar lo práctico y lo posible a un adecuado marco de protección ambiental debidamente articulado con los objetivos productivos del desarrollo nacional.

Señor Presidente: el proyecto de ley en sí mismo, tiene dos Títulos y siete Capítulos. El Capítulo I del Título I contiene las disposiciones generales; el II refiere a las categorías, y el III a la asignación de categorías.

Por su parte, el Título II tiene cuatro Capítulos referidos a la administración y las competencias, a los aspectos financieros, a aquellos relativos a infracciones y sanciones y el último a disposiciones finales. Muy rápidamente, quisiera recorrer los contenidos básicos de estos Capítulos.

El artículo 1º del Capítulo I declara de interés general la creación y gestión de un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas como instrumento idóneo para la aplicación de políticas y planes nacionales de protección ambiental. Asimismo, establece que estas áreas serán clasificadas en categorías y declara de orden público las disposiciones legales relativas a la preservación, conservación, manejo y administración de las áreas naturales protegidas.

Hablamos de un sistema, fundamentalmente, como reacción a lo que es hoy en el Uruguay el funcionamiento de las áreas naturales protegidas. Estas constituyen hoy un todo deshilvanado y aislado, mientras que un sistema establece como mandato la constitución de un conjunto, repito, de un "sistema" de áreas, en las cuales estén representadas todos los ecosistemas principales que tenemos en nuestro territorio. Para mantener la biodiversidad y para asegurar un tratamiento adecuado de los recursos naturales desde el punto de vista productivo, es fundamental que las áreas naturales operen como sistemas y el país y su población tengan la posibilidad, no sólo de preservar, sino de actuar sobre el conjunto de los ecosistemas.

Por otro lado, el artículo 2º establece los objetivos para el Uruguay de este sistema. Cabe aclarar que los objetivos varían según los países. En nuestro caso, hemos seleccionados aquellos que tienen que ver con la protección de la diversidad biológica y ecosistemas, hábitat, como así también de formaciones geológicas y geomorfológicas, cuidando la relación entre la diversidad biológica con lo abiótico y el mantenimiento de ejemplos singulares de paisajes naturales y culturales para proteger la memoria natural del país, lo que no podemos alcanzar sin un dispositivo común que ponga el bien general por encima del particular. Esta memoria natural, señor Presidente, es lo más parecido al territorio nacional en su estado natural. El ejemplo del departamento de Rocha, en la franja de costa oceánica entre las lagunas de Garzón y Rocha, donde se aprecia claramente la transición entre agua, playa, dunas y pradera, es probablemente lo más parecido a lo que fue nuestra costa antes de la intervención antrópica. Creemos que probablemente sin tener un valor económico notable, es importante que conservemos una memoria natural en el acervo nacional.

Por otro lado, hemos establecido como objetivo el evitar el deterioro de las cuencas hidrográficas. El agua es el nexo de los ecosistemas de la Tierra y la forma en que la utilizamos afecta su calidad y cantidad. A su vez, definimos también como objetivo la protección de sitios y estructuras culturales, históricas y arqueológicas, con fines de conocimiento público y de investigación. Hacemos lo propio con el armado de oportunidades para la educación ambiental y la investigación, lo que es muy importante no sólo para saber cuál es el efecto de la acción humana sobre los ecosistemas, sino también para que podamos tomar decisiones idóneas en cuanto a la interacción entre el hombre y la naturaleza.

Asimismo, intentamos favorecer la recreación con características naturales, a través del conocimiento de la población de estas áreas naturales. Decidimos también incluir como objetivo la contribución al desarrollo de la gente que vive en las zonas cubiertas por las áreas naturales y también en las adyacentes. A su vez, vinculado el objetivo de investigación, procuramos el desarrollo de formas y métodos para aprovechar y utilizar en forma sustentable la diversidad biológica de nuestro territorio y los hábitat naturales, asegurando que se mantenga su potencial para generaciones futuras, sin asumir una posición extrema que nos ataría de manos y nos impediría operar en términos productivos. Se trata de encontrar los puntos de equilibrio y la existencia de áreas naturales protegidas, lo que constituye un elemento fundamental para probar efectivamente estos sistemas de producción agro-silvo-pastoriles adecuados para cumplir con los dos objetivos: el del bienestar y el de la preservación.

Por otro lado, el artículo 3º refiere a las categorías y clasifica a las áreas naturales protegidas en cuatro categorías planteadas sobre la base de objetivos de manejo. Hay países con mucha experiencia que tienen varias categorías basadas en prácticas y objetivos de manejo. En general, a nivel internacional, se recomienda que las naciones con poca experiencia comiencen con pocas categorías, sobre todo en aquéllas en las que exista más experiencia a nivel nacional e internacional, dejando abierta, en todo caso, la posibilidad de ampliarlas. El proyecto plantea las siguientes categorías: parque nacional, monumento natural, paisaje protegido y sitios de protección. A su vez, establece potestades para que el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente pueda ampliar dichas categorías, a medida que el país vaya desarrollando mayor experiencia.

El artículo 4º de este Capítulo II tiene que ver con la posibilidad que tienen las autoridades departamentales de declarar áreas de conservación o reserva, las que podrán ser o no incorporadas al Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas. Importa que pueda existir iniciativa departamental, pero también y al mismo tiempo, que sea el Poder Ejecutivo, la autoridad nacional, quien se encargue de la coherencia en cuanto a la determinación de estas áreas para asegurar que el Sistema tiene todos los ecosistemas en una proporción razonable.

En el Capítulo III, que contiene los artículos 5º, 6º, 7º,8º, y 9º, se establecen las formas de asignar las categorías. Es importante entender cómo el proyecto aborda este tema. A propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Poder Ejecutivo será quien incorpore al Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas -el artículo dice "Servicio", cuando debe expresar "Sistema"- bajo las correspondientes categorías de manejo, aquellas áreas que reúnen las condiciones señaladas en este Título.

Esto regirá, según el artículo, tanto para las áreas pertenecientes al patrimonio del Estado -y esto es muy importante- como para las que son propiedad de particulares, siempre y cuanto éstos presten su consentimiento a tales efectos. Es decir que se podrán incorporar al Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas las pertenecientes al Estado y a los particulares que presten su consentimiento. Naturalmente, habrá personas que no den su consentimiento, y a ellas se refiere el artículo 6º, donde se declara de utilidad pública la expropiación de esas áreas en propiedad de particulares que no prestaren su consentimiento.

Sin perjuicio de esto, el proyecto de ley establece también que ya sea que se preste o no el consentimiento y se lleve a cabo o no la expropiación, podrán determinarse limitaciones relativas a la explotación productiva en esas áreas, de forma que garanticen los sistemas de gestión adecuados, según la categoría a la que pertenezcan.

Con respecto al artículo 7º, es importante entender el proceso que se plantea a partir de la aprobación de esta iniciativa. En él se dice -y me parece útil recordar los pasos seguidos- que le corresponderá al Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la selección y delimitación de aquellas áreas necesarias para configurar un sistema que cumpla con los objetivos que en él se han establecido, en el sentido de que sea representativo del conjunto de los ecosistemas que existen en el territorio.

Por otra parte, se establece que podrán volverse a delimitar o a clasificar aquellas áreas ya existentes en el momento en que la ley esté promulgada. Debo decir que ninguna de esas áreas desaparece con la promulgación de dicha ley, sino que lo que se plantea es que se haga un inventario y, a partir de su análisis, se las debe clasificar en categorías diferentes a propuesta de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Otra propuesta de dicho artículo, es la que refiere a las designaciones dominiales, que deberán realizarse en relación a áreas ubicadas en inmuebles pertenecientes a Incisos de la Administración Central, según el artículo 8º de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990.

También se indica que hay que establecer los plazos y formas para determinar los padrones comprendidos en estas áreas; es decir, a partir de cuándo no podrán establecerse modificaciones que alteren las condiciones naturales o los valores ambientales, paisajísticos, culturales o históricos que existen en estos padrones, y de qué forma y en qué plazos se podrá establecer cuáles son los padrones que están comprendidos.

Finalmente, también se establece la transferencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990, de los programas de funcionamiento, créditos y unidades ejecutoras que se ocupen de estos temas, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Además, se encomienda al Poder Ejecutivo comunicar a la Asamblea General, dentro de los ciento ochenta días de aprobada la ley, las actuaciones que hubiera llevado a cabo en esta materia.

El artículo 8º refiere a las medidas de protección con carácter general, así como también las limitaciones o prohibiciones respecto de las actividades que se realicen en las áreas comprendidas en el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas y zonas adyacentes. Estas prohibiciones tienen que ver con edificaciones o urbanizaciones, obras, introducción de especies alóctonas, vertidos de residuos, provocación de molestias o daños a animales silvestres, ruidos, caza y pesca -cuando no esté aprobada en los planes de gestión relativos a cada categoría- desarrollo de aprovechamientos productivos tradicionales cuando alteren esas áreas, etcétera. Son condiciones de carácter general, que luego deben ser especificadas en cada una de las áreas, dentro de sus planes específicos.

El artículo 9º establece la preferencia que tiene la autoridad pública en materia de compra de propiedades privadas comprendidas en estas áreas, fijando plazos para la aceptación de la oferta y, en su caso, para la compra.

El Título II, Capítulo I, "De la Administración y Competencias", en su artículo 10, asigna competencias al Poder Ejecutivo en esta materia, que fijará su política a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al que se le encomienda la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de planes nacionales referidos a las áreas naturales protegidas.

Debe aclararse que esas competencias no excluyen de ninguna manera la participación en el tema de otros organismos, en particular, la Dirección General de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A éste le ha correspondido la responsabilidad institucional en la materia en el pasado, y hay muchos temas relativos a la definición, la gestión y el control de estas áreas que, como se verá, perfectamente podrán permanecer bajo la égida del órgano al que el proyecto de ley atribuye competencias, que es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Debo dejar sentado, señor Presidente, que luego de la discusión en materia de competencias, la Comisión ha preferido contar con algunas definiciones previas de parte del Poder Ejecutivo, que permitiesen plantear con mayor precisión la participación de las distintas dependencias públicas en una cuestión que, obviamente, requiere coordinación interinstitucional. Ante dicha ausencia, la Comisión tomó la opción que recoge el artículo. Al respecto, confieso que, junto con la expectativa que creó el tratamiento legislativo de este proyecto de ley, esperamos que se estimule el interés del Poder Ejecutivo para concluir, si fuera del caso, las definiciones requeridas. Mientras tanto, la iniciativa establece lo que entiende es una buena solución.

Precisamente, a partir del artículo 11, se plantea que la administración de las áreas naturales protegidas que el Poder Ejecutivo determine a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, podrá estar a cargo de otros organismos o personas públicas o privadas. Esto recoge un antecedente de rápido desarrollo en el mundo.

Asimismo, se dice que, cuando se resuelva adjudicar la administración de un área natural protegida se tendrá en cuenta las condiciones técnicas y capacidades de administración de los interesados, correspondiendo que la actuación del adjudicatario sea realizada en calidad de concesionario de un servicio público. Nada impediría, por ejemplo, que quienes hoy administran áreas naturales protegidas, cuando se inicie la regularización del sistema a partir del inventario, del nuevo dimensionamiento y de la nueva clasificación de las áreas, planteen su interés y, mediante los procedimientos establecidos en la ley, mantengan la responsabilidad de gestión.

En ese sentido, como lo establece el artículo 12, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente fijará las pautas generales correspondientes a cada categoría y las regiones adyacentes. Sin embargo, quienes asuman la administración, tendrán un año para formular las pautas y planes específicos para esa área protegida. Naturalmente, continúan vigentes las disposiciones relativas a impacto ambiental, contenidas en la Ley Nº 16.466.

En el artículo 13, se dan responsabilidades a los administradores en materia de señalización.

Mientras tanto, en el artículo 14, se crean obligaciones y responsabilidades a los administradores para permitir, en todo momento, las operaciones de inspección y contralor, para asegurar el cumplimiento de los planes aceptados y de las pautas generales de administración. En ese sentido, plantea que los funcionarios, en el ejercicio de sus funciones de inspección, contralor y custodia, podrán disponer medidas cautelares de intervención y secuestro administrativo de objetos o productos del ilícito, así como de los elementos empleados para la comisión del mismo. También se establece que podrán requerir directamente del Ministerio del Interior o de la Prefectura Nacional Naval, en su caso, el auxilio necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Por su parte, el artículo 15 establece que la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente -que, sin duda, deberá ser reglamentada nuevamente a estos efectos- asesorará y cooperará con el Ministerio en la aplicación y cumplimiento de la ley.

Mientras tanto, el Capítulo II, artículos 16 y 17, establece la relación entre el FONAMA -Fondo Nacional de Medio Ambiente- y el desarrollo del sistema nacional de áreas protegidas. Asimismo, autoriza al Poder Ejecutivo a fijar precios para la prestación de los servicios por parte de los administradores.

El Capítulo III, artículos 18, 19 y 20 refiere a las sanciones y agravantes para éstas, así como a los decomisos no realizables.

Finalmente, el Capítulo IV, artículos 21 y 22, establece, por un lado -concretamente, en el artículo 21- la vigencia de las normas anteriores que hubiesen creado áreas naturales protegidas y, por otro, se deroga -en el artículo 22- una norma de la Ley Nº 16.320, del año 1992, según la cual estas responsabilidades se asignaban directamente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Por otra parte, señor Presidente, a los efectos de que conste en la versión taquigráfica -lo cual me parece muy útil- deseo señalar, más allá de que luego haré llegar el texto completo, que en este momento en nuestro país existen, aproximadamente, 26 ó 27 áreas naturales protegidas, cuya protección ha sido determinada por normas de diverso origen.

Así, entonces, tenemos desde leyes nacionales, como la Nº 12.096, de 1954, que crea el Parque Nacional Arequita, en el departamento de Lavalleja, hasta una resolución del Ministerio de Hacienda, de 1º de diciembre de 1921, que establece con este carácter un área especial en las islas fiscales del Río Santa Lucía y del Río Uruguay. Los ejemplos siguen y, podemos citar los siguientes: una ley de 1915 que establece el Parque Roosvelt y otra posterior que fija su nombre en 1945; resoluciones, aparentemente aprobadas por el Consejo Nacional de Administración en el año 1921, en torno al Parque Andresito; una ley de 1927, por la cual se declara Monumento Histórico y Parque Nacional a la Fortaleza de Santa Teresa; una ley de 1937, por la cual se declara también Monumento Histórico y Parque Nacional al Fuerte San Miguel; una disposición del año 1942 -que no hemos podido ubicar en forma concreta- que establece la reserva forestal del Cabo Polonio y Aguas Dulces; un decreto de 1966 por el que se establece Monumento Natural de Dunas al Cabo Polonio; otro decreto de 1966 que denomina Monumento Natural la Costa Atlántica y declara refugio de fauna la Laguna de Castillos; una ley de 1991, relativa al Parque Nacional y Reserva de Fauna y Flora del Potrerillo de Santa Teresa; una disposición del año 1992 relacionada con el bañado de Los Indios; una ley de 1946, respecto al Parque Bartolomé Hidalgo del departamento de Soriano; una ley de 1986, según la cual se designa como área natural protegida a la Quebrada de los Cuervos -precisamente, hoy recibimos en la Comisión de Medio Ambiente un folleto de la Intendencia de Treinta y Tres que hace referencia a un decreto municipal por el cual se crea el área protegida, pero en el que no se menciona la ley-; una ley de 1969, referida al Bosque Nacional islas del Río Negro; un decreto de 1977, vinculado al Parque Nacional Lacustre y área de uso múltiple de la Laguna José Ignacio, Garzón y de Rocha; el Decreto Nº 447 del año 1996, relativo al Parque Nacional de islas costeras; el Decreto Nº 680 del año 1990, referente a la isla de Las Gaviotas; una resolución sin número del año 1995, relacionada con el Parque Nacional, Isla San Gabriel; un decreto de 1978 sobre el Parque Anchorena y normas relativas al Parque Tomás Berreta, cuya forma y fecha de creación no hemos podido encontrar hasta el día de hoy. En verdad, ¡menuda tarea deberá enfrentar quien deba realizar un inventario y luego del análisis una propuesta de clasificación nueva de todas estas áreas!

La lista que he indicado abarca alrededor de 51.000 hectáreas, pero, en total, hay cerca de 300.000. Ellas caerían bajo esta genérica denominación de área con algún sistema de protección si se incorpora una parte adicional de los bañados del Este del país, zona cubierta bajo el Convenio Ramsar, declarada reserva mundial de la biósfera en el año 1986, la cual en este momento está siendo analizada a los efectos de establecer nuevos límites.

El grupo de trabajo que creó el Decreto Nº 81 del año 1991, luego en un decreto de 1992 hizo un intento de reagrupar y reclasificar otras áreas. Por ejemplo, en el área protegida de la Laguna Negra, incluyendo el espejo de agua, se suma el Parque Roosvelt, por alguna razón que no alcanzo a entender. Se agregan cerca de 39.000 hectáreas adicionales más otras 165.000 hectáreas en el área protegida de la Laguna Merín, incluyendo las islas fiscales del Río Santa Lucía dentro de ese mismo agrupamiento. Luego está el área protegida de la Laguna Garzón y de la Laguna de Rocha, con 20.850 hectáreas, incluyendo el espejo de agua. En otro agrupamiento nuevo, muy particular, se encuentran las islas fiscales del Río Uruguay. Asimismo, en el áreas protegida de Laguna de Castillos tenemos otras 30.850 hectáreas, incluyendo el espejo de agua, a la cual se suma el parque Andresito, también por alguna razón que desconozco. Grosso modo, señor Presidente, estamos hablando de unas 300.000 hectáreas pero, al día de hoy, no tenemos claro si en éstas están adecuadamente representados la totalidad de lo ecosistemas del país como para cumplir con los dos objetivos expresados.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - (Don Luis Brezzo). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - He escuchado atentamente la enumeración realizada por el señor Miembro Informante, y supongo que para ello se habrán hecho las consultas correspondientes, además de tener en cuenta las ya establecidas por ley o por decretos.

Probablemente, por su enorme extensión sea difícil de controlar, pero no oí ninguna referencia a los bosques de palmares, los cuales se están extinguiendo lentamente y se van a extinguir aun más. Esto es así, no porque no se reproduzcan -lo que ocurre constantemente- sino porque el ganado que allí pastorea se come la palmita apenas nace. Seguramente, con el tiempo esto va a determinar la extinción de un elemento muy característico del paisaje nacional. Supongo que la determinación de esta área será una tarea posterior. ¡Pero menuda tarea va a ser la de expropiar una extensión, presumo, muy grande de tierra!

Quería agregar esto como un detalle más, a los efectos de saber si el señor Miembro Informante pudo recoger alguna idea al respecto en las deliberaciones de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Puede continuar el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - No puedo responder enteramente la consulta del señor Senador Pereyra, pero puedo decir que varias zonas de los palmares están incluidas en algunas de las áreas protegidas que he mencionado. La idea es preservar pero, al mismo tiempo, buscar mecanismos de uso racional que permitan preservar y explotar, en la medida en que no puede incorporarse a las áreas naturales protegidas la totalidad de la extensión de los palmares. Se trata de una extensión muy grande y, curiosamente, como dicen algunos, va desde esta costa hasta el Pacífico, atravesando los Andes, y del otro lado del Atlántico, en una línea que atraviesa el continente africano. Si se traza esa línea, parecería como que a lo largo de una parte importante de estos continentes están estas palmeras, que han dado lugar a todo tipo de especulaciones, asociadas, por ejemplo, a rutas de tránsito de consumidores de butiá, quienes habrían ido dejando sembradas las palmeras. De todas maneras, este tipo de detalles empiezan a aparecer en el momento en que se examinan los valores de cada una de las áreas protegidas.

Quisiera cerrar esta presentación diciendo que este es un proyecto de ley al que la Comisión ha dedicado un enorme esfuerzo, a partir de una gran diversidad de textos y de propuestas, pero terminó optando por plantearlo en forma, de "ley marco" es decir, reglamentando lo básico y tomando las decisiones vertebrales, estimando que esta es tal vez la única forma de avanzar en la aprobación parlamentaria de algunas normas fundamentales en un área que es vital y que ha tenido un trámite bastante largo, que fracasó en el pasado. Diría que los fracasos están en proporción directa a la ambición de los proyectos; los muy ambiciosos y con vocación muy reglamentarista siempre fracasan. Los distintos miembros de la Comisión hemos dejado de lado propuestas específicas que nos parecían útiles a los efectos de intentar un texto lo suficientemente claro y breve como para asegurar un tránsito parlamentario adecuado.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Ante todo, quisiera aplaudir la iniciativa de la Comisión. Creemos que el tema de la defensa del medio ambiente es crucial para la humanidad y para el planeta, y el Uruguay no puede quedar fuera de la contribución natural que se debe hacer en esta materia.

Dentro de la defensa del medio ambiente -para nosotros se ha ido convirtiendo en un tema programático, aunque en su oportunidad fue electoral- debemos proteger una diversidad de áreas para que el ecosistema se mantenga como tal.

En nuestra opinión, este extenso estudio y trabajo que ha llevado a cabo la Comisión durante varios meses recoge muchas iniciativas. Algunas de ellas, inclusive, nos parecen bien importantes, como ser, la del señor Senador preopinante, la del señor Presidente del Senado o la del profesor Gelsi Bidart. Todas ellas se conjugan en un proyecto que nos parece bueno y que estimamos va por el camino correcto, no obstante lo cual vamos a proponer algunas modificaciones en determinados artículos. Sin perjuicio de ello lo vamos a votar en general, porque estamos absolutamente convencidos de que proteger las áreas naturales no sólo constituye una obligación de hoy, sino de futuro. El hombre es un presente y también un futuro y, por lo tanto, tiene que pensar en las nuevas generaciones. Estas áreas hacen al acervo nacional y a nuestra propia identidad, y las debemos conservar no sólo para cuidarlas y disfrutarlas ahora, sino también a partir de una visión de futuro, de solidaridad intergeneracional, para que otras generaciones, incluso las que todavía no nacieron, puedan gozar de ellas y de los ecosistemas naturales.

Naturalmente, una vez aprobado en las dos Cámaras este proyecto de ley, quienes lo vayan a poner en práctica tendrán una tarea engorrosa, entre otras cosas, porque comenzamos la labor sin recursos específicos y careciendo de un presupuesto que permita desarrollar una actividad como la que nosotros aspiraríamos. Independientemente de ello, estamos absolutamente convencidos de que debemos transitar legalmente a través de este proyecto de ley, y luego con la colaboración de los técnicos y directivos a quienes se encomiende esta tarea, encaminaremos por el buen sendero, en la idea de que nuestro país y el planeta, cuando conservan sus áreas naturales, sus ecosistemas, están preservando su propia vida, la de la humanidad y las generaciones que nos van a suceder.

Por lo tanto, felicitamos y aplaudimos esta iniciativa, aunque aclaro que esperamos poder discutir algunas incorporaciones que vamos a plantear.

Reitero, señor Presidente, que vamos a votar en general este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Si no se hace uso de la palabra se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º (Declaratoria de interés general). - Declárase de interés general la creación y gestión de un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, como instrumento de aplicación de las políticas y planes nacionales de protección ambiental:

A los efectos de esta ley, se entiende por Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, el conjunto de áreas naturales del Territorio nacional, continentales, insulares o marinas, representativas de los ecosistemas del país, que por sus valores ambientales, históricos, culturales o paisajísticos singulares, merezcan ser preservados como patrimonio de la Nación, aun cuando las mismas hubieran sido transformadas parcialmente por el hombre.

La creación del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas tiene por objeto armonizar los criterios de planificación y manejo de las áreas a proteger, bajo categorías determinadas, con una regulación única que fije las pautas de ordenamiento.

Decláranse de orden público las disposiciones legales relativas a la preservación, conservación, manejo y administración de las áreas naturales protegidas.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir en el siguiente:

"ARTICULO 2º (Objetivos). - Son objetivos específicos del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegi
das:

a) proteger la diversidad biológica y los ecosistemas, que comprenden la conservación y preservación del material genérico y las especies, priorizando la conservación de las poblaciones de flora y fauna autóctonas en peligro o amenazadas de extinción;

b) proteger los hábitat naturales, así como las formaciones geológicas y geomorfológicas relevantes, especialmente aquellos imprescindibles para la supervivencia de las especies amenazadas;

c) mantener ejemplos singulares de paisajes naturales y culturales;

d) evitar el deterioro de las cuencas hidrográficas, de modo de asegurar la calidad y cantidad de las aguas;

e) proteger los objetos, sitios y estructuras culturales, históricas y arqueológicas, con fines de conocimiento público o de investigación científica;

f) proveer oportunidades para la educación ambiental e investigación, estudio y monitoreo del ambiente en las áreas naturales protegidas;

g) proporcionar oportunidades para la recreación al aire libre, compatibles con las características naturales y culturales de cada área, así como también para su desarrollo ecoturístico;

h) contribuir al desarrollo socio-económico, fomentando la participación de las comunidades locales en las actividades relacionadas con las áreas naturales protegidas, así como también las oportunidades compatibles de trabajo en las mismas o en las zonas de influencia;

i) desarrollar formas y métodos de aprovechamiento y uso sustentable de la diversidad biológica nacional y de los hábitat naturales, asegurando su potencial para beneficio de las generaciones futuras".)

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Como el trámite de votación se llevó a cabo tan rápidamente, quisiera solicitar la reconsideración del artículo 1º a los efectos de solicitar una aclaración al señor Miembro Informante.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 1º.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Me gustaría preguntar al señor Miembro Informante acerca del alcance de un término que figura en el texto del artículo 1º, dado que me parece que ello clarificaría cuestiones que puedan surgir posteriormente. No creo que sea un asunto mayor, pero sí de precisión, que podría resultar beneficioso.

Creo que, en general, todos los señores Senadores han manejado información proveniente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay y de un centro de estudios de ciencias naturales, con algunas observaciones que
considero de recibo, pero que incorporarían modificaciones mayores.

En el inciso tercero de este artículo se habla del objeto de la creación del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, mencionándose la expresión "regulación única", la que me merece ciertas reservas, en el sentido de que una regulación única para todas las áreas naturales del país puede incorporar términos que luego dificulten la regulación específica, vía reglamento de algunas áreas. Me parece preferible hablar de regulaciones particulares, de acuerdo con determinadas categorías de manejo, que de regulación única.

No sé si el tema ha sido tratado con esa profundidad, y si la manera de considerarlo como regulación única contempla en parte o en todo lo que expresaba. Al final de esa frase, se habla de regulación única que fije las pautas de ordenamiento. Allí aparece una palabra que técnicamente -en la actualidad, en el manejo de áreas, sobre todo a nivel territorial- no es muy oportuna. Me refiero a "ordenamiento", antes de hablar de "acondicionamiento". El "acondicionamiento" es previo al ordenamiento; una vez realizado el primero, se procede a los ordenamientos. En la etapa de "acondicionamiento", se hace el deslinde, la calificación y clasificación de todas esas áreas que luego han de ser ordenadas.

Digo esto, porque en el artículo 7º se hace referencia a la selección y delimitación, que es otra expresión que no funciona técnicamente. Este inconveniente podría quedar subsanado si en vez de "ordenamiento", se utilizara el vocablo "acondicionamiento", que incluye el sentido del primero.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: desde ya solicito el apoyo de mis compañeros de Comisión para cubrir algunos de los elementos que planteó el señor Senador Segovia. Yo intentaré contestar algunos de ellos.

En primer lugar, la regulación única refiere a un único cuerpo de normas. Esta idea está asociada con la de sistema. Un sistema necesita de un único cuerpo de normas. Sin perjuicio de ello, y tal como se establece después, se fijarán las pautas relativas a cada una de las categorías, señalándose además que el Poder Ejecutivo podrá, inclusive, modificar el número de categorías a medida que el país vaya desarrollando experiencias de trabajo en la materia. Entonces, lo relativo a regulación única, en este caso, parece adecuado, porque a lo largo del texto queda muy claro que no se trata de una única norma para todas las áreas, sino de un único cuerpo de normas que luego, para cada una de las áreas, establece pautas específicas. Aclaro que este tema sobre la regulación única se discutió y se incluyó en el texto en ese entendido.

En cuanto al segundo de los temas que plantea el señor Senador Segovia, relativo a las pautas de ordenamiento, debo indicar que no se incluyó con esa dimensión técnica en el inciso tercero del artículo 1º. Lo que hace este inciso es plantear que, a partir de la creación de un sistema nacional de Areas protegidas, se buscará armonizar los criterios de planificación y manejo de esas áreas, refiriendo -bajo categorías determinadas, con un único cuerpo de normas- la palabra "ordenamiento", no tanto en el sentido técnico que le daba el señor Senador Segovia, sino al de "organización". Si efectuaramos la sustitución que plantea el señor Senador Segovia, incorporando el término "acondicionamiento", nos estaríamos introduciendo en un área técnica específica, que ya estaría predeterminando pautas que la Comisión no quiso incorporar en el inciso tercero del artículo 1º.

Este es mi recuerdo de la arquitectura del artículo, y pido a los compañeros de Comisión que, si hubiera algún criterio diferente o adicional, contribuyeran a su aclaración.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: deseo aprovechar esta oportunidad para dar mi opinión, ya que no pude
hacerlo en la discusión general porque tuve que retirarme un momento de Sala. Respondiendo la inquietud del señor Senador Segovia, trataré de describir cómo vemos funcionando este proyecto de ley.

Como bien decía el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold, la estructura de esta iniciativa es una estructura marco, por así decirlo, que fija pautas generales. Trata de crear un sistema que comience a ordenar las políticas que en materia de áreas naturales protegidas se están desarrollando. Se atribuyen competencias y se toman decisiones en una materia tan importante como ésta. Asimismo, se facilita un mecanismo para la adecuada protección de esas áreas. Sin embargo, se deja librado a la reglamentación primero, el funcionamiento específico de distintas partes del proyecto de ley. Inclusive, se autoriza al Poder Ejecutivo, por ejemplo, a ampliar las categorías de áreas naturales protegidas que se establecen, lo cual constituye una facultad muy importante. Pero, además, se establece que serán supervisados por la Administración los planes de manejo que se hagan para cada área específica. ¿Qué son los planes de manejo? Son los planes -como los llamaba el señor Senador Segovia- de acondicionamiento; esa es la base. El plan de manejo está constituido por un conjunto de elementos que determinan cómo habrá de hacerse, por ejemplo, en un predio particular que sea declarado área natural protegida, la explotación de los recursos naturales, y cómo se contribuirá a protegerla aun cuando esté bajo dominio privado. Evidentemente, estará sujeta a determinadas reglas, siempre que exista el consentimiento del particular, y si éste no lo da, entonces la Administración podrá adoptar las medidas indicadas a los efectos de proceder a su expropiación. La arquitectura es esa. No se trata de introducirse en el manejo concreto de cada una de las categorías: eso lo van a decidir los técnicos, la Administración, con el asesoramiento correspondiente de gente especializada.

Por tanto, lo que aquí se establece es el principio de que habrá un sistema nacional; cuatro categorías básicas de ese sistema que podrán ampliarse y una serie de procedimientos que habrá que cumplir tendiente a la protección. Hay un artículo específico, el 8º, que indica cuáles son las medidas de protección que se van a aplicar. Hay una extensa gama de medidas, y no todas se van a aplicar en todos los casos, sino que se adecuarán a la situación específica cuando se establezca un plan de anejo determinado.

Más adelante, seguramente tendremos oportunidad de referirnos al motivo por el cual no ingresamos más a fondo en la atribución de cometidos a los distintos organismos y por qué no nos introdujimos en la materia reglamentaria. Asimismo, también diremos por qué evitamos tratar un tema tan importante como es el relativo a los recursos con los que se solventarán los trabajos destinados a montar este sistema. Concretamente, chocábamos con dificultades para encontrar acuerdos a efectos de llevar adelante la propuesta.

Para terminar, deseo señalar -no sé si estará satisfecho el señor Senador Segovia- que hemos tomado una decisión en la Comisión -ya lo explicó el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold- que es la de asumir que debe haber un Ministerio competente en esta materia, es decir, el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Este debe conducir las políticas en este tema tan especial de las áreas naturales protegidas. Pero también adoptamos la decisión de que todas aquellas áreas naturales protegidas que actualmente están administradas, ya sea por dependencias de la Administración Central, por los Gobiernos Departamentales o por sectores privados, puedan ser mantenidas por estos para que, dentro del sistema, los actuales protagonistas de la protección sean los que continúen haciéndolo en el futuro.

Partimos de la base de conocer el hecho sustancial de que para transferir todo el paquete de responsabilidades, habría que montar un dispositivo burocrático, es decir, un aparato administrativo nuevo, lo que no sería correcto, porque estaríamos dedicando más tiempo al trabajo administrativo que a la labor específica de protección.

Por lo tanto, algunas de las reservas que el proyecto ha despertado, justamente en cuanto a que estas áreas no van a estar bajo la responsabilidad de la gente más competente, creo que se aclaran rápidamente diciendo que dichas responsabilidades serán de los más competentes, y que los que actualmente las desempeñan podrán seguir haciéndolo siempre que se pruebe que lo hacen mejor que otros.

Este es el tema central en materia de la competencia, y sé que al respecto hubiera cabido una discusión general, pero lo quiero dejar sentado como criterio, no salomónico sino práctico y pragmático, con el fin de tomar una decisión en un tema que ha llevado dos años y medio de análisis y discusiones y sobre el que la Comisión ha escuchado a todos los organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales.

Me parece que la ley es buena como marco, aunque deberá ser complementada, y que seguramente dará lugar a nuevas iniciativas cuando el tema adquiera un mayor desarrollo. Sobre este tema hemos asistido a un debate público que tuvo gran relevancia, organizado por PROBIDES, en el que la opinión mayoritaria de la gente que se preocupa por esta materia es que necesitamos un marco legal, que ello debe alcanzarse pronto, que su desarrollo y complementación vendrán después, y que será un punto de arranque respecto a un asunto en el que los esfuerzos son ahora sectoriales, referidos a la Administración Central en unos aspectos y a los Gobiernos Departamentales en otros.

Sin embargo, lo más importante que quiero trasmitir a los señores Senadores es que existen áreas naturales que actualmente no están protegidas y que sólo la creación de un sistema como éste puede dar lugar a que el interés que ya tienen, tanto la población de esas zonas, como los Gobiernos Departamentales correspondientes, se pueda encauzar rápidamente.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Simplemente, quisiera completar la idea que se ha manejado respecto a la existencia de un único cuerpo de normas. Creo que ello es adecuado para el procedimiento, y me queda claro que el uso de una regulación única cubre las expectativas que tenía con respecto a esa redacción.

No es mi intención entorpecer la labor del Senado ni tampoco la votación de esta iniciativa, pero las explicaciones que se me han brindado, existe una autoridad competente que en determinado momento definirá un área de protección y tendrá que deslindarla a efectos de ubicarla con corrección y clasificarla. Precisamente, todo eso es el acondicionamiento, y por ese motivo la palabra "acondicionamiento" debería sustituir al vocablo "ordenamiento", porque la primera lo incluye. Reconozco que éste es un argumento que pude dar lugar a una discusión mayor que, reitero, no quisiera desarrollar en este momento porque también entiendo perfectamente que las garantías de ese manejo van a estar de parte de la autoridad que con competencia reglamente el trabajo a posteriori. Además, es una discusión que reviste características técnicas, ya que en este momento los ordenamientos territoriales han sido sustituidos por los acondicionamientos territoriales, que incluyen a los primero. Esto está incorporado, en nuestro sistema, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; obviamente, si se maneja este criterio, deberá ser Ministerio de Vivienda, Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente, lo que le otorgaría una mayor profundidad en cuanto a sus potestades.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - La Mesa consulta al señor Senador si está proponiendo concretamente la sustitución de la palabra "ordenamiento" por "acondicionamiento", ya que si fuera sí cedería la palabra al señor Miemrbo Informante.

SEÑOR SEGOVIA. - Considero que con la incorporación de esa palabra, el artículo tendría más sustancia, ya que abarca todos los conceptos que se nos han expresado. De todos modos, reitero, no es mi intención entorpecer la discusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - ¿La propuesta del señor Senador es agregar la palabra "acondicionamiento"?

SEÑOR SEGOVIA. - No, señor Presidente; propondría sustituir "ordenamiento" por "acondicionamiento".

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Siempre me ha impresionado la precisión con que el señor Senador Segovia maneja los términos que tienen que ver con su profesión y éste, en particular, me impacta. Lo que sucede es que tengo la sensación de que el sentido de la inclusión de la palabra "ordenamiento" es comprendido por el común de los ciudadanos en forma mucho más directa que el término "acondicionamiento", que podría implicar otros conceptos para un ciudadano no versado en esta materia. En la medida en que están dadas las garantías que señala el señor Senador Segovia en los procedimientos que luego se establecen en el proyecto, si dejamos la palabra "ordenamiento" en este tercer inciso del artículo 1º, podremos perder algo en precisión técnica en cuanto a la materia específica, pero creo que ganaríamos en claridad, por lo que preferiría mantener ese término. Reconozco que no he podido consultar al resto de los miembros de la Comisión, pero siento que la palabra "acondicionamiento" sin la explicación que ha dado el señor Senador Segovia, podría conducir a confusiones en relación con el inciso tercero. Obviamente, dadas las explicaciones, las confusiones se levantan o desaparecen. En ese sentido, creo que el texto buscó claridad y en la medida en que, reitero, están dadas las garantías, tal vez sea mejor dejar la palabra "ordenamiento", y eso es lo que en definitiva sugeriría.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con el texto venido de Comisión.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Se va a votar nuevamente el artículo 1º.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 2º ya había sido puesto en consideración. Corresponde votarlo. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Artículo 3º (Categorías). - El Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas estará integrado por las áreas que sean clasificadas en las siguientes categorías de definición y manejo:

a) Parque Nacional: aquellas áreas donde existan uno o varios ecosistemas que no se encuentren significativamente alterados por la explotación y ocupación humana, especies vegetales y animales, sitios geomorfológicos y hábitat, que presenten un especial interés científico, educacional y recreativo, o comprendan paisajes naturales de una belleza excepcional.

b) Monumento natural: aquella área que contiene normalmente uno o varios elementos naturales específicos de notable importancia nacional, tales como una formación geológica, un sitio natural único, especies o hábitat o vegetales que podrían estar amenazados, donde la intervención humana de realizarse, será de escasa magnitud y estará bajo estricto control.

c) Paisaje protegido: superficie territorial continental o marina, en la cual las interacciones del ser humano y
la naturaleza, a lo largo de los años, han producido una zona de carácter definido, de singular belleza escénica o con valor de testimonio natural, y que podrá contener valores ecológicos o culturales.

d) Sitios de protección: aquellas áreas relativamente pequeñas que poseen valor crítico, dado que:

- contienen especies o núcleos poblacionales relevantes de flora o fauna;

- en ellas se cumplen etapas claves del ciclo biológico de las especies;

- tienen importancia significativa para el ecosistema que integran; o,

- contienen manifestaciones geológicas, geomorfológicas o arqueológicas relevantes.

El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, podrá ampliar las categorías establecidas en el presente artículo.")

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - No integro la Comisión y, por supuesto, no soy versado en la materia sino que me mueve la preocupación por todo el tema ambiental. Sin embargo, me han acercado exposiciones técnicas -que tal vez estén también en poder de otros señores Senadores- sobre el hecho de que la diferenciación de las categorías, si bien estaría coincidiendo con la manejada a nivel internacional en cuanto a su denominación, no incluiría el término de manejo, es decir, los objetivos de éste como elemento diferencial. Pregunto esto, para no votar sin recibir antes una explicación por parte de los integrantes de la Comisión. Quisiera saber qué fundamento puede existir en esta observación porque, aunque están bien denominadas las categorías, no se tomarían en cuenta los objetivos de manejo.

No se trata de que no vaya a votar este artículo, sino que, reitero, sólo pretendo estar informado al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo) - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Obviamente no se trata de categorías kantianas, sino que éstas refieren a grandes tipos de Areas Naturales. En primer término debemos decir que, en la medida en que existen países que han desarrollado un número mayor de categorías -especificando más los matices y diferencias que existen entre ellas, tanto en términos de manejo, como de definición, por ejemplo, sobre cuáles son los elementos decisorios para que un área esté en una categoría y no en otra- al reducir el número de categorías desaparecen muchas de esas diferenciaciones. Es por ello que considero que no se trata de categorías kantianas, sino de grandes tipos de agrupamientos.

En segundo lugar, se recomienda, en general, que cuando se empieza a trabajar con Areas Naturales Protegidas, se lo haga con un número reducido de categorías, que luego podrá ampliarse con el correr del tiempo, a medida que los países vayan adquiriendo experiencia al respecto.

En tercer término, se han establecido algunos elementos que contribuyen a aclarar la definición que aquí se incorpora para las cuatro categorías de "Parque Nacional", "Monumento Natural", "Paisaje Protegido" o "Sitio de Protección". Sin embargo, en ningún caso se dan los elementos de manejo o de gestión específica, que serán definidos posteriormente. Así, se dice que el Ministerio deberá definir -como parte de la política general- las pautas de manejo para cada una de las categorías, con carácter general.

Hay un ejemplo, que en determinado momento me hizo dudar, y que tiene que ver con literal d). Cuando se inició el debate sobre el "Sitio de Protección", lo que más me impactó fue el ejemplo que se dio en cuanto a que hay determinadas aves que todos los años eligen una pequeña laguna, de apenas un par de hectáreas, para quedarse durante su proceso migratorio. Esa pequeña laguna es un eslabón fundamental en la cadena vital de esa especie y, en consecuencia, de todas las demás. Sin embargo, a veces cambian de laguna, yendo a otra a un kilómetro de distancia. Es por esto que tengo dudas sobre si la categoría "Sitio de Protección" -además de todos los elementos que aquí se detallan- no requeriría alguna definición de manejo o de gestión, como las que reclama el señor Senador Sarthou. Digo esto en función del ejemplo que acabo de dar por cuanto, con el correr del tiempo, tal vez tengamos que cambiarla o ampliarla. Sin embargo, decidí aceptar esta redacción tal como está, porque distingue las categorías con claridad, sin excluir que en la elaboración de las pautas de manejo se establezcan, en profundidad, puntos como éste, que no estaban cubiertos, y que son tan esenciales para definirlas.

En resumen, debo decir que la pretensión no es excluyente ni pretende agotar los elementos de manejo, que quedan reservados para los planteamientos que deba hacer el Ministerio al respecto sino que, fundamentalmente, tiene que ver con los elementos de definición. Además, técnicamente esto es adecuado ya que, a medida que vayamos aprendiendo sobre las áreas, tendremos que retroalimentar o realimentar los planes de manejo y modificar conceptos que hoy parecen válidos y que tal vez, si profundizamos, no lo sean.

Un ejemplo clásico de esto es el de la forestación costera en el Uruguay. Hubo una época en que quienes querían proteger el medio ambiente -los ecologistas de la época- consideraban que había que forestar la costa estableciendo barreras naturales, con el fin de detener las dunas. Actualmente, se considera que esa forestación costera es profundamente dañina en muchos ecosistemas. Hace 30 años eso no se sabía y uno de los problemas que se dan en el Cabo Polonio tiene que ver con una decisión tomada por gente muy bien intencionada, que no contaba con los conocimientos técnicos de que hoy disponemos.

Por lo tanto, pienso que incluir los temas de gestión en el proyecto de ley puede ser un exceso.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Debo decir que me parece razonable la explicación. Reitero que mi pregunta no estaba dirigida a objetar el artículo, sino a obtener un mayor conocimiento. Mi duda se refiere al hecho de que en el literal b) se incluye algo de manejo. Aquí se indica un control sobre la intervención humana, que no aparece en las otras categorías. Sin embargo, entiendo que puede resultar inconveniente fijar acá algo que la reglamentación puede desarrollar de manera más adecuada.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Considero que es pertinente ampliar un poco la cuestión, porque a los miembros de la Comisión han llegado observaciones con relación a las categorías establecidas e, inclusive, a las que no estarían comprendidas en ellas, citando planteos de organizaciones internacionales.

El artículo está concebido definiendo cuatro áreas. Sobre tres parece no haber problemas, ya que hay acuerdo en torno a ellas; pero la cuarta, "Sitios de Protección", puede plantear divergencias. Sin embargo, a los efectos de poder facultar a quienes conocen científicamente el planteo, el último literal da al Poder Ejecutivo la posibilidad de ampliar las categorías establecidas, a iniciativa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Es decir que el Legislador no se ha introducido en una materia en la que no puede hacerlo sino a riesgo de equivocarse y, obviamente, trata de hacerlo lo menos posible. Aquí, los técnicos van a poder intervenir directamente, porque tienen competencia para ello, dado que están involucrados en la materia y el artículo está pensado en forma flexible. Es posible que hoy existan seis áreas o categorías, cuya forma de manejo establecen los organismos internacionales. Sin embargo, si se avanza en la materia, dentro de 10 años tal vez haya ocho o diez categorías. Ahora bien; como lo que desea el Legislador es establecer un marco dentro del cual se pueda actuar, se ha planteado el asunto de esta forma, sin cerrarlo definitivamente a fin de no tener que elaborar otra ley que modifique esta estructura.

SEÑOR GARCIA COSTA. -Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Con relación al último inciso del artículo 3º que mencionaba el señor Senador Gargano, debo decir que me merece algún cuestionamiento. Como se acaba de explicitar ahora, el mismo implica que el Poder Ejecutivo puede ampliar las categorías lo que, desde el punto de vista de la mecánica general de la ley, parece intrascendente en el sentido estricto de la palabra. No va a causar daños a la arquitectura de la ley, sino que la va a completar. Sin embargo, estoy pensando en los que van a sufrir las consecuencias de esa actitud. Recordemos: el artículo 6º hace que esos predios sean pasibles de ser expropiados; el artículo 7º instituye una serie de normas que el Poder Ejecutivo podrá determinar si son aplicables a esos predios.

Por todo ello es en este punto donde tengo dudas. No creo que el Poder Ejecutivo, simplemente a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pueda aumentar las categorías con las consecuencias que ellas implican. Hasta ahora, cualquier ciudadano con alguna porción de campo que estuviera en esta circunstancia sabría, de aprobarse las categorías del artículo 3º, a lo que se podía atener. De ahora en adelante -tal como lo expresó el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold- el Poder Ejecutivo podrá incluir otras cuatro categorías y mañana los organismos internacionales -que trabajan mucho y muy bien en esta materia- podrán también pedir se introduzcan seis o más.

Frente al texto legal, debemos preguntarnos si es posible que las obligaciones que tendrán los propietarios de los predios afectado, sean establecidas meramente por decisión administrativa del Poder Ejecutivo. Por ello propongo se elimine este último inciso del artículo 3º. Si algún día nuevas categorías se crean, aparecen o se hacen necesarias -seguramente podrá ser así- el Parlamento estudiará otro proyecto de ley que permita aumentarlas; pero de hacerlo así, atenderemos y respetaremos los derechos de los propietarios de predios que, no será meramente por disposición del Poder Ejecutivo, que se enfrentan esa circunstancia. Por más que el objetivo sea compartible, hay un muy notorio traslado de competencias de la esfera legal a la administrativa, que no creo sea procedente.

No estoy diciendo que el hecho de no facilitar el aumento de estas categorías haga desaparecer tal posibilidad; simplemente digo que, para hacerlo, tiene que intervenir el Poder Legislativo mediante la ley, porque estamos afectando claramente los derechos de los propietarios de esos predios. Se argumentará que es para bien, y no tengo la menor duda de ello, pero ello no impide que se deba establecer por ley y no por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Por las razones señaladas, formulo moción para eliminar el último inciso del artículo 3º. Cuando sea el momento oportuno y el Poder Ejecutivo tenga experiencia, se podrán ampliar las categorías pero mediando texto legal.

Si mis argumentos no han sido suficientes para cambiar la propuesta de los miembros de la Comisión, me permito indicar que habría que explicitar a qué categorías se refiere. He oído largamente que se trata del número de las categorías, pero claramente se puede interpretar que son las actualmente enumeradas las que se podrán ampliar y cada una de ellas podrá tener así un contenido mayor. Si es como se interpreta en la primera forma habrá que establecerlas así.

Insisto en que, por las razones antedichas, preferiría eliminar el último inciso dejando a salvo las facultades futuras que el sistema nacional le otorga al Poder Legislativo en toda materia de este tipo.

Nada más, nuchas gracias.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - A lo ya expresado por el señor Senador García Costa, voy a incorporar algún elemento, anunciando desde ya que comparto su opinión y la inquietud que ha manifestado sobre el tema.

Quisiera agregar que en este último párrafo se habla de la propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, aparentemente, no coincidiría con las potestades que éste tiene en el sentido de operar en este tipo de situaciones ya que, por vía de interpretación, en la Ley Nº 16.320, que está incorporada a los antecedentes del articulado, se dice que dentro de los cometidos asignados al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, no se encuentran comprendidas la formulación y ejecución de las políticas relativas a los recursos naturales renovables, así como la delimitación, manejo y administración de áreas protegidas y parques nacionales.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SEGOVIA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Es exacto lo que dice el señor Senador, pero ocurre que el último artículo del proyecto de ley deroga la disposición que refiere a áreas naturales protegidas y deja subsistente todo lo atinente a los recursos naturales renovables para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hace una distinción muy clara y la disposición sólo deroga lo que dice relación con las áreas naturales protegidas.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Puede continuar el señor Senador Segovia.

SEÑOR SEGOVIA. - Agradezco la información del señor Senador Gargano.

Por otra parte, manifiesto la misma inquietud que el señor Senador García Costa en cuanto a la posibilidad de derogación de esta última parte, que allanaría términos como, por ejemplo, el de ampliar las categorías y, además, lo relativo a la posible superposición de competencias entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con respecto al manejo de un área territorial, de la que esa Cartera hace uso en gran proporción, en el país.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: a raíz de las intervenciones anteriores, se me plantean algunas interrogantes que creo podrían figurar entre las respuestas que el señor Miembro Informante tendrá que dar a puntos de vista que he escuchado, en particular del señor Senador García Costa.

Hablo de interrogantes porque, en mi opinión, el inciso cuya eliminación propone el señor Senador García Costa -que, como sabemos, establece que el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, podrá ampliar las categorías establecidas en el presente artículo- tiene una clara conexión con algunas de las disposiciones contenidas en el artículo 8º y, particularmente, con el artículo 9º, cuyo "nomen juris" es "Oferta de venta". En el artículo 9º se dice: "Cuando los padrones a que se refiere el artículo 7º de la presente ley, sean de propiedad privada, previamente calificados, antes de ser enajenados, deberán ser ofrecidos al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente", etcétera. En el siguiente inciso, se agrega: "Expresada la voluntad de aceptación de la oferta, el Estado dispondrá de un plazo de no más de 360 (trescientos sesenta) días para la concreción de compra." Supongo que aquí se referirá a la concreción de la compra, que es la expresión más adecuada.

Mi reflexión consiste en que, como se pueden ampliar las categorías, la combinación del último inciso del artículo 3º y lo que en alguna medida se dispone en el artículo 8º, pero especialmente en el artículo 9º, podría implicar un mecanismo que, sin decirlo expresamente, signifique la prohibición de una enajenación hecha por acuerdo de partes -digamos- para convertirse en una expropiación. No estoy en contra de las expropiaciones, y me parecen muy oportunas y eficaces las disposiciones que en este sentido prevé la Constitución de la República; no obstante, creo que siempre puede existir el riesgo de que se trate de una solución legal cuyo final no esté demasiado bien aclarado, en tanto y en cuanto, a la luz del artículo 9º, no se sabe qué ocurre cuando se expresa la voluntad de compra por parte del Estado y su concreción, y si a partir de ese momento hay que manejarse con las normas constitucionales relativas a la expropiación y establecidas en el artículo 32 de la Constitución, porque no creo que sean de aplicación los artículo 231 y 232, que tienen que ver con otras cosas.

Por lo tanto, no sé si no convendría hacer alguna referencia -quizá entre paréntesis- a la norma constitucional pertinente porque, reitero, salvo que esté muy equivocado -confieso que no he profundizado en la lectura del texto- tengo la impresión de que falta aclarar algo que se puede plantear con gran frecuencia, ya que este último inciso del artículo 3º delega en el Poder Ejecutivo la posibilidad de ampliar las categorías enumeradas.

Quizá deberíamos tener presente algunas de estas cosas, tanto en el momento de analizar si se suprime o no este inciso, como cuando se entre a considerar el artículo 9º.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Señor Presidente: sabido es que este tema fue muy discutido en la Comisión que, cono se recordará, contó con el asesoramiento de uno de los abogados del Ministerio.

Luego de evaluar una serie de opciones sobre cómo había que categorizar, en la Comisión entendimos que esta podía ser una muy buena forma de contemplar todas las opiniones que había sobre la manera de categorizar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas.

Bueno es decir, también, que comenzamos a estudiar este tema a través de un proyecto de ley que recibió la aprobación del Senado -seguramente los señores Senadores que integraron la anterior Legislatura lo recordarán- en el que las categorías eran más generales, puesto que sólo se determinaban tres. Esto, digamos, estaba un poco alejado de lo que de alguna manera queremos definir o especificar como categoría.

El estudio de lo que se votó en 1994 -que no llegó a tener el rango de ley y por lo tanto caducó- y dio origen a esta iniciativa, así como de la que presentaron conjuntamente el señor Presidente del Senado y el señor Senador Fernández Faingold, insumió gran parte del trabajo de la Comisión.

Entiendo que el último inciso del artículo 3º no supone una ampliación de áreas no contempladas, sino una especie de redefinición de las categorías que, por su propio contenido, a su vez se subdividen para formar otras categorías. El temor justificado que puede haber -aclaro que no estoy minimizando los argumentos hechos por los señores Senadores García Costa, Segovia y Ricaldoni, ni tampoco la importancia del tema- es si se subdividen aun más las categorías planteadas aquí. El señor Senador Fernández Faingold hablaba de diez categorías y no se trata de que haya algo que no contemplemos, sino de que se subdividen más algunas áreas ya identificadas. Sinceramente, no creo que pueda haber nuevas áreas.

Quizá podamos mejorar el texto de este inciso final, a los efectos de dar un poco de tranquilidad. El espíritu es conceder al Poder Ejecutivo la potestad de redefinirlas y, si entiende necesario, subdividirlas. Por supuesto que al hacer esto último, ampliará el número de categorías, pero no la cantidad de áreas a proteger.

Pienso que lo que básicamente se define como áreas a proteger está contemplado en el universo de lo que buscan proteger las organizaciones ambientalistas. Ahora bien, estas organizaciones internacionales han variado mucho este tipo de categorización. Por lo tanto, es muy difícil elaborar algo que resulte lo suficientemente rígido cuando se tiene que ir para adelante y para atrás. Las nuevas recategorizaciones llevan a que se reflexione, e inclusive, a que se vuelva unos pasos hacia atrás en función de que algo fue mal implementado.

El espíritu de la Comisión ha sido dar flexibilidad al Poder Ejecutivo para que redefina la forma en que se deben agrupar las áreas a proteger. Esto es mucho más que decir mañana que vamos a proteger un área no contemplada.

Entonces, para mayor tranquilidad de los señores Senadores, propondría dejar pendiente este último inciso del artículo 3º, a los efectos de que la Comisión pueda tener tiempo de encontrar una mejor redacción, de modo de dar la suficiente libertad al Poder Ejecutivo, pero garantizando que esto no pueda implicar nuevas categorías, que sí creo es un tema que debe ser regulado por ley. Tal vez deberíamos marcar la diferencia en cuanto a dar la potestad al Poder Ejecutivo de redefinir las categorías que están planteadas, pero condicionando a que este otro tema -que sí puede ser motivo de preocupación para algunos señores Senadores- sea contemplado por vía de la ley.

En resumen, propongo avanzar votando las categorías que ya están, y dejando pendiente el último inciso del artículo 3º, de modo que podamos articular un texto que pueda dar garantías a quienes han expresado sus dudas al respecto.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - No tengo duda de que no nos conviene dejar una norma legal que evidentemente pueda ser objetada por inconstitucional; en este sentido, el planteamiento formulado por el señor Senador García Costa, me parece muy claro. El artículo 32 de la Constitución de la República establece que nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad, sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por ley; esto significa que los contenidos de esa necesidad o utilidad públicas deben resultar de la ley y no de una delegación que se hace al Poder Ejecutivo para que los pueda establecer. La expresión "ampliar las categorías" significa la posibilidad de crear situaciones que tendrían que ser de necesidad o utilidad públicas.

Me parece clara la razonabilidad y la intención de este último inciso, en el sentido de dividir o redefinir categorías, pero pienso que su formulación es evidentemente inconstitucional, porque por vía de decreto no se puede reglamentar un derecho. Digo esto porque el artículo 32 es un derecho y ello es reserva de la ley que, a su vez, no puede delegar.

Creo que la propuesta del señor Senador Heber en el sentido de dejar este tema en suspenso para ver si se encuentra una solución, sería lo mejor, porque cualquiera que se pudiera ver afectado tendría buen éxito en un reclamo de inconstitucionalidad contra este texto, de acuerdo con los fundamentos que expresaba el señor Senador García Costa y que yo comparto.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Creo que deberíamos pasar a votar por incisos este artículo 3º.

No estoy en contra de que en este último inciso se establezca, por ejemplo que el Poder Ejecutivo podrá redefinir e incorporar nuevas categorías a las establecidas en el presente artículo. Pienso que hay que darle flexibilidad al Poder Ejecutivo, porque aquí no estamos expropiando nada, sino categorizando. Por lo tanto, lo que establece la ley es simplemente una posibilidad de compra por parte del Poder Ejecutivo. También creo que hay que darle flexibilidad porque, de lo contrario, lo que no se canaliza por un sitio se termina haciéndolo por otro, y si una categoría no se establece y hay ecologistas y ciudadanos que quieren defender un ecosistema, van a ir a las Juntas Departamentales a pedir que se defina una; en ese caso, en lugar de un ordenamiento vamos a tener un desorden ambiental.

Me parece que este es un buen proyecto, a pesar de que propondré algunas correcciones.

Reitero que mociono para que pasemos a votar por incisos, salvo el último, cuya votación podríamos postergar hasta que lleguemos a un acuerdo en su redacción. Repito que aquí no estamos haciendo ninguna expropiación, sino otorgando un derecho de compra, con lo que estaríamos dando cierta flexibilidad al Poder Ejecutivo en un tema que es muy dinámico, enormemente complejo y en el que es muy difícil que el Parlamento pueda definir en un cien por ciento las categorías, a riesgo de que dentro de tres días se amplíen en sus contenidos o en otras nuevas.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra..

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Tengo la impresión de que las reflexiones que está haciendo el señor Senador Michelini no son exactas. Digo esto porque en el inciso final del artículo 3º no existe esa escapatoria a la que alude por la vía de las autoridades departamentales. Como el artículo 4º dice: "de conformidad con lo dispuesto por la presente ley", no puede incorporarse nada que no pertenezca a las categorías que están establecidas en el artículo 3º. Me parece, entonces, que esa argumentación habrá que descartarla como elemento de juicio con relación al último inciso de este artículo.

Igualmente, creo que la referencia que hizo el señor senador Ricaldoni al artículo 9º -que para mí es válida- no es la única a tener en cuenta. El inciso final del artículo 3º involucra los artículos 9º -que no lo mencioné inicialmente y lo agregó con razón el señor senador Ricaldoni- el 6º, citado también por el señor Senador Sarthou, e igualmente el 7º, que abarca una gama de obligaciones que resultan para los propietarios de esos predios. Estas obligaciones son de recibo y estoy dispuesto a votarlas, pero eso no quiere decir que para su aplicación tengamos que abrir un cauce sin limitación en cuanto a las categorías. Si en el día de mañana la experiencia lo hace necesario, el Poder Ejecutivo o integrantes de este Poder Legislativo pueden tomar la iniciativa para ampliar las categorías, pero en ese caso, ambos colegisladores sabrán concretamente lo que involucran en expropiaciones eventuales y en las obligaciones que tienen consecuencias gravosas para el propietario del bien.

En cuanto a las reflexiones sobre la necesidad y la urgencia, creo que el marco general ya está establecido y prácticamente todos lo vamos a votar -con pequeñas modificaciones- ya que es suficiente como un enorme primer paso que dará el país; si luego hay que dar otros, lo haremos, pero sin lesionar aspectos constitucionales que hay que proteger.

Como decía el señor Senador Sarthou, no se trata de la buena voluntad que podamos tener, sino de que es materia de la ley. En este artículo 3º, en su último inciso, no es la ley sino el Poder Ejecutivo el que podrá establecer qué predios hoy no incluidos podrán ser sometidos a expropiación. Pienso que esto es un error que no traerá un buen resultado y sí entorpecerá -aunque no en términos gravosísimos- la aplicación de la ley.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - El artículo 6º del proyecto dice, entre otras cosas: "Declárase de utilidad pública, la expropiación de aquellas áreas que reúnan las condiciones establecidas en el presente Título". Sin embargo, habrá un área que no figurará en el presente Título porque va a ser declarada por el Poder Ejecutivo. Esto tiene que ver con la expropiación, porque el artículo 6º está declarando de utilidad pública determinadas áreas -lo que está bien- pero hay otras que se dejan diferidas al Poder Ejecutivo lo que, a mi entender, no es correcto.

Tratamos de evitar posibles impugnaciones, porque pensamos que cualquier reglamentación de los derechos individuales tiene que ser hecha por ley. No queremos crear un precedente, porque si hoy admitimos que puede ser reglamentado por el Poder Ejecutivo este derecho de propiedad, mañana puede hacerlo con la libertad de expresión o con cualquier otro derecho.

En realidad, mis palabras vienen a colación de ese concepto relativo a cómo se reglamentan los derechos individuales. El derecho de propiedad es un derecho como cualquier otro y tiene que ser reglamentado por ley.

En síntesis, el artículo 6º nos motiva a preferir la posición que sostenía el señor Senador Heber en el sentido de buscar una solución para este inciso.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: el artículo 32 de la Constitución de la República dice que "Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley", por lo que si tomamos la norma a texto expreso, los padrones deberían ser enviados al Parlamento para poder realizarse la expropiación. Se dice que esto debe figurar en la ley, pero en el artículo mencionado no existe ningún padrón, sino que se indican categorías y luego se estipula en la ley que ellas tienen utilidad pública. Entonces, se señalan estas categorías y después el Poder Ejecutivo podrá ampliarlas, porque siempre venimos de atrás con respecto a este tema.

A este respecto, no veo que exista ninguna inconstitucionalidad, ya que estamos elaborando una ley que pasa por las dos Cámaras y se vota. Creo que puede ser muy justificada la interpretación que hacen algunos señores Senadores, pero si nos ceñimos estrictamente al texto, cada expropiación debería pasar por el Poder Legislativo.

A la hora de diseñar un marco, creo que, como Legislador, tengo justo derecho de decir que pueden haber otras categorías, que el Poder Ejecutivo puede ampliarlas y redefinirlas.

En ese mismo marco, bajo estos conceptos, se pueden hacer las expropiaciones. No estamos hablando de expropiar una fábrica y tampoco tiene nada que ver el tema de la libertad de prensa, ni que por esta ley se puede expropiar un medio de comunicación. Estamos hablando de ecología, del medio ambiente, del que venimos siempre de atrás; en este sentido, estamos dando al Poder Ejecutivo una potestad especialísima para que pueda ampliar, redimensionar, redefinir e incorporar los elementos nuevos si existen omisiones. Tal como decía el señor senador Gargano, siempre que nos introducimos en este terreno pueden existir omisiones. Si se quieren tener mayores garantías, se puede pedir el fundamento correspondiente.

En síntesis, respeto las interpretaciones que se han hecho, pero solicito que se respete la nuestra.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: tal como lo señalaba el señor Senador Heber, este fue uno de los temas más discutido a nivel de la Comisión, que actuó con mucho tiento con respecto a este asunto.

En primer lugar, partió del supuesto básico de que el Estado no tiene recursos para expropiar a diestra y siniestra.

En segundo término, se habló de que es menester que también el sector privado se haga cargo de participar en la protección de estas áreas.

Por mi parte, entiendo el argumento de carácter constitucional que mencionaba el señor Senador García Costa y al que también hacía alusión el señor Senador Sarthou, pero me inclino más por la interpretación que hacía el señor Senador Heber.

Si se lee con atención el apartado d), se observa que comprende prácticamente todas las hipótesis posibles de protección. Allí se hace referencia a "aquellas áreas relativamente pequeñas que poseen valor crítico, dado que contienen especies o núcleos poblacionales relevantes de flora o fauna; en ellas se cumplen etapas claves del ciclo biológico de las especies; tienen importancia significativa para el ecosistema que integran; o, contienen manifestaciones geológicas, geomorfológicas o arqueológicas relevantes." Quiere decir que se contempla un conjunto de aspectos que están contenidos dentro del mismo artículo.

Me inclino por el hecho de que nos demos un tiempo para poder estudiar el mecanismo a efectos de que se pudiera aprobar una disposición congruente, que no ofrezca resistencia desde el punto de vista constitucional. Digo esto en razón de que la Comisión se movió con mucho tiento en cuanto a las opciones que se dan. Se le permite al propietario plantear un plan de manejo y dirigir su propiedad bajo el régimen de su dominio, siempre y cuando acuerde con el Estado una forma de hacer la explotación del predio que contribuya a mantener esas características especiales que tiene.

En el caso de que no haya consentimiento, se da la posibilidad de que el Estado pueda hacer la expropiación. Además, luego se da un mecanismo a través del cual se hace la opción, que es similar al que existe actualmente y del que dispone el Poder Ejecutivo para el Instituto Nacional de Colonización. Se trata de una oferta de venta que se obliga a hacer y que el Poder Ejecutivo puede cumplir o no. Dicho Poder tiene 60 días para formular la opción y 360 para cumplirla; si no lo hace dentro de esos plazos no se puede llevar adelante la expropiación. A mi entender, estamos hablando de una serie de medidas que están muy bien pensadas a los efectos de proteger, tanto los intereses de los particulares como de la comunidad. Podríamos poner ejemplos, pero no quiero hacerlo, porque hay algunos exultantes. Si el Estado tiene que expropiar, no sé de dónde va a obtener los recursos, pero creo que sería un crimen para los ecosistemas uruguayos -y para todos nosotros y el sistema productivo- que éstos fueran destruidos. De pronto, los intereses privados, en función de una dirección equivocada, los podrían afectar.

Deseo plantear que se postergue el inciso último de este artículo, votar el resto de la norma y buscar una solución consensuada a través de la cual nos pongamos de acuerdo.

En ese sentido, creo que no habría dificultades.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Ha llegado a la Mesa una propuesta del señor Senador Heber en el sentido de que este inciso vuelva a Comisión; no obstante, el señor Senador Gargano acaba de proponer que se postergue este inciso.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: con relación al tema concreto del inciso, me da la impresión de que la solicitud de postergación no implica que éste sea devuelto a la Comisión, sino que ésta irá trabajando sobre él mientras se discute y se termina de votar el proyecto de ley.

En otro orden de cosas, creo que aquí se han debatido temas diferentes y me parece que todos tenemos conciencia de ello. Participo del criterio de buscar un texto que nos deje satisfecho a todos, aunque de alguna manera me alegra el hecho de haber usado la expresión de que éstas no son categorías kantianas, porque tan solo son tipos de categorías que, tal como han quedado redactadas, efectivamente, incluyen -y esto es lo más probable- todas las necesidades de protección. No podemos descartar -y no creo que esto pueda ser usado como pretexto- que aparezca la necesidad de proteger alguna categoría de cosas que hoy no imaginamos. Supongamos que en las áreas del territorio nacional donde aparentemente existe torio se descubre que éste tiene algún efecto sobre la ganadería de carne y que, en consecuencia, es preciso proteger determinada clase de áreas con relación a determinado tipo de producciones; eso no está previsto. Entonces, honestamente, no puedo asegurar al señor Senador García Costa que lo que hemos planteado aquí, por más que se han buscado definiciones de carácter genérico, cubre todos los aspectos y categorías. Si le quitamos el último inciso, lo más probable es que el poder administrador busque la manera de subdividir categorías, aludiendo a sitios de protección de tipo A, B, C o D. Con esto tampoco se ampara lo que quiere el señor Senador y que yo comparto. Entonces, reitero, busquemos la forma de redactar esta disposición de manera que nos deje satisfechos a todos.

Por otro lado, me parece que hay una reflexión que es necesario hacer. Las áreas protegidas no necesariamente van a cubrir la totalidad del territorio de las cosas que merecen ser protegidas. Uruguay es uno de los pocos países de la región que tiene prácticamente todo su territorio bajo explotación.

Por eso, debemos decir, en primer lugar, que queremos incorporar un sistema, una muestra representativa importante, seria -en el día de hoy hablamos de 300.000 hectáreas- de los principales ecosistemas que hay en nuestro territorio, a los efectos de preservar la diversidad biológica y, también, con el fin de encontrar las mejores formas de interacción entre el hombre y la naturaleza, para que se cumplan los objetivos productivos, de bienestar y de protección. Una vez que hayamos establecido áreas protegidas bajo administración y control estatal, en la medida en que nos hemos planteado entre los objetivos, por ejemplo, la preservación de las cuencas, al ir definiéndose, muchas áreas necesitarán tener determinado tipo de manejos, porque si esto no se hace de cierta manera, pasará a ser de interés público, por ejemplo para proteger una cuenca hidrográfica, la fijación taxativa de limitaciones. Puede ocurrir que un manejo descuidado en la cuenca del Río Cuareim -a la que tanto se ha referido el señor Senador Gargano- tenga efectos importantes muy lejos de la propiedad del señor que está manejando mal los recursos y que, de repente, no tenemos interés en transformar en un área protegida bajo administración estatal. Entonces, este hecho concreto de que lo que necesitamos proteger son categorías de cosas que aquí definimos en carácter genérico, a las que debemos adosar pautas de manejo para las que administre el Estado, pero también para aquellas que son propiedad de particulares. Hemos dicho que esto es de interés público y, al mismo tiempo, estamos diciéndole a quien, por ejemplo, está ubicado a determinada altura de un río, que no puede hacer lo que quiere, porque ese río lo siguen usando todos los demás. También le decimos a quien está parado sobre un recurso renovable que no lo puede utilizar de tal manera que le quite el carácter de tal o la posibilidad de renovarse. Del mismo modo que a quien se encuentra sobre un recurso no renovable le decimos que no lo puede usar como quiera. Estas son algunas de las definiciones gruesas en las que se basa esta ley, que ha buscado un equilibrio muy sensato. No hay que olvidar que esta es una materia en la que fácilmente se incurre en extremismos, ya que de un lado tenemos aquellos que dicen que no hay que tocar nada, que debemos ponernos el tapa rabos porque si lo cambiamos por el pantalón introduciremos cambios que quién sabe las consecuencias que van a tener en el ecosistema y, por otro, tenemos a quienes sostienen que lo más importante es aumentar la productividad física por hectárea, pase lo que pase con el sistema de aguas, con los suelos, etcétera. Este proyecto de ley procura establecer un sistema de áreas protegidas y tiene una muestra representativa de los ecosistemas del país, a fin de proteger la diversidad biológica y encontrar las mejores formas de producción. Actualmente, estas categorías cubren ampliamente todo lo que podamos imaginar y al Estado no le hacen falta más. Pienso que sería deshonesto de nuestra parte decir que nos quedemos tranquilos porque yo no sé si esto va a ser así dentro de quince días o quince años.

En cuanto al otro tema que planteaba el señor Senador Ricaldoni, debo decir que es cierto que aquí se dice -y no debe ser interpretado como una amenaza, sino como un mecanismo de protección a la comunidad- que el Estado puede comprar o no y, obviamente, no tiene interés de comprar todo y tampoco debe tenerlo. Precisamente es para eso que tenemos un sistema de áreas protegidas que abarca una muestra significativa. No obstante, lo que sí tiene derecho a decir el Estado es que quien se encuentra en un área de tales características tiene que aplicar determinadas pautas de manejo porque tenemos que legarle a nuestros hijos, por lo menos, lo mismo que poseemos nosotros y, por lo tanto, no lo podemos dilapidar. Creo que en este punto radica el tema central que se planteaba porque, ¿quién define dentro de las categorías cuáles son aquellas áreas a las que se les da este nombre y sobre las que se asume responsabilidad de protección? Evidentemente, es el Poder Ejecutivo. Quizás lo haga a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, probablemente, también deban firmar las otras Carteras. Pero, repito, eso debe hacerlo el Poder Ejecutivo y a partir de estos criterios que hoy parecen estar todos cubiertos por estas cuatro categorías pero que, en realidad, no sabemos si va a ser así. Creo que en lo que debemos fijar nuestra atención es en el proceso que aquí se establece. Si a medida que vayamos aprendiendo se define que es necesario complementar el sistema con nuevas categorías, el Poder Ejecutivo va a tener que encontrar la manera de hacerlo, a través del Parlamento o como sea y en esto, en lo personal, me avengo a buscar una redacción.

(Ocupa la Presidencia el doctor Hugo Batalla)

-Por otra parte, también puede ocurrir que se tengan que identificar áreas nuevas dentro de las categorías ya establecidas, que a los efectos del caso tiene la misma consecuencia, porque amplía las áreas. En este punto debemos tener cuidado porque las categorías están definidas y, por consiguiente, se está actuando estrictamente dentro de la ley y de la Constitución. Asimismo, deseo señalar que no quiero dejar el subterfugio como recurso y es por ello que debemos buscar una redacción y amparar en el resto del proyecto -me refiero al artículo 6º, al 8º y al 9º- la posibilidad de seguir definiendo la necesidad de incorporar áreas, la de plantear pautas de manejo y no dejar que los particulares hagan lo que quieran, aun cuando el Estado no esté directamente involucrado en la administración, ni siquiera a través de la expropiación. También tenemos que procurar la preservación de lo que, a mi juicio, es lo más importante de todo esto y lo que, desgraciadamente, el Uruguay no ha hecho hasta ahora. Nuestro país ha tenido hasta ahora aproximadamente 300.000 hectáreas dentro de este sistema y no ha trabajado en serio para lograr las mejores formas de explotación.

En ese sentido, el señor Senador Pereyra ha dicho que no puede ser que a esta altura no hayamos encontrado la
manera de definir el pastoreo en la zona de palmares sin destruir las palmeras.

Para concluir, quiero decir que, a mi entender, los artículos 6º, 7º, 8º y 9º constituyen un equilibrio muy bueno y muy importante que debemos preservar y que a este artículo 3º, en su inciso final, debemos darle una redacción, pero con el criterio de no empujar al Poder Ejecutivo a que recurra al subterfugio. Es decir que tenemos que encontrar una redacción que, al amparo de la norma constitucional, le dé cierta flexibilidad al Poder Ejecutivo.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: con mis palabras no voy a impedir que haga uso de la palabra el señor Senador Astori.

A mi juicio, este es un excelente proyecto de ley -aclaro que digo esto no para halagar a los señores integrantes de la Comisión ni al señor Miembro Informante en particular- y, realmente, me satisface estar discutiendo a este nivel sobre una iniciativa de esta categoría, que no merece que improvisemos en Sala algunas soluciones. Además, luego de escuchar nuevamente al señor Miembro Informante, reconozco que las apreciaciones que se han vertido en Sala me han parecido menos contundentes de lo que pensé en un primer momento.

En definitiva, mociono para que luego de escuchar las palabras del señor Senador Astori el Senado pase a cuarto intermedio hasta mañana a las 16 horas, a efectos de continuar con la consideración de este tema. Soy consciente de que alguno de los señores Senadores tienen compromisos impostergables en el día de mañana, a partir de las 20 horas, pero...

(Dialogados)

-Creo que lo más sensato es finalizar la sesión luego de que hable el señor Senador Astori y continuar mañana a la hora que he propuesto. Pienso que en esa instancia se podrá terminar sin problemas la consideración de este asunto.

Hago moción en este sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - La moción de cuarto intermedio no tiene discusión.

La Mesa entiende que sería deseable que esta moción se ajustara en conversaciones fuera de Sala entre los distintos sectores.

Tiene la palabra el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Personalmente, me gustaría hacer una brevísima reflexión sobre el tema que planteó el señor Senador García Costa que me parece es de una importancia inocultable, ya que aportó un punto de vista que no podemos ignorar y que, además, considerado convenientemente, podría mejorar sustancialmente el proyecto.

Me parece bien el acuerdo que se ha venido gestando, de hecho, en el sentido de buscar una nueva redacción que permita tener en cuenta el planteo del señor Senador García Costa. Efectivamente, pedí la palabra para hacer una propuesta acerca de esa redacción, de modo que cuando se tenga en cuenta nuevamente el problema pueda contribuir a buscar una salida a este evidente escollo que plantea la redacción del artículo 3º.

En mi propuesta, en primer lugar, el último inciso del artículo 3º quedaría tal como está, por una razón muy sencilla.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI. - No en este momento, señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Perdón, señor Senador. Simplemente, planteo a la Mesa lo siguiente: si mi moción no admite discusión, ¿cómo es que no se votó?

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa debe amparar al señor Senador Astori en el uso de la palabra. Al mismo tiempo, señala que el señor Senador Ricaldoni formuló una moción de cuarto intermedio para después que terminara de hablar el señor Senador Astori. En la medida en que se estaban buscando soluciones de otro orden, lo lógico parecía ser que se pusiera a votación la moción de cuarto intermedio, sin otro trámite, una vez que el señor Senador Astori terminara de manifestarse.

SEÑOR RICALDONI. - El hecho es que si el Senado se queda sin quórum, la sesión podría levantarse sin haberse fijado ninguna otra reunión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Todavía hay número en Sala, señor Senador.

Puede continuar el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Por mi parte, sabía que no debía conceder esta interrupción porque, al hacerlo, parecería que no hice ningún planteo.

De hecho, dejaría el último inciso del artículo 3º porque la eventual ampliación de categorías juega diversos posibles papeles en la ley, y no sólo el previsto en el artículo 6º, que es una posibilidad extrema de declaración de utilidad pública en caso de que se reúnan ciertas condiciones que dicha norma prevé. A mi juicio, toda la arquitectura del proyecto se beneficia con la posibilidad de ampliar categorías.

Mi propuesta, en segundo término, agrega al artículo 6º un inciso que dice lo siguiente: "En caso de que el Poder Ejecutivo proceda a realizar la ampliación prevista en el último inciso del artículo 4º, la declaración de utilidad pública de la expropiación de áreas incluidas en dicha ampliación deberá ser establecida por vía legal." Esto es, prevé la posibilidad que establece la Constitución de la República.

Señor Presidente: le concedo una interrupción al señor Senador García Costa, cuyas señas no interpreto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el señor Senador le concede la interrupción, podrá decírselo; si no le responderá con el silencio.

Puede interrumpir el señor Senador García Costa

SEÑOR GARCIA COSTA. - Quiero decir que, a mi juicio, el señor Senador Ricaldoni tiene razón, ya que planteó una moción de orden y la Mesa le dio la palabra al señor Senador Astori. Así, la moción de orden no se ha considerado. No quisiera pecar de interrumpir por mi parte...

SEÑOR ASTORI. - La moción de orden planteó el levantamiento de la sesión una vez que termine mi intervención.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Por qué no dejan que la Mesa dirija el debate? Si hay alguna objeción, se pueden efectuar los cuestionamientos del caso. No es bueno que cada señor Senador opine sobre temas acerca de los cuales deben decidir otros. De hecho, hay mecanismos reglamentarios que prevén el cuestionamiento de la actitud de la Mesa.

¿El señor Senador Astori, finalizó su intervención?

SEÑOR ASTORI. - En realidad, le quería conceder una interrupción al señor Senador García Costa pero, si él no desea hacer uso de ella, no voy a forzarlo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sin duda, siempre es posible hablar, señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Humildemente, agradezco a la Mesa la posibilidad que se me brinda.

Quería decir que la propuesta formulada por el señor Senador Astori termina por modificar apenas una de las objeciones que se hicieron.

En cuanto a la otra objeción, todos los señores Senadores deben tener delante el artículo 7º, por lo que podrán darse cuenta que involucra alrededor de ocho, nueve o diez obligaciones para los propietarios que entren en las categorías. Si bien, pues, la propuesta tiene la virtud de aliviar el tema de la expropiación, no hace lo mismo en relación con el artículo 7º.

Además aprovecho esta circunstancia para plantear lo siguiente, relativo a algo que se dijera en el debate. Si el objetivo de la ley está contenido en las cuatro primeras categorías, si las mismas son de tal modo amplias, particularmente la cuarta, ¿por qué entonces forzar el texto constitucional? ¿Por qué entonces crear una situación de difícil interpretación desde el punto de vista legal? De ser válido el argumento, a mi juicio, vale entonces la pena remitirnos sólo a esas categorías, y no introducir eventualmente otras por el discutido inciso final del artículo en estudio.

Hay señores Senadores que ocupan una banca desde hace años; ¿y propusieron una norma de este tipo porque les pareció que era desesperadamente urgente? Creo que no. Entonces, si no fuera así, bien se puede esperar en el tiempo y separadamente la creación de alguna otra categoría, de ser necesario, teniendo también en cuenta para ello lo que a ese respecto el señor Senador Fernández Faingold señaló que no adivina qué categoría puede haber además de las cuatro existentes. Cuando alguien la encuentra, entonces vendrá el proyecto del Poder Ejecutivo o de alguno de los Senadores o Diputados. En ese momento pondremos en marcha al análisis de esas categorías. Nada habrá pasado y viviremos tranquilos, y no habrá gente sometida a la angustia de saber si su propiedad entra o no en una determinada categoría a crearse.

En similar aspecto al señor Senador Ricaldoni ha insistido en el artículo 9º. Es verdad que no hay dinero para expropiar. Alguien dijo que, entonces, no hay que preocuparse. No creo que sea así; en realidad, sería lo peor que podría pasar. De hecho, después puede ocurrir que la gente vaya a vender su propiedad, pero al hacerlo se encontrarán con la respuesta: "Perdone, pero esa está expropiada". Aunque el propietario señale que la realidad es que no hay dinero, se le insistirá en que está expropiada, por lo que bajarán los precios.

Pienso que la peor inacción es la de un Poder Ejecutivo que pretende, a través de una ley votada por el Parlamento, hacer algo que no puede llevar a cabo porque no tiene los fondos necesarios. Esto será tema más extenso en el estudio de algún otro artículo que tendremos que tratar a renglón seguido.

Por ejemplo: hay una disposición que otorga más de un año para que el Poder Ejecutivo se decida o no a expropiar. Ante esto, me pregunto qué sucedería si algunos de nosotros, por razones de necesidad personal o familiar, quisiera vender una propiedad y aprobamos una ley que dice que para venderla tiene que esperar hasta dentro de un año y dos meses a que el Poder Ejecutivo se manifieste. Reitero que estos puntos son harina de otro costal, y los conversaremos particularmente con el Miembro Informante y, por descontado, con todo el Senado.

Doy gracias al señor Senador Astori porque mediante señas logré que me concediera una interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - El señor Senador García Costa usó, quizás, la manera más aparatosa de solicitar interrupciones.

Dejo expresada mi propuesta en la convicción de que la dificultad que plantea el artículo 6º no es comparable a la de los artículos 7º y 8º, razón por la cual decidí formularla. Luego acercaré el texto a la Mesa, el que se tendrá en cuenta cuando llegue la oportunidad.

En cuanto a la solicitud de cuarto intermedio que presentó el señor senador Ricaldoni, aprovecho esta ocasión para decir que para el sector político Asamblea Uruguay es absolutamente imposible sesionar mañana por una razón política.

10) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: como se me comunicó ese impedimento político -lo hubiera dicho antes si se me hubiera concedido la interrupción que había solicitado- modifico la moción en el sentido de que pasemos a cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 16 horas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta el próximo martes a la hora 16.

11) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 50 minutos, presidiendo el doctor Hugo Batalla y estando presentes los señores Senadores Astori, Casartelli, Cid, Dalmás, Fernández Faingold, García Costa, Gargano, Heber, Irurtia, Michelini, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Sarthou, Segovia y Virgili).

Dr. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Jorge Moreira Parsons Secretario

Don Freddy A. Massimino Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.