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Nº 119 - TOMO 377 - 17 DE SETIEMBRE DE 1996

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

43a. SESION ORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES HUGO BATALLA Presidente

e IGNACIO POSADAS MONTERO Segundo Vicepresidente

ACTUA EN SECRETARIA EL TITULAR LICENCIADO JORGE MOREIRA PARSONS Y EL PROSECRETARIO SEÑOR GABRIEL RODRIGUEZ GARCES

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

- Lo formula la señora Senadora Arismendi, relacionado con la situación de la Escuela 104 "Leticia Volpe" de la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones.

5) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Ricaldoni del 16 al 18 del corriente.
- Concedida.

6) Integración del Cuerpo

- El doctor Didier Opertti comunica que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.
- Queda convocado el señor Alvario Bentancur, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

7) Banco Hipotecario del Uruguay. Remate judicial

- Manifestaciones del señor Senador Garat.
- Se resuelve, por moción del señor Senador Garat, enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a MEVIR, al Banco Hipotecario del Uruguay y a las Comisiones de Vivienda de ambas Cámaras.

8) Alteración del orden del día

- Se resuelve, por moción del señor Senador Posadas Montero, considerar en primer y segundo término los asuntos que figuran en noveno y sexto término.

9) Senador Julián Olascoaga. Su deceso

- Manifestaciones de varios señores Senadores.
- Se resuelve, hacer un minuto de silencio en homenaje a su memoria y enviar la versión taquigráfica de todo lo expresado en Sala a sus familiares y al Partido Nacional.

10) Fondos de inversión. Creación. Proyecto de ley

- En consideración. Aprobado.
- Se comunicará al Poder Ejecutivo.

11 y 13) Acuerdo sobre la promoción y protección recíprocas de las inversiones suscrito entre la República Oriental del Uruguay y la República Francesa. Aprobación. Proyecto de ley

- En consideración. Aprobado.
- Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12 y 14) Olga Banegas. Pensión graciable. Proyecto de ley

- En consideración. Aprobado.
- Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15 y 19) María Luisa Balbi. Pensión graciable. Proyecto de ley

- En consideración. Aprobado.
- Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) Brigadier General (Av.) Tydeo Larre Borges. Se designa con ese nombre el Aeropuerto de la Ciudad de Paysandú. Proyecto de ley

- En consideración. Aprobado.
- Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Código General del Proceso. Se restablece la vigencia del artículo 400 y se deroga el artículo 685 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990. Proyecto de ley

- En consideración. Aprobado.
- Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales suscrita por la República en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP V). Aprobación. Proyecto de ley

- En consideración.
- Se resuelve, por moción del señor Senador Mallo, continuar con la consideración de este asunto en la sesión del día de mañana.

20) Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores suscrita por la República en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP V). Aprobación. Proyecto de ley

- En consideración. Aprobado.
- Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. Creación. Proyecto de resolución

- En consideración. Aprobado.
- Se comunicará al Poder Ejecutivo.

22 y 24) Transporte carretero

- En consideración.
- Se vota afirmativamente el trámite solicitado por la Comisión de Transporte y Obras Públicas.

23 y 25) Nelly Gubitosi. Pensión graciable. Proyecto de ley

- En consideración. Aprobado.
- Se comunicará al Poder Ejecutivo.

26 y 29) Nilda Gubitosi. Pensión graciable. Proyecto de ley

- En consideración. Aprobado.
- Se comunicará al Poder Ejecutivo.

27) Artículo 29 de la Constitución de la República. La comunicación por medio de las radios llamadas comunitarias

- Se resuelve, por moción del señor Senador Sarthou, transferir su exposición prevista para el día de mañana, para la primera sesión ordinaria del mes de octubre.

28 y 30) Wilfredo Toamarán. Pensión graciable. Proyecto de ley

- En consideración. Aprobado.
- Se comunicará al Poder Ejecutivo.

31) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir a varios funcionarios públicos

(En sesión secreta)

- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder al Poder Ejecutivo la venia solicitada para exonerar de sus cargos a cuatro funcionarios del Ministerio de Salud Pública, a dos funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a una funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional.

32) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 13 de setiembre de 1996.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 17, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establece que los funcionarios que ocupan cargos de gobierno de carácter político, de particular confianza y de especial jerarquía deberán presentar una declaración jurada de patrimonio, de ingresos y de bienes de uso en forma habitual o a cualquier título.

(Carp. Nº 256/95 - Rep. Nº 245/96. Anexos I, II, III y IV)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2º) Por el que se regula el funcionamiento de las guarderías infantiles.

(Carp. Nº 298/95 - Rep. Nº 270/96. Anexos I y II)

3º) Por el que se concede pensión graciable a las señoras Olga Banegas, María Luisa Balbi, Nelly Gubitosi, Nilda Gubitosi y al señor Wilfredo Toamarán.

(Carp. Nº 439/96 - Rep. Nº 275/96)

4º) Por el que se designa con el nombre de Brigadier General (Av.) Tydeo Larre Borges el aeropuerto de la ciudad de Paysandú.

(Carp. Nº 501/96 - Rep. Nº 271/96)

5º) Por el que se deroga el artículo 685 de la Ley Nº 16.170 y en su lugar se restablece la vigencia del artículo 400 de la Ley Nº 15.982.

(Carp. Nº 450/96 - Rep. Nº 281/96)

6º) Por el que se aprueba el Acuerdo de Promoción y Protección recíproca de las Inversiones suscrita entre nuestro país y la República Francesa.

(Carp. Nº 234/95 - Rep. Nº 228/96)

7º) Por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales sobre Derecho Internacional Privado.

(Carp. Nº 231/95 - Rep. Nº 227/96. Anexo I)

8º) Por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.

(Carp. Nº 231/95 - Rep. Nº 227/96. Anexo II)

9º) Discusión particular de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley por el que se crean los Fondos de Inversión.

(Carp. Nº 144/95 - Rep. Nº 287/96)

10) Discusión particular del proyecto de resolución por el que se crea la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay.

(Carp. Nº 515/96 - Rep. Nº 282/96)

11) Informe de la Comisión de Transporte y Obras Públicas relacionado con la situación del transporte carretero.

(Carp. Nº 413/96 - Rep. Nº 257/96)

12) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para:

Exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence 29 de setiembre de 1996). (Carp. Nº 470/96 - Rep. Nº 277/96).

Exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence 2 de octubre de 1996). (Carp. Nº 475/96 - Rep. Nº 278/96).

Exonerar de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence 30 de octubre de 1996). (Carp. Nº 494/96 - Rep. Nº 280/96).

Exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence 17 de octubre de 1996). (Carp. Nº 485/96 - Rep. Nº 279/96).

Exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence 17 de octubre de 1996). (Carp. Nº 484/96 - Rep. Nº 284/96).

Exonerar de su cargo a una funcionaria del Ministerio deDefensa Nacional. (Plazo constitucional vence 24 de octubre de 1996). (Carp. Nº 489/96 - Rep. Nº 285/96).

Exonerar de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence 27 de octubre de 1996). (Carp. Nº 490/96 - Rep. Nº 286/96).

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario"

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Antognazza, Astori, Bensión, Bentancur, Bergstein, Brezzo, Casartelli, Caviglia, Cid, Couriel, Chiesa, Fernández Faingold, Garat, Heber, Hierro López, Hualde, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Pereyra, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Andújar, Arismendi, Batlle, Dalmás, Gandini, Pozzolo y Ricaldoni; con aviso, los señores Senadores Gargano y Storace.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 15 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 17 de setiembre de 1996.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República, comunicando las observaciones interpuestas en los siguientes expedientes:

Del Instituto Nacional de Colonización: relacionado con el Estado de Ejecución Presupuestal al 30 de junio de 1995 y con el Estado de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre de 1995;

Del Banco de la República Oriental del Uruguay: relacionado con el Estado de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre de 1995;

De la Junta Departamental de Rocha: relacionado con la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 1995 en dicha Junta;

Del Laboratorio Tecnológico del Uruguay: correspondiente a los Estados Contables al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1993;

Del Banco de Seguros del Estado: correspondiente al Estado de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre de 1995;

-Ténganse presente.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes solicitando venia para destituir de sus cargos a dos funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje comunicando la promulgación del proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Profesor Alfredo Traversoni" el Complejo Educativo Barrio Nuevo París - Jardín de Infantes, Escuela Primaria y Liceo Nº 51, del departamento de Montevideo.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes".

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, la señora Senadora Marina Arismendi solicita se curse un pedido de informes a la Administración Nacional de Educación Pública por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura relacionado con la situación de la Escuela Nº 104 ‘Leticia Volpe’ de la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones".

-Oportunamente fue tramitado.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 10 de setiembre de 1996.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

En uso de las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a Ud. tenga a bien cursar al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a ANEP, el siguiente pedido de informes:

ANTECEDENTES

Según manifestaron las señoras integrantes de la Comisión de Fomento de la Escuela Nº 104 ‘Leticia Volpe’ de la ciudad de Santa Lucía (departamento de Canelones) en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores el día 9 de setiembre de 1996 (Distribuido 1069 de 1996 - Cámara de Senadores), dicha escuela se encuentra en estado deplorable, con graves riesgos para los alumnos y personal docente.

La Escuela Nº 104 fue inaugurada en el año 1878 funcionando en otro local. A partir de 1932 funciona en el actual edificio que fue construido sobre el antiguo casco de la estancia Mitre, uno de los primeros pobladores desde la fundación del poblado de San Juan Bautista, anterior nombre de la ciudad de Santa Lucía.

En el año 1994 el CODICEN envió un arquitecto para estudiar y elaborar un plano, incluida la reforma del local. El 23 de noviembre de 1994 por resolución del CODICEN se adjudica la Licitación Pública Nº 26/94 a la Empresa Jesús Rodríguez (Expediente Nº 403281) para proceder al arreglo de dicha escuela.

EN CONSECUENCIA

Informe por qué no se procedió a dar trámite ejecutivo a la Licitación Nº 26/94 otorgada a la empresa Jesús Rodríguez y Cía.

Qué propuestas tiene la ANEP para solucionar tan grave situación.

Sin otro particular saluda atte.

Marina Arismendi. Senadora".

5) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Ricaldoni solicita licencia del 16 al 18 del corriente".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 17 de setiembre de 1996.

Sr. Presidente del Senado

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, y por razones de salud, ruego al Senado de su Presidencia se sirva concederme nueva licencia a partir del día de hoy y hasta el miércoles 18 de los ctes. inclusive.

Si otro particular, le saludo muy atentamente.

Américo Ricaldoni. Senador".

-Se va a votar la solicitud de licencia presentada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El doctor Didier Opertti comunica que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 17 de setiembre de 1996.

Señor

Presidente del Senado de la República

Doctor Hugo Batalla

Presente

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente a efectos de comunicarle que ante la convocatoria para ese Alto Cuerpo, declino por esta vez integrarme al Senado.

Saludo al señor Presidente con mi más alta y distinguida consideración.

Didier Opertti Badán".

-En consecuencia queda convocado el señor Alvario Bentancur, quien ha prestado el juramento de estilo, por lo que puede incorporarse al Cuerpo.

7) BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY. Remate judicial.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: en estos días nos hemos enterado a través de los medios de prensa que el Banco Hipotecario del Uruguay ha tomado medidas especiales con los deudores morosos que iban a ser ejecutados. En ese sentido, se realizaron remates extrajudiciales, en los que -tal como lo habíamos planteado con anterioridad- no hubo interesados por el alto costo de las viviendas. El Banco Hipotecario, a raíz de manifestaciones que hemos escuchado -aclaro que en este aspecto tenemos una información muy confusa y escasa- habría dispuesto retasar las viviendas, o sea, reconocer que están fuera del valor normal del mercado y volverlas a ofrecer a los propios deudores morosos, condonándoseles las deudas o aplicando otro mecanismo; no tengo certeza del procedimiento que va a utilizar la institución. Cuando escuchamos esta información, tuvimos una mezcla de satisfacción y de incertidumbre. Sentimos satisfacción porque vimos que luego de largo tiempo de conversar sobre este tema, el Banco Hipotecario del Uruguay reconoce alguno de los problemas en los que hemos venido insistiendo, como el alto valor que tienen las viviendas y, por lo tanto, la elevada cuota que, a esta altura, se le hace casi imposible de pagar a muchos de los deudores. Al mismo tiempo, tuvimos incertidumbre porque no sabemos si el alcance de estas medidas va a ser universal o particular. Asimismo, observamos que el Banco Hipotecario del Uruguay había perdonado deudas sin que haya un marco legal que lo autorice al respecto. Todo ello nos lleva a pensar que este procedimiento, en el futuro, puede resultar arbitrario porque se pueden implementar disposiciones que no tengan la generalidad que debe poseer la ley, tema sobre el cual hemos venido insistiendo y lo seguiremos haciendo.

A todo esto tendría que agregar algo que vi el último fin de semana en una recorrida que hice por el departamento de Treinta y Tres, donde pude comprobar cientos de viviendas desocupadas, en complejos terminados o a medio construir, a raíz de una situación conflictiva entre el Banco Hipotecario del Uruguay, la Intendencia Municipal de ese departamento y las empresas constructoras que, al parecer, no han cumplido con lo que se había pactado. Se vienen desarrollando otros planes de vivienda en el departamento de Treinta y Tres e, incluso, se anuncia la inauguración de nuevos bloques en los próximos días. Sin embargo, hay cientos de viviendas abandonadas destruidas o semidestruidas que nunca se han utilizado y que se computan en el patrimonio general del Banco Hipotecario a un valor mucho mayor del que deben tener en la realidad. Por ejemplo, hay complejos totalmente deshabitados y destrozados por robo de materiales como el DC 22, el DC 27 o los del Barrio Machado detrás del cementerio y otros ocupados como el DC 18, que tiene 96 viviendas pero sólo se paga por 16 de ellas. Se trata de complejos de Categoría I, con techos y materiales livianos, pero están tasadas -personalmente he visto recibos que así lo comprueban- y pagan por sumas que oscilan en los U$S 30.000 y U$S 40.000.

Los propios técnicos de la Intendencia Municipal de Treinta y Tres han evaluado que esas viviendas no pueden tener una vida útil, a menos que se realice una gran tarea de conservación, mayor de diez años; sin embargo, está previsto que sean pagadas en treinta años. Quiere decir que allí hay otro error de quienes hacen los planes de vivienda, ya que la gente se endeuda a un plazo más largo que el de la vida útil de estas viviendas.

Por supuesto todos los que ocupan estos complejos se quejan de que las cuotas son muy altas, y como he mencionado, hay un gran número de deudores y de potenciales deudores que no van a poder seguir pagando, ya que las cuotas son de $ 700 o $ 800 y la gente tiene ingresos de poco más de $ 1.000 por mes. Esta es la situación real que vive la gente que mira perpleja cuando le hablan de planes habitacionales y ve que hay viviendas desocupadas que con gusto habilitarían con sus propios recursos. Es muy lógico -y lo aplaudimos- que se estén construyendo nuevas viviendas con los recursos de que se dispone.

También decimos que hay carencias sobre cómo, dónde y para quién se construyen las viviendas. El caso de Treinta y Tres es bien definido, ya que allí no hay planes de vivienda ni desarrollo social permanente en ese sentido, pero sí hay un abandono y una despreocupación total por el destino de la gente que pueda pasar a ocupar y endeudarse con esas viviendas. Obviamente, esto alcanza a todos los sectores. Debo decir que las viviendas de MEVIR tienen precios muy elevados para la gente que las ocupa.

Originalmente en el plan que llevó adelante aquella magnífica personalidad que fue don Alberto Gallinal, se establecía que no podía comprometerse más del 15% del ingreso familiar. Hoy en día estas viviendas tienen una cuota de $ 300 o $ 400 y las habitan peones rurales y policías de la zona que apenas tienen un ingreso de $ 1.000. Me he enterado que en el MEVIR de La Charqueada -que es un lugar donde hay mucha gente de paso, especialmente trabajadores brasileños- han permitido que se subarrienden las viviendas a pesar de que lo prohíbe la ley. Quien tiene una vivienda de MEVIR, como tiene dificultades para pagarla, se va a vivir a un rancherío en las afueras de La Charqueada y la subarrienda a algún brasileño transportista o trabajador de la industria arrocera a $ 800 o $ 900. De esta forma el uruguayo sigue viviendo en condición indecorosa y obtiene por ese medio, autorizado por MEVIR, algún ingreso más.

Todo lo que venimos escuchando sobre los planes habitacionales y la forma de administrar el desarrollo de la vivienda social están absolutamente confundidos, mal guiados, sin que exista una verdadera orientación sobre dónde y qué se quiere hacer. En ese sentido, vuelvo a decir que deberá ser el Parlamento, por medio de una ley, quien reordene toda esta situación que cada día desilusiona más a la gente con respecto a su alcance.

Por lo tanto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a MEVIR, al Banco Hipotecario del Uruguay y, por supuesto, a las Comisiones de Vivienda de ambas Cámaras.

SEÑOR PRESIDENTE. - El pase a la Comisión de Vivienda del Senado no corresponde votarlo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud del señor Senador Garat.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Dentro de los temas que el Senado tiene para su consideración en la tarde de hoy, en noveno lugar figura el proyecto de ley por el que se crean los Fondos de Inversión. Cabe recordar que esta iniciativa oportunamente fue aprobada por este Cuerpo -no sé si en forma unánime, pero sí por amplia mayoría- por lo que pasó a la Cámara de Representantes, la que le introdujo algunas modificaciones. Las mismas fueron analizadas por la Comisión de Hacienda del Senado que en forma unánime recomienda, como dice la Constitución, conformarse con las modificaciones de la otra Cámara. Se trata de cambios muy puntuales sobre los que los Senadores tienen un informe bastante claro. En consecuencia, se le podría dar un tratamiento rápido a este tema a fin de transformar en ley un instrumento jurídico que para muchos de los integrantes del Senado es sumamente importante.

Por lo expuesto, formulo moción en el sentido de que se altere el orden del día y se considere en primer lugar el proyecto de ley por el que se crean los Fondos de Inversión.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Luego de consultar a los coordinadores de bancada quisiera proponer que el primer y segundo punto del orden del día se posterguen y sean considerados en la sesión de mañana. En consecuencia, y tal como lo ha solicitado el señor Senador Posadas Montero, se trataría en primer lugar el proyecto de ley de Fondos de Inversión, como segundo punto el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones suscrito entre nuestro país y la República Francesa y luego continuaría el orden del día tal como está.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - El tercer punto del orden del día se refiere a si se conceden o no pensiones graciables y como estos trámites se votan por bolillado, sugeriría que se proceda a su votación mientras se consideran otros temas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Por lo general, cuando se altera el orden del día, previamente se hacen consultas y en este caso no tengo conocimiento de que las mismas se hayan hecho. De todas formas, adelanto que no me voy a oponer a la moción que se ha formulado, pero quiero decir que no voy a votar más alteraciones del orden del día hasta que culmine la consideración del proyecto de ley que figura en primer lugar. Creo que mucho se ha hablado sobre este punto, mucho se ha discutido sobre su postergación, sobre su alcance, significación y la necesidad de aprobar en este sentido una normativa, ya sea el proyecto de ley venido de la Cámara de Representantes o el elaborado por la Comisión.

Por consiguiente, entiendo que el Senado no puede seguir brindando el espectáculo de que un tema tan importante siga figurando indefinidamente en el orden del día.

De todas formas, reitero, en esta oportunidad voy a votar la moción formulada, pero anuncio que en el futuro no apoyaré ninguna alteración del orden del día que suponga desplazar este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la alteración propuesta del orden del día, cuyo primer punto pasaría a ser el proyecto de Fondos de Inversión, el segundo el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones suscrito entre nuestro país y la República Francesa, manteniendo el resto tal como está establecido. Además, los actuales primer y segundo punto pasarían para la sesión del día de mañana.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

9) SENADOR JULIAN OLASCOAGA. Su deceso.

SEÑOR CAVIGLIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CAVIGLIA. - Señor Presidente: quisiera referirme al fallecimiento del ex Senador Julián Olascoaga.

SEÑOR PRESIDENTE. - Disculpe, señor Senador: generalmente, en la media hora final el Senado entra a la consideración de esos asuntos. De todas maneras, no habría inconveniente en actuar de otra manera ya que siempre ha habido una interpretación muy laxa al respecto. Sin embargo, teniendo en cuenta el extenso temario que tiene a consideración el Cuerpo en la tarde de hoy, lo más conveniente y reglamentariamente correcto, sería que en la media hora final se rindiera homenaje al ex Senador Olascoaga.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: no quisiera discrepar con la interpretación de la Mesa, pero creo que el compañero fallecido merece, como tantas otras personas, una consideración especial en el ámbito de este Parlamento. Al respecto, considero que por más importantes que sean los asuntos que tiene para su tratamiento el Plenario, el fallecimiento de un compañero al que respetamos y que incluso sufrió un ataque cardíaco mientras estaba haciendo uso de la palabra en este mismo Senado, merecería que todos pudiéramos expresar algunas palabras.

Por lo expuesto, solicitaría someter a la consideración del Cuerpo este punto a fin de que decida si quiere referirse al tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - El planteo formulado por el señor Senador Garat implica la determinación de urgencia, cuyo pronunciamiento corresponde al Senado.

Se va a votar si se considera como urgente el homenaje al ex Senador Julián Olascoaga.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Tiene la palabra el señor Senador Caviglia.

SEÑOR CAVIGLIA. - Señor Presidente: en la mañana del día 13 del corriente mes fallece en nuestro país el ex Senador Julián Olascoaga, quien fuera sepultado con honores de Ministro de Estado el sábado 14 a las 9 horas en el Cementerio del Norte, por acertada decisión del Poder Ejecutivo. En efecto, si había un compatriota que merecía tales honores, sin duda alguna lo era el Senador Olascoaga que cumplió una excepcional trayectoria en la vida pública del país. Era oriundo del departamento de Lavalleja, al que representó dignamente como Diputado en dos períodos. Asimismo, fue Subsecretario de Relaciones Exteriores, Consejero del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, Embajador ante la República de Honduras y llega como Senador suplente de la lista 71 a ocupar una banca en este Cuerpo donde sufre un deterioro grave de salud en momentos en que hace uso de la palabra el pasado 8 de agosto.

Toda su vida fue un admirador del doctor Luis Alberto de Herrera, lo que manifestó en todos los medios en que actuara, ya sea a través del periodismo -que cultivó en forma brillante- o en su extraordinaria emisión en Radio Rural, donde era seguido en forma permanente por sus entusiastas oyentes. Asimismo, creó con gran entusiasmo la Agrupación Herrera-Olascoaga, que luchó con la lista 25.

Cabe señalar que tuve el honor de ser su amigo y actuamos juntos en múltiples acontecimientos políticos. En este momento, trato de cumplir en el Senado con las directivas que marcara este gran compatriota ya que ocupo esta banca en calidad, precisamente, de suplente del ex Senador Olascoaga.

Es un deber, pues, invitar a los señores Senadores a ponerse de pie y a hacer un minuto de silencio en homenaje a esta figura patricia.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Francamente, señor Presidente, no tengo por costumbre hablar en los homenajes, aunque sí los he escuchado en esta Casa con mucho respeto durante doce años.

Con total sinceridad debo decir que pocas veces en nuestra trayectoria política un deceso ha tenido tanto significado para nosotros. No puedo hablar de lo que fue la carrera política de Julián, porque realmente no fue en ese ámbito donde lo conocí, sino a través de lo que fuera una pasión personal que, además, la practicaba constantemente. Me refiero a su condición de cronista político -valga la expresión, porque así era como él realizaba sus audiciones- actividad con la que nos enseñó mucho pese a ser rivales políticos. En definitiva, si no me equivoco, conocí a Julián hace aproximadamente doce años en CX 4 Radio Rural. Precisamente, siempre bromeábamos con la situación de que éramos los más antiguos en salir -desde hacía doce años- todos los días al aire.

En ese ámbito tan particular de la radiocomunicación, que es un mundo aparte, fui descubriendo un ser humano excepcional. Por ello digo a los miembros del Partido Nacional que esta es una pérdida que se debe lamentar, porque se ha ido uno de los mejores blancos que he conocido. Diría, un blanco de ley, una persona valiente, tremendamente honesta y con una sensibilidad social y humana que lo convertía no sólo en un gran comunicador de sus inquietudes, sino que lo transformaba, además, en un ser muy querible.

En esa pasión que compartíamos de la radiocomunicación las audiciones de Julián eran realmente escuchables. Cabe destacar que prescindían del debate político y, además -en esto voy a parafrasear al señor Presidente del Senado- tenían el don de hacer sencillo lo difícil y expresar los temas más complejos a una audiencia pluralista, en todo el sentido de la palabra, pues quienes lo escuchaban no solamente eran blancos, sino que pertenecían a los distintos sectores del país. Entonces, tornaba sencilla la explicación de aquellos temas que pasaban por el Parlamento o que concernían a la Administración.

Repito que era un comunicador con sensibilidad y una persona tremendamente querible y valiente. Precisamente, sobre esta condición -que puso a prueba más de una vez- me han llegado anécdotas de lo que fue Julián en momentos en que había cosas importantes que defender. Pero, además, tenía algo que personalmente valoro mucho en el hombre político; me refiero a su tremendo sentido del humor, el cual hacía sobrellevables las situaciones más difíciles. A veces éstas tienen que ver con un partido político y son compartidas por todos pero que, en otros momentos difíciles, refieren a asuntos personales. En esos casos, este amigo, por más adversario que era, se acercaba para levantarnos el ánimo.

Corresponde destacar, además, el sentimiento de todo el personal de CX4, ya que su ausencia deja un vacío no sólo en este Senado y en el Partido Nacional, sino también en esta familia que hemos ido formando en esta Radio, donde este deceso fue realmente sentido por parte de todos los funcionarios, quienes se afilian absolutamente a todos los partidos políticos. Ellos me recordaban algunas anécdotas que vivimos con Julián y que eran impagables. Prefiero mantener un recuerdo en esta dimensión, es decir, en la del cariño y en la de aquellas cosas que demostraban su sentido del humor, sin perder nunca su pasión política. Un día, a raíz de una reestructura en la radio -si no me equivoco, en esa época también estaba en esta emisora el señor Senador Santoro a quien le tocó ser partícipe de esa instancia- nos pasaron de un horario de la mañana a uno en la tarde, hecho que Julián consideraba anodino y ante el cual todos protestamos. Pero la protesta de Julián fue muy particular, porque llegó a hacer su audición con un par de agujas de tejer y su correspondiente lana. Cuando le preguntaron que estaba haciendo respondió que lo único que podríamos hacer sería tejer "crochet", ya que a esa altura del día no nos escucharía nadie. Esa expresión de hilaridad que provocó fue la que nos solucionó a todos el problema. Entonces, no se trataba de la respuesta airada ni del puño crispado, sino de una expresión jocosa de un hombre que, reitero, fue siempre reconocido por su tremenda pasión. Realmente, era muy famoso por esta condición y, en ocasiones, porque hacía temblar los micrófonos cuando consideraba que estaba defendiendo una causa justa.

Don Julián Olascoaga tenía un don de gente y una bonhomía que, reitero, hacían que fuera una persona tremendamente apreciada, incluso por aquel que se encontrara en sus antípodas políticas.

Lamento mucho su deceso y de haber sido testigo del momento en que sufrió el grave deterioro de salud, pero también digo que hay personas que parece que eligieran el momento más apropiado para formar parte de lo que es una vieja costumbre del hombre, que en algún instante de su vida culmina con ella. Murió en la trinchera, en la lucha, haciendo lo que más le gustaba, es decir, defendiendo sus ideas políticas, hablando en el Senado de la República, con esas características tan particulares, con esa manera tan castellana de expresarse, en una circunstancia que no era de pasión, pero que estoy seguro que Julián habría recogido con tremendo sentimiento porque se trataba del homenaje a don Obdulio Jacinto Varela.

Digo con total franqueza que para mí fue un golpe tremendo presenciar aquella escena, que dudo alguna vez se nos borre de la mente. Honestamente, prefiero recordar al amigo personal en esa otra dimensión, en la que más que la lágrima supo arrancarnos -más de una vez y aun en la discrepancia política- la sonrisa. Es mucho más fácil hacer llorar que reír, sobre todo cuando se trata de un hombre que defiende con fervor sus ideas políticas. Precisamente, Julián tenía esa virtud, sin renunciar jamás a su filiación al Partido Nacional, a su carácter de blanco como hueso de bagual, pero, fundamentalmente, tenía opiniones muy personales e irrenunciables respecto a determinados temas. Lo hacía siempre de una manera tan particular, que era incapaz de provocar la irritación. Es más, despertaba el respeto por su forma de pensar, y en los momentos más increíbles, sabía arrancar lo más difícil -que quizá le esté faltando al Uruguay y a la humanidad- que valoro en los seres humanos y que tiene mucho que ver con lo que se piensa de los demás. El que vive de mal humor, no tiene un buen concepto del ser humano. Creo que Olascoaga tenía una visión optimista sobre la naturaleza humana, sobre su fibra íntima.

De manera que, por encima de las enormes diferencias políticas que teníamos con Julián Olascoaga, con mucha congoja hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y al Partido Nacional.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER. - Señor Presidente: en nombre del Partido Nacional y, específicamente, del Herrerismo, quiero agradecer las manifestaciones vertidas en Sala sobre el ex Senador Julián Olascoaga.

A las tan justas palabras que se han expresado, deseo agregar -ya que el señor Senador Caviglia ha hecho uso de la palabra en nombre del Partido Nacional, sobre todo del Herrerismo- que todos quedamos muy golpeados por la forma en que se despidió. No nos hubiera gustado ver la escena que se registró en esta Sala, en circunstancias en que hacía uso de la palabra dándonos una lección, tanto de conocimiento de fútbol como de historia y, fundamentalmente, de ser humano, que era la mejor forma de describirlo; pero ese momento que, en definitiva, a todos nos chocó, no deja de ser una linda ocasión para un político que, en nombre de su partido, pronunció sus últimas palabras en este recinto -ya que, después de su convalecencia, no pudo hablar más- haciendo un homenaje a un hombre de todo el Uruguay.

Reitero que, en nombre del Partido Nacional, deseo agradecer este justo homenaje que el Senado ha tributado a don Julián Olascoaga en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si me permiten, hago mías todas las expresiones de recuerdo que se pronunciaron sobre don Julián Olascoaga.

Fue un gran amigo -más allá de las coincidencias o discrepancias, que poco importan en estos momentos- un hombre a quien siempre sentimos cerca y solidario en ocasiones en que el país vivió situaciones duras y difíciles. El, a través de su esfuerzo y de su trabajo, estuvo buscando un medio de vida que, en cada uno de sus actos, lo elevaba. Por esa razón, más allá de que pueda habernos unido la amistad y nuestra relación en el Senado y fuera de él, también nos acercó nuestra particular característica respecto al humor, a veces no compartida por todos.

Creemos que su deceso constituye una pérdida importante para el país y el Partido Nacional, fundamentalmente porque se fue un hombre en el más cabal sentido de la palabra.

Se ha hecho llegar una moción a la Mesa expresando la voluntad del Senado en el sentido de que se realice un minuto de silencio en homenaje al ex Senador Olascoaga y de pasar la versión taquigráfica de las palabras vertidas en Sala a su familia y al Partido Nacional.

Se va a votar

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa invita al Senado y a la Barra a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en homenaje al ex Senador Olascoaga.

(Así se hace)

10) FONDOS DE INVERSION. Creación. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a considerar, según lo resolvió, el asunto que figura en noveno término del orden del día: "Discusión particular de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley por el que se crean los Fondos de Inversión. (Carp. Nº 144/95 - Rep. Nº 287/96)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 144/95
Rep. Nº 287/96

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

TITULO I

Características

CAPITULO UNICO

Caracteres y denominación

Artículo 1º. (Definición). - Fondo de Inversión es un patrimonio de afectación independiente, integrado por aportes de personas físicas o jurídicas bajo el régimen de la presente ley, para su inversión en valores y otros activos.

Los Fondos de Inversión no constituyen sociedades, carecen de personalidad jurídica y deben ser gestionados por una sociedad administradora de fondos a quien se atribuyen las facultades del dominio sin ser propietaria, para que, por cuenta de los aportantes, realice una adecuada composición de sus activos, considerando riesgos y rendimientos.

El patrimonio del Fondo no responderá por las deudas de los aportantes ni de las sociedades administradoras o depositarias.

Los acreedores del Fondo no podrán hacer efectivos sus créditos contra los aportantes, cuya responsabilidad se limita a sus aportaciones.

Art. 2º. (Denominación). - Cada Fondo tendrá una denominación seguida de la expresión "Fondo de Inversión", sus abreviaturas o siglas. La denominación podrá determinarse libremente, no pudiendo ser igual o semejante a la de otro preexistente.

Sólo podrán utilizar la expresión "Fondo de Inversión" aquellos que se organicen conforme a las prescripciones de la presente ley.

Art. 3º. (Propiedad e indivisión del patrimonio). - Los aportantes al Fondo de Inversión son copropietarios de los bienes que integran el patrimonio del mismo, los que permanecerán en estado de indivisión durante todo el plazo de su existencia.

La indivisión del patrimonio de un Fondo de Inversión no cesa a requerimiento de uno o varios de los copropietarios indivisos, sus herederos, causahabientes o acreedores, los cuales no pueden pedir su disolución durante el término establecido para su existencia en el reglamento del Fondo.

El fallecimiento, incapacidad, inhabilitación, quiebra, concurso civil, liquidación judicial, embargo o cualquier otra inhibición legal de un aportante no afectará al Fondo ni obstará a que la sociedad administradora continúe gestionando la alícuota de activos correspondiente al mismo.

Sin perjuicio de ello, los acreedores, representantes legales o cualquier otro legitimado podrán solicitar al Juez la realización de la participación por remate o por medio de corredor de bolsa, o en su caso, de la solicitud de rescate.

Art. 4º. (Representación de las participaciones). Las participaciones en un Fondo de Inversión podrán ser representadas en títulos negociables denominados cuotapartes al portador, nominativas o escriturales, con los caracteres materiales y las enunciaciones mínimas que el Banco Central del Uruguay establezca de conformidad con lo que estipula el Decreto-Ley Nº 14.701, de 12 de setiembre de 1977, y las leyes vigentes en la materia.

El registro de las cuotapartes normativas o escriturales emitidas estarán a cargo de la sociedad administradora o de la entidad que ésta designe.

TITULO II

Funcionamiento

CAPITULO

Sociedades administradoras de fondos de inversión

Artículo 5º. (Naturaleza jurídica). - Las sociedades administradoras de Fondos de Inversión deberán revestir la forma de sociedad anónima, por acciones nominativas o escriturables y tener por objeto exclusivo la administración de dichos Fondos.

Para funcionar requerirán autorización del Banco Central del Uruguay.

A efectos de otorgar la autorización referida al Banco Central del Uruguay atenderá a razones de legalidad.

Las instituciones de intermediación financiera regidas por el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus modificativas, y el Banco de la República Oriental del Uruguay, podrán constituir o integrar, como accionistas, sociedades administradoras de acuerdo con el régimen de la presente ley.

Art. 6º. (Capital accionario de las sociedades administradoras). - Estas sociedades deberán:

A) Declarar ante el Banco Central del Uruguay a quién pertenecen sus acciones, a los efectos de que el mismo lleve un registro actualizado de los propietarios.

B) Solicitar al Banco Central del Uruguay autorización para transferir sus acciones, precisando la identidad del nuevo titular. Al considerar tal solicitud, la resolución del Banco tendrá por fundamento razones de legalidad.

El Banco Central del Uruguay podrá declarar nulas las emisiones o transferencias que no cumplan con los requisitos estipulados en el presente artículo.

Tanto el registro en el Banco Central del Uruguay como las actuaciones referidas tendrán carácter reservado.

Art. 7º. (Capital mínimo). - El Banco Central del Uruguay fijará el capital mínimo que deberán mantener las sociedades administradoras, así como la forma en que se integrará.

Dicho capital deberá radicarse necesariamente en el país.

Art. 8º. (Representación de los copropietarios). - La sociedad administradora ejercerá la representación colectiva de los copropietarios indivisos en lo concerniente a sus intereses y respecto a terceros.

Art. 9º. (Independencia de los Fondos). - Una sociedad administradora podrá administrar varios Fondos de Inversión, debiendo en todo caso asegurar la total independencia patrimonial de cada Fondo. A tales efectos deberá adoptar las medidas necesarias incluyendo contabilidades separadas.

Las operaciones relativas al patrimonio de la sociedad administradora también se contabilizarán separadamente de las de cada Fondo.

Art. 10. (Información). - Las sociedades administradoras de Fondos de Inversión divulgarán en forma veraz, suficiente y oportuna, toda la información esencial respecto de sí mismas y de los Fondos que administran.

Se entiende por información esencial aquella que una persona diligente consideraría relevante para sus decisiones sobre inversión.

El Banco Central del Uruguay establecerá, de conformidad con las normas vigentes en materia de confidencialidad, el contenido de la información y los requisitos para su divulgación, con la finalidad de que los potenciales inversores dispongan de los elementos adecuados a los efectos de su decisión.

Art. 11. (Responsabilidades). - La sociedad administradora, sus representantes, directores, gerentes, administradores, síndicos y fiscales serán solidariamente responsables por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los cuotapartistas por incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes y del reglamento del Fondo.

Para el ejercicio de los cargos mencionados anteriormente así como para revertir la calidad de accionistas, regirán las inhabilitaciones previstas en e artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Art. 12. (Prohibiciones). - Las sociedades administradoras, sus directores, gerentes y síndicos no podrán adquirir o arrendar valores o bienes que integren el patrimonio de los Fondos de Inversión que administren ni enajenar o arrendar los suyos a éstos.

Los directores, gerentes y síndicos no podrán ocupar cargos de similar jerarquía en aquellas entidades cuyos valores o bienes fueren adquiridos por los Fondos de Inversión.

Asimismo, la sociedad administradora no podrá adquirir cuotas del o de los Fondos de Inversión que administre o que sean administrados por otras sociedades administradoras de Fondos de Inversión vinculadas directa o indirectamente a ella.

Art. 13. (Sindicatura). - Las sociedades administradoras de Fondos de Inversión deberán preceptivamente contar con un síndico u órgano de fiscalización. Los mismos están obligados a:

A) Suscribir la cuenta de resultados y los estados patrimoniales del Fondo en las épocas previstas en el reglamento del Fondo.

B) Denunciar al Banco Central del Uruguay las irregularidades en que pudiere haber incurrido la sociedad administradora.

Todo ello sin perjuicio de los deberes y responsabilidades que les asigna la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

El Banco Central del Uruguay podrá disponer la sustitución de la obligatoriedad del síndico por una auditoría externa, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 14. (Hechos relevantes). - La sociedad administradora del Fondo está obligada a divulgar, en forma suficiente y oportuna, todo hecho o acto relevante que pudiera influir significativamente en la cotización de las cuotapartes o en la decisión de los inversores de adquirir o negociar dichos valores.

CAPITULO II

Constitución del Fondo

Artículo 15. (Autorización y reglamento del Fondo). - La autorización de cada Fondo de Inversión será solicitada por la sociedad administradora ante el Banco Central del Uruguay, presentando el reglamento del Fondo, que regirá las relaciones entre la sociedad administradora con los copropietarios indivisos y las de éstos entre sí. Una vez aprobado el reglamento se entenderá automáticamente autorizado el Fondo.

Toda modificación al reglamento del Fondo deberá ser autorizada por el Banco Central del Uruguay.

Art. 16. (Contenido del reglamento del Fondo). - El reglamento del Fondo deberá contener:

A) Plazo de duración del Fondo, el cual podrá ser ilimitado.

B) La especificación de si el Fondo tendrá un monto máximo, en cuyo caso se expresará, o si el mismo será ilimitado. En uno u otro caso, se especificará si la suscripción o emisión de los montos se hará desde el inicio por el total o en tramos, indicando en este último caso los montos parciales, así como el procedimiento y la oportunidad de los aumentos.

C) El valor nominal y, si fuera el caso, la cantidad de cuotapartes, indicando si se solicitará su cotización en algún mercado de valores, nacional o extranjero.

D) La política de inversiones, indicando el tipo o tipos de activos en que se propone invertir y las metas propuestas.

E) Procedimientos de emisión y reembolso o rescate, especificando, si los hubiere, plazos y condiciones para los mismos.

F) Normas para la dirección, administración y representación del Fondo.

G) Criterios para la determinación de los resultados y su distribución entre los cuotapartistas.

H) Requisitos para la modificación del reglamento.

I) Normas para la disolución y liquidación del Fondo.

J) Régimen de comisiones y gastos por administración, custodia y otros servicios, si los hubiere, con expresión de sus límites.

Art. 17. (Entrega, recepción y adhesión al reglamento). - La suscripción de cuotapartes del Fondo deberá ir acompañada de la entrega al suscriptor del reglamento del Fondo y la constancia firmada por aquél de su recepción.

La suscripción implica, de pleno derecho, la adhesión al reglamento por el suscriptor.

Art. 18. (Otros requisitos). - El Banco Central del Uruguay podrá determinar montos mínimos para los Fondos, así como porcentajes máximos de participación por cuotapartista, cuando por las circunstancias del caso ello sea conveniente.

De hacer exigibles los requisitos mencionados el Banco Central del Uruguay fijará plazos para su cumplimiento.

CAPITULO III

Valuación y rescate

Artículo 19. (Valuación). - El Banco Central del Uruguay podrá fijar normas o criterios de valuación de las cuotapartes a los efectos de su suscripción o su rescate.

Art 20. (Rescate). - Los cuotapartistas tendrán derecho a exigir el rescate, cuando el plazo del Fondo fuere superior a quince años y no cotizare en Bolsa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 de la presente ley.

El rescate deberá verificarse obligatoriamente dentro de los diez días hábiles de formulado el requerimiento. El reglamento del Fondo podrá establecer plazos más prolongados, si la composición de la cartera del Fondo así lo justificare.

La obligación de efectuar el rescate sólo podrá quedar en suspenso, por un plazo no mayor de tres meses, en el caso que el mismo fuere nocivo por cualquier motivo para las inversiones realizadas y así se estableciere en el reglamento del Fondo.

Los cuotapartistas no tendrán, en ningún caso, derecho a exigir el rescate o reembolso en las especies que integran el patrimonio del Fondo, sea que aquél se verifique durante la vigencia del Fondo o al tiempo de su liquidación.

CAPITULO IV

Inversiones

Artículo 21. (Integración de las carteras). - Los activos de los Fondos de Inversión podrán estar compuestos por:

A) Valores inscriptos en el Registro de Valores del Banco Central del Uruguay.

B) Valores públicos nacionales o extranjeros.

C) Depósitos a la vista o a plazo fijo en empresas de intermediación financiera.

D) Valores emitidos y cotizados en mercados oficiales de terceros países, y que hayan sido autorizados por el órgano competente de dicho país.

E) Otros activos y valores que autorice el Banco Central del Uruguay.

Los valores cartulares y el dinero en efectivo no invertido, pertenecientes al Fondo, deberán depositarse en aquellas empresas que autorice el Banco Central del Uruguay.

Art. 22. (Políticas de inversiones). - El Banco Central del Uruguay podrá dictar normas generales de políticas o criterios en materia de inversiones, a las que deberán ajustarse las sociedades administradoras de los Fondos.

Dichas normas podrán contener:

A) El máximo porcentaje del Fondo que podrá invertirse en valores de un mismo emisor o grupo económico.

B) El máximo porcentaje de valores de un mismo emisor o grupo económico que podrá ser adquirido por un Fondo de Inversión.

C) El porcentaje mínimo del haber del Fondo que deberá invertirse en valores de renta fija y variable.

D) El máximo porcentaje de depósitos en instituciones de intermediación financiera del exterior o valores extranjeros.

No se podrá invertir en valores mobiliarios emitidos por la sociedad administradora, por sus sociedades controlantes o controladas, o en cuotapartes de otros Fondos de Inversión administrados por la misma sociedad administradora o sus vinculadas directa o indirectamente.

CAPITULO V

Plazo y prórroga

Artículo 23. (Prórroga del plazo de duración del Fondo). - Si el Fondo de Inversión se constituyera con tiempo determinado de duración el reglamento del Fondo podrá prever que, al menos ciento ochenta días antes de la expiración del plazo por el que se constituyó el Fondo, una asamblea de cuotapartistas resuelva su prórroga.

Los cuotapartistas que voten en contra de lo resuelto por la asamblea podrán solicitar el rescate de sus cuotapartes, las que les serán reintegradas en los términos previstos en el reglamento.

A la asamblea de cuotapartistas se le aplicarán, respecto de quórum y mayorías, las disposiciones de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, relativas a la asamblea extraordinaria.

TITULO III

Regulación y control

CAPITULO UNICO

Regulación, control y sanciones

Artículo 24. (Regulación). - Dentro del ámbito de sus competencias, el Banco Central del Uruguay dictará las normas generales e instrucciones particulares a las que deberán sujetarse los Fondos de Inversión y sus respectivas sociedades administradoras y sociedades depositarias.

Art. 25. (Organo de fiscalización). - El Banco Central del Uruguay tendrá a su cargo el registro y fiscalización de las sociedades administradoras y sociedades depositarias de Fondos de Inversión, conforme a las prescripciones de la presente ley y su reglamentación.

Art. 26. (Potestades). - Para cumplir con todos los cometidos asignados por la presente ley, el Banco Central del Uruguay tendrá las facultades que le confiera el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus modificativas.

Art. 27. (Sanciones y medidas). - En los casos en que se constaten transgresiones a la presente ley por parte de las sociedades administrativas de Fondos de Inversión serán de aplicación, en lo pertinente, los artículos 20 a 24 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y modificativas.

TITULO IV

Disposiciones generales

CAPITULO UNICO

Artículo 28. (Secreto profesional). - Será de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 15 y 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Art. 29 . (Disposición transitoria). - Las sociedades comprendidas por las disposiciones de la presente ley, que se encuentren en funcionamiento a la fecha de su promulgación, dispondrán de un plazo de 180 (ciento ochenta) días para adecuarse a la misma.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de agosto de 1996.

Jorge Machiñena Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

INFORME

Al Senado:

El presente Informe se divide en dos Capítulos: una reseña explicativa de las modificaciones parciales introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de Fondos de Inversión y, luego, la recomendación de esta Comisión, en mérito a lo anterior.

I - Modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes

(se mencionan sólo los artículos con modificaciones)

Artículo 1º. Inciso 1: Se define al Fondo como "patrimonio de afectación independiente".

Mejora la redacción, haciéndola más precisa.

Inciso 2): a) Se sustituye "personería" por "personalidad".

No cambia la sustancia.

b) Se califica a la sociedad administradora: "...a quien se atribuyen las facultades del dominio sin ser propietaria...".

Esta frase, extraída de la ley española, puede -sin otra explicación- generar dudas acerca de su alcance. Sin embargo, habida cuenta de que la aclaración puede hacerse por vía reglamentaria, no parece justificable prolongar el trámite de aprobación por este punto.

c) De la expresión: "...por cuenta y riesgo de los aportantes...", se eliminó lo último.

Se ignora el motivo. No mejora el texto, pero del conjunto del proyecto queda claro a quién corresponden los riesgos.

d) Se añadió una frase final sobre los objetivos de la Sociedad Administradora:

"...realice una adecuada composición... etc.".

-No modifica la sustancia.

Inciso 3 y 4: Son in totum aditivos de la Cámara de Representantes.

Deben estimarse como positivos, al precisar más las relaciones jurídicas de y con el Fondo.

Artículo 3º. Inciso 3: Aditivo.

Por las razones expuestas, se considera que perfecciona el texto.

Inciso 4: Aditivo.

Por un lado, innova sobre el derecho vigente permitiendo la ejecución judicial "por medio de corredor de bolsa". No es una fórmula que dé totales garantías al sujeto pasivo, pero como será potestativa del Juez, éste siempre optará por el camino conocido del remate.

La frase final, que parece apuntar a una realización judicial "de la solicitud de rescate" es incomprensible y como tal, probablemente será letra muerta.

Nuevamente, aunque las modificaciones son, por lo menos discutibles, sus efectos serán casi inexistentes, no justificando su rechazo y la prolongación del trámite.

Artículo 4º. a) Hace potestativa la representación de cuotapartes en títulos y específica que los mismos pueden ser negociables.

No cambia la sustancia, ya estaba implícito en los textos.

b) Se declara que a los títulos les será aplicable el Decreto-Ley Nº 14.701.

Es obvio. Ya estaba implícito en los textos.

Artículo 13. Inc. final aditivo: Permite al Banco Central del Uruguay sustituir al síndico para una auditoría externa.

No cambia la sustancia y significa una flexibilización razonable.

Artículo 20. Inciso 1 aditivo: Da derecho al rescate "cuando el plazo del Fondo fuere superior a 15 años y no cotizare en Bolsa...".

No se perciben los motivos para justificar por qué el Legislador deba meterse a establecer esta limitación. Pero como el mismo inciso añade que lo anterior es "sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23...", la efectividad del cambio se ve algo matizada.

Incisos 2 y 3: Reglamenta y -en parte- diluye lo anterior.

No es un aditivo que mejore los textos, ni es dable suponer que ayude a la utilidad del instrumento financiero.

La práctica dirá si en el futuro no resultará aconsejable despejar esta limitante a la libertad de contratación.

Artículo 22. Literales A) y B): Se sustituyó "y/o" por "o".

Son alteraciones intrascendentes.

Artículo 23. En el inciso 3 fue eliminado el nombre de la Ley Nº 16.060.

Igualmente intrascendente.

Artículo 24. Se incluye a las "sociedades depositarias" en las que caerían bajo las competencias del Banco Central del Uruguay.

El punto ya estaba previsto por la Ley de Mercado de Capitales.

II. - Como el Cuerpo podrá apreciar, si bien vuestra Comisión no comparte todas las iniciativas de la Cámara de Representantes, los puntos de discrepancia se revisten una magnitud que justifique reenviar el proyecto a ésta, dilatando -con resultado incierto- la creación de un instrumento relevante para el fomento del ahorro y la inversión en nuestro país.

Sala de la Comisión, 29 de agosto de 1996.

Ignacio Posadas Montero (Miembro Informante), Néstor Andrade, Danilo Astori, Jorge Batlle, Alberto Couriel, Hugo Fernández Faingold, Luis Hierro López. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: no es del caso que volvamos a referirnos a todo el proyecto de ley en su conjunto, su contenido, su estructura y sus virtudes. Básicamente, el Senado debe resolver si -como dice la Constitución de la República- se conforma o no con las modificaciones introducidas por la Cámara Baja.

Al respecto, la Comisión de Hacienda, por unanimidad, elevó un informe bastante conciso y claro. A continuación, no me voy a referir a todas las modificaciones -porque algunas son de muy escasa entidad- sino a dos o tres puntos, que sí revisten mayor relevancia.

En primer lugar, la Cámara de Representantes introdujo, diría, dos órdenes de modificaciones al artículo 1º. En los incisos primero, tercero y cuarto formuló modificaciones, a nuestro juicio, positivas, que apuntan a dibujar con mayor nitidez y delimitar más claramente como patrimonios independientes. En este sentido, creo que se refuerza la figura y, por supuesto, se continúa con la línea esencial de lo que, en su momento, el Senado había legislado, perfeccionando la iniciativa de manera ventajosa.

A su vez, la Cámara de Representantes introdujo una modificación en el inciso segundo de este mismo artículo, con relación a las sociedades administrativas. En este caso, el cambio no nos parece tan feliz o positivo como los que señalamos anteriormente. Allí, la Cámara Baja introdujo una frase extraída de la legislación española al hablar de las sociedades administrativas, diciendo que estas son "a quien se atribuyen las facultades del dominio sin ser propietaria". Nos parece que se trata de una expresión que colgada y en el vacío, no perfecciona la figura jurídica. Inclusive, puede dar lugar a interpretaciones un tanto confusas, pero que no llegan a afectar la esencia de la definición y de la estructura básica de los Fondos de Inversión contenidos en el artículo 1º. Si bien es algo que nosotros no hubiéramos propuesto desde el inciso, tampoco constituye una modificación que per se justifique rechazar o dilatar la aprobación de este proyecto de ley.

La otra modificación de entidad, a juicio de la Comisión de Hacienda, está dada al artículo 20 de la iniciativa. En esta disposición, la Cámara de Representantes introdujo una modificación en cuanto a los mecanismos de rescate de las cuotapartes. Digamos que avanzó sobre la libertad de contratación, estableciendo una disposición limitativa, básicamente, en el inciso primero de esta norma, que dice que: "Los cuotapartistas tendrán derecho a exigir el rescate, cuando el plazo del Fondo fuere superior a quince años y no cotizare en Bolsa". Luego, en los siguientes dos incisos, se precisa, de alguna manera, esa limitante que, reitero, introduciría el Legislador a la libertad de contratación. El último inciso de este artículo es el que venía en la redacción original del Senado.

Pensamos que no se trata de una innovación que sea del todo feliz. Creemos que no es una materia -lo que las partes pudieran pactar entre sí- que justifique o invite con suficiente fundamento al Legislador a limitar la libertad de comercio.

Se trata de un instituto novedoso para nuestro Derecho, por lo que la experiencia dirá si la práctica de este sistema lo verá como una cortapisa o una limitante y si más adelante va a ser o no necesario modificar este aspecto, desregularlo y volver al esquema más libre de la redacción original. No obstante, nuevamente aquí, nos parece que no se trata de una modificación que amerite un rechazo o una dilatoria a la aprobación de este instrumento jurídico.

Señor Presidente: el resto de las modificaciones, como consta en el Informe de la Comisión de Hacienda, son de una entidad relativa. En algunos casos, mejoran un poco el texto, mientras que en otros, son más bien intrascendentes. De todas maneras, reitero, no son relevantes.

Por esos motivos, la Comisión de Hacienda -reitero que por unanimidad- recomienda al Cuerpo conformarse con las modificaciones venidas de la Cámara de Representantes, dando su aprobación al proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - No hay discusión general, por lo que única y exclusivamente se va a votar si se aceptan o no las modificaciones formuladas por la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

11) ACUERDO SOBRE LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE LAS INVERSIONES SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FRANCESA. Aprobación. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en sexto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones suscrito entre nuestro país y la República Francesa. (Carp. Nº 234/95 - Rep. Nº 228/96)".

"Carp. Nº 234/95
Rep. Nº 228/96

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 25 de abril de 1995.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Dr. Hugo Batalla

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a consideración de ese Alto Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, numeral 20 y 85, numeral 7, de la Constitución de la República de las Inversiones, suscrito entre nuestro país y la República Francesa, en París, el 14 de octubre de 1993.

El Convenio se enmarca dentro de los esfuerzos realizados por el País para estimular las inversiones extranjeras, garantizando las mismas dentro de los parámetros utilizados actualmente en la legislación internacional.

Su articulado propende a la creación de condiciones favorables para las inversiones de capital de los nacionales o sociedades de un Estado en el territorio del otro.

El artículo 1º define el alcance de los términos "inversiones", "nacionales", "sociedades", "rentas" y "zonas marítimas". El mismo prevé el caso de doble nacionalidad, excluyéndose así del Acuerdo las inversiones de personas físicas que sean nacionales de las dos Partes Contratantes, salvo que dichas personas se domicilien fuera del territorio de la Parte Contratante donde se efectúe la inversión. Cabe destacar la disposición contenida en el Protocolo que compone este Acuerdo, que contiene parámetros para la constitución de pruebas para sociedades a la que se soliciten las mismas y que complementa la definición del artículo 1º.

Los artículos 2º y 3º establecen los principios generales de admisión, promoción y protección de las inversiones de ambas Partes, garantizándose un "tratamiento justo y equitativo". El literal b) del Protocolo adicional detalla restricciones consideradas como obstáculos para el tratamiento justo y equitativo a las inversiones de la otra Parte, entendiéndose por tales las restricciones que se puedan imponer a compras, ventas o transporte de productos y medios de producción.

La garantía de protección otorgada se extiende en el artículo 4º al tratamiento "de la Nación más Favorecida" para las personas físicas y jurídicas de ambas Partes, asegurándoseles las facilidades materiales apropiadas para el ejercicio de sus actividades profesionales. Se excluyen de este tratamiento los privilegios que las Partes Contratantes otorguen a nacionales y sociedades en virtud de acuerdos de integración regional o en materia de doble imposición.

La indemnización por expropiación, principio largamente vigente en nuestro Derecho Positivo, es recogida en el artículo 5º y constituye sin duda una de las principales garantías que se ofrecen mutuamente las Partes.

El artículo 6º asegura la libre transferencia de fondos, incluyendo intereses, regalías, pagos de todo tipo, indemnizaciones, etc., lo cual, como en el caso anterior, también se compadece con las disposiciones de nuestro Derecho interno.

Las garantías que una de las Partes desee constituir para una o varias inversiones específicas no se encuentran inhibidas por la existencia y aplicación del Acuerdo. En caso que una de las Partes constituya una garantía para la inversión de uno de sus nacionales o sociedades -y como es usual en este tipo de contrato- la Parte Contratante que efectúe un pago en virtud de una garantía existente se subroga en el derecho de reclamación que correspondiera al nacional o sociedad reclamante (artículo 7º).

Las controversias que eventualmente se generen entre una de las Partes Contratantes y un nacional o una sociedad de la otra Parte Contratante, y un nacional o una sociedad de la otra Parte Contratante, con relación a una inversión, serán sometidas a los órganos jurisdiccionales de la Parte Contratante involucrada en la misma o, alternativamente, a elección del inversor, a arbitraje internacional. En tal caso, el mismo queda a cargo de: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, creado por la Convención sobre el tema suscrita en Washington, el 18 de marzo de 1965; o un tribunal ad-hoc, formado según el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. El procedimiento ofrece las mayores garantías para arribar a una solución de controversias imparcial y justa (artículo 8º).

En el mismo sentido, el artículo 10 se refiere a controversias relativas a la interpretación o aplicación del Acuerdo, las que serán resueltas por vía diplomática, o pasados seis meses y a solicitud de una de las Partes, por un Tribunal arbitral formado de común acuerdo o con una posible intervención del Secretario General de las Naciones Unidas, todo lo cual asegura que se alcance una solución justa y equitativa.

Las controversias surgidas con anterioridad a la firma del presente Convenio no están comprendidas en el mismo, según lo previsto en el Protocolo adicional, in fine.

Por último, el artículo 9º salvaguarda de la aplicación del Acuerdo a las inversiones que sean objeto de un convenio especial, sin perjuicio de los términos del presente Acuerdo y siempre que el convenio especial contenga disposiciones más favorables que las previstas en el mismo.

Se establece una duración inicial de diez años, beneficiándose de la protección contenida en este Convenio las inversiones efectuadas durante su vigencia, por un período complementario de veinte años.

Teniendo en cuenta la importancia otorgada por nuestro país al fomento de las inversiones, el presente Acuerdo con Francia, que constituye un aliciente y garantía para las inversiones proveniente de esa Nación, resulta un instrumento fundamental en nuestras relaciones con la República Francesa y acorde con los objetivos del Uruguay en esta materia, por lo cual se solicita la aprobación del mismo por parte de ese Alto Cuerpo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Dante Ramos, Luis A. Mosca.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Francesa sobre la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones, suscrito en París, el 14 de octubre de 1993.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Dante Ramos, Luis A. Mosca.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA FRANCESA SOBRE LA PROMOCION Y PROTECCION
RECIPROCAS DE LAS INVERSIONES

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Francesa, en adelante denominados "las Partes Contratantes".

Deseando fortalecer la cooperación económica entre los dos Estados, creando así condiciones favorables para las inversiones francesas en Uruguay y uruguayas en Francia.

Reconociendo que la promoción y la protección de dichas inversiones, conforme al Derecho Internacional, servirán de estímulo a la transferencia de capitales y de tecnología entre los dos países, en el interés de su desarrollo económico,

han acordado lo siguiente

ARTICULO 1º

Para los fines del presente Acuerdo:

1. El término "inversiones" designará los activos tales como bienes, derechos e intereses de todo tipo y, en particular, aunque no exclusivamente:

a) los bienes muebles e inmuebles, así como todo derecho real, tales como derechos de propiedad, hipotecas, privilegios, usufructo, y derechos análogos, tales como cauciones;

b) las acciones, primas de emisión y otras formas de participación, aún minoritarias o indirectas, en las sociedades constituidas en el territorio de una de las Partes Contratantes;

c) las obligaciones, créditos y derechos a cualquier prestación que posea valor económico;

d) los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial tales como patentes de invención, licencias, marcas registradas, modelos y diseños industriales, los procedimientos técnicos, los nombres comerciales y la clientela;

e) las concesiones otorgadas por ley o en virtud de un contrato o por organismos de derecho público, en particular las relativas a la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales, incluidas aquellas que se encuentren en las zonas marítimas de las Partes Contratantes.

Deberá entenderse que los mencionados activos deben ser o haber sido invertidos conforme a la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio o en cuyas zonas marítimas se ha efectuado la inversión, antes o después de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

Cualquier modificación de la forma de inversión de los activos no afectará su calidad de inversión, a condición de que esta modificación no resulte contraria a la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio o en cuyas zonas marítimas se realice la inversión.

2. El término "nacionales" designará a las personas físicas que posean la nacionalidad de una de las Partes Contratantes, de acuerdo a sus respectivas legislaciones. El presente Acuerdo no se aplica a las inversiones de personas físicas que son nacionales de las dos Partes Contratantes, salvo si dichas personas están o estaban domiciliadas fuera del territorio de la Parte Contratante donde se efectuó la inversión, en el momento de realizar la misma.

3. El término "sociedades" designará a toda persona jurídica constituida en el territorio de una de las Partes Contratantes, conforme a su legislación, que posea su sede social en ese lugar, o que sea controlada directa o indirectamente por nacionales de una de las Partes Contratantes, o por personas jurídicas que hayan establecido su sede social en el territorio de una de las Partes Contratantes y que hayan sido constituidas de acuerdo a su legislación.

4. El término "rentas" designará todas las sumas producidas por una inversión, tales como beneficios, regalías o intereses, durante un período determinado.

Las rentas producidas por la inversión y, en caso de tratarse de una reinversión, las rentas de la reinversión, gozarán de la misma protección que la inversión.

5. La expresión "zonas marítimas" se referirá a las zonas marinas y submarinas sobre las cuales las Partes Contratantes ejercen, de acuerdo al Derecho Internacional, su soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.

ARTICULO 2º

Cada una de las Partes Contratantes se compromete a admitir y promover, conforme a su legislación y a las disposiciones del presente Acuerdo, las inversiones efectuadas por los nacionales y las sociedades de la otra Parte en su territorio y en sus zonas marítimas.

ARTICULO 3º

Cada una de las Partes Contratantes se compromete a garantizar, en su territorio y en sus zonas marítimas, un tratamiento justo y equitativo a las inversiones efectuadas por nacionales y sociedades de la otra Parte Contratante, y a actuar de manera tal que el ejercicio del derecho así reconocido no se vea obstaculizado ni de hecho ni de derecho.

ARTICULO 4º

Cada Parte Contratante asegurará, en su territorio y en sus zonas marítimas, a los nacionales y sociedades de la otra Parte, en lo que se refiere a sus inversiones y a las actividades vinculadas a estas inversiones, el tratamiento que le otorga a sus nacionales y sociedades, o a los nacionales y sociedades de la Nación más Favorecida, si este último resultare más ventajoso. Por esta razón, los nacionales autorizados a trabajar en el territorio y en las zonas marítimas de una de las Partes Contratantes gozarán de las facilidades materiales apropiadas al ejercicio de sus actividades profesionales.

No obstante, este tratamiento no se hará extensivo a los privilegios que una Parte Contratante otorgue a los nacionales y sociedades de un tercer Estado, en virtud de su participación o asociación a una zona de libre comercio, a una unión aduanera, a un mercado común o a cualquier otra forma de organización económica regional.

El presente artículo no se aplica a las ventajas que una de las Partes Contratantes acuerde a los nacionales y sociedades de terceros Estados en virtud de una convención destinada a evitar la doble imposición o de cualquier otra convención en materia tributaria.

ARTICULO 5º

1. Las inversiones efectuadas por nacionales o sociedades de una u otra de las Partes Contratantes se beneficiarán, en el territorio y en la zona marítima de la otra Parte Contratante, de plena protección y seguridad.

2. Las Partes Contratantes no tomarán medidas de expropiación o de nacionalización o cualquier otra medida cuyo efecto sea el de desposeer, directa o indirectamente, a los nacionales y sociedades de la otra Parte, de las inversiones que les pertenecen, en su territorio y en su zona marítima, salvo en caso de que estas medidas resulten de utilidad pública y a condición de que no sean discriminatorias, ni contrarias a un compromiso particular asumido por la Parte Contratante involucrada.

Cualquier medida de expropiación mencionada dará lugar al pago de una pronta y adecuada indemnización, cuyo monto, calculado en base al valor real de las inversiones en cuestión, deberá corresponder a la situación económica inmediatamente anterior a la fecha en que esas medidas se han dado a conocer públicamente o se han hecho efectivas.

Dicha indemnización, su monto y su modalidad de pago, deberán ser estipulados, a más tardar, en el momento de la expropiación. Esta indemnización deberá ser efectivamente realizable, pagadera sin demoras y libremente transferible. Producirá, hasta la fecha de pago, intereses calculados en base a la tasa de interés oficial de los derechos especiales de giro (DEG) fijados por el Fondo Monetario Internacional.

3. Los nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes cuyas inversiones hayan sufrido pérdidas a causa de una guerra o de cualquier otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional o revuelta acaecidos en el territorio o en las zonas marítimas de la otra Parte Contratante, se beneficiarán, de parte de esta última, de un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios nacionales o sociedades o a los de la Nación más Favorecida, en particular, en materia de indemnizaciones.

ARTICULO 6º

Cada Parte Contratante, en cuyo territorio o zona marítima se hayan efectuado inversiones por nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, acordará a estos nacionales o sociedades, la libre transferencia de:

a) intereses, dividendos, beneficios y otras ganancias corrientes;

b) regalías derivadas de los derechos incorporales, mencionados en el párrafo 1, incisos d) y e) del artículo 1º;

c) pagos efectuados para el reembolso de préstamos regularmente contratados;

d) el producido de la cesión o de la liquidación total o parcial de las inversiones, incluidas las plusvalías del capital invertido;

e) indemnizaciones por expropiaciones o por pérdidas previstas en el artículo 5º, párrafos 2 y 3.

Los nacionales de cada una de las Partes Contratantes, autorizados para trabajar en el territorio o en las zonas marítimas de la otra Parte Contratante, en virtud de una inversión convenida, estarán igualmente autorizados a transferir a su país de origen su remuneración.

Las transferencias mencionadas en los párrafos precedentes deberán efectuarse sin demoras y serán calculadas en base al tipo de cambio normal oficialmente aplicable en la fecha en que se realice la transferencia.

ARTICULO 7º

1. En la medida que la reglamentación de una de las Partes Contratantes prevea una garantía para las inversiones efectuadas en el extranjero, ésta podrá ser acordada, en el marco del examen, caso por caso, a las inversiones efectuadas por nacionales o sociedades de dicha Parte, en el territorio o en las zonas marítimas de la otra Parte.

2. Las inversiones de nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes en el territorio o en las zonas marítimas de la otra Parte no podrán gozar de la garantía arriba mencionada si no han obtenido previamente la aprobación de esta última Parte.

3. Si una de las Partes Contratantes ha efectuado pagos a uno de sus nacionales o de sus sociedades, en virtud de una garantía otorgada para una inversión realizada en el territorio o en las zonas marítimas de la otra Parte, quedará, como consecuencia de ese hecho, subrogada en los derechos y acciones que correspondan a ese nacional o a esa sociedad.

Los pagos arriba mencionados no afectarán los derechos del beneficiario de la garantía para entablar o proseguir las acciones previstas en el artículo 8º del presente Acuerdo.

ARTICULO 8º

1. Toda controversia relativa a las inversiones que pudiera surgir entre una de las Partes Contratantes y un nacional o una sociedad de la otra Parte Contratante, deberá ser solucionada, toda vez que sea posible, en forma amigable entre las dos Partes involucradas.

2. Si la controversia no ha sido solucionada dentro de un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que haya sido promovida por una u otra de las Partes involucradas, deberá ser sometida, a solicitud del inversor, sea:

- a las jurisdicciones nacionales de la Parte Contratante involucrada en la controversia; o

- al arbitraje internacional, conforme a lo establecido en el párrafo 3 siguiente.

Una vez que el inversor haya sometido la controversia al arbitraje internacional, la elección de este procedimiento tendrá un carácter definitivo y no hará posible continuar con otro procedimiento. Si el inversor ha sometido el caso a las jurisdicciones nacionales de la Parte Contratante involucrada en la controversia, el recurso al arbitraje internacional no será posible en los siguientes casos:

a) si el inversor no ha desistido del procedimiento judicial antes de la sentencia;

b) si la sentencia de la jurisdicción-competente es conforme a las disposiciones del presente Acuerdo. Si la sentencia es considerada como no ajustada a las disposiciones del presente Acuerdo, el Tribunal arbitral resolverá previamente sobre dicha conformidad.

3. En caso de recurrirse al arbitraje internacional, la controversia podrá ser sometida, a elección del inversor, a uno de los órganos de arbitraje designados a continuación:

a) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), creado por la Convención sobre el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados y abierto a la firma en Washington, el 18 de marzo de 1965, siempre que las dos Partes hayan adherido a esta Convención;

b) a un tribunal arbitral ad-hoc de tres miembros, establecido según el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Si el Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya es nacional de alguna de las Partes Contratantes o si, por cualquier otra razón, se encuentra impedido para ejercer la función que le confiere el artículo 7º del Reglamento de la CNUDMI, cualquiera de las Partes en la controversia podrá solicitar al Presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de Estocolmo que ejerza dicha función.

4. El órgano de arbitraje resolverá basándose en las disposiciones del presente Acuerdo, en los términos de eventuales acuerdos particulares que se hubieren concluido sobre la inversión, en los principios del Derecho Internacional en la materia, así como en el derecho de la Parte Contratante involucrada en la controversia, incluidas las normas relativas a conflictos de leyes.

5. Las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias para las partes en la controversia. Cada una de las Partes Contratantes se compromete a hacerlas efectivas.

6. Ninguna de las Partes Contratantes brindará protección diplomática o formulará una reclamación internacional respecto a una controversia que uno de sus nacionales o sociedades y la otra Parte Contratante hubieran sometido a los procedimientos previstos en el presente artículo, a menos que dicha Parte Contratante no haya ejecutado o respetado la sentencia dictada con motivo de la controversia.

Para la aplicación del párrafo precedente, el término "protección diplomática" no se refiere a los procedimientos diplomáticos habituales, tendientes sólo a facilitar la solución de las controversias.

ARTICULO 9º

Las inversiones que hayan sido objeto de un convenio especial entre una de las Partes Contratantes y los nacionales y sociedades de la otra Parte Contratante serán regidas, sin perjuicio de las disposiciones del presente Acuerdo, por los términos de ese convenio, en la medida que éste incluya disposiciones más favorables que las previstas por el presente Acuerdo.

ARTICULO 10

1. Toda controversia relativa a la interpretación o a la aplicación de este Acuerdo deberá ser solucionada, toda vez que sea posible, por la vía diplomática.

2. Si en un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que ha sido promovida por una u otra de las Partes Contratantes, la controversia no ha sido solucionada, deberá ser sometida, a solicitud de una de las Partes Contratantes, a un Tribunal arbitral.

3. Dicho Tribunal será constituido, para cada caso particular, de la siguiente manera:

Cada Parte Contratante designará un miembro, y los dos miembros designarán a su vez, de común acuerdo, a un nacional de un tercer Estado que será nombrado Presidente por las dos Partes Contratantes. Todos los miembros deberán ser designados en un plazo de tres meses a contar de la fecha en que una de las Partes Contratantes haya comunicado a la otra Parte Contratante su intención de someter la controversia al arbitraje.

4. Si los plazos establecidos en el párrafo 3 precedente no han sido respetados, cualquiera de las Partes Contratantes, en ausencia de otro acuerdo, invitará al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas a que proceda a efectuar las designaciones necesarias. Si el Secretario General fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o si, por cualquier otra razón, estuviere impedido de ejercer esta función, el Secretario General Adjunto más antiguo que no fuere nacional de ninguna de las Partes Contratantes procederá a las designaciones necesarias.

5. El Tribunal arbitral decidirá por mayoría de votos. Estas decisiones serán definitivas y ejecutorias de pleno derecho para las Partes Contratantes.

El Tribunal elaborará su propio reglamento, interpretará la sentencia a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes. A menos que el Tribunal lo disponga de otra manera, teniendo en cuenta circunstancias particulares, los gastos del procedimiento arbitral, incluidos los honorarios de los árbitros, serán sufragados por partes iguales por las Partes.

ARTICULO 11

Cada una de las Partes Contratantes notificará a la otra el cumplimiento de los procedimientos internos que se requieren para la entrada en vigor del presente Acuerdo, la que tendrá lugar un mes después de la fecha de recepción de la última notificación.

El Acuerdo tendrá una duración inicial de diez años. Permanecerá en vigor luego de ese plazo, a menos que una de las Partes lo denuncie, por vía diplomática, con un preaviso de un año.

Al vencimiento del período de validez del presente Acuerdo, las inversiones efectuadas durante su vigencia, continuarán beneficiándose de la protección de sus disposiciones durante un período complementario de veinte años.

Hecho en París, el catorce de octubre de mil novecientos noventa y tres, en dos originales, en español y en francés, siendo los dos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la
República Oriental
del Uruguay
Dr. Ignacio De Posadas
Por el Gobierno de la
República Francesa

Edmond Alphandery

PROTOCOLO

a) Con referencia al artículo 1 :

Las personas jurídicas referidas en el artículo 1º, párrafo 3 del presente Acuerdo podrán ser llamados a presentar pruebas del referido control para ampararse a las disposiciones del presente Acuerdo. A vía de ejemplo, podrán constituir elementos de prueba:

a) la calidad de filial de una persona jurídica constituida conforme a la legislación de una de las Partes Contratantes;

b) la posesión de un porcentaje de participación directa o indirecta en el capital de una persona jurídica constituida conforme a la legislación de una de las Partes Contratantes y que haga posible el ejercicio de un control efectivo;

c) la posesión de derechos de voto o la representación en órganos directivos que hagan posible un control efectivo.

b) Con referencia al artículo 3º:

Son considerados obstáculos de hecho o de derecho al tratamiento justo y equitativo, cualquier restricción a la compra y al transporte de materias primas y derivados, de energía o combustibles, así como medios de producción y de explotación de todo tipo; cualquier obstáculo a la venta y al transporte de productos dentro del país y al extranjero, así como cualquier otra medida que produzca un efecto análogo;

c) Con referencia al artículo 5º:

Las Partes Contratantes se comprometen a examinar con benevolencia, de acuerdo a su legislación interna vigente, las solicitudes de entrada y de autorización de estadía, de trabajo, y de circulación presentada por nacionales de una Parte Contratante, en virtud de una inversión realizada en el territorio o en la zona marítima de la otra Parte Contratante.

d) Las disposiciones del Acuerdo firmado en el día de la fecha, entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Francesa, no se aplicarán a las controversias que hayan surgido con anterioridad a dicha firma.

Dr. Ignacio De Posadas Edmond Alphandery

 

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales, aconseja la aprobación del proyecto de ley del Acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones, suscrito entre la República Oriental del Uruguay y la República Francesa.

1. - El Mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña a dicho Tratado, nos exime del análisis detallado de sus normas.

2. - Por otra parte, salvo en algunas cuestiones de detalle, no hace sino reiterar el contenido de otros que, en lo que tiene que ver con las materias de que se trata, el que aquí se informa, han venido siendo suscritos por la República.

Así, el celebrado con la República Federal de Alemania, ratificado por la Ley Nº 16.110, de 25 de abril de 1990, que es el primero de varios de análoga naturaleza celebrados por la República en esta década.

3. - Quizás como particularidades del Acuerdo puedan mencionarse las siguientes:

A) Que no se aplicará a las inversiones realizadas por personas físicas que sean nacionales de ambas Partes Contratantes (Art. 1º).

B) Que en lo concerniente "a la concesión de un trato no menos favorable", es decir, la aplicación de la cláusula de la "Nación más favorecida", al que cualquiera de las Partes conceda a nacionales o sociedades de "un tercer Estado", ese tratamiento no se hará extensivo a los privilegios que una Parte Contratante otorgue a los nacionales o sociedades de un tercer Estado, en virtud de su participación o asociación a una zona de libre comercio, a una unión aduanera, a un mercado común o a cualquier otra forma de organización económica regional. Se extiende el mismo criterio para las convenciones relacionadas con la materia tributaria (Art. 4º).

4. - Con respecto a las controversias relativas a la interpretación o a la aplicación del Acuerdo, las mismas deberán, siempre que sea posible, por la llamada "vía diplomática"; y posteriormente, a la "vía arbitral". (Art. 10).

En cuanto a las controversias relativas a las inversiones, que pudieran surgir entre una de las Partes Contratantes, y un nacional o sociedad de la otra Parte Contratante, quedarán sujetas al procedimiento previsto en el Acuerdo (Art. 8º).

En otro orden, se debe señalar que, si las disposiciones del Convenio son más favorables que las establecidas en la Ley Nº 16.110, se aplicarán éstas; por el contrario, si las disposiciones de la ya citada ley son más favorables, se aplicarán para regular las diferencias que se susciten (cláusula más favorecida). (Art. 4).

Sala de la Comisión, 23 de mayo de 1996.

Pablo Millor (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos M. Garat, Reinaldo Gargano (Discorde), Rafael Michelini, Carlos Julio Pereyra, Américo Ricaldoni. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: sobre este proyecto de ley, nos remitimos a un informe escrito, contenido en el Repartido Nº 228/96, y a un debate realizado con fecha 4 de junio de 1996.

12) OLGA BANEGAS. Pensión graciable. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el proyecto de ley por el que se concede pensión graciable a la señora Olga Banegas. (Carp. Nº 439/96 - Rep. Nº 275/96).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 439/96
Rep. Nº 275/96

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Concédese una pensión graciable, equivalente a cuatro Salarios Mínimos Nacionales, a las señoras Olga Banegas, María Luisa Balbi, Nelly Gubitosi y Nilda Gubitosi y al señor Wilfredo Toamarán.

Art. 2º. - La erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de mayo de 1996.

Jorge Machiñena Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha considerado el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, por el que se concede una pensión graciable a quienes fueron impulsores y difusores del ballet en el ámbito nacional.

Coincide esta iniciativa del Poder Ejecutivo con inquietudes expresadas, tanto en la Cámara de Representantes, como a través de la Asociación de Amigos del Ballet, en el entendido que se trata de un reconocimiento a quienes cumplieron una labor de indudable extensión cultural en numerosos escenarios, tanto nacionales como en Brasil, Argentina y Paraguay.

Como semblanza y homenaje a estos pioneros del Cuerpo de Baile del Sodre, reproducimos sus trayectorias contenidas en el informe de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes:

‘El señor Wilfredo Toamarán fue primer bailarín, coreógrafo, montó numerosas obras y coparticipó en extensas campañas de difusión cultural. En recordados espectáculos actuó con Tamara Grigorieva, con Marián Ivanof y en numerosas giras con el ‘Ballet Ruso’. A los setenta y ocho años continúa dictando clases.

La señora Olga Banegas, primera bailarina del Ballet del SODRE, fue profesora (honoraria) de la Primer Escuela de Danza del Uruguay, organizó espectáculos para escolares y en las fábricas, integrando jurados en concursos a nivel nacional y exterior del país.

La señora María Luisa Balbi fue asimismo, solista, coreógrafa y profesora honoraria. Desempeñó importantes roles, entre otras obras, en ‘Ilas’, de Vicente Ascone, sobre parábolas de Rodó, ‘Pavana para una Infanta Difunta’, ‘Rapsodia Negra’, de Lamarque Pons y ‘Poema Trágico’ (con libreto y coreografía de Wilfredo Toamarán).

Las señoras Nelly y Nilda Gubitosi realizaron, con el Cuerpo de Baile del SODRE, giras por el Brasil, Argentina, Paraguay y numerosos escenarios en toda nuestra República’.

En virtud de esta labor, dilatada en el tiempo y proficua en su siembra, esta Comisión entiende de justicia dicho reconocimiento que, además significa seguridad y tranquilidad para sus beneficiarios, por lo que recomienda su aprobación.

Sala de la Comisión, a 1º de julio de 1996.

Susana Dalmás, Jorge Gandini (Miembro Informante), Rafael Michelini, Luis B. Pozzolo. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Seguridad Social, ha estudiado el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se concede una pensión graciable a las señoras Olga Banegas, María Luisa Balbi, Nelly Gubitosi y Nilda Gubitosi y al señor Wilfredo Toamarán, pioneros del Cuerpo de Baile del SODRE.

Esta iniciativa del Poder Ejecutivo coincide con solicitudes efectuadas, por parte de Diputados y distintos sectores, en Legislaturas pasadas. A ellos se sumó, paralelamente, la Asociación de Amigos del Ballet, preocupada por la situación de estos pioneros, cuya trayectoria artística merece el reconocimiento colectivo.

El proyecto busca, con sentido de justicia, superar la difícil situación económica por la que atraviesan quienes realizaron una importante contribución al desarrollo artístico nacional.

El señor Wilfredo Toamarán fue primer bailarín, coreógrafo, montó numerosas obras y coparticipó en extensas campañas de difusión cultural. En recordados espectáculos actuó con Tamara Grigorieva, con Marián Ivanof y en numerosas giras en el ‘Ballet Ruso’. A los setenta y ocho años continúa dictando clases.

La señora Olga Banegas, primera bailarina del Ballet del SODRE, fue profesora (honoraria) de la Primera Escuela de Danza del Uruguay, organizó espectáculos para escolares y en las fábricas, integrando jurados en concursos a nivel nacional y exterior del país.

La señora María Luisa Balbi fue asimismo, solista, coreógrafa y profesora honoraria. Desempeñó importantes roles, entre otras obras, en ‘Ilas’, de Vicente Ascone, sobre parábolas de Rodó, ‘Pavana para una Infanta Difunta’, ‘Rapsodia Negra’, de Lamarque Pons y ‘Poema Trágico’ (con libreto y coreografía de Wilfredo Toamarán).

Las señoras Nelly y Nilda Gubitosi realizaron, con el Cuerpo de Baile del SODRE, giras por Brasil, Argentina, Paraguay y numerosos escenarios en toda nuestra República.

Con gran vocación y sacrificios, muchas veces venciendo la escasez de recursos, estos cinco pioneros fueron incluso seleccionados para representar a Uruguay en el centenario de la Independencia de Brasil. Entre otras actividades de gran destaque colaboraron, además, con los Sakarof y en temporadas teatrales de la actriz Margarita Xirgú.

El presente proyecto significa un justo homenaje a quienes realizaron, además, intensa obra de extensión cultural. Sólo como ejemplo de ella, reproducimos fragmentos de algunas de las cartas recibidas por el SODRE con motivo de un Ciclo Cultural para Obreros organizado en 1947, que incluyó trece espectáculos a los que asistieron miles de trabajadores de quinientos ochenta establecimientos industriales.

‘Consultada la opinión de los obreros concurrentes -expresa una carta de Gramón S.A.- éstos nos han manifestado unánimemente la bondad del espectáculo, la excelente presentación escénica y la brillante interpretación de los artistas intervinientes en el mismo. Solicitan les hagamos llegar sus felicitaciones por dicho festival y sus deseos de que, en lo sucesivo, adquieran un carácter de continuidad, que les permita concurrir a ellos con mayor asiduidad’.

Cristalerías del Uruguay destaca, a su vez, ‘el alto valor cultural’ del espectáculo ofrecido. La Metalúrgica Pesce y Simeone S.A. ‘dando cumplimiento -expresa- al sentir de nuestros colaboradores’ felicita especialmente a los participantes de un espectáculo coreográfico infantil, en especial a la profesora Olga Banegas.

Mantero y Cía., taller metalúrgico, expresa: ‘Hemos realizado diversas consultas entre el personal obrero (...) y hemos podido comprobar que en su totalidad han expresado su más franca aprobación por la calidad de los espectáculos’.

Las condiciones artísticas, los méritos, la dilatada siembra realizada por estos pioneros fueron factores determinantes para obtener la unanimidad de los Legisladores integrantes de la Comisión este reconocimiento.

El artículo 1º del proyecto determina los nombres de los beneficiarios. Y el artículo 2º indica la erogación correspondiente, que será atendida con cargo a Rentas Generales.

Con los argumentos expresados precedentemente nos permitimos sugerir al Plenario de la Cámara la aprobación del proyecto de ley adjunto.

Sala de la Comisión, 11 de abril de 1996.

Guillermo Chifflet (Miembro Informante), Gabriel Barandiarán, José M. Mieres, Visillac, Enrique Pintado, Yeanneth Puñales Brun, Carlos Testoni.

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 5 de marzo de 1996.

Señor Presidente de la Asamblea General

Dr. Hugo Batalla

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese alto Cuerpo a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, por el que se concede pensión graciable a las señoras Olga Banegas, María Luisa Balbi, Nelly Gubitosi, Nilda Gubitosi y al señor Wilfredo Toamarán.

El presente proyecto se fundamenta por ser estas personas los pioneros del Cuerpo Estable de Baile del SODRE.

Haciendo una semblanza diremos, que el señor Wilfredo Toamarán, fue primer bailarín y coreógrafo, montando varias obras.

La señora Olga Banegas también fue primera bailarina del Cuerpo de Baile anteriormente mencionado, entre los años 1935 y 1965, como profesora honoraria de la Primera Escuela de Danza del Uruguay y Jurado en concursos del Cuerpo. La señora María Luisa Balbi, entre los años 1940 y 1965, también fue solista y coreógrafa así como profesora honoraria y Jurado de igual forma que la anterior.

La señora Nelly Gubitosi, entre marzo de 1937 a setiembre de 1956, fue solista del Cuerpo.

La Asociación de Amigos del Ballet, preocupada por la situación de estas personas, consideradas pioneras del Cuerpo Estable de nuestro Ballet Nacional, se hace eco y propulsora de esta iniciativa.

En virtud de ello tenemos el honor de proponer a este alto Cuerpo, un mejoramiento sustantivo de sus sueldos de jubilación, aspiración que recogemos con plena convicción de su justicia.

En base a este invalorable aporte en significativas actuaciones a través del tiempo, se estima que la inquietud presentada por la Asociación de Amigos del Ballet, ante la difícil situación económica que atraviesan, pueda resolverse favorable a lo anteriormente solicitado.

Por lo tanto, en el proyecto de ley en su artículo 1º, se establece los nombres de los beneficiarios y, en el artículo 2º, se establece la erogación resultante que será atendida con cargo a Rentas Generales.

El Poder Ejecutivo, saluda al señor Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti (PRESIDENTE DE LA REPUBLICA), Samuel Lichtensztejn, Luis A. Mosca".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En consideración.

Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

(Se reparten las bolillas de votación)

13) ACUERDO SOBRE LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE LAS INVERSIONES SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FRANCESA. Aprobación. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión general del asunto que figura en sexto término del orden del día.

Puede continuar el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR. - Como decía, señor Presidente, me remito al informe escrito que figura en el Repartido Nº 228/96 y a lo que se expresó en este ámbito en la sesión del 4 de junio del corriente.

En apretada síntesis, para actualizar un poco el tema, voy a señalar que estamos frente a un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo a la Asamblea General el 25 de abril del año pasado. El mismo se inscribe en los esfuerzos que realiza el país para estimular las inversiones extranjeras, garantizándolas dentro de los parámetros modernos de la legislación internacional. Además, es similar a otros convenios suscritos por la República, comenzando por el que se firmó en 1990 con la República Federal de Alemania.

Como este tema ya ha sido discutido más de una vez, consideramos que corresponde pasar a votar la iniciativa, teniendo en cuenta la recomendación que reitera la Comisión de Asuntos Internacionales en el sentido de aprobarla.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Señor Presidente: imitando la sobriedad del señor Senador Millor, para no hacer llover sobre mojado, tampoco me voy a extender mucho sobre el tema, pero adelanto que no voy a votar este Tratado porque tiene una cláusula que considero totalmente inconveniente e inconstitucional.

Esta discusión no es novedosa, pero voy a recordar la opinión de un gran jurisconsulto del Partido Nacional; me refiero al doctor Juan Andrés Ramírez, quien precisó con exactitud en la Cámara de Representantes, cuando se consideró un Tratado General de Arbitraje, hasta qué límites era constitucional el arbitraje y a partir de cuáles dejaba de serlo.

El arbitraje al que se refiere el artículo 6º de la Constitución -que punto más o punto menos es el que venía en las de 1917 y 1952- fue modificado en la Carta Magna de 1934 a través de un cambio que lo hace totalmente inocuo, porque dice simplemente que se propondrá el arbitraje; es decir que se cumple con una formalidad. Entonces, si la parte contratante no acepta someter el tema al arbitraje, éste queda sin efecto.

Refiriéndose al Tratado de Arbitraje con Italia y comparándolo o estudiando el que ese país había celebrado o estaba discutiendo con la República Argentina, el doctor Ramírez citó las opiniones que, con respecto a ese Tratado, dieron los doctores Luis María Drago y Roque Sáenz Peña. Es absolutamente innecesario decir, en este Senado, quiénes eran. El doctor Drago fue el autor de la famosa doctrina que lleva su nombre, que condenaba la intervención coactiva de las potencias extranjeras para el cobro de deudas a los países deudores, sobre todo con relación a Venezuela, donde se intentó cobrar una deuda llevando la escuadra del país acreedor a las costas de esa nación.

El problema se presenta cuando la ley territorial es competente. Entre Estados, admitir el arbitraje es, más bien, un signo de civilización, ya que se trata de un procedimiento pacífico y razonable para resolver las controversias. El problema se plantea cuando el arbitraje es entre un Estado y un particular, o entre particulares, en cuyo caso, en este Acuerdo con Francia, a una altura determinada, y cuando el resultado de las sentencias de la Justicia nacional sea adverso, las partes contratantes pueden convenir en someterse a un arbitraje. Es decir: se afecta el signo más claro de la soberanía que es la cosa juzgada. Muchas veces he dicho en esta Sala que Brasil establecía en su Código Civil la intangibilidad de la cosa juzgada -la prohibición de que la ley la modificara- y la llevó a la Constitución. En lo personal, no creo que para nada hayan disminuido las inversiones en Brasil porque no se someta al arbitraje y se obligue a que la cosa juzgada dictada por los tribunales brasileños sea efectiva e inmodificable.

En la Argentina cuando se estaba dilucidando el Tratado al que hice referencia, los delegados de ese país, los doctores Sáenz Peña y Drago, trataron de establecer qué cuestiones no podrían ser sometidas al arbitraje. La salvedad de que los tribunales nacionales podían ser sustituidos por un arbitraje extranjero se admitía, exclusivamente y en forma pacífica, en el caso de denegación de justicia. Cuando en un país se deniega la justicia, es lícito o el Derecho Internacional permite que se provoque un arbitraje o la intervención de un tribunal arbitral. Pero hasta ahora el Uruguay nunca lo admitió, o al menos no lo había hecho hasta estos Tratados con Alemania y este avance del Norte sobre el Sur, porque no creo que el Sur tenga ninguna ventaja y que ningún ciudadano uruguayo vaya a invertir en Francia y a provocar la intervención de un tribunal arbitral.

Esto es totalmente claro y si a alguien todavía le quedan dudas puede ver lo que declaró en Santiago de Chile -precisamente en los días anteriores a la visita verdaderamente exitosa y elogiable del Presidente Sanguinetti a Chile- un delegado del Departamento de Estado que habló con total claridad y dijo que hay una asimetría completa entre los Estados Unidos y América Latina. Es decir que puso la verdad sobre la mesa, porque la igualdad jurídica de los Estados es muy bonita en la literatura y en la retórica, pero nadie va a creer que los Estados son iguales.

En consecuencia, partiendo de esas premisas, Uruguay sostuvo su derecho en los tratados que negoció, al punto de que el doctor Ramírez lo recordaba y elogiaba en la Cámara de Representantes diciendo que la soberanía interna de un Estado, condición esencial de su existencia como poder internacional independiente, consiste en el derecho que conserva, siempre, de regir por sus leyes y juzgar por sus tribunales los actos jurídicos que se consuman en su territorio.

O sea, aquí se admite que actos consumados en el territorio de la República no sean juzgados por los Jueces del país, con lo cual se viola claramente la Constitución, que establece que el Poder Judicial es ejercido por la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales y Juzgados.

Con esto termino, señor Presidente, cumpliendo con lo que dije en cuanto a no llover sobre lo mojado y aprovechando la lección de sobriedad, siempre bien recibida, del señor Senador Millor, y agradezco la atención que me han dispensado.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - En ocasiones en las cuales se han tratado cláusulas similares a esta, hemos objetado su conveniencia y puesto en duda su constitucionalidad. Razones de economía expositiva imponen una remisión a lo dicho en esas oportunidades y a las palabras -que compartimos- pronunciadas por el señor Senador Mallo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 27. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

«ARTICULO UNICO. - Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Francesa sobre la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones, suscrito en París, el 14 de octubre de 1993".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 26. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

14) OLGA BANEGAS. Pensión graciable. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - El resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder a la señora Olga Banegas, ha sido de 28 votos por la afirmativa en 29 presentes. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, el resultado es:

Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º. - La erogación resultante será atendida por Rentas Generales".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

15) MARIA LUISA BALBI. Pensión graciable. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el proyecto de ley por el cual se concede pensión graciable a la señora María Luisa Balbi. (Carp. Nº 439/96 - Rep. Nº 275/96).

Léase el proyecto.

(Se lee)

-Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

(Se reparten las bolillas de votación)

16) BRIGADIER GENERAL (AV.) TYDEO LARRE BORGES. Se designa con ese nombre el aeropuerto de la ciudad de Paysandú. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa con el nombre de Brigadier General (Av.) Tydeo Larre Borges el aeropuerto de la ciudad de Paysandú. (Carp. Nº 501/96 - Rep. Nº 271/96)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 501/96
Rep. Nº 271/96

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Establécese que el aeropuerto de Paysandú se denominará Brigadier General (Av.) Tydeo Larre Borges.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de agosto de 1996.

Alejo Fernández Chaves 1er. Vicepresidente
Martín García Nin Secretario"

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Se trata de un proyecto de ley que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Hemos votado en general este proyecto de ley, pero deseo saber si fue considerado en Comisión.

SEÑOR SANTORO. - Efectivamente, el proyecto pasó por la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Según la información que figura en el expediente, no habría sido considerado en la Comisión. Reitero, en el expediente no hay constancias de que haya pasado por la Comisión.

(Dialogados)

-Obviamente, si los señores Senadores señalan que el proyecto de ley estuvo a consideración de la Comisión, así será.

Queda claro, que el proyecto pasó por Comisión y se aprobó en general.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Establécese que el aeropuerto de Paysandú se denominará Brigadier General (Av.) Tydeo Larre Borges".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

17) CODIGO GENERAL DEL PROCESO. Se restablece la vigencia del artículo 400 y se deroga el artículo 685 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se deroga el artículo 685 de la Ley Nº 16.170 y en su lugar se restablece la vigencia del artículo 400 de la Ley Nº 15.982. (Carp. Nº 450/96 - Rep. Nº 281/96)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 450/96
Rep. Nº 281/96

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Derógase el artículo 685 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y en su lugar restablécese la vigencia del artículo 400 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso).

José Korzeniak, Luis Eduardo Mallo, Ignacio Posadas, Luis B. Pozzolo, Américo Ricaldoni, Walter Santoro, Helios Sarthou. Senadores."

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Código General del Proceso incorporó dos disposiciones, los artículos 400 (para las deudas líquidas y exigibles contra el Estado, Persona Pública Mayor) y 401 (para las deudas de la misma naturaleza que provinieran de sentencias contra los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados), donde se regulaba la materia mediante el establecimiento de un procedimiento práctico y ágil, según el cual el Banco de la República Oriental del Uruguay ordenaba el pago de las sentencias contra el Estado, debitando las sumas necesarias de las cuentas del organismo condenado.

En el año 1990 se sancionó la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, que en su artículo 685 modificó la redacción dada al artículo 400 antes citado.

La nueva redacción dada al artículo 400 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso), por el artículo 685 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, inadvertidamente produjo una desarmonía con el artículo 401, provocando una verdadera colisión con normas de rango constitucional.

El proyecto de ley que se propone vuelve al sistema de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso).

José Korzeniak, Luis Eduardo Mallo, Ignacio Posadas, Luis B. Pozzolo, Américo Ricaldoni, Walter Santoro, Helios Sarthou. Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Voy a hablar como suplente, dado que el Miembro Informante de este proyecto de ley era el señor Senador Ricaldoni. De todas maneras, se trata de un tema relativamente sencillo y en las lagunas que me puedan quedar seguramente me suplirán otros integrantes de la Comisión que están interiorizados en el tema.

Como lo explicita la exposición de motivos, este proyecto fue presentado por nosotros al comienzo de esta Legislatura y procura revertir una modificación que se había hecho a través de una Ley de Presupuesto. Como sucede tantas veces, en el fárrago de artículos, por motivos que desconozco -dudo que algún señor Senador lo sepa- se apuntó a modificar uno de los dos artículos del Código General del Proceso que legislaban en materia de ejecución de sentencias contra el Estado.

El Código General del Proceso, en sus artículos 400 y 401, presenta un mecanismo paralelo para las sentencias contra el Estado, persona pública mayor, y contra otras entidades estatales. Por motivos que, reitero, no conozco, y no he encontrado a nadie que los pudiera recordar, en esa oportunidad se modificó el artículo 400, estableciendo un mecanismo distinto y mucho más engorroso en materia de ejecuciones contra el Estado, persona pública mayor, lo que genera dos tipos de problemas. Por un lado, fija un mecanismo bastante injusto para los particulares, lento y que tampoco beneficia al Estado. Digo esto, porque perjudica a los interesados por la dilación en el tiempo y luego, cuando se resuelve, se genera una deuda mucho mayor para el patrimonio estatal. Se trata de mecanismos del tipo vieja ley del embudo, que no tienen justificación, que terminan siendo una parodia del Derecho y que, en definitiva, no benefician a nadie.

A esto debemos agregar el problema de que se establece un mecanismo desigual, que no tiene justificación, entre las acciones contra el Estado, Persona Pública Mayor, y aquéllas contra otras dependencias del Estado.

En mérito a estos motivos es que la Comisión de Constitución y Legislación, por unanimidad, le pareció atinado derogar ese artículo furtivo del Presupuesto y restablecer la vigencia del artículo 400 del Código General del Proceso y, por lo tanto, el tratamiento simétrico para el Estado, persona pública mayor, y para las otras dependencias del Estado. Este es, en sustancia, el fundamento de este proyecto de ley que, reitero, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Derógase el artículo 685 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y en su lugar restablécese la vigencia del artículo 400 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso)".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Presidencia, muy modestamente, se permite señalar que tal vez no sea el procedimiento jurídico más correcto el de restablecer la vigencia de un artículo que en su oportunidad fue perimido. Parecería que lo correcto hubiera sido establecer nuevamente el texto que se reimplantaba. De cualquier manera, el espíritu del proyecto queda claro.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

18) CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES SUSCRITA POR LA REPUBLICA EN LA QUINTA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (CIDIP V). Aprobación. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales sobre Derecho Internacional Privado. (Carp. Nº 231/95 - Rep. Nº 227/96 y Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 231/95
Rep. Nº 227/96
Anexo I

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales suscrita por la República durante la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP V), que tuvo lugar en Ciudad de México el día 17 de marzo de 1994.

Montevideo, 5 de setiembre de 1996.

Pablo Millor (Miembro Informante Verbal), Alberto Couriel, Carlos M. Garat, Manuel Laguarda, Carlos Julio Pereyra, Américo Ricaldoni. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Millor.

SEÑOR MALLO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MILLOR. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - No sé si abuso de mi calidad de Senador al hacer una moción. Sobre este punto, tengo una posición bien establecida, pero no creí que se iba a tratar en la sesión de hoy porque, como el señor Senador Pereyra, tengo la idea mítica de que el orden del día es para cumplirse y no para alterarse. Además, se trata de un punto que ya había estado en el orden del día y sobre el cual había reunido material con el propósito de ocuparme del tema, que me parece tiene una importancia absolutamente fundamental, porque altera totalmente los principios sobre los que está constituido el Derecho Internacional Privado del Uruguay. Por lo tanto, si no fuera un exceso, haría moción para que este asunto se pospusiera hasta el día de mañana. En cambio, aclaro que estoy totalmente en condiciones de votar el siguiente punto del orden del día, que refiere al convenio relativo al tráfico internacional de menores.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se trata, entonces, de una moción de orden para pasar el punto que figura en séptimo término del orden del día para el día de mañana.

Puede continuar el señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR. - Como Miembro Informante, aclaro que no tengo ningún inconveniente, y abonando lo que señala el señor Senador Mallo, quisiera decir que, en realidad, los puntos séptimo y octavo del orden del día forman parte de la misma Convención, y así fueron remitidos el 23 de mayo de 1995 a la Asamblea General y entregados a quien habla en la Comisión de Asuntos Internacionales. Sobre estos dos asuntos hicimos un informe escrito, con fecha 23 de mayo de 1996, que fue tratado en sesión del Senado el 4 de junio de este año. En esa oportunidad -tengo la versión taquigráfica de la sesión- hubo Senadores que manifestaron la conveniencia de que los dos Convenios se votaran en forma separada. En este sentido, quiero aclarar al Cuerpo que lo único que hicimos -con la ayuda invalorable de los Secretarios de la Comisión- fue desglosar en dos proyectos de ley lo que venía en un proyecto solo, porque se trata de la misma convención que aborda dos temáticas diferentes. Quien habla sólo iba a hacer un informe escrito que habíamos realizado para los dos Convenios. Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en que este asunto se posponga hasta el día de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quisiera manifestar que este planteo se efectuó en Sala y la Presidencia compartió el criterio de que, evidentemente, aun cuando las iniciativas venían en un solo proyecto de ley, se trataba de dos Tratados con contenidos totalmente distintos, que merecían, sin duda alguna, discusión y resolución diferentes.

Se va a votar la postergación del punto que figura en séptimo término del orden del día para el día de mañana.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

19) MARIA LUISA BALBI. Pensión graciable. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - El resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder a la señora María Luisa Balbi, ha sido de 27 votos por la afirmativa en 28 presentes. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, el resultado es:

Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º. - La erogación resultante será atendida por Rentas Generales".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

20) CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES SUSCRITA POR LA REPUBLICA EN LA QUINTA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (CIDIP V). Aprobación. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. (Carp. Nº 231/95 - Rep. Nº 227/96. Anexo II)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 231/95
Rep. Nº 227/96
Anexo II

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores suscrita por la República durante la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP V), que tuvo lugar en la Ciudad de México, el día 18 de marzo de 1994.

Montevideo, 5 de setiembre de 1996.

Pablo Millor (Miembro Informante Verbal), Alberto Couriel, Carlos M. Garat, Manuel Laguarda, Carlos Julio Pereyra, Américo Ricaldoni. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: reiteramos lo que dijimos en oportunidad del tratamiento del punto anterior. Este Convenio, junto con el que fue pospuesto anteriormente, forma parte de la misma Convención convocada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos a través de la Resolución Nº 1034 dictada el 18 de noviembre de 1989, y que tuvo lugar en la Ciudad de México desde el 14 al 18 de marzo de 1994. Concurrieron delegaciones de Estados miembros de la OEA, entre las que se encuentran Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Uruguay estuvo representado por la Cátedra de Derecho Internacional Privado, al frente de la cual se encontraba el doctor Didier Opertti, profesor titular y catedrático de la materia en ese momento.

En este aspecto de la Convención, el que se vincula con el tráfico internacional de menores, la Convención lo que hace es recoger una problemática que a nivel regional y mundial ha comenzado a despertar la común preocupación de los gobiernos y organizaciones internacionales. Sobre un tema que es nuevo y que está en plena ebullición, se ha tratado de adoptar las posturas más modernas y de recibo, dejándose la constancia en dicha Convención de que es un tema que tendrá que ser motivo de inquietud y legislación permanentes. Digo esto, justamente porque tiene esa característica de nuevo, y es muy difícil estratificar una legislación. De cualquier manera, se recoge lo que hay en la materia hasta estos momentos en una Convención en la que, reitero, Uruguay estuvo muy bien representado. Por esa razón, la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda la aprobación de lo que ahora sería una Carpeta que se trataría por separado pero que, insisto, fue remitida a la Asamblea General como parte de la resultancia de una Conferencia de la cual -como bien señalaba el señor Presidente- venían dos Convenios totalmente distintos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a la discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébase la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores suscrita por la República durante la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP V), que tuvo lugar en Ciudad de México el día 18 de marzo de 1994".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

21) ASOCIACION DE AMISTAD PARLAMENTARIA ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Creación. Proyecto de resolución.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del orden del día: "Proyecto de resolución por el que se crea la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. (Carp. Nº 515/96 - Rep. Nº 282/96)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 515/96
Rep. Nº 282/96

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1º. - Créase la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, la cual estará integrada por los señores Senadores miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y por los señores Representantes Nacionales miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

La Mesa estará constituida, alternativamente, por los señores Presidentes de las mencionada Comisiones, asistidos por los señores Secretarios de ambas Comisiones.

Art. 2º. - Se procederá a su constitución a partir del cumplimiento de las aprobaciones legislativas pertinentes.

Sala de la Comisión, 8 de agosto de 1996.

Carlos Julio Pereyra (Miembro Informante Verbal), Alberto Couriel, Carlos M. Garat, Reinaldo Gargano, Rafael Michelini, Pablo Millor, Américo P. Ricaldoni. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de
Asuntos Internacionales

Montevideo, 10 de julio de 1996.

Señor Presidente de la Comisión de

Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores,

Senador Carlos Julio Pereyra

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, a los efectos de informarle que la Comisión de Asuntos Internacionales, ha resuelto propiciar la creación de la Asociación de Amistad de Parlamentarios entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, para lo cual se invita a la Comisión de su digna Presidencia a acompañar dicha propuesta, en cuyo caso se realizarían las coordinaciones correspondientes para realizar la ceremonia de constitución.

Sin otro particular saludo al señor Presidente con mi mayor consideración.

Arturo Heber Füllgraff Presidente
Nelson Jorge Mosco Secretario

Embajada del Uruguay
en la República Argentina

Fax Nº 1174

Fecha: 15 de agosto de 1996.

Prioridad: Regular.

Destino: VM/DGSE1/DGAP3/DIRASO/DIRI12 (X)

Asunto: Entrevista señor jefe de misión con señor Senador de la República Argentina, D. Omar Vaquir.

1. Señor Senador, D. Omar Vaquir, se entrevistó con señor jefe de misión.

2. En esa oportunidad agradeció los reglamentos del Parlamento uruguayo de las comisiones de amistad con otros parlamentos -que le fuera remitido por esta embajada- tal información fue proporcionada a esta misión por la Oficina de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes del Uruguay.

3. A ese respecto, solicitó se trasmitiera al Parlamento uruguayo el deseo de intercambiar comisiones de amistad a crearse por ley, explicó que tal es el caso de la que une al Parlamento argentino con el chileno.

4. Asimismo solicitó se informe, para conocimiento a las respectivas Comisiones de Asuntos Internacionales del Senado y de la Cámara de Representantes del Uruguay, cómo funciona el esquema de relacionamiento interparlamentario argentino.

Señaló que las relaciones entre Parlamentos, o la del Congreso de la Nación con otras instituciones extranjeras o internacionales multilaterales, no se hacen a través de la Comisión de Asuntos Internacionales sino de las de relaciones institucionales, teniendo la primera jurisdicción exclusiva en temas de política exterior.

5. Agradécese poner en conocimiento del presente fax a la Cámara de Senadores -Presidencia, Comisión de Asuntos Internacionales, Secretaría- y a la Cámara de Representantes Presidencia, Comisión de Asuntos Internacionales, Secretaría y Oficina de Relaciones Internacionales.

URUBAIRES

Juan Raúl Ferreira. Embajador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-La Presidencia indica que se trata de un proyecto de resolución integrado por dos artículos, y viene aprobado prácticamente por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales. El miembro informante es el señor Senador Pereyra.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Créase la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, la cual estará integrada por los señores Senadores miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y por los señores Representantes Nacionales miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

La Mesa estará constituida, alternativamente, por los señores Presidentes de las mencionadas Comisiones, asistidos por los señores Secretarios de ambas Comisiones".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º. - Se procederá a su constitución a partir del cumplimiento de las aprobaciones legislativas pertinentes".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de resolución que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

22) TRANSPORTE CARRETERO

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en undécimo término del orden del día: "Informe de la Comisión de Transporte y Obras Públicas relacionado con la situación del transporte carretero. (Carp. Nº 413/96 - Rep. Nº 257/96)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 413/96
Rep. Nº 257/96

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Transporte y Obras Públicas

INFORME

Al Senado:

Por resolución aprobada el 25 de abril de 1996 en la 6a. sesión extraordinaria del Segundo Período Ordinario de la XLIV Legislatura, la Cámara de Senadores encomendó a su Comisión Permanente de Transporte y Obras Públicas el estudio de la problemática, documentación y expresiones sostenidas en Sala en la fecha, sobre el punto 1º de su orden del día: CONFLICTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CAMIONES, así como el análisis de las opiniones de las partes involucradas en el tema, para brindar un informe completo de lo actuado en el tema.

1. DOCUMENTACION MANEJADA POR LA COMISION

1.1 Decreto 118/984 del 23/III/984. Reglamento Nacional de Circulación Vial (sustitutivo del Decreto 341/983). Regula las normas referentes a la seguridad del tránsito y del sistema de transporte de pasajeros y de cargas. Fija las competencias ministeriales y municipales de control y represión.

1.2 Decreto 262/984 del 4/VII/984. Ordena el Reglamento Nacional de Circulación Vial.

1.3 Años 1986 y 1987: acciones promovidas para el tratamiento del problema seguridad, así como operaciones de diagnóstico del año 1988.

1.4 Año 1989. Licitación en base al primer pliego Nº 36/89.

1.5 Decretos 20/990 y 21/990 sancionados el 23/I/990. Reiteran el control para ómnibus y vehículos de transporte de carga con capacidad superior a las cinco (5) toneladas, el Permiso de Circulación y Habilitación para el Transporte de Pasajeros e implementan el Certificado de Aptitud Técnica (CAT). Atribuyen la responsabilidad de inspecciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas por vía directa o concesionarios.

1.6 28/XI/1990. Acto de apertura de licitación.

1.7 26/III/1991. Firma del Tratado de Asunción (MERCOSUR) y situaciones emergentes vinculadas al transporte internacional de cargas.

1.8 25/II/1993. Contrato de Concesión para la Operación de un Servicio de Inspección Técnica de Omnibus y Vehículos de Carga, ratificando la resolución del Poder Ejecutivo de fecha 11/XII/1991.

1.9 Decreto 451/994 del 5/X/994. Aprueba el Manual de Inspección Técnica de Vehículos de Transporte de Carga y Pasajeros.

1.10 Decreto 260/995 del 5/VII/995, que modifica el 20/990 del 23/I/990. Agrega inspecciones a los "cero kilómetro".

1.11 Distribuido Nº 286 del 12/VII/1995. Visita del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas. Situación del Transporte y Estado de Carreteras.

1.12 Distribuido Nº 370 del 30/VIII/1995. Visita de una delegación de la Confederación Uruguaya del Transporte Automotor (CUTA).

1.13 11/III/1996. Paro general de Transportistas de Carga.

1.14 21/III/1996. Acuerdo CUTA-SUCTA.

1.15 25/III/1996. Documentación proporcionada por "Transportistas Unidos del Este" (TUDELES) a los integrantes de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado.

1.16 Distribuido Nº 675 del 27/III/1996. Visita del Sindicato Unico de Trabajadores de "Rutas del Sol" - CROMIN S.A.

1.17 8 al 10/IV/1996. Paros generales de Transportistas Camioneros.

1.18 Distribuido Nº 711 del 17/IV/1996. Visita del Director General de Transporte Carretero. Planteo final realizado sobre el Certificado de Aptitud Técnica.

1.19 Distribuido Nº 740. Transporte Carretero. Certificado de Aptitud Técnica. Versión taquigráfica de la sesión del Senado del 25/4/96.

1.20 Distribuido Nº 754 del 7/V/1996. Transporte Carretero. Certificado de Aptitud Técnica. Visita del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas y asesores.

1.21 Distribuido Nº 790 de 21/V/1996. Transporte Carretero. Certificado de Aptitud Técnica. Visita de una delegación de Unión de Transportistas de Colonia (UTRACO) y de Transportistas Unidos del Este (TUDELES).

1.22 23/V/1996. Principio de acuerdo en la Mesa de Transporte instituida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

1.23 24/V/1996. Informe producido por la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

1.24 Distribuido Nº 801 del 29/V/1996. Transporte Carretero. Certificado de Aptitud Técnica. Visita de una delegación de la Confederación Uruguaya del Transporte Automotor (CUTA) y de "GRUPO 12".

NOTA: Los distribuidos Nos. 754, 790 y 801, corresponden a las visitas recibidas en la Comisión posteriormente al análisis encomendado.

2. CONSTATACIONES

2.1 A partir del año 1984 se legisló fuertemente la circulación vial, siendo unánime la apreciación en cuanto a la necesidad de controles, hecho considerado como de beneficio general para el país.

2.2 El desarrollo de la etapa legislativa dio origen en el año 1990 a controles de circulación e implementación del Certificado de Aptitud Técnica.

2.3 Los controles, habilitaciones y autorizaciones de circulación se otorgaron por un Contrato de Concesión para la Operación del Servicio de Inspección Técnica de Omnibus y Vehículos de Carga, a la empresa SUCTA S.A. y se aprobó un Manual de Inspección Técnica.

2.4 La fase operacional de la empresa SUCTA S.A. generó objeciones de gremiales de transportistas camioneros de carga, que se sintetizan en:

2.4.1 excesivo costo (que asume el carácter de un impuesto agregado a la sobrecarga impositiva que soporta el sistema) y tiempo de vigencia de la operación;

2.4.2 severidad de los controles y escasa posibilidad de lograr soluciones, ante una flota camionera considerada obsoleta por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas;

2.4.3 implantación de un sistema monopólico con la adjudicación;

2.4.4 naturaleza jurídica de la actividad inspectiva y de fiscalización;

2.4.5 consecuencias de carácter social originadas;

2.4.6 exigencias no acordes a la realidad económica nacional y al estado del sistema vial del país;

2.4.7 necesidad de flexibilizar costos, plazos y formas del procedimiento ministerial;

2.4.8 imposibilidad real de proceder en las circunstancias actuales, a la propuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de renovación de flotas;

2.4.9 insuficiencias estadísticas manejadas en la determinación de costos, ubicación de accidentes y origen de los mismos;

2.4.10 falta de reconocimiento de la escasa incidencia de camiones en accidentes de tránsito y su generación por fallas estrictamente mecánicas;

2.4.11 incremento de limitaciones para competir en el tráfico internacional de cargas, fundamentalmente con la República Federativa del Brasil;

2.4.12 alcance económico del contrato de adjudicación, como operación de alta rentabilidad de antemano asegurada a la empresa;

2.4.13 extralimitación de funciones por parte de SUCTA S.A.; y

2.4.14 necesidad de exigir los mismos controles al parque automotor de Empresas del Estado, Intendencias Municipales y Ejército Nacional.

2.5 Opiniones divergentes entre las distintas gremiales del ramo del transporte de cargas y aun en la misma gremial, que se traducen en:

2.5.1 diferencias desde el punto de vista sindical y en cuanto a representatividad;

2.5.2 costos operacionales muy diferentes entre pequeñas y grandes empresas, donde el Certificado de Aptitud Técnica no incide de igual modo (15 agrupaciones controlan en CUTA entre 5.000 y 6.000 camiones);

2.5.3 desgaje por enfrentamiento y acuerdos bilaterales no compartidos (1.14);

2.5.4 actitudes encontradas en cuanto al acatamiento de acuerdos suscritos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y valoración de los mismos;

2.5.5 conflictividad.

2.6 Respuestas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ante las objeciones y actitudes asumidas por las gremiales:

2.6.1 opiniones contrarias a las sustentadas en cuanto a monopolización del servicio y naturaleza jurídica atribuida al mismo;

2.6.2 puntualizaciones respecto a la política asumida en salvaguarda de valores éticos;

2.6.3 conjunto de flexibilizaciones otorgadas en las negociaciones;

2.6.4 incidencia del estado del sistema vial del país y política adoptada;

2.6.5 aportes ofrecidos para la propuesta de renovación de flotas y necesidad de llevar adelante esa política;

2.6.6 explicitación de la naturaleza del compromiso asumido en la adjudicación a SUCTA S.A. e imposibilidad de una rescisión de contrato;

2.6.7 instalación de una Mesa de Transporte para las negociaciones;

2.6.8 propuesta de un necesario redimensionamiento del parque de camiones (gremiales dicen sobredimensionado);

2.6.9 constatación de incumplimiento del acuerdo;

2.6.10 decreto postergando inspecciones.

3 SUGERENCIAS

El principio de acuerdo (1.22) consagra la inspección de todos los vehículos que circulen por rutas nacionales, particulares, de organismos públicos o departamentales, con la situación emergente de 4.000 inspecciones de camiones a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ya está pagando a la empresa.

De volcar esas 4.000 inspecciones a cargo del MTOP, sobre la flota con menos posibilidades, dando plazos prudenciales para reciclajes viables, sin el apremio de multas o suspensiones, con controles que indiquen que así se está procediendo, se evitará: la operación clandestina de camiones hasta el final de la vida útil de la unidad, la evasión al BPS, registros, etc., la no presentación durante los 26 meses y posterior transformación en chatarra, operando mientras tanto en malas condiciones y de riesgo, hechos que sin duda serán no solamente de beneficio general, sino que a corto plazo normalizarán el déficit operacional convenido.

Tratándose de soluciones no definitivas, su transitoriedad mantiene en vigencia la necesidad de soluciones de fondo que normalicen la relación de intereses entre trabajadores del sector y el Estado.

Sala de la Comisión, 24 de julio de 1996.

Albérico César Segovia (Miembro Informante), Sergio Chiesa, Dante Irurtia, Marina Arismendi, Saúl Caviglia, Orlando Virgili. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee)

-En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Segovia.

SEÑOR SEGOVIA. - Señor Presidente: el 21 de marzo del año pasado, la Comisión de Transporte y Obras Públicas tomó contacto con toda la problemática de transportes y con la política por la que se iba a regir este período de gobierno tanto desde el punto de vista carretero como fluvio-marítimo, ferroviario y aéreo, y con sus soportes, tanto los operacionales como los de infraestructura.

En el transporte carretero, ya sea de carga o de pasajeros, tanto nacional como internacional, se apuntó fuertemente a un seguimiento del mismo, provocando un amplio estudio de gastos, de competitividad y de las asimetrías económicas que se producían en la región, así como de los niveles laborales que se irían procesando con la presencia de gremios, propietarios individuales y otras instituciones, del Ministerio y sus asesores, y de todos aquellos que estaban entonces involucrados con el tema.

El 11 de marzo de 1996, un paro general de transportistas, que realmente fue de largo alcance, significó un fuerte impacto y se presentó la necesidad de arbitrar soluciones inmediatas y a largo plazo, que llevaron a que el 25 de abril de este año se planteara el tema extraordinariamente en el Senado. Precisamente, el 25 de abril del corriente, en la 6a. Sesión Extraordinaria del 2º Período Ordinario, se dictó una resolución por la que el Senado encomendó a la Comisión de Transporte y Obras Públicas el estudio de la documentación y de las expresiones vertidas en Sala en esa fecha sobre el primer punto del orden del día, relacionado con el conflicto del sistema del transporte de camiones. Entonces, se pidió un análisis de las opiniones de las partes involucradas para brindar un informe completo de lo actuado en el tema. Producto de ese estudio en el manejo de documentación que se realizó en la Comisión y que figura en el Distribuido Nº 257 de julio de 1996. El trabajo comenzó con el estudio del Decreto Nº 118/84 de 23 de marzo de 1984, "Reglamento Nacional de Circulación Vial", que fue un sustitutivo del Nº 341/83 de 29 de setiembre de 1983.

Dicho Reglamento Nacional de Circulación Vial es la primera toma de posición fuerte sobre normas que permitan regular la seguridad en el tránsito y en los sistemas de transporte, tanto de pasajeros como de carga, fijando todas las competencias, tanto desde el punto de vista ministerial como municipal, para el control y la represión. De esta forma, se incorporó al estudio -formando parte de todo el proceso legislativo- el Decreto Nº 262 del año 1984, que produjo un ordenamiento del Reglamento Nacional de Circulación Vial vigente hasta la fecha. Asimismo, durante los años 1986 y 1987 hubo una serie de acciones promovidas desde el punto de vista de la seguridad, así como operaciones de diagnóstico que se fueron realizando sucesivamente.

En el año 1989 comienza realmente a afirmarse el criterio de seguridad y su control, en momentos en que se produce la primera licitación del pliego de bases, a efectos de lograr el control de los servicios, tanto de ómnibus como de vehículos de transporte de carga con capacidad superior a las cinco toneladas. También se implementa el llamado Certificado de Aptitud Técnica que es el que ha generado toda la problemática que ha determinado este estudio de la Comisión, que hoy lleva este planteo que estamos realizando a nivel del Senado. En este punto, se atribuye la responsabilidad de inspecciones, tanto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por vía directa, o por posibles concesionarios.

El 28 de noviembre de 1990 se produjo el acto de apertura de licitación para la concesión del control y expedición de certificados de aptitud técnica. Luego, en el año 1991, la firma del Tratado de Asunción produjo una serie de situaciones emergentes, vinculadas al transporte internacional y de carga, que conllevaban distintas asimetrías económicas que, por otra parte, eran las que se venían reflejando en todo el estudio. Por ese motivo, la Comisión incorporó a su trabajo el Tratado de Asunción, a efectos de ver qué incidencia tenía en el tratamiento del transporte, tanto de carga como de pasajeros, en sus diferentes modos.

El 25 de febrero de 1993 se produjo el contrato de concesión para la operación de un servicio de inspección técnica de ómnibus y vehículos de carga, ratificando la resolución del Poder Ejecutivo. Asimismo, a través del Decreto Nº 451 del 5 de octubre de 1994, se aprobó el numeral de inspección técnica de vehículos de transporte de carga de pasajeros, que era realmente el primer elemento fuerte que se establecía para indicar qué características iban a tener las inspecciones técnicas de dichos vehículos que circularan en todo el país. Además, se indicaba qué responsabilidades tendrían los provenientes de otras naciones vecinas, sobre todo de las comprendidas en el MERCOSUR, en su tránsito para el país.

Cabe mencionar también otro Decreto que figura en el repartido y que es el 260/95 que, junto con las modificaciones establecidas, incorporó un criterio adicional, que fue el de las inspecciones necesarias, aun para los coches cero kilómetro, a pesar de que éstos podrían estar exentos de toda inspección por cuanto se incorporaban nuevos servicios. No obstante, se esgrimieron una serie de argumentos que obligaban a la inspección, aun a los cero kilómetros, para ponerlos en operaciones.

A partir de ese momento, la Comisión de Transporte y Obras Públicas, tal como figura en el Distribuido 286/95, recibió la visita del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, con el objetivo de que nos diera una idea de la situación del transporte y estado de las carreteras del país, hechos que luego inciden en los procedimientos posteriores. También se recibió una delegación de la Confederación Uruguaya del Transporte Automotor -CUTA- la que expuso visualizaban como elementos que estaban incidiendo en la obtención del Certificado de Aptitud Técnica. El hecho importante que se menciona a continuación radica que el 11 de marzo de 1996 se produjo un paro general de transportistas de carga, que iniciaba una larga discusión sobre la problemática que los vinculaba con el Certificado de Aptitud Técnica para el transporte de carga carretero.

Posteriormente, se llegó a un acuerdo entre CUTA y SUCTA, a efectos de llevar adelante algunas ideas que se trasladaron al relacionamiento que se va a hacer más adelante en las constataciones.

Por otro lado, cabe señalar que se proporcionó documentación, tanto en lo que tiene que ver con el transporte carretero de pasajeros, como en lo que hace al de carga, y por ese motivo aparecen Transportistas Unidos del Este y Transporte de Carga de Pasajeros. Asimismo, la documentación proporcionada el 25 de marzo de 1996 por Transportistas Unidos del Este, agrupados en TUDELES, a la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, indica una serie de argumentaciones referidas a la situación que enfrentaban y a la modalidad como se venía expidiendo el certificado.

Los señores Senadores podrán comprobar también que fue recibido el Sindicato Unico de Trabajadores de Rutas del Sol y un grupo de transportistas que operaron los paros generales de transportistas efectuados entre el 8 y el 10 de abril de 1996.

Por otra parte, los Distribuidos 711, 740 y subsiguientes nos indican la visita del Director General de Transporte Carretero y el planteo final realizado sobre el Certificado de Aptitud Técnica, tema que es reiterado en el Distribuido 740. Asimismo, los demás distribuidos, refiriéndose siempre a los mecanismos como se expedía el Certificado de Aptitud Técnica y a la visita del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas y asesores, fueron proporcionando algunos elementos en base a los cuales la Comisión de Transporte y Obras Públicas, en forma unánime y con el voto de todos sus integrantes, se expide respecto a las constataciones que se observan a continuación.

Cabe señalar que existe un principio de acuerdo de la Mesa de Transportistas, instituida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, además, en las constataciones surgen una serie de elementos que nos impiden abordar con celeridad el problema.

El informe producido por la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así como el distribuido de la Confederación Uruguaya -a lo que cabe agregar la visita de los delegados del transporte automotor, CUTA, y del Grupo 12- y el hecho de que los últimos distribuidos mencionados, es decir, el 754, 790 y 801 son posteriores a la decisión del Senado en el sentido de que la Comisión de Transporte y Obras Públicas tomara cartas en el asunto, nos permiten señalar que existe una serie de constataciones que se enumeran y que a juicio de dicha Comisión son absolutamente decisivas para generar una opinión final.

A partir del año 1984 fue absolutamente unánime para todos los transportistas, propietarios e integrantes de los distintos sindicatos, que había una total necesidad de establecer controles. Eso se mantuvo a lo largo de todo el estudio del problema. Nunca hubo oposición a que en el futuro se estableciera un régimen muy fuerte de controles en todo el servicio de transporte del país.

En el desarrollo posterior de las etapas legislativas, surgió la necesidad de establecer un Certificado de Aptitud Técnica que permitiera dar seguridad en el sistema de transporte a nivel nacional. Los controles y habilitaciones autorizado a la circulación se otorgaron posteriormente por un contrato de concesión de obra a la empresa SUCTA, que intervino en una licitación internacional. Esta empresa realiza inspecciones guiándose por un Manual de Inspección Técnica aprobado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que más adelante se consideró que era de una amplitud un tanto excesiva.

La fase operacional generó, indudablemente, fuertes objeciones gremiales, tanto de transportistas de carga como de pasajeros. Allí comenzó a aparecer la idea de que se estaban manejando excesivos costos en la concesión del certificado de autorización, que a ese nivel significaban realmente impuestos agregados a la sobrecarga impositiva que existía en el sistema. A su vez, ese Manual había originado una severidad tal en los controles, que había una muy escasa posibilidad de encontrar soluciones.

El señor Ministro de Transporte y Obras Públicas manifestó, desde la primera vez que concurrió a la Comisión, que la flota camionera de Uruguay era considerada obsoleta. El sistema que se establecía era monopólico de hecho, por cuanto la adjudicación a una sola empresa y la escasa posibilidad del parque en este país, se consideraba que había objeciones en cuanto a la naturaleza jurídica de la actividad inspectiva y de fiscalización, porque se consideró que se trataba de tareas inspectivas a nivel policial, que no podían ser tomadas por una empresa que había sido contratada para ello.

Todo este problema del transporte carretero -y esto se debe tener muy en cuenta- tenía un fuerte impacto en cuanto a consecuencias de carácter social que originaba. Las exigencias no eran acordes a la realidad económica nacional ni al real estado del sistema vial del país, puesto que provocaban distorsiones en el estado de la flota camionera de más de cinco toneladas.

Se constató la necesidad de flexibilizar costos y plazos, así como encontrar otro procedimiento a seguir por el Ministerio, pero el criterio manejado por esa Cartera dando solución a la problemática, la renovación de las flotas de transportistas, mostraban una clara imposibilidad real en tal sentido.

También se ha hablado insistentemente de insuficiencias estadísticas en el manejo del problema. El Ministerio reiteradamente dio respuesta a esto, en el sentido que se había manejado en términos estadísticos con amplitud, de modo que era riguroso todo el sistema que se ponía en operación.

Un hecho que también fue muy importante, números muy altos en cuanto a los accidentes de tránsito a nivel nacional, tanto de transporte carretero como de pasajeros; sin embargo, la penalidad que venían sufriendo los encargados del transporte carretero de carga no tenía real incidencia, por cuanto los camiones eran los que intervenían con menor frecuencia en los accidentes que allí se producían: la mayor cantidad se debía a errores personales o de conducción, pero los accidentes no tenían carácter mecánico.

Se habló mucho de las limitaciones que implicaba competir con el tráfico internacional con la instauración de todo el sistema. Por eso, en las "Constataciones", un punto importante es el que figura como 2.4.12, "alcance económico del contrato de adjudicación, como operación de alta rentabilidad de antemano asegurada a la empresa". Esta fue una objeción que se planteó permanentemente así como la extralimitación de la empresa que procede a los controles y de la necesidad de exigirlos, no sólo al parque automotor de las empresas privadas, sino también al del Estado, Intendencias Municipales y del propio Ejército Nacional, por cuanto circulaban con gran intensidad en todas las vías del país.

Surgen allí otras constataciones, como las opiniones divergentes entre las distintas gremiales del ramo de transporte de cargas y aun en la misma gremial. Esas divergencias gremiales se transforman en diferencias que, desde el punto de vista sindical rozaban la representatividad de las propias gremiales.

En cuanto a los costos operacionales, eran muy diferentes para empresas de porte pequeño y alto. El Certificado de Aptitud Técnica no incide de igual modo en una empresa con muchos camiones que en otra pequeña o unipersonal, ya que estas últimas tienen alta incidencia en el país e involucran a muchas personas. También se constataron desgastes en el propio enfrentamiento que hubo en las relaciones bilaterales en los procesos tendientes a resolver toda esta problemática. Se plantearon actitudes encontradas en cuanto al acatamiento de acuerdos suscritos con el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esto generó conflictividad y respuestas de dicha Cartera ante las objeciones que se planteaban y surgidas a raíz de los paros transportistas.

El Ministerio, ante todas esas objeciones dio respuestas puntuales; algunas se consideraron satisfactorias y otras se asumieron medianamente.

En ese sentido, se entendió que había opiniones contrarias a las sustentadas, en cuanto a que el sistema no era monopólico del servicio y que la naturaleza jurídica que se le atribuía no correspondía.

En cuanto a si el sistema es monopólico o no, siempre se manejó la idea de que cualquier empresa, internacional o local, podía tener participación en este tipo de control, presentarse a una posible licitación o a un llamado, pero que el parque automotor del país -en particular, en lo que hace al transporte carretero- no era de tal envergadura como para que hubiera más de una empresa. Es por ello que a ésta se la consideraba monopólica de hecho.

Por otra parte, el Ministerio hizo una serie de puntualizaciones en cuanto a que el Certificado de Aptitud Técnica debía ser considerado, no solamente por su impacto social, sino también desde el punto de vista de la salvaguardia de los valores éticos, ya que esa Secretaría de Estado no solamente asumía la responsabilidad de tener a su cargo los controles por lo que implica la propia flota camionera, sino también la protección de derechos de toda la población.

Según se nos dijo, el Ministerio siempre actuó con una gran flexibilidad a lo largo de las negociaciones; que el estado que presentaba el sistema vial del país y las políticas adoptadas en ese sentido, eran normales. En una de las primeras ocasiones en que el señor Ministro concurrió a la Comisión, manifestó que el Ministerio había recibido un sistema vial que en 1984 presentaba, en una pequeña parte de sus carreteras, un mal estado -casi un 80% se encontraba en buen estado- pero que en este último período la situación se había invertido.

Permanentemente se hicieron aportes con miras a renovar la flota y se llegó a la conclusión de que había necesidad de mantener el compromiso con SUCTA S.A., dado que era prácticamente imposible rescindir el contrato inicial, por cuanto ello generaría una cascada de problemas y de reclamos de la empresa en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los contratos. Se procedió a la instalación de una Mesa de Transporte para las negociaciones y se planteó una propuesta en cuanto al necesario redimensionamiento del parque de camiones que, acoto, las propias gremiales aceptaban en virtud de que entendían que estábamos ante un parque sobredimensionado. Hubo, ciertamente, una constatación de incumplimiento de acuerdos y de decretos que postergaban las inspecciones.

Toda esta problemática que ha sido enumerada a los efectos de proporcionar la mayor información posible al Senado, y que la Comisión en principio manejó como documentación y posteriormente como constataciones surgidas de las documentaciones, de las visitas y de todo el material que fuimos acumulando, se transformó en sugerencias -así lo decidió la Comisión por unanimidad- en aras de encontrar soluciones, no definitivas, sino vinculadas al proceso de discusión que se dio tanto en el Ministerio y en las gremiales, como al nivel de los transportistas en forma unipersonal. En general, había acuerdo con algo que ya se estaba llevando adelante.

Un aspecto que fue destacado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas era que, en relación a cómo se venía aplicando este procedimiento, prácticamente esa Secretaría de Estado debía hacerse cargo de la inspección de 4.000 vehículos, cantidad muy importante por el gasto que le significaba. De todos modos, se aclaró que se estaba procediendo de esa manera porque el Ministerio no tenía una salida acorde a la situación planteada.

El principio de acuerdo a que se llegó en la Comisión -y que aquí hemos ubicado como punto 1.22- consagra la inspección de todos los vehículos que circulan por las rutas nacionales, ya sea que se trate de particulares como de organismos públicos, con la situación emergente de 4.000 inspecciones de camiones a cargo del Ministerio, que ya está pagando a la empresa. Queremos repetir, entonces, que nadie se opone a la idea de que las inspecciones son realmente necesarias.

En caso de que esas 4.000 inspecciones se vuelquen sobre la flota que tiene menos posibilidades de llegar a ellas, dando plazos prudenciales para el reciclaje de aquellas unidades en que esto sea viable, sin el apremio de multas y suspensiones, y con controles que indiquen que así se está procediendo, evitará la operación clandestina de camiones hasta el final de la vida útil de cada unidad. ¿Por qué se plantea esto? Porque, concretamente, el costo operacional sumado al de las inspecciones y la inviabilidad de su puesta a punto, iban a significar la operativa clandestina de un número muy importante de unidades de la flota camionera, lo que ocasionaría un consiguiente problema de seguridad, que fue el elemento inicial que tuvimos muy en cuenta y en torno al que todas las partes estuvieron de acuerdo.

Por otro lado, de esta manera evitamos las posibles evasiones al Banco de Previsión social, ya que esos 4.000 ó 5.000 ómnibus y camiones que operan en forma clandestina están evadiendo los eventuales controles de este organismo y de los registros.

El tema es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas había acordado un plazo en materia de controles asegurando mensualmente la presencia de mil vehículos -es decir, una gran parte de la flota- con lo cual en veintiséis meses existía la posibilidad de abarcar la totalidad. La no presentación durante ese período significaba que esos vehículos se transformarían en chatarra de inútil uso y de imposible incorporación a la flota. Por otra parte, operando en esas condiciones implican un altísimo riesgo para el sistema nacional.

Esto, sin duda, es de beneficio general, tanto a corto plazo, como en lo operativo convenido.

Decíamos que tratándose de soluciones no definitivas, su transitoriedad mantiene en vigencia la necesidad de buscar soluciones de fondo que normalicen la relación de intereses entre trabajadores del sector y el Estado.

Con esto, señor Presidente, la Comisión de Transporte y Obras Públicas cree haber cumplido con la resolución adoptada el 25 de abril de 1996 de estudiar la documentación, la opinión de los transportistas y del Ministerio, de recabar el mayor número de puntos de vista posible sobre el problema, para finalmente dar una orientación que aquí plasmamos como sugerencias. Luego de estudiada toda la documentación, de haber llegado a determinadas constataciones y de analizar a fondo la conflictividad planteada, la orientación es proporcionar al Senado bases de análisis que le permitan formarse un concepto global sobre esta problemática, así como transmitirlo -no como resolución, sino como sugerencia- al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para poner fin a una conflictividad que en ese momento era muy aguda y que, sin duda, se ha ido diluyendo por los procesos de negociación.

23) NELLY GUBITOSI. Pensión graciable. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el proyecto de ley por el que se concede pensión graciable a la señora Nelly Gubitosi. Carp. Nº 439/96 - Rep. Nº 275/96.

Léase el proyecto.

(Se lee)

-En consideración.

Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

(Se reparten las bolillas de votación)

24) TRANSPORTE CARRETERO

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en discusión el asunto que figura en undécimo término del orden del día.

Puede continuar el señor Senador Segovia.

SEÑOR SEGOVIA. - Realmente, a pesar de haber trabajado ahincadamente en el problema a partir del 25 de abril de 1996, la Comisión de Transporte y Obras Públicas recién hoy tiene la posibilidad de brindar su aporte al Senado. Sin duda, ello se debe al mecanismo de funcionamiento que tiene el Cuerpo y no al hecho de que haya incidido en algún momento las formas de trabajo de esta Comisión.

En verdad el reunir toda esta información, recibir la visita de todos aquellos que quisieron plantear su opinión y encontrar una decisión que fuera aceptada por la unanimidad de todos los integrantes de la Comisión, ha sido una labor ardua, que cabe destacar en este informe.

Es todo lo que la Comisión de Transporte y Obras Públicas ha logrado estudiar. En un informe de la actitud asumida por la unanimidad de sus integrantes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quiere decir, entonces, que lo que sugiere la Comisión es simplemente que se ponga en conocimiento del Poder Ejecutivo todas las actuaciones realizadas y, naturalmente, este informe final que contiene las constataciones y sugerencias.

SEÑOR SEGOVIA. - Sin duda, señor Presidente, lo que la Comisión pretende es trasmitir un estudio, en el que se establecen todas las constataciones. El mismo tiene un capítulo final de sugerencias, que es un indicador de un mecanismo por el cual se evita la conflictividad -que, prácticamente, se ha diluido, aunque no se ha eliminado totalmente- y permite llegar a una solución real -de acuerdo con lo que se determina en el segundo ítem- al volcar las cuatro mil inspecciones a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el trámite solicitado por la Comisión de Transporte y Obras Públicas.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

25) NELLY GUBITOSI. Pensión graciable. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a dar cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder a la señora Nelly Gubitosi. Ha sido de 24 votos en 26, por lo que ha resultado: Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º. - La erogación resultante será atendida por Rentas Generales".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 26. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

26) NILDA GUBITOSI. Pensión graciable. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el proyecto de ley por el que se concede pensión graciable a la señora Nilda Gubitosi. Carp. Nº 439/96 - Rep. Nº 275/96.

Léase el proyecto.

(Se lee)

-En consideración.

Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

(Se reparten las bolillas de votación)

27) ARTICULO 29 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. La comunicación por medio de las radios llamadas comunitarias.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: en el día de mañana está previsto tratar un tema prioritario, que es el de la Ley Cristal. A esos efectos, estamos anotados para hacer una exposición los señores Senadores Pereyra, Santoro y quien habla. Con el fin de no abrumar al Senado con una doble intervención, en lo que me es personal solicito -si el Cuerpo está de acuerdo- se transfiera mi exposición de treinta minutos que se me había autorizado para el día de mañana sobre el tema libertad de comunicación y radios comunitarias, para la primera sesión ordinaria de octubre.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Por consiguiente, queda transferida la exposición del señor Senador Sarthou.

28) WILFREDO TOAMARAN. Pensión graciable. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el proyecto de ley por el que se concede pensión graciable al señor Wilfredo Toamarán. Carp. Nº 439/96 - Rep. Nº 275/96).

Léase el proyecto.

(Se lee)

-En consideración.

Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

(Se reparten las bolillas de votación)

29) NILDA GUBITOSI. Pensión graciable. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a dar cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder a la señora Nilda Gubitosi. Ha sido de 23 votos en 25, por lo que ha resultado. Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º. - La erogación resultante será atendida por Rentas Generales".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

30) WILFREDO TOAMARAN. Pensión graciable. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a dar cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder al señor Wilfredo Toamarán. Ha sido de 23 votos en 25, por lo que ha resultado: Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º. - La erogación resultante será atendida por Rentas Generales".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

31) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR A VARIOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde pasar a sesión secreta para considerar los asuntos que figuran en duodécimo término del orden del día.

(Así se hace. Es la hora 18 y 9 minutos)

(En sesión pública)

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Posadas Montero)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Ignacio Posadas Montero). - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 18 y 22 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Lic. Jorge Moreira Parsons). - El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a cuatro funcionarios del Ministerio de Salud Pública, a dos funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a una funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional.

32) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Ignacio Posadas Montero). - Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 18 y 22 minutos, presidiendo el señor Senador Posadas Montero y estando presentes los señores Senadores Antognazza, Astori, Bensión, Bentancur, Bergstein, Brezzo, Casartelli, Caviglia, Cid, Couriel, Chiesa, Fernández Faingold, Garat, Heber, Hierro López, Hualde, Irurtia, Korzeniak, Pereyra, Santoro, Sarthou, Segovia y Virgili).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario - Don Gabriel Rodríguez Garcés Prosecretario

Sr. Carlos E. Moreira Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.