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Nº 123 - TOMO 377 - 2 DE OCTUBRE DE 1996

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

47a. SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

y el SEÑOR SENADOR LUIS BERNARDO POZZOLO Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LICENCIADO JORGE MOREIRA PARSONS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Millor y Ricaldoni.
- Concedidas.

5) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el doctor Opertti comunicando que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

6) Proyecto presentado

- La señora Senadora Arismendi y los señores Senadores Astori, Antognazza, Couriel, Sarthou, Segovia, Korzeniak, Semproni y Fernández presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece un marco regulatorio energético.
-A la Comisión de Industria y Energía.

7) Contador Nilo Berchesi. Su deceso

- Manifestaciones del señor Senador Brezzo y del señor Presidente del Senado.

8) Doctora Rosalía de Arteaga. Vicepresidenta de la República del Ecuador

- Manifestaciones del señor Presidente comunicando que oficialmente la ha invitado a visitar nuestro país.

9) Modernización parlamentaria

- Manifestaciones del señor Senador Santoro. Intervención de varios señores Senadores.
- Por moción de varios señores Senadores el Senado resuelve crear una Comisión Especial integrada por siete miembros para ocuparse del análisis de las propuestas de reestructura y enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a dicha Comisión Especial, a la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, al Programa de Fortalecimiento de Areas Sociales, al BID y a las Naciones Unidas.

10) Carpeta Nº 510/96. Rectificación de trámite

- Por moción del señor Senador Heber se resuelve enviar esta Carpeta a la Comisión de Presupuesto, modificando el trámite ya que en principio había sido destinada a la Comisión de Hacienda.

11) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 1º de octubre de 1996.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 2, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Modernización parlamentaria. Consideración de las publicaciones y de los trabajos realizados.

(Carp. Nº 540/96)

2º) Exposición de 20 minutos de la señora Senadora Marina Arismendi sobre ‘Algunos aspectos de la situación de la mujer uruguaya y posibles propuestas legislativas’.

(Carp. Nº 543/96)

3º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se deroga el inciso final del artículo 323 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, eliminándose la prohibición de emitir acciones preferidas por más del 50% del capital.

(Carp. Nº 529/96 - Rep. Nº 291/96)

4º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se regula el funcionamiento de las guarderías infantiles.

(Carp. Nº 298/95 - Rep. Nº 270/96. Anexo I y II)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

5º) Por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales sobre Derecho Internacional Privado.

(Carp. Nº 231/95 - Rep. Nº 227/96. Anexo I)

6º) Por el que se concede pensión graciable a la señora María Quinelli de Mateuci.

(Carp. Nº 435/96 - Rep. Nº 289/96)

7º) Por el que se autoriza el ingreso a nuestro país de un contingente armado del Regimiento Mecanizado Nº 12, Brigada Militar y Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Yaguarón, República Federativa del Brasil, a los efectos de participar en el desfile cívico militar a realizarse en la ciudad de Río Branco, departamento de Cerro Largo, el día 12 de octubre de 1996.

(Carp. Nº 538/96 - Rep. Nº 292/96)

8º) Por el que se establece un régimen de traslación de determinados feriados (Informe verbal).

(Carp. Nº 459/96 - Rep. Nº 293/96)

9º) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para exonerar de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. (Plazo constitucional vence el 31 de octubre de 1996).

(Carp. Nº 496/96 - Rep. Nº 290/96)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Antognazza, Arismendi, Astori, Bensión, Brezzo, Carvalho, Couriel, Chiesa, Fernández, Fernández Faingold, Garat, Heber, Hualde, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Millor, Pereyra, Posadas Montero, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Semproni, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Batlle, Cid, Dalmás, Gandini, Gargano y Michelini; y con aviso el señor Senador Hierro López.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 14 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Montevideo, 2 de octubre de 1996.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República, comunicando las observaciones interpuestas en los siguientes expedientes:

De la Junta Departamental de Canelones: relacionada con la Rendición de Cuentas de esa Junta correspondiente al Ejercicio 1995.

Del Ministerio de Transporte y Obras Públicas: relacionado a la deuda que el Ministerio mantiene con la firma IPI Ltda.

Del Banco de Previsión Social: relacionada con el Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 1994, el Estado de Resultados del período 1º de enero al 31 de diciembre de 1994, las Notas a los Estados Contables, el Estado de Ejecución Presupuestal y el Estado de Origen y Aplicación de Fondos correspondientes al Ejercicio 1994.

De la Junta Departamental de Durazno: relacionada con la Rendición de Cuentas de esa Junta correspondiente al Ejercicio 1995.

Del Banco Hipotecario del Uruguay: relacionada con el Estado de Ejecución Presupuestal del período enero-diciembre de 1995.

-Ténganse presente.

La Comisión de Transporte y Obras Públicas remite nota comunicando que la misma ha resuelto ratificar las designaciones que fueran realizadas durante las reuniones que el Foro Permanente de Legisladores Latinoamericanos de Comisiones de Transportes celebrara el pasado mes de junio en la ciudad de México, y por las que nombrara a los señores Senadores Sergio Chiesa y Albérico César Segovia como Vicepresidente titular y Vicepresidente alterno, respectivamente, del mencionado Foro.

-Téngase presente y comuníquese.

El doctor Ricardo Alarcón de Quesada, en nombre del Parlamento cubano remite fax invitando a una delegación del Parlamento uruguayo a visitar Cuba.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

El Centro Latinoamericano de Desarrollo remite las conclusiones del ‘Primer Foro Nacional sobre Accidentes y Enfermedades de Trabajo en el Uruguay’.

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

El señor Presidente de la Comisión de Cultura del Senado de la Nación de la República Argentina, remite fax invitando a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores al Encuentro de Legisladores Culturales del MERCOSUR, que se llevará a cabo en Buenos Aires los días 7, 8 y 9 de octubre.

-A la Comisión de Educación y Cultura».

4) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

«El señor Senador Millor solicita licencia desde el día 8 al 24 de los corrientes».

-Léase.

(Se lee:)

«Miércoles, 1º de octubre de 1996.

Sr. Presidente del Senado

Dr. Hugo Batalla

De mi distinguida consideración:

Con motivo de participar en una serie de conferencias de la Junta Directiva del Comité Panamericano Pro-Democracia, en la ciudad de Miami, cuya invitación se adjunta, solicito a usted, licencia por el período comprendido entre el 8 y el 24 del mes de octubre, inclusive, a fin de que sea convocado el suplente correspondiente.

Sin otro motivo le saluda con alta consideración.

Pablo Millor. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, a partir del día 8 de octubre queda convocado el señor Nelson Fernández, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

«El señor Senador Ricaldoni solicita licencia desde el día 9 al 11 de los corrientes».

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 2 de octubre de 1996.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside, me conceda licencia entre los días 9 y 11 de octubre del corriente por razones de índole personal; y por tal razón se convoque al suplente respectivo.

Saluda a usted atentamente

Américo Ricaldoni. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

5) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una nota de desistimiento.

«El doctor Opertti presenta nota comunicando que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto».

-Léase.

(Se lee:)

«Señor

Presidente del Senado de la República

Dr. Hugo Batalla

Presente

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle que ante la convocatoria para integrar ese Alto Cuerpo, declino por esta vez incorporarme al Senado.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente y demás integrantes del Cuerpo, con mi más alta consideración y estima personal.

Didier Opertti. Ministro del Interior».

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde convocar al señor Alvario Bentancur, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

6) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto de ley presentado.

(Se da del siguiente:)

«Varios señores Senadores presentan un proyecto de ley por el que se establece un marco regulatorio energético».

-A la Comisión de Industria y Energía.

(Texto del proyecto de ley presentado)

«PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Quedan sujetas a las disposiciones de la presente ley, las actividades de la industria eléctrica que comprenden la generación, transformación, trasmisión, distribución, exportación, importación y comercialización de la energía eléctrica.

Art. 2º. - A los efectos de esta ley, las actividades de la industria eléctrica precedentemente enumeradas, tendrán el carácter de servicio público en cuanto se destinen total o parcialmente a terceros en forma regular y permanente.

Art. 3º. - Corresponde al Poder Ejecutivo todo lo relacionado con la formulación, programación, reglamentación, ejecución y contralor de la política en materia de energía eléctrica, y especialmente, lo relativo a las autorizaciones necesarias para el aprovechamiento y conservación de las fuentes primarias a ser utilizadas en la producción de energía eléctrica.

Art. 4º. - Corresponde al Poder Ejecutivo la determinación de las metas, planes y prioridades a alcanzar por la acción coordinada de quienes ejercen la industria eléctrica en el país con el objetivo final de lograr el abastecimiento de todos los habitantes del país en las condiciones más favorables para el interés nacional.

Art. 5º. - Le compete a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, en virtud de su especialización en la materia, la formulación de planes y programas siguiendo los lineamientos de la política establecida en la presente ley y por el Poder Ejecutivo.

Art. 6º. - En el marco de los procesos de integración regional, la interconexión eléctrica representa un importante papel, y el Estado procurará aportar a ese esfuerzo. En ese sentido, la interconexión eléctrica regional se la concibe como un instrumento apto para la efectiva complementación de los servicios públicos de electricidad de la región, que permita abaratar y optimizar costos de producción, escalonar mejor las inversiones a realizar en el área y explotar racionalmente y sin depredación ambiental las fuentes de energía. Así definida, le corresponde a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas emprender aquellos acuerdos regionales que la viabilicen, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7º de este proyecto.

Art. 7º. - Las interconexiones eléctricas internacionales, deberán ser autorizadas por el Poder Ejecutivo y deberán tener venia de la Cámara de Senadores.

Art. 8º. - Corresponde a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas en forma exclusiva la importación y la exportación de energía eléctrica, que deberán ser aprobadas por el Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de Energía y coordinada y resuelta por el Despacho Nacional de Cargas.

Art. 9º. - Se define el Sistema Interconectado Nacional (SIN), como el conjunto de instalaciones de generación, y el sistema de redes de trasmisión y distribución en todo el territorio nacional. A los efectos legales se definen los actores del mismo de la siguiente manera:

Generador: es el titular de una central de generación eléctrica destinada a la comercialización total o parcial a terceros en forma regular y permanente de su producción o la destina a su propio abastecimiento.

Transmisor y distribuidor: será la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas como única titular de instalaciones destinadas a realizar la actividad de trasmisión y distribución de energía eléctrica, para terceros, en forma comercial y con regularidad y permanencia.

Suscriptor: es la persona natural o jurídica que ha firmado un contrato o una solicitud de abastecimiento con la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, y recibe la provisión de energía eléctrica correspondiente.

Gran consumidor: es el cliente final que, por cumplir los requisitos de un megavatio de potencia mínima y 100.000 kilovatios/hora por mes de consumo mínimo de energía contratada y demás parámetros técnicos que establecerá la reglamentación, recibe suministro por parte de cualquier agente generador integrado al Sistema Interconectado Nacional a precio libremente convenido entre los Contratantes.

Art. 10. - La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas podrá prestar a entidades públicas o privadas, servicios de asesoramiento y asistencia en las áreas de su especialidad y anexas, tanto en el territorio de la República como en el exterior. A tales fines, en esos servicios podrá:

A) Asociarse en forma accidental o permanente con otras entidades públicas o privadas.

B) Contratar o subcontratar con ellas la complementación de sus tareas.

Art. 11. - Para cumplir con sus cometidos, la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas deberá:

A) Tender a ser autosuficiente desde el punto de vista industrial, para lo cual deberá contar con una estructura de talleres y personal equipados y formados para respaldar adecuadamente la generación, trasmisión y distribución de la energía eléctrica, así como los medios necesarios para la conservación y el desarrollo de sus instalaciones.

B) Contar con la autonomía financiera, administrativa y de gestión de acuerdo a la Constitución de la República.

C) Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, tanto en la esfera de su actividad específica, apoyando el desarrollo nacional.

D) Tanto en la explotación de las instalaciones existentes, como en la formulación de sus planes de desarrollo, la UTE respetará la legislación nacional e internacional para la protección del medio ambiente, ajustándose a la Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994 y a su reglamentación.

Despacho Nacional de Cargas

Art. 12. - Modifícase el artículo 10 del Decreto-Ley Nacional de Electricidad Nº 14.694, de 1º de setiembre de 1977, que quedará redactado de la siguiente manera:

‘ARTICULO 10. - El Despacho Nacional de Cargas, será operado y administrado por la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas y dependerá para esta función del Ministerio de Industria, Energía y Minería a través de la Dirección Nacional de Energía.

Se formará un Consejo Consultivo integrado por un representante del Poder Ejecutivo, uno de la UTE, uno de los generadores, uno de los suscritores, y uno de los grandes consumidores integrados al SIN, que tendrá acceso a toda la información disponible y necesaria para su funcionamiento.

La forma de elección de los representantes al Consejo Consultivo será reglamentada por el Poder Ejecutivo previa opinión de UTE.

El Despacho Nacional de Cargas cumplirá funciones de despacho técnico del Sistema Interconectado Nacional. El Poder Ejecutivo establecerá las normas a las que se ajustará el Despacho Nacional de Cargas, para el cumplimiento de sus funciones como despacho técnico del Sistema Interconectado Nacional’.

Tarifas

Art. 13. - Se procurará a través del régimen tarifario desarrollar políticas de estímulo a la producción nacional, de apoyo a los servicios públicos o de interés social, así como de acceso a la electricidad de los sectores de menores ingresos y a los pobladores alejados de los núcleos urbanos.

Art. 14. - El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento y a propuesta de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, fijará las tarifas a los suscritores.

Art. 15. - Las tarifas máximas que percibirá la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas por el uso del Sistema Interconectado Nacional por parte de terceros, deberán cubrir los costos operativos directos del servicio, incluyendo la amortización de los bienes de uso afectados al mismo, así como una utilidad razonable.

Art. 16. - Las tarifas aplicables para la venta de energía eléctrica a terceros por la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, serán fijadas por el Poder Ejecutivo a propuesta de ésta.

Salto Grande

Art. 17. - La administración de la cuota parte correspondiente a la República Oriental del Uruguay de la producción de la central binacional de Salto Grande será realizada por la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, incluyendo las etapas de facturación y recaudación.

Art. 18. - Las actuaciones de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande estarán sujetas a lo dispuesto por los artículos 210, 211 y 212 de la Constitución de la República, que refieren a las funciones del Tribunal de Cuentas respecto de los órganos del Estado.

Sin perjuicio de la disposición del párrafo anterior, el Poder Ejecutivo instrumentará en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, lo resuelto en el artículo 7º del convenio relativo al aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande del año 1946 para crear un organismo interestadual para la explotación y administración de las obras e instalaciones ejecutadas por este convenio.

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley (o del artículo anterior) los integrantes de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, o de la que se nombrará a sus efectos, deberán ser propuestos por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y designados según lo establece el artículo 187 de la Constitución de la República para los Entes Autónomos.

Asimismo, los integrantes de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande serán sujetos pasivos de la aplicación de los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República.

Generación

Art. 19. - La generación de energía eléctrica, en cualquiera de sus modalidades, es una actividad libre siempre que no esté destinada a la comercialización o destinada su producción total o parcialmente a terceros en forma circunstancial, regular o permanente y que no se contravenga las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

Art. 20. - El Estado uruguayo tendrá como objetivo asegurar a través de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas el suministro del servicio público que se genere por la demanda interna en la República Oriental del Uruguay, así como que toda la capacidad generadora instalada en el territorio de la República atienda la demanda energética interna cuando ésta así lo exija, cubriendo las necesidades de desarrollo económico y social del país, sus proyecciones y eventualmente los aportes que se acuerden en el mercado regional. Se procurará el aprovechamiento integral de los recursos energéticos nacionales, atendiendo asimismo la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Asegurar que los planes de desarrollo y las obras a ejecutar se concilien plenamente con lo establecido en la Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994.

Art. 21. - Compete en forma exclusiva a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas la operación y el mantenimiento del actual sistema de plantas de generación de energía eléctrica en todo el territorio de la República.

Será obligación de la UTE garantizar el mantenimiento del sistema en condiciones de minimizar los costos totales de inversión, de operación, mantenimiento y pérdidas de trasmisión.

El Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de Energía y en acuerdo con UTE podrá autorizar la conexión de generadores ubicados en el territorio nacional al Sistema Interconectado Nacional. Las condiciones técnicas y económicas de dichas conexiones serán determinadas y acordadas según la reglamentación.

Art. 22. - Para la comercialización de su producción energética, los nuevos generadores instalados en el territorio de la República, podrán celebrar libremente contratos con los grandes consumidores integrados al Sistema Interconectado Nacional, de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

Art. 23. - La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas como único agente trasmisor y distribuidor, está obligada a permitir el acceso de la energía producida por estos nuevos generadores, a la capacidad de transporte de energía eléctrica de sus sistemas que no esté comprometida para suministrar la demanda del país.

Las condiciones serán acordadas por las partes, y de acuerdo con la presente ley.

Art. 24. - Los grandes consumidores podrán celebrar contratos con los generadores, y la energía que adquieran sólo podrá ser utilizada para su propio abastecimiento, y no podrán comercializarla a terceros.

Art. 25. - Con previa autorización del Poder Ejecutivo, la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas podrá asociarse en forma accidental o permanente con empresas públicas o privadas según el artículo 188 de la Constitución de la República, sólo para los casos en que se planteen nuevos emprendimientos que por su volumen financiero se entienda que no pueden ser costeados por el Estado.

Art. 26. - Para la producción de energía hidráulica (fluvial o mareomotriz), térmica o geotérmica por particulares, para los casos que se plantean en el artículo precedente, el Poder Ejecutivo podrá previa opinión de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, y con la venia de la Cámara de Senadores, otorgar la concesión en las formas y condiciones estipuladas en la presente ley y su reglamentación.

Art. 27. - Se prohíbe la producción de energía atómica en todo el territorio de la República.

Art. 28. - Todos los generadores de energía hidráulica instalados en el territorio de la República, deberán ajustarse a lo establecido en la Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994 atendiendo además a no modificar las condiciones de navegabilidad del curso de agua afectado a la explotación de las obras a construirse.

Trasmisión y distribución

Art. 29. - Se procurará la plena incorporación del país y de todos sus núcleos poblados al Sistema Interconectado Nacional, y se deberá atender en el diseño del sistema, las necesidades nacionales de descentralización y de desarrollo industrial y productivo. Las redes de trasmisión y distribución deberán garantizar adecuadamente el suministro del servicio público de electricidad, con los niveles de calidad adecuados, y se procurará incorporar a las mismas los adelantos de la tecnología acordes al proceso de desarrollo nacional.

Art. 30. - Se entiende por trasmisión el transporte de energía en alta tensión destinada a la interconexión entre los centros de producción y consumo. Se entiende por alta tensión, a los efectos de la presente ley, a los voltajes superiores a 36.000 voltios. La actividad de trasmisión podrá comprender la transformación de la energía, reduciendo la potencia de la misma a niveles aptos para el consumo.

Art. 31. - Compete en forma exclusiva a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas la operación y el mantenimiento del sistema de redes de trasmisión y transformación de energía eléctrica en todo el territorio de la República salvo el sistema integrado de Salto Grande. Será obligación de la UTE garantizar el mantenimiento del sistema en condiciones de minimizar los costos totales de inversión de operación, mantenimiento y pérdidas de trasmisión.

Art. 32. - La construcción de nuevas redes de trasmisión, destinadas a suministrar energía eléctrica a nuevas áreas del territorio nacional, podrán ser otorgadas en concesión por el Poder Ejecutivo en las formas y condiciones estipuladas en la presente ley. Las obras concluidas pasarán a integrar el patrimonio de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas.

Art. 33. - La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas dará libre acceso a los generadores conectados al Sistema Interconectado Nacional a la capacidad de transporte de energía eléctrica de sus sistemas que no esté comprometida para suministrar la demanda interna contratada en las condiciones acordadas por las partes y de acuerdo con la presente ley y su reglamentación.

Art. 34. - Se entiende por distribución el transporte de energía eléctrica en media y baja tensión, destinada al suministro de los suscriptores. A los efectos de la presente ley, se entiende por media tensión, los voltajes superiores o iguales a 1.000 voltios, e inferiores o iguales a 36.000 voltios, y por baja tensión los voltajes inferiores a 1.000 voltios. La actividad de distribución podrá comprender la transformación de energía, reduciendo la potencia de la misma a niveles aptos para el consumo.

Art. 35. - Compete en forma exclusiva a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas la operación y mantenimiento del sistema de redes de distribución de energía eléctrica en todo el territorio de la República. Será obligación de la UTE, garantizar el mantenimiento del sistema en condiciones de minimizar los costos totales de inversión de operación, mantenimiento y pérdidas de transformación.

Art. 36. - La construcción de nuevas redes de distribución, destinadas a suministrar energía eléctrica a áreas no atendidas actualmente por la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, podrán ser otorgadas en concesión por el Poder Ejecutivo en las formas y condiciones estipuladas en la presente ley. Las obras concluidas pasarán a formar parte del patrimonio de la UTE.

Art. 37. - La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas deberá promover el libre acceso de los generadores conectados al Sistema Interconectado Nacional a la capacidad de transporte de energía eléctrica de sus sistemas que no esté comprometida para suministrar la demanda interna y contratada en las condiciones acordadas por las partes y de acuerdo con la presente ley y su reglamentación.

Art. 38. - Quedan derogadas todas las disposiciones legales opuestas a la presente ley.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Couriel, Helios Sarthou, Albérico Segovia, José Korzeniak, Víctor Semproni, Milton Antognazza, Gonzalo D. Fernández. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La integración regional del Uruguay en el marco del MERCOSUR, nos exige a todos una profunda reflexión y estudio de cómo llevar adelante esos procesos de integración sin lesionar la soberanía de ninguno de los países que la conforman, permitiendo a la vez el desarrollo autónomo y a la vez complementario de cada país integrante en las distintas áreas de la economía, la cultura y la política.

La reestructuración institucional en el sector eléctrico forma parte de una de estas áreas y, tanto por el carácter que históricamente ha tenido la actividad energética como servicio público, la importancia también histórica del Ente Autónomo UTE para brindar este servicio, así como por las actividades y el tipo de recurso que utiliza, se constituye en un campo de trabajo que involucra la soberanía nacional, hecho que implica concretarla considerando la actividad del sector en función de una política determinada de Estado.

En un momento en el que el desarrollo de sectores importantísimos de la economía mundial dependen del tipo de las fuentes energéticas utilizadas, así como de la tecnología para explotarlas, pocos sectores como el de la energía se consideran de tal trascendencia estratégica para la prosperidad y el progreso de los pueblos. La calidad de vida de la gente es -en gran medida- función directa del carácter de la explotación de la energía, y ha sido con estos criterios que hemos elaborado esta propuesta de reordenamiento institucional del sector de la energía en nuestro país.

Hoy, a fines de siglo, podemos decir que el sector eléctrico ha tenido un crecimiento constante y sostenido, en una política de inversiones en el sector eléctrico con un doble objetivo: abastecer con energía eléctrica a toda la población de la República así como apoyar a los sectores productivos nacionales, como se ha hecho por ejemplo a través de la electrificación rural y de un importante desarrollo y renovación tecnológica.

La UTE ha logrado abastecer de energía al 96% del territorio nacional, cifra que nos atrevemos a decir no es igualada por ninguna empresa pública en toda Latinoamérica. Pero la demanda energética crece año a año.

La industria eléctrica tiene una responsabilidad muy grande respecto al cuidado del medio ambiente, en el marco del impacto ambiental que pueda producir. No debemos olvidar que la Ley Nº 14.466 y su reglamentación crean los mecanismos para la realización de estos estudios. Todas las actividades de la industria eléctrica están comprendidas en el artículo 2º del mencionado decreto reglamentario, así como por el artículo 13 la obligación de la presentación de un Informe Ambiental Resumen de fácil entendimiento ciudadano, y la posibilidad de implementar por el artículo 16, una audiencia pública cuando el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ‘considere que el proyecto implica repercusiones graves de orden social, cultural o ambiental’.

Otro aspecto de preocupación para la producción de esta energía es la explotación de recursos renovables, tales como la energía solar, la eólica, y la minihidráulica, que se enmarca en la alternativa de ampliar la matriz energética integrando estas formas de explotación a un sistema de producción ya conformado como el nuestro, o utilizándolas de manera autónoma para la electrificación rural, en lugares a los que todavía no han llegado las redes eléctricas por razones económicas o geográficas.

En virtud de la importancia que el Despacho Nacional de Cargas tiene desde el punto de vista de su especialización, entendimos necesario mantenerlo en la órbita de UTE, pero a su vez, para contemplar el ingreso a la actividad de nuevos inversores en la generación, el DNC queda bajo la dirección del Ministerio de Industria, Energía y Minería, como garantía de equidad en las decisiones que deba tomar como despacho técnico del Sistema Interconectado Nacional.

Otro aspecto e el que para resolverlo resaltamos el grado de especialización es el referente a la importación y a la exportación de energía, actividad que reservamos exclusivamente al Estado a través de UTE, y que debe ser aprobada por el Poder Ejecutivo.

Respecto de las tarifas pretendemos preservar el derecho que tienen todos los ciudadanos al bienestar, a la comodidad y la higiene, así como dotar a los sectores sociales más numerosos y menos favorecidos de estos beneficios. También queremos prevenir del hecho de que, librados ciertos servicios que no permiten con facilidad la concurrencia de los capitales privados, no se termine en inconvenientes y abusos del usuario.

Con la fijación de las tarifas por el Poder Ejecutivo y a propuesta de UTE, se pretende que el régimen tarifario permita el desarrollo de la producción nacional, y sirva de apoyo a servicios públicos o de interés social y económico, así como que la propia UTE actúe como regulador de los precios ante la oferta de energía por parte de nuevos generadores.

En un proyecto de reestructuración energética del país, amerita -por el grado de incidencia que tiene- la inclusión de los destinos de la represa de Salto Grande. En enero de 1938 se suscribió un acta entre los Gobiernos de Argentina y de Uruguay, en el que ambos declaraban su interés común en el aprovechamiento de la fuerza generada por los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande.

A la Comisión Técnica Mixta se le ha reconocido (de derecho y de hecho) una amplísima autonomía; en todos los casos la Comisión Técnica Mixta actuó y actúa con mayor independencia que cualquiera de los organismos estatales, incluidos los propios Poderes del Estado, considerándose inmune a la totalidad de los controles de legalidad (Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, etc.) o de conveniencia sobre sus actos, alegando precisamente una calidad normativa de «organismo internacional», configurando una situación claramente reñida con la teoría y práctica del Gobierno republicano. La delegación uruguaya a la Comisión Técnica Mixta, debe estar sujeta a los diversos controles establecidos para otros organismos de la órbita estatal como son los Entes Autónomos. Por lo que entendimos que es indiscutible la necesidad de legislar también sobre Salto Grande en cuanto a su futuro papel a jugar en las actividades de la industria eléctrica.

El sector eléctrico presenta en estos momentos una oferta de energía y una potencia instalada que supera los 2.100 megavatios, de los cuales el 75% -unos 1.511 megavatios- se producen en centrales hidroeléctricas. De estos 1.511 megavatios, más de un 60% proviene de la central binacional de Salto Grande.

Esta central, por sus características, no tiene una capacidad significativa de regular la producción energética: esto quiere decir que su producción depende de las variaciones en el caudal del río Uruguay, con el que cuando es importante se alcanza una producción que supera la demanda interna, pero cuando es pequeño, la producción no alcanza a cubrir entre el 10 y el 15% de la demanda. Esta ausencia de capacidad reguladora se presenta en períodos de seca muy breves de entre quince y veinte días.

Esta situación determina que en valores promedios el sistema tiene una producción hidroeléctrica que supera a la demanda, pero a la vez se ve expuesto a la inestabilidad derivada de que un 60% de la producción hidroeléctrica dependa -como ya dijimos- de una central como Salto Grande que no tiene capacidad reguladora y que depende a su vez del caudal del río Uruguay.

Se puede decir que el país ha cubierto casi todos los aprovechamientos hidroeléctricos que tenía, la demanda del sistema crece a un promedio de un 5 a 6% por año y en forma acumulativa, y en principio, esta demanda debe ser atendida sobre la base de centrales térmicas, con costos de producción más altos que las centrales hidroeléctricas.

La integración regional del sector eléctrico en el MERCOSUR debe decidirse teniendo en cuenta una política de generación tendiente por un lado a lograr más respaldo a través de la complementación energética entre los países miembros, y por otro lado a que las decisiones en este sentido lleven a que el Estado a través de UTE mantenga una adecuada independencia energética de sus socios del MERCOSUR.

Es por esto que entendemos necesario desde el punto de vista económico el desarrollo de una política que apunte al aumento de la producción de generación en el Uruguay además de la natural complementación de lo que hablábamos, para lo cual dedicamos un capítulo en este proyecto.

El artículo 188 de la Constitución de la República establece claramente que para la asociación de empresas públicas con particulares se necesita:

-El requerimiento de los tres quintos de votos del total de los componentes de cada Cámara.

-Que el aporte de los capitales particulares y la representación de los mismos en los Consejos o Directorios nunca serán superiores a los del Estado.

En el artículo 25 del Capítulo sobre la generación de nuestra propuesta establecemos la posibilidad de «asociarse en forma accidental o permanente con empresas públicas o privadas para los casos en que se planteen nuevos emprendimientos, o para los casos de transformaciones sustanciales que por su volumen financiero se entienda que no pueden ser costeadas por el Estado».

Por esta razón entendemos que en el futuro debe ampliarse el parque generador de nuestro país, en función del crecimiento anual de la demanda interna.

Al definir a los grandes consumidores como usuarios del SIN, se deja en claro por el artículo 24 que una vez celebrados los contratos de suministro energético entre estos y los generadores, deben utilizar la energía contratada para su propio abastecimiento, y que no podrán comercializarse a terceros, evitando así la posibilidad de existencia de «brokers».

Al tener acceso al SIN, y poder celebrar contratos con los generadores a través de la UTE, los grandes consumidores tienen así la posibilidad de optar por generadores privados o públicos e función de reducir sus costos operativos, con lo cual estamos legislando en favor de una política que apunta y promueve el desarrollo agroindustrial, industrial y productivo.

El carácter del monopolio natural de la UTE en la trasmisión (incluyendo la transformación) y la distribución, no es discutido por nadie; nosotros pretendemos que ese monopolio sea además de natural, legal, es decir confirmado por el Legislativo. Estas actividades son de vital importancia a la hora de concretar la calidad del servicio público brindado a la población. Por otra parte como ya afirmamos, UTE ha logrado la cobertura del 96% del territorio nacional con el sistema de redes de conexión, para lo cual ha debido realizar una muy costosa inversión que pagamos todos los uruguayos.

Resulta así de interés estratégico para el Estado el dominio absoluto de estas actividades en las cuales descansa la garantía del acceso por parte de todos los habitantes de la República a este servicio trascendente para el mejoramiento de la calidad de vida.

En nuestra propuesta, a través de los artículos 31 a 35, establecemos claramente el monopolio de UTE en estas actividades en todo el territorio de la República.

En resumen, decimos que proponemos este proyecto en base a sostener que el Estado no debe desprenderse de aquellas actividades que constituyen un servicio público de carácter esencial, y que a su vez debe resolver esto en función del nuevo marco político que surge con el MERCOSUR y la apertura de mercados que esto implica. Manteniendo el monopolio de la trasmisión y la distribución por parte de UTE, la posibilidad de que ésta se asocie sólo para nuevos emprendimientos, de que administre la producción energética de Salto grande y de aplicar controles estatales a ésta, establecer una política tarifaria que proteja a los suscritores y promueva la actividad agroindustrial y productiva, definiendo claramente al gran consumidor, así como remarcando la obligación de que toda la actividad industrial energética debe cumplir con la Ley Nº 16.466 sobre impacto ambiental, entendemos que este proyecto se constituye en un instrumento legal idóneo para obtener la reestructuración institucional del sector energético tal cual lo exige el desarrollo nacional.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Couriel, Helios Sarthou, Albérico César Segovia, José Korzeniak, Milton Antognazza, Víctor Semproni, Gonzalo D. Fernández. Senadores».

7) CONTADOR NILO BERCHESI. Su deceso.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Brezzo.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: en la tarde de hoy queremos rendir homenaje a la figura del contador Nilo Berchesi, fallecido hace pocos días en la ciudad de Montevideo.

Berchesi fue una figura importante en el mundo académico, en el mundo político del Partido Colorado y también en lo que fue la sociedad uruguaya, porque desempeñó muchas actividades privadas de verdadero peso.

Egresó de la Facultad de Ciencias Económicas en una competencia que en aquella oportunidad se hizo muy ceñida. Finalmente, Berchesi se recibió obteniendo la medalla de oro, al igual que el contador Faroppa lo hizo al año siguiente. Más tarde, recibió el título de Doctor en Ciencias Económicas y Administración, de acuerdo con lo que otorgaba el Plan de Estudios de la Facultad de la época. Al respecto, creo que fue uno de los únicos dos o tres doctores de Ciencias Económicas graduados en el Uruguay. Posteriormente, fue Secretario de la Facultad de Ciencias Económicas; más adelante, se desempeñó como Segundo Contador de la Nación, Subsecretario de Hacienda y, por último, Ministro de esa Cartera.

Quiero brindar algún dato de tipo personal acerca del contador Berchesi. Al respecto, podemos decir que fue fundador del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, cuando estaba en su último año de estudio, es decir, en 4º año de la Facultad.

Dentro del Partido Colorado, después de todo los honores que recibió por todos los cargos que alcanzó, lo vimos muchas veces en las asambleas de la Casa de la agrupación, con una gran modestia, no pidiendo absolutamente ningún tipo de prerrogativas, tratándose de igual a igual con todos los miembros de esos cuerpos y con un sentido de sencillez republicana, que no creo que sea patrimonio de nuestro sector sino más bien del estilo político uruguayo.

Además, desde el punto de vista profesional, el contador Berchesi tuvo una gran importancia. En ese sentido, diría que fue uno de los hombres que provocó que en este país se empezara a hablar de los economistas. Hasta su llegada, estos profesionales no tenían una gran presencia en la vida política y social del país. Hoy tenemos en el Senado a más de un profesional en este campo, que está absolutamente consagrado por su importancia en la vida política.

Quiero hacer referencia también a la especial relación que tuvo con sus hijos, a quienes siempre apoyó y ayudó. Pude saber muy bien de su preocupación por ellos y del orgullo que sintió cuando su hijo Juan fue designado Presidente del Directorio de AFE y, posteriormente, miembro del Directorio del Banco de Previsión Social. En aquel momento, le pregunté a Juan qué opinaba su padre y me contestó que estaba muy contento y, al mismo tiempo, muy preocupado por la responsabilidad que el cargo implicaba, lo que habla muy a fondo de la personalidad de don Nilo Berchesi.

En nombre de la Bancada del Partido Colorado, queremos hacer llegar a la familia del ciudadano Nilo Berchesi nuestras condolencias y rendirle honores en este Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa hace suyas las palabras del señor Senador Brezzo. Creo que el doctor Berchesi era un hombre de una enorme significación en el país y ocupó con dignidad altos cargos. Además de todo eso, era un hombre de una profunda humildad, que en gran parte de su vida sirvió al Estado con desinterés y limpieza.

8) DOCTORA ROSALIA DE ARTEAGA, VICEPRESIDENTA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

SEÑOR PRESIDENTE. - Quiero informar a los señores Senadores que oportunamente, como consecuencia de mi visita en representación del país a la trasmisión del mando en Ecuador invité, en nombre del Gobierno, a la señora Vicepresidenta de la República del Ecuador, doctora Rosalía de Arteaga, a visitar el país en forma oficial. Por distintas circunstancias, adelantó su visita y llega el próximo domingo. Creo necesario aclarar que en Ecuador la realidad es distinta a la nuestra, en el sentido de que el Vicepresidente no tiene funciones institucionales específicas, sino que actúa simplemente en el área social del gobierno. La señora Vicepresidenta tendría interés de ser recibida por las Comisiones del área social de la Cámara de Representantes y del Senado.

Simplemente, quería trasmitir esta información al Cuerpo y solicitar a los integrantes de dichas Comisiones que, de ser posible, se programara una sesión formal. De lo contrario, realizaríamos una informal en mi despacho con la presencia de los señores Legisladores que actúan en esas Comisiones.

9) MODERNIZACION PARLAMENTARIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el punto que figura en primer término del orden del día: «Modernización parlamentaria. Consideración de las publicaciones y de los trabajos realizados. (Carp. Nº 540/96)».

Antes de dar la palabra al señor Senador Santoro, quisiera simplemente excusarme ante el senado porque, como consecuencia de alguna confusión que se dio en la sesión de ayer, se había establecido como primer punto del orden del día el que ahora figura como tercero. Seguramente, esta confusión fue producto de un entendimiento que hubo a través de un gesto entre el señor Senador Santoro y quien habla, y es posible que yo no haya sido suficientemente claro. Sin embargo, mi impresión -y creo que también la del Senado- era la de que el tema que hoy figura como primer punto del orden del día fuera el que realmente se considerara con prioridad.

Por todo esto, pido excusas al Senado y aclaro que la omisión, si es que existió, fue de la Presidencia y de ninguna manera del señor Secretario.

Tiene la palabra el señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: estimamos que la consideración a nivel del Senado del tema relativo a la modernización parlamentaria y de las publicaciones y trabajos realizados es de oportunidad e, imprescindiblemente, debe pasar por el análisis del Parlamento. Como estamos integrando el Senado de la República, creemos que debe merecer las reflexiones consiguientes a nivel de este Cuerpo, que incluyan el conocimiento, el estudio y las conclusiones que se estimen del caso.

Entendemos que en las actuales circunstancias, en este mundo que ahora se dice globalizado, muy interrelacionado y donde se exige a todos los organismos -fundamentalmente a los de carácter público y de naturaleza representativa, como los Cuerpos parlamentarios- la mayor de las eficiencias y el mantenimiento, en forma muy acabada, de su propia naturaleza, que está en su extracción de carácter popular.

A nuestro juicio, la modernización parlamentaria, como se la ha llamado, podría englobarse en una denominación más perfecta, que refleje la voluntad de procurar la mayor eficiencia de los Cuerpos parlamentarios para que, a su vez, logre mayor eficiencia el régimen esencial en el que se manejan, que es el sistema democrático.

Decimos, entonces, que participamos de la idea de darle a los Cuerpos parlamentarios la mayor eficiencia, lo que se denomina por parte de los técnicos «modernización». Aclaramos que no nos satisface la terminología empleada, porque creemos que tiene alcances que no se compadecen con lo que realmente se debe realizar a nivel parlamentario. Estimamos, pues, que ello se debe alcanzar, y consideramos oportuno que se realice en este ámbito, en razón de que hace un tiempo prudencial se ha conocido un documento de circulación restringida de la Presidencia de la Asamblea General, que lleva como título: «Marco de Referencia para la Modernización del Poder Legislativo del Uruguay», y está fechado en abril de 1996. Quiere decir que el tiempo transcurrido es más que suficiente para emitir una opinión. También se ha distribuido un Programa de Modernización Parlamentaria, denominado «Cuestionario Dirigido a los Señores Legisladores», por el cual se presenta a los integrantes del Parlamento una serie de preguntas destinadas a habilitar distintas respuestas, a fin de cumplir con el objetivo de modernización parlamentaria y dotar a este Cuerpo de mayor eficiencia.

Sabemos que se ha alcanzado un acuerdo entre el Presidente de la Asamblea General y del Senado con autoridades del BID y técnicos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de realizar un estudio a nivel del Parlamento Nacional, que permita llegar a conclusiones y adoptar medidas tendientes a modernizarlo.

El origen es el indicado; es decir que actualmente está trabajando en el Parlamento Nacional un grupo llamado equipo técnico del componente modernización del Poder Legislativo, integrado por varios técnicos de las Naciones Unidas, cada uno de los cuales cuenta con una especialización de acuerdo con la referencia que se realiza en el documento citado.

Hemos analizado este documento, y lo vemos y comprendemos en dos aspectos. Los técnicos que trabajan en esta labor de conocimiento de su forma de trabajo, de estudio acerca de cómo es la institución en sí misma y la organización en la que se sustenta, a los efectos de cumplir con las tareas legislativas y de contralor, consideraron del caso realizar el estudio en dos grandes sectores. Podemos denominar al primero de ellos como una referencia precisa al Parlamento como institución, organismo o Cuerpo; es decir, no al Poder Legislativo, porque éste tiene otro alcance y otra dimensión conceptual, sino a las instituciones parlamentarias. O sea que el tema a estudio sería el Parlamento, las Cámaras de Senadores y de Representantes, cómo funcionan, actúan, se integran y qué efectividad tienen.

El segundo tiene que ver con la organización, la estructura y los recursos humanos, es decir, el sustento de la institución parlamentaria.

En la primera etapa, se consideró al Parlamento como institución y se analizaron sus funciones políticas y sociales. Queremos decir que en este análisis -no deseamos hacer calificaciones, pero sí vamos a indicarlo- se tomó como base el estudio de un tema que no correspondía -lo decimos con toda precisión- que estos técnicos lo tomaran en cuenta. Si analizamos todo el trabajo realizado, nos encontramos con que ninguno de los técnicos de las Naciones Unidas es parlamentario y creo, además, que ninguno lo ha sido. Ellos tienen distintas competencias y capacidades en materias todas enmarcadas en lo que tiene que ver con organismos públicos o privados y, en general, con su organización, sistema, relacionamiento, imagen, funcionamiento y eficacia.

Entonces, realizaron un análisis y una enumeración de tipo constitucional sobre el Parlamento uruguayo, y creemos que ello no les corresponde porque no tienen competencia en la materia. No se trata de una falta de consideración, sino que pensamos que quienes nunca participaron en el ambiente político, ni tuvieron vinculaciones con la temática parlamentaria, no tienen competencia para ingresar en un análisis del Parlamento en ese aspecto, es decir, en la parte política. Esto corresponde a los constitucionalistas, a los políticos y a los politólogos, pero no a quienes venían a procurar alcanzar un diagnóstico y a elaborar conclusiones para la mayor eficiencia del Parlamento uruguayo.

Por nuestra parte, reconocemos que los técnicos sostienen en su informe que el proyecto procura el fortalecimiento y la modernización del Parlamento como institución. En ese aspecto, ingresan en distintas consideraciones, analizando la institución parlamentaria desde el punto de vista constitucional y político, arribando a conclusiones de carácter político, lo que en primera instancia nos llamó la atención y, posteriormente, nos generó preocupación porque, como es natural, creemos que esa no es la tarea que estos técnicos debían cumplir.

No queremos realizar una exposición extensa, pero el tema nos atrapa, por lo que deseamos hacer algunas precisiones.

Los técnicos dicen que el Parlamento -¡oh misterio!- ejerce funciones de representación, legislación, control, generación de consenso, defensa de los derechos de las minorías y comunicación. Esto es elemental y lo sabe todo el mundo, pero se estampa como si se hubiera descubierto que el Parlamento cumple esas funciones.

Pero bueno, supongamos que nos encontramos en un lugar donde se va a dar una clase y se procede a enunciar las funciones del Parlamento y sus actividades y, entonces, admitamos que se comience señalando cuáles son las tareas que éste cumple.

Pero, en esa instancia, nos encontramos con que dentro de estas funciones del Parlamento, los técnicos proceden a determinar cuáles de ellas deben priorizarse o son las fundamentales, cuando este es un tema totalmente de carácter político, que corresponde a los partidos políticos, a los constitucionalistas -cuando van a reformar la Constitución o a asesorar a los políticos que se encargan de hacerlo- y, a nivel de cátedra, a quienes se dedican a realizar estudios de carácter político -pero no en la condición de hacedores- o a quienes van a proponer soluciones para que el Parlamento sea más eficiente. Entendemos que esto es de carácter tan elemental que no vale la pena o no es necesario proceder a mostrarlo. Sin embargo, admitamos que de acuerdo con la forma como encararon el trabajo, tenían que exponerlo y enumerar las funciones del Parlamento.

Posteriormente, se incursiona en apreciaciones de carácter político, lo que nosotros creemos no correspondía que se hiciera. De esta manera, se hacen observaciones al sistema de la representación proporcional en el Uruguay, sistema éste que se ejerce desde hace tanto tiempo y que tanto costó lograr. Sabemos que desde el punto de vista técnico -no vamos a negarlo- hay quienes se oponen al sistema de la representación proporcional. Precisamente, Duverger, autor de origen francés citado desde hace mucho tiempo en el país -que tantas veces mencionara el doctor Etchegoyen- y que ahora, otra vez, está de moda, es un declarado enemigo del sistema de la representación proporcional; técnicamente, lo presenta, lo documenta, y trata de explicar por qué razón este sistema no es conveniente para los regímenes democráticos. El caso es que se hacen apreciaciones sobre la representación proporcional, y no solamente se dice esto, sino que también se agrega que este sistema es un mito. Así aparece en una de las páginas de este documento, en una expresión que, naturalmente, afecta el sentido político, las ideas y posturas políticas que son muy sensibles a los uruguayos. Pienso que esa apreciación no tenía por qué hacerse en este documento, pues no tenía nada que ver con la eficiencia y la modernización del Parlamento. En realidad, ese es un tema a tratar por quienes elaboran modificaciones constitucionales o electorales, pero no por quienes están estudiando cambios en la dinámica o en la mecánica de la institución parlamentaria.

No solamente se dicen estas cosas, sino que, además, se procede a veces a actuar hasta con cierta grosería al hacer una referencia de carácter político. Precisamente, en la página 30 de este documento, bajo el título «La elección de los representantes. Sistema electoral y representación», se realizan algunas puntualizaciones, procurando hablar de cómo está integrado el Senado. Realmente no sé por qué incursionaron en ese tema porque, más allá de que ahora puede estar de moda en virtud de que se está considerando una reforma constitucional, es muy profundo y afecta, prácticamente, la consideración de toda la historia de los partidos políticos del país.

Rápidamente, voy a leer lo que se dice en esta página que mencionamos, a los efectos de ver cómo se ingresa en expresiones que considero muy gruesas y ríspidas, las que, además, provocan cierto escozor. Allí se dice: «El Senado tuvo, en la historia del Uruguay, sentidos y representaciones variadas». Esto todos lo sabemos. «Durante muchas décadas los Senadores eran representantes de los distintos departamentos». ¡Vaya novedad! Luego se hace referencia a la alianza Herrera-Terra en el año 1930. En este creo que se equivoca el autor porque, en primer lugar, no existió una alianza y, en segundo término, en ese año hubo elecciones en las que salió electo el doctor Gabriel Terra, como candidato del Partido Colorado, mientras que el doctor Herrera perdió por más de 15.000 votos. Al incursionar en este tema, cabe señalar -no sé por qué no se dice- que se utilizó un sistema muy particular, según el cual cada voto de los candidatos riveristas valía 17 votos del resto del Partido Colorado, y que el doctor Terra estuvo muy cerca de perder la elección como candidato del batllismo. Se olvidaron de mencionarlo. Más adelante se expresa que después del golpe de Estado de 1933, el Senado fue objeto de distribución política entre ambos líderes, según el principio del «medio y medio», es decir, mitad para Herrera y mitad para Terra. Esto es realmente una grosería; decirlo así es, reitero, una grosería y una falta de consideración a la redacción que se debe usar en este tipo de documentos y a la propia historia y modalidad que hemos mantenido siempre. Digo esto, porque ni Terra se quedó con la mitad del Senado, ni Herrera se quedó con la otra mitad, sino que fue una fórmula -se olvidan de señalarlo en este documento- que se estableció en la Constitución de 1934, pero luego se modificó, mediante una ley constitucional, la integración del Senado. Además, más allá de todas las críticas que se hicieron al respecto, esta integración del Senado, desde el punto de vista técnico, perfectamente puede ser fundamentada, pero no vamos a ingresar en ese tema ahora, porque no es el momento ni la ocasión y nos insumiría mucho tiempo. En definitiva, creemos que esa no es la forma de manejar estas cosas; «mitad del Senado para Herera, mitad para Terra» es una expresión un poco desdorosa de la actividad política del país y de los ciudadanos que en aquel momento intervenían en papeles importantes en el escenario político del Uruguay.

¿Pero qué ha ocurrido? Como el Uruguay en un país muy joven y prácticamente nos conocemos todos, nos encontramos con que algunos de los técnicos que han redactado este documento integran el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), el cual ha hecho distintas publicaciones. Precisamente, hace unos años, este Centro marcó cierta postura en materia política, en la que al hablar del sistema de los partidos y de las responsabilidades, se sostenían ciertas ideas como las que voy a leer rápidamente. Así se dice, bajo los títulos «El sistema de los partidos. Las responsabilidades»: «Mejor o peor, los partidos uruguayos han propendido a: a) Difundir entre adolescentes, jóvenes y (cuando los había) inmigrantes el vocabulario político básico y las perspectivas históricas y las efemérides constitutivas de las respectivas identidades partidarias; los modos y las vías de las peticiones al dispositivo partidario de intercambio de ventajas o prebendas por sufragios u otros apoyos; la conciencia rudimentaria de los derechos y deberes, de los papeles y el honor del ciudadano no privilegiado; alguna idoneidad para el debate y la oratoria, así como -ya en círculos interiores- para la negociación» -escuchen bien esto- «la maniobra y el camanduleo;...». Además de ésta, podríamos señalar otras «perlas» más que están aquí, repetidas y recogidas en este documento.

En definitiva, entiendo que estos señores han venido acá para marcar posiciones de carácter político, vinculadas a posturas que se manejaron en el pasado y que se pueden manejar y se manejan ahora.

Pero, además, advierto que existe predilección por estas cuestiones de carácter político, ya que no se conforman con referirse al tema de la representación proporcional, ni con la grosera referencia al Senado al hablar de «mitad para Terra y mitad para Herrera», sino que también se acordaron de un librito -que los señores Senadores deben conocer- que un día se le ocurrió editar al actual Presidente del CODICEN, profesor Germán Rama.

El librito se llama «El club político» y en él se pinta un panorama de los clubes políticos de los Partidos Colorado y Nacional, dejándose el mensaje de que en esos lugares se hacía un reparto de beneficios, todo lo que políticamente se llama «clientelismo», la negociación sobre distintas prebendas, el «camanduleo», como se dice en el CLAEH. Estas personas también se acordaron de este librito que, seguramente, el profesor Rama ya lo debe haber extinguido y que queda nada más que para algunos memoriosos o en alguna biblioteca olvidada, porque es un mensaje negativo con respecto a los partidos tradicionales. A lo largo de todo este libro se deja una posición de carácter político -que respetamos y que, en nuestro concepto, debería demostrarse- y a través de este medio se la comunica a la población. Pero, ¿estamos considerando? ¿Qué se procura con esto? ¿Qué intención hay? No podemos prejuzgar y, en este aspecto, no me voy a introducir en el análisis psicointelectual de estos señores, para determinar qué razones los movieron para actuar así.

Pero no sólo se ingresó en ese tema, sino que también se acordaron de que aquí hubo un golpe de Estado en 1973. Nosotros estábamos aquí, en esta misma banca, lo conocimos por dentro y lo sufrimos por fuera. Con respecto a este punto, en la página 30 de este repartido, estos señores dicen cosas que realmente causan espanto. Cuando mencionan este proceso político del Uruguay, que ellos procuran tomar en cuenta para modificar la estructura parlamentaria y modernizar al Parlamento, expresan que si bien es cierto que el sistema electoral uruguayo otorga al Parlamento y a la democracia una perfecta legitimidad formal, también es verdad que la legitimidad es un fenómeno más complejo y cambiante que incluye las percepciones de los individuos, de la sociedad, y que aumenta o disminuye cada día. Al mismo tiempo, afirman que la democracia uruguaya -escuchen bien, señores Senadores- se destruyó en 1973 -la democracia no se destruyó, sino que la destruyeron- después de un largo proceso en el cual la sociedad nunca desmintió la legitimidad formal del Parlamento, pues votaba masivamente a sus candidatos y elegía a sus representantes -esto es gravísimo- pero subjetivamente no creía -este verbo lo ponen en negrita- en la capacidad de la democracia y del Parlamento para resolver los problemas de la comunidad y terminó facilitando alternativas antidemocráticas. Es la primera vez que escucho esta fundamentación en lo que tiene que ver con el golpe de 1973 es demasiado para admitirlo sin decir nada. Por ejemplo, lo trató de fundamentar Aparicio Méndez dando la tesis por la cual consideraba que cuando el sistema decaía en su organización política, el único elemento capacitado para hacerse cargo del poder eran las Fuerzas Armadas, porque estaban jerarquizadas. Al mismo tiempo, se buscó como la doctrina de la seguridad nacional importada desde Brasil o el avance de algunos militares peruanistas, como se dijo en los Comunicados 4 y 7.

En síntesis, se señalaron una serie de fundamentaciones sobre el golpe de Estado de 1973, pero nunca se mencionó que la gente formalmente votaba, pero subjetivamente, en su creencia, en su conocimiento y en su fe, no creía en la capacidad de la democracia y del Parlamento para resolver los problemas de la comunidad, por lo que terminó facilitando alternativas antidemocráticas. No sé si estos señores se olvidaron de indicar qué día llamaron a plebiscito a los ciudadanos para que hicieran esta manifestación.

Por lo que he expuesto, este es un documento público muy grave. Pero, además, no se detienen en eso, porque después se acuerdan de que este Parlamento está integrado por Legisladores, por seres humanos, con todos sus dramas, sus alegrías y capacidades. En este sentido, hacen una diferencia, que es la primera vez que desde el punto de vista técnico se plantea, entre Diputados del interior -a quienes catalogan de gestores, tramitadores- y los que no lo son.

SEÑOR STORACE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR STORACE. - Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesas aclara que, atento a la trascendencia del tema, debía discutirse como un proyecto de ley común y no como un asunto de carácter interno del Parlamento. Por esa razón le hemos concedido al señor Senador media hora, con opción a otros treinta minutos.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Agradezco la gentileza.

Como decía, en este documento se hace una diferencia entre Diputados del interior y los que no lo son. Asimismo, se habla de la crisis de la representación política. En este momento, si hay algo en el Uruguay que se ha transformado totalmente es la conducta de los Legisladores. En nuestro país se han producido cambios de enorme trascendencia que han afectado a los parlamentarios. No vamos a negar que el Legislador vinculado a determinada zona o departamento, por razones fáciles de entender, está más comprometido con las urgencias de esa gente, pero llegar a decir -clasificando- que los Legisladores del interior son gestores y que los otros son sencillamente Legisladores, es imposible de admitir. Todos los señores Senadores han conocido Diputados del interior que fueron y son formidables parlamentarios, y no pueden entrar en esta categoría de gestores. Vemos cómo siempre se procura dar una imagen disminutoria del Parlamento. Es posible que en muchas ocasiones éste haya cometido errores o incurrido en conductas que podrían no tener un buen eco en la ciudadanía, pero en cada una de las oportunidades, por sí mismo, supo recuperarse y enmendar sus errores.

De manera que pensamos que estas manifestaciones no son de recibo y lamentamos que se hayan puesto en este documento.

Pero no solamente se incursiona en ese nivel, sino que también se hace otra afirmación que esa sí, es novísima, de alta técnica y de alta factura. Estos técnicos han dado nacimiento a una nueva criatura política: el Consejo -no vayan a creer que es un Consejo de Estado o de Gobierno- de Gobierno Virtual. Daría la impresión que lo de Virtual es por las circunstancias o por alguna otra razón desconocida que ellos manejan. ¿Saben cuál es el Consejo de Gobierno Virtual? Es cuando se reúne, por ejemplo, el Presidente de la República, doctor Sanguinetti, con el doctor Volonté, con el señor Senador Michelini, con el doctor Tabaré Vázquez o con el Presidente del Frente Amplio. A ese Consejo lo critican porque consideran que tiene interferencias de carácter político y porque creen que no puede haber ciudadanos que sean conductores políticos si no están en el Parlamento, en algún Ministerio o en la Presidencia de la República. Dicen que esta situación afecta al sistema porque estos ciudadanos son candidatos a la Presidencia. Por supuesto que uno de ellos la obtiene, como en el caso del doctor Sanguinetti; y, en su caso, el otro candidato tampoco lo es al Senado a modo de garantía, como en el caso del doctor Volonté. Es así que este último queda en la condición de simple ciudadano, pero con cierta facultad de carácter político que emana de la expresión de la ciudadanía de acuerdo con los votos que obtuvo, Lo mismo sucede con los demás dirigentes del Frente Amplio o del Nuevo Espacio que no concursan para ocupar un escaño legislativo. En definitiva, señor Presidente, creemos que este es otro error de los técnicos.

Por otra parte, se señala que hay Legisladores que no tienen capacidad para serlo, en lo que seguramente ha de ser la expresión más brutal que se ha hecho contra la voluntad popular. Nunca había escuchado en el país, ni siquiera en los regímenes más feroces contrarios a la democracia, que se dijera que hay Legisladores que no son aptos para venir al Parlamento. Es la primera vez que oigo que hay que pasar por un examen o pedir a estos señores técnicos que den la cartilla y contestar con una crucecita las preguntas que ellos formulan para poder ingresar al Parlamento. Estos técnicos se olvidaron de que quien dispone la nominación es el cuerpo electoral y ahí está la raíz fundamental de la democracia, porque si le quitamos esto al sistema de la representación, evidentemente estaremos matando a la democracia como sistema.

En resumen, creemos que no corresponde haber ingresado en este análisis y haber hecho estas afirmaciones que para nosotros son tremendamente graves.

Además, nos parece que estos señores confunden totalmente lo que tiene que ver con el Parlamento, ya que consideraron a los parlamentarios como funcionarios comunes. Si bien estos están investidos de la función pública, ello se debe a la decisión soberana de la ciudadanía. No puede haber nada más sagrado, limpio y puro que la expresión de la ciudadanía nominando a un ciudadano para integrar el Parlamento. No debe haber mandato de mayor alcance y que obligue al mayor de los respetos.

Insisto en que el error de este grupo de técnicos está en haber considerado al parlamentario como un funcionario simple y, en consecuencia, al Parlamento como una institución de las tantas que existen. De esta manera, procuran disponer formas de actuación que no se compadecen con la organización parlamentaria en sí misma. Es evidente que no han comprendido la investidura que tiene el parlamentario y cuánto se necesita para alcanzarla. Me refiero a la voluntad popular del electorado, a la del Partido donde el parlamentario concursó, la del electorado de la zona donde actúan, por ejemplo, los candidatos a Diputados, así como la voluntad de las fuerzas representativas de la región teniendo en cuenta lo que se produce y la situación geográfica o política. Quiere decir que confluyen en un parlamentario un conjunto de investiduras que lo habilitan a ejercer su cargo, pero naturalmente no puede ser considerado como un funcionario público en general, pues éste posee una sola investidura, como es la designación por la que se le nombra para ejercer determinado cargo. Es evidente que intervienen muchas fuerzas distintas que confluyen y esa es la obra fundamental de los partidos políticos ante la posibilidad de que un ciudadano alcance el ejercicio de la actividad parlamentaria. En definitiva, el Parlamento no puede ser considerado como lo hacen estos técnicos, es decir, como una institución común, porque es un organismo tremendamente cambiante de acuerdo con las motivaciones y las circunstancias políticas de cada país.

En resumen, ellos dicen que el parlamentario tiene representación política -estamos de acuerdo- que tiene un mandato -puede admitirse- y que además de las actividades legislativas cumple otras de contralor y las que ellos llaman sociológicas. Ellos creen que hay que priorizar que actúe y cumpla con su representación política dejando de lado la del mandato de la ciudadanía -fundamentalmente en el caso de los Legisladores del interior del país- y la parte sociológica, que es lo que se conoce vulgarmente desde hace tantos años con el nombre de clientelismo. ¡Vaya novedad lo que estos señores han descubierto!

Vamos a saltear el tema porque de lo contrario nos extenderíamos demasiado en nuestra exposición.

Ellos consideran que el Parlamento debe integrarse con ciudadanos que sean aptos -no sé quién va a extenderles un certificado- y, además, no deben ejercer actividades típicamente políticas ni sociológicas, aunque podrían hacerlo pero en un tercer o cuarto lugar. Tampoco pueden cumplir actividades que sean consecuencia del mandato que les han entregado los ciudadanos de la circunscripción electoral en el caso de los candidatos a Diputados por los distintos departamentos.

La conclusión a que llegan a fin de que el Parlamento alcance algo así como lo ideal es que debe ser una institución donde se generen consensos a través de la actividad de los parlamentarios y de los técnicos y se practique la coparticipación, eliminándose la representación proporcional porque traba las posibilidades de un buen funcionamiento.

Por último, afirman que el Parlamento debe tener tareas propias porque se dice que existen demasiadas actividades que hay que dejar a cargo del Poder Ejecutivo y de otras instituciones. Allí se dice que el Parlamento debe dedicarse a los temas del aborto -no sé por qué lo eligieron- a la ecología y al MERCOSUR.

De todo esto, del Parlamento como institución o como organismo, ellos concluyen que -además de esas deficiencias que anotan, producto de un sinnúmero de causas que en parte hemos establecido- es necesario superar una imagen negativa ante la ciudadanía. Lo expuesto, refiere al Parlamento en sí mismo y a los Legisladores.

En lo que tiene que ver con la parte organizativa, creo que el análisis realizado por los técnicos es conocido por todos. En su labor no hay nada que sea novedoso o que obligue a prestarle una atención fundamental, como ocurre cuando un especialista se pone a trabajar y realiza un descubrimiento o llega a conclusiones importantes en sus estudios. A nuestro juicio, en este aspecto se cometen un sinnúmero de errores en lo que hace a las competencias internas.

Todo lo que aquí se señala en materia de organización, de estructura y de recursos humanos, nosotros, los que estamos en el Parlamento, los podemos enumerar al igual de lo que se hace en este trabajo. Se señala que existe un número excesivo de funcionarios y al respecto se dice que habría una cifra cercana a los 1.650, más los cinco por cada Legislador. También se dice que hay poco espacio y luego hace una crítica a algunos aspectos de la actividad de los funcionarios en el Poder Legislativo. El hecho de que a veces no funcionan los ascensores o que algún funcionario no esté presto para cumplir con su tarea, a nuestro juicio es algo normal que se da en cualquier organización, máxime si se trata de una con las características de este Parlamento.

De todas maneras, queremos decir que los técnicos no advirtieron algo que es fundamental para entender, comprender y hacer un diagnóstico sobre quienes desempeñan funciones en esta Casa. Concretamente, habría que preguntarse qué funcionarios en el Uruguay tratan con parlamentarios altamente sensibilizados, ya que son representantes populares que tienen la obligación de defender determinadas ideas y programas, que son producto de la elección de varios partidos políticos e, incluso, dentro de ellos, de varios sectores muchas veces encontrados. El funcionario del Poder Legislativo es quien en primera instancia y en forma directa está tratando con ese representante hipersensibilizado por un conjunto de razones como ser, repito, su responsabilidad, por querer llevar adelante determinadas ideas, por lograr que se apruebe cierto proyecto, etcétera.

Además, no debemos olvidar que aquí se manejan informaciones reservadas -no digo secretas- donde, lógicamente, por razones de carácter político no es conveniente que otro parlamentario de otro Partido o sector tenga acceso a ella. Entonces, es en ese ámbito que este funcionario trabaja, y eso es lo que se debió haber marcado para determinar con precisión en qué forma debe regularse el funcionamiento a nivel de organización, y, particularmente, la forma en que aquel debe actuar. Sin embargo, no encontramos ni una sola palabra a este respecto. Por el contrario, se lo trata en las mismas condiciones que a cualquier otro funcionario del país.

Debemos señalar que en el Uruguay la Corte Electoral es el único organismo en que el funcionario debe decir a qué Partido pertenece. En el Parlamento, reconocemos que en ocasiones el ingreso de un funcionario se hace por intervención de un parlamentario, pero una vez que está en el ejercicio del cargo, debe tratar con otros de todos los Partidos, de todos los sectores y también debe mantener la más absoluta reserva con respecto a los asuntos e informaciones que se manejan.

Precisamente, eso es lo que se debía haber señalado en este informe a fin de tomarlo como punto de partida para procurar regular con mayor eficiencia el funcionamiento del Poder Legislativo en relación con sus empleados. Repito, sobre esto no se dice ni una sola palabra; sí se habla de que hay ascensoristas groseros o gente de mal trato, etcétera. Sin embargo, insisto, no se entra a la esencia.

Cabe aclarar que nosotros no queremos ir en defensa de los funcionarios, porque no lo necesitan, pero sí queremos señalar que trabajan en un ámbito cargado de motivaciones políticas, que se deben manejar en un ámbito de permanente tensión y, por tal razón, el funcionario del Poder Legislativo debe merecer un estatuto y un tratamiento especial, incluso, tal como se ha reconocido.

Es evidente que el Parlamento no son sólo los Legisladores, ni tampoco esos «legisladores funcionarios», como esta gente califica, sino los Legisladores y los funcionarios. Todo eso es el Parlamento, es un organismo de contenido totalmente político.

Por otro lado, debemos decir que participamos de la necesidad de realizar todo tipo de ajuste y de organizar los escalafones, pero vale la pena señalar que antes de que estas cosas se dijeran, en el Poder Legislativo se habían estructurado -hay estatutos vigentes- escalafones que, debemos reconocer, posiblemente presenten dificultades. Quizás, en determinado momento fuimos demasiado groseros al reconocer que ciertas actividades merecían una Dirección, cuando el número de funcionarios indicaba que ello no correspondía.

Queremos sí destacar, porque aquí en el informe se pasa subrepticiamente, que este Parlamento tuvo que soportar un golpe de Estado y la excedencia por fuerza de un número muy importante de funcionarios. Además, cuando se restableció la actividad democrática, aprobó leyes a través de las cuales se reincorporaron funcionarios, generándose una situación difícil para colocarlos en los escalafones que en ese momento estaban estructurados. Esta es una realidad y por ese motivo en algunos casos quedaron más Directores de los que correspondían. De todas formas, se debe reconocer que el Parlamento ha realizado gestiones a fin de ir superando esa situación. Hay estatutos, escalafones y sistemas para acceder a los cargos superiores.

En tal sentido, cuando ante un conflicto con los funcionarios, el señor Presidente del Cuerpo procede a comunicar que es obligatorio cumplir con los recursos de capacitación, no está haciendo otra cosa que aplicar las normas que ya están vigentes de acuerdo con los Presupuestos del Senado o de la Comisión Administrativa.

En ese aspecto, decimos que no era necesaria la presencia de esta gente para que en el Parlamento existieran este tipo de disposiciones. En su momento se estableció que será preceptiva la participación en cursos de capacitación permanente del personal de todas las jerarquías que disponga la Presidencia de acuerdo con la Comisión Administrativa. Lógicamente, esto también vale para el Senado. Es decir que no se precisó marco de referencia, técnico ni de modernización para aplicar normas que están vigentes y que se aprobaron por propia decisión de los parlamentarios a fin de organizar debidamente el trabajo de esta Casa.

Por lo tanto, en esa materia, nada nuevo se dice en este informe. Además, cabe señalar que el Parlamento ha tomado medidas para disminuir el número de funcionarios, lo que ha ocurrido a niveles importantes, sin la intervención de toda esta gente.

Por otra parte, además de olvidarse de aspectos fundamentales, estos técnicos no hicieron mención al hecho de que el Parlamento ya no funciona solamente a nivel de nuestro país, sino que también tiene obligaciones de carácter internacional. Hay que tener en cuenta que existe un Parlamento Latinoamericano, un Parlamento del MERCOSUR, las Comisiones correspondientes, la Unión Interparlamentaria Mundial y una serie de organismos a los que el Parlamento uruguayo está comprometido a asistir. Sin embargo, de eso no encontramos una sola palabra, a pesar de que es fundamental para organizar el trabajo parlamentario.

Reitero que los parlamentarios ya no trabajan sólo en esta Casa, sino que también lo hacen en la Sede del Parlamento Latinoamericano, en las reuniones de la Unión Interparlamentaria Mundial y en muchos otros encuentros internacionales a los que se asiste para presentar los proyectos y discutir soluciones, pero no se hace referencia a eso y parecería que no se advirtió por parte de los técnicos.

Cuando se alude a la gran cantidad de funcionarios que hay en el Poder Legislativo, tampoco se señala -como correspondería- que en la época del Consejo de Estado, cuando en esta Sala se reunían unas pocas personas, fue cuando ingresaron más funcionarios. Efectivamente, los técnicos presentan esos números. En esos diez años en que se bajó la cortina de la democracia ingresó un número similar al 60% de los funcionarios que estaban trabajando cuando se produjo el golpe de Estado de 1973. Este es un elemento fundamental a tomar en cuenta para justificar la necesidad de hacer las correcciones y adecuaciones correspondientes. Se debe comprender que hubo restituciones e ingreso masivo de funcionarios en determinado momento, lo que debe ser resuelto por las actuales autoridades. Esto se está haciendo y se ha hecho en cada uno de los Presupuestos, en los que se han presentado soluciones.

Los técnicos también se refieren a la preocupación sobre el servicio informático y lo critican, porque está sobredimensionado y dividido en tres sectores. Este es un elemento técnico, pero no sé si corresponde la unión de todas estas actividades, porque la Constitución de la República establece que hay dos Cámaras y que cada una de ellas tendrá un estatuto y su Presupuesto y, además, designará a su personal. Por lo tanto, habría enormes dificultades para llevar a cabo esa idea.

En el informe se llega a la conclusión de que es necesario delegar funciones, en el sentido de que el Parlamento debe dedicarse a pocos temas, dejando algunos para el Poder Ejecutivo, las corporaciones o los núcleos de poder.

Asimismo, se señala que a los funcionarios se les debería dar mayores responsabilidades. En este tema, estamos de acuerdo en que los mandos medios pueden tener mayor responsabilidad.

Por otra parte, en una de las conclusiones, se dice que hay desmotivación porque no hay transferencia, transparencia y equidad en las decisiones que afectan la carrera de los funcionarios. Tal vez en algún momento esto pudo haber ocurrido, pero ahora no, porque hay estatutos y los funcionarios ejercen sus derechos, por lo que es una conclusión fuera de época.

Estamos de acuerdo con la racionalización de los escalafones y en ese sentido todos sabemos que se está realizando un esfuerzo.

También se sacan conclusiones menores en lo que tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de si debe haber una o dos imprentas o si el Diario de Sesiones se debe hacer aquí o afuera. Se trata de temas que están en proceso permanente y para los que es necesario realizar un informe de carácter técnico.

Asimismo, como está de moda en todo el mundo, se aconseja la tercerización de servicios.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

-Por otra parte, no deseo ingresar en el tema de si hay demasiadas versiones taquigráficas. Ellos consideran que se gasta demasiado en ese sentido y que las versiones taquigráficas se repiten. Sin embargo, considero que en un cuerpo político ellas son de fundamental valor, porque es la referencia que el Legislador tiene. La otra solución sería la grabación, pero de esa forma habría muchos inconvenientes.

Por lo tanto, creo que es necesario que el Parlamento debe contar con las versiones taquigráficas, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con el trabajo en el Plenario y en las Comisiones.

Luego, como era lógico, ponen un enorme entusiasmo en relación con el asesoramiento. El Parlamento uruguayo ha procurado tenerlo, pero es un tema demasiado difícil. En forma genérica, se puede decir que el hecho de que los parlamentarios tengan asesores es la mejor solución, pero como los Legisladores son de carácter político, evidentemente, las asesorías deben tener una especial solución para que sean realmente efectivas. Esto lo demuestran las asesorías que tienen los Parlamentos de Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, que son realmente multitudinarias. Por ejemplo, el Parlamento brasileño tiene alrededor de 200 asesores. Sin embargo, nuestra situación es diferente porque tenemos recursos muy escasos.

Nosotros estamos de acuerdo en que debe haber asesoramiento, y en ese sentido el Parlamento ha hecho acuerdos con la Universidad de la República y con la Universidad Católica. Sin embargo, no es fácil poner un grupo de asesores, aunque es la conclusión fundamental a la que se llega en el informe.

Después de todo este trabajo de investigación, actualmente tenemos actuando en el Parlamento uruguayo cuatro agremiaciones de funcionarios; una del Senado, otra de la Cámara de Representantes y dos de la Comisión Administrativa.

Tenemos un sinnúmero de comunicados criticando declaraciones de quien tiene a su cargo la dirección de este trabajo, es decir, el señor Coordinador Gonzalo Pérez del Castillo. El resultado no ha sido bueno sino que, por el contrario, se ha generado una situación de nerviosismo y de rispideces. Hace añares que ocupamos una Banca en este Parlamento y debemos decir que nunca nos hubiéramos hecho la idea de que se conformaran agremiaciones de funcionarios, pero ahora resulta que hay varias y se cruzan los comunicados. Sin embargo, más allá de los esfuerzos del señor Presidente del Senado por aplicar las normas -que no son producto de este estudio, sino que ya estaban vigentes- vemos que la situación es realmente de tirantez y de violencia, y eso sí que no es bueno.

La Cámara de Representantes no intervino en este tema, sino que se apartó y generó su centro de capacitación, tomando por su cuenta la modernización de sus tareas para lograr una mayor eficiencia. De manera que este convenio o grupo de técnicos han trabajado exclusivamente para el Senado y la Comisión Administrativa.

Teniendo en cuenta lo que hemos expuesto y la situación de real conflicto que existe a nivel de los funcionarios, así como también que las medidas que el señor Presidente ha tenido que adoptar son de emergencia y de carácter especial a efectos de que los funcionarios asistan a los recursos, creemos que el Senado -pues la Cámara de Representantes ya ha resuelto el tema- debe intervenir en este asunto y pasar todas estas actuaciones y los elementos correspondientes a la Comisión de Asuntos Administrativos -integrada, inclusive, con gente capacitada a esos efectos- y a la Comisión Administrativa, cuya composición la hace apta para tratar esta problemática. Luego de un análisis de esos dos Cuerpos -que podrían funcionar en forma conjunta por la naturaleza de los temas que se habrán de tratar- se podrán extraer las conclusiones que luego serán elevadas a consideración del Senado.

En virtud de que este grupo de trabajo -admito que no conozco las obligaciones pactadas- no ha dado las soluciones a este tema, propongo que se intervenga en la forma que hemos indicado anteriormente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: el señor Senador Santoro ha sido muy exhaustivo en el análisis del tema. Muchos de los aspectos que él ha planteado nos habían creado una importante preocupación, a tal punto que, en lo que tiene que ver con una parte del trabajo, pensábamos que debía ser desglosada. Decimos esto, porque los defectos del Parlamento en el plano organizativo pueden admitir un proyecto de origen internacional que corrija aspectos de eficiencia en el funcionamiento. Sin embargo, se está planteando el tema del Parlamento como institución, es decir, cómo organizar el instrumento o el órgano más importante de la democracia uruguaya. Consideramos que una organización internacional no puede intervenir a través de un programa para hacer un análisis y fijar las pautas de corrección correspondientes. Esto no quiere decir que no existan defectos, pero somos nosotros, como representantes del Parlamento uruguayo, quienes debemos corregirlos.

Por las razones expuestas, pensamos que si este informe se hubiera centrado en el tema de la organización del Parlamento, sería correcto, porque se trata de un campo en el que podemos admitir que se realicen aportes, inclusive, de orientaciones genéricas. Entendamos que este proyecto responde a una orientación del Banco Interamericano de Desarrollo y estos organismos tienen pautas. Precisamente, me preocupa que éstas sean para establecer en todos los Parlamentos de los países subdesarrollados o en donde pueda hacerse.

Reitero que jamás se debería haber encarado el tema del Parlamento como institución, ya que se vincula con el eje de la democracia uruguaya y, por tanto, son los parlamentarios uruguayos quienes deben resolver los errores o rectificaciones que sea preciso efectuar.

Me voy a referir al tema del Parlamento como institución y al que tiene que ver con los funcionarios. Aclaro que la profundización del aspecto de la organización no la voy a realizar, porque creo que tendrá que ser objeto de un análisis exhaustivo por parte del Parlamento. El señor Senador Santoro -que ha hecho un estudio acabado- se ha pronunciado sobre este segundo aspecto al que, reitero, no voy a aludir.

Podemos admitir un informe técnico sobre un tema de esta naturaleza pero, normalmente, ellos abren alternativas. Estaríamos de acuerdo con que se dijera que un Parlamento organizado de tal forma tendría tales consecuencias, pero en este caso concreto se está haciendo un enjuiciamiento a través de un proyecto inspirado en un organismo de crédito internacional. Es más; no sólo enumera los defectos sino que, además, plantea opciones políticas acerca de cómo debe ser. A mi juicio, esto afecta la soberanía, pues interfiere nuestro campo de autodeterminación. En este caso, separo a los funcionarios que cumplen un rol respecto de un proyecto, de la intencionalidad que puede existir detrás de un organismo que tiene sus lineamientos, que no da dinero como el Tío Rico porque sí sino que lo hace para fijar ciertas pautas de funcionamiento.

Reitero que no se trata de un estudio ni de un informe técnico, sino de un enjuiciamiento concreto -hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo, ejecutado en el seno del Parlamento- sobre el funcionamiento de una institución y plantea una opción política de cómo debe ser cambiada, aspecto que sólo podría hacerse por el mismo Parlamento o mediante mecanismos de reforma institucional. Esto no quiere decir que queramos tapar los defectos, porque sabemos que existen. Inclusive, no tendríamos inconveniente en que lo mismo que se ha dicho en el Parlamento, sea resuelto en el marco de nuestro funcionamiento. Sin embargo, no nos convence que se haga una especie de análisis o enjuiciamiento desde afuera y que sea considerado como un aporte técnico. Se trata, insisto, de una opción enteramente política que hasta se introduce en aspectos de fondo de la política del país. Por esa razón, entendemos que es equivocada.

No tenemos inconveniente en que este equipo continúe trabajando en el tema organizacional, pero la institucionalidad parlamentaria no es una temática adecuada a la gestión de un estudio que viene promocionado por un organismo internacional y ejecutado por técnicos.

En virtud de que me sorprendieron mucho las conclusiones de este trabajo, recabé los antecedentes, solicitando al señor Presidente la información acerca de cuándo se había acordado y cuál era el convenio. Entonces, se me hizo llegar solícitamente una información en la que parecería que esto se origina por un planteo realizado el 28 de diciembre de 1994, que se ratifica por carta del 10 de marzo de 1995, suscrita por el señor Vicepresidente de la República. Eso se reprograma, de algún modo, el 14 de junio de 1996, como un punto que dice solamente «Reforma del Legislativo». Aclaro que la terminología, de por sí, ya me preocupa. Evidentemente, cómo puede ser que en la reprogramación de un organismo internacional se arguya que se va a reforma el Poder Legislativo.

En el análisis que realizó, comparto algunos de los ejemplos que ha planteado el señor Senador Santoro, pero me preocupa sobremanera cuando se estudia la representación política, distinguiéndose tres formas al respecto: por mandamiento, sociológica o corporativa y política. La representación por mandato sería aquella en la que se ejecuta o se cumple el rol asistencial que realiza el Legislador. La sociológica o corporativa es en la que interviene para hacer posible el cumplimiento de aspiraciones de sectores organizados de la sociedad; y la política -que se postula como la que debería ser- es abstracta y se independiza del rol de mandato y de la defensa de los sectores organizados, tomando en cuenta a las pequeñas minorías no organizadas. Esta es la tesis política. Esto es cierto, pues leímos un texto que nos sorprendió bastante, que dice lo siguiente: «La representación como mandato nutrió largo tiempo a las prácticas clientelíticas. Hoy está más bien confinada al estilo de representación, hemos diferenciado tres conceptos: la representación sociológica, la representación como mandato y la representación política. La representación sociológica esta particularmente valorizada en el presente y legitima procesos diversos, tales como la reiteración de referendos, el avance de las instancias corporativas de representación o el rechazo a la intermediación de estructuras políticas, gobierno directo o mediante encuestas, etcétera». Luego se refiere a la representación del mandato, agregando términos de enjuiciamiento del rol parlamentario y expresando lo siguiente: «Este principio, que no parecería aceptable para ningún espíritu sensato, tiene, sin embargo, no pocos adeptos a través de otras formas más encubiertas de representación no política, como las diversas formas de representación corporativa o, incluso, ciertas visiones entusiastas de ejercicio ‘directo’ del poder político. Es indudable que la idea de representación corporativa ha estado ganando espacios, siempre a expensas de la representación política. El peso actual del fenómeno corporativo no parece ajeno al eclipse progresivo del Parlamento. Y, en esta sustitución gradual de las instancias de intermediación política, aparece, de manera permanente, como idea-fuerza legitimadora, la representación como representatividad sociológica». Evidentemente, esta interpretación es de opción política acerca de cómo deben ser los representantes. Tenemos derecho a opinar que la intencionalidad es derivada de la humanización del rol del Legislador, que lo acerca a la gente, así como los sectores sociales organizados que existen en la sociedad, intervienen en la vida política. Además, la igualdad que debe imperar en la gestión del Legislador está en crear condiciones de equivalencia dentro de la sociedad con relación a las formulaciones que hacen los sectores organizados, como son, por ejemplo, los productores rurales que plantean que están en situación de endeudamiento o trabajadores que bregan por la sanción de determinadas leyes. En el Uruguay, el Derecho Laboral tuvo una importante incidencia, precisamente, debido a las aspiraciones planteadas por los sectores trabajadores.

Esta interpretación da al Legislador un carácter de funcionario técnico que solamente fabrica leyes y se despoja de los elementos que tiene la sociedad, livianamente compensado diciendo que hay que atender ciertas minorías, como las agrupaciones por problemas raciales u homosexuales, etcétera -esto se dice en el texto- pero no las minorías organizadas que funcionan en el seno de la sociedad.

Entonces, el concepto de representación política implica una toma de posición sobre cómo debe funcionar el Parlamento. En esto tenemos una diferencia muy importante y, además, se dice que los Legisladores no son idóneos y no están preparados. ¿Vamos a tener una escuela de Legisladores adaptada a las aspiraciones del BID? Esto no puede ser; los Legisladores son el resultado de un voto secreto y los electores son quienes deciden el grado de formación que aquellos tienen. Lo importante es que sean representativos y no formidables técnicos, puesto que ese es el valor de la representación política. Pienso que la preparación implica, de alguna manera, haber logrado la confianza de los electores. Por lo tanto, esta especie de tecnificación abstracta puede hacer de este Parlamento -tal como dice el proyecto- una fábrica de leyes. Inclusive, se habla de control de calidad como si fuera una fábrica de automóviles. Esa no es nuestra visión, pero entiendo que no es una visión técnica imparcial, sino que es parcial y se introduce como un examen. Es por eso que defendemos esa posición, porque nos preocupa mucho ese cambio de sangre que se quiere implantar al sistema de funcionamiento democrático del Parlamento.

Por otra parte, también me preocupa que se analice la forma de debate. Aquí se establece la alternativa de sustituir el debate público ideologizado por un debate privado pragmático. ¿Qué quiere decir debate pragmático? En este Parlamento los debates son públicos y en caso de ser privado, deberíamos discutir aparte. El debate es público porque esto no es solamente una fábrica de leyes donde hay una oficina técnica a la que concurren los Legisladores diciendo -como lo hacía «Minguito»- «¿adónde hay que firmar? No me parece que sea así. Aquí hay que debatir; este es el único lugar que tiene esta sociedad para confrontar las grandes interpretaciones que se efectúan en el país, y esto es lo que hace a la democracia. ¿Cómo se debe discutir? A través de los representantes parlamentarios. Entonces, no veo la razón para cambiar el debate público por uno pragmático y, además, no entiendo qué quiere decir esa expresión que, por otra parte, implica una toma de posición. Admitiría que alguien dijera que el Parlamento puede funcionar de una manera u otra, pero no de esta forma, porque ello implica el enjuiciamiento de que estamos teniendo un debate público ideologizado y que debe transformarse en uno privado y pragmático. En este punto existe una diferencia fundamental.

Con relación a lo que señalaba el señor Senador Santoro acerca de la dosificación de las versiones taquigráficas, ello tiene que ver con la cristalinidad y además evita el doble discurso. Si las afirmaciones están documentadas, se genera la responsabilidad política de que lo que se dice en la prensa aparece registrado en la versión taquigráfica. Por lo tanto, este es un elemento de autenticidad que nos parece muy importante. Además, el gasto es muy poco en función del rol fundamental que debe cumplir.

También se pretende incorporar la figura del vocero de Bancada, con lo que discrepamos, puesto que pensamos que todas las personas tienen derecho a hablar. En ciertos casos de declaraciones políticas puede haber una intervención excepcional -nosotros hacemos uso de ello- pero normalmente la palabra está dada, por lo que no creemos que resulte un elemento positivo.

Fuera de este aspecto, nos inquieta el hecho de que este proyecto ingresa en cierta parcialidad, aunque podrá sostenerse que esta es nuestra posición. Es sabido que en nuestra vida política existen discrepancias sobre determinados institutos, particularmente en cuanto a dos de ellos, que dan al proyecto un carácter intervencionista y parcial fuera del ámbito técnico. Uno de ellos ya fue mencionado por el señor Senador Santoro: el cuerpo conformado por los líderes políticos que no integran el Parlamento. Esto se considera una agresión. Se dice que hay dos agresiones contra el Parlamento: una es el referéndum y otra el Consejo de Gobierno Virtual constituido por estos representantes. Por lo tanto, esto no lo podemos entender. Inclusive, quiero explicar por qué deberíamos desglosar este tema. Voy a leer lo que se dice sobre el referéndum, lo cual considero de tremenda gravedad. Se expresa lo siguiente: «El referéndum como repertorio estable de acción política amenaza a la democracia» -esto figura en el artículo 79 de la Constitución- «en varios puntos. Pero, principalmente, 1) polariza a la sociedad, 2) bloquea el trabajo gubernamental y 3) devalúa al Parlamento». Más arriba dice: «La reiteración de referendos, sin embargo, ataca a la legitimidad del sistema democrático en varios puntos. Esto no es nuevo como conclusión. La Constitución de Bonn, por ejemplo, había suprimido la figura del referéndum por la experiencia negativa de la República de Weimar, y por la acción facilitadora que tuvo en la ascensión del nazismo». Esta vinculación entre el plebiscito o referéndum y el nazismo es muy grave. Además, agrega: «En un referéndum el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo. No hay compromisos, no hay negociación, no hay juegos de suma positiva donde todos ganen algo». Nosotros tenemos diferencias, pero no las podemos saldar mediante este informe. Hay quienes piensan esto, sin embargo no nos parece que un informe pueda decidir si se asume esta situación cuando, en realidad, se trata de una interpretación distinta.

Con respecto al Consejo de Gobierno Virtual, en la página 34 se dice que la otra instancia que amenaza al Parlamento en términos de representación y de centralidad política, es la existencia de una suerte de Consejo de Gobierno Virtual formado por líderes políticos que han optado por no asumir ningún cargo parlamentario y situar el eje de las decisiones políticas más importantes fuera del Parlamento. El tema es que los partidos políticos existen y en ellos hay un funcionamiento al margen de la institucionalidad parlamentaria lo que, de alguna manera, es el reflejo de lo que afirmamos.

Además, de estos aspectos, queremos referirnos al Presupuesto, sobre el que también se adopta una posición. Todos sabemos que se ha discutido cuál es el alcance del papel del Parlamento en el Presupuesto. Ahora bien, en la página 52 de este informe se expresa que la representación social asumida de facto -ignoro qué se quiere decir con «asumida de facto», porque la representación social que cumplimos los Legisladores integra, por así decir, el cuadro de nuestra acción- «por el Parlamento ha deteriorado la facultad de control de la institución y ha creado una suerte de inversión de roles que se ve de manera muy evidente en el tratamiento del Presupuesto». Agrega, por otra parte, que el Parlamento, que nació en la historia como controlador del gasto, es el gastador, y que el Poder Ejecutivo, que supuestamente es el controlado, se convierte en el controlador. Si bien es cierto que hay posiciones que sostienen los anteriores conceptos, no se puede admitir que un organismo de técnicos adopte una actitud parcial sobre este tema de fondo, tratándose de un análisis del funcionamiento del Parlamento.

Queremos señalar, asimismo -y nos preocupa- la existencia de una interpretación del Parlamento como si fuera una empresa. En este sentido, se pueden indicar pequeños detalles que así lo demuestran. Por ejemplo, en la página 57 se habla de «reconversión productiva del Parlamento». ¿Qué significa esta expresión? Creemos que se interpreta al Poder Legislativo como si fuera una fábrica. Más adelante se hace referencia al control de calidad de la ley, lo que no deja de sorprendernos, diciéndose que, así como en un proceso productivo de bienes materiales el control de calidad interviene para asegurar que un producto responda a las expectativas de uso que los consumidores tienen en torno a él, de la misma manera se supone que los Legisladores deben controlar cada detalle en el proceso productivo de una ley para que ella responda a los objetivos para la cual fue promulgada.

En ciertos aspectos, estas afirmaciones son correctas; sin embargo, el considerar a una ley como un producto que debe responder a las expectativas de uso de los consumidores y el emplear esta terminología que convierte a la labor de formación de la ley en una tarea de control de calidad de esta naturaleza, evidentemente supone una interpretación del Parlamento que no se puede calificar como admisible.

A su vez, en la página 38 se hace mención a los insumos del trabajo parlamentario, es decir, al tiempo y a la información y, en la 45 se dice que, en general, el Uruguay no escapa a la tenencia; los Legisladores asumen que su deber es fabricar leyes o representar cuidadosamente la legislación. Esta práctica abre una inflación Legislativa que termina devaluando la ley en lugar de fortalecerla. Nuevamente se utiliza una terminología propia del tema fabril, que nos es difícil de admitir como interpretación de lo que debe ser el Parlamento. Quizás el error fundamental esté en que no debería haberse hablado del Parlamento como institución, es decir, que este tema debería haberse mantenido ajeno a este examen.

Considero, por otra parte, que habría que desglosar, sí, el capítulo sobre el Parlamento como institución, por que es improcedente en su contenido y en el propio sentido de enjuiciar o responder a un proyecto que proviene de un organismo internacional, que va a fijar las pautas de cómo debemos comportarnos. Ahora bien; los aspectos relacionados con la organización son admisibles, aunque ésta se puede delinear sin establecer pautas de concepción del Parlamento. Por supuesto que este asunto debe ser estudiado y el Parlamento debería decidir qué pautas deben informar el análisis de los aspectos organizativos; pero se deben descartar, obviamente, estos enfoques, porque si la organización se desarrolla según ellos, el proceso estará muy descaminado.

Deseamos referirnos también, señor Presidente, a los aspectos referentes a los funcionarios. Nos parece que la relación ha sido mal entablada. Creemos que a raíz de que este tema se ha discutido públicamente, se ha producido una contradicción que no debería de existir entre un equipo que trabaja como asesor y los funcionarios. En esta Casa, los empleados públicos de lo funcionarios somos los parlamentarios, es decir, los Senadores, y la relación debe darse entre los Senadores y las Asociaciones de Funcionarios que están en actividad. Entiendo que muchas veces el origen político del ingreso de ciertos funcionarios deforma la visión de que los funcionarios del Poder Legislativo tienen los mismos derechos y deberes que los de cualquier otro Poder. A menudo se alude a la remuneración y, en tal sentido, no debemos olvidar que estamos acostumbrados a ver salarios bajísimos en ciertos sectores de la Administración y, cuando existe una remuneración decorosa, surgen quienes sostienen que esa condición posibilita la exigencia de elementos atípicos. Personalmente creo que esta afirmación no es correcta y lo lógico sería que se pudiera hacer una equiparación hacia lo alto, y no hacia lo bajo, en los niveles de remuneración de todos los funcionarios.

Queda claro que en el informe se han señalado defectos en las labores que cumplen los funcionarios, pero pienso que esto se tendría que relacionar con los defectos de los Legisladores. Hay que tener en cuenta que algunos Legisladores tienen sus características -quizás debido en alguna medida al ambiente de tensión que planteaba el señor Senador Santoro- y no siempre el trato es el que debería darse. Declaro que hace seis años que actúo en este ámbito y nunca tuve un problema de relacionamiento con los funcionarios. En todo caso, estoy seguro de que las Asociaciones de Funcionarios reconocen que hay defectos, pero que hay que intentar enfrentarlos en la única forma posible, es decir, en la relación entre el Senado y los funcionarios. Esto debe hacerse sin la intervención de terceros, que podrían haber asesorado al Senado directamente, en forma reservada, lo que, de ninguna manera, debería haberse traducido en una controversia pública cerca del funcionamiento interno del Palacio.

Me parece, a su vez, muy importante que los funcionarios del Palacio Legislativo gocen de todos los derechos que otorga nuestra legislación. En este punto quisiera mencionar el artículo 7º del Convenio Internacional Nº 151, que establece expresamente para los funcionarios públicos: «Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones».

Por lo tanto, en la relación con nuestros funcionarios, debemos aplicar este concepto que está establecido por convenio, por el cual la discusión sobre el funcionamiento del empleo se encause en la relación de la organización colectiva con el Senado.

En función de todos estos aspectos entendemos, en primer lugar, que habría que desglosar la parte del informe que se refiere al Parlamento como institución. En segundo término, en lo que tiene que ver con los aspectos organizativos, pensamos que deberían ser analizados en profundidad, tal vez por una Comisión Especial, como sugería el señor Senador Santoro.

Creo que hay aspectos delicados que tienen que ver con el asesoramiento, y allí es donde ciertas concepciones derivadas de estos planteos teóricos que se han hecho pueden incidir en la forma de encarar el referido asesoramiento.

Reiteramos que el Parlamento no es una fábrica de leyes, sino el órgano que debe elaborarlas y, además, el lugar donde se produce el debate político imprescindible para el desarrollo de la democracia. Me parece que este concepto hay que recuperarlo, porque una oficina técnica construida en este Palacio, en la que los Legisladores fueran solamente recaudadores de votos para luego venir a firmar proyectos de ley perfectamente realizados, no sería el concepto que tenemos de lo que debe ser el quehacer político e, inclusive, el papel del Parlamento.

En lo que tiene que ver con los funcionarios, pienso que habría que activar ámbitos de análisis con la Asociación de Funcionarios, a fin de analizar el tema y ver qué rectificaciones deben realizar y cuáles son los errores que pueden existir.

Muchas gracias.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: me anoté para hacer uso de la palabra porque pienso que el tema merece que el Senado se ocupe de él, en virtud de las graves derivaciones que este informe ha tenido. Sin embargo, las intervenciones de los señores Senadores Santoro y Sarthou han sido muy expresivas en cuanto a los excesos en que ha caído el equipo asesor en su informe, por lo que tendría que reiterar conceptos que han sido muy bien expresados por los mencionados señores Senadores.

Debo manifestar que había entendido que este equipo iba a hacer un estudio, un diagnóstico, de la mejor organización de los servicios administrativos del Palacio Legislativo. Nunca se me ocurrió pensar que iba a entrar a analizar la actuación de los representantes del pueblo e, incluso, a criticar o enjuiciar disposiciones asentadas en la Constitución de la República desde que ella existe y que figuran en todas las Cartas que ha tenido el Uruguay.

Pienso que esta reorganización administrativa es una tarea que podría realizarse con funcionarios del propio Parlamento, que los hay, y muy buenos, señor Presidente. Obviamente, como en todo grupo humano, hay funcionarios muy buenos, pero también pueden haber algunos regulares y otros muy malos. Sin embargo, eso no da derecho a enjuiciar masivamente a todos los que desempeñan tareas en este Palacio.

Como consecuencia del trato que constantemente mantengo con los funcionarios, debo destacar la corrección con que, en general, actúan. Por lo tanto, el informe me parece que es de una tremenda injusticia. Si bien podría citar varios ejemplos -no sobre el funcionamiento interno de las oficinas, porque en eso los Legisladores no tenemos injerencia- voy a hacer referencia, solamente, a un grupo de funcionarios, no para hacer una distinción, sino para ponerlos como ejemplo, porque su labor ha sido reiteradamente destacada. En el informe se dice que los Secretarios de Comisión carecen de capacidad, que no están capacitados para ejercer la función. Personalmente, expreso -y creo que los compañeros del Senado me van a acompañar- que, salvo alguna excepción que puede haber, estos funcionarios son excelentes y han merecido la aprobación de las Comisiones en las que prestan servicios. Voy a referirme, en especial, a los funcionarios de la Comisión de Presupuesto, ya que me ha tocado integrarla en diferentes períodos legislativos. Quiero destacar el trabajo denodado que realizan durante los 45 días que dura esa labor. Conozco casos de funcionarios que han pasado en esta Casa dos, tres o cuatro días, trabajando durante la noche para poner al día el trabajo realizado por la Comisión. Incluso, han abandonado toda posibilidad de descanso y de vida más o menos normal, para desarrollar una tarea de servicio, con el más grande de los sacrificios.

Entonces, me parece injusta esta generalización que se ha hecho. Creo, pues, que en este informe hay errores en lo que respecta a la parte administrativa. Por ejemplo, allí se habla de la unificación de los servicios. Se dice que existen tres sectores: el Senado, la Cámara de Representantes y la Comisión Administrativa, y que sus servicios deben ser unificados. Debo decir que ya han habido algunos intentos. Por ejemplo, en determinado momento se pretendió unificar los servicios de imprenta y los frutos fueron muy malos porque, naturalmente, cada Cámara quiere sus trabajos, exige que se hagan con rapidez y desea controlarlos, cosa que me parece perfecto que se haga. Reitero que, en ese sentido, los resultados no fueron satisfactorios. Además, por algo es un régimen bicameral. Cada Cámara debe tener su independencia de acción; no puede estar supeditada a una unificación de funciones que estaría restando eficacia en servicios que son distintos, según el Cuerpo de que se trate.

En el afán de salir del ámbito del Palacio Legislativo, no sé si todos los señores Senadores saben que se ha pedido una inspección al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios del Palacio Legislativo. Creo que los jerarcas de esos servicios son los que tienen que analizar las condiciones de trabajo en que los empleados están ejerciendo sus funciones. No voy a exagerar diciendo que se ha violado la independencia de Poderes, pero no me parece adecuado que estemos reclamando al Poder Ejecutivo que nos inspeccione, a fin de ver si nuestros funcionarios están trabajando en buenas condiciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa no sería leal ni honesta si no expresara que tenía conocimiento de esa inspección y que la autorizó, así como de otra requerida al Cuerpo de Bomberos, en la medida en que se nos había señalado que el trabajo realizado en la Sección Carpintería era de profundo riesgo para los funcionarios y también para el edificio. Esta Presidencia entendió que era su obligación hacer esas consultas que, en nuestro concepto, no implican la entrega de la independencia. Sino, simplemente, el cuidado prioritario de la seguridad de los funcionarios y de los bienes que están, en cierto sentido, a mi cuidado y al de todos nosotros.

Es lo que quería expresar al señor Senador. Reitero que se le solicitó a este Presidente esa autorización y que fue concedida. En ese sentido, las críticas del señor Senador deben referirse al Presidente del Senado y no a los funcionarios que requirieron dicha autorización.

SEÑOR PEREYRA. - De cualquier manera, he señalado un hecho que no me pareció pertinente -aunque puedo estar en un error- ya que creo que era lógico y necesario que ese control se realizara por parte de las jerarquías que tenemos en este Palacio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si me permite, señor Senador, creo que tenían conocimiento del punto; no se lo puedo asegurar pero creo que fue así.

SEÑOR PEREYRA. - De acuerdo, señor Presidente.

A efectos de abreviar ingreso al aspecto más grave de la cuestión pero seré muy breve porque, tal como lo he dicho, los señores Senadores Santoro y Sarthou, han hecho la disección del informe. Creo que algunos puntos no se han analizado textualmente y hay, no sólo un diagnóstico o crítica, sino una manera de expresarse absolutamente inconveniente e irrespetuosa para con los órganos parlamentarios. Se dice, por ejemplo, que se debería asumir que si bien la actividad de los procedimientos es importante, lo esencial es que exista un control pormenorizado y riguroso de la legislación. Además -observen bien señores Senadores- se establece que «no puede admitirse que en beneficio de la celeridad, el Parlamento se convierta en una especie de aduana permisiva, donde las leyes desfilan como grandes valijas que pasan de largo por delante del mostrador». Hago hincapié en esta última frase porque me parece que este no es un lenguaje adecuado; es más, entiendo que es tremendamente ofensivo para el Parlamento y, obviamente, de pésimo gusto.

Por otro lado, se dice -como ya se ha señalado- que los debates son ideologizados. ¿Qué otra cosa se puede pedir en un Parlamento de integración plural, como tienen que ser todos los Parlamentos del mundo? Se debe debatir sobre las ideas que los distintos partidos y personas representan porque el debate político, que también se enjuicia, es esencia del Parlamento y tarea natural de éste. El Parlamento debe ingresar -no digo permanentemente- en el debate político, a efectos de que la ciudadanía se informe de cómo los hombres políticos que aquí están encaran su función, y de qué manera procuran, a través de la discusión, arrojar luz sobre los problemas políticos que preocupan al país. En consecuencia, pienso que lejos de anotarse esto como un defecto, debe señalarse como una virtud.

Se condena la extensión de las exposiciones, cuando ésta deriva de la necesidad que cada uno tiene de expresarse. ¿Acaso hasta para fijar el tiempo de que dispone cada orador van a tener que venir desde afuera a aconsejarnos? ¿No seremos capaces, como hemos sido, de establecer en nuestro Reglamento cuándo, cómo y durante qué tiempo pueden hacer uso de la palabra los señores Legisladores? Esto es algo que está claramente establecido en nuestro Reglamento.

Se habla del exceso de las versiones taquigráficas cuando éstas, señor Presidente, son de un valor extraordinario para que el Legislador que trabaja en las Comisiones pueda, posteriormente, repensar sobre los debates que allí se originan. Además permiten ver textualmente lo que cada uno ha estado vertiendo, enriqueciendo el conocimiento de quien luego estudia el tema para informarse y dictaminar sobre esos asuntos que han sido sometidos a su consideración.

Pienso que sobre todo esto ya se ha sido terminante; desde mi punto de vista el informe ha sido irrespetuoso para con los Legisladores. Asimismo, considero que atenta contra claras disposiciones constitucionales porque cuando dice que los Legisladores no están capacitados está negando, o enfrentando lo que la Constitución de la República establece sobre la soberanía y la forma de ejercerla. Es el Cuerpo Electoral el que puede medir -y lo hará bien o mal- la capacidad de aquellos que elige, y no personas de fuera del mismo, funcionarios o asesores -o como se les quiera llamar- que no tienen credenciales para pesar sobre la voluntad de los electores.

De todos modos, lo más grave de todo esto es que este informe es ofensivo para el pueblo uruguayo. Tal como lo ha explicado el señor Senador Santoro, por primera vez, oímos que la dictadura uruguaya se instaló aquí con la aquiescencia y beneplácito del pueblo uruguayo; creo que esta es la ofensa más grande que se le puede hacer a nuestro pueblo.

Por todo esto no entiendo que esta gente -por más capacidad técnica que se le reconozca- siga trabajando aquí. Además, pienso que el señor Presidente del Cuerpo deberá tomar las medidas para el asesoramiento que entienda conveniente, a efectos de que este contrato sea revisado y no tengamos aquí dentro el caballo de Troya.

Por otro lado, señor Presidente, desde hace tiempo venimos oyendo críticas sobre el Parlamento, a las cuales ahora se han sumado los integrantes de este cuerpo asesor haciendo circular, casi permanentemente en los medios de prensa, lo que en primer lugar debían informar a quienes son los jerarcas de este Cuerpo. Sin embargo, pasando por encima de esa jerarquía, envían a la prensa versiones sobre los errores y aspectos que aquí habría que corregir. Todos sabemos a donde conduce generalmente una campaña de desprestigio del Parlamento, sin duda, a donde no queremos que el país vuelva a regresar.

Pienso que en última instancia, cuando se lee este informe, nos asombra encontrarnos que el mismo está imbuido de cierto espíritu totalitario que de ninguna manera puede armonizar con una tarea de asesoramiento al Cuerpo más altamente representativo de la democracia uruguaya, como es el Parlamento.

Por todo lo expuesto, me sumo a lo expresado por los señores Senadores Santoro y Sarthou y considero, señor Presidente, que frente a esto se deben tomar las más urgentes y drásticas medidas para terminar con algo que nos agravia a todos porque, en definitiva, agravia a la democracia y al pueblo uruguayo.

Muchas gracias.

SEÑOR CARVALHO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARVALHO. - Señor Presidente: por distintos motivos no pensaba hacer uso de la palabra con relación a este tema. He estado escuchando con mucha atención la exposición de los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra y puedo significar al Senado que comparto algunas de las expresiones que aquí se han vertido.

No obstante, me veo obligado a robar algunos minutos de tiempo al Cuerpo para dejar constancia de mi discrepancia absoluta -en este caso el silencio podría interpretarse como consentimiento- respecto a algunas expresiones contenidas en la exposición del señor Senador Santoro que me parecen -dicho esto con el mayor respeto- injustas con relación a una institución privada -en mi opinión digna de ese respeto- que es el Centro Latinoamericano de Economía Humana.

El CLAEH, señor Presidente, no existe desde ayer, ni de la semana anterior, puesto que fue fundado en 1958 por un distinguido grupo de investigadores sociales encabezado por el arquitecto Juan Pablo Terra que, basados en la doctrina del padre Lebret sobre la economía humana, se propusieron crear un centro de investigaciones y estudios sociales y económicos, porque creían -que podía representar un aporte fundamental a la cultura y a las investigaciones sobre la realidad nacional.

Desde ese momento hasta ahora, y a lo largo de una ejecutoria de 38 años, pienso que los programas de estudio e investigación del CLAEH, tanto en materia social como económica, histórica, cultural, de ciencias políticas, de salud y de los problemas de la infancia, han sido una contribución importantísima al desarrollo del conocimiento de la realidad social y económica de nuestro país. Por lo tanto, sería injusto no reconocerlo así.

Naturalmente, el CLAEH como asociación civil sin fines de lucro -así lo establece su estatuto jurídico- tiene absolutamente vedada la posibilidad de formular ningún tipo de manifestaciones políticas y, por lo que me consta, nunca las ha hecho. De modo que no entiendo claramente cuál es la relación que se trata de establecer entre esta Institución -naturalmente, controlada en ejercicio de la política administrativa por el Ministerio de Educación y Cultura y cuyos estatutos, repito, le prohíben incursionar en la política- y este malhadado episodio del informe producido por el equipo de técnicos consultores con los cuales el Senado, a través del PNUD, del BID y del FAS, Programa de la Presidencia de la República, ha concertado la realización de este estudio. Supongo que puede deberse al hecho de que alguna de las personas que han participado en éste sea, al mismo tiempo, investigador o docente en algunos de los cursos del CLAEH. Pero, obviamente, no está aquí asumiendo la representación de una institución de esa naturaleza y sus afirmaciones, o la participación que pudo caberle en este estudio, la afectan únicamente a ella.

Quiero rescatar y dejar en claro que, en mi opinión, es injusto vincular a esta Institución con el problema que se ha planteado, porque entiendo que merece el reconocimiento de la opinión pública, y particularmente el mío, con relación a la función relevante que ha cumplido hasta ahora desde el punto de vista científico, que agrego la ha llevado adelante a pesar de muchas dificultades como organización privada sin fines de lucro que es, inclusive en el difícil período de la dictadura.

Por lo expuesto, quiero dejar constancia de que no sólo no me solidarizo en absoluto con las expresiones, de algún modo peyorativas, que se han vertido sobre esta Institución sino que, por el contrario, ella me merece el mayor de los respetos.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: al parecer, no me han escuchado bien. Para nada hice referencia a la Institución CLAEH, sino que simplemente procedí a leer un trabajo realizado por ese centro. Naturalmente, la responsabilidad estará a cargo del autor de ese trabajo.

En este momento, no tengo en mi poder la publicación, porque la entregué a la señora taquígrafa que me la reclamó. Reitero que simplemente leí lo que allí está escrito.

SEÑOR CARVALHO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARVALHO. - Me parece pertinente la aclaración hecha por el señor Senador Santoro, y me alegro por ello. De todos modos, reitero que no es posible atribuir a una Institución que a lo largo de una ejecutoria de 38 años ha sido escenario de foros, debates, cursos, reflexiones y publicaciones en cientos o miles de oportunidades, la responsabilidad por lo que pude haber vertido alguna persona o algún investigador en una ocasión determinada. Seguramente, si estudiáramos el conjunto de las publicaciones sobre las actividades del CLAEH, encontraríamos otras opiniones absolutamente discrepantes, como es lógico, puesto que se trata de un centro de estudios e investigaciones abierto a la expresión de las posturas más variadas, siempre y cuando estén respaldadas por rigor científico.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: no acostumbro a decir que voy a ser breve, porque eso nunca se sabe. No obstante, en esta oportunidad voy a tratar de serlo como forma de complementar un pedido de disculpas a los restantes señores Senadores, porque no es de buen gusto lo que estamos haciendo, es decir, no haber asistido a todo el debate y llegar a último momento para hablar. Entonces, quiero explicar que mañana me ausento del país y que si no recuerdo mal, este tema iba a ser tratado en el día de ayer. Desde hace muchos días tenía prevista una entrevista con el Intendente de Canelones en la sede de la Intendencia y otra con el señor Presidente de la República, a las cuales obviamente deseaba concurrir. Por esa única razón, no participé del debate; pero reitero que no me parece de buen gusto no haber escuchado a los demás señores Senadores y llegar para hablar, sobre todo, porque no sabemos cómo han encarado este punto. Insisto en que por esa razón vamos a ser breves.

Simplemente, quería dejar una pequeña constancia y es que no he estudiado este informe que creo ha realizado el BID o el CLAEH; tal vez sea una omisión porque, según tengo entendido, fue repartido. Son muchos los temas que tenemos que estudiar, y repito que en este caso no lo he hecho.

El único contacto que he tenido con este informe es la publicación que aparece como un suplemento de un periódico de nuestra capital. Me refiero a «El Observador Económico» que, en su suplemento «Fin de Semana» y bajo el título «Malos cimientos», se supone hace una suerte de crónica de lo que contiene el informe que, reitero una vez más, no he leído.

Lo que vamos a realizar no es una crítica a «El Observador Económico» porque no sé si del informe se ha extraído lo más importante o relevante o si el suplemento se ha dedicado a publicar lo accesorio o lo secundario. Sea como sea, este es un claro ejemplo de cómo -no lo estoy diciendo por «El Observador Económico», sino por el contenido que fue sacado del informe- un trabajo que de pronto es necesario, que tiene su explicación en ciertos desajustes que existen en el funcionamiento de esta Casa y que tal vez podría llegar a ser compartido, provoca una reacción de animosidad en función de algunos conceptos que se deslizan y que para quienes conocemos el Palacio Legislativo desde hace unos cuantos años, podemos tildar, en forma benévola, de bobadas, de pavadas. Si no fuésemos benévolos, tendríamos que hablar de canalladas. Entonces, como somos benévolos decimos que ante un informe serio, que debe ser caro, que fue realizado por un organismo que, como decía hace unos momentos el señor Senador Carvalho, tiene su trayectoria y cuenta con personal técnico, se nos hace difícil...

SEÑOR CARVALHO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MILLOR. - En un momento se la concedo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Perdón, señor Senador, pero creo que lo que quería aclarar el señor Senador Carvalho era, simplemente, que el CLAEH apareció muy marginalmente citado en la exposición de un señor Senador, aunque no se trata de la institución que participó en la gestación del trabajo.

No sé si interpreté bien al señor Senador Carvalho.

SEÑOR CARVALHO. - Sí, señor Presidente.

SEÑOR MILLOR. - Por lo que me han dicho quienes lo leyeron, este es un informe serio que contiene una serie de propuestas que, de pronto, logran mejorar la eficiencia de esta Casa. Pero si el informe es serio y procura un fin loable, si ha sido elaborado por personas que poseen antecedentes que las hacen en principio elegibles para realizarlo, y si además tiene un costo, no entiendo por qué se deslizan ciertos conceptos que no son ciertos, sino por el contrario, son falsos y desmerecen a quienes lo estructuraron y también a todos nosotros.

Repito que no sé si lo más importante del informe es lo que aparece aquí; pero lo concreto es que lo que sí aparece acá está en el informe, y eso es lo que molesta.

Digo con total franqueza que por problemas que hubo en este país, dejé de estudiar durante siete años, pero nunca perdí una materia y sigo siendo un buen estudiante. Si el que escribió este informe me dice cuál es la Universidad o el local donde se imparten cursos para que uno pueda recibirse de buen Legislador, con 52 años encima, voy y hago el curso. Pero que yo sepa no existe.

Entonces, lo que me preocupa profundamente es no ya dónde está la autoridad moral, sino dónde está la autoridad intelectual de quien decide qué Legislador está preparado y cuál no lo está para desempeñar esta tarea. Francamente, no lo sé. Si aquí se tratara de quién está preparado o no para ejercer la profesión de abogado, no haría cuestión alguna, porque nuestro país tiene una Facultad de Derecho y el que no egresa con un diploma de ella, en principio, no está capacitado para desarrollar esa profesión. Pero, repito, ¿dónde se expide el carné, el diploma de el «brevet» de buen Legislador?

Entonces, si no hay ninguna Casa que otorgue ese título o ese certificado, ¿en dónde se expide el certificado de juzgador de Legisladores, para poder establecer si se está preparado o no? Para ello existe un solo examen: cada cinco años la ciudadanía acierta y se equivoca, eligiendo 130 Legisladores. Luego de esos cinco años vuelve a acertar o a equivocarse; a algunos los reelige y a otros no.

Por otro lado, me parece que ese Informe conoce muy poco sobre el contenido esencial de esta Casa, que es fundamentalmente político. Aquí se llega porque se milita en un partido político, es decir, porque en nuestro país existen distintas colectividades. Además, dentro de las reglas de juego que la Constitución establece, esos partidos políticos son lo que se disputan el electorado para poder acceder a esta Casa.

¿Qué entiende, quién hizo este informe, por estar o no preparado para ejercer la tarea legislativa? ¿Hablar mucho, presentar varios proyectos de ley, intervenir o no en los debates, concurrir o no a Comisiones, etcétera? Todo esto es parte de la tarea legislativa, pero también lo es estar en contacto con la gente del departamento en que ese ciudadano obtuvo la banca, interiorizarse en los problemas de las personas, escucharlos y tratar de resolverlos.

En la historia de esta Casa hay muchísimos Legisladores que no se han caracterizado por realizar extensas exposiciones; sin embargo, han sido reelectos más de una vez. Seguramente ello se debe a que la gente que los eligió en determinada oportunidad entiende que ha sido bien representada. Ese es el único tribunal que decide si los Legisladores están preparados o no para ejercer la función legislativa. Pero si el informe que pagamos nosotros mismos -es decir, el Poder Legislativo- empieza a establecer una especie de tribunal -no sabemos por quién ha sido homologado- que decide que algunos Legisladores están capacitados y otros no para ejercer esta tarea, debo decir que esto se está haciendo mal desde sus inicios.

Por otro lado, hay algunos aspectos que, honestamente, no puedo silenciar. Por ejemplo, aquí leo una frase que dice que «de poco sirve hacer pieza publicitaria mostrando una imagen idílica de un Parlamento ficticio, si cuando uno llega al Palacio Legislativo es maltratado por ascensoristas que no le responden o le gruñen, ve grupos de personas mirando televisión y tomando mate».

En cinco años como Representante Nacional y en siete como Senador, no digo que sea quien haya atendido más gente en esta Casa, pero sí debo ser uno de los que ha recibido más personas y delegaciones y de los que permanecen más horas aquí. Entonces, debe ser una casualidad muy grande que, de absolutamente toda la gente que he recibido durante 12 años, que utilizan los ascensores, que se pierden dentro del Palacio Legislativo, que no encuentran el despacho y le preguntan a una cantidad de funcionarios cómo llegar, ninguno de ellos -pobres, ricos, gente de campo o de la ciudad- se ha quejado de la forma en que lo han tratado en esta Casa.

Señor Presidente: usted me conoce el genio desde chiquito y le puedo garantizar que si a mi despacho llega una persona que viene a verme y tiene una queja porque le gruñeron, sé que estallo y soy el primero en plantear el problema. Sin embargo, nunca lo he tenido que hacer, porque nunca nadie que ha venido a visitarme al despacho ha expresado la más mínima queja de cómo ha sido tratado aquí dentro. Entonces, esto es falso, no es cierto, es canallesco y discriminatorio. Digo esto porque lo único que sé de este informe es que me entrevistaron, pero observo que han habido reportajes calificados. Quizás en este tema no pesó tanto la entrevista de quien está aquí hace 12 años, pero sí otras que decían todo lo contrario, porque en mi reportaje figuran conceptos totalmente opuestos a los que aparecen en el informe. Por lo tanto, me pregunto cómo se seleccionaron, para el dictamen final, las respuestas que daban los señores Senadores entrevistados, pero que no lo fueron frente a un micrófono o a una tribunal, sino en la soledad del despacho y con la garantía de que lo que iban a decir no trascendería.

Quiero decir que hace 12 años que estoy aquí, he atendido a mucha gente y absolutamente nadie me ha presentado quejas. Inclusive, puedo agregar algo más -y al señor Presidente le consta-: soy de los que constantemente piden antecedentes legislativos, información de biblioteca -por qué no decirlo- té, café, y agua mineral para brindarle a la gente que viene a mi despacho. Puedo afirmar que nunca ha faltado algo de lo que he solicitado. En tal sentido, vengo a entregar al señor Presidente de la República un proyecto de ley para extender el Seguro de Paro a los obreros de CYBARAN, que debe contar con la iniciativa del Poder Ejecutivo. El doctor Sanguinetti me había solicitado que juntase antecedentes y redactase una especie de anteproyecto, para ver si estaba de acuerdo. Debo decir que ni yo mismo conocía los antecedentes; pero en diez minutos aquí se me dijo que esa situación tenía que ver con la de las empresas ASTRA, CAITEZ, e inmediatamente tuve la información en mi despacho. Entonces, si es por eficiencia, al menos en lo que concierne a quien habla, no tengo absolutamente ninguna queja de aquellos servicios -que son muchos- a los que molesto permanentemente, así como tampoco las tengo con respecto al horario. En este sentido, debo hacer notar que soy de los Senadores que cuando está en Montevideo se retira tarde del Palacio Legislativo y nunca me ha faltado ningún servicio.

Hay algo más que quisiera aclarar, por las dudas de que desde mi secretaría se esté atentado contra la imagen del Poder Legislativo, que es la parte del informe que habla del grupo de personas que miran televisión o toman mate. De repente, quien hizo este informe confundió a los funcionarios del Poder Legislativo con los que pertenecen a las secretarías. Al respecto, quiero decir que en mi secretaría se ve televisión -la coloqué yo mismo- se toma mate, y para enriquecer este informe agregaría que a veces se comen masitas, sandwiches, se toma Coca Cola y se festejan los triunfos de Peñarol, de Nacional y muchos cumpleaños. ¿Y por qué no? Pero de la puerta de mi secretaría para adentro mando yo y no necesito ninguna consultora que venga a decir lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Digo esto porque el juicio sobre mis secretarios lo hago personalmente, soy yo quien decide si son buenos o malos. Y al respecto quiero manifestar que en mi opinión son excelentes. Si toman mate y ven televisión es porque trabajan 14, 15 ó 16 horas por día, nunca me han fallado y me soportan.

No creo que la eficiencia de un funcionario público -aclaro que lo fui durante veinte años- esté en si tiene o no un televisor prendido, en si toma o no toma mate, en si come o no come un sandwich o en si toma o no toma una Coca Cola. Por lo menos la eficiencia de los funcionarios que trabajan conmigo está en función de si me sirven o no a mí como Senador de la República. Cada uno de los señores Senadores tendrá su cariño y su respeto por el personal que trabaja con él pero, con el mayor respeto hacia ellos, quiero decir que dudo que pueda haber una secretaría tan eficiente -aunque admito que puede existir- aunque, seguramente, es imposible que haya una más sufrida.

Quizás, quien hizo este informe pasó por mi despacho, vio a un grupo de gente tomando mate y con un televisor prendido, y resulta que ahora nosotros estamos atentando contra la imagen del Poder Legislativo. Esto es canallesco. Por eso aclaro que esos funcionarios no pertenecen al Palacio Legislativo; son personas que están trabajando en la secretaría de un Senador de la República porque responden a determinado movimiento político. En consecuencia, en tanto no dañen la estructura del Palacio Legislativo, de la puerta para adentro, quien decide el comportamiento soy yo y absolutamente nadie más, y no necesito ningún tipo de consultora para decirme cómo se dirige una secretaría política.

Por otra parte, he observado datos del promedio de los sueldos, que entiendo hay que desmentir oficialmente. Digo esto porque si aceptamos pacíficamente que el promedio de sueldos de los funcionarios es de $ 14.500, no podemos quejarnos de la leyenda popular de que los Senadores cobramos U$S 30.000, porque hay una relación en todo. Entonces, debemos aclarar que los Senadores no percibimos esa suma -cada vez que concurro a una radio llevo mi recibo, porque no hago misterios con lo que cobro- y, al mismo tiempo, tampoco podemos aceptar ese promedio de sueldos, porque no es verdad.

En otra parte del informe se menciona la gran cantidad de jefes existentes. Hasta el 14 de febrero de 1990, en el ambulatorio que compartimos con los señores Senadores Irurtia y Pozzolo y con el Cuerpo de Taquígrafos, contábamos con dos jefes y un administrativo como ujieres. Desde el punto de vista de este informe, eso sería un despropósito: dos jefes para un administrativo, es decir, muchos caciques y pocos indios. Pero aquí no se aclara que esos jefes -seguramente ello consta en los recibos de sueldos- andan con la bandeja, son los que llevan el café y cuando uno pide algo, constantemente hacen -y no lo digo peyorativamente- de mozos. Cabe aclarar que son los que trabajan; tendrán el nomenclator de jefes, pero no es el jefe cuya imagen se quiere dar aquí, apoltronado en un escritorio impartiendo órdenes en una proporción de dos jefes para ordenar y uno para recibir órdenes.

Reitero que son jefes pero trabajan, es decir, es un tipo de jefatura muy particular la que en esta Casa se ejerce.

Señor Presidente: vuelvo a pedir disculpas al Senado de la República por no haber escuchado lo que anteriormente se dijo -que estoy seguro que estuvo más fundamentado que lo mío- y reitero que no he leído el informe. Debo aclarar que leí esta publicación de un periódico serio, que supongo habrá extractado lo que está en el informe, y, en función de esto, en mi modesta opinión considero que se trata de canalladas. Digo esto porque se ha puesto de moda en los últimos tiempos -lo que también se practicó en las instancias previas a junio de 1973- el tirar piedras contra el Parlamento, diciendo que todo lo de aquí es malo, pero no se habla de los Legisladores que presentan proyectos de ley, que a veces se quedan hasta las 11 de la noche, ni tampoco de cómo se trabaja; de lo que se trata es de plantear el lado oscuro, si es que existe.

Personalmente, señor Presidente, cuando me hablaron de mejorar la eficiencia del Poder Legislativo, era proclive a apoyar con fervor esta reestructura, porque entendía que había cosas que debían modificarse. Al respecto, debo decir que no comprendo por qué algunos servicios están publicados. A partir de este informe y en tanto esto sea lo más importante que contiene, quienes lo hicieron, en lugar de tener en mí un posible aliado, tienen a un enemigo, salvo que, cuando tenga tiempo de leer el informe, llegue a la conclusión de que se extrajo lo secundario y que lo más importante se creyó que no era noticia. Reitero que si lo más relevante de ese informe es lo que se ha publicado, un posible aliado se ha convertido en un decidido y declarado enemigo.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: voy a ser breve porque no quiero repetir nada de lo ya manifestado.

Comparto absolutamente todo lo que han manifestado los señores Senadores Santoro, Sarthou, Pereyra y Millor. Por esta razón, me pregunto -haciéndome eco del informe- qué es lo que estamos discutiendo o analizando en el día de hoy. El Senado está tratando un tema y está haciendo como una autodefensa sobre un informe que existe.

Con respecto a esta comisión, a este grupo de hombres que está haciendo este análisis, debo decir que desde el principio pensé o calculé que iba a dar el resultado que está mostrando: que no serviría para nada. En este sentido, tengo mucha experiencia -el señor Presidente lo sabe- porque he sido administrador de organismos autónomos y parlamentario y he asistido a muchas comisiones, asesorías y diagnósticos de técnicos. Por eso, he constatado a través del tiempo que los diagnósticos de los técnicos que dependen de organismos internacionales, generalmente, desconocen en absoluto toda la idiosincrasia del medio sobre el que tienen que informar. Muchas veces, nos mandan recetas o hacen diagnósticos que después, cuando cambian las circunstancias internacionales que les hacen formularlos, también varían radicalmente sus posturas, tanto en asesoramiento económico, administrativo como de cualquier otra índole. He constatado esto a través del tiempo en figuras que actuaban en el ámbito internacional a nivel técnico y de asesoramiento desde que eran hombres que recién se iniciaban en esa vida, hasta ahora que son personajes internacionales. Los he visto cambiar tanto de doctrina, de sistema y de consejos que, evidentemente, me torno escéptico sobre todos esos diagnósticos y asesorías.

Asimismo, sería interesante, para conocer a fondo la historia del Uruguay -ya que me siento muy uruguayo, muy nacionalista y muy consustanciado con la historia de mi país- hacer un estudio de todos los diagnósticos que se han hecho en el país en todas las ramas de la Administración y del orden público. Esto sería algo realmente digno de tener en cuenta, a fin de apreciar la variabilidad de las opiniones, los criterios y, sobre todo, para darnos cuenta de la inutilidad de todos estos diagnósticos que se han hecho a través del tiempo.

Por otra parte, cuando supe que se estaba por hacer un análisis, un diagnóstico, un asesoramiento sobre la imagen del Parlamento, me pareció que iba a ser algo totalmente inútil, no le di mucha importancia y no me preocupé por ello. Por supuesto que conversé con los señores que están a cargo de esa tarea porque, como ha dicho algún señor Senador, cualquier persona que quiera tener una entrevista conmigo, es atendida y escuchada, recibiendo -dentro de la humildad de mis conocimientos- mi opinión. Es decir que mantuve reuniones con esta gente y hablamos del tema de la informática en el Palacio Legislativo y de la organización administrativa.

Recuerdo que no hace mucho tiempo, cuando advertí que el asunto se venía caldeando en el ámbito parlamentario -digamos, de los funcionarios- conversé con una persona y le di un consejo de veterano. Le expresé que me parecía muy bien que se hiciera un diagnóstico o un asesoramiento sobre la estructura de lo que consideran como funcionamiento de un Parlamento ideal; pero mi consejo fue que no se pusieran a decir cómo había que llegar a ese Parlamento ideal, que dejaran que eso lo hicieran las autoridades y los parlamentarios, que son los que tienen esa responsabilidad. O sea que esas personas dijeran que el Parlamento ideal en el Uruguay tendría que funcionar de tal o cual manera, efectuando el diagnóstico, pero dejando que los responsables -la autoridad y los parlamentarios- decidan cómo llegar a esa meta, porque esa es la verdadera legitimidad de la soberanía que estamos invistiendo. Por supuesto que no me hicieron caso.

En cierto momento, ingenuamente, algunos de nosotros pensamos -aun escépticamente- que este informe podría mejorar la gestión parlamentaria y lo que se ha dado en llamar la imagen del Parlamento, pero es evidente que el resultado ha dado un desprestigio mayor.

Actualmente, ya sea por interpretaciones equivocadas o por mensajes llevados quizás para salvar la posición de alguien, el tema ha llegado a la opinión pública -como lo ha dicho algún señor Senador- que cree que acá estamos en un caos absoluto y que somos un grupo de incapaces, que prácticamente habría que decretarnos como tales para llevar adelante nuestra función, admitiendo que sería necesario que vengan cerebros privilegiados a decirnos qué es lo que debemos hacer y cómo tenemos que llevarlo a cabo. O sea que ya no se habla sólo del orden administrativo para que funcione bien el Poder Legislativo, sino que se cuestiona la gestión parlamentaria.

Debo decir que todo esto me llena de dudas. Al respecto, me pregunto para qué está informando esta misión en el Parlamento y qué se busca con esto. Me lo cuestiono con legítima responsabilidad, porque si me hubieran consultado sobre este tema al comienzo, habría dado mi opinión. Por mi parte, habría dicho que esto es inútil, aunque quizás o hubiera adelantado la opinión que ahora constato tristemente, en el sentido de que esto iba a dar un resultado peor que el buscado. Lo único real es que a través del informe de esta misión se ha desprestigiado más al Parlamento, ya no por la tarea quizás incapaz de nosotros los parlamentarios, sino por el resultado del informe. Personalmente, hubiera preguntado para qué se hace este informe, cuáles son sus antecedentes y qué imagen de semejanza nos van a traer estos «super-técnicos». Concretamente, quisiera que se me dijera en ese informe qué Parlamento en el mundo funciona como ellos dicen que tiene que funcionar. Me gustaría que me presentaran un ejemplo y que me dijeran si se han inspirado en el Parlamento francés, en el inglés, en el americano o si simplemente se trata de un diagnóstico enlatado para países subdesarrollados -tal como decía el señor Senador Sarthou- que tienen parlamentarios incapaces y pueblos incapaces de elegir buenos parlamentarios. Reitero, quisiera que me dijeran si esa es, en definitiva, la esencia de la cuestión.

En realidad, señor Presiente, no veo la validez del debate, a no ser por el hecho de que tuvimos la inmensa satisfacción de escuchar y poder demostrar que el Parlamento uruguayo y el Senado del Uruguay cuenta con Legisladores capaces y profundos. Aclaro que no me refiero a lo que yo he dicho, sino a lo que han manifestado otros señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra. Si hay algo de lo que plantea el informe que ha quedado desvirtuado en lo que se afirma con respecto a la palabra, a la profundidad y al conocimiento de los parlamentarios uruguayos, ya que quienes hablaron anteriormente explicando su controversia con el informe demostraron, precisamente, esas condiciones. Entonces, me pregunto para qué está el informe, para qué estamos discutiendo, hasta qué punto va a continuar este análisis y hasta cuándo vamos a seguir soportando esta injusticia -llamémosle así- que se ha volcado sobre el Parlamento uruguayo. Incluso, quisiera saber cómo va a salir cada uno de nosotros de esta situación, defendiendo y explicando lo que ha sucedido. En este sentido, recojo lo que ha dicho el señor Senador Pereyra con respecto a que el tema en este momento está terminado; lo que se dijo ya no se puede no decir y revela la calidad técnica de este informe que, evidentemente, no nos sirve. Más aún, como fuimos nosotros quienes hemos contratado a estos asesores -me refiero al Parlamento uruguayo- para cierta finalidad que no veo clara o para que nos digan cómo debemos llevar a cabo determinada acción futura, puedo decir que este informe no me sirve. Entonces, si algo positivo podemos rescatar de este debate es que este asunto llegó hasta aquí y no va más. Por lo menos, esta es mi expresión, mi sentimiento y mi deseo como parlamentario. Esta gente, en lo que a mí respecta, no me representa, no me satisface y lo que diga de ahora en más me importa muy poco.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - He escuchado con mucha atención la intervención de los señores Senadores y, con toda franqueza, debo decir que he leído el informe con todo detenimiento y lo mismo he hecho con las notas periodísticas acerca de él, incluyendo las declaraciones que al respecto se han realizado. En algunos momentos de la discusión, he tenido la sensación de que se está opinando indistintamente sobre el informe y sobre las notas periodísticas. Incluso, me atrevo a ir un paso más allá: si el informe fuese lo que las notas periodísticas dicen que es, sin duda estaría diciendo lo mismo que han expresado muchos señores Senadores. Lo que sucede es que el informe no es exactamente lo que afirman las notas periodísticas. Y no se trata de que aquí haya existido mala intención por parte de la prensa o un afán sensacionalista; simplemente, la prensa ha tomado conocimiento -en algunos casos parcialmente- de un documento que es extenso, complejo y tiene una serie de secciones. Obviamente, se ha puesto a conocimiento del público sólo algunas partes y, en algunos casos, no digo que voluntariamente, al extraerse de contexto algunas de las expresiones se ha generado por vía indirecta reacciones sobre el informe que en realidad el mismo no merece.

No creo que sea mi función hacer un recorrido -no integro ese equipo- de aquellos aspectos que se han destacado en Sala, atribuyéndoselos al informe y que, sin embargo, no forman parte de él. Creo que los señores Senadores, si lo leen, se darán cuenta de que esas afirmaciones no se incluyen allí. Esto es lo primero que quería decir, señor Presidente, ya que aquí hemos estado discutiendo el informe, lo que se informa sobre el informe, y lo que se declara sobre el informe, poniendo en una misma bolsa, cuando en realidad no se trata estrictamente de lo mismo.

En lo personal, voy a referirme al informe mismo, a la necesidad que lo motiva y a lo que me parece que sería interesante que este Senado considerara de aquí en adelante.

Con respecto al informe, señor Presidente, debo decir que a mi juicio incurre en un error al haber seguido al pie de la letra la distinción que hace Max Weber entre racionalidad sustantiva y racionalidad instrumental, porque el primer módulo, enfrentado al segundo y al tercero, en definitiva consiste en eso. Concretamente, se trata de una recorrida -o un intento- en primer lugar, por la racionalidad sustantiva del Parlamento como institución desde el punto de vista sociológico, técnicamente definido así, y en segundo término por el Parlamento organización, es decir, el conjunto de departamentos, dependencias, etcétera.

Con relación a la primera parte del informe, la que se refiere a la racionalidad sustantiva de la institución Parlamento, quiero decir que tengo en mi despacho -porque me interesa el tema- gran cantidad de libros, informes y publicaciones que hablan acerca de la racionalidad sustantiva del Parlamento. Desde textos muy serios, como puede ser el de Prats i Catalá, hasta otros muy divertidos, que se refieren a «Los Parlamentos en tiempos de reforma» y que caen, por la vía de la sobresimplificación, en algunas de las caricaturas que han sido expuestas en esta Sala. Creo que haberse introducido en un tema no saldado y sobre el que tampoco ha habido avances demasiado importantes, para hacer un aporte como el que se hace, tal vez fue un error, porque es lo primero que uno ve y lo primero que uno lee. Ciertamente, recorriendo la lista de los participantes de este equipo, no puedo imaginar a otro más que a uno -muy respetado, por cierto- que aparece como politólogo, habiendo escrito esta parte. Precisamente, este es uno de los temas que los politólogos tienen arriba de la mesa y discuten. Los temas de la legitimidad, de la representación y otros por el estilo son los que hacen a la esencia de la democracia y sobre los cuales, señor Presidente, hacer hoy planteamientos de verdadero y falso, es un error.

Creo que la lectura de esta parte del informe puede dar lugar a un debate académico y científico, al tiempo que de una lectura política puede surgir una comprensión errónea; y de una periodística el manejo de ciertos conceptos fuera de contexto.

Señor Presidente: con respecto al Módulo I creo que esto es lo que ha pasado. Sería muy interesante analizar este asunto, y en lo personal he participado en muchos debates sobre el Parlamento como institución desde el punto de vista sociológico frente a la evolución del Poder Ejecutivo y de mecanismos de control diferentes. En el mundo hay un debate en torno a este tema, y creo que el intento de síntesis aplicado al Uruguay, que se hace aquí, no es del todo feliz. Además, entiendo las interpretaciones erróneas que a nivel periodístico y político puedan surgir sobre este primer Módulo. Considero, señor Presidente, que no sería malo que esto fuese reconocido así.

Me interesa referirme a la segunda y tercera parte del informe y en ese sentido, tal como decimos a veces en nuestra jerga, el desglose es importante, porque creo que el Parlamento organización es algo que nos preocupa a todos los parlamentarios, y sobre este tema hemos hablado y hablamos en Sala y en los corredores. También conversamos con los funcionarios, con los responsables y con los Directores, ya que es algo que nos preocupa en virtud de que estamos en medio de un proceso por el cual le pedimos reformas a todo el mundo para que sea más eficaz y más eficiente.

Por lo tanto hemos querido -y ello está en el ánimo de todos los parlamentarios- que el Parlamento ajuste su funcionamiento para ser más eficaz, más efectivo en el uso de los recursos, de acuerdo con lo que los señores Legisladores entiendan sobre las funciones que desempeñen y no de acuerdo a un debate técnico de politólogos y sociólogos, no saldado aún. Reitero, de acuerdo a lo que nosotros mismos entendemos que debe hacerse.

En lo personal, debo señalar que soy un Legislador nuevo. Ingresé el 15 de febrero de 1995. Fui electo y tengo votos; no sé si ellos son míos o de otros ni cuántos son de cada quien. Pero no tengo ni siento ningún problema en cuanto a mi legitimidad o representatividad.

Sin embargo, como Legislador nuevo -pese a que tengo formación académica, he seguido los temas políticos y he ocupado cargos en el Poder Ejecutivo- he enfrentado dificultades y problemas al comenzar a actuar en este Palacio Legislativo. El primero de ellos consistió en saber cuáles son los servicios de que dispongo, los de carácter técnico, de asesoramiento legislativo, los estrictamente logísticos, y he tenido que aprender a usarlos. No por culpa o falla de los funcionarios. Siento que hay mucha información que desearía tener y muchas opiniones a las cuales me gustaría tener acceso, pero lo cual dependo de la buena voluntad de personas que quieran venir a una Comisión en la cual participo a darnos su opinión o a entregarnos un informe.

Me parece que, tal vez, sería mejor legislador si algunos servicios de los que dispongo en el Parlamento funcionasen de otra manera. Pero no tengo hoy la solución puntual. Quiero discutir posibilidades y quiero hacerlo con mis colegas Senadores. En algunos casos, lo hemos resuelto pidiendo informes a la Facultad de Derecho, a determinado Instituto o a otras Facultades y en otras oportunidades hemos invitado a personas notoriamente versadas sobre un tema para que vengan a informarnos. En lo personal siento que en algunos temas me gustaría contar con un respaldo mayor.

Por otro lado, quiero decir que me impresionó mucho algo que sostuvo el señor Senador Santoro, al punto que me asustó: en 1994, cuando todavía no había ingresado a esta Casa, leí que el señor Senador Santoro opinaba que «los parlamentarios, en las actuales condiciones -por lo menos en nuestro país- son una especie de héroes en su calidad de Legisladores y de buscadores de información»; «se carece de medios técnicos especializados, así como también de información». Pero, lo que me interesa destacar es lo que sostenía con respecto a los integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda. En ese sentido decía que «trabajar en un Presupuesto en este Uruguay es hacerlo en el infierno de la impotencia de no pode contar con la información necesaria desde el punto de vista técnico para proceder en consecuencia».

Recuerdo haber concurrido representando al Poder Ejecutivo -es decir, desde el otro lado de la mesa- para discutir el Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y resultaba muy fácil distinguir en aquel momento a los Legisladores veteranos que tenían la mecánica del Presupuesto -y pido disculpas por emplear esta expresión- «manyada», e identificar a aquellos que no la tenían. Esto era muy fácil, sobre todo, en el Presupuesto quinquenal. Recuerdo que el señor Senador Ortiz tenía cajas con documentos y fichas, con información cruzada y referencias a Presupuestos y Rendiciones de Cuentas anteriores.

Actualmente, formo parte de la Comisión de Hacienda. Participé en la consideración del último Presupuesto y reconozco que me dio un trabajo espantoso. Me faltó información y, junto a las distintas bancadas, tuve acceso al asesoramiento de los técnicos que habían participado en la elaboración del proyecto de Presupuesto.

Señor Presidente: aclaro que estoy hablando a título estrictamente personal. En ese sentido, debo decir que tengo necesidades para ser mejor Legislador, para el trabajo en Comisiones y para el análisis de proyectos de ley. Tengo necesidades cuya satisfacción e insatisfacción no dependen de la buena voluntad de los funcionarios de este Palacio Legislativo. Y al respecto, debo sumarme a muchas de las afirmaciones que se han realizado. El servicio de información parlamentaria y el acceso que tenemos a través de las computadoras son cosas extraordinarias. Hay otros bancos de datos y de información como el de la Contaduría General de la Nación a los cuales se accede mediante la línea de teléfono. Estamos mejorando mucho en eso. Pero, señor Presidente, no sé si los servicios que necesito -que tengo más o menos identificados, como seguramente también los tendrán los demás señores Legisladores- podrían brindarse mejor de toda manera y complementarse en otra forma, ya sea desde dentro o desde fuera de esta Casa. De todos modos, se trata de un tema que siento que debemos discutir, porque si deseamos mejorar la calidad del funcionamiento parlamentario es necesario que este tema lo analicemos a partir de propuestas concretas.

Señor Presidente: ¿sabe qué impresión tengo con respecto a este equipo de técnicos? Se sabía que este trabajo estaba siendo realizado y hoy, luego de escuchar las críticas vertidas por mis colegas, me siento culpable -estoy hablando a título personal- por no haberle prestado antes de hoy, la suficiente atención, desde el punto de vista político y del de supervisar y orientar ese trabajo.

SEÑOR POZZOLO. - Apoyado.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Por ejemplo, si hubiera sabido que se iba a producir una discusión de fondo en relación con los temas vinculados a la racionalidad sustantiva de la institución Parlamento, hubiéramos dicho que a lo mejor una bibliografía actualizada con lo último que se ha publicado en Europa, con pequeña síntesis o fotocopias de artículos, podría haber logrado una mejor contribución a los señores Senadores que un intento de interpretación que por razones de espacio -entre otras- deja muchos elementos fuera.

También siento que cuando se metieron en el Módulo II, relativo a organización, estructura y recursos humanos, eligieron esos estudios del caso y se pusieron a trabajar sobre los sistemas de apoyo parlamentario, información legislativa y asesoría técnica; a lo mejor los Legisladores -y reitero que estoy hablando a título personal- debimos disponer de más tiempo para preguntarles cómo funcionan los Parlamentos en otros países sobre los temas del Presupuesto, qué alternativas hay a la información con que hoy contamos, qué mecanismos podemos utilizar para estar mejor informados, si se puede conectar el Parlamento a través del servicio de informática con la base de datos de la Contaduría General de la Nación y si existen otras bases de datos. de la Contaduría General de la Nación y si existen otras bases de datos. Siento, señor Presidente, que hay muchos temas que no se tratan o son considerados de cierta manera porque no les damos -y aclaro nuevamente que estoy hablando a título personal- la importancia o el tiempo suficiente, que no es un bien de uso demasiado abundante entre nosotros, o porque no los apoyamos como deberíamos. Tal vez recorrieron calles y caminos laterales sin que en determinado momento les dijéramos que debían detenerse porque ese tema no nos interesaba y que debían estudiar otro que sí nos resultaba necesario.

Personalmente, como Legislador nuevo -hace apenas un año y medio que cumplo esta función- debo confesar que existen cosas que me harían falta para ser un mejor Legislador, y no por responsabilidad de los funcionarios, que bastante hacen, a veces muchos más de lo que se hace en otras áreas del sector público.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - En la última parte de la exposición del señor Senador Fernández Faingold aparecen elementos que comparto plenamente con respecto a este tema de los asesoramientos que requieren los Legisladores, sobre lo que hemos hablado muchas veces.

Cuando integrábamos la Comisión de Presupuesto en la Legislatura anterior, al redactar el Presupuesto del Senado también se habló mucho de este tema. Vistas las carencias y dificultades económicas, se optó por incluir solamente una partida para contratar asesores cada vez que fuera necesario, y dentro de las posibilidades de nuestros recursos. En ese sentido, recuerdo que al hablar sobre las distintas posibilidades con los técnicos que han elaborado este informe, mencionaré que a las Comisiones especializadas de este Parlamento le faltaban asesores para un correcto cumplimiento de sus labores.

De manera que en este aspecto no tengo nada que observar y comparto plenamente lo que manifiesta el señor Senador Fernández Faingold. En realidad, anteriormente nos referimos a otros aspectos que creemos no deberían estar incluidos en este informe.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Comparto enteramente lo que ha expresado el señor Senador Pereyra, al punto de que, además, este tema generalmente es objeto de conversaciones antes o después del comienzo de cada Comisión, e inclusive en los corredores y en el propio Plenario.

A esta altura, señor Presidente, conozco algunos modelos de Parlamentos en los cuales el asesoramiento se dirige, se brinda a las Comisiones; en otros, éste se brinda a los señores Legisladores y cada uno lo selecciona; también hay algunos en lo que se combinan ambos tipos. Por lo tanto, me gustaría que los Legisladores nuevos -por lo menos, los que no tenemos tanta trayectoria y desconocemos muchos temas- aquellos que no somos abogados -yo no lo soy- pudiéramos tener acceso a cierto tipo de material. Por ejemplo, me interesó mucho un curso que dictó el ex Vicepresidente de la República, doctor Gonzalo Aguirre, sobre la teoría del acto legislativo. Solicité a algunos de mis asesores que concurriesen y obtuviesen material relativo a ese curso.

Así como mencioné este punto relativo a los asesoramientos, puedo citar otros, como el de la información. Creo que deberíamos tener acceso a más bancos de datos y fuentes especializadas de información. Esto puede ser muy fácil, o no, porque de pronto ni sabemos de su existencia. A veces siento que introducirnos por algunas de las vías electrónicas en los listados de revistas especializadas para obtener los índices y algunos artículos concretos podría ser de suma utilidad. Para ello existen mecanismos que se pueden aplicar desde el escritorio. De pronto, no son ni caros ni complicados; no lo sé, y creo que deberíamos saberlo.

En consecuencia, tengo necesidades en materia de asesoramiento y de información.

Doy fe y afirmo que los funcionarios y los servicios hacen todo lo que pueden para ayudar, y a veces más de lo que pueden, pues toman iniciativas y salen del ámbito estricto del Poder Legislativo para contribuir a la solución de ciertos problemas. No obstante, con toda franqueza debo decir que me gustaría poder resolver los problemas que subsisten en algunas áreas, pero no sé cómo hacerlo y no conozco alternativas del funcionamiento.

En definitiva, entiendo que el Senado debería buscar la posibilidad de discutir y dialogar a los efectos de ver cómo podemos mejorar los servicios que tenemos y nuestra propia tarea. Tal vez algún señor Senador ya tenga todo esto resuelto; personalmente no lo he logrado, quizás por ser un Legislador nuevo.

La pregunta que surge inmediatamente después es si esto lo debemos hacer pensándolo entre nosotros o si debemos recabar el asesoramiento de gente que tiene esa información o la puede conseguir; me refiero a personas externas operando en el ámbito del Parlamento.

A continuación voy a referirme a otro ámbito, señor Presidente, que tiene que ve con lo que aquí se ha denominado -a mi juicio, correctamente- problemas menores o, si se quiere, estrictamente instrumentales. Por ejemplo, no sé si tendría que haber uno, dos o tres departamentos de lustrado; tampoco sé si tienen que estar dentro o fuera del Palacio Legislativo. Tengo sí, algunas ideas sobre el tema de informática: puede ser que exista más de una área informática dentro del Parlamento -ello es discutible- pero nunca pueden se incompatibles. No debería ser imposible entrar de un área a la otra, ya que eso no tiene sentido, señor Presidente.

De todas maneras, no soy especialista en estos temas, y quienes lo son y actúan en el Palacio, están administrando servicios organizados de determinada manera. Entonces, a partir de mi ignorancia y asumiendo la responsabilidad, como Senador, de hacer que esta Cámara funcione- tal como dice la Constitución de la República- en el sentido sustantivo, pero también en el instrumental, quisiera tener asesoramiento para saber si esta modalidad para cambiar determinado aspecto es la mejor, o si hay otra más conveniente. Para esto necesito apoyo y asesoramiento, pero no solamente yo, sino todo el Cuerpo. Por otra parte, se requiere este asesoramiento desde adentro, de parte de quienes han estado aquí desde hace muchísimos años y conocen bien el tema; pero también es necesario asesoramiento externo, porque a veces las cosas pueden verse de otra manera desde el exterior y pueden aportarse reflexiones sobre cómo cambiar ciertos aspectos.

En resumen, como no quiero ocupar demasiado el tiempo del Cuerpo, con toda franqueza solicito a los colegas que, en el proceso de análisis que va a tener este proyecto de reforma, nos concentremos en el informe, pues tiene muchas cosas útiles, más allá de que algunas no lo sean tanto, y con otras se pueda estar de acuerdo o discrepar. En definitiva, me parece que tenemos que hablar del informe y no de las notas de prensa.

Personalmente, estuve revisando el informe y debo decir con toda franqueza que, por ejemplo, no me parece tan ofensiva esa frase de que los Legisladores no están capacitados. Reitero, que no es tan así pues fue incluida dentro de un determinado contexto que, más allá de que no me guste demasiado, me hace pensar que no dice exactamente que los Legisladores no están capacitados para desempeñar su función. Precisamente, esto está contenido en las páginas 38 y 39 del documento y, en el subtítulo de los «Insumos del trabajo legislativo», dice algo muy parecido a lo que planteaba el señor Senador Santoro, en el sentido de que somos héroes, en tanto tenemos que tomar una cantidad fenomenal de elementos de juicio para trabajar; muchas veces no me siento capacitado para realizar algunas de las cosas tan disímiles que mi función me exige.

Entonces, uno puede tomar esa frase y decir que no está de acuerdo con ella en la forma en que está expresada, pero de todas formas, la contenida en el informe no es igual a la que levantó una nota de prensa al decir que los Legisladores no están capacitados para desempeñar su función.

Terminando ya mi intervención, debo decir que este, como cualquier otro informe, sirve cuando combina adecuadamente los insumos externos e internos; cuando aquellos a quienes está dirigido -en este caso, los señores Senadores- asumen las responsabilidades política y funcional de acompañar, supervisar, recortar, ampliar, discrepar y hasta solicitar que no se pierda tiempo con el módulo 1, porque va a terminar -tal como sucedió- siendo controvertido y originando, en consecuencia, un cuestionamiento a todo un documento que, con toda franqueza, no me parece enteramente justificado.

Entonces, en un momento en que para mal o para bien -creo que para mal - han salido a la opinión pública elementos de este informe que distorsionan lo que es su contenido y generan impresiones diversas a lo que es en sí mismo, creo que detener el trabajo porque se han oído críticas, causaría exactamente la impresión opuesta a la que deseamos, además de cercenar la posibilidad de ayudar al proceso de reforma para quienes creemos que es importante, y de internarnos más en él, aprovechando lo que tiene de bueno, descartando lo que tiene de malo y exigiendo todo lo que sea necesario.

Por lo expuesto, señor Presidente, respetando lo manifestado por el señor Senador Santoro -no he tenido oportunidad de consultarlo directamente, pero hemos estado conversando u poco sobre el tema- creo que es hora de que este Cuerpo -en términos políticos, como requería el señor Senador Santoro- asuma el control del proceso de reforma o de reestructura en el que estamos insertos.

Si bien en otra circunstancia la Comisión de Asuntos Administrativos, tal como se sugirió, hubiera sido el medio más adecuado para tratar este asunto, en este caso en particular, cuando nos encontramos a mitad de camino, podría integrarse con los mismos Senadores, junto a otros, y funcionar en régimen de Comisión Especial para dedicarse específicamente al tema de la reestructura. Digo esto en el mismo sentido que señalaba el señor Senador Santoro, en cuanto a asumir los Legisladores el control político sobre el proceso de formulación de propuestas de reforma, consultando con las bancadas y convocando a quienes están trabajando desde adentro y desde afuera, para que den sus explicaciones y, al mismo tiempo, para sugerirles ampliación de sus trabajos porque, de esa manera, vamos a ser responsables nosotros mismos de las recomendaciones.

SEÑOR SARTHOU. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: creo que sería muy malo que de aquí saliera la idea de que como parlamentarios hemos reaccionado ofendidos porque nos señalan defectos. Considero que ese sería un error gravísimo, porque no es esa nuestra posición. Todos admitimos que tenemos defectos, pero discrepamos en la imagen que debe tener el Parlamento y que está planteada en el proyecto. En esto hicimos fundamental hincapié.

Al mismo tiempo, sería erróneo penar que este es un problema de responsabilidad personal de los que intervinieron en el proyecto. Creo que los organismos que patrocinan ciertos objetivos tienen grandes pautas sobre cómo deben confeccionarse los proyectos y cómo debe realizarse determinada orientación. Por eso, cuando asignan recursos, lo hacen con una orientación determinada. Queremos destacar esto porque no es un problema de los gestores, sino que responde a un programa que obedece al BID, que tiene una interpretación tecnificada del papel del Parlamento hacia el futuro que, indudablemente, no es la que hemos señalado. En consecuencia, reitero, discrepamos con la concepción del Parlamento contenida en el proyecto.

Por otro lado, no negamos la necesidad de asesoramiento. Personalmente, muchas veces tengo necesidad de solicitarlo y los servicios legislativos y de información son excelentes; pero si se quieren incorporar nuevos métodos de asesoramiento, no tenemos inconveniente. Esto debe quedar bien claro para que no se dé hacia afuera una impresión equivocada de que estamos defendiendo, como clase parlamentaria, errores que se nos señalan, porque esa no es la idea que está detrás de nuestras reservas a la concepción del Parlamento como institución, que es otra cosa y que tiene que ver con la del Parlamento como instituto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Solicito que se prorrogue el término del que dispone el señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: creo que por lo que hemos conversado durante este año y medio, los Legisladores que estamos sentados en este Hemiciclo estamos comprometidos con una buena gestión y queremos mejorar los servicios de los que disponemos, para trabajar más y mejor. Aquí no hay actitudes reacias al cambio y al mejoramiento de lo que hacemos, ni posiciones retrógradas frente a la utilización de servicios de la mejor calidad que podamos obtener. Pero seguramente hay duda sobre las mejores formas de organizar el trabajo.

Personalmente, no participo de algunas de las ideas que han sido expresadas en torno a la imposición de pautas de organismos internacionales, pro creo que la mejor manera de asegurarnos que se haga lo que se quiere, es ocuparnos políticamente del asunto, solicitar que se trabaje en los ámbitos que deseamos, contestar las cosas que no nos gustan y pedir que se profundicen o modifiquen. En ese sentido, formalmente y sin perjuicio de dar forma a esta idea en unos minutos, me gustaría que la moción de que todos estos antecedentes fuesen estudiados por este Senado, en lugar de estar dirigida a la Comisión de Asuntos Administrativos, lo estuviera a una Comisión Especial. Incluso, como la Comisión de Asuntos Administrativos ya ha tomado conocimiento de este tema, los Senadores que la integran podrían ocuparse del asunto, según lo decida cada bancada.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Como los señores Senadores saben, esta sesión es de carácter ordinario, por lo que finaliza a las 20 horas, y este debate debería culminar en la noche de hoy.

Antes de terminar la sesión, quisiera decir unas palabras, por lo que pediría al señor Senador Pozzolo que me sustituya en la Presidencia.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Luis B. Pozzolo)

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para hacer una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: queremos señalar que no manejamos en nuestra exposición ningún recorte periodístico, sino el informe «Marco de Referencia para la Modernización del Poder Legislativo del Uruguay». Al hacerlo, tampoco espigamos dentro de este informe, a los efectos de sacar frases que podrían generar una atención especial, porque no es nuestra técnica, nuestra costumbre, ni estaría de acuerdo con nuestra definición en materia de trabajo parlamentario, porque no sería honrado manejarse con esa falta de buena fe.

Por otro lado, manifestamos en forma muy clara nuestra opinión favorable a los asesoramientos, pero sindicamos las dificultades para lograrlos en cuerpos políticos como el Parlamento, por su constitución y por la necesidad de manejar muchas veces información de carácter reservado. Es decir que de ninguna manera podemos definirnos contra la posibilidad de que el Parlamento cuente con asesoramiento.

En lo que hace a no habérsele prestado a este informe la atención debida, expresamos que fue distribuido en su momento, y para tomar las decisiones consiguientes esperamos a que se cumplieran los procesos que se venían realizando a nivel del Parlamento.

Cuando conocimos la decisión adoptada por el señor Presidente de la Asamblea General y del Senado, doctor Batalla, en el sentido de que debió apelar a una resolución de la Presidencia disponiendo el cumplimiento obligatorio de los cursos de capacitación, consideramos que era el momento oportuno para proceder a hacer el planteamiento. En cuanto a que ello suceda en momentos en que existen inconvenientes o situaciones de conflicto con algunos funcionarios, grupos o agremiaciones que los nuclea, queremos decir en forma muy clara que no nos movemos por esa razón porque, además, no estimamos que haya habido en esa afirmación una intención peyorativa de aparecer como que el planteamiento se hace en defensa de aquéllos.

En lo que tiene que ver con el conocimiento por parte del Senado de este informe y de la situación que se generaba, nosotros naturalmente hemos cumplido haciendo la exposición ante el Senado; la realización del planteamiento pudo haber estado a cargo de otro señor Senador o, en su caso, por el propio Presidente del Cuerpo.

Con respecto a las ideas acerca del Parlamento, su modernización, sus asesoramientos, las conveniencias y una imagen de él eficiente, moderna y muy técnica, queremos decir que participamos de ellas pero manteniendo -no nos podemos apartar de ello- una sensibilidad muy especial. Nuestra alma tiene parte de este Parlamento porque en él estuvimos unos cuantos años. Entonces, cuando vemos que a esto que queremos tanto se le procuran modificaciones que en cierta medida proceden a quitarle lo más hermoso que tiene, que es como un pedazo de pueblo puesto a gobernar, tenemos una reacción un poco sensibilizada. Siempre estuvimos en este país y muchos años en este Parlamento. Lo vimos caer y restablecerse y, cuando hablamos, se trasunta naturalmente que lo queremos como seguramente lo hacen todos los que lo integran. Sin embargo, nosotros lo queremos un poquito más porque hace unos cuantos años que en él vivimos y de él aprendimos a vivir.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Tiene la palabra el señor Senador para referirse al tema en discusión.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: he solicitado la palabra en este momento por el comentario que realizó el señor Presidente Batalla acerca de su intención de finalizar el análisis de este punto en el día de hoy. Y como percibo que el señor Presidente del Cuerpo desearía hacer algunos comentarios al respecto, aunque sea con una brevedad, me gustaría realizar unas reflexiones -de modo que él pueda posteriormente darle un cierre a este análisis- porque no quisiera permanecer en silencio frente a un tema que, en primer lugar, el Senado ha hecho bien en discutir. Me parece que se había generado un escenario sobre este proceso, este análisis y este trabajo, y un clima que no era conveniente, entre otras razones, porque el Cuerpo no había abordado el tema, no lo había discutido y no había dicho algunas cosas en un sentido o en otro, que es bueno intercambiemos entre todos. Coincido con el señor Senador Fernández Faingold cuando señalaba que, lamentablemente, por uno de los defectos que hubo hasta ahora en esta experiencia, se mezcló en muchos momentos la discusión sobre el informe con la vinculada a las entrevistas y comentarios periodísticos y a las notas en los medios de comunicación que en absoluto critico; sin embargo, reitero, desafortunadamente se mezclaron en este análisis y en esta discusión, sin mala intención por parte de nadie. El problema es que, a mi juicio, uno de los defectos que han existido hasta ahora en este proceso es una inadecuada delimitación de lo que correspondía mantener en un ámbito de desarrollo de trabajo y lo que era pertinente, a esta altura, volcar hacia la sociedad en su conjunto a través de los medios de comunicación. Por otra parte, debo recordar que el trabajo está sin finalizar, ya que se ha recorrido una etapa pero resta cumplir otras.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: como está haciendo uso de la palabra el señor Senador Astori y ha manifestado su intención de hablar el señor Presidente del Cuerpo, en vista de que faltan veinticinco minutos para el término de la sesión, formulo moción en el sentido de que se prorrogue la hora de finalización de la misma hasta que se agote el debate sobre este punto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: lo segundo que quiero decir es que el abordaje de este tema plantea una sensibilidad especial, que es la que recién ponía sobre la mesa el señor Senador Santoro con palabras muy emotivas y más que justificadas. Estamos analizando una institución que tiene, por un lado, un componente político estrictamente considerado y, por otro, en la medida en que se trata de una institución, un componente organizativo, funcional, que también es evidente e innegable. Aquí hay una representación política y democrática de la sociedad uruguaya, electa por el pueblo. Como decía el señor Senador Santoro, este es un pedazo de pueblo, pero en esta Casa también hay una estructura funcional, una organización, funciones que se cumplen, trabajadores que trabajan, jefes que conducen, tareas que se realizan, y además una tecnología de trabajo que se aprecia claramente desde diversos puntos de vista y perspectivas. Por ejemplo, ya que se aludía al tema, producir y diseminar la información requiere cierta tecnología que hay que conocer, la que progresa y se renueva. Para ilustrar sobre este aspecto, podríamos decir que hoy los servicios de informática y el manejo de los mismos resultan de fundamental importancia para que un Legislador, cualquiera sea su nivel de preparación, pueda disponer adecuadamente de la información, manejarla y hacer con mayor solvencia y apoyo su trabajo. Creo que esto es indiscutible.

La tercera reflexión que quería realizar es que debe ser posible hacer trabajos de este tipo sobre el componente organizativo funcional de la institución. Lo que no podríamos permitir en ningún caso -y desde este punto de vista suscribo totalmente el sentido de las palabras de los señores Senadores Santoro, Sarthou, Pereyra y Millor- es que alguien viniera a pretender determinar exógenamente el funcionamiento político del Parlamento. Eso es inaceptable; sólo que yo creo, señor Presidente, que en el trabajo que estamos analizando en ningún momento se propuso hacer eso, y además lo dice explícitamente.

Ahora bien, sin entrar a analizar las conclusiones sustantivas del informe, que no es mi intención hacer, entre otras cosas por mi falta de formación en las disciplinas organizacionales -no soy un experto en organización de instituciones y esa es una disciplina académica que tiene expertos y carreras profesionales, etcétera- entiendo que tiene que ser posible que el Parlamento uruguayo realice un trabajo de este tipo para mejorar desde el punto de vista organizativo y funcional. Como Senador e integrante de este Cuerpo -y estoy seguro de que vamos a llegar a un acuerdo porque la otra posición no ha sido defendida por nadie y la última aclaración del señor Senador Santoro era válida al respecto- quiero defender la posibilidad de que el Parlamento uruguayo tenga un apoyo de esa naturaleza que le señale posibilidades, que podemos compartir o no -ese es otro tema- para mejorar desde el punto de vista organizativo y funcional. Estas áreas son tan claras que no hay necesidad de mencionarlas -repito que estoy seguro de que aquí vamos a estar todos de acuerdo- y es, concretamente, en la organizativa y funcional en donde aparecen las principales carencias. Aclaro que no estoy haciendo un juicio acerca de las personas ni de su condición humana, sino simplemente señalando un hecho objetivo sobre la parte organizativa y funcional de una institución que muestra lagunas evidentes.

El cuarto punto al que me quiero referir tiene mucho que ver con el anterior y radica en que a mi juicio debe haber un acuerdo sustancial y fundamental entre nosotros. Aquí, quien decide las medidas que se toman en esta área organizativa y funcional es el propio Parlamento desde el ámbito político. Naturalmente, no puede ser de otra manera. Es el propio Parlamento el que debe decidir los caminos a recorrer en el futuro por mecanismos directos o indirectos, pero es evidente que no se puede resolver en materia organizativa y funcional independientemente del área política de la institución. Por lo tanto, no puede existir el temor -no debe, porque sería inconcebible otra cosa- que se tomen decisiones de tipo organizativo y funcional, repito, en forma independiente del funcionamiento político de la institución. Eso no debe ocurrir y no va a suceder en ningún caso. El Parlamento uruguayo no lo podría aceptar.

En quinto lugar, quiero decir que en este proceso han habido desencuentros válidos y de todo tipo. Me parece que tal vez haya habido una salida prematura a los medios de comunicación y entiendo que esto debió haberse hecho más adelante, con un trabajo más maduro y dialogado. Asimismo, considero que ha existido un diálogo insuficiente con los funcionarios, lo cual también ha creado desencuentros que han originado situaciones que pudieron haberse evitado.

A su vez, me parece que hubo una exposición que en muchos casos está armada en base al análisis de los propios Legisladores, que aparece como opinión de los autores del trabajo, lo que ha generado problemas. El señor Senador Fernández Faingold aludía a una frase fuera de contexto que se analizó y criticó. Quiero señalar que todas esas opiniones no son de los autores del trabajo, sino de los Legisladores y que, aquéllos, en extensos tramos, armaron ese documento con nuestras opiniones y eso no quedó claro. Entonces, en algunos pasajes de análisis que se hizo en la tarde de hoy, se criticaron opiniones que son nuestras, que vertimos a través de entrevistas que nos realizaron, insisto, los autores del trabajo.

Repito que no estoy ingresando al análisis acerca de si las opiniones son buenas, regulares o malas, si son compartibles o no; pero existió un problema en tanto no se diferenció claramente el límite entre la opinión de autor del trabajo y la de quienes, integrando el área política de esta institución, realizamos ciertas manifestaciones al respecto. Por ejemplo, me refiero a la que citaba el señor Senador Fernández Faingold acerca de una frase del señor Senador Santoro de fines de 1994, que comparto totalmente.

Por otro lado, me parece que también han existido algunas dificultades en el lenguaje utilizado y en el tipo de comunicación que se hizo, porque son áreas absolutamente mejorables a poco que se acepte que esa terminología también pueda ser perfectible.

En sexto lugar, señor Presidente, no quiero dejar de mencionar en forma muy breve que conozco personalmente a una gran parte de los integrantes de este equipo y que me merecen confianza técnica y profesional. Creo que ha trabajado un buen equipo de profesionales nacionales. A algunos de ellos los conozco de larga data y sé que tienen preparación profesional de primera categoría. Me parece que esto hay que decirlo y plantearlo explícitamente en este análisis y discusión. Asimismo, considero que están muy bien intencionados -además de su solvencia profesional- y quieren, realmente, ayudar a que la institución mejore en su área organizativa y funcional.

Finalmente, creo que hay que sacar una conclusión constructiva de este análisis, y es que hay que intentar superar esto que he llamado «los desencuentros». En tal sentido, debo decir que a mi entender todos ellos efectivamente pueden ser superados. Debemos hacer una autocrítica y ver los errores en que hemos incurrido, como así también modificar actitudes y mejorar métodos. Cuando digo esto, estoy incluyendo a toda la institución y a todos los que directa o indirectamente están involucrados en el trabajo.

Quisiera ser muy claro en la última reflexión que voy a hacer. Este trabajo hay que terminarlo, entre otras cosas, para analizarlo profundamente, con seriedad, y para criticarlo, si es que vamos a hacerlo. Se deben recorrer los tramos que aún faltan.

Personalmente -y digo esto porque la bancada que integro no ha tomado ninguna resolución al respecto- me parece muy saludable la propuesta del señor Senador Fernández Faingold en cuanto a que sea una Comisión Especial la que aborde este tema, con representantes que hayan trabajado o lo estén haciendo, como decía el señor Senador Santoro, en la Comisión de Asuntos Administrativos y en la Comisión Administrativa -que si no me equivoco eran los ámbitos que proponía- con presencia de la gente que está llevando adelante este trabajo y con los funcionarios, de modo que podamos tener un ámbito que brinde la posibilidad de acercar a los protagonistas de esta experiencia y, entre todos, intentar superar los problemas que han habido hasta ahora. Si eso sucede, se llevarán a buen puerto los tramos que aún faltan por recorrer, de forma que -compartamos o no las conclusiones de este trabajo- podamos hacer posible que la institución -sobre todo en esas áreas que mencionaba- se vea realmente beneficiada. Pienso que hay que buscar el beneficio de esta institución que tanto queremos todos, como decía el señor Senador Santoro.

Hubiese querido ser más breve de lo que fui, pero no deseaba permanecer en silencio frente a este análisis que se ha hecho porque, además, considero que esta sesión ha sido muy importante.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Tiene la palabra el señor Presidente del Senado.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: los señores Senadores habrán advertido claramente que en ningún momento quise participar del debate, salvo en una pequeña aclaración que le formulé al señor Senador Pereyra. Creo que es una discusión que nos hace bien y que es importante que el Senado considere estos temas.

Puedo repetir lo que decía el señor Senador Santoro: quiero al Parlamento, ya que he pasado la mitad de mi vida en él. Además, estimo que su prestigio es esencial para la consolidación de la democracia.

En este tema, naturalmente, asumo mi responsabilidad como Presidente del Cuerpo. En su exposición, el señor Senador Sarthou señalaba cómo nació todo este tema, es decir, cómo nosotros ratificamos por una nota del 10 de marzo lo que era un proyecto que ya estaba conversado desde el período pasado.

Quiero señalar -tengo la obligación moral de expresarlo- que ha trabajado un equipo de gente de primer nivel. Tengo la absoluta confianza -y en ello empeño mi palabra de honor- de que ninguno de ellos ha recibido ni una sola pauta que no sea la de su propia conciencia y convencimiento en cuanto a que debían trabajar por lo que entendían que era mejor para el Parlamento.

Asimismo, quiero señalar que no solamente desde el punto de vista de lo que puede ser el Parlamento como institución sino también como organización, las decisiones siempre iban a ser del Senado -o de la Comisión Admistrativa, en su caso- y no el resultado de una decisión generosa del Presidente. Esto debe ser así porque lo imponen los propios presupuestos del Senado y de la Comisión Administrativa.

En lo que tiene que ver con la reestructura, ninguna de las decisiones que se van a adoptar serán ajenas al pronunciamiento definitivo de este Cuerpo. Es clarísimo que la decisión final va a ser política y no del cuerpo de asesores, por más que pueda ser -y, personalmente, lo ratifico- un grupo de técnicos de primer nivel, que trabajó con enorme seriedad y vocación por lo que entendían era lo mejor para el Parlamento de la República y para el país. Además, todos los que están trabajando en este proyecto son uruguayos; creo que es importante valorar que no hay absolutamente un solo técnico extranjero.

Cabe destacar, además, que en más de una oportunidad el equipo informó a la Comisión de Asuntos Administrativos y a la Comisión Administrativa; nunca pensó que era un trabajo absolutamente independiente de la decisión política.

Entiendo que ha habido un desajuste; tal vez el problema es que se publicitó -muchas veces en uso del legítimo derecho de libertad de prensa- lo más negativo de un informe que, naturalmente, contiene aspectos muy positivos e incluso normas que están más allá de un diagnóstico, por lo que, a través de nuestras decisiones políticas, deberemos ir creando disposiciones que regulen el funcionamiento del Parlamento.

Personalmente, entiendo que es una buena solución la de crear una Comisión Especial para la ejecución de todo este proceso; si ésta tiene un ámbito preciso y concreto de jurisdicción, es posible que permita un diálogo mucho más fluido entre el equipo técnico y la estructura política del Senado. De cualquier manera, está absolutamente claro que eso ya existía y que el equipo estaba obligado a actuar en acuerdo con la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado y con la Comisión Administrativa en lo que tiene que ver con los servicios a ambas partes.

Obviamente asumo mi responsabilidad, pero creo que el problema fue que algunos aspectos no debieron ser publicitados. Sin embargo, pienso que eso es propio de un sistema democrático en el que la transparencia forma parte de la Administración Pública.

En un caso concreto, el coordinador del equipo, ingeniero Gonzalo Pérez del Castillo, me consultó sobre el tema y me expresó que era absolutamente contrario a hacer alguna declaración a la prensa. Personalmente también era contrario, pero cuando fuimos conversando nos encontramos con que había Legisladores que querían que se hicieran manifestaciones a la prensa a fin de desvirtuar una impresión perjudicial para el Parlamento. La verdad es que el objetivo era uno y el resultado fue otro, como tantas veces sucede en la vida. Pero, en realidad -en esto tengo que ser absolutamente justo- ciertas afirmaciones que aparecen no deben atribuirse al coordinador del proyecto, sino a Legisladores. Estas podrán compartirse o no, pero reflejan una visión absolutamente personal.

Lamento profundamente que hayamos tenido este desencuentro y que el Parlamento se haya visto en una posición más negativa de la que ya ha aparecido. Desgraciadamente, esa posición no es de ahora; hace algunos años tuve el inmenso honor de ser Presidente de la Cámara de Representantes y, en aquel momento, dije que me tocaba presidir el más desolado de los órganos democráticos. Y esto es así: el Parlamento es el más desolado de los órganos democráticos. En cierto sentido lo es, porque durante mucho tiempo no realizamos una discusión transparente sobre nuestros problemas. Naturalmente, tenemos dificultades, pero también tenemos funcionarios excepcionales. Creo que debemos sincerarnos entre nosotros mismos y partir de la base de que tenemos que buscar caminos que nos permitan ser hombres políticos para el Uruguay y no para otro país. Obviamente, nosotros tenemos las virtudes y defectos de todos los uruguayos, porque ninguno de nosotros fue traído de Marte ni de Júpiter; estamos acá con las virtudes y defectos de nuestra sociedad.

Reitero que el Senado ya había determinado que ninguna decisión fundada en una reestructura iba a ser adoptada, sino a través de la mayoría del Pleno del Senado. Los señores Senadores recordarán que, en algún momento, se discutió en la Comisión si la decisión del Senado debía ser expresa o tácita, es decir, no oponiéndose en determinado plazo; en definitiva, se llegó a la conclusión -y todos estuvimos de acuerdo- de que la decisión del Senado debía ser expresa en cuanto refiriera decisiones de la reestructura. Allí, no nos referíamos solamente a las decisiones de carácter legislativo, sino también a su estructura organizacional. Evidentemente, eso mostraba que sólo el Senado era el dueño de las decisiones en materia de reforma.

Creo que mejoraremos el futuro si establecemos una Comisión Especial que permita un diálogo más fluido y, en ese sentido, acompaño la decisión, sin perjuicio de que el equipo de trabajo, la Presidencia y la Comisión de Asuntos Administrativos siempre han tenido una relación muy fluida y afectuosa, compartiendo objetivos e instrumentos.

No quería participar en el debate, pero entendí que éste no podía terminar sin dar mi opinión sobre un punto en el que me siento comprometido. Además, estoy profundamente consustanciado, no con cada una de las palabras contenidas en el marco de referencia, sino con el estudio serio y responsable sobre la realidad parlamentaria.

Para terminar quiero leer -porque de lo contrario no sería honesto- el párrafo tantas veces señalado como causa de problemas, que refiere a los insumos. El pequeño capítulo tiene como título «Los insumos del trabajo legislativo» y dice lo siguiente: «Deben tomar en cuenta las perspectivas políticas o filosóficas de su Partido, deben informarse sobre los múltiples aspectos técnicos que están en juego y sobre las consecuencias que determinaría la aplicación de cierta norma legal sobre la vida del país. Esta tarea de búsqueda de compromisos, de soluciones y de fórmulas para resolver problemas, conciliar intereses muchas veces opuestos y, por último, plasmar el resultado en una norma clara y precisa, pone en juego técnicas y destrezas diversas. Los Legisladores, por otra parte, no necesariamente tienen una preparación adecuada para cumplir de la mejor manera con una actividad tan delicada y difícil». Extraída una parte del contexto, hace decir al informe algo que evidentemente no dice.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - No hay más oradores inscriptos para hacer uso de la palabra.

Cabe aclarar que han llegado dos mociones de orden a la Mesa, a las que vamos a dar lectura porque pensamos que pueden unirse en una sola, dado que son complementarias.

La moción firmada por el señor Senador Santoro, expresa que la versión taquigráfica de las exposiciones realizadas con motivo de la consideración del tema «Modernización Parlamentaria», se remita a la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo, al Programa de Fortalecimiento de Areas Sociales, al Banco Interamericano de Desarrollo y a las Naciones Unidas.

La otra, dice: «Mocionamos para que el Senado cree una Comisión Especial, integrada por siete miembros, para ocuparse del análisis de la propuesta de reestructura». Firman: los señores Senadores Fernández Faingold, Couriel y Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: estamos de acuerdo en que se unan ambas mociones y que se pase a la versión taquigráfica a la Comisión Especial que se integraría y a la Comisión Administrativa -en virtud de la organización que existe en el Palacio Legislativo- así como a los otros organismos mencionados que, en última instancia, deben conocer lo que se ha resuelto.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis B. Pozzolo). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: la lectura que ha hecho el señor Presidente del Senado aludía, de alguna manera, a expresiones que realicé oportunamente.

(Ocupa la Presidencia el señor Presidente del Senado, doctor Hugo Batalla)

-Quiero aclarar que cuando hice referencia a «insumos parlamentarios», no me refería solamente a ese aspecto, sino también al control de calidad, como ocurre en las fábricas. Precisamente, me refería al producto parlamentario, con lo que quise significar que la versión que se daba era la de una especie de fábrica. Entonces, no se trataba de suprimir una palabra, sino que refería a un término que, junto con los otros, reflejaba una interpretación de fábrica de leyes. Esto sería bastante similar a lo que ocurría con el tema de la reforma educativa, pues sostenemos que es una terminología de mercado y no de una institución como el Parlamento.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: no me voy a referir al tema del pase de la versión taquigráfica a la Comisión de Asuntos Administrativos y a la Comisión Administrativa, sino a la otra parte de la moción, firmada por los señores Senadores Fernández Faingold, Couriel y Santoro.

Realmente, no tengo claro cuál es el cometido de esta Comisión que se crearía, así como tampoco cuándo comenzarían sus tareas. Si como se ha dicho, los consultores no han terminado su trabajo -quizá no escuché totalmente el contenido de la moción- entiendo que habría que esperar a que ello sucediera para nombrar la Comisión mencionada; en cambio, si se tratara de una especie de organismo delegado por el Senado para tener una relación permanente y simultánea con la elaboración de las conclusiones definitivas, creo que habría que precisarlo.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: a efectos de ayudar a superar los llamados desencuentros y desarrollar mejor los tramos que faltan en este tema, se propone la integración de una Comisión especial como puente que permita sobrellevarlos de mejor manera.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: comprendo la ansiedad de algunos señores Senadores por la hora, debido a ciertos acontecimientos deportivos internacionales que se avecinan; especialmente pido disculpas al señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - No se preocupe, señor Senador, porque le voy a pagar con la misma moneda; no sé cuándo, pero en alguna ocasión será.

(Hilaridad)

SEÑOR RICALDONI. - Voy a hacer el siguiente planteo, a efectos de evitar futuros malentendidos.

Se habló -no recuerdo exactamente la expresión- de un control político, es decir, del Senado sobre las labores de los consultores. Desde mi punto de vista creo que debería aclararse que, como se decía, un tema es que las decisiones las deberá tomar este Cuerpo -como corresponde- y otro es influir o condicionar -más allá de dar opiniones- el trabajo final de los consultores. Sé que no es así, pero como la conversación ha sido muy rica y proteica, quizá convenga aclarar el tema.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: quiero referirme a los dos temas que mencionó el señor Senador Ricaldoni.

Uno de ellos trata de ese puente, seguimiento o contacto permanente con todas las iniciativas que surjan en materia de reestructura, tanto las que se están formulando, como las que se puedan presentar por el propio Cuerpo, por señores Senadores en forma individual, por la Comisión de Asuntos Administrativos o, en su caso, por la propia Comisión Administrativa. Se trata de un proceso de reestructura al que están llegando distintos aportes; hasta el momento, éste que estamos considerando es el que ha reunido una serie de estudios, pero no podemos descartar que haya otros.

Por otra parte, deseo hacer una aclaración con respecto a la moción que hemos formulado. El tema del control político incluye una frase taquigráfica que pretende indicar que el Cuerpo, a través de la Comisión Especial a nombrarse -en la que estarán todas las bancadas representadas- debe dar seguimiento y respaldo político al proceso de reestructura, sin interferir -naturalmente- con la autonomía técnica de quienes estén trabajando en la confección de las propuestas. Decimos esto, sin perjuicio de que la decisión sobre los contenidos y las propuestas concretas deben ser del Cuerpo.

Concretamente, ese es el sentido de la moción que hemos formulado.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa interpreta que el alcance de la moción es sustituir a la Comisión de Asuntos Administrativos por una Comisión Especial que, obviamente, podrá realizar un seguimiento más cercano, en virtud del cometido específico que se le habrá de asignar.

Léase la moción.

(Se lee:)

«Mocionamos para que el Senado cree una Comisión Especial, integrada por siete miembros, para ocuparse del análisis de la propuesta de reestructura y que la versión taquigráfica de las expresiones realizadas con motivo de la consideración del tema ‘Modernización Parlamentaria’ se remita a la Comisión Especial, a la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, al Programa de Fortalecimiento de Areas Sociales, al Banco Interamericano de Desarrollo y a Naciones Unidas».

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) CARPETA Nº 510/96. Rectificación de trámite.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Señor Presidente: brevemente -porque empezó a jugar el campeón- queremos decir lo siguiente.

(Hilaridad)

-Concretamente, solicitamos la rectificación del trámite dado a la Carpeta Nº 510/96, que refiere a leyes presupuestales; la misma fue destinada a la Comisión de Hacienda y debería ir a la Comisión de Presupuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la rectificación del trámite de la Carpeta solicitada por el señor Senador Heber.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 20 y 08 minutos, presidiendo el doctor Hugo Batalla y estando presentes los señores Senadores Antognazza, Arismendi, Astori, Bensión, Carvalho, Couriel, Chiesa, Fernández Faingold, Heber, Hualde, Irurtia, Mallo, Millor, Pereyra, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Semproni, Storace y Virgili).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Don Freddy A. Massimino Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.