Retorno a página principal

Nº 147 - TOMO 380 - 20 DE MARZO DE 1997

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

8a. SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LOS SEÑORES SENADORES LUIS B. POZZOLO   Presidente en ejercicio

el SENADOR  LUIS BREZZO  Primer Vicepresidente

y el PROFESOR CARLOS JULIO PEREYRA  Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR LICENCIADO JORGE MOREIRA PARSONS Y LOS PROSECRETARIOS SEÑOR GABRIEL RODRIGUEZ GARCES Y SEÑORA QUENA CARAMBULA

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Juicio político al señor Representante Nacional don Leonardo Nicolini

- Informe de los señores Senadores Santoro, Ricaldoni, Korzeniak y Sarthou.
- Debate. Intervención de varios señores Senadores.
- Por moción de varios señores Senadores, el Senado resuelve separar de su cargo al señor Representante Nacional don Leonardo Nicolini por el término de seis meses a partir de hoy y comunicar esta resolución a la Cámara de Representantes.

5) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 19 de marzo de 1997.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, mañana jueves 20 a la hora 10, a efectos de considerar el juicio político al señor Representante Nacional Leonardo Nicolini.

Gabriel Rodríguez Garcés Prosecretario - Jorge Moreira Parsons Secretario»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andrade, Andújar, Arismendi, Astori, Batlle, Bentancur, Carvalho, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Millor, Posadas Montero, Quarneti, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, el señor Presidente del Senado, doctor Hugo Batalla y los señores Senadores Fernández Faingold, Mallo y Michelini.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 23 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Montevideo, 20 de marzo de 1997.

El Poder Ejecutivo remite varios mensajes solicitando venia para destituir de sus cargos a tres funcionarias del Ministerio de Salud Pública.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.»

4) JUICIO POLITICO AL SEÑOR REPRESENTANTE NACIONAL DON LEONARDO NICOLINI

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de ingresar al orden del día, la Mesa quiere dar cuenta de que, a través de consultas realizadas con los señores coordinadores de Bancada, se ha dispuesto, para el mejor desarrollo de esta sesión del Senado, las medidas que paso a detallar.

En primer lugar, se acordó que el ingreso de los secretarios de los señores Senadores se realice a los efectos de trámites o de gestiones que tengan que comunicarles, pero no deberán permanecer en Sala.

En segundo término y también en consulta con los señores coordinadores, se dispuso en la Barra el número de asientos necesarios para los señores Representantes Nacionales que quieran seguir el desarrollo de esta sesión.

Asimismo, los señores Representantes Nacionales podrán ingresar a Sala, a fin de efectuar consultas o trasmitir información a los señores Senadores. Dicho en términos futbolísticos -aunque varios de nosotros no quisiéramos oír hablar de fútbol- se ha marcado una zona de exclusión y se ha señalado, convenientemente, una playa de estacionamiento.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - En realidad, el señor Presidente se me adelantó a la interrogante que quería plantear.

De acuerdo con el artículo 173 del Reglamento, es libre la asistencia a la Barra, salvo cuando el Senado actúe en régimen de Comisión General o en sesión secreta. No estamos en ninguna de esas circunstancias, sino en un juicio público, por lo que el acceso a la Barra es libre. Tampoco estamos en un partido de fútbol, razón por la cual no hay zonas de exclusión.

No sé a qué tenemos miedo y creo que la responsabilidad del público y de los señores Representantes Nacionales quedará demostrada por cada uno de ellos.

El señor Presidente alude a un acuerdo de coordinadores de Bancada. El nuestro, el compañero Senador Cid, nos transmitió -con un planito que efectivamente se asemejaba a las tribunas del Estadio Centenario- una propuesta que rechazamos por improcedente y antirreglamentaria. Por lo tanto, quiero dejar sentado que la Bancada del Frente Amplio no hizo acuerdo de especie alguna al respecto.

Por otro lado, quiero señalar que parecería algo raro que los secretarios nuestros entren a Sala por asuntos vinculados al trabajo de los señores Senadores; es lo que hacemos siempre. Entonces, no entiendo que ésta sea una característica peculiar de esta sesión.

En lo que me es personal -lo he consultado con el señor Senador Korzeniak- rechazamos esta propuesta. Es más; pensamos que la Presidencia debe reconsiderarla, atenerse al Reglamento y permitir el libre acceso del público a la Barra, de acuerdo con lo que establece el artículo 173.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa no ha informado nada contrario a lo que la señora Senadora acaba de expresar.

La reunión es pública y se va a habilitar el acceso a la Barra de la gente que quiera seguir el curso de la reunión. En ese plano no hay ninguna contradicción.

Por otra parte, cuando hicimos la gestión destinada a señalar determinados sitios en la Barra para comodidad de los señores Representantes Nacionales que quisieran seguir el curso de la sesión, habíamos marcado inicialmente determinados lugares para que los partidos o grupos partidarios pudieran estar en un mismo sitio. Eso fue comunicado posteriormente por el señor Senador Cid: que se admitía que existiera el señalamiento de los sitios para los señores Representantes Nacionales, pero que no se marcaran por grupos o partidos. Precisamente, eso es lo que termino de comunicar.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Señor Presidente: me informan señores Representantes Nacionales de nuestro lema Frente Amplio que en la Barra se está indicando que hay noventa y nueve asientos para los Representantes y, por lo tanto, no se permite el acceso al público.

Quisiera que el señor Presidente verificara si esto es así o si estamos mal informados.

Sabemos, asimismo, que los señores Representantes Nacionales pueden tener necesidad, como ocurre en cualquier sesión normal -creo que ésta deberá serlo, pese a que sea anormal el contenido de la misma- de ingresar a Sala.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa expresó exactamente lo mismo que acaba de manifestar la señora Senadora.

Al igual que los secretarios, si los señores Representantes Nacionales tienen necesidad de comunicarse con los señores Senadores, podrán ingresar a Sala.

En cuanto a que la sesión es pública, sí lo es, y la Barra va a ser habilitada para el ingreso de la gente.

SEÑOR CARVALHO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARVALHO. - Con relación a las manifestaciones del señor Presidente, quiero aclarar que el Nuevo Espacio no participó en esa reunión de coordinadores de Bancada. Probablemente, se debe al hecho de que sólo pude hacerme presente en el Palacio Legislativo hace unos minutos.

Hago esta aclaración como simple constancia y para ajustarnos a la realidad de los hechos.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa ratifica las palabras pronunciadas por el señor Senador, pues las gestiones se hicieron anteayer, cuando no estaba presente el señor Senador.

Se comunica al Senado, y especialmente a la señora Senadora Arismendi, que la Barra está abierta, pero no hay gente para ingresar.

SEÑORA ARISMENDI.- Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado ingresa al orden del día con la consideración de su único punto: «Juicio político al señor Representante Nacional Leonardo Nicolini».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 491/96
Rep. Nº 260/96

Montevideo, 30 de julio de 1996.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores,

Doctor Hugo Batalla

Tengo el honor de remitir al señor Presidente, con sus antecedentes foliados de 1 a 216, la resolución de la Cámara de Representantes, de 26 de julio de 1996, por la que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución de la República, se acusa ante la Cámara de Senadores al señor Representante Leonardo Nicolini.

Saludo al señor Presidente con mi más alta consideración.

Alejo Fernández Chaves 1er. Vicepresidente
Martín García Nin Secretario

La CAMARA DE REPRESENTANTES ha aprobado la siguiente

RESOLUCION

1) De conformidad con lo establecido por el artículo 93 de la Constitución de la República la Cámara de Representantes declara que hay lugar a la formación de causa al señor Representante Nacional Leonardo Nicolini.

2) Por la presunta comisión de los delitos establecidos en los artículos 179 (calumnia y simulación de delitos), 243 (uso de documento o de un certificado falso, público o privado), 333 (difamación), 334 (injurias), con sus respectivas circunstancias agravantes, numerales 5º), 8º), 9º) y 13) del artículo 47, y 335 del Código Penal -los que se consideran delitos graves, de acuerdo a las circunstancias y condición del agente- resuelve acusarlo ante la Cámara de Senadores.

3) Comuníquese esta resolución al Senado de la República, con agregación de todos los antecedentes.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 26 de julio de 1996.

Alejo Fernández Chaves 1er. Vicepresidente
Martín García Nin Secretario

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Rubio.

SEÑOR RUBIO. - Señor Presidente: hemos recibido esta convocatoria y queremos expresar, en primer lugar, que el compañero Diputado Carlos Pita no va a estar presente por razones de salud.

En segundo término, el compañero Diputado Leonardo Nicolini nos ha expresado que, por motivos de delicadeza personal y a fin de dejar el mayor margen de libertad de acción y de conciencia a los miembros de la Bancada del Encuentro Progresista, no va a asistir a esta reunión.

En tercer lugar, voy a proceder a dar lectura a una declaración política del Frente Amplio, que dice lo siguiente:

«Ante la actual situación política planteada con respecto a los compañeros Diputados Leonardo Nicolini y Carlos Pita, la Mesa Política y la Bancada Parlamentaria del Frente Amplio, reunidas en conjunto deciden:

1 - Seguir, de acuerdo con las resoluciones de sus Plenarios Nacionales, la lucha contra la corrupción. Esta lucha constituye un factor esencial para la vigencia plena de las garantías democráticas.

2 - Manifestar que el Frente Amplio, a través de la Mesa Política y del Plenario Nacional, ha respaldado y respalda las iniciativas de denuncia e investigación llevadas adelante por su Legisladores en la Comisión sobre FOCOEX.

3 - Rechazar de manera categórica la tentativa de sanción -bajo la modalidad que sea- contra los Legisladores denunciantes, ya que a tales efectos se recurriría a una tergiversación grosera de las normas constitucionales.

4 - Expresar que en caso de que se configurara una mayoría parlamentaria dispuesta a iniciar un juicio político a nuestros compañeros, la Bancada asumirá colectivamente la decisión de ser considerados en la misma forma que los Legisladores imputados.

5 - Asimismo el Frente Amplio ha decidido solicitar a las autoridades de la organización política española Izquierda Unida la explicitación detallada del origen de la documentación sobre FOCOEX por ellos aportada.

6 - Solicitar a la Justicia española los originales de los recibos de las comisiones pagadas por FOCOEX en las operaciones realizadas con el Estado uruguayo.

7 - Sin menoscabo de las decisiones de la Comisión Investigadora y del Plenario de la Cámara de Diputados, el Frente Amplio presentará -a través de sus Legisladores- denuncia penal sobre los aspectos que, en el estado actual de la investigación, harían presumir la existencia de delitos contra el patrimonio público, aportando la documentación pertinente, así como también la totalidad de los peritajes realizados sobre los documentos.

Montevideo, julio 25 de 1996.»

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Diputado Trobo.

SEÑOR TROBO. - Señor Presidente: seguramente, la jornada de hoy será larga y la característica del debate irá variando. Nuestro propósito es realizar una introducción al tema, ajustándonos a los tiempos y a los momentos a través de los cuales se fue dando la situación que hoy cristaliza en una convocatoria, por firmas, de la Cámara de Representantes, con el objeto de analizar el comportamiento de dos de sus miembros en una Comisión Investigadora.

Como es de conocimiento del Cuerpo, sobre fines del año pasado se resolvió conformar una Comisión Investigadora con el fin de analizar todos los aspectos vinculados con negociaciones que nuestro país había llevado a cabo con la empresa estatal española FOCOEX, que tiene -vale la pena señalarlo- unos cuantos años de relación con el Uruguay.

A lo largo de la investigación, que comenzó en el mes de abril, se fueron sucediendo una serie de inconvenientes de dos tipos, diría yo. Al respecto, podemos señalar que se produjo una sistemática violación del secreto establecido en la ley sobre Comisiones Investigadoras. Obviamente, no voy a ser yo quien determine las responsabilidades en esta sesión de la Cámara porque, precisamente, lo difícil después que se viola el secreto de una actuación parlamentaria es descubrir quien lo hizo. Se pueden hacer suposiciones que nos lleven a una interpretación de la información que surge del secreto, para ver a quién puede beneficiar y a quién puede perjudicar y, por tanto, descubrir quién decidió provocar esa violación.

Pudimos constatar este hecho desde el inicio. Inclusive, señalamos en reiteradas oportunidades en la Comisión Investigadora que hubo un comportamiento inadecuado por cuanto se violaba el secreto establecido. Ello llevó a que hace muy pocos días la Cámara de Diputados y el Senado rápidamente aprobaran un proyecto de ley por el que se modificaba un artículo de la ley sobre Comisiones Investigadoras, estableciendo la derogación del secreto en su funcionamiento.

Obviamente, en el proceso de la investigación se fue llevando adelante por parte de algunos de los integrantes de la Comisión, particularmente en el caso de los señores Diputados Nicolini y Pita, una campaña de sensibilización de la opinión pública respecto a ese tema, que no comenzó con la creación de la Comisión Investigadora sino mucho antes. Hubo una estrategia que tenía como objetivo crear en la opinión pública un estado de alerta y de expectativa generalizada, acerca de la presunción de que habían ocurrido actos delictivos y de que existían elementos probatorios de que constituían cohechos o coimas a funcionarios públicos, para de esa manera favorecer determinado tipo de negocio con una empresa extranjera en perjuicio claro del Estado uruguayo, de la Administración uruguaya, de algunos de sus organismos. Se utilizó el mecanismo de dar esto a publicidad a través de los medios de difusión. Si se analizan los títulos aparecidos en la prensa y las presentaciones públicas del señor Diputado Nicolini en una primera etapa y, luego de integrarse a la Comisión Investigadora, la del señor Diputado Pita, quien protagonizó una sucesión de intervenciones cada vez más fuertes, nos encontramos con una estrategia de sensibilización de la opinión pública sobre cosas que ellos decían que iban a manifestar en el seno de la Comisión. Ello llevó -digámoslo con franqueza- a que en dicho ámbito se generara una situación política de demanda permanente a quienes señalaban que tenían elementos probatorios a fin de que fueran puestos encima de la mesa. Se les dijo que la investigación iba a verse facilitada si los documentos se ponían a disposición de la Comisión.

Los sucesivos pronunciamientos formulados tenían por objeto que la Comisión trabajara en mejor forma y que no se pusiera en tela de juicio a nivel público a las personas que pudiesen estar involucradas en el proceso de negociación estatal con la empresa española FOCOEX, quienes podían ser motivo de sospecha de haber cometido delitos. Por otra parte, hubo una intimación legítima derivadas de las propias expresiones del señor Diputado Nicolini publicada en una entrevista muy notoria, en un medio de prensa, en la que señalaba la existencia de una organización delictiva en el gobierno nacionalista con el objetivo de generar provecho económico para algunas personas en detrimento de los bienes de la comunidad, de los bienes del Estado. Y eso no era dicho respecto a otras cosas, sin que en el mismo cuerpo estuviera incluido el análisis del tema FOCOEX.

Tengo aquí algunos elementos documentales, que no nos fueron enviados por nadie desde el exterior sino que han sido publicados en la prensa del Uruguay, que refieren a lo que es el aparato administrativo -digamos así- que estaba al servicio del señor Diputado Nicolini y que le permitía realizar esas afirmaciones. El artículo dice así: «Según pudo saber El Observador del Fin de Semana de fuentes serias, Nicolini cuenta en Uruguay con un equipo de cuatro personas que dedica buena parte del día a ordenar la información disponible y a obtener nuevos documentos que permitan avanzar en la investigación. A través de ese equipo, Nicolini se reunió la pasada semana con los antecedentes de una investigación mediante la cual el Parlamento chileno logró probar sobreprecios en algunos contratos que el gobierno de ese país firmó con la empresa española FOCOEX, esperándose que en los próximos días lleguen a Montevideo las carpetas que contienen la investigación, a la que FOCOEX fue sometida en Venezuela. Pero, con ser mucho, eso no es todo. Desde el inicio de esta investigación Nicolini dispone de una oficina paralela en Madrid. En ella, un encargado de dedicación completa coordina el trabajo de unas ocho personas -provenientes fundamentalmente de la Bancada de Izquierda Unida, del denominado Instituto para la Paz y hasta del ahora gobernante Partido Popular- que buscan nuevos documentos y testimonios para reforzar las denuncias del Legislador uruguayo. Y los documentos que esa magnífica estructura administrativa al servicio de este magnífico líder anticorrupción le envía, van llegando en sucesión interminable a la Comisión Investigadora, no sin antes ser presentados a la prensa. Quiere decir que en primer lugar los documentos son mostrados a los medios de prensa como elemento testimonial de que existen cuentas bancarias con ciertos nombres que cuando sean conocidos van a conmover a la opinión pública uruguaya.

En ese panorama se inserta la aparición de un documento -que el señor Diputado Nicolini, en la versión taquigráfica de la Comisión expresa no haber dado a la prensa- un documento interno de la empresa FOCOEX en el que aparecen tachaduras encima de un nombre y tachaduras encima de nada. Quiero que se me interprete: se tachan dos renglones y medio cuando lo que se usa para incluir un nombre es apenas la séptima parte de un renglón. Reitero que el señor Diputado Nicolini manifestó en la Comisión -y consta en la versión taquigráfica- que estos documentos no habían sido entregados por él a la prensa. Obran en mi poder notas periodísticas que entrecomillan las expresiones del señor Diputado Nicolini diciendo que estos documentos le fueron enviados de España y son los que prueban que existen cuentas en las que han sido cobradas comisiones por funcionarios públicos uruguayos.

Voy a mencionar que debajo de esas tachaduras y en un documento análogo -no el mismo, porque no está tachado- que nosotros presentamos a la Comisión en la persona del señor Diputado Borsari Brenna, figura un solo nombre, que es el del señor Walter Estellano, agente de la empresa FOCOEX en el Uruguay, desde hace diez años a esta parte, es decir, la persona que inició en el Uruguay las operativas de la empresa española y las sigue realizando al día de hoy.

Podemos tener dudas sobre el origen de los documentos hasta que leemos la versión periodística que adjudica claramente la responsabilidad de la entrega de esos documentos al señor Diputado Nicolini. Pasando por encima una serie de episodios que ocurrieron entre el 27 de marzo y el 9 de julio de 1996, que lo exiguo del tiempo me impide analizar, digo que después de esta oportunidad apareció una denuncia realizada por un individuo en un Juzgado de Montevideo, a quien los señores Diputados Pita y Nicolini, en una conferencia de prensa en el Parlamento, sostuvieron que habían patrocinado. El señor Diputado Nicolini señaló a la prensa -y hay pruebas de ello- que la investigación de FOCOEX era una cortina de humo para poder llevar adelante una recopilación de datos a fin de hacer aquella denuncia que está radicada en la Justicia.

Después de aquel episodio, que algunos pueden considerar menor pero que, a nuestro juicio es de una gravedad extrema, el día 9 de julio el señor Diputado Nicolini, como toque final a la probanza de la existencia de actos delictuosos y de corrupción, presenta en la Comisión, entre otros, dos documentos que señalan los nombres de dos personas e indican que es con esas personas que hay que arreglar para que los negocios salgan. Esos documentos que voy a entregar a la Mesa para que encabecen la versión taquigráfica de esta sesión, son puestos bajo tela de juicio y la Comisión resuelve que la Cámara de Representantes solicite su dictamen caligráfico y documentológico a efectos de saber si son verdaderos o no.

¿Cómo tomó la Comisión esa resolución? Alguien puede pensar que fue decisión de algunos miembros y no es así. La Comisión nombró una Subcomisión conformada por un Diputado de cada uno de los lemas que integran la Cámara de Representantes. Esa Subcomisión, por unanimidad, en consulta con una nómina de la Asociación de Peritos Calígrafos del Uruguay, resolvió requerir un informe técnico del perito calígrafo doctor Víctor Rachetti y del perito calígrafo documentólogo Inspector Curbelo.

Estos vinieron a la Comisión, presentaron un informe con documentación anexa sobre todo el estudio realizado y manifestaron que estos documentos eran falsos.

También se podrá decir que existen otros informes. En ese sentido, la Comisión solicitó un informe a la Facultad de Ingeniería para acceder a conocimientos técnicos sobre la trasposición de la firma de un documento a otro. Ese informe técnico, a nuestro juicio, avala la afirmación de los peritos a quienes la Cámara solicitó opinión.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

-Además, se consulta a ANTEL en cuanto al cabezal de los documentos y los datos que en ellos existen. Se quiere saber si es posible probar que a esa hora se realizó un llamado telefónico al Reino de España desde determinado aparato. ANTEL responde que en ese momento no se hizo ninguna llamada telefónica.

Todos los elementos que la Comisión ha ido recogiendo hasta el momento sobre estos documentos cuya falsedad ha sido probada, estarán a disposición de la Cámara en el informe que la Comisión deberá realizar en el correr de los próximos días.

Sin embargo, los documentos hoy estarán a disposición de la Cámara con el objeto de que se analicen las consecuencias gravísimas que tiene el utilizar un documento falso, no sólo poniendo en tela de juicio la moralidad y honestidad de las personas, sino -como si ello fuera poco- incidiendo o pretendiendo incidir sobre la investigación, torciendo su juicio, su procedimiento y la forma de trabajo que venía llevando adelante para llegar a una conclusión adecuada.

Por eso consideramos necesario que la Cámara analice este tema en profundidad y seriamente.

En esta exposición hemos evitado hacer calificaciones sobre el juicio que estas circunstancias nos merecen; ya las haremos porque nos parecen graves.

Para concluir, queríamos manifestar que es la primera vez que en la historia del Parlamento se presentan documentos falsos con esta ampulosidad y premeditación y con tal estado de expectativa en la opinión pública, en un lugar en el cual se está analizando un tema muy difícil.

Personalmente, no me convence la argumentación de que quienes los presentaron no los falsificaron; me basta con que se hayan presentado para calificar de gravísima la situación que se ha generado como consecuencia.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - La Mesa aclara que se debe votar la solicitud formulada por el señor Diputado Trobo, a los efectos de incorporar esos documentos al Diario de Sesiones.

Se va a votar.

(Se vota:)

-81 en 81. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto cuya incorporación al Diario de Sesiones fue resuelta por la Cámara)

Dictamen Peritos Calígrafos
Rachetti - Curbelo
Acta 26
22/07/96

Sr. Presidente de la Comisión Investigadora
de la Cámara de Representantes sobre los
convenios entre la Administración Pública Uruguaya
y FOCOEX

De nuestra mayor consideración:

Respondemos a vuestra nota de 15 de Julio cte. en la que nos comunica que la Comisión que Ud. preside, ha resuelto encomendarnos un peritaje caligráfico de los documentos adjuntos a la misma.

I. Documentos entregados para la pericia.

Los documentos recibidos para la pericia son:

1) Documento indubitado. Es la fotocopia de un fax que lleva manuscritos su fecha, «29/10/93», y su destinatario «FOCOEX Madrid» ATT. «D. PEDRO PABLO LOPEZ SANCHEZ».

Este documento está señalado con la letra «A» en su parte inferior derecha.

2) Los documentos dubitados son:

2.1 Fotocopia de fax con texto de 27 de abril de 1993, dirigido a Fomento de Comercio Exterior S.A. Orense 58. Madrid. España. Este documento lleva la letra «B» en su parte inferior.

2.2 Fotocopia de fax con texto fechado el 27 de Octubre de 1992, dirigido a Fomento de Comercio Exterior S.A. Orense 58. Madrid. España.

Este documento está señalado como «C» en su parte inferior.

II. Precisiones previas. Antes de contestar las 9 interrogantes que se formulan en vuestra nota, entendemos necesario efectuar algunas puntualizaciones.

1. Los documentos cuya pericia gráfica se solicita a efectos de determinar su autoría, son «fotocopias» de faxes no obtenidas bajo nuestro contralor.

Se trata de fotocopias de faxes, o sea fotocopias de por lo menos segunda generación de documentos originales.

Cuando se trata de documentos dubitados en ejemplares fotocopiados y refiriéndose exclusivamente a la autoría de firmas, los suscritos han expresado en sus informes que en tales casos sólo se puede emitir una opinión tentativa sujeta a ratificación cuando se obtengan y puedan examinar los ejemplares originales.

Pese a ello, cuando no es posible obtener los originales los peritos se expiden y los más recientes adelantos tecnológicos permiten incluso en caso de fotocopias, arribar a conclusiones exactas.

El objeto de la pericia encomendada en este caso, no es exclusivamente el determinar la autenticidad o no de la firma al pie de los documentos dubitados que son fotocopias.

En efecto se formulan nueve interrogantes y sólo en dos de ellas se nos pregunta si las tres firmas corresponden a una misma persona, en tanto las restantes refieren a otros aspectos de esas fotocopias.

Surge de esas interrogantes que lo importante es determinar la autenticidad o falsedad de esas fotocopias.

2. En el caso a estudio los documentos a periciar son faxes que por su sistema de impresión a base de puntos o pines, no trasmiten una imagen del trazo manuscrito de rasgueo continuo.

Es fácilmente apreciable aún para un observador inexperto que el trazado de las firmas en los tres documentos en examen, en lugar de ser relativamente continuo está constituido por una sucesión de puntos como ocurre con los textos impresos electrónicamente con equipos cuyos cabezales tienen tipos con pines o agujas.

Además al haber sido trasmitido vía fax, esos puntos aparecen escalonados o imbricados como si fueran las tejas de un techado.

III. Examen del documento indubitado letra «A»

1. Esta fotocopia del fax de 29/10/93, fue impresa por impresora electrónica sobre un papel con membrete del remitente, indicando su dirección, teléfono y fax, ciudad y país.

Seguidamente aparecen referencias en idioma inglés para colocar en cada renglón la información correspondiente a fecha, destinatario, remitente, a la atención de quién, asunto, número de páginas y la advertencia de que se informe si no se han recibido todas las hojas previamente indicadas.

De los espacios libres destinados a ser llenados con esa información se utilizaron sólo 3 renglones, en los que en forma manuscrita se escribió la fecha, el destinatario y el nombre y apellido de la persona a cuya atención se dirige.

2. Dicho fax lleva a su pie como firma una «W» iniciada a elevada altura en relación a su base y cuyo movimiento escritural comienza en dirección a la derecha en suave curva y luego en sucesivas grammas ascendentes y descendentes forma dos bucles verticales y dos curvas en su base. El trazo final culmina con torsión a la izquierda.

La rúbrica es una línea apenas curvada que corta el trazo final en su parte inferior.

Como característica relevante a citar en el posterior cotejo con la firma de los faxes dubitados, señalamos la falla o interrupción de trazo que se observa en el segundo bucle vertical sobre el final de la gramma ascendente y que para su más fácil ubicación indicamos que se encuentra en la «LL» de la palabra «LLAMADA» y la «A» que le sigue en el último renglón del texto del fax (V. Lámina Nº 1).

3. Los informantes citaron al Sr. Walter Estellano para que realizara un cuerpo de escritura y trazara algunas firmas e iniciales para disponer de una mayor cantidad de muestras auténticas a los efectos del Cotejo.

Se adjuntan dos hojas manuscritas y firmadas por el Sr. Estellano en un mismo acto. (V. Láminas 2 y 3).

De su examen resulta que Estellano es persona de buen nivel escritural demostrado en la velocidad de rasgueo, curvas rápidas, suave presión y escasos movimientos con retroceso a la izquierda.

Como hecho destacable y relacionado con lo que detallaremos en el capítulo del Cotejo, véase que ninguna de las firmas y también de las iniciales entre sí -realizadas todas en un mismo acto- son íntegramente coincidentes. (V. Lámina Nº 4).

En la investigación de la autoría de escrituras existe el siguiente axioma: cuando hay dos firmas y rúbricas que coinciden totalmente por transparencia, una de ellas es falsa.

IV. Examen de los faxes dubitados

1. Los dos faxes están encabezados por los datos del teléfono utilizado y la fecha de emisión. Esa escrituración es con tipos de dimensión y pase distintos del texto del fax, como es lógico que ocurra, pero presentan evidencia de estar ejecutados a máquina con pase de 2.54 mms. con características morfológicas de los tipos que responden al de máquina de escribir electrónica marca Remington y Olympia en varios de sus modelos.

El agrupamiento de caracteres de la impresión no responde a un telefax, sino como dejamos dicho a máquina de escribir que da una impresión plena y no con puntos o escamas como el fax.

2. Con un mismo telefax, como resulta en el caso por el mismo tipo de letras y números del encabezamiento de los documentos dubitados, si se utiliza un mismo papel como es el papel membretado del texto que se trasmite, deben aparecer en la misma ubicación vertical las características del aparato emisor.

En cambio en los dos faxes en examen la ubicación del renglón escriturado correspondiente a «From» tiene distinta alineación vertical.

Así en el documento «B» con texto fechado el 27 de abril de 1993, «From» queda afuera y a la izquierda del alineamiento vertical del membrete y del texto que se trasmite, en tanto en el documento «C», la palabra «From» está ubicada más a la derecha que la «R» de «Río Negro».

3. Siempre respecto al primer renglón o encabezamiento de los documentos dubitados en el que se indentifica al aparato emisor y la fecha, se observa en el documento «B» que la fecha está borrosa pero se puede leer «Ap» abreviación de abril en inglés. Luego se lee un número «2» y el año 1994, siendo que el texto que se trasmite está fechado el 27 de abril de 1993, o sea la fecha de emisión sería posterior en un año. (V. Lámina Nº 5).

4. En cuanto al texto de ambos faxes, el mismo está impreso con idéntico pase milimétrico y dimensión del tipo de letra, lo que prueba que fueron escriturados con una misma máquina.

5. La firma que suscribe los dos documentos dubitados es también una inicial «W».

Superpuestas dichas firmas y examinadas por transparencia se constata su total y absoluta igualdad, incluso en repetición de la falla sobre el extremo superior derecho del segundo bucle vertical en su gramma ascendente, en la leve desviación en el rasgueo inicial y en la rúbrica, así como la torsión a la izquierda en el trazo final descendente de la «W».

Al estudiar el documento indubitado nos referimos a ese corte o falla ubicado entre la «LL» y la «A» de «LLAMADA».

En la lámina Nº 6 adjunta, se observan los sucesivos pasos de superposición por transparencia de las firmas de los documentos dubitados «B» y «C», y en la Lámina Nº 7 se demuestra el proceso de superposición de las firmas dubitadas respecto de la firma en el documento indubitado.

V. Cotejo

De las operaciones de cotejo practicadas entre los documentos periciados, resulta:

1. Respecto del encabezamiento. (Telefax emisor y fecha).

1.1. El indubitado ha sido enviado desde el exterior y lógicamente difiere con los de los «B» y «C» dubitados que se habrían emitido desde Uruguay.

1.2. En los documentos dubitados «B» y «C» el encabezamiento ha sido escriturado a máquina con pase milimétrico 2.54 similar al de modelos de máquinas de escribir electrónicas Remington y Olympia.

1.3. El encabezamiento en los dos documentos dubitados tiene a su izquierda diferente alineamiento vertical, por lo que hay un desplazamiento de texto a la derecha por un espacio más, todo lo que indica que ha sido en ambos casos escriturado a máquina y no responde a las características de los aparatos para trasmitir y recibir facsímiles.

1.4. La discordancia cronológica de un año entre la fecha de la supuesta emisión y la fecha del texto en el documento «B», reafirma las conclusiones a que se ha de arribar.

2. Respecto del texto de los faxes.

2.1. El documento indubitado de 29/10/93 tiene un texto escriturado con diferentes tipos y espaciado que los dubitados.

2.2. El texto de los faxes dubitados utiliza los mismos tipos y espaciado, por lo que han sido ejecutados con un mismo equipo computarizado.

2.3. El diagramado del texto de los dubitados «B» y «C» no corresponde a las características del indubitado que en su texto no lleva ni el lugar, ni la fecha al inicio, ni la dirección de la persona o institución a quien se envía, como es lógico que así ocurra por tratarse de un fax y no de una carta.

3. Respecto de las firmas.

De todos los exámenes practicados utilizando diferentes técnicas e instrumentos, resulta en forma inequívoca que la inicial que suscribe los faxes dubitados «B» y «C» es una reproducción exacta de la inicial «W» que suscribe el fax indubitado.

Los ejemplares dubitados reproducen, los rasgos de la que aparece al pie del fax indubitado y repiten las mismas fallas en el salto o espacio libre a la terminación de la gramma ascendente del último bucle vertical sobre su derecha, la leve desviación en el inicio y en la rúbrica, el mismo anzuelo en el trazo final de la «W» y la ubicación de puntos de cruce.

El procedimiento utilizado para lograr esa inicial «W» con idénticas características y reproducirla en los faxes dubitados ha sido el de emplear un scanner y mediante éste reproducir la imagen de la firma indubitada.

Luego en un segundo paso, se ha efectuado con el mismo instrumental técnico, la eliminación o limpieza de la escritura tipográfica adyacente a la cúspide del bucle, que en el indubitado está introducido entre dos letras de la palabra «LLAMADA».

Sin embargo esa limpieza en cuanto a la firma de los documentos «B» y «C» no pudo ser total bajo riesgo de eliminar parte de la firma reproducida. Por ello ha quedado un resto del trazo horizontal de la base de la segunda L de la letra «LL».

Ese proceso se reprodujo por los suscritos utilizando también un scanner, y de algunas de las distintas etapas cumplidas se obtuvieron las imágenes que constan en las Láminas adjuntas Nos. 8 y 9.

En la Lámina Nº 10 se aprecia en detalle la permanencia de un resto de la mencionada base de la «L» en las firmas de los documentos «B» y «C».

También se puede observar en detalle el mismo ojalillo en la cúspide del bucle y una bifurcación del trazo, característica identificatoria reiterada en los tres ejemplares de firma examinados.

Se indican además en Láminas Nos. 11 y 12 como se reiteran en las tres firmas suministradas por esa Comisión, idénticos rasgos de trazado.

Lo que antecede prueba que la firma de los faxes dubitados no es la reproducción de una firma scaneada y conservada en un archivo de computadora, sino que fue extraída del texto del documento «A» indubitado o fax de 29/10/93.

VI. Contestación a las interrogantes formuladas en vuestra nota de 15 de Julio de 1996.

Aunque entendemos que la respuesta a las mismas en gran parte surge de lo que venimos de expresar en este Informe, igualmente contestamos a ellas en el mismo orden en que fueron formuladas.

A la 1a.: Se trata de un único ejemplar, el del fax de 29/10/93, reproducido en los faxes dubitados por el procedimiento ya explicado.

No se trata de la reproducción de una imagen obtenida con scanner y conservada en el archivo de una computadora, sino que es la reproducción de la firma del fax de 29/10/93.

A la 2a.: Sí, se puede reproducir como precedentemente se ha explicado.

A la 3a.: Ni aun estampadas en el mismo momento, dos firmas de una misma persona coinciden íntegralmente como se puede observar en Lámina 4.

Es una axioma en la investigación de autoría de firmas que «Cuando hay dos firmas y rúbricas que coinciden totalmente por transparencia, una de ellas es falsa».

A la 4a.: Se trataría en ese caso de una firma en blanco y desde luego que puede darse tal posibilidad utilizando variados métodos.

A la 5a.: Hemos desarrollado ut supra en este Informe lo referido a las anormalidades y defectos constatados en los documentos «B» y «C» dubitados.

A la 6a.: Por diversos indicios o elementos como en este caso es posible arribar a esa conclusión.

A la 7a.: Los procedimientos técnico-periciales aplicados por los suscritos y que se citan en este Informe.

A la 8a.: Los faxes dubitados «B» y «C» son el resultado de un proceso de composición con un encabezamiento a máquina electrónica, un texto de computadora y una firma reproducida mediante uso de scanner.

A la 9a: Surge de este Informe la falsedad de los documentos «B» y»C».

VII. CONCLUSIONES

Los documentos o fotocopias de faxes dubitados con fecha el documento «B» en su encabezamiento de «Ap» «7» «1994» y fecha en su texto de 27 de abril de 1993 y el documento «C» con fecha de encabezamiento y texto de 27 de octubre de 1992, SON FALSOS y son el resultado de una composición de escritura a máquina en su encabezamiento y un texto redactado e impreso por sistema informático o de computadora.

La inicial «W» que suscribe dichos faxes es la reproducción mediante scanner de la firma del fax documento «A» indubitado y no la que pudiese estar archivada en computadora.

Es cuanto podemos informar al respecto.

Devolvemos con este Informe la documentación recibida y quedamos a vuestras órdenes por cualquier aclaración que se nos solicite.

Nos es grato saludar muy atentamente al Sr. Presidente de la Comisión y por su intermedio a sus demás integrantes.

Montevideo, Julio 19 de 1996.

Washington Curbelo Martínez Perito en Documentología
Dr. Oscar V. Rachetti Perito Calígrafo

























Administración Nacional de Telecomunicaciones
Montevideo - Uruguay

Respuesta al P.I.
formulado por el Sr.
Rte. Borsari
Acta 26

Montevideo, 22 de julio de 1996

Sr. Presidente de
Comisión Investigadora sobre los
convenios realizados por la Administración
Pública Uruguaya con la Entidad Española
FOCOEX y presuntas implicancias o
irregularidades administrativas en el Ministerio
de Salud Pública en el año 1995
Representante Nacional Julio Aguiar

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo a la nota enviada por la Comisión que Ud. preside, de fecha 19 de julio de 1996, referente al Pedido de Informes del Sr. Representante Nacional Gustavo Borsari, adjuntamos el informe elaborado por los servicios técnicos de ANTEL.

Sin otro particular, saludamos al Sr. Presidente con nuestra mayor consideración.

Cr. Ricardo J. Lombardo Presidente
Dr. Matías Rodríguez Perdomo Secretario General

 

Gerencia de Area Proyectos EE.FF. y RR.MM.,
Montevideo, 22 de julio de 1996.

Señor
Gerente General
Ing. Adolfo Quinteiro

Respondiendo al Pedido de Informes de la Presidencia de ANTEL de acuerdo a Memorandum 2918 de fecha 19 de julio de 1996, solicitado por el señor Representante Nacional Gustavo Borsari, detallamos los resultados de las búsquedas:

I) a) El día 27 de octubre de 1992, a las 2 horas y 13 minutos P.M. no se registra comunicación desde el número 923646 de Montevideo con destino al Reino de España.

II) a) El día 7 de abril de 1994, a las 8 horas y 57 minutos P.M., no se registra comunicación desde el número 923646 de Montevideo con destino al Reino de España.

El día 27 de abril de 1993, a las 8 horas y 57 minutos P.M., no se registra comunicación desde el número 923646 de Montevideo con destino al Reino de España.

Corresponde aclarar que mediante el tipo de registración que se tiene de las llamadas, no es posible diferenciar si una comunicación corresponde a una llamada telefónica o a un envío de fax.

A/P María del Carmen Barreiro
Gerente del Area
Proyectos E. Financieros y RR.MM.
INFORMATICA

Gerencia General, Montevideo, 22 de julio de 1996.

De acuerdo. Pase a conocimiento del Sr. Presidente.

Ing. Adolfo Quinteiro
Gerente General

FACULTAD DE INGENIERIA

Montevideo, 22 de julio de 1996

Presidente
Comisión Investigadora FOCOEX
Sr. Julio Aguiar
Presente

De nuestra mayor consideración:

Por la presente le comunicamos el resultado del peritaje solicitado por la comisión que Ud. preside y realizado por los técnicos del Instituto de Computación y el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería.

Pregunta 1) En los documentos presentados, ¿las tres firmas corresponden a la misma persona?

Respuesta:

La Facultad de Ingeniería no tiene competencia técnica para establecer correspondencias entre firmas y personas. Esto es particular de peritos calígrafos.

Pregunta 2) ¿Las firmas pueden corresponder a firmas impresas con técnicas informáticas (scaneo)?

Respuesta: Sí.

Pregunta 3) ¿Mediante qué mecanismos se puede emitir documentos con la misma firma?

Respuesta:

En la actualidad es común redactar documentos usando una computadora, mediante un programa de procesamiento de texto. Este tipo de programas, además de permitir la escritura, corrección, formateo, etc. del texto, suele permitir la inclusión de imágenes en el mismo.

Por otro lado, los dispositivos llamados «scanner» permiten la lectura óptica del contenido de una página o sector de la misma y su representación en forma adecuada para su almacenamiento y manipulación en la computadora.

Como resultado del «scanneo» se genera un archivo de tipo «imagen», que puede ser incluido en un documento redactado con un procesador de texto, como se describió anteriormente.

El resultado de dicha inclusión es que la imagen «scaneada» queda plasmada en el texto.

En resumen, es posible «scannear» una firma y almacenar su imagen en un archivo en la computadora. En cualquier cantidad de documentos se puede incluir esta misma imagen, por lo que en todos ellos aparecería en forma idéntica.

Es posible también contar con un formulario base para documentos en un archivo, donde se incluya, por ejemplo, el logotipo de la empresa (que puede ser otra imagen), nombre, dirección, y además, la firma de algún integrante de la misma. De esta manera, se puede asegurar que todos estos elementos siempre estén en los documentos generados con ese formulario.

Estos procedimientos son comunes en las empresas tanto de nuestro medio como del exterior.

Pregunta 4) ¿Existen disponibles en el mercado uruguayo los mecanismos que se hace referencia en la pregunta anterior? En caso afirmativo, ¿desde qué año?

Respuesta:

Toda la tecnología involucrada en los procedimientos descritos anteriormente (computadoras, procesadores de texto, scanners) existen en el mercado uruguayo y son utilizados comúnmente. En particular, los scanners existen en el mercado uruguayo por lo menos desde 1990.

Pregunta 5) La técnica llamada «scanneo» ¿es costosa?

Respuesta:

Los costos del «scanneo» están referidos a dos alternativas diferentes:

1) Adquisición del scanner.

Para este tipo de requerimiento existen en plaza equipos que varían entre los U$S 300 (scanners de mano) y del orden de los U$S 1000 (scanner de página).

2) Compra del servicio de «scanneo».

Es de práctica común que cuando el uso del scanner es muy esporádico, como puede ser el scannear sólo una firma, se contrate el servicio de scanneo por única vez. Este servicio lo brindan numerosas empresas de plaza y tiene un costo que se puede estimar en menos de U$S 10 por página.

Pregunta 6) La técnica llamada «scanneo» ¿es utilizada en Uruguay?

Respuesta:

Como se describió anteriormente es de práctica común a nivel de empresas, instituciones y de personas individuales.

Pregunta 7) La utilización práctica del «scanneo» ¿es simple o dificultosa?

Respuesta:

Es muy simple, incluso para personal no idóneo. La operativa es similar a la del proceso de fotocopiado.

Pregunta 8) La firma estampada en el documento individualizado con la letra «A» ¿se puede reproducir en otro documento?

Respuesta:

Sí, mediante el procedimiento descrito en la respuesta a la pregunta Nº 3 o por fotocopiado. Sin embargo en cualquiera de los casos y dado que la firma referida está superpuesta a texto, sería necesario «limpiarla», en el caso del fotocopiado usando líquido corrector y en el caso del «scanneo» usando programas de procesamiento de imágenes. El procedimiento de limpieza podría dejar rastros del texto los que constituirían elementos ajenos a las firmas que podrían ser identificadas como tales por expertos calígrafos.

Pregunta 9) ¿Puede darse la posibilidad de que las tres firmas coincidan, con exactitud en dimensiones y trazos, habiendo sido estampadas en distinto tiempo?

Respuesta:

Si la pregunta se refiere a firmas generadas de «puño y letra», al igual que en la pregunta Nº 1, la respuesta escapa a nuestra competencia. En caso de referirnos a la aplicación del método descrito en la respuesta Nº 3, si se incluye la misma imagen de una firma en documentos generados en distintos momentos, las firmas van a coincidir en dimensiones y trazos en todos ellos.

Pregunta 10) ¿Puede colocarse una firma con anterioridad a la facción del documento?

Respuesta:

Sí, como se explica en la respuesta Nº 3, se puede crear y tener archivado un documento que contiene una firma. Es un análogo a guardar una hoja en blanco firmada. En cualquier otro momento se puede incorporar texto y otros elementos a dicho documento.

Pregunta 11) ¿Nota anormalidades en la hechura de los documentos?

Respuesta:

No.

Pregunta 12) ¿Puede determinarse si los documentos individualizados con las letras «B» y «C» son falsos?

Respuesta:

No podemos determinarlo.

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.

Ing. Roberto Oliveira Mattos Director Centro de Cálculo
Ing. Joaquín Goyoaga Director Instituto de Computación

 

Walter Estellano
Río Negro 1354 - 8º Piso - Esc. 37
Tel. 920433 - Fax: 923646
Montevideo URUGUAY

Montevideo, 27 de octubre de 1992

Sres. FOMENTO DE COMERCIO EXTERIOR S.A.
Orense 58
Madrid - ESPAÑA

Estimado Pedro Pablo:

La ida para Madrid de Julio Macedo es muy importante. Arreglen con él de cualquier forma él será en definitiva quien tome todas las decisiones en el M.S.P. y manda más que García Costa quien no entiende nada de equipos.

Luce firma

Se deja constancia que el presente documento, es copia fiel de la fotocopia original. Luce firma.

Walter Estellano
Río Negro 1354 - 8º Piso - Esc. 37
Tel. 920433 - Fax: 923646
Montevideo URUGUAY

Montevideo, 27 de abril de 1993.

Sres. FOMENTO DE COMERCIO EXTERIOR S.A.
Orense 58
Madrid - ESPAÑA

Estimado Pedro Pablo:

A partir del 26 de mayo viaja a Madrid P. García Pintos, sería ideal que fijáramos una reunión contigo y resolver algunas diferencias sobre pagos de comisiones que no han quedado lo suficientemente claras.

Creo que lo mejor es una reunión entre ustedes para no generar sospechas.

Espero tu llamada para confirmar.

Luce firma.

Documento proporcionado por el Sr. Rte. Nicolini.
Acta 19

09/07/96

Se deja constancia que el presente documento es copia fiel de la fotocopia original.

Luce firma.

Walter Estellano
Río Negro 1354 - 8º Piso - Esc. 37
Tel. 920433 - Fax: 923646
Montevideo URUGUAY

DATE: 29/10/93
TO: FOCOEX
FROM:
ATT: D. PEDRO PABLO LOPEZ SANCHEZ
REF:
NUMBER OF PAGES INCLUDING COVER PAGE:

PLEASE LET KNOW IF YO DIDN´T RECEIVE
ALL THE PAGES INDICATED ABOVE

Estimado Pedro Pablo:

Como veo que te has olvidado de llamarme, tal cual acordamos ayer, igual te envío detalle de los pagos efectuados por el M.S.P. a la empresa HURSA, información que podrás chequear con la gente de Huarte en Madrid. Si algo objetaran, que se sirvan consultar telefónicamente al Arq. Juan Carlos Dugonjic.

3-8-93 U$500.000
8-6-93 U$500.000
22-9-93 U$1:150.000
24-9-93 U$1:150.000

Si fuera necesario, también puedo conseguirte las órdenes de pago de las dos comisiones aunque pienso que no deberíamos llegar a ese extremo para no despertar suspicacias.

Espero tu llamada, por supuesto, ya estoy en la oficina y no en casa.

Luce firma.

Documento proporcionado por el Rte. Nicolini
Acta 19
09/07/96

Se deja constancia que el presente documento, es copia fiel de la fotocopia original.

Luce firma.

-Tiene la palabra el señor Diputado Aguiar.

SEÑOR CHIFFLET. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Chifflet para fundar el voto.

SEÑOR CHIFFLET. - Señor Presidente: no voy a fundar el voto sino a efectuar una aclaración, y la Mesa me dirá si de este modo estoy apartándome del Reglamento.

He votado la incorporación de los documentos al Diario de Sesiones como ha sido solicitado por el señor Diputado Trobo. Quiero señalar que se han hecho continuas referencias a los documentos que tuvo la Comisión en sus sucesivas sesiones.

Hace más de dos semanas solicitamos a la Secretaría de dicha Comisión que se nos permitiera ir leyendo la versión taquigráfica de la investigación sobre FOCOEX. No hemos hablado públicamente del tema en ninguna circunstancia, porque no lo conocíamos, pero suponíamos que iba a venir a Sala un tanto intempestivamente y, en consecuencia, debíamos leer actas de sesiones que, por los datos que tenemos, superan el centenar. Se nos informó que el secreto había sido levantado, pero que la Comisión había decidido que no se entregaban las actas a ningún Legislador hasta que así lo resolviera expresamente la Comisión.

Acá se hace referencia a esas versiones taquigráficas. Como el debate va a girar en torno a muchos aspectos de éstas y hay Diputados que no las hemos leído -aunque nos hemos preocupado por hacerlo- y ello consta porque luego que el señor Secretario de la Comisión, con total objetividad, me informó cuál era la decisión adoptada, se lo hice saber a uno de los señores Secretarios del Cuerpo quien no me va a desmentir, quiero dejar esta constancia de que si en el día de hoy entramos al debate en torno a los temas que se plantearon y discutieron en la Comisión, algunos Legisladores no vamos a estar en condiciones de hacer afirmaciones sobre lo que aquí se diga si no es confiando, desde luego, en las palabras del Legislador que las pronuncie.

Hoy leí en un diario de la capital que un Senador ha leído las versiones taquigráficas. Dejo constancia de que a mí se me han negado y con razón, invocándoseme una resolución de la Comisión.

Entonces, las consecuencias serán las siguientes. Primero, no disponemos de la información fehaciente de lo que se debatió. Segundo, para tomar decisiones -que presuntamente se propondrán aquí- es imprescindible conocer esas versiones taquigráficas.

Antes del debate en el que posteriormente intervendré, deseaba dejar esta constancia.

SEÑOR AGUIAR. - Pregunto a la mesa si el tiempo insumido por el señor Diputado Chifflet se descuenta del que yo dispongo.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - La Mesa aclara que el tiempo que utilizó el señor Diputado Chifflet no se descuenta del que corresponde al señor Diputado Aguiar, en tanto él pidió la palabra para hacer una aclaración.

Además, la Mesa reitera que el tema de esta sesión es el siguiente: «Señores Representantes Leonardo Nicolini y Carlos Pita. (Resolución respecto a sus conductas en la presentación de documentos falsos en la Comisión Investigadora sobre los Convenios realizados por la Administración Pública Uruguaya con la Entidad Española FOCOEX y Presuntas Implicancias o Irregularidades Administrativas en el Ministerio de Salud Pública en el año 1995)».

Asimismo, el señor Diputado Trobo acaba de presentar los documentos a que hace mención la convocatoria. La Mesa desea señalar que no tendría inconveniente en hacer un repartido y distribuirlo entre los diferentes sectores si así lo requiriesen.

SEÑOR GARCIA (don Alem). - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GARCIA (don Alem). - Señor Presidente: creo que en estos momentos en que se inicia la sesión corresponde precisar el objetivo de la convocatoria.

Como todos sabemos, una Comisión Investigadora de esta Cámara ha estado trabajando sobre negocios de diversas entidades del Estado con la firma española FOCOEX. Seguramente, en el correr de los próximos días esta Cámara va a ser convocada a efectos de considerar el o los informes que elevará esa Comisión y nos expediremos oportunamente. En el día de hoy la Cámara está citada para analizar la eventual responsabilidad que pueden tener algunos integrantes del Cuerpo en función de la presentación de documentos, que según determinados peritajes, son falsos. En definitiva, la Cámara está convocada para analizar ese punto y no otro. Naturalmente, en una primera etapa de esta sesión tenemos que escuchar la exposición de los hechos:

Cuáles fueron los hechos, qué fue lo que ocurrió.

Naturalmente, en esa ocasión, quienes no integramos la Comisión Investigadora vamos a recibir la versión de quienes están en conocimiento de esas circunstancias de hecho. Una vez que recibamos esa información, la Cámara entrará en una segunda fase, que es la de calificación que podamos formular cada uno de los que ahora vamos a tomar conocimiento en detalle de las circunstancias vinculadas a un punto específico y concreto: la agregación de documentos falsos según algunos peritajes y la eventual responsabilidad de miembros de este Cuerpo.

Entonces, siendo así las cosas, creo que el tema de la convocatoria debe ser precisamente ese, el que se señala en esta citación, y no podemos abarcar otros asuntos. Más adelante la Cámara tendrá también que dedicar su labor a considerar los informes de la Comisión Investigadora de que se trata.

Creo que con esta precisión favorecemos el curso del debate, a fin de evitar la discusión de temas colaterales que no tienen relación con la convocatoria, porque hoy la Cámara debe decidir si determinado Legislador, en virtud de su conducta, tiene responsabilidad o no en la agregación de documentos que se dicen son falsos. Ese es el punto de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - La Mesa desea aclarar que, más allá de los pedidos para hacer uso de la palabra a efectos de realizar aclaraciones, actuará con la complacencia que normalmente utiliza, para tratar todos los temas, pero invita a los señores Diputados a no abusar del uso de la palabra por la vía de las aclaraciones y a anotarse en forma reglamentaria.

Tiene la palabra el señor Diputado Aguiar.

SEÑOR AGUIAR. - Señor Presidente: voy a perder unos minutos del poco tiempo de que dispongo para hacer una aclaración que me parece pertinente, porque en este clima de suspicacias en que viven la sociedad uruguaya y el Parlamento no me gustaría que se pasara por alto la referencia a que la Comisión se negó a dar las versiones taquigráficas o a que se las dio a unos y a otros no.

Fue criterio unánime de la Comisión, en primer lugar por el secreto y, una vez levantado éste, por el volumen de la documentación, contar con los juegos necesarios para los miembros de la Comisión, con dos o tres excepciones que detallaremos el día en que se presenten los informes. Quiere decir que la posibilidad de que un señor Senador pueda tener las versiones taquigráficas reside en el hecho de que algún señor Diputado se las haya proporcionado. Reitero que la Comisión no hizo discriminación al respecto.

Hecha esta aclaración, que profundizaremos en su momento, quiero señalar que firmé la solicitud de convocatoria de esta sesión. Estoy aquí presente y debo decir que siento desilusión y tristeza. Cuando conocimos el resultado del peritaje de los famosos faxes que terminaron siendo falsos, a la salida de la reunión de la Comisión dijimos que nunca más íbamos a integrar una Comisión Investigadora. Hoy quiero reafirmar esas palabras, y aclaro que no es por un acto de cansancio sino por una convicción.

El país todo, no el sistema político, tiene planteado ante sí el problema de la corrupción. En todo caso, el sistema político es un reflejo del resto de la sociedad. Pero siento que ésta tiene mayor permisividad ante la corrupción que hace treinta o cuarenta años. La gente, a veces, exige sólo a los políticos -y está bien, quizá por aquello de que debemos dar el ejemplo- combatir la corrupción.

Aclaro que tengo la convicción de que, mayoritariamente, el sistema político uruguayo es honesto y austero, y que ha intentado con dificultades y en la medida de sus posibilidades investigar esas denuncias de corrupción y tratar de aclararlas. Algunas se han hecho aquí y otras están en la Justicia.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado ha designado una Comisión de Etica, integrada por ciudadanos que están por encima del bien y del mal, para analizar la conducta de sus dirigentes en caso de denuncia.

El Directorio del Partido Nacional anuncia que aquellos ciudadanos a quienes se tipifique algún acto de corrupción serán expulsados del Partido.

También hay anuncios de alguna legislación, como el proyecto de ley anticorrupción, un proyecto de ley presentado por el señor Senador Millor y una iniciativa del señor Diputado Abdala de delimitar la financiación de los Partidos. El país está frente a una realidad en la que la legislación no se adapta a ella y nosotros también tenemos que legislar.

Creo que esto lo podemos compartir todos, pero la politización de la lucha contra la corrupción y lo que se dice enfrentar, ha llevado a la situación en la que estamos al día de hoy.

Yo no pienso integrar más una Comisión Investigadora; durante mucho tiempo hemos discutido aquí si se les debe dar más o menos potestades y, en ese sentido, no afirmo que no haya que darles más potestades, porque haría más daño. Inclusive, no sé si a esta altura sería bueno señalar que como conclusión del trabajo de la Comisión Investigadora sobre FOCOEX, el Parlamento deberá votar alguna Comisión Investigadora como caso excepcional. Porque quien de aquí en más diga que tiene pruebas, que vaya a la Justicia y las entregue, y no tengamos aquí este escenario armado desde hace muchos meses, que ha colocado al país y al sistema político en vilo y que termina en esta situación que, personalmente, lamento.

La politización en la Comisiones Investigadoras es mala porque se crea una relación de ida y vuelta a través de los medios de comunicación para influir sobre la sociedad. Este es el tema. Ello se notó de entrada -no era original en esta Comisión- cuando ni siquiera respetamos el secreto -me incluyo, porque no quiero ponerme por fuera- que está penalizado en el Código Penal, porque había que influir en la opinión pública.

No voy a decir que la Comisión Investigadora sobre FOCOEX, que quedó en el centro de una tormenta mucho mayor que se generó en la sociedad uruguaya, sea la única responsable. Pero sí digo que la politización dentro de esa Comisión y esa tormenta que prácticamente se concentró en lo que ésta hacía o dejaba de hacer, terminaron por enchastar todo el sistema.

Reitero que la Comisión Investigadora sobre FOCOEX no es la única responsable; pero sí la principal responsable del enchastre general debido al cual hoy los políticos somos el gremio más desprestigiado de la sociedad uruguaya. Y como somos la primera cara de la institucionalidad democrática ante la sociedad, ello me produce una profunda tristeza, a mí en lo personal pero también a mucha gente que hoy integra esta Cámara y que la ha integrado. Es mi propósito dejar esto a título de mensaje para que, en el futuro, mucha gente desee integrarla.

Nosotros no vinimos a trabajar para esto; no vinimos para dar al país esta sensación de enchastre en que estamos y en la que hoy es difícil separar la paja del trigo, dificultando aun más la lucha contra la corrupción.

Yo no vine a esta Cámara para estar en esto ni para tener que explicar a mis hijos que los políticos no somos corruptos. Tampoco vine para tratar de explicar al país cómo durante tres meses centramos su atención en este tema, cuando el Uruguay tiene tantos problemas, para luego terminar en un posible juicio a un colega y acabar con la problemática actual del sistema político.

Entiende que sin duda alguna, esto es un acto de irresponsabilidad porque en una Comisión Investigadora o en cualquier otro ámbito parlamentario, lo primero que debe tener un Legislador es seriedad y no dejarse llevar por las corrientes emocionales.

He dicho públicamente -seguramente los periodistas lo recuerdan- que esto es como la situación del jugador Enzo Francescoli.

Lo trajimos al Uruguay, lo echamos, ahora se juntan firmas para que vuelva, pero si viene, erra un penal y no vamos a Francia, lo castigamos, porque así son las corrientes emocionales. Y Francescoli, que es un jugador de novela, es sólo uno en un grupo y no puede ser responsable de todo.

El Legislador no tiene que dejarse llevar por la corriente emocional y debe mantener los puntos de referencia de seriedad y objetividad, porque eso es lo único que le permite ofrecer garantías. Lo grave se da cuando, en vez de alejarse de esa corriente emocional, trata de aprovecharse de ella y de influirla políticamente. En definitiva, esto es lo que ha sucedido aquí.

Reitero que no digo estas cosas con ninguna intención menor, pero cuando el país está de cabeza y hoy los políticos somos todos culpables y debemos demostrar nuestra inocencia, a veces uno busca comentarios sensatos porque en estos momentos lo que siempre escasea es la sensatez y la capacidad de reflexionar, puesto que resulta muy difícil abstraerse de esas corrientes emocionales.

Leía hoy la declaración de Asamblea Uruguay y, con los mayores respetos, quiero decir que me parece que no ha estado a la altura de los acontecimientos. Y me voy a permitir hacer algunas lecturas que indican cómo se han producido los hechos.

«El Diputado Leonardo Nicolini señaló que tiene más pruebas para presentar en la Comisión sobre el cobro, por parte de funcionarios de la Administración pública, de comisiones por esas compras». Sé que cada vez que uno menciona estos temas se saca otra conclusión; por lo tanto, debe quedar claro que el informe sobre FOCOEX no es el tema de hoy. Este está por afuera; no estamos hablando de las conclusiones que tuvo ese asunto sino de un estilo de hacer las cosas, que no es el que, a nuestro entender, corresponde.

«Esta Comisión tendrá como objetivo central esclarecer la situación y examinar los ‘nombres que no he dado a conocer públicamente, porque considero que no es oportuno darlos´ afirmó Nicolini, pero ‘el que encabeza la lista es el de Gabito Zóboli’». Empiezo por señalar que ninguna de estas cosas fueron demostradas en la Comisión y aprovecho para decir que la expectativa es tan brutal en la opinión pública, que ahora también tenemos problemas para hacer los informes. Se crea la expectativa de que aquí estaba la sellada y ahora nosotros, en nombre de esa sellada que nunca apareció, también tenemos líos porque la gente va a cuestionar a quienes hemos tratado de actuar seriamente.

«Nicolini aseguró que tres funcionarios cobraron comisiones de FOCOEX». Esto tampoco fue probado. Todo ha salido en la prensa meses antes y durante el funcionamiento de la Comisión.

«Nicolini afirmó que sólo tres personas, a las que no identificó recibieron el pago de estas comisiones». Estos nombres tampoco aparecieron nunca.

«Se dieron a conocer ayer seis cuentas bancarias y dos certificados de pago de comisiones realizadas por la empresa española FOCOEX a ciudadanos uruguayos. Se aseguró que las comisiones pagadas en estas seis cuentas suman más de 17 millones de dólares y fueron cobradas por tres personas. De esta manera queda probado que la comisiones existieron». Esto nunca quedó probado.

«Tanto Nicolini como Pita recibieron el apoyo del secretariado para que ‘continúen la investigación’ con el método utilizado». No debería haber leído esto último sin antes hacer algunas consideraciones.

No logro explicarme -y lo digo con mucho respeto- cómo integrando un partido político, siendo hijo de un sector político en que las jerarquías siempre se respetaron, en esta declaración de Asamblea Uruguay se sacrifica al Diputado Nicolini y durante meses nadie lo llamó, lo sentó y le dijo: «Dígame, Diputado, de todo esto que está diciendo, ¿tiene pruebas? ¿Cuáles son esas pruebas? ¿Usted está seguro de que son ciertas?, porque mire que el día que las vaya a presentar, la gente las va a dar por ciertas, y usted ha creado una conmoción por lo que, si esos documentos no son verdaderos, va a ser muy difícil para todo el sistema político tratar de explicar a la opinión pública que la sellada no estaba arriba de la mesa».

La declaración de Asamblea Uruguay, dice: «En efecto, en una comisión designada como parte de la lucha que el país ha emprendido contra la corrupción tales procedimientos» -se refiere al señor Diputado Nicolini- «y resultados no han hecho otra cosa que desmerecer seriamente esa finalidad, así como los trabajos tendientes a alcanzarla, favoreciendo la posición de eventuales responsables de conductas indebidas».

Por su parte, el quinto punto, y reitero que lo digo con todo el respeto debido, empieza de una forma muy triste: «Lamentablemente, tanto en oportunidad de canalizar hacia la justicia las denuncias efectuadas por el ciudadano Teófilo Maciel, como durante el último tramo de la investigación parlamentaria sobre el caso FOCOEX, iniciado a contar de los primeros días del mes de junio pasado, no se observaron elementales normas de recato en la comunicación pública, y este Consejo no sólo no fue consultado, sino que resultó franca y reiteradamente desobedecido. No obstante, y con la finalidad de evitar dificultades o distorsiones» -no sé cuáles son- «al objetivo principal de la investigación, se mantuvo en silencio al respecto, sin perjuicio del respaldo que siguió ofreciendo a dicha investigación y a quienes la realizaban».

Esto es lamentable e inentendible, porque a pesar de saberse que se estaba distorsionando, creando dificultades, se permitió que esto continuara. Yo pregunto: ¿y si realmente hubiera estado la sellada? Por supuesto, esta declaración no hubiera sido necesaria. Lo dejaron hacer por si algo salía bien. Cabe señalar que el Frente Amplio respaldó este método, no una sino varias veces, lo que resulta aun más inentendible.

En un reportaje al doctor Tabaré Vázquez, publicado en «El Diario» del 12 de abril de 1996, se expresa: «En otro orden de cosas, dijo que no ha tenido oportunidad de conocer elementos o pruebas que se están manejando por el Diputado asambleísta Leonardo Nicolini sobre irregularidades de Guillermo García Costa o Gabito Zóboli en el caso FOCOEX. ‘No tengo ningún conocimiento. Me imagino que Nicolini tiene la pruebas necesarias. Si no fuera así, sería tan censurable como cualquier denuncia que se ha manejado en base a suspicacia. Quiero creer que Nicolini maneja pruebas con solvencia y seguridad».

Entonces, pasamos a la declaración del día de hoy del Frente Amplio y, con todo respeto, confieso que al leerla termino por entender aun menos.

Como grupo político -y estoy seguro de que interpreto el sentido de todos los colorados aquí presentes- cuando un colorado se juega una patriada de esta naturaleza, primero averiguamos de qué se trata, y si estamos de acuerdo lo respaldamos hasta el final, y no lo dejamos hacer para finalmente sacrificarlo.

El primer punto de la declaración del Frente Amplio habla de la corrupción; el segundo expresa que la coalición respalda la iniciativa de denuncia; el tercero rechaza las sanciones; el cuarto establece la solidaridad del Frente Amplio en caso de juicio político, y el quinto punto se refiere al origen de la documentación. Yo digo que la preocupación por ese tema debió haberse tenido antes y no ahora, cuando están metidos en este brete. Y finalmente, por supuesto, otra vez se elige la fácil: pasar los antecedentes a la Justicia. Se ignora el trabajo y las investigaciones de la Comisión y, para tratar de aligerar la cosa, entregan un documento y salen diciendo que mañana enviarán todo el material a la Justicia.

Señalo públicamente que la conducta del señor Diputado Nicolini ha sido poco seria, y aun menos seria fue la actitud del Frente Amplio, respaldando continuamente la acción del señor Diputado Nicolini, sacrificándolo tres horas antes de que comenzara esta sesión y viniendo con una declaración en la que, más allá de lo que la Comisión Investigadora tenga que decir -parece que a esta altura eso ya es lo de menos- se resuelve pasar todo a la Justicia, seguramente pensando: «Total, así metemos un poco de lío y compartimos la responsabilidad».

Señor Presidente: todo esto es realmente grave. Yo creo que ha sido una tomadura de pelo al Parlamento y siento que se ha faltado el respeto a los compañeros de la Comisión. Inclusive, surgió un peritaje caligráfico solicitado en la ciudad de Buenos Aires -parece que para el Frente Amplio los peritos nacionales no tienen valor- a una persona cuya honorabilidad no discutimos pero que nadie sabe quién es. Y además, en esta declaración del Frente Amplio se habla de todo menos de la conducta del señor Diputado Nicolini sobre estas cosas.

En medio de este desastre, del enchastre en el que estamos metidos todos los políticos gracias a actos de irresponsabilidad como éste, lo que se debe hacer es tratar de aclarar la situación, hacerse responsable algún día de los actos que se cometen y no estar siempre tratando de entreverar las cosas.

SEÑOR PINTADO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO. - Señor Presidente: era previsible que se produjera una intervención de este tipo. Por algo -lo aclaro a todos, para que se abstengan de utilizar este tipo de argumentos- el señor Diputado Aguiar no integra mi colectividad política.

(Interrupción del señor Representante Aguiar)

La actuación orgánica de sus miembros la decide la dirección de la colectividad. Con todo respeto, digo que nosotros jamás opinamos sobre las resoluciones orgánicas ni sobre los análisis que hacen otros partidos políticos de las conductas políticas de sus integrantes. Por lo tanto, éste no es el punto que está en discusión, salvo que el señor Diputado quisiera integrar nuestras filas y, en todo caso, discutir allí cuáles son los mejores pasos a dar. Pero como éste no es el caso, no es de recibo la crítica ni la intromisión en los asuntos internos y orgánicos de mi colectividad política, a la que no pertenece el señor Diputado.

(Interrupciones - Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chavez). - Puede continuar el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO. - Señor Presidente: yo escuché a todos con mucha tranquilidad y respeto, a pesar de que muchas veces no compartía lo que se decía. Se ha expresado que el informe de FOCOEX no se va a discutir hoy, y lateralmente se está discutiendo. Por otra parte, el hecho de si hubiera sido o no necesario realizar una declaración en otro escenario, es cuestión de mi colectividad política y no tengo que rendir cuentas a nadie por ello. También debo expresar que yo tampoco justifico la actitud política de quienes, en el momento en que se presentó la moción para integrar una Comisión Preinvestigadora que analizara el tema de FOCOEX, anunciaron que iban a dar nombres a la Comisión y luego no lo hicieron. Eso es problema de quien lo dijo, y no pertenecía a mi colectividad política.

SEÑOR IBARRA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chavez). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR IBARRA. - Señor Presidente: se ha expresado con énfasis una crítica sumamente dura a nuestra colectividad política, el Frente Amplio, que ha planteado, a través de todos sus organismos de dirección -el Plenario Nacional, la Mesa Política, la Agrupación Parlamentaria y el Secretariado Ejecutivo- el convencimiento de que es imprescindible investigar a fondo todo lo que signifique corrupción y ocultamiento, porque esto deteriora las instituciones y crea una situación de desconfianza permanente a nivel de todos los sectores políticos. Una y otra vez hemos brindado nuestro respaldo a las investigaciones; lo hemos hecho con respecto al Banco de Seguros del Estado -y fueron Legisladores del Frente Amplio quienes en la Legislatura anterior presentaron la denuncia penal- y también hemos respaldado la actuación de la Comisión Investigadora sobre el Banco Pan de Azúcar; son casos en que ya se están viendo los resultados.

En lo que se refiere al Banco de Seguros del Estado, podemos decir que hay dos procesados por irregularidades. Se trata de un ex Presidente de su Directorio -correspondiente al gobierno anterior- y un ex-asesor del ex-Presidente de la República Luis Alberto Lacalle.

Con referencia al Banco Pan de Azúcar, debemos decir que la Justicia está trabajando y, a nuestro juicio, lo está haciendo bien, al investigar cada uno de los temas que fueron denunciados en su oportunidad.

No podemos separar -ningún Legislador lo ha podido hacer, ni los señores Diputados Trobo y Aguiar- el tema en consideración, referente a los señores Diputados Nicolini y Pita, del de FOCOEX. Nuestra organización política respalda a sus Legisladores y cuando se nos expresó que existían más de veinte documentos para presentar inmediatamente, como organismo político en forma colectiva tomamos la decisión de que fueran entregados a la Comisión Investigadora. Luego, a través de la Justicia se aclarará si efectivamente hay dos o tres faxes falsos. Nosotros estamos haciendo las gestiones -siempre las hemos hecho- para comprobar eso.

Aquí se engola la voz y se plantea que hay que ir a fondo en la investigación de la corrupción; nuestros Legisladores han actuado en ese sentido. Sin embargo, un integrante del partido de Gobierno, concretamente del Foro Batllista, un señor Diputado, que respetamos, hizo determinada afirmación en la Comisión Preinvestigadora pero, en definitiva, no ha cumplido con presentar las pruebas. Aquí tenemos la versión taquigráfica de las palabras del señor Diputado Testoni, quien dijo, por ejemplo: «Pero llama la atención que en el pago de comisiones -que es un tema que consideramos muy importante- el Estado español autoriza a pagar hasta 5% de comisiones y nosotros tenemos alguna documentación que señala que se habrían liquidado comisiones de hasta un 15%». Ante una intervención del señor Diputado Trobo señala: «Yo tengo elementos que considero que la Comisión deberá estudiar en su momento. Presiento que determinada persona» -señaló lo de «determinada persona»- «dentro del Ministerio ha cobrado un porcentaje por encima de ese 5%».

Además, ante una pregunta del señor Presidente de la Comisión Preinvestigadora, expresa el señor Diputado Testoni: «Sí, pero no puedo decir nombres porque me parece que no corresponde, ya que éste no es el ámbito. Si se pasara a una instancia posterior, podríamos hablar en otro tono, pero en este momento no podemos decir nombres».

Entonces, ¡fue el Foro Batllista, el Partido Colorado que pidió la constitución de una Comisión Preinvestigadora! ¡Y la Comisión Preinvestigadora se basó en denuncias concretas de un señor Diputado del partido de Gobierno que, según la versión taquigráfica, expresa que hay denuncias, que por lo menos hay un funcionario público que cobró comisiones! De alguna forma, el partido de Gobierno y el Foro Batllista también deberían pedir responsabilidades, porque en la Comisión Investigadora ese tema no fue planteado por el señor Diputado Testoni.

(Interrupciones)

(Campana de orden)

SEÑOR AGUIAR. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AGUIAR. - Señor Presidente: en primer lugar, quiero aclarar que el señor Diputado Testoni hizo la denuncia donde debía y no realizó una campaña nacional fuera de la Comisión.

En segundo término, quiero decir al señor Diputado Pintado que no me meto en problemas ajenos, pero aquí hay un documento público. No fui a ver qué pasó en la asamblea de su sector pero leí un documento que nos mandaron y lo comento, porque por algo es público.

En tercer lugar, para tranquilidad del señor Diputado Pintado, del Batllismo y del Partido Colorado sólo saldré el día que vaya a la última morada, nunca antes.

SEÑOR LAGO. - Pido la palabra para contestar una alusión de carácter partidario.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LAGO. - Señor Presidente: con el ánimo de que la discusión de la tarde de hoy cuente con el clima adecuado, hacemos una exhortación para que los Diputados, no nos dejemos llevar por la pasión y analicemos serenamente el tema.

En ese sentido, quisiera responder una alusión partidaria y decir al señor Diputado que si hemos comentado la declaración pública de un sector -que dice que no interviene en decisiones de otras agrupaciones partidarias o que esa resolución pertenece a su colectividad- es porque nos sentimos tremendamente molestos cuando se nos ha acusado de formar una coalición rosada. Además de llamarle coalición, se nos adjetiva con un término que rechazamos categóricamente porque no somos rosados, amarillos ni verdes; somos colorados y blancos quienes hemos unido las fuerzas para, patrióticamente sacar adelante leyes que permitan a este país encontrar las soluciones que el pueblo reclama.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Borsari Brenna.

(Interrupciones del señor Representante Pacheco Klein)

Si los señores Diputados no colaboran con la Mesa, va a ser absolutamente imposible que la sesión se pueda realizar y conducir en la forma debida.

En consecuencia, solicito a los integrantes del Cuerpo la mayor buena voluntad a los efectos de evitar que por vías indirectas se esté interviniendo constantemente.

SEÑOR PACHECO KLEIN. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PACHECO KLEIN. - Señor Presidente: abonando la teoría de la Mesa, lo que queremos es ayudar a la buena conducción del debate y a que en esta sesión se trate lo que figura en el orden del día, evitando que se consideren otros asuntos. El tema FOCOEX y las presuntas investigaciones, implicancias e informes se tratarán el día 5 de agosto próximo. En la fecha de hoy estamos analizando las acusaciones a dos Legisladores que introdujeron material adulterado.

Entonces, propongo en que nos aboquemos a tratar el tema del día de hoy y no derivemos en otras cosas que, a su vez, provocan alusiones y contestaciones.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Borsari Brenna.

SEÑOR BORSARI BRENNA. - Señor Presidente: deseo expresar que lo manifestado por los señores Diputados Trobo y Aguiar de la pauta de lo que ha sucedido en la Comisión Investigadora durante estos ciento cinco días de trabajo.

Quiero dejar una constancia previa: a pesar de la gravedad de estos hechos que han sido denunciados, vamos a expresarnos como se debe en esta Cámara. Si alguien está esperando insultos, si alguien está esperando un escándalo, intolerancia en nuestra voz, sepa que el Partido Nacional está encarando este asunto -y lo va a seguir haciendo- con la seriedad y responsabilidad que requieren su historia y su presente.

Sin duda, vamos a decir lo que sea necesario con la firmeza de espíritu y la honestidad intelectual debidas, puesto que el asunto que hoy se trata en esta Cámara, que es la conducta de los señores Diputados Leonardo Nicolini y Carlos Pita, es lo suficientemente grave como para que lo hagamos en este estilo.

Debo decir que este tema que estamos considerando, sobre una posible inconducta, es de extrema seriedad y, en el sentido que se ha puesto aquí sobre la mesa, no tiene antecedentes en la historia política nacional. Es un hecho inédito que se hayan presentado al Parlamento, a nosotros Representantes de la soberanía nacional, pruebas falsificadas que pudieron torcer nuestro pensamiento y nuestro veredicto respecto de las conclusiones a las que la Comisión Investigadora debe llegar.

Pero aunque este hecho inédito, y no está inscripto en la historia política nacional, debo decir que no es nuevo el estilo del ataque a un partido fundacional como nuestro Partido Nacional. Esta idea puede ser abonada con algunos hechos, como los que sucedieron en los años sesenta, que todos conocimos y sabemos que convulsionaron a nuestro país trayendo desgraciadas consecuencias. Aquellos también fueron ataques a la institucionalidad y a los partidos fundacionales.

En los años setenta se repiten, con otras voces y con otros protagonistas, las mismas prácticas.

SEÑOR CHIFFLET. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BORSARI BRENNA. - Con todo el respeto que me merece el señor Diputado Chifflet, le voy a pedir disculpas, pues utilizaré los quince minutos de que dispongo para mi exposición.

En los años ochenta, con otro estilo y con otros nombres, se perpetraron ataques que terminaron con hechos políticos graves.

Todos estos hechos revelan un sentido de hacer política y de comprender al país que evidentemente no compartimos pero comprendemos; por algo estamos sentados en esta Cámara cuando hay Legisladores que, de alguna manera, representan ese estilo.

En estos años se revela una nueva campaña, con otro protagonismo: la que hemos sentido en estos 105 días de trabajo de la Comisión Investigadora. Los señores Diputados preopinantes ya han puesto sobre la mesa la gravedad de los hechos. Se trata de una campaña infamante e injusta que implicó a un partido político fundacional. Por ello la proclamamos y definimos como injusta; no ha sido solamente contra hombres, sino contra un partido.

Además, se ha dicho -quizás no en este ámbito pero sí ante la prensa- que en un partido había una asociación para delinquir. Esta es una acusación absolutamente inaceptable y que rechazamos con total firmeza. El señor Presidente, en su calidad de miembro de la Comisión Investigadora, ha sido testigo de que durante 105 días recibimos permanentes anuncios de que el lunes iban a presentar los nombres. Pero llegaba ese día y se decía que la semana siguiente se presentarían los nombres y las cuentas que había en las Bahamas. Sin embargo, se cumplía ese plazo y un anuncio en la prensa señalaba que el mes que viene se entregarían los nombres, las cuentas y las pruebas de las comisiones recibidas.

Naturalmente, como dijimos hace unos días, no hubo pruebas de las cuentas bancarias ni de las comisiones pagadas a ex funcionarios públicos. Tampoco aparecieron los nombres; no hubo absolutamente nada de nada. El señor Diputado Nicolini dijo -y hay artículos de prensa que los testimonian- que iba a presentar pruebas que iban a conmocionar el ámbito político de nuestro país, que iban a conmover al país.

Todos nos sentimos preocupados por el hecho de que esto pudiera suceder. Realmente nos sentimos preocupados, porque tenemos una trayectoria política que nos dice que si sucedieran estas cosas el sistema democrático se vería disminuido. Sin embargo, la conmoción del país nunca llegó; me refiero a que nunca llegó en el sentido que anunciaba el señor Diputado Nicolini. Lo que sí llegó -y lo decimos con absoluta tristeza- fue la conmoción para el Parlamento.

Lo que estamos viviendo hoy es una gota más para que este Poder Legislativo, que tiene que ser honrado por las trayectorias de todos los Legisladores, hoy se vea en esta situación en la que uno de ellos puede ser objeto de alguna medida correctiva.

Tengo una gran decepción, y en ese sentido suscribo las palabra del señor Diputado Aguiar. Yo era de los que pensaban que los Legisladores teníamos -y lo sigo pensando- una gran responsabilidad en nuestras acciones y en nuestros dichos. Cuando se dijo públicamente que esto de la Comisión de FOCOEX era una cortina de humo para distraer la atención de otra investigación que se estaba tramitando en forma paralela, sentimos una desazón que realmente nos será difícil olvidar. Me refiero a que habíamos sido objeto de una burla, habíamos sido utilizados por un Legislador.

Naturalmente, como tenía que pasar cuando no se habla con la verdad, «la montaña parió un ratón». Cuando se dijo que el lunes o el martes iban a ser dadas a conocer las pruebas y los nombres, se presentaron dos faxes. Luego de ser analizados por dos de los peritos calígrafos más serios que hay en nuestro país y de hacer las consultas respectivas a ANTEL, llegamos a la conclusión de que fuimos engañados porque eran falsos.

Que no se diga que se presentaron veinte documentos, porque los únicos dos que hacían una presunta acusación -que no fue presentada en la Comisión- a ex funcionarios públicos eran estos dos faxes. Estos dos documentos resultaron ser falsos. Entonces, como Representante de la soberanía nacional me siento agraviado, porque a través de nosotros se agraviaba a la ciudadanía, a la prensa y a todos los uruguayos ya que se podía torcer el sentido en el cual podría ir la definición de la Comisión Investigadora.

Se ha desprestigiado, pues, al Parlamento y a las Comisiones Investigadoras, sobre las que tanto se ha dicho que había que darles fuerza. Pregunto quién va a integrar ahora una Comisión Investigadora con absoluta convicción, con alegría, con buen ánimo y con espíritu investigativo -como tiene que ser en el Parlamento- a fin de que no sucedan irregularidades en los Poderes del Estado. Creo que nadie podría hacerlo.

Y se ha desprestigiado también al sistema democrático, con una actitud siempre dual; nunca se realizaron acusaciones en la Comisión -donde debían formularse- y jamás hubo una traducción de estas expresiones sobre presuntos ex funcionarios públicos que habrían recibido comisiones.

Hemos tenido tolerancia y paciencia -dos virtudes que debemos poseer todos los Legisladores- para esperar que aconteciera lo que tuviese que suceder. Pero, que no se confunda: una vez que no ocurrió lo que teóricamente tenía que pasar, que no se confunda tolerancia y paciencia con debilidad.

Quién se haya metido con la honradez, la trayectoria y la honorabilidad de nuestro Partido Nacional va a tener que enfrentarse con una colectividad que seguramente no conoce.

Este señor Legislador decía por la prensa todo lo que no se atrevió a manifestar en la Comisión Investigadora. Solicitó al señor Presidente y a los señores Diputados que lean las versiones taquigráficas correspondientes, en las que podrán advertir que no hay una sola acusación, aunque si expresiones duales: ¿qué será esto?, ¿qué será esto otro?, ¿no habrá aquí una cuestión irregular? Pero acusaciones, ninguna. ¿Tipificación de algún delito del Código Penal? Ninguna. ¿Actitudes duales y dubitativas? Siempre.

Como decía un eximio Legislador, al que todos guardamos mucho cariño, el ex Senador escribano Dardo Ortiz, esto ha sido una simple engañifa. Todos los señores Diputados saben que estamos ante una engañifa cuando alguien realiza determinados actos para montar un gran espectáculo o teatro, con un protagonista; se desarrolla la escena y la obra, y luego ese teatro y ese protagonista se desvanecen, como el telón que cae al final de las obras.

En el dictamen del doctor Rachetti y el señor Curbelo se establece: «En la investigación de la autoría de escrituras existe el siguiente axioma: Cuando hay dos firmas y rúbricas que coinciden totalmente por transparencia, una de ellas es falsa».

Dice más adelante: «Conclusiones. - Los documentos o fotocopias de faxes dubitados con fecha el documento «B» en su encabezamiento (...) y fecha (...) son falsos y son el resultado de una composición de escritura a máquina en su encabezamiento y un texto redactado e impreso por sistema informático o de computadora. La inicial W que suscribe dichos faxes es la reproducción mediante scanner de la firma del fax documento «A» indubitado y no la que pudiese estar archivada en computadora».

Esta es la prueba más clara de por qué nos sentimos heridos, decepcionados y engañados por un Legislador que pretendió verter en la Comisión pruebas que luego lamentablemente resultaron falsas.

Para terminar, digo que vamos a presentar una moción, basada en el artículo 93 de la Constitución de la República, que establece lo siguiente: «Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución y otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa».

En alguna interrupción vamos a hacer presente por qué entendemos que se ha cometido un delito grave. Tenemos en nuestro poder una resolución de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República del año 1992, y en un informe firmado por el señor Senador Korzeniak se establece cuáles son los extremos para definir el delito grave como tal en un agente político, es decir, en un Legislador, en un Ministro y en cualquiera que tenga una responsabilidad gubernativa de este rango.

La hipótesis del delito grave está configurada también por opiniones del doctor Justino Jiménez de Aréchaga, y en el artículo 243 del Código Penal se establece que el uso de un documento o de un certificado falso, público o privado, constituye una figura delictiva muy clara: «El que, sin haber participado en la falsificación, hicieron uso de un documento o de un certificado, público o privado, será castigado con la cuarta parte a la mitad de la pena establecida para el respectivo delito».

Creo que en este caso se han configurado estos extremos.

Lamentamos profundamente haberlo constatado en la Comisión y en los días siguientes, pero no nos queda otro camino que el de presentar esa moción, este temperamento, que a su debido tiempo será dispuesto ante la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA. - Señor Presidente: hubiéramos preferido que este tema fuera planteado en la Cámara con posterioridad a que se expidiera la Comisión Investigadora que estudia las compras realizadas por el Estado uruguayo a la empresa FOCOEX. Nos parece que por razones de procedimiento era lo que correspondía hacer, es decir, que primero esta Cámara de Representantes se expidiera sobre el tema de fondo y, posteriormente, si se entendía por parte de algunos señores Diputados que en el curso de esta investigación se habían producido inconductas, se plantearan.

La mayoría, el Partido Colorado y el Partido Nacional, ha determinado la citación a esta sesión plenaria para tratar el tema que alude precisamente a una eventual inconducta de los señores Diputados Nicolini y Pita en relación a denuncias de faxes que, de acuerdo con lo que se ha establecido por peritos calígrafos, son documentos falsos que fueron oportunamente entregados a la mencionada Comisión Investigadora.

Ingresando al tema. debemos decir que con respecto a estos planteamientos tenemos una sola conducta: creemos que en la medida en que existan dudas, hay que habilitar instancias dentro de la propia Cámara de Representantes que permitan esclarecerlas.

Lamentablemente, hace menos de quince días en el ámbito del Palacio Legislativo ocurrió un hecho muy grave al que nos referimos en la sesión ordinaria del 16 de julio, solicitando que se tratara como un tema urgente. En esa oportunidad, ante ese hecho grave. Ese desorden de conducta, la Cámara entendió que no correspondía al análisis del tema. Respetamos absolutamente todas sus decisiones, tanto como integrantes de ella, como por su legitimidad. Seguimos pensando que en este ámbito había existido un hecho grave y que el Cuerpo debió obrar de otra manera, pero no por eso cambiamos de parecer.

En ese sentido, ante el planteamiento de una eventual inconducta por parte de dos Legisladores, decimos que estamos dispuestos a habilitar toda instancia que signifique dar garantías del debido proceso, formando una Comisión que permita estudiar las acusaciones que se han formulado en torno a lo que eventualmente pueda significar actos de inconducta por parte de los dos Legisladores aludidos en esta sesión plenaria.

En lo que respecta a nuestro sector, el Nuevo Espacio, queremos expresar que no estamos dispuestos a pasar el fardo al Senado. Si Legisladores de este Cuerpo entienden que ha habido un eventual desorden de conducta por parte de los señores Diputados Nicolini y Pita, consideramos que es la propia Cámara de Representantes la que debe estudiar esos hechos. Nos parece que si el Cuerpo puede actuar y no lo hace, muestra una actitud de debilidad que nada tiene que ver con los hechos que se están denunciando.

Queríamos realizar esta intervención para, ir centrando la opinión, por lo menos en lo que al Nuevo Espacio respecta, y en relación a lo que debiera analizarse en la discusión por parte de esta Cámara.

Reiteramos: con el mismo criterio que adoptamos hace nueve días en este Plenario, estamos dispuestos a habilitar, sin expedirnos sobre el asunto de fondo, la creación de una Comisión Especial que estudie las denuncias presentadas por el señor Diputado Trobo u otras que en definitiva se entienda del caso agregar.

Por último, y a modo de constancia, deseo señalar que nos sumamos a la necesidad de no entrar en el debate de fondo sobre el tema que se está investigando en una Comisión de esta Cámara y que trataremos el próximo 5 de agosto, de acuerdo con lo que oportunamente se ha acordado.

Simplemente queremos dejar un par de constancias. En primer lugar, no se puede ignorar que la denuncia respecto de la existencia de irregularidades en el caso de FOCOEX tomó notoriedad pública aproximadamente por el mes de octubre de 1994 y fue formulada por el actual Ministro de Salud Pública. Tal como dije, en esa instancia se denunció la existencia de irregularidades.

En segundo término, esta Cámara tomó competencia y comenzó a estudiar las compras del Estado uruguayo a FOCOEX -aclaro que este es un dato de la realidad y reitero que no vamos a entrar a la consideración del tema de fondo- a través de una denuncia formulada en este Cuerpo por el señor Diputado Testoni, perteneciente al sector del Foro Batllista.

Considerábamos que estos dos aspectos debían ser mencionados, por lo que hubiéramos cometido una omisión al no referirlos en el seno de esta Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Pintado.

SEÑOR PINTADO. - Señor Presidente: al igual que algunos señores Diputados, yo también tengo una gran decepción. Ella radica en que lamentablemente llegaron al país fuertes indicios de que la corrupción se había instalado entre nosotros. Fueron ellos los que nos llevaron a asumir un irrenunciable compromiso para erradicar la corrupción y el uso de cargos y responsabilidades públicas para lograr beneficios personales. Este compromiso ha quedado demostrado a través de la actuación de nuestros compañeros en la Comisión que investiga los negocios del Estado uruguayo con FOCOEX.

Todos sabemos que en el Uruguay nunca se acumularon tantos indicios acerca de enriquecimiento indebidos y nosotros no podemos -no debemos- renunciar a una investigación. Este es el hecho central que no puede ser ocultado con estrategias parlamentarias. Digo esto porque no es cierto que la institucionalidad democrática se debilite con denuncias; se debilita con el silencio. El mundo no deja de existir porque nos tapemos los ojos.

Tengo el presentimiento -ojalá me equivoque- de que se quiere impedir que todo el trabajo realizado por la Comisión de FOCOEX pase a manos de la Justicia. Desde mi punto de vista, se quiere dar la señal de que quienes se atrevan a investigar van a ser enjuiciados. Considero que ello no favorece ni fortalece al sistema democrático.

Por mi parte, estoy dispuesto a que se analicen críticamente todas nuestras conductas, y la de todos, pero no acepto sanción alguna por cuestiones de estilo, porque el pueblo nos puso donde estamos, precisamente, con nuestros estilos.

(Interrupciones del señor Representante Corbo. Campana de orden)

A lo que menos estamos dispuesto es a aceptar, a través de este ataque a la actuación de dos Legisladores, que se pretenda tapar y encubrir lo fundamental: el pase a la Justicia de los antecedentes de la Comisión Investigadora de FOCOEX, como se hizo con los resultados de otras Comisiones Investigadoras cuyas actuaciones pasaron a la Justicia y también se nos acusó, se nos interpeló, emplazó, etcétera, etcétera. Y ahí está la Justicia actuando.

Con mucha tranquilidad quiero decir que estamos dispuestos a analizar lo que haya que analizar, siempre y cuando sea lo de todos. No estamos dispuestos a aceptar sanciones por el libre ejercicio de nuestra función, porque eso inauguraría un camino que pensé que este Parlamento había abandonado, que es el de sancionar a los que opinan de modo diferente, por tener estilos que no son como los de nosotros. Ese camino no es democrático.

SEÑOR CORBO. - Pido la palabra para contestar una alusión política.

(Interrupciones. Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - La Mesa juzgará si hubo alusión o no.

Tiene la palabra el señor Diputado Corbo.

SEÑOR CORBO. - Señor Presidente: el señor Diputado Pintado, en un acto más de esta comedia preparada y destinada a lesionar la personalidad moral del Partido Nacional, el mejor estilo de sus compañeros intenta agraviarnos una vez más, tratando de traducir en sus palabras la intencionalidad de quienes promovemos este acto de juicio político como si fuera una estrategia parlamentaria para impedir investigar y analizar la corrupción.

Esto no lo admitimos de ningún modo. En el seno de esta Cámara hemos votado todas las investigaciones parlamentarias que se han planteado, y algunas las hemos iniciado nosotros. De manera que no admitimos al señor Legislador que presuponga la intencionalidad que manifestó tenía esta sesión.

Lamentamos que en el día de hoy no se encuentre presente el señor Diputado Nicolini, que hace muchos meses viene echando sombras sobre el honor de muchas personalidades sin probar una sola de sus acusaciones.

(Apoyados)

El señor Diputado Nicolini, que viene agraviando genéricamente a la colectividad blanca, hoy, en el día en que qiene que presentarse para dar cuentas de documentos falsificados, no se presenta; le falta coraje para estar acá, le falta coraje para dar la cara.

(Apoyados)

Eso es lo que hoy venimos a analizar: primero, la conducta política de un señor Legislador que presenta documentos falsos. Pero bien poca cosa sería si el único elemento que nos hubiera motivado a esa presentación fuera simplemente juzgar la conducta del señor Diputado Nicolini, porque está desmonetizado como persona y hoy en el país se da muy poco por su palabra, pues la ha incumplido permanentemente.

Lo que hay está en juego es la defensa de la institucionalidad que se ha querido cercenar y se ha pretendido atacar a través de este método de generar una verdadera comedia durante tantos meses, manifestándose que se poseen pruebas que nunca se presentan, nombres que nunca se ponen sobre la mesa, cuentas que no están y documentos que cuando se presentan resultan ser falsos.

Entonces, lo que hoy venimos a hacer es a juzgar esta conducta y a analizar la responsabilidad política en que incurre un Legislador cuando agravia a un Parlamento y a la propia institucionalidad, al presentar documentación falsa. Esa es la intención que tenemos y no admitimos al señor Diputado Pintado que atribuya al Partido Nacional la intención de frenar una investigación que hemos requerido.

A su vez, a través del directorio del Partido Nacional, le hemos exigido al señor Diputado Nicolini que presentara pruebas y no lo hizo.

Nos hemos presentado a la Justicia para exigir al señor Diputado Nicolini que presentara las pruebas, ¿Cómo ahora el señor Diputado Pintado puede aducir que no queremos que la Justicia actúe? Nosotros, a través del Directorio del Partido Nacional, nos presentamos ante la Justicia para reclamar que el señor Diputado presentara las pruebas y diera a conocer los nombres. Pero cuando el señor Diputado Nicolini presentó las pruebas, resultó que éstas eran flagrantemente falsas. Con esto se mintió a la nación y se agravio a este Parlamento del forma parte del señor Diputado Nicolini.

Lamentamos que no esté presente en Sala para decirle las cosas en la cara. El se escudó en el fuero parlamentario para acusar y enlodar el nombre de mucha gente en el país. Ahora que es el momento de dar la cara no está presente; ahora que se tiene que enfrentar a sus pares y dar cuenta de sus actos, le faltó coraje para estar sentado en la Banca.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - La Mesa recomienda a los señores Diputados que moderen su lenguaje.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RAFFO. - Señor Presidente: no tenía intención de hacer uso de la palabra salvo que fuera aludido y en este caso lo fuí a través de una carambola que ha hecho el señor Diputado Pintado.

En el seno de esta Cámara se ha utilizado olímpicamente la siguiente expresión -y como algunos de los aquí presentes, entre ellos este Diputado, están acusados por algún ciudadano de la República, nos erizan muy especialmente los temas que se consideran-: el señor Diputado Pintado acaba de decir -si no es así pido que se lea la versión taquigráfica- que nunca hubo tantos indicios de enriquecimiento personal ilícito. Hace unos días, el señor Diputado Pita hizo declaraciones de ese tipo, afirmando que se poseían determinados bienes muebles o inmuebles en ciertos lugares.

Creo que no podemos seguir por este camino. Si el señor Diputado Pintado tiene aquí las pruebas acerca de quién se ha enriquecido personalmente en estos últimos tiempos en forma ilícita, que lo diga ya en el seno de la Cámara de Diputados. Porque de otro modo seguimos exactamente el mismo camino que ha llevado a que la Cámara tenga que reunirse en el día de hoy para juzgar la conducta de los señores Diputados Nicolini y Pita.

Respeto, valoro y escucho en silencio las palabras del señor Diputado Pintado, pero como integrante del Cuerpo no puedo aceptar que en el seno de la Cámara volvamos a hacer acusaciones. Creo que hoy debemos saber con absoluta claridad y transparencia si existen nuevas acusaciones y nombres, y si hay un enriquecimiento personal, que se nos diga de quién es a fin de poder constatarlo y no seguir sembrando dudas e insinuaciones sobre el honor de las personas.

Solicitaría al señor Diputado Pintado que tuviera el honor de proporcionarnos esos nombres y, por supuesto, las pruebas del enriquecimiento personal ilícito al que, al boleo, de pasada, sin dar nombres, hizo mención en su intervención.

SEÑOR ALVAREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Para contestar una alusión tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ALVAREZ. - Señor Presidente: más que contestar una alusión deseo manifestar una preocupación.

Entiendo que la tarea del señor Presidente en el día de hoy es extremadamente difícil y la Bancada del Encuentro Progresista está colaborando en ese sentido.

Cuando en esta Sala se utilizan términos agraviantes como los que en algún momento ha manifestado el señor Diputado Corbo hacia un señor Diputado que tuvo la delicadeza de no estar presente a los efectos de dejar a sus compañeros en libertad de acción, creo que corresponde revisar la versión taquigráfica. Con esto no quiero dar indicaciones al señor Presidente, quien sabe muy bien lo que hace.

Quisiera hacer otra reflexión sobre lo que manifestó el señor Diputado Corbo cuando habló de «esta comedia».

Esta comedia no la pedimos nosotros; no fuimos nosotros quienes salimos desesperados a juntar firmas para montar esa comedia en este ámbito, tratando de linchar a un Diputado porque se hizo denuncias sobre corrupción. Eso puede terminar en tragedia, no porque linchen o no a ese diputado, sino por el valor que la gente puede dar a las instituciones democráticas cuando se linche a un Legislador por haber hecho denuncias y haber intentado estudiar casos de corrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Piana Effinger.

SEÑOR PIANA EFFINGER. - Señor Presidente: está visto que a veces uno propone y Dios dispone. Yo tenía un esquema para empezar a hablar en este recinto, pero las intervenciones de algunos señores Diputados me hicieron cambiar todo.

Yo también deploro la ausencia del señor Diputado Nicolini en Sala. La deploro, no por el hecho de que no esté presente para dar la cara, porque creo que en ese sentido el señor Diputado tiene el suficiente rostro para estar...

(Murmullos)

La deploro aún más porque veo que si no se defiende él, no lo van a defender sus compañeros.

(Interrupciones - Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - De acuerdo con lo que la Mesa advirtió hace pocos minutos, solicito al señor Diputado que guarde el léxico adecuado.

SEÑOR PIANA EFFINGER. - Solicito que se me descuente el tiempo utilizado por la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Naturalmente, el tiempo utilizado por la Mesa será descontado del término de que dispone el orador.

Puede continuar el señor Diputado Piana Effinger.

SEÑOR PIANA EFFINGER. - Estoy sereno.

Señor Presidente: con un asombro brutal escucho decir a un señor Diputado -y me voy a dirigir al señor Presidente así no hago alusión a nadie- que él se asusta porque la corrupción llegó a Uruguay. Yo pregunto, señor Presidente -y le pregunto al señor Presidente, aunque no lo obligo a contestar- si no es corrupción el hecho de que se introduzca dos o tres documentos falsos en una Comisión Investigadora que debe trabajar con seriedad -y prueba de ello es que cada uno de nosotros tiene cerca de veinte mil fotocopias- a fin de cambiar el resultado a que ella llegue afectando a gente, afectando a partidos políticos, afectando al Parlamento y afectando al Uruguay entero. ¿De qué se asusta ese señor Diputado? ¿De que la corrupción esté en el Uruguay y la tengan adentro mismo?

Señor Presidente: me voy a dedicar al tema. El señor Diputado Nicolini, a quien estamos juzgando -si es que de alguna manera se puede decir así- junto con su compañero de partido introduce, el día 9 de julio pasado, dos documentos falsos en la Comisión Investigadora. Me refiero a los señores Diputados Pita y Nicolini, porque estuvo en uso de la palabra el señor Diputado Nicolini, dice en la página 5 del acta: «Vamos a proporcionar también un fax enviado», etcétera. Ese es el primer documento falso. En cuanto al segundo documento falso dice: «Asimismo, con la firma del señor Walter Estellano hay un fax enviado», etcétera, que dice: «Estimado», y lo lee: «Hay una firma al pie de la nota, tal como consta en las otras, que presumimos» -plural- «que es del señor Estellano».

Estos son los dos documentos, de entre veinte mil que tenemos, con lo que nos quisieron engañar; nos quisieron pasar. Pero como la Comisión trabajó con seriedad -¡y vaya si trabajó con seriedad!- llamó a los peritos calígrafos, porque habíamos oído por ahí que el señor Estellano aducía que eran falsos.

Los peritos calígrafos dicen así: «IV. Examen de los faxes dubitados. - 1. Los dos faxes están encabezados por los datos del teléfono utilizado y la fecha de emisión. Esa escrituración es con tipos de dimensión y pase distintos del texto del fax, como es lógico que ocurra, pero presentan evidencia de estar ejecutados a máquina, con pase 2.54 mm. con características morfológicas de los tipos que responden al de máquina de escribir electrónica marca Remigton y Olympia en varios de sus modelos». Este es un detallecito.

Más adelante dicen: «2. Con un mismo telefax, como resulta en el caso por el mismo tipo de letras y números del encabezamiento de los documentos dubitados, si se utiliza un mismo papel como es el papel membretado del texto que se trasmite, deben aparecer en la misma ubicación vertical las características del aparato emisor. En cambio en los dos faxes en examen la ubicación del renglón escriturado correspondiente a ‘From’ tiene distinta alineación vertical».

Luego siguen detallando un montón de condiciones por las cuales llegan a la conclusión de falsedad.

Me atrevería a agregar un elemento más que los peritos no detectaron, registrado en la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión Investigadora del 15 de julio. En esa ocasión, el señor Diputado Bayardi, con el documento en la mano, lee el encabezado de un fax. Entonces, el señor Estellano le pregunta qué hay después de la palabra «Orense» y el señor Diputado Bayardi responde: una coma. Entonces, el señor Estellano, muy inteligentemente -debo sacarle el sombrero en este aspecto- dice: «Efectivamente, quiero que quede constancia de esa coma».

Se trata de algo muy simple y sencillo que nadie ha tenido en cuenta, pero que es muy importante. ¿Saben por qué? Porque en todos los documentos valederos que presentó el señor Estellano figura: «Orense, 58». Así es como se hace en Europa. Se escribe Orense, que es la calle donde está ubicada la sede de Fomento de Comercio Exterior S.A., FOCOEX, una coma y luego 58, es el número que le corresponde.

Los señores Diputados ya conocen estos dos documentos porque los vieron en la sesión del 9 de este mes cuando les dije que eran falsos. En estos documentos figura «Orense 58», es decir, sin la coma.

Apréciese cómo algo tan simple descubre una gran verdad: que estos faxes son falsos, pese a que alguna prensa inescrupulosa sigue diciendo que son verdaderos, aun después del dictamen de los peritos calígrafos y de todo lo demás.

Por supuesto que entiendo al señor Diputado Chifflet cuando manifiesta que no tiene los documentos ni la versión taquigráfica. ¡Lo bien que hicimos en no «volantear» las versiones taquigráficas! Pero le ofrezco las pruebas fotográficas de las fallas que tiene las dos cartas falsas, que dicho sea de paso son motivo de esta reunión porque no estamos juzgando al señor Diputado Nicolini por otras razones sino porque tuvo la audacia, junto con el señor Diputado Pita, de introducir estos dos documentos falsos.

Para que no quedara ninguna duda al respecto, como la Comisión tenía la fecha y la hora de los faxes, solicitó a ANTEL la información correspondiente. ANTEL contestó que el día 27 de octubre de 1992 a la hora 2 y 13 minutos PM no se registra -el «no» está subrayado- comunicación desde el Nº 923646, etcétera; el día 7 de abril de 1994, a la hora 8 y 57 minutos PM no se registra comunicación de ese número -es el mismo número- y que el día 27 de abril de 1993 a la hora 8 y 57 minutos PM no se registra comunicación. Estos dos registros son de la misma hora; hubo confusión porque estaba un poco borroso y para que no hubiera dudas la Comisión pidió informes de esos dos días.

Pero el Frente Amplio puede...

SEÑOR CHIFFLET. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PIANA EFFINGER. - No, señor Diputado porque no tengo tiempo.

Decía que el Frente Amplio solicitó que la Facultad de Ingeniería hiciera un examen de estos documentos ¿Y qué responde la Facultad? que no tiene competencias técnicas para esclarecer correspondencia entre firmas y personas y que esa es una tarea particular de los peritos calígrafos.

En varias de sus respuestas se manifiesta lo mismo, pero hay una que resulta mucho más grave y, que, por supuesto, es contraria a la posición de los señores Diputados del Frente Amplio que integraban la Comisión Investigadora.

Entre los interrogantes que se plantearon a la Facultad de Ingeniería uno de ello era si la firma estampada en el documento individualizado con la letra «A» se podía reproducir en otro documento. En las consideraciones finales de la respuesta se afirma que sería necesario limpiarla; en el caso de fotocopiado, usando líquido corrector y en el caso de escaneo, a través de programas de procesamiento de imágenes. Observése que según la respuesta, el procedimiento de limpieza podría dejar rastros del texto, lo que constituiría elementos ajenos a la firma, que podrían ser identificados como tales por expertos calígrafos.

Los expertos calígrafos fueron los que descubrieron la patita de la letra «L» que después se repitió, no en los documentos firmados con posterioridad, sino en los anteriores. Eso fue precisamente lo curioso. Resulta que la firma que copiaron fue reproducida de un documento que tenía un año o dos de antigüedad.

Entendemos que aquí se está poniendo en tela de juicio la actitud de un partido político que se sintió dolorido por todo ese macaneo -por no decir enchastre, para no reiterar la expresión de mi querido amigo, el señor Diputado Aguiar- que ensució a gente a la que hasta ahora no se le ha podido probar nada. La Comisión Investigadora nunca recibió nada ni del señor Diputado Pita ni del señor Diputado Nicolini; ningún documento que dijera que Fulano de Tal metió la mano en la lata. Los dos intentos que hicieron supusieron una falsificación de documentos. ¿Cómo no vamos a juzgar a los señores Diputados Nicolini y Pita? ¿Cómo vamos a pasar por alto esto que nunca se había dado en el Parlamento? ¿Cómo vamos a dejar pasar una tomadura de pelo que han sufrido el Parlamento y el país entero?

Nos tuvieron en vilo durante meses; ciento cinco días de trabajo, según el cálculo que hizo el señor Diputado Aguiar. ¿Para qué ciento cinco días? ¿Para que el último día trajeran dos documentos falsos como única prueba? Además, se probó que son falsos.

¿Cómo no vamos a juzgar a alguien que permanentemente está desconfiando hasta de la última letra? El documento que el propio Estellano reconoce como verdadero, al final dice: «también puedo conseguir las órdenes de pago de las dos comisiones». De aquí se agarró el señor Diputado Nicolini y pensó: comisión, cometa, coima. Ese no es mi problema, sino del propio señor Diputado Nicolini.

En el reportaje realizado el 4 de abril de 1996 se expresa: «A Nicolini no le preocupa, según nos manifestara, a quiénes se les paga la comisión». Pero estamos hablando de la Comisión de Apoyo a los Hospitales de Canelones y de Las Piedras. Sin embargo, basta con que aparezca el cuco de la palabra «comisión» para que interprete que son comisiones para personas, comisiones de dinero que se ganan ilícitamente.

Cuando vinieron los españoles, sin querer, porque se les hizo la pregunta con toda malicia, dijeron que ésas eran las Comisiones de los Hospitales de Las Piedras y de Canelones.

Entonces, cualquiera se da cuenta, señor Presidente, de que esto simplemente ha querido ser una campaña organizada por alguien que no quiero nombrar. Pero la torta se les volvió un queso porque no era lo que pensaban; no obtienen el resultado que querían y ahora el búmeran les pega en el medio de la frente.

SEÑOR CHIFFLET. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET. - Señor Presidente: en primer lugar, quiero agradecer al señor Diputado Piana Effinger que me ofrece documentos que -por lo que he escuchado- lee parcialmente. Esto nos lleva a sostener fehacientemente que cuando se cita a la Cámara para analizar conductas de Diputados que habrían presentado documentos falsos -tal como se dice en la citación- tendría que haberse abierto una instancia previa en la que todos pudiésemos habernos informado acerca de dichos documentos.

Pudiera ser -no lo descarto- que alguno de ellos fuese falso. La Justicia u otras instancias lo determinarán con toda claridad. Pero recuerdo que en la Comisión Investigadora sobre Mina Valencia el señor Diputado Piana Effinger presentó un documento y allí se probó que era falso. Se lo atribuía a un funcionario del Banco de la República, que había enviado a otro jerarca de la misma institución un documento que decía: «Destruyan, destrocen, rompan todo que si alguno se opone, lo arreglaremos bien», lo que daba lugar a una situación feroz. Se trataba nada menos que de la acusación a un señor ingeniero con quien -dicho sea de paso- yo había tenido una suerte de enfrentamiento porque me parecía que no tenía derecho a hablar con ninguno de los integrantes de la Comisión Investigadora en tanto estábamos haciendo la investigación, porque eso, de alguna manera, podía interpretarse como una presión. Al final de la Comisión debí pedirle disculpas porque lo traté con mucha dureza.

Lo cierto es que se acusaba a ese ingeniero de haber recibido un documento de otro jerarca del Banco República; y en la Comisión se probó que ese documento era absolutamente falso. Lo había presentado el señor Diputado Piana Effinger. ¿Y qué dijimos los integrantes de la Comisión por unanimidad? Ese Cuerpo trabajó tenazmente durante tres años y terminamos todos cansados; manifestamos que quizás no intervendríamos en otra Comisión similar, pero por exceso de trabajo y no porque no pudiésemos llegar a acuerdos de fondo.

En aquella oportunidad dijimos: que el documento era falso que eso estaba probado. Creo que el técnico consultado fue un señor Achard, quien demostró fehacientemente que era falso, que se habían utilizado máquinas de escribir que, de alguna manera, indicaban que no era más que una alteración burda, y además se trataba de una fotocopia.

La Comisión dijo -me correspondió anunciarlo en esa oportunidad porque fui el miembro informante- que el documento era falso y que las acusaciones no se probaron. Pero nosotros reconocimos al señor Diputado Piana Effinger el derecho a investigar a fondo un caso que consideraba de corrupción.

Digo más: el fallo al que por unanimidad llegó la Comisión Investigadora fue ratificado paralelamente por la Justicia, sin que la hubiésemos consultado para nada, y todos los antecedentes pasaron al Poder Ejecutivo para analizar esos temas y otros referidos a la factibilidad de la explotación, etcétera. Por cierto, el Poder Ejecutivo no rectificó en absoluto ese fallo unánime de la Comisión Investigadora, que resultó enaltecedor para esta Cámara.

Véase: en esa oportunidad comprobamos que ese documento era falso, pero ni nosotros ni los ingenieros involucrados -que, naturalmente, habían recibido en su familia el impacto de las acusaciones realizadas públicamente y las que el señor Diputado Piana Effinger vertió en la Comisión Investigadora- sostuvimos que debía cesar en su función ni que debería ser expulsado de la Cámara.

He solicitado la versión taquigráfica de aquellas sesiones. Si vieran los calificativos que se manejaron, tanto en la Preinvestigadora como en la Comisión Investigadora, y que trascendieron en debates públicos -inclusive la televisión- quedarían horrorizados.

Aquello fue una investigación a fondo y nosotros reconocimos que el señor Diputado Piana Effinger tenía todo el derecho a presentar esos documentos que, reitero, se demostró que eran burdamente falsos.

SEÑOR PIANA EFFINGER. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PIANA EFFINGER. - Señor Presidente: recuerdo perfectamente ese documento. Yo sigo sosteniendo que es verdadero ...

(Hilaridad. Interrupciones.)

-... de la misma manera que nuestro compañero y amigo, el señor Diputado Nicolini.

Pero pediría al señor Diputado Chifflet que leyera la correspondiente versión taquigráfica de esa Comisión Investigadora, porque el propio dueño de la firma, refiriéndose al documento, expresó: «La firma es mía, pero el estilo de la literatura, no». Además, en el documento se decía: «A la vieja la vamos a matar», lo que no es cualquier cosa, en este caso no se estaba involucrando a un partido político, sino amenazando de muerte a una señora.

Por lo tanto, era nuestro deber presentar ese documento que, dicho sea de paso, hacía ocho años que estaba en el Juzgado.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Gamou.

SEÑOR GAMOU. - Señor Presidente: no soy perito calígrafo ni tengo amigos que lo sean. Por lo tanto, no voy a hacer un análisis caligráfico sobre los documentos que en la citación que convoca a esta sesión de la Cámara, se dice que son falsos, hasta tanto la Justicia lo diga claramente.

Sí me voy a permitir algunas reflexiones porque en los últimos sesenta días he concurrido -aunque como «colado»- a las sesiones de la Comisión Investigadora.

Recuerdo muy bien el día en que se entregaron los documentos, y ya desde el inicio se empezó a matizar su valor, diciendo: «Eso no prueba nada. Nosotros queremos recibos firmados». Sólo les faltó pedir el video en el que se observara la entrega del dinero. Posteriormente, se miraron mejor los documentos y se concluyó: «A la pucha, lo que dicen está medio salado».

Hace unos momentos se hacía referencia a un documento que este señor tan famoso, Walter Estellano, reconoció como verdadero, en el que se habla de dos comisiones. Se apresuraron a decir que eran las Comisiones de los Hospitales de Canelones y de Las Piedras. Yo voy a hacer una hipótesis. Si este peritaje caligráfico no hubiera sido prima facie el que fue, seguramente con respecto a uno de los faxes dubitados, donde dice: « (...) una reunión contigo y resolver algunas diferencias sobre pago de comisiones que no han quedado lo suficientemente claras», algún señor Legislador que integra esta Cámara podría decir que se está refiriendo a los pagos que hacían las Comisiones de los Hospitales de Canelones y de Las Piedras.

Con respecto a la parte del otro fax que dice: «Arreglen con él (...)» -refiriéndose al doctor Macedo- «El será en definitiva quien tome todas las decisiones en el MSP y manda más que García Costa, quien no entiende nada de equipos», seguramente nos estarían diciendo que esto es lógico, porque el doctor García Costa es abogado y no entiende nada de equipos.

(Interrupción del señor Representante Piana Effinger. Campana de orden)

-Pero vamos a ir al fondo del asunto.

SEÑOR CARDOSO. - ¿Me permite una interrupción, señor Diputado?

SEÑOR GAMOU. - No, señor Diputado. Ya no soy tan noble; por eso no le concedo la interrupción.

Acá estamos en una nueva dinámica. Apareció una cosa en el Uruguay, y todo el mundo se estremeció: apareció el tema de la corrupción. Lo comentaba hoy con el señor Diputado Mahía, quien es profesor de historia, y él me explicaba que el azteca Moctezuma mandaba matar al mensajero que le había traído malas noticias. Acá, ¿quiénes fueron los mensajeros? Los que hacen las denuncias. Pero esto no comenzó con los señores Diputados Nicolini y Pita. ¡Hay que ver las cosas que se dijeron del doctor Alberto Zumarán! ¡Hay que ver el lío que se le armó al doctor Juan Andrés Ramírez cuando dijo que esto era una caja de Pandora! ¡hay que ver lo que tuvo que pasar mi distinguido colega el señor Diputado Palomeque cuando osó pronunciarse en forma distinta!

Primero, se cercenaron las facultades de las Comisiones Investigadoras. Pero ahora tenemos un nuevo capítulo, porque no solamente se las quiere dejar absolutamente sin potestades sino que, además, nos anuncian que en el futuro va a ser muy difícil que las voten.

Pero faltaba un capítulo más: había que reventar a los que se atreven a denunciar. ¿Y por qué? Con la sana intención, mejor dicho, con la malsana intención de que ningún otro Diputado se atreva a hacer denuncias. Eso es lo que está detrás de esta citación, pero no van a tener suerte. No van a tener suerte, porque va a haber muchos Pitas y muchos Nicolini.

Yo quiero que mi hija, mis nietos y toda mi familia pueda vivir en este país con el orgullo de decir que si encontramos corrupción en el Uruguay, la vamos a combatir.

No sigamos barriendo para abajo de la alfombra, porque vamos a terminar tropezando todos. Y cuando aparece alguien con fuerza, con valentía a combatir la corrupción, ¿qué hacemos? Lo queremos reventar.

Se han dicho muchas cosas y entre ella que puede haber algún error de procedimiento. ¡Por favor! Cualquiera de nosotros se hubiera resistido a ser candidato a Diputado, si previamente a ello hubiéramos tenido que hacer un curso para aprender a investigar y a luchar contra la corrupción. Hubiera sido una confesión inmunda por parte de los Diputados tener que reconocer que existía. Pero, cuando nos enteramos ¿qué hacemos? Los matamos. Inclusive, vi caras de festejo, con sonrisas, como diciendo: «¡Vamos a colgarlo!»

Quiero decir que estoy muy dolido como uruguayo, porque el sistema se está cerrando. Estamos queriendo hacer lo que hacía el azteca Moctezuma: vamos a matar al mensajero, al que nos dice que hubo corrupción. Pero esto no se termina aquí, porque el lunes 5 de agosto nos vamos a encontrar y entonces vamos a ver si predominan tantas caras con una sonrisa de oreja a oreja.

Voy a terminar mi intervención aludiendo a una lamentable casualidad histórica. Esta sesión que estaba pactada para enterrar a dos compañeros del Frente Amplio, fue citada a las cinco de la tarde. Los uruguayos recordamos que el 9 de julio de 1973 se habló de «a las cinco de la tarde». Pido a los señores Diputados que escuchen con atención lo que voy a leer. Se trata de un trozo de un poema de Federico García Lorca. Dice así:

«Un ataúd con ruedas es la cama
a las cinco de la tarde.
Huesos y flautas suenan en su oído
a las cinco de la tarde.
El toro ya mugía por su frente
a las cinco de la tarde.
El cuarto se irisaba de agonía
a las cinco de la tarde.
A lo lejos ya viene la gangrena
a las cinco de la tarde.
Trompa de lirio por las verdes inglés
a las cinco de la tarde.
Las heridas quemaban como soles
a las cinco de la tarde,
y el gentío rompía las ventanas
a las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.
¡Ay que terribles cinco de la tarde!
¡Eran las cinco en todos los relojes!
¡Eran las cinco en sombra de la tarde!»

¡Que el pueblo diga quién es el toro, quiénes pusieron las astas y qué cadáveres se pretenden conseguir en este día!

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO. - Señor Presidente: quiero referirme -en forma muy respetuosa y tratando de lograr el clima adecuado- a algunas manifestaciones que aquí se han hecho y que creo que están rotundamente equivocadas.

Se podrá juzgar o no el estilo con que alguien hace política -por mi parte, reconozco a todos los Representantes del país el derecho a hacerlo- pero lo que no podemos hacer es ignorar la libertad para ejercer la acción política y menos aun que en Montevideo Asamblea Uruguay obtuvo 160.000 votos y en sus listas estaba el señor Diputado Nicolini.

Y cuando la ciudadanía nos otorga el honor de ocupar una Banca, nos elige para que actuemos y no para amordazarnos.

El problema radica en que, aparentemente, se quiere tomar medidas muy serias con respecto al señor Diputado Nicolini como Legislador, lo que es bien diferente a otras actitudes o a otros juicios que se puedan elaborar.

Aquí se ha dicho: ¿Pero, cómo? ¿Ustedes no preguntaron tal cosa o tal otra? Debo decir con todo respeto que, en primer término, debemos tener claro que la designación de la Comisión Investigadora relativa a FOCOEX fue pedida por un Representante del Foro Batllista, con legítimo derecho. En segundo lugar, el solicitante de la designación de dicha Comisión, el señor Diputado Testoni, dijo -figura en la versión taquigráfica- que él tenía los nombres de personas involucradas en actos de corrupción. Reitero que eso se manifestó y figura en la versión taquigráfica, aunque quizás a alguien se le ocurra decir que es falsa. Con todo respeto, y devolviendo la interrogante, pregunto al Partido Colorado si llamó al señor Diputado Testoni y le dijo: «Mire señor, esto es muy grave, ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? ¿Usted tiene pruebas de que determinadas personas cobraron comisiones ilícitas por el asunto de FOCOEX? ¿Usted tiene las pruebas? Porque si las tiene, las va a tener que dar». Silencio en la noche.

En el año 1994, en plena campaña electoral -tal vez en ese momento servía decir ciertas cosas- el actual Ministro de Salud Pública hizo denuncias muy concretas respecto a los negocios que se habían hecho con FOCOEX. Entonces, quisiera saber si el Partido Colorado llamó al actual titular de la Cartera para preguntarle: «¿Usted está seguro de lo que está diciendo? ¿Tiene las pruebas de que acá hubo irregularidades, actos de corrupción relacionados con las compras a FOCOEX y fallas administrativas graves? ¿Usted está seguro de ello?». Probablemente se le formularon estas preguntas; no nos enteramos.

Creo que el hecho relevante en el país, en los últimos tiempos, es la corrupción y no los procedimientos. No se puede tapar el árbol con una moneda; no se puede porque el hecho de que en este país hubo corrupción no es un problema de signos, de indicios ni de huellas: es una cruda realidad.

Hubo episodios por lo menos irregulares -el señor Presidente me conoce muy bien y sabe que soy muy estricto para hablar de delitos; el delito es una cosa muy acotada, y la irregularidad, la corrupción, es algo distinto- cuando en el Parlamento se investigó, por ejemplo, la actuación de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en la Legislatura anterior se indagaron hechos ocurridos en la órbita del Banco de Seguros del Estado, se dice que en AFE se hizo el viaje inaugural de una línea férrea que se licitó un mes después, y no quedan claros o más bien están muy oscuros los episodios relacionados con el Banco Pan de Azúcar. Entonces, vamos a no decir: «¿Qué están diciendo ustedes cuando hablan de la corrupción?»

Ahora bien, nosotros entendemos que fuimos citados a esta sesión para hacer una especie de linchamiento. Pero lo peor de todo es que estamos citados para cometer una ilicitud, y muy grave, porque el artículo 93 de la Constitución de la República -con la cual no habría que empalagarse sino saborearla de forma de disfrutar sus contenidos- admite el llamado a juicio político por violación a sus disposiciones u otros delitos graves.

Es muy grave -y no es un juego de palabras- pensar que es fácil determinar qué quiere decir este artículo; revela una ignorancia supone el hecho de pretender que este artículo está claro, porque es de los más controvertidos. Digo esto porque, en primer lugar, ¿qué quiere decir la expresión «delitos graves»? No está claro qué quiere decir «delitos graves».

SEÑOR CARDOSO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORRICO. - Cuando termine mi exposición, con mucho gusto le concederé la interrupción.

Insisto: no está claro en absoluto. Aquí sí hay muchas bibliotecas, porque es una disposición que ha tenido cambios y en algún momento se refirió a delitos que no estaban en el Código Penal.

Pero sigamos con la interpretación jurídica porque aquí, en la Cámara de Representantes, nos han elegido para dictar las leyes y para cumplirlas, no en lo posible, sino siempre. Y si hoy aquí se adoptan determinadas disposiciones, vamos a violar la ley. ¿Por qué? Admitiendo hipotéticamente algunas de las opiniones que se han vertido y suponiendo que estamos ante documentos falsos, se podría hablar de dos delitos: falsificación de documentos o uso de documentos falsos. Vale decir que podemos atribuir a alguien que falsificó un documento o que utilizó uno falso.

Sin embargo, en este país -y es bueno saberlo- los delitos se cometen por dolo, culpa o ultraintención, no los voy a aburrir explicando el dolo eventual. El dolo es la intención ajustada a resultado; la culpa es, realizando un acto jurídicamente indiferente, cometer un delito por imprudencia, negligencia, etcétera, y la ultraintención supera el resultado.

Los dos delitos que mencioné solamente pueden ser cometidos a título de dolo directo. ¿Qué quiere decir esto? Que quien utiliza un documento falso tiene que saber que lo es; además, hay que demostrar que posee ese conocimiento y no dar por supuesto que es así.

La tesis que se está sosteniendo aquí, que acaba con la frase: «Me basta con que lo hayan presentado», resulta muy peligrosa, no es liberal y es profundamente antijurídica. ¿Por qué es peligrosa? Pregunto a los señores Diputados si vamos a llegar a una parafernalia tan tremenda que por cada documento que recibamos vamos a tener que contratar a Achard o a cualquier otro perito calígrafo para averiguar si es veraz. No; no es así.

Nosotros tenemos la obligación de presentar aquella documentación que verosímilmente demuestre algo; de lo que se trata es de ser verosímil y no exacto. Existen muchos fallos sobre este tema, sobre todo uno muy reciente, relativo a la aplicación de la Ley de Prensa.

Por lo tanto, estaríamos consagrando una especie de norma de responsabilidad objetiva que lo único que produciría es una suerte de paranoia parlamentaria. El Palacio Legislativo tendría que agregar a los abundantes servicios que tiene -muchos de los cuales están superpoblados- uno que examinara la validez o invalidez de documentos.

Creo que el mero hecho de plantear estas cuestiones constituye una verdadera locura y -lo que es más grave- una decisión de este tipo pone entre líneas una de las reglas esenciales del sistema democrático, que refiere a las posibilidades que tiene un Legislador; por algo existen los llamados fueros del Legislador o el estatuto del Legislador, para ser más precisos. El Legislador tiene el derecho y el deber de investigar y de presentar aquellos elementos que verosímilmente prueben algo de lo que se está indagando.

Concedo ahora la interrupción que me había solicitado el señor Diputado Cardoso.

SEÑOR CARDOSO. - Muchas gracias, pero declino hacer uso de la palabra.

SEÑOR ABDALA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR ORRICO. - Perdón, señor Presidente, pero yo no aludí a nadie.

SEÑOR PRESIDENTE. - Una vez que termine de hacer uso de la palabra el señor Diputado Orrico, el señor Diputado Abdala puede solicitar la palabra a los efectos de contestar una alusión, si hubiere lugar a ello.

Puede continuar el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO. - Señor Presidente ...

SEÑOR SEMPRONI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORRICO. - Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SEMPRONI. - Señor Presidente: quiero dar algunos elementos para demostrar con mucha firmeza la veracidad de lo que dijera el señor Diputado Pintado en oportunidad de su exposición, cuando afirmaba que a lo que nosotros nos referíamos era a una expresa voluntad de no querer investigar. Y voy a presentar cinco elementos que apuntan a demostrarlo.

En primer lugar, voy a citar el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo de la Administración Lacalle a la ley que daba facultades plenas a las Comisiones Investigadoras, que luego de vetada volvió al Parlamento y se convocó a la Asamblea General, pero no hubo número para sesionar y levantar el veto.

En segundo término, cuando empezaron las investigaciones de FOCOEX hubo Legisladores que hicieron declaraciones de prensa en las que manifestaron que no se debía investigar, porque se comprometían las relaciones con el Gobierno de España.

También escuchamos declaraciones posteriores en el sentido de que no se debía investigar porque la constatación de la corrupción era un elemento desestabilizador, a lo que nosotros contestamos que quien desestabiliza es el que lleva adelante actos de corrupción.

Asimismo, hace muy pocos días, con motivo de una visita del doctor Volonté a la Presidencia de la República, recogimos versiones de prensa según las cuales aquél -que normalmente oficia de vocero en este tipo de reuniones- decía que se había acordado que no se debían pasar los antecedentes a la Justicia.

En el día de ayer hubo Legisladores -no vamos a dar nombres porque no queremos habilitar la posibilidad de que alguien se sienta aludido- que hicieron declaraciones públicas en las que dijeron que estaban molestos con el juez Moller, porque había pedido el pase de todos los antecedentes a su sede judicial.

Estos son elementos que, a nuestro juicio, vienen a corroborar con mucha firmeza que lo que aquí está en disputa es una actitud y una voluntad de no querer investigar.

Nosotros adelantamos la posición de que, ya sea por decisión de este Parlamento o de nuestra fuerza política -como se ha hecho en oportunidades anteriores, tanto con respecto al Banco de Seguros del Estado como en cuanto al Banco Pan de Azúcar- vamos a llevar adelante las investigaciones hasta sus últimas consecuencias a través de la Justicia.

Con respecto a la afirmación del señor Diputado Raffo relativa a la exigencia que le planteaba el señor Diputado Pintado sobre la presentación de pruebas, le recuerdo -lo podemos corroborar con la versión taquigráfica- que el señor Diputado Pintado no se refirió a tener pruebas de enriquecimientos irregulares, sino que dijo que nunca como ahora hubo tanto indicio de enriquecimientos irregulares.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO. - Voy a redondear mi pensamiento. El Código Penal no distingue entre delitos graves y delitos que no sean graves, sino entre delitos y faltas. Por ese motivo -vuelvo al razonamiento inicial con respecto a este artículo- es muy difícil determinar qué quiso decir el constituyente al hablar de delitos graves.

En definitiva, pretender aplicar el artículo 93 a la situación que estamos examinando hoy constituye un verdadero disparate. En primer lugar, porque no está demostrado que se haya cometido ningún delito; en segundo término, esos delitos tienen que ser demostrados por la Justicia competente; y, en tercer lugar, cuando un Legislador lleva a una Comisión Investigadora documentos obtenidos en el ejercicio de su misión investigadora, está cumpliendo con su poder-deber: no sólo puede, sino que debe hacerlo.

En consecuencia, espero que todos seamos suficientemente racionales como para no cometer ese disparate.

SEÑOR PRESIDENTE. - Han pedido la palabra para contestar una alusión los señores Diputados Abdala y Raffo.

En primer lugar, tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA. - Señor Presidente: el señor Diputado preopinante reflexionó sobre el Partido Colorado. Hizo mención al comportamiento de un Legislador de mi Partido y a las expresiones que emitiera en alguna oportunidad el actual Ministro de Salud Pública, doctor Alfredo Solari.

Lo que no está siendo claramente definido por parte del señor Diputado preopinante y de otros Legisladores, es que una cosa son las expresiones que luego no terminan de concretarse y otra las que sí lo hacen.

Digo esto en forma puntual: no salió de la boca del señor Diputado Testoni ni de la del señor Ministro Solari absolutamente ningún nombre responsabilizando a alguien. Sí se dijo que podía haber información, que eventualmente sería suministrada a la Comisión, en tiempo y forma. Pero convengamos en que la Cámara hoy no está juzgando las expresiones del señor Diputado Testoni ni de señor Ministro Solari. Ninguna de esas dos figuras emitió algún tipo de opinión con respecto al tema concreto que hoy convoca al Plenario.

Por tanto, me parece que esta pequeña jugada política que lateraliza y lleva el tema a otro terreno no resulta conveniente ni adecuada.

En este tema de la corrupción, los colorados tenemos muchas cosas que decir al país. ¡Vaya si será así, que hemos estado en la batalla desde el primer día! ¡y lo vamos a seguir estando! ¡Vamos a ahogar a la República con honestidad! ¡Lo va a hacer este Partido y también los partidos que quieran acompañarlo! Estoy seguro de que la inmensa mayoría del sistema político se tiene que comprometer a ahogar la República con honestidad. ¡Bueno fuera que alguien no quisiese incursionar por ese camino! ¡Bueno fuera que alguien no desease entender que los señores Legisladores no tienen, como el agente 007, licencia para matar y decir cuanto les plazca sobre las personas del país!

Hay límites, señor Presidente. Si alguien cree que los fueros parlamentarios son un privilegio desmedido, se equivoca. Los fueros parlamentarios tienen tope, y ese tope es el derecho de los demás.

Aquí hoy vamos a juzgar -en su oportunidad opinaré jurídicamente sobre este tema- si el señor Diputado Nicolini incursionó o no en una violencia contra la Constitución y las normas del Código Penal y si eso da o no mérito para que éste órgano, actuando con competencias jurisdiccionales, emita algún tipo de dictamen o ponencia.

(¡Muy bien!)

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor Diputado Raffo ha desistido de contestar la alusión.

Tiene la palabra el señor Diputado Alem García.

SEÑOR ALVAREZ. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARCIA (Don Alem). - Dispongo apenas de quince minutos, por lo cual pido disculpas pero no puedo conceder la interrupción.

Vamos a tratar de abordar el tema con serenidad y mucha tranquilidad, como corresponde el asunto que está considerando la Cámara.

Antes de entrar al quid del asunto, como aclaración previa, en virtud de algunas afirmaciones realizadas en Sala -se ha dicho que el hecho relevante es la corrupción y se han formulado otras aseveraciones del mismo tenor- digo que a nosotros no nos duelen prendas de ninguna naturaleza. Si mañana, cuando se presenten los informes en relación con las compras a FOCOEX o con cualquier otro asunto, hay mérito para que la cuestión pase a la órbita de la Justicia Penal, téngase la certeza de que nuestras manos van a estar levantadas en ese sentido.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Ayala)

Siento orgullo de integrar un Partido que discutió el tema de la corrupción en una Convención abierta, el último sábado del mes de mayo pasado, con la presencia de los medios de comunicación y con sus micrófonos abiertos. Lamentablemente, esa modalidad no la veo en otras colectividades políticas. Me siento orgulloso de integrar el Partido Nacional, porque la última revolución armada de comienzos de este siglo se hizo por dos cosas: en primer lugar, por la pureza del sufragio, por la libertad, por las garantías; y, a renglón seguido, por la honradez administrativa. Aquella famosa frase, «dignidad arriba y regocijo abajo», es la expresión de un pensamiento político y de una conducta en materia de conducción de la cosa pública.

Veo que se manejan en forma diferente las cosas. Algunas colectividades políticas discuten estos temas a puertas cerradas; no sabemos lo que discuten ni lo que resuelve. Otras, en cambio, como la Convención del Partido Nacional, que es el máximo órgano de nuestra colectividad política, dictó una resolución que dice que aquellos blancos que sean procesados, quedarán suspendidos como integrantes del Partido, y aquéllos que sean condenados, serán expulsados. Me pregunto qué colectividad política, qué otro partido ha resuelto esto. Nosotros no hacemos espíritu de cuerpo en relación a estas cosas. No tratamos de solidarizarnos con un compañero si éste estuvo mal.

Lamento haber observado cómo en el día de hoy una colectividad política se cierra y expresa solidaridad con una conducta asumida por integrantes de su sector. Creo que si yo fuera integrante del Encuentro Progresista tendría serias dudas, no ya por la conveniencia política, a efectos de mantener el prestigio de la entidad, sino por razones de estricta justicia. Si algunos integrantes de un partido político comprometen el prestigio de éste, ¿las colectividades políticas cometen delito? No, señor Presidente. La responsabilidad penal es individual, personalísima de los seres humanos. Las entidades y los partidos no cometen delito.

Pero he hablado demasiado sobre esta precisión previa.

SEÑOR CHIFFLET. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARCIA (Don Alem). - Disculpe el señor Diputado que no se la conceda, pero el Reglamento apenas me otorga quince minutos y quiero entrar al punto fundamental que la Cámara tiene que analizar en el día de hoy.

¿La conducta de los integrantes del Cuerpo que hoy está siendo estudiada por la Cámara de Representantes estuvo acorde con los deberes que la Constitución de la República impone a los señores Legisladores? Creo que ésa es la calificación que debe hacer este Cuerpo en el día de hoy. ¿Cuál fue la conducta de los señores Legisladores de referencia? ¿Estuvieron a la altura de las obligaciones que deben observar estrictamente?

Todos sabemos perfectamente que cuando un señor Diputado realiza determinadas afirmaciones asume una responsabilidad pública. Cuando un señor Diputado realiza esas afirmaciones sabe perfectamente que puede exponer el odio, al desprecio y al escarnio a determinadas personas. Entonces, el primer deber de un Legislador que quiere actuar con responsabilidad, cumpliendo cabalmente con ella, es tener muy presente lo que va a decir.

Antes que exprese que va a hacer una denuncia con respecto a determinados hechos que implican a Fulano, Mengano o Zutano, debe verificar, por un elemental sentido de responsabilidad, la información que se le ha hecho llegar, hacer los chequeos correspondientes, a fin de no incurrir en una actitud que no corresponda y para no ocasionar perjuicio moral, porque después que éste se ocasiona, generalmente no puede ser resarcido.

Antes de referirme a la conducta de los Legisladores, quiero señalar que hace algunos años, antes del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, yo me desempeñaba como uno de los ayudantes del equipo que trabajaba con Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra. En las dos Legislaturas anteriores al golpe, ambos hicieron exposiciones en el Senado sobre determinados hechos -no estoy hablando de las brillantes interpelaciones- y, en algunos casos, con eso bastó para que tuviera que tomar medidas muy drásticas con relación a funcionarios implicados. Como dije, quien habla era uno de los que ayudaban en las tareas administrativas tales como, por ejemplo, pasar a máquina determinados informes y documentos, ordenar las carpetas, etcétera. ¿Y sabe, señor Presidente, qué se nos prohibía como colaboradores de Wilson Ferreira Aldunate y de Carlos Julio Pereyra? Se nos tenía absolutamente prohibido decir «esta boca es mía» con respecto al material que se manejaba, y la misma conducta tenían los Legisladores mencionados. Ninguno de los dos insinuó jamás -y mucho menos amenazó- realizar una denuncia sin contar previamente con las carpetas que contuvieron la prueba que acredita los hechos que iban a ser denunciados. El señor Legislador Carlos Julio Pereyra es una persona muy cuidadosa en este sentido; jamás de su boca va a salir un agravio, pero al igual que Wilson Ferreira Aldunate, cuando anunciaba que iba a hacer una denuncia a raíz de determinados hechos eventualmente irregulares que implicaban a determinadas personas y jerarquías, todo el mundo tenía la certeza de que tenía verificada la información y la prueba en sus carpetas, dado que ambos eran hombres absolutamente responsables. Eso era actuar con responsabilidad.

¿Qué ha ocurrido en estas circunstancias que motivaron la convocatoria a esta sesión de la Cámara? Durante siete u ocho meses hemos estado asistiendo a anuncios de integrantes de este Cuerpo; especialmente uno de ellos, el señor Diputado Nicolini, comunicó a la opinión pública, y a nosotros en particular, que iba a denunciar determinados hechos, que iba a dar determinados nombres, que iba a dar los números de cuentas bancarias donde se habían cobrado comisiones ilegales, que iba a aclarar sobreprecios, etcétera. Pero nunca llegaba -y nunca llegó- el momento que cumplieran lo que reiteradamante venían anunciando. Cuando llega la oportunidad de poner algo sobre la mesa, resulta que aparece un particular haciendo determinadas denuncias y dando los nombres. Esto no es válido, porque si yo soy un Legislador responsable no voy a permitir que ningún particular me venga a decir: «Mire, señor Legislador, yo quiero firmar la denuncia solo. Discúlpeme, pero no puedo firmar junto con usted porque yo, como particular, como ciudadano» -al parecer, eso dijo el señor Maciel- «quiero firmarla solo».

Realmente, me parece que esa actitud no corresponde. El Legislador comprometió su palabra y su honor, si estamos ante personas responsables, quien compromete su palabra o quien anuncia algo, compromete su honor. Entonces el Legislador que tiene palabra y que dice «voy a hacer tal cosa», después no puede quedar al costado por el hecho de un particular le diga que quiere ser el titular de la denuncia, de la acción. Realmente ese argumento es absolutamente desestimable.

La conducta de los señores Legisladores que reiteradamente han puesto en tela de juicio a gente honorable, ¿es grave? ¿Debe ser calificada de esta manera? ¿Pueden haber incurrido, los Legisladores que así actúan, en conductas graves que puedan ser tipificadas como delito por el Código Penal? Sin duda, creo que sí. Considero que es una actitud que puede encuadrarse en figuras que la ley califica como delito y que hacen más grave la conducta y la responsabilidad por tratarse de un Legislador. Si a un ciudadano -hombre o mujer de este país- se le aplica el Código Penal a rajatabla, ¿por qué no ha de hacerse lo mismo con un Legislador? ¿Acaso los Legisladores tienen patente de corso para injuriar, difamar y poner en tela de juicio la conducta de gente honorable?

En determinados momentos estuve tentado a plantear, en nombre de nuestro sector, una cuestión de fueros porque las afirmaciones que eran tan genéricas y se ratificaban, involucraban a todo el mundo, a gente honorable, muy honesta que ocupó cargos en el Gobierno anterior y por la cual nosotros podemos poner las manos en el fuego. Resulta que después se sale a aclarar que no se quiso decir eso; que haber dicho que existía una asociación para delinquir en cargos claves del Gobierno anterior no era una ofensa al Partido Nacional. Sin embargo, el martes 23 de julio, en la página 10 del diario «El País» el señor Nicolini dice: «Yo nunca manifesté que funcionarios públicos habían recibido comisiones de FOCOEX». Esto da para el asombro. Continúaba: «Lo que sí dije fue que el señor García» -se refiere al señor García Costa- «se fuera buscando un buen abogado. Creo que no me he equivocado. Además afirmé que en la Administración anterior había funcionarios que trabajaban para beneficio propio. Esa presunción la mantengo en base a una denuncia penal de un ciudadano que acusó a 6 funcionarios». Considero que estas afirmaciones son de una irresponsabilidad y de una falta de decoro tan extremas que quien incurre en una conducta así no merece ser representante del pueblo. Además, la conducta de referencia puede encuadrar en la difamación y también la injuria. El artículo 243 del Código Penal establece que el uso de un documento falso, aun cuando el actor involucrado no hubiera contribuido a su confección, es una conducta penada como delito. ¡Si se habrán usado uno o dos documentos falsos! En forma reiterada, a lo largo de veinticuatro o veinticinco reportajes en siete u ocho meses, siempre se hacía referencia a estos documentos. ¿Se usaron o no documentos falsos? Aun cuando no se hubiera contribuido a la confección de esos documentos falsos, el mero uso de esos elementos constituye conducta delictiva según el artículo 243 del Código Penal.

Que no se utilice el argumento grosero y desestimable por completo, de que no vale la prueba que se ha realizado últimamente y de que son falsos los peritajes. Por si existiera alguna duda con relación a las pruebas de los peritos calígrafos, la información proporcionada por ANTEL es lapidaria.

Quien habla, junto con los demás integrantes de nuestra colectividad política, estimamos que aquí existe mérito que da lugar a la formación de causa y , por lo tanto, vamos a votar la utilización del mecanismo pertinente a efectos de que la otra Cámara, erigida en juez y ofreciendo las garantías establecidas en el ordenamiento constitucional -¿qué mayor garantía que el Senado?- diga efectivamente si esta conducta fue acorde con los deberes que debe observar un Legislado

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Tiene la palabra el señor Diputado Cardoso.

SEÑOR CARDOSO. - Señor Presidente: la Cámara ha sido convocada en el día de hoy, a la hora 17, para analizar la conducta y la responsabilidad de dos de sus Legisladores respecto a un acto indigno que ha cometido en el uso de sus funciones, sin duda contribuyendo al desprestigio del Cuerpo y de su funcionamiento.

No se necesita ser muy avezado ni jurista para advertir que la actitud de los señores Diputados Nicolini y Pita ha sido claramente en contra de los mejores intereses de la actividad parlamentaria.

La fuerza política que integran estos señores Diputados -espero que sólo ella- ha perdido capacidad de denuncia, y esa es una de las responsabilidades que también tiene el Parlamento. Sin duda, ha hipotecado una de las responsabilidades que tiene el Parlamento, que es la de investigar con seriedad y responsabilidad la gestión de la Administración, y sus legisladores actuaron con imprudencia, desgastando absolutamente el buen nombre que un Legislador debe mostrar ante la opinión pública.

Hoy se dijo al pasar -no voy a repetir el argumento-: ¿quién va a creer ahora cuando un Legislador presente un documento haciendo una denuncia? Para creer al Legislador del futuro habrá que hacer el peritaje caligráfico; no habrá certeza de que nada que se presente sea cierto y eso es responsabilidad exclusiva de los señores Diputados Nicolini y Pita, dos irresponsables en el uso de la gestión parlamentaria.

Además, hoy hemos venido como blancos a tomar responsabilidad política por actitudes que nos han agraviado. Durante muchos meses -por lo menos diez- estos dos señores -por llamarlos de alguna manera y por respeto a la Presidencia- han mancillado el nombre de integrantes de mi partido. Además, constantemente pusieron en tela de juicio el honor y el buen nombre de ese honorable ciudadano por el doctor Guillermo García Costa, gran Ministro de la Administración nacionalista. En uso de sus funciones cuestionaron el nombre del doctor Julio Macedo. Pero mientras eso acontecía y ellos hablaban públicamente exponiendo a hombres de nuestra Administración -nombré dos, pero podría citar otros como, por ejemplo el doctor Gabito Zóboli- ¿qué sucedía para sorpresa de todos nosotros? Desde las sombras, se construía la prueba; desde la oscuridad, se elaboraban los argumentos que no se tenían.

En esto existe una clarísima responsabilidad de estos dos Legisladores y de sus Bancadas. No es fusible aquí un Legislador, cuando la Bancada de Asamblea Uruguay en no menos de cinco oportunidades y el Frente Amplio en no menos de diez, respaldaron las denuncias.

Por ejemplo, en el diario «El Observador» del día 13 de abril, se expresa: «El Senador Astori señaló que todo el sector respalda a Nicolini al tiempo que reveló que conoce en forma íntegra la documentación sobre FOCOEX que maneja el Diputado». Subrayo la expresión «conoce en forma íntegra». Me pregunto qué conoce: ¿cómo los falsificaron?, ¿quién los falsificó? ¿Sabe esto el Senador Astori? ¿Podrá informarlo en el Senado? ¿Vamos a descubrir ahí quién falsificó los documentos por orden de quién y con qué objetivo político?

El señor Diputado Gamou, respondiendo al doctor Vázquez, también en «El Observador» del 13 de abril, dice: «cuando en AU hacemos denuncias, lo hacemos con mucha seguridad». ¡Pobre Vázquez! No sabía con quien trataba. Estaban elaborando documentos falsos para enchastrar el buen nombre de la gente. Esto también es parte de aquello por lo que hoy venimos a responsabilizar políticamente al Frente Amplio. Lo lamento, señores, pero se van a ir con una patada en el trasero, y merecido lo tienen porque nos han dado ante la opinión pública una dura batalla mintiendo ...

(Interrupciones. -Campana de orden.)

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala).- Señores Diputados: les agradecemos ...

(Interrupciones. -Campana de orden.)

Señores Diputados: por favor ...

(Interrupciones. -Campana de orden.)

Señor Diputado: le agradezco que controle sus palabras de acuerdo con su calidad de Legislador.

Puede continuar el señor Diputado Cardoso.

SEÑOR CARDOSO. - Señor Presidente: no he violentado absolutamente nada; solamente estoy haciendo una enumeración de responsabilidades políticas y para eso es que estamos aquí. Nosotros no hemos venido hoy a juzgar penalmente a nadie, porque la tarea de la Cámara no es ésa, sino la de ocuparse de lo que hace a las responsabilidades políticas.

(Interrupciones. -Campana de orden.)

Señor Presidente: pido que la Mesa me ampare en el uso de la palabra.

(Interrupciones. -Campana de orden.)

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Señores Diputados: les agradezco que permitan al señor Diputado Cardoso continuar su exposición.

Puede continuar el señor Diputado Cardoso.

SEÑOR CARDOSO. - Señor Presidente: toda esta Cámara le dio a siete señores Diputados la posibilidad de integrar una Comisión Investigadora. Los nombramos jueces de la Cámara al darles la responsabilidad de integrar esa Comisión y les dijimos: vayan a esa Comisión, juzguen y traigan resultados.

Revisando alguna documentación para hablar de estos dos señores, vi algunos libros y se me ocurrió que el que calzaba justo es el que se titula «El hombre mediocre», que fue escrito por José Ingenieros a principios de siglo. Dice José Ingenieros: «por eso cuando un mediocre es juez, aunque comprenda que su deber es hacer justicia, se somete a la rutina y cumple el triste oficio de no hacerla nunca y embrollarla con frecuencia».

SEÑOR CHIFFLET. - ¡Apoyado!

SEÑOR CARDOSO. - Esto es lo que han hecho estos dos señores Diputados, a quienes la Cámara les dio la responsabilidad de integrar la Comisión Investigadora y de juzgar. Han traicionado a la Cámara; han mentido a la Comisión, han mentido a la Cámara, han mentido a la opinión pública, buscando un objetivo político: cuestionar a nuestro Partido.

Esa responsabilidad es medida en este ámbito. El que la asume, debe poner la cara. Hoy se decía: ¡qué lástima que para las cámaras de televisión y fotográficas, el señor Diputado Nicolini siempre estuvo dispuesto! ¡Qué lástima que no está dispuesto hoy a venir aquí a poner el rostro y decir cómo fue que falsificó los documentos, con qué objetivo, quién lo ayudó, por qué su Bancada lo respaldó constantemente, aunque tenía documentos falsos! ¿Por qué no le preguntaron a los técnicos y peritos argentinos antes de presentar los documentos? ¿Por qué no le pidieron al perito argentino que les dijera si manejaban documentos falsos antes de presentarlos? Le hubieran ahorrado más de U$S 5.000, que es lo que va a pagar por haber revisado documentos que ustedes sabían que eran falsos...

(Interrupciones. -Campana de orden.)

Ustedes sabían que eran falsos. La Cámara tuvo que pagar...

(Interrupciones. -Campana de orden.)

Ampáreme en el uso de la palabra, señor Presidente.

(Interrupciones. -Campana de orden.)

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - ¡Por favor, señores Diputados, guarden orden!

(Interrupciones. -Campana de orden.)

Puede continuar el señor Diputado Cardoso.

SEÑOR CARDOSO. - Señor Presidente: le pido que descuente del tiempo de que dispongo el que se utiliza en estas interrupciones...

(Interrupciones. -Campana de orden.)

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - El tiempo de las interrupciones está controlado.

(Interrupciones. -Campana de orden.)

-La Mesa vuelva a solicitar a los señores Diputados que mantengan el orden.

Puede continuar el señor Diputado Cardoso.

SEÑOR CARDOSO. - Señor Presidente: el acto de corrupción ya fue cometido. El griterío no me va a hacer callar. Voy a hablar aunque no les guste. Tengo derecho a hablar y voy a seguir haciéndolo; voy a continuar con las puntualizaciones políticas que correspondan.

Veo que se me está terminando el tiempo y aún tendría unas cositas más para decir.

En esta triste y lamentable historia en la que nos han metido durante más de diez meses, sin duda vamos a poder revertir todos los argumentos que se han usado suciamente a nivel de la opinión pública para cuestionar el nombre de gente de bien. Quizás ellos no sepan o que han vivido algunos de estos hombres de mi Partido, que fueron cuestionados públicamente y puestos ante las cámaras de televisión todas las semanas, en todos los informativos. Ellos quizás no entiendan, porque han sabido esconderse y lo siguen sabiendo. Basta recordar a Liberoff, Pucheta, Coitiño y una larga lista; no han sabido asumir responsabilidades. Para los blancos ha sido doloroso este proceso y no estamos vengándonos, sino exigiendo responsabilidades políticas, que las tienen.

Ese cuestionamiento que se ha hecho a hombres de bien de nuestro Partido, se explica también por una frase de este formidable filósofo argentino, José Ingenieros, que recomiendo que lean. En «El hombre mediocre», que en algunos de sus capítulos me pareció una biografía perfecta a estos personajes, se dice: «Tórnanse entonces peligrosos y nocivos. Detestan a los que no pueden igualar, como si con sólo existir los ofendieran. Sin alas para elevarse hasta ellos, deciden rebajarlos; la exigüidad del propio valimiento les induce a roer el mérito ajeno. Clavan sus dientes en toda reputación que les humilla, sin sospechar que nunca es más vil la conducta humana. Basta ese rasgo para distinguir al doméstico del digno, al ignorante del sabio, al hipócrita del virtuoso, al villano del gentilhombre. Los lacayos pueden hozar en la fama; los hombres excelentes no saben envenenar la vida ajena».

SEÑOR BALBI. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BALBI. - Señor Presidente: en primer lugar, deseo hacer un planteo a la Mesa.

Puedo entender que cualquier señor Diputado, en un debate como el que estamos desarrollando, tenga algunas dificultades para guardar el debido decoro, como dice el Reglamento. Pero no puedo entender que la Mesa, cuya labor es conducir el debate de la Cámara, permita que el decoro sea abandonado en una intervención, interrumpiendo sólo el debate cuando otros señores Diputados, como los habilita el Reglamento -es mi caso particular- solicitan que se imponga el Reglamento.

No sé, quiero pensar que no...

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - ¿Me permite, señor Diputado?

La Mesa observó como corresponde, al señor Diputado Cardoso por sus expresiones, como lo establece el artículo 73 del Reglamento.

Puede continuar el señor Diputado Balbi.

SEÑOR BALBI. - Lo hizo sin efectividad, puesto que el señor Diputado Cardoso, continuó haciendo uso de la palabra en el mismo estilo y ofreció patadas a los señores Diputados, supongo que a los del Frente Amplio-Encuentro Progresista. Este es un deporte que últimamente practican los integrantes del Partido Nacional, lo que no quita no nos pongamos a las órdenes.

Sin embargo, no creo que se deba permitir este estilo de debate. Las respuestas a las escasas cuestiones planteadas por el señor Diputado Cardoso en su exabrupto o intervención las daremos en su debido momento.

Como se ha dicho más temprano en Sala, estamos dando esta discusión en el marco de un país que efectivamente -bueno fuera lo contrario- está muy preocupado por el tema de la corrupción.

El problema de la corrupción no lo generan los denunciantes sino los corruptos; es una constatación de hechos, que todos podemos subrayar y compartir.

Hay un sistema que permite la corrupción. No se trata solamente de buenas o malas personas, sino de que quien quiera violar la ley y embolsarse los dineros públicos puede hacerlo encubierto por el secreto bancario, por el de las sociedades anónimas, etcétera. Ahí está el principal problema, y reitero que no radica en las bellas o feas personas.

Por otra parte, hay una historia de hechos en nuestro país que dan crédito a la ciudadanía para que piense y hable de la corrupción.

El tema del Banco de Seguros del Estado, que fue llevado a la Justicia por la Bancada de Senadores del Frente Amplio -en la Legislatura pasada el Senado no lo hizo así- ya ha dado como saldo dos procesados por la Justicia y no por las opiniones políticas de los señores Legisladores.

Esta Bancada llevó a la Justicia el tema del Banco Pan de Azúcar y un conjunto importante de figuras políticas de este país -que no integran mi Partido- han ido a declarar.

Desde lo más profundo de mi corazón anhelamos que esas personas no sean condenadas y que se demuestre su inocencia. Ello se está resolviendo en la Justicia y da lugar a que la ciudadanía se preocupe.

La denuncia del ciudadano Maciel es un hecho. ¿Qué otra cosa hace que señores Legisladores presenten proyectos anticorrupción ante esta Cámara y en el Senado?

Si la corrupción fuera un invento del «flaco Nicolini», a ningún señor Legislador de cualquiera de las dos Cámaras se le ocurriría presentar un proyecto para combatir algo inexistente, inventando por algunos delirantes Diputados del Frente Amplio.

Además, hay afirmaciones de destacados dirigentes políticos que no integran mi partido. El doctor Juan Andrés Ramírez, y no quien habla -es la segunda vez que lo cito en Sala; la primera vez fue cuando hacíamos referencia al Banco Pan de Azúcar- se ha referido a la caja de Pandora y manifestó que mucha gente se enriqueció ilegítimamente durante el Gobierno anterior. Sin embargo, nadie lo ha condenado en esta Sala; yo lo saludo por ello y no lo condeno.

La citación para la sesión del día de hoy comienza diciendo que la Cámara de Representantes se reunirá, en sesión extraordinaria, a solicitud firmada por cincuenta señores Representantes. Y en el orden del día se hace referencia a la resolución respecto a las conductas de los señores Representantes Leonardo Nicolini y Carlos Pita en la presentación de documentos falsos. Quiere decir que ya los condenaron; bastaron cincuenta firmas en la solicitud de convocatoria para condenarlos.

Y ahora se ha mocionado para que se aplique el artículo 93 de la Constitución, en función de esta condena de cincuenta firmas que ya se hizo pública antes de comenzar la sesión.

Además, lo primero que establece el propio informe del peritaje caligráfico que aquí se ha citado es que sus afirmaciones serán tentativas por tratarse de fotocopias que, con seguridad, son de segunda generación. Luego ese informe hace afirmaciones terminantes en función de adelantos tecnológicos, etcétera.

Esto, por lo menos me permite dudar. Existen otros informes caligráficos y técnicos que señalan cosas diferentes, y esto también me permite dudar, concediendo el beneficio de la duda a quienes están convencidos de que los documentos falsos, pero no admitiendo que ello sea utilizado tal como consta en la citación, es decir condenando antes de comenzar a debatir.

Asimismo, si efectivamente se demostrara que esos documentos son falsos, ¿ello condena a quien los presentó en la Comisión? Los antecedentes que hay en la Cámara de Representantes a los que hizo referencia el señor Diputado Chifflet, demuestra que el señor Diputado Piana Effinger -por suerte continúa integrando el Cuerpo y nos puede narrar la situación- presentó un documento falso que, por supuesto, no fue fraguado por él; alguien se lo habrá dado. En la Comisión Investigadora se llegó a la conclusión de que ese documento era falso y nadie se planteó condenarlo, por el contrario, el señor Diputado fue respaldado en su legítimo derecho de buscar los medios de investigación.

SEÑOR CHIFFLET. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BALBI. - Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET. - Señor Presidente: el documento que se presentó a la Comisión y que el perito calígrafo comprobó que era falso, y además adulterado porque se trataba de una firma auténtica incorporada a un documento no auténtico, fraguado en distintas máquinas de escribir, fue difundido públicamente, hasta en debates televisivos, antes de ser presentado en la Comisión Investigadora.

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Puede continuar el señor Diputado Balbi.

SEÑOR BALBI. - Señor Presidente: tal vez lo condenable sea afirmar lo que dijo acá el señor Diputado y maestro Cardoso. No sé cómo enseñaría a los niños. Según me han dicho colegas de él, es un buen profesional. Entonces, no creo que les enseñara a resolver los problemas a patadas. No me pasa por la cabeza que un buen profesional del magisterio pueda hacer eso.

Sin embargo, es condenable decir que fue el señor Diputado Nicolini el que fraguó los documentos y que algún día explicará con quién los falsificó.

Por otra parte, debe quedar muy claro que hay un error en la citación, y lo voy a decir para que no se gasten más tratando de incriminar al Frente Amplio. Este está totalmente incriminado porque la presentación del paquete de faxes a la Comisión Investigadora, realizada por los compañeros Diputados Nicolini y Pita, la resolvió el conjunto de los sectores parlamentarios que integran dicha agrupación, que asumen la total responsabilidad por decidir que aquellos indicios que habían llegado a nuestras manos fueran puestos a disposición de la Comisión Investigadora. En tanto asumimos la responsabilidad colectiva por ello, ahorramos el trabajo de seguir fundamentando con recortes de prensa.

Simultáneamente decimos que si se cometiera el despropósito -o la modificación absurda de la Constitución, de las tantas que hemos presenciado en esta Sala- de aplicar el artículo 93 y trasladar como delito grave una situación respecto a la que se ha demostrado inclusive con antecedentes en la Cámara, que en iguales condiciones o peores no pasó nada, entonces, que se nos juzgue y que se empiece, junto con los compañeros Diputados Pita y Nicolini, por este Diputado que está haciendo uso de la palabra, así como por el conjunto de mi Bancada, como señala la declaración que en un principio leyera el compañero Diputado Rubio.

Estamos ante la peligrosísima situación de que, por mayoría de manos alzadas, el Parlamento diga a la ciudadanía que acá también el que denuncia la queda. Es lo mismo que ocurre con los presos comunes y sus familiares, quienes no explicaban por qué no denuncian las situaciones graves, las irregularidades, las violaciones a los derechos humanos a que se ven sometidos a veces por otros presos con complicidad policial. Es por el temor a las consecuencias, para ellos y sus familias. Eso mismo se traslada al escenario parlamentario: el que denuncia y persigue la corrupción, pierde. Esa podría llegar a ser la peligrosa situación que estamos contribuyendo a crear.

SEÑOR ABDALA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BALBI. - Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA. - Señor Presidente: obviamente, con el señor Diputado Balbi tenemos diferencias en la interpretación del funcionamiento de la democracia. En primer lugar, aquí se trata de resolver si hay violencia sobre ciertas normas. En segundo término, parece ser que las mayorías formales burguesas no tienen aceptación en esta Cámara. Entonces, pregunto ¿qué más legítimo, qué más democrático, qué más republicano que un ámbito representativo autorizado por delegación del pueblo a decidir ciertas cosas?

Evidentemente -y lo digo con mucho respeto- discrepamos en cuanto al tema de fondo.

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Puede continuar el señor Diputado Balbi.

SEÑOR BALBI. - Señor Presidente: esa discrepancia permanente se sustenta en una diferencia de fondo acerca de cómo se usan las mayorías. Aclaro al señor Diputado Abdala, estimado amigo -algún día lo podremos conversar mano a mano- que tal vez quien habla ha hecho más que muchos otros Legisladores presentes de su Partido por la recuperación de esta democracia, sí, burguesa, pero por la que hemos combatido y arriesgado todo lo que tenemos. Y seguiremos arriesgando, como el pueblo trabajador uruguayo que fue capaz de reconquistarla.

Eso hace el conjunto de mi fuerza política. Por lo tanto, no me duelen prendas en el respeto a las mayorías parlamentarias. Me duele, sí, que se empleen para distorsionar y como al pueblo uruguayo también le duele, es que ha ido cambiando progresivamente y seguirá cambiando en igual sentido el mapa político de este país.

Voy a aludir al señor Diputado Abdala específicamente por otro tema, así después me puede contestar. El señalaba hoy que no estamos aquí para juzgar al señor Diputado Testoni ni al señor Ministro de Salud Pública actual, que en la campaña electoral introdujo en la escena política del país las denuncias sobre la situación de FOCOEX y la gestión ministerial anterior. No es casualidad que así sea; no es casualidad que la coalición de Gobierno, sujeta a enormes tensiones internas precisamente por estos problemas -entre otros- no venga aquí a juzgar a sus integrantes sino a pretender que compañeros del Frente Amplio que han participado en las investigaciones sean poco menos que los culpables de todo, tendiendo así una enorme cortina de humo.

Quiero dejar claro que en la Comisión Preinvestigadora -y nadie que no sea de esta Bancada se refiere a ello; yo lo hago para que, si se han distraído, lo escuchen una vez más- ante una pregunta del señor Presidente acerca de si la persona que eventualmente hubiera recibido esa comisión era funcionario de Salud Pública, el señor Diputado Testoni, obviamente con conocimiento de causa y diciendo la verdad -cosa que le atribuimos mientras no se demuestre lo contrario- contestó: «Sí, pero no puedo decir nombres porque me parece que no corresponde, ya que éste no es el ámbito. Si se pasara a una instancia posterior, podríamos hablar en otro tono, pero en ese momento no podemos decir nombres».

(Interrupción del señor Representante Aguiar)

-Pero afirma que sí se trata de un funcionario público y, por lo tanto, sabe de quién está hablando. Por su parte, el señor Diputado Nicolini le pregunta: «¿El denunciante manifiesta que ante una Comisión Investigadora» -que después se conformó- «proporcionaría nombres?». Dice el señor Diputado Testoni: «Si se me preguntara...?

Entonces, había información, más que la que nosotros presentamos, pero no ha sido brindada. Esto es ocultamiento de información a la Comisión Investigadora con preanuncio de que se iba a dar, y con otros preanuncios realizados en Sala cuando se discutía la creación de la Comisión Preinvestigadora.

¿Y quién llama al orden al señor Diputado Testoni por decir estas cosas? Nosotros no; lo llaman al orden su Partido y la coalición de Gobierno, cuando en la Comisión Investigadora deciden por cuatro votos a tres que no vaya a declarar a ese ámbito, es decir, que no concrete lo que había anunciado -creo que legítimamente- que iba a hacer.

Naturalmente, no nos proponemos condenar al señor Diputado Testoni, pero entendemos que alguien, en especial su Partido o bien él personalmente, nos podría contestar por qué anunció la existencia de información -como sin duda lo haría un individuo honesto, una persona de bien- y luego la ocultó a la Cámara y a la Comisión Investigadora.

¡Que alguien me explique por lo menos las razones políticas de esta actitud, aunque no me digan quiénes son los funcionarios públicos que recibieron comisiones y cuyos nombres conoce el señor Diputado Testoni!

(Interrupción del señor Representante Abdala)

-Ante esta prohibición de su Partido, el señor Diputado Testoni no tuvo más remedio que proceder de ese modo. Tengo claro que los colorados son gente disciplinada desde el punto de vista partidario, cosa que obviamente respeto. Pero, claro, me da pena que el sometimiento a disciplina de los integrantes de la Bancada del Partido Colorado se haga con este fin.

Por último, recordemos que los contenidos totales de la Comisión Investigadora relativa a FOCOEX serán discutidos en esta Cámara en pocos días. Digo al estimado señor Diputado Aguiar que, sin vacilaciones y sin dudas, la Bancada del Frente Amplio, una vez más, llevará a la Justicia los elementos sustanciales de esta investigación. Si la Cámara trasladara cuidadosamente y en cada detalle los elementos más peligrosos, más cuestionables que hay en la Comisión Investigadora relativa a FOCOEX, lo acompañaríamos. Pero si trasladar el burlote, trataríamos de simplificar la tarea del Juez. Intentaríamos que ese camino, que no significa lavarse las manos porque ha dado resultado en los casos del Banco de Seguros del Estado y del Banco Pan de Azúcar, diera también sus frutos en lo que refiere a la Comisión Investigadora vinculada con FOCOEX.

Sin duda, independientemente de las manos que aquí se levanten y en qué sentido lo hagan, la lucha de los uruguayos -que estamos muy preocupados- contra la corrupción no ha terminado.

SEÑOR ABDALA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA. - Señor Presidente: nuevamente, algún integrante del Frente Amplio reflexiona y carga las tintas sobre algunos Legisladores del Partido Colorado.

Vuelvo a decir: la diferencia está en que una cosa son las expresiones preparatorias, previas, las insinuaciones, y otra diferente son las concreciones.

Yo puedo pensar muchas cosas del señor Diputado Balbi; muchísimas. Voy a utilizar una ironía -y sé bien que esto que voy a decir ahora no es verdad- : ¡qué mal haría yo si me paro en una esquina y digo que el señor Diputado Balbi es un delincuente! Yo sé que no lo es; pero el comportamiento previo, la intención, la presunción, es una cosa, y la expresión formal ante la ciudadanía es otra. Es un dato que hay que tener en cuenta. Entonces, tenemos que juzgar hoy aquí si el comportamiento de algunos señores Diputados del Frente Amplio no es un trastocamiento del comportamiento normal de los Legisladores.

Digo más: si el señor Diputado Balbi cree que tiene autoridad para hablar de problemas internos de mi Partido, se equivoca. He leído con mucho respeto esta especie de declaración corporativa en la que el Frente Amplio se hace responsable de todos y cada uno de los comportamientos de los Diputados en cuestión. Pero alguien me va a tener que explicar la declaración de Asamblea Uruguay; si esto no es una censura para el señor Diputado Nicolini, ¿qué es lo que estamos leyendo aquí? Si esto no es una afirmación de que existe una grave tergiversación de objetivos y que se ha llegado a una lamentable frustración y si en el segundo punto no se cuestionan los procedimientos antes aludidos, ¿qué significa esto? ¿A quién le tenemos que creer? ¿Al Frente Amplio cuando opina corporativamente?, ¿a Asamblea Uruguay cuando dice lo contrario? ¿o al señor Diputado Nicolini, quien dice lo que cree pertinente en forma altamente irresponsable? ¿A quién le tenemos que creer en el Frente Amplio?

(Apoyados)

SEÑOR CARDOSO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO. - Señor Presidente: el señor Diputado Balbi, perteneciente a un partido político que durante cuatro décadas fue financiado por una potencia extranjera, no tiene mucha autoridad como para venir a señalarme a mí algunas cosas.

Sobre el tema de la falsificación de documentos a que él aludió, quiero señalar que en el punto 5º de la declaración del Frente Amplio se expresa: «Asimismo el Frente Amplio ha decidido solicitar a las autoridades de la organización política española Izquierda Unida la explicitación detallada del origen de la documentación sobre FOCOEX por ellos aportada». Es decir que se ha dejado entrever que la documentación falsificada ha sido aportada por los Diputados de Izquierda Unida.

En cambio, vean lo que se publica en el siguiente artículo del diario «El País» del día 11 de julio, con referencia a las declaraciones -realizadas en Madrid- de un Diputado español de Izquierda Unida, más precisamente Francisco Frutos, a quien deben conocer los señores Diputados del Frente Amplio: «Hemos mantenido un prudente silencio hasta ahora, aguardamos los materiales que quedó de enviarnos Nicolini para tener elementos más concretos a fin de solicitar una comisión investigadora» manifestó Francisco Frutos en la sede de su grupo parlamentario a requerimientos de «El País».

Entonces, queda claro que los documentos no los aportaron los españoles de Izquierda Unida sino el Diputado Nicolini a los españoles de Izquierda Unida. Y ellos están esperando -como todos en el Uruguay- que alguien haga aparecer los documentos que en realidad no existen. Nadie los va hacer aparecer, porque los falsificaron; busquen ustedes quién los falsificó.

SEÑOR GAMOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU. - Señor Presidente: cuando se lee la prensa, no es bueno leer solamente el diario «El País». Yo recomendaría al señor Diputado Cardoso que leyera un titular de un diario -que seguramente a él no le debe resultar muy simpático- donde el Diputado Francisco Frutos dice claramente: «Yo asumo la responsabilidad por los faxes presentados en la Comisión Investigadora». Claro: si leemos solamente el diario «El País», muy poco conocimiento podemos tener de lo que pasa en el mundo y en el Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Señor Diputado: lo expuesto no es una aclaración. La Mesa le solicita que se ajuste al Reglamento.

SEÑOR BALBI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BALBI. - Señor Presidente: deseo hacer una aclaración reglamentaria, con el ánimo de contribuir -más allá de las pasiones y lo inconveniente de la reunión- al buen funcionamiento de la sesión.

En el día de ayer planteé que cuando los señores Legisladores contestamos alusiones políticas o personales no estamos autorizados a volver a aludir, por lo que la Mesa debe interrumpir las respuestas en ese sentido. De lo contrario, si contestara a los señores Diputados Abdala y Cardoso, ellos u otros integrantes de sus Partidos me podrían responder por alusión política. De esa forma no sé adonde conduciría este debate.

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - La Mesa aclara al señor Diputado que el Reglamento no establece limitaciones en cuanto a volver a aludir.

Léase el artículo 71 del Reglamento.

(Se lee:)

«ARTICULO 71. - Después que un orador haya terminado su discurso, aquel o aquellos a quienes hubiese aludido podrán, antes que el orador siguiente inicie el suyo, hacer rectificaciones o aclaraciones, o contestar alusiones, las que no podrán durar más de cinco minutos. (Artículos 83, inciso segundo y 153, inciso tercero). - Se entenderá que corresponde la aclaración o rectificación, cuando se hicieren referencias equivocadas a las opiniones vertidas por el o los aludidos, y la contestación a una alusión únicamente cuando ésta tenga relación directa con la persona del aludido o con sus actitudes políticas o su partido político. (Artículo 105, literal F).»

SEÑOR RUBIO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RUBIO. - Señor Presidente: cuando me toque intervenir, con gusto voy a responder la inquietud legítima del señor Diputado Abdala sobre el Frente Amplio.

Ahora quiero decir que no reconozco al señor Diputado Cardoso calidades morales ni personales como para considerarlo miembro del Parlamento.

Sobre el tema de la falsificación y de los falsificadores no voy a hablar más.

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Tiene la palabra el señor Diputado Mujica.

SEÑOR MUJICA. - Señor Presidente: hace un rato nos tocó estar en una emisora -«Nuevo Tiempo»- y un oyente nos hizo una pregunta. El señor Carlos Peláez nos hizo la consulta a ver si nosotros podíamos tener más suerte, porque lleva meses intentando pedir a integrantes del Partido Nacional -que le son conocidos- que le aclaren dudas que considera legítimas. El aclaró que no hacía la más mínima acusación, pero como ciudadano tenía una inquietud con respecto al Presidente pasado sobre una serie de hechos que no le cerraban.

Trato de amplificar la voz de un ciudadano común y de prestarle este ámbito.

El decía exactamente eran las 15 y 15; se puede corroborar con el servicio telefónico de «Nuevo Tiempo» -que el doctor Lacalle había comprado una casa en Carrasco que, según se había informado, costaba alrededor de U$S 535.000 y que además la refaccionó a un costo seguramente elevado; que reparó una casa en la Barra de Maldonado; que lo sabía poseedor de una estancia forestada de 3.000 hectáreas en Cerro Colorado, ubicada al lado de la propiedad de la madre; que había comprado una estancia al señor Washington Corallo, Presidente de la Cámara de Industrias -no sabía de qué dimensiones- que era poseedor de una camioneta cuatro por cuatro y de varios vehículos japoneses; que como Presidente de la República ganó U$S 540.000 durante su período de gobierno y sabía que había recibido U$S 370.000 de la propiedad de su suegra.

El consideraba que esos ingresos no cerraban; no enjuiciaba, pero quería saber porque, en definitiva, un Presidente es una figura pública.

¿Por qué todas estas preguntas? Es para pensarlo. Acá se nos atribuye una campaña; honestamente no creo que la moralidad sea propiedad de nadie y creo que tampoco es propiedad la inmoralidad en la gestión pública. ¡Ay de aquellos -dice el penalista Zaffaroni- que crean que estas cuestiones se arreglan por vía del Código Penal! Esta es una enfermedad contemporánea de honda y tremenda trascendencia.

Por lo tanto, no es casualidad ni privilegio de ningún partido, es algo que lo tenemos parado enfrente, que ha venido, tal vez, para instalarse por mucho tiempo y que nos compromete a todos. Debo tener en cuenta que hoy ciertos organismos internacionales están balanceando que tienen que combatir la corrupción porque se ha instrumentado un nivel de economía negra que pone peligro cualquier análisis científico-económico que se haga en una sociedad, ya que suelen trasladarse valores no medibles que hacen tambalear todo. Ya no es una cuestión de ética; inclusive, es una cuestión de funcionamiento.

Entonces, es un problema que va mucho más allá de las anécdotas y creo que nosotros estamos bajando el nivel de preocupación y pensamiento de lo que esto significa. Y veo lo que son las encrucijadas políticas; me doy cuenta perfectamente de que existe toda una cantidad de vacíos legales, que tenemos intereses políticos y somos hombres que cometemos errores, que nos calentamos y que nos sentimos agredidos.

En el transcurso de este debate me han dicho que el Partido Nacional hizo una revolución por la honradez. Y a mí me rompieron el lomo a palos porque denuncié la Monty, etcétera. ¿Qué quieren? ¿Qué me están pidiendo? ¡Por favor!

Pienso que hoy la cosa tiene otros ribetes; si bien este animal ha existido mucho, asusta la enfermedad y la capacidad de contagio que tiene en estas sociedades contemporáneas. Y como esto no tiene paternidad ni tampoco la tiene su combate, hay que reconocer que los gritos más fuertes en este proceso de denuncia vinieron, precisamente, del Partido Nacional. No voy a repetir declaraciones de Zumarán, que son muy viejas y que las hizo donde correspondía, y tampoco voy a repetir denuncias que hizo el señor Diputado Machiñena y que pusieron cosas graves sobre el tapete. Hay mucho más; si yo contara algunas cosas que me han dicho hombres de tal partido de hombres de su propio partido, me matan, me relajan todo, me dicen cualquier cosa. No las voy a decir. Tengo por norma decir aquí las cosas profundas que se pueden hablar en el pasillo. Pero realmente existe un doble discurso, una conducta errática.

Hoy el Partido Colorado, que en una encrucijada muy difícil para el país, en el acierto o en el error, tuvo que amparar la impunidad por sus necesidades políticas presentáneas, tironeadas, se puede ver en la situación de pagar el precio de tener que amparar una investigación; esto es dramático.

Hay un sector del Partido Nacional que ha sido públicamente condenado o enjuiciado por juzgar al grito -lo ha dicho Grenno- y hoy vienen con un planteamiento a rajatabla, insultante, a condenar al grito, porque dos faxes pueden ser falsos. ¡Pero qué blandito!

SEÑOR LAGO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MUJICA. - Sí, señor Diputado, mientras no me hable de los boletos y de CUTCSA.

(Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Diputado Lago.

SEÑOR LAGO. - Señor Presidente: simplemente, deseo hacer una aclaración, pues de las palabras de nuestro colega, el señor Diputado Mujica, se desprende que el Partido Colorado estaría pagando un precio bastante elevado para mantener la coalición. En ese sentido, declaramos enfáticamente que el Partido Colorado no va a amparar a ningún corrupto, sea del partido que sea. Pero, en todo caso, habrá que probar que se trata de un corrupto; antes de ello no se puede hablar.

Insisto en que el Partido Colorado no va a amparar a nadie; por lo tanto, no va a pagar ningún precio. Si hay algún corrupto lo va a condenar, pero cuando medien pruebas, no antes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Diputado Mujica.

SEÑOR MUJICA. - Amén, que así sea.

(Hilaridad)

SEÑOR BORSARI BRENNA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MUJICA. - Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BORSARI BRENNA. - Señor Presidente: en el estilo coloquial que ha elegido el señor Diputado Mujica vamos a contestar alguna alusión que ha realizado a nuestro Partido, al que él dice haber respetado mucho en su historia.

No voy a responder esa especie de análisis que ha hecho sobre el patrimonio de algunas personas, porque es viejo ya eso de andar tirando por la vida verdades a medias, dualidades, dejar sobrevolando o subyacentes cosas que uno no sabe si son ciertas o no, ni de dónde salieron. Es el estilo más viejo de hacer política y seguramente el señor Diputado Mujica lo ha combatido a lo largo del tiempo con los «fierros», como dicen ellos.

Debo decir hoy -no sé si para desgracia o para bien- que el colega ha adquirido, todos juntos, esos viejos vicios de la política nacional, y los resume en sí, seguramente añorando aquellos viejos tiempos en los que podía agarrar los «fierros» y violar los derechos de todos los uruguayos. Yo digo que es viejo, muy viejo eso de plantear estas cuestiones duales, verdades a medias que no pueden confirmarse nunca, ilícitos de los que no se presenta prueba alguna.

A través del señor Presidente quiero decir al señor Diputado Mujica que mucho mejor papel hacía cuando agarraba los «fierros» que el que está haciendo ahora.

SEÑOR BARANDIARAN. - ¡No apoyado!

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Diputado Mujica.

SEÑOR MUJICA. - Realmente, el señor Diputado me ha hecho una sugestión romántica. Estoy medio viejo, pero le aseguro que vivo aprendiendo. Lo voy a pensar.

(Hilaridad)

-Es un problema de metodología. Para poder desentrañar el sistema financiero hubo que violar la legalidad; sí. Recuerdo bien el caso de la empresa Monty: las pruebas fueron irrefutables.

Ahora será por los baches, por las limitaciones, por los vacíos que tenemos, por la falta de coraje cívico, por los intereses partidarios, por el qué dirán, por la blandura del cuero político del sistema; les quiero transmitir que yo les veo el cuerito blandito, muy blandito. Se habla del honor de las personas, pero el hombre público es un tipo condenado a estar en la picota. Quien se meta en la cosa pública, que banque y que vaya a llorar al cuartito. Hay justicia o hay injusticia; y viene todo entreverado. Pero es parte del oficio político.

Yo entré aquí con tarjeta roja. Me cuerearon cuando el asunto del Filtro, en un lugar en el que yo ni siquiera había estado. Me pintaron en toda la ciudad. Me amenazaban cada quince días. ¡Yo, ni pelota!

(Hilaridad)

-Porque hay una honra para fuera. Para ser señor me tengo que vestir con pinta de señor; tengo que tener auto de señor; tengo que tener casa de señor. Pero en esta pirámide de valores pierdo el señorío de mi yo interior, de mi juez interior; dejo las pilchas de adentro por el camino. Eso es parte de la política.

La política nos compromete con un aprecio; el sentido sencillo y honesto de la vida. Y creo que todas esas cosas se nos enredan, se nos entreveran. Ahora nos agarramos con un muchacho al que de repente le colaron un par de documentos «yutos». ¡Pero qué cosa horrible! ¡Qué espantoso! ¡Ah, es terrible! Resulta que para poder entender la madeja de como se vendió un banco estamos años dando vueltas para tener una idea, para poder aclarar la cosa mínima.

Vamos a reconocer que el procedimiento de la burocracia política es, por lo menos, oscuro. Quisiera saber -lo he dicho veinte mil veces- qué es PETROURUGUAY. ¿Cómo vamos a controlar las personas públicas de Derecho Privado? ¿Por dónde le entramos? ¿Cómo le entramos a una empresa que la paga el pueblo uruguayo pero que está sometida al Derecho Privado argentino?

(Interrupción del señor Representante Abdala)

(Respuesta del orador)

-Tenemos agujeros por todos lados.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

-Entonces, nosotros estamos propiciando que el hombre se desvíe, que la gente se desvíe, porque no organizamos la desconfianzas adecuada para el tiempo en el que vivimos. Fundamentalmente tengo que insistir con esta idea. No es a garrote ni a Código Penal. Cuando yo trabajaba en el Ministerio del Industria, estuve un tiempito no más, para conocer las entrañas. Después me sacaron a patadas, y me retobaron...

SEÑOR PRESIDENTE. - Perdón, señor Diputado. Ha culminado su tiempo. Le agradezco que redondee su pensamiento.

SEÑOR MUJICA. - Para terminar, en todo caso hay un planteo de degollar por una cuestión de procedimiento, porque esos documentitos pueden ser falsos, y nos queda toda la otra punta de la madeja. Nos damos el lujo de aislar este fenómeno de otro conjunto y trasmitimos al exterior una señal: aquí, cuando vas a denunciar, si no pisás firme, y esto y lo otro, ¡mirá que te rompo la cabeza! ¡Vamos...! ¿Damos una señalar de confianza al pueblo para que tenga coraje, los ponga arriba de la mesa y se destapen los tarros? No, ¡flaco favor estamos haciendo!

Se podrán alcanzar todas las mayorías y pagar los precios que se quieran por las decisiones, pero vamos errando el camino. Hay estadísticas recientes que asustan. Están quedando como a un lado las cosas más corruptas que ha habido en la historia de este siglo.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Señor Diputado: se ha extralimitado en el tiempo. Le agradezco que en diez segundos culmine su exposición.

SEÑOR MUJICA. - Señor Presidente: le tengo que agradecer la paciencia que ha tenido para soportarme.

SEÑOR OLIVAR CABRERA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR OLIVAR CABRERA. - Señor Presidente: no quise interrumpir al señor Diputado Mújica, porque su tiempo ya casi expiraba y no deseaba arruinar su coloquio.

Quiero contestar al señor Diputado Mújica alguna cosa sobre la que él tiene que reflexionar.

En primer lugar, el Partido Colorado no ampara ninguna impunidad. Ninguna.

Yo creo en este Parlamento. Cuando el señor Diputado tenía esos problemas con la financiera Monty, yo era Diputado, funcionaba la «Cárcel del Pueblo» y me enfrentaba en este Palacio con Jaime Pérez -un hombre muy bueno, muy honrado, comunista- y con el ingeniero Turiansky, que tenía un coloquio con Mujica. Ellos en las tatuceras, y yo enfrentaba esta situación aquí. Y yo me senté en este Parlamento con Erro y con Ferrer, con Zelmar Michelini, con el Toba, y vivimos momentos muy difíciles. Fue la iniciación del golpe de Estado, aunque ustedes no lo quieran creer.

Quiero decir al señor Diputado Mujica: ¡qué mal estamos haciendo a esta generación, si tengo que salir a decir esto como consecuencia de lo que él dijo!

Con todos los respetos, el señor Diputado Mujica es un hombre que ha estado en la tatucera, que ha sido sacrificado y ha estado preso. Tiene una mentalidad que se la admiro, porque posee una gran educación y cultura y sabe decir las cosas perfectamente bien, quizá porque estuvo en la cárcel más tiempo que yo, que era mensajero y llevador de valijas en el Correo. Después tuvo que ser mensajero en mi pueblo, Las Piedras, para ser procurador, con Couture de profesor, y hacerme de un bien en este país.

Estuvo preso, también, porque nadie podía creer que con humildad y mi actuación yo no tuviera acciones en los cuatro o cinco frigoríficos alrededor de Las Piedras.

Saben todos que ese hecho condiciona este momento. Quiero hacer esta reflexión porque el coraje cívico y la blandura del juego político en este momento son tan fuertes como aquello en aquel tiempo. Ustedes agarraron por ese lado, se destrozó la democracia y no pensaron que estaban hipotecando la mayor fuerza, fuerza de hombres machos y de mujeres viriles, porque además de ser mujer femenina es mujer viril por su esfuerzo, por ser uruguaya y por la juventud.

¿Y sabe qué pasa? ¿Sabe lo que hipotecamos? El pueblo ¿Sabe lo que nos costó? Doce años de dictadura; doce años de sumergir a la juventud en una incultura, perseguidos todos, no porque fueran tupamaros que había matado, ni comunistas que tenían que irse del país. Ayudé a salir del país a primas, familiares y amigos míos porque yo estaba contra la dictadura. Se llegó a un nivel tal que hipotecamos todos y yo llamo a la reflexión al Parlamento porque se están dando las mismas cosas.

En aquel momento se investigó a una empresa en España, SERCOVE, y no se confirmó ningún acto de deshonestidad, pero se creó este clima. Después, cuando hicimos el juicio político a Ferrer, Ferrer estaba al lado mío. En aquel momento yo era muy joven. ¿Y saben lo que me dijo?: «Algún día nos vamos a ver». Fue cuando por dos votos se aprobó el juicio político, la censura a él y la pérdida de las inmunidades. Se fue de mi lado, nunca más lo vi y agarró para la clandestinidad.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

-¿Pero sabe quién estuvo más en la clandestinidad, señor Presidente? El pueblo. Este poder político es fuerte porque representa al pueblo uruguayo todo. Cuando estemos en estas circunstancias, admitiendo que alguien quiera desprestigiar al poder político, estaremos diciendo que queremos cambiarlo al poder militar, porque no hay otra cosa. ¡Qué me hablan del sistema financiero! Aquí hay, de un lado, hombres cargando un arma y metiéndose todo en el bolsillo, con todas las pasiones superiores e inferiores que tienen los hombres, o la grandeza del poder político, porque acá no venimos con ningún arma, sino con la calidez humana, interpretando a quien nos haya votado, y la firmeza del pueblo, que debe tener en sus manos el destino del país y que no vamos a hipotecar.

Por eso, ¡por favor!, cuando estemos hablando de la corrupción vamos a examinarla y castigarla duramente. Pero vamos a valorar esto que es el cimiento esencial, medular, de la moral y de la grandeza del país, que es el poder político emergido en las urnas por el pueblo. Cuando eso no exista aquí no habrá más ningún poder y terminaremos como el señor Diputado Mujica, perseguidos, castigados y sin haber logrado el objetivo que es luchar por el futuro por la permanencia de la paz, la libertad, la cultura y la reafirmación de la juventud, de esta generación que ya estoy mirando muy de lejos. No quiero que los amigos se me mueran al costado; todavía me están repudiando los tiros de las armas y eso no lo podemos parar nunca, pero sí podemos parar otras cosas -y el señor Diputado Mujica es el ejemplo, porque en esta democracia él es Diputado porque el pueblo pudo votar- porque si seguían los militares y se continuaba con las acciones, todos íbamos a morir en una lucha fraticida, que personalmente no quiero repetir, ni quiero ser cómplice de que ello suceda.

6.- Licencias.

Integración de la Cámara

SEÑOR PRESIDENTE (Ayala). - Dése cuenta de una solicitud de licencia presentada por el señor Diputado Semproni.

(Se lee:)

«Montevideo, 25 de julio de 1996.

Sr. Presidente de la Cámara de Representantes
Don Jorge Machiñena
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo de su Presidencia se me conceda licencia por motivos personales desde el 30 del corriente hasta el 2 de agosto, inclusive y se convoque al suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Víctor Semproni. Representante por Canelones.»

-Léase el proyecto de resolución de la Comisión de Asuntos Internos.

(Se lee:)

«Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Víctor Semproni.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 30 de julio y el 2 de agosto de 1996.

ATENTO: A lo dispuesto en el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

RESUELVE

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 1996 al señor Representante por el departamento de Canelones, Víctor Semproni.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación durante el expresado lapso, a la suplente correspondiente de la hoja de votación Nº 2121 del Lema Partido Frente Amplio, Sublema «Unidad y Pluralismo Frenteamplista» señora Susana Bergeret.

Sala de la Comisión, 25 de julio de 1996.

Raquel Barreiro, Carlos Dos Santos, Félix Laviña.

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-53 en 55. Afirmativa.

Queda convocada la señora Susana Bergeret, quien se incorporará a la Cámara a partir del día 30 de julio de 1996.

Dése cuenta de una solicitud de licencia presentada por el señor Diputado Carlos Lago.

(Se lee:)

«Montevideo, 25 de julio de 1996. Señor Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes Dr. Alejo Fernández Chaves Presente. De mi mayor consideración: En virtud de haber sido invitado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a participar en la «Conferencia Regional sobre Cooperación Política en Materia de Descentralización en América Latina», a realizarse en Caracas, Venezuela, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia entre el 30 de julio y el 17 de agosto, inclusive, al amparo de lo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, inciso C. Sin otro particular, le saluda muy atentamente. Carlos Lago. Representante por Montevideo».

-Dése cuenta de una declinatoria de convocatoria.

(Se lee:)

«Montevideo, 25 de julio de 1996. Señor Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes Dr. Alejo Fernández Chaves. Presente. De mi mayor consideración: Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto, en suplencia del Diputado Carlos Lago. Sin otro particular, lo saluda muy atentamente, Laura Albertini Fossa».

-Léase el proyecto de resolución de la Comisión de Asuntos Internos.

(Se lee:)

«Comisión de Asuntos Internos. VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior, del señor Representante por el departamento de Montevideo. Carlos Lago, para asistir, en virtud de las obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta de interés público e inherente a su representación política, a la celebración de la Conferencia Regional sobre Cooperación Política en Materia de Descentralización en América Latina a realizarse en la ciudad de Caracas, República de Venezuela. Resultando: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 30 de julio y 17 de agosto de 1996. II) Que por esta vez no acepta la convocatoria de que fuera objeto la suplente correspondiente, señora Laura Albertini. ATENTO: A lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en el literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, la Cámara de Representantes, RESUELVE: 1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Lago, desde el 30 de julio hasta el 17 de agosto de 1996, para concurrir, en virtud de las obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta de interés público e inherente a su representación política, a la celebración de la Conferencia Regional sobre Cooperación Política en Materia de Descentralización en América Latina a realizarse en la ciudad de Caracas, República de Venezuela. 2) Acéptase la negativa que por esta vez ha presentado la suplente siguiente, señora Laura Albertini. 3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el referido lapso a la suplente correspondiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado, Sublema «Acuerdo», señora Gloria Robaina. Sala de la Comisión, 25 de julio de 1996. Raquel Barreiro. Carlos Dos Santos. Félix Lavina.»

-En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

En consecuencia, queda convocada la señora Gloria Robaina, quien se incorporará a la Cámara a partir del día 30 de julio del presente año.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Fernández Chaves)

Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor Diputado Saralegui.

SEÑOR SARALEGUI. - Señor Presidente: el Partido Nacional, al que estoy invocando porque he sido mandatado por la Bancada de la Cámara de Diputados de esta vieja colectividad política y también por el propio Directorio, va a presentar una moción que ya está redactada a fin de que se habilite el mecanismo del juicio político establecido por el artículo 93 de la Constitución de la República. Sin perjuicio de ello, queremos hacer una puntualización previa. Mediante la habilitación de este mecanismo, la Cámara de Diputados no está condenando a nadie. Aquí se ha dicho que ya hemos emitido sentencia, se ha dicho que ya hemos condenado y no es verdad. Queremos disponer de todos los mecanismos constitucionales para que una conducta que deteriora el normal funcionamiento de las instituciones sea juzgada. Por esta razón, queremos que se habilite el mecanismo del artículo 93 de la Constitución de la República que, como dije, establece el denominado juicio político. Mucho se ha dicho sobre la conducta que hoy estamos analizando, motivo por el cual se ha citado a esta sesión. Como se sabe, estamos evaluando la conducta de dos Legisladores y en el Partido Nacional hay diferencias de matices con respecto a ella. Sin embargo, puedo decir que la mayoría de nuestro Partido está convencida de que configura delito. Pero no es la Cámara de Representantes la que lo determinará, pues el artículo 93 de la Carta Magna establece que debe hacerlo el Senado de la República. Es por eso que vamos a impulsar la aplicación de este procedimiento. Algunos señores Diputados han calificado de «chiquilinada» esta conducta. Para nosotros no lo es porque está en juego el honor de las personas, el honor de los ciudadanos y el hecho de que no se pueda mirar a un vecino de frente porque se siente una acusación, no constituye ninguna «chiquilinada». Se podrán hacer distintas valoraciones con respecto a esa conducta, pero estamos convencidos de que debe ser juzgada en el ámbito donde se dio, en el ámbito político, en el ámbito parlamentario, y es por eso que el Partido Nacional pondrá a consideración una moción que posibilite el procedimiento del juicio político. Lo haremos para que la conducta del señor Diputado, que no es digna para el normal funcionamiento de una institución como es este Parlamento, sea juzgada por sus pares.

Pido excusas por transformar mi exposición en algo tedioso con algunas disposiciones jurídicas, pero hoy en la Cámara se ha cuestionado el aspecto jurídico del juicio político y, en nombre del Partido Nacional, vamos a demostrar por qué estamos en el acierto disponiendo ese mecanismo.

El doctor Justino Jiménez de Aréchaga, en la página 31 de su obra «La Constitución Nacional», sostiene que el Legislador puede encontrarse en tres situaciones distintas cuando se da este caso de una conducta que perturba el normal funcionamiento de una institución y que debe ser juzgada. Expresa en la primera hipótesis: «Cuando incurre en uno de los delitos previstos por el Art. 84», -indudablemente no se hace referencia a la actual Constitución porque ésta no era la que regía cuando el doctor Jiménez de Aréchaga escribió esta obra, en ese caso nos estaríamos refiriendo al artículo 93- «se le someterá a juicio político. Si los delitos del Art. 84 se han ejecutado mediante discursos, opiniones o votos emitidos por el Legislador, no habrá ulterior responsabilidad ante la justicia ordinaria, de acuerdo con el Art. 102», actual artículo 112.

Segunda hipótesis: «Si el Legislador comete otros delitos que no sean los previstos por el Art. 84», -artículo 93 actual- «corresponde el desafuero por la Cámara y su sometimiento a la justicia ordinaria».

Tercera hipótesis: «Si el Legislador cumple actos que no constituyen delitos pero que suponen desorden de conducta o inmoralidad, queda sometido al poder disciplinario de su propia Cámara», conforme a lo dispuesto por el actual artículo 115 de la Constitución de la República.

Compartimos totalmente la opinión del ilustre maestro -creo que esta afirmación constituye un atrevimiento- y pensamos que en nuestra Constitución nacional se dan tres posibilidades frente a lo que podemos llamar con mucha benevolencia alteración de una conducta.

El artículo 115 de la Constitución de la República establece: «Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes. Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación. Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias». Esta es una de las posibilidades siguiendo el razonamiento del doctor Jiménez de Aréchaga.

La segunda posibilidad está comprendida en el artículo 114 que establece: «Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente».

La tercera hipótesis corresponde al artículo 93 de la Carta Magna que estipula: «Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de la causa».

¿Cuál de estas tres hipótesis establecidas en nuestra Carta constitucional y también expuestas por el doctor Jiménez de Aréchaga, encuadra en la conducta de un Legislador que hoy aquí estamos valorando? ¿La establecida en el artículo 115? Creo que no, porque no estamos ante un desorden de conducta. Nos encontramos, sí ante la violación de, por lo menos, dos normas penales, y soy muy generoso.

Inclusive, en este debate se ha llegado a reconocer que esos documentos son falsos; algunos dicen que son chiquilinadas, pero nadie cuestiona que son falsos. El artículo 243 del Código Penal establece: «Uso de un documento o de un certificado falso, público o privado. El que, sin haber participado en la falsificación, hiciere uso de un documento o de un certificado, público o privado, será castigado con la cuarta parte a la mitad de la pena establecida para el respectivo delito». Pero como no sabemos -al menos yo no lo sé- si ese señor Diputado no falsificó el documento, también se podría violar el artículo 240, que expresa: «Falsificación o alteración de un documento privado. El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, será castigado cuando hiciere uso de él, con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría».

Además, hay otra norma que entendemos está vulnerada. Nosotros no somos quiénes para dictar sentencia, pero creemos que existen elementos suficientes para que el Senado de la República lo haga, de acuerdo con lo que establece el artículo 102 de la Constitución de la República.

A nuestro juicio, el artículo 179 del Código Penal también está vulnerado, pues establece: «Calumnia y simulación de delito. El que a sabiendas denuncia a la autoridad policial o judicial, o a un funcionario público el cual tenga la obligación de dirigirse a tales autoridades, un delito que no se ha cometido, o que simule los indicios de un delito, en forma que proceda la iniciación de un procedimiento penal para su averiguación, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión».

Encuentro tres normas penales, pero estoy seguro de que existen muchas más. Esto inhabilita la aplicación del artículo 115 de la Constitución, que habla de desórdenes de conducta, porque aquí estamos hablando de violación de preceptos penales.

Entonces, nos quedan dos posibilidades: el artículo 114 o el 93. En ese sentido, vamos a seguir un hilo conductor que nos lleva a la aplicación del artículo 93. El artículo 114 habla de delitos comunes, pero exige una condición que en este caso no se da y es la de que haya instancia por parte del tribunal competente, pidiendo que se acuse criminalmente a fin de someter a la persona a ese Tribunal. Reitero que en este caso no se cumple esta condición, y el procedimiento es el que se conoce como desafuero del Legislador. En esta ocasión, no es aplicable el artículo 114 de la Constitución.

En consecuencia, nos queda el artículo 93, pero no lo aplicamos en forma residual. No se trata de que pensemos que el artículo 93 se aplica porque los otros no nos sirven, sino porque estamos convencidos y tenemos argumentos jurídicos para sostenerlo.

¿En qué casos se aplica el artículo 93 de la Constitución? Cuando se da una conducta que puede constituir una violación de la Constitución u otro delito grave. Vamos a coincidir en que en este caso no se produce una violación de la Constitución, pero sí en que hay un delito grave. Comparto plenamente con mi buen amigo, el señor Diputado Orrico, que el Código Penal no establece diferenciación entre delitos graves, sino simplemente entre delitos y faltas.

Analizando esta disposición de la Constitución, podemos encontrar distintas teorías jurídicas que dicen cuándo estamos en presencia de un delito grave. Algunos dicen que es por la pena y otros por determinados elementos que yo no comparto, y no soy el único. Existen abundantes posiciones para definir lo que es un delito grave. Debemos coincidir en que debe existir la categoría de delito grave para la aplicación del artículo 93 porque, de lo contrario, no tendría sentido establecerla en la Constitución de la República. Debemos tener en cuenta que el Código Penal no incluye esa definición. entonces, ¿cuándo estamos ante un delito grave? No voy a dar mi posición -a pesar de que humildemente la pueda tener- sino la de alguien a quien respeto mucho desde el punto de vista jurídico-constitucional, aunque no comparto sus ideas políticas y estamos en partidos diferentes. Me refiero al actual Senador doctor José Korzeniak.

Para determinar cuándo estamos en presencia de un delito grave, de acuerdo con lo que establece la Constitución el doctor Korzeniak, en el libro «Curso de Derecho Constitucional III», página 173, textualmente establece: «Otro criterio posible, también, es analizar en cada caso el tipo de delito y otorgar o no el carácter de delito grave en atención a las circunstancias especiales que rodearán a cada caso. Es decir -se ha dicho- es posible que un determinado delito cometido por un ciudadano común no sea un delito grave, en un concepto lógico del vocablo, pero que sin embargo cometido por un determinado gobernante podrá ser considerado un delito grave». Eso es lo que señaló el doctor José Korzeniak.

SEÑOR CHIFFLET. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SARALEGUI. - Me queda muy poco tiempo, señor Diputado.

SEÑOR ORRICO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SARALEGUI. - Por cortesía parlamentaria se la voy a conceder.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Puede interrumpir el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO. - Señor Presidente: quiero aclarar que en el texto a que se refiere el señor Diputado Saralegui, esa no es la opinión del doctor Korzeniak, sino que es una de las hipótesis posibles que se manejan dentro de un cúmulo que el propio doctor Korzeniak considera en ese libro coincide, probablemente en esa página; tanto no recuerdo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Puede continuar el señor Diputado Saralegui.

SEÑOR SARALEGUI. - Señor Presidente: puede tener razón. Entonces, no voy a leer esa opinión del doctor Korzeniak, sino un informe de la Cámara de Senadores, de fecha 2 de julio de 1992, que tiene que ver con la separación del cargo de los miembros de la Junta Departamental de Maldonado y que está firmado por el doctor José Korzeniak -a quien atribuyo una gran versación jurídica- por el doctor Walter Santoro -de quien ni voy a hablar porque todos sabemos cómo es- por el doctor Sergio Abreu, por el doctor Hugo Batalla, por el doctor Juan Carlos Blanco, por el señor Enrique Cadenas y por el doctor Américo Ricaldoni. En este informe se establece: «En el juico unánime de la Comisión de Constitución y Legislación, la expresión delitos graves debe analizarse con el siguiente alcance: (...)» En el numeral 2) se dice: (...) ese delito será grave cuando se trate de conductas delictivas relacionadas directamente con la función pública que desempeña el enjuiciado. Como dijo Juan José Carbajal Victorica en consulta que le formuló El Bien Público en 1960: «el Juicio Político debe ser hecho con el fin de saneamiento institucional». Y continúa: «el Juicio Político está establecido para proteger el funcionamiento correcto de los órganos públicos. El Senado, en la valoración de la gravedad, debe tener particularmente en cuenta que el objetivo de este tipo de mecanismos es la protección de la función pública con las correspondientes sanciones para quienes incurren en la conducta que la deterioran». Y firma José Korzeniak, miembro informante. No lo digo yo, señor Presidente.

Indudablemente, estamos en presencia de un delito grave; no me cabe ninguna duda. Corresponde la aplicación del artículo 93 de la Constitución de la República que establece el juicio político.

Creo que ha terminado el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra; por lo tanto, por la vía de interrupciones que algún señor Diputado me conceda, voy a explicar por qué queremos aplicar el artículo 93 y por qué no estamos condenando. Es decir, voy a establecer cuáles son los argumentos jurídicos que llevan al Partido Nacional a promover el juicio político.

SEÑOR CHIFFLET. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET. - Señor Presidente: quiero hacer una aclaración que me parece sustancial. Precisamente, en la tarde de hoy estuve conversando con el doctor Korzeniak y él se mostró particularmente asombrado ante la citación de hoy, presumiblemente por el planteamiento del tema ante el Senado. Esta citación dice: «Señores Representantes Leonardo Nicolini y Carlos Pita. Resolución respecto a sus conductas en la presentación de documentos falsos en la Comisión Investigadora (...)». Me solicitó que algunos de los Secretarios le firmase esto para tenerlo como documento. Así sucedió pues amablemente un Secretario lo aceptó -que desde luego no tiene responsabilidad en esa citación- ya que desea tener como prueba de que los Legisladores dictan sentencia antes de que se haga la investigación en el Senado. Esto es lo que me pidió el doctor Korzeniak, que tiene una opinión muy clara en relación a este punto y entiende que es una monstruosidad lo que está planteando el Partido Nacional en esta Cámara.

Muchas gracias.

SEÑOR TROBO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - La Mesa entiende que en este caso no ha habido ninguna alusión por parte del señor Diputado Chifflet.

SEÑOR TROBO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - La Mesa advierte a los señores Diputados que si cada vez que en una alocución se menciona a alguno de los lemas aquí representados se entiende que hay una alusión, el diálogo va a ser eterno.

Tiene la palabra el señor Diputado Trobo para una aclaración.

SEÑOR TROBO. - No pretendo cortar el hilo de la exposición del señor Diputado Saralegui referida al cuerpo de la posición del Partido Nacional. Seguramente podrá seguir haciéndola; se podrá compartir o no; eso lo veremos cuando se vote.

Pero me parece una barbaridad que la puesta en marcha de un mecanismo reglamentario y constitucionalmente válido para juzgar una conducta se califique de monstruosidad.

Acá se está utilizando un procedimiento establecido en la Constitución. Hemos presentado una propuesta que está en poder de la Mesa. La Cámara la considerará y los señores Diputados la votarán o no, pero el juicio político se va a dar en el Senado, donde además es bueno que se dé, porque vamos a discutir aquí y también en el Senado y van a tener que hablar algunos que no han dicho nada en estos últimos días.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Recuero.

SEÑOR RECUERO. - Señor Presidente: ...

SEÑOR SARALEGUI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RECUERO. - Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SARALEGUI. - Señor Presidente: para finalizar este enfoque jurídico sobre la procedencia del artículo 93, queremos simplemente hacer alguna aclaración referente a qué es un juicio político y a por qué estamos convencidos de que debe llevarse a cabo.

Ya leímos el artículo 93 que establece la competencia de la Cámara de Representantes para acusar ante la Cámara de Senadores a determinados sujetos pasivos, entre los cuales están los Legisladores, por violación de la Constitución u otros delitos graves -ya hemos demostrado la comisión de un delito grave- declarando haber lugar a la formación de causa.

Este instituto del juicio político se complementa con el artículo 102, que establece: «A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio político a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso, y pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos, por dos tercios de votos del total de sus componentes.»

¿Qué es lo que tiene que hacer la Cámara de Representantes por expresa disposición constitucional? Declarar que hay lugar a la formación de causa y acusar ante el Senado. ¿Qué es lo que debe hacer el Senado de la República? Según el artículo 102, abrir juicio público con todas las garantías que establecen las normas legales y la Constitución para esta clase de juicios.

En el Senado, el señor Diputado Nicolini va a tener la posibilidad de hacer todos los descargos, inclusive sobre la falsedad o no de estos documentos. Así lo establece la Constitución.

Nosotros hoy, en la Cámara de Representantes, lo único que podemos hacer por disposición constitucional es determinar que tenemos que acusar, porque tenemos la convicción de que se ha cometido un delito grave. El Senado es el que debe abrir juicio público y sentenciar, es el único habilitado constitucionalmente. Nosotros no lo somos y por eso no admitimos que se diga que estamos condenando. Estamos habilitando un procedimiento que estamos seguros va a terminar en la condena, porque hay un delito muy grave que afecta al normal funcionamiento de esta institución, ya que todo lo que se ha dicho no ha sido gratuito, como tampoco lo ha sido el enchastre del Partido Nacional.

Por eso es que estamos convencidos de que los artículos 93 y 102 son los mecanismos aptos e idóneos.

El Partido Nacional, como defensor de las leyes y respetando siempre las garantías del debido proceso, da la posibilidad al señor Diputado Nicolini de que pueda presentarse en el Senado con abogados y expresar todos los descargos que quiera. No es en esta instancia, porque aquí no estamos condenando. Es lo mismo que si en mi actividad profesional hiciera una denuncia ante un Juzgado; no estoy condenando, sino habilitando a que el Juzgado se expida sobre el fondo del asunto. Aquí es similar el procedimiento. La Cámara de Representantes hoy debe decidir si esta conducta amerita una formación de causa para elevarla al Senado.

Estamos convencidos de ello y por eso el Partido Nacional, en defensa de su integridad y honor -muy importante para nosotros- va a presentar esta moción. En el Senado, con todas las garantías del debido proceso, se podrá sustanciar el tema y decidir. Por eso no admitimos que se diga que hoy estamos condenando y muchas otras cosas que no son ciertas.

Por si fuera poco, la posición que estoy sustanciando -que no es mía porque no me da la capacidad para inventarla- y que pertenece al doctor José Korzeniak, establece: «Una vez iniciado el procedimiento, la Cámara de Representantes debe abocarse al estudio de esa iniciativa del juicio político y tiene que decidir sobre dos cosas. En primer lugar debe declarar si hay lugar a la formación de causa, según lo dice el artículo 93. Declarar si hay lugar a la formación de causa significa una apreciación, en principio, acerca de si es procedente el juicio político en ese caso. Diríamos que si la Cámara declara que hay lugar a la formación de causa, prima facie está afirmando que se dan los requisitos previstos en la Constitución para que proceda el juicio político. Como consecuencia de haber entendido que hay lugar a la formación de causa, la Cámara debe acusar ante el Senado, es decir que el acto de acusación es una consecuencia inevitable de la declaración de la Cámara de que hay lugar a la formación de causa».

Con respecto a las garantías del debido proceso -tampoco lo digo yo- esto surge del análisis de la Constitución y también lo señala el doctor Korzeniak cuando dice: «El Art. 102 comienza diciendo que el Senado debe abrir «juicio público». Lo de «público» debe entenderse en su sentido natural y obvio; se trata de que las sesiones en que se realiza esta sustanciación del juicio político no sean secretas. Pero me interesa destacar la utilización del vocablo juicio; a mi entender esto supone la necesidad de que al acusado se le dé oportunidad de presentar sus descargos y articular sus defensas. Pienso que si el Senado está sustanciando un juicio, por más que sea un juicio político, se supone que el enjuiciado debe tener oportunidad de presentar sus descargos y articular sus defensas.»

Entiendo que del análisis de la norma y de la doctrina surge claramente lo que, con seguridad, la Cámara de Representantes va a habilitar esta noche, es decir, el procedimiento de juicio político para que se someta una conducta -que para nosotros es indigna- a la consideración del Senado a fin de que éste, respetando todas las garantías del encausado, pueda dar un dictamen.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Puede continuar el señor Diputado Recuero.

SEÑOR CORBO. - ¿Me permite una interrupción, señor Diputado?

SEÑOR RECUERO. - Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CORBO. - Señor Presidente: esta noche algún sector ha intentado torcer el verdadero sentido de esta sesión y me parece que es algo que debemos analizar.

Por un lado, se pretende que el motivo de esta sesión extraordinaria de la Cámara y de este análisis de la conducta de dos señores Diputados estriba en el hecho de que ambos han realizado denuncias de actos de corrupción. De ningún modo esto es así.

Nosotros somos sensibles -estamos seguros de que otros sectores políticos del país también- a los hechos de corrupción que puedan existir, y donde se configure un acto de ese tipo estamos dispuestos a expresarnos con la mayor firmeza para combatirlo, indagarlo y para tratar de purgarlo si es en la actividad pública.

Aquí se ha pretendido hacer creer que la actitud adoptada por el Partido Nacional se debe a que dos Legisladores presentaron denuncias de corrupción. Esto no es así. Lo que el Partido Nacional objeta en esta sesión es un estilo, reñido con algunos conceptos fundamentales, para obtener una finalidad determinada. Pero, en primer lugar, está el respeto al honor de las personas. Cuando se establece públicamente, durante muchísimo tiempo, que se sabe y se tienen pruebas de la existencia de actos de corrupción, que se han pagado coimas, es lógico pretender que ello se aclare, que se identifique a quien se está denunciando y que se presenten las pruebas correspondientes.

Lo que estamos objetando es la presentación de una denuncia por corrupción desde hace tantos meses, habiéndose manifestado que se dispone de documentos; sin embargo, éstos nunca llegan y cuando se ponen sobre la mesa resulta que son falsos.

Por lo tanto, no podemos admitir que esta noche dialécticamente se pretenda señalar que este acto tiene como motivo llamar a silencio a aquellos que denuncian actos de corrupción. No; estamos dispuestos a acompañar las denuncias sobre actos de corrupción, pero lo que exigimos es que hay que ser responsables a la hora de hacer denuncias, que si se tienen nombres se pongan sobre la mesa y que si se cuenta con documentos, se presenten. Eso es lo que no ha ocurrido y es lo que objetamos.

Ahora también se pretende decir -es el segundo elemento dialéctico con que se juega esta noche- que estamos condenando a priori. Entonces, se hacen discursos dirigidos a la opinión pública sosteniendo que aquí hay un intento de amordazar a alguien que denuncia actos de corrupción y a priori se lo está condenando.

Tal como ha demostrado nuestro compañero de Bancada, el señor Diputado Saralegui, lo que aquí estamos planteando es un análisis de la conducta de dos señores Legisladores, a efectos de establecer si hay mérito para iniciarles un juicio político ante el Senado, que será, en definitiva, el que juzgue esa conducta, luego de escuchar los descargos que, conforme a Derecho realizarán los dos Legisladores encausados.

Señor Presidente: nuestra intervención tenía el sentido de prevenir en cuanto a los elementos de dialéctica que se han usado esta noche, esto es, dar a entender que se quiere cerrar el paso a denuncias de corrupción o que a priori se está condenando.

De ningún modo; aquí estamos enjuiciando una conducta que consideramos alejada de la juricidad y de la responsabilidad que debe tener un funcionario público de alta jerarquía. Estamos procediendo a recorrer el camino que la Constitución establece y, por lo tanto, ateniéndonos a las normas que rigen para este caso.

8. - Prórroga del término de la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Léase una moción llegada a la Mesa, presentada por los señores Diputados Borsari Brenna, Trobo, Piana Effinger y Aguiar.

(Se lee:)

«Mocionamos para que se prorrogue el término de la sesión.»

Se va a votar.

(Se vota:)

-54 en 56: AFIRMATIVA.

9. - Señores Representantes Leonardo Nicolini y Carlos Pita. (Resolución respecto a sus conductas en la presentación de documentos falsos en la Comisión Investigadora sobre los Convenios realizados por la Administración Pública Uruguaya con la Entidad Española FOCOEX y Presuntas Implicancias o Irregularidades Administrativas en el Ministerio de Salud Pública en el año 1995).

Continúa la consideración del asunto en debate.

SEÑOR OLIVAR CABRERA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR OLIVAR CABRERA. - Señor Presidente: queremos presentar una moción de orden en nombre del Partido Colorado.

(Interrupciones. -Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - La Mesa cometió un error inexcusable porque, en realidad, quien estaba en uso de la palabra era el señor Diputado Recuero, quien concedió dos interrupciones, una al señor Diputado Saralegui y otra al señor Diputado Corbo.

Habiendo finalizado la interrupción del señor Diputado Corbo, la Mesa cometió el error de interpolar la moción que fue votada y posteriormente dar la palabra al señor Diputado Olivar Cabrera.

En realidad, no se ha computado el tiempo que ha insumido la votación de la moción ni el que estoy empleando en estos momentos. Puede continuar el señor Diputado Recuero, a quien le restan cuatro minutos de su tiempo.

SEÑOR ARAUJO. - ¿Me permite una interrupción señor Diputado?

SEÑOR RECUERO. - Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: coadyuvando con la excelente tipificación jurídica de los graves delitos de los que se ha acusado al señor Diputado Nicolini, calumnia y simulación de delito -artículo 179 del Código Penal- falsificación -artículo 240- uso de documento falsificado -artículo 243- y su agravante del artículo 335, se deben agregar las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 47 del Código Penal, que expresa: «Agravan el delito, cuando no constituyen elementos constitutivos o circunstancias agravantes especiales del mismo» -situación que se establece en el artículo 335, referido al delito de difamación- «las circunstancias siguientes...».

En ese sentido, el numeral 5º establece: «Premeditación y engaño. Obrar con premeditación conocida, o emplear astucia, fraude o disfraz». El disfraz ya lo conocemos todos.

Por su parte, el numeral 8º del artículo 47 mencionado expresa: «Carácter público del agente. -Prevalecerse del carácter público que tenga el culpable». A su vez, el numeral 9º se refiere al «Móvil de ignominia» y expresa: «Emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del hecho». Finalmente, el numeral 13 reza: «Menosprecio de la autoridad. Ejecutarlo en desprecio o con ofensa de la autoridad pública, o en el lugar en que se halla ejerciendo sus funciones.

Estas son circunstancias agravantes del delito que fueron tipificados excelentemente por el señor Diputado Saralegui, pero me queda una duda: si no es aplicable, además, la violación al artículo 7º de la Constitución, que establece el derecho de los ciudadanos de la República a ser protegidos en el goce de su vida, honor y libertad.

Efectivamente, la actitud irresponsable -o responsable penalmente- delictiva del señor Diputado Nicolini, configura la violación de un precepto constitucional por parte de un integrante del Parlamento.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Puede continuar el señor Diputado Recuero.

SEÑOR RECUERO. - He finalizado mi intervención, señor Presidente.

10. - Intermedio.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Para plantear una moción de orden tiene la palabra el señor Diputado Olivar Cabrera.

SEÑOR OLIVAR CABRERA. - Señor Presidente: vamos a mocionar la realización de intermedio, a los efectos de que el Partido Colorado pueda estudiar una alternativa al planteamiento del Partido Nacional.

Se trata de un criterio refrendado por importantes jurisconsultos y que personalmente siempre he sustentado en estos casos. Considero que hasta que a los reos más vulgares se les toma declaración antes de acusarlos en juicios criminales.

Siempre he sostenido que cuando se plantea un juicio político -he intervenido en varios y no quiero ir contra mis principios...

(Interrupciones. Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Señor Diputado: tiene todo el derecho a mocionar un intermedio, como lo ha esbozado, pero no puede rebatir otra moción ni realizar otro tipo de consideraciones.

Consecuentemente, con la mayor gentileza posible, la Mesa solicita al señor Diputado Olivar Cabrera que presente su moción de que la Cámara pase a intermedio, explicitando cuál sería su duración, y le cede la palabra a esos efectos.

SEÑOR OLIVAR CABRERA. - Lo peor que le puede pasar a un Presidente es que no escuche. Yo no estoy rebatiendo nada; simplemente, planteo una moción de intermedio por veinte minutos en nombre del Partido Colorado para analizar la situación planteada por el Partido Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Se va a votar.

(Se vota:)

-61 en 63. AFIRMATIVA.

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 22 y 25)

-Continúa la sesión.

(Es la hora 23 y 20)

-Señores Representantes Leonardo Nicolini y Carlos Pita. (Resolución respecto a sus conductas en la presentación de documentos falsos en la Comisión Investigadora sobre los Convenios realizados por la Administración Pública Uruguaya con la Entidad Española FOCOEX y Presuntas Implicancias o Irregularidades Administrativas en el Ministerio de Salud Pública en el año 1995).

Prosigue la consideración del asunto en debate.

SEÑOR ABDALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA. - Señor Presidente: en principio, voy a hacer una reflexión estrictamente valorativa. Hubiéramos preferido que en la noche de hoy estuviera presente aquí, justamente, el señor Diputado Nicolini. Lo decimos con el mayor respeto porque nos parece que en circunstancias como las que estamos viviendo ello hubiera sido de orden a efectos de, eventualmente, emitir una opinión en torno a su situación personal que está siendo directamente tratada por la Cámara de Diputados.

El Partido Colorado tiene absolutamente claro cuál debe ser su posición en este tema. Entendemos pertinente y viable procesalmente el planteo que ha hecho en la noche de hoy el señor Diputado Saralegui. Consideramos que hay mérito suficiente como para disparar desde el punto de vista procesal la mecánica del artículo 93, la que inevitablemente, como debe estar rezando en la moción respectiva, habla de presunción de ilícitos.

En una acusación nadie puede afirmar que hubo delito; obviamente, el tribunal superior habrá de juzgar si se cometió o no. Para el Partido Colorado, entonces, es pertinente acompañar la idea de que exista juicio político.

También queremos dejar muy en claro que esto no implica concatenar, vincular, relacionar o mezclar otros temas que hacen a ejercicios de transparencia que el país esta necesitando.

No voy a ingresar por el camino de cuerdas separadas o por la vía lateral a reflexionar sobre un tema vinculado con la Comisión Investigadora sobre FOCOEX; no es de orden ni corresponde. Pero parte de las ansiedades de esta Cámara en esta jornada se deben seguramente -estoy hablando a título personal- a que en forma errónea relacionamos dos temas que no tienen nada que ver.

Ya habrá tiempo para que esta Cámara informe sobre los resultados de esa investigación, atento a la labor por demás abnegada que han desarrollado todos los miembros de la Comisión que participaron en esta tarea.

Insisto en que esto debe quedar absolutamente claro: son aguas separadas. Un tema es el que estamos abordando hoy, relativo a la eventual inconducta de algunos Legisladores, a la posible comisión de delitos por parte de algunos representantes y a su eventual situación irregular, para viabilizar mecanismos que encaren el problema de fondo. Otra cosa muy distinta es lo que sobrevendrá cuando se produzca la dilucidación del tema FOCOEX.

Por otra parte, el informe del señor Diputado Saralegui fue absolutamente exhaustivo y claro en el aspecto técnico. Entendemos que no existe por parte de los Legisladores un juego de absolutas libertades que permita ingresar en expresiones, comunicaciones, actitudes o comportamientos que violenten normas. No es esta la primera vez que nuestra colectividad hace un llamado de atención sobre este punto.

En el día de hoy ha sido utilizado en esta Sala material expresado del señor Senador Korzeniak que refiere a los llamados delitos graves. Volvemos a insistir porque seguramente el Senado tendrá mucho que considerar en este punto para dilucidar si estamos o no ante delitos graves, tema que ha sido planteado con honestidad intelectual, entre otros por los señores Diputados Orrico y Saralegui.

Quiere decir que en la doctrina no existe una posición única, unánime, en torno a este punto. Entonces, ante la duda de algunos compañeros, hacemos bien en habilitar un abordaje superior que dilucide el punto.

En cuanto a los delitos graves y a la violación de la Constitución, dice el señor Senador Korzeniak: «Pienso que puede sostenerse que cuando un gobernante viola la Constitución ya ello significa un delito grave, a los efectos del artículo 93; y de ahí se justificaría que el texto diga ‘violación de la Constitución u otros delitos graves’. Es claro que por esta vía podría llegarse a situaciones curiosas.

Por ejemplo, supongan que un Ministro dejara de darse una vacuna obligatoria, y, dado que en la Constitución hay un artículo que dice que todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud (artículo 44, inciso 2º), no parece muy lógico que en este ejemplo se realizara un juicio político porque el Ministro no se vacunó (...)». El ejemplo es curioso y hasta divertido; ilustra una situación de poca monta, de poca dimensión comparada con otras complejas y delicadas como las que estamos viviendo hoy.

Creo que tiene razón el señor Diputado Saralegui por lo menos en sospechar que el artículo 243 del Código Penal es eventualmente aplicable y, como bien se ha dicho, habrá de ser el Senado de la República, como órgano superior, quien lo juzgue.

El artículo 243 dice: «El que sin haber participado en la falsificación, hiciere uso de un documento o de un certificado público o privado, será castigado con la cuarta parte a la mitad de la pena establecida para el respectivo delito.»

No estoy acusando, pero me pregunto lo siguiente. Primero, ¿el señor Diputado Nicolini tuvo conciencia de lo que hacía cuando manejaba este tipo de información en forma pública? Segundo, ¿tenía conciencia del origen de los documentos que utilizó? Tercero, ¿conocía exactamente el tema de fondo de esos documentos? Cuarto, ¿cómo ingresa públicamente a «panfletear», a publicitar esa documentación, si no tenía la certeza de que fuera auténtica? Quinto, ¿acaso el Legislador, con la responsabilidad política que inviste, no tiene la obligación -seguramente mayor que la de un ciudadano común- en el uso racional de sus fueros, de que cuando utiliza documentación ésta deba ser absolutamente auténtica? Sexto, ¿no sospechó siquiera que podía existir la posibilidad de que los documentos no fueran auténticos? Séptimo, ¿quizás aquí no es posible que está procesándose la idea de dolo eventual? Octavo, voy a poner un ejemplo gracioso. Imaginen que el señor Guillermo Tell estuviera sentado aquí, en el lugar del señor Diputado Olivar Cabrera, y apuntara con su flecha a una manzanita en la cabeza del señor Presidente. Supongamos que acierta en la manzanita. De todos modos, el señor Guillermo Tell, ¿no sabía que si le llegaba a errar en el ángulo iba a matar a la persona que estaba allí?

Cuando el señor Diputado Nicolini utilizó en forma pública esa información, ¿no se le pasó siquiera por la cabeza que podía haber alguna posibilidad remota de que no fuera auténtica y que de esa forma se iba a lesionar la honorabilidad de algún ciudadano que eventualmente no tuviera nada que ver? Estas son hipótesis medianamente racionales, y para un Legislador -reitero- seguramente la exigencia es sustancialmente mayor.

Aquí nadie está linchando a nadie. Eso lo discutíamos hoy con un señor Legislador. Aprendamos a vivir en el libre juego de la articulación democrática de las mayorías operativas. Si no aprendemos eso es porque seguimos descreyendo de ciertas formalidades que le dan fortaleza a la democracia.

Aquí va a haber un juicio político. Quien crea que el Senado va a linchar es porque, en el fondo, descree de ese Cuerpo y de las mayorías representativas. El Senado va a actuar en su calidad jurisdiccional. Seguramente el señor Diputado Nicolini va a tener posibilidades de defenderse y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Ojalá -para él- tenga una buena explicación de todos estos insucesos que el país ha visto.

Voy a hacer un paréntesis. A nadie puede llamarle la atención hoy, aquí, que el tema del señor Diputado Nicolini llegara al Parlamento. ¡Caramba! ¡Si todos quedamos absolutamente estupefactos cuando vimos que buena parte de la información que él suministraba como semiplena prueba fundamental no era cierta!

No voy a ingresar en el terreno político, pero vuelvo a insistir en la declaración de Asamblea Uruguay del día de hoy. Es el propio sector el que presenta reservas importantísimas y dice que si se quiere combatir la corrupción y se actúa erróneamente, se produce el resultado opuesto.

El juicio político es un juicio público. Entonces, la ciudadanía lo va a poder ver. El país entero va a tener la tranquilidad de que no va a pasar absolutamente nada que no sea cristalino. Bien decía el señor Diputado Saralegui que estas no son chiquilinadas. Resulta que lo son cuando se trata de nuestros niños, pero ¿qué son cuándo se trata de los niños de enfrente?

SEÑOR CHIFFLET. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA. - Si me deja terminar la idea principal y esbozar dos o tres trazos más, con muchísimo gusto le concedo la interrupción, señor Diputado Chifflet.

Buena parte del juego democrático es la interrelación entre los Poderes, y dentro de éste, si se quiere por una razón absolutamente emotiva e intuitiva -esta es una opinión personal que no compromete a mi Bancada- es muy positivo que el Senado aborde este tema. No estoy seguro de que el clima que esta Cámara de Representantes muchas veces ha estado viviendo en los últimos tiempos, sea el mejor para eventualmente abocarse a un asunto tan complejo como éste.

Pero si ello no fuera así lo importante es la norma; insisto en que nos estamos fundando en las normas a aplicar.

Digo algo más, algo que me enseñara el ex Decano de la entonces Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: ¿cuál es la «ratio legis» de este asunto? El espíritu, la lógica es que en base a ciertas circunstancias aquí se utilizó una documentación, que eventualmente puede haber afectado a algunas personas, con lo cual quizá se habrían comprometido determinados delitos.

Obsérvese bien los tiempos verbales y las condicionalidades utilizados. Estas condicionalidades también están presente en la moción que está siendo suscrita y circula entre Legisladores blancos y colorados.

Creo que no es un tema menor -separemos muy bien la paja del trigo- que se utilicen documentaciones falsas. Insisto en que si alguien está bregando en su lucha contra la corrupción -como dice haber actuado el señor Diputado Nicolini- lo menos que se le puede pedir es seriedad, responsabilidad y capacidad de aporte para que las cosas funcionen con una lógica jurídica, de forma que la Justicia pueda actuar con racionalidad.

Sólo así hubiera sido inteligente que el camino se recorriera. De lo contrario, pasa lo que muchas veces ha sucedido en las sociedades: nos vemos frustrados.

Por suerte, este Parlamento razona, es lógico, democrático y tiene mayorías. Afortunadamente, sin linchamientos, con tranquilidad e espíritu y mucha mesura, el Partido Colorado y el Partido Nacional están viabilizando este proceso ¡Ojalá que la razón nos la dé el destino y se diga que aquí las cosas se han hecho con lógica democrática, como nosotros creemos que deben hacerse!

(Suena el timbre indicador de tiempo)

Es cuento quería decir. Con mucho gusto quisiera conceder una interrupción al señor Diputado Chifflet.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Absolutamente imposible, porque usted ya no es dueño de su tiempo.

Tiene la palabra el señor Diputado Alvarez.

SEÑOR ALVAREZ. - Señor Presidente: pediré disculpas a la Cámara, porque quizá mi intervención sea un poco dispersa.

Se ha dicho y se ha escuchado mucha cosa, y a esta altura de la noche es muy difícil centrar los puntos reales en discusión.

Pondré un ejemplo. Tanto en la exposición del señor Diputado Abdala como en la del señor Diputado Saralegui, que me parecieron interesantes, aunque manejaron temas técnicos que no puedo analizar junto con ellos -hago fe en que ellos invocan al doctor José Korzeniak para fundar sus aseveraciones- es parte de la base de que los documentos presentados son falsos.

¿Cuáles son los elementos que estos señores Diputados toman en cuenta para afirmarlo? Un informe de dos peritos calígrafos, que fue solicitado por la Comisión y que nosotros aceptamos como tal.

Concretamente, me voy a permitir leer los tres primeros párrafos. Dicen lo siguiente: «precisiones previas. Antes de contestar las nueve interrogantes que se formulan en vuestra nota, entendemos necesario efectuar algunas puntualizaciones. 1. Los documentos cuya pericia gráfica se solicita a efectos de determinar su autoría, son «fotocopias» de faxes no obtenidas bajo nuestro contralor. Se trata de fotocopias de faxes, o sea fotocopias de por lo menos segunda generación de documentos originales. Cuando se trata de documentos dubitados en ejemplares fotocopiados y refiriéndose exclusivamente a la autoría de firmas, los suscritos han expresado en sus informes que en tales casos sólo se puede emitir una opinión tentativa sujeta a ratificación cuando se obtengan y puedan examinar los ejemplares originales.»

Este documento es simplemente una opinión tentativa, a la espera de que se puedan manejar los originales.

SEÑOR TROBO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ALVAREZ. - Perdóneme, señor Diputado; cuando tenga tiempo le concedo la interrupción, ya que sólo cuento con quince minutos para realizar mi exposición.

¿Qué otros elementos se manejan para decir que estos documentos son falsos? En primer lugar, que el señor Walter Estellano dijo que no eran auténticos. Cada uno valorará la palabra y la versión del señor Walter Estellano. En segundo término, que FOCOEX dice que esos documentos nunca ingresaron a su empresa; no se conoce que éstos hayan estado dentro de ella.

La empresa dijo muchas cosas en esa reunión que duró seis o siete hora, en la que se nos habló de la excelente multinacional que es FOCOEX y de lo orgullosos que están de que sea así. En ese tratamiento de «señorías! que nos daban los funcionarios de la empresa FOCOEX, por ejemplo, nos dijeron que nos estaban relegando los préstamos, porque nos cobraban el 1% de interés. Esto es cierto porque el préstamo es FAD, pero, en este caso, se contrataron préstamos FAD y OCDE, que también fueron tramitados por la empresa FOCOEX, cuya tasa de interés ya no era del 1%, sino de alrededor del 7% o del 7,5%. Los señores de la empresa FOCOEX no dijeron esto en ningún momento.

Estos son los elementos que hoy se están manejando para venir aquí y aseverar que estos documentos son falsos. Me parece que están adelantando los deseos a la realidad que hoy tenemos sobre la mesa.

Creo que este es un tema peligroso, porque si algo tenemos que hacer es tratar de guiarnos, ya que estamos citando a grandes juristas, con elementos lo más objetivos posible para no cometer injusticias que luego puedan ser irreparables. Dejo este tema aquí, si bien habría gente que va a seguir diciendo que los documentos son falsos y falsos; allá ellos.

El señor Diputado Aguiar -así como otros señores Legisladores- hizo al comienzo de su exposición una muy buena referencia al tema de la corrupción. Decía que hoy, ante la corrupción, existe más permisividad que hace treinta años y que, por lo tanto, debemos preocuparnos por buscar los mecanismos para, de alguna forma, limitarla, vencerla erradicarla de nuestro país y de la función pública.

El señor Diputado Lago agregaba -yo le creo- que el Partido Colorado de ninguna forma va a tapar a un corrupto. Yo creo lo que dice, lo que me preocupa es que saque la tarjeta roja a aquel que está investigando a un corrupto. Quizás esta pueda ser también una forma de taparlo.

Confieso que con respecto al tema de la corrupción no soy un experto, pero tengo aquí algunos elementos de un señor que creo que sabe bastante más que yo: se trata del señor Julio Grenno. En un reportaje en la revista «Tres», cuando habla de la delincuencia y del Código dice: «No me siento delincuente. Aprendí que una cosa es la delincuencia y otra el Código». Habría que ver de qué Código se trataba, aunque no creo que sea el invocado por el señor Diputado Saralegui y por alguno de los otros distinguidos juristas de esta Cámara. Y el señor Grenno continúa: «Lo hacía todos los días todo el mundo. Pero nadie dijo nada de los demás, lo dijeron de mí». No sé en este caso a quiénes se refería con «los demás»; supongo que aludía a la gente que lo rodeaba o que trabajaba con él; no me doy mucha cuenta porque tampoco entiendo estos códigos.

Más adelante el señor Grenno habla del perro y la cola; interesante el temita éste. Dice así: «Pasó en todo el continente. En Brasil el perro se movió y movió su cola: Collor cayó. En Venezuela el perro se movió, movió su cola: encarcelado el Presidente. Pero en Uruguay lo hacen al revés, creen que es la pequeña cola que movieron la que tiene que mover el perro. Pero la cola es un producto del perro y no el perro un producto de la cola». Creo que se trata de alguien que, aparentemente, conoce muy bien el tema pues pinta muy gráficamente la situación; no sé si es experto en este tema, si tiene algún doctorado, pero aparentemente sabe bastante bien lo que está significando la corrupción en el Uruguay, cuando se habla con respecto a ella con esta ligereza, como si fuese algo absolutamente normal y admitido por determinados núcleos de las funcionarios públicos uruguayos de alta jerarquía.

Entonces, cuando tenemos este enorme problema acá, se viene a decir que hay que hacer juicio político a los señores Diputados Nicolini y Pita porque denunciaron la corrupción cumpliendo con su deber -que era llevar a la Comisión Investigadora aquellos elementos que les habían proporcionado y que ellos entendía que podían servir para su trabajo- en algún caso arriesgando su vida, en vez de tratar las conclusiones a que se arribó en la Comisión Investigadora.

Creo que todo esto tiene un poco que ver con la ética parlamentaria porque se intenta aplicar el artículo 93 de la Constitución a los dos Diputados. Quiero recordar que también se hizo referencia al artículo 115. Y en esta Cámara hemos asistido a acusaciones de un Legislador a otro tratándolo de ladrón y coimero, y en ese caso no hubo intento de aplicación de ningún tipo de sanción, a excepción de la iniciativa de algunos Legisladores del Nuevo Espacio, que no recuerdo si lo hacían por el piñazo o para investigar el alcance del calificativo, que para mí era lo grave. O aparece un buen día un señor Diputado -creo que el señor Diputado Stirling, que era Presidente de la Cámara en ese momento, debe recordar que yo expresé que esa actitud me había parecido una payasada; no aparece en la versión taquigráfica porque el señor Presidente lo hizo borrar- manifestando que quiere una Comisión Investigadora para que se conozcan los negocios ilícitos de FOCOEX. Ese Legislador concurrió a la Comisión Preinvestigadora y dijo que tenía los nombres de los funcionarios que habían cobrado comisiones, y estamos esperando que ese Diputado -que yo supongo que tenía el respaldo de toda su Bancada, porque ésta voto la Comisión Investigadora- de los nombres de los funcionarios que en Salud Pública cobraron comisiones por más de un 5%, y no aparecen. Pero sí nos dedicamos a juzgar a los Diputados Nicolini y Pita porque presentaron pruebas y no a quienes amenazan con presentar pruebas y después desaparecen.

Reitero que quizá estas ideas resulten muy dispersas, pero me parece un absurdo lo que se está haciendo esta noche en esta sesión y quería plantearlas para ver si, en definitiva, nos podemos poner de acuerdo sobre algunos temas. En primer lugar la corrupción existe, es grave y va carcomiendo a la sociedad cada vez en mayor forma. Para enfrentarla se necesita que nosotros -el Parlamento, el Poder Ejecutivo y todos los organismos públicos- estemos dispuestos a ello. Para poder hacerlo necesitamos dar facilidades a la gente, porque toda la sociedad debe enfrentar la corrupción. Si el ejemplo que damos a la sociedad es que aquel que está denunciando hechos de corrupción e investigándolos le aplicamos el artículo 115, el pobre ciudadano de la calle se imagina lo que le puede pasar después.

Supongo que a esta altura los dados ya están echados, porque por ahora la coalición blanquicolorada viene funcionando bastante bien. Espero que en el Senado se pueda reflexionar con mayor tranquilidad y rever la resolución que, aparentemente, se va a tomar aquí esta noche.

SEÑOR SARALEGUI. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SARALEGUI. - Señor Presidente: he escuchado con mucha atención al exposición del señor Diputado Alvarez -quien ha utilizado un tono muy respetuoso- que nos aludía en cuanto a la posición jurídica que sustentábamos nosotros, así como el señor Diputado Abdala. Me alegro de que el señor Diputado Alvarez coincida en que el método jurídico sustentado es el juicio político, en la medida en que expresa que son varios argumentos jurídicos, salvo el de que los faxes no son falsos. Creo que esa es la única posición que admite que no se aplique el juicio político.

En Sala expresé que siempre íbamos a seguir sosteniendo que los faxes eran falsos, falsos, falsos; esa es la posición de la mayoría de esta Cámara. Entonces, ¿por qué vamos a sostener la que afirma que son verdaderos, verdaderos, verdaderos, cuando existen varios dictámenes que sostienen la posición contraria?

Además, de esta forma estamos habilitando -me gustaría también que el Frente Amplio lo permitiera- que el señor Diputado Nicolini pueda demostrar lo verdadero, verdadero, de los faxes en el Senado de la República, aunque me parece que va a ser muy difícil que lo pueda hacer. Considero que si la única defensa que va a esgrimir el señor Diputado Nicolini es esa instancia es la que sostiene el señor Grenno, no le va a ir muy bien.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Dése cuenta de una moción presentada por las señoras Diputadas Puñales Brun, Saravia Olmos, y Lacuesta y los señores Diputados Saralegui, Abdala, Aguiar, Javier García, Corbo, Pereira Pabén, García Pintos, Hernández, Trono, Borsari Brenna, Alonso, Bosch, Pacheco Klein, Sedarri Luaces, Alem García, Núñez Guerra, Piana Effinger y Morelli.

(Se lee:)

«1) De conformidad con lo establecido por el artículo 93 de la Constitución de la República la Cámara de Representantes declara que hay lugar a la formación de causa al señor Representante Nacional Leonardo Nicolini.

2) Por la presunta comisión de los delitos establecidos en los artículos 179 (calumnia y simulación de delitos), 333 (difamación), 334 (injurias), con sus respectivas circunstancias agravantes, numerales 5º), 8º), 9º) y 13) del artículo 47, y 335 del Código Penal -los que se consideran delitos graves, de acuerdo a las circunstancias y condición del agente- resuelve acusarlos ante la Cámara de Senadores.

3) Comuníquese esta resolución al Senado de la República, con agregación de todos los antecedentes.»

SEÑOR ALVAREZ. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ALVAREZ. - Señor Presidente: en momentos de iniciarse esta sesión, el señor Diputado Rubio leyó una declaración del Frente Amplio. En el punto 4 se establece «que en caso de que se configurara una mayoría parlamentaria dispuesta a iniciar un juicio político a nuestros compañeros, la Bancada asumirá colectivamente la decisión de ser considerada de la misma forma que los Legisladores imputados.»

Tenemos en nuestro poder esta moción firmada por todos los Diputados integrantes de la Bancada del Frente Amplio. En este momento, no hemos podido obtener la firma de los señores Senadores...

(Interrupciones del señor Representante Trobo)

-...quienes también están dispuestos a partícipes de ella, y la vamos a hacer llegar a la Mesa.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: quiero aclarar que la moción leída no es de orden, sino de resolución. Seguramente se va a votar una vez terminado el debate, cuando se haya agotado la lista de oradores. Este es el motivo por el cual solicitamos que se tenga en cuenta esa situación.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Naturalmente, la Mesa no lo va a poner a votación en este momento sino una vez agotada la lista de oradores. Simplemente, se le dio lectura porque llegó a la Mesa.

Tiene la palabra el señor Diputado Abelenda.

SEÑOR ABELENDA. - Señor Presidente: en primer lugar, queremos señalar el porqué de la actitud que el Frente Amplio ha asumido en la noche de hoy en el sentido de que todos sus Diputados se presentan, a través de una moción, para sufrir el mismo tratamiento que los Diputados a quienes se pretende promover un juicio político en esta Cámara.

Pocas horas después de aquella reunión que se realizó en su parador -me refiero al Parador Fito- entre Legisladores colorados y blancos miembros de la Comisión que estaba estudiando las irregularidades relativas a los negocios con FOCOEX, y en la que también participaba de alguna manera el señor Ministro Solari, hubo una reunión de distintos Diputados del Frente Amplio en la que estaban presentes integrantes de todos los sectores políticos que tienen representación parlamentaria en la Cámara de Diputados. Estoy diciendo que estaban presentes los señores Diputados Orrico, Gamou y Nicolini, de Asamblea Uruguay; Bayardi, de la Vertiente Artiguista; Balbi, del Partido Comunista; Alvarez, del Partido Socialista; Pita, de la Corriente Popular, Ibarra, del FIDEL, y quien les habla.

Fue en esa reunión, con todos estos Diputados presentes, que resolvimos presentar el día lunes o mates -la mencionada reunión se realizó el domingo previo a la finalización del plazo que tenía la Comisión Investigadora sobre FOCOEX- el conjunto de la documentación que nosotros teníamos y que nos había sido aportada, o que le había sido aportada por el señor Diputado Nicolini por un Diputado de un sector político español. Dicho Diputado también lo declara expresamente, por lo menos en la versión que aparece en el diario «La República» del día 24 de julio, que dice: ...

(Interrupciones. Campana de orden)

-Dice así: «Yo asumo la total responsabilidad por los dos faxes que entregué a Nicolini, y que fueron presentados en la Investigadora en Uruguay.»

Quiero decir esto porque la resolución que el Frente Amplio tomó en el día de hoy está basada fundamentalmente en aquella decisión que se adoptó en una reunión de coordinación de la Bancada de Diputados, con todos los sectores parlamentarios presentes. Además, todo lo actuado con respecto a la Comisión Investigadora sobre FOCOEX, se ha hecho con el respaldo de la Mesa Política y del Plenario Nacional del Frente Amplio. Por esa razón, y porque somos solidarios, hemos tomado la decisión en la tarde de hoy de que todos los Diputados estamos dispuestos a sufrir el mismo procedimiento que esta Cámara determine para los señores Diputados Nicolini y Pita. Por otra parte, quiero señalar que esta sesión de la Cámara tiene una convocatoria y los señores Diputados que con sus firmas la solicitaron están resolviendo con respecto a la conducta de los señores Representantes Nicolini y Pita en la presentación de documentos falsos en la Comisión Investigadora.

Ha habido Diputados que hablaron del tema de la sensatez; algunos han opinado de otra manera. Pero quiero decir con toda claridad que hay distintos dictámenes y, por lo menos, se debe dar lugar a la duda. Sin embargo, en la convocatoria de la Cámara se hace una afirmación tajante: se da por hecho que los documentos son falsos. Voy a poner un solo ejemplo para ver hasta qué punto es posible basarse hasta el final en el dictamen de un perito calígrafo. Lo vivimos en el Uruguay tiempo atrás. Se trata de un ciudadano chileno que aparentemente había mandado una carta desde Italia. Uno de los peritos calígrafos, uruguayo, que dice que los faxes son falsos, creyó que esa letra que estaba en esa carta correspondía al ciudadano chileno que la había escrito desde Italia. No era una fotocopia, sino una carta; era un original. Sin embargo, ese ciudadano chileno apareció en las arenas de El Pinar, muerto, por supuesto. Entonces, sin poner en duda la idoneidad de los señores Rachetti y Curbelo, quienes han elaborado el informe, tengo el derecho a pensar que se pudieron haber equivocado. Sin embargo, la citación de la Cámara no reconoce esa equivocación.

SEÑOR OLIVAR CABRERA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABELENDA. - No voy a poder dar interrupciones porque quince minutos es poco tiempo para lo que quiero decir.

Créanme, señor Presidente y señores diputados, que si nosotros hubiéramos tendido la más mínima sospecha sobre la no veracidad de dichos documentos no los hubiéramos presentado. Digo esto porque, además en esa reunión estuvieron presentes los distintos grupos políticos de nuestro sector y no acostumbramos a actuar de esa manera. A mí me parece que esto es muy importante, ya que mucho de lo que se está planteando en Sala parte del hecho de que se falsificó documentación. Hay señores Diputados que han ido mucho más allá. Soy consciente de que algunos Legisladores creen que los documentos son falsos, pero ciertos señores Diputados han dicho que se falsificaron documentos y que Legisladores del Frente Amplio fueron quienes falsificaron documentos.

El señor Diputado que dijo eso se olvida de que cuando el señor Diputado Nicolini manifestó en una reportaje en el diario «El Observador» que consideraba que existía una organización delictiva en el período anterior al gobierno, el Directorio del Partido Nacional hizo una denuncia penal. Supuestamente, por esa denuncia ahora se va a plantear el desafuero del señor Diputado Nicolini. Y resulta que acá un Diputado viene y nos acusa de falsificar documentos.

Algunos señores Diputados -me consta que han tratado de plantear sensatamente el tema- han expresado aquí que un Legislador no puede manifestar cualquier cosa, y a mí me gustaría ver cómo actúan ellos con respecto a este tema y a otras cosas que se han dicho.

Con lo que acabo de señalar, en cierta manera estoy haciendo referencia a algunas de las acusaciones. Pero también me gustaría considerar otro tema que tiene que ver con la difamación y la injuria, de la que se está hablando. Voy a leer parte del informe -que consta en un repartido de la Cámara- sobre el desafuero del señor Diputado Morelli, a partir de la presunta comisión de delitos de difamación e injuria, previstos por la Ley Nº 16.099. Respeto la opinión del señor Diputado Abdala, que no firmó el informe en mayoría y fue autor de otro. En este informe se hace referencia al artículo 112 de la Constitución, que establece que los Senadores y Representante jamás serán responsables por sus opiniones. Dice así: «La expresión ‘jamás’ empleada por el Constituyente es contundente.

Es esclarecedor al respecto el juico del doctor Korzeniak, para quien debe tenerse presente que sin perjuicio de la libertad de comunicación de los pensamientos, el común de las personas están sometidas a un enjuiciamiento penal por abusar de sus pensamientos en caso, por ejemplo, de que incurrieran en los delitos de difamación e injuria. La opinión de un Legislador vertida durante el desempeño de sus funciones, por el artículo 112, nunca podría ser sancionada como si configurara alguno de los delitos».

Más adelante se agrega: «(...) de acuerdo a lo que se viene exponiendo, resulta sustancial determinar el alcance de la expresión ‘durante el desempeño de sus funciones’.»

Y cuando se refiere al desempeño de las funciones dice: «No cabe duda que nos encontramos dentro del ejercicio de la función cuando el Legislador vota y opina en su sesión, sea ordinaria o extraordinaria, de la Cámara a que pertenece o de la Asamblea General. A la misma conclusión debe llegarse cuando los votos u opiniones son expresados en las Comisiones a las que concurre el Legislador, no importa si en carácter de miembro titular, delegado de sector o simple asistente. Es a estas situaciones a las que se refiere el profesor doctor José Aníbal Cagnoni al decir que existe ‘en primer lugar, un núcleo de actividad -emisión de opiniones- directamente relacionado con el desempeño de la función de un Legislador, cuyo ejemplo más puro está representado por las expresiones emitidas en el seno de una sesión’ (...). Pero junto a este tipo de actividades, el Legislador va realizando normalmente otras, incluso fuera del recinto parlamentario, que, sin duda, están relacionadas con aquellas. Así, discursos en lugares públicos, opiniones en locales partidarios, declaraciones en medios de prensa, etc. En todo este tipo de situaciones, nos encontramos con actividades que encuadran dentro del alcance de la expresión ‘durante el desempeño de sus funciones’, porque ‘la interpretación que se da con un carácter local, refiriéndose a la sesión de la Cámara o recintos parlamentarios, está pasada de moda’».

Este informe está firmado por los señores Diputados Orrico, Araújo, Borsari Brenna, Díaz Maynard, Fernández Chaves, Michelini y Saralegui. Creo que hay que medir con la misma vara todas las situaciones. Termino con una pequeña puntualización que me quedó pendiente en relación a uno de los faxes; a tres de ellos se les dio más importancia y uno fue reconocido como auténtico. Es el fax sobre el que un señor Diputado señaló que hablaba de comisiones, pero que se refería a las Comisiones Honorarias de los Hospitales de Las Piedras y Canelones. Voy a leer la frase entera. Dice así: «Si fuera necesario, también puedo conseguirte las órdenes de pago de las dos comisiones aunque pienso que no deberíamos llegar a ese extremo para no despertar suspicacias». Que me expliquen qué suspicacia puede haber en que un comisionista pida un recibo a alguien.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - La Mesa tiene cuatro pedidos de palabra para contestar alusiones, y por su orden lo harán los señores Diputados Saralegui, Piana Effinger, Orrico y Araújo.

Tiene la palabra el señor Diputado Saralegui.

SEÑOR SARALEGUI. - Señor Presidente: he sido aludido como firmante del informe que el señor Diputado Abelenda leyó en Sala. Indudablemente, aunque no soy el Miembro Informante, desde el momento en que firmo el informe -que ha sido redactado por el señor Diputado Orrico- lo suscribo en todos sus términos. Señalo que se refiere al artículo 112 de la Constitución, que dice: «Los Senadores y los Representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones». Pero jamás dice que no serán responsables por los hechos, y nosotros aquí estamos acusando por un hecho. Por ello, el artículo 112 no es aplicable a este caso. Somos conscientes de que firmamos ese informe, lo respetamos y lo respetaremos cuando se trate de la opinión de algún señor Legislador, pero de ninguna manera por un hecho; si así fuera, estaríamos creando una categoría de ciudadanos prácticamente inimputables y que no podrían ser sometidos a la Justicia ni a la decisión de nadie. Eso no lo quiere el Constituyente ni nosotros, porque los Legisladores estamos expuestos a ser acusados por nuestros hechos.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Para contestar una alusión, tiene la palabra el señor Diputado Piana Effinger.

SEÑOR PIANA EFFINGER. - Señor Presidente: para aclarar el temor al señor Diputado Abelenda -que me aludió por cuanto yo fui quién habló de esas comisiones- voy a leer la página 40 de la versión taquigráfica del día 15 de julio, de hace tan sólo diez días.

En la página 40 de la versión taquigráfica de esa sesión, viene hablando el señor Diputado Bayardi -a quien el señor Diputado Abelenda debe conocer- y dice: «También quedó claro, de su exposición, que se constatan los pagos que habrían hecho las Comisiones Honorarias de los Hospitales de Las Piedras y Canelones. Serían cuatro pagos: dos de U$S 500.000 y dos de U$S 1:150.000».

Si esto no resulta claro para el señor Diputado Abelenda, sugiero que consulte al señor Diputado Bayardi, que se lo va a explicar mejor.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Para contestar una alusión, tiene la palabra el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO. - Señor Presidente: utilizando una expresión que le gustaba al doctor Bayardo Bengoa, debo decir que, al parecer, aquí hemos caído en una «contradictio in terminis».

Quiero manifestar, con todo respeto, que este informe elaborado por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y que nunca fue tratado en el Plenario -quizás por eso causó desconcierto en algunos señores Representantes- se refiere al artículo 112 de la Constitución, pero, más concretamente, a los delitos de difamación e injurias.

A mi juicio, aquí hay una contradicción, porque en la moción a la que se dio lectura hace un rato por parte del señor Presidente, entre los delitos que se señalan como supuestamente cometidos por el señor Diputado Nicolini, aparecen precisamente los de difamación e injurias. Entonces, en la lista de delitos que se incluyó -fueron tantos que no se pueden recordar todos- surgió rápidamente esto.

Tuve el honor de ser designado Miembro Informante por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, y digo que sea en el caso del señor Diputado Morelli o en el de quien fuera, el Legislador que habla va a sostener que ningún señor Representante puede ser tocado en sus fueros por sus dichos, diga lo que diga. La doctrina es muy clara al respecto, al igual que lo es la correcta interpretación del instituto; y hay suficiente doctrina sobre esto como para sostener esa posición.

Entonces, cuando se sustenta este tipo de posición, debe hacerse en forma abstracta y no pensando en persona concreta alguna, porque cuando se pierde de vista que la ley debe ser general, impersonal y abstracta, se comienza a cometer grandes injusticias, a ver mal la ley y a estudiarla peor.

Por lo tanto, deseaba señalar que, a excepción del señor Diputado Abdala, este informe fue aprobado por los Legisladores que mencionaba nuestro compañero, el señor Diputado Abelenda, por lo que desmerece la moción que se ha presentado -por lo menos en lo que hace a esa parte- porque, de entrada, estamos planteando cosas que no están bien y que son absolutamente contradictorias con lo que los proponentes han expuesto en un documento público, que supongo no debe ser sometido a un peritaje caligráfico para ver si es auténtico.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Para contestar una alusión, tiene la palabra el señor Diputado Araújo.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: no sé si el señor Diputado Abelenda confunde o pretende confundir dos cosas que son totalmente distintas.

El informe que firmamos -y lo volveríamos a hacer- se refiere a un caso muy específico, pero eso no significa reconocer que los Representantes Nacionales sean irresponsables en todo sentido. El propio artículo 114 de la Constitución establece que «Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean los detallados en el artículo 93 (...)». Precisamente, lo que se está haciendo en este momento es habilitar el procedimiento del artículo 93: el juicio político.

Me causa un poco de sorpresa la actitud que asumen los Representantes del Frente Amplio y del Encuentro Progresista, y especialmente los de Asamblea Uruguay, al manifestar su desacuerdo con el procedimiento cuya aplicación estamos impulsando.

Acá no estamos condenando ni juzgando a nadie; estamos cumpliendo una función previa en el ámbito que corresponde con respecto a uno de los integrantes del Cuerpo.

Yo pregunto: ¿qué hizo en la mañana de hoy el Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay? En el ámbito de sus competencias, resolvió tomar una medida disciplinaria suspendiendo en su cargo a uno de sus integrantes, para luego someterlo a un tribunal de ética -o algo similar- a los efectos de juzgar su actitud política o su supuesta responsabilidad penal, delictiva o ética, según las conclusiones a las que llegue ese órgano.

En esta Cámara está sucediendo exactamente lo mismo cuando por mayoría -no sabemos como se dirimió en el ámbito de Asamblea Uruguay, porque fue una reunión interna y no conocemos las mayorías que llevaron a la suspensión de uno de sus integrantes- este Cuerpo opta por un procedimiento que está muy específicamente establecido en la Constitución de la República.

No veo la causa por la que se asombran tanto los integrantes del Encuentro Progresista y buscan contradicciones en otros informes que hemos realizado los miembros de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, que nada tienen que ver con este tema específico.

SEÑOR ORRICO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Señor Diputado: la Mesa no tiene inconveniente en cederle una vez más la palabra para contestar una alusión, pero ruega nuevamente a los señores Diputados que por esta vía de solicitar la palabra para contestar alusiones no se eternice la discusión. Dice esto porque, en definitiva, estamos reiterando argumentos y esto, a juicio de la Mesa, aparece absolutamente ineficaz.

No obstante, le concede la palabra al señor Diputado Orrico para contestar una alusión.

SEÑOR ORRICO. - Señor Presidente: quiero aclarar que estaba hablando de los delitos de difamación e injurias y tengo que terminar refiriéndome a una resolución interna de mi sector, Asamblea Uruguay. De manera que no soy yo el que aludo; yo no aludí a nadie.

Reitero: hablé de los delitos de difamación e injurias y también sobre lo que había resuelto por mayoría una Comisión de esta Cámara en el sentido de que los delitos de difamación e injurias jamás podían ser atribuidos a un Legislador. Asimismo, expresé que esos delitos están mencionados en esa declaración que hoy se presenta a la Cámara.

En cuanto a la mención que se hacía a la resolución tomada por el Consejo Político de Asamblea Uruguay -que tengo el honor de integrar- debo expresar que el señor Diputado Nicolini pidió él mismo la formación de ese tribunal. Además, no lo estamos juzgando como Legislador -lo hemos establecido muy claramente- sino por su actuación orgánica dentro de nuestra agrupación. Ojalá todas las personas que tuvieran actividad partidaria y que por una razón u otra se vieran involucradas -con verdad o sin ella- en algún acontecimiento de este tipo, pidieran que su partido tuviese a bien habilitar un tribunal de disciplina para que juzgara su conducta.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Ricardo Falero.

SEÑOR FALERO (don Ricardo). - Señor Presidente: cuando en mérito de las denuncias formuladas en Sala por los señores Diputados Borsari Brenna y Testoni, se formó una Comisión Preinvestigadora -en un principio iban a ser dos, pero luego se sumaron en una sola- se puso en marcha un mecanismo que establece exactamente cuáles son las atribuciones de las Comisiones Investigadoras, de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución de la República. Además, segun la ley que reglamenta este artículo 120, la Comisión Investigadora tenía entre sus atribuciones la de control administrativo, la de control político y, eventualmente, la de determinar ante la Justicia si se habían cometido o no ilícitos en la materia de la investigación.

El señor Diputado Aguiar -a quien respeto en lo personal y en lo técnico, por supuesto- dijo que las Comisiones Investigadoras terminan por enchastrar -utilizo el mismo verbo- el sistema. Quisiera manifestar, en defensa de la institución Comisión Investigadora, que no estoy de acuerdo con la expresión del señor Diputado Aguiar porque, en definitiva, el mal funcionamiento de una Comisión o de cualquier otra institución del sistema democrático no es intrínseco a la Comisión o institución, sino que es propio del mal funcionamiento de los individuos que la componen. Por lo tanto, me parece correcto puntualizar que las instituciones hay que defenderlas con la corrección del trabajo de los que las integran, de lo contrario estaríamos socavando prácticamente todo el sistema democrático.

En segundo lugar, esta Comisión trabajó durante ciento cinco días, sesionó más de veinticinco veces y fundamentalmente trabajó en dos aspectos: analizó pruebas documentales por un lado, y pruebas testimoniales por otro. En este caso que hoy ocupa a la Cámara, estamos refiriéndonos a un aspecto vinculado a pruebas documentales, que es parte del trabajo de la Comisión Investigadora.

El día 5 de agosto, si así lo establecen los coordinadores y la Mesa de la Cámara, este Cuerpo recibirá los informes de la Comisión Investigadora. Seguramente, todos los informes se referirán a las aportaciones probatorias de carácter documental y a las aportaciones probatorias de carácter testimonial. Hay más de quince mil fojas en el trabajo de la Comisión y necesariamente los informes desecharán válidos o inválidos muchos de los aportes testimoniales y documentales. Quiere decir que serán los informes de la Comisión Investigadora los que dirán que muchas de las afirmaciones que se realizaron en el seno de la Comisión como aportes testimoniales y como aportes documentales son falsos, en el habitual, lógico y correcto sentido de una investigación. Unos informes dirán una cosa y otros otra, pero sin duda alguna muchos de los aportes van a resultar falsos en el común denominador. En lo personal me negaría a acusar a algunos de los testimonios que se presentaron en la Comisión Investigadora como incurriendo en un delito de falsedad, como también me negaría a determinar que cualesquiera de los documentos presentados son responsabilidad de alguien que los aporta con una falsedad determinada.

Creo que para poder actuar con propiedad y corrección con respecto a la conducta de un Legislador que está sentado en el Hemiciclo de esta Sala porque por lo menos veinte mil voluntades aportaron su voto, tendríamos que dejar de lado -por más que a veces se nos hace difícil- fundamentalmente las pasiones político-partidarias.

No voy a ingresar al análisis jurídico porque fatalmente este tipo de consideraciones por lo general aparecen a partir de una, dos o tres interpretaciones. Inclusive, se acaba de mencionar una interpretación del doctor Bayardo Bengoa, que me trae muy tristes recuerdos porque fue el firmante de mi destitución del Poder Judicial en la época de la dictadura, por lo que a veces trato de no recordar a los juristas de este país. Se pueden hacer, entonces, varias interpretaciones. Sin embargo, hay una lectura que no obedece a ninguna interpretación, porque se trata de números establecidos en los artículos que estamos mencionando. El artículo 93 de la Constitución establece que la decisión se toma por mayoría en la Cámara y por dos tercios en el Senado; el artículo 115 dice que en este Cuerpo la decisión se adopta por dos tercios.

Por tanto -y aquí debemos ser muy claros y transparentes- lo que se está analizando es, precisamente, lo que anunció en su momento el señor Diputado Abdala: el juego de las mayorías colorada-blanca, blanca-colorada -para usar exactamente las mismas palabras que el señor Diputado- y esos son hechos inobjetables e irrefutables, más allá de las sesudas interpretaciones de corte jurídico que eventualmente se puedan hacer con respecto a todo este asunto.

Reconozco, por supuesto, el legítimo derecho que tiene todo partido político a defenderse cuando ha sido consuetudinariamente atacado durante los últimos tres o cuatro meses: debo reconocer también el legítimo derecho que un Legislador tiene a establecer -en función del derecho de hablar, que es, en definitiva, lo que hace que esté aquí- con absoluta libertad y sin temor, algún tipo de recriminación en este caso a los señores Diputados Nicolini y Pita.

Soy muy crítico con respecto al tema en cuestión; creo que es un hecho grave que se haya aportado a la Comisión Investigadora un documento que, en definitiva, puede resultar falso. Digo que puede ser falso porque, sin duda, todavía no estamos en condiciones de afirmar que se han probado todos los extremos de la falsedad, más allá del dictamen -que respetamos porque fue tomado por la mayoría de la Comisión- de los peritos mencionados en el acontecimiento. Indudablemente, también podrán resultar falsos otros documentos y opiniones y, en definitiva, podrán ser de recibo algunos criterios y otros no.

Si hay algo que no estuvo ausente en el trabajo de la Comisión fueron los intereses político-partidarios: estuvieron presentes en toda la discusión -dentro y fuera de la Comisión- en la prensa escrita, oral y televisada, en los corrillos y en todas las comunicaciones que los Legisladores, representando a los partidos políticos, hicieron posibles.

Quiere decir que esta investigación estuvo teñida de un muy fuerte interés político-partidario, el cual se viene manejando -como bien manifestaba el señor Diputado Posada- prácticamente desde octubre de 1994, a partir de las declaraciones del actual Ministro de Salud Pública, doctor Solari.

En consecuencia, si hacemos un análisis desapasionado -como corresponde- de toda esta situación, es muy difícil encontrar quiénes no tenemos culpas político-partidarias porque, lamentablemente, hemos sido capaces de ir induciendo a la opinión pública -poco a poco y a veces inconscientemente- a creer que existe una suerte de corrupción instalada en forma permanente y alevosa contra los intereses del país que, de alguna manera, los políticos estamos protegiendo, fomentando o generando.

Creo que eso sí es un hecho grave porque debemos, de una vez por todas, ponernos a pensar que tenemos que respetar, fundamentalmente, la institución a la que pertenecemos, que es el partido político, y lo que representamos acá, en este recinto, que es la voluntad popular.

Debo señalar que dejo de lado las interpretaciones jurídicas que se han expuesto en Sala porque, indudablemente, hay unas para un lado y otras para el otro. ¿A qué obedecen esas distintas interpretaciones jurídicas? A los intereses político-partidarios de aquel que las maneja y, por tanto, son esos intereses los que están en juego.

En función de esos intereses político-partidarios -de los cuales no me siento ajeno en tanto representante de un partido político- acá se han manejado las mayorías posibles y son estas las que inciden para que se elija el camino del juicio político.

Creo que de no decir esto no estaríamos sincerándonos nosotros mismos y no estaríamos dando a la población la visión exacta de lo que aquí está ocurriendo.

Por otra parte, no voy a aceptar pacíficamente que se pretenda que lo que ha resultado de esta Comisión Investigadora pase a la Justicia así como así. Creo que sería un modo de lavarnos las manos en cuanto a las responsabilidades que el Parlamento tiene. Sin duda, por respeto a nosotros mismos y a la institución que representamos no podemos lavarnos las manos y en un marco general tendremos que analizar cuáles han sido exactamente las responsabilidades, en base a todos y cada uno de los partes testimoniales y documentales que se han presentado en esta Comisión Investigadora.

En función de lo expuesto, entendemos que la discusión de este tema en este instante es absolutamente extemporánea y nada tiene que ver con el proceso lógico que deberíamos haber seguido. Pensamos que este tema debería haberse considerado al finalizar el análisis de la Comisión Investigadora, porque está vinculado con el resultado a que llegará la Cámara luego del estudio de los informes. Insisto: este asunto es parte fundamental de lo que sucederá, como lo será también la eventual adjudicación de responsabilidades a quienes participaron -en forma testimonial o documental- de todos estos hechos.

En función de ello -como lo ha dicho nuestro compañero de Bancada- el Nuevo Espacio va a presentar una moción en base a los mismos criterios que utilizó en el insuceso vinculado con el Presidente de la Cámara, señor Diputado Machiñena, a los efectos de designar una Comisión que, en el momento adecuado y en los términos oportunos, analice todo lo relacionado con estos faxes.

Creemos que si el análisis se hace antes -como en este caso- no se tienen los elementos de juicio, porque no todos los señores Diputados han tenido posibilidad de acceder, en igual grado que los miembros de la Comisión Investigadora, a la documentación de la que pueda derivar una conclusión contraria a la actuación de los señores Diputados Nicolini y Pita. Esta información no se ha obtenido en tiempo y forma; por lo tanto, consideramos absolutamente apresurado, fuera de lugar y extemporáneo el planteamiento de esta situación en el día de hoy. Pensamos que el tema debería haberse considerado una vez que la Comisión Investigadora se hubiera expedido, para que todos, con absoluta claridad, transparencia y tranquilidad de conciencia, pudieran analizar todos los aspectos vinculados a la investigación, incluyendo la existencia de los faxes.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Dése cuenta de una moción llegada a la Mesa, presentada por las señoras Diputadas Tourné, Palacio, Charlone y Barreiro y los señores Diputados Alvarez, Reboledo, Rodríguez, Arregui, Semproni, Abelenda, Soto, Coll, Pérez, Ibarra, Balbi, Rubio, Orrico, Chifflet, Gallo Imperiale, Matos Pugliese, Legnani, Pintado, Bolla, Fontes, Mahía, Pandolfo, Mujica, Obispo y Gamou.

(Se lee:)

«De acuerdo con el numeral 4º de la Declaración emitida el día 25 de julio de 1996 -y se adjunta a la presente- los abajo firmantes expresan su voluntad de que el juicio político promovido contra los compañeros Diputados Leonardo Nicolini y Carlos Pita sea promovido contra todos ellos.»

-Tiene la palabra el señor Diputado Javier García.

SEÑOR GARCIA (don Javier). - Señor Presidente: confieso que esta no es de las sesiones a las que uno acude con agrado, con alegría. Supongo que es una sensación que afecta a la totalidad de las Bancadas. No obstante, no sentir alegría por participar de la sesión no significa que no vayamos a cumplir con el deber que impone la función de Legislador.

Si se me preguntara en qué debate estamos participando hoy, diría que en un uno solo: en aquel que refiere al inicio de causa para enjuiciar políticamente a un Legislador. Y diría que hay otro tema de trasfondo, que es el vinculado al estilo del ejercicio de la función pública, en este caso de la que nos corresponde como Legisladores. Inclusive, diría que el centro está referido a esto último, es decir, a la ética y la responsabilidad en el desempeño de nuestra función.

Me resisto a atar la cuestión para la cual todos fuimos convocados hoy con el debate acerca de la corrupción, porque no es para discutir ese tema que vinimos. Además, creo que no está bien hacer esta vinculación. Quien habla no tiene ningún tipo de inconveniente -lo ha hecho con anterioridad y está dispuesto a hacerlo en el futuro- no sólo en debatir sino también en levantar su mano para condenar y para no permitir la corrupción en el sistema político. Con esa misma firmeza vamos a actuar cuando exista la presunción de actos delictivos en el desempeño de la función pública que ejercemos o cuando haya conductas que no se ciñen a aquellas para las cuales estamos mandatados por la Constitución y la ley.

Se ha dicho que este es un operativo para esconder. En otra instancia, este mismo Parlamento investigó y, cuando lo creyó oportuno, derivó sus conclusiones a la Justicia. Lo hizo por mandato del artículo 28 de la ley que rige el funcionamiento de las Comisiones Investigadoras, que estipula cuando existen indicios de comisión de delitos las conclusiones deben derivarse a la Justicia.

La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles han sido, en el producto del trabajo de la Comisión, aquellos indicios que pueden motivar la derivación a la Justicia? Esto lo discutiremos la semana próxima. Entonces, no está bien unir esa discusión a la convocatoria del día de hoy.

Durante un año calendario, y en los últimos tres meses de este año, en el trabajo de la Comisión nunca se pudo probar con firmeza, con rasgos de veracidad, la comisión de delitos. Mientras se preparaban para asistir a esta reunión, y cumpliendo con su deber de Legisladores, todos deben haber leído la prensa que cotidianamente se refería a la investigación en curso. Omito, por razones obvias, los medios radiales y televisivos. En la prensa, que es lo que uno puede manejar sobre su banca, se pueden leer algunos párrafos en los públicamente se expresó que se tenían, no los indicios, sino las pruebas.

En «El Observador» del 21 de octubre de 1995, el señor Diputado Nicolini dice que «Todo lo relacionado con FOCOEX en pocos días quedará claro.»

En «La República» de la misma fecha, el señor Diputado expresa que «hay un reconocimiento tácito del pago de comisiones y denuncias concretas realizadas sobre cómo fueron los negocios que se realizaron por esta empresa, fundamentalmente en América Latina.»

«El País» del 22 de octubre de 1995 expresa lo siguiente: «Según manifestó Nicolini, en éstas existe un reconocimiento tácito del pago de comisiones y denuncias concretas realizadas sobre cómo fueron los negocios que se realizaron por la empresa, especialmente en nuestro continente.»

(Ocupa al Presidencia el señor Representante Lago)

En «La Juventud» del 11 de abril de 1996 -saltamos ya varios meses- afirma el señor Diputado Nicolini que «los nombres que no he dado a conocer públicamente, porque considero que no es oportuno darlos», pero «el que encabeza la lista es el de Gabito Zóboli». Esa fue la primera acusación. Esperamos posteriormente las pruebas, pero hasta el día de hoy no están.

Sigo con «El Observador» del 10 de abril de 1996: «Nicolini, por su parte, reveló que en un fax, cuya copia se encuentra en su poder, «enviado por el agente uruguayo Walter Estellano, dirigido a FOCOEX, en que se indica que hay dos personas que reciben comisiones y que no conviene dar los nombres para no generar suspicacias».

En «La Mañana» del 15 de junio de 1996 -ya nos acercamos en el tiempo- dice el señor Diputado Nicolini: «Y reitero lo que he manifestado en las últimas horas: las actuaciones se procesarán en los ámbitos correspondientes, en las próximas horas o en los próximos días».

En «Ultimas Noticias» del 15 de junio de 1996 se dice en relación con el señor Diputado Nicolini: «Asimismo, reafirmó que las actuaciones que correspondan serán efectuadas en las «próximas horas o en los próximos días».

En «La Mañana» del 14 de junio de 1996 sostiene el señor Diputado Nicolini: «Por lo tanto, algunas denuncias de nombres de altos colaboradores de la administración nacionalista serán revelados en la Comisión Investigadora de FOCOEX y otros irán directamente a la Justicia penal».

En «Este diario» del 21 de junio de 1996 declara el señor Diputado Nicolini: «La marcha de la Comisión, de acuerdo a documentos y testimonios que se puedan ir aportando, podrá llevar o no» -aquí ya hay una relativización, pero esto ocurre un año después de empezar con las denuncias- «a la existencia de nombres que hayan protagonizado hechos irregulares, violaciones legales. No lo sabemos». Pero esto se reconoce, reitero, un año después de iniciadas las denuncias públicas.

En «La Juventud» del 14 de mayo de 1996 el señor Diputado Nicolini expresa que: «los nombres se van a dar cuando llegue el momento de la investigación que lo amerite, para poder proseguir los pasos consiguientes y tomar las medidas correspondientes, ya que esta Comisión Investigadora a lo único que puede llegar es a un pronunciamiento de carácter político».

En «El País» del 17 de mayo de 1996 se dice que «Nicolini afirmó que en su momento dará a conocer los nombres y que ya había aportado suficiente información a la Comisión». En «La Juventud» del 24 de mayo de 1996 consta que «Nicolini dijo que oportunamente presentar en la Comisión que integra las pruebas reunidas en los dos viajes que hizo a España». En «El País» del 31 de mayo de 1996 -en este caso refiriéndose al señor Diputado Pita- se dice que «Pita fue más allá y sostuvo que los nombres se darán a conocer en la medida que nos plazca y lo consideremos pertinente».

Sin duda que en política hay que tener el cuero duro. Todos quienes aquí estamos sabemos que esta es una premisa fundamental. Cuando decidimos ingresar a este ámbito estuvimos dispuestos a tener el cuero duro y nada de vida privada.

Ese es el concepto que debe primar, la premisa, pero no hay derecho a exigir que se tenga el cuero tan duro, pero tan duro, que se pueda decir lo que se quiera sobre el otro, y absolverlo cuando se le ocurra.

En el caso concreto del doctor Guillermo García Costa -no tengo ningún mérito dentro de mi Partido para calificar, pero repito las palabras que emplean compañeros con más autoridad que yo para hacerlo- considero que se trata de uno de los mejores blancos que hay en mi Partido. Se le agredió, se le adjudicaron intencionalidades y se hizo creer a la ciudadanía que era un delincuente. Y cuando llegó el momento -hace muy pocos días, muy pocas horas- se dijo por parte de quienes habían afirmado esto que no dudaban de la honorabilidad del doctor García Costa.

No hay derecho; cuero duro, sí, pero estas cosas, no.

Estas palabras estaban referidas a lo que yo recientemente titulaba como el tema de fondo, es decir, el ejercicio responsable y ético de la función pública.

Con respecto a la comisión de presuntos delitos, el señor Diputado Saralegui ya los ha articulado con precisión, pero me niego a aceptar que la presentación de documentos falsos pueda calificarse como de papeluchos, porque es muy seria la actividad que desarrollamos.

Sobre nosotros caen responsabilidades muy fuertes; sobre nuestras manos levantadas reposa en buena medida el destino del país. No se puede, no se debe, no corresponde utilizar documentos que son falsos; y, si se hace, se debe asumir las responsabilidades. Esas son las reglas de juego. En la vida política -lo afirmaba Herrera- uno tiene que estar dispuesto a admitir cualquier discrepancia, de las más duras en el plano ideológico; pero en el moral, ninguna. Ese es el límite: el plano moral.

Para concluir voy a leer una frase que no es mía, pero creo que tipifica muy bien la actitud que se debe tomar. Dice lo siguiente: «No tengo ningún conocimiento. Me imagino que Nicolini tiene las pruebas necesarias, si no fuera así, sería tan censurable como cualquier denuncia que se ha manejado en base a suspicacia. Quiero creer que Nicolini maneja pruebas con solvencia y seguridad». Estas frases, que fueron publicadas el 12 de abril de 1996 en «El Diario», pertenecen al doctor Tabaré Vázquez.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Dése cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Ricardo Falero, Barandiarán, Michelini y Posada.

(Se lee:)

«Mocionamos para que se cree una Comisión Especial que informe al Cuerpo sobre la eventual inconducta de los señores Representantes Nacionales Leonardo Nicolini y Carlos Pita en relación a la presentación de documentos ante la Comisión Investigadora de las compras del Estado uruguayo a la empresa española FOCOEX y respecto a los cuales existen pericias técnicas que determinan su falsedad. La citada Comisión deberá expedirse en un término de diez días y estará integrada por un representante por partido político».

-Tiene la palabra el señor Diputado Semproni.

SEÑOR SEMPRONI. - Señor Presidente: hace unos instantes un señor Legislador dijo en Sala: «dejemos que el libre juego de las mayorías reafirme el funcionamiento democrático».

SEÑOR BOLLA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SEMPRONI. - Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BOLLA. - Señor Presidente: al borde de la resistencia física voy a ver si puedo expresarme de tal manera que mis colegas comprendan lo que quiero decir.

Creo -no quiero molestar ni ofender a nadie- que aquí hay una condena premeditada a un señor Diputado, y lo voy a justificar. Evidentemente, uno tiene una cierta deformación profesional; al ser veterinario, tengo un modo de actuar diferente al de otro cuya profesión es la abogacía, que prácticamente es el eje del trabajo de esta Cámara. Entonces, uno emplea realmente el razonamiento y, en general, cuando actúa y atiende una vaca, la deja viva o la mata. Pero acá resulta que la profesión de abogado es totalmente distinta. Es decir, con las mismas leyes y reglamentos se hacen interpretaciones totalmente distintas. Evidentemente, en el transcurso de esta sesión esto me tiene realmente sorprendido y me lleva a pensar algo que creo es bastante peligroso: las que dirimen esas contiendas son siempre las mayorías. Entonces, esto da pie para que se venga ya con las posiciones tomadas y se busque la justificación legal de lo que políticamente se quiere sacar. En consecuencia, siempre tenemos algún maestro que justifica lo que uno quiere expresar, es decir, la conveniencia política en el tratamiento de determinados temas. Nosotros ya lo hemos sufrido anoche con el tema de la Tasa de Saneamiento y hoy con éste, en que está sucediendo lo mismo.

Entonces, ¿qué pasa con esto y por qué yo digo que se trata de una condena premeditada? Porque hace mucho tiempo la prensa viene insistiendo en la búsqueda de una sanción al señor Diputado Nicolini. Se comenzó con las pérdida de los fueros, se siguió con el artículo 115 y no se llevó adelante porque, evidentemente, se necesitan dos tercios del Cuerpo para poder dirimir la votación. Entonces, se opta por esta solución porque la Constitución permite que este procedimiento se lleve adelante solamente con la mayoría, con la cual cuenta la coalición. Por otra parte, se tiene el convencimiento de que las mayorías están aseguradas en el Senado, donde reglamentariamente va a pasar lo mismo: reglamentariamente las mayorías determinarán la decisión técnica en este tema.

Como es evidente, hay una cosa que me preocupa mucho y es el prestigio del Parlamento a raíz de lo que pueda suceder luego de que se vote esta propuesta. Hay indicios -más de uno está convencido en este sentido- de que van a aparecer problemas con las compras a FOCOEX. Y yo quisiera saber qué va a suceder si a causa de esta bomba que está cargando la coalición aparecen problemas en las compras efectuadas a FOCOEX. Seguramente el sistema político sufrirá un cimbronazo de alcances que no me animo a predecir.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Puede continuar el señor Diputado Semproni.

SEÑOR SEMPRONI. - Recuerdo que había citado una frase que escuché a un señor Legislador: «Dejemos que el libre juego de las mayorías reafirme el funcionamiento democrático». Inobjetable, brillante desde el punto de vista formal y legal, pero esto tiene que tener una lectura política: esto se puede expresar en Cámara cuando se sabe que hay un acuerdo que garantiza con sus votos la decisión y el objetivo político al que se quiere arribar. Y con esto no estamos cuestionado el funcionamiento de la coalición, pero sí advirtiendo una vez que funciona bien. Lo que nos importa rescatar a partir de nuestra lectura política es que aquí no gobierna el Partido Colorado porque lo hace en acuerdo, con el apoyo, los votos y las ideas del Partido Nacional. Esto es lo que tiene que saber la ciudadanía.

Quiero agregar que es muy respetable ver el manejo que se tiene de los mecanismos o de las reglas de juego, de la conjugación de los organismos y de las instituciones en su funcionamiento y en sus exigencias reglamentarias.

Pero también hay que decir la verdad -a esto refería el señor Diputado Ricardo Falero y en ello incursionaba hace un rato el señor Diputado Bolla-: aquí no se plantea tomar una resolución porque para adoptar una decisión de tipo sancionatorio en esa Cámara se requieren sesenta y seis votos y la coalición que gobierna cuenta con sesenta y tres. Dado que los tres votos faltantes no se obtendrán del Nuevo Espacio como tampoco del Frente Amplio, se busca el mecanismo por el cual, por simple mayoría, se traslade al Senado esta cuestión donde diez Senadores colorados y diez Senadores blancos...

SEÑOR POSADA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SEMPRONI. - Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR POSADA. - Señor Presidente: no quiero que se ponga en boca del Nuevo Espacio cosas que no ha dicho. Lo que aquí se ha hecho ha sido habilitar la instancia de creación de la Comisión Especial y no adelantamos posición sobre el fondo del asunto porque nos parecía que eso era entrar en lo que no queremos: juzgar sobre tablas la actuación de dos Diputados.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Puede continuar el señor Diputado Semproni.

SEÑOR SEMPRONI. - Señor Presidente: escuché intervenir al señor Diputado Posada, quien presentó una moción que no tiene nada que ver con la moción sancionatoria que aquí se está planteando, pues hablaba de formar una Comisión. Eso, en definitiva, está demostrando que el Nuevo Espacio no va a dar sus votos a la propuesta que viene del Partido Nacional y del Partido Colorado.

(Interrupción del señor Representante Posada)

-Entonces, no leímos mal.

Este tema se eleva al Senado porque allí hay diez Senadores colorados y diez Senadores blancos y un Presidente que es el Vicepresidente de la República; se reúne veintiún votos que permiten tomar la resolución sancionatoria. Esto lo tiene que saber la ciudadanía, ya que decir las cosas a medias es peor que decir mentiras.

A esta altura del debate, sinceramente propondría -sin pretender cercenar la posibilidad de que hable el que quiera- que se votara, porque la resolución ya está tomada y, como los votos están, debiera obviarse continuar con este debate que no conduce a nada.

(Apoyados)

Sí queremos reafirmar que el Frente Amplio ha decidido encarar y llevar hasta sus últimas consecuencias, con los riesgos que ello suponga, la lucha contra la corrupción. Esto lo tienen que saber los que están en este Parlamento y quieren investigar y también los que aquí están y no les interesa investigar. Reitero que lo vamos a llevar hasta la últimas consecuencias a pesar de los riesgos que nos pueda suponer, porque la lucha contra la corrupción no es cosa fácil. La asumimos conscientemente y sabemos que en el camino pueden quedar girones; pero lo vamos a hacer con valentía y firmeza, más allá de sus consecuencias.

También queremos que se sepa que si el Parlamento no asume el camino que señalaba el señor Diputado Falero, vamos a llevar este tema a la Justicia. No para endilgarle el fardo a una Justicia a la que no se ha apoyado suficientemente con los recursos que ha reclamado para operar con todas las posibilidades. Lo vamos a llevar igual porque estamos hablando en nombre de una fuerza política que tiene más que antecedentes y estatura moral. Cuando los Legisladores del Frente Amplio participaron en la Comisión Investigadora sobre el Banco de Seguros y ésta llegó a las conclusiones a las que generalmente se arriba en estos casos -que es muy poco- se pasaron los antecedentes a la Justicia por parte de los Legisladores del Frente Amplio y la cuestión terminó con los resultados que todos conocemos. Participamos en la Comisión Investigadora sobre el Banco Pan de Azúcar y cuando ésta terminó su trabajo, una más de esas conclusiones, también todos los Legisladores del Encuentro Progresista fuimos a la Justicia, hicimos la denuncia y ahora están las primeras figuras de la Administración anterior teniendo que aclarar su situación ante los Jueces.

En consecuencia, decimos que si el Parlamento no asume el camino que debiera en el tema de fondo que nos ocupa, que es meter el bisturí a fondo y sancionar a los que se beneficiaron y cometieron irregularidades en los negocios con FOCOEX, vamos a llevar el tema a la Justicia, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Confiaremos en ella y le daremos todo el respaldo, comenzando por dejarla actuar y apoyándola en todo lo que podamos para que, en definitiva, se exijan responsabilidades a quienes las han tenido y han introducido en el país este elemento que todos estamos obligados a combatir porque, de lo contrario, caeremos en lo mismo que las colectividades políticas que a lo largo del mundo nos están mostrando que están totalmente tomadas por el flagelo de la corrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Tiene la palabra el señor Diputado Penadés.

SEÑOR PENADES. - Señor Presidente: eliminaría aquella leyenda que dice «Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana» y, en su lugar, pondría uno que se expresara «Por mí se va tras el eterno dolor, por mí se va tras la perdida gente», rótulo con que el Dante definía la entrada al Infierno.

Digo esto porque el Parlamento, en estos últimos tiempos, se ha convertido en una especie de caja de resonancia en la que algunos señores Legisladores -y esto no se puede atribuir a muchachadas, como alguien manifestó aquí, quizá en un rapto de inocencia- comenzaron una campaña que parecía que iba a terminar con el sistema político uruguayo, parecía que iba a haber una quiebra institucional.

Desde hace diez meses a la fecha, el señor Diputado Nicolini -lamento que no esté en Sala para decírselo de frente- y el señor Diputado Pita comenzaron una campaña de limpieza general que, a muchos de nosotros, nos hizo preocupar y expresar: ¡Caramba, estos dos nuevos paladines de la Justicia poseen la sellada que todos algún día soñamos tener! Y aquí la cosa se empezó a complicar.

La primera regla del sistema político -que se debe respetar, fundamentalmente por parte de la gente nueva que integra este Parlamento- implica aquello de «tirate si hay arenita porque, si no, no te tirés», pero vimos cómo los señores Diputados Pita y Nicolini se tiraron y, al haber un bloque de concreto de un tamaño inconmensurable, quedaron aplastados. Toda la campaña que prometía ser reveladora y removedora, terminó siendo un fiasco tan lamentable como pocas veces se va a ver en el seno del Parlamento.

Quizás todo esto, por la forma en que lo digo, tenga algo de gracioso, pero tiene mucho más de preocupante y muchísimo más de triste, porque no quisiera estar en los zapatos de algunos señores Legisladores del Frente Amplio, cuya seriedad para trabajar reconozco. He compartido Comisiones Investigadoras con señores Legisladores del Frente Amplio, con quienes no he coincidido en absolutamente nada, pero cometería una gran injusticia si dejase de reconocer la seriedad, la contracción al trabajo y el respeto a los presuntos inculpados con que han actuado.

Pero resulta que aquí se implantó una nueva modalidad: la del sensacionalismo, las del «sensorround». Esta consistía en gritar por todos lados -si era cerca de una cámara, mucho mejor- que se poseían nombres, que se tenían pruebas y elementos que iban a ocasionar que varias personalidades del Gobierno nacionalista terminasen entre rejas.

El señor Diputado Nicolini tuvo el atrevimiento de decir que Fulano se fuera consiguiendo un abogado. Inclusive, me dijo: «Yo me conformo con la cabeza de Zutano», creyéndose el dueño y el señor de los destinos de muchos ciudadanos honestos de este país. ¡Esto es indignante! ¡Nunca he visto nada igual!

Fui opositor en la Junta Departamental de Montevideo y nunca me dejaron investigar; esa afirmación de que dejan investigar, a mí no me la van a contar, porque yo lo viví. Nunca me dejaron investigar por la mayoría constitucional con que cuentan hasta que en esta Legislatura algún sector político pidió disculpas y dijo: «Muchachos, conmigo sí cuenten, porque yo voy a investigar». Tantas eran las groserías que se dieron durante la Administración anterior que, sin lugar a dudas, reconocieron que era hora de empezar a corregir, porque el fenómeno de la corrupción no se instaló ahora y ocurre a nivel mundial.

Y si no pregúntenle a Bettino Craxi -que no es nacionalista- que está encerrado en un bunker frente a Italia, porque si cae por allí, todos sabemos dónde termina.

Entonces, señores Diputados, vamos a decir las cosas como son; y no lo digo yo, lo dice Asamblea Uruguay, que es evidente que en Sala no debe tener ningún Diputado porque, si no, alguien debía decir que expresa profunda tristeza al comprobar que algunos procedimientos y sus correspondientes resultados en el marco de FOCOEX han contribuido a originar una grave tergiversación de objetivos y han arriesgado una lamentable frustración de las expectativas del pueblo uruguayo.

Yo coincido con esta declaración. Pero ¿quién le devuelva el honor a los hijos de García Costa, a los hijos de Macedo, a quienes por ahí les han gritado cualquier cosa?

Y no es cuestión de tener el cuero duro, ni de esas bravuconadas fuera de tiempo que en tono campechano alguno quiere lanza acá. ¡No! No se trata de tener cuero duro ni de ser más guapo que nadie, sino de ser honorable, cosa que muchos no lo son. Se trata de ser honorable, de tener una alta concepción de lo que implican el honor, la conducta y la honestidad intelectual, y no caer en este barro en el que nos venimos sumergiendo desde hace ya varios meses a causa de algunos irresponsables.

Así es como se plantean las cosas en política; así me lo enseñaron los mayores, tal como a muchos de los que están presentes. Es decir, con honorabilidad, con decencia, no con este vedetismo trasnochado en virtud del cual alguien creyó que por decir las cosas ante la televisión se iban a convertir automáticamente en verdad.

Y resulta que llegaron las pruebas, después de mancillar honores, trayectorias y partido políticos, y a nadie le importó; a nadie le importó. Ocurre que los faxes, al decir de alguno -que, reitero, quiere utilizar un lenguaje bastante campestre- son «yutos», son falsos. ¡Y guarda con ese Diputado español cuando venga! Capaz que cuando venga, también va en gayola, si es que se hace responsable de haber presentado esas pruebas que son falsas, como lo dicen todos, además. ¡Qué me van a venir a leer a mí acá que el informe dice esto o aquello! ¡Son falsos; son falsos de toda falsedad! ¡Decir lo contrario no tiene gollete!

Entiendo que haya que defender; entiendo, también, que haya que sostener posiciones insostenibles. Muchos hemos tenido que hacerlo alguna vez, pero dudar de la falsedad de esos faxes es algo irracional; yo no tengo vista otra argumentación igual en este Poder Legislativo.

Señores Diputados: ¿quién devuelve a la gente honrada del Partido Nacional el honor mancillado? ¡Los que no son blancos, capaz que no lo entienden! Pero los que somos blancos hemos visto cómo sufren las familias por dos irresponsables que antes de investigar con seriedad y ver si la piscina tenía agua, prefirieron los flashes y la noticia.

¡Y se nos pide que no se aplique el artículo 93 de la Constitución! ¡Por supuesto que hay que aplicarlo! En el Senado, con todas las garantías del debido proceso, con abogados y Senadores que lo defiendan, ahí va a tener que demostrar sus dichos y hacerse responsable de los delitos graves que, sin lugar a dudas, ha cometido el señor Diputado Nicolini.

¡Qué Comisión ni Comisión! ¡Aquí se debe aplicar el artículo 93 de la Constitución!

Reitero: es algo demasiado grosero. Participé en muchas actividades relacionadas con denuncias en la Junta Departamental, pero jamás me metí con el honor de nadie. ¡Que se busque alguna afirmación política de mi Partido o mía, en el sentido de meternos con el patrimonio del doctor Tabaré Vázquez! ¡Jamás nos metimos con alguien! ¡Y vaya si se podía decir varias cosas de mucha gente! ¡Y cada vez que hemos tenido que decir aquí muchas cosas de muchos ex jerarcas municipales, lo hemos hecho obligados y con pruebas de que lo que estamos diciendo es cierto! El señor Puchetta recibía a los comerciantes con un revólver arriba de la mesa y les pedía contribuciones para el carnaval. Además, decía que no conocía y que nunca había visto a la gente con la cual había adornado e iluminado 18 de Julio y, sin embargo, eran socios.

Entonces, vamos a decir las cosas como son, porque el que ha sufrido es el sistema político, además de las familias de estas personas a quienes se ha mancillado en forma más que irresponsable.

Y ahora se nos pide a nosotros, a los blancos... ¡Los blancos, nada! Los blancos vamos a proceder con toda la firmeza de la convicción, porque cuando tuvimos que pasar antecedentes de otros temas a la Justicia, así lo hicimos; cuando tuvimos que sancionar a correligionarios por inconducta, también lo hicimos. Por lo tanto, a nosotros nadie nos va a venir a decir cómo se hacen las cosas.

Permítame continuar, señor Presidente, diciendo que lo más grueso no lo digo yo, lo establece la comunicación de Asamblea Uruguay al afirmar: «La preservación de esta causa superior exige un comportamiento cuidadoso y prudente en el desarrollo de esta tarea, ya que se puede poner en juego el honor de personas e instituciones. Por otra parte, debe entenderse que no es posible utilizar dicha causa, ni para atacar a ningún partido, ni para intentar obtener réditos políticos o personales».

No lo digo yo, sino la fuerza política que trajo a ese señor a sentarse en Cámara de Representantes. Parafraseando a García Lorca en aquello de que «voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir», aquí deberíamos decir: «Voces de muerte sonaron cerca de Barrios Amorín». ¿Por qué? Porque los primeros en entregar al Diputado Nicolini no fuimos nosotros; no fuimos nosotros los primeros en decir que se ha comportado incorrectamente o que ha mancillado el honor, sino que es su propia fuerza política. Así que a confesión de parte, relevo de prueba.

Digo más aun: hay que tener cuidado porque le puede tocar a cualquiera, ya que en este desencadenamiento, cualquiera cae, y no es cuestión de cuero duro, porque el cuero duro se debe tener para la defensa de las instituciones, de las convicciones políticas y para llevar adelante los ideales, pero no para defenderse de cualquier porquería que se diga por ahí sin fundamento.

Cuando en tiempos pasados se utilizaron otros mecanismos para tratar de imponer la razón, se hicieron algunas denuncias -me lo contaron, porque no lo recuerdo- que siempre tuvieron fundamento. Se compartirían o no, pero se presentaban los fundamentos. Aquí primero se acusa y luego se sale a buscar las pruebas para hacerlo. Algunos dicen que nos tenemos que parecer a las grandes potencias en cuanto a la defensa de la corrupción. Me parece muy bien. ¡Bárbaro! Pero en esos países que se nombra, si alguien presenta una acusación y no tiene pruebas, va volando para adentro; volando lo llevan arrestado y lo condenan.

El primero en tratar de romper amarras con el señor Diputado Nicolini fue el propio doctor Tabaré Vázquez cuando formuló esa afirmación a la que dio lectura el señor Diputado Javier García: «¡Ojalá que el señor Diputado Nicolini tenga las pruebas!».

Diez meses pasó anunciando que iba a llegar el momento y resulta que nunca llegó; me recuerda aquella película llamada «Bienvenido Mr. Marshall». Y hoy aquí se pretende confundir a la población diciendo que estamos linchando, que estamos persiguiendo. No, señor Presidente. No estamos linchando ni persiguiendo; estamos haciendo justicia, aplicando un artículo de la Constitución de la República que posibilita que el señor Diputado Nicolini pueda presentarse ante el Senado a hacer los descargos de acuerdo con las garantías que la ley y la Constitución le aseguran para tener un debido proceso.

Los que anuncian que tenemos los votos para hacer las cosas están acostumbrados a tener mayorías regimentadas; provienen de regímenes en que o pensabas lo que pensaba el que te mandaba, o te ibas para afuera. Le digo al señor Diputado Arregui que no es así en los partidos tradicionales.

(Interrupción del señor Representante Arregui)

-El señor Diputado Arregui no lo sabe porque nunca estuvo; siempre participó en los otros. Entiendo que el señor Diputado Arregui no lo entienda, pero que se quede tranquilo porque aquí se van a dar al señor Diputado Nicolini las garantías del debido proceso. Y entonces tendrá que demostrar si los faxes no son falsos, cómo los hicieron y por qué presentó lo que el Diputado Frutos le mandó desde Madrid, sin consultar a nadie.

Pero va a costar mucho tiempo recomponer el daño que se ha cometido a esas personas y al relacionamiento entre fuerzas políticas en este Hemiciclo. Y a la democracia no le hace nada bien que las fuerzas políticas estemos tan separadas y tan equidistante como nos encontramos hoy por causa de estas irresponsabilidades.

Termino diciendo que no creo que las cosas se hayan hecho por chiquilinadas ni por irresponsabilidad. Aquí hay premeditación, alevosía y mala intención. El Senado será responsable de aplicar todo el peso de la ley al señor Diputado Nicolini porque es lo que el señor Diputado Nicolini se buscó. A ello debe atenerse el señor Diputado Nicolini en una sociedad democrática regida por la Constitución de la República. A él, entonces, su destino.

Desde aquí deberá pedir disculpas a esas familias, a esa gente y a todos los que han sufrido. Si yo fuera dueño de un periódico habría titulado: «Nada, no hubo absolutamente nada».

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RUBIO. - Señor Presidente: como en realidad creo que esto es una crónica de una muerte anunciada, no me voy a referir a cómo va a terminar la votación, sino al contexto y a las eventuales repercusiones políticas.

No estaría tan eufórico como el señor Diputado Penadés cuando hay media docena de causas penales en curso y cuando es posible que aparezcan otras, porque cada vez que se designa una Comisión Investigadora en el Parlamento, empiezan a aparecer los mismos personajes y las mismas empresas con los mismos vínculos. Por lo tanto, sería un poco más cauto.

Quiero decir al señor Diputado Abdala que no tenga dudas de que lo que el Frente Amplio resolvió es lo que se expresa en la declaración a que di lectura anteriormente y que se refleja en la moción que firmamos todos los parlamentarios de esta Bancada. El resto corre por cuenta de los otros sectores políticos.

Me hubiera gustado que la misma mesura, la misma cautela y el mismo sentido autocrítico a los que apela y que reivindica el señor Diputado Abdala -lo que me parece muy bien- los hubiera aplicado en el proceso que comenzó en 1996, vinculado con cuestiones relativas a la ética del compañero Tabaré Vázquez. El señor Diputado Abdala tuvo una intervención relevante frente a las cámaras de televisión y aquellos hechos no me parecen memorables. Después que terminaron los sucesos no vi que el señor Diputado Abdala hiciera reflexión crítica alguna acerca del asunto.

(Interrupción del señor Representante Abdala)

-He aludido expresamente al señor Diputado Abdala para que pueda hacer uso de la palabra después que lo solicite.

Creo que habría que ser más cautos en este Parlamento, porque el tema es política y técnicamente muy complejo. En realidad, los estilos pueden gustarnos o no; personalmente hay muchos estilos que no me gustan, tanto fuera como dentro del Frente Amplio. Pero, en todo caso, los juzgan la ciudadanía o los partidos. Salvo cuando se trata de los artículos de la Constitución de la República que tiene que ver con el Parlamento, no creo que sea un problema de este Cuerpo.

En nuestra organización, los problemas de conducta política están resueltos desde el punto de vista institucional desde el año 1971 y no hemos tenido que llegar a estas circunstancias para inventar tribunales de conducta política. El señor Diputado Nicolini ha pedido un tribunal de conducta política y nosotros nos ajustaremos a lo que ese tribunal dictamine.

Francamente, suscribo lo expresado por el señor Diputado Bolla, en cuanto a que durante estos días se ha estado cabildeando en torno a los artículos 115 y 93 de la Constitución, según mayorías parlamentarias fluctuantes, no me parece que ello sea muy edificante ni que hable muy bien de los que argumentan a favor de cualquiera de los mecanismos. Creo que en realidad va a actuar como un posible bumerán lo que se atribuye al señor Diputado Nicolini -haber divulgado sin las pruebas correspondientes la presunción de determinados delitos cometidos por algunas personas- porque reviste una analogía muy similar al mecanismo que ahora se instaura, al no haber pruebas en relación a su persona.

Con respecto a los faxes, también sería bastante cauto porque unos peritos sostienen lo que leyó el señor Diputado Alvarez y emiten sus conclusiones de acuerdo con las limitaciones que le dan las fotocopias. Una perita argentina dice que no puede determinar que uno de los documentos reproducidos en fax sea original y los otros falsos. La Facultad de Ingeniería dictamina que no puede determinar si los faxes identificados con las letras B y C son falsos. El ingeniero Grompone -a quien todos respetamos mucho por razones bastantes fundadas- dice exactamente lo mismo, es decir, que no tiene elementos para decidir que uno cualquiera de los tres documentos sea verdadero o falso.

Pero debo decir que a mí, desde el punto de vista técnico, esto me supera. Admito el juicio de que son falsos. Partamos de esa hipótesis: son falsos. De todas formas, queda pendiente un problema, y es que son falsos en el sentido de que fueron documentos no enviados como faxes en esas fechas, con esos destinos y con esas firmas; pero ¿quién los fabricó? Pueden ser faxes falsos, pero pueden ser documentos auténticos. Esto deberá indagarlo un Juez.

Son falsos como faxes, pero son auténticos en tanto alguien, con un propósito deliberado, los fabricó para perjudicar a otra persona, ya sea a los allí nombrados, o bien al señor Estellano que los sucribió, o bien al señor Diputado Nicolini, desmontando, a través de un foco de atención espectacular, la operación FOCOEX.

En realidad, los peritos no dicen que los faxes fueron fabricados como documentos por el señor Estellano, pero tampoco que haya dejado de hacerlo. Si bien este tipo de interrogantes deberán ser dilucidadas por la Justicia, en sustancia esto es mucho más importante que la otra discusión que se está llevando a cabo con respecto a los faxes. Lo digo en la hipótesis de que sean falsos, en el sentido de que unos se hayan fabricado a partir de otros a que su origen y destino no fueran auténticos.

De modo que si hubo trampas de algún lado, alguien tendrá que demostrarlo, y no creo que la Comisión Investigadora parlamentaria, con los límites que tiene, esté en condiciones de hacerlo. Por consiguiente, trataría de ser cauto y sugeriría que no sustituyamos a los Jueces.

Aquí hay un problema de fondo: la corrupción. En realidad, si alguno se alarma por el tema de la corrupción en el Uruguay, no es precisamente como consecuencia de las investigaciones que nosotros hemos desarrollado.

Por ejemplo, en el caso del Banco de Seguros del Estado fueron los dirigentes sindicales quienes pusieron al Senado sobre la pista de que habría presunción de serios delitos en el manejo de ese organismo. Por su parte, han sido empresarios los que han golpeado nuestra puerta para decir: «A mí tal Ministro de la Administración anterior me coimeó», y cuando les preguntamos -a mí me ha sucedido- si estaban dispuestos a testificar, contestaron: «No, yo ya pagué, no me metan en un lío más».

Entonces, la conducta que hemos adoptado en lo personal ha sido cerrar el tema por no tener pruebas, pero nos ha quedado una convicción: han sido unos empresarios los que denuncian, presentando casetes, a otros empresarios; han sido políticos del Partido Nacional -varios de ellos- que han planeado muchos presuntos casos de corrupción, o bien Ministros del Partido Colorado que han denunciado irregularidades profundas. Digo esto porque no es por casualidad lo expresado por el doctor Julio Macedo en un reportaje periodístico realizado hace unos días.

Ante la pregunta del periodista: «El primero que habló del tema FOCOEX fue el actual Ministro de Salud durante la campaña electoral ¿Cree que todo lo que se vive fue armado desde el Ministerio?», el doctor Macedo responde: «Ah, no tengo dudas de eso. Muy pronto se va a saber exactamente la verdad de las cosas». Entonces, no adquirimos esta convicción a partir de nuestra información.

Tampoco podemos olvidar lo expresado por el doctor Juan Andrés Ramírez, a quien apoyamos durante su gestión al frente del Ministerio del Interior por sus atributos éticos y políticos; y eso no lo hemos dicho nosotros. Gustará o no, pero esa es la crónica de los acontecimientos, y la historia de esta República es muy corta.

En el año 1969, el General Carlos Bartolomé Herrera sucede a Segovia en la Intendencia Municipal de Montevideo, pero termina su gestión en muy poco tiempo: transcurren un par de años y debe renunciar debido a denuncias realizadas por el Partido Nacional, iniciadas por el Senador de la República, profesor Carlos Julio Pereyra. Luego, el General Herrera es sucedido por el doctor Víctor Rachetti, ex Intendente y perito calígrafo. Y cuando se trata el caso de Carlos Bartolomé Herrera en la Junta Departamental de Montevideo, un Edil blanco, Amadeo Arévalo, en la noche del 2 al 3 de octubre de 1969, denuncia una tentativa de comprar su voto para apoyar al Intendente Herrera.

Y cuenta cómo un intermediario intentó comprarlo a él y a varios otros más, a lo que se negó por razones de dignidad. Dice en las actas de la Junta Departamental de Montevideo: «Porque es un Edil de esta Junta Departamental y ese Edil soy yo y, por lo tanto, es el único lugar donde puedo hacer la acusación y es el único lugar donde debo responder por los actos que se hagan en contra de sus integrantes.

Por lo tanto, señor Presidente, concretamente el señor Svetogorski muy allegado al señor Intendente fue quien hizo la proposición de dar solución económica a mi situación (...)». Quiere decir que en esta República la historia es corta y tiene las patas cortas. Por eso, después de llegar a estas convicciones, decidimos emprender un proceso que otros Legisladores de los Partidos Blanco y Colorado acordaron que se llevara adelante porque entendieron que la denuncia de la corrupción era un problema democrático central, y creo que lo siguen entendiendo.

Es por ello que ha habido y hay Legisladores de distintos partidos que estamos empujando el esclarecimiento de estas cosas. No digo que no se cometieran errores en el proceso de la lucha contra la corrupción en el Uruguay; se cometieron, y ese es el tema democrático más importante que tenemos planteado.

Dije varias veces que esto no era una cuestión de partidos, pero la reacción de los partidos frente a la presunción de corrupción de sus miembros es parte de la vida de las colectividades políticas. El daño está hecho, provocado por la corrupción instalada y focalizada en el Uruguay que, aunque no creo que esté extendida, sí tiene casos graves.

Este Parlamento ha hecho muy poco y ha estado omiso. Ha sido incapaz de introducir la transparencia económica; ha aumentado el secreto en grados increíbles y lo ha extendido, en particular el secreto bancario; ha sido incapaz de aprobar la Ley Cristal; de instaurar mecanismos de cooperación internacional sin los cuales no se puede combatir la corrupción en el mundo transnacionalizado; de introducir la figura del Defensor del Pueblo; de ligarse de otra manera con los medios de comunicación; de dar elementos de indagación rápida y contundente al Poder Judicial; de hacer la reforma del Código Penal y de introducir nuevas figuras; de dar facultades a las Comisiones Investigadoras, y ha sido incapaz de legislar sobre los partidos políticos.

Entonces, en estas circunstancias, el Parlamento se enfrenta con que se está desacreditando en términos muy profundos frente a la opinión pública; esta noche va a dar pasos que -en mi opinión- lo van a desacreditar aun más, y tiene internamente una situación que lo hace inviable.

En mi criterio, o bien este Parlamento reacciona dando muestras de impulsar la lucha contra la corrupción, con la profundidad debida y en tiempos muy cortos, o vamos a estar en una situación parlamentaria en la que no nos va a quedar otra salida que negociar con el Presidente de la República la convocatoria a elecciones parlamentarias anticipadas. Reitero: en estos términos, va a llegar un momento en que la situación va a ser, no de riesgo institucional -eso es otro tema- sino invivible internamente y de un desprestigio frente a la opinión pública, que va a inhabilitar a esta institución para ejercer sus funciones.

Entiéndaseme con claridad: esto no tiene absolutamente nada que ver con los riesgos institucionales sino con otro problema que hace al prestigio, al bloqueo y a la claridad de la relación política en una institución colectiva nombrada por los ciudadanos para que haga cosas.

SEÑOR ABDALA. - Pido la palabra para contestar por una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA. - Señor Presidente: el señor Diputado Rubio fue estructurando un discurso que terminó, a mi juicio, de una manera casi tremenda. El planteo deja la sensación de que poco menos que ingresamos en el periplo de la crisi, y con franqueza, me parece que es equivocado. Lo digo con mucho respeto.

Ante esto que le está pasando al país, me parece bien que discutamos estos temas. Dado que el señor Diputado generaliza, si hay un ámbito donde se tiene que llevar adelante la batalla anticorrupción es, precisamente, en el Parlamento. ¡Bueno fuera que el Parlamento no desarrollara una actividad en procura de transparencia!

El señor Diputado Rubio y otros señores Diputados lo han dicho: aquí se han llevado a cabo investigaciones que han terminado de una manera interesante. Debo decir que mi Partido ha estado en la avanzada de este tema, seguramente con otros; habrá quien esté igual que nosotros, pero más adelante, ninguno. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley anticorrupción; junto con el señor Vicepresidente de la República presentamos el proyecto de Defensoría del Pueblo; propusimos un proyecto de financiamiento de partidos políticos; los tribunales de disciplina y ética partidaria, que hoy pululan en el Uruguay, el Partido Colorado hace mucho tiempo que los tiene y, precisamente, acaba de renovar una estructura interna en relación a una comisión de ética. En resumen, no se trata de temas nuevos para nosotros, sino que los venimos procesando desde hace mucho tiempo y sentimos que es bueno hacerlo.

En lo personal -con la humildad de lo que las neuronas de uno puedan dar- he bregado por este tema y voy a seguir luchando por la transparencia y el combate de corrupción. Lo que creo es que hay que ser inteligente en la vida y si no se puede, hay que hacer esfuerzos por consultar a gente que lo sea. Vuelvo a insistir en la declaración de Asamblea Uruguay a que hoy hacíamos referencia. Muchas veces, tratando de luchar para combatir la corrupción, si se procede mal se termina favoreciéndola.

El señor Diputado Rubio hizo una reflexión que para mí es medular aclarar. Voy a poner un ejemplo cortito y al pie porque lejos de mí está ingresar en dialécticas laterales. Si tuviera un hijo y él fuera quien suministrara los servicios informáticos del Palacio Legislativo, ¿le parecería bien, señor Presidente?

SEÑOR OLIVAR CABRERA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR OLIVAR CABRERA. - Señor Presidente: fui aludido como Legislador, porque en este momento es una desgracia escuchar que un señor Diputado nos censura por lo que hemos o dejamos de hacer. Es lamentable y doloroso, y solamente la desesperación de no tener convicciones democráticas puede hacer que un Legislador haga lo mismo que Bordaberry antes de dar el golpe de Estado. En febrero se reunió en Boiso Lanza con las Fuerzas Armadas, programó el golpe de Estado y ¿qué hizo? Decidió que durante los tres o seis meses siguientes iba a mandar a la prensa todos los proyectos que había en la Cámara de Diputados e informar de todas las omisiones que teníamos al no aprobarlos. Cada ocho días salían en las páginas de los diarios veinte, treinta o cincuenta proyectos que estaban en el Parlamento, como forma de preparar el golpe de Estado.

Debo decir que me siento aludido como Legislador y espero que no vuelva a pasar que un integrante del Cuerpo nos diga que esto es un desprestigio y una inhabilitación para cumplir las funciones como representantes en el Parlamento. Esto sólo puede provenir de quienes tienen una concepción que yo también viví y que está engendrada -como aquello de la corrupción- en lo que venía del exterior para alimentar aquí la gran propaganda de la izquierda, de los fascistas y de los anarquistas, que junto con el comunismo quisieron destrozar el país. A aquellos diarios, como es el caso de «El Popular» y otros, les venía la plata de afuera, y la gran manifestación de la juventud se debía a que todo estaba pago. Se terminó la asistencia de Moscú y se terminó todo.

Entonces, ¡cómo no me voy a rebelar! Es una desgracia que un Legislador ponga en tela de juicio la conducta de cada uno de nosotros. Lo que debe hacer es renunciar; se cree que este Parlamento no funciona debidamente, ¡renuncie amigo! No venga a exigir acá lo que también planteaba el Ejército. Al decir «vamos a hacer una elección anticipada», ¿no se pone en tela de juicio la estabilidad institucional de la República?

Por intentar juzgar la conducta de un Legislador parece que estamos poniendo en tela de juicio la estabilidad institucional. Ya en las encuestas se dice que tienen más votos de aceptación, dentro del pueblo, los policías y militares que nosotros.

Debemos reflexionar, terminar con todo este circo y emplear la serenidad intelectual, ya que cada uno de nosotros somos capaces de hacerlo y lo somos porque acá se trabaja en serio cuando hay dedicación para legislar. Si no hacemos esa reafirmación nosotros mismos estamos teniendo el caballo de Troya aquí dentro, y a los que están dentro de él los invito por decencia, por honestidad, a que se vayan.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - La Mesa revisará la versión taquigráfica y hará borrar lo que no se haya ajustado al derecho de respuesta por la alusión del señor Diputado Olivar Cabrera.

(Interrupciones)

Tiene la palabra el señor Diputado Corbo.

SEÑOR CORBO. - Señor Presidente: la defensa de la conducta honesta en el manejo de los intereses colectivos forma parte del más preciado patrimonio del Partido Nacional.

Nuestra colectividad, que dentro de pocos días va a cumplir ciento sesenta años de existencia, se precia, desde siempre, de moral y honestidad. Tenemos una inmensa sensibilidad por el problema del manejo de la cosa pública. Ello está inscripto en uno de los principios fundamentales que rigen la orientación de nuestro partido y, tal vez como nadie, ese vecino alzado como fue Aparicio Saravia interpretó con aquella frase: «Dignidad arriba y regocijo abajo» cuales son las dos formas de la ética: la primera, la ética en el manejo de la cosa pública; la segunda, la ética del objetivo y la finalidad que tiene, en definitiva, el asumir la cosa pública.

Muchas veces, en la historia parlamentaria del país, los hombres del Partido Nacional realizaron denuncias de actos de corrupción y también muchas veces se debatieron a lo largo de la historia y en distintos períodos, situaciones de este tipo. De modo que el tema no es nuevo en el país ni en el ámbito parlamentario; lo que es nuevo la inusitada gravedad con que se han llevado adelante y se han orientado las denuncias en este caso.

SEÑOR CHIFFLET. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CORBO. - Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET. - Señor Presidente: se plantea que sería novedoso el estilo que se atribuye a los Legisladores que se pretende enjuiciar. Yo exhorto al señor Diputado Corbo a que lea las gravísimas denuncias que se planteaban sucesivamente, que dieron lugar al término «implicancia», y vea la posición de los distintos partidos y lo que se sostenía en aquella oportunidad. Sin ninguna duda, hubo hombres acusados falsamente que en aquel tiempo lloraban ante la radio cuando eran imputados en esas condiciones. Era una campaña absolutamente escandalosa y es cierto que en algunas oportunidades había irregularidades y consiguieron probarlas.

Hoy he traído a colación aquí un hecho más reciente, y tengo las versiones taquigráficas respectivas; una de ellas data del 9 de mayo de 1990. Le pido al señor Diputado que la lea. Yo voy a obviar la lectura para no tomar más de su tiempo. En aquella instancia se dijeron cosas gravísimas, se presentaron documentos que se demostró que eran falsos y reitero que la Comisión, con gran altura, dijo que el Legislador había actuado con la mejor buena voluntad y no presumió intenciones.

Además, se demostró que algunas de las acusaciones que se efectuaron reiteradamente eran de una falsedad abrumadora; e inclusive, se habían hecho por la televisión creando problemas muy serios a alguna gente a la que después debió señalarse aquí como inocente. Por cierto, no eran de nuestro Partido ni siquiera de nuestra simpatía política.

De modo que cuando, idealizando, decimos que nunca se plantearon cosas que pudieran haber caído en el enjuiciamiento de otros sectores políticos, pasamos por alto el hecho de que esos otros no presumieron malas intenciones en quienes presentaron documentos falsos, sino que reconocieron que cuando un Legislador plantea denuncias debe ser amparado. De lo contrario, se promueve el silencio no sólo de los Legisladores sino de los ciudadanos, que si ven que aquéllos son procesados, enjuiciados, atacados en su moral, en su decencia y en su hombría de bien, naturalmente también van a guardar silencio, pensando que si se presentan denunciando alguna cosa acerca de la que pueden tener pruebas o sospechas fundadas van a ser condenados.

Agrego, además, que a un señor Maciel, a quien no conozco, que ha planteado denuncias que a mi juicio dan lugar a la investigación -ni siquiera digo que sean absolutamente exactas, pero tengo la íntima convicción de que lo hace con la mejor buena voluntad- se le ha dicho de todo, y ese señor también tiene familia e hijos.

De modo que no debemos plantearnos, idealizando la historia, que hay fuerzas políticas que hacen denuncias de la manera más correcta, ya que en algunos casos muy claros que podemos probar se ha incurrido en incorrecciones. Pero en esas situaciones las mayorías han actuado bien, sin avasallar el derecho del Legislador como se hizo en otra oportunidad, cuando se acusó ante el Senado al señor Germán Araújo por cosas que había dicho, aunque por algunas se disculpó y otras desmintió de inmediato, reconociendo su error. No obstante, en el Senado se votó la censura antes de que pudiese hablar. Esos atropellos nos hacen temer por el prestigio de las instituciones.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Puede continuar el señor Diputado Corbo.

SEÑOR CORBO. - Señor Presidente: vamos a ilustrarnos de los antecedentes que nos señala el señor Diputado Chifflet, aunque debo decir que como no había completado mi razonamiento, tal vez se adelantó.

Estas denuncias comienzan siempre con un carácter genérico. En este caso, la denuncia no se realiza en el ámbito correspondiente, ni siquiera cuando se promueve la creación de una Comisión Investigadora para indagar los hechos a nivel parlamentario. Tanto es así que durante muchos meses se ventilan en la prensa, haciéndose denuncias con carácter genérico, que no sólo arrojan sombras sobre decenas de personas sino sobre toda una colectividad. Después ese concepto se sintetiza en un reportaje muy sonado al señalarse, sin probarlo, que existió una organización para delinquir en la anterior Administración de gobierno.

Lo que nos preocupa en un doble sentido es el carácter genérico con que se realizaban las denuncias, la admisión de que se tenía elementos documentales que, evidentemente, no existían. Se dijo que esos documentos eran suficientes para demostrar las conductas delictivas, pero cuando se requieren no se presentan.

El carácter genérico que señalé significa un daño que no solamente recae sobre tal o cual persona, sobre la que puede haber una presunción o elementos que indiquen que incurrió en un delito, y cuando se preguntan quiénes son, muy ligeramente se empieza a dar nombres.

El doctor Gabito Zóboli, por ejemplo, requiere que se diga qué personas están involucradas, y se le contesta que él es el primero de la lista. Sin embargo, después no aparece ningún elemento que indique conductas reñidas con la moral o la existencia de cohecho o de algún elemento que sustente esa denuncia. Además de los nombres, se denuncian situaciones. Se dice que hay pruebas de cuentas bancarias, pero que serán entregadas cuando les parezca.

Entonces, no se puede señalar que este acontecimiento sobreviene de improviso. El 29 de abril, el Partido Nacional intimó públicamente al señor Diputado Nicolini a presentar las pruebas de sus dichos, pero él insistió en su actitud de negarse a poner sobre la mesa los elementos que tenía en su poder.

Por otra parte, en ese momento ya estaba funcionando la Comisión Investigadora y allí también se le reclamaban esos elementos para poder adelantar en la investigación. Todos los sectores políticos votamos la formación de esa Comisión Investigadora para entender en el asunto de FOCOEX, pero quien denunciaba públicamente, quien se exhibía en la televisión, en la radio y en los diarios, diciendo tener los documentos, era el señor Diputado Nicolini.

Lo que se le requería, para avanzar en la tarea, era que expusiera esos elementos que decía tener, a los efectos de poder hacer citaciones, indagar la veracidad de los documentos y profundizar, en definitiva, en la investigación sobre los hechos. Pero el señor Diputado Nicolini se negó terminantemente a ello. Así lo expresó, en un reportaje que voy a leer, en «El Observador», cuando se le pregunta: «¿Pero tiene las pruebas suficientes como para laudar este caso?». «En mi opinión, sí», contesta el señor Diputado Nicolini, y prosigue: «Hay muchos elementos documentales que sustentan esta denuncias». Más adelante, expresa: «De los documentos y de los demás elementos de que se dispone uno puede llegar a la conclusión de que en la Administración anterior había una organización, conformada por funcionarios ubicados en lugares clave del aparato estatal, que trabajaba para beneficio propio».

Quiere decir que, a pesar de afirmar categóricamente estas cosas tan graves, cuando se le requieren estas pruebas en el ámbito natural creado por el Cuerpo para realizar la investigación, el señor Diputado Nicolini se niega una y otra vez a aportarlas.

En definitiva, esto es lo que va lesionando a las personas y a las colectividades políticas; esto es lo que va distorsionando el clima de relacionamiento político en torno a este hecho. Digo esto porque la paciencia tiene un límite y a quien se le acusa es fundamental decirle de qué se le acusa y qué elementos se ponen sobre la mesa para sustentar esa denuncia. De esa forma, la persona involucrada puede tener derecho a defenderse y, en definitiva, a resarcirse, si logra probar que esos elementos que se exhibe contra ella no son verdaderos.

Pero todo esto funcionaba en un ámbito de duplicidad, de semioscuridad. Se decía que se tenían pruebas que no se presentaban, que se tenían cuentas que no se ponían sobre la mesa, que se tenían nombres que no se decían. Y cuando se mencionaban, no se decía concretamente de qué se acusaba a estas personas y qué elementos probatorios de la acusación se tenían.

Eso, en definitiva, fue deteriorando la relación entre las fuerzas políticas. De allí que el Partido Nacional demandó al señor Diputado Nicolini, a través de una denuncia a la Justicia, la presentación de las pruebas correspondientes. No lo hizo para trabar, como piensa el señor Diputado Nicolini y lo dice en este reportaje: «Me quieren intimidar. Quieren que yo no siga adelante la investigación». ¡No , señor Presidente! Lo que se pretendió fue darle la oportunidad de que presentara las pruebas y de que dijera ante la Justicia qué sabía y qué tenía en realidad. Pero el señor Diputado Nicolini se escudó en el silencio, a pesar de que existía una cláusula en la denuncia del Partido Nacional por la que levantaba cualquier tipo de acción frente a la denuncia de difamación y agravios, si se presentaban pruebas que sustentaran los dichos del señor Diputado Nicolini. Pero no lo hizo porque no las tenía.

Cuando presenta elementos, son absolutamente falsos. Me asombro de que algunos señores Diputados hayan sostenido aquí lo contrario. Basta conjugar las firmas de los tres documentos para darse cuenta de que las tres son absolutamente idénticas. Propongo a cualquier señor Diputado que firme cincuenta veces en distintos papeles y que después busque dos firmas coincidentes. ¡Es imposible! ¡Es imposible que una firma coincida absolutamente!

Además, se prueba con absoluta claridad que se recogió parte de una letra que estaba en el documento que se reconoce como efectivamente existente, como real. Esa parte de letra también está en las otras firmas, de manera que fue recogida de la primera.

Pero si alguna duda cupiera sobre esto, bastaría apelar al informe de ANTEL, que señala claramente que, desde ese teléfono y a esa hora, ese día no salió ningún fax para España. Entonces, es imposible que ese fax existiera, porque nunca fue comunicado; nunca existió una llamada telefónica que pudiera dar lugar al fax. No entiendo cómo la Bancada del Frente Amplio -o algunos de sus integrantes- puede sostener en este momento que es dudoso que sean falsos. Creo que existe convicción absoluta en el sistema político, en la ciudadanía y en la opinión publica de que, efectivamente, esos documentos son falsos.

Pero el problema no estuvo solamente en la presentación de documentos falsos. Lo más importante es, nuevamente, cómo se procede a darlos. Una cosa habría sido si los señores Nicolini y Pita hubiesen dicho: «Tenemos en nuestro poder estos documentos que nos han llegado, que tienen relación con FOCOEX y que dan elementos para seguir indagando, y los aportamos a la Comisión», pero no fue eso lo que ocurrió. Se presentaron ante las cámaras de televisión y exhibieron los faxes como una prueba contundente que podía liquidar el asunto y definirlo. En definitiva, fue decir: «Aquí están las pruebas que se nos pedían; aquí las tenemos». Eso hace la diferencia.

Señor Presidente: estamos ante una circunstancia sin duda difícil de la vida del país. No es ésta una circunstancia agradable para ningún sector político ni para ninguno de los Legisladores que hoy estamos aquí. No se piense que el ánimo que nos está orientando es el de sancionar a un Legislador. ¡No! Lo que fundamentalmente está en juego es un problema de ética y de responsabilidad, que nos corresponde como funcionarios públicos de jerarquía y como representantes de la nación. Aquí lo que está en juego es saber que por este camino no se llega a la finalidad de atacar la corrupción, sino, por el contrario, a afianzar y afirmar la corrupción porque se descree del sistema; se echa una sombra sobre la credibilidad del sistema.

En definitiva, cuando durante tantos y tantos meses se hacen denuncias genéricas que nunca se prueban, mencionando nombres de personas honorables, como el doctor García Costa, de muy extensa y límpida trayectoria en el país, se inflige una daño moral irresarcible a sus familias. Entonces, estamos ante la violación de un principio ético y de responsabilidad fundamental.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Tiene la palabra el señor Diputado Boerr.

SEÑOR BOERR. - Señor Presidente: no voy a hacer uso del tiempo que me corresponde.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Tiene la palabra el señor Diputado Díaz Maynard.

SEÑOR DIAZ MAYNARD. - Señor Presidente: debo reconocer que he soportado esta sesión realmente desconcertante con el único objeto de explicar mi permanencia en ella, ya que mi ausencia podría haber sido mal interpretada.

Sin ninguna duda, esta convocatoria me ha causado estupor, y mucho más la moción presentada. De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución, la Cámara tiene que acusar con el convencimiento de que existen elementos suficientes para la formación de causa. Y encontramos que se hacen dos imputaciones que se aclaran en la moción y que estuvieron mezcladas a lo largo de todo el debate. Por un lado, un problema de conducta, de cómo se ha llevado a cabo la investigación, cuál es el estilo con que se ha acusado y, de alguna manera, si se ha jugado con el honor de hombres públicos diciendo que existían pruebas que, aparentemente, no se han concretado. Hay un problema de estilo político que, sin ninguna duda, no comparto y no me ha hecho feliz, tal como he manifestado a distintos compañeros.

Soy celoso custodio del honor y creo que hay que actuar en consecuencia. La lesión al honor sin ninguna duda puede constituir un delito o varios delitos tipificados en el Código Penal; esto provocó que el Directorio del Partido Nacional hiciera una denuncia penal que ha motivado que un Juez solicitara el desafuero del involucrado.

En consecuencia, reiterar hoy el juicio político por el mismo asunto que está tratando la Justicia, es algo que realmente no alcanzo a entender. Mucho menos cuando Legisladores firmantes y defensores de este tema han sostenido que el artículo 112 de la Constitución prima y, por ende, no pueden enjuiciar a un Legislador por sus dichos, por más desdorosos que ellos sean. Para ello existe un artículo expreso de la Constitución que permite la corrección de los miembros de este Cuerpo por sus propios integrantes. Se podrá decir que no existían los votos, pero ése era el procedimiento adecuado. La sanción moral habría sido exactamente igual si se hubiera planteado por la vía recta, correcta, lográndose una mayoría -aunque no alcanzara los dos tercios- que enjuiciarse una conducta que podría haber sido ajena al estilo político que todos deseamos.

SEÑOR ARAUJO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR DIAZ MAYNARD. - El tiempo me lo impide, señor Diputado.

Se ha dicho que no es sólo por el tema de la conducta. Lo dijo en forma enfática un señor Diputado: no es por los dichos, sino por los hechos; aquí se ha falsificado un documento o se ha hecho uso de un documento falso.

Aquí me caben varias consideraciones. Este tema también está en la Justicia. Ha habido una denuncia de este señor Estellano por la falsificación de los documentos que aparecen firmados por él. Si ya existe la denuncia, si la Justicia ya está trabajando, ¿para que hacer el juicio político que puede terminar exclusivamente en una decisión del Senado que va a conducir otra vez a la Justicia? realmente no lo entiendo. Pero, además, la forma de plantear un tema tan delicado me parece absolutamente inadecuada.

Acá lamentablemente, existen dos categorías de Diputados: los que conocen los hechos -porque actuaron en la Comisión Investigadora, porque algún colega les dio los elementos necesarios, o simplemente están payando- y los que sinceramente no tenemos los elementos de juicio necesarios, más que los que han salido en la prensa. No puedo llegar a la convicción de que hay lugar a la formación de causa porque no tengo los elementos necesarios. Sinceramente, no sé; he escuchado explicaciones diversas, dudas, vacilaciones. También se dice que la prueba de ANTEL es concluyente. Algún Legislador -abogado en serio- me ha dicho que esta prueba no sirve para nada. Alcanza con que haya una diferencia entre la hora oficial y la del fax para que esta prueba no sirva para nada. Como ha señalado el señor Diputado Abelenda, hay peritos que se han equivocado groseramente, que han declarado que un muerto ha escrito una carta.

Sinceramente, para acusar y decir que hay lugar a la formación de causa, desearía contar con los elementos de convicción que hoy honestamente no tengo. Entonces, es inútil que la Justicia esté trabajando en ambos casos. Es injusto con los Diputados que no tenemos los elementos de juicio necesarios para formarnos una convicción.

Tengo la absoluta obligación moral de hacer una aclaración. El señor Diputado Abelenda mencionó que en una reunión del domingo de noche, delegados de los distintos sectores del Frente Amplio resolvieron la presentación de esos documentos. Me siento tan responsable como ellos en la presentación de dichos documentos y debo decirlo porque no estoy involucrado en la declaración del Frente Amplio. En una reunión de coordinación del Encuentro Progresista que se celebró el martes, antes de que sesionara la Comisión Investigadora de FOCOEX, se deliberó, tuve los documentos en la mano, se me informó por quién habían sido «faxeados» desde España y que había Legisladores españoles responsables de esos documentos. Yo autoricé también a que se presentaran esos documentos sin que se me ocurriera que pudieran ser falsos. No me pasó por la cabeza que lo pudieran ser. Tengo la misma responsabilidad que los demás Legisladores del Frente Amplio por el uso de ese documento falso.

Me he quedado en Sala, fundamentalmente, para expresar esto y para tratar de dar a este tema el encuadre que me parece absolutamente imprescindible. Creo que si esos documentos fueron falsos -que no lo sé- fueron utilizados sin conocimiento de ello.

En consecuencia, esta sesión y esta acusación que se va a hacer es absolutamente inútil, porque la Justicia está trabajando en ambos aspectos y sólo ella puede determinar si realmente existe culpabilidad. Si hubo un problema de inconducta política debió haberse planteado por la vía constitucional correspondiente.

Si no existieran los votos, la sanción sería exactamente igual. Todas las cosas que se dijeron acá -reconozco que en algunos casos son absolutamente legítimas- y todos los honores mancillados hubieran quedado a salvo, aunque no hubieran existido los dos tercios reglamentarios, lo que es absolutamente eventual y ninguno lo sabía.

En consecuencia, me siento absolutamente inútil aquí; de ninguna manera puedo convencerme de que existen elementos de juicio para la formación de causa. Además, creo que el procedimiento seguido es absolutamente inútil ya que ambos asuntos están radicados donde deben, es decir, en la Justicia Penal, que tendrá los elementos necesarios para determinar la falsedad, y el dolo si existió realmente o no voluntad de usar un documento falso.

Estoy convencido de que este es un operativo claramente político destinado a perjudicar a una fuerza política que en este momento está en oposición. Si nos faltaba algún elemento, nos lo dieron hoy ciertos Legisladores que, saliéndose absolutamente de tono, acusaron indiscriminadamente a toda nuestra Bancada de haber falsificado documentos y hasta pretendieron amenazarnos a través de algunos ejercicios de sus extremidades inferiores que realmente nos han sorprendido.

No estamos acostumbrados a recibir este tipo de amenazas, pero nos ponemos a disposición para cuando quieran ejercitar esa nueva modalidad de relacionamiento político, si es que pueden hacerlo.

Señor Presidente: no voy a votar, me voy a retirar de Sala porque no me gusta participar en un espectáculo que me parece absolutamente inútil. Me quedé, exclusivamente, para hacer estas afirmaciones a fin de que no se interprete mi ausencia de forma equivocada.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Tiene la palabra el señor Diputado Mahía.

SEÑOR ALVAREZ. - ¿Me permite una interrupción, señor Diputado?

SEÑOR MAHIA. - Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ALVAREZ. - Señor Presidente: muchas veces a lo largo de este debate el señor Diputado Abdala pidió la palabra para contestar una alusión. Sus intervenciones me hicieron acordar a una notita que le envié allá por el mes de marzo de este año. Que creo tiene bastante que ver con el tema en discusión. No la voy a leer toda porque es muy larga y quitaría mucho tiempo a mi compañero, pero creo que algunos elementos pueden servir para el debate.

En aquel momento el señor Diputado Abdala nos había enviado un librito acerca de la creación de una Comisión de Etica Parlamentaria y pedía que nosotros le sugiriéramos elementos para desarrollar un trabajo en esa materia. Entonces, yo le ponía en esa notita que había hecho un punteo que podía ser ampliado tomando aspectos como acusaciones infundadas -un tema que hoy ha estado en danza por parte de algún parlamentario- poniéndose como ejemplo el caso del doctor Tabaré Vázquez con respecto al cual hubo Legisladores que se dedicaron a hacer una especie de campaña en su contra.

Creo que por lo cercano que está ese hecho en el tiempo el señor Diputado lo debe recordar perfectamente. Asimismo, le mencioné el caso de las promesas incumplidas, puesto que son actitudes que dañan al Parlamento en su conjunto.

Aparte de todo ello, yo le decía que a veces hay hechos que aparecen como tráfico de influencias cuando la intención es utilizarlos mal.

Revisando la historia de lo que habían sido los ataques o elementos de mala política utilizadas contra el doctor Tabaré Vázquez en aquel momento, habíamos encontrado en el semanario «Búsqueda» del 28 de diciembre una nota referida al St. Catherine s College. En ella la doctora María Ester Cantonnet, asesora de esa institución, declara que la misma solicitará al Gobierno el reconocimiento como Universidad.

Luego la nota recuerda que la doctora Cantonnet ejerció la Dirección del Consejo de Educación Secundaria durante el primer Período de Gobierno del doctor Sanguinetti e integró ese mismo Consejo en el Período siguiente.

En el último parágrafo de esa nota se da cuenta que el St. Catherine s formó una Comisión de Honor integrada por la historiadora Marta Canessa de Sanguinetti, Humberto Capote -Vicepresidente del Banco Central en aquel momento y ahora Presidente-, economista Luis Mosca -actual Ministro de Economía y Finanzas-, Juan Pacchiotti -ex Secretario General del Banco Central-, Federico Slinger -actual Ministro de Industria, Energía y Minería- y Jorge Sienra, Director de la Comisión Sectorial del MERCOSUR.

Agregaba en tono jocoso -creo que así lo recibió el señor Diputado Abdala- que éste sería un menudo temita para la Comisión de Etica que el estimado Diputado quería crear. Resultaba que la esposa del Presidente de la República, dos Ministros y el Presidente del Banco Central integraban la Comisión de Honor de una institución que asesoraba una ex Consejera de la Administración de la Enseñanza Pública que tramitaba ante los Poderes públicos el reconocimiento como Universidad.

Añadía que -creo que es el elemento fundamental con el que nos debemos mover los Legisladores- que no estaba en mi ánimo pensar que ésta era una situación de tráfico de influencias, que sería un agravio para esas personas que mucho respetaba e, inclusive, un agravio para mi fuerza política. Además preguntaba al señor Diputado Abdala si se imaginaba que escándalo podría haberse generado si, en lugar de ser Ministro de Educación y Cultura el contador Samuel Lichtensztejn lo hubiese sido el doctor Solari, conociendo como procedió en el caso Vázquez.

No voy a continuar haciendo referencia a la nota; sólo quería recordar esto ante una afirmación del señor Diputado Abdala acerca de la compra de un equipo de informática.

Finalizaba en un tono amistoso -creo que así lo entendió el señor Diputado Abdala- aclarando que la nota no era secreta y tampoco iba a tener mucha publicidad en aquel momento, dado que yo no tenía ningún amigo dentro de la SEPREDI.

SEÑOR ABDALA. - Pido la palabra para contestar una alusión política.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - El señor Diputado Mahía estaba en uso de la palabra. Por lo tanto, puede continuar.

SEÑOR MAHIA. - La verdad es que si bien el debate parece largo, a medida que pasa el tiempo uno se va enterando de cosas nuevas. Hace un rato el señor Diputado Chifflet nos informaba que el señor Diputado Piana Effinger, que tanto había hablado aquí, había presentado un documento probadamente falso por una Comisión Investigadora, y ahora recibíamos esta noticia que no teníamos.

(Interrupciones)

(Campana de orden)

-Solicito que se me ampare en el uso de la palabra.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - La Mesa exhorta a los señores Diputados a guardar el orden.

SEÑOR MAHIA. - Parece que se pusieron nerviosos.

(Interrupciones)

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - La Mesa ruega guardar la calma.

Puede continuar el señor Diputado Mahía.

SEÑOR MAHIA. - Parece que la madrugada pone nerviosos a los señores Diputados; se ve que hay determinado tipo de información que molesta y otra que no.

Esto no es ecuánime y prueba lo que íbamos a exponer originalmente -porque no sabíamos qué iba a plantear nuestro compañero Guillermo Alvarez- en cuanto a que aquí se actúa con dualidad de criterios.

Repito: antes, un señor Diputado presentó documentos probadamente falsos en una Comisión Investigadora y no pasó nada; ahora, se presentan dos faxes supuestamente falsos y hay linchamiento.

Lo que sucede es que aquí no se quiere ir al fondo del asunto que es atacar la corrupción, y que quede claro que el tema pasa por varios puntos.

Hemos tenido antecedentes de esto, y vamos a seguir investigando como lo hicimos con el Banco Pan de Azúcar y el Banco de Seguros. Si la opinión pública tiene la sensación de que la pasada Administración está bajo sospecha, no tenemos la culpa, porque es la Justicia que ha determinado el pasaje del ex Presidente de la República hasta cuatro veces por la calle Misiones.

Además, existen otros elementos. Se expresa que los faxes son falsos, pero ¿por qué no se dice que cuando el señor ex Presidente Luis Alberto Lacalle manifestó que casi no conocía al señor Sandro Calloni se publicó una foto en un semanario demostrando que lo conocía más de lo que decía, pues estaban juntos en su casa de Punta del Este?

(Interrupciones)

-Pero no vamos a cometer el mismo error; no vamos a hacer calificaciones, pues es la Justicia la que debe realizarlas. Se trata de hechos objetivos.

Por otra parte, vemos mucha celeridad para tratar este tipo de cosas, pero no se procede de la misma forma para aprobar la Ley Cristal. ¡Ojalá que esta ley se aplique y que, como dijo el doctor Juan Andrés Ramírez, sea retroactiva!

Normalmente, uno no quisiera intervenir en estos temas, pero lo vamos a hacer sobre uno que estamos estudiando con mucha dedicación -inclusive, tengo saturados a mis compañeros de Bancada con este asunto- que refiere al marco regulatorio energético. En ese sentido, quiero recordar que un señor Senador expresó que conocía el tema de UTE. Todos queremos saber lo de UTE, entonces, que se diga. Considero que hay que tener memoria y pensar en el futuro, porque no somos sólo nosotros los que llevamos adelante investigaciones, sino que determinada gentes manifestó que tenía nombres de aquellos que habían recibido comisiones, pero no los proporcionó; el señor Diputado Testoni tampoco los dio.

(Interrupciones. Campana de orden.)

SEÑOR PRESIDENTE (Lago).- Se solicita al señor Diputado que cuando haga uso de la palabra se dirija a la Mesa y no hacia los costados, a fin de evitar alusiones.

Puede continuar el señor Diputado.

SEÑOR MAHIA. - Señor Presidente: sabemos que la Justicia tiene a estudio en el departamento de Canelones -insisto con esto en la Cámara, aunque parezca monotemático- una denuncia elevada por la actual administración colorada, lo que me parece muy bien porque se está haciendo lo que se debe. Esa denuncia refiere a faltante de expedientes, de bienes muebles y de combustible, a cementerios parquizados, a mercados de hacienda, a centros cívicos y al cementerio de Atlántida.

Yo digo que estas denuncias no las llevamos adelante nosotros, sino el Partido Colorado, a través de la Administración Hackenbruch. Y esto data de julio de este año. Quiero saber -y voy a estar controlando como toda la ciudadanía- si en el Partido Colorado las mismas manos se levantarán en el Senado para investigar a algún Senador si se llegara a pedir el desafuero por alguna de estas causas.

Muchas gracias.

SEÑOR ABDALA. - Pido la palabra para contestar una alusión política y personal.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA. - Señor Presidente: pedí la palabra para responder una alusión política y personal y directa, como me agrega el señor Diputado Fau.

El Partido Colorado no le va a permitir absolutamente a nadie, a ningún miembro de este Cuerpo, que se someta al escarnio el nombre del Presidente de la República o el de su señora esposa. Si algo se tiene que decir aquí sobre estas dos personas, que se pruebe; y si alguien tiene que acusar algo, que lo diga con la voz fuerte y firme y que pida lo que haya que pedir pero con elementos probatorios, no que se empiece a enchastrar al partido cuando se está siendo atacado en forma legal, jurídica y racionalmente.

Si alguien actuó en forma equivocada. Ha sido el señor Diputado Nicolini, y ahora lo que se quiere es invertir el juego. No lo vamos a permitir. Esa carta poética a que refiere el señor Diputado Alvarez, pienso que es humorística; la he tomado como una carta humorística.

Y si al señor Diputado Alvarez no le gusta la actitud que tuvo el señor Tabaré Vázquez, a mí me gusta mucho menos; me gusta mucho menos. Pero si él está trayendo el tema a este ámbito, lo vamos a hablar todas las veces que quiera. El está trayendo el tema, porque yo no mencioné absolutamente nada sobre el doctor Tabaré Vázquez. Y creo que hizo muy mal en pensar en su hijo; en favorecerlo en el servicio informático de NUCLEMED. ¿Quién nos va a convencer a nosotros de que él no quiso favorecerlo? ¿Alguien puede argumentar lo contrario? ¿Alguien puede decir que eso no es un conflicto de intereses? ¿Se puede decir que eso no tergiversa en alguna medida lo que es la ética? ¡Violación de la ética! ¡Lo sostengo aquí, en la esquina y donde sea! Y si no le gusta al Frente Amplio me lo va a tener que escuchar, porque se lo voy a decir cuantas veces entienda que sea pertinente. Por más que no aparezca en escena una norma el señor Diputado Pita, en un programa radial tuvo que reconocer prácticamente que el comportamiento del doctor Tabaré Vázquez en esa materia constituía una clara violación, un conflicto de intereses.

(Interrupciones)

-¡Eso es cierto! ¡Oiga la audición radial del señor Neber Araújo! ¡Y he terminado, señor Presidente!

(Interrupciones. Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Señores Diputados; si no se calman, la Mesa se va a ver obligada a suspender la sesión por unos minutos.

SEÑOR ALVAREZ. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ALVAREZ. - Señor Presidente: en lo que refiere a gritos, en este ámbito yo no voy a ganar. Tengo la voz muy baja y dificultades para ponerme a gritar; me sentiría ridículo si me paro sobre el escritorio.

Simplemente, quiero hacer dos precisiones. Esta ira de algún señor Diputado del Partido Colorado, me parece bien porque, en definitiva, implica una sensibilidad frente a determinados hechos. Yo le ponía en la nota que entendía que ahí no había ningún tipo de tráfico de influencias, y lo leí en este Recinto. Lo que yo quise dar a entender al señor Diputado Abdala en ese momento es que cuando él salió muy alegremente a enchastrar al señor Tabaré Vázquez...

(Interrupciones del señor Representante Abdala)

... no tuvo la misma consideración que tuvimos nosotros.

La otra precisión tiene que ver con los documentos. Esto no lo inventé ni lo escribí yo, está tomado del semanario «Búsqueda». No recuerdo exactamente la fecha, pero creo que era del 28 de diciembre.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR RUBIO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RUBIO. - Señor Presidente: por las razones que manifesté al final de mi exposición, no voy a echar leña al fuego. Fraternalmente, quiero decir al señor Diputado Abdala que, como dije al principio, los estilos son los estilos. A veces uno no está de acuerdo con los estilos, aunque sean de compañeros de organización política o de otros. Insisto: los estilos son los estilos y a veces uno no sabe las heridas que provocan.

En el caso del señor Diputado Abdala, él ignora las heridas que provocó en aquel momento por el modo y la manera que utilizó en lo que dijo acerca del doctor Tabaré Vázquez durante la campaña que realizó. Es un dato de la realidad, que sigue estando presente.

Pediría al señor Diputado Abdala, como compañero a quien respeto, que se tranquilice, porque acá la sangre no va a llegar al río, por lo menos de nuestra parte.

SEÑOR PRESIDENTE (Lago). - Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: acabo de solicitar las distintas mociones presentadas en la Mesa, más allá de que fueron leídas oportunamente, y en la que presenta la coalición de Gobierno, en su numeral 1º -tal como lo expresara el señor Diputado Díaz Maynard- no se justifica de ninguna manera la aplicación del artículo 93 de la Constitución de la República, ya que según nuestra opinión no hay causa para juzgar al señor Representante Nacional Leonardo Nicolini.

Leyendo detenidamente la moción, está claro que existe una decisión y una estrategia política de la coalición de Gobierno, que analizaremos más adelante.

Tal como se expresó por distintos Diputados del Frente Amplio la totalidad de los peritajes que tenemos en nuestro poder de ninguna manera ratifican que los documentos que se están analizando en esta reunión sean falsos.

Hablando de fotocopias, debemos recordar un documento que un señor Diputado, a través de una fotocopia, presentó oportunamente -más allá de lo que dijera el señor Diputado Chifflet y que reconoció el señor Diputado Piana Effinger- en la Comisión Investigadora sobre Mina Valencia.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Fernández Chaves)

-Un Diputado, que también actuó con coraje y de acuerdo con su conciencia, fue el señor Diputado Machiñena, que luego de constituirse la Comisión Investigadora sobre el Banco de Pan de Azúcar, presentó en su seno la fotocopia de un documento sumamente importante, que tuvo una gran trascendencia en aquel momento, aunque a nivel de dicha Comisión no fue posible obtener el original. Está claro que la vida demostró que ese documento era efectivamente certero y que la negociación que se hizo a través del Banco Pan de Azúcar fue absolutamente negativa.

Pero a pesar de que era una fotocopia, esta Cámara de Diputados, por mayoría -creó que sólo el Herrerismo se opuso en aquel momento- envío los antecedentes a la Justicia Penal.

(Interrupción del señor Representante Diputado Trobo. Campana de orden).

-El Poder Judicial actuó en consecuencia y está realizando una investigación sumamente interesante, en la que han pasado decenas y decenas de ciudadanos, entre ellos el ex Presidente del Banco Central, contador Enrique Braga, autoridades del Banco de la República Oriental del Uruguay, Ministros de Economía y Finanzas, el ex Presidente de la República y su señora esposa, y asesores del ex Presidente de la República, que ya fueron procesados, como el señor Cambón.

Con ello se está demostrando que cuando hay documentos como el que presentó el señor Diputado Machiñena, hay que tenerlos en cuenta y deben ser presentados. Oportunamente, la Justicia analizará la veracidad del documento.

Esto es lo que ha hecho el Frente Amplio. Cuando hace muy pocas semanas se nos proporcionaron dieciocho documentos y consideramos que eran de entidad, se dispuso su presentación a la Comisión Investigadora para que ésta oportunamente los trasladara a la Justicia, a fin de que investigue también sobre la base de esos elementos.

No tenemos la plena seguridad de que el 5 de agosto, cuando la Cámara de Representantes sesione para considerar el tema de FOCOEX, traslade estos documentos al Poder Judicial. De lo contrario, nosotros como fuerza política nos encargaremos de cumplir con ese requisito.

Pero también hubo otros ciudadanos -como se dijo en Sala- que a través de los medios de comunicación hicieron acusaciones absolutamente claras, a las que hacía mención el señor Diputado Alvarez hace un rato, con referencia al ex Presidente del Banco de Seguros del Estado, el señor Grenno el de «la cola y el perro», tema que también debe tener sus puntas, e inclusive a algunas declaraciones del señor Cambón, y se ha mencionado que un candidato del Partido Nacional a la Presidencia de la República, el doctor Juan Andrés Ramírez, manifestó públicamente que en el gobierno anterior hubo ciudadanos que se enriquecieron. Esto no originó ningún planteo en el seno del propio Partido Nacional, más allá de que este Partido tiene autoridad suficiente como para resolver en consecuencia. Y todos estos echos objetivos que aparecen.

Asimismo, se ha dicho en Sala que el actual Ministro de Salud Pública, el doctor Alfredo Solari, en la campaña electoral de 1994 realizó denuncias y además aportó documentación sumamente importante en la Comisión Investigadora sobre FOCOEX, que ha culminado su tarea debido al vencimiento de los plazos otorgados por esta Cámara.

Todos estos son elementos absolutamente objetivos.

También nos extraña que algunos Representantes de algún partido político desconozcan, en alguna medida, a un Poder del Estado, como el Poder Judicial, cuando por ejemplo se dice que un Juez exorbita las medidas que adopta porque solicita determinada documentación relacionada con FOCOEX. Reitero que todos estos hechos que estoy expresando son objetivos.

Consideramos que el tema que se está planteando en la noche de hoy está absolutamente politizado, que hay un acuerdo político de los integrantes de la coalición de Gobierno y que, evidentemente, esta moción referida al artículo 93 de la Constitución de la República se va a votar por mayoría.

Como la problemática que se está considerando está íntimamente ligada con la de FOCOEX, en este momento me gustaría escuchar por parte del Partido Colorado y de todos los sectores del Partido Nacional un compromiso formal ante la ciudadanía en el sentido de que este Parlamento va a cursar a la Justicia Penal todos los antecedentes analizados en la Comisión. Esa sería una actitud que nosotros valoraríamos y estoy absolutamente seguro de que los ciudadanos también la van a tener en cuenta.

Pero acá no se ha dicho con claridad por parte de ningún partido político -a pesar de que el Partido Colorado los últimos acontecimientos los ha mirado por la ventana- que se va a presentar a la Justicia Penal toda la documentación para que se investigue a fondo y, si hay responsables, que cumplan con las penas que imponga el señor Juez.

Pero me preguntó: ¿cómo quedaría ante la ciudadanía el Partido Colorado, que va a votar esta moción presentada por la coalición de Gobierno, si dentro de muy poco tiempo es sancionado el señor Diputado Nicolini en el Senado y si la Justicia Penal -porque, sin duda, va a llegar a sus manos el tema de FOCOEX; eso lo garantizamos a la Cámara de Representantes, aunque el único que actúe en ese sentido sea el Frente Amplio y, según presumo, el Nuevo Espacio- dictamina en muy pocas semanas que debe procesarse a funcionarios públicos por cometer determinados delitos a raíz de la problemática de FOCOEX? ¿Cómo justificaría dicho partido político ante la opinión pública que levantó la mano para acusar a uno de los acusadores?

Digo esto porque, como se sabe, no fue solamente el señor Diputado Nicolini quien actuó en la Comisión Investigadora, sino que también lo hicieron delegados de otros partidos políticos y personalidades que la visitaron, aportando pruebas contundentes en cuanto a que hubo manejos extraños con referencia a la temática planteada en torno a FOCOEX. Este es un gran signo de interrogación que nosotros tenemos y veremos qué es lo que acontece en los próximos días.

En el ámbito parlamentario, en los corrillos, en las conversaciones con los señores Diputados, desde hace varias semanas pero sobre todo en los últimos días, se ha manejado la posibilidad de aplicar al señor Diputado Nicolini lo establecido en el artículo 115 de la Constitución de la República. Pero ¿qué sucede? No se cuenta con los votos suficientes porque, tal como se dijo, se precisan dos tercios de votos del total de componentes de la Cámara de Representantes.

Entonces, a través de una actitud muy extraña, se resuelve justificar la aplicación del artículo 93 de la Constitución de la República. De esta manera, se demuestra el compromiso existente en la coalición blanquicolorada para buscar salidas a la problemática interna que vive y a la presión que determinado sector político del Partido Nacional está ejerciendo en su seno. Esa es, en definitiva, la verdad que queremos expresar.

Lamento que dentro de muy pocos minutos se tome una resolución en cuanto a la moción presentada por la coalición de Gobierno. Asimismo, lamento que los compromisos políticos, las presiones políticas, hagan violar la propia Constitución de la República. Lamento, en definitiva, que no se mantengan erguidas las posiciones que ante la opinión pública se han sustentado.

En resumidas cuentas, este compromiso político es la causa de esta convocatoria que se realizó hace muy pocas horas a esta Cámara de Representantes y también de la resolución que los partidos políticos tradicionales -o sea la coalición de Gobierno- adoptarán.

Se trata de un triste ejemplo, no solamente para este Poder Legislativo, para la Cámara de Representantes sino para los ciudadanos, porque resulta que los acusadores, o uno de ellos, se convierten en acusados

Entonces, nuevamente a través de esta Cámara de Representantes, contándose con una mayoría eventual, se va a aplicar aquel concepto del «no te metás», del individualismo. Según mi opinión, es una señal absolutamente negativa para el prestigio del Parlamento.

Evidentemente el sistema político tradicional se defiende, pero éste no es el mecanismo de defensa correcto. Por el contrario, éste es un procedimiento que va a asegurar cada vez más el desplazamiento de sectores políticos que no acatan o que no tienen en cuenta la Constitución de la República y que no entienden que hay que terminar con el flagelo de la corrupción en nuestro país, a fin de estar en condiciones de trabajar absolutamente tranquilos y, en definitiva, para que la ciudadanía tenga confianza en el Poder Legislativo.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Chifflet.

SEÑOR CHIFFLET. - Señor Presidente: desearíamos no emplear siquiera los quince minutos de que disponemos para hacer uso de la palabra, por lo que procuraremos centrar el tema en algunos aspectos que nos parecen sustanciales, no sólo sobre la decisión a adoptar en el día de hoy, sino con respecto a potenciales resoluciones que, eventualmente, estarían en manos del Parlamento.

Quizás haya sido hoy uno de los pocos días en los que hablamos a través de un medio de comunicación sobre el tema relativo a la corrupción, y nos referimos naturalmente a la eventual decisión que se adoptaría esta noche en la Cámara.

En otras oportunidades no hemos tratado el tema de FOCOEX, el relativo a los incidentes entre Legisladores ni los referidos a algunas otras personas, y aun personalidades, involucradas en las denuncias que se venían planteando. Es más: creo que el señor Diputado Atchugarry -no lo veo en Sala- podría ser testigo de algo que le manifesté personalmente y que, cuando se me preguntó en una emisora radial cuál era mi opinión con respecto al asunto, también sostuve con absoluta claridad.

A mi juicio, el tema de la corrupción debe ser analizado por encima de los lemas, porque no es patrimonio ni lacra de un partido. Es cierto que hay fuerzas y sectores dentro de los partidos que cuidamos especialmente esos aspectos, pero debemos sostener que cuando se acusa a determinadas personas que, a juicio del denunciante, han actuado con incorrección no se está acusando -salvo que hubiese pruebas- a toda una organización política. Sin embargo, hoy se ha pretendido sostener aquí que el Frente Amplio en su conjunto es responsable de lo que, según se entiende, son dos faxes falsos.

El señor Diputado Díaz Maynard se ha referido a este tema y no voy a reiterar sus conceptos porque creo que dijo honradamente cuál fue la actitud de todos nosotros al respaldar este tipo de materiales. Hemos dicho claramente a quien nos quiso escuchar que, a nuestro juicio, el doctor García Costa -me permitió señalar a una de esas p personalidades a que hice referencia- es un hombre honrado, como lo ha probado a lo largo de su extensa trayectoria política. Así se lo expresamos al señor Diputado Atchugarry y también lo dijimos públicamente cuando nos lo preguntaron. Eso no significa que no pueda surgir la necesidad de investigar, por ejemplo cuando aparece un doctor Luksengurg -a quien no conozco- y sostiene que hubo compras que se hicieron mal, que no debieron realizarse o que se efectuaron porque la institución vendedora de alguna manera los impulsó, y aclaro que utilizo el término en una aceptación estricta y no con un sentido tenebroso, imputando la existencia de negociados ni nada por el estilo. Si alguien me dice algo así, por supuesto que tendré que estudiarlo e investigarlo. Si leo en la revista «Posdata» o en «Tres» declaraciones de un ciudadano que dice que aportó fondos a partidos políticos y que, de alguna manera, había una suerte de manejos de memorandos que se entregaban a determinadas personas para que gestionaran algo en beneficio de las empresas, creo que hay que investigarlo.

Además, no digo que esto sea cierto, sino simplemente que el artículo 124 de la Constitución establece: «Los Senadores y los Representantes tampoco podrán durante su mandato: -esto alcanza a todos los gobernantes-» (...) 2º Tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados-. La inobservancia de lo preceptuado en este artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo».

Sé perfectamente -podría asegurarlo- que todos aquí podemos poner las manos en el fuego por unos cuantos ciudadanos adversarios nuestros que militan en las distintas fuerzas políticas. Por ejemplo, aunque no conozco a fondo sus bienes ni a qué se dedica en las distintas instancias de su vida podría asegurar -lo intuyo- que el doctor Mallo -por señalara a un dirigente blanco- es un hombre honrado. Y también estoy dispuesto a reconocerlo en hombres de otros partidos.

Lo que no estamos dispuestos a aceptar es que se generalice contra nuestra fuerza política o que se pretenda hacer planteamientos éticos contra aquellos que no solamente han probado la honradez en su vida sino que, sin duda, nunca intentaron beneficiarse con algún planteamiento. En todo caso, si lo hubieran hecho habría sido responsabilidad de determinados organismos que tenían la posibilidad y la obligación de controlar determinadas ventas.

Como saben los señores Diputados, me estoy refiriendo a un caso que fue muy manejado públicamente con una campaña sistemática de agravios que intentó lesionar el prestigio del doctor Tabaré Vázquez.

Tenemos que resolver un tema fundamental. Después de esto de hoy, deberemos analizar qué medidas tomaremos entre los distintos sectores políticos para dar transparencia a la vida política a los efectos de saber qué fondos pueden ir a los partidos políticos y cuáles no, de qué manera deben recibirse y cómo todos debemos demostrar una conducta honrada. Sobre esto, tendremos que ponernos de acuerdo.

No estaría bien que nos limitáramos a recibir un mensaje del Poder Ejecutivo con algunas normas y que votásemos exclusivamente eso. Distintas fuerzas políticas -desde luego, el Frente Amplio, pero también otros partidos- han presentado iniciativas en torno a cómo aportar transparencia al sistema político. Aquí está el compromiso esencial, y en esto no valen mayorías; hay que decirlo por consenso.

Además, no podemos -subrayo mis palabras- tomar medidas para los Legisladores del futuro y no aportar transparencia para nuestra propia conducta. No estaría bien que mirásemos para el futuro en cuanto a la obligación de indicar qué bienes poseen o de cuáles carecen y no para nosotros mismos.

Digo esto porque el tema está planteado y es muy importante que comencemos a tener conciencia. Esto es para el futuro, pero subrayo que todos tenemos esa obligación, más allá de las desavenencias y de la amargura que dejan los agravios y las acusaciones que se han intercambiado y que se nos ha proferido desde algunas Bancadas.

Se nos ha preguntado, por un hombre por cierto honrado, el señor Diputado Alem García, si alguna fuerza política ha tomado una resolución tan clara como la suya. Yo pertenezco al Partido Socialista y tenemos comisiones de disciplina desde su fundación. Cuando un militante de nuestras filas es acusado, se adelanta a solicitar que el propio Partido designe una comisión que estudie su conducta, porque a estas cosas le damos mucha importancia.

En todas las tribunas electorales, en toda circunstancia durante la última campaña electoral, nos hemos dirigido a los ciudadanos signando algunas cosas muy claras. Por ejemplo, a nuestras filas no se viene a buscar puestos y los empleos del Estado no son de los Legisladores ni de los dirigentes socialistas, así como de ninguna manera podemos utilizar la función pública con fines de aprovechamiento político personal.

Voy a repetir algo que aprendimos en el Centro Socialista del Cerro cuando éramos muchachos, al ponernos en contacto con las fuerzas socialistas. Allí se expresaba un concepto que trataré de referir lo más fielmente posible. Se decía categóricamente: «Trabajador: al venir a nuestra filas tu debes saber los compromisos que contraes. Tú te obligas a militar en las organizaciones sociales, en el sindicato o en el Partido; te obligas a perfeccionarte, a ser cada vez mejor y, en cierto modo, a ser un ejemplo. Ayúdanos a probar a nuestros adversarios que en tanto luchamos por un mundo nuevo, a la vez formamos hombres mejores».

Estos son los mensajes que trasmitimos siempre. Tengo testigos en el Palacio Legislativo que vieron gente que ha venido a decirme, por ejemplo: «En el Municipio de Montevideo hay un sorteo para los servicios de limpieza y es hasta los veinticinco años. Mi hijo tiene veintiocho, ¿usted no podría intervenir? Ni para eso ni para otra circunstancia; no manejo tarjetas ni tratamos de que ingresen personas violando disposiciones que benefician por igual a todos los ciudadanos. Los señores Diputados son testigos de que cuando se han distribuido cargos en el Palacio Legislativo, el Frente Amplio ha convocado a sorteo o a concurso, cuando ello fue necesario. Esos cargos lo han obtenido ciudadanos que en muchos casos no eran de nuestras filas.

De modo que, en materia de conducta, aceptamos la de los Legisladores que sí la tienen, de fuerzas políticas que hacen esfuerzos para tenerla. Pero nosotros en esto tampoco damos la derecha a ninguna fuerza política.

Esto sí, a veces nos sentimos atacados y, a mi juicio, mal atacados. Por ejemplo, hoy se empezó hablar de los señores Diputados Pita y Nicolini, y parecía que se iba a tomar una decisión similar respecto de los dos Legisladores. Luego, no sé por qué, misteriosamente, desaparece el señor Diputado Pita. Los demás decimos que estamos en las mismas condiciones que esos dos Legisladores. Nosotros no sabíamos que esos documentos eran falsos; presumíamos que eran ciertos y, sin intervenir mayormente en el tema, dijimos que de alguna manera, había que promover una investigación. Ese es el planteamiento que desarrolló el señor Diputado Díaz Maynard más a fondo, con más sutileza y con los elementos que los señores Diputados tuvieron oportunidad de escuchar.

Honradamente, si los señores Diputados quieren procesar al señor Diputado Nicolini, que hagan lo mismo con todos nosotros. Oblíguennos a jugar el mismo destino que ese ciudadano, que puede haber tenido errores. Los señores Diputados saben a que cada uno tiene su estilo, que cada fuerza política hace su autocrítica y que, por lo visto, Asamblea Uruguay la está haciendo a su modo. Esto es una prueba de transparencia, pero que no se planteen situaciones divergentes. Ahora resulta que al Senado va el caso de un solo Legislador, y a los demás que decimos «mándennos también si ustedes creen que tenemos la misma responsabilidad», no contestan: «¡Ah, no, ustedes no van!».

Estamos dispuestos a quedar fuera del Parlamento si es honradamente, y por nuestras convicciones honradas.

Aquí se han manejado documentos, pero no voy a desarrollar el tema. Se ha dicho que los técnicos Rachetti y Curbelo sostienen que los documentos son falsos. Pero se han pasado por alto, como por sobre ascuas, otros aspectos: la Facultad de Ingeniería dice que no puede probarse que sean falsos; un ingeniero, creo que de apellido Grompone, sostiene lo mismo y hay algún otro dato por ahí. Pero como dos técnicos sostienen que sí lo son, aquí se dice: «Procesemos, enviemos ante el Senado los planteamientos del señor Diputado Nicolini para que lo echen».

Yo sostengo que en estos temas tenemos una cierta desconfianza, porque este mismo Parlamento, con otros integrantes, procesó muy ligeramente al ex Senador Germán Araújo -hasta ahora se están escribiendo libros; conozco a alguien que está desarrollando el tema- y por cierto que no quedó bien ninguno de los Legisladores que puedan hacer denuncias y, por cierto, es una grave amenaza contra los ciudadanos, que no se animarán a hacer denuncia alguna.

¿Saben cómo se le expulsó? Yo hice crónicas de esa sesión. Cuando Germán Araújo pide la palabra para asumir su defensa, ya estaba la moción en la Mesa para expulsarlo. Eso no prestigia a ningún Parlamento.

Nosotros sostenemos que ésta es una amenaza expresa. Sentimos honradamente que es una exigencia de silencio para todos los Legisladores que puedan hacer denuncias y, por cierto, es una grave amenaza contra los ciudadanos, que no se animarán a hacer denuncia alguna.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

- Esto es, a mi juicio -lo digo con toda sinceridad- una arbitrariedad; no me despierta la menor adhesión. No pensaba siquiera hablar sobre este tema, pero debo hacerlo porque creo que ante mi propia conciencia no quedaría tranquilo si no dejara estas constancias y no dijese aquí lo que voy a decir públicamente: si en el Senado se toman medidas expulsando al señor Diputado Nicolini, ello exigirá una intensa campaña de esclarecimiento, que vamos a hacer.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Diputado Reboledo.

SEÑOR REBOLEDO. - Señor Presidente: en primer término, debo decir que teníamos la convicción de que esto era, una vez más, una cortina de humo para tapar lo que en otra oportunidad el dirigente del Partido Nacional, doctor Juan Andrés Ramírez, calificaba la punta del iceberg. El manifestó que la principal preocupación de la gente son los episodios de corrupción que han conmovido a la opinión pública y valorá que lo que se conoce es la parte de arriba del iceberg y no lo que está sumergido.

Hice referencia a una cortina de humo porque dese que empezó a trabajar la Comisión Investigadora sobre FOCOEX, los Diputados del Partido Nacional -no sólo del Herrerismo, porque también estaba allí representado Manos a la Obra a través del señor Diputado Piana Effinger- una y otra vez entorpecieron la labor de la Comisión...

(Interrupciones del señor Representante Trobo. Respuesta del orador. Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE. - La mesa exhorta a no hacer alusiones y a evitar el diálogo entre los señores Representantes.

Puede continuar el señor Diputado Reboledo.

SEÑOR REBOLEDO. - Señor Presidente: en segundo lugar, quiero expresar que, además de la cortina de humo, de lo que se trata con esto, a mi juicio, es de cortar las posibilidades de futuras denuncias. Por eso nos ponemos en la piel de cualquier ciudadano común cuando ve la suerte que corren los señores Diputados Nicolini y Pita -con todas las garantías que tienen gracias a los cargos que desempeñan- al denunciar actos e corrupción, como también en la del denunciante, señor Teófilo Maciel, al recibir todas las calificaciones que ha sufrido.

En tercer término, sin pretender reiterar conceptos que han vertido compañeros de Bancada, debo señalar que tengo la plena convicción de que éste es el adelanto de la campaña de 1999, que comenzó en el día de ayer con la injusta derogación de la Tasa de Saneamiento y al que hoy se agrega un escalón más en esta escalera con la expectativa de terminar en ese año.

SEÑOR GAMOU. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR REBOLEDO. - Si, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa advierte que durante esta larga sesión ha sido tolerante con todos los señores Diputados. Consecuentemente, el mismo comportamiento tendrá con el señor Diputado Reboledo le ha concedido una interrupción al señor Diputado Gamou. Posteriormente, harán uso de la palabra los señores Diputados Corbo y Trobo, quienes la han solicitado para contestar alusiones.

Puede interrumpir el señor Diputado Gamou.

SEÑOR GAMOU. - Señor Presidente: lo dicho por el señor Diputado Reboledo, acerca de que durante el transcurso de la actuación de la Comisión Investigadora sobre los temas de FOCOEX se habían hecho permanentes cortinas de humo, parece haber provocado algunas sonrisas sarcásticas por parte de la Bancada Herrerista.

Como adelanto de lo que seguramente vamos a conversar el lunes 5 de agosto, voy a mencionar algunas anécdotas. Mientras nosotros investigábamos haciendo determinadas apreciaciones sobre una planta procesadora de frutas que está tirada en el departamento de San José, los Diputados del Partido Nacional se dedicaron a criticar al Frente Amplio y a mí, diciendo que nosotros no estábamos a favor del empleo y que estábamos en contra de la producción. Después, en otra etapa, se nos dijo que poníamos en riesgo las relaciones internacionales del Uruguay y la institucionalidad con las Fuerzas Armadas.

Por tanto, si ésas no son cortinas de humo, ¿qué son? Mientras algunos fuimos a investigar, otros fueron a hacer exactamente lo contrario, es decir, a impedir que se investigara. Todo esto lo veremos el próximo lunes 5 de agosto cuando se traten los informes de la Comisión Investigadora.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Diputado Reboledo.

SEÑOR REBOLEDO. - He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Diputado Corbo para contestar una alusión.

SEÑOR CORBO. - Señor Presidente: tal vez por lo avanzado de la hora el señor Diputado se ha confundido al ubicar las cosas en un lugar diferente del que en realidad están.

El señor Diputado Reboledo habla de que el Partido Nacional y el Partido Colorado pretenden hacer cortinas de humo. Se equivoca, porque el que dijo que lo relacionado con FOCOEX era una cortina de humo fue el señor Diputado Nicolini.

(Murmullos)

- Después de casi un año de denunciar genéricamente cosas sobre esa empresa, que nunca probó, cuando se le exigió que pusiera documentos sobre la mesa, cuando se le apretó y se demandó ante la Justicia que presentara las pruebas que nunca tuvo -las que tenía eran falsas- dio como explicación que lo de FOCOEX era una cortina de humo y que estaban trabajando en otra cosa. El señor Diputado Reboledo se equivoca, tal vez, porque está muy avanzada la madrugada y se encuentra cansado.

Los que durante un año estuvieron haciendo una cortina de humo, fueron los señores Diputados Nicolini y Pita.

(Interrupciones. Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa ruega a los señores Diputados que esos desbordes de alegría los expresen fuera de Sala.

Puede continuar el señor Diputado.

SEÑOR CORBO. - Señor Presidente: nosotros, el Partido Nacional, no vamos a aceptar que un novel Diputado que está ejerciendo una suplencia venga a señalar que nuestro Partido, que cuenta con ciento sesenta años de historia y que nació con el país, tiene la actitud de entorpecer alguna investigación relacionada con actos de corrupción.

Mucho antes de que el señor Diputado naciera y mucho antes de que caminara, el Partido Nacional denunció actos de corrupción, los investigó y llegó a la verdad contribuyendo, fundamentalmente, a la cristalinidad de las instituciones. Por ello, no le voy a permitir a él ni a nadie que dude de los actos y de las intenciones del Partido Nacional. Lo que está haciendo nuestro Partido es objetar la inconducta y la irresponsabilidad de dos señores Diputados. Eso es lo que hemos hecho.

SEÑOR ALVAREZ. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ALVAREZ. - Señor Presidente: yo, que respeto a los partidos tradicionales, supongo que ese partido tradicional denunció algún hecho de corrupción no sólo antes de que naciese el señor Diputado Reboledo, sino inclusive antes de que naciera el propio señor Diputado Corbo.

(Interrupciones del señor Representante Corbo. Respuesta del orador.)

- En lo que tiene que ver con el tema de las cortinas de humo, suponiendo que lo que dice el señor Diputado Corbo sobre el señor Diputado Nicolini sea cierto, no es la primera vez que las ideas del Frente Amplio se expanden más allá de los límites de la colectividad. Por lo tanto, la idea de la cortina de humo cundió y en definitiva, en lugar de estar tratando -como deberíamos- el caso de FOCOEX, estamos considerando el desafuero del señor Diputado, que investigó las presuntas irregularidades en el caso FOCOEX.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Señor Presidente: me es particularmente difícil dirigirme a la Cámara para tratar este tema.

En primer lugar, lo quiero hacer simplemente para explicar los motivos de lo que hice, de lo que no hice y de lo que voy a hacer. Los digo porque todo eso se ha cuestionado. Entonces, voy a tratar de centrarme en el tema para cuya consideración estamos convocados.

Se cuestionó el hecho de haberse hablitado esta sesión. Yo firmé la convocatoria porque entendí que era legítimo que las personas de todas las colectividades que de alguna manera habían estado sujetas a un sistema de consideración pública, del cual todos somos responsables incluidos los medios de comunicación, tenían derecho a que este tema se tratara.

De todas maneras, en términos del Poder Legislativo, siempre consideré -y así se lo manifesté a los colegas que se acercaron- que no creía conveniente este mecanismo.

En segundo término, como todos habrán podido notar, cuando se puso a consideración la moción, yo no la apoyé. Ocurre que tengo un defecto: soy largoplacista.

En ese sentido, creo que el mecanismo del juicio político es complejo y delicado. En este caso estamos considerando la situación de un colega a quien mano a mano y en más de una vez, le dijimos que equivocaba el camino.

Sin embargo, no miro al colega ni a esta situación en particular. Miro el instrumento, la institución. En consecuencia, he reservado hasta esta hora mi juicio final sobre este tema, porque entiendo que estamos manejando conceptos y situaciones delicadas que ameritan que todos podamos formarnos una opinión después de escucharnos.

He ido conformando mi juicio. Escuché con atención los aportes del señor Diputado Saralegui, que lograron vencer una de mis preocupaciones. El señor Diputado Saralegui trajo a colación que, para bien o para mal, en ocasión de la situación de dos Ediles, los cuatro partidos sentaron un concepto de juicio político que no comparto, pero que es una teoría aceptada por todos: lo que califica la situación no es lo que me parece notorio en la Constitución, es decir un atentado a la Carta u otro delito grave -el Constituyente se está queriendo referir a situaciones de esta naturaleza- sino la calidad del agente, aunque el delito no tenga gravedad.

Se comparta o no -como bien señaló, y reconozco que fue algo que aprendí en esta sesión- ése es un elemento a mi juicio importante. Esa es una tesis bastante reciente, que fue sostenida en un informe por los cuatro partidos.

Por lo tanto, es la tesis imperante hoy para la interpretación y aplicación de este mecanismo. Para todos los funcionarios, políticos o no, esta tesis es muy severa y amplia. Pero es la tesis imperante y, en consecuencia, a partir de esa ilustración no creo que estemos fuera del ámbito de competencia de este mecanismo.

¿Cuál es el papel de esta Cámara en este momento? Simplemente habilitar, dar inicio, a un mecanismo. En los antecedentes, sin ir más lejos, del año 1971 -cuando en el mes de agosto se promovió juicio político contra quien entonces era Presidente de la República- todos los partidos del momento coincidieron en que la mecánica debía ser conferir vista y oportunidad de articular la defensa a quien estuviera imputado -como manda la Constitución- a nivel del Senado.

En la Cámara de Representantes, que se había expresado por cincuenta y dos votos afirmativos, no hubo la menor instancia de consulta o de articulación de defensa porque se entendió que se debía dar en el Senado y que lo que correspondía era, simplemente, habilitar el procedimiento, salvo que se encontrara -como sucedió en muchas oportunidades- con que había que desecharlo «in limine» porque «prima facie» no había mérito para el asunto.

Tratamos de conformar ese punto de vista: si «prima facie» había que descartarlo de plano o si el asunto reviste tal complejidad que amerita que se siga el procedimiento para determinar la absolución o no del colega que está envuelto en este lío.

En consecuencia, esperamos muchos discursos para ver si alguien afirmaba que efectivamente el colega había cometido delitos. En Sala he escuchado a varios señores Diputados afirmarlo con claridad. Después esperamos para ver si alguien negaba los hechos y afirmaba que el hecho conocimiento o el hecho falsedad del documento resultaba negado o si se hacían aportes.

Por eso no firmamos la moción que ahora estamos en el espíritu de acompañar: porque queríamos formar el juicio, escuchar si, efectivamente, había o no esos elementos.

Debo confesar que también obraron en nuestro juicio dos elementos. He escuchado decir a muchos amigos y a personas del Frente Amplio que respetamos: «Nosotros también estuvimos».

Aprovecho a decir al amigo señor Diputado Chifflet que le estaba escuchando desde otro lugar de la Casa. Por cierto que ambos compartimos que no teníamos la menor duda respecto a quién se había hecho objeto de la discusión pública, el doctor García Costa, que es un señor.

(Apoyados)

Quiero centrar el punto en esto. He escuchado de parte del señor Diputado Díaz Maynard y de algún otro colega, que nosotros habilitamos de alguna manera, pero el punto colectivo no es ése sino otro: cuál es el estilo utilizado y el daño que se hizo a partir de esos documentos.

No escuché hacer afirmaciones muy contundentes a los señores Diputados Chifflet ni Díaz Maynard. Se generaron daños importantes en términos de equidad que, de alguna manera, son los que nos llevaron a lo que estamos haciendo hoy, aun cuando consideráramos que no hacía muy bien al sistema.

Un daño hecho con esta cosa tan fantástica que son los medios de comunicación es muy difícil de reparar. Nos acercan al mundo, pero a veces también nos alejan la tranquilidad.

Entonces, a esta altura, habiendo una afirmación clara, un daño constatable, dos informes técnicos -uno de ANTEL- y un tercero que sostiene que a partir de una fotocopia no se puede establecer si eso es o no cierto, pero no expresa que lo sea; a mi juicio son elementos que ameritan, por lo menos, que el procedimiento se lleve adelante.

Exclusivamente en función de esa situación es que en este momento no me siento en condiciones de decir -mal haríamos si lo hiciéramos- si el señor Diputado Nicolini es culpable o no de algo. La Constitución dice: «Acúsese», pero en realidad refiere a: «Comiéncese el procedimiento», porque también dice que no debe concluirse -supone hacer el juicio final- sin dar a la persona la oportunidad de articular su defensa.

Entonces, con mi humilde voto -uno más en noventa y nueve- voy a habilitar el procedimiento ante el Senado de la República.

En la noche de hoy todos nos hemos causado daños innecesarios y también al sistema, como lamentablemente lo venimos haciendo en los últimos tiempos.

Siento, entonces, que no estoy en condiciones de afirmar hoy que el señor Diputado Nicolini sea culpable. No lo voy a hacer, ni creo que deba hacerlo ninguno de nosotros, por respeto a él y a las instituciones.

Constatado el daño y que «prima facie» hay elementos falsos, amerita seguir el procedimiento. Confieso que hubiéramos preferido otros mecanismos y también que sentimos, en función de los daños ocasionados que había legítimos derechos para plantear esta situación; legítimos derechos que también han movido nuestro espíritu.

No me corresponde abrir opinión sobre las resoluciones que tomó el sector político al que pertenece el señor Diputado Nicolini, pero sin duda se trata de un elemento subjetivo que obró en el ánimo de todos nosotros.

Siento un sabor bastante amargo, ya que las discusiones y la gran cantidad de horas que hemos dedicado los últimos días y semanas a estos temas, en poco han contribuido a mejorar nuestro país. Todos somos responsables de haber ido colocando en los últimos meses al país en procesos que no hacen bien a las instituciones.

Entonces, siento que tenemos que mirar un poco más hacia adelante. Hay películas que ya vimos, aunque sean un poco más viejas. Tratemos de tener sensatez, equilibrio y serenidad.

SEÑOR FONTES. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ATCHUGARRY. - Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR FONTES. - Señor Presidente: permítame discrepar en un punto muy concreto que no me llevará más de un minuto. Cuando una Comisión tiene que valorar si los elementos son verdaderos o falsos y se le presenta una mínima duda por una causa o por otra, evidentemente no está capacitada para decidir. La única que lo puede hacer es la Justicia y, en ese sentido, creo que en este Plenario quedó claro que los documentos pueden ser falsos o verdaderos. Reitero: La Justicia es la única que dará el dictamen correcto sobre esos documentos.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Puede continuar el señor Diputado Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Señor Presidente: coincido en que sin duda es la Justicia la que debe dar la última opinión pero, ¿cuál es nuestro papel aquí? Insisto en que los cuatro partidos hemos reinterpretado la Constitución y llegamos a la conclusión de que se debe realizar un juicio político, interpretación que parece inconveniente y no comparto, pero que no podemos cambiar al hoc.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

Yo sentía que el juicio político -pensando desde 1830- se daba cuando un Presidente intentaba disolver un Parlamento, cuando se empezaba a calificar el asunto de atentado a la Constitución, pero no es ésa la moderna interpretación que este Cuerpo le ha dado.

En consecuencia, lo que tiene que hacer esta Cámara en estricto Derecho es simplemente establecer si «prima facie» hay mérito para seguir el procedimiento y, en definitiva, será el Senado quien decida, dando la oportunidad de la defensa. No hemos podido escuchar al señor Diputado que está imputado, por quien en lo personal tengo el mayor respeto, aunque la mayor discrepancia por como ha procedido, pero el mayor respeto. Siento -al menos así voy a proceder- que el juicio final lo voy a hacer luego de que él tenga la oportunidad de defenderse. Pero acá estamos obligados a tomar una decisión. ¿La decisión es rechazar el procedimiento? Creo que «prima facie» hay elementos que no permiten hacerlo; ni siquiera ha habido negación de los hechos. No he escuchado a nadie en esta Sala que augure que esto es verdadero y que ha habido ignorancia en el tratamiento del tema. Esto es lo que yo siento.

SEÑOR MICHELINI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ATCHUGARRY. - No puedo concedérsela ya que se me ha terminado el tiempo.

Todo esto es muy difícil y como hemos hecho todo mal, hoy no hay una solución buena; hay demasiados daños por todos lados. Tal vez, lo único que valga la pena hacer hoy es tratar de evitar que se produzca una especie de progresión geométrica de daños y, por lo menos, mirar hacia adelante para que no se repitan.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Sedarri Luaces.

SEÑOR SEDARRI LUACES. - Señor Presidente: a esta altura de la noche, quizá no tengamos el mismo ímpetu que a las cinco de la tarde. En un plano más sereno, de todo lo que se ha dicho en el plenario de la Cámara sacamos una primera conclusión que nos alegra, que nos satisface, esperemos que en el año 1999 se tenga como punto de referencia a nuestro líder, el doctor Juan Andrés Ramírez, que esta noche ha sido nombrado permanentemente por parte de un grupo político.

Aquí se han establecido dos grupos: los santos y los «non sanctos». Con motivo de denuncias que se han hecho en la Cámara, se han nombrado Comisión Investigadora y han tenido que concurrir muchas personas a los Juzgados Penales. Ello también nos satisface por el hecho de haber votado todas las Comisiones Investigadoras cuya creación se ha solicitado. De ese modo, hemos cumplido con lo que manifestamos en la Legislatura anterior, en cuanto a que apoyaríamos la creación de éstas para juzgar conductas de hombres que se apartaran de la ética y de la moral.

Yo me pregunto qué hubiera sucedido si la misma conducta que tuvimos nosotros se hubiera adoptado en la Junta Departamental de Montevideo que se ha negado en forma sistemática, con una mayoría regimentada, como una muralla de hierro, a la creación de todas las Comisiones Investigadoras propuestas. Si se hubiera dado la oportunidad de investigar, como lo hicimos nosotros, me pregunto cuántos integrantes de la Intendencia Municipal de Montevideo habrían tenido que declarar ante la Justicia Penal. También hay que decirlo: en este ámbito se ha investigado la venta del Banco Pan de Azúcar, la situación del Banco Comercial, etcétera, y a todas ellos hemos dado nuestro voto. Pero nunca se pudo lograr que en la Junta Departamental de Montevideo fueran investigados los actos de corrupción cometidos.

SEÑOR BORSARI BRENNA . - (¡Apoyados!)

SEÑOR SEDARRI LUACES. - Nos referimos concretamente a los subsidios del boleto acerca de los que se falsificaron los certificados que demostraban estar al día con el Banco de Previsión Social. La falsificación de un documento público es un acto delictivo, pero no se designó una Comisión Investigadora porque una mayoría regimentada siempre puso murallas para impedir que se llevara a cabo la investigación. Son conductas, son procederes.

Por nuestra parte, aunque se juzgue la conducta de un integrante de nuestro Partido, vamos a votar la creación de Comisiones Investigadoras, y si es culpable, irá adonde tenga que ir, pero si es inocente, seremos los primeros en proclamarlo y en pedirle disculpas, porque quizá nos hayamos equivocado al votar la creación e dicha Comisión.

Cuando se plantean estos hechos tenemos que ser responsables, tenemos que ser serios para formar una Comisión Investigadora. Y me animo a decir con total convicción que en este caso hubo un acto de doble irresponsabilidad: del señor denunciante por un lado -lamento no esté presente- a quien le advertí hace varios días que si él no probaba las denuncias por las cuales había puesto en tela de juicio la honorabilidad de mucha gente -hombres honestos de mi Partido- yo iba a ser uno e los que plantearía el cese de la investigación para juzgar su conducta por irresponsabilidad y, por otro lado, del grupo político al que pertenecer, que no supo frenarlo a tiempo para que no cometiera las barbaridades que finalmente cometió. Así que no digo esto porque esté ausente, pues yo ya le había hecho advertencias hace quince o veinte días.

El señor Diputado juzgó conductas sin que la Comisión Investigadora se expidiera; salió a la prensa a ensuciar y a enchastrar nombres, cuando en la Comisión Investigadora todavía no se probó nada.

Y por si fuera poco, al final de la telenovela presenta documentos falsos. ¿Por qué no presentó las fotocopias del documento original certificadas por escribano? Mientras no las tenga, esos documentos son falsos. Ninguna ofician acepta que se presente una fotocopia si no se cuenta con la certificación notarial de la documentación original, porque aquella no tiene validez.

Por lo tanto, creo que aquí no se está haciendo más que juzgar conductas y procederes, y nuestro sector político va a dar su voto afirmativo porque ha firmado la moción que se ha presentado a la Mesa. Lo daremos por entender que esto hace daño, porque se actúa con irresponsabilidad y con ligereza y para que, de una vez por todas terminemos con estas parodias que lo único que hacen es enchastrar a figuras de relevancia del Partido Nacional y del país.

Quizá no tengamos que vivir una circunstancia similar porque nos sentimos hombres de honor y, por lo tanto, lo defendemos. No vamos a mandar padrinos a nadie para defender nuestro honor porque lo defenderemos llegando con la sangre adonde tiene que llegar. Los hombres cuando tenemos honor, lo defendemos con la pasión y como nos enseñaron nuestros antepasados: con la vida o con la muerte.

SEÑOR AGUIAR. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SEDARRI LUACES. - Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR AGUIAR. - Señor Presidente: quiero repetir un concepto que vertí al inicio de la sesión, porque pienso que algunas ideas que se están expresando obedecen al desconocimiento del proceder que ha tenido la Comisión.

El resultado del peritaje que realizó la Comisión no puede ser rechazado ni negado por nadie, porque fue aprobado por unanimidad. Se siguió un procedimiento completamente transparente para elegir a los peritos calígrafos y para solicitar los informes a ANTEL y a la Facultad de Ingeniería. No solamente se esperaron los tres peritajes y se guardaron en una caja fuerte sino que, además, se aprobaron como peritajes oficiales de la Comisión, y el propio señor Diputado Nicolini -lo recordarán los demás integrantes de la Comisión- señaló, antes de abrirlos, que estaba dispuesto a reconocerlos, sin importar cuáles fueren los resultados.

De manera que queda desechada todas tesis por la cual pretenda no reconocer este peritaje; se diga que no es verdadero o que la Comisión debe pasarlo a la Justicia, porque eso no lo puede hacer. La Comisión solicitó el peritaje concientemente, en el entendido de que había mecanismos técnicos para demostrar si esos faxes eran verdaderos o no. Reitero que hubo unanimidad de votos para elegir los mecanismos que demostraran si los documentos eran verdaderos o falsos y también por unanimidad se determinó que esa era la investigación oficial de la Comisión y todos, antes de abrir los sobres, aceptaríamos el resultado fuera cual fuere.

Quería dejar esta constancia en la versión taquigráfica para reafirmar que este peritaje es técnicamente inobjetable y válido y está reconocido por la unanimidad de los lemas que integran este Parlamento.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Puede continuar el señor Diputado Sedarri Luaces.

SEÑOR BORSARI BRENNA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SEDARRI LUACES. - Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BORSARI BRENNA. - Señor Presidente: quiero ratificar las palabras de quien fuera Presidente de la comisión, el señor Diputado Aguiar. La elección de los procedimientos para certificar la falsedad o la verosimilitud de estos documentos fue establecida por unanimidad de los integrantes e los cuatro partidos políticos -Partido Colorado, Frente Amplio, Nuevo Espacio y Partido Nacional- presentes en la Comisión.

Se creó por unanimidad una Subcomisión de la que formó parte el señor Presidente de la Cámara, junto con señores Diputados de los cuatro lemas, la cual recomendó solicitar un peritaje a estos dos profesionales, a la Facultad de Ingeniería -a pedido del Frente Amplio- y una certificación a ANTEL para saber si esos faxes figuraban en el tránsito entre Montevideo y Madrid.

Ese fue el procedimiento exacto, y certifico, apoyo y avalo lo que dice el ex Presidente de la Comisión. Cualquier otro argumento que se haya dado aquí para desconocer este procedimiento, esta fuera de todo lo que haya sucedido en la Comisión, por decirlo suavemente.

Como aquí se ha dicho, hasta el propio señor Diputado Nicolini aceptó, antes de que se abrieran los sobres -vamos a reconocerlo: con honestidad intelectual que esos tres caminos tomados eran los oficiales que debía seguir la Comisión Investigadora y que a ellos se sometía. Esto se dijo expresamente en la Comisión por todos los partidos políticos. No entendemos cómo ahora se vienen a decir, cambiando las reglas de juego, que éstos eran los caminos aptos para verificar estos temas...

(Interrupciones del señor Representante Chifflet)

-Si esto no se ha dicho, con mucho gusto lo retiro, pero en aras de la cristalinidad, he relatado exactamente lo que ha sucedido en la Comisión, ya que ese fue el procedimiento aceptado por todos los partidos políticos.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Puede continuar el señor Diputado Sedarri Luaces.

SEÑOR SEDARRI LUACES. - Señor Presidente: he finalizado mi intervención.

SEÑOR ABELENDA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABELENDA. - Señor Presidente: no participé en ninguna de las instancias de la Comisión Investigadora que estudiaba lo relativo a las negociaciones con FOCOEX pero tengo que reconocer que nosotros aceptamos los tres peritajes. No obstante, una cosa es aceptarlos, y otra es estar de acuerdo con una determinada valoración sobre sus contenidos.

En primer lugar, quiero señalar con absoluta claridad que en los resultados de los dos peritajes existen algunos elementos que se contradicen.

En segundo término, deseo destacar que en nuestro país se han tomado como válidos peritajes que luego se demostró eran erróneos. No tengo desconfianza de la idoneidad técnica de las personas que hicieron los peritajes. Recalco esto, porque creo que se puede cometer el error de apresurarse y, quizás, de valorar mal un determinado resultado.

En tercer lugar -y lo quiero decir claramente- a los señores Diputados no se les escapa que los faxes tienen día y hora y que el día y la hora en que un fax está programado coincide o no con la hora de Greenwich. La Comisión solicitó que se le confirmara concretamente si en determinada hora y minutos se había envíado -si no me equivoco- un fax a España desde cierto teléfono. Si ese fax estaba en otra hora, por supuesto que la hora a que se envió no necesariamente coincide con la que está determinada ahí.

SEÑOR RUBIO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RUBIO. - Señor Presidente: en realidad, la sesión está terminando y todos queremos que queden algunas constancias a los efectos de que no haya malas interpretaciones.

Yo dije que, en mi opinión, aun aceptando como válidos todos los términos de uno de los peritajes, sus conclusiones no me dicen nada acerca de otra cuestión que considero tan relevante como ésta para la investigación que se está haciendo: me refiero a si el señor Walter Estellano fue autor o no de esos documentos.

SEÑOR TROBO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR TROBO. - Señor Presidente: yo creo que estamos en el centro de la cuestión. Todo lo demás que se ha dicho en general abona una discusión interesante en la que se han escuchado exposiciones y manifestaciones que, en muchos casos, no tenían absolutamente nada que ver con lo que debíamos hablar esta noche.

Hay una propuesta para acusar a un señor Diputado ante el Senado de la República a fin de que éste le haga un juicio político por haber presentado documentos falsos en una Comisión Investigadora. ¿Por qué partimos de la base de que los documentos son falsos? Porque nos manejamos con el peritaje que solicitamos con el acuerdo de todos los partidos políticos. Es más: en la sesión de la Comisión en la que se iba a dar cuenta de los peritajes, la Bancada del Frente Amplio dijo -no se puede negar; figura en las actas- antes de que se abrieran los sobres con los peritajes del doctor Rachetti y del Inspector Curbelo, que aceptaban el resultado que no lo controvertían. Lo único que querían hacer era agregar un documento que consistía en un peritaje realizado en Argentina por una señora Flores, a quien se lo había solicitado el 15 de julio, es decir, antes de que la Comisión pidiera los peritajes en Uruguay. Pero recién después de que se solicitaron los peritajes aquí y el día en que se iban a abrir los sobres con los resultados, aparece el informe de la perito argentina.

Esta es la primera cuestión sobre la que me parece razonable dejar constancia en actas. No sé por qué se desconfía de los peritos nacionales y se va a buscar peritos en Argentina, pero no importa. Vamos a suponer que alguien pretendía que esa persona podía estar no contaminada con el tema FOCOEX y que nuestros peritos, por buenos técnicos que fueran, no tienen la ética profesional suficiente como para proceder en forma seria y responsable al elaborar un peritaje.

En cuanto a la documentación a que dio lectura el señor Diputado Alvarez, quiero leer algo que sí hace a esta discusión. Me refiero al informe de los técnicos que analizan los documentos, que dicen lo que leyó el señor Diputado Alvares, pero él no leyó todo lo que debía y hay que hacerlo.

Dice así: «Cuando se trata de documentos dubitados en ejemplares fotocopiados y refiriéndose exclusivamente a la autoría de las firmas, los suscritos han expresado en sus informes que en tales casos sólo se puede emitir una opinión tentativa sujeta a ratificación cuando se obtengan y puedan examinar los ejemplares originales».

Esto es una referencia hacia lo que ha sido el comportamiento de estos peritos en el pasado.

De inmediato, sigue algo que no leyó el señor Diputado Alvarez y que debe hacerlo para que la Cámara lo conozca. Dice: «Pese a ello, cuando no es posible obtener los originales los peritos se expiden y los más recientes adelantos tecnológicos permiten incluso en caso de fotocopias, arribar a conclusiones exactas».

Y al final, en las conclusiones del peritaje solicitado por la Comisión, por unanimidad de criterios de los partidos, donde se establece la opinión de los peritos como respuesta a las preguntas que formula la Comisión, dicen los siguiente: «Los documentos o fotocopias de faxes dubitados con fecha el documento ‘B’ en su encabezamientos de ‘Ap’ ‘7’’1994’y fecha en su texto de 27 de abril de 1993 y el documento ‘C’ con fecha en encabezamiento y texto de 27 de Octubre de 1992, SON FALSOS y son el resultado de una composición de escritura a máquina en su encabezamiento y un texto redactado e impreso por sistema informático o de computadora. La inicial «W» que suscribe dichos faxes es la reproducción mediante scanner de la firma del fax documento ‘A’ indubitado y no la que pudiese estar archivada en computadora». Esto es lo que dicen los peritos y por esta razón el Senado juzgará al señor Diputado Nicolini. No hay otra explicación. Esto lo pidió la Comisión y lo aceptó.

Por otra parte, no puedo entender cómo se sigue insistiendo en que un fax puede tener una hora distinta. No se trata de faxes sino papeles a los que se les puso a máquina una hora de salida y un número de teléfono; es decir, son faxes falsificados. Además, la firma está montada de otro papel en ese documento y, por tanto, son apócrifos. No se insista con el tema de que el fax puede tener una hora distinta por el meridiano de Greenwich; esto es una tontería y, a esta altura de la noche, es un elemento que no agrega absolutamente nada.

SEÑOR ABELENDA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - La mesa advierte que a esta altura el tema está suficientemente aclarado y que además, no ha habido alusiones.

Sin perjuicio de ello, estamos ya sobre el final del debate que hemos sobrellevado en general con corrección y, consecuentemente, vamos a otorgar la palabra al señor Diputado Abelenda.

SEÑOR ABELENDA. - Señor Presidente: lo que quiero decir es muy simple. Si una persona falsifica dos faxes con esas características, se debería partir de la base de que las personas que firman el fax van a decir que es falso. Entonces, ¿no parece que sería lógico que si escribieron a máquina el día y la hora del fax, piensen que se puede preguntar en ANTEL si existe una llamada de ese teléfono, ese día y a esa hora? ¡Por favor!

(Interrupción del señor Representante Piana Effinger. - Campana de orden)

SEÑOR ALVAREZ. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ALVAREZ. - Señor Presidente: tiene razón el señor Diputado Trobo. Yo no leí todo el informe porque no me alcanzaban los quince minutos. A su vez, el señor Diputado Trobo lee una parte del informe y prejuzga sobre las intenciones, algo que no me parece bueno.

De alguna forma, esta discusión que se está dando -y que podría seguir durante dos o tres días más- demuestra que no somos nosotros quienes estamos en condiciones de sacar las conclusiones de los peritajes. Esto es evidente.

Ya hemos observado aquí las distintas dificultades que se han presentado con respecto a uno solo de los peritajes; hay tres más que supongo que el señor Diputado Trobo no leyó porque tampoco le dio el tiempo, igual que a mí.

De todos modos, vamos a recordar alguna cosa porque me parece que es conveniente hacerlo. Esos dos peritajes se hacen tomando como bueno aquel famoso fax en el que el señor Estellano habla de las suspicacias. Allí constaba que no mandaba las órdenes de pago porque a pesar de que las podía conseguir, ello podía despertar suspicacias. Esto es algo que la empresa FOCOEX y el señor Estellano no saben contestar, generando suspicacias en todo el mundo.

(Interrupciones. - Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE. - (Fernández Chaves). - La Mesa ruega a los señores Diputados mantener el orden que corresponda.

Puede continuar el señor Diputado Alvarez.

SEÑOR ALVAREZ. - Señor Presidente: todos sabemos que los votos están desde el principio por lo que continuar con el tema ya no tiene mucho sentido.

Sólo quiero dejar una constancia. En definitiva, cuando el señor Diputado Nicolini manifestó que aceptaba cualquier peritaje -inclusive el de quien haya podido certificar la firma de Berríos, después de que había fallecido- lo hizo porque creyó en la autenticidad del fax que presentó.

SEÑOR PRESIDENTE. - (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado Fau.

SEÑOR FAU. - Señor Presidente: a mí no me resulta fácil ni sencillo hablar de este tema.

Si me amparara en las formalidades procesales diría que me comprenden las generales de la ley, ya que durante años integré una Bancada cuyo secretario fue el actual señor Diputado Nicolini, con quien vivimos jornadas que son difíciles de olvidar y que, naturalmente, van generando una relación de amistad y de afecto, y en la medida en que son recíprocamente auténticos, el tiempo no borra sino que consolida.

Pero resulta que no puedo ampararme en las generalidades de la ley, porque tengo un mandato constitucional y reglamentario que me obliga a pronunciarme. Es mi deber hacerlo y lo hago con una enorme certeza en cuanto a la médula del problema político porque, si la Mesa me permite y mis colegas lo toleran, digo que «el flaco Nicolini» se equivocó. Digo esto sin rencor, sin odio y sin apasionamiento, pero sí con autenticidad.

El señor Diputado Mújica, con ese estilo que lo caracteriza -podamos coincidir con él o no, pero en tanto está aquí y es un igual a nosotros, merece el elemental respeto que corresponde a cada uno de nosotros- en el día de ayer o antes de ayer -a esta altura, quizás pasaron más de veinticuatro horas- dijo que esto era una chiquilinada. Si lo hubiera dicho otro no se lo habríamos admitido, pero ocurre que nosotros sentimos que el señor Diputado Mújica es un novato en este sistema político, no en la política, que tiene décadas, en una y en otra, y el señor Diputado sabe de qué estoy hablando. Pero reitero, en nuestra realidad política, él es novato.

Lo que ocurre es que nosotros no fuimos electos por chiquilines y, por lo tanto, las chiquilinadas no son excusas.

Si nos exigen veinticinco años de edad cumplidos para ocupar este cargo, es porque el constituyente deseó que tuviéramos el grado de madurez elemental para saber lo que hacemos y ser responsables por ello. Entonces, yo admito que en otros órdenes de la vida pueda haber una cierta comprensión y acepto el razonamiento de la chiquilinada. Pero esto es una cosa distinta: esto es nada más ni nada menos que el Parlamento de la República y exige tener, entre otras cosas, una seriedad y una responsabilidad que estén a la altura de las obligaciones que el soberano nos dio.

Si de algo no tengo dudas es de la inconducta del señor Diputado Nicolini, y a diferencia de los que piensan que hemos venido aquí con posiciones ya tomadas, debo decir que a mí el debate me enriqueció para saber si estaba entre el 115 o el 93, y para que el señor Diputado Lago no se confunda, aclaro que no me estoy refiriendo a destinos colectivos de pasajeros, sino a disposiciones previstas en la Constitución de la República.

(Hilaridad)

Y siento que el debate me ha enriquecido, porque ser Diputado no era cualquier cosa: es haber recibido la cuota parte de soberanía suficiente como para que, en su nombre y por su voluntad, decidamos nada más ni nada menos que los destinos de la República.

Para los batllistas, el concepto de República es muy profundo, muy grande y, por lo tanto, para nosotros lo que es su representación tiene un valor superlativo. En consecuencia, digo que el señor Diputado Nicolini ha actuado con falta de responsabilidad, y no me es fácil, cómodo ni agradable decirlo, pero siento que lo debo expresar.

Este Parlamento ha sido escenario de grandes investigaciones. Yo no las voy a inventariar, pero citaría, por ejemplo, las propuestas por Wilson Ferreira Aldunate, por Carlos Julio Pereyra, sobre la industria frigorífica. Y cito a los blancos porque han sido más investigadores que los colorados, pero no porque tengan mayor curiosidad por saber. Lo que sucede es que los colorados gobernaron mucho más que los blancos y, entonces, por razones políticas, investigaban a los colorados, quienes tuvieron muy pocas oportunidades de investigar a los nacionalistas, que gobernaron poco. No digo que por suerte, porque tengo que cuidar la coalición...

(Hilaridad)

-...pero los colorados no tienen tradición investigadora porque siempre fueron Gobierno -por suerte, además- salvo algún pequeño paréntesis.

Entonces, yo digo que integré una Bancada en la que, por ejemplo, hubo un formidable y demoledor investigador, el entonces Diputado Eduardo Jaurena, un socialista de Frugoni, que no se cual es ahora su situación de socialista con los marxistas-leninistas, tal cual se definieron en uno de sus últimos congresos los miembros del Partido Socialista...

(Interrupción del señor Representante Alvarez)

Sí, marxista, como el señor Diputado Chifflet que lo es desde hace décadas, para su honra y orgullo , además.

El señor Diputado Jaurena fue un investigador a fondo, duro, demoledor en la Junta Departamental de Montevideo -donde fue un Edil brillante- y en la Cámara de Diputados.

Pero ¿cuál era la diferencia entre esos investigadores parlamentarios y el señor Diputado Nicolini? ¡Muy sencillo!

Primero acumulaban las pruebas, las certificaban y probaban que lo que iban a lanzar tenía suficiente contundencia.

Jaurena no recorría las cámaras de televisión; no manoteaba grabadores ni posaba frente a máquinas fotográficas. No; Jaurena estudiaba, acumulaba pruebas, y cuando tenía la seguridad de su contundencia, las largaba en esta Cámara y era una aplanadora. Y la Cámara lo respetó, lo escuchó, investigó, y las Comisiones Investigadoras por él propuestas llegaron a conclusiones realmente contundentes.

Aquí, en cambio, estuvimos frente a lo que se ha llamado «la chiquilinada»: sin saber si lo que se tenía era cierto, sin verificar si los documentos eran valederos, sin comprobar que los testimonios que se ofrecían tenían una elemental base de seriedad, se largó la denuncia, a diferencia de lo que ha sido la actitud de la oposición, por ejemplo con respecto al Gobierno frenteamplista de Montevideo.

Cuando la oposición al Frente Amplio en Montevideo tuvo la certeza de que había un funcionario de la Administración del doctor Tabaré Vázquez que depositaba en su cuenta bancaria los dineros públicos de la población de Montevideo y labraba cheques para pagar las deudas del Municipio, quienes denunciaban eso no recorrían los canales, las radios o las cámaras fotográficas diciendo que existiría una persona que habría depositado en su cuenta, en una cuenta de la que en algún momento íbamos a dar su número, y que estaba pagando gastos del Municipio. No; cuando se tuvo la certeza de que ese funcionario había depositado en su cuenta bancaria privada dineros de la población de Montevideo se denunció, se dijo frontal y decididamente. Después, la Justicia habrá probado o no -no es cuestión en este momento- si fue un delito. Pero no anduvimos recorriendo la República durante meses amenazando con que íbamos a hacer esa denuncia.

Cuando se tuvo la certeza de que el Gobierno Municipal del Frente Amplio tenía cajas negras en su Administración -como las tuvo- cuando le pedía colaboración a las empresas privadas para supuestamente financiar determinadas obras y se tuvo la prueba de que una había dado U$S 50.000 más IVA -porque era muy legalista y quería estar a salvo con la Impositiva- no recorrimos canales diciendo que habría una caja negra del Municipio de Montevideo porque a una empresa que eventualmente vendía jabones y servicios telefónicos de pronto se le podía haber pedido U$S 50.000 más IVA.

Reitero: cuando se tuvo la certeza de que había una caja negra en el Municipio de Montevideo se denunció, no se amenazó ni se recorrió los medios de difusión. Eran cajas negras. En cualquier Administración Pública donde se recaudan fondos que no están previstos en el Presupuesto y que por lo tanto, no pueden ser controlados por la Junta Departamental ni por el Tribunal de Cuentas, aquí, en Roma, en Teherán o en París se le llama caja negra. No es dinero que entra en las previsiones presupuestales sino es dinero negro. En cualquier lugar, eso es caja negra; aparentemente, no lo es en Montevideo ni en La Habana -si hubiera ocurrido allí- pero sí en el resto del mundo.

Cuando nosotros, en el acierto o en el error, tuvimos la convicción de que había una caja negra en el Gobierno Municipal del Frente Amplio, no anduvimos durante meses anunciando que íbamos a señalar que ahí podría haber una caja negra. Lo dijimos.

Cuando el Municipio de Montevideo aceptó documentos públicos adulterados para poder beneficiar a las llamadas «empresas compañeras» -así se las llamaba- cuando se les tenía que dar aquel subsidio y no estaban al día con el Banco de Previsión Social y se aceptó que se fraguaran documentos y que se modificaran groseramente las fechas de certificados de estar al día, cuando se sabía que no lo estaban, no estuvimos durante meses diciendo que podríamos tener un documento que eventualmente probaría que se habría adulterado un documento público del Banco de Previsión Social.

No; cuando tuvimos la convicción de que los documentos que estaban en nuestras manos eran ciertos hicimos la denuncia pública y asumimos la responsabilidad y los costos.

Cuando tuvimos la certeza de que el responsable de un servicio del Ministerio de Salud Pública, llamado Tabaré Vázquez, había elegido personal y directamente a la empresa de su hijo para comprar los materiales de computación, no anduvimos durante meses recorriendo canales y medios periodísticos, con «flashes» y fotografías. Nosotros lo dijimos abierta y públicamente.

(Interrupciones. Campana de Orden)

Me alegro de que el señor Presidente se entere de que debe ampararme en el uso de la palabra.

Si esta debe ser la conducta de los hombres públicos -es la que adoptamos nosotros- no tengo ninguna duda de que hay una diferencia importante, Digo esto con todo el respeto que el señor Diputado Nicolini me merece y que la Bancada del Frente Amplio me inspira, aunque el Frente lo dude.

Por lo tanto, convencido como estoy de que la inconducta está configurada, y ante la acusación formal de varios compañeros del Cuerpo en el sentido que se estaría tipificando delitos previstos en el Código Penal -cuya gravedad surge de la enumeración de las figuras delictivas y de las normas del Código que estarían siendo violadas- lo mínimo que puedo hacer es abrir la instancia estipulada en la Constitución para que el Senado de la República evalúe y juzgue.

Esto dará al señor Diputado Nicolini, en su oportunidad, las garantías del debido proceso, garantías que tuvo y a las que voluntariamente renunció en la jornada de hoy, cuando pudo haber estado sentado aquí para levantar todos estos cargos. Sin embargo, él entendió, en su derecho, que contribuía a que se desarrollara un mejor debate si se abstenía de participar. Pero si hubiera estado, cada vez que hubiese sido aludido, el democrático Reglamento que nos rige lo hubiera amparado en su derecho de defensa.

Entonces, hago abstracción de los lazos afectivos que me pudieran unir -como sin duda lo haría él si la conducta a juzgar fuera la mía- y siento que por el decoro, el buen prestigio y la afirmación del concepto institucional que este Parlamento tiene, sin dudas ni vacilaciones debo contribuir con mi voto para que el Senado de la República juzgue la conducta del señor Diputado Nicolini y nos diga si debe permanecer o no, temporaria o definitivamente, en este Cuerpo.

SEÑOR ALVAREZ. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ALVAREZ. - Señor Presidente: voy a hacer abstracción; en este caso de la muletilla del Intendente de Montevideo, porque me parece muy absurdo seguir con este tema.

(Interrupciones)

-Pero sí voy a expresar mi alegría, porque yo notaba al señor Diputado Fau muy calladito últimamente, desde que se había empezado a trasladar de una parte del Hemiciclo hasta su derecha total...

(Manifestaciones de la Barra. Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se recuerda a la Barra que no le está permitido hacer manifestaciones.

Puede continuar el señor Diputado Alvarez.

SEÑOR ALVAREZ. - ...y hoy le he escuchado una de esas intervenciones tan brillantes; no sé si tienen mucho contenido, pero sí brillantes en el estilo que acostumbraba emplear, por ejemplo, cuando interpelaba al autoritario Ministro del Presidente Sanguinetti, doctor Manini Ríos, o cuando luchaba contra la política económica...

(Interrupciones)

-...que hambreaba a los trabajadores, que llevaba adelante en aquel momento el Subsecretario, economista Mosca, o el Director de Planeamiento y Presupuesto, contador Davrieux. Reitero que reencontrarme con ese discurso brillante del señor Diputado Fau me ha causado alegría.

SEÑOR POSADA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA. - Señor Presidente, hemos escuchado atentamente, por cierto, las diversas exposiciones que se han hecho en esta larga noche.

Si al comienzo de esta sesión estábamos convencidos del criterio que sustentábamos, luego de haber escuchado estas múltiples intervenciones lo estamos aún más. Quienes se han referido a hechos y actitudes adoptados por el señor Diputado Leonardo Nicolini y por el también señor Diputado Carlos Pita, lo que han hecho ha sido una valoración en cuanto a su conducta.

No nos debiera causar sorpresa, señor Presidente, porque a veces esta pasa también en la política. Siempre se conserva la capacidad de sorprenderse y, ciertamente, vemos cómo fundamentos que hace diez días se utilizaban para trabar la posibilidad de que la Cámara -mediante la creación de una Comisión- analizara desórdenes de conducta del Presidente de este Cuerpo, hoy de alguna manera se den vuelta y sirvan para apoyar un juicio político a iniciarse ante la Cámara de Senadores. Son cosas que pasan, y aunque uno siempre cree que la capacidad de asombro está colmada, la realidad es tan dinámica, tan imaginativa, que crea este tipo de situaciones.

Por cierto, si de algo estamos convencidos es de que la moción que está en la Mesa y que fuera presentada por el Nuevo Espacio es la posición que hubiera correspondido que asumiera esta Cámara. Se trata de que el Cuerpo asuma su responsabilidad, su competencia en un eventual desorden de conducta de dos señores Diputados. Lamentablemente, en virtud de una legítima decisión política habremos de recorrer otro camino.

Esta es la constancia que queríamos dejar.

(Interrupciones del señor Representante Chápper)

-Se trata de una aclaración de nuestra posición. Hemos escuchado pacientemente todas las intervenciones que se han realizado en esta Sala; lo hemos hecho con respeto y, por cierto, en una sesión donde ha habido múltiples aclaraciones de todos los demás partidos políticos tenemos derecho a expresarlo. Además, hemos intervenido únicamente dos veces.

SEÑOR MUJICA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MUJICA. - Señor Presidente: a esta altura de la noche tengo que reconocer que hay una evolución bastante frecuente en los hombres: somos una especie de semáforo. Frecuentemente, en la edad juvenil hacemos señales hacia la izquierda y, en la medida en que vamos madurando, doblamos hacia la derecha. Es casi un ritmo biológico. Pero parece que a algunos se nos trancó la luz y quedamos abrazados a la misma lucecita.

(Hilaridad)

-Nos duele que las derrotas que van procesando los avatares políticos, a veces ubiquen a gente que nos mereció mucho respeto ante la interior necesidad de ser más realistas que el rey.

Para finalizar agrego que no creo que las instituciones se conserven si no sirven, porque no son sillas vacías sino herramientas de la sociedad que tienen que cumplir fines concretos para la mejora de ésta.

En este preciso momento, en la Fazenda Butiá, en el Municipio de Arambaré, a 50 kilómetros de Camacuá, hay cuatrocientas personas -entre ellos muchos niños y doce mujeres embarazadas- cercadas por un ejército y helicópteros. Pediría a los Diputados que quieran hacerlo que manden algún telegrama al Gobierno Federal de Brasil para que intente que no se repitan cosas que pasaron hace poco.

Hay mucha hambre en América Latina; demasiada. Sé que esto no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa, ¡pero se dijeron tantas cosas que no tienen nada que ver! Y esto vale mucho.

(Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Diputado Pacheco Klein.

SEÑOR PACHECO KLEIN. - Señor Presidente: sé que soy el último orador y que estamos todos cansados; por ello voy a ser muy breve. Simplemente, deseo dejar sentada la posición del sector político que represento aquí, que es conocida por todos.

Vamos a acompañar la moción que se presenta mayoritariamente porque entendemos que en este tema se ha procedido correctamente. De acuerdo con lo que se interpreta de la Constitución de la República y con el procedimiento que se siguió en la Comisión Investigadora de FOCOEX, estamos en lo cierto al acompañar este pedido.

(Murmullos)

SEÑOR PRESIDENTE. - Señores Representantes: se ruega el máximo respeto al señor Legislador que está haciendo uso de la palabra.

Puede continuar el señor Diputado.

SEÑOR PACHECO KLEIN. - Pido disculpas a todos. Sé que es horrible ser el último orador, pero alguna vez le va a tocar a otro y no quisiera tener que tomarme la revancha.

Decía que entiendo que es un procedimiento correcto, no sólo por lo que dice la Constitución de la República; me refiero al negro sobre blanco de la ley, como se decía ayer.

También quiero hacer mención a las cátedras, que ahora parece que no sirven para nada. En el día de ayer aprendimos un concepto que resultó ser dual pues hoy no ha sido respetado por parte de algunos colegas de esta Cámara. Estos colegas ayer decían que las cátedras no servían para nada, que debíamos pensar con lo que teníamos adentro de la cabeza y leer la ley en negro sobre blanco. Sin embargo, en el día de hoy, como conviene, sí tenemos que aceptar el criterio de las cátedras. Por lo tanto, a mi juicio, el procedimiento que estamos tratando de seguir no es el correcto.

Lo mismo sucedió con el Tribunal de Cuentas y con una cantidad de casos que podríamos citar pero que no lo vamos a hacer porque no es oportuno en este momento.

Quiero hacer una aclaración. Cuando el informe de la Facultad de Ingeniería decía que no podía revelar si los documentos eran verdaderos o falsos, no se refería a su veracidad o falsedad sino a que no existen mecanismos científicos que permitan establecerlo. Estas son dos cosas muy distintas.

Quiere decir que los tres peritajes son coincidentes y lo que indican es que los documentos son falsos, de toda falsedad. No puedo entender que alguien diga que estos documentos están cuestionados. Son documentos falsos, no solamente por lo que dicen los tres peritajes sino también porque estos peritajes han sido autorizados por el conjunto de las fuerzas políticas que están representadas en este Parlamento.

Entonces, si todas las fuerzas coincidimos en pedir un peritaje, no puede ser que lo acompañemos solamente si nos sirve. De esa manera no vamos a poder seguir adelante.

Queríamos aclarar este concepto que tiene que ver con el procedimiento. En cuanto al fondo del asunto, creemos que no es bueno hacer leña del árbol caído, por lo que no nos vamos a sumar a las expresiones de otros colegas aunque las compartamos. No lo vamos a hacer justamente hoy que el señor Diputado Nicolini no se encuentra entre nosotros.

Entendemos que el señor Diputado se equivocó y participamos de todo lo que se ha dicho en ese sentido. Sin embargo, pensamos que no es el momento de hacer reflexiones cuando no está presente, sobre todo a esta altura de la madrugada, porque todos estamos cansados.

Lo que quiero resaltar es la actitud del Frente Amplio, que puso de manifiesto el señor Diputado Rubio al principio de esta sesión. Me refiero al hecho de acompañar al compañero o a los compañeros -porque también está involucrado el señor Diputado Pita- en la suerte que sigan. Eso significa que la Bancada de Legisladores del Frente Amplio no está dispuesta a cortar la piola por el lado más fino. Me parece que ésta es una actitud resaltable. No es la actitud que siguió el sector político al que pertenece el señor Diputado Nicolini, que en el día de hoy lo suspendió. Esto también lo quería dejar sentado aquí en Sala.

SEÑOR ORRICO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chavez). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO. - Señor Presidente: parecería que a esta altura de la noche no conviene hacer lucubraciones jurídicas, pero ya que decimos que habría que leer la ley, sería bueno leer también los documentos que se mencionan, porque o se leen muy mal o se están interpretando mal adrede. A estas horas de la noche tampoco tengo ganas de juzgar intenciones.

No recuerdo qué expresión empleó el señor Diputado Pacheco Klein, pero no se ha suspendido al señor Diputado Nicolini. No es así. ¡Que el señor Diputado no diga lo que no es! Si no sabe lo que va a decir, ¡qué lo lea! A lo mejor aprende.

Hemos aclarado muchas veces a lo largo de esta sesión que el señor Diputado Nicolini pidió que se juzgara su conducta política. Lo que se ha hecho ha sido suspender la calidad de integrante de la dirección política de Asamblea Uruguay del señor Diputado Nicolini. No es lo mismo. ¡No digan que es lo mismo!

Vamos a tratar de conservar, por lo menos, la buena fe hasta el final.

SEÑOR PACHECO KLEIN. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chavez). - La Mesa espera que ésta sea la respuesta a la última alusión en este noche en la que ha habido tantas.

Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PACHECO KLEIN. - Señor Presidente: el señor Diputado preopinante, con la mejor buena voluntad que le caracteriza -le he conocido en este año y medio en que hemos estado aquí juntos- trata de darme lecciones. Las acepto porque se trata de una persona mayor que yo. Trata de darme lecciones a esta altura de la madrugada, que puedo compartir o no.

Lo que no puedo compartir es que se refiera a mi buena fe. Yo no miento; puedo estar equivocado. ¡Puede ser que esté equivocado! La diferencia entre mentir y estar equivocado es que quien miente asevera como un hecho cierto lo que sabe no lo es. Eso no fue lo que hice. Puede ser que me haya equivocado, pero estoy convencido de que no lo estoy porque me lo acaba de aclarar el propio señor Diputado al decir que se suspendió al señor Diputado Nicolini en sus funciones. ¡Eso fue lo que escuché hoy al mediodía en una conferencia de prensa! En esa conferencia el líder del sector político al que pertenece el señor Diputado Nicolini -que también es el líder del señor Diputado Orrico- hizo referencia a ese hecho: se separó, se suspendió al señor Diputado Nicolini.

No lo hago de mala fe, sino interpretando lo que escuché hoy. Lo que oí lo escuché muy bien y lo vi. Además, creo que ello surge de la declaración que se hizo pública en el día de hoy.

En lo que tiene que ver con lecciones y buena fe, el análisis introspectivo tendría que hacerlo quien me lanzó ese tipo de señalamientos a esta hora de la madrugada.

SEÑOR PINTADO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO. - Señor Presidente: no vamos a dar nuevas explicaciones; lo que no se entienda, mala suerte. Lo explicamos la primera vez y lo dijimos para todos.

Lo que no admito -de lo contrario no me llamaría como me llamo y mi firma no estaría allí- es que se diga que no aceptamos correr la misma suerte que el señor Diputado Nicolini. Allí figuran las firmas de todos los Diputados del Encuentro Progresista.

(Interrupción del señor Representante Fau)

Si quieren echar a uno, van a tener que echar a treinta y uno.

(Interrupción del señor Representante Fau)

SEÑOR RUBIO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

(Murmullos. Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - La Mesa ruega a los señores Diputados evitar los diálogos.

Tiene la palabra el señor Diputado Rubio.

SEÑOR RUBIO. - Señor Presidente: el señor Diputado Pacheco Klein interpretó correctamente la actitud colectiva del Frente Amplio, pero no así sobre lo que quisimos decir algunos acerca de los documentos. De todas maneras, este es un tema de pericia judicial porque de esos tres documentos no hubo uno que haya llegado antes que los otros a Uruguay. En consecuencia, eso es muy sugestivo acerca de la naturaleza de la falsificación que se pudo operar. Pero ese tema no lo va a resolver la Comisión Investigadora parlamentaria ni esta Cámara, ni tiene que ver con la decisión política que se está tomando.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES. - ¡Que se vote!

SEÑOR ALVAREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chavez). - Ruego al señor Diputado que especifique en mérito a qué hará su intervención.

SEÑOR ALVAREZ. - Señor Presidente: pediré disculpas a los colegas, pero dado el tema que se está tratando, vamos a solicitar la votación nominal. En nombre del Encuentro Progresista nos comprometemos a no fundar el voto, a fin de agilizar la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Se va a votar si se procede a la votación nominal.

(Se va a votar:)

-36 en 87: AFIRMATIVA.

(Interrupciones)

-Ruego a los señores Diputados confiar en la Mesa. Con vuestra ayuda, seguramente haremos una votación ordenada.

SEÑOR FALERO (don Ricardo). - Pido la palabra para fundar el voto.

(Interrupciones)

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - El señor Diputado Ricardo Falero tiene derecho a fundar el voto.

Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO (don Ricardo). - Señor Presidente: voté afirmativamente la moción de los señores Representantes del Frente Amplio en el sentido de proceder a la votación nominal pese a que es la hora 4 y 47 de la madrugada, porque entiendo que juzgar a un par, a un Legislador, por lo menos amerita a que cada uno de los votantes quede identificado. Corresponde al coraje de decir lo que se va a hacer.

(Interrupciones. Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Se ruega a los señores Diputados poner atención porque, luego, una vez que estemos votando, no se retrocede.

De acuerdo con el orden de presentación de las mociones, primero tiene que votarse la moción presentada entre otros por los señores Diputados Saralegui, Abdala, Aguiar y Corbo.

En caso de que la votación resultase negativa, se tendría que votar la moción presentada por el Nuevo Espacio, que implica una alternativa en cuanto a la situación planteada con los señores Diputados Nicolini y Pita.

De resultar afirmativa la primera moción -firmada entre otros, por los señores Diputados Saralegui, Abdala, Aguiar y Corbo- habría que pasar a votar la moción presentada por el Frente Amplio .

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Señor Diputado Atchugarry : confiamos en su sapiencia para ayudarnos en esta votación.

Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ATCHUGARRY. - No se trata de sapiencia, señor Presidente, pero creo que esa segunda moción -más allá de que tal vez reglamentariamente sea improponible- sin duda no se vincula con el asunto motivo de la convocatoria. Por tanto, exijo que se le dé el mismo tratamiento recibido por una moción que ayer presentamos, para la que se entendió que se requerían sesenta y seis votos conformes.

(¡Muy bien!)

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Se va a votar la moción presentada por las señoras Diputadas Puñales, Saravia Olmos y Lacuesta y los señores Diputados Saralegui, Abdala, Aguiar, Corbo, Pereira Pabén, García Pintos, Hernández, Trobo, Bosch, Alonso, Borsari Brenna, Sedarri Luaces, Núñez Guerra, Alem García, Pacheco Klein, Piana Effinger y Morelli.

SEÑOR POSADA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA. - Señor Presidente: vamos a solicitar a la Mesa que se lean las tres mociones antes de ponerlas a votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Léase la primera moción llegada a la Mesa.

(Se lee:)

«1) De conformidad con lo establecido por el artículo 93 de la Constitución de la República, la Cámara de Representantes declara que hay lugar a la formación de causa al señor Representante Nacional Leonardo Nicolini.

2) Por la presunta comisión de los delitos establecidos en los artículos 179 (calumnia y simulación de delitos), 243 (uso de documento o de un certificado falso, público o privado), 333 (difamación) y 334 (injurias), con sus respectivas circunstancias agravantes, numerales 5º), 8º), 9º) y 13) del artículo 47, y 335 del Código Penal -los que se consideren delitos graves, de acuerdo a las circunstancias y condición del agente- resuelve acusarlo ante la Cámara de Senadores.

3) Comuníquese esta resolución al Senado de la República, con la alegación de todos los antecedentes.»

-Léase la segunda moción presentada.

(Se lee:)

«De acuerdo con el numeral 4 de la declaración emitida en el día de la fecha -que se adjunta a la presente- los abajo firmantes expresan su voluntad de que el juicio político promovido contra los compañeros Diputados Leonardo Nicolini y Carlos Pita sea promovido contra ellos.»

-Léase la tercera moción.

(Se lee:)

«Mocionamos para que se cree una Comisión Especial que informe al Cuerpo sobre la eventual inconducta de los señores Representantes Nacionales Leonardo Nicolini y Carlos Pita en relación a la presentación de documentos ante la Comisión Investigadora de las compras del Estado uruguayo a la empresa española FOCOEX y respecto a los cuales existen pericias técnicas que determinan su falsedad.

La citada Comisión deberá expedirse en un término de diez días y estará integrada por un representante por partido político.»

-Se va a votar la primera moción que ha sido leída por Secretaría.

Tómese la votación nominal.

(Se toma el siguiente orden.)

SEÑOR ABDALA. - Afirmativa.

SEÑOR ABELENDA. - Negativa.

SEÑOR ACOSTA MARTINEZ. - Afirmativa.

SEÑOR AGUIAR. - Afirmativa.

SEÑOR ALONSO. - Afirmativa.

SEÑOR ALVAREZ. - Negativa.

SEÑOR ARAUJO. - Afirmativa.

SEÑOR ARENA. - Afirmativa.

SEÑOR ARREGUI. - Negativa.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Afirmativa.

SEÑOR AYALA. - Afirmativa.

SEÑOR BALBI. - Negativa.

SEÑOR BARANDIARAN. - Negativa.

SEÑORA BARREIRO. - Negativa.

SEÑOR BERTOLINI. - Afirmativa.

SEÑOR BETANCOUR. - Afirmativa.

SEÑOR BOERO. - Afirmativa.

SEÑOR BOERR. - Afirmativa, y voy a fundar el voto.

Soy un hombre de partido y he votado afirmativamente, aun cuando no participo integralmente del instrumento que se ha usado, es decir, el artículo 93. Entendí que un desorden de conducta debía juzgarse a través del artículo 115. No obstante, he acompañado esta resolución, pero deseo dejar en claro -mi Partido ya lo ha dicho, pero me creo en el deber de reiterarlo, hasta por un descargo de conciencia- que no quiero que se vaya a pensar que habilitar el trámite para que el señor Diputado Nicolini sea juzgado implica dejar de lado la investigación que brillantemente han llevado adelante nuestros delegados en la Comisión Investigadora sobre FOCOEX, y que será un tema aparte.

SEÑOR BOLLA. - Negativa.

SEÑOR BORSARI BRENNA. - Afirmativa.

SEÑOR BOSCH. - Afirmativa.

SEÑOR CARDOSO. - Afirmativa, y voy a fundar el voto.

Queremos fundar nuestro voto afirmativo dejando constancia de que la acusación que se está realizando contra el señor Diputado Nicolini no quita mérito a que nosotros sintamos que la misma irresponsabilidad corresponde al señor Diputado Pita.

SEÑOR COLL. - Negativa.

SEÑOR CORBO. - Afirmativa.

SEÑOR COURTOISIE. - Negativa.

SEÑOR CHAPPER. - Afirmativa.

SEÑORA CHARLONE. - Negativa.

SEÑOR CHIFFLET. - Negativa.

SEÑOR DOS SANTOS. - Afirmativa.

SEÑOR ESPINOSA. - Afirmativa.

SEÑOR FALERO (Don Ricardo). - Negativa.

SEÑOR FAU. - Afirmativa.

SEÑOR FAVRETTI. - Afirmativa.

SEÑOR FERREIRA CHAVES. - Afirmativa.

SEÑOR FONTES. - Negativa.

SEÑOR FUMERO. - Afirmativa.

SEÑOR GALLO IMPERIALE. - Negativa.

SEÑOR GAMOU. - Negativa.

SEÑOR GARCIA (Don Alem). - Afirmativa.

SEÑOR GARCIA (Don Javier). - Afirmativa.

SEÑOR GARCIA PINTOS. - Afirmativa.

SEÑOR GUERRERO SILVA. - Afirmativa.

SEÑOR HEBER FULLGRAFF. - Afirmativa.

SEÑOR HERNANDEZ. - Afirmativa.

SEÑOR HUALDE. - Afirmativa.

SEÑOR IBARRA. - Negativa.

SEÑORA LACUESTA. - Afirmativa.

SEÑOR LAGO. - Afirmativa.

SEÑOR LARA. - Afirmativa.

SEÑOR LARROQUE. - Afirmativa.

SEÑOR LAUSAROT. - Afirmativa.

SEÑOR LAZCANO. - Afirmativa.

SEÑOR LEGNANI. - Negativa.

SEÑOR MAHIA. - Negativa.

SEÑOR MATOS PUGLIESE. - Negativa.

SEÑOR MICHELINI. - Negativa, y voy a fundar el voto.

De aprobarse esta resolución -y parece que la mayoría de esta Cámara se ha inclinado a favor de esta moción- será una decisión extemporánea del Cuerpo, porque desde nuestro punto de vista hubiera sido preferible analizar, discutir y resolver en primer lugar acerca de las conclusiones a que arribó la Comisión Investigadora sobre los convenios realizados por la Administración Pública uruguaya con FOCOEX y presuntas implicancias o irregularidades administrativas en el Ministerio de Salud Pública en el año 1995.

Asimismo, no se han probado en forma fehaciente e indubitable los extremos requeridos por el artículo 93 de la Constitución de la República para habilitar, también desde nuestro punto de vista, el juicio político que en él se establece.

Por otra parte, si esta moción se aprueba se erra el procedimiento ya que correspondería aplicar el establecido en el artículo 115, que refiere a las responsabilidades por desarreglos de conducta.

Además, no se dio oportunidad a los señores Legisladores para que se instruyeran suficientemente y para que el Cuerpo procediera como lo hace generalmente, trabajando sobre informes de Comisión a fin de profundizar debidamente en todos los temas, máxime si se trata de una asunto tan delicado como este. Al mismo tiempo, no parece que se esté dando satisfacción a los artículos 66 y 72 de la Constitución de la República. En nuestra humilde opinión, de aprobarse esta resolución del Cuerpo se estaría enviando una señal equivocada a la sociedad en su conjunto; de una forma indirecta se estaría debilitando la institución parlamentaria y en forma directa el instituto de la Comisión Investigadora, mecanismo esencial de control de las minorías a las mayorías, de acuerdo con los dictámenes de la ciudadanía en las elecciones nacionales.

En otros términos, no ha habido una explicación suficiente y en profundidad en cuanto al hecho de que la moción que está en trámite de votación excluye al señor Diputado Pita. Por lo tanto, indirectamente está afectando razones de equidad al tratar situaciones similares en forma desigual, sin ningún tipo de fundamento. Toda resolución de todo cuerpo público debe ser fundamentada y en la decisión de esta Cámara se estaría configurando una desviación de poder.

En conclusión -para no aburrir a los colegas- se contraviene el texto y el espíritu del artículo 112 de la Constitución en el que se establece que jamás ningún Legislador será responsable por lo dicho en el ejercicio de sus funciones.

SEÑOR MOLINELLI. - Afirmativa.

SEÑOR MONTANER. - Afirmativa.

SEÑOR MORELLI. - Afirmativa.

SEÑOR MUJICA. - Negativa.

SEÑOR NUÑEZ GUERRA. - Afirmativa.

SEÑOR OBISPO. - Negativa.

SEÑOR OLIVAR CABRERA. - Afirmativa, y voy a fundar el voto.

En mi trayectoria como Legislador he votado tres juicios políticos y he sostenido siempre como un principio esencial oír al inculpado.

El doctor Justino Jiménez de Aréchaga dice: «yo no creo que esta audiencia del denunciado sea imperativa para la Cámara. Considero que no es preceptivo que la Cámara de Representantes, en este estadio del proceso, en esta segunda etapa en el conocimiento de la denuncia, deba oír necesariamente al inculpado. Entiendo que es facultativo de la Cámara resolver si lo ha de oír o no. Puede haber dudas acerca de hechos importantes que induzcan a la Cámara a oír al acusado».

Más adelante expresa: «Obsérvese que no estoy diciendo que pueda haber un juicio político que culmine sin que se haya oído al inculpado. ¡Jamás se me ocurriría sostener semejante cosa! En todo caso, el inculpado tendrá que ser oído en el curso del proceso».

Como el proceso recién comienza no he tenido la oportunidad de escuchar al inculpado que, inclusive, no vino hoy a la Cámara, pero voto afirmativamente con la esperanza de que sea oído en el Senado de la República, como lo aconseja el doctor Jiménez de Aréchaga y porque es un principio inalienable en el Derecho Procesal en este país, inclusive en cuanto al aspecto penal.

SEÑOR ORRICO. - Negativa.

SEÑOR PACHECO KLEIN. - Afirmativa.

SEÑORA PALACIO. - Negativa.

SEÑOR PANDOLFO. - Negativa.

SEÑOR PENADES. - Afirmativa.

SEÑOR PEREIRA PABEN. - Afirmativa.

SEÑOR PEREZ. - Negativa.

SEÑOR PIANA EFFINGER. - Afirmativa, y voy a fundar el voto.

Como Presidente de la Bancada del Partido Nacional, deseo hacer una pequeña declaración en nombre de mi Partido.

«En la fecha, con respecto al Diputado Nicolini, la Cámara de Representantes dispuso iniciar ante el Senado los trámites previstos en los artículos 93 y 102 juicio político de la Constitución de la República. El hecho detonante, luego de casi un año de difamación de hombres públicos de nuestro Partido, fue su participación en la difusión pública y parlamentaria de documentos probadamente falsos con el claro objetivo de engañar a la opinión pública y torcer la voluntad parlamentaria en una investigación. La conducta en el mismo episodio del Diputado Carlos Pita está también gravemente comprometida.

Dio lectura en conferencia de prensa a los documentos apócrifos, y participó activamente en gestiones tendientes a su aceptación en el seno de la Comisión Investigadora. La Bancada de Diputados del Partido Nacional manifiesta su voluntad de analizar la situación del Diputado Carlos Pita, cuya conducta, reñida con la ética que debe sustentarse en la función pública, se reprueba categóricamente. Montevideo, 26 de julio de 1996.»

SEÑOR PICA FERRARI. - Afirmativa.

SEÑOR PINTADO. - Negativa.

SEÑOR POSADA. - Negativa, y voy a fundar el voto.

En primer lugar, quiero señalar que para nosotros esta no era la oportunidad para considerar este tema. Nos parece que desde ese punto de vista es una resolución inconveniente, impulsada por los Legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional. Digo esto porque todavía no se terminó de procesar una investigación -por lo menos sus conclusiones- y porque priva a un sector de esta Cámara que tenía un representante en esa Comisión de la posibilidad de hacer un seguimiento de primera mano en cuanto al juicio final. Este es un hecho que hay que remarcar.

En segundo término, estoy convencido de que los fundamentos dados en Sala apuntan justamente al artículo 115 de la Constitución. En ese sentido, entiendo que debería crearse una Comisión Especial que diera las garantías del libre proceso a las personas a quienes se ha imputado desórdenes de conducta por varios señores Legisladores.

En tercer lugar, es bueno recalcar -deberíamos reconocerlo absolutamente todos- que de acuerdo con el artículo 77 del Reglamento de esta Cámara, el señor Diputado Leonardo Nicolini así como el señor Diputado Carlos Pita hubieran estado impedidos de participar en la discusión, en la medida en que se estaba tratando un asunto de su interés individual. Esto debe constar así porque, de lo contrario, estaríamos violando el Reglamento, y ese no ha sido el espíritu de la Cámara.

En cuarto término, quiero felicitar a quien ha ejercido la Presidencia de la Cámara, por la excelente conducción de este debate en un tema muy escabroso y difícil, pues demostró ponderación y actitud de tolerancia, lo que ha sido fundamental para esta discusión.

SEÑORA PUÑALES BRUN. - Afirmativa.

SEÑOR RAFFO. - Afirmativa.

SEÑOR REBOLEDO. - Negativa.

SEÑOR RECUERO. - Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ. - Negativa.

SEÑOR RUBIO. - Negativa, y voy a fundar el voto.

Quiero manifestar que hago mías, a excepción del procedimiento que propone, las expresiones del señor Diputado Michelini. A mi juicio, esta decisión de la Cámara constituye un grave error y un acto preñado de arbitrariedad que va a tener graves consecuencias políticas no deseables para el futuro de nuestro país.

SEÑOR SALTRE. - Afirmativa.

SEÑOR SARALEGUI. - Afirmativa.

SEÑORA SARAVIA OLMOS. - Afirmativa.

SEÑOR SEDARRI LUACES. - Afirmativa.

SEÑOR SEMPRONI. - Negativa, y voy a fundar el voto.

Estamos ante un juicio sumario en el que este Cuerpo se extralimita porque es violatorio del artículo 112 de la Constitución de la República.

SEÑOR SORIA. - Afirmativa.

SEÑOR STIRLING. - Afirmativa.

SEÑORA TOURNE. - Negativa.

SEÑOR TROBO. - Afirmativa.

SEÑOR VARGAS. - Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Afirmativa.

Dése cuenta del resultado de la votación.

(Se lee:)

«Han votado noventa y un señores Representantes: cincuenta y ocho lo han hecho por la afirmativa y treinta y tres por la negativa.»

-El resultado es: Afirmativa.

De acuerdo con la moción aprobada se procederá a comunicar esta resolución al Senado de la República, con el agregado de todos los antecedentes.

SEÑOR LARROQUE. - ¡Que se comunique en el día!

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Se va a votar.

(Se vota:)

-57 en 89: Afirmativa.

(Texto de la resolución aprobada:)

«Resolución. 1) De conformidad con lo establecido por el artículo 93 de la Constitución de la República, la Cámara de Representantes declara que hay lugar a la formación de causa al señor Representante Nacional Leonardo Nicolini.

2) Por la presunta comisión de los delitos establecidos en los artículos 179 (calumnia y simulación de delitos), 243 (uso de documento o de un certificado falso, público o privado), 333 (difamación) y 334 (injurias), con sus respectivas circunstancias agravantes, numerales 5º), 8º) 9º) y 13) del artículo 47, y 335 del Código Penal -los que se consideran delitos graves, de acuerdo a las circunstancias y condición del agente- resuelve acusarlo ante la Cámara de Senadores.

3) Comuníquese esta resolución al Senado de la República, con la agregación de todos los antecedentes.»

- Corresponde votar la moción presentada por la Bancada íntegra del Frente Amplio.

SEÑOR TROBO. - ¿Me permite, señor Presidente? No procede votar esa moción, salvo que los firmantes acusen de delitos penales a los acusados. En este caso se deberá incluir la lista de los acusados y de los firmantes y los delitos por los que se acusa.

(Murmullos. Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Fernández Chaves). - Si los señores Diputados toman asiento, vamos a poder aclarar perfectamente el tema.

La Cámara fue citada para tratar estrictamente la situación de los señores Diputados Nicolini y Pita debido a la presentación de documentos falsos en la Comisión Investigadora. La moción que presentan los señores Diputados del Frente Amplio amplía el orden del día en tanto pide que la Bancada en forma íntegra sea considerada dentro del juicio político. En consecuencia, lo que se está haciendo es agregar otro punto al orden del día de la sesión extraordinaria. Por lo tanto, debemos votar si se integra o no al orden del día de hoy, si de acuerdo con la cantidad de votos se pasa para la próxima sesión ordinaria o si la moción es rechazada. Para que el tema sea tratado en el día de hoy, se necesitan sesenta y seis votos conformes o cincuenta votos conformes para que sea ubicado en el orden del día de la primera sesión ordinaria.

Se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 89: Negativa.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 5 y 16 del día 26)

CAMARA DE REPRESENTANTES

Secretaría

El Secretario de la Cámara que suscribe hace constar que las fojas que preceden -foliadas del uno al doscientos dieciséis, inclusive- transcriben bien y fielmente la versión taquigráfica de la Sesión de la Cámara de Representantes de fechas 25 y 26 de julio de 1996. Se extiende la presente en Montevideo el treinta de julio de mil novecientos noventa y seis.

Martín García Nin. Secretario Redactor.

Carp. Nº 491/96
Rep. Nº 260/97
Anexo I

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME EN MAYORIA

ACUSACION FORMULADA POR LA CAMARA
DE REPRESENTANTES
AL SEÑOR DIPUTADO LEONARDO NICOLINI
CONFORME LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 93 DE LA
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

INTRODUCCION

CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS

Sin perjuicio de que, más adelante, se analizará en detalle el contenido concreto de la acción promovida por la Cámara de Representantes en este juicio político, nos parece necesario destacar desde ya lo que, para los firmantes de este informe, constituye el componente más grave de la conducta del Sr. Representante Nacional Leonardo Nicolini.

Se trata, nada más y nada menos, que de una actuación -de la que existen abundantes pruebas durante un largo lapso- que ha venido significando un inadmisible abuso de sus prerrogativas parlamentarias.

Así, y en primer lugar, resulta indiscutible su menosprecio público por una Comisión Investigadora que impulsó en forma protagónica y a la que luego perturbó, engañó y demoró de múltiples formas.

Ello, en segundo lugar y por consecuencia de lo anterior, significó un proceder claramente incompatible con lo que debe ser la conducta de un Legislador tanto frente a la Cámara que integra como al Poder Legislativo en su conjunto.

En tercer lugar, fuera del ámbito parlamentario pero en el curso de las labores de la Comisión Investigadora, agravió al Partido Nacional en su conjunto, en una forma que nada tiene que ver con un momentáneo y apasionado desborde personal.

Habida cuenta de lo que implica, por una parte, el contradictorio contenido, que creemos deliberado, de sus expresiones públicas y, por la otra, el manejo de los «tiempos» en función, no de la eficacia y seriedad de sus denuncias, sino de su particular criterio respecto de cómo mejor captar la atención de la opinión pública.

Debe entonces quedar en claro que, para la mayoría de vuestra Comisión, la o las causales de juicio político invocadas por la Cámara de Representantes se han configurado plenamente, sea cual sea el resultado final de las actuaciones que, como es de práctica parlamentaria, han sido derivadas hacia el Poder Judicial.

Por esa razón, esta Comisión no se pronunciará sobre las denuncias en las que dicho Poder está entendiendo, a raíz de las labores de la Comisión Investigadora y de la ulterior resolución de la referida Cámara.

Sin perjuicio de lo que al respecto desarrollaremos en el Capítulo III de este informe, desde ya descartamos rotundamente la posibilidad de invocar, en descargo del Sr. Representante Nacional Leonardo Nicolini, la especial protección que derivaría del Art. 112 de la Constitución. La irresponsabilidad «por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones» los Legisladores, en modo alguno puede significar la inaplicabilidad, entre otras, de las disposiciones sobre el juicio político (Art. 93) ni, tampoco, de las relativas a la potestad correccional de cada Cámara (Art. 115).

CAPITULO I

LA PROCEDENCIA DE LA
ACUSACION DEDUCIDA POR LA
CAMARA DE REPRESENTANTES

1. - El Art. 93 de la Constitución habilita a la referida Cámara para acusar ante el Senado, entre otros, a los Legisladores «por violación de la Constitución u otros delitos graves».

Y el Art. 102, a su vez, dispone que la Cámara de Senadores abrirá «juicio público» a los acusados fallando «al solo efecto de separarlos de sus cargos, por dos tercios del total de sus componentes».

Como hemos señalado en la Introducción, el Sr. Representante Nacional Leonardo Nicolini incurrió en diversos delitos que, por la naturaleza política del juicio en curso, deben considerarse «graves». Sobre todo teniendo en cuenta el especialísimo celo con que la Constitución aborda el tema de la conducta de los integrantes del Poder Legislativo.

2. - La resolución de la Cámara de Representantes del 25/26 de julio de 1996.

Esa resolución establece textualmente:

«1) De conformidad con lo establecido por el artículo 93 de la Constitución de la República la Cámara de Representantes declara que hay lugar a la formación de causa al Sr. Representante Nacional Leonardo Nicolini.

2) Por la presunta comisión de los delitos establecidos en los artículos 179 (calumnia y simulación de delitos), 243 (uso de documento o de un certificado falso, público o privado), 333 (difamación), 334 (injurias), con sus respectivas circunstancias agravantes, numerales 5º), 8º), 9º) y 13) del artículo 47, y 335 del C. Penal -los que se consideran delitos graves, de acuerdo a las circunstancias y condiciones del agente- resuelve acusarlo ante la Cámara de Senadores.

3) Comuníquese esta resolución al Senado de la República, con agregación de todos los antecedentes.»

CAPITULO II

LAS ESPECIALES CARACTERISTICAS DEL
JUICIO POLITICO

3. - Al respecto, el Senado, en la anterior Legislatura asumió posición en la discusión doctrinaria sobre el punto, al resolver el caso del juicio político a dos Ediles del Depto. de Maldonado.

En el informe correspondiente de la Comisión de Constitución, redactado por los Senadores Santoro y Korzeniak, que fuera aprobado en forma unánime por aquélla y por el Cuerpo, se sostuvo el criterio de que el calificativo de gravedad reposa fundamentalmente en el carácter del agente y los efectos institucionales de la conducta delictiva, más que sobre la valoración exclusivamente jurídico-penal, dada por el Código respectivo a cada figura.

Así, en lo medular, decía el referido informe:

«En el juicio unánime de la Comisión de Constitución y Legislación, la expresión delitos graves debe analizarse con el siguiente alcance:

1) «Por un lado debe haber conductas tipificadas penalmente como delitos, es decir, que no basta una conducta inconveniente o inmoral si no constituye delito. Como dice Justino Jiménez de Aréchaga («La Constitución de 1952», Tomo II, pág. 105): «la violación de la ley tipificando un delito que puede dar origen al Juicio Político.»

2) Por otro lado ese delito será grave cuando se trate de conductas delictivas relacionadas directamente con la función pública que desempeña el enjuiciado. Como dijo Juan José Carbajal Victorica en consulta que le formuló El Bien Público en 1960: «el Juicio Político debe ser hecho con el fin de saneamiento institucional.»

«El Juicio Político está establecido para proteger el funcionamiento correcto de los órganos públicos. El Senado en la valoración de la gravedad, debe tener particularmente en cuenta que el objetivo de este tipo de mecanismos es la protección de la función pública con las correspondientes sanciones para quienes incurren en conductas que la deterioran. Esta conclusión se basa en abundantes argumentos: la enumeración de delitos, contenida en la Constitución de 1830 (traición, concusión, malversación de fondos públicos, etc.) muestra claramente que el Juicio Político quiere castigar principalmente los delitos que lesionan la propia función pública.»

«Por otra parte, ninguna de las tesis basadas en la medida de las penas ha podido explicar cómo se supera la circunstancia de que en todo el Derecho Penal moderno, incluido el nuestro, las sanciones penales tienen un mínimo y un máximo, por lo general muy alejados, siendo muy frecuente que el mínimo sea de prisión y el máximo de penitenciaría.»

«La individualización de la pena es hecha por el Juez en una sentencia. Pretender que el Senado en estas situaciones hiciera dicha individualización de la pena a efectos de determinar si un delito es o no grave, implicaría desnaturalizar totalmente el mecanismo del Juicio Político; tomar la media aritmética de dichos máximos y mínimos, sería por otro lado, una mecanización inaceptable para determinar nada menos que la procedencia o improcedencia de un Juicio Político.»

«El carácter político-penal de la responsabilidad que se pone en juego en un Juicio Político (Considerando I) conduce a la misma conclusión: el aspecto penal de dicha responsabilidad implica la exigencia de una conducta tipificada como delito por la ley; el aspecto político de tal responsabilidad conduce a que la gravedad se analice en función de la relación entre el delito y la función pública.»

«La tesis de que esta gravedad debe analizarse en función de la gravedad de las penas, finalmente, no resiste el embate de un argumento muy claro: las actuaciones de la Justicia Ordinaria son independientes de las que se desarrollan en el Juicio Político, el Senado teóricamente puede entender que hubo delito y que éste es grave, mientras que un Juez, puede concluir que no hubo delito o que habiéndolo carece de gravedad a los efectos de la pena a aplicar. Esto es así, muy claramente en nuestro sistema constitucional entre otras cosas por el efecto del Juicio Político, cuando se hace lugar al mismo es exclusivamente la separación del cargo del acusado (Art. 102), quien es luego sometido a la Justicia Penal (Art. 102) a la que pueden quedar sujetos concomitantemente en el Juicio Político los Ediles, por cuanto carecen de los «fueros» que tienen los gobernantes nacionales. De modo que, en hipótesis, un gobernante puede ser separado de su cargo por un Juicio Político y, aunque sobrevenga una sentencia de un Juez Penal absolutoria, no vuelve a la función de la cual fue separado: todo lo que demuestra que la medida de la sanción penal al ser individualizada por el Juez, es un elemento ajeno a la consideración por el Senado de la gravedad del delito a efectos de resolver en el Juicio Político.»

«En el «impeachment» inglés la decisión del Juicio Político por la Cámara de los Lores cuando es afirmativa no solamente separa del cargo al funcionario sino que además puede inhabilitarlo para desempeñar otros cargos en el futuro y aun imponer penas corporales que pueden abarcar incluso a particulares mezclados con el gobernante que delinque. Esta jurisprudencia parlamentaria se instauró en Inglaterra a partir del reinado de Eduardo III, en 1376, en el «impeachment» seguido por Lord Latimer, consejero privado del Rey, y que afectó también a Ricardo Lyons un comerciante británico. (Gallo, Juicio Político, imprenta Pablo Caorsi, Buenos Aires, 1897, páginas 34 y siguientes).»

«En ese sistema sí, la Cámara Alta debe ingresar en una suerte de individualización de la pena. Como se habrá apreciado nuestro sistema excluye tal posibilidad, todo lo cual conduce nuevamente a la conclusión inequívoca para el Senado de que a los efectos de ese mecanismo que se está decidiendo, la gravedad del delito se juzga en función del aprovechamiento personal de la función pública, de la confusión entre los deberes de éste y las ventajas individuales. Todo lo cual conspira contra el prestigio de los órganos públicos. La figura de la concusión (que mencionaba la Constitución de 1830) es muy ilustrativa al respecto porque supone que el gobernante recibe precio o provecho, bien para realizar la función que le es impuesta o simplemente obteniéndolo al amparo abusivo del mismo.»

El criterio ya había sido expuesto por el Dr. Korzeniak en 1973, a nivel de la Cámara de Representantes.

«La otra causal prevista es la de «otros delitos graves», según dice la Constitución. Tiende a generalizarse la opinión de que debe entenderse por delitos graves aquellos que se castigan con pena de penitenciaría; por oposición no serían graves aquellos que no se castigan con pena de penitenciaría; sino con pena de prisión. No comparto esta tesis. Me parece que no debe plantearse la oposición entre delitos que se castigan con pena de penitenciaría y delitos que se castigan con pena de prisión, sino entre delitos graves -artículo 93- y delitos comunes -artículo 114-.»

«A efectos de determinar esta distinción, no creo que se deba recurrir simétricamente al criterio de si los delitos se castigan con prisión o penitenciaría. Una rápida lectura de las disposiciones penales evidencia que en una serie muy profusa de delitos, la pena oscila entre un mínimo que es de prisión y un máximo, que es de penitenciaría. No corresponde a la naturaleza y a las funciones de los cuerpos parlamentarios, abordar la tarea de la individualización de la pena a efectos de determinar si habrá de recaer pena de prisión o de penitenciaría; a menos que se forzara mucho la tesis y se llegara a sostener que sólo serían delitos graves aquellos que tuviesen como mínimo pena de penitenciaría.»

«Pienso que a los efectos del artículo 93, el concepto de delito grave requiere dos cosas: en primer lugar, que haya delito, es decir, que sea tipificado como tal por las leyes, que es donde naturalmente se tipifican los delitos; y en segundo término, opino que la gravedad debe examinarse desde el punto de vista parlamentario, es decir, con un criterio que debe atender a si el delito que se comete está íntimamente vinculado a la calidad de gobernante. Me fundo en cierto modo en el estudio histórico de la disposición, especialmente en la circunstancia de haberse eliminado las referencias a tipos de penas.»

CAPITULO III

TEMAS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO

4. - En este Capítulo nos referiremos a aquellos descargos que no están vinculados con la conducta presuntamente delictiva objeto de la acusación de la Cámara de Representantes, siguiendo en el orden en que aparecen tratados en el primero de sus escritos.

A.- Recusación.

a) En el numeral 15 y subsiguientes del primero de sus escritos, el acusado recusa a la totalidad de los «Senadores que integran el Lema Partido Nacional», fundándose en la pertinencia de aplicar, analógicamente, el artículo 325 del C. General del Proceso y el artículo 96, inciso 1º, del Reglamento del Senado, concluyendo en que «ninguno de los recusados está en condiciones de asumir...una posición de absoluta neutralidad» (Nº 21).

b) Es conveniente desde ya prologar la desestimación de esta objeción con algunas consideraciones generales acerca del Juicio Político, válidas no sólo para este punto específico sino para otros planteos del acusado.

Como se ha expuesto precedentemente el Juicio Político es un instituto escuetamente regulado por la Constitución y, además, carece de una reglamentación legal (ver Capítulo I, 2)

Sus características han perdurado a lo largo de los años, pudiéndose interpretar que ha sido y es la voluntad de los Constituyentes y Legisladores no entrar en detallismos que conspiren contra la deseable flexibilidad que deben tener las formas y la materia del Juicio Político.

Todo ello, por supuesto, distancia a la figura del artículo 93 de la Constitución tanto del Derecho Procesal como el Derecho Penal.

c) Se trata de un instituto de corte netamente político por cuatro razones principales.

La primera, por su finalidad de saneamiento institucional.

La segunda, por su objetivo específico, que es la dilucidación, la existencia o no de responsabilidades político-penales, en cuya decisión puede pesar -generalmente deben pesar- «consideraciones de oportunidad y de conveniencia políticas, lo que no es propio de las decisiones judiciales». (J. J. de Aréchaga, «La Constitución Nacional», T. III, pág. 154).

La tercera, por sus actores, ya que todos ellos -acusador, acusado y Jueces- son políticos y en modo alguno pueden ni deben ignorar esa condición.

La cuarta, por sus consecuencias que no son de índole penal.

Se desprende de todo lo anterior la imposibilidad jurídica de extrapolar al Juicio Político normas propias de otros ámbitos y realidades de carácter jurídico.

d) Con relación concreta a la recusación pretendida, entonces, cabe afirmar que no encuentra base en norma alguna.

Por otra parte, algo tan trascendente como sería consagrar un impedimento para la actuación de un Legislador bastaría por sí solo para desechar el planteo de marras.

Las causales por las cuales los Senadores no deben actuar se encuentran editadas en la Constitución (Arts. 122 a 124 y 126), y entre ellas no está contemplada esta que pretende el Sr. Representante Nacional Leonardo Nicolini.

O, dicho de otra manera. Los Senadores son electos por la ciudadanía y desempeñan sus funciones durante cinco años (Arts. 94 y 97) sin otra posibilidad de interrupción de las mismas que las dispuestas a texto expreso por la Carta.

e) Resulta de lo anterior que no existe norma constitucional o legal de especie alguna que arbitre un mecanismo destinado a viabilizar la recusación planteada. Sabido es que en el Derecho cuando se admiten medidas recusatorias -y ello siempre requerirá un texto expreso- a la vez se determina el mecanismo que da solución de continuidad a la medida.

f) Además, afirmamos sin tener dudas al respecto, que admitir una recusación como la reclamada equivaldría a que el Senado o vuestra Comisión en su caso cambiara o pretendiera cambiar la integración del Cuerpo o, todavía más, disponer por sí y ante sí su desmembramiento.

g) Desde otro ángulo, declaramos que no nos parece extrapolable al Juicio Político lo que determina el artículo 325 del C. General del Proceso que configura como causal de la recusación «toda circunstancia comprobable que pueda afectar la imparcialidad del Juez por interés en el proceso en que interviene o afecto o enemistad en relación a las partes... así como por haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento)».

Es imposible exigirle a los integrantes de la Cámara de Representantes -como acusadores- o del Senado -como Jueces- características que le son ineludiblemente ajenas, aunque sean esenciales para la administración de justicia.

La Cámara que acusa y la que juzga tienen una composición política que nada tiene que ver con lo que es y debe ser el Poder Judicial.

h) Siempre sucederá que los actores políticos llamados constitucionalmente a juzgar -todo y cada uno de los miembros del Senado- habrán «dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión...». Ello ocurrirá, como ha ocurrido en este Juicio Político, antes de que el mismo comenzara y durante toda su tramitación.

i) No queremos pasar por alto el hecho de que, para que la recusación planteada tuviera algún grado de coherencia, debería haberse dirigido, no sólo a los Senadores del Partido Nacional sino a todos los demás.

Incluidos, obviamente, los del Frente Amplio que tienen y han tenido tanto eventual «interés en el proceso», «afecto o enemistad en relación a las partes» o circunstancias en las que ya han «dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión», como los representantes en la Cámara Alta del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Nuevo Espacio y del Partido por el Gobierno del Pueblo.

j) Todo ello habida cuenta de que por la vía de una recusación como la intentada, en el caso de prosperar, se llegaría al absurdo de consagrar la impunidad para cualquier «violación de la Constitución u otro delito grave» en la que incurriera un actor político. Cabe la posibilidad, por ejemplo, de que el ataque del acusado al Partido Nacional -ocurrido en los tramos finales del trabajo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados- tuviera por objeto el propósito de habilitar posteriormente la recusación.

k) Por último. Los acá firmantes -todos ellos sin excepción- subrayan la prudencia, la mesura -y, por supuesto, la paciencia- del Partido Nacional que, antes de iniciar el procedimiento penal de público conocimiento, reiteradamente advirtió y emplazó al acusado para que cesara su campaña difamatoria, rectificándose o, en su caso, concretando con seriedad múltiples imputaciones que este informe en mayoría ha recogido en forma elocuente.

B.- Ausencia de instrucción.

A ello se refiere el acusado en los numerales 31 y subsiguientes de su libelo, debiendo desestimarse la nulidad impetrada en mérito a lo siguiente:

a) Independiente de las consideraciones sobre el fondo, no cabe al Senado juzgar el proceder de la Cámara de Representantes. Debe pronunciarse sobre el fondo, pero no puede hacerlo sobre la conducta de su par legislativo.

b) Tampoco aquí hay norma alguna que imponga un procedimiento, ni sería imaginable una instrucción en muchas de las hipótesis de juicio político. (Ej.: del Presidente, Ministros de la Suprema Corte, etc.)

c) Más allá de formalismos, la materia de este juicio político está constituida -como se verá- por una larguísima cadena de hechos, en su mayoría públicos. Más aún, el estrépito público es, a la vez, efecto deseado por el acusado y elemento integrante de la acusación en la mayoría de sus extremos.

A nadie, ni al acusado ni al acusador, le cabían dudas acerca de los hechos.

Téngase presente -insistimos en ello- que el acusado había sido reiterada y públicamente advertido acerca de las consecuencias que podrían sobrevenirle a raíz de su conducta.

d) A mayor abundamiento, los hechos fueron objeto de debate en el seno de nuestra Comisión Investigadora, a lo largo de varios meses.

e) Otro tanto cabe decir en cuanto a la «calificación de grado» levantada por el acusado (Nº 32) y que fuera objeto de las advertencias públicas ya referidas.

En definitiva, es obvio -y así lo demuestran diversas intervenciones en la sesión de Representantes del 25 y 26 de julio de 1996- que quienes encontraron mérito para la formación de causa, estimaron contar con un adecuado conocimiento de los hechos.

C.- Ausencia de conocimiento de los hechos por parte del acusado y la consecuente indefensión.

Tampoco es de recibo tal impugnación por lo anteriormente expuesto, ni puede esgrimirse como argumento de desconocimiento la omisión voluntaria del acusado en concurrir a la sesión acusatoria. O la falta de una notificación posterior, formalidad ésta que, amén de carecer de sustento normativo, tiene una evidente intrascendencia material:

a) Ni la presencia del acusado en la sesión de la Cámara de Representantes del 25 de julio de 1996 iba a ilustrarlo adicionalmente sobre lo que ya sabía -debe ser por eso que no compareció- ni la ausencia de la notificación le impidió conocer lo ocurrido en aquella oportunidad puesto que consta en el correspondiente Diario de Sesiones.

b) El propio escrito de descargos es prueba suficiente de que no ignora detalle alguno, sea de la acusación o sea de las etapas posteriores ocurridas en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que ha citado profusamente.

D.- Ausencia de forma procesal adecuada.

Este punto, que fuera debatido repetidas veces en vuestra Comisión, no sólo carece de sustento jurídico sino que ignora el espíritu con que fue encarado por ella:

a) Tampoco aquí hay normas expresas. Por ello la mayoría de la Comisión -que además, es autora de este informe- decidió seguir el precedente más cercano, cual fue el juicio seguido hace algunos años a dos Ediles del Departamento de Maldonado, reiterándose en diversas oportunidades la voluntad de flexibilizar los procedimientos para asegurar al máximo los derechos del acusado.

b) Lo anterior quedó ampliamente demostrado, no sólo en lo que tiene que ver con los plazos dispuestos, sino en lo concerniente a la recepción de probanzas.

c) En su escrito evacuando a la vista oportunamente conferida, del 12 de setiembre de 1996, criticó sin embargo el procedimiento.

d) Un párrafo especial nos merece el agravio del acusado por la ausencia de un «expediente foliado y armado en forma» (Nº XII).

Ello no es exacto, habida cuenta de que no se recibió de él solicitud alguna al respecto.

E.- Riesgos de sentencia contradictorias.

A partir del Numeral III de su libelo el acusado sostiene que ni podía iniciarse, ni cabe continuar con el juicio político, en mérito a la existencia de procesos penales de fecha anterior.

a) En nuestro ordenamiento jurídico no son desconocidas las hipótesis de posibles sentencias contradictorias respecto de los mismos hechos, pero de responsabilidades de naturaleza diversa. Así, por ejemplo: la justicia penal puede condenar al autor de un delito (penal) y la justicia civil exonerarlo de reparar los perjuicios patrimoniales al damnificado, por considerar que no ha existido delito o cuasidelito civil.

b) Así también, el Contencioso Administrativo de anulación puede concluir en una sentencia anuladora y el Contencioso de Reparación fallar absolviendo al Estado.

c) Si ello es así en otros órdenes, lo es mucho más en materia de juicio político, donde la independencia con relación a la jurisdicción penal ordinaria es absoluta, el objeto del proceso es diverso, y distintos son los actores, las causales y los efectos del pronunciamiento como lo ha reconocido la doctrina sin excepciones. Sugestivamente no existe una sola cita doctrinaria o jurisprudencial al respecto en el libelo de descargos.

F. Irresponsabilidad por opinión.

Se trata de una defensa que toca el aspecto materia de la conducta imputada.

En los numerales 107 y ss. del escrito de setiembre del año pasado, el acusado aduce que los «delitos de expresión acriminados... quedarían amparados por la irresponsabilidad... que garantiza el artículo 112 de la Constitución...».

Debe tenerse presente, ante todo, que la indebida conducta del Sr. Representante Nacional Leonardo Nicolini se evidenció, no solamente a través de sus expresiones públicas, sino con la presentación de documentos cuya falsedad ha quedado probada plenamente.

b) Nuestra doctrina -es cierto- se muestra dividida en sus posiciones respecto a la consideración teórica del tema. Así, Cassinelli adopta lo que podría llamarse una tesis amplia, sosteniendo que bien puede un Legislador verse en la necesidad de actuar fuera del estricto ejercicio de sus funciones, a los efectos de comunicarse con sus partidarios, lo que entiende que debería considerarse amparado por el artículo 112 (Conf. Anexo II, rep. 503 de junio de 1973, Carp. 1416, de la Cámara de Representantes). En sentido opuesto, Barbagelata sostiene que las opiniones y discursos de un Legislador fuera del ejercicio de sus funciones no quedan protegidas por dicho artículo (Conf. ob. cit.).

c) Debe tenerse presente, más allá de la evolución que sobre el punto ha tenido la doctrina -porque estamos ante un instituto cuya realidad histórica ha cambiado mucho desde su creación- que se trata de una norma excepcional.

d) Efectivamente, constituye un privilegio aplicado a los Legisladores que en esta materia quedan exceptuados del principio constitucional de igualdad.

e) Como se trata de una norma excepcional, su interpretación siempre será estricta no siendo admisible una de carácter extensivo o analógico (Conf. «Responsabilidad Civil de los Funcionario Públicos», Edit. Univ., 1955, pág. 21).

f) Dicho en otros términos, más que un derecho individual del Legislador, la irresponsabilidad es un instrumento para el correcto desempeño de su función.

g) Se deduce entonces que ni siquiera en una interpretación amplia -que ni siquiera sería la de Cassinelli- podría aceptarse un grado tal de irresponsabilidad que fuera utilizado como escudo protector para la comisión de delitos. Sobre todo cuando, a través de los mismos, se atacan los bienes jurídicos que este informe ha enumerado precedentemente. No es esta -no lo podría ser- la finalidad del artículo 112 de la Constitución.

h) Aunque parece innecesario, a mayor abundamiento, podría recordarse la insoslayable posición de Jiménez de Aréchaga en el sentido de que si subsistieran dudas en un caso concreto, cabe a la Cámara respectiva dilucidarlas. Esto ha ocurrido en la especie.

i) Por último. El 3 de febrero de este año,. el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno, confirmando fallos de los Sres. Jueces Drs. William Corujo y Enrique Moller, en dos causas seguidas precisamente contra el acusado, acoge y reitera en forma impecable, la tesis correcta al respecto. El Tribunal sostuvo que los fueros no alcanzan a los Legisladores cuando participan en actos «legales o ilegales propios de un ciudadano o habitante de este país» o en acciones «ajenas a la actividad legislativa».

j) En sustancia, el Tribunal antedicho sostuvo: «En la actividad de los Legisladores existe una zona clara de ejercicio de su función que podríamos concretar en la desarrollada en las reuniones que realiza la Cámara a la que pertenecen, Comisiones Investigadoras y demás Comisiones que integran y que realmente llevaron durante años a unir la función con el lugar de desempeño de la misma: Palacio Legislativo». No obstante, y también correctamente, expresó el Tribunal que «Son claramente calificadas como ejercicio de sus funciones, muchas que se realizan fuera de ese recinto... existe también una clara zona de actos y conductas que nada lo vinculan con su carácter de Legislador sino que son actos, legales o ilegales, propios de un ciudadano o habitante de este país... Por tanto (están) claramente sujetos a la esfera de la Justicia».

k) Y por último -reiterando que el Tribunal fallaba en la alzada respecto de dos denuncias penales contra el acusado- dijo que «habiéndose encontrado elementos suficientes para la iniciación del proceso, la inmunidad es un obstáculo a remover para cumplir su función como Juez».

(V. «Búsqueda», 6/12 de febrero de 1997, pág. 6).

CAPITULO IV

ANALISIS DE LA CONDUCTA PRESUNTAMENTE DELICTIVA

I. INTRODUCCION

Las desviaciones de conducta por las que la Cámara de Representantes acusa al Diputado Nicolini ante el Senado no se produjeron -con la posible excepción de lo referido a ciertos documentos falsos- en actos puntuales, aislados. Ni siquiera en una sucesión casual de actos, encadenados en forma puramente fortuita.

Muy por el contrario, la conducta por la que se acusa al Diputado Nicolini y que el Senado debe analizar, consiste en una campaña pública, a través de la prensa, lanzada por el acusado y mantenida regularmente, de forma no sólo expresa, sino sofisticadamente estudiada y, como se verá, dosificada exprofeso a lo largo de casi un año.

No resulta convincente el argumento de que se hubiere recurrido a los medios masivos de comunicación por la doble convicción de la ocurrencia de delitos y de ser aquélla la única vía idónea para su investigación. En primer lugar, porque -como se probará- la campaña de opinión fue montada con refinada y persistente malicia, tejiéndose una tela de insinuaciones, acusaciones y anuncios cuya única manifestación concreta al cabo de varios meses (y ante severas presiones de producir los resultados repetidamente prometidos) fueron documentos probadamente falsos que, a mayor abundamiento, ni siquiera se referían a varias de las personas que fueron víctimas de la orquestación publicitaria emprendida por el acusado.

En segundo lugar, porque esa campaña publicitaria se desarrolló mayoritariamente en forma simultánea con la labor de una Comisión Investigadora para el mismo tema. Ello no sólo destruye la pretensión de que fuera necesaria una denuncia pública para asegurar que se investigarían los hechos, sino que la notoria manipulación que el acusado Nicolini hizo de dicho cuerpo parlamentario, indica a las claras que, lejos de concebir la campaña publicitaria como una ayuda a la labor parlamentaria (lo que tampoco se justificaría), el acusado actuó, consciente y constantemente en sentido inverso: manipulando a la Comisión con fines publicitarios, a la vez que -mediante el escándalo público- ejercía presiones indebidas sobre dicha Comisión Investigadora.

De todo esto se concluye que el acusado, lejos de perseguir -aun por medios inadmisibles- un fin aceptable, como sería la investigación de ciertos hechos, procuraba un objetivo político: el ataque, por la vía del desprestigio, de un (y hacia el final dos) partidos políticos adversarios. Utilizando para ello como instrumento la concitación al descrédito público y la deshonra de varias personas y manipulando para sus fines al Parlamento Nacional. Todo ello a partir de su condición de Legislador.

Es particularmente significativo al respecto que la locuacidad y el estrépito del acusado ante los medios de comunicación fue acompañado en todo este larguísimo proceso por un singular laconismo en el seno de la Comisión Investigadora que integraba. Aspecto que mereció reiterados comentarios y emplazamientos de sus pares. Todos ellos infructuosos. Si la supuesta actividad continua de denunciar era considerada por el acusado como elemento necesario para la investigación: a) ¿porqué no la ejercía en el ámbito específicamente creado para ello y b) expandía sus acusaciones e inferencias a personas y temas ajenos a la investigación que supuestamente le preocupaba ?

La campaña de descrédito, personal e institucional, duró, como se dijo, casi un año, gracias a la renovada malicia de su promotor, ocupando espacios en la prensa prácticamente a diario. Basta repasar los medios a partir de agosto de 1995 y, aun sin necesidad de tan voluminosa prueba, los ejemplos que más adelante se transcribirán acreditan en forma indubitable los extremos comentados.

II. ANALISIS JURIDICO-PENAL

A los efectos de poder evaluar adecuadamente los hechos que se expondrán en el capítulo siguiente, es necesario explicar previamente las normas jurídicas a cuya luz deben analizarse aquellos hechos. Teniendo presente que al juicio político no le son aplicables los extremos de rigor jurídico propios de la jurisdicción penal.

Comenzaremos aquí por dos de las figuras delictivas -o, más apropiadamente, agrupamiento de figuras delictivas- que integran la acusación formulada por la Cámara de Representantes.

A.- Los Delitos de Difamación e Injuria:

1- Difamación:

Artículo 333 del Código Penal: «El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciería, o multa de cuatrocientos pesos a cuatro mil».

Como enseña la doctrina: «El honor es uno de los derechos fundamentales del ciudadano, reconocido por el artículo 7º de nuestra Constitución, junto a los demás bienes o derechos inherentes a la persona humana, como vida, libertad, integridad física...» (Conf. M. Cairoli de 1989 T. III, P. 141). No es causal, además, que el honor sea el «segundo de los derechos reconocidos por el artículo 7º...» (J.J. de Aréchaga, «La Constitución Nacional», T. 2, pág. 28), aun antes que la libertad.

Elementos de la Figura Delictiva:

a) La difusión: «...Ante varias personas... de tal manera que pueda difundirse...».

b) Un sujeto pasivo, que puede ser una persona (o más) o una «corporación política» (Art. 338 inc. 3).

c) La atribución de un hecho determinado: «Como se ha dicho, basta con que, por lo menos, el hecho no sea vago, impreciso, indistinto o genérico, sino concreto y específico» (Cairoli, pág. 146).

d) Con ciertos efectos: que «pudiera dar lugar»... «a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerlo al odio o al desprecio público...».

e) El delito se castiga a título de dolo directo «y no se requiere ningún ánimo especial, que intencionalmente vaya más allá de la conciencia y voluntad de atribuir a una persona un hecho determinado en las condiciones y circunstancias requeridas por... el Art. 338...» (op. Cit. P. 48).

Por último, el Código presenta una serie de Circunstancias Agravantes:

i/- Generales:

- la premeditación y el engaño (Art. 47, Nº 5)
- carácter público del agente (Nº 8)
- menosprecio de la autoridad (Nº 13)
- la continuación (Art. 58)

ii/- Específicas, Art. 335: «Los delitos precedentes serán castigados con un aumento de un sexto a un tercio de la pena, cuando se cometieren en documentos públicos, o con escritos, dibujos o pinturas divulgadas públicamente o expuestas al público.»

2. - El Delito de Injuria:

Artículo 334: «El que fuera de los casos previstos en el artículo precedente, ofendiere de cualquier manera, con palabras, escritos o hechos, el honor, la rectitud o el decoro de una persona, será castigado con pena de tres a dieciocho meses de prisión o multa de trescientos pesos a dos mil.»

Al tratarse de una figura residual con respecto a la anterior, no nos detendremos en ella, si bien debe consignarse que es más amplia en su concepción, toda vez que abarca cualquier ofensa.

B. - Delitos de Calumnia y Simulación de Delito:

Art. 179: «El que a sabiendas denuncia a la autoridad policial o judicial, o a un funcionario público el cual tenga la obligación de dirigirse a tales autoridades, un delito que no se ha cometido, o que simule los indicios de un delito, en forma que proceda la iniciación de un procedimiento penal para su averiguación, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.»

1) Elementos de la Figura Delictiva Calumnia:

a. - El hecho de denunciar. Al respecto, dice la doctrina: «...el Art. 179 ha acogido el término denuncia en sentido genérico, contentivo de todo acto idóneo para poder determinar la iniciación de un procedimiento penal.»... en el término antedicho quedan comprendidas no solamente las denuncias propiamente dichas, ...sino inclusive el noticiamiento genérico, es decir la llamada «Notitia Criminis» (Conf. Bayardo Derecho Penal Uruguayo, 1966 T:V: Vol. II P. 35).

b. - Un órgano receptor: En este caso, «un funcionario público el cual tenga la obligación de dirigirse a (las) autoridades policiales o judiciales.»

c. - El objeto de la denuncia: «un delito que no se ha cometido.»

d. - Sujeto pasivo: para que se configure el delito, no se requiere que la imputación sea a una persona determinada («...para nuestro Derecho, la denuncia de un delito que no se ha cometido y que se atribuye a personas indeterminadas... perfila el delito que examinamos ») (op. Cit. P. 39).

e. - Referencia subjetiva: El delito se incrimina a título de dolo directo: voluntad de denunciar y conciencia de la falsedad de la denuncia (op. cit. P. 41).

Sobre este punto se pronuncia Bayardo diciendo: «Se ha dicho con razón que la forma dubitativa de la denuncia puede ser la más insidiosa y por ende la más apta para engañar a la justicia; en efecto, muchas veces el «decirlo y no decirlo», la aseveración condicionada a reservas y cautelas hipotéticas, es la mejor arma del calumniador.»

«... la duda deja subsistente el dolo ...y por lo demás, lo que la ley penal quiere con el artículo 179 es que el denunciante esté seguro del hecho que inculpa en su denuncia, antes de movilizar el mecanismo judicial. No sólo porque eventualmente puede ofenderse con ello el bien-interés que se preserva penalmente, sino porque resulta inadmisible que una simple duda -a veces inconsciente- sea la vía oblicua para afectar eventualmente y en última instancia la libertad de los ciudadanos» (op. Cit. p. 42).

2. - Elementos de la Simulación de Delito

a. - La simulación debe ser idónea para «la iniciación de un procedimiento penal para su averiguación » (op. Cit. p. 47), pero no se requiere «ni por ende se exige para que el delito se perfeccione, la efectiva iniciación de dicho procedimiento» (p. 49).

b. - El delito se incrimina a título de dolo directo.

Finalmente, cabe señalar que el delito simulado puede «haberse realizado para ocultar un delito efectivamente cometido». «No es cosa extraña que la simulación de delito aparezca como un comportamiento que se conecta con otros delitos.»

«En tales supuestos se asiste a casos de concurrencia fuera de la reiteración según el dogma del Art. 56 del Código Penal» (op. cit. p. 50).

III. - ADECUACION DE LA CONDUCTA A LAS FIGURAS DELICTIVAS

Corresponde ahora analizar los diversos hechos y actos, componentes de la conducta del acusado, a la luz de las figuras delictivas explicitadas.

Habida cuenta de que -como se dijo- no se trata de eventos puntuales o aislados, sino de un conjunto de actos orquestados ex-profeso a lo largo de casi un año, el análisis comenzará con una reseña cronológica de ejemplos de los elementos principales que componen la conducta delictiva.

A) Reseña de la campaña difamatoria montada por el Diputado Nicolini a través de los medios de comunicación

1995

Agosto 9: La República (P.8)

«En declaraciones a CX 4 Radio Capital (el Dip. Nicolini) dijo que en el caso del SODRE se firmó un acuerdo por un monto cercano a los 6 millones de dólares, donde «misteriosamente hubo un sobreprecio en la compra de equipamientos, cercano al 80%.»

Esto significa que se compró, mediante este convenio «tan extraño» con FOCOEX, equipamiento por valores superiores en precio al 80% de lo que uno lo puede adquirir en el mercado.»

Sostuvo asimismo que en el caso del Ministerio de Salud Pública el contrato que se firmó con la empresa española fue por una cifra cercana a los 50 millones de dólares en «donde también hubo un sobreprecio» en la compra de equipamiento para esa Secretaría de Estado, lo que llama poderosamente la atención.

........

«El propio Presidente de FOCOEX, Roberto Cuñat, reconoció que la empresa pagó «coimas» en América Latina, por cifras importantes, comentó el Diputado».

Agosto 9: La Juventud (P.6)

«Dip. Nicolini amplió denuncias de sobreprecios y coimas, en convenio con España.

Compras de equipos para el SODRE se pagaron un 80% más de lo real.

También se denuncian compras hospitalarias con sobreprecios.

Tres convenios con FOCOEX, empresa que en España reconoció haber pagado coimas, se firmaron bajo la responsabilidad del ex Ministro Guillermo García Costa.»

...........

«Por informaciones que le han llegado desde España, el Diputado supo que el gobierno de aquel país ha puesto en marcha una Investigadora sobre FOCOEX, empresa a la que, de acuerdo a investigaciones que viene llevando adelante el Tribunal de Cuentas español, se le acusa de haber dado coimas en operaciones comerciales con Gobiernos de América Latina.»

«Nicolini recibió de las autoridades españolas un acta en la que consta la declaración del presidente de FOCOEX e incluso se manejan los montos de las coimas, no especificándose hacia dónde fueron destinadas en el caso de América Latina.»

«En Uruguay hubo tres operaciones en las que participaron organismos del gobierno uruguayo con FOCOEX: una en el Ministerio de Salud Pública, otra muy importante en el SODRE para el equipamiento de televisión, y la otra en ANEP» informó.

Nicolini afirmó, que está «en condiciones de adelantar que en el caso del MSP, FOCOEX cotizó el equipamiento por un valor muy superior a los valores de mercado. Puedo afirmar que en el caso del SODRE hubo una sobrevaloración del 80% sobre los valores de plaza respecto del equipamiento a través de esta empresa. Fue en una licitación que se hizo en el año 92.»

«Llama la atención que el Dr. Guillermo García Costa haya participado justamente de estas tres operaciones de las que tenemos conocimiento.

Hubo compras con sobreprecios cuando el Dr. Guillermo García Costa era responsable de estos dos Ministerios.»

«Ocho meses después nos encontramos con que se trata de una empresa intervenida por el gobierno español, habiendo sido observada por el Tribunal de Cuentas de España por coimas, ya que está siendo investigada por el Parlamento español. Si atamos esos dos elementos tenemos una presunción muy grave como para tener en cuenta y analizar estos hechos muy detenidamente», sostuvo el Diputado.» (La «investigación» de las Cortes españolas había concluido con un informe aceptando el visado del Tribunal de Cuentas y ello ocurrió en Marzo de 1995, teniendo el acusado pleno conocimiento de ello, al haber viajado dos veces a Madrid y estado en posesión del diario de sesiones de las Cortes -preguntado a la Comisión por el propio acusado).

Agosto 10: La República (P.5)

..........

«El Legislador informó que aguarda más información de lo actuado en el Parlamento español, «donde se investigan las coimas otorgadas por FOCOEX a distintos gobiernos de América Latina, y también recibiré las actas de la Comisión que estudia los hechos.»

.........

«Al ser informado sobre la posibilidad de que el ex Ministro Guillermo García Costa realice una conferencia de prensa para hablar de estos temas, Nicolini consideró «muy interesante» lo que se pueda decir, ya que «coinciden las operaciones en el SODRE y en ANEP cuando él era el titular de Educación y Cultura y con Salud Pública cuando pasa a ocupar esa Cartera.»

Nicolini dijo que confía en la existencia de «voluntad política en nuestro país para llegar a determinar quiénes han sido los destinatarios de las coimas.»

Agosto 10: La Mañana (P.3)

«El Diputado asambleísta afirmó que la empresa FOCOEX también habría participado en las reparaciones del buque uruguayo «Capitán Miranda» por un monto cercano a los seis millones de dólares «cifra que según algunos técnicos alcanzaría para comprar el barco entero». (Esto no sólo no fue probado por el acusado, sino que persistió en sus asertos luego de que se demostrara la falsedad).

«La empresa española tuvo participación, asimismo, en convenios firmados con ANEP, y lo que «llama profundamente la atención» al Legislador frentista es, en primer lugar, la sobrevaloración de los precios y si hubo algún tipo de estímulo a algún mal funcionario para lograr concretar estas operaciones.»

«Por el momento, lo único que podemos decir, es que García Costa como Ministro de Educación y Cultura tuvo una relación directa con el SODRE y con ANEP (ambos firmantes de convenios con la empresa FOCOEX) y luego, cuando él pasa al MSP es cuando se concreta la operativa con esta empresa española; eso es lo que se puede decir con absoluta seguridad», finalizó.

Agosto 11: Ultimas Noticias (P. 3)

«Aseveró Nicolini que «en el caso de Salud Pública y el SODRE, los sobreprecios pagados por equipamiento lindan con una presunta estafa para el país.»

Octubre 7: La República (P.3)

«Ya me han adelantado, desde España, que en los informes que me van a entregar figura que se pagaron comisiones en el caso Uruguay, para la concreción de los negocios que mencionaba: ANEP, SODRE, Salud Pública y en algunos rubros del Ministerio de Defensa como la Dirección Nacional de Meteorología y en la reparación del buque Capitán Miranda.»

«El pago de esas comisiones se hizo y mereció una observación del Tribunal de Cuentas y del Parlamento español y, lo importante ahora, es detectar si podemos llegar a descubrir quiénes fueron los que percibieron estas comisiones.»

Octubre 10: El Diario (P.5)

«Ya me han adelantado, desde España, que en los informes que me van a entregar figura que se pagaron comisiones en el caso de Uruguay, para la concreción de los negocios que mencionaba: ANEP, SODRE, Salud Pública y en algunos rubros del Ministerio de Defensa como la Dirección Nacional de Meteorología y en la reparación del buque Capitán Miranda.»

«El pago de esas comisiones se hizo y mereció una observación del Tribunal de Cuentas y Parlamento español y, lo importante ahora, es detectar si podemos llegar a descubrir quiénes fueron los que percibieron estas comisiones », dijo el Diputado de Asamblea Uruguay (Frente Amplio), Leonardo Nicolini.

Octubre 21: El Observador (P.6)

«El Diputado de Asamblea Uruguay (AU) Leonardo Nicolini, anunció ayer que el Ministro de Economía español y el titular de la empresa FOCOEX darán explicaciones al Parlamento de ese país sobre el pago de comisiones a funcionarios del anterior gobierno uruguayo, y no descartó plantear luego una comisión investigadora o directamente remitir los antecedentes a la Justicia penal.»

...........

«Nicolini dijo que «llama la atención» que las operaciones de los Ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública con FOCOEX se hayan llevado adelante cuando ejerció la titularidad de esas Carteras Guillermo García Costa, a quien erróneamente llamó García Pintos en tres oportunidades».

...........

«Nicolini también exhibió un contrato firmado entre FOCOEX y el SODRE, por una operación del entorno de los 6 millones de dólares, que contiene, a su juicio, «una frase llamativa.»

«Incluye en la venta al SODRE de «materiales varios a definir» por medio millón de dólares y al explicarlo señala que podría «permitir atender otras necesidades del comprador.»

Octubre 25: La Mañana (P.3)

«El Presidente de Fomento de Comercio Exterior (FOCOEX) de España, Roberto Cuñat, ante las denuncias formuladas por presunta corrupción en perjuicio del gobierno uruguayo durante la Administración Lacalle, por «comisiones» adjudicadas a intermediarios, formuló precisiones de crítica que dejan en evidencia deficiencias, a su criterio, respecto de las denuncias del Diputado Leonardo Nicolini del Frente Amplio.»

«En relación a las noticias aparecidas en la prensa uruguaya relacionadas con las recientes declaraciones del Diputado Nicolini nos vemos obligados a precisar lo siguiente:

«Durante su reciente estancia en España se invitó al señor Diputado a visitar nuestra sede en Madrid, donde tuvimos el honor de exponerle personalmente nuestros puntos de vista sobre el desarrollo de las operaciones realizadas al amparo del Tratado de Amistad y Cooperación Hispano-Uruguayo y también de responder ampliamente a cuestiones sobre el particular. Hay que recordar que fueron cinco operaciones las titularizadas por FOCOEX (tres de salud y dos de educación), por un importe global de 130 millones de dólares (y no 200 millones como se ha dicho).»

«Tuvimos, por tanto, ocasión de reiterar en dicha ocasión al señor Nicolini lo siguiente:

«I. - La firma del mencionado Tratado en junio de 1992, por acuerdo entre los Presidentes Lacalle y González, se hizo en pleno período de endurecimiento (Acuerdo de Helsinki de la OCDE de 1991) de las condiciones financieras para aquellos países, como Uruguay, que sobrepasaban los $ 2.600 per cápita. Fue un acuerdo en el límite (31 de diciembre de 1992) de los plazos hábiles para que Uruguay se beneficiara de condiciones blandas de financiación OCDE.»

«2. - La intervención de FOCOEX como empresa acostumbrada a manejar un volumen importante de bienes y servicios y a agrupar proveedores, experiencia ganada durante veinte años en cientos de operaciones en más de sesenta países, fue decisiva para poder organizar todo el proceso de selección y adjudicación en tan pocos meses.»

«3. - Respecto al repetido concepto de las «comisiones», en FOCOEX, a la luz de la legislación mercantil española, se definen así los pagos por aquellos servicios comerciales de distinta índole que prestan agentes y colaboradores en la consecución o ejecución de contratos. Se trata de un conjunto de gastos comerciales de naturaleza variada (enlace, comunicación, preparación de ofertas, logística, etc.), que son imputados, contabilizados y debidamente auditados año tras año. Estos gastos pueden llegar a ser importantes en función de la cuantía de las operaciones y de los recursos ajenos humanos y materiales a emplear en la consecución de las mismas. Son pagos autorizados por la legislación española de transacciones exteriores, aunque limitados en su cuantía. En el propio informe del Tribunal de Cuentas (pág. 194) publicado por el Boletín Oficial de las Cortes Españolas se acredita el cumplimiento de las normas vigentes. En este sentido las cifras referidas de 15-20 millones de dólares por este concepto en Uruguay son falsas e inciertas.»

«4. - También añadir que la auditoría del Tribunal de Cuentas fue totalmente cerrada ya mediante resolución parlamentaria del 6 de marzo de 1995. Cualquier posible nueva demanda parlamentaria formaría parte de la habitual relación entre las instituciones parlamentarias y las empresas públicas.»

«5. - Queremos destacar que los trabajos y esfuerzos realizados por nuestros agentes y colaboradores privados, en Uruguay merecen ser calificados como excelentes y plenamente acordes con las normas y prácticas del comercio internacional.»

«Por tanto, en resumen, lamentamos las manifestaciones del Sr. Nicolini posteriores a su visita a España y discrepamos respetuosamente de las mismas, rechazando absolutamente cualquier imputación que arroje sombra sobre lo que a todas luces son operaciones bien hechas, bajo precios y gastos ajustados y provechosas para el Uruguay.»

Octubre 26: La República (P.8)

«El Diputado Leonardo Nicolini ratificó ayer su denuncia respecto al pago de «comisiones» irregulares por parte de la empresa española Fomento de Comercio Exterior (FOCOEX) al concretar operaciones comerciales con entidades públicas uruguayas.»

1996

Marzo 26: Conferencia de Prensa

«Creo que ya no hay ningún tipo de duda con respecto a toda la fase que hace a la investigación con respecto a los sobreprecios que se pagaron por el equipamiento que se compró a través de FOCOEX.»

................

«Otra de las fases de investigación de FOCOEX es sin lugar a dudas la investigación con respecto al pago de comisiones que se efectuaron por la concreción de estos negocios con esta empresa paraestatal española, y que se vieron beneficiados ciudadanos uruguayos.»

«...nosotros les vamos a exhibir a todos ustedes las 7 cuentas bancarias por las cuales se hacían desde España, pago de comisiones para aquí, para el Uruguay...»

«Con estas 6 cuentas fueron depositadas comisiones, comisiones para uruguayos que realizaron negocios con FOCOEX.»

«...confiamos en que se descubra quiénes son los que están detrás de estas cuentas bancarias, que fueron los que percibieron las comisiones con respecto a todo este negociado que significó FOCOEX.»

«...todo lo que es este proceso, tal vez uno de los más oscuros que haya tenido el Comercio Exterior Uruguayo.»

«...pueda haber existido ilicitud es, si algún ciudadano público intervino en estas operaciones.»

«Periodista: Diputado, en lo personal, ¿ustedes tienen nombres ya, de titulares de esas cuentas? Nicolini: Nosotros estamos manejando nombres que por un problema de confirmación oficial de los mismos, vamos a certificarlos, como también hemos esperado hace bastante tiempo que tenemos el número de estas cuentas pero hemos esperado a confirmar la existencia y la vinculación de ellas en todo este operativo, es que recién hoy las hacemos públicas, en el momento en que nosotros confirmemos a través de la documentación los nombres, los daremos a conocer.»

«Periodista: ¿Cuántas personas estarían involucradas? Nicolini: Tres personas.» (Téngase presente que los números de las cuentas, divulgados con estrépito surgen de los comprobantes bancarios, ya en posesión del acusado y esos comprobantes tienen también los nombres. El acusado los conocía perfectamente a esta altura y sabía que no eran los de sus víctimas).

Marzo 26: El Observador (P.4)

«El Diputado de Asamblea Uruguay, Leonardo Nicolini, denunció la existencia de cuatro cuentas bancarias en las que se hacían depósitos a ciudadanos uruguayos por las operaciones de compra de equipamientos tecnológicos con recibos oficiales de FOCOEX Madrid».

«En esas cuentas, según Nicolini, se hacían depósitos a uruguayos, respecto a toda la operativa que significó el período que fue encabezado por el Presidente Luis Alberto Lacalle entre 1990 y 1995.»

«Nicolini daría a conocer hoy los números de esas cuentas bancarias radicadas, según dijo, en Montevideo, Nassau, Bahamas y New York y que suman, según el Legislador, 20 millones de dólares. En principio esta información iba a ser suministrada ayer por Nicolini, pero fuentes vinculadas al Legislador señalaron a El Observador que la carpeta que contenía la documentación no había podido ser ubicada, tejiéndose dos hipótesis: la carpeta habría sido traspapelada durante el período de vacaciones del Diputado en Villa Serrana o, en otro orden, la misma habría sido sustraída del despacho.»

«...creemos que es importante empezar por el principio. Esto significa empezar a dar a conocer los números de cuenta y después aportar algún otro material que ya empezamos a recibir con respecto a distintos faxes entre FOCOEX Montevideo y FOCOEX Madrid, los cuales son muy sugestivos y hacen mención a una serie de operativos.»

(Nótese la fecha en que se mencionan los faxes, cuya presentación efectúa recién meses después).

«...En primer lugar», señaló, «una parte de la investigación se refiere a todo lo que fueron los sobreprecios que pagó Uruguay -esa documentación ya la poseemos- a la compra innecesaria de muchísimo material y a la mala calidad de otra cantidad de material y equipamientos que se compró.»

«...Nicolini indicó que otra parte de la investigación está relacionada al pago de comisiones y ello significa determinar si entre las personas que fueron beneficiadas con todo este operativo, existe una relación y conocer además por qué se hizo un tan mal negocio.»

Marzo 27: La Mañana (P.4)

«...El Diputado Leonardo Nicolini afirmó «está totalmente comprobado» que tres funcionarios uruguayos están implicados en la recepción de comisiones especiales por contratos realizados por nuestro país con la empresa española de Fomento de Comercio Exterior (FOCOEX).»

«El monto total de las comisiones recibidas asciende a unos 17 millones de dólares, de acuerdo al Legislador, quien proporcionó a la prensa los números de cuenta en diferentes bancos de nuestro país y del exterior, de los destinatarios de esos dineros.»

«Nicolini no descubrió la identidad de los beneficiados por las comisiones aunque presentó tres documentos en los que se certifican transferencias de parte de FOCOEX POR CONCEPTO DE COMISIONES ESPECIALES, en dos casos referidos a la construcción de los hospitales de Canelones y Las Piedras.»

«En esos dos casos se trata de comisiones por montos de 132.000 dólares y de 150.000 dólares, transferidas por el Banco de Santander y el Banco Exterior de España, respectivamente.»

«En el otro documento presentado a la prensa por el Diputado Nicolini, aparece el logo de la empresa FOCOEX y el título «propuesta orden de pago». Se trata del pago «correspondiente a comisiones comerciales sobre la parte de anticipo recibido por FOCOEX (4% sobre 3:300.000).»

«Allí aparecen borrados tres nombres luego de que está escrito «a favor de», «a nombre de» y «otras instrucciones». En cambio el documento se lee claramente donde dice «in favour of your account 1420466/your account name: Walter Estellano.»

«El Legislador frentista no aclaró a qué Administración se refiere cuando habla de «funcionarios» por lo que no se sabe si alguno de los tres implicados aún revista en la función pública.»

(Véase: a) Presenta los comprobantes con los nombres borrados, siendo así que tenía copias sin tachaduras que presentó un tiempo después; b) Por tanto, sabía que no se trataba de «funcionarios uruguayos»; c) La cifra de U$S 17 millones es una fantasía lanzada exprofeso).

Marzo 27: La República (P.5)

«Se dieron a conocer ayer seis cuentas bancarias y dos certificados de pago de comisiones realizadas por la empresa española FOCOEX a ciudadanos uruguayos. Se aseguró que las comisiones pagadas en estas seis cuentas suman más de 17 millones de dólares y fueron cobradas por tres personas. De esta manera quedan probado que las comisiones existieron, se aseguró en conferencia de prensa.»

«A pocos días de que el Diputado herrerista Jaime Trobo manifestara a la agencia española EFE que las acusaciones sobre cobro de comisiones por la compra de equipos a FOCOEX eran «una farsa», se presentan números de cuentas y certificados de pagos, uno de ellos que vincula directamente a Walter Estellano, que aparece cobrando la suma de 132 mil dólares como pago en concepto de comisiones comerciales, como resultado del contrato firmado con el Ministerio de Salud Pública para la construcción y el equipamiento de los hospitales de Canelones y Las Piedras por un importe de U$S 22:000.000.»

«El tema de FOCOEX tiene una importancia muy grande para nuestro país, ya que por su intermedio se han comercializado cerca de 200 millones de dólares. Ya no caben dudas sobre la fase de investigación de los sobreprecios pagados por el equipamiento comprado a través de FOCOEX. No hay dos opiniones al respecto, como tampoco las hay sobre que muchos de esos materiales fueron innecesarios y otros en condiciones no aptas para poder trabajar con los mismos.»

«Otra de las fases de la investigación de FOCOEX tiene que ver con el pago de comisiones a ciudadanos uruguayos para la concreción de estos negocios, la que parece probada con la nueva documentación aportada.»

Abril 9: Estediario (P.2)

«El Diputado Leonardo Nicolini exhibió a Estediario fotocopias de comunicaciones y notas vinculadas a la operación FOCOEX, que estarían avalando la certeza de sus denuncias.»

«Tal como se exhibe en el facsímil de primera página, una comunicación de Walter Estellano el 29 de octubre de 1993 a Pedro Pablo López Sánchez señalaba textualmente lo siguiente.»

.............

«A Nicolini lo que le preocupa, según nos manifestara, es a quién o quiénes se le/s abonó esas comisiones a que se hace referencia en el fax. De todas maneras luego de los números de cuentas bancarias, este es el primer fax de una cantidad que me enviarán la próxima semana. Porque debo tener todos los antecedentes prontos para presentarlos en su momento».

«En poder del Diputado Nicolini de Asamblea Uruguay hay otros faxes firmados por Walter Estellano...»

«El Diputado denunciante, Leonardo Nicolini, denunció hace pocos días que funcionarios uruguayos recibieron a través de cuentas bancarias en el exterior dinero como premio por los negocios realizados. Anunció también que cuando comience a sesionar la Comisión dará los nombres y aportará mayores detalles de los pagos de comisiones por parte de la empresa FOCOEX.»

(Téngase presente: a) Ya tenía el fax auténtico que luego se utilizara para construir los falsos; B) Tenía, además otros faxes del Sr. Estellano, todos con rúbricas manuscritas y no escaneadas fueron entregadas por el acusado a la Comisión).

Abril 10: La República (P.5)

«El señor Gabito Zóboli es responsable porque él fue Presidente del CODICEN cuando se realizó una operativa cercana a los 50 millones de dólares, él viajó a España invitado por FOCOEX, y él manejó toda la operativa del CODICEN. El compró equipamiento casi al doble del valor, él compró equipamiento que está totalmente inutilizado, él compró equipamiento que está encerrado en galpones, como la planta procesadora de frutas en Libertad, como la central meteorológica en Salto, como una cantidad de equipamiento que no tiene ningún tipo de destino, afirmó Nicolini.»

«El señor Gabito quiere nombres, él es uno de los responsables. Las pruebas están en que él fue Presidente del CODICEN cuando se concretaron estas operaciones que significaron un negocio ruinoso para el país», aseguró. (Las operaciones de FOCOEX con ANEP cubrieron dos períodos de gobierno y fueron aprobadas por la totalidad de los Consejeros de ambas administraciones).

Sobre el resto de los nombres que están implicados en estas operativas, Nicolini sostuvo que «es justamente lo que empezamos a investigar a partir de mañana (por hoy) en la Comisión Investigadora».

UN FAX INCRIMINADOR

«Por otra parte, Nicolini dio a conocer ayer un fax que remite el agente uruguayo de FOCOEX, el señor Walter Estellano, a la central en Madrid, en el cual da cuenta, ante la solicitud de que se le envíen los recibos de los pagos de comisiones, que eso no «sería positivo porque generaría suspicacias».

Abril 10: Ultimas Noticias (P.4)

«...en respuesta a las palabras de Gabito, dijo que el ex-jerarca de la enseañanza es responsable- no usó para este caso la palabra «corrupción» porque durante su gestión el CODICEN le compró a FOCOEX material por 50 millones de dólares. «Eso es mucha plata -dijo Nicolini- por un material que se pagó al doble de lo que valía y está allí, depositado, sin que nadie lo use. Este solo hecho ya es una gran irregularidad», añadió el Legislador.»

Abril 10: El Observador (P.6)

«...El Diputado de Asamblea Uruguay Leonardo Nicolini acusó al ex Presidente del CODICEN y actual Subsecretario del Ministerio de Vivienda, Juan Gabito Zóboli, como uno de los responsables de las compras realizadas por el Ente de la educación a través de la entidad española FOCOEX».

«Lo afirmado por el Legislador surgió tras el reclamo del ex jerarca de la enseñanza respecto a que el parlamentario diera nombres de los implicados en las compras realizadas a FOCOEX durante el gobierno nacionalista.»

«...Nicolini por su parte, reveló ayer que en un fax, cuya copia se encuentra en su poder, enviado por el agente uruguayo Walter Estellano, dirigido a FOCOEX, se indica que hay dos personas que reciben comisiones y que no conviene dar los nombres para no generar suspicacias». El Legislador frenteamplista le propuso entonces a Gabito que «le pregunte a Estellano quiénes son esos dos nombres», concluyó».

Abril 11: La Juventud (P.3)

«Esta Comisión tendrá como objetivo central esclarecer la situación y examinar los «nombres que no he dado a conocer públicamente, porque considero que no es oportuno darlos», afirmó Nicolini, pero «el que encabeza la lista es el de Gabito Zóboli». Además señaló que se han encontrado números de cuentas bancarias de las cuales se desconoce a los titulares, tarea que se encargará la Investigadora.

...Al respecto, Nicolini afirmó que la doctora quiso revisar el equipamiento y no se lo mostraron. Agregó que ella intentó por todos los medios conseguir información y solamente halló engaños. Esto originó denuncias en Madrid y por eso «recurrieron» a pagar comisiones.

«Un cargo tan importante como fue el del señor Gabito, donde se compraron cosas sin sentido, la única conclusión resultante es que estaríamos frente a un inepto u otro caso de corrupción», sostuvo.

Abril 26: Radio Nuevo Tiempo

«Nicolini: ...Aportar los nombres es una etapa final en la cual ya, con las conclusiones de cómo fue toda esta operativa y opinamos fue una operativa ruinosa para nuestro país. Periodista: (Mirtha Vila). - Ahora, ¿por qué anunciaron antes de que comience la Comisión, usted maneja nombres y números de cuentas bancarias y si luego no los va a decir hasta el proceso final, no cree usted que puede ser un manoseo para gente que pueda sentirse implicada en esto? Nicolini: Yo creo que no. Nosotros responsablemente hemos aportado los números de cuentas en las cuales se hacía el depósito, eso está documentado y es algo que la opinión pública debería conocer».

Abril 30: El País (P.8)

«El Directorio del Partido Nacional resolvió emplazar al Diputado frenteamplista Leonardo Nicolini para que exhiba ante la opinión pública las pruebas que avalan sus denuncias sobre presuntos ilícitos relacionados con la intermediación de la empresa FOCOEX en adquisiciones de materiales para distintos organismos estatales de nuestro país.»

«En caso de no obtener una respuesta afirmativa del Legislador, el Partido Nacional podría promover una acción constitucional para responsabilizarlo por «desorden de conducta» en cumplimiento de su función».

«PRESENTO PRUEBAS FALSIFICADAS»

«El Cuerpo, que preside Alberto Volonté, trató el tema en su sesión de ayer y en cuyo ámbito el Director Guillermo García Costa aseguró que Nicolini ha presentado «algunas pruebas que son falsificadas» ante la Comisión Investigadora del Parlamento. Por esto, remarcó que «desde el 8 de agosto, miembros de la anterior Administración que desempeñamos funciones en seis organismos estatales estamos soportando calumnias, agravios e injurias en forma permanente, confiaron a El País fuentes del Directorio.»

«En la reunión fueron considerados los reiterados anuncios de Asamblea Uruguay en el sentido de que dispone de los nombres de los jerarcas y funcionarios de la anterior Administración que habrían cometido ilícitos relacionados con la participación de la empresa FOCOEX en los aludidos negocios.»

«Incluso, fuentes del Directorio comentaron a El País que se manejaron ejemplares de la prensa del año pasado, según los cuales Nicolini anunció en octubre que en una semana -a partir de la fecha de publicada esa información- daría a la publicidad los nombres. En otro recorte exhibido ayer se hizo notar que el Legislador había dicho que para fines de marzo o abril de este año estaría en condiciones de hacer conocer tales nombres.»

Abril 30: Ultimas Noticias (P.4)

«El Directorio blanco emitió una declaración de dos puntos sobre el tema. En el texto se emplaza a Nicolini «a la concreción inmediata de sus graves acusaciones, proporcionando a la opinión pública los nombres de las personas a su juicio involucradas.»

«La declaración hace tal planteo «bajo apercibimiento de solicitar a la agrupación parlamentaria nacionalista la aplicación del Art. 115 de la Constitución, de modo de responsabilizarlo por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones».

Mayo 12: Radio Sarandí (Sonia Brescia)

«Periodista: Cómo estaba España, ...»

«Nicolini: ...El Sr. Ruiz Roldán que fue el jefe de la Guardia Civil, se decidió a hablar ante el Juez Garzón y empezó a destrabar toda una situación que los tiene muy preocupados a los españoles, como fue el operativo GAL...»

«...Juntamente con ello también las declaraciones de este señor sobre una cantidad de negocios ilícitos ...»

2 ...descubrió que este Sr. Roldán declaraba que toda la operación de cómo se hacía el manejo de fondos reservados y los negocios con algunas empresas se triangulaba a través del Uruguay».

«Periodista: ¿Qué consecuencias podría suponer esto?»

«Nicolini: ...la primera denuncia que ya está planteada a nivel de la justicia española, es que empresas multinacionales radicadas en Uruguay pagaban comisiones para la concreción de negocios».

«Periodista: ¿No sabemos qué tipo de negocios?»

«Nicolini: Uno puede calcular en base a los nombres de las firmas. Y en base a los nombres de las firmas y esos pagos de comisiones, qué negocios puede haber hecho el Uruguay y algunas compras que haya hecho Uruguay con esas firmas... «

« ...o por lo que pueda hacer Roldán en España o tal vez lo que nosotros podamos hacer acá en el Uruguay se termine de descubrir cuál era toda la trama de todos estos negocios un poco, un poco no, todos estos negocios turbios que se manejaban entre estas empresas paraestatales españolas con nuestro país y con otros países...»

«Periodista: Y en el caso de FOCOEX ¿no dudaría en hablar de negocios turbios?

«Nicolini: Sin duda... «

«Periodista: ¿Esto supone decir que hubo para Salud, Educación, Defensa Nacional, Meteorología, SODRE compras o créditos que implicaron o que implican a los responsables, a los que decidieron las mismas en adquisiciones que, estoy haciendo un resumen, tú me corriges si esto no es así, de lo que se ha dicho a lo largo de todos estos meses, de elementos que no eran necesarios, o que eran mucho más caros de lo que debieron haber sido o con créditos que también fueron mucho más caros que lo que debieron haber sido, así que debería ser impugnable desde todo punto de vista la operación con FOCOEX en estos 5 espacios: Educación, Salud, Defensa Nacional, Meteorología y SODRE ?»

«Nicolini: Sí, sin lugar a dudas ese es el planteo. Obviamente que en algún punto de esos puede ser más conflictivo, en algunos más perjudicial o menos perjudicial, pero que en todos esos Organismos donde se comercializó con FOCOEX existieron esos problemas, no hay ninguna duda».

«Periodista: Ahora, básicamente ¿qué es lo que hoy tiene el Diputado Nicolini para probar estas afirmaciones? Hay una Comisión Investigadora, tú afirmas que hubo delito, los herreristas han dicho que presente las pruebas o que se prepare. El jueves la Comisión Investigadora retoma la sesión, entonces la cuestión es qué es lo que hay ahora, qué tú tienes ahora como para decir: Bueno, en esto están las investigaciones como para ya decir aquí hubo delito?».

«Nicolini: ... Si uno ata estos tres puntos: observación del Tribunal de Cuentas, sobreprecios, pago de comisiones y equipamiento que no tiene sentido... pongamos todos los parlamentarios que estamos en la misma en una actitud de querer desterrar la corrupción en este país, esclarece estos puntos...»

«Nicolini: Difícil, difícil pero bueno, yo creo que sí, lo quiero decir con mucha convicción, y creo que si logramos, en estos casos, poder llegar al esclarecimiento, Uruguay puede salvarse de esa tendencia mundial en la cual se incurrió de entrar en países en los cuales la corrupción se ha adueñado absolutamente de las direcciones de los Gobiernos. Yo creo que nosotros tuvimos el caso de Lasalvia y la Albertini, el año pasado. Creo que se resolvió bien. Faltan resolver cosas también en ese caso, pero yo creo que el camino es bueno, y se logramos destrabar con el tema del Banco Pan de Azúcar, el Banco de Seguros, con el tema de FOCOEX, yo creo que vamos a curar muchas, muchas, muchas heridas que tenemos los uruguayos y poder empezar a construir ahí, sobre otra base. Hacer el camino inverso de lo que uno lamentablemente vio en otros países, en otros países donde el robar desde funciones del Estado era cada vez más normal, cada vez más permitido, más una cosa de todos los días. Esa mordida, como le llamaban los mexicanos, bueno, esa cosa normal, que en nuestro país no ocurra.»

Mayo 14: La Juventud (P. 3)

«El Diputado Leonardo Nicolini (Asamblea Uruguay) informó en la víspera que trajo de su reciente estadía en España nuevos elementos para la investigación de las operaciones comerciales de la administración pública uruguaya con la empresa española Fondo de Comercio Exterior (FOCOEX)».

«...Al respecto informó que ha culminado en Venezuela la labor de una Comisión Investigadora «que ha dado pruebas en forma contundente de una operativa fraudulenta de la empresa FOCOEX en ese país». También en Chile, sostuvo el Diputado de AU, comenzará en el Parlamento una Comisión Investigadora, ya que en un primer informe elaborado se maneja el pago de sobreprecios por una cifra cercana al 70% de toda la operativa realizada en ese país.»

«Nicolini se refirió una vez más a las exigencias provenientes del Herrerismo para que brinde los nombres de los ciudadanos uruguayos implicados en las presuntas irregularidades que investiga una Comisión de la Cámara Baja: «los nombres se van a dar cuando llegue el momento de la investigación que lo amerite, para poder proseguir los pasos consiguientes y tomar las medidas correspondientes, ya que esta Comisión Investigadora a lo único que puede llegar es a un pronunciamiento de carácter político», subrayó.

(Nótese que jamás aportó prueba alguna en sostén de lo que alega sucedió en esos países, lo que fue desmentido por los representantes de FOCOEX en Comisión - 19/07/96, ante el acusado y sin que éste contradijera).

Mayo 15: La República (P. 2)

«García Costa y Gabito: «Hay que determinar los distintos planos de responsabilidades, las hay desde el punto e vista penal, desde el punto de vista político, administrativo y jerárquico. Lo que he dicho sobre García Costa y Gabito Zóboli es que eran los dos máximos responsables de organismos donde se han realizado negocios, para mí y de acuerdo a la documentación de que dispongo, fraudulentos».

«La investigación determinará los niveles de responsabilidad, nunca hice una acusación concreta al respecto. No quiero enjuiciar a todos los que participaron en el gobierno de Lacalle. Acá hubo responsables, dos, cuatro, diez, eso es lo que tiene que determinar la Comisión. Los que están nerviosos, por algo están nerviosos. En una administración puede haber tres mil cargos de confianza. No hay tres mil nerviosos».

«Corrupción y montos: «No tengo ninguna duda que hubo hechos de corrupción en el tema FOCOEX, muy bien pensada y dirigida, tenía responsables muy claros en cómo se ejecutaba. Significó mucho, pero mucho dinero en comisiones, para alguna persona que trabajaba en nuestro país. El monto es de aproximadamente 200 millones de dólares y el de las comisiones es de aproximadamente 20 millones de dólares». (De 17 pasa a 20 millones).

Mayo 17: La Mañana (P. 5)

«El Legislador asambleísta dice tener la certeza de que funcionarios del Ministerio, cuyo titular era García Costa, cobraron comisiones generosas para que fuera posible la transacción, aunque aún no han trascendido los nombres de los presuntos involucrados en ese delito». (Ni ésta ni otras afirmaciones fueron desmentidas por el acusado).

Mayo 24: La Juventud (P. 6)

«El Diputado frenteamplista no dio los nombres de los titulares de las cuentas, a pesar de que éstos fueron publicados hace tiempo por la prensa española, y dijo tener más información que pondrá a disposición de la Comisión. El Partido Nacional emplazó al Diputado Nicolini a revelar nombres y evitar un enjuiciamiento público de los funcionarios». (Nunca se presentaron los ejemplares de dicha prensa).

Junio 8: El Observador, Suplemento Fin de Semana

«P. - Usted habla de crecimiento de la corrupción en el país. ¿Cuándo cree que se produjo ese crecimiento?»

«N. - Creo que la corrupción siempre existió. Creo que fue creciendo en los últimos diez años y que alcanzó un pico muy importante en los últimos cuatro o cinco años. Eso pasó a nivel mundial y Uruguay no escapó a ese proceso».

«P. - Usted, que conoce el contenido de los documentos en lo que se ha apoyado para formular estas denuncias, ¿cree que en el caso FOCOEX están dadas las condiciones para que el tema termine con una o más personas detenidas ?»

«N. - Sí».

«P. - ¿Pero tiene las pruebas suficientes como para laudar este caso?»

«N. - (otro prolongado silencio) En mi opinión, sí. Hay muchos elementos documentales que sustentan estas denuncias y van a aparecer otros elementos, no documentales, que también van a reafirmar las denuncias».

«P. - Si no son documentales, son testimoniales...»

«N. - (asiente con la cabeza) Cuando estos elementos no documentales aparezcan, la ciudadanía podrá vislumbrar un panorama que tal vez nadie imagina».

«P. - Como sea, mientras usted da los nombres que le solicitan, la investigación se estira en el tiempo y eso favorece la alta recordación de sus denuncias, ¿Es una estrategia?»

«N. - La alta recordación se debe a que no todos los días uno se enfrenta a un negocio de 200 millones de dólares y estas características.»

«P. - Pero desde fuera se lo ve a usted manejando los tiempos de esta investigación ¿Es una estrategia?...

-¿Y por qué no pone los documentos arriba de la mesa y termina la discusión?»

«N. - Ellos evalúan como negativo todo el tiempo que este tema está sobre la mesa. Porque si en 24 horas se procesara todo, se investigara y se metiera preso a alguien, todo habría terminado para ellos en 24 horas. Pero esto pinta para largo y a ellos no les interesa que eso suceda.»

«P. - Entonces sí hay un manejo deliberado de los tiempos...»

«N. - Yo no dije eso. El tema es mucho más importante que FOCOEX. Es mucho más grande. Por todos los elementos que hemos podido ver se trataría de una organización de funcionarios públicos que trabajaba para beneficio propio. Dentro de eso está incluido FOCOEX, pero el tema va mucho más allá.»

«P. - Usted no quiere dar nombres de esos funcionarios. Pero, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De funcionarios de bajo rango, de mandos medios, de jerarquías de gobierno o de una estructura de corrupción que abarcaba todos los niveles de la administración?»

«N. - (largo silencio) Sin lugar a dudas, para tomar las decisiones que pudieran representar un beneficio propio estamos hablando de gente que estaba en los lugares habilitados para la toma de esas decisiones.»

«P. - Lo que usted dice es muy grave. ¿Está hablando de una organización creada para delinquir y encaramada en los puestos de decisión de la pasada Administración nacionalista?»

«N. - De los documentos y de los demás elementos de que se dispone, uno puede llegar a la conclusión de que en la administración anterior había una organización conformada por funcionarios ubicados en lugares claves del aparato estatal, que trabajaba para beneficio propio.»

Junio 11: La Mañana (P. 2 y 3)

«El Diputado Nicolini por su parte, aclaró el alcance de sus declaraciones al matutino El Observador que provocaron el enfrentamiento con el Partido Nacional. «Yo manifesté que tenía la presunción de que jerarcas de la anterior Administración podían haberse conformado en un tipo de organización que cometiera actos ilícitos...»

«...Preguntado sobre la dilatación de la presentación de las pruebas del caso, tema que preocupa al Partido Nacional, Nicolini se mostró tranquilo y expresó que «apresurar cualquier instancia de estas características no es positivo si el interés de todos es llegar a la verdad de todo esto».

«...Según el Diputado existen en este caso hechos de apariencia delictiva que podrían tener derivaciones a la justicia

competente...»

Junio 14: El Observador (P. 3)

«Más anuncios: Nicolini volvió a anunciar ayer a través de varios medios de prensa que en los próximos días presentará las pruebas que involucran por casos de presunta corrupción a ex jerarcas de la anterior Administración de gobierno. Ante cámaras de televisión Nicolini reiteró que sus acusaciones se dirigen contra ex jerarcas de la Administración que encabezó Luis Alberto Lacalle, que había denunciado el sábado en una entrevista publicada por El Observador del Fin de Semana.»

«Las pruebas (que expresó presentar a la brevedad) van más allá del caso FOCOEX y alcanzan a ex jerarcas muy importantes de la pasada administración», repitió varias veces durante la pasada jornada el Legislador».

Junio 14: El País (P. 8 y 9 )

«Pruebas impactarán a la sociedad»

«La sociedad uruguaya sufrirá un fuerte impacto cuando conozca la enjundia de los presuntos implicados y la cuantía y dimensión de las irregularidades», dijo Nicolini. Luego sostuvo que «por prudencia y responsabilidad», no se va a dejar llevar por los apremios y sólo aportará las pruebas cuando lo considere conveniente.»

«Después de mucho insistirse Nicolini señaló que en un plazo de unos quince días podría romper su silencio».

«Bancada colorada le dio un plazo de una semana»

«La Bancada del Partido Colorado decidió en la víspera exigir la presentación de la documentación sobre las presuntas irregularidades en el marco de los acuerdos con la empresa FOCOEX durante la Administración nacionalista, en el plazo de una semana».

Junio 14 La Juventud (P. 5)

«El Senador Cid (AU) manifestó que ningún juicio a Nicolini va a tener andamiento. «Nosotros (por Asamblea Uruguay) ya tomamos una decisión de apoyo a Nicolini y estamos a la expectativa», señaló el Senador Cid.

Junio 14 La Mañana (P. 2)

«Alrededor de una decena de funcionarios de particular confianza de la anterior Administración de gobierno serán denunciados en los próximos días por la comisión de presuntos actos de corrupción», afirmó el Diputado Leonardo Nicolini, de Asamblea Uruguay».

«El Legislador precisó que sus denuncias tendrán dos partes claramente delimitadas: las relacionadas con el caso FOCOEX y presuntas irregularidades de otro orden y tenor».

«Por lo tanto, algunas denuncias de nombres de altos colaboradores de la Administración nacionalista serán revelados en la Comisión Investigadora de FOCOEX y otros irán directamente a la justicia penal», agregó Nicolini».

Junio 17: La República (P. 2 y 3)

«El Partido Nacional dejó abierta la posibilidad de instrumentar un juicio político, o una cuestión de fueros, y la eventual expulsión del Parlamento del Diputado de Asamblea Uruguay Leonardo Nicolini, si éste no presenta las pruebas de sus afirmaciones antes del próximo jueves».

«En la resolución, aprobada ayer por unanimidad en el Directorio del Partido Nacional, se encomendó a los Legisladores nacionalistas que procedan de inmediato, sin perjuicio de la denuncia penal presentada «a instrumentar a nivel parlamentario los mecanismos constitucionales aplicables para llamar a responsabilidad a quienes han ofendido a nuestra colectividad».

Junio 19: El Observador (P. 3)

«El Diputado Leonardo Nicolini presentó el lunes pasado, a la hora 14, las denuncias que involucran a ex jerarcas del gobierno del Presidente Luis Alberto Lacalle y a actuales Legisladores en presuntos actos de corrupción».

(...)

«El Partido Colorado y el Partido Nacional habían dado plazo hasta el viernes a Nicolini para presentar sus pruebas. De no hacerlo, podían promover su desafuero. El Partido Nacional denunció la semana pasada a Nicolini por difamación e injurias, luego de que refiriera en El Observador del Fin de Semana, a una organización para delinquir en el gobierno anterior.»

(...)

«Leonardo Nicolini y Carlos Pita, Diputados del Frente Amplio, anunciaron que a las 16 horas del próximo lunes brindarán una conferencia de prensa donde darán a conocer públicamente los documentos que involucran a jerarcas de la Administración del gobierno de Luis Alberto Lacalle en hechos de corrupción.»

Junio 20: El País (P. 8)

«Día clave: sobre el filo del plazo revelan acusación.»

«Los Diputados frenteamplistas Leonardo Nicolini y Carlos Pita adelantaron para hoy a las 16:00 horas la anunciada conferencia de prensa en la que finalmente presentarían sus pruebas sobre casos de corrupción en la Administración Lacalle.»

Junio 21: Radio Sarandí En Vivo y en Directo

«Burel: ...en horas de la tarde se habló mucho de esa conferencia de prensa que iba a ser en principio el lunes, los episodios se precipitaron y el Frente Amplio anticipó la conferencia de prensa para la tarde de ayer. Y había una gran expectativa, todo el mundo esperaba, los indicios así lo indicaban desde la semana pasada, que tanto Ud. como su colega el Dip. Carlos Pita iban a presentar ante esa multitud de periodistas que se congregó ante el Palacio Legislativo, nombres, documentos, denuncias confirmadas en relación a un tema sobre el que Ud. ha hablado en los últimos ocho meses y que está siendo investigado en estos momentos por una Comisión Parlamentaria, el tema FOCOEX. Para algunos la expectativa fue tan grande como la decepción posterior, ¿por qué no presentó nombres y documentos y pruebas de las cosas que Ud. ha estado diciendo Dip. Nicolini?»

(...)

«Burel: Pero este episodio no está vinculado al tema FOCOEX.»

«Nicolini: Bueno, yo quiero hacer la primera precisión con respecto a esto. Este episodio está muy poco vinculado a FOCOEX, tiene una pequeña parte. Tal vez se haya confundido, y yo pido acá comprensión porque en toda esta investigación lo importante era no dar pistas de cuál era el centro de lo que nosotros llamamos esta «presunta organización que trabajaba para beneficio propio», entonces, tal vez, yo pienso que todos comprenderán, que el mantener el secreto y la reserva sobre esta organización que es algo muy superior a todo lo que era la operativa FOCOEX, era el elemento para nosotros primordial, y en ese sentido el objetivo era precisamente un poco, cuidar para que no se conocieran ningún elemento de esto y hacer más hincapié en el tema FOCOEX, pero lo que estamos investigando más a fondo era esta organización.»

«Burel: Esta organización, o sea, la organización a la que Ud. hizo referencia en la entrevista con «El Observador Económico», desde su punto de vista, ¿estaba integrada sólo por los nombres que aparecen en la denuncia?»

«Nicolini: Bueno, puede haber más nombres, puede haber más nombres...»

«Burel: Dip. Nicolini el hecho de que Ud. no se refiriera ni Ud., ni el Dip. Carlos Pita se refiriera públicamente a los elementos que Ud. dice poseer en relación al caso FOCOEX, uno podría pensar que alienta de alguna manera esas versiones que dicen que Ud. es una especie de mistificador y que con su reticencia lo que está haciendo es sugerir que tienen lo que no tienen, pruebas que puedan incriminar a alguien o algunos en relación a las operaciones que se hicieron a través de esa empresa española, o dicho de otra manera, que Ud. hace ocho meses, se puso a vender la piel de un oso que todavía no ha cazado, y esto no es nada inocente en la medida en que Ud. a través de las manifestaciones que ha realizado en los últimos ocho meses ha dejado entrever responsabilidades de integrantes de la pasada Administración, gente que incluso ha concurrido y va a concurrir nuevamente a la Comisión Investigadora, y que ha pedido públicamente que Ud. termine con este episodio dando los nombres de aquellos que tienen responsabilidad y deslindando los nombres de quienes no tienen responsabilidad.»

«Nicolini: Mire Burel, yo no, yo quiero que se comprenda bien, nosotros estamos ante una presunta organización delictiva, y la justicia está investigando esto, yo creo que es algo muy grave.»

«Burel: En el caso FOCOEX, no, en el caso FOCOEX quien investiga es una Comisión Parlamentaria que no tiene potestades jurisdiccionales.»

«Nicolini: Yo creo que estamos ante una presunta organización delictiva, que manejaba muchos negocios, muchos negocios, nosotros hicimos denuncias el año pasado, y el Partido Colorado ameritó, con denuncias del Partido Colorado la creación de una Comisión Investigadora a nivel Parlamentario, un juicio que propuso una Comisión Investigadora a nivel Parlamentario, sobre el caso FOCOEX, fue el Partido Colorado, El Dip. Testoni, quien manifestó que tenía nombres de gentes que habían recibido comisiones, fue el primero que habló de gente que podía haber recibido comisiones. Yo hablé también de que había gente que podía haber recibido comisiones, porque el Parlamento Español decía que en Uruguay se habían recibido comisiones, y eso está en las Actas de las Cortes Españolas, yo creo que es algo grave, es algo que la Comisión Investigadora tiene que investigar. Ahora, reitero lo que decía antes, yo no hace ocho meses, no, no, no es así, que manejo los nombres que aquí están implicados, y hemos en los últimos tres meses sí, empezado a corroborar toda esta información, y reitero tal vez no pudimos decir atrás de la investigación de que estábamos por un problema de la seguridad de los testigos y por un problema fundamentalmente de no alertarla para que el Juez pudiera actuar en las primeras instancias. Y ese es el objetivo, yo creo que estamos ante un hecho gravísimo en el país, y estamos ante un hecho que tiene que ser resuelto por la Justicia y por la sociedad, porque si no yo creo que el país no sólo no va a avanzar sino que va a marchar para atrás. Reitero el caso de FOCOEX debe continuar en la Comisión Investigadora.»

(...)

«Nicolini. ...Ahora si tuvimos que guardar secreto respecto a todo este tema, y poner hincapié en FOCOEX para no alertar la investigación que estamos haciendo, no nos pidan ahora cuentas por el tema de FOCOEX, por favor.»

«Burel: Dip. Nicolini, quienes están pidiendo cuentas son algunos ciudadanos que ejercieron cargos de responsabilidad en la pasada Administración y que están escuchando desde hace varios meses que hubo negociados en relación a esas operaciones y están pidiéndole a Ud. públicamente lo han hecho también a través de estos micrófonos que dé los nombres para que no sigan viviendo el Vía Crucis de que se sospeche de que ellos tienen algo que ver y que se clarifique el panorama.»

«Nicolini: Bueno, aquí están los nombres, fueron proporcionados al Juez, y de la investigación de FOCOEX obviamente pueden surgir responsabilidades jerárquicas otro tipo de responsabilidades, pero eso es un, el tema eso de la Vía Crucis Burel, Ud. se pone en una actitud que la he escuchado permanentemente a algunos dirigentes blancos.»

(...)

«Burel: Dip. Nicolini, ¿cuál es la conexión que Ud. dijo que existe parcialmente entre lo que se denunció el lunes en la justicia y el episodio vinculado a FOCOEX?...»

«Nicolini: ...Ahora en la operativa general de los hechos denunciados el lunes pasado ante la justicia penal, es uno de los temas menores el de FOCOEX, es cierto la operativa mayor se desarrollaba en otros ámbitos.»

(...)

«Nicolini: Bueno, pienso que en primer lugar tiene que terminar Salud Pública, es algo elemental, acá hubo contradicciones muy importantes entre los informes del Dr. García Costa y el Dr. Solari, yo que reconocerlo, el Dr. García Costa presentó una orientación muy fuerte, muy fuerte.»

«Burel: ¿Cuando Ud. dice muy fuerte, qué quiere decir la palabra?»

«Nicolini: Muy fuerte en el sentido de contestarle al informe de Solari con elementos muy contundentes.»

«Burel: ¿Ud. dice que los documentos presentados por el Dr. García Costa de alguna manera desautorizan los informes previos presentados por el Dr. Alfredo Solari?»

«Nicolini: Yo digo que son muy contundentes en la contestación del informe del Sr. Solari, lo cual hace que uno de los dos no sea cierto.»

«Burel: ¿Pero si se presentan documentos, se supone que eso es una prueba de verdad?»

(...)

«Nicolini: Sí, sí, sin lugar a dudas, si no no se habría autorizado la presentación ante la Justicia. Aquí estamos hablando de caso de corrupción, es claro, esto no tiene ninguna duda y un tráfico de influencias que llegaba a límites.»

(...)

«Burel: ¿Cómo integra a todos estos episodios, la denuncia que formula hoy la Revista 3, sobre la presunta exposición, por parte de la esposa del ex Presidente de la República, de acciones, en el Banco Pan de Azúcar?»

«Nicolini: ...Esto, se sabía, hace mucho tiempo, como que también esta organización funcionaba.»

Junio 22: La Mañana (P.2)

«Debemos estar atentos a la gravedad que implica la existencia de esta presunta organización que trabajaba para beneficio propio, con nada menos que el Secretario de la Presidencia, mano derecha del Dr. Lacalle por un lado y, en la otra punta el empresario Svetogorsky», declaró el Diputado asambleísta Leonardo Nicolini, quien admitió que es verdad que en estos hechos hay pocos elementos de FOCOEX.»

Junio 28 La Juventud (P.3)

«Nicolini señaló que aún no ha proporcionado la Investigadora ningún documento referido al pago de comisiones, cosa que hará en la etapa final del trabajo cuando se analicen los sobreprecios de equipamientos adquiridos, pero afirmó que esos documentos están en su poder y los presentará en esa oportunidad.»

Junio 28: La República (P.4)

«No entregué documentos».

«Todavía no he proporcionado a la Comisión Investigadora ningún documento sobre el pago de comisiones, lo voy a hacer sobre el final del trabajo», aseguró el Diputado Nicolini al referirse a un documento hecho público por su colega nacionalista Gonzalo Piana.

Piana presentó un documento con tachaduras y otro sin ellas, y acusó a Nicolini, de haber fraguado el primero para dar a entender que había otros nombres además de Walter Estellano -autorizado a cobrar comisiones- en los recibos.

Nicolini destacó que el Partido Nacional presentó esos documentos en la Comisión y que si quisiera podría entregar más elementos ya que está demostrado tener acceso a fuentes.

El Diputado frenteamplista afirmó que posee muchos documentos sobre pago de comisiones y que en su momento los entregará a la Comisión Investigadora.»

Junio 29: Estediario (P.4)

«Indicaron que el Dr. García Costa no es responsable de esos hechos.»

«Los Representantes del Frente Amplio, en la Comisión Investigadora de FOCOEX anunciaron que solicitarán la presencia del Dr. Luis Alberto Lacalle y del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de su gobierno puesto que han declarado importantes errores Administrativos que fueron definidos al más alto nivel, indicando además, que el Dr. García Costa no es responsable de tales irregularidades.»

«Con el respaldo de numerosos documentos, que ahora se pueden dar a conocer, el Frente Amplio entendió que se debe aclarar a la Comisión Parlamentaria quiénes son los que tomaron ciertas acciones para desviar fondos, para no hacer funcionar dos acuerdos con FOCOEX, «vamos a buscar quién es el responsable, sin ningún tipo de misterios, de manera de poder informar correctamente.»

«La conferencia de prensa que se brindó ayer con el objetivo de realizar «un análisis de situación « donde se adelantó que se han encontrado «violaciones graves a la legislación nacional.»

«Todas las irregularidades hacen concluir a los delegados frenteamplistas que debe comparecer quien estaba por encima, «el alto mando» y por ello se solicitará la presencia del doctor Luis Alberto Lacalle y del doctor Conrado Hughes que en ese momento era el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.»

Julio 2: Ultimas Noticias (P.3)

«El Presidente del directorio del Partido Nacional, Dr. Alberto Volonté, reiteró ayer que si al término del plazo que tiene la comisión FOCOEX para expedirse, el denunciante (Leonardo Nicolini) no presenta pruebas o nombres, «será llamado a responsabilidad» por la coalición de gobierno.»

Julio 3: El País (P.9)

«El País en Madrid.»

«Sobre las operaciones de FOCOEX en el Uruguay se han dicho muchas cosas y la mayoría absolutamente falsas». Angel Alda, director de comunicaciones de la empresa española, mostró su disgusto y la preocupación por el daño que las denuncias del Diputado Nicolini están causando a la firma que opera con nuestro país desde 1984.»

(...)

«No existieron sobreprecios, no hay que olvidar que estas operaciones se realizaron con créditos de ayuda ligada que obligan a comprar a España, es decir son precios a escala europeos.»

(...)

«Tampoco hemos pagado coimas a funcionarios públicos de allí, me parece que en el Uruguay la gente sabe cuál ha sido la empresa que nos asistió en tareas comerciales y de representación, cuyo director tuvo el gesto de salir en persona a reconocerlo, nada tiene que ver con la administración pública, son denuncias tardías e imposibles de demostrar.»

«Angel Alda conjuntamente con otros dos directivos recibieron al Legislador frenteamplista en la sede de la firma, para aclarar la situación aprovechando su presencia en la capital española.»

«Nicolini siempre ha tenido la habilidad de esconderse detrás de testimonios, le explicamos con claridad todas las transacciones llevadas a cabo e incluso le aclaramos que nada tuvimos que ver con la reforma del buque escuela «Capitán Miranda» realizada con cargo al crédito FAD de doscientos millones de dólares firmado en 1992.»

«Le informamos de la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas, cómo se había desarrollado y sus resultados sin ninguna consecuencia jurídica ni administrativa, así como que las comisiones pagadas a los intermediarios habían sido acordes con la legislación española que prohíbe ese tipo de pagos a funcionarios públicos.»

(...)

«En una entrevista, me parece que en «Búsqueda», llega a decir que lo de FOCOEX ha sido una cortina de humo para entretener la investigación mientras él, con mucha discreción, hurgaba en la trama de ITC, si es así nos parece de poca categoría política, nos ha causado mucho daño.»

«En cualquier caso los datos que se han ido conociendo a través de la prensa española y la uruguaya son irrelevantes, por ejemplo, presenta supuestos documentos en los que FOCOEX paga comisiones pero tacha el nombre del perceptor, cuando sabe que tenemos los originales y podemos probar que no se ha pagado a ningún funcionario público.»

«Mi opinión es que se ha utilizado este tipo de documentación un poco manipulada para crear ambiente, para crear una especie de caldo de cultivo adecuado que le permitiese, en algún momento, acreditar denuncias que en otra situación, a lo mejor, no hubieran tenido la misma credibilidad, Nicolini es un gran especialista en crear ambientes.»

Julio 5: La Prensa (P.4)

«En este contexto, Nicolini prometió una vez más una fecha en la que espera revelar los nombres; lunes 8 de julio.»

Julio 6: Ultimas Noticias (P.3)

«Los nacionalistas están dispuestos a votar una prórroga del lapso de que dispone la Comisión FOCOEX para continuar estudiando sistemas que tienen su agenda, pero no a dar las mismas facilidades al denunciante, el Diputado Leonardo Nicolini. Este tendrá tiempo hasta el martes 9 -no le darán un minuto más- para suministrar los nombres de los funcionarios de la anterior administración que presuntamente recibieron comisiones de la empresa FOCOEX en los contratos de suministro de equipo médico para la salud pública uruguaya por valor de 200 millones de dólares.»

«Si Nicolini no habla para esa fecha, los blancos anunciaron la inmediata puesta en marcha de los mecanismos de juicio político o del artículo 115 de la Constitución, que prevé la suspensión de un Legislador por «desorden de conducta», por dos tercios de los votos de la Cámara que integra, en ese caso Diputados.»

Julio 9: La República (P.3)

«Los Diputados del Frente Amplio, Carlos Pita y Leonardo Nicolini, presentaron ayer documentación a la Comisión Investigadora de FOCOEX.»

«En la misma, desde España, se sugiere a las autoridades uruguayas que redacten una solicitud de unificar el préstamo para equipamientos por 50 millones de dólares, con el préstamo para la construcción de los Hospitales de Las Piedras y Canelones por 17 millones, como forma de incrementar el monto autorizado para gastos locales.»

Julio 10: Radio Sarandí Programa Buenas Tardes

«Nicolini: O 1 millón, porque si tengo por un lado, parece un poco esquizofrénico, porque si tengo por un lado 5 dólares lo cual tienen una cantidad de controles, la contratación directa me lleva entonces a la pregunta más concreta. ¿Qué pasa en la legislación uruguaya si yo compré mal mediante esto?, no tengo ningún tipo de penalidad, puede ser censurado políticamente, puede venir el Dip. Nicolini aquí a su programa y decir, opino de que el señor fulano de tal se equivocó, como yo opino que el Sr. Julio Macedo se equivocó y compró mal, bueno no va a pasar de ahí. Ahora, qué es lo curioso de esto, hay sobre precios en los pagos muy importantes, muy importantes, que llegan en algunos casos al 100%, entonces uno se pone a pensar ¿por qué un funcionario público autoriza que se compre esto al 100%?, porque sí, porque fue inepto para hacer la tarea, porque adoptó una posición en que no le importaba mucho si compraba cómo y de qué forma, o por maldad porque le quiero hacer daño al Estado y a mis conciudadanos, estoy herido por algo, o también puede ser una decisión de decir, bueno, hago esto porque obtengo un beneficio, si eso es así es algo muy grave, muy grave. Entonces qué pasa en España nos dicen según las Actas de las Cortes Españolas, de que FOCOEX paga comisiones, entonces aparece un señor que se llama Walter Estellano, que es un agente privado que cobra millones de dólares en comisiones.»

(...)

«Nicolini: Bueno, ayer se presentaron, documentos que hacen a transferencias de dinero por pagos de comisiones, por los negocios hechos en Uruguay y figura así en las transferencias, a cuentas en Nueva York, en Bahamas y en Montevideo. Y aparece también una serie de faxes enviada desde Montevideo por el Sr. Walter Estellano a Madrid, en el cual hace mención sobre el ex Secretario General de la Presidencia, el Dr. Pablo García Pintos y sobre el Dr. Julio Macedo al que hacíamos referencia hace un rato en el tema SALUD PUBLICA. Bueno, uno puede tener la presunción de agregar estos documentos, de que podría haber una vinculación entre estos dos ex funcionarios, con lo que fue toda esta operativa. Nos restará, en estos días averiguar qué es lo que puede ocurrir, en esta operación y también obviamente la Justicia si esto amerita a pasarlo a otro tipo de instancia.»

(...)

«Nicolini: «...Entonces porqué son idénticas las firmas, porque, porque uno pone su firma dentro de la computadora, sale $40.00, hacer esto, y este señor que cobró millones de dólares, puede gastar $ 40.00 en esto...» «Entonces todo el argumento que dio el Dr. Pablo García Pintos y el Sr. Estellano y que hacen salir corriendo al Diputado Piana y al Dip. Borsari a Sala, diciendo son falsos, son falsos estos documentos, se basa en que las dos firmas son iguales. Reconoce que la firma es de él, reconoce, sí que la firma es de él, dice cómo es que hay dos firmas que son iguales...»

(...)

«Es un procedimiento igual que es muy sencillo, sale $ 40.00, en la Ciudad Vieja uno lo consigue en cualquier lado, lo mete en su computadora y se evita todo el papel, entonces qué es lo importante, acá, si este Sr. Walter Estellano cobró millones de dólares, porque los cobró, cómo hacía para tomar las decisiones, pero no sólo en SALUD PUBLICA, en ANEP, había alguien que lo ayudaba a tomar estas decisiones, había alguien que desde la órbita del Poder le daba las facilidades como para que estas decisiones se optaran en esta forma, porque por sí sólo el Sr. Walter Estellano qué podía hacer...»

«Nicolini: Bueno, el origen es de España, este, mucha documentación me lo entregó Diputados españoles, también el Directorio de un diario español muy importante, este, con los cuales yo voy a hablar, ellos ya me habían manifestado que ante la Justicia no tenían problema de conocer, de que se conociera todo lo que se manejaba públicamente, los voy a volver a consultar entre hoy y mañana, este, porque pienso que se van a mantener en esta situación de que la Justicia pueda establecer.»

«Brescia: ¿Era una documentación que estaba ya hace tiempo en tu poder o es una documentación que llegó recientemente a tu poder?»

«Nicolini: Bueno, tiene distintas partes, algunas meses, otras tienen semanas, han llegado, yo viajé dos veces a Madrid, en Octubre y hace un mes y medio.»

Julio 11: El País (P.8) en Madrid

«Izquierda Unida se encuentra a la espera de que finalice la investigación en Montevideo y le remitan la documentación con los resultados para poner en marcha una iniciativa similar en las Cortes Españolas.»

(...)

«(F. Frutos): Hemos mantenido un prudente silencio hasta ahora, aguardamos los materiales que quedó en enviarnos Nicolini para tener elementos más concretos a fin de solicitar una comisión investigadora «manifestó Francisco Frutos en la sede de su Grupo Parlamentario a reconocimiento de EL PAIS.»

(...)

«La empresa española FOCOEX afirmó que las cartas presentadas por los Diputados Nicolini y Pita no existen en sus registros y puso en duda la autenticidad de los documentos. En una declaración emitida ayer, la empresa anunció que el funcionario mencionado en las cartas nunca las recibió...»

«Angel Alda, director de comunicaciones de FOCOEX, reiteró en Madrid al periodista Daniel Beltrán que los documentos exhibidos por Pita y Nicolini no figuran en los registros de la empresa como ingresados en la fecha señalada en las cartas ni en los seis meses siguientes.»

«Tras señalar que Pedro Pablo López es funcionario de FOCOEX, afirmó que «no tuvo participación en la operación efectuada con Uruguay en esa época.»

(...)

«La propia declaración recoge las sospechas sobre la autenticidad de los documentos que había señalado el agente de la firma Walter Estellano la noche del martes, haciendo hincapié en que las firmas son tan idénticas que se pueden poner en contraluz». «Se observa una copia exacta imposible de ser ejecutada por el mismo firmante, en momentos y días tan lejanos y tal como acredita la ciencia grafológica.»

«Agrega que «Llamamos igualmente la atención sobre el hecho de que en el rasgo derecho de la rúbrica de los documentos citados, existe una muesca que pudiera corresponder con el trazo parcial, de la letra A existente en el fax del 29.10.93», único documento reconocido como verdadero.»

 

Julio 11: La Mañana (P.2) «Comunicado de FOCOEX»

Dicho comunicado expresa textualmente:

«Hacemos referencia a la correspondencia (dos escritos) supuestamente dirigidos por el Sr. Walter Estellano a esta Sociedad, con fechas 27 de Octubre de 1992 y 27 de Abril de 1993, aportados por representantes del Frente Amplio y reproducidos por diversos medios de prensa uruguayos en el día de hoy.

1. - Ninguno de los supuestos documentos aparecen en el Registro de correspondencia de entrada de nuestra Sociedad en el período comprendido entre su supuesta fecha de emisión y los seis meses siguientes.

Hacemos constar que en nuestra Sociedad existe un único Registro de correspondencia de entrada de nuestra Sociedad en el período comprendido entre su supuesta fecha de emisión y los seis meses siguientes.

2. - El destinatario de los presuntos escritos, Pedro Pablo (López) presta sus servicios en nuestra Sociedad y manifiesta su disposición a testimoniar, con el grado de compromiso que le requiera y ante quien corresponde, y que nunca recibió los referidos documentos.

3. - Llamemos la atención sobre el hecho de que en los documentos citados la rúbrica del Sr. Estellano se pueda superponer a la que aparece en el fax del citado Sr. Estellano al Sr. López del 29.10.93, también reproducido por la prensa y que en este caso, sí se trata de un documento recibido en FOCOEX. Se observa una copia exacta imposible de ser ejecutada por el mismo firmante, en momentos y días tan lejanos y tal como acredita la ciencia grafológica.

4. - Llamamos igualmente la atención sobre el hecho de que en el derecho de la rúbrica de los documentos citados, existe una muesca que pudiera corresponder con el trazo parcial de la letra A existente en el fax del 29.10.93.»

Julio 11: Búsqueda (P.3 y 57)

«Si él (Estellano) tiene su firma dentro de su computadora todas las firmas son iguales», dijo el Legislador frentista, para quien «es un mecanismo común no imprimir en papel y pasar la firma de la computadora al fax». Empero, la firma de Estellano en otros documentos presentados por el Legislador frentista aparece siempre distinta». (Todos los demás documentos, emitidos por el Sr. Estellano y presentados por el acusado en Comisión, llevan rúbricas manuscritas).

Julio 15: El Observador (P.3)

«Según Nicolini, estos documentos prueban que Estellano manejaba una supuesta red de tráfico de influencias que involucraba al ex secretario de la Presidencia, Daniel García Pintos, al ex director de la OPP, Carlos Cat, y al ex director de ASSE, Julio Macedo.»

Julio 17: El País (P.8)

(Nicolini): «...Tres Diputados españoles de distintos partidos nos proporcionaron esta documentación y nos pareció que era más que importante que los conociera la Comisión Investigadora.»

Julio 23: El Observador (P.4)

«El Diputado Leonardo Nicolini (Asamblea Uruguay) aceptó ayer el resultado del informe de los peritos Washington Curbelo y Oscar Rachetti que determinó la falsedad de los documentos que presentó a la Comisión Investigadora sobre las compras a FOCOEX, aunque lo confrontó con otro peritaje que el Frente Amplio encargó a Argentina que señala la imposibilidad de afirmar si los documentos son falsos o verdaderos.»

«Para nosotros lo importante es que esto pase a la Justicia y ella determine cuáles son los mejores pasos a seguir en este proceso», dijo Nicolini, y aseguró que «ha recibido el respaldo permanente de todo el Frente Amplio.»

«El Legislador reiteró que esos documentos le fueron entregados por Diputados españoles, y que ellos estarían dispuestos a venir a Uruguay a explicar la procedencia de los mismos. Nicolini señaló que tiene más pruebas que presentará a la Justicia, en especial seis cuentas bancarias que supuestamente revelan el pago de comisiones. «Vamos a entregar todos esos documentos a la Justicia, junto con incisos completos que no fueron analizados por la Comisión», señaló:

En opinión de Nicolini, faltó «voluntad política» para completar el estudio de las denuncias.

«El Legislador aseguró que «nunca» manifestó que funcionarios de la anterior administración habían recibido comisiones de FOCOEX, aunque reiteró que «no me he equivocado» cuando afirmó que el ex ministro Guillermo García Costa «puede irse buscando un buen abogado» (Ver declaraciones de 1995: Agosto 10; Octubre 21; Octubre 26, 1996, Marzo 26 y 27; Abril 10, Mayo 15 y 17; Junio 8; 14; etc. etc. ).

Julio 23: La República (P.2)

«Nicolini aseguró que la documentación le fue aportada por Legisladores españoles y que era muy probable que uno de ellos estuviera llegando a Uruguay para respaldar la autenticidad de la documentación aportada a la Comisión. Subrayó que seguía con la presunción que no había sido un buen negocio para el país y, en base a la denuncia de Teófilo Maciel, seguía con el convencimiento de que un grupo delictivo operó en la anterior administración trabajando en la administración pública en provecho propio».

Julio 23: La Mañana (P.2)

«Expresó asimismo que la documentación le había sido entregada por dos Diputados españoles. Consultado sobre si dichos Legisladores estarían dispuestos a viajar a Uruguay para avalar la autenticidad de los faxes, respondió que existe la posibilidad de que lo haga uno de ellos».

Julio 25: La Mañana (P.2)

«Nicolini destacó, en conferencia de prensa de ayer, el hecho de que Diputados españoles «han reconocido que nos entregaron en Madrid esta documentación que nosotros presentamos en la investigadora y reafirman que dichos documentos estaban dentro de FOCOEX».

«Ha quedado claro que lo que nosotros presentamos estaba dentro de FOCOEX y quiero reafirmar que toda la actuación de FOCOEX debe tener una instancia en la Justicia» declaró.

«Nicolini anunció como muy probable el hecho de que el Diputado que le proporcionó los documentos venga a nuestro país a declarar sobre el tema. No aseveró que los faxes formen parte de la documentación oficial de las Cortes Españolas, sino que estaba en poder de Diputados de España».

Julio 27: La República (P.4)

«Esos faxes estaban en FOCOEX en Madrid y nos lo fueron entregados por dos Diputados españoles que nos merecen toda la confianza. Los Diputados Francisco Frutos, secretario general del Partido Comunista Español y Rafael Hernando, coordinador de la Bancada del Partido Popular nos proporcionaron los documentos como así también el diario El Mundo de Madrid».

Julio 27: El País (P.10)

(Astori): «Desde mayo le venimos pidiendo (a Nicolini) pudor y cuidado. No como una manera de coartar la información. Sí, reclamando, para que la investigación parlamentaria no ocurriera frente a las Cámaras sino en la mesa de la comisión».

(Astori) manifestó que la dirección de Asamblea Uruguay «hace por lo menos dos meses que perdió el control de la conducción política del tema».

Hasta aquí la reseña de la conducta del acusado.

B. ADECUACION DE LA CONDUCTA A LAS FIGURAS DELICTIVAS

1. En primer lugar, de la reseña anterior surgen claramente ciertos elementos:

a) El uso premeditado de los medios de comunicación para producir escarnio en detrimento de :

-el Partido Nacional

-determinadas personas (ejs.: el Dr. Guillermo García Costa; el Dr. Julio Macedo; el Dr. Juan Gabito; el Dr. Pablo García Pintos, etc.), mediante un manejo sofisticado de insinuaciones, calificativos, nombres y acusaciones, a veces unidos en un solo acto, otras por asociación en la sumatoria de declaraciones públicas sucesivas.

Así, por ej.: «en el caso del SODRE ... misteriosamente hubo un sobreprecio ... cercano al 80% ... « «... en el caso del MSP ... también hubo un sobreprecio ... que llama poderosamente la atención...» «... El propio presidente de FOCOEX ... reconoció que la empresa pagó coimas ...» (declaraciones del 9/8/95).

Al día siguiente: «llamó la atención que el Dr. Guillermo García Costa haya participado justamente de estas ... operaciones « «... tenemos una presunción muy grave ...» «... consideró muy interesante lo que (García Costa)... pueda decir ya que coinciden las operaciones en el SODRE y en ANEP cuando era el titular de Educación y Cultura y con Salud Pública cuando pasa a ocupar esa Cartera» «...confía en la existencia de voluntad política ... para llegar a determinar quiénes han sido los destinatarios de las coimas» (La República 10/8/95). «Llama profundamente la atención ... si hubo algún tipo de estímulo a algún mal funcionario ...» «Por el momento, lo único que podemos decir es que García Costa como Ministro de Educación ... tuvo una relación directa con el SODRE y con ANEP ... y luego, cuando el pase al MSP ...» etc.

Debe recordarse que estamos ante una persona ducha en materia de manejo de los medios y con muchos años de experiencia política y por tanto, sabedor de que si uno declara el mismo día o en días próximos, fragmentos de una historia a diferentes medios, inevitablemente uno o varios de ellos enseguida los unirán, con el efecto consiguiente.

Continuando con los ejemplos:

-un día después (11/8): «...los sobreprecios ... lindan con una presunta estafa ...»

-en octubre del 95: el 7 «... se pagaron comisiones ...» «...quiénes fueron los que percibieron estas comisiones»; el 10, lo mismo. El 20: «... pago de comisiones a funcionarios del anterior gobierno ...» «... lama la atención ... la titularidad de ... García Costa ...» «... medio millón de dólares ... que podría permitir atender otras necesidades del comprador». El 26: « ... ratificó ... denuncia respecto al pago de comisiones...».

-Pasamos a 1996, el 26 de marzo « ...vamos a exhibir ... las 7 cuentas bancarias por las cuales se hacían ... pago de comisiones para aquí ...» « para uruguayos que realizaron negocios con FOCOEX».

Cabe recordar a esta altura dos hechos relevantes:

i/- El acusado había estado en la sede de FOCOEX en España, donde fue informado de las operaciones (conf. La Mañana 25/10) y

ii/- Ya conocía -como se verá- quién era el titular de las cuentas, cuyos números presentaba en conferencia de prensa, con tanta espectacularidad como misterio.

Sigue el reportaje del 26: «...confiamos en que se descubra quiénes son los que están detrás de estas cuentas ... que percibieron las comisiones con respecto a todo este negociado ... (en el Uruguay, este término tiene un contenido tan inequívoco como dañino). «... pueda haber existido ilicitud ... si algún ciudadano público intervino en estas operaciones». (La vinculación ya había sido reiteradamente inducida a la opinión pública a través de las menciones al Dr. García Costa).

El mismo 26, pero en otro medio: «En esas cuentas ... se hacían depósitos a uruguayos, respecto a toda la operativa que significó el período que fue encabezado por el presidente L. A. Lacalle ...»

Al día siguiente: «... está totalmente comprobado que tres funcionarios uruguayos están implicados en la recepción de comisiones especiales...». «El monto total asciende a unos 17 millones de dólares ...».

Días después (9/4/96): «... funcionarios uruguayos recibieron a través de cuentas bancarias en el exterior dinero como premio por los negocios realizados».

Al día siguiente: «... Gabito Zóboli es responsable, porque él fue presidente del CODICEN cuando se realizó una operativa cercana a los 50 millones de dólares...» «El compró equipamiento casi al doble del valor ...». «El señor Gabito quiere nombres, él es uno de los responsables ...».

El 11/4: «... el que encabeza la lista es el de Gabito ...». «...la única conclusión resultante es que estaríamos ante un inepto u otro caso de corrupción ...».

La producción artificiosa de insinuaciones e infundios para mantener la atención de la opinión pública y dirigirla contra los objetivos elegidos, exigió en el largo período, esfuerzos llamativos de imaginación.

Así, el 12/5, en Radio Sarandí: «... Periodista: ¿Cómo estaba España ...? ... Nicolini: ... El Sr. Díaz Roldán, que fue el Jefe de la Guardia Civil, se decidió hablar ante el Juez Garzón y empezó a destrabar toda una situación que los tiene muy preocupados a los españoles, como fue el operativo GAL...» «Justamente con ello, también las declaraciones de este señor sobre una cantidad de negocios ilícitos ...» «... Se descubrió que ... Roldán declaraba que toda la operación de cómo se hacía el manejo de fondos reservados y el negocio con algunas se triangulaban a través de Uruguay».

(Esto dicho en plena tormenta publicitaria del tema FOCOEX, sin apoyo probatorio, entonces o después). Sigue: «Periodista: ¿qué consecuencias podrían suponer esto; «Nicolini: «... la primer denuncia que ya está planteada a nivel de la justicia española, es que empresas multinacionales radicadas en Uruguay pagaban comisiones para la concreción de negocios».

(Nunca aparecieron pruebas de tales procesos). Sigue: «Periodista: ¿No sabemos qué tipo de negocios? Nicolini: Uno puede calcular en base a los nombres de las firmas. Y en base a ... esos pagos de comisiones (término llamador, mnemotécnicamente utilizado al hablar sobre FOCOEX), qué negocios puede haber hecho el Uruguay y algunas compras que haya hecho Uruguay con esas firmas ...» « ...o por lo que pueda hacer Roldán en España o tal vez lo que nosotros podamos hacer acá en el Uruguay se termine de descubrir cuál era toda la trama de todos estos negocios ... turbios que se manejaban entre estas empresas paraestatales españolas con nuestro país ...» (Nadie en el mundo -salvo el acusado- siquiera mencionó una vinculación de Roldán y el GAL con el tema FOCOEX y el acusado jamás lo sustanció con pruebas o indicio alguno).

De inmediato, a la afirmación anterior: «Periodista: ¿y en el caso de FOCOEX, no dudarías en hablar de negocios turbios? Nicolini: «Sin duda». «... si logramos destrabar ... con el tema de FOCOEX, yo creo que vamos a ... poder empezar a construir sobre otra base. Hacer el camino inverso de ... otros países ... donde robar desde funciones del Estado era cada vez más normal ...».

El 15/5: «Hay ... responsabilidades ... desde el punto de vista penal ...» «... García Costa y Gabito ... eran los dos máximos responsables de organismos donde se han realizado negocios fraudulentos» « ... No quiero enjuiciar a todos los que participaron en el Gobierno de Lacalle. Acá hubo responsables ...» «No tengo ninguna duda de que hubo hechos de corrupción en el tema FOCOEX, los hechos son clarísimos». « ... significó mucho, pero mucho dinero en comisiones para alguna persona que trabajaba en nuestro país».

Dos días después: «(Nicolini) dice tener la certeza de que funcionarios del Ministerio, cuyo titular era García Costa, cobraron comisiones generosas, para que fuera posible la transacción ...».

Esa campaña comenzó a ser «afectada» por la percepción primero, y la realización, después, de que luego de tantos meses de expectativa, construida en base a anuncios de nombres y pruebas a través de los medios, no aparecían en el ámbito natural de la Comisión Investigadora, elementos probatorios concretos, en consonancia con el andamiaje montado a través de los medios de comunicación.

b). - En segundo lugar, surge de la reseña que se utilizó la existencia de una Comisión Investigadora del Parlamento Nacional como soporte de la campaña publicitaria de difamación, con el artilugio de anunciar «nombres» y «pruebas», pretendidamente en posesión, pero cuya presentación no se concretaba, a la espera de un mesiánico tiempo oportuno.

Ejemplos:

Abril 9 de 1996: «(Nicolini) anunció ... que cuando comience a sesionar la Comisión, dará los nombres ...» (vimos que ya los manipulaba en la prensa y veremos cómo y cuándo los concretó en la Comisión Investigadora).

El 10: « ... no conviene dar nombres ...»

El 26 «Aportar nombres es una etapa final ...» «... la investigación va a llegar un momento en el cual ... van a surgir los nombres ...»

Ante esta técnica publicitaria, en marcha desde agosto de 1995, el 29 de abril del 96 se produce la primera reacción pública, exigiendo al Diputado Nicolini -pasados ya diez meses- que empiece a probar lo insinuado, afirmado o en definitiva, construido: el Directorio del Partido Nacional lo emplaza (conf. El País; 30/4).

Mayo 14: « ...los nombres se van a dar cuando llegue el momento de la investigación que lo amerite ...» Mayo 24 «El Diputado frenteamplista no dio los nombres de los titulares de las cuentas, a pesar de que éstos fueron publicados hace tiempo por la prensa española y dijo tener más información que pondrá a disposición de la Comisión».

Junio 8: Periodista: « ... mientras Ud., no da los nombres que le solicitan, la investigación se estira en el tiempo y eso favorece la alta recordación de las denuncias. ¿Es una estrategia? Nicolini: La alta recordación se debe a que no todos los días uno se enfrenta a un negocio de 200 millones de dólares ...» Periodista: « ... Pero desde fuera se lo ve a Ud. manejando los tiempos de esta investigación. ¿Es una estrategia? Nicolini: «No. Ocurre que el tema es muy complejo» ... «Hoy en día puede haber gente que honestamente dude de si tenemos o no lo que decimos tener» Periodista: «y por qué no pone los documentos arriba de la mesa y termina con la discusión? «Nicolini: ... esto pinta para largo y a ellos no les interesa que eso suceda». Periodista: «Entonces sí hay un manejo deliberado de los tiempos» Nicolini: «Yo no dije eso».

Cuatro días después: «Preguntado por la dilatación de la presentación de las pruebas ... Nicolini se mostró tranquilo y expresó que apresurar cualquier instancia de estas características no es positivo ...» (Iban seis meses desde la creación de la Comisión).

Junio 14: «Nicolini volvió a anunciar ayer a través de varios medios ... Que en los próximos días presentará las pruebas ...»

El día antes, 13 de junio, el Partido Colorado se sumó a la postura ya adoptada por el Partido Nacional y emplazó al acusado de presentar las pruebas en el término de una semana.

«Después de mucho insistirse, Nicolini señaló que en un plazo de unos quince días podría romper el silencio «Alrededor de una decena de funcionarios de particular confianza de la anterior administración de gobierno serán denunciados en los próximos días ...»

El Partido Nacional, que ya había presentado denuncia penal contra el acusado, resolvió el 18/6 encomendar a sus Legisladores instrumentar los mecanismos disciplinarios constitucionales. Cinco días antes de vencer el plazo en el que había sido emplazado, aparece la denuncia de Teódilo Maciel y nuevos anuncios: «L. Nicolini y Carlos Pita ... anunciaron que ... el próximo lunes brindarán una conferencia de prensa donde darán a conocer públicamente los documentos que involucran a jerarcas de la administración del gobierno de L. A. Lacalle en hechos de corrupción».

Como el episodio Maciel no estaba produciendo el efecto de reavivar una vez más el interés de la opinión pública y de neutralizar los emplazamientos, la conferencia de prensa fue adelantada para el día 20/6.

Al día siguiente, el acusado concurrió al programa «En Vivo y en Directo» (Radio Sarandí):

«Periodista: ... se habló mucho de esa conferencia de prensa que iba a ser en principio el lunes, los episodios se precipitaron y el F.A. anticipó la conferencia ... para ... ayer. Y había una gran expectativa, todo el mundo esperaba ... que ...iban a presentar ante esa multitud de periodistas ... nombres, documentos, denuncias confirmadas en relación a un tema sobre el que Ud. ha hablado en los últimos ocho meses y que está siendo investigado ... por una Comisión Parlamentaria, el tema FOCOEX. Para algunos la expectativa fue tan grande como la decepción posterior ¿por qué no presentó nombres y documentos y pruebas de las cosas que Ud. ha estado diciendo, Diputado Nicolini?»

«Nicolini: Bueno, ... el objetivo nuestro era convalidar ... la publicación ... de Postdata».

«Periodista: «Pero este episodio no está vinculado al tema FOCOEX».

Más adelante ante sucesivas preguntas del periodista, el acusado dice: «Ahora, sí tuvimos que guardar secreto ... Respecto a todo este tema y poner hincapié en FOCOEX para no alertar la investigación que estamos haciendo, no nos pidan ahora cuentas por el tema de FOCOEX. Por favor».

Ya no sólo los partidos políticos, sino también los propios medios exteriorizan su convicción de que han sido utilizados como instrumentos de una campaña.

Ello no obstante, el acusado continúa con la misma estrategia.

Junio 28: «Nicolini señaló que aún no ha proporcionado a la Investigadora ningún documento referido al pago de comisiones, cosa que hará en la etapa final ... pero afirmó que esos documentos están en su poder y los presentará en esa oportunidad». (Iban seis meses de investigación y faltaban menos de diez días para que venciera su plazo.)

El 29, el acusado cambia otra vez de frente, «bendice» al Dr. García Costa, exonerándolo (después de diez meses de arrastrar su nombre por el barro) y pide que la Comisión cite al ex Presidente de la República y al ex Director de OPP.

El 2 de julio el Partido Nacional renueva el emplazamiento: «si al término del plazo que tiene la Comisión ... (Nicolini) no presenta pruebas o nombres, será llamado a responsabilidad».

Al día siguiente se publica un comunicado de FOCOEX en el que, junto con un desmentido sobre la campaña, se reitera que el acusado estuvo en la empresa y fue minuciosamente informado de todas las operaciones.

El 5 de julio, en la Comisión «Nicolini prometió una vez más una fecha en la que espera revelar los nombres: lunes 8 de julio».

El 6, Legisladores del Partido Nacional reiteran que si al vencer el plazo de la Comisión (julio 9) Nicolini no trae pruebas, se pondrán «en marcha los mecanismos del juicio político o del artículo 115 ...».

Al filo del vencimiento, el día 9, el acusado presenta en la Comisión y -según su práctica- a la prensa, diversos documentos, entre los cuales dos supuestos faxes.

Luego de un año de campaña publicitaria; en el contexto de los emplazamientos efectuados por los Partidos Colorado y Nacional y en un ambiente generalizado y creciente de descrédito, aparecen formalmente dos «documentos» con nombres. Los únicos «documentos» con nombres concretos.

No habían pasado dos horas de su presentación cuando fueron impugnados de falsedad.

Cabe a esta altura detenerse un instante para resaltar la disparidad de la conducta del acusado en el ámbito de la Comisión con el desplegado frente a los medios masivos de comunicación.

Durante todo el período de tiempo en que sesionó la Comisión, el acusado jamás reflejó allí la actuación acusatoria estelarmente orquestada por los medios.

De la lectura de las versiones taquigráficas surge nítidamente el bajísimo perfil del acusado -notoriamente cuando comparece a Comisión alguna de sus víctimas- y sus reiteradas evasiones ante las también repetidas exigencias de sus colegas para que ratificara en la Comisión lo dicho públicamente (en particular, el cumplimiento de los manidos anuncios de nombres y pruebas).

Este proceso llega a un clímax en la sesión del día 9/7/96 que resulta extremadamente revelador acerca de la conducta del acusado, tanto referida a su campaña difamatoria y calumniosa, como a la manipulación que hizo de la institución parlamentaria:

«Diputado Mieres: Señalo que cuando empezó a sesionar la Comisión se dijo que al terminar se presentarían pruebas concretas respecto al pago de comisiones a funcionarios de la administración anterior. Ahora se pide una prórroga para seguir investigando. Entonces, vencido el plazo inicial, mociono para que se pida al Sr. Diputado Nicolini que presente las pruebas de las comisiones pagadas a funcionarios de la administración anterior».

«Diputado Nicolini: No sé si tomar el planteamiento del Sr. Diputado Mieres para la risa o en serio».

............

«Como decía, no sé si tomar el planteamiento del Sr. Diputado Mieres para la risa o en serio». Le voy a pedir al Sr. Diputado Mieres que lea la versión taquigráfica de esta Comisión Investigadora desde su primera sesión. Si lee en alguna versión taquigráfica ... que yo expresé que iba a presentar documentos o pruebas que dijeran que funcionarios públicos habían cobrado comisiones, le pido que vuelva a leerla».

«Diputado Piana: En la prensa Sr. Diputado».

«Diputado Nicolini: Bueno, ahora también le pido a los Sres. Diputados ... me lean la prensa en la cual yo he manifestado eso. Nunca he dicho eso, ni en la prensa, ni en la Comisión» (pág. 41).

Y, más adelante: « ... Jamás manifesté que un funcionario público tuviera una cuenta en el exterior en la que recibiera el pago de comisiones» (pág. 57).

Ténganse presentes, entre otras, las declaraciones del acusado de 7/10/95; 20/10/95; 26/3/96; 27/3/96; 15/5/95; 17/5/96, etc. etc.

Por otra parte, la citada intervención del acusado reviste el carácter de confesión tanto con referencia al hecho de que nada substancial había aportado a la Comisión, como de su encartamiento doloso en el delito de Calumnia («a sabiendas»).

c) De la reseña surge asimismo, que si bien el acusado cuidaba su estrategia, tratando al realizar cada aparición pública de no incurrir directamente en una figura delictiva en la exposición individual, para que el daño se produjera por el conjunto de la campaña, lo prolongado de ésta y, probablemente también, la creciente presión de los Partidos tradicionales y de los propios medios exigiendo pruebas, lo llevaron a varios lapsus, abiertamente incriminatorios.

Ejemplos:

i) el más notorio comenzó el 8 de junio (Reportaje en El Observador) cuando el acusado se aparta de su técnica en base a insinuaciones, acusaciones parciales, menciones repetidas de nombres en forma lateral etc., para caer en una acusación directa de comisión de delitos (Art. 150 del Código Penal) referidas a quienes habían integrado el pasado gobierno y al Partido Nacional en su conjunto:

«Nicolini: Por todo lo que hemos podido ver se trataría de una organización de funcionarios públicos que trabajaba para beneficio propio. Dentro de eso está incluido FOCOEX, pero el tema va mucho más allá.»

.........

«Periodista: Lo que Ud. dice es muy grave. ¿Está hablando de una organización creada para delinquir y encaramado en los puestos de decisión de la pasada administración nacionalista?»

«Nicolini: «... uno puede llegar a la conclusión de que en la administración anterior había una organización, conformada por funcionarios ubicados en lugares claves del aparato estatal, que trabajaba en beneficio propio.»

...........

«Periodista: Ud. que conoce el contenido de los documentos en los que se ha apoyado para formular estas denuncias, ¿cree que en el caso FOCOEX están dadas las condiciones para que el tema termine con una o más personas detenidas?»

«Nicolini: «Sí».

Cabe a esta altura tener presente:

a) Que el tema FOCOEX había comenzado en Agosto de 1995.

b) Que hasta la fecha del reportaje el acusado no había presentado prueba alguna de nombres concretos (lo que recién intentó un mes después con los falsos faxes).

c) Que a lo largo de su campaña publicitaria venía manejando reiteradamente nombres (García Costa, Gabito, Lacalle, Macedo, etc.).

Como se sabe, el reportaje dio lugar a una denuncia penal del Directorio del Partido Nacional (por sí y por la corporación) contra el acusado.

Ello llevó al acusado, en sucesivas declaraciones públicas, a pretender protegerse, calificando su acusación: «... estamos ante una presunta organización delictiva...» (Radio Sarandí - 21/6).

«Debemos estar atentos a la gravedad que implica la existencia de esta presunta organización que trabajaba para beneficio propio, con nada menos que el Secretario de la Presidencia, mano derecha del Dr. Lacalle...» (22/6) etc.

El 29 solicita a la Comisión que cite al Dr. Lacalle y al Ing. Cat (Ex Director de OPP.).

El 10 de julio (un día después de haber aseverado en Comisión lo que se transcribió en cuanto a que nunca había hecho manifestaciones injuriosas) en Radio Sarandí (Programa «Buenas Tardes») el acusado maneja los nombres de García Costa; Macedo; García Pintos y el Ing. Carlos Cat.

ii/- Las imputaciones directas de delitos contra personas determinadas se suceden luego del episodio de los faxes falsos, en un ambiente de fuerte presión sobre el acusado, tanto por parte del sistema político, como de los medios.

Ejemplo:

Julio 15: «Según Nicolini, estos documentos prueban que Estellano manejaba una supuesta red de tráfico de influencias que involucraba a... García Pintos, a... Carlos Cat y a... Julio Macedo (Arts. 150, 157, 159, 162, etc. del Código Penal).

Siete días después, confirmada la falsedad de los faxes, el acusado asegura nuevamente «que nunca manifestó que funcionarios de la anterior administración habían recibido comisiones de FOCOEX...» (El Observador, Julio 23).

2. - Procede a esta altura contrastar las figuras delictivas explicitadas con la conducta reseñada, para determinar si cabe la tipificación, contenida en la acusación efectuada por la Cámara de Representantes.

a) Delito de Difamación:

Art. 333 «El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría, o multa de cuatrocientos pesos a cuatro mil.»

Requisitos de la figura delictiva:

i/ - Difusión: obviamente cumplida.

ii/ - La atribución de hechos determinados que pudieran dar lugar a procedimientos o expongan al odio o desprecio público:

I. - Con relación a los Sres. García Costa; Gabito; Macedo y García Pintos: haber perjudicado al Estado, enriqueciéndose ilícitamente («Sobreprecios»; «Comisiones»; «Coimas»; «estímulos a algún mal funcionario»; «presunta estafa para el país»; «enorme irresponsabilidad de los jerarcas de la época»; «otro caso de corrupción» etc. etc.).

La exposición «al odio o al desprecio público» no requiere de un desarrollo explicativo suplementario. En cuanto a que la atribución de hechos «pudiera dar lugar... a un procedimiento penal», apenas si amerita una demostración adicional: la campaña difamatoria se desarrolló mayoritariamente en forma paralela a la actividad de la Comisión Investigadora, en un claro intento (así percibido por la mayoría de sus integrantes) de manipularla para que tuviera -como en otros casos recientes- el desenlace de pasar el tema a la Justicia Penal. Esto, que se procuró por medios encubiertos durante muchos meses, pasó a ser exigido públicamente por el acusado después que la Comisión, saturada por la estrategia de interminables anuncios y reaccionado ante la presentación de documentos falsos, cesó de ser un instrumento útil para los fines perseguidos por aquél. (Conf. Vers. Taq. Comisión Investigadora día 22/7/96 P. 67).

Cabe señalar que el análisis efectuado se circunscribe, como corresponde, a la materia del juicio político; esto es a la conducta del acusado, sin pronunciarse sobre los actos referidos a las compras que el Estado uruguayo hiciera por intermedio de la empresa FOCOEX, al ser esto último ajeno a dicha materia y, además, objeto de una simultánea indagatoria judicial.

II. - Con relación al Partido Nacional, los extremos son igualmente evidentes: la atribución de constituir una asociación para delinquir a los seis meses de la campaña publicitaria del tema FOCOEX lo transformó en el sujeto pasivo de la misma, a la cual se suman las declaraciones posteriores (adicionales o reiterativas) del acusado.

Nadie en el país duda, a esta altura, que tanto las personas anteriormente nombradas como la corporación política y sus jerarcas han sido colocadas exprofeso en situación de soportar indagatorias penales y de ser objeto de «desprecio público».

Su honor ha sido -quizás en algunos casos de forma irreparable- profundamente dañado.

iii/ - El dolo: Ha quedado ampliamente probado que el acusado actuó con «conciencia y voluntad».

El intento -groseramente burdo- de escapar a las consecuencias de su conducta, negando al final con increíble cinismo, sus actos públicos durante diez meses («... Aseguró que nunca manifestó que funcionarios de la anterior administración habían recibido comisiones de FOCOEX...») sólo contribuye a confirmar el dolo de su conducta. Añádase a lo anterior la pertinacia de su conducta ante las sucesivas advertencias recibidas.

iv/ - El requisito procesal de la denuncia del ofendido (Art. 338 inc. 1):

En este punto, debe señalarse que no desvirtúa la potencialidad de la difamación para ser considerada «delito grave» a los efectos del juicio político, la circunstancia de ser penalmente perseguible a denuncia del ofendido. La instancia del ofendido es un presupuesto procesal o condición de procedibilidad de la acción penal (Arts. 11 y 24 C.P.P.). El delito se configura exclusivamente con los elementos exigidos por la descripción de la figura. Y la Constitución no sujeta al juicio político a los requisitos procesales de la jurisdicción penal.

A mayor abundamiento, la Comisión está en conocimiento de que este requisito se cumplió por lo menos en relación a los siguientes sujetos pasivos: el Partido Nacional, sus jerarcas, el Dr. García Costa y el Dr. Macedo, ignorándose si también los otros damnificados han realizado denuncias.

v/ - Con relación a las circunstancias agravantes, el relevamiento de los hechos lleva a concluir prima facie la presencia de por lo menos varias:

- la premeditación (Art. 47 Nº 5)

- el engaño (aspecto sobre el cual se arrojará más luz al analizarse la tercera imputación de la Cámara de Representes, relativo a documentos falsos (Art. 47 N° 5)

- el carácter público del agente (Art. 47 Nº 5)

- el menosprecio de la autoridad (Art. 47 Nº 13): de la reseña surge con nitidez un manipuleo exprofeso y continuo de una institución como la Comisión Investigadora y así fue percibido, entre otros, por la mayoría de sus integrantes.

La continuación (Art. 58): ha sido exhaustivamente demostrada.

la comisión del delito con instrumentos de divulgación pública (Art. 335): ídem.

Al tipificarse inequívocamente el delito de Difamación no corresponde detenerse sobre la figura subordinada de la Injuria, sin perjuicio de señalar que, si se pretendiera argumentar en contra de la existencia de imputaciones concretas, el encartamiento en este último delito sería inescapable

b) El Delito de Calumnia. (Art. 179. «El que a sabiendas denuncia a la autoridad, o a un funcionario público el cual tenga la obligación de dirigirse a tales autoridades, un delito que no se ha cometido, o que simule los indicios de un delito, en forma que proceda la iniciación de un procedimiento penal para su averiguación, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.»

Requisitos de la figura:

i/ - La existencia de un acto idóneo que pueda determinar la iniciación de un proceso penal:

La posibilidad de que la campaña publicitaria reseñada desembarcara en el pase a la Justicia por parte de la Comisión Investigadora no sólo era obvia (máxime habida cuenta de otros antecedentes contemporáneos) sino que, precisamente, constituía la intención del acusado y de su sector político, como se desprende de afirmaciones reiteradas, de uno y de otro. La expectativa, tan sofisticadamente excitada, mantenida y renovada, era justamente de un desenlace en el ámbito de la Justicia Criminal.

De hecho, y aunque por una vía algo oblicua, eso es lo que ya ha sucedido y lo que la corporación política a la cual pertenece el acusado, recientemente reiteró.

ii/ - Un órgano receptor: También se ha cumplido. Es notorio que las Comisiones Investigadoras en situaciones como la presente encaran inmediatamente el pase a la Justicia.

iii/ - Sujeto pasivo: recordemos que no se requiere que la imputación sea a una persona determinada. Tal recordación no responde al hecho de que no existan en el caso sujetos pasivos determinados, sino a que, además, se suman otros, como se verá.

Así, no sólo fueron sujetos pasivos una serie de personas expresa y reiteradamente nombradas (por ej.: los Dres. García Costa, Gabito; Macedo y García Pintos) en contextos delictivos del Título IV, Capítulo I del Código Penal, sino que la calumnia alcanzó a toda una serie de ciudadanos que integraron los cuadros ejecutivos del anterior gobierno.

iv/ - Referencia subjetiva (conf. ut supra II, B, 1,e).

Recordemos lo allí transcripto: « ...La forma dubitativa de la denuncia puede ser la más insidiosa...» « ...la duda deja subsistente el dolo...»

Pero sin perjuicio de que eso se trasunta claramente a través de las declaraciones públicas del acusado a lo largo de casi un año, cabe señalar a mayor abundamiento otros elementos:

I. - El acusado había sido detalladamente informado, en el país y en España, de las diferentes operaciones, asegurándole que no existieron ilícitos.

II. - Tuvo muchos meses para informarse y asesorarse.

III. - Afirmó reiteradamente tener pruebas, no sólo testimoniales sino documentales.

v/ - El carácter delictivo de las conductas denunciadas:

En ese contexto fue que imputó a los Dres. García Costa y Gabito conductas delictivas tipificables (por ej.: cohecho (Art. 157), fraude (Art. 160) -al que llamó «estafa» -abuso de funciones (Art. 162), etc.), y al Partido Nacional el gravísimo delito de Asociación para Delinquir (Art. 150).

Resulta probado no sólo que no estaba «seguro del hecho que inculpa en su denuncia» (Conf. Bayardo, op. P. 42), sino que sabía cuál era la realidad, totalmente ausente de delitos. La técnica persistente de anunciar nombres y pruebas para un futuro momento apropiado, no era sólo para mantener la atención y el efecto difamante, sino que, además, estaba determinada por la ausencia de aquellos elementos, como quedó ampliamente probado.

Pero más concluyente aún es el hecho de que sus dos intentos de escapar a los emplazamientos públicos y a sus consecuencias, también públicamente anunciadas, fueron sobre la base de supuestos recaudos probatorios -siempre precedidos de anuncios expectantes- que:

-en un caso no se referían a los Dres. García Costa y Gabito (los faxes falsos)

-y en el otro, ni siquiera se referían al tema FOCOEX. (episodio T. Maciel)

A esto deben sumarse sus declaraciones en radio Sarandí el 21/6 que configuran una virtual confesión, al pretender justificar su conducta de los pasados seis meses, como una táctica de diversión: «Ahora, sí tuvimos que guardar secreto... respecto a todo este tema - (se refiere al de Maciel) y poner hincapié en FOCOEX para no alertar la investigación... no nos pidan ahora cuentas por el tema de FOCOEX, por favor»).

Recuérdese que, en definitiva, el acusado no presentó prueba alguna con relación a los antedichos ciudadanos, ni con relación a los integrantes del pasado gobierno.

Por último, debe también tenerse presente la confesión del acusado en la Sesión del 9/7/96.

La configuración del dolo en la calumnia con relación a otras personas (García Pintos, Macedo, etc.) se analizará, junto con la simulación de Delito, luego de abordar la tercera acusación efectuada por la Cámara de Diputados.

IV LA ACUSACION RELATIVA A LOS DOCUMENTOS FALSOS.

A. - La Falsedad de los Faxes.

El acusado, luego de las inadmisibles dilatorias que surgen de lo que venimos exponiendo, presentó a la Comisión Investigadora documentos cuya falsedad resulta incontrovertible para los firmantes de este informe:

a) En la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, del 26 de julio de 1996, constan las expresiones elocuentes de los peritos calígrafos invitados a la misma, a propuesta previa del Sr. Senador Rafael Michelini que ni es firmante de este informe, ni la integra.

«Señor Michelini: ...me gustaría saber si la contundencia de la conclusión de que los dos faxes son falsos refiere a todo su contenido y no sólo a las firmas.»

«Señor Curbelo: Se llegó a esa conclusión como respuesta a las interrogantes que nos fueron planteadas por la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes. La referencia de falso se realizó con respecto a todo el documento y no exclusivamente a una parte de él» (pág. 4).

Señor Rachetti: A mi entender, lo que más salta a la vista es una de las características del fax fechado el 27 de abril de 1993, cuyo encabezamiento, donde se indica la fecha, dice «AP», luego sigue un texto borroso y continúa «1994». Quiere decir que el fax fue emitido un año después, pues dice, reitero «AP», de «April», o sea, abril en inglés, en la fecha del texto. Entonces, si lo que dice el texto fuera cierto, se emitió un año después» (pág. 5).

«Señor Curbelo: Debo señalar que comparto totalmente lo expresado por el Dr. Rachetti. Es más; en realidad es un aspecto que surge simplemente de la lectura atenta y no se necesita ser experto para observar esa diferencia de un año en las fechas de un fax y otro. Esto es lo que podríamos llamar un error grosero.»

«Señor Michelini: Entonces, ¿los faxes son notoriamente falsos?»

«Señor Curbelo: Según nuestro estudio, los faxes son falsos. Contestando en forma más concreta su pregunta, podemos decir que ello es evidente porque surge de su sola lectura, es decir, simplemente se necesita saber leer para detectar la incongruencia entre las dos fechas; lo demás depende de las personas» (pág. 6).

«Señor Rachetti: Citamos al Sr. Estellano y creo que llegamos a contar con dieciocho firmas suyas. Todas fueron trazadas al mismo tiempo y ninguna de ellas coincidía con otras, lo cual es una reafirmación de lo que hemos manifestado como un axioma. Además, este axioma resulta de toda la bibliografía sobre el tema, por lo que no es un invento nuestro.» (págs. 7/8).

«Señor Korzeniak: Entonces, cuando hay dos iguales, ¿es un axioma que una de ellas sea falsa?, ¿no pueden ser las dos falsas? (pág. 8)

«Señor Rachetti: No, señor Senador. Parto de la base de que nos dieron una firma que fue reconocida como auténtica» (pág. 8).

«Señor Korzeniak: ¿No podrían ser las tres firmas falsas» (pág. 8).

«Señor Rachetti: «Entonces, no puedo creerle al Presidente ni a la propia Comisión Investigadora (se refiere a la constituida en la Cámara de Diputados), que me dan este documento por mi condición de técnico». (pág. 8).

«Señor Curbelo: El tema puntual es que los peritos reciben una documentación, por parte de una Comisión Investigadora del Parlamento donde se le asegura que no está cuestionado absolutamente por nadie. Como consecuencia de ello, debe ser tomado como auténtico, de la misma manera que se nos entregó; incluso, aquí lo expresa. Entonces, partimos de esa base y no hacemos lucubraciones ni suposiciones de otro orden. Ocurre lo mismo que cuando asistimos a un Juzgado...» (pág. 9).

«Señor Korzeniak: Quiero expresar que no doy como auténtico el documento A, aunque reconozco que fue entregado como tal por el autor...» (pág. 10).

«Señor Curbelo: ...el margen de error de una pericia depende de tres factores fundamentales: en principio, la calidad de los documentos que examine; segundo, del instrumental de que disponga el perito; y, tercero, de la capacitación y experiencia del perito. De la conjugación de estos tres elementos, reitero, depende el margen de error que pueda existir. Cuando un perito afirma categóricamente una determinada conclusión, es porque está seguro de lo que dice y no le corresponde a él calificar su propio trabajo. En términos judiciales, esto se denomina regla de la sana crítica. Quienes valoran las pruebas son los Magistrados; en este caso, es el receptor del peritaje quien valora, junto con otros elementos que conforman la prueba global, la calidad y el trabajo. En este caso concreto, el margen de error diría que es mínimo, no existe, porque no se está haciendo una pericia caligráfica sobre una fotocopia. Una cosa es hacer una pericia a una identificación de manuscrito sobre una fotocopia que tiene algunas limitaciones de orden técnico y otra es examinar dos documentos para determinar si todo el documento es auténtico o falso... « (pág. 11).

El extremo ha sido plenamente probado y no merecería una referencia in extenso, si no fuera por las argumentaciones en contrario efectuadas tanto por el acusado como de parte de los Senadores frenteamplistas integrantes de la Comisión. Su sola ocurrencia aconseja la referencia a efectos de precluir el alegato de que no fueron analizadas y rebatidas.

En sustancia, tales argumentaciones se reducen a sostener que no ha sido suficientemente probada la falsedad de los faxes, en mérito a que:

1. - Ciertas personas, solicitados como peritos por quienes así argumentan sostienen que no es posible determinar la falsedad o autenticidad de las firmas: a) a partir de una fotocopia o, b) por la posibilidad de reproducciones elctrónicas.

2. - Uno de los peritos oficiales, designados por la Comisión de Diputados (y aceptado por el acusado), se habría equivocado en una actividad pericial pasada (ajena a este caso).

3. - La falsedad de esos faxes se basa en la afirmación del supuesto emisor de que otros documentos son auténticos (en la comparación, se establece la falsedad de los tachados) y ese emisor queda descalificado por habérsele acusado, posteriormente, de delitos tributarios.

Ante tales argumentaciones bueno es repasar sucintamente los hechos.

1. - La falsedad de los dos faxes no quedó establecida sobre la exclusiva base de la afirmación del supuesto emisor y de las pericias acerca de las firmas.

Los elementos probatorios de la falsedad son muchos, coincidentes y concluyentes. Entre ellos:

a) El supuesto autor afirma que ni los hizo, ni los mandó

b) El supuesto receptor afirma que no los recibió

c) ANTEL informa que no hay envíos registrados

d) Los cabezales no corresponden a una máquina de fax

e) En un caso, la fecha de envío es incongruente con la que contiene el texto

f) Las rúbricas han sido «levantadas» de otro documento etc., etc.

2. - Ninguna de las personas invitadas a título de perito por el acusado (y dejando de lado el aspecto de sus credenciales) encara ese cuadro completo, limitándose a consideraciones genéricas y sin arriesgar un dictamen contrario a todo el contenido del informe oficial.

3. - El hecho de que uno de los peritos oficiales pudiera haberse equivocado al realizar una pericia distinta, sobre otro caso:

a) No fue probado; b) No invalida su actuación en éste; c) No afecta el dictamen coincidente del otro perito y d) omite hacer referencia a los aspectos no caligráficos mencionados anteriormente.

4. - El cumplimiento o incumplimiento del supuesto emisor a sus obligaciones tributarias, no sólo es ajeno al reconocimiento por el mismo de ciertos documentos como propios (y por ende auténticos), sino que para nada afecta todos los demás elementos ya reseñados.

Finalmente, y a mayor abundamiento, se señala que el acusado declaró públicamente su aceptación de las pericias solicitadas por la Comisión (Conf. El Observador, Julio 23).

b. - Antes de abordar los aspectos jurídicos y fácticos relativos a los faxes falsos, cabe señalar un episodio anterior, de similares características, ya que echa luz, no sólo sobre la conducta a estudio, sino sobre alguna de las figuras delictivas anteriormente analizadas.

Para ello, es necesario recorrer otra vez parte de la campaña publicitaria orquestada por el acusado:

Agosto 9 del 95: «... Sobreprecio cercano al 80%...» «...coimas».

Agosto ll del 95: «... Los sobre precios ... lindan con una presunta estafa...»

Octubre 10 del 95: «... En los informes que me van a entregar figura que se pagaron comisiones...»

Marzo 26 del 96: Conferencia de prensa: «... Les vamos a exhibir a todos ustedes las 7 cuentas bancarias por las cuales se hacían desde España pago de comisiones para aquí...» «...son: la cuenta Nº 1420466 en Bardays Bank en New York ... una cuenta numerada 504031939 del Banco Exterbank ...» etc., etc.

Contra ese telón de fondo, el acusado presentó a la prensa el 27 de marzo comprobantes bancarios de giros efectuados a las mencionadas cuentas, con el nombre del o de los destinatarios tachados (Conf. La Mañana del 27/3 y la República de igual fecha).

En el momento, nadie reparó en el hecho de que las tachaduras debían tener, a la vez, una explicación y un autor.

Mientras tanto, el acusado continuó con su danza de acusaciones, nombres y anuncios, hasta que meses después otro de los integrantes de la Comisión, recibe copia de los mismos comprobantes exhibidos por Nicolini a la prensa, sólo que sin tachaduras en los espacios correspondientes a los nombres, siendo éstos los del Sr. Estellano (quien por otra parte, ya había manifestado públicamente ser el titular de las cuentas).

El 16 de Mayo, el Dip. Borsari presenta dichas copias en la Comisión suscitándose un nuevo episodio de emplazamiento al Diputado Nicolini, esta vez por su manipulación pública de esos documentos con tachaduras, a lo cual, el acusado responde que lo que tiene en su poder son ejemplares «con las tachaduras correspondientes» (Conf. Vers. Taq. 16/5/96)

En mérito a ello, un integrante de la Comisión acusó al Diputado Nicolini de haber falsificado por la vía de tachaduras parciales, los referidos documentos. A ello, el acusado respondió: «Todavía no he proporcionado a la Comisión Investigadora ningún documento sobre el pago de comisiones...» (Conf. La República, 28/8/96). Lo cual no por ser cierto dejaba de ser ajeno a la acusación: esta consistió en la exhibición a la prensa de documentos privados falsificados.

Así pues, la acusación quedó en pie, viéndose reforzada más adelante, cuando el acusado entregó a la Comisión el 9/7/96 los comprobantes sin tachaduras, probando que tenía los documentos auténticos en su poder.

Adviértase sobre este episodio que las tachaduras hechas a los comprobantes ocupan la casi totalidad de los casilleros destinados al nombre del destinatario, cuando en los originales ese nombre: «Walter Estellano», abarca un espacio mucho más breve. Dicho en otros términos, se tacha de más para que parezca como que los destinatarios fueran muchos y de esa forma «respaldar» lo que paralelamente se orquestaba públicamente (ver p. ej. las declaraciones del 26 de marzo).

El Código Penal, en su artículo 240 tipifica el delito de Falsificación o Alteración de un Documento privado: «El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, será castigado, cuando hiciere uso de él, con doce meses de prisión a cinco años de penitenciería».

Luego, en el Art. 243 se tipifica el uso de documento falso: «El que, sin haber participado en la falsificación hiciere uso de un documento o de un certificado, público o privado, será castigado con la cuarta parte a la mitad de la pena establecida para el respectivo delito».

Corresponde, entonces plantear algunas interrogantes:

1. - ¿Quién pudo haber alterado los comprobantes, introduciendo tachaduras?

Sólo caben tres hipótesis posibles:

a) ¿La persona española, que supuestamente le entregó o envió tales comprobantes al acusado?

No tendría sentido, ya que éste -como lo demostró con su presentación- tenía ejemplares sin tachaduras. ¿Por qué el proveedor habría de suministrarle un juego sin alteraciones y otro con tachaduras?

b) ¿Alguna otra persona aquí en Uruguay, aparte del acusado, que hubiera tenido los comprobantes y resolvió tachar los nombres?

Tampoco tiene sentido. Se vuelve a la hipótesis anterior: esa persona habría entregado los documentos tachados a Nicolini y éste luego a la prensa, al tiempo que tenía los auténticos.

c) No queda entonces otra opción que concluir en que la alteración fue hecha por el acusado. Lo cual encaja perfectamente con el resto de su conducta a lo largo de la campaña publicitaria. Recuérdese el muy revelador detalle de la extensión de las tachaduras, para que «entraran» varios nombres, dando así verosimilitud a sus insinuaciones acusatorias (declaraciones p. ej. del 26/3/96; 27/3/96; 9/4/96, 17/5/96, etc., etc.)

2. - Más claro aún resulta el panorama en cuanto al delito tipificado en el artículo 243: el acusado, teniendo los auténticos, hizo uso de los comprobantes alterados a sabiendas de que habían sido tachados los nombres y de que tales nombres no correspondían a las personas por él involucradas en la campaña publicitaria, sino al Sr. Estellano.

De todo lo cual, se extraen las siguientes conclusiones:

1. - Que en este episodio el acusado incurrió en la figura delictiva del artículo 179: «El que ... simule los indicios de un delito, en forma que proceda la iniciación de un procedimiento penal para su investigación...»

Está suficientemente probado que el acusado exhibió los comprobantes tachados en el contexto de sus acusaciones sobre «comisiones» y «coimas», vinculadas por él primero a los Sres. García Costa y Gabito, luego a los integrantes del pasado gobierno y por último a los Dres. Macedo y García Pintos, a sabiendas de que tales comprobantes bancarios llevaban el nombre del Sr. Estellano. Recuérdese sus manifestaciones en Comisión del 9/7/96.

2. - Que debe admitirse una fuerte presunción en cuanto a su autoría en la alteración y, en todo caso, es claro el encartamiento en el delito del artículo 243.

3. - Que cuando meses después el acusado entrega a la Comisión los dos faxes falsos, ya había pasado por el antecedente que se viene de describir.

C.- El Caso de los Faxes Falsos

Nuevamente, debe ser analizado a la luz de las dos posibles hipótesis delictivas:

1.- Art. 240.- Falsificación o alteración de un documento privado «El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, será castigado, cuando hiciere uso de él, con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.»

En este caso las alternativas teóricas posibles acerca de quién puede haber sido el autor de la falsificación se reducen a dos: o fue el acusado, o -como él indirectamente sostiene- fue alguien en España.

Se analizarán ambas:

a) La tesis de un falsificador español:

Si bien teóricamente posible, esta tesis conlleva algunos elementos de irracionalidad que la hacen difícilmente creíble:

i/- requeriría del falsificador ibérico no sólo un conocimiento acerca de la existencia de FOCOEX, de que había realizado negocios en Uruguay y de las fechas en que ocurrieron sino, además, de unos señores llamados García Pintos y Macedo, así como de su vinculación al gobierno pasado, lo que no es precisamente vox populi internacional. Pocas personas en el Uruguay sabían quiénes eran dichos señores, cuanto menos en España.

Más difícil aún resulta creer que en España se supiera que Macedo decidía por encima de García Costa (igualmente innoto en la península Ibérica) y que éste no entendía nada. (Conf. Los falsos faxes).

ii/- Pero si efectivamente España contaba con un experto a la vez en FOCOEX y en los detalles de la vida política uruguaya, no se comprende cómo tal especialista al falsificar el fax pone como destinatario a «Pedro Pablo». Siendo así que:

I.- FOCOEX es una empresa de mediano porte, con más de 120 funcionarios. No es normal pretender que una misiva llegue a buen puerto con sólo el nombre del destinatario, máxime cuando se trataba de un funcionario de rango medio.

II.- Más significativo aún es el hecho de que el supuesto falsificador español sería tan erudito como para saber «quién era quién» en el Uruguay, pero no en su propia España: el Sr. «Pedro Pablo» cumplía funciones totalmente ajenas a los temas de los falsos faxes. (Comp. Vers. Taq. Com. Inv. del 15/7/96 pág. 48).

iii/- La tesis del falsificador español se ve adicionalmente debilitada por la actitud del acusado y por algunas de sus afirmaciones, luego de comprobada la falsedad de los documentos:

I.- Llama la atención de que, si había sido sorprendido en su buena fe con un documento falsificado por un tercero, no hubiera evidenciado jamás precisamente eso: sorpresa.

II.- De la misma manera, es llamativo que -si el falsificador era otro- el acusado no hubiera analizado los documentos, alegando que los dio por buenos en mérito exclusivamente a la aparente confianza que le merecían sus (también alegados) proveedores. Sobre todo cuando:

- El contexto (acusaciones de delitos; Comisión Investigadora; emplazamiento etc.) era particularmente serio.

- las falsificaciones -como se verá- son bastante burdas.

- tuvo amplio tiempo desde el momento en que -según afirma el acusado- le fueron entregados los documentos y la fecha que él eligió para presentarlos.

Véase que exactamente tres meses antes a dicha fecha, el acusado ya había hecho uso, públicamente según su estilo, del fax que los peritos señalan como matriz a partir de la cual se confeccionaron los dos falsos (Conf. p. ej. Estediario 9/4/96).

III.- Por último, vale la pena detenerse en el tema de los supuestos proveedores de los faxes, ya que arroja mucha luz sobre el punto.

Para ello, bueno es comenzar recordando las afirmaciones del acusado: fue tan reiterativo sobre el «origen español» de los documentos, como variable y difuso acerca de su procedencia concreta («tres Diputados españoles de distintos partidos»; «también el directivo de un Diario Español»; «probable que uno estuviera llegando a Uruguay para respaldar...» «dos Diputados españoles»; «Los Diputados Francisco Frutos, Secretario del P. Comunista y Rafael Hernando, coordinador de la Bancada del P. Popular ... como así también el diario «El Mundo» etc.)».

Pues bien:

1.- Al Uruguay no vino nadie.

2.- Del diario español y su Director, no ha habido ni noticias.

3.- El Diputado Hernando envió en octubre de 1996 una comunicación al señor Presidente del Senado en la cual, entre otras cosas dice que no le entregó al acusado «ninguna documentación interna de FOCOEX» y que el único fax que vio se lo mostró el acusado a él (Nº 3 de la nota).

Sólo quedaría en pie, entonces, como supuesto proveedor y avalista de la autenticidad, el Dip. Comunista Frutos.

Este por su parte se manifestó en dos oportunidades, a través de un video primero y luego por escrito, siendo particularmente expresivo en cuanto a la indefinición de sus afirmaciones.

En el video: «El Frente Amplio ... ha recibido documentación en España, de Izquierda Unida, de otros partidos y de determinados medios de comunicación. Y dentro de este conjunto de documentación que ha recibido el Frente Amplio, ha recibido estos dos faxes que son acusados de ser, de haber sido falseados...» «En definitiva, el Frente Amplio ha recibido toda la documentación de España, de Izquierda Unida, de otros partidos políticos y de medios de comunicación.»... «Han salido de aquí, independientemente de que dentro de esa documentación... pueda haber, por parte de las personas que en su momento han facilitado a una organización política ... un documento que sea falso ... No lo sé, esto se me escapa ...»

En la nota:

«Primero. Que la documentación manejada por el Dip. Nicolini ... incluidos los dos faxes ... le fueron suministrados en España por partidos ... entre los que se encuentra ... Izquierda Unida, así como por determinados medios de comunicación».

(El resto de la nota es reiterativo)

Es obvio que el supuesto testigo no está dispuesto a afirmar que fue él quien entregó los faxes falsos, y ni siquiera que presenció su entrega a cargo de otra persona. Sus declaraciones son cuidadosamente genéricas: a) los supuestos proveedores no son personas concretas; b) serían, teóricamente, varios, con lo cual, y no siendo dable imaginar un acto teatral de entrega sincronizada con todos los actores poniendo una mano sobre todos los documentos, la autoría es difusamente oculta; c) el objeto es genérico: «documentación» y d) por último, hasta el destinatario queda en el aire: no habría sido el acusado, sino todo el partido político.

Conclusión, un esfuerzo por ayudar a un correligionario ideológico, sin arriesgar compromisos concretos.

Como elemento probatorio en favor del acusado es absolutamente nulo. Como indicio en su contra es muy ilustrativo.

Al respecto, cabe recordar que el 11 de julio, cuando ya habían sido presentados los documentos falsos, una de las personas nombradas por el acusado como suministrados de aquéllos precisamente, el Diputado español Frutos, en una entrevista a «El País» dice:

«Izquierda Unida se encuentra a la espera de que finalice la investigación en Montevideo y le remitan la documentación con los resultados para poner en marcha una iniciativa similar en las Cortes Españolas...».

..........»

«(F. Frutos) Hemos mantenido un prudente silencio hasta ahora, aguardamos los materiales que quedó en enviarnos Nicolini para tener elementos más concretos a fin de solicitar una Comisión Investigadora «manifestó Francisco Frutos en la sede de su grupo Parlamentario a reconocimiento de EL PAIS».

La contradicción con su posterior video y nota, emitidos a solicitud del acusado, es evidente.

Contemporáneamente:

«La empresa española FOCOEX afirmó que las cartas presentadas por los Diputados Nicolini y Pita no existen en sus registros y puso en duda la autenticidad de los documentos. En una declaración emitida ayer, la empresa anunció que el funcionario mencionado en las cartas nunca las recibió...»

«Angel Alda, Director de comunicaciones de FOCOEX, reiteró en Madrid al periodista Daniel Beltrán que los documentos exhibidos por Pita y Nicolini no figuran en los registros de la empresa como ingresados en la fecha señalada en las cartas ni en los seis meses siguientes.»

«Tras señalar que Pedro Pablo López es funcionario de FOCOEX, afirmó que «no tuvo participación en la operación efectuada con Uruguay en esa época.»

«La propia declaración recoge las sospechas sobre la autenticidad de los documentos que había señalado el agente de la firma Walter Estellano la noche del martes, haciendo hincapié en que las firmas son tan idénticas que se pueden poner a contraluz». «Se observa una copia exacta imposible de ser ejecutada por el mismo firmante, en momentos y días tan lejanos y tal como acredita la ciencia grafológica.»

«Agrega que ‘llamamos igualmente la atención sobre el hecho de que en el rasgo derecho de la rúbrica de los documentos citados, existe una muesca que pudiera corresponder con el trazo parcial, de la letra A existente en el fax del 29/10/93’, único documento reconocido como verdadero.»

b) La otra tesis posible:

El descarte de la existencia de un falsificador español, nada plausible en sí misma, sólo deja en pie la alternativa de que el delito haya sido cometido por el acusado.

Sin embargo, descartar una de las únicas dos alternativas - aún fundadamente podría no configurar prueba suficiente de la autoría del delito por parte de la única otra alternativa subsistente: el acusado.

Al hecho de que, ante la inverosimilitud de un hipotético falsificador ibérico, no queda otra posibilidad que concluir en la incriminación de Nicolini deben sumarse -en el análisis- otros elementos:

I. - El móvil: si bien no pueden caber dudas de que la campaña publicitaria perseguía el fin de destrozar a ciertos adversarios políticos, es igualmente obvio que la atención pública obtenida -mientras duraba- no era propiamente indiferente al Dip. Nicolini. El afán de protagonismo era muy notorio.

Para uno u otro objetivo, llegar al término del espectáculo con un final vacío y anticlimático, significaba echar por tierra todo el andamiaje cuidadosamente armado y mantenido a lo largo de tanto tiempo.

II. - El contexto. Recordémoslo: para el momento en que el acusado presentó los faxes falsos, la presión de los dos partidos tradicionales, así como la postura de los medios, después de meses de manipulación no dejaban muchas opciones. El día del vencimiento, julio 9, Nicolini o presentaba algo, o sufría las consecuencias que ya le habían sido anunciadas.

Dicho en otros términos, desde su punto de vista: si no aparecía con algún elemento, era público y notorio que sería sancionado, tanto política como públicamente. Dado que nada tenía de sustancial para presentar, luego de tantos meses de anunciar y aseverar -como se probó- ¿qué más podía perder si jugaba el lance de documentos falsos? ¿Sería peor su suerte al vencerle el plazo con las manos vacías?

Se concluye que la sumatoria de elementos que indican al acusado como presunto y probable autor de la falsificación es, en el mejor de los casos, de mucho peso.

2. - Análisis de la otra opción: el uso de documentos falsos.

«Art. 243. - Uso de un documento o de un certificado falso, público o privado.

El que, sin haber participado en la falsificación, hiciere uso de un documento o de un certificado, público o privado, será castigado con la cuarta parte a la mitad de la pena establecida para el respectivo delito.»

Requisitos de la figura delictiva:

Dos de ellos son de toda evidencia en el caso: la falsedad de los faxes y su uso (tanto público como ante la Comisión), por lo que no requieren explicitación. Debe en cambio recalcarse la nota de uso público. Los aludidos documentos no sólo fueron presentados a la Comisión (con fuerte énfasis acerca de su gravedad y trascendencia incriminatorias), sino que -siguiendo el modus operandi tipo del acusado- éste los exhibió con gran estrépito en conferencia de prensa, haciendo allí también caudal de su relevancia criminal.

Esto no sólo es importante como elemento clave para las figuras delictivas en que incurrió el acusado, sino que constituye un mentís directo a sus afirmaciones posteriores (una vez detectada la falsedad) en el sentido de haberse limitado a presentar los faxes en Comisión de una forma neutra, cabiendo a ésta determinar su autenticidad. Los hechos fueron muy otros.

Cabe sí analizar el elemento culpabilidad, que para este delito se compone de la «voluntad de usar el documento con conciencia de la falsedad... de aquél...» (Bayardo, op. cit. de 1967 Título VI, vol. III). En definitiva, el análisis se centra en si el acusado, caso no hubiera sido el autor (o cómplice) de la falsificación, tenía conciencia de la misma, sabiendo que los documentos eran falsos.

Se advierte que la plena prueba de este extremo, en ausencia de confesión del acusado, puede ser difícil de alcanzar. Sin embargo, se dan en la especie un cúmulo de indicios que procede enumerar y evaluar:

a) Lo burdo de las falsificaciones:

Sin necesidad de recurrir al informe de los peritos, los falsos faxes contienen elementos que llaman la atención en su mera lectura.

Para empezar la absoluta identidad de las rúbricas, tarea humanamente imposible.

Sobre este punto el acusado ha aducido, en su descargo, que tal identidad podría ser resultado de la emisión computarizada de las rúbricas.

Sin embargo:

i/ - Tal explicación fue hecha después de que se impugnara la autenticidad de los documentos.

Véase que al momento de su presentación (con estrépito, en conferencia de prensa) y siendo los faxes la «pieza de resistencia» para sustentar un año de campaña publicitaria acusatoria, el Dip. Nicolini no hizo referencia alguna al hecho de que se trataría de documentos con firmas «escaneadas» (lo que, automáticamente, les habría quitado buena parte de su valor probatorio, al tratarse de una producción electrónica a cargo de cualquiera). El recurso a este argumento se produce recién después, como mecanismo de defensa personal.

ii/ - El acusado había manejado otros documentos, emitidos sí por el Sr. Estellano con su rúbrica y en ningún caso esta era «escaneada», sino manuscrita y, por tanto diferente en cada documento. (Véanse los documentos presentados por el acusado en Comisión del 9/7/96. La identidad de rúbricas sólo se da en los documentos falsos.

No deja de ser indicativo que el acusado, si actuaba de buena fe, no se hubiera percatado de todo esto.

A lo anterior, y dejando de lado otros aspectos mencionados por los peritos, se suma el hecho de que uno de los faxes (el que pretende involucrar al Dr. García Pintos) aparece como enviado -por el cabezal del supuesto registro del aparato- casi un año después de su fecha (y del supuesto viaje que haría García Pintos).

Para una persona que, como el acusado, había vivido en torno al tema FOCOEX durante buena parte de un año, este no era un detalle que pudiera pasar desapercibido.

Finalmente, ya se hizo mención al hecho de que la designación del destinatario por su nombre de pila y el cargo que aquél ocupaba (recuérdese que Nicolini había estado en FOCOEX) eran elementos que también debieron llamarle la atención.

A mayor abundamiento, puede recurrirse al informe de los peritos y a sus declaraciones ampliatorias ante la Comisión de Constitución del Senado el 3/9/96.

b) El contexto:

El análisis de la conducta no puede escapar al contexto en que tuvo lugar.

Contexto muy especial, desde varios ángulos:

i/ - el de una campaña publicitaria prolongada, relativa a acusaciones de enorme gravedad.

ii/ - el de una Comisión Investigadora del Parlamento.

Estos dos elementos por sí solos serían suficientes para demandar de un Diputado el mínimo de seriedad a la hora de presentar supuestos documentos probatorios, cuyas consecuencias tanto personales como políticas hubieran sido de enorme impacto.

iii/ - a estar por las declaraciones del propio acusado, los supuestos faxes le habían sido entregados en Madrid. Siendo así que su último viaje a dicha ciudad había tenido lugar meses antes, tuvo aquél tiempo más que suficiente para analizarlos. Máxime si efectivamente estaba actuando de forma seria, en el cumplimiento de sus deberes y movido por la sana intención de investigar presuntos delitos.

iv/ - las características de la campaña difamatoria orquestada por el acusado no sólo conducen a concluir que su objetivo era netamente político (y también de protagonismo personal), sino que al mismo tiempo generan fuertes sospechas acerca de un uso perfectamente consciente de los documentos como arma en contra de sus adversarios.

Más poderosa aún es la sospecha cuando se recuerda que el acusado, al no haber presentado pruebas concretas, enfrentaba el vencimiento del plazo de los emplazamientos efectuados por los partidos políticos (y de hecho también por los medios y la opinión pública entera).

La secuencia de advertencias e intimaciones hechas al acusado no podía dejarle dudas (Ejs.: 11/4 intimación en Comisión a que presente pruebas y nombres; 29/4 intimación del Directorio del Partido Nacional; 16/5 en Comisión; 23/5 idem; 11/6 denuncia penal del Directorio; 13/6 en Comisión; 20/6 idem; 24/6 nueva intimación del Partido Nacional).

Dado que, como se probó, carecía de cualquier elemento, luego de reiterados anuncios a lo largo de todo el año, su situación se veía seriamente comprometida y no es difícil imaginar que ante la disyuntiva de ser sometido al oprobio público y a procedimientos disciplinarios, haya jugado la carta de los documentos falsos, que al menos conllevaba la chance de no ser descubiertos (o serlo con posterioridad). El otro camino era de desenlace cierto, él lo sabía y todo el país también. No sorprende que quien ya había demostrado una conducta delictiva, como se comprobó, no se arredrara ante un acto más de la misma naturaleza.

Téngase presente que tampoco esta materia le era novedosa: ya había incurrido en ella en el episodio de los comprobantes bancarios adulterados.

c) Por último, la actitud del acusado con posterioridad a que se impugnara la autenticidad de los documentos confluye a configurar la presunción de su conciencia delictiva.

En primer lugar -y lo más notorio- es el hecho de no haber evidenciado en momento alguno lo que hubiera sido la reacción de una persona sorprendida en su buena fe: precisamente la sorpresa.

Ni en la Comisión, ni ante los medios que tanto y tan bien había utilizado, mostró el acusado atisbo alguno de sorpresa o aun de tribulación, como sería lo normal y lógico si nada sabía.

En el mismo sentido, si se tratara de una persona que sana y honestamente creía estar embarcado en una cruzada moralizadora, el hecho de haber sido usado por un tercero en forma tal que habría causado un profundo e injusto daño a personas determinadas, la reacción normal habría sido de disculparse ante estos últimos, ofreciendo un mínimo de explicaciones.

Nada de todo eso sucedió. Por el contrario, el acusado asumió la postura de persistir, contra toda evidencia en la autenticidad -por origen- de los documentos, insensible absolutamente a los efectos que hubieran producido si la falsedad pasaba desapercibida.

Ejemplos:

* Búsqueda (ver fecha). Nicolini: « ...no esperaba otra respuesta que acusaciones de falsedad contra los documentos...»

* Radio Sarandí 10/7 (con S. Brescia) «Nicolini: ...su firma dentro de la computadora, sale $ 40.00, hacer esto, y este señor que cobró millones de dólares, puede gastar $ 40.00 en esto...»

« ...Entonces, todo el argumento que dio el Dr. Pablo García Pintos y el Sr. Estellano y que hacen salir corriendo al Dip. Piana y al Dip. Borsari a Sala diciendo son falsos, son falsos estos documentos, se basa en que las dos firmas son iguales. Reconoce que la firma es de él, reconoce, sí que la firma es de él, dice cómo es que hay dos firmas que son iguales...»

« ...Es un procedimiento igual que es muy sencillo, sale $ 40.00...»

« ...si este Sr. Walter Estellano cobró millones de dólares, porque los cobró, cómo hacía para tomar las decisiones, pero no sólo en Salud Pública, en ANEP, había alguien que lo ayudaba a tomar estas decisiones, había alguien que desde la órbita del Poder le daba las facilidades como para que estas decisiones se optaran en esta forma, porque por sí solo el Sr. Walter Estellano qué podía hacer...»

En segundo lugar son también reveladoras las declaraciones del acusado acerca de la fuente de los falsos faxes. Recordemos:

-Radio Sarandí 10/: Nicolini « ...el origen es de España... mucha documentación me la entregaron Diputados españoles, también el directivo de un diario español... con los cuales voy a hablar, ellos ya me habían manifestado que ante la justicia no tenían problema de comparecer... los voy a volver a consultar entre hoy y mañana...»

De sus palabras se desprende que ya había anticipado la necesidad de un respaldo probatorio, antes de presentar los faxes.

*Días después: «El País» «Nicolini: ...tres Diputados españoles de distintos partidos nos proporcionaron esta documentación...» (ya no aparece el directivo de un diario).

* Julio 23 (La República): «Nicolini aseguró que la documentación le fue aportada por Legisladores españoles y que era muy probable que uno de ellos estuviera llegando a Uruguay para respaldar la autenticidad de la documentación aportada a la Comisión.»

El mismo día (La Mañana): «Expresó que la documentación le había sido entregada por dos Diputados españoles. Consultado sobre si dichos Legisladores estarían dispuestos a viajar a Uruguay para avalar la autenticidad de los faxes, respondió que existe la posibilidad de que lo haga uno de ellos.»

* 25 de julio (La Mañana): «Nicolini anunció como muy probable el hecho de que el Diputado que le proporcionó los documentos venga a nuestro país...»

* 27 de julio (La República). «...nos fueron entregados por Diputados españoles... Los Diputados Francisco Frutos, Secretario General del Partido Comunista... y Rafael Hernando, coordinador de la Bancada del Partido Popular nos proporcionaron los documentos, como así también el diario «el Mundo...»

Véase:

I. - Las referencias son siempre genéricas («documentación», «documentos» etc.) dejando abierta la posibilidad de que los proveedores mencionados efectivamente hubieran entregado recaudos al acusado, pero no necesariamente los objetos del delito.

II. - Las referencias a las fuentes van y vienen: «tres Diputados»; dos y un periodista; un Diputado, etc.

Recuérdese que el 11 de julio, cuando ya se había producido la presentación de los falsos faxes, uno de los Diputados españoles, nombrados por el acusado como proveedor, declaró a «El País»: « ...aguardamos los materiales que quedó en enviarnos Nicolini para tener elementos más concretos a fin de solicitar una Comisión Investigadora, manifestó Francisco Frutos...»

Es decir que, lejos de existir en España un ambiente de sospechas y la realización de investigaciones sobre el tema FOCOEX, como reiteradamente lo pintó el acusado, y de surgir de ahí la fuente que lo proveía de las pruebas sobre las supuestas maniobras, allá -y nada menos que uno de sus alegados proveedores- en realidad poco sabía y estaba a la espera de que el acusado le suministrara a él los elementos.

III. - Por último, no puede ignorarse que, hasta la fecha, nadie, ni los proveedores nombrados ni otra persona alguna, ha aparecido para producir los anunciados respaldos a los falsos faxes.

El cúmulo de elementos reseñados y la ausencia de cualquier indicio en contrario, contribuyen a construir una fortísima presunción de que jamás existió otra fuente de los falsos documentos que el propio acusado y que si él no llegó a ser el autor material de la falsificación, por lo menos estuvo suficientemente próximo a ella como para saber perfectamente de su existencia (y probablemente, verla como su única chance de escapar a la encrucijada en que, por propia voluntad, se había colocado).

CAPITULO V
LA GRAVEDAD DE LOS DELITOS COMETIDOS

5. - El procedimiento que se sustancia ante el Senado es, como se ha dicho, de contenido parcialmente político. No en la acepción electoral de este último término, sino en su sentido esencial de político-institucional.

Es en este contexto en que, como se sostuvo anteriormente, debe evaluarse la conducta delictiva del acusado para determinar si ha cometido uno o más «delitos graves».

Como señalamos en el Capítulo III, num. 3, al transcribir el informe unánime de la Comisión respectiva relativo al juicio político a dos Ediles de Maldonado:

A. - Siempre «debe haber conductas tipificadas penalmente como delitos ... no basta una conducta inconveniente o inmoral si no constituye delito».

B. - El o los delitos serán graves, en el sentido del artículo 93 de la Carta, «cuando se trate de conductas delictivas relacionadas directamente con la función pública que desempeña el enjuiciado».

C. - Citando a Juan José Carbajal Victorica, «el juicio político debe ser hecho con el fin de saneamiento institucional».

D. - «El Senado en la valoración de la gravedad, debe tener particularmente en cuenta que el objetivo de este tipo de mecanismos es la protección de la función pública con las correspondientes sanciones para quienes incurran en conductas que la deterioran».

6. - Los elementos a tener en cuenta son básicamente:

A. - El gravísimo daño infringido al sistema político en su conjunto y particularmente al Partido Nacional.

No son válidos sobre este punto los pretendidos argumentos de que el desprestigio es producto de presuntos actos de corrupción y ello por dos motivos:

a) Primero porque precisamente el núcleo central de la grave inconducta del acusado está en haber generado ante la opinión pública, de manera artificiosa, la imagen de una clase política corrupta, para lo cual no sólo carecía de pruebas, sino que llegó al límite de fabricarlas.

b) En segundo lugar porque ni siquiera la existencia de actos que merecieran investigarse justifica el empleo de medios publicitarios en la forma y por el tiempo usados.

No son esos los medios idóneos si lo que se persigue es esclarecer hechos. La elección de tal camino revela un objetivo totalmente distinto y no justificable: réditos político-partidarios y político-personales, al costo del desprestigio de personas e instituciones.

B. - La manipulación de un instituto parlamentario como la Comisión Investigadora, para los fines antes descriptos constituye una importante circunstancia agravante.

El triste papel a que la Comisión se vio obligada ante la prolongación artificiosa de sus sesiones por la estrategia del acusado de generar renovadas expectativas públicas, por anuncios de pruebas y nombres que, en definitiva jamás se cumplieron, así como el uso burdo de la institución y de sus miembros, como sustento de la campaña publicitaria, no sólo se sumaron al desprestigio generalizado, sino que hirieron de gravedad al propio mecanismo parlamentario.

El descrédito público del instrumento es total.

Al respecto, no es posible dejar de recordar ejemplos concretos de violación por parte del acusado al respeto mínimo debido, tanto por la Comisión, como por sus colegas.

Así:

a) El juego de insinuaciones en público, cuya prueba o precisión se obviaba recurriendo a la obligación de secreto, que en esos mismos actos se violaba.

b) Hacer caso omiso, hasta el hartazgo, de los reiterados planteos para que se presentaran las pruebas y nombres públicamente anunciados, en un claro juego con la Comisión y sus integrantes.

c) La presentación en las oportunidades en que algo fuera entregado, de recaudos totalmente ajenos al tema, pero siempre anunciados públicamente como gravitantes, colocando así a la Comisión en la doblemente negativa posición de perder su tiempo y aparecer como parcializada en contra de la «abrumadora prueba».

d) Las alusiones públicas a la Comisión, desacreditándola por una supuesta politización que la llevaba a incumplir su obligación, cuando en los hechos las distorsiones provenían de su campaña pública, contemporánea a su pasividad en la Comisión.

e) Las demostraciones de verdadero cinismo hacia el final del plazo, cambiando de frente al estrecharse el círculo en su entorno.

7. - Desde 1830, el comportamiento de los Legisladores y otros funcionarios públicos ha sido objeto de una especial preocupación en los textos constitucionales del país.

Por ejemplo:

A. - El Art. 114 dice que «Ningún Legislador ... podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93», sin que previamente sea suspendido por la Cámara de la que forma parte. Esto, por supuesto, constituye un pronunciamiento, aunque no definitivo, acerca de la conducta del mismo.

B. - El Art. 115 habilita a cada Cámara para «corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas». En este caso el pronunciamiento sí tiene carácter definitivo pero la sanción será, según así se resuelva, temporaria o permanente hasta el fin del mandato legislativo.

C. - El Art. 117 faculta a cada Cámara, «en caso de inasistencias injustificadas (de un Legislador) a las sesiones de la Cámara o de las Comisiones informantes» de las que forma parte disposición reglamentaria mediante, a efectuarle los descuentos correspondientes.

D. - Todo el Capítulo V de la Constitución (arts. 122 al 126 inclusive) contiene normas que también, en una u otra forma, tienen que ver con la conducta de los Legisladores.

E. - El numeral 4º del Art. 77, prohíbe a los Magistrados, a los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, a los militares en actividad y a los funcionarios policiales «bajo pena de destitución e inhabilitación... de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto».

Y hay, como es sabido, otras disposiciones que persiguen finalidades análogas a las recién expuestas.

8. - Las disposiciones del Art. 93 no son sino una parte -pero sin duda que la más importante- del conjunto normativo de rango constitucional que consagra, en una u otra forma, las pautas de conducta impuesta a los servidores públicos.

Consecuentemente si, como ya se ha expresado, el proceder de los agentes públicos -incluidos los Legisladores- constituye un bien jurídico tutelado directo o indirectamente por la Carta en forma por demás elocuente, no nos caben dudas en cuanto a que, en la especie, la inadmisible actuación del señor Representante Nacional Leonardo Nicolini ha constituido, por diversas razones, la suma de varios «delitos graves» en el sentido del Art. 93.

9. - La multiplicidad de hechos reñidos con elementales normas de conducta político-parlamentaria del acusado, todos ellos debidamente analizados y probados durante el trabajo de vuestra Comisión, demuestran la culpabilidad que ya hemos señalado:

A. - Se utilizó la existencia de la Comisión Investigadora como soporte de una campaña publicitaria so pretexto de anunciar «nombres» y «pruebas», presuntamente en su poder, pero cuya presentación no se concretaba a la espera de un tiempo nunca definido efectivamente.

B. - No nos parece ocioso remarcar que el acusado es persona de especial versación en materia de instrumentos de comunicación masiva, contando con una Licenciatura en comunicación social y vasta experiencia práctica.

Esa experiencia resulta de su actuación en la Argentina como Director de un Canal Cable y como integrante de los cuadros del Canal 7 de Buenos Aires, y de su gestión como Director de CX 36 Radio Centenario primero, y como representante de los propietarios de CX 30 Radio Nacional después (Revista «3», del 13 de setiembre de 1996).

Ello tiene una particular relevancia a la hora de analizar su utilización de los medios, que a su vez explica su soltura para contradecirse una y otra vez durante meses.

Pero, simultáneamente, aventa cualquier excusa en cuanto a que las consecuencias producidas por su conducta fueran fruto del azar o los efectos de algo no buscado directa y expresamente por el acusado.

C. - No obstante, y en especial para los firmantes de este informe que representan al Partido Colorado, es necesario enfatizar sobre la gravísima inconducta del Sr. Representante Nacional Leonardo Nicolini en lo que tiene que ver con sus imputaciones contra el Partido Nacional.

Ya se dijo que, muy recientemente, un Tribunal de Apelaciones en lo Penal confirmó en la alzada dos solicitudes de desafuero contra el acusado.

En diversos puntos incluidos más atrás en este informe constan sus referencias a «una asociación para delinquir» que, o bien era todo el Partido Nacional o bien el Gobierno anterior, o bien jerarcas de primerísimo nivel del mismo, no siempre bien identificados.

Todas ellas en un «ir y venir», en un «dije pero no dije», en un «sí pero quién sabe», que este informe en mayoría quiere rechazar enfáticamente.

La naturaleza del Juicio Político, sobre la que ya nos hemos explayado antes, debe ser considerada en forma especialísima cuando el Senado juzgue al Sr. Representante Nacional Leonardo Nicolini.

Como enseña la doctrina: «El honor es uno de los derechos fundamentales del ciudadano, reconocido por el artículo 7 de nuestra Constitución, junto a los demás bienes o derechos inherentes a la persona humana, como vida, libertad, integridad física... » (Conf. M. Cairoli de 1989 T. III, p. 141). No es casual además que el honor sea el « ... segundo de los derechos reconocidos por artículo 7 ...» (J. J. de Aréchaga, «La Constitución Nacional», T. 2, pág. 28), aun antes que la libertad.

En conclusión, vuestra Comisión -por mayoría- estima que el Sr. Representante Nacional Leonardo Nicolini ha incurrido en los delitos de los que fue acusado por la Cámara de Representantes y que, tanto la naturaleza de aquéllos como su sumatoria, el daño causado al Parlamento en su conjunto, y al sistema político base ineludible del régimen democrático, revisten una gravedad más que suficiente para justificar el Juicio Político, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución.

Por todo lo expuesto recomendamos al Senado que resuelva compartiendo la Resolución de la Cámara de Diputados, del 25/26 de julio de 1996, por la que se declara que hay lugar a la formación de causa al Sr. Representante Nacional Leonardo Nicolini (artículo 93 de la Constitución).

Y que, por lo tanto, aplique al acusado una sanción acorde con las ilicitudes a que refiere el punto 2) de la Resolución antedicha.

Walter Santoro Miembro Informante, Américo Ricaldoni Miembro Informante, Luis Brezzo, Ignacio Posadas Montero, Luis B. Pozzolo, Senadores.

Montevideo, 13 de marzo de 1997.

INFORME EN MINORIA

ACUSACION FORMULADA POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES AL
SEÑOR DIPUTADO LEONARDO NICOLINI

Conforme a lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución de la República

Los suscritos aconsejan al Senado que declare improcedente el juicio político promovido contra el Diputado Leonardo Nicolini y, en consecuencia resuelva archivar estos procedimientos. Basan esta propuesta en las siguientes circunstancias de hecho y fundamentos de derecho que expondrán y que demostrarán acabadamente que la acusación formulada por la Cámara de Representantes, con los votos de Legisladores blancos y colorados exclusivamente, además de gruesas irregularidades formales, careció totalmente de razones jurídicamente valederas; que no se configuran ninguna de las causales que habilitan el juicio político ni por dichos ni por hechos del Diputado Nicolini; que el motivo por el cual la coalición de gobierno escogió en la Cámara de Representantes la acusación ante el Senado en juicio político fue una reacción política contra dicho compañero por el énfasis que puso en la denuncia de actos de corrupción ocurridos durante la anterior Administración, reacción que no podía concretarse exclusivamente dentro de dicha Cámara, en virtud de que tanto el artículo 115 de la Constitución, (poderes disciplinarios internos), como el artículo 114 («desafuero»), requieren dos tercios de votos que los miembros del Partido Nacional y del Partido Colorado -únicos acusadores del Diputado Nicolini- sabían que no tenían por lo que desahogaron su reacción buscando un mecanismo de mayoría simple. También se demostrará acabadamente que en toda la historia del juicio político, tanto en nuestro país como en cualquier otro país del planeta, jamás ha prosperado uno, por opiniones políticas aunque impliquen ellas las más graves acusaciones, ni por presentar en una Comisión Parlamentaria un cúmulo de alrededor de treinta documentos entre los cuales hubiese algunos cuestionados y objetados, o aun declarados falsos. Afirmación exacta no solamente respecto del juicio político iniciado a un Legislador, sino también respecto de juicios políticos iniciados a cualquiera de los otros gobernantes pasibles del mismo (Presidente de la República, Ministros, miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas en el caso de Uruguay según lo dispone el artículo 93 de la Constitución, o de gobernantes municipales de conformidad con el artículo 296).

I. - Algunos aspectos de procedimiento

1. - Recordemos que este juicio político contra el Diputado Nicolini se promueve en ocasión en que una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados indagaba irregularidades ocurridas en la anterior Administración en varias operaciones comerciales realizada por Uruguay con intervención de la entidad española FOCOEX.

Comisión Investigadora promovida por un Diputado del Partido Colorado y en cuyas actuaciones el Diputado Nicolini tuvo un enfático destaque investigativo; recordemos también que al término de las actuaciones de dicha Comisión Investigadora hubo mayoría de Legisladores en la Cámara que entendieron que habían existido irregularidades, aunque sólo la Bancada del Encuentro Progresista formuló denuncia a la Justicia Penal por entender que tales irregularidades podrían verosímilmente implicar delitos de ese carácter; denuncia que se está tramitando junto con otra presentada por la Dirección General Impositiva contra el señor Walter Estellano -comisionista o representante o encargado o corredor de FOCOEX en Uruguay- . Y recordemos finalmente que la promoción del juicio político contra el Diputado Leonardo Nicolini estuvo aparentemente basada en la forma como se condujo dicho Legislador -uno de los más dinámicos indagadores de los actos de corrupción denunciados inicialmente por un Legislador del Partido Colorado- en la Comisión Investigadora que la Cámara de Diputados designó al efecto: que hizo manifestaciones lesivas para el Partido Nacional y que entre los treinta documentos que presentó había dos faxes que el señor Estellano y uno de los tres peritajes presentados (basados en la afirmación inicial del señor Estellano de cuáles eran «indubitados» y cuáles no lo eran), sostuvo que eran falsos.

Y bien; en su acusación, la Cámara de Representantes ni siquiera remitió las actuaciones de la Comisión Investigadora; aun más: ni siquiera remitió el ejemplar o los ejemplares de las publicaciones en las cuales el Diputado Nicolini habría ofendido al Partido Nacional, ni los dos faxes cuestionados.

Conviene recordar que esta insólita carencia procesal -insólita por lo gruesa y porque no había ningún impedimento para acompañar esos elementos con la acusación- intentó ser subsanada con una elemental propuesta que hicimos los suscritos en la Comisión de Constitución del Senado: que se solicitara a la Cámara de Representantes que agregara a la acusación los referidos elementos, para así poder continuar nuestras actuaciones. Incluso, ante la negativa de la mayoría de la Comisión a proceder de esa manera, redujimos nuestra propuesta a que simplemente el Presidente de la misma quedara facultado para -incluso por vía telefónica- a solicitar a la Cámara de Diputados el envío de esos elementos cuya carencia -si fuese en términos estrictos- prácticamente implicaba que la acusación todavía no estaba promovida.

Esta sencillísima propuesta también fue votada negativamente por la mayoría de la Comisión, de manera inexplicable para nosotros (posteriormente, el señor Presidente de la Comisión obtuvo el expediente y lo agregó).

2. - La acusación, entonces, vino solamente precedida de la versión de la sesión en que se propuso, discutió y resolvió por mayoría formada por colorados y nacionalistas, acusar al Diputado Nicolini por una serie de delitos vinculados a sus dichos que ellos consideraban ofensivos y a dos faxes que se imputaban de falsedad, citándose una lista de artículos del Código Penal, pero sin descripción de los hechos que habrían tipificado esas figuras delictivas; es lo menos que se hace cuando se acusa a alguien de haber cometido delitos penales graves (aspecto indispensable para la procedencia del juicio político según el artículo 93 de la Constitución). Descripción indispensable para acusar en un juicio político, sobre todo porque según la norma recién citada la acusación sólo puede promoverse «después de haber conocido» sobre los hechos («violación de la Constitución y otros delitos graves») y después de -en función de lo anterior- «declarado haber lugar a la formación de causa» (Pérez Pérez, Alberto exposición hecha ante la Comisión de Constitución. Códigos, Legislación General y Administrativa de la Cámara de Representantes, Repartido Nº 345 de 1973).

3. - Surge de la sesión en que se discutió en la Cámara de Representantes la promoción del juicio político, que el compañero Diputado Nicolini no concurrió a la sesión, y que otro compañero Diputado trasmitió en su nombre que no lo hacía por razones de delicadeza, para no perturbar con su mera presencia el desarrollo de la sesión. Sin embargo, aun frente a esa ausencia -más bien justamente por esa ausencia- era un deber elemental de la Cámara de Diputados haber notificado formalmente al Diputado Nicolini la resolución por la cual lo acusaba ante el Senado. Esto es así en cualquiera de las dos más conocidas tesis sobre la naturaleza jurídica del juicio político -aspecto teórico que trasciende los límites de este informe- : en efecto, si estamos ante un procedimiento jurisdiccional, sin duda la notificación era indispensable; y si estamos ante un acto materialmente administrativo, la carencia es igualmente muy relevante, ya que si la acusación fuese un acto de esa naturaleza, hay todo un régimen de recursos y acciones bien conocido (artículos 317 y 309 de la Constitución).

4. - La carencia procesal indicada en el apartado anterior cobra especial relevancia sumada a otra, parlamentariamente más importante: la decisión de acusar a un Legislador en un juicio político implica la conclusión de una Cámara (de Representantes) de que cometió «violación de la Constitución u otros delitos graves»; es por ello que declara que «hay lugar a la formación de causa». Y esa conclusión fue tomada sin que el Diputado Nicolini, antes de esa acusación, haya formulado sus descargos y haya articulado sus defensas, con lo cual se violó flagrantemente lo dispuesto en el artículo 66 de la Carta que dice: «Ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades omisiones o delitos, se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos y articular su defensa».

No se pretenda -para disimular esta omisión- sostener que la investigación recién estará concluida en la etapa del Senado. Esa es la conclusión respecto del juicio político íntegro, pero la decisión de acusar supone desde el punto de vista jurídico que la Cámara de Diputados «concluyó» que correspondía acusar. No se acusa ante el Senado «por las dudas»; más aun: numerosos antecedentes nacionales y extranjeros, transcurrieron en esa hipótesis con la devolución por el Senado, sin tratarla, la acusación de un juicio político.

No es ninguna casualidad que las Comisiones Parlamentarias de Investigación hayan tenido origen como procedimiento típico para determinar si se inicia o no un juicio político a cualquier gobernante. Eso ocurrió en el impeachment del Derecho inglés, o del norteamericano, que son los antecedentes más relevantes del juicio político uruguayo (salvo cuando el enjuiciado es el Presidente de la República, en cuyo caso también quedan incidencias del «juicio de residencia» español colonial). Como dice Héctor Gros Espiel, (Periodismo y Derecho, pág. 110, Montevideo 1965): «En efecto, no tiene sentido exigir que primero se plantee el juicio político, porque justamente la investigación está dirigida -si lo que se busca es un juicio político- a encontrar los elementos de juicio que habiliten a la Cámara de Representantes a declarar que hay lugar a la formación de causa e iniciar de tal manera, el juicio político, que se continuará con la acusación ante la Cámara de Senadores (artículo 93 de la Constitución)».

Es por ello que, la única vez que prosperó un juicio político en Uruguay (Legislatura pasada, caso de dos Ediles) la acusación vino precedida de una Investigadora respecto de ellos, que prolijamente y por unanimidad (luego en la Junta respectiva), se resolvió.

Incluso en 1917, cuando se propuso incluir a las Comisiones Parlamentarias de Investigación en la Carta (actual artículo 120) el Constituyente Horacio Jiménez de Aréchaga reducía su campo de actuación como acto preliminar de una acusación de juicio político (Héctor Gros Espiel, cit., pág. 109), aunque luego se aprobó un texto con la posibilidad de que las Comisiones Investigadoras investiguen otras irregularidades.

Desde luego que sería casi una broma jurídica, sostener que la investigación previa a la acusación contra el Diputado Nicolini ya existía; esa Comisión Investigadora actuó para indagar las irregularidades en ciertas operaciones del Estado con intervención o relacionadas con FOCOEX y no para investigar si el Diputado Nicolini había incurrido en violación de la Constitución u otros delitos graves.

De modo que una investigación parlamentaria con garantías, dirigida a un eventual acusado por la Cámara de Representantes, es sin duda un antecedente mínimo para una acusación en forma ante el Senado.

II. - No se configura ninguna de las causales del juicio político

1. - Repitamos que en materia de causales, el juicio político sólo es procedente -cualquiera sea el gobernante- enjuiciado por «violación de la Constitución u otros delitos graves» (artículo 93 y 296 de la Constitución).

Es obvio -y además nadie lo ha sostenido- que el compañero Nicolini no ha violado la Constitución.

2. - No hubo delitos -ni graves ni no graves- por dichos o declaraciones del Diputado Nicolini.

Básicamente, la imputación que hace la Cámara de Diputados de «delitos graves» por dichos, se basa en las declaraciones que el compañero Nicolini formuló a El Observador el 8 de junio de 1996 y que, según la descripción que el propio Directorio del Partido Nacional formuló en sus denuncias, serían respuestas al periodista diciendo ante sendas preguntas: (- que si apresuraba la presentación de todos sus elementos se perdería la posibilidad de investigar otros eventuales involucrados en actos de corrupción; -) que la denuncia no empieza y termina con el tema FOCOEX, sino que es mucho más grande; -) que se trataba de una organización de funcionarios públicos de la Administración anterior ubicados en lugares claves del aparato estatal, que trabajaba para beneficio propio, que dentro de eso está incluido el caso FOCOEX pero el tema va mucho más allá.

a) En primer lugar, es necesario tener en cuenta el texto del artículo 112 de la Constitución: «Los Senadores y los Representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones».

Es evidente que las manifestaciones del Diputado Nicolini fueron «opiniones». Sostener que no fueron emitidas «durante el desempeño de sus funciones» es, en el caso, de una impertinencia jurídica total. Aun para quienes tenemos el criterio más restringido respecto de este fuero (es el caso, precisamente, del suscrito José Korzeniak en sus cursos), está muy claro que las declaraciones a la prensa -que en este criterio más restringido, no mayoritario- presenta casos límites, el límite está dado por el tema declarado: si está o no directamente vinculado a las funciones del Legislador. Nadie con un mínimo de objetividad, podría sostener que las declaraciones no refieren directamente al tema que precisamente había motivado una investigación parlamentaria, con una Comisión que integraba Nicolini, compañero que, además y en consulta con representantes de todos los sectores del Encuentro Progresista, aportó una profusa documentación. Obviamente, la conclusión es la misma para quienes interpretan que «durante» es un vocablo que debe interpretarse con criterio cronológico (o sea mientras es Legislador).

b) Como ya se hizo constar al comienzo, la historia jurídico-política del juicio político no registra un solo caso en ningún país, en que dicho dispositivo haya prosperado por imputación de opiniones de un Legislador o de cualquier otro gobernante pasible de este mecanismo. Mas: restringiendo el repaso al Uruguay, incluso a hechos recientes, se puede constatar con facilidad que insultos ostensibles, no proferidos en sesión (ni plenaria ni de Comisión), no han motivado ningún tipo de procedimiento, ni siquiera de algunos muy leves de disciplina interna que contempla el artículo 115, tampoco de «desafuero» (artículo 114) y, mucho menos de juicio político, que requiere violación de la Constitución u otros delitos graves ( recuérdese las expresiones contundentes -acompañada de un no menos contundente golpe- del señor Diputado Machiñena, refiriéndose a un miembro de su mismo lema, o las del señor Diputado León Morelli respecto de otro miembro de la Cámara de Representantes).

c) Ocurre además que -sin que nadie deba regocijarse por ello- en el ámbito del Poder Judicial uruguayo ha comenzado a corroborarse el contenido fundamental, básico de las afirmaciones del compañero Nicolini (que con la mera lectura de las mismas descartan un agravio al Partido Nacional como colectividad sino a funcionarios en puestos claves de la Administración anterior). Fueron procesados incluso con prisión, nada menos que un Asesor directo del ex Presidente doctor Lacalle, un ex Presidente del Banco de Seguros y Senador y un ex Ministro y ex Presidente del Banco Central. Se están tramitando, además, diversas denuncias penales contra otros altos funcionarios de ese período de Gobierno, incluyendo una presentada por todo el Encuentro Progresista por varias operaciones del caso FOCOEX y -referida al mismo caso aunque involucrando directamente a un intermediario- una denuncia penal de la Dirección General Impositiva.

d) No puede obviarse la referencia a afirmaciones realizadas por muy altas figuras del Partido Nacional que, desde luego con lógico dolor, alertaron sobre actos de corrupción no de esa colectividad política sino de personal dentro de ella. En síntesis muy ceñida, recuérdese el alerta temprano que el entonces señor Senador Zumarán formuló dentro del Partido Nacional, en carta a sus autoridades, señalando la existencia de «implicancias» y mencionando 14 casos en lo que él así entendía que ocurría. Igualmente, fueron muy claras las declaraciones del doctor Juan Andrés Ramírez, de carácter público, donde manifestaba la necesidad de que el Partido Nacional fuese riguroso en el control interno, considerando que no era buen método, en su lugar, descalificar al denunciante (en ese caso el señor Maciel). También el señor Senador Carlos Julio Pereyra sostuvo que «habría más procesamientos», según declaraciones periodísticas agregadas a estos obrados. De paso, adviértase que el doctor Juan Andrés Ramírez y el actual Senador doctor Nicolás Storace, se han pronunciado expresamente diciendo que el Senado no debe hacer lugar al Juicio Político a Nicolini (grabaciones agregadas).

e) En síntesis: las opiniones vertidas no fueron ofensivas para el Partido Nacional sino para un grupo de altos funcionarios de la Administración anterior, algunas denuncias y procesamientos van ratificando lo básico de esas opiniones, figuras de las fórmulas presidenciales del Partido Nacional se han lamentado públicamente de ciertos casos de corrupción, el punto trascendía el caso FOCOEX en trámite, con dos denuncias penales -una del Encuentro Progresista y otra de la DGI referida a un intermediario- y, finalmente, aun cuando una reacción más bien emocional pudiese seguir considerando que en esas opiniones había delitos vinculados al honor, éstos nunca han sido considerados causales de juicio político y, en todo caso, resultarían amparados por la no responsabilidad por opiniones establecida en el artículo 112 de la Constitución.

3. - No hubo ningún delito, ni grave ni no grave, por la agregación de los dos «faxes cuestionados», que uno de los tres peritajes dijo eran falsos.

a) Las Diputados del Encuentro Progresista, con particular esfuerzo investigativo del Diputado Nicolini, agregaron en el caso FOCOEX alrededor de treinta documentos, vinculados a los que consideramos irregularidades. El señor Estellano afirmó que dos de ellos eran falsos. Se encontraba en el Palacio Legislativo y la prontitud de minutos con que actuó está relatada por los suscritos en la Comisión y consta en la respectiva versión taquigráfica agregada.

b) La credibilidad del señor Estellano no sólo ofrece flancos de credibilidad por esa insólita coincidencia y arrolladora prontitud cronológica, sino por sus evasivas ante preguntas que le formuló la Comisión Investigadora, directamente vinculadas a su intermediación en operaciones de FOCOEX con Uruguay o simplemente decía que no iba a responder, o remitía el tema para que le preguntaran a FOCOEX. Sugestivamente en varios casos se producía el fenómeno del «re-envío», o sea que FOCOEX, a su vez, sostenía que debía preguntársele al señor Estellano.

c) Aun bajo la promesa formal que los suscritos hicieron ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, de que sólo preguntarían al señor Estellano exclusivamente sobre los dos faxes que él sostenía que eran falsos, la Comisión con los votos Nacionalistas y Colorados votó en contra el pedido de convocatoria que formulamos de dicho testigo. Lamentablemente también el Senado con votos de igual procedencia política, votó en contra de nuestra posibilidad -y estimamos nuestro derecho- de plantear el tema para que lo resolviera el Cuerpo y no la Comisión. Es de justicia señalar que, cuando aclaramos en el Senado que nuestros planteos no referían al fondo del juicio político, sino a la manera como la Comisión conducía procesalmente su funcionamiento, el señor Senador Carlos Julio Pereyra rectificó su voto negativo. Igualmente, los demás Senadores de la coalición de gobierno hicieron mayoría, e impidieron la exposición de los suscritos y la posibilidad de que los aspectos procesales -singularmente los que pudiesen aportar más elementos para la verdad- los resolviera el Senado, que es el Juez en el juicio político (artículos 102 y 103 de la Constitución), y no la Comisión, que es asesora y meramente encargada de la preparación de la decisión senatorial.

Señalemos de paso que los suscritos no recuerdan en la historia de los episodios del Senado, que este Cuerpo haya votado por la negativa la prórroga de la hora para la sesión siguiente, o, también por la negativa la exposición que nos proponíamos hacer los suscritos sobre el funcionamiento de la Comisión de Constitución y Legislación, exposiciones previstas en el Reglamento del Cuerpo, y en cuya negativa mayoritaria se produjo, dentro del Partido Nacional, la excepción relatada en el párrafo reciente anterior.

d) Hasta ahora nadie ha podido saber si los dos faxes cuestionados eran o no falsos.

Un peritaje (del señor Curbelo y del doctor Rachetti) dicen en su conclusión que son falsos, aunque en la introducción de su estudio aclaran que para afirmaciones categóricas se requerirían los originales y no fotocopias. La licenciada universitaria como perita calígrafa señora Flores, afirma que no es posible determinar dicha falsedad y agrega que hacer esa afirmación conclusiva sería una osadía o una temeridad técnica. A iguales conclusiones llega el señor ingeniero Grompone (no es posible determinar la autenticidad o falsedad de esos faxes), quien en su comparecencia a la Comisión hizo una demostración impactante de esta verdad. Y si bien no es perito calígrafo -única pregunta de objeción que le formulara uno de los miembros de la Comisión- es bien claro que no tratándose de manuscritos, sino de faxes (producto de escrituras mecánicas y electrónicas), quizás sean más expertos las autoridades en el uso de estos medios -como sin duda es el ingeniero Grompone- que los peritos calígrafos, sobre todo con cursos menguados o antiguos.

e) Es imposible obviar una referencia a las chances de credibilidad del único de los tres peritajes que -sin perjuicio de una salvedad inicial en su parte expositiva- dicen en sus conclusiones que estos dos faxes son falsos.

La falibilidad de los peritajes (tema jurídico estudiado y admitido), se aumenta mucho respecto del peritaje en que intervino el señor Curbelo. En efecto, el señor Curbelo fue el perito designado por el Ministerio del Interior para pronunciarse sobre una presunta carta que habría enviado el señor Berríos desde Italia, luego de haber estado en Uruguay en el sonado episodio por todos conocido. Y también en las conclusiones, el señor Curbelo se pronunció categóricamente diciendo que el texto y la firma eran auténticos e incluso acreditando que nada hacía pensar que la fecha que surgía de un diario fotografiado también en Italia tuviese ningún aspecto trucado. Se recordará que esa carta trataba de demostrar que el señor Berríos había salido del Uruguay y, que se encontraba muy bien, que todo el episodio de su retención había sido un equívoco, etc. ¡Según todo lo indica -exámenes científicos, jueces, prensa, familiares, etc.- a esa fecha el señor Berríos ya estaba muerto y enterrado, probablemente en algún lugar de la costa del departamento de Canelones!

El señor Curbelo, preguntado por la falibilidad posible de los peritajes, con referencia a dicho caso, respondió a la Comisión que no podía responder sobre el tema porque si bien actuaba con independencia técnica, en esa oportunidad lo había hecho como funcionario policial. Posiblemente tenía razón en no responder, por probables prohibiciones reglamentarias. Pero no es explicable que antes ya se hubiese referido específicamente al tema, en un reportaje radial que está agregado a este procedimiento.

f) Tampoco puede obviarse la siguiente consideración: todo el peritaje Curbelo-Rachetti, está hecho sobre la base de la distinción entre «documentos indubitados» y los dos «documentos dubitados». Y quien dijo cuáles eran dubitados e indubitados fue el señor Estellano, cuyo testimonio precisamente sobre esta punto nos fue negado por la Comisión y, en gran medida por el Senado.

g) Aun en la hipótesis de que esos faxes no fuesen «auténticos», es decir que tuviesen alteraciones, sería absurdo imputarle un delito al Diputado Nicolini. En cualquiera de sus formas «en cuyo análisis, brevitatis causa», nos remitimos a lo expuesto en el escrito en que el compañero Nicolini evacuó la vista inicial, las alteraciones o usos de documentos no auténticos requieren dolo.

No hay un solo penalista ni juez que sostenga lo contrario. La acusación parecía manejarse con una suerte de responsabilidad «objetiva», aunque, como no analizó ninguna de las figuras delictivas que imputó, no se sabe exactamente si incurría en tal dislate jurídico. De modo que, para que pudiese imputarse delito al compañero Nicolini, debió probarse: primero que los faxes son falsos, lo que no ocurrió; segundo, que Nicolini los falsificó o sabía que eran falsos y que los usó con dolo, o sea con intención de provocar un resultado o de favorecerlo, aun eventualmente. Nada de lo cual ocurrió ni se intentó probar.

Por el contrario, el Diputado español señor Frutos, en cassete y en documento notarialmente autenticado, afirma categóricamente que todos los documentos, y específicamente estos dos faxes cuestionados, fueron entregados al Diputado Nicolini en España, y que habían sido enviados desde Montevideo. Todo lo cual está agregado a este procedimiento. De paso, puede tenerse presente que las autoridades de FOCOEX fueron sustituidas y que sus procedimientos se han revisado en España, argumentándose entre otras cosas que su modus operandi no daba prestigio a ese país.

En síntesis: los suscritos han demostrado de manera contundente en este Capítulo II que el señor Diputado Leonardo Nicolini no ha cometido delito alguno, ni ha violado la Constitución (aspecto, este último que no se le ha imputado). Siendo así, resulta ocioso analizar uno de los puntos clásicos que se discuten en el tema del juicio político, cual es el concepto de «gravedad» del delito a estos efectos. No obstante, como en el seno de la Cámara de Diputados se ha citado la opinión del suscrito Korzeniak, en el sentido la laxitud del concepto de «gravedad» a los efectos del juicio político, se aclara para evitar equívocos, que esa laxitud no llega -parecería innecesario decirlo- a que se entienda que hay «delito grave» cuando ni siquiera hay delito; y en segundo lugar, que esa laxitud para calificar la gravedad que efectivamente sostiene el suscrito Korzeniak, está vinculada siempre al aspecto institucional como ejemplificaba la Constitución de 1830, es decir a la «violación de algún encargo de confianza público» o a delitos que repercuten «lesionando a la sociedad misma», sin que esta opinión, tenga en cuenta la pena. Criterio que, por otra parte, aunque no es el único, no es original y coincide con la vieja opinión de A. Hamilton que, en El Federalista (págs 423 y 424, ed. de Modern Library). Criterio que no postula necesariamente la atención de si se trata de un delito castigable con un mínimo de penitenciaría, es decir con pena mayor de dos años, que sí fuera sostenido en la Legislatura pasada, como se verá enseguida, por el señor Senador Ignacio Posadas, como Miembro Informante -junto con el recordado Senador Cigliuti- en un juicio político promovido contra un Edil de Paysandú.

¡Es el colmo que se considere que un Diputado que aportó lo más que pudo a una investigación dirigida a averiguar si hubo actos irregulares o de corrupción, investigación inicialmente promovida por un Representante de otro lema, sea considerado dañando directamente a la sociedad o conspirando contra las instituciones con su enfática búsqueda de elementos probatorios!

h) Hace un instante, citaron los firmantes un precedente parlamentario reciente: la Junta Departamental de Paysandú, presentó ante el Senado una acusación por juicio político, contra un Edil que, según estaba probado, falsificaba de manera reiterada certificados de ANCAP de donde era funcionario.

Pues bien; ya en el ámbito de la Comisión, por unanimidad, se rechazó la acusación; en el Senado, por consejo de la Comisión respectiva, cuyos miembros informantes, como ya se indicó, fueron los entonces señores Senadores Ignacio de Posadas y Carlos W. Cigliuti. Se estimó que el delito (reiterado, no de uso sino de falsificación) no era grave como para hacer procedente este tan excepcional instituto. La carpeta respectiva está agregada a estos antecedentes (Carpeta Nº 395/91)

i) Como en el curso de este informe se ha aludido en varias oportunidades a precedentes parlamentarios (tanto de procedimiento como de fondo) conviene salir al paso de un posible pretexto para justificar los cambios de criterio que, por lo menos en el seno de la mayoría de la Comisión se produjeron, modificando lo que ha sido el criterio parlamentario (por precedentes expresos o por no prosperar el mecanismo en el Senado) durante ciento sesenta y siete años (o sea desde 1830). Es exacto que los Reglamentos de las Cámaras establecen que los precedentes no son obligatorios. Pero nadie puede negar que tienen -y así lo entiende la doctrina siempre- una enorme fuerza persuasiva, sobre todo en temas donde académicamente se producen discusiones sobre puntos clásicos. Tampoco las sentencias judiciales tienen fuerza obligatoria en nuestro país (a diferencia del sistema anglo-americano, donde los precedentes judiciales dictados por Tribunales superiores federales o estatales y siempre que la cuestión sea la misma jurídicamente, son sí obligatorios). Pero no hay abogado o juez en Uruguay, que si tiene a mano precedentes que apoyan su tesis, dejen de citarlos. Sobre todo cuando -como en el caso en examen- constituyen soluciones pacíficamente reiteradas.

El último caso tratado por el Senado -único en 167 años en que el Senado hizo lugar al juicio político- el Senado aprobó todas las reglas procesales que proponía la Comisión, no se negó ninguna diligencia o prueba pedida por los acusados o por cualquiera de los miembros de la Comisión: se resolvió valorar las pruebas con arreglo a la sana crítica, que es el mismo criterio que usan los jueces; la acusación vino por unanimidad de los Partidos integrantes de la Junta de Maldonado; el delito -recibir dinero para votar de determinada manera- hería directamente a las instituciones y a la sociedad; los acusados no eran investigadores de actos de corrupción sino que habían incurrido en ellos. ¡Cuántas diferencias de criterio con el caso actual! ¿Cuáles serán las razones de esas diferencias? Para los suscritos, sin duda razones políticas: desahogo emocional de un Partido dolido por actos de corrupción de algunos de sus miembros que encontró eco en el lema aliado en la coalición de Gobierno.

También está agregado el precedente del señor Diputado Piana, quien en la Comisión Investigadora llamada de «Mina de Valencia» (expediente agregado) agregó un documento manuscrito, cuyo contenido era tremendamente comprometedor, que resultó falso no solamente porque lo dijo un perito, sino porque así lo estimó un Juez. Y, obviamente, a nadie se le ocurrió promover ninguna acción contra dicho señor Legislador. Y también en este caso la Comisión de Constitución, por mayoría, votó en contra la comparecencia a testimoniar de dicho Diputado, que promovimos varias veces.

Varias veces hemos sostenido que este juicio político es jurídicamente impresentable. Agregamos que el Diputado promotor de la Comisión Investigadora llamada de FOCOEX, que anunció que había irregularidades que configuraban delitos, no votó la acusación contra el Diputado Nicolini, no agregó elementos referidos a sus afirmaciones y nunca se supo explícitamente cuáles eran las razones de esas actitudes. Seguramente resultará reiterativo, pero es inevitable mencionarlo: también votó en contra la Comisión de Constitución y Legislación la comparecencia de este Diputado, que pedimos en más de una oportunidad.

III. - La opción entre el «desafuero» (art. 114) y el juicio político.

1. - El artículo 93 de la Constitución (juicio político), establece como causales del mismo la «violación de la Constitución u otros delitos graves» el Art. 114, por su parte («desafuero») tiene como causales, según su peculiar frase «ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93».

La doctrina ha interpretado entonces que si se trata de un delito del artículo 93 lo que corresponde es el juicio político y no el desafuero, y si no se trata de uno de los delitos del artículo 93, pero hay otro delito («común») corresponde el desafuero. El desafuero es un procedimiento más sencillo, en cuanto lo resuelve una sola Cámara, aquella a la que pertenece el Legislador. Pero -y he aquí el quid de que haya juicio político- se requieren dos tercios de votos para resolverlo. Y la coalición de nacionalistas y colorados no los tenían. Siendo claro que no son dos procedimientos optativos sino excluyentes, no se pueden plantear simultáneamente el pedido de desafuero y el juicio político, uno u otro según las causales que se invoquen; las del artículo 93 u otros delitos comunes. En el presente caso, se han planteado por algunos señores Legisladores ambos procedimientos. No es jurídicamente procedente, porque una de las causales invocadas -aunque ninguna existe en la realidad- se repite en ambos: la de los dichos del compañero Nicolini.

2. - Ha trascendido, aunque al día de redactar este informe no lo sabemos oficialmente, que la coalición de gobierno habría llegado a un acuerdo para aplicar una suspensión al compañero Nicolini. Otro manifiesto apartamiento de las disposiciones y del contexto constitucional. La suspensión está prevista para el desafuero, en el juicio político sólo está prevista la separación del cargo, no la suspensión (artículos 102 y 103).

Si ese acuerdo existiese y si así lo resolviera el Senado se estaría haciendo por vía indirecta (suspensión, procedente en el desafuero), lo que no pudo realizarse por vía directa, principio jurídico muy conocido. Pero esto no es lo más trascendente, pues como se ha demostrado, nuestro compañero el Diputado Leonardo Nicolini no ha cometido ni los delitos que habilitan el juicio político ni los que habilitan un desafuero.

Estimamos finalmente que en este juicio político improcedente, se concentran factores que afectan los principios democráticos (se pretende alejar de modo injusto a un Legislador electo por el cuerpo electoral).

Por las razones expuestas y las que se expondrán en Sala, se aconseja al Senado no hacer lugar a la improcedente acusación de la Cámara de Representantes y, en su mérito, disponer el archivo de estas actuaciones.

José Korzeniak, Helios Sarthou. Senadores.

Carp. Nº 491/1996
Rep. Nº 260/97
Anexo II

VERSIONES TAQUIGRAFICAS DE LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

Versión taquigráfica de la sesión del día 8 de agosto de 1996

Asistencia

Preside: Senador Américo Ricaldoni

Miembros: Senadores Luis Brezzo, José Korzeniak, Ignacio Posadas, Luis B. Pozzolo, Walter Santoro y Helios Sarthou

Asisten: Senador Rafael Michelini y Secretaria Interina del Senado Quena Carámbula

Secretaria: Josefina Reissig

Colaboran: Cecilia Fernández y Gloria Mederos

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 14 y 41 minutos)

En la sesión realizada el martes de esta semana acordamos distribuir determinados antecedentes considerados importantes por todos los miembros de la Comisión, a los efectos de determinar, en primerísimo lugar, cuál es el procedimiento que se iba a aplicar a la actuación de la Comisión en el juicio político del señor Diputado Nicolini.

No sé si los señores miembros de la Comisión han examinado los antecedentes que, creo, fueron distribuidos a todos en el día de ayer. Personalmente, he estado repasando los procedimientos utilizados en la Comisión en el juicio político realizado a los Ediles Fazzio y Pagola hace pocos años y creo que podríamos emplear uno idéntico para este caso, salvo mejor opinión de los miembros de la Comisión. Quizá, se podrían realizar algunas referencias a lo que resulta, precisamente, de esos antecedentes que nos ha hecho llegar la Secretaría con tanta celeridad. Supongo que otros miembros de la Comisión han estudiado estos documentos, y por tanto, ofrezco la palabra para ver si hay o no coincidencia, con lo que en principio me atreví a proponer en el sentido de volver a utilizar el procedimiento seguido en el año 1992 cuando esta misma Comisión intervino en el juicio político de los Ediles mencionados.

SEÑOR SARTHOU. - En la sesión anterior aclaré que no estaba en condiciones -porque me resultaba muy escaso el tiempo- de realizar el estudio de los antecedentes -no sólo los agregados acá- ni tampoco de definir algunas dudas jurídicas que para mí tienen relevancia en la medida en que existe coincidencia con que este es un acto administrativo que supone un eventual contralor ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Determinados aspectos que he estado estudiando me plantean dudas no definidas en cuanto a la tramitación. En ese sentido, todavía no tengo certeza técnica sobre si la actuación en la Cámara de Representantes se completó en la vía administrativa con la notificación del acto. Estoy evaluando jurídicamente la no asistencia; si tiene implicancia en el conocimiento; si debe realizarse un acto autónomo de notificación en la medida en que este es parte de un acto administrativo mayor y complejo pero que, por sí mismo es, precisamente, un acto administrativo; y si allí faltaría la notificación. No se trata de un problema de tiempo, porque se puede dilatar tres o cuatro días, sino de la real preocupación por el ajuste a las condiciones estrictas del procedimiento administrativo, porque esto puede merecer, inclusive de los propios interesados, un determinado cuestionamiento en la vía administrativa. Por la trascendencia de los aspectos que aquí están implicados y por el rol que tenemos por tratarse de alguien que integra nuestra Bancada, debemos llevar al mayor grado el análisis de esos temas jurídicos. Inclusive, estoy profundizando acerca de la definición de las etapas posteriores, del tema de la prueba, de eventuales alegatos y otros aspectos. Ya he adelantado que, por no ser éste el único tema que podía tener entre manos, no pude completar el estudio del mismo y, por lo tanto, quiero aclarar que no estoy en condiciones de votar hoy el procedimiento si es que se va a definir en esta tarde. Sí lo podré hacer en la próxima sesión luego de estudiar estos antecedentes, de realizar ciertas consultas jurídicas y de profundizar aspectos de algún otro juicio político que no está incluido en los antecedentes.

SEÑOR KORZENIAK. - Si me permiten, voy a hacer tres constancias. Una de tipo formal o procedimental; otra de tipo jurídico y una última de tipo político.

La primera constancia, que es formal, tiene que ver con una parte del procedimiento que se decidió cuando se hizo el juicio político a dos Ediles de Maldonado, que fue una suerte -en sentido muy lato- de examen de si formalmente la acusación que venía de la Junta Departamental se había hecho regularmente. Inclusive, tuvimos algunas comunicaciones con dicha Junta para verificar ciertos hechos. Entendemos que desde el punto de vista formal esta acusación que vino al Senado exclusivamente con la versión taquigráfica de la sesión de la Cámara de Representantes, donde la mayoría de sus integrantes decidió acusar, es, más que defectuosa, improcedente, porque se acusa al señor Diputado Nicolini de determinadas actuaciones en una Comisión Investigadora. Se dice que varios de los delitos que allí se le imputan -a mi juicio, de manera totalmente descolocada- fueron cometidos en una Comisión Investigadora. Personalmente entiendo que, más que un defecto formal, es el colmo que la Cámara de Representantes envíe una acusación sin remitir el expediente de la Comisión Investigadora. Me parece una cosa más que fuera de lugar el acusar al señor Diputado Nicolini por la manera cómo actuó en dicha Comisión, ya sea porque utilizó documentos que en esa votación se dice que son falsos; porque injurió o por otro de los delitos que los señores Senadores recordarán y que están enumerados en la acusación.

De manera que no solamente me parece un defecto formal sino el colmo que ni siquiera se haya enviado el expediente de la Comisión Investigadora. Es más, el colmo lo veo agravado porque el día en que la Comisión Investigadora remitió un expediente objetando cómo había actuado el Diputado Nicolini en la misma, ésta no había terminado sus actuaciones. De manera que esa constancia formal me parece elemental.

En segundo lugar, se habla del uso de un documento público falso y no se mandan esos documentos, sino transcripciones. Me parece elemental que se envían los documentos que seguramente estarán en las actuaciones de la Comisión Investigadora.

Por consiguiente, creo que la acusación, formalmente, está pésimamente formulada.

La segunda constancia que quiero hacer es jurídica. En este sentido, deseo expresar que considero que la promoción de este juicio político es un disparate parlamentario. Lo digo con todas las palabras y usando un término que revela exactamente mi opinión sobre esta acusación.

El Uruguay ha vivido la promoción de varios juicios políticos. Los señores Senadores habrán leído en estos días el libro de Llana Barrios, que es muy bueno. En él se refieren 7 casos del año 1942, entre ellos juicios políticos promovidos contra miembros de la Corte, contra un Presidente de la República -Gabriel Terra- que había dado un golpe de Estado y contra Ministros. Este golpe de Estado recibió en su momento distintas consideraciones políticas: una parte muy grande de la población lo condenó y otra parte, también muy grande -una fracción importante del Partido Nacional y un grupo menor del Partido Colorado- lo apoyó. Es decir que políticamente se discutió si este golpe era bueno o malo, pero lo que nadie discutió es que se había actuado violando la Constitución; era absolutamente evidente que se había producido un quiebre de las instituciones, del que surgió una nueva Constitución que, en una disposición transitoria, subsanó -para bien o para mal, según las distintas opiniones de los historiadores- hasta el año 1938 su investidura presidencial. De todas maneras, en lo que todos están de acuerdo es en que dio un golpe de Estado, y el artículo 330 de la Constitución es muy claro cuando dice: «El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa Nación». Sin embargo, ese juicio político no prosperó; el Parlamento entendió que no había lugar a juicio político.

El único juicio político que prosperó en el Uruguay fue el que se hizo contra dos Ediles del departamento de Maldonado a quienes se les probó, en un procedimiento que tuvo todas las garantías -más o menos descriptas en un resumen que se nos acaba de distribuir y que creo está muy bien hecho- que habían recibido cierta cantidad de dinero por votar en determinado sentido. Este juicio político fue promovido por la Junta Departamental de Maldonado, por unanimidad, con remisión de todos los antecedentes de la investigación.

De manera que creo, señor Presidente, que no ha habido violación de la Constitución -esto es obvio y nadie ha afirmado lo contrario- y que, además, no sólo no hay delito grave, sino que siquiera hay delito. Por lo tanto, me parece que jurídicamente es un disparate que la Cámara de Representantes haya promovido un juicio político contra el señor Diputado Nicolini, denunciante de hechos de corrupción, que serán ciertos o no, pero que en definitiva es el Juez el que tiene que determinarlo. Y esto va a ser así, porque la Justicia va a recibir la denuncia, ya sea porque la envíe la Cámara de Representantes o porque lo haga nuestra fuerza política, que ya ha decidido realizarla porque entiende que hubo hechos de corrupción en las operaciones de FOCOEX, como se conocen comúnmente.

La tercera constancia que deseo dejar es de naturaleza política. Interpreto -y tengo algunos elementos que el sentido común me indican que así ocurrió- que algunos dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado acordaron hacer un juicio político al señor Diputado Nicolini, y que lo hicieron no porque entendieran que era lo correcto, sino porque los otros procedimientos que están previstos en la Constitución de la República requieren una mayoría de dos tercios de votos para aplicar una sanción, que estas dos fuerzas políticas unidas no alcanzaban en la Cámara de Representantes. En cambio, por esta vía, este acuerdo permitió, por lo menos, promover la acusación, también en el entendido de que eventualmente se alcanzarían los dos tercios de votos en la Cámara de Senadores para aplicar la sanción prevista en estos casos, que es la separación del cargo de la persona enjuiciada políticamente.

No estuve presente, naturalmente, en esas reuniones, pero leí en la prensa, de todas las orientaciones, que se habían realizado y que allí se había llegado al acuerdo de promover un juicio político. Es más; conozco opiniones de personas que van a tener que pronunciarse en este juicio político y que pertenecen al Partido Nacional, que sostienen que el juicio político no procede. Estoy en condiciones de probar esto, y en su momento lo haré.

Entonces, dentro de esta constancia política, quiero decir que, con o sin intención, la consecuencia objetiva de la promoción de un juicio político al señor Representante Nicolini es que la opinión pública aleje de su atención, durante un tiempo, una serie de denuncias muy fuertes -que serán ciertas o no, pero que están formuladas- contra un grupo de personas de alto nivel político dentro del Partido Nacional, por actos de corrupción; y que, en cambio, se concentre en el juicio político a un Diputado que fue denunciante en ese caso y no lo fue en el otro -en realidad, lo fue el señor Maciel- pero que notoriamente conocía la documentación que éste presentó en el Juzgado.

Hechas estas constancias, pienso que la Comisión debería decirle a la Cámara de Representantes que la acusación debe hacerse en forma, y si lo que se le imputa al señor Diputado Nicolini son delitos graves -yo considero que no sólo no son graves, sino que son inexistentes- lo menos que se puede hacer es enviar lo que en materia jurídica se conoce como los elementos básicos. De manera que si actuó mal en una Comisión Investigadora, lo correcto es enviar todas las actuaciones de esa Comisión, notificarlo, como decía recién el señor Senador Sarthou; y si se afirma que presentó documentos falsos, enviarlos también. Insisto en que no sé qué clase de razonamiento jurídico se puede hacer para llegar a la conclusión de que estos documentos no debieron enviarse.

Digo, además, con respecto a la última de las constancias, que era cuestión de elegir el momento, porque ni siquiera habían terminado las actuaciones de la Comisión Investigadora. Me pregunto -y la pregunta no es casual- qué habría pasado si, en el día de ayer, hubieran aparecido algunas cosas de ANTEL que todavía no han aparecido, y se hubiera promovido la acusación sin enviarnos los resultados de la Comisión Investigadora. Me parece, reitero, un colmo jurídico, un disparate jurídico y una manipulación política de algunos dirigentes blancos y colorados para que -esto último es una conclusión mía- la atención se centre en ese juicio político y no en un conjunto de denuncias muy graves que serán ciertas o no, pero que las tiene que resolver un Juez.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: tal como habíamos acordado en la sesión pasada, en el día de hoy estamos abocados a estudiar el procedimiento que vamos a establecer de cara a una actuación que no tiene una norma fija de procedimiento -valga la redundancia- llevada a cabo en un contexto que, si bien tiene aspectos jurídicos, es de naturaleza política. En lugar de ello, advierto que el señor Senador Korzeniak está buscando entrar en el tema en una primera trinchera de defensa por la vía, por un lado, de descalificar la acusación de la Cámara y, por otro, de introducir elementos políticos para desprestigiar tanto la actuación de la Cámara de Representantes como el futuro tratamiento en el Senado.

Si bien ese tipo de discusión será tan inevitable como estéril, creo que no deberíamos adelantarnos a los acontecimientos. Pienso que tenemos que continuar por el camino que habíamos trazado, que consiste en establecer el procedimiento adecuado, teniendo en cuenta que, en ausencia de normas, no deben pesar aspectos de tipo formal, sobre todo formalismos acerca de si se cumplió o no con el hecho de poner en conocimiento al acusado, cuando todos sabemos que está ampliamente notificado y no concurrió a la sesión de la Cámara por propia voluntad. Entonces, claramente estamos ante formalismos que son denominados en la jerga jurídica como chicanas.

A mi juicio, no vamos a iniciar bien nuestro trabajo si comenzamos adelantando los tiempos. Reitero que esta discusión -bastante estéril y desagradable, introduciendo ingredientes políticos- inevitablemente tendrá lugar en su debido momento, pero debemos llevarla a cabo luego de que hayamos estructurado el tema del procedimiento, respecto del cual -por lo menos en lo personal- pienso que lo importante es el fondo y no lo formal. Lo relevante es, pues, estructurar un procedimiento que, por un lado, dé garantías al acusado y que, por otro, preserve una necesaria dignidad del Senado en toda esta actuación. Una cosa es que estemos ante un tema político, y otra es que lo politicemos en el mal sentido de la palabra.

Por lo expuesto, propongo formalmente que acordemos el procedimiento que, a mi juicio, debe comenzar por dar traslado al implicado de la acusación y de los antecedentes que ha remitido la Cámara de Representantes, brindándole un plazo razonable ya que, reitero, archiconoce de qué se trata y bastante lo debe haber estado rumiando desde que se produjo la sesión de ese Cuerpo hasta el momento. Es decir que no precisa mucho tiempo para saber qué posición va a adoptar y qué va a expresar, por lo que debemos darle un plazo razonable; en el interín, nosotros podemos analizar desde el punto de vista jurídico y político la acusación de la Cámara que, a mi juicio, «prima facie», reúne las condiciones que tradicionalmente se han requerido para las acusaciones de juicio político en el Uruguay. Si en ese lapso se requieren otros antecedentes de la Cámara, nada obsta que se pidan mientras está corriendo el traslado al acusado. De tal forma que si algún miembro de la Comisión requiere de otras pruebas, también se podrán diligenciar en ese tiempo. Mas aún: creo que con el traslado al acusado, se le debe ofrecer la posibilidad de que, a su vez, solicite los elementos probatorios que desee. Mientras tanto, podremos tener una deliberación para analizar la acusación, pero teniendo en cuenta que después vamos a tener tiempo para estudiar las pruebas y discutir todos los elementos.

No obstante, debemos dar tiempo al tiempo para no sólo dar garantías al acusado, sino también para preservar la dignidad que la Comisión y el Cuerpo tienen. En concreto, sugiero que acordemos el procedimiento en este momento.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: queremos expresar, a los efectos de que esta Comisión cumpla en forma adecuada con las obligaciones correspondientes en el sentido de aconsejar en su momento al Senado de la República en relación al juicio político, iniciado contra el señor Representante Nacional Nicolini, que entendemos que la acusación está perfectamente realizada. Es más, estamos frente a una de las acusaciones con mayor rigurosidad jurídica que hemos conocido en materia de juicio político en razón de que la gran discusión en esta materia -me refiero al hecho de determinar las causales del juicio político- siempre se ha llevado a cabo en el país intentando delimitar el concepto de delito grave en referencia a la violación de la Constitución de la República, como consecuencia de la redacción original que la Carta de 1830 dispuso para la norma que establecía el juicio político. Creo que es la primera vez que a nivel parlamentario se procede en un juicio político a señalar en forma precisa y totalmente definida en lo que hace a la referencia y la nominación, los presuntos delitos que pudieran haberse cometido. Me refiero a los de calumnia y simulación de delito, uso de documentos y de certificados falsos, públicos y privados, difamación e injuria. Es decir que en lo que concierne a la acusación en sí misma y a su base, creemos que es la primera vez que a nivel de la historia parlamentaria el juicio político se encuentra perfectamente ubicado en lo que tiene que ver con los elementos que puedan motivar la decisión del Senado.

Teniendo en cuenta que en la discusión que ha venido de la Cámara de Representantes figura, en nuestro concepto, perfectamente formulada la acusación, debemos establecer el procedimiento para dar al implicado las máximas garantías, a fin de que pueda conocer la acusación, formular sus descargos o defensas y aportar las pruebas que estime del caso.

Decimos esto, porque algo hemos conocido acerca del juicio político durante nuestro trabajo parlamentario. En 1960, se inició un juicio político al Consejero de Gobierno Haedo, por haber viajado a las Naciones Unidas en uso de una licencia sin autorización del Senado. Fue en ese momento que a nivel de la Cámara de Representantes se discutió con mayor intensidad lo relativo a que el juicio político debía tener como causal la comisión de algún delito de carácter grave, y no que cualquier violación de la Constitución habilitaba a implementar este mecanismo. Ello fue dispuesto luego por el Senado cuando fue llamado a dictar sentencia en el juicio político formulado. De esta forma, estamos intentando comparar la utilización de este mecanismo con causales que revestían la condición de ser difusas y, a pesar de eso, el juicio político se promovió.

No solamente se realizó juicio político al Consejero de Gobierno Haedo, por esta supuesta violación de la Constitución calificada como delito grave, sino que también se lo promovió al Consejero Nardone, en razón de manifestaciones radiales que efectuó con motivo de la visita al país del señor Che Guevara.

En el año 1968, nosotros promovimos un juicio político al Presidente de la República, señor Pacheco Areco, en la Cámara de Representantes, por violación a la Constitución, por haber tomado en forma permanente, como sistema de gobierno, la adopción de Medidas Prontas de Seguridad. Es decir, entonces, que basábamos en la utilización excesiva -o indebida, en nuestro concepto- de Medidas Prontas de Seguridad para resolver distintas situaciones que se generaban en aquel momento, una de las causales de juicio político, y también estimábamos que la utilización en esa forma del artículo 168 inciso 17 de la Constitución implicaba una especie de violación de la Carta. El procedimiento no tuvo ocasión de alcanzar su desarrollo, más allá de la propuesta consiguiente, pero cabe significar, frente a esta formulación de juicio político, las diferencias enormes que se han dado. Inclusive, si nos remontamos en la historia, en la referencia a los juicios políticos que se hicieron tanto en el siglo pasado como en el presente, vemos que las causales en relación a éste, no tenían ningún alcance en el orden penal o de delito. Salvo la referencia que se puede hacer con el caso de los señores Ediles de Maldonado, que en su momento fueron separados del cargo, es la primera vez que se practica un juicio político en el país en forma perfectamente determinada y con una referencia técnica con respecto a las figuras penales en las cuales pudo haber incurrido el señor Legislador Nicolini. Por consiguiente, en nuestro concepto están dados todos los elementos para proceder a que la Comisión se aboque al análisis de este tema y determine, en primera instancia, el procedimiento a cumplir a fin de que el acusado tenga las mayores garantías -como se dice, tenga su día en el proceso- para articular su defensa y, en su caso, formular las probanzas correspondientes.

Como aquí se ha señalado, sin nombrarlos, a integrantes del Partido Nacional que optaron por el sistema del juicio político en razón de que no se encontraban los votos para aplicar los artículos 114 y 115 de la Constitución de la República, queremos señalar lo siguiente. Insisto, como no se han dado los nombres y los apellidos, lo haremos nosotros. El que propuso el juicio político por primera vez a nivel del Directorio del Partido Nacional, fue uno de sus integrantes, que se llama Walter Santoro; nosotros propusimos la realización del juicio político en solitario, en el Directorio del Partido Nacional, en ocasión en que el señor Legislador Nicolini formuló en el diario «El Observador» una serie de apreciaciones con respecto a nuestro Partido, donde incluso llegó a calificar a esta colectividad como una asociación para delinquir. Entonces, cuando en el Directorio se trató la situación y se consideró qué medidas se debían adoptar, nosotros realizamos este planteamiento. Reitero: en solitario propusimos el juicio político, porque siempre estimamos que este mecanismo que se ha utilizado poco, que es un instrumento pesado, que posiblemente aparezca con una estructura prácticamente monumental que hace difícil su aplicación y diligenciamiento, es la herramienta apta para resolver situaciones de gravedad como naturalmente ocurrió cuando un señor Legislador procedió a imputarle, a una colectividad de 160 años de vida, que constituía una asociación para delinquir, es decir, que todos sus miembros éramos delincuentes. Cabe recordar que en esa oportunidad, en el Directorio del Partido no tuvo aceptación nuestro criterio, pero luego lo mantuve en la reunión de Bancada, también prácticamente en solitario, aunque allí sí tuve la posibilidad de que me acompañaran otros integrantes de la agrupación parlamentaria. De todas formas, debo señalar que en el Directorio del Partido Nacional se optó por hacer la denuncia penal por difamación e injurias contra el Legislador Nicolini, la que está radicada en uno de los Juzgados penales de Montevideo. Queríamos efectuar estas precisiones a los efectos de determinar que es la primera vez -y quiero que esto quede remarcado- en la historia política del país en que un juicio político viene debidamente fundamentado, con las causales perfectamente identificadas, catalogadas y precisadas -insisto, lo que nunca antes había ocurrido- y que no se trata de violaciones de la Constitución -que siempre constituye un tema más difuso- ni tampoco de otro tipo de conductas, sino que, reitero, con precisión se dice cuáles son las presuntas figuras penales en que pudo haber incurrido el señor Legislador Nicolini con la actitud que observé durante el cumplimiento de la actividad de la Comisión Investigadora del caso FOCOEX.

Por estas razones, concluimos que están dados todos los elementos para que la Comisión establezca el régimen y procedimiento para atender la posibilidad de que el señor Legislador Nicolini pueda articular su defensa y formular sus probanzas. Al respecto, creemos que el que se utilizó en ocasión del juicio político a los Ediles de Maldonado, es un procedimiento adecuado. Consideramos que de esto se debe poner de manifiesto al señor Legislador Nicolini, y establecer el plazo para dicho manifiesto. Obviamente, el señor Legislador Nicolini podrá revisar la documentación que tenemos en el seno de la Comisión, formular sus descargos o alegaciones, trabajar y hacer sus escritos con asistencia letrada. La Comisión deberá determinar el plazo para que esas pruebas sean diligenciadas, y luego que este Cuerpo realice sus conclusiones, se le dará vista al señor Legislador Nicolini para que posteriormente, con las conclusiones de la Comisión y la vista evacuada o no por parte del acusado, se pasen los antecedentes a la consideración del Plenario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si los señores Senadores me lo permiten, quisiera hacer algunas consideraciones. En primer término, debo decir que comparto el criterio señalado en el sentido de que habíamos acordado que la sesión de hoy era para determinar el tipo de procedimiento a aplicar por la Comisión. En segundo lugar, también estoy de acuerdo con lo dicho por los señores Senadores Posadas Montero y Santoro, en cuanto a algunas referencias políticas que formuló el señor Senador Korzeniak. Hay una evidente contradicción en sus expresiones -que además rechazo categóricamente- porque no puedo entender cómo señala que esto sería la consecuencia de una especie de estrategia destinada a distraer la atención pública de determinados aspectos que se están investigando en torno al caso FOCOEX y, al mismo tiempo, comprueba que la preocupación de los representantes del Partido Colorado y del Partido Nacional en esta Comisión es tratar el tema del procedimiento a fin de que este asunto no se eternice. Si lo que queremos es que este tema, sin perjuicio de las mayores garantías para el señor Legislador Nicolini, se resuelva de manera razonablemente rápida, parecería que de ser ciertas las afirmaciones del señor Senador Korzeniak, habríamos cometido un error en la elaboración de esa estrategia, ya que al cabo de un tiempo, que no va a ser muy largo, volvería todo el centro de esa referida atención al tema que supuestamente estaríamos queriendo poner poco menos que en la penumbra. De modo que eso es así, y otra interpretación es absolutamente tendenciosa y no la puedo aceptar. Lógicamente, cada uno es dueño de expresarse como le parezca -eso no está en discusión- pero me parece que lo adecuado y correcto es ir analizando los temas en su momento. Ahora, de lo que se trata es de buscar un procedimiento que dé garantías, que no signifique convertir la tarea de la Comisión en algo totalmente estéril y extendido en el tiempo, ni contribuya a crear la sensación de que lo que se quiere es mantener deliberadamente -eso es absolutamente inexacto- el asunto Nicolini sin definición.

En cuanto al procedimiento, coincido con lo que acaba de decir el señor Senador Santoro. Si se hiciera como en el juicio político relativo a los ediles Pagola y Fazzio -creo que por ese camino deberíamos transitar- tendría que haber una etapa indagatoria. En aquella indagatoria los Ediles mencionados declararon ante la Comisión, pero la etapa indagatoria no sólo se reduce a eso, ya que la Comisión puede hacer otras deliberaciones o exámenes. Como también se ha dicho, luego vendría una segunda etapa que se denomina el manifiesto de las actuaciones. En aquella oportunidad duró cinco días y, si volvemos a aplicar el criterio seguido, el acusado puede ofrecer, incluso, ampliaciones probatorias. Después de ello, como tercera etapa procesal, la Comisión debería elaborar sus conclusiones. De dichas conclusiones derivaría una cuarta etapa, que consistiría en darle vista al señor Representante Nicolini en un plazo de seis días, al cabo de los cuales la Comisión estaría en condiciones de dictar la resolución correspondiente.

Considero que este procedimiento fue estudiado profundamente en la Comisión y recuerdo que en la estructuración de estas normas tuvo un papel principal el señor Senador Korzeniak. Por lo tanto, me parece que es innecesario decir que no deberíamos volver a transitar por el análisis de qué procedimiento aplicamos. Se trata de un excelente procedimiento y propongo que así se resuelva. Entonces, deberíamos pasar, en el día de hoy precisamente, a la etapa indagatoria en la que deliberaríamos sobre si citamos al señor Representante Nicolini a declarar ante la Comisión, y estableceríamos -en el momento que nos pareciera oportuno- qué otras diligencias podemos realizar en dirección a la elaboración de la resolución final.

SEÑOR SARTHOU. - Con respecto a la notificación, quiero señalar que estamos ante una función administrativa, por lo que las notificaciones no son tácitas. Por lo tanto, para nosotros es importante esa omisión al igual que lo que señalaba el señor Senador Korzeniak, en relación con el envío de todos los antecedentes de la Comisión Investigadora, que aún no ha terminado su labor. En ese sentido, nos preocupa la exigüidad de los plazos y, al respecto, Jiménez de Aréchaga destacaba que en estos juicios políticos es muy importante, como parte de la garantía, la naturaleza de los plazos y su extensión. Creo que seis días es un plazo breve y no he visto qué plazos se han establecido con respecto a la prueba eventual. Por lo tanto, persisto en mi posición en el sentido de que no estoy en condiciones -y no lo haría en el día de hoy- de votar el procedimiento, sin perjuicio de entender que alguno de estos aspectos esbozados me merecen objeción.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: en líneas generales, estoy de acuerdo con el procedimiento que elaboramos en la anterior oportunidad. Se ha repartido un resumen que creo que está muy bien hecho, pero lo que sucede es que la acusación está mal formulada. La Comisión Investigadora no terminó sus actuaciones y se nos envía una acusación contra un señor Representante por su desempeño en la misma. El hecho de que se mencionen artículos no impide que manden las actuaciones. No quiero ser irónico, pero si pregunto a los miembros de la Comisión en qué fecha se presentaron los faxes que se dice que son falsos o cuál es su contenido, estoy seguro de que ninguno lo sabe. Entonces, cómo vamos a dar por bien hecha la acusación de la Cámara de Representantes si no vienen las actuaciones de la Comisión Investigadora. Si los señores Senadores lo desean pueden tomarlo como una «chambonada» de la Cámara de Representantes, pero es algo elemental. No quiero identificar la naturaleza jurídica de un juicio político con la de un procedimiento judicial, pero si voy a un Juzgado, digo que es señor fulano de tal es un falsificador de documentos -que yo poseo- y solicito que el juez inicie una acción, éste me va a exigir que presente el documento. Por lo tanto, la denuncia está mal presentada.

Por otra parte, no entiendo por qué razón no se envía las actuaciones. Si la Cámara de Representantes, por razones que no me incumbe determinar o por discusiones políticas previas -tan naturales en un ámbito parlamentario- demora unos días en ponerse de acuerdo para realizar el informe, entonces, que nos envíe lo que tenga. Si en lo que posee están las figuras -como decía el señor Senador Santoro- presuntamente delictivas, pues que mande eso. Es lo menos que se le puede pedir a una Cámara que dice que una persona actuó mal en una Comisión Investigadora. La Junta Departamental de Maldonado, que tiene muchos menos abogados que la Cámara de Representantes, envió toda la investigación realizada en eses caso, con todas las declaraciones de los testigos. Antes de que nosotros citáramos a los dos Ediles acusados, tuvimos a la vista y pudimos estudiar todo ese material. Si, por ejemplo, se resolviera citar al señor Representante Nicolini para mañana o el lunes, deseo hacerle preguntas y no tengo a la vista las actuaciones de la Comisión Investigadora, entonces nos tendríamos que dar por conformes con eso. No estoy objetando las reglas de procedimiento; si no me equivoco, se trata de un borrador hecho por mí -creo que junto con el señor Senador Santoro- al igual que la sentencia del Senado en el caso de los Ediles. En el caso de la acusación que vino de la Junta Departamental controlamos, incluso, si había tenido las mayorías necesarias. Si no me equivoco, todos los partidos la apoyaron y, antes de citar a los dos Ediles, leímos todas las actuaciones de la Comisión Investigadora para saber qué les íbamos a preguntar. Tengamos en cuenta que Maldonado está a cien Kilómetros de acá, pero la Cámara de Representantes está aquí al lado. ¿Qué le cuesta a la Cámara de Representantes enviarnos una acusación con las actuaciones para que esta Comisión pueda trabajar normalmente? No somos jueces, ya que lo es el Senado en sentido lato, pero somos los que vamos a aconsejar al Senado. Por eso creo que lo primero que deberíamos hacer es decirle al señor Presidente de la Cámara de Representantes que haga el favor de mandarnos las actuaciones de la Comisión Investigadora y no solamente la sesión. Realmente digo esto con mucha cordialidad, pero con firmeza. Las reglas de procedimiento que elaboramos en la otra oportunidad las hicimos porque habían venido de la Junta Departamental de Maldonado todos los elementos necesarios para citar a los señores acusados y hacerles preguntas. No tengo la información oficial, pero creo que los distintos partidos terminaron los informes en la noche de ayer. Por supuesto, conozco el informe del Encuentro Progresista, pero creo que el Partido Colorado, el Nuevo Espacio y el Partido Nacional también los culminaron.

Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no se nos envía lo que estamos solicitando? ¿Acaso se trata de las dificultades que se generan para pasar a máquina todo el material? No creo que sea por tal motivo ya que, por ejemplo, nuestra secretaría ha trabajado con mucha eficiencia y, según tengo entendido en la Cámara de Representantes la tarea se hizo de igual forma. En lo personal, me pregunto cómo es posible que lo que en el viejo Derecho Penal le llamaban el cuerpo del delito, no puede ser enviado para nuestro conocimiento. Obviamente, no estamos proponiendo nada raro, simplemente, estamos pidiendo que la acusación se realice correctamente. El señor Senador Santoro ha dicho que los delitos se han individualizado de una forma nunca vista anteriormente. Sin embargo, en el caso de los Ediles de Maldonado -como recordamos todos los que estábamos en aquella Comisión- también los hechos estaban individualizados con total precisión. Concretamente, se entregarían los U$S 3.000 que uno de ellos le ofrecía a otros para que votaran a favor de un fraccionamiento. Además, en ese caso, hubo un Juez que ya los había procesado y, en este sentido, cabe destacar el hecho de que los Ediles no están protegidos -o sancionados, ya que estos procedimientos en ocasiones pueden resultar, a la vez, una sanción y una protección de tipo político- por fuero alguno.

En cuanto a la coherencia, me permito recordar que es muy claro el tema relativo a cuándo procede el desafuero y cuándo el juicio político. A pesar de esas expresiones tan curiosas que contiene el artículo 114 -cuando hace referencia a que ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean los del artículo 93- este tema se dilucidó expresamente en el Parlamento cuando la seudojusticia militar pidió el desafuero de Enrique Erro. En definitiva, o corresponde el desafuero o corresponde el juicio político, pero nunca las dos cosas. Como se sabe, hay directores del Partido Nacional que hicieron la denuncia penal y también hay un Juez que va a solicitar el desafuero. Frente a esto nos preguntamos lo siguiente: ¿se trata de desafuero o de juicio político? Nadie ignora que hubo denuncias por injuria -que ahora llegan a este ámbito- y, entonces, el Juez decide solicitar el desafuero. Por lo tanto, reitero, o se trata de uno de los delitos del artículo 93 es decir, de juicio político, o estamos frente a uno de los delitos que no corresponden a ese artículo y, en consecuencia, procede el desafuero. Es por el hecho de estar planteadas ambas alternativas que afirmo que no hay coherencia ni otra cosa, más que la elección de un procedimiento. Eso, por la simple razón de que hechos los conteos previos se comprobó que en la Cámara de Representantes no se necesita mayoría especial, y por tal motivo, se descartó la posibilidad del desafuero. Precisamente, esto último no se planteó allí porque, sumando los votos blancos y colorados no se llega a la mayoría requerida de dos tercios. Por el contrario, sí se planteó el juicio político, porque para ello basta una mayoría simple y en el Senado, el Partido Colorado y el Partido Nacional presumiblemente reunirían los votos necesarios. Esto está claro y, en lo personal, no puedo ocultar esta convicción que se irá desarrollando en el curso de las investigaciones. Ahora bien, parece que esto se basa en el hecho de que una acusación se considera bien hecha porque se enumera una lista de artículos del Código Penal y se afirma que se incurrió en el uso de un documento falso. Frente a esto, repito mi pregunta: ¿alguno de los señores Senadores aquí presentes sabe cuándo fueron presentados esos documentos?

SEÑOR SANTORO. - Eso consta en el repartido y basta leer la fecha.

SEÑOR KORZENIAK. - A mi juicio, no surge claramente la fecha en la que fueron presentados y el delito no es que haya habido documentos, sino que lo que le imputan a Nicolini es que los haya presentado.

SEÑOR POZZOLO. - Lo hizo el mismo día que los presentó ante las cámaras de televisión.

SEÑOR KORZENIAK. - En lo personal, no estoy en poder de las actuaciones y, por lo tanto, no puedo saberlo. Sin embargo, afirmaría que no ocurrió el mismo día y podré probarlo cuando dichas actuaciones nos sean enviadas. Entonces, propongo que le pidamos a la Cámara de Representantes que nos remita las actuaciones de la Comisión Investigadora, a los efectos de que podamos afirmar que tenemos una acusación que -si bien no me convence, por la constancia que ya he formulado- por lo menos tiene un mínimo grado de seriedad jurídica, aunque más no sea desde el punto de vista formal. Por mi parte, espero que posteriormente quede bien probado que no hay lugar al juicio político, no sólo por no haber existido violación de la Constitución o delito grave, sino por la no existencia de cualquier clase de delito. Mi deseo, reitero, es conocer absolutamente todos los informes; me refiero a los que elaboró la Facultad, a los que realizó Grompone y a los que hicieron otros peritos. En definitiva, desearía que se solicitara el envío de las actuaciones de la Comisión Investigadora ya que considero que es lo mínimo que se puede hacer.

Recuerdo que estas reglas de procedimiento son las que hicimos entre varios señores Senadores y en ellas tuve una intensa participación. A mi juicio, se trata de reglas razonables que, además, recogieron viejos consejos de la Secretaría del Senado y de una Asesoría Letrada. En realidad, no sólo los recogieron sino que los mejoraron, ya que aquellos se habían elaborado exclusivamente para un juicio político municipal. De manera que mi intención no es plantear objeciones a estas reglas. Lo que pretendo es que la acusación tenga seriedad, por lo menos desde el punto de vista formal, ya que en cuestiones de fondo sé que no puede ser así. En realidad, no comprendo por qué la Cámara de Representantes no puede enviarnos las actuaciones de la Comisión Investigadora. Incluso, esto podría solucionarse a través de una gestión del señor Presidente.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Con respecto a los temas formales y políticos que menciona nuevamente el señor Senador Korzeniak no me voy a referir, porque ya los contesté y no deseo entrar en una discusión circular de la cual no vamos a poder salir. Simplemente, deseo señalar -al pasar- que las conductas delictivas por las cuales la Cámara de Representantes acusa al señor Nicolini, no se circunscriben a su actuación en la Comisión Investigadora.

En lo personal, voy a formular una propuesta concreta de procedimiento y voy a pedir que se vote lo siguiente. En primer lugar, que se disponga el traslado de la acusación al señor Representante Nicolini por cinco días hábiles, a los efectos de que pueda hacer por escrito sus descargos y el ofrecimiento de pruebas, si es que así lo desea. En ese mismo plazo de cinco días, propongo que los miembros de la Comisión soliciten los recaudos que estimen convenientes o necesarios, entre los cuales puede encontrarse la versión taquigráfica de las actuaciones de la Comisión Investigadora. Sin perjuicio de esto, si más adelante algún integrante de este Cuerpo requiere ampliación de pruebas y se ve que son pertinentes, se puede actuar en ese sentido.

En segundo término, propongo que se dé un plazo, tanto para las pruebas ofrecidas por el acusado -si se diera el caso- como para las que solicitan los miembros de la Comisión, para lo cual creo que con diez días hábiles resulta suficiente. Luego de finalizado ese plazo, ya sea que el acusado lo solicite o que lo pida la Comisión, podría haber una oportunidad de comparecencia del Representante Nicolini. Posteriormente, se consideraría un período de discusión aquí en este ámbito y la redacción de sus conclusiones, por lo menos con un carácter preliminar. En este sentido, coincido en que es preciso darle traslado nuevamente, para lo cual creo que un plazo de diez días hábiles es más que suficiente. Después de que se haya contestado el traslado, la Comisión redactará su informe final y lo elevará al plenario. Concretamente, formulo moción para que votemos el procedimiento sin más discusiones circulares. De esta forma, podremos dedicar el tiempo que nos queda a tratar la Ley Cristal.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que más allá de lo que resulte de la votación, todos los miembros coincidimos en que el procedimiento sugerido es el adecuado para esta instancia.

SEÑOR KORZENIAK. - Quiero señalar que es distinto del que se acordó en la otra oportunidad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Existen algunas diferencias, sin embargo, en cuanto a lo que propone el señor Senador Posadas Montero y lo que se hizo en la ocasión anterior. Creo que eso es lo que desea señalar el señor Senador Korzeniak.

En primer lugar, dentro de la etapa indagatoria -ya en la primera etapa procesal de la Comisión- en la otra oportunidad vinieron a declarar los dos Ediles. No recuerdo si fue a pedido de ellos o por citación de la Comisión, aunque los señores Senadores Korzeniak y Santoro recuerdan que fue por iniciativa de ésta. Me parece que en un tema delicado como es este -y aquí tengo una discrepancia con el señor Senador Posadas Montero- pienso que también deberíamos hacer lo mismo. La cuestión está en qué oportunidad formulamos la citación dentro de la etapa indagatoria. Entiendo que ésta debe circunscribirse a la actuación del señor Representante Nicolini y no a repetir o intentar repetir una investigación sobre el tema FOCOEX, que no es el del juicio político. Esto es bueno señalarlo. Cuando el señor Senador reclama todos los antecedentes del tema, ello implicaría recibir en la Comisión miles de fojas cuya abrumadora mayoría no tendría absolutamente nada que ver con el problema que estamos tratando.

En segundo término, coincido con el señor Senador Posadas Montero en que la acusación de la Cámara de Representantes se refiere tanto a su conducta dentro de la Comisión, como fuera de ella y, más aún, fuera del recinto parlamentario, con incursiones en los medios de difusión que, en el tenor de las acusaciones de la Cámara de Representantes, también estarían tipificando una serie de ilícitos penales que se señalan, como lo establecía el señor Senador Santoro. Creo que en esta materia y por razones que no es necesario expresar, es preferible que esta etapa indagatoria tenga un plazo mayor de 5 días.

SEÑOR SARTHOU. - ¿A qué denomina el señor Presidente etapa indagatoria?

SEÑOR PRESIDENTE. - Entiendo que es aquella en la cual espontáneamente los miembros de la Comisión o el inculpado o el acusado por la Cámara de Representantes, toman determinadas actitudes con vistas a incorporar al expediente ciertos elementos que se consideren importantes tanto para elaborar las conclusiones como para adoptar la resolución final.

SEÑOR SARTHOU. - El planteo del señor Senador Posadas Montero consistía en dar una vista. La vista inicial, ¿en qué momento se daría? ¿Después de esa etapa indagatoria?

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que la vista al señor Representante Nicolini hay que darla después de que se elaboren las conclusiones y que lo que hay que hacer ahora -si así se resuelve- es citarlo.

SEÑOR SANTORO. - Yo utilicé la palabra «manifiesto». Hay que dar al señor Representante Nicolini la posibilidad de que tome conocimiento de lo que nos envió la Cámara de Representantes; me refiero al traslado de la acusación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Pero eso, inserto en la primera etapa que he denominado indagatoria. En esta, habría que dar al señor Representante Nicolini un traslado de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación correspondiente, para que -si así lo desea- exprese por escrito sus opiniones respecto del Repartido Nº 260, Carpeta Nº 491/96, en la que consta la resolución completa de la Cámara de Representantes, ocurrida el 26 de julio de este año. Además, como bien se señala, para que si así lo desea solicite el diligenciamiento de determinadas pruebas o las presente directamente.

SEÑOR KORZENIAK. - Supongamos que después de esos 5 días -no sé cuándo va a terminar el trabajo de la Comisión Investigadora- aparece un informe de ANTEL que dice que esos dos faxes fueron enviados y son de tal manera. Es una hipótesis exagerada. Pensemos que, por ejemplo, aparece una prueba que no la pudo ofrecer en esos 5 días. Si nosotros le imponemos hoy ese plazo y la Cámara de Representantes termina de tratar este tema dentro de 10 días, ¿qué hacemos?

SEÑOR PRESIDENTE. - Le contesto la pregunta, pero creo que es tan abogado el señor Senador Korzeniak como el Presidente de la Comisión. Nadie va a dejar de considerar, mientras esté actuando la Comisión algún elemento que, por lo demás, no se ha solicitado o agregado porque, como él sabe, en Derecho Procesal pueden dictar diligencias para mejor proveer fuera, incluso, de las etapas probatorias previstas taxativamente en los Códigos aplicables. De paso, señalo que no es el momento de discutir la naturaleza de este juicio porque creo que no es tema de la Comisión. De todas maneras, no coincido necesariamente con lo que ha dicho el señor Senador Sarthou -sino todo lo contrario- sobre la naturaleza de este juicio. Entonces, este tema no me preocupa ni veo por qué se plantea, ya que sería pensar muy mal de los integrantes de la Comisión suponer que apareciera lo que anuncia el señor Senador Korzeniak. Por supuesto que lo vamos a tener en cuenta, aunque no es el único aspecto a considerar.

En definitiva, consulto a la Comisión si inauguramos hoy la etapa indagatoria, dentro de la cual estaríamos resolviendo dar un traslado de 5 días hábiles al señor Representante Nicolini contados a partir del día siguiente al que reciba la notificación del caso.

Por otra parte, hay que determinar qué plazo fijamos a esta etapa indagatoria que no se agota con el traslado al señor Representante Nicolini. Propongo que sean 10 días.

SEÑOR SANTORO. - Después que el señor Representante Nicolini evacúe el traslado, conteste la acusación y ofrezca pruebas, hay que determinar un período de prueba, que podemos establecer hoy o después. Luego, la Comisión puede considerar que además de esas pruebas son necesarias otras para mejor proveer, como decía recién el señor Presidente. Entonces, debemos resolver si eso lo incluimos dentro de determinado límite de tiempo o simplemente lo enunciamos. El período de prueba lo tenemos que fijar. La Comisión debe indicar un período de prueba, pero después puede suceder que, a los efectos de mejor proveer, tenga que pedir otras pruebas. ¿También lo determinamos? ¿O eso simplemente lo hacemos fuera del período de prueba para mejor proveer?

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Sobre la primera parte estoy de acuerdo con la propuesta del señor Presidente y estoy en condiciones de votarla, complementándola con la moción de que paralelamente se soliciten las versiones taquigráficas a la Comisión Investigadora.

En cuanto al segundo aspecto diré que creo que hay que fijar un período de prueba y por ello sugería 10 días vencidos los 5 que tiene el acusado para hacer sus descargos, sin perjuicio de las ampliaciones que puedan solicitar los miembros de la Comisión y que esta estime pertinentes. Vencidos esos 10 días, la Comisión fijaría una fecha, si hubiere una solicitud del Representante Nicolini para ser recibido o de un miembro de la Comisión votada por ésta para invitarlo a concurrir. Terminada esa comparecencia -si ella ocurriera- la Comisión deliberaría y llegaría a un informe preliminar, que trasladaría al acusado Nicolini con un plazo de 10 días.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿En lugar de los seis días, señor Senador?

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Propongo 10 días porque en la sesión se manifestó que 6 días podría ser poco. Vencidos esos 10 días, debería abocarse al informe definitivo.

SEÑOR KORZENIAK. - En primer lugar, adelanto que si la Comisión no pide que la acusación sea seriamente formulada, o sea, acompañada de las actuaciones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes, no voy a votar ninguno de los procedimientos planteados. En segundo término, en caso de que viniera esa información -aclaro que la Comisión Investigadora termina su actuación hoy o mañana- no tendré inconveniente en votar un procedimiento similar al que seguimos en otra oportunidad o al que se menciona en ésta, siempre y cuando suponga, en algún momento, la comparecencia de Nicolini. Esta no debe hacerse por invitación nuestra o por pedido de él, porque no conozco ningún juicio -en esta oportunidad deberá abrirse un juicio público- en donde la persona no comparezca. Esto existe en el derecho occidental desde hace muchos siglos. En tercer lugar, debemos decidir si en la comparecencia puede tener lugar asistencia letrada. Personalmente, considero que esa es una garantía mínima que planteamos en otra oportunidad, permitiendo a los abogados que presentaran escritos, pero no la asistencia de éstos o del propio acusado -porque no es Senador- a la sesión plenaria del Senado.

En conclusión, no tengo ningún inconveniente en acompañar este conjunto de reglas del debido proceso, que se pueden perfeccionar o las que se utilizaron en otra oportunidad, introduciéndoles alguna modificación, siempre y cuando se le solicite a la Cámara de Representantes las actuaciones de la Comisión Investigadora. De lo contrario, entiendo que esta acusación, formalmente, es un colmo, porque no viene acompañada de las actuaciones de la Comisión Investigadora.

Adelanto, entonces, y dejo fundada mi oposición, que no voy a votar reglas de procedimiento en el día de hoy, salvo que el Presidente solicite hoy la información a la que hice referencia. En este caso, nos podríamos reunir esta noche o mañana para acordar las reglas de procedimiento.

Luego de plantear todas estas argumentaciones, mantengo las tres constancias que realicé al comienzo de mi exposición que, a mi juicio, debía exponerlas en el día de hoy y no ocultarlas o expresarlas en otro momento, para que todos los miembros de la Comisión conozcan mi punto de vista sobre este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE. - En lo personal, considero que debemos cuidarnos mucho de no convertirnos en una Comisión ad hoc Investigadora de los temas de FOCOEX. Por eso no voy a votar que se manden las versiones taquigráficas de toda la Comisión Investigadora, que no tienen nada que ver con este tema.

SEÑOR BREZZO. - Quisiera saber las razones por las que el señor Senador Korzeniak solicita el envío de esta información.

SEÑOR KORZENIAK. - Ello se debe a que las acusaciones al señor Nicolini -que tal como aclaré considero absolutamente infundadas- desde mi punto de vista, son un disparate jurídico. Una parte de ellas se refieren a sus actuaciones en la Comisión Investigadora; otra parte tiene que ver -como señaló muy bien el señor Senador Santoro- con las actuaciones fuera de aquel ámbito. En este último caso, algunos medios de difusión lo acusan de haber injuriado a un Partido, pero nunca llegó el texto de estas injurias que, elementalmente, tendría que haberse agregado a la acusación. Nosotros podríamos agregar muchísimas injurias más graves que no fueron dirigidas a un Partido, sino a un grupo de personas, pero ello estaría fuera de esta discusión, porque se trata de declaraciones o entrevistas que se realizaron en un ámbito distinto al de la Comisión. Por otro lado, se lo acusa de usar un documento falso y eso figura en las actuaciones de la Comisión Investigadora. Por lo tanto, lo mínimo que pudo hacer la Cámara de Representantes cuando mandó la acusación, fue acompañarla de las actuaciones de la citada Comisión, como hizo la Junta Departamental cuando acusó a dos Ediles. En esa oportunidad, nos envió un expediente con muchísimas fojas donde declaraban los Ediles, en varias oportunidades, y abogados, escribanos, etcétera, para que el Senado contara con todos los elementos de juicio.

Supongan los señores Senadores que dentro de las actuaciones de la Comisión Investigadora, encuentro -¡y qué suposición más curiosa!- una prueba fehaciente de que otro Legislador presentó documentos falsos en una Comisión Investigadora, sin que ocurriera nada al respecto. Todos sabemos que el Representante Piana hizo eso.

SEÑOR SANTORO. - No es cierto, señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Quizás no era información falsa, pero un perito así lo estableció.

Entonces, para estudiar la acusación tengo que ver los elementos que figuran en las actuaciones de la Comisión Investigadora. Naturalmente, no me voy a poner a investigar las operaciones del caso FOCOEX porque eso se estudia en el ámbito de la Comisión mencionada, pero se el Representante Nicolini, en parte es acusado por hechos ocurridos en aquella Comisión, quiero ver sus actuaciones. Aclaro que, personalmente, las he estudiado con mucho cuidado y con una enorme prolijidad desde hace mucho tiempo. Entonces, lo mínimo que puede hacer la Cámara de Representantes es mandarlas al Senado.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Entonces la preocupación del señor Senador radica en que estamos actuando sin haberlas estudiado.

SEÑOR KORZENIAK. - No, señor Senador, mi preocupación es que todos las vean para que cuando argumente, pueda manejar los elementos que allí aparecen. Me pregunto, qué problema hay en enviar esta información. Lo máximo que puede pasar es que haya un día más de trabajo, de demora o una conversación del Presidente de esta Comisión con el de la Comisión Investigadora o con el de la Cámara de Representantes, para solicitar que se envíen las actuaciones. ¿Acaso se teme que nosotros aprovechemos esos elementos para comenzar a hablar sobre el tema de FOCOEX, en vez de referirnos a la forma de proceder del señor Representante Nicolini?

SEÑOR BREZZO. - No se teme nada.

SEÑOR KORZENIAK. - Quizás esa no sea la palabra correcta, pero puede suponerse que podríamos derivar el tema, en lugar de referirnos al caso Nicolini. En otra oportunidad ya manifesté que tengo la convicción de que el caso Nicolini es una forma de evitar que se hable de otros temas. Esta es una conclusión a la que he llegado, pero que no está probada.

En síntesis, creo que mi planteo es muy elemental, porque todos estamos de acuerdo en las reglas generales.

SEÑOR RICALDONI. - Creo que lo que corresponde es votar el procedimiento que por lo menos la mayoría estamos dispuestos a acompañar, que consiste en que la Comisión le confiere un traslado de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación al señor Diputado Nicolini, para que, si así lo desea, haga llegar a este ámbito sus descargos en lo que tiene que ver con la acusación deducida por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-5 en 7. Afirmativa.

Queda por definir otro aspecto del procedimiento, que es el vinculado a la finalización del período de prueba.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Si los hechos exigen un plazo mayor, siempre se puede modificar, pero yo propondría fijar un plazo de diez días a partir del momento en que venza el plazo de traslado que tiene el acusado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Es decir que votaríamos que el período de prueba, salvo resolución en contrario de la Comisión, que podría prorrogarlo -yo agregaría que por otros diez días, como máximo- se extendería por diez días, a partir del día de hoy.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-5 en 7. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Dejo constancia de mi voto en contra porque considero que la acusación está mal formulada y que la voluntad de la Comisión de no perfeccionarla, a mi juicio, no se inspira en razones de práctica ni de Derecho.

SEÑOR SARTHOU. - He votado negativamente porque me parece que no ha sido completa ni correcta la instrucción. En mi criterio, la Cámara de Representantes tendría que haber enviado todos los antecedentes, porque parte de la acusación delictiva, incluso elementos de juicio referidos a los faxes, está contenida en el expediente de FOCOEX.

En segundo término -en el entendido de que es función administrativa- no se completaron los actos formales necesarios en materia administrativa para pequeños actos intrascendentes ni, con mayor razón, la debida notificación a quien ha sido sujeto pasivo de la decisión. Se debe tener en cuenta que no hay notificaciones tácitas en esta materia.

En tercer lugar, compartiendo la posición de Jiménez de Aréchaga, creo que los términos, para caracterizarse por ser eficaz garantía, son insuficientes. Por lo tanto, también en este aspecto discrepo.

En definitiva, estos son los fundamentos por los cuales no hemos votado esta propuesta, fuera de que ya hemos manifestado que, a 48 horas de habernos sido entregados los antecedentes, consideramos que no hemos podido acceder a todos los elementos de información necesarios, inclusive para definir este tema de procedimiento.

SEÑOR MICHELINI. - Supongo que en este caso la Comisión va a actuar en forma absolutamente abierta -no sé si se tomó decisión al respecto- y que a quienes no somos miembros de la Comisión, pero sí asiduos visitantes -y sobre todo a quienes pertenecemos a un lema que no está representado en esta Comisión- se nos va a permitir presentar algunas iniciativas al respecto.

Si esto fuera así, señor Presidente, quisiera formular algunas propuestas. En primer lugar, creo que sería útil que en algún momento los peritos que intervinieron en el caso pudieran comparecer ante la Comisión. Por otro lado, tal vez podría remitirse a las Cátedras correspondientes de la Universidad de la República y de la Universidad Católica una consulta, a los efectos de conocer cuáles son, al entender de estas Cátedras, delitos graves, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución de la República. Me parece que ello sería un buen aporte, independientemente de los obrados que están en poder de la Comisión.

SEÑOR SANTORO. - Nunca lo va a saber, señor Senador; esa es una discusión que lleva un siglo y medio.

Con respecto a lo señalado por el señor Senador Michelini, queremos decir que creemos que la Comisión, cuando realiza la instrucción, debe actuar por su cuenta, sin perjuicio de que los señores Legisladores que así lo deseen puedan asistir, porque las reuniones son públicas. Luego que la Comisión proceda a elaborar un proyecto de dictamen, entonces, sí se podrá habilitar a los señores Senadores que lo deseen a hacer algunas referencias en su ámbito.

Insisto en que, en principio, deben actuar los instructores de la Comisión, porque de lo contrario, más allá de la mejor voluntad que puedan tener los señores Senadores, esto puede derivar en diálogos e intercambios de opiniones que, naturalmente, pueden afectar la rapidez que tenemos que dar a esta actuación, ya que este es un tema delicado y no lo podemos mantener en el tiempo en forma innecesaria. Incluso, los plazos que estamos dando son los necesarios, no son tan amplios porque creemos que en estos juicios se debe actuar con celeridad.

Por estas razones, sostenemos que durante la instrucción nos corresponde actuar a los integrantes de la Comisión. Posteriormente, cuando la Comisión llegue a pronunciarse, los señores Senadores que lo deseen podrán hacer algunas referencias.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Coincidiendo con lo que dice el señor Senador Santoro, creo que aquí existen dos roles diferenciales. Todos somos Senadores, por supuesto, pero a los que integramos la Comisión nos toca inicialmente -y esto no es fácil ni agradable- el rol de instructores. Más adelante, todos los Senadores deberemos ser jueces.

Entonces, en esta primera etapa -porque, en definitiva, es su responsabilidad- corresponde a la Comisión decidir cuáles deben ser las actuaciones. Si posteriormente, cu