Retorno a página principal

Nº 151 - TOMO 381 - 9 DE ABRIL DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

12a. SESION ORDINARIA

PRESIDE EL LICENCIADO HUGO FERNANDEZ FAINGOLD Presidente en ejercicio

y el SEÑOR SENADOR LUIS BREZZO Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS PROSECRETARIOS SEÑORA QUENA CARAMBULA Y SEÑOR GABRIEL RODRIGUEZ GARCES

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Archivo de carpeta

La Comisión de Presupuesto solicita se proceda al archivo de la Carpeta Nº 412/92 que contiene el informe de la Universidad de la República sobre la distribución de su Presupuesto por Programas, Rubros y Renglones para el Ejercicio 1996.
- Se procederá de conformidad.

5) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Chiesa por el día de la fecha.
- Concedida.

6) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo

- Por moción del señor Senador Ricaldoni, el Senado resuelve postergar la consideración de los asuntos que figuran en los numerales primero y segundo del orden del día.

7) Deudores del Banco Hipotecario del Uruguay

- Continúa la consideración del proyecto de ley por el que se limitan las cuotas que deben pagar por concepto de intereses y amortizaciones.
- Informe del señor Senador Garat. Intervención de varios señores Senadores.

8 y 10) Acuerdo de sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el funcionamiento de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- Por moción de varios señores Senadores se declara urgente la consideración de este asunto. En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

9) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

- Por moción del señor Senador Santoro, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta agotar el tema en debate.

11) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 8 de abril de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 9, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución).

2º) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

3º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se limitan las cuotas que por intereses y amortizaciones deban pagar los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay.

(Carp. Nº 605/96 - Rep. Nº 344/96)

4º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Sede entre la República y el Mercado Común del Sur para el funcionamiento de la Secretaría Administrativa.

(Carp. Nº 649/97 - Rep. Nº 368/97)

5º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir los ascensos al grado de Capitán de Navío a varios señores Capitanes de Fragata.

(Carp. Nº 631/97 - Rep. Nº 366/97)

6º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir el ascenso al grado de Coronel de la Fuerza Aérea a varios señores Tenientes Coroneles.

(Carp. Nº 632/97 - Rep. Nº 367/97)

Gabriel Rodríguez Garcés Prosecretario - Quena Carámbula Prosecretaria"

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Antognazza, Arismendi, Batlle, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Pereyra, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Solari, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, el señor Presidente de la Cámara de Senadores, doctor Hugo Batalla y los señores Senadores Astori, Millor y Posadas Montero y con aviso el señor Senador Pozzolo.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 18 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes: )

"Montevideo, 9 de abril de 1997.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos del Ejército Argentino a fin de realizar ejercicios combinados con tropas de nuestro país.

-A la Comisión de Defensa Nacional.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje comunicando la promulgación del proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país del Buque Escuela ROU "Capitán Miranda" y su tripulación a efectos de realizar el XVII Viaje de Instrucción.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes".

4) ARCHIVO DE CARPETA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de la Comisión de Presupuesto del Senado.

(Se da de la siguiente: )

"La Comisión de Presupuesto del Senado solicita se proceda al archivo de la Carpeta Nº 412/92 que contiene el informe de la Universidad de la República sobre la distribución de su Presupuesto por programas, rubros y renglones para el ejercicio de 1996".

-En el día de ayer se solicitó el repartido de esta Carpeta, el que se llevó a cabo en el día de hoy. Por lo tanto, correspondería votar el trámite propuesto por la Comisión.

(Se vota: )

-14 en 18. Afirmativa.

5) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente: )

"El señor Senador Sergio Chiesa solicita licencia por el día de la fecha".

-Léase.

(Se lee: )

"Montevideo, 9 de abril de 1997.

Señor

Presidente de la

Cámara de Senadores

Lic. Hugo Fernández Faingold

Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, solicito licencia por el día de la fecha, por razón de salud.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Sergio Chiesa Duhalde. Senador".

-Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota: )

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Designación de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución)".

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: quisiera solicitar que este punto, al igual que el que figura en segundo término, pasen al orden del día de la próxima sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la postergación de los puntos 1 y 2 del orden del día.

(Se vota: )

-20 en 21. Afirmativa.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: creíamos que iba a haber hora previa, pero la circunstancia no es tal. Por tanto solicitamos un cuarto intermedio de 20 minutos en nombre del sector que represento del Partido Nacional, debido a que tenemos que tratar un tema de carácter político.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud de cuarto intermedio del señor Senador Santoro.

(Se vota: )

-20 en 22. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por 20 minutos hasta la hora 16 y 45 minutos.

(Así se hace. Es la hora 16 y 21 minutos)

(Vueltos a Sala)

-Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 17 y 49 minutos)

7) DEUDORES DEL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la discusión del tercer punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se limitan las cuotas que por intereses y amortizaciones deban pagar los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. Carp. Nº 605/96 - Rep. Nº 344/96".

(Antecedentes: ver 4a. S.O.)

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: vamos a tratar de encauzar esta discusión. En primer lugar, diría que después de haber escuchado los otros días al Miembro Informante, señor Senador Segovia, prácticamente nada tendría que agregar a sus palabras porque coincido totalmente con todo lo dicho por él. Es más: hemos redactado en conjunto este proyecto de ley. Por eso en el día de hoy voy a actualizar ideas y pensamientos.

¿Qué es este tema de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay de que estamos hablando? Dicho tema se empezó a analizar hace mucho tiempo, aproximadamente desde hace dos años, en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En los primeros meses de 1995, apenas ingresados a la tarea parlamentaria, me tocó presidir dicha Comisión, y allí estuvimos analizando con mi otro compañero y también integrante de ésta, el señor Senador Chiesa, la necesidad -que habíamos constatado cada uno de nosotros- de llevar adelante una política legislativa que ordenara el relacionamiento de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay con dicha institución. Fue así que en ese momento nos encontramos con que había un proyecto de ley presentado por los Legisladores del Encuentro Progresista y desde ese comienzo, con una intención común de solucionar los problemas, empezamos a analizar el tema en la mencionada Comisión.

Los primeros meses -en los que aún no había ingresado el nuevo Directorio- fueron de trabajo intenso con los técnicos del Banco Hipotecario del Uruguay, con los del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y con los de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Fuimos avanzando en este tema y en los conceptos que teníamos que definir para encontrar una solución al problema.

Digo, señor Presidente, que el análisis del tema ha insumido el trabajo de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial desde 1995 hasta la mañana del día de hoy. El asunto fue tratado en 1995 -año en el que me tocó presidir la Comisión- en 1996, cuando me sucedió el señor Senador Segovia, y en la actualidad, con la Presidencia del señor Senador Sanabria. Allí se trató el tema de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, el relacionamiento de los mismos, el valor de las cuotas, el desfase de los valores, en fin, todo lo que se está analizando en el día de hoy, que es archiconocido por los miembros de la Comisión. ¿Cuál es el espíritu que ha primado en todos los integrantes de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial? El de encontrar una solución de consenso -después vamos a referirnos a ella- a este problema que aflije a cientos de miles de personas en el Uruguay. Si hay algo que merece ser política de Estado es el tema de la vivienda; si hay algo que merece que los Legisladores agotemos el intelecto para encontrar una solución cuando el funcionamiento de los planes de vivienda se apartan de la normalidad en que fueron concebidos, en esta temática.

Más aun; la vivienda es parte esencial de la vida del hombre. Es su lugar de resguardo y de protección a la familia, que está ligada a la conducta, a la moral y a todo eso que tantas veces hemos discutido en el ámbito de este Cuerpo, en el sentido de cómo la sociedad va perdiendo algunos valores fundamentales. Siempre digo que esto es así porque, entre otras cosas, se va perdiendo la estructuración familiar, que es la primera gran conducta que ilustra al hombre sobre cómo tiene que proceder en la vida. Y el lugar donde la familia se desarrolla es la vivienda, la casa, el hogar. Desde que habitaba la caverna, el hombre quiere tener un espacio donde estar seguro y cobijar a su familia.

Creo, señor Presidente, que no debe haber desgracia más grande para un ser humano que un día tuvo el privilegio y la emoción de acceder a su vivienda y decir -con lágrimas en los ojos- "¡Al fin mi casa!" ya sea a través de un préstamo, por ayuda mutua, realizando un esfuerzo personal o acaso recibirla de parte de MEVIR, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o del Banco Hipotecario del Uruguay, que ser despojado de ella, ya sea porque sufrió una fatalidad, porque se le sumaron deudas o por otras circunstancias que lo obligan a estar en un ambiente que no es aquel que soñó para vivir. Entonces, empieza el deterioro de la familia, la destrucción de la sociedad, los vicios y la delincuencia; en definitiva, una serie de consecuencias que tienen lugar aun cuando el camino está lleno de buenas intenciones y que sostenemos no deben producirse. Sin embargo, para que no se produzcan, la gente debe tener una vivienda y estar en condiciones de pagarla. La vivienda es un fin social de primera magnitud para el hombre y para la familia y no es porque sí que surgió aquella extraordinaria Ley Nº 13.728 del año 1968, que pretendía que todos los uruguayos que trabajaran pudieran obtenerla. ¿Cuál era la filosofía de la vivienda social? Que toda persona que trabaja pudiera comprar, afectando un porcentaje de su ingreso, su vivienda y ser dueño de ella al cabo de cierto número de años. Esa ley establecía -y nada lo ha cambiado hasta ahora- que la vivienda social tenía que afectar un porcentaje del ingreso familiar. Durante algún tiempo, señor Presidente, eso funcionó, pero después -y esto es muy común en nuestro país- se fueron haciendo distintas interpretaciones de la ley. Hoy nos encontramos con que el ingreso familiar del deudor del Banco Hipotecario, con el que va a pagar la cuota correspondiente, no tiene valor, no importa, no se tiene en cuenta; se dice que sí, pero en realidad no se tiene en cuenta en forma tal que la propia institución ha reconocido en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial que no lleva registro de los ingresos familiares de los deudores, porque sería muy engorroso, muy difícil y cambiante. En realidad, no entiendo cómo en la época de la computación se pueda decir eso. La garantía del buen pago para el Banco es el ingreso de su deudor, de modo que el hecho de que diga que no tiene actualizados los ingresos de la gente equivale a afirmar que no le preocupa la garantía de buen pago.

En consecuencia, en relación al tema de la vivienda nosotros hablamos de 40.000 deudores que no pueden pagar su cuota, mientras que el Banco Hipotecario dice que exageramos porque son 18.000. Y dice que exageramos porque cuando hace esas refinanciaciones sólo para ver si consigue que la gente entregue algo de dinero con la finalidad de que le prorroguen el desalojo por un tiempo más, aunque luego no puedan seguir pagando, está considerando a esas personas como buenos pagadores simplemente porque de pronto dejó una seña el mes anterior.

Insisto en que a nuestro juicio hay 40.000 deudores que no pueden pagar y si algunos de ellos lo hacen de vez en cuando, es a costa de un sacrificio tremendo.

Yo tengo recibos de $ 2.500, $ 3.500 y $ 4.000 de cuotas que el Banco Hipotecario le está cobrando a familias que, de pronto, son sostenidas por un policía y una empleada, que entre los dos cubren poco o más de esa cifra que tienen que pagar. De modo que hay un hecho social evidente: hay 18.000 personas -o 40.000, como digo yo- que no pueden pagar. Entonces, me pregunto: ¿es este un problema social o no lo es? ¿Qué hacemos con esas 18.000 personas? ¿Las echamos a la calle porque no pueden pagar? ¿Hacemos una obra de bien social echándolas a la calle? ¿O miramos para otro lado y no les cobramos nada? Si optáramos por este último camino, el Banco Hipotecario dejaría de percibir algo -lo que corresponde, lo que establece la ley- pero además evitamos la otra realidad que ha venido ocurriendo a través del tiempo, que tiene que ver con el hecho de que como hay una cantidad de gente que no paga, el Banco Hipotecario, para asumir y cumplir con sus compromisos, tiene que cobrarle más a los que pagan. Creemos que esta distorsión no es lógica en un plan de vivienda social.

Aclaro que, por ahora, simplemente estoy enumerando hechos que todos sabemos que son realidades y que no constituyen ninguna novedad. Yo las he aprendido después de escuchar a otros, a la gente, a los que tienen los problemas y a los Legisladores, que antes que yo trataron estos temas aquí, en el Parlamento. A veces digo, medio en broma, que en dos años, señor Presidente, he hecho ya una maestría del Banco Hipotecario, porque he leído todo lo que han dicho todos en este país y lo he interpretado, con mi escasa capacidad, pero lo he hecho. Sin embargo, no he encontrado, leyendo detenidamente todo este material, a nadie que contradijera algo de lo que estamos sosteniendo en el momento actual con respecto al tema del Banco Hipotecario. Entonces, me extraña, cuando he leído tan buenos alegatos dichos en el pasado, que me vengan a contraponer estas ideas, de las cuales estoy tan convencido. Pero son cosas que pasan en la vida. Insisto en que hemos aprendido todo esto de escucharlo de otros, y que no es inventiva personal.

La Ley de 1968 tenía como punto básico la idea de que el hombre pudiera tener su vivienda como parte de su ahorro. En definitiva, se perseguía un fin social, como ocurre con la previsión social. En este último caso, el objetivo es que el hombre pueda tener su ingreso de retiro ahorrando parte de su salario, y este mismo principio se aplica para el caso de la vivienda.

Por otra parte, esta ley creó también la Unidad Reajustable, porque en aquel momento de inflación se quería poner un ancla, un punto de referencia, para que no sucediera lo que había ocurrido en situaciones anteriores, en que muchas personas habían obtenido préstamos en condiciones tales que después terminaron pagando con moneda que no valía nada un bien de costo elevado.

La legislación estableció que la persona tenía que devolver el bien actualizado. ¿Cómo interpreto yo esto? Cuando una persona adquiría un bien, se establecía su valor en Unidades Reajustables, que en aquel entonces estaba en paridad con el dólar. Sabemos que las condiciones económicas han variado, y a eso nos vamos a referir. Entonces, si la persona había recibido un préstamo de 10.000 UR, debía devolver, en el plazo establecido, esas 10.000 UR más los intereses correspondientes cancelatorios. Esto es lo que se entiende en todos los lugares del mundo, sin necesidad de ser economistas.

Sin embargo, con el andar del tiempo comienzan a surgir distintos problemas. Ya en aquella época -y puedo leerlo, si es necesario- había quienes sostenían que el sistema no iba a funcionar con alta inflación; incluso, tengo opiniones al respecto del actual Presidente del BID, contador Enrique Iglesias, y de prominentes hombres del Partido Colorado, que era el que promovía esa Ley de 1968, que hacían prever todo lo que después sucedió. Pero, mal que bien, el Banco Hipotecario y el Plan Nacional de Vivienda funcionaron, hasta que -este es también otro mal uruguayo- al Banco Hipotecario lo empezaron a usar y a disponer de sus recursos para cualquier tipo de inversión y de gasto. Entonces, llegó un momento en que el Banco Hipotecario estaba en condiciones absolutamente críticas.

Personalmente, sostengo que dicho organismo ahora está en condiciones críticas, pero no es el tema que vamos a tocar. Creo que está en condiciones críticas, y lo digo por cualquier cosa que pueda suceder en el futuro, para que nadie me diga que no lo advertí. Sin embargo, estuvo en condiciones más críticas que ahora; estuvo en condiciones horrorosas y, si no fuera porque era un banco del Estado, no habría podido siquiera pagar sus compromisos diarios. En aquel momento, ese Banco Hipotecario fundido tenía distintos caminos a seguir. El primero era que lo dejaran fundir definitivamente. El segundo era conseguir un préstamo, una capitalización, tesis que se ha aplicado en los casos de todos los bancos fundidos en este país, a los que se les ha dado varios millones de dólares para que pudieran seguir funcionando, que finalmente terminan siendo pagados por la gente.

La otra posibilidad era cobrarle más a la gente, es decir, variarle las condiciones establecidas en la ley original. Al hacerlo, automáticamente la institución dejaba de ser un banco de fomento de la vivienda social.

Posteriormente, se quiso solucionar el problema mediante la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para que éste, mediante la aplicación de subsidios, se dedicara a construir viviendas para quienes no tenían suficientes ingresos. Asimismo, el Banco continuaría funcionando como tal y otorgando préstamos a aquellos que tuvieran ingresos mayores a 60 UR. ¿Qué sucedió entonces? Que una cantidad importante de la clientela de ese organismo quedó encuadrada dentro de la condición primera, o sea, cuyos ingresos eran menores a 60 UR.

Estamos hablando de que el Banco Hipotecario perdió los subsidios y quedó con una clientela que no podía pagar y, por ende, le era imposible ajustarse a las nuevas modalidades en materia de intereses y de cuotas. Ahora bien, cuando procedió a modificar las cuotas para cambiar los intereses y de este modo salvar a la institución, no le preguntó a nadie si la medida podía ser sostenida con los ingresos de los que habían recibido préstamos.

¿Qué quiero decir con esto? Que había deudores del Banco Hipotecario a los que se les había fijado una determinada cuota en unidades reajustables, por amortización e intereses de ese valor actualizado de la propiedad que habían adquirido -supongamos que en su momento esto fue así, puesto que de lo contrario el préstamo no tendría que haber sido concedido- que podían pagar. Pero ocurre que de la noche a la mañana el Banco aumenta los intereses, la cuota y, en definitiva, el valor de la deuda, sin preguntar a los deudores si les era posible pagar, si lo que en ese momento estaban ganando les alcanzaba para cubrir esas nuevas condiciones contractuales que unilateralmente se les impusieron. Ahí comienza la debacle.

Algunas autoridades del Banco Hipotecario han hecho referencia -y eso me duele mucho- a que la gente no tiene voluntad de pagar. Yo no puedo ofender de ese modo a la gente; no creo que el tema pase porque no se quiera pagar, sino que la realidad es que no se lo puede hacer. Precisamente, es por esa razón que se atrasa. Cuando lo hace, la respuesta que da el Banco -se lo han dicho a muchos- es que primero hay que ponerse al día y luego continuar pagando la cuota. Pero el problema, reitero, es que el individuo ni siquiera puede cumplir con el pago de su cuota, y menos aún con lo atrasado.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota: )

-22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Entonces, al deudor se le viene el mundo al suelo, cae sobre él un alud, porque esto se transforma en una bola de nieve cada vez más grande, y él pasa a la condición de moroso, porque finalmente deja de pagar.

No queremos entrar a analizar los casos particulares de viviendas que han tenido un alto costo debido a errores de construcción y a la falta de controles por parte del Banco. Ese es un capítulo aparte. Lo que importa aquí es que una vivienda que tendría que valer cien, a la gente se la cobran doscientos. Estas son las viviendas que se entregan a quienes no pueden pagar y tampoco hacerle el mantenimiento necesario. Así, se transforman en pocilgas que no valen nada, aunque se las quieren cobrar muchísimo más.

El incremento de las cuotas y del endeudamiento -todo el mundo ha experimentado esto- ha llevado a que los bienes del Banco Hipotecario quedaran fuera del valor del mercado.

En este momento, un deudor de esta institución está preso de su deuda y respira aliviado cuando puede salir de ella. Hay gente que me ha dicho que felizmente pudo sacarse de encima la deuda, o al menos transferirla, y otros que debían determinado monto al Banco por un apartamento, consiguieron uno mejor, de mayor superficie y por un monto equivalente a la mitad.

Esta es la realidad. Podríamos abundar mucho más en ella, pero sé que no dispongo de mucho tiempo. Seguramente, habrá oportunidad en el transcurso de este debate de hacer otras aclaraciones.

El Presidente del Banco Hipotecario ha dicho -en esto ha sido consecuente- que el tema se resuelve por la vía administrativa. Sin embargo, no he visto que la solución haya venido por ese lado. Sé que algunos integrantes del Directorio están haciendo un gran esfuerzo por encontrar soluciones a través de ese medio. Pero lo concreto es que han pasado dos años desde que el tema se puso encima de la mesa, y recién ahora, todas las semanas, se está anunciando la adopción de medidas. Por lo tanto, la actitud de los Directores del Banco Hipotecario no me merece confianza, aunque sí respeto, porque entiendo que lo que quieren es defender con uñas y dientes a la institución, para que sea lo más próspera posible. No obstante, pido igual respeto -y aclaro que no lo han tenido en todos los casos- para mí como parlamentario, que tengo el deber de defender a sus deudores, que son los que me pusieron aquí. Pero, por sobre todas las cosas, como parlamentario debo exigir que se cumpla la ley, que se ha violado permanentemente.

De ahí este proyecto de ley, que hemos procurado por todos los medios que tenga consenso. Si hay algo de lo que estamos convencidos es de que la política de vivienda deber ser una política de Estado; no puede ser una política partidista. Esto tiene que ver con la gente, con la nación, con la calidad de vida; en fin, es algo esencial. Hacer de la política de vivienda una política partidista sería como querer hacer lo propio con la política de medio ambiente o con la política internacional. Creo que, a esta altura, esto no puede ocurrir.

Tenemos que ser realistas y reconocer que esto que estamos relatando es lo que sucede. No se trata de un invento. Lo sabe la gente que hoy está esperanzada en que se encuentre alguna solución para poder pagar decorosamente su casa. Es necesario que esta gente tenga la tranquilidad de que ninguna Administración futura le cambie las reglas de juego. Para eso es preciso promulgar una ley.

Por supuesto, lo que este proyecto establece no es nada nuevo, se ha dicho originalmente y se ha repetido en innumerables ocasiones por algunos señores Legisladores que hoy están aquí en Sala. De lo que se trata es de poner en práctica una filosofía sobre lo que tiene que ser el Plan de Vivienda y de aplicar la ley que ya previó todo esto. Pienso que esa ley ha sido violada y burlada en perjuicio de aquellos deudores -generalmente los más humildes- del Banco Hipotecario que no tienen otra opción que vivir en ese lugar hasta que les expriman todo lo que puedan. Eso es, a mi juicio, lo que ha ocurrido hasta ahora.

Este proyecto de ley tiende a reconocer aquello que no ha sido reconocido, es decir, que el individuo pueda pagar de acuerdo con los ingresos que percibe. En el caso del moroso, del que quedó atrasado, de aquel pobre hombre que quiso pagar y no pudo porque le cambiaron las reglas de juego o porque le fue mal en la vida, creo que debemos pensar en una solución. Aunque sea por una sola vez le podríamos dar la opción de reengancharse; que pague la cuota y que las cuotas atrasadas sean pasadas al final.

El otro punto capital del proyecto es el relativo a que los bienes se puedan retrasar. Esto ya lo dijimos: todos los bienes del Banco Hipotecario están fuera del mercado. El Banco Hipotecario está de acuerdo con esto; también los Legisladores lo han dicho, pero yo lo voy a explicar un poco más.

El Banco Hipotecario ha sacado una línea de retasación. Cabe recordar que hubo una época -antes del "boom" de Pocitos- en que se construían edificios del Plan Nacional de Vivienda en ese barrio -aún se puede ver en algunos la sigla PNV- a instancias de aquella ley original. Días pasados, un deudor me expresó que poseía un apartamento en Pocitos que estaba tasado -y le estaban cobrando como tal- U$S 140.000. Se trata de una unidad de dos dormitorios, categoría III -es decir, con una superficie de aproximadamente 70 metros cuadrados- con un ascensor, un solo baño y sin garage. A pesar de que era un empleado que contaba con buenos ingresos, ya no lo podía pagar. Al enterarse de que el Banco retasaba las viviendas, se presentó ante el Banco Hipotecario, y como es lógico, le dijeron que evidentemente estaba pagando mucho. ¿Qué le van a decir? Obsérvese que por ese apartamento estaba pagando más de U$S 2.000 el metro cuadrado. En consecuencia, le expresaron que se lo iban a retasar en U$S 100.000, pero, para que aceptaran dicha tasación, tenía que entregar el 10% al contado, es decir, U$S 10.000. Evidentemente, el individuo se fue y dijo: "Estoy viendo cuándo no empiezo a pagar". Se trata de un apartamento que originalmente no le puede haber costado a la persona más de 3.000 UR, según los préstamos que se otorgaban en aquel momento. Cabe imaginarse lo que podrá valer luego de que se pague la deuda más los intereses acumulados.

La situación que he relatado es real y el proyecto de ley tiende, justamente, a contemplarla. Los Legisladores que lo hemos apoyado realizamos todos los esfuerzos necesarios para lograr que haya consenso. Me animaría a decir que en todos estos temas hemos logrado ponernos de acuerdo, pero siempre ocurre algo: que falta algún dato o se presente un impedimento imprevisto. Creo que los hechos, la realidad, no nos permite dilatar una toma de decisiones al respecto.

Pienso, señor Presidente, que la gente en este país es buena porque lo que ha hecho el Banco Hipotecario con sus deudores, en otro lugar ocasionaría un grave escándalo social. Conozco algunos dramas familiares que ha provocado esta situación, por ejemplo, cuando sacan a la gente de su vivienda; inclusive algunas personas han fallecido por esta razón. Pero también conozco la otra cara de la moneda; sé que hay gente ocupando viviendas del Banco Hipotecario sin pagar nada y, sin embargo, se hace la vista gorda. Por otra parte, algunas familias no pagan por su vivienda, pero la arriendan, haciendo un negocio próspero de esa situación. Sé que el Banco Hipotecario no tiene idea del número de viviendas vacías que existen en este momento; que no sabe cómo va a colocar aquéllas que reconoce como vacías, porque tienen un alto costo y es evidente que no van a ser ocupadas debido a que la gente ya no recurre a esta Institución.

Sabemos que se están inaugurando viviendas en varios departamentos del país, cuando todos los que somos del interior tenemos conocimiento de que en su mayoría están vacías. Las autoridades van a inaugurar un Plan de Vivienda y luego, de 50 unidades, se ocupan 15; el resto queda vacío porque la gente no puede pagar, sobre todo en el interior del país.

He recorrido varias viviendas de Malvín Norte que son Categoría II, de techo liviano -hay que tener en cuenta que no se trata de Carrasco ni de viviendas suntuarias- por las que se paga una cuota promedio de $ 3.000, siendo que se trata de trabajadores humildes que no pueden pagar. He asistido a reuniones en ese complejo de viviendas acompañado de los técnicos del Banco Hipotecario y he observado que la gente les ha pedido por favor una solución. Sólo les pedían poder pagar con sus ingresos y que vieran cómo podían saldar la deuda.

Eso es lo que puedo decir con respecto a este tema, basándome en la experiencia adquirida con el transcurso de dos años.

El Banco ha dicho que va a tomar medidas y yo le creo. No obstante, el aprobar una ley no impide que ellas se puedan tomar.

Señor Presidente: el espíritu inicial de nuestra actitud en este proyecto de ley -y vuelvo un poco hacia atrás- es que estamos absolutamente convencidos, como muy pocas veces en nuestra vida parlamentaria, de que esto es justo y que realmente estaríamos faltando a nuestra condición de Legisladores del pueblo uruguayo si no encontráramos una solución a este tema.

Reitero que es algo de lo que estoy absolutamente convencido.

¿Cuál ha sido la actitud permanente de todos quienes han trabajado en este proyecto de ley? Hemos tratado de abordar este tema con el máximo de delicadeza, tratando de no causar roces ni perjuicios para nadie. Esto lo pensamos, en primer lugar, para el Banco Hipotecario porque, como lo dije anteriormente, su situación nos preocupa. Creo que no son ligeros nuestros razonamientos. Lo son, aquellos que dicen que dicha institución es una de las más poderosas y sólidas de América. Pienso que eso se dice a la ligera.

Como decíamos, nuestra primera preocupación es no causar perjuicios al Banco Hipotecario del Uruguay. Lo que no nos parece que sea de buen andamiento es decir ¡no! a las concesiones que los deudores debieran tener originalmente por la ley, porque se disminuye el plan de inversiones que teníamos para esa institución.

Considero que un plan de inversiones que todos queremos, a costa de tener a los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay como rehenes para cobrarles lo que sea conveniente en el momento en que se necesite, no representa una política de vivienda; sí puede ser de cualquier otro tipo, de condiciones que se buscan, pero reitero que no es una política de vivienda.

Me animaría a decir -quiero que se tome con todo respeto- que en este momento no hay política de vivienda en el país; sí existe una voluntad de construir, que me parece buena y sana pero no sabemos para qué ni para quién, ni si la gente podrá pagar. Entonces, creo que todas estas cosas tenemos que meditarlas claramente.

Lo que sí es cierto es que en este momento hay deudores del Banco Hipotecario del Uruguay que están sufriendo mucho, porque no pueden pagar su cuota ya que no les alcanzan sus ingresos. Aun aquellos que cuidan sus finanzas, realmente se tienen que privar de muchas cosas en la vida y en el medio familiar para poder cumplir con el Banco Hipotecario del Uruguay, que se ha transformado en un castigo y no en un beneficio. Precisamente, aquella emoción inicial que experimentaba la gente cuando le entregaban la vivienda, ahora resulta una presencia del mal que destruye a la familia.

Considero que es necesario encontrar una solución a este respecto. En el proyecto de ley no proponemos nada; incluso, podríamos decir que es absolutamente licuado. Quien nos escuche hablar de estos problemas -además de algunos señores Senadores con más capacidad que nosotros- se preguntará si lo que está ocurriendo es para esto. Afirmamos que sí, es para esto, porque si lo alcanzamos habremos logrado que todos asumamos una responsabilidad fundamental. Es decir que tan importante es construir viviendas como que éstas son para seres humanos, que sufren, tienen ambiciones, deseos, frustraciones, en fin, los mismos anhelos y esperanzas en la vida que el resto de las personas.

No sé qué más podríamos decir en este análisis general para expresar nuestra convicción sobre este proyecto de ley. En definitiva, creo -como lo decíamos recientemente- que esta iniciativa no introduce ninguna variación esencial, sino que solamente considera al deudor que no ha sido tenido en cuenta, que no ha sido respetado, que ha sido tomado como un número dentro de una institución financiera. Esto ocurre sin recordar que hay una ley que fue la que creó todo este andamiaje, inspirada en una filosofía esencial e invariable en virtud de la cual el individuo tenía que pagar su vivienda con sus ingresos y debía restituir el valor de lo que había recibido, por supuesto que con los intereses normales para poder seguir el ciclo de construcción. Es más; se tenía que prever, como condición esencial, que la cuota nunca superara el ingreso de esa persona. Incluso se ha dicho, por parte de los Legisladores informantes de aquella ley, que si el ingreso no alcanzaba a cubrir la deuda al final del plazo pactado, ésta se cancelaba y tenía que compensarse la falta que hubiera por medio de subsidios o lo que en su momento se determinara.

Reitero que era condición indispensable para la vivienda social que el individuo pagara lo que pudiera de acuerdo con su ingreso familiar y no más de eso, y que devolviera el valor actualizado de la vivienda, mientras que si no le alcanzaba para el pago, se cancelaba la deuda.

Quiero leer algo del entonces Senador Zelmar Michelini, quien era miembro informante de la ley. En la sesión del 4 de diciembre de 1968 él decía: "Lo importante, y quiero que se vea, es cómo funciona la ley.

Las cifras que da el señor Senador Vasconcellos", quien formulaba la pregunta, "son exactas, pero lo que asusta son los saldos deudores", está hablando de que las personas paguen los saldos deudores, "a pesar de que, justamente, es lo que no juega en este asunto.

Primero, con respecto al proceso de reajuste", está hablando de la unidad reajustable, "debo decir que el reajuste de la unidad y de la deuda va siempre detrás de los aumentos de salarios.

Esto es muy importante que se sepa y que se establezca perfectamente.

Quiere decir que si no hubiese un solo peso de aumento de salarios en todo el año en el país no habría absolutamente ningún reajuste de la cuota, porque ésta no se traduce en el aumento de costo de vida, sino que se toma como índice el aumento medio de salarios.

Esto quiere decir que el empleado, el obrero o quien sea, recibe el aumento de salarios y al año recién va a empezar a pagar con la cuota hipotecaria reajustada". Algunos de ustedes recordarán un debate que hubo al respecto no hace mucho tiempo.

A continuación, expresa: "Segundo, ¿qué es lo más importante junto con esto que cité anteriormente?: sea cual fuere el saldo deudor, nunca va a pagar más del 30%". Esto se debe a que el ajuste era distinto en aquella época. Y sigue diciendo:" ¿Quiere decir que podrá deber muchísimo, pero la cuota estará ajustada, no en función del servicio y de la amortización que tenga, sino del 30% de su sueldo, con lo cual basta que cualquier persona se presente, documente debidamente sus ingresos -la prueba corre por cuenta de él- y no pagará más del 30%. Entonces, el saldo no juega. Se le seguirá reajustando, pero nunca pasará del 30%, con este otro aspecto muy importante y que es necesario tenerlo presente. La diferencia no se acumula; es decir, si a mí me correspondiese pagar una cuota de cinco mil pesos de acuerdo a los aumentos de salarios...". Aquí lo interrumpe el entonces Senador Ferreira Aldunate, solicitándole que explique más el tema. Ante esto, el Senador Michelini contesta: "Cuando haya tenido aumentos y su sueldo lo permita, cosa que es importante.

Hay, además, otro hecho que muchas veces se ha consultado.

¿Cuál es la situación del deudor que no puede pagar, por ejemplo, una cuota de cinco mil pesos que sería la que le correspondería de acuerdo a su saldo una vez ajustado?

Como su sueldo no lo permite, paga solamente tres mil porque es el 30% del mismo, previa consulta al artículo 39.

Al cabo de un año o de dos, o bien porque comienza a trabajar un hijo o la señora que antes no lo hacía, o porque él cambia de trabajo y percibe una remuneración muchísimo mayor, se encuentra con que su sueldo se ha duplicado, triplicado o cuadruplicado superando largamente el nivel de la cuota que tenía que pagar antes.

¿Qué sucede con lo que no pagó en aquella oportunidad? ¿Se le cobra ahora por el Banco a esa persona?

La respuesta es categórica: ‘No’.

Una vez decretado el ajuste entre el impuesto, si el préstamo es anterior, o lo que tiene que ver con el valor reajustable, de acuerdo al índice medio de salarios, si es un préstamo concedido una vez promulgada esta ley, aquel saldo que no fue pago porque el 30% del sueldo no lo permitía, nunca más se vuelve a cobrar".

(Suena el timbre indicador de tiempo)

-Esto es lo que expresaba el Miembro Informante de aquella ley. Quiere decir que el ingreso era la base fundamental de la misma. Más adelante manifiesta que los subsidios que vota esta ley podrán cubrir esas diferencias par ano desestabilizar el Fondo Nacional de Vivienda.

SEÑOR PRESIDENTE. - Señor Senador, se ha agotado el tiempo, por lo que le solicitamos que redondee su exposición.

SEÑOR GARAT. - Seguramente, luego de la discusión particular tendremos oportunidad de analizar este tema más a fondo.

En mi opinión, esta ley es conveniente y necesaria porque pone las cosas en su verdadero lugar, corrige una serie de defectos que se han dado a través del tiempo. Por estas razones, creo que tenemos que hacer un esfuerzo -por lo menos, esa será mi voluntad- par que esta iniciativa se apruebe y pueda transformarse en ley.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Señor Presidente: sin duda estamos ante un tema complejo y nada sencillo. Además, tengo la sensación de que tendrá mucho que ve con la credibilidad que el sistema político le brinde a la ciudadanía o la credibilidad que ésta pueda tener en aquél.

Estamos ante un problema sobre el cual todo el sistema político está en deuda con la sociedad, porque desde todas las tiendas políticas el tema de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay fue planteado en la campaña electoral de 1994. Por lo tanto, desde este punto de vista se vuelve imprescindible encontrar un camino que solucione un problema estrictamente social, por cuanto existe una parte de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay que tienen dificultades para resolver la problemática de pago concreto por diversos factores, que intentaremos en algún caso mostrar.

Como se trata de un tema complejo y para nada sencillo, sin ninguna duda -ya nos referimos a ello en otras intervenciones- intentamos que hubiera acuerdo entre todos los partidos políticos. Quiero decir, señor Presidente, que hemos hecho todos los esfuerzos posibles. En el día de hoy llego al Senado de la República satisfecho por el trabajo realizado, por todas las propuestas que hemos analizado para encontrar soluciones comunes y por los diálogos que tuvimos en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial con los Senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado. Lo único que me inquieta, realmente, es que por lo menos hasta las 19 horas de hoy, 9 de abril, todavía no hemos llegado a un acuerdo entre todas las colectividades. Esto no es un tema menor y desde ese punto de vista, si es que existen los plazos correspondientes, ojalá se encuentre una solución que satisfaga al Partido Nacional, al Partido Colorado y al Frente Amplio. A mi juicio, en un tema de esta naturaleza, sería bueno que se diera la mínima confrontación posible. ¿Cuál es el tema, señor Presidente que, a nuestro entender, está sobre la mesa? Es el que tiene que ver con algún tipo de conflicto que se da en muchos ámbitos en este país, en muchos otros y probablemente en la mayoría de las naciones; me refiero a la problemática entre los objetivos sociales y los estrictamente financieros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que sucede es que hay sectores de la sociedad, partidos políticos e ideologías de determinada naturaleza que ponen el énfasis y el predominio en los objetivos de carácter financiero y afectan, por lo tanto, a la problemática social concreta y mucho más a la del mundo subdesarrollado.

Por otro lado, no es mentira que muchas veces uno encuentra sectores de la sociedad que atienden exclusivamente el tema social, olvidándose del financiero.

En consecuencia, hay que encontrar el equilibrio necesario, una compatibilidad a efectos de atender un objetivo social, concreto, que en este momento es el de los deudores del Banco Hipotecario, sin afectar la problemática financiera, que en este caso es la referida al Banco Hipotecario del Uruguay.

El tema no es menor, sino extremadamente difícil, porque el Uruguay no escapa a los fenómenos financieros que están ocurriendo en el mundo. Muchas veces, estamos influidos por determinados procesos financieros.

Hay un fenómeno en el mundo que se denomina globalización financiera; es decir que en ningún país del mundo puede haber un sistema financiero funcionando con una tasa de interés por debajo de las vigentes en el mercado internacional, ya que de hacerlo así, se le escaparían los capitales, se modificarían las políticas cambiarias y se generarían distorsiones en los movimientos de capitales. No hay duda al respecto. Es más; hoy, en el mundo se moviliza un millón de millones de dólares diarios y las transacciones financieras superan los requerimientos de la inversión directa y de los movimientos de bienes y servicios que se dan a nivel mundial.

Desde este punto de vista, no es casualidad que lo financiero pase a tener un poder extraordinariamente importante. Hoy los bancos internacionales tienen más poder que otro tipo de actividades productoras de bienes. Vemos que Japón comienza a tener poder financiero gracias a la presencia de grandes bancos japoneses donde antes, por lo menos en los últimos 30 años, el predominio pertenecía a los bancos norteamericanos. Esto genera poder financiero. El Uruguay también tiene uno extraordinariamente importante y que influye sobre determinadas acciones que se dan en el país. Entonces, si sabemos que hay un fenómeno de globalización financiera; si sabemos que tenemos que atender determinadas limitaciones, no encontrar el camino necesario para lograr determinado equilibrio, afectará enormemente lo social. Como para nosotros lo social es muy importante y como movimiento político nuestra identidad pasa por elementos vinculados a la justicia social, se nos vuelve trascendente encontrar fórmulas que atiendan la problemática social, sin afectar la financiera.

¿Qué ocurrió en el país? En un momento determinado, no el Banco Hipotecario, sino el Banco Central, tomó la decisión de que las tasas de interés por encima de la unidad reajustable -que era del 2% por parte del Banco Hipotecario- pasase a ser del 7%. Esto es lo que yo llamo una visión que da prioridad a lo financiero y se olvida de lo social, haciendo pagar a determinados sectores de la sociedad los costos financieros de una medida de esta naturaleza. En esas condiciones, se generó un brutal desequilibrio en los deudores del Banco Hipotecario, que pasaron a pagar un 7% por encima de la unidad reajustable. Estoy hablando, no de préstamos a 18 meses o a dos años, sino a largo alcance. Los intereses se empezaron a acumular de tal manera que los deudores no estuvieron en condiciones de atender una problemática de ese tipo. Sin embargo, esto no se da sólo en el Banco Hipotecario. Normalmente me llama la atención las declaraciones de algunos miembros del Directorio del Banco de la República. El año pasado, salieron a los medios de comunicación a contarnos, con gran alegría, que se bajaba la tasa de interés de los créditos sociales del 97% al 95%, cuando la inflación estaba por debajo del 30%. Yo me preguntaba cómo podía un integrante del Directorio del Banco de la República anunciar con alegría que se iba a cobrar más del 60% de interés real a los créditos sociales. Este año creo que van a bajar el interés al 85% o al 86%, con una inflación cuya meta se espera se sitúe entre el 14% y el 17%. Lo que no es concebible es una tasa del 86% para los créditos sociales. El pobre ciudadano que saque un crédito social en l Banco de la República con esa tasa de interés se verá con enormes dificultades para atender las cuotas correspondientes, ya que se trata de una tasa de interés loca, absolutamente loca.

Si nos encontramos un mecanismo tendiente a resolver esta problemática, los deudores de esos créditos sociales tendrán costos muy importantes y desequilibrios de todo tipo. Nosotros sostenemos -lo hicimos siempre- la necesidad de atender este problema social de los deudores y de buscar mecanismos, fórmulas que no afecten financieramente al Banco Hipotecario, es decir, compatibilizar las prioridades sociales con los criterios financieros. Digo esto porque muchas veces se nos dijo que nos habíamos olvidado del Banco Hipotecario. Sin embargo, fuimos nosotros quienes el año pasado solicitamos la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas y del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para discutir los temas vinculados a los desequilibrios financieros del Banco Hipotecario y, como prueba de ello, están las versiones taquigráficas correspondientes. También fuimos nosotros quienes, junto a otros miembros de la Comisión, pedimos al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente -que nos costó mucho que viniera- que se estudiara la posibilidad de que los subsidios que recibía su Cartera para hacer viviendas -que son positivos- se pudiesen utilizar para atender la problemática de determinados deudores del Banco Hipotecario. Es decir que siempre estuvimos buscando mecanismos tendientes a compatibilizar lo social con lo financiero.

Cuando vinieron los representantes del Banco Hipotecario les dijimos, de mil maneras, que no queríamos afectar financieramente al Banco Hipotecario, así como tampoco su gestión administrativa. Simplemente, queríamos encontrar una salida que resolviese esta problemática al tiempo que el tema de los deudores, sin afectar repito, la gestión administrativa o financiera de dicha Institución.

Señor Presidente: como Frente Amplio, hace 11 años que presentamos un proyecto de ley de franjas. Hace 11 años que estamos con un proyecto de ley debajo del brazo, llevándolo y trayéndolo para ver en qué momento puede tener cabida en la sociedad uruguaya.

Así, estuvimos dos años en la Comisión tratando de encontrar algún mecanismo tendiente a resolver la problemática de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. En el mes de diciembre del año pasado llegamos a un acuerdo con los representantes del Partido Nacional para presentar y discutir en el Pleno un proyecto de ley relativo a este tema. Sin duda alguna, se trataba de una iniciativa que tenía dificultades; por supuesto que sí. Pero cuando llegamos a este punto estamos tratando de solucionar las dificultades que tenía el proyecto que elaboramos, reitero, en el mes de diciembre porque, obviamente, estamos dispuestos a resolverlas.

En ese entonces, no podíamos atender la problemática financiera del Banco Hipotecario del Uruguay mediante ese proyecto porque no teníamos la información correspondiente. Esta fue solicitada mediante nota por los seis Legisladores de los Partido Colorado, Nacional y Frente Amplio y, entre múltiples preguntas, aparece una relativa al costo financiero de esta iniciativa. Pasaron los meses, esperamos que el Directorio del Banco nos contestara, pero no lo hizo.

Entonces, en el mes de diciembre, tomamos la decisión de generar lo que podríamos denominar -no tengo empacho en decirlo- un hecho político que, de alguna manera, ha tenido efectos en la medida en que en este momento el Banco Hipotecario ha dispuesto la rebaja de la tasa de interés atendiendo a los deudores. Bienvenido sea, pues es positivo que el Banco haya adoptado estas medidas. Nos parece muy bien, pero creemos que son insuficientes, porque se rebaja esa tasa de interés, fundamentalmente, a aquellas categorías que tienen menos dificultades en el pago de las cuotas. Nuestra preocupación, entonces, se centra en atender un determinado tipo de deudores.

Quisiera dejar la siguiente constancia. En el Senado se dijo que el Banco Hipotecario del Uruguay había contestado nuestra nota en el mes de febrero; sin embargo, lo hizo en marzo cuando concurrieron sus autoridades a la Comisión. Difícilmente pudo hacerlo en febrero, cuando en el informe aparecen algunos datos internos de las diversas gerencias correspondientes, todas fechadas en marzo de 1997. En definitiva, el Parlamento recibió la información en marzo de este año.

En la búsqueda de acuerdos y del mejor diálogo posible para encontrar una salida de política de Estado, no tengo otra opción que expresar mi opinión sobre la actitud del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay. En principio, porque este organismo no se dirigió al Parlamento sino que primero informó a los líderes políticos, utilizando esta nueva figura que tenemos en el Uruguay que, de alguna manera, limita la acción del propio Poder Legislativo, ya que lo deja subordinado a estas nuevas acciones políticas que se dan en el país que no están institucionalizadas, pero que la costumbre las va imponiendo.

De ese modo, salieron a los medios de comunicación manifestando que el proyecto de ley -el mismo que nosotros queríamos resolver desde el punto de vista financiero también para el Banco- afectaba a la institución y que, de pronto, tendría que cerrar debido a ello; que afectaba a los ahorristas y a los futuros préstamos, así como al sector de la construcción; que afectaba las posibilidades de empleo y, por extensión, prácticamente repercutía en el Uruguay entero. Sólo faltó que se explicara que la pobreza existente en el Uruguay se debía al proyecto que habíamos elevado al Parlamento junto con el Partido Nacional.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Fernández Faingold)

-Entonces, no nos pareció correcto, porque no había ánimo para eso; porque no había deseos y porque queríamos encontrar una salida. No nos pareció correcto y mucho menos, señor Presidente, cuando se empezó a plantear a los líderes políticos y a los medios de comunicación que el costo de este proyecto de ley era de U$S 5:000.000 mensuales, de acuerdo con la presentación oficial del Banco Hipotecario del Uruguay.

Cuando llegamos a la Comisión, preguntamos de dónde salía esta cifra y resulta que surgía de supuestos que no habían sido estudiados. ¿Por qué? Es claro que el Banco Hipotecario tiene datos de ingresos, puesto que los exige para cada préstamo. Sin embargo, no los utiliza y no los tiene incorporados en un sistema informático, aunque sí en las carpetas. Entonces, muy sueltos de cuerpo, dijeron que suponían que los deudores pagarían, en promedio, el 35% del total de ingresos: ese era el costo. La pregunta que surgió es en qué se basaba ese porcentaje supuesto, a lo que contestaron que era un supuesto que ellos tenían. Preguntamos si había alguna muestra o algún estudio que vinculara ese 35% con la realidad, a lo que respondieron que no. Igualmente, se supuso que todos pagarían el 26%. Pero, ese 26% que todos pagarían en promedio ¿era fruto de un estudio concreto sobre qué estaban pagando los deudores en ese momento? No; establecieron un 26% tal como podía haber sido un 5% o un 98%. En realidad, era un número al azar.

A nuestro entender, el método más natural, al no poder tomar todos los deudores, era el de tomar una muestra por categoría -como figuraba en las carpetas- a lo que nos contestaron que no lo habían hecho. Desde nuestro punto de vista, los U$S 5:000.000 no eran reales. Además, supongamos que si alguien preocupado por los deudores del Banco Hipotecario sale a la calle a hacer una encuesta popular y pregunta a la gente si tiene alguna noticia, probablemente responda que son los U$S 5:000.000, porque esto es lo que se comunicó a todo el mundo.

Inclusive, en un momento determinado el señor Senador Garat preguntó -correctamente y en todo su derecho- al Directorio del Banco Hipotecario si esta iniciativa tendría costo en el caso de que nosotros pusiéramos un límite de 26%. Las autoridades respondieron que no tendría costo, ante lo que salí a defender a la institución porque, a mi entender, no tenían idea de si tenía costo o no porque, en realidad, no se sabía cuánto pagaban los deudores en ese momento. De ser cierto ese 26%, significaría que algunos pagarían un 18% y otros un 34%. Y, además, hay que atender el costo de lo que se va a rebajar de 34% a 26%. Por supuesto, estoy inventando todos estos números, pero lo que quiero destacar es que no había una idea concreta de los datos solicitados.

Desde este punto de vista, entonces, francamente y con dolor, formulo estas apreciaciones porque verdaderamente creo en las instituciones del Estado y quiero defenderlas, pero existen algunas cosas mínimas que éstas deben hacer correctamente.

SEÑOR SANABRIA. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA. - Me quiero referir, puntualmente, al costo del proyecto de ley original. En ese sentido, conviene señalar que los funcionarios del Banco Hipotecario del Uruguay, a través de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, calcularon entre U$S 8:000.000 y U$S 9:000.000 el costo de dicho proyecto. Cuando hablo del proyecto de ley original, me atengo al trabajo de la Comisión, sobre el que, evidentemente, se avanzó en gran forma. Allí se explicaron cuáles serían las consecuencias de una recaudación de U$S 17:000.000, sobre un costo operativo que ronda los U$S 6:000.000 mensuales -debemos asombrarnos todos de que un banco hipotecario, con U$S 70:000.000 de funcionamiento, incluidos los sueldos, tenga una recaudación que es apenas tres veces mayor- y no es necesario analizar profundamente la realidad del Banco Hipotecario del Uruguay, con sus 107.000 promitentes compradores y sus 150.000 ahorristas que están esperando su vivienda. Hay que tener en cuenta que existen 300.000 uruguayos que han depositado su dinero y que los fondos del Banco no son solamente capital de esa institución, sino que también lo son de los uruguayos que depositaron su dinero para ganar intereses, como lo hacen en cualquier banco. Conviene aclarar que ese costo, calculado oficialmente por la filial del Banco Hipotecario del Uruguay de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, era muy superior a lo que el Directorio manifestó en Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL. - Estoy haciendo referencia a las cifras que dio el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay. Es verdad, como dice el señor Senador Sanabria, que en los medios de comunicación aparece la cifra de U$S 9:000.000 mensuales basada en datos primarios de dicha institución que estaban errados.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Recibí a los representantes de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, filial Banco Hipotecario del Uruguay, y ellos no manejaron la información del Directorio, sino sus propios datos y, tal como ha dicho el señor Senador Sanabria, estimaban que el costo del proyecto de ley significaba una pérdida en la recaudación de U$S 9:000.000 por mes. Creo que esto relativiza las informaciones que daba el señor Senador Couriel respecto al aporte técnico que realizó el contador Bueno, Subgerente Financiero del Banco Hipotecario del Uruguay. Esta estimación vino avalada por los cinco Directores, integrantes de dos de los cuatro partidos con representación parlamentaria. Además, si bien hubo una discusión entre contadores -me refiero al señor Senador Couriel y al contador Bueno- de la versión taquigráfica surge que el contador Bueno ratificó los números a partir de algunos supuestos. Naturalmente, nadie sabe con exactitud cómo se comportan los deudores cuando se elabora un proyecto de ley, así como tampoco lo sabe el Frente Amplio, que hace once años que está estudiando su proyecto de ley de franjas y no ha podido informar a la Comisión cuánto le costaría, tanto a ella, al Banco, como al Estado. Quiere decir, entonces, que se tiene que partir necesariamente de supuestos porque ante una ley de refinanciación los deudores pueden comportarse de diversas formas.

Desde nuestro punto de vista, las estimaciones que hizo el contador Bueno fueron ilustrativas y permitieron develar una situación que hasta ese momento no estaba aclarada, pese a que en el Parlamento había un proyecto de ley sobre franjas.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Solicito que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota: )

-22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL. - Las afirmaciones que realicé en la Comisión y en esta sesión no se relativizan absolutamente con nada; nadie las puede relativizar.

En primer lugar, el Banco Hipotecario del Uruguay no tiene idea de cuál es el costo financiero necesario para atender determinados niveles de ingresos. En segundo término, la Asociación de Funcionarios del Banco Hipotecario del Uruguay, en reuniones con el Frente Amplio, nunca manejó ninguna cifra. En tercer término, dicha Asociación cuando vino a la Comisión, tampoco lo hizo. Lo que en concreto apareció en los medios de comunicación fueron noticias de prensa. Desde este punto de vista, tiene razón el señor Senador Hierro López cuando dice que después de once años todavía no tenemos los costos financieros. Permanentemente hemos pedido participar más en el país y que se cumpla "El Uruguay entre todos" que nos contaron en noviembre de 1994 en oportunidad de las elecciones. Además, queríamos integrar los Directorios de los Entes Autónomos; y si hubiéramos podido tener un representante en el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay -allí es donde está la información; yo no la poseo- no tengan duda los señores Senadores de que el Frente Amplio habría dado correctamente los elementos básicos para que este costo financiero se conociera.

Paso ahora a explicar, señor Presidente, lo que es el proyecto en sí mismo. Independientemente de estas escaramuzas, seguimos buscando por todos los mecanismos un acuerdo de todos los partidos para sancionar esta ley. Entendemos que algunas medidas que está tomando el Banco Hipotecario del Uruguay son el fruto y la consecuencia de esta discusión; algunas son positivas, y las saludamos sin ningún inconveniente, pero pensamos que aún son insuficientes. En lo que me es personal, seguiré haciendo, en todo el tiempo que tenga disponible, los máximos esfuerzos para tratar de encontrar salidas que a todos puedan conformar.

¿Cuáles son en esencia los objetivos de este proyecto de ley? Primero, atender a los deudores que tienen problemas, que no son responsables de que en un momento determinado la tasa de interés fijada para los créditos del Banco Hipotecario del Uruguay pasara del 2% al 7% por encima de la unidad reajustable; simplemente se resolvió que quienes pagaran el costo del problema financiero que tenía el Banco Hipotecario del Uruguay fueran en exclusividad sus deudores. En segundo lugar, entendemos que el Banco Hipotecario del Uruguay es una institución del Estado cuyo objetivo no es maximizar los beneficios ni la rentabilidad, lo cual no quiere decir, de ninguna manera, que el Banco Hipotecario del Uruguay no tenga que atender sus equilibrios financieros; sí los debe atender. En este mundo de competencia en el sistema financiero para que las instituciones estatales puedan cumplir con determinados objetivos sociales, es probable que haya que otorgarles los recursos correspondientes porque de lo contrario, no van a estar en condiciones de lograr ese fin. Si queremos que el Banco Hipotecario del Uruguay funcione como el Citibank, esa es una tesis. Pero nosotros queremos que el Banco Hipotecario del Uruguay funcione con equilibrio financiero, pero que pueda atender la problemática social, y si para ello lo tengo que ayudar, que lo haga la sociedad. Ese es el criterio que nosotros sustentamos. Desde ese punto de vista, el Banco Hipotecario del Uruguay puede obtener determinadas ayudas que planteamos en este proyecto de ley. En definitiva, queremos resolver la problemática de los deudores y les damos una cierta prioridad -no hay duda de ello- a aquellos que tienen menores niveles de ingreso. Precisamente por eso planteamos una ley de franjas, que limitamos a las Categorías I y II y que, en busca de acuerdos, las modificamos achicándolas.

Concretamente, pusimos una franja de más de 90 UR de ingresos, con un tope del 26%; otra que va de 60 a 90 UR, con un tope del 24% -si bien solicitábamos una tasa menos accedimos a esta, una tercera, de entre 30 y 60 UR -para la que nosotros proponíamos una tasa mayor- con un tope del 20% y, finalmente, una de menos de 30 UR, para la que fijamos un máximo del 14%. Quiere decir que hicimos modificaciones para llegar a acuerdos, para encontrar salidas, para que esto nos conformara a todos.

Por otro lado, con respecto al proyecto original, en el artículo 1º -que lo vamos a presentar en el momento en que se ingrese a la discusión particular- buscamos mecanismos para atender al Banco Hipotecario en su gestión financiera y administrativa.

En primer lugar, señor Presidente, le damos a esta institución toda la posibilidad de la reglamentación de este artículo, en su implementación y ejecución. Lo que pretendemos es que tenga una activísima participación, para que no quede afectado.

En segundo término, el Banco Hipotecario podrá coordinar con otros organismos del Estado, como por ejemplo el Banco de Previsión Social -con su historia laboral- y la Dirección General Impositiva- estamos en un país donde hay informática y donde se ha avanzado enormemente- para controlar, de la mejor manera posible, las declaraciones de ingresos de los deudores.

Asimismo, damos al Banco Hipotecario la chance de reglamentar sanciones para quienes formulen falsas declaraciones, e incluimos una frase que plantea que, a los efectos de las declaraciones de ingresos, el punto de partida es la original, o sea, la que se hizo cuando se solicitó el préstamo, o la última efectiva realizada.

En esencia, queremos defender al Banco Hipotecario y a los deudores que tienen problemas. De esta manera, si alguien declaró el año pasado que ganaba $ 10.000 para obtener determinado préstamo y ahora para refinanciar dice que gana $ 500, va a ser difícil que lo pueda justificar. Reitero, entonces, que el punto de partida para el Banco Hipotecario es la declaración de ingresos efectivizada en el momento del préstamo.

Es verdad que el Banco Hipotecario no pudo proporcionar la información básica para saber el costo de este proyecto. ¡Ojalá que en el tiempo que esta iniciativa esté en el ámbito parlamentario pueda dar cifras reales!; si así fuera, no tendría inconveniente en modificar el artículo que sea necesario para atender los requerimientos de dicha institución. Sin embargo, mientras tanto, estamos planteando dos tipos de medidas de carácter financiero. La primera de ellas apunta a lo siguiente. Como el Banco Hipotecario es una institución estatal y tiene que cumplir determinados objetivos sociales, lo queremos exonerar de un impuesto concreto, que es el impuesto al patrimonio. De acuerdo con informaciones de carácter extraoficial que tenemos, este tributo alcanzó a U$S 13:000.000 en 1995. Sin duda esta no es una cifra menor para el Banco.

No es mentira que la exoneración de impuestos requiera iniciativa del Poder Ejecutivo, pero también esperamos que mientras se siga discutiendo esta ley en el ámbito parlamentario -en la Cámara de Senadores o en la de Representantes- podamos contar con esa iniciativa para efectivizar una medida de esta naturaleza. Debemos tener en cuenta que el Banco Hipotecario no es ANCAP o ANTEL; tiene que cumplir un fin social y, a cambio de ello, le tengo que dar algo. Si le quiero cobrar el impuesto al patrimonio a ANCAP, está bien; sin embargo, al Banco Hipotecario le tengo que encontrar una salida, que perfectamente puede ser la exoneración de dicho impuesto.

Por otro lado, señor Presidente, de las conversaciones amables y con el mejor sentido que mantuvimos con el Partido Nacional y con el Partido Colorado fueron surgiendo otras ideas, algunas no a propuesta nuestra. Por ejemplo, una idea que explicitamos en el proyecto de ley surge del hecho de que los subsidios que antes recibía el Banco Hipotecario, hoy los recibe el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para atender a aquellos núcleos familiares que tienen ingresos inferiores a las 60 UR; como a nivel del Banco existen deudores cuyos ingresos son menores de 60 UR, y también de 30 UR, buscamos un camino tendiente a que el costo financiero de la aplicación de este artículo a aquellos deudores cuyos ingresos sean inferiores a las 30 UR, fuese cubierto con los subsidios que recibe el citado Ministerio.

Desde este punto de vista, mi sensación -aclaro que no tengo las cifras oficiales- es que con estos dos elementos cubrimos sobradamente los requerimientos del Banco Hipotecario. Ello no me molesta porque, de pronto, si le damos más de lo que requieren estos artículos que estamos presentando, podrá atender mejor la problemática social.

Por otra parte, en la búsqueda de estos acuerdos y, a nuestro entender, mejorando el proyecto de ley original, explicitamos que podrán ampararse aquellos deudores de categoría I y II que se presenten -no todos- y así lo soliciten. Lo que estamos atendiendo aquí son las Categorías I y II.

Por eso, cuando el Banco Hipotecario sale a decir que está rebajando la tasa de interés, ¡bienvenido sea!, porque está mejorando sustantivamente las Categorías III y IV. Hemos llegado a la conclusión de que así estaremos en el estilo de lo que era la Ley de 1968 -en este punto no puedo olvidar que el arquitecto Juan Pablo Terra fue una figura relevante de aquel proyecto de ley- en la que el elemento central era atender cuotas vinculadas a los niveles de ingresos de los que se presentaban a solicitar el préstamo correspondiente, cumpliendo así con el objetivo social.

También hemos mejorado esta iniciativa diciendo que el punto de partida es la declaración de ingresos que se hizo cuando se efectivizó el préstamo, o la última existente para recibirlo.

Asimismo, hemos hecho otro aporte al darle al Banco Hipotecario la chance de que reglamente, para que participe activamente y no se vea afectado en sus gestiones administrativas y financieras.

Estamos encontrando salidas para que el Directorio del Banco Hipotecario no salga a decir a los medios de comunicación que el proyecto de ley afecta al Banco, a los ahorristas, a los préstamos futuros, al sector de la construcción y al empleo.

Hay otros artículos a los que ya hicieron referencia los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, referidos a la extensión del plazo para determinados deudores morosos.

También modificamos un artículo que nos pareció que tenía limitaciones y dificultades en el proyecto original, ya que en él se establecía la idea de topear las tasas de interés por ley.

Lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo para que en el futuro no se puedan establecer topes por ley en las tasas de interés. Si estamos en una situación de globalización financiera y ocurren fenómenos internacionales -que ojalá no sucedan nunca más- como los que se dieron en 1979 y 1980, donde la tasa de interés en el mercado financiero internacional subió al 20%, cabría preguntarse cuánto tendría que pagar el Banco Hipotecario para recibir depósitos y cómo haría para poder prestar. En ese caso, tendría que ser atendido.

Desde este punto de vista, eliminamos para el futuro todos los elementos vinculados a fijar topes de la tasa de interés a través de la ley.

Mientras que a los deudores de Categorías I y II los atendimos estrictamente sobre la base de fijarles porcentajes de cuotas sobre los niveles de ingreso, en este nuevo artículo contemplamos a la Categoría III -que a veces no tiene mucha diferencia con la II- para aquellos deudores cuyas cuotas superen el 26%. Quiere decir que le damos la posibilidad de establecer como tope de las cuotas el 26% de sus ingresos, extendiendo los plazos porque, por supuesto, deben pagar el total de su crédito.

Por otra parte, otorgamos la alternativa de una rebaja de la tasa de interés. Como sentíamos que en la ley no era posible fijarla, establecimos explícitamente una rebaja de interés que los deudores deberán negociar en el ámbito administrativo del Banco Hipotecario, y que en ningún caso puede ser inferior a la tasa máxima fijada para la Categoría II más un 20%. Indudablemente, es muy difícil establecer topes en las tasas de interés a través de una ley; por tal motivo, lo transformamos en una tarea de carácter administrativo.

Insisto: damos la opción de una rebaja de la tasa de interés, pero no directamente a través de una norma legal, sino por vía administrativa. A nuestro juicio, esto mejora sustantivamente el proyecto.

A su vez, en otros artículos se han contemplado casos excepcionales, tales como problemas de divorcio, fallecimiento, pérdida del empleo, etcétera, a fin de que el Banco los pueda atender.

Quiero recordar que existían inconvenientes de carácter notarial -por ejemplo con las escrituras- que a veces no eran responsabilidad del Banco. En ese sentido, el Partido Colorado presentó un artículo aditivo que incluimos en el proyecto de ley, porque nos pareció correcto no cargar a esta institución cuando el problema no se genera allí.

Por último, señor Presidente, debo decir que la tarea no fue sencilla pero, a la luz de la necesidad de acuerdos políticos, también aceptamos mecanismos de retasación -que de alguna manera el banco ya está realizando- a fin de atender a buenos pagadores que han abonado más del 50% de las cuotas correspondientes. No era fácil para el Frente Amplio pero, reitero, cuando se está negociando políticamente es necesario encontrar fórmulas de acuerdo. Desde ese punto de vista, aceptamos también este artículo.

En esencia, señor Presidente, a nuestro juicio las dificultades son menores. ¡Ojalá podamos encontrar una fórmula que atienda a los deudores del Banco Hipotecario, en especial en los casos de las Categorías I y II!

De ninguna manera pretendemos que el Banco vea afectada su autonomía, su gestión administrativa y su situación financiera; lo que queremos es que mantenga los equilibrios financieros correspondientes.

Por lo expuesto, señor Presidente, estamos dispuestos a votar este proyecto de ley en la noche de hoy en caso de que se llegue a su votación en general.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - El señor Senador Couriel asignó a una versión de prensa el hecho de que los delegados del Banco Hipotecario en AEBU manejaran la cifra de U$S 9:000.000. Al respecto, debo precisar que en una entrevista que, junto con el señor Senador Ricaldoni, mantuvimos con los señores Dagoberto Anglet, Mariela Fodde y Luis Guartechea -los menciono para que no quede ninguna duda sobre la información que voy a dar- se nos ratificó esa suma de U$S 9:000.000. Aunque luego, en la reunión con el Frente Amplio o en la Comisión no se haya manejado ese dato, naturalmente no tengo por qué desmentirlo. Insisto: en la reunión que los señores delegados de la Comisión Representativa del Banco Hipotecario en AEBU mantuvieron con el señor Senador Ricaldoni y con quien habla, manejaron la cifra de U$S 9:000.000.

Por otro lado -y adelanto que no deseo abrir una discusión más global con el señor Senador Couriel respecto a las exclusiones o inclusiones- debo manifestar que cuando hice referencia a que hacía once años que el Frente Amplio manejaba el proyecto y aún no había podido cuantificarlo, estaba tratando de graficar que existen dificultades para hacerlo; no se trataba de una acusación a esa fuerza política, ni de una referencia a la exclusión. Digo esto en el mejor de los tonos, porque muchas veces cometemos el error de derivar hacia discusiones políticas cuando tratamos temas técnicos, cuyo debate debe ser más preciso, que es el espíritu con el cual acudimos a esta reunión.

Deseo recordar que durante el primer Gobierno del doctor Sanguinetti, el Frente Amplio participó en los Directorios de los Entes Autónomos, en lo que sin duda significó una experiencia muy importante. Quizás, de ella se hayan extraído conclusiones que llevaron a que ahora el gobierno entendiera que no era oportuno que participara. Lógicamente, no vamos a ingresar ahora a analizar dicha experiencia, pero es obvio que no fueron excluidos. A los efectos concretos, debo decir que el Frente Amplio no requiere de un Director en el Banco Hipotecario para recabar información, ya que puede hacerlo en el Parlamento y en los sindicatos, por lo que el proyecto pudo haber sido cuantificado por los autores. A nuestro juicio, esta iniciativa genera gastos que, necesariamente, deben ser financiados en la forma que corresponde.

Repito que no deseo discutir ahora sobre la inclusión o exclusión del Frente Amplio en "El Uruguay entre todos". Me parece que sería un debate interminable e inconducente y, como bien ha dicho el señor Senador Couriel, no estamos lejos de la solución. Todos hemos hecho aportes, se vislumbra la posibilidad de un acuerdo, en esa medida, considero que no sería conveniente reiterar una discusión política que necesariamente enfrenta y divide a las Bancadas.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Sin ningún ánimo de polémica, debo decir que lo que afirma el señor Senador Hierro López ratifica plenamente lo que manifestamos. En las conversaciones que mantuvimos con los delegados del sindicato bancario nunca se manejó la cifra de U$S 9:000.000, como tampoco ocurrió cuando fueron recibidos por la Comisión de vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado. El señor Senador Hierro López expresa que se lo dijeron a él, lo que no puedo discutir, y que apareció en la prensa, que también es cierto.

En segundo lugar, señor Presidente, es cierto que participamos en los Directorios de los Entes Autónomos durante el primer período de Gobierno, cuando ocurrió la apertura democrática. Lo hicimos con gran felicidad y con gran esfuerzo, y creo que fue extremadamente positivo para el país. Pero no tuvimos Directores en el Banco Hipotecario del Uruguay.

Tal vez con un poco de preocupación, quiero decir que cada vez que vinieron los representantes del Banco Hipotecario del Uruguay les expresamos, una vez, que no queríamos afectarlo financieramente; otra, que no deseábamos afectarlo administrativamente; asimismo, les manifestamos que teníamos confianza en una institución estatal y que queríamos defenderla. Estábamos solicitando una información y les dijimos el método que podían usar.

Quizá alguna vez, señor Presidente, algún integrante del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay -si no tenemos ningún Director en dicha institución- podría tener el gesto de pensar que el señor Senador Couriel está haciendo un gran esfuerzo por encontrar un acuerdo y una salida que defienda a ese Banco.

Llamemos algún día al Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay y hablemos leal y francamente. Nunca se hizo, y creo que no sería malo que empezáramos a tener un diálogo de esta naturaleza. En el mes de enero, en la Comisión Permanente, solicité que viniesen el señor Ministro de Industria, Energía y Minería y el Directorio de UTE por el tema de los retiros incentivados, y no lo conseguí. Sin embargo, este Directorio -aclaro que no tenemos Director en esa institución- podría haber dicho: ¿Qué le pasa a este señor Senador? Llamémoslo y conversemos amablemente con él. Si mal no recuerdo, el costo fue de U$S 44:000.000. Fíjese, señor Presidente, que con el costo de los retiros incentivados que hizo UTE tendríamos treinta institutos "Clemente Estable". No me quejo del costo, sino de la forma en que se llevó a cabo, sin limitación de ninguna naturaleza.

Desde ese punto de vista, no tuvimos la información. El señor Presidente en ejercicio en este momento de la Cámara de Senadores recordará el enorme esfuerzo que tuvimos que hacer para cuantificar una propuesta sobre la reforma de la Seguridad Social, porque dependíamos de los datos del Banco de Previsión Social. Si éste no atendía nuestros requerimientos y no nos informaba acerca del modelo de funcionamiento que empleaba, no podíamos cuantificarlo. Además, sin duda llegamos tarde. Es verdad que la propuesta no llegó en el tiempo correspondiente.

Ojalá en el Uruguay, en este momento en que un partido tiene el 32% de los votos, otro el 31% y otro también el 31%, a este tercer partido se le den las chances y las posibilidades de acceder a datos que normalmente no se le proporcionan. La información es absolutamente clave como elemento de poder en esta sociedad como en cualquier otra.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para contestar una alusión política.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: el señor Senador Couriel ha dicho que como no están presentes en el Banco Hipotecario del Uruguay y en otras instituciones, no han podido acceder a la información. Creo que en el juego de la vida institucional y política las normas están dadas por los mecanismos democrático-republicanos que hemos elegido, que nos hemos dado. Por cierto, si algo ocurre en este Parlamento es que en este período, en el anterior y siempre, permanentemente, se está pidiendo información y requiriendo la presencia de los Ministros, de los Directores de los Entes Autónomos, es decir, de todas las posibles fuentes de información.

Creo que eso se ha hecho con regularidad, y no me parece que sea un argumento de recibo como para expresar que estamos frente a situaciones en las que a alguien se le niega información. En cierta medida, esto sí ha ocurrido en otros lugares. Durante un año desapareció un expediente municipal proveniente del Tribunal de Cuentas -que un funcionario había retenido- en el que se establecía cuál era el déficit de la Intendencia Municipal de Montevideo. Los miembros de la Junta Departamental no pudieron conocerlo.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Todavía no lo sabemos, señor Presidente.

SEÑOR BATLLE. - Quiere decir que en esta materia la experiencia que tenemos es que si algo ha hecho el Parlamento en este período de Gobierno colorado y en el anterior de Gobierno blanco, ha sido requerir la presencia de distintas autoridades todas las semanas en las Comisiones, solicitándoles datos. Eso no me parece mal, pero creo que no hay ninguna intención de negar información.

Cuando en la Comisión Permanente, en su momento, votamos en contra de la solicitud del señor Senador, no fue para negar información, sino porque nos pareció que el tema no debía ser discutido en ese ámbito. En otras oportunidades, al plantearse otros casos, realizamos sesiones importantes, extensas, en las que tratamos algunos asuntos con la presencia de Ministros y durante todo el tiempo que fue necesario.

Por lo tanto, por nuestra parte al menos, no existió ninguna intención de negar información a nadie, jamás. Por el contrario, creo que la buena información hace a la mejor relación entre los Poderes y nos habilita a resolver los temas en mejores condiciones, con más acierto y conocimiento. Para ello no se precisa estar sentados en todos los cargos de todos los Entes Autónomos; en todo caso, es necesaria la buena voluntad de quienes tienen conocimiento de la información.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: en primer lugar, quiero confirmar que no existe la menor duda de que pedimos información. El tema es que normalmente no se da. En muchos casos, los pedidos de informe -aun cuando son ratificados por el Senado- no son contestados. Desde luego, la Constitución dice: "en el plazo que fijará la ley" y todos sabemos que ésta no lo ha fijado. Sin embargo, reitero que no se da información. Se podría hacer una lista interminable de casos en que ello ha ocurrido.

En segundo término -y aquí sí contestando una alusión política- quiero decir que cada tanto se trae el tema de que no se da información en la Intendencia Municipal de Montevideo; seguramente era a la de Montevideo a la que se refería el señor Senador Batlle. Ahora han armado una pequeña alharaca, una discusión, un lío sobre una licitación. El expediente correspondiente se encuentra a disposición de todos los ciudadanos; se halla en todos los Centros Comunales, a diferencia de una licitación que se hizo en el Banco de Seguros del Estado hace un tiempo, no en esta Administración, no durante el ejercicio de un excelente Presidente como el doctor Cassina. La licitación no sólo se hizo mal, sino que también motivó procesamientos -me refiero al marcado de vehículos- contra la opinión de los partidos que se negaron a hacer la denuncia que realizamos cuatro señores Senadores. El expediente de esa licitación desapareció y un Director del Banco de Seguros del Estado nos dio la información. Dijo que lo habían robado. No hubo sumarios ni investigación. Reitero que manifestó que lo habían robado y nadie sabe quién lo hizo.

Esa es una gran diferencia en materia de información. En ese caso, dieron la información de que el expediente había sido robado, y no se había investigado dónde estaba. Recuerdo que la Justicia dijo que la licitación estaba mal hecha.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Señor Presidente: estoy anotado para hacer uso de la palabra y deseo manifestar al Cuerpo que pretendo utilizar la hora de que dispongo. Voy a hacer referencia a algunas cosas que se señalaron en Sala y con las cuales no estamos de acuerdo. Eso podría generar alguna discusión y, por lo tanto, sugiero que se me dé la posibilidad de quedar inscrito para la próxima sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si los señores Senadores no tienen inconveniente, así se procederá.

8) ACUERDO DE SEDE ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL MERCOSUR

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: como faltan únicamente seis minutos para que termine la sesión, propongo que se trate el punto que figura en cuarto término del orden del día, con un informe de un minuto y una votación de cuatro minutos.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor Senador está solicitando el tratamiento con carácter de urgente del cuarto punto del orden del día. En su momento, consultamos con el Coordinador de la Bancada del Frente Amplio que había hecho el planteamiento, quien en función del escaso tiempo que quedaba, nos informó que se presentaría el tema en la próxima sesión.

SEÑOR GARGANO. - Formulo moción de orden en el sentido de que se declare urgente la consideración de ese tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se trata de una moción de orden que no tiene discusión y debe ser presentada por escrito. Acaba de llegar a la Mesa; por lo tanto, se votaría la urgencia si es lo que en ella se plantea.

Deseo aclarar a los señores Senadores que no he querido entorpecer el trámite del tema.

Léase la moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee: )

"Mocionamos para que el 4º punto del orden del día se considere en los 15 minutos finales de la sesión del día de hoy, en razón de la urgencia a favor de su ratificación, de que el tema que nos ocupa no será agotado en la sesión del día y que las cláusulas de ese Convenio ya están siendo implementadas. Firman los señores Senadores Cid, Dalmás, Arismendi, Gargano y Korzeniak."

-Se va a votar la moción presentada.

(Se vota: )

-20 en 21. Afirmativa.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - No he votado la moción de urgencia, aunque voy a votar favorablemente el proyecto, porque quería hacer algunas precisiones que, evidentemente, en los cuatro minutos que restan no podría realizar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Sede entre la República y el Mercado Común del Sur para el funcionamiento de la Secretaría Administrativa. (Carp. Nº 649/97 - Rep. Nº 368/97)".

(Antecedentes: )

"Carp. Nº 649/97
Rep. Nº 368/97

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Defensa
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 21 de febrero de 1997.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a la consideración de la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el "Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) Para el Funcionamiento de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR".

El Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR, "Protocolo de Ouro Preto", de 17 de diciembre de 1994, en su artículo 1º, Numeral VI, crea la Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM).

Por su parte, los artículos 31 al 33 regulan lo atinente a dicho órgano, estableciéndose que "tendrá sede permanente en la ciudad de Montevideo".

Como consecuencia de lo expuesto, se hace necesario convenir al respectivo Acuerdo de Sede, entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) a efectos de facilitar el funcionamiento de la mencionada Secretaría Administrativa, delimitando el estatuto de ésta en el Estado donde se radica y fijando las prerrogativas que se le conceden a ella y a sus funcionarios.

En tal sentido, el Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, de conformidad con lo establecido en los artículos 8º y 36 del mencionado Protocolo de Ouro Preto, por Decisión Nº 4/96 aprobó el texto del respectivo "Acuerdo de Sede".

En última instancia, dicho acuerdo fue suscripto por ambas partes, en la ciudad de Fortaleza, el día 17 de diciembre de 1996.

El análisis del instrumento de que se trata, amerita las siguientes consideraciones:

1º) En el Capítulo I, "Ambito de Aplicación" se determina que al Acuerdo rige, en el territorio de la República Oriental del Uruguay, lo referente a la sede y las actividades de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR para el cumplimiento de las funciones que le atribuye el Protocolo de Ouro Preto (artículo 1º).

2º) En el Capítulo II, "Definiciones" se establecen los conceptos genéricos de las expresiones a que se refiere el Acuerdo, tales como, "las Partes", "República", "Gobierno", "Secretaría", "bienes", "territorio de la República", "sede", "archivos de la Secretaría" y "funcionarios de la Secretaría" (artículo 3º).

3º) En el Capítulo III, "La Secretaría", se prevé:

Capacidad. La Secretaría gozará, en el territorio de la República, de la capacidad jurídica de derecho interno para el ejercicio de sus funciones (artículo 3º).

La asignación de tal capacidad jurídica en lo interno de nuestro Estado, es el lógico corolario de la personalidad jurídica de Derecho Internacional de que goza el Organismo Internacional MERCOSUR (artículo 34 del Protocolo de Ouro Preto), y que permite al órgano de que se trata, desempeñar directamente sus cometidos y funciones como sujeto de derecho en la República.

La norma en análisis, expresa asimismo que en ejercicio de los derechos atribuidos por ella, la Secretaría no podrá ser sometida a fiscalizaciones, reglamentos u otras medidas restrictivas por Parte del Gobierno, sin perjuicio de la atención y cooperación que pueda prestar la Secretaría a toda petición que al respecto le formule el Gobierno.

Inmunidad de jurisdicción y renuncia a la misma. El MERCOSUR gozará de inmunidad de jurisdicción en todo lo que sea pertinente al funcionamiento de la Secretaría, la que puede ser renunciada por aquél para cada caso específico (artículos 4º y 5º).

Inviolabilidad. La Sede de la Secretaría y sus archivos son inviolables. Los bienes de la Secretaría, estarán exentos de registro, confiscación, expropiación y toda otra forma de intervención (artículo 6º).

Exenciones tributarias. La Secretaría y sus bienes estarán exentos, en el territorio de la República, de determinados tributos, no estándolo de las tasas, tarifas o precios que constituyan una remuneración por servicios de utilidad pública efectivamente prestados (artículo 7º).

Facilidades en materia de comunicaciones. La Secretaría para sus comunicaciones oficiales gozará de facilidades no menos favorables que las otorgadas por la República a las misiones diplomáticas permanentes, no siendo objeto de censura la correspondencia u otras comunicaciones oficiales de la Secretaría.

También se concede a la correspondencia por correos o valijas de la Secretaría el mismo estatuto de prerrogativas que el concebido a los correos y valijas diplomáticas.

Las partes pueden acordar medidas apropiadas en materia de seguridad (artículo 8º).

En síntesis, las prerrogativas acordadas en este Capítulo son las habitualmente concedidas en estos casos, y buscan sustraer, en principio, a determinados bienes del Organismo de la autoridad y competencia del Estado sede, de forma de asegurar la normal utilización de los bienes que alcanza y el efectivo cumplimiento de las funciones que se deben desarrollar.

4º) En el Capítulo IV, "Los funcionarios y empleados de la Secretaría", se determina:

Prerrogativas del Director y de los demás funcionarios de alto rango. Todos dichos funcionarios y sus familias gozarán de las mismas prerrogativas otorgadas a los funcionarios de categoría equivalente de las Representaciones Permanentes ante los Organismos Internacionales con sede en la República (artículo 9º).

Prerrogativas de los demás funcionarios. Se determinan las prerrogativas de los demás funcionarios no comprendidos en la situación anterior (artículo 10).

Las prerrogativas otorgadas en estas dos normas, buscan también salvaguardar el eficaz cumplimiento de las funciones de las personas a las que comprenden.

Sin perjuicio de ello, de conformidad con el Acuerdo y las normas de Derecho Internacional general en vigencia, el Organismo en determinados casos puede decidir que sus funcionarios sean sometidos a la jurisdicción del Estado sede y éste a su vez también puede exigir al Organismo el respeto de su ordenamiento jurídico y la corrección de las situaciones ilegítimas y en su defecto llegar a declarar persona no grata o no aceptable a los eventuales infractores.

Funcionarios nacionales o residentes permanentes del Estado Sede. El Gobierno no está obligado a conceder al Director y a los demás funcionarios de alto rango que sean nacionales o residentes permanentes del Estado sede, las prerrogativas concedidas a los mismos, salvo en los casos expresamente establecidos en el instrumento, que tienden a salvaguardar el cumplimiento efectivo y eficaz de sus funciones (artículo 11).

Renuncia a la inmunidad. El MERCOSUR podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción de los funcionarios de la Secretaría, en virtud de que las prerrogativas que se establecen se conceden con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los cometidos de la Secretaría y las funciones de su personal, y no en beneficio o interés de las personas. (artículo 12).

Las prerrogativas se conceden a los funcionarios de los Organismos internacionales a efectos del libre ejercicio de sus funciones, y por ende el propio Organismo siempre tiene la facultad de renunciar a ellas si lo considera oportuno y conveniente, en los casos en que sus funcionarios incurran en violación del Acuerdo o del ordenamiento jurídico del Estado sede.

5º) En el Capítulo V, "Disposiciones generales", se prevé:

Solución de controversias. Las divergencias relativas a la interpretación o aplicación del instrumento se resolverán mediante acuerdo entre las Partes (artículo 13).

Vigencia. Luego de suscrito por ambas Partes, el Acuerdo entrará en vigor a los quince días de la comunicación que deberá efectuar la República a la otra Parte, notificando que se cumplieron los requisitos constitucionales pertinentes y regirá indefinidamente en tanto la Secretaría tenga su sede en la República.

En conclusión. el Acuerdo define concretamente el estatuto de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, delimitando los poderes del Estado uruguayo y del Organismo Internacional de que se trata, fijando las reglas concernientes a la sede de aquélla propiamente dicha, así como las prerrogativas de la Organización misma y de las diferentes categorías de funcionarios que prestan servicios en ella.

Dicho instrumento, resulta entonces esencial para el funcionamiento de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, con sede en nuestro país, y por ende para el funcionamiento del Organismo Internacional del que forma parte.

A efectos de lograr la entrada en vigor de dicho Acuerdo, el Poder Ejecutivo entiende de importancia su pronta ratificación, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Carlos Pérez del Castillo, Samuel Lichtensztejn, Ana Lía Piñeyrúa, Raúl Iturria, Washington Bado, Luis A. Mosca.

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Defensa
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 21 de febrero de 1997.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) Para el Funcionamiento de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, suscripto en la ciudad de Fortaleza, República Federativa del Brasil, el día 17 de diciembre de 1996.

Carlos Pérez del Castillo, Samuel Lichtensztjn, Ana Lía Piñeyrúa, Raúl Iturria, Washington Bado, Luis A. Mosca.

ACUERDO DE SEDE
ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY Y EL MERCADO COMUN DEL SUR
(MERCOSUR) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL
MERCOSUR

La República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR);

Teniendo presente:

Que el Tratado de Asunción estableció las bases para la constitución del Mercado Común del Sur;

Que el Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR (Protocolo de Ouro Preto) estableció, en el artículo 1º, numeral VI, que la Secretaría Administrativa del MERCOSUR constituye uno de los órganos del MERCOSUR;

Que el artículo 31 del citado Protocolo atribuyó a la Secretaría la responsabilidad de la prestación de apoyo operativo y servicios a los demás órganos del MERCOSUR; que este mismo artículo establece la ciudad de Montevideo como sede de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR;

Que es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Protocolo de Ouro Preto y concertar un Acuerdo de Sede con el objeto de establecer las modalidades de la cooperación entre las Partes y determinar las condiciones y prerrogativas que facilitarán el desempeño de las funciones de la Secretaría Administrativa y de sus funcionarios;

Que la inviolabilidad, las inmunidades, las exenciones y las facilidades previstas no se concedan en beneficio o interés de las personas, sino con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los cometidos de la Secretaría y las funciones de su personal,

ACUERDAN

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º. - El gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) deciden que la sede y las actividades de la Secretaría Administrativa del Mercosur para el cumplimiento de las funciones que le atribuye el Protocolo de Ouro Preto se regirán, en el territorio de la República Oriental del Uruguay, por las disposiciones del presente Acuerdo.

CAPITULO II

DEFINICIONES

Artículo 2º. - A los efectos del presente Acuerdo,

a) La expresión "las Partes" significa las Partes del presente Acuerdo.

b) La expresión "República" significa República Oriental del Uruguay.

c) La expresión "Secretaría" significa Secretaría Administrativa del MERCOSUR.

d) La expresión "Secretaría" significa Secretaría Administrativa del MERCOSUR.

e) La expresión "bienes" comprende los inmuebles, muebles, derechos, fondos en cualquier moneda, metales preciosos, haberes, ingresos, publicaciones y, en general, todo lo que constituya el patrimonio de la Secretaría.

f) La expresión "territorio de la República" significa el territorio de la República Oriental del Uruguay.

g) La expresión "sede" significa los locales donde la Secretaría desempeña sus funciones. Los locales comprenden aquellos en los que la Secretaría desempeña efectivamente su actividad, así como los asignados a tales efectos.

h) La expresión "archivos de la Secretaría" comprende la correspondencia, manuscritos, fotografías, grabaciones y, en general, todos los documentos y datos almacenados por otros medios, incluidos los electrónicos, que estén en poder de la Secretaría, sean o no de su propiedad.

i) La expresión "funcionarios de la Secretaría" comprende los miembros de su personal, incluyendo el administrativo y el técnico.

CAPITULO III

LA SECRETARIA

Artículo 3º. Capacidad

La Secretaría gozará, en el territorio de la República, de la capacidad jurídica de derecho interno para el ejercicio de sus funciones.

A dichos efectos, podrá:

a) Tener en su poder, fondos en cualquier moneda, metales preciosos, etc., en instituciones bancarias o similares y mantener cuentas de cualquier naturaleza y en cualquier moneda:

b) Remitir o recibir libremente dichos fondos dentro del territorio, así como hacia y desde el exterior y convertirlos en otras monedas o valores.

En ejercicio de los derechos atribuidos por este artículo, la Secretaría no podrá ser sometida a fiscalizaciones, reglamentos u otras medidas restrictivas por parte del Gobierno. No obstante, la Secretaría prestará la debida atención y cooperará con toda petición que a dicho respecto le formule el Gobierno, en la medida que estime atenderla sin detrimento de sus intereses.

Art. 4º. - Inmunidad de jurisdicción

El MERCOSUR gozará la inmunidad de jurisdicción en todo lo que sea pertinente al funcionamiento de la Secretaría.

Art. 5º. - Renuncia a la inmunidad de jurisdicción

El MERCOSUR podrá renunciar, para el caso específico, a la inmunidad de jurisdicción de que goza.

Dicha renuncia no comprenderá la inmunidad de ejecución, para la que se requerirá un nuevo pronunciamiento.

Art. 6º. - Inviolabilidad

La sede de la Secretaría y sus archivos, cualquiera sea el lugar donde éstos se encuentren, son inviolables.

Los bienes de la Secretaría, estén o no en poder de la Secretaría y cualquiera sea el lugar donde se encuentren, estarán exentos de registro, confiscación, expropiación y toda otra forma de intervención, sea por vía de acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa.

Art. 7º. - Exenciones tributarias

1. La Secretaría y sus bienes estarán exentos, en el territorio de la República:

a) de los impuestos directos;

b) de los derechos de aduana y de las restricciones o prohibiciones a la importación, respecto de los bienes que importe el MERCOSUR o la Secretaría para su uso oficial. Los artículos importados bajo este régimen no podrán ser vendidos en el territorio de la República sino conforme a las condiciones vigentes actualmente o a aquellas más favorables que se establezcan;

c) de los impuestos al consumo y a las ventas;

d) del Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones en plaza de bienes y servicios que realice con destino a la construcción, reciclaje o equipamientos de sus locales.

Las autoridades competentes del Gobierno podrán disponer, si lo estiman pertinente, que dicha exención sea sustituida por la devolución del Impuesto al Valor Agregado.

2. No estarán exentos, la Secretaría ni sus bienes, de las tasas, tarifas o precios que constituyan una remuneración por servicios de utilidad pública efectivamente prestados.

Art. 8º. - Facilidades en materia de comunicaciones

1. La Secretaría gozará, para sus comunicaciones oficiales, de facilidades no menos favorables que las otorgadas por la República a las misiones diplomáticas permanentes, en cuanto a prioridades, contribuciones, tarifas e impuestos sobre correspondencia, cables, telegramas, radiogramas, telefotos, teléfonos, fascsímiles, redes informáticas y otras comunicaciones, así como en relación a las tarifas de prensa escrita, radial o televisiva.

No serán objeto de censura la correspondencia u otras comunicaciones oficiales de la Secretaría.

2. La Secretaría podrá remitir y recibir su correspondencia por correos o valijas, los cuales gozarán del mismo estatuto de prerrogativas que el concebido a los correos y valijas diplomáticas, en aplicación de las normas en vigor.

3. Lo dispuesto en este artículo no obstará a que cualquiera de las Partes solicite a la otra la adopción de medidas apropiadas de seguridad, las que serán acordadas por ambas cuando lo estimen necesario.

CAPITULO IV

LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SECRETARIA

Artículo 9º. - Prerrogativas del Director y de los demás funcionarios de alto rango

1. El Director de la Secretaría y los demás funcionarios de alto rango de la Secretaría gozarán de las mismas prerrogativas -tales como facilidades, inviolabilidad personal, inmunidades, privilegios, franquicias y excenciones tributarias- otorgadas a los funcionarios de categoría equivalente de las Representaciones Permanentes ante los Organismos Internacionales con sede en la República. Ellas se extenderán a los miembros de sus familias que dependan económicamente de ellos.

2. El Director de la Secretaría se asimilará a los efectos de este artículo, a los Jefes de Misión de las aludidas Representaciones.

Podrá, además, transferir sus bienes, libres de todo tributo, al término de sus funciones.

Art. 10. - Prerrogativas de los demás funcionarios

Los demás funcionarios de la Secretaría gozarán:

a) De inviolabilidad personal;

b) De inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa respecto de las expresiones orales o escritas y de los actos ejecutados en el desempeño de sus funciones;

c) De exención de impuestos sobre sueldos y emolumentos percibidos de la Secretaría;

d) De exención de restricciones de inmigración y registro de extranjeros y de todo servicio de carácter nacional;

e) De exención de restricciones en materia de transferencia de fondos y cambiarias;

f) De facilidades en materia de repatriación, cuando existan restricciones derivadas de conflictos internacionales;

g) De exención de tributos aduaneros y demás gravámenes para la introducción de muebles y efectos de uso personal;

h) En general, de las prerrogativas concedidas a los funcionarios administrativos y técnicos de las misiones diplomáticas permanentes.

Lo dispuesto en los literales a) y b) se continuará aplicando aunque el funcionario de la Secretaría deje de serlo.

Lo dispuesto en los literales d) y f) se aplicará también a los miembros de la familia del funcionario que de él dependan económicamente.

Art. 11. - Funcionarios nacionales o residentes permanentes del Estado Sede

Lo dispuesto en el artículo 10 no obliga al Gobierno a conceder a los funcionarios de la Secretaría que sean nacionales o residentes permanentes del Estado Sede las prerrogativas por ellos dispuestas, salvo en los siguientes aspectos:

a) Inviolabilidad personal.

b) Inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa respecto de las expresiones orales o escritas y los actos ejecutados en el desempeño de sus funciones.

c) Facilidades respecto a restricciones monetarias y cambiarias, cuando ellas sean necesarias para el buen cumplimiento de las funciones.

d) Exención de impuestos sobre salarios y retribuciones percibidos de la Secretaría.

Art. 12. - Renuncia a la inmunidad

En virtud del fundamento señalado en el párrafo 5 del Preámbulo, el MERCOSUR podrá renunciar, cuando lo estime pertinente, a la inmunidad de jurisdicción de los funcionarios de la Secretaría.

CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13. - Solución de controversias

Las divergencias relativas a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo de Sede se resolverán mediante acuerdo entre las Partes.

Art. 14. - Vigencia

Luego de suscrito por ambas Partes, este Acuerdo entrará en vigor al 15 día de la comunicación que deberá efectuar el Estado Sede de la Secretaría a la otra Parte, notificando que se cumplieron los requisitos constitucionales pertinentes.

Este Acuerdo regirá indefinidamente en tanto la Secretaría tenga su sede en la República. No obstante, si se produjere un cambio de sede, continuarán rigiendo sus disposiciones mientras no se hubieren liquidado o trasladado sus bienes y archivos.

Hecho en Fortaleza, a los 17 días del mes de diciembre de 1996, en dos ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos igualmente auténticos.

(Luce Firma)
Por la República
Oriental del Uruguay
(Luce Firma)
Por el Mercado
Común del Sur

 

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales, por unanimidad de sus miembros, eleva a la consideración del Cuerpo el siguiente proyecto de ley por el que se aprueba el "Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el funcionamiento de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR".

Dicha Secretaría fue creada por el llamado Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR, "Protocolo de Ouro Preto" (artículo 1º, Numeral VI). En los artículos 31 al 33, se regula lo atinente a dicho órgano, estableciéndose, además que la Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM) "tendrá sede permanente en la ciudad de Montevideo".

Como consecuencia, de ello, se hace necesario convenir el respectivo "Acuerdo de Sede", a efectos de facilitar el funcionamiento de dicha Secretaría Administrativa, delimitando su Estatuto y fijando las prerrogativas que se le conceden a ella y a sus funcionarios.

El texto del respectivo "Acuerdo de Sede", fue aprobado por el Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, de conformidad con el "Protocolo de Ouro Preto", por decisión Nº 4/96. El Acuerdo fue suscrito por las partes en la ciudad de Fortaleza, el 17 de diciembre de 1996.

El presente "Acuerdo de Sede", consta de 14 artículos, estructurados en cinco Capítulos:

El Capítulo I, que consta de un solo artículo (artículo 1º), determina el "Ambito de Aplicación" del Acuerdo, estableciéndose que rige, en el territorio de la República Oriental del Uruguay, lo referente a la sede y las actividades de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR para el cumplimiento de las funciones que le atribuye el Protocolo de Ouro Preto (artículo 1º).

En el Capítulo II, también de un artículo (artículo 2º), referido a "Definiciones", se establecen los conceptos genéricos de las expresiones a que se refiere el Acuerdo ("las Partes", "República", "Gobierno", "Secretaría" "bienes", "territorio de la República", "sede", "archivos de la Secretaría" y "funcionarios de la Secretaría") (artículo 3º).

El Capítulo III, referido a "La Secretaría", consta de seis artículos:

- Artículo 3º. Capacidad: se establece que la Secretaría gozará de "capacidad jurídica de derecho interno" para el ejercicio de sus funciones. Le estará permitido el manejo libre de fondos en cualquier moneda, así como libertad plena para remitirlos o recibirlos. Establece también que la Secretaría "no podrá ser sometida a fiscalizaciones, reglamentos u otras medidas restrictivas por parte del Gobierno..."

- Artículo 4º. Inmunidad de Jurisdicción: consagra dicha inmunidad para todo lo pertinente al funcionamiento de la Secretaría del MERCOSUR. El MERCOSUR podrá, para el caso específico, renunciar a dicha inmunidad (Artículo 5º. Renuncia a la inmunidad de jurisdicción), aunque dicha renuncia no comprenderá a la inmunidad de ejecución, la cual requerirá un nuevo pronunciamiento.

- Artículo 6º. Inviolabilidad: se establece la inviolabilidad de la sede de la Secretaría y sus archivos "cualquiera sea el lugar donde se encuentren". Los bienes de la Secretaría estarán exentos de registro, confiscación, expropiación y toda otra forma de intervención.

- Artículo 7º. Exenciones Tributarias: La Secretaría y sus bienes estarán exentos de determinados tributos, no estándolo de las tasas, tarifas o precios que constituyan una remuneración por servicios de utilidad pública efectivamente prestados.

- Artículo 8º. Facilidades en materia de comunicaciones: se otorgan en la materia facilidades "no menos favorables que las otorgadas por la República a las misiones diplomáticas permanentes", incluido el mismo estatuto de prerrogativas que el concedido a los correos y valijas diplomáticas.

Se trata, en síntesis, de las prerrogativas que suelen acordarse para casos similares, cuyo fin último procura asegurar el efectivo cumplimiento de las funciones que el Organismo debe desarrollar.

En el Capítulo IV, que consta de cuatro artículos, se establecen disposiciones referidas a "Los funcionarios y empleados de la Secretaría". En el artículo 9º, referido a las Prerrogativas del Director y de los demás funcionarios de alto rango, se establecen prerrogativas similares a las de los funcionarios de categoría equivalente de las Representaciones Permanentes ante los Organismos Internacionales con sede en la República.

En el artículo 10 (Prerrogativas de los demás funcionarios), se establece que los funcionarios de la Secretaría gozarán de: a) inviolabilidad personal; b) inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa respecto de las expresiones orales o escritas y de los actos ejecutados en el desempeño de sus funciones; c) de exención de impuestos sobre sueldos y emolumentos percibidos de la Secretaría; d) exenciones de restricciones de inmigración y registro de extranjeros, de restricciones en materia de transferencias de fondos y cambiarias, de tributos aduaneros y demás gravámenes; e) facilidades en materia de repatriación; f) en general, las prerrogativas concedidas a los funcionarios administrativos y técnicos de las misiones diplomáticas permanentes.

El artículo 11 determina las Prerrogativas de los demás funcionarios (funcionarios nacionales o residentes permanentes del Estado Sede), que son también las de estilo para estos funcionarios. Ambas normas tienen también como finalidad salvaguardar el cumplimiento efectivo y eficaz de sus funciones.

En el artículo 12 se establecen las condiciones de Renuncia a la inmunidad: el MERCOSUR podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción de los funcionarios de la Secretaría, cuando el uso de las prerrogativas de que gozan no sea el adecuado al cumplimiento de sus fines.

En el Capítulo V, "Disposiciones Generales", se prevé:

Solución de controversias: se resolverán mediante acuerdo entre las Partes (artículo 13).

Vigencia: Luego de suscrito entre las Partes, el Acuerdo entrará en vigor a los quince días de la comunicación que deberá efectuar la República a la otra Parte, notificando que se cumplieron los requisitos constitucionales pertinentes. Regirá indefinidamente en tanto la Secretaría tenga su sede en la República.

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales solicita al Cuerpo un urgente pronunciamiento, debido a que la Secretaría Administrativa del MERCOSUR ya ha comenzado a funcionar.

Sala de la Comisión, 3 de abril de 1997.

Reinaldo Gargano (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos M. Garat, Rafael Michelini, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra, Américo Ricaldoni. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Renuncio a hacer un informe verbal, pues el escrito, que consta de dos carillas y media, es de muy fácil lectura. Considero que hay que ratificar esto, porque Montevideo es sede de la Secretaría Administrativa, ya ha sido designado el Secretario y debe tener el Acuerdo firmado para darle las prerrogativas correspondientes a los funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota: )

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee: )

"ARTICULO UNICO. - Apruébase el Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) Para el Funcionamiento de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, suscripto en la ciudad de Fortaleza, República Federativa del Brasil, el día 17 de diciembre de 1996".

-En consideración.

9) PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Algún compañero del sector tiene interés en hacer uso de la palabra sobre el tema. Por tanto, tendría que prorrogarse la hora a los efectos de que eso pudiera ocurrir. En ese sentido, hago moción para que se prorrogara la hora por un tiempo adecuado, que podría ser de quince minutos, a fin de terminar con el tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción del señor Senador Santoro en el sentido de que se prorrogue la hora hasta que se finalice con el tema.

(Se vota: )

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) ACUERDO DE SEDE ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL MERCOSUR

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión del Acuerdo.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Voy a acompañar con complacencia este proyecto de ley. No sé si con una gran complacencia; lo acompañaría con una gran complacencia si esto fuera una política que se estableciera, es decir, que los Convenios de orden internacional fueran sometidos a la aprobación parlamentaria. El numeral 7 del artículo 85 de la Constitución establece que todo Convenio internacional debe estar sometido a la aprobación parlamentaria, cualquiera sea su naturaleza. Recuerdo, particularmente a los señores Senadores nacionalistas, que este artículo de la Constitución es la transcripción textual de una ley redactada por Bernardo Berro y Enrique de Arrascaeta, desde luego, dos personajes del Partido Nacional. Siendo así, queda explicado mi fundamento de voto y las palabras que voy a decir.

Este principio no siempre se ha cumplido, y hay servicios en el Poder Ejecutivo que pueden estar moviéndose dentro de un campo de ilegalidad, porque han efectuado convenios que no han sido traídos a la aprobación parlamentaria. Esa es la constancia que quería dejar. Como el Parlamento es el supervisor de la legalidad, el que ejercita el control de todos los actos cumplidos en la órbita administrativa y como a la vez, desde la óptica de la conducta internacional del país, la palabra del Parlamento es sustancial en cuanto a que ningún compromiso, ninguna situación de orden contractual desde el punto de vista exterior puede tener vigencia sin su voluntad conforme, se explica entonces que haga estas manifestaciones.

No estoy batiéndome contra molinos de viento ni ideando situaciones que no existen. Este proyecto es un Acuerdo de Sede, donde se reconocen u otorgan determinadas inmunidades, situaciones de inviolabilidad, ciertas situaciones de exención de jurisdicción y, en algún caso, de exención de ejecución de los actos jurisdiccionales. Sin embargo, recuerdo que algunos Acuerdos de Sede nunca se trajeron al Parlamento. Creo entre otros que ese es el caso de Salto Grande, donde se estableció el Acuerdo de Sede por unas simples Notas Reversales. Me podrán decir que eso ocurrió durante un gobierno de facto, pero a ello respondo diciendo que dicho gobierno también tenía que obedecer a la propia disciplina con que se autorreguló. El gobierno de facto deroga, incumple o deja de lado la parte de la Constitución o de las leyes que colide con la finalidad de su establecimiento, pero cuando dicho gobierno crea un Consejo de Estado al cual le atribuye las potestades del Parlamento, está obligado porque él mismo ha creado ese organismo y a someterle Convenios internacionales.

También es necesario que se haga la afirmación de que el MERCOSUR es una persona jurídica. Todos estamos de acuerdo. Sin embargo, no por serlo tiene libertad de cultos, porque como toda persona jurídica o física tiene competencias limitadas. No tiene la misma competencia un menor que un mayor. La ANCAP, que es una persona jurídica, no tiene competencia para proveer energía eléctrica; hay una especialización de las personas jurídicas.

El MERCOSUR no es un órgano supranacional, y esto lo reconoce en un libro el Embajador Jorge Pérez Otermin que es el Embajador del Uruguay ante las Naciones Unidas. Reitero que no es un órgano supranacional, porque para serlo debería estar integrado de manera que sus miembros no representaran a ningún Estado, encontrándose desvinculados de sus nacionalidades, respondiendo nada más que a los intereses comunitarios. En el caso del MERCOSUR, se trata de delegados del Uruguay, y en cada caso se requiere la voluntad conforme del Estado uruguayo. Digo esto, porque se han celebrado, bajo el rubro Acuerdos parciales de carácter limitado Convenios que afectan la reserva de la ley y, por ende, las potestades del Poder Legislativo. No voy a entablar ahora una discusión, porque no es el momento, pero basta citar el caso del Tratado del MERCOSUR con Chile, que no fue sometido a la aprobación parlamentaria, en rigor el Tratado de la República de Chile con los países que integran el MERCOSUR. Reconozco que la Convención sobre el Derecho de los Tratados, celebrada en Viena y a la que el Uruguay está obligado, establece la obligatoriedad de los que suscriben los tratados a cumplirlos. Así, en su artículo 27 expresa que no pueden invocar su derecho interno para no cumplir los tratados que suscribieron. Sin embargo, en el artículo 46 del mismo texto -como se lo hice notar al funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores- se dice que ello es así a menos que la violación del derecho interno sea manifiesta y afecte una norma de importancia fundamental del derecho interno.

Creo que cuando se prescinde de la voluntad parlamentaria se afecta una norma de importancia fundamental en el derecho interno. En consecuencia, me complazco en que hoy se traiga este Convenio y se someta a la aprobación parlamentaria, sin la cual no es válido ningún compromiso de la República.

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - En primer lugar, concuerdo totalmente con el planteo de carácter general del señor Senador Mallo. En segundo término, este acuerdo celebrado entre los países integrantes del MERCOSUR para definir las características de la sede de la Secretaría Administrativa cumple con el requisito de haber sido sometido a ratificación parlamentaria y, examinando su contenido, no encontramos objeción de ningún tipo para su aprobación.

SEÑOR MALLO. - No hay ninguna objeción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único del proyecto.

(Se vota: )

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

11) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.

(Así se hace, siendo la hora 20 y 7 minutos, presidiendo el licenciado Hugo Fernández Faingold y estando presentes los señores Senadores Antognazza, Arismendi, Batlle, Brezzo, Cid, Dalmás, Fernández, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Hierro López, Korzeniak, Mallo, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Solari y Virgili.)

LIC. HUGO FERNANDEZ FAINGOLD Presidente en ejercicio

Sra. Quena Carámbula Prosecretario - Sr. Gabriel Rodríguez Garcés Prosecretario

Sr. Freddy A. Massimino Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.