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Nº 171 - TOMO 383 - 1º DE JULIO DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

32ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyectos presentados

- Los señores Senadores Irurtia y Millor presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley sobre exoneración del IMESI a los vehículos de transporte para estudiantes y escolares.
- A la Comisión de Hacienda.
- Los señores Senadores Heber, Garat, Andújar y García Costa presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican los artículos 17 y 18 de la Carta Orgánica del Banco de Seguros del Estado.
- A la Comisión de Constitución y Legislación.

5) Pedidos de informes

- El señor Senador Heber solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Oportunamente fue tramitado.

6) Exposiciones escritas

- El señor Senador Heber solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Educación y Cultura.
- Se procederá de conformidad.

7) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Mallo, Arismendi, Garat, Dalmás, Irurtia y Cid.
- Concedidas.

8) Integración del Cuerpo

- Los señores Rodríguez Pioli, Camarero, Lamela, Fernández, Baráibar, Prada y la señora Gómez comunican que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.
- Ingresa a Sala el señor Brum Canet, a quien luego de prestar el juramento de estilo, se le declara incorporado al Cuerpo.

9) Coronel don Pedro Archibaldo Montañez. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones del señor Senador Korzeniak.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a sus familiares, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Junta Departamental de Rocha.

10) Banco de Seguros del Estado. Modificación de su Carta Orgánica

- Manifestaciones del señor Senador Garat.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Banco de Seguros del Estado y al Ministerio de Economía y Finanzas.

11) Situación de la periodista cubana Nuria Hernández

- Manifestaciones del señor Senador Heber.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Cancillería.

12) Inmuebles rurales

- Proyecto de ley por el que se deroga el artículo 9º de la Ley Nº 13.608, de 8 de setiembre de 1967, sus modificativas y concordantes.
- En consideración.
- Por moción del señor Senador Millor, se posterga la consideración de este tema incluyéndolo como primer punto del orden del día de la sesión a celebrarse el día miércoles 16 de julio.

13) Decreto-Ley Nº 15.514

- Proyecto de ley por el que se prorroga su entrada en vigencia.
- Por moción del señor Senador Ricaldoni, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) Cigarrillos, cigarros y tabacos

- Proyecto de ley por el que se regula su consumo, su comercialización y su publicidad.
- Por moción del señor Senador Segovia, el Senado resuelve postergar la consideración de este tema hasta el día miércoles 9 incluyéndolo como primer punto del orden del día.

15) Batallones de Infantería Nos. 2 y 11

- Proyecto de ley por el que se modifica su actual denominación.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) José Batlle y Ordóñez

- Proyecto de ley por el que se designa con este nombre la Escuela Nº 70 del departamento de Montevideo.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Registro Cívico Nacional

- Proyecto de ley por el que se establecen modificaciones relativas al período de inscripción y al período de calificaciones.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Teniente Coronel (B.M) Walter A. Miños

- Proyecto de ley por el que se le incorpora a la Reserva de la Fuerza Aérea con el grado de Coronel.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Convenio Cultural con la República de Honduras

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

21) Gruta del Palacio

- Proyecto de ley por el que se la declara monumento natural.
- En consideración. El Senado resuelve rechazar las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes a dicho proyecto de ley.

22) Protocolo de Reforma a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Managua"

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

23) Convenio de Cooperación Científica entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Reino de Suecia

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

24) IIIa. Serie Iberoamericana de Monedas Conmemorativas "Encuentro de Dos Mundos"

- Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a su acuñación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

25) Seguros de Transporte de Mercadería

- Proyecto de ley por el que se procede a la interpretación de la excepción contenida en el inciso final del artículo 2º de la Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993.
- Por moción del señor Senador Batlle el Senado resuelve postergar la consideración de este tema incluyéndolo como primer punto del orden del día de la sesión de mañana.

26) Señor Ondino Viera. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones del señor Senador Couriel. Intervención de varios señores Senadores.
- Por moción del señor Senador Couriel, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a sus familiares, a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a la Asociación de Entrenadores.

27) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 27 de junio de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 1º de julio, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se deroga lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley Nº 13.608, que establece que las sociedades anónimas para la posesión y explotación de inmuebles rurales deben tener la totalidad de su capital accionario en acciones nominativas.

(Carp. Nº 635/97 - Rep. Nº 382/97)

2º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se regula el consumo, la comercialización y publicidad de cigarrillos, cigarros y tabacos.

(Carp. Nº 319/95 - Rep. Nº 351/97 y Anexo I)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3º) Por el que se modifica la actual denominación de los Batallones de Infantería Nos. 2 y 11.

(Carp. Nº 664/97 - Rep. Nº 390/97)

4º) Por el que se designa con el nombre "José Batlle y Ordóñez" la Escuela Nº 70 del departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 653/97 - Rep. Nº 394/97)

5º) Por el que se introducen diversas modificaciones a la Ley de Registro Cívico Nacional relativas al período de inscripción y al período de calificaciones.

(Carp. Nº 695/97 - Rep. Nº 404/97)

6º) Por el que se incorpora a la Reserva de la Fuerza Aérea con el grado de Coronel, al señor Teniente Coronel (B.M.) Walter Miños.

(Carp. Nº 616/97 - Rep. Nº 405/97)

7º) Por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

(Carp. Nº 1435/94 - Rep. Nº 407/97)

8º) Por el que se aprueba el Convenio Cultural entre la República y la República de Honduras.

(Carp. Nº 1490/89 - Rep. Nº 412/97)

9º) Discusión única de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley por el que se declara la "Gruta del Palacio" monumento natural.

(Carp. Nº 267/95 - Rep. Nº 233/96 Anexo I)

10) Por el que se aprueba el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Managua".

(Carp. Nº 1552/94 - Rep. Nº 4l7/97)

11) Por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Científica entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Reino de Suecia.

(Carp. Nº 1678/94 - Rep. Nº 416/97)

12) Por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de la IIIa. Serie Iberoamerciana de monedas conmemorativas "Encuentro de Dos Mundos".

(Carp. Nº 742/97 - Rep. Nº 415/97)

13) Por el que se declara por vía interpretativa que la excepción contenida en el inciso final del artículo 2º de la Ley Nº 16.426, refiere exclusivamente a la mercadería transportada.

(Carp. Nº 702/97 - Rep. Nº 420/97)

14) Discusión particular de los proyectos de Resolución elevados por la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a:

un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence 24 de julio de 1997). (Carp. Nº 343/95 - Rep. Nº 413/97).

un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence 24 de julio de 1997). (Carp. Nº 690/97 - Rep. Nº 414/97).

un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence 4 de setiembre de 1997). (Carp. Nº 725/97 - Rep. Nº 419/97).

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Antognazza, Arismendi, Astori, Batlle, Brezzo, Canet, Couriel, Chiesa, Fernández Faingold, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Hierro López, Korzeniak, Laffitte, Michelini, Millor, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace, Virgili y Voelker.

FALTAN: con licencia: los señores Senadores Cid, Dalmás, Gandini, Irurtia y Mallo.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 16 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 1º de julio de 1997.

La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

Sobre Derecho de autor y derechos afines.

-A la Comisión de Educación y Cultura.

De marcas, para la adecuación de la normativa vigente en materia de propiedad industrial.

-A la Comisión de Industria y Energía.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se reduce en un cincuenta por ciento el Impuesto de Enseñanza Primaria devengado en el año 1995, cuyo pago deba efectuarse en 1996, exclusivamente respecto a las propiedades inmuebles rurales a la explotación agropecuaria;

por el que se designa el Edificio "Casa Central" del Consejo de Educación Técnico-Profesional con el nombre "Brigadier General Manuel Oribe";

por el que se designa con el nombre "Francisco Siñeriz" la Escuela Nº 140 del departamento de Rivera;

por el que se designa con el nombre "Ameigenda" la Escuela Nº 46 del departamento de Canelones y

por el que se designa con el nombre "Javier de Viana" al Liceo Nº 1 de la ciudad de La Paz, departamento de Canelones.

-Ténganse presente y agréguense a sus antecedentes.

La Suprema Corte de Justicia remite la información solicitada por la señora Senadora Marina Arismendi sobre los hechos ocurridos el día 17 de abril de 1972 en el local del Partido Comunista del Uruguay sito en la calle Agraciada.

-Oportunamente le fue entregado a la señora Senadora Marina Arismendi.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite la información solicitada por los señores Senadores Reinaldo Gargano y José Korzeniak relacionada con la casa-habitación del Jefe de Zona IV de la Dirección Nacional de Vialidad y acondicionamiento en las Rutas Nos. 43 y 6.

-Oportunamente les fue entregado a los señores Senadores Reinaldo Gargano y José Korzeniak.

El Ministerio de Educación y Cultura remite la información proporcionada por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República dando respuesta al pedido de informes formulado por el señor Senador Luis Alberto Heber relacionado con los aportes patronales y obreros de los funcionarios públicos al Banco de Previsión Social.

-Oportunamente le fue entregado al señor Senador Luis Alberto Heber.

El señor Ministro de Economía y Finanzas y el señor Presidente del Banco Central del Uruguay remiten nota adjuntando copia de la solicitud de un acuerdo "stand-by" con el Fondo Monetario Internacional y el Memorándum sobre política económica donde se analizan los resultados del programa económico del gobierno durante 1996 y se describen sus objetivos y políticas para 1997.

-Repártase.

El señor Ministro de Educación y Cultura remite nota relacionada con el proyecto de ley a estudio del Senado por el que se declara Monumento Natural la Gruta del Palacio.

-Repártase. Agréguese a sus antecedentes.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

Por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1997, la entrada en vigencia del Decreto-Ley Nº 15.514, de 29 de diciembre de 1983, relacionado con la Organización y Funcionamiento de los Registros Públicos.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se le concede al Tribunal de Cuentas la posibilidad de calificar como irregularidad grave, determinados actos emanados de los Organos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se modifica el régimen de recargos por mora previstos por el Código Tributario.

-A la Comisión de Hacienda.

Por el que se designa con el nombre "Juan H. Grieco - Celia Cattalurda de Grieco" la Escuela de Música Nº 90 de la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado.

-A la Comisión de Educación y Cultura.

Por el que se declara Himno Cultural y Popular de la República Oriental del Uruguay a "La Cumparsita" creada por el uruguayo Gerardo Hernán Matos Rodríguez.

-A la Comisión de Educación y Cultura.

Por el que se faculta al Banco de Previsión Social a otorgar facilidades de pago por adeudos anteriores a la vigencia de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

Por el que se faculta al Tribunal de Cuentas a fijar una tasa sobre los ingresos brutos de las empresas industriales y comerciales del Estado, por la intervención que le compete en los estados contables de éstas.

-A la Comisión de Hacienda.

Por el que se concede pensión graciable al señor Carlos María De Avila.

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

El señor Presidente del Senado Dr. Hugo Batalla remite con exposición de motivos la Rendición de Cuentas del Ejercicio 1996 y las modificaciones al presupuesto interno de la Cámara de Senadores.

-A la Comisión de Presupuesto.

El Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez remite nota en ejercicio del derecho constitucional de petición -artículo 30 de la Constitución- ante planteamiento efectuado por la Bancada de Senadores del Frente Amplio respecto a su contratación por parte de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland y el cobro de subsidio.

-Repártase.

El señor Senador Américo Ricaldoni en su calidad de coordinador de la Bancada de Senadores del Foro Batllista comunica que a partir de la fecha el señor Senador Hugo Fernández Faingold lo sustituirá en la Comisión de Industria.

-Téngase presente.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

Por el que se designa con el nombre "Demetrio Añón Geribon" la Escuela Rural Nº 28 del departamento de Canelones.

Por el que se designa con el nombre "José Malacrida" la Escuela Rural Nº 73 del departamento de Canelones.

Por el que se designa con el nombre "Juan Cafaso" la Escuela Rural Nº 64 de La Paloma, departamento de Canelones.

Por el que se designa con el nombre "Carlos Von Metzen-Vicenti" la Escuela Nº 114 de Empalme Olmos, departamento de Canelones.

Por el que se designa con el nombre "María Clotilde Núñez" la Escuela Nº 82 del departamento de Canelones.

La Comisión de Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se introducen modificaciones en el régimen de títulos de deuda vinculadas a la operativa de las AFAP.

-Repártanse e inclúyanse en el orden del día de la próxima sesión."

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto de ley presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Irurtia y Millor presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se ampara, en lo establecido en el artículo 663 de la Ley Nº 16.736 sobre pago del IMESI, a los vehículos de transporte para estudiantes y escolares."

-A la Comisión de Hacienda.

Dése cuenta de otro proyecto de ley presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores senadores Heber, Garat, Andújar y García Costa presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican los artículos 17 y 18 de la Carta Orgánica del Banco de Seguros del Estado."

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

(Textos de los proyectos de ley presentados:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Sustitúyese el Art. 663 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 por el siguiente:

"Art. 663. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º del Título 11 (IMESI) del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior a vehículos que tengan cilindrada de hasta 1.800 centímetros cúbicos y cumplan con algunas de las siguientes condiciones:

a) que sean adquiridos o importados para ser arrendados por empresas cuya actividad consista en el arrendamiento de automóviles sin chofer, que estén autorizadas por el Ministerio de Turismo;

b) que sean adquiridos o importados para prestar servicios de transporte de estudiantes y escolares, por parte de empresas autorizadas a tales efectos por el Ministerio de Educación y Cultura.

Para los vehículos con cilindrada superior a 1.800 centímetros cúbicos comprendidos en los literales a) y b) que anteceden, o si se trata de automóviles adquiridos o importados para remises, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la primera transferencia que se realice durante el transcurso de los 5 años contados desde la adquisición o importación del vehículo."

Dante Irurtia, Pablo Millor. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nos es grato poner a consideración del Senado de la República un proyecto de ley, cuyo destino es amparar en las disposiciones previstas para autobuses, taxímetros, remises y automóviles de alquiler, a los vehículos de transporte para estudiantes y escolares, que sean autorizados por el Ministerio de Educación y Cultura.

Se trata de un servicio público de importancia creciente a la luz del estado actual de la seguridad y del tránsito, y que intregra el presupuesto de un gran número de familias tanto en Montevideo como en el interior del país.

No obstante el impedimento impuesto por el artículo 133 de la Constitución de la República, hemos optado por proponer el presente proyecto de ley por su gran trascendencia social; y porque tiende a eliminar lo que entendemos es un trato diferencial injustificado de nuestra normativa legal en perjuicio de un servicio público dirigido a estudiantes y escolares.

Nuestra propuesta es ampliar la aplicación de un sistema vigente para casos similares al que nos ocupa, y que ha contribuido a la renovación de la flota de transporte de pasajeros en beneficio de la población y de los turistas que nos visitan.

Corresponde destacar que se estima que diariamente son transportados cerca de 30.000 estudiantes y escolares, mediante vehículos autorizados por las Intendencias Municipales respectivas. Solamente en Montevideo hay otorgados más de 600 permisos y se trasladan aproximadamente 25.000 niños a instituciones de enseñanza pública y privada.

La importancia que el país otorga a este servicio público, está puesta de manifiesto en los beneficios que en lo nacional y departamental existen para estudiantes y escolares en otras formas de transporte colectivo.

Parece por tanto conveniente posibilitar un mejor desempeño a menores costos para los varios cientos de pequeñas empresas que se dedican a esta importante actividad. Constituirá un incentivo para la inversión, el aumento de la calidad del servicio y la disminución de tarifas en beneficio directo de la seguridad y el bienestar de nuestros niños.

Con la aprobación del presente proyecto de ley se eliminará una exclusión hoy injustificada de beneficios legales, que hoy usufructúan actividades similares al transporte de estudiantes y escolares, y que afecta directamente la seguridad y calidad de vida de nuestros niños.

Dante Irurtia, Pablo Millor. Senadores."

"BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
MODIFICACION DE SU CARTA ORGANICA

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º . - Se modifican los artículos 17 y 18 de la Carta Orgánica del Banco de Seguros del Estado, (Ley Nº 3.935, de fecha 27 de diciembre de 1911), los cuales quedarán redactados de la siguiente forma:

"Art. 17. - El Banco podrá realizar todo tipo de operaciones de seguros, reaseguros, contratación de rentas vitalicias y de seguros de retiro, podrá formar parte de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional y otras operaciones similares o derivadas de las enunciadas, además podrá:

a) Adquirir, asociarse o celebrar toda clase de convenios con compañías o agencias de seguros nacionales o extranjeras.

b) Colocar o invertir en valores de fácil y segura realización.

c) Invertir en inmuebles productores de renta.

d) Caucionar o vender fuera o dentro del país, los títulos o valores que tenga en cartera.

e) Efectuar préstamos a los asegurados y demás beneficios de sus pólizas de seguros.

f) Realizar colocaciones bancarias.

g) Adquirir acciones de Sociedades Anónimas.

h) En general, podrá realizar todas las actividades Comerciales y Financieras que posibiliten invertir en condiciones óptimas, siempre que no se comprometan los márgenes de solvencia y liquidez que se requieran para el giro del organismo.

Art. 18. - No podrá hacer compras o préstamos para fomentar especulaciones territoriales o de Bolsa.

Art. 2º. - En los gastos propios de sus Operaciones de Seguros y Reaseguros, el Banco solamente estará sometido al Contralor del resultado de su gestión por parte del Tribunal de Cuentas.

Carlos M. Garat, Luis A. Heber, José Andújar, Guillermo García Costa. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Ente Autónomo Banco de Seguros del Estado fue beneficiario hasta el año 1993 de un monopolio total en varias carteras y parcial en otras.

Durante la discusión parlamentaria de la actual Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993 y posterior a la aprobación de la mencionada ley, Legisladores, Directores y funcionarios del propio Banco han manifestado que el Ente no está en condiciones de ser bien gestionado en un régimen de libre competencia como el implantado por la Ley Nº 16.426, y por tanto se deben adoptar diversas medidas de carácter legal, a los efectos de dotar al Banco de un marco jurídico que le permita un funcionamiento ágil y eficaz de acuerdo a las nuevas exigencias que le plantean las reglas de un mercado en libre competencia.

En ese sentido se han lanzado a la consideración pública diversas opiniones y opciones para lograr el objetivo perseguido en ese sentido consideramos que el camino más idóneo y rápido, es proceder a modificar algunos artículos de su Carta Orgánica.

Mediante esta propuesta deseamos posibilitar una gestión económico-financiera flexible al máximo, compatibilizando con su naturaleza jurídica, pero considerando el marco de competencia abierta que existe en el país y al cual se ve enfrentada esta Institución.

Esta modificación de los artículos 17 y 18 de su Carta Orgánica intenta definir claramente el nuevo campo de acción del Banco y lo habilita a invertir sus reservas para obtener de ellas el mayor rendimiento posible, y trata de flexibilizar al máximo las potestades comerciales del Ente.

Por tanto es que incluimos operaciones que hasta hoy el Banco de Seguros del Estado no podía realizar, tales como: comprar acciones de Sociedades Anónimas, realizar operaciones bancarias, asociarse, comprar o celebrar acuerdos con otras empresas de Seguros y Reaseguros, nacionales o extranjeras y se adiciona un literal que sería una carta abierta para todo tipo de operaciones comerciales y financieras, pero se establece en el mismo una limitación de no comprometer los márgenes de solvencia y liquidez que corresponden.

Además incluimos en este proyecto de ley el control a posteriori del Tribunal de Cuentas de la gestión comercial del Ente, buscando otorgar mayor flexibilidad para las operaciones vinculadas al giro comercial del Banco.

En general contribuimos a que el marco jurídico del Banco de Seguros del Estado sea adecuado para una actividad en libre competencia y de crecimiento de la institución.

Carlos M. Garat, Luis A. Heber, José Andújar, Guillermo García Costa. Senadores."

5) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Heber solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social."

-Oportunamente fue tramitado.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 18 de junio de 1997.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

En virtud de lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se sirva informar acerca de lo que a continuación se indica.

1) Remita testimonio de toda la correspondencia, oficios y comunicaciones de cualquier índole que hayan cursado y recibido entre el Instituto Nacional de Alimentación y la Intendencia Municipal de Rivera desde el 1º de diciembre de 1995 hasta la fecha.

2) Se exceptúen los oficios 244 y 473, correspondientes a 1997 y el oficio 1.229 de 1996, por haber sido remitidos en contestación a un anterior pedido de informes.

Luis A. Heber. Senador."

6) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de varias exposiciones escritas.

(Se da de las siguientes:)

"El señor Senador Heber solicita que se cursen las siguientes exposiciones escritas: al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Educación y Cultura."

(Texto de las exposiciones escritas:)

"Montevideo, 26 de junio de 1997.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

En virtud de lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento de la Cámara cúmpleme efectuar la siguiente exposición escrita, solicitando se remita la misma a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

En la localidad de Vichadero, octava sección judicial del departamento de Rivera, tuve oportunidad de escuchar a las fuerzas vivas del lugar, así como apreciar personalmente, el lamentable estado de la represa allí existente.

Las condiciones de higiene son francamente malas y la calidad del agua empeora día a día.

Sumado a ello, existe la preocupación de que se produzca una sequía, ya que no se toman las previsiones como para enfrentar un suceso de tal naturaleza y la opinión general es que la represa no está bien mantenida.

En consecuencia y frente a la importancia que reviste el asunto por su repercusión en los aspectos alimentario y sanitario, es que solicito la adopción de medidas urgentes para regularizar la situación referida.

Luis A. Heber. Senador."

"Montevideo, 26 de junio de 1997.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

En virtud de lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento de la Cámara cúmpleme efectuar la siguiente exposición escrita, solicitando se remita la misma al Ministerio de Salud Pública.

Integrantes de la comisión barrial "La Amistad" del barrio Artigas de la ciudad de Tranqueras en el departamento de Rivera, han expresado su profundo temor por la falta de una Policlínica que atienda a los vecinos de ese barrio, que alberga una tercera parte de la totalidad de la población de Tranqueras.

En el mismo funcionan dos escuelas: una para Discapacitados Intelectuales y otra a la que concurren más de 270 alumnos, sin que se cuente con la mínima infraestructura de atención médica.

Por otra parte, resulta imposible acceder a la Policlínica de Tranqueras ya que está muy alejada del barrio referido y el transporte resulta absolutamente exiguo en virtud de la gran demanda existente y el constante aumento de la población.

En mérito a lo reseñado, es de extrema importancia la instalación de una Policlínica en ese barrio que carece de la misma así como también de farmacia y enfermería, para lo cual se solicita la intervención del Ministerio de Salud Pública.

Luis A. Heber. Senador."

"Montevideo, 26 de junio de 1997.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

En virtud de lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento de la Cámara cúmpleme efectuar la siguiente exposición escrita, solicitando se ponga en conocimiento del Ministerio del Interior.

En Villa Vichadero, localidad situada en la octava sección judicial del departamento de Rivera, vecinos de la misma me han hecho llegar su profunda inquietud respecto a la absoluta carencia de servicio de bomberos.

La villa referida está alejada de la capital departamental y la localidad más cercana que cuenta con dicho servicio dista más de 90 Kms., circunstancia que evidentemente impide tener acceso al mismo en tiempo y forma.

Si se considera que los incendios deben ser atacados de inmediato, resulta obvio que en caso de desatarse fuego se provocaría un desastre de enormes magnitudes, ya que la única forma de combatirlo sería la labor de los vecinos, lo que a todas luces aparece como insuficiente.

Por lo expuesto y para proteger la seguridad de bienes y personas, es imprescindible que se instale un Cuartelillo de Bomberos, para lo cual solicito la pronta intervención del Ministerio del Interior.

Luis A. Heber. Senador."

"Montevideo, 26 de junio de 1997.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

En virtud de lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento de la Cámara cúmpleme efectuar la siguiente exposición escrita, solicitando se curse la misma al Consejo de Educación Secundaria.

En la octava sección judicial del departamento de Rivera, localidad de Vichadero, existe una población de aproximadamente 3.500 habitantes.

Dentro de las inquietudes de los pobladores, está básicamente la necesidad de contar con el dictado de cursos nocturnos en el liceo existente.

En efecto, tal circunstancia se revela como necesaria en mérito a que muchos jóvenes y adultos quieren continuar con la enseñanza secundaria y no pueden asistir a los cursos respectivos por tener que trabajar durante el día.

Por ello sería absolutamente necesario que se impartieran cursos en horario nocturno, posibilitando de ese modo que numerosas personas tengan acceso a la educación a la cual legítimamente tienen derecho, siendo que por otra parte la educación redundará en beneficio de toda la sociedad.

Por todo ello es que solicitamos a las autoridades de la Enseñanza Secundaria tengan a bien contemplar el problema expuesto.

Luis A. Heber. Senador."

-Se va a votar el trámite solicitado para la exposición escrita a cursar al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar el trámite solicitado para la exposición escrita a cursar al Ministerio de Salud Pública.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar el trámite solicitado para la exposición escrita a cursar al Ministerio del Interior.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar el trámite solicitado para la exposición escrita a cursar al Ministerio de Educación y Cultura.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Mallo solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 1º de julio de 1997.

Señor

Presidente del Senado

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Por razones personales, solicito licencia para la sesión ordinaria del Senado en el día de la fecha.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Dr. Luis Eduardo Mallo. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Arismendi solicita licencia desde el día 7 al 8 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 1º de julio de 1997.

Cámara de Senadores

Atn. Sr. Presidente

Dr. Hugo Batalla

Presente

Por la presente solicito a Ud. licencia por el período comprendido entre los días lunes 7 y martes 8 del corriente.

Razones de índole particular motivan mi ausencia, solicitándole se convoque a mi suplente Sr. Victorio Casartelli.

Saluda muy atentamente.

Marina Arismendi. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 20. Afirmativa.

A partir del día 7 de julio, se convocará, en sustitución de la señora Senadora Arismendi, al señor Senador Casartelli, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Garat solicita licencia desde el día 3 al 6 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 24 de junio de 1997.

Presidente de la Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

De mi consideración:

Teniendo que asistir a la reunión de la Subcomisión de Administración de Cuencas Hídricas que tendrá lugar en la ciudad de Asunción los días 3, 4 y 5 de julio de 1997, en mi calidad de integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Latinoamericano, solicito licencia a partir del 3 de julio al 6 del mismo mes.

Atentamente.

Carlos M. Garat. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consecuencia, a partir del día 3, queda convocado el señor Ambrosio Rodríguez, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Dalmás solicita licencia a partir del día de la fecha hasta el 4 de julio inclusive."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 30 de junio de 1997.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, solicito se me conceda licencia a partir del día de la fecha hasta el 4 de julio inclusive por motivos particulares.

Sin más saluda a usted y a los integrantes del Cuerpo muy atentamente,

Susana Dalmás. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Irurtia solicita licencia desde el 1º al 30 del corriente."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 25 de junio de 1997.

Sr. Presidente del Senado de la República

Dr. Hugo Batalla

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito al Senado de la República se sirva otorgarme licencia por motivos personales del 1º al 30 de julio de 1997.

Atentamente.

Dante Irurtia. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Cid solicita se le conceda un día de licencia adicional a la solicitada por el día martes 1º del corriente."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 26 de junio de 1997.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Sr. Presidente se me conceda un día de licencia adicional a la solicitada con fecha 18 del corriente por el día martes 1º de julio del presente año 1997.

Motiva la referida solicitud mi participación en la reunión de la Subcomisión de Administración de Cuencas Hídricas del Parlamento Latinoamericano que tendrá lugar en la ciudad de Asunción, Paraguay los días 3, 4 y 5 de julio del año en curso.

Sin otro particular saludo al Sr. Presidente con mi más alta estima.

Alberto Cid. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la prórroga de licencia solicitada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de varias notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

"Los señores Rodríguez Pioli, Camarero, Lamela, Fernández, Baráibar, Immer Prada y la señora Gómez comunican que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto."

-Se convocará al señor Antognazza para suplantar a la señora Senadora Dalmás; al señor Senador Casartelli para suplantar a la señora Senadora Arismendi, al señor Voelker para suplantar al señor Senador Irurtia, quienes ya han prestado el juramento de estilo por lo que, si se encuentran en Antesala, se les invita a pasar al Hemiciclo.

Se convoca también al señor Brum Canet para suplantar al señor Senador Cid y prestar el juramento de estilo.

(Ingresan a Sala los señores Senadores Antognazza, Voelker y Brum Canet)

Se invita a los señores Senadores y a la Barra a ponerse de pie.

Señor Brum Canet: ¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?

SEÑOR CANET. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR CANET. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda usted investido del cargo de Senador.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

9) CORONEL DON PEDRO ARCHIBALDO MONTAÑEZ. Homenaje a su memoria.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: el día 14 de julio, coincidiendo con el famoso día de la Revolución Francesa, se van a cumplir cinco años del fallecimiento del querido amigo y entrañable compañero del Frente Amplio y del Partido Socialista, el coronel Pedro Archibaldo Montañez.

Dentro de un sentido programa de recordación y homenaje que le va a hacer el Partido Socialista y amigos no socialistas -no obstante, muy amigos- de Pedro Montañez, me corresponde -lo que es un honor- comenzar ese pequeño ciclo con una breve semblanza de un amigo inolvidable.

Pedro nació en Rocha, el 20 de junio de 1925, y falleció joven y militante en 1992. No es fácil en pocos minutos describir una vida tan intensa y tan fermental; diría, que es imposible relatar aun sus episodios fundamentales. Opté, entonces, por referirme a sus principales caracteres, tan brillantes como su mirada, a la vez profunda, escrutadora y tierna.

Montañez era indoblegable. Ni la prisión ni las a veces inhumanas condiciones de cautiverio, que incluyeron torturas, pudieron quebrar su tranquila, pero profunda, convicción humanista y socialista. Uno de los primeros pedidos que planteó a su esposa Beba, cuando fue prisionero de la dictadura, consistió en que intentase, mes a mes, cumplir con su cuota de afiliación partidaria. Tal vez pueda pensarse que se trata de un hecho casi apenas documental, pero tenía un sentido emblemático. Circunstancia que me consta personalmente.

Fue también indoblegable su convicción antiimperialista y la explicaba por su razonado examen de la realidad mundial. Esta estaba además afincada en su hondo, tremendo y verdadero patriotismo. No el de la escarapela, sino el derivado del auténtico amor a su tierra. Más de una vez me han dicho los expertos que en su vida militar tenía un natural "don de mando", no producto de la mera jerarquía sino, sobre todo, de la admiración de sus subordinados.

Sé que estando prisionero de la dictadura se las ingeniaba para enseñar, desde la estrechez vigilada de su calabozo, rudimentos de matemáticas a un soldado preso que, avirozando su baja, se proponía reiniciar su vida inaugurando un almacén y que carecía de conocimientos elementales para hacerlo. Esto me lo contó un Capitán disimulando una sonrisa de admiración por Montañez, a pesar de ser uno de sus carceleros.

Montañez razonaba con una lógica contundente, organizada y muy difícil de rebatir, que profundizaba hasta la sutileza. Sus conclusiones siempre eran el resultado del diálogo fértil, que cultivaba como método placentero; lo disfrutaba con esa dialéctica amable que practicaba aun en su vida familiar.

Una de las situaciones que nos produjo más alarma fue la desaparición súbita de Pedro del lugar en donde se sabía que estaba prisionero. Fue sacado de allí intempestivamente y, según informes que nos merecieron confianza, por una orden neurótica de personas que no deben estar revistando en los cuadros activos de las Fuerzas Armadas.

Hubo fundados temores por la vida de Montañez. Urgentes movimientos de familiares y amigos provocaron, incluso, gestiones conmovidas de algunas Embajadas. Precisamente, un señor Senador aquí presente, el profesor Carlos Julio Pe-reyra, participó de esa alarma y de esas gestiones; nunca olvidaremos esa solidaridad.

Montañez esgrimió con orgullo su profesión militar. Encarnó los más deseables valores de ella y los mantuvo a pesar de sus peripecias personales; es un ejemplo de militar democrático. Toda vez que algunos sectores urdían conspiraciones antidemocráticas, Montañez estuvo razonando, actuando y a veces "quijoteando" contra aspiraciones golpistas.

Sé que fue fundador de una tendencia de defensa irrestricta de la legalidad, que hubo de tener rasgos peculiares como su nombre: "1815", alusión inequívoca al año del Reglamento de reparto de tierras del prócer José Artigas, otro militar patriota indoblegable, democrático, defensor de los más infelices.

La actividad de Montañez fue trascendente, no sólo en el seno del Ejército. El golpe de Estado lo encarceló pero, reestablecida la democracia, militó y predicó sin odios, con una tolerancia casi infinita. Enseñaba que debía procurarse con insistencia que las Fuerzas Armadas se reintegraran al conjunto del pueblo y reasumieran plenamente su misión natural al servicio de la sociedad y nunca contra ella.

A una persona distinta, sin las dotes de Pedro, le hubiera sido muy difícil apartarse de sus peripecias personales. Dicho sea de paso, éstas todavía no se han reparado ni para él ni para muchos de sus compañeros, aun en algunos de sus aspectos más convencionales.

En admirable mixtura con su espíritu que no se doblegaba, con su lógica impecable, con su tenacidad convencida y convincente, Montañez era un compañero de gran ternura, de enorme comprensión de los problemas del prójimo y, singularmente, de los que padecían los más débiles. No es casualidad que en el Ejército lo quisiesen los subordinados, que en la vida social los trabajadores lo vieran siempre cercano y amigo y que, en la militancia política, junto a la admiración de los dirigentes, tuviese el notorio cariño de los más jóvenes y de los militantes anónimos.

En esa admirable síntesis, Montañez era un profundo promovedor de cultura: el periodismo, el teatro, la literatura y hasta la música lo atraían como inquietud personal. Generoso, como siempre, intentaba su irradiación por todas las vías posibles. Precisamente, siendo segundo Jefe de la Unidad Militar de la capital de Rocha, era uno de los más destacados integrantes de la Comisión de Cultura de ese departamento. En ese cuartel, en la época de Montañez se alojaron varios elencos teatrales. Asimismo, encauzó en Rocha programas culturales de radio, enseñó matemáticas y organizó la actuación de coros.

Hasta sus últimos días, señor Presidente, conservó su humor proverbial. Enriquecía su lenguaje preciso con festejadas expresiones campechanas. Sé de algunos pintorescos clubes contestatarios que Montañez promovía de joven en su carrera militar para amenizar algunos arrestos de fin de semana. Me lo han contado militares, incluso algunos que no compartían sus ideas, pero que admiraban su cultura, su valentía y su humor. Conozco otros que no entendieron su coherencia, quizás porque quisieron esquivarla. No es fácil; así lo hacía Montañez, sorprendiendo siempre al interlocutor con grandeza y, a la vez, con humildad.

Me consta, también, que algunos -quizás pocos- personeros de la dictadura lo odiaron; aunque sus buenas razones tenían. Seguramente Montañez no los odiaba y, apoyado con firmeza en sus razones, aspiró más de una vez a convencerlos en favor de la democracia. Si lo odiaron, si lo encarcelaron, si lo maltrataron, puede haber sido por el temor de escucharlo y, sobre todo, por el miedo de que muchos otros lo escucharan.

Finalmente, señor Presidente, quiero agregar que Montañez era un soñador y estoy muy orgulloso de compartir sus más preciados sueños. Cuando tengo oportunidad de ir caminando frente a su casa, en la costa de Rocha, le saludo con el invariable cariño de siempre. Me gusta soñar que lo tenemos todavía entre nosotros.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea remitida a la querida familia de Pedro Montañez, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Junta Departamental de Rocha.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO. Modificación de su Carta Orgánica.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: nosotros, al igual que mucha gente que últimamente ha contado con esta información, estamos sumamente preocupados por los datos que se vienen conociendo sobre la situación del Banco de Seguros del Estado. Los últimos informes que existen sobre sus balances, que están hechos con más de año de atraso, indican que esta institución viene perdiendo en su gestión más de U$S 40:000.000 anuales y que harían que, prácticamente, en el transcurso de uno o dos años de gestión en ese sentido, ésta entrara en la insolvencia no pudiendo actuar más. Sabemos que un Banco del Estado siempre es auxiliado pero, en la forma de actuar independiente en su Cartera de operaciones, esta institución va irremediablemente hacia una quiebra de su función y de su capital.

Por supuesto que la situación del Banco de Seguros del Estado se ha visto mayormente afectada desde el momento en que perdió su monopolio y ese mercado se abrió a otras compañías, con lo que se ha visto beneficiada la población del Uruguay, pues el costo de los seguros ha descendido en forma acelerada. Precisamente, la rebaja de las primas, tanto de los seguros de automóviles como de vida, que eran muy altos, los ha vuelto competitivos. Esto hace que la población que debe recurrir a ese mercado manifieste su satisfacción.

También es cierto que el Banco de Seguros del Estado continúa cumpliendo una tarea competitiva con empresas que se dedican al sector de seguros y al financiero; podríamos decir que esta es una forma de competencia desleal, porque dicho organismo desarrolla funciones a pérdida pero de alta incidencia social, que supera los U$S 40:000.000 anuales, de los cuales alrededor de U$S 30:000.000 corresponden a accidentes de trabajo. Cabe recordar que este es un servicio social que brinda el Banco de Seguros del Estado a la población del país, en un marco de competencia con empresas que no ofrecen esa posibilidad.

Por supuesto que el Banco de Seguros del Estado está maniatado para poder competir libremente, pues su Carta Orgánica se lo impide. Por esa razón, creemos que es necesaria su modificación, opinión que es unánime. Sin embargo, los años transcurren y no se produce tal modificación. En consecuencia, el Banco de Seguros del Estado no puede actuar en una gama amplia de competencia con las demás empresas, porque éstas desarrollan servicios en el área de la intermediación financiera, pero aquél no puede hacerlo porque, reitero, se lo prohíbe expresamente su Carta Orgánica.

Este tema ha sido debatido, incluso, en el ámbito del Directorio de esa Institución, haciéndose propuestas concretas para que pueda actuar como adquirente del Banco La Caja Obrera. Como decía, en el ámbito de su Directorio se han vertido opiniones diversas pero coincidentes en cuanto a la resolución del tema. La única explicación clara que se ha dado respecto al rechazo que algunos jerarcas tienen a este tipo de operaciones del Banco de Seguros del Estado, es que su Carta Orgánica no le permite actuar en ese sentido.

Concretamente, se han manifestado dos de sus Directores me refiero al señor De León, del Partido Colorado y al señor González, del Partido Nacional. Ellos han expresado la necesidad de que esa institución pueda salir a competir totalmente, incluso dentro del sector financiero.

A propósito, recojo algunas expresiones que ellos han vertido y que comparto. Por ejemplo, el Director De León dijo que la reforma de la Carta Orgánica de la entidad aseguradora estatal abrirá las puertas a nuevos y buenos negocios del Banco con empresas privadas, no sólo del sector, y tanto del Uruguay como del exterior. Anunciaba el jerarca que en un mercado que es dinámico y ágil, el Banco de Seguros del Estado debe tener las herramientas necesarias para dar respuesta rápida para poder competir.

Creo que el contenido de estas expresiones es de una verdad absoluta, lo que nadie puede negar.

Por su parte, el Director González manifestó que el Banco de Seguros del Estado tiene una cantidad de dinero en operaciones y, asimismo, en inmuebles, que redundaría en alrededor de U$S 200:000.000. De esa cantidad, U$S 100:000.000 los tiene en forma operativa -para decirlo de algún modo, aunque no sé si es correcta la expresión- y debe depositarlos en otra banca del Estado cuando no los utiliza, por lo que se le paga un interés insignificante. En cambio, si la institución pudiera operar en el sector financiero, podría obtener una rentabilidad de uno o dos puntos más por ese dinero operativo. Naturalmente que podría hacerlo, aun operando competitivamente, lo que le permitiría cubrir ampliamente los déficit que padece en estos momentos.

Cabe recordar que fuimos partícipes de un proyecto de ley que se presentó en el año 1995 sobre la banca nacional de seguros, pero en el día de hoy hacemos lo propio a efectos de modificar los artículos 17 y 18 de su Carta Orgánica. Si el Parlamento autorizara tal modificación, el Banco de Seguros del Estado podría entrar rápidamente a operar en el sector financiero, lo que le está prohibido actualmente.

Esta iniciativa que presentamos la calificaría como "proyecto de ley salvataje", razón por la cual estimo que no podemos discutir mucho tiempo más este tema. Tampoco debemos quitar al Banco de Seguros del Estado, en el futuro inmediato -porque, como decía el Director De León, el mercado financiero es muy dinámico- la posibilidad de asociación con otros sectores que operen en seguros o en el ámbito financiero para que rápidamente pueda recuperar su estándar competitivo.

Por esa razón, creemos que este tema debe ser encarado con rapidez y analizando la gravedad de los acontecimientos que se le avecinan a esa institución.

Voté con satisfacción la desmonopolización de los seguros, y hoy veo los resultados positivos. Sin embargo, me inscribo en primera línea con aquellos que quieren defender el Banco de Seguros del Estado para que pueda continuar operando sanamente y en igualdad de condiciones competitivas con otras empresas. En virtud de ello, creo que debemos tomar actitudes definidas y rápidas para brindarle esas oportunidades. De ninguna manera se le puede decir al Banco de Seguros del Estado que no podemos resolver tal o cual situación porque su Carta Orgánica no lo permite, sino que debemos prever la circunstancia de modificar esas prohibiciones para que pueda desenvolverse en forma solvente.

Por lo expuesto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Directorio del Banco de Seguros del Estado, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Comisión respectiva del Parlamento.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - No corresponde votar el pase a la Comisión del Senado, por lo que se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Garat en lo que refiere al pase de la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Economía y Finanzas y al Directorio del Banco de Seguros del Estado.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Tiene la palabra el señor Senador Heber.

11) SITUACION DE LA PERIODISTA CUBANA NURIA HERNANDEZ

SEÑOR HEBER. - Señor Presidente: esta tarde voy a distraer la atención del Senado de la República por un hecho, a mi juicio insólito, que nos lleva a reflexionar sobre el mismo y a valorar las condiciones de libertad y democracia de nuestro país, cuando otras naciones persiguen, no solamente a sus pueblos, sino también a sus ciudadanos que se encuentran en el exterior. Tal es el caso que hoy traigo a consideración de este Cuerpo que, a mi entender, tiene graves ingerencias en la política interna del país.

Por mi nueva tarea de periodista, conduciendo un semanario, me vinculé a distintos colaboradores, entre los que se halla una periodista cubana, la señora Nuria Hernández, quien desinteresadamente trabaja en la página de asuntos internacionales, tocando diversos temas, entre ellos el de Cuba, con la libertad que existe en nuestro país, que nos permite criticarlo e, incluso, emitir juicios de valor sobre procesos que se están dando en otras latitudes.

Debo decir que esta señora resultó ser una muy buena y desinteresada colaboradora. Personalmente, antes no había tenido el placer de conocerla y recién llegué a hacerlo cuando se sumó a nuestro equipo.

Los hechos que deseo narrar se suceden a partir del 19 de mayo, fecha en que esta periodista concurrió al Consulado cubano, a efectos de renovar su pasaporte, el que se encontraba vencido. Allí se llevó la primera sorpresa, al comprobar que el rutinario y sencillo trámite iba a demorar varios días, sin que se le dieran razones sobre el particular. Luego de ser citada varias veces concurrió al Consulado, donde después de algunas horas de solicitar información sobre por qué se la citaba, fue recibida por el funcionario Silvio González, perteneciente al Departamento de Prensa y Cultura, quien le informó que la expedición de su pasaporte demoraría hasta que La Habana decidiera qué medidas se iban a adoptar, dado que la periodista estaba teniendo actitudes y realizando acciones contrarrevolucionarias. La acción en cuestión se refería a la colaboración con el semanario que el que habla dirige. El funcionario González le dijo que ese Semanario estaba dirigido por el Herrerismo, sector que siempre estimulaba y dirigía ataques contra la revolución cubana. En ese sentido, el citado funcionario le expresó que era realmente curioso que en la petición de asilo político realizada por el escritor cubano René Fuentes, estuviera toda la prensa y algunos diputados herreristas. También se le reprochó el haber preparado la cobertura de la conferencia de prensa del ex guerrillero y actual disidente Daniel Alarcón Ramírez y de Ileana De La Guardia, hija del fusilado militar Patricio De La Guardia. Asimismo, el aludido funcionario le advirtió que no recurriera a la prensa, porque el gobierno cubano no deseaba convertirla en una heroína o en estandarte de ninguna causa, cuestionándole su necesidad de escribir sobre su país, acusándola de rebelde, de "demasiado joven" -como si ello fuera un defecto- para poder opinar y decir lo que hay que hacer en Cuba. Incluso, se lamentó de tener que contenerse por estar en presencia de una dama y la acusó de "hacerle el juego" al enemigo.

Finalmente, y tras llamar nuevamente a la Embajada cubana, se le dijo que podía pasar a recoger su pasaporte. Luego de hacerlo, ella notó que habían anulado la categoría migratoria de residente en el exterior.

Es necesario destacar que hay dos formas que el gobierno cubano admite: la de emigrante y la de residente en el exterior. A esta periodista se le quitó la categoría de residente en el exterior por colaborar con una semanario libre aquí, en nuestro país. Inmediatamente, solicitó información al respecto, recibiendo una insólita respuesta, ya que se le dijo: "Si desea saber cuál es su categoría migratoria, viaje a La Habana a preguntar por ella". Se le volvió a advertir que no magnificara el suceso, ni lo llevara a la prensa ya que la anulación se refería exclusivamente a la obligatoriedad de solicitar visa cada vez que deseara visitar a su familia. Sin embargo, por averiguaciones realizadas por la interesada, se supo que las leyes migratorias cubanas aceptan sólo dos categorías: la de residente en el exterior y la de emigrante.

Con la anulación del permiso de residencia, la señora Hernández nos expresó: "Mi propio país me declara emigrante, confundiendo la esfera jurídico-diplomática propia de las funciones consulares, con las purgas políticas comunes del sector gubernamental". Ello se debió al hecho de haber colaborado con nosotros, en el semanario.

Realmente no salgo de mi asombro al ver el grado de persecución que se está llevando a cabo. Pienso que los residentes cubanos en nuestro país tienen el derecho de colaborar libremente con los miembros del Partido Colorado, del Frente Amplio, del Herrerismo, del Partido Nacional, sin que ello tenga consecuencias en su propia tierra.

Lamento que estas cosas pasen, sobre todo en un marco donde se levantan voces pidiendo comprensión y ayuda para que Cuba pueda transitar caminos democráticos. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿De esta forma, persiguiendo y haciendo purgas en el exterior a gente que colabora con miembros de un partido político, porque tienen opiniones contrarias al proceso interno que se está llevando a cabo en Cuba para resolver sus problemas? En lo que respecta a la esfera internacional, señor Presidente, no creo que existan dudas de que el Herrerismo ha condenado siempre el bloqueo económico que se le está haciendo a Cuba, ya que siempre hemos levantado nuestra voz en ese sentido. Pero ello nada tiene que ver con el hecho de que ese proceso interno cubano, que no es libre, no solamente realiza este tipo de persecución dentro de su propio territorio, sino además lo hace con sus ciudadanos que residen en el exterior.

¡Pobre señora! Colaboró con un partido democrático en el mundo y por eso se la está castigando.

Solicito, señor Presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras se remita a la Cancillería, a los efectos de que la misma tome conocimiento de estos hechos sucedidos en el país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Heber.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) INMUEBLES RURALES

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se deroga lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley Nº 13.608, que establece que las sociedades anónimas para la posesión y explotación de inmuebles rurales deben tener la totalidad de su capital accionario en acciones nominativas. (Carp. Nº 635/97 - Rep. Nº 382/97)."

(Antecedentes: Ver 29ª S.O.)

Tiene la palabra el señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: en la exposición de motivos del proyecto y en los giros que tomó la muy interesante discusión en general, se tocó un conjunto de temas, ya sea para la defensa o para la crítica del proyecto de derogación del artículo 9º. Se expresaron distintas visiones sobre la política de tierras y lo que ella debería ser en el país. Asimismo, se hizo referencia al Derecho Comparado, en cuanto a la posibilidad de que existan personas jurídicas con la titularidad de tierras, con capitales al portador y también se hizo referencia a la concentración de la tierra, a la extranjerización y a las formas de asociación. En fin, señor Presidente, la discusión se amplió mucho y he anotado algunos comentarios que quería realizar sobre varios de estos puntos amplios y diversos que, sin duda, a dos o tres semanas de distancia, pueden parecer tan dispersos en cuanto a lo que se refieren. Sin embargo, decidí dejarlos hoy como aportes a la discusión.

En primer lugar creo que varios de los señores Legisladores que hicieron uso de la palabra sobre este tema esbozaron, de alguna manera, su visión en cuanto a lo que debía ser el impulso a una determinada política de tierras en el Uruguay. La historia muestra que las políticas de tierras nunca aparecen ni se desarrollan separadas de una política demográfica, y cierto es que en el país nunca hemos tenido, en forma expresa, ni política demográfica, ni política de tierras. Sí hemos tenido sucesivamente intenciones de política en materia demográfica y de tierras que han tenido que ver con la ocupación de nuestro territorio, con el concepto de poblar, con la defensa de fronteras, con objetivos productivos y, más recientemente, con el medio ambiente y la protección de los recursos naturales.

En definitiva, los países que en los últimos años analizan y desarrollan políticas de tierras, lo hacen tomando en cuenta este conjunto de factores y ya no uno solo. Se trata de políticas de tierras dirigidas a resolver problemas específicos, regionales, de áreas y de presión sobre la tierra o para evitar la excesiva concentración de tierras, dando paso a otras nuevas que incorporan elementos asociados no tanto al tamaño, sino más bien al uso adecuado de los recursos naturales y al cumplimiento de determinados objetivos de carácter ambiental. Asimismo, estas políticas apuntan a ciertas metas para conseguir equilibrios demográficos que tienen que ver con la ocupación del territorio, con la solución de determinados problemas de presión sobre la tierra en zonas determinadas y, naturalmente, a objetivos armónicos de carácter productivo. Bueno sería que en algún momento en el Uruguay, pudiéramos mantener, en forma ordenada, ciertas discusiones que nos llevasen a definir algunos principios básicos en materia de políticas de tierras, asociada a una política demográfica.

Lo que sí tengo claro, señor Presidente, con relación a este punto, es que los conceptos históricos de evitar la concentración y que dieron lugar a ese artículo 9º, de la Ley Nº 13.608, del año 1967 -por razones que pasaré a explicar más adelante- hoy ya no están vigentes.

Con relación a un segundo conjunto de observaciones derivadas del Derecho Comparado y de la existencia de disposiciones similares prohibiendo la titularidad a personas jurídicas con capitales al portador, tal como sucede en Colombia, Ecuador y México, quisiera hacer referencia a varios trabajos de un especialista en tenencia de tierras. Se trata de un autor que, pese a haber escrito sobre este tema en las décadas del cincuenta y del sesenta, sigue vigente, que es el señor Barraclough. Sus obras fueron utilizadas durante muchos años por quienes trabajamos en temas de reforma agraria y de reordenamiento rural, como una guía racional y ética para examinar temas vinculados a la tenencia de la tierra. Sin embargo, examinando sus escritos, queda claro que el desarrollo de los nuevos patrones de tenencia, por ejemplo, en el Valle del Cauca en Colombia -una de las zonas más ricas desde el punto de vista agropecuario- en nada fueron ayudados por la existencia de normas que impedían la titularidad, como la que hoy se trata de restablecer con el proyecto de ley. Al contrario, cuando surgieron emprendimientos modernos como la producción de flores para la exportación -esta fue la gran explosión productiva del Valle del Cauca- hubo que recurrir a todo tipo de subterfugios separando la titularidad de la tierra de la titularidad de las empresas, e invirtiendo de alguna forma.

Casos similares se podrían citar en México con relación a la operación de la Secretaría de Reforma Agraria a lo largo de sesenta años, distribuyendo una y otra vez tierras altamente productivas ante la imposibilidad de acceder a formas de titularidad que permitirán explotaciones más racionales y con un uso más adecuado de capital y tecnología.

El caso tal vez más simpático con relación a este tema, es el que refiere Barraclough cuando dice que, en definitiva, no tanto importa la titularidad, sino el uso y el derecho, cuando en un país como Gran Bretaña toda la tierra pertenece a la Reina. No hay tierra privada. ¿Acaso alguien puede dudar del rostro del que produce o del que tiene titularidad de derecho sobre la tierra por el hecho de no ser el propietario? Algo parecido podríamos decir -sin sobreabundar en el tema- sobre la relevancia que tendría en la explotación moderna la titularidad planteada en personas jurídicas con capitales al portador.

Por otro lado, quería referirme brevemente a las observaciones que se han hecho en materia de concentración y el verdadero sentido que esta tiene. Esto aún hoy pervive, a veces como un factor que nos impide examinar el papel de la tierra y del sector agropecuario en el conjunto de la economía nacional. Se denunció o se expuso casi en términos de denuncia que hay 4.000 productores en el país que concentran 10:000.000 de hectáreas, lo que representa 2.500 hectáreas por productor. Si estas 2.500 hectáreas por productor se dan en el basalto superficial o cristalino, según el tipo de explotación, tal vez estemos hablando de minifundios. Por lo tanto, el viejo concepto de tamaño asociado a la concentración, de alguna manera hoy debe ser revisado, lo que ya se hizo en la CIDE.

Al mismo tiempo quiero indicar que el esfuerzo que ha realizado la humanidad para acceder a sistemas más racionales de distribución de la tierra -como el del otorgamiento del famoso lote de 300 acres a los inmigrantes norteamericanos- produjo un sistema productivo y de tenencia que en definitiva ha resultado en que los activos fijos para la producción intensiva en granjas de 300 acres -lo que hoy sería una zona con un índice CONEAT 100 en Uruguay- se sitúen en el entorno del millón de dólares. Esto de alguna forma explica el factor esencial de expulsión que la tecnología y el capital han significado en la explotación agropecuaria y, a la inversa, el factor de concentración derivado de las necesidades de capital y tecnología. De la misma manera, cuando en los años sesenta la humanidad miraba esperanzada los resultados de la investigación agrícola de México, del Centro Internacional de Investigaciones de Maíz y Trigo que creaba la revolución verde que iba a terminar con el hambre en el mundo, encontramos que su aplicación indiscriminada operó como factor de expulsión de la tierra de los sectores con propiedades de menor tamaño, en favor de los sectores con propietarios de mayor tamaño, ante imposiciones de tamaño traídas por la propia naturaleza de la tecnología que se venía aplicando.

No quiero cansar a lo señores Senadores, pero sí voy a referir que el Uruguay tomó, indirectamente, y de alguna manera en forma parcial, decisiones con relación a lo que podríamos denominar como políticas de tierra, las cuales resultaron inteligentes para tres sectores y que hoy se asocian a su éxito productivo y económico, y también, por imperfecciones en esas políticas de tierra, a lo que queda sin resolver en algunos de estos sectores, que son el forestal, el arrocero y el de lácteos. Sin duda, estos tres sectores de punta en el agro nacional, deben una buena parte de su éxito productivo y económico a la existencia de políticas específicas, que si bien no fueron ni pueden denominarse como políticas de tierra, de todas maneras, tuvieron algunos componentes y elementos básicos que hoy poseen estas políticas, y que resultaron con su especificidad y su apoyo a la producción de sectores pujantes y exitosos. Cuando estos grupos tienen problemas, como por ejemplo el de los pequeños productores de lácteos, no los ponen arriba de la mesa como "problemas a resolver", y tienen que ver, precisamente, con el tamaño de los predios y con el capital y los activos fijos imprescindibles para que la producción sea rentable y para que los hoy pequeños productores, puedan operar en el sistema general de esos sectores.

Aquellos argumentos que históricamente planteaban la necesidad de la titularidad física y con cara conocida de la tierra, asociada a la de que los trabajadores asalariados del campo tuvieran un patrón humano al cual referirse, a mi juicio, han perdido fuerza en los sectores agropecuarios de carácter empresarial, por la diferente naturaleza de las relaciones que se establece entre patrones y trabajadores en dichos sectores. Además, la han perdido porque el surgimiento de las empresas agropecuarias para explotar adecuadamente ese tipo de producción en esas extensiones de alguna forma, ha hecho que surjan nuevos patrones de relaciones laborales distintos a los anteriores -en los hechos mucho más parecidos a los de otros sectores de la economía nacional- lo que ha derivado en que fuera innecesario ese requerimiento en el arroz y la lechería. Por otra parte, en los sectores que hoy se mantienen en la producción nacional son diferentes los elementos con que cuentan trabajadores y empresarios agropecuarios para defender sus derechos, así como también es distinta la estructura del Estado al que pueden recurrir para hacerlos valer.

Señor Presidente: creo que este tema, por la exposición de motivos que trae el proyecto de ley y por la discusión general que ha tenido en Sala, ha puesto de relieve la necesidad de empezar a considerar de manera distinta algunos componentes esenciales de la política del país con relación a la modernización de instrumentos legales que regulan la producción en el sector primario.

La propuesta que traemos hoy tiene que ver con la derogación del artículo 9º, que permitiría el surgimiento de personas jurídicas con capital al portador, lo que creemos es una necesidad absoluta. Como se puede observar, los sistemas de producción que hoy están permitiendo establecer una verdadera revolución productiva, no sólo en extensiones grandes, sino también en pequeñas, son altamente exigentes en materia tecnológica y de capital. Pensamos que plantear la posibilidad de que surja este tipo de personas jurídicas para explotar estas empresas agropecuarias es, ni más ni menos, que ponerlas al mismo nivel y darle iguales oportunidades que a otras empresas de diversos ámbitos productivos del país. Para el sector agropecuario sería imposible acceder a la nueva legislación, que le permitiría participar del financiamiento a través del mercado de valores, si no levantáramos la restricción que impone la ley de 1967. También sería imposible atraer capitales, no sólo extranjeros sino también uruguayos, para un tipo de emprendimiento capaz de aplicar hoy tecnología y capital en extensiones relativamente pequeñas del sector intensivo, si no levantáramos estas restricciones a las alternativas que se plantean al crédito bancario. O sea, no es en vano que hoy prácticamente todas las gremiales de productores, ya sean grandes, chicos o intensivos, entiendan como bueno no transformar en objetivo de la política que la titularidad de la tierra pase a ser ejercida por personas jurídicas con acciones al portador, pero sí que exista la posibilidad de que las empresas agropecuarias que tienen la oportunidad de reconvertirse sobre la base de tecnología y de capital, puedan hacerlo en iguales condiciones a las de otras de la economía nacional.

Es por estas razones y, además, por estar convencido de que la aplicación de la norma que se propone, que deja sin efecto el artículo 9º de la Ley Nº 13.608 y no produciría en el país el tipo de consecuencias que intentaron evitarse en 1967, que hoy defendemos como una instancia imprescindible de modernización, y fundamentalmente de oportunidad para el sector agropecuario, la posibilidad de constitución de personas jurídicas como las que quedarían habilitadas a ejercer titularidad sobre las tierras en estas condiciones. Creo que existe una franja de oportunidades en el sector agropecuario asociada a la producción intensiva, que representa un nuevo tipo de empleo en el país.

Sinceramente, pienso que la norma que hoy estamos apoyando, derogando el artículo 9º de la Ley Nº 13.608, no por sí misma ni en soledad, pero sí como parte de un conjunto de disposiciones -muchas de las cuales hemos venido aprobando en el Parlamento- actuaría en favor de la creación de un mercado de trabajo especializado, interesante y atractivo para los jóvenes que hoy están cursando estudios tecnológicos de esta naturaleza.

En síntesis, por estos motivos voy a votar este proyecto de ley y, además, planteo al Senado la conveniencia de acompañarlo.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Entiendo que la argumentación esgrimida por el distinguido señor Senador Fernández Faingold rebate o enfrenta algunos de los planteamientos que hemos realizado, por lo cual me consideraría aludido y quisiera responder...

SEÑOR PRESIDENTE. - Sí, señor Senador, para tales fines se le concedió el uso de la palabra; dispone de cinco minutos.

SEÑOR PEREYRA. - El primer enfoque que ha hecho el señor Senador se refiere al hecho de que en el país no ha habido una relación estrecha entre la política de tierra y la política poblacional. Me atrevo a discrepar con ese concepto en base a la historia del país, a hechos lejanos y cercanos en el tiempo. Entre los lejanos, está el de la política poblacional llevada a cabo por Artigas, inspirada en lecciones que recibiera de Azara cuando éste lo acompañara en el viaje hacia la frontera con el fin de establecer dicha política.

También me refiero a la relación que entre ambas políticas implementó el gobierno de Bernardo Prudencio Berro al ordenar el establecimiento de colonias en la frontera, así como a los proyectos de colonización emanados de los gobiernos de José Batlle y Ordóñez y de Baltasar Brum, que ya he citado en este Senado en oportunidad de otros debates. Asimismo, quiero mencionar las iniciativas -casi contemporáneas a nosotros- citadas en la exposición de motivos del proyecto de ley de reforma de las estructuras agrarias, cuyo autor fuera Wilson Ferreira Aldunate. Allí se mencionan proyectos del Ministro Carlos Puig, de Daniel Fernández Crespo, y por mi parte hice referencia a las ideas de Wilson Ferreira que, en definitiva, hicieron que cristalizara esta prohibición que hoy se quiere derogar.

En lo que tiene que ver con el Derecho Comparado -que también se mencionó- señalamos que en Colombia no se ha derogado la disposición constitucional ni la legislación que establecen que cada vez que hay una traslación de tierras hacia una sociedad por acciones, debe registrarse la operación ante las instituciones del Estado y requerirse la autorización correspondiente.

Quisiera agregar que cuando se habla del crecimiento de la forestación, del auge de la producción de arroz en el país o de los progresos que se han hecho en la lechería, es cierto, pero no tiene nada que ver con el proyecto de ley que estamos considerando. Precisamente, en mi exposición cité una ley de 1992 que menciona como excepción la prohibición del artículo 9º -que se quiere derogar- de la ley de 1967, las tierras dedicadas a la forestación, siempre y cuando estén dedicadas a la combustión y en tanto no se produzca la forestación en sí misma. Ya sabemos cómo son las tierras que explotan los arroceros; la producción de arroz ha crecido con una política de tierras que no es, precisamente, la de la propiedad, pero no por falta de capital, sino porque el cultivo del arroz exige rotaciones permanentes.

Con respecto a la lechería, pensamos que actualmente el mal que la aqueja es el minifundio. Mucho más del 50% de los lecheros trabajan en extensiones absolutamente insuficientes y esta situación no se va a arreglar con capitales extranjeros que, como dije en la exposición que realicé hace tres semanas, seguramente no vendrán a apuntalar a estos pequeños productores, porque no tendría sentido.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

-En cuanto a la falta de capital, creemos que quizá se necesite una política de crédito especial. Nada impide que el capital extranjero pueda apuntalar a la producción agropecuaria, siempre que se dé el nombre del propietario de las acciones, es decir, que dichas acciones sean nominativas. En este debate nadie ha explicado cuál es la razón para que quien quiera participar de la explotación de la tierra deba esconder su nombre, o por lo menos quien habla no lo ha escuchado.

Finalmente, quisiera reiterar las expresiones del actual Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en cuanto a que habrá que dar prioridad a las necesidades del productor por encima del producto. Quiere decir que se ha señalado la prioridad del valor humano, de los derechos y de la dignidad del hombre por sobre la generación de la riqueza. Esa es la expresión de un gobernante actual, que ocupa un relevante cargo en el gobierno y señala una posición absolutamente reñida con la legislación que hoy se quiere derogar.

Muchas gracias.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Voy a ser breve, señor Presidente, porque no quisiera, por vía indirecta, establecer un debate, sino hacer algunas apreciaciones con relación a varios de los temas mencionados.

En primer lugar, debo decir que no se trata de que el país no haya tenido políticas puntuales de tierra; lo que señalamos es que en este momento una política de tierras exitosa necesita tomar en cuenta aspectos demográficos, así como aquellos que tienen que ver con objetivos productivos y ambientales de conservación y de mejor utilización de recursos naturales. Hoy una verdadera política de tierras es impensable si no es parte de una política que incorpore aspectos demográficos, ambientales y de otra naturaleza, como los que ya señalé.

En segundo término, creo que el Derecho Comparado avala la irrelevancia de la titularidad personal y visible frente a los objetivos, tanto de desarrollo productivo como incluso de justicia, en lo que tiene que ver con la tenencia. Precisamente, el caso de Colombia es un buen ejemplo, porque se llegó a la ficción jurídica de separar la titularidad de la tierra de la de la empresa para la explotación de aquélla, a fin de pasar por el costado de esta disposición constitucional, efectivamente no derogada.

Insisto en este tema, simplemente, con el objeto de realizar algunos aportes a esta disposición de carácter general. Debo decir que no es cierto que en este momento sea irrelevante la forma de titularidad del tipo de financiamiento al que se pueda acceder. Podemos no estar de acuerdo, pero si no existe una titularidad, como la que habilitaría la aprobación de este proyecto de ley, en personas jurídicas con capitales al portador, sería muy difícil el acceso al mercado de capitales. A nuestro juicio, por más reformas que introduzcamos al régimen de crédito, éste ha pasado a ser un mecanismo insoslayable de financiamiento de emprendimientos que requieran fuertes ingresos de capital o, simultáneamente, la incorporación importante de tecnología.

No decimos que en su momento la norma no tuviese razón de ser, sino que, precisamente, por las transformaciones que se han dado con naturalidad en la titularidad de la tierra, actualmente ha dejado de tener razón de ser. Apostamos a que, a través de una norma de este tipo, se dé al sector agropecuario igualdad de trato y de condiciones frente a las necesidades de financiamiento y de incorporación de tecnología.

Finalmente, quiero hacer referencia a que el ingreso de capitales para este tipo de emprendimiento no tiene por qué ser solamente extranjero. No he hablado de este tipo de capital, no me molesta ni me preocupa en la medida en que se produzca en condiciones adecuadas, ya que también es un mecanismo alternativo para la canalización del ahorro de los uruguayos, como se hace hoy con los fondos de inversión, que en el caso del sector agropecuario, no pueden operar mientras no liberemos la restricción a las formas de titularidad que existen actualmente.

En suma, señor Presidente, lo que en algún momento pudo ser una discusión apasionada asociada al futuro del sector agropecuario como parte del destino nacional, hoy ha cambiado su naturaleza; no estamos en las esencias cuando defendemos el mantenimiento del artículo 9º de la Ley Nº 13.608.

Por lo tanto, creo que es de rigor que aceptemos esa modificación propuesta porque no tendrá el tipo de resultados o consecuencias que se quisieron evitar en 1967.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: el hecho de haber permanecido durante un tiempo, quizás excesivamente, en el ejercicio de la actividad legislativa, nos obliga en ciertas circunstancias -y una de ellas es ésta- a tener que fundamentar el voto que daremos al proyecto que estamos considerando, relativo a la derogación del artículo 9º de la Ley Nº 13.608.

Lo decimos porque en 1972, hace unos cuántos años, fuimos miembros informantes de un proyecto denominado "Nacionalización de la Tierra". Dicha iniciativa, fue presentada en mayo de ese año por el entonces Senador -y aún hoy lo es- Carlos Julio Pereyra. Ese proyecto tenía como preocupación fundamental el hecho de que la tierra fuera de ciudadanos uruguayos y en el caso que perteneciera a extranjeros, estos debían tener radicación en el país, residencia, inversiones y en cierto modo un domicilio establecido que permitiera considerar que los mismos se habían integrado a la realidad productiva y que estaban conformando el Uruguay como sociedad política.

Rápidamente, queremos señalar lo que establecía esta iniciativa. En su artículo 1º disponía que solamente los ciudadanos naturales o legales de la República podían ser propietarios de inmuebles rurales o titulares de acciones nominativas de sociedades propietarias de bienes inmuebles en el territorio nacional. También expresaba que los extranjeros que no fueran ciudadanos podrían ser arrendatarios o arrendatarios promitentes compradores por plazos que no podrían exceder en un año, según los casos establecidos en los incisos A) y B) del artículo 75 de la Constitución a los efectos de obtener la ciudadanía legal. Vencido dicho plazo, si no habían obtenido la ciudadanía, no podían seguir ocupando tierras de ningún tipo. Asimismo, para los extranjeros que en ese momento eran tenedores de tierras, se establecía que podían continuar en la tenencia de las mismas siempre que poseyeran ciudadanía legal, que estuvieran corriendo los plazos de residencia previstos en el artículo 75 de la Constitución o que la hubieran obtenido dentro del plazo de un año de cumplidos los mismos o en su caso de la promulgación de la presente ley. A su vez, los extranjeros propietarios de inmuebles rurales, mientras no tuvieran ciudadanía legal solamente podían vender su tierra al Instituto Nacional de Colonización, el que las adquiriría en la forma establecida por el artículo 6º, el que disponía la expropiación de todas las tierras propiedad de todos los extranjeros que no hubieran obtenido la ciudadanía legal dentro de los plazos correspondientes. Por su parte, la indemnización se haría a través de la ley que estableció el Instituto Nacional de Colonización y también se tomaban otras medidas que tenían que ver con la comunicación del Poder Ejecutivo a la Asamblea General en cada operación de este tipo que se realizara. Con respecto a las mejoras que los extranjeros arrendatarios promitentes compradores, realizaran en los predios que ocupaban con la aprobación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se preveía una indemnización por su valor total actualizado si el promitente vendedor desistía de la compra pactada.

En resumen, este era el proyecto del que fuimos miembros informantes en aquel entonces, en aquella Legislatura que quedó trunca por disposición de quienes se hicieron propietarios del poder. Insisto, esta iniciativa se denominó "Nacionalización de la Tierra" y hacía referencia, en su exposición de motivos, a José Artigas, cuando en 1815, en el artículo 7º del Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de su Campaña y Seguridad de sus Hacendados dijo: Serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros y estos a cualquier extranjero.

Según lo que recuerdo -quizás, el señor Senador Pereyra pueda tener mejor información que nosotros- este proyecto no recibió aprobación. A su vez, cabe señalar que en la misma época se presentaron otras iniciativas -y tenemos los apuntes correspondientes- por las cuales se procuraba poner una valla a la penetración económica del exterior. Concretamente, se procuraba la defensa de la soberanía tanto en la parte política como en la económica; se procuraba la defensa de la producción y de la riqueza nacional; se procuraba recuperar tierras y proteger a los extranjeros que adquirían la ciudadanía legal en el país.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - La relación que ha hecho el señor Senador Santoro acerca del proyecto del año 1972, que quien habla presentó, es totalmente exacta. No se aprobó -el señor Senador Santoro era Miembro Informante a favor de esa iniciativa- porque en la discusión nos sorprendió el golpe de Estado.

Debo reconocer que el proyecto fue criticado en virtud de que prohibía la tenencia de tierras por parte de extranjeros.

Posteriormente, presentamos dos proyectos más a consideración de este Parlamento en el cual se modificaba ese aspecto, permitiendo que los extranjeros pudieran poseer tierras en el Uruguay siempre y cuando tuvieran residencia en el país. Cabe aclarar que no fuimos los únicos; en 1970, 1971 y 1972 Legisladores de todos los partidos presentaron proyectos alarmados por el proceso de extranjerización que estaba sufriendo nuestra tierra. Como todas esas iniciativas fracasaron, actualmente el Uruguay presenta un grado de extranjerización de su tierra sumamente grande que ha preocupado a buena parte de la prensa nacional y a la opinión pública, con derivaciones también denunciadas en este Parlamento como es el caso de la penetración ilegal de maquinaria y mano de obra extranjera -fundamentalmente de Brasil- que no cumplen los requisitos aduaneros, en el primer caso y las leyes sociales y se desarrolla al amparo de esta situación de proximidad con la frontera. Insisto, actualmente ese proceso de extranjerización es muy grande. A tal punto lo es que en cualquier diario del Estado de Río Grande y sobre todo en Porto Alegre se pueden encontrar páginas enteras ofreciendo tierras en el Uruguay. Este será otro ejemplo pero seguimos creyendo que alguna limitación hay que establecer. Me baso en hechos recientes, no ya tan lejanos.

Recientemente cité que en el año 1953, los cuatro países del MERCOSUR reunidos elaboraron el Protocolo de Colonia para establecer las excepciones existentes a la inversión de unos y otros países dentro del territorio del Acuerdo. Entre las excepciones fijadas por tres países figuraba la posesión de tierras por parte de los habitantes de los países socios; Argentina y Paraguay mantuvieron la prohibición de la posesión de tierras por ciudadanos pertenecientes a los países del MERCOSUR en una extensión de 50 kilómetros hacia adentro de sus fronteras, Uruguay no hizo reservación alguna, ni de un solo metro, mientras que Brasil, el país colosal desde el punto de vista territorial, reservó absolutamente todo su territorio no sólo para que no fuera propiedad de extranjeros, sino para que no pudiera ser arrendado por ellos. Entonces, el problema no es tan pequeño -y aclaro que no estoy diciendo que alguien haya empleado este calificativo- cuando en este momento -no hace cincuenta, treinta o veinte años- Brasil mantiene una rígida política de prohibición de penetración de propietarios extranjeros, cualquiera sea su forma, tanto en propiedad como en arrendamiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Estábamos haciendo la referencia histórica de este proyecto de ley presentado en 1972 por el señor Senador Pereyra. Estábamos señalando, también, que otros Legisladores, cuyos nombres no voy a mencionar aunque figuran en una lista que está en nuestro poder, promovieron distintas iniciativas. En aquel momento, la consideración del tema se vio motivada por la información que se manejan a nivel de la Dirección General del Catastro Nacional con relación a la tenencia de tierras por extranjeros en los departamentos de Artigas, Rivera, Treinta y Tres, Cerro Largo y Rocha; concretamente, de un total de 5:343.000 hectáreas, 185.022 estaban en poder de extranjeros, lo que constituía un 3.5% de la totalidad del área. Así, este tipo de iniciativa fue reiterado por el propio señor Senador Pereyra en 1985, oportunidad en la cual no pudo ser aprobado debido a la falta de dos votos. Si no recordamos mal, volvió a presentar el proyecto de ley durante la anterior Legislatura y tampoco tuvo la posibilidad de ser aprobado.

Hemos querido hacer esta referencia histórica porque creemos que el proyecto de ley que estamos considerando actualmente tiene otro alcance, otra fundamentación y otra dimensión conceptual. Brevemente, vamos a reseñar la historia mediante la cual esta iniciativa fue incorporada a la realidad legislativa del país ¿De dónde salió este artículo 9º de la Ley Nº 13.608? Se derivó del proyecto de ley de emergencia que el Gobierno recién iniciado del entonces Presidente Gestido envió al Parlamento en 1967. ¿Cuál era la realidad en la cual estaba inserta la presentación de dicho proyecto de ley? Conocer el entorno sirve también para comprender por qué se estableció una disposición como la que ahora se procura derogar. El entonces Presidente Gestido, en su discurso, decía: "Somos muy conscientes de todos aquellos que se han beneficiado del caos financiero inflaccionario. Conocemos a las fuerzas especuladoras que atentan contra la estabilidad nacional y a los grupos privilegiados que hacen de la inflación un negocio".

También decía: "Deberemos revisar toda nuestra legislación bancaria y financiera. La banca y las actividades financieras deberán comprender que están manejando dineros del pueblo que son el fruto del trabajo de muchos. El crédito no puede, por tanto, estar al servicio de unos pocos privilegiados, sino de quienes más lo necesiten y mejor lo empleen. La banca es una función pública y así deberá ser ejercida, y los que alimenten insaciables apetitos especulativos, serán castigados con toda nuestra fuerza".

Señalaba, además: "No es un hecho fortuito que esta enfermedad inflacionaria haya hecho a los ricos más ricos y a los pobres más pobres".

Este era el discurso de aquel momento del Presidente Gestido, que servía de marco para el proyecto de ley de emergencia que enviaba al Parlamento. En el Mensaje de dicha iniciativa se expresaba: "En los últimos años el país sufre una profunda declinación en el orden económico y un estancamiento general de su producción. Las causas de esta situación tienen hondas raíces estructurales. El estancamiento de la producción agropecuaria se debe a la resistencia de ese sector a introducir una técnica productiva que permita superar las rígidas limitaciones provenientes de la extensión del territorio del país. Tal resistencia proviene a su vez, de los problemas estructurales que afectan al mencionado sector, los cuales consisten, principalmente, en la extensión de los predios y en su régimen de tenencia". Agregaba: "La aceleración del proceso inflacionario, pues, responde a las mismas causas estructurales que traban el desenvolvimiento económico del país. Hasta que no se supere la situación de estancamiento de la producción y baja de la productividad que caracterizan a los últimos veinte años de la historia de nuestra economía, no habrá soluciones".

En todo esto se basaba el proyecto de ley de emergencia en el que estaba incluida esta disposición.

En lo que tiene que ver con los títulos en que se dividía esa iniciativa -que resultan importantes para poder comprender cuál era el clima que se vivía en aquel momento del país- cabe señalar que uno de ellos se refería a la política tributaria, otro a la crediticia, un tercero al comercio exterior, un cuarto a la política de precios e ingresos, un quinto a la de inversiones y el último, para redondear, a disposiciones generales. Dentro de cada uno de estos títulos había capítulos y secciones que abarcaban temas de enorme trascendencia y envergadura para la vida del Uruguay. Es decir, en aquel período, tal como lo decía el discurso del Presidente Gestido y el Mensaje del Poder Ejecutivo, se vivía una situación de real emergencia desde los puntos de vista económico, financiero y de producción. Tal como el propio nombre de la iniciativa lo indicaba, se trataba de emerger de un panorama realmente dramático que estaba padeciendo el país. En ese contexto fue que se introdujo la disposición que dio origen a este artículo 9º que ahora se procura derogar. Concretamente, en el artículo 57 de las normas complementarias de dicho proyecto de ley se dispuso que las sociedades de responsabilidad limitada no podrán, a ningún título, poseer, adquirir ni explotar inmuebles rurales y las sociedades anónimas y comanditarias por acciones sólo podrán poseer, adquirir o explotar tales inmuebles, cualquiera fuere el título invocado, cuando la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas. Se fijaba un plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley, para que dichas sociedades, cuyas acciones continuaren siendo total o parcialmente al portador, cesaran en la titularidad del dominio en la explotación rural. Vencido dicho plazo, se entenderían disueltas de pleno derecho. En definitiva, el proyecto de ley procuraba superar una situación que se estimaba era tremenda desde los puntos de vista financiero y económico, con repercusiones de carácter social.

Luego en la redacción originaria de este artículo 9º, se procedió a decir que las sociedades de responsabilidad limitada no podrán, a ningún título, poseer, adquirir ni explotar inmuebles rurales, y las sociedades anónimas y comanditarias por acciones sólo podrán poseer, adquirir o explotar tales inmuebles, cualquiera fuere el título invocado, cuando la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas. A tales efectos, se fijaba un plazo para que se regularizara la situación.

Este fue el fundamento y la intención de aquella originaria ley de emergencia que salía a la realidad legislativa del país en procura de luchar contra una política de especulación y contra un proceso altamente inflaccionario, con el deseo de realizar un ordenamiento en la producción del país. Reitero que ese fue el fundamento de la citada disposición y no existió en ella la razón de la propiedad o de la tenencia de la tierra por parte de extranjeros, sino de la especulación de la misma.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Pido disculpas al señor Senador Santoro por las frecuentes interrupciones que le he solicitado, pero adelanto que esta será muy breve.

La especulación con la tierra se está dando en estos momentos en grandes proporciones, fundamentalmente en las proximidades de la frontera. Al respecto, me voy a referir a la zona que más conozco, que es la del departamento de Rocha. Allí se han vendido numerosas estancias a personas uruguayas que, a los seis meses o al año, las vuelven a vender por el doble del precio a inversores brasileños, teniendo en cuenta la diferencia que en este sentido existe entre Uruguay y Brasil. Cabe aclarar que los valores de las tierras por hectárea en nuestro país son aproximadamente un tercio de los de Brasil.

Entre los últimos datos que tengo, figura como uno de los predios que han sido fruto de esta especulación para ir a parar al extranjero, la estancia que pertenecía a Wilson Ferreira Aldunate. De esta manera, se da la paradoja de que la tierra de quien fomentó una política destinada a poblar la campaña con uruguayos vaya a parar en manos extranjeras.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Conocemos los conceptos que nos alcanza el señor Senador Pereyra, pero estimamos que si se categoriza como especulación lo que acaba de señalar, no se trata precisamente de la que se mencionaba en la ley de emergencia. Son situaciones totalmente distintas, porque esta sería una especulación para los brasileños y no para los uruguayos; no es una especulación que afecte al país, de acuerdo con nuestro elemental concepto en materia económica.

Continuamos recordando qué decía el sector agropecuario y qué era lo que mostraba la realidad productiva en el año 1967. Este sector aportaba el 15% del Producto Bruto Interno y el sector industrial contribuía con el 27%, mientras que el de servicios lo hacía con un 56%. Esta realidad también revelaba, de acuerdo con información de la CIDE, que la baja producción había ocurrido tanto en los latifundios como en los tres millones de hectáreas que no tenían problemas de dimensión ni de título de tenencia de los predios.

Rápidamente, ingresamos desde 1967 a la realidad actual de nuestra producción agropecuaria, con una información que nos ha sido brindada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En los discursos que se hicieron anteriormente en el Senado ya se hizo referencia a algunas de estas cifras, que han sido obtenidas de los censos generales agropecuarios, el último de los cuales corresponde al año 1990. A pesar de que estamos en 1997, vale la pena analizar estos datos para comprobar que la disposición contenida en el artículo 9º de la Ley Nº 13.608 -que ahora se procura derogar- no ha tenido efectos sobre esta realidad sino que, por el contrario, ella nos golpea fuertemente.

Según el cuadro de la actividad agropecuaria, entre los años 1970 y 1990, este sector sufrió las siguientes variaciones. Se ha producido la pérdida de 22.400 explotaciones de las 77.163 que había en 1970, con una disminución de un 29%. Ha ocurrido la pérdida de 858.291 hectáreas de superficie explotada -es decir, un 5% menos- parte de la cual puede ser atribuible -según el informe- a errores de relevamiento, procesamiento de datos o declaración de los productores. A su vez, en ese período han desaparecido 99.451 pobladores agrícolas de los 318.166 que había en 1970, lo que representa un 31% menos. Se han perdido 40.079 puestos de trabajo agropecuarios de los 181.206 que existían en 1970, lo que constituye un 22% menos. Por último, la relación de hectáreas por explotación pasó de 214 a 286, lo que representa un aumento del 33%.

Esta es la información del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en grandes números.

¿Pero qué es lo que vemos en otro sector que es de fundamental importancia en la actualidad, por tecnología, por fijación del productor a la tierra, por la explotación de predios pequeños, por el engranaje que existe entre la producción directa de la tierra -cualquiera sea el nivel de ella- y la actividad industrial, en el complejo agroindustrial que es vital para la producción? Me refiero a la producción granjera, sobre la que también tenemos números que resultan todos negativos. En la información que disponemos, que también es de origen oficial, se señala que la zona en la que se concentra la mayor parte del área productora es el sur del país, es decir, los departamentos de Canelones, Montevideo y parte de San José. El 65% de los establecimientos hortifrutícolas están radicados en esta zona, que provee el 90% de los frutos no cítricos y el 75% del total de hortalizas. Se trata de un área de 565.000 hectáreas, en las que se concentra el 29% de los establecimientos del país. En la comparación de los censos generales agropecuarios de los años 1980 y 1990, observamos que en todo el país desaparecieron 13.500 explotaciones y se perdieron cerca de 18.000 trabajadores rurales, dejando de participar en la producción 15.700 personas entre el productor y su familia.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador, y no lo hago por una simple cuestión de práctica, sino porque le he robado parte de su tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Aclaramos al señor Senador Pereyra que ha interrumpido al señor Senador Santoro con su conformidad.

Se va a votar la moción formulada.

-22 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Decíamos que en el sector granjero se destaca una pérdida de 17.500 hectáreas de superficie hortícola, siendo el área actual el 70% de la que existía en 1980. El sector frutícola no ha sufrido variaciones sensibles y el vitícola ha perdido 3.300 hectáreas, siendo la superficie actual el 80% de lo que era en 1980.

Esta es la realidad del sector granjero, pero también vale la pena hacer referencia a otro rubro que está vinculado con el Instituto Nacional de Colonización.

No vamos a ingresar en toda la historia de una Institución que está vigente en el país desde el año 1948, pero sí queremos señalar que lo que tiene que ver con el crecimiento en materia de hectáreas a su cargo, no ha sufrido grandes variaciones. En este sentido, cabe indicar que si tomamos, por ejemplo, a partir de la vigencia de la disposición que ahora se procura derogar -es decir, de 1969 a 1978- el Instituto pasó a tener 132.174 hectáreas más que las que poseía; de 1979 a 1988, 16.442; de 1989 a 1992, 9.316; y, por último, desde 1993 hasta el presente -esta es la última información brindada por la Institución- adquirió 11.298 hectáreas.

La realidad del Instituto Nacional de Colonización es que hasta 1995 mantenía un nivel importante de deuda por hectárea. A mediados de 1996, el porcentaje de deudores respecto al total de colonos es bastante elevado. Concretamente, se trata del 62% de los arrendatarios y del 46% de los colonos promitentes compradores, a pesar de que aún están corriendo los plazos para cancelar adeudos, según se desprende de la información que estamos manejando.

Esto nos muestra, pues, que las posibilidades de una mayor producción, capacitación y presencia de explotaciones y de gente ocupada en esas tierras, no crecieron en la forma esperada.

La superficie total que está colonizada en la actualidad es de 497.418 hectáreas, de las cuales se han entregado en arrendamiento 240.578 hectáreas.

Este es el panorama que presenta el país en los sectores agropecuarios y granjeros y, también, con relación al Instituto Nacional de Colonización.

Entendemos que este proyecto de ley por el cual se deroga lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 13.608, procurando que intervengan en la explotación agropecuaria sociedades anónimas con acciones al portador, debe constituir una apuesta a mejorar la producción del país. Creemos que esta es una posibilidad para superar los eventuales riesgos que se podrían generar. La experiencia nos ha mostrado que en la forestación, en donde no se ha previsto una disposición como esta del artículo 9º, el crecimiento ha sido enorme. Es más, permanentemente se toma como ejemplo de uno de los crecimientos más importantes que se han dado en el país.

Otro de los elementos que habilita el ingreso de capitales que financien la actividad agropecuaria en general y la granjera, es el establecimiento de las agroindustrias. Esto está ocurriendo de manera particular en el sector vitícola, en donde se ha producido un crecimiento en materia de capacidad, calidad y producción. Luego de que en el país ha existido una legislación en esta materia desde el año 1903, ahora, en 1997, los uruguayos nos estamos enterando de que nuestros vinos compiten en técnica y calidad con los mejores del mundo y que han sido premiados en todos los lugares en que fueron presentados. Eso necesita inversión y, fundamentalmente, inyección de capitales, porque este es un sector cuya tecnología demanda el aporte de importantes capitales.

Pensamos, también, que este proyecto de ley pretende superar una situación que ya se daba en 1967: quebrar el ahogo que produce el sistema bancario en materia de financiación a los sectores productivos.

Por todas estas razones, apostamos a que la derogación de esta disposición -naturalmente, superando algún riesgo que pueda darse- y la forma prevista en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, sobre el control de las sociedades anónimas, suponga un mayor ingreso de capitales y una renovación en la explotación de la actividad agropecuaria del país que, según los números que hemos manejado, no creció en los últimos años.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - He escuchado con mucha atención al señor Senador Santoro y lo cierto es que, tal como había elaborado su discurso, creía que el voto iba a ser al revés de como lo está planteando ahora.

Aprovecho esta interrupción para razonar nuevamente sobre el tema de la concentración de la propiedad de la tierra, de la desaparición de los productores y de la pérdida de puestos de trabajo en el agro, asuntos a los que nos referimos extensamente en nuestra intervención.

Asimismo, quiero contestar una especie de alusión del señor Senador Fernández Faingold, quien hace unos momentos planteaba que, en realidad, no existe la concentración de la tierra.

A este respecto, debo decir que los datos emergentes del Censo Agropecuario de 1990 muestran una incambiada situación en lo que se refiere a la propiedad de la tierra en las grandes extensiones. El señor Senador Fernández Faingold decía que si sacamos la cuenta en base a 4.000 propietarios y 10:000.000 de hectáreas concentradas, tenemos un promedio de algo más de 2.000 hectáreas por cada uno, lo cual no es un número muy importante. Sin embargo, yo creo que no se puede razonar así, porque no hay que olvidar que hay 4:600.000 hectáreas en manos de 1.100 propietarios, lo que nos da un promedio de porción individual de 4.168 hectáreas. Allí, pues, no falta capital, porque hay un volumen de concentración muy importante; si no hay desarrollo es porque no hay inversión o, a lo mejor, porque no interesa que la haya, debido a que eso se reproduce solo.

Lo que todavía no he logrado entender -y este es el nudo de la cuestión- es de qué manera se va a producir una inversión multiplicada si transformamos las sociedades con acciones nominativas en acciones al portador. ¿De dónde vendrán? Sin duda, de un mercado de valores al que recién ahora se le ha dado la posibilidad de que las sociedades abiertas puedan cotizar, cosa que normalmente no hacen en el sector industrial.

Creo, al contrario de lo que dice el señor Senador Fernández Faingold, que lo que va a ocurrir aquí es que, simple y sencillamente, se va a cambiar la titularidad de las empresas, con lo cual muchos propietarios que actualmente están individualizados pasarán a tener una sociedad anónima. Entonces, el objetivo fundamental que se va a conseguir es que no conozcamos a los propietarios, tal como ocurre ahora con los titulares de las sociedades anónimas. Esto es prácticamente imposible, porque hasta los mecanismos de control que tenía el Estado para saber quiénes eran, han desaparecido. Solamente las sociedades abiertas tienen la obligación de publicar sus balances y decir quiénes son sus titulares. Quiere decir que lo demás puede cambiar de manos de un día para otro, y no pasa absolutamente nada.

Me reafirmo en lo dicho: no creo que este sea un mecanismo que incentive la inversión productiva. Al contrario del señor Senador Santoro, pienso que lo que ha posibilitado el desarrollo impetuoso de la forestación es una ley que, como dijimos al momento de votarla, ofrece beneficios extraordinarios a quienes planten árboles, y también la garantía de una rentabilidad que nadie obtiene, salvo aquellos que se dedican a este rubro. Estamos hablando de beneficios de carácter tributario, de exenciones del pago de impuestos para la importación de maquinaria, etcétera. Creo que el tema de la forestación le va a traer al país muchos problemas a corto plazo porque, tal como se está desarrollando esta actividad, se obtienen U$S 50 por tonelada a la hora de su exportación. Teniendo en cuenta los costos que esto tiene para el Estado, es casi anti económico realizar la forestación para el Uruguay. Aclaro que no estoy hablando de quien planta los árboles, que sí recibe buenos resultados, porque la rentabilidad está calculada antes de empezar a forestar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: a nuestro juicio, a través de esta disposición realmente se va a provocar un realce en toda la actividad productiva del país. En virtud de que vivimos en el sur, posiblemente, tenemos una visión un poco equivocada o limitada en lo que tiene que ver con su alcance o perspectiva, pero no nos olvidemos de lo que está ocurriendo en el sector lechero y vitícola. Estamos hablando de sectores que tienen una amplia tecnología, y cada vez son más exigentes. Actualmente, no cualquiera puede tener un tambo, ya que se debe tener capacidad técnica y gran información en lo que tiene que ver con sanidad, reproducción, el cuidado en el envío de la leche y su contenido. Como se sabe, la leche ya no se paga más por litro, por la cantidad de líquido, sino por el contenido de elementos productivos. En forma permanente se toma en cuenta el ingreso diario de leche y el control se hace en el propio tambo. Además, se realiza un control mensual de vaca por vaca en todo el rodeo productor de leche del país. Para eso se necesitan capitales e inversiones. Nosotros apostamos a que a través de la derogación de esta disposición, ello pueda ocurrir. Lo mismo ocurre en lo que tiene que ver con el sector vitícola. Estamos en una etapa o época distinta a aquella en la que el ordeñe consistía simplemente en tener vacas y la actividad vitícola se llevaba a cabo sólo plantando la viña y haciendo el vino, a veces con un aumento no muy santo del mismo. Todo eso hoy está controlado; ahora se exige una técnica muy eficiente en los dos sectores y para ello se necesitan capitales. En síntesis, mediante esta disposición, apostamos a que esos capitales puedan pasar a integrar la capacidad productiva del país.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: de ninguna manera pretendemos entorpecer el trabajo del Senado, pero simplemente queremos solicitar, de ser posible, una postergación de la votación de este proyecto de ley. Quiero explicar la razón, porque esta iniciativa ha sido largamente debatida.

En nuestra agrupación, no tenemos mandato imperativo, aunque sí existe una costumbre que hasta ahora ha sido respetada, en el sentido de que la Bancada vota siempre siguiendo la misma orientación. No tenemos antecedentes de votación dividida, salvo en algún tema que haga a nuestra conciencia o a un asunto menor, como puede ser este proyecto de ley de consumo de tabaco. Cuando digo que no tenemos votaciones divididas, me refiero tanto a quienes ocupamos una Banca como a quienes integran la agrupación de Gobierno.

Debo expresar que hemos reunidos en dos oportunidades a la agrupación de Gobierno para tomar posición frente a un tema que -lo reconozco y lo digo sin dramatizar- tiene dos opiniones dentro del Movimiento. En las dos ocasiones surgieron temas de urgente consideración -la segunda reunión se llevó a cabo en la mañana de hoy- por lo que no pudimos abordar este tema. Por ello, solicito la benevolencia del Senado para postergar este asunto. Digo esto con toda franqueza, ya que por algo tenemos el sistema bicameral; si esto entorpece de alguna manera el trabajo del Senado, en virtud de que no tenemos el mecanismo de la abstención, no insistimos en la propuesta y junto al señor Senador Voelker nos retiraríamos de Sala, esperando que en todo caso el tema se resuelva por parte de nuestra Bancada en la Cámara de Diputados.

En virtud de lo expuesto, de ser posible, solicitamos la postergación de la votación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Pregunto al señor Senador para cuándo propone la postergación de la votación.

SEÑOR MILLOR. - No sé, señor Presidente; dejaría ese punto librado un poco a su criterio. Consulto si podríamos dejarlo para el día 16 de los corrientes, ¿o esa fecha sería demasiado lejana?

SEÑOR PRESIDENTE. - Obviamente, en este asunto es el Senado el que tiene la posibilidad soberana de decidir.

SEÑOR MILLOR. - Si el señor Presidente me lo permite, deseo expresar que hoy tuvimos una agotadora sesión de la agrupación de Gobierno, que duró cuatro horas y en la que se trató la posición del Movimiento en torno a la licitación del Hotel Casino Carrasco. No podemos reunir a la agrupación de Gobierno todos los días, porque muchos de sus integrantes pertenecen al interior de la República. Por lo tanto, insisto en que si esto perturba mucho el trabajo del Senado, no tenemos inconveniente en retirarnos, ya que esa es la forma de abstenerse en el Parlamento uruguayo. Si se puede acceder a nuestra solicitud, le agradeceríamos mucho al Senado que esta votación sea postergada para el día 16 del corriente, fecha en la que nos comprometemos a traer una posición al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Pregunto al señor Senador si la votación de este asunto puede realizarse el próximo martes.

SEÑOR MILLOR. - Si es así, que se realice mañana, señor Presidente. Entonces, por otros mecanismos que tiene el grupo, trataremos de hacer una agrupación de Gobierno ficta, por lo que la votación podría realizarse mañana. Francamente, me inclino por que el tema se dilucide en el día de mañana o el 16 del corriente.

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión la moción de orden formulada por el señor Senador Millor.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: soy Miembro Informante de este tema y ya hemos escuchado a todos los sectores. Existe uno de ellos que pide una prórroga; creo que una semana nos permitiría a todos contar con un tiempo prudencial como para poder comunicarnos y tomar una resolución. No tengo ningún inconveniente en acompañar una moción de esta naturaleza hasta el martes de la semana que viene, pero me parece que de aquí a mañana no se podría conseguir ninguno de los objetivos que ha planteado el señor Senador Millor.

SEÑOR PRESIDENTE. - En cierto sentido, la Presidencia también entiende que de aquí a mañana sería imposible obtener cualquier decisión interna del sector.

Si el señor Senador Millor está de acuerdo, quedaría planteada la posibilidad de que el punto se postergue para la sesión del martes 8 del corriente, es decir, el martes de la semana próxima.

SEÑOR MILLOR. - Insisto, señor Presidente -si eso es lo que se nos concede- que preferimos que el punto sea tratado el día 16, aunque no hacemos una cuestión de fondo de todo esto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Obviamente, el Senado es el que tiene la última palabra. El punto podría ser votado el 8 o el 15 del corriente. Entonces, en principio, se postergaría para el día 8 y el Cuerpo decidiría si se pronuncia en esa fecha o si se formula alguna nueva prórroga.

Consulto al señor Senador Millor en el sentido de si tiene dificultades para asistir a la sesión del Senado en la próxima semana.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: mis dificultades quedan al margen; reitero que el problema consiste en lo difícil que es reunir a la agrupación de Gobierno, que sesionó tres veces en la última semana. Debo insistir en el hecho de que algunos de sus integrantes son del interior de la República. Justamente, fijamos una reunión para el día 16. En el día de hoy teníamos este punto dentro del orden del día, pero surgió el tema que acabo de mencionar -que sé que sólo hace a la ciudad de Montevideo, aunque para mí tiene connotaciones nacionales; me refiero a la licitación del Hotel Casino Carrasco- que insumió todo el transcurso de la reunión, por lo que no pudimos abocarnos a discutir sobre este asunto.

Por esa razón, hemos formulado el pedido, pero reiteramos que no hacemos una cuestión de fondo.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Señor Presidente: quizás, se pueda transar en una solución estableciendo que este asunto figure como primer punto del orden del día de la sesión del día miércoles 9, con lo cual la agrupación del señor Senador Millor tiene un día más -que es un martes, por lo que el señor Senador podrá hacer operar a su agrupación de Gobierno- para discutir el tema. De esa forma, el día 9 podría traer una respuesta al Cuerpo. Creo que eso podría asegurar que el Senado apruebe este importante proyecto de ley en la próxima semana, porque seguramente pasaremos a votar de inmediato, y que el sector de la Cruzada 94 esté en condiciones de operar las consultas internas que ha requerido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, pondríamos a votación la postergación del asunto para que ocupe el primer punto del orden del día de la sesión del miércoles 9.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: un Senador plantea -en este caso, el señor Senador Millor- que el punto se postergue para el día 16. Entonces, debemos votar en ese sentido y, si luego no es aprobada esa moción, votaremos otra. Creo que la cuestión que se debe poner a votación es la planteada por el señor Senador mocionante.

SEÑOR PRESIDENTE. - La moción no fue muy clara por cuanto el señor Senador Millor no dijo una fecha exacta. La primera moción fue la que planteó el señor Senador Batlle, proponiendo que el tema quedara postergado hasta el día 9.

Pienso que lo lógico sería que votáramos primero la moción del señor Senador Millor, incluyendo el tema como primer punto de la sesión del miércoles 16 de julio.

Se va a votar la moción que acabo de mencionar.

(Se vota:)

-25 en 27. Afirmativa.

13) DECRETO-LEY Nº 15.514

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: hace unos momentos ha sido distribuido entre los señores Senadores un proyecto que viene con aprobación de la Cámara de Representantes, que prorroga hasta el 31 de diciembre de este año la entrada en vigencia del Decreto-Ley Nº 15.514. Al respecto, solicitaría que se trate de inmediato por cuanto la última prórroga de la vigencia de este Decreto-Ley venció, si mal no recuerdo, el 30 del mes pasado. De modo que hago moción en este sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se declara urgente la consideración del proyecto de ley señalado por el señor Senador Ricaldoni.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - No puedo votar ninguna urgencia sin saber a qué se refiere el proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Este proyecto, tal como lo explicó el señor Senador Ricaldoni, viene con la aprobación de la Cámara de Representantes e implica la prórroga del régimen actual de Registros, en función de que no ha sido aprobado todavía el régimen sustitutivo.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: algo de razón le asiste al señor Senador Heber; yo pensaba que todos los señores Senadores estaban enterados del alcance de este artículo único del proyecto.

Me voy a limitar a leer un par de párrafos del informe de abril de 1996 de la Secretaría de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. Con el correr del tiempo -ya que este decreto-ley es de 1983, se han ido dictando una infinidad de leyes. En este sentido si entrara en vigencia lo que ha venido postergando este decreto-ley de 1983, significaría probablemente la derogación o modificación de muchas disposiciones vinculadas con los Registros Públicos. Habida cuenta de que en el Parlamento hay algunos proyectos de ley que se están estudiando y que también tienen que ver con esta materia, una vez más -creo que sería la décima vez- tendríamos que prorrogar la entrada en vigencia de este decreto-ley, para evitar lo que nadie desea, que es crear prácticamente una especie de caos en la legislación vinculada con los Registros Públicos. Naturalmente, esta prórroga está animada por la misma esperanza, según me parece ver, que las anteriores, en cuanto a que esta prórroga de seis meses dará lugar a que, de una vez por todas, se adecue la normativa de este decreto-ley con otras disposiciones legales vigentes. Digo esto porque en la Cámara de Representantes se está trabajando en algunas modificaciones de este decreto-ley, cuya entrada en vigencia se solicita que se prorrogue una vez más. No sé si con estos datos el señor Senador Heber se da por suficientemente informado sobre el tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara de urgente consideración el proyecto de ley mencionado.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: Proyecto de Ley por el que se prorroga la entrada en
vigencia del Decreto-Ley Nº 15.514.

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1997 la entrada en vigencia del Decreto-Ley Nº 15.514, de 29 de diciembre de 1983.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 26 de junio de 1997.

Carlos Baráibar Presidente
Martín García Nin Secretario"

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: hemos votado la urgente consideración de este tema y también votaremos favorablemente esta iniciativa. Quizás haya faltado la explicación de que fue suspendida la aplicación de este decreto-ley y lo que se está prorrogando es esa suspensión para que no entre en vigencia. Entonces, lo que vence es el período de suspensión y si no hay oposición, parecería que lo más conveniente sería votarlo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1997 la entrada en vigencia del Decreto-Ley Nº 15.514, de 29 de diciembre de 1983."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

14) CIGARRILLOS, CIGARROS Y TABACOS

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Como segundo punto del orden del día figura la continuación de la discusión particular del proyecto de ley por el que se regula el consumo, la comercialización y publicidad de cigarrillos, cigarros y tabacos. En ella ha tenido una intervención muy destacada nuestro compañero de Bancada, el señor Senador Cid, quien fue Miembro Informante de este proyecto de ley. En virtud de que el señor Senador Cid, por situaciones circunstanciales, ha tenido que representar al Cuerpo en el exterior y pedir licencia, solicitaríamos que se postergara para el próximo 9 de julio y que se incluyera como primer punto del orden del día en lugar del que ahora figura, es decir, el que aparece con la Carpeta Nº 319/95.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador Segovia.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) BATALLONES DE INFANTERIA Nos. 2 Y 11

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Discusión general y particular del proyecto por el que se modifica la actual denominación de los Batallones de Infantería Nos. 2 y 11. (Carp. Nº 664/97 - Rep. Nº 390/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 664/97
Rep. Nº 390/97

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Defensa Nacional

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico. - Desígnase con el nombre de "Resistencia" de Infantería Mecanizado, el Batallón de Infantería Nº 2 y, "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja" de Infantería Mecanizado, el Batallón de Infantería Nº 11.

Sala de la Comisión, 12 de mayo de 1997.

Luis Brezzo (Miembro Informante), Carlos M. Garat, José Korzeniak, Pablo Millor, Wilson Sanabria, Walter R. Santoro, Albérico César Segovia, Nicolás Storace Montes. Senadores.

PODER EJECUTIVO
Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 11 de marzo de 1997.

Señor Presidente de la Asamblea General

Doctor Hugo Batalla

El Poder Ejecutivo remite a su consideración el presente proyecto de ley por el cual se modifica la denominación actual de los Batallones de Infantería Nº 2 y Nº 11.

Por Decreto 504/983, del 28 de diciembre de 1983 fue modificada la denominación del Batallón de Infantería Nº 2 por la de Batallón "Resistencia" de Infantería Nº 2 y por la Ley Nº 16.441, del 15 de diciembre de 1993, se modificó la denominación del Batallón de Infantería Nº 11 por la de Batallón "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja".

Por el presente proyecto se agregará a la denominación actual la palabra "Mecanizado" la cual no alterará en esencia la denominación presente de dichos Batallones.

Por tal motivo, se solicita al señor Presidente la atención de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Raúl Iturria.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Desígnase con el nombre de "Resistencia de Infantería Mecanizado" el Batallón de Infantería Nº 2 y "Brigadier General Juan Antonio Lavalleja de Infantería Mecanizado" el Batallón de Infantería Nº 11.

Art. 2º. - La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación.

Raúl Iturria."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Desígnase con el nombre de `Resistencia' de Infantería Mecanizado, el Batallón de Infantería Nº 2 y, `Brigadier General Juan Antonio Lavalleja' de Infantería Mecanizado, el Batallón de Infantería Nº 11."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Pido disculpas al Senado porque tenía una llamada y tuve que salir a atenderla. Hubiera deseado informar previamente, pero, a modo de fundamentación de voto, quiero expresar que el cambio de nombre a "Mecanizado" se debe a la incorporación en estos batallones de unos carros de combate especiales que, en este caso, han transformado la característica de Infantería. Se trata de cambios tecnológicos dentro de las Fuerzas Armadas que todavía no habían tenido lugar en el país. Por esa razón, la Comisión de Defensa Nacional recomendó aprobar este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado ha sido sensible al planteo de la Comisión.

16) JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa con el nombre `José Batlle y Ordóñez' la Escuela Nº 70 del departamento de Montevideo. (Carp. Nº 653/97 - Rep. Nº 394/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 653/97
Rep. Nº 394/97

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Desígnase con el nombre "José Batlle y Ordóñez" la Escuela Nº 70 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de marzo de 1997.

Carlos Baráibar Presidente
Martín García Nin Secretario

Comisión de
Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Incorporar el nombre de José Batlle y Ordóñez en el nomenclator escolar, no es un homenaje a quien sin duda, marcó desde su presidencia un punto de inflexión en el desarrollo de nuestro país.

Punto de inflexión que nos introduce, en pocos años, en un proceso de desarrollo que hizo posible un Uruguay del siglo XX, alejadísimo del Uruguay casi pastoril de apenas quince años atrás.

Es sí un homenaje a quien en el ejercicio de la primera magistratura del país, realizó un aporte vital al imprescindible progreso de nuestro sistema educativo de la época.

El Uruguay de comienzo del siglo XX, vivía una necesidad urgente, imprescindible de atender, que no admitía demoras. Era la necesidad de consolidar nuestra identidad nacional, la identidad de una nación de sólo setenta u ochenta años de vida independiente. La identidad de una nación enfrentada a darle a las nuevas generaciones de comienzos de este siglo que casi termina, el sustento formativo e informativo suficiente para sentirse parte de un país, con alma, espíritu y latir propio, que diera a cada uruguayo un sentimiento de pertenencia motivo de orgullo no sólo de él mismo, sino de sus hijos, de los hijos de sus hijos y de los hijos de estos.

Ese proceso de formación, de génesis del país del siglo XX, tendría en la educación, sin duda la piedra angular del mismo.

El Uruguay tenía, desde don José Pedro Varela, una educación primaria funcionando con los mismos principios de hoy: laicidad, gratuidad, obligatoriedad.

A partir de Batlle, la enseñanza primaria se desarrolló en algunos aspectos que deben señalarse: implementación y extensión de la educación de adultos, de modo de combatir, con éxito probado, el analfabetismo de la época, por un lado y por otro incrementar y construir escuelas, en particular escuelas rurales, crear cargos, no sólo para maestros sino también para ayudantes.

La enseñanza secundaria tenía otra realidad, era una enseñanza preuniversitaria, selectiva a la que no se podía acceder sin pago de matrícula.

Las iniciativas de reformas, afirma Grompone, habían surgido de la Universidad. De los propios actores de la enseñanza se pedían los cambios, como sin duda debe ser, incluso desde varios años antes, pero fue con Batlle que se hicieron realidad.

Se crearon entonces liceos en el interior del país, ya en 1906 y se crearon liceos departamentales en 1912, para dar forma a una enseñanza secundaria que no fuera esencialmente preuniversitaria, sino orientando a los muchachos hacia especializaciones destinadas al mundo productivo y técnico que rodeaba a esos liceos en cada departamento cargada, además, de un profundo contenido social. En sus mensajes Batlle fundamentaba los liceos en el interior como forma de que llegaran a la educación no sólo los hijos de los que podían costear su viaje a Montevideo, sino también de los de aquellos que, no agraciados por la fortuna, ahora tendrían la educación más cerca de sus posibilidades.

Y los liceos se transformaron en los únicos dispersores de cultura, de formación, en el interior del país para aquellos que finalizaban en la enseñanza secundaria, la mayoría por cierto, su formación curricular.

Por estas razones, no pretendemos homenajear al Batlle y Ordóñez Presidente de la República del Partido Colorado, fundador del Batllismo.

Pretendemos homenajear a un ciudadano, que hizo lo necesario e imprescindible para que la enseñanza de nuestro país le diera a los jóvenes de 1900, en forma simultánea, las bases del sentimiento nacional, y la formación ciudadana para desarrollar en paz, democráticamente, fermentalmente, un país moderno y motivo de orgullo para sus ciudadanos.

Creemos que sería redundante ingresar en otras consideraciones vinculadas al partidismo de don José Batlle y Ordóñez. Sería redundante mencionar su obra como hacedor de una corriente política, y además sería inconveniente, porque no dudamos en afirmar que teñir a un cambio educativo de color político partidario lo empequeñece y relativiza, y conlleva a perder la verdadera dimensión de los cambios y sus méritos.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 1996.

Ricardo Falero (Miembro Informante), Roque Arregui, José Carlos Cardoso, Mario L. Espinosa, Carlos Gamou, Agapo Luis Palomeque, Víctor Hugo Petrissans, Eduardo Rodino."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - La Comisión de Educación y Cultura recomienda al Cuerpo el voto afirmativo de este proyecto de ley que cuenta ya con aprobación de la Cámara de Representantes, por el que, en homenaje a José Batlle y Ordóñez, se designa la Escuela Nº 70 de Montevideo, con su nombre. Creo que esto no amerita ningún tipo de explicación. Simplemente, es necesario recordar que la Cámara de Representantes, en una feliz iniciativa, decidió que dos escuelas de Montevideo tuvieran, al mismo tiempo, los nombres de Batlle y Ordóñez y de Herrera. Esto hace a la necesidad de mantener la memoria respecto a los héroes civiles del país. Sin duda, en estos dos casos ha sido enorme la contribución a las transformaciones sociales e intelectuales del país, por lo que amerita esta designación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Desígnase con el nombre `José Batlle y Ordóñez' la Escuela Nº 70 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública)."

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

17) REGISTRO CIVICO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del día: "Proyecto de ley por el que se introducen diversas modificaciones a la Ley de Registro Cívico Nacional relativas al período de inscripción y al período de calificaciones. (Carp. Nº 695/97 - Rep. Nº 404/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 695/97
Rep. Nº 404/97

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 33 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"Las Juntas Electorales deberán formular dentro de la primera quincena del mes de julio del año siguiente al de cada elección nacional ordinaria y por tres votos conformes, un plan de inscripción para el próximo período ordinario dividiendo el departamento en zonas y jurisdicciones electorales y fijando el número, lugar de actuación y duración del funcionamiento de las Oficinas Inscriptoras. El plan se hará manteniendo la división en zonas y distritos".

Art. 2º. - Sustitúyese el artículo 37 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"Si el plan de inscripción lo determinare podrán funcionar hasta el 31 de marzo del año en que tengan lugar las elecciones nacionales ordinarias, Oficinas Inscriptoras Delegadas que estarán bajo la dirección de la Oficina Electoral Departamental. Las Oficinas Inscriptoras Delegadas se compondrán de un Jefe, dos o más Auxiliares que posean conocimientos en fotografía y dactiloscopía, y de otros Auxiliares que sean necesarios, y su nombramiento se hará por la Corte Electoral. Las Oficinas Inscriptoras Delegadas podrán ser fijas o volantes.

Con la presencia y el voto conforme de cinco de sus miembros, por lo menos, la Corte Electoral podrá autorizar o no el funcionamiento de esas Oficinas Inscriptoras Delegadas, reducir o aumentar su número o trasladarlas dentro de cada departamento, cuando lo estime conveniente, aun después de aprobado el plan inscripcional respectivo.

Siempre que vencido el término legal respectivo, las Juntas Electorales no hubieran elevado a la Corte Electoral para su consideración, el respectivo plan inscripcional, dicha Corte deberá, con los mismos requisitos del apartado anterior, adoptar todas las disposiciones necesarias para que la inscripción se efectúe regularmente en el departamento correspondiente".

Art. 3º. - Sustitúyese el artículo 75 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"En el mes de julio del año siguiente a toda elección nacional ordinaria se abrirá necesariamente el período inscripcional que durará sin interrupción, salvo que la imponga el desarrollo del período electoral de las elecciones extraordinarias que se puedan celebrar, hasta el 31 de marzo del año en que se realicen las siguientes elecciones nacionales ordinarias.

La inscripción de los ciudadanos se hará en la capital de los departamentos por las Oficinas Electorales Departamentales, que funcionarán con el carácter de Oficinas Inscriptoras, sin perjuicio de lo que dispongan los planes generales de inscripción que las Juntas Electorales formularán en su oportunidad".

Art. 4º. - Sustitúyese el numeral 2º del literal A) del artículo 78 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, por el siguiente:

"ARTICULO 78. - ......................

2º. La edad de dieciocho años cumplidos o a cumplirse en la fecha antes de las más próximas elecciones departamentales.

Las personas que cumplan dieciocho años después del último domingo de octubre del año en que se celebren las elecciones nacionales previstas en el inciso primero del numeral 9º del artículo 77 y en el artículo 151 de la Constitución no podrán participar en las mismas. Por tal razón no les será entregada la credencial cívica hasta después de transcurridas dichas elecciones".

Art. 5º. - Sustitúyese el numeral 5º del artículo 125 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, por el siguiente:

"ARTICULO 125. -..................................

5º. No haber cumplido dieciocho años de edad en la fecha o antes de las más próximas elecciones departamentales".

Art. 6º. - Sustitúyese el artículo 136 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"Las solicitudes de exclusión serán por escrito y podrán presentarse en todo tiempo ante las Oficinas Electorales Departamentales, hasta el 15 de abril del año en que se celebren elecciones nacionales ordinarias, debiendo ser diligenciadas por el orden riguroso de su presentación.

Las Oficinas Electorales deberán ponerle cargo indicando el día y hora de la recepción, lo que será suscrito por el Jefe y Secretario de la Oficina, y dejarán constancia en el libro diario a que se refiere el artículo 52, de la presentación de la solicitud, estableciendo el nombre y la serie y número de la inscripción del solicitante, el nombre y la serie y número de la inscripción cuya exclusión se pide, y las causales de exclusión que expresa la solicitud como fundamento de la acción de exclusión".

Art. 7º. - Sustitúyese el artículo 151 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"Los juicios ordinarios de exclusión podrán iniciarse en todo tiempo ante las Oficinas Electorales respectivas, hasta el día 15 de abril del año en que se celebren elecciones nacionales ordinarias".

Art. 8º. - Sustitúyese el artículo 152 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"En los años en que se celebren elecciones nacionales ordinarias, el 31 de marzo se abrirá un período de calificación durante el cual se deberán sustanciar y fallar todos los juicios de exclusión, salvo lo dispuesto en el artículo 166, para la Corte Electoral.

Este período terminará necesariamente el día 30 de junio".

Sala de la Comisión, el 29 de mayo de 1997.

Walter Santoro Miembro Informante verbal, José Korzeniak, Luis Eduardo Mallo, Américo Ricaldoni y Helios Sarthou.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

Artículo 77. - ........................................

7º) Toda nueva ley de Registro Cívico o de Elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. Esta mayoría especial regirá solo para las garantías del sufragio y elección, composición, funciones y procedimientos de la Corte Electoral y corporaciones electorales. Para resolver en materia de gastos, presupuestos y de orden interno de las mismas, bastará la simple mayoría.

Secretaría de la Comisión.

CORTE ELECTORAL

Montevideo, 16 de abril de 1997.

Señor Presidente de la Asamblea General

Doctor Hugo Batalla

Señor Presidente:

La reforma constitucional recientemente sancionada modifica la fecha de realización de la elección nacional y separa en el tiempo dicha elección de la que debe llevarse a cabo para integrar las autoridades departamentales. Esto obliga a introducir modificaciones a las disposiciones contenidas en la Ley de Registro Cívico Nacional que se refieren al período inscripcional y al período de calificación y las que establecen algunos de los requisitos para la inscripción cívica, procurando armonizar dichas disposiciones con las nuevas normas constitucionales.

A tal fin la Corte Electoral, en sesión celebrada el 11 del corriente, aprobó por unanimidad el siguiente proyecto de ley y su correspondiente exposición de motivos que tengo el honor de poner en su conocimiento.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 33 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, por el siguiente:

"Las Juntas Electorales deberán formular dentro de la primera quincena del mes de julio del año siguiente al de cada elección nacional ordinaria y por tres votos conformes, un plan de inscripción para el próximo período ordinario dividiendo el Departamento en zonas y jurisdicciones electorales y fijando el número, lugar de actuación y duración del funcionamiento de las Oficinas Inscriptoras".

Art. 2º. - Sustitúyese el inciso 1º del artículo 37 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"Si el plan de inscripción lo determinare podrán funcionar hasta el 31 de marzo del año en que tengan lugar las elecciones nacionales ordinarias, Oficinas Inscriptoras Delegadas que estarán bajo la dirección técnica de la Oficina Electoral Departamental y bajo la dirección inmediata de la Junta Electoral. Las Oficinas Inscriptoras Delegadas se comprondrán de un jefe, dos o más auxiliares que posean conocimientos en fotografía y dactiloscopía, y de otros auxiliares que sean necesarios, y su nombramiento se hará por la Corte Electoral. Las Oficinas Inscriptoras Delegadas podrán ser fijas o volantes".

Art. 3º. - Sustitúyese el inciso 1º del artículo 75 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, por el siguiente:

"En el mes de julio del año siguiente a toda elección nacional ordinaria se abrió necesariamente el período inscripcional que durará sin interrupción, salvo que la imponga el desarrollo del período electoral de las elecciones extraordinarias que se puedan celebrar, hasta el 31 de marzo del año en que se realicen las siguientes elecciones nacionales ordinarias...".

Art. 4º. - Sustitúyese el numeral 2º del literal A del artículo 78 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, por el siguiente:

Art. 78 "... A) ...

2º. - La edad de dieciocho años cumplidos o a cumplirse en la fecha antes de las más próximas elecciones departamentales.

Las personas que cumplan 18 años después del último domingo de octubre del año en que se celebren las elecciones nacionales previstas en el inciso 1º del numeral 9 del artículo 77 y en el artículo 151 de la Constitución no podrán participar en las mismas. Por tal razón no les será entregada la credencial cívica hasta después de transcurridas dichas elecciones...".

Art. 5º. - Sustitúyese el numeral 5º del artículo 125 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, por el siguiente:

Art. 125..."

5º. - No haber cumplido dieciocho años de edad en la fecha o antes de las más próximas elecciones departamentales".

Art. 6º. - Sustitúyese el inciso 1º del artículo 136 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"Las solicitudes de exclusión serán por escrito y podrán presentarse en todo tiempo ante las Oficinas Electorales Departamentales, hasta el 15 de abril del año en que se celebren elecciones nacionales ordinarias, debiendo ser diligenciadas por el orden riguroso de su presentación...".

Art. 7º. - Sustitúyese el artículo 151 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"Los juicios ordinarios de exclusión podrán iniciarse en todo tiempo ante las Oficinas Electorales respectivas, hasta el día 15 de abril del año en que se celebren elecciones nacionales ordinarias".

Art. 8º. - Sustitúyese el artículo 152 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por
la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"En los años en que se celebren elecciones nacionales ordinarias, el 31 de marzo se abrirá un período de calificación durante el cual se deberán sustanciar y fallar todos los juicios de exclusión, salvo lo dispuesto en el artículo 166, para la Corte Electoral.

Este período terminará necesariamente el día 30 de junio".

EXPOSICION DE MOTIVOS

La entrada en vigencia de nuevas normas constitucionales, hace necesario introducir modificaciones en la legislación electoral con el fin de adecuar los textos legales y armonizarlos con las disposiciones de la Norma Fundamental que han comenzado a regir, para lo cual la Corte Electoral, por unanimidad, ha dispuesto remitir el presente proyecto de ley referido a las situaciones que requieren una más inmediata resolución. En tal sentido, resulta de prioridad y urgente ajustar aquellos artículos de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, que refieren al período inscripcional, en particular sus fechas de inicio y cierre, a alguno de los requisitos necesarios para la inscripción, y al período de calificación durante el cual se deberán tramitar y fallar todos los juicios de exclusión.

La primera modificación propuesta es a los artículos 33, 37 y 75 de la ley citada y se limita a establecer fechas de inicio y cierre del período inscripcional, y para la preparación del plan correspondiente y el funcionamiento de Oficinas Inscriptoras, en razón de las nuevas fechas previstas por la Constitución para las elecciones nacionales y las departamentales ordinarias. Al haber quedado fijadas las elecciones nacionales para el último domingo de octubre, parece conveniente adelantar también el cierre del período de inscripciones y teniendo en cuenta que durante el mes de abril se realizarán elecciones internas de los partidos políticos, la Corte Electoral considera que el 31 de marzo es el día adecuado para proceder al cierre del referido período. En cuanto a su apertura, al estar previstas elecciones departamentales para el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones nacionales, se propone que sea en el mes de julio, cuando las dependencias electorales ya habrán finalizado todas las tareas derivadas de las elecciones departamentales y las preparatorias para el nuevo período inscripcional.

Una segunda reforma se proyecta en el artículo 78 de la Ley Nº 7.690 que detalla los requisitos necesarios para la inscripción. El texto vigente establece que uno de los datos que deberá incluir la prueba de ciudadanía es "la edad de dieciocho años cumplidos o a cumplirse en la fecha o antes del más próximo acto electoral". Al separar la Constitución las elecciones nacionales de las departamentales y siendo apenas de seis meses y medio (o de cinco y medio si se realizara la segunda elección prevista en el artículo 151) la distancia temporal entre un acto electoral y otro, no resulta conveniente el inicio de un nuevo período inscripcional después de las elecciones nacionales y antes de las departamentales para recibir, en tan breve lapso, las solicitudes de inscripción de aquellas personas que cumplan dieciocho años de edad entre el día siguiente al último domingo de octubre del año en que se celebren elecciones nacionales y el segundo domingo de mayo del año en que haya elecciones departamentales. De acuerdo a la información aportada por el Registro de Estado Civil, más de treinta mil personas estarían en esas condiciones para los próximos actos electorales. En consecuencia, la Corte Electoral estima pertinente que en el período inscripcional que se cierra el 31 de marzo del año en que se celebran elecciones nacionales puedan inscribirse todas las personas que, cumpliendo con los otros requisitos legales, cumplan 18 años en la fecha o antes de las más próximas elecciones departamentales. Asimismo propone a texto expreso que quienes cumplan esa edad después del último domingo de octubre del año de elecciones nacionales previstas en el inciso 1º del numeral 9 del artículo 77 y en el artículo 151 de la Constitución, no podrán participar en las mismas. Para impedir que haya confusiones al respecto, lo que podría derivar en el incremento de votos observados en las elecciones nacionales, las credenciales cívicas de las personas inscriptas en esas circunstancias serán recién entregadas después de transcurridas dichas elecciones, permitiendo de ese modo su participación en los actos electorales siguientes, el más próximo de los cuales, de carácter ordinaria, es aquel en el que se eligen autoridades departamentales y locales.

Las últimas modificaciones refieren a los artículos 125, 136, 151 y 152 de la Ley Nº 7.690, en las redaccio nes dadas por la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, en los que se establecen las causas de exclusión permanente o transitoria, los plazos para presentar solicitudes de exclusión de inscripciones cívicas y para tramitar y fallar los respectivos juicios en el período de calificación que se abre una vez cerrado el período inscripcional. Al cambiar las fechas de este último es necesario adecuar las previstas en los artículos citados, manteniendo en lo pertinente la extensión del plazo contemplado en la ley, que sigue siendo razonable. Y tal es la proposición que formula la Corte Electoral.

Saludo a usted con mi más distinguida consideración.

Carlos A. Urruty Presidente
Fernando Estevez Alonso Secretario Letrado

Montevideo, mayo 20 de 1997.

Señor Presidente de la Asamblea General

Dr. Hugo Batalla

Señor Presidente:

La Corte Electoral, el 16 de abril de 1997, remitió proyecto de ley, con su respectiva exposición de motivos, a fin de introducir los cambios imprescindibles a la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, adecuándola a las nuevas normas constitucionales que han entrado en vigencia desde el pasado mes de enero.

Algunas de las disposiciones que se requieren modificar habían sido asimismo objeto de reforma por Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943 que dio nuevas redacciones a diversos artículos de la Ley Nº 7.690.

Como en el Registro Nacional de Leyes y Decretos dichas normas aparecen publicadas sin la pertinente división en incisos, como habían sido proyectadas y en la medida en que lo que se ha propuesto en el proyecto de ley enviado a esa Asamblea General refiere a modificaciones de sólo algunos apartados, para evitar consecuencias no queridas sobre el alcance de los textos legales que se propone reformar, se remite el presente mensaje complementario con las versiones completas de los artículos correspondientes, manteniéndose los restantes tal como fueron formulados en su oportunidad así como la respectiva exposición de motivos.

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 33 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"Las Juntas Electorales deberán formular dentro de la primera quincena del mes de julio del año siguiente al de cada elección nacional ordinaria y por tres votos conformes, un plan de inscripción para el próximo período ordinario dividiendo el Departamento en zonas y jurisdicciones electorales y fijando el número, lugar de actuación y duración del funcionamiento de las Oficinas Inscriptoras. El plan se hará manteniendo la división en zonas y distritos".

Art. 2º. - Sustitúyese el artículo 37 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"Si el plan de inscripción lo determinare podrán funcionar hasta el 31 de marzo del año en que tengan lugar las elecciones nacionales ordinarias, Oficinas Inscriptoras Delegadas que estarán bajo la dirección de la Oficina Electoral Departamental. Las Oficinas Inscriptoras Delegadas se comprondrán de un jefe, dos o más auxiliares que posean conocimientos en fotografía y dactiloscopía, y de otros auxiliares que sean necesarios, y su nombramiento se hará por la Corte Electoral. Las Oficinas Inscriptoras Delegadas podrán ser fijas o volantes".

Con la presencia y el voto conforme de cinco de sus miembros, por lo menos, la Corte Electoral podrá autorizar o no el funcionamiento de esas Oficinas Inscriptoras Delegadas, reducir o aumentar su número o trasladarlas dentro de cada Departamento, cuando lo estime conveniente, aún después de aprobado el plan inscripcional respectivo.

Siempre que vencido el término legal respectivo las Juntas Electorales no hubieran elevado a la Corte Electoral, para su consideración, el respectivo plan inscripcional, dicha Corte deberá, con los mismos requisitos del apartado anterior, adoptar todas las disposiciones necesarias para que la inscripción se efectúe regularmente en el Departamento correspondiente".

Art. 3º. - Sustitúyese el artículo 75 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"En el mes de julio del año siguiente a toda elección nacional ordinaria se abrirá necesariamente el período inscripcional que durará sin interrupción, salvo que la imponga el desarrollo del período electoral de las elecciones extraordinarias que se puedan celebrar, hasta el 31 de marzo del año en que se realicen las siguientes elecciones nacionales ordinarias...".

La inscripción de los ciudadanos se hará en la Capital de los Departamentos por las Oficinas Electorales Departamentales, que funcionarán con el carácter de Oficinas Inscriptoras, sin perjuicio de lo que dispongan los planes generales de inscripción que las Juntas Electorales formularán en su oportunidad".

Art. 6º. - Sustitúyese el artículo 136 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"Las solicitudes de exclusión serán por escrito y podrán presentarse en todo tiempo ante las Oficinas Electorales Departamentales, hasta el 15 de abril del año en que se celebren elecciones nacionales ordinarias, debiendo ser diligenciadas por el orden riguroso de su presentación.

Las Oficinas Electorales deberán ponerles cargo indicando el día y hora de la recepción, lo que será suscrito por el Jefe y Secretario de la Oficina, y dejarán constancia en el libro diario a que se refiere el artículo 52, de la presentación de la solicitud, estableciendo el nombre y la serie y número de la inscripción del solicitante, el nombre y la serie y número de la inscripción cuya exclusión se pide, y las causales de exclusión que expresa la solicitud como fundamento de la acción de exclusión".

Saludo al señor Presidente con mi más alta y distinguida consideración.

Carlos A. Urruty Presidente
Fernando Estevez Alonso Secretario Letrado"

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: a raíz de la vigencia de las normas constitucionales oportunamente plebiscitadas, que regulan los llamados a elecciones a realizarse en el país, resulta necesario adecuar la legislación actual en materia del Registro Cívico. Me refiero a la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, con la redacción que le dio el artículo 1º de la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943. Lo que se procura es ajustar los planes inscripcionales en el Registro Cívico de modo que los ciudadanos que cumplan 18 años antes de las elecciones municipales, puedan inscribirse. A su vez, se ajustan las fechas en los juicios de exclusión a los nuevos textos constitucionales. Para ello, se modifican disposiciones de las leyes que hemos citado.

En lo que tiene que ver con los planes inscripcionales, en lugar de formularse en la primera quincena de marzo del año siguiente a las elecciones -como rige actualmente- se hará en la primera quincena del mes de julio siguiente a las elecciones. Además, en vez de requerirse dos tercios de votos de los integrantes de la Junta Electoral para su aprobación, se necesitarán tres votos conformes. Debe recordarse que las actuales Juntas Electorales, a raíz de la modificación que se realizó durante el gobierno de facto y que no se pudo cambiar cuando el país volvió a la democracia, están integradas por cinco miembros.

Los planes inscripcionales se cerraban el 15 de mayo del año electoral y ahora la fecha de cierre será el 31 de marzo del año electoral.

Con respecto a la designación de las distintas oficinas inscriptoras, la Corte Electoral ha dispuesto que éstas deberán tener un jefe y dos auxiliares con conocimientos en fotografía y dactiloscopía, así como los auxiliares que sean necesarios. Para ello, se exige 5 votos de la Corte. Debemos recordar que en estos casos es necesario que el quórum esté integrado siempre por determinado número de neutrales. Si las Juntas Electorales no formulan el plan inscripcional, éste deberá ser realizado por la Corte Electoral.

La apertura de los planes inscripcionales en el Registro Cívico ya no se hará en marzo, sino en el mes de julio del año siguiente a las elecciones.

Por otra parte, los ciudadanos que cumplan 18 años antes de las elecciones departamentales podrán ser inscriptos; no ingresarán en el ejercicio de la ciudadanía, pero se les preservará la posibilidad de intervenir en las elecciones departamentales que se van a realizar el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones generales. Es decir que estos ciudadanos que cumplan 18 años después de las elecciones nacionales podrán intervenir en las departamentales.

Con respecto a los juicios de exclusión, que es cuando se excluye a los ciudadanos del Registro Cívico por fallecimiento u otras causales, se establece que las solicitudes se harán hasta el 15 de abril del año electoral, en lugar de hasta el 30 de mayo como hasta ahora. Es decir que los juicios se inician hasta el 15 de abril.

Cabe señalar que los períodos de calificación y de sustanciación de estos juicios de exclusión van desde el 31 de marzo hasta el 30 de junio del año electoral. Antes era hasta el 15 de agosto del año electoral.

Esto es cuanto tenemos para informar sobre este proyecto que procura adecuar la ley de Registro Cívico a la nueva realidad en materia electoral, en las distintas etapas en que se debe cumplir el proceso eleccionario del país.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: voy a ser breve, porque sé que este proyecto cuenta con mayoría. Nosotros no vamos a acompañarlo, aunque no porque la Corte Electoral no haga un esfuerzo por cumplir con lo dispuesto. Esta sería una de las leyes naturales que devienen de la nueva reforma constitucional; va a haber más actos electorales, las fechas de cierre de las inscripciones tienen que determinarse nuevamente, hubo modificaciones por la propia Constitución, y parece lógico que la Corte Electoral se aboque a elaborar el contenido de estos cierres de inscripciones. Pero, a nuestro entender, la Corte Electoral no ha hecho un esfuerzo para preservar el derecho de los ciudadanos, sino que ha visto esto desde un punto de vista más administrativo, en el sentido de simplificar su ejecución en la medida en que, sin duda, tendrá más trabajo porque se realizarán más actos electorales. Nosotros no estamos de acuerdo con ello, y nos parece que el voto ciudadano es un elemento muy importante. Creemos que por parte de la Corte Electoral debería existir mayor creatividad para las diferentes instancias electorales. Recuérdese que hemos insistido públicamente y presentado un proyecto de ley para que el Uruguay, ya sea en las próximas elecciones o en las siguientes, pueda incorporar a quienes no están en el país para votar en las elecciones nacionales, partiendo del principio rector de no coartar el derecho ciudadano y no suspender la ciudadanía por vía administrativa cuando la Constitución es muy clara al respecto.

Por estas razones, no vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto de ley. No creemos que sea algo sumamente grave, pero entendemos que la Corte Electoral podría haber hecho un esfuerzo para tratar de preservar, con creatividad, los derechos a los que aludimos.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Por nuestra parte, vamos a acompañar este proyecto de ley, que contó con un claro y concluyente informe brindado por el señor Senador Santoro.

Las apreciaciones del señor Senador Michelini pueden ser de recibo por el Cuerpo, pero no tienen nada que ver con esta iniciativa. Por tanto, no acompañarla con el voto, implica realmente poner trabas para que el ciudadano -de acuerdo con las nuevas disposiciones constitucionales- pueda resolver totalmente su situación jurídica en este sentido. Aclaramos que nos estamos refiriendo, fundamentalmente, a los nuevos inscriptos, que son aquellos que se van a incorporar dentro de los plazos que, necesariamente, serán modificados por la propia reforma constitucional que el señor Senador Michelini, al igual que nosotros, acompañó en su momento. Creemos que el reclamo que el señor Senador Michelini le hace a la Corte Electoral puede tener lugar -no voy a discutirlo ni analizarlo- pero no tiene nada que ver con este proyecto de ley. Por lo tanto, le solicitamos que reconsidere su votación, porque nos parece lógico que acompañe este proyecto de ley, sin perjuicio de que siga reclamando a la Corte Electoral o al Cuerpo -en caso de que se requiera una ley- disposiciones de otra naturaleza para los problemas que ha planteado.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Como es por todos conocido, no acompañamos la reforma constitucional plebiscitada el año pasado. Sin embargo, al entrar en vigencia, está claro que son indispensables ciertas normas legales para adecuar los plazos inscripcionales a las nuevas fechas, por cuanto se ha introducido una elección en una fecha anterior.

De manera que vamos a acompañar esas disposiciones que ha planteado la Corte Electoral. Es posible que este órgano pudiera haber presentado un proyecto de ley más complejo. En principio, comparto la posición del señor Senador Michelini sobre la posibilidad del voto de los ciudadanos uruguayos que residen en el exterior, que no es un tema de rango constitucional sino legal; en esta materia la iniciativa no es exclusiva de la Corte Electoral, ni siquiera es privativa del Poder Ejecutivo, y se puede iniciar en el ámbito parlamentario.

Entendemos que estando vigentes determinadas normas constitucionales, es técnicamente útil que se aprueben estas normas sencillas que ha enviado la Corte Electoral.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Formulo moción para que se vote el proyecto de ley en bloque y se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Sustitúyese el artículo 33 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"Las Juntas Electorales deberán formular dentro de la primera quincena del mes de julio del año siguiente al de cada elección nacional ordinaria y por tres votos conformes, un plan de inscripción para el próximo período ordinario dividiendo el departamento en zonas y jurisdicciones electorales y fijando el número, lugar de actuación y duración del funcionamiento de las Oficinas Inscriptoras. El plan se hará manteniendo la división en zonas y distritos".

ARTICULO 2º. - Sustitúyese el artículo 37 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"Si el plan de inscripción lo determinare podrán funcionar hasta el 31 de marzo del año en que tengan lugar las elecciones nacionales ordinarias, Oficinas Inscriptoras Delegadas que estarán bajo la dirección de la Oficina Electoral Departamental. Las Oficinas Inscriptoras Delegadas se compondrán de un Jefe, dos o más Auxiliares que posean conocimientos en fotografía y dactiloscopía, y de otros Auxiliares que sean necesarios y su nombramiento se hará por la Corte Electoral. Las Oficinas Inscriptoras Delegadas podrán ser fijas o volantes.

Con la presencia y el voto conforme de cinco de sus miembros, por lo menos, la Corte Electoral podrá autorizar o no el funcionamiento de esas Oficinas Inscriptoras Delegadas, reducir o aumentar su número o trasladarlas dentro de cada departamento, cuando lo estime conveniente, aun después de aprobado el plan inscripcional respectivo.

Siempre que vencido el término legal respectivo, las Juntas Electorales no hubieran elevado a la Corte Electoral, para su consideración, el respectivo plan inscripcional, dicha Corte deberá, con los mismos requisitos del apartado anterior, adoptar todas las disposiciones necesarias para que la inscripción se efectúe regularmente en el departamento correspondiente".

ARTICULO 3º. - Sustitúyese el artículo 75 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"En el mes de julio del año siguiente a toda elección nacional ordinaria se abrirá necesariamente el período inscripcional que durará sin interrupción, salvo que la imponga el desarrollo del período electoral de las elecciones extraordinarias que se puedan celebrar, hasta el 31 de marzo del año en que se realicen las siguientes elecciones nacionales ordinarias.

La inscripción de los ciudadanos se hará en la capital de los departamentos por las Oficinas Electorales Departamentales, que funcionarán con el carácter de Oficinas Inscriptoras, sin perjuicio de lo que dispongan los planes generales de inscripción que las Juntas Electorales formularán en su oportunidad".

ARTICULO 4º. - Sustitúyese el numeral 2º del literal A) del artículo 78 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, por el siguiente:

"ARTICULO 78. -.............................................

2º. La edad de dieciocho años cumplidos o a cumplirse en la fecha antes de las más próximas elecciones departamentales.

Las personas que cumplan dieciocho años después del último domingo de octubre del año en que se celebren las elecciones nacionales previstas en el inciso primero del numeral 9º del artículo 77 y en el artículo 151 de la Constitución no podrán participar en las mismas. Por tal razón no les será entregada la credencial cívica hasta después de transcurridas dichas elecciones".

ARTICULO 5º. - Sustitúyese el numeral 5º del artículo 125 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, por el siguiente:

"ARTICULO 125. -...........................................

5º. No haber cumplido dieciocho años de edad en la fecha o antes de las más próximas elecciones departamentales".

ARTICULO 6º. - Sustitúyese el artículo 136 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"Las solicitudes de exclusión serán por escrito y podrán presentarse en todo tiempo ante las Oficinas Electorales Departamentales, hasta el 15 de abril del año en que se celebren elecciones nacionales ordinarias, debiendo ser diligenciadas por el orden riguroso de su presentación.

Las Oficinas Electorales deberán ponerle cargo indicando el día y hora de la recepción, lo que será suscrito por el Jefe y Secretario de la Oficina, y dejarán constancia en el libro diario a que se refiere el artículo 52, de la presentación de la solicitud, estableciendo el nombre y la serie y número de la inscripción del solicitante, el nombre y la serie y número de la inscripción cuya exclusión se pide, y las causales de exclusión que expresa la solicitud como fundamento de la acción de exclusión".

ARTICULO 7º. - Sustitúyese el artículo 151 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"Los juicios ordinarios de exclusión podrán iniciarse en todo tiempo ante las Oficinas Electorales respectivas, hasta el día 15 de abril del año en que se celebren elecciones nacionales ordinarias".

ARTICULO 8º. - Sustitúyese el artículo 152 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por la Ley Nº 10.446, de 20 de octubre de 1943, por el siguiente:

"En los años en que se celebren elecciones nacionales ordinarias, el 31 de marzo se abrirá un período de calificación durante el cual se deberán sustanciar y fallar todos los juicios de exclusión, salvo lo dispuesto en el artículo 166, para la Corte Electoral.

Este período terminará necesariamente el día 30 de junio".")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el proyecto de ley, que comprende los artículos 1º al 8º.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

18) TENIENTE CORONEL (B.M.) WALTER A. MIÑOS

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en sexto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se incorpora a la Reserva de la Fuerza Aérea con el Grado de Coronel, al señor Teniente Coronel (B.M.) Walter Miños. (Carp. Nº 616/97 - Rep. Nº 405/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 616/97
Rep. Nº 405/97

Montevideo, 30 de abril de 1997.

Señor Presidente de la Asamblea General.

Doctor Hugo Batalla.

El Poder Ejecutivo, en ejercicio de la facultad que le acuerda el numeral 7mo. del artículo 168 de la Constitución de la República, remite a consideración de ese Cuerpo el presente Proyecto de Ley que contempla la situación del señor Teniente Coronel (B.M.) en situación de retiro don Walter A. Miños, por sus relevantes méritos al servicio de las Fuerzas Armadas.

El señor Teniente Coronel (B.M.) del Ejército Nacional, don Walter A. Miños, pasó a situación de retiro por la Resolución del Ministerio de Defensa Nacional 8.917 de fecha 17 de marzo de 1977. En dicho Escalafón del Ejército, el referido señor Jefe no tenía más posibilidades de ascenso por haber alcanzado el grado máximo previsto en aquel Escalafón.

El citado señor Oficial por la Resolución del Ministerio de Defensa Nacional 51.688 de fecha 26 de abril de 1977, fue designado con fecha 17 de febrero de 1977, para prestar servicios en el Comando General de la Fuerza Aérea. Dicha situación se mantiene hasta la fecha.

En el año 1962 el señor Jefe mencionado fundó la Banda de la Fuerza Aérea; desde entonces y hasta el presente se le ha confiado la dirección y conducción de la misma. En dicha labor ha demostrado gran idoneidad y dedicación, formando varias generaciones de músicos y directores de orquestas y creando una orquesta unida y homogénea, de alto nivel profesional, actuando en forma destacada y permanente dentro y fuera de fronteras, cumpliendo funciones militares y de acción social.

Por todo ello, el Poder Ejecutivo pretende contemplar en forma especial la situación particular del señor Teniente Coronel en situación de retiro don Walter A. Miños, en virtud de los relevantes servicios que prestó y continúa prestando en la Fuerza Aérea, conservando sus aptitudes militares, profesionales y técnicas, siendo que ingresó en las Fuerzas Armadas el 19 de julio de 1939, prestando servicios ininterrumpidos durante el lapso de 58 años.

Atento a lo expresado es que se solicita incorporarlo a la Reserva de la Fuerza Aérea con el Grado de Coronel (artículo 105 y siguientes del mencionado Decreto-Ley Nº 14.157 y artículo 93 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.747 Orgánico de la Fuerza Aérea de 28 de diciembre de 1977).

Dicha situación no genera gastos para el Estado pues se financia mediante la transformación de dos vacantes de Teniente 1ro. del Escalafón Meteorología de la Fuerza Aérea.

Por los motivos expuestos, se solicita al señor Presidente la atención de ese Cuerpo al Proyecto de Ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece.

Saluda al señor Presidente de la Asamblea General con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Juan Luis Storace.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Incorpórase a la Reserva de la Fuerza Aérea, con el Grado de Coronel, al señor Teniente Coronel (B.M.) en situación de retiro don Walter A. Miños.

Art. 2º. - A solicitud del interesado o por Resolución del Poder Ejecutivo, éste pasará a situación de retiro de conformidad con lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 14.157 (Orgánico de las Fuerzas Armadas) de 21 de febrero de 1974, normas modificativas y complementarias, computándosele a todos los efectos, todos los años que el señor Oficial Superior prestara servicios en las Fuerzas Armadas, en situación de actividad o retiro.

Art. 3º. - Transfórmanse dos cargos de Teniente 1ro. del Escalafón Meteorología de la Fuerza Aérea en un cargo de Coronel de Reserva de la Fuerza Aérea, a los efectos de lo establecido en el artículo 1ro.

Al vacar dicho cargo, el Poder Ejecutivo, a propuesta del Comando General de la Fuerza Aérea, procederá a la transformación del mismo en el o los cargos que se determinen, en los Escalafones del Personal Superior de la Fuerza Aérea.

Art. 4º. - Comuníquese, publíquese y archívese.

Juan Luis Storace."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: el Teniente Coronel Miños ingresó a las Fuerzas Armadas en el año 1939, por lo tanto, lleva 58 años ininterrumpidos prestando sus servicios a esa institución.

En el año 1962 fundó la Banda Militar de la Fuerza Aérea, cuya dirección y conducción conserva en el día de hoy. El 17 de marzo de 1977 pasó a situación de retiro, al haber alcanzado el grado máximo previsto en el escalafón de la Banda Militar. El 26 de abril de 1977 se incorporó al Comando General de la Fuerza Aérea.

Con este proyecto de ley, se pretende contemplar lo que han sido relevante y continuos servicios brindados por el Teniente Coronel Miños a las Fuerzas Armadas. Se mencionan algunos de ellos al fundar la Banda de la Fuerza Aérea, tal como lo señala el Mensaje del Poder Ejecutivo. Ha formado varias generaciones de músicos y de directores de orquesta, y ha tenido actuaciones destacadas dentro y fuera de fronteras. Agregaría algún otro concepto, más allá de mi amistad personal. Hizo algo totalmente inédito en nuestro país -que ya existía en otros- que consistió en adosarle a la marcialidad propia de las bandas militares una cierta incursión en la música popular, de una manera muy propia, muy uruguaya y fraterna. De esta forma, enriqueció más de un acontecimiento no propiamente militar, sino cívico. Son memorables algunas de sus anécdotas, pero para no agobiar al Senado prefiero no incursionar en ellas.

Comparto los conceptos del Mensaje del Poder Ejecutivo, y creo que más que una persona que ha brindado relevantes servicios a las Fuerzas Armadas durante 58 años, me atrevo a definir al Teniente Coronel Miños como una institución, porque es un verdadero personaje dotado de una fortísima personalidad y, al mismo tiempo, tremendamen te querido por todos.

Esta solicitud del Poder Ejecutivo no implica ningún gasto, pues se financia mediante la transformación de dos vacantes de Teniente 1º del Escalafón de Meteorología de la Fuerza Aérea. En el artículo 3º del proyecto de ley se establece, además que al vacar el cargo que se crea ahora, el Poder Ejecutivo, a propuesta del Comando General de la Fuerza Aérea, procederá a su transformación en el o los cargos que se determinen en los escalafones del personal superior de dicha Fuerza.

Por todo lo expuesto, recomendamos la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º - Incorpórase a la Reserva de la Fuerza Aérea, con el Grado de Coronel, al señor Teniente Coronel (B.M.) en situación de retiro don Walter A. Miños.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectua se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 2º - A solicitud del interesado o por Resolución del Poder Ejecutivo, éste pasará a situación de retiro de conformidad con lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 14.157 (Orgánico de las Fuerzas Armadas) de 21 de febrero de 1974, normas modificativas y complementarias, computándosele a todos los efectos, todos los años que el señor Oficial Superior prestara servicios en las Fuerzas Armadas, en situación de actividad o retiro.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 3º. - Transfórmanse dos cargos de Teniente 1ro. del Escalafón Meteorología de la Fuerza Aérea en un cargo de Coronel de Reserva de la Fuerza Aérea, a los efectos de lo establecido en el artículo 1º.

Al vacar dicho cargo, el Poder Ejecutivo, a propuesta del Comando General de la Fuerza Aérea, procederá a la transformación del mismo en el o los cargos que se determinen, en los Escalafones del Personal Superior de la Fuerza Aérea".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: quiero dejar constancia de que he votado afirmativamente y que, además, lo he hecho con real alegría, pues el ciudadano a quien le hemos otorgado esta circunstancia mediante este proyecto de ley que acabamos de sancionar, lo merece.

Podría decirse que es hijo del Estado; es hijo del asilo. Aprendió música y oficios en la Escuela Berro. Además, fue a la escuela en Santa Lucía, en donde la familia del señor Senador Santoro lo conoció desde su más tierna infancia. Me contó, asimismo, el señor Senador Santoro que una persona con la cual había tenido conocimiento desde su infancia, fue maestra de la misma escuela a la que él fue.

Personalmente, conozco a Miños desde hace más de cincuenta años. Naturalmente, la primera impresión que tuve fue seguramente la de todos, pero en mi caso fue mucho peor. En ese entonces, 1947, estaba con mi hermano en el palco en la Avenida Río Branco cuando, autorizado por el Presidente de la República, presenciaba el desfile del Cuerpo de Cadetes ante el gobierno del Brasil. Al pasar Miños -que en aquella época era Bastón Mayor- frente al palco, tiró el bastón no se sabe hacia dónde. Mi hermano y yo cerramos los ojos pensando que no volvíamos más al Uruguay, pero Miños saludó y, sin mirar, tomó de nuevo el bastón.

Este fue nuestro primer contacto con aquel ciudadano que ya hacía años había estado en la Escuela Militar; fue nuestro primer contacto con una personalidad tan particular y tan fuerte que, a mi entender, no nos permite olvidar otra cosa que, aun cuando probablemente no tenga nada que ver con esto, es mucho más importante. Me refiero a la posibilidad que tuvo Miños de haber conocido a todos los oficiales que se formaron en la Escuela Militar, lo cual le permitió ser un actor importante en las conexiones y contactos que tuvimos para el restablecimiento de la vida democrática en el Uruguay.

Quiero recordar que, con el doctor Sanguinetti, en más de una oportunidad nos reunimos en la casa de Miños con el entonces Ministro del Interior, General Rapela. Antes de cada reunión, Miños y yo pasábamos por "El Emporio de los Sandwiches" para comprar masitas, para luego llegar a la casa del General Rapela en un intento de encontrar aquellas soluciones que nos permitieran más tarde salir en paz de los gravísimos problemas que tuvo esta sociedad.

Con esto quiero señalar que en la personalidad múltiple de este gran hincha de Peñarol y gran ciudadano, existen distintos factores que quiero resaltar para que se recuerden históricamente. Entiendo que la historia no está formada por el accionar de los grandes hombres ni de las grandes masas; también interesan aquellos hombres aparentemente sin importancia que, sin embargo, la tienen y mucho en lo que respecta al encuentro de soluciones para los problemas del país. Realmente, Miños ayudó a hacerlo.

Por lo tanto, es una alegría haber podido votar este proyecto de ley.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: hemos votado afirmativamente este proyecto de ley mediante el cual se procede a incorporar a la Reserva de la Fuerza Aérea con el Grado de Coronel al actual Teniente Coronel de Bandas Militares Walter Miños.

Queremos señalar que realmente se agolpan recuerdos y momentos de la niñez que compartimos en nuestro pueblo de Santa Lucía y en nuestra vieja quinta, ubicada en sus alrededores, a donde en forma asidua nos visitaba el entonces niño Miños quien, colocado por el Consejo del Niño, vivía en un hogar de Santa Lucía. Vale la pena señalar que se trataba de un hogar de extracción y militancia colorada, razón por la cual Miños se vinculó al Partido Colorado.

En verdad, desde su infancia en Santa Lucía, Miños mostró una particular devoción por la música y el canto. Tenía una personalidad que lo fue definiendo en todo su andar por la vida, con cierta presencia que aparece, en su primera aproximación, como una actitud superior o altanera. Sin embargo, es un ser humano de contenido sentimental, emocional y espiritual realmente muy rico.

Con nuestro voto hemos querido manifestar nuestro reconocimiento a todo lo que se puede hacer en la vida cuando se tiene una conducta adecuada y el ánimo de triunfar y ser destacado en la actividad que se elija.

Lo recordamos en su condición de muchacho -como se decía entonces- del asilo, y hoy lo vemos en el lugar que ha alcanzado como una persona respetable.

Este proyecto de ley que acabamos de aprobar reconoce con justicia una ejecutoria realmente excepcional y brillante de Miños como forjador de la Banda de la Fuerza Aérea, educador y formador de músicos durante mucho tiempo, quien a pesar de los años mantiene una proficua y relevante actividad en su condición de Director de dicha Banda.

Por todas estas razones, con verdadera emoción hemos procedido a otorgar nuestro voto, como reconocimiento a una ejecutoria digna cumplida por quien va a ser a partir de ahora el Coronel Walter Miños.

SEÑOR CANET. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CANET. - Señor Presidente: es una gran casualidad que yo me encuentre hoy desempeñando en forma transitoria este cargo en sustitución del señor Senador Cid.

Conocí y conozco al Teniente Coronel Miños desde mi juventud, en virtud de que soy militar de profesión, destituido por razones políticas. Como cadete, junto con todos mis camaradas de ese entonces, sentimos una enorme admiración por este militar de capacidad extraordinaria para la música y las relaciones humanas, a quien lo caracteriza un magnífico sentido del humor. Realmente, es una persona que impacta.

No conocía los hechos que contaba el señor Senador Batlle desde el punto de vista político, pero me alegro de que haya sido así.

Quiero llamar la atención sobre un hecho que me toca vivir hoy muy de cerca. Al comenzar esta sesión, el señor Senador Korzeniak hizo un homenaje al Coronel Pedro Montañez de quien tuve el honor de ser alumno en el Curso de Estado Mayor. Esto me hace pensar si no es asombroso que en una misma sesión, en el Senado, de alguna forma estemos integrando distintas visiones, diferentes elementos que conciernen a la historia del país. Pienso si esto no nos estará preparando para integrar en la historia futura, de una época muy difícil, esas distintas visiones con una capacidad muy madura. Sin embargo, eso requiere también una actitud de disposición para abordar el desafío, de discutir abiertamente los asuntos que aún están pendientes.

En síntesis, quiero expresar mi enorme satisfacción de haber acompañado con mi voto esta justa decisión del Senado.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Aunque ya he hecho uso de la palabra como Miembro Informante, por la amistad que tengo con el Coronel Walter Miños agradezco las palabras de los señores Senadores, especialmente la fundamentación que hicieron los señores Senadores Batlle y Santoro, ya que se refirieron a dos de las más grandes virtudes que él tiene y que no había querido mencionar para no herir susceptibilidades. Efectivamente, es un ferviente peñarolense y, además, es integrante del Partido Colorado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el Senado lo permite, la Presidencia va a fundar muy brevemente su voto.

Con profunda alegría y emoción votamos este merecido reconocimiento a lo que ha sido el Coronel Walter Miños.

No me tocó participar directamente en las conversaciones durante la época difícil de nuestro país, pero en más de una oportunidad tuve graves problemas personales y siempre noté -en algunas ocasiones, muy de cerca- el afecto y, en cierto sentido, la protección que aportaba Walter Miños. En ciertos momentos pensé que, incluso, tal vez lo hacía hasta con riesgo por lo que implicaba su propio grado militar.

Creo que la democracia tributa un muy justo reconocimiento a un hombre que, en toda nuestra vida -y sobre todo en momentos en que quien se nos acercaba corría riesgos- sentimos como un amigo y una persona que, más allá de su uniforme, compartía los objetivos democráticos de libertad y de justicia por los que todos luchábamos.

19) CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. (Carp. Nº 1435/94 - Rep. Nº 407/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1435/94
Rep. Nº 407/97

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 9 de julio de 1996.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo de conformidad con lo estipulado por el artículo 168 (20) de la Constitución de la República, a fin de reiterar su solicitud de aprobación para el instrumento internacional cuya copia autenticada, acompañada del Mensaje que fuera oportunamente remitido a la Asamblea General, se agrega al presente en el entendido de que permanecen en vigencia para los intereses de la República los fundamentos que, en aquella ocasión, ameritaron su envío.

El Poder Ejecutivo reitera a la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Alvaro Ramos, Samuel Lichtensztejn.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, adoptada en Viena el 11 de abril de 1980.

Alvaro Ramos, Samuel Lichtensztejn.

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 18 de enero de 1994.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, adoptada en Viena el 11 de abril de 1980.

El referido instrumento internacional fue aprobado durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías celebrada en Viena del 10 de marzo al 11 de abril de 1980.

I. - ANTECEDENTES

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías proporciona un texto de normas uniformes sobre la compraventa internacional de mercaderías. Fue preparada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y adoptada por una conferencia diplomática en la referida fecha.

La idea de formular un derecho uniforme para la compraventa internacional de mercaderías comenzó en 1930 en Roma en el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit). Después de una larga interrupción en la labor como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, un proyecto fue presentado en 1964 a una conferencia diplomática celebrada en La Haya, que adoptó dos convenciones, una referente a una ley uniforme sobre la compraventa internacional de mercaderías y la otra, referente a una ley uniforme sobre la formación de los contratos de compraventa internacional de mercaderías.

Casi inmediatamente después de adoptadas ambas convenciones, sus disposiciones fueron objeto de múltiples críticas por cuanto reflejaban principalmente las tradiciones jurídicas y las realidades económicas de la Europa Continental occidental, que fue la región que más había participado en su preparación.

Como consecuencia de ello, una de las primeras tareas emprendidas por la CNUDMI a partir de su instalación en 1968, fue consultar a los Estados sobre sus posturas respecto de las Convenciones de La Haya que aún no habían entrado en vigor. A la luz de las respuestas recibidas, la CNUDMI resolvió establecer un Grupo de Trabajo con el encargo de introducir las modificaciones necesarias para permitir que dichos textos pudieran ser aceptables en un círculo más amplio de países con sistemas jurídicos, sociales y económicos diferentes o, de ser aconsejable, elaborar un nuevo texto. El resultado de este trabajo fue la adopción el 11 de abril de 1980, por una conferencia diplomática celebrada en Viena, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías que recoge en un texto único la materia comprendida en las dos convenciones precedentes.

El éxito de la CNUDMI al preparar una Convención más ampliamente aceptable por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, ha quedado actualmente demostrado por el hecho de que los once Estados originales entre los cuales entró en vigor esa Convención el 1º de enero de 1980, pertenecían a todas las regiones geográficas, a todas las etapas de desarrollo económico y a todos los principales sistemas jurídicos, sociales y económicos del mundo. Los once Estados originales fueron: Argentina, Chile, Egipto, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Lesotho, Siria, Yugoslavia y Zambia.

Al 13 de julio de 1993 la Convención estaba en vigor entre los siguientes 35 Estados: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Belarús, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Guinea, Hungría, Iraq, Italia, Lesotho, México, Noruega, Países Bajos, República Arabe Siria, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza, Ucrania, Uganda, Yugoslavia y Zambia.

Fácil es advertir la relevancia que ha adquirido esta Convención para nuestro país, no solamente por el número e importancia de los Estados que la han adoptado, sino también porque forman parte de ella la mayoría de los Estados con los cuales el Uruguay mantiene sus intercambios comerciales, entre los que citamos: Alemania, Argentina, Chile, China, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Italia, México, Países Bajos, Suiza, Suecia, Venezuela, etc. Parece claro, en consecuencia, que nuestro país no debería seguir al margen del mundo jurídico internacional en una materia que involucra la mayor parte de su comercio exterior.

II. - METODOLOGIA NORMATIVA

La convención adopta el método sustancialista, creador de normas materiales y proveedor de soluciones directas especialmente adaptadas a la relación objeto de regulación, en nuestro caso, la compraventa internacional de mercaderías. Ello es conforme a las modernas tendencias doctrinarias que han puesto de relieve las virtudes de este método para satisfacer mejor las necesidades de certeza y seguridad jurídica del comercio internacional.

No obstante, la Convención reconoce que existen cuestiones no especialmente reguladas en su texto, en cuyo caso la solución de tales lagunas o vacíos normativos debe encontrase -como lo preceptúa el artículo 7 Nº 2 de la propia Convención- en la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado competente en cada caso. Por otra parte, al excluir expresamente de su ámbito a ciertos tipos de compraventa (artículo 2) y a ciertos aspectos del contrato (el artículo 4 excluye lo relativo a la validez del contrato y a los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas), la Convención deja también librada la regulación de estas cuestiones a las normas de conflicto pertenecientes al derecho internacional privado aplicable.

El Uruguay debería considerar también la posibilidad de adoptar, a fin de alcanzar una regulación integral de la compraventa internacional de mercaderías, las soluciones normativas conflictuales más recientes elaboradas para complementar las regulaciones sustantivas contenidas en la Convención que se somete a la aprobación del Parlamento. En este sentido, el Poder Ejecutivo encara la posibilidad mediante el estudio y la consulta a expertos, de proceder a la ratificación de la Convención de La Haya sobre la Ley Aplicable a la Compraventa Internacional de Mercaderías de 1985, adoptada con el fin de unificar las normas de conflicto relativas a tales contratos y elaborada -como se dice en su acápite- "Teniendo presente en su espíritu la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Venta Internacional de Mercaderías aprobada en Viena el 11 de abril de 1980".

De esta manera, formando ambas Convenciones un todo armónico e integrado, aportarían una solución integral a la problemática jurídica que suscitan los contratos de compraventa internacional de mercaderías.

La Convención se divide en cuatro Partes. La parte I trata del ámbito de aplicación y las disposiciones generales. La Parte II contiene las normas que rigen la formación del contrato de compraventa internacional de mercaderías. La Parte III se refiere a los derechos y obligaciones sustantivos del comprador y vendedor derivados del contrato. La Parte IV contiene las disposiciones finales de la Convención relativas al modo y el momento de su entrada en vigor, las reservas y declaraciones que se permiten hacer y la aplicación de la Convención en ciertos casos especiales.

III. - PARTE I. AMBITO DE APLICACION Y DISPOSICIONES GENERALES

A) Ambito de aplicación

Las disposiciones sobre el ámbito de aplicación establecen lo que queda comprendido en la Convención y lo que se excluye de ella.

La convención se aplica, conforme a lo establecido en su artículo 1, Nº 1, a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan su establecimientos en Estados diferentes cuando esos Estados sean Estados Parte. También es aplicable cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un Estado Parte. A los efectos de la aplicación del Nº 1 de este artículo, el artículo 10 determina que si una de las partes tiene más de un establecimiento, éste será el que guarde relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento, habida cuenta de las circunstancias previstas o convenidas por las partes antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración. Si una de las partes no tiene establecimiento, se tendrá en cuenta su residencia habitual.

Importa consignar que algunos Estados han acudido a la autorización del artículo 95 para declarar que aplicarán la convención sólo en la primera pero no en la segunda de las situaciones previstas en esta disposición. El Poder Ejecutivo no estima necesario hacer uso de esta facultad en razón de que la segunda hipótesis contemplada extiende la aplicación de la Convención a un espectro más extenso de situaciones extranacionales que concuerda plenamente con la decisión de adoptar un texto uniforme lo más amplio posible.

Las disposiciones finales de la Convención introducen otras dos restricciones al ámbito territorial de aplicación. Una de ellas, artículo 90, opera cuando un Estado es parte en otro acuerdo internacional que contenga disposiciones relativas a las materias que se rigen por esta Convención: la otra, artículo 94, tiene que ver con la facultad que conservan los Estados que tienen el mismo o semejante derecho interno sobre compraventa, de declarar que la Convención no se aplica a ellos.

El artículo 3, referente al ámbito material de aplicación de la Convención, distingue los contratos de compraventa de los contratos de servicio en dos hipótesis. Afirma que se considerarán contratos de compraventa los contratos de suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte que se encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales. A su vez, dispone que la Convención no se aplicará a los contratos en que la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione las mercaderías, consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios.

La Convención contiene una lista de tipos de compraventa (artículo 2) excluidas de su aplicación, ya sea por la finalidad de la compraventa (mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico), la naturaleza de la compraventa (compraventa en subasta, de carácter judicial), o la naturaleza de las mercaderías (valores mobiliarios, títulos, títulos de inversiones, títulos o efectos de comercio, dinero, buques, embarcaciones, aerodeslizadores, aeronaves o electricidad). En muchos Estados y también en el nuestro, estas compraventas se rigen por normas especiales que reflejan su especial naturaleza.

Cabe consignar asimismo que varios artículos establecen que el ámbito material de la Convención se limita a la formación del contrato y a los derechos y obligaciones de las partes. La Convención no se aplica a lo que concierne a la validez del contrato, a los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas, ni a la responsabilidad del vendedor por la muerte o lesiones corporales causadas a una persona por las mercaderías.

B) Autonomía de las partes

El artículo 6 reconoce el principio básico de la libertad contractual en la compraventa internacional de mercaderías, al permitir a las partes la aplicación de la convención o establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos. La Convención contiene, pues, normas supletorias de la voluntad contractual. Ello no significa que el contrato de compraventa internacional de mercaderías está al margen de las disposiciones imperativas o de orden público dictadas por los Estados en lo que concierne a la validez del contrato o a ciertos efectos del mismo, pero tales reglas provienen de otras fuentes normativas (normas de derecho internacional privado o normas de aplicación inmediata o necesaria).

C) Interpretación e integración de la Convención

La Convención cumplirá mejor su finalidad si se interpreta de manera uniforme en todos los países. A tal efecto, sus autores pusieron gran cuidado en su preparación para hacerla tan clara y fácil de entender como fuera posible. Pero como es inevitable el planteo de controversias sobre su significado y aplicación, el artículo 7 Nº 1 dispone que en la búsqueda de la solución adecuada se tendrá en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y la observancia de la buena fe en el comercio internacional.

Cuando las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la Convención no estén expresamente resueltas en ella, se decidirán de conformidad con los principios generales en los que ésta se basa. Y a falta de tales principios, se decidirán de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado.

D) Interpretación del contrato

La Convención en su artículo 8 contiene disposiciones sobre cómo han de interpretarse las declaraciones y otros actos de una parte en el contexto de la formación del contrato de su ejecución.

Por otra parte, los usos convenidos por las partes, las prácticas que se hayan establecido entre ellas y los usos que las partes tenían o debían tener conocimiento y que sean ampliamente conocidos y regularmente observandose en contratos del mismo tipo en el comercio internacional, son también aplicables (artículo 9).

E) Forma del contrato

La Convención no somete el contrato a ningún requisito de forma. El artículo 11 dispone que no es necesario ningún acuerdo por escrito para la celebración del contrato y que éste podrá probarse por cualquier medio, incluso por testigos. No obstante, el artículo 29 establece que si el contrato consta por escrito y contiene una estipulación que exilia que toda modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito, el contrato no podrá modificarse o extinguirse por mutuo acuerdo de otra forma. La única excepción es que una parte puede verse impedida por sus propios actos de alegar esta estipulación en la medida en que la otra parte se haya basado en tales actos.

A fin de dar facilidades a los Estados cuya legislación exige que los contratos de compraventa se celebren por escrito, el artículo 96 permite a esos Estados declarar que ni el artículo 11 ni el artículo 29 se aplicarán en el caso de que cualquiera de las partes en el contrato tenga su establecimiento en ese estado. En relación a nuestro país, no resulta necesario proceder a esta declaración en cuanto estos contratos en la esfera nacional no están sujetos a requisitos de forma.

PARTE II. - FORMACION DEL CONTRATO

La Parte II (Art. 14 a 24) se ocupa de varias cuestiones que se plantean en la formación del contrato por el cruce de una oferta con una aceptación.

Para que una propuesta de celebración de contrato constituya oferta, debe dirigirse a una o más personas determinadas y debe ser suficientemente precisa y ello exige que indique las mercaderías y expresa o implícitamente, señale la cantidad y el precio o prevea un medio para determinarlos.

La Convención adopta una postura intermedia entre la doctrina de revocabilidad de la oferta hasta la aceptación y su irrevocabilidad general durante cierto tiempo. La regla es que las ofertas pueden revocarse. No obstante, la revocación debe llegar a conocimiento del destinatario antes de que éste haya enviado la aceptación. Además, no se puede revocar una oferta si indica que es irrevocable, lo que puede hacerse estableciendo un plazo fijo para la aceptación o de otro modo. Por lo demás, no cabe revocar una oferta si el destinatario podía razonablemente considerar que la oferta era irrevocable y ha actuado basándose en esa oferta.

La aceptación de una oferta puede hacerse mediante una declaración u otros actos del destinatario que indique asentimiento a la oferta que se comunica al oferente. En algunos casos, la aceptación puede consistir en la ejecución de un acto, como la expedición de las mercaderías o el pago del precio.

Un problema frecuente en la formación de los contratos se plantea cuando una respuesta a una oferta contiene elementos nuevos o diferentes. De acuerdo a la Convención, si los elementos adicionales o diferentes no alteran sustancialmente los de la oferta, la respuesta constituirá aceptación a menos que, sin demora injustificable, el oferente objete esos elementos, si no los objeta, los términos del contrato serán los de la oferta con las modificaciones contenidas en la aceptación. Si los elementos adicionales o diferentes alteran sustancialmente los elementos del contrato, la respuesta constituye una contraoferta que debe a su vez ser aceptada para que el contrato se celebre.

PARTE III - OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES

A) Obligaciones del vendedor

Las obligaciones generales del vendedor son entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualquier documento relacionado con aquellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la Convención, que proporciona normas supletorias para su utilización a falta del acuerdo contractual sobre el momento, el lugar y la manera de cumplir esas obligaciones por parte del vendedor.

La Convención estatuye en los Arts. 30 a 44 varias reglas que precisan las obligaciones del vendedor.

De esta forma, se establecen normas sobre el lugar donde debe cumplirse la obligación de entregar las mercaderías, sobre el plazo en que debe ser entregada, sobre la entrega de documentos relacionados con la mercadería, sobre la obligación de transportar y asegurar la mercadería, sobre la cantidad, calidad y tipo de mercaderías que debe entregar, etc.

Un conjunto de disposiciones de particular importancia en las compraventas internacionales de mercaderías, regulan la obligación del vendedor de entregarlas libre de derechos o pretensiones de un tercero basados en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual.

En relación con las obligaciones del vendedor respecto de la calidad de las mercaderías, la Convención contiene disposiciones sobre la obligación del comprador de examinarlas. Debe comunicar toda falta de confor midad con lo estipulado en el contrato en un plazo razonable a partir del momento en que la haya o debiera haberla descubierto, y a más tardar, dos años contados desde la fecha en que las mercaderías se pusieron efectivamente en poder del comprador, a menos que ese plazo sea incompatible con un período de garantía contractual (Arts. 39 a 40).

B) OBLIGACIONES DEL COMPRADOR

Comparadas con las obligaciones del vendedor, las obligaciones jurídicas del comprador son menos amplias, consistiendo en pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas por el contrato y la Convención. Esta proporciona normas supletorias que se aplicarán a falta de acuerdo contractual (Arts. 54 a 60).

C) DERECHOS Y ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Los derechos y acciones del comprador frente al incumplimiento del vendedor se exponen en relación con las obligaciones del vendedor (Arts. 45 a 52), y los derechos y acciones del vendedor se exponen en relación con las obligaciones que pesan sobre el comprador (Arts. 61 a 65). Ello facilita la utilización de la Convención.

La pauta general de los derechos y acciones es la misma en ambos casos. La parte agraviada puede exigir el cumplimiento de las obligaciones de la otra parte, reclamar daños y perjuicios o rescindir el contrato. El comprador, además, tiene también el derecho de reducir el precio cuando las mercaderías entregadas no sean conformes con lo estipulado en el contrato.

Entre las limitaciones al derecho de una parte agraviada para valerse de una acción, figura el concepto de incumplimiento esencial. El Art. 25 establece que para que un incumplimiento sea esencial, debe tener como resultado para la otra parte un perjuicio tal que le prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar, en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación. Un comprador puede exigir la entrega de otras mercaderías en sustitución sólo si las entregas no eran conformes al contrato y la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial del contrato.

La existencia de un incumplimiento esencial es una de las dos circunstancias que justifican una declaración de rescisión del contrato por parte de la parte agraviada; la otra circunstancia es que, en el caso de no entrega de las mercaderías por parte del vendedor o de no pago del precio u omisión en recibir las mercaderías por parte del comprador, la parte que incumple no lo ejecute en un plazo razonable fijado por la parte agraviada.

D) TRANSMISION DEL RIESGO

Sabido es que la determinación del momento exacto en que el riesgo de pérdida o deterioro de las mercaderías se transmite del vendedor al comprador es de gran importancia en los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Las partes pueden regular esta cuestión en su contrato mediante disposiciones expresas o recurriendo a normas, condiciones y prácticas del comercio internacional (los Incotermos por ejemplo). Sin embargo, para el caso frecuente en que el contrato no contenga previsiones, la Convención en sus Arts. 68 a 70 contiene un juego completo de reglas.

Se han previsto dos situaciones especiales referentes a los contratos de compraventa que entrañan el transporte de las mercaderías y cuando las mercaderías se venden en tránsito (Arts. 67 y 68). En los demás casos, el riesgo se transmitirá al comprador cuando éste se haga cargo de las mercaderías o, si no lo hace a su debido tiempo, desde el momento en que las mercaderías se pongan a su disposición e incurra en incumplimiento al rehusar su recepción. Si el contrato versa sobre mercaderías aún sin identificar, no se considerará que las mercaderías se han puesto a disposición del comprador hasta que estén identificadas a los efectos del contrato y se pueda considerar que el riesgo de su pérdida ha sido transmitido al comprador (Arts. 69 y 70).

E) SUSPENSION DEL CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO PREVISIBLE

La Convención tiene reglas especiales para la situación en que, antes de la fecha en que debía ser cumplido, resulte manifiesto que la otra parte no cumplirá una parte sustancial de sus obligaciones o cometerá incumplimiento esencial. Se distingue entre los casos en que la otra parte puede suspender su propio cumplimiento del contrato pero éste sigue vigente a la espera de futuros acontecimientos, de aquellos en los que puede declarar rescindido el contrato (Arts. 71, 72 y 73).

F) DAÑOS Y PERJUICIOS

La Convención, siguiendo el régimen general en la materia adoptado por los Estados, determina que la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes, comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento (Art. 74).

Se establece también que el incumplimiento por una parte debido a un impedimento ajeno a su voluntad que no cabría razonablemente esperar en el momento de la celebración del contrato, está exento del pago de daños y perjuicios (Art. 79).

G) CONSERVACION DE LAS MERCADERIAS

La Convención impone a ambas partes el deber de conservar las mercaderías pertenecientes a la otra parte que se encuentran en su poder. Este deber es de importancia aun mayor en la compraventa internacional de mercaderías en que la otra parte reside en otro país y puede no tener mandatarios en el país en que se hallan las mercaderías. En ciertas circunstancias, la parte en cuyo poder se hallan las mercaderías puede venderlas o puede incluso exigírsele que lo haga. La parte que vende las mercaderías tendrá derecho a retener del producto de la venta una suma igual a los gastos razonables en su conservación y venta y deberá abonar el saldo a la otra parte (Arts. 85 a 88).

PARTE IV. DISPOSICIONES FINALES

Las disposiciones finales contienen las cláusulas usuales relativas al Secretariado General como depositario. Se establece asimismo que la Convención está sometida a la ratificación, la aceptación o aprobación de los Estados que la hayan firmado dentro de cierta fecha (ya transcurrida), que estará abierta a la adhesión de todos los Estados que no sean signatarios y que sus textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos. Corresponde, por no ser Uruguay país signatario, el procedimiento de la adhesión a esta Convención.

Cabe señalar también que la Convención permite hacer algunas declaraciones (Arts. 2, 95 y 96) relativas al ámbito de aplicación, el requisito de que el contrato se formalice por escrito y a la posibilidad de no quedar obligado por la Parte II o la Parte III de la Convención, que ya han sido comentadas y respecto de las cuales el Poder Ejecutivo estima pertinente no hacer uso de las mismas, en cuanto la Convención brinda soluciones que concuerdan con los principios y tradiciones jurídicas de nuestro país en la materia.

El Art. 98 dispone que no se podrán hacer más reservas que las expresamente autorizadas por la Convención.

Teniendo en cuenta la materia de la Convención así como los principios y objetivos que la inspiraron, el Poder Ejecutivo manifiesta la convicción e incluso la necesidad de que el Uruguay se vincule a este instrumento que recoge una normativa que asegura un tratamiento uniforme de la Compraventa Internacional de Mercaderías y contribuye eficazmente a brindar la certeza y seguridad que requiere el comercio de tráfico externo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Sergio Abreu, Antonio Mercader.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, adoptada en Viena el 11 de abril de 1980.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Sergio Abreu, Antonio Mercader.

ANEXO III. COMPRAVENTA INTERNACIONAL
DE MERCADERIAS: CONTRATOS

Convención de las Naciones Unidas sobre los
Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías (Viena, 1980)

Los Estados Partes en la presente Convención.

Teniendo en cuenta los amplios objetivos de las resoluciones aprobadas en el sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional,

Considerando que el desarrollo del comercio internacional sobre la base de la igualdad y del beneficio mutuo constituye un importante elemento para el fomento de las relaciones amistosas entre los Estados,

Estimando que la adopción de normas uniformes aplicables a los contratos de compraventa internacional de mercaderías en las que se tengan en cuenta los diferentes sistemas sociales, económicos y jurídicos contribuiría a la supresión de los obstáculos jurídicos con que tropieza el comercio internacional y promovería el desarrollo del comercio internacional.

Han convenido en lo siguiente:

Parte I. Ambito de aplicación y
disposiciones generales

CAPITULO 1. AMBITO DE APLICACION

Artículo 1

1) La presente Convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes:

a) Cuando esos Estados sean Estados Contratantes; o

b) Cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un Estado Contratante.

2) No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en Estados diferentes cuando ello no resulte del contrato, ni de los contratos entre ellas, ni de información revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración.

3) A los efectos de determinar la aplicación de la presente Convención, no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato.

Artículo 2

La presente Convención no se aplicará a las compraventas:

a) De mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor, en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración, no hubiera tenido ni debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderías se compraban para ese uso;

b) En subastas;

c) Judiciales;

d) De valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero:

e) De buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves;

f) De electricidad.

Artículo 3

1) Se considerarán compraventas los contratos de suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte que las encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción.

2) La presente Convención no se aplicará a los contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione las mercaderías consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios.

Artículo 4

La presente Convención regula exclusivamente la formación del contrato de compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador dimanantes de ese contrato. Salvo disposición expresa en contrario de la presente Convención, ésta no concierne, en particular:

a) A la validez del contrato ni a la de ninguna de sus estipulaciones, ni tampoco a la de cualquier uso;

b) A los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas.

Artículo 5

La presente Convención no se aplicará a la responsabilidad del vendedor por la muerte o las lesiones corporales causadas a una persona por las mercaderías.

Artículo 6

Las partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención o, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7

1) En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional.

2) Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente Convención o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado.

Artículo 8

1) A los efectos de la presente Convención, las declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme a su intención cuando la otra parte haya conocido o no haya podido ignorar cuál era esa intención.

2) Si el párrafo precedente no fuera aplicable, las declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme al sentido que les habría dado en igual situación una persona razonable de la misma condición que la otra parte.

3) Para determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una persona razonable deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran establecido entre ellas, los usos y el comportamiento ulterior de las partes.

Artículo 9

1) Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas.

2) Salvo pacto en contrario, se considerarán que las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato o a su formación un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento y que, en el comercio internacional, sea ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate.

Artículo 10

A los efectos de la presente Convención:

a) Si una de las partes tiene más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde la relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento, habida cuenta de las circunstancias conocidas o previstas por las partes en cualquier momento antes de la celebración de contrato o en el momento de su celebración;

b) Si una de las partes no tiene establecimiento, se tendrá en cuenta su residencia habitual.

Artículo 11

El contrato de compraventa no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá probarse por cualquier medio, incluso por testigos.

Artículo 12

No se aplicará ninguna disposición del artículo 11, del artículo 29 ni de la Parte II de la presente Convención que permita que la celebración, la modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa o la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención se hagan por un procedimiento que no sea por escrito, en el caso de que cualquiera de las partes tenga su establecimiento en un Estado Contratante que haya hecho una declaración con arreglo al artículo 96 de la presente Convención. Las partes no podrán establecer excepciones a este artículo ni modificar sus efectos.

Artículo 13

A los efectos de la presente Convención, la expresión "por escrito" comprende el telegrama y el télex.

Parte II. Formación del contrato

Artículo 14

1) La propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas determinadas constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Una propuesta es suficientemente precisa si indica las mercaderías y, expresa o tácitamente, señala la cantidad y el precio o prevé un medio para determinarlos.

2) Toda propuesta no dirigida a una o varias personas determinadas será considerada como una simple invitación a hacer ofertas, a menos que la persona que haga la propuesta indique claramente lo contrario.

Artículo 15

1) La oferta surtirá efecto cuando llegue al destinatario.

2) La oferta, aun cuando sea irrevocable, podrá ser retirada si su retiro llega al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta.

Artículo 16

1) La oferta podrá ser revocada hasta que se perfeccione el contrato si la revocación llega al destinatario antes que éste haya enviado la aceptación.

2) Sin embargo, la oferta no podrá revocarse:

a) Si indica, al señalar un plazo fijo para la aceptación o de otro modo, que es irrevocable; o

b) Si el destinatario podía razonablemente considerar que la oferta era irrevocable y ha actuado basándose en esa oferta.

Artículo 17

La oferta, aun cuando sea irrevocable, quedará extinguida cuando su rechazo llegue al oferente.

Artículo 18

1) Toda declaración u otro acto del destinatario que indique asentimiento a una oferta constituirá aceptación. El silencio o la inacción, por sí solos, no constituirán aceptación.

2) La aceptación de la oferta surtirá efecto en el momento en que la indicación de asentimiento llegue al oferente. La aceptación no surtirá efecto si la indicación de asentimiento no llega al oferente dentro del plazo que éste haya fijado o, si no se ha fijado plazo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de las circunstancias de la transacción y, en particular, de la rapidez de los medios de comunicación empleados por el oferente. La aceptación de las ofertas verbales tendrá que ser inmediata a menos que de las circunstancias resulte otra cosa.

3) No obstante, si, en virtud de la oferta, de prácticas que las partes hayan establecido entre ellas o de los usos, el destinatario puede indicar su asentimiento ejecutando un acto relativo, por ejemplo, a la expedición de las mercaderías o al pago del precio, sin comunicación al oferente, la aceptación surtirá efecto en el momento en que se ejecute ese acto, siempre que esa ejecución tenga lugar dentro de un plazo establecido en el párrafo precedente.

Artículo 19

1) La respuesta a una oferta que pretenda ser una aceptación y que contenga adiciones, limitaciones u otras modificaciones se considerará como rechazo de la oferta y constituirá una contraoferta.

2) No obstante, la respuesta a una oferta que pretenda ser una aceptación y que contenga elementos adicionales o diferentes que no alteren sustancialmente los de la oferta constituirá aceptación a menos que el oferente, sin demora injustificada, objete verbalmente la discrepancia o envié una comunicación en tal sentido. De no hacerlo así, los términos del contrato serán los de la oferta con las modificaciones contenidas en la aceptación.

3) Se considerará que los elementos adicionales o diferentes relativos, en particular, al precio, al pago, a la calidad y la cantidad de las mercaderías, al lugar y la fecha de la entrega, al grado de responsabilidad de una parte con respecto a la otra o a la solución de las controversias alteran sustancialmente los elementos de la oferta.

Artículo 20

1) El plazo de aceptación fijado por el oferente en un telegrama o en una carta comenzará a correr desde el momento en que el telegrama sea entregado para su expedición o desde la fecha de la carta o, si no se hubiere indicado ninguna, desde la fecha que figure en el sobre. El plazo de aceptación fijado por el oferente por teléfono, télex u otros medios de comunicación instantánea comenzará a correr desde el momento en que la oferta llegue al destinatario.

2) Los días feriados oficiales o no laborales no se excluirán del cómputo del plazo de aceptación, Sin embargo, si la comunicación de aceptación no pudiere ser entregada en la dirección del oferente el día del vencimiento del plazo, por ser ese día feriado oficial o no laborable en el lugar del establecimiento del oferente, el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente.

Artículo 21

1) La aceptación tardía surtirá, sin embargo, efecto como aceptación si el oferente, sin demora, informa verbalmente de ello al destinatario o le envía una comunicación en tal sentido.

2) Si la carta u otra comunicación por escrito que contenga una aceptación tardía indica que ha sido enviada en circunstancias tales que si su transmisión hubiera sido normal habría llegado al oferente en el plazo debido, la aceptación tardía surtirá efecto como aceptación a menos que, sin demora, el oferente informe verbalmente al destinatario de que considera su oferta caducada o le envíe una comunicación en tal sentido.

Artículo 22

La aceptación podrá ser retirada si su retiro llega al oferente antes que la aceptación haya surtido efecto o en ese momento.

Artículo 23

El contrato se perfeccionará en el momento de surtir efecto la aceptación de la oferta conforme a lo dispuesto en la presente Convención.

Artículo 24

A los efectos de esta Parte de la presente Convención, la oferta, la declaración de aceptación o cualquier otra manifestación de intención "llega" al destinatario cuando se le comunica verbalmente o se entrega por cualquier otro medio al destinatario personalmente, o en su establecimiento o dirección postal o, si no tiene establecimiento ni dirección postal, en su residencia habitual.

Parte III. Compraventa de mercaderías

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 25

El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación.

Artículo 26

La declaración de resolución del contrato surtirá efecto sólo se si comunica a la otra parte.

Artículo 27

Salvo disposición expresa en contrario de esta Parte de la presente Convención, si una de las partes hace cualquier notificación, petición u otra comunicación conforme a dicha Parte y por medios adecuados a las circunstancias, las demoras o los errores que puedan producirse en la transmisión de esa comunicación o el hecho de que no llegue a su destino no privarán a esa parte del derecho a invocar tal comunicación.

Artículo 28

Si, conforme a lo dispuesto en la presente Convención, una parte tiene derecho a exigir de la otra el cumplimiento de una obligación, el tribunal no estará obligado a ordenar el cumplimiento específico a menos que lo hiciere, en virtud de su propio derecho, respecto de contratos de compraventa similares no regidos por la presente Convención.

Artículo 29

1) El contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las partes.

2) Un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija que toda modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo de otra forma. No obstante, cualquiera de las partes quedará vinculada por sus propios actos y no podrá alegar esa estipulación en la medida en que la otra parte se haya basado en tales actos.

CAPITULO II. OBLIGACIONES DEL VENDEDOR

Artículo 30

El vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente Convención.

Sección I. Entrega de las mercaderías y
de los documentos

Artículo 31

Si el vendedor no estuviere obligado a entregar las mercaderías en otro lugar determinado, su obligación de entrega consistirá:

a) Cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las mercaderías, en ponerlas en poder del primer porteador para que las traslade al comprador;

b) Cuando, en los casos no comprendidos en el apartado precedente, el contrato verse sobre mercaderías ciertas o sobre mercaderías no identificadas que hayan de extraerse de una masa determinada o que deban ser manufacturadas o producidas y cuando, en el momento de la celebración del contrato, las partes sepan que las mercaderías se encuentran o deben ser manufacturadas o producidas en un lugar determinado, en ponerlas a disposición del comprador en ese lugar;

c) En los demás casos, en poner las mercaderías a disposición del comprador en el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento en el momento de la celebración del contrato.

Artículo 32

1) Si el vendedor, conforme al contrato o a la presente Convención, pusiere las mercaderías en poder de un porteador y éstas no estuvieren claramente identificadas a los efectos del contrato mediante señales en ellas, mediante los documentos de expedición o de otro modo, el vendedor deberá enviar al comprador un aviso de expedición en el que se especifiquen las mercaderías.

2) El vendedor, si estuviere obligado a disponer el transporte de las mercaderías, deberá concertar los contratos necesarios para que éste se efectúe hasta el lugar señalado por los medios de transporte adecuados a las circunstancias y en las condiciones usuales para tal transporte.

3) El vendedor, si no estuviere obligado a contratar un seguro de transporte, deberá proporcionar al comprador, a petición de éste, toda la información disponible que sea necesaria para contratar ese seguro.

Artículo 33

El vendedor deberá entregar las mercaderías:

a) Cuando, con arreglo al contrato, se haya fijado o pueda determinarse una fecha, en esa fecha; o

b) Cuando, con arreglo al contrato, se haya fijado o pueda determinarse un plazo, en cualquier momento dentro de ese plazo, a menos que de las circunstancias resulte que corresponde al comprador elegir la fecha; o

c) En cualquier otro caso, dentro de un plazo razonable a partir de la celebración del contrato.

Artículo 34

El vendedor, si estuviere obligado a entregar documentos relacionados con las mercaderías, deberá entregarlos en el momento, en el lugar y en la forma fijados por el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor podrá, hasta el momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad de los documentos, si el ejercicio de ese derecho no ocasiona al comprador inconvenientes ni gastos excesivos. No obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente Convención.

Sección II. Conformidad de las mercaderías y
pretensiones de terceros

Artículo 35

1) El vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasadas o embaladas en la forma fijada por el contrato.

2) Salvo que las partes hayan pactado otra cosa, las mercaderías no serán conformes al contrato a menos:

a) Que sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinen mercaderías del mismo tipo;

b) Que sean aptas para cualquier uso especial que expresa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato, salvo que de las circunstancias resulte que el comprador no confió, o no era razonable que confiara, en la competencia y el juicio del vendedor;

c) Que posean las cualidades de la muestra o modelo que el vendedor haya presentado al comprador;

d) Que estén envasadas o embaladas en la forma habitual para tales mercaderías o, si no existe tal forma, de una forma adecuada para conservarlas y protegerlas.

3) El vendedor no será responsable, en virtud de los apartados a) a d) del párrafo precedente, de ninguna falta de conformidad de las mercaderías que el comprador conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato.

Artículo 36

1) El vendedor será responsable, conforme al contrato y a la presente Convención, de toda falta de conformidad que exista en el momento de la transmisión del riesgo al comprador, aun cuando esa falta sólo sea manifiesta después de ese momento.

2) El vendedor también será responsable de toda falta de conformidad ocurrida después del momento indicado en el párrafo precedente y que sea imputable al incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, incluido el incumplimiento de cualquier garantía de que, durante determinado período, las mercaderías seguirán siendo aptas para su uso ordinario o para un uso especial o conservarán las cualidades y características especificadas.

Artículo 37

En caso de entrega anticipada, el vendedor podrá, hasta la fecha fijada para la entrega de las mercaderías, bien entregar la parte o cantidad que falte de las mercaderías o entregar otras mercaderías en sustitución de las entregadas que no sean conformes, bien subsanar cualquier falta de conformidad de las mercaderías entregadas, siempre que el ejercicio de ese derecho no ocasione al comprador inconvenientes ni gastos excesivos. No obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente Convención.

Artículo 38

1) El comprador deberá examinar o hacer examinar las mercaderías en el plazo más breve posible atendidas las circunstancias.

2) Si el contrato implica el transporte de las mercaderías, el examen podrá aplazarse hasta que éstas hayan llegado a su destino.

3) Si el comprador cambia en tránsito el destino de las mercaderías o las reexpide sin haber tenido una oportunidad razonable de examinarlas y si en el momento de la celebración del contrato el vendedor tenía o debía haber tenido conocimiento de la posibilidad de tal cambio de destino o reexpedición, el examen podrá aplazarse hasta que las mercaderías hayan llegado a su nuevo destino.

Artículo 39

1) El comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías si no lo comunica al vendedor, especificando su naturaleza, dentro de un plazo razonable a partir del momento en que la haya o debiera haberla descubierto.

2) En todo caso, el comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías, si no lo comunica al vendedor en un plazo máximo de dos años contados desde la fecha en que las mercaderías se pusieron efectivamente en poder del comprador, a menos que ese plazo sea incompatible con un período de garantía contractual.

Artículo 40

El vendedor no podrá invocar las disposiciones de los artículos 38 y 39 si la falta de conformidad se refiere a hechos que conocía o no podía ignorar y que no haya revelado al comprador.

Artículo 41

El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero, a menos que el comprador convenga en aceptarlas sujetas a tales derechos o pretensiones. No obstante, si tales derechos o pretensiones se basan en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual, la obligación del vendedor se regirá por el artículo 42.

Artículo 42

1) El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero basados en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual que conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato, siempre que los derechos o pretensiones se basen en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual:

a) En virtud de la ley del Estado en que hayan de revenderse o utilizarse las mercaderías, si las partes hubieren previsto en el momento de la celebración del contrato que las mercaderías se revenderían o utilizarían en ese Estado; o

b) En cualquier otro caso, en virtud de la ley del Estado en que el comprador tenga su establecimiento.

2) La obligación del vendedor conforme al párrafo precedente no se extenderá a los casos en que:

a) En el momento de la celebración del contrato, el comprador conociera o no hubiera podido ignorar la existencia del derecho o de la pretensión; o

b) El derecho o la pretensión resulten de haberse ajustado el vendedor a fórmulas, diseños y dibujos técnicos o a otras especificaciones análogas proporcionados por el comprador.

Artículo 43

1) El comprador perderá el derecho a invocar las disposiciones del artículo 41 o del artículo 42 si no comunica al vendedor la existencia del derecho o la pretensión del tercero, especificando su naturaleza, dentro de un plazo razonable a partir del momento en que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento de ella.

2) El vendedor no tendrá derecho a invocar las disposiciones del párrafo precedente si conocía el derecho o la pretensión del tercero y su naturaleza.

Artículo 44

No obstante lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo 39 y en el párrafo 1) del artículo 43, el comprador podrá rebajar el precio conforme al artículo 50 o exigir la indemnización de los daños y perjuicios, excepto el lucro cesante, si puede aducir una excusa razonable por haber omitido la comunicación requerida.

Sección III. Derechos y acciones en caso de incumplimiento
del contrato por el vendedor

Artículo 45

1) Si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la presente Convención, el comprador podrá:

a) Ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52;

b) Exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77.

2) El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho.

3) Cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo de gracia.

Artículo 46

1) El comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones, a menos que haya ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia.

2) Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir la entrega de otras mercaderías en sustitución de aquéllas sólo si la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial del contrato y la petición de sustitución de las mercaderías se formula al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento.

3) Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir al vendedor que las repare para subsanar la falta de conformidad, a menos que esto no sea razonable habida cuenta de todas las circunstancias. La petición de que se reparen las mercaderías deberá formularse al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento.

Artículo 47

1) El comprador podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable para el cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumban.

2) El comprador, a menos que haya recibido la comunicación del vendedor de que no cumplirá lo que le incumbe en el plazo fijado conforme al párrafo precedente, no podrá, durante ese plazo, ejercitar acción alguna por incumplimiento del contrato. Sin embargo, el comprador no perderá por ello el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios por demora en el cumplimiento.

Artículo 48

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, el vendedor podrá, incluso después de la fecha de entrega, subsanar a su propia costa todo incumplimiento de sus obligaciones, si puede hacerlo sin una demora excesiva y sin causar al comprador inconvenientes excesivos o incertidumbre en cuanto al reembolso por el vendedor de los gastos anticipados por el comprador. No obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente Convención.

2) Si el vendedor pide al comprador que le haga saber si acepta el cumplimiento y el comprador no atiende la petición en un plazo razonable, el vendedor podrá cumplir sus obligaciones en el plazo indicado en su petición. El comprador no podrá, antes del vencimiento de ese plazo, ejercitar ningún derecho o acción incompatible con el cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumban.

3) Cuando el vendedor comunique que cumplirá sus obligaciones en un plazo determinado, se presumirá que pide al comprador que le haga saber su decisión conforme al párrafo precedente.

4) La petición o comunicación hecha por el vendedor conforme al párrafo 2) o al párrafo 3) de este artículo no surtirá efecto a menos que sea recibida por el comprador.

Artículo 49

1) El comprador podrá declarar resuelto el contrato:

a) Si el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que le incumban conforme al contrato o a la presente Convención constituye un incumplimiento esencial del contrato; o

b) En caso de falta de entrega, si el vendedor no entrega las mercaderías dentro del plazo suplementario fijado por el comprador conforme al párrafo 1) del artículo 47 o si declara que no efectuará la entrega dentro del plazo así fijado.

2) No obstante, en los casos en que el vendedor haya entregado las mercaderías, el comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no lo hace:

a) En caso de entrega tardía, dentro de un plazo razonable después de que haya tenido conocimiento de que se ha efectuado la entrega;

b) En caso de incumplimiento distinto de la entrega tardía, dentro de un plazo razonable:

i) después de que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del incumplimiento;

ii) después del vencimiento del plazo suplementario fijado por el comprador conforme al párrafo 1) del artículo 47, o después de que el vendedor haya declarado que no cumplirá sus obligaciones dentro de ese plazo suplementario; o

iii) después del vencimiento del plazo suplementario indicado por el vendedor conforme al párrafo 2) del artículo 48, o después de que el comprador haya declarado que no aceptará el cumplimiento.

Artículo 50

Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, háyase pagado o no el precio, el comprador podrá rebajar el precio proporcionalmente a la diferencia existente entre el valor que las mercaderías efectivamente entregadas tenían en el momento de la entrega y el valor que habrían tenido en ese momento mercaderías conformes al contrato. Sin embargo, el comprador no podrá rebajar el precio si el vendedor subsana cualquier incumplimiento de sus obligaciones conforme al artículo 37 o al artículo 48 o si el comprador se niega a aceptar el cumplimiento por el vendedor conforme a esos artículos.

Artículo 51

1) Si el vendedor sólo entrega una parte de las mercaderías o si sólo una parte de las mercaderías entregadas es conforme al contrato, se aplicarán los artículos 46 a 50 respecto de la parte que falte o que no sea conforme.

2) El comprador podrá declarar resuelto el contrato en su totalidad sólo si la entrega parcial o no conforme al contrato constituye un incumplimiento esencial de éste.

Artículo 52

1) Si el vendedor entrega las mercaderías antes de la fecha fijada, el comprador podrá aceptar o rehusar su recepción.

2) Si el vendedor entrega una cantidad de mercaderías mayor que la expresada en el contrato, el comprador podrá aceptar o rehusar la recepción de la cantidad excedente. Si el comprador acepta la recepción de la totalidad o de parte de la cantidad excedente, deberá pagarla al precio del contrato.

CAPITULO III. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR

Artículo 53

El comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente Convención.

Sección I. Pago del precio

Artículo 54

La obligación del comprador de pagar el precio comprende la de adoptar las medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o los reglamentos pertinentes para que sea posible el pago.

Artículo 55

Cuando el contrato haya sido válidamente celebrado pero en él ni expresa ni tácitamente se haya señalado el precio o estipulado un medio para determinarlo, se considerará, salvo indicación en contrario, que las partes han hecho referencia implícitamente al precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato por tales mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes, en el tráfico mercantil de que se trate.

Artículo 56

Cuando el precio se señale en función del peso de las mercaderías, será el peso neto, en caso de duda, el que determine dicho precio.

Artículo 57

1) El comprador, si no estuviere obligado a pagar el precio en otro lugar determinado, deberá pagarlo al vendedor:

a) En el establecimiento del vendedor; o

b) Si el pago debe hacerse contra entrega de las mercaderías o de documentos, en el lugar en que se efectúe la entrega.

2) El vendedor deberá soportar todo aumento de los gastos relativos al pago ocasionado por un cambio de su establecimiento acaecido después de la celebración del contrato.

Artículo 58

1) El comprador, si no estuviere obligado a pagar el precio en otro momento determinado, deberá pagarlo cuando el vendedor ponga a su disposición las mercaderías o los correspondientes documentos representativos conforme al contrato y a la presente Convención. El vendedor podrá hacer del pago una condición para la entrega de las mercaderías o los documentos.

2) Si el contrato implica el transporte de las mercaderías, el vendedor podrá expedirlas estableciendo que las mercaderías o los correspondientes documentos representativos no se pondrán en poder del comprador más que contra el pago del precio.

3) El comprador no estará obligado a pagar el precio mientras no haya tenido la posibilidad de examinar las mercaderías, a menos que las modalidades de entrega o de pago pactadas por las partes sean incompatibles con esa posibilidad.

Artículo 59

El comprador deberá pagar el precio en la fecha fijada o que pueda determinarse con arreglo al contrato y a la presente Convención, sin necesidad de requerimiento ni de ninguna otra formalidad por parte del vendedor.

Sección II. Recepción

Artículo 60

La obligación del comprador de proceder a la recepción consiste:

a) En realizar todos los actos que razonablemente quepa esperar de él para que el vendedor pueda efectuar la entrega; y

b) En hacerse cargo de las mercaderías.

Sección III. Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el comprador

Artículo 61

1) Si el comprador no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la presente Convención, el vendedor podrá:

a) Ejercer los derechos establecidos en los artículos 62 a 65;

b) Exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77.

2) El vendedor no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho.

3) Cuando el vendedor ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrán conceder al comprador ningún plazo de gracia.

Artículo 62

El vendedor podrá exigir al comprador que pague el precio, que reciba las mercaderías o que cumpla las demás obligaciones que le incumba, a menos que el vendedor haya ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia.

Artículo 63

1) El vendedor podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable para el cumplimiento por el comprador de las obligaciones que le incumban.

2) El vendedor, a menos que haya recibido comunicación del comprador de que no cumplirá lo que le incumbe en el plazo fijado conforme al párrafo precedente, no podrá, durante ese plazo, ejercitar acción alguna por incumplimiento del contrato. Sin embargo, el vendedor no perderá por ello el derecho que pueda tener a exigir la indemnización de los daños y perjuicios por demora en el cumplimiento.

Artículo 64

1) El vendedor podrá declarar resuelto el contrato:

a) Si el incumplimiento por el comprador de cualquiera de las obligaciones que le incumban conforme al contrato o a la presente Convención constituye un incumplimiento esencial del contrato; o

b) Si el comprador no cumple su obligación de pagar el precio o no recibe las mercaderías dentro del plazo suplementario fijado por el vendedor conforme al párrafo 1) del artículo 63 o si declara que no lo hará dentro del plazo así fijado.

2) No obstante, en los casos en que el comprador haya pagado el precio, el vendedor perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no lo hace:

a) En caso de cumplimiento tardío por el comprador, antes de que el vendedor tenga conocimiento de que se ha efectuado el cumplimiento; o

b) En caso de incumplimiento distinto del cumplimiento tardío por el comprador, dentro de un plazo razonable:

i) después de que el vendedor haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del incumplimiento; o

ii) después del vencimiento del plazo suplementario fijado por el vendedor conforme al párrafo 1) del artículo 63, o después de que el comprador haya declarado que no cumplirá sus obligaciones dentro de ese plazo suplementario.

Artículo 65

1) Si conforme al contrato correspondiere al comprador especificar la forma, las dimensiones u otras características de las mercaderías y el comprador no hiciere tal especificación en la fecha convenida o en un plazo razonable después de haber recibido un requerimiento del vendedor, éste podrá, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que le correspondan, hacer la especificación él mismo de acuerdo con las necesidades del comprador que le sean conocidas.

2) El vendedor, si hiciere la especificación él mismo, deberá informar de sus detalles al comprador y fijar un plazo razonable para que éste pueda hacer una especificación diferente. Si, después de recibir esa comunica ción, el comprador no hiciere uso de esta posibilidad dentro del plazo así fijado, la especificación hecha por el vendedor tendrá fuerza vinculante.

CAPITULO IV. TRANSMISION DEL RIESGO

Artículo 66

La pérdida o el deterioro de las mercaderías sobrevenidos después de la transmisión del riesgo al comprador no liberarán a éste de su obligación de pagar el precio, a menos que se deban a un acto u omisión del vendedor.

Artículo 67

1) Cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las mercaderías y el vendedor no esté obligado a entregarlas en un lugar determinado, el riesgo se trasmitirá al comprador en el momento en que las mercaderías se pongan en poder del primer porteador para que las traslade al comprador conforme al contrato de compraventa. Cuando el vendedor esté obligado a poner las mercaderías en poder de un porteador en un lugar determinado, el riesgo no se transmitirá al comprador hasta que las mercaderías se pongan en poder del porteador en ese lugar. El hecho de que el vendedor esté autorizado a retener los documentos representativos de las mercaderías no afectará a la transmisión del riesgo.

2) Sin embargo, el riesgo no se transmitirá al comprador hasta que las mercaderías estén claramente identificadas a los efectos del contrato mediante señales en ellas, mediante los documentos de expedición, mediante comunicación enviada al comprador o de otro modo.

Artículo 68

El riesgo respecto de las mercaderías vendidas en tránsito se transmitirá al comprador desde el momento de la celebración del contrato. No obstante, si así resultare de las circunstancias, el riesgo será asumido por el comprador desde el momento en que las mercaderías se hayan puesto en poder del porteador que haya expedido los documentos acreditativos del transporte. Sin embargo, si en el momento de la celebración del contrato de compraventa el vendedor tuviera o debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderías habían sufrido pérdida o deterioro y no lo hubiera revelado al comprador, el riesgo de la pérdida o deterioro será de cuenta del vendedor.

Artículo 69

1) En los casos no comprendidos en los artículos 67 y 68, el riesgo se transmitirá al comprador cuando éste se haga cargo de las mercaderías o, si no lo hace a su debido tiempo, desde el momento en que las mercaderías se pongan a su disposición e incurra en incumplimiento del contrato al rehusar su recepción.

2) No obstante, si el comprador estuviere obligado a hacerse cargo de las mercaderías en un lugar distinto de un establecimiento del vendedor, el riesgo se transmitirá cuando deba efectuarse la entrega y el comprador tenga conocimiento de que las mercaderías están a su disposición en ese lugar.

3) Si el contrato versa sobre mercaderías aún sin identificar, no se considerará que las mercaderías se han puesto a disposición del comprador hasta que estén claramente identificadas a los efectos del contrato.

Artículo 70

Si el vendedor ha incurrido en incumplimiento esencial del contrato, las disposiciones de los artículos 67, 68 y 69 no afectarán a los derechos y acciones de que disponga el comprador como consecuencia del incumplimiento.

CAPITULO V. DISPOSICIONES COMUNES A
LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR Y DEL
COMPRADOR

Sección I. Incumplimiento previsible y contratos
con entregas sucesivas

Artículo 71

1) Cualquiera de las partes podrá diferir el cumplimiento de sus obligaciones si después de la celebración del contrato, resulta manifiesto que la otra parte no cumplirá una parte sustancial de sus obligaciones a causa de:

a) Un grave menoscabo de su capacidad para cumplirlas o de su solvencia, o

b) Su comportamiento al disponerse a cumplir o al cumplir el contrato.

2) El vendedor, si ya hubiere expedido las mercaderías antes de que resulten evidentes los motivos a que se refiere el párrafo precedente, podrá oponerse a que las mercaderías se pongan en poder del comprador, aun cuando éste sea tenedor de un documento que le permita obtenerlas. Este párrafo concierne sólo a los derechos respectivos del comprador y del vendedor sobre las mercaderías.

3) La parte que difiera el cumplimiento de lo que le incumbe, antes o después de la expedición de las mercaderías, deberá comunicarlo inmediatamente a la otra parte y deberá proceder al cumplimiento si esa otra parte da seguridades suficientes de que cumplirá sus obligaciones.

Artículo 72

1) Si antes de la fecha de cumplimiento fuere patente que una de las partes incurrirá en incumplimiento esencial del contrato, la otra parte podrá declararlo resuelto.

2) Si hubiere tiempo para ello, la parte que tuviere la intención de declarar resuelto el contrato deberá comunicarlo con antelación razonable a la otra parte para que ésta pueda dar seguridades suficientes de que cumplirá sus obligaciones.

3) Los requisitos del párrafo precedente no se aplicarán si la otra parte hubiere declarado que no cumplirá sus obligaciones.

Artículo 73

1) En los contratos que estipulen entregas sucesivas de mercaderías, si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas constituye un incumplimiento esencial de contrato en relación con esa entrega, la otra parte podrá declarar resuelto el contrato en lo que respecta a esa entrega.

2) Si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas da a la otra parte fundados motivos para inferir que se producirá un incumplimiento esencial del contrato en relación con futuras entregas, esa otra parte podrá declarar resuelto el contrato para el futuro, siempre que lo haga dentro de un plazo razonable.

3) El comprador que declare resuelto el contrato respecto de cualquier entrega podrá, al mismo tiempo, declararlo resuelto respecto de entregas ya efectuadas o de futuras entregas si, por razón de su interdependencia, tales entregas no pudieren destinarse al uso previsto por las partes en el momento de la celebración del contrato.

Sección II. Indemnización de daños y perjuicios

Artículo 74

La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. Esa indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento, como consecuencia posible del incumplimiento del contrato.

Artículo 75

Si se resuelve el contrato y si, de manera razonable y dentro de un plazo razonable después de la resolución, el comprador procede a una compra de reemplazo o el vendedor a una venta de reemplazo, la parte que exija la indemnización podrá obtener la diferencia entre el precio del contrato y el precio estipulado en la operación de reemplazo, así como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74.

Artículo 76

1) Si se resuelve el contrato y existe un precio corriente de las mercaderías, la parte que exija la indemnización podrá obtener, sino ha procedido a una compra de reemplazo o a una venta de reemplazo conforme al artículo 75, la diferencia entre el precio señalado en el contrato y el precio corriente en el momento de la resolución, así como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74. No obstante, si la parte que exija la indemnización ha resuelto el contrato después de haberse hecho cargo de las mercaderías, se aplicará el precio corriente en el momento en que se haya hecho cargo de ellas en vez del precio corriente en el momento de la resolución.

2) A los efectos del párrafo precedente, el precio corriente es el del lugar en que debiera haberse efectuado la entrega de las mercaderías o, si no hubiere precio corriente en ese lugar, el precio en otra plaza que pueda razonablemente sustituir ese lugar, habida cuenta de las diferencias de costo del transporte de las mercaderías.

Artículo 77

La parte que invoque el incumplmiento del contrato deberá adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, incluido el lucro cesante, resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la otra parte podrá pedir que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la cuantía en que debía haberse reducido la pérdida.

Sección III. Intereses

Artículo 78

Si una parte no paga el precio o cualquier otra suma adeudada, la otra parte tendrá derecho a percibir los intereses correspondientes sin perjuicio de toda acción de indemnización de los daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74.

Sección IV. Exoneración

Artículo 79

1) Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase o que evitase o superase sus consecuencias.

2) Si la falta de cumplimiento de una de las partes se debe a la falta de cumplimiento de un tercero al que haya encargado la ejecución total o parcial del contrato, esa parte sólo quedará exonerada de responsabilidad:

a) Si está exonerada conforme al párrafo precedente, y

b) Si el tercero encargado de la ejecución también estaría exonerado en el caso de que se le aplicaran las disposiciones de ese párrafo.

3) La exoneración prevista en este artículo surtirá efecto mientras dure el impedimento.

4) La parte que no haya cumplido sus obligaciones deberá comunicar a la otra parte el impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplirlas. Si la otra parte no recibiera la comunicación dentro de un plazo razonable después de que la parte que no haya cumplido tuviera o debiera haber tenido conocimiento del impedimento, esta última parte será responsable de los daños y perjuicios causados por esa falta de recepción.

5) Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá a una u otra de las partes ejercer cualquier derecho distinto del derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente Convención.

Artículo 80

Una parte no podrá invocar el incumplimiento de la otra en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado por acción u omisión de aquélla.

Sección V. Efectos de la resolución

Artículo 81

1) La resolución del contrato liberará a las dos partes de sus obligaciones, salvo la indemnización de daños y perjuicios que pueda ser debida. La resolución no afectará a las estipulaciones del contrato relativas a la solución de controversias ni a ninguna otra estipulación del contrato que regule los derechos y obligaciones de las partes en caso de resolución.

2) La parte que haya cumplido total o parcialmente el contrato podrá reclamar a la otra parte la restitución de lo que haya suministrado o pagado conforme al contrato. Si las dos partes están obligadas a restituir, la restitución deberá realizarse simultáneamente.

Artículo 82

1) El comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato o a exigir al vendedor la entrega de otras mercaderías en sustitución de las recibidas cuando le sea imposible restituir éstas en un estado sustancialmente idéntico a aquél en que las hubiera recibido.

2) el párrafo precedente no se aplicará:

a) Si la imposibilidad de restituir las mercaderías o de restituirlas en un estado sustancialmente idéntico a aquél en que el comprador las hubiera recibido no fuere imputable a un acto u omisión de éste;

b) Si las mercaderías o una parte de ellas hubieren perecido o se hubieren deteriorado como consecuencia del examen prescrito en el artículo 38; o

c) Si el comprador, antes de que descubriera o debiera haber descubierto la falta de conformidad, hubiere vendido las mercaderías o una parte de ellas en el curso normal de sus negocios o las hubiere consumido o transformado conforme a un uso normal.

Artículo 83

El comprador que haya perdido el derecho a declarar resuelto el contrato o a exigir al vendedor la entrega de otras mercaderías en sustitución de las recibidas, conforme al artículo 82, conservará todos los demás derechos y acciones que le correspondan conforme al contrato y a la presente Convención.

Artículo 84

1) El vendedor, si estuviere obligado a restituir el precio, deberá abonar también los intereses correspondientes a partir de la fecha en que se haya efectuado el pago.

2) El comprador deberá abonar al vendedor el importe de todos los beneficios que haya obtenido de las mercaderías o de una parte de ellas:

a) Cuando deba restituir las mercaderías o una parte de ellas; o

b) Cuando le sea imposible restituir la totalidad o una parte de las mercaderías a restituir la totalidad o una parte de las mercaderías en un estado sustancialmente idéntico a aquél en que las hubiera recibido, pero haya declarado resuelto el contrato o haya exigido al vendedor la entrega de otras mercaderías en sustitución de las recibidas.

Sección VI. Conservación de las mercaderías

Artículo 85

Si el comprador se demora en la recepción de las mercaderías o, cuando el pago del tributo y la entrega de las mercaderías deban hacerse simultáneamente, no paga el precio, el revendedor si está en posesión de las mercaderías o tiene de otro modo poder de reposición sobre ellas, deberá adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para su conservación. El vendedor tendrá derecho a retener las mercaderías hasta que haya obtenido del comprador el reembolso de los gastos razonables que haya realizado.

Artículo 86

1) El comprador, si ha recibido las mercaderías y tiene la intención de ejercer cualquier derecho a rechazarlas que le corresponda conforme al contrato o a la presente Convención, deberá adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para su conservación. El comprador tendrá derecho a retener las mercaderías hasta que haya obtenido del vendedor el reembolso de los gastos razonables que haya realizado.

2) Si las mercaderías expedidas al comprador han sido puestas a disposición de éste en el lugar de destino y el comprador ejercer el derecho a rechazarlas, deberá tomar posesión de ellas por cuenta del vendedor, siempre que ello pueda hacerse sin pago del precio y sin inconvenientes ni gastos excesivos. Esta disposición no se aplicará cuando el vendedor o una persona facultada para hacerse cargo de las mercaderías por cuenta de aquél esté presente en el lugar de destino. Si el comprador toma posesión de las mercaderías conforme a este párrafo, sus derechos y obligaciones se regirán por el párrafo precedente.

Artículo 87

La parte que esté obligada a adoptar medidas para la conservación de las mercaderías podrá depositarlas en los almacenes de un tercero a expensas de la otra parte, siempre que los gastos resultantes no sean excesivos.

Artículo 88

1) La parte que esté obligada a conservar las mercaderías conforme a los artículos 85 u 86 podrá venderlas por cualquier medio apropiado si la otra parte se ha demorado excesivamente en tomar posesión de ellas, en aceptar su devolución o en pagar el precio o los gastos de su conservación, siempre que comunique con antelación razonable a esa otra parte su intención de vender.

2) Si las mercaderías están expuestas a deterioro rápido, o si su conservación entraña gastos excesivos, la parte que esté obligada a conservarlas conforme a los artículos 85 u 86 deberá adoptar medidas razonables para venderlas. En la medida de lo posible deberá comunicar a la otra parte su intención de vender.

3) La parte que venda las mercaderías tendrá derecho a retener del producto de la venta una suma igual a los gastos razonables de su conservación y venta. Esa parte deberá abonar el saldo a la otra parte.

Parte IV. Disposiciones finales

Artículo 89

El Secretario General de las Naciones Unidas queda designado depositario de la presente Convención.

Artículo 90

La presente Convención no prevalecerá sobre ningún acuerdo internacional ya celebrado o que se celebre que contenga disposiciones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención, siempre que las partes tengan sus establecimientos en Estados partes en ese acuerdo.

Artículo 91

1) La presente Convención estará abierta a la firma en la sesión de clausura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y permanecerá abierta a la firma de todos los Estados en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, hasta el 30 de setiembre de 1981.

2) La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados signatarios.

3) La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados que no sean Estados signatarios desde la fecha en que quede abierta a la firma.

4) Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 92

1) Todo Estado Contratante podrá declarar en el momento de la firma la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión que no quedará obligado por la Parte II de la presente Convención o que no quedará obligado por la Parte III de la presente Convención.

2) Todo Estado Contratante que haga una declaración conforme al párrafo precedente respecto de la Parte II o de la Parte III de la presente Convención no será considerado Estado Contratante a los efectos del párrafo 1) del artículo 1 de la presente Convención respecto de las materias que se rijan por la Parte a la que se aplique la declaración.

Artículo 93

1) Todo Estado Contratante integrado por dos o más unidades territoriales en las que, con arreglo a su constitución, sean aplicables distintos sistemas jurídicos en relación con las materias objeto de la presente Convención podrá declarar en el momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión que la presente Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o sólo a una o varias de ellas y podrá modificar en cualquier momento su declaración mediante otra declaración.

2) Esas declaraciones serán notificadas al depositario y en ellas se hará constar expresamente a qué unidades territoriales se aplica la Convención.

3) Si, en virtud de una declaración hecha conforme a este artículo, la presente Convención se aplica a una o varias de las unidades territoriales de un Estado Contratante, pero no a todas ellas, y si el establecimiento de una de las partes está situado en ese Estado, se considerará que, a los efectos de la presente Convención, ese establecimiento no está en un Estado Contratante, a menos que se encuentre en una unidad territorial a la que se aplique la Convención.

4) Si el Estado Contratante no hace ninguna declaración conforme al párrafo 1) de este artículo, la Convención se aplicará a todas las unidades territoriales de ese Estado.

Artículo 94

1) Dos o más Estados Contratantes que, en las materias que se rigen por la presente Convención, tengan normas jurídicas idénticas o similares podrán declarar, en cualquier momento, que la Convención no se aplicará a los contratos de compraventa ni a su formación cuando las partes tengan sus establecimientos en esos Estados. Tales declaraciones podrán hacerse conjuntamente o mediante declaraciones unilaterales recíprocas.

2) Todo Estado Contratante que, en las materias que se rigen por la presente Convención, tenga normas jurídicas idénticas o similares a las de uno o varios Estados no contratantes podrá declarar, en cualquier momento, que la Convención no se aplicará a los contratos de compraventa ni a su formación cuando las partes tengan sus establecimientos en esos Estados.

3) Si un Estado respecto del cual se haya hecho una declaración conforme al párrafo precedente llega a ser ulteriormente Estado Contratante, la declaración surtirá los efectos de una declaración hecha con arreglo al párrafo 1) desde la fecha en que la Convención entre en vigor respecto del nuevo Estado Contratante, siempre que el nuevo Estado Contratante suscriba esa declaración o haga una declaración unilateral de carácter recíproco.

Artículo 95

Todo Estado podrá declarar en el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión que no quedará obligado por el apartado b) del párrafo 1) del artículo 1 de la presente Convención.

Artículo 96

El Estado Contratante cuya legislación exija que los contratos de compraventa se celebren o se prueben por escrito podrá hacer en cualquier momento una declaración conforme al artículo 12 en el sentido de que cualquier disposición del artículo 11, del artículo 29 o de la Parte II de la presente Convención que permita que la celebración, la modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa, o la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención, se hagan por un procedimiento que no sea por escrito no se aplicará en el caso de que cualquiera de las partes tenga su establecimiento en ese Estado.

Artículo 97

1) Las declaraciones hechas conforme a la presente Convención en el momento de la firma estarán sujetas a confirmación cuando se proceda a la ratificación, la aceptación o la aprobación.

2) Las declaraciones y las confirmaciones de declaraciones se harán constar por escrito y se notificarán formalmente al depositario.

3) Toda declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor de la presente Convención respecto del Estado de que se trate. No obstante, toda declaración de la que el depositario reciba notificación formal después de tal entrada en vigor surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis meses contados desde la fecha en que haya sido recibida por el depositario. Las declaraciones unilaterales recíprocas hechas conforme al artículo 94 surtirán efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis meses contados desde la fecha en que el depositario haya recibido la última declaración.

4) Todo Estado que haga una declaración conforme a la presente Convención podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación formal hecha por escrito al depositario. Este retiro surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis meses contados desde la fecha en que el depositario haya recibido la notificación.

5) El retiro de una declaración hecha conforme al artículo 94 hará ineficaz, a partir de la fecha en que surta efecto el retiro, cualquier declaración de carácter recíproco hecha por otro Estado conforme a ese artículo.

Artículo 98

No se podrán hacer más reservas que las expresamente autorizadas por la presente Convención.

Artículo 99

1) La presente Convención entrará en vigor, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6) de este artículo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de doce meses contados desde la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, incluido todo instrumento que contenga una declaración hecha conforme al artículo 92.

2) Cuando un Estado ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a ella, después de haber sido depositado el décimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la Convención, salvo la Parte excluida, entrará en vigor respecto de ese Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6) de este artículo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de doce meses contados desde la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

3) Todo Estado que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a ella, y que sea parte en la Convención relativa a una ley uniforme sobre la formación de contratos para la venta internacional de mercaderías hecha en La Haya el 1º de julio de 1964 (Convención de La Haya sobre la formación, de 1964) o en la Convención relativa a una ley uniforme sobre la venta internacional de mercaderías hecha en La Haya el 1º de julio de 1964 (Convención de La Haya sobre la venta, de 1964), o en ambas Convenciones, deberá denunciar al mismo tiempo, según el caso, la Convención de La Haya sobre la venta, de 1964, la Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, o ambas Convenciones, mediante notificación al efecto al gobierno de los Países Bajos.

4) Todo Estado parte en la Convención de La Haya sobre la venta, de 1964, que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a ella, y que declare o haya declarado conforme al artículo 92 que no quedará obligado por la Parte II de la presente Convención denunciará en el momento de la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión la Convención de La Haya sobre la venta, de 1964, mediante notificación al efecto al gobierno de los Países Bajos.

5) Todo Estado parte en la Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a ella, y que declare o haya declarado conforme al artículo 92 que no quedará obligado por la Parte III de la presente Convención denunciará en el momento de la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión la Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, mediante notificación al efecto al gobierno de los Países Bajos.

6) A los efectos de este artículo, las ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones y adhesiones formuladas respecto de la presente Convención por Estados partes en la Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, o en la Convención de La Haya sobre la venta, de 1964, no surtirán efecto hasta que las denuncias que esos Estados deban hacer, en su caso, respecto de estas dos últimas Convenciones hayan surtido a su vez efecto. El depositario de la presente Convención consultará con el gobierno de los Países Bajos, como depositario de las Convenciones de 1964, a fin de lograr la necesaria coordinación a este respecto.

Artículo 100

1) La presente Convención se aplicará a la formación del contrato sólo cuando la propuesta de celebración del contrato se haga en la fecha de entrada en vigor de la Convención respecto de los Estados Contratantes a que se refiere el apartado a) del párrafo 1) del artículo 1) o respecto del Estado Contratante a que se refiere el apartado b) del párrafo 1) del artículo 1, o después de esa fecha.

2) La presente Convención se aplicará a los contratos celebrados en la fecha de entrada en vigor de la presente Convención respecto de los Estados Contratantes a que se refiere el apartado a) del párrafo 1) del artículo 1 o respecto del Estado Contratante a que se refiere el apartado b) del párrafo 1) del artículo 1, o después de esa fecha.

Artículo 101

1) Todo Estado Contratante podrá denunciar la presente Convención, o su Parte II o su Parte III, mediante notificación formal hecha por escrito al depositario.

2) La denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de doce meses contados desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el depositario. Cuando en la notificación se establezca un plazo más largo para que la denuncia surta efecto, la denuncia surtirá efecto a la expiración de ese plazo, contado desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el depositario.

HECHA en Viena, el día once de abril de mil novecientos ochenta, en un solo original, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Convención que nos ocupa fue elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y aprobada durante el transcurso de la Conferencia de la ONU sobre los contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías celebrada en Viena entre el 10 de marzo y el 11 de abril de 1980.

Ella busca proporcionar un conjunto de normas uniformes y coherentes sobre la compraventa internacional de mercaderías, objetivo ya planteado desde el año 1930 por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT); esta idea, tras una larga demora, tuvo su primer logro al presentarse y aprobarse en la Conferencia de La Haya (en 1964) dos Convenciones: una referente a Compraventa de Mercaderías y otra sobre formación de Contratos de Compraventa Internacional.

Las disposiciones contenidas en ambas Convenciones recibieron numerosas objeciones y críticas por cuanto reflejaban básicamente las ideas prevalecientes en Europa Occidental, región que había liderado su redacción. Ante esa situación, la CNUDMI estableció un grupo de trabajo a fin de universalizar sus contenidos y obtener la aceptación de un mayor número de países.

De esta labor resultó un texto unificado que es el que se encuentra a estudio. El mismo consta de cuatro partes. La Parte I incluye el ámbito de aplicación y las disposiciones generales. La Parte II refiere a la formación del Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías. La Parte III trata de los derechos y obligaciones derivadas del contrato, tanto para el vendedor como para el comprador, y la Parte IV establece las disposiciones relativas al modo y momento de su entrada en vigor, las reservas y declaraciones que se permiten hacer, y la aplicación de la Convención en algunos casos especiales.

Esta Convención ha sido ratificada por numerosos Estados miembros de la ONU, de todos los continentes y regiones del mundo, contándose entre ellos algunos de los países con los que Uruguay mantiene mayor intercambio comercial como Argentina, Chile, China, EEUU, Alemania, Francia, Italia, Rusia.

Tal situación, unida al hecho de que sus principios generales son similares y absolutamente compatibles con nuestra legislación mercantil en la materia, y su contenido se compadece con los usos y costumbres admitidos en el comercio internacional, determina la conveniencia de que nuestro país adhiera a este instrumento. De esta forma el Uruguay se vinculará a un marco jurídico que contribuirá a brindar seguridad jurídica al desenvolvimiento de su comercio exterior.

Como consecuencia de lo expuesto, se aconseja al Senado la aprobación de la presente Convención sometida a nuestro estudio.

Sala de la Comisión, 29 de mayo de 1997.

Alberto Couriel (Miembro Informante), Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Rafael Michelini, Carlos Julio Pereyra, Américo P. Ricaldoni. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL. - Señor Presidente: vamos a proponer la aprobación de esta Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, que proporciona un texto de normas uniformes sobre el tema.

Esta Convención fue aprobada en una Conferencia Diplomática celebrada en Viena en 1980 y recoge en un texto único la materia que surge de dos convenciones anteriores. En función de los antecedentes que ha enviado el Poder Ejecutivo, vale la pena señalar que los Estados que originalmente aprobaron esta Convención pertenecen a todas las regiones geográficas y a todos los sistemas jurídicos, sociales y económicos del mundo. Los once Estados originales fueron: Argentina, Chile, Egipto, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Lesotho, Siria, Yugoslavia y Zambia.

La Convención consta de cuatro partes: La parte I, "Ambito de Aplicación y Disposiciones Generales", contiene los siguientes capítulos: Ambito de aplicación, Autonomía de las partes, Interpretación e integración de la Convención, Interpretación del contrato y Forma del contrato. La parte II corresponde a la Formación de Contrato. A su vez, la parte III refiere a las Obligaciones y Derechos de las Partes, y comprende: Obligaciones del vendedor, Obligaciones del comprador, Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato, Transmisión del riesgo, Suspensión del cumplimiento e incumplimiento previsible, Daños y perjuicios y Conservación de las mercaderías. La parte IV es la de Disposiciones Finales.

Como bien dice el texto remitido por el Poder Ejecutivo, esta Convención ha sido ratificada por numerosos Estados Miembros de las Naciones Unidas de todos los continentes y regiones del mundo, contándose entre ellos algunos de los países con los que el Uruguay mantiene mayor intercambio comercial, tales como Argentina, Chile, China, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Rusia. Esto, unido al hecho de que sus principios generales son similares y absolutamente compatibles con nuestra legislación mercantil en la materia, y a que su contenido se compadece con los usos y costumbres admitidos en el comercio internacional, determina la conveniencia de que nuestro país adhiera a este instrumento.

De esta forma, como se señala en los antecedentes, el Uruguay se vinculará a un marco jurídico que contribuirá a brindar seguridad jurídica al desenvolvimiento de su comercio exterior.

Es cuanto deseaba informar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébase la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, adoptada en Viena el 11 de abril de 1980".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

20) CONVENIO CULTURAL CON LA REPUBLICA DE HONDURAS

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio Cultural entre la República y la República de Honduras. (Carp. Nº 1490/89 - Rep. Nº 412/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1490/89
Rep. Nº 412/97

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República de Honduras, suscrito el día 2 de noviembre de 1988 en Tegucigalpa, Distrito Central.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de mayo de 1997.

Carlos Baráibar Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales cumple con informar al Plenario sobre el proyecto de ley que solicita la aprobación del Convenio Cultural suscrito entre los gobiernos de la República Oriental del Uruguay y la República de Honduras en Tegucigalpa en Noviembre de 1988, ya aprobado por el Plenario de la Cámara de Representantes.

Este Convenio, como todos los similares al respecto, es un Acuerdo marco y procura el fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas naciones, por medio del desarrollo de sus relaciones culturales y la extensión del conocimiento de las culturas nacionales en cada uno de los países firmantes.

Las Partes procurarán, contemplando los planes y programas de enseñanza de cada país, el conocimiento de los aspectos históricos, geográficos y artísticos de las naciones involucradas.

También se prevé otorgamientos de facilidades para lo que tenga relación con el intercambio cultural, a través del uso de la prensa escrita, oral y televisiva.

De igual modo se toman medidas, para que conforme a la legislación nacional y de acuerdo a los Tratados Internacionales, se pueda impedir la importación, exportación y transferencia de bienes de posesión ilícita que integren los distintos patrimonios culturales, arqueológicos, históricos y artísticos de cada una de las partes.

El Convenio tendrá una duración de cinco años entrando en vigencia con el canje de los Instrumentos de Ratificación.

Teniendo en cuenta la demora de casi nueve años que ha tenido este proyecto, así como las reiteradas solicitudes de aprobación realizadas por el Poder Ejecutivo y también la consecuencia positiva para el estrechamiento de las relaciones amistosas y culturales entre la República Oriental del Uruguay y la República de Honduras, es que se aconseja la aprobación de este Tratado.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 1997.

Carlos M. Garat (Miembro Informante), Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Rafael Michelini, Pablo Millor, Carlos Julio pereyra, Américo Ricaldoni. Senadores.

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 23 de agosto de 1995.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de reiterar el Mensaje de fecha 5 de setiembre de 1989 y el Mensaje de fecha 15 de setiembre de 1992, que se transcriben, por los cuales se solicitan la aprobación del Convenio Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República de Honduras, suscrito el día 2 de noviembre de 1988 en Tegucigalpa, Distrito Central, al permanecer vigentes para los intereses de la República los mismos fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío:

"El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el Convenio Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República de Honduras, suscripto el día 2 de noviembre de 1988 en Tegucigalpa, Distrito Central.

Dicho Convenio, posee las características de un "acuerdo marco" y tiene como objetivo el fortalecimiento de los lazos de amistad existentes entre ambos pueblos y la promoción de un desarrollo sostenido de sus relaciones culturales, mediante la difusión y el conocimiento recíprocos de sus respectivas culturas nacionales.

A esos efectos las Partes han asumido el compromiso de facilitar la actividad en sus territorios, de personas y grupos representativos de su cultura en todas las expresiones posibles. Asimismo se procurará contemplar en los planes y programas de enseñanza el conocimiento de los aspectos históricos, geográficos y artísticos de la otra Parte.

También se prevé el otorgamiento de facilidades para difundir el intercambio cultural a través de la prensa escrita, la radio, la televisión y cualquier otro medio análogo.

En el artículo V se asume el compromiso de realizar esfuerzos tendientes a promover el desarrollo de las relaciones educacionales en todos los niveles de la actividad docente y académica. A este respecto se fomentará el intercambio de profesores, estudiantes y expertos.

En los programas ejecutivos específicos, como surge del artículo VI, se acordarán las normas y modalidades para el otorgamiento de becas.

De acuerdo a lo pactado en el artículo VII, las Partes tomarán las medidas necesarias de conformidad con sus respectivas legislaciones y en aplicación de los tratados internacionales de que sean Parte, para impedir la importación, exportación y transferencia de bienes en posesión ilícita que integren sus patrimonios culturales. Complementando lo anteriormente expresado se ha acordado la repatriación a la otra Parte, de los bienes culturales en posesión ilícita, que se localicen en sus territorios.

Para cumplir con los objetivos del Convenio, se harán reuniones con una frecuencia mínima de dos años y en cualquier otra oportunidad en que una Parte así lo solicite. En dichas reuniones se planificarán, aprobarán y controlarán los programas ejecutivos específicos y se propondrá la celebración de acuerdos complementarios. Asimismo, será objeto de especial análisis en esas reuniones, la posibilidad de llegar a un acuerdo relativo tanto al reconocimiento de estudios de Educación Media-Técnica, Superior-Universitaria y Politécnica como a la reválida de títulos, certificados, diplomas y grados según la legislación interna de cada Parte.

El Convenio que se lleva a estudio de ese Cuerpo entrará en vigor una vez efectuado el canje de los instrumentos de ratificación y seis meses después de ello se reunirá en la capital de una de las Partes la Comisión con el objeto de acordar la mecánica y modalidades de trabajo.

El Poder Ejecutivo entiende conveniente recomendar la aprobación del presente Convenio, dado que el mismo permitirá una colaboración fructífera en el campo de la cultura con la República de Honduras.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Alvaro Ramos, Samuel Lichtensztejn.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República de Honduras, suscrito el día 2 de noviembre de 1988 en Tegucigalpa, Distrito Central.

Alvaro Ramos, Samuel Lichtensztejn.

CONVENIO CULTURAL
ENTRE
LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Y
LA REPUBLICA DE HONDURAS

El gobierno de la República Oriental del Uruguay y el gobierno de la República de Honduras, en adelante referidos como las "Partes Contratantes" o "Partes", deseosos de fortalecer los lazos de amistad que felizmente existen entre sus pueblos y de promover un desarrollo sostenido de las relaciones culturales, convienen en lo siguiente:

ARTICULO I

Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar en sus territorios la difusión y el conocimiento de sus respectivas culturas nacionales.

ARTICULO II

Para promover el conocimiento de sus respectivas culturas las Partes facilitarán la actividad de las personas y grupos representativos que, debidamente acreditados, cumplan funciones de difusión cultural en cualquiera de sus expresiones.

ARTICULO III

Las Partes procurarán contemplar dentro de sus planes y programas de enseñanza, la difusión de la historia, la geografía, el arte y la cultura de la otra Parte, según la naturaleza de los estudios y las normas establecidas en sus respectivos institutos de enseñanza.

ARTICULO IV

Las Partes otorgarán facilidades recíprocas para el conocimiento y la difusión de las respectivas culturas a través de la prensa, la radio, la televisión y cualquier otro medio de naturaleza análoga.

ARTICULO V

Las Partes realizarán esfuerzos para promover el desarrollo de las relaciones educacionales en todos los niveles de la actividad docente y académica, y fomentarán el intercambio de profesores, estudiantes y expertos educacionales y artísticos de ambos países.

ARTICULO VI

Las Partes considerarán el otorgamiento de becas en los centros académicos propios o nacionales de la otra Parte, según normas y modalidades que se determinen en Programas ejecutivos específicos.

ARTICULO VII

Con el fin de lograr una mayor colaboración, las Partes se comprometen a tomar las medidas necesarias, conforme a su legislación nacional y en aplicación de los tratados internacionales de que sean Parte, para impedir la importación, exportación y transferencia de bienes en posesión ilícita que integran sus respectivos, patrimonios culturales, ya sean éstos bienes arqueológicos, antropológicos, artísticos e históricos.

Las Partes se comprometen asimismo a la repatriación de los bienes culturales de la otra Parte que, en posesión ilícita, se localicen en sus territorios.

ARTICULO VIII

A fin de dar cumplimiento a los objetivos del presente Convenio, se efectuarán reuniones, por lo menos una vez cada dos años o a iniciativa de cualquiera de las Partes con el objetivo de:

a) Planificar, aprobar y velar por la ejecución de los programas respectivos necesarios para la realización de las finalidades del presente Convenio.

b) Proponer la celebración de acuerdos complementarios al presente Convenio los cuales deberán ser sometidos a la aprobación legal de cada una de las Partes Contratantes para que tengan validez.

c) Analizar la posibilidad de un acuerdo complementario sobre el reconocimiento de estudios de Educación Media-Técnica y de Educación Superior-Universitaria y Politécnica, para la continuación de los mismos y la admisión en los Centros de Capacitación y de Educación Superior; la revalidación y aceptación de certificados de estudios, diplomas, grados, y de títulos que acrediten la culminación de tales estudios en territorio del otro Estado Contratante, esto último de acuerdo con sus respectivas legislaciones internas.

ARTICULO IX

Seis meses después de la entrada en vigencia del presente Convenio, se reunirá en la capital de una de las Partes Contratantes, previo acuerdo sobre el particular, la Comisión con el objeto de acordar la mecánica y modalidades de trabajo.

ARTICULO X

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años.

Entrará en vigencia el día del canje de los Instrumentos de Ratificación.

Se prorrogará por tácita reconducción, por períodos sucesivos de tres años salvo que una de las Partes notifique a la otra, por escrito con seis meses de anterioridad a la expiración del respectivo período, su decisión de ponerle término. En este caso, las disposiciones del Convenio continuarán aplicándose a los proyectos en ejecución hasta su finalización salvo acuerdo expreso en contrario de las Partes.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los suscritos, estando debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, proceden a la firma de este Convenio.

HECHO en Tegucigalpa, Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre del año mil novecientos ochenta
y ocho, en dos ejemplares igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY
Alfredo Menini Terra
Embajador
POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
Guillermo Cáceres Pineda
Secretario de Relaciones Exteriores por Ley"

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: se trata de un Convenio Cultural llevado a cabo en el año 1988 en Tegucigalpa, entre los gobiernos de Honduras y del Uruguay. Está de más decir la importancia que tiene para las relaciones entre ambos países la aceptación de este Convenio que, como todos los similares, es un Acuerdo marco que procura el fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas naciones por medio del desarrollo de sus relaciones culturales y la extensión del conocimiento de las culturas nacionales en cada uno de los países firmantes.

Las partes se comprometen a contemplar, dentro de los planes y programas de enseñanza de cada país, el conocimiento de los aspectos históricos, geográficos y artísticos de las naciones involucradas.

Se prevé el otorgamiento de facilidades para que haya un fluido intercambio cultural a través del uso de la prensa escrita, oral y televisiva.

Asimismo, se toman medidas para que, conforme a la legislación nacional y de acuerdo con los tratados internacionales, se pueda impedir la importación, exportación y transferencia de bienes de posesión ilícita que integren los distintos patrimonios culturales, arqueológicos, históricos y artísticos de cada una de las partes.

El Convenio tendrá una duración de cinco años, y el solo hecho de que hace nueve que fue firmado, marca la necesidad de que se proceda a su aprobación en forma rápida, por las razones expresadas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébase el Convenio Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República de Honduras, suscrito el día 2 de noviembre de 1988 en Tegucigalpa, Distrito Central."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

21) GRUTA DEL PALACIO

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día: "Discusión única de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley por el que se declara la `Gruta del Palacio' monumento natural. (Carp. Nº 267/95 - Rep. Nº 233/96 Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 267/95
Rep. Nº 233/96
Anexo 1/97

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Declárase monumento natural, de conformidad con los términos contenidos en la "Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América", ratificada por nuestro país mediante la Ley Nº 13.776, de 17 de octubre de 1969, a la llamada Gruta del Palacio y su entorno, comprendidos en los Padrones 995, 973 y 961 de la 3a. Sección Judicial del departamento de Flores.

Art. 2º. - Encomiéndase al Poder Ejecutivo la creación de una comisión integrada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Intendencia Municipal de Flores y el Ministerio de Turismo, a efectos de aprobar o rechazar, asesorar y supervisar el plan de manejo de la Gruta del Palacio que elabore y ejecute el Gobierno Departamental de Flores, garantizando su integridad y uso adecuado.

Art. 3º. - Facúltase a la comisión creada en el artículo anterior, en el cumplimiento de sus cometidos, a recurrir al asesoramiento que brinden organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, de reconocida versación en la materia.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 9 de abril de 1997.

Carlos Baráibar Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Declárase "Monumento Natural", de conformidad con los términos contenidos en la "Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América", ratificada por nuestro país mediante Ley Nº 13.776, de 17 de octubre de 1969, a la llamada "GRUTA DEL PALACIO" y su entorno comprendidos en los padrones 995, 973 y 961 de la 3ra. Sección Judicial del departamento de Flores.

Art. 2º. - Encomiéndase al Poder Ejecutivo, la creación de una Comisión integrada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Intendencia Municipal de Flores, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Turismo, la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Centro Espeleológico Uruguayo "Mario Isola" (CEUMI), para la elaboración, puesta en marcha y supervisión de un Plan de Manejo de la Gruta del Palacio, a fin de garantizar su integridad y uso adecuado.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 4 de junio de 1996.

Hugo Batalla Presidente
Mario Farachio Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Hay una nota del Ministerio de Educación y Cultura solicitando ser escuchado en su aprobación.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - La Cámara de Representantes introdujo una modificación al proyecto oportunamente aprobado por el Senado, que declaraba monumento natural la "Gruta del Palacio", de conformidad con los términos contenidos en la "Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América", ratificada por nuestro país el 17 de octubre de 1969, como una medida tendiente a que rápidamente se pudiera crear un ámbito de protección de este fenómeno geológico, de una belleza inestimable en cuanto a su valor, que lo hace prácticamente único en el mundo.

La Cámara de Representantes introdujo una modificación a la Comisión que se creaba por el artículo 2º y, en consecuencia, el proyecto de ley volvió para su consideración en el Senado.

En un principio, la Comisión de Medio Ambiente no tuvo ningún inconveniente en allanarse a los planteos de la Cámara de Representantes, pero tuvo conocimiento de que el Ministerio de Educación y Cultura, a su vez y por otra vía, estaba realizando gestiones a nivel de los organismos internacionales, promoviendo la estancia de especialistas de la UNESCO para que dictaminaran acerca de la posibilidad de que fuera declarado internacionalmente monumento natural.

La aprobación de este proyecto de ley no es incompatible con que se promueva el reconocimiento internacional y se obtengan fondos en ese campo para la preservación de este fenómeno, único en el país y en el mundo. Sin embargo, el Ministerio de Educación y Cultura -de acuerdo con lo que nos ha informado- desearía que un representante suyo formara parte de la Comisión que trabaja en el tema, dado que es el que promueve internacionalmente la gestión de esa otra declaratoria. Cabe informar que, consultados los integrantes de la Comisión en el día de hoy, no hay inconveniente en que el asunto se procese de esta forma, pero para ello no hay que conformarse con las modificaciones que introdujo la Cámara de Representantes para posibilitar que el proyecto de ley vaya a la Asamblea General, porque allí se podrá modificar nuevamente el texto por ella aprobado, de acuerdo con la mecánica que establece el artículo 135 de la Constitución de la República.

De modo que, pese a que este proyecto de ley fue elevado al Cuerpo con el voto favorable de todos los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, hoy la recomendación consiste en no conformarse con las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes y posibilitar que el proyecto de ley se remita a la Asamblea General para que, en ese ámbito y a través de un acuerdo de todos los sectores, se introduzcan las modificaciones que se solicitan y a las cuales nos allanamos, siempre y cuando exista el compromiso de que se va a proceder en ese sentido.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: luego de escuchar las manifestaciones del señor Senador Gargano, expreso que la Bancada del Partido Colorado está en condiciones de adelantar que apoyará el proyecto de ley en la Asamblea General con las modificaciones indicadas para incluir al Ministerio de Educación y Cultura en la Comisión, cuya creación está prevista en el artículo 2º del referido proyecto.

Por lo tanto, acompañamos la exposición realizada por el señor Senador Gargano y dejamos expresa constancia de nuestra disposición a votar en ese sentido en la Asamblea General.

SEÑOR PRESIDENTE. - Correspondería votar la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente en el sentido de rechazar las modificaciones planteadas oportunamente por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

22) PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS "PROTOCOLO DE MANAGUA"

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos `Protocolo de Managua'. (Carp. Nº 1552/94 - Rep. Nº 417/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1552/94
Rep. Nº 417/97

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, "Protocolo de Managua", suscrito por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, el 10 de junio de 1993, en el Decimonoveno Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 11 de junio de 1996.

Jorge Machiñena Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha resuelto, por unanimidad de sus miembros, solicitarle al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley referido al "PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS, PROTOCOLO DE MANAGUA", suscrito por el Gobierno de la República en ocasión del Decimonoveno Período de Sesiones de la OEA, en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, el 10 de junio de 1993.

El referido proyecto de ley contó con sendas iniciativas del Poder Ejecutivo, de fecha 25 octubre de 1993 y 21 abril de 1995, y tiene ya la media sanción de la Cámara de Representantes, adoptada el 11 de junio de 1996.

En sus aspectos sustanciales, el Protocolo pretende mejorar la eficacia y la eficiencia de la OEA en materia de Cooperación Técnica. Para ello, propone fusionar el Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC) y sus respectivas Secretarías Ejecutivas, mediante la creación del llamado "Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral".

El presente "Protocolo de Reformas..." tuvo su origen en una resolución de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros, de fecha 14 de noviembre de 1989, por la que se recomendaba a la Asamblea General instruyera al Consejo Permanente para la realización de un Programa de Acción para el Fortalecimiento de la Organización. Una de las bases de dicho Programa consistía en "... actualizar conceptos y políticas y revisar en profundidad los aspectos institucionales y operativos de la Organización para atender la Cooperación Técnica". En 1993, el Consejo Permanente integra un Grupo de Trabajo para estudio del Programa. De la propuesta elaborada por dicho Grupo deriva el actual "Protocolo de Reformas...".

Desde el punto de vista formal, el PROTOCOLO DE MANAGUA está estructurado en 9 artículos, los cuales modifican, suprimen o se incorporan al articulado de la Carta en vigor.

Por el ARTICULO I del Protocolo, se incorporan nuevos artículos a los Capítulos XIII y XVII de la Carta:

El Artículo 94, que determina las competencias del "Consejo Interamericano para el Desarrollo integral", recogiendo competencias del CIES y del CIECC. Reseñamos:

a) "Formular y recomendar a la Asamblea General el plan estratégico que articule las políticas, los programas y las medidas de acción en materia de cooperación para el desarrollo integral ...."

b) "Formular directrices para elaborar el programa presupuesto de cooperación técnica, así como para las demás actividades del Consejo".

c) "Promover, coordinar y responsabilizar de la ejecución de programas y proyectos de desarrollo a los órganos subsidiarios y organismos correspondientes" en áreas tales como:

- Desarrollo económico y social (incluye comercio, turismo, integración y medio ambiente);

- Mejoramiento y extensión de la educación y promoción de la investigación científica y tecnológica;

- Fortalecimiento de la conciencia cívica de los pueblos, como parte del ejercicio democrático y la observancia de los derechos y deberes de la persona humana;

- Establecer relaciones de cooperación con los órganos correspondientes de las Naciones Unidas y otras entidades nacionales e internacionales;

- Evaluar periódicamente las actividades de cooperación para el desarrollo.

El Artículo 96, establece que el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral "tendrá las Comisiones Especializadas No permanentes que decida establecer para el mejor desempeño de sus funciones".

El Artículo 97, que establece las competencias de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral: ejecución y coordinación de proyectos.

El Artículo 122, por el cual se compete al Secretario General, con aprobación del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, la designación del referido Secretario Ejecutivo.

Por el ARTICULO II, se modifican los artículos 69, 92, 93 y 95 de la Carta:

El Artículo 69, referido a "Los Consejos de la Organización", recoge la modificación principal introducida por el Protocolo: la supresión del CIES y el CIECC y la creación del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, manteniéndose además el Consejo Permanente. Sus competencias son "las asignadas por la Carta y otros instrumentos interamericanos", así como las funciones que les encomienden la Asamblea General y la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Los artículos 92, 93 y 95, estaban referidos al CIES, siendo sustituidos por otros referidos al nuevo órgano. El Artículo 92 determina la composición del nuevo Consejo: "un representante titular, a nivel ministerial o su equivalente, por cada Estado Miembro...". Establece, además, la competencia de dicho Consejo para crear "los órganos subsidiarios y los organismos que considere convenientes para el mejor ejercicio de sus funciones".

El Artículo 93 establece que el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral "tiene como finalidad promover la cooperación entre los Estados americanos con el propósito de lograr su desarrollo integral, y en particular para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica...".

El Artículo 95, a su vez, establece el régimen de sesiones del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral: por lo menos una vez cada año, pudiendo convocar reuniones "para los temas especializados o sectoriales que estime pertinentes"; también se reunirá a convocatoria de la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, por propia iniciativa o para casos previstos en el artículo 36 de la Carta (situaciones que afecten el desarrollo o la estabilidad económicos de un Estado y que no pudieran ser resueltas por dicho Estado).

El ARTICULO III del Protocolo, elimina aquellos artículos referidos a la integración, competencias, régimen de reuniones y respectivas Comisiones Ejecutivas Permanentes del CIES y el CIECC. Se trata de los artículos 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 122.

El ARTICULO IV modifica el título del actual CAPITULO XIII de la Carta, pasando a denominarlo "El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral". A su vez, determina la eliminación del CAPITULO XIV y modifica la numeración de los capitulos, compatibilizándola con las modificaciones introducidas.

En el mismo sentido, el ARTICULO V establece los cambios a introducirle a la numeración de los artículos de la Carta, a partir del artículo 98, que pasará a ser el actual artículo 104 y así sucesivamente, hasta el final del articulado de la Carta.

El ARTICULO VI del Protocolo encomienda a la Secretaría General la preparación de un texto integrado de la Carta de la OEA, que incorpore las disposiciones no enmendadas de la Carta original, las reformas en vigencia introducidas por los Protocolos de Buenos Aires y de Cartagena de Indias y las reformas introducidas por los Protocolos posteriores cuando éstos entren en vigencia.

Por el ARTICULO VII, se establecen las condiciones para la firma y la ratificación del Protocolo por los Estados Miembros de la OEA, e instituye a la Secretaría General como depositaria del "Protocolo".

El ARTICULO VIII establece la entrada en vigor del Protocolo, una vez que el mismo sea ratificado por dos tercios de los Estados signatarios.

Finalmente, el ARTICULO IX del Protocolo establece que el mismo será registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas por la Secretaría General de la OEA.

En función de lo expuesto, solicitamos al Cuerpo la aprobación del presente "Protocolo de Reformas de la Organización de los Estados Americanos, `Protocolo de Managua'".

Sala de la Comisión, 19 de junio de 1997.

Reinaldo Gargano (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos M. Garat, Rafael Michelini, Carlos Julio Pereyra y Américo Ricaldoni. Senadores.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 21 de abril de 1995.

Señor Presidente de la Asamblea General

Doctor Hugo Batalla:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de reiterar el Mensaje de fecha 25 de octubre de 1993, que se transcribe, por el que se solicita la aprobación parlamentaria de la suscripción del Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, "Protocolo de Managua", que tuviera lugar en la ciudad de Managua, Nicaragua, el 10 de junio de 1993, durante el Decimonoveno Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, al permanecer vigentes para los intereses de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío:

"El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el cual se aprueba el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, "Protocolo de Managua", suscrito por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Managua, Nicaragua, el 10 de junio de 1993, en el Decimonoveno Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

I. ANTECEDENTES

La preocupación por parte de los Estados Miembros por lograr un fortalecimiento de la Organización, principalmente en lo que hace al área de la cooperación técnica se manifiesta desde hace algunos años.

De acuerdo a las previsiones de la Carta en vigor, la realidad institucional de la OEA, en lo que refiere a la cooperación técnica, comprende al Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC), así como la Secretaría Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales y la Secretaría Ejecutiva para la Educación, la ciencia y la Cultura, a las cuales les corresponde la responsabilidad de ejecutar los programas y de administrar los servicios de cooperación técnica.

Tal como está estructurada la OEA, se presentan problemas de duplicación de funciones que hacen lento y complejo el proceso decisorio. Al mismo tiempo, las Comisiones Ejecutivas Permanentes vienen duplicando en su quehacer y en su número de miembros, las funciones de los Consejos. Este fenómeno se repite en el caso de las subcomisiones respecto a la actividad de los niveles superiores. En suma, los mismos actores desempe ñan formalmente diferentes papeles, pero las agendas propenden a duplicarse y ciertas atribuciones básicas van dejando de cumplirse.

Asimismo, a nivel intermedio se obstaculiza la debida instrumentación de las directrices sectoriales al encontrarse separado el binomio de autoridad político-técnica, lo cual resta a los proyectos viabilidad y congruencia con las realidades y necesidades hemisféricas.

En el ámbito operativo se advierte que la cooperación no siempre se administra bajo el principio de "desarrollo integral". Se ha señalado que las dos Secretarías responsables de esas funciones siguen diferentes enfoques y sistemas de trabajo, faltando cohesión, complementariedad y coordinación entre sus estructuras.

Otro aspecto no menos importante es la necesidad de imprimirles a ciertas estructuras la adaptabilidad que demandan los cambios, de tal manera que la organización de los recursos sea temporal, por equipos ad hoc -y en su caso interdisciplinarios- en función de proyectos que nacen de las nuevas demandas de los países, y no de una departamentalización que obedeció a otras prioridades y que ha mostrado tendencias a la inmutabilidad.

Todo lo anterior bien puede resumirse en la conclusión a que llegaran por consenso las Representaciones Permanentes y la propia Secretaría General de la OEA, en el sentido de que "la sustancia del programa de cooperación técnica y la estructura de su administración no son satisfactorias y requieren atención urgente". En tal situación, como también ha sido sugerido debía "examinarse la OEA a sí misma, sus metas y sus esfuerzos conjuntos para alcanzarlas".

Finalmente, se concluyó que, si se tenía decidido emprender realmente una revisión a fondo de los objetivos, del alcance y de la forma en que la OEA debe encarar la prestación de la cooperación técnica en los próximos años, parecía recomendable emprender, como un primer paso, las reformas a la estructura organizacional que actualmente tiene prevista la Carta.

El 14 de noviembre de 1989, los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la Organización, en su Reunión de trabajo, aprobaron una resolución recomendando a la Asamblea General instruir al Consejo Permanente que elaborara un Programa de Acción para el Fortalecimiento de la Organización, que tuviera como una de sus bases "...actualizar conceptos y políticas y revisar en profundidad los aspectos institucionales y operativos de la Organización para atender la cooperación técnica...".

La Asamblea General, en su XIX Período Ordinario de Sesiones, instruyó al Consejo Permanente elaborar el referido programa de acción para el fortalecimiento de la OEA, a ser presentado a la Asamblea General en su Vigésimo Período Ordinario de Sesiones.

A su vez, el Secretario General elevó al XIX Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General su propuesta sobre "Reestructuración de la Secretaría General, mediante la cual sugirió a los Estados Miembros redefinir la forma de ejecutar la cooperación técnica.

Las Asambleas Generales de Santiago de Chile (1991) y Bahamas (1992), adoptaron resoluciones en las cuales se ratificó la prioridad que, para los Estados Miembros, tiene la erradicación de la pobreza extrema y la amenaza que su presencia significa para la vigencia de la democracia representativa que se desea fortalecer.

El 23 de mayo de 1992 la Asamblea General, durante su XXII Período Ordinario de Sesiones, aprobó el Programa de Acción para el Fortalecimiento de la Organización y encomendó al Consejo Permanente que, en consulta con los otros Consejos y el apoyo de la Secretaría General, continuara su trabajo con un estudio a fondo de la eficacia y eficiencia de la cooperación técnica de la OEA, contando con la asesoría que considerase necesaria. Este estudio debía considerar la posibilidad de reestructuración de las áreas del CIES y el CIECC, partiendo de un análisis cuidadoso de las estructuras existentes, su evolución histórico y sus prácticas operativas en el presente, considerando diversas alternativas, que iban desde la adaptación del CIES o del CIECC, para que guardara armonía con el otro Consejo, la unificación de los dos Consejos o el establecimiento de un Consejo de Desarrollo Integral.

El 14 de diciembre de 1992, la Asamblea General, en su XVI Período Extraordinario de Sesiones, teniendo en cuenta la decisión de "incluir en la Carta de la OEA nuevos textos relativos a la necesidad de enfrentar la pobreza crítica", encomendó al Consejo Permanente convocar un período extraordinario de sesiones para considerar reformas a la Carta de la OEA, en particular al capítulo VII, Desarrollo Integral, al Capítulo XIII, Consejo Iberoamericano Económico y Social y al capítulo XIV, Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, "a fin de incluir disposiciones para que la prestación de la cooperación técnica sea más eficaz y operativa y contribuya a los esfuerzos para eliminar la pobreza crítica".

El 13 de enero de 1993 el Consejo Permanente convocó a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, "con el fin de considerar la posible incorporación de nuevas disposiciones en la Carta de la Organización", a la vez que otorgó al Grupo de Trabajo sobre el fortalecimiento de la OEA el mandato de "que estudie con carácter prioritario y, de estimarlo pertinente, proponga las reformas que considere necesarias a la Carta de la Organización".

El Grupo de Trabajo celebró diez reuniones formales, partiendo de la base del "Documento Inicial de Trabajo" preparado por el Presidente del mismo. Se realizó una consulta formal, a través del Consejo Permanente, a los Presidentes del CIES y del CIECC así como a los Secretarios Ejecutivos respectivos.

Los trabajos llevaron a la conclusión de la conveniencia de renovar no sólo la estructura institucional, sino el concepto, papel y perfil básico mismos de la cooperación técnica en función de las necesidades y demandas prioritarias para los Estados Miembros. Se señaló igualmente la conveniencia de que los programas específicos de cooperación técnica se encuadren dentro de una política general y una estrategia integral para el hemisferio en su conjunto.

El Grupo de Trabajo exploró, con el apoyo de los análisis realizados por dos grupos de consultores externos, diversas opciones de reforma con sus respectivas ventajas y desventajas. El Grupo de Trabajo elaboró una primera propuesta de texto de reformas a la Carta que buscó incluir las medidas de reforma en torno de las cuales parecía existir una corriente mayoritaria dentro del propio Grupo de Trabajo.

Un subgrupo elaboró una propuesta de texto base incluyendo posibles reformas que permitan la creación de un "Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral", así como de las Comisiones Especializadas No Permanentes que determine el Consejo y de un cargo de Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral.

II. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA CARTA DE LA OEA

El Protocolo de Reformas a la Carta de la OEA, suscrito en Managua, desde un punto de vista formal está estructurado en base a 9 artículos que incorporan, suprimen o modifican el articulado de la Carta en vigor.

Por el artículo II del Protocolo se modifican los artículos 69, 92, 93 y 95 de la Carta.

El artículo 69, que refería a "Los consejos de la Organización", recoge, en su nueva redacción, la modificación principal que introduce el Protocolo, ésto es la supresión del Cies y del CIECC y la creación del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, que junto con el Consejo Permanente de la Organización, dependen directamente de la Asamblea General y tendrán por competencia, además de la asignada por la Carta y otros instrumentos interamericanos, las funciones que les encomienden la Asamblea General y la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Los artículos 92, 93 y 95, que referían al CIES, son reemplazados por nuevos artículos, que hacen al nuevo Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral.

El artículo 92 determina la composición que tendrá el nuevo Consejo, que estará integrado por un representante titular, a nivel ministerial o su equivalente, por cada uno de los Estados Miembros, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo. A su vez, el mismo artículo otorga libertad al Consejo para crear los órganos subsidiarios que considere conveniente para el mejor ejercicio de sus funciones.

El artículo 93, al determinar cuál es la finalidad del nuevo Consejo expresa que es el ...promover la cooperación entre los Estados Americanos con el propósito de lograr su desarrollo integral, y en particular para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica", de acuerdo con lo previsto por la Carta, en especial el Capítulo VII, destinado al "Desarrollo Integral", en los campos económicos, social, educacional, cultural, científico y tecnológico.

Por el artículo 95 se prevé la celebración de una reunión anual a nivel ministerial o su equivalente así como la convocatoria de reuniones para temas especializados o sectoriales. El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral podrá, asimismo, reunirse, cuando sea convocado por la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o por su propia iniciativa cuando el desarrollo o la estabilidad económicos de cualquier Estado Miembro se vieren seriamente afectados por situaciones que no pudieren ser resueltas por el esfuerzo de dicho Estado, situación contemplada por el artículo 36 de la Carta.

Por el artículo I del Protocolo, se incorporan nuevos artículos a los Capítulos XIII y XVII de la Carta.

El artículo 94 determina las competencias del Consejo Interamericano para el desarrollo integral, con miras a la realización de sus fines, particularmente en el área específica de la cooperación técnica, recogiendo competencias que eran asignadas al CIES y el CIECC por la Carta.

Entre esas competencias se preve el formular y recomendar a la Asamblea General el plan estratégico que articule las políticas, los programas y las medidas de acción en materia de cooperación para el desarrollo integral, en el marco de la política general y las prioridades definidas por la Asamblea General.

Asimismo, formulará las directrices para elaborar el programa-presupuesto de cooperación técnica, así como para las demás actividades del Consejo a la vez que deberá promover, coordinar y responsabilizar de la ejecución de programas y proyectos de desarrollo a los órganos subsidiarios y organismos correspondientes, con base en las prioridades determinadas por los Estados Miembros.

El mismo artículo prevé el concurso de mecanismos de participación sectorial y de otros órganos subsidiarios, así como el establecimiento de relaciones de cooperación con los órganos correspondientes de las Naciones Unidas.

Por el artículo 96 se estipula que el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral podrá establecer las Comisiones Especializadas No Permanentes que resulten necesarias para el mejor desempeño de sus funciones. La integración, competencias y funcionamiento de tales Comisiones estará a lo que establezca el Estatuto del Consejo.

El artículo 97 otorga la ejecución y la coordinación de los proyectos aprobados a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, que mantendrá informado sobre los resultados al Consejo.

Como consecuencia de la eliminación del CIES y del CIECC, se suprimen los cargos de Secretario Ejecutivo para Asuntos Económicos y Sociales y Secretario Ejecutivo para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que son reemplazados por un solo Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral, cuya designación, según lo prevé el nuevo artículo 122, es realizada por el Secretario General de la Organización, con la aprobación del propio Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral.

El artículo III del Protocolo elimina una serie de artículos que hacen a la integración, competencias, régimen de reuniones y a las respectivas Comisiones Ejecutivas Permanentes del CIES y del CIECC.

Los artículos IV y V del Protocolo introducen un cambio en la denominación de un Capítulo de la Carta, eliminan otro, a la vez que realizan los ajustes necesarios en lo que hace a la enumeración de los capítulos y artículos subsiguientes.

El artículo VI del Protocolo encomienda a la Secretaría General la preparación de un texto integrado de la Carta de la Organización, incorporando los Protocolos que la reforman cuando éstos entren en vigencia.

Por el artículo VII del Protocolo se establece que el instrumento queda abierto a la firma y a la ratificación de los Estados Miembros de la OEA, de acuerdo a sus respectivos procedimientos constitucionales, instituyéndose la Secretaría General de la Organización como depositaria del mismo.

Finalmente, el artículo VIII prevé que el Protocolo entrara en vigor entre los Estados que lo ratifiquen, cuando sea ratificado por dos tercios de los Estados signatarios.

III. CONCLUSION

Las modificaciones introducidas por el Protocolo de Managua a la Carta de la OEA son el fruto de un esfuerzo realizado en forma conjunta por la propia Organización y sus Estados Miembros, en el que le cupo una muy especial participación a la Representación del Gobierno de la República.

La alternativa de reforma de la Carta finalmente recogida en el Protocolo, ésto es la creación de un único Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, en lugar del CIES y el CIECC; acompañada de una sola Secretaría Ejecutiva para el desarrollo Integral, así como la posibilidad de crear Comisiones Especializadas No Permanentes, no sólo significa toda una reestructura institucional de la Organización sino que refleja, a su vez, el interés político de los Estados miembros en fortalecer la OEA, otorgándole una estructura apropiada para el cumplimiento de sus fines en el campo de la prestación de cooperación técnica, con miras al logro del desarrollo integral.

Las modificaciones introducidas a la Carta de la OEA por el Protocolo de Managua son una respuesta a los problemas constatados; tratan de evitar la duplicación de funciones en diversos niveles institucionales a la vez que dotan a la Organización de una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones en el área de la cooperación técnica. Tienen por finalidad, asimismo, dar la necesaria cohesión y coordinación a los diversos proyectos y programas que se decidan instrumentar en el campo de la cooperación técnica, siguiendo un enfoque único que, a partir de la viabilidad y congruencia de los mismos con las realidades y necesidades hemisféricas, tenga siempre por objetivo final el desarrollo integral.

Por todo lo expuesto se considera de vital importancia la entrada en vigor de las reformas introducidas por el "Protocolo de Managua" a la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

El Poder Ejecutivo se vale de la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Alvaro Ramos."

Ministerio de Relaciones Exteriores

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, "Protocolo de Managua", suscrito por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Managua, Nicaragua, el 10 de junio de 1993, en el Decimonoveno Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Alvaro Ramos.

PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE
LA ORGANIZACION DE LOS
ESTADOS AMERICANOS
"PROTOCOLO DE MANAGUA"

EN NOMBRE DE SUS PUEBLOS LOS ESTADOS
AMERICANOS REPRESENTADOS EN EL
DECIMONOVENO PERIODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL, REUNIDA EN
MANAGUA, NICARAGUA, CONVIENEN EN
SUSCRIBIR EL SIGUIENTE

PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA
DE LA ORGANIZACION DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

ARTICULO I

Se incorporan los siguientes nuevos artículos a los Capítulos XIII y XVII de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, así numerados:

Artículo 94

Para realizar sus diversos fines, particularmente en el área específica de la cooperación técnica, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral deberá:

a) Formular y recomendar a la Asamblea General el plan estratégico que articule las políticas, los programas y las medidas de acción en materia de cooperación para el desarrollo integral, en el marco de la política general y las prioridades definidas por la Asamblea General.

b) Formular directrices para elaborar el programa presupuesto de cooperación técnica, así como para las demás actividades del Consejo.

c) Promover, coordinar y responsabilizar de la ejecución de programas y proyectos de desarrollo a los órganos subsidiarios y organismos correspondientes, con base en las prioridades determinadas por los Estados Miembros, en áreas tales como:

1) Desarrollo económico y social, incluyendo el comercio, el turismo, la integración y el medio ambiente;

2) Mejoramiento y extensión de la educación a todos los niveles y la promoción de la investigación científica y tecnológica, a través de la cooperación técnica, así como el apoyo a las actividades del área cultural, y

3) Fortalecimiento de la conciencia cívica de los pueblos americanos, como uno de los fundamentos del ejercicio efectivo de la democracia y la observancia de los derechos y deberes de la persona humana.

Para estos efectos se contará con el concurso de mecanismos de participación sectorial y de otros órganos subsidiarios y organismos previstos en la Carta y en otras disposiciones de la Asamblea General.

d) Establecer relaciones de cooperación con los órganos correspondientes de las Naciones Unidas y con otras entidades nacionales e internacionales, especialmente en lo referente a la coordinación de los programas interamericanos de cooperación técnica.

e) Evaluar periódicamente las actividades de cooperación para el desarrollo integral, en cuanto a su desempeño en la consecución de las políticas, los programas y proyectos, en términos de su impacto, eficacia, eficiencia, aplicación de recursos, y de la calidad, entre otros, de los servicios de cooperación técnica prestados, e informar a la Asamblea General.

Artículo 96

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tendrá las Comisiones Especializadas No Permanentes que decida establecer y que se requieran para el mejor desempeño de sus funciones. Dichas Comisiones tendrán la competencia, funcionarán y se integrarán conforme a lo que se establezca en el Estatuto del Consejo.

Artículo 97

La ejecución y, en su caso, la coordinación de los proyectos aprobados se encargará a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, la cual informará sobre los resultados de ejecución de los mismos al Consejo.

Artículo 122

El Secretario General designará, con la aprobación del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, un Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral.

ARTICULO II

Se modifican los textos de los siguientes artículos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que quedarán redactados así:

Artículo 69

El Consejo Permanente de la Organización y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, dependen directamente de la Asamblea General y tienen la competencia que a cada uno de ellos asignan la Carta y otros instrumentos interamericanos, así como las funciones que les encomienden la Asamblea General y la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Artículo 92

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral se compone de un representante titular, a nivel ministerial o su equivalente, por cada Estado miembro, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo.

Conforme lo previsto en la Carta, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral podrá crear los órganos subsidiarios y los organismos que considere convenientes para el mejor ejercicio de sus funciones.

Artículo 93

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tiene como finalidad promover la cooperación entre los Estados americanos con el propósito de lograr su desarrollo integral, y en particular para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica, de conformidad con las normas de la Carta y en especial la consignadas en el Capítulo VII de la misma, en los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico.

Artículo 95

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral celebrará, por lo menos, una reunión cada año a nivel ministerial o su equivalente, y podrá convocar la celebración de reuniones al mismo nivel para los temas especializados o sectoriales que estime pertinentes, en áreas de su competencia. Se reunirá, además, cuando lo convoque la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o por propia iniciativa, o para los casos previstos en el Artículo 36 de la Carta.

ARTICULO III

Se eliminan los siguientes actuales artículos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos: 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 122.

ARTICULO IV

Se modifica el título del actual Capítulo XIII de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el que se denominará "El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral".

Se elimina el actual Capítulo XIV. En consecuencia, se modifica la numeración de los actuales Capítulos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, a partir del Capítulo XIV, que pasará a ser el actual Capítulo XV y así sucesivamente.

ARTICULO V

Se modifica la numeración de los actuales artículos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos a partir del artículo 98, que pasará a ser el actual artículo 104 y así sucesivamente, hasta el final del articulado de la Carta.

ARTICULO VI

La Secretaría General preparará un texto integrado de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que comprenderá las disposiciones no enmendadas de la Carta original, las reformas en vigencia introducidas por los Protocolos de Buenos Aires y de Cartagena de Indias, y las reformas introducidas por Protocolos posteriores cuando éstos entren en vigencia.

ARTICULO VII

El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y será ratificado de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General, la cual enviará copias certificadas a los Gobiernos para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General y ésta notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarios.

ARTICULO VIII

El presente Protocolo entrará en vigor, entre los Estados que lo ratifiquen, cuando los dos tercios de los Estados signatarios hayan depositado sus instrumentos de ratificación. En cuanto a los Estados restantes, entrará en vigor en el orden que depositen sus instrumentos de ratificación.

ARTICULO IX

El presente Protocolo será registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

EN FE DE LO CUAL los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Protocolo, que se llamará "Protocolo de Managua", en la ciudad de Managua, Nicaragua, el diez de junio de mil novecientos noventa y tres.

Certifico que el documento preinserto es copia fiel y exacta de los textos originales en español, inglés, portugués y francés del Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Managua", suscrito en Managua, Nicaragua, el 10 de junio de 1993, en el Decimonoveno Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, y que los textos firmados de dichos originales se encuentran depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

16 de julio de 1993.

I hereby certify that the foregoing document is a true and faithful copy of the authentic texts in Spanish, English, Portuguese and French of the Protocol of Amendments to the Charter of the Organization of American States "Protocol of Managua", signed at Managua, Nicaragua, on June 10, 1993, at the Nineteenth Special Session of the General Assembly of the Organization of American States, and that the signed originals of these texts are on deposit with the General Secretariat of the Organization of American States.

July 16, 1993

Certifico que o documento transcrito é cópia fiel e exata dos textos autênticos em espanhol, inglês, portugês e francês do "Protocolo de Managua", assinado em Managua, nicaragua, em 10 de junho de 1993, no Décimo Nono Período Extraordinário de Sess_es da Assembléia Geral, e que os textos originais assinados encontra-sem depositados na Secretaria Geral da Organizaç¶o dos Estados Americanos.

16 de julho de 1993

Je certifie que le document qui précède este une copie fidèle et conforme aux textes authentiques en espgonol, anglais, portugais et française du Protocoloe d'Amendements de la Charte de l'Organisation des Etats Américains "Protocole de Managua", signé a Managua, Nicaragua, le 10 juin, 1993, lors de la seizième session extraordinaire de l'Assemblée Génerale, et que des originaoux signés de ces textes se trouvent déposés auprès du Secrétariat Géneral de l'Organisation des Etats Américains.

Le 16 juillet, 1993

Por el Secretario General
Fot the Secretary General
Pelo Secretário-Geral
Pour le Secrétaire géneral
Hugo Caminos

Subsecretario de Asuntos
Jurídicos
Secretaría General de la OEA

Assistant Secretary for
Legas Affairs
OAS General Secretariat

Subsecretário de Assuntos
Jurídicos
Secretario-Geral da OEA

Sous-secrétaire pour les
questions juridiques
Secrétariat géneral de l'OEA"

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: en el distribuido que tienen en su poder los señores Senadores, hay un informe circunstanciado de los contenidos de estas modificaciones a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, llamado "Protocolo de Managua", que fue suscrito por el Gobierno de la República en ocasión del Decimonoveno Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en la ciudad de Managua, República de Nicaragua.

En sus aspectos sustanciales, el Protocolo pretende mejorar la eficacia y la eficiencia de la OEA en materia de Cooperación Técnica. Para ello, propone fusionar el Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC) y sus respectivas Secretarías Ejecutivas, mediante la creación del llamado "Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral".

La descripción de estos objetivos y una lectura atenta del articulado permiten inferir que lo que se hace es establecer las modificaciones correspondientes para volver viable el cumplimiento de los objetivos de este Protocolo.

La Comisión recomienda por unanimidad su aprobación, para que pueda ser remitido al Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébase el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, `Protocolo de Managua', suscrito por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Managua, República de Nicaragua y, el 10 de junio de 1993, en el Decimonoveno Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único del proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

23) CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE SUECIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo primer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Científica entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Reino de Suecia. (Carp. Nº 1678/94 - Rep. Nº 416/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1678/94
Rep. Nº 416/97

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Montevideo, 6 de agosto de 1996.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo de conformidad con lo estipulado por el artículo 168 (20) de la Constitución de la República, a fin de reiterar su solicitud de aprobación para el instrumento internacional cuya copia autenticada, acompañada del Mensaje que fuera oportunamente remitido a la Asamblea General, se agrega al presente en el entendido de que permanecen en vigencia para los intereses de la República los fundamentos que, en aquella ocasión, ameritaron su envío.

El Poder Ejecutivo reitera a la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Carlos Pérez del Castillo, Samuel Lichtensztejn, Alfredo Solari, Carlos Gasparri.

Ministerio de Relaciones Exteriores

PROYECTO DE LEY

ARTICULO UNICO. - Apruébase el Convenio de Cooperación Científica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Reino de Suecia, suscrito en Estocolmo el trece de agosto de mil novecientos noventa.

Carlos Pérez del Castillo, Samuel Lichtensztejn, Alfredo Solari, Carlos Gasparri.

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Montevideo, 25 de octubre de 1994.

Señor Presidente de la Asamblea General

Doctor Gonzalo Aguirre Ramírez:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el texto del Convenio de Cooperación Científica suscrito por el Gobierno de la República y el Gobierno del Reino de Suecia en Estocolmo, el trece de agosto de mil novecientos noventa.

El presente Convenio constituye una continuación del Convenio de Cooperación Científica suscrito el veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y seis entre ambos países, cuya vigencia terminara el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa.

Desde el punto de vista formal, el Convenio consta de once artículos y un anexo.

El Preámbulo expresa la conveniencia del fortalecimiento de la cooperación entre instituciones de ambos países para la investigación en temas relevantes a la realidad de los países en desarrollo.

Los organismos encargados de la programación y la coordinación de las actividades a que dé lugar el presente Convenio serán, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en nuestro país y la Agencia Sueca de Cooperación Científica con los Paises en Desarrollo (SAREC). Asimismo, las instituciones de investigación de ambos países serán responsables de la ejecución de los proyectos (artículo I).

El artículo II señala las áreas de investigación abarcadas por la asistencia sueca: a) medicina y salud, b) ciencias agropecuarias, c) tecnología, industrialización y ciencias naturales, d) ciencias sociales: no entendiéndose esta enumeración como taxativa.

La financiación sueca, por intermedio del SAREC apoyará: la participación de instituciones suecas, el intercambio de visitas de investigadores uruguayos y suecos; la realización de seminarios; la compra en escala limitada de equipos, repuestos, servicios de mantenimiento y materiales; y subvenciones a investigadores uruguayos. Al mismo tiempo, el Uruguay se compromete a apoyar los programas poniendo a disposición el personal y la infraestructura existente en las instituciones de investigación participantes (artículo III). Las Partes podrán realizar consultas (artículo IV) para evaluar el progreso de la cooperación y discutir sus perspectivas, lo que incluye también a las instituciones de investigación ejecutantes o designadas para la ejecución de los proyectos.

El artículo V establece que la cooperación será llevada a cabo a través de programas diseñados y aprobados por las Instituciones de Investigación uruguayas y suecas, quienes deberán dar conocimiento a los organismo encargados de la Cooperación: OPP y SAREC. Dichos proyectos indican objetivos, costos y obligaciones asumidas por las instituciones ejecutantes.

SAREC contratará con las instituciones de investigación suecas que participen en la ejecución de proyectos previamente acordados con las instituciones uruguayas, anunciando el monto total de la cooperación para cada año fiscal (artículo VI), a la vez que presentará a la OPP y a las instituciones responsables de los proyectos, informes acerca de los desembolsos efectuados durante el año precedente, a más tardar el 1º de noviembre de cada año (artículo VII). Por otra parte, la OPP presentará a SAREC, a más tardar el 1º de noviembre de cada año un informe sobre el estado de las actividades y acciones cumplidas en el marco del Convenio durante el año fiscal precedente, en virtud de lo cual las instituciones partícipes deberán remitir la mencionada información a la OPP.

El artículo VIII establece las facilidades que se concederán tanto a los recursos financieros como a la introducción de equipos y bienes introducidos en el marco del presente convenio.

La institución o investigador que dentro de los programas comprendidos por el Convenio arribe a resultados patentables podrá ejercer sus derechos, haciéndose cargo de los costos de la operación, tal como lo establece el artículo IX. Otras instituciones o investigadores participantes tendrán derecho a patentar el resultado si la institución o investigador renunciara a su derecho o transcurriera un año sin ejercerlo. El artículo X establece que las diferencias de interpretación que surgieran de la letra de ese Convenio o de sus acuerdos operativos se resolverá por la vía diplomática.

Finalmente el artículo XI se refiere a la entrada en vigor del presente Convenio, no obstante lo cual, el mismo se aplica provisionalmente a partir del 1º de enero de 1991.

El Anexo I (único Anexo al Convenio) establece cuáles serán las instituciones uruguayas y suecas habilitadas para operar en el marco del Convenio en las áreas de Medicina y Salud, y Ciencias Agropecuarias.

Debe destacarse que la asistencia proporcionada a través de la Agencia Sueca de Cooperación (SAREC) en el marco de la cooperación científica ofrecida ha resultado exitosa y conveniente para la República. En virtud de lo expuesto, el Poder Ejecutivo considera de interés la aprobación parlamentaria del presente instrumento.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Sergio Abreu, Guillermo García Costa, Antonio Mercader, Gonzalo Cibils y Gustavo Licandro.

Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja la aprobación del Convenio de Cooperación Científica celebrado por los Gobiernos del Uruguay y del Reino de Suecia el 30 de agosto de 1990.

En esa forma se dará comienzo al trámite parlamentario correspondiente, a partir de la reiteración del Poder Ejecutivo fechada el 6 de agosto de 1996.

Este acuerdo significa la continuación del Convenio de Cooperación Científica suscrito el 29 de diciembre de 1986 entre ambos Gobiernos, vencido el 31 de diciembre de 1990.

Es innecesario el análisis pormenorizado del Convenio por cuanto resulta sencilla la comprensión de sus alcances.

Según el artículo 1 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Agencia Sueca de Cooperación Científica (SAREC) serán los organismos encargados de la programación y coordinación de las actividades incluidas en el Tratado.

El artículo II, a su vez, determina las áreas abarcadas por la asistencia sueca.

El artículo III, por su parte, identifica los programas de cooperación financiados por SAREC, en tanto que el artículo VI dispone que el organismo sueco antedicho celebrará contratos de apoyo financiero con las instituciones de investigación de ese país que participen en la ejecución de proyectos definidos de común acuerdo con las instituciones uruguayas.

Todo ello sin perjuicio de que, conforme al artículo V queda en claro que los proyectos que se diseñen requerirán la aprobación tanto de las instituciones de investigación sueca como de las uruguayas.

Finalmente el artículo VIII contiene normas destinadas a fijar el régimen de los recursos y demás bienes introducidos al Uruguay en aplicación a este Convenio y algunas precisiones sobre el personal que ejecutará los proyectos.

Sala de la Comisión, 19 de junio de 1997.

Américo Ricaldoni (Miembro Informante), Carlos Julio Pereyra, Carlos Garat, Gonzalo Fernández, Martín Ponce de León y Gastón Silberman. Senadores.

CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICA
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Y
EL REINO DE SUECIA

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Gobierno del Reino de Suecia, representado por la Agencia Sueca de Cooperación Científica con los países en desarrollo (en adelante SAREC), estando de acuerdo en la conveniencia de fortalecer la cooperación entre instituciones uruguayas y suecas en torno a la investigación en temas de relevancia para una mejor comprensión de los problemas de los países en desarrollo, convienen lo siguiente:

Artículo 1

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (en adelante llamada OPP) y SAREC serán los organismos encargados de la programación y coordinación de las actividades que surjan de este Convenio.

Las instituciones de investigación uruguayas y suecas serán responsables de la ejecución de los proyectos.

Artículo II

La asistencia sueca abarcará, en principio, la investigación en las siguientes áreas: a) medicina y salud; b) ciencias agropecuarias; c) tecnología, industrialización y ciencias naturales; d) ciencias sociales. Sin perjuicio de la enumeración efectuada, ambas partes podrán, de común acuerdo determinar otras áreas de interés común.

Las instituciones de investigación uruguayas y suecas participantes se mencionan en el Anexo I de este documento. Dicha nómina, que no tiene carácter taxativo, podrá ser modificada a solicitud de alguna de las Partes, previa consulta y aprobación de OPP y SAREC.

Artículo III

SAREC apoyará los programas de cooperación financiando:

- la participación de instituciones suecas;

- el intercambio de visitas de investigadores uruguayos y suecos,

- la realización de seminarios;

- la compra en escala limitada de equipos, repuestos, servicios de mantenimiento y materiales; y

- subvenciones a investigadores uruguayos.

Uruguay apoyará los programas poniendo a disposición el personal y la infraestructura existente en las instituciones de investigación participantes.

Artículo IV

Cualquiera de las Partes podrá efectuar consultas cuando lo crea apropiado a fin de evaluar el progreso de la cooperación y discutir sus perspectivas. Las consultas incluyen también las instituciones de investigación que ejecuten o que hayan sido designadas para ejecutar los proyectos de investigación.

Artículo V

La cooperación será llevada a cabo a través de proyectos diseñados y aprobados por las instituciones de investigación uruguayas y suecas, las que darán oportuno conocimiento a los organismos encargados de la coordinación: OPP y SAREC.

En caso de llevarse a cabo acciones puntuales no recogidas en los proyectos referidos, SAREC proporcionará a OPP la información necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo VII.

Los proyectos indicarán los objetivos, los costos y las obligaciones que en cada caso asumirán las instituciones responsables de la ejecución.

Artículo VI

SAREC celebrará contratos de apoyo financiero con las instituciones de investigación suecas que participen en la ejecución de proyectos definidos de común acuerdo con las instituciones uruguayas. SAREC anunciará el monto total de la cooperación a que se refiere este Convenio para cada año fiscal.

Artículo VII

OPP presentará a SAREC, no más tarde del 1º de noviembre de cada año, un informe sobre el progreso de las actividades y acciones cumplidas en el marco de este Convenio durante el año fiscal precedente (1º de julio al 30 de junio). A tal efecto, las instituciones participantes deberán remitir dicha información con la debida antelación a la OPP.

El informe antedicho incluirá un estado financiero sobre la utilización de los recursos provistos por SAREC para dicho año fiscal y una presentación de los resultados obtenidos.

SAREC presentará a OPP y a las instituciones responsables de los proyectos, no más tarde del 1º de noviembre de cada año, informes con respecto a los desembolsos efectuados por SAREC durante el año fiscal precedente en el marco de la cooperación.

Artículo VIII

Los recursos financieros introducidos en Uruguay con el objeto de desarrollar la cooperación estarán libres de contralores de cambio y monetario. Si se abrieran cuentas bancarias en Uruguay con el objeto de depositar recursos del Convenio de Cooperación, esas cuentas serán utilizadas exclusivamente con ese propósito y sus saldos podrán ser transferidos libremente a coronas suecas o a otra moneda de libre conversión.

Todo equipo y demás bienes adquiridos con la contribución sueca estarán exonerados de tributos, gravámenes, recargos y tarifas públicas, y pasarán a integrar el patrimonio de la persona jurídica a la que pertenezca la institución uruguaya que actúe como contraparte del proyecto respectivo, la cual gozará de su uso exclusivo; a menos que las instituciones participantes estipulen algo en contrario.

Los equipos introducidos por el personal sueco a ser utilizados en el proyecto y que, a diferencia de lo establecido en el párrafo anterior no pasarán en propiedad a la institución uruguaya que ejecute el proyecto -salvo acuerdo de partes- estarán exentos de los tributos, gravámenes y recargos que se imponen en la República Oriental del Uruguay.

Antes del envío de investigadores a los lugares de trabajo convenidos, las instituciones participantes acordarán las medidas necesarias para la efectiva utilización de ese personal. Esas medidas incluyen transporte local, vivienda, oficinas y permisos.

Artículo IX

Aquella institución o investigador que -dentro de los programas comprendidos en este Convenio- arribe a resultados patentables podrá ejercer sus derechos, de acuerdo a la legislación nacional respectiva, haciéndose cargo de los costos de la operación.

Si la institución o investigador renunciara a su derecho o transcurriera un año sin ejercer el mismo, las otras instituciones o investigadores participantes tendrán derecho, de acuerdo a la legislación nacional respectiva, a patentar el resultado haciéndose cargo de los costos.

Las instituciones de investigación o investigadores participantes en los programas de este Convenio tienen el derecho de acceder a los resultados científicos obtenidos dentro del marco de la cooperación, mediante una licencia de alcance mundial y no exclusivo y libre de regalías.

Artículo X

Cualquier diferencia de interpretación que surja con relación a la letra de este Convenio o de los acuerdos operativos será resuelta por vía diplomática.

Artículo XI

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha que las Partes comuniquen por Nota el cumplimiento de los requisitos que establezcan las normas internas, aplicándose provisionalmente a partir del 1º de enero de 1991.

Seguirá vigente hasta que una Parte comunique con 6 meses de antelación su decisión de extinguirlo, en cuyo caso el cumplimiento de los programas en ejecución no se verá afectado.

Firmado en dos ejemplares igualmente idénticos, en la ciudad de Estocolmo, a los trece días del mes de agosto de mil novecientos noventa.

(Luce firma)
Por el Gobierno
de la República
Oriental del Uruguay
(Luce firma)
Por el Gobierno
del Reino
de Suecia

ANEXO

A) Medicina y Salud.

Instituciones uruguayas: Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable", Instituto de Higiene (Facultad de Medicina, Universidad de la República), Departamento de Laboratorios e Higiene Pública (Ministerio de Salud Pública).

Instituciones suecas: Departamento de Virología Veterinaria (Facultad de Medicina Veterinaria, Centro Biomédico, Upsala), Departamento de Inmunología (Instituto Karolinska, Estocolmo), Departamento de Genética Médica (Universidad de Upsala), Laboratorio Nacional de Bacteriología (Estocolmo), Departamento de Psiquiatría y Psicología (Hospital Karolinska, Estocolmo).

B) Ciencias Agropecuarias.

Instituciones uruguayas: Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable", Estación Experimental "La Estanzuela" (Centro de Investigaciones Agropecuarias "Alberto Boerger"), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Laboratorio de Microbiología, (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), Facultad de Química (Universidad de la República), Instituto de Higiene (Facultad de Medicina, Universidad de la República), Facultad de Veterinaria (Universidad de la República), Centro de Investigaciones Veterinarias "Miguel C. Rubino" (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), Facultad de Agronomía (Universidad de la República).

Instituciones suecas: Departamento de Microbiología (Universidad Sueca de Ciencias Agropecuarias, Upsala), Departamento de Genética Molecular (Universidad Sueca de Ciencias Agropecuarias, Upsala), Departamento de Virología Veterinaria (Facultad de Medicina Veterinaria, Centro Biomédico, Upsala), Departamento de Inmunología (Instituto Karolinska, Estocolmo), Laboratorio Nacional de Bacteriología (Estocolmo), Instituto de Microbiología Médica (Universidad de Gotemburgo, Gotemburgo)."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: en realidad, no tengo nada que comentar porque es un Convenio que se explica por sí solo.

Se trata de la continuación de un Convenio anterior, que se ha seguido aplicando a pesar de su vencimiento y es muy respetuoso de las decisiones nacionales en esta materia, lo que surge fácilmente de la lectura de su articulado.

Por otra parte, el referido Convenio le permite al país contar con un apoyo de primerísima calidad a nivel internacional. En consecuencia, nos parece muy adecuado que reinstalemos formalmente los vínculos que derivaban del Convenio anterior con el Reino de Suecia.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa quiere aclarar que el informe -del que el señor senador Ricaldoni es Miembro Informante- es muy exhaustivo en cuanto al punto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébase el Convenio de Cooperación Científica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Reino de Suecia, suscrito en Estocolmo el trece de agosto de mil novecientos noventa."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

24) IIIa. SERIE IBEROAMERICANA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS "ENCUENTRO DE DOS MUNDOS"

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en decimosegundo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de la IIIa. Serie Iberoamericana de monedas conmemorativas `Encuentro de Dos Mundos'. (Carp. Nº 742/97 - Rep. Nº 415/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 742/97
Rep. Nº 415/97

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de la IIIa. Serie Iberoamericana de monedas conmemorativas "Encuentro de Dos Mundos", dedicada a "Danzas y Trajes Típicos Iberoamericanos", hasta las cantidades y con las características que se determinan en los artículos siguientes, facultándosele a prescindir del requisito de licitación pública y proceder a la contratación directa con casas acuñadoras oficiales.

Art. 2º. - El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta veinticinco mil unidades con las siguientes características:

A) El valor facial de cada unidad será de $ 250 (doscientos cincuenta pesos uruguayos).

B) La moneda será de plata con un fino de novecientas veinticinco milésimas. Se admitirá una tolerancia por la aleación de un 2% (dos por ciento).

C) Tendrá veintisiete gramos de peso y cuarenta milímetros de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

D) Su forma será circular y su canto estriado.

Art. 3º. - El Banco Central del Uruguay determinará los elementos ornamentales de las monedas que aludirán al traje o danza típicos.

Art. 4º. - Facúltase al Banco Central del Uruguay a vender al exterior las monedas que se autorizan acuñar por la presente ley y a disponer la desmonetización de monedas de curso legal, así como la enajenación de las piezas desmonetizadas en la forma prevista en el artículo 701 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de junio de 1997.

Carlos Baráibar Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda, ha considerado el proyecto de ley referido a autorizar al Banco Central del Uruguay a la acuñación de la IIIa. Serie Iberoamericana de monedas conmemorativas, remitido por el Poder Ejecutivo. Al respecto corresponde informar:

Uruguay ha participado en las dos acuñaciones anteriores de la serie internacional conmemorativas del programa denominado "Encuentro de Dos Mundos" en ocasión de la celebración de los 500 años del Descubrimiento de América.

La importancia de participar en este tipo de acuñaciones excede la del interés numismático, convirtiéndose en un medio de difusión y promoción de nuestro país en los diferentes medios.

Por demás el Poder Ejecutivo informa que en esta ocasión, las imágenes seleccionadas corresponden a la de un "gaucho" y una "china", lo que constituye un tributo a personajes que, a través del tiempo, contribuyeron a conformar nuestra identidad nacional.

Por estos fundamentos la Comisión, por unanimidad, aconseja al Cuerpo la aprobación del referido proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 21 de octubre de 1996.

Julio Aguiar (Miembro Informante), Alvaro Alonso, Alejandro Atchugarry, Gustavo Penadés, Iván Posada, Juan Carlos Raffo.

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 9 de octubre de 1996.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a consideración de ese Cuerpo, el adjunto proyecto de ley y su pertinente exposición de motivos relacionados a la acuñación de la IIIa. Serie Iberoamericana de monedas conmemorativas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Uruguay ha participado en las dos acuñaciones anteriores de la serie internacional de monedas conmemorativas del programa denominado "Encuentro de Dos Mundos" que se iniciara con la celebración de los 500 años del Descubrimiento de América.

La segunda acuñación respondió al tema "Animales Autóctonos en Peligro de Extinción" y, en esa oportunidad, la moneda de nuestro país destacó como tal al venado de campo, especie que, en enero de 1985, fuera declarada "Monumento Natural" por el Poder Ejecutivo.

Es indudable la importancia de participar en este tipo de acuñaciones, mediante las cuales nuestro país no sólo marca su presencia en el exterior al adherir a un emprendimiento de carácter internacional, sino que está promocionando su imagen en lo que representa el amplio mundo de la numismática y de los coleccionistas, entorno en el cual estas monedas adquieren relevante valor.

En esta tercera acuñación, dedicada al tema "Danzas y Trajes Típicos Iberoamericanos", se ha seleccionado la imagen de un "gaucho" y una "china" con vestimenta tradicional de la época, a efectos de trasmitir, a través de la moneda, una muestra significativa de una vivencia social histórica que, con algún cambio de matices, se proyecta hasta nuestros días.

La inclusión de dicho motivo como elemento ornamental de esta moneda, responde a la selección de una imagen representativa de lo más arraigado de nuestra tradición, rindiendo tributo, a la vez, a los personajes de que se trata, los cuales, a través del tiempo, se han consolidado como parte de la identidad nacional de nuestra sociedad.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Juan Alberto Moreira.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de la IIIa. Serie Iberoamericana de monedas conmemorativas "Encuentro de Dos Mundos", dedicada a "Danzas y Trajes Típicos Iberoamericanos", hasta las cantidades y con las características que se determinan en los artículos siguientes, facultándosele a prescindir del requisito de licitación pública y proceder a la contratación directa con casas acuñadoras oficiales.

Art. 2º. - El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta veinticinco mil unidades con las siguientes características:

a) El valor facial de cada unidad será de $ 250 (pesos uruguayos doscientos cincuenta).

b) La moneda será de plata con un fino de novecientas veinticinco milésimas. Se admitirá una tolerancia por la aleación de un 2% (dos por ciento).

c) Tendrá veintisiete gramos de peso y cuarenta milímetros de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

d) Su forma será circular y su canto estriado.

Art. 3º. - El Banco Central del Uruguay determinará los elementos ornamentales de las monedas que aludirán al traje o danza típicos.

Art. 4º. - Facúltase al Banco Central del Uruguay a vender al exterior las monedas que se autorizan por la presente ley y a disponer la desmonetización de monedas de curso legal, así como la enajenación de las piezas desmonetizadas en la forma prevista en el artículo 701 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Montevideo, 9 de octubre de 1996.

Juan Alberto Moreira."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda; su propia denominación constituye el informe que fundamenta su votación. Se trata de proceder a una acuñación a propósito de la celebración de la IIIa. Serie Iberoamericana de monedas conmemorativas "Encuentro de Dos Mundos".

En estas circunstancias, la Comisión no encuentra ningún obstáculo o dificultad, por lo que recomienda su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR ASTORI. - Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de la IIIa. Serie Iberoamericana de monedas conmemorativas `Encuentro de Dos Mundos', dedicada a `Danzas y Trajes Típicos Iberoamericanos', hasta las cantidades y con las características que se determinan en los artículos siguientes, facultándosele a prescindir del requisito de licitación pública y proceder a la contratación directa con casas acuñadoras oficiales".)

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 2º. - El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta veinticinco mil unidades con las siguientes características:

A) El valor facial de cada unidad será de $ 250 (doscientos cincuenta pesos uruguayos).

B) La moneda será de plata con un fino de novecientas veinticinco milésimas. Se admitirá una tolerancia por la aleación de un 2% (dos por ciento).

C) Tendrá veintisiete gramos de peso y cuarenta milímetros de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

D) Su forma será circular y su canto estriado".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 3º. - El Banco Central del Uruguay determinará los elementos ornamentales de las monedas que aludirán al traje o danza típicos".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 4º. - Facúltase al Banco Central del Uruguay a vender al exterior las monedas que se autorizan acuñar por la presente ley y a disponer la desmonetización de monedas de curso legal, así como la enajenación de las piezas desmonetizadas en la forma prevista en el artículo 701 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

-La Mesa aclara al Senado que restan sólo cuatro minutos para la consideración de cualquier proyecto, por cuanto hay una moción para ser considerada en la media hora final. Es decir que el Cuerpo, a las 19 y 30 horas, por moción del señor Senador Couriel pasaría a considerar dos mociones de condolencia.

25) SEGUROS DE TRANSPORTE DE MERCADERIAS

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en decimotercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se declara por vía interpretativa que la excepción contenida en el inciso final del artículo 2º de la Ley Nº 16.426, refiere exclusivamente a la mercadería transportada. (Carp. Nº 702/97 - Rep. Nº 420/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 702/97
Rep. Nº 420/97

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Declárase, por vía interpretativa, que la excepción contenida en el inciso final del artículo 2º de la Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993, refiere exclusivamente a la mercadería transportada.

Art. 2º. - Agrégase al artículo 2º de la Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993, el siguiente inciso:

"Los vehículos o medios utilizados para el transporte de personas o bienes, de matrícula o bandera uruguaya, sólo podrán asegurarse en empresas instaladas y autorizadas conforme a lo preceptuado en el presente artículo."

Art. 3º. - Los seguros contratados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley serán válidos hasta su vencimiento, no pudiendo exceder su duración el término de un año.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de mayo de 1997.

Carlos Baráibar Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda ha tomado conocimiento del Mensaje y proyecto de ley, proveniente del Poder Ejecutivo, relativo a normas sobre seguros, y propone por unanimidad su aprobación en atención a las siguientes consideraciones:

1) La Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993, al desmonopolizar algunos contratos de seguro, debió abocarse a regular la situación de futuro. En tal sentido, en su pasaje por esta Cámara, se le agregaron disposiciones tendientes a requerir que los seguros que contemplaran riesgos a acaecer en el territorio nacional debían asegurarse en compañías locales. El artículo segundo estableció dos excepciones, la de convenios internacionales, considerando especialmente los acuerdos regionales que desde hace varios años vienen regulando esa materia, particularmente respecto a responsabilidad civil, y la del "transporte y comercio internacionales". En este último caso en tanto que aun mediando el monopolio, es pacífico en el Uruguay y el resto del mundo, que el comercio (intercambio de mercaderías) y el transporte de las mismas siempre fueron libres. De hecho es frecuente que el importador contrate en condición CIF (costo, seguro y flete) lo que incluye el seguro sobre la mercadería y respecto del valor del flete.

2) Tal como informa el Poder Ejecutivo la Superintendencia de Seguros y Reaseguros admitió ampliar el concepto "transporte" (que es una acción, objeto de un contrato de arrendamiento con obligación de resultado, claramente estudiado y previsto en la legislación y la jurisprudencia) incorporando en la excepción el medio de transporte (que una cosa, objeto de propiedad).

3) Obsérvese que el primer caso, el transportista, que no tiene que ser el propietario del medio de transporte, asegura su responsabilidad (de carácter objetivo) para con el pasajero o el destinatario de la carga. En el segundo, el propietario (excepcionalmente el arrendatario de la cosa) asegura el valor de la misma en caso de pérdida total o parcial de la misma, y eventualmente respecto a la responsabilidad extracontractual que pueda ocasionar.

4) "Mutatis mutandi", incurrir en esta ampliación inadmisible, sería como considerar que el galpón o la casa de comercio que participa en el "comercio internacional" también puede ser asegurado en compañías no locales.

5) En cualquier caso, atendiendo a la conveniencia de dar certeza al sistema jurídico, se acepta la solicitud del Poder Ejecutivo, de dictar una norma interpretativa.

Considerando también el interés del usuario, la igualdad de oportunidades entre competidores, tanto del sistema de transporte como del mercado de seguros, la Comisión aconseja al cuerpo la aprobación del proyecto referido.

Sala de la Comisión, 19 de marzo de 1997.

Alejandro Atchugarry (Miembro Informante), Ernesto Murissich, Leonardo Nicolini, Ivan Posada, Enrique Rubio.

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 28 de febrero de 1996.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley vinculado a la interpretación a otorgar al inciso final del artículo 2º de la Ley Nº 16.426 de 14 de octubre de 1993.

El artículo 2º del cuerpo normativo referido, en su inciso tercero, estableció que el contrato de seguros que contemple riesgos que pueden acaecer en el territorio nacional debe ser otorgado por empresas aseguradoras instaladas y autorizadas, sentando así el principio de ubicación o radicación del riesgo.

En el mismo artículo se trazan dos excepciones al principio mencionado: a) la existencia de acuerdos internacionales celebrados por la República y b) los seguros relativos al transporte y comercio internacional (inciso final).

En relación a la segunda excepción señalada, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros entendió que la norma antes citada no efectúa distinción de clase alguna, por lo que, su aplicación ha de efectuarse conforme a su tenor literal.

Si bien tal criterio puede considerarse ajustado, la redacción consignada en el inciso final del artículo 2º no recoge claramente la intención del Legislador, quien pretendió exceptuar del principio anotado tan solo a la mercadería que era transportada y no a los vehículos o medios utilizados para el transporte.

En virtud de lo expuesto, y a fin de aclarar definitivamente el aspecto en cuestión, se ha elaborado el adjunto proyecto de ley que por su artículo 1º declara por vía interpretativa que la excepción contenida en el inciso final del artículo 2º de la Ley Nº 16.426 refiere exclusivamente a la mercadería transportada.

Coadyuvando con tal criterio, se incorpora un nuevo inciso al citado artículo 2º, por el cual se establece que los vehículos o medios utilizados para el transporte de personas o bienes, de matrícula o bandera uruguaya, sólo podrán asegurarse en empresas autorizadas e instaladas en el país.

Finalmente, admitido el carácter interpretativo del artículo 1º proyectado, y dado que rige desde la vigencia de la norma interpretada (artículo 13 del Código Civil) a efectos de otorgar seguridad jurídica a los contratos celebrados hasta el presente se insertó el artículo 3º en el proyecto sometido a la consideración de ese Cuerpo.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Luis A. Mosca.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Declárase por vía interpretativa que la excepción contenida en el inciso final del artículo 2º de la Ley Nº 16.426 de 14 de octubre de 1993, refiere exclusivamente a la mercadería transportada.

Art. 2º. - Agrégase al artículo 2º de la Ley Nº 16.426 de 14 de octubre de 1993 el siguiente inciso:

"Los vehículos o medios utilizados para el transporte de personas o bienes, de matrícula o bandera uruguaya, sólo podrán asegurarse en empresas instaladas y autorizadas conforme a lo preceptuado en el presente artículo."

Art. 3º. - Los seguros contratados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley serán válidos hasta su vencimiento, no pudiendo exceder su duración el término de un año.

Luis A. Mosca."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: no sé si habrá tiempo para sancionar este proyecto, informado y votado favorablemente por la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes, relativo a los seguros de mercadería.

Personalmente, preferiría que figurara como primer punto de orden del día de la sesión de mañana, porque entiendo que merece una consideración importante y no tenemos tiempo suficiente para hacerlo, ya que sólo quedan dos minutos para la expiración del plazo fijado.

(Apoyados)

26) SEÑOR ONDINO VIERA. Homenaje a su memoria.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el Senado lo permite, la Presidencia comenzaría la media hora final tres minutos antes, dándole la palabra al señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL. - Hemos solicitado la palabra para rendir homenaje a un hombre del deporte, a una verdadera institución del fútbol, como fue Ondino Viera, quien murió el viernes pasado, a los 96 años de edad, y se mantuvo lúcido hasta el final de su vida.

Se puede decir que don Ondino Viera fue un hombre del siglo en materia futbolística. Fue respetado por sus conocimientos futbolísticos, como estudioso del fútbol, como creador -porque fue quien instrumentó la táctica del "4-2-4", famosa en épocas lejanas- y cumplió una gran actividad como director técnico.

Fue el primer egresado del curso de preparador físico de nuestro país. Una vez recibido, inició sus actividades en el Club Nacional de Fútbol, entre los años 1933 y 1937, siendo director técnico de dicha institución en aquel partido tan famoso contra Peñarol, caracterizado por el "gol de la valija".

Actuó como director técnico, fundamentalmente en Uruguay y en Brasil, pero además en Argentina, Paraguay, Ecuador y España.

Luego de ese pasaje por Nacional entre 1933 y 1937, su labor en Brasil marcó el período más significativo de su historia como director técnico, ya que desempeñó este cargo en los clubes de Bangú, Fluminense, Vasco Da Gama, Atlético Mineiro y Palmeiras. Gozó de un gran prestigio en Brasil, donde muchos periodistas decían que el fútbol en ese país se podía calificar por un "antes" y un "después" de Ondino Viera.

Ya de retorno en Nacional, sacó a dicho club campeón en tres oportunidades, entre 1955 y 1957. Al respecto, quiero recordar una famosa delantera de dicha entidad deportiva, donde Ondino Viera elevó a la categoría de Primera División a chicos muy jóvenes. Entre ellos estaban: Héctor Núñez -el Pichón, hoy director técnico- Raúl Núñez, Acosta, "Cien gramos" Rodríguez y Escalada, que era un poco mayor.

También vale recordar que fue el Director Técnico de la Selección uruguaya que jugó, en 1966, el Campeonato Mundial de Inglaterra.

Asimismo, importa destacar lo extenso de su actividad, ya que dirigió equipos hasta los 78 años. Al respecto, alguien puede decir que Máspoli va a ser director técnico de la Selección uruguaya a los 80 años, pero creo que se trata de casos excepcionales.

También debemos destacar que tuvo algunos vínculos con la política, pues estuvo ligado al grupo del doctor Emilio Frugoni en sus años jóvenes.

Personalmente, creo que Ondino Viera hizo mucho por el deporte, más específicamente por el fútbol. Fue un teórico de ese deporte e intentó escribir, aunque no terminó de hacerlo, un libro sobre fútbol. Tenía concepto formado sobre las diferencias entre los jugadores uruguayos y los europeos. Consideraba que los primeros son habilidosos en el "dribling" y los segundos realizan un fútbol-fuerza.

Se dice también que era una especie de psicólogo con los jugadores, con quienes mantenía una relación muy personal. En épocas en que no podía haber concentración, a veces él recorría las casas de los jugadores para ver si en las horas correspondientes estaban allí, a efectos de determinar si los iba a poner en el equipo o no.

Pienso que hoy estamos rindiendo homenaje a una figura extraordinariamente singular. Probablemente, a esta figura se le deben muchos de los triunfos que Uruguay tuvo históricamente. Además, él fue un hombre de todo este siglo en lo que tiene que ver con el fútbol uruguayo.

Siendo hoy martes 1º de julio, siento que el mejor homenaje que le podemos rendir a un hombre del deporte, como fue Ondino Viera, es que los chicos de la Sub-20 continúen dándonos satisfacciones como las vividas hasta el momento. A través de estas palabras saludo a sus familiares, a su señora, a su hijo y en especial a un querido amigo, su sobrino, el economista Carlos Viera.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras pase a los familiares del señor Ondino Viera, a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a la Asociación de Entrenadores, de la que fue fundador.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa advierte a los señores Senadores que en la media hora final se puede hacer uso de la palabra para expresar el sentimiento de dolor por este fallecimiento.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - El hecho de que esté ocupando la Banca del señor Senador Virgili, quien por sus antecedentes familiares de futbolista tendría que ser el que hablara, no me da derecho a hacer uso de la palabra; como socio de Nacional sí tengo derecho a hacerlo.

Sin ninguna duda, el fútbol en nuestro país es un hecho social muy importante y seguirá siéndolo. Cuando una personalidad de la fuerza y de las características del señor Ondino Viera desaparece, es lógico y natural que el Senado de la República haga lo que está haciendo hoy, es decir, rendir un homenaje, saludar a sus familiares y a todos aquellos que le conocieron y que le respetaron, aun discrepando con sus teorías y con sus técnicas.

Conocí personalmente a Ondino Viera hace muchos años y el señor Presidente Batalla, que compartió conmigo aciagos momentos en los cuadros de la Liga Universitaria -en donde teníamos un cuadro donde él jugaba bien y yo mal- sabe perfectamente que si bien no soy un entendido en estas cosas, sí respeto a las personas que en el ámbito en que se mueven ponen sentido profesional, calor, entusiasmo, seriedad y reflexión.

En un momento tan difícil para esta actividad como el que estamos viviendo, en donde falta un sentido de modernidad que precisamente Ondino Viera con sus reflexiones y en su tiempo, intentó darle, creo que el homenaje es aún más justo, porque resalta en un escenario en donde personas con esa fortaleza de carácter e inteligencia, son siempre muy necesarias. El formó parte de un grupo de ciudadanos que le dio al Uruguay gran prestigio en esta actividad.

Pienso que es necesario que todo el país, a través de un homenaje de esta naturaleza -así como otros que aquí se hicieron en su momento a Obdulio Varela- vuelva sobre esta actividad tan fundamental de la vida del país, atendiéndola con la seriedad y con el espíritu de modernidad que ella requiere y para que las naturales habilidades de los jóvenes de este país puedan volver a resaltar tal como en algunos casos, por suerte, está sucediendo.

Ondino Viera fue un maestro de estas cosas y creo que es bueno que el país hoy lo recuerde y que el Senado le rinda el homenaje que se ha propuesto y al cual adhiero con mucho calor.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Brevemente, deseo adherir a las palabras pronunciadas por los señores Senadores Couriel y Batlle, rindiendo homenaje a esta figura singular de nuestro deporte.

Personalmente no conocimos a Ondino Viera, pero sí lo vimos actuando como Director Técnico. Creo que lo más admirable de su labor fue la seriedad y el rigor con que, acertando o equivocándose en lo que hacía, desempeñó su función. Asimismo, se rescata el respeto que recogió en todos; se podía estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que él llevaba adelante, pero siempre se lo consideró y respetó en la función que cumplía. Reitero que no lo conocí, pero sí tuvieron esa oportunidad mis viejos compañeros, quienes además lo admiraron.

En consecuencia, creo que hace bien el Senado al rendir homenaje a esta figura porque, sin duda, con personalidades como esta es que se pueden cambiar aquellas cosas que no funcionan en este deporte que refiere a un aspecto fundamental de la vida uruguaya. Pienso que el deporte es cultura y debemos trabajar para que esa cultura deportiva uruguaya tenga nuevamente personalidades como esta, que lo hicieron grande en un tiempo y que seguramente surgirán de nuevo a imagen y semejanza de ella.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si me lo permite el Senado, como fundamento anticipado de voto quiero decir dos palabras en memoria y reconocimiento de don Ondino Viera.

En varias oportunidades me tocó estar cerca de él, no por mi condición de jugador destacado, sino por el común afecto que ambos tuvimos y que en lo personal mantengo por Liverpool. Lo que siempre percibimos como faceta fundamental de don Ondino era el respeto con que trataba absolutamente a todo el mundo. Era un hombre que no había hecho del fútbol simplemente un comercio o una empresa, sino que este deporte era para él algo mucho más importante. Podríamos decir que su relacionamiento con el fútbol formaba parte de su propia vida, era una concepción de vida.

Reitero que en distintas oportunidades de mi vida y de su vida, estuvimos en contacto con él, en algún momento como Director Técnico de Liverpool y, en otros, en su etapa final como uno de los consejeros o de las personas que estuvo cerca, en mi doloroso pasaje por la Asociación Uruguaya de Fútbol. En Ondino Viera siempre se podía encontrar un consejero respetuoso de las opiniones ajenas, un hombre que miraba el fútbol con un sentido hasta si se quiere filosófico, psicológico siempre, mucho más allá de lo de que era un cuatro dos cuatro o un cuatro tres tres o cualquier tipo de táctica futbolística.

Ondino Viera respetó siempre al futbolista y luchó por él tratando de que fuera no sólo un buen deportista, sino también un hombre de bien, lo que para mí es de enorme significación. Comparto lo que señalaba el señor Senador Gargano: creo que el fútbol es cultura en este país; nadie podrá entender el Uruguay si no comprende lo que es el fútbol, con todas sus virtudes y defectos.

Yo, que he estado toda la vida vinculado al fútbol -a veces con alegría y otras con tristeza, a veces satisfecho y en otras oportunidades con mucha bronca- creo que este deporte forma parte de nuestra vida. Nadie puede entender el pueblo uruguayo si no entiende lo que es el fútbol; es cultura nos guste o no. Para Ondino eso era el fútbol, trataba de hacer de cada jugador, no sólo un jugador o un deportista, sino también un hombre. Pienso que esta es una de las características más importantes que puede tener alguien que en su condición de Director Técnico fue mucho más que eso. Un Director Técnico puede formar un deportista o un jugador, pero pocas veces se puede encontrar la personalidad del hombre detrás del interés del Director Técnico.

Por todo esto considero que es muy merecido este homenaje que el señor Senador Couriel plantea a la figura del señor Ondino Viera. En lo personal sentía por él un profundo afecto y hace unos meses, la última vez que hablé con él, lo encontré en plena lucidez, con un razonamiento de gran profundidad respecto al fútbol en toda su problemática, no sólo en lo que tiene que ver con las tácticas del juego, sino también apuntando a la relación jugador-empresario, clubes-jugador y jugador-comunidad. Creo que esto es algo que él percibió con una actitud humana y con una concepción que en el correr del tiempo y de la vida, y en la medida en que se va haciendo materialista la opción deportiva en el fútbol, nos permite apreciar siempre a un mismo Ondino Viera, preocupado por los mismos valores y tratando de hacer del futbolista, por encima de todo, un hombre.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor Senador Couriel en el sentido de que la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas sea enviada a sus familiares, a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a la Asociación de Entrenadores.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

27) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 44 minutos, presidiendo el doctor Hugo Batalla y estando presentes los señores Senadores Antognazza, Arismendi, Astori, Batlle, Canet, Couriel, Chiesa, Fernández Faingold, Gargano, Hierro
López, Korzeniak, Laffitte, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia
y Voelker).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Don Freddy A. Massimino Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.