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N° 136 - Tomo 379 - 18 DE DICIEMBRE DE 1996

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

60ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

y el SEÑOR LUIS B. POZZOLO Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LICENCIADO JORGE MOREIRA PARSONS

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitud de licencia

- La formula la señora Senadora Arismendi por el día de la fecha.
- Concedida.

5) CAITEX S.A.

- Proyecto de ley por el que se extiende la cobertura del seguro por desempleo.
- Por moción del señor Senador Astori, se declara urgente el referido proyecto y se trata de inmediato.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

6, 8, 12 y 14) Riego con destino agropecuario.

- Proyecto de ley por el que se le declara de interés nacional.
- En consideración. Se aprueba en general y se resuelve proceder a la discusión particular en la sesión prevista para el día 26 de los corrientes, incluyéndolo como primer punto del orden del día.

7 y 10) Elena Hughes de Moor-Davie. Pensión graciable.

- Proyecto de ley por el que se le concede una pensión graciable.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

9) Sesión extraordinaria.

- Por moción de los señores Senadores Astori y Santoro, el Senado resuelve realizar sesión extraordinaria el 26 de los corrientes, colocando en primer término del orden del día la discusión particular del proyecto de ley sobre riego y a continuación los asuntos que puedan quedar pendientes en el día de hoy.

11 y 13) Esteban Garino. Pensión graciable. Elsa Vallarino. Pensión graciable.

- Proyectos de ley por los que se les concede una pensión graciable.
- En consideración. Aprobados. Se comunicarán al Poder Ejecutivo.

15) Proyecto presentado.

- Los señores Senadores Couriel, Chiesa, Garat y Segovia presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley tendiente a solucionar la situación de los deudores del Banco Hipotecario.

16) Artículo 520. Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

- Proyecto de ley por el que se propone su derogación.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Atentado guerrillero contra la Embajada de Japón en Lima, Perú.

- Proyecto de declaración presentado por varios señores Senadores.
- En consideración. Aprobado.

18) Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería en moneda extranjera.

- Proyecto de ley por el que se introducen modificaciones y se establecen excepciones para el cálculo del tope de endeudamiento.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Maestra Elisa Saénz Rivero.

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre la Escuela Rural Nº 57 del departamento de Canelones.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) José Garibaldi.

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre la Escuela Nº 144 del departamento de Montevideo.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

21) Promoción e Inserción laboral de los jóvenes.

- Proyecto de ley por el que se las fomenta.
- En consideración. Se aprueba en general y pasa al segundo punto del orden del día de la sesión prevista para el 26 de los corrientes.

22) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 17 de diciembre de 1996.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, mañana miércoles 18, a la hora 16, a fin de hacer cesar el receso, informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Proyecto de ley de riego con destino agropecuario.

(Carp. Nº 440/96 - Rep. Nº 337/96)

2º) Por el que se deroga el artículo 520 de la Ley Nº 16.736 relacionado con el impuesto que grava las adjudicaciones de licitaciones públicas, licitaciones abreviadas o compras directas, que realicen los organismos estatales.

(Carp. Nº 542/96 - Rep. Nº 334/96)

3º) Por el que se introducen modificaciones a la legislación vigente en materia de topes de emisión de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería en moneda extranjera.

(Carp. Nº 558/96 - Rep. Nº 338/96)

4º) Por el que se designa con el nombre ‘Maestra Elisa Sáenz Rivero’ la Escuela Rural Nº 57 de Canelones.

(Carp. Nº 588/96 - Rep. Nº 335/96)

5º) Por el que se designa con el nombre ‘José Garibaldi’ la Escuela Nº 144 del departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 586/96 - Rep. Nº 336/96)

6º) Por el que se concede pensión graciable a la Sra. Elena Hughes de Moor-Davie.

(Carp. Nº 587/96 - Rep. Nº 342/96)

7º) Por el que se concede pensión graciable al señor Esteban Garino.

(Carp. Nº 591/96 - Rep. Nº 343/96)

8º) Por el que se concede pensión graciable a la señora Elsa Vallarino.

(Carp. Nº 585/96 - Rep. Nº 341/96)

9º) Por el que se extiende la cobertura del seguro por desempleo al personal de CAITEX S.A.

(Carp. Nº 595/96 - Rep. Nº 339/96)

10) El relacionado con el fomento de la formación e inserción laboral de los jóvenes.

(Carp. Nº 455/96 - Rep. Nº 340/96)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario.»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Astori, Bergstein, Brezzo, Casartelli, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Pereyra, Posadas Montero, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Arismendi, Hierro López y Millor; y sin aviso el señor Senador Batlle.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 13 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Montevideo, 18 de diciembre de 1996.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se otorga al Instituto Nacional del Menor la potestad de clausurar locales, establecimientos, servicios e instituciones cuando realizan actividades contrarias al bienestar material o moral de los menores (artículo 7º, literal ñ, de la Ley Nº 15.977).

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

La Suprema Corte de Justicia remite un Mensaje comunicando la resolución adoptada por la que se eleva de categoría al Juzgado de Paz de la 4ª Sección Judicial del departamento de Artigas.

-Téngase presente.

La Comisión Permanente del Poder Legislativo que actuará en el segundo Período ordinario de la XLIV Legislatura comunica que se ha instalado y designado presidente al señor Legislador Jorge Batlle.

-Téngase presente.»

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

La señora Senadora Arismendi solicita licencia por el día de la fecha.».

-Léase

(Se lee:)

«Montevideo, 18 de diciembre de 1996

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

Por la presente solicito a Ud. licencia por el día de la fecha, impedida de acudir a la sesión por razones de índole particular.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Marina Arismendi. Senadora.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Queda convocado el señor Victorio Casartelli, quien ya ha prestado el juramento de estilo e integrado al Cuerpo, por lo que, si se encontrara en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

5) CAITEX S.A.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado entra al orden del día.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: tenemos un orden del día bastante nutrido, con proyectos muy importantes y en el que está incluido uno de alcance muy pequeño pero muy trascendente para un grupo de gente muy humilde, que está atravesando dificultades; me refiero a los trabajadores de la empresa CAITEX. Además, se trata de un proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Representantes.

Concretamente, solicito que se altere el orden del día y que este punto pase al primer lugar, de modo que podamos votarlo sin más trámite. El proyecto contiene, simplemente, una extensión del seguro de paro para estos trabajadores que han tenido muchas dificultades.

SEÑOR PRESIDENTE.- En la medida en que todos los proyectos que están en el orden del día, según se me ha informado, tienen ya los 16 votos conformes para ser considerados durante el receso, bastaría la voluntad del Senado -ya que no hay ninguna disposición constitucional que lo obste- para alterar el orden del día y considerar como urgente este asunto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

(Ingresa a Sala el señor Casartelli)

-Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se extiende la cobertura del seguro por desempleo al personal de CAITEX S.A. (Carp. N° 595/96 - Rep. N° 339/96)».

(Antecedentes:)

«Carp. N° 595/96
Rep. N° 339/96

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender la cobertura del seguro por desempleo al personal directamente afectado por el cese de operaciones de CAITEX S.A., en los términos que establezca la reglamentación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 20 de noviembre de 1996.

Jorge Machiñena Presidente
Martín García Nin Secretario

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 31 de octubre de 1996.

Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el proyecto de ley que refiere a la situación de los trabajadores de la firma CAITEX Sociedad Anónima, industria textil administrada por el Estado actualmente paralizada.

La Ley N° 13.469, de fecha 27 de enero de 1966, declaró de utilidad pública la expropiación y ocupación inmediata de los bienes que integran el activo patrimonial de las Empresas CUOPAR S.A., Montevideo Wool Import Export S.R.L., Langón S.A. y Nocera por el Estado.

El artículo 3° facultó al Poder Ejecutivo para hacer funcionar en la forma y condiciones que reglamente, las empresas expropiadas enumeradas precedentemente, de modo que se pueda asegurar la continuidad de su explotación industrial y comercial.

El Poder Ejecutivo designó una Comisión Administradora que realizó la gestión de la empresa. En la actualidad, debido a la crisis de la industria textil, la empresa se encuentra paralizada.

Es intención del Poder Ejecutivo que la referida empresa retorne a la actividad privada y en tal sentido se proceda a licitar la misma.

A tales efectos, es necesario que los trabajadores vinculados a la empresa, permanezcan a la orden, a fin de asegurar la continuidad de la explotación.

Que los trabajadores de CAITEX S.A. han agotado el beneficio legal del Seguro por Desempleo (seis meses), así como el Beneficio Especial que otorga el Poder Ejecutivo en base a la autorización dispuesta por el artículo 10 del Decreto Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981.

En consecuencia, se entiende pertinente propiciar ante el Poder Legislativo este Proyecto de Ley que tiene por finalidad conceder al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la facultad de ampliar el beneficio del seguro por desempleo para los trabajadores vinculados a CAITEX S.A.

Reiteramos al señor Presidente la seguridad de nuestra más alta consideración.

Hugo Batalla VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA, Ana Lía Piñeyrúa.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender la cobertura del Seguro por Desempleo al personal directamente afectado por el cese de operación de CAITEX Sociedad Anónima, en los términos que establezca la reglamentación.

Hugo Batalla VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA, Ana Lía Piñeyrúa.

CAMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de
Legislación del Trabajo

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Legislación del Trabajo ha estudiado detenidamente el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por medio del cual se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a ampliar el beneficio del Seguro por Desempleo a los trabajadores vinculados a CAITEX S.A. Esta es una empresa textil administrada por el Estado, actualmente paralizada, y se ha entendido del caso considerar especialmente la difícil situación por la que están atravesando dichos trabajadores.

Por la Ley N° 13.469, de 27 de enero de 1966, se declaró de utilidad pública la expropiación, por parte del Estado, y la ocupación inmediata de aquellos bienes pertenecientes al activo patrimonial de las empresas CUOPAR S.A., Montevideo Wool Import Export S.R.L., Langón S.A. y Nocera.

El Poder Ejecutivo nombro una Comisión Administradora que se encargó de la gestión de la empresa. Según se desprende del Mensaje del Poder Ejecutivo, en su intención que la referida compañía retorne a la actividad privada y que se proceda a su licitación.

De acuerdo a lo expresado por ese mismo Poder del Estado, es necesario que los trabajadores de CAITEX S.A. permanezcan a la orden para asegurar la continuidad de la empresa.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que los empleados de CAITEX ya han agotado el beneficio legal del Seguro por Desempleo (seis meses) y también el Beneficio Especial que otorga el Poder Ejecutivo, según lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981.

Por estas razones, y teniendo en cuenta la difícil y angustiosa situación económica y social por la que están atravesando estos trabajadores, vuestra Comisión de Legislación del Trabajo aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 12 de noviembre de 1996.

Carlos Lago (Miembro Informante), Yolanda Betancour Grasso, Gabriel Courtoisie, José Coronel, Julio Lara, Daisy Tourné.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: en la medida en que se trata de una materia seguramente de sobra conocida por todos los integrantes del Cuerpo, propongo que se vote sin más trámite.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

«ARTICULO UNICO.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender la cobertura del seguro por desempleo al personal directamente afectado por el cese de operaciones de CAITEX S.A., en los términos que establezca la reglamentación.»

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

6) RIEGO CON DESTINO AGROPECUARIO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día: «Proyecto de Ley de Riego con Destino Agropecuario. (Carp. N° 440/96 - Rep. N° 337/96)».

(Antecedentes:)

«Carp. N° 440/96
Rep. N° 337/96

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, cumple con remitir al Cuerpo el presente proyecto de ley sobre riego con destino agropecuario, proponiendo su aprobación.

Es este el resultado de un largo proceso de trabajo acerca de una materia trascendental para la producción nacional, que encuentra antecedentes en las dos Legislaturas precedentes.

En efecto, la Comisión Sectorial del Arroz designó en 1982 una Subcomisión con el cometido de elaborar un anteproyecto de ley de riego, drenaje y regulación de aguas. El trabajo realizado por dicha Subcomisión fue presentado en 1984 a la Comisión Sectorial del Arroz, que a su vez lo puso a consideración de la Mesa de Entidades Rurales y del Instituto de Derecho Agrario, instituciones que emitieron una opinión favorable sin perjuicio de formular algunas observaciones específicas.

Al año siguiente, 1985, el anteproyecto fue elevado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y -simultáneamente- fue recogido en un proyecto de ley presentado en el Cámara de Diputados el 6 de agosto de 1985 por los señores Legisladores Baltasar Prieto, Carlos Cassina, Yamandú Fau, Carlos Negro y Edén Melo. Asimismo, el 21 de marzo de 1986 fue presentado otro proyecto por los señores Diputados Marino Irazoqui, Oscar López Balestra y Héctor Lorenzo Ríos. A diferencia del anterior, este último no disponía exoneraciones tributarias, que requieren iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, e incorporaba normas referentes a la participación de los Gobiernos Departamentales. Por otra parte, el 8 de mayo de 1987, y también sobre la base del anteproyecto elaborado en 1984, el Poder Ejecutivo envió otro proyecto de ley a la Cámara de Diputados, incluyendo algunos cambios sustanciales. Dicho proyecto obtuvo media sanción.

Más recientemente, en 1991, la Comisión Sectorial del Arroz constituyó un grupo de trabajo con representación de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Transporte y Obras Públicas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el sector privado. Este grupo elaboró un nuevo anteproyecto que presentaba una diferencia sustancial respecto a los anteriores, ya que eliminaba las disposiciones relativas al drenaje y la regulación de aguas. En el mismo año 1991, el trabajo fue elevado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que -a su vez- constituyó un nuevo grupo cuatro años más tarde, a los efectos de elaborar otra propuesta. Participaron en el mismo, representantes de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Transporte y Obras Públicas; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Economía y Finanzas. El resultado del trabajo realizado por este grupo, fue el que -comparándolo con otros antecedentes- tomó como base la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado para elaborar el proyecto de ley que ahora se presenta al Cuerpo para su consideración.

Naturalmente, la Comisión entiende, no sólo que siguen vigentes las razones que llevaron a que en 1982 se comenzara a trabajar en la elaboración de disposiciones legales referentes al riego, sino que la necesidad que el país tiene de las mismas, ha venido incrementándose con el paso del tiempo.

Por un lado, y habida cuenta de las condiciones internacionales en que se desarrolla la actividad económica, así como la inserción del Uruguay en dicho contexto, la competitividad de importantes rubros de la producción agroindustrial nacional está fuertemente condicionada por la posibilidad de practicar sistemática y racionalmente el riego. Así, tanto la productividad en términos cuantitativos, como la calidad del producto obtenido en sectores como la horticultura, la fruticultura y el arroz, dependen en buena medida de dicha práctica.

Por otro lado, el país cuenta con un Código de Aguas aprobado en 1978, que se integra con un conjunto de disposiciones que regulan la disponibilidad de agua y los cauces, sobre la base de un sistema general referido a los correspondientes derechos de uso. Pero como existen en la práctica muchas formas distintas de utilización del recurso, a su vez con objetivos diferentes, las disposiciones generales del Código de Aguas no resultan suficientes para cubrirlas. De esta manera, cada actividad relevante a realizar a partir de la utilización de agua tendrá que ser abordada por normas especiales que contemplen sus rasgos específicos y sus requerimientos propios. Es el caso de riego con destino agropecuario y, por esta razón, es que se propicia la sanción del presente proyecto, teniendo particularmente en cuenta el ya destacado interés nacional en la promoción de esta práctica fundamental para el futuro de nuestra producción agroindustrial.

En términos generales, el proyecto que esta Comisión estudió y aprobó, mantiene la misma estructura que tenía el anteproyecto elaborado en 1991 por el grupo de trabajo constituido por la Comisión Sectorial del Arroz. En este sentido, deben ser destacadas dos características globales de importancia.

La primera es la que refiere al hecho de que no se incluyen normas referidas al drenaje y la regulación de aguas. Los criterios de tratamiento y preservación de los recursos naturales han venido evolucionando y cambiando rápidamente durante el transcurso de los últimos años: así, por ejemplo, el interés nacional que el país asignó a la desecación de tierras por un decreto del Poder Ejecutivo de marzo de 1979, ingresó a partir de los primeros años del decenio pasado en un terreno de cuestionamiento y controversia, ya que el Uruguay adhirió a acuerdos internacionales que postulan la conservación de los humedales, en virtud de las múltiples funciones que cumplen. De esta manera comenzó la separación de los temas del riego y el drenaje, y la percepción de que deben ser encarados como áreas con características propias. Lo mismo ocurrió con la regulación de aguas, ya que al igual que en el caso del drenaje, se entiende que trascienden los límites de un proyecto como el que se pone a consideración del Cuerpo, y apuntan a un terreno mucho más amplio, como el que se vincula con la gestión integral de los recursos naturales. Cabe destacar que, no obstante el reconocimiento de la necesidad de legislar por separado en relación a estas materias, se asigna importancia al drenaje apropiado de los sistemas de riego y se considera que su análisis debe ser realizado como parte del tratamiento de los planes de uso y manejo de los suelos y las aguas.

La segunda característica global a señalar previamente, consiste en que se evitó incorporar definiciones generales sobre la disponibilidad del recurso. Por la misma razón ya señalada de que es éste un proyecto esencialmente sectorial, no corresponde que contenga tales definiciones generales. En particular, ello supuso la supresión de una definición de determinadas aguas como integrantes del dominio público, que se encontraba en algunos de los antecedentes citados al comienzo de este informe.

Habida cuenta de estas características globales, el presente proyecto tiene como objetivo promover la práctica del riego con destino a la producción agropecuaria, en un marco de asociación con el suelo y de conservación de los recursos naturales involucrados. Está estructurado sobre la base de ocho Capítulos.

El primero de ellos declara de interés general al riego con destino agropecuario, y establece la necesidad de encuadrarlo en normas técnicas que aseguren -como fue dicho- la conservación integral de los recursos naturales.

El segundo Capítulo regula los usos privativos de las aguas del dominio público con destino a riego, y los derechos correspondientes se clasifican según se trate de permisos precarios y revocables o concesiones con plazo, de acuerdo con la transitoriedad o permanencia de la explotación, así como la certeza de la disponibilidad del recurso.

En el tercer Capítulo, se crean las sociedades agrarias de riego. Desde este punto de vista, conviene tener en cuenta que en nuestra legislación no existe un tipo específico de persona jurídica que pueda ser utilizado en este ámbito concreto. Por otra parte, la creación de sociedades para realizar un proyecto de riego o administrar derechos de agua previamente otorgados que incluye el presente proyecto, es sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación civil y comercial vigente.

El cuarto Capítulo refiere a la construcción de obras hidráulicas, establece la necesidad de su aprobación previa por parte de la administración y el Capítulo V asigna al Poder Ejecutivo la facultad de asignar estímulos económicos a dichas obras.

En el Capítulo VI, se presenta un conjunto de normas vinculadas a la expropiación de tierras para la construcción de obras de riego, al perfeccionamiento de servidumbres ya establecidas y disposiciones de naturaleza procesal a los efectos de su imposición. Asimismo, establece un régimen sancionatorio para el incumplimiento, tanto de las disposiciones que contiene el presente proyecto, como de las que integran el Decreto-Ley N° 15.239, de 23 de diciembre de 1981.

El sétimo Capítulo crea la Comisión Honoraria Asesora en Riego, que constituye un instituto multidisciplinario que coordinará las competencias de los diversos organismos que habrán de actuar en relación a esta actividad, procurando una gestión ágil, racional y eficaz.

Finalmente, en el Capítulo VIII se dispone la creación de Juntas Regionales Asesoras de Riego, recogiendo la experiencia positiva acumulada al respecto en el país. Se destaca el alcance regional de las mismas, su característica de mecanismo articulador entre los productores y el Estado, y su capacidad para constituir una herramienta de participación de dichos productores en el marco de una concepción descentralizadora de la administración de los recursos en juego.

Un examen de todos los antecedentes relativos al trabajo realizado, permitirá apreciar que ya desde el mismo comienzo de la presente Legislatura, en marzo de 1995, esta Comisión comenzó a analizar el tema. Fue, sin duda, la materia central de las tareas realizadas durante el transcurso de los años 1995 y 1996, y esta Comisión dedicó numerosas y extensas sesiones a su estudio. En todos los casos, la Comisión contó con el permanente y eficaz asesoramiento de profesionales especializados vinculados a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Transporte y Obras Públicas, así como del señor Director del Programa Nacional de Riego. A ello cabría agregar también el apoyo de juristas especialistas en Derecho Agrario que revistan en los cuadros docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Resta señalar que el proyecto contó con el apoyo de todos los sectores político-partidarios representados en la Comisión, y que tanto su consideración en general, como el análisis de su articulado en particular, resultó respaldado por unanimidad.

Sala de la Comisión, Montevideo, 16 de diciembre de 1996.

Danilo Astori, (Miembro Informante), Carlos Julio Pereyra, (Miembro Informante), Jorge Batlle, Reinaldo Gargano, Luis Alberto Heber, Nicolás Storace, Orlando Virgili. Senadores.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Ganadería,
Agricultura y Pesca

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- (Declaración de interés general). Declárase de interés general, el riego con destino agrario, sin perjuicio de los otros usos legítimos.

Todo producto rural tiene el derecho de utilizar los recursos hídricos que pueda disponer legalmente, para desarrollar su actividad, sin degradar los recursos naturales.

En todo lo no previsto expresamente, se aplicarán las disposiciones del Código de Aguas y del Decreto-Ley N° 15.239, de 23 de diciembre de 1981 y sin perjuicio de lo establecido por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994.

Art. 2°.- (Normas técnicas). El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca establecerá normas técnicas sobre el uso de agua para riego, a las que se deberán ajustar los usuarios.

Extiéndese a todas las aguas con destino agrario las disposiciones del Decreto-Ley N° 15.239, de 23 de diciembre de 1981.

CAPITULO II

DEL USO PRIVATIVO DEL AGUA DE DOMINIO
PUBLICO CON DESTINO A RIEGO

Artículo 3°.- (Otorgamiento). El uso privativo de las aguas de dominio público con destino al riego podrá ser otorgado mediante concesión o permiso.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá autorizar al concesionario o permisario a suministrar a terceros agua con destino a riego agrario.

Las infracciones a lo dispuesto precedentemente se sancionarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la presente ley.

Art. 4°.- (Requisitos para el otorgamiento de concesiones).- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 176 del Código de Aguas, las concesiones podrán ser otorgadas cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1) que exista agua disponible en cantidad y en calidad, acorde con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo;

2) que el solicitante cuente con un plan de uso de suelo y aguas aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de acuerdo con lo que disponga la reglamentación de la presente ley;

3) que el solicitante acredite ser titular de un derecho de propiedad, usufructo o goce de los suelos donde se asienten las obras hidráulicas o sean afectados por ellas.

Art. 5°.- (Concesión condicionada). Se podrá otorgar una concesión sin acreditar la titularidad de los derechos mencionados en el inciso final del artículo anterior, al solo efecto de gestionar la imposición de las servidumbres que correspondan.

Art. 6°.- (Caducidad de la concesión). Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 173 del Código de Aguas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá declarar la caducidad de la concesión de uso de agua para riego, sin derecho del concesionario a indemnización, cuando incurriere en incumplimiento grave del plan de uso y manejo de suelos y aguas, a juicio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La caducidad prevista en este artículo será sin perjuicio de las sanciones que correspondan al infractor por el artículo 285 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996.

Art. 7°.- (Cesión de la concesión). Además de los requisitos previstos en los artículos 170 y 171 del Código de Aguas, para efectuar la cesión de una concesión de uso privativo de agua para riego, el cesionario deberá contar con un plan de uso y manejo de suelos y aguas aprobado previamente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Toda cesión que no cumpla con el requisito establecido en este artículo, será nula de pleno derecho y podrá dar lugar a la caducidad de la concesión.

Art. 8°.- (Requisito para el permiso). El permiso de riego podrá ser otorgado para utilizaciones de carácter transitorio y en aquellos casos en que no se posea la totalidad de los requisitos para la concesión, debiendo cumplirse con lo dispuesto por el ordinal 2° del artículo 4° de la presente ley.

Art. 9°.- (Cesión del permiso). Durante el plazo de vigencia del permiso de riego éste podrá ser cedido por escrito con autorización expresa previa de la autoridad competente y de acuerdo con la reglamentación. A esos efectos el cesionario deberá contar con un plan de uso y manejo de suelos y aguas aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Toda cesión que no cumpla con los requisitos anteriores será nula de pleno derecho y podrá dar lugar a la revocación del permiso.

Art. 10.- No se entenderá que existe cesión del permiso o de la concesión, cuando el titular de los mismos realice contratos asociativos de cultivo en los cuales se utiliza el riego y se reparte el producido de la cosecha.

Art. 11.- (Contrato de suministro de agua). Todo contrato en virtud del cual una parte se obliga a suministrar agua para riego, cualquiera fuere su naturaleza, deberá otorgarse por escrito so pena de nulidad.

Quien suministrare agua con destino a riego sin contrato escrito, no obstante la nulidad del mismo, será sancionado conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de esta ley.

La distribución y el suministro de agua entre los miembros de una asociación o sociedad agraria de riego a la cual pertenecen, cuando así correspondiere por su naturaleza social, deberá efectuarse entre cada miembro y la entidad por escrito, so pena de nulidad.

CAPITULO III

DE LAS SOCIEDADES AGRARIAS DE RIEGO

Artículo. 12.- (Sociedades Agrarias de Riego). Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y comercial vigente, los productores rurales sean personas físicas o jurídicas, interesados en el uso de agua para riego podrán asociarse bajo las disposiciones de la presente ley, para obtener permisos, concesiones u otros derechos que les otorguen directa o indirectamente el uso de agua para riego.

Del mismo modo, podrán hacerlo entre sí los titulares de permisos, concesiones u otros derechos que otorguen directa o indirectamente el uso del agua para riego, o éstos con los productores referidos en el inciso anterior.

Art. 13.- (Objeto). Las Sociedades Agrarias de Riego, no podrán unir a su objeto otros u otros que no refieran a los exclusivos efectos del uso, manejo y aprovechamiento del agua conforme a las disposiciones de la presente ley y el Decreto-Ley N° 15.239, de 23 de diciembre de 1981. Se encuentra comprendido en dicho objeto la realización de obras hidráulicas de aprovechamiento en común o individual de sus miembros o para servicios a terceros.

Art. 14.- (Constitución y Administración de la Sociedad). Las Sociedades Agrarias de Riego se constituirán por contrato escrito en el cual se expresará el nombre de los socios, el monto del capital social y el aporte de capital que corresponde a cada socio, el plazo, el objeto social, la denominación, la cual incluirá de manera expresa su naturaleza de «Sociedad Agraria de Riego» y las condiciones de ingreso y egreso de los miembros y de la disolución de la sociedad. Igualmente harán indicación de los permisos o concesiones de cada socio cuando corresponda.

Salvo pacto en contrario, la votación se efectuará a prorrata de los capitales de los socios.

En ningún caso podrá la sociedad privar a sus miembros por vía de sanción, del uso de agua para riego, mientras mantengan dicha calidad.

Art. 15.- (Personería jurídica). El contrato social deberá inscribirse en el registro que a este fin llevará el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Obtenida la referida inscripción, tendrá personería jurídica desde el momento de su constitución.

Antes de su inscripción no podrán realizar acto alguno imputable a la sociedad, salvo los de trámite relativos a su formación.

La responsabilidad de los miembros por las deudas sociales, será siempre limitada al monto de sus respectivos aportes.

Art. 16.- (Libros). Las Sociedades Agrarias de Riego deberán llevar libros rubricados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

Art. 17.- (Atribuciones del Jurado). El contrato social podrá prever la existencia de una Jurado uni o pluripersonal.

Serán competencias del Jurado:

a) conocer todas las cuestiones de hecho que sobre riego, se susciten entre los miembros;

b) imponer a los infractores del estatuto, contrato social, reglamentos y ordenanzas dictadas por la entidad, los correctivos y sanciones a que haya lugar con arreglo a los mismos.

Art. 18.- (Procedimiento). El Procedimiento del Jurado será público y verbal, en la forma que determine el contrato social.

Sus fallos se consignarán en un libro con expresión de los hechos y del derecho en que se funden.

Art. 19.- (Legislación supletoria). En todo lo no previsto en la presente ley respecto a las Sociedades Agrarias de Riego, se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones del Título VI del Libro IV Parte II del Código Civil. No obstante, la muerte o incapacidad de alguno de sus miembros no provocará la disolución de las mismas.

No será aplicable lo dispuesto por el artículo 1918 del Código Civil ni las disposiciones de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989 (Ley de Sociedades Comerciales).

CAPITULO IV

DE LAS OBRAS HIDRAULICAS

Artículo 20.- (Definición). Se entenderán por obras hidráulicas para riego con fines agrarios las siguientes:

- Los sistemas de extracción de agua desde cualquier fuente.

- Los represamientos que capten aguas de escurrimiento superficial, comprendiendo el área inundada.

- Los sistemas de conducción de las aguas hasta el cultivo.

- Los depósitos artificiales con fines de almacenamiento de agua para riego.

- Toda otra obra de captación de aguas con fines de riego agrario.

Art. 21.- (Construcción). Toda construcción de obras hidráulicas con fines de riego requerirá la aprobación del proyecto de obra y derecho al uso del agua por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del plan de uso y manejo de suelos y aguas por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la autorización ambiental previa, cuando corresponda, por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en la forma y condiciones que determine la reglamentación. Dicha reglamentación creará los mecanismos y los procedimientos administrativos necesarios para la aprobación conjunta por parte de los organismos citados.

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, facúltase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en caso de contravención a lo dispuesto precedentemente, para solicitar judicialmente la demolición de las obras a cargo del infractor, siguiéndose a esos efectos el procedimiento previsto en el artículo 346 del Código General del Proceso, sin perjuicio de las multas que pudiere imponer en vía administrativa al amparo de lo dispuesto por el artículo 26 de la presente ley y de la acción penal cuando corresponda.

Art. 22.- (Tarifa). Los usuarios de las obras hidráulicas que el Estado ejecute deberán abonar una tarifa, que fijará el Poder Ejecutivo, en función de los correspondientes gastos de explotación, conservación y administración.

En caso de incumplimiento en el pago de la tarifa será de aplicación en lo pertinente lo dispuesto en los artículos 91 y 92 del Código Tributario y 353, siguientes y concordantes del Código General del Proceso.

De producirse la transferencia del dominio de una propiedad beneficiada por obras ejecutadas por el Estado, el nuevo titular será solidariamente responsable por las deudas que por tarifa existan al día de la transferencia.

Los Gobiernos Departamentales que efectúen obras hidráulicas gozarán de las mismas potestades y beneficios otorgados en este artículo al Poder Ejecutivo. En lo que corresponda será de aplicación el Decreto-Ley N° 15.637, de 18 de setiembre de 1984.

CAPITULO V

DE LA PROMOCION DEL RIEGO

Artículo 23.- (Beneficios promocionales). El Poder Ejecutivo podrá conceder los beneficios promocionales previstos en el Decreto-Ley N° 14.178 de Promoción Industrial, de 28 de marzo de 1974, modificativos y concordantes, en favor de las obras hidráulicas que se construyan a partir de la vigencia de la presente ley.

El proyecto se presentará ante la Comisión Honoraria Asesora en Riego, la cual, previa opinión de cada Ministerio que la integra, se expedirá proponiendo las medidas promocionales que se entiendan justificadas.

CAPITULO VI

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 24.- (Expropiaciones). Se declara de utilidad pública la expropiación de los inmuebles necesarios para la ejecución de obras hidráulicas, cuando estén a cargo del Estado

Art. 25.- (Servidumbres). Extiéndase a todas las servidumbres que se demanden con destino a riego las disposiciones establecidas para la servidumbre de acueducto en los artículos 83, 85, 86, 88, 95, 96 y 99 a 102 del Código de Aguas.

Las servidumbres de apoyo de presa que se constituyen con fines de riego se extienden aún a los predios no ribereños.

Art. 26.- (Sanciones). La contravención a las obligaciones impuestas por esta ley y en el Decreto-Ley N° 15.239, de 23 de diciembre de 1981, facultarán a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca o de Transporte y Obras Públicas, según corresponda, a imponer multas que se graduarán según la gravedad de la infracción y los antecedentes del infractor entre un mínimo de 10 UR (diez unidades reajustables) y un máximo de 10.000 UR (diez mil unidades reajustables).

CAPITULO VII

COMISION ASESORA EN RIEGO

Artículo 27.- (Integración y funcionamiento). Créase una Comisión Honoraria Asesora en Riego integrada por un delegado titular y un alterno de cada uno de los siguientes organismos: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que la presidirá, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y dos delegados propuestos por las entidades privadas que determine el Poder Ejecutivo.

Art. 28.- (Cometidos). La Comisión Honoraria Asesora en Riego tendrá los siguientes cometidos:

A. Asesorar al Poder Ejecutivo, en la concesión de los beneficios promocionales y en la fijación de tarifas a que se refieren respectivamente los artículos 22 y 23 de la presente ley.

B. Asesorar al Poder Ejecutivo a su solicitud en temas referentes a la ejecución y explotación de obras hidráulicas de riego.

C. Coordinar las acciones de los distintos organismos competentes en la materia a la que se refiere esta ley en la forma que establezca la reglamentación.

CAPITULO VIII

JUNTAS REGIONALES ASESORAS DE RIEGO

Artículo 29.- Créanse las Juntas Regionales Asesoras de Riego que se integrarán con: un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que la presidirá; un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que oficiará como secretario; dos representantes como mínimo de los regantes de la zona que deberán estar inscriptos en el padrón confeccionado a tales efectos, que serán fijados en función de las características propias de cada región o cuenca hidrográfica; dos representantes como mínimo de los propietarios de la zona, que serán designados por las Comisiones o Sociedades de Fomento Rural que las agrupen.

Art. 30.- Las Juntas Regionales Asesoras de Riego tendrán los siguientes cometidos principales:

a) coordinar con los usuarios la distribución equitativa de las aguas disponibles en los períodos deficitarios;

b) emitir opinión sobre nuevas solicitudes de concesiones o permisos de extracción de agua;

c) asesorar sobre obras y medidas a adoptar por la autoridad y por los regantes, para incrementar la disponibilidad de caudales destinados al regadío y promover su mejor aprovechamiento.

d) colaborar con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la organización y permanente actualización de un catastro de obras hidráulicas situadas en la zona de su competencia;

e) vigilar el uso de las obras hidráulicas en el área de su competencia y en su caso, denunciar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas toda violación de las normas que rigen su aprovechamiento;

f) asesorar sobre el eventual establecimiento de turnos para la captación de aguas públicas para riego;

g) aquellos otros cometidos que le asigne el Poder Ejecutivo vinculados con su especialización técnica.

Art. 31.- El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de selección de los miembros de las Juntas Regionales Asesoras de Riego y los procedimientos administrativos del funcionamiento de las mismas.

Sala de la Comisión, a 12 de diciembre de 1996.

Danilo Astori, Carlos Julio Pereyra (Miembros Informantes), Jorge Batlle, Reinaldo Gargano, Luis Alberto Heber, Nicolás Storace, Orlando Virgili. Senadores.

Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca
Ministerio de Economía
y Finanzas
Ministerio de Transporte
y Obras Públicas
Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Montevideo, 24 de enero de 1996.

Señor Presidente

de la Asamblea General

Dr. Hugo Batalla

Presente

De nuestra consideración:

El Poder Ejecutivo remite al Poder Legislativo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 168 ordinal 7° de la Constitución de la República, un proyecto de ley que regula el Riego con destino Agropecuario.

La misma propuesta es parte de un proceso que pasamos a reseñar:

1. En el año 1982 la Comisión Sectorial del Arroz designó una Sub Comisión integrada por los Ings. Agrs. Jacobo Bonomo y Francisco Gigena y los Dres. Alberto Canessa Borro, Arturo Navarro Arana y José Pedro Pollak con el cometido de elaborar un Anteproyecto de Ley de Riego, Drenaje y Regulación de Aguas.

Dicha Sub Comisión elevó en el año 1984 un Anteproyecto y su correspondiente Exposición de Motivos a la Comisión Sectorial del Arroz.

Dicho Anteproyecto fue sometido a la consideración de la mesa de entidades Rurales y del Instituto de Derecho Agrario quienes, con las observaciones del caso, emitieron opinión favorable.

En el año 1985 el Anteproyecto fue elevado a la consideración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En forma simultánea el referido Anteproyecto fue recogido en un todo y presentado como proyecto de ley el 6 de agosto de 1985 por los Legisladores Baltazar Prieto, Carlos Cassina, Yamandú Fau, Carlos E. Negro y Edén Melo Santa Marina.

Asimismo el 21 de marzo de 1986 fue presentado otro proyecto de ley por los Legisladores Marino Irazoqui, Oscar López Balestra y Héctor Lorenzo Ríos. Dicho proyecto se basó también en el Anteproyecto antes mencionado pero suprimió las exoneraciones tributarias, por requerir por disposición constitucional iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, incorporó normas referentes a la participación de los gobiernos departamentales.

El 8 de mayo del año 1987 el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Representantes otro proyecto de ley elaborado también sobre la base del Anteproyecto mencionado pero efectuando cambios sustanciales en algunos institutos. Dichos proyecto obtuvo media sanción.

En el año 1991 la Comisión Sectorial del Arroz constituyó un Grupo de Trabajo con representantes de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, Ganadería, Agricultura y Pesca, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y representantes del sector privado. Dicho grupo elaboró un nuevo Anteproyecto el cual fue elevado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el mismo año. Dicho Anteproyecto fue circunscripto al riego solamente, eliminándose las disposiciones referentes al drenaje y a la regulación de aguas.

En el año 1995 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca constituyó un nuevo Grupo de Trabajo a los efectos de elaborar un nuevo Anteproyecto actualizado. Participaron en su elaboración representantes de los Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Transporte y Obras Públicas, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Economía y Finanzas.

Dicho Grupo trabajó tomando como base el Anteproyecto elaborado en el año 1991 y culminó su labor con la confección del presente proyecto de ley.

2. Siguen vigentes en la actualidad las necesidades que dieron mérito a que en el año 1982 se comenzara a trabajar en la elaboración de un proyecto específico que contemple el riego.

En aquel momento se expresó que ´el presente proyecto aspira a contemplar, en alguna medida, las carencias antes señaladas. La República cuenta con su Código de Aguas aprobado por el Decreto-Ley N° 14.859, de 15 de diciembre de 1978. Dicho cuerpo contiene las instituciones generales que regulan el agua y cauces, y organiza un sistema general referente a los derechos de uso de esos mismos medios. Pero debe advertirse que existen múltiples formas de utilización: bebida humana, bebida de ganado, navegación, flotación, vertimiento de afluentes industriales, extracción de agua para riego o para usos industriales, extracción de arena, ocupación de álveos para instalación de muelles, implantación de astilleros, instalaciones deportivas, etc.

Todos esos usos tienen requerimientos y necesidades específicas imposibles de ser contempladas en una misma ley. Por ello, el Código de Aguas reglamentó en general, la forma y condiciones del otorgamiento de derechos y sus efectos.

Es menester admitir, en consecuencia, que cada actividad específica que sea de interés fomentar deberá ser objeto de un régimen especial que contemple sus requerimientos propios. Una ley de riego se inscribe en esta línea de acción. De ahí que se propicie su sanción.´

3. Desde el punto de vista general se mantuvo la estructura del Anteproyecto del año 1991 de acuerdo a lo siguiente:

El proyecto comprende solamente al riego manteniéndose la supresión de referencias al drenaje y a la regulación de aguas en general.

Pocas cosas han evolucionado tanto desde el año 1982 hasta la fecha como la concepción en la gestión de los recursos naturales. En la época señalada primaba la idea que había que desecar áreas inundadas para incorporarlas a la producción agropecuaria. Es un ejemplo ilustrativo el decreto del Poder Ejecutivo 179/79 de 26 de marzo de 1979 que declara de interés nacional la desecación de tierras que permitan la incorporación de mayores áreas a explotaciones agroindustriales. Otro ejemplo fue el Decreto-Ley N° 14.712, de 3 de agosto de 1979 que crea el tributo de contribución gravando a los propietarios de predios beneficiados, entre otros, por obras de desecación.

La concepción mayoritariamente imperante consideraba al drenaje asociado íntimamente a la puesta el riego de las tierras desecadas aumentando la producción nacional.

En el año 1982 Uruguay adhería a la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR), generándose una contradicción con la política de desecación de bañados que se estaba ejecutando. A partir de ese momento, se comienzan a cuestionar las prácticas de desecación, llegando en estos días a comprenderse cabalmente la importancia de la conservación de los humedales, en virtud de las múltiples funciones que cumplen. Es allí donde se separan definitivamente el riego del drenaje y pasan a ser consideradas como áreas separadas y a veces contrapuestas.

La experiencia ha demostrado que el drenaje o la regulación de las aguas, no debe ser encarado exclusivamente para la satisfacción de las necesidades de riego, sino que comprende un campo más amplio, la gestión integral de los recursos naturales.

En consecuencia se consideró prudente desglosar del proyecto lo referente al drenaje y regulación de aguas en general, manteniendo únicamente las disposiciones referentes al riego.

Lo anterior no significa que el drenaje apropiado de los sistemas de riego no sean considerados de gran importancia. Se piensa que el correcto diseño de los drenajes de los sistemas de riego sería analizado al aprobarse el Plan de uso y Manejo de Suelos y Aguas.

4. También se suprimió una consideración contenida en Anteproyectos anteriores que definían a determinadas aguas como integrantes del dominio público.

Se entendió que una ley de riego es una ley sectorial y no es el marco adecuado para incorporar definiciones en materia de aguas de carácter general. El tratamiento del tema implica alterar varios artículos del Código de Aguas, lo cual no puede hacerse en una sola disposición, sino que tiene que seguirse a través de una serie de disposiciones sistemáticas instrumentadas en una ley especial. En ese sentido se consideró más adecuado elaborar mediante pieza separada un proyecto de ley específico.

5. El presente proyecto tiene por objeto la creación de mecanismos y estructuras que fomenten o perfeccionen el uso del agua para riego tomando en consideración el uso de los recursos agua y suelo asociado a su conservación y, uso y manejo sostenible, de la siguiente forma:

5.1. El Capítulo I contiene una serie de disposiciones generales que tienen por objeto expresar la voluntad de declarar de interés el uso del agua para riego así como la necesidad de circunscribirse a normas técnicas que regulen el uso del recurso combinando la promoción de la producción con la conservación integral de los recursos naturales.

5.2. El Capítulo II regula los usos privativos de las aguas del dominio público con destino a riego. A tales efectos se establecen una combinación de normas que aseguran el derecho al productor como forma de fomentar las inversiones conjuntamente con la obligación de efectuar un uso racional de la tierra y el agua.

Los derechos de uso se clasifican en permisos precarios y revocables o concesiones con plazo, de acuerdo a la transitoriedad o permanencia de la explotación y a la seguridad de existencia del recurso agua.

5.3. En el Capítulo III se crean las asociaciones y sociedades agrarias de riego.

Nuestra legislación no cuenta con un tipo de persona jurídica específica para ser utilizada en proyectos de riego. Esa carencia se nota en cada emprendimiento en común que se inicia: normalmente se utilizan las formas jurídicas de las sociedades comerciales que son institutos pensados para otro tipo de actividad.

En consecuencia en este proyecto se crean nuevas formas de personas jurídicas específicas para realizar en común un proyecto de riego o administrar en común derecho de agua previamente otorgados.

5.4. El Capítulo IV se refiere a la construcción de obras hidráulicas estableciendo la necesidad de aprobación previa por parte de la administración en la forma que establezca la reglamentación.

5.5. El Capítulo V faculta al Poder Ejecutivo a conceder a las obras hidráulicas con fines de riego con destino agrario los beneficios promocionales previsto en el Decreto-Ley N° 14.170, de 28 de marzo de 1974.

5.6. El Capítulo VI contiene una serie de disposiciones generales instrumentales referentes a la expropiación de tierras para obras de riego, el perfeccionamiento de servidumbres ya establecidas y normas procesales para su imposición.

También crea un régimen sancionatorio para el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto-Ley N° 15.239, de 23 de diciembre de 1981 con un criterio semejante a aquel establecido para el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 153, 144 y 4° del Código de Aguas en las redacciones dadas por los artículos 172 y 194 de la Ley N° 15.903 de 10 de noviembre de 1987 y 251 de la Ley N° 16.320 de 1° de noviembre de 1992.

5.7. En el Capítulo VII se crea la Comisión Honoraria Asesora en Riego.

Dicha Comisión es de capital importancia pues refiere a la creación de un organismo multidisciplinario que coordine las competencias concurrentes de los diversos organismos que deben actuar en la materia.

En la actualidad en el trámite de aprobación de los proyectos de riego participan con competencias propias diversos organismos. No obstante esa intervención concurrente en algunos casos no ha sido correctamente institucionalizada, lo cual lleva a demoras significativas en los trámites.

En consecuencia esta Comisión tiene por objeto, además de los cometidos específicos, la coordinación de la actuación de los diversos organismos competentes, procurando una gestión más racional.

5.8. El Capítulo VIII otorga a las Juntas Regionales de Riego jerarquía legal.

En la actualidad existen Juntas de Riego con competencias por cuencas hidrográficas o por regiones. Las mismas han sido creadas por decreto del Poder Ejecutivo.

La experiencia recogida hasta el presente ha sido satisfactoria. Dichas organismos tienen competencia regional y su objeto principal es el servir de nexo o ente intermedio entre los productores y el Estado.

Esa forma de actuación significa la creación de formas de descentralización territorial y de incorporación de los particulares interesados en la gestión de la administración de los recursos hídricos.

Por último es convicción del Poder Ejecutivo que la aprobación del presente proyecto de ley, contribuiría a fomentar el uso adecuado del riego en materia agropecuaria, contribuyendo a su desarrollo, especialmente de aquellos subsectores intensivos, tales como el granjero, el agrícola y el arrocero, en los que el adecuado uso del riego constituye un factor fundamental en el incremento de los rendimientos por hectárea y la calidad de las producciones obtenidas.

Sin otro particular, saludan al señor Presidente de la Asamblea General muy atentamente.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Carlos Gasparri, Luis A. Mosca, Lucio Cáceres, Juan A. Chiruchi.

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- (Declaración de interés general). Declárase de interés general en beneficio de la producción agropecuaria, el riego con destino agrario, sin perjuicio de los otros usos legítimos.

Todo producto rural tiene el derecho de utilizar los recursos hídricos que pueda disponer legalmente, para desarrollar su actividad sin degradar los recursos naturales.

En todo lo no previsto expresamente, se aplicarán las disposiciones del Código de Aguas y del Decreto-Ley N° 15.239, de 23 de diciembre de 1981 y sin perjuicio de los establecido por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994.

Art. 2°.- (Normas Técnicas). El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca establecerá normas técnicas sobre el uso del agua para riego, a las que se deberán ajustar los usuarios.

Extiéndase a todas las aguas con destino agrario las disposiciones del Decreto-Ley N° 15.239, de 23 de diciembre de 1981.

CAPITULO II

DEL USO PRIVATIVO DEL AGUA DE DOMINIO
PUBLICO CON DESTINO A RIEGO

Artículo 3°.- (Otorgamiento). El uso privativo de las aguas de dominio público con destino al riego podrá ser otorgado mediante concesión o permiso (Art. 165 del Código de Aguas).

El Ministerio competente podrá autorizar al concesionario o permisario a suministrar a terceros agua con destino a riego agrario.

Las infracciones a lo dispuesto precedentemente se sancionarán de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 de la presente ley.

Art. 4°.- (Requisitos para el otorgamiento de concesiones). Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 176 del Código de Aguas, las concesiones podrán ser otorgadas cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1) que exista agua disponible en cantidad y calidad, acorde con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

2) que el solicitante cuente con un Plan de Uso y Manejo de Suelos y Aguas aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de acuerdo a lo dispuesto por la reglamentación.

3) que el solicitante acredite ser titular de un derecho de propiedad, usufructo o de goce de los suelos donde se asienten las obras hidráulicas o sean afectados por ellas.

Art. 5°.- (Concesión condicionada). Se podrá otorgar una concesión sin acreditar la titularidad de los derechos mencionados en el inciso final del artículo anterior al solo efecto de gestionar la imposición de las servidumbres que correspondan.

Art. 6°.- (Caducidad de la concesión). Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 173 del Código de Aguas, el Ministerio competente podrá declarar la caducidad de la concesión de uso de agua para riego, sin derecho del concesionario a indemnización, cuando incurriere en incumplimiento grave del Plan de Uso y Manejo de Suelos y Aguas, a juicio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La caducidad prevista en este artículo será sin perjuicio de las sanciones que correspondan al infractor por el artículo 11 del Decreto-Ley N° 15.239, de 23 de diciembre de 1981.

Art. 7°.- (Cesión de la concesión). Además de los requisitos previstos en el artículo 170 del Código de Aguas, para efectuar la cesión de una concesión de uso privativo de agua para riego, el cesionario deberá contar con un Plan de Uso y Manejo de Suelos y Aguas aprobado previamente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Toda cesión que no cumpla con el requisito establecido en este artículo será nula de pleno derecho y dará lugar a la caducidad de la concesión.

Art. 8°.- (Requisitos para el permiso). El permiso de riego podrá ser otorgado para utilizaciones de carácter transitorio o en aquellos casos en que no se posean la totalidad de los requisitos para la concesión, debiendo cumplirse con lo dispuesto por el ordinal 2° del artículo 4° de la presente ley.

Art. 9°.- (Cesión del permiso). Durante el plazo de vigencia del permiso de riego éste podrá ser cedido por escrito con autorización expresa previa de la autoridad competente y de acuerdo a la reglamentación. A esos efectos el cesionario deberá contar con un Plan de Uso y Manejo de Suelos y Aguas aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Toda cesión que no cumpla con los requisitos anteriores será nula de pleno derecho y dará lugar a la caducidad del permiso.

No se entenderá que existe trasmisión del permiso o concesión porque el titular de los mismos realice contratos asociativos de cultivo en los cuales se utiliza riego y se reparte el producido de la cosecha.

Art. 10.- (Contrato de suministro de agua). Todo contrato en virtud del cual una parte se obliga a suministrar agua para riego, cualquiera fuere su naturaleza, deberá redactarse por escrito so pena de nulidad.

Quien suministrare agua con destino a riego sin contrato escrito, no obstante la nulidad del mismo, será sancionado conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de esta ley.

Sin perjuicio de ello, el Ministerio competente no reconocerá dicho uso como legítimo.

La distribución y suministro de agua entre los miembros de una asociación o sociedad agraria de riego a la cual pertenecen, cuando así correspondiere por su naturaleza social, deberá igualmente otorgarse por escrito so pena de nulidad, lo cual podrá efectuarse entre cada miembro y la entidad.

CAPITULO III

DE LAS ASOCIACIONES Y SOCIEDADES AGRARIAS DE RIEGO

Artículo 11.- (Asociaciones y Sociedades Agrarias de Riego). Los productores rurales interesados en el uso de agua para riego podrán asociarse bajo las disposiciones de la presente ley, para obtener permisos, concesiones u otros derechos que les otorguen directa o indirectamente el uso del agua para riego, que les permita el aprovechamiento integral y coordinado del agua.

Del mismo modo y con la misma finalidad, podrán hacerlo los titulares de permisos, concesiones u otros derechos que otorguen directa o indirectamente el uso del agua para riego.

Art. 12.- (Objeto). Las modalidades asociativas a que se refiere el artículo precedente, no podrán unir a su objeto otro u otros que no sean a los exclusivos efectos del uso, manejo y aprovechamiento del agua conforme las disposiciones de la presente ley y el Decreto-Ley N° 15.239, de 23 de diciembre de 1981. Se encuentra comprendido en dicho objeto la realización de obras hidráulicas de aprovechamiento en común o individual de sus miembros o para servicios a terceros.

Podrán formarse bajo alguna de los dos tipos a que refieren los artículos que siguen.

Art. 13.- (De las Asociaciones Agrarias de Riego). Las Asociaciones Agrarias de Riego se constituirán por documento público o privado suscrito por los socios fundadores. Dicho documento contendrá:

a) Identificación de los fundadores y de sus respectivos derechos de riego, cuando estos últimos existiesen según corresponda a la modalidad asociativa.

b) Objeto, domicilio y denominación, la cual deberá expresa ´Asociación Agraria de Riego´.

c) Aprobación de los Estatutos por los fundadores, los cuales deberán disponer respecto de la formación y constitución del patrimonio social, con indicación de los aportes ordinarios de sus miembros y de la forma de Administración, debiéndose prever que cuando en su actuación la entidad sobrepase el número de siete miembros, deberán constituir una Asamblea y un Directorio. Las decisiones adoptadas por la Asamblea, obligará a todos sus miembros presentes o ausentes.

d) La forma en que se ejercerá la votación para lo cual se podrá tener en cuenta entre otros, el volumen de agua autorizada a cada miembro. En caso omiso, cada miembro tendrá un voto.

e) La integración y facultades del Directorio para el caso que éste exista.

Los estatutos podrán disponer la exigencia de mayorías especiales para su reforma, así como para los reglamentos internos que se dicten estableciendo derechos y obligaciones de los asociados.

Art. 14.- (Ingreso y egreso en la Asociación). El ingreso de miembros será libre y podrá egresarse de la misma con aviso no menor a treinta días de finalización del ejercicio económico. El egreso no dará derecho a la devolución de los aportes ordinarios realizados.

No obstante lo que dispongan los estatutos, los asociados que disientan con su modificación o la de los reglamentos internos, tendrán siempre derecho al receso, el que deberá ser ejercido dentro de los treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de la resolución respectiva.

Art. 15.- (De las Sociedades Agrarias de Riego). Las Sociedades Agrarias de Riego se constituirán por contrato escrito en el cual se expresará el nombre de los socios, el monto del capital social y el aporte del capital suscrito e integrado por cada socio, el plazo, el objeto social, y denominación, la cual incluirá de manera expresa su naturaleza de ´Sociedad Agraria de Riego´. Igualmente harán indicación de los permisos o concesiones de cada socio cuando corresponda.

Salvo pacto en contrario, la votación se efectuará a prorrata de los capitales de los socios. Las cuotas sociales podrán presentarse en documentos nominativos y serán transferibles entre aquellos que reúnan la calidad de regantes a que se refiere la sociedad.

En caso de pérdida de la calidad de regante, el socio excluido tendrá derecho a que se le restituya por la Sociedad los aportes de capital social efectuados, lo que podrá efectivizarse en la forma y condiciones que establezca el contrato social y sólo después que se hubieren satisfecho las deudas sociales contraídas hasta el momento de su egreso.

Art. 16.- (Personería Jurídica). El Acta de Constitución y los Estatutos o el Contrato Social en su caso, deberán inscribirse en el Registro que a este fin llevará el Ministerio competente. Obtenida la referida inscripción, tendrán personería jurídica desde el momentos de su constitución.

Antes de su inscripción no podrán realizar acto alguno imputable a la asociación, salvo los de trámite relativos a su formación.

La responsabilidad de los miembros por las deudas sociales, será siempre limitada al monto de sus respectivos aportes.

Art. 17.- (Registros). Los tipos asociativos a que refiere la presente ley, deberán llevar uno o varios Registros rubricados por el Ministerio competente en los cuales se deberá dejar constancia de los asuntos considerados, las resoluciones adoptadas y los actos de administración y disposición que se realicen. Del mismo modo se llevará registro de los miembros que la integren.

Art. 18.- En caso alguno podrá la sociedad o asociación privar a los miembros por vía de sanción, del uso de agua para riego, mientras ellos mantengan la calidad de miembros de la misma.

En las Asociaciones Agrarias de Riego los Estatutos podrán prever las causales de expulsión y los procedimientos a seguir, debiéndose dar al miembro oportunidad de efectuar descargos y articular su defensa. Todo ello sin perjuicio de las acciones judiciales que fueran pertinentes.

Art. 19.- En todo lo no previsto en la presente ley respecto a las asociaciones y sociedades agrarias de riego, se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones del Título VI del Libro IV Parte II del Código Civil. No obstante la muerte o incapacidad de alguno de sus miembros no provocará la disolución de las mismas. Tampoco será aplicable lo dispuesto por el artículo 1918 del Código Civil ni la ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989 (Ley de Sociedades Comerciales).

Art. 20.- (Atribuciones del Jurado). El Estatuto o el Contrato Social podrá preveer la existencia de un Jurado uni o pluripersonal.

Será competencia del Jurado:

1. Conocer todas las cuestiones de hecho que sobre riego, se susciten entre los miembros.

2. Imponer a los infractores del Estatuto, Contrato Social, reglamentos y ordenanzas dictadas por la entidad, los correctivos y sanciones a que haya lugar con arreglo a los mismos.

Art. 21.- (Procedimiento). El procedimiento del Jurado será público y verbal, en la forma que determine el Estatuto o Contrato Social.

Sus fallos se consignarán en un registro con expresión de los hechos y del derecho en que se funden.

CAPITULO IV

DE LAS OBRAS HIDRAULICAS

Artículo 22.- (Definición). Se entenderán por obras hidráulicas para riego con fines agrarios las siguientes:

- Los sistemas de extracción de agua por bombeo desde cualquier fuente de agua.

- Los represamientos que capten aguas de escurrimiento superficial, comprendiendo el área inundada.

- Los sistemas de extracción de aguas subterráneas.

- Los sistemas de conducción de las aguas hasta el cultivo.

- Los depósitos artificiales con fines de almacenamiento de agua para riego.

- Toda otra obra de captación de aguas con fines de riego agrario.

Art. 23.- (Construcción). Toda construcción de obras hidráulicas con fines de riego requerirá la aprobación del Proyecto de Obra y derecho al uso del agua por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Plan de Uso y Manejo de Suelos y Aguas por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la Autorización Ambiental Previa, cuando corresponda, por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en la forma y condiciones que determine la reglamentación dicha reglamentación creará los mecanismos y procedimientos administrativos necesarios para la aprobación conjunta de los organismos citados.

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, facúltase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en caso de contravención a lo dispuesto precedentemente, para solicitar judicialmente la demolición de las obras a cargo del infractor, siguiéndose a esos efectos el procedimiento previsto en el artículo 346 del Código General del Proceso, sin perjuicio de las multas que pudiere imponer en vía administrativa al amparo de lo dispuesto por el artículo 28 de la presente ley y de la acción penal cuando corresponda.

Art. 24.- (Tarifa). Los usuarios de las obras hidráulicas que el Estado ejecute deberán abonar una tarifa, que fijará el Poder Ejecutivo correspondiente a los gastos de explotación, conservación y administración.

En caso de incumplimiento en el pago de la tarifa será de aplicación en lo pertinente lo dispuesto en los Arts. 91 y 92 del Código Tributario y 353, siguientes y concordantes del Código General del Proceso.

De producirse la transferencia de dominio de una propiedad beneficiada por obras ejecutadas por el Estado, el nuevo titular será solidariamente responsable por las deudas que por tarifa existan al día de la transferencia.

Los Gobiernos Departamentales que efectúen obras hidráulicas gozarán de las mismas potestades y beneficios otorgados en este artículo al Poder Ejecutivo. En lo que corresponda será de aplicación el Decreto -Ley N° 15.637, de 18 de setiembre de 1984.

CAPITULO V

DE LA PROMOCION DEL RIEGO

Artículo 25.- (Beneficios promocionales). El Poder Ejecutivo podrá conceder los beneficios promocionales previstos en el Decreto-Ley N° 14.178 de Promoción Industrial, de 28 de marzo de 1974, modificativos y concordantes, en favor de las obras hidráulicas que se construyan a partir de la vigencia de la presente ley.

El proyecto se presentará ante la Comisión Honoraria Asesora en Riego, la cual, previa opinión de cada Ministerio que la integran, se expedirá proponiendo las medidas promocionales que se entiendan justificadas.

CAPITULO VI

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 26.- (Expropiaciones). Se declara de utilidad pública la expropiación de los inmuebles necesarios para la ejecución de obras hidráulicas, cuando estén a cargo del Estado.

Art. 27.- (Servidumbre). Extiéndase a todas las servidumbres que se demanden con destino a riego las disposiciones establecidas para la servidumbre de acueductos en los artículo 83, 85, 86,88 95, 96, 99 a 102 del Código de Aguas.

Las servidumbres de presa que se constituyen con fines de riego se extienden aun a los predios no ribereños.

Art. 28.- (Sanciones). La contravención a las obligaciones impuestas por esta ley y en el Decreto-Ley N° 15.239, de 23 de diciembre de 1981, facultarán a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca o de Transporte y Obras Públicas, según corresponda, a imponer multas que se graduarán según la gravedad de la infracción y los antecedentes del infractor entre un mínimo de UR 10 (diez unidades reajustables) y un máximo de UR 10.000 (diez mil unidades reajustables). Las sanciones mencionadas podrá imponerse sin perjuicio de la sanción penal que correspondiente cuando el hecho constituyere delito.

CAPITULO VII

COMISION ASESORA EN RIEGO

Artículo 29.- (Integración y funcionamiento). Créase una Comisión Honoraria Asesora en Riego integrada por un delegado titular y un alterno de cada uno de los siguientes organismos: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que la presidirá, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y dos delegados propuestos por las entidades privadas que determine el Poder Ejecutivo.

Art. 30.- (Cometidos). La Comisión Honoraria Asesora en Riego tendrá los siguientes cometidos:

A. Asesorar al Poder Ejecutivo, en la concesión de los beneficios promocionales y en la fijación de tarifas a que se refieren respectivamente los arts. 25 y 24 de la presente ley.

B. Asesorar al Poder Ejecutivo a su solicitud en temas referentes a la ejecución y explotación de obras hidráulicas de riego.

C. Coordinar las acciones de los distintos organismos competentes en la materia a la que se refiere esta ley en la forma que establezca la reglamentación.

CAPITULO VIII

JUNTAS REGIONALES DE RIEGO

Artículo 31.- Créanse las Juntas Regionales de Riego que se integrarán con: un representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, (Dirección Nacional de Hidrografía) que la Presidirá; un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Dirección General de Recursos Naturales Renovables) que oficiará como secretario; dos representantes como mínimo de los regantes de la zona que deberán estar inscriptos en el padrón confeccionado a tales efectos, que serán fijados en función de las características propias de cada región o cuenca hidrográfica; dos representantes como mínimo de los propietarios de la zona, que serán designados por la Comisiones o Sociedades de Fomento Rural que las agrupen.

Art. 32.- Las Juntas Regionales de Riego tendrán los principales cometidos:

a) coordinar con los usuarios la distribución equitativa de las aguas disponibles en los períodos deficitarios;

b) emitir opinión sobre nuevas solicitudes de concesiones o permisos de extracción de agua;

c) asesorar sobre obras y medidas a adoptar por la autoridad y por los regantes, para incrementar la disponibilidad de caudales destinados al regadío y promover su mejor aprovechamiento;

d) colaborar con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la organización y permanente actualización de un catastro de obras hidráulicas situadas en la zona de su competencia.

e) vigilar el uso de las obras hidráulicas en el área de su competencia y en su caso, denunciar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas toda violación de las normas que rigen su aprovechamiento;

f) asesorar sobre el eventual establecimiento de turnos para la captación de aguas públicas para riego;

g) aquellos otros cometidos que le asigne el Poder Ejecutivo vinculados con su especialización técnica.

Art. 33.- El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de selección de sus miembros y los procedimientos administrativos de la misma.

Art. 34.- El Ministerio competente a que se refiere esta ley será el fijado en el artículo 201 del Código de Aguas.

Art. 35.- Comuníquese, etc.

Carlos Gasparri, Luis A. Mosca, Lucio Cáceres, Juan A. Chiruchi.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee:)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Astori.

SEÑOR MALLO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MALLO.- Voy a plantear una posición que no es exclusivamente mía, ya que la he conversado con el señor Senador Posadas Montero.

Concretamente, tomé contacto con este proyecto hoy a la hora 14, por lo que apenas tuve tiempo de leerlo. Si ha tenido un «iter» tan prolongado, de años, mis resortes mentales -seguramente inferiores, lo que deriva de la inevitable desigualdad humana- no me permiten abordar este tema ahora. Le adjudico una gran importancia, un gran interés, pero declaro que no me siento capaz de considerarlo en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Astori.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Comprendo las razones que ha expuesto el señor Senador Mallo, pero me parece que proponer simplemente que el tema pase para otra sesión es dejar en el olvido un proyecto que tiene una enorme trascendencia para la producción nacional. Me parece que si se va a postergar -y creo que son atendibles las razones expuestas por el señor Senador Mallo- debemos fijar una sesión extraordinaria para tratarlo, estableciendo claramente el día y la hora y dejando un plazo, naturalmente, para que los señores Senadores puedan hacer el estudio correspondiente.

El proyecto viene aprobado por unanimidad, por representantes de todos los sectores, pero comprendo que los señores Senadores quieran un tiempo mínimo para estudiarlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia se permite acordar que en la última reunión de coordinadores se habría dispuesto realizar sesiones en los días de ayer y de hoy, y también el 26. Tal vez sería posible transferir la consideración de este proyecto para la sesión del día 26, aunque, obviamente, es el Senado el que decide.

Puede continuar el señor Senador Astori.

SEÑOR MALLO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MALLO.- Creo que adelantaríamos en el estudio de este proyecto si hoy escucháramos la exposición del señor Miembro Informante, porque ello nos facilitaría el abordaje del tema. Luego, podríamos transferir la consideración para una próxima sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Astori.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Señor Presidente: coincido con la preocupación del señor Senador Mallo y también me parece atendible la observación que hizo el señor Senador Pereyra en el sentido de que no vayamos a una prórroga «sine die» de un tema que ya tiene mucho tiempo de estudio e, inclusive, si se quiere, viene con retraso.

Me consta la preocupación que con relación a este proyecto de ley tiene el señor Senador Astori y sus esfuerzos en esta materia desde hace Dios sabe cuánto tiempo. Por estas razones coincido con que votemos una prórroga pero con fecha fija.

Por otro lado, me parece atinada la sugerencia del señor Senador Mallo en el sentido de que le demos comienzo al tratamiento del tema, a los efectos de permitir a los señores Senadores que hemos recibido este proyecto de ley en el día de hoy -en todos los casos y exceptuando a los miembros de la Comisión- interiorizarnos más de este asunto.

Por otra parte, de la primera lectura que he hecho en la tarde de hoy de este proyecto de ley me han surgido una cantidad de dudas que, si se considera oportuno, podría volcarlas aquí, dando tiempo a los integrantes de la Comisión -y sobre todo a los Miembros Informantes- para despejarlas o, si coincidieran con algunas de ellas, se hicieran las correcciones del caso previo a la sesión que podríamos llamar definitiva.

En resumen, estoy de acuerdo con que el Senado se reúna el día 26 y también con que iniciemos hoy por la vía de los informes y, si lo creen conveniente, de las observaciones, dudas o comentarios que podamos formular de un primer estudio muy rápido del tema.

SEÑOR VIRGILI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para ocuparse de la moción de orden, tienen la palabra el señor Senador Virgili y, luego, el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- En realidad, yo había concedido una interrupción al señor Senador Mallo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene razón, señor Senador, por lo que la Mesa debe pedir las disculpas del caso. Como estábamos tratando una moción de orden, entendíamos que no era deseable ocupar su tiempo.

SEÑOR ASTORI.- Incluso, podríamos, ya que estamos, permitir intervenir al señor Senador Virgili.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Virgili.

SEÑOR VIRGILI.- Señor Presidente: comprendo las razones expuestas por los señores Senadores en el sentido de que no ha tenido tiempo suficiente para leer este proyecto de ley. Sin embargo, preferiría que se fije una fecha en este año para que podamos terminar con este tema. Digo esto porque queremos finalizar el tratamiento de este asunto que hace 15 años que se está estudiando y que ha generado una expectativa, un deseo y una necesidad.

Por lo tanto, sería conveniente que fijáramos una fecha en este año para que esta iniciativa pueda, de ser posible, aprobarse.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para ocuparse de la cuestión de orden, tiene la palabra el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- En realidad, no deseo ocuparme de la cuestión de orden: lo que pretendo es retomar el uso de la palabra que se me había concedido al comienzo de la discusión de este tema y efectuar una propuesta que espero sea de recibo para todos.

Como bien decían los señores Senadores Pereyra y Virgili, hace mucho tiempo que estamos trabajando en esto. Al respecto, en esta Legislatura, lo hemos estado haciendo desde marzo de 1995 y en las otras dos se trabajó, prácticamente, durante todo su transcurso. Es decir que hace once años que estamos trabajando en esta materia y me parece que, por una vía o por otra, y siendo la estructura del proyecto constante, hemos tenido tiempo de enterarnos del contenido de las propuestas que están sobre la Mesa.

Sin embargo, no puedo menos que aceptar las inquietudes de los señores Senadores Mallo y Posadas Montero, que me parecen muy valiosas. En particular, creo que las contribuciones del señor Senador Posadas Montero van a ser muy valiosas desde el punto de vista jurídico en algunos temas de interés y sobre una materia tan importante. En este sentido, no podemos menos que recibir esas contribuciones con mucho agrado.

Entonces, intentando tener en cuenta todos los puntos de vista que han sido vertido en Sala, quisiera hacer una propuesta quizás un poco más avanzada que la de los señores Senadores Mallo y Posadas Montero, en el sentido de que hoy se realicen los informes y se vote en general el proyecto, dejando la discusión en particular -donde, seguramente, podrán plantearse dudas específicas a atender- para el día 26 de diciembre. Supongo que esto no violenta la posición de los señores Senadores que quieren estudiar un poco más algunos aspectos, porque la votación en general indica una voluntad de legislar en la materia y un acuerdo con la concepción genérica de hacerlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa considera que esto no requiere votación. El Senado, en su momento, cuando termine la exposición de los Miembros Informantes, determinará si se pasa a la votación particular o si se la posterga para otra oportunidad.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Deseo aclarar que no pretendo que se vote ahora mi propuesta; se trata de una sugerencia que formulo públicamente a los señores Senadores que habían tenido inquietudes en el sentido de participar específicamente en aspectos particulares del proyecto de ley. Al respecto, creo que todas las contribuciones que se realicen van a ser bienvenidas. Además, me parece bien si se pudiera adelantar alguna de ellas ya en el día de hoy, después de la votación en general.

Señor Presidente: no quiero exagerar la importancia de esta materia. Quizás exista un poco de deformación profesional en esto debido a que he trabajado en economía agropecuaria desde hace 30 años y estoy muy comprometido con ella. Sin embargo, me parece que estamos, en el momento actual del país, ante una de las materias más trascedentales para su producción agropecuaria. Cuando me refiero a la producción agropecuaria, lo hago en el sentido que hoy tiene, esto es, en su enfoque agroindustrial, puesto que ésta ya no existe a secas.

Actualmente, una elevadísima proporción de esta producción se industrializa y, en particular, sucede lo propio con la de alimentos. Considero que en este Período esta iniciativa junto con la Ley de Semillas sin duda constituyen las más importantes desde el punto de vista productivo para el agro con perspectivas de futuro. Por suerte, hemos podido avanzar en las dos materias.

Quizás, por la enorme influencia que tiene una Ley de Riego para el futuro del país, el Uruguay está esperando esta legislación desde hace mucho tiempo. Recién lo mencionábamos: desde los últimos años del período de facto -esto es, desde 1982 en adelante- y, sin duda, a partir de la recuperación democrática, en todas las Legislaturas que hemos tenido hasta ahora se ha trabajado intensamente en esta materia. Al respecto, no sé si este tema no se encuentra entre los que el Parlamento estudió más intensamente desde que se recuperó la democracia.

Este asunto ha tenido un largo proceso de trabajo con muchos antecedentes. Hay colegas de este Cuerpo -voy a mencionar particularmente a dos- que ya es la tercera Legislatura en la que participan en la materia con una enorme experiencia. Quiero mencionar al señor Senador Pereyra y a mi compañero , el señor Senador Gargano. Ambos deben ser veteranos en el proceso de análisis de la Ley de Riego y saben bien todo el esfuerzo que se ha puesto al servicio de una legislación en esta materia, tan importante en el Poder Legislativo.

Desde marzo de 1995 hemos estado trabajando -lo mencioné recién- a partir de una iniciativa de la Bancada de Senadores del Frente Amplio. Sobre esa propuesta -que a su vez recogía otros antecedentes acerca de los cuales el señor Senador Pereyra seguramente va a opinar y a reflexionar, porque los conoce mejor que yo- se comenzó a trabajar mientras el poder Ejecutivo elaboraba la que, en definitiva, se tomó como base para ofrecer hoy al Cuerpo este informe.

La propuesta del Poder Ejecutivo era imprescindible por una sencilla razón: en un proyecto por el cual se conceden beneficios tributarios o estímulos económicos debe haber iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Y, como además se da la participación de otros tres Ministerios que tienen un papel relevante por su concepción integradora -los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Transporte y obras Públicas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente- obviamente el desarrollo de la elaboración final del proyecto demoró varios meses. Es por eso que lo estamos presentando a fines de 1996, no obstante haber comenzado a trabajar en marzo de 1995. La primera materia que la Comisión tomó fue esta y no tengan duda los señores Senadores de que a ella se le dedicó un elevado e intenso trabajo; elevado por el número de sesiones e intenso en el sentido de la calidad, de la profundidad y de la seriedad con que se lo encaró. Cuando digo esto, no hablo sólo de todos los integrantes de la Comisión, sino también del calificado grupo de asesores que prestó su apoyo permanente a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, representantes de los Ministerios que acabo de mencionar.

Señor Presidente: quiero señalar mi propósito de que también el señor Senador Pereyra participe de este breve informe, no sólo porque ha sido designado Miembro Informante sino, además, porque es –como decíamos hoy- uno de los veteranos colegas que han participado con más intensidad en esta elaboración: Creo que el transcurso del tiempo, esto diez u once años, no ha hecho más que multiplicar progresivamente la necesidad de aprobar una ley en esta materia en el Uruguay.

Hay dos razones que militan al servicio de esta propuesta y de esta afirmación. La primera es de orden productivo y económico. Hace tiempo se acabó la época en que nuestro país podía apostar a su régimen de lluvias para producir en términos como los que requiere el mercado internacional, el que, por su parte, también cambio: se globalizó, profundizó sus relaciones regionales y hoy encuentra a un Uruguay integrado en un bloque como el MERCOSUR, con una enorme capacidad potencial de colocar agroindustria alimenticia -sector verdaderamente estratégico en ese bloque- pero que percibe con claridad que sus posibilidades de competencia en estos rubros están cada día más condicionadas a la realización de prácticas sistemáticas, racionales y planificadas de riego. No se puede depender más de un régimen que desde el punto de vista climático es cada día más irregular e imprevisible, habida cuenta de los cambios que en este sentido se han producido en la región y en nuestro país en particular. Este año 1996, si alguna duda quedaba, es un claro ejemplo de esa irregularidad y de los perjuicios que a la producción agropecuaria y al país ello le genera. En el norte estuvimos cuatro meses enteros sin agua y luego sobrevino un aluvión que perjudicó notoriamente a la producción y hoy está haciendo lo propio con la cosecha de trigo del país.

Entonces, ya no se puede seguir más -si es que el país no quiere comprometer el enorme potencial de producción y comercio que tiene en esta materia- sin actuar con racionalidad, previsión y planificación. Esto requiere una ley de riego. El Uruguay está jugando mucho dinero en esta posibilidad, pero además su bienestar y la calidad de vida de sus habitantes hacia el futuro.

La otra razón es de tipo jurídica pero, aun para los que no somos juristas, es fácilmente comprensible. El país tiene un Código de Aguas que data de 1978 y que regula la disponibilidad del recurso y sus cauces desde una óptica general; pero dicho Código no puede regular -porque no está capacitado jurídicamente para ello- actividades específicas en materia de utilización concreta del agua como, por ejemplo, el agua para riego con destino agropecuario. El Código de Aguas, como todo cuerpo de normas generales, está para regular los aspectos generales de utilización del recurso y no sus características o rasgos específicos.

De esta manera, las dos razones que no han hecho más que incrementar su peso con el transcurso del tiempo, son las que explican la necesidad, a esta altura impostergable, de que el Uruguay tenga legislación en la materia.

Antes de mencionar con mucha rapidez, señor Presidente, los componentes más importantes del proyecto, quiero señalar dos características globales que -si los estimados colegas tienen luego de paciencia de leer el informe y repasar los antecedentes- me gustaría se percibieran con especial importancia.

De todos los antecedentes que el país empezó a acumular y a gestar en 1982 hay dos que han cambiado y que deben ser destacados. A principios de los años 80 el Uruguay arranca queriendo legislar sobre riego, drenaje y regulación de aguas. En aquel momento el país creyó -y me parece que creyó bien que debía legislar sobre estas materias en forma conjunta y articulada, entre otras cosas, porque estaban muy relacionadas entre sí. Pero si algo cambió -además de lo que ya señalamos anteriormente- en el país, en la región y en el mundo en este período que comenzó a transcurrir en 1982, y son los criterios de análisis y preservación de los recursos naturales y las condiciones medioambientales. Como parte de esos cambios de criterio se empezó a dar mucha importancia a la conservación de los llamados humedales en el país, elemento de muy fuerte vinculación con los criterios de preservación integral de los recursos naturales, del medio ambiente y, sobre todo con la gestión conservacionista de esos recursos naturales. Por lo tanto, se empezó a ver con preocupación el análisis del tema drenaje y regulación de aguas. De esta forma, se vino separando progresivamente -primero en la conciencia de quienes estudiaban el problema y luego en las propuestas concretas- el tema del riego, el drenaje y la regulación de aguas. Y hoy, para hacer breve esta descripción, se ha llegado a la conclusión de que lo que el país necesita con elevadísima prioridad es legislar sobre riego con destino agropecuario y estudiar con más profundidad lo que se va a realizar desde el punto de vista del drenaje y de la regulación de aguas, para hacer pesar en ese análisis un criterio integral de conservación de los recursos naturales y, en particular, de los humedales. Estos, en algunas zonas como el departamento de Rocha, son de muy alta importancia para practicar ese enfoque integral de los recursos naturales. Por supuesto que se podrá pensar que esto pone en riego algunos aspectos que no son separables como, por ejemplo, el drenaje de los sistemas de riego.

Pero el proyecto prevé esta situación y, particularmente, controla que haya adecuados drenajes de los sistemas de riego en uno de los requisitos que plantea la iniciativa en uno de sus Capítulos, que es la presentación de planes de uso y manejo de los suelos antes el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que éste dé su visto bueno a la construcción de obras de riego.

La segunda característica global diferenciadora respecto a antecedentes previos, es que se omitió entrar en el peligroso terreno de las definiciones generales sobre aguas de dominio público. Aquí juega el mismo argumento -pero en un sentido inverso- que dábamos sobre el Código de Aguas. Este último contiene definiciones generales y, por lo tanto, se necesita de una ley de riego, pero ésta no debe incurrir en el riesgo de hacer definiciones generales que son propias del Código de Aguas. En consecuencia, en algunos antecedentes que contenían definiciones generales sobre la inclusión de aguas de dominio público, se decidió introducir la modificación que consiste en suprimirlas.

Con estas aclaraciones, quiero señalar en este último tramo de mi informe, que el proyecto se asienta en ocho Capítulos que contienen los principales elementos a destacar en esta iniciativa.

El primero de ellos consiste en declarar de interés general el riego con destino agropecuario, destacando la importancia de hacerlo sobre la base de normas técnicas que estén asentadas en una concepción de conservación integral de los recursos naturales y en la preservación del medio ambiente.

El segundo Capítulo refiere a la regulación de los usos privativos del agua para riego con destino agropecuario, sobre la base de permisos precarios o concesiones que se otorgan a plazo y que se diferencian de los primeros en su grado de permanencia y de profundidad.

El tercer Capítulo introduce una novedad en la estructura jurídica en relación con las sociedades, en la medida en que el país tiene una legislación vigente que no contempla la posibilidad de que existan figuras jurídicas especiales para llevar adelante proyectos de riego o para administrar derechos de uso sobre el agua. Entonces, se crean las Sociedades Agrarias de Riego, que van a ser instituciones especialmente aptas para realizar estos proyectos o administrar derechos de uso sobre el recurso agua para riego con destino agropecuario. Pero se establece -quiero señalar este aspecto con el mayo énfasis- que esto es sin perjuicio de la aplicación de la legislación vigente. Quiere decir que el proyecto pretende ofrecer nuevas figuras jurídicas para ayudar a tener en cuenta las características específicas de un sector, como el agropecuario, que es donde se va a regar. Sin embargo, la legislación actual en materia de sociedades sigue integralmente vigente y también puede ser aplicada en el caso de la realización de proyectos de riego o en la administración de derechos de uso sobre el agua.

Quiero destacar que este fue uno de los capítulos más discutidos y reformulados en la Comisión. La versión que los señores Senadores tienen sobre su mesa es absolutamente nueva respecto a otros antecedentes y responde a inquietudes que diferentes miembros de la Comisión fueron planteando en la discusión. Asimismo, toma en cuenta opiniones que expertos juristas, especialistas en Derecho Agrario y en Derecho del Agua dieron a la Comisión, hasta que se llegó al consenso que significó votar el proyecto en forma unánime.

El cuarto Capítulo tiene que ver con la construcción de obras hidráulicas, de riego.

El quinto Capítulo está vinculado con la concesión de estímulos económicos a la construcción de obras de riego, recurriéndose al esquema de la Ley de Promoción Industrial de 1974, sus modificativas y concordantes. En virtud de que hay modificaciones posteriores, tenemos que prever que haya nuevos cambios antes de que este proyecto sea ley. Entonces, se concede, a una actividad que es declarada en el artículo 1° de interés general, el mismo esquema de estímulos económicos de la Ley de Promoción Industrial de 1974.

El sexto Capítulo tiene relación con la expropiación de tierras para construir obras de riego, con el perfeccionamiento de las servidumbres de riego que hoy existen y que deben ser formal y jurídicamente mejoradas, con los aspectos referidos a este perfeccionamiento y con las sanciones que se establecen a las violaciones al cumplimiento de esta ley, así como a un Decreto-Ley de 1981 que tiene que ver con los mismos temas.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Luis B. Pozzolo).

-El séptimo Capítulo crea la Comisión Honoraria Asesora en Riego, que tiene el fin de coordinar la participación de todas las instituciones que nombré al principio -o sea, los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Transporte y Obras Públicas, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Programa Nacional de Riego- de modo que no sólo no haya dificultades burocráticas en el tratamiento del tema, sino que también se asegure una gestión lo más ágil posible en un aspecto que, por motivos claramente expuestos anteriormente, creo es de extraordinaria importancia para el Uruguay. Esa Comisión Honoraria Asesora en Riego, como dije, tiene por finalidad coordinar. Al mismo tiempo, debe tener en su seno, con un criterio inter y multidisciplinario, a todas las instituciones públicas que van a participar, para que -reitero- la gestión sea lo más ágil y productiva posible.

Finalmente, recogiendo -quiero destacarlo enfáticamente- una experiencia que el país ha venido realizando en los últimos años, que no es teórica sino práctica y positiva, se crean formalmente las Juntas Regionales Asesoras de Riego. Nuestro país no está improvisando en esta materia, porque la practicó antes de legislar sobre ella. El objetivo fundamental de estas Juntas es que participen los productores, es decir, los intereses del sector privado que de alguna manera se va a beneficiar con la utilización de este recurso con fines productivos. Quiere decir que esta Juntas de Riego están diseñadas con un criterio participativo y -en tiempo en que se habla mucho de esto en el país- con una concepción esencialmente descentralizadora del tema. Como lo indica su nombre, son Juntas Regionales con alcance local que, reitero, van a asegurar la participación de los interesados directamente en la construcción y en la administración de obras de riego.

Voy a terminar mi exposición volviendo a destacar que si alguna tranquilidad debe tener el Senado, más allá de los acuerdos o de las discrepancias que podamos tener, es que este proyecto de ley fue objeto de un trabajo intensísimo. Digo esto, no sólo por los antecedentes de las legislaturas previas, sino también porque fue, por muy lejos, la materia a la cual, semana a semana, se dedicó la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca. Se trabajó durante muchas horas y con un asesoramiento excelente por parte de juristas, agrónomos e ingenieros de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Transporte y Obras Públicas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Al mismo tiempo, no quiero dejar de mencionar al Programa Nacional de Riego, cuyas autoridades estuvieron permanentemente junto a nosotros y a los juristas que, sin pertenecer a ninguna de estas instituciones, aportaron sus conocimientos especializados al servicio de la mejor elaboración de esta iniciativa. Por otra parte -de más está decirlo- hubo colaboración de todos los sectores representados en la Comisión y finalizamos el trabajo con la satisfacción -que ya adelanté- de que, tanto en general como en particular, el proyecto fue votado por unanimidad.

7) ELENA HUGHES DE MOOR-DAVIE. Pensión graciable.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Solicito que se vaya tomando la votación de las pensiones graciables que figuran en sexto, séptimo y octavo término del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23 Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el proyecto de ley por el que se concede pensión graciable a la señora Elena Hughes de Moor-Davie (Carp. N° 587/96 - Rep N° 342/96).

(Antecedentes:)

«Carp. N° 587/96
Rep. N° 342/96

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°- Concédece una pensión graciable equivalente a cuatro Salarios Mínimos Nacionales a la señora Elena Hughes de Moor-Davie.

Art.2°.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de noviembre de 1996.

Jorge Machiñena Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha considerado el proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes, por el que se otorga una pensión graciable a la señora Elena Hughes de Moor-Davie.

De la trayectoria y méritos de la señora Hughes de Moor-Davie se comparte y reproduce lo expresado en la Cámara de Representantes:

´Se constituyó en una de las pioneras femeninas en el difícil arte de la comunicación televisiva siendo más conocida por el seudónimo de ‘Cordon Bleu’. En aquellos tiempos ese territorio estaba inexplorado y todo estaba por hacerse, logró una imagen con la que se identificaron cientos de mujeres uruguayas a las que pantalla mediante, ayudó y enseñó a cocinar.

Sus comienzos fueron en el diario «El País», medio en el que publica sus recetas durante los años 1958 a 1960. En el mismo año se integra a Canal 12, en el programa femenino ‘Hogar Club’, realizando en él la sección de cocina. El éxito de su participación y el empuje personal, hacen que bien pronto, esta parte se independice y allí nace el programa que por más de dos décadas se mantiene en el aire: ‘Cordón Bleu invita a cocinar’. Con este mismo programa ocupa la pantalla de Canal 10 durante diez años, y en Canal 5 hace lo propio por trece años más.

Con ochenta y ocho años de edad, continúa trabajando a través de CX 12 Radio Oriental, encontrándose actualmente en un estado de necesidad económica que debe ser contemplado. El Poder Ejecutivo propició, entonces, el otorgamiento de una pensión graciable, entendiendo que se realiza un acto de justicia al recompensar a quien fuera durante muchos años, una figura destacada en el arte culinario de nuestro país’

Por estos motivos se aconseja al Cuerpo la aprobación de dicho proyecto de ley.

Sala de la Comisión, en Montevideo, a 16 de diciembre de 1996.

Jorge Gandini (Miembro Informante), Luis Brezzo, Susana Dalmás, Rafael Michelini, Luis B. Pozzolo, Helios Sarthou. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Seguridad Social, se permite elevar a consideración de la Cámara, el proyecto de ley por el cual se otorga una pensión graciable a la señora Elena Huhes de Moor-Davie.

Se constituyó en una de las pioneras femeninas en el difícil arte de la comunicación televisiva siendo más conocida por el seudónimo de ‘Cordón Bleu’. En aquellos tiempos ese territorio estaba inexplorado y todo estaba por hacerse, logró una imagen con la que se identificaron cientos de mujeres uruguayas a las que pantalla mediante, ayudó y enseñó a cocinar.

Sus comienzos fueron en el diario ‘El País’, medio en el que publica sus recetas durante los años 1958 a 1960. En el mismo año se integra a Canal 12, en el programa femenino ‘Hogar Club’, realizando en él la sección de cocina. El éxito de su participación y el empuje personal, hacen que bien pronto, esta parte se independice y allí nace el programa que por más de dos décadas se mantiene en el aire: ‘Cordón Bleu invita a cocinar’. Con ese mismo programa ocupa la pantalla de Canal 10 durante diez años, y en Canal 5 hace lo propio por trece años más.

Con ochenta y ocho años de edad continúa trabajando a través de CX 12 Radio Oriental, encontrándose actualmente en un estado de necesidad económica que debe ser contemplado. El Poder Ejecutivo propició, entonces, el otorgamiento de una pensión graciable, entendiendo que se realiza un acto de justicia al recompensar a quien fuera durante muchos años, una figura destacada en el arte culinario de nuestro país.

Por los fundamentos expuestos vuestra asesora aconseja la aprobación del proyecto de ley adjunto.

En su artículo 1° se establece el nombre de la beneficiaria así como el monto de la pensión.

En el artículo 2°, se dispone que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Sala de la Comisión, 17 de julio de 1996.

Gabriel Barandiarán (Miembro Informante), Guillermo Chifflet, Enrique Pintado, Yeanneth Puñales Brun, Carlos Testoni, Jaime Mario Trobo.

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 14 de junio de 1996.

Señor Presidente de la Asamblea General

Doctor Hugo Batalla

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a la señora Elena Hughes de Moor-Davie.

La señora Elena Hughes de Moor-Davie, es a los ochenta y siete años un símbolo viviente de toda un época de Uruguay. Bajo el seudónimo patentado de ‘Cordon Bleu’ ella se constituyó en una de las pioneras femeninas en el difícil arte de la comunicación televisiva. En aquellos tiempos donde todo ese territorio estaba inexplorado y todo estaba por hacerse, logró una imagen con la que se identificaron cientos de mujeres uruguayas a las que pantalla mediante ayudó, cuando no enseñó, a cocinar. Sus comienzos que no fueron televisivos, la encontraron instalada en el Diario ‘El País’, donde durante los años 1958 a 1960, publica diariamente una receta. En el año 1960 se integra a Canal 12, el programa femenino ´Hogar Club´, realizando en él la sección de cocina. El éxito de su participación y el empuje personal, hacen que bien pronto, esta sección se independice y allí nace el programa que por más de dos décadas se mantiene en el aire. Nos referimos claro está a ‘Cordon Bleu te invita a cocinar’. Con ese mismo programa ocupa la pantalla de Canal 10 durante diez años, y en Canal 5 hace lo propio por trece. Aún hoy su voz, y pese a lo avanzado de su edad, puede oírse en CX 12 Radio Oriental, donde en una doble frecuencia diaria se emiten recetas suyas.

Al propiciar el otorgamiento de una pensión graciable a la señora Elena Hughes, el Poder Ejecutivo entiende que realiza un acto de justicia que recompensa a quien fuera durante muchos años una figura destacada del imaginario colectivo de nuestro país y que hoy, a una edad provecta, se halla en un estado de necesidad que debe ser contemplado.

En el artículo 1° se establece el nombre de la beneficiaria así como el monto de la pensión.

En el artículo 2° se establece que la erogación será atendida por Rentas Generales.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

Julio María Sanguinetti (PRESIDENTE DE LA REPUBLICA), Samuel Lichtensztejn, Luis A. Mosca.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Concédese una pensión graciable equivalente a cuatro Salarios Mínimos Nacionales a la señora Elena Hughes de Moor-Davie.

Art. 2°.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Montevideo, 14 de junio de 1996.

Samuel Lichtensztejn, Luis A. Mosca.»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En consideración.

Se procederá a tomar la votación en la forma de estilo.

(Se reparten las bolillas de votación).

8) RIEGO CON DESTINO AGROPECUARIO

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Continúa la consideración del proyecto de ley sobre riego.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR PEREYRA.- Comienzo por decir -porque es justo y así lo siento- que comparto totalmente los conceptos vertidos por el señor Senador Astori en torno a la información que brindó sobre este proyecto de ley. El mismo trata de un tema de fundamental importancia, como es el uso del agua, y en nuestra breve exposición aportaremos algunas cifras acerca del uso y la disponibilidad de este elemento en el planeta y en el Uruguay. Ello permitirá advertir la importancia que posee el tema que estamos tratando.

Tal como lo señalaba el señor Senador Astori, el proyecto se inscribe en una preocupación que el país ha tenido de mucho tiempo atrás y que comprende una serie de disposiciones legales que esta norma viene a complementar, particularizar y precisar en lo que tiene que ver con el uso del agua para riego. En tal sentido, cabe destacar el Decreto-Ley N° 15.239, de 23 de diciembre de 1981 -conocido como Código de Aguas- la Ley de Medio Ambiente e Impacto Ambiental de 1994, el Código Civil, el Código General del Proceso, el Código Tributario, el Decreto-Ley N° 15.137 de 1984 y el Decreto-Ley de promoción industrial de marzo de 1974, que estableció diversos beneficios para esta actividad, que a través del presente proyecto se transfieren también a las obras de riego.

En consecuencia, el proyecto se encuadra dentro de un conjunto de disposiciones legales, tratando de precisarlas, y, a su vez, introduce las novedades que acaba de señalar el señor Senador Astori al mencionar los distintos capítulos del proyecto.

En virtud de que la legislación vigente a la que terminamos de referirnos no ha sido suficiente para una eficaz acción de contralor de un elemento fundamental como el agua y teniendo en cuenta la incidencia que tiene en la producción agropecuaria en general y particularmente en la del arroz, que tanto incremento ha tenido en nuestro país, en 1982 la Comisión Sectorial del Arroz designó una Subcomisión con el cometido de elaborar un anteproyecto de ley de riego, drenaje y regulación de aguas. En 1984, ésta elevó un anteproyecto a la Comisión Sectorial del Arroz, el que fue puesto a consideración de la Mesa de Entidades Rurales y del Instituto de Derecho Agrario, los que con las observaciones del caso emitieron su opinión favorable, por lo que finalmente la iniciativa fue trasladada a la consideración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En mayo de 1987, el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Representantes otro proyecto de ley también elaborado sobre la base del anteproyecto mencionado, con algunos cambios. Dicha iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes antes de culminar aquella Legislatura, pero no recibió sanción del Senado. Posteriormente, el texto del proyecto fue recogido por los Senadores del Frente Amplio y puesto a consideración de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, la que realizó un minucioso estudio, sin llegar a aprobarlo, dado que el Poder Ejecutivo de la época -me refiero al anterior- solicitó un tiempo en virtud de que deseaba presentar una nueva iniciativa sobre esta materia; pero la Legislatura terminó sin que el proyecto ingresara al Poder Legislativo.

Una vez comenzada la presente Administración, el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley a consideración de este Cuerpo, que es el que, con modificaciones, hoy está a estudio del Senado.

Es de destacar que la iniciativa citada en primer término constituía un proyecto más ambicioso, por cuanto no sólo refería a disposiciones sobre el uso del agua para riego, sino que también abarcaba el complejo problema de los drenajes, tema tan discutido durante años. Finalmente, se separaron ambos temas en virtud de que no parecía conveniente unir los problemas del riego con los del drenaje que, como aspecto principal, comprende el cuestionado tema de las soluciones para la regulación hídrica del este del país, lo que ha estado en discusión desde principio de siglo y para lo que aún no se ha encontrado una solución adecuada a los intereses de esa zona. En cuanto a lo acordado con organismos internacionales, cabe destacar que el RAMSAR ha reconocido la importancia de estas reservas hídricas.

En la presentación de este nuevo proyecto, el Poder Ejecutivo dice que tiene por objeto la creación de mecanismos y estructuras que fomenten o perfeccionen el uso del agua para riego, tomando en consideración la utilización de los recursos agua y suelo, asociados con su conservación y manejo sostenido.

Por otra parte y a modo de ejemplo podemos manifestar que según un estudio de la OPS en el Uruguay, el 13% del agua que se utiliza anualmente está destinado al consumo humano y el 87% restante a riego. La necesidad de ordenar todo lo relativo a esta materia parece indiscutible. Asimismo, debemos tener en cuenta que de ese 87% que se destina al riego, el 95 corresponde al cultivo de arroz, fundamentalmente en los departamentos de Treinta y Tres, Rocha y Cerro Largo. A fin de que se tenga una idea sobre la importancia del agua en estos cultivos, cabe señalar que para producir una tonelada de grano se requieren aproximadamente 1.000 toneladas de agua. Esto da una idea del volumen de agua que se maneja. También debemos tener presente que se trata de un recurso que el planeta va agotando lentamente, tal como se demuestra a través de algunas cifras resultantes de un trabajo que acaba de realizar el Licenciado Bernardo Greiver, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la parte inicial de dicho documento, sostiene que antes del año 2025, una tercera parte de la población mundial se verá afectada por una escasez crónica de agua dulce, debido al crecimiento de la demanda de agua potable como consecuencia del aumento de la población y a la disminución de la calidad del agua debido a la contaminación y al aumento de las necesidades de la industria y la agricultura, ésta última en permanente expansión. Mas adelante agrega que la superficie terrestre recibe la misma cantidad de agua que recibía el planeta miles de años atrás, pero el aumento de la población hace que la cantidad per cápita disponible disminuya aceleradamente.

Quiere decir que se trata de un recurso que no se renueva, que no aumenta; es el mismo desde hace miles de años. Evidentemente, al aumentar la población, va habiendo un desgaste que va a provocar problemas de una tremenda magnitud, a tal punto que se puede afirmar que las guerras del futuro ya no serán por la tierra -como se ha visto a través de la historia- ni por el petróleo sino que, sin exagerar, quizás lo serán por la posesión del agua. En realidad, ya hay conflictos mundiales de gran entidad para tener acceso a ella y los habrá en mayor volumen si tenemos en cuenta el dato fundamental que mencionamos en el sentido de que dentro de treinta años habrá una disminución tremenda y una insatisfacción del agua frente al crecimiento de la población.

Con respecto al uso de agua para la agricultura, podemos decir que si tomamos en cuenta el consumo del agua anual, el 65% del recurso está destinado al riego, el 22% a las industrias y el 7% al consumo humano. Asimismo, cada año se extraen 2.700 kilómetros cúbicos del recurso existente en ríos y acuíferos con destino a la agricultura. Quiere decir que el planeta está consumiendo un elemento como el agua, al tiempo que crece su población, sin la reposición correspondiente.

En este trabajo se agrega que el agua dulce disponible en la tierra solamente es el 2.5%, y de ese porcentaje las dos terceras partes se encuentran congeladas. También se dice que en tanto millones de toneladas de granos son producidos en la actualidad utilizándose el agua procedente de acuíferos, se está generando un grave problema, ya que se está tomando prestada el agua de las generaciones futuras para cubrir las necesidades presentes. De modo que las generaciones futuras van a ver cómo las presentes usaron el agua que a ellas les va a estar faltando. Además debo reiterar que gran parte de esa agua no es renovable.

El Uruguay, sin embargo, es uno de los países privilegiados comparativamente en materia de disponibilidad de agua, ya sea en aguas superficiales como subterráneas, pues cuenta con riquísimos yacimientos de aguas subterráneas, encontrándose el principal en el departamento de Tacuarembó. A pesar de que somos ricos en agua, el fenómeno de un elemento no renovable cuyo uso va en un constante aumento debido al incremento de la población y de las necesidades productivas, nos lleva a tener una profunda preocupación sobre este tema.

El proyecto de ley que estamos analizando, señor Presidente, busca, entonces, sobre la legislación vigente, precisar todo lo que tiene que ver con el buen uso del riego y con la intervención que el Estado tiene que hacer, a los efectos de lograr ese buen uso y buena conservación de este recurso cuyas características acabamos de señalar. Por esa razón es que, como lo señalaba el señor Senador Astori, el Estado toma bajo su control todo lo relativo a las obras de riego e hidráulicas. A través de permisos y concesiones, los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente van a intervenir en cada oportunidad en que se desee hacer uso de este recurso, ya sea para obras de riego, hidráulicas, para almacenamiento o extracción.

El señor Senador Astori efectuó la enumeración de las novedades que contienen los diversos Capítulos, entre las que figura, indudablemente, la posibilidad de asociación de los productores, que más allá de las normas del Código Civil, se regirán por disposiciones que permitirán solucionar con más rapidez los conflictos. Además, tendrá un contenido social y de organización cooperativa o similar que seguramente va a constituir una importante novedad en el país, con resultados, a nuestro juicio, muy efectivos.

Señor Presidente: con lo que hemos agregado a lo mucho que dijo el señor Senador Astori, hemos querido colaborar con la información que necesitan los señores Senadores para el mejor estudio de este proyecto de ley, al que le asignamos una enorme importancia.

9) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- La Mesa sugiere, teniendo en cuenta que el acuerdo que se realizó en el Cuerpo fue que este proyecto se considerara en términos generales en el día de hoy y en particular el día 26 -sesión esta última que aún no ha sido votada- que el Senado se pronuncie efectivamente sobre la realización de esa sesión extraordinaria.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO.- En una reunión de coordinadores de Bancada de sectores parlamentarios, se conversó sobre la realización de sesiones extraordinarias posteriores al receso, estableciéndose sesiones para esta semana -estamos cumpliendo con lo dispuesto- y posiblemente para el día 26. Ahora bien, el señor Presidente está proponiendo que el Senado fije sesión para ese día y que la discusión particular del proyecto de ley sobre riego se trate en esa oportunidad. Considero que no seria ocioso establecer cuáles son los temas que se van a tratar en la mencionada sesión, que es de riesgo y no de riego.

En conclusión, propongo que en esa sesión se consideren los temas que hoy no puedan ser aprobados o resueltos. De esa forma tendremos con precisión una visión de lo que allí se va a tratar y los integrantes del Senado tendrán la información pertinente para manifestar su voluntad sobre la realización de la mencionada sesión.

SEÑOR ASTORI.- Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- La Mesa agradece la observación efectuada por el señor Senador Santoro. Lo que ocurre es que ha sido informada de que, previo a la consideración de este tema que figura como primer punto en el orden del día, había un acuerdo para que la discusión particular tuviera lugar el día 26.

De todos modos, como aún no se había votado celebrar esta sesión y en tanto hacíamos tiempo para recoger la votación, la Presidencia entendió que podíamos proponer que el Senado efectivamente decidiera su voluntad en ese sentido. Asimismo, el señor Senador Santoro incorpora un elemento que entendemos positivo, es decir, lo que pudiera quedar pendiente en esta sesión, así como alguna otra moción que podría surgir posteriormente, lo que consolidaría el orden del día de esa reunión.

En consecuencia, y en ese sentido votaríamos la moción.

SEÑOR ASTORI .- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Coincido con la Mesa y con la propuesta del señor Senador Santoro, por lo que mociono para que se vote la realización de dicha sesión incluyendo el proyecto de ley de riego como primero punto del orden del día, agregando luego aquellos otros puntos que -tal como lo señalaba el señor Senador Santoro- figuran en el orden del día de esta sesión y no puedan ser resueltos en esta oportunidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

10) ELENA HUGHES DE MOOR-DAVIE. Pensión graciable.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Antes de continuar con la consideración del proyecto de ley de riego con destino agropecuario, se va a dar cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder a la señora Elena Hughes de Moor-Davie.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- Han sufragado 26 señores Senadores; 25 lo han hecho por la afirmativa y 1 por la negativa, por lo que el resultado ha sido: Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Léase el artículo 2°.

(Se lee:)

«Artículo 2°.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales».

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

11) ESTEBAN GARINO. Pensión graciable. Elsa Vallarino. Pensión graciable.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Atento a lo propuesto por el señor Senador Posadas Montero, se pasa a considerar los proyectos de ley por los que se concede una pensión graciable al señor Estaban Garino y a la señora Elsa Vallarino (Carp. N° 591 - Rep. Nº 343/96) y (Carp. N° 585/96 - Rep. N° 341/96).

(Antecedentes:)

«Carp. N° 591/96
Rep. N° 343/96

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Concédese una pensión graciable al pintor Esteban Garino equivalente a cuatro Salarios Mínimos Nacionales.

Art. 2°.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de noviembre de 1996.

Jorge Machiñena Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos Laborales
y Seguridad Social

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha considerado el proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes, por el que se concede una pensión graciable al acuarelista y pintor Esteban Garino.

Esteban Garino nació en Montevideo, en el año 1919 y ha desarrollado por más de cincuenta años una dilatada labor artística, dentro y fuera del país. Se destacó como docente en la formación de plásticos y expuso en diversos salones tanto en forma colectiva como individual. Ha llevado a cabo unas cuarenta exposiciones en Uruguay, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ha recibido premios, integrando jurados y publicado una decena de libros y carpetas de sus trabajos.

A la fecha, con setenta y seis años de edad y su capacidad disminuida, se encuentra enfermo y en situación económica precaria, sobre todo para afrontar los gastos de su enfermedad. En los antecedentes que preceden al Mensaje del Poder Ejecutivo están adjuntos tantos los dictámenes médicos como los certificados que acreditan los ingresos del señor Garino. Figura asimismo el informe de la señora Asesora de Artes Plásticas de la Dirección de Cultura del Ministerio en que avala sus aportes a la comunidad, con la difusión del arte nacional.

Es por estas razones que la Comisión estima de justicia el otorgamiento de dicha pensión graciable.

Sala de la Comisión, en Montevideo, a 16 de diciembre de 1996.

Jorge Gandini (Miembro Informante), Luis Brezzo, Susana Dalmás, Rafael Michelini, Luis B. Pozzolo, Helios Sarthou. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión asesora de Seguridad Social, eleva a consideración de la Cámara, el proyecto de ley con iniciativa del Poder Ejecutivo, por el cual se concede una pensión graciable al pintor Esteban Garino.

Nacido en Montevideo el 4 de diciembre de 1919, desde muy joven se dedicó a la ilustración y al dibujo publicitario, conociéndose sus trabajos en órganos de la prensa de Montevideo y Buenos Aires.

Simultáneamente cumplió otras tareas en la Facultad de Odontología de Montevideo, entre ellas de dibujo anatómico y didáctico. Se traslada a Buenos Aires, oportunidad que lo vincula a la obra de Aldo Raimondi, y a partir de la iniciación de la amistad con el gran maestro italiano, se consagró a pintar. Desde entonces comenzaron sus muestras individuales, sus viajes a los países de América y luego a Europa, donde analizó los procedimientos seguidos por acuarelistas de distintos países, deteniéndose especialmente en la Academia Brera de Milán.

De regreso, publicó una serie de artículos técnicos, dictó cursos de dibujo, pintura y acuarela en diversas instituciones. Intervino como miembro de jurados en diversas oportunidades, fue miembro del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, presidente del Sindicato Libre de Pintores, Escultores y Grabadores del Uruguay, así como una extensa trayectoria referida a su amor por el arte.

Hoy a los setenta y seis años, cuando su capacidad de trabajo se halla disminuida por una lamentable enfermedad, el Poder Ejecutivo cree realizar un acto de justicia al propiciar el otorgamiento de una pensión graciable.

Por las consideraciones señaladas, esta asesora estima de estricta justicia aconsejar al Cuerpo, la aprobación del adjunto proyecto que informa.

El proyecto de ley establece en su artículo 1° el nombre del beneficiario así como el monto de la pensión.

En el artículo 2°, se dispone que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Sala de la Comisión, 17 de julio de 1996.

Gabriel Barandiarán (Miembro Informante), Guillermo Chifflet, Enrique Pintado, Yeanneth Puñales Brun, Carlos Testoni, Jaime Mario Trobo.

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 13 de junio de 1996.

Señor Presidente de la Asamblea General

Doctor Hugo Batalla

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo con el objeto de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable al pintor Esteban Garino.

Esteban Garino -con una destacadísima trayectoria artística de más de cincuenta años- tiene una especial relevancia dentro de la plástica nacional, en la que su maestría técnica como acuarelista alcanza niveles excepcionales. Esta singular condición, unida a una incesante labor creativa, lo llevaron a realizar exposiciones individuales en nuestro país, en la Argentina, Brasil, Estados Unidos de Norte América y en el Reino Unido, obteniendo siempre el reconocimiento del público y de la crítica especializada.

A lo ya señalado cabe agregar la labor docente desarrollada en su taller, su intervención en jurados y congresos, los murales realizados en edificios públicos y privados y, finalmente, la obtención de los máximos premios en certámenes oficiales de nuestro país y del extranjero.

Hoy a los setenta y seis años, cuando su capacidad de trabajo se halla disminuida por una lamentable enfermedad, el Poder Ejecutivo cree realizar un acto de justicia al propiciar el otorgamiento de una pensión graciable.

El proyecto de ley establece en su artículo 1° el nombre del beneficiario así como el monto de la pensión. En el artículo 2° se establece que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti. Samuel Lichtensztejn. Luis A. Mosca.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Concédese una pensión graciable al pintor Esteban Garino equivalente a cuatro Salarios Mínimos Nacionales.

Art. 2°.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Montevideo, 13 de junio de 1996.

Samuel Lichtensztejn. Luis A. Mosca.»

«Carp. N° 585/96
Rep. N° 341/96

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Concédese una pensión graciable equivalente a cuatro Salarios Mínimos Nacionales a la señora Elsa Vallarino.

Art. 2°.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de noviembre de 1996.

Jorge Machiñena Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha tratado el proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes, por el que se otorga una pensión graciable a la señora Elsa Vallarino.

Fundamenta esta solicitud una razón de equidad ya que esta señora está en la misma situación que los pioneros del Cuerpo de Baile del SODRE, que oportunamente fueron reconocidos. El proyecto, más allá de un homenaje a una labor cultural individual, es un homenaje a una integrante de aquel grupo de artistas que inició un camino, luchó y se esforzó por prestigiar al país e imponer una forma artística.

En mérito a estas consideraciones, la Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, en Montevideo, a 16 de diciembre de 1996.

Jorge Gandini (Miembro Informante), Luis Brezzo, Susana Dalmás, Rafael Michelini, Luis B. Pozzolo, Helios Sarthou. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Por unanimidad, vuestra Comisión de Seguridad Social, aconseja la aprobación del presente proyecto de ley, por el cual el Poder Ejecutivo propone una pensión graciable a la señora Elsa Vallarino.

La Cámara de Representantes oportunamente se pronunció sobre la necesidad de aprobar una pensión para los pioneros del Cuerpo de Baile del SODRE. Se trata no sólo de un reconocimiento a una labor cultural que prestigió al país, sino, además, de un homenaje a la condiciones artísticas y al esfuerzo de quienes iniciaron la organización de un destacado sector de la actividad del SODRE.

Es innecesario abundar en algunos de los espectáculos que consagraron -en el país y fuera de nuestras fronteras- las virtudes de esta artista. Por su actuación en el SODRE y porque, además, con su Ballet Dalica, obtuvo un gran reconocimiento desde la década de los años cincuenta en adelante, en el desempeño de esta profesión.

Por todas las tareas desarrolladas, por sus condiciones artísticas y los méritos adquiridos, hacen que Elsa Vallarino se sitúe en idéntico nivel de aquellos pioneros que la Cámara recientemente homenajeó, otorgándoles el beneficio de una pensión graciable.

El artículo 1° determina el nombre de la beneficiaria. El artículo 2° indica la erogación pertinente que, en este caso, como es habitual, será atendida por Rentas Generales.

Sala de la Comisión, 17 de julio de 1996.

Jaime Mario Trobo (Miembro Informante), Gabriel Barandiarán, Guillermo Chifflet, Enrique Pintado, Yeanneth Puñales Brun, Carlos Testoni.

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 13 de junio de 1996.

Señor Presidente de la Asamblea General

Doctor Hugo Batalla

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, por el que se concede pensión graciable a la señora Elsa Vallarino.

El presente proyecto se fundamenta por ser esta persona de los pioneros del Cuerpo Estable de Baile del SODRE y estar en las mismas condiciones que los señores: Wilfredo Toamarán, Olga Banegas, María Luisa Balbi, Nelly Gubitosi y Nilda Gubitosi de quienes ya se remitió proyecto de ley.

Por lo tanto, en el proyecto de ley en su artículo 1°, se establece el nombre de la beneficiaria y, en el artículo 2°, se establece la erogación resultante que será atendida con cargo a Rentas Generales.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Samuel Lichtensztejn. Luis A. Mosca.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Concédase una pensión graciable equivalente a cuatro Salarios Mínimos Nacionales a la señora Elsa Vallarino.

Art. 2°.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Montevideo, 13 de junio de 1996.

Samuel Lichtensztejn. Luis A. Mosca.»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Léanse los proyectos.

(Se leen)

-En consideración.

Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

(Se reparten las bolillas de votación).

12) RIEGO CON DESTINO AGROPECUARIO

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Continúa en consideración el proyecto de ley de riego con destino agropecuario.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Si bien ya lo mencioné, sería bueno reiterar que comparto la importancia del tema y, además, soy plenamente consciente del tiempo que ha llevado tratar de elaborar un proyecto sobre esta materia, así como la dedicación de varios señores Senadores a esta tarea. Sin duda, puede resultar fastidioso que alguien, a esta altura, en el plenario, venga a plantear sus dudas. Sin embargo, en descargo de lo que va a suceder -efectivamente voy a exponer mis dudas- debo decir, en primer lugar -tal como también lo mencionaba el señor Senador Mallo- que recibí este proyecto de ley en el día de hoy y, por lo tanto, no tuve tiempo de estudiarlo como se debe, a fondo. Por otro lado, al igual que los otros señores Senadores, moralmente me veo obligado a plantear una serie de interrogantes que no puedo evitar tener. No es mi ánimo obstruir la consideración del tema y tampoco tengo reparos en cuanto al tema en sí.

De todos modos, considero que es parte de mi obligación mencionar las dudas y comentarios que tengo. Creo que además puede ser útil hacerlo en el día de hoy – a pesar de que esto puede ser materia de discusión particular- porque ello permitiría que los Miembros Informantes y los demás integrantes de la Comisión tomen nota de esas interrogantes para luego disiparlas o introducir correcciones, si es que las comparten. Dicho lo cual, remitiéndonos al articulado, paso a hacer los comentarios que este primerísimo estudio del proyecto me merece.

Con relación al artículo 1° y más precisamente a su inciso segundo, creo que la salvedad que allí se establece en cuanto a que el derecho depende de la no degradación de los recursos naturales, debe ser complementada con que tampoco perjudique a terceros. Pienso que este es un elemento jurídico importante.

Respecto al inciso tercero del artículo 1°, creo que colide con lo expresado en el inciso final de esta misma disposición, porque este último hace al Decreto-Ley N° 15.239, norma supletoria. Pero el inciso segundo del artículo 2° la hace norma aplicable. Creo que jurídicamente hay que aclarar si el Decreto-Ley N° 15.239 se va a extender a todos los casos o, por el contrario, va a ser supletorio. Dentro del artículo 2° daría la impresión de que el proyecto de ley pretende otorgarle facultades delegadas al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es decir que el Poder Ejecutivo no actuaría bajo la forma normal, sino que lo haría delegando facultades en dicho Ministerio. Si así fuera, quizás convenga expresarlo en forma más directa.

En relación al artículo 3° que habla del otorgamiento de concesiones y permisos, en él no se establece -tampoco lo encuentro en otras partes del proyecto- cuál es el organismo facultado para hacer ese otorgamiento. No sé si es algo que está previsto en el Código de Aguas o si queda aquí una laguna normativa. Asimismo, este primer inciso del artículo 3° tampoco menciona una definición o concepto de lo que es concesión versus lo que es permiso. Este es un tema que parcialmente retoma el artículo 8° y que comentaré en esa oportunidad.

El segundo inciso del artículo 3° nuevamente parece querer conferir a otro Ministerio atribuciones delegadas. Justamente aquí aparece un tema que se repite en varios artículos del proyecto de ley y que desearía dejar planteado. Se trata de una suerte de actuación conjunta, a veces superpuesta y no claramente delimitada entre las atribuciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el de Transporte y Obras Públicas. Más aún, creo que valdría la pena analizar este punto, visto que este tipo de situaciones -respecto de las cuales el país tiene una larga tradición— terminan produciendo dificultades burocráticas, donde el usuario acaba siendo víctima de un eterno peregrinar de un Ministerio a otro. Quizás sería conveniente, entonces, considerar la posibilidad de unificar las atribuciones en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que parece ser el más adecuado en una materia que si bien hace a un tema más general como es el uso de aguas, está circunscripto al riego que es materia propia de dicha Cartera. No creo que se perjudique el funcionamiento de este proyecto de ley si se quita del medio al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; es más, creo que ello simplificaría después la práctica.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis. B. Pozzolo).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Evidentemente, el tiempo ha sido muy escaso para que quienes no formaban parte de la Comisión pudieran estudiar a fondo el tema.

El hecho de que en este asunto intervengan los dos Ministerios que se han mencionado obedece a que el de Ganadería, Agricultura y Pesca es el que estudia el plan del cultivo que se va a realizar y la necesidad del agua, mientras que el de Transporte y Obras Públicas es el que ordena la disponibilidad del agua a fin de que no afecte la existencia del recurso u otras obras públicas. Por ejemplo, los canales, drenajes y las obras hidráulicas pueden atravesar carreteras o afectar vías de tránsito, puentes, etcétera. Es por este motivo, entonces, que debe intervenir el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través del organismo adecuado que en su Dirección de Hidrografía.

De todos modos, toda esta temática está explicitada a lo largo del proyecto de ley. Comprendo que quienes apenas han tenido algunas horas para leerlo no lo hayan visto, pero creo que está perfectamente explicado. No obstante, tal vez sea más conveniente escuchar todas la exposición del señor Senador Posadas Montero y no realizar más interrupciones, por lo menos por mi parte.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Puede continuar el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR MALLO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Con mucho gusto, señor Senador. Adelanto, además, a los señores Senadores que serán bienvenidas todas las interrupciones que se quieran realizar porque lo que estamos haciendo es, precisamente, tratar de sacar las piedras del camino

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MALLO.- El hecho de que el Ministro actúe o no con facultades delegadas tendrá una gran importancia cuando se deduzcan los recursos administrativos porque, evidentemente, el Ministro -salvo las normas que la Constitución establece dándole potestades propias- está subordinado al Poder Ejecutivo. Esto significa que ante toda decisión de un Ministerio puede interponerse el recurso jerárquico, salvo cuando el Ministro actúa con potestades delegadas, en cuyo caso se imputa al Poder Ejecutivo y el recurso se interpone directamente a este último.

Aunque no he tenido una vida muy vinculada al problema del riego, soy un posible aspirante a regante, y creo que el tema del agua ha dado lugar a muchas discusiones y perturbaciones. Por lo menos, esto es lo que se oye en las zonas donde el agua se utiliza para riego. En consecuencia, establecer con claridad cómo se definen los recursos, cómo se interponen y quién los puede resolver, me parece que son aspectos a precisar en la ley.

Por otra parte, la intervención de varios Ministerios puede obviarse si el que dirige es uno de ellos y este es el que recibe de los otros Ministerio la opinión, dictamen o normas a que debe sujetarse el solicitante. De esta manera, se unifica el lugar donde se hace el trámite, de igual manera que se unifica la ventanilla de pago cuando concurrimos a abonar el precio por determinados servicios para que quien los percibe lo distribuya. En este caso vamos a una sola ventanilla aunque dependa de distintas instituciones. Aquí, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca debería actuar con informe previo en la materia específica de Transporte, pero se centralizaría en un solo lugar.

Esta es una opinión muy improvisada porque, como he dicho, ni siquiera pude leer el texto completo.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Puede continuar el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- La preocupación del señor Senador Mallo se justifica en la medida en que se cumple el siguiente proceso. Siendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el que tiene a su cargo la Dirección Nacional de Hidrografía y teniendo en cuenta que ríos, arroyos, cañadas, etcétera, son fuente de agua para riego, es evidente que tiene que intervenir. Sin embargo, sólo puede conceder el uso de esas aguar para un plan previamente aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es el organismo especializado para determinar su viabilidad. De esa manera hay un Ministerio que resuelva -que es el que tiene la potestad para hacerlo el de Transporte y Obras Públicas, pero sobre la base del informe elaborado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, acerca del plan agrícola que se va a desarrollar.

Esta es una muy breve información que se puede ampliar posteriormente, pero me pareció oportuno formularla en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Puede continuar el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Comparto las inquietudes manifestadas por el señor Senador Mallo con el mismo grado de precariedad y creo que lo que señala es jurídicamente acertado, pensando siempre en esta iniciativa como un instrumento que tendrá un posterior uso práctico. Considero que es bajo esos ojos que tenemos que analizar este proyecto de ley.

Terminando con el artículo 3° y como un tema muy menor, en el inciso segundo aparece la calificación de «agrario» referida al riego. Pienso que la misma sobra ya que no sé qué otro tipo de riego puede existir.

Con respecto al artículo 4°, señalo que en el numeral 3) sería mejor precisar jurídicamente el término «goce» y aclarar qué es lo que se está pensando: si se trata de un derecho real o si también se refiere a derechos personales como el arrendamiento. Creo que el término «goce», sin ninguna otra precisión, no es jurídicamente claro.

En el artículo 6° vuelve a aparecer el tipo de problema que mencionábamos hace unos minutos relativo a la intervención de dos Ministerios en lo que aparentemente sería facultades delegadas. En este sentido, debemos tener en cuenta los comentarios anteriores, sobre todo los expuestos por el señor Senador Mallo. Además, en el inciso segundo, me gustaría que se aclarara qué es lo que expresa el artículo 285 de la Ley N° 16.736, que no figura en las disposiciones citadas.

Con referencia al artículo 8°, de su lectura me surgen algunas dudas. Allí se establece que el permiso de riego podrá ser otorgado para utilizaciones de carácter transitorio y en aquellos casos en que no se posea la totalidad de requisitos para la concesión. En primer lugar, hubiera preferido que se incluyera una definición o un concepto de concesión y otro de permiso, para entender la ley de una manera más clara.

En segundo término, la suerte de concepto de permiso que aquí aparece no está, a mi juicio, muy clara respecto a si estamos hablando de dos condiciones acumulativas o disyuntivas. Me refiero a si el permiso es el instrumento cuando hay transitoriedad o cuando además hay ausencia de condiciones o si el instrumento cuando hay transitoriedad o cuando faltan condiciones. Por lo menos personalmente no encuentro que estos conceptos estén claros.

SEÑOR MALLO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MALLO.- La definición de permiso fue introducida en la práctica como una manera de eludir las condiciones o requisitos que se exigen para otorgar una concesión. Sin embargo, la concesión también puede ser transitoria -o debe serlo necesariamente- ya que no hay concesiones a perpetuidad; todo tiene su plazo, En este sentido, comparto la posición del señor Senador Posadas Montero en cuanto a que, en puridad, lo de permiso es una introducción en cierto modo «por la puerta del fondo». Seguramente, el señor Senador Korzeniak nos podrá aclarar mejor los conceptos de permiso y concesión, pero entiendo que muchas veces se otorga un permiso, por ejemplo, para una línea de ómnibus, cuando no están dadas las condiciones para la concesión, de manera de eludir en cierta forma dichas exigencias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Puede continuar el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Este tema se vincula con lo que aparece en el artículo 9°, en la frase final del primer inciso, que habla de la cesión de los permisos. Allí se le exige al cesionario del permiso que cuente con un plan de uso y manejo de suelos y aguas aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero esa exigencia puede no serle aplicable al cedente, de acuerdo al artículo 8°. Da la impresión de que no existe una armonía entre ambos artículos; el cedente no tiene por qué contar con el requisito del plan, pero a aquel a quien le va a ceder sí se le exige. Esto no parece muy congruente ya que dicha exigencia debe aplicarse a los dos o a ninguno.

Con respecto a este primer inciso también existe un tema menor relativo a la autoridad competente, ya que si sabemos cuál es sería mejor ponerla a texto expreso y no dejarla en forma elíptica.

En lo que tiene que ver con el artículo 10, en el caso de contratos asociativos -fórmula jurídica que podemos dejar de lado- de cultivos no se requiere un plan aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sin duda habrá algún motivo para ello y seguramente los Miembros Informantes lo podrán explicar en su momento. Sin embargo, a primera vista parece una circunstancia un tanto especial que se permita obviar ese requisito tan importante en esas situaciones.

A continuación, paso al Capítulo III que refiere a las sociedades agrarias de riego y que, confieso, me parece una serie de observaciones desde el punto de vista jurídico.

En principio, debo decir que en el artículo 13 hay una expresión que creo no es correcta jurídicamente. Si lo que se quiere es que haya sociedades con objeto exclusivo, me parece que la expresión correcta no es «no podrán unir a su objeto». En realidad, no se unen los objetos; en todo caso se integran.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Simplemente, quería saber a qué artículo corresponde la última observación formulada por el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Puede continuar el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Aclaro, señor Senador, que me refería al artículo 13.

Con respecto al artículo 14, debo decir que se concreta el propósito de este Capítulo con la creación de un tipo de persona jurídica nueva en el Derecho uruguayo. Personalmente, confieso que esto me genera enormes resistencias, debido a que siempre he sido contrario de la legislación ad hoc.

El Uruguay tiene una legislación en materia de sociedades; inclusive, no hace muchos años hizo un esfuerzo por tratar de codificar el tema de sociedades comerciales. Quizá ese esfuerzo no fue del todo feliz, pero existió, y no creo que este tipo de actividad tenga una peculiaridad tal que sea imposible utilizar los instrumentos jurídicos que tenemos para llevarla a cabo. La experiencia parece demostrar que el estar haciendo cortes jurídicos a medida con este grado de particularidad o de especialidad después redunda en mil problemas prácticos, tanto entre los socios como cuando se debe recurrir a los tribunales.

Francamente, me sentiría más tranquilo si se encuadrara este tipo de actividad dentro de la gama de fórmulas societarias que el país tiene; me parece que, entre ellas, más de una son instrumentos aptos para desarrollar este tipo de actividad.

Vinculado estrechamente con esto y en lo que refiere a los artículos 15 y 16, independientemente de que pudiera haber consideraciones para darle competencias en otras materias al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no veo que esta Secretaría deba tenerlas -es una opinión personal para autorizar personerías jurídicas. Considero que esto es un tanto extremo.

También dentro de esta materia, me choca frontalmente una figura jurídica que, por lo menos para mí, es absolutamente novedosa y que creo no existe en el Derecho uruguayo. Me refiero a la creación de un órgano jurisdiccional dentro de una persona jurídica, de una figura societaria. Esto está previsto en los artículos 17 y 18. Al respecto, no sé cuál es la opinión de algunos colegas del Cuerpo que son abogados, pero confieso que estas innovaciones jurídicas me despiertan enormes temores.

Por último, si en este Capítulo -es un comentario adjetivo a los anteriores- vamos a buscar normas supletorias en materia societaria -que, evidentemente, serían necesarias i innovamos en el grado que pretendemos con los artículos anteriores- no me parece que el lugar para ello sea en el Código Civil, sino en la Ley N° 16.060. Aclaro que para todas las actividades de índole comercial, dicho Código ha quedado en desuso desde hace muchos años.

Con referencia al artículo 22, voy a formular dos comentarios. En primer lugar, el término «tarifa», si bien se ve con frecuencia en normas jurídicas, sobre todo del tipo de las Rendiciones de Cuentas y de Presupuesto, ha sido más que nada un artilugio del legislador e inclusive del Poder Ejecutivo para conformar lo que con el Código Tributario se pretendió ordenar, que son las categorías en materia tributarias. Además, este es un término bastante antiguo, que el referido Código buscó modernizar categorizando la materia en impuestos, tasas, contribuciones y precios. Por lo tanto, creo que no es bueno apartarse de esas categorías. Si acá se está pensando, como parecería, en una tasa, es decir, en un tributo, debería decirse, y si se está pensando en un precio, también debería decirse. Vinculado con este tema, también tendría que quedar claro quién es el sujeto pasivo, ya sea de la tasa o del precio.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Sin entrar a discutir las distintas categorías tributarias o gravámenes -para usar un concepto todavía más amplio- agregaría que esa terminología vinculada a las tarifas no es sólo de nivel legal y reglamentario, sino también de la Constitución que, sobre todo en la parte referida a los Gobiernos Departamentales, habla de impuestos, tasas, tarifas y precios.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Puede continuar el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Lo que dice el señor Senador Korzeniak es cierto, pero responde a una terminología de muchos años, por no decir anticuada, que expresamente a cierta altura se quiso canalizar a través del Código Tributario, y creo que no deberíamos apartarnos de eso. Pienso que acá hay que especificar si se trata de una tasa y, por lo tanto, se rige por las normas referidas a tributos en el Código Tributario, o de un precio. En este último caso, ¿puede haber solidaridad, como está previsto en el inciso tercero? Parecería que no. Si es una tasa y, por consiguiente, un tributo, debería quedar claro quién es el sujeto pasivo; si es el usuario, no me convence que se estipule la solidaridad a que alude el inciso tercero. En el caso de que tenga una vinculación real con la propiedad, creo que tendría que estructurarse así. En definitiva, no veo que esto sea de buena técnica tributaria.

El artículo 24 hace referencia a las expropiaciones y sobre él conversamos informalmente con el señor Senador Mallo, quien en esta materia sabe más que quien habla. Debería estudiarlo un poco más pero, "prima facie", me da la impresión de que la norma es inconstitucional. Creo que una declaración de utilidad pública "urbi et orbi" que, teóricamente, abarca todo el territorio nacional y que por lo tanto habilitaría al Poder Ejecutivo a expropiar sin pasar por el Parlamento, va mucho más allá de los límites que en esta materia sabiamente dispone la Constitución. Reitero que estamos en un estudio primario, pero con mis conocimientos de Derecho -que en este punto- no son muchos debo decir que eso me choca frontalmente.

Con relación al tema que me señalaba el señor Senador Mallo referente a este artículo, en todo caso -y subsanada la primera observación de fondo- habría que aclarar un poco más cómo se vincula el tema de la utilidad pública con el hecho de que estén a cargo del Estado. Parecería que estaríamos hablando de propiedad del Estado por la vía de la expropiación, pero no sería adecuada la expresión "estén a cargo", ya que desde el punto de vista jurídico no parece lo más preciso.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Antes que nada, solicito excusas al señor Senador Posadas Montero por esta especie de interrupción por picoteo, pero ello obedece a que se van tratando artículos en particular.

Sin perjuicio de que puedan sostenerse otras opiniones, quiero decir que la declaración de utilidad pública para la expropiación de inmuebles puede ser genérica -como lo ha sostenido básicamente el doctor Sayagués Laso- específica o regionalizada.

La gran mayoría de las cartas orgánicas del Uruguay -sin que nunca haya habido una declaración de inconstitucionalidad- usan una fórmula igual a la del artículo 24. Es así que cuando se crea AFE se declara de utilidad pública la expropiación de todos los terrenos de cualquier parte del país que necesite para cumplir con sus cometidos; lo propio ocurre cuando se crean ANCAP y el Banco de la República, entre otros.

Es verdad que -en una interpretación que siempre he calificado irónicamente como decimonónica de la Constitución- algunos juristas han sostenido que las declaraciones de utilidad pública tendrían que ser más precisas. Inclusive, en el ámbito del Senado algunos distinguidos Legisladores -como, por ejemplo, el escribano Dardo Ortiz- han sostenido que hay que buscar fórmulas más concretas. Sin embargo, la Constitución no exige que se concrete esa fórmula y la práctica parlamentaria uruguaya, sobre todo en leyes de fondo -como es el caso de las cartas orgánicas cuando crean un Ente Autónomo- usa una fórmula muy similar a ésta desde el punto de vista gramatical.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Puede continuar el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Advierto que hace tiempo que no leo a Sayagués Laso sobre esta materia, pero mi recuerdo no es idéntico al del señor Senador Korzeniak, aunque ya tendremos tiempo de profundizar en ese tema.

La referencia que hace el señor Senador a varias cartas orgánicas es correcta.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Ha finalizado el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR CHIESA. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Como decía, la referencia del señor Senador Korzeniak a la existencia de cartas orgánicas con fórmulas similares es histórica, pero por se no da garantía de ser una buena solución; la repetición de errores no produce verdades por acumulación. La misma objeción que realizo en este caso la tengo con relación a esas cartas orgánicas. De modo que el hecho de que en el pasado se hayan cometido lo que califico como errores jurídicos, no los tornan en verdades por mera acumulación.

Asimismo, es muy cierta la referencia que hace el señor Senador Korzeniak al escribano Ortiz. Si mal no recuerdo, él tenía la misma posición que yo sostengo en este momento; inclusive -el señor Senador Korzeniak tiene mejor memoria que yo; en todo caso, podrá refrescármela- creo que al comienzo de la Legislatura pasada planteó ese tema bajo la forma de un proyecto de ley que consideramos en la Comisión de Constitución y Legislación, pero no tengo presente qué suerte tuvo. De todas maneras, el escribano Ortiz -quizás el señor Senador Ricaldoni lo recuerde, pues también integraba la Comisión de Constitución y Legislación- apuntaba a acotar el tema de las expropiaciones y a salir de estas fórmulas genéricas. A propósito, digamos que el Derecho, es buen romance, no es más que una aplicación de la lógica, y si la llevamos hacia los extremos, tendríamos que admitir que podríamos pasar una ley que faculte al Poder Ejecutivo a expropiar siempre que considere que haya algo que sea de utilidad pública. Es decir: si lleváramos el razonamiento a un extremo -que, a veces, es una manera de hacer una suerte de prueba del nueve- nos daríamos cuenta que eso desemboca en un absurdo o en una exageración.

SEÑOR MALLO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Puede interrumpir el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: con relación al artículo 26, quiero hacer dos comentarios.

En primer lugar, señalo que el verbo "facultará" allí utilizado no me parece jurídicamente correcto. Digo esto porque si se otorga un poder sancionatorio, no se trata de la facultad de la persona que recibe dicho poder, sino que lo debe ejercer. Por ejemplo, no se puede decir que los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Transporte y Obras Públicas están facultados -cuando hay infracciones- a sancionarlas, pues lo deben hacer; en todo caso, tendrán discrecionalidad sobre el grado de la sanción, pero ante una infracción a la ley, no pueden resolver que no van a ejercer sus poderes sancionatorios. No me convence totalmente el otorgamiento de facultades sancionatorias a través de un artículo para uno u otro Ministerio, porque pienso que en esa materia hay que ser muy preciso, es decir, indicar quién tiene potestades, cómo las puede ejercer y cuáles son. Por tanto, me rechina otorgar facultades sancionatorias para uno u otro.

Por último, lo que quizás sea más grave, es establecer una sanción -que es una multa- para la infracción a cualquier aspecto de esta ley, pero ya no sólo de ella sino también de otra. Me parece que es un poco excesivo, que viene a ser algo así como un super cheque en blanco en materia sancionatoria y considero que no se debe legislar así. Es decir, que establecer que para cualquier contravención a esa ley y a otra puede aplicarse multas de diez a diez mil Unidades Reajustables -es un espectro bastante amplio- no me parece de buena técnica jurídica. Reitero que en materia de sanciones hay que ser lo más preciso posible en la tipificación de la contravención, de quién puede aplicar la sanción y cuál es ésta. Me parece que una mecánica al barrer no es de buena técnica jurídica ni prudente.

Estas eran las manifestaciones que quería realizar en este primer análisis muy apurado del proyecto de ley; si hubiera quedado alguna duda, con mucho gusto estoy a disposición para aclararla.

Es cuanto quería manifestar.

13) ESTEBAN GARINO. Pensión graciable. Elsa Vallarino. Pensión graciable.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Se va a dar cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder al señor Esteban Garino.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio). - Han sufragado 27 señores Senadores; 26 lo han hecho por la afirmativa y 1 por la negativa, por lo que el resultado ha sido: Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º. - La erogación resultante será atendida por Rentas Generales".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

Dése cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder a la señora Elsa Vallarino.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio). - Han sufragado 28 señores Senadores; 26 lo han hecho por la afirmativa y 2 por la negativa, por lo que el resultado ha sido: Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º. - La erogación resultante será atendida por Rentas Generales".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

14) RIEGO CON DESTINO AGROPECUARIO

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Continúa la discusión general del proyecto de ley sobre riego con destino agropecuario.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: considero que el proyecto de ley en consideración tiene singular importancia, que ya ha sido destacada por los señores Miembros Informantes.

Hacer la historia de su tratamiento en el Parlamento supone hacer lo propio sobre la capacidad o no de realización política de los gobiernos que han intervenido en ello.

De todos modos, el tratamiento de este tema lleva ya once años en el Parlamento y aquí se ha hecho la historia de lo que se ha planteado como la intervención específica del Senado.

Antes que nada, quisiera realizar una proposición. El proyecto de ley, que es cabeza del expediente en esta materia y que fue presentado por el Frente Amplio, se debería integrar a los antecedentes, porque no figura, a pesar de ser el inicio del tratamiento del tema en Comisión en este Período Legislativo y de haber sido estudiado en el anterior. De modo que solicito que se tramite por la Mesa la incorporación a las actas y a los antecedentes -que quedarán incluidos en la versión definitiva- de este proyecto de ley que fue presentado -tengo aquí la fecha precisa- en el mes de marzo de 1995 y a raíz del cual la Comisión empezó a intervenir.

Inclusive señalo que la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado del período anterior también lo trató durante prácticamente un año, junto con especialistas de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Transporte y Obras Públicas.

Quiere decir que, finalmente, el proyecto de ley que vamos a aprobar -si es que existen los votos para ello- trata de regular lo existente, o sea, de dar causa legal y cierto a lo que son fundamentalmente las prácticas actuales; seguramente, no comprenderá a todas ellas, sino a las más importantes.

Entonces, me parece que en este sentido es positivo, aunque tiene limitaciones. Aquí se han explicado las razones de carácter técnico que llevaron a que no se incluyera en el texto presente el tema del drenaje y se dejara para un tratamiento especial, aunque esa no era una opinión unánime, ya que había otros sectores que entendían que sí debía estar comprendido. Sin embargo, con buen criterio se trata exclusivamente la materia de riego y no la del drenaje de agua.

Quiero señalar que, a mi juicio, las innovaciones más importantes son, justamente, algunas que han sido mencionadas en este ámbito como elementos de discusión. Una de ellas es la creación de las Sociedades Agrarias de Riego, que tienden a dar organicidad a lo que, hasta ahora, se ha hecho espontáneamente por parte de los productores, así como cierta regulación por medio de un orden jurídico aquí establecido. Asimismo, se propone la introducción de una práctica que históricamente tiene antecedentes en la legislación española y que refiere a las atribuciones que se dan a los jurados que los propios interesados van a nombrar para dirimir, no los grandes pleitos, sino las cuestiones de hecho que se plantean habitualmente entre los regantes en cuanto a la distribución del agua. En España hay un derecho consuetudinario, que seguramente tiene más de mil años, y que todavía funciona con la práctica heredada de la costumbre histórica. Esto también se aplicó en nuestro país hasta que comenzó a considerarse la necesidad de establecer este tema en una norma legal, lo que estimo como un gran avance, ya que va a permitir la solución de problemas con la garantía de que han sido los propios productores quienes designaron a sus Jueces en la aplicación de la ley.

Además, pienso que se da un inicio de políticas productivas, al establecer en el Capítulo V el tema de la promoción del riego. Considero que de nada valdría que se regulara la materia de riego si no existiera una política de Estado en relación con la promoción de riego. Aquí se ha hablado de la importancia que tiene el riego para la producción; el señor Senador Pereyra mencionaba la cantidad de agua necesaria para producir una tonelada de granos. También es cierto que con el riego, por ejemplo, es posible que producciones como la del maíz puedan multiplicarse ocho veces, con beneficios formidables no sólo para la producción del grano, sino para la alimentación del ganado, especialmente el lechero. Se trata de prácticas concretas en el país que, de multiplicarse, no sólo beneficiarían la producción de granos, sino también la de carnes y leche. Quiere decir que éste sería un proceso multiplicador de enorme magnitud.

No debemos olvidar que en el Uruguay existen algunas experiencias impulsadas por el Estado -es bueno reconocer que son de enorme importancia- como la del PRENADER, donde están involucrados varios miles de productores quienes, con el impulso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de convenios internacionales, están modificando el mapa productivo del sur del país, fundamentalmente el de la granja, otorgando beneficios que se verán a no muy largo plazo.

En esta materia, entonces, la posibilidad de que esta ley pueda dar los beneficios que, por lo menos, el marco jurídico habilita, dependerá de las políticas que de aquí en adelante se implementen.

En este texto se establece -solamente en materia de beneficios promocionales- que el Poder Ejecutivo podrá conceder los beneficios previstos en el Decreto-Ley Nº 14.178, de Promoción Industrial, modificativos y concordantes, en favor de las obras hidráulicas que se construyan a partir de la vigencia de la presente ley. Se trataría de un inicio, pero estas políticas también se articulan con líneas de crédito y la participación de bancos de fomento que permitan a los productores tener recursos con los cuales invertir y multiplicar su producción. Lo cierto es que esta inversión tiene beneficios ciertos y capacidad de repago, ya que el crédito que se otorgue será pagable con certeza.

Considero que estos son los aportes fundamentales que tiene este proyecto de ley. Seguramente, los señores Miembros Informantes podrán contestar algunas de las observaciones que se han realizado. Al respecto, quisiera responder solamente a algunas de carácter general, ya que presumo que ellos lo harán en forma más específica.

Respondiendo un poco a las inquietudes del señor Senador preopinante, en el inciso tercero del artículo 1º se dice que en todo lo no previsto expresamente se aplicarán las disposiciones del Código de Aguas y del Decreto-Ley Nº 15.239, de 23 de diciembre de 1981, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994.

A los efectos de guiar la lectura de los señores Senadores interesados en el tema, quiero decir que a partir del artículo 165 del Código de Aguas se regulan los usos privativos de aguas de dominio público, las concesiones y los permisos. Cabe aclarar que en este texto no se menciona expresamente el Ministerio que se encarga de dichas concesiones, sino que se hace referencia -como se acostumbraba hacer cuando se dejaba algo para resolver después- al Ministerio "competente". Este mismo inconveniente se nos plantea actualmente con la Ley de Areas Protegidas, ya que desde hace un año y medio estamos tratando de que el Poder Ejecutivo defina cuál es el "Ministerio competente" para encargarse del Sistema Nacional de Areas Protegidas. En el caso que nos ocupa ahora sí se sabe que dicha Cartera es la de Transporte y Obras Públicas, que es la que regula y otorga los permisos y concesiones. Por lo tanto, de aquí en adelante será ese Ministerio el que otorgue los permisos y concesiones con los mecanismos que prevé el articulado de la ley, es decir, con la elaboración del plan de uso y manejo de sueldos que debe aprobar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el aval del de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para la realización de la obra y de la concesión correspondiente, previo análisis del impacto ambiental que se producirá. Digo esto con carácter general. De la lectura de los textos, que es bastante laboriosa -habría que leer también el Código de Aguas- surgen las indicaciones que he mencionado.

También aquí se habló del tema de los permisos. Sin duda, tal como lo prevé el Código de Aguas, la concesión se hace por un determinado plazo, mientras que el permiso es otorgable con carácter transitorio y revocable en cualquier momento. Por lo tanto, tiene la noción de precariedad de la que carece la concesión. Pero, dado que tal como lo señaló aquí, en el artículo 9º, que refiere a la cesión del permiso, se le exigirían al cesionario -es decir, a quien en el futuro va a utilizar el permiso- cosas que no se le requieren al cedente. No es así. Concretamente, en el artículo 8º, que tiene que ver con los requisitos para el otorgamiento del permiso, se dice que se concederá para utilizaciones de carácter transitorio y "en aquellos casos en que no se posea la totalidad de los requisitos para la concesión, debiendo cumplirse con lo dispuesto por el ordinal 2º del artículo 4º de la presente ley". Aquí, en dicho ordinal, se establece que el solicitante deberá contar con un plan de uso de suelos y aguas aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de acuerdo con lo que disponga la reglamentación de la presente ley. Lo que dispone el artículo 9º es que el cesionario también lo debe tener. Es decir que esto está expresamente establecido para el que obtiene en principio el permiso y también para el concesionario cuando el titular lo cede.

Con respecto a los otros temas, creo que una lectura más pausada va a permitir dilucidar varias de las preguntas que aquí se han formulado.

Para finalizar, señor Presidente, señalo que en este largo tránsito que ha tenido el proyecto de ley en el Parlamento, he comprobado que es muy importante que los Legisladores intervengan en su redacción; me parece que no podemos dejarla librada exclusivamente al manejo de los técnicos, y digo esto con todo respeto por ellos. La iniciativa que hoy estamos considerando, que sin duda tiene algunas imperfecciones -y la historia lo demostrará- ha superado varias cuestiones muy complicadas por la participación que los Legisladores han tenido en la lectura del entramado de toda la ley y de su vinculación y articulación como proyecto global. En ese sentido, pienso que la Comisión trabajó muy bien durante mucho tiempo y que este es un primer paso en la dirección de tener una política de utilización de las aguas del Uruguay que es, tal vez, el país mejor regado del mundo. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido una política de orientación de la promoción del riego, en la cual seguramente está la clave de la multiplicación de la producción nacional, tanto en cantidad como en calidad.

Era cuanto deseaba señalar.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Señor Presidente: como miembro de la Comisión, quiero destacar la coincidencia que tengo con las afirmaciones de carácter general hechas por los señores Senadores que también la integran, en cuanto al trabajo, el esfuerzo y el haber logrado que por fin llegara al Plenario un proyecto articulado.

No tengo nada más que agregar a lo expresado por los Miembros Informantes y a las observaciones hechas por el señor Senador Posadas Montero, que son atendibles y recogibles. Creo que si disponemos de un plazo mayor -de aquí al 26 de diciembre- para seguir tratando el texto artículo por artículo indudablemente podremos ver si es posible recoger las objeciones de carácter jurídico. Al menos este Legislador, que no tiene una formación de ese tipo, las entiende como una gran colaboración tendiente a perfeccionar la redacción del proyecto.

Estoy dispuesto a votar en general esta iniciativa, para luego en la discusión particular tratar de recoger muchas de las importantes observaciones que ha hecho el señor Senador Posadas Montero en la discusión general, de modo que el proyecto sea lo suficientemente claro y no dé lugar a dudas en materia de interpretación. No sé si todas las objeciones son de recibo, pero adelanto que haré mías algunas, a los efectos de buscar el consenso necesario y la claridad que debe tener la letra de una iniciativa de esta trascendencia. Creemos que esto debe ser así para que a los usuarios les sirva como palanca en el desarrollo del riego, que es tan importante para el país. En este sentido, reitero lo dicho por varios señores Senadores en cuanto a que este proyecto de ley es necesario y también que las reglas sean claras para que se pueda producir un salto en el desarrollo de la producción nacional.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: ante todo, pido disculpas a los señores Miembros Informantes y a los integrantes de la Comisión porque hemos hecho una breve lectura del proyecto y no tenemos capacidad técnica para comprenderlo en forma rápida y emitir luego una opinión con cierta fundamentación. De todos modos, de la lectura nos han asaltado algunas dudas que queremos al menos dejar establecidas en la versión taquigráfica de esta sesión, a los efectos de ver si ameritan respuestas o aclaraciones.

Creemos, sí, que el proyecto es importante y trascendente. En el Uruguay de hoy el riego es uno de los elementos imprescindibles para la producción agraria y tiene, fundamentalmente, un valor esencial en lo que hace al buen uso de las aguas con relación a los avances tecnológicos. Naturalmente, estamos hablando de un recurso fundamental que, por suerte, en nuestro país se está utilizando con mucha capacidad y verdadera orientación, lo que ha llevado a multiplicar producciones y a un rendimiento mayor. Este es el caso del maíz. Pero también el riego tiene un gran valor en la explotación tambera. Sabemos que el Uruguay lidera en la producción láctea.

Como decía, el riego es muy importante para la producción del maíz. Felizmente ahora en nuestro país se ha vuelto a comprender que este es un alimento esencial para nuestros animales y fundamentalmente para el rodeo lechero, sustituyendo en cierta medida aquel impulso que durante años se trató de dar a la pradera.

Pero lo que hemos leído, en el proyecto se hace dos tipificaciones de aguas: las aguas propias y las aguas públicas. Yo hablaría de aguas propias o privadas, porque el artículo 1º, luego de declarar de interés general el riego con destino agrario, establece que todo productor rural tiene el derecho de utilizar los recursos hídricos de que pueda disponer legalmente para desarrollar su actividad, sin degradar los recursos naturales. Aquí se comprende la utilización de las aguas subterráneas de las que se encuentran en pequeñas represas, de cursos de menor cauce -por ejemplo, arroyos y cañadas- es decir, todas las aguas utilizadas dentro de un predio. O sea que se parte de la propiedad privada; de la propiedad de quien realiza la explotación agraria.

Por otro lado tenemos las aguas públicas. A este respecto, el proyecto prevé la posibilidad de otorgar el uso privativo de las aguas del dominio público con destino al riego. Allí se establece que se puede proceder a utilizar ese uso del agua pública mediante concesión o permiso. Ya en Sala se ha hecho referencia a estos dos conceptos, haciendo las categorizaciones correspondientes de cada una de estas situaciones desde el punto de vista jurídico, las consecuencias que tienen, cómo se conforman, su duración y su cancelación, en su caso. Pero, a través de las concesiones -y esta es la duda que nos asalta- nos da la impresión que se está procediendo a privatizar el agua pública. Aquí se dice que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá autorizar al concesionario o permisario a suministrar a terceros aguas con destino a riego agrario. Como luego el proyecto también establece normas sobre sociedades agrarias de riego, obras hidráulicas, etcétera, a nosotros nos preocupa el hecho de que aguas que son del dominio público, que en este momento están siendo utilizadas por productores en forma múltiple -a través de permisos o autorizaciones dadas por los Ministerios correspondientes- puedan pasar a ser otorgadas en concesión. En ese caso y por tal razón, quien obtenga la concesión sería el que tiene derecho a la utilización de esa agua y la podría vender a terceros.

Por eso nos preocupa que este proyecto habilite a que esto se produzca, es decir, que se privatice el agua pública y se afecte a los productores agrarios de zonas del sur. Precisamente nuestra inquietud surge del conocimiento que tenemos de la forma como se utiliza el agua en el sur y, fundamentalmente, en los pequeños y medianos establecimientos, ya sea agrarios o de agricultura, y en especial de tipo lechero. En esa situación, entendemos que el proyecto debería buscar mecanismos para evitar ese riesgo, que para nosotros es trascendente. Imagino qué ocurriría en el departamento de Canelones si se privatizara, por ejemplo, la zona del Lago del Canelón Grande, a través de la concesión del uso de su agua.

En este momento, en esa zona se está produciendo la aplicación de un plan de riego, que lleva adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con un éxito muy singular, a través de la posibilidad de habilitar con asesoramiento y mediante ciertas indicaciones de carácter técnico a que los productores de la zona puedan acceder al agua del Lago del Canelón Grande y utilizaría en sus respectivos establecimientos, ya sea para agricultura, actividad de granja o de tambo. Nos preguntamos, entonces, qué ocurriría con el agua del Lago del Canelón Grande si en la zona se otorga una concesión ¿Va a ser privatizada? ¿El concesionario venderá el agua a los productores de la zona?

Son preguntas que creemos que corresponde formular, a los efectos de que, en caso de que la situación no sea como la que describimos, se nos expongan las razones.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Lo que señalaba el señor Senador Santoro, que es muy cierto, hay que mirarlo en el contexto de este proyecto unido a la norma que permita la expropiación sin ningún límite concreto. Por el camino de los dos institutos -primero, la expropiación, y después la concesión- se está dando una carta abierta a no se sabe quién para un manejo privado, como decía el señor Senador Santoro, de este tema, que es tan delicado.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Puede continuar el señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Creemos que el aporte que hace el señor Senador Posadas Montero cierra la pregunta, porque la expropiación es el otro elemento que concurriría a los efectos de esta privatización, como nosotros la calificamos, de las aguas que son del dominio público.

Esto es lo que nos animamos a plantear en este momento, porque recibimos el proyecto en el día de hoy y solamente hemos podido hacer una lectura del mismo en Sala. Al respecto, aplicamos lo que conocemos de la realidad de nuestro departamento de Canelones y de algunas zonas específicas. En este departamento se está llevando a cabo un gran impulso y un gran trabajo en materia de riego, no solamente en la forma que hemos indicado, sino también por la vía de la utilización de los recursos propios de cada productor. Entonces, puede ocurrir que, con la mejor intención, este proyecto incida negativamente en toda una explotación que se está realizando, con bases técnicas, con los debidos asesoramientos y con mucha fe y voluntad de los productores de la zona.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: vamos a realizar una intervención muy breve y pretenderemos evitar caer en la tentación de referirnos al fondo del proyecto, sobre el cual ya han hablado los señores Miembros Informantes y también algunos otros integrantes del Senado.

Simplemente, queremos decir que en la discusión de todas las legislaciones referidas a riego siempre se termina tropezando con el mismo tipo de problemas a los cuales se ha hecho referencia aquí: el tema de las expropiaciones y el de la asociación de los regantes para hacer un uso más eficaz y eficiente del agua, así como también de la interacción de los distintos organismos del Estado, tanto los reguladores como los que apoyan a la producción y tienen intervención preceptiva en todos aquellos planes que implican financiamiento con apoyo del Estado.

En las distintas legislaciones, estos tres temas y algunos más -no son los únicos- se han ido resolviendo con distintas modalidades, pero en general -si bien no integramos la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, pudimos seguir los proyectos sucesivos y las discusiones- hemos constatado que los diversos modelos que se han ido aplicando o asumiendo en este proyecto de ley que hoy estamos considerando no son para nada extraños o soluciones poco comunes. La asociación de los regantes para administrar el agua y las obras y, al mismo tiempo dirimir los conflictos, es algo que resolverían los incas y resuelven los tailandeses desde hace muchos siglos con ciertas normas, en algunos casos hasta de carácter ritual. Aquí estos problemas se han ido resolviendo; entendemos que lo que hace el proyecto es recoger y aceptar modalidades que son ya de aplicación en el país.

En suma, señor Presidente -y para hacer cierta nuestra aseveración de que íbamos a evitar ingresar en el fondo del proyecto- queremos señalar; luego de haber consultado nuestra Bancada, que estaríamos en condiciones de votar en general el proyecto en el día de hoy, reconociendo el interés de aclarar y precisar varias de las observaciones que han sido formuladas por los señores Senadores Posadas Montero y Santoro, de manera de asegurar un texto más claro y congruente en muchos de sus aspectos.

Reitero, señor Presidente, que estaríamos en condiciones de votar en general el proyecto en esta sesión, para habilitar, en la fecha y la forma en que lo decida el Cuerpo, el ingreso a la discusión particular.

SEÑOR VIRGILI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIRGILI. - Señor Presidente: me satisface constatar que todos tenemos el deseo de que la ley de riego se lleve a la práctica. Esto es importante, y tal vez ese deseo hace a la impaciencia de nosotros. Vivimos en el medio y conocemos su realidad. En este momento estamos participando de la competitividad, y aquí no existen alternativas: nos tecnificamos o sucumbimos.

Nosotros estamos en un medio donde se hace el laboreo intensivo de la tierra y participamos en la competitividad a través de la venta a otros países. Podemos, realmente, tecnificarnos y mejorar o de lo contrario, no tendremos perspectivas.

No tenemos ninguna duda de que este proyecto de ley de riego puede tener aspectos jurídicos encontrados pero, de todo corazón, deseamos que para el día 26 de diciembre tengamos las cosas perfectamente aclaradas y seamos capaces de aprobar en el Senado, en lo que resta del año, esta iniciativa, porque se trata de un tema muy relevante. En este Parlamento se han tratado cuestiones importantes, pero para la agropecuaria nacional, seguramente, no se ha analizado otra como ésta.

En consecuencia, señor Presidente, nos permitimos aconsejar a los señores Senadores que el día 26 de este mes hagamos llegar al Cuerpo las distintas inquietudes y podamos hacer todo lo que sea necesario para que esta iniciativa de riego sea cristalizada, reitero, por lo menos en el Senado, en este año.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - No habiendo más oradores inscriptos, corresponde votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - En realidad, no deseo fundar el voto, por lo que si hay algún colega que sí lo desea hacer, quisiera aguardar para hacer uso de la palabra, ya que en mi condición de Miembro Informante desearía hacer algunos comentarios posteriores a la votación en general y previos a la discusión y vocación en particular; claro está, si el señor Presidente lo permite.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: creo que se ha ido gestando en Sala un consenso acerca de la conveniencia de postergar la votación en particular y el análisis correspondiente de este proyecto de ley -a pesar de los adelantos que ya han existido en la materia- para el próximo 26 de diciembre. Es más, la realización de la sesión ya ha sido votada y esta iniciativa encabezaría su orden del día.

Me parece, señor Presidente, que tenemos que efectuar un reconocimiento a las observaciones que los colegas han aportado a esta reflexión. Me voy refiriendo a los señores Senadores Posadas Montero, Mallo y Santoro, quienes se han pronunciado sobre el tema analizando aspectos muy importantes y, particularmente, lo han hecho desde el ámbito jurídico que es muy complejo, que puede no haber sido estudiado con la debida profundidad y que, sin duda, puede generar contribuciones que mejoren el proyecto de ley.

Sin perjuicio de ello, señalo que contamos con el asesoramiento de importantes juristas especializados. Deseo recordar la participación del doctor Pollak en la elaboración de esta iniciativa desde el primer día. El doctor Pollak es un asesor especializado en materia de riego, perteneciente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que sabe de lo que está hablando cuando se refiere a este tema. También quiero destacar la intervención especializada del doctor Navarro, que no sólo conoce el asunto, sino que ha venido trabajando desde hace muchos años en este proyecto. Este último prestó desinteresadamente su concurso a la Comisión, aun sin pertenecer ya al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pues no desempeña las funciones que antes cumplía; sin embargo, como se siente muy comprometido con esta materia, trabajó y aportó contribuciones invalorables al desarrollo de la iniciativa. No quiero dejar de mencionar al doctor Guerra, quien junto con el doctor Gelsi Bidart ha venido desarrollando labores académicas de primera magnitud en la Cátedra de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ellos también contribuyeron decisivamente para lograr el mejor nivel jurídico de la iniciativa que tenemos entre manos.

Ahora hay nuevos elementos que enriquecen la propuesta. Creo que muchos de ellos son, en principio y sin meditar demasiado, de recibo. De todas maneras, quiero solicitar -y estoy seguro que será posible- al señor Senador Posadas Montero que concrete en propuestas específicas...

SEÑOR POSADAS MONTERO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto, pero después de que termine la frase.

Le continúo pidiendo al señor Senador Posadas Montero que, por lo menos, concrete en propuestas específicas algunas de las observaciones que ha hecho y le recuerdo -por si no llegó a oír el principio de la frase- que no tengo dudas de que así será, porque reconozco el nivel de su trabajo y pienso que en este caso seguirá actuando con esas características.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - La Mesa va a conceder la interrupción solicitada, pero desea aclarar lo siguiente, a los efectos de ganar tiempo para poder analizar los otros temas que están en el orden del día.

La resolución del Senado fue que una vez agotada la discusión general, pasáramos el tema para que sea debatido, en particular, en la reunión del día 26 de diciembre, que ya fue votada. Por eso, la Presidencia, cuando el señor Senador Astori le solicitó la palabra, se la otorgó para fundar el voto, pero si se va a referir a la discusión particular y ahora concede una interrupción sobre ese tema, estaríamos ingresando en esa discusión que habíamos dispuesto postergar.

Puede interrumpir el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: simplemente deseo tranquilizar el espíritu del señor Senador Astori.

Siendo ferviente cultor del principio que reza que el que habla escribe, debo señalar que ya está todo escrito y esas palabras están en manos del señor Senador Heber.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Puede continuar el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Intentando ser breve, deseo expresar que no pretendí ingresar en la discusión particular.

Confieso que tengo una discrepancia con la Mesa, ya que creo que el Senado efectivamente se pronuncio en ese sentido, pero no excluyó el hecho de que pueda hacer estos comentarios que, dicho sea de paso, pueden ser útiles para ir preparando esa discusión particular que, como el señor Presidente ha señalado, se desarrollará el día 26 de diciembre.

No me voy a referir en particular a estos temas, aunque confieso que estoy de acuerdo con algunos y con otros no. Me parece que algunas de las observaciones están respondidas por el propio proyecto de ley y con un análisis más detenido -que seguramente no hubo tiempo de realizar- quedan absolutamente contestadas. Quisiera poner un solo ejemplo. Aquí se ha dicho que o están definidos los conceptos de permiso y concesión, y eso no es así. Se encuentran absolutamente explicitados en los artículos 4º y 8º. Se podrá estar de acuerdo o no con la definición -ese es otro problema- pero ella existe.

Culmino agradeciendo los aportes que se han hecho y exhorto a que todos los colegas estén presentes aquí el día 26 de diciembre. Pido disculpas por permitirme hacer esta exhortación ante esta situación de riesgo -como señaló el señor Senador Santoro- porque la materia es absolutamente imprescindible para el Uruguay, como señalaba recién el señor Senador Virgili.

15) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Dése cuenta de un proyecto llegado a la Mesa.

(Se da del siguiente:)

"Lo señores Senadores Couriel, Chiesa, Garat y Segovia presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley que tiene por objeto solucionar la situación de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay".

-A la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley tiene por objeto solucionar la situación de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, limitando las cuotas que por intereses y amortizaciones deben pagar a dicha Institución, en cuanto puedan considerarse excesivas.

Existen aproximadamente cuarenta mil deudores del Banco Hipotecario, en su absoluta mayoría adquirentes de viviendas o préstamos sociales, que no pueden pagar sus compromisos o lo hacen con significativo retraso.

Este hecho provoca endeudamientos que jamás podrán ser pagados por los que se han atrasado en el pago de sus obligaciones, creando además, una situación de angustia por temor a perder su vivienda en la circunstancia de haber superado las cuotas a pagar al Banco Hipotecario, la capacidad de sus ingresos. Por lo tanto, se les hace imposible pagar las mismas y, menos aún, amortizar lo atrasado.

Las condiciones pactadas entre los adquirentes y el Banco Hipotecario han variado en perjuicio de los deudores, quienes no pueden cumplir con sus obligaciones.

Los Senadores firmantes de este proyecto de ley, miembros, además, de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, oportunamente agotaron las posibilidades de solución, tanto con el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay como con el equipo económico de gobierno, sin llegar a soluciones aceptables para mejorar la situación de los deudores frente al Banco.

Consideramos que este proyecto de ley trae justicia para los deudores en general y para los buenos y puntuales pagadores.

Alberto Couriel, Sergio Chiesa, Carlos M. Garat, Albérico César Segovia. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Las cuotas que cobrará el Banco Hipotecario del Uruguay por concepto de amortización e intereses respecto de viviendas de las Categorías I y II, cuyo destino sea vivienda propia, única y permanente, a solicitud de los interesados se ajustarán a los máximos siguientes:

A) En relación con los ingresos de cualquier naturaleza de la totalidad de los integrantes del núcleo familiar y de quienes habiten con ellos:

Más de 90 UR 26%
Mayor de 80 y menor o igual de 90 UR 24%
Mayor de 70 y menor o igual de 80 UR 22%
Mayor de 60 y menor o igual de 70 UR 20%
Mayor de 50 y menor o igual de 60 UR 18%
Mayor de 40 y menor o igual de 50 UR 16%
Mayor de 30 y menor o igual de 40 UR 14%
Mayor de 20 y menor o igual de 30 UR 12%
Menor o igual de 20 UR 10%

B) En función del número de integrantes de la familia del deudor, incluidos quienes habiten con ellos, los porcentajes de la escala A) se multiplicarán por los siguientes coeficientes:

a) Familia unipersonal 1,4
b) dos integrantes 1,2
c) tres integrantes 1,1
d) cuatro integrantes 1,0

e) por cada integrante de la familia que supere el número de cuatro, en la escala A) se pasará al nivel inmediato inferior, hasta un mínimo del 10% (diez por ciento) de los ingresos de cualquier naturaleza de los integrantes del núcleo familiar.

En caso de núcleos familiares de personas que no excedan treinta años de edad los coeficientes anteriores se multiplicarán por 0,8.

Los deudores propietarios, prestatarios hipotecarios y promitentes compradores de viviendas de la Categoría III podrán acogerse a los beneficios establecidos en este artículo. A tales efectos los niveles porcentuales de la escala A) se multiplicarán por 1,2, hasta un máximo del 26%.

En caso que el deudor sea una cooperativa de vivienda, la reglamentación establecerá las condiciones para que dicha sociedad se acoja a los beneficios establecidos por esta disposición.

A partir de la vigencia de la presente ley, todos los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay actualizarán la declaración jurada de los ingresos del núcleo familiar cada vez que éstos sean modificados, así como las variantes en la integración familiar.

Art. 2º. - Los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay que, a la vigencia de la presente ley, se encuentran en situación de morosos con más de tres meses de atraso en el pago de sus adeudos al 31 de diciembre de 1996, podrán regularizar su situación presentándose a solicitar que sus cuotas sin pagar se transfieran para el final del plazo contratado con el referido Banco, sin multas ni recargos.

Art. 3º. - El Banco Hipotecario del Uruguay, por una sola vez, abrirá un registro por un plazo no menor de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley, para que se inscriban los deudores de dicha institución que deseen ser considerados para regularizar sus adeudos.

Art. 4º. - El promitente comprador que se encuentre al día en el pago de las cuotas, podrá exigir la escritura de traslación de dominio, cuando haya pagado como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del préstamo, debiendo garantizar el saldo con primera hipoteca contra el mismo bien, reproduciendo en la escritura respectiva las estipulaciones del contrato originario de compraventa.

Art. 5º. - Los propietarios, prestatarios hipotecarios y promitentes compradores buenos pagadores, que se encuentren al día en el pago de sus cuotas, podrán en cualquier momento, dentro del plazo acordado en el contrato, exigir que se otorgue la escritura de traslación de dominio, amortizando totalmente por anticipado su préstamo, pagando el saldo deudor con el descuento total de los intereses incluidos en dicho saldo.

El mismo descuento se aplicará por los anticipos extraordinarios que excedan de doce cuotas.

Art. 6º. - Las promesas de compraventa de las viviendas adquiridas con préstamos amparados por la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, deberán ser obligatoriamente inscriptas en el Registro Unico de Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazo.

Art. 7º. - Los intereses que pagarán los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay por viviendas de Categorías I a III no será superior al 6% (seis por ciento) anual, a partir de la vigencia de la presente ley, aplicándose igual criterio a los préstamos ya otorgados.

Se reliquidará a cada deudor el préstamo otorgado oportunamente, desde la instancia en que se establecieron las diferentes tasas de interés sobre dichos préstamos, con relación al valor porcentual precedentemente establecido.

Para los casos de deudores en los que se hayan aplicado tasas que superan dicho 6% (seis por ciento) establecido en la presente ley, les serán acreditados dichos valores como pago adelantado sobre el total de sus adeudos.

Desde la vigencia de la presente ley el Banco Hipotecario del Uruguay no podrá incrementar unilateralmente la tasa de interés compensatoria establecida en los contratos de préstamos hipotecarios o compromisos de compraventa de unidades habitacionales.

Art. 8º. - A partir de la vigencia de la presente ley, no se podrán realizar cambios de categorías de vivienda en forma unilateral, en contrario de lo establecido contractualmente.

El Banco Hipotecario del Uruguay mantendrá la categorización del contrato original de la vivienda cuando hayan sido de cargo de los propietarios, prestatarios hipotecarios y promitentes compradores, modificaciones previamente autorizadas por el banco que supongan variantes de categoría.

Art. 9º. - Los máximos de afectación de ingresos familiares totales, descontados el Montepío y el Impuesto a las Retribuciones Personales, indicados en el artículo 1º tendrán carácter obligatorio para el Banco Hipotecario de Uruguay, que sólo podrá superarlos ante la manifestación de voluntad del deudor, expresada por escrito, de habilitar la afectación en un porcentaje mayor.

Art. 10. - Los deudores en cuyos núcleos familiares sobrevinieran los siguientes casos fortuitos y/o de fuerza mayor:

a) fallecimiento de cualquiera de los integrantes del núcleo familiar cuyos ingresos fueran uno de los principales para el sustento familiar;

b) seguro de paro;

c) desempleo;

d) divorcio,

podrán acogerse por única vez a la siguiente modalidad de pago:

Durante el período de un año pagarán al Banco Hipotecario del Uruguay el 50% (cincuenta por ciento) de su cuota, sin que ello implique amortización de su deuda. Lo adeudado durante esos doce meses deberá hacerse efectivo al final del vencimiento del plazo contractual, para lo cual se requerirá la voluntad expresa del deudor.

Art. 11. - Los propietarios, prestatarios hipotecarios y promitentes compradores, buenos pagadores, que se encuentren al día en el pago de sus cuotas, aún en los casos en que posean deudas por concepto de colgamento, se les retasará el inmueble respectivo de acuerdo con el Valor de Tasación realizado exclusivamente por la Dirección Nacional de Vivienda, según lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Realizada dicha tasación se reliquidará lo pagado y si este valor superare al valor de tasación, se otorgará por parte del Banco Hipotecario del Uruguay, carta total del pago respecto de dicho inmueble.

Serán objeto de dicha retasación todos los inmuebles de los buenos pagadores en un plazo no mayor de un año a partir de la vigencia de la presente ley.

Alberto Couriel, Sergio Chiesa, Carlos M. Garat, Albérico César Segovia. Senadores".

16) ARTICULO 520. Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - El Senado pasa a considerar el segundo punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se deroga el artículo 520 de la Ley Nº 16.736 relacionado con el impuesto que grava las adjudicaciones de licitaciones públicas, licitaciones abreviadas o compras directas, que realicen los organismos estatales. (Carp. Nº 542/96 - Rep. Nº 334/96)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 542/96
Rep. Nº 334/96

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 25 de setiembre de 1996.

Señor Presidente de la

Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a consideración de ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley contiene un único artículo por el que se deroga el artículo 520 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

La referida norma creó un impuesto que grava las adjudicaciones de licitaciones públicas, licitaciones abreviadas o compras directas, que realicen los organismos estatales.

Tal prestación resulta inconveniente por diversas razones.

En primer lugar, si bien se pretende gravar a los adjudicatarios, resulta claro que por la propia determinación de la base imponible, el gravamen se va a transformar en un impuesto selectivo de tipo indirecto, que deberá ser soportado económicamente por el propio Estado.

En segundo lugar, se trata de un impuesto que distorsiona la actual estrategia de simplificación administrativa y tributaria.

La proliferación de impuestos pequeños de tipo selectivo encarece los costos de recaudación y, por su complejidad, crea un entorno desfavorable para la inversión.

Es en virtud de los argumentos expuestos que el Poder Ejecutivo entiende conveniente derogar el tributo precitado.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Luis A. Mosca.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Derógase el artículo 520 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Luis A. Mosca".

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: la Comisión de Hacienda que aprobó este proyecto de ley por unanimidad y decidió realizar un informe verbal sobre el mismo. Si la Mesa no tiene inconveniente, procederíamos en ese sentido.

El artículo 520 de la Ley de Presupuesto Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se refiere a la creación de un impuesto cuyo hecho generador está constituido por la adjudicación de licitaciones públicas, licitaciones abreviadas o contrataciones directas que realicen los organismos del Estado: Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y, en general, todas las entidades estatales.

Los sujetos pasivos de dicho impuesto son los contribuyentes que actúan en calidad de oferentes y que resulten adjudicatarios de licitaciones públicas, licitaciones abreviadas y contrataciones directas.

Este artículo 520 cuya derogación solicita el Poder Ejecutivo, a su vez, fue reglamentado por el Decreto Nº 128/996, de 10 de abril de 1996 que regulaba su aplicación en cuanto al hecho generador, su configuración, los sujetos pasivos, la materia imponible y la tasa del uno por mil que venía establecida por el artículo, además de designar como entidad administrativa del mismo a la Dirección General Impositiva.

El tributo de referencia, señor Presidente, nunca fue aplicado; por lo tanto, tampoco fue recaudado, en virtud de dificultades notorias existentes en función de la diversidad de organismos comprendidos, así como también las distintas contrataciones del Estado que resultaban alcanzadas por el mismo. En particular, tales dificultades se hacían más complejas tratándose de compras directas que, en atención a su monto y al dinamismo de la administración, hacían realmente complejo el proceso de administración y recaudación de este impuesto.

Como consecuencia de esto, señor Presidente, el propio Poder Ejecutivo, por Decreto Nº 181/996, de 15 de mayo de 1996, dispuso dejar en suspenso la aplicación de este artículo 520. Adviértase entonces, señor Presidente, que el Decreto Nº 128/996 aprobado, como se dijo, el 10 de abril, tuvo una vigencia muy efímera: solamente hasta el 15 de mayo.

Examinando el contenido del tributo, es claro que más allá de las razones que invoca el Poder Ejecutivo para su derogación -que la Comisión compartió al aprobar el proyecto por unanimidad- se trata en definitiva de una especie de tributo que termina pagando el propio Estado, lo que sin duda desnaturaliza su esencia. En efecto, en todo impuesto el presupuesto de hecho está relacionado exclusivamente con la persona del contribuyente. La ley toma en consideración alguna circunstancia de hecho relativa a éste, con prescindencia de toda actividad estatal correlativa. Así, se adeuda el impuesto, entre otras razones, porque el contribuyente posee un bien, obtiene una renta, realiza un consumo. En general, el hecho elegido por el Legislador no es un hecho cualquiera de la vida, como enseñaba el profesor Valdés Costa, sino que está caracterizado por su naturaleza económica, reveladora de la capacidad contributiva, por lo menos de la posibilidad material de contribuir a los gastos públicos.

El establecimiento de un gravamen que afecta todas las contrataciones que realiza el Estado en su acepción amplia -porque aquí también están comprendidos los Organismos del artículo 220 de la Constitución- en definitiva supone gravar al propio Estado, porque a nadie puede escapar el hecho de que las diferentes ofertas que realicen los supuestos contribuyentes tendrán incorporado ese uno por mil, por lo cual el precio final queda a cargo del Estado. Esto implica, señor Presidente, crear una situación de ficción, dado que el impuesto carece del sentido que se le asigna el propio Código Tributario, configurándose la paradoja de que el Estado crea un impuesto selectivo de tipo indirecto que debe ser soportado económicamente por el propio Estado o, lo que es lo mismo, por el conjunto de la colectividad.

La misma Ley de Presupuesto Nº 16.736 aprueba algunos principios generales para la reforma del Estado. Esta se orienta a dotar al Estado de mayor eficiencia y menor burocracia en los procedimientos de contratación administrativa sin menoscabar las garantías de los oferentes. Pero esa eficacia, señor Presidente, no puede estar desalentada por la creación de impuestos selectivos que, además de generar importantes complicaciones de tipo operativo para el organismo de recaudación, originan un evidente desestímulo en los inversores que, en su relación contractual con el Estado, deben estar regulados por normas de garantía e igualdad que no pueden transformarse en mecanismos que paralicen su gestión en materia de contratación administrativa.

Las razones expuestas, señor Presidente, llevaron a que la Comisión de Hacienda, por unanimidad, aconsejara al Cuerpo la derogación del artículo 520 de la Ley Nº 16.736.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Derógase el artículo 520 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

17) ATENTADO GUERRILLERO CONTRA LA EMBAJADA DE JAPON EN LIMA, PERU

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Ha llegado a la Mesa un proyecto de declaración.

(Léase)

(Se lee:)

«Ante la acción del movimiento guerrillero Tupac Amarú perpetrado en el día de ayer contra la Embajada de Japón en Lima, el Senado de la República declara:

1°) Su más enérgico repudio a esta acción que aún continúa, que pone en peligro la vida de numerosos inocentes y que, una vez más, significa una incalificable violación de la moral y el derecho internacional.

2°) Su solidaridad con los gobiernos y personas afectadas por esta acción irracional y, especialmente, con nuestro embajador en Perú y sus familiares.

3°) Su reclamo de que esta situación cese inmediatamente.

Firman los señores Senadores Pereyra, Ricaldoni, Brezzo, Storace, Santoro, Posadas Montero, Gargano, Michelini, Segovia, Cid, Dalmás, Pozzolo, Virgili, Sanabria, Chiesa, Gandini y Fernández.»

-La Mesa entiende que corresponde remitir esta declaración a la Comisión de Asuntos Internacionales.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Simplemente quiero incorporar mi firma a la moción, ya que estaba haciendo uso de la palabra en el momento en que se hizo circular la declaración entre los miembros del Senado.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- Señor Presidente: hemos firmado la declaración los miembros del Senado que en el momento de la recolección de firmas estábamos en Sala -no todos- empezando por el Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, señor Senador Pereyra. Por eso nos parece innecesario que este asunto pase a dicha Comisión. En todo caso, hemos comprobado un acuerdo de todas las Bancadas en cuanto a la necesidad de votar esta declaración que, obviamente, ha recibido la firma -repito- de todos los sectores políticos.

De modo que propongo -que me perdone el Presidente de la Comisión que sea yo quien eleve este planteo, ya que en realidad le correspondería hacerlo a él, pero me adelanto en función de que me encuentro en uso de la palabra- que este tema sea votado por el Senado.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Entiendo que no por ser el Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales tenga que disponer sobre el destino de esta declaración que recoge el espíritu general de los señores Senadores. De modo que adhiero a lo expresado con todo derecho por el señor Senador Ricaldoni porque creo que debe votarse.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara urgente la consideración del tema relacionado con los sucesos acaecidos en el Perú.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero decir que he votado porque se trata de una declaración justa, equitativa y que por sus propias características no justificaba ningún otro trámite. De todas maneras, por encontrarnos en una sesión extraordinaria durante el período de receso, debo decir que este no era un tema que pudiera ser introducido. Reitero que con un criterio de racionalidad y de adaptación verosímil de las normas a las realidades, es que he votado favorablemente.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Debo decir que recién en este momento he tomado conocimiento del tema y dudo de que en situación de receso pudiera votarse, porque tendría que estar previsto. De todas maneras, nosotros también discrepamos con el acto en sí de la toma de la Embajada, pero no vamos a votar por considerar que, estando en el período de receso y no figurando en el orden del día, no podemos adoptar resolución por razones de constitucionalidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- Solicito que se reconsidere el asunto y se tome la votación de forma nominal.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Se va a votar se reconsidera el asunto.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

¿Insiste el señor Senador Brezzo en que se tome la votación nominal?

SEÑOR BREZZO.- Sí, señor Presidente.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero dejar una constancia que iba a hacer a través del fundamento de voto, pero en la medida que se ha reconsiderado, creo que ahora tengo plenos poderes y absolutamente ajustados al Reglamento.

Hay una situación de violencia en un país hermano de Latinoamérica, donde determinados individuos tomaron una Embajada y está en peligro la vida del Embajador uruguayo en Perú. Lo que hace el Senado de la República es rechazar esa actitud y no puede quedar ninguna duda acerca de la legalidad. Reitero que el Senado de la República rechaza si tiene las mayorías y eso es lo que estamos haciendo.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero señalar que voté en forma afirmativa, pero efectivamente todos sabemos que de acuerdo con la Constitución hay un artículo que dice que durante el receso, en sesiones extraordinarias, sólo se pueden tratar los temas que fueron motivo de la convocatoria. A pesar de que he votado afirmativamente -reitero- no puedo decir que no hay un problema de inconstitucionalidad. De todas formas, ello no significa que alguien esté planteando una cuestión difícil ni discutible.

(Dialogados)

(Suena la campana de orden)

-El Reglamento es una norma que, en la escala jerárquica, está por debajo de la Constitución. Salvo el señor Senador Sarthou, que ha hecho una aplicación estricta de la Constitución, todos hemos entendido que, dadas las características del tema, era perfectamente factible de votación y así lo hemos hecho. Pero insisto en que no se puede decir que no haya algo sobre el punto en la Constitución. Si mal no recuerdo, se trata del artículo 104.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para hacer una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: si no está ajustado a derecho, entonces, que no se vote. La Constitución hay que respetarla siempre; si hay gente que está convencida de que esto no está ajustado a Derecho, entonces que no vote. Por mi parte, estoy convencido de ello. No se trata de una ley y frente a un hecho gravísimo, el Senado de la República se pronuncia con todas las potestades. No deseo que se entienda que cuando el señor Senador Michelini vota, lo hace, aunque piense que no está ajustado a Derecho. Pienso que la Constitución hay que respetarla siempre y estamos absolutamente convencidos de que el Senado de la República tiene todas las potestades para pronunciarse. Repito que no fuimos convocados para tratar una ley fuera del orden del día sino para hacer un pronunciamiento que este Cuerpo puede realizar cada vez que está reunido. Insisto en que no estamos cambiando el Reglamento del Senado, la Constitución de la República, haciendo una ley o una resolución interna, sino que se trata de una voz que se levanta frente a un hecho de violencia.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- La Mesa desea aclarar que al igual que lo había hecho con otro proyecto presentado anteriormente, al que se le dio trámite sin que hubiera objeciones, a esta iniciativa también le dio entrada y la destinaba a una Comisión. Posteriormente, por una amplísima mayoría del Senado, se resolvió tratarla de inmediato.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- No deseo cuestionar la actitud de la Mesa, pero entiendo que debió poner a votación nominal en forma inmediata, teniendo en cuenta la solicitud del señor Senador Brezzo.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- El señor Senador Brezzo solicitó, por un lado, que se reconsiderara el asunto y que se tomara la votación nominal.

SEÑOR GARGANO.- Entiendo que una vez que se solicita la votación hay que hacerla.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene razón, señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Quiero decir que el señor Senador Michelini se equivoca, porque el texto del artículo 104 de la Constitución dice: «con el exclusivo objeto de tratar los asuntos que han motivado la convocatoria». Como puede comprobarse, no habla de ley, sino de «asuntos que hayan motivado la convocatoria». Además, no se trata de un reglamento, sino de la Constitución de la República y en base a una adecuada lectura, es que establecí mi fundamento. De todas maneras, dije que compartía el espíritu de la resolución, a pesar de que violaba el artículo 104. Entiendo que si hoy lo hacemos, en el día de mañana también se podrá plantear algo similar.

La disposición habla de «asuntos que hayan motivado la convocatoria», con la razón de que se puedan conocer y ello es una garantía de que si se hace una sesión extraordinaria, se conozcan los asuntos que se van a tratar. El hecho de que esto se haya establecido, tiene una legitimación, porque no está dentro de la normalidad de la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tómese la votación nominal.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑOR ASTORI.- Por la afirmativa.

SEÑOR BREZZO.- Por la afirmativa.

SEÑOR CASARTELLI.- Por la afirmativa.

SEÑOR CID.- Por la afirmativa.

SEÑOR COURIEL.- Por la afirmativa.

SEÑOR CHIESA.- Por la afirmativa.

SEÑOR DALMAS.- Por la afirmativa.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Por la afirmativa.

SEÑOR GANDINI.- Por la afirmativa.

SEÑOR GARAT.- Por la afirmativa.

SEÑOR GARGANO.- Por la afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Por la afirmativa.

SEÑOR IRURTIA.- Por la afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Por la afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Por la afirmativa.

SEÑOR FERNANDEZ.- Por la afirmativa.

SEÑOR PEREYRA.- Por la afirmativa.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Por la afirmativa.

SEÑOR RICALDONI.- Por la afirmativa.

SEÑOR SANABRIA.- Por la afirmativa.

SEÑOR SANTORO.- Por la afirmativa.

SEÑOR SARTHOU.- Por la negativa

A modo de fundamento de voto deseo expresar que me he basado en el aspecto planteado por el artículo 104 de la Constitución que se refería a asuntos que han motivado la convocatoria o un proyecto de ley declarado urgente que estuviere a estudio, aunque no incluido, hipótesis que no se cumple. De todas maneras, comparto el rechazo de la conducta o actitud que expresa esta declaración.

SEÑOR BERGSTEIN.- Por la afirmativa.

SEÑOR SEGOVIA.- Por la afirmativa.

SEÑOR STORACE.- Por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Por la afirmativa.

Dése cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- Han sufragado 26 señores Senadores: 25 lo han hecho por la afirmativa y 1 por la negativa, por lo que el resultado ha sido: Afirmativa.

18) BONOS DEL TESORO Y LETRAS DE TESORERIA EN MONEDA EXTRANJERA

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se introducen modificaciones a la legislación vigente en materia de topes de emisión de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería en Moneda Extranjera. (Carp. N° 558/96 - Rep. N° 338/96).»

(Antecedentes)

«Carp. N° 558/96
Rep. N° 338/96

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir y mantener un circulante total de Bonos del Tesoro de hasta U$S 2.400:000.000 (dos mil cuatrocientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas.

La emisión de Bonos del Tesoro que se efectúe por sobre los U$S 1.700:000.000 (mil setecientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) implicará una baja automática por un monto equivalente en el tope de Letras de Tesorería a que refiere el artículo siguiente.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir y mantener un circulante total en Letras de Tesorería de hasta la suma de U$S 1.400:000.000 (mil cuatrocientos millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su valor equivalente en otras monedas.

Art. 3°.- Quedan excluidas de los topes de los artículos anteriores las emisiones a que refieren el artículo 2° de la Ley N° 16.225 de 25 de octubre de 1991 y el artículo 1° del Decreto N° 708/991, de 26 de diciembre de 1991 y las Letras de Tesorería en moneda nacional emitidas por la Tesorería General de la Nación para cancelar pasivos con el Banco Central del Uruguay existentes a la fecha de la promulgación de la presente ley.

Art. 4°.- Los topes a que refieren los artículos 1° y 2° anteriores, se aumentarán anualmente en el mismo porcentaje de crecimiento anual que el Producto Bruto Interno a precios constantes según informe del Banco Central del Uruguay y a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación por parte del citado Banco.

En los años que el Producto Bruto Interno sufra variación negativa, se mantendrá el último tope vigente, pero las variaciones positivas futuras sólo incrementarán los topes en la medida que el crecimiento haya compensado las variaciones negativas anteriores.

El régimen previsto en este artículo tendrá vigencia a partir de 1997, de acuerdo con la variación producida en el Producto Bruto Interno de 1996.

En el caso que el Banco Central del Uruguay revise las cifras del Producto Bruto Interno los topes establecidos sufrirán idénticas modificaciones según el mecanismo precedente.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo informará circunstanciadamente a la Asamblea General de las variaciones que se produzcan en mérito a lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 6°.- Deróganse las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Sala de Comisión, 17 de diciembre de 1996.

Ignacio Posadas Montero (Miembro Informante), Jorge Batlle, Danilo Astori, Nahum Bergstein, Alvario Bentancur, Alberto Couriel, Luis Eduardo Mallo, Senadores.

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 7 de octubre de 1996.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a consideración de ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley por el que se introducen modificaciones a la legislación vigente en materia de topes de emisión de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería en moneda extranjera y se establecen excepciones para el cálculo del tope de endeudamiento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El texto proyectado contiene también normas vinculadas a la administración de inversiones de las empresas aseguradoras que realicen seguros previsionales; así como relativas a la capitalización de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

La Ley N° 16.484 de 15 de marzo de 1994 autorizó al Poder Ejecutivo a emitir y mantener en circulación un cierto nivel de Deuda Pública bajo la forma de Letras de Tesorería y Bonos del Tesoro.

El mecanismo de topes cruzados que allí se establece, con el agregado de la autorización dispuesta por la Ley N° 16.722 de 30 de octubre de 1995, que responde a otra forma de ajuste, quita flexibilidad en el diseño del perfil de la deuda, por lo que parece conveniente proceder a su modificación sustituyendo los artículos 1° y 2° de la Ley N° 16.484 citada.

El artículo 1° del texto legal proyectado, al tiempo de fijar un tope único, aumenta el vigente en la actualidad. Esto posibilitará una mayor flexibilidad en el manejo de los recursos externos sin un importante aumento del endeudamiento, y se compatibiliza con un financiamiento a largo plazo, sólo de un déficit inferior al 1% (uno por ciento) del PBI anual, en el período de Gobierno actual.

Los artículos 2° y 3° del proyecto de ley, recogen por un lado, exclusiones en el cálculo del tope actualmente vigente y agregan por otro a la nómina de aquéllas, las inversiones que realicen en los valores del Estado alcanzados por el tope, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional y las empresas aseguradoras que operen en seguros previsionales.

Al sancionarse la Ley N° 16.713 de 3 setiembre de 1995, se preveía que las entidades indicadas efectuarían sus inversiones en títulos reajustables por el Indice Medio Salarial en moneda nacional expresamente creados a tales efectos. Sin embargo, en la práctica han diversificado su portafolio de inversiones adquiriendo valores públicos incluidos en el tope de endeudamiento, lo cual absorbe parte de éste y deja, entonces, al Gobierno con menores posibilidades de financiamiento. En este extremo, tanto si las AFAP adquieren sus títulos en el mercado secundario como de las nuevas emisiones, la consecuencia sería que el Banco Central del Uruguay debería financiar con sus reservas internacionales lo que el Gobierno no puede financiar con nuevo endeudamiento.

El artículo 4° introduce una limitación a las inversiones permitidas a las AFAP, consistente en no poder adquirir títulos emitidos por el Estado uruguayo para ser comercializados en los mercados internacionales.

En ese sentido, cabe señalar que la finalidad perseguida con la emisión de Eurobonos es el obtener presencia en los mercados de capitales fuera de la región, como forma de ampliar la gama de las fuentes de financiamiento. Si estos títulos pasaran a las AFAP las que en breve serán fuertes inversionistas. Dado los importantes fondos que manejarán, se desvirtuaría el objetivo señalado.

Asimismo, esta prohibición es consistente con la ya existente de efectuar inversiones en el exterior, como forma de que canalicen sus fondos exclusivamente hacia el ahorro interno. Desde el punto de vista económico, si las AFAP adquieren Eurobonos estarían realizando un operación similar a la de una inversión o colocación en el exterior.

El literal c) del artículo 128 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, establece la obligación de las empresas aseguradoras que realicen seguros previsionales de constituir el capital técnico necesario para atender el pago de las prestaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título VIII de la citada ley y a las instrucciones que imparta el Banco Central del Uruguay.

El artículo 77 del Decreto N° 399/995 de 3 de noviembre de 1995 determina que el referido capital técnico deberá ser invertido en los mismos instrumentos financieros autorizados para las AFAP y estará sujeto a las mismas prohibiciones.

No obstante, el artículo 144 de la ley referida, que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir título en unidades reajustables, con un plazo máximo de 20 años y una tasa mínima de 2% (dos por ciento), limita su adquisición exclusivamente a las AFAP.

El artículo 5° del proyecto de ley procura asimilar la situación de las empresas aseguradoras a la de las AFAP, en lo que refiere a la administración de inversiones.

El porcentaje previsto de por lo menos el 70% (setenta por ciento) se basa en el hecho de que las empresas de seguros que operen en los seguros previsionales van a conformar el mayor pasivo en términos de unidades reajustables.

Finalmente, en el artículo 6° se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir valores públicos con la única finalidad de capitalizar la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Dicha capitalización tendrá como objetivo habilitar la posibilidad de financiar el equipamiento y capital de giro de las microempresas y de las pequeñas empresas, así como promover emprendimientos conjuntos entre empresas agropecuarias y consorcio industriales y exportadores.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Juan A. Moreira.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Sustitúyense los artículos 1° y 2° de la Ley N° 16.484 de 15 de mayo de 1994 por el siguiente: 'Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir y mantener un circulante total de Bonos del Tesoro y de Letras de Tesorería de hasta U$S 3.100:000.000 (tres mil cien millones de dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas.'

Art. 2°.- Quedan excluidas del tope del artículo 1° de la presente ley las emisiones a que refieren el artículo 2° de la Ley N° 16.225 de 25 de octubre de 1991 y el artículo 1° del Decreto N° 708/991 de 26 de diciembre de 1991 y las Letras de Tesorería en moneda nacional emitidas por la Tesorería General de la Nación para cancelar pasivos con el Banco Central del Uruguay existentes a la fecha de la promulgación de la presente ley.

Art. 3º.- Quedan excluidas del tope establecido por el artículo 1º de la presente ley, las inversiones que realicen las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional en los valores del Estado alcanzados por el citado tope y las inversiones que en los mismos valores realicen las empresas aseguradoras que operen en seguros previsionales por hasta el capital técnico necesario para cubrir las prestaciones de seguridad social.

Art. 4º.- A los efectos de lo previsto en el literal A) del artículo Nº 123 de la Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1995, no se considerarán comprendidos en el concepto de valores emitidos por el Estado los Pagarés de Tasa de Interés Fija (Fixed Rates Notes), Dinero Nuevo o Fresco (New Money) y Derechos de Canje de Deudas (Debt Conversioin Notes) emitidos de conformidad con el acuerdo de refinanciación de la Deuda Externa suscrito el 31 de enero de 1991, ni las emisiones efectuadas por la República Oriental del Uruguay en los mercados internacionales.

Art. 5º.- Las empresas aseguradoras autorizadas a ofrecer servicios en la marco de la Ley Nº 16.713 de 2 de setiembre de 1995, deberán invertir no menos del 70% (setenta por ciento) del capital técnico necesario para cubrir las prestaciones de seguridad social en títulos, públicos o privados, nominados en unidades reajustables.

Art. 6º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir hasta U$S 30:000.000,00 (treinta millones de dólares de los Estados Unidos de América) con destino a la capitalización de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Esta emisión queda excluida del tope dispuesto por el artículo 1º de la presente ley.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Juan A. Moreira.»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- En sustancia, el proyecto de ley refiere a elevar el tope de las facultades de emisión de Bonos y Letras que tiene el Poder Ejecutivo.

Este punto venía junto con otros en el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo en el mes de octubre. La Comisión de Hacienda, habida cuenta, por un lado, de la urgencia manifestada por el Poder Ejecutivo por la necesidad de elevar el techo -tema al que no referiremos más adelante- y, por otro, de las dificultades -si no discrepancias directamente- que presentaban el resto de los aspectos del proyecto de ley, resolvió -y en eso coadyuvó la solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas- desglosar este punto de los demás que contenía el proyecto original, los cuales permanecen a su estudio.

A su vez, la dificultad práctica que se plantea por el hecho de que los volúmenes de emisión ya efectuados se acercan al techo de lo autorizado, tiene su origen -con esto no quiero iniciar un debate político ni hacer una picardía, pero me parece que es bueno mencionarlo- en una iniciativa nacida en el seno del Partido Colorado durante la pasada Administración. Este tema lo conozco bien dado que en ese momento yo era Ministro de Economía y Finanzas. En el año 1994, a iniciativa de un Diputado colorado, se planteó fijar un tope, con una mecánica un poco distinta a la que entonces existía en materia de emisión de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería. En esa oportunidad nosotros argumentamos que a la Administración del Partido Nacional el tema no lo afectaba dado que no sólo había tenido una política sistemática, a partir de 1991, de reducción de la deuda externa del país, sino que, además, estando encaminado su programa financiero, en el tiempo que le quedaba de vigencia a esa Administración no había planes ni eventualidades que llevaran a aumentar el tope de emisión. O sea que no iba a ser un problema para la Administración nacionalista, pero advertimos en ese momento que sí lo sería para la Administración que asumiera en el período siguiente. Efectivamente así sucedió -además, no se requería ser muy pispiado para darse cuenta de lo que pasaba- y esto terminó siendo una especie de «boomerang», obligado a legislar en dos oportunidades: en marzo y en octubre de 1995.

Por otra parte, la situación tiene un factor de aceleración por la reforma de la seguridad social, que ha tenido un grado de aceptación superior a lo esperado. Esto ha llevado, en consecuencia -por la estructuración de las carteras tal como está permitido en la ley para las AFAP- a un aumento de demanda de este tipo de papeles por parte de las Administradoras de los Fondos de Previsión.

En definitiva, al día de hoy, de acuerdo con la información del Banco Central, el saldo que podría colocar la Tesorería General de la Nación es apenas de U$S 27:400.000. Evidentemente, es exiguo sobre todo teniendo en cuenta este fenómeno producido por la demanda de las AFAP.

Reitero -porque me parece de justicia hacerlo- que este proyecto fue enviado al Parlamento en el mes de octubre. Quiere decir que la urgencia que manifiesta el Poder Ejecutivo, que corresponde a la realidad, de alguna manera está motivada por lo tardío del envío de la iniciativa al Parlamento. A su vez, la Comisión lo trató con mucha celeridad. Digo esto porque es bueno ubicar estas cosas en la realidad.

De todas maneras, la Comisión, por unanimidad, decidió atender la urgencia solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas, y a la vez resolvió introducir algunas modificaciones en los mecanismos de tope de endeudamiento.

Por algún motivo que desconozco, en el año 1995, por la Ley Nº 16.722, se estableció un mecanismo muy complejo del que puedo dar cuenta para que los señores Senadores tengan una idea sobre el tema.

El 30 de octubre de 1995 se aprobó la Ley Nº 16.722 que se refiere a esta materia y tiene un artículo único que autoriza al Poder Ejecutivo «a emitir y mantener un circulante de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería que supere los topes dispuestos por la Ley Nº 16.484 hasta en un importe igual a la diferencia entre el límite que refiere el artículo 48 de la Ley Nº 16.696 y los adelantos efectivamente desembolsados por el Banco Central del Uruguay». Aparte de que esta redacción haría las delicias de Kafka, se trata de un mecanismo prácticamente imposible de controlar por parte del Parlamento. En función de eso, la Comisión de Hacienda resolvió -y creo que con buen criterio- volver a la mecánica de topes nominales como existía anteriormente.

Asimismo, la Comisión de Hacienda resolvió -siempre por unanimidad- volver a un mecanismo de proporcionalidad que existió en el año 1994 por el que se permite superar la emisión de Bonos, más allá de lo que podríamos llamar un subtecho, en la medida en que proporcionalmente se reduzca la emisión de Letras. De alguna manera, con esto se procura estimular al Poder Ejecutivo a ir a perfiles de deuda de mediano o largo plazo y no de plazos cortos como son las Letras de Tesorería. Aclaro que esto no venía en el proyecto del Poder Ejecutivo sino que es iniciativa de la Comisión de Hacienda, y parece un mecanismo conveniente.

También por iniciativa de la Comisión se resolvió proponer al Senado que se vuelva al mecanismo de ajuste de los techos según la evolución del Producto Bruto Interno. Esto estaba en la legislación anterior y fue eliminado -tampoco sabemos los motivos- en 1995. Aunque no es iniciativa del Poder Ejecutivo, hubo consenso en la Comisión acerca de que es un mecanismo racional y que debe existir este tipo de elasticidad.

Por último, en cuanto a las modificaciones, se introdujo un elemento novedoso en la legislación sobre la materia y es la obligación del Poder Ejecutivo de informar al Poder Legislativo cada vez que se produzca una modificación en los topes por evolución del Producto Bruto Interno. Consideramos que este es un complemento necesario de la responsabilidad que el Poder Legislativo tiene en cuanto a controlar la autorización de endeudamiento que, en definitiva, es uno de los cometidos básicos e históricos del Parlamento.

Por lo demás, se mantienen en el proyecto de ley dos excepciones que vienen de leyes anteriores. Una de ellas, referida a los llamados «Bonos Brady» de la refinanciación de la deuda externa uruguaya, que siempre estuvieron exentos de los topes y la otra es de historia más reciente referida a la emisión de Letras en pesos destinada a un ajuste contable que se realizó en la Administración pasada. Históricamente, sin que hubiera motivo y sin que fuera lo correcto desde el punto de vista contable, la deuda externa, que en realidad es del país, aparecía en los registros del Banco Central como de esa institución. Precisamente, en el período pasado se resolvió regularizar esa situación, asumiendo la deuda -tal como corresponde- la Tesorería central y compensando contablemente, con Letras en moneda nacional, al Banco Central. Esto es lo que establece el artículo 3º que, reitero, mantiene la fórmula actual.

Finalizando, me parece que vale la pena destacar el hecho de que tal como informa el Banco Central, en esta Administración se ha continuado con la política puesta en práctica por la Administración anterior a partir de 1991 y a la cual hice referencia hace unos minutos, en cuanto a prolongar el perfil de vencimientos de la deuda externa. Concretamente, el Banco Central informa que a fines de 1994, los Bonos del Tesoro, es decir, el endeudamiento de más largo plazo, representaba un 67% del total, las Letras un 33% y que ello ha evolucionado a cifras de 72% y 28 respectivamente en la actualidad. Es decir que el perfil ha continuado mejorando. Esto que en términos financieros privados, al día de hoy, podría ser discutible desde el momento en que las tasas de corto plazo están especialmente bajas en el mercado internacional, desde el punto de vista personal, en un razonamiento ya no de privados, sino de país que siempre tiene horizontes mucho más largos, no es aplicable. En cambio si resulta prudente continuar con la política de extender los vencimientos o el perfil de vencimientos de la deuda todo lo que sea posible; quizás en esto todos deberíamos exhortar al Poder Ejecutivo para que siga esa línea que, reitero, se inició en la Administración anterior.

Esto es todo lo que tenemos que informar, señor Presidente, en relación a este proyecto de ley, reiterando que el mismo viene recomendado por la Comisión de Hacienda al Plenario, en forma unánime.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- He votado afirmativamente esta iniciativa porque la Comisión le introdujo modificaciones que me han convencido de que debía votar el proyecto de ley sustitutivo venido de Comisión.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Hemos acompañado este proyecto de ley y, al mismo tiempo, dejamos constancia de que el Frente Amplio siempre ha tenido la flexibilidad necesaria para con el Poder Ejecutivo en los momentos en que éste ha requerido expandir y modificar los topes que, en este caso, van a quedar nuevamente ligados al crecimiento del Producto, lo que no parece un hecho positivo.

Por otro lado, quisiéramos manifestar que en este tema de endeudamiento externo, sobre todo en los Títulos de mayor plazo, ojalá en el futuro pudiesen ser básicamente utilizados para la inversión y no para seguir financiando gastos corrientes. Ojalá el país pudiese aprovechar de la capacidad de endeudamiento que tiene en este momento para mejorar los niveles de inversión que siguen, a mi entender, achatados.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir y mantener un circulante total de Bonos del Tesoro de hasta U$S 2.400:000.000 (dos mil cuatrocientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas.

La emisión de Bonos del Tesoro que se efectúe por sobre los U$S 1.700:000.000 (mil setecientos millones de dólares de los Estados Unidos de América implicará una baja automática por un monto equivalente en el tope de Letras de Tesorería a que refiere el artículo siguiente.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir y mantener un circulante total en Letras de Tesorería de hasta la suma de U$S 1.400:000.000 (mil cuatrocientos millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su valor equivalente en otras monedas.»)

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 3º.- Quedan excluidas de los topes de los artículos anteriores las emisiones a que refieren el artículo 2º de la Ley Nº 16.225 de 25 de octubre de 1991 y el artículo 1º del Decreto Nº 708/991 de 26 de diciembre de 1991 y las Letras de Tesorería en moneda nacional emitidas por la Tesorería General de la Nación para cancelar pasivos con el Banco Central del Uruguay existentes a la fecha de la promulgación de la presente ley.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 4º.- Los topes a que refieren los artículos 1º y 2º anteriores, se aumentarán anualmente en el mismo porcentaje de crecimiento anual que el Producto Bruto Interno a precios constantes según informe del Banco Central del Uruguay y a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación por parte del citado Banco.

En los años que el Producto Bruto Interno sufra variación negativa, se mantendrá el último tope vigente, pero las variaciones positivas futuras sólo incrementarán los topes en la medida que el crecimiento haya compensado las variaciones negativas anteriores.

El régimen previsto en este artículo tendrá vigencia a partir de 1997, de acuerdo con la variación producida en el Producto Bruto Interno de 1996.

En el caso que el Banco Central del Uruguay revise las cifras del Producto Bruto Interno, los topes establecidos sufrirán idénticas modificaciones según el mecanismo precedente.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Ocupa la Presidencia el doctor Hugo Batalla.)

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 5º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 5º.- El Poder Ejecutivo informará circunstanciadamente a la Asamblea General de las variaciones que se produzcan en mérito a lo dispuesto en el artículo anterior.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 6º.- Deróganse las disposiciones que se opongan a la presente ley.»)

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Con relación a este artículo, más temprano, en esta sesión, el señor Senador Mallo me comentaba que la expresión que contiene, tal como viene de Comisión -confieso que soy el redactor del artículo- y que dice «Deróganse las disposiciones que se opongan a la presente ley», no es la fórmula más perfecta o técnica desde el punto de vista jurídico. Incluso, me sugirió un planteo amistoso en cuanto a establecer -en caso de que quien habla no tuviera inconveniente- una redacción específica que diga qué es lo que se deroga. No tengo reparos; en este caso es algo muy claro. En consecuencia, propongo un texto que diga: «Deróganse el artículo 48 de la Ley Nº 16.696 del 30 de marzo de 1995 y la Ley Nº 16.722 del 30 de octubre de 1995.»

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Por una razón de cautela propongo que, sin perjuicio de ese texto, se agregara al final: «así como cualquier disposición que se oponga a la presente ley». Propongo esto porque podría haber alguna disposición que no se ha tenido en cuenta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el texto sustitutivo propuesto por los señores Senadores Posadas Montero y Korzeniak.

(Se lee:)

«ARTICULO 6º.- Derógase el artículo 48 de la Ley Nº 16.696 del 30 de marzo de 1995 y la Ley Nº 16.722 del 30 de octubre de 1995, así como cualquier disposición que se oponga a la presente ley.»

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º de acuerdo al texto sustitutivo propuesto.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

«Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir y mantener un circulante total de Bonos del Tesoro de hasta U$S 2.400:000.000 (dos mil cuatrocientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas.

La emisión de Bonos del Tesoro que se efectúe por sobre los U$S 1.700:000.000 (mil setecientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) implicará una baja automática por un monto equivalente en el tope de Letras de Tesorería a que refiere el artículo siguiente.

Art. 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir y mantener un circulante total en Letras de Tesorería de hasta la suma de U$S 1.400:000.000 (mil cuatrocientos millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su valor equivalente en otras monedas.

Art. 3º.- Quedan excluidas de los topes de los artículos anteriores las emisiones a que refieren el artículo 2º de la Ley Nº 16.225, de 25 de octubre de 1991 y el artículo 1º del Decreto Nº 708/991, de 26 de diciembre de 1991 y las Letras de Tesorería en moneda nacional emitidas por la Tesorería General de la Nación para cancelar pasivos con el Banco Central del Uruguay existentes a la fecha de la promulgación de la presente ley.

Art. 4º.- Los topes a que refieren los artículos 1º y 2º anteriores, se aumentarán anualmente en el mismo porcentaje de crecimiento anual que el Producto Bruto Interno a precios constantes según informe del Banco Central del Uruguay y a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación por parte del citado Banco.

En los años que el Producto Bruto Interno sufra variación negativa, se mantendrá el último tope vigente, pero las variaciones positivas futuras sólo incrementarán los topes en la medida que el crecimiento haya compensado las variaciones negativas anteriores.

El régimen previsto en este artículo tendrá vigencia a partir de 1997, de acuerdo con la variación producida en el Producto Bruto Interno de 1996.

En el caso que el banco Central del Uruguay revise las cifras del Producto Bruto Interno los topes establecidos sufrirán idénticas modificaciones según el mecanismo precedente.

Art. 5º.- El Poder Ejecutivo informará circunstanciadamente a la Asamblea General de las variaciones que se produzcan en mérito a lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 6º.- Deróganse el artículo 48 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995 y la Ley Nº 16.722 de 30 de octubre de 1995 así como cualquier disposición que se oponga a la presente ley.»

19) MAESTRA ELISA SAENZ RIVERO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa con el nombre `Maestra Elisa Sáenz Rivero` la Escuela Rural Nº 57 de Canelones. (Carp. Nº 588/96 - Rep. Nº 335/96).»

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 588/96
Rep. Nº 335/96

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase con el nombre ‘Maestra Elisa Sáenz Rivero‘ la Escuela Rural Nº 57, 11ª Sección Judicial del departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de noviembre de 1996.

Jorge Machiñena Presidente
Martín García Nin Secretario

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- La Comisión de Educación y Cultura del Senado recomienda al Cuerpo que se designe con el nombre ‘Maestra Elisa Sáenz Rivero‘ la Escuela Rural Nº 57 de Canelones, ya que entiende que así se plasman las aspiraciones de los vecinos de la zona y de la Comisión de Fomento de la Escuela, por tratarse de la maestra fundadora de esta escuela rural. Por este motivo y para que las nuevas generaciones puedan evocarla en todo su valor y dedicación recomendamos esta nominación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a la discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee:)

«ARTICULO UNICO.- Desígnase con el nombre 'Maestra Elisa Sáenz Rivero' la Escuela Rural Nº 57, 11ª Sección Judicial del departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).»

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

20) JOSE GARIBALDI

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa con el nombre `José Garibaldi` la Escuela Nº 144 del departamento de Montevideo. (Carp. Nº 586/96 - Rep. Nº 336/96).»

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 586/96
Rep. Nº 336/96

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase con el nombre ‘José Garibaldi‘ la Escuela Nº 144 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de noviembre de 1996.

Jorge Machiñena Presidente
Martín García Nin Secretario

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- La Comisión de Educación y Cultura del Senado propone aprobar el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Representante que establece la designación con el nombre de «José Garibaldi» a una Escuela de Montevideo.

En este sentido, quisiera decir algunas palabras, porque fundar esta propuesta es fácil y difícil al mismo tiempo. Es fácil por la relevancia de la personalidad de Garibaldi y difícil porque la misma riqueza del personaje podría hacernos sucumbir a la tentación retórica. Sin embargo, no podemos dejar de hacer referencia a una leyenda que ha persistido intacta a lo largo del tiempo de Gustave Flaubert que decía que no hay que acercarse mucho a los cielos porque el dorado queda en la punta de los dedos. Esta es una excepción a la regla, porque Garibaldi es un personaje que, cuando uno se aproxima, provoca gran deslumbramiento.

En Montevideo existe una gran avenida con su nombre, una estatua dedicada a su memoria y el Museo Garibaldi, en la casa de la Ciudad Vieja, donde funciona el Instituto Garibaldino. Además, se han escrito libros y múltiples artículos sobre Garibaldi. Entonces, uno puede preguntarse por qué ponerle su nombre a una escuela. ¿Es una cuenta más en el collar de los homenajes? Creo que no.

Ponerle el nombre de Garibaldi a una Escuela es algo distinto, porque a nuestro modo de ver se quiere trasmitir, de esta manera, un mensaje para las generaciones futuras del Uruguay. El hecho es que aquí hay un mensaje singular porque se trata de un hombre que recaló casi por accidente en los albores del país y sin que nadie se lo reclamara –y no tenía por qué- se involucró en los desgarramientos internos de la Patria de aquella época; hizo suya una causa que no tenía por qué ser suya y se embanderó con quienes creía representaban los ideales que defendió a lo largo de su vida. Lo digo con el mayor de los respetos y aclarando que nada más lejos de mi ánimo está desvirtuar el sentido de este homenaje incurriendo en sectarismos siempre inconducentes.

Creo que en esta materia transitamos por el buen camino y hasta he visto a algún señor Senador con una corbata colorada, lo que es un hecho inusual en su persona. Lo cierto es que Garibaldi se identificó con el partido de la defensa y, como otros, tuvo tropas bajo su mando y estuvo al frente de la Marina Nacional. Sin embargo, trascendió de estos enfrentamientos y se constituyó en un patrimonio nacional en que se confunde al ciudadano uruguayo con el ciudadano de la humanidad.

La esencia de este mensaje consiste en que la lucha por conquistar y preservar la libertad no sabe de fronteras y configura, en última instancia, un acto de generosidad propio de espíritus superiores para quienes las empresas generosas –valga la redundancia- son absolutamente propias.

Por estos motivos la Comisión de Educación y Cultura del Senado recomienda aprobar el proyecto de ley enviado por la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO.- Desígnase con el nombre ´José Garibaldi´ la Escuela N° 144 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública)."

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

21) PROMOCION E INSERCION LABORAL DE LOS JOVENES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el punto que figura en décimo término del orden del día: «Proyecto de ley relacionado con el fomento de la formación e inserción laboral de los jóvenes. (Carp. N° 455/96 - Rep. N° 340/96).»

(Antecedentes:)

«Carp. N° 455/96
Rep. N° 340/96

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

Al Senado:

El presente proyecto tiene su origen en la iniciativa que el pasado año envió el Poder Ejecutivo a este Cuerpo y que a su vez se apoya en varios proyectos de ley presentados en ambas Cámara Legislativas por los Diputados Gabriel Courtoisie y Víctor Semproni y por el Senador informante.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social constituyó, en la DINAE, una Comisión integrada por los Legisladores mencionados, representantes de la Cámara de Comercio e Industrias, representantes del PIT-CNT, del INJU, del CODICEN y el Sistema Nacional de Formación Dual (SINAFOD).

Dicha Comisión recogió opiniones y aportes diversos tales como las experiencias surgidas del Programa ´Opción Joven´ que se lleva adelante en el INJU, con apoyo BID, desde 1994 y las recomendaciones efectuadas por la ´VII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud´ realizada en abril de 1994 en nuestro país.

Una vez culminado el trabajo, obteniendo importantes, aunque no totales, consensos entre todos los miembros de la Comisión, el Poder Ejecutivo envió el Proyecto a este Cuerpo, con la firma del Presidente de la República y los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado ha enriquecido el proyecto que llega al Plenario con el respaldo unánime de sus miembros, aunque con algunas salvedades, que no desmerecen el consenso logrado en todas las etapas de su elaboración.

La situación del Empleo de los Jóvenes.

En el Uruguay, los jóvenes comprendidos entre los 14 y 29 años, son aproximadamente 720.000 y constituyen el 24% de la población total del país.

Pese al escaso peso relativo frente a los demás grupos, su tasa de participación en la población económicamente activa (PEA) es relativamente alta: 33%.

Los jóvenes uruguayos se incorporan tempranamente al mercado laboral. Según la Encuesta Nacional de Juventud, el 75% comienza a trabajar antes de los 21 años, y el 56% lo hace antes de los 17 años.

La tasa de desocupación en el Uruguay ha fluctuado entre un 8% y un 13%, a pesar de ello la desocupación juvenil en los últimos años se mantiene constante; más de la mitad de los desempleados -el 56%- son menores de 24 años.

Existe un gran desfasaje entre la capacitación formal recibida por los jóvenes y los requisitos del mercado laboral. El sistema educativo formal no transmite hábitos o actitudes laborales, ni tampoco capacita el acuerdo a las demandas exigidas. Esta situación se ve agravada en aquellos jóvenes provenientes de hogares de bajos recursos, los que reciben la misma educación y por tanto no logran compensar las desigualdades de la familia de origen.

En este contexto, muchos jóvenes optan por extender sus años de estudio en la educación formal, así como capacitarse en cursos extracurriculares privados, buscando obtener un puesto en el mercado. A pesar de esto, las dificultades de ingreso al mundo laboral, y el porcentaje de los desocupados jóvenes permanecen inalteradas.

El país está procesando cambios tecnológicos importantes, lo que modifica el perfil de las ocupaciones tradicionales. Los empresarios reclaman un tipo de capacitación de sus trabajadores que les permita acceder a mejores condiciones de competitividad.

Sin embargo, la inversión de empleador para capacitar es en pocos casos considerable. La empresa que contrata jóvenes debe destinar recursos humanos y materiales para brindar la capacitación que requiere y que el sistema educativo no proporciona. Asimismo, nada les garantiza que luego de un período de aprendizaje los jóvenes permanezcan en el mismo lugar de trabajo.

Por lo tanto, les resulta más ventajoso y seguro contratar mano de obra mayor de 25 años con experiencia, así como con hábitos laborales y personales ya adquiridos.

El ingreso al mercado se vuelve más difícil para los jóvenes. Las cifras (E.N.J.), demuestran que sólo el 25% de ellos ingresan a un puesto a través de métodos universalistas (diarios, concursos, agencias de colocación, etc.), sin embargo, el ingreso por prácticas particularistas -recomendaciones del entorno social, familiar- constituyen el método más utilizado por los jóvenes (un 75% de los que trabajan accedieron de esta forma), variando el porcentaje según el nivel educativo y el sexo.

Los jóvenes acceden a puestos de menor categoría, muchos de ellos informales, precarios o zafrales, con la esperanza de obtener la ´experiencia previa´ que los habilite por lo menos a competir con mayores oportunidades de acceder a un trabajo estable y mejor remunerado.

Descripción General del Proyecto.

El proyecto de ley que se presenta tiene por objetivo fundamental favorecer la inserción laboral de los jóvenes, constituyendo una regulación normativa que permitirá, mediante distintas facilidades e incentivos, mejorar las posibilidades de acceso a los puestos de trabajo disponibles. Al mismo tiempo, constituye una oportunidad de formación perfeccionamiento técnico altamente beneficiosa para ambos actores de la relación laboral, desarrolladas en el marco de las facilidades aportadas por la norma.

El Poder Ejecutivo en una parte de su mensaje dice: ´Lo expresado adquiere, aún más relevancia ante el gran desafío que deben asumir en estos tiempos nuestras sociedades y que consiste en tener una permanente capacidad de adaptación frente a las constantes innovaciones que se van presentando. Es entonces en este contexto que la inversión en el desarrollo de los recursos humanos se transforma en una prioridad y aparece como pertinente considerar que la participación de jóvenes educados y capacitados en el proceso productivo, es imperiosa para aumentar la productividad y competitividad de la economía nacional.

El presente proyecto sin pretender crear falsas expectativas de generación de empleo para este sector de riesgo, tiene un claro propósito de: a) facilitar a los jóvenes el acceso al mercado laboral, estimulando su ingreso en actividades que ayuden a su orientación, experiencia y formación técnico-profesional y b) fomentar el aprendizaje práctico, mediante la articulación entre el sector productivo y las instituciones de enseñanza´.

Cabe entonces afirmar una vez más que este proyecto, transformado en ley, no será generador por sí sólo de nuevos puestos de trabajo. Su objetivo es muy distinto. Está destinado a facilitar la inserción laboral de los jóvenes, disminuyendo los factores excluyentes, como experiencia previa, historia laboral, referencias laborales anteriores o referencias personales prestigiosas o confiables para el empleador. Este proyecto apunta más bien a ´igualar las oportunidades en el acceso´. Busca que los jóvenes sin experiencia, ni pasado laboral, puedan competir en igualdad de condiciones que otros, por un puesto de trabajo disponible.

También busca este proyecto, permitir la capacitación inicial que se obtiene en el puesto de trabajo concreto donde se recibe además del conocimiento práctico, complementario de la formación teórica del aula, otros aspectos de la formación laboral, como hábitos de trabajo, apego a las normas, adaptación al trabajo en equipo, etc.

Este proyecto regula cinco Contratos que apuntan a distintos grupos de jóvenes, con diferentes características y necesidades.

El Capítulo II regula el Contrato de Práctica Laboral para Egresados dirigida a jóvenes con formación previa y en busca de su primer empleo vinculado con la titulación que poseen.

El Capítulo III regula el Contrato de ´Beca de Trabajo´ dirigido a jóvenes pertenecientes a sectores de bajos ingresos, con el objeto de que realicen su primera experiencia laboral y desarrollen hábitos de trabajo, elementos fundamentales para la búsqueda de trabajo estable y permanente.

El Capítulo IV regula el contrato de Aprendizaje como una modalidad de formación en el trabajo, vinculando la enseñanza impartida por la Institución de Formación Técnico-Profesional, con el puesto de trabajo concreto. Este contrato traba una relación formal entre la empresa, el aprendiz y la institución de Enseñanza, la que será responsable del proceso de formación.

El Capítulo V regula el contrato denominado de Aprendizaje Simple cuyo objeto es que jóvenes menores de 25 años, tengan la oportunidad de recibir conocimientos prácticos en un puesto de trabajo calificado, teniendo en cuenta que permanentemente se crean tareas especializadas nuevas, producto de la incorporación constante de nuevas técnicas y moderna tecnología y, teniendo en cuenta a la vez que el empleador requiere trabajadores para esos puestos, mucho más rápido que el plazo en que el sistema educativo reacciona a la demanda.

Por último el Capítulo VI regula las pasantías no remuneradas cuyo objetivo es abrir un espacio de práctica laboral como parte de la Currícula y posibilitar el contacto con los procesos tecnológicos y productivos existentes en las empresas. Estas pasantías que pueden tener una duración máxima de 60 días, deben desarrollarse en el marco de convenios celebrados entre instituciones educativas y las empresas empleadoras.

El presente proyecto establece en sus disposiciones generales mecanismos destinados a garantizar la utilización adecuada en estos contratos por parte de las empresas empleadoras.

Establece además, la obligatoria inscripción de los jóvenes en los Organismos de Seguridad Social, así como los derechos y beneficios de los que gozan. En carga al INJU la evaluación de éstas nuevas modalidades contractuales a los efectos de advertir desviaciones y valorar aciertos que el Poder Ejecutivo y el Parlamento deberán tomar en cuenta.

Las disposiciones finales establecen las exoneraciones para las empresas que contraten bajo las formas establecidas por la ley, así como otros incentivos destinados a facilitar la inserción laboral de los jóvenes.

Jorge Gandini. Senador.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

PROYECTO SUSTITUTIVO

I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Para que las empresas puedan incorporar jóvenes en cualquiera de las modalidades contractuales previstas en la presente ley y obtener los correspondientes beneficios, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Acreditar que están en situación regular de pagos con las contribuciones especiales de la seguridad social.

b) No haber efectuado, en los sesenta días anteriores a la contratación ni efectuar durante el plazo de la misma, despidos ni envíos al seguro por desempleo al personal permanente que realice iguales o similares tareas, a las que el joven contratado vaya a realizar en el establecimiento.

c) Que tengan por lo menos un año de actividad en el país, salvo en aquellos casos que exista autorización previa de acuerdo a lo que establezca la respectiva reglamentación.

d) Que el porcentaje de contratados bajo cualquiera de las modalidades previstas en la presente ley no exceda el 20% del total de los trabajadores de la empresa. En el caso de empresas unipersonales o empleadores que ocupen hasta cinco trabajadores no podrán incorporar más de un contratado en las condiciones previstas en la presente ley.

Art. 2°.- Los jóvenes que se contraten bajo cualquiera de las modalidades contractuales previstas en la presente ley, deberán ser inscriptos en los Organismos de Seguridad Social, gozando de todos los derechos y beneficios establecidos en las normas laborales vigentes y de todas las prestaciones de seguridad social, salvo el subsidio servido por el seguro por desempleo, sin perjuicio de las excepciones previstas en cada tipo de contratación por la presente ley.

Art. 3°.- El Instituto Nacional de la Juventud (INJU) deberá evaluar cada dos años los resultados que surjan de la aplicación de la presente ley. El Ministerio de Educación y Cultura remitirá dicho informe a la Asamblea General.

II

CONTRATO DE PRACTICA LABORAL PARA EGRESADOS

Artículo 4°.- Los contratos de práctica laboral podrán ser convenidos entre empleadores y jóvenes de hasta 29 años de edad, con formación previa y en busca de su primer empleo vinculado con la titulación que posean, con el objeto de realizar trabajos prácticos complementarios y aplicar sus conocimientos teóricos.

Art. 5°.- El contrato de práctica laboral deberá pactarse por escrito, debiendo constar expresamente la práctica a realizar y su duración, la que no podrán ser inferior a tres meses ni exceder de los doce meses.

Art. 6°.- Ningún trabajador amparado por la presente ley podrá ser contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a doce meses en virtud de la misma titulación.

Art. 7°.- Este contrato sólo podrá concertarse cuando el joven trabajador acredite, fehacientemente, haber egresado de las universidades, centros públicos o privados habilitados de formación docente, de enseñanza técnica, comercial, agraria, o de servicios, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 8°.- El puesto de trabajo y la práctica laboral, deberán ser, en todos los casos, adecuados al nivel de formación y estudios cursados por el joven practicante.

Art. 9°.- Finalizado el contrato los empleadores deberán extender una constancia que acredite la experiencia adquirida por el joven practicante en el puesto de trabajo. Cesará la obligación de extender la constancia referida en los casos de rescisión anticipada por parte del trabajador o del empleador cuando se configure notoria mala conducta.

III

BECAS DE TRABAJO

Artículo 10.- El objeto de las Becas de Trabajo es posibilitar que jóvenes de 15 a 24 años pertenecientes a sectores sociales de bajos ingresos se vinculen a un medio laboral, desarrollen hábitos de trabajo y realicen una adecuada Primera Experiencia Laboral.

Art. 11.- El Instituto Nacional del Menor, el Instituto Nacional de la Juventud, y la Administración Nacional de Educación Pública podrán acordar con organismos públicos estatales o no estatales, así como con empresas privadas becas de trabajo. Las organizaciones no gubernamentales requerirán la autorización de una de las instituciones antes mencionadas, para acordar becas de trabajo. La autorización supone el reconocimiento de que la beca se refiere a los beneficiarios y al propósito expresado en el artículo anterior.

Art. 12.- Las becas de trabajo deberán pactarse por escrito y la duración de las mismas no podrán exceder de nueve meses. Los jóvenes se beneficiarán de ellas por única vez.

Art. 13.- Finalizada la beca de trabajo, los empleadores deberán extender una constancia que acredite la asistencia, el comportamiento y adaptación al trabajo del becario. Cesará la obligación de extender la constancia referida en los casos de rescisión anticipada por parte del trabajador y cuando se configure notoria mala conducta.

IV

CONTRATO DE APRENDIZAJE

Artículo 14.- El aprendizaje es una modalidad de formación profesional, en virtud de la cual un empleador se obliga a ocupar a una persona no mayor de 29 años, y enseñarle o hacerle enseñar, íntegra, y metódicamente, de acuerdo con un programa establecido por una institución de Formación Técnico-Profesional, un oficio calificado o profesión, durante un período previamente fijado y en el curso del cual el aprendiz está obligado a trabajar al servicio de dicho empleador.

Art. 15.- Los contratos de aprendizaje deberán pactarse por escrito entre la empresa, el aprendiz y la Institución de Formación Técnico-Profesional, pública o privada habilitada responsable del proceso de formación y contener al menos los siguientes elementos.

a) Oficio o profesión para cuya formación y desempeño ha sido contratado el aprendiz.

b) Plazo de contratación.

c) Forma y monto de remuneración.

d) Días y horarios de trabajo y tareas a desarrollar por el aprendiz.

e) Formas de coordinación y supervisión del aprendizaje teórico y práctico.

Art. 16.- El plazo de duración del aprendizaje deberá adecuarse a los planes y programas de formación, a las exigencias de la calificación a la que se aspira y a los conocimientos de base que posee el aprendiz, no pudiendo superar en ningún caso el plazo máximo de 24 meses.

El plazo en los contratos de aprendizaje dirigidos por Instituciones de Formación Técnico-Profesional que no sean públicas o las privadas sin participación o supervisión pública, deberá ser autorizado por la Junta Nacional de Empleo sin que pueda exceder el máximo previsto en el inciso anterior.

En los casos de enfermedad, accidente de trabajo o maternidad se prorrogará el contrato por un tiempo igual al que haya durado la licencia por enfermedad, accidente de trabajo o maternidad, debiéndose justificar la atención por el Banco de Previsión Social o el Banco de Seguros del Estado.

Art. 17.- En los contratos de aprendizaje en los que se prevean horas o jornadas de formación teórica fuera del establecimiento, los mismos se considerarán como tiempo efectivamente trabajado a todos los efectos, siempre que así hubiera sido previamente convenido.

Art. 18.- Las partes contratantes podrán acordar un período de prueba no superior a noventa días los que serán contados como parte del plazo máximo establecido en el artículo 16.

Art. 19.- La Institución de Formación Tecnico-Profesional, otorgará al aprendiz una vez culminado el aprendizaje un certificado en el que conste la naturaleza, duración y finalidad de la formación profesional obtenida. Por su parte el empleador extenderá una constancia acerca de la práctica desarrollada en la empresa.

Art. 20.- Expirada la duración máxima del contrato ningún trabajador podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.

V

CONTRATO DE APRENDIZAJE SIMPLE

Artículo 21.- Los contratos de aprendizaje simple podrán ser convenido entre empleadores y jóvenes de hasta veinticinco años de edad. En estos contratos el empleador se obliga a proporcionar trabajo e impartir capacitación en forma metódica durante un período determinado, brindando al aprendiz los conocimientos prácticos necesarios para el desempeño adecuado de un oficio o puesto de trabajo calificado.

Art. 22.- El empleador deberá proporcionar trabajo adecuado al aprendizaje objeto del contrato, no pudiendo emplearse el aprendiz en tareas ajenas al objeto del mismo, o que de cualquier manera difieran de su categoría laboral.

Art. 23.- El empleador nombrará un instructor de entre sus empleados que tendrá a su cargo, como máximo, tres aprendices.

Para el caso en que la empresa destine un instructor exclusivamente para esa tarea, podrán ser hasta diez los aprendices por cada instructor.

Art. 24.- El contrato de aprendizaje deberá formalizarse por escrito, haciéndose constar expresamente el objeto del mismo, la capacitación que se impartirá, los datos personales del aprendiz y su instructor, así como la especialización Tecnico-Profesional de este último.

Art. 25.- Las partes acordarán el plazo del contrato, el que podrá fijarse entre cuatro y seis meses, teniendo en cuenta el tipo de capacitación que recibirá el aprendiz.

VI

PASANTIAS NO REMUNERADAS

Artículo 26.- Podrá acordarse, entre organismos públicos, empresas públicas o privadas e Instituciones de Formación Técnico-Profesional, la realización de pasantías no remuneradas de alumnos de dichas instituciones cuando la realización de las mismas forme parte de la currícula y con el objeto de posibilitar el contacto con los procesos tecnológicos y productivos existentes en las empresas del medio.

Los pasantes podrán ser acompañados por los docentes de la institución respectiva.

Art. 27.- Las pasantías que se acuerden en el marco de la presente ley tendrán un plazo máximo de sesenta días.

Art. 28.- Los convenios que celebren las empresas con instituciones de formación profesional deberán inscribirse en la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. Las Instituciones de Formación Técnico-Profesional deberán, además de inscribirlos, comunicar a dicha Inspección la identificación de los pasantes previamente al inicio de la misma, así como el tiempo del curso, orientación del mismo y período de la pasantía.

Art. 29.- Las Instituciones de Formación Técnico-Profesional privadas que pueden acordar pasantías dentro del marco de la presente ley deberán estar debidamente habilitadas de acuerdo con las normas vigentes.

Art. 30.- La duración máxima de la jornada del pasante en la empresa no podrá exceder el límite máximo de la jornada legal de trabajo.

Art. 31.- Entre la empresa y los pasantes sólo existe el vínculo jurídico que establece la presente ley.

Art. 32.- La Instituciones de Formación Técnico-Profesional deberán supervisar y orientar el desarrollo de la pasantía de acuerdo a lo que dictamine la reglamentación.

Art. 33.- Los pasantes deberán estar cubiertos por la empresa contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Art. 34.- No será de aplicación a las pasantías no remuneradas lo dispuesto en el Capítulo VII, con excepción de lo previsto en el artículo 43.

VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 35.- Las empresas que contraten bajo las formas y condiciones previstas en la presente ley, salvo en la modalidad prevista en el Capítulo VI, gozarán de las siguientes exoneraciones.

a) Aportes patronales con destino al régimen jubilatorio.

b) Aportes patronales con destino al seguro social por enfermedad.

Dicha exoneración alcanzará a la materia gravada que generen las contrataciones celebradas en el marco de la presente ley y por el plazo de las mismas, a partir de la inscripción prevista en el artículo 40.

Si el empleador rescindiere unilateralmente la relación laboral antes del vencimiento del plazo, y con excepción a lo dispuesto en el artículo 39, deberá reintegrar al Banco de Previsión Social los aportes previstos en el presente artículo.

Dicho reintegro guardará correspondencia con el período por el cual se mantuvo la relación laboral.

Art. 36.- Cuando la extinción de la relación laboral se deba a la expiración normal del plazo acordado en las modalidades consagradas en la presente ley, los empleadores no estarán obligados al pago de la indemnización por despido establecida en las normas laborales vigentes.

Art. 37.- Concluida la duración máxima de los contratos establecidos en la presente ley, ningún trabajador podrá ser contratado bajo la misma modalidad contractual, por la misma o distinta empresa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, si el empleador rescinde unilateralmente la relación laboral y no mediare notoria mala conducta por parte del trabajador, este último tendrá derecho a ser contratado bajo la misma modalidad por otro empleador. En este caso el nuevo contrato no podrá exceder el plazo del contrato pendiente de ejecución a la fecha de rescisión.

Art. 38.- Si al vencimiento del contrato, el trabajador continúa desempeñando tareas, se considerará una contratación definitiva y pasará a regirse por toda la normativa laboral y previsional vigente.

Art. 39.- Los contratos previstos en la presente ley se rescindirán sin responsabilidad alguna por voluntad unilateral del empleador en los siguientes casos:

a. Si mediare notoria mala conducta.

b. Durante el período de prueba.

Art. 40.- Todos los contratos que se celebren en el marco de la presente ley deberán registrarse en la Inspección General del Trabajo, la que tendrá por cometido además, fiscalizar el debido cumplimiento de los mismos.

Art. 41.- La inobservancia de lo prescripto por la presente ley, privará a las empresas de los beneficios otorgados por la misma.

Art. 42.- Todas las modalidades de contratos previstas en la presente, salvo la indicada en el Capítulo VI, serán remuneradas.

A falta de convenio colectivo del sector de actividad, de grupos de empresas o de empresa, se tendrá en cuenta la fijación del mínimo salarial de la categoría correspondiente en la empresa.

La remuneración inicialmente fijada se incrementará en la oportunidad y por los criterios aplicables al resto del personal del empleador.

Art. 43.- Las violaciones que se cometan a la presente ley por parte de los empleadores, o de las Instituciones de Formación Técnico-Profesional en los casos que corresponda, serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 289, 290 y 291 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Art. 44.- Las disposiciones de la presente ley no serán de aplicación a las modalidades contractuales que celebren organismos públicos estatales como empleadores, con excepción de lo previsto en los artículos 11 y 26.

Art. 45.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo máximo de 180 días.

Sala de la Comisión, en Montevideo, a 16 de diciembre de 1996.

Jorge Gandini, (Miembro Informante), Luis Brezzo, Susana Dalmás (con salvedades), Rafael Michelini, Luis B. Pozzolo, Helios Sarthou (con salvedades). Senadores.

Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social
Ministerio
de Economía y Finanzas

Montevideo, 12 de junio de 1996

Señor Presidente

de la Asamblea General

Dr. Hugo Batalla

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, para EL FOMENTO DE LA FORMACION E INSERCION LABORAL DE LOS JOVENES.

Los jóvenes uruguayos tienen, desde hace décadas, dificultades para integrarse al mundo del trabajo. En contraste, existen demandas insatisfechas de recursos humanos calificados y experientes por parte de distintos empleadores y finalmente las instituciones educativas y de capacitación no cuentan con los instrumentos adecuados para apoyar la inserción de los jóvenes en un mercado de trabajo crecientemente complejo y exigente.

Cuando las oportunidades se generan, generalmente se presentan a los jóvenes dos limitantes: su escasa o inadecuada formación técnico-profesional y que no cuentan con una previa experiencia laboral que avale su perfil.

Buscando mejorar las condiciones de inserción laboral en beneficio tanto de los jóvenes como de los empleadores, se han desarrollado en el mundo una serie de instrumentos legales. Como prueba de ello basta inventariar la legislación sobre formación profesional e inserción de los jóvenes que se ha venido sistemáticamente incorporando en la legislación de los países Industrialmente desarrollados como en los de menor desarrollo relativo (Digesto Legislativo de la Formación Profesional en América Latina y el Caribe CIN TER FOR/OIT):

Lo expresado adquiere, aún más relevancia ante el gran desafío que deben asumir en estos tiempos nuestras sociedades y que consiste en tener una permanente capacidad de adaptación frente a las constantes innovaciones que se van presentando. Es entonces en este contexto, que la inversión en el desarrollo de los recursos humanos se transforma en una prioridad y aparece como pertinente considerar que la participación de jóvenes educados y capacitados en el proceso productivo, es imperiosa para aumentar la productividad y competitividad de la economía nacional.

El presente Proyecto sin pretender crear falsas expectativas de generación de empleo para este sector de riesgo, tiene un claro propósito de: a) facilitar a los jóvenes el acceso al mercado laboral, estimulando su ingreso en actividades que ayuden a su orientación, experiencia y formación técnico-profesional y b) fomentar el aprendizaje práctico, mediante la articulación entre el sector productivo y las instituciones de enseñanza. En consecuencia, en este caso la regulación del Contrato de Aprendizaje, Contrato de Práctica laboral, Becas y Pasantías no remuneradas obedece a lo antes expuesto, sin pretender incidir expulsivamente sobre otros grupos que ya están insertos en el mercado laboral.

Esta propuesta ha sido el resultado de un pormenorizado trabajo efectuado por una Comisión ad-hoc constituida en la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que inició su tarea, a partir de tres Proyectos afines presentados independientemente en el Parlamento Nacional por el Senador Jorge Gandini y por los Diputados Víctor Semproni y Gabriel Courtoisie.

En esta Comisión, constituida además de los citados Legisladores, por la Diputada Daisy Tourné, por representantes del Sector Empresarial (Cámara de Comercio-Cámara de Industrias), Sector Trabajador (PIT-CNT), Instituto Nacional de la Juventud (INJU), CODICEN y Sistema Nacional de Formación Dual (SINAFOD) se elaboró el presente texto, el que intentó fundamentalmente recoger los enriquecedores y sustantivos aportes de los actores del Sector Productivo y de calificadas experiencias que se están implementando en nuestro país como es el caso de «Opción Joven» desde el INJU.

Si bien desde la DINAE se pretendió agotar las instancias de trabajo para obtener el mayor consenso posible, los existentes disensos no impidieron a la Comisión reconocer en el trabajo final un importante avance, por considerar que es un emergente nacional la necesidad de contar con una ley que regule los aspectos aquí abordados. Asimismo, cabe destacar que en el presente Proyecto se recogen claramente las recomendaciones efectuadas en la «VII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud» realizada del 20 al 23 de abril de 1994 en Punta del Este.

El proyecto de ley en su Capítulo I de Disposiciones Generales contiene los requisitos para que las empresas puedan incorporar jóvenes en las modalidades contractuales previstas en el presente proyecto de ley a los efectos de evitar desviaciones en la aplicación de las mismas (art. 1°) y los derechos y beneficios de los jóvenes que se contraten (art. 2°).

Los Capítulos II, III, IV y V regulan exhaustivamente los contratos de Práctica Laboral para Egresados, Becas de Trabajo, Contrato de Aprendizaje Pasantías no Remuneradas, cumpliéndose con la necesidad de una regulación expresa de los mismos.

El Capítulo VI establece una serie de incentivos para las empresas que contraten bajo las formas y condiciones previstas en el presente proyecto de ley, mediante la exoneración de aportes patronales con destino al régimen jubilatorio y con destino al seguro social por enfermedad, y del no pago de la indemnización por despido cuando la extinción de la relación laboral se deba a la expiración normal del plazo acordado en las modalidades previstas (arts. 33 y 34).

A su vez, se trata de impedir el abuso en la utilización de las modalidades contractuales previstas (art. 35), los derechos y obligaciones tanto para el trabajador como para el empleador (arts. 36 y 37), la registración y control de las distintas modalidades contractuales previstas (art. 38), las sanciones aplicables (arts. 39 y 41), así como la correspondiente remuneración (art. 40).

Como corolario de esta exposición, se recomienda considerar que la cambiante y difícil realidad en que estamos inmersos, nos impone una actitud de reformulación más activa que hasta el presente y esto necesariamente determina que tengamos que ir acogiendo sistemáticamente, nuevas ideas e ir permanentemente corrigiendo, complementando o perfeccionando los marcos jurídicos existentes, en la medida que no nos hayan dado los resultados esperados.

Saludo al Sr. Presidente de la Asamblea General, con mi más alta estima.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Ana Lía Piñeyrúa, Luis A. Mosca.

PROYECTO

LEY PARA EL FOMENTO DE LA FORMACION
E INSERCION LABORAL DE LOS JOVENES

I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Para que las empresas puedan incorporar jóvenes en cualquiera de las modalidades contractuales prevista en la presente ley y obtener los correspondientes beneficios, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Acreditar que están en situación regular de pagos con las contribuciones especiales de la seguridad social.

b) No efectuar, en los sesenta días anteriores a la contratación y durante el plazo de la misma, despidos ni enviar al seguro por desempleo al personal permanente que realice iguales o similares tareas, a las que el joven contratado vaya a realizar en el establecimiento.

c) Que tengan por lo menos un año de actividad en el país, salvo en aquellos casos que exista autorización previa de acuerdo a lo que establezca la respectiva reglamentación.

d) Que el porcentaje de contratados bajo cualquiera de las modalidades previstas en la presente ley no exceda el 20% del total de los trabajadores de la empresa. En el caso de empresas unipersonales o empleadores que ocupen hasta cinco trabajadores no podrán incorporar más de un contratado en las condiciones previstas en la presente ley.

Art. 2°.- Los jóvenes que se contraten bajo cualquiera de las modalidades contractuales previstas en la presente ley, gozarán de todos los derechos y beneficios establecidos en las normas laborales vigentes y de todas las prestaciones de seguridad social, salvo el subsidio servido por el seguro por desempleo, sin perjuicio de las excepciones previstas en cada tipo de contratación por la presente ley.

II

CONTRATO DE PRACTICA
LABORAL PARA EGRESADOS

Artículo 3°.- Los contratos de práctica laboral podrán ser convenidos entre empleadores y jóvenes de hasta 29 años de edad, con formación previa y en busca de su primer empleo vinculado con la titulación que posean, con el objeto de realizar trabajos prácticos complementarios y aplicar sus conocimientos teóricos.

Art. 4°.- El contrato de práctica laboral deberá pactarse por escrito, debiendo constar expresamente la práctica a realizar y su duración la que no podrá ser inferior a tres meses ni exceder de los doce meses.

Art. 5°.- Ningún trabajador podrá ser contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a doce meses en virtud de la misma titulación.

Art. 6°.- Este contrato sólo podrá concertarse cuando el joven trabajador acredite, con la posesión de un título, haber egresado de las universidades públicas o privadas habilitadas, centros públicos o privados habilitados de enseñanza técnica, comercial, agraria, o de servicios, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 7°.- El puesto de trabajo y la práctica laboral, deberán ser, en todos los casos, adecuados al nivel de formación y estudios cursados por el joven practicante.

Art. 8°.- Las partes contratantes podrán acordar un período de prueba no superior a sesenta días, los que serán contados como parte del plazo máximo establecido en el artículo 4°.

Art. 9°.- Finalizado el contrato, los empleadores deberán extender una constancia que acredite la experiencia adquirida por el joven practicante en el puesto de trabajo. Cesará la obligación de extender la constancia referida en los casos de rescisión anticipada por parte del trabajador, o del empleador cuando se configure notoria mala conducta.

III

BECAS DE TRABAJO

Artículo 10.- El objeto de las becas de Trabajo es posibilitar que jóvenes de 15 a 25 años pertenecientes a sectores sociales de bajos ingresos se vinculen a un medio laboral, desarrollen hábitos de trabajo y realicen una adecuada Primera Experiencia Laboral.

Art. 11.- El Instituto Nacional del Menor, el Instituto Nacional de la Juventud, y la Universidad del Trabajo del Uruguay, podrán acordar con organismos públicos estatales o no estatales, así como con empresas privadas becas de trabajo. Las organizaciones no gubernamentales requerirán de la autorización de una de las tres instituciones antes mencionadas, para acordar becas de trabajo. La autorización supone el reconocimiento de que la beca se atiene a los beneficiarios y al propósito expresado en el artículo anterior.

Art. 12.- Las becas de trabajo deberán pactarse por escrito y la duración de las mismas no podrán exceder de nueve meses. Los jóvenes sólo se beneficiarán de ellas por única vez.

Art. 13.- Podrá acordarse un período de prueba de sesenta días, los que serán contados como parte del plazo máximo establecido en el artículo anterior.

Art. 14.- Finalizada la beca de trabajo, los empleadores deberán extender una constancia que acredite la asistencia, el comportamiento y adaptación al trabajo del becario. Cesará la obligación de extender la constancia referida en los casos de rescisión anticipada por parte del trabajador y cuando se configure notoria mala conducta.

IV

CONTRATO DE APRENDIZAJE

Artículo 15.- El aprendizaje es una modalidad de formación profesional, en virtud de la cual un empleador, se obliga a ocupar una persona no mayor de 29 años, y enseñarle o hacerle enseñar, integra, y metódicamente, de acuerdo con un programa establecido por una Institución de Formación Técnico Profesional, un oficio calificado o profesión, durante un período previamente fijado y en el curso del cual el aprendiz está obligado a trabajar al servicio de dicho empleador.

Art. 16.- Los contratos de aprendizaje deberán pactarse por escrito entre la empresa, el aprendiz y la Institución de Formación Técnico-Profesional, pública o privada habilitada responsable del proceso de formación y contener al menos los siguiente elementos:

a. Oficio o profesión para cuya formación y desempeño ha sido contratado el aprendiz.

b. Plazo de contratación.

c. Forma y monto de remuneración.

d. Días y horarios de trabajo y tareas a desarrollar por el aprendiz.

e. Coordinación y supervisión del aprendizaje teórico y práctico.

Art. 17.- El plazo de duración de aprendizaje deberá adecuarse a los planes y programas de formación, a las exigencias de la calificación a la que se aspira y a los conocimientos de base que posee el aprendiz, no pudiendo superar en ningún caso el plazo máximo de 24 meses.

El plazo en los contratos de aprendizaje dirigidos por Instituciones de Formación Técnico-Profesional que no sean públicas, o las privadas sin participación o supervisión pública, deberán ser autorizados por la Junta Nacional de Empleo sin que pueda exceder el máximo previsto en el inciso anterior.

En los casos de enfermedad que el aprendiz justifique debidamente, se prorrogará el contrato por un tiempo igual al que haya durado la enfermedad.

Art. 18.- En los contratos de aprendizaje en los que se prevean horas o jornadas de formación teórica fuera del establecimiento, los mismos se considerarán como tiempo efectivamente trabajado a todos los efectos.

Art. 19.- Las partes contratantes podrán acordar un período de prueba no superior a noventa días los que serán contados como parte del plazo máximo establecido en el artículo 17.

Art. 20.- Los tiempos dedicados a la formación teórica deberán complementarse con los del trabajo efectivo, sin que el tiempo global correspondiente a aquella pueda ser inferior al 25% del tiempo de trabajo semanal a menos que por convenio colectivo, del sector de actividad, de grupos de empresas o de empresa se establezcan tiempos de formación distintos.

Art. 21.- La Institución de Formación Técnico-Profesional, otorgará al aprendiz una vez culminado el aprendizaje un certificado en el que conste la naturaleza, duración y finalidad de la formación profesional obtenida. Por su parte el empleador extenderá una constancia acerca de la práctica desarrollada en la empresa.

Art. 22.- Expirada la duración máxima del contrato ningún trabajador podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.

V

PASANTIAS NO REMUNERADAS

Artículo 23.- Podrá acordarse, entre empresas públicas o privadas e instituciones de Formación Técnico-Profesional, la realización de pasantías no remuneradas de alumnos de dichas instituciones cuando la realización de las mismas forme parte de la currícula y con el objeto de posibilitar el contacto con los procesos tecnológicos y productivos existentes en las empresas del medio.

Los pasantes podrán ser acompañados por los docentes de la institución respectiva.

Art. 24.- Las pasantías que se acuerden en el marco de la presente ley tendrán un plazo máximo de un mes.

Art. 25.- Los convenios que celebren las empresas con instituciones de formación profesional deberán inscribirse en la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. Las Instituciones de Formación Técnico-Profesional deberán, además de inscribirlos, comunicar a dicha inspección la identificación de los pasantes previamente al inicio de la misma, así como el tiempo del curso, orientación del mismo y período de la pasantía.

Art. 26.- Las instituciones de Formación Técnico-Profesional privadas que pueden acordar pasantías dentro del marco de la presente ley deberán estar debidamente habilitadas de acuerdo con las normas vigentes.

Art. 27.- La duración máxima de la jornada del pasante en la empresa no podrá exceder el límite máximo de la jornada legal de trabajo.

Art. 28.- Entre la empresa y los pasantes no existe vínculo jurídico alguno, no generando derechos y obligaciones entre las partes.

Art. 29.- Las instituciones de Formación Técnico-Profesional deberán supervisar y orientar el desarrollo de la pasantía de acuerdo a lo que dictamine la reglamentación.

Art. 30.- Los pasantes deberán estar cubiertos por la empresa contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Art. 31.- Los convenios previstos en el artículo 22 podrán establecer a los pasantes la restitución de gastos de locomoción y alimentación. Los mismos no constituirán materia gravada y serán deducibles a los efectos del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio.

Art. 32.- No será de aplicación a las pasantías no remuneradas lo dispuesto en el Capítulo VI, con excepción de lo previsto en el artículo 41.

VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 33.- Las empresas que contraten bajo las formas y condiciones previstas en la presente ley, salvo en la modalidad prevista en el Capítulo V, gozarán de las siguientes exoneraciones:

a) Aportes patronales con destino al régimen jubilatorio.

b) Aportes patronales con destino al seguro social por enfermedad.

Dicha exoneración alcanzará a la materia gravada que generen las contrataciones celebradas en el marco de la presente ley y por el plazo de las mismas, a partir de la inscripción prevista en el artículo 38.

Si el empleador rescindiere unilateralmente la relación laboral antes del vencimiento del plazo, y con excepción a lo dispuesto en el art. 37, deberá reintegrar al Banco de Previsión Social los aportes previstos en el presente artículo.

Dicho reintegro guardará correspondencia con el período por el cual se mantuvo la relación laboral.

Art. 34.- Cuando la extinción de la relación laboral se deba a la expiración normal del plazo acordado en las modalidades consagradas en la presente ley, los empleadores no estarán obligados al pago de la indemnización por despido establecida en las normas laborales vigentes.

Art. 35.- Concluida la duración, máxima de los contratos establecidos en la presente ley, ningún trabajador podrá ser contratado bajo la misma modalidad contractual, por la misma o distinta empresa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, si el empleador rescinde unilateralmente la relación laboral y no mediare notoria mala conducta por parte del trabajador, este último tendrá derecho a ser contratado bajo la misma modalidad por otro empleador. En este caso el nuevo contrato no podrá exceder el plazo del contrato pendiente de ejecución a la fecha de rescisión

Art. 36.- Si al vencimiento del contrato, el trabajador continúa desempeñando tareas, se considerará una contratación definitiva y pasará a regirse por toda la normativa laboral y previsional común, reconociéndose la antigüedad desde el primer día de trabajo.

Art. 37.- Los contratos previstos en la presente ley se rescindirán sin responsabilidad alguna por voluntad unilateral del empleador en los siguientes casos:

a. Si mediare notoria mala conducta.

b. Durante el período de prueba.

Art. 38.- Todos los contratos que se celebren en el marco de la presente ley deberán registrarse en la Inspección General del Trabajo, la que tendrá por cometido además, fiscalizar el debido cumplimiento de los mismos.

Art. 39.- La inobservancia de lo prescripto por la presente ley, privará a las empresas de los beneficios otorgados por la misma.

Art. 40.- Todas las modalidades de contratos previstas en la presente, salvo la indicada en el capítulo V, serán remuneradas.

A falta de convenio colectivo del sector de actividad, de grupos de empresas o de empresa, se tendrá en cuenta la fijación del mínimo salarial de la categoría correspondiente en la empresa.

La remuneración inicialmente fijada se incrementará en la oportunidad y por los criterios aplicables al resto del personal del empleador.

Art. 41.- Las violaciones que se cometan a la presente ley por parte de los empleadores, o de las Instituciones de Formación Técnico-Profesional en los casos que corresponda, serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 289, 290 y 291 de la Ley N° 15.903 del 10 de noviembre de 1987.

Art. 42.- Las disposiciones de la presente ley no serán de aplicación a las modalidades contractuales que celebren organismos públicos estatales como empleadores, con excepción de lo previsto en los artículos 11 y 23.

Art. 43.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo máximo de 180 días.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Ana Lía Piñeyrúa, Luis A. Mosca.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Con el ánimo de que este proyecto tenga un rápido trámite en el Senado voy a ser breve en su informe.

Esta iniciativa tiene se origen en otras que han sido presentadas en el Parlamento; dos de ellas lo han sido en la Cámara de Representantes por los Legisladores Courtoisie y Semproni y una tercera por quien habla. A partir de estos proyectos y de otras ideas que existían en el ámbito del Poder Ejecutivo surgió la propuesta, que luego este Poder remitió al Parlamento, trabajándose en una Comisión que creó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dentro de la Dirección Nacional de Empleo integrada por los Legisladores que fuimos invitados y que planteamos iniciativas en la materia. La misma también estuvo integrada por los representantes de las Cámaras de Comercio e Industrias, del PIT-CNT, del INJU, del CODICEN y del Sistema Nacional de Formación Dual (SINAFOD).

Esta Comisión recogió una serie de experiencias que se fueron desarrollando, y luego de una discusión profunda y pormenorizada y con posterioridad a su pasaje por el Ministerio de Economía y Finanzas -que mucho tiene que ver con este proyecto de ley- se envió un proyecto al Parlamento, que cuenta con un importante respaldo ya que se ha consultado previamente a todos los sectores involucrados.

Es así que la iniciativa llega a nuestra Comisión como un proyecto muy trabajado que la misma se encargó de enriquecer con nuevos aportes surgidos, entre otros, de la visitas de distintas personalidades que allí se recibieron. Finalmente, la Comisión eleva este proyecto al Plenario con la aprobación por unanimidad, con algunas salvedades particulares que no pueden empañar el importante consenso que ha suscitado en todas las etapas en que se fue elaborando.

Voy a ahorrar al Cuerpo la exposición del análisis atinente a la situación del empleo de los jóvenes y su vinculación con la capacitación, porque es un tema que los señores Senadores conocen sobradamente. Simplemente, quiero decir que este proyecto de ley no apunta a crear nuevos puestos de trabajo, por lo que deben generarse expectativas en ese sentido.

Desde hace muchos años en nuestro país más de la mitad de los desempleados son jóvenes, y constituyen un 55% o un 56% del total. Cuando la tasa de desempleo se ha ubicado entre el 8% y cuando ha estado en el 12% o en el 13%, siempre más de la mitad de los involucrados han sido los jóvenes.

Por lo tanto, existe una fuerte presión de parte de este sector de la población que busca empleo, en general por primera vez, que trata de encontrar respuestas del país, del sistema político y de toda la sociedad a una necesidad básica y fundamental. Cabe aclarar que este proyecto de ley no resolverá este problema generando nuevos puestos de empleo. Su objetivo es muy distinto: más bien busca igualar las oportunidades de acceso de los jóvenes a los puestos de trabajo disponibles con las oportunidades que tienen otros sectores de la población. Todos sabemos que los jóvenes se ven normalmente excluidos debido a exigencias del empleador que a quien busca trabajo por primera vez le cuesta cumplir; me refiero a requisitos tales como la experiencia previa, la historia laboral, las recomendaciones o elementos que pueden dar confianza el empleador y que son decisivos a la hora de elegir entre un joven que no tiene pasado laboral y otro que ya lo tenga. Así, este proyecto de ley trata de generar algunas respuestas, regulando cinco contratos nuevos que apuntan a facilitar el acceso de los jóvenes a esos puestos de trabajo disponibles, agregando una vinculación más estrecha entre la formación que se recibe en el sistema tradicional de enseñanza y los requerimientos del mercado laboral. Lo que se intenta es acercar estos dos extremos.

Es así que este proyecto de ley regula, por un lado, el contrato de práctica laboral para egresados, dirigido a jóvenes que tienen formación previa, es decir que cuentan con un título universitario, docente, técnico, agrario o de servicios de escuelas o institutos de enseñanza pública o habilitados, y que cuando salen a buscar su primer empleo tienen que pagar un largo derecho de piso para poder ser reconocidos con su título en el mercado. Este contrato apunta, entonces, a que haya una etapa de vinculación a un puesto de trabajo correspondiente a la titulación que se posee, como estribo para que ese recién egresado pueda ingresar en el mercado laboral.

El segundo contrato es el de becas de trabajo, que está dirigido a jóvenes que pertenecen a sectores de bajos ingresos económicos y, además, cuentan con escasa o ninguna capacitación o preparación, por lo que sólo pueden acceder a puestos de trabajo no calificados y que encuentran dificultad en acceder a ellos precisamente por no contar con esas recomendaciones del entorno social y/o familiar. Entonces, este contrato tiene por objeto que estos jóvenes realicen su primera experiencia laboral y en ella desarrollen además uno de los requisitos más importantes para el empleador, que es el que tiene que ver con los hábitos de trabajo, elemento fundamental para poder encontrar un empleo estable.

El tercer contrato que se regula es el de aprendizaje, como una modalidad de la formación en el trabajo. Este contrato vincula formalmente a una institución de enseñanza, a una empresa que será la empleadora y a un aprendiz, que reunirá la condición de estudiante en esa institución de formación y aprendiz o empleado en la empresa, con esas condiciones. Ese joven, durante un tiempo que podrá llegar a los dos años, realizará un trabajo en la empresa, en tareas vinculadas a la formación teórica que está recibiendo en las aulas. Creo que este contrato es de enorme importancia para el sistema educativo nacional, que ha desarrollado experiencias importantísimas y muy positivas en la materia, pero que necesita estímulos para que las empresas adhieran o asocien a las instituciones de enseñanza para dar espacio a estas modalidades de formación y de empleo.

El cuarto contrato se denomina de aprendizaje simple y tiene por objeto facilitar el acceso de jóvenes menores de 25 años a puestos de trabajo, dándoles la oportunidad de que en ellos reciban, durante un período breve, conocimientos prácticos en un puesto de trabajo concreto, calificado, para que en la práctica misma y asesorado por un instructor que el empleador deberá nombrar, vaya aprendiendo un oficio o destreza que le permitirá luego acceder con más capacidad a un puesto de empleo permanente, dado que tendrá experiencia acumulada y un conocimiento práctico adquirido.

Por último, se regulan las pasantías no remuneradas, cuyo objeto es abrir un espacio de práctica laboral como parte de la currícula educativa que recibe un joven en un centro de enseñanza para que, durante un plazo breve, de treinta o sesenta días como máximo, desarrolle en una empresa una práctica concreta de trabajo vinculada a lo que está estudiando. Hoy en día, esto se hace con mucha frecuencia, aunque sin un marco normativo que permita realizarlo con apego a la ley.

Estos cinco contratos están regidos por algunas disposiciones generales que son, básicamente, mecanismos destinados a garantizar su adecuada utilización por parte de las empresas empleadoras, de modo que no se cometa el abuso de pretender abaratar la mano de obra por esta vía haciendo rotar una parte de los empleados, aferrándose a este sistema con exoneraciones y beneficios que rigen para el empleador y escondiendo otras intenciones detrás de la supuesta ayuda brindada a los jóvenes. Hay allí requisitos para las empresas que quieran contratar bajo estas modalidades, que se relacionan con no tener empleados en el seguro de paro, no haberlos enviado en un tiempo anterior, no tener más de un 20% de trabajadores contratados bajo estas condiciones. Estos contratos deberán ser inscriptos en la Dirección Nacional de Trabajo la que deberá supervisarlos.

Este proyecto de ley cuenta también con disposiciones finales que establecen incentivos o estímulos a los empresarios, a las empresas que contraten jóvenes. Se trata, básicamente, de exoneraciones al aporte patronal en la parte que corresponde al empresario, dado que el joven se inscribirán en el organismo de seguridad social, efectuará los aportes correspondientes y mantendrá su historia laboral desde el principio. A su vez, el empleador verá disminuido, en determinado porcentaje, su aporte laboral como forma de compensar, de alguna manera, lo que invirtió en capacitar a un joven o darle un espacio de trabajo a quien no tiene experiencia previa.

En forma muy breve, estamos presentando al Cuerpo este proyecto de ley que, como he dicho, cuenta con el respaldo general de todos los integrantes de la Comisión que se abocó a su estudio.

Al principio de esta sesión, se señaló que la ley que crea el Instituto Nacional de Semillas junto con el Proyecto de Ley de Riego eran iniciativas trascendentes, quizá las más importantes que se hayan votado para el sector productivo en los últimos tiempos. Trascendente fue también la iniciativa votada por este Parlamento por la cual se rebajó la mayoría de edad a los dieciocho años para todos los casos. De igual manera, creo que este proyecto de ley brinda un instrumento muy importante al sistema educativo, que está haciendo enormes esfuerzos por adecuarse a la exigencias del mercado laboral y, al mismo tiempo, da al sector empresarial elementos que le permitirán mejorar su competitividad. Tanto esta iniciativa como las que he mencionado son de enorme trascendencia para el país y, particularmente, para las nuevas generaciones que encuentran una gran dificultad de inserción no sólo laboral sino también social.

Por último, expresamos nuestro reconocimiento a todos los Legisladores que han hecho esfuerzos en sus iniciativas legislativas, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores y a todos aquellos que han trabajado para enriquecer este proyecto.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Señor Presidente: recibimos el proyecto definitivo en la mañana de hoy. Estuvimos trabajando en Comisión hasta hace muy poco y existen una serie de aspectos que han sido incorporados en algunos artículos que nos gustaría estudiar con mayor detenimiento.

Mi moción de orden es en el sentido de que lo que no se trate hoy pase para la sesión del día 26, a los efectos de tratar el tema con mayor profundidad. Por nuestra parte, el mismo ha sido aprobado con salvedades y creemos que es necesario profundizar aspectos que fueron alterados el último día de trabajo en Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se trata de una moción de orden que admite discusión.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el señor Senador Sarthou tuvo la deferencia de manifestarme sus deseos de formular esta moción minutos antes de hacerla, por lo cual le expresé que no estaba de acuerdo, porque la Comisión trabajó, durante mucho tiempo en este proyecto de ley.

El señor Senador es integrante de la Comisión que estudió el tema, y expresamente hicimos las consultas al Frente Amplio, partido al que pertenece. Considero, por tanto, que todas las Bancadas de este Senado están en condiciones de votar hoy el proyecto de ley, que responde a una iniciativa muy esperada por sectores jóvenes.

Por lo expuesto, voy a votar negativamente la moción formulada, porque considero que esto está harto reflexionado.

Hugo varias iniciativas -una del Frente Amplio, otra del Nuevo Espacio y otra del partido Nacional, el Poder Ejecutivo estudió el tema durante muchos meses y luego, cuando ingresó al Senado, se trabajó largamente con incorporaciones y ayudas, algunas de ellas propuestas por el propio señor Senador Sarthou. Además, de antemano se sabía que este proyecto de ley se trataría en la sesión de hoy, más allá de que contara o no con la firma de los integrantes del Frente Amplio.

Creo que hay momentos en los que hay que concluir las cosas y mi aspiración es que el Senado se pronuncie en general y en particular sobre el proyecto en el día de hoy.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO.- Señor Presidente: comprendemos todas las razones que se acaban de expresar.

Se trata de un proyecto de ley muy importante, que cuenta con un estudio profundo de los antecedentes, y no creemos que hoy, con este Senado desfalleciente en número, sea el momento adecuado para tratarlo. Naturalmente. Podría votarse, pero creo que, así como algún poeta ha dicho que las plantas tienen alma, los proyectos también la tienen y tratar la de éste en la situación casi de sopor en que nos encontramos, no me parece que sea lo más adecuado, máxime considerando que es una iniciativa para los jóvenes. Un proyecto de ley de que es una iniciativa para los jóvenes. Un proyecto de ley de Inserción Laboral de los Jóvenes debe considerarse con cierto entusiasmo, vivacidad y juventud, más allá de los años que podamos tener.

Por esa razón, lo que hoy podríamos hacer es votarlo en general, porque considero que es merecedor de alguna precisiones para que sea realmente algo positivo; no podemos sentirnos satisfechos por el simple hecho de haber cumplido con el aspecto formal, votándolo sólo para superar los inconvenientes.

Por lo expuesto, pediríamos modificar la moción original, en el sentido de que se vote en general y se culmine su tratamiento el día 26. No creo que hoy podamos tratar este tema. Pienso que los jóvenes no van a sentirse muy alegres por este Senado cansino y sí casi viejo.

SEÑOR DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DALMAS.- Señor Presidente: suscribo totalmente la propuesta del señor Senador Santoro, aunque comprendo la inquietud y la urgencia del señor Senador Michelini. Creo que sería bueno votarlo en general, pero deseo hacer una precisión.

Si fuimos capaces de generar una sesión extraordinaria para el día 26 de diciembre, sería justo y casi una gentileza necesaria contemplar la inquietud de los señores Senadores -pertenecientes a sectores representados en la Comisión- sobre un proyecto de ley largamente trabajado, pues la sesión ya está votada.

Concretamente, propongo, al igual que el señor Senador Santoro, votar en general el proyecto de ley y pasar a la discusión particular en la próxima sesión extraordinaria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Eso sería posible, pero la Mesa aclara que hay varios señores Senadores inscriptos para hacer uso de la palabra en la discusión general.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: Si no interpreté mal, el señor Senador Sarthou formuló una moción de orden que consiste en que el tema no se trate en el día de hoy. De acuerdo con las disposiciones reglamentarias -que no chocan con ninguna norma constitucional- entiendo que debe resolverse esa cuestión de orden antes de entrar a la discusión general del proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene razón el señor Senador.

La Mesa consideró que, en función del intercambio de ideas que se había producido, el señor Senador Sarthou admitía las modificaciones; pero si él insiste, naturalmente vamos a poner a votación su moción.

La Presidencia aclara que la omisión fue exclusivamente suya.

SEÑOR SARTHOU.- Retiro la moción, señor Presidente, pero entiendo que el exponer sobre aspectos generales va a obligar a considerar en general este proyecto de ley.

Por las razones señaladas por el señor Senador Santoro, pienso que es mejor tratar este tema más exhaustivamente. Si vamos a discutirlo en general, nos va a llevar tiempo y nos introduciremos en su análisis. Por ello, me parece que lo lógico es realizar la discusión general y particular en la próxima sesión.

Reitero que si en el Senado no hay ambiente, retiro mi moción.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO.- Señor Presidente: no creo que exista ninguna disposición reglamentaria que inhabilite lo que vamos a plantear.

Me refiero a que se vote hoy en general y se habilite -valga la redundancia- a los señores Senadores a realizar exposiciones en el tiempo reglamentario.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia está de acuerdo con el señor Senador. Lo que ocurre es que, en lugar de contar cada Senador con media hora más otra media de prórroga, va a tener sólo veinte minutos.

SEÑOR SANTORO.- Que se le pueden prorrogar.

SEÑOR PRESIDENTE.- No, señor Senador, ese tiempo es improrrogable. De cualquier manera, el Senado es soberano y puede determinar cualquier mecanismo de discusión.

La Mesa entiende que no hay ninguna disposición que impida votar en general el proyecto de ley, con el convencimiento de que luego, en la próxima sesión, realizaríamos la discusión correspondiente.

En este caso, el tema quedaría como segundo punto del orden del día de la sesión del 26 de diciembre.

Corresponde votar en general el proyecto de ley.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Con la moción formulada?

SEÑOR PRESIDENTE.- El proyecto de ley se vota en general. Lo que ocurre es que existe el convencimiento de todos los integrantes del Cuerpo de que el régimen de discusión particular se hará respetando los tiempos y las normas de la discusión general.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Esto será el día 26?

SEÑOR PRESIDENTE.- Así es, señor Senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

22) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 40 minutos, presidiendo el doctor Hugo Batalla y estando presentes los señores Senadores Bergstein, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Heber, Korzeniak, Michelini, Pereyra, Pozzolo, Sanabria, Santoro, Sarthou y Segovia).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.