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Nº 153 - TOMO 381 - 16 DE ABRIL DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

14a. SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL LICENCIADO HUGO FERNANDEZ FAINGOLD Presidente en ejercicio

y el SEÑOR SENADOR CARLOS JULIO PEREYRA Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS PROSECRETARIOS SEÑORA QUENA CARAMBULA Y SEÑOR GABRIEL RODRIGUEZ GARCES

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

- El señor Senador García Costa solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública relativo a denuncias aparecidas en el diario "La Mañana" el día 18 de diciembre de 1995.
- Oportunamente fue tramitado.

5 y 15) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Fernández Faingold, Hierro López y Sanabria.
- Concedidas.

6) Proyecto presentado

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con los Mozos de Cordel de los Puertos de Montevideo y Colonia.
- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

7) Situación de los inspectores de migración en los Puertos de Montevideo y Colonia y en los Aeropuertos de Carrasco y Punta del Este

- Manifestaciones del señor Senador Garat.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio del Interior con destino a la Dirección Nacional de Migración.

8) Día Nacional del Veterinario

- Proyecto de ley por el que se declara el día 23 de noviembre de cada año como "El Día del Veterinario".
- Por moción del señor Senador Santoro, el Senado declara la urgencia y la consideración inmediata del punto.
- En consideración.
- Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

9) Sesiones Extraordinarias

- Por moción del señor Senador Ricaldoni, el Senado resuelve realizar sesiones extraordinarias los días 22 y 23 de los corrientes.

10 y 16) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo

- El Senado designa como titulares de la Comisión Permanente, a los señores Senadores Pozzolo, Hierro López, Heber y Cid, y como suplentes a los señores Senadores Virgili, Irurtia, Storace y Segovia, respectivamente.

11) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascensos al grado de Capitán de Navío a varios señores Capitanes de Fragata

- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para conferir ascensos al grado de Capitán de Navío a varios señores Capitanes de Fragata; también concedió venia para conferir ascenso al grado de Coronel a varios señores Tenientes Coroneles de la Fuerza Aérea; asimismo, concedió aprobación a la Suprema Corte de Justicia para designar dos Ministros del Tribunal de Apelaciones; concedió también acuerdo para acreditar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Austria; finalmente, concedió venia para destituir de sus cargos a varios funcionarios públicos y postergó la consideración de venia para ascender a varios señores Tenientes Coroneles del Ejército.

12, 14 y 17) Deudores del Banco Hipotecario del Uruguay

- Continúa la consideración general y particular del proyecto de ley por el que se limitan las cuotas que por intereses y amortizaciones deben pagar sus deudores.
- Se aprueba el proyecto en general.

13) Carpeta Nº 372/96

- Por moción del señor Senador Segovia, el Senado resuelve mantener la referida carpeta a estudio de la Comisión de Transporte y Obras Públicas.

18) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 15 de abril de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 16, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución).

2º) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

3º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se limitan las cuotas que por intereses y amortizaciones deban pagar los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay.

(Carp. Nº 605/96 - Rep. Nº 344/96)

4º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se faculta a la Administración Nacional de Telecomunicaciones a prestar servicios telecomunicaciones fuera de fronteras.

(Carp. Nº 638/97 - Rep. Nº 372/97)

5º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir el ascenso al grado de Capitán de Navío a varios señores Capitanes de Fragata.

(Carp. Nº 631/97 - Rep. Nº 366/97)

6º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir el ascenso al grado de Coronel de la Fuerza Aérea a varios señores Tenientes Coroneles.

(Carp. Nº 632/97 - Rep. Nº 367/97)

7º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Austria al Embajador Fructuoso Pittaluga.

(Carp. Nº 657/97 - Rep. Nº 369/97)

8º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir el ascenso al grado de Coronel del Ejército a varios señores Tenientes Coroneles.

(Carp. Nº 661/97 - Rep. Nº 370/97)

9º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se declara el día 23 de noviembre de cada año como "Día Nacional del Veterinario".

(Carp. Nº 275/95 - Rep. Nº 371/97)

10) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. (Plazo constitucional vence 8 de mayo de 1997).

(Carp. Nº 626/97 - Rep. Nº 364/97)

Gabriel Rodríguez Garcés Prosecretario - Quena Carámbula Prosecretaria"

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Antognazza, Arismendi, Barbato, Batlle, Brezzo, Cid, Chiesa, Dalmás, Fernández, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Solari y Virgili.

FALTAN: con licencia, el señor Presidente del Senado, doctor Hugo Batalla y los señores Senadores Astori, Couriel, Millor y Posadas Montero y, con aviso, el señor Senador Storace.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 15 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes: )

"Montevideo, 16 de abril de 1997.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo comunicando haber dictado las siguientes Resoluciones:

por la que se entrega la "Medalla de la República Oriental del Uruguay al señor Jean-Luc Dehaene, Primer Ministro del Reino de Bélgica,

por la que se entrega la "Medalla de la República Oriental del Uruguay" al señor Antonio Félix López Acosta, Vice Ministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos de la República del Paraguay.

-Ténganse presente.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Hungría al señor Homero Martínez Lawlor.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Cámara de Representantes remite nota adjuntando la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala por el señor Diputado Luis Alberto Bolla relacionadas con la situación de la Escuela Agraria de Alternancia de Raigón, departamento de San José, con destino a las Comisiones de Educación y Cultura y de Ganadería, Agricultura y Pesca.

-A las Comisiones de Educación y Cultura y Ganadería, Agricultura y Pesca.

La Cámara de Representantes remite nota adjuntando la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala por el señor Diputado Roque Arregui, relacionadas con la integración de las Juntas Locales en el departamento de Soriano con destino a la Comisión de Constitución y Legislación.

-A la Comisión de Constitución y Legislación".

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente: )

"El señor Senador García Costa solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública relativo a denuncias aparecidas en el diario "La Mañana" del día 18 de diciembre de 1995".

-Oportunamente fue tramitado.

(Texto del pedido de informes: )

"Montevideo, 15 de abril de 1997.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Lic. Hugo Fernández Faingold

Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República solicito a Ud. se sirva cursar al Ministerio de Salud Pública el siguiente pedido de informes:

1º - Se remita copia completa de todas las actuaciones obrantes en el expediente Nº 8677/95 de dicha Secretaría de Estado, relativo a denuncias aparecidas en el diario "La Mañana" del 18 de diciembre de 1995;

2º - Se remita copia completa de las actuaciones cumplidas por la Dirección de la Asesoría Jurídico Notarial del MSP en el expediente identificado en el numeral anteror, y en particular el informe Nº 197/96 elevado por dicha Dirección de Asesoría a la Dirección General de Secretaría, fechado el 2 de mayo de 1996, así como el texto adjunto al mismo de Acta del 23 de febrero de 1996 levantada por los instructores actuantes Dra. Beatriz Rivas y Dr. Feliciano Mauvezin; e igualmente cualquiera otra actuación sobre el mismo tema que hubiere realizado dicha Dirección de la Asesoría Jurídico Notarial;

3º. - Se informe de cualquier actuación que en mérito a las conclusiones obrantes en dicho Expediente, y en particular del informe de la Dirección de la Asesoría Jurídico Notarial, se hubieren dispuesto en dicha Secretaría de Estado.

Saluda a Ud. atentamente,

Dr. Guillermo García Costa. Senador".

5) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente: )

"El señor Senador Hierro López solicita licencia desde el día 21 hasta el 22 de los corrientes".

-Léase.

(Se lee: )

"Montevideo, 15 de abril de 1997.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Lic. Hugo Fernández Faingold

De mi consideración:

Con motivo de reunirse en Asunción del Paraguay la Mesa Directiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a solicitud de la delegación uruguaya, a fin de tratar el diferendo comercial planteado con la República Federativa del Brasil, vengo a solicitar licencia por los días 21 y 22 del corriente.

Asimismo, solicito se convoque al suplente respectivo.

Sin más, saluda al Sr. Presidente atentamente,

Luis A. Hierro López. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota: )

-18 en 19. Afirmativa.

Oportunamente será convocado el suplente respectivo.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente: )

"El señor Senador Fernández Faingold solicita licencia desde el día 21 hasta el 25 de los corrientes".

-Léase.

(Se lee: )

"Montevideo, 16 de abril de 1997.

Sr. Vicepresidente de la

Cámara de Senadores

Solicito al Cuerpo, licencia desde el día 21 al 25 de abril de 1997, en virtud de haber sido invitado por el señor Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti a concurrir a la ciudad de Barcelona, Reino de España, a participar de la Reunión Círculo Montevideo-Barcelona.

Saluda a usted con atenta consideración.

Hugo Fernández Faingold. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota: )

-18 en 19. Afirmativa.

En consecuencia, continúa desempeñando la suplencia el doctor Alfredo Solari y, al pasar a ocupar la Presidencia del Cuerpo el señor Senador Pozzolo, se convocará a su suplente, el señor Nahum Bergstein desde el día 21 y hasta el 25 de abril.

6) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente: )

"Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto relacionado con los Mozos de Cordel de los Puertos de Montevideo y Colonia".

-Pase a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

(Texto del proyecto de ley presentado: )

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Las razones por las cuales se hace imprescindible introducir esta reforma legislativa se basa, en los hechos que a continuación se detallan:

a) SITUACION HASTA EL 31/12/96

El Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel se nutre del 2% del Valor de cada Pasaje Montevideo-Buenos Aires, Buenos Aires-Montevideo; Colonia-Buenos Aires, Buenos Aires-Colonia.

Hasta el 31/12/96 del Fondo de Retribuciones se pagaba lo siguiente:

1- Sueldos (1.6 salario mínimo)

2- Aguinaldos

3- Salarios vacacionales

4- Seguro por accidentes

5- Horas extras (150 horas promedio)

6- Compensación para capataces (Art. 17 de la Ley Nº 10.066)

Con respecto al Item. 5, el pago de dichas Horas Extras fue acordado años atrás en la Prefectura Nacional Naval (Institución que ejerce la Super Intendencia de los Mozos de Cordel) y éstos como consecuencia de lo bajo del salario, ya que si nos atenemos a lo que establece el texto legal el mismo es de $ 1.037 (pesos uruguayos mil treinta y siete) cifra que exime de mayores comentarios.

A esta situación hay que agregarle otro agravante que es la prohibición legal contenida en el Art. 5º de la Ley Nº 13.418 el cual establece que "Queda absolutamente prohibido a los Mozos de Cordel del Puerto de Montevideo y Colonia percibir directa o indirectamente cualquier tipo de retribución por la prestación de sus servicios a los pasajeros transportados..."

b) SITUACION A PARTIR DEL 01/01/97

A partir de esta fecha la situación descrita antes cambia como consecuencia de que la Prefectura Nacional Naval varía unilateralmente el criterio que mantuvo durante años, negándose a pagar las 150 horas extras acordadas, aduciendo que en realidad no se realizan.

Este cambio repentino de posición obedece a que la Prefectura Nacional Naval pretende que del Fondo de Retribuciones se pague solamente sueldos, Banco de Previsión Social, salarios vacacionales, aguinaldos, seguro por accidentes y sostiene que todo otro gasto que se produzca (horas extras, compensación para capataces, compensación por horario nocturno, etc.), se debe abonar del Fondo Común, el cual se integra con el sobrante al cierre de la liquidación semestral.

De ese sobrante a la Prefectura Nacional Naval le corresponde al 20% por la administración contable que lleva, porcentaje que resulta excesivo si nos atenemos a la tarea que ello implica y que desvirtúa el espíritu del Legislador cuando lo estableció.

El motivo por el cual la Prefectura Nacional Naval varía su posición es poder engrosar aún más ese 20% a costa del ingreso marginado de trabajadores. Por eso es que este proyecto de ley busca cambiar la administración, de la forma en que se venía realizando, encomendándolo a las Comisiones Administradoras de cada puerto, con la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Turismo, para lograr en el marco de un análisis fecundo, las mejores soluciones para un servicio que es necesario que sea lo más eficiente posible ya que tanto el turista que llega como el que se va, la primera y la última impresión que recoge es el servicio e imagen que se le brinda.

Garat, Andújar, García Costa, Heber, Chiesa. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - La tarea de los Mozos de Cordel en los Puertos de Montevideo y Colonia, será prestada por la Unión de Mozos de Cordel de cada uno de estos puertos, como actividad privada de un servicio público.

Art. 2º. - Créanse las Comisiones Administradoras para los Puertos de los departamentos de Montevideo y Colonia, que se integrarán cada una de ellas con un representante de la Administración Nacional de Puertos, un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y dos representantes de la Unión de Mozos de Cordel de cada puerto.

Art. 3º. - -Competerá a la Comisión Administradora de cada uno de los puertos mencionados, la administración y contralor de la actividad que regula esta ley.

Art. 4º. - El Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel de los Puertos de los departamentos de Montevideo y Colonia, con que se cuenta actualmente, es integrado con los aportes que toda empresa de transporte fluvial de pasajeros, deberá destinar al Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel, por una suma equivalente al 2% (dos por ciento) del precio del pasaje, por cada pasajero que embarque desde los departamentos de Montevideo y Colonia, hacia la Argentina o desembarque procedente de la Argentina en los puertos de los departamentos de Montevideo y Colonia. No se abonará la cantidad indicada en el inciso anterior por pasajeros menores de diez años, funcionarios de sanidad o Migración, Prácticos, Policías y toda persona que viaje a bordo prestando servicios a la empresa o por exigencia de disposiciones legales.

Art. 5º. - El Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel, será administrado en cada departamento por la respectiva Comisión Administradora.

Art. 6º. - Las Comisiones Administradoras fijarán los salarios a percibir por los Mozos de Cordel, así como los aportes obreros exclusivamente que correspondan realizar a la Previsión Social, seguros y remuneraciones extraordinarias. Los pagos mencionados se harán con cargo al Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel que perciban.

El sobrante de este Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel de cada puerto, se verterá semestralmente en un fondo general, que se distribuirá luego de la siguiente manera: 10% (diez por ciento) a la Administración Nacional de Puertos, 10% (diez por ciento) al Ministerio de Turismo, 10% (diez por ciento) al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 35% (treinta y cinco por ciento) a la Unión de Mozos de Cordel de Montevideo y 35% (treinta y cinco por ciento) a la Unión de Mozos de Cordel de Colonia. Las respectivas Instituciones con estos porcentajes solventarán los gastos que estimen convenientes para atender los servicios que prestan.

Art. 7º. - En aquellos puertos que las empresas navieras establezcan nuevas frecuencias, las Uniones de Mozos de Cordel de Montevideo y Colonia, quedan obligadas a prestar los servicios referidos en esta ley, hasta que se resuelva el establecimiento de una Organización Departamental.

Art. 8º. - Las Comisiones Administradoras de Colonia y Montevideo informarán a los respectivos Ministerios de Turismo y Trabajo y Seguridad Social, dentro de un plazo máximo de ciento ochenta días de promulgarse esta ley, sobre los resultados de la aplicación de la misma.

Garat, Andújar, García Costa, Heber, Chiesa. Senadores".

7) SITUACION DE LOS INSPECTORES DE MIGRACION EN LOS PUERTOS DE MONTEVIDEO Y COLONIA Y EN LOS AEROPUERTOS DE CARRASCO Y PUNTA DEL ESTE

SEÑOR PRESIDENTE. - En la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: es sabido que la Dirección Nacional de Migración se ocupa del control e inspecciones tanto del ingreso como de la salida de personas del territorio nacional, fundamentalmente de los puertos y aeropuertos, que tienen un mayor movimiento y, por lo tanto, importancia. Así, podemos citar a los Aeropuertos de Punta del Este y Carrasco y a los Puertos de Montevideo y Colonia. En este sentido, las cifras hablan de 3:356.152 pasajeros, de los cuales 183.000 corresponden a Punta del Este, 1:200.000 a Carrasco, 700.000 al Puerto de Montevideo y 1:252.000 al de Colonia.

Las inspectorías de los distintos puertos y aeropuertos se encargan de efectuar el correspondiente contralor.

Ultimamente, a través de convenios realizados se resolvió crear para mayor comodidad de los pasajeros y agilidad en los trámites, lo que se ha dado en llamar un control unificado por el cual inspectores de ambos países trabajan en forma conjunta, efectuando la salida y entrada de pasajeros en un solo trámite, antes de la partida del medio de transporte, sea en la Argentina o en el Uruguay. O sea que van funcionarios uruguayos al país vecino y se traslada al nuestro personal argentino.

Hasta la fecha, este convenio funcionó, fundamentalmente, en dos períodos; comenzó a implementarse en el año 1986, hasta 1988 y, más tarde, desde 1992 hasta el corriente año. En dicho período, se brindó a los inspectores que iban a cumplir esa tarea un viático para sus gastos, que era absolutamente insuficiente para cubrir la estadía en Buenos Aires. Concretamente, tenía un valor de $ 30, por lo que no permitía, de ninguna manera, que los funcionarios que iban a realizar esa inspección pudieran vivir con cierta comodidad y trabajar con normalidad.

En aquel momento, la función de contralor correspondiente al Puerto de Colonia -téngase en cuenta que estamos hablando de un 37% o 38% del tráfico de pasajeros- la cumplían todos los funcionarios de la receptoría de Colonia. Posteriormente, se realizó un análisis de la situación laboral de los funcionarios que cumplían esa tarea y se firmó un convenio cuya reglamentación fue incluida en la Rendición de Cuentas de 1993. En él se establecía, fundamentalmente, la elevación del viático que recibían diariamente quienes iban a cumplir esa tarea, ubicándolo en $ 100, lo que mejoraba sensiblemente la estadía de los funcionarios.

De ahí en más, comenzó a darse una situación por la cual los funcionarios dependientes de Colonia se han visto perjudicados a raíz de lo siguiente. Al aumentar el viático, se ha dispuesto por la Dirección General que el control de las personas que embarcan al Puerto de Colonia se haga, además, por otros funcionarios, de Punta del Este, de Carrasco o de Montevideo -enviados por la Dirección- que tienen menos posibilidades de trabajo, para que cumplan con esa tarea inspectiva. Así, el monto de los viáticos que correspondería distribuir entre cada uno de los funcionarios que cumplen esas tareas, en cada puerto de destino comienza a ser repartido entre todo el personal de migración al enviar a todos por igual a esa tarea inspectiva que se cumple en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina. Hasta el 9 de febrero del presente año, Colonia aportaba tres funcionarios mensuales por guardia y, como consecuencia de esto, a partir de la citada fecha esa cantidad se rebaja a dos, lo que implica que deban pasar unos 42 días antes de comenzar a repetir la operación de inspección. De esta manera, se alarga la rotación y cada tres meses se pierde una guardia, es decir, cuatro por año. Evidentemente, eso causa el deterioro del ingreso de estos funcionarios, que ya tenían expectativas en ese sentido. Se trata de funcionarios del Ministerio del Interior que, naturalmente, cobran poco dinero. Esta inspección que realizaban les significaba una mejora en su ingreso, ya que cuando viajan a Buenos Aires a cumplir esa función pasan varios días y, por ello, perciben un salario extra por medio de esta compensación.

Señor Presidente: en este momento estamos planteando que mediante esta actitud se les han rebajado las tareas inspectivas a los funcionarios de Migración de Colonia y, por tanto, sus ingresos; hay que tener en cuenta que el puerto de Colonia es el que tiene más trabajo y mayor tráfico de pasajeros. Tal como hemos señalado, allí se observa un 38% del tráfico de pasajeros y en la tarea de inspección se le encarga sólo el 15% del tráfico a los funcionarios de Colonia. Esto muestra claramente el deterioro que han tenido en sus ingresos por viáticos.

Con respecto a las inspecciones, entendemos que es muy bueno que ellas se hagan en el origen, para abreviar molestias al pasajero, pero decimos que deben ser reglamentadas con un carácter más objetivo. Inclusive, si se tiene que mejorar el viático por tareas inspectivas, no es posible que lo que venían percibiendo hasta ahora los funcionarios de Colonia por realizar esa tarea, sea rebajado para suministrarlo a otros del Ministerio del Interior.

Por lo tanto, mientras se estudia una reglamentación más a fondo y equitativa, solicito que la Dirección Nacional de Migración no cause un perjuicio -como lo ha vendo haciendo hasta ahora- a los funcionarios que se desempeñan con suma eficiencia y gran recargo de trabajo en la ciudad y en el puerto de Colonia.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota: )

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) DIA NACIONAL DEL VETERINARIO

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado ingresa al orden del día.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Solicito que se altere el orden del día a efectos de tratar en primer término el asunto que figura en el noveno punto, relativo a declarar el 23 de noviembre como "Día Nacional del Veterinario".

En consecuencia, formulo moción para que el mencionado asunto se declare urgente y se trate de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota: )

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se declara el día 23 de noviembre de cada año como ‘Día Nacional del Veterinario’. (Carp. Nº 275/95 - Rep. Nº 371/97)".

(Antecedentes: )

"Carp. Nº 275/95
Rep. Nº 371/97

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Declárase el 23 de noviembre de cada año como "Día Nacional del Veterinario".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de setiembre de 1995.

Jorge Chápper 1er. Vicepresidente
Martín García Nin Secretario

Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, al elevar al Plenario del Cuerpo el proyecto de ley que declara el 23 de noviembre de cada año "Día Nacional del Veterinario", desea expresar las siguientes consideraciones.

Cambios importantes ocurridos a fines del siglo pasado y comienzos del Siglo XX (como la división y cerramiento de los campos, la importación de reproductores bovinos y ovinos de razas seleccionadas, la sustitución paulatina de los saladeros por grandes plantas frigoríficas, las dificultades crecientes que enfrentaba la exportación de animales y productos de origen animal, y otra diversidad de circunstancias), hicieron evidente la necesidad de mejorar la calidad y sanidad de los ganados y de desarrollar nuevas industrias con vistas a una explotación más racional y a un mejor aprovechamiento de las fuentes naturales de riqueza del país.

Entre 1899 y 1903 las autoridades de la época adoptaron una serie de medidas tendientes al control de enfermedades animales que causaban graves perjuicios a la ganadería y que, en algún caso, afectaban también a la salud pública. Estas disposiciones requerían indispensablemente, la intervención de un sector profesional especializado que en el Uruguay de entonces, estaba mínimamente presente.

En efecto, el censo veterinario correspondiente al período 1870-1903 registra los nombres de sólo catorce veterinarios. Dos de ellos fallecieron antes de 1900, dos estaban radicados en Argentina al comenzar el siglo; y de otros tres no hay noticias de que hayan ejercido actividad profesional en Uruguay. De los siete restantes, tres eran españoles y tres italianos; sólo uno -el doctor Pedro Bergés- era uruguayo, graduado en Francia a fines de 1898.

Tal situación hacía evidente la necesidad de formar veterinarios nacionales. La primera manifestación del propósito oficial de convertir en realidad ese deseo consistió en el otorgamiento de tres becas para cursar estudios de Veterinaria en la Facultad de La Plata. El Decreto respectivo fue emitido el 9 de enero de 1903 y las becas ganadas en concurso por los estudiantes Ernesto A. Bauzá, Rafael Muñoz Ximénez y Alberto Negrotto.

Pocos meses después, el Rector de la Universidad, doctor Claudio Williman y los Decanos de Medicina y Derecho, doctores Alfredo Navarro y Eduardo Acevedo, propusieron al Poder Ejecutivo la creación de una Escuela de Veterinaria, anexada a la Facultad de Medicina.

La propuesta fue aprobada y el 23 de noviembre de 1903, el Presidente de la República, don José Batlle y Ordóñez y el Ministro de Fomento, ingeniero José Serrato, suscribieron el Decreto por el cual quedaron establecidos los estudios de Veterinaria en Uruguay.

La inauguración de los cursos tuvo lugar en junio de 1905, en un local provisorio, con una docena de alumnos y un cuerpo docente compuesto al principio por sólo dos profesores.

Los frutos del Plan comenzaron a manifestarse a fines de 1908 y comienzos de 1909. El 18 de noviembre de 1908 se graduó el doctor Manuel M. Mattos, el primer egresado de la Facultad y el 7 de enero de 1909 lo hicieron los doctores Miguel Rubino, Ricardo Lockhart, Edmundo Bacigualupi y José Beretervide.

La graduación de Rubino -que a lo largo del tiempo ha sido reconocido como la figura máxima de la veterinaria nacional- es la mejor demostración de la utilidad y beneficios que el Decreto del 23 de noviembre de 1903 deparó a la ciencia y la cultura del país, al permitir que estudiantes de muy modesta condición económica pudiesen acceder a estudios superiores en esta disciplina.

El caso Rubino es, sin duda, el más saliente, pero después que él, muchos otros estudiantes tuvieron oportunidad de obtener un título universitario al amparo del Decreto que dispuso la iniciación de los estudios veterinarios en Uruguay.

En mérito a ello, vuestra Comisión entiende que el 23 de noviembre, es la fecha indicada para representar el "Día Nacional del Veterinario", en lo que coinciden la Academia Nacional de Veterinaria, la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay y la Facultad de Veterinaria.

En mérito a lo expresado, vuestra Comisión aconseja la aprobación del proyecto en consideración.

Sala de la Comisión, 15 de agosto de 1995.

Jorge Pandolfo (Miembro Informante), Washington Abdala, Fernando Araújo, Gustavo Borsari Brenna, Daniel Díaz Maynard, Alejo Fernández Chaves, Felipe Michelini, Fernando Saralegui, Diana Saravia Olmos.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Declárase el 23 de noviembre de cada año como "Día Nacional del Veterinario".

Sala de la Comisión, el 15 de abril de 1997.

Walter Santoro (Miembro Informante verbal), Luis Brezzo, José Korzeniak, Luis Eduardo Mallo, Luis B. Pozzolo, Américo Ricaldoni, Helios Sarthou. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: el proyecto de ley que ingresa a la consideración del Senado tiene informe favorable de la Comisión de Constitución y Legislación del Cuerpo y posee media sanción por parte de la Cámara de Representantes.

Esta iniciativa procura la designación del 23 de noviembre de cada año como "Día Nacional del Veterinario", en razón de que se trata de una fecha vinculada con el cumplimiento y desarrollo de esta profesión en el país. Como es sabido, la actividad veterinaria en el Uruguay tuvo un incremento como consecuencia del mejoramiento de los reproductores ovinos y bovinos, de la importación de ejemplares seleccionados, de la sustitución paulatina de saladeros por plantas frigoríficas y, además, por todo lo que tiene que ver con las mejoras relativas a las crías y exportación de animales y sus subproductos.

A fines del siglo pasado el Uruguay no contaba con veterinarios nacionales, y a raíz de una verdadera necesidad que se generó respecto a la sanidad animal, se procedió, por Decreto de 9 de enero de 1903, a otorgar becas a determinados estudiantes para desarrollar estudios en la Facultad de La Plata en la República Argentina. Esta fue la primera manifestación en el sentido de promover la actividad veterinaria.

Pocos meses después, el Rector de la Universidad, doctor Claudio Williman y los decanos de Medicina y Derecho, doctores Alfredo Navarro y Eduardo Acevedo, propusieron al Poder Ejecutivo la creación de una Escuela de Veterinaria anexada a la Facultad de Medicina. Dicha propuesta fue aprobada y el 23 de noviembre de 1903, con la firma del entonces Presidente de la República, don José Batlle y Ordóñez, y del Ministro de Fomento, ingeniero José Serarrato, se suscribió el Decreto por el cual quedaban establecidos los estudios de veterinaria en el Uruguay.

Esta es la razón por la cual se ha seleccionado la fecha de 23 de noviembre para ser declarada como "Día Nacional del Veterinario" y realizar las conmemoraciones consiguientes. Además, esto está vinculado con la implementación de los estudios correspondientes, con la Academia de Ciencias Veterinarias y con las agrupaciones de los respectivos profesionales.

Por estos motivos, estimamos que el Senado está en condiciones de dar su voto afirmativo a esta iniciativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota: )

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único de este proyecto de ley.

"ARTICULO UNICO. - Declárase el 23 de noviembre de cada año como ‘Día Nacional del Veterinario’."

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota: )

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

9) SESIONES EXTRAORDINARIAS

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: en consulta con los Coordinadores de las demás Bancadas, solicitamos que se realicen sesiones extraordinarias los días martes 22 y miércoles 23 de los corrientes, a los efectos de terminar la discusión del proyecto de ley vinculado con los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay -en el caso de que hoy no finalizara- y luego, por su orden, tratar las iniciativas que ya tienen media sanción de la Cámara de Representantes relativas a la ampliación de competencias de ANTEL y al Marco Regulatorio Eléctrico, que fueron aprobadas, respectivamente, por las Comisiones de Constitución y Legislación y de Industria y Energía del Senado.

En síntesis, señor Presidente, formulamos moción para que el Senado realice sesiones extraordinarias el martes y miércoles de la semana próxima, a las 16 horas, a los efectos de estudiar, por su orden, los tres temas que acabo de mencionar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción propuesta por el señor Senador Ricaldoni.

(Se vota: )

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a considerar el primer punto del orden del día: "Designación de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución)".

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: con respecto al primer punto del orden del día, la designación de miembros de la Comisión Permanente, la Bancada del Partido Colorado está en condiciones de proponer los nombres de nuestra representación. Serían los señores Senadores Pozzolo, en carácter de titular y Hierro López, en carácter de suplente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sobre el punto del orden del día el señor Senador Ricaldoni acaba de proponer a dos Senadores del Partido Colorado. Al respecto, la Mesa entiende que necesita disponer de cierto tiempo a fin de recoger los formularios con los nombres de modo de que sean repartidos entre las Bancadas. Esto no ha sido hecho hasta el momento, de modo que la Mesa se permite sugerir la postergación del tratamiento de este punto durante la sesión del día de hoy mientras se procede de la manera indicada.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Sé que hay dos representantes del Partido Colorado, pero uno es un Senador y el otro es un Diputado. Creo que es así.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para no discutir este tema ahora, señor Senador, lo podríamos postergar para que fuera tratado en algún otro momento de la sesión de hoy, de forma que la Secretaría -reitero- pueda recoger los nombres en las Bancadas y se repartan a todos los señores Senadores.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Quiero aclarar que los integrantes de la Comisión Permanente son 11, de los cuales 7 son Diputados y 4 son Senadores; aplicando el sistema de representación, de acuerdo a la integración del Cuerpo, al Partido Colorado le corresponden 2 miembros, uno al Frente Amplio y otro al Partido Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así ha sido en la Comisión Permanente en los dos años anteriores.

De todas maneras, si no hay inconveniente postergaríamos este punto para algún momento de la sesión de hoy y pasaríamos a la consideración del segundo: "Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo".

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Simplemente deseo aclarar que ha sido aprobada la ley con la nueva integración de la Comisión Administrativa. Creo que el Poder Ejecutivo todavía no ha efectuado la promulgación y, en consecuencia, ello daría mérito a que esperáramos que se produjera para proceder luego a la integración correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Nos parece absolutamente razonable la propuesta del señor Senador Gargano y estamos consultando al Poder Ejecutivo sobre la llegada de la promulgación.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Señor Presidente: de igual manera ello no obsta para que se pueda ir votando a los miembros que cada uno de los partidos o lemas partidarios ya ha designado. La modificación lo que hace es justamente ingresa a otro miembro a la Comisión Administrativa en nombre del Frente Amplio. Una vez que esté promulgada la ley, se vota el delegado del Frente Amplio y no hay ningún inconveniente. De todas maneras, si se hace cuestión, esperamos. Simplemente quería decir que el Partido Nacional ya ha designado a su miembro, que es el señor Senador Santoro y que estamos en condiciones de votarlo. Cuando venga la promulgación el Frente Amplio propondrá su delegado e, indudablemente, lo vamos a votar con mucho gusto. En definitiva, me alegro de que terminemos con este conflicto que históricamente ha tenido la Comisión Administrativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia se permite sugerir, a los efectos de adelantar en el tema, que las distintas Bancadas vayan comunicando a la Mesa la designación de los integrantes y que la votación formalmente sea postergada hasta que llegue la promulgación, hecho que tiene que producirse en estos días. Hemos reclamado al Poder Ejecutivo dicha promulgación a fin de integrar la Comisión, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Pienso que o votamos mediante la norma que está vigente o con la nueva, porque no se puede aprobar hoy una integración que todavía no está promulgada. Quiere decir que necesariamente tenemos que esperar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ese ha sido el criterio de la Mesa.

Corresponde ingresar ahora al punto que figura en tercer término del orden del día: "Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se limitan las cuotas que por intereses y amortizaciones deban pagar los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (Carp. Nº 605/96 - Rep. Nº 344/96)".

11) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA CONFERIR ASCENSOS AL GRADO DE CAPITAN DE NAVIO A VARIOS SEÑORES CAPITANES DE FRAGATA

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: formulo moción en el sentido de que previamente se pase a sesión secreta para considerar los asuntos que figuran en quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo lugar del orden del día, volviendo luego al orden establecido para tratar los puntos que queden pendientes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota: )

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde pasar a sesión secreta para considerar los asuntos que figuran en quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo lugar del orden del día.

(Así se hace. Es la hora 16 y 41 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 17 y 04 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑORA SECRETARIA (Sra. Quena Carámbula). - El Senado en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para conferir los ascensos al grado de Capitán de Navío de la Armada a los señores Capitanes de Fragata: en el Cuerpo General, por el Sistema de Antigüedad, don Nelson Melgar y don Carlos Traverso, y por el Sistema de Selección, don Washington Cleffi, don Alejandro Laborde, don Aldo Francescoli, don Hugo Varela y don Carlos Gatti; en el Cuerpo de Ingenieros de Máquinas y Electricidad, por el Sistema de Selección, don Daniel Ressia y don Jorge Raggio; en el Cuerpo de Aprovisionamiento y Administración, por el Sistema de Selección, don Jorge Cigliutti; y en el Cuerpo de Prefectura Escalafón "A", por el Sistema de Antigüedad, don Raúl Larrañaga, y por el Sistema de Selección, a don Andrés Durán.

Asimismo, el Senado concedió venia para conferir el ascenso al grado de Coronel de la Fuerza Aérea, Escalafón "A" Aviadores, por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia a los señores Tenientes Coroneles don José R. Bonilla, don Francisco S. Alonso, don José L. Vilardo, don Washington Odella, don Carlos H. Gómez y don Luis B. Alvariza; Escalafón "B" Navegantes -Leyes Nos. 16.170 y 16.320- por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia al señor Teniente Coronel don Carlos M. Montesano; Escalafón "C" Seguridad Terrestre, por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia al señor Teniente Coronel don Fernando A. Figueroa.

Por otra parte, el Senado concedió aprobación para designar como Ministros del Tribunal de Apelaciones a la doctora Elena Martínez Rosso y al doctor José Francisco Bonavota Caccinante.

También el Senado concedió acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Austria, al Embajador Fructuoso Pittaluga Fonseca y para exonerar de sus cargos a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas y a tres funcionarios del Ministerio de Salud Pública.

El Senado postergó la consideración de las venias para conceder ascensos a varios Tenientes Coroneles.

12) DEUDORES DEL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el tercer punto del orden del día: "Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se limitan las cuotas que por intereses y amortizaciones deban pagar los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. (Carp. Nº 605/96 - Rep. Nº 344/96)".

(Antecedentes: Ver 4a. S.O.)

13) CARPETA Nº 372/96

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Señor Presidente: la Comisión de Transporte y Obras Públicas solicita que se mantenga en ese ámbito la Carpeta Nº 372/96 para terminar con su tratamiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud planteada por el señor Senador Segovia.

(Se vota: )

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) DEUDORES DEL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE. - Nos ha informado el señor Senador Solari que ha concluido su exposición, por lo cual estaría agotada la lista de oradores en la discusión general.

SEÑOR CHIESA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CHIESA. - Señor Presidente: como firmante del proyecto que el Senado está analizando, quiero hacer algunas puntualizaciones y fijar la posición de nuestro sector para que conste en la versión taquigráfica.

Entendemos que a través de esta iniciativa se busca atender el problema de miles de deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. Según estimaciones que nunca hemos podido llegar a confirmar, podemos decir que ellos rondan en los 40.000, sobre un total de 107.000 personas que han obtenido préstamos o viviendas por parte de esa institución.

Como motivo que amerita la preocupación de buscar por la vía legislativa la solución a este problema, bastaría mencionar el volumen de los deudores morosos en un área temática como el de la vivienda propia. Resulta obvio que ese problema no debe ser enfocado únicamente como una cuestión numérica de una institución crediticia común del mercado, ya que entendemos que también debe ser considerado desde un punto de vista social, con un abordaje mixto, es decir, atendiendo el problema social que se presenta sin perder de vista, por supuesto, los intereses legítimos del Banco Hipotecario del Uruguay.

Para nosotros el problema en sí está planteado en los hechos y se refiere a la existencia de esa cantidad de deudores. En su absoluta mayoría, son adquirentes de viviendas y de préstamos sociales, que todos los meses se ven enfrentados a la situación de no poder cumplir con los compromisos, llegando a grandes atrasos, y convirtiéndose así en morosos frente a esta institución. Este hecho, que provoca endeudamientos que, a nuestro entender, jamás podrán ser saldados, genera además una situación de angustia en los deudores por el hecho de perder su vivienda, a raíz de que las cuotas a pagar al Banco, en muchos casos, han superado la capacidad de gasto de los mismos.

La unidad reajustable -unidad de cálculo creada por el artículo 38 de la Ley Nº 13.728- ha ido variando en forma muy creciente, por las diferentes etapas económicas y financieras que ha pasado el país desde su creación. Entendemos que sabiamente el Legislador la creó para tener actualizada la cuota, pero hoy en nada responde a su voluntad original. Hay muchos ejemplos para dar. Basta mencionar que en el momento de su creación, al nacer el Plan de Vivienda, esta variable de cálculo de ajuste tenía una relación de uno a uno con el dólar estadounidense, mientras que en la actualidad, ha superado prácticamente los U$S 16. En aquel entonces, se quiso otorgar viviendas sociales dignas -ese era el espíritu de la ley- para que pudieran ser adquiridas por trabajadores, los cuales, con un porcentaje de sus ingresos, podrían ir amortizando las cuotas de acuerdo con el plazo del contrato convenido. Hoy las condiciones pactadas entre los adquirentes y el Banco han variado, en muchos casos, en perjuicio de los deudores que no pueden cumplir con sus obligaciones. Además, entendemos que ocurre otra injusticia, como es la del pago de cuotas caras por parte de los buenos pagadores que, en definitiva, son los que mantienen la solvencia del Banco.

Por lo antedicho, pensamos que se torna necesario establecer una disminución de los intereses que gravan las deudas que aún mantienen los promitentes compradores o tomadores de créditos, a fin de que se mantengan las condiciones inicialmente pactadas, trayendo así cierta tranquilidad y estabilidad a los deudores de dicha institución. De esta forma, se les garantizarían oportunidades para que sigan siendo dueños y eventuales buenos pagadores de la vivienda que acordaron comprar y en las condiciones -esto es importante resaltarlo- inicialmente pactadas, con un valor de la unidad reajustable que sólo experimente ajustes según la variación real del salario, tal como era el espíritu de la mencionada Ley de 1968. De igual forma, también se haría justicia con los buenos pagadores, haciendo que lo cobrado con una unidad reajustable e intereses mayores de los convenios originalmente, sea destinado a la amortización y disminución del plazo de la deuda total. Entendemos que esa fue la filosofía que inspiró al Legislador al redactar los artículos 32, 33, 37, 38 y 39 de la Ley Nº 13.728.

El tema de los deudores del Banco no es solamente un asunto que interesa a esa institución, sino también al conjunto de la sociedad, por cuanto aborda una compleja temática, como es la de la vivienda.

Es justo resaltar que el país, en los últimos años, ha venido definiendo una política de Estado a nivel de vivienda, con la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con la definición de competencias y obligaciones, tanto por parte del Ministerio como por parte del Banco Hipotecario como operador financiero. A nuestro entender, existe una falta de coordinación y de conjunción de esfuerzos entre el Ministerio y el Banco Hipotecario, como ha sido reconocido por parte de Legisladores que ya han intervenido en esta discusión. Entonces, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial ha recibido a diversos actores sociales como cooperativas y Juntas Departamentales de todo el país, de quienes hemos recibido minutas, que demuestran que son conscientes de la magnitud del tema que viven localmente. La Comisión ha tratado de tener los máximos contactos institucionales posibles. En ese sentido han sido invitados representantes del área económica del Banco Central, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como también asesores y técnicos del Banco Hipotecario. En más de una oportunidad hemos recibido al Directorio en pleno del Banco y a representantes de la organización sindical de los trabajadores bancarios. Quiere decir que, en nuestro concepto, hemos escuchado la opinión de todos los que tenían vivencias que trasmitir en cuanto a este tema.

Es conveniente analizar alguna de las causas por las que una masa de uruguayos que han optado por acceder a una solución habitacional a través del Banco Hipotecario se han visto en la contingencia de pasar a revistar en la categoría de deudores morosos de esa institución. Para ello, entendemos que hay que indagar algunas causas, porque la morosidad actual es apenas una consecuencia de la situación a que han sido llevados en virtud de algunas variables que escapan al dominio de esos deudores. Ocurre, como ya dijimos anteriormente, que la política de adquisición de viviendas se ha pautado en una unidad de referencia y de valor creada por la mencionada ley en la redacción dada por el artículo 38 y en la que se preveía su ajuste anual por el Indice Medio de Salarios. Es así como por ley se fijó el valor de la unidad reajustable, determinándose su valor original en $ 1.000 de la época, es decir, de setiembre de 1968. Entonces resulta que esta variable tuvo creación legal con el objetivo de establecer una unidad de ajuste de acuerdo a los ingresos de los trabajadores, fijándose como patrón de ajuste el Indice Medio de Salarios que establece mensualmente el Instituto Nacional de Estadística. Basta ver para ejemplificar que el valor de la unidad reajustable en setiembre de 1968 era aproximadamente de U$S 1 y en marzo de 1995 ya costaba U$S 15. En relación con el Salario Mínimo Nacional se establece la siguiente variación. En 1984, con un Salario Mínimo Nacional se compraban 19 unidades reajustables; pero en 1995, sólo 6 unidades reajustables. Es decir que para pagar las mismas 19 unidades reajustables que en 1984 se compraban con un Salario Mínimo Nacional, en 1995 se necesitaban 3,5 salarios mínimos. Va de suyo suponer, y así se certifica, que las cuotas del Banco Hipotecario, tomando ese índice de reajuste, se incrementan por encima de la inflación. En todo caso, la metodología para fijar un aumento de la unidad reajustable va en desmedro del deudor, ya que sus ingresos no se le indexan en igual proporción y el salario real, o sea el poder de compra del salario, no acompaña ese índice. Así, se va generando un desfase entre lo que un individuo percibe y lo que tiene que gastar para satisfacer la obligación contraída con el Banco para el pago de su vivienda, obligación que se ve incrementada en porcentajes relativos a su ingreso. En definitiva, esto conlleva a que en determinado momento se opte primero por no pagar puntualmente -y luego definitivamente- las obligaciones asumidas por concepto de vivienda.

Aquí cabe establecer alguna apreciación en la conducta del deudor moroso. No es verdad lo que en algunos lados se menciona de que el que no paga es porque no quiere. Dada la coyuntura planteada por los reajustes de la Unidad -que primero eran anuales y luego pasaron a ser, en algunos casos, cuatrimestrales- y la indexación que alcanza el pago de los intereses, el deudor se ve envuelto en un círculo vicioso y, a medida que pasa el tiempo, se le hace más difícil ponerse al día y volver a integrar el círculo de pagadores regulares. Lo que sucede es que para algunos sectores de ingresos fijos el sistema de reajuste de las cuotas opera, diríamos, con una perversidad tal que hace que sus ingresos prontamente sean insuficientes para hacer frente a sus obligaciones. En algunos casos se ha notado el hecho perverso de que algunas personas que ya han pagado más de la mitad del préstamo inicial deban más del doble de lo que contrataron, en virtud de ese mecanismo que mencioné anteriormente.

Hay miles de situaciones, pero para ejemplificar usaremos una que se nos ha hecho llegar. Me voy a referir a un préstamo de fecha 1º de julio de 1989 por 3.500 unidades reajustables -el valor de la Unidad en el momento era de U$S 6- con un monto total del préstamo de U$S 21.000. Hasta el 31 de agosto de 1995 habían pagado U$S 10.500 y el saldo pendiente con la institución era de 3.100 unidades reajustables, lo que convertido a moneda estadounidense significan U$S 47.000. Esa es la realidad.

Es así, entonces, que cualquier solución que se estime adoptar debe pasar necesariamente por facilitar a los deudores morosos el ingreso al círculo de los buenos pagadores. Es políticamente elemental que así se haga porque ellos serán los que le devolverán al banco lo que se les prestó y harán ingresar el dinero que servirá para negociar nuevos contratos con otras personas que opten por este sistema. En el entendido de que esa será la solución, porque otra no puede ser, va de suyo que la vía para llegar a la misma debe ser en atención a los intereses de los involucrados directamente en la situación; ellos son los deudores, los morosos y el propio Banco Hipotecario. Para ello, cualquier mecánica de refinanciación deberá tener en cuenta los ingresos del deudor como única forma de establecer parámetros válidos que permitan suponer que la situación de morosidad no ha de volver a repetirse, al menos en estos niveles que tenemos hoy, por las mismas causas. Asimismo, se ha argumentado que cualquier solución que se pretenda dar a la situación que atraviesan los deudores del Banco deberá hacerse a través de la vía administrativa y no por la legislativa, aduciendo que eso limitaría las potestades del Banco Hipotecario, llegando en algún caso a sustituir las facultades que se le han otorgado por la Ley Orgánica de esa Institución. Por tanto, se ha afirmado también que se tacharía de inconstitucional la ley que resulte de esta iniciativa, si es que se aprueba. Entonces, cabe preguntarse: ¿no ha sido por utilizar la vía administrativa que se ha concluido en situaciones como las que hoy nos ocupa?

¿No ha sido por determinar períodos de reajustes diferentes a los enmarcados en el espíritu y en el texto de la Ley Nº 13.728 y por haber desvirtuado por vía administrativa las condiciones por las cuales se contrató el préstamo del que ahora decimos que el deudor está en morosidad? ¿Podemos llegar a aceptar la tesis de que los contratos firmados pueden ser alterados por voluntad de una de las partes sin expreso consentimiento del otro contratante cuando eso coloca a uno de ellos en situación de desventaja, puesto que se altera su situación y sus obligaciones a término con el Banco? Por eso es que no se puede aceptar el argumento de que la solución a que se arribe no sea motivo de ley. ¿Será la ley la que establezca medidas de solución a esta situación, dando la seguridad necesaria a los deudores, seguridad que hoy no pueden tener puesto que la discrecionalidad de las medidas administrativas no admiten tales medidas de certeza para el futuro? Para nosotros, entonces, es fundamental que se dicte una ley para normalizar la situación en que se encuentran los deudores del Banco sin afectar para nada la autonomía que tiene y que deberá seguir teniendo para manejar financieramente la vida de esa Institución. Pero aquí se trata de problemas que sufre la gente, que colaboraron a que su poder adquisitivo cayera en relación a la unidad reajustable y que, por sobre todas las cosas, lo único que quiere y necesita es tener una vivienda propia y poder pagarla con un porcentaje aceptable de sus ingresos, tal como se instituyó en la Ley Nº 13.728, del Plan Nacional de Vivienda, que luego fue absorbido por el Banco Hipotecario.

Esa fue la intención del Legislador al crear un Plan Nacional de Vivienda y es para eso que se debe legislar, para corregir anomalías que en el tiempo se han dado y que desvirtúan totalmente el fin para el cual dicho Plan fue creado. Es a eso que debemos apuntar si creemos que la solución del problema habitacional del país pasa por la incumbencia parcial del Banco Hipotecario, como decía hoy, así como también la del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, dentro de la franja de ingresos que la ley ha limitado para su competencia.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Pereyra)

-Lo que hoy se debe debatir es si queremos que una importante cantidad de deudores vuelva al circuito de pagos normales al Banco Hipotecario y, para ello, hay que instrumentar medidas que permitan que ocurra realmente, sin caer, digamos, en el facilismo de no atender también las atendibles preocupaciones del Banco en cuanto a su aspecto financiero, que para nada queremos desmejorar. Se reconoce que las medidas administrativas son útiles en cuanto a la aplicación inmediata por parte del Banco, que le permiten una flexibilidad tal que pueda acompasar al mercado a través de las distintas variaciones de la economía y de las incidencias que sobre la Institución bancaria tiene la misma. Reconocemos que ello es así y habla bien en cuanto a la preocupación del estado financiero del Banco Hipotecario que manifiestan sus directores. Pero ha de entenderse también un aspecto esencial que significa la real dimensión que tiene la política de vivienda aplicada por el Banco respecto a aquellos que a él han acudido para ver solucionado su problema habitacional, llevados por las facilidades que la propia ley ha concedido a quienes concurran al sistema. Se trata de personas que en su inmensa mayoría no podrían ver colmadas sus justas aspiraciones a obtener una vivienda propia porque sus ingresos no le permiten optar por otro tipo de adquisición de vivienda, a no ser tornándose mutuarios del Banco Hipotecario del Uruguay. Entonces, el problema planteado deja de ser meramente una situación financiera para ser un problema social y, como tal, debe ser encarado y mirado desde ese ángulo.

La magnitud del problema no debe ser medida apenas por la constatación de que existe un número de morosos muy elevado, por cierto, ni de cuantificarse de acuerdo a ese número, sino que va mucho más allá, porque para nosotros es una luz roja encendida para situaciones que a corto plazo serán enfrentadas por otros deudores del Banco que, en poco tiempo, verán cómo se les hace cada vez más difícil cumplir puntualmente con sus pagos a la Institución. De eso tenemos noticias diarias, y en algunos casos, alarmantes. Basta recorrer los medios de comunicación escrita para darse cuenta de que existe un problema serio que nos atañe a todos intentar resolver. El país tiene experiencia en este tipo de situaciones, esto es, cuando un hecho hace que la tranquilidad de la familia se vea alterada por causas extrañas a su determinación y, concretamente, porque al devenir de los hechos económicos, que el común de la gente no tiene el poder de controlar, hace también que la situación financiera incida directamente sobre el deterioro de la calidad de vida, alterada por circunstancias ajenas. Es así que el Estado varias veces ha dispuesto refinanciaciones en los últimos años, de la más diversa índole. Por ejemplo, ante problemas y situaciones que afectaban sustancialmente a sectores de la sociedad que el devenir de los acontecimientos económicos amenazaba con empobrecerlos de forma radical, optó, en varios casos, por este tipo de situaciones. Creo que en este punto es impensable decir que nunca más vamos a estar enfrentados a la necesidad de tener que resolver problemas de esta clase con leyes de regularización y refinanciación, porque no podemos ver el futuro, ni podemos saber qué es lo que va a pasar en el mediano o largo plazo. Deseamos que ese tipo de situaciones no sucedan nuevamente en este país y no tengamos que llegar a soluciones de refinanciación. Sin embargo, hay que recordar que restituidas las instituciones democráticas en el Uruguay, en el primer año de ejercicio parlamentario, a finales de 1985, el Parlamento aprobó una ley de refinanciación de adeudos para los sectores productivos de la vida del país. Tengamos en cuenta que los hechos desencadenados en 1982, en la época del gobierno de facto, habían desequilibrado la economía del país y comprometido a muchos de sus productores, tanto agropecuarios, como industriales, de servicios y comerciales. Y la Ley Nº 15.786, aprobada en 1985, demostró que había un gran problema de deudas, porque si vamos a algunos números, luego de sancionada aquélla, podemos decir que se presentaron a la banca privada deudas para refinanciación que ascendían a U$S 564:000.000; y que, por ejemplo, en el Banco de la República se firmaron refinanciaciones por U$S 113:000.000. También existieron otras leyes para corregir algún sector de endeudados que no pudieron ser contemplados por la anterior, una de las cuales fue la Ley Nº 16.243, aprobada en el período anterior, a través de la cual se refinanciaron unos U$S 12:000.000.

Asimismo, hubo refinanciaciones ante situaciones de atraso, de morosidad con el Banco de Previsión Social, que fueron votadas en este Parlamento por 10 años a pagar en 120 cuotas mensuales en condiciones muy buenas. En la actualidad hay muchas empresas que están amortizando estas deudas. También hubo refinanciaciones bastante especiales -lo que me parece bien- como por ejemplo la que comprendía únicamente la deuda ante el Banco de Previsión Social de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de los clubes deportivos, a 10 años de plazo, en condiciones por demás aceptables. Entendemos que a este tema de la regularización de adeudos se le ha querido descalificar como algo que el país no debe tratar nunca más, que es malo y a través del cual se transmiten malas señales. Hasta hoy no ha habido un plan de regularización de adeudos y cabe decir que no es un "perdona tutti" para los deudores del Banco Hipotecario, por lo que pensamos que es momento de que lo haya. Acá se está planteando que este plan de regularización sea el de llevar las cuotas atrasadas a la siguiente de la última del contrato originalmente pactado, en unidades reajustables, ajustando dichas cuotas al momento de la amortización. Reitero que considero que esto no es un "perdona tutti" ni una regalía que se otorga a ese sector que, cuando estaba en busca de su vivienda propia, le cambiaron, unilateralmente, las reglas de juego, sin consultarlo, dejándolo en una situación de atraso y de preocupación permanente ante la posibilidad de llegar a perder su vivienda.

Por todo lo expresado, defendemos el plan de regularización de adeudos, ya que consideramos que es la única solución para poder integrar al circuito de buenos pagadores a todos aquellos que hoy están en situación de morosidad.

SEÑOR GANDINI. - ¿Me permite una interrupción para una cuestión de orden?

SEÑOR CHIESA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GANDINI. - Mociono para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Chiesa.

SEÑOR CHIESA. - Entendemos que está de más decir que refinanciar las deudas, tal como se plantea en este proyecto, no es perdonarlas, porque ello tiene el alcance exacto del término, es decir, financiarlas nuevamente para dar la oportunidad de continuar con las mismas condiciones establecidas en el contrato original.

Es evidente que este tipo de solución requiere, por la entidad e importancia del tema -y no sólo para los morosos, sino para todos los que deban refinanciar- las seguridades que brinda la ley.

Eso no significa tampoco cuestionar la autonomía de la entidad acreedora, pues ante similar situación, la Ley de Refinanciación del Endeudamiento Interno en nada vulneró la autonomía de los Bancos Central o República, así como tampoco la de ninguna institución de crédito privado pues se entendió, en sano juicio, que la vía legal era la única forma segura de establecer las condiciones de pago para atender, efectivamente, el problema que se intentaba solucionar.

En el caso que nos ocupa, el razonamiento es similar, pues en nada difiere de los mencionados anteriormente, salvo en lo que tiene que ver con los costos que el Estado debió asumir en aquellas oportunidades, máxime cuando el Estado ha tenido que inyectar importantes cantidades de dinero público, destinadas a socorrer instituciones bancarias en dificultades financieras, casos que son de conocimiento de todos los sectores políticos.

En las sesiones que la Comisión ha llevado a cabo con integrantes del Directorio se ha manifestado, por parte de los mismos, la importancia que tiene este tema que estamos estudiando.

A continuación, queremos hacer mención a algunas de dichas manifestaciones. Por ejemplo, uno de los Directores, escribano Conde Montes de Oca, hombre del interior, ex Parlamentario, dijo textualmente: «Reitero que el Banco Hipotecario no está cerrado, sigue pensando en posibles soluciones y comparte con los señores Legisladores la inquietud y la problemática que anima a un grupo humano muy importante, porque hablar de 18.000 personas en este país, es referirse a un grupo muy importante de gente. De todos modos, así fuera una persona o diez, la preocupación es la misma, porque se trata de un ser humano que necesita solucionar su problema de vivienda y sus derechos fundamentales nos obligan a contemplarlo. Muchas veces, hablando con otras personas, les señalo que tengo la sensación de que estoy en un gran hospital o sanatorio, porque los que allí acuden, son enfermos. Algunos, para terapia intensiva; otros, para cuidados intermedios, pero siempre con problemas serios. Esta conciencia la tenemos, la trasmitimos y aceptamos la preocupación de los señores Legisladores por el tema». De esta manera se expresaba uno de los directores del Banco en el seno de la Comisión, demostrando que no se trata de un tema de menor importancia, al que se le reconoce el fondo social que trasluce.

Asimismo, el aludido señor director expresaba: «Lo que sí creemos, tal como lo señalaba el señor Presidente» -se refería al Presidente del Banco Hipotecario del Uruguay- «es que la instrumentación de medidas de este tipo le corresponden al Directorio, a la Administración, que es la que va a poder contemplar estos casos en forma más directa, no sólo por la posibilidad, sino por el sano principio de respeto a los contrarios».

Como vemos, el señor Conde Montes de Oca está defendiendo las posiciones del Banco de que sean medidas administrativas. Constatamos con alegría cómo el Banco ha reaccionado en la parte administrativa, con medidas muy similares a las que el proyecto contiene, por ejemplo, respecto de la regularización de adeudos, etcétera.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CHIESA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - A esta altura de la exposición del señor Senador Chiesa que he seguido con mucha atención, quiero dejar constancia de que la intención, tanto del integrante del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, escribano Jorge Conde Montes de Oca, cuando presentó ante el Directorio que integra la propuesta de refinanciación de adeudos, como del señor Representante Atchugarry que colaboró con esa propuesta, estuvo fundada en las iniciativas que los señores Senadores Garat y Chiesa habían planteado.

La diferencia que en su momento manifesté y en la que me mantengo es que, pese a los antecedentes que aquí se han señalado con respecto a leyes anteriores, sigo creyendo que el mecanismo administrativo que tiene, potencialmente, el mismo viso de error que puede tener la ley, es para los casos donde las situaciones se manejan a través de organizaciones financieras como los Bancos, el mecanismo idóneo y más adecuado para resolver los problemas. En ningún momento -tal como lo manifestaron el señor Conde Montes de Oca, el resto de los directores del Banco Hipotecario del Uruguay que en aquella oportunidad concurrieron a la Comisión y los demás integrantes del Partido Colorado- dejamos de reconocer la necesidad de buscar soluciones. Asimismo, creemos que la actitud asumida en forma reiterada y durante tanto tiempo por los integrantes de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, ha sido un factor decisivo en las medidas adoptadas por el Directorio del Banco Hipotecario las que, a su vez, fueron tomadas por unanimidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR CHIESA. - Nosotros hicimos alusión a la intervención, no sólo del señor Conde Montes de Oca, sino de otros señores directores del Banco Hipotecario, para dejar constancia en la versión taquigráfica de la preocupación de los integrantes del Directorio del Banco Hipotecario. Entendemos que el actual Directorio no es responsable de una situación que heredó.

Por supuesto que discrepamos con la posición del Directorio en cuanto a que por la vía administrativa se puedan aportar soluciones en lo que tiene que ver con la estabilidad y seguridad en contratos de largo aliento, como es este tipo de operaciones que realiza el Banco Hipotecario del Uruguay.

Asimismo, no queremos -y lo hemos dicho reiteradamente en la Comisión y en todos los ámbitos en donde se nos ha consultado sobre el tema- desmejorar la salud financiera del Banco Hipotecario del Uruguay ni sacarlo de la posición en que hoy se encuentra. Por el contrario, entendemos que la Institución tiene que seguir operando en plaza atendiendo la problemática que la Ley de Vivienda le asigna, trabajando en una franja de hogares de determinados ingresos. En ese sentido, creemos que ya no debe ser el prestador de beneficios en lo que tiene que ver con la vivienda o con las soluciones habitacionales para una franja de uruguayos que, por contar con un determinado nivel de ingresos, debe ser atendida por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Por otra parte, reconocemos que hasta 1990 el Banco Hipotecario del Uruguay recibía mensualmente U$S 2:000.000 de subsidio, lo que implicaba una cantidad anual de U$S 24:000.000 que contemplaba esa franja de deudores que eran subsidiados por el Estado. Actualmente, esa franja debería ser atendida por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente porque el subsidio está aceptado, avalado y es parte integrante de una política de vivienda, ya que es la prestación que el Estado le brinda a familias carenciadas que con sus ingresos mensuales no pueden acceder a una solución habitacional, otorgándoles una determinada cobertura de subsidio de acuerdo con su categorización.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador, Licenciado Hugo Fernández Faingold)

-Por otro lado, también reconocemos que dentro del Banco Hipotecario del Uruguay, al haberse modificado la política de vivienda o entregado diferentes responsabilidades, ha quedado una franja importante de deudores que hoy tendrían que estar subsidiados en manos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Además, hemos planteado soluciones al respecto y no nos oponemos a que el Banco Hipotecario del Uruguay pueda recibir del Fondo Nacional de Vivienda determinadas transferencias de dinero que se conviertan en subsidios, para atender a esa franja de deudores que quedó dentro de la órbita de la Institución. En ese sentido, quiero decir que también presentamos otro tipo de soluciones, así como tratamos de ver cómo podríamos arreglar la situación del Banco Hipotecario del Uruguay frente al Banco Central del Uruguay. Digo esto, porque en las cuentas de ambas instituciones figura una deuda del primero con el segundo de U$S 600:000.000, que actualmente está congelada y de la que el Banco Hipotecario del Uruguay ni siquiera paga los servicios de intereses; sin embargo, esta deuda figura en sus balances.

Asimismo, estamos aceptando la propuesta formulada por un señor Legislador, en cuanto a que el Banco Hipotecario de Uruguay, por esos fines sociales, pueda ser exonerado del Impuesto al Patrimonio. Por otro lado, representantes del Partido Colorado en este Cuerpo han manifestado que son conscientes de que esto puede ser una solución, pero deben remitirse a la opinión del equipo económico.

Quiere decir que los Senadores firmantes de este proyecto de ley hemos buscado todo tipo de soluciones y aceptado toda clase de dilaciones cuando se nos ha solicitado para tratar de que todos nos pusiéramos de acuerdo en una iniciativa común. Es así que en diferentes reuniones de la Comisión de vivienda y Ordenamiento Territorial se llegó a manejar un proyecto de ley alternativo presentado por Senadores del Partido Colorado que, con alguna diferencia, contemplaba los mismos puntos que tiene esta iniciativa.

Por otra parte, entendemos también que es bueno que se haya comenzado decididamente con la discusión del tema y que no hubiese más postergaciones, porque este proyecto de ley tendrá la oportunidad de pasar por la Cámara de Representantes -no deseamos que se duerma en escritorios, sino que se le dé un tratamiento ágil- donde habrá instancias de diálogo y negociación.

Debo decir que seguimos abiertos a escuchar todos los planteamientos y las opiniones que traten de llegar a un proyecto de ley común, ya que nos gustaría mucho que una iniciativa pueda contar con una base política amplia y un consenso importante. Digo esto porque se trata de un tema que bajo ningún concepto debe ser politizado, ya que es un problema de muchos uruguayos y del país, que el Gobierno debe enfrentar en todos los niveles.

Estas son las consideraciones que deseábamos efectuar en la discusión general de este proyecto de ley y que queremos que nuestra posición y la de nuestro sector conste en la versión taquigráfica . Además, esperamos que por el diálogo permanente que ha habido se pueda llegar a algún consenso y que este proyecto de ley cuente con el apoyo de la mayor base política posible, lo que sería, reitero, de gran beneficio para todo el sistema político uruguayo.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: trataré de ser breve por el interés de que este tema, que ha creado tantas fricciones, sea votado de una vez por todas. La intención de nuestras palabras es que, como esta iniciativa pasará a ser tratada en la Cámara de Representantes, queden totalmente claros ciertos aspectos.

El argumento más importante que se expresó en Sala es que no sería imprescindible que la protección se realizara por ley y, sobre este aspecto, se abundó en fundamentos. Esto correspondía, en parte, a lo que en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial -en su Distribuido Nº 1207- decía el Presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, contador Noachas, cuando expresaba: «Y así como digo que me opongo terminantemente a las soluciones legislativas por este camino, también tengo que decir que hay muchas partes del proyecto de ley cuya filosofía comprendemos y entendemos que ciertos artículos en él contenidos coinciden ya con medidas que el propio Banco Hipotecario del Uruguay ha tomado y que está encarando. Reitero que creemos en las medidas administrativas de los Bancos para dar un manejo fluido a una economía tan cambiante y globalizada como es la que hace que el país tenga que verse reflejado y acreditado para ser viable ante los colocadores de capitales, los inversores extranjeros y los organismos multilaterales de crédito».

Aquí se han realizado algunas exposiciones al respecto, por parte de nuestros compañeros, los señores Senadores Couriel y Segovia y por el señor Senador Garat, que considero muy importante, porque trató un tema fundamental como es, sin duda, el de la verificación práctica de la angustia reiterada por el tema de la vivienda, en el caso de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. Lo que está claro es que el argumento de oposición a la ley no tiene sentido, porque no se toma en cuenta el punto de vista social y sí que el país se vea reflejado y acreditado para ser viable ante los colocadores de capitales, los inversores extranjeros y los organismos multilaterales de crédito. Considero que aquí hay un énfasis social de este tema que condiciona esta afirmación y lleva, necesariamente, al texto de la ley. ¿Por qué no basta con que el Banco Hipotecario del Uruguay tome, por vía administrativa, las mismas medidas -o algunas de ellas corregidas- que aparecen en este proyecto de ley? Porque se ha difundido que algunas eran temas que estaban discutiendo en el Senado en este proyecto de ley. Se trata de un derecho subjetivo que otorga la ley, que es muy distinto al interés protegido por un acto administrativo. Coviello definía el derecho subjetivo como el poder de obrar en satisfacción de los propios intereses garantizados por la ley. Justamente la expresión «garantizados por la ley» es la que tipifica la existencia de un derecho a exigir en la vía de la administración. Precisamente, lo diferenciaba del interés, que puede existir, pero que si le falta la protección de la garantía de la ley, esto no se efectiviza en el logro del objetivo de ese poder de obrar jurídicamente, que es la forma como se define el derecho subjetivo.

Entonces, es muy importante que el deudor que hoy está angustiado, tenga la certeza de que una norma jurídica le acuerda un derecho ante el Banco para requerir un determinado poder de obrar. De esta forma se evitan las características del acto administrativo, que puede ser subjetivo porque se resuelve caso por caso, y también inestable porque, evidentemente, desde el momento en que esto depende de una decisión administrativa, puede haber un cambio de posición, de quórum o, incluso, una modificación global de la política de la Institución, que dejen al deudor hipotecario sin las garantías que la ley hace obligatorias. Se puede argumentar que la ley también se puede cambiar pero, sin duda, modificarla después de haber sido aprobada mueve distintos resortes sociales y colectivos, mientras que en el ámbito de la gestión administrativa ello puede obedecer a aspectos circunstanciales, de recursos.

En consecuencia, se deja en la incertidumbre a la persona deudora porque depende de la gestión administrativa, y no se está consagrando ese derecho subjetivo, que es el poder de obrar garantizado por la ley. Por ese motivo, no responde a un capricho ni a una obsesión el hecho de que esto se haga por ley. Si observamos esto con mentalidad práctica, podemos decir que tanto da que se otorgue administrativamente o por ley. Sin embargo, ello no es así; hay que ver qué posición pasa a tener esa persona en relación con el órgano público para reclamar su derecho cuando éste está establecido en la ley y en aquellos casos en que depende de la conducta que asuma el poder administrador.

Por todo esto, queremos destacar que el problema no se soluciona por el hecho de que el Banco vaya tomando medidas -a veces en forma parcial- con buena voluntad, pero dejando todo librado a la discrecionalidad o, por lo menos, a un campo de acción muy distinto al que determina la ley, que es el que tiene la Administración.

Comparto los fundamentos que en dos oportunidades esgrimió el señor Senador Korzeniak en el sentido de que en este caso, el intervencionismo que esta ley implica en varios aspectos del funcionamiento de la relación de los deudores con el Banco, no provoca una lesión de su autonomía en la medida en que esta última, tal como está prevista en la Constitución, tiene dos campos de regulación. Uno de ellos está previsto en el artículo 186, que refiere a los servicios descentralizados, que tienen un grado de autonomía distinto. Se trata de ciertos servicios que son especiales, como por ejemplo, Correos y Telégrafos, Administraciones de Aduanas y Puertos, etcétera. Es decir que existe cierta razón social o pública que hace que la autonomía no sea absoluta, tal como sí está prevista para los Entes Autónomos comerciales e industriales.

Como bien señaló el señor Senador Korzeniak, el artículo 185 admite genéricamente que aquella limitación de la autonomía puede ser regulada para determinados servicios, al incluir a la ley como un elemento que la acote para ciertos casos. En el tema que nos ocupa, existe un interés social que lo separa de la autonomía típica de los Entes Autónomos comerciales e industriales. Precisamente, ahí está la diferencia que debemos tener en cuenta; no podemos considerar que un banco que tiene como cometido el tema de la vivienda, es exactamente igual a otro que tiene una actividad puramente comercial. Esto obedece a varias razones.

En nuestro sistema, el artículo 45 de la Constitución consagra un derecho social -el derecho a la vivienda- como un derecho individual de la persona; no se está, pues, regulando únicamente un tema de actividad económica. En consecuencia, esas consideraciones sociales pueden entrar a jugar con verdadero fundamento para regular la autonomía en este caso, ya que no estamos ante una típica institución de Ente Autónomo que realiza una actividad comercial porque, reitero, aquí se ve implicado un derecho que está garantizado como un derecho individual de la persona, de acuerdo con el citado artículo 45. Además, esto está desarrollado con mucho acierto social -tal como muy bien lo señalaron los señores Senadores Garat y Chiesa- en la Ley Nº 13.728.

Entendemos que aquí no hay lesión a la autonomía, por lo que este tema debe regularse por ley para dar certeza, estabilidad y objetividad al otorgamiento de los derechos. Es positivo que en ciertos casos el Banco haya planteado esto administrativamente, pero no es suficiente porque no existe la regulación global que se establece en el texto legal.

El segundo tema que queríamos señalar -porque aquí de alguna manera se planteó- apunta al hecho de que he escuchado hablar de deudores morosos voluntarios e involuntarios. La verdad es que no conozco morosos voluntarios, y aclaro que no estoy en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial. No obstante, durante 16 años tuve una vinculación con el tema, ya que durante el gobierno de facto prácticamente debí cerrar mi estudio -que atendía esencialmente problemas de sindicatos y laborales- y de algún modo sustituí mi actividad como asesor letrado del Centro Cooperativista del Uruguay. Justamente, esto determinó que frecuentara todo lo relativo a la vivienda hasta 1990 cuando, por haber ingresado a la Cámara de Representantes, entendí que debía cesar en todo asesoramiento remunerado a sindicatos y organizaciones sociales para poder actuar con libertad. Sin embargo, reitero, tuve una vinculación que duró todos esos años, y debo decir que comparto la afirmación del señor Senador Garat en cuanto a la satisfacción de aquel que lograba la vivienda. Nadie desea atrasarse voluntariamente en el pago de su vivienda, máxime si tenemos en cuenta que ningún alquiler baja de los $ 2.500; en consecuencia, nunca he visto un moroso voluntario.

Pienso que los morosos fueron el resultado de dos factores: por un lado, de la situación social y económica, tal como aquí se planteó y, por otro, de la política seguida en la relación con los deudores por el Banco Hipotecario. Voy a denunciar aquí que se produjo un intervencionismo en los contratos que es inconstitucional. A las personas que mantuvieron su relación con el Banco se les subía el interés -tal como sucedió en 1991, que se incrementó del 2% al 7%- o se les agregaban colgamentos. Esta era una forma de afectar el contrato, aparentemente para favorecer al deudor, pero sin consultarlo y proyectándolo a una acumulación de colgamentos que tenía que pagar posteriormente. También hay otros aspectos, como el aumento de la frecuencia de los reajustes, elemento que también afectó la economía de los deudores.

Por lo tanto, estos morosos derivan también de la forma cómo se condujo su relación con el Banco Hipotecario, por ejemplo, a través de leyes o de decisiones de la Institución que, inclusive, no respetaban el principio de contractualidad, tal como aquí se ha señalado. Este principio establece que cuando el consenso cerró algo, no lo puede desatar una voluntad unilateral, por más que ello se regularice haciendo un acta. Sabemos muy bien que no puede darse una negociación entre iguales cuando tenemos, por un lado, al Banco y, por otro, a un deudor de la Institución.

Inclusive, ese porcentaje que aumentó del 2% al 7% era sobre la unidad reajustable. Precisamente, tengo en mi poder un texto, nada menos que del señor Presidente Sanguinetti...

SEÑOR SOLARI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SARTHOU. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SOLARI. - Quien habló de deudores morosos voluntarios e involuntarios fui yo. Habida cuenta de las manifestaciones que acaba de hacer el señor Senador Sarthou, y de las realizadas en el día de ayer por el señor Senador Garat -quien, de acuerdo con la versión taquigráfica, expresó que no se puede decir a la ligera que hay ciudadanos que mayoritariamente no tienen voluntad de pagar- quisiera aclarar el alcance de los términos de lo que expresé.

Me reitero en la afirmación de que hay deudores morosos con el Banco Hipotecario voluntarios e involuntarios. No dije que fueran mayoritariamente voluntarios; expresé que los hay y cité un ejemplo que hoy voy a concretar más específicamente. Voy a referirme a una cooperativa de vivienda ubicada en la calle Mones Roses, entre Bolonia y Dublín, en pleno corazón de Carrasco. No es, pues, una zona marginada y no se trata de un edificio de categoría I o II. Los integrantes de esa cooperativa -de la cual formé parte durante un determinado tiempo- siguiendo directivas de una federación más amplia de cooperativas, decidieron dejar de pagar voluntariamente al Banco Hipotecario y depositaban -en realidad, depositábamos, porque yo también era miembro- ese mismo dinero en una cuenta en un banco comercial de plaza, donde se generaban intereses. Eventualmente, se regularizaría o no la situación con el Banco Hipotecario.

En lo personal, dejé de pertenecer a esa cooperativa, pero sé que hay muchas otras que se encuentran en la misma situación.

No obstante, reitero que con eso no pretendo decir que la mayoría de los deudores morosos con el Banco Hipotecario del Uruguay lo sean en forma voluntaria; sin embargo, es cierto que los hay. Cabe señalar que esa situación que mencioné no obedecía a una imposibilidad de pago porque, si así fuera, los montos no hubieran podido ser depositados en una cuenta bancaria. Además, debo agregar que el nivel de vida de las familias que vivíamos en esa cooperativa ciertamente no reflejaba la imposibilidad de pagar.

Quería hacer esta aclaración y la reiteración de estos datos ante las manifestaciones de los señores Senadores Garat en el día de ayer y Sarthou en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU. - Personalmente, tuve una larga vinculación con FUCVAM como consultor honorario, y puedo decir que hubo dos oportunidades en las que efectivamente se depositó el monto en una institución bancaria privada porque el Banco Hipotecario se negó a recibir dicho importe. La primera de ellas tuvo lugar cuando se produjo una elevación de las cuotas. En ese entonces, como forma de resistirse a esa decisión unilateral, se planteó la posibilidad de realizar el depósito, porque si no se aportaban las cuotas con el aumento establecido, el Banco no recibía el pago. La otra oportunidad fue en ocasión de aprobarse el Decreto-Ley Nº 15.501, aquel que durante el proceso de facto trató de transformar a todas las cooperativas de ayuda mutua en cooperativas de propietarios. En esa instancia FUCVAM adoptó como medida de protesta un paro de pagos.

Estos fueron, entonces, los motivos reales por los que se depositaba el dinero de las cuotas. Puede haber habido algún caso aislado de especulación, pero las situaciones reales en las que se aplicó esta medida en la historia de las viviendas cooperativas, fueron los ejemplos mencionados y por decisión de FUCVAM.

Conozco con propiedad este tema porque personalmente hice el escrito de inconstitucionalidad del Decreto-Ley Nº 15.501, recurso que fuera acogido por la Suprema Corte de Justicia, lográndose la normalización de la situación. Mientras tanto, los deudores depositaban el dinero para demostrar su buena fe. En virtud de la medida gremial de lucha de FUCVAM ante la obligación de admitir la modificación de las cuotas, se vieron obligados a realizar ciertos actos.

De manera que, entonces, no descarto que pueda haber algún caso particular de especulación, pero no han sido los que conocí personalmente, vinculados a las cooperativas de ahorro y crédito y a las de ayuda mutua, que asesoré en forma permanente durante varios años. En todo ese tiempo jamás vi esa intencionalidad especulativa.

En ese sentido, me voy a referir a otra causa que no se ha manejado en este ámbito, vinculada a la no reglamentación de la Ley Nº 14.105. Lo que se plantea hoy aquí, el régimen de franjas, fue propuesto por esa ley en enero de 1973, como forma de mejorar los efectos sociales de la Ley Nº 13.728 y, de ese modo, establecer franjas. El artículo 1º de la Ley Nº 14.105 modificó la redacción del artículo 35 de la Ley Nº 13.728 y creó categorías: para la categoría A de ingresos, el porcentaje no podía superar el 10%; para la categoría B1, el 13% y, para la categoría B2, el 16%. Es decir que ya ese texto legal creaba franjas. Pero, además, de acuerdo con dicho artículo, para estas franjas se exigía la determinación del nivel teórico de suficiencia de la familia. Sin embargo, esto nunca se reglamentó, a pesar de que FUCVAM luchó mucho para lograrlo porque estaba condicionada, reitero, a la determinación del nivel teórico de suficiencia de la familia; según fuera este igual o dos tercios del nivel de suficiencia, se aplicaban las distintas categorías. Esto significa, entonces, que existió una ley que no se pudo aplicar. Es posible que mucha gente que hoy es morosa no lo fuera si se hubiera reglamentado el nivel teórico de suficiencia establecido por la Ley de 1973.

Me consta que el movimiento en defensa de los deudores peleó mucho para obtener esta reglamentación y estas franjas. En definitiva, lo que estamos haciendo hoy, de alguna manera, es similar a aquel intento de 1973, surgido de gente que quería darle un sentido más social a la Ley Nº 13.728 y así rebajar los intereses y amortizaciones en aquellas situaciones especiales en cuanto al nivel económico.

Antes de hacer estas puntualizaciones, estaba diciendo que el propio señor Presidente de la República, doctor Sanguinetti, plantea de alguna manera esta temática cuando en el programa «Hoy por hoy», de Canal 5, en un reportaje realizado por la señora Sonia Brescia el viernes 11 de noviembre de 1994, expresa lo siguiente: «Bueno, nosotros tenemos en la política de viviendas uno de los fuertes de nuestra propuesta, porque estamos en una situación muy difícil. Yo he expuesto muchas veces este ejemplo, que es real; absolutamente real. Una persona que contrató un préstamo del Hipotecario de U$S 25.000 el 1º de marzo de 1990, cuando empezó este Gobierno, pagó cuatro años y hoy debe U$S 49.000». Precisamente, este es uno de los casos que planteaban los señores Senadores Garat y Chiesa, así como nuestros compañeros. Continúa el señor Presidente: «Es evidente que debemos ir saliendo de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? En primer lugar, para los ahorristas del Banco Hipotecario comunes, volver a desarrollar una política de crédito como se había desarrollado, de un modo, digamos, más sensato, en los reajustes. Acá, al Banco Hipotecario se le impuso un 7% en valores de Unidades Reajustables que terminó siendo un 18% de intereses en dólares, lo cual es una barbaridad. Entonces, esto hay que reajustarlo».

Estas manifestaciones, reitero, fueron formuladas por el propio Presidente Sanguinetti el 11 de noviembre de 1994, en una entrevista realizada por Sonia Brescia en Canal 5.

En definitiva, estos deudores morosos han sido generados por el propio sistema. No debe olvidarse que se trata de gente que hizo el esfuerzo de aportar capital para la vivienda lo que, en alguna medida, significa un favor para el Estado. Digo esto porque, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución -aclaro que hay profesores y constitucionalistas que sostienen la tesis de que este artículo genera un derecho subjetivo- el Estado está obligado a proveer de vivienda o crear las condiciones para ello.

Aquí la gente puso trabajo, dinero y ahorros, pero llegó un momento en que, debido a las causas a que me voy a referir a continuación todos esos defectos de gestión o formas de regular el endeudamiento se generó una crisis. Debe tenerse en cuenta que se trata de deudores que, en muchos casos, pagaron durante años. Por esto digo que no son deudores morosos voluntarios, sino creados por una determinada situación socio-económica.

Se manejó un aspecto que no quiero reiterar, sin embargo, podríamos hacer una larga lista de lo que ha sucedido con los deudores en los últimos tiempos. Me refiero a situaciones de despidos, seguros de paro, salarios congelados desde 1991, salarios convencionales que han quedado rebajados en virtud de la tercerización, así como a un mercado de alquileres inaccesible, por el que las viviendas están vacías y no se puede acceder a ellas ya que nadie tiene para pagar, por ejemplo, $ 2.500. Reitero que esto se ve no sólo en los remates; lo señalo porque ayer se daba la pauta de una disminución en ese sentido. Puedo decir que son muchísimos los juicios de entrega de la cosa y de desalojo realizados por el Banco. Debo indicar, también, que la institución no actuó mal porque, de pronto, esperaba ocho o diez meses, pero la persona tampoco podía lograr los recursos para pagar, ya que se trata de una situación social general y no de un quebrantamiento temporario de sus ingresos.

Entonces, esta situación social determinó que el Banco iniciara juicios de entrega de la cosa, lo cual no se vio en otros tiempos; en general, esto sucedía con el casero particular, pero nunca hubo un casero oficial que diera el desalojo. Por ello digo que la situación no se refleja sólo en los remates; sino en la gente que ha sido desalojada. Esto me consta porque he actuado en solicitudes de prórrogas de usuarios desalojados o con juicios de entrega de la cosa, que tienen que entregar su vivienda de inmediato. Repito que para llegar a esto, la institución esperaba un tiempo, pero no había posibilidades de encontrar una salida.

Quiero aclarar otro aspecto debido a que aquí se habló de que serían 18.000 los deudores con cifras congeladas. Sin embargo, aquí nos estamos olvidando de la trascendencia de esta ley para evitar la existencia de nuevos deudores. Este drama, que se verifica cuando se habla, por ejemplo, con personas de edad, que hicieron un esfuerzo para tener su casita, vienen aguantando para pagar sus cuotas, pero llega un momento en el que no pueden seguir cumpliendo, se plantea hacia el futuro. Aquí no solamente hay que tomar en cuenta a los deudores actuales, sino ver de qué manera detenemos la generación de nuevos morosos, que no van a poder cumplir en virtud de que la evolución de la Unidad Reajustable y la relación con sus ingresos reales, no se los permitirá y seguirán endeudándose cada vez más.

Insisto en que hay que tener en cuenta este régimen de franjas, así como la retasación -a la que alude, de alguna manera, el propio Presidente Sanguinetti cuando plantea esta diferencia entre el valor del mercado y el que se está pagando- porque el problema no es sólo que ya hay 18.000 morosos, sino cuántos más podría haber dentro de los 107.000 deudores si no se generaran estas nuevas condiciones del proyecto en análisis. Sé que hay sensibilidad para resolver este tema y que el Banco Hipotecario -el señor Senador Hierro López lo planteó- estaba buscando soluciones en ese sentido, pero no hacemos más que ratificar la necesidad que existe de sancionar la ley, porque no sólo se trata de muchos deudores, sino también de la potencialidad de infracción que puede darse si la ley no logra, con las franjas y la retasación, reubicar las situaciones.

Termino -creo que es importante que se proceda a la votación de la ley- señalando que es lógica la preocupación de que el Banco siga funcionando y tenga eficiencia económica, pero por las razones que manifesté en ciertas situaciones hay que tener en cuenta lo social. El Banco Hipotecario del Uruguay tiene un cometido que no es estrictamente bancario, sino social, es decir, cómo se cumple el artículo 45 de la Constitución que está relacionado con el derecho individual de las personas. Esto fuerza la circunstancia de que no se lo pueda encarar sólo con un criterio puramente económico porque tiene una materia de alto contenido humano, pues el trabajo y el techo son elementos indispensables. Por esto creemos que no puede estar en primer plano el aspecto del funcionamiento económico, sino que debe coordinarse con la labor de asistencia social, que implica -por más que la institución se llame Banco- tener un cometido en materia de vivienda. Por más que correspondería al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente atender las necesidades de vivienda de quienes perciben menos de 60 Unidades Reajustables por mes, hay que entender que en el Uruguay la tesis de que existe clase media alta y clase media baja está desapareciendo. Casi toda la gente hoy tiene dificultades para poder afrontar cuotas de $ 2.000, porque hay familias cuyo ingreso de trabajadores es de $ 1.500, en función del deterioro del salario, del porcentaje de desocupados y de quienes están en el Seguro de Paro.

Repito, por más que se llame Banco o sea un Ente Autónomo, estaríamos en la misma hipótesis del artículo 186 de la Constitución, que regula la autonomía en forma distinta porque hay intereses importantes en puertos y en telegrafía. Entonces, ciertos intereses sociales públicos de importancia llevan a que la autonomía sea limitada y a que la sociedad, a través de un pronunciamiento parlamentario, defina determinadas pautas de protección para esa área temática que estaba establecida.

Consideramos que es muy importante que se dé a los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y a quienes todavía no son morosos pero sí deudores, la tranquilidad de que no se convertirán en ello.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: en 1994, en plena campaña electoral, se nos planteó al Nuevo Espacio, como a todos los partidos la disyuntiva de apoyar o no dos instancias plebiscitarias: una, relacionada con el tema educativo y otra, vinculada con el régimen jubilatorio salido de una norma presupuestal. A ambas instancias, por fundamentos distintos, dijimos que no. No era fácil para un partido nuevo -prácticamente sin historia y cuando quizás para nuestra propia existencia se necesitaba de todos los votos- ante reformas que venían con el apoyo de personalidades importantes, ir a pedirle a la gente su compromiso y su apoyo diciéndoles que esas dos iniciativas, que tenían cierta simpatía en la población, no las íbamos a acompañar. Como decía, una de ellas estaba vinculada con los jubilados, lo cual tenía un profundo gancho electoral -y salió aprobada- y era la que quizás con mayor dificultad teníamos que enfrentar, porque era la que más partidos apoyaban. Además, porque la cantidad de jubilados y pensionistas en el Uruguay tiene, sin duda, una fuerza de crear opinión muy importante.

¿A qué viene este comentario, señor Presidente, si estamos hablando del tema de la vivienda y del Banco Hipotecario del Uruguay? Creo que los partidos tienen que aprobar, apoyar o desaprobar las leyes de las que estén convencidos, independientemente de los resultados electorales, con un nivel de acción genuina de su voluntad política que permita que la opinión pública siempre tenga claridad en cuanto a lo que los partidos piensan y opinan. Para nosotros fue muy difícil explicar que se iban a perder jubilaciones. Incluso, se nos acusó públicamente de faltar a la verdad. Luego se aprobó la norma; los hechos posteriores vinieron y se consagró que muchas de las jubilaciones se habían perdido. Por suerte, el Senado, en una de sus últimas sesiones en que se trató el tema, aprobó reparar los perjuicios que, en cierta medida, el conjunto de la ciudadanía -en nuestra opinión, mal aconsejada- había generado a personas que genuinamente habían alcanzado su jubilación.

¿Qué estamos resolviendo cuando discutimos este tema y no sólo lo que aprobamos por ley, que si así fuera, todo sería más fácil? El problema es cuando votamos en el Senado y en la Cámara de Representantes y nuestra voluntad se hace ley, no sólo tiene los efectos que ella produce, sino también la interpretación que el conjunto de la sociedad hace.

Muchos de los artículos que trae el proyecto de ley, si vinieran con una solución colectiva y consensuada de los partidos, estaría dispuesto a apoyarlos, pero otros no. Si hubiera consenso, seríamos capaces de dar nuestro voto, en la medida en que más allá de la ley, la señal que se está enviando al conjunto de la opinión pública sería bien distinta a lo que se manda en estas circunstancias. Entonces, la problemática no está en la ley.

Entiendo que el señor Senador Segovia y otros señores Senadores hayan puesto sobre la mesa este tema, ya que hay mucha gente que tiene profundas angustias porque no puede pagar sus cuotas y otra siente, aunque no tenga el lanzamiento, que puede llegar a esa situación. Por lo tanto, hay que ponerse en la piel de esas familias para poder entender su situación. No hay que tener en cuenta solamente uno de los factores, sino el conjunto de ellos para ver cómo solucionamos o atendemos a quienes tienen mayor angustia por los problemas que están padeciendo. Además, hay que considerar señales que permitan mantener el sistema de construcción de viviendas con solidez para hoy, pero sobre todo con solidez para el futuro.

Por otra parte, cuando me refiero a la angustia de la gente, no sólo hablo del tema de los lanzamientos. Hay gente que no puede pagar, que necesita y quiere salir de su deuda así como recuperar, cuando venda su vivienda, parte del capital que ya invirtió a efectos de comprar otra. Estas personas perciben que el capital que pretenden sacar muchas veces es menor que el que se pagó porque han jugado las reglas del mercado; además, cuando los futuros compradores se enteran de la deuda existente frente al Banco Hipotecario, huyen despavoridos. En cierta medida, están cautivos de la situación. Personalmente creo que eso es algo que debemos atender.

El problema consiste en que si por ley se dan determinadas directivas al Banco Hipotecario que no sean producto de un consenso político -inclusive, los integrantes de esta institución- se podría estar afectando un bien muy importante que va más allá de las normas. Como dije anteriormente, cuando se votó el tema de los jubilados, la mayoría no puede generar el precedente de quitar una jubilación a alguien que ya la tiene. Me parecía una mala acción que ponía al sistema jubilatorio en riesgo, porque si a alguien que trabaja toda la vida, cuando se va a jubilar, una mayoría circunstancial le puede sacar la jubilación, ¿para qué va a contribuir solidariamente a esos efectos?

En estas circunstancias podemos estar mandando la señal -lo digo muy sopesadamente- de que a nivel del Banco Hipotecario no vale la pena pagar, y esa no es la intención de los deudores. Y no estoy hablando de los morosos que, seguramente, han hecho esfuerzos desmedidos por pagar, ni siquiera de los que cumplen permanentemente con la deuda contraída, a pesar de que están moviéndose legítimamente para conseguir que alguien los escuche y les encuentre una solución.

Este es un tema que va más allá de la situación actual en la medida en que estamos mandando una señal al conjunto de los deudores, de los ahorristas y diría también de todos aquellos que hoy ni siquiera lo son ni han tenido oportunidad de comprar una vivienda. Podría decir que nos estamos dirigiendo a los que ni siquiera han nacido.

Reitero que se trata de una señal que ha hemos enviado en otro momento y consiste en la idea de que las reglas y los sistemas se arman, pero no vale la pena pagar. Si no se paga, se obtienen más beneficios y entonces la sociedad se construye sobre la base de que aquellos que hacen los máximos esfuerzos no reciben los beneficios correspondientes.

SEÑOR SARTHOU. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Este proyecto prevé, para las personas que están al día, la fórmula de retasación, lo que quiere decir que no sólo se ampara al que está en infracción.

Además, hay una explicación social de por qué se da esta situación, de la misma forma que se argumenta la refinanciación con respecto a los deudores de la actividad agropecuaria. En esos casos se invocan situaciones de emergencia pero no se hace la fundamentación a la que hacía referencia el señor Senador Michelini, porque eso sería arbitrario de no plantearse las razones de conducción de la temática e, inclusive, de la política.

No quise entrar en ese tema, pero habría que ver si es posible que el Banco Hipotecario tenga un costo de U$S 2.400 el metro cuadrado mientras la actividad privada logra menos de U$S 800, o si es viable que esas inversiones se hagan en zonas que después no reditúan. Es decir, habría que ver una cantidad de aspectos relacionados con la gestión del Banco.

Un ciudadano no puede pensar que vale la pena no pagar, en primer lugar, porque ya lo hizo y en gran medida y, en segundo término, porque va a abonar con ciertas consideraciones fundadas en hechos sociales, basándose en el funcionamiento que el propio sistema tuvo hacia él.

Por lo tanto, creo que no se trata de una incitación al incumplimiento ni de un regalo. Es gente que cumplió y corre el riesgo de perder todo lo que ha hecho durante años. Consideramos que se ha planteado una real emergencia social y que esto servirá para que otros no se sigan endeudando, para que el sistema pueda seguir funcionando y la gente pueda permanecer en él.

Por lo expuesto, discrepo con el señor Senador Michelini en el sentido de que se trate de una incitación al incumplimiento, porque hay aspectos claros que determinan la razón del régimen y pueden dar una explicación al ciudadano uruguayo que no consiste en premiar el incumplimiento sino atender una situación crítica derivada de circunstancias no imputables al deudor.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI. - Que discrepamos con el señor Senador Sarthou, es obvio. Humildemente trato de dar mis argumentos y no creo que sea bueno mezclar las refinanciaciones con este proyecto de ley. Además, independientemente de mis palabras, pienso que todos aquellos que están vinculados a este tema su gente de trabajo y de esfuerzo, que ha pagado mes a mes la cuota de su vivienda. Insisto en que mezclar este asunto con la refinanciación de 1992, que debe estar en los anales del Parlamento, es vergonzoso. Una empresa que se llevó U$S 8:000.000 refinanciaba con U$S 150.000 y todavía tenía seis meses de plazo. Además, ni siquiera se controló si el dinero estaba en el país, porque el Parlamento no puso esa condición. Confundir este tema con el que nos ocupa en el día de hoy, donde reconozco que hay esfuerzos vinculados a gente de trabajo que paga todos los meses, significaría que le estaríamos haciendo mal a la propia ley.

Sin embargo, señor Presidente, no estoy discutiendo el qué, sino el cómo. Comparto muchos de los artículos -incluso la retasación- y en lo que tiene que ver con los otros que no estoy de acuerdo, si hubiera un consenso sostenido -es decir que dentro de dos o tres años no exista otro partido político que proponga cambios- personalmente los apoyaría porque, independientemente de la ley, la señal sería otra. Como dije, se trataría de un consenso sostenido en el tiempo porque estas reglas, para ser cambiadas, necesitan de muchos acuerdos políticos. De todas formas, no sé si es bueno que todo se decida por ley, ya que también implicaría participación del propio Banco Hipotecario en las soluciones finales y, en mi opinión -subjetiva y discutible- se salvaguardaría el principio fundamental de que esta institución pueda funcionar y construir viviendas para darlas a los nuevos ahorristas. Se construye con el esfuerzo de todos y en la medida en que las cuotas se paguen. ¿Esto significa que los montos de las viviendas están acordes con las deudas? No, están absolutamente desfasadas. ¿Esto significa que en la moneda dólar no tiene relación lo que se está pagando o se pagó por la vivienda con lo que vale en el mercado? Por supuesto, son datos de la realidad que hay que corregir.

También es cierto lo que señala el señor Senador Hierro López en cuanto a que muchos ahorristas o deudores -ni siquiera hablo de morosos- están pagando menos de lo que pagarían por un alquiler.

También es cierto que muchas veces esos deudores ya pagaron la vivienda, y no por pagar menos que un alquiler tienen que ser cautivos de por vida. Esto necesita ser resuelto, y en mi opinión, el sistema político debe demostrar que es capaz de hacer las cosas bien. Embarcados en la sensibilidad que implica la existencia de un conjunto de deudores -algunos morosos y otros no- que genuinamente nos está indicando que hay un problema grave, debemos tener un sentido de responsabilidad acerca de cómo actuar, de cuáles son las piezas que se modifican, de cómo se cambian, y cómo se relaciona ese patrimonio hipotético del Banco Hipotecario -que a mi juicio, son papeles, porque no lo tiene- con una cuota realista; asimismo, cómo dejamos que el Banco siga invirtiendo dinero en las viviendas que se están construyendo, porque son para los nuevos ahorristas, y cómo generamos y mantenemos, señor Presidente, ese nivel de empleos que a todos nos preocupa.

Sin duda, es un tema complejo que afecta variables de todo tipo de la economía. El Nuevo Espacio, con un 5% de la representación parlamentaria, no puede imponer su proyecto ni su iniciativa ni su voluntad, pero sí levantar la voz sincera de la reflexión. Por más que por una mayoría circunstancial, podamos perder hoy, como otras veces -nos ha tocado perder en muchas oportunidades- no quiere decir que por los efectos de la ley futura -independientemente de lo que haga el oficialismo, el Poder Ejecutivo o la coalición, si logra cruzar las diferentes vías y más allá de que tenga un efecto y de que aquellos deudores angustiados, incluso los morosos, sientan un alivio- no se mande una señal todavía más profunda. En la sociedad uruguaya a menudo no se asumen responsabilidades -en mi opinión, ello es producto de los gobiernos anteriores, porque las cosas no salen de la nada- y muchas veces el estar fuera de las normas, de las reglas, termina dando más dividendos que al atenerse a ellas.

Esta no es una interpretación casual, señor Presidente, y menos una acusación a la gente que con todo derecho dice que le están cobrando dos veces más la vivienda que lo que se está cotizando en el mercado y que, además, su precio es muy superior al préstamo que le otorgaron. Por supuesto, quiero dejar salvado el legítimo reclamo de los deudores, morosos o no. No se debe pensar que acá sólo hay morosos: hay deudores que están pagando y que opinan que esto no puede seguir así. Reitero que esta no es una interpretación casual. Las reglas están para cumplirlas. En el país necesitamos recuperarlas y cambiarlas -los Parlamentos lo pueden hacer- pero se debe constar con el mecanismo que asegure que la señal que se envía es la correcta.

Podríamos manejar el Banco por ley y no lo hacemos. Asimismo, podríamos proponer sacar a este Directorio -ya que una parte del problema es de él y otra del anterior- pero cuando el Presidente Noachas hizo una ronda con los diferentes Partidos en meses anteriores, en una de las reuniones, yo me preguntaba "¿Recién ahora se viene?" ¿No son ellos los idóneos para saber cuál era la situación que se estaba gestando? Nos dijeron que no eran políticos, pero no se necesita serlo para saber que dos más dos son cuatro.

Por lo tanto, señor Presidente, me parece que, más allá de la ley, hay que buscar que las señales sean las correctas. El Nuevo Espacio y, particularmente, quien habla, estamos dispuestos a hacer un sacrificio a nivel del Senado y de la Cámara de Representantes propiciando y acompañando algunas normas -con las cuales podemos no estar de acuerdo en un cien por ciento- en la medida en que haya acuerdos sostenidos en el tiempo y sólidos, que permitan dar solución a las angustias que están viviendo los deudores, enviando una señal muy clara. Las viviendas de los que hoy no las tienen, de los futuros ahorristas, de las próximas generaciones, se harán si esa señal no se enturbia. Las viviendas se financian, pero se tienen que pagar.

Con esto concluyo, agregando casi como fundamento de voto que acompañé la propuesta del señor Senador Sanabria en cuanto a que el Senado se dé un tiempo más. El señor Senador Segovia señalaba que los plazos estaban agotados. Es público que se propiciaba un mecanismo donde el Nuevo Espacio iba a tener un elemento para intercambiar -porque éramos los coordinadores, no integrábamos la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial- y aspirábamos a que el Senado nos diera una oportunidad -no más de una semana- para poder encontrar una solución que tuviera estos contenidos. De no ser así, esperamos que en la Cámara de Representantes, si el proyecto es aprobado, o retomando el camino si el mismo queda en el Senado, podamos encontrar una solución que contenga las claves para que el Banco Hipotecario siga construyendo viviendas y las angustias de muchos deudores en parte puedan solucionarse.

SEÑOR SEGOVIA. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - He escuchado cuidadosamente la exposición del señor Senador Michelini acerca de hasta dónde acompaña el proyecto, cuáles son las divergencias. Su preocupación, básicamente -que ha sido compartida por todos- son las señales que estamos trasmitiendo y cuál es su alcance para lograr claridad suficiente en la población y mantener el ideal que siempre significó el Banco Hipotecario en la construcción de viviendas.

Es cierto que en la discusión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial se buscó salvaguardar al Banco Hipotecario del Uruguay para que, precisamente, la inquietud que tiene el señor Senador Michelini de que el Banco siga construyendo se convierta en realidad. El señor Presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, la primera vez que concurrió a la Comisión, dijo que la función de esa institución era construir y seguir construyendo. Esa aseveración nos creaba ciertas dificultades de interpretación, por cuanto los propios miembros del Banco Hipotecario manifestaban que no estaban en un período de construir, sino de fortalecimiento de sus capacidades financieras. También es verdad que cuando las señales que se envían a la población son mal dadas, vuelven a suceder cosas que ocurrieron en el pasado. La gente se acostumbraba a no pagar determinados impuestos, porque sabía que oportunamente vendrían gracias, amnistías, y quedarían liberadas de hacer aportes que luego se condonarían por una práctica que en determinado momento fue algo usual. Como es notorio, esas situaciones se daban sobre todo en los pagos de la Contribución Inmobiliaria, y más aún en el interior del país, donde operaban circunstancialmente grupos fuertes de presión para que se condonaran deudas adquiridas.

Es claro que en este momento no voy a trasmitir al señor Senador Michelini la idea de que este proyecto de ley lo elaboramos, precisamente, para que las señales fueran las adecuadas -y no perjudiciales hacia adelante, así como tampoco para que fueran reavivadas esas pérdidas de garantía por amnistías- y que el camino se transformara en una vía legislativa donde no se permitieran las distorsiones que condujeran a períodos de gracia por posiciones de uno u otro Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay o de determinadas circunstancias económicas. Pero sí puedo trasmitir al señor Senador Michelini la idea de que si este proyecto se vota favorablemente en esta instancia -como creo que ha de suceder- tenemos la oportunidad de lograr acercamientos importantes para que haya una fuerte base de aprobación, aunque no sea de consenso total, que permita dar al país una señal realmente clara de que se está legislando para que no se produzcan esas distorsiones.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: brevemente quiero ser muy preciso respecto a qué me refiero cuando hablo de dar señales claras.

Reitero que, en relación a los aspectos administrativos o legislativos, nos vamos a poner de acuerdo, e inclusive votaré algunos con los que no coincido totalmente, a fin de que ese acuerdo se propicie. Sin embargo, cuando hablo de señales claras, me refiero a compromisos políticos de los partidos del Uruguay, y a los Legisladores, a los líderes políticos, al Banco Hipotecario, a los Ministros de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Economía y Finanzas y al Presidente de la República. Me refiero a afirmar, a través de la televisión y de la radio, que se hacen estas cosas porque estamos en una situación de emergencia, pero que el sistema político no va a volver a involucrarse para distorsionar las reglas de juego que se generan. Me refiero a que no importa quién gane la próxima elección, sino a que todos somos contestes en que hay temas en que los partidos políticos nos diferenciamos, mientras que en otros las reglas son claras, independientemente de quien esté gobernando.

Por lo tanto, si todos los partidos políticos, los líderes máximos y los Legisladores afirmamos, frente a la televisión y a la radio, que esta es una situación de emergencia y por eso se adoptan estas medidas como excepción, pero que la regla es tal y cual, por supuesto que vamos a contribuir con ello. Sin embargo, la señal es mucho más fuerte que la solución que se está dando y que es sensible a las angustias de muchos uruguayos.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: quiero aclarar que el tema de dar señales tiene que ver con la presentación del tema, pero no debemos olvidar que la gente lee -sin necesidad de que le trasmitan dichas señales- en los datos concretos. Entonces, si no se modifican los ingresos, si no hay suficiente salario y si la unidad reajustable sigue desplazándose en forma tal que no podrá ser alcanzada por los sueldos, se va a repetir la situación por más señales que se den.

Por lo tanto, más que señales -que, de pronto, pueden ser discursivas o declarativas para mucha gente del sistema político- lo que importa es cambiar las condiciones de gestión del Banco Hipotecario del Uruguay y la forma de encarar el tema de la unidad reajustable para que la gente no corra cuando le hablen de dicha Institución, pues lo primero que piensa es que sigue pagando mientras su deuda crece. Eso es lo que opina cualquier ciudadano cuando nos plantea el tema del Banco Hipotecario del Uruguay.

En consecuencia, será la forma de encarar el régimen lo que restituya confianza y que, de algún modo, se corrijan estos aspectos que han contribuido para llegar a la situación actual.

Muchas gracias.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Señor Presidente: no pensaba hacer uso de la palabra, pero como se invocó la opinión que el que habla había expuesto en una sesión de la Cámara de Representantes, me siento en la obligación de precisar cuál es la que me merece este tema.

Desde ahora procuraré -creo que será un esfuerzo vano- andar con una agenda donde vaya anotando las opiniones de los restantes protagonistas políticos, para ir señalándoles periódicamente las contradicciones.

Sostuve en la Cámara de Representantes -y lo confirmo absolutamente hoy- que este tipo de leyes es inconstitucional. Ni siquiera me convence la argumentación que ha hecho el señor Senador Korzeniak en un punto en que lo respeto especialmente. Entonces, quedo como un navegante solitario acompañando al doctor Gonzalo Aguirre Ramírez.

Creo que el argumento de que el artículo 185 de la Constitución varió en la Carta de 1967, no tiene relación directa con el tema que estamos analizando. Lo que aquí está en discusión en qué puede determinar la ley respecto a los Entes Autónomos. La variación que hubo en el artículo 185 de la Constitución consistió en decir que la ley, en lugar de establecer la autonomía de los Entes, podía determinar su grado de descentralización. Con ello, los organismos del dominio industrial y comercial del Estado dejaron de ser lo que, desde el famoso libro escrito por el doctor Alberto Demichelli en 1924, se conoció en la terminología constitucional como los Entes Autónomos necesarios. Es decir que a partir de la Carta de 1967, las empresas industriales y comerciales del Estado pasaron a ser Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, según lo que establezca la ley. El artículo 185 dispone que la ley establecerá el grado de descentralización. Lo que no puede hacerse, sin violar la autonomía y aun la descentralización, es señalar que los cometidos que se confieren por disposición de la ley deben ser ejercidos por el Ente de determinada manera. O sea que no se puede establecer que la atribución de conceder crédito o la de vender combustible debe ser llevada a cabo, necesariamente, de cierto modo. La situación que se nos presenta en relación con este tema es similar. La ley no puede decir que obligatoriamente se debe otorgar crédito a quienes ejercen tal profesión.

Si pienso esto -y lo ratifico- ¿por qué voy a votar este proyecto de ley? Me reclaman que lo vote, porque sostengo que es inconstitucional, pero resulta que ellos no lo votan hoy por otras razones pero lo han sostenido -ahora o en otro tiempo- porque no está en su programa que la ley no es inconstitucional. Entonces, ocurre como con el artículo 216 de la Constitución que, en la Legislatura pasada, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes resolvió por unanimidad que no podía introducirse en el Presupuesto ni en las Rendiciones de Cuentas materia que no fuera hacendística y propia de dichas leyes. Sin embargo, se prescindió totalmente de esa disposición y se aprobaron -como en el último presupuesto- una cantidad de normas que no eran de esa materia por ende no constitucionales.

Si me coloco en la posición de decir "yo creo que esta ley es inconstitucional" y, por tanto, no la voto, estaré haciendo lo que indicaba Pascal -que algo conocía del corazón humano-: "qui veut faire l’ange fait le bête", es decir, quien quiere hacer de ángel termina haciendo de estúpido. De seguir como navegante solitario, mi posición sería un ejercicio académico abstracto en un mundo irreal, porque en el real este proyecto de ley se va a votar por sí o por no, pero nadie va a considerar que sea constitucional o no; si el Senado declara que el proyecto de ley es inconstitucional, ahí contará con mi voto. Reitero que mientras me coloque en la posición de navegante solitario -como dije en una Comisión del Senado días pasados- no me resultará laudable, como sucede cuando uno se ubica en un mundo abstracto y desprecia la realidad. A propósito, puedo citar dos ejemplos de la historia, en el sentido de que esas posiciones que parecen tan loables académicamente, acaban siendo una verdadera tontería. Cuando en 1873 al Conde de Chambord le ofrecieron la Corona, por una mayoría enorme de la Asamblea Nacional de Francia, dijo que la aceptaba siempre que se eliminara la bandera tricolor. Esta era una posición muy consecuente, digna y académica, pero el resultado fue que se quedó sin la Corona y tuvo que soportar la bandera tricolor.

Cuando en el año 1870 el Papa perdió todo poder temporal, la nobleza romana vinculada al Vaticano se vistió de luto, no fue más al Quirinal y trató a la Casa de Saboya como hereje. El resultado fue que tuvieron que sacarse el luto, ir al Quirinal, tratar con la Casa de Saboya y, además, firmar el Tratado de Letrán con Mussolini.

Entonces, no quiero parecerme a esa gente que he mencionado y no quiero ser irreal, porque esto no es una academia; esto es un Cuerpo político que debe arbitrar la manera de satisfacer los intereses y deseos de la población.

Entiendo que esta ley tiene imperfecciones. Personalmente, la voto en el sentido de que va a ser reformada o acogida como punto de partida de otras resoluciones que se tomen en la Cámara de Representantes. Lo digo así porque los que hoy toman mi opinión e invocan la inconstitucionalidad, votaron muy solícitos toda otra serie de leyes que son tan inconstitucionales como ésta. Puedo hacer cualquier papel, seguramente el de tonto, pero no voluntariamente.

Es todo lo que quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - No hay más señores Senadores anotados para hacer uso de la palabra.

Se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 29. Afirmativa.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Hemos votado negativamente este proyecto de ley por las razones que hemos expuesto en Sala, es decir, entre otras cosas, por entender que no es conveniente que haya leyes de refinanciación que procuren resolver los problemas de la banca oficial. Además, sostenemos que las medidas adoptadas por el Directorio del Banco Hipotecario en oportunidades anteriores y el pasado 1º de abril, dan una solución quizás definitiva al problema de los 18.000 morosos. Creemos también que la Administración es competente y está en condiciones de encarar con sensibilidad social los temas que se han abordado en la discusión de este proyecto de ley.

Aun así, reiteremos la voluntad de la Bancada de Gobierno de seguir estudiando este asunto para contribuir a mejorar la legislación vigente y para resolver un tema que no ha solucionado esta iniciativa, que es el que tiene que ver con el número de deudores del Banco Hipotecario cuyos ingresos están por debajo de las 90 unidades reajustables y que estamos impedidos de subsidiar, de acuerdo con la legislación vigente; es más, según este proyecto de ley continuamos estando impedidos de hacerlo según lo establecido en este proyecto de ley por lo que nos parece que existe un hueco legal que requiere la atención de las Comisiones de Vivienda de ambas Cámaras parlamentarias.

15) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Sanabria solicita licencia desde el día 17 de abril al 25 de mayo."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 16 de abril de 1997.

Señor

Presidente del Senado

Lic. Hugo Fernández Faingold

Presente

De mi consideración:

Por la presente solicito licencia desde el día 17 de abril al 5 de mayo, por acompañar en Misión Oficial al Sr. Presidente de la República Dr. Julio M. Sanguinetti, a la República de China, por lo tanto le ruego convocar al suplente respectivo.

Lo saludo muy atentamente.

Wilson Sanabria. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se convocará al doctor Fernando Quarnetti, quien ya ha prestado el juramento, a efectos de incorporarse al Senado a partir del día 17 del corriente mes.

16) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE. - Tal como lo decidió en su momento el Senado, se repartieron las cédulas de votación a efectos de la integración de la Comisión Permanente del Poder Legislativo.

Dése cuenta del resultado de la votación.

(Se da del siguiente:)

SEÑORA SECRETARIA (Sra. Quena Carámbula). - Han sufragado treinta señores Senadores, haciéndolo por los titulares Senadores Luis Bernardo Pozzolo, Luis Hierro López, Luis Alberto Heber y Alberto Cid y por sus suplentes respectivos Senadores Orlando Virgili, Dante Irurtia, Nicolás Storace y Albérico Segovia.

17) DEUDORES DEL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en consideración el proyecto de ley relativo a los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Ex profeso no hice uso de la palabra, de manera que en dos minutos trataré de explicar, en principio, que considero que era necesaria la ley.

En segundo lugar, detecto dos temas muy importantes: la cuestión social de los deudores y el financiamiento del Banco Hipotecario del Uruguay. Si hay necesidad de optar -y quiero ser muy claro en esto- opto por la cuestión social de los deudores ya que ellos tienen un derecho, consagrado en la Constitución, a gozar de vivienda decorosa. Todos los habitantes tienen ese derecho; que sea difícil de instrumentar, es otra cosa. Sin embargo, así está dicho en el artículo 45 de nuestra Carta Magna, en una norma que no es programática, es decir, no es meramente declarativa, sino operativa. Que se cumpla o no es otro tema. Así lo declaró un juez ya una vez, e intimó al Banco Hipotecario a que actuara de esa manera. La sentencia fue revocada pero no porque se pusiera en duda el carácter de norma completa que tiene la primera parte del artículo 45 de la Constitución. Repito que es una norma.

En tercer término, he visto casi reeditada, en algunos aspectos, una discusión jurídica -que, naturalmente, admite opiniones respetabilísimas como la que acabo de escuchar del señor Senador Mallo, que respeto, como siempre- sobre el alcance de la frase del artículo 185 en cuanto a qué quiere decir fijar el grado de descentralización. Digo que ese tema fue discutido de una forma exactamente igual, "mutatis mutandi" -como decimos los abogados- cuando fueron consideradas las leyes de refinanciación que mucho tenían que ver, como situación jurídica -desde luego, los hechos eran distintos- con este caso. Los bancos privados -como ya tuve oportunidad de señalarlo- y el Banco de la República impugnaron como inconstitucional el hecho de que la ley se entrometiera en las condiciones concretas; me refiero al monto de crédito y de intereses y a los plazos que fueron modificados por ley. Todo eso fue objeto de reiterados pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de declarar que la ley tiene potestades -entre otros fundamentos, por el del artículo 185- para referirse a eso, no sólo para los bancos privados sino para el propio Banco de la República, que también es un Ente Autónomo.

En consecuencia, ratifico mi apoyo a este proyecto de ley, así como la juridicidad de que este tema sea regulado por una ley.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: hemos votado por la negativa, por las mismas razones que determinaron que hace algunos años en la Cámara de Representantes, ante planteamientos de naturaleza similar, también votáramos negativamente. Creemos que en aquel momento, cuando se dieron causas que hoy se han expresado -que fueron, en buena medida, las razones por las cuales se está dando esta situación que queremos corregir- debimos actuar tal como lo estamos haciendo hoy.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: hemos votado por la afirmativa porque creemos que este proyecto de ley atiende una situación de emergencia en la que viven decenas de miles de deudores, no por su culpa, ni por la voluntad de no pagar, sino por las condiciones socio-económicas del país y, además, por las políticas que en materia de vivienda se han seguido en los últimos siete años.

El señor Presidente sabe que hicimos un esfuerzo cuando se trató la Ley de Presupuesto con el objetivo de que todos los recursos que el país paga -porque no se trata de aquellos que provienen de los impuestos generales que cobra como el IVA o el IMESI, sino de los que son de carácter directo- y se cobran a los ciudadanos con destino al Fondo Nacional de Vivienda, se destinen efectivamente a ese fin.

No he podido asistir al debate que se realizó en la Comisión respecto de este proyecto, pero he leído la versión taquigráfica de las sesiones. Allí figura que el Banco Hipotecario, en setiembre de 1995, tenía una deuda estimada de U$S 590:000.000; cinco años antes se había cambiado la política en materia de intereses fijada por la Ley de Vivienda, dando la libertad al Banco para que implementara las tasas a efectos de autofinanciarse y que el Tesoro Nacional no tuviera que transferir el subsidio que existía antes y que eran esos U$S 2:000.000. Aquí está la clave de por qué el Banco llevó adelante esa política y se llegó a esta situación. Esta es la cuestión.

Estoy seguro de que en este proyecto de ley se concretan algunos avances. Creemos que hay que ir hacia una política de franjas éste ha sido el criterio del Frente Amplio y de su proyecto de ley elaborado hace siete años con la presencia en este Cuerpo del actual Intendente de Montevideo, arquitecto Mariano Arana. Sin embargo, a mi juicio, habría que reformular toda la política de vivienda.

En oportunidad de discutir el Presupuesto constatamos que ni el propio Poder Ejecutivo tenía idea de lo que recaudaba y transfería al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y que había años en que no se conocían las cifras correspondientes. Entonces, propiciamos una norma -que desgraciadamente no fue aprobada- para que absolutamente todos los recursos del Fondo Nacional de Vivienda se vertieran a la construcción de viviendas, inmediatamente de recaudados. Reitero que esa norma no fue aprobada, pero sí tuvo andamiento un camino intermedio que, con el señor Senador Heber, conseguimos articular en esa discusión tan azarosa que se realizó con relación al Presupuesto Nacional. Este mecanismo, por lo menos, nos va a permitir -y pediremos los informes correspondientes- conocer, por ejemplo, las cifras de los recursos recaudados en el año 1996 y qué porcentaje fue transferido al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Tenemos prácticamente la convicción de que no todo lo que se recauda se vierte, sino que existe una masa de recursos que la ciudadanía aporta a través del impuesto, que va a una bolsa que crece lentamente pero que no se destina a la construcción de viviendas.

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión particular.

La Mesa desea aclarar que se le ha hecho llegar una serie de artículos sustitutivos, modificativos y un aditivo por lo que, para facilitar la discusión y de acuerdo con lo que establece el Reglamento, hemos llegado a la conclusión de que la mejor práctica es proceder a la lectura completa del artículo tal como viene en el proyecto de ley para, luego, leer el artículo sustitutivo que se propone para cada caso. Debemos recordar que, de acuerdo con lo que establece el Reglamento, corresponde considerar ambas propuestas en forma conjunta.

SEÑOR POZZOLO. - ¿Se han repartido los textos de los artículos sustitutivos?

SEÑOR PRESIDENTE. - En estos momentos se están fotocopiando para distribuirlos a los señores Senadores.

SEÑOR POZZOLO. - ¿Podemos votar en esas condiciones?

SEÑOR PRESIDENTE. - Solicitaría evitar los dialogados, señor Senador.

Reitero que en estos momentos se están fotocopiando los artículos sustitutivos y aditivos, de manera de facilitar la discusión y sugerimos -ya que se trata de artículos complejos- dar lectura a cada uno de ellos tal como vienen en el proyecto de ley y, luego, a la propuesta alternativa correspondiente, explicando antes del análisis en qué consisten las modificaciones que se proponen

Este es el procedimiento que establece el Reglamento y que pretendemos seguir.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - El que hayamos hecho llegar a la Mesa ese articulado sustitutivo, surge -tal como lo habíamos planteado anteriormente durante la discusión general- de que, a raíz del estudio del tema en Comisión y de los acuerdos y avances logrados en torno a modificaciones del articulado para lograr un mayor consenso, habían surgido correcciones que todos los grupos que participamos de la redacción del proyecto considerábamos convenientes. Esto se debió a que esas modificaciones salvaban dificultades en alguno de los artículos que centralizan la mayor problemática de este proyecto de ley.

Consideramos que la forma en que la Mesa propone que se realice la discusión es la correcta y no sé si sería este el momento de dar, en forma un poco más explícita, los detalles de por qué presentamos la sustitución de estos artículos. De lo contrario, convendría que la Mesa hiciera primero un repartido a los efectos de que todos los señores Senadores dispongan de la información para luego pasar a la discusión.

En este sentido, acompañamos la decisión de la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa considera que el Cuerpo tiene dos opciones: la primera es esperar hasta tener repartida la totalidad de los artículos sustitutivos y el aditivo que se ha propuesto, para luego considerarlos uno por uno, estudiar y decidir sobre los mismos. La segunda consiste en comenzar a tratar artículo por artículo.

Según lo que establece el Reglamento para la discusión particular -y que correspondería aplicar en este momento- debemos pasar a leer el artículo 1º tal como viene en el proyecto de ley e inmediatamente después dar lectura al artículo sustitutivo, para finalmente ingresar a su análisis.

Entonces, salvo que el Cuerpo decida lo contrario, ingresaríamos a la consideración del artículo 1º.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - ¿Cuántos son los artículos aditivos que se han propuesto?

SEÑOR PRESIDENTE. - Se trata de cuatro artículos sustitutivos de los que, el primero es el más complejo.

SEÑOR BATLLE. - Entonces, por lo menos, que se empiecen a leer. De lo contrario, se puede pasar a cuarto intermedio hasta que la Mesa reparta los textos correspondientes.

SEÑOR POZZOLO. - Por lo menos, podríamos suprimir la lectura de los artículos que ya tenemos, pero el primer sustitutivo deberá leerse dos o tres veces. No quiero plantear la realización de un cuarto intermedio, habida cuenta de que ya existe una mayoría manifiesta en favor del proyecto de ley y lo único que se lograría sería que llegáramos a las 20 horas sin votarlo y lo tuviéramos que considerar el martes próximo.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor Senador Pozzolo propone la supresión de la lectura de los artículos tal como vienen en el proyecto.

En consideración la propuesta del señor Senador Pozzolo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Queda suprimida la lectura de los artículos.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Las cuotas que cobrará el Banco Hipotecario del Uruguay por concepto de amortización e intereses respecto de viviendas de las Categorías I y II, cuyo destino sea vivienda propia, única y permanente, a solicitud de los interesados se ajustarán a los máximos siguientes:

A) En relación con los ingresos de cualquier naturaleza de la totalidad de los integrantes del núcleo familiar y de quienes habiten con ellos:

Más de 90 UR 26%

Mayor de 80 y menor o igual de 90 UR 24%

Mayor de 70 y menor o igual de 80 UR 22%

Mayor de 60 y menor o igual de 70 UR 20%

Mayor de 50 y menor o igual de 60 UR 18%

Mayor de 40 y menor o igual de 50 UR 16%

Mayor de 30 y menor o igual de 40 UR 14%

Mayor de 20 y menor o igual de 30 UR 12%

Menor o igual de 20 UR 10%

B) En función del número de integrantes de la familia del deudor, incluidos quienes habiten con ellos, los porcentajes de la escala A) se multiplicarán por los siguientes coeficientes:

a) Familia unipersonal 1,4

b) dos integrantes 1,2

c) tres integrantes 1,1

d) cuatro integrantes 1,0

e) Por cada integrante de la familia que supere el número de cuatro, en la escala A) se pasará al nivel inmediato inferior, hasta un mínimo de 10% (diez por ciento), de los ingresos de cualquier naturaleza de los integrantes del núcleo familiar.

En caso de núcleos familiares de personas que no excedan treinta años de edad los coeficientes anteriores se multiplicarán por 0.8.

Los deudores propietarios, prestatarios hipotecarios y promitentes compradores de viviendas de la Categoría III podrán acogerse a los beneficios establecidos en este artículo. A tales efectos los niveles porcentuales de la escala A) se multiplicarán por 1,2, hasta un máximo del 26%.

En caso que el deudor sea una cooperativa de vivienda, la reglamentación establecerá las condiciones para que dicha sociedad se acoja a los beneficios establecidos por esta disposición.

A partir de la vigencia de la presente ley, todos los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay actualizarán la declaración jurada de los ingresos del núcleo familiar cada vez que éstos sean modificados, así como las variantes en la integración familiar.

ARTICULO 2º. - Los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, que a la vigencia de la presente ley, se encuentren en situación de morosos con más de tres meses de atraso en el pago de sus adeudos al 31 de diciembre de 1996, podrán regularizar su situación presentándose a solicitar que sus cuotas sin pagar se transfieran para el final del plazo contratado con el referido Banco, sin multas ni recargos.

ARTICULO 3º. - El Banco Hipotecario del Uruguay, por una sola vez, abrirá un registro por un plazo no menor de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley, para que se inscriban los deudores de dicha Institución que deseen ser considerados para regularizar sus adeudos.

ARTICULO 4º. - El promitente comprador que se encuentra al día en el pago de las cuotas, podrá exigir la escritura de traslación de dominio, cuando haya pagado como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del préstamo, debiendo garantir el saldo con primera hipoteca contra el mismo bien, reproduciendo en la escritura respectiva las estipulaciones del contrato originario de compraventa.

ARTICULO 5º. - Los propietarios, prestatarios hipotecarios y promitentes compradores buenos pagadores, que se encuentren a día en el pago de sus cuotas, podrán en cualquier momento, dentro del plazo acordado en el contrato, exigir que se otorgue la escritura de traslación de dominio, amortizando totalmente por anticipado su préstamo, pagando el saldo deudor con el descuento total de los intereses incluidos en dicho saldo.

El mismo descuento se aplicará por los anticipos extraordinarios que excedan de doce cuotas.

ARTICULO 6º. - Las promesas de compraventa de las viviendas adquiridas con préstamos amparados por la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, deberán ser obligatoriamente inscriptas en el Registro Unico de Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazo.

ARTICULO 7º. - Los intereses que pagarán los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay por viviendas de Categorías I a III no será superior al 6% (seis por ciento) anual, a partir de la vigencia de la presente ley, aplicándose igual criterio a los préstamos ya otorgados.

Se reliquidará a cada deudor el préstamo otorgado oportunamente, desde la instancia en que se establecieron las diferentes tasas de interés sobre dichos préstamos, con relación al valor porcentual precedentemente establecido.

Para los casos de deudores en los que se hayan aplicado tasas que superan dicho 6% (seis por ciento) establecido en la presente ley, les serán acreditados dichos valores como pago adelantado sobre el total de sus adeudos.

Desde la vigencia de la presente ley el Banco Hipotecario del Uruguay no podrá incrementar unilateralmente la tasa de interés compensatoria establecida en los contratos de préstamos hipotecarios o compromisos de compraventa de unidades habitacionales.

ARTICULO 8º. - A partir de la vigencia de la presente ley, no se podrán realizar cambios de categorías de vivienda en forma unilateral, en contrario de lo establecido contractualmente.

El Banco Hipotecario del Uruguay mantendrá la categorización del contrato original de la vivienda cuando hayan sido de cargo de los propietarios, prestatarios hipotecarios y promitentes compradores, modificaciones previamente autorizadas por el Banco que supongan variantes de categoría.

ARTICULO 9º. - Los máximos de afectación de ingresos familiares totales, descontados el Montepío y el Impuesto a las Retribuciones Personales, indicados en el artículo 1º tendrán carácter obligatorio para el Banco Hipotecario del Uruguay, que sólo podrá superarlos ante la manifestación de voluntad del deudor, expresada por escrito, de habilitar la afectación en su porcentaje mayor.

ARTICULO 10. - Los deudores en cuyos núcleos familiares sobrevinieran los siguientes casos fortuitos y/o de fuerza mayor:

a) fallecimiento de cualquiera de los integrantes del núcleo familiar cuyos ingresos fueran uno de los principales para el sustento familiar;

b) seguro de paro;

c) desempleo;

d) divorcio,

podrán acogerse por única vez a la siguiente modalidad de pago:

Durante el período de un año pagarán al Banco Hipotecario del Uruguay el 50% (cincuenta por ciento) de su cuota, sin que ello implique amortización de su deuda. Lo adeudado durante esos doce meses deberá hacerse efectivo al final del vencimiento del plazo contractual, para lo cual se requerirá la voluntad expresa del deudor.

ARTICULO 11. - Los propietarios, prestatarios hipotecarios y promitentes compradores, buenos pagadores, que se encuentren al día en el pago de sus cuotas, aun en los casos en que posean deudas por concepto de colgamentos, se les retasará el inmueble respectivo de acuerdo con el Valor de Tasación realizado exclusivamente por la Dirección Nacional de Vivienda, según lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Realizada dicha tasación se reliquidará lo pagado y si este valor superare el valor de tasación, se otorgará por parte del Banco Hipotecario del Uruguay, carta total de pago respecto de dicho inmueble.

Serán objeto de dicha retasación todos los inmuebles de los buenos pagadores en un plazo no mayor de un año a partir de la vigencia de la presente ley.")

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo sustitutivo correspondiente al artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Las cuotas que cobrará el Banco Hipotecario del Uruguay por concepto de amortización e intereses respecto de viviendas de las Categorías I y II, cuyo destino sea vivienda propia, única y permanente, a solicitud de los interesados se ajustarán a los máximos siguientes:

A) En relación con los ingresos de cualquier naturaleza de la totalidad de los integrantes del núcleo familiar y de quienes habiten con ellos:

Más de 90 UR 26%

Entre 60 y 90 UR 24%

Entre 30 y 60 UR 20%

Menor de 30 UR 14%

B) En función del número de integrantes de la familia del deudor, incluidos quienes habiten con ellos, los porcentajes de la escala A) se multiplicarán por los siguientes coeficientes:

a) Familia unipersonal 1,4

b) dos integrantes 1,2

c) tres integrantes 1,1

d) cuatro integrantes 1,0

e) por cada integrante de la familia que supere el número de cuatro, en la escala A) se pasará al nivel inmediato inferior, hasta un mínimo del 14% (catorce por ciento) de los ingresos de cualquier naturaleza de los integrantes del núcleo familiar.

En caso de núcleos familiares de personas que no excedan treinta años de edad los coeficientes anteriores se multiplicarán por 0,8.

f) En caso que el deudor sea una cooperativa de vivienda, la reglamentación establecerá las condiciones para que dicha sociedad se acoja a los beneficios establecidos por esta disposición.

C) El Banco Hipotecario del Uruguay reglamentará los mecanismos requeridos para la ejecución e implementación del presente artículo, contando con un plazo de 90 días a partir de la promulgación de la presente ley.

El Banco Hipotecario del Uruguay coordinará con organismos oficiales (Banco de Previsión Social, Dirección General Impositiva, etc.) para el mejor contralor de la declaración de ingresos de los deudores, reglamentando las sanciones correspondientes por falsas declaraciones.

A los efectos de la declaración de ingresos se partirá de la declaración inicial en el momento del préstamo o última existente indexado por la unidad reajustable.

Para cumplir con sus objetivos sociales, el Banco Hipotecario del Uruguay será exonerado del pago del Impuesto al Patrimonio.

Los requerimientos financieros del Banco Hipotecario del Uruguay, para este artículo vinculados a sectores con ingresos inferiores a las 30 unidades reajustables estarán a cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.")

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para hacer una pregunta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Parecería, por tanto, que los miembros de la Comisión o los autores de la iniciativa lo que van a proponer al Senado es que se discuta el artículo sustitutivo y no el artículo tal como viene en el proyecto. Si es así, entre otras cosas, la primera pregunta que me hago es cómo el Senado va a exonerar del Impuesto al Patrimonio a una institución. ¿Tenemos facultades nosotros para exonerar de impuestos sin iniciativa del Poder Ejecutivo? ¿Va a dar esta señal el Senado de la República, empezando a exonerar de impuestos? Quiere decir que mañana vamos a empezar a exonerar de impuestos, sin iniciativa del Poder Ejecutivo, de cualquier naturaleza o índole. Francamente, creo que en estas condiciones ni siquiera se puede considerar un artículo que lo primero que hace es incurrir en esta absoluta falta de respeto a las mínimas normas constitucionales en materia fiscal. Pregunto a los señores Senadores que tienen esta iniciativa, si están de acuerdo con empezar aquí a fijar a través de una ley la exoneración de impuestos.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Secretaría omitió informar que el proyecto sustitutivo viene informado por los señores Senadores Segovia, Garat y Chiesa.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Creo que las observaciones realizadas por el señor Senador Batlle son de carácter fundamental y pueden provocar un cuestionamiento de tal entidad al proyecto de ley que quizá lo hagan fracasar en este aspecto. Por eso, estimamos que para ser prolijos debería procederse a un repartido de esta disposición que viene a sustituir al artículo 1º -y se le agregan, además, otras consideraciones- para habilitar las correcciones pertinentes y eliminar incorporaciones como las que se han realizado que, evidentemente, van contra la disposición constitucional respectiva.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Yo acompaño la sugerencia del señor Senador Santoro en cuanto a que se proceda a repartir el artículo sustitutivo para poder trabajar con un mínimo grado de concentración y seriedad.

Deseo informar al Cuerpo que algunas de las propuestas que aquí se han hecho fueron conversadas en la Comisión, pero otras no. Por lo tanto, también a mí, que participé del trabajo, me toman absolutamente de sorpresa y ni siquiera puedo hacer un análisis del articulado.

Por otra parte, entiendo que la bancada del Partido Nacional debe informar al Cuerpo acerca del costo de este artículo 1º. Necesariamente debe hacerlo esa Bancada porque ha sido la que impulsó la aprobación de un proyecto de ley que cuenta con media sanción y que hemos votado por mayoría a propuesta suya y que nos obliga a indicar los recursos genuinos de toda iniciativa que signifique incrementar el gasto del Estado. Según entiende el señor Senador Batlle y quien habla, no sólo hay una improcedencia de orden constitucional al estar exonerando un impuesto -para lo cual claramente el Parlamento no tiene competencia ya que debe esperar la iniciativa del Poder Ejecutivo- sino que también hay una violación de la letra de un texto legal propuesto por el Partido Nacional que ya hemos votado y que obliga a que en cada proyecto de ley en que se incrementan los gastos del Estado, se establezca el financiamiento. Aquí claramente se nos agrega una serie de artículos que implican costo y no hay una noción del financiamiento. En esa medida me parece que es necesario que el Cuerpo tenga estas informaciones antes de ingresar en la discusión concreta del articulado. A propósito, aprovecho para informar que en lo que refiere al tope del 26% y del 24% para las familias con ingresos mayores a las 60 unidades reajustables, nosotros los habíamos aceptado en la Comisión porque así se disponía a hacerlo el Directorio del Banco Hipotecario. El ingreso mayor existe en relación a las familias con ingresos menores a 60 UR, a quienes al aplicarse un tope del 14% de sus ingresos, claramente se les está ordenando un subsidio y, como todos sabemos, el Banco Hipotecario está inhabilitado legalmente para subsidiar. En ese sentido, nuestra posición fue que ese subsidio, reformando la ley, sea brindado a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Pero, tal como hemos expresado durante la discusión en general, no hubo tiempo de instrumentar un acuerdo entre la Bancada del Partido Nacional, el señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente -que, como todos sabemos, responde a ese Partido- el Directorio del Banco Hipotecario y la Bancada del Partido Colorado.

Si se hubiera establecido una reforma de la ley de vivienda para que hubiera un subsidio específico, eventualmente estaríamos en condiciones de arbitrar una solución; pero aquí se propone un subsidio y no se dice quién lo pagará. Naturalmente, estoy dispuesto a subsidiar a las familias que tienen ingresos menores a las 60 UR, creo que es una buena cosa, pero hay que decir quién paga ese subsidio. ¿Lo paga el Banco Hipotecario? No puede, porque está prohibido por ley; habría que modificar la ley de vivienda que le prohibe específicamente a ese organismo establecer subsidios. ¿Lo paga el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente? El artículo 1º no lo dice. Entonces, creo que todo esto requiere, además de las explicaciones constitucionales a que se refería el señor Senador Batlle, respuestas económico-financieras que no han sido vertidas en Sala.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Señor Presidente: con respecto al artículo 1º y sus sustitutivos, quiero referirme a la parte que recibe estas críticas.

Es muy cierto que la iniciativa para este tipo de medidas nace del Poder Ejecutivo. Esa iniciativa era la que esperábamos cuando discutimos el proyecto, pero a solicitud del Partido Colorado -que tenía que consultar al Poder Ejecutivo acerca de si acompañaba esa medida- se dispuso de un tiempo prudencial para recibir la anuencia e iniciativa del Poder Ejecutivo.

Es decir que todos estamos acordes en que se necesita una iniciativa del Poder Ejecutivo para la exoneración del pago del Impuesto al Patrimonio. Asimismo, en iguales condiciones -y por eso quedó en esta redacción- se quería hacer una consulta al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para conocer si éste tomaría a su cargo -con modificación de ley o por el mecanismo que fuera- los subsidios de la franja baja.

Todo esos elementos se incorporaron a este modificativo con la idea de que el acuerdo que podíamos lograr con el Partido Colorado y los avances a que habíamos llegado, quedaran pendientes hasta la dilucidación de estos dos puntos. No tenemos ningún problema en eliminar esta propuesta y hacer una minuta de intenciones ante el Poder Ejecutivo o dejar pendiente el mecanismo de resolución hasta obtener la respuesta que consideramos absolutamente válida, por cuanto la exoneración del Impuesto al Patrimonio es iniciativa del Poder Ejecutivo y, al mismo tiempo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente daría su conformidad para hacerse cargo -con los fondos que dispone- de una política de subsidios para la franja de menores ingresos.

Con respecto al tema de topes de intereses y a los demás incisos del proyecto, serán discutidos más adelante, si queda aclarado cuál fue el mecanismo por el cual se introdujeron estas propuestas sustitutivas.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Unicamente quisiera realizar una pregunta, ya que se están planteando aspectos constitucionales que tienen que ver con este proyecto de ley. Confieso que para mí es una sorpresa, después de tanto tiempo, tener que tratar un artículo tan complicado como este.

A propósito del literal C), que dice: "El Banco Hipotecario del Uruguay reglamentará los mecanismos requeridos", etcétera, consulto a quienes saben más que yo sobre el tema si puede la ley cometer su reglamentación al Banco Hipotecario. ¿Esta no es materia privativa del Poder Ejecutivo?

SEÑOR PRESIDENTE. - Consulto al señor Miembro Informante si quiere responder en este momento.

SEÑOR SEGOVIA. - Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR SEGOVIA. - Señor Presidente: nosotros discutimos el literal C), agregado por el mecanismo que habíamos seguido durante la discusión. Tratándose de un tema tan preciso de terminología jurídica, como nos basamos en la interpretación de nuestro compañero de Bancada, señor Senador Korzeniak, preferiría que él realizara esta fundamentación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: voy a hacer referencia a dos temas. Uno de ellos ya lo explicó el señor Miembro Informante y es el del inciso que habla de la exoneración del pago del Impuesto al Patrimonio. Al respecto, algunos señores Senadores han señalado que esto requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. El señor Miembro Informante ya explicó que ese tema fue tenido en cuenta. Efectivamente, el artículo 133 de la Constitución incluye la exención o exoneración de impuestos entre la lista de facultades de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Entonces, el señor Miembro Informante propuso votar el artículo, si hay voluntad política, sin este inciso y, por separado, como resolución interna -conocida en la jerga parlamentaria como minuta, aunque el Senado había desterrado la costumbre de llamarlo de esta manera, sobre todo por iniciativa del anterior Presidente- solicitar al Poder Ejecutivo el envío de la iniciativa correspondiente. Es decir que el Senado estaría votando este artículo en el entendido -que siempre tendrá sus riesgos- de que más adelante vendrá esa iniciativa, sin este inciso que, efectivamente, colide con el artículo 133 de la Constitución.

En cuanto al segundo aspecto que acaba de plantear el señor Senador Pozzolo acerca de si el Banco Hipotecario puede reglamentar sanciones, debo decir que ese es un viejo tema que se ha planteado en el Uruguay. La solución está dada por la práctica, por los hechos y por los propios Jueces que han validado que Entes Autónomos reglamenten sanciones. Todos los Bancos oficiales de nuestro país, sin excepción -el de Seguros, el Hipotecario, el Central y el de la República- reglamentan sanciones. Puedo enumerar reglamentaciones sancionatorias del Banco Central de toda la época en que fui funcionario de ese instituto y también del Banco de la República. Por ejemplo, las sanciones a las casas de cambio las elabora y aplica el Banco Central y acarrean multas y hasta penas más graves, como suspensiones, etcétera. También el Banco de la República decide aplicar sanciones, no sólo multas sino, además, recargos -que no es lo mismo que intereses moratorios- a un deudor que, por ejemplo, declara que el préstamo concedido era para comprar útiles escolares de sus hijos, pero que en realidad lo usó para ir al cine.

Nadie discute que el Banco Hipotecario aplica sanciones y las reglamenta, por decisión de su Directorio. Es lo que en términos de Derecho Administrativo se llama "reglamentos", que por supuesto no son los del numeral 4º) del artículo 168 de la Constitución. Estos últimos son los reglamentos de ejecución de leyes que, en principio, corresponden al Poder Ejecutivo.

Ahora bien, cuando la ley encomienda algo a un Ente Autónomo, su Directorio tiene potestades reglamentarias para llevar adelante los cometidos que aquella pone a su cargo. Por lo tanto, en este caso no habría inconveniente alguno.

Otra cosa es el mérito u oportunidad, que es lo que ha estado discutiendo el Senado; pero reitero que desde el punto de vista jurídico, los Directorios de los Entes Autónomos pueden dictar reglamentos estableciendo sanciones. El Banco Hipotecario lo ha hecho en varias oportunidades, como por ejemplo cuando ha resuelto cambiar el porcentaje de un recargo por mora. Aquí no interviene el Poder Ejecutivo para reglamentar.

Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar la ley en todos los casos -aunque ésta no lo diga- por lo que dispone el numeral 4º) del artículo 168 de la Constitución.

Repito: no creo que exista inconveniente jurídico en que el Directorio de un Ente Autónomo reglamente cometidos que la ley pone a su cargo. Lo ha hecho, lo hace y seguramente seguirá haciéndolo.

Las sanciones impuestas por el Banco de Seguros del Estado a sus asegurados son fruto de resoluciones de su Directorio, que hace un reglamento y establece de qué manera va a sancionar, por ejemplo, en caso de que el titular de una póliza denuncie que chocó y no es cierto. Eso nunca ha llamado la atención a nadie. En todo caso, esta situación deriva de las potestades de administración que tienen los Consejos de Directorios de los Entes Autónomos. Entre las potestades de administración están las de dictar reglas generales -que son los reglamentos- actos particulares y disponer operaciones materiales.

Es cuanto puedo opinar sobre este punto.

Ahora bien, concuerdo con el señor Miembro Informante y con algunos señores Senadores que han dicho que la exoneración requiere de la iniciativa del Poder Ejecutivo, puesto que lo establece expresamente la Constitución en su artículo 133. De todos modos, me parece que las conversaciones habidas habilitan el procedimiento de votar el artículo -naturalmente, si hay voluntad política- sin ese inciso, así como una resolución interna del Senado solicitando al Poder Ejecutivo que envíe la iniciativa.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Segovia.

SEÑOR SEGOVIA. - Señor Presidente: simplemente, quiero decir que es muy atendible la duda planteada por el señor Senador Pozzolo, y también aclarar que nosotros actuamos en función del criterio que sustentara el señor Senador Korzeniak.

Asimismo, deseo señalar que cuando discutimos la forma de redactar este artículo, manejamos dos palabras. Una de ellas era "reglamentará" -que parece ser el centro del problema- y la otra "implementará". Por lo tanto, si esa fuera la duda mayor, no tenemos ningún inconveniente en sustituir un vocablo por el otro, de modo de allanar el problema.

Por otra parte, coincidimos con lo indicado por el señor Senador Korzeniak en el sentido de que si aún subsisten dudas con respecto a la iniciativa del Poder Ejecutivo, el camino sería votar el artículo sin el inciso cuestionado y utilizar el mecanismo de minuta, a los efectos de que podamos seguir adelante con el tratamiento de este proyecto de ley.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: creo que el señor Senador Korzeniak ha desarrollado una tesis que, a pesar del prestigio que tiene como constitucionalista, debe merecer alguna aclaración en el Senado, dado que no puede tener la unanimidad de los aquí presentes. Se trata de la que refiere a que los Entes Autónomos -en este caso, el Banco Hipotecario- pueden reglamentar las leyes. Esa facultad es potestad del Poder Ejecutivo, tal como lo establece el numeral 4º) del artículo 168 de la Constitución, debido a que es colegislador. En este caso, el Banco Hipotecario no lo es, sino que simplemente está recibiendo una disposición legal.

No pueden confundirse los reglamentos internos que el Banco dicta, con la reglamentación de una ley.

Queríamos hacer estas precisiones, porque nos parece bastante grueso que se admita que los Entes Autónomos están habilitados a reglamentar leyes. Repito que el Banco Hipotecario puede dictar reglamentos internos -eso está dentro de sus poderes de administración y tiene un carácter disciplinario- pero no reglamentar las leyes.

En cuanto a que la exoneración del Impuesto al Patrimonio puede hacerse por línea interna, como dicen los periodistas radiales, creo que los argumentos no son de recibo.

Pienso que el problema se supera con la propuesta hecha hace unos momentos por el señor Senador Segovia, en el sentido de sustituir el vocablo "reglamentará" por "implementará", puesto que de lo contrario estaríamos otorgando una facultad de la que carecen los Entes Autónomos.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: no tengo inconveniente en que se haga esa sustitución, pero quiero decir que la tesis de que los Directorios de los Entes Autónomos pueden dictar reglamentos para llevar adelante los cometidos que las leyes ponen a su cargo, no es para nada novedosa. La conozco, no sólo por lectura, sino por sentencias.

Cuando en 1968 el Banco Central reglamentó las multas a aplicar a las casas de cambio -sin que hubiera entre la ley y el reglamento dictado por ese instituto un reglamento del Poder Ejecutivo- la resolución fue impugnada por aquéllas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló de una manera terminante.

Si no se le quiere llamar reglamento, no hay problema. Pero repito que eso en ningún caso obsta a que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar la ley; puede hacerlo, no por ser colegislador -en absoluto es así- sino porque hay un artículo de la Constitución que habla de los reglamentos para ejecutar las leyes. El Poder Ejecutivo es colegislador cuando tiene derecho de iniciativa o cuando veta una ley, pero no cuando reglamenta. En ese caso actúa dictando actos formalmente, pero no son leyes sino reglamentos; es decir que se sitúan en una escala inferior.

Esto es así, salvo en la tesis que hablan de los actos jurídicos sustantivos, que dicen que reglamento y ley son lo mismo, porque son actos de carácter general y abstractos. Esa es una tesis absolutamente rechazada por nuestra Constitución.

En suma, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar las leyes porque así lo establece la Constitución, pero no porque sea colegislador. En este carácter, lo que hace es elaborar proyectos de ley, vetarlos u observarlos, etcétera. No me parece una mala fórmula, para evitar una discusión doctrinaria un poco bizantina, que en lugar de "reglamentar" se diga "implementar". Reitero que puede ser una buena salida, pero insisto en que no es una tesis novedosa la de que el Directorio de un Ente Autónomo reglamente.

Me pregunto qué es lo que ha hecho el Banco Hipotecario con los préstamos, qué nombre le damos a esos actos que a veces tienen hasta 50 artículos, ¿son o no son reglamentos? Se define como reglamento un acto de administración de carácter general, pero menos genérico que la ley. Pero no se trata de un reglamento de ejecución como los que están previstos en el inciso 4º) del artículo 168, pues eso corresponde al Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - En virtud de que sólo restan 14 minutos para finalizar la sesión, la Mesa consulta al señor Senador Batlle, que está anotado para hacer uso de la palabra, si va a realizar su exposición.

SEÑOR BATLLE. - Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Hemos estado analizando durante varias sesiones este proyecto de ley. Sin ninguna duda, se trata de una iniciativa importante y así ha sido señalado por distintos Legisladores. En el día de hoy hemos escuchado un discurso serio, realizado por el señor Senador Chiesa, a propósito de la necesidad de modificar la situación por la que pasa un conjunto de deudores, que algunos dicen que son 40.000 y otros 18.000. Estimo que si bien la cifra de 40.000 puede ser monstruosa de por sí, la cifra de 18.000 -reconocida por el Banco Hipotecario- es enorme.

Aprecio el hecho de que a raíz de los planteamientos que se han realizado en el Parlamento, la Administración del Banco ha ido dando soluciones que, en algunos casos -según lo que he observado en este proyecto y de acuerdo con las resoluciones que ha tomado el Banco y que he recibido por fax- han sido más favorables que los textos que importan este proyecto de ley.

Estamos analizando el artículo 1º, que para mí tiene algunas interrogantes que quisiera plantear a los señores Miembros Informantes.

Por ejemplo, desde el punto de vista financiero, desearía saber qué consecuencias tendría la modificación -que es posible hacer- de la relación de ingresos -en función de que los mismos sean mayores a 90 UR, estén entre 60 y 90 UR, entre 30 y 60 UR o sean menores de 30 UR -con respecto a lo que el Banco va a recibir. Sin ninguna duda, va a existir para el Banco Hipotecario una disminución de los ingresos. Repito que quisiera saber si los señores Miembros Informantes han hecho una estimación -más allá de la que ha podido hacer dicho Banco- de cuál va a ser la reducción de los ingresos que va a tener el Banco Hipotecario por este motivo, al fijar por esta vía y por esta norma ingresos menores por contribuciones menores. Si esto se da, supongo que estamos admitiendo desde ya que va a haber menos recursos para poder invertir.

Por otra parte, en ningún momento estoy diciendo que sea inconstitucional establecer franjas. Es más; en un proyecto de ley similar, que se discutió en setiembre de 1992 en la Cámara de Representantes, en su artículo 2º y más especialmente en el 3º, se estableció el tope del 26% de afectación de los ingresos líquidos del núcleo familiar para la determinación de las cuotas. En lo que me es personal, considero que no existe ninguna razón de inconveniencia legal para establecer franjas. Que ello sea conveniente o no en función de lo que el Banco pierde de ingresos, es un asunto distinto, pero repito que no estoy en contra de las franjas en sí mismas. Sin embargo, reitero que me gustaría saber en cuánto estiman los señores Miembros Informantes que va a ser la reducción de los ingresos.

Con respecto a otro tema, quiero señalar que no discrepo totalmente con el señor Senador Korzeniak en el sentido de que el Banco puede reglamentar. Es evidente que puede hacerlo y siempre lo ha hecho. Por ejemplo, el Banco ha reglamentado todas las medidas que ha tenido que tomar. Es más: reglamenta cualquier tipo de resolución que tenga que tomar. De todas formas, creo que para tener los mismos objetivos, sería mejor y más natural que nosotros sustituyéramos los términos que se expresan en este proyecto de ley. El literal C) establece que el Banco Hipotecario del Uruguay reglamentará los mecanismos requeridos para la ejecución e implementación del presente artículo. Pienso que lo que realmente importa en este literal es el plazo. Me parece que la importancia que le dan los firmantes de este texto sustitutivo del artículo 1º es que el Banco Hipotecario, una vez que reciba esta modificación de las franjas, no demore ni cuatro años ni seis meses en implementarlas, sino que lo haga dentro de los 90 días. Entonces, para no entrar en colisión con el tema de si la reglamentación de la ley corresponde al Poder Ejecutivo, y para que no se creen los problemas a los cuales hizo referencia el propio señor Senador Santoro -aunque no refiriéndose a este literal C) sino al que está más abajo- creo que los señores Senadores proponentes de este artículo 1º que se pretende modificar no pierden su objetivo sí, en lugar de lo expresado, establecemos "El Banco Hipotecario, dentro de los 90 días de promulgada esta ley, implementará lo que ella establece". De esta forma, obtenemos lo mismo y eliminamos esa discusión. Me da la impresión de que cuando se fija un plazo de 90 días se le está diciendo al Banco que, una vez que reciba la ley, votada sancionada y promulgada, no puede demorar lo que él quiera para poner en práctica sus disposiciones. En ese caso, la ley le da un mandato y tiene todo el derecho a hacerlo.

Si se admite esta modificación por parte de los Miembros Informantes de la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, vamos a tener mayor tranquilidad en cuanto a que la ley no va a tener tantas dificultades de esta naturaleza, en caso de que cuente con los votos -como parecería que va a ocurrir- para ser sancionada en la Cámara de Senadores.

SEÑOR SOLARI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BATLLE.- Antes de concederle una interrupción, quiero terminar mi argumentación con respecto a los dos últimos incisos.

Entiendo la explicación que nos ha dado el señor Senador Segovia con respecto a los dos últimos incisos, que tienen que ver con la exoneración del pago del Impuesto al Patrimonio y con la fijación de cargo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de atender los préstamos de 30 unidades reajustables con recursos que no sabemos cuáles son y que quizás tengan que extraerse de otros que tiene, modificando las partidas presupuestales que le fueran adjudicadas. Pienso que estas dos disposiciones han sido incorporadas en función de que se pensó, en las conversaciones que se tuvieron entre los representantes de los partidos que actuaron en Comisión, que por un lado se iba a recibir el Mensaje del Poder Ejecutivo y, por otro, se iba a tener el acuerdo o el consentimiento de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para atender los requerimientos financieros del Banco Hipotecario con cargo precisamente a los recursos del Ministerio de Vivienda, al que sin ninguna duda no le va a caer muy en gracia la obligación que se le está generando. Pero en la medida en que no se ha podido llegar a los acuerdos y de que no existe un Mensaje, me parece que el Parlamento, para tener una conducta coherente con las disposiciones constitucionales, no puede incorporar estos artículos a la espera de que ello suceda.

Desde el punto de vista de la obligación que tiene el Parlamento de actuar de acuerdo con lo que las normas constitucionales establecen, creo que ese no sería un camino aceptable, independientemente de que el Senado de la República pueda enviar una minuta. Además, no sé si la vamos a votar o no porque no conozco la situación financiera del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ni los aportes, por concepto de Impuesto al Patrimonio, que el Banco Hipotecario hace a la DGI. Entiendo que de ninguna manera, a la espera de que esto se resuelva en el trámite de la Cámara de Representantes, podemos incorporar estos dos últimos incisos al artículo 1º. Creo que no le haría bien al Parlamento tomar una medida de esta naturaleza.

Por otra parte, observo que lo que manifestó el señor Senador Segovia supone admitir que estos dos últimos incisos se van a eliminar del artículo 1º que estamos considerando.

SEÑOR SOLARI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SOLARI. - Simplemente, para mayor abundamiento con relación a la sugerencia de que se utilizara un término más genérico en cuanto a la reglamentación que se le encomienda al Banco Hipotecario, debe notarse que ella afecta, entre otros aspectos, el funcionamiento del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y un Ministerio no puede estar sujeto a una reglamentación dictada por un Ente Autónomo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - En resumidas cuentas, señor Presidente, me parece que tenemos que poner a votación el artículo 1º inciso por inciso, punto por punto y literal por literal, eliminando los dos últimos incisos y sustituyendo, en el literal C), la expresión "reglamentara" por "implementará", fijando el plazo de 90 días. Creo que por ese camino, más allá de que se apoye o no, no se incurriría en errores de carácter constitucional que, sin ninguna duda, impedirían la sanción de la ley porque no solamente tendría como consecuencia una discusión muy difícil en la Cámara de Representantes sino también una necesaria respuesta del Poder Ejecutivo, que no podría permanecer silencioso ante una expresión del Parlamento que resuelve, por la vía de una ley, exonerar del Impuesto al Patrimonio a una determinada institución.

Quiere decir que, si lo que queremos es aprobar una ley, debemos tratar de hacerlo con mecanismos que no sean objetables desde el punto de vista constitucional.

SEÑOR PRESIDENTE. - A continuación está anotado el señor Senador Solari para hacer uso de la palabra, a quien consulto si desea iniciar su exposición en el día de hoy o si prefiere dejarla para la próxima sesión.

SEÑOR SOLARI. - La inicio, señor Presidente, porque se trata solamente de preguntas de tipo aclaratorio.

En el literal A) del artículo sustitutivo propuesto no queda determinado qué porcentaje de los ingresos es el máximo que debe destinar un hogar cuyos ingresos sean de 60 unidades reajustables.

En segundo lugar, en el párrafo final del literal e) dice: "los ingresos de cualquier naturaleza de los integrantes del núcleo familiar". Esta redacción difiere con el encabezamiento del literal A).

Por otra parte, el párrafo final del literal e) habla de núcleos familiares de personas que no excedan los 30 años, pero no dice si se refiere a todos los integrantes, a alguno de ellos o a uno de ellos por sí mismo.

A su vez, en ese mismo párrafo, se habla de que los coeficientes anteriores se multiplicarán por 0,8 pero no se sabe si lo que se multiplica son los coeficientes del literal B) o los porcentajes del literal A).

Tengo dos o tres dudas más que me gustaría que me fueran aclaradas. No se sabe si los organismos mencionados en el segundo párrafo del literal C) son excluyentes y hago notar que ninguno de ellos tiene información sobre disponibilidad de ingreso de los hogares.

Finalmente, quiero advertir nuevamente que las cuatro franjas establecidas, multiplicadas por las aperturas que aparecen en los literales B) y C) dan una cantidad muy importante de subgrupos, lo que va a dificultar a cada uno de los subgrupos el cálculo de la correspondencia de cada hogar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Siendo las 20 horas, quedan para la próxima sesión las respuestas de parte del Miembro Informante.

18) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20, presidiendo el licenciado Hugo Fernández Faingold y estando presentes los señores Senadores Antognazza, Arismendi, Barbato, Cid, Chiesa, Dalmás, Fernández, Gandini, Garat, Gargano, Hierro López, Korzeniak, Michelini, Pozzolo, Sarthou, Segovia y Solari)

LIC. HUGO FERNANDEZ FAINGOLD Presidente en ejercicio

Sra. Quena Carámbula Prosecretaria - Sr. Gabriel Rodríguez Garcés Prosecretario

Sr. Freddy A. Massimino Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.