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Nº 156 - TOMO 381 - 29 DE ABRIL DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

17ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente,

el SEÑOR SENADOR LUIS BREZZO  Primer Vicepresidente

y el PROFESOR CARLOS JULIO PEREYRA  Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR SEÑOR MARIO FARACHIO Y LOS PROSECRETARIOS SEÑORA QUENA CARAMBULA Y SEÑOR GABRIEL RODRIGUEZ GARCES

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 10) Solicitudes de licencia

- La formulan los señores Senadores Santoro, Batlle y Segovia
- Concedidas.

5) Exposición escrita

- El señor Senador Heber solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la
Intendencia Municipal de Maldonado.
- Se procederá de conformidad.

6) Pedido de informes

- La señora Senadora Arismendi solicita se curse un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia.
- Oportunamente fue tramitado.

7) Proyecto presentado

- Los señores Senadores Storace, Gandini y Chiesa presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir Bonos del Tesoro por la cantidad de hasta U$S 30:000.000.

8) Deudores del Banco Hipotecario del Uruguay

- Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se limitan las cuotas que por amortizaciones e intereses deben pagar sus deudores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

9, 11 y 13) Administración Nacional de Telecomunicaciones

- Proyecto de ley por el que se le faculta a prestar servicios de telecomunicaciones fuera de fronteras.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12 y 14) Reforma del Estado

- Por moción del señor Senador Cid, el Senado resuelve autorizarlo a realizar una exposición de diez minutos sobre este tema, quedando incluida en el orden del día de la sesión de hoy.
- Por moción del señor Senador Ricaldoni, se incluye este tema como primer punto de la próxima sesión ordinaria.

15) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 25 de abril de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo martes 29, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se limitan las cuotas que por intereses y amortizaciones deban pagar los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay.

(Carp. N° 605/96 - Rep. N° 344/96)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2°) Por el que se faculta a la Administración Nacional de Telecomunicaciones a prestar servicios de telecomunicaciones fuera de frontera.

(Carp. N° 638/97 - Rep. N° 372/97)

3°) Por el que se aprueba el marco legal del sector eléctrico.

(Carp. N° 546/96 - Rep. N° 378/97)

4°) Por el que se deroga lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley N° 13.608, de 8 de setiembre de 1967.

(Carp. N° 635/97 - Rep. N° 382/97).

Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Arismendi, Astori, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Pozzolo, Quarneti, Ricaldoni, Sarthou, Segovia y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Batlle, Millor, Posadas Montero, Sanabria y Santoro y, con aviso, los señores Senadores Storace y Fernández.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 20 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 29 de abril de 1997.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes:

solicitando venia para exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura.

y solicitando venia para exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura, expediente que le fuera devuelto para ampliación de antecedentes por resolución de la Comisión Permanente de fecha 6 de febrero de 1996.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyecto de ley:

por el que se aprueba el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas de mar por hidrocarburos y el Convenio Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Hidrocarburos.

por el que establecen normas para la integración y funcionamiento de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, y

por el que se designa el 23 de noviembre de cada año como "Día Nacional del Veterinario".

-Ténganse presente y agréguense a sus antecedentes.

La Suprema Corte de Justicia remite un mensaje solicitando la aprobación para la designación de la Dra. Graciela Teresita Bello Astraldi para el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

La Suprema Corte de Justicia remite un Mensaje comunicando la resolución adoptada por la que se eleva al Juzgado de Paz de la 3a. Sección Judicial de Paysandú, de su actual situación de Juzgado de Paz de 2da. categoría al de Juzgado de Paz de 1a. categoría.

-Téngase presente.

El Ministerio de Defensa Nacional remite la información solicitada por el señor Senador Luis Alberto Heber relacionado con las altas y bajas producidas desde enero de 1985 a diciembre de 1996 en el Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

-Oportunamente le fue entregado al señor Senador Luis Alberto Heber.

El Tribunal de Cuentas de la República remite la información solicitada por el señor Senador Reinaldo Gargano relacionada con la Licitación Pública para la "Construcción, Mantenimiento y Explotación de la Doble Vía a Punta del Este", mediante el régimen de concesión de obra pública.

-Oportunamente le fue entregado al señor Senador Reinaldo Gargano.

La Cámara de Representantes remite nota adjuntando la versión taquigráfica de las manifestaciones pronunciadas en Sala por el señor Diputado Jorge Orrico relacionadas con la utilización de motos de agua y otros vehículos en playas y zonas costeras, con destino a la Comisión de Medio Ambiente.

-A la Comisión de Medio Ambiente.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca eleva informado el proyecto de ley por el que se modifica el régimen tributario para el Sector Agropecuario.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Hungría, al señor Homero Diego Martínez Lawlor.

-Repártanse e inclúyanse en el orden del día de la próxima sesión ordinaria."

4) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Santoro solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase

(Se lee:)

"Montevideo, 29 de abril de 1997.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Solicito licencia, por motivos personales, para la sesión del día de la fecha.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Dr. Walter R. Santoro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Batlle solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase

(Se lee:)

"Montevideo, 24 de abril de 1997.

Señor Secretario de la

Cámara de Senadores

Don Mario Farachio

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito se me conceda licencia a la sesión extraordinaria a realizarse el martes 29 del corriente.

Sin otro particular saluda atentamente.

Dr. Jorge Batlle. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE. Dése cuenta de una exposición escrita.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Heber solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Intendencia Municipal de Maldonado."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 22 de abril de 1997.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

En virtud de lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento de la Cámara realizo la siguiente exposición escrita y solicito se curse el presente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Intendencia Municipal de Maldonado.

La Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este ha hecho saber su profunda inquietud ante las deficiencias e inconvenientes que se verifican en el tránsito que traspasa la Barra del Arroyo Maldonado.

Resulta más que conocido el frecuente pasaje de vehículos que atraviesan el puente existente, con los consiguiente atolladeros y trancas en el tráfico, ya que esa zona es muy concurrida en tanto constituye un recorrido ineludible para los balnearios existentes hasta el de José Ignacio, así como también es sumamente importante la actividad de establecimientos gastronómicos y de esparcimiento que allí están instalados.

Por todo ello es que se convierte en absolutamente imprescindible la urgente construcción de un puente adicional que posibilite el descongestionamiento del tránsito y permita un desplazamiento fluido y sin trabas que habilite el transporte adecuado y el merecido descanso de los habitantes de la zona.

Luis Alberto Heber. Senador."

6) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"La señora Senadora Arismendi solicita se curse un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia."

-Oportunamente fue tramitado.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 23 de abril de 1997.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

En uso de las facultades que me confiere el Art. 118 de la Constitución de la República, solicito a Ud. tenga a bien cursar a la Suprema Corte de Justicia, el siguiente pedido de informes.

ANTECEDENTES

El 17 de abril de 1972 en el local del Partido Comunista del Uruguay sito en la calle Av. Agraciada N° 3715 esquina Valentín Gómez, fueron muertos por efectivos de las Fuerzas Conjuntas ocho trabajadores militantes de dicho partido que se encontraban en ese local.

Tuvo, en aquel deplorable acontecimiento y hasta donde llega nuestro conocimiento, intervención el Juez Militar de Instrucción, Cnel. Dr. Aníbal Machitelli.

También tenemos conocimiento que las autopsias practicadas a siete de los ocho muertos fueron realizadas por el Dr. Guaymirán Ríos, por entonces médico forense. El resultado del análisis del perito fue entregado al Dr. Daniel Echeverría, Juez Letrado de Instrucción de Tercer Turno.

No podemos precisar si estos dos profesionales citados en última instancia pertenecen a la Justicia Militar o a la Justicia Civil.

SOLICITO SE ME INFORME

1) ¿Tuvo intervención la Justicia Civil en los hechos relatados, que en su momento lograron amplia difusión en los medios de comunicación, como así también en el ámbito parlamentario?

2) De ser así, solicito se me envíe copia de los expedientes y actuaciones realizadas por la Justicia Civil.

Esperando se tengan presentes las razones anteriormente explicitadas y esperando su amable respuesta, saluda atte.,

Marina Arismendi. Senadora."

7) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto de ley presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Storace, Gandini y Chiesa presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir Bonos del Tesoro por la cantidad de hasta U$S 30:000.000."

-A la Comisión de Hacienda.

(Texto del proyecto presentado)

"PROYECTO DE LEY

Artículo Unico: Autorizarse al Poder Ejecutivo a emitir Bonos del Tesoro hasta U$S 30:000.000 (treinta millones de dólares de los Estados Unidos Americanos) con destino a la capitalización de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Esta emisión queda excluida del tope dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 16.812 del 14 de marzo de 1997.

Storace, Gandini, Chiesa. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 7 de octubre de 1996, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto, hoy convertido en la Ley N° 16.812 del 14/3/97, conteniendo dos iniciativas fundamentales. La primera de ellas aumentando el tope de emisión de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería. Los artículos iniciales regulaban distintos aspectos de dichas autorización. La segunda iniciativa estaba contenida en el Art. 6° del proyecto firmado por el Presidente de la República y el Ministro de Economía. El mismo disponía la autorización al Poder Ejecutivo para emitir Bonos por hasta 30 millones de dólares amaricanos con destino a la capitalización de la Corporación Nacional para el Desarrollo, excluyendo dicho monto del tope fijado en el artículo anterior.

Alguna diferencias surgidas al considerar este punto y la necesidad de dar rápida aprobación al resto del proyecto, hizo aconsejable desglosar este 6° artículo postergando su consideración.

La iniciativa privativa otorgada al Poder Ejecutivo en ciertos casos se fundamenta en reservar a la autoridad económica la manifestación previa de su voluntad antes de iniciar un proceso de modificación legal. El Poder Ejecutivo, es este caso, emitió su voluntad favorable a capitalizar la CND, al enviar el proyecto de ley al Senado con la redacción dada al mencionado Art. 6°.

El Parlamento no rechazó dicha iniciativa, tan sólo postergó su consideración al desglosar ese artículo.

La voluntad del Poder Ejecutivo fue manifestada y aún no considerada en el ámbito del Poder Legislativo, por lo tanto la iniciativa requerida continúa vigente.

Este proyecto de ley tiene por único objeto rescatar el tema desglosado, dándole al Art. 6° una nueva redacción adaptada a la situación actual (vigencia de la Ley N° 16.812), con la esperanza que el acuerdo político alcanzado originalmente para otorgar capital a la CND, permita una rápida transformación de esta iniciativa en ley.

El fondo de la cuestión no requiere una exposición demasiado extensa. La CND es un organismo destinado a incentivar el desarrollo empresarial, con participación del sector privado; a favorecer la creación de empresas, fortalecer las existentes y participar, total o parcialmente, en su capital; a la promoción de la inversión de capitales en sectores empresariales prioritarios, entre otros.

Aunque no siempre contó con los recursos necesarios, y muchas veces fue utilizada como medio para resolver situaciones distintas a las previstas, entre los objetivos imaginados por su inspirador, Wilson Ferreira Aldunate, este Organismo es sin duda la herramienta adecuada para apoyar el desarrollo del sector productivo, particularmente en emprendimientos medianos y pequeños, generadores de empleo. La ley no asegura la capitalización de la CND para el cumplimiento de sus objetivos, dado que tan solo puede autorizar al Poder Ejecutivo a hacerlo. Sin embargo la seguridad que dicha situación se producirá, surge de la voluntad vigente en tal sentido de la coalición de Gobierno, la que se evidenció al enviar al Poder Ejecutivo el proyecto que contiene la iniciativa original.

Storace, Gandini, Chiesa, Senadores."

8) DEUDORES DEL BANDO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el primer punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se limitan las cuotas que por intereses y amortizaciones deban pagar los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. (Carp. N° 605/96 - Rep. N° 344/96)".

(Antecedentes: ver 4a. S.O.)

-Continúa la discusión particular.

Léase el artículo 10 tal como quedó redactado luego de las modificaciones que fueron aceptadas por el señor Miembro Informante.

(Se lee:)

"Los deudores en cuyos núcleos familiares sobrevinieran los siguientes casos:

a) fallecimiento de cualquiera de los integrantes del núcleo familiar cuyos ingresos fueran uno de los principales para el sustento familiar;

b) seguro de paro;

c) desempleo;

d) divorcio

podrán acogerse por única vez a una modalidad de pago por la que durante el período de un año pagarán al Banco Hipotecario del Uruguay el 50% de su cuota, sin que ello implique amortización de su deuda. Lo adeudado durante esos doce meses deberá hacerse efectivo al fin al del vencimiento del plazo contractual."

-En consideración.

Sin no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-12 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 11.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 11.- Los propietarios, prestatarios hipotecarios y promitentes compradores, buenos pagadores, que se encuentren al día en el pago de sus cuotas, aun en los casos en que posean deudas por concepto de colgamentos, se les retasará el inmueble respectivo de acuerdo con el Valor de Tasación realizado exclusivamente por la Dirección Nacional de Vivienda, según lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Realizada dicha tasación se reliquidará lo pagado y si este valor superara el valor de tasación, se otorgará por parte del Banco Hipotecario del Uruguay, carta total de pago respecto de dicho inmueble.

Serán objeto de dicha retasación todos los inmuebles de los buenos pagadores en un plazo no mayor de un año a partir de la vigencia de la presente ley.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-12 en 17. Afirmativa.

Léase el artículo 12 aditivo.

(Se lee:)

"Los impedimentos jurídicos administrativos no imputables al Banco Hipotecario del Uruguay para el otorgamiento de las escrituras públicas o la inscripción de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4° y 5° de la presente ley, no originan incumplimiento de parte de aquél, sin perjuicio de encomendarle la solicitud de las medidas legislativas y administrativas, tanto nacionales como departamentos, que le permitan satisfacer las exigencias referidas."

-En consideración.

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-13 en 18. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1°.- Las cuotas que cobrará el Banco Hipotecario del Uruguay por concepto de amortización e intereses respecto de viviendas de las Categorías I y II, cuyo destino sea vivienda propia, única y permanente, a solicitud de los interesados se ajustarán a los máximos siguientes:

A) En relación con los ingresos de cualquier naturaleza de la totalidad de los integrantes del núcleo familiar y de quienes habiten con ellos:

Más de 90 UR 26%

Mayor de 80 y menor o igual de 90 UR 24%

Mayor de 70 y menor o igual de 80 UR 22%

Mayor de 60 y menor o igual de 70 UR 20%

Mayor de 50 y menor o igual de 60 UR 18%

Mayor de 40 y menor o igual de 50 UR 16%

Mayor de 30 y menor o igual de 40 UR 14%

Mayor de 20 y menor o igual de 30 UR 12%

Menor o igual de 20 UR 10%

B) En función del número de integrantes de la familia del deudor, incluidos quienes habiten con ellos, los porcentajes de la escala A) se multiplicarán por los siguientes coeficientes:

a) familia unipersonal 1,4

b) dos integrantes 1,2

c) tres integrantes 1,1

d) cuatro integrantes 1,0

e) por cada integrante de la familia que supere el número de cuatro, en la escala A) se pasará al nivel inmediato inferior, hasta un mínimo del 10% (diez por ciento) de los ingresos de cualquier naturaleza de los integrantes del núcleo familiar.

En caso de núcleos familiares de personas que no excedan treinta años de edad los coeficientes anteriores se multiplicarán por 0,8.

Los deudores propietarios, prestatarios hipotecarios y promitentes compradores de viviendas de la categoría III podrán acogerse a los beneficios establecidos en este artículo. A tales efectos los niveles porcentuales de la escala A) se multiplicarán por 1,2, hasta un máximo del 26%.

En caso de que deudor sea una cooperativa de vivienda, la reglamentación establecerá las condiciones para que dicha sociedad se acoja a los beneficios establecidos por esta disposición.

A partir de la vigencia de la presente ley, todos los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay actualizarán la declaración jurada de los ingresos del núcleo familiar cada vez que éstos sean modificados, así como las variantes en la integración familiar.

Art. 2°.- Los deudores del Banco Hipotecarios del Uruguay que, a la vigencia de la presente ley, se encuentren en situación de morosos con más de tres meses de atraso en el pago de sus adeudos al 31 de diciembre de 1996, podrán regularizar su situación presentándose a solicitar que sus cuotas sin pagar se transfieran para el final del plazo contratado con el referido Banco, sin multas ni recargos.

Art. 3°.- El Banco Hipotecario del Uruguay, por una sola vez, abrirá un registro por un plazo no menor de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley, para que se inscriban los deudores de dicha institución que deseen ser considerados para regularizar sus adeudos.

Art. 4°.- El promitente comprador que se encuentre al día en el pago de las cuotas, podrán exigir la escritura de traslación de dominio, cuando haya pagado como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del préstamo, debiendo garantizar el saldo con primera hipoteca contra el mismo bien, reproduciendo en la escritura respectiva las estipulaciones del contrato originario de compraventa.

Art. 5°.- Los propietarios, prestatarios hipotecarios y promitentes compradores buenos pagadores, que se encuentren al día en el pago de sus cuotas, podrán en cualquier momento, dentro del plazo acordado en el contrato, exigir que se otorgue la escritura de traslación de dominio, amortizando totalmente por anticipado su préstamo, pagando el saldo deudor con el descuento total de los intereses incluidos en dicho saldo.

El mismo descuento se aplicará por los anticipos extraordinarios que excedan de doce cuotas.

Art. 6°.- Las promesas de compraventa de las viviendas adquiridas con préstamos amparados por la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, deberán ser obligatoriamente inscriptas en el Registro Unico de Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazo.

Art. 7°.- La tasa de interés de los préstamos ya otorgados para viviendas de Categoría I a III no será superior al 6% (seis por ciento) anual, a partir de la vigencia de la presente ley.

Se reliquidará a cada deudor el préstamo otorgado oportunamente, desde la instancia en que se establecieron las diferentes tasas de interés sobre dichos préstamos, con relación al valor porcentual precedentemente establecido.

A aquellos deudores a los que se les hubiere aplicado tasas que superen el máximo de 6% (seis por ciento) establecido en la presente ley, les serán acreditados los valores correspondientes a la diferencia entre los montos efectivamente pagados por concepto de intereses y los que les hubiere correspondido pagar, de haberse aplicado la tasa máxima referida, como pago adelantado de sus adeudos impagos. El monto de estos últimos será el límite máximo de la acreditación establecida por el presente artículo.

Desde la vigencia de la presente ley el Banco Hipotecario del Uruguay no podrá incrementar unilateralmente la tasa de interés compensatoria establecida en los contratos de préstamos hipotecarios o compromisos de compraventa de unidades habitacionales.

Art. 8°.- A partir de la vigencia de la presente ley, no se podrán realizar cambios de categorías de vivienda en forma unilateral, en contrario de lo establecido contractualmente.

El Banco Hipotecario del Uruguay mantendrá la categorización del contrato original de la vivienda cuando hayan sido de cargo de los propietarios, prestatarios hipotecarios y promitentes compradores, modificaciones previamente autorizadas por el banco que supongan variantes de categoría.

Art. 9°.- Los máximos de afectación de ingresos familiares totales, descontados el Montepío y el Impuesto a las Retribuciones Personales, indicados en el artículo 1° tendrán carácter obligatorio para el Banco Hipotecario del Uruguay, que sólo podrá superarlo ante la manifestación de voluntad de deudor, expresada por escrito, de habilitar la afectación en un porcentaje mayor.

Art. 10.- Los deudores en cuyos núcleos familiares sobrevinieran los siguientes casos:

a) fallecimiento de cualquiera de los integrantes del núcleo familiar cuyos ingresos fueran uno de los principales para el sustento familiar;

b) seguro de paro;

c) desempleo;

d) divorcio,

podrán acogerse por única vez, a una modalidad de pago, por la que, durante el período de un año, pagarán al Banco Hipotecario del Uruguay el 50% (cincuenta por ciento) de su cuota, sin que ello implique amortización de su deuda. Lo adeudado durante esos doce meses deberá hacerse efectivo al final del vencimiento del plazo contractual.

Art. 11.- Los propietarios, prestatarios hipotecarios y promitentes compradores, buenos pagadores, que se encuentren al día en el pago de sus cuotas, aún en los casos en que posean deudas por concepto de colgamentos, se les retasará el inmueble respectivo de acuerdo con el Valor de Tasación realizado exclusivamente por la Dirección Nacional de Vivienda, según lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Realizada dicha tasación se reliquidará lo pagado y si este valor superare el valor de tasación, se otorgará por parte del Banco Hipotecario del Uruguay, carta total de pago respecto de dicho inmueble.

Serán objeto de dicha retasación todos los inmuebles de los buenos pagadores en un plazo no mayor de un año a partir de la vigencia de la presente ley.

Art. 12.- Los impedimentos jurídicos o administrativos no imputables al Banco Hipotecario del Uruguay para el otorgamiento de las escrituras públicas o la inscripción de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4° y 5° de la presente ley, no originan incumplimiento de parte de aquel, sin perjuicio de encomendarle la solicitud de las medidas legislativas y administrativas, tanto nacionales como departamentales, que le permitan satisfacer las exigencias referidas."

SEÑOR SEGOVIA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA.- Señor Presidente: quisiera usar un par de minutos para trasmitir al Senado el beneplácito que significa para nosotros el haber concretado en esta tarde y después de una discusión que ha llevado mucho tiempo, la solución al problema de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. Se trata de un proyecto de ley presentado hace varios años y que en esta Legislatura ha sido profundamente discutido a nivel de la Comisión de la que fui Miembro Informante.

Creemos que con la aprobación del Senado logramos consolidar un proyecto trascendente, que ha acaparado gran atención por parte de la población generando un hecho político que también queremos destacar en el día de hoy.

La discusión de este articulado fue muy profunda, pero hoy se dilucidó con la rapidez que esperábamos. Muchas eran las expectativas, no solamente en el ámbito del Senado, sino también por parte de los deudores de esa Institución.

Asimismo, creo que en la discusión de la Cámara de Representantes, este proyecto de ley ha de recibir el fermental aporte de correcciones o incorporaciones que vayan surgiendo, inclusive por parte del Banco Hipotecario del Uruguay -lo que ha sido una manifestación constante- a través de decisiones administrativas. En el día de hoy este proyecto de ley se ha consolidado mediante decisiones no administrativas sino parlamentarias.

Consideramos que el hecho de que este tema haya tenido esta dilucidación con el criterio de legislar sobre el tema, es un altísimo avance para la seguridad de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y para su propio funcionamiento, del que siempre esperamos mantenga el carácter de brindar un servicio social y no se transforme exclusivamente en una institución financiera.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: hace muchos años el Frente Amplio hizo un planteo que tenía que ver con los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. Se trataba de una ley de franjas con un financiamiento determinado.

Después de dos años de discusión en la correspondiente Comisión del Senado, llegamos a un acuerdo con el Partido Nacional y presentamos un proyecto de ley, que en aquel momento era preliminar. Sentíamos la necesidad de que el tema se debatiera en el Pleno del Senado, y creo que la presentación fue un éxito, en el sentido de que obligó al Banco Hipotecario del Uruguay a tomar acciones tendientes a intentar resolver la problemática vinculada a sus deudores. Consideramos un elemento positivo que, a partir de esta presentación, el Banco Hipotecario del Uruguay se preocupe en resolver este tipo de problemas.

Entendimos siempre que la ley era necesaria, que había temas que el Banco Hipotecario del Uruguay no resolvía y por eso hicimos el esfuerzo de oírlo, así como a los distintos sectores de opinión para conocer algún tipo de modificación que se entendiera necesaria.

Asimismo, participamos en las modificaciones y en este Pleno hicimos una exposición poniendo el énfasis en atender un compromiso que el sistema político tenía con los deudores de ese organismo. Para ello, buscábamos salidas por la vía de la ley de franjas o por otros mecanismos, pero poniendo mucho énfasis en nuestra exposición acerca de que el tema debía tener un determinado equilibrio entre lo financiero y lo social. Normalmente, las posiciones que vienen del Poder Ejecutivo ponen el acento en el tema financiero. Así fue como el 1992 se elevó la tasa de interés del 2% al 7% por encima de la unidad reajustable.

En lo personal, entendíamos que era absolutamente imprescindible resolver el problema de los deudores sin afectar el tema financiero de la Institución. Esto lo dijimos más de una vez a su Directorio, lo planteamos en nuestro discurso y queríamos realmente encontrar un equilibrio entre los objetivos sociales de atender a sus deudores y resolver los problemas financieros y administrativos del organismo.

Por estas razones, en el proyecto de ley que acordamos en la Comisión antes de la discusión particular, insistimos en la necesidad de intervención del Banco Hipotecario del Uruguay.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa concede al señor Senador un tiempo adicional, a efectos de que redondee su pensamiento.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: no puedo hacerlo; no he intervenido en el debate y deseo, si es posible, dejar una constancia.

Como decía, insistimos en la necesidad de que el Banco Hipotecario del Uruguay interviniera en la reglamentación de la ley y buscara mecanismo para que la declaración de los ingresos pudiera ser coordinada con otras instituciones estatales y también que fuera sancionada en una reglamentación, de modo que no se viera afectado. Esto era lo que entendíamos necesario como para compatibilizar un problema social con otro financiero y buscamos dos elementos de financiamiento. Por un lado, planteamos que parte de los subsidios que recibe el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente pasara al Banco Hipotecario del Uruguay para resolver el problema de aquellos deudores hipotecarios con ingresos menores a 30 unidades reajustables; y, por otro, la exoneración del Impuesto al Patrimonio. Dijimos con nitidez y claridad: es necesaria la iniciativa del Poder Ejecutivo. Sin duda, el tiempo que se requiera para tratarla se obtendrá al llegar a la Cámara de Representantes.

Además -y también lo digo con nitidez- en siete años y medio como Legisladores hemos votado en leyes presupuestales cantidad de artículos que muchas veces requerían iniciativa del Poder Ejecutivo.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa reitera que ha expirado su tiempo, señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Ya termino, señor Presidente.

Reitero que en algunas leyes presupuestales hemos votado cantidad de artículos que no pertenecen al tema. De esta forma buscábamos una ruta para atender el problema financiero y administrativo del Banco Hipotecario del Uruguay.

Lamentablemente, una reunión del Parlatino me impidió estar presente en las sesiones posteriores en las que se llegó a un acuerdo distinto y, por lo tanto, quedó sin efecto la atención de los problemas financieros y administrativos del organismo.

Esta es la constancia que queríamos dejar, señor Presidente.

9) ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se faculta a la Administración Nacional de Telecomunicaciones fuera de fronteras. (Carp. N° 638/97 - Rep. N° 372/97)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 638/97
Rep. N° 372/97

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Facúltase a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) para prestar servicios de telecomunicaciones fuera de fronteras, directamente o asociada con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Se consideran comprendidas en esa competencia la totalidad de las actividades, negocios y contrataciones que se estime necesario realizar en cada caso para la consecución de esos cometidos.

En todos los casos a que refiere la presente ley será necesaria la autorización previa del Poder Ejecutivo. Transcurridos treinta días desde su requerimiento sin mediar denegatoria expresa, la misma se entenderá concedida.

El Poder Ejecutivo comunicará a la Asamblea General los emprendimientos que, en forma directa o asociada, hayan sido acordados por ANTEL, con una antelación no menor de siete días de la suscripción definitiva del respectivo convenio. Asimismo dará cuenta anualmente de los resultados de gestión, todo ello sin perjuicio de los controles de legalidad y eficiencia a cargo del Tribunal de Cuentas.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de febrero de 1997.

Jorge Machiñena Presidente

Martín García Nin Secretario

Montevideo, 17 de setiembre de 1996.

Señor Presidente de la Asamblea General

Dr. Hugo Batalla

El Poder Ejecutivo remite a su consideración el presente proyecto de ley por el cual se faculta a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) para prestar servicios de telecomunicaciones fuera de fronteras, directamente o asociada con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Atento a que la prestación de servicios de Telecomunicaciones, es una competencia específica de ANTEL establecida en su Carta Orgánica, numeral 1° del artículo 4° del Decreto-Ley N° 14.235 de fecha 25 de julio de 1974, que expresa: "Prestar los servicios de telecomunicaciones urbanos y de larga distancia, nacionales e internacionales.

El referido Proyecto, asimismo encuentra su fundamento en el desarrollo destacado que ha alcanzado ANTEL en el ámbito interno y prestigio adquirido fuera de fronteras, que le permitiría competir en el mercado internacional de las telecomunicaciones, el cual se presenta en la actualidad como muy rentable y resultaría conveniente a los intereses del país, evitando de esta forma que la referida Administración se mantenga ajena al desarrollo de sus posibilidades en el exterior.

Por tal motivo, se solicita al señor Presidente la atención de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Juan Luis Storace.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- La Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) queda facultada para prestar servicios de telecomunicaciones fuera de fronteras, directamente o asociada con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Se consideran comprendidas en esa competencia, la totalidad de la actividades, negocios y contrataciones que se estime necesario realizar en cada caso para la consecución de esos cometidos.

En todos los casos a que se refiere la presente ley, será necesaria la autorización previa del Poder ejecutivo. Transcurridos 30 días desde su requerimiento sin mediar denegatoria expresa, la misma se entenderá concedida.

Dicho plazo se interrumpirá cuando el Poder Ejecutivo considere insuficiente la información proporcionada por el Servicio Descentralizado, volviendo a correr nuevamente cuando se complete la información solicitada por el órgano autorizante.

Juan Luis Storace.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Constitución y Legislación
Integrada

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Facúltase a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) para prestar servicios de telecomunicaciones fuera de fronteras, directamente o asociada con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Se consideran comprendidas en esa competencia la totalidad de las actividades, negocios y contrataciones que se estime necesario realizar en cada caso para la consecución de esos cometidos.

En todos los casos a que refiere la presente ley será necesaria la autorización previa del Poder Ejecutivo. Transcurridos treinta días desde su requerimiento sin mediar denegatoria expresa, la misma se entenderá concedida.

El Poder Ejecutivo comunicará a la Asamblea General los emprendimientos que, en forma directa o asociada, hayan sido acordados por ANTEL, con una antelación no menor de siete días de la suscripción definitiva del respectivo convenio. Asimismo dará cuenta anualmente de los resultados de gestión, todo ello sin perjuicio de los controles de legalidad y eficiencia a cargo del Tribunal de Cuentas.

Sala de la Comisión, el 15 de abril de 1997.

Américo Ricaldoni (Miembro Informante verbal), Jorge Batlle (Con salvedades), Luis Brezzo, José Korzeniak (con salvedades), Luis Eduardo Mallo (con salvedades), Luis B. Pozzolo, Walter Santoro (con salvedades), Helios Sarthou (Discorde). Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI.- Señor Presidente: este proyecto de ley viene informado en mayoría por la Comisión de Constitución y Legislación integrada con dos miembros de la de Hacienda del Senado y, como se sabe, fue aprobado previamente por la Cámara de Representantes. Algunos de los miembros de la Comisión han votado este texto con salvedades y uno lo hizo en forma discorde.

Corresponde señalar que la Comisión está sometiendo a la consideración del Senado una redacción idéntica a la que sancionó la Cámara de Representantes, más allá de que, como trataré de explicar sucintamente, se hayan generado algunas dudas sobre determinadas disposiciones. Sin embargo, repito, por mayoría la Comisión aconseja al Senado la aprobación de esta iniciativa.

Por otro lado, debe señalarse que, en síntesis, este artículo único del proyecto de ley faculta a ANTEL para prestar servicios de telecomunicaciones fuera de fronteras, directamente o asociada con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Al respecto, señor Presidente, diría que el texto que nos remite la Cámara de Representantes está inspirado -se me ocurre- en el propósito de evitar algunas dudas en cuanto a si la actual Carta Orgánica de ANTEL y algunas leyes referidas a varios Entes ya autorizaban o no a este organismo. Especialmente estoy aludiendo al artículo 271 del la Ley N° 16.462 que dice: "Incorpórase en el giro de todos los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados el prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica, en las áreas de su respectiva especialidad, tanto en el territorio de la República como en el exterior. A tales fines podrán asociarse en forma accidental o permanente con otras entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras, así como contratar o subcontratar con ellas la complementación de sus tareas".

Evidentemente, la existencia de esta norma ha llevado a que en la Cámara de Representantes -donde se suscitó una discusión muy interesante en este sentido- algunos entendieran que este proyecto de ley era innecesario a la luz de la disposición anterior que acabo de leer.

Cabe señalar que el sentido de este artículo tiene mucho que ver con lo que disponen los textos constitucionales porque como es sabido, la Constitución contiene ciertas normas que creo es necesario tener presente a la hora de analizar esta iniciativa. Es así que el artículo 197 de la Carta expresa: "Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los Directorios o Directores Generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados.

En caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que considere del caso, comunicándolos a la Cámara de Senadores, la que en definitiva resolverá. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 198".

Entonces, señor Presidente, en virtud del control riguroso que de acuerdo con la Constitución tiene el Poder Ejecutivo respecto de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, no es casual que este proyecto de ley establezca en su inciso tercero que en todos los casos será necesaria la autorización previa del Poder Ejecutivo. Asimismo, se fija un ficto, por el cual si luego de transcurridos 30 días desde su requerimiento no existe una denegatoria expresa, dicha autorización se entenderá como concedida. En el caso de ANTEL, que además es un Servicio Descentralizado, los controles son aun mayores porque, como se sabe, el Poder Ejecutivo podría incluso revocar en la vía jerárquica una decisión que se tomara cuando se hubiere interpuesto recurso por alguien que tuviera un interés directo en el asunto.

Por otro lado, señor Presidente, estimo que deben tenerse presente -y no quiero extenderme atendiendo al quórum de esta sesión- los beneficios que para el país en su conjunto -y no sólo para ANTEL- tiene la aprobación de este proyecto de ley. En ese sentido, podría citar expresiones del señor Representante Nacional Alem García -que no pertenece a mi partido político- vertidas en la sesión que la Cámara de Representantes celebró el pasado 3 de febrero. Expresó: "Aquí estamos discutiendo un proyecto específico que tiene una finalidad muy concreta. ¿Estamos o no de acuerdo en facultar a ANTEL a realizar negocios fuera de fronteras? Creo que los Legisladores tenemos cierta tendencia -naturalmente yo también puedo incurrir en ese error; ¡cuántas veces lo habré cometido!- a reflexionar y a razonar en función de la doctrina o de la teoría; pero una cosa es la teoría y otra la realidad, en la que tal vez las valoraciones sean diferentes.

¿Se imagina, señor Presidente, las utilidades que ANTEL podría obtener si tiene la suerte de ganar una licitación en Río Grande do Sul para brindar parte de los servicios en ese enorme estado brasileño, o bien de competir y ganar una licitación en alguna provincia argentina? Adviértanse los volúmenes de los mercados de las provincias argentinas y de los estados del Brasil comparados con los de nuestro mercado interno. Considero que si todos nos ponemos la camiseta celeste deberíamos apoyar esta iniciativa por unanimidad.

¡Ojalá otras empresas del Estado uruguayo estuvieran en las mismas condiciones que ANTEL para competir con las de otras partes del mundo!

Hasta ahora en las licitaciones realizadas en Latinoamérica solamente participan empresas norteamericanas, francesas, alemanas, una holandesa muy conocida, otra española sin mayor suerte y alguna japonesa. Entonces, creo que si tenemos la suerte de contar con una empresa uruguaya que debe ser una de las pocas y tal vez la única que está en condiciones de competir al más alto nivel en el mercado regional de telecomunicaciones, todos deberíamos votar este proyecto".

Asimismo, el señor Representante Nacional Matos Pugliese, del Frente Amplio, en esta misma sesión, destacaba: "Comprendo la intención de varios señores Diputados que, evidentemente, con la mejor voluntad han querido perfeccionar este proyecto. Pero debemos entender que esto es el resultado de un acuerdo en el que todos hemos hecho algún tipo de concesión y corremos el riesgo de que por mejorarlo, al final, no se cuente con los votos -que en este momento parecen suficientes- para aprobarlo.

Mantenemos lo que dijimos anteriormente. No tenemos el honor de compartir el criterio del señor Diputado Atchugarry" -quien sí es de mi Partido- "pero entendemos que el Tribunal de Cuentas está habilitado para el control de eficiencia. Entonces, no vemos por qué se debe cambiar el término e insistimos en este sentido.

Esta es la posición del Encuentro Progresista y esperamos que se vote en la forma en que fue acordado en Comisión".

Señor Presidente: lo que acabo de leer tiene que ver con observaciones que se hicieron en la Comisión, algunas de las cuales en lo personal comparto y otras considero deberían ser motivo de un sencillo ajuste en una ley posterior. Sin embargo, quiero señalar el hecho de que si la Comisión por mayoría estuviera haciendo esta propuesta al Plenario, se encontraría con la dificultad de que el proyecto de ley volvería a la Cámara de Representantes, por lo que seguiríamos con un problema que la opinión pública sabe que ha tenido ANTEL en las últimas semanas y meses. En concreto, ANTEL, por no contar con este texto legal que estamos considerando en estos momentos, no pudo participar y, quizás, triunfar en un licitación en la República Argentina y otra realizada hace diez o quince días en la República Federativa del Brasil. Entonces, me remito a las palabras del señor Representantes Nacional Alem García sobre ese mercado tan atractivo y extraordinario en cuanto a su potencialidad, que son nuestros grandes vecinos e integrantes, por otra parte, de este esfuerzo conjunto en el que estamos embarcados y que conocemos con el nombre de MERCOSUR.

De modo que hablar por ejemplo, como se ha hecho razonablemente en Comisión, de autorización previa, es algo que no tiene sentido, ya que las autorizaciones son previas y no podría invalidar la aprobación de este proyecto de ley más allá, repito, de que, evidentemente, las autorizaciones son siempre anticipadas.

El otro tema al que me quería referir tiene que ver con la participación que se le daría por este proyecto de ley al Tribunal de Cuentas. Como es sabido, el Tribunal de Cuentas, de acuerdo con el artículo 210 de la Constitución, tiene determinadas competencias explicitadas o detalladas en el 211. El último inciso del artículo 210 dice que además de las competencias que le establecen otras normas constitucionales, especialmente el artículo 211 al que me acabo de referir, "También podrá atribuírsele por ley, funciones no especificadas en esta Sección".

En la Cámara de Representantes se entendió que estas competencias que la ley puede atribuir adicionalmente al Tribunal de Cuentas justificarían o respaldarían la constitucionalidad del último inciso de este artículo único que estamos tratando, que establece que los controles que efectuará el Tribunal de Cuentas respecto a las actividades de ANTEL fuera de fronteras, serán controles de legalidad -lo que, evidentemente, no va en contra de ninguna práctica o norma vinculada o no al Tribunal de Cuentas- pero también de eficiencia.

Algunos miembros de la Comisión -y esto sí lo debo reconocer- sostuvieron que se trata de competencias- no sé si estas fueron las palabras exactas que se utilizaron- constitucionales no taxativas pero delimitadas por el contexto de las disposiciones relativas al Tribunal de Cuentas. En lo personal -así como otros miembros de la mayoría en la Comisión de Constitución y Legislación integrada con dos miembros de la de Hacienda- no tengo el honor de compartir este punto de vista. En todo caso, pienso que, por los intereses que están en juego y hasta por las urgencias en lo que tiene que ver con la actividad internacional de ANTEL -y si, en definitiva, todos nos convenciéramos de algunas objeciones que hemos escuchado en la Comisión- así como en el caso de la autorización previa este punto también debería ser corregido en una ley posterior. Pero en modo alguno considero que se esté violando la Constitución de la República si le agregamos a la competencia que actualmente tiene por ley el Tribunal de Cuentas, este control de eficiencia respecto de lo que realice ANTEL, de acuerdo con este artículo único que estamos considerando.

Por lo tanto, señor Presidente, sin querer abusar del tiempo del que dispone el Cuerpo, solicito en nombre de la mayoría de la Comisión Integrada que este artículo único se apruebe, con lo que se convertiría en una ley aprobada por las dos Cámaras y solamente restaría la promulgación del Poder Ejecutivo.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quisiera hacer un informe muy breve. Este tema fue discutido en la Comisión respectiva, participando todos sus miembros y compartiéndose el objetivo central, que es el otorgar una facultad legal a ANTEL, dejando en claro que puede prestar servicios fuera de fronteras, lo cual creo que no genera discordancia de ningún sector político ni de miembros de la Comisión. Sin embargo, en la Comisión hicimos una serie de objeciones particulares a diversas expresiones de este artículo único del proyecto de ley que viene aprobado por la Cámara de Representantes, si mal no recuerdo, con el voto de todos los sectores, excepto el del Nuevo Espacio.

El primer párrafo de este proyecto de ley contiene una expresión que nosotros hemos criticado en base a la coherencia con una posición interpretativa sobre la primera y la segunda parte del artículo 188 de la Constitución.

Entendemos que la formación de entidades asociadas por parte de un organismo autónomo o descentralizado -para hacer más fácil la exposición podríamos hablar de los organismos con descentralización- requiere en cada caso -tal como lo hemos sostenido siempre y de acuerdo con una de las interpretaciones del artículo 188, segunda parte de la Constitución- autorización parlamentaria. Conocemos también la interpretación que dice que en "cada caso" refiere a cada organismo, es decir, a cada Ente. Esta es la idea que sostuvieron algunos otros miembros de la Comisión; no es la que nosotros compartimos, pues la interpretación que nos parece más adecuada al texto de la Constitución es la de que en "cada caso" significa en cada convenio que realice.

Precisamente, el texto es bastante explícito en cuanto a que el convenio mismo, que debe ser previo, tiene que ser sometido al Parlamento.

De cualquier manera, mantenemos esa interpretación, pues entendemos que el segundo párrafo del artículo da medios suficientes y que fue una inconveniencia innecesaria utilizar una expresión tan polémica, como lo es ésta de "asociada con empresas". Cuando el segundo párrafo hace referencia a que puede hacer todas las actividades, negocios y contrataciones para cumplir aquel cometido, ya le habría permitido una mayor amplitud. Por ello entiendo que no fue nada feliz esa expresión. De cualquier manera, varios miembros de la Comisión consideraron que, al hablar de "asociada con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras", no se estaba creando una nueva entidad y que, incluso, se atenuaban las objeciones que pudiéramos hacer desde nuestra perspectiva interpretativa del artículo 188. Esta, entonces, es la primera referencia.

A mi entender, después de facultar a ANTEL a prestar servicios de telecomunicaciones fuera de fronteras, bien pudo pasarse directamente al segundo párrafo, estableciéndose que para ejercer esa competencia puede realizar la totalidad de actividades, negocios y contrataciones que se estime necesarios en cada caso para la consecución de esos cometidos, sin necesidad de esa expresión tan polémica utilizada en el párrafo primero.

Por otra parte, deseo señalar un aspecto que fue compartido unánimemente por la Comisión aunque, desde luego, se trata de un error técnico-gramatical. En ese sentido, considero que el proyecto no debió decir "será necesaria la autorización previa" pues, obviamente, por definición, la autorización es previa y su distingo con el acto de aprobación es precisamente esa característica. Entonces, todos los miembros de la Comisión entendieron que "autorización previa" encerraba una especie de repetición innecesaria. De cualquier manera, no se trata de un punto trascendente.

Otro aspecto que se discutió en la Comisión con mayor relevancia es el que tiene que ver con la posibilidad constitucional de que el Poder Ejecutivo fuera un órgano cuyo contralor -el señor Senador Ricaldoni en este sentido hizo referencia al artículo 197- llegara hasta la necesidad de esas autorizaciones previas en cada caso para realizar estos negocios a que se refieren los párrafos anteriores.

En este sentido, nosotros no entendemos que haya inconstitucionalidad. Se podrá discutir si esto es o no saludable, pero insistimos en que, de acuerdo con nuestra interpretación del artículo 185, el grado de autonomía depende de la Constitución y de la ley que se dicte por razones de interés general. Además, el Uruguay registra múltiples antecedentes en los que el Poder Ejecutivo incluso ha aprobado tarifas de Entes Autónomos -como por ejemplo ANCAP- o el nombramiento de funcionarios, como en el caso de la Administración Nacional de Puertos. De manera que no nos ha parecido que en este párrafo haya un problema de inconstitucionalidad, sin perjuicio de reconocer que es bastante grosero el error de agregar la palabra "previa" a la autorización, pues técnicamente se trata de una tautología.

Finalmente, señor Presidente, queremos señalar que no compartimos la interpretación de que el Tribunal de Cuentas pueda asumir un contralor de eficiencia. De acuerdo con lo que dispone en su parte final el artículo 210 de la Constitución, se trata de un organismo que puede ser calificado de organismo con competencia abierta. Cuando la enumeración de competencia es taxativa, se llaman organismos de competencia cerrada; en cambio, cuando en esa enumeración, aun taxativa, se agrega una cláusula tipo embudo -por utilizar una metáfora material- que diga que se le pueden dar otras competencias, suelen llamarse órganos de competencia abierta. Algo similar ocurre con la Suprema Corte de Justicia, ya que al terminar la enumeración de sus atribuciones, la Constitución expresa que se le pueden atribuir cometidos por ley además de los que allí se enumeran. Efectivamente, como explicaba el señor Senador Ricaldoni, el artículo 210 establece que también podrá atribuirse por ley funciones no especificadas en esta Sección. Sin embargo, a nuestro juicio, esto no significa que se le pueda atribuir cometidos, pues la Constitución habla de funciones, y este concepto tiene que ver con lo legislativo, administrativo y jurisdiccional. Pero, dentro de esa desprolijidad gramatical que a veces tienen algunos artículos, creo que la palabra "especificadas" ilustra muy bien que estamos frente a un organismo que controla la legalidad. Desde que se creó el Tribunal de Cuentas, se pensó en un organismo de control de jurisdicidad y nunca de conveniencia, mérito y oportunidad. Precisamente, el juicio sobre la eficiencia es el mérito y no de jurisdicidad.

¿Por qué es esto así? Cuando se escogió y se incorporó en la Constitución el nombre de Tribunal de Cuentas, fue porque todos entendían y estaban de acuerdo en que se trataba de hablar de un órgano que realizara el control de legalidad. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas no puede observar un presupuesto por razones de mérito o de conveniencia. Tratándose de un pago, puede hacer si está mal hecho, si contraría alguna ley o un límite establecido en una norma, pero no por falta de oportunidad o de mérito. Lo mismo ocurre en todos los casos en que el Parlamento tiene a su disposición el informe del Tribunal de Cuentas.

Concretamente, entonces, el nombre de Tribunal quiso decir que su cometido era el control de jurisdicidad.

Por otra parte, el artículo 210 no dice que se le puedan agregar nuevos cometidos, sino que se le pueden adjudicar por ley funciones no especificadas en esta Sección. Es decir que la palabra "especificadas" indica que se pueden desarrollar algunas de las atribuciones o cometidos que específicamente están establecidos, porque las funciones son, en general, administrativas o de control de legalidad. El control casi siempre es una función administrativa y, en algún caso, por lo menos desde el punto de vista material, es de carácter legislativo. Por ejemplo, para algunos autores las ordenanzas de contabilidad obligatoria para todos los organismos públicos, es una función materialmente legislativa y tiene siempre el objetivo de controlar que los órganos públicos actúen cumpliendo con las normas vigentes.

En consecuencia, entendemos que el artículo no debería hacer referencia a la eficiencia, sino simplemente decir: "sin perjuicio de los controles de legalidad a cargo del Tribunal de Cuentas".

SEÑOR RICALDONI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK .- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- Señor Presidente: no quiero interrumpir excesivamente la interesante exposición del señor Senador Korzeniak. Simplemente, deseo manifestar que no tengo problema en afirmar que puede sostenerse con argumentos, como los que estoy escuchando al señor Senador Korzeniak, que lo que tiene que ver con la eficiencia no es materia propia del Tribunal de Cuentas, más allá de que como él dice -aunque no es mi punto de vista, lo acepto- el inciso segundo del artículo 210 debe estar acotado en función de una interpretación correcta de los textos.

Sin embargo, se observa que el artículo 211 especifica determinadas competencias del Tribunal de Cuentas además de las que la ley le atribuya luego. En su literal C) hace referencia a los contralores sobre todos los órganos del Estado, inclusive los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y establece: "Dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de todos los órganos del Estado". Pienso que aquí estamos entrando en una zona en la que se puede sostener -también con argumentos tan respetables como los esgrimidos por el señor Senador Korzeniak- que el término "gestión" no puede limitarse sólo a que la actividad económica y financiera se realice de acuerdo con los textos legales a los que debe ceñirse el Tribunal. Por supuesto, cabe pensar que en una gestión, la eficiencia o la ineficiencia de un Ente o Servicios Descentralizado, tenga repercusiones sobre lo económico y lo financiero. Muchas veces, para justificar la observación a la gestión, habrá que intentar explicar el acierto o el error que ha tenido el Ente Autónomo o el Servicio Descentralizado -en este caso ANTEL- en sus contrataciones o en las decisiones que ha adoptado.

Otro tanto ocurre con el literal E), cuando se refiere a intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera de los órganos del Estado y denunciar ante quien corresponda, todas las irregularidades en el manejo de fondos públicos e infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad.

Todos comprendemos -lo hemos vivido en más de un oportunidad- que a veces el Constituyente no ha sido técnicamente preciso o tanto como habría sido deseable. En este sentido, reitero lo que he afirmado con un criterio político y pragmático: estas interrogantes que se pueden plantear con respecto a la solución brindada en el último inciso de este artículo único por la Cámara de Representantes en cuanto a cómo se autorizaba a ANTEL para prestar servicios de telecomunicaciones fuera de fronteras, no pueden justificar más dilatorias en la aprobación de una norma de este tipo.

Sugiero que continuemos reflexionando sobre esto una vez que se haya aprobado el proyecto de ley, a fin de que el Poder Ejecutivo lo promulgue y se convierta en una ley de la República.

Además, debemos evitar lo que ha ocurrido en estos meses en los que ANTEL, lamentablemente -y quiero ser claro: no se trata de una imputación al Parlamento sino que creo que fue una consecuencia desgraciada por haber tenido que elaborar una ley- debió quedar fuera de algunas licitaciones en Brasil y en Argentina.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: he adelantado mi opinión sobre la conveniencia de facultar a ANTEL a realizar operaciones de este tipo desde el primer momento y, en este sentido, he dado mi voto favorable en la Comisión. Sin embargo, debo insistir en que el Tribunal de Cuentas es un órgano de contralor de legalidad.

Acaso sea necesario hacer una nueva aclaración. No siempre se advierte en su estricto sentido el significado de las expresiones "control de legalidad" y "control de eficiencia". El control de eficiencia, en términos de Derecho Administrativo, retoma el concepto del antiguo control de mérito, oportunidad o conveniencia, como se le llamaba antes. Actualmente en términos de economía, se ha puesto de moda el vocablo "eficiencia".

Ahora bien, en la historia doctrinaria del Uruguay, el Tribunal de Cuentas tiene un contralor de legalidad y con referencia a las expresiones que señalaba el señor senador Ricaldoni cuando decía que la Constitución habla genéricamente sobre el control de la gestión, debo decir que están basadas en el hecho de que el Tribunal de Cuentas regula cómo deben actuar todos los órganos públicos en materia de legalidad financiera. Esto se encuentra previsto en el artículo 213, que le otorga capacidad de iniciativa legislativa para elaborar la Ley de Contabilidad y Administración financiera. Por lo tanto, es el Tribunal de Cuentas el que indica cómo se debe actuar. En este sentido, el texto refiere a que el "proyecto comprenderá las normas reguladoras de la administración financiera y económica y especialmente la organización de los servicios de contabilidad y recaudación; requisitos con fines de contralor, para la adquisición y enajenación de bienes y contratación que afecten a la Hacienda Pública".

Entonces, cuando decimos que el Tribunal de Cuentas ejerce un control de legalidad, no queremos significar que sólo controle si existen responsabilidades penales, civiles o administrativas, sino que entendemos que debe vigilar que la actividad se desarrolle conforme a normas expresas -en su correcta interpretación, restrictiva o, a veces, ampliada- que el propio Tribunal proyecte en virtud de su facultad de iniciativa legislativa.

Este es uno de los pocos casos en que se plantea una situación de este tipo, si bien podemos recordar lo que ocurre en el ámbito de la función jurisdiccional con la Suprema Corte de Justicia, que tiene iniciativa en materia de Códigos.

Reitero que la función de contralor, que en general es administrativa, se relaciona con la legalidad; por eso creo que se desnaturalizaría el instituto si incluimos el término "eficiencia".

Recuerdo que actualmente la Suprema Corte de Justicia entiende, según su jurisprudencia reciente -creo que data de unos ocho años- que entre dos interpretaciones de una ley se debe seguir aquella que se compagine con la Constitución. Antes, el proceso se limitaba a analizar la ley, analizar la Constitución y después ver si había armonía o no. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ha empleado el nuevo criterio en varias sentencias.

¿Qué es lo que ocurre? El intérprete de la ley no puede hacer de cuenta que la palabra no está en el texto. Como sabemos, es un mandato de las reglas de interpretación que no se puede aparentar que no figura determinada palabra en la ley, porque iría en contra de principios de hermenéutica, para utilizar un término un poco más profundo. Hacer de cuenta que un vocablo no existe es como mirar para el costado, lo que en Derecho no está permitido.

Por estas razones, considero que habría que eliminar la palabra "eficiencia". A mi juicio, fue un desliz haberlo puesto, ya que el Tribuna de Cuentas no puede ni debe -ni la Constitución se lo permite, a nuestro juicio- tener competencias de este tipo.

En síntesis, señor Presidente, compartimos el objetivo del proyecto de ley, si bien nos parece que no debió hacer esa referencia específica a la frase relativa a las empresas públicas o privadas. En todo caso -que fue lo que buscamos con nuestro voto en la Comisión- debió entender esa expresión de otra manera, ya que no nos está prohibido darle una interpretación distinta. Digo esto porque alguno señores Senadores hicieron mención a que esta situación no significa que se vayan a crear nuevas entidades, lo que alivia de algún modo la contradicción que creo advertir con el artículo 188 de la Constitución, aunque hubiera sido mejor no utilizar esa expresión polémica.

Para finalizar, quisiera decir que lo relativo a la autorización previa es una tautología técnica, que se podría aceptar que no daña al proyecto de ley. A fin de tecnificar más la iniciativa, habría que quitar la palabra "previa" y, a mi juicio, también el término "eficiencia", para ajustarlo a la naturaleza constitucional del Tribunal de Cuentas, que es un órgano de legalidad.

SEÑOR MALLO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO.- Señor Presidente: voy a dar mi voto favorable a este proyecto de ley, porque comparto en general los propósitos que lo inspiran, aunque tengo algunas salvedades y quisiera hacer ciertas precisiones.

Creo que el logro fundamental de esta iniciativa es que da una salida a algo que un señor Senador exponía días pasados en la Comisión de Hacienda integrada. Me refiero al acceso de Uruguay a la tecnología, lo que no es muy simple con relación al concepto que se tenga de ésta, ni tampoco con respecto a la vinculación que ella debe tener, necesariamente, con la estructura económica y social del país, ya que no es conveniente adoptar la tecnología de las naciones del Primer Mundo en un país que no lo integre. No podemos adoptar, por ejemplo, una tecnología que tenga efectos deprimentes sobre el empleo o la ocupación, es decir, que incida de un modo -creo que ese no sería el término exacto, aunque no se me ocurre otro- brutal en el empleo, sustituyendo a los trabajadores por máquinas, robots, etcétera. Pero, indudablemente, esta es la dirección a la que debemos apuntar. Por algo las naciones del Primer Mundo, que son tan generosas en sus proclamas retóricas, cuando llega el momento de intercambiar tecnologías, se niegan totalmente a que ello se facilite en las negociaciones internacionales.

Felizmente, la experiencia ha demostrado que las pequeñas y modestas empresas son muchos más fecundas y creadoras de tecnología; por su parte, las grandes empresas la difunden, la emplean y la utilizan. Siempre se da el mismo ejemplo: "APPLE", la segunda empresa de computación en el mundo, surgió de un préstamo de U$S 1.000 obtenido por la venta de un motociclo y de un equipo deportivo, y a los cinco años se transformó en una empresa con un patrimonio millonario.

Estas son las razones que, a mi juicio, justifican el proyecto de ley.

Con relación a la expresión "asociado" que mencionaba el señor Senador Korzeniak, en tren de benevolencia y con el fin de adoptar una interpretación favorable para admitir este proyecto de ley, debo decir que fui de los que sostuvieron que ha de entenderse que asociarse no es crear una empresa. Este término es usado en su acepción general, es decir, la de colaborar conjuntamente para una finalidad común, pero no creando una empresa, en cuyo caso estaríamos incrustándonos en un panorama al margen de la Constitución. De cualquier manera, el término debe interpretarse conforme a las normas constitucionales.

No voy a insistir con el adjetivo "previo", porque se trata de una batalla casi perdida. Para dar un ejemplo, si en un examen de Derecho Administrativo un alumno hablara de una autorización previa, lo reprobarían; me he limitado a preguntarles si me pueden mostrar una autorización posterior, porque ello sería un verdadero descubrimiento. Insitamente, la autorización es previa.

Con relación al contralor del Tribunal de Cuentas, creo que aquí no hay dos bibliotecas, sino una sola. Este Tribunal no puede controlar la eficiencia, no tiene capacidad para hacerlo. No voy a invocar mi autoridad -hay aquí señores Senadores que conocen el tema más que quien habla- pero voy a remitirme a una sentencia muy reciente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En cierta oportunidad, el Tribunal de Cuentas hizo una serie de observaciones de mérito en una licitación, indicando qué empresa debía haber triunfado; la perdidosa, pero indicada como la que debía haber ganado, consideró que el Tribunal de Cuentas le daba argumentos para solicitar la nulidad de esa licitación. La sentencia fue unánime y contó con la opinión favorable del Procurador de lo Contencioso Administrativo que, como sabemos, es una verdadera eminencia jurídica y moral; me refiero al doctor Piaggio Soto, que fue muy duro en su vista.

A continuación, voy a dar lectura a la parte más suave de la sentencia del Tribunal. Allí se dice que en razón de todo lo expresado en los considerandos precedentes, el Tribunal no comparte la conclusión que sobre el mérito concreta el tribunal de Cuentas, convicción que de ser compartida o prohijada, podría determinar la anulación del acto que se procesa.

Es decir que el Tribunal de Cuentas tomó cartas en un asunto que no le correspondía, y lo hizo mal; también en ello se equivocó. En este documento se agrega, además que "respetuosamente se estima que dicho Tribunal se ha apartado de las normas legales al formular distinciones que éstas no realizan". En consecuencia, se ha ingresado ilícitamente en el aspecto de conveniencia, mérito u oportunidad reservado únicamente al organismo demandado que, como se ha demostrado, ha actuado legítimamente al pronunciar el acto dubitado, debiéndose recordar que tampoco este Tribunal -es decir el de lo Contencioso Administrativo- al que le incumbe el contralor de la regularidad jurídica de los actos administrativos dictados por las personas jurídicas de derecho público, puede ingresar a analizar el aspecto de conveniencia o mérito, excluido claramente de su jurisdicción.

Digo que alguna vez, en esas "leyes ómnibus", como lo son las Rendiciones de Cuentas, que tienen 700 u 800 artículos -donde pasa cualquier cosa y luego hay que dar marcha atrás o rectificar- se incluye la ley ordenada en el texto del TOCAF. Conforme a un Mensaje del Poder Ejecutivo con relación a una ley que aprobamos últimamente corrigiendo efectos desfavorables de la reforma constitucional sobre la Seguridad Social, se admitió que ahora no hay más discusión y que las Rendiciones de Cuentas y los Presupuestos no pueden tratar materias que no sean hacendísticas o de su aplicación; de ninguna manera pueden contener toda una ley de contabilidad y administración financiera. Pero es precisamente en una de esas leyes donde se le da alguna intervención al Tribunal de Cuentas sobre eficiencia.

El artículo 98 del TOCAF tiene como fuente de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987. Es la Rendición de Cuentas de 1986, que en su artículo 555, dice que el Tribunal de Cuentas deberá emitir su opinión con respecto al costo de los servicios y eventualmente su comparación con los rendimientos obtenidos en orden al cumplimiento de los programas presupuestales y la eficiencia de los organismos que los tuvieron a su cargo.

Ahora bien, la eficiencia se refiere a cómo han desarrollado los programas. A mi juicio, esto es totalmente inconstitucional, pero fue sancionado a través de una de esas "leyes ómnibus", en las cuales, tal como dice Justino Jiménez de Aréchaga, se modifican hasta las normas de administración de justicia, la Ley Orgánica Policial o cualquier cosa.

La potestad del Tribunal de Cuentas no se le da para que intervenga licitación por licitación o acto por acto. Aun en esta ley inconstitucional sería una apreciación del presupuesto en su conjunto y del costo de los servicios en su conjunto. El doctor Delpiazzo, en su libre "Tribunal de Cuentas", sostiene esa posición: no se había dictado todavía esa ley de contabilidad pero el Tribunal de Cuentas ya la había proyectado, erigiéndose en contralor de la eficiencia. Delpiazzo considera que no le compete ese contralor de eficiencia.

Por lo demás, corroborando lo que decía el señor Senador Korzeniak -que, desde luego, no necesita ninguna ayuda- las facultades que se le pueden otorgar a un órgano de competencia abierta no pueden ser, de ninguna manera, las que están otorgadas a otros. El contralor de los servicios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados es materia del Poder Ejecutivo, el que puede hacer observaciones ante el Senado, que resolverá sobre la propuesta o las circunstancias que le denuncie aquél. Es decir que el contralor de la eficiencia de los Entes Autónomos está establecido en el circuito institucional y el Legislador no puede cambiarlo, dándoselo al Tribunal de Cuentas. Esta sentencia refiere a un hecho bastante lamentable porque intentó controlar la eficiencia y no tuvo razón en ninguna de las ineficiencias que pretendió señalar.

Con estas precisiones confirmo mi voto en general. Además, creo que lo que nos queda a nosotros es controlar qué uso hace ANTEL de esas competencias. Si nosotros no hacemos uso de nuestras facultades de contralor, entonces, la responsabilidad también será nuestra y no solamente de ANTEL que, por lo que estamos viendo, parece que tiene ciertos espejismos de grandeza porque en un país con tantas carencias, donde no se cumplen servicios tan fundamentales del Estado como la justicia y la seguridad, fuera de otros, vamos a tener torres espectaculares.

Muchas gracias. Es cuanto queria decir.

SEÑOR DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DALMAS.- En primer lugar, quiero expresar que las exposiciones de los señores Senadores preopinantes han sido muy ilustrativas e importantes desde el punto de vista técnico, porque ingresaron fundamentalmente en el tema jurídico. Dado que no soy especialista en el tema, parece de poco pudor de mi parte hacer consideraciones -que voy a hacer- relativas al marco jurídico de las telecomunicaciones, que hacen a ese tema porque, con este proyecto, estamos tratando de subsanar una carencia jurídica que existe para que ANTEL pueda realizar determinados negocios.

Para ser honesta, debo decir que esto no lo expreso yo, sino que me he basado en el único trabajo que conozco -tal vez haya otros- que profundiza en el marco jurídico de las telecomunicaciones y que está publicado en un libro de los doctores Matías Rodríguez y Carlos Bastón. Ellos, formando parte de un equipo mayor que tuvo su origen en la propia ANTEL, en oportunidad de haberse planteado la Ley de Empresas Públicas, realizaron una investigación sobre el tema, un diagnóstico del estado de situación del marco jurídico y una serie de propuestas hacia el futuro. Considero que este trabajo es realmente muy serio y está indicando, en primer lugar, una realidad que vivimos hoy en día en el mundo y en el Uruguay: las telecomunicaciones, consideradas en su conjunto, son lo que ellos llaman el sistema nervioso de la sociedad moderna. En realidad, las telecomunicaciones son las que, de alguna manera, diariamente mueven a este mundo y, por supuesto, a nuestro país. Ellas tienen características muy peculiares, porque su evolución es increíblemente acelerada. El dinamismo que existe en la industria de las telecomunicaciones, junto con la informática, difícilmente puede ser encontrado en otros ámbitos.

Además, como señalan los doctores Rodríguez y Bastón, las normas positivas vigentes se comportan con creciente incomodidad al tratar de adaptarse. Es evidente que éstas no siguen necesariamente el ritmo de evolución vertiginoso de las telecomunicaciones.

Voy a mencionar una cita de este trabajo, donde dos españoles expertos en el tema, Chillón y Navarro, dicen que la ley general, abstracta y con tendencia a perdurar, encaja mal con la idea del rapidísimo cambio impuesto por la tecnología; ésta hace obsoletas las normas, inservibles las categorías, ineficaces los controles, en escaso lapso de tiempo.

Eso es real. Como acabamos de ver, la ley o las normas vigentes necesitan un urgente estudio y, fundamentalmente, en el marco de las telecomunicaciones en el Uruguay.

En el tema telecomunicaciones también existe algo que llamamos la "internacionalización de hecho", ya que nadie la resolvió o dispuso, sino que el propio desarrollo de la tecnología la impone. Al respecto, vuelvo a mencionar el citado trabajo, que dice que en el mercado mundial de servicios, en especial en el de telecomunicaciones, la actual tendencia es a la unificación. Esto conlleva fenómenos como la fusión de empresas multinacionales de suministro de bienes y servicios en el sector, la homogeneización de una sola red pública mundial de telecomunicaciones y la generación de una economía de escala mayúscula para poder ser competitivos; exige a los operadores capacidades imposibles de alcanzar desde mercados reducidos.

En este momento, pues, la realidad latinoamericana y regional indican que ninguna empresa de telecomunicaciones nacional, reducida a un mercado como el uruguayo, de 3:000.000 de habitantes, podrá subsistir y menos aún compitiendo con multinacionales de mucho poderío y con un grandísimo desarrollo, como las que están trabajando en América Latina. Esto lo dice el Presidente de Telefónica Española, que es una de las multinacionales que está trabajando con mayor fuerza dentro de la región y que tiene el objetivo casi logrado de que el 50% de los ingresos de la empresa provenga de América Latina, por lo que también estará dentro de las empresas que seguramente van a competir con ANTEL si esto se aprueba.

Creo que no está de más y es una buena oportunidad para recalcarlo, que en el Uruguay los juristas deberán continuar en el estudio de un Derecho tan preciso y de una especialización tan grande que permita seguir este vertiginoso ritmo y acompasar las normas al desarrollo del sector.

A la hora de discutir este proyecto de artículo único debemos tener claro cuál es la realidad en el sector a nivel mundial y nacional. De otra forma, sería muy difícil que pudiéramos analizar este tema, que puede parecer puntual pero que, en realidad, no lo es porque hace al desarrollo futuro de una empresa de telecomunicaciones.

Alguien podrá formular aquí la pregunta, a modo de argumento, sobre qué posibilidades tiene una empresa monopólica del Estado -como es ANTEL- de competir en este mundo en que vivimos. A propósito de esto, cabe señalar que la Revista "América Economía" grafica esto de una forma muy sencilla: concretamente, utiliza la imagen de un dinosaurio y la expresión "telefonic park". Todos sabemos que vivimos en un mundo en el que existe una competencia descarnada, con un desarrollo tremendo. Sin embargo, en un artículo de dicha revista -que data del año 1995, por lo que pienso que aún puede estar vigente lo que allí se plantea- se expresa: "...los nuevos servicios no regulados son ya un campo de batalla donde un creciente número de empresas libran una feroz guerrilla contra los monopolios.

Pero no hay que dar por muertos a estos dinosaurios. Todo indica que muchos de ellos tienen músculos suficientes para sobrevivir el huracán de la competencia y la tecnología". Quiere decir que, aunque algunos puedan entender que ANTEL, así como otras compañías que pueden quedar en América Latina, son los dinosaurios monopólicos, los propios ejecutivos Presidentes de las empresas telefónicas multinacionales dicen que hoy pueden competir, siempre y cuando se ajusten a las nuevas disposiciones y gestiones necesarias para ello.

Entonces, ANTEL está inserta en esta realidad absolutamente insoslayable. Quisiera precisar que si bien estoy haciendo una serie de consideraciones que van en la dirección de revisar el marco jurídico, debo aclarar que no cualquiera de ellos es conveniente para ANTEL, para el Uruguay y para toda la ciudadanía. En este sentido, será conveniente impulsar un estudio sobre el tema y efectuar cambios en las normas que conforman este marco jurídico, tratando de lograr un equilibrio entre la realidad internacional de las telecomunicaciones, el estado tecnológico actual y el interés nacional.

Con estas consideraciones estamos diciendo que apoyamos este proyecto de ley y vamos a votarlo, por una serie de razones que, de alguna manera, ya hemos esbozado, entre las cuales se encuentra la supervivencia de ANTEL en el futuro, que dependerá de las posibilidades que tenga de operar en un mercado mayor que el que existe actualmente; estamos hablando, en principio, del mercado de la región, y luego, si es posible, de otros escenarios. Entendemos, además, que estamos aportando una norma que va en la dirección correcta, pues trata de corregir el actual marco jurídico que no se corresponde con la realidad del sector ni con la de la empresa ANTEL. A quien digo -porque esto es opinable- que este proyecto de ley podría poner en peligro el patrimonio de ANTEL que, en definitiva es el patrimonio de todos los uruguayos, respondo que así es, que existe esa posibilidad. Sin embargo, no votando esta iniciativa seguramente estaremos poniendo en peligro el patrimonio de ANTEL, porque no podrá trabajar en competencia con las otras grandes multinacionales en un mercado tan pequeño y, a su vez, subsistir como empresa. Entonces, colocando a ambas posibilidades en los dos platos de una balanza, personalmente me inclino por correr el riesgo existente al votar este proyecto de ley.

No obstante ello -y aquí viene justamente nuestra reserva- debemos decir que hay dos aspectos que nos generan preocupación, y queremos expresarlo en forma manifiesta. Uno de ellos -que está incluido en el proyecto y sobre el cual ya se ha hablado abundantemente- tiene que ver con el control de los negocios que ANTEL, como empresa pública, pueda eventualmente realizar. Este control depende de una adecuada información y, en este sentido, me veo obligada a decir que me preocupa la actual conducción de la empresa y su actitud con respecto a la información. Y no digo esto en vano, porque tengo ejemplos para citar.

Personalmente, quisiera que se comprendiera la razón por la cual necesariamente tengo que precisar estas cosas. Quizás no esté bien que hable a título personal, pero el señor Presidente comprenderá, seguramente, que no en vano he dejado casi 25 años de mi vida en el servicio de ANTEL y en su operación directa. Siempre mi desvelo ha sido la defensa del usuario y la del interés nacional. En este sentido, quiero decir que tuve oportunidad de participar en instancias importantísimas donde, junto a un grupo muy grande de gente -y con el apoyo del 72% de la ciudadanía- logramos que ANTEL tomara determinado rumbo y que no se consagrara aquella solución que era inconveniente desde el punto de vista del interés nacional. Por ello, es necesario para mí plantear, en esta instancia, el motivo por el cual estoy votando este proyecto de ley con cierta preocupación.

Debo decir que en lo que va de esta Legislatura he solicitado dos pedidos de informes a ANTEL, uno con fecha 30 de abril de 1996, que el 9 de julio del mismo año fue hecho suyo por el Senador en virtud de que no se me había contestado; y el otro lo hice el 14 de noviembre de 1996, que tampoco fue contestado. En realidad, se trataba de temas mucho más sencillos que el que tiene que ver con todo el andamiaje y el articulado de un negocio en el que ANTEL pueda intervenir hoy o mañana.

Entonces, me pregunto si existe determinada actitud de parte del Directorio de ANTEL -que, además, creo existe con respecto a otros señores Legisladores- si hay o no indisposición a informar y también, quizás, cierto encono porque el Parlamento discute durante mucho tiempo y no aprueba determinadas leyes.

En consecuencia, voy a votar con preocupación por el aspecto que he señalado y porque el control necesariamente dependerá del tema relacionado con la información.

Por otro lado, existe otro punto que me parece fundamental y vital para el futuro. Me refiero a la necesaria ponderación y seriedad en la toma de decisiones empresariales. Debemos tener en cuenta que, en caso de aprobarse esta iniciativa, este Parlamento estará dando una autorización genérica no a este Directorio en particular, sino a los que se hagan cargo del Ente en el futuro. Entonces, un Directorio que no tome decisiones empresariales serias y ponderadas podrá poner en peligro el patrimonio de ANTEL. A propósito de esto, quiero citar un ejemplo que me genera preocupación. Concretamente, quiero referirme a la instalación de "un teléfono por minuto" que se lleva a cabo actualmente. Esta instalación se está realizando para intentar avanzar en el tema de la demanda insatisfecha de servicios. Conocemos que esta tarea se está implementando a través de un sistema de telefonía inalámbrica que implica menos inversión y, tal vez, más celeridad en la instalación de aparatos. Se realizó una licitación y se contrató a la empresa NEC por medio de un sistema de "Leasing" o arrendamiento con opción a compra. Esta empresa no cumplió con los plazos fijados en dos oportunidades; pagó su multa y, lamentablemente, debió ser sustituida por otra. Desde ese punto de vista, pienso que la decisión fue correcta; si la empresa no cumple, es necesario contratar a otra. ¿Y cuál ha sido la realidad de todo este proceso, que motiva la preocupación inicial?

El Directorio de ANTEL fijó, por resolución que ha sido publicitada, un plazo -yo diría no fundamentado- al 20 de abril, a partir del cual aquella persona que hizo una solicitud de servicio y aún no tiene instalado su teléfono, no debe pagar la tasa de conexión.

A propósito, nos preguntamos qué ocurrió con la fijación de ese plazo. Fue algo muy sencillo: al principio se produjo un trabajo desenfrenado para poder colocar un teléfono por minuto y la empresa que no pudo cumplir, fue sustituida por otra, que tampoco pudo hacerlo dado los plazos establecidos. Esto significó que la empresa ERICSSON subcontratara una constelación de pequeñas y medianas empresas y a otras firmas para poder cumplir con el contrato. Por lo tanto, un gran porcentaje de los abonados, que por fin vieron el teléfono en su casa -con su antena exterior y cable interior- con desazón verificaron que el aparato estaba allí pero el servicio no funcionaba, porque no tenía línea. Inclusive, algunos abonados hablaron una semana, pero nunca más pudieron utilizar su teléfono; otros, escuchan la televisión por cable o alguna radio de frecuencia modulada, o tienen serias interferencias.

Además, algo que me parece muy importante es que los abonados conectados con esta tecnología desconocen que no pueden realizar trasmisión de datos porque con estos equipos no es viable. Los equipos comunes de bajar datos funcionan a 30 Kilobits por segundo y los teléfonos WLL tienen un límite de 4 Kilobits. Por lo tanto, por ese sistema ni siquiera se puede pasar un fax. Quiero aclarar, para ilustración de todos los señores Senadores, que está a estudio por parte de algunas empresas una solución tecnológica. No obstante, el abonado que hoy recibe su servicio, que hizo una solicitud y no explicó qué tecnología quería, porque no sabe, ignora que es imposible utilizar estas líneas para trasmisión de datos.

Además, ANTEL ha realizado una enorme campaña de propaganda -diría que hasta desproporcionada- y no destinó ni un minuto de la misma para informar a los abonados las limitaciones que existían o para decirle por qué tienen el teléfono de adorno es su mesa sin poder utilizarlo. Esto hubiera tranquilizado a los abonados o hubiera servido para que entendieran qué era lo que estaba sucediendo y no saturaran los servicios de reclamo, donde nadie podía acceder.

La implantación de una nueva tecnología, por lo menos en el área de telecomunicaciones, que es de lo que puede hablar porque conozco, siempre requirió un período de prueba, de adaptación.

Como el señor Presidente recordará, aquí hubo un cambio tecnológico revolucionario en lo que se refiere a la digitalización de las centrales. Esto provocó, en un primer momento, serios inconvenientes porque reitero, toda adaptación tecnológica requiere de un período determinado para realizar ajustes. Si bien esto está previsto absolutamente por los técnicos de ANTEL, en este caso no sucedió así. ¿Por qué? Porque el Directorio fijó un plazo y en él, sin ninguna otra opción, se debía implantar esa tecnología, lo que ha general la situación que acabo de describir.

Por estas razones, señor Presidente, me siento preocupada porque pienso que no se trata de implantar una tecnología sólo para cumplir la consigna de "un teléfono por minuto". Quiero aclarar que estoy totalmente de acuerdo con el propósito de solucionar el problema de la demanda insatisfecha, pero no comparto la forma en que esto se ha hecho. Una decisión de esta naturaleza, es política y desde el punto de vista técnico, la considero inadecuada. Esto me lleva a pensar lo que tantas otras veces he meditado y compartido con los integrantes de mi bancada en el sentido de que ahí está la verdadera reforma del Estado. Me refiero a la dirección de las empresas públicas.

¿Por qué ocurren estas decisiones políticas? Porque no se aprobó una reforma del Estado como la que habíamos propuesto -inclusive hay un proyecto de la a estudio del Parlamento- donde las direcciones de las empresas públicas que deben seguir existiendo no sean de reparto político, sino que estén constituidas por técnicos idóneos. Y si hay alguna representación política del gobierno, no debe ser decisiva porque, a nuestro juicio esto es lo que acarrea los mayores problemas.

¿A qué conclusión llego luego de estas reflexiones? Pienso que es necesario apoyar este proyecto de ley por la supervivencia de ANTEL, ya que no hay otra posibilidad. Estamos trabajando en dirección de desarrollo y servicio de una empresa pública uruguaya que va a trascender este Directorio, por eso mantengo la esperanza de que en el futuro los integrantes del mismo y su Presidente corrijan rumbos de beneficios de una empresa que el 72% de los uruguayos definió como parte estratégica irrenunciable de nuestro patrimonio nacional. Esta tiene y tendrá cada vez más la imperiosa necesidad de insertarse en el mercado, por lo menos regional, como lo decíamos en un principio.

Señor Presidente: con estas inquietudes -el control, la información y las decisiones empresariales correctas- daré, entonces, mi voto afirmativo, aunque entiendo que el proyecto será perfectible en el aspecto de los controles; seguramente, será planteado en el Cuerpo un sustitutivo para esta norma.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Obviamente, señor Presidente, no podíamos dejar pasar por alto este proyecto sin hacer alguna consideración, sobre todo porque se trata de reflexiones de carácter político, como no puede ser de otra manera tratándose de un órgano político. Esto nos lleva a plantearnos algunas preguntas. Particularmente, vemos muy bien que el Miembros Informantes sea el señor Senador Ricaldoni, quien además pertenece al Partido Colorado y al Foro Batllista.

Queríamos referirnos, en primera instancia, a lo que públicamente se manejó con este proyecto en cuanto a las manifestaciones del señor Presidente del Directorio de ANTEL, criticando al Parlamento en general por la demora de este proyecto. En realidad, sus manifestaciones no son de recibo porque nuestro sector -y estoy seguro que todo el Partido Nacional aunque no puede hablar en su nombre- estaría dispuesto a votar este proyecto sobre tablas en cualquier momento. Si era conveniente, como todos creíamos, no era necesario que su consideración terminara el 29 de abril.

En cuanto al reproche del contador Lombardo -que no sé a quién está dirigido, si al Parlamento, a la Comisión o a los compañeros- creo que no fue hacia nosotros, porque hoy lo estamos votando en el Senado, cuando hace apenas dos sesiones fue incluido en el orden del día.

No aceptamos el reproche, porque nuestro sector político estuvo siempre dispuesto a votar el proyecto -vuelvo a decirlo- sin que pasase por la Comisión de Constitución y Legislación. No sé si el trámite allí se demoró mucho; quizá el reproche del contador Lombardo esté dirigido a sus miembros o a sus compañeros integrantes de la Comisión, por no ponerlo en el orden del día. Repito que el contado Lombardo no puede hacer responsable de la demora de este proyecto de ley al Partido Nacional, porque actuó con eficacia y estuvo siempre dispuesto a votarlo. Evidentemente, cosas como las que vamos a expresar ahora -y que ya hemos dicho en la Cámara de Representantes- integran nuestra opinión; es natural que así sea.

Queremos decir una vez más que, por elemental coherencia política, nuestros sector político y nuestro Partido está dispuesto a votar este proyecto de ley. Si en el pasado solicitamos, señor Presidente, mediante un proyecto de ley, reformas que habilitaban a hacer esto a ANTEL, evidentemente hoy vamos a votar este proyecto. Además, estuvimos dentro del 28% que se opuso a la derogación del proyecto de ley. Entiéndaseme bien, no estoy llorado por haber perdido. Los que somos realmente demócratas sabemos ganar y perder; en este caso, hemos perdido con luz, en aquel momento aceptamos el fallo y hoy no hemos puesto el tema sobre la mesa. Sí queremos recordar que en aquella oportunidad se cuestionó ese tipo de asociación y, sobre todo, al nivel de porcentaje que existía entre el sector privado y el público. Esperábamos con ansiedad que, luego de haber derogado esos artículos, los sectores políticos que estuvieron de acuerdo con esto instrumentaran algún proyecto alternativo que pudiera corregir lo que les parecía mal en la Ley de Reforma de las Empresas Públicas. Sin embargo, eso no se presentó en su momento ni tampoco ahora. Una vez más decimos que por elemental coherencia vamos a votar este proyecto de ley ¡con las dos manos!

Sin embargo, tenemos algunas reflexiones que hacer, porque ahora resulta que el pirata es ANTEL, que va a asociarse fuera de fronteras. Antes, el problema era que venían otros a asociarse y eso estaba mal. Ahora, ANTEL se disfraza de pirata para asociarse con otra empresa pública o privada extranjera. En los argumentos del Mensaje del Poder Ejecutivo se dice que es para prestar servicios de telecomunicaciones fuera de fronteras -en un país donde buscamos los mayores niveles de integración que podamos tener con la región y también con el mundo- como si esto dividiera y como si, en esta materia, tuviera algún valor el tema de las fronteras. El mensaje dice "directamente o asociada con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras", y más adelante establece: "el cual se presenta en la actualidad como muy rentable". Vale decir que, para ANTEL, va a ser rentable asociarse con una empresa pública o privada en el exterior, y para dicha empresa también lo será. Entonces, la sociedad de ANTEL con otra empresa en el exterior va a ser rentable para ambas, porque nadie se asocia con otro para perder. Existirá una inversión por parte de ANTEL, una suerte de cogestión en lo que pueden ser los nuevos emprendimientos -tanto de ANTEL, como de la empresa privada- y van a ganar los dos. Según expresó el contador Lombardo, hubo una licitación en Brasil pero, lamentablemente, no llegamos a tiempo porque no le dimos a ANTEL las armas como para poder asociarse.

En definitiva, quiero decir que, si esto es válido porque es conveniente para ambas partes asociarse en el exterior -porque van a ganar las dos- ¿cómo no es válido hacia adentro? Podemos pensar que en nuestro país la asociación con otra empresa que cuente con todos los avances en materia de telecomunicaciones también puede ser favorable. Como decía la señora Senadora Dalmás, es importante transitar por este camino, ya que el hecho de no asociarnos podría condenar el futuro tecnológico de la empresa. Me queda una pregunta: si esto es así, quizás hubiera sido conveniente asociarnos aquí adentro para poder tener más fuerza y capital a la hora de hacerlo en el exterior.

Vuelvo a decir -y esta es una de las reflexiones que nos gustaría que se hiciera en el Senado- que, si esto es bueno para ANTEL afuera, también lo es adentro. Si ANTEL va a ganar asociándose afuera, también ganará haciéndolo adentro. Si es un problema de porcentajes -por eso no estoy hablando de la ley de empresas públicas- se hubiera hecho otro proyecto de ley garantizando que la mayoría estuviera en manos del Estado y que un pequeño porcentaje tuviera la posibilidad de la asociación. Tampoco sé en qué forma ANTEL se va a asociar en el exterior, si va a ser en forma mayoritaria o minoritaria. Lamentablemente, perdimos eso; no por culpa del Partido Nacional, que estaba deseoso de que ANTEL y otras empresas públicas hicieran este tipo de inversiones y proyecciones.

Se dice que es bueno que ANTEL se asocie hacia afuera, como si las fronteras tuvieran algo que ver en las telecomunicaciones.

Los otros días leía un reportaje sobre telecomunicaciones en una revista internacional, en el cual se comentaba cómo caían los monopolios en el mundo y cómo, por el avance tecnológico, en aquellos países que todavía mantienen empresas estatales y monopólicas ellas van a desaparecer. La tecnología avanza de tal manera que, quizá, si hoy quisiéramos hacer lo mismo que en 1992 tendríamos muy poco rendimiento, ya que el progreso iría deshaciendo los monopolios, más cuando éstos son estatales. Esto fue parte de la discusión que se suscitó en el pasado y no queremos retrotraernos, con nostalgia, a ella. Frente a este mundo que avanza a pasos gigantescos en materia de telecomunicaciones, decíamos -y ahora también lo decimos- que el Herrerismo, y me refiero únicamente al sector, ha presentado en el Parlamento desde el 1° de marzo de 1995 un proyecto de ley que cambia la estructura jurídica de ANTEL y que, si lo hubiéramos votado en ese año, hoy no estaríamos lamentándonos por lo que dice el contador Lombardo ni votando este proyecto de ley. En el seno de la Comisión de Constitución y Legislación tenemos cinco proyectos de ley que buscan transformar la estructura jurídica de las empresas públicas del estado. No ha sido momento de que esto venga a la discusión política, porque han pasado dos años y meses y no se ha considerado. Si se hubiera tratado en el primero año, seguramente esta empresa hubiera tenido todas las potestades como para asociarse, en el momento que quisiera con quien le conviniera.

Personalmente, participo de las observaciones que ha hecho el señor Senador Mallo con respecto a la letra del artículo único.

Si hubiéramos concedido estas potestades, habríamos podido transformar a ANTEL, al menos, con lo que hace a la posibilidad de que tuviera la liberta de conducirse con la responsabilidad inherente a todo Directorio. Estamos hablando de que el Organismo continuara perteneciendo a todo el pueblo uruguayo, es decir, al Estado, pero funcionando en base a estructura jurídicas que lo liberaran, sobre todo, de excesivos controles, muchos de los cuales no se pueden cumplir, tal como se desprende de este artículo único.

Estamos frente a un proyecto de ley que procura -en la región o fuera de ella- que ANTEL puede asociarse con empresas públicas o privadas cuando, en su oportunidad, tuvimos la posibilidad de votar una iniciativa que está -repito- desde el 1° de marzo de 1995, en la Comisión de Constitución y Legislación. Si se cambiaba la estructura jurídica de este Ente, perfectamente podía estar habilitado a hacer esto. De ahí mis reflexiones y ciertas preguntas que, por supuesto, no pido que se me contesten ahora, entre cosas porque creo que es bastante difícil dar una respuesta. De todos modos, nos sentimos obligados a plantearlas, porque este es una tema al que nuestro sector política le ha prestado especial atención y también ha formulado propuestas.

Decimos una vez más que vamos a votar este proyecto porque somos coherentes con el ayer y con el hoy; no ha cambiado sustancialmente el mundo -ni siquiera el de las telecomunicaciones- como para que nosotros podamos tener hoy una opinión distinta. Si antes decíamos que era conveniente la asociación interna con capitales privados o extranjeros, a los efectos de captar inversión y tecnología, hoy más que nunca apoyamos esta iniciativa que -creemos- posibilita, al menos indirectamente, que ANTEL se asocie con capitales privados del exterior, se nutra de su tecnología y tenga la posibilidad de hacer inversiones, a la vez, allí y en el Uruguay. Naturalmente, no nos referimos a que lo haga del modo a que ha hecho mención la señora Senadora Dalmás -cuyas manifestaciones me parece que nos han asombrado a todos- quien expresaba que el teléfono por minuto ha originado grandes complicaciones y no mejores servicios. Pienso que en la búsqueda de la eficacia es importante no saltearse escalones y con ello provocar mayores problemas que los que, en definitiva, pretendemos resolver. Queremos -y creo que es el sentir de todos los Senadores presentes- que todos los ciudadanos del Uruguay que puedan pagar el servicio telefónico no deban esperar mucho tiempo para tenerlo en su casa. Nos gustaría, pues, que se nos diera una respuesta acerca de este tema por parte de las autoridades de ANTEL. Dado que nos ha preocupado la situación planteada por la señora Senadora Dalmás, rápidamente nos pondremos en comunicación con nuestro representantes en el Directorio, para ver si estas metas son sólo eslóganes de carácter político -lo digo en el buen sentido de la palabra- carentes de respaldo tecnológico, que pueden provocar que a los ciudadanos se les brinden peores servicios que antes.

Estas eran las reflexiones que queríamos hacer en torno al punto.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI.- Quisiera saber si, como Miembro Informante, tengo alguna limitación especial en materia de tiempo para contestarle al señor Senador Heber.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Ricaldoni dispone ahora de cinco minutos y de media hora al final de la discusión, en su carácter de Miembro Informante.

SEÑOR RICALDONI. - Agradezco la aclaración a la Presidencia.

Creo que, en todo caso, esto debería ubicarse dentro de lo que puede ser la contestación a una alusión política. En ese sentido, entonces, quiero señalar al señor Senador Heber que, en realidad, no es tanto el tiempo que ha transcurrido desde la promulgación de la Ley de Empresas Públicas ni tanto -aun siendo menor- el que corrió desde la oportunidad en que la ciudadanía derogó algunas de las normas contenidas en ella.

Concretamente, el Foro Batllista votó en general esta ley, trabajó a la par de los que más lo hicieron en la Comisión durante muchos meses y, también, sostuvo que algunas de las disposiciones eran altamente inconvenientes para los intereses del país. Quizá la juventud de nuestro amigo, el señor Senador Heber, le haya hecho olvidar algunas cosas que aparecían en aquel proyecto de ley, que en un momento determinado llegó a ser ley, pero que luego fue corregido por la vía de las supresión de algunos artículos -repito- a través del mecanismo del referéndum.

Ante todo, debo recordar al señor Senador Heber que este proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes el 3 de febrero de este año. Quiere decir que, luego de casi tres meses, pasó por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y, gracias al esfuerzo de todos -incluido el Partido Nacional, por supuesto- hoy lo estamos tratando aquí.

Por otra parte, quiero decir que hay algunas características de este proyecto -que consta de un solo artículo- que, precisamente, no tenía la Ley de Empresas Públicas. Por ejemplo, en dicha ley el Poder Ejecutivo no autorizaba, sino que aprobaba; tenía menos poderes y había, digamos, mayor permisividad para la gestión de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Sin saber de esta interesante intervención del señor Senador Haber, yo recordaba que, de acuerdo a los textos constitucionales, hay contralores -que creo son irrenunciables, no sólo constitucionalmente sino también jurídicamente- por parte del Poder Ejecutivo y del Parlamento.

Quizá inconscientemente algún Diputado del Partido Nacional hayas puesto tanto entusiasmo junto a sus pares colorados y otros, que cayó en la redundancia de hablar de "autorización previa", tema sobre el cual no me voy a extender, tal vez, porque a veces estas cosas quedan y pasan a formar parte de un reflejo casi mecánico, cuando se dan circunstancias que, en el error o en el acierto, pueden interpretarse como parecidas.

Aquí no hay aprobación del Poder Ejecutivo, sino una autorización previa; hay una información al Parlamento y también una intervención del Tribunal de Cuentas, tan importante, que algunos de los aquí presentes podrían entender que el proyecto de ley fue más allá de lo que establece la Constitución al fijar un contralor hasta de eficiencia por parte de ese Organismo.

El artículo 10 de ese proyecto contenía una norma que modificaba el artículo 4° de la Ley Orgánica del Ente, en virtud de lo cual algunos de los aquí presentes, que inclusive participamos en un debate televisivo -recuerdo que así lo hicimos el señor Senador Pereyra y quien habla, en Canal 5- dijimos en más de una oportunidad -quizá en forma involuntaria, pero nunca se reconoció el error- que esta ley establecía que se podían asociar capitales de una determinada manera, reservando un 40% a ANTEL, además de la participación nacional. También sostuve que, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Sociedades Comerciales, N° 16.060, los capitales uruguayos podían consorciarse con extranjeros para ser mayoría accionaria y que, en definitiva, eso iba a dar lugar a que se desvirtuara lo que a primera vista era retener en manos uruguayas el contralor de la empresa. Se me dijo que estaba equivocado, pero luego se dictó un decreto reglamentario -que, supongo, muchos lo recordarán muy bien- en el que, por las dudas, se decía expresamente que los accionistas se podían consorciar. Entones, esto y aquello sólo tienen que ver en cuanto a que tratan del tema de la telecomunicaciones, pero el punto de partida el criterio, la filosofía que inspira este proyecto en modo alguno, ni de cerca, parece el actual.

Por lo tanto -conozco el sentido del humor del señor Senador Heber y me he divertido mucho escuchándolo- acepto la humorada, pero aclaro que no tiene nada que ver una cosa con la otra.

En consecuencia, ni los Diputados -hace unos meses- ni los Senadores del Foro Batllista nos estamos contradiciendo.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Obviamente, vamos a resistir la tentación de reeditar un debate de fondo sobre el tema de las privatizaciones y del papel del Estado en la operación de algunos servicios públicos en situaciones tan particulares como las que tienen nuestro país por el tamaño y las características de su mercado y por la necesidad de que opere el Estado como actor central, de manera de asegurar cantidad y calidad de servicios que, muy rara vez, podrían ser asegurados -dado el tamaño de nuestro mercado- mediante la libre competencia de empresas. Reitero que vamos a resistir esa tentación.

Simplemente y a título complementario de las respuestas que ha dado el señor Senador Ricaldoni, quiero agregar que me alegra mucho que la empresa ANTEL no corriese -lo que podía haber sucedido- el destino de otras compañías telefónicas privatizadas o vendidas a empresas públicas extranjeras durante ese mismo período en esta región.

Digo esto porque, en primer lugar, la gestión de la empresa pública uruguaya fue, es y probablemente continúe siendo notoriamente superior a la que introdujeron en los países vecinos esas empresas públicas extranjeras en la administración de los servicios locales.

En segundo término, en aquel momento entendimos y lo seguimos haciendo, que una de las razones por las cuales la telefonía se desarrolla en el Uruguay, en la época, en la velocidad y en el volumen en que lo hace, es que en este país siempre se la consideró un servicio básico y esencial para las familias. El haber tomado en su momento la determinación de que era un servicio básico y esencial para las familias permitió un desarrollo como el que tuvo la telefonía, tan asociado a los procesos de integración nacional, geográfica y social.

Además, señor Presidente, nos alegramos mucho de que en aquel momento no se hubiese procedido con precipitación en relación a temas que entonces parecían absolutamente imposible como, por ejemplo, la venta parcial de los paquetes accionarios. Muy poco tiempo después, en el caso de Perú, se demostró que ello se podía hacer multiplicando por cinco o seis los precios que empresas públicas externas habían pagado por empresas públicas nacionales en América Latina.

Al mismo tiempo, sostuvimos y sostenemos que la escala uruguaya para el desarrollo de la telefonía básica habilitaba a que nuestro país, con lo que esa empresa podría producir -mejorando su gestión- tuviera condiciones para adquirir la tecnología que nos permitiese hacer la revolución digital. Asimismo, podíamos incorporarnos, mediante la participación de empresas privadas, al desarrollo de todas las tecnologías y servicios periféricos como el de la telefonía celular. En este sentido, luego de haber licitado una banda y contrariamente a los términos de esa misma licitación, se logra que la misma Administración que había propuesto la privatización se quedase con la segunda banda, empezando a competir desde el Estado con la que había privatizado. Esto, a mi juicio, no hace más que confirmar hoy la razón que teníamos cuando decíamos que privatizar era mal negocio y no le convenía al país.

Esto, por cierto, no es una cuestión de credo; estimo que progresan los países que tienen inteligencia para examinar los temas a partir de principio básicos y la valentía de asumir la novedad cuando ello es necesario, pero también de rechazarla cuando, además de innecesaria, pueda ser inconveniente y peligrosa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Me han llamado de excesivamente joven, de apresurado o de risueño para plantear estos temas que, indudablemente, dividieron al país.

En lo personal, me habría gustado que lo hubieran dividido en forma más pareja; pero no fue así, y aclaro que no estoy hablando de la Ley de Empresas Públicas. Sin embargo, ambos señores Senadores se han referido a lo que ella establecía. Pero yo hice otro tipo de reflexiones. En concreto, dije que ahora se plantea una sociedad en el exterior en donde va a ganar ANTEL, y en ese sentido pregunto por qué no acá. Sé que es difícil que se me responda para mantener una línea de coherencia. Se nos reprocha mencionando otra incoherencia por parte de la Administración y entonces decimos: ¿qué podía hacer una Administración cuando había tenido semejante señal de la población que respondió con un resultado demás del 70% contra un 28% en el plebiscito? Solamente podía aceptarla y trabajar en ANTEL para mejorar su posición. En este aspecto, creo que la gestión de la Administración anterior en ANTEL fue tan excelente que le dio la posibilidad, en la actualidad, de cumplir con muchos de los requisitos que hoy se plantean.

No quiero alargar la discusión. Las reflexiones que hice están relacionadas con otro proyecto de ley que se podía haber tratado, pero que no fue presentado porque no hubo voluntad, como tampoco la hay hoy en día en cuanto a cambiar el marco jurídico de las empresas del Estado para que estas puedan asociarse, trabajar y competir más eficazmente de lo que lo hacen en la actualidad.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ARISMENDI .- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Apelo a este método para hacer un brevísimo comentario que no suponga continuar con la cadena de alusiones y respuestas a las mismas, en la medida en que integro un Partido que fue columna vertebral de oposición a la Ley de Empresas Públicas, lo cual seguimos celebrando hoy. Esta celebración seguirá confirmándose en el futuro, ya que seguimos teniendo en el Uruguay a una de nuestras principales empresas desde muchos puntos de vista.

Sólo quiero decir que la asociación que propone este proyecto de ley que estamos analizando para que ANTEL pueda desarrollar negocios en el exterior, es absolutamente imposible plantearla dentro de fronteras por una razón muy sencilla. La telecomunicación en un país como el Uruguay es un monopolio natural y aquí nadie vendría a asociarse con ANTEL si ésta no renuncia o enajena una parte sustancial de su patrimonio, que es lo que estaba planteado en la Ley de Empresas Públicas y lo que rechazó el pueblo uruguayo el 13 de diciembre de 1992.

En este proyecto de ley ANTEL se asocia en el exterior sin enajenar ninguna parte de su patrimonio y eso no lo puede hacer adentro porque, repito, no podríamos encontrar a nadie interesado en asociarse con una empresa que sigue manteniendo la totalidad de su patrimonio en el sector público.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: estamos siguiendo con mucha atención la discusión que se está llevando a cabo en la Cámara de Senadores. Nos consta, por lo que nos trasmitieron nuestros compañeros integrantes de la Comisión, que en ella este tema tuvo un tratamiento sumamente rápido, y pienso que las explicaciones que dio el señor Miembro Informante con respecto a los intercambios de opiniones y alusiones al Parlamento Nacional que ha efectuado el Presidente Lombardo, deben ser trasmitidas directamente al Directorio de ANTEL y al propio contador en persona, señalando las causas de la demora y diciendo por qué aparentemente ese famoso negocio fue perdido como consecuencia de la lentitud del Parlamento Nacional.

Creo que hoy no tenemos ese problema; por las propias declaraciones del Directorio del Ente, ese negocio no es el que no presiona y nos impulsa a aprobar rápidamente y con imperfecciones un proyecto de ley de la trascendencia del que tenemos a consideración.

(Ocupa la Presidente el señor Senador Luis Brezzo)

-Por otra parte, podríamos preguntarnos -creo que ha sido parte de los cuestionamientos e interrogantes que se han planteado aquí y en Comisión- si, transitando por el camino del artículo 188 de la Constitución de la República, no hubiera sido posible realizar ese negocio. Sé que sobre esto podría abrirse un debate jurídico en el que, naturalmente, no voy a incursionar porque no es mi especialidad, pero creo que desde el punto de vista político es indudable que de haberse transitado por ese camino, se estaría demostrando lo innecesario de la urgencia y la velocidad para aprobar un proyecto de ley cuyo informe de la Comisión -lo confiere- me sorprendió porque, con excepción del señor Miembro Informante y de otro señor Senador, todos firmaron con salvedades.

Por lo tanto, daría la sensación de que esta iniciativa merecería un mayor estudio y de que, por la trascendencia de lo que aborda, debería ser objeto de un perfeccionamiento porque, en definitiva, en el tema de las comunicaciones está en juego, nada más ni nada menos, que el tema de la soberanía. Por tanto, nos parece que no es un asunto menor.

Comparto totalmente las preocupaciones y las expresiones vertidas por el señor Senador Mallo cuando se refirió a la responsabilidad del Parlamento y del Senado, pero también estoy de acuerdo con lo que señalaba mi compañera, la señora Senadora Dalmás, en cuanto a que uno puede asumir ese compromiso en la medida en que sabe sobre qué está determinando y definiendo y cuáles son los elementos e información que se nos brinda para tomar una posición y un punto de vista fundado para, sobre esa base, poder actuar con absoluta responsabilidad. En este sentido, podríamos enumerar incontables hechos; el señor Senador Mallo se refirió al Presupuesto Nacional y yo no quisiera hablar aquí, porque no viene a cuento, acerca de lo que significa haber votado una reforma educativa dentro de tres artículos del Presupuesto. Pongo este ejemplo porque es un gran tema que hace a la vida del país. Esta es la responsabilidad del Parlamento y la que nos cabe como Cuerpo y a cada uno de nosotros en particular, ella está dada por mandato constitucional y también por mandato del soberano al que respondemos. Me refiero a quienes nos enviaron aquí suponiendo que íbamos a representar precisamente los intereses de las grandes mayorías del país en su conjunto.

Por eso pienso que el argumento de la urgencia y de la imperiosa necesidad de aprobar un proyecto de ley sin modificaciones en una segunda Cámara -que para algo está- actualmente se cae en virtud de las propias expresiones de los integrantes del Directorio de ANTEL y por todos los pronunciamientos públicos que ha hecho el contador Lombardo en cuanto medio de comunicación se le cruzó por delante.

Por lo tanto, al constatar que este proyecto de ley adolece de imperfecciones -tal como lo han dicho todos, comenzando por el propio señor Miembro Informante, aclaro que con mucha responsabilidad y seriedad, como lo hace siempre- y de algunas deficiencias, nuestro deber sería corregirlo y luego enviarlo a la Cámara de Representantes.

¿Cuál es la razón por la que este Cuerpo se amputa a sí mismo ciertas potestades? ¿Cuál es el motivo por el que la segunda Cámara -en este caso el Senado- resigna su responsabilidad de trabajar como tal y decir que hay aspectos que mejoran y elementos que perfeccionar? Aspiramos a que se corrijan estos aspectos en muchos de los cuales, aparentemente, hay acuerdo.

Por otro lado, pensamos que los vaivenes que ha tenido la discusión en la Cámara de Representantes en torno a este proyecto de ley plantean algunos problemas, interrogantes y grandes preocupaciones. Confieso que tengo muchas esperanzas -aclaro que no estoy polemizando con mi compañera, la señora Senadora Dalmás- pero a la esperanza hay que ayudarla y hay que trabajar para que se haga realidad en el futuro, ya sea a corto, mediano o largo plazo.

No soy desconfiada a priori, pero en el mundo actual suceden muchas cosas. Todos tenemos claro que cuando se legisla no se lo hace para el Gobierno o el Directorio de turno, ni para quienes estamos aquí; nosotros nos iremos y muchas de las leyes que hemos votado van a perdurar por años, marcando la vida del país y a veces teniendo una incidencia de difícil retroceso. Hemos asistido, por ejemplo, a transformaciones que se han efectuado por vía de la ley; también nos sucedió a la salida de la dictadura que había muchas cosas que hubiéramos querido cambiar, pero no podíamos porque ello habría generado problemas de fondo, y había que ir superando paso a paso todo aquello que fue instaurado en dicho período.

En consecuencia, una de las preocupaciones que nos aqueja es que, más allá de los distintos ajustes que ha tenido este proyecto de ley en la Cámara de Representantes que ahora se nos pone a consideración, existe un tema central. Si ampliamos facultades, tal como se plantea en esta iniciativa, necesariamente debemos ampliar, perfeccionar los controles. Y lo tenemos que hacer de tal manera que el Parlamento no desista por ley de las atribuciones que tiene por mandato constitucional.

Como dije, estamos ante un tema de gran trascendencia que plantea muchas interrogantes y estoy segura de que muchos de los señores Senadores que saben más acerca de asuntos de esta naturaleza podrán brindar las explicaciones necesarias. Pregunto si cuando se suscribe un convenio o un acuerdo e ingresa al Derecho Privado del país donde se va a realizar determinado negocio o prestación de servicios, el Estado puede exigir la responsabilidad política a quienes lo firmaron. ¿Está en condiciones el Estado uruguayo, en la salvaguarda del patrimonio nacional que está en juego, de intervenir en función de esas leyes de los países en los que se comienza a prestar servicios en forma directa o asociada?

Por otra parte, pienso que los controles resultan imprescindibles y siempre tienen que ver con la transparencia y cristalinidad del Ente. No voy a hablar de experiencias recientes en el mundo y en el Uruguay con respecto a la corrupción, pero efectivamente, en la medida en que haya publicidad de los negocios a realizar y cristalinidad en la gestión que se efectúa, en tanto haya un control obligatorio y público que realmente dé noticias e información sobre lo que se está realizando, se podrán evitar posibles inconvenientes, perturbaciones y problemas de otro tipo -negocios ocultos o corrupción- que hoy son tan dominantes. Por lo tanto, estamos hablando de un tema vinculado al control, pero a su vez estamos hablando de preservar el patrimonio del Ente, lo cual significa preservar el patrimonio del Estado. No me parece que este tema esté bien resuelto en el proyecto, y lo digo con el total respecto que me merece el trabajo intenso que, según me consta, se hizo en la Cámara de Representantes para buscar afinar controles y perfeccionar mecanismos. En el mes de febrero esto se aprobó corrido con el poncho de la urgencia de determinado negocio que había que hacer, lo que llevó a que haya imperfecciones y cosas que no estén tan netamente especificadas.

Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que no se va a ver afectado el patrimonio? Por un lado, podemos pensar que el patrimonio se puede reducir, verse afectado o dañado; por lo tanto, allí surge el tema de los controles. Sin embargo, si felizmente, en lugar de restringirse o verse afectado, el patrimonio se amplía, me pregunto si no entraríamos en contradicción con lo que establece el primer inciso del artículo 188 de la Constitución.

Entonces, creo que estamos trabajando sobre un terreno que nos obliga a ser mucho más prolijos; no quiero decir mucho más responsables, porque no me gustaría que alguien pensara -esa no es mi intención- que estoy diciendo que no se ha hecho un trabajo responsable. Simplemente, digo que la precisión y la rigurosidad en este tema son muy importantes. Los alemanes tienen un refrán que dice que confiar está bien, pero que controlar es mejor. Creo que, en ese sentido, debemos asegurarnos, precisamente, de que no existan posibilidades de que el patrimonio del Ente se vea afectado.

Por otro lado, esas formas societarias que se establecen a partir de este proyecto que estamos considerando, más allá de la inversión, involucran la responsabilidad del Ente y también la del propio Estado. El Ente y, por lo tanto, el Estado -el pueblo uruguayo, que es quien paga, en última instancia, como siempre- están obligados a responder con su patrimonio, En consecuencia, considero que hay algunos aspectos que debemos afinar. Considero que en la Cámara de Representantes se avanzó en ese sentido, pero el problema es que entre la discusión que tuvo lugar en esa rama parlamentaria y la que se está dando ahora en el Senado, pasó el tiempo y sucedieron cosas. Cuando ocurre esto en un período tan corto de tiempo, uno de preocupa y dice: "¡Pero caramba! Yo estaba tan segura de que cuando se dice ‘comunicará a la Asamblea General la Reforma del Estad’´, esa palabra ‘comunicar’ significaba que aquélla podía opinar, informarse, discutir, instaurar sus Comisiones y, en definitiva, incidir". Sin embargo, ahora me entero que eso, por hecho o por derecho, no se cumple. Entonces, hoy ya no me alcanza con que se hable de comunicar a la Asamblea General. No dudo del espíritu, pero quiero que esto se plasme en el texto legal. Este proyecto dice que el Poder Ejecutivo comunicará a la Asamblea General los emprendimientos que en forma directa o asociada hayan sido acordados por ANTEL, y me pregunto para qué lo va a comunicar. ¿Para que la Asamblea General no tenga número? ¿Para que las Comisiones de la Asamblea General no se reúnan? ¿Para que no se envíe el texto a las Comisiones correspondientes para su discusión? ¿Para informarnos y enterarnos? Está bien, pero si se quiere ampliación de información, si se quieren más detalle y si se desea opinar o incidir, ¿es posible hacerlo? Desde febrero, cuando se votó el proyecto en la Cámara de Representantes hasta hoy, que lo estamos discutiendo en el Senado, me enteré de que "comunicará a la Asamblea General" no quiere decir absolutamente nada, no da garantías de nada.

Por lo tanto, aspiraría a que también se modificara y se determinara de una manera mucho más precisa que el dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas se enviará a la Asamblea General con destino a las Comisiones respectivas para su discusión y opinión. Lo digo a modo de ejemplo, a fin de perfeccionar el proyecto desde ese punto de vista. En pocos meses hemos aprendido -más allá del espíritu y de la intención de quien redacte o apruebe estos textos- que la vida dice que "comunicar a la Asamblea General" no significa nada. El contador Davrieux dijo que "comunicar" quería decir precisamente eso, "comunicar", y entérese y aguántese, si no le gusta. El lo dice de una manera más refinada que yo, pero no mucho más. Desde el punto de vista político, no es demasiado más fino lo que le comunica al Parlamento, lo que le dice a la Asamblea General.

No debemos olvidar que los plazos son urgentes. Estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de actuar en este mundo y en estas comunicaciones que se transforman y de adaptarnos a los ritmos acordes con las revolución científico-técnica; pero también necesitamos que con prioridades y brevedad en los plazos estipulados, haya contralor previo y urgente de los convenios, así como que existan condiciones mínimas que aseguren que el patrimonio nacional, por esta vía, no se va a ver afectado. Queremos que haya posibilidad de que esto tenga la mayor difusión, transparencia y publicidad posible, de forma que la sociedad uruguaya -que es la dueña de este patrimonio- pueda seguir con atención lo que se hace con los dineros públicos, con sus bienes, con su patrimonio.

Por otro lado, en el proyecto tampoco se establece cuáles son los montos que se pueden comprometer. ¿Se puede comprometer todo, en un negocio que, quizás por error -a causa de esas leyes del mercado que, según se nos aduce siempre, son las que mueven el mundo de manera objetiva, como las leyes de la naturaleza, fuera de nuestro control y voluntad- puede salir mal?

En consecuencia, señor Presidente, mi intervención apunta a señalar que tenemos entre manos algo demasiado delicado como para considerarlo con prisa que, por otra parte, hoy no tenemos. Entre la aprobación por parte de una Cámara y la otra sucedieron hechos que nos muestran que aquellos controles que encontráramos adecuados, que aquel artículo aditivo que nos pareció bien -y sobre el que nuestros Representantes trabajaron intensamente para que fuera aprobado e incorporado- no alcanza. Considero que debemos trabajar para perfeccionar este proyecto con tranquilidad y enviarlo con toda las urgencias del caso a la Cámara de Representantes.

Señor Presidente: ¡aquí somos todos grandes! Si hay una mayoría determinada para votar un proyecto y hay voluntad política, las velocidades las imprimen quienes levantan la mano y tienen los votos. En consecuencia, la responsabilidad de las velocidades no es globalmente del Parlamento Nacional ni del conjunto de sus integrantes o de la institución, aunque ha sido atacado muchas veces en ese sentido. Entonces, si hemos visto entrar y salir como meteoritos algunos proyectos que interesaba que fueran aprobados, creo que también podemos hacer un trabajo preciso con respecto a este tema y devolverlo a la Cámara de Representantes a la luz de la nueva realidad.

10) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Segovia solicita licencia los días 5 y 6 de mayo próximo."

-Léase

(Se lee:)

"Montevideo, 29 de abril de 1997.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente.

Sr. Presidente:

Por la presente solicito licencia los días 5 y 6 de mayo, a los efectos de acompañar la delegación que concurrirá a la ciudad de Rivera con motivo de la visita de Estado del Presidente de la República Federativa de Brasil Sr. Fernando Henrique Cardoso, por invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, solicito se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

Albérico César Segovia. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Oportunamente se comunicará al suplente, señor Víctor Semproni.

11) ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- Continúa la discusión general del proyecto de ley por el que se faculta a ANTEL a prestar servicios de telecomunicaciones fuera de frontera.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: deseo señalar que el Nuevo Espacio votó en contra este proyecto de ley en oportunidad de su tratamiento en la Cámara de Representantes.

A propósito, queremos expresar que intervinimos en la Comisión que trató el tema -pese a que no la integramos- donde dimos nuestros argumentos en contra, que trataremos de fundamentar brevemente a continuación.

Naturalmente, estamos de acuerdo en que ANTEL pueda hacer buenos negocios dentro y fuera de fronteras, ya sea bajo la normativa vigente o con una más amplia. El tema es si esta normativa que estamos ampliando contiene los controles necesarios para que las inversiones que se realicen estén acordes con el objetivo que se persigue, que en definitiva es el beneficio del Ente.

Pensamos que los controles previstos no son los correspondientes. No creemos que en treinta días el Poder Ejecutivo pueda dar una opinión fundada; no la puede brindar ahora y no tiene una oficina especializada. Además, el Ente ANTEL es juez y parte cuando se prestan servicios como el de la telefonía celular, que él otorga con muy buen rendimiento, al igual que otras empresas; pero no hay un Ente regulador al respecto que pueda asesorar al Poder Ejecutivo sobre esta temática.

Por lo tanto, no existe ni se crea mecanismo alguno en este proyecto de ley que permita realizar una evaluación en tan poco tiempo, salvo que se consulte a los técnicos de ANTEL y, por ende, a quienes elaboraron la propuesta de acuerdo de negocios con el exterior para que den una opinión fundada al Poder Ejecutivo.

Reitero que hoy dicho Poder no tiene ningún mecanismo eficaz y eficiente para saber si los proyectos de ley que le eleva ANTEL son buenos o malos. Menos aún los tiene la Asamblea General, que en siete días -si mal no recuerdo- tiene que dar respuesta a la comunicación que remite el Poder Ejecutivo en función de los convenios que el Ente patrocina.

Es más; si llegáramos a la conclusión de que la señora Senadora Arismendi no tiene razón -que sí la tiene con respecto a que la Asamblea General no se reúne, cuando por ley se la faculta a ello, por ejemplo, para considerar el proyecto de reestructura- cabe preguntarse qué puede evaluar en siete días la Asamblea General. Es decir, ¿puede saber si son buenos o no los negocios que va a hacer ANTEL fuera de fronteras, así como las asociaciones que plantea?

Inclusive, si la Asamblea General emitiera un pronunciamiento, ¿en qué condiciones estaríamos los Legisladores de manifestarnos acerca de si son buenos o malos los negocios que plantea ANTEL? Además, si estuviéramos preparados, ¿es bueno o es malo que los Legisladores opinemos sobre los negocios que están realizando los Entes públicos? Digo esto teniendo en cuenta que ahora sería, en cierta medida, parte interesada en las asociaciones que puedan hacerse fuera de fronteras, que estarán golpeando en los pasillos de este Parlamento y haciendo "lobby" respecto a con quién debemos asociarnos y con quién no.

Advierto que no estoy de acuerdo con esta idea. Esto no tiene nada que ver con el marco regulatorio, que es algo diferente, porque se vincula a un tema interno del país, por el que está perdiendo un dinero muy importante. Concretamente, se trata de una mayor competencia y de la desmonopolización de ciertas áreas del Estado de beneficio de los ciudadanos.

Se dice que si no hacemos un marco de escala, no vamos a acceder a la tecnología. En ese sentido, pregunto: ¿no hemos accedido a la tecnología, cuando se ubica al Uruguay como uno de los países que tiene mayor porcentaje de telefonía per cápita, con una telefonía celular realmente importante y con un acceso a Internet que nos coloca como el segundo en el mundo? A esto cabe agregar el ingreso a la fibra óptica, con porcentaje per cápita muy importante, a tal punto que, salvo algunos Estados de América del Norte, difícilmente pueda encontrarse un país así.

Reitero, ¿cómo es posible que se diga que si no logramos un marco de escala, no accedemos a la tecnología? lo estamos haciendo. Si fuera cierto que no accedemos a la tecnología, ¿por qué no se habilita a ANTEL a que, junto con otras empresas de diverso tamaño, pueda asociarse para adquirir tecnología? ¿Tiene o no que hacer todo el procedimiento de asociarse con otras empresas para incorporarla? Debemos tener presente que la tecnología avanza a un ritmo tal que nadie puede garantizar que en el futuro, ANTEL y las asociaciones que haya hecho en el exterior, no caigan porque, entre otras cosas, se inventaron mecanismos que permiten al ciudadano de este país, o de cualquier otro, comunicarse sin tener que pasar por la red telefónica correspondiente.

Entonces, no creo el argumento de que necesitamos un marco de escala y que en esto le va la vida o la muerte a ANTE. Digo esto teniendo en cuenta que el marco es el tecnológico y que todos los días nos da sorpresas.

Por supuesto que no estoy atacando la gestión del Presidente del Ente, contador Lombardo, porque me parece muy bien que se le entreguen teléfonos a la gente, así como también que se fijen plazos para ello. Los Directores dicen que deben cumplir porque, de lo contrario, tendrán multas. Me parece esencial que, de una vez por todas, se le diga al ciudadano que si en cierto plazo no se cumple, él tiene razón. Cabe recordar que antes ANTEL demoraba hasta catorce años en colocar un teléfono. Esto es independiente de que los marcos tecnológicos impliquen problemas y complicaciones, que los habrá, pero afortunadamente el ciudadano accede ahora a un teléfono sin tener que acudir al político ni pagar una coima para que se le instale el servicio.

Cabe agregar que esta medida afecta al patrimonio de ANTEL y lo compromete. Quizá esto ocurra para bien y tenga razón los señores Senadores que apoyan esta iniciativa. A nivel tecnológico, por más que se realicen malas inversiones, difícilmente le vaya mal a ANTEL, aunque los riesgos siempre están.

Además del tema patrimonial, también resulta afectada la tarifa porque siempre habrá una nueva inversión en el exterior que va a repercutir en su costo. Lo mismo le ha sucedido a UTE que, por constituir el socio minoritario, tiene que cumplir cuando le dicen que debe invertir más capital, salvo que se retire. Esto no es fácil cuando se trata, por ejemplo, de invertir en represas hidroeléctricas.

Como decía, el costo de las tarifas se ve afectado, aunque sé que el Ente está haciendo esfuerzos para reducirlas, porque ello permite un mejor nivel de competitividad del país en todos los otros rubros.

Hoy, el comercio internacional, a nivel del ANTEL, pasa por tarifas bajas. Además, tratándose de una de las empresas que más invierte y que está mejor preparada en América Latina, a nivel tarifario deja mucho que desear. Al respecto, se está haciendo un esfuerzo, que fue anunciado por ANTEL, pero a pesar de ello nosotros desearíamos que el mismo fuera más importante, y en vez de invertirse en el exterior, se profundizara lo que se hace aquí. En este sentido, se me puede decir que el mundo está tan globalizado que necesita respuestas, pero considero que ese es un punto de vista menor. Preguntaría si la coalición va a usar como respuesta a la globalización de la economía a nivel de las empresas públicas -en este caso, ANTEL- este proyecto de ley, porque entonces creo que se estaría reconociendo tener pocas aspiraciones. Como sé que en este caso tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional tienen importantes aspiraciones en cuanto a este tema, no puedo reducir los proyectos políticos solamente a esta iniciativa.

Por lo tanto, habría que estudiar más este tema, aunque no en el sentido que expresan los términos incluidos en el proyecto, como ser, "previa" o " eficiencia", sino en lo que tiene que ver con qué hacemos con las empresas públicas. Al respecto, nosotros hemos votado asociaciones internas a nivel de ANCAP, y creemos que eso es bueno. Además, hay controles, y el Tribunal de Cuentas funciona bien, cosa que estamos viendo todos los días.

Repito que en este caso no habría problemas. Sin embargo, ¿qué pasa con las asociaciones en el extranjero? ¿Cuáles van a ser los controles? En ese sentido, creo que debemos encontrarlos, si queremos saber rápidamente qué está pasando. Por ejemplo, parecería lógico que el marco regulatorio de las telecomunicaciones estuviera pronto, y que no sea ANTEL la que plantee sus proyectos y luego informe al Poder Ejecutivo que los mismos son buenos.

Por otro lado, aspiraría -aprovecho a que el señor Senador Hierro López me está escuchando- a que la ley anticorrupción planteada por el propio Gobierno fuera aprobada cuanto antes. Esto eliminaría una de mis dudas generada, como siempre, por estas urgencias que no están vinculadas, por supuesto, a este Directorio. Eso nos daría tranquilidad porque este tema estaría, de todas formas, salvado. Digo esto porque el país tendría en otro marco, en otra dirección y en otro mecanismos, un elemento muy fuerte.

Quizás, ha habido algunas discusiones con respecto al tema vinculado a la Comisión de Transparencia o al Tribunal de Cuentas pero, señor Presidente, considero conveniente que aprobemos una ley que permita que se avance, que podría estar incluida dentro de la órbita del Poder Judicial. En definitiva, señor Presidente, creo que es necesario que avancemos en este aspecto. En este sentido, no hemos progresado ni siquiera a nivel departamental, ya que en la Intendencia Municipal de Montevideo presentamos un Proyecto de Decreto Cristal que tampoco ha sido aprobado. Entonces, no encontramos voluntad -aunque sé que el señor Senador Hierro López está poniendo todo su esfuerzo- para que se hagan las cosas bien en lo que tiene que ver con esa preocupación ciudadana. Por lo tanto, señor Presidente, creo que podríamos estar creando un marco distinto. Haciendo una reflexión global sobre las empresas públicas y las telecomunicaciones -como lo hacía el señor Senador Batlle en otra ocasión- y sobre quiénes juzgan los proyectos, digo que no es el Parlamento quien debe hacerlo. Tampoco es el Parlamento el Tribunal de Alzada al que acuden las empresas a golpear para decir si es bueno o malo tal o cual proyecto. Digo esto, porque si en estos siete días uno de esos proyectos no tiene andamiento, puede plantear asociaciones con otros. ¿Y somos nosotros los que los vamos a juzgar? No, señor Presidente. Considero que es conveniente que esa tarea la realice un Ente independiente, que los profesionales correspondientes pongan la cara y que nosotros los juzguemos. Se trataría de un Ente regulador que controlaría, además, toda la política de telecomunicaciones. Esto es lo que corresponde y es lo que se establece en el marco energético, es decir, un Ente regulador distinto. Por otra parte, UTE hará lo que tenga que hacer, pero la controlaremos con gente que tenga el conocimiento y la experiencia necesaria.

Después, señor Presidente, tenemos el tema de las tarifas. Al respecto, sé que aquí hay varios señores Senadores que comprenden bien este asunto. El Directorio de ANTEL está planteando una importante rebaja de tarifas y, personalmente, he felicitado a los responsables. Sin embargo, por nuestra parte queremos ser más exigentes, porque se le cobra mucho al ciudadano y ahora se la va a exigir no solamente para efectuar inversiones en el país, sino también para hacerlas fuera. Al respecto, me pregunto por qué. Démosle a todos los empresarios, trabajadores y, en general a toda la gente, telecomunicaciones accesibles y que el acceso a Internet también lo sea. ¡Vaya si el país tendría un motor de desarrollo independiente de lo que pueden ser, quizás no para este Directorio sino para los futuros, las inversiones que mañana pueden llegar, por qué no, a Africa! Entonces, tendríamos empresas multinacionales de Uruguay, que es un país de tres millones de habitantes.

Al respecto, es bueno saber qué somos y ponernos en nuestro lugar. Somos un país maravilloso. ¿Vamos a tener a nuestras multinacionales invirtiendo en Africa, Angola, Mozambique, en los países Arabes o en algunos Estados de Brasil? Si me convencen de que los controles son buenos y de que no va a haber problemas, quizás esté de acuerdo. Sin embargo, señor Presidente, no es el Parlamento el que debe efectuar esos controles.

En el marco regulatorio de UTE creo que las cosas son distintas, porque lo que estamos pidiendo es que se invierta en Uruguay, que se formen empresas hidroeléctricas o de gas para producir energía que hoy le estamos comprando a la Argentina. Además, los uruguayos estamos pagando impuestos y salarios argentinos. En definitiva, quiero que se invierta aquí y que el Uruguay tenga una sobreproducción de energía y la venda a los otros países, junto con nuestros salarios e impuestos.

En resumen, señor Presidente, como no estamos convencidos, vamos a votar negativamente este proyecto de ley.

12) REFORMA DEL ESTADO

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- Ha llegado una moción de orden a la Mesa.

-Léase

(Se lee:)

"Señor Presidente de la Cámara de Senadores, Don Hugo Batalla.- Por la presente solicito al Cuerpo, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 170 y la referencia al artículo 70, me autorice a realizar una exposición de diez minutos vinculada al tema Reforma del Estado que, como es sabido, comenzó a ingresar al Cuerpo con fecha 3 de abril del corriente año. Firma el señor Senador Cid."

-Por tratarse de una sesión extraordinaria no hay media hora final; en consecuencia, debe votarse si se incorpora al orden del día lo propuesto en la moción.

Se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda incorporada la exposición al orden del día de la sesión de hoy.

13) ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- Continúa la discusión del proyecto de ley por el que se faculta a ANTEL a prestar servicios de telecomunicaciones fuera de fronteras.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: creo que en el tratamiento de este proyecto de ley han surgido muchos temas. Al respecto, quiero decir que nosotros comprometimos un acuerdo base en la Cámara de Representantes que apunta a que se otorgue la autorización al Ente correspondiente para que pueda realizar inversiones fuera de fronteras, de la naturaleza que aquí se expresa. Para mí, eso sigue vigente, lo mismo que para todo el Frente Amplio, como planteo básico.

Asimismo, hay algunas otras consideraciones y reflexiones en voz alta que quisiéramos hacer acerca de lo que aquí se ha discutido en la tarde de hoy.

En primer lugar, creo que la propia discusión que estamos llevando adelante para autorizar a ANTEL a hacer inversiones fuera de fronteras, es la prueba más contundente de lo acertado de la decisión tomada por el pueblo uruguayo el 13 de diciembre de 1992, en el sentido de mantener bajo la égida del patrimonio nacional a esta empresa tan peculiar, en la cual el Estado uruguayo ha hecho tantas y tan cuantiosas inversiones.

A los efectos de que la memoria nos ayude a todos, voy a recordar que a partir de 1985 el Estado uruguayo realizó una inversión de U$S 400:000.000 para actualizar la tecnología de que disponía ANTEL. En su momento, esta inversión fue muy analizada, porque aquí hubo una Comisión Investigadora en el primer Período donde "se hundió el busturí" acerca de los procedimientos que se habían seguido para llevarla adelante. Lo cierto es que esta inversión y el mantenimiento de la empresa bajo la égida del Estado le ha permitido a ANTEL seguir manteniéndose al tope de las empresas telefónicas del mundo. En este sentido, es verdad que en la propia Suecia, la tecnología digital que compró ANTEL -que es la de ERICSSON- todavía cubre una parte menor que la que cubre en nuestro país ANTEL con esa tecnología. Mientras aquí hemos salteado etapas, los suecos han ido cambiando progresivamente la tecnología electromecánica más avanzada que tenían por la tecnología digital. En ese tiempo, fueron transfiriendo al exterior esa tecnología de punta que habían adquirido, entre la cual está la que compramos nosotros. Además, esto le ha permitido al Estado uruguayo -es decir, al Tesoro Nacional- tener transferencia desde ANTEL. Aunque no tengo la cifra exacta, estimo que en los últimos cinco años han sido transferidos entre U$S 300:000.000 y U$S 400:000.000 desde ANTEL al Tesoro Nacional, además de pagar las inversiones y el Impuesto a la Renta de industria y Comercio. Es decir que es una empresa cuya inversión le ha permitido no sólo ganar mucho dinero al Estado uruguayo sino, además, aprender a hacer, como está ocurriendo ahora.

Quiero recordar que lo que se pretendía -aquí ya se respondió esto, pero haremos un poco más de memoria- era vender el Patrimonio del Estado a los privados. No se apuntaba a realizar emprendimientos conjuntos sino, directamente, a vender el Patrimonio del Estado, y esa fue la clave del asunto. Si se hubieran vendido las empresas del Estado, no estaríamos discutiendo este tema, sino otra cosa. Reitero que lo que se pretendía era privatizar. Ahora se pregunta si los que estaban en la posición de mantener a ANTEL bajo la égida del Estado son ahora partidarios de que la empresa estatal haga inversiones en el exterior. Mi respuesta es que sí, y voy a explicar por qué, ya que en esto también existe poca memoria.

Nosotros éramos partidarios de ello antes de que se planteara la privatización de las empresas del Estado. En el Período 1985-1990 votamos aquí una autorización a ANCAP para que hiciera inversiones de prospección petrolífera en Ecuador, junto con un sector privado. Es decir que no somos partidarios ahora de hacer este tipo de inversiones, sino desde antes. Con esto no pretendimos robar nada a nadie, sino que aspiramos a que el Ente desarrollara una tarea que le permitiera acumular ganancias en beneficio de la comunidad y no de un sector privado.

Se nos dice que si se hubieran aprobado los proyectos presentados en su oportunidad, los Entes tendrían una mayor capacidad de ejecución y de competitividad. El Frente Amplio ha presentado proyectos de carácter general y particular en la anterior Legislatura y en ésta con referencia a los Entes Autónomos para modificar los mecanismos de administración. Si se hubieran aprobado, quizás tendríamos la posibilidad de discutir otro tema y no el que estamos analizando hoy aquí. De modo que se han presentado proyectos generales y particulares para modernizar la gestión y para volver más ágiles los mecanismos de funcionamiento de los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados.

Decíamos que ANTEL tiene la tecnología más avanzada y por ello -no por otra cosa- puede hacer inversiones en el exterior. Pero queremos aclarar que tecnología no quiere decir maquinaria más avanzada. Por ejemplo, los brasileños puede comprar a la misma ERICSSON o a otras empresas la tecnología digital, pero lo que ocurre es que como nosotros lo hacemos desde hace diez años, tenemos un paquete tecnológico que es la gente que sabe implementar ese tipo de tecnología, que está capacitada para poder hacerlo. Entonces, lo que vamos a vender afuera es sustancialmente eso, porque nuestra gente logró hacer lo que inclusive los propios técnicos de la ERICSSON no lograron, que era poner en funcionamiento correcto las centrales que se instalaban en el Uruguay. Es decir que fueron los técnicos y los propios trabajadores uruguayos, quienes apropiándose de la tecnología, la adaptaron y la hicieron funcionar. Saber hacerlo vale tanto como la propia maquinaria, y esto es lo que ahora estamos colocando en el exterior, además de los excedente, para poder rentabilizar aún más a la compañía de lo que lo está hoy. Inclusive, esto puede hacerse para abaratar los servicios, porque una empresa que tenga inversiones que le permitan ganar más dinero, puede volverse más competitiva también en lo interno.

Recojo aquí algo que se dijo antes, que me parece muy importante. Esto no servía para el interior, ya que no podíamos hacerlo allí porque era un mercado cautivo, como lo dijimos mil veces en la discusión del proyecto de ley de empresas públicas. Este era un mercado en el que el que acudía a él compraba todo o no compraba nada; creo que esa concepción fue la justa. Aquí se puede operar de la forma como lo está haciendo ANTEL, porque el mercado no podría funcionar de otra manera. En cambio, en espacios geográfica y poblacionalmente más importantes, como es el mercado brasileño, puede haber áreas que sean cubiertas por determinadas empresas y áreas que lo sean por otras, que es lo que aquí se está planteando. Quiero decir que así como me parece bien que ANTEL haga este emprendimiento -lo digo para que no quede en el tintero- tengo mis serias dudas sobre otros que está realizando. En el día de hoy me he enterado de los resultados de esta acción de "un teléfono por minuto" y creo que ello da pie para que se profundice acerca de si esa operación fue conveniente o no. No tenemos información al respecto; por lo tanto, no juzgo sino que, simplemente, entiendo que tenemos que analizar cómo es eso. Sin embargo, no tengo la misma opinión -y confieso que no he profundizado en el tema- acerca de si ANTEL tiene que invertir U$S 70:000.000, U$S 80:000.000 o U$S 90:000.000 en una torre de comunicaciones. No tengo una idea acabada acerca de si ese es un proyecto conveniente, ya que se trata de una inversión muy importante. Dentro de poco en este país se va a discutir si le damos U$S 15:000.000 más a la enseñanza para que pueda cubrir el área de la enseñanza preescolar en los años próximos; entonces, hay que ver si aquella inversión es prioritaria, necesaria, y si le conviene al Estado uruguayo.

Hace un rato mencioné el tema de la autorización que dio a ANCAP en el Período 1985-1990 para realizar inversiones en Ecuador. Allí se hizo una interpretación sobre el artículo 188 de la Constitución -que era la que daba el señor Senador Korzeniak- es decir, se autorizó expresamente y en cada caso a efectuar la inversión.

Creo -lo dije en nuestra Bancada y pienso que hay que tomarlo en cuenta- que la interpretación que hicieron los señores Senadores Korzeniak y Mallo, en el sentido de que lo que se está dando aquí es una autorización para una asociación con otra empresa, reviste un carácter distinto o puede entenderse que se trata de un mecanismo diferente. A mi juicio, esta es la interpretación que debe quedar clara. En sustancia, cuando uno escuchaba hablar al señor Presidente de ANTEL acerca de las urgencias, comprendía la situación, porque nadie puede presentarse a una licitación en el exterior si se tiene que aprobar antes una ley para tales fines, sino que debe contar con un mecanismo que lo habilite a llegar en tiempo y forma con la propuesta y también a estudiar las posibilidades de hacer la inversión. Me parece que esto es de sentido común porque de lo contrario, no es posible actuar en un mercado donde las licitaciones tienen plazo, éstos vencen y hay que llegar en los tiempos que corresponde.

Pero, además de esta razón básica, hay otro tema que también me preocupa mucho y, si no me equivoco, está en el espíritu de todos. Me refiero a que las inversiones de esta naturaleza que hagan las empresas públicas uruguayas tienen que tener un control, no sólo del Poder Ejecutivo, sino también del Parlamento. ¿Para qué? Para que el patrimonio global de la empresa no se vea comprometido en operaciones que van más allá de lo que es la estrategia de su desarrollo. Todos sabemos que ANTEL tiene mucha capacidad para funcionar dentro del ámbito nacional. Sin embargo, ¿puede hacer, por ejemplo, una inversión de U$S 1.000:000.000 o U$S 1.500:000.000 en el exterior? Lo puede hacer, pero compromete su patrimonio. Este aspecto, entonces, tiene que estar bajo el control del Presidente Ejecutivo, pero también del Poder Legislativo. En este plano, pienso que el cuidado del patrimonio es también una obligación del Poder Legislativo, a los efectos de no dar un cheque en blanco y pautar el desarrollo de la empresa de manera racional.

A mi entender, esto se puede hacer estableciendo algunos mecanismos más claros. Por este motivo, en principio, soy partidario de que, si hay votos para ello, este proyecto de ley vuelva a Comisión, lo que me parece importante, sobre todo, teniendo en cuenta que ahora no está dada la urgencia que había dos meses atrás. Precisamente, de acuerdo con lo informado por el propio Presidente de ANTEL la operación que se iba a llevar a cabo no se pudo hacer. Entonces, ahora hay tiempo como para redactar un texto legal que recoja más afinadamente el espíritu general de que puede invertir, pero que se concrete con las garantías debidas para no poner en tela de juicio el patrimonio de la empresa.

Debo decir que me parece importante que se pueda hacer la inversión, no sólo por la rentabilidad, sino también a los efectos de ver qué posibilidades tiene de apropiarse de tecnología en el futuro. Quiero señalar también, con total franqueza, que hasta hoy ANTEL está en condiciones de apropiarse de tecnología sobre la base de lo suyo, es decir, de lo ya instalado aquí. Sin embargo, podría haber un pequeño espacio en el que tenga posibilidades de experimentar en el exterior y traer esa experiencia al Uruguay. De todas maneras, creo que el destino de la empresa de telecomunicaciones uruguaya está fijado acá; su rentabilidad y competencia para actuar dependerá de la administración de sus recursos aquí, en el Uruguay.

Por los motivos expuestos, en primera instancia, voy a proponer -creo que es una opinión general de nuestra Bancada- que el proyecto de ley vuelva a Comisión para perfeccionarlo -manteniendo el compromiso de que vamos a votar la idea medular, lo que es el objetivo de esta iniciativa, que es la autorización a ANTEL para realizar una inversión fuera de fronteras- darle un macro más seguro y mejores garantías a la propia empresa, así como capacidad operativa para que pueda hacer las cosas en el tiempo que corresponda.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: comienzo esta intervención adelantando que vamos a votar este proyecto de ley que viene ya con aprobación de la Cámara de Representantes. Lo hago con gran satisfacción porque vemos cómo a través del tiempo y en el razonamiento desapasionado -sobre todo el razonamiento desapasionado cuando no tiene consecuencias políticas inmediatas- la gente y los Parlamentarios van reflexionando.

Más allá de que se quieran establecer distintos parámetros de alcance de este proyecto de ley -que vamos a votar aunque nos gustaría que tuviera menos controles y fuera más liberal; en verdad, los controles que aquí se establecen prácticamente son inefectivos o, tal como se ha dicho, no existen - lo que aquí en realidad se consagra es la privatización de ANTEL para operar en el extranjero. Reitero: este proyecto de ley consagra eso. Observo, también, que esa tesis tiene la unanimidad de opinión del Parlamento, lo cual me hace reflexionar sobre la sabiduría que va reinando en el ámbito político nacional en cuanto a la necesidad de darle un macro jurídico distinto a ANTEL, a los efectos de que pueda progresar. Como todos sabemos, este Ente, con la estructura jurídica interna que tiene en este momento, no podría operar en forma eficiente y competir en el extranjero. Si como Ente Autónomo tuviera que realizar toda la tramitación que debería hacer para concretar una inversión en Brasil -por utilizar el ejemplo que se ha manejado hasta ahora- como la que se ha perdido debido a la demora parlamentaria en aprobar el correspondiente marco legal, no la podría hacer. Verdaderamente, ANTEL necesita una estructura jurídica distinta y funcionar como una empresa privada, aunque no importa cuál es el rótulo. Del mismo modo, las empresas nacionales u oficiales de otros países que en algún momento se interesaron en invertir en el Uruguay -cuando hubo posibilidad de hacerlo- lo iban a hacer en la misma condición y forma con que lo va a hacer ANTEL de aquí en adelante.

Nosotros lo autorizamos. En consecuencia, celebro que en el día de hoy comencemos la privatización de ANTEL. Por eso lo voto con satisfacción. Veo también con satisfacción que esta iniciativa provenga del Poder Ejecutivo y de parte de quienes ayer veían esto...

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARAT.- Con mucho gusto, señora Senadora, pero después que termine la idea, pues voy a ser muy breve.

Como decía, me congratulo de que esta idea venga de parte de quienes ayer veían con horror que esto pudiera ocurrir dentro de las fronteras del Uruguay.

Aquí se ha hablado de que esta privatización de ANTEL para operar en el extranjero no tiene los controles suficientes. ¿Pero qué control va a tener alguien que hace una inversión en el extranjero para operar en sociedad? En realidad, no sabemos cómo va a operar. ¿Va a comprar acciones de una empresa que se forme o va a hacer un contrato "miti miti"? Nadie lo sabe. Entonces, se le da autorización a ANTEL para que pueda constituir una empresa privada de la que va a ser parte en el extranjero. Todos le deseamos -quien habla en primer lugar- feliz viaje, que triunfe, que gane dinero y que, al igual que ANCAP, haga prospecciones en el extranjero. Es claro que cuando las prospecciones las hace ANTEL o ANCAP está bien hecho porque son empresas uruguayas, pero cuando lo hace la SHELL respecto del petróleo, se habla de que el imperialismo está robándole a los árabes, cuando en definitiva son empresas que actúan en forma privativa.

Reitero que hoy me congratulo de que, por unanimidad en el Parlamento, celebremos el comienzo de la privatización de ANTEL, que tiene este inicio, pero que después va a venir para acá. Aclaro que sé que hay gente mucho más inteligente que yo, pero para un mejor razonamiento, pensemos en lo siguiente. Si ANTEL puede hacer todo esto en el extranjero y, por ejemplo, asociarse con la ITT de Brasil, creando una empresa con una prosperidad tremenda -inclusive vamos a desearle el éxito absoluto- y llevar hasta la investigación el adelanto de la tecnología en toda América, ¿con qué derecho después se le va a decir a esa empresa de ANTEL en Brasil que esa tecnología no la puede aplicar en el Uruguay, porque acá esa empresa es un Ente Autónomo y tiene el monopolio?

Al decir de un ilustre Senador del Partido de Gobierno, a ANTEL le va a ir bien en esa privatización que ha iniciado ahora el Gobierno en esta forma de proyecto de ley. La privatización que se hace ahora en el extranjero y que nosotros votamos con gusto, irremediablemente va a llegar al Uruguay. El único monopolio que tiene ANTEL en nuestro país es el de la telefonía por cable, que es obsoleta, que ya no existe más. Como expresaba ese ilustre colega del Partido Colorado, si hoy en día quisiéramos vender ANTEL, nadie la compraría. Dentro de pocos años, la tecnología va a hacer que la comunicación sea para aquellos que estén mejor preparados, mejor organizados, con mejor tecnología y en mejores condiciones para competir.

Por lo expuesto, no me cabe la menor duda de que a ANTEL le va a ir bien en este camino de la privatización. Va a ganar dinero en Brasil y en otros lados y también en el Uruguay cuando aplique la tecnología que va a aprender. Nadie en el ínterin se va a ir interesando y como ya se asoció con otra empresa en Brasil, también va a estar preparada para la pequeña sucursal del Uruguay.

Señor Presidente: hoy es un día en que me siento satisfecho, me siento feliz. porque veo cómo el Parlamento unánimemente y dando las explicaciones que se desee -como decía un viejo Político de mi partido: hay dos bibliotecas para todo; yo puedo sostener lo mismo diciendo esto o lo otro- va a privatizar a ANTEL para operar en el extranjero. El camino queda abierto para una privatización total de ANTEL por esa vía. Posteriormente, se sancionará una ley que justifique la forma de asociación de la empresa mencionada con la del Uruguay, pero reitero que el camino ya se ha iniciado. En definitiva, aquí se recoge una sabia experiencia. Los iniciadores, los soñadores, los que vislumbran el futuro, generalmente, no son los que recogen el éxito; son los baquianos que saben explotar el momento oportuno para llevar adelante la aplicación de aquellas ideas que expresan los que se adelantan a los tiempos.

Hoy celebro la votación que va a haber; celebro que por unanimidad el Senado uruguayo vaya a votar esta ley de privatización de ANTEL en el extranjero.

SEÑORA ARISMENDI .- ¿Me permite una interrupción, señor Senador

SEÑOR GARAT.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: la primera precisión que quiero hacer es la siguiente. Más allá de que uno siempre se alegra cuando la gente se siente feliz, para que el señor Senador Garat no tenga los problemas que una vez confesó en la Cámara de Representantes cuando había perdido los referentes y necesitaba ver qué votábamos algunos para votar lo contrario, debo aclarar que se ha alegrado antes de tiempo, porque acá no va a haber votos para aprobar la privatización de ANTEL, de manera unánime. Pienso que se ha hecho una mala interpretación. Digo esto porque, realmente, quedé muy preocupada en aquella oportunidad con los problemas existenciales que se le generaban al señor Senador Garat con respecto a los referentes políticos para poder actuar.

En segundo lugar, quería expresar que, más allá de todos los problemas que pueda generar el comprobar la veracidad del fax que tengo en mi poder de la hora 18 del día 3 de febrero -que quizá no sea del 3 de febrero ni de la hora 18; a lo mejor es "trucho"- en un artículo propuesto como aditivo se dice que para el ejercicio de las facultades que se confieren en el artículo 1°, ANTEL deberá demostrar que: a) los ingresos directamente atribuidos a la actividad permitan solventar sus egresos; b) dicha actividad no es financiada con recursos que podrían destinarse a mejorar los servicios en el país o a aumentar su cobertura. En todos los casos de negocios en el exterior. ANTEL deberá informar al Poder Legislativo de las operaciones técnicas y económicas de las sociedades en que la Administración Nacional de Telecomunicaciones participe, así como los informes que se produzcan por auditorías independientes. Firman los señores Representantes Cardoso, Penadés, Trobo, Araújo, Chápper y Ayala.

Me parece que a los demás se nos generan algunas confusiones cuando hay contradicciones en las propuestas y caminos a abordar. De todas maneras, sirven para contrastar opiniones y afirmar nuestra convicción de que estamos en la segunda Cámara, que tiene el derecho y la obligación de mirar todo esto con mucha atención. Ha habido propuestas muy interesantes que no fueron recogidas en el proyecto enviado por la Cámara de Representantes. Por lo tanto, como muy bien decía nuestro compañero Senador Gargano, merece un trabajo más detenido, en mayor profundidad y no urgido, pero rápido a su vez, por parte de la Comisión que analizó -y podrá seguir haciéndolo- el proyecto que está en discusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- Puede continuar el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: con respecto a lo que decía la señora Senadora, señalo que me siento feliz cuando hacemos algo que le sirve al país y a los organismos del Estado. En ese sentido, no soy dogmático. La señora Senadora sabe muy bien que hemos coincidido en muchas votaciones y en lo que a veces discrepamos es en lo que cada uno de nosotros entiende que es lo mejor para el país. Creo que ese es un paso de avance, de filosofía política y que es realmente importante. Es un cambio que ocurre en algunos Legisladores -no en nosotros- y me hace sentir feliz porque vislumbro un país que va pensando distinto para el futuro.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARAT.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: sin querer retasar el pronunciamiento que espero sea mayoritario sobre este proyecto de ley, simplemente deseo realizar algunas puntualizaciones. Pienso que ha sido una buena discusión la que tuvimos esta tarde. Sin afán de demorar el proyecto, reitero que me gusta debatir e intercambiar ideas. Creo que para eso estamos, que debemos confrontar opiniones y buscar juntos quizás la mejor de las soluciones.

Sin embargo, no me gusta que se discuta lo que la otra persona no dijo o no afirmó, como si este fuera un diálogo de sordos, donde no escuchamos al otro y respondemos algo que nada tiene que ver con los argumentos esgrimidos. Luego del intercambio de ideas que mantuvimos con los señores Senadores Ricaldoni y Fernández Faingold, han hecho uso de la palabra diversos oradores y se ha afirmado algo. Debo aclarar que mis argumentos no fueron a favor de la Ley de Empresas Públicas y que ésta ya tuvo su juicio. Personalmente, no reitero los mismos argumentos. Como si hubiera un complejo, señor Presidente, se nos dice que esto no es lo que decía la Ley de Empresas Públicas. Nadie está argumentando a favor de esa normativa, que ya tuvo su nacimiento y su muerte parcial en el plebiscito.

Conceptualmente, hoy estamos votando un proyecto de ley que, en función de los argumentos que manda el Poder Ejecutivo -quiero reiterar esto para que nos escuchemos cuando discutimos- dice que este tipo de asociación se presenta en el actualidad como muy rentable.

Vale decir que es muy rentable para ANTEL asociarse con una empresa extranjera, sea pública o privada. Estamos estableciendo este tipo de sociedad. No hablemos de la Ley de Empresas Públicas que ya tuvo su fin y su debate público. No es bueno venir con una actitud casi de complejo, volviendo a plantear argumentos que ya nada tienen que ver. Lo que estamos diciendo es que si es bueno asociarse en el exterior, porque va a ser rentable tanto para ANTEL como para la empresa extranjera, por qué no es conveniente hacer lo propio dentro de fronteras, con el porcentaje que se desee, ya sea con el 30% o el 40%, y de esta forma terminamos con la discusión de la Ley de Empresas Públicas.

¿Por qué no damos un paso más? Si esto es bueno para ANTEL, también lo será para una empresa que mañana decida asociarse con este Ente. Reitero que no estamos hablando de la Ley de Empresas Públicas, sino diciendo -y coincidimos con lo expresado por el señor Senador Gargano- que de esta forma estamos habilitando a que otras empresas públicas se asocien en el exterior, pero no para robarle nada a nadie. Claro que esto es así, señor Presidente. Se estará prestando un servicio mejor y cobrando por él.

Creo que este es un tema que no es conveniente tratarlo ahora, ni lo traigo con el fin de polemizar, pero cuando se habla de la torre de ANTEL -que se ha mencionado en Sala- tanto el Directorio como el Presidente de este Ente expresan que no se financia con la tarifa, lo que nos da un alivio. Entonces, ¿cómo se va a financiar? Con reservas del Organismo. Vale decir que ANTEL tuvo reservas en el orden de U$S 80:000.000 y que ahora las dispone para hacer una torre única en América. Podremos hablar de esto, pero ese no es el problema. Lo importante es que ANTEL es una empresa del Estado monopólica que generó un ahorro de U$S 80:000.000. Pero, ¿con quién lo hizo? Con los ciudadanos, señor Presidente.

Ahora quiero mencionar algo que expresó el señor Senador Gargano. Esto no se hizo para robarle la plata a nadie -tampoco digo que esto haya sido un robo a los ciudadanos- pero es cierto que este Organismo puede dar este salto. Aquí involucro a todas las Administraciones, incluyendo la de nuestro Partido, que ha sido ponderada por Senadores del Frente Amplio. La Administración del primer Gobierno de Sanguinetti y la del Partido Nacional -que tuvo mayor nivel de responsabilidad- fueron elogiadas como buenas y positivas y han llevado a que ANTEL se haya convertido en una empresa con las condiciones actuales.

(Suena el timbre indicador del tiempo.)

-También decimos que esta cifra importante ha salido del bolsillo de los uruguayos y es hora de reflexionar acerca de que no podemos seguir financiando ahorros superavitarios cuando en otros lados tenemos problemas relevantes en lo que puede ser la asistencia del Estado, sobre todo, en el tema social.

(Interrupción del señor Senador Gargano.)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- No dialoguen, señores Senadores. La Mesa quiere recordar al señor Senador Heber que su tiempo ha finalizado.

Puede continuar el señor Senador Garat.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARAT.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- No se van, señor Presidente, ha dicho un señor Senador en Sala. Se iría la plata de ANTEL si se hubiera asociado con otras empresas. Podrán hablarme de la Ley de Empresas Públicas y podríamos estudiar una iniciativa diferente de la planteada. ¿Por qué no? ¿Por qué no se busca una asociación distinta con otros porcentajes? Además, si los uruguayos ganan teniendo un mejor servicio tecnológico, si ganamos en comunicaciones y en inversión, me alcanza, señor Presidente. Reitero que no es que se vayan los capitales, sino que todos ganamos más; así como ANTEL lo hará en el exterior, también lo haremos si se asocia a nivel interno.

Por eso, señor Presidente, no es de recibo que se traten de contestar afirmaciones que no se han hecho. ¿Por qué no se nos contesta esto que es tan simple y sencillo? Si conviene y ganamos en el exterior, ¿por qué no sirve en el ámbito interno? Esa reflexión no ha tenido como contraposición otra que la niegue, salvo la que intentó el señor Senador Astori, diciendo que para las asociaciones internas debería venderse parte de ANTEL. Sí, señor Presidente. ¿Qué hay de malo con ello? Si tenemos que privatizar parte de ANTEL en la asociación, ¿cuál es el problema? El problema era si tenían o no mayoría los privados; eso fue lo que se cuestionó del proyecto de reforma. Si mañana tenemos que privatizar o enajenar parte de la empresa, ¿cuál es el temor? Conviene o no, sirve o no, como cualquier otro negocio, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- Puede continuar el señor Senador Garat.

SEÑORA DALMAS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador

SEÑOR GARAT.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Quisiera realizar una serie de precisiones que me parecen imprescindibles, además de contestar lo que se requería de este asunto.

En primer lugar, ANTEL es una empresa monopólica en algunos servicios como, por ejemplo, en la telefonía básica y, de hecho, ya no lo es en otros. Esto puede ser debido a la tecnología, como es el caso de la telefonía internacional, por elección propia o por interés de la empresa o del Uruguay. La telefonía es inalámbrica y también por cable. Con respecto a la última podemos decir que no es obsoleta. En la era de la fibra óptica, que es lo último que existe en tecnología y que también es cable, lo obsoleto es el cobre.

Privatizar cualquier empresa es cotizar en acciones y vender todas o parte de ellas. En estas operaciones, la propiedad de ANTEL sigue siendo del Estado, que realizará acciones puntuales, formando parte de asociaciones también puntuales, para licitar en determinados servicios que se pretenden prestar en el exterior.

Por último, señor Presidente, creo necesario aclarar que -por lo menos en el que mes es personal y creo que toda la Bancada me acompaña en esto- nunca fuimos dogmáticos en este tema. Cuando nos opusimos a la solución que se daba a través de la Ley de Empresas Públicas dijimos que esa asociación que se proponía no era necesaria para el país. Y no lo fue, porque con la gestión de la contadora Mederos, que debemos reconocer ha sido acertada, después de la aprobación de la referida ley, ANTEL creció y se expandió tanto que hoy está dispuesta a hacer negocios con el exterior. Quiere decir que no es que la asociación haya sido mala por sí misma, sino que era innecesaria, y la vida lo ha demostrado. Si en el futuro hay que hacer alguna asociación, lo discutiremos con la misma filosofía que lo realizamos anteriormente. A nuestro juicio, sí es necesario hacerlo en el exterior porque, evidentemente, para hacer esas inversiones no queremos -pienso que ese es el espíritu que se persigue- comprometer el patrimonio ni sería viable hacer en forma solitaria. Deseamos que se realicen negocios con ponderación para poder ir avanzando. Seguramente en ese caso ANTEL con su capital no podrá emprender sola esas operaciones. Hasta ahora en el Uruguay, en aquello que es monopólico -que no es todo, que es la telefonía básica, fundamental por ser un servicio social- no ha sido necesario -y tal vez por muchos años no lo sea- que ANTEL se asocie con ninguna empresa privada. Lo que ha hecho para no aumentar su número de funcionarios es contratar empresas privadas para realizar determinadas instalaciones que no pueden ser hechas por su propio personal. Esto es muy distinto. Entonces, no hay que confundir privatización con asociación para determinadas tareas u operaciones.

Repito, después que sea aprobado este proyecto de ley la propiedad de ANTEL será siempre del Estado, hasta que el pueblo uruguayo o el Parlamento resuelvan otra cosa.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Brezzo).- Puede continuar el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT.- Lo que ha manifestado la señora Senadora Dalmás estimo debe haber sido consecuencia de una frase que he dicho a la ligera en cuanto a que la telefonía por cable estaba obsoleta. Coincido con lo que ella ha dicho respecto a que ANTEL cuenta con la última tecnología en ese sentido. De cualquier manera, se trata de un sistema y un tecnología de vida corta. Digo esto porque por la evolución tremenda de las telecomunicaciones, a muy breve plazo estaremos ante mecanismos de otro tipo.

Asimismo, estoy de acuerdo con que el patrimonio y potestad de ANTEL sigue siendo del Estado; en ningún momento he dicho lo contrario. Lo que sí afirmo es que, aun siendo del Estado, está actuando y podrá hacerlo en el futuro como empresa privada del Estado. En este sentido, hice referencia a aquellas que eran de otros Estados y que en un comienzo querían invertir en nuestro país. Por lo tanto, lo que estamos cuestionando no es quién es el dueño del capital, sino que lo que nos importa es la forma de actuar de la empresa.

No quiero dejar de recordar que sobre la tecnología de avance y más específicamente sobre la televisión por cable, en nuestro país se discutió durante años. Sin embargo, hoy esto ya es obsoleto y posiblemente todos aquellos que invirtieron en esto han perdido tiempo en algo que en su momento les hubiera servido.

En definitiva -y concluyo- expreso una vez más mi satisfacción al votar este proyecto que significa -tal como aquí lo han afirmado algunos señores Senadores- un cambio fundamental en la forma de encarar el destino de ANTEL.

(Ocupa la presidencia el señor Senador Pereyra.)

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- Creo que como Miembro Informante cuento con alguno minutos, los cuales --i bien no voy a utilizar en su totalidad- quiero aprovechar para hacer algunos comentarios con respecto a lo manifestado por el señor Senador Garat.

En primer lugar, considero que el regocijo que ha expresado reiteradamente con respecto a este proyecto de ley que va a acompañar, es algo que se tendría que haber puesto de manifiesto hace más de veinte años. Digo esto porque según lo manifestado por el señor Senador Garat, parecería que esta es la primera ley que trata sobre esta materia, pero eso no es así porque, tal como lo expresé en mi exposición inicial, existe una ley vigente en el país, que es la N° 16.462, de 11 de enero de 1994, que en su artículo 271 -que ya he leído pero reitero nuevamente- establece que se incorpore al giro de todos los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados el prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica en las áreas de su respectiva especialidad, tanto en el territorio de la República como en el exterior. A su vez expresa que a tales fines podrá asociarse en forma accidental o permanente con otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, así como contratar o subcontratar la complementación de sus tareas. Cabe destacar que esta disposición fue votada en este Parlamento tanto por el Partido Colorado como por otros sectores políticos.

En este sentido, debemos decir que la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987 -que fue votada durante el primer Gobierno del doctor Sanguinetti- incluía el artículo 178 que agrega a las competencias de ANCAP la participación en las diferentes fases de la explotación petrolera en el exterior, pudiendo efectuar todos los negocios, actividades y contrataciones que se entiendan necesarios. A su vez, UTE cuenta con las Leyes N° 16.211, de 1° de enero de 1991 y N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, según las cuales se le adjudican idénticas facultades. La Ley N° 15.100, de 16 de diciembre de 1980, establece para el Banco Hipotecario del Uruguay posibilidades de realizar actividades en el exterior y el Decreto-Ley N° 14.623, de 4 de enero de 1977, faculta al Banco República a adquirir acciones o parte del capital de instituciones financieras radicadas en el exterior del país que, como dice el señor Senador Korzeniak, cuenta con una sucursal en Nueva York.

Hasta ahora no había visto alegrarse al señor Senador Garat porque según su particular punto de vista se hubiese privatizado ANCAP, UTE, Banco República y Banco Hipotecario. Lo que sucede es que no ha comprendido que esta no es la primera ley que se trata en esta materia, sino que simplemente es una más. Inclusive, las anteriores las hemos votado casi todos los que integramos este Cuerpo y en ninguno de estos casos se dio lo que él considera una privatización. Tal como le aclaró la señora Senadora Dalmás, privatizar es algo completamente diferente a lo que él considera. Afortunadamente no hay dos bibliotecas, ni usándolas con mala fe.

Por todo lo expuesto es que opino que se trata de citas que para lo único que sirven -reitero, por lo menos así opino yo- es para permitirnos hacer un recordatorio -que seguramente no es exhaustivo- de una serie de leyes que en lugar de apuntar a la muerte o agonía de las grandes empresas del Estado uruguayo, tienden a fortalecerlas.

Es cuando quería manifestar.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra.) - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: ya he dicho en este Recinto que posiblemente mi intelecto no sea brillante y por ello no me permite comprender determinadas cosas, a diferencia de lo que ocurre con el señor Senador Ricaldoni, que actúa como "magister" y dice que él comprende algunas cosas que otros no entienden. Reconozco que el señor Senador es muy inteligente y le pido que tenga piedad para con quienes somos menos inteligentes, ya que sus expresiones tienden a ser despectivas y molestan un poco.

Ahora bien, si ya existían todas esas autorizaciones legales, me pregunto a qué se debe esta especial insistencia de ANTEL. Quisiera saber por qué se trata este tema que cuenta con dos características que ya hemos hecho notar. Me refiero, en primer lugar, a que ANTEL ha sido cuestionada en un plebiscito público en el que se hablaba de privatización, para lo cual era necesario dar un marco legal que actuara como disfraz de esa situación. En concreto, aludo a ese permiso al Poder Ejecutivo que todo el mundo sabe que no es real y a ese comunicado a la Asamblea General que sabemos es inefectivo, porque de lo contrario ANTEL no podría operar en el extranjero. En segundo término, cabe destacar que ANTEL, por la especificidad de su servicio, cada vez menos puede ser una empresa monopólica, y si se asocia con otras empresas y tecnología, irremediablemente ese capital e inversión tecnológica que realice en el exterior, va a repercutir en el país.

Reitero, la privatización de ANTEL, que se autoriza por este proyecto de ley, irremediablemente -es lo que capta mi escaso entendimiento- a muy corto plazo tendrá repercusiones económicas de inversión en el ámbito nacional.

Puede ser, sin duda, que no comprenda el tema con la profundidad con que lo hacen otros señores Senadores, pero así lo entiendo y como me satisfago de que eso ocurra en nuestro país, lo celebro votando esta ley.

SEÑOR SARTHOU .- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra.) - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Señor Presidente: quisiera explicar que no acompañé en Comisión esta iniciativa porque entiendo que, si se aprobara tal como está, no se estaría cumpliendo con el estatuto jurídico constitucional que regula este tipo de emprendimientos. Aclaro que esto no es un fenómeno puramente formal, un vicio o deformación de la condición jurídica que se pueda tener. En nuestro país está establecido cómo debe regularse el funcionamiento de una empresa pública -o de un Ente del Estado- cuando actúa en el extranjero y cuando lo hace aquí. Es decir, esto está regulado; el tema es si este proyecto de ley se ajusta o no a ello. Además, dicha regulación no se realizó sólo como una decoración, sino en función de determinados objetivos que están planteados. Si no se cumplen las condiciones, no se podrán cumplir los objetivos, que son la base del texto constitucional. Decimos esto porque estamos de acuerdo con que el proceso del desarrollo universal ha creado una necesidad de interdependencia, de apertura hacia el extranjero, de avance tecnológico y de una necesaria ampliación de la acción fuera del país. Esto podría calificarse dentro del campo de la modernización. Sin embargo, también es cierto que ésta última ha traído como consecuencia graves defectos en el modo de conducirse la cosa pública. Es decir, la modernización y el pensamiento neoliberal han creado confusión y falta de identidad entre la gestión de lo público y lo privado. Esto ha ocurrido aquí y prácticamente en todo el mundo; así, la instalación de la corrupción es un fenómeno en el cual la contractualidad privada invade la actividad de lo público, lo colectivo, con respecto a lo cual siempre hubo una diferenciación muy clara en la vida del país y en el orden jurídico en general. Lo que quiero decir es que existe una diferencia entre la gestión de lo público y la de lo privado. En el primer caso, se trata de gestionar los intereses colectivos y, por lo tanto, el lucro debe estar condicionado a una forma de actuación tal que determine que no pueda redundar en beneficio de particulares, del infiel o de aquel que desarrolla una mala gestión del interés público.

Entonces, la modernidad trajo consigo la expansión y la necesidad de actuar hacia afuera. Pero esto obliga a plantearse también el tema de cómo se equilibra la expansión del capital de la empresa del Estado hacia afuera o dentro de fronteras, de modo que la gestión redunde en beneficio del interés general. Estamos, entonces, ante un problema de deslinde y equilibrio, en lo que a lucro se refiere. Por mi parte, veo que se acentúan las posibilidades de éxito de una empresa en el extranjero. Sin embargo, existe un texto jurídico que trata de establecer que eso no implique un sacrificio para el interés general.

Ese es el sentido del artículo 188 que, a mi juicio, no se está cumpliendo. Los mecanismos sustitutivos que se han introducido en este proyecto de ley no son correctos, pues no cumplen el papel establecido en dicha disposición constitucional, ni los objetivos de fondo allí planteados.

Por eso, señor Presidente, me parece que el tema no tiene que ver con la falsa oposición entre quienes creen que las empresas deben salir hacia afuera y quienes opinan que no, en una visión tradicional y momificada. Es decir, es posible pensar en salir hacia afuera; sin embargo, ¿cómo hacerlo respetando los principios que nuestro sistema constitucional ha establecido para que dicha salida sea positiva para el país y de interés general? En este sentido, el artículo 188 de la Constitución establece claramente dos formas de actuación del Estado. Por un lado, en los incisos primero y segundo de la disposición que he mencionado, se habla del Estado actuando en forma mayoritaria en el ingreso de capitales al Ente Autónomo -así, exige tres quintos como garantía- y, al mismo tiempo -reitero- exige que el Estado sea mayoría. Esto es muy importante y, en este sentido, me pregunto quién colocará dinero en una sociedad anónima controlada por otros. Como es sabido, las garantías son muy difíciles en una sociedad anónima y en una supranacional, con mayor razón. Las garantías del inversor minoritario dependen de la eficacia en la protección de sus intereses, lo cual no siempre se da. El país tiene un estatuto jurídico que nadie quiso modificar. Hace poco fue aprobada una reforma constitucional y nadie dijo que dicho estatuto tuviera que ser cambiado. Todo el mundo estaba de acuerdo con el desarrollo necesario de la acción económica dentro y fuera del país, pero nadie habló de modificar el artículo 188 de la Constitución.

Entonces, en el plano del ingreso -que es a lo que refieren los dos primeros incisos- las garantías que estableció esta comunidad es una mayoría especial de tres quintos y que el Estado sea mayoritario, como ya he señalado. Por ello, pienso que se establecía un equilibrio entre la necesidad de ingreso de capital y la protección del interés general. Estamos hablando de una mayoría que no es el Poder Ejecutivo, porque no podemos sustituir al parlamento por dicho Poder. En este caso, existe una clara voluntad de que sean el Parlamento y todas las fuerzas políticas las que, a través de esa mayoría especial, den su autorización. Es necesario que exista mayoría a efectos de poder continuar manejando el Ente o la empresa pública, de modo que un capital extranjero o ajeno no tenga el dominio. Entonces, como primera hipótesis tenemos el capital mayoritario del Estado y la mayoría espacial. Sin embargo, este no es el caso planteado en este proyecto de ley; aquí está prevista la segunda situación que prevé el estatuto jurídico de la relación y el funcionamiento exterior de las empresas del Estado.

A este respecto, cabe señalar que el estatuto jurídico establece condiciones que no se pueden olvidar, porque constituyen los mecanismos de garantía. Así como se estableció un determinado tipo de mecanismo en el momento del ingreso del capital al Ente Autónomo, cuando éste último sale a participar en empresas nacionales o extranjeras, evidentemente se debe continuar cumpliendo las condiciones. Lo que digo es que, en este caso, no se han cumplido las condiciones que establece este estatuto que tiene el país para manejar el funcionamiento de la empresa fuera de sí misma y hacia la integración en el extranjero. ¿Y por qué esto es así? Porque para participar se exige necesariamente una autorización en cada caso, de modo de asegurar la intervención del Estado en la dirección de la empresa. Esto es una disposición del Estado minoritario actuando a nivel de negocio.

El artículo en cuestión ha sido muy poco discutido en nuestro país. En este sentido, cabe aclarar que el anterior era el 192 y esta segunda figura fue incorporada en el año 1967. A propósito de esto, el señor Representante Arismendi manifestaba en el seno de la Asamblea General que el artículo 188 del proyecto conserva en líneas generales esta disposición, pero introduce como figura nueva que únicamente por mayoría absoluta de esta Cámara el Estado puede intervenir con capitales asociados con empresas privadas de los más diversos tipos, actividades industriales, agropecuarias o comerciales, empresas formadas por aportes obreros, cooperativas o capitales privado Asimismo, señala que la ley determinará en qué condiciones y en proporciones intervendrá el Estado.

A mi entender, esto se realiza siempre que exista la intervención del Parlamento, si este último no interviene para realizar esa operación, esto no puede ser posible.

El señor Representante Arismendi continuaba diciendo que el proceso de interrelación, de interpenetración entre el capital privado, comercial, industrial, agropecuario y el capital del Estado, aparece bajo una forma nueva -cual es la de que el Estado pueda contribuir, ser un asociado menor sin poder de decisión en el Directorio de estas empresas- por monopolios internacionales que aquí adquieren la figura jurídica de una sociedad anónima en el país, para la explotación industrial, agropecuaria o comercial.

Luego, con respecto al artículo que allí se incorporaba, el señor Representante Arismendi hacía una serie de preguntas: ¿qué quería decir?; ¿por qué?; ¿cómo había ocurrido que en la Comisión del Pacto se decidiera modificar ese artículo constitucional?; y ¿qué urgencias había en la economía del país, en el proceso de formación del sector estatal, en las necesidades de la economía uruguaya para incorporar aquello al texto constitucional, no en una ley discutida? Se preguntaba también de dónde había surgido eso, quién lo había patrocinado, quién lo había defendido y por qué camino había venido el tratamiento en el Salón Verde. Luego se plantea como que esto se introdujo sin haberse realizado un debate; pero, indudablemente, lo que está claro aquí -y así se trasmite en esa discusión de la Asamblea General- es que esta es la posición de la empresa del Estado minoritario. ¿Por qué insisto en esto? Porque por algo se dijo "en cada caso", ya que no existía la garantía de tener la mayoría en el Ente y, por ello, era necesario defenderla haciendo que se produjera la autorización del Parlamento. De ese modo, se defendía y se analizaba de qué forma intervenía la empresa para lograr un equilibrio entre el interés privado y el interés público.

Por eso digo que la forma en que esto está planteado desautoriza, ya que se habla de cada caso -o sea, en cada Ente- interpretación libre que no se puede entender porque aquí se está hablando justamente de situaciones concretas de incorporación. Entonces, cuando se dice "en cada caso" tienen que ser situaciones concretas de incorporación o asociación a una empresa; y la garantía del Estado o Ente minoritario la proporciona la garantía del debate parlamentario, a efectos de determinar las condiciones, que son las que el mismo artículo establece.

Por lo tanto, consideramos que este texto no toma en cuenta la necesidad de respetar ese papel del Parlamento para establecer cuáles serán las condiciones y de qué modo intervendrá el Estado conociendo la operación.

Me consta que se esgrime el argumento de la velocidad y la urgencia, pero eso a veces lleva a cometer errores. Tal como lo señaló la señora Senadora Arismendi, cuando este Parlamento desea aprobar una ley de apuro, lo hace. Algunos trabajamos aquí desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche y lo hacemos dispuestos a reunirnos cuando sea necesario; es más, muchas veces lo hacemos cuando se está tratando, por ejemplo, la Ley de Presupuesto que se aprueba en el tiempo exigido. Por lo tanto, no puedo aceptar el abandono de requisitos que son de garantía, de defensa del interés público y de que las utilidades que se generen vayan realmente para el pueblo, Este es, precisamente, el alcance que tiene defender el interés público, es decir, que esto no se destine a un "infiel" que después hay que responsabilizar; no interesa responsabilizarlo, sino que los ingresos o ganancias que se obtengan sean realmente destinados para el interés general.

En consecuencia, cuando en la mecánica no se respetan y no se establece la aprobación de las operaciones, sino que se da como una especie de cheque en blanco, se viola el texto constitucional; y ello no debe significar un simple formalismo. Más aún, se violan las garantías para defender el interés público. No es lógico basar esto únicamente en la probidad de los hombres. No alcanza. Esta probidad tiene toda la aleatoriedad que tiene la gestión. Incluso, las situaciones de notoria mala gestión que han existido en este país a nivel de las empresas públicas -esto se da a nivel mundial- nos autorizan a ser muy exigentes. Y si en la Constitución se establece que esto se aplicará en cada caso, ello se debe respetar, porque se trata del control del Parlamento. Que el Parlamento sea un control supone poner el pluralismo de las fuerzas políticas en él; y esto no es algo circunstancial, porque si no el texto constitucional podría haber establecido que el contralor lo podía hacer el Poder Ejecutivo.

Concretamente, se establece que en cada caso el Parlamento autorizará previamente -la palabra autorizará es muy clara- y no existe autorización previa si damos un cheque en blanco para que se hagan los negocios como se quiera. Sin perjuicio de que el gestor que represente al Ente en el exterior sea muy respetable, ello no me interesa porque estoy pensando en la sola posibilidad de que no se defienda adecuadamente el interés público. Y ello ya es un riesgo. Esto tiene que ser cubierto para que todos nosotros conozcamos qué situación es la que se lleva adelante, qué representación habrá en el Directorio, cuál es el capital accionario, qué empresas actuaban, etcétera. ¿Acaso no hemos tenido aquí ejemplos en los cuales se invocaban empresas que no habían dado avales? Esto sucedía en nuestro país; imaginemos lo que significa esto en el extranjero, con un Derecho que no dominamos y que si bien lo pueden conocer los asesores del Ente, no ocurre lo mismo con los Legisladores que tenemos que justificar en cada caso si ello está de acuerdo con el sistema jurídico y con las características de la sociedad que se va a constituir.

Incluso, si en este país habiendo controles por la opinión pública y el periodismo, que ha jugado un papel muy importante, igual han existido casos de corrupción, podemos preguntarnos qué puede suceder en el extranjero donde no tenemos los botones normales de funcionamiento de alarma, qué sabemos de lo que puede hacer una empresa instalada en Bolivia, Colombia o cualquier otro país del mundo.

Por lo tanto, conocer los datos sobre la forma en que se hace la operación es prácticamente cumplir el papel de un abogado, porque cuando se va a invertir se debe controlar bien que el contrato sirva como garantía.

Por todas estas razones, esta omisión no se salva diciendo que se necesita velocidad en los negocios. De acuerdo con el tradicional cuento del tío que se hace en la vida costumbrista de este país, siempre se está apurado y a la persona se le vende el obelisco o cualquier otra cosa de apuro, hoy, y no hay tiempo para consultar. Personalmente, esto no me agrada porque también en la vida de los negocios y los Estados, el apuro es contradictorio con la cautela necesaria del interés general.

Finalmente, en esta temática, lo que nosotros sostenemos también se ha planteado en la Cámara de Representantes. Concretamente, el señor Representante Barandiarán, en la sesión del día 3 de febrero -esto de acuerdo con lo que consta en la página 23 del Diario de Sesiones de dicha Cámara- señala lo siguiente: "Entonces, más allá de que nadie asigna malas intenciones a los Directores, a quienes obviamente reconocemos su capacidad, sabemos que toda gestión de inversión indudablemente conlleva un riesgo. Uno debe saber muy claramente quién lo asume, y en este caso no lo estaría asumiendo la empresa, el Directorio ni el plantel gerencial de la empresa sino, en última instancia, el país todo", o sea, el interés general. Luego agrega; "Estamos dispuestos a pensar, incluso, que haya inversiones dentro del país aun cuando sean riesgosas y puedan significar un daño al Ente. Pero desde la perspectiva social, consideramos que eso que en algún momento -después ´ex-post´- puede llegar a ser un error, al fin y al cabo puede significar un beneficio en cuanto a que el trabajo que originó quedó en última instancia dentro del país".

De modo que cuando esta situación se plantea en el extranjero, ello puede significar un riesgo enorme. Además, reitero que "en cada caso", no se puede interpretar como si fuera en cada Ente. Las interpretaciones en los textos constitucionales son de contexto; no se interpreta un párrafo aislado; incluso, en el inciso anterior se refiere a operaciones y actividades industriales. Entonces, se está refiriendo concretamente a esa inversión o participación en actividad, en cada operación y no en cada Ente.

Deseo señalar que esto que estoy sosteniendo también lo ha sostenido reiteradamente el compañero Senador Korzeniak con su capacidad de constitucionalista, y también fue esgrimido cuando se discutió el tema de ANCAP. Precisamente, el señor Representante Díaz Maynard en oportunidad de discutirse el tema de la aplicación del artículo 188, decía lo siguiente: "Si estamos dentro de lo que establece el artículo 188 -lo que me parece absolutamente evidente- así como que se le pone un ´by pass´a la Constitución cuando se sustituye el término participar por asociarse, se requiere mayoría absoluta para la aprobación de este artículo. De todos modos, a pesar de que no fuera así, creo que esto es inconstitucional porque la expresión ´casa caso´ no puede referirse a cada Ente Autónomo. Eso sería leer en una forma absolutamente equivocada el texto de la Constitución. Creo que la expresión ´cada caso´ se refiere a cada contrato. Si se está en contra de esta disposición constitucional parecería que es la hora política de modificarla, no de violarla.

Asimismo, aludía a que de otra manera esto se convierte en un cheque en blanco, que no es lo que el Constituyente quiso. De acuerdo a sus palabras, la voluntad de éste es que cuando existiera excepcionalmente una forma de asociación con capitales privados, fuera el Poder Legislativo el que lo autorizara porque hay un desfavor del Constituyente en cuanto a esta forma particular de sociedad en economía mixta, cuando el Estado no es el socio mayoritario. Estas son las otras hipótesis en las cuales no se dice "en cada caso" porque se requiere una mayoría especial de tres quintos.

Por lo tanto, para nosotros esta es la única interpretación adecuada al texto del artículo 188, pero por encima de la interpretación constitucional es la que puede reflejar el respeto de los objetivos que están en vista de admitir la actuación del capital y, al mismo tiempo, garantizar ese interés público al que nosotros habíamos aludido.

Este proyecto de ley introduce otros mecanismos, que ninguno de los dos son custodia adecuada. El primero prevé una autorización especial del Poder Ejecutivo. Esto nunca puede sustituir la actuación del Parlamento, porque supone la unilateralidad de la fuerza política que ejerce el Poder Ejecutivo, cuando la voluntad de la Constitución es la pluralidad política representada en el Parlamento. El segundo instituto que introduce este nuevo proyecto de ley, pretendiendo tal vez eludir el artículo 188 de la Constitución -a nuestro juicio sin éxito- es sostener que se debe comunicar a la Asamblea General, como señaló críticamente la señora Senadora Arismendi, con una antelación determinada las negociaciones a realizar. ¿Para qué habla de autorización previa el artículo 188 de la Constitución? Entonces, no se trata de conocimiento a posteriori, sino previo, para juzgar si es válido y si es posible, o no. Por lo tanto, no puede sustituirse el término "responsabilidad" por "autorización". Cuando el texto constitucional habla de "autorización", es previo y cuando se pretende comunicar, y como se sostuvo aplicar después los mecanismos de la responsabilidad política, ya el daño se produjo. No interesa responsabilizar al político que ocupó el Ente para sancionarlo, importa que no se opere el daño al interés general y público que, de pronto, una empresa del Estado no se vea comprometida totalmente en una mala negociación, como podría perfectamente, suceder.

He visto que el propio señor Representante Atchugarry sostenía los errores que se cometieron en los reaseguros por parte del Banco de Seguros del Estado. Asimismo, hay quienes han sostenido que no nos fue bien en la negociación con Ecuador, o sea en las gestiones que se hicieron en el exterior, porque en un país cuyo Derecho no conocemos y en el que no funciona el conocimiento público ni los resortes, evidentemente dar cuenta de algo que ya se hizo, no se ajusta al espíritu del artículo 188 y tampoco se puede considerar, de ninguna manera, que lo sustituye.

Por estos fundamentos, señor Presidente, entendemos que no es adecuada la solución adoptada y que debería ratificarse la posición de aplicar en cada caso en que se vaya a hacer la operación, dedicando los tiempos que sean necesarios -como lo dijo bien la señora Senadora Arismendi- y que muchas veces utilizamos para proyectos de ley que tienen un plazo y para que no se comprometa la eficacia del negocio. Asumamos la protección con las características que este texto no modificado establece.

Creemos que, sin duda, sería muy importante -lo sostuvimos cuando tratamos de plantearnos el tema de la reforma de la Constitución- que intervinieran los sectores de funcionarios o usuarios, porque el texto constitucional habilita a que se modifique la forma de integrar los Entes Autónomos, que nunca se ha utilizado por ley y sería una forma eficaz como lo ha sido, por ejemplo, en el Banco de Previsión Social, donde los representantes de pasivos y activos han cumplido un papel de control que, indudablemente, daría al pueblo una mayor tranquilidad o garantía en la forma de la gestión. Esta sería una manera de ayudar a corregir esto.

Termino indicando que desde nuestro punto de vista compartiríamos que este texto volviera a Comisión. También pensamos que la única posibilidad eficaz sería cumplir estrictamente con esta disposición, que defendería los dos aspectos: la eficacia de la gestión y, como he dicho reiteradamente, el interés general.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Tal como lo anunciamos en nuestra exposición y por los argumentos que dimos en la misma, entendemos que el texto a consideración puede ser perfeccionado sobre la base de mantener el acuerdo de fondo que se adoptó en la Cámara de Representantes. Por esta razón formulamos moción para que el texto vuelva a la Comisión de Constitución y Legislación y que ésta lo traiga informado para la sesión del 14 de mayo.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra).- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Gargano.

(Se vota:)

-9 en 22. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- He votado afirmativamente en el entendido de que en algún momento parece que se generó algún entredicho en el sentido de que este artículo único no supone de modo la privatización de ANTEL, entendido que fue manifestado en la Comisión. Consideramos que la palabra "asociada", utilizada al comienzo del primer párrafo, es un expresión infeliz, que hubiera preferido que no estuviera y que no supone el compromiso del Ente de crear nuevas entidades que impliquen algún tipo de privatización.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Mi exposición fue extensa, señor Presidente, pero omití señalar que entiendo que la expresión "asociada" debe ser tomada en cuenta técnicamente. En ese sentido, "asociarse" es constituir una sociedad y, por lo tanto, queda alcanzado por el artículo 188 de la Constitución, que habla de "participar", lo que implica ser parte de algo. Entonces, está completamente comprendido en los términos del artículo 188.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra).- En discusión particular.

Léase el artículo único.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra).- se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo único.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO UNICO.- Facúltase a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) para prestar servicios de telecomunicaciones fuera de fronteras, directamente o asociada con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Se consideran comprendidas en esa competencia la totalidad de las actividades, negocios y contrataciones que se estime necesario realizar en cada caso para la consecución de esos cometidos.

En todos los casos a que refiere la presente ley será necesaria la autorización previa del Poder Ejecutivo. Transcurridos treinta días desde su requerimiento sin mediar denegatoria expresa, la misma se entenderá concedida.

El Poder Ejecutivo comunicará a la Asamblea General los emprendimientos que, en forma directa o asociada, hayan sido acordados por ANTEL, con una antelación no menor de siete días de la suscripción definitiva del respectivo convenio. Asimismo dará cuenta anualmente de los resultados de gestión, todo ello sin perjuicio de los controles de legalidad y eficiencia a cargo del Tribunal de Cuentas.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

14) REFORMA DEL ESTADO

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- Voy a formular una moción de orden que paralelamente es una consulta a la Bancada del Frente Amplio. Dado la hora y que nos consta que algunos señores Senadores aquí presentes tienen un compromiso -no somos nosotros- consulto si no habría inconveniente en considerar el tema cuyo tratamiento votamos afirmativamente, relativo a la exposición de diez minutos del señor Senador Cid, en la sesión del próximo martes.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: realmente deseo hacer una exposición de diez minutos en torno a un tema que hace a algo muy trascendente, como lo es la reformulación de las estructuras organizativas del Estado. Esto le ha significado al Gobierno de coalición una importante apuesta en la Ley de Presupuesto y, debido a ello, lo impulsó con energía y decisión. Pero también es un tema que no ha sido analizado en ningún ámbito, y ese es el motivo por el cual hemos solicitado esta excepción y esta posibilidad de hablar.

Convocamos a la Asamblea General y no tuvimos quórum; hemos intentado con los coordinadores del Partido Colorado que se integren las Comisiones que deberían estudiar lo que en términos ciudadanos, corrientes y de la prensa, hoy se llama reforma del Estado y que, en definitiva, únicamente significa la eliminación de cargos de la Administración Pública, un achicamiento del Estado.

Entonces, si el señor Senador Ricaldoni me solicita que postergue una vez más mi exposición, luego de haber hechos tantos intentos, no quiero violentar a esta Cámara -que, por otra parte, me hace acordar al apellido de aquel personaje de Rulfo, "Páramo" porque, en definitiva, quienes están dispuestos a oír siguen siendo un puñado de Legisladores que están comprometidos con el tema- y hacer cuestión en postergar hasta el martes esta alocución. Eso sí, señor Presidente, todos debemos saber que estos diez primeros incisos que van a ser aprobados en forma fáctica el día sábado, no tuvieron, como lo manda la ley, ningún ámbito de análisis ni de discusión, lo cual al menos es un pésima señal política y un desconocimiento a una fuerza política como el Frente Amplio, que tiene una representación parlamentaria de un tercio en la Asamblea General, en la cual, repito, no hemos podido comenzar a debatir esta reforma del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra).- La Mesa entiende que habiéndose tomado una resolución, debería haberse votado su reconsideración. No obstante, como el expositor ha cedido ante la sugerencia del señor Senador Ricaldoni, correspondería determinar en qué lugar del orden del día se ubicaría esta propuesta.

SEÑOR POZZOLO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO.- Simplemente, deseo aclarar que en la noche de ayer, en una reunión de Bancada de Senadores del Partido Colorado, analizamos este tema y decidimos solicitar al señor Presidente del Senado que cite a los coordinadores de lo que llamamos la coalición de Gobierno para mañana a las 15 horas, a los efectos de hacerles conocer nuestra voluntad -y es eso, precisamente, lo que queremos Coordinar con ellos- de poner en funcionamiento a la Asamblea General, constituir las Comisiones e informar en ese nuevo ámbito que se crearía, el tema a que ha estado haciendo referencia el señor Senador Cid.

Por lo tanto, señor Presidente, una vez tomada una resolución en la reunión de Coordinadores citada, seguramente pondremos en funcionamiento otros mecanismos para concretar el propósito anunciado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra).- De cualquier manera y de acuerdo con lo sugerido, la exposición del señor Senador Cid se incluiría como primer punto del orden del día de la sesión a celebrarse el próximo martes.

No hay número para votar.

Llámese a Sala.

(Así se hace)

(Entran a Sala varios señores Senadores)

-Se va a votar si se incorpora la exposición del señor Senador Cid en primer término del orden del día de la próxima sesión ordinaria.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra).- Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20 y 35 minutos, presidiendo el señor Senador Carlos J. Pereyra y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Brezzo, Cid, Couriel, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Gargano, Heber, Korzeniak, Pozzolo, Quarneti, Sarthou y Segovia.

DR. HUGO BATALLA Presidente

SR. MARIO FARACHIO Secretario - SRA. QUENA CARAMBULA Prosecretaria

SR. GABRIEL RODRIGUEZ GARCES Prosecretario

SR. FREDDY A. MASSIMINO Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos.

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.