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Nº 152 - TOMO 381 - 15 DE ABRIL DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

13a. SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL LICENCIADO HUGO FERNANDEZ FAINGOLD Presidente en ejercicio

y el SEÑOR SENADOR LUIS BREZZO  Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS PROSECRETARIOS SEÑORA QUENA CARAMBULA Y SEÑOR GABRIEL RODRIGUEZ GARCES

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

- Los señores Senadores Korzeniak y Gargano solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- El señor Senador Pereyra solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional.
- Oportunamente fueron tramitados.

5) Exposición escrita

- El señor Senador Heber solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior relacionada con planteamientos efectuados por vecinos de la zona Camino Casavalle.
- Se procederá de conformidad.

6) Archivo de carpeta

- La Comisión de Defensa Nacional solicita se proceda al archivo de la Carpeta Nº 544/97.
- Se procederá de conformidad.

7) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Couriel.
- Concedida.

8) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el señor Ponce de León comunicando que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.
- Ingresa a Sala la señora Senadora Celia Barbato.

9) Casa de la Cultura de Rosario

- Manifestaciones del señor Senador Garat.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Educación y Cultura, a la Administración Nacional de Correos y al Centro Vasco de Colonia.

10) Obdulio Jacinto Varela. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones del señor Senador Fernández.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Intendencia Municipal de Montevideo, a los Ministerios de Turismo y de Educación y Cultura, a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a la Asociación de Cronistas Deportivos.

11) Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sus 90 años de actividad

- Manifestaciones del señor Senador Sanabria.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar saludos y felicitaciones al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas ingeniero Lucio Cáceres, al Ministerio referido y a todo su personal.

12) Pedido de informes. Reiteración

- Por moción del señor Senador Santoro, el Senado hace suyo el pedido de informes que fuera tramitado con fecha 25 de abril de 1996 respecto al desempeño de AFE.

13) ANTEL. Modificación de su Carta Orgánica

- Por moción del señor Senador Ricaldoni, el Senado resuelve incorporar el proyecto de ley por el que se modifica la Carta Orgánica de ANTEL, en cuarto término del orden del día de la sesión a celebrarse el día 16 de abril.

14) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo

- Por moción del señor Senador Ricaldoni, el Senado resuelve postergar la consideración de los asuntos que figuran en los numerales primero y segundo del orden del día.

15) Integración de Comisiones

- La Mesa da cuenta de que la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social se integrará con los señores Senadores Pozzolo, Posadas Montero y Korzeniak, para el estudio del proyecto de ley por el que se declara falta laboral grave el acoso sexual.

16) Proyecto presentado

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se propone la reforma del Reglamento del Senado.
- A la Comisión de Asuntos Administrativos.

17) Deudores del Banco Hipotecario del Uruguay

- Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se limitan las cuotas que por intereses y amortizaciones deben pagar sus deudores.

18) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 11 de abril de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 15, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución).

2º) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

3º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se limitan las cuotas que por intereses y amortizaciones deban pagar los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay.

(Carp. Nº 605/96 - Rep. Nº 344/96).

4º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir el ascenso al grado de Capitán de Navío a varios señores Capitanes de Fragata.

(Carp. Nº 631/97 - Rep. Nº 366/97).

5º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir el ascenso al grado de Coronel de la Fuerza Aérea a varios señores Tenientes Coroneles.

(Carp. Nº 632/97 - Rep. Nº 367/97).

6º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Austria al Embajador Fructuoso Pittaluga.

(Carp. Nº 657/97 - Rep. Nº 369/97).

7º) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. (Plazo constitucional vence 8 de mayo de 1997).

(Carp. Nº 626/97 - Rep. Nº 364/97).

Gabriel Rodríguez Garcés Prosecretario - Quena Carámbula Prosecretaria"

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Antognazza, Arismendi, Barbato, Batlle, Cid, Chiesa, Dalmás, Fernández, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Solari y Virgili.

FALTAN: con licencia, el señor Presidente de la Cámara de Senadores, doctor Hugo Batalla y los señores Senadores Astori, Couriel, Millor y Posadas Montero; y con aviso, el señor Senador Storace.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 17 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 15 de abril de 1997.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo sobre Jurisdicción Internacional en materia Contractual aprobado en Buenos Aires el 6 de abril de 1994.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo comunicando, a solicitud del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública fotocopias de las resoluciones adoptadas por las que se efectúan varias transposiciones de recursos entre los distintos Programas y Renglones del Inciso.

-Ténganse presente.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se deroga el artículo 10 de la Ley Nº 13.663 relacionado con la importación de fertilizantes y materias primas para su procedimiento,

por el que se aprueba el Acuerdo entre la República y la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia Ambiental.

-Ténganse presente y agréguense a sus antecedentes.

El Ministerio de Educación y Cultura remite la información solicitada por los señores Senadores Reinaldo Gargano y José Korzeniak relacionada con la organización denominada Federación para salvar la nueva Nación.

-Oportunamente le fue entregado a los señores Senadores Reinaldo Gargano y José Korzeniak.

El Presidente del Congreso de la República de Venezuela remite fax invitando al señor Presidente a participar en la XIII Conferencia Interparlamentaria Parlamento Europeo-Parlamento Latinoamericano que se realizará en Caracas del 19 al 22 de mayo del corriente.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

El Presidente de la Cámara de Senadores de la República del Paraguay remite nota comunicando la realización del segundo encuentro de Comisiones Parlamentarias de Cultura del MERCOSUR a realizarse los días 30 y 31 de mayo del año en curso.

-A la Comisión de Educación y Cultura.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Fomento y Recíproca Protección de Inversiones entre la República y la República Italiana.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Comisión de Defensa Nacional eleva proyecto de resolución relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conceder los ascensos al Grado de Coronel del Ejército a varios señores Tenientes Coroneles.

-Repártase e inclúyase en el orden del día de la sesión de mañana".

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente: )

"Los señores Senadores Korzeniak y Gargano solicitan un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas".

-Oportunamente fue tramitado.

Dése cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Pereyra solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional".

-Oportunamente fue tramitado.

(Texto de los pedidos de informes: )

"Montevideo, 8 de abril de 1997.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicitamos se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la Región Nº IV.

Se solicita información:

A - SOBRE LA REFACCION DE LA CASA-HABITACION DEL JEFE DE LA REGION, Ing. LUIS LABORDE.

1º) Especificar si la casa es de propiedad o no del MTOP. Indicar por qué se ordenó la refacción de la misma, cuando ésta estaba perfectamente habitable ya que en ella vivía el jefe anterior.

2º) Tipo de refacción llevada a cabo. Indicar si la misma contó o no con la correspondiente autorización del Ministerio y si fue debidamente presupuestada.

3º) Costo global de las obras de refacción.

4º) Nómina del personal utilizado en la misma. Indicar a qué tipo de tareas estaba afectado habitualmente dicho personal y cómo compatibilizaba su tarea habitual con las de refacción.

5º) Tiempo que insumió la realización de las obras de refacción.

B - SOBRE EL ACONDICIONAMIENTO DE RUTA 43.

1º) Costo global de dicho acondicionamiento, debidamente documentado.

2º) Procedencia del material utilizado, especificando metraje del material según su procedencia.

3º) Costo del granito traído desde Zapucay, especificando: costo del metro cúbico; costo total de los materiales; monto pagado por concepto de fletes a camiones destajistas. Distancia existente desde Zapucay a la obra.

4º) Informe técnico -si lo hubo- especificando las ventajas comparativas de este material con respecto al que era posible de obtener en la zona.

5º) Si fue necesario la realización de obras complementarias para facilitar la extracción de materiales de la cantera ubicada en campos del Sr. Benquet, especificar tipo de obras realizadas, material utilizado en las mismas y su procedencia y costo global de las obras realizadas.

C - SOBRE RUTA 6.

1º) ¿Cuál es la razón por la cual no se realiza el mantenimiento de la Ruta 6 entre el Puente del Km. 329 y la ciudad o pueblo de Vichadero?

2º) ¿Qué planes tiene el Ministerio al respecto?

Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.

José Korzeniak, Reinaldo Gargano. Senadores".

"Montevideo, 9 de abril de 1997.

Señor

Presidente de la Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

Señor Presidente:

Al amparo de lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución, solicito se curse al Directorio de ANTEL, por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional, el siguiente pedido de informes:

1) Cuál es el monto que invierte dicho Ente en gastos de propaganda, por los diversos medios de comunicación a la opinión pública existentes en el territorio nacional.

2) Cuánto de dichos gastos se adjudican a medios que funcionan en la capital y cuántos a aquellos que tienen por sede al interior del país.

3) Si la inversión se hace por contratos en forma directa, o por empresas intermediarias y si se emplean ambos procedimientos, cuánto se destina a Montevideo y cuánto al interior, por ambos procedimientos.

4) En los casos de medios de información con sede en el interior, discriminar por departamento y por canal televisivo, radios o periódicos, así como si se usa la contratación directa o por intermediarios, en cada caso.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Carlos Julio Pereyra. Senador".

5) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una exposición escrita.

(Se da de la siguiente: )

"El señor Senador Heber solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior, relacionada con planteamientos efectuados por vecinos de la zona Camino Casavalle".

-Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota: )

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita: )

"Montevideo, 9 de abril de 1997.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

En virtud de lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento de la Cámara cúmpleme efectuar la siguiente exposición escrita, solicitando se remita la misma al Ministerio del Interior.

Vecinos de la zona comprendida por Camino Casavalle, desde la intersección de Eduardo Raíz y Lecocq hasta la Avda. Garzón, han planteado su inquietud y temor ante los constantes asaltos de que son objeto.

Están viviendo inmersos en una ola de rapiñas, hurtos y despojos violentos, los que no disminuyen sino que por el contrario se han acrecentado.

Por otra parte, los ofensores no sólo desarrollan su tarea delictiva en esa zona, sino que además se han instalado en barrios que lindan con el de los vecinos aludidos.

Asimismo han manifestado su profundo descontento frente al hecho de que hay patotas de niños y adolescentes que recorren las calles por la noche ante la total pasividad de las autoridades.

Toda esta situación ha sido denunciada y puesta en conocimiento de la seccional policial respectiva, sin que se haya mejorado en nada.

Por todo ello es que se reclama al Ministerio del Interior que adopte las medidas necesarias para que cese esta penosa, irregular e ilegal situación y que disponga la vigilancia y cumplimiento de la tarea preventiva y represiva de la delincuencia de inmediato, ya que resulta obvia la penuria que injustamente padece esa gente honesta y de trabajo.

Luis A. Heber. Senador".

6) ARCHIVO DE CARPETA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una comunicación de la Comisión de Defensa Nacional.

(Se da de la siguiente: )

"La Comisión de Defensa Nacional aconseja al Senado el archivo de la Carpeta Nº 544/97 con la comunicación efectuada por el Ministerio de Defensa Nacional relacionada con la postergación de la salida del buque ROU Vanguardia para la realización de la denominada Campaña Antártica, por problemas climáticos".

-Repártase e inclúyase en el orden del día de la sesión de la mañana.

Se va a votar.

(Se vota: )

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente: )

"El señor Senador Couriel solicita licencia desde el día 15 al 22 de los corrientes".

-Léase.

(Se lee: )

"Montevideo, 15 de abril de 1997.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia desde el día 15 de abril hasta el día 22 de abril inclusive. Motiva esta solicitud la invitación recibida por la Comisión de Economías Emergentes de América Latina y El Caribe del Parlamento Latinoamericano a participar en la Conferencia: "La transformación económica de América Latina: límites y alcances" que se realizará en Acapulco, México.

Esta licencia se solicita al amparo del literal b) del artículo 1º de la Ley Nº 10.618 en la redacción dada por la Ley Nº 16.456.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

Alberto Couriel. Senador".

-Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota: )

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente: )

"El señor Ponce de León comunica que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto".

-Léase.

(Se lee: )

"Montevideo, 15 de abril de 1997.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a Ud. que, por esta vez no acepto integrar el Cuerpo que Ud. preside.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.

Ing. Martín Ponce de León".

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia, corresponde convocar a la contadora Celia Barbato, que ya ha prestado el juramento y a quien si se encuentra en Antesala, se le invitan pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala la señora Senadora Barbato)

9) CASA DE LA CULTURA DE ROSARIO

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: el Gure Etxe Colonia, Centro Vasco, con el apoyo económico y cultural del Gobierno Vasco por la acción desarrollada de su Secretaría General de Acción Exterior, en acuerdo con la Institución Coloniense, considera llevar a cabo en la ciudad de Rosario la creación de una Casa de la Cultura de Rosario.

El proyecto además busca la preservación y el rescate de un edificio histórico, de la histórica ciudad, perfectamente apto por sus dimensiones y por la nobleza de su estilo neoclásico, desarrollado en dos plantas y con un magnífico patio interior para el desarrollo de un Centro Cultural; que a su vez conlleve el mantenimiento y conservación de un bello edificio que, como muy bien se ha dicho, es patrimonio de la ciudad de Rosario, salvaguardando bienes que han llegado por herencia a la comunidad y que por su valor simbólico y emotivo merecen ser disfrutados por ella, como presente que se siente orgulloso de su pasado.

Es sabido que Rosario, antiguamente El Colla, es una de las más antiguas poblaciones del país, fundada en 1775. En la Declaratoria de la Independencia, el 25 de agosto de 1825, aparece la firma del Diputado por la villa de Rosario don Atanasio Lapido, y ésta fue capital del departamento hasta 1828.

Más tarde, en la década de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado, comienza a llegar a la región una gran legión de inmigrantes, especialmente a la villa de Rosario, vascos franceses, que contribuyeron en forma positiva a darle un gran desarrollo y prosperidad a la ciudad, que además se ubicaba en un centro de vías de comunicación que fue decisivo para su evolución comercial.

Como testimonios de aquella época restan en la ciudad de Rosario magníficos edificios que son dignos de ser conservados como símbolo de un pasado que enorgullece. Entre esos edificios está el que ha sido pensado restaurar para el proyecto cultural "El pasado está presente", o sea la creación de la Casa de la Cultura de Rosario. El edificio en cuestión está ubicado en la calle Ituzaingó 390 de Rosario, tiene 130 años de construido, perteneció al doctor Félix Olivera y cuyo propietario actual es la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, funcionando hoy día en la planta baja la oficina del Correo local. Y en ello es donde radica la dificultad.

No existe inconveniente en llevar adelante el proyecto de la Casa de la Cultura, digno de todo elogio y reconocimiento para el Centro Vasco de Colonia y todos aquellos que lo han ideado y patrocinan. Están previstos los recursos, la planificación y demás etapas a seguir. La Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, propietaria del bien, está de acuerdo y apoya el proyecto. Lo que falta resolver es que el Correo, que alquila el bien, acceda a dejarlo libre y trasladarse a cualquier otra repartición o lugar, fácilmente arreglable, para que la citada propiedad pueda comenzar a ser transformada en un edificio recuperado y en Centro Cultural, orgullo de la ciudad de Rosario.

No nos cabe la menor duda de que así va a suceder y que se va a encontrar la mejor buena voluntad de las autoridades involucradas en hallar las soluciones, contribuyendo así a una obra de progreso.

Con fecha de marzo de este año, la Sociedad Francesa de Rosario, propietaria del bien, se dirigió por nota a la Administración Nacional de Correos solicitando que se dejara de alquilar la propiedad, para poder llevar adelante la obra planeada. Deseamos que dicha Administración acceda con rapidez a lo solicitado, ya que todo está pronto para proceder a llevar adelante la ponderable idea; lo que no se puede es demorar, en análisis burocráticos, una respuesta constructiva a la inquietud de los pobladores de Rosario.

Pedimos que nuestras palabras pasen a conocimiento del Ministerio de Educación y Cultura, de la Administración Nacional de Correos y al Centro Vasco de Colonia con sede social en la ciudad de Rosario".

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Garat.

(Se vota: )

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) OBDULIO JACINTO VARELA. Homenaje a su memoria.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Fernández.

SEÑOR FERNANDEZ. - Señor Presidente: en el día de hoy nos vamos a referir a la figura inconmensurable de Obdulio Jacinto Varela. Ello parecería reiterativo, ya que aquí se hizo una amplísima exposición luego de su fallecimiento. Pero yo quiero referirme a la gesta del cincuenta, que fue algo inolvidable para quienes tuvimos la felicidad de vivirla y, en general, para todos los uruguayos, sobre todo para los que tenemos buena memoria. Podemos decir que ese fue un triunfo sin precedentes en la historia de nuestro país, que le permitió darse a conocer al mundo entero.

En aquella oportunidad estuvo presente el gran Obdulio, y tanto sus compañeros como el pueblo entero simbolizaron en él el triunfo de Maracaná. Pero no estuvo solo, sino que estuvo acompañado por hombres como Roque Gastón Máspoli, Matías González -existe un estadio que en su homenaje lleva su nombre- Juan Ramón Tejera, Schubert Gambetta y Rodríguez Andrade. Luego, en la delantera de la selección estaban Edgardo Alcides Ghiggia, Julio Pérez, Oscar Omar Míguez y su cerebro, Juan Alberto Schaffino, quien posteriormente fue a jugar a Italia, donde nos dejó muy bien representados no sólo por su condición de gran jugador de fútbol, sino también por su caballerosidad y su don de bien, de las cuales hasta el día de hoy se habla en el norte de Italia. Por último, en la punta izquierda teníamos a Ernesto Vidal, con la conducción de Juan López.

Como señalaba hace un instante, esa fue una fiesta heroica para nuestro país. No obstante, cada uno de ellos se recluyó en sus distintos hogares, y nosotros fuimos un poco indiferentes, luego de haber disfrutado con euforia todo aquel triunfo.

A lo largo del tiempo el gran Obdulio desechó muchas veces homenajes rimbombantes conformándose con recibir en su hogar, junto a su parrilla, a los amigos auténticos, como él decía. Como recordaba el señor Senador Couriel en oportunidad del homenaje que se realizara en el Senado, Obdulio Varela le dijo a sus compañeros al entrar al estadio: "No miren la tribuna que a estos japoneses le ganamos a corazón, con amor y pensando en nuestra patria". Seguramente, estas palabras deben seguir resonando en el oído de ellos. Al poco tiempo de perder a su esposa "Doña Cata", que fue el puntal de toda su vida, murió prácticamente de tristeza. A ello debemos sumar el hecho de que su hijo -único morador de la vivienda- también falleció a los pocos días de la muerte de Obdulio Varela.

Pensamos que esa vivienda de la calle 20 de Febrero 3030 podría destinarse para instalar el museo de los campeones del mundo. Obdulio Varela vivió con austeridad, porque él lo eligió, en virtud de la grandeza de espíritu que tenía. A pesar de ello, murió inmensamente rico, porque cosechó lo más importante a que un ser humano puede aspirar en su paso por la tierra: el afecto, la consideración y el respeto de la gente. Como decía hace un momento, planteamos al Senado la posibilidad de que, a través de distintas dependencias, como la Intendencia Municipal de Montevideo, se puede adquirir ese predio -que no es muy costoso- para crear allí un museo como el que señalé anteriormente. En el mismo sentido, sería interesante comunicar esta propuesta al Ministerio de Turismo, que está ávido y ansioso por encontrar lugares y espacios para mostrar a los que visitan Montevideo. Creemos que muchos de ellos vendrán especialmente a nuestra ciudad para conocer el lugar donde vivió ese gran campeón.

Por su parte, el Ministerio de Educación y Cultura, a través de sus distintas dependencias, también podría dar a conocer a los chicos del baby fútbol y a los juveniles del fútbol profesional cómo vivió este gran hombre que ayudó a concretar aquel gran triunfo que nos llenó de gloria y que cada día que pasa añoramos más. Al mismo tiempo, la mutual uruguaya de jugadores puede recoger mucho material que está disperso a lo largo y ancho de Montevideo y la Asociación Uruguaya de Fútbol, que seguramente tienen una deuda pendiente con aquellos hombres, podría saldarla apoyando estas ideas, por medio de sus dirigentes. Entonces, con el apoyo invalorable de toda esta gente y con el de la prensa deportiva de nuestro país, podríamos hacer muchas cosas.

Con todo esto no nos estamos colocando en una posición de románticos, líricos ni soñadores; de acuerdo con la experiencia de los años que hemos vivido, queremos decirle a nuestros jóvenes que no todo lo pasado fue peor. Ellos también tienen que saber que un día 11 varones se plantaron en la cancha y dejaron mudos a 150 millones de brasileños y a 200.000 espectadores.

Simplemente, esta es una humildísima sugerencia, que no sería difícil de concretar, porque bien se lo merecen estos hombres. De esta forma realizaríamos un homenaje a los que se fueron y a los que están, porque pensamos que la sociedad uruguaya está en deuda con ellos, ya que no ha valorado en toda su dimensión el esfuerzo generoso que hicieron esos hombres en aquel momento.

Por eso, como un modesto uruguayo más, me siento muy feliz de culminar este esfuerzo entre todos y por dejar a nuestras generaciones futuras un ejemplo de vida de once varones que, por amor a su patria y con espíritu de integración y de sacrificio, sin fijarse en el dinero, hicieron realidad la gran hazaña que el fútbol uruguayo no soñaba alcanzar.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a las entidades que he mencionado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se envía la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Senador Fernández a la Intendencia Municipal de Montevideo, a los Ministerios de Turismo y de Educación y Cultura, a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a la Asociación de Cronistas Deportivos.

(Se vota: )

-23 en 24. Afirmativa.

11) MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS. Sus 90 años de actividad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA. - En el día de hoy se conmemoran 90 años de la creación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Celebramos este hecho no sólo por lo que significa como institución y como instrumento de ejecución de obra a nivel nacional, sino también porque en este período el país ha logrado algo que tal vez a los uruguayos nos cuesta promocionar. Me refiero al hecho de que el Uruguay es uno de los países mejor comunicados en materia de carreteras, puentes y puertos, a pesar de las dificultades que podamos tener y de la pequeñez territorial.

Evidentemente, estos 90 años encuentran al Ministerio de Transporte y Obras Públicas con un presupuesto histórico y con un plan de obras importantísimo que, en el caso del departamento de Maldonado, no sólo se remiten a los puertos de Punta del Este y de Piriápolis, sino también a la aspiración de lograr un departamento integrado al turismo y a la agropecuaria. En estos días comienza la obra tal vez más importante que el departamento estaba reclamando, que es la doble vía entre Maldonado, Punta del Este y San Carlos, en convenio con la Intendencia Municipal de Maldonado pero bajo la dirección y el aporte económico del referido Ministerio. Sin lugar a dudas, esto va a significar un aporte al turismo y a la integración del departamento.

También es bueno señalar que en estos 90 años el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha estado atendiendo miles de kilómetros de caminería rural, y lo está haciendo hoy con un presupuesto histórico de más de U$S 1.000:000.000. Nunca antes, en ninguna Administración, se le ha dado tanta prioridad a obras de desarrollo que generan trabajo, bienestar y comodidad, pero, fundamentalmente generan confianza en el país. Entiendo que es trascendente celebrar este hecho, porque muestra las posibilidades que tenemos los uruguayos de hacer lo que hoy nos está reclamando el país. Estas obras no solamente van a tener consecuencias en el presente sino también en el futuro. Nuestro país está bien comunicado, con buenas carreteras y, en cuanto a carreteras pavimentadas y con bitumen, es el que tiene mejor promedio por cápita de América Latina, lo que implica progreso y desarrollo.

Estos 90 años que hoy está celebrando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también va a significar un aliciente para los viejos y nuevos funcionarios que están trabajando en él, más allá de lo que desde el punto de vista político asumimos como Partido y como Gobierno. Me refiero al hecho de que a través del Presupuesto le hemos dado una trascendencia importantísima. Esto es así porque lo reclama el país y el desarrollo que está alcanzando, y nos marca el compromiso de seguir trabajando con hechos concretos en el futuro, al igual que lo hemos hecho en el pasado y en el presente.

Como hombre del interior, tengo la convicción firme de que este acontecimiento es de gran trascendencia porque permite la realización de obra pública y llegar a todos los rincones del país, acompañando el trabajo y la producción nacional. Evidentemente, ahí es donde están las posibilidades económicas de este país, que tiene que crecer hacia afuera mediante las exportaciones y lo que significa el proceso de integración regional y extrarregional. Estamos convencidos de que se ha realizado una labor muy importante y que, seguramente, en este período de Gobierno vamos a poder culminar obras que le permitirán al país apostar, serena pero firmemente, a un desarrollo productivo y turístico que todos los uruguayos tenemos que celebrar.

En ese sentido, señor Presidente, queremos enviar nuestro saludo y las felicitaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a su Ministro actual, ingeniero Lucio Cáceres y a todo su personal, celebrando un acontecimiento por el que todo el país debe estar contento, no solamente por lo que ha hecho sino por lo que está realizando en estos primeros 90 años de vida.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se da cumplimiento al trámite solicitado por el señor Senador Sanabria.

(Se vota: )

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) PEDIDO DE INFORMES. Reiteración.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Con fecha 25 de abril de 1996, presentamos un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que lo remitiera a AFE, con respecto al desempeño de sus actividades. A pesar del tiempo transcurrido -prácticamente un año- esa solicitud de informes no fue respondida, por lo que de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución, solicitamos que el mismo lo haga suyo el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Sanatoro.

(Se vota: )

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) ANTEL. Modificación de su Carta Orgánica.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - En la tarde de hoy, la Comisión de Constitución y Legislación aprobó una modificación parcial a la Carta Orgánica de ANTEL y acordamos solicitar, por mi intermedio, que ese proyecto, que cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes, figure como primer punto del orden del día de la sesión de mañana. Por lo tanto, hago moción en ese sentido.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Deseo preguntar si en la eventualidad de que no se culminara en el día de hoy con el tema del Banco Hipotecario, esa moción lo desplazaría. Si en el día de hoy se agotara el tratamiento del tema estaría dispuesto a acompañar esa moción, pero si no fuera así, estoy dispuesto a que se considere a continuación del punto que corresponde tratar en el día de hoy.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Deseo señalar que si no terminara la discusión del punto del orden del día de hoy, obviamente se continuaría en el día de mañana. Si es necesario que aclare que la intención no es otra que darle un tratamiento prioritario al tema de ANTEL, lo hago expresamente. Es decir que si hoy no termina este tema, el primer punto del orden del día de mañana seguiría siendo el que tanto le preocupa al señor Senador Garat, y luego sí -y la moción la hacemos en ese sentido- se pasaría a tratar el tema de ANTEL.

14) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa consulta al señor Senador Ricaldoni sobre si las Bancadas han llegado a acuerdo con relación a los dos primeros puntos del orden del día.

SEÑOR RICALDONI. - No, señor Presidente. Justamente, debemos solicitar su postergación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, el Senado votaría la postergación de los dos primeros puntos que figuran en el orden del día de esta sesión, y quedaría como tercer asunto a considerar en el día de mañana, en caso de que en la sesión de hoy no se pudiera culminar su tratamiento, el proyecto de ley por el que se limitan las cuotas que por intereses y amortizaciones deban pagar los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y como cuarto punto estaría la consideración del tema relacionado con ANTEL. Así quedaría confeccionado el orden del día de la sesión de mañana.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la postergación de la consideración de los dos primeros puntos del orden del día de la sesión de hoy y la inclusión del punto solicitado inmediatamente después de la culminación del tratamiento del proyecto de ley relativo a los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay.

(Se vota: )

-20 en 21. Afirmativa.

15) INTEGRACION DE COMISIONES

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una integración de Comisiones.

(Se da de la siguiente: )

"La Mesa da cuenta de que la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social se integrará con los señores Senadores Luis Bernardo Pozzolo, Ignacio Posadas Montero y José Korzeniak, miembros de la Comisión de Constitución y Legislación, para el estudio del proyecto de ley por el que se declara falta laboral grave el acoso sexual. Carpeta Nº 636/97".

-Téngase presente.

16) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto presentado a la Mesa.

(Se da del siguiente: )

"Varios señores Senadores presentan un proyecto de ley por el que se propone la reforma del Reglamento del Cuerpo.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

(Texto del proyecto de ley presentado: )

"PROYECTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO SOBRE EL TEMA DE LAS SESIONES SECRETAS

Artículo único. - Derógase el artículo 35 del Reglamento de la Cámara de Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. - La Constitución no establece en ningún caso las sesiones secretas; tan sólo en una hipótesis, la de las pensiones graciables, dispone que la votación no la eventual parte deliberativa, será secreta. Y el mecanismo práctico tradicionalmente utilizado (bolillas "blancas por sí" y "negras por no") asegura ese secreto del pronunciamiento.

2. - Todos los demás casos de "secreto de las sesiones" tienen su fuente jurídica, entonces, en el Reglamento del Senado; carecen pues de rango constitucional o legal.

3. - Los casos en que el Reglamento impone el secreto como principio son, fundamentalmente, para las sesiones en que se traten venias para designaciones, destituciones o ascensos (Art. 35 del Reglamento). Por otro lado se prevé que el Senado puede, para otras situaciones decidir el secreto, aunque el principio es el carácter público de las sesiones (Arts. 30 a 34).

4. - El presente proyecto de reforma del Reglamento, propone las siguientes soluciones:

a) obviamente las votaciones en materia de pensiones alimenticias seguirán siendo secretas, por cuanto esa regla está impuesta por la Constitución (Art. 111 de la misma).

b) en todos los demás casos, el principio general es el carácter público de las sesiones y de las votaciones, incluyendo en esto, desde luego, el caso de las venias para nombramientos, destituciones o ascensos, sea de civiles o de militares. Entre la defensa del valor "delicadeza personal" y el valor "conocimiento cabal del elector de lo que opinan y hacen sus representantes", nos inclinamos decididamente por la mayor jerarquía de este último, como uno de los componentes activos del sistema democrático, que contribuye al saludable contralor popular sobre la actuación de los Legisladores.

c) como pueden darse excepcionales situaciones cuya naturaleza imponga el predominio del valor "delicadeza personal", por sobre la publicidad, el proyecto mantiene la posibilidad de que el Senado disponga que un tema se tratará secretamente (Arts. 30 a 34 del Reglamento vigente).

5. - Más allá de los fundamentos técnicos de la propuesta de reforma -que nos parece de prosapia democrática- es inevitable tener presente que en la práctica de nuestro país, siempre se hace público lo que opina y vota cada fuerza política en cada tema, sea o no resuelto en sesión secreta. Por lo que las normas actuales sobre el sigilo publicitario, aparecen como chistes jurídicos absolutamente alejados de la realidad; sin que haya en este párrafo último una valoración sino una simple constatación.

Korzeniak, Couriel, Segovia, Dalmás, Cid, Arismendi, Sarthou, Antognazza, Gargano. Senadores".

17) DEUDORES DEL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el tercer punto del orden del día: "Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se limitan las cuotas que por intereses y amortizaciones deban pagar los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay".

(Antecedentes: Ver 4a. S.O.)

-Tiene la palabra el señor Hierro López.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Antes de abordar algunos aspectos concretos del proyecto de ley que tiene a discusión el Senado, creo que sería conveniente hacer referencia, por un lado, a la necesidad o no de que desde el Parlamento votemos leyes de refinanciación y, por otro, a la situación general de la política de vivienda en el país y del propio Banco Hipotecario. Más tarde se podría abordar, sí, la temática específica del proyecto de ley que está a estudio que, ciertamente, concentra la atención de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado desde hace mucho tiempo.

Los Senadores del Partido Colorado en general -aunque, naturalmente, con matices- no estamos de acuerdo con la idea que preside el proyecto de ley, que es la de que a través de leyes podamos beneficiar a deudores morosos y que estaríamos contribuyendo a mejorar la gestión financiera de los Bancos del Estado. La mayoría de nosotros hemos votado sólo una ley de refinanciación de deudas desde el año 1985 en adelante. Me refiero a aquella ley acordada, precisamente, en la Concertación Nacional Programática, que procuró resolver la angustiante situación de miles de productores afectados por la crisis de 1982. Luego la mayoría de nosotros votamos en 1992 un proyecto de ley -que después no tuvo sanción- que procuraba resolver la situación dramática en que se encontraban deudores del Banco Hipotecario que habían sido sometidos a reajustes cuatrimestrales y semestrales en lugar del reajuste anual, en que la tasa de interés subió por encima del valor de la Unidad Reajustable, pasando de un 2% a un 7% y causando así una situación realmente conflictiva que dio mérito a la votación de un proyecto de ley en la materia.

No obstante ello, en general, no creemos que la ley sea el instrumento idóneo o adecuado para resolver las refinanciaciones; preferiríamos que éstas fueran administradas, precisamente, por los bancos que, en este caso, son entes autónomos especializados que cuentan con la información, los procedimientos y las tradiciones adecuadas, que permiten que dichas refinanciaciones sean en sí mismas más justas y equitativas. Todos sabemos que la ley establece un criterio general, objetivo, que pueda llegar a veces a tener un carácter burocrático, regulatorio en forma excesiva lo que, eventualmente, no permitiría asegurar que el tratamiento de las deudas de los morosos se realizara con la equidad con que debe actuar la Administración.

Además, nos preocupa el hecho de que desde el Parlamento intentemos resolver la vida financiera de una institución tan influyente como el Banco Hipotecario. Ciertamente, las dudas que ha tenido la Comisión a lo largo de este tiempo tienen que ver con la realidad de dicho Ente.

Quizás con este proyecto de ley estemos procurando resolver la situación de 18.000 deudores morosos, pero es necesario que el Legislador tenga en cuenta, en términos objetivos, que el Banco Hipotecario constituye una realidad mucho más amplia, completa y compleja que la de la mencionada cantidad de deudores morosos, al punto que existen otros 89.000 deudores que no son morosos, que ya han accedido a préstamos para la vivienda y, además, hay 152.000 ahorristas que efectúan depósitos en el Banco, confiando en las garantías del Estado y en la política del organismo, que están esperando acceder a un préstamo para construir o adquirir su vivienda.

Quiere decir, entonces, señor Presidente, que vamos a legislar para regular la situación de 18.000 familias, pero debemos recordar que hay otras 251.000 vinculadas al Banco Hipotecario, que tienen tanto derecho como las familias morosas, y que han hecho sus ahorros puntualmente y confiando en la estabilidad financiera de la institución en el que efectúan sus depósitos, a la espera de poder tener su vivienda. A su vez, existen 89.000 familias que pagan en forma puntual sus cuotas ante el Banco Hipotecario. ¿Esto quiere decir que desconozcamos que hay un problema con los 18.000 deudores morosos? No, señor Presidente. Sabemos que él existe y que es necesario atenderlo. El punto es cómo lo hacemos, cómo debe actuar el Parlamento, el cuerpo político, los partidos políticos, la Administración y el propio Banco Hipotecario, para mejorar la situación de esos 18.000 morosos.

Mi preocupación -que, según creo, es compartida por muchos señores Senadores- tiene que ver con el hecho de que en los dos años que hemos estado trabajando en el estudio del proyecto de ley, no he llegado a tener la absoluta tranquilidad de que al estar legislando respecto a las 18.000 familias morosas, no estemos perjudicando, eventualmente, por alguna vía, a las 251.000 familias restantes, sea por una cierta desfinanciación del banco o por una postergación de las expectativas de quienes pueden acceder a un préstamo para vivienda, o por una inestabilidad financiera que hace mal a las instituciones bancarias en general.

En tanto que realmente no hemos logrado resolver esta cuestión, tenemos serias dudas respecto a la situación que se nos plantea al votar un proyecto de ley de refinanciación como el presente.

Además, señor Presidente, decimos que este proyecto de ley no es similar al que se votó en el año 1985 o al que se procuró votar en 1992; por suerte, el país ha cambiado mucho y para bien.

Me parece necesario -si el Senado me lo permite- tratar de ubicar la situación de los 18.000 deudores del Banco Hipotecario en la política de vivienda que, según creo, el país tiene. A mi juicio, esta política es eficaz y permitirá superar las dificultades que puedan tener algunas familias en la materia. Probablemente tenga que aburrir al Senado con algunas cifras, pero considero imprescindible dejar constancia de que en este quinquenio el país en su conjunto prevé invertir U$S 1.226:000.000 -cifra realmente extraordinaria- de los cuales U$S 814:000.000 estarán destinados al Banco Hipotecario del Uruguay. En total, las previsiones implican la construcción o habilitación de 82.702 soluciones habitacionales.

Naturalmente, estamos en el comienzo de un Plan Quinquenal y nadie da garantías de que esto vaya a consagrarse con precisión absoluta. Sin embargo, estas son las previsiones del Gobierno. De la mencionada cifra, 30.174 se planifican construir o ponerse en marcha en la órbita del Banco Hipotecario. Me parece que es relevante resaltar que existe un esfuerzo público de inversión muy importante, que el Banco va a manejar U$S 800:000.000 y que va a hacerse responsable de la habilitación de más de 30.000 unidades habitacionales.

El ritmo de ejecución de obra de 1996 nos permite ver con optimismo -realmente, con espíritu alentador- la aplicación de este plan, tanto por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente como del sector privado y del Banco Hipotecario del Uruguay. Durante 1996, el Estado brindó 14.788 soluciones habitacionales y de ellas 6.796 son nuevas. Quiere decir que estamos en un ritmo de ejecución, de construcción, de habilitación y de inauguración de viviendas -el cual, naturalmente, viene del período anterior- que permite pensar que estas cifras que hemos anunciado se van a concretar.

El Banco Hipotecario del Uruguay invirtió, en 1996, U$S 200:000.000 -cifra muy importante- y ha concretado 7.300 unidades habitaciones. Al 31 de diciembre del año pasado, señor Presidente, el Banco tenía en construcción casi 6.000 viviendas -concretamente, 5.934- lo que demuestra que ha retomado su ritmo de construcción.

Además, me parece importante resaltar que este Directorio cambió la orientación de las inversiones. Durante el período anterior, solamente el 32% de los ingresos del Banco se dedicaba a la construcción y el 68% restante se destinaba a la habilitación de préstamos de compraventa de vivienda usada. En menos de dos años de gestión del nuevo Directorio se ha cambiado la orientación y el 78% de las inversiones del Banco se orienta ahora a la construcción de viviendas nuevas, lo que viene de la mano con una política social que procura alentar no solamente la habilitación de viviendas sino, además, la construcción y el empleo.

Como todos sabemos, la cadena de la construcción tiene una enorme importancia porque, por cada jornal que se genera en ella, surge medio jornal en las industrias accesorias. Debemos expresar que de $ 100 que se invierten en la construcción, $ 80 son de capital fijo que queda radicado en el país y que significa un capital social intransferible para el Uruguay.

Se han abierto nuevas líneas de crédito en una dinámica que permite que el Banco esté atendiendo con créditos blandos a empresarios rurales jóvenes, a productores agropecuarios y a personas que desean acceder a la compra de materiales. En estos días se están por instrumentar créditos especiales para personas divorciadas que deben reestructurar su situación habitacional.

Además, resulta muy claro que las variables generales de la economía vienen favoreciendo la política del Banco. Esta institución tuvo dificultades muy serias, que necesariamente trasladó a las familias alrededor del año 1992 cuando, por su lado, subió la tasa de interés del 2% al 7% y, por otro, hubo un desfasaje entre los valores de la Unidad Reajustable, el dólar y los otros indicadores de la economía. Eso hoy no está ocurriendo, ya que se detuvo esa situación. Nos queda una realidad deficitaria anterior, pero hoy se detuvo, al punto que en los últimos 12 meses la variación de la Unidad Reajustable fue del 24,4%; la del Indice de Precios al Consumo fue del 23,7%; la del dólar fue del 20,7% y el Indice de los Costos de Construcción fue del 20,9%. Estas variables nos permiten asegurar que aquella situación crítica, que había vivido y que hoy recién está enfrentando un grupo de deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, se está superando.

Por otro lado, se ha enlentecido mucho el ritmo de remates, que es uno de los síntomas o indicadores que nos muestra cuál puede ser la situación de los deudores. Tengo en mi poder una gráfica -que, naturalmente, pongo a disposición de los señores Senadores- en la que se indica que en 1991 hubo 220 remates; en 1992, 350; en 1993, 670; en 1994, 570 -esto demuestra que comienza a decrecer la tendencia del Banco a rematar bienes inmuebles- en 1995, 380 y, en 1996, algo más de 20. Digo algo más de 20, porque la gráfica no me permite advertir la cifra con precisión. Creo que también por esta vía el país está reconciliándose con una política que, por diversos factores -económicos, macroeconómicos, etcétera- se había abandonado.

En otra línea de razonamiento, pero que contribuye a reconocer que hoy no es imprescindible una ley de una índole como la que la mayoría del Senado se dispondría a votar, hay que reconocer que en 1995 y 1996 la rebaja real de los alquileres supera el 10% anual. Se dirá que esto es poco, pero en una economía indexada, en la cual hemos tenido subas de alquileres durante décadas, el hecho de que por primera vez tengamos rebajas sostenidas reales del 10% anual, en el valor de los alquileres, nos permite pensar que el mercado general de la vivienda viene logrando un equilibrio y una orientación favorable.

Hemos votado aquí un proyecto de ley que permite que la banca privada "hipoteque en el pozo" para extender la financiación y, como es notorio, el Gobierno anuncia otros proyectos de ley que tienen que ver con el mercado de capitales vinculado a la vivienda, con lo cual el país en su conjunto hoy tiene una inversión pública importante, una orientación correcta y, si no me equivoco, los medios para construir las viviendas que el Uruguay necesita.

Se ha dicho que el Banco Hipotecario pudo haber perdido su condición de Banco social y también se ha sostenido que ante estas disyuntivas, a veces, los Legisladores y los dirigentes políticos tenemos que ubicarnos en una especie de justo término entre los requerimientos financieros del Estado y los sociales. Creo que es importante tener en cuenta a todo el Banco Hipotecario cuando analizamos su situación. Normalmente -no estoy haciendo una crítica, sino expresando una comprobación- cuando se analiza la situación del Banco, se atiende a la realidad de los 18.000 morosos pero se olvida el resto. Creo que es importante que tengamos esto en cuenta para ver si, efectivamente, estamos frente a una institución que mantiene la política social que la ha inspirado. El 80% de los 107.000 deudores del Banco -lamento dar tantas cifras, pero prefiero manejarme con hechos y no con impresiones; creo que el Senado podrá recoger, de estos hechos, otras ideas- es decir, 85.600 familias, pagan actualmente por sus cuotas menos de $ 2.000 por mes. Creo que esta es una cifra que el país no valora mucho. Ante el impacto de la información en el sentido de que estamos por refinanciar deudas para 18.000 deudores, el país no valora lo que esto significa -y es la virtud de políticas acumuladas de muchos Directorios del Banco Hipotecario; aclaro que no estoy diciendo que esto sea un logro del Directorio del actual Gobierno, sino que se trata de la acción social de una gran Institución del Estado- pero, para quienes amamos el Estado, esta es una confirmación de que el Estado puede ser eficiente y solidario, desarrollando políticas que, eventualmente, los sectores privados no están en condiciones de ejecutar. Reitero que 85.600 familias pagan menos de $ 2.000 de cuota por mes, lo que es notoriamente mucho menos que el alquiler que tendrían que pagar por esas viviendas. El 50% del total de los deudores -en términos precisos, 53.500 familias- paga menos de $ 1.000 de cuota por mes, lo que seguramente rebasa los alquileres de plaza por apartamentos o casitas de modesta condición.

Desde mi punto de vista, esto confirma que, efectivamente, el Banco mantiene su finalidad social y el país conserva una policía en esta materia.

Señor Presidente: ¿esto quiere decir que desconozcamos que hay 18.000 familias con problemas? No, hay 18.000 familias con problemas. Esta es la cifra que ha manejado el Banco y que tenemos que mantener.

:

¿Por qué tienen problemas estas 18.000 familias? Porque sus cuotas son muy altas. Hay programas del Banco -por errores en la ejecución, por dificultades diversas, como problemas con los promotores, etcétera- que hacen que viviendas de clase media estén pagando cuotas que exceden las posibilidades de ingresos de sus habitantes. Este es un asunto que no requiere discusión; lo reconocemos, y por ello hay que buscar una solución.

También hay otro grupo de familias que, sin estar pagando cuotas muy altas, han perdido sus ingresos, por ejemplo, por dificultades en el grupo familiar, por desempleo, por rebaja del salario, por muerte del familiar que sostenía los ingresos, etcétera. En ese sentido, es necesario que el Estado, con inteligencia, con criterio solidario y con eficacia, atienda la situación de estas 18.000 familias que, reitero, no representan la realidad social del resto del Banco. Hay un 82% de buenos pagadores, 85.000 familias que pagan menos de $ 2.000 por mes y más de 50.000 que abonan menos de $ 1.000 mensuales. Esta es una obra social que, me parece, el país tiene que reconocer, y lo debemos tener en cuenta cuando vayamos a mover en la ley alguna de sus piezas porque, eventualmente, sin quererlo, podemos estar perjudicando a miles de personas que realmente están recibiendo un apoyo estatal importante.

Desde nuestro punto de vista, en la actualidad, la ley no es tan necesaria, porque el Directorio del Banco Hipotecario ha atendido con prontitud y eficacia la serie de demandas de los deudores morosos. El Directorio asumió en octubre de 1995 y desde diciembre de ese año comenzó a tomar una serie de medidas -que me voy a permitir relatar ahora- que, de por sí, configuran una refinanciación. Algunos deudores morosos nos han dicho -y es posible que en esto el Banco tenga que revisar su gestión- que parte de estas medidas que se toman en el Directorio, no se instrumentan adecuadamente en los mostradores. Quizá esto ocurra; no lo puedo afirmar ni desmentir. Me consta que esto sucede a nivel del Banco de la República, donde el Directorio toma una serie de orientaciones para dar facilidades a sus deudores y, luego, en las agencias del interior o en diversas gerencias, éstas no se aplican ni practican con la prontitud debida. Quizá sea un llamado de atención para los Directorios de los Bancos, o para las fuertes burocracias que existen en ellos, o para los gerentes que tienen que aplicar estas medidas. Reconozco que esto puede ocurrir, pero quiero hacer mención a una serie de medidas que el Directorio del Banco Hipotecario ha tomado desde diciembre de 1995, que procuran atender la situación de los 18.000 deudores morosos. En estos últimos días se ha agregado un conjunto de soluciones a las cuales también vamos a hacer referencia.

Desde 1991 se ha establecido la posibilidad de hacer efectivo el tope del 26% de los ingresos alargando los plazos de la hipoteca. Este es un derecho que tiene el deudor y, por lo tanto, no debería existir ningún impedimento para su aplicación. Asimismo, rige el llamado período de carencia, que significa que el Banco puede atender especialmente a aquellas familias que atraviesan situaciones muy difíciles y complejas como, por ejemplo, la pérdida de un familiar, de un ingreso o de un empleo. En esos períodos la institución admite que las familias paguen solamente una cuota correspondiente al 26% de sus ingresos durante un año, o los intereses sin amortizar capital hasta 30 meses. He logrado confirmar, por mis medios, la aplicación de estas medidas y me consta que más allá de las distancias y problemas burocráticos en cuanto a su instrumentación, el Banco es sensible ante situaciones, por ejemplo, de pérdida de un familiar, de desempleo, etcétera, y procura darles solución.

Se reestructuraron las deudas de miles de personas, primero en forma individual y luego de los complejos habitacionales. En febrero de 1996, un 54% de las deudas se habían reestructurado según lo habían solicitado los deudores, y no de acuerdo con el criterio de la gerencia del Banco. Me estoy refiriendo a una refinanciación anterior. En ese sentido, de cien personas que se presentaban, el Banco le daba razón, en términos precisos, a cincuenta y cuatro. En febrero de 1996 se había reestructurado la deuda de 1.000 conjuntos habitacionales, y hay que multiplicar por tres y por cuatro para imaginar la cantidad de gente que fue beneficiada. Hubo una política de rebaja de la tasa de interés, que me parece que es la clave del asunto, porque la actual situación de estos 18.000 deudores se generó, en buena medida, cuando dicha tasa -que, seguramente, estaba subvencionada- subió del 2% al 7% en términos muy bruscos. Esto provocó una situación muy difícil en algunos deudores y por ello el Banco ha venido reduciendo la tasa de interés y se ha bajado del 7% al 6% y luego al 5%, en los términos que voy a explicar. En febrero de 1996 se había rebajado en un 10% las cuotas de 30.000 deudores; más de 10.000 deudores se habían acogido a los beneficios de la refinanciación, por lo que más de 42.000 deudores del Banco -equivalentes a casi un 40% del total- obtuvo en esa fecha rebajas de entre el 10% y el 15% de sus cuotas. Se me dirá que es poco, pero creo que en una economía indexada, donde todo sube, el hecho de que haya rebajas reales respecto a lo que se está pagando, por voluntad unilateral del Directorio del Banco, es una demostración efectiva y cabal de que hay atención de los requerimientos sociales.

A esas medidas de febrero de 1996 se agregan las de este mes de abril que, desde nuestro punto de vista, contemplan la mayor parte de las reclamaciones que se han hecho en el Parlamento. Si nos alcanza el tiempo, vamos a poder discriminar y explicar qué significa cada una de estas cosas que, indudablemente, tienen que ver, por un lado, con las orientaciones que el Banco ha querido darle a su gestión y, por otro, con los planteos que he escuchado en el Parlamento. Estos últimos se relacionan con la retasación de los bienes o con la situación de las familias de menores ingresos. De una lectura sucinta, expreso que el Banco ha manifestado, a través de una resolución del 9 de abril de 1997, diferir el pago de la deuda por cuotas atrasadas, las que se abonarán en cuotas mensuales a final del plazo. Este diferimiento fue solicitado en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y esa fórmula está incluida en el proyecto de ley. Por lo tanto, no sería necesario votarlo en el proyecto de ley, dado que el Directorio del Banco ya lo ha resuelto. Quiere decir que a una persona que, por motivos equis, ha acumulado una deuda de nueve meses y no puede pagarla, el Banco le autoriza -por medio de esta resolución- a pasarla al final de su préstamo, que siga pagando puntualmente si se le requiere condición de buen pagador, y luego levantar el atraso. Nos parece que es una propuesta completa, ambiciosa y que da cuenta de que el Banco ha atendido la situación de estos 18.000 deudores.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden formulada.

(Se vota: )

-21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Hierro López.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Antes de continuar, quisiera agradecer al Cuerpo su paciencia para escucharme ya que este es un tema muy complejo en el que se manejan muchos números que pueden servir para comprender por qué los Legisladores del Partido Colorado actuamos en determinada dirección.

Se ha llevado a cabo una rebaja de la tasa de interés de entre el 1% y el 2% para los buenos pagadores y esto ubica el promedio de la tasa de interés del Banco en el 5%. El Directorio de la Institución ha informado al Senado que la tasa operativa del Banco nunca debe ser menor del 4,5% debido a que sus costos operativos son muy altos. Deseo aclarar que este no es un problema de este Directorio ni del anterior; en realidad, el Banco Hipotecario tiene un presupuesto muy alto y ese es un problema muy serio. Pienso que un Directorio que asumió con una tasa del 7% y a menos de dos años de gestión la ubica en 5%, está demostrando que actúa con la sensibilidad social que se requiere y no en función de las orientaciones puramente financieras que muchas veces se le imputan.

Por resoluciones anteriores del 21 de noviembre de 1995 y del 6 de noviembre de 1996 se operó una rebaja real del 20% en la cuota mensual de los deudores cuyos núcleos familiares perciben remuneraciones menores a las 30 Unidades Reajustables y pagan cuotas menores a las 6 Unidades Reajustables. En estos casos, que corresponden a las familias más castigadas porque reciben ingresos paupérrimos, se ha producido una rebaja real -además de las otras situaciones- del 20%. Entonces, creemos que aquí hubo una dedicación especial del Banco Hipotecario con respecto a la franja de menores ingresos.

De acuerdo a la resolución del 2 de abril de 1997 -es decir, de hace pocos días- se habilita un mecanismo que ha sido muy reclamado por los deudores morosos y que es el siguiente. Se permite que haya una nueva tasación del bien y una rebaja de la deuda en relación al nuevo valor -si es que el valor venal es menor que el saldo de la deuda- refinanciándola de forma que en el futuro se pague puntualmente sin generar intereses de mora. Esta solución es similar a la que figura en el proyecto de ley. En este sentido voy a dar un ejemplo con cifras en dólares para que se entienda mejor. Una persona tiene un apartamento que en el mercado vale U$S 40.000; sin embargo por los diversos reajustes, la aplicación de moras y todas estas políticas, al Banco le está debiendo U$S 50.000 o U$S 60.000. con relación a este aspecto ha habido cartas en la prensa, se han citado casos concretos y todos los Legisladores sabemos que estos hechos, realmente injustos, ocurren. Decimos que son injustos porque si bien es cierto que en una economía de mercado y de consumo, cuando cualquier persona compra un bien financiado termina pagándolo tres y cuatro veces más de lo que realmente vale -quien compra un auto con un préstamo a tres años o una casa a diez, sabe que va a pagar el doble o el triple de su valor- en el caso del Banco Hipotecario esto resulta injusto porque esa institución tiene una orientación social y no se trata de un Banco comercial de plaza. De acuerdo con esto debe atenderse la situación y, en ese sentido, el Directorio ya ha tomado la resolución de retasar el bien y reliquidarlo a los valores del mercado con la condición de que ello no vulnere la línea del valor venal en el saldo de la deuda.

Todas estas son resoluciones que procuran resolver la situación de los deudores morosos. Obviamente, no lo van a solucionar en su totalidad pero al respecto habrá otras medidas del Banco, y seguramente, se producirá un comportamiento de la economía en beneficio de toda la población. Debemos admitir con franqueza que el Banco Hipotecario -y, lamentablemente, el gobierno tampoco- no puede solucionar el problema de aquellas personas que, por ejemplo, en 1995 ó 1996 ganaban $ 6.000, perdieron el empleo y que hoy perciben sólo $ 3.000. Esta es una situación muy difícil para el Banco y para el país, teniendo en cuenta que el índice de desempleo es muy importante. Esto es una realidad y también lo es el hecho de que estas medidas que el Banco ha tomado le han costado al Uruguay cifras muy importantes que me parece es necesario tener en cuenta. Si votamos una refinanciación también estaremos disponiendo de recursos del Estado y estableciendo que los mismos se vuelquen a solucionar el problema de esas 18.000 familias y no que se destinen a otras tantas que están esperando que se les adjudique una vivienda. Las medidas adoptadas entre 1995 y 1996 significaron para el Banco una pérdida patrimonial de U$S 75:000.000. Sin embargo, esta incidencia no fue negativa en su recaudación mensual y, por lo tanto, el Directorio no teme que aquellas medidas perjudiquen su performance. No obstante, el conjunto de las medidas de refinanciación tomadas en diciembre de 1995, en febrero de 1996 y en abril de 1997, según un informe firmado por el contador César Cendoya, Subgerente General y Contador General del Banco, significó la posibilidad de una caída en la recaudación mensual de un mínimo de U$S 678:000.000 y un máximo de U$S 1.058:000.000. Esto implica que en lo que resta del Plan Quinquenal, en esta operativa, el Banco y el país en su conjunto están comprometiendo entre U$S 25:000.000 y U$S 40:000.000. ¿Por qué "entre" tal y cual cantidad? Porque no se sabe con certeza cómo reacciona el deudor frente a una política de refinanciación y, entonces, lo que hace el Banco es establecer ciertos parámetros que luego se podrán confirmar o no. Pero sepamos que el Banco Hipotecario -y no el Senado- ya resolvió invertir en los 18.000 deudores morosos una cifra que se ubica entre los U$S 25:000000 y los U$S 40:000.000. La pregunta que todos tenemos derecho a hacernos es si, en caso de que cada uno de nosotros hubiera estado en el Directorio del Banco, habríamos vuelto a subsidiar a estas personas o habríamos destinado esos dineros y recursos públicos a otras obras. Creo que con un criterio de sensatez y de sensibilidad, el Directorio del Banco ha resuelto reinvertir en las 18.000 familias. Recordemos que éstas ya han sido atendidas por el Estado. En este sentido, yo polemicé con unos lectores del semanario "Búsqueda" que se enojaban y decían si no sería mejor que ese subsidio -o una ayuda o un beneficio- se volcara a otros sectores de la sociedad que aún no han recibido esa clase de aporte. Hay miles de uruguayos que todavía no han podido acceder a la vivienda. En estos días el gobierno está empeñado en encarar un proyecto de recuperación de los cantegriles de Montevideo que implica darle una situación mínima decorosa a por lo menos 70.000 montevideanos. Esta va a ser una inversión cuantiosa y teniendo en cuenta que los recursos del Estado siempre son escasos cabe preguntarse si es mejor subsidiar a esas 18.000 familias de deudores morosos o a otras. El Banco ha resuelto contribuir para atender la situación de esos 18.000 morosos del Banco Hipotecario con una suma de entre U$S 25:000.000 y U$S 40:000.000 en lo que resta del quinquenio. Me parece que estas cifras demuestran que el Banco ha actuado con sensibilidad frente a este problema.

Señor Presidente: hemos trabajado muy activamente con los integrantes de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial para procurar acuerdos respecto a este proyecto de ley pero, lamentablemente, hasta la hora 17:30 del día de hoy, los mismos no se han concretado.

No obstante, puedo adelantar que el Banco Hipotecario del Uruguay ha acordado con la Comisión una cantidad de aspectos contenidos en el proyecto de ley original elaborado por los Legisladores del Frente Amplio y del Partido Nacional. En ese sentido, dicha Institución ha aportado una redacción técnica para esos artículos mencionados que, en el caso de que se ingrese a la discusión particular, la podríamos analizar aunque, eventualmente, votemos negativamente este proyecto de ley. Esto significa que la Comisión y el Banco han trabajado activamente y que hubo acuerdos en una serie de temas. No ocurrió lo mismo respecto de dos asuntos muy importantes que, por el momento, le impiden votar esta iniciativa al Partido Colorado -o, por lo menos, a mi sector- en virtud de las razones que hemos explicado. En definitiva, no creemos que se resuelva realmente la situación de los deudores morosos con leyes de refinanciación.

En ese sentido, uno de los temas importantes que tiene planteado el país, y que la Comisión del Senado necesariamente debe seguir estudiando, es el relativo a la situación de las familias que ya accedieron a un préstamo de vivienda en el Banco Hipotecario del Uruguay, cuyos ingresos se ubican por debajo de las 60 Unidades Reajustables. Cuando se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente -en una experiencia que, tal vez, a cinco o siete años de su creación amerite una revisión legal- se estableció que el Banco Hipotecario del Uruguay se orientaría al mercado de familias que tuvieran ingresos mayores a las 60 Unidades Reajustables, para lo cual no recibiría subsidio, sino que se manejaría estrictamente con sus recursos. Mientras el Ministerio atendería a las familias con ingresos menores a las 60 Unidades Reajustables. Sin embargo, quedó un bolsón de aproximadamente 9.000 deudores del Banco que están en esas condiciones. Entonces, ¿qué ocurre? El proyecto de ley nos propone topear las cuotas de esas familias. De aceptarse esta solución les estaríamos dando un subsidio pero, a nuestro entender, esa medida la tendría que adoptar el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Cabe señalar que éste también es el criterio del Directorio del Banco y de otros compañeros de la Comisión, lo que, por otra parte, podría realizarse legislando desde aquí, tal vez, por la vía de Rentas Generales, o como se disponga. Lo cierto es que nos negamos a disponer de un subsidio en forma específica sin que se establezcan los recursos genuinos que aclaren la situación.

Desde nuestro punto de vista esta situación debe resolverse sabiendo que si el Senado aprueba que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente subsidie a estos 9.000 deudores que están por debajo de las 60 Unidades Reajustables, se está dejando de hacer otras 9.000 casas para otras tantas familias que están inscriptas en dicha Cartera. Obviamente, se trata de una decisión política que no ha habido tiempo de instrumentarla. Entiendo que la Comisión de Vivienda tiene que seguir trabajando en este tema a los efectos de encontrar una solución adecuada.

Por otra parte, el Frente Amplio planteó la posibilidad de que se exonere del Impuesto al Patrimonio al Banco Hipotecario. Sin embargo, los Legisladores no podemos votar exoneraciones de impuestos de esta forma, pues lo impide la Constitución de la República ya que, para ello, se requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. Pienso que ella vendrá en el trámite de esta ley y podría resultar de una solución financiera para el Banco Hipotecario que permita atender estas diferencias que hemos tenido los Legisladores del Partido Colorado con los demás integrantes de la Comisión.

Otro punto a destacar es que nos negamos terminantemente -aclaro que no quiero tener una expresión altisonante, aunque sí muy firme- a fijar por ley un tope a la tasa de interés del Banco, tal como se plantea en el proyecto de ley. Los Legisladores que analizaron este tema saben que este es un punto al que el Partido Colorado se negó desde el principio. Entiendo que es muy complejo el mundo financiero internacional, el tema de las tasas de interés y, tal como señalaba el señor Senador Couriel hace unos días, también es difícil la situación que enfrentan en esta materia algunos países muy vulnerables como el nuestro que, por ejemplo cuando se da una crisis financiera como la que ocurrió en México repercute en toda la región y provoca recesión en el Uruguay y en la Argentina, a lo que debe agregarse la fuga de capitales y otras consecuencias negativas vinculadas a las tasas de interés. Entonces, topear por ley tasas de interés me parece que equivale a vulnerar la capacidad automática financiera del Banco Hipotecario del Uruguay. No debemos olvidar que es un Banco que atiende a 150.000 ahorristas, a quienes les tiene que dar garantías de sus depósitos. En otras palabras, el Banco no tiene solamente que atender una finalidad social por el lado de los préstamos sino que debe contemplar a sus ahorristas, que también están comprendidos en su política social.

Por lo tanto, nos parece muy negativo fijar por ley un tope a la tasa bancaria. Además, estaríamos creando un precedente que, seguramente, repercutiría negativamente luego en el comportamiento de todo el sistema financiero y bancario.

Finalmente, deseo hacer otras dos puntualizaciones. Tal como está planteado el proyecto de ley -es necesario, recordar que los Legisladores colorados procuramos el acuerdo en torno a un proyecto intermedio que, lamentablemente, no prosperó- no cuenta con el aval del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay. En definitiva, tanto los Directores colorados como los blancos en forma enfática se opusieron a la redacción del texto que va a votarse aquí en Sala, aunque no respecto de otras soluciones que luego el propio Directorio avaló con el conocimiento técnico en la redacción.

Asimismo, debemos recordar que el Senado votó un proyecto de ley elaborado por el Partido Nacional que regula una obligación constitucional en virtud de la cual, cuando los Legisladores votamos iniciativas que signifiquen el aumento del déficit consolidado del Estado o el manejo de recursos, tenemos que plantear las fuentes genuinas del financiamiento. Se trata de un texto presentado por los señores Senadores Posadas Montero y Heber que nosotros aprobamos con mucho gusto, ya que creemos que todos tenemos la obligación y la responsabilidad de contribuir al buen manejo de las finanzas del Estado. Además, habla de la renovación de nuestro comportamiento político en tanto, reitero, cuando presentamos proyectos de ley que generan gastos inmediatamente estamos elaborando las soluciones que generan recursos.

En el caso concreto que nos ocupa, y tal como viene redactado el proyecto de ley, con el mecanismo de las franjas, se está incidiendo en la recaudación del Banco Hipotecario sin instrumentarse el financiamiento adecuado. Además, como este Banco por ley está inhibido de utilizar subsidios, si aplicamos estas disposiciones tal como se han presentado en el Senado, inexorablemente, lo estamos desfinanciando. Creo que no es esa la voluntad de los Legisladores proponentes de esta iniciativa, por que sería lamentablemente la consecuencia de la aprobación de la misma.

Señor Presidente: por estas razones y otras que podrán agregar mis compañeros de Bancada, adelantamos que en el día de hoy no vamos a acompañar este proyecto de ley en discusión y manifestamos que podríamos votar otro, como el que procuramos acordar en el seno de la Comisión con el apoyo del Directorio del Banco Hipotecario.

Asimismo, entiendo que si la semana pasada o la otra la oportunidad del proyecto ya era relativa, a partir de la medida que ha tomado ahora el Directorio del Banco, esa condición es aun mayor. De ahí que, en lo personal, realmente no vea una urgencia imperiosa y prefiero ver cómo estos 18.000 deudores morosos van al Banco Hipotecario y pueden, con la batería de medidas que esta Institución ha puesto en marcha, resolver su situación. Mientras tanto, el Senado, sí podría dedicarse a las cuestiones principales que tenemos en juego. Me refiero, por ejemplo, al ingreso de ese proyecto de ley para dar mayor garantía y movilidad a los capitales de inversión habitacional, a resolver el tema de los deudores del Banco que aún no tienen subsidio y que están por debajo de esa franja, y los que, en el día de hoy, no pueden recibir subsidios. Es más, mediante este proyecto de ley que se va a votar, también estará prohibido dar subsidios. Asimismo, tendríamos que resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la orientación general del Plan. A mi entender, esto ameritaría que el Senado no votara en el día de hoy el proyecto de ley a los efectos de habilitar las consultas políticas que permitan saber si el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente aprueba el subsidio a estos 9.000 deudores del Banco Hipotecario y si el de Economía y Finanzas está de acuerdo en exonerar a éste del Impuesto al Patrimonio.

En caso de que eso ocurra, en quince días contaremos con un proyecto de ley más importante, efectivo y consensuado que el que tenemos actualmente. De ninguna manera niego el derecho que tienen las Bancadas del Partido Nacional y del Frente Amplio de votar este proyecto de ley en el día de hoy; simplemente pienso que se ha perdido la oportunidad de procurar los consensos a los que estarían dispuestos el Partido Colorado y el Gobierno.

Es más, considero que no existe para el Banco Hipotecario del Uruguay algo peor que el hecho de que estemos discutiendo durante meses sobre leyes de refinanciación. Sin duda, para los deudores morosos, buenos pagadores, depositantes y para el mercado financiero, esto no resulta nada beneficioso. Pienso que sería mejor -cabe destacar que tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio y el Partido Colorado han hecho los esfuerzos necesarios- alcanzar un consenso sobre el Banco Hipotecario del Uruguay para que éste no sea centro de la polémica en la que inevitablemente ha estado durante este tiempo. Además, sería bueno que los protagonistas del Banco -que son, repito, los deudores y los depositantes- tengan la tranquilidad de que existe en esta materia, una política concertada por todos. Mientras tanto, reitero y ratifico que nuestro país cuenta con una política de vivienda eficiente y solidaria.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Como Miembro Informante de este proyecto de ley, quisiera efectuar algunas precisiones.

En lo que tiene que ver con el manejo de cifras que ha realizado en la tarde de hoy el señor Senador Hierro López, debo decir que se trata de un asunto que todos conocemos; prácticamente alcanzaría con leer la versión taquigráfica de las sesiones en las que estuvieron presentes en la Comisión el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay y representantes de los funcionarios de dicha Institución. Por lo tanto, se trata de una información con la que ya cuenta la Comisión y que contribuyó a que nos formáramos un concepto acerca de los proyectos que habíamos presentado, en primera instancia el Frente Amplio en el mes de marzo del año 1995, luego el Partido Nacional en el mes de octubre, así como proyectos que surgieron de la discusión y que posteriormente pasaron a ser analizados con la Bancada del Partido Colorado. En todas estas situaciones -lo remarcó claramente en su intervención el señor Senador Hierro López- se ha hecho, por parte del Banco Hipotecario del Uruguay -últimamente han tomado el tipo de cascada- una serie de propuestas de orden administrativo, por cuanto desde la primera instancia tanto el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay como el Partido Colorado manifestaron que se oponían terminantemente a cualquier tipo de medida legislativa. Esto es lo que nos ha llevado a reafirmar en el transcurso de este tiempo, que existe la necesidad contraria, es decir, la de que los problemas de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay no fueran tratados desde el punto de vista administrativo y sí desde el legislativo.

Una vez más, basándose en las palabras manifestadas por el señor Senador preopinante, que expresó que esa posición es la que mantienen, nos resulta preocupante esta situación, ya que de los informes se desprenden datos muy variados -aquí se ha mencionado el brindado por el contador Cendoya, que a su vez fue informante del Banco Hipotecario del Uruguay en oportunidad en que esta institución solicitara datos acerca de la posición de los distintos deudores- que incluso crearon confusión en la Comisión.

En reiteradas oportunidades he dicho en esta Sala que hemos partido de una situación patrimonial del Banco Hipotecario del Uruguay de U$S 75:000.000 para ser invertidos en los morosos. Sin embargo, el contador Pascale nos manifestó, en oportunidad de concurrir a la Comisión, que esa no era la situación real, sino que existía una deuda de U$S 300:000.000 con el Banco Central del Uruguay. Finalmente, el contador Cendoya no nos ratificó ninguna de estas informaciones, sino que nos comunicó que el Banco Hipotecario del Uruguay mantiene una deuda con el Banco Central del Uruguay de U$S 600:000.000.

Sin duda, estos fueron los hechos que sustancialmente nos fueron convenciendo de la necesidad cada vez mayor de legislar. Al respecto, cabe destacar que desde la iniciación de la XLIV Legislatura intentamos retomar el problema referente a los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, que había comenzado en la Legislatura anterior, y en el que la gestión de la Institución estaba vinculada con dos aspectos muy claros. El social y el financiero. A nosotros nos preocupa el aspecto social, su incidencia en los deudores de la institución, y en lo financiero, nunca pretendimos generar problemas de esta índole en su funcionamiento. Justamente, estos aspectos financieros son los únicos que se han tratado desde el mes de octubre de 1995 cuando asumió la conducción del Banco Hipotecario del Uruguay el nuevo Directorio. Hasta ese momento la política del Directorio anterior, nacida cuando se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, había generado la necesidad de que esta Institución, que cumplía importantes funciones de carácter social, dejara de ser un Banco con fines de vivienda para personas de bajos ingresos, para transformarse en un organismo que solamente atendía a quienes querían acceder a ella y tuvieran ingresos elevados. A su vez, a través de un proyecto de ley, que criticamos en su oportunidad en esta misma Sala, se transferían capitales para la financiación de la vivienda para la venta en el pozo. Entonces, la Ley Nº 14.261, Capítulo III, artículos 35 y 36, trasladaba potestades a otras actividades financieras para construir viviendas en el pozo, lo que dio lugar a que la banca privada, en mejores condiciones, comenzara a competir con el Banco Hipotecario del Uruguay. Cabe destacar que estas empresas privadas no mantenían responsabilidades con la vivienda, lo que significaba que seguía siendo el Banco el que debía cubrir las deficiencias de estas empresas. En definitiva, el Banco Hipotecario del Uruguay pasa de tener un carácter social para transformarse, por sucesivas medidas de tipo administrativo, en una empresa que otorga viviendas a las que no acceden las familias que cuentan con ingresos menores de 60 Unidades Reajustables. Para quienes tienen ingresos que van desde 30 a 60 Unidades Reajustables se establecería un convenio entre el Banco Hipotecario del Uruguay y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, quedando a cargo de éste aquellas familias que percibirán una entrada menor a 30 Unidades Reajustables.

Si nosotros revisamos todas las medidas de carácter financiero que se fueron gestando desde octubre de 1995 hasta la fecha, observamos que, aparentemente, ninguna de ellas ha cumplido con solucionar los problemas de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, porque luego de dos años siguen pendientes los mismos reclamos y situaciones de los que ahora se nominan como 18.000 deudores morosos.

En esa cantidad de viviendas que en estos días -en esa cascada de soluciones administrativas- está ofreciendo esta Institución figura la venta en el pozo de 363 unidades nuevas en distintos barrios y zonas de la capital. El propio Directorio del Banco ha anunciado en la Comisión -y figura en la versión taquigráfica- que la mayoría de esas actividades propuestas administrativamente ha tenido serias dificultades de cumplimiento. Tan duras han sido éstas, que se nos señaló, que cada una de esas medidas ha generado un desgaste en el patrimonio del Banco Hipotecario del Uruguay de la importancia que hoy se manejaba nuevamente.

A su vez, las medidas que se pretende aplicar por vía administrativa traerán nuevas pérdidas de patrimonio. Se ha expresado la voluntad de invertir una importante suma en una iniciativa que se transformaría en proyecto de ley. Pensamos que todo esto -y a ello se debe el debate que se originó en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial- incrementa cada vez más la necesidad de legislar.

Evidentemente, los números que se manejan no concuerdan con la información que se nos ha brindado. Como ejemplo, puedo reiterar algo que manifesté en la primera sesión en que comenzó a tratarse este proyecto. Una de las medidas que el Banco Hipotecario del Uruguay considera más importante es la que hará que sus deudores reciban un tratamiento tan preferencial que por intereses de mora se le cobrará el 70%, o el 60%, tal como se decidió posteriormente. A mi juicio, cualquiera de ellos va a optar por pedir dinero a cualquier empresa privada, donde recibirá un capital con menos intereses que los que cobra aquél.

Lo que aquí se ha mencionado como una política de vivienda muy eficaz, eficiente, suficiente y sólida, parecería que en el momento actual no tiene reflejo alguno. De los más de U$S 1.200:000.000 que se tiene previsto invertir en vivienda, alrededor de U$S 800:000.000 corresponden al Banco Hipotecario del Uruguay y los restantes U$S 400:000.000 al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Sin embargo, todos sabemos que hasta el presente no se ha invertido ni se han inaugurado viviendas de ese carácter, ya que simplemente continúa con la construcción de aquellas unidades que quedaron del período anterior.

Por otro lado, cabría preguntarse cuántas viviendas desocupadas en el interior del país tiene el Banco Hipotecario del Uruguay. Se trata de un problema que no hemos tenido la oportunidad de resolver porque no hemos recibido la información respectiva. Asimismo, tampoco hemos contado con los datos relativos a los 200 comodatos que existen.

Esta Institución viene generando una cascada de propuestas de tipo administrativo. Cabe señalar que aquellos que llevamos adelante este proyecto de ley, no queremos que tenga la rigidez que hoy se pretendió dar en Sala. En tal sentido, habíamos convenido con los integrantes del Partido Colorado en que íbamos a eliminar y sustituir por otro tipo de financiación, lo relativo a los topes de intereses. Inclusive, propusimos transformar en un nuevo artículo el vinculado a los problemas generados con la Categoría III, a fin de permitir al Banco seguir operando con eficacia y libertad desde el punto de vista administrativo.

Quedaba muy claro que no era nuestra intención generarle problemas financieros al Banco Hipotecario del Uruguay ni a su funcionariado, que se vería perjudicado también por esta operativa.

El señor Senador Hierro López nos ha confirmado hoy que el Banco tiene costos operativos muy altos. Indudablemente, estos tienen una incidencia muy importante en el valor de las viviendas. Tan es así, que las viviendas que construye el Banco Hipotecario del Uruguay tienen un precio más alto que las de la actividad privada. A este aspecto me referí cuando manifesté que una vez abierta la posibilidad de vender en el pozo por parte de las empresas privadas -al dejar sin efecto el monopolio que el Banco sustentaba en esta materia- el Banco no iba a poder competir.

Recuerdo que en esta Sala nosotros hicimos mucho hincapié en los controles que debían ejercerse sobre la Ley Nº 24.261; esto es, la necesidad de establecer controles que se habían desarrollado en la propia Institución. Posteriormente, tuvimos la clara percepción de que no podíamos oponernos a que desde el punto de vista privado hubiera inversiones en vivienda. En el día de hoy, constatamos una vez más que el Banco tiene costos operativos muy altos, lo que obliga a subsidiar generando estados patrimoniales confusos -por decirlo de alguna manera en la actividad futura del Banco Hipotecario del Uruguay.

Con respecto a lo que planteábamos como aspecto social o financiero en su operativa, no voy a reiterar en Sala términos que manejamos el primer día en que se trató este proyecto de ley y a los que también aludió nuestro compañero de Bancada, el señor Senador Couriel. En esa instancia, establecimos enormes objeciones a los costos que genera esa operativa y que todos reconocemos son realmente ciertos.

Nosotros, señor Presidente, hemos generado un hecho político y no tenemos ningún tipo de restricción en decirlo aquí.

El problema de los deudores del Banco Hipotecario estuvo paralizado durante muchos años. Las respuestas no llegaban nunca y tuvo que surgir la necesidad de transformar esta propuesta en un hecho político para que realmente hubiera como un despertar del propio Directorio del Banco que, en forma inusitada, salió a visitar a cuanta persona estuviera vinculada al problema de la vivienda, a grupos políticos por separado y a dirigentes políticos también por separado.

Esto nos ha permitido como contraparte -y creo que es el hecho político- acceder a informaciones que nunca tuvimos acerca del Banco Hipotecario del Uruguay y que el propio Directorio tuvo que reconocer en la Comisión, pidiendo disculpas por no haberlas trasmitido en el tiempo en que se le había solicitado.

Nosotros, señor Presidente, creemos que este proyecto no es la panacea ni ha de solucionar totalmente la problemática de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, pero pensamos que sí es un camino real por la vía legislativa. Además, tal como está sustentado, tiene aún la flexibilidad suficiente como para encontrar caminos que nos permitan llegar a un acuerdo político, de modo que ésta, que es una política de Estado, se transforme en una política llevada por todos los partidos políticos que integran el ámbito nacional. Digo esto porque el proyecto ha sido muy mejorado con propuestas complementarias hechas por los propios Senadores del Partido Colorado y que fueron incorporadas a la iniciativa. Una vez votado en general el proyecto y que comencemos con la discusión particular del mismo, tendremos la oportunidad de ir desarrollando el tema.

Consideramos que la discusión de cada uno de los artículos va a crear un elemento complementario y fermental para la posibilidad de llegar al mencionado acuerdo. Lo que no compartimos en lo personal ni como Miembro Informante es que se abran nuevos compases de espera para ver qué otras medidas administrativas vienen por detrás. Reiteramos que, a nuestro juicio, las medidas administrativas que se han tomado durante este lapso han sido notoriamente insuficientes y no han dado ni siquiera una ventana de apertura a los deudores.

Es realmente preocupante, señor Presidente, que para vender 360 viviendas el Banco Hipotecario del Uruguay esté llevando adelante una operativa de "marketing" jamás vista en la venta de inmuebles de esa Institución. Sin entrar a juzgar los costos ni las necesidades, señalo que esa operativa de "marketing" nos parece tan exagerada que, por lo que sabemos acerca de los costos, permitiría construir muchas viviendas de las que se dejan de hacer por la supuesta falta de ingresos del Banco Hipotecario. El presupuesto que implica este proyecto es absolutamente ajustable, porque sigue pendiente la información que solicitáramos al Banco Hipotecario del Uruguay con respecto a cuál sería su incidencia de tener una aplicación total.

No quisiera agregar elementos que ya se mencionaron en Sala. Creo que, definitivamente, ha llegado el momento de votar este acuerdo de proyecto que hemos tenido con los integrantes del Partido Nacional y entrar a la discusión particular del mismo. En su oportunidad, iremos desgranando las posibilidades de mejora y los avances que tuvimos en la discusión con los miembros del Partido Colorado. Pensamos que eso nos permitirá tener una flexibilidad que se ha conseguido en el proyecto y que inicialmente aparecía como algo totalmente inaccesible.

Repito que no creo que el proyecto termine con la problemática del Banco Hipotecario del Uruguay. Es un camino cierto y real para seguir adelante pero, fundamentalmente, es un camino legislativo y no uno administrativo sujeto a los cambios del Directorio y de políticas económicas que realmente pueden y deben incidir en la política de vivienda. Si cambia la situación económica de un país, evidentemente, también pueden variar las necesidades de vivienda.

El proyecto no es nada restrictivo y como, justamente, es para solucionar la problemática de los deudores del Banco Hipotecario hasta el día de hoy, por cuanto se establece una fecha dentro del mismo, nada tiene que ver con la labor de la Institución de ahora en adelante. El Banco Hipotecario mantiene su operativa, podrá seguir ejerciéndola en toda la trayectoria que tiene hacia adelante y nadie ha de incidir en ella por cuanto la propuesta es para deudores que tienen determinada categoría antes del 31 de diciembre de 1996.

Por lo expuesto, los integrantes de la Bancada del Frente Amplio votaremos favorablemente este proyecto y ofreceremos pequeños cambios en el articulado que -no tengo ningún temor por decirlo- fueron sugeridos por el Partido Colorado. Con ello intentaremos llegar a ese acuerdo tan general y tan buscado que nos permita elaborar un proyecto apoyado por todos los grupos políticos y que no genere en la población ni en el Banco Hipotecario ni en sus funcionarios problemas de estabilidad o interpretación de situaciones que no hemos pretendido llevar adelante.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: como es notorio no integro la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial y, por lo tanto, no he seguido con detalle este tema durante el largo tiempo en que ha sido discutido. El señor Senador Segovia lo ha explicado con la seriedad que lo distingue y acostumbra, en el día de hoy y anteriormente. También es de destacar lo que en su momento fue expresado por el señor Senador Garat.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Brezzo)

-Ciertamente, reconozco que en el proyecto y en los planteos que se realizaron en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial se colocó este tema en el escenario político. Cuando los integrantes de nuestro sector, fundamentalmente, a través de la presencia y actuación concreta del señor Representante Alejandro Atchugarry, hablamos con el Vicepresidente del Banco Hipotecario, escribano Jorge Conde, para hacer un planteo al Directorio de la Institutución tendiente a buscar mecanismos para resolver los problemas que se plantearon en este proyecto de ley por la vía administrativa, además de reconocer la existencia del problema intentamos buscar el camino más adecuado y conveniente, el ajustado a la ley y a las disposiciones constitucionales.

Insistimos en el camino mencionado, porque este punto de vista o esta actitud, es la que hemos mantenido siempre frente a problemas de esta o de similar naturaleza con referencia al Banco Hipotecario del Uruguay. Un tema de esta índole se analizó y discutió en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes durante la Legislatura pasada, concretamente en el año 1992.

Esa fue la posición que mantuvo nuestro sector con respecto a este tema cuando en la Cámara de Representantes se sancionó un proyecto de ley que fijaba un porcentaje no mayor al 26% de los ingresos y cuando, además, se incorporó una disposición final, que también salió aprobada, con una referencia precisa a la modificación cuatrimestral de las cuotas.

Recuerdo perfectamente que el entonces Representante por Colonia, escribano Jorge Conde Montes de Oca planteó en el seno de nuestra Bancada la posibilidad de que él pudiera votar a favor de ese proyecto de ley, porque se trataba de una posición que había mantenido siempre. Nosotros aceptamos su divergencia con el resto de la Bancada, pero los demás Legisladores, de la mano del doctor Alejandro Atchugarry, mantuvimos la posición que hoy vamos a sostener con respecto al mismo problema. O sea, coincidimos en la necesidad de resolverlos y creemos que se debe hacer por la vía administrativa, a través de las disposiciones que el Directorio del Banco Hipotecario ha tomado. Si políticamente o de hecho se entiende que no son las adecuadas, contamos con los mecanismos constitucionales y políticos para insistir sobre el tema y obtener lo que se procura a través de este proyecto de ley. Sin embargo, estamos de acuerdo con el entonces Representante Mallo, en que el camino legislativo no es el adecuado.

Me voy a permitir -mandé buscar con ese propósito el Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes- hacer algunas referencias respecto a este tipo de disposiciones legislativas. Naturalmente, no sobre el artículo 1º, pero sí sobre los otros. En ese momento, el señor Representante Mallo decía que fundaba su voto negativo desde un punto de vista que no ha sido tratado por ninguno de los oradores, ni constaba en los fundamentos del proyecto. Esa situación se repite en esta oportunidad, porque toda la discusión ha girado alrededor de la conveniencia de utilizar el mecanismo legislativo para resolver los problemas de los deudores del Banco Hipotecario. Lo que sostenía entonces, desde el punto de vista jurídico, el señor Representante Mallo, refería a otro aspecto del asunto que aquí no ha sido mencionado. Al respecto decía que él se iba a plantear si el Poder Legislativo tenía competencia para tratar este punto y para legislar sobre él.

En ese sentido señalaba que el doctor Jiménez de Aréchaga, en su libro "La Constitución Nacional", establece las reglas que están en la base de nuestro orden jurídico, que no necesitan traducción literal en los textos, porque son la esencia de un estado de Derecho. O sea que los órganos públicos no ejercen poderes propios, sino delegados por la Nación. No hay competencia para un órgano público sin el texto que la establezca.

Más adelante, con respecto a las reglas que rigen la vida de los Entes Autónomos, dice que éstas, aplicadas al acto en consideración, dan base a concluir que el Parlamento no tiene competencia para dictar esta ley. El que se haya hecho en el pasado, puede servir como antecedente y debemos deducir que a veces se dictan leyes inconstitucionales. El Poder Legislativo no tiene competencia por la materia ni para los fines del acto. Nada puede objetarse a la forma en sí, pues este proyecto tiene todo el aparato de la fórmula legal, pero en sustancia no es una ley, es decir, un mandato de carácter general.

Quiere decir, señor Presidente, que cuando él habla de las facultades del Parlamento en el momento en que legisla respecto de los Entes Autónomos, expresa con toda claridad que lo que no podemos hacer en el Parlamento es, a través de la legislación, imponer decisiones de conducta a los Entes Autónomos en lo que son sus potestades. Naturalmente, podemos modificar la Carta Orgánica, podemos establecer disposiciones legales que tienen que ver con los límites mayores de las franjas a las que deben estar vinculados los préstamos, en función de los ingresos, que fue lo que se estableció aquí en su momento. Sin embargo, lo que no podemos hacer es decirle al Ente Autónomo cómo debe actuar en aquellas competencias que están dadas por sus propias Cartas Orgánicas. Es como si mañana pretendiéramos establecer cómo debe legislar el Banco de la República con respecto a los préstamos que debe dar.

A través de esto se llega, señor Presidente, al caso extremo de que, por el artículo 7º, estamos -no sé si se mantendrá esta disposición o no- fijando tasas de interés por ley. ¡En este mundo de hoy estamos fijando tasas de interés por ley! No es posible que creamos que la noticia que circulará por el mundo de que el Parlamento uruguayo fija las tasas de interés por ley, pueda transformar al Uruguay en un país confiable desde el punto de vista financiero. Creo que esto le hace un enorme daño al Uruguay. No sólo que desde el punto de vista legal, pues es absolutamente ilegal, sino que desde el punto de vista constitucional, no corresponde y, además, hace un enorme daño a toda la vida financiera del país.

Al respecto debo decir que no puedo olvidar lo que ocurrió en el Brasil cuando se fijaron, en su Constitución de la República, las tasas de interés. En ese momento, la inflación llegaba al 1.200% anual y la tasa máxima de interés, al 12%. Se cobraba el 12% de interés y el 1.000% por concepto de papeleo bancario.

Es necesario destacar que las tasas se mueven, en el mundo, en función de otros valores. Si, por ejemplo, en el día de mañana la Reserva Federal de los Estados Unidos sube la tasa internacional al 6,25%, tendremos que venir al Parlamento a modificar el artículo correspondiente de la ley.

Creo, señor Presidente, que no corresponde que procedamos como se ha propuesto, porque le haríamos un daño enorme a todo el sistema económico y financiero, así como al perfil del país, en un momento en que los asuntos de las naciones no están limitados al ámbito interno en el que se resuelven sus problemas. Actualmente, el mundo está totalmente abierto y el sistema financiero aun más. Por lo tanto, si damos este tipo de mensaje referido al Banco Hipotecario, con las mismas razones que se dice que eso rige hasta hoy, en otro momento se dirá que también rige para mañana, porque ¿cuál es la limitación que nos imponemos como Legisladores si decimos que este proyecto comprende nada más que a aquellos que se encuentran en determinada situación hasta el día de hoy?

Así como se aduce que los miembros del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay mañana pueden, al cambiar, derogar esta medida administrativa, yo digo que la opinión de los señores Legisladores en un futuro también puede modificarse y, así, presentar un proyecto de ley extendiendo estas facilidades hasta dentro de diez meses o de dos años.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Hugo Fernández Faingold)

-Señor Presidente: creo que no podemos tomar este tipo de determinaciones en función de decir que no tenemos confianza en lo que mañana o pasado vayan a expresar los Directores del Banco Hipotecario del Uruguay respecto a esta resolución dictada por ese organismo, que hoy estamos analizando, así como tampoco podemos decirnos a nosotros mismos "nosotros, los Legisladores que estamos acá, les damos la garantía de que esto lo vamos a hacer por una única vez". No hay ninguna garantía de los Legisladores ni del Banco Hipotecario del Uruguay. Sí digo que el principio que estamos aplicando es totalmente contrario al sistema legal vigente, como con toda claridad lo señaló el señor Representante Mallo en su momento, tratándose de un proyecto que, aunque diferente a éste, también incurre en la modificación por ley de una resolución tomada por el Banco Hipotecario del Uruguay.

SEÑOR SEGOVIA. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Señor Presidente: en virtud de que el señor Senador Batlle hace una alusión puntual a uno de los artículos que eliminamos en la discusión, quiero trasmitirle que aunque figura en el proyecto de ley -lo que puede inducirlo a pensar lo contrario- la Comisión llegó a un acuerdo, en función de argumentos similares a los esgrimidos por dicho señor Senador, en eliminarlo y sustituirlo por otro que permita al Banco Hipotecario del Uruguay tener la flexibilidad en el manejo respectivo, ya que se transforma en acuerdos que debe tener el deudor a posteriori con esa Institución.

Asimismo, soy consciente de lo que se ha manifestado en el sentido de que nadie puede establecer estrictamente en una ley qué pasará en el futuro. Por ese motivo, estamos tratando de solucionar lo que ocurre hoy, a efectos de tener un futuro más claro para los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Batlle.

SEÑOR GARAT. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: coincido con el señor Senador Batlle respecto a que en una ley de esta naturaleza no se puede prever lo que otras normas y otras actitudes administrativas resuelvan en el futuro. Sí digo que es un marco de regulación importante para los deudores, que deben tener cierta certeza de dónde están parados. A propósito, analicemos cuál es la situación que se plantea.

Un deudor contrae una obligación para veinte o veinticinco años, que es un término de tiempo muy extenso en la vida de cualquier persona o núcleo familiar. Entonces, pueden verse sometidos a esa variabilidad y que, por ejemplo, en el futuro les modifiquen los intereses, les incrementen el valor de las cuotas y de la deuda, pero no hubo ninguna Administración que preguntara a esos deudores si podían asumir dicha suba. Es más; ese aumento de la cuota que tuvo que afrontar de ahí en más, fue lo que originó los atrasos correspondientes. Es así que el deudor iba a consultar, pero la Administración le decía que debía pagar las deudas y los intereses moratorios porque, de lo contrario, tendría que irse a la calle. Hasta el día de hoy, esa era la respuesta que el deudor recibía ante la consulta que realizaba, luego de que el Parlamento ha comenzado a intervenir.

No me cabe duda de que la ley de certeza jurídica, así como también que luego pueda ser modificada, aunque ello ocurrirá bajo otras circunstancias y no por la voluntad de una administración, sino por la ley, que será el reflejo de la opinión mayoritaria, por ser quienes elaboran las leyes los delegados del sentir popular.

Ahora bien; todo este procedimiento de lo sucedido anteriormente -no de lo que realice el Banco Hipotecario del Uruguay en el futuro- está reglado por la ley del año 1968 de manera tan específica, concreta y minuciosa, que los mismos argumentos de que la normativa no podía fijar todas esas disposiciones, se aplicarían para lo que ya sucedió y que creó muchas de las circunstancias de deudores actuales.

Si bien hago mío lo expresado por el señor Senador Segovia, quiero señalar que buscando un acuerdo dijimos que cuando llegara la discusión particular del proyecto de ley estaríamos dispuestos a no legislar sobre tope de intereses, y sí buscar otra forma de garantizar la estabilidad y seguridad de los deudores.

A propósito, voy a leer el artículo 48 de la Ley Nº 13.728 del año 1968, que es en definitiva lo que regla la filosofía de lo que ha venido sucediendo, y que no está derogado específicamente, razón por la cual, obviamente, está vigente.

En el artículo 48, se expresa: "Existirán dos categorías de préstamos a destinatarios de vivienda nueva:

A) Préstamo sin ahorro previo. Su monto no sobrepasará por unidad de vivienda, el máximo de valor de tasación admitido para una Vivienda Económica adecuada a la familia del destinatario.

El porcentaje del préstamo podrá alcanzar hasta el 90% (noventa por ciento) del valor de tasación; pero el mismo se determinará teniendo en cuenta, según el tipo de préstamo, las posibilidades reales del destinatario de integrar el complemento que debe aportar en dinero, en especie o mano de obra.

Los plazos no excederán de veinticinco años.

Los intereses no sobrepasarán el 6% (seis por ciento)".

Estamos dispuestos a no incluir esta disposición en este proyecto de ley, pero la norma ya lo había fijado teniendo en cuenta esa garantía de seguridad a largo plazo que era necesario otorgar al deudor, precisamente a la persona que no tiene otro recurso que su salario para pagar esa vivienda, que luego se ha ido transformando en cualquier cosa, menos en un valor de mercado. Es más; el individuo se ha quedado prisionero de ella, afligido por el hecho de que puedan desalojarlo o decretarlo moroso, o desalojarlo porque el Banco Hipotecario del Uruguay, si no puede pagar, lo considera y lo coloca en el clearing de mal pagador, y así lo condena a ser un muerto civil. Entonces, si lo echan de su vivienda, no habilitándolo a pagarla, jamás podrá adquirir otra. Sin duda, son circunstancias que la ley debe prever.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: en realidad, no conozco el texto sustitutivo que se cita para obviar el problema planteado, a mi juicio, por el artículo 7º. Supongo que en su momento se analizará por parte del Cuerpo y allí daré mi opinión en el sentido de concordar o discrepar con dicha disposición, en cuanto a que fije de forma directa o indirecta un tope de tasas de interés.

Por otra parte, no quiero plantear ningún tipo de discusión política porque, como ustedes comprenderán, las situaciones a las cuales se hace referencia con toda claridad por parte de los señores Senadores abarca a un núcleo muy importante, ya se trate de 40.000, 18.000 ó 500 deudores. Ellas se originaron en función de disposiciones administrativas tomadas por la autoridad monetaria cuando decidió -en virtud de la situación que arrastraba al Banco Hipotecario del Uruguay desde hacía mucho tiempo, fundamentalmente desde la época del gobierno de facto- la modificación de la tasa de interés por parte de la propia Institución, en mérito a que se le conminó que aportara los recursos necesarios de su gestión para el pago de su deuda atrasada.

Quiere decir que la referencia de que en 1968 se hubiera fijado una tasa de interés por ley, no me hace cambiar de opinión. Digo esto, por el sencillo hecho de que si en ese entonces se fijó en un 6% anual y la tasa inflacionaria llegó al 120% anual en 1991, no es necesaria dicha referencia porque alcanza con ver la diversidad de los guarismos para advertir que con una inflación de esa magnitud no se puede estar prestando dinero con esa tasa de 6% de interés anual. No olvidemos que es un Banco y no un manantial de aguas surgentes, de donde los recursos salen por generación espontánea. Por lo tanto, la sociedad entera subsidia al Banco a través de recursos que le transfiere de alguna forma o ellos provienen de las tasas de interés que se cobran por los préstamos.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: voy a conceder la interrupción que me solicita el señor Senador, pero cuando él finalice voy a dar por terminada mi exposición porque, de lo contrario, mis pobres pero hilvanadas palabras no van a tener sentido ninguno.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: en una sesión anterior ya he expuesto mi opinión, que puede ser controvertida y que refiere a que, desde el punto de vista jurídico, al actual artículo 185 de la Constitución de la República -no el de la Constitución de 1952, sino el de la de 1967 -se le agregó una frase en el sentido de permitir que la ley pudiera graduar, además de la Constitución, la autonomía de los Entes Autónomos. Esto representó un cambio muy importante que dejó de lado todo lo clásico del manual de Sayagués Laso, que decía que la autonomía de los Entes Autónomos está en la Constitución y la de los Servicios Descentralizados en la ley. Por razones de interés general, entiendo que este es un tema superable, ya que el artículo 185 expresa que el grado de autonomía se fija en la Constitución y en la ley. Por lo tanto, jurídicamente, aunque se pueda discutir la conveniencia u oportunidad de hacerlo, se puede llevar a cabo. Además, esto ya se ha hecho recientemente, ya que si mal no recuerdo en la Rendición de Cuentas del año 1991, precisamente, las tasas de reajuste del Banco Hipotecario del Uruguay se fijaron por ley y esto no ocurrió hace muchos años. Asimismo, las objeciones no fueron de esta índole ni se consideró que el Uruguay estaba cometiendo algún tipo de falta de ordodoxia jurídica, económica ni política, sino que simplemente en este tipo de leyes lo más natural es que se fijen pautas que tengan que ver con interés, con reajuste o con lo que las personas deben pagar por un préstamo que se entiende le dieron con carácter social. Digo esto porque los préstamos para vivienda otorgados por una institución oficial tienen un carácter social, más o menos acentuado, según la postura ideológica o económica que tenga la persona; realmente son de carácter social porque, de lo contrario, no se podría destinar con ese fin la actividad de un banco o de un Ministerio y el problema de la vivienda también es de tipo social.

Por lo tanto, en primer lugar, considero que no existe ningún inconveniente; en segundo término, es deseable que encontremos una fórmula apropiada; en tercer lugar, no ha existido ninguna falta de costumbre reciente en nuestro país y, en cuarto término, esto no ha ocurrido sólo en materia de vivienda -en cuanto a los reajustes de lo que pagan los deudores- sino, inclusive, se han hecho leyes de refinanciación que han sido impugnadas por inconstitucionales. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de manera invariable rechazó lo actuado por todos los bancos, incluyendo al Banco de la República que, contrariando la opinión de su Sala de Abogados impugnó una de las leyes de refinanciación. Frente a esta situación, la Suprema Corte de Justicia expresó que era absolutamente constitucional y que no existía ningún problema en que la ley, por razones de interés general, fijara pautas, porque la Constitución habilita a la ley a que lo haga.

Por lo tanto, si los señores miembros de la Comisión están dispuestos a sustituir lo expresado por el artículo 7º por una fórmula en la que tenga más intervención el Banco Hipotecario del Uruguay, me parece bien que así se proceda, ya que se trata de un problema de técnica pero jurídicamente no hay inconveniente y, al respecto, el Parlamento lo ha hecho constantemente. Además, repito que en cuanto a la juridicidad ha tenido el aval reiterado y constante de la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: recuerdo que hace muchos años cuando se discutió el problema de la carne en tiempos de don Benito Nardone, él decía por la radio que los problemas de la carne se arreglaban con carne. Entonces, debo decir que los problemas de los bancos se arreglan con plata y éstos no tienen otro camino que poseer recursos para funcionar. Por lo tanto, si lo que se quiere hacer es resolver un problema de carácter social, dando una tasa de interés que no concuerde con la realidad u otorgando un plazo de 40, 50 ó 100 años, es necesario calcular si el Banco lo puede hacer y, al mismo tiempo, si puede seguir invirtiendo y construyendo viviendas o si, por el contrario, será necesario buscar dinero de otro lugar para dárselo al Banco. Entiendo que esto es, precisamente, lo que debe estar en juego en este análisis y en esta discusión. He sostenido -y lo sigo haciendo- que es de muy mala práctica resolver esos problemas por esta vía; además, pienso que la argumentación que realizó en su momento el señor Senador Mallo es correcta y a ella me afilio. Cabe agregar que no conozco el texto sustitutivo del artículo correspondiente, sobre el cual se ha manifestado aquí que se va a resolver favorablemente con respecto a los topes de interés. Sigo creyendo que en materia bancaria lo correcto y conveniente es que estos temas se resuelvan por la vía administrativa.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota: )

-23 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: no voy a utilizar el tiempo que el Reglamento me concede, ya que no pienso insistir más en este tema porque observo que existe disposición mayoritaria en cuanto a seguir adelante con un enfoque que considero equivocado y que, a mi modo de ver, sienta un precedente negativo en el país y no solamente con respecto al Banco Hipotecario del Uruguay. Tampoco voy a extenderme en el tiempo refiriéndome a todas las manifestaciones vertidas por los empresarios, la Cámara de la Construcción o el Sindicato de Funcionarios, ya que tendríamos que entrar a considerar otros temas distintos a los que estamos tratando en este momento en cuanto al costo operativo del Banco Hipotecario del Uruguay y su funcionamiento. Considero que esto lo demostrará la realidad en la medida en que nosotros debilitemos a la Institución, ésta siga con un costo fijo, inelástico -como notoriamente lo es- y la banca privada pueda intervenir en la forma como lo está haciendo; de esta manera, el Banco Hipotecario del Uruguay no tendrá más remedio que ajustarse para poder competir porque, de lo contrario, a la gente le servirá mucho más acudir a la banca privada. En la medida en que sigamos debilitando al Banco por estos caminos, esto pasará más rápidamente. Es decir que, quizás, sin querer vamos a terminar privatizando esta Institución.

Por las razones que he expuesto de carácter jurídico y de política bancaria y financiera, en términos generales, debo decir que estos problemas son resueltos mucho mejor, por las entidades bancarias, por la vía administrativa, más allá del problema jurídico que he planteado y de la buena intención que, naturalmente, está representada o reflejada por los señores Senadores que han planteado este proyecto y que entienden que esta es una solución adecuada. A mi juicio, este no es el camino ni la solución adecuados.

SEÑOR SANABRIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA. - Señor Presidente: el tema del Banco Hipotecario del Uruguay y de los deudores morosos ha significado un largo y arduo trabajo de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Personalmente, no quiero reiterar conceptos ya vertidos en Sala referidos, fundamentalmente, a la situación del Banco Hipotecario del Uruguay, sino apuntar, concretamente, a cómo operaría este proyecto de ley en virtud de la situación real de esta Institución, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de la vivienda en el país. Al respecto, debo puntualizar que el país posee una política de vivienda y está apuntando -como nunca- a resolver las carencias en este sentido, circunscriptas fundamentalmente por la traslación poblacional que ha tenido el país en los últimos años. Esto ha sido demostrado por el último Censo de Población y Vivienda, que refleja que el 70% de la población se ubica actualmente en la zona de la costa. Departamentos como Rocha, Maldonado, Canelones, Montevideo, Colonia, Salto y Paysandú son los que han crecido más y, al mismo tiempo, se ha despoblado el centro de la República.

En un país que no crece poblacionalmente, se detectó la necesidad de construir rápidamente 90.000 viviendas. Tenemos un plan de vivienda que el Gobierno está llevando adelante, que la coalición de Gobierno está impulsando -es bueno decir esto con mucha claridad, porque el actual Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente es del Partido Nacional, del sector Herrerista- y para demostrarlo me remito a las inauguraciones permanentes que en todo el país se están concretando.

A su vez, el Banco Hipotecario del Uruguay está desarrollando una agresiva política de construcción de viviendas, hoy compitiendo con el sector privado; esto es bueno, porque obliga al Banco a ajustar fundamentalmente sus costos, lo que desde el punto de vista político no debemos dejar de asumir. Actualmente, esta Institución recauda, aproximadamente, U$S 17:000.000 mensuales por concepto de cuota de los promitentes compradores, de los cuales U$S 5:000.000 se destinan a cubrir su costo operativo. Este es un tema que seguramente tendremos que asumir políticamente, teniendo en cuenta que vienen tiempos de competencia para el Banco en la construcción de viviendas. Aquí mismo, en el Parlamento, hemos aprobado la liberación del financiamiento de la vivienda; esto es muy importante porque, en definitiva, va a obligar al Banco a competir, pero lo tendrá que hacer con dificultades propias de ese costo operativo, de los 7.000 funcionarios que tiene y del encarecimiento de la vivienda.

Ese es el escenario que hoy está viviendo la Institución, a lo que se suman las bajas de la tasa de interés, porque el dinero que presta o el que se le debe, no es todo de su capital sino que es de muchos ahorristas de mucha gentes que confía en el Banco Hipotecario como Banco del Estado y como Institución que ha hecho las cosas seria y responsablemente, tal como lo debe hacer cualquier entidad financiera.

En este análisis, no podemos escapar de la realidad actual del Banco Hipotecario y de cómo operaría este proyecto de ley en forma concreta. De ello no se ha hablado; nada se ha explicado en este Plenario.

El Banco Hipotecario ha construido 400.000 viviendas en toda su historia. Es bueno señalarlo, porque mucho se lo critica y, a veces muy sueltos de cuerpo, se lo cuestiona por las dificultades que ha creado, pero no el Banco, sino las políticas económicas. A fin de citar un ejemplo, diré que en el año 1990 la unidad reajustable costaba U$S 6 y, en el año 1994 llegó a costar U$S 16. Esto creó dificultades a los ahorristas de la Institución, como también las creó el desfase que hubo entre la inflación y la devaluación. Tal situación económica se ha resuelto en estos tiempos y ya no tenemos riesgos de ese desfase importante que se creó y que fue uno de los motivos fundamentales -sumado a la suba de las tasas de interés- del arrastre de dificultades de los deudores del Banco Hipotecario.

Reitero que este Banco ha construido 400.000 viviendas en toda su historia, de las cuales 280.000 ya fueron pagadas por familias uruguayas. El Banco Hipotecario no ha dejado por el camino a nadie que desee pagar, aún teniendo dificultades. Debemos tener en cuenta que los remates que hoy tiene el Banco -lo hemos analizado- son, fundamentalmente, de aquellos promitentes compradores que han abandonado la posibilidad de pagar y están adeudando al Banco 100 ó 120 cuotas, lo que significa que hace 10 años que no pagan o que ni siquiera han ido por el Banco. Es más, en algunos casos el Banco ha detectado que esas viviendas se han transferido o se han alquilado y, sin embargo, no ha dejado a nadie por el camino. Hoy aparecen 18.000 familias con problemas que es necesario atender, tarea que el Banco está haciendo. La Institución ha tomado medidas administrativas -como muy bien lo explicaba nuestro compañero, el señor Senador Hierro López- que apuntan, precisamente, a no dejar desamparado a quien desee pagar, pero que al mismo tiempo tienden a premiar y beneficiar a aquellos 90.000 ahorristas y promitentes compradores que han hecho el esfuerzo y el sacrificio de estar al día con el Banco. No podemos pensar que pagar una vivienda no signifique hacer esfuerzos y sacrificios; los que hoy están al día con el Banco Hipotecario, por supuesto que han hecho esfuerzos y sacrificios para poder pagar.

Por otra parte, es bueno señalar de qué estamos hablando. En las Categorías I y II, el Banco Hipotecario tiene 87.000 promitentes compradores que pagan mensualmente menos de $ 1.500. Reitero que me refiero a las Categorías I y II que son, evidentemente, la de la gente de menores ingresos por lo que, desde nuestra óptica, son aquellas que el Banco y el Estado deben atender prioritariamente.

No nos negamos a la posibilidad de subsidios, pero en ese caso tendremos que golpear, precisamente, las puertas en las que se hallan los recursos que el Estado y el país han definido a través de la ley que creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Me refiero al Fondo Nacional de Vivienda; ahí es donde están los recursos y ahí debemos apuntar. Por esa razón, en estas últimas horas se ha planteado la posibilidad de coordinar esfuerzos entre el Banco Hipotecario y el Ministerio de Vivienda, para resolver los problemas de esta franja con ingresos menores a las 60 unidades reajustables.

Cabe preguntarse cómo operaría el artículo 1º frente al Banco Hipotecario, punto en el que queremos ser muy claros. Si nos remitimos a las franjas más bajas, muchas veces por necesidad, la gente ha tenido que fraguar sus ingresos para poder acceder a una vivienda. Hoy en día, para adquirir una vivienda del Banco Hipotecario o del sistema privado -que también está en marcha- el ingreso tiene que oscilar en los $ 10.000. Sabemos que no todas las familias uruguayas llegan a ese nivel de remuneración mensual; sin embargo, vía certificado notarial de trabajos independientes o zafrales, la gente logra reunir los documentos que justifican ese ingreso, para así poder acceder a la vivienda. Aquí también hay otro porcentaje importante de generación de problemas para poder pagar la cuota del Banco.

Yendo al artículo 1º, vemos que se reduce la exigencia del 26% de los ingresos del núcleo familiar, que es la que hoy se establece y está aplicando el Banco Hipotecario como tope máximo en la categoría de ingresos menores a las 20 unidades reajustables. Estamos hablando de poco más de $ 3.000, que es lo que gana mucha gente en este país, como por ejemplo los funcionarios de Salud Pública, del Ministerio del Interior o de la Dirección Nacional de Correos, que han ingresado al sistema del Banco con trabajos informales; a través de esta ley se les permite presentarse inmediatamente y decir, por ejemplo, que han comprado una vivienda que costó U$S 60.000, cuya cuota no pueden pagar. No estamos hablando de un deudor de cinco o diez años, sino de un deudor de cuatro o cinco meses, porque esta ley prevé que se ampare a todos los deudores al 31 de diciembre de 1996.

Quiere decir que quien adquirió una vivienda a esa fecha, justificando un ingreso de $ 10.000 para tener acceso a ella y debiendo pagar $ 2.600 mensuales en virtud de que el Banco le exige el 26%, se podría presentar a la institución y decir que trabaja en el Ministerio de Salud Pública y que su esposa lo hacía informalmente en la feria de Tristán Narvaja -de ahí que justificara un ingreso de $ 7.000- pero que, debido a las condiciones sociales y económicas, no puede continuar desarrollando esa tarea, por lo que en este momento sus entradas se sitúan en sólo $ 3.000. Si este proyecto de ley es aprobado tal como está, esa familia pasará a pagar $ 300 y no $ 2.600.

¿Qué ocurriría de ahí en más? Que estaríamos creando el supercolgamento. ¿Por qué? Porque luego de vencido el plazo -ya sea que se trate de 25, 30 ó 43 años- esa familia va a deber más de los U$S 60.000 que le fueron concedidos como préstamo, puesto que con $ 300 ni siquiera puede pagar los intereses.

Alguien planteó que a los 43 o a los 45 años se podría dar por saldada la deuda en este ejemplo que estoy manejando de una cuota de $ 300. Ni legalmente podríamos hacer esto, puesto que se ha celebrado un contrato de hipoteca, y el hecho de no respetar el esquema jurídico que el país se ha dado, nos traería problemas aún mayores. Pero, además, desde el punto de vista económico significaría una corrida inmediata dentro del Banco Hipotecario. Por otra parte, estaríamos engañando a la gente, ya que le diríamos que solamente va a pagar el porcentaje que corresponde, pero resulta que cuando termina el plazo de pago, va a deber mucho más de lo que la vivienda vale. Evidentemente, esa realidad contrasta con la voluntad política que todos tenemos de buscar soluciones, como lo está haciendo el Banco Hipotecario. Promedialmente, en las Categorías I y II ya ha rebajado el 20% de las cuotas por medio de una disminución de los intereses y, fundamentalmente, de que aquellos deudores que tengan voluntad de pago puedan transferir la deuda que hoy poseen para el final del período contratado, eliminándose los recargos.

En ese contexto, reiteramos nuestra voluntad política de continuar analizando el tema; pero, tal como se ha presentado este proyecto de ley, lo que estamos generando es una fantasía que, seguramente, en el futuro tendremos que corregir porque la realidad así lo impondrá. ¿Por qué? Porque esto significa cerrar el Banco Hipotecario. No lo decimos nosotros; lo ha expresado la Asociación de Funcionarios del Banco Hipotecario y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Ambas han manifestado que el proyecto, tal como está, implica un costo superior a los U$S 6:000.000. La realidad que tenemos que asumir es que si estamos dispuestos a cerrar el Banco Hipotecario, debemos acompañar este proyecto; pero si nuestra intención es analizar el tema con seriedad y responsabilidad y teniendo en cuenta un contexto de realismo político, creo que no debemos permitir que hoy se apruebe.

SEÑOR GARAT. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANABRIA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: ya que se ha hecho esa mención, quiero recordar que cuando los representantes de la gremial del Banco Hipotecario concurrieron a la Comisión, manifestaron sus dudas -sin dar soluciones concretas- sobre algunos aspectos del articulado. Ahora bien: en lo que estuvieron absolutamente de acuerdo fue en lo que establece el artículo 1º que es, casualmente, el único que ha provocado discrepancias de fondo en el análisis que estamos haciendo con los señores Senadores que no lo acompañan.

Repito que la Asociación de Funcionarios del Banco Hipotecario apoyó y no objetó para nada el artículo 1º aprobado por la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado.

Adelanto que, como bien sabe el señor Senador Sanabria, en la discusión particular estamos dispuestos a introducir cambios en el valor o en los topes de algunas de las franjas.

Es cuanto deseaba expresar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA. - Señor Presidente: creemos que los funcionarios nucleados en la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay filial Banco Hipotecario fueron muy claros en cuanto a que, ante todo, estaban dispuestos a contribuir en la búsqueda de soluciones acordes a las posibilidades de la institución y a la justicia social que debemos dar al tema, puesto que no es lo mismo estimular o subsidiar -en definitiva, de eso se trata- a las Categorías I y II, es decir, a las familias de menores ingresos que son atendidas por el Banco, que a las Categorías III y IV, que en muchos casos se trata de viviendas -esto lo han dicho los propios funcionarios- ubicadas en barrios de alto nivel de Montevideo y cuyo valor también es de gran envergadura.

De lo que se trata es de cuál va a ser realmente la aplicación de este proyecto de ley. El ejemplo que hemos manejado es válido y no tiene otra explicación que la que ya hemos dado: que al final del plazo pactado se estaría creando un supercolgamento. Esto es así, entre otras cosas, porque carecemos de facultades para poder condenar montos de esta importancia, permitiendo al Banco llegar a situaciones razonables de financiamiento, puesto que estamos hablando de una pérdida mensual del 30% de los ingresos que hoy percibe.

Por otra parte, es probable de la misma manera que en muchos casos, por necesidad, la gente presenta certificados aumentando sus ingresos para acceder a la vivienda, también por necesidad justificará solamente los ingresos formales u oficiales, y no aquellos que son producto de la informalidad laboral que en estos tiempos ha crecido. Esto le va a significar al Banco, no sólo en seguir con su política de vivienda y responder a las 150.000 familias que están esperando su solución habitacional -haciendo el doble esfuerzo de pagar un alquiler y, a su vez, estar ahorrando en el Banco- sino no dar respuesta a más de 300.000 uruguayos que depositan su dinero allí porque creen que de ese modo están contribuyendo doblemente con el país y la sociedad. Ellos confían en la Institución que custodia sus recursos y les paga intereses, pero también confían en ella para que pueda resolver un problema social como lo es el de la vivienda. ¡Qué cosa puede ser más importante para una familia -y es en estos términos que estamos dispuestos a continuar conversando sobre el tema- que resolver el problema de la vivienda, y también pagarla!

No nos oponemos a soluciones realistas como las que las autoridades del Banco están llevando adelante; pero no podemos tomar el camino de la fantasía. Este proyecto de ley se cae por sí solo, puesto que sabemos con total certeza -porque hemos estado trabajando durante dos años en torno al tema- que nadie quiere que el Banco Hipotecario tenga que cerrar sus puertas.

En definitiva, estas son las observaciones que queríamos hacer y una vez más estamos dispuestos a plantear formalmente, como en su momento lo hicieron los Coordinadores de la coalición de Gobierno, que el tema no se agote hoy. Si queremos contribuir seria, responsable y definitivamente, a resolver el problema de los deudores del Banco Hipotecario, es preciso generar una instancia más, a través de la Comisión y de los coordinadores, con el señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y con el Directorio de esa institución bancaria.

No nos negamos a buscar soluciones a esta problemática por medio del subsidio que el país y el Ministerio han instrumentado con el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de todos los uruguayos. En ese sentido, hago moción para recorrer una nueva instancia y postergar la votación de este proyecto de ley, hasta la realización de una reunión de coordinadores con el Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y con el Directorio del Banco Hipotecario, con el fin de ver si, entre todos, podemos resolver definitivamente el problema de los deudores de dicho Banco.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa le solicita al señor Senador Sanabria que concrete su moción, a efectos de someterla a la consideración del Cuerpo.

SEÑOR SANABRIA. - En resumen, propongo postergar el tratamiento de este proyecto de ley, hasta realizar una reunión de los Coordinadores de Bancada de todos los sectores políticos, con el señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y con el Directorio del Banco Hipotecario. De esta forma, tendríamos oportunidad de analizar esta iniciativa y los distintos aportes que se han hecho en Comisión, con el fin de buscar una solución realmente posible, contando con el máximo apoyo político y con la seguridad de que efectivamente estamos ayudando a los promitentes compradores y a los morosos del Banco Hipotecario. Sabemos que ellos tienen dificultades, y asumimos que hay que buscar una solución, pero dentro del contexto de las posibilidades del Banco, de los deudores y, fundamentalmente, de las políticas que el Estado está llevando adelante en la construcción de viviendas, ya sea por medio del Banco o a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑOR PRESIDENTE. - La moción presentada por el señor Senador Sanabria se enmarca en el artículo 66, literal d) del Reglamento del Senado. En consecuencia, tiene discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor Senador Sanabria.

(Se vota: )

-11 en 25. Negativa.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: con el perdón de la mayoría, quisiera plantear la reconsideración de esta votación negativa -aclaro que no sé si reglamentariamente puedo hacerlo- con un breve fundamento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede hacerlo, señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Gracias, señor Presidente.

Yo solicito a la mayoría que reflexione sobre este voto negativo, pues creo que en la tarea de avanzar y de encontrar una solución al tema -que ha motivado tanto trabajo en la Comisión de Vivienda y la preocupación de los señores Senadores- hay que tener en cuenta una serie de datos y de hechos a los que acaba de hacer referencia el señor Senador Sanabria.

La semana pasada, hemos estado -hablo de mi caso, de los Coordinadores del Partido Colorado y del Partido Nacional, y no me parece que este sea un tema de naturaleza reservada, en modo alguno- intercambiando ideas sobre una forma de destrabar esta situación, en una especie de acción de círculos concéntricos, ya que si evidentemente hay una coalición de Gobierno, primero debemos buscar los acuerdos en el interior de los sectores que la integran y luego, tomada la decisión correspondiente, consultar a las otras fuerzas políticas representadas en el Senado.

En esa sesión de la semana pasada, resolvimos -como resulta de las palabras que acaba de expresar el señor Senador Sanabria- promover una reunión entre el señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Presidente del Banco Hipotecario, por las razones obvias de que hay intereses, cometidos comunes y competencias compartidas pero, potencialmente, también existen obstáculos para que se logre un acuerdo sin que previamente haya un intercambio de ideas entre los responsables visibles y directos en este tema. Esa reunión se está procesando, y por eso estoy pidiendo un momento de reflexión a quienes han votado en contra de la moción del señor Senador Sanabria. Aclaro que esto no es una dilatoria, sino que es quemar etapas para encontrar una solución que nos satisfaga a todos. Hasta que se demuestre lo contrario, pienso que aquí nadie tendría derecho a ser pesimista en cuanto al resultado de esa reunión. Por otro lado, quiero recordar amistosamente al Partido Nacional que fueron ellos quienes plantearon la conveniencia de ajustar la marcha de muchos temas que hacen a la coalición, pero que pasan por el Parlamento a través de la acción directa de los Legisladores. Nosotros, en ese sentido, repito, con el mejor espíritu hemos concurrido a esas reuniones, y tenemos prevista otra para mañana, a las 15 horas, de la cual están en conocimiento los Coordinadores del Partido Nacional. Por lo tanto, no veo ningún sentido al hecho de tener un progreso procesal con la aprobación en general de este proyecto de ley, cuando quizás, luego de quemar etapas y hacer una pausa razonable de unos días para que esa reunión tenga lugar -en la que estaremos presentes varios señores Senadores- podría volver a considerarse el tema en el Senado, y encontrarse una solución que contara con el apoyo general, en caso de que las conversaciones hubieran dado resultado. En caso contrario, después de tantas idas y vueltas y de tantos meses de trabajo, no sería mucho, sino más bien poco, el tiempo que se habría perdido.

De modo que, si es posible convencer a esta mayoría que respeto pero cuya decisión lamento no compartir, solicitaría que reflexionara y que rectificara la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor Senador Ricaldoni ha solicitado que se reconsidere la moción presentada por el señor Senador Sanabria en los términos del artículo 104, por los cuales se dispone de cinco minutos para hacer la fundamentación. El tiempo se acaba de cumplir, y correspondería que el Cuerpo votara si se reconsidera la votación, en cuyo caso se reabriría el debate. Aclaro que no hay discusión sobre la solicitud de reconsideración en sí misma.

Se va a votar si se reconsidera la moción presentada por el señor Senador Sanabria, de acuerdo con la propuesta del señor Senador Ricaldoni.

(Se vota: )

-12 en 27. Negativa.

El Senado continúa la discusión general del proyecto de ley sobre deudores del Banco Hipotecario del Uruguay.

SEÑOR SOLARI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SOLARI. - Señor Presidente: estamos ante una de esas situaciones en las cuales la mente, el alma y el intelecto se dividen en dos partes. Una de ellas quiere ser justa y solidaria con quienes tienen dificultades para cumplir un compromiso contraído, y la otra mide racionalmente las consecuencias de esa disposición favorable, tratando de actuar con un sentido amplio de responsabilidad.

No me cabe duda de que los señores Senadores patrocinantes de este proyecto de ley se habrán enfrentado a esta misma disyuntiva, es decir, la de tratar de amparar, de la mejor manera posible, a quienes, dentro de esos 18.000 deudores morosos del Banco Hipotecario del Uruguay, entraron en esa condición por circunstancias de la vida que escapan o escaparon a su voluntad, y la de los 245.000 deudores o ahorristas de dicha institución que, ante las mismas dificultades económicas y sociales del país, en algún caso hicieron un esfuerzo y están cumpliendo con sus deudas, y en otros -mucho más numerosos que los anteriores- están ahorrando y esperando tener una solución adecuada a su aspiración, para lo cual, como bien decía el señor Senador Sanabria, están haciendo un doble sacrificio: el de acumular sus ahorros y, al mismo tiempo, pagar un alquiler por la vivienda que ocupan en el ínterin. Es bueno advertir este problema no me cabe ninguna duda, reitero, de que los señores Senadores que han propuesto este proyecto se enfrentaron a esta misma disyuntiva, y de que tienen la mejor de las intenciones. Aquí, como en muchos otros órdenes de la vida, no hay una verdad, sino aspectos distintos, énfasis diferentes ante una misma problemática.

Quizás sea positivo repasar los porcentajes que constituyen los distintos clientes del Banco Hipotecario del Uruguay. El 68% de ellos son ahorristas en espera de una solución; el 35% son deudores que están al día en el pago de sus haberes, condición que, sin duda, refleja el sentir general del país, sobre todo para con una institución del Estado. Si obtuvimos un préstamo, nuestra obligación moral, nuestra condición de uruguayos nos obliga a cumplir con él. En un total de 100%, estamos hablando de un 7%, es decir 18.000 deudores, que por muy diversas circunstancias han caído en situación de incumplimiento.

Con estas palabras no quiero decir que esos 18.000 deudores morosos hayan caído voluntariamente en esa situación, pero ciertamente que así como se da la circunstancia de quienes no han cumplido en forma involuntaria -es decir contra su voluntad, ni siquiera prescindiendo de ella- existen también morosos -y los ha habido históricamente- que se encuentran en esa condición en forma voluntaria. Es más, circunstancialmente formé parte, en un período de vida, de una cooperativa de viviendas que decidió incumplir con el Banco Hipotecario del Uruguay, depositar el dinero en un banco comercial de plaza a efectos de acumular los intereses comerciales del caso, y acogerse luego a un plan de refinanciación como el que hoy se está debatiendo en Sala.

Dentro de esa situación espiritual que describí al inicio, se plantea la necesidad de distinguir entre quienes involuntariamente han incurrido en morosidad y quienes voluntariamente se encuentran en esa situación. Pregunto, entonces, si no se puede clasificar en forma más específica, por parte del Banco Hipotecario del Uruguay, a esos 18.000 deudores morosos. Creo que sin duda ello es posible; así lo ha dicho, lo ha hecho y lo sigue haciendo la propia institución. Entonces. ¿es necesaria una ley para contemplar aquellas situaciones de morosidad involuntaria?

Digo, honestamente, que he escuchado con atención las exposiciones de los señores Senadores Segovia y Garat, y no estoy convencido de que sea necesaria una ley para identificar y solucionar los casos de los deudores morosos involuntarios dentro de esa cifra de 18.000 que, por incumplir con el Banco Hipotecario del Uruguay, a su vez ponen en riesgo la aspiración y necesidad legítima de acceder a un bien social protegido por el artículo 45 de la Constitución. Esta meta se está poniendo en peligro como consecuencia del incumplimiento -involuntario o no- que dificulta la concreción de un derecho que otorga el artículo 45 de la Constitución al decir que la vivienda es un bien social.

SEÑOR GARAT. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SOLARI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - A efectos de poder entendernos, como dice el señor Senador, quiero decir que quizás haya puntos de vista o enfoques distintos con respecto a esta temática. Este proyecto de ley no está innovando absolutamente nada, lo que se pretende con él es que se cumpla con lo que se ha dejado de cumplir.

La ley original -que creó la unidad reajustable, estableció los préstamos en base a esta Unidad sobre el ahorro del trabajador medido de acuerdo con su ingreso personal- establecía como filosofía y centro de ese proyecto de vivienda social, que el trabajador pudiera pagar, con su ingreso, la vivienda. Ella se consideraba un bien social, así como lo es la previsión social. Esta última consiste en descontar una parte del ingreso del trabajador, a fin de otorgarle seguridad social cuando ya no pueda trabajar más.

La vivienda, tal como estaba concebida por el Legislador, se obtenía mediante un descuento al trabajador a efectos de que pudiera contar con ella el resto de su vida. Si en algún momento no pudiera o no quisiera tenerla más, la podía vender, ceder o transferir. Lo que ha sucedido a través del tiempo -no es tema de este debate por qué se llegó a esa situación, aunque no tengo inconveniente en discutir ese problema en su momento- es que el Banco Hipotecario del Uruguay entró en situación de quiebra. Para recaudar fondos a fin de atender sus gastos, recurrió al mecanismo de cobrar a los deudores más de lo que permitía el sistema legal vigente. Ello, a mi entender, es absolutamente violatorio del régimen vigente, además de ser algo que, como política social de vivienda, no se puede, de ninguna manera, analizar con seriedad. En ese sentido, lo que se busca con este proyecto de ley es recuperar la posibilidad de que el trabajador pueda tener su vivienda mediante el ahorro o el descuento de su salario.

No se puede decir a la ligera que hay ciudadanos que, mayoritariamente, no tienen voluntad de pagar, porque se sabe a ciencia cierta que la inmensa mayoría de ellos está pagando mucho más allá de sus posibilidades. Casi todos ellos, aún los que son puntualmente pagadores, están haciendo un enorme y absoluto sacrificio personal. Pienso que esto debe ser corregido, porque no podemos estar hablando de un Banco que está próspero, que va a encontrar soluciones habitacionales para toda la gente que las necesite, cuando la filosofía de esa construcción estupenda para el futuro se basa, realmente, en el sacrificio ilegal que están haciendo los actuales deudores de la Institución.

Este es un enfoque distinto. No estamos analizando una situación bancaria, porque ella será estudiada en el futuro, cuando consideremos ese tema. En esa oportunidad, cuidaremos con detalle qué inversiones debería realizar el Banco Hipotecario del Uruguay, para que no caiga en situaciones como las que ya ha vivido. No es cuestión de construir por construir, sino para dar solución a quien necesita una vivienda y puede pagarla con su salario. De otro modo, lo que se estaría haciendo sería una inversión que en nada beneficiaría a la sociedad.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Solari.

SEÑOR SOLARI. - Señor Presidente: sin ninguna duda, de lo que aquí estamos hablando es del cumplimiento del espíritu original de la ley, por el cual el trabajador, el ciudadano uruguayo, podría tener una vivienda cuyas características y cuyo pago estuvieran adecuados a su nivel de ingreso familiar, de manera que pudiera efectivamente pagar esa vivienda adquirida con su esfuerzo. Pero mucho me temo que a través de este proyecto de ley, elaborado con la mejor de las intenciones, estemos estableciendo nuevamente, por la vía legislativa, condiciones que, económicamente, al resultar incumplibles, terminen en una situación que castigue una vez más a quienes cumplen con sus aportes. Por lo tanto, se estarían viendo amenazadas nuevamente la viabilidad económica y la vigencia de un organismo estatal que quienes somos de este partido y de este sector tenemos la obligación de defender. Estamos hablando, concretamente, del Banco Hipotecario que tiene, entre otros cometidos, el de dar un sustrato financiero para el cumplimiento de ese derecho que tenemos todos los ciudadanos uruguayos.

Lamento tener que decir que este proyecto de ley reintroduce elementos que debilitan claramente al Banco Hipotecario al disminuir sus ingresos sin establecer una fuente alternativa y genuina de financiamiento. Es más; quería hacer referencia a la exposición que realizó el señor Senador Garat en la pasada sesión, porque concuerdo plenamente con su inquietud en el sentido de que el financiamiento de la vivienda debe estar vinculado a la capacidad de pago del hogar. Sin embargo, ciertamente, cuando se piensa en las experiencias que diversas reparticiones del Estado han tenido al medir el ingreso disponible de los hogares y, por lo tanto, la capacidad de destinar un porcentaje de dicho ingreso a distintos tipos de actividades, uno se da cuenta de las distintas dificultades administrativas, técnicas y prácticas que ello trae consigo, lo que determina que debamos tener, en relación con este proyecto de ley -así como también en otros campos- un cuidado muy particular a efectos de poder cumplir con ese espíritu de carácter social que por suerte caracteriza a la gran mayoría de los uruguayos.

Además, debemos hacer esto sin amenazar la estabilidad y la viabilidad financiera de un organismo como el Banco Hipotecario, que ha dado solución habitacional a 400.000 familias uruguayas a lo largo de su historia. Por lo tanto, aquí están en juego la historia, la tradición y el futuro de un organismo, que debemos proteger cuidadosa y celosamente.

Me pregunto -y reitero que respeto la buena voluntad y las intenciones de quienes han redactado esta iniciativa- si este proyecto de ley fortalece al Banco Hipotecario del Uruguay. Personalmente, diría que no lo hace. Si esta norma fuera aplicable a cualquiera de los bancos comerciales, a los que los Poderes Legislativo y Ejecutivo, el Estado y todo el poder político en democracia del Uruguay hemos habilitado a operar en el área de financiamiento de viviendas, prácticamente estaríamos corriendo todas las inversiones de instituciones privadas con destino a vivienda. ¿Esto mejoraría el funcionamiento del sistema de construcción de viviendas y su financiamiento en el Uruguay? Ciertamente que no. No tenemos la mínima duda de que no sería así. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo una diferencia neta muy importante, en el sentido negativo, entre el capital que ese banco invierte para construir viviendas y lo que puede recuperar a posteriori que es, en definitiva -sumado al esfuerzo del Fondo de Vivienda, que es de una característica mucho más solidaria y que se canaliza a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente- la fuente principal de financiamiento para la construcción de viviendas en este país.

De manera que, lamentablemente, veo que pese a la intención muy positiva y totalmente compartible de sus patrocinadores, este proyecto de ley tiene o tendrá -mucho me temo- un efecto totalmente negativo y contraproducente. ¿Por qué digo esto con tanta seguridad? Reitero que en relación a este tema no hay una verdad absoluta, sino distintos ángulos desde los cuales puede ser vista esa realidad. Básicamente, hay una dificultad muy concreta que tiene que ver con la clasificación de los hogares por niveles de ingresos, dificultad que encuentran el Banco Hipotecario, el INDA y todos aquellos organismos que tiene la obligación de clasificar a sus usuarios según los niveles de ingresos, para otorgarles un subsidio específico o un servicio subsidiario. En el caso particular en el área de la salud -tema que conozco más profundamente que el de la vivienda- desde hace varios años se están haciendo esfuerzos técnicos muy importantes para categorizar los hogares según su nivel de ingresos, a los efectos de que puedan acceder a los niveles de salud en forma totalmente subsidiaria, gratuita o efectuando un pago parcial de los servicios que se reciben a través de Salud Pública. En este sentido, cabe señalar que desde hace 18 meses el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, están diseñando una metodología de clasificación de ingreso disponible de los hogares, de manera de poder categorizarlos y ubicarlos en las distintas franjas de ingresos.

Sin embargo, obviamente la clasificación según los ingresos no es algo sencillo, porque la tendencia natural -dado que de la declaración que se efectúa deviene un beneficio mayor o menor, según el ingreso que se declare- es que las referidas declaraciones no sean tan completas como deberían serlo en relación con los ingresos reales.

De manera que se ha trabajado mucho, y quiero aclarar que esta no es una acusación gratuita a la población. La Constitución y la ley disponen que en el Uruguay los servicios sean gratuitos sólo para la población indigente, que constituye aproximadamente un 2,5% de los habitantes del país; es decir que estaríamos hablando de alrededor de 80.000 personas como máximo. Sin embargo, se brinda asistencia gratuita a 950.000 uruguayos, por lo que la diferencia -esa diferencia de diez órdenes de magnitud, que obedece no solamente a declaraciones no ajustadas, sino también al sistema burocrático que no funciona como debería, como inicialmente fue concedido- entre lo que establecen la ley y la Constitución, y lo que sucede en la realidad, es muy grande.

Es más, cuando se observan los datos concretos de nivel de subsidio, niveles de ingresos y consumo de servicios, se llega a la conclusión -no querida, ciertamente, por el Constitucionalista y por el Legislador- de que reciben mayor subsidio en acceso a los servicios de salud pública personas pertenecientes a las clases media y media baja que aquellos que integran realmente la población indigente, y en esto se conjugan factores culturales, económicos y de ineficiencia en la clasificación de los hogares.

En función de esas dificultades, señor Presidente, hace 18 meses se inició en el Ministerio de Salud Pública un trabajo que tiene por objetivo ubicar a los hogares en los distintos niveles de ingresos, de acuerdo con variables fácilmente identificables y constatables. Se trata de que si un hogar tiene, por ejemplo, cinco miembros, y tres de ellos se encuentran en situación de trabajo, formal o informal, se van a determinar en su funcionamiento e infraestructura una serie de características fácilmente comprobables que van a permitir definir su ingreso. Luego de todo este período de trabajo -que ha llevado, insisto, 18 meses, con asesoramiento internacional, con los mejores técnicos del Instituto Nacional de Estadística y con toda la información disponible en los Censos y en la Encuesta de Hogares- se ha llegado a una formulación en la cual se permite, mediante la acumulación de sucesivas variables, determinar adecuada, justa y certeramente el ingreso de tan sólo el 75% de los hogares. Es cierto que este es un grado mucho más alto que el que existe en cualquiera de los sistemas vigentes, pero igualmente queda un 25% de los hogares fuera de una determinación adecuada. Además, clasifica como inmerecedores del subsidio a quienes deberían tenerlo y como merecedores de ese subsidio a quienes no deberían tenerlo.

En el artículo 1º de este proyecto de ley se pone énfasis en un sistema muy definido, compuesto por un gran número de franjas, lo que hace que las posibilidades de error sean, inclusive, mucho más altas que cuando se las clasifica sólo en tres o cuatro. Además, estas franjas son variables de acuerdo con la cantidad de integrantes del hogar.

SEÑOR SEGOVIA. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SOLARI. - En seguida se la concedo, señor Senador.

Este sistema posibilita, entonces, errores mucho más importantes que los que se observan en el otro, por lo que vamos a estar estableciendo, de futuro y para siempre, un sistema con altas posibilidades de error en cuanto a la clasificación del destinatario del subsidio, pero además -y esto es lo más riesgoso- vamos a estar condonando erróneamente a una cantidad de deudores morosos, que tal vez no lo sean, como decía al inicio, por incumplimiento involuntario, sino que en algunos casos lo serán por incumplimiento voluntario.

Con mucho gusto le concedo la interrupción al señor Senador Segovia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador Segovia.

SEÑOR SEGOVIA. - Quisiera puntualizar al señor Senador que las franjas a que se refiere no existen más, ya que las hemos reducido a tres. Es decir que todas las franjas que se están manejando no se van a tener en cuenta en el proyecto, por un convenio ya establecido. De manera que si seguimos esa práctica vamos a estar discutiendo otro proyecto.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - El proyecto no circuló fuera de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Señores Senadores: la Mesa ruega que no se dialogue.

SEÑOR SEGOVIA. - Le agradezco, señor Presidente, pero yo no inicié el diálogo.

SEÑOR PRESIDENTE. - No me estaba refiriendo a usted; justamente, estaba amparándolo en el uso de la palabra.

SEÑOR SEGOVIA. - Muchas gracias, señor Presidente.

Por otra parte, se está tomando como camino el estipular ingresos en un ámbito como el de Salud Pública, donde el soporte informático ha de ser otro y donde las dificultades han de ser inclusive mayores, por cuanto el espectro poblacional que debe cubrir es muy distinto al del Banco Hipotecario del Uruguay, que abarca un reducido número de deudores. Además, tenemos la confirmación de su Directorio en el sentido de que dispone de los mecanismos para dar esa información, porque en este momento no tiene soporte informático en base a "software", pero sí los datos para realizarlo. Es decir que no se trataría de una situación que insumiera mucho tiempo de trabajo; simplemente sería necesario un proceso de adaptación de los datos que tiene y que no operara, a su vez, de un modo que ha resultado siempre muy criticado en esta Sala, es decir, en base a supuestos y escenarios que no concuerdan con el levantamiento por otros mecanismos que la economía usa para esa determinación.

Creo que se puede incurrir en un error circunstancial, pero grave, cuando se hace un manejo de la ley de los grandes números, ya que de este modo no se pueden tomar circuitos menores de informatizaciones ni, mucho menos, de análisis matemáticos. Supongo las dificultades que el señor Senador habrá tenido en el Ministerio de Salud Pública, porque justamente en ese ámbito el espectro es mucho mayor que el que tenemos organizado aquí.

Por último, con respecto a las franjas, queremos decir que, aunque se nos trasmitió que el proyecto no había circulado a nivel del Senado, sí lo hizo a nivel de los coordinadores y de quienes participamos del trabajo de la Comisión, porque tampoco la Bancada del Frente Amplio dispone de esa información.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Solari.

SEÑOR SOLARI. - Señor Presidente: le agradezco al señor Senador Segovia la información que nos brinda sobre la modificación del artículo 1º. De esta forma, con las intervenciones del señor Senador Batlle, que motivó que nos enteráramos de que el artículo 7º había sido cambiado, y con ésta, que nos informa que el artículo 1º también ha sido alterado, lentamente nos vamos acercando al proyecto de ley que se va a votar.

No quiero hablar por los demás integrantes del Cuerpo, pero es bueno ir sabiendo cuál es el texto que estamos tratando de votar.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra, para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Solicito que se prorrogue el término de que dispone el señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota: )

-17 en 18. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Solari.

SEÑOR SOLARI. - Agradezco al Cuerpo la oportunidad de seguir intentando aportar algunos elementos sobre un tema que claramente conozco bastante poco, y lo reconozco con humildad.

El hecho de que estas franjas que están incluidas en el literal A) del artículo 1º se reduzcan a tres, como ha expresado el señor Senador Segovia, simplifica bastante el tema, pero luego se vuelven a ampliar en forma exponencial, en función de lo que disponen los literales a), b), c), d) y e) y los párrafos siguientes del literal B). Es decir que aun tomando como tres las franjas del literal A), en función de la cantidad de miembros que componen el hogar -que es lo que está dispuesto en los literales a), b), c), d) y e) del literal B)- y de lo que se dispone respecto de los núcleos familiares cuyos integrantes no excedan los 30 años -lo que está contemplado en los párrafos siguientes- resulta que prácticamente la cantidad de grupos de ingresos que hay que determinar sea algo así como tres a la veinte. Creo que los autores de este proyecto de ley deberían reflexionar sobre esas circunstancias. Las posibilidades de error en la clasificación de un hogar -ya sea por la edad o la cantidad de integrantes, los ingresos declarados o las características que se tomen como variables determinantes o que reflejen esos ingresos- que hagan que termine recibiendo subsidio en el futuro o una condonación de deuda del pasado, son prácticamente infinitas. Por lo tanto, aun con las mejores intenciones, desde el punto de vista técnico, este artículo 1º puede inducir a errores en forma muy importante. No me cabe ninguna duda de que esa no es la intención de quienes han formulado este proyecto de ley. Sin embargo, hay dificultades prácticas muy importantes en la determinación exacta de los ingresos, de forma que el subsidio -como es la voluntad de todos- vaya dirigido, preferentemente y en forma más trascendente, hacia aquellos hogares que tienen menor poder adquisitivo y, por lo tanto, para quienes hoy la solución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o el carácter social del Banco Hipotecario es realmente el único mecanismo de poder acceder a la vivienda.

SEÑOR GARAT. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SOLARI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: en este cambio de opiniones que estamos teniendo, quería reflexionar acerca de que para tener una idea clara y opinar sobre los ingresos de los deudores del Banco Hipotecario, parecería natural y obvio -porque así lo establece una ley que ya tiene casi treinta años- que esta Institución llevara un registro de deudores. Sin embargo, lo que causa sorpresa es que no lo lleva. Quiere decir que por propia iniciativa administrativa el Banco Hipotecario no le presta atención a lo que debe ser más importante con respecto a un deudor, porque la garantía para que le paguen son sus ingresos. Pero el Banco Hipotecario no tiene registro de esos ingresos; en la época de la computación, en que cualquiera de nosotros debe $ 5 y lo saben en Londres, este organismo, reitero, no sabe lo que ganan sus deudores ni las variaciones de sus ingresos.

Por eso es que en el proyecto de ley decimos que hay que tener en cuenta lo declarado por las personas. Sabemos que con esto cometemos una gran injusticia, porque debe haber personas que han declarado tener ingresos de $ 10.000 o $ 15.000 a valores actuales, ya que todos los integrantes de la familia trabajaban y ahora los hijos que eran chicos crecieron y gastan como personas mayores y no consiguen empleo. Me refiero a todo lo que pasa en la vida social y económica del país: las personas tienen compromisos mayores y menores ingresos. Sin embargo, esto no lo tenemos en cuenta.

Pensamos que el Banco Hipotecario tiene que tomar algún ancla para medir el compromiso de su deudor, es decir, el ingreso real y efectivo de la persona. De lo contrario, estamos defraudando y desvirtuando todo lo que es el espíritu social de la ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Solari.

SEÑOR SOLARI. - Señor Presidente: comparto plenamente la inquietud y hasta la sorpresa que acaba de manifestar el señor Senador Garat. Además, creo que es necesario ir un paso más allá. El Estado uruguayo, sobre todo el Estado benefactor construido a lo largo de este siglo, ha tenido una gran cantidad de programas de tipo universalista y otros focalizados hacia distintos segmentos de la sociedad en función de sus ingresos. Ciertamente, es hora -y hay quienes lo hemos propuesto- de que ese Estado uruguayo, que tiene programas focalizados, como los del INDA, algunos de los que se canalizan a través de los centros CAIF, los de Salud Pública o los de Defensoría en el sistema de Justicia -o sea, una serie de servicios cuya gratuidad está vinculada con una determinada condición social o situación de ingresos- tuviera también un sistema que efectivamente funcionara, por el cual conociera los ingresos disponibles de cada uno de los distintos hogares. Si bien el Banco Hipotecario puede no tener una clasificación por ingresos de sus clientes en forma autorizada -no desconfío en ese sentido de la palabra de señor Senador Garat- ciertamente cuenta con las declaraciones iniciales, cuando se solicitaron los préstamos. Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente sin ninguna duda tiene estos datos, porque a través de los sistemas RAVE y SIAV cuenta con una clasificación de ingresos muy clara de aquella parte de la población que efectivamente hay que tratar de proteger.

De manera que comparto la inquietud y la advertencia formulada anteriormente. Creo que es bueno que el Banco Hipotecario y todo el Estado tenga una clasificación de aquellos hogares a los cuales se quiere subsidiar a través de programas sociales. Esto no quiere decir, de ninguna manera, que haya que realizar una clasificación obligatoria de todos los hogares en todos los sistemas de ingresos, porque este no es el tipo de Estado totalitario que practica esas cosas y que lo único que haría sería correr de nuestro territorio a quienes tienen derecho a vivir de acuerdo con lo que ganan honestamente de su trabajo, inversiones o esfuerzo.

También quiero hacer una reflexión sobre el párrafo final del artículo 1º. No es operativo pensar que cada hogar del Uruguay va a comunicar al Banco Hipotecario, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el INDA, al Ministerio de Salud Pública para la protección de sus servicios de salud y a los distintos organismos del Estado, la modificación de su constitución o de su situación generadora de ingresos. Me refiero a que se case una hija, nazca un hijo, venga un abuelo, se trabaje informalmente o mejoren las entradas durante la temporada, es decir, a cada uno de esos actos que hacen que prácticamente los ingresos disponibles varíen mes a mes. Entonces, cada uno de esos cambios debería ser comunicado a 6, 7 ó 10 organismos distintos del Estado, tal como está establecido en el último párrafo del artículo 1º que, para el caso del Banco Hipotecario -no sé si esto estará todavía vigente, habida cuenta de que nos acabamos de enterar que el artículo 1º ha sido modificado- expresa: "todos los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay actualizarán la declaración jurada de los ingresos del núcleo familiar cada vez que éstos sean modificados, así como las variantes en la integración familiar". Esto, señor Presidente, no lo pueden cumplir ni las familias de clase media o media alta, mucho menos para los hogares modestos y ni qué hablar para los que se encuentran en situación de indigencia, donde el propio concepto de hogar muchas veces no está claro porque son familias extendidas cuya composición varía plenamente.

Pienso que con relación a este proyecto de ley existe un problema más de fondo que el de la determinación del ingreso que, en definitiva, el Estado uruguayo puede solucionar, de manera de focalizar su apoyo a los hogares que están en peor situación económica.

Señor Presidente: me pregunto qué mensaje estamos trasmitiendo a través de este proyecto de ley. Estamos trasmitiendo al 85% de los deudores del Banco Hipotecario, que son buenos pagadores, el mensaje de que no es buena cosa en el Uruguay asumir los valores morales del cumplimiento de las obligaciones y que no es buena cosa pagar las deudas contraídas. En definitiva, así como las Intendencias Municipales en determinadas circunstancias hacen blanqueo de deudores de contribución o patente, eventualmente, el Banco Hipotecario, el Banco de Previsión Social o el Banco de la República harán lo propio con los deudores acumulados. Peor aún; estamos trasmitiendo que el rescate de los Bancos en situación de desfinanciamiento por el Banco Central, que tanto irrita a la población -porque, en definitiva, se paga con impuestos que hacemos todos los contribuyentes- es válido y debe ser repetido a nivel del Banco Hipotecario, del Banco de Previsión Social y de las Intendencias Municipales. Estamos trasmitiendo el mensaje equivocado de que no es buena cosa en el Uruguay ahorrar y cumplir y que sí es buena cosa adquirir una deuda y después no cancelarla.

Ciertamente, en estas expresiones no hay una valoración de quienes han formulado este proyecto de ley. Entiendo y comparto la inquietud de solucionar aquellos problemas que sean reales, que respondan a situaciones imprevistas en las cuales no podemos condenar a la persona a pagar lo que debe o quedar en la calle; pero me pregunto sinceramente si en esta Sala alguno de nosotros tiene una noción cabal de cuántos de esos 18.000 deudores son incumplidores involuntarios. Luego de la intervención del señor Senador Segovia me pregunto si alguno de nosotros en esta Sala sabe cuál es el costo real de este proyecto de ley para el Banco Hipotecario. Se han manejado cifras de U$S 5:000.000 a U$S 9:000.000. Me pregunto si los integrantes de este Cuerpo tenemos una noción clara de si estamos hablando de 18.000 ó 40.000 deudores, inquietud que fue planteada en la disertación del señor Senador Garat.

SEÑOR SEGOVIA. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SOLARI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - No quisiera utilizar más el tiempo del señor Senador, pero debo hacer un par de aclaraciones que, tal vez, nos pongan más cerca de los acuerdos que de las diferencias sustentadas.

El artículo que había mencionado fue eliminado en el relacionamiento de los coordinadores. Por lo tanto, solicito al señor Senador que no lo incorpore en su problemática porque, reitero, fue eliminado. Lamento que el señor Senador no disponga de esa información, porque la hemos tenido los integrantes de la Comisión y los que establecimos la coordinación.

Muy seriamente hemos tenido en cuenta -además, el señor Senador Garat lo mencionaba- la enorme sorpresa de que el Banco no disponga de esa información del ingreso a nivel familiar que el señor Senador afirma que tendrían el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y otras entidades públicas. Si no se dispone de ella y no se usan los mecanismos para obtenerla, va a ser muy difícil decir que el costo real de este proyecto de ley corresponde a U$S 5:000.000, U$S 9:000.000 ó U$S 10:000.000, porque si desconocemos el ingreso familiar y el punto básico es conocerlo para saber el impacto que tiene en el costo de este proyecto, partimos del desconocimiento de la realidad nacional. Si el Estado en este momento no dispone de esa información, no puede hacer lo que nos manifestó el Directorio del Banco Hipotecario, sus funcionarios y representantes gremiales. Quiere decir que ante la ineficiencia de la información no se hizo un muestreo, sino que se tomaron escenarios y dentro de ellos se procesaron los datos. Como dicho escenario se desconoce, también se ignora el costo real.

Cuando discutimos el problema sí tuvimos en cuenta a los 20.000 deudores del Banco Hipotecario de los que se tiene información fehaciente de su ingreso familiar. Esto es una muestra importante en un total de 100.000 ó 107.000 y es el mecanismo para seguir adelante, ya que no genera escenarios donde el resultado ha de ser dudoso.

No quisiera insumir más tiempo, pero se ha utilizado una palabra respecto a estos grandes números en cuanto a que el acomodamiento de la ley de franjas provocaría una distorsión de tipo exponencial, que dista mucho de la realidad de esta conformación que se ha presentado y del espíritu que tiene la misma.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Solari.

SEÑOR SOLARI. - No he atribuido ninguna intencionalidad negativa en el problema exponencial de establecer franjas y luego calificativos matemáticos de cada una de ellas. Simplemente, se trata de un problema matemático. Quise decir que cuando hay tres grupos que pueden variar según distintas condiciones, por ejemplo, menores de 30 años o dos, tres o cuatro integrantes en la familia, no se trata simplemente de sumarlos, sino que esas posibilidades aumentan en forma exponencial la cantidad de grupos establecidos originalmente. Por lo tanto, si bien la situación mejora mucho al pasar de tener nueve a tres franjas, también mejora desde el punto de vista de la aplicabilidad y no desde el punto de vista de la justicia. De cualquier manera, el hecho de tener calificativos adicionales según la cantidad de integrantes del hogar, la edad promedio de los mismos, la condición de que vivan en forma unipersonal o no, etcétera, hace que la cantidad de grupos resultantes no sea simplemente la suma, sino que se multipliquen en forma exponencial.

SEÑOR SEGOVIA. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SOLARI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de concederle la palabra al señor Senador Segovia, la Mesa hace saber que a la sesión le quedan ocho minutos y el señor Senador Solari dispone de 11 minutos. Pero no estamos en condiciones de votar una prórroga, porque no tenemos número suficiente. Por esta razón, con buena voluntad, me limito a señalar el tema a los señores Senadores a los efectos de poder redondear razonablemente la sesión de hoy sin violar el Reglamento.

Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - El señor Senador Solari ha hecho una puntualización matemática que no da en el clavo. La exponencial mencionada sería en este caso: y = ex. No es el comportamiento que tiene la ley de franjas, sino que es totalmente distinto, basado en la campana de Gauss, que nos da una concentración de situaciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Solari.

SEÑOR SOLARI. - Lamentablemente, hemos entrado en una discusión matemática en la cual estoy totalmente en desventaja, habida cuenta de mi condición de profesional en las áreas sociales y no matemáticas.

Sigo sosteniendo que estos grupos no se suman sino que se multiplican exponencialmente; pero es un tema que podremos dirimir amistosamente fuera de Sala y sin distraer, por lo menos desde mi punto de vista indebidamente, la atención de los señores Senadores.

Con respecto a la otra inquietud manifestada por el señor Senador Segovia en el sentido de que el Banco Hipotecario no lleva un registro actualizado de los ingresos de sus deudores y que por lo tanto ha sido imposible estimar el costo neto de este proyecto de ley creo que ello no habla a favor de su aprobación, porque no entiendo claramente cómo un poder del Estado puede estar tomando decisiones acerca de una temática de la que desconoce -si fuera cierto lo que dice el señor Senador Segovia y que no pongo en duda- sus repercusiones.

Habida cuenta de ello, parecería que el camino lógico a seguir es el de establecer una clasificación confiable. Ese es el punto clave. Una clasificación confiable de los ingresos de los hogares y, en función de ella, una buena categorización de los 18.000 deudores morosos, a los efectos de determinar si el incumplimiento fue voluntario o involuntario. De esa manera se podría formalizar un sistema que permita contemplar aquellas situaciones justificadas y sancionar -porque en definitiva, de eso se trataría- y castigar las que no lo están. Vamos a entendernos; para que haya una sociedad justa, los deudores morosos voluntarios del Banco Hipotecario que en este proyecto de ley son premiados, no deberían serlo sino, por el contrario, deberían ser castigados, máxime tratándose de un organismo del Estado y de un bien social que está protegido por la Constitución de la República.

Entonces, señor Presidente, en función de esas consideraciones, a lo que estaba tratando de referirme cuando le concedí una interrupción al señor Senador Segovia, es a qué tipo de mensajes estamos trasmitiendo a la generalidad de la población. Desde mi modesto punto de vista, se trata de un mensaje equivocado pero, además, ¿es imprescindible que haya un proyecto de ley para solucionar este tipo de situaciones de incumplimiento, suponiendo que fueran justificadas? Creo que a lo largo de todo este debate ha quedado claramente demostrado que no es necesario un proyecto de ley para que el Banco Hipotecario clasifique a sus deudores de acuerdo con los ingresos de sus hogares, ni para que determine, por lo tanto, cuáles de esos deudores tienen una justificación en su morosidad y cuáles no. Asimismo, pienso que no es necesario un proyecto de ley para establecer condiciones especiales de financiación para aquellos que, por alguna circunstancia particular de la vida, han caído en morosidad en forma involuntaria. Es más, creo que este proyecto de ley, tal como está presentado -y reitero mi reconocimiento hacia la buena intención de quienes lo han preparado y presentado- lleva a un debilitamiento de un organismo fundamental en la implementación de la política de vivienda, como es el Banco Hipotecario del Uruguay.

Pregunto, señor Presidente, si en el caso del Banco Hipotecario hemos pensado adecuadamente en los 150.000 ahorristas que están esperando. Algunos de ellos están colocando sus ahorros en el Banco Hipotecario y están inscriptos en el SIAV; incluso, otros depositan en el Banco Hipotecario y originalmente estaban anotados en el RAVE, esperando desde hace años. Conozco muchos de esos hogares uniparentales, dirigidos y sustentados por mujeres sobre la base de su trabajo y de su esfuerzo. ¿Qué les da esta ley a esos ahorristas? Les da el mensaje absolutamente erróneo de que el incumplimiento es, en definitiva, el que paga; que lo único importante es que le den una llave, abra una puerta y entre a un lugar, porque luego alguien, de alguna manera, va a solucionar esa situación. Y no estoy hablando de casos hipotéticos, sino de personas, de mujeres, con familia a su cargo, con nombre y apellido, que desde hace 8 ó 9 años están apuntadas en alguna de estas listas esperando recibir una solución a su problema de vivienda. Familias que están pagando cifras muy altas, más de lo que pagarían por una cuota del Banco Hipotecario, para lo cual han estado acumulando ahorros en forma periódica.

Creo, señor Presidente -no con intención aviesa- que no se ha valorado suficientemente la prioridad social que, frente a la necesidad y al sacrificio de los ahorristas que están en lista de espera, representa la solución propuesta en los artículos 2º y 3º de este proyecto de ley.

18) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa quiere recordar al señor Senador que está en uso de la palabra que ha llegado la hora de finalización de la sesión. El señor Senador dispone de 4 minutos, de los que podrá hacer uso al entrar en la consideración de este punto del orden del día en la sesión de mañana.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20, presidiendo el licenciado Hugo Fernández Faingold y estando presentes los señores Senadores Antognazza, Arismendi, Barbato, Chiesa, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Michelini, Pozzolo, Sarthou, Segovia y Solari).

LIC. HUGO FERNANDEZ FAINGOLD Presidente

Sra. Quena Carámbula Prosecretaria - Sr. Gabriel Rodríguez Garcés Prosecretario

Sr. Freddy A. Massimino Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.