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Nº 70 – TOMO 372 - 6 DE DICIEMBRE DE 1995

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

69ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS Y LA SEÑORA PROSECRETARIA QUENA CARAMBULA

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 7) Asuntos entrados

4) Integración del Cuerpo

-Los señores Opertti, Bado, la Doctora Reta, Zerbino, Bluth, Davrieux, Solari, Correa Freitas, Bastón, Scavarelli, Pais Bermúdez, Rodríguez Perdomo, Hackenbruch y Bertolini comunican que por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.
-Se convoca al señor Eber Da Rosa quien ya a prestado el juramento de estilo por lo que queda incorporado al Cuerpo.

5 y 9) Presupuesto Nacional. Ejercicio 1995-1999

-Continúa la discusión general.
-Se vota en general.
-Se pasa a la discusión particular.

6 y 10) Cuarto intermedio

-De acuerdo a lo resuelto en el día de ayer, se pasa a cuarto intermedio hasta la hora 15.
-De acuerdo a lo resuelto, se pasa a cuarto intermedio hasta el día de mañana a la hora 9 y 30.

8) Solicitud de licencia

-La formula el señor Senador Mallo, por el día de la fecha.
-Concedida.
-Se convoca al señor Néstor Andrade, quien ya ha prestado el juramento, por lo que queda incorporado al Cuerpo

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 5 de diciembre de 1995.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria en régimen de cuarto intermedio mañana miércoles 6 a la hora 9, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

-Continúa la discusión general y particular del Proyecto de Ley por el que se aprueba el Presupuesto Nacional - Ejercicio 1995-1999.

(Carp. Nº 318/95 - Rep. Nº 124/95
Anexos I, II, III, IV y V)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario"

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andrade, Andújar, Arismendi, Astori, Batlle, Bentancur, Bergstein, Cid, Couriel, Dalmás, Da Rosa, Fernández, Fernández Faingold, Gandini, Gargano, Gutiérrez, Heber, Irurtia, Iturralde, Korzeniak, Laffitte, Mallo, Michelini, Pereyra, Pozzolo, Rodríguez, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia y Virgili.

FALTAN: con licencia los señores Senadores Brezzo, Chiesa, Garat, Hierro López, Millor, Posadas Montero, Ricaldoni, Storace y Mallo a partir de las 15 horas.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 29 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 6 de diciembre de 1995.

La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo, a los que acompañan los siguientes Proyectos de Ley:

Por el que se aprueba el Acuerdo de Donación Modal celebrado entre la Administración de Ferrocarriles del Estado y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrado el día 4 de agosto de 1995.

- A la Comisión de Asuntos Internacionales integrada con dos miembros de la Comisión de Constitución y Legislación y dos miembros de la Comisión de Transporte y Obras Públicas.

Por el que se estructura un nuevo Código del Proceso Penal.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores acusa recibo de la exposición escrita del señor Senador Luis Alberto Heber relacionada con la ubicación de la sede de nuestra Embajada de Israel.

- A disposición del señor Senador Luis Alberto Heber."

4) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. Dese cuenta de varias notas de desistimiento.

"Los señores Opertti, Bado, Reta, Zerbino, Bluth, Davrieux, Solari, Correa Freitas, Bastón, Scavarelli, Pais Bermúdez, Rodríguez Perdomo, Hackenbruch y Bertolini, comunican que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto."

- Léanse.

(Se leen:)

"Montevideo, 6 de diciembre de 1995.

Señor

Presidente del Senado de la República

Dr. Hugo Batalla

Presente

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle que ante la convocatoria para integrar ese Alto Cuerpo, declino por esta vez incorporarme al Senado.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente y demás integrantes del Cuerpo, con mi más alta consideración y estima personal.

Didier Opertti. Ministro del Interior."

"Montevideo, 6 de Diciembre de 1995.

Señor Presidente del Senado de la República

Doctor Hugo Batalla

Presente

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente a efectos de comunicarle que ante la convocatoria para integrar ese Alto Cuerpo, declino por esta vez incorporarme al Senado.

Sin otro particular saludo al señor Presidente y demás integrantes del Cuerpo con mi más alta consideración.

Doctor Washington Bado"

"Montevideo, 6 de diciembre de 1995

Señor Presidente

de la Cámara de Senadores

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que por esta única vez renuncio a la convocatoria de que he sido objeto.

Lo saluda atentamente.

Dra. Adela Reta."

"Montevideo, 6 de diciembre de 1995.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente.

Señor Presidente:

Por medio de la presente comunico a usted que, por esta única vez, renuncio a la convocatoria de la que he sido objeto.

Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad para saludar a usted muy atentamente.

Cr. Ricardo Zerbino Cavajani."

"Montevideo, 6 de diciembre de 1995.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de comunicarle que ante la convocatoria para integrar ese Alto Cuerpo, declino por esta vez incorporarme al Senado.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente y demás integrantes del Cuerpo, con mi más alta consideración y estima personal.

Dr. Elías Bluth."

"Montevideo, 6 de diciembre de 1995.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que por esta única vez, renuncio a la convocatoria de la que he sido objeto.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Cr. Ariel Davrieux."

"Montevideo, 6 de diciembre de 1995.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico a Usted que por esta única vez renuncio a la convocatoria de la que he sido objeto.

Sin otro particular lo saluda a Usted muy atentamente,

Dr. Alfredo Solari. Ministro de Salud Pública."

"Montevideo, 6 de diciembre de 1995.

Señor Presidente del

Senado de la República

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de comunicarle que ante la convocatoria para integrar ese Alto Cuerpo, declino por esta vez incorporarme al Senado.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente y demás integrantes del Cuerpo, con mi más alta consideración y estima personal.

Dr. Ruben Correa Freitas."

"Montevideo, 6 de diciembre de 1995.

Señor

Presidente del Senado de la República

Dr. Hugo Batalla

Presente

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de comunicarle que ante la convocatoria para integrar ese Alto Cuerpo, declino por esta vez incorporarme al Senado.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente y demás integrantes del Cuerpo, con mi más alta consideración y estima personal.

Dr. Carlos Bastón."

"Montevideo, 6 de diciembre de 1995.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que por esta única vez renuncio a la convocatoria de que he sido objeto.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Dr. Alberto Scavarelli."

Montevideo, 6 de diciembre de 1995.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

Por intermedio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que por esta única vez vengo a renunciar a la convocatoria de que he sido objeto.

Hago propicia la oportunidad para saludar a usted con mi más alta consideración y estima.

Dr. Ronald Pais Bermúdez."

"Montevideo, 6 de diciembre de 1995.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de comunicarle que ante la convocatoria para integrar ese Alto Cuerpo, declino por esta vez incorporarme al Senado.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente y demás integrantes del Cuerpo, con mi más alta consideración y estima personal.

Dr. Matías Rodríguez Perdomo."

"Montevideo, 6 de diciembre de 1995.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Hugo Fernández Faingold

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente y por única vez no acepto la convocatoria a integrar la honorable Cámara de Senadores.

Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente.

Tabaré Hackenbruch. Intendente Municipal de Canelones."

"Montevideo, 6 de diciembre de 1995.

Señor

Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria de la que he sido objeto, para integrar la Cámara de Senadores.

Hago propicia la ocasión para saludarle a usted y demás integrantes del Cuerpo con mi más alta estima.

Dr. Luis Batlle Bertolini. Representante Nacional por Salto."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, queda convocado el Doctor Eber Da Rosa, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo

5) PRESUPUESTO NACIONAL. Ejercicio 1995-1999.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión general del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional Ejercicio 1995-1999.

(Antecedentes: ver 68ª S O)

Tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en el tiempo de que disponemos, vamos a intentar ordenar nuestras ideas para trasmitir al Cuerpo la posición del Nuevo Espacio y de quien habla sobre el tema presupuestal.

Desde ya adelantamos que votaremos negativamente en términos generales esta iniciativa y que trataremos, en caso de que prospere, plantear algunas modificaciones en la discusión particular. En esa intervención en la discusión general, lo que pretendemos es reflexionar acerca de cómo nos paramos ante este Proyecto y, en función de ello, de qué modo lo razonamos, para que el conjunto de la opinión pública y los aquí presentes conozcan claramente nuestra posición.

Como es lógico, la Ley de Presupuesto es la gran iniciativa de un gobierno; cualquiera sea el partido político que esté en el gobierno, en la etapa presupuestal lleva adelante la tarea de asignar recursos. Eso es así en el Uruguay, gobierno tras gobierno, y en cualquier parte del mundo. Lo sería, también, si otras fueran las fuerzas que estuvieran al frente de la Administración. Un partido político llega a la elección planteando sus propuestas y, posteriormente, en función de la realidad electoral -es decir, si la ciudadanía le otorgó la mayoría- plasma sus políticas futuras en un Proyecto de Ley llamado Presupuesto Nacional.

Frente a esto, ¿qué es lo que tiene que hacer la oposición? ¿Qué corresponde a quienes debemos controlar al gobierno? Precisamente eso: controlar lo que hará la Administración con los dineros de la comunidad, de qué modo los va a gastar e invertir, cuál es la asignación de recursos y de qué manera tiene pensado llevar a la práctica las ideas que está planteando el Poder Ejecutivo. Cuando hablo del Poder Ejecutivo me refiero a las fuerzas políticas que hacen la mayoría para dar gobernabilidad al país. Ayer se hacía mención -no quiero con esto entablar polémica- a si algunos integrantes de la coalición apoyaban o no esta iniciativa. Un gobierno puede sustentar un proyecto de reforma y distintos proyectos de ley en la medida en que tenga apoyatura parlamentaria; si de ella carece, es indudable que se genera una inestabilidad importante.

Reitero, entonces, que este es el proyecto del gobierno y de la coalición que lo apoya, y no me parece mal que así sea.

Sin embargo, tenemos algunas discrepancias respecto a cómo se ha presentado este Presupuesto. La primera de ellas estriba en que estamos ante un Presupuesto muy alto; a nuestro juicio, el nivel de gastos planteado es muy excesivo. Por lo tanto, la primera pregunta que nos surge es de qué manera se va a financiar, quien lo va a pagar, qué señales estamos dando a la opinión pública.

Estas son algunas de las interrogantes que nos hacemos frente a este Proyecto de Presupuesto, entre otras cosas, porque a veces las cifras nos dicen cosas muy importantes. Por ejemplo, nos dicen que este es el Presupuesto más alto en la historia del país. Se trata de más de U$S 4:000.000.000 que este Parlamento va a autorizar para que el Poder Ejecutivo gaste en el futuro. En términos reales, de 1984 a 1989 el gasto presupuestario creció un 13,7%, mientras que de 1989 a 1994 lo hizo en un 15%.

En este sentido, bueno es aclarar -porque conviene razonar los números- que el crecimiento mayor del último quinquenio ocurrió en 1994, cuando las cifras muestran un crecimiento real del 10% paradójico, para una Administración que sostuvo que la contención del gasto público era un elemento esencial de la política que llevaba adelante. Quiere decir que la primera aspiración del gobierno anterior era, repito, contener el gasto público y, sorpresivamente, en el último año -que era el año electoral- crece 10 puntos de ese 15%.

No quiero generar una polémica sobre el carnaval electoral, pero en este sentido deberíamos reflexionar. Si los partidos gastan cifras récord -porque éstas lo son- ¿cuál es la señal que estamos dando al resto de la ciudadanía? Sorprende, además que algunos puntos del crecimiento del gasto en 1994 corresponden a determinados Ministerios. Obsérvese cómo hablan las cifras. Increíblemente, el Ministerio de Salud Pública ha tenido durante los últimos diez años un gasto prácticamente constante, tradicional, rutinario y hasta podríamos decir burocrático. En el último año electoral salta más de tres puntos en el Presupuesto de 1994, que es el más alto y sólo va a ser superado por éste. ¿Por qué salta tres puntos? ¿Cuál es la razón del gasto? ¿Cuáles fueron los planes que se hicieron en Salud Pública en 1994 cuando ya se agotaba una gestión de gobierno? Varios señores Senadores podemos testimoniar que este no era el Ministerio más novedoso ni más activo, ya que no planteaba a la ciudadanía reformas y propuestas en los que estuvieran implicados gastos e inversiones. Las cifras hablan por sí solas y hay que leerlas como corresponde.

En materia de política fiscal, señor Presidente, debemos decir que no venimos con la idea de que el Parlamento autorice más y más gastos, sino que tenemos otro punto de vista. Creemos que estamos en un marco regional complicado y delicado que no permite que el Uruguay, en estas relaciones de interdependencia, tenga un excesivo gasto. Este trasmite señales a la opinión pública y al contexto regional que nos pueden colocar en una situación macroeconómica peligrosa.

¿Qué sucede cuando un país gasta más de lo que tiene? En el día de ayer el señor Senador Heber hablaba de un déficit de más de 600 millones de dólares. En este sentido, recuerdo que en 1985 el Presupuesto no llegaba a duplicar esa cifra. ¿Qué ha pasado con nuestra comunidad y con el país, que en diez años ha alcanzado un déficit que llega a un 60% o un 70% de lo que era el Presupuesto en 1985? ¿Estamos por el buen camino? Pienso que cuando un país gasta más de lo que tiene debe, sin duda, recaudar impuestos, es decir, una política fiscal mucho más dura. Esto generará en los agentes del país, trabajadores y empresarios, un nivel fiscal mucho más fuerte y, por lo tanto, una disminución de la actividad. Si ésta baja, porque tenemos un nivel de competencia menor, entonces, exportaremos menos y produciremos menos. En la medida en que la estructura de la recaudación está concentrada en impuestos sobre el consumo y la producción, tendremos un nivel de recaudación menor y un déficit fiscal mayor; por lo tanto, es probable que la inflación no se sitúe en los niveles que queremos.

A nuestro juicio, las conductas fiscales y monetarias ya no son una responsabilidad del Gobierno, sino de todos. Cabe preguntarse hasta que punto las nuevas generaciones de este país estamos pagando por conductas fiscales equivocadas de los últimos treinta años. Parte de la pobreza del país, de la crisis y de la falta de oportunidades se dan en función de que el Uruguay no llevó a cabo lo que debió hacer y porque siguió una política de gastar lo que no tenía.

El Presupuesto dice mucho más que un gasto público excesivo y, además, genera algo sorprendente. Lo que estamos autorizando a gastar no es lo que realmente se gastará en una situación paradójica. Todos sabemos que este nivel de gasto que estamos autorizando no es sostenible ni tampoco financiable a través de impuestos, de recursos externos o extrapresupuestales, de patrimonios que se vendan ni de mayor inflación, porque el nivel de ejecuciones va a ser menor. El propio Gobierno aclara que se va a gastar mucho menos. Incluso, dice a los agentes económicos que no se preocupen porque a pesar de estar autorizando un Presupuesto realmente alto, se va a gastar menos porque habrá economías. Entonces, ¿qué es lo que se pide al Parlamento? ¿Que es lo que se quiere que autorice? ¿Cuál va a ser la asignación de recursos? ¿Qué rubros se van a poder gastar y cuáles no? Empezamos, por lo tanto, a cambiar las funciones; el Poder Ejecutivo dice al Parlamento: denme más dinero, autorícenme a gastar y ya veré en qué rubros se gastará y en cuáles no, teniendo en cuenta las prioridades del país. En este sentido, no quiero dar al Poder Ejecutivo discrecionalidades que no tiene en la Constitución ni en la Ley.

Paradójicamente, en un Presupuesto que da aumentos de salarios públicos, el Poder Ejecutivo anuncia que dichos aumentos no van a ser tales y que uno de los instrumentos con que cuenta para la contención del gasto está constituido por los propios ajustes cuatrimestrales. Precisamente, el ex Ministro de Economía y Finanzas -quien legó el "efecto Posadas"- dijo en su oportunidad: "que el Parlamento gaste, puesto que en los ajustes cuatrimestrales vamos a corregir los excesos que éste cometa". En determinado momento se dio el efecto cero, porque fue tanto lo que se autorizó que en enero, cuando tenía que aplicarse la Rendición de Cuentas, no se otorgó nada.

Todos sabemos que la inflación de este último cuatrimestre y del siguiente estará por encima del 4%. Sin embargo, el Gobierno ya anuncia que para el 1º de enero de 1996 va a dar sólo un aumento del 4%. El Ejecutivo realiza sus cuentas, pasa raya, resta los aumentos -que ya están en el Mensaje Complementario- y, entonces, fija el ajuste cuatrimestral.

Verdaderamente, señor Presidente, siendo todo esto como un engaño o de juego de la mosqueta, en la cual aquello que debería estar no está, o está donde -seguramente- no debería estar.

Me pregunto, por qué el Parlamento autoriza más de lo que debe gastar el Poder Ejecutivo y, a su vez, manifiesta que aquello que está contenido en el propio Proyecto de Ley de Presupuesto no son las políticas que va a llevar adelante. Con esta actitud se está diciendo a todo el país que los niveles de gasto que se autorizan no van a repercutir sobre la inflación porque, sin duda, en oportunidad de los ajustes cuatrimestrales, se realizarán correcciones a la baja, que seguramente, provocarán una caída del salario de los funcionarios.

Obsérvese lo perverso de los mecanismos utilizados en las etapas presupuestales: se produce una gran movilización de sectores sociales y trabajadores para pedir recursos. Algunos incrementos se otorgan, en forma quizás alto tímida, pero no obstante, cuatro meses después se termina corrigiendo a la baja lo que se establece a través del Proyecto de Ley Presupuestal que estamos votando.

Tal vez, este no sea un mal camino; no digo un mal comienzo porque esto se viene repitiendo desde hace muchos años. Sin embargo, no es bueno que el país no asuma la realidad: estamos en una situación delicada. La asignación de recursos presupuestarios no debe ser engañosa. La comunidad debe conocer las prioridades del Gobierno y que no es posible ingresar en un juego de la mosqueta, por el que otorgamos recursos en la etapa presupuestal y luego los quitamos a través de los ajustes de salarios cuatrimestrales.

En verdad, me gustaría que la instancia presupuestal se hubiera dado en otro escenario, donde el Parlamento asumiera las responsabilidades que le corresponden e hiciera decencia con la comunidad, planteando la realidad que está viviendo el país; que no le diéramos la responsabilidad al Poder Ejecutivo de determinar quien gana más y quien menos. Preferiría que estableciéramos las prioridades pertinentes y, a su vez, en un contexto de corrección inflacionaria, que los ajustes cuatrimestrales no fueran una herramienta que el país -permanentemente, a partir de la voluntad del Poder Ejecutivo- utilice como variable de ajuste, que en etapas de recesión tienden a la baja del salario real.

Considero que estamos ante un problema cierto, que es la necesidad de reducir y racionalizar el gasto público. ¿Qué se dijo cuando se instrumentó el ajuste fiscal? Debemos tener memoria. El nuevo Poder Ejecutivo, que instrumenta mayorías parlamentarias mediante una coalición, le dice al inicio de su gestión al conjunto del país que tenemos una situación fiscal delicada y habla de gastos comprometidos y de déficit fiscal intolerable y le pide al Parlamento que se otorguen los recursos necesarios para financiar al Estado y para evitar una situación inflacionaria inquietante. En esa oportunidad se le pidió a la comunidad que otorgara más recursos para superar este coyuntura complicada. Insisto, se piden los recursos con el compromiso de que el gasto va a reducirse. Sin embargo, la reducción del gasto se posterga, tal cual está sucediendo en este Presupuesto.

¡Cual es la instancia para reordenar las cuentas del país? Nosotros creemos que es en la etapa presupuestal, pues es en dicha oportunidad que se define lo que se va a hacer con los recursos que aporta mes a mes y día a día la comunidad. Sin embargo, aquello que se dijo en oportunidad del ajuste fiscal no se concreta en el Presupuesto. El problema es que siempre ocurre así. Me refiero a que en la instancia en que se discutió el Presupuesto quinquenal, cuando el Gobierno electo goza de los mayores grados de libertad, luego de que la comunidad, a través del Parlamento, le dio los niveles de recaudación para ajustar sus cuentas cuando el Gobierno puede empezar a hacer un reordenamiento del gasto público, no sólo no lo hace, sino que estamos aprobando un gasto mayor al del año 1994. Esto es así, no sólo por el planteo del propio Poder Ejecutivo a través del Mensaje Complementario, sino también mediante lo que la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores han puesto a la consideración de este Cuerpo.

Entonces, cuando hablamos de descreimiento político, nos referimos también a un descreimiento en los partidos políticos, porque ellos permanentemente le piden a la comunidad que otorgue nuevos recursos con la excusa de que el incremento de impuestos es temporal. Pero luego, los niveles tributarios se mantienen en forma permanente. Es esto, señor Presidente, lo que genera el descreimiento.

Ahora bien; cuando hablamos de un gasto excesivo, lo hacemos en una doble dimensión. Siempre hablamos de la comunidad -para nosotros es un tema muy fuerte- y de que el gasto es excesivo porque, en términos reales, es un Presupuesto récord en la historia del país. Pero es excesivo porque el Estado no da nada o da muy poco. ¿Da justicia? Personalmente, creo que no ya que en realidad, el servicio de justicia deja mucho que desear. Con estas expresiones no intento adjudicar responsabilidades, simplemente estoy señalando cómo creo que se plantea la comunidad frente al Estado. Por ejemplo, cuando un ciudadano recurre a la justicia, no encuentra respuesta. Del mismo modo, ¿encuentra respuestas en la policía, en la seguridad del país? No, no la encuentra. Puede consultarse a una persona que no tenga posibilidad de penetrar en las esferas del Estado -o que no tenga conocidos a nivel Poder Ejecutivo, de los Gobiernos Departamentales, de los partidos políticos o en cualquier otra esfera de poder de la sociedad, como puede ser la Cámara de Industrias o el PIT-CNT, como para golpear una puerta y entrar por otros canales al Estado- y que se presente ante una Comisaría. Entonces se verá cuáles son las respuestas que obtiene. La sociedad no le da justicia ni le da seguridad. Entonces, ¿cuáles son los servicios que el Estado le brinda, sobre todo, cuando es tan costoso, tanto en términos reales como relativos? ¿Serán la salud pública y la seguridad social, que hemos reformado y de las que esperamos que en tres o cuatro años estén en los niveles de mayor aceptabilidad? El Estado no da mucho pero pide mucho. Esto no es justo.

Tampoco es justo que en los presupuestos autoricemos mayores gatos y que después sea el Poder Ejecutivo el que en su forma discrecional, decida los niveles efectivos de gastos. Seguramente, ese nivel discrecional no se destina a los salarios, donde habrá que establecer cierta contención -tal como ya lo está explicitando con la rebaja salarial- a nivel de los diferentes Incisos y Ministerios.

Aquí también se va a generar un puja ministerial, y en ese sentido me pregunto por qué este Parlamento no es el que determina los ejecutables -y no me refiero a los máximos ejecutables- para que no se dé la posibilidad de que un Ministerio ejecute el cien por ciento de su autorización y otro un 30% menos. ¿Quién lo autoriza? ¿El Parlamento, como debe ser?. En este caso no, porque lo termina haciendo el Poder Ejecutivo.

Se trata de un presupuesto récord en el que se reflejan preocupaciones en torno al manejo de la política macroeconómica y se dan señales de que es el Poder Ejecutivo quien va a determinar las prioridades, la rebaja de salarios, la postergación de la reducción del gasto, tantas veces anunciada y, además, la utilización de recursos para financiar a un sector público ineficiente. Evidentemente, este es un panorama poco atractivo para acompañar una iniciativa en la que el Gobierno se planta frente a la comunidad diciendo: "Estos van a ser mis próximos cinco años". No lo decimos nosotros; el porcentaje de aumento salarial ya lo está dando el propio Gobierno y ha anunciado que los aumentos que vienen en el Presupuesto sólo van a ser paliativos de la inflación.

Pero también está el tema de la asignación del gasto que, a mi parecer, es muy complicado. Cuando se plantean las cifras, el Gobierno está queriendo decir dónde prefiere gastar más y dónde menos, cuáles son sus prioridades y cuáles son los sectores que va a priorizar. Al respecto me pregunto cuáles son las prioridades de este Gobierno. Al parecer, son pocas, tímidas y diría que son casi una fotocopia de los Presupuestos anteriores. Entonces, ¿dónde están las novedades? ¿Dónde están las sorpresas, en términos presupuestales y de números? ¿Dónde están las reformas? Este último es un capítulo aparte, al que nos referiremos más adelante. ¿Qué nos dicen las cifras de los diferentes Ministerio? En primer lugar, que en términos relativos, nos encontramos con mayores recursos para la educación que, por supuesto, son bienvenidos y los vamos a apoyar porque creemos que es una prioridad para el Uruguay.

¿Cuáles son las otras sorpresas? Seguramente, la reforma de la tributación agropecuaria, que también es bienvenida. Algo había que hacer, porque somos un país que se introduce en el MERCOSUR y tiene su sector agroindustrial una ventaja relativa. Creemos que se deben dar algunas señales que permitan generar una reactivación en el sector agropecuario y agroindustrial. En estos sectores hay que promover inversiones que generen alternativas de empleo, tanto a nivel agropecuario como agroindustrial.

¿Y las otras reformas? Hay alguna transformación tímida con respecto al Correo y en lo que tiene que ver con el sector público, en cuanto al tema de los funcionarios y reordenamiento de la gestión financiera del Estado, pero nada más. Entonces, este Proyecto de Ley de Presupuesto tiene alrededor de 700 artículos que no generan grandes novedades para el país. Por cierto, algunas iniciativas son interesantes, pero en conjunto el Presupuesto no nos convence. Para un país con el dinamismo que debe tener el Uruguay en función de lo que sucede en el mundo y en la región, me parece que es un Presupuesto tímido y que no llena las expectativas. En ese sentido, lo que no se logró en este año, difícilmente se pueda conseguir el que viene.

SEÑOR POZZOLO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO.- Formulo moción para que se prorrogue el término del que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Pozzolo.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Agradezco a la Mesa y a los señores Senadores.

Este Capítulo de las reformas, que se mezcla en la asignación del gasto, me lleva a un tema central. Así como los números indican cuáles son las reformas, también señalan lo que no se modifica. En el día de ayer el señor Senador Santoro se refirió a algunos números con respecto a los gastos del Ministerio de Defensa Nacional y dijo que en el año 1986 -tengamos en cuenta que en el año 1985 estábamos asumiendo responsabilidades las nuevas autoridades democráticas- esa Cartera disminuyó sus recursos varios puntos. Entonces, el sistema democrático reasignó recursos sin hacer transformaciones como las que aspiraba el señor Senador Heber, quien decía que ya es tiempo de realizarlas. Esta primera etapa fue correcta. Asimismo, el señor Senador Santoro expresó que en la medida en que se tome en cuenta el Presupuesto de la Seguridad Social, que luego de la reforma constitucional ha ido creciendo de manera importante, el Ministerio de Defensa Nacional ha mantenido su peso en el gasto y, en cierta medida, ha decrecido. ¿Es bueno leer las cifras así? ¿Por qué no lo hacemos de otra manera? Seguramente nos encontremos con sorpresas. Si dejamos de lado la Seguridad Social, que ha crecido en términos porcentuales y reales muy importantes -nadie lo puede discutir- podemos decir que dentro de equis años todos los rubros podrán ser de un 1%. A esto se nos podría argumentar que el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional bajó porque, en la medida en que no se hubiera hecho una reforma de la Seguridad Social, se hubiera ido incorporando y llevando todo el Presupuesto Nacional. En mi opinión, hay que leer correctamente las cifras del Presupuesto y, dejando de lado la Seguridad Social, podemos decir que el Ministerio de Defensa Nacional, luego del año 1986 se ha mantenido en un 12 %, un 11% y hasta llegó a alcanzar un 10% en 1992, durante el Gobierno del Doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Este año, sin contar la Seguridad Social, dicho Presupuesto supera el 12%. Recuérdese que no estoy incluyendo la Seguridad Social.

A mi juicio, el Ministerio de Defensa Nacional es el que más recursos tiene. En términos de salarios, sólo es superado por la ANEP, ya que dicho Ministerio se lleva más del 20%. En cuanto a los gastos de funcionamiento, exceptuando al Ministerio de Salud Pública, el de Defensa Nacional ocupa el segundo lugar. Pero, ¡vaya paradoja!, hay muy poca inversión en el Ministerio de Defensa Nacional y en mi opinión, las inversiones que se proponen son poco justificables.

En cuanto a los gastos de inversión de Defensa Nacional, tengo en mi poder el informe del Plan de Inversiones, elevado a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, por la Comisión de Transporte y Obras Públicas. Concretamente, se expresa: "En un presupuesto que se inscribe en Política de ajuste económico," -aclaro que esto lo afirman los tres Partidos Políticos, ya que el Nuevo Espacio no integraba esa Comisión- "donde el señor Ministro de Defensa Nacional manifiesta que "se trata de una solicitud presupuestal baja ante el volumen del Ejército Nacional", sin discutir las necesidades técnicas y el dimensionado de las Fuerzas Armadas a pesar de la altísima incidencia en el Presupuesto Nacional, la Comisión advierte que el Presupuesto no revierte sugerencias ya formuladas en el quinquenio anterior".

Reitero que esto no lo digo yo. En ese sentido, concuerdo con el señor Senador Heber, en que el Ministerio de Defensa Nacional tiene una altísima incidencia en el Presupuesto Nacional. Se trata de una asignatura pendiente. Hemos expresado que este tema, más que una luz amarilla, tiene una luz roja.

Luego, en el citado informe se expresa lo siguiente: "Se advierte una altísima inversión en equipamiento: pesado y específico, reposición de armamento con calibres inadecuados, puesta en capacidad de fuego de material prácticamente obsoleto, alto monto para la adquisición de vehículos así como alta inversión en inmuebles e instalaciones". Estas son las inversiones que estamos votando.

Aclaro que no deseo polemizar. Repito que esto no lo digo yo, sino que figura en el informe de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, en la que participaron los tres Partidos Políticos. Como se podrá apreciar, hay una alta incidencia del Ministerio de Defensa Nacional en el Presupuesto Nacional y, además, las inversiones que se están realizando son inadecuadas.

Más adelante, se indica: "Sería beneficioso a las impostergables necesidades de otros Incisos presupuestales para promover la inversión productiva y políticas sociales, diferir repotencialización de tanques, realizar redistribución del uso de fondos extrapresupuestales y postergación gradual en el tiempo de inversiones inmobiliarias".

Esto significa que, a juicio de la Comisión, las inversiones en el Ministerio de Defensa Nacional no tienen prioridad pero, a pesar de las observaciones, las aprueba.

Por otra parte, ¿es necesario realizar inversiones en el Ministerio de Defensa Nacional? Creo que sí, pero no éstas. Si queremos que este Ministerio salga de la situación en la que se encuentra, tenemos que realizar inversiones a fin de bajar los niveles de recursos humanos, que pesan en forma muy alta en el Presupuesto Nacional. El 20% de los recursos que en el Presupuesto se destinan a salarios, se lo lleva las Fuerzas Armadas, en general, el Ministerio de Defensa Nacional. Por supuesto que tiene un hospital y otras dependencias. Pero ¿esta es la defensa que queremos del país? ¿Cuáles son las hipótesis de conflicto? ¿Cuál es la defensa que necesita el país para el siglo XXI? ¿Cuál es nuestro mecanismo de defensa frente a la hermandad del MERCOSUR? No debemos olvidar que ya no hay ninguna hipótesis de conflicto entre Brasil y Argentina. Entonces, ¿Uruguay va a decir que hay una hipótesis de este tipo con nuestros hermanos del MERCOSUR y que por eso se está gastando en defensa? Creo que es necesario replantear todo esto.

Por todo ello, destaco la actitud de coraje del señor Senador Heber, quien ha expresado que este Presupuesto, más allá de su aprobación -que no comparto- tiene asignaturas pendientes. Estimo que hay que asumirlas.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: después de estas reiteradas alusiones del señor Senador Michelini a nuestras palabras, deseamos indicar que en Comisión, por ejemplo, sostuvimos que el Ejército tenía que renovar sus armas. Creo que es difícil haber escuchado hasta ahora una inversión que es imperiosa que realice el Ejército, que son sus propios fusiles. Además, hice una larga exposición sobre la calidad de los mismos. El Senado de la República y la Cámara de Representantes debían coincidir en cuanto a que es un material totalmente obsoleto y que está en malas condiciones, a pesar del cuidado que el Ejército brinda a su armamento. En la Comisión sostuve que era necesario realizar esta inversión. También indiqué el tema relacionado con las inversiones en las Fuerzas Armadas debía haberse replanteado en base a lo que este Presupuesto dice en términos generales. El inventario de inmuebles -que es muy grande- debería ser reconvertido, puesto que puede venderse aquello que, en definitiva, no es esencial ni prioritario para la función que debe desempeñar el Ejército. En su lugar, podría llevarse a cabo las obras de inversión que realmente se requieren. Cuestioné -¡como no iba a hacerlo!- el edificio del FUSNA, porque creo que es más importante renovarle las armas que construirle un edificio. Existe una acusación de parte del sistema político, que también fue planteada en el Período pasado. En esta misma Sala, durante la consideración de la Ley de Rendición de Cuentas, se dijo que la Administración había hecho ingresar 10.000 funcionarios en el último año, pero no se indicó que 5.000 -de esos 10.000- ingresaron por la natural renovación de personal que se va de baja o se retira de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando ahora se propone, mediante un artículo, que no ingresen funcionarios durante diez años, no se está diciendo que no se van a renovar los 5.000 puestos de trabajo por año en las Fuerzas Armadas, ni tampoco se habla de los más de 2.000 que llenan las vacantes de los retiros policiales. Esto significa que, desde ya, habrá 7.500 personas por año que ingresarán tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía. Se ha dicho que la Administración anterior ha solicitado a las distintas Fuerzas que se autocritiquen, que establezcan sus metas y objetivos, que se redimensionen y se redefinan. Fue una larga tarea que se está llevando a cabo dentro del Ejército y que aún está pendiente. Como sector político, aspiramos que dicha labor continúe. Esta es la opinión de ellos mismo, no de sectores políticos que a veces poco conocemos el papel y la vida interna de las Fuerzas Armadas. Reitero que ellos mismos claramente indicaron cuáles eran sus metas y objetivos y de qué forma se podría ir buscando sus nuevos roles y sus reestructuras para un nuevo Uruguay y un nuevo mundo. Indudablemente, no es lo mismo el Ejército que teníamos en la década del 60, porque el mundo es otro. Hoy estamos inscriptos en otro tipo de integración. Debemos pensar en la manera en que vamos a coordinarnos con otras fuerzas de la región.

Es necesario tratar muchos temas. No soy crítico del conjunto y del papel de las Fuerzas Armadas, pero sí lo soy en cuanto a que no se continúen cosas que son políticas de Estado ya que, en definitiva, la opinión vino de ellos. En función de eso es que debemos ir avanzando. En un Presupuesto de prioridades, debemos decir a las Fuerzas Armadas que si se quiere construir un edificio, que lo hagan, pero vendiendo inmuebles que son de su propiedad y que indudablemente no creo que tengan el rol prioritario que ellos creen.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR SANTORO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SANTORO.- Señor Presidente: en cada oportunidad en que a nivel del Parlamento se considera el Presupuesto General de Sueldos, Gastos y Recursos, surge un tema recurrente, que siempre preocupa y que determina que se utilice un tiempo considerable de la discusión. Me refiero al tema de las Fuerzas Armadas y a su costo para el país.

Por nuestra parte, queremos significar que es evidente -se ha reconocido y se acaba de reiterar hace un instante en la exposición del señor Senador Michelini- que se ha reducido en forma importante el costo del Ministerio de Defensa Nacional en el país. Dicha reducción se produjo como consecuencia de que el Uruguay vivió una etapa muy importante de su vida, en la cual a través del desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional, se consideró que las Fuerzas Armadas estaban en condiciones y debían realizar una intervención de carácter político, por lo que su presupuesto se elevó a cifras muy significativas.

De todos modos, del caso es señalar -haciendo una rápida referencia a las cifras- que durante el Gobierno del doctor Lacalle, por primera vez en la historia del Uruguay los presupuestos relativos a educación superaron lo previsto para las Fuerzas Armadas. Asimismo, debemos reflexionar sobre lo siguiente. Definitivamente, el Uruguay en cada oportunidad en que se trata el Proyecto de Ley de Presupuesto tiene que resolver el tema vinculado a la existencia de las Fuerzas Armadas, su necesidad, su papel y el por qué de su existencia, tema que reitero siempre se plantea en estas instancias.

Por nuestra parte, queremos señalar con énfasis, que el Uruguay necesita Fuerzas Armadas porque siempre las tuvo, desde el comienzo de su proceso de gestación, manteniéndolas en forma permanente porque son esenciales para la constitución, realización y permanencia de la soberanía del país. Al mismo tiempo debemos hacer hincapié en el hecho de que todo lo relativo al MERCOSUR, que actualmente alcanza niveles tan trascendentes, nació en un acuerdo realizado en Foz de Iguazú entre los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas de Argentina y Brasil. ¿Acaso nos hemos olvidado tan rápidamente de esto y de que las Fuerzas Armadas de Brasil y Argentina son muy importantes? Todo esto más allá de la situación especial que viven actualmente las Fuerzas Armadas de Argentina donde, por primera vez, quien está a cargo de su conducción su jefe, el general Balza, en una actitud que nosotros consideramos merecedora, por lo menos, de algún sentimiento de compasión, ha comparecido desde hace unos días en los medios televisivos, pidiendo sumisamente que le aumenten los sueldos a los integrantes de dichas Fuerzas. No es este el caso de Brasil porque sus Fuerzas Armadas están ubicadas en un nivel equiparable al del poder político.

En consecuencia, todos estos elementos están incluidos en la realidad política de América, por lo que cabe recordar el origen del MERCOSUR que, como dije, no fue de índole política, sino a nivel de las Fuerzas Armadas.

Cabe preguntarse si se trata de tener Fuerzas Armadas orientadas en la dirección que ahora desea Estados Unidos, potencia única en el mundo con respecto a América. Ya se terminó todo lo relativo a la Doctrina Monroe, a la Alianza para el Progreso, al TIAR, a la Conferencia de Río de Janeiro de 1947 y al "bogotazo" en la conformación de la OEA en Colombia; ahora la política se enmarca sobre la bandera de atacar la droga y romper los esquemas que maneja este tremendo mal en la humanidad, diciendo que las Fuerzas Armadas deben ser convertidas en policías, en guardias nacionales. Esto es lo que desea actualmente el imperialismo de los Estados Unidos, es decir, que las Fuerzas Armadas sean simplemente guardias nacionales y cumplan tareas de policía. Inclusive, nos consta que existe algún proyecto que quedó pendiente del Período pasado, en el que se dice que las Fuerzas Armadas deben cumplir tareas de policía, en circunstancias especiales, donde esté confrontada la seguridad pública.

Del caso es, entonces, razonar y tener una visión global de la situación, porque no todo pasa simplemente por una referencia al planillado o por cotejar números, sino por el hecho de decir que las Fuerzas Armadas del país son necesarias y que, además, realizan un trabajo trascendente. No debemos olvidar que se adquirieron equipos muy baratos y de fundamental trascendencia traídos a nuestro país desde la ex Alemania Oriental, con un costo ínfimo. Asimismo, la Armada Nacional también compró unidades muy importantes en ese mismo país, igualmente a bajo costo.

Por otra parte, se está realizando un importante trabajo en cuanto a modificar la estructura de las Fuerzas Armadas, porque actualmente Armas como la de Ingenieros y de Comunicaciones, vinculadas a lo que se denomina como inversión y trabajo, son de gran relevancia para las Fuerzas Armadas.

Finalmente, a través de estas expresiones queríamos hacer referencias muy precisas sobre esta situación. Hay que definir las Fuerzas Armadas, explicitar sus objetivos y tratar que estén acorde con lo que el Uruguay puede pagar, sin olvidar que son necesarias porque, reitero, el MERCOSUR nació del acuerdo firmado entre los Estados Mayores de los dos ejércitos de nuestros países vecinos y sin dejar de tener en cuenta que, además, Estados Unidos desea que no existan más en América -en el patio trasero del imperialismo- Fuerzas Armadas, sino simplemente fuerzas de policía.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- El señor Senador Santoro, en medio de la consideración de este Proyecto de Ley de Presupuesto, invita a una polémica global sobre la política de los Estados Unidos y la política regional a nivel de lo que es la defensa de nuestro país, enmarcado en ese contexto.

Por mi parte, pretendía algo más simple -también en cierta medida era lo que deseaba el señor Senador Heber- y quizá no se entendió. Me refiero a que la comunidad solicita hablar sobre cómo gasta sus recursos y que no hay temas sobre los cuales no se pueda opinar. Asimismo, que existan gastos muy importantes en salarios, sin que el conjunto de la comunidad, a través del Parlamento, pueda referirse a ellos sin generar una situación de cuestionamiento total en el tema de la defensa nacional.

Con el señor Senador Santoro no sólo nos separan diferencias políticas en partidos distintos...

SEÑOR SANTORO.- También nos separan las edades.

SEÑOR MICHELINI.- Es cierto, señor Senador, pero también nos separan edades con el señor Senador Heber. ¿Acaso no se estará expresando aquí una generación que desea comenzar a hablar sobre cuál va a ser la defensa de este país en el siglo XXI, sin ningún tipo de mitos y complejos? Queremos saber como se gasta el dinero, no sólo de los gastos presupuestales, sino también de los extrapresupuestales. Aquí todos sabemos –el señor Senador Santoro también- que en lo que se refiere a inversiones los gastos extrapresupuestales duplican a los presupuestales, sin que el poder político tenga posibilidad de saber exactamente dónde se están utilizando, porque, al parecer, son de carácter reservado.

En consecuencia, al hecho de identificar las políticas de conflicto y saber cuál es el papel que jugará el Uruguay en el MERCOSUR y la defensa que deseamos, debemos agregar nuestro deseo de saber qué tipo de ejército se necesita. Sin duda lo que se está planteando no es una defensa que pese en el Presupuesto, sobre todo a nivel de lo que son los gastos salariales, porque creemos que la defensa actual de un país no se hace basándose únicamente en gastos de recursos humanos. Si nosotros sumamos los gastos en recursos humanos y los otros gastos de funcionamiento del Ministerio de Defensa estamos hablando de más del 20% del Presupuesto del Inciso. Tampoco es aceptable que se diga que la defensa nacional termina siendo una especie de seguro de paro, instrumentando una política social para un sector que está realmente carenciado. ¿Es el Ministerio de Defensa Nacional el que tiene que implementar las políticas sociales? ¿Son éstas las políticas sociales que queremos poner en práctica? ¿Están acordes a los niveles de lucha contra la pobreza que queremos llevar adelante? Creo que no son esas las políticas sociales que debe realizar el país y, además, no las debe manejar el Ministerio de Defensa Nacional.

Sin embargo, se ha producido un avance ya que ahora se va a empezar a discutir en este Parlamento -a través de los mecanismos que podamos encontrar- cuál es el papel futuro de las Fuerzas Armadas de este país. Aunque el señor Senador Santoro se oponga, existe una comunidad que reclama que las nuevas generaciones asumamos con coraje dónde se gastan los recursos, sea en el rubro que sea.

En lo que tiene que ver con las reformas, señalamos que éstas son tímidas, salvo en los temas educativo y agropecuario. ¿Por qué hablamos de las reformas? Porque este país necesita reformas en muchos sectores: en el estatal, en el de la defensa nacional, en el de la educación -que estamos llevando adelante- y en el de los funcionarios públicos. En estas áreas, no podemos seguir como estamos y el Presupuesto, es precisamente, una manera de medir esas reformas. En este sentido, hemos criticado el excesivo gasto en términos reales, porque esta es la autorización de mayor magnitud en toda la historia nacional; pero lo hemos criticado respecto a qué es lo que es Estado devuelve a la comunidad, ya que lo consideramos insuficiente.

Estamos dispuestos a aportar dinero donde se planteen reformas. ¿Hay reforma de la educación? Entonces, habrá dinero y nosotros lo votaremos. Cuando haya reformas en la salud pública, tendrá que haber recursos. Si tiene que haber dinero para el Ministerio de Defensa Nacional, a efectos de realizar el plan de inversiones, que reduzca el nivel de los gastos salariales y que se plantee para estos cinco años una estructura distinta, en ese caso, estaremos dispuestos a otorgar los recursos correspondientes. Así procedimos con respecto a la Seguridad Social cuando se planteó un reordenamiento del sistema, y también votamos gastos en algunos rubros.

A mi juicio, las señales que debe enviar el Parlamento tienen que demostrar que cuando se plantean reformas, la comunidad está dispuesta a gastar y que cuando existen proyectos y objetivos concretos, la ciudadanía los asume. Cuando estas iniciativas no se proponen, la comunidad no está dispuesta a invertir. Por este motivo, criticamos el presupuesto de Defensa Nacional y el propio Proyecto de Ley de Presupuesto. El país necesita otro tipo de reformas que ni siquiera están incluidas, esbozadas o planteadas.

Con respecto a algunos Ministerios, se produjo una especie de corrida para ver cómo se mantenían mejor dentro de ese relativo equilibrio presupuestal; algunos ni siquiera tienen objetivos mínimos en cuanto a lo que quieren hacer con sus rubros. Lo que aquí estamos haciendo es que la comunidad autorice, desde el Parlamento -que es su representante- un gasto al Poder Ejecutivo en un momento macroeconómico difícil y con una situación regional complicada, sin asumir, de cara a la población, la verdadera realidad. Estamos generando señales de que aquellos aumentos, aunque sean tímidos, se van a compensar a la baja a partir del 1º de enero de 1996. Inclusive, ya se está asumiendo que habrá un 4% de incremento a nivel salarial, lo que significa que los que venían en el Mensaje Complementario terminan convalidando la inflación.

Por otro lado, se está diciendo al resto de la comunidad que el Estado va a seguir tal cual está, salvo en los temas agropecuario y educativo, para los que se proyectan algunas tímidas reformas. A pesar de que no las compartimos, nos parece bien que se intente hacer algo, pero creemos que tal como está encarada la reforma a nivel de los funcionarios públicos, la puerta va a seguir abierta para que se vayan los mejores, con lo que la selección continuará siendo adversa. Sin embargo, por lo menos se intentó hacer algo aportando ideas y creatividad.

No pretendo que se lleven a cabo las reformas de un partido que obtuvo el 5% de los votos; lo que digo es que no se puede seguir gastando de esta manera para hacer lo mismo que se vino realizando hasta ahora. Hay que plantear iniciativas, y si la propuesta del señor Senador Heber es empezar a dialogar -quizás a nivel de las nuevas generaciones, de lo que va a ser el siglo XXI- acerca de uno de los mayores gastos del Presupuesto, como lo es el de Defensa Nacional, ésta debe ser bienvenida ya que sería propicio llevar a cabo esta discusión.

Las reformas son imprescindibles no solamente desde el punto de vista de mejorar la competitividad para los sectores empresariales y trabajadores, sino para que se pueda generar el nivel de producción que el país requiere. No vamos a caer en la ingenuidad de pensar que el tema competitivo del Uruguay está determinado sólo por una de sus variables. Nuestro país es absolutamente interdependiente de sus hermanos del MERCOSUR y de factores que muchas veces no apreciamos, desconocemos, y sobre los que no tenemos ningún poder de decisión. Es importante que en el Presupuesto Nacional se concreten cosas, y que se ayude a mejorar la competitividad. Pero razonando este punto desde un ángulo distinto, es decir, del de la comunidad, vemos que aquellos que pagamos los impuestos necesitamos transparencia. Advierto que aquí se ha hecho un esfuerzo a nivel de la transparencia de las cifras, pero también debemos saber cómo se está gastando nuestro dinero. Además de conocer el gasto récord que se puede estar haciendo, debe establecerse claramente lo que la comunidad recibe por concepto de servicios que el Estado le devuelve.

Aún quedan déficits, señor Presidente, pero vamos a trabajar para eliminarlos. No obstante, esta voz se levanta, planteando algunas preocupaciones y no vota el Presupuesto en general, pero votará algunos artículos intentando marcar una línea de conducta a los efectos de lograr que aquello que cuenta con la aprobación de las mayorías, responda al interés general.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Nuestras exposiciones no suelen ser demasiado extensas, y en este caso, trataremos de ser consecuentes con ese estilo. En ese sentido, con la mayor brevedad posible -aunque quizás no con la brillantez con que lo han hecho otros señores Senadores- trataremos de expresar nuestro pensamiento.

Es la primera vez que nos toca actuar en el tratamiento de un Proyecto de Ley de Presupuesto. Por nuestra parte, no lográbamos advertir, por medio de una visión externa, lo que significaba participar en esta instancia, y mucho menos no dábamos cuenta del grado de deterioro que tienen las instituciones tradicionales y democráticas en el país, así como la forma en que ellas han sido sustituidas por las corporaciones. En realidad, jamás pensamos que la sociedad estuviera tan fragmentada y organizada en pequeños sectores en la defensa de sus también pequeños intereses, en desmedro de los de los demás.

Durante este período, hemos visto corporaciones, grupos, sindicatos, delegaciones de oficinas y conjuntos de funcionarios dentro de ellas, tratando de salvar cada uno de ellos su reivindicación. Asimismo, vimos corporaciones gremiales, y no sólo estas, sino también aquellas que nuclean a productores, a industriales, a bancarios y a cooperativistas. También tuvimos contacto con corporaciones estatales, como por ejemplo de las Fuerzas Armadas, de fuerzas dentro de ellas y de grupos de funcionarios pertenecientes a estas últimas. No faltaron las corporaciones de Ministros y jerarcas que no lograron entender todavía lo que significa integrar el Poder Ejecutivo. Todo esto nos revela cómo, lamentablemente, va ganando y sustituyendo a las instituciones un sentimiento de "sálvese quien pueda", pensando sólo en el beneficio individual sin importar cómo le vaya al otro. En las conversaciones privadas, vimos transar con los intereses de otros, en función y beneficio del sector que se representa.

Quizás no sea adecuado tratar hoy este tema, pero es una perspectiva y una visión preocupante que me ha dejado esta instancia presupuestal.

Era mi deseo iniciar esta exposición con la experiencia que creo debemos recoger, porque nuestra función aquí no debe ser la de cumplir el papel de abogados de uno u otro sector; mas de uno de ellos, quizá sin grandes ni traviesas intenciones, quisieron que asumiéramos ese papel. No hemos venido aquí a portar nuestro esfuerzo y energías en función de los intereses justos o injustos de un sector, ni siquiera por nuestra cercanía o conocimiento del mismo. Debemos realizar un esfuerzo por mantener una visión global y tratar de comprender que el Presupuesto es una ley sustancial para el desarrollo de la comunidad.

Esta Ley permite -aunque no necesariamente lo logra- posicionar al país para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos que, por otra parte, hoy no son fijados por el Gobierno de turno, sino por un fuerte pacto político y social que nos comprometió cuando decidimos ingresar al MERCOSUR. Actualmente nos encontramos dentro de ese marco y en ello radica nuestro desafío. Es así que esta Ley de Presupuesto, otras que ya hemos votado, y las que votaremos en el futuro, nos permitirán cumplir con ese reto.

Entonces, aunque puede resultar dolorosa para algunos, nuestra tarea debe ser comprendida como una labor que tiene que privilegiar los intereses generales y tratar de cumplir con los objetivos nacionales, más allá de los de las corporaciones.

Dicho esto, también quisiera sumar la mía -aunque con matices- a otras expresiones que se han vertido aquí. No es esta, señor Presidente, una típica ley de coalición que integramos, ya que no ha sido definida y elaborada desde sus orígenes en el marco de ese Gobierno de coalición. Básicamente, respeta las ideas, los objetivos y las prioridades que el Poder Ejecutivo -aunque también está integrado con Ministros de mi partido- en su más estricta definición, ha marcado desde la Presidencia de la República.

Por nuestra parte, hemos participado en algunos aspectos de la elaboración de este Proyecto de Ley; nuestros Ministros lo han firmado cuando ingresó al Parlamento, tuvieron la oportunidad de discutirlo en ocasión de celebrarse un par de Consejos de Ministros, pero no se ha ido más allá de eso. Sin embargo, el hecho de que no se trate de una típica ley de la coalición no quiere decir que no contenga un acuerdo político concretado antes y durante su consideración.

En ese acuerdo político hemos participado, y con él nos hemos comprometido, tal como decía el señor Senador Santoro, tratando de mejorarlo en lo que puede ser la función usual y tradicional del legislador en la etapa parlamentaria. Pero también lo hecho en un estilo de consulta y de introducción de cambios dentro de los márgenes posibles, respetándole al Poder Ejecutivo las prioridades que ha fijado. Asimismo, hemos actuado con respeto por la política fiscal que se ha determinado y teniendo en cuenta las prioridades económicas y tributarias que se han marcado para este Presupuesto, de modo de proporcionar las herramientas necesarias para cumplir con esos objetivos. Obviamente, parte de ellos se encuentran en el acuerdo original del que ya hemos hablado.

Votaremos este Presupuesto tal como lo hemos hecho en Comisión, y firmamos el informe sin discrepancias, aunque las tenemos. Seguramente, todos los legisladores las tienen, ya que se trata de un Proyecto que contiene aproximadamente 700 artículos. Sin embargo, estas diferencias no hacen a la sustancia, dado que estamos de acuerdo con el Presupuesto en general. Compartimos su filosofía, aunque no coincidimos con algunos de sus aspectos parciales. Estamos de acuerdo con el articulado y con la transparencia que intenta trasmitir, si bien no estamos totalmente seguros de que se logren todos los objetivos que se plantean.

Fundamentalmente, actuamos de esta manera con la humildad que debemos tener cuando no somos capaces de plantear ideas mejores que las propuestas. No hay que olvidar que si hay aspectos que no nos gusta, también debemos admitir que no hemos podido sugerir ideas mejores para sustituirlos.

En definitiva, este ha sido el espíritu que nos ha animado en la discusión de este Presupuesto: tratar de mejorarlo. Sin embargo, debemos decir que lo votamos porque está de acuerdo con nuestra filosofía y esto es, precisamente, lo que determina nuestro voto. No se trata de un dólar más o un dólar menos, y sin pretender ofender a nadie y con el mayor de los respetos, expresamos que en esta discusión parlamentaria del Presupuesto Nacional hemos dialogado con legisladores de todos los lemas, y hemos encontrado opiniones propensas, dispuestas a votar el Presupuesto, aunque es cierto que se trata de opiniones personales. Generalmente, la diferencia radicó en los montos, en las cifras o en la cantidad de dólares puesta o dispuesta para uno u otro Proyecto, pero no en la filosofía.

Y esto creo que es importante. Porque nadie dijo que si se cambia la filosofía de tal o cual aspecto puede ser que lo votemos; sin embargo, sí se dijo que si los montos son otros, podemos acompañar. Me parece que esta es una buena señal y de las buenas cosas tenemos que crecer. Nosotros, no obstante, preferimos pelear esas diferencias, que también las tenemos, y algunas aún nos quedan en la cuenta del debe tratando de mejorarlas y de cumplir con nuestras prioridades. Las de nuestro sector político fueron claras y expresadas desde un inicio. Dijimos que en este Presupuesto nos interesaba tratar de ubicar mejor al país para que a través de un Estado más eficiente pudiera competir más adecuadamente -eso fue lo primero- y por eso acompañamos la reforma que se plantea, aunque en parte de ella -y ya nos referiremos a ese aspecto- no creemos demasiado.

Dijimos que priorizábamos la educación, porque desde ésta podíamos estar cambiando, no el futuro inmediato, pero sí nuestros mejores recursos y capacidad de competencia para que el Uruguay pueda desarrollarse más convenientemente en el esquema de integración regional que tenemos. Dijimos que no era gastar sino invertir, y cuando hablamos de educación nos referimos a la ANEP, pero también a la Universidad de la República y al INAME. Dijimos que nos importaba darle las herramientas en recursos económicos necesarios a un CODICEN que conduce a la enseñanza con el respaldo de todo el Parlamento Nacional que le votó las venias y que cuenta con la confianza necesaria para llevar adelante las reformas que el país requiere y exige. Sin embargo, necesita recurso para poder hacerla. Y no cuestionamos demasiado, porque a veces tenemos que admitir que de todo no debemos saber en profundidad. Confiamos en que las opciones que el CODICEN hizo para aplicar esos recursos en materia de estímulos, desarrollo e inversión son las adecuadas. Tratamos de mejorar el Presupuesto, sin salirnos de la línea, sin escaparnos de los acuerdo y sin negociar por fuera de la sociedad política que tenemos, de modo de mejorar desde el Mensaje Complementario y en la etapa parlamentaria, los recursos brindados a la ANEP, intentando dotar de esas herramientas a quienes se han comprometido con el país, con los docentes, con los padres, con los niños, pero sobre todo con su propia trayectoria, para llevar adelante la reforma educativa. Que no sea esto un fracaso porque falten los recursos imprescindibles, porque vale la pena hacer el esfuerzo allí.

Quizás no tenga todavía todo lo que nosotros queremos y contenga muchas o todas las aspiraciones reales del CODICEN, e incluso le estén faltando algunas otras que consideramos importantes también para dar estabilidad -como dijimos en la Comisión- y regularidad a los cursos, que es uno de los valores fundamentales de la enseñanza. De nada vale estimular mejor a los maestros si en cada Rendición de Cuentas tenemos un conflicto.

Hicimos también la opción por la Universidad a la cual, es cierto, le falta mucho por reformar; coincidimos con ello. Pero no más que al resto del Estado, no más que a otros organismos que el Poder Ejecutivo -hoy del Partido Colorado, ayer del Partido Nacional- tiene posibilidad de cambiar. No más transformación interna que la que se exige para cualquiera de las Intendencias del país. Quizás la principal de todas sea la transformación que debe tener la Universidad sobre su propia organización en la toma de decisiones, que hoy opera, ya no como un mecanismo de participación, sino básicamente de detención, como un lastre para la necesaria ejecutividad y agilidad que esa Casa de Estudios debe tener para irse adaptando rápidamente a los requerimientos del mercado y de la producción.

Le falta mucho, también, en lo relativo a la apertura que debe tener hacia el resto de la comunidad, pero no más que lo que les falta a muchos de los integrantes del sistema político. La Universidad comenzó un proceso de apertura, de diálogo con la comunidad, de aceptación de que ésta y nosotros no violamos la autonomía cuando decidimos adónde se destinan los recursos. Nosotros tenemos -y lo dije al principio- la responsabilidad de decidir adónde van los recursos de los contribuyentes; lo haremos bien o mal, según los resultados finales y quién nos juzgue, pero lo resolvemos nosotros, tanto sea para la Universidad como para la ANEP. Quizás deberíamos decidirlo para algunos más de los que hoy lo hacemos, como lo marcaba ayer el señor Senador Mallo en su exposición. Pero es incuestionable que la Universidad no puede pedirle al país a través del Parlamento que le dé dinero y que no observe cómo se gastó ni determine hacia dónde están las prioridades. Es cierto que no podemos avasallar la autonomía, pero también tenemos derechos en el sentido de ubicar a la Universidad como organismo del Estado que vive de los recursos de la comunidad, siendo quizá la que vive más de éstos sin devolvérselos a toda ella, sino básicamente a un pequeño grupo que tiene el privilegio de poder estudiar gratuitamente y que después seguramente sí se lo retribuye mediante su conocimiento y su esfuerzo, que hace crecer a la Nación; pero no directamente.

Por lo tanto, en ese diálogo -directo o indirecto, con versiones taquigráficas o sin ellas, en la Comisión o en los despachos- en el que se indica que la Universidad no tiene tanto, pero tiene más y que si no tiene más quizás no sea tanto por su propia culpa como por la de los prejuicios que todavía existen en el sistema político - el que también, muchas veces, en parte se siente abogado defensor de esa corporación, quizás sea por allí que tenemos que empezar a cambiar- hemos podido ir construyendo una alternativa económica mucho mejor que la que el organismo tenía. Hemos podido construir mayorías en la Comisión y seguramente en este Cuerpo para que la Universidad tenga hoy no todo lo que pidió -tal vez debería pedir realmente lo que necesita y no más para poder regatear- pero sí mucho más de lo que tuvo originalmente, U$S 18:000.000, más de los que dispuso para ejecutar el año pasado. Es verdad que de 0 a 18 es infinito y de 18 a 80 falta mucho, pero no hemos escuchado expresiones de crítica ácida ni agria en relación a estos U$S 18:000.000, sino principalmente respaldos y reconocimientos. Son U$S 18:000.000 que van dirigidos uno por año a terminar el edificio de la Regional Norte de la Universidad de la República para que algunas personas que viven en el interior tengan la posibilidad de viajar casi todos los días a la ciudad de Salto para poder estudiar, de modo que accedan a la enseñanza como otros muchachos que viven cerca de la capital o tienen padres estancieros o con muchos recursos, que les pueden pagar el apartamento en Montevideo, esto es lo que el organismo necesita para que al final del quinquenio haya una Regional con local propio y no alquilado con peligro de desalojo.

Hemos votado una suma de U$S 2:500.000 más para el Hospital de Clínicas, que aquí se dijo que no son suficientes; pero tampoco lo serían U$S 10:000.000 si el Hospital y la Universidad no se repiensan a sí mismos. Estamos dispuestos a hacer esfuerzos para encontrar más recursos para el Hospital de Clínicas, si son necesarios, en etapas presupuestales posteriores; si nos dice -como lo hará- en febrero, luego de que emita su informe un equipo multidisciplinario contratado con recursos de la Nación, qué vamos a hacer con él.

Debemos reconocer que hoy no funciona bien debido a muchas razones, algunas atribuibles a la Universidad, otras a problemas endémicos de la Salud o a viejos esquemas de administración a los que obliga ese gigante hoy pasado de época que no brinda adecuadamente los servicios y que, además, se lleva recursos en eficiencia, en salud o en otros destinos -aunque nadie sabe, a ciencia cierta si esto es así- pocas veces factibles de ser incluidos en las Rendiciones de Cuentas.

De todos modos, hay U$S 2:500.000 más que son todo lo que pidió la Universidad de la República para el Hospital de Clínicas como refuerzo de rubro en la Administración pasada, con el agregado de U$S 1:000.000. Quiere decir que va a poder realizar todo lo que hizo el año pasado y un poco más sin contar lo que corresponde a su personal, por ser funcionarios de la Universidad de la República.

En este Proyecto de Ley de Presupuesto se destinan a la Universidad de la República U$S 7:500.000 más para salarios y esperamos que esa suma sea bien utilizada porque, en lo personal, siempre he dicho que me gustaría que en el Estado se lograra encontrar mecanismos para que los salarios lleguen al bolsillo de la gente y se traduzcan, también, en una mejor productividad y rendimiento; es decir que sean contra algo, contra más esfuerzo y mejores resultados. Ojalá que la Universidad que cuenta con la autonomía, el cogobierno y la participación de los que se han denominado los eternos ausentes o sea, los trabajadores, tenga la lucidez para resolver sus luchas internas y conflictos lógicos en una comunidad tan activa, a favor del desarrollo de esa Casa de Estudios y no se produzca un simple juego de las corporaciones a que nos referimos anteriormente, que se reparten lo que es legítimo, como por ejemplo un mejor salario, pero sin resultados para quienes son los destinatarios de la educación.

En dicho Presupuesto hay U$S 7:000.000 dirigidos a programas específicos. Con esto no sólo no avasallamos la autonomía de la Universidad, sino que le hacemos un favor al ayudarla a dirimir una polémica interna para que aplique rápidamente esos recursos y no pase un par de años discutiendo quién se lleva ese dinero. Esa suma está dirigida a la transformación en la cual está embarcada la Universidad. No inventamos ni condicionamos esto a algo que no existe, sino que le otorgamos U$S 7.000.000 para transformar carreras largas en cortas, para que la diferencia entre unas y otras se convierta, al igual de lo que sucede en otras naciones del mundo, en doctorados y maestrías, con el fin de que un profesional uruguayo se reciba en el mismo tiempo que uno brasileño y se perfecciones por medio de una maestría. De esa forma, podrá ejercer y pagar en algo ese doctorado, dándole mayores recursos a la Universidad. Esos U$S 7:000.000 se destinan a la descentralización universitaria con el fin de ver sí, desde afuera, podemos hacer fuerza para que la Universidad ubique su área agraria en los campos experimentales de Juanicó y Libertad, y la agronomía y la veterinaria no convivan con el asfalto y se vinculen en mayor grado con el país real que es con el que van a trabajar sus profesionales. Esa suma no es muy grande, pero está destinada a la recuperación edilicia, al equipamiento del edificio de la Facultad de Ciencias que se ha construido con recursos externos muy importantes, a la conformación de una red académica que permita aprovechar mejor el conocimiento, y a consolidar una experiencia en la cual la Universidad y la ANEP se han puesto de acuerdo tratando de transferir carreras que hoy son, quizás menospreciadas por estar ubicadas en la UTU, con el fin de darle relevancia y jerarquía a través de la Universidad de la República y sea ésta la que pueda absorber, de a poco, esas carreras cortas que hoy dicta la UTU. En fin, se trata de recursos para programas muy concretos.

Esos recursos, señor Presidente, son fruto del acuerdo y salen, en una parte, de Rentas Generales y, también, de una propuesta que formulamos y que fue acompañada por muchos legisladores a pesar de que otros no lo hicieron. Planteamos dicha propuesta con valentía, porque cada vez que proponemos un gasto lo acompañamos de un recurso y no elegimos el camino fácil de encargarle el financiamiento a Rentas Generales. Seguramente hemos ganado la antipatía y el rechazo de otra corporación, pero no estamos para defender a ninguna e hicimos una opción política, lo que, por otra parte, es nuestra responsabilidad.

Dijimos que desde hace algunos años hay en el Presupuesto Nacional un monto de aproximadamente U$S 10:000.000 que la sociedad transfiere, a través del IMESI a la venta de automotores, motos, motocicletas y otros vehículos, a la Caja de Profesionales Universitarios. Además, agregamos que eso no nos parece mal -y aclaro que digo esto sin ánimo de ofender a nadie- en un esquema de un Uruguay batllista y benefactor, pero todos nos damos cuenta de que esa etapa ya terminó.

Hace pocos meses hicimos un esfuerzo grande para que la seguridad social se transforme y comience a financiarse a sí misma y, entonces, en ese esquema no podemos asociarnos a una transferencia de recursos que la comunidad en su conjunto hace a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Digo esto porque toda la sociedad a través de sus impuestos paga, tal como dijimos anteriormente, el estudio de unos pocos que se benefician, crecen y, seguramente, harán crecer a la sociedad, pero también se benefician y acumulan riquezas en mayor medida que otros sectores. Seguramente, los profesionales jóvenes de hoy demorarán más que los de ayer, pero sin duda les irá mejor debido a la oportunidad que nuestra sociedad les brindó.

Eso está bien, es un pacto social que esta comunidad hizo cuando dispuso que la enseñanza será gratuita; y, reitero, eso está bien. Vamos a seguir sosteniendo esto aunque le pidamos a la Universidad que aplique la matrícula, aunque la solicitemos retornos, ya que estos no deben ser equivalentes a lo que cuesta educar a un profesional, porque le educación debe seguir siendo gratuita.

Actualmente, a través del IMESI nuestra comunidad vuelca fondos que se destinan a la jubilación de los profesionales, así como también, toda nuestra sociedad paga un 3% en los medicamentos -remarco que todavía hoy planteamos que se mantenga y no proponemos que se elimine- que encarece la salud y se destina a la Caja de Profesionales Universitarios. Entre ambos aportan el 40% de los fondos de dicha Caja lo que, realmente, nos parece injusto.

En ese sentido, dijimos que esos U$S 10:000.000 que la sociedad aporta y transfiere a los universitarios deben seguir destinándose a ellos, pero no para su jubilación, ya que en esa edad y en esa etapa los profesionales universitarios tienen más herramientas para defenderse. Afirmamos que deben volcarse a esos mismos universitarios, pero cuando son docentes, para mejorar sus salarios y para que cuenten con mejores herramientas para educar; no es mucho, pero son U$S 10:000.000 más. También deben destinarse a los estudiantes que son aquellos a los cuales nuestra comunidad sí está dispuesta a transferirles recursos.

Entonces, formulamos una propuesta concreta que no le cuesta nada a Rentas Generales y que, quizás, tuvo la virtud de animarse a decir a quién había que sacarle y de enfrentar el legítimo derecho de una corporación que hoy se queja porque sus balances financieros no darán, en 1996 U$S 20:000.000 de superávit, tal como dieron en 1994. Seguramente, tampoco serán suficientes para realizar las inversiones previstas en edificios, pero sí alcanzarán para pagar las jubilaciones.

SEÑOR LAFFITTE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAFFITE.- Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de orden formulada por el señor Senador Laffitte.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- No quisiera concluir mi reflexión sobre la Universidad, sin antes decir que esta es una etapa y que tendremos que llevar adelante otras, sin fundamentalismo, pero con realismo. Pensamos que esta institución debe asumir, una vez más y con valentía, que no es justo que en las puertas de sus casas de estudio haya estacionados autos cero kilómetro, ni que a su matrícula lleguen jóvenes que han pagado miles de dólares, por su educación primaria y secundaria, al sistema privado y no sean capaces de pagar, solidariamente, parte de la educación de aquellos que no tienen posibilidades, lo que está determinando la diferencia de que puedan o no estudiar. La matrícula no debe ser descontada de los aportes de Rentas Generales, ni de lo que da el Estado; en nuestra opinión, debe estar dirigida a hacer justicia, a pagar pensiones, hogares estudiantiles, alimentación, comedores, etcétera, con lo que a unos, no digo que les sobra pero, en todo caso no les falta.

Asimismo, señor Presidente, hemos puesto dentro de nuestras prioridades al INAME, que es otra institución vinculada a la educación y, si se quiere, de las más olvidadas. No digo esto porque los menores que dependen de este Instituto sean infractores, sino porque en su mayoría son abandonados. En este sentido, el INAME nos ayuda a no ver lo que la comunidad no quiere asumir. Al mismo tiempo, nos ayuda a resolver con educación, cariño, hogar y alimentación lo que después debería pagar la comunidad con represión, seguridad ciudadana, con más patrulleros, policías y cárcel, ya que ello es el resultado ineludible de algunas vidas que no han tenido la contención adecuada.

A mi entender, creo que se hizo un buen esfuerzo con el INAME, en lo que tiene que ver con las retribuciones personales, gastos de funcionamiento e inversión. Si bien esta última fue escasa, de acuerdo con lo que nos informó el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, dicha Cartera está dispuesta a destinar parte de sus recursos de obras al INAME, cuando éste le presente proyectos concretos. Por todo esto sabemos que entre los recursos que tiene y los que le darán, este Instituto contará con más y mejores establecimientos.

También le hemos dado prioridad a los tres organismos de contralor y, al respecto, creo que se hizo un esfuerzo importante empezando por aquél que tiene menos dimensiones y le cuesta menos al Estado, como es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Respecto del mismo, debemos decir que se votó todo lo que el organismo pidió.

Con relación al Tribunal de Cuentas, se destinaron recursos, a último momento, para compensar y mejorar los salarios y los gastos de funcionamiento; pero, sobre todo, para permitir que la Institución mantenga a sus profesionales y técnicos. Digo esto porque de nada sirve hablar, permanentemente, del sistema democrático, de que se debe combatir la corrupción con leyes cristal o de ética parlamentaria, si luego los organismos que controlan, no tienen las herramientas adecuadas para poder llevar adelante su tarea.

En lo que tiene que ver con el Poder Judicial, que integra estos organismos, pienso que también se ha realizado un esfuerzo. Se han mejorado los salarios en una proporción mayor a la que originariamente se propuso, aunque no en la medida en que los funcionarios lo plantearon. Creo que, en este caso, faltaron recursos para la reestructura del Poder Judicial -lo que es imprescindible- al que apenas se le da una pequeña partida para que tímidamente la inicie.

Quisiera dejar fuera de la consideración el tema de los recursos de este Presupuesto. No obstante, apoyamos casi todos los recursos que propuso el Poder Ejecutivo. De la misma forma, básicamente estamos de acuerdo con la reforma tributaria que viene proyectada para el agro. Esta reforma se inspira en algunas propuestas que hizo quien debería estar ocupando esta banca, el ingeniero agrónomo Alvaro Ramos, que hoy se desempeña en la Cancillería como Ministro. Dicha propuesta la elaboró antes de ocupar la Cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca y, personalmente, seguimos convencidos que es una buena reforma tributaria, que aportará al agro y al país resultados, no en materia de ingresos, sino en lo que tiene que ver con la producción, porque apunta hacia el mejor desarrollo de nuestros recursos naturales y de nuestra potencialidad productiva.

También hemos escuchado propuestas de otros sectores y para que no se nos diga que no somos constructivos o que simplemente consideramos las propuestas de los demás cerrando nuestras puertas, decimos que hoy estamos dispuestos a analizar, seriamente, la reinstalación en el país del Impuesto a las Rentas Personales, no exactamente como lo ha formulado el Frente Amplio, aunque sí buscando el mismo objetivo. Cuando decimos que estamos dispuestos a considerar ese tema queremos dar a entender que, si se quiere, podríamos comenzar a trabajar sobre este punto a partir del próximo viernes. En este aspecto, está sentado a mi lado el señor Senador Laffitte quien, en esta materia, ha sido nuestro principal generador de ideas y fuente alimentadora de iniciativas creativas.

Reitero que nuestro sector político está dispuesto a estudiar, durante el tiempo que sea necesario, la creación o la recreación, en nuestro país, de este impuesto.

Sin embargo, no compartimos que, en algunos casos, se hayan planteado recursos reales como alternativa. Cuando se habla de que el Presupuesto contiene una partida para acontecimientos graves e imprevistos, debe precisarse que en una Ley de Presupuesto del año 1953, se dio al Poder Ejecutivo una autorización genérica, sin destino concreto para utilizar hasta el 1% del Presupuesto total, el que puede ser aplicado en gastos o en acontecimientos graves o imprevistos. Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo no genera, en este caso, U$S 40:000.000; los aparta y los ubica en una cuenta de un banco o en una caja fuerte, para poder usarlos en caso de necesitarlos. Esto significa que el Poder Ejecutivo está autorizado para utilizar hasta U$S 40:000.000 del Presupuesto, sin pedir permiso al Parlamento -porque éste ya lo autorizó en forma genérica- cuando acontezca algún hecho grave o un acontecimiento no previsto. De allí se utilizó dinero, por ejemplo, para la campaña de prevención del cólera, en los años pasados. El Gobierno está autorizado a acudir a la Tesorería y utilizar los recursos nacionales hasta el monto mencionado, pero no podemos decir que se utilice cierta cantidad de los U$S 40:000.000, porque ello no existe. Si bien el Poder Ejecutivo, a la hora de hacer las columnas de gastos y de recursos, nos dice que la diferencia es el déficit, también es cierto que hace constar como gasto, en ese documento contable, los U$S 40:000.000.

Pero esto es un asentamiento contable, quizás un colchón que pueda tener el Poder Ejecutivo a la hora de mostrar su déficit o su superávit, pero no es dinero en concreto. Por eso, la presente no nos parece una alternativa que debamos apoyar, aunque tal vez podamos acompañar otras.

Por otra parte, debo decir que estamos dispuestos a estudiar el tema de la tasa estadística. Entendemos que cuando se dice que se faculta al Poder Ejecutivo a establecer una tasa estadística de un 10%, se está expresando solamente eso, ya que facultar no significa otorgar recursos. Esto también quiere decir que se aceptan las limitaciones que existen en esta materia, las que están relacionadas con nuestros compromisos como país ante la OMC, el GATT y, sobre todo y particularmente, ante nuestros socios del MERCOSUR.

En lo que tiene que ver con los recursos, queremos señalar que hemos sido muy responsables y hemos aceptado todas las cifras que el Poder Ejecutivo nos ha dado, aunque sabemos que, respecto de algunas de ellas, ha sido muy prudente. Ojalá se cumplan las predicciones que hicimos cuando votamos la Ley de Seguridad Social y no las que contiene el planillado de este Presupuesto, en relación con las transferencias a la seguridad social. Decimos esto porque las transferencias que aparecen en esta Ley de Presupuesto sobre esta materia, recogen la que deben establecerse con la Ley que aún está vigente, pero que esperamos cambie cuando, a partir del 1º de enero, comience a regir la que votamos hace algunos meses, la que deberá dar algunos resultados financieros completamente distintos para el Estado.

Creemos que el Poder Ejecutivo debe tener márgenes, porque así como los tiene -quizás, desde nuestro punto de vista, favorables- también tiene la responsabilidad del manejo económico de una situación difícil, que se mueve con relación a factores que no controla, que son externos, puesto que se trata de reflejos de economías de países que, obviamente, actúan tomando en cuenta sus intereses y no los nuestros. Entonces, seguramente, un factor equilibrará al otro pero, con el tiempo, también deberemos hacer las revisiones y los ajustes necesarios.

Por último, quisiera referirme, brevemente, a otro de los aspectos polémicos de este Presupuesto, al que todos "echan mano" con facilidad: las Fuerzas Armadas. En relación con este tema se han hecho manifestaciones que comparto y otras que entiendo deben precisarse más. Allí hay un abultado presupuesto que, de todos modos, desde el año 1985 a la fecha, ha descendido tres puntos con respecto al cien, del total que es el Presupuesto. En la actualidad, esos tres puntos representan U$S 120:000.000. Es decir que si el presupuesto de las Fuerzas Armadas tiviera hoy el mismo porcentaje que en 1985, sería U$S 120:000.000 más alto; esto también hay que decirlo. A pesar de lo expresado, entiendo que el presupuesto actual de las Fuerzas Armadas es demasiado grande. La pregunta que deberíamos hacernos sería ¿grande, en relación con que? Esta interrogante podremos contestarla cuando sepamos, no sólo para qué queremos a las Fuerzas Armadas y cómo pretendemos que sean, sino cuando seamos capaces de contestarnos, exactamente, cómo se hace el presupuesto de este sector del país. También allí está el producto de las gestiones de las corporaciones. Sin duda, si fuera aviador desearía más aviones, si fuera marino querría nuevos barcos, si fuera un efectivo del Ejército, pretendería armamentos de última tecnología y si fuese médico, mi objetivo sería operar con los últimos adelantos de la ciencia. El problema es que el presupuesto de la salud no lo pueden hacer los médicos, ni el del Ejército los militares, sino que esa es tarea de los políticos, ya que para ello nos votaron. Somos nosotros quienes debemos definir esto y no debemos ser el resultado de "lobbies" de nadie. Es decir que no debemos ser, simplemente, un oído atento a los soplos de un sector o de otro, porque de esa manera es muy difícil trabajar con efectividad y, seguramente, siempre serán más los desconformes que los conformes. Debemos ser capaces de definir, no para qué ni qué son nuestras Fuerzas Armadas, sino que tenemos que saber definir políticamente cuál es la hipótesis de conflicto que el país tiene por delante, a los efectos de conocer nuestro mecanismo y método de defensa y, a partir de allí, veremos qué ejército, qué marina y qué aviación necesitamos. Debemos tener claro dónde queremos ubicar nuestros recursos, en relación con las posibilidades de agresión externas de las que podamos ser objeto, porque para eso tenemos Fuerzas Armadas. Un país pequeño y débil como el nuestro, en cualquiera de las hipótesis, debe desarrollar un método inteligente de defensa. Entonces, subordinada a esa y sola a esa hipótesis de defensa deben aplicarse los recursos; solamente en ese momento sabremos si son pocos o muchos. Mientras en este Parlamento Nacional no sepamos cual es esa hipótesis de conflicto y se subordine a este Poder -que es el que aprueba el Presupuesto de las Fuerzas Armadas- la estrategia de defensa de nuestro país, con los debidos asesoramientos de quienes conocen la materia, no podremos saber nunca, más allá de la consigna fácil, si el presupuesto es mucho o es poco. No puedo saber y no tengo derecho a opinar si el Cuartel del FUSNA es necesario o no, porque no sé, exactamente, si es indispensable o no. No puedo saber si son imprescindibles o no los tanques nuevos; a lo mejor, se precisa una cantidad mayor. Tampoco sé si necesitamos una unidad de paracaidistas en este Ejército ya que, teóricamente, es una unidad que se utiliza para lanzar efectivos detrás de las líneas del enemigo. En este sentido, ¿cuál es la hipótesis de conflicto? ¿Adonde vamos a tirarlos, si los aviones que tenemos no pueden llegar muy lejos? ¿Los lanzaremos en Porto Alegre? Como no estoy al tanto de estos temas y quizás por mi corta trayectoria en el Parlamento no he participado nunca en su definición, no puedo decir si los recursos que se otorgan a las Fuerzas Armadas son muchos o pocos. A lo mejor, las cifras son demasiado altas; tal vez, son muy pequeñas; a lo mejor, hay muchos efectivos; quizás, hay pocos. Todo este tema está en función de cuáles son las prioridades y los objetivos nacionales de defensa y, en base a ello, deben subordinarse todos. Tenemos la tranquilidad y el orgullo de decir que, en nuestro país, las Fuerzas Armadas están subordinadas y nadie, personal e institucionalmente, individual o corporativamente, se va a sentir ofendido porque este Parlamento, un día sea capaz de decir que hay determinados recursos para un área y eso es lo que se ha definido.

Entonces, así como lo hacemos -aunque debe ser más y mejor- para la Universidad de la República y para la ANEP, también debemos hacer esto para las Fuerzas Armadas sin que nadie se ofenda, porque esa es nuestra función y nuestra labor; para ello nos han traído aquí. Es decir que para esta tarea ocupamos nuestras bancas y el día que renunciemos a ello, será mejor que nos vayamos.

Estas son las reflexiones iniciales que, en esta materia, quería realizar, quizás, en lo puntual, abundaremos sobre algunas otras.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Irurtia.

SEÑOR IRURTIA.- Señor Presidente: voy a realizar una breve intervención, en virtud de que los señores Senadores de nuestro sector político, si bien participamos del análisis del Presupuesto Nacional en la Comisión de Transporte y Obras Públicas y en la Comisión Especial de Artículos Desglosados, no formamos parte de la Comisión de Presupuesto integrada con hacienda, y sólo participamos en ella de acuerdo con nuestra calidad de integrantes del Cuerpo.

No tengo dudas de que el Proyecto de Ley de Presupuesto que hoy nos ocupa, no sólo pasará a la historia por ser el último de este siglo, sino sobre todo porque el quinquenio 1995-1999 marcará un hito en nuestro modelo económico, social y productivo.

Estamos ante una fermental transformación, mediante la cual el país se reacomoda vertiginosamente para insertarse en el mundo del Siglo XXI.

Es por todos conocido el momento especial que vive nuestra sociedad: aumento de la delincuencia y la marginalidad, familias de pequeños y medianos productores que abandonan sus lugares de trabajo para engrosar cinturones de pobreza y empresas de todo tamaño que tienen dificultades o cierran sus puertas.

La crisis que ha caracterizado a la industria nacional en los últimos años está esparciéndose por todos los sectores productivos. Paralelamente con la problemática social y junto con los costos sociales y económico, muchas son las oportunidades que se abren dentro y fuera del MERCOSUR, disponibles sólo para quienes puedan adaptarse a los nuevos tiempos. Grande es la ventaja que puede obtener Uruguay en un mundo donde el desarrollo dependerá cada vez más de la inteligencia y de la cultura que del capital y de los recursos naturales, donde el modelo de desarrollo sustentable dejará de ser un problema de ecologistas para convertirse en prioridad de la humanidad, donde los mercados se microsegmentan abriendo espacios para la calidad de los productos.

No hay dudas de que el Presupuesto Nacional es la gran herramienta para orientar este proceso de cambio que vive el país en sus raíces más profundas. Como batllista, entiendo que el objetivo debe ser poner como centro de la preocupación del Estado a los hombres y mujeres que en nuestro país se esfuerzan por trabajar, progresa y brindar ocupación; cada uno en su lugar, cada uno en su medida. El hombre uruguayo es el principal capital a cuidar y es el único que puede darnos como rédito el bienestar nacional.

El Presupuesto quinquenal 1995-1999 pretende modelar un Estado que posibilite el trabajo, promueva el desarrollo y acompañe el crecimiento; un Estado que esté dispuesto a proteger y apoyar a los suyos, para que puedan enfrentarse con éxito a la nueva realidad competitiva. Asimismo, deberá orientar la estructura que ya posee al servicio del aparato productivo en el sentido de la inteligencia de mercado, posibilitando que la conjunción pública y privada detecte y guíe el desarrollo de ventajas competitivas. Nos referimos a un Estadio que oriente a las empresas a la generación de valores comerciales y parámetros de calidad, que instale y alimente la cultura del desarrollo, tanto en el sector público como en el privado.

El éxito del Estado posibilitador se traducirá en el resurgimiento de nuestra vocación productiva, en la ampliación de los horizontes industriales, en jóvenes y pujantes emprendimientos orientados a producir calidad para el mundo, en la implantación de la cultura del desarrollo, donde la preocupación no es cómo subsistir, sino cómo y hacia dónde crecer.

El presente Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional tiende a modelar una acción gubernamental atenta, sensible y dispuesta a brindar la infraestructura requerida ante las necesidades de un país en transformación; es decir, una acción de Gobierno que planifica y se anticipa, que posibilita la iniciativa privada, que cuenta con mayor número de programas de investigación, de desarrollo y de extensión, que agilita la burocracia con una adecuada coordinación de los distintos organismos.

Señor Presidente: en la temática del desarrollo productivo queremos destacar la creación, como persona de Derecho Público no Estatal, del Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones de Bienes y Servicios. Tanto por su forma jurídica como por sus cometidos y características, dicho Instituto tiene gran similitud con el Proyecto de Ley "Pro Export", Carpeta Nº 651, que presentáramos junto con el señor Senador Millor en el año 1991 y que actualmente está a estudio de la Comisión de Industria y Energía del Senado de la República, que tengo el honor de integrar.

A mi entender, los estudios realizados por la citada Comisión, tanto en la pasada como en la presente Legislatura, avalan la creación de este organismo. Así es el Estado que necesitan los tiempos actuales, posibilitando y promoviendo el desarrollo, habilitando la conjunción de esfuerzos públicos y privados en beneficio del hombre radicado en el lugar de trabajo, permitiéndole acceder a información y servicios tan imprescindibles como inaccesibles para el productor individual. Los cometidos de este nuevo Instituto se refieren a la prestación y desarrollo de servicios de promoción, de información y de apoyo para mejorar las condiciones de la exportación y de la inversión. Está demostrada por la práctica, la eficacia del trabajo conjunto y coordinado por estos servicios.

Debo señalar, señor Presidente, que con el fin de mejorar las posibilidades del nuevo Instituto, hemos presentado tres artículos sustitutivos. Uno de ellos, es el artículo sustitutivo del 205 aprobado por la Cámara de Representantes para que, mediante la coordinación de la política nacional en materia de inversiones, podamos darle al Instituto que se crea como órgano asesor del Poder Ejecutivo, la herramienta que necesita, a efectos de la canalización de esfuerzos y la mejor utilización de los recursos.

En el sustitutivo del artículo 207 mantenemos la estructura y mayoría de miembros de la actividad privada en el Consejo de Dirección, llevándola a siete integrantes de acuerdo con lo sostenido en el mencionado Proyecto de Ley "Pro Export". Creemos que el motor creativo de la búsqueda de mercados y adecuación de producciones es la actividad privada con el apoyo del Estado. Por lo tanto, es la actividad privada la que debe tener poder de decisión.

Asimismo, en el sustitutivo proyectado para el artículo 210, nos referimos: primero, a la potestad legal de instalar el seguimiento de la inversión nacional en la temática referida; segundo, a promover en el Instituto mejores seguridades al sector productivo, en base al estudio de programas de seguros de exportación, tan necesarios para los productores nacionales; tercero, para que haya una efectiva coordinación con el LATU, a efectos de reglamentar el uso de la tan necesaria marca "Calidad Uruguay"; y cuarto, a que este organismo pueda, en coordinación con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, por medio de la DINAPYME, organizar grupos de trabajo de artesanos, pequeños y medianos empresarios, a fin de mejorar y promover exportaciones de los respectivos sectores.

El país valorará en poco tiempo los beneficios de la conjunción de esfuerzos entre lo privado y lo público, en una temática tan cambiante como constituye la presencia exitosa de productos en los mercados del mundo.

Por otra parte, debemos expresar que compartimos la preocupación de la Comisión de Transporte y Obras Públicas que estudió el Plan de Inversiones de este Presupuesto en relación a lo insuficiente de lo asignado a las inversiones del Ministerio de Industria , Energía y Minería. No puede haber Estado que posibilite el desarrollo si no se dota a los organismos estratégicos de los instrumentos necesarios.

A nuestro entender, en futuras instancias presupuestales debe analizarse la situación del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Este Inciso precisa herramientas que le permitan cumplir con éxito su objetivo de coordinador, impulsor y posibilitador del crecimiento de uno de los sectores más dinámicos y expuestos de nuestra economía.

Debemos tener en cuenta que entre las responsabilidades de este Ministerio está la de superar las carencias de nuestro sistema de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Este es el sector del aparato productivo donde resulta más necesaria la implementación de programas específicos de promoción e inversión.

La atención de las PYMES es prioritaria, por la importancia cualitativa y cuantitativa del sector, por sus dificultades para acceder por sus propios medios: a los conocimientos, volúmenes y operativas necesarias, para ganar y mantener los mercados internacionales; porque está llamado a constituirse en motor de nuestra economía.

Corresponde destacar , señor Presidente, la planificación efectuada por el Inciso 10, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es éste, a nuestro entender, un ejemplo del Estado atento que vuelca su esfuerzo a posibilitar el desarrollo privado, que prioriza, que planifica, que se adelanta a los acontecimientos, que da participación al sector privado en beneficio del interés público.

Sus objetivos se enmarcan en un modelo de gestión atento a conocer y evaluar, en tiempo y forma, las necesidades del país, coordinando sus acciones con el resto de los organismos públicos.

Consciente de su rol, ha procurado una reforma de gestión, orientada a la mejor prestación de servicios y a la realización de obras, procurando una buena racionalización en la aplicación de los recursos, la tecnificación y la informatización.

La asignación de la inversión presupuestal de este organismo muestra una decidida opción por incrementar las actividades productivas en obras y servicios ejecutados por el sector privado, el mantenimiento de obras por administración directa, el mantenimiento de las asignaciones presupuestales y un estricto control del gasto interno.

Se propone dar atención, en tiempo y forma, a los requerimientos de la actividad forestal, del turismo, de la exportación de bienes y servicios, así como a las necesidades cambiantes de los desarrollos regionales. Se da prioridad a la recuperación del patrimonio existente y a la correcta evaluación de las distintas necesidades.

El nuevo enfoque de gestión ya está mostrando sus resultados. A modo de ejemplo, queremos resaltar lo ocurrido recientemente con un canal de acceso en el Río de la Plata, cuyas necesidades de dragado perjudicaron durante mucho tiempo el desarrollo turístico de su zona de influencia. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por medio de la Dirección de Hidrografía, acordó con sus funcionarios y operarios un sistema de incentivos, de acuerdo con la efectividad y al tiempo utilizado en la obra. La nueva operativa de relacionamiento entre el organismo público y sus funcionarios, permitió realizar en sólo 17 días de operaciones el movimiento de 14.500 metros cúbicos de material, tarea que normalmente hubiera insumido no menos de cuatro meses.

Este es un buen ejemplo de la labor eficiente y atenta del Estado. Muy distinta hubiera sido la situación relatada si los tiempos de la obra hubieran sido los habituales y se hubiera llegado a plena temporada con el canal intransitable.

Señor Presidente: El Presupuesto Nacional muestra una decidida orientación hacia el aumento de la eficiencia del sector público. De esto depende, en gran medida, la recuperación de la competitividad de nuestra economía y la posibilidad de captar inversores extranjeros.

Reconocemos en la propuesta que el esfuerzo realizado para reducir el gasto público es muy importante.

No obstante ello, el país no puede alcanzar los niveles de eficiencia que son necesarios, si se mantiene la relación actual de egresos del Estado. No puede pensarse en una economía competitiva, sin una fuerte reducción de los gastos improductivos.

Nos preocupa la cifra de más de U$S 2:022.000.000 que en 1996, se prevé destinar a funcionamiento. La misma representa el 12,41% del Producto Bruto Interno y casi la mitad de los egresos previstos.

Muchas veces hemos visto que disminuir el gasto público significa bajar salarios y reducir inversiones, pero nosotros entendemos que ese no es el camino a seguir si el interés es el bienestar presente y futuro.

La eficiencia que el país necesita pasa por una drástica reducción de los gastos generales, que no tienen retorno en calidad de servicios y que no reflejan mejoras para la sociedad.

Confiamos que en la próxima Rendición de Cuentas podamos alegrarnos por los logros obtenidos en el aumento de la eficiencia del Estado.

Asimismo debo señalar que es un buen paso en este sentido la involución de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como organismo ejecutor de las inversiones a efectuarse. Son los organismos responsables de los distintos Incisos, los que deben planificar y ejecutar las inversiones presupuestales.

Compartimos lo expresado por la Comisión de Transporte y Obras Públicas en su informe a la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda que valora como positiva la disminución del número de proyectos atendidos por el Programa 002 de la Presidencia de la República, que inicia el quinquenio con 23 proyectos de inversión, prosigue en 1996 con 11 y culmina el quinquenio con 8.

Compartimos también los nuevos criterios de presencia del país en el contexto internacional de acuerdo con la estrategia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta Cartera procura adaptarse a los tiempos actuales, reconociendo que ya no solamente cuentan las representaciones diplomáticas tradicionales. Nuestro servicio exterior plantea un uso eficiente de la nueva realidad donde cada día tiene más importancia la presencia informática y la movilidad del cuerpo diplomático y de los empresarios.

El Ministerio de Economía y Finanzas realiza también esfuerzos en procura de incrementar su eficiencia, destinando el 55,62% de su inversión al sistema de contabilidad integrado para la administración de recursos de apoyo a la conducción económica y financiera.

Asimismo, en este Presupuesto se han proyectado numerosos reordenamientos de actividades, eliminando y fusionando unidades ejecutoras y creando organismos de Derecho Público no Estatal. También se aumentó la participación del sector privado en terrenos que antes eran privativos del Estado.

Compartimos el criterio de evitar la duplicación de funciones y la dispersión de recursos. Siempre estuvimos de acuerdo con la complementación del sector público y el privado. El Estado batllista por el que trabajamos, debe ser eficiente y estar integrado a la sociedad.

Este Presupuesto Nacional inicia así un nuevo proceso de transformación del Estado en procura de la eficiencia. Es una respuesta a los tiempos actuales que requerirá de un trabajo profundo, tendiente a modificar las distintas culturas organizacionales. El Gobierno nacional, cuenta con nuestro apoyo y nuestra crítica constructiva para encarar esta profunda transformación que el país necesita.

Corresponde insistir en que hemos presentado artículos sustitutivos que se considerarán en su momento, para que el Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones se sume de una manera más eficiente al criterio de unificación de esfuerzos y canalización de recursos, con participación decisiva de la actividad privada.

El Presupuesto Nacional marca, señor Presidente, el inequívoco y urgente objetivo de disminuir el costo que representa vivir y producir en nuestro país.

No hay lugar para demoras, en este sentido.

La simplificación y la necesidad de recaudar no debe llegar a niveles que interfieran en el desarrollo económico y social.

Es, precisamente, en este sentido que me voy a referir a la propuesta de tributación agropecuaria planteada en losa artículos 646 a 652, mediante los cuales se deroga el IMAGRO y se generaliza el IRA y el IMEBA. A pesar de que la propuesta de cambio de la tributación no implica, según el Ministerio de Economía y Finanzas, aumento de la recaudación significa una modificación total de la filosofía tributaria del sector agropecuario. Estamos, pues, en total desacuerdo con lo planteado. A nuestro juicio, con la generalización del IRA y del IMEBA y en la eliminación del IMAGRO se intenta la equiparación del agro con los restantes sectores de la actividad productiva. Así, se parte de una premisa que en nuestro concepto no es válida.

Tampoco dudamos que, en su aplicación, el IMAGRO se ha convertido, en parte, en un impuesto a la tierra, lo cual es una verdad a medias, puesto que nunca se lo instrumentó de manera adecuada, es decir, con una tasa alta y con deducciones por reinversiones y productividad, de modo que el impuesto fuera fácilmente soportable para quien produce bien, y una carga severa -como corresponde- para el mal productor. Por supuesto, no echamos la culpa al tributo por el mal funcionamiento ya que, como dijimos, nunca se instrumentó bien.

El IRA y el IMEBA tienen sus bondades, particularmente, en lo que hace a su capacidad de recaudación y control; pero, a su vez, tienen el gran inconveniente de que no tratan al mal productor como deberían y no consideran el valioso patrimonio de la sociedad que constituye el factor tierra. Hay que tener presente que la actividad del productor agropecuario gira fundamentalmente en torno a la tierra, elementos de características muy especiales, no comparable con el capital industrial y que toda la Legislación se ha preocupado de considerar. Para ejemplificar lo que estamos diciendo basta con mencionar que un productor que dispone de mil hectáreas y que sólo hace un pastoreo al mejor estilo de la estancia cimarrona -que ya no le sirve al país- quedará prácticamente exento de esta tributación, mientras que quien produce en una menor superficie en forma eficaz, poniendo énfasis en el desarrollo dando ocupación, buscando mercados, en definitiva, aquel que siempre está poniendo la carne en el asador, que necesitamos siga radicado en el medio rural para incentivar el país, para integrarnos y comenzar a caminar en serio, como realmente somos capaces, se le "premiará" con un gravamen que no es aportado por el que no genera riqueza, ni trabajo.

No sólo nos preocupa el aumento tributario planteado sino que, también, creemos que hay que tener en cuenta que se está creando la necesidad de asesoramiento contable a los efectos de la liquidación de impuestos, al pequeño y mediano productor. Sin duda, que esto implica que el productor deberá documentar cada venta que realice en el comercio formal, ya que prácticamente todos los establecimientos instalados en nuestro país tienen ese carácter y, por ende, son abarcados por la norma. En estos días hemos dicho a modo de ejemplo, pero con énfasis, que nuestros productores no están capacitados para documentar la venta de cualquier elemento agropecuario al almacén de la esquina. No tributarán si la venta la hicieran directamente a doña María, pero sí comprenderá si se trata de cualquier comercio de mediano tamaño.

En consecuencia, para la pequeña explotación será tan importante la presencia de un contador, como la de un ingeniero agrónomo o un veterinario.

No tengo dudas, entonces, de que la generalización del IRA y el IMEBA traerá como consecuencia una mayor evasión fiscal, lo cual también implica un riesgoso y peligroso marginalismo. Evidentemente, no estamos de acuerdo con que la solución para muchos pequeños y medianos productores sea la evasión o la marginalidad. No tenemos derecho a promover un sistema que imponga a la gente de trabajo cargas complejas que terminen expulsándolos de la sociedad formal.

De este modo, queremos dejar demostrado en qué medida la tributación es un instrumento básico para el desarrollo del país. Pero una cosa es determinar cuánto debe pagar el sector agropecuario, y otra muy distinta es redistribuir esa carga según los subsectores, el tamaño, la tecnología y el tipo de explotación. El determinar quiénes deben tributar y de qué modo tienen que hacerlo es un hecho muy complejo que define la calidad y la velocidad del crecimiento.

No nos oponemos a los cambios; no es esa la intención que nos guía al oponernos al presente proyecto de tributación agropecuaria. Pero sí afirmamos que debemos estudiar más a fondo sus alcances y su problemática.

Creemos que el sistema propuesto que deroga el impuesto a la tierra beneficia, particularmente, a los pocos productores que concentran grandes extensiones que son, generalmente, inversores extranjeros que acceden a adquirir predios en nuestro territorio como forma de inversión. En lo que me es particular, no me opongo a esto, pero sí considero que es una prueba irrebatible del bajo precio de nuestras tierras con relación a los países vecinos y al mundo, situación que, sin duda, se acrecentará si se aprueban los artículos 646 al 652, mediante los cuales, reitero, se promueve un cambio total, un viraje de ciento ochenta grados en la tributación agropecuaria, que la Cruzada 94 no va a acompañar.

A pesar de las observaciones mencionadas, estamos convencidos de que el Presupuesto Nacional 1995-1999 contiene valiosos aportes a la consolidación del Estado que posibilita el desarrollo económico y social. Nos constan los esfuerzos realizados para lograr avances en el camino a la eficiencia.

SEÑOR FERNANDEZ. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Irurtia.

SEÑOR IRURTIA. - Apoyamos, en especial, la creación del Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones, tema en que intentaremos incluir los aditivos que en su momento propusimos.

Por otra parte, entendemos que deben profundizarse los esfuerzos para disminuir el elevado costo país. No obstante, afirmamos con énfasis que no estamos de acuerdo con la reforma tributaria para el agro que se ha planteado en el presente proyecto.

Por lo expuesto, señor Presidente, adelantamos que votaremos en general el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional convencidos de que estamos brindando al país una herramienta fundamental de modernización y desarrollo para encarar el desafío del Siglo XXI.

Es cuanto deseábamos manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Segovia.

SEÑOR SEGOVIA. - Trataré de ser breve, comenzando con una reflexión en el sentido de que estamos considerando un Proyecto de Presupuesto de más de U$S 4.000:000.000, que pretendo analizar desde el punto de vista de sus inversiones, que fue lo que nos llevó más tiempo de trabajo. Pero de estos U$S 4.000:000, que significa el Presupuesto, el país va a invertir algo más de U$S 400:000.000, es decir aproximadamente un 12,5%. Sin duda alguna, esto es lo que nos mueve a examinar los números correspondientes a inversiones para saber cómo y en qué invierte el país, sobre todo en lo que tiene que ver con aquellos Incisos trascendentes en esta materia, como el de la Vivienda y Ordenamiento Territorial. Sin duda, dicho Inciso no ha sido mencionado. También nos gustaría saber cómo invierten y en qué gastan los Ministerios de Defensa Nacional, del Interior y de Transporte y Obras Públicas.

Voy a dar algunas cifras, partiendo de lo que se ha citado aquí en más de una oportunidad con respecto al Ministerio de Defensa Nacional. Durante el Período 1995-1999 esta Cartera gastará $ 667:160.000 de fondos presupuestales. Esto ha insumido prácticamente el tiempo de discusión de la Comisión de Presupuesto y la de Transporte y Obras Públicas. Pero, además, este Ministerio gastará en este quinquenio $ 1.170:243.000 correspondientes a fondos extrapresupuestales. Tal vez sería conveniente analizar este aspecto, porque los fondos presupuestales surgen de la deuda externa, y de fondos extrapresupuestales se gastarán $ 281:000.000, de los cuales el 24% tiene su origen en material en desuso, en la liquidación de activos que se hallan en esas condiciones y terminan incidiendo en la necesidad de recuperación del Ministerio.

Entonces, las inversiones para el Período 1995-1999, con fondos presupuestales y extrapresupuestales, configuran un total de $ 1.837:403.000. Aquí se hallan incluidas algunas inversiones que queremos analizar en forma puntual. Por ejemplo, las destinadas a inmuebles insumen $ 96:000.000; las de instalaciones, $ 380:000.000; las de vehículos, aproximadamente $ 100:000.000; las de equipo específico, alrededor de $ 200:000.000; las de equipo pesado, $ 862:000.000; y las de equipamiento hospitalario, $ 154:000.000. He aquí el conjunto de gastos presupuestales y extrapresupuestales del Ministerio de Defensa Nacional por un total de $ 1.837:403.000, que se distribuyen en los programas mencionados.

Entonces, con respecto a los fondos presupuestales podemos decir que el equipamiento específico y el de tipo pesado insumen el 75% del gasto total del Ministerio. Por otra parte, si analizamos el Proyecto 171 del Programa 002, podemos ver que hay un gasto total de $ 112:000.000. La renovación de la flota aérea requerirá $ 87:000.000; el mantenimiento de equipos y unidades de tierra, $ 33:000.000; la adquisición de helicópteros, $ 67:000.000; y el Hospital Militar, $ 56:000.000. A su vez, hay algunos gastos significativos, como es el complemento para reparación de inmuebles, que alcanza los $ 11:000.000 y la renovación de la flota automotora, que totaliza $ 15:000.000. Todos estos números fueron encarados por la Comisión de Transporte y Obras Públicas, y se vio que el proyecto de inversiones de este Ministerio, responde, sin duda alguna, a aspectos doctrinarios que empiezan a aflorar. Diríamos que uno de ellos es el apoyo a las fuerzas de paz, a la incentivación de misiones en el exterior, a su apoyo logístico desde el punto de vista social y sanitario, así como también al real interés que se asigna en este Proyecto de Presupuesto a la Fuerza Aérea, a Inteligencia Militar y a las comunicaciones.

También está incluido dentro de estos aspectos el aumento sustancial de la presencia de las Fuerzas Armadas ante problemáticas cambiantes, tales como el narcotráfico y el terrorismo. Además, vemos que hay una gran incentivación en el área meteorológica de los componentes vinculados con la acción social como la sanidad militar y civil, de una mejora de gestión por un aumento de usuarios -en este momento existen más de 280.000- de su cobertura y de los servicios de alta especialización. Por otra parte, esto también se debe a mayores controles de frontera, a la custodia de nuestra soberanía y a elementos que ha manifestado el señor Ministro con mucha fuerza, en el sentido de que en un Presupuesto bajo desestima igualmente procedimientos regionalizadores y cooperativos de fuerzas militares.

Todo esto no constituye una crítica a la inversión de las Fuerzas Armadas, sino que denota una falta de discusión acerca del camino y de la nueva doctrina militar. Esto fue lo que desencadenó las manifestaciones vertidas en la Comisión de Transporte y Obras Públicas. En este ámbito se pretendió transmitir la idea de que este Proyecto de Presupuesto se inscribe en políticas de ajuste económico y, tal como señalara el señor Ministro de Defensa Nacional, es bajo comparado con el volumen del Ejército Nacional. Esto revela la necesidad imperiosa de discutir acerca de los requerimientos técnicos y del dimensionado que se pretende dar de una vez por todas a las Fuerzas Armadas. Por ese motivo, la Comisión advirtió que este Presupuesto -una vez más- no revierte esas sugerencias ni las que se formularon en el quinquenio anterior. Por el contrario, se advierte una alta inversión en lo que tiene que ver con equipamiento, desde el punto de vista pesado y específico; en reposición de armamentos de calibres inadecuados; en puesta en capacidad de fuego de materiales prácticamente obsoletos; en adquisición de vehículos, inmuebles e instalaciones.

La Comisión de Transporte y Obras Públicas en el mensaje que brindó a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, mencionó que resultaría beneficioso, en base a las impostergables necesidades de otros Incisos presupuestales para promover la inversión productiva y las políticas sociales, diferir la repotencialización de tanques, realizar la redistribución de usos extrapresupuestales, así como hacer una postergación gradual en el tiempo de las inversiones inmobiliarias. Esto significa que no estábamos hablando de la magnitud de esas inversiones en un sentido peyorativo, sino que nos referíamos a la necesidad ineludible de definir, de una vez por todas, la nueva doctrina asumida por las Fuerzas Armadas, lo que tendría un gran significado a nivel continental y mundial. En definitiva, esto es lo que deseamos transmitir en este momento.

Por otro lado, también estuvo a estudio de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, lo que significa el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Indudablemente, se trata de una Cartera de corta trayectoria, pero que está encaminada a resultar de altísima incidencia en el futuro de nuestro país. Cuando en la Comisión correspondiente hicimos referencia a qué era lo presupuestado y a dónde se irían a producir las inversiones, obviamente, efectuamos un relacionamiento de las mismas. En este sentido, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que ha de incidir con una inversión de $ 2.338:500.000 en el Presupuesto Nacional, hace un gran aporte a la construcción de viviendas, todo ello desarrollado con recaudaciones del Fondo Nacional de Vivienda. Estas manifestaciones y los datos obtenidos de este planillado, nos indicaron el camino a seguir para visualizar cuáles son los objetivos de esta Cartera. A su vez, pudimos entender a qué apunta las soluciones habitacionales, a quiénes apoya y a quiénes deja por el camino.

Las soluciones que se proponen totalizan 48.161 unidades, de las cuales 28.161 serían nuevas y 20.000 a ser reparadas o recicladas; a esto debemos adicionar 11.480 propuestas habitacionales que les estamos debiendo a los pensionistas y jubilados. No debemos olvidar las que genere el propio quinquenio, para los que habría un aporte efectivo de U$S 50:000.000 anuales.

De las 26.161 viviendas nuevas -donde no están incorporadas, reitero, las que les corresponden a los jubilados- 21.026, ya son soluciones comprometidas en proceso de ejecución y, solamente, 7.135, se incluyen dentro de lo que se debe llevar adelante en este Período. Por lo tanto, no es ahora que se genera ese conjunto de 48.161 soluciones habitacionales, sino que, como ya he mencionado, en este Período se van a implementar 7.135, cifra que abarca 1.064 que son de subsidios para el SIAV de ingresos menores a 30 Unidades Reajustables -número que resulta significativamente pequeño- 5.126, se destinan a ingresos superiores a las 30 Unidades Reajustables y 300, solamente, son las soluciones que se destinan al régimen de cooperativas. Por todo ello es que pensamos que si ante más de 8.000 solicitudes de cooperativas, se dan nada más que 300 soluciones, el régimen no parece incluir claramente una definición hacia el cooperativismo.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SEGOVIA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Me resulta muy trascendente e importante lo que está planteando el señor Senador Segovia y me gustaría que el Senado abordara este tema en la discusión particular. Digo esto, porque se trata, nada más y nada menos, que del Plan Nacional de Vivienda que debe ser integrado, deliberado y votado en esta Ley de Presupuesto.

Tal como acaba de manifestar el señor Senador, este Plan, a nuestro juicio, no involucra la solución de problemas habitacionales, limitándose, en la mayor parte de los casos, a la terminación de las soluciones que están en desarrollo. Lo más significativo es que para todo el quinquenio se prevén solamente 300 unidades habitacionales en lo que tiene que ver con el sistema de construcción por ayuda mutua, siendo que hay 8.000 solicitudes planteadas en el marco del trámite normal.

En momentos en que se debatió este tema en Comisión, planteamos dos cuestiones. La primera de ellas está relacionada con la distancia existente entre lo que ha planteado el sistema del movimiento cooperativo de vivienda por ayuda mutua y las soluciones que aporta este Plan y, la segunda, tiene que ver con el tema de los recursos. Al respecto, se nos dijo que el sistema de cooperativas tenía poca capacidad de realización y que lo que se había destinado no había sido utilizado. Según se nos aclaró por quienes integran FUCVAM, no es el sistema cooperativo por ayuda mutua el que carece de capacidad de realización, sino otros sistemas que están fuera de este marco. En este sentido, todo lo que ha sido dado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en apoyo al sistema cooperativo por ayuda mutua ha funcionado y se está llevando adelante.

No quiero dejar de mencionar algo muy trascendente y es que tenemos una respuesta a un pedido de informes que formulamos en el mes de abril. Estos datos nos fueron alcanzados a fines del mes de noviembre, en pleno desarrollo del trabajo de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. En ellos se refleja el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda que, como se sabe, están integrados sustancialmente por aportes que hace el conjunto de la población a través del Impuesto a las Retribuciones Personales. Quiero decir, que en forma incomprensible, el Poder Ejecutivo no nos puede brindar datos acerca de lo recaudado por este Fondo en los años 1992 y 1993. Se puso a disposición del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el año 1992 U$S 26:500.000, de los cuales se gastaron U$S 14:000.000. En 1993, se destinó a la misma Cartera U$S 43:500.000, de los que se ejecutaron U$S 43:000.000. Por otro lado, en 1994 se recaudaron U$S 93:400.000, suma de la que se dispusieron exclusivamente U$S 50:000.000 y se ejecutó otro tanto. Al mes de octubre de este año, se habían recaudado U$S 105:400.000 y, en disposición para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente U$S 44:270.000.

Cito estas cifras, señor Presidente, porque, tal como lo he manifestado, cuando en el mes de abril hicimos el pedido de informes, la cuenta de esta Cartera en el Banco Hipotecario del Uruguay había sido declarada en rojo, porque el Ministerio de Economía y Finanzas no depositaba los recursos adicionales.

Nosotros estamos propiciando, y vamos a insistir con esta iniciativa en Sala, que exista una disposición en la Ley de Presupuesto que determine que el Poder Ejecutivo no tiene otra alternativa que depositar en una cuenta abierta, a favor del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, los fondos que se recaudan por este concepto y que aclare que no puede manejar esos recursos con otros destinos ni demorar el traslado de los mismos al sistema de construcción de viviendas. Hemos discutido en Comisión acerca de este tema y junto con el señor Senador Heber propiciamos una solución de esta naturaleza. Sin embargo, creo que tenemos que insistir ya que considero que no logramos convencer a la mayoría. Personalmente, me parece de enorme importancia, sin distinción de colores políticos, que los fondos que se recauden se destinen a la construcción de viviendas. Hay que tener en cuenta que si el ritmo que se lleva se repite en los años subsiguientes, habrá más de U$S 600:000.000 a disposición del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para construir viviendas, y reitero que esto no tiene color político. Entiendo que hay que adoptar esta solución porque es el dinero que se recauda de los bolsillos de todos los uruguayos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Segovia.

SEÑOR SEGOVIA. - He concedido la interrupción al señor Senador Gargano, que es absolutamente complementaria de lo que venía exponiendo.

Decíamos que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente trae una propuesta de transición donde se mantiene un fuerte apoyo a MEVIR, cosa que saludamos. Por otro lado, no ofrece un claro indicador en cuanto a la participación de sociedades civiles y hasta qué punto éstas pueden encaminarse. Sin duda, se origina un bloqueo al desarrollo cooperativo por cuanto se contempla un mínimo. Además, los famosos PPT no se renuevan. De esta manera culmina un programa de emergencia, no se renuevan los convenios con la Intendencia y el camino es el del fortalecimiento del SIAV.

En la Comisión de Transporte y Obras Públicas decíamos que el Plan Quinquenal contempla solamente el 37% de la demanda cooperativa y, por lo tanto, esas 8.352 cooperativas de vivienda registradas se verán frustradas con tan sólo 300 soluciones habitacionales nuevas. Entonces, si para fin de siglo se prevén las necesidades de 120.000 viviendas en nuestro país, para el año 2000, parecería que vamos a ser deficitarios en tal sentido.

Quiero referirme a lo que se manifestó en la Comisión que integré, porque se trata de un pensamiento colectivo, en el sentido de que no se contemplan los objetivos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de priorizar la vivienda de interés social, cubriendo las necesidades de los sectores más carenciados por el mejoramiento integral de la calidad de vida de la población. El tramo correspondiente a subsidios del SIAV, con ingresos menores de 30 unidades reajustables, debería recibir mayor impulso ya que el Banco Hipotecario del Uruguay -el otro precursor de la política de vivienda- anuncia su abandono en la promoción de viviendas de carácter social. Para las viviendas de jubilados y pensionistas y para personas con ingresos menores de 30 unidades reajustables, se mantiene el concepto de Unidad Básica de Vivienda Evolutiva, con un área edificada no menor a 40 metros cuadrados que, en general, no contempla las condiciones de vivienda digna, que ha generado severas críticas, tanto desde el punto de vista constructivo como ambiental. Dado que el Presupuesto quinquenal conlleva cambios estructurales fuertes, la inversión en aspectos funcionales no está encaminada al fortalecimiento de problemas ambientales y relevamientos territoriales.

Por último, estructuralmente la Comisión de Transporte y Obras Públicas considera que los objetivos del Plan Quinquenal de Vivienda -aspecto vertebral de inversiones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente- deben distar operacionalmente de la promoción privada y acentuar su participación en la regularización y construcción, así como complementarlo con la red de inversión de planes ambientales concretos, proponiendo su aprobación con salvedades.

Para finalizar, quiero hacer un breve análisis de las inversiones del Ministerio del Interior donde nuevamente, y en forma sustancial, la inversión se centra en fondos extrapresupuestales y no presupuestales y hay una marcada diferencia en tal sentido. Es así que dicha Cartera provoca una inversión en el período que, resumida con fondos presupuestales, será del orden de los $ 178:000.000 y con fondos extrapresupuestales, de $ 220:000.000. Sumados ambos, el Ministerio del Interior hará una inversión de aproximadamente $ 400:000.000. En este sentido, vuelve a extrañarnos el acento que se pone en el aspecto inmobiliario que lleva el 16%, que el sistema carcelario insume el 13%, la flota de vehículos gasta el 20% y rubro de muebles y útiles, insume un 20%. Estas cifras distan mucho de otros incisos presupuestales. Entonces, en inmuebles se invierte un 5.3%; en el complejo carcelario, un 29%; en vehículos, un 33% y en las Jefaturas del interior, un 20%. En ese sentido, pensamos que para el Ministerio del Interior es positiva la quintuplicación presupuestal anotada, con inversiones ligadas al aumento de la actividad delictiva, pero consideramos que se ha acentuado en mala forma. Dicha quintuplicación presupuestal va ligada al aumento de la actividad delictiva y a un cambio en estas modalidades, así como a las necesidades originadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en esta Legislatura, información que nos ha trasmitido el propio Ministro de la Cartera. Se visualiza doctrinariamente orientada a la represión. En este sentido, no podemos concebir que se elija ese camino mediante el aumento del número de establecimientos y cárceles de alta seguridad, de las flotas vehiculares de apoyo y la zonalización delictiva, cuando parecería que pocas son las inversiones que hacen énfasis en la actividad preventiva por sobre la delictiva, en cuanto a instruir a la gente, a divulgar los aspectos de la policía, a ubicarla en el ámbito social, con plazos prudenciales para revertir esas necesidades represivas.

SEÑORA DALMAS. ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SEGOVIA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS. - Solicito que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Solicito a la Mesa que proceda a llamar a Sala a los señores Senadores, porque en este momento, una vez más, la Bancada del Frente Amplio es la que está sosteniendo el quórum. En ese sentido, considero que sería positivo que nos escucháramos todos.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa hace notar a la señora Senadora que cuando el quórum en Sala está decreciendo, permanentemente se hace el llamado a Sala.

Sin perjuicio de que de acuerdo con lo votado en el día de ayer, esta sesión terminaría a las 12 y 30 horas, creo que debería prorrogarse su finalización hasta el término de la exposición del señor Senador Segovia.

Puede continuar el señor Senador Segovia.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SEGOVIA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Simplemente, a modo de aclaración, deseo señalar que en este momento el quórum está siendo sostenido por tres Bancadas; en realidad, no hay ninguna completa.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Segovia.

SEÑOR SEGOVIA. - Agradezco las expresiones vertidas por el señor Senador Fernández Faingold pero, desde la infancia lejana, estamos acostumbrados a hablar con poco público. Por lo tanto, no tenemos inconveniente en continuar expresando nuestras ideas en estas circunstancias.

En otro orden de cosas, deseo aclarar que me voy a ajustar al tiempo que se había convenido. A continuación, me voy a referir a la educación. Pero no deseo dejar pasar la ocasión para indicar que el informe elevado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, desde el punto de vista de las inversiones, fue el mejor estructurado de todos los que llegaron a la Comisión.

Como decía, me voy a referir a la educación. En esta área también hay una doctrina enraizada en el Presupuesto. Pienso que el enfoque presupuestal de ANEP -que recibió, sin duda, un altísimo aporte- prioriza el punto de vista cuantitativo que, de por sí, es importante.

Sin apuntar a la calidad de los procesos interactivos entre docentes y alumnos -que es donde se obtiene una mejora real en el área educativa- podemos apreciar un criterio economista estrecho que no tiene incidencia en la calidad de vida del educando y de la sociedad toda. En este sentido, no sólo importan las variables medibles cuantitativamente, sino también aquellas que no lo son, por ejemplo, la incidencia de los salarios menguados.

El modelo educativo que se propone, señor Presidente, está influenciado por experiencias de alfabetización que se han realizado en el área del Caribe y también por aquellas que se han aplicado en las comunidades indígenas de otros países. Indudablemente, esto no se puede trasladar a Uruguay sin que previamente se realice una amplia discusión que abarque a todos los sectores del acto educativo.

Cifro grandes esperanzas en que los destinos que se dé a la educación cumplan con los objetivos que este país requiere. No me cabría otra forma de finalizar mi intervención, que no sea reflexionando sobre un tema que se ha mencionado en Sala. Ante el MERCOSUR -nacido como bien lo manifestó el señor Senador Santoro, de la relación militar entre dos potencias, como lo son Argentina y Brasil- ante las ineludibles necesidades de una reconversión, pregunto: ¿qué es lo que priorizamos en un Presupuesto, la defensa o la educación?

Muchas gracias.

6) CUARTO INTERMEDIO

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con lo resuelto en el día de ayer, el Senado pasa a cuarto intermedio hasta las 15.00 horas.

(Así se hace. Es la hora 12 y 29 minutos)

7) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Es la hora 15 y 17 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 6 de diciembre de 1995.

El Director Académico del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas PEDECIBA remite nota solicitando se agregue la suma de U$S 290.000 en el Presupuesto Nacional, para pagar las becas para Maestría y Doctorados en Ciencias Básicas que se viene impartiendo desde hace siete años.

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito, la Central Cooperativa de Granos y la Central Lanera Uruguaya remiten telegramas solicitando la no aprobación del artículo que disminuye las franjas de créditos de las cooperativas de ahorro y crédito exonerados de IVA.

El Consejo de la Facultad de Ciencias remite nota relacionada con los recursos asignados a la Universidad de la República en el Presupuesto Nacional.

-Ténganse presente y agréguense a sus antecedentes.

8) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Mallo solicita licencia por el día de hoy".

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 6 de diciembre de 1995.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

Estimado señor Presidente:

Por razones personales solicito licencia a partir de la presente solicitud y por la sesión de la fecha.

Saluda a usted atentamente.

Dr. Luis Eduardo Mallo. Senador»

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa desea señalar que se trata de un caso no previsto el solicitar licencia en la mitad de una sesión, como en este caso, en que nos encontrábamos en cuarto intermedio. Sin embargo -y este es un criterio que ya ha sostenido la Presidencia- se convocará al suplente respectivo, señor Néstor Andrade, a quien se le invitará a pasar, pues se encuentra en Antesala en este momento.

(Entra a Sala el señor Andrade)

9) PRESUPUESTO NACIONAL. Ejercicio 1995 - 1999.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado continúa con la discusión general del Proyecto de ley por el que se aprueba el Presupuesto Nacional, Ejercicio 1995 - 1999.

Antes de conceder el uso de la palabra, la mesa desea formular algunas constancias.

Todavía estamos en la discusión general y el plazo para la aprobación del Proyecto de ley de Presupuesto vence mañana a las 24 horas. En este momento daríamos la palabra al orador número doce y están inscriptos cuatro señores Senadores más, pero la Presidencia tiene conocimiento de que también desean intervenir otros. En consecuencia, llamo la atención sobre el hecho de que la discusión general seguramente se va a extender durante toda esta sesión, hasta la última hora de la noche de hoy, por lo cuál sólo tendremos el día de mañana para la discusión particular del Proyecto y de los aditivos, que aunque no fueron considerados oportunamente, algunos de ellos han sido reiterados ante la Presidencia en el curso de esta sesión. Por ello, y a efectos de facilitar la discusión y la votación, se ha repartido entre los señores Senadores la solicitud de que hagan saber cuáles son los artículos que desean desglosar para su votación individual. A fin de hacer una evolución definitiva sobre la modalidad en que se va a realizar la votación, pediríamos a los señores Senadores que antes de la hora 18:00 hagan llegar a la Mesa su propuesta.

Por otra parte, queremos señalar que creemos imprescindible que se desarrollen las discusiones sobre todas las Secciones que están previstas en el Proyecto de Ley y que, en último término, se analice y se voten los artículos correspondientes a los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, que son los que presentan mayor complejidad, más cantidad de aditivos y más discrepancias en los planteos.

Agradeceremos profundamente a los señores Senadores que nos hagan llegar, antes de la hora 18:00, la lista de los artículos que se pretenden desglosar de la votación, que seguramente se realizarán en forma global sobre cada uno de los temas planteados.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Como todos sabemos, hay una serie de artículos sobre los cuales se ha introducido algunas modificaciones que no figuran en este texto, por lo que es preciso incluirlos en su versión definitiva para que el Senado los considere. Personalmente, había señalado esas disposiciones a efectos de solicitar la corrección pertinente, pero estimo que no sería necesario pedir su desglose. Me refiero a aquellos artículos en los cuales el informe que viene de Comisión está equivocado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Comparto lo que acaba de señalar el señor Senador Fernández Faingold; como estos artículos fueron recogidos por error en el repartido, es importante que figure la opinión real y efectiva de la Comisión pero, para ello bastaría con formular una especie de fe de erratas, sustituyendo por el texto verdaderamente aprobado en Comisión el que aparece por error en el Proyecto de Presupuesto.

Si ningún otro señor Senador desea formular aclaraciones sobre el tema, concedemos el uso de la palabra al señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU. - Antes de dar las razones por las cuales, al igual que los demás integrantes del Frente Amplio, voy a votar en contra en la discusión general de este Proyecto, quiero hacer una aclaración -discrepante y disímil con la opinión enunciada por el señor Senador Gandini en su disertación- vinculada con la actuación de las delegaciones de funcionarios de sindicatos públicos con quienes nos entrevistamos.

El señor Senador Gandini hacía referencia desfavorable a la actuación de estas delegaciones, calificándolas de corporaciones y manifestando que, de algún modo, a través de sus reclamos y en la disputa de determinados intereses, se observaban contradicciones entre ellos. Por nuestra parte, queremos señalar que con el señor Senador Pozzolo, prácticamente solos -salvo por alguna concurrencia de las señora Senadora Arismendi y, en ocasiones excepcionales, del señor Senador Michelini- atendimos a 56 delegaciones. En primer lugar, no les vamos a llamar corporaciones porque, en virtud de la Constitución, los sindicatos de funcionarios públicos tienen esa naturaleza y representan la defensa de intereses gremiales. Creo que es una contradicción no real, una falsa oposición, hablar del interés general y, por otro lado, de los intereses concretos de gremios porque, en definitiva, el interés general se compone de la combinación e integración de los distintos intereses de los grupos sociales que existen en la sociedad.

Por lo tanto, estamos satisfechos de su actuación; es más creemos que actuaron como debían hacerlo, en representación de esos intereses que, evidentemente, estimula a los Legisladores de nuestro país. Digo esto, porque el artículo 57 de la Constitución de la República establece que se promoverá la organización de sindicatos gremiales. En consecuencia, el interlocutor natural del patrono Estado es, naturalmente, el sindicato de empleados públicos.

Por otro lado, quiero señalar que esto resultaba más necesario aún en este caso, porque no se elaboró una reforma ni un presupuesto que se hubiera discutido, y tampoco se abrieron instancias de consulta previa para definir determinados temas. Evidentemente, ello representa violación de un convenio que nuestro país ha firmado.

Por la Ley Nº 16.039, de 8 de mayo de 1989, el Uruguay aprobó el Convenio Nº 151 que, por su artículo 7º, obliga a resolver los temas en que está comprometido el empleo de los funcionarios con las organizaciones y sindicatos de empleados públicos. El artículo 7º dice que deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos, acerca de las condiciones de empleo o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones. Lamentablemente, pensamos que sólo fueron escuchados, pues luego lo íbamos a debatir entre los legisladores, pero sin la posibilidad de una consulta o negociación, que es lo que en realidad establece el Convenio internacional.

En este país, los sindicatos de empleados -públicos y privados- permitieron realizar un avance trascendente en el Derecho laboral, sin el cual no sé en que situación nos encontraríamos. Asimismo, en los Consejos de Salarios, la coincidencia y la posibilidad de consenso llevó a que, en una etapa de la vida del país, se produjera algo muy importante. Por supuesto, después que se dio la congelación salarial fue imposible seguir negociando, pero este tratamiento conjunto entre los diferentes interlocutores de la relación de trabajo fue muy fructífero.

Todos sabemos que en este tipo de sociedades de economía de mercado, nunca se ha solucionado definitivamente la cuestión social, es decir, la relación entre los trabajadores, los empleadores y el Estado. Por esa razón, el artículo 57 de la Constitución de la República ha reconocido, al igual que los derechos de los propietarios, los de los sindicatos.

Quería hacer esta salvedad previa, con la intención de determinar el papel que debe cumplir cada parte.

Observamos que la filosofía negativa de este Presupuesto se basa en dividir a los funcionarios, pues algunos de los aspectos incluidos en la reforma administrativa tienden a sustituir la solidaridad por la competitividad. Digo esto porque todo el aspecto relacionado con las notas y calificaciones persigue un objetivo de esa naturaleza. Inclusive, el hecho de acordar para algunos Incisos partidas que no toman en cuenta a los funcionarios en general, sino que los discriminan -como en el caso de la ANEP- crea diferencias, lo que también es un elemento divisionista que perjudica la necesaria unidad y solidaridad como principio de funcionamiento de las organizaciones sindicales que el constituyente estimula y obliga a desarrollar.

Con respecto a las razones por las cuales no vamos a votar el Proyecto de Ley de Presupuesto en general, quiero decir que no lo hacemos por varios motivos.

Como mencionaba el señor Senador Heber, el Presupuesto es un acto de trascendencia mayor en la vida del país. A través de este Proyecto de Ley, prácticamente se está gobernando la suerte de la gente: lo que va a poder llevar a la mesa el trabajador, la posibilidad de afiliarse a una mutualista, en qué condiciones va a poder actuar el productor, etcétera. Se trata, en definitiva, de una cierta dosis de omnipotencia para organizar la vida del país y de su gente, nada menos que durante cinco años. Como es un acto de poder, es muy importante tener presente cuáles son sus características.

Como representante de aquellos que me votaron, debo manifestar lo que debe pensar de este Proyecto de Ley de Presupuesto el hombre que trabajaba en una industria textil o frigorífica y quedó sin trabajo, aquel que fue desalojado de su vivienda por no poder cumplir con el pago de las cuotas al Banco Hipotecario o porque no puede pagar los alquileres del mercado, o el que se borró de la mutualista, como aquel jubilado que no puede pagar los tickets. Mi intención es trasmitir la idea que tiene toda esa gente, pues sin duda este Presupuesto es injusto, ya que homologa la realidad de una sociedad que tiene diferencias sociales importantes. Se me dirá que esto no ocurre hoy; no digo que sea hoy, sino que se han acentuado las circunstancias que determinan estos profundos desniveles sociales. Por lo tanto, un Presupuesto -que tiene ese poder- para ser justo, debería ser redistribuidor de las riquezas. Considero que hay elementos para realizar esa redistribución, pero no se hizo. Sin duda, se trata de una fotografía con retoques, que de alguna manera reproduce la situación de injusticia en la redistribución de la riqueza.

Sé que se me va a decir que todo lo que acabo de manifestar es relativo, porque se hace lo que se puede y, al igual que se expresa en los letreros de las obras «estamos trabajando» y no se pueden obtener más recursos. Nosotros creemos que eso no es así. Precisamente, el descreimiento de la gente radica en que es este tipo de macroactos políticos no se define la posibilidad de realizar una mayor justicia social, hecho que se reproduce periódicamente cada cinco años, sin que cambien sustancialmente los temas claves para la vida del país.

Se nos señala que no hay posibilidades o que este Proyecto de ley de Presupuesto es mejor que el anterior; pero no estamos hablando de un problema de relativismo con el pasado, sino que planteamos una adecuación a las necesidades crecientes que hoy tenemos. Con el efecto de la apertura de la economía, el país ha sufrido una brutal destrucción del aparato productivo, lo que ha repercutido sobre la población que vive de su trabajo. Por lo tanto, hay situaciones nuevas, adecuadas a las necesidades actuales, y no podemos aplicar relativismos referidos de otras épocas. En ese sentido, repito, este Presupuesto es sumamente injusto, pues no instrumenta -ni intenta hacerlo- los mecanismos para operar una debida redistribución de la riqueza, que otorgue -por lo menos- una mejor condición a los sectores más desprotegidos.

Estamos viviendo los efectos desastrosos del MERCOSUR y del «Mercomundo», traducidos en la limitación del trabajo industrial, lo que es de tremenda importancia en la vida del país. Además, lo política económica de apertura no sólo alcanza al trabajo industrial, sino que ahora también ha afectado a los sectores rurales y agropecuarios. Asimismo, nos han invadido productos extranjeros que liquidan algunas de nuestras industrias. Por ejemplo, durante el tiempo del estudio del Presupuesto, se verificó de qué manera aceites argentinos liquidaban COUSA, al igual que otras empresas continuarán invadiendo nuestro mercado con productos alimenticios, lo que originará repercusiones más profundas.

Por todo lo expuesto, señalamos que no podemos votar en general este Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, porque aquí no se contemplan soluciones para la industria, ni se observan posibilidades de recuperación, así como tampoco políticas tributarias equitativas, ya que se sigue con el IVA, que grava de la misma manera al rico y al pobre, mientras que no se aplica a los depósitos bancarios o a la gran propiedad. Es cierto, sin embargo, que se alivió la imposición al agro, porque se cambió la tasa progresional a una única y la tierra no aparece computada.

Todo esto implica una condición tal del Presupuesto, que hace que una vez analizadas las circunstancias debidas y cómo está encarado, no se lo pueda aceptar.

No digo nada sobre los funcionarios públicos, porque luego me voy a referir a la reforma administrativa del Estado, que es la segunda razón por la que no voy a votar este Proyecto de ley. Indudablemente, en este Presupuesto los funcionarios públicos, de acuerdo con algunos planteamientos que se dieron a conocer y que establecían que había que disminuir el Estado a razón de 5.000 empleados por año, van a sentirse volcados a un mercado en el que no hay trabajo. Asimismo, debería agregar que en los barrios marginales ha seguido avanzando el delito. Al respecto, debo recordar que no votamos la Ley de Seguridad Ciudadana, y teníamos razón al no hacerlo, porque la frecuentación del Derecho no demuestra que el manejo de los artículos del Código genere planes, y lo que allí se necesita es educación y mejores salarios. En ese sentido, planteamos artículos aditivos relativos al INAME, que fueron rechazados por 5 votos en 12 ó 13. En esa ocasión, también se enterraron aspectos a nuestro juicio importantísimos, que podrían corregir el panorama de marginalidad existente en algunos barrios. Esta es la primera de las razones por las que no vamos a apoyar este Presupuesto.

Asimismo, no debemos olvidar que en el Plan Quinquenal de Vivienda -que debió haber ingresado por la Cámara de Representantes y que, sin embargo, entró directamente al Senado, lo cual no está de acuerdo con la Constitución- si bien se hace un esfuerzo para otorgar un papel importante a MEVIR, desde el punto de vista concreto, frente a una carencia de 8.000 viviendas -como informa FUCVAM- solamente están previstas 3.000. También se ha planteado la posibilidad de que se computen 20.000 soluciones habitacionales sobre la base del reciclaje; sin embargo, técnicos importantes como el Ingeniero Nahum, explican que con el máximo que se otorga en préstamo -es decir, U$S 2.500- no se van a poder operar reciclajes, sino meras reformas. Si bien aparece bien intencionada la idea de aplicar a esos fines la totalidad del Impuesto a las Retribuciones Personales, existe el riesgo de que ello no se cumpla, tal como ha sucedido otras veces. En mi opinión, tendría que haber un «ombudsman» que controlara que la aplicación de esos fondos realmente se volcaran a la vivienda, ya que todo esto tiene que ver con la vida de la gente y las dificultades de hoy. Frecuentemente, concurrren a este Palacio personas que tratan de saber dónde puede haber un terreno para levantar un ranchito de lata en el que poder vivir; y se trata, en muchísimos casos, de gente con niños. Aclaro que no estoy dramatizando, sino haciendo el registro de una realidad que constatamos a diario.

Asimismo, discrepo con la idea de que se hace lo que se puede, porque todo lo que tiene que ver con la política económica y tributaria, así como con la generación de los recursos, hace que pensemos que la situación podría cambiar si fuera otra la forma de administrar los dineros de la comunidad.

La segunda razón por la cual no vamos a votar esta iniciativa es la reforma administrativa. Este Proyecto de Ley no es solamente un Presupuesto sino que, sin duda, también es una operación política, porque incluye la transformación de dos áreas de mucha importancia en la vida del país. En realidad, constituyen temas que tendrían que haber merecido leyes específicas que, de alguna manera, se elaboraran con los sectores interesados y que se dieran a conocer a la opinión pública, ya que están comprometidos aspectos tradicionales y esenciales de la vida del país. En el Uruguay, es muy importante el sector de funcionarios públicos. Ellos son hijos del sistema político; no tienen esa calidad porque quisieron, sino porque muchas veces no había fuentes de trabajo. En varias ocasiones, la función pública operó como seguro de paro ficto, y si hubiera fuentes de trabajo, seguramente estarían buscando otro empleo mejor remunerado y en donde se respetaran enteramente sus derechos funcionales.

Entonces, esta reforma administrativa tiene cinco o seis características que le hacen absolutamente negativa. En primer lugar, queremos decir que es una expresión de voluntad del Fondo Monetario Internacional, ya que el tema de la excelencia es consecuencia de un compromiso asumido por el país. En ese sentido, en el numeral 14 de la Carta de Intención se dice: «Además, ha sido aprobada una legislación que limita severamente la contratación de empleados públicos y que suprime la provisión de vacantes. La intención del Gobierno es presentar legislación» -esto hace referencia al año 1992, pero sigue operando actualmente- «en la Rendición de Cuentas correspondiente a este año para eliminar vacantes adicionales. Se están considerando otras medidas en base a las misma líneas, tales como reimplantar un retiro de funcionarios públicos que sean considerados excedentes. Se espera que los salarios de las empresas públicas y otros gastos de las mismas caigan en una cantidad equivalente a cerca del 1% del Producto Bruto Interno». Es decir que se refiere a la caída de los salarios públicos y a la excedencia como institución.

La primera característica que tiene esta reforma administrativa es que establece la excedencia en forma preceptiva. Hasta ahora, en el Uruguay podía haber excedentes cuando el funcionario expresaba su voluntad en tal sentido, pero en este caso se le impone. La excedencia supone una decisión de un jerarca, que no tiene pautas legislativas sobre cómo va a hacer la redistribución; solamente le basta con fundarla. Esto también se hace en la actividad privada, y prueba de ello es que de esa rama se han expulsado cantidad de trabajadores y dirigentes sindicales sobre la base de determinadas reestructuras. En este caso, la reestructura ingresa en el campo de lo público y el jerarca de la Unidad Ejecutora va a poder hacer una reestructura y determinar quiénes van a quedar excedentes. Ingresar en esa categoría supone una especie de muerte civil en la oficina, ya que no se va a pertenecer más a los cuadros de la organización que aprobó el jerarca.

Sin duda, esto tiene que ver con la idea de un Estado mínimo y con su reducción en el mayor grado posible. Al respecto, debemos decir que esto viola el derecho constitucional a la carrera administrativa, porque obligatoriamente se tiene que aceptar una espera de doce meses en situación de distribución hasta la definición de su aptitud. Luego de ese período, el funcionario que ha sido declarado excedente debe decidir si renuncia o si se mantiene en la función pública. En el primer caso, se le indemniza, pero en el otro, queda redistribuido con una obligación de no asiduidad. Este instituto de la no asiduidad creo que es éticamente criticable desde el punto de vista del Estado. Derecho y moral no coinciden, pero hay en el primero un «minimun etico» que no puede obligar o crear un estatuto de no asiduidad, porque está generando una situación que es la que quiere reprimir, es decir, impedir que la persona no trabaje. Aquí, como se trata de eliminar al funcionario, se admite la no asiduidad. En eso discrepamos, porque el funcionario público no es solamente un ente económico, sino también un ente moral, y este aspecto me parece muy importante desde ese punto de vista.

En el Proyecto originario, se establecía la posibilidad de instruir sumario a los funcionarios cuyo rendimiento fuera declarado insuficiente. Ahora se corrigió; quizás para que se sintiera el alivio, ya que lo otro era mucho peor. Pero por el sistema que se pretende incorporar, no se va a escapar totalmente a esta posibilidad, porque si el funcionario obtiene esa calificación de insuficiente, la autoridad administrativa podría instruir un sumario a los efectos de aplicar el artículo de la Constitución que establece la destitución por ineptitud, omisión o delito.

A través de este sistema, se va a introducir, en cierto modo, el concepto de «funcionario lobo del funcionario», porque los cupos no van a ser amplios -solamente un 10%- y va a haber que luchar para ingresar en esa franja. Fuera de ese 10%, no hay nota de «Excelente», y lo mismo ocurre con la de «Muy Bueno». Pienso que de esta forma se tiende a desarrollar una filosofía antagónica, con la idea de solidaridad y de colaboración, promoviendo una competitividad negativa que de alguna manera está en la lógica del sistema. Una cosa es la emulación y la razonable evaluación diferenciada, y otra los mecanismos de calificación con topes para forzar a la gente a ingresar a las franjas a fin de percibir aumentos del 10% o del 3%, que sin duda va a generar una actitud de obsecuencia a la jefatura y de falta de solidaridad. Hay que tener en cuenta que con la escasez económica de los aumentos y los bajos niveles de remuneración, estos porcentajes de todas maneras son importantes para el trabajador.

Por otra parte, creo que este sistema ya nace perforado, porque por un lado intenta expulsar funcionarios y, por otro, se introduce un concepto nuevo relativo a la alta especialización con libre ingreso. Ocurre que nadie sabe qué significa «alta especialización», y además la Ley no establece pautas o controles para su fijación. ¿Cualquier diploma se puede tomar como prueba de la alta especialización? No se sabe. Puede ser objeto de favorecimientos políticos o personales, porque es un concepto amplio que no tiene, además, tradición jurídica en lo administrativo -por lo menos en nuestro país- como para fijar pautas en ese sentido.

Entonces, decimos que esta reforma puede estar implicando una afectación seria del sindicalismo de los funcionarios públicos. Basta que los excedentarios sean integrantes de la Directiva del sindicato como para que, evidentemente, el sistema sufra un golpe muy fuerte. Aclaro que no se trata de un hecho irreal, porque tenemos el ejemplo de IMPO, que es muy claro, donde se incorporó hace un año a todos los dirigentes del sindicato en un régimen de excedencia. Creo que esta es una voz de alerta de lo que en determinado momento puede significar un grave riesgo.

Además, el régimen de reinserción laboral, que se introduce como segundo instrumento junto al de las calificaciones, es muy grave, porque crea el falso espejismo de un mercado que espera que el funcionario se convierta en empresa. Teniendo en cuenta la realidad y la crisis del mercado empresarial, ¿es posible pensar que un funcionario vaya a ser tentado por esta vía? Creo que el Estado tiene una responsabilidad y debe evaluar la situación antes de ofrecer a los funcionarios una solución que no es convincente, menos aun cuando se entrega la posibilidad de asesoramiento a empresas tercerizadoras que van a aconsejar la salida de la Administración para constituir una empresa.

Puede darse el caso de un funcionario que cumplió durante veinte años una tarea, al que, para apoyarlo, se le entregan bonos. Pienso que la idea de entregar bonos se le puede haber ocurrido a algún Sicólogo colectivo, a los efectos de acostumbrar a los funcionarios a que algún día se les va a pagar de esta forma. De lo contrario, no podemos encontrar una explicación a este sistema. Además, en el Proyecto originario ni siquiera se establecía una fecha de pago. Existe una propuesta que fija sesenta días para el cobro, pero el bono es intransferible, es decir que no se puede pagar con él, sino que se debe esperar la fecha de hacerlo efectivo. Se trata de bonos que tienen un valor muy reducido, pero en la angustia que vive la gente, puede ser un elemento que la atraiga a este sistema. Este es un hecho grave, porque debemos tener en cuenta que hay dos posibilidades: una por la cual se le paga al funcionario que renuncia, que ingresa al régimen de reinserción laboral, y otra que le permite reservar el cargo durante un año, pero en caso de que vuelva debe reintegrar el dinero. Me pregunto qué funcionario público puede devolver al cabo de un año el dinero que el Estado le dio.

Las razones expuestas se complementan con un tercer aspecto que tiene que ver con el avance de la privatización. A la izquierda siempre se la califica de maximalista, pero entiendo que aquí estamos ante la presencia de un maximalismo privatizador y desregularizador. El maximalismo privatizador tiene que ver con lo expuesto en el artículo 14, donde se da por sentado que debe contratarse con terceros todas las actividades que no sean sustanciales. Se debe tener en cuenta que el término «sustancial» es elástico, y no se puede saber con qué contenido se llena. A este respecto, no hace mucho se me preguntó si la entrega de telegramas colacionados era una tarea sustancial, y ¡mire si no va a ser sustancial! De este modo, se abre la posibilidad de contratar con terceros cualquier clase de servicios, y de ahí surge mi expresión de maximalismo privatizador. El artículo 14 del Proyecto de Ley de Presupuesto comienza diciendo: «Facúltase al Poder Ejecutivo y a los órganos jerarcas de los demás Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional, a contratar con terceros la prestación de actividades no sustanciales o de apoyo en la forma que establezca la reglamentación.» Por esa razón, en el Proyecto de Ley está previsto que las empresas tercerizadoras se hagan cargo de las licencias médicas, así como también del contralor de asistencia. Es decir que los custodios serán los terceros; entonces, me pregunto, ¿quiénes custodian a estas personas?

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑORA ARISMENDI. - Solicito que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden formulada.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU. - El segundo aspecto es el maximalismo desregulador, que se relaciona con el privatizador y figura en el artículo 695 del proyecto de ley aprobado en Comisión. Allí se expresa que se comete a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la revisión de todas las regulaciones y restricciones legales y administrativas a la competencia entre particulares que limiten la oferta de bienes y servicios. Como se ve, es una patente que se le otorga a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para desregular todo aquello que sea desregulable.

A este respecto, quiero decir algo que me parece importante. Los trámites y los controles en nuestro país cumplieron un papel. A través de la prensa, nos enteramos a menudo de la existencia de situaciones de corrupción que hace veinte años no tenían lugar en el Uruguay. Por eso digo que los controles cumplen un papel: tienen la misión de dificultar la facilidad de la maniobra, y si ellos se eliminan, dependemos de la ética del hombre. Pero la carne es débil y a veces es difícil que no se produzca determinado fenómeno. Alerto en el sentido de que la síntesis de la privatización y de la desregulación es un aliciente para el riesgo de la corrupción.

Este hecho me hace recordar un cuento que merecería ser de Landriscina. Se trata de un individuo que iba a alta velocidad por una carretera y al llegar a una curva sin advertencia, da dos o tres vueltas con su automóvil. Al lado había un paisano que se acercó para ver qué le había sucedido. Entonces, el del auto le preguntó cómo podía ser que hubiera una curva como esa sin ningún tipo de señalización. Finalmente, el paisano le replicó que existía, pero como no se producían accidentes, habían quitado la señal. Acá estamos ante una situación similar. Los trámites y los controles cumplen una misión, y si los eliminamos, nos vamos a dar vuelta como el automovilista.

Desde mi punto de vista, este es el sentido negativo de la desregulación. ¿Por qué este país, que nunca tuvo situaciones de crisis o de corrupción, en este momento en que el neoliberalismo ha puesto en venta todo, se producen estos hechos? Tenemos que comenzar a explicarnos de qué manera esta desregulación es un elemento negativo.

Pero dentro de lo que significa la privatización, además de encontrar elementos tales como la desregulación y la privatización indiscriminada, existe un tema que aquí se trató -aclaro que no lo voy a desarrollar porque no dispongo del tiempo necesario y ya fue tratado muy bien por los señores Senadores Mallo y Korzeniak- como es el de las personas públicas no estatales. Solamente voy a decir que estas personas públicas no estatales son, tal como se dijo con acierto, una forma de privatización bajo la denominación de «públicas». Algunas de sus normas son de Derecho Público, pero se consideran no estatales.

En ese sentido, debo decir que el artículo 758 de este proyecto de ley deja en una situación absolutamente comprometida a los funcionarios de todas estas personas públicas no estatales porque les da la opción de ser redistribuidos, lo que evidentemente constituye un perjuicio; pero, además si no son redistribuidos, se transforman en trabajadores de la actividad privada que solamente percibirán la indemnización que corresponde en el Derecho Laboral, esto es, de un mes por cada año trabajado hasta un máximo de seis meses. Esto causa un gravísimo perjuicio y el empleado público se enfrenta a esa alternativa que, evidentemente, viola los derechos funcionales, la carrera administrativa y el ascenso. No es posible que por vía de una ley se violen esos derechos constitucionales obligando al funcionario a enfrentar una alternativa como es la de ser redistribuido perdiendo todo lo que significa su carrera administrativa en determinado cargo o, de lo contrario, correr una aventura en una persona pública no estatal.

(Murmullos en Sala)

-Señor Presidente: solicito que se haga silencio.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa recoge el planteo formulado por el señor Senador Sarthou y solicita que los señores Senadores hagan silencio a fin de escuchar al orador.

Puede continuar el señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU. - La tolerancia democrática hace que se acepten estas disertaciones largar y quien habla se extiende porque siente el deber de hacerlo aunque, mayormente, pueda no interesar lo que se está diciendo. Sin embargo, el silencio ayuda al orador para hilvanar mejor sus pensamientos.

Decía que el artículo 758 es gravísimo para los funcionarios públicos y está en contradicción con el derecho a la carrera administrativa, porque le impone una opción a la cual no estaba obligado el funcionario; o sea, optar entre ser redistribuido o arriesgarse a la aventura de una persona pública no estatal, que no tendrá asistencia de Rentas Generales y que deberá luchar con sus propios recursos lo cual, sin duda, constituye una aventura.

La cuarta razón por la cual no vamos a votar este proyecto de ley de Presupuesto es la restricción en el gasto, que ya fue comentada. Este es otro de los aspectos establecidos en la Carta Intención como una pragmática para toda nuestra orientación económica. Se trata de restringir el gasto público en una concepción inflacionaria vinculada estrictamente al déficit fiscal, pero tal como ha expresado muchas veces el señor Senador Couriel en este Cuerpo y también en la Cámara de Representantes, estos fenómenos no se encuentran ligados. Ese es el criterio y la interpretación del Fondo Monetario Internacional, aunque sea a costa del existir de la gente, elemento que es importante porque, en una interpretación fondomonetarista, las necesidades de la gente son un costo y si se produce un daño, se lo evalúa como un costo social que se traduce totalmente a niveles de balance.

Por otro lado, debo decir que otorgando un 14% y un 2% a los judiciales, ellos mantienen salarios insuficientes al igual que los docentes, dado que el aumento general no va a superar los $ 250 y otro tanto sucede en Salud Pública.

Evidentemente, en todo el funcionamiento de este Presupuesto planea un criterio restrictivo en cuanto a los ingresos. Por supuesto, quienes lo aprueban sostienen que no hay más recursos. A ese tema me referí al principio argumentando que no hay más recursos porque las políticas seguidas para la recaudación no son lo agresivamente realistas para tomar la riqueza acumulada; y en cambio, se sigue afectando a los trabajadores. En ese sentido, mencioné a modo de ejemplo que la Ley de Ajuste Fiscal gravó a los trabajadores y a los jubilados con un verdadero Impuesto a la Renta y no a los patrones de esos mismos trabajadores.

La quinta razón que me lleva a votar en contra es que en este Proyecto de Ley se ha incrustado una segunda reforma educativa. El propio Mensaje Complementario dice expresamente que se establece una reforma educativa. Este país tuvo una gran tradición cultural y educacional y todos sabemos que aquí venían estudiantes de muchos países, como, por ejemplo, Perú, Argentina y Ecuador; siempre contamos con un gran prestigio. Resulta inconcebible que se alteren la filosofía y las características de este sistema educacional en un Proyecto de Ley de Presupuesto. Esto hubiera merecido un necesario debate nacional y, además, el análisis, la evaluación y la confrontación con organismos de docentes y gremiales.

¿Por qué se incrustan en este Proyecto de Ley de Presupuesto estas dos reformas? Porque esta es como una ley de urgencia en la cual no se juzga si realmente tiene urgencia; de todas maneras, tiene un plazo, lo que produce un efecto negativo. Digo esto porque cuando hay un plazo, el debate es reducido al igual que las consultas y el asesoramiento constitucional. Entonces, todo se precipita a una velocidad que disminuye las posibilidades de efectuar críticas y de alcanzar logros positivos.

Esta reforma educativa de ANEP está contenida en las partidas y supone una visión dirigida por la orientación del Banco Mundial. En las distintas partidas que se establecen se verá que sólo hay una que realmente aporta el salario en forma global y general para todos, otorgando un 7%; en cambio, las restantes son limitadas. Por ejemplo, la correspondiente a Secundaria otorga un 7.5%, pero sólo para aquellos tienen título de la materia que dictan, en lo que constituye una práctica divisionista, porque hay mucha gente que da clases sin tener títulos de la materia siendo profesores eficientes que han estudiado mucho tiempo. Sin embargo, este aumento es sólo para aquel que tiene un título de la materia en la cual dicta clases.

Por otra parte, los que reciben un 5% son sólo aquellos que se encuentran en el aula; además, hay tres partidas para estrategias educativas, que es algo similar a decir que su concreción queda a cargo del Ente. Hemos sostenido que aquí, para levantar el salario individual, se debería juntar todo eso con ese 7% que es lo único que van a recibir globalmente tanto docentes como no docentes.

Sin embargo, es evidente que aquí hay una estrategia tanto para esto como para los contratos de préstamo que, en nuestra opinión, es el elemento más negativo. Aquí hay una estrategia que supone realizar una concepción educativa para el mercado. El otro día, la señora Senadora Arismendi, señalaba que hasta la semántica trabaja en ese sentido porque se habla de Gerencias, en lugar de Escuelas se hace referencia a Establecimientos y, finalmente, se emplea la expresión «productos educativos» como si se estuviera organizando una fábrica. Esa terminología obedece a una interpretación de una educación para el mercado. Esto se dirige más -y obedece, sin duda, a una orientación del Banco Mundial- a los sectores de preescolares y escolares. Por supuesto que no es malo que se incorporen aportes importantes a los preescolares y escolares, porque ello ayuda a los hogares, pero se debe tener cuidado porque esto supone desarrollar la educación hasta Primaria para un país de servicios en virtud de que, sin duda, la enseñanza técnica no está desarrollada en la concepción del Banco Mundial.

Además, como elemento negativo que corresponde a una interpretación de esta clase, señalamos la supresión de los cursos para adultos y para discapacitados de la UTU, al igual que la disminución de las escuelas rurales. En nuestra opinión, se trata de una propuesta educativa que efectúa un relevamiento de lo que existe en el país, pero no cuenta con los supuestos sociales de toda reforma. Para un propuesta educativa no es lo mismo que en la casa de los niños no haya salario a que sí se disponga de él, que viva en un cantegril o que lo haga en un hogar donde pueda tener un desenvolvimiento normal. Reitero, no es lo mismo que el padre tenga trabajo a que esté desocupado. Esta propuesta educativa no establece condicionamientos sociales porque parte de un eje político y, a través de los préstamos, adopta una orientación planteada por el Banco Mundial, como una educación para el mercado; y aclaro que no desprecio que se prepare a la gente para el mercado. Siempre la educación en nuestro país significó, como decía Kant, la posibilidad de perfeccionarse, la competitividad pensada sobre sí misma para ubicarse mejor en la vida. Esa era la concepción humanista. No decimos que esto sea contradictorio, pero sí lo es en el sentido de que sólo acentúa el apoyo de la enseñanza primaria, porque eso fabrica mano de obra para servicio. En este aspecto, también habría que desarrollar las enseñanzas secundaria y terciaria en mayor forma. Puede no compartirse la posición que sostenemos, pero habría sido bueno que se hubiera discutido a nivel de los organismos gremiales, de la opinión pública, y no que pasara prácticamente desapercibida en los pliegos de las planillas presupuestales, sin otorgarle el lugar que debería tener.

Por otro lado, deseo señalar nuestra posición con respecto a la Universidad. Este organismo recibió alrededor del 25% de lo que solicitó. No00000 compartimos lo que expresaba el señor Senador Gandini cuando decía que la Universidad había elaborado un Presupuesto para la negociación. Personalmente, conocemos al Rector Brovetto -quien ha sido designado para ocupar un importante cargo sudamericano en el ámbito universitario- y tenemos conciencia de que elaboró un presupuesto que está de acuerdo con la concepción cultural de los docentes, aunque posiblemente no sea compartida en el plano político. A propósito de la corporación que mencionó el señor Senador Gandini, debo recordarle que él también integra un partido político, que es una corporación que tiene sus propias ideas. Por su parte, la Universidad también tiene su visión; precisamente, se consagró su autonomía no por un prurito de independencia y autogoce de sus dirigentes, sino porque se entendió que quizás la opinión política, desde nuestras corporaciones partidarias, no era la más adecuada para interpretar cómo debe ser el saber cultural y cómo se debe desarrollar la investigación. Estos son aspectos que, sin duda, están separados de un dogmatismo, en la medida en que el conocimiento y el desarrollo de la investigación tienen que ser, fundamentalmente pluralistas y no estar ligados a la interpretación partidaria de nadie.

En consecuencia, creemos que se incurre en un error cuando se señala que el presupuesto que la Universidad presentó es más elevado de lo que debiera ser.

Pienso que lo relativo al bienestar estudiantil y a otros rubros que se deben atender, de acuerdo con el proyecto que presentó este organismo, se pueden solucionar sólo dotándolos de recursos. Es evidente que la Universidad podrá competir con su similar privada, en la medida en que esté dotada de los recursos suficientes. Hoy las universidades privadas están haciendo anuncios en la televisión como se trataran de tiendas, en donde se ofrecen cierta posibilidades que, en caso de que la institución estatal no cuente con ellas, es posible que quede atrasada y que se perjudique. Sin duda, este país formó extensas generaciones que no habrían podido estudiar si no hubiera existido la Universidad del pueblo, que es la que tenemos hoy.

Ayer recibí una nota del Consejo de la Facultad de Ciencias, que tengo el deber moral de leer en parte, porque me parece que refleja la visión de la Universidad, en el sentido de por qué necesitan más recursos. Entre otras cosas, en esta carta se dice que, en particular, el Consejo de la facultad de Ciencias siente una honda preocupación por la situación de las remuneraciones del personal docente y no docente, con especial énfasis en aquellos miembros del personal académico que tienen una alta dedicación a la enseñanza, a la investigación y a la extensión, y en los cuales reposa el funcionamiento real de la actividad intelectual profesional. Sólo en base a la alta dedicación, preferentemente a la dedicación científica en el sentido contemporáneo de estas expresiones. La superación del multiempleo hoy dominante exige remuneraciones decorosas. La Facultad de Ciencias estará el año próximo en condiciones de comenzar a habilitar la instalación de laboratorios y programas en el nuevo edificio de Malvín Norte, hoy en construcción, merced a préstamos internacionales asumidos por los sucesivos Gobiernos democráticos de nuestro país. Ello requiere de recursos corrientes para su funcionamiento. Para 1997 se prevé la finalización de la obra y la puesta en marcha de equipos pesados en los laboratorios. Necesitamos recursos para la puesta en marcha de la nueva infraestructura, la primera de significación que el país construye en casi medio siglo. Por su naturaleza no es posible que recursos externos al presupuesto regular puedan financiar la instalación y los gastos recurrentes de Malvín Norte.

Por último, me quiero referir al tema de los gobiernos departamentales y al presupuesto del Banco de Previsión Social, ya que, lamentablemente, no pudimos dar nuestro punto de vista al tener que retirarnos de la Comisión cuando se empezó a tratar este punto.

Voy a ser breve en virtud de que el señor Senador Gargano fue muy exhaustivo en la temática relacionada con los gobiernos departamentales. Sólo queremos decir que atravesamos una situación que virtualmente se operaba como una coacción, en el sentido de que teníamos que admitir un impuesto que considerábamos negativo desde el punto de vista de su repercusión social sobre el transporte, sobre el agro y las industrias que puedan subsisitir. Como consecuencia de ello, no podíamos aprobar la elevación de la tasa del IMESI. Los resultados fueron muy duros porque no se sancionó al Frente Amplio, sino a los 200.000 ciudadanos que iban a recibir beneficios a través del Plan de Saneamiento III. Creo que el texto que se votó es muy discriminatorio porque otorga todas las ventajas a los gobiernos departamentales. Ello no nos parece mal, pero no estamos de acuerdo en que se haga una discriminación con respecto al gobierno departamental de Montevideo. De este modo, se perdonan las deudas patronales, se asumen hacia el futuro, se concede todo tipo de beneficios, mientras que el gobierno departamental de Montevideo va a ver incrementado en tres puntos sus aportes sociales y, sin duda, tendrá que afrontar la realización del Plan de Saneamiento III, dejando desatendidas otras áreas. Aquí hay constitucionalistas de prestigio como el señor Senador Korzeniak quienes podrán corroborar si esta discriminación tan profunda puede comprometer una responsabilidad por acto legislativo, porque no se perjudica a un gobierno político, sino a los ciudadanos de Montevideo que son tratados en forma distinta a los del interior del país, en la medida en que no se los considera igual desde el punto de vista tributario.

Finalmente, quiero mencionar la última razón por la cual no vamos a votar este Proyecto de Ley de Presupuesto. Con el Banco de Previsión Social se ha cometido una injusticia por una interpretación que creemos equivocada por parte de este organismo y que el Parlamento deberá encarar. El Banco de Previsión Social es un Ente Autónomo, como es sabido, con una norma propia que establece la atribución de organizar la seguridad social, que no tiene nada que ver con la Industria y Comercio. Este Ente Autónomo regulaba su presupuesto por el artículo 220 de la Constitución, tal como lo hacen los demás Entes que no pertenecen a la Administración Central. La Ley Nº 16.713, en el inciso segundo del artículo 82, numeral 9), establece que el Banco de Previsión Social va a pasar a regirse por el artículo 221 de la Constitución de la República, que se refiere a los Entes Autónomos comerciales e industriales. Estos no acompañan su presupuesto junto con los organismos del artículo 220, sino que lo presentan en los primeros cinco meses antes del comienzo de cada Ejercicio y en cualquier parte del año del período postelectoral. Este es el régimen de los Entes Autónomos comerciales e industriales. Sin embargo, pensamos que la ley que aplicó el Banco de Previsión Social no está en vigencia y al no estarlo tenía que enviar, en consecuencia, el presupuesto de 1995.

Por esta mecánica se prorrogó hasta el año 1994 el presupuesto de los funcionarios del Banco de Previsión Social, perjudicándolos en el correr de 1995. La Ley recién entra en vigencia el 21 de marzo y la única vigencia que se anticipa es la de pensiones. Para este tema no había vigencia anticipada, por lo cual el Banco de Previsión Social no se puede regir por una norma como la del artículo 221 antes de que la ley que estableciera eso estuviera vigente. Es más; aun cuando hubiese estado en vigencia -aunque esto es otro tema- esta es una ley inconstitucional, porque una ley no puede ubicar al Banco de Previsión Social con un objeto claro, que es la organización de la seguridad social, como si fuera un Ente Autónomo comercial e industrial. Reitero que esto no lo puede hacer porque sería inconstitucional. Pero como no está en vigencia, ni siquiera hay que debatir el problema.

Me parece que de alguna manera hay que reparar esa situación, porque los funcionarios del Banco de Previsión Social al igual que lo de los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República, deben contar con la aprobación del Presupuesto de 1995 y no la prórroga del de 1994. Este tema lo hubiésemos querido tratar en la Comisión, pero no se pudo hacer. Repito que esto es una inconstitucionalidad que lleva encerrada esta Ley de Presupuesto como consecuencia de esa omisión, así como un perjuicio para los funcionarios del Banco de Previsión Social.

He terminado antes con mi exposición atendiendo a la sugerencia del señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos en la Barra)

SEÑOR PRESIDENTE. - La Barra no puede hacer manifestaciones. Si continúa, será desalojada.

(Manifestaciones en la Barra)

-Procédase al desalojo de la Barra.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace)

-Se reanuda la sesión.

Continuando con la discusión del proyecto de ley de Presupuesto, tiene la palabra el señor Senador Laffitte.

SEÑOR LAFFITTE. - Voy a ser breve y no voy a incursionar en aquellos temas que ya han tratado los señores Senadores Mallo, Santoro y Gandini, con los cuales me solidarizo.

Pienso que ningún Senador puede, en teoría, estar en desacuerdo con los objetivos que manifiesta en su propuesta el Poder Ejecutivo y que fueron expuestos por el señor Senador Fernández Faingold. Nadie se puede oponer a una reforma educacional que mejore esta área, al fortalecimiento de la salud, a la expansión del sector vivienda, al mejoramiento de la calidad de seguridad ciudadana, a un refuerzo de la inversión generadora de empleo y, por último, a una reforma del Estado que se traduzca en su reducción, como instrumento para disminuir su peso en la economía, intentando ser más competitivos en la región. ¿Cómo se llega a ello? Con respecto a esto, sí, podemos discrepar con algunos de los instrumentos elegidos por el Poder Ejecutivo para lograr sus objetivos.

El Poder Ejecutivo utiliza una estrategia basada en la modernización del Estado, para lo cual introduce básicamente una nueva metodología en la elaboración, ejecución y contralor del Presupuesto, haciendo hincapié en esto último, que está a cargo del CEPRE.

El otro mecanismo consiste en fusionar y realizar una concentración que significa transferencias de competencias muy importantes, así como la creación de otras a través de nuevos institutos o Unidades Ejecutoras. A nuestro juicio, voy a citar las más importantes: el Instituto de Promoción de la Inversión y Exportaciones y la Dirección General de Comercio, con sus tres áreas que están interrelacionadas entre sí, Zonas Francas, Comercio Exterior y Defensa del Consumidor.

Entonces, el Presupuesto pasaría a ser la mayor herramienta en la asignación de recursos con un post control muy severo efectuado a través del CEPRE -que, como decía es el tercer elemento importante- y la creación de lo que se ha dado en llamar «Auditoría Interna de la Nación».

El segundo punto refiere a una reforma de la Administración Pública tendiente a mejorar la gestión pública profesional y la eficiencia funcional a través de mecanismos que aseguren una recuperación de lo que se ha dado en llamar capacidad gerencial, una incorporación de premios e incentivos en un sistema de retribuciones personales, nuevos modos de evaluación de tareas allí insertas, la profesionalización de la función pública con cargos de alta especialización y con una remuneración adecuada y elevada, además de una serie de medidas que implementan estímulos y que brindan opciones tituladas reinserción laboral y empresarial.

El hecho de que apoyemos este proyecto de ley de Presupuesto no significa estar totalmente de acuerdo con todos estos instrumentos.

Apoyamos la creación del Instituto de Promoción de la Inversión y de las Exportaciones de Bienes y Servicios así como también de la Dirección de Comercio, cuyas funciones son complementarias a las de dicho Instituto. Decimos que no podemos estar en desacuerdo porque en el Programa de Gobierno del sector «Manos a la Obra» se creaba lo que llamábamos el Ministerio de Comercio que venía a ser un compendio de todas esas atribuciones y funciones. Estos dos organismos prácticamente responden a aquel concepto de creación del Ministerio de Comercio.

Entendemos que debemos apoyarlo porque, insertos en la problemática del MERCOSUR -que pareció un lecho de rosas pero que luego se transformó en un camino lleno de espinas, a tal punto que cada paso que damos hoy en día es un hierro candente- la iniciativa privada, que es valedera e importante, no puede tener éxito sin una fuerte gestión del Estado. Estos son los casos donde creo -y con esto manifiesto la opinión de nuestro sector político- que el Estado tiene un rol preponderante en la obtención de capitales, en el fomento de las exportaciones, no mediante dádivas sino por conceptos y presupuestos que permitan un mejor comportamiento de la competitividad, que persiga de cerca todas las prácticas desleales, que ya son de uso y costumbre en este tipo de asociaciones regionales -lo son en el propio Mercado Común Europeo que ya lleva treinta años de funcionamiento- y que actúe con energía en ese sentido, inclusive cuando no existen normas, sino prácticas administrativas que cumplen la función de poner esos hierro candentes a los que refería.

También estoy de acuerdo con el comité Ejecutivo Para la Reforma del Estado, que transforma el concepto de funcionamiento del Estado, porque los programas y los proyectos pasan a ser objeto de un severo control final y de un seguimiento de los mismos, que es mucho más importante que el programa y el proyecto en sí.

Sin embargo, también tenemos desacuerdos. El hecho de que votemos las disposiciones no quiere decir que no tengamos desacuerdos, porque ellos existen en algunos puntos importantes. El primero que citaría es la creación de la Auditoría Interna de la Nación, organismo en que se transforma lo que hoy es la Inspección General de Hacienda. Cuando los recursos económicos y humanos son insuficientes, debemos optar entre destinarlos a un control de gastos del Estado o al del sector privado. Nuestro sector político hubiera optado por esta posición, es decir que esa Unidad Ejecutora actuara y fiscalizara las grandes empresas, actividad que hoy hace parcialmente en su funcionamiento, en sus aspectos jurídicos, pero no en la parte esencialmente tributaria.

Además, creemos que existe una especie de superposición de funciones con el propio Comité Ejecutivo Para la Reforma del Estado. Entendemos que la creación de la Auditoría Interna de la Nación está basada en un modelo que no es el nuestro, sino el argentino, donde la relación de Poderes, del Gobierno Central con los provinciales, la asignación de recursos a éstos y el propio funcionamiento interno son muy disímiles al Uruguay.

Los criterios con que se va a implementar esta nueva Unidad Ejecutora, a mi juicio exceden las necesidades que en tal sentido tiene nuestro Estado. En el Uruguay no existe, como en la Argentina, lo que el señor Ministro de Economía de ese país, Doctor Cavallo, catalogó de «empleados truchos» o «ñoquis», que puestos en la Unidad donde debían actuar, excedían la capacidad física de la misma. En el Uruguay se podrá decir que hay que ordenar a los funcionarios públicos, pero no tenemos esa cantidad ni tipo de funcionarios.

No estábamos de acuerdo con el rol que se le daba a INAC, aunque la disposición correspondiente ha sido desglosada, por lo que no me voy a referir a ese tema. De todas maneras, queremos decir que a nuestro juicio no variaba en nada el rol que hoy desempeña y con el que tampoco estamos de acuerdo.

Creemos que la llamada reinserción laboral no constituye un instrumento adecuado para disminuir el peso del Estado. Nos parece muy claro que puede representar una solución personal muy atendible en algunos casos y que le serviría a algunos funcionarios, pero se trata de un universo muy reducido. Si leemos el artículo que establece las funciones y cómo se debe realizar la reinserción laboral, nos encontramos con que esa disposición no afecta a los Ministerios de Defensa Nacional ni del Interior, así como tampoco a la Universidad de la República, a los Entes Autónomos y a los Gobiernos Departamentales. Consecuentemente, el universo pasible de sufrir -como quiere el Gobierno- una reducción significativa es muy limitado, yo diría que no excede los cuarenta mil funcionarios. Por esa razón, no estamos de acuerdo porque, además, creemos que el uruguayo, más allá de lo mal retribuido que está el funcionario público, piensa en la seguridad que le otorga el Estado. En esa tesitura, con ese pensamiento y en una coyuntura donde se ha publicitado «a toda máquina» cuál es el índice de desocupación del Uruguay, de los países vecinos, de Latinomérica y del mundo, considero que esta medida no va a tener resultados efectivos -como espera el Poder Ejecutivo en materia de achicamiento del Estado- que permitan una mejor productividad para competir en la región.

Entrando al análisis del proyecto de ley de Presupuesto en sí, diré sintéticamente que mantiene las líneas generales de los anteriores, que alcanza un 25,6% del Producto Bruto Interno, un déficit que se ubica en el 2% y que conserva su estructura general de gastos, aunque es bueno destacar que hay una cronológica y persistente disminución de la incidencia del Ministerio de Defensa Nacional y un paralelo aumento de los recursos destinado a la educación, lo que me parece importante.

Por otra parte, queremos destacar que hubiéramos querido que el monto de la inversión fuera mayor, pero está limitado por los recursos que tenemos.

Dentro de este contexto de inversión limitada, creo que es altamente positivo -salvo algunas inversiones referidas a determinados Incisos, como ser el 03 y el 04, que ya han sido citadas por nuestros compañeros de Bancada- que más del 53,8% de la inversión esté destinada a actividades aseguradoras y generadoras de empleo, como las que realizan los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Transporte y Obras Públicas. En consecuencia, tomando estas grandes cifras nos encontramos con que el Estado, con las medidas adoptadas de modernización de reforma, no asegura una disminución real de su peso en la economía nacional. Sólo el crecimiento global de la economía, por vía indirecta -si es que el Poder Ejecutivo mantiene un gasto fijo constante- hace que el peso del Estado disminuya, en función del aumento del producto. Esa es la conclusión fundamental que quiero extraer de este Proyecto de Presupuesto. Las medidas que se instrumentan para lograr la disminución del peso del Estado y algunas otras que implementó el Parlamento, no aseguran, por sí mismas, una rebaja en la carga del Estado, la que sólo se dará si hay un crecimiento real, en función de las metas que se ha fijado el Poder Ejecutivo.

En cuanto a los recursos, quiero establecer conceptos -en algunos estamos de acuerdo y en otros no- porque aquí se ha dicho que la reforma tributaria no es sustancial, sino menor. Creo que esto no es así y que hay un cambio trascendente en la reforma tributaria del sector agropecuario y en la del Impuesto al Patrimonio. La primera supone -esto lo he escrito para no olvidar ninguno de los puntos- la derogación del IMAGRO, del Impuesto de Educación Primaria, del Impuesto fijo a las pequeñas empresas que fue creado por la Ley de Reordenamiento Financiero de abril de 1995; así como la exoneración definitiva -que era transitoria- del Impuesto al Patrimonio sobre la tierra. Además, está la fijación de un porcentaje del 40% del valor de la tierra del ficto de bienes muebles y semovientes para el Impuesto al Patrimonio; la fijación por ley del reajuste de los inmuebles rurales, quitándole al Poder Ejecutivo la discrecionalidad que tenía en la materia. Asimismo, tenemos la eliminación de la progresión de las tasas en el aporte patronal al Banco de Previsión Social del sector agropecuario, fijándola en una tasa única del 0,15%. También está la derogación del IMAGRO que generaliza el IVA en el sector, así como un Impuesto al Patrimonio que, al cambiarse el concepto y decir que se grava en «cabeza» -esto significa gravar la actividad y no a la persona física o a la sociedad se disminuye del 2% al 1,5% en aquellas empresas que tributan el IRA y el IRIC. Finalmente, hay una modificación en los sectores hortícola y frutícola que al integrar el IVA en sus costos -mediante la exoneración el IVA que desaparece- cambian su tributación.

En definitiva, no hay un incremento teórico de la tributación, sino una redistribución interna del sector, aunque considero que, por razones que llamaría de comodidad fiscal en este tipo de contribuyentes, gran parte del sector se va a acoger al régimen de liquidación ficta por lo que, consecuentemente, habrá un aumento de la presión en el sector.

En líneas generales, estoy de acuerdo con las modificaciones introducidas en el Impuesto al Patrimonio y con lo concerniente al Impuesto a las Actividades Agropecuarias, aunque con algunas discrepancias que señalaré puntualmente al pasar a la discusión particular.

Ahora quiero ingresar en el último impuesto, que es el más importante, en el que el Estado basa la mayor parte de sus recursos junto con el IMESI: me refiero al IVA. Como dije anteriormente, cuando no alcanzan los recursos -humanos y económicos- hay que adoptar medidas tendientes a ahorrar en el gasto -esta fue la política del Poder Ejecutivo- u optimizar la percepción de los recursos. Estoy en desacuerdo con lo que viene proyectado en el esto proyecto de ley, más que lo que dice, por lo que no dice, o no hace.

Estimamos que -y esto no significa que estemos de acuerdo con el esquema tributario actual- que en el IVA existen tres sectores donde la evasión es importante: el informal, el de abasto y el de servicios personales. Sobre todo para el primero propusimos medidas y creemos que ellas -en su momento presentaremos un artículo aditivo- tienen o podrían tener como consecuencia un incremento importante de la recaudación y una disminución de una evasión que, a nuestro juicio, es muy clara. Por eso pienso que esta es una oportunidad que se está desaprovechando. Asimismo, en los servicios personales, donde incluyo la parte de los servicios referentes a honorarios profesionales y actividades de intermediación, creo que también existe una evasión evidente y se podría aplicar una simple disposición que le permita al Estado funcionar, tal como existe en muchos países europeos. Los franceses lo denominan el «Indez de Surveillance», es decir que cuando no se puede controlar los ingresos se controlan los egresos, o sea, el gasto de esa persona, el índice de su vida y de sus gastos, y entonces sobre esa base se la hace tributar.

Reitero que me parece que estas son oportunidades que se han dejado de lado, por lo menos hasta ahora y, de no utilizarlas en este Presupuesto, se deberían implementar en la próxima Rendición de Cuentas, porque consideramos que por esa vía el Estado, sin modificaciones y sin incremento en las tasas, puede obtener más recursos que cambiando su esquema tributario, si es que no lo desea cambiar. En ese aspecto, reiteramos nuestra predisposición para analizar, desde ya, un proyecto de Impuesto a la Renta. Nosotros nos declaramos partidarios de ese Impuesto. Creemos que las circunstancias han cambiado y que el producido de ese tributo puede ser bastante distinto al de 1967. Asimismo, pensamos que no significa una detención de la inversión de capitales extranjeros, si es que se ponen condiciones adecuadas para exonerar el financiamiento de determinados proyectos.

Finalmente, creo que quien tiene a su cargo el 71,5% de los ingresos tributarios de este país, que es la Dirección General Impositiva, podría haber tenido mejoras en las retribuciones de sus funcionarios, por vía indirecta, asignándole cometidos que hoy no tienen, cambiando el régimen de retribución sin aumentarlo y estableciendo algunas disposiciones tendientes a permitir a los funcionarios técnicos realizar actividades que hoy les están vedadas, lo que no ocurre en otros sectores.

Finalmente, quería decir que creemos que en este Presupuesto -que es mucho más que un Presupuesto- en el que se tratan muchos aspectos que, a nuestro juicio, deberían ser objeto de leyes específicas y especiales para estudiarlas con detenimiento, la parte tributaria no ha merecido la atención que debió tener, lo que nos parece muy importante. El personal excedentario de la Inspección General de Hacienda y el hoy ya excedentario del INAC es, en ambos casos, altamente capacitado y deberían constituir dos aditamentos importantes para dotar a la Dirección General Impositiva de recursos humanos, que posee funcionarios con capacitación, pero en cantidad insuficiente. En consecuencia, creo que en esta materia hemos marcado disensos con el Poder Ejecutivo, lo cual no invalida la aprobación en general del proyecto de ley que ha presentado.

Es cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: nosotros, que vamos a votar en general y también la mayoría del articulado de este proyecto de ley, queremos dejar constancia de las razones que nos llevan a esa actitud y de las salvedades u objeciones que nos merecen otros de sus artículos. Para ello quizá hubiera bastado que reserváramos esta discusión para el momento en que se trataran en particular los diversos artículos; sin embargo, el tiempo que resta para esta discusión general hacer presumir que va a ser escaso a los efectos de destacar la posición que tenemos en cada uno de los temas. Por otra parte, nos ahorrará bastante de nuestra exposición la coincidencia que tenemos con lo que acaba de expresar nuestro compañero de Partido, el señor Senador Laffitte quien, en su calidad de técnico, ha realizado un ajustado enfoque que interpreta en gran parte, y con mayor precisión, las salvedades que nosotros podríamos formular y también los aspectos positivos que encierra este proyecto de ley de Presupuesto.

Como el señor Senador decía, es difícil no coincidir con el enfoque general que al comenzar el debate formuló el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold. Sin embargo, temo que el optimismo que se desprende de sus palabras pueda no reflejarse en la realidad en algunos casos. Pero, de cualquier manera, han quedado fuera de ese análisis algunos aspectos, con respecto a los cuales queremos dejar constancia de las opiniones que nos merecen.

Vamos a enfocar el tema a la luz de lo que, en otras oportunidades en que se han tratado Presupuestos y Rendiciones de Cuentas -desde 1985 en adelante- lo hemos hecho señalan porque queremos demostrar la coherencia de nuestro pensamiento y hacer un análisis aislado de la pasión política que puede determinar el hecho de que el partido de gobierno o el que preside el Poder Ejecutivo, sea el nuestro u otro. Estamos ante una de esas leyes que necesita de un gran grado de desapasionamiento para dejar de lado afanes revanchistas y pasiones partidarias, porque se trata de una ley que, cualquiera sea el partido que gobierne, implica el ordenamiento de la vida financiera y económica de la República. No se trata de un tema de política partidaria, sino nacional.

Sobre la trascendencia de una Ley de Presupuesto -reiteradamente haré referencia a exposiciones de años atrás- en el año 1990 decíamos que «Es obvio señalar la enorme importancia de esta ley. Baste recordar que en ella figura todo lo que constituye el centro de la vida y acción del gobierno: sus gastos, el ordenamiento de los mismos, las inversiones, los recursos, la política impositiva, la estructura de toda la Administración Pública, el cumplimiento de servicios esenciales que el Estado debe prestar de acuerdo con lo que establecen la Constitución y las leyes del país. El Presupuesto es el eje sobre el cual gira la acción del Estado. Se convierte, entonces, en una ley especialísima, en el centro mismo de la vida del Estado y de la acción del gobierno de turno».

Al respecto, otros señores Senadores han hecho parecidas consideraciones; sin embargo, el hecho de que señalemos coincidencias generales, no nos impide, en un enfoque sobre la Ley de Presupuesto, formular reflexiones de carácter general sobre algunos aspectos esenciales que fueron expuestos brillantemente en la tarde ayer por el señor Senador Mallo. Recuerdo breves y tajantes juicios sobre el esquema general del proyecto de ley. El señor Senador ha dicho que este «no es un gran programa de gobierno y que no es el Presupuesto transformador para el nuevo Uruguay». Estamos de acuerdo con que no lo es; por lo tanto, decimos, que cumpliendo el elemental deber de reconocer las virtudes que contiene el articulado y la necesidad de que el país tenga un Presupuesto, vamos a votar como lo hemos hecho siempre. No recuerdo, en mi vida parlamentaria ya muy larga, haber votado en contra de un Presupuesto; sí, haber dejado constancia de numerosas salvedades o discrepancias en la discusión sobre algunos de los aspectos de estas leyes. El país debe tener su Presupuesto; lo peor que podría pasarle es que careciera de él porque, entonces, el caos se apoderaría de la vida del Estado, ya que se vería obligado a mantener un Presupuesto totalmente fuera de las realidades y exigencias del momento presente.

Otra de las afirmaciones del señor Senador Mallo que comparto, en cuanto a las líneas generales de confección de este Presupuesto, es que en muchos aspectos, prevalece la voluntad del Poder Ejecutivo sobre la del Poder Legislativo. Es claro que se puede afirmar que, de alguna manera, esto es viejo, es algo que, en mayor o menor grado, se ha ido admitiendo, pero que igualmente es Inconveniente e incursiona en el terreno de la inconstitucionalidad.

Recuero que en la Legislatura anterior, el entonces Presidente del Senado Dr. Aguirre Ramírez, presentó un proyecto de ley referido a la forma en que el Poder Legislativo iba dejando campo al Poder Ejecutivo para que éste determinara el monto de los impuestos, cuando en realidad la función fundamental, la que dio origen al nacimiento del Parlamento, fue precisamente, la de autorización concreta para el valor de los gravámenes que el Poder Ejecutivo podía establecer. Además, más allá de la voluntad del Poder Legislativo, el Ejecutivo establece topes de aplicación de las distintas partidas votadas en la Ley de Presupuesto. De esta manera, la voluntad del Poder Ejecutivo altera, o por lo menos no permite que se desarrollen en todo su alcance aquellos programas que vienen financiados por las distintas disposiciones de la Ley de Presupuesto.

Como integrantes de un partido -aunque minoritario- perteneciente a la coalición de Gobierno, hubiéramos querido contar con información concreta en la etapa de la elaboración de este Proyecto de ley de Presupuesto. Cuando ya tomó estado parlamentario, sin perjuicio de no integrar la Comisión de Presupuesto, concurrimos en las oportunidades que pudimos para recoger la información correspondiente. En dichas ocasiones hemos podido apreciar una vez más lo que aquí señalara el señor Senador Santoro -no sé si en estos días o en la sesión de hoy- cuando destacaba la tarea tediosa, fatigosa, intrincada, compleja y difícil que debe enfrentar la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en el lapso muy reducido que le marca la Constitución. No debemos olvidar que se debió estudiar un articulado tan extenso como el actual, que consta de aproximadamente 800 artículos. Pienso que una ley de esta extensión, que contiene aspectos tan fundamentales para la vida del país, no puede ser analizada con apresuramiento ni estudiada profundamente -lo digo con el mayor de los respetos, porque sé que no es culpa de los señores Senadores- en tan escaso tiempo y a veces con falta de información, puesto que aquí se incluye todo lo que tiene que ver con la vida y la acción del Gobierno durante toda una Legislatura. Comprende, además, programas, recursos presupuestales, proventos difíciles de cuantificar, etcétera.

En momentos en que en el país se habla de una reforma constitucional, creemos que sería oportuno que se buscara un procedimiento distinto para la elaboración de la Ley de Presupuesto. Todos los años nos encontramos con este trabajo complejo, difícil y apresurado en una materia tan delicada como esta. A nuestro juicio, en la reforma constitucional deben introducirse los cambios necesarios para que esta tarea se pueda cumplir con un mayor grado de racionalidad y mejores resultados para el país.

Una vez más, señor Presidente, nos encontramos en el proyecto de ley de Presupuesto con lo que es materia presupuestal y lo que no lo es. Esto no es nuevo; en todas las Leyes de Presupuesto y de Rendición de Cuentas que he visto tratar en el Parlamento Nacional sucede lo mismo. Debido a que se trata de una norma que cuenta con un plazo para su estudio y aprobación, los gobiernos, y a veces también la oposición o los Legisladores en general, aprovechan la circunstancias para incorporar aquello que consideran -en el acierto o en el error- conveniente. Indudablemente, esto perturba lo que debe ser materia exclusivamente presupuestal, referida a lo que -concretamente- es una política definidamente presupuestal.

Hemos visto, por ejemplo, que en esta iniciativa se incluyó un proyecto que felizmente fue eliminado por la Cámara de Representantes para ser estudiado en una ley aparte, referido a la descentralización de ASSE, servicios de salud que el actual señor Ministro de Salud Pública pensaba reestructurar en una forma muy original. También se dejó de lado la idea inicial de incluir la modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Pienso que nada de esto tiene que ver, por cierto con la materia presupuestal y que la importancia de los temas merece un estudio profundo, independientemente de las urgencias de los plazos constitucionales.

Asimismo, han permanecido otros aspectos que tampoco se relacionan con dicha materia, como por ejemplo, la modificación del Plan Agropecuario. Más allá de algún fracaso circunstancial en los primeros años por la falta de experiencia que se tenía en el país con algunos aspectos este Plan cumplió una exitosa labor. Los dineros provenientes del Banco Mundial, que nutrieron al Plan en sus primero años, fueron bien gastados, puesto que aplicaron a una política de praderas, de mejoramiento de campos, de selección y producción de semillas, de empotreramiento, de mejoramiento de instalaciones para el trabajo, de rotación de pastoreo, de almacenamiento de forraje, etcétera. En fin; este Plan ha significado un progreso importante para el agro nacional. Por lo tanto, nos parece que una ley tan importante no debe constituir 12 ó 15 artículos de los cientos que forman el proyecto de ley de Presupuesto; a nuestro juicio, debería venir al Parlamento una iniciativa aparte. Sin embargo, la Comisión Especial de Artículos Desglosados consideró conveniente aprobar esa propuesta, y nosotros no nos vamos a oponer a ello. Lo vamos a votar, siempre y cuando, naturalmente, se le restituyan los fondos que originalmente le adjudicó el Poder Ejecutivo, porque en la Cámara de Representantes sufrió una importante poda; los recursos que hoy oscilan en U$S 1:000.000 anuales de ninguna manera son suficientes para que el Plan Agropecuario pueda cumplir con su función y continuar la labor que hasta ahora exitosamente ha desarrollado. No he encontrado la disposición correspondiente, pero creo que algunos señores Senadores están trabajando en este sentido. Esperamos que incorporada la partida que inicialmente previó el Poder Ejecutivo de alrededor de U$S 10:000.000 -que sí alcanza para la marcha del Plan- podamos darle nuestra aprobación, más allá de la discusión que se pudiera haber dado sobre la estructura jurídica que éste tendrá en el futuro, de acuerdo con este proyecto de ley. Esperamos que el Plan Agropecuario, con otra estructura, seguirá cumpliendo -si cuenta con los recursos necesarios para ello- la trascendente labor de transformación de la producción agropecuaria nacional.

Asimismo, en este proyecto de ley de Presupuesto se incluía una modificación para el Instituto Nacional de Carnes. Habíamos pensado que esa propuesta podía ser desglosada para ser enviada posteriormente en una iniciativa separada, y la Comisión Especial de Artículos Desglosados -atendiendo una sugerencia hecha por el señor Senador Batlle y por quien habla- así lo entendió, resolviendo que quedara a estudio de las respectivas Comisiones, puesto que se trataba de la modificación de un Instituto tan importante para la vida del país, para la comercialización e industrialización de las carnes y para el control que debe realizarse sobre esas etapas. Además, se tuvo en cuenta la importante colaboración que INAC puede prestar en lo que tiene que ver con el contralor de la evasión impositiva.

Por otra parte, también dentro de las materias que no son típicamente presupuestales figuran una cantidad de artículos referentes a la Reforma del Estado. Esto tampoco es una novedad, pues en las Leyes de Presupuesto y de Rendición de Cuentas del anterior gobierno, se incluyeron disposiciones con el mismo objetivo, es decir, procurar la racionalización de los gastos del Estado. A este respecto, debemos señalar que, tal como lo hicimos en una oportunidad anterior, y los efectos de ser coherentes con nuestra postura, vamos también, en esta oportunidad, a votar las disposiciones correspondientes, más allá de algunas observaciones que nos merezca.

Nos habíamos planteado leer algunas consideraciones que habíamos formulado en oportunidad de que ejerciera el gobierno del Partido Nacional, con el fin de demostrar nuestra coherencia al aprobar las modificaciones que se introducen en lo que tiene que ver con la estructura general de la Administración Pública.

Aquí se ha señalado que, en momento en que nos proponemos disminuir el tamaño del Estado, no se toman medidas importantes respecto a aquellos servicios sobredimensionados, como por ejemplo, los relacionados con las Fuerzas Armadas, empleando fondos presupuestales y extrapresupuestales. En esta materia, y teniendo en cuenta y que se ha dicho que esta vez sí en el proyecto de ley de Presupuesto aparecen recursos extrapresupuestales y la forma en que van a emplearse, lo que habíamos reclamado en ocasión de tratar otras Leyes de Presupuesto. Debemos señalar -una vez más- que cuando se elabora un Presupuesto, en el mismo deben figurar todos los ingresos y todos los egresos que el Estado tiene, ya sean provenientes de los impuestos como aquellos que surgen de los proventos que reciben las distintas reparticiones. Sin embargo, nos hemos encontrado con que algunos de esos proventos se utilizan de una manera que escapa al articulado, por lo que no queremos dejar de destacarlo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Armada Nacional se proyecta la compra de un petrolero con recursos extrapresupuestales que, según parece, por informaciones que hemos logrado tendría distinto costo, dependiendo de si logra o no un contrato de largo alcance con ANCAP. En el primer caso, el gasto oscilaría en U$S 100:000.000 y, en el segundo U$S 50:000.000. Debo destacar que, de acuerdo con lo que surgía de alguna breve conversación con el señor Ministro y algunos trascendidos, la idea original era comprar tres petroleros. Pueden imaginarse, entonces, los señores Senadores cuánto dinero se hubiera gastado por ese concepto. Además, existe un elemento que no lo podemos comprender y consideramos que no resulta armónico con la actitud que se ha venido sosteniendo. Me refiero a que cuando se manifiesta que las actividades comerciales e industriales que tiene el Estado debe dejarlas libradas a los particulares, no puede entenderse que estemos instrumentando dentro de su estructura, nada más ni nada menos, que una empresa de transporte marítimo dentro de la Armada Nacional. Realmente, no nos parece que este sea un gasto adecuado ni justificado, máxime cuando en experiencias anteriores ANCAP no ha asegurado los fletes al petrolero nacional, por lo cual éste ha tenido que fletear por distintas partes del mundo, corriendo el riesgo de los frecuentes derrames y los consiguientes reclamos y perjuicios para el Estado uruguayo. Este es uno de los elementos que, de haber tenido oportunidad, no lo votaríamos.

En otro orden de cosas, nos llama también la atención que se establezcan recursos para los estudios sobre el Puente Colonia - Buenos Aires, así como para el nudo vial que complementará esta obra. No voy a hablar en este momento de las ventajas o inconvenientes que ello puede tener, pero es indudable que en cualquiera de los casos que se le considere, tiene una enorme gravitación en el futuro de la vida de nuestro país. Me parece muy bien que se otorguen los recursos para el estudio de un proyecto de esta envergadura, como es la construcción del Puente y la red vial que de él se va a desprender. Sin embargo, no nos parece conveniente que hasta ahora no haya indicios de que el Parlamento vaya a atacar este tema. En verdad, no se puede concebir que si se va a concretar una obra de esta magnitud, el Parlamento Nacional no tenga participación alguna en ella. No se trata de la obra en sí misma ni de un puente colgado con sus rutas de acceso; se trata de las transformaciones en el ámbito económico y, fundamentalmente, de lo que traerá aparejado para la vida social del país. Por este motivo, teniendo en cuenta que en el Uruguay ya existe una dura polémica a este respecto, aprovecho esta instancia para reclamar, sin que ello signifique un pronunciamiento previo a favor o en contra -porque no tenemos los elementos de juicio necesarios para determinarlo- que a su debido tiempo el Parlamento Nacional tenga la oportunidad de expedirse sobre este tema.

El señor Senador Laffitte hacía referencia a un estudio del que se extraen resultados positivos sobre la reforma tributaria que acompaña a este proyecto de ley de Presupuesto. Compartimos la posición señalada por el señor Senador, por lo cual desde ya adelantamos que vamos a votar los recursos que se han establecido en la presente iniciativa. Sin embargo, una vez, más, y tal como lo hicimos oportunamente, queremos expresar que, desde nuestro punto de vista, es necesario ir eliminando los impuestos indirectos para sustituirlos por los directos. Debe tenerse en cuenta que los impuestos indirectos golpean duramente al grueso de nuestra población que, en su inmensa mayoría, vive dificultades económicas. Entonces, creemos que es necesario gravar la riqueza donde ella exista y en la que, por lo tanto, los impuestos directos son más racionales y justos.

Aprovechando la referencia que hacía el señor Senador Laffitte, queremos manifestar que, en oportunidad de estudiarse en este Senado en el año 1990 la Ley de Ajuste Fiscal, propusimos la creación del Impuesto a la Renta para las personas físicas. Asimismo, volvimos a plantear esta propuesta al principio de este período de gobierno cuando se instrumentó la ley que también pasó a denominarse como de ajuste fiscal, debido a sus objetivos y consecuencias. Sin embargo, siempre hemos encontrado resistencia de parte de los Poderes Ejecutivos, tanto del anterior como del actual, para instrumentar este impuesto que existe ya en la mayor parte de los países del mundo y que entrañó una enorme dosis de justicia. Al respecto, se ha manifestado que el Uruguay ya tiene un elevado nivel en las empresas; es claro que ello es así, pero estamos hablando de la renta de las personas físicas, terreno en donde se ha gravado a los sectores más carenciados, es decir a los trabajadores y a los jubilados a quienes se les descuenta el Impuesto a las Retribuciones Personales. No se ha afectado, por ejemplo, los depósitos bancarios, los papeles públicos, los alquileres, entre otros. Se dice que ello traería consecuencias sociales negativas; ante esto señalo que los impuestos al consumo también traen consecuencias sociales negativas. Obviamente, si llegamos a la conclusión de que es justo el Impuesto a la Renta de las personas físicas, sustitutivo de alguno de los muchos que hoy existe, deberíamos decidirnos, de una vez por todas, a establecerlo. En ese sentido, comparto los planteos que se han hecho al respecto.

En cuanto a la actual propuesta tributaria, debo decir que nos parece acertada en lo que hace a la eliminación de la tierra como factor a tener en cuenta en la liquidación del Impuesto al Patrimonio. Decimos esto, no porque pretendemos privilegiar a quienes poseen tierras, sino porque este factor ha sido gravado reiteradamente en distintas etapas y por diferentes impuestos. En consecuencia, a nuestro juicio, la tierra está sobregravada. Por lo tanto, entendemos que es hora de ir desgravando este valor fundamental para la producción nacional.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Agradezco la deferencia del Senado. En virtud de que hice referencia al tema de la tierra, adelanto que voy a votar en contra el artículo 261, que es aquel que va a derogar la prohibición existente de que sociedades anónimas realicen explotaciones agropecuarias. Allá por el año 1967, de acuerdo con la concepción que entonces tenía un hombre que procuró transformar la producción agropecuaria nacional -me refiero a Wilson Ferreira Aldunate- se estableció esta prohibición. Creo que los hechos posteriores han reafirmado la necesidad de mantenerla. Para nosotros es fundamental que así sea, señor Presidente, porque aunque para algunos parezca una obsesión, incluso algo irracional, estamos profundamente convencidos de que es necesario que el Uruguay, en algún momento, tome medidas para detener el creciente proceso de extranjerización de su tierra.

Nos llama la atención -lo vamos a decir una vez más- que en el Protocolo de Colonia de 1993, cuando se hicieron salvedades por parte de los países integrantes del MERCOSUR, Paraguay y Argentina resguardaron de las inversiones extranjeras los 50 kilómetros inmediatos a sus fronteras, mientras que Brasil, señor Presidente, con una inmensa área, estableció la salvaguardia de todo su territorio para la inversión extranjera en lo que tiene que ver con la tierra. Sin embargo nosotros, que poseemos una pequeña porción de territorio, no hemos tomado absolutamente ninguna medida. Por tal motivo, creemos que de mantenerse esta prohibición, no sólo por las razones ya existentes desde largo tiempo atrás, sino también por esta realidad de creciente extranjerización de la tierra. Es necesario saber quiénes son sus dueños para, de esa forma poder tomar en determinado momento alguna medida que proteja la riqueza fundamental que tiene el Uruguay para las generaciones futuras y también para la preservación de la soberanía nacional.

No deseo insistir sobre este tema, ya que simplemente quería adelantar mi voto negativo al artículo 261.

Por otra parte, quiero referirme al IMEBA, que está instrumentado como un adelanto del Impuesto a la Renta. Entiendo que es un acierto en cuanto se termina con aquellos vencimientos periódicos que no coincidían con el momento en que los productores efectivamente realizaban la comercialización de sus productos. Sin embargo, ahora, en el momento preciso en que la realicen, se le hará la retención correspondiente. Insisto en que, a mi juicio, ello es beneficioso.

En otro orden, quiero señalar que no comparto totalmente la eliminación del Impuesto de Primaria en el ámbito rural. Se trata de una contribución social que la población hace a la noble tarea de la educación, y no creo que mereciera una gran resistencia desde el momento en que ya se desgrava la tierra como factor a tener en cuenta para el Impuesto al Patrimonio; nadie podría oponerse racionalmente a apoyar con un impuesto la labor educativa que el país está reclamando en forma cada vez más extensiva e intensiva. Es cierto porque conocemos el medio rural- que muchas de las escuelas rurales pueden atender sus necesidades en basa la contribución voluntaria de los vecinos pero, de todas maneras, no es lo mismo que contar con un impuesto establecido que, además había sido destinado a la alimentación de los niños. Si no recuerdo mal, se trata de una suma cercana a los U$S 4:000.000 que, de ahora en más, saldrá de Rentas Generales. Obviamente, a pesar de toda la buena voluntad que pueda existir al respecto, insisto en que no es lo mismo que recibir el producido de un impuesto que puede, incluso, acompañar los procesos inflacionarios que se den en el país.

Otro aspecto que me parece positivo en este Proyecto de Presupuesto es que se hayan atendido los reclamos de las Intendencias Municipales del interior, en lo que tiene que ver con una política que hace tiempo los Poderes Ejecutivos de turno implementan en el Presupuesto. Sin duda, esta vez estos recursos aparecían más justificados que nunca por cuanto, como ya se ha señalado aquí, el Parlamento rebajó del 3% al 1% el Impuesto a las Transacciones sobre los Semovientes, lo que produjo una fuerte pérdida a los Municipios del interior, sobre todo en los departamentos esencialmente ganaderos. Entiendo que se hace justicia porque es limitado al ámbito que tiene los gobiernos departamentales en materia de fuentes impositivas. Incluso, considero que en la reforma constitucional habría que ampliarlo y racionalizarlo, y que debe hacerse efectiva la disposición que establece un porcentaje determinado de recursos provenientes de los fondos nacionales para las Intendencias Municipales.

Aclaro que no deseo hacer un debate político de este tema, pero en un país centralizado como el nuestro, el habitante de Montevideo está más cerca de reclamar por los servicios que no se le prestan. Mientras tanto, en el interior, lejano de la capital, se reclama a la Intendencia, que es la autoridad más próxima. Además, se exige aquello que es actividad propia del Gobierno Departamental, como los caminos, las calles y la higiene pública, pero también se reclama por el arreglo del hospital, de la escuela y de la oficina pública que se llueve o se ha deteriorado; todo ello porque el «expedienteo» y los trámites burocráticos enlentecen las soluciones que deben venir del Gobierno nacional. Todos estos problemas los resuelven las Intendencias. Digo esto con propiedad porque viví la experiencia de estar al frente de una Intendencia y, en consecuencia, conozco en toda su dimensión los compromisos que permanentemente se le plantean, así como también las necesidades que fuera de su ámbito de acción se le presentan, convirtiéndolo en la única tabla de salvación frente a un cúmulo de problemas.

Por otra parte, debo hacer una declaración que contraría otra que formulé tiempo atrás en este Senado. En esa ocasión, indiqué que no iba a votar el aumento porcentual del IMESI para el gasoil porque ello implicaba el comienzo de una política de encarecimiento de un elemento fundamental para la producción. En esos momentos, nuestros compañeros de la Cámara de Representantes estaban bregando por aprobar un impuesto sustitutivo que no obtuvo mayorías parlamentarias; concretamente, se propuso el aumento de la tasa estadística. Además, esta última venía a combatir, de alguna manera, la competencia que se había dado entre los productos extranjeros y los nacionales, y generaba los recursos necesarios como para atender a los municipios. Esta propuesta no tuvo mayorías en aquella ocasión y tampoco las tiene hoy en el Senado.

Por lo tanto, no puedo votar en contra de lo que considero una necesidad impostergable para las Intendencias del interior. Con las salvedades que haré en su momento, voy a rectificar mi posición -no tengo ningún inconveniente en hacerlo; es más, considero que es racional proceder de esta manera- y a dar mi voto afirmativo para que así se atiendan las necesidades de las Comunas del interior.

Cabe señalar que se ha indicado con toda justicia la importancia que tiene la inclusión en este Presupuesto de lo que, en un principio, pensamos que iba a ser una iniciativa aparte, es decir, la reforma educativa. Lo saludamos como una gran conquista que vamos a votar con verdadero entusiasmo, no porque compartamos en un cien por ciento sus aspectos, sino porque indudablemente significa un gran progreso. Aquí se han señalado algunas conquistas de indudable gravitación, así como otras a las que ahora se dará satisfacción. Se va a llegar a la universalización de la enseñanza preescolar, igualando socialmente a la población del país y cubriendo las necesidades de aquellos hogares que tienen notorias carencias económicas. Se van a establecer escuelas de tiempo completo, fundamentalmente en aquellos medios que sufren enormes dificultades económicas, carenciados desde el punto de vista económico, social y moral, como lo son los cinturones de miseria y pobreza que rodean a algunas de las ciudades de nuestro país y fundamentalmente Montevideo. Creemos que es saludable que los niños permanezcan la mayor parte del tiempo en el escuela, saliendo así del ámbito hogareño, que en los citados medios a veces no resulta conveniente para su formación intelectual y moral.

También se han establecido otras medidas importantes en esta reforma educativa que todos saludamos -y que hago gracia de no seguir enumerando porque ha sido suficientemente debatida- pero sin embargo, presenta carencias en un aspecto: el de la retribución de los docentes. Estos van a ser los verdaderos protagonistas de la reforma educativa. El docente no podrá abrazar con entusiasmo la tarea de la reforma educativa si va a tener que enfrentarse a su labor angustiado por las carencias del hogar en que vive.

Reconocemos el esfuerzo que ha efectuado el CODICEN al presentar algunas fórmulas distintas a las que hasta ahora se han manejado en cuanto a los aumentos. Sin embargo, el monto destinado a dichos incrementos muestra que no van a ser de mucha significación. Lo dije en la Comisión y lo reitero aquí: cuando los sueldos son muy bajos, los aumentos porcentuales no resultan importantes. Entonces, se hace necesario establecer un escalón primario, que permita que un sueldo mínimo decoroso sea la base sobre la que empiecen a trabajar los educadores, para recibir después aumentos porcentuales que tengan alguna significación. Los que han estado recibiendo hasta ahora -veremos cómo se van a traducir los que van a percibir este año- han determinado la pérdida del salario real de los educadores, agravándose su situación salarial.

Pensamos que sería conveniente prever que los futuros aumentos contemplen este deterioro, y que se destinen partidas para atender esa pérdida de salarios, asegurando así la permanencia de las conquistas que puedan lograrse. Resulta claro que en materia salarial no sería justo referirnos solamente a las carencias de los docentes porque, naturalmente, las hay en toda la Administración Pública, y es imposible satisfacerlas con los recursos actuales. Por eso, pensamos que el Uruguay necesita una gran reforma en materia impositiva, que permita racionalizar y aumentar notoriamente la tributación, aunque por supuesto que primero será necesario combatir la evasión, que es muy grande. Hablamos de impuesto que realmente graven a la riqueza. Creo que no es totalmente cierto lo que se dice en nuestro país, acerca de que la población está totalmente saturada en materia impositiva y que ya no hay sitio donde establecer impuestos; considero sin embargo que hay un sector de la población, no muy grande, pero con un gran poder económico. Tal como lo señalan las estadísticas, año a año nuestro país está batiendo récords en el consumo de artículos suntuarios. Creemos que hay que atacar, precisamente, donde están los sectores pudientes, a los efectos de aumentar los salarios y las inversiones tan necesarias para el desenvolvimiento y el progreso económico y social del país.

A continuación, me voy a referir a los organismos del artículo 220 de la Constitución. En otras circunstancias, integrando la Comisión de Presupuesto, hemos bregado para que se apoyen los mensajes remitidos por los organismos del mencionado artículo, luego de establecidas las comparaciones con los provenientes del Poder Ejecutivo. Aclaro que no me refiero solamente a este Gobierno, sino a los Gobiernos en general, cuya actuación me ha tocado presenciar desde el Parlamento. Hay una especie de desconfianza en los Poderes Ejecutivos: como entienden que los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución van a pedir de más, ofrecen de menos y éstos, a su vez, como esperan menos piden siempre el máximo. Después viene la lucha en la Comisión para solucionar esta situación, quitándole un poco más a uno, o reduciendo al que pidió algo de más, si es que lo hizo.

La lucha por el presupuesto para la Universidad es una constante en todas las instancias presupuestales.

En este ámbito, alguna vez hemos votado integralmente el Mensaje original de algunos de los organismos del artículo 220; en el caso de la ANEP, por ejemplo, hubiéramos estado dispuestos a votar lo que se solicitaba, o sea, U$S 90:000.000, de los cuales se otorgaron aproximadamente U$S 65:000.000. En realidad, no debemos olvidar que siempre está presente el fantasma de los vetos.

Esto me da oportunidad para señalar otro aspecto que, a mi juicio, es importante, y que ya indicamos en el año 1985, en ocasión de analizarse el primer Presupuesto después de la dictadura. Seguimos creyendo que es absolutamente inconciliable la posibilidad de que la Constitución otorga al Legislador de optar entre el Mensaje del Poder Ejecutivo y el de los organismos del artículo 220, si se admite que dicho Poder puede vetarla decisión parlamentaria. Hay una incongruencia total; si se veta, la opción no existe; de lo contrario, no se puede admitir el veto. Dado que estamos en tiempos de reforma constitucional, este punto debe ser aclarado. Observo al pasar -aunque nada tenga que ver con esta materia presupuestal- que la reforma constitucional proyectada es, en realidad, una reforma electoral. Es hora de que demos importancia a algunos de los aspectos vinculados con el funcionamiento de la vida del estado, lo que hasta ahora ha estado ausente de los proyectos de reforma constitucional.

Creo haber manifestado -aunque en forma bastante deshilvanada- que una vez más voy a votar en general el proyecto de ley de Presupuesto, respetando lo que mis compañeros de Partido han acordado en la Comisión de Presupuesto como soluciones, a veces intermedias, a las diferencias planteadas en los distintos temas. Creo que el Uruguay necesita un Presupuesto que realmente defina políticas acordes con los nuevos tiempos y que oriente la inversión que actualmente escapa, en gran parte, hacia el sistema financiero, procurando que se dirija al sector productivo. Esta afirmación no es la traducción de un simple intervencionismo, sino que lo que se pretende es que el Estado juegue un rol orientador.

Mucho se ha hablado de la necesaria reconversión que debe hacerse ante la perspectiva del MERCOSUR y se sigue sosteniendo que el Estado la dejará librada a los particulares. Al respecto, hemos presentado un proyecto de ley -que mereció el apoyo de algunas autoridades estatales consultadas por las Comisiones de Industria y Energía y de Ganadería, Agricultura y Pesca en la Legislatura anterior- que plantea la creación de un mecanismo sin grandes costos a efectos de aconsejar y orientar la reconversión que el país necesita para insertarse en el MERCOSUR.

El Uruguay necesita un Presupuesto que incluya una política salarial que contemple las necesidades de una gran masa de la población y una política de inversión que sea la palanca hacia el desarrollo económico y el progreso general de la Nación. Para ello, debemos obtener los recursos por la vía de una profunda reforma impositiva que hasta ahora no se ha encarado.

De este Presupuesto rescato, como el logro más importante y de mayor trascendencia para el futuro del país -para el nuevo Uruguay al que se han referido algunos señores Senadores- la reforma educativa. Creo que el mensaje ha sido recogido por Legisladores de todos los Partidos y, seguramente, todos responderán a esta necesidad.

Cierro, por ellos, mi exposición con las palabras de un gran Legislador cuya memoria venero y cuya deslumbrante personalidad me llevó al mundo político. Me refiero al doctor Javier Barrios Amorín, quien sostenía, al terminar una exposición de este carácter, que una vez más el destino de los uruguayos dependería de la acción de sus educadores y de sus políticos; educadores que abran el campo a la cultura que dignifica la vida del hombre y que da las condiciones para el crecimiento integral del país, en lo material y en lo moral, y políticos que encaucen por la senda de la democracia integral la vida de la República. Señalaba también que educadores y políticos tienen la obligación de mantener el prestigio de la enseñanza y de la democracia nacional, pero, en última instancia, somos los políticos los que tenemos que dar a los educadores las condiciones necesarias para cumplir su misión. Hoy éstos solo pueden exhibir su vocación, su amor por la educación y por los jóvenes de este país; poco -o en forma insuficiente- les llega por la vía del Estado. Procuremos, entonces, como responsables de la conducción del país, satisfacer necesidades que están íntimamente unidas a la calidad de vida de los uruguayos y al prestigio y la dignidad de la República.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Rodríguez.

SEÑOR RODRIGUEZ. - Como integrante de la Comisión Especial de Artículos Desglosados, que tuvo a su cargo el estudio de aproximadamente 300 artículos de este Proyecto de ley de Presupuesto, es mi deseo realizar algunas precisiones, no obstante compartir en un todo las expresiones del señor Senador Heber.

Hemos constatado en este Proyecto de Ley, la violación del artículo 216 de la Constitución de la República, al encontrarnos con normas relativas a funcionarios públicos y con la inclusión de varias Cartas Orgánicas de personas públicas no estatales. Esto demuestra que ha existido la practica de incluir dentro del Presupuesto Nacional, normas que no tienen relación con la esencia del mismo, ya que las relativas al Estatuto del Funcionario, deberían establecerse en una ley separada.

A su vez, se determina el régimen de reinserción laboral y empresarial, así como estímulos para los funcionarios que renuncien a la actividad pública, ya que el objetivo es tratar de reinsertarse en el sector privado.

También se faculta al Poder Ejecutivo a adjudicar fondos con un fin específico como es la reforma del Estado. En este sentido, debemos decir que estamos de acuerdo con las reformas del Estado. El Gobierno anterior promovió la Ley de Reforma de las Empresas Públicas, algunos de cuyos artículos fueron derogados a iniciativa de los mismos que hoy defienden dicha reforma. Indudablemente, no deben estar en peligro las joyas de la abuela.

Asimismo, se faculta la promoción al desarrollo de la pequeña y mediana empresa y el impulso del empleo en la actividad privada. Las normas establecen el derecho que tienen los funcionarios que opten por el régimen de reinserción laboral, de recibir asesoramiento en el proyecto de empresas que pretenden desarrollar o de recibir evaluación de su perfil laboral para posibilitar su ingreso a la actividad privada. Todo esto se acompaña con la creación de bonos de capacitación y de colocación y , además, con el apoyo de capital en unidades reajustables para su empresa y un estímulo de varios meses de sueldo para aquellos funcionarios que renuncien a su cargo. Coincidimos con la parte filosófica de este régimen de reinserción laboral y empresarial.

No dudo que los mejores funcionarios de la Administración Pública serán los primeros que intentarán reinsertarse en la actividad privada. No obstante ello, no estoy seguro que las normas proyectadas que tienden a dicha reinserción estén acompañadas por una política de creación de empleos. En un principio, hicimos referencia a la inclusión en este Mensaje de la creación de varios Institutos como personas públicas no estatales. Uno de ellos es el Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones de Bienes y Servicios, con actuación en el país y en el exterior. En la Comisión lo votamos afirmativamente y, sin embargo, manifestamos que debería haber tenido un trámite distinto, ya que no debió incluirse en el Presupuesto porque es muy importante la finalidad que se persigue y muy amplios sus cometidos.

En lo personal, nos hubiese agradado saber cómo funcionará en el futuro, frente a la creación de este Instituto, la Dirección General de Comercio Exterior, que tiene similares cometidos. Asimismo, nos habría gustado conocer cómo actuarán en el futuro los diversos Departamentos de Comercio que tienen varios de los Ministerios actuales. También quisiéramos saber cómo se desenvolverán los Agregados Comerciales que actúan en las Embajadas. A su vez, en relación a su integración, manifestamos que era necesario que hubiese un representante del Ministerio de Turismo, debido a la importancia que tiene esa actividad en nuestro país. Precisamente, en esa área se ha proyectado y logrado una mayor inversión de capitales, en su mayoría provenientes del exterior.

Dentro de los artículos desglosados hemos visto que el Instituto Nacional de Carnes tiene, dentro de sus cometidos, algunos similares a la labor que deberá desarrollar el Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones de Bienes y Servicios. Creo que hubiera sido mejor que esto se tratara en otra oportunidad, fuera de la materia presupuestal, a fin de estudiar su relacionamiento con determinados organismos que realizan una actividad parecida.

Por último, en cuanto a la creación del Plan Agropecuario como persona jurídica de Derecho Público no estatal, dijimos que le adjudicábamos una enorme importancia, pero que era interés de nuestro sector desglosarlo para que fuera objeto de un estudio más profundo, analizando su vinculación con el Instituto Nacional de Carnes. Asimismo, nos pareció pertinente que con relación a este tema se estudiaran las medidas tendientes a que dicho plan pudiera desarrollar una labor a largo plazo. Sin embargo, esto no fue atendido así por el resto de los miembros de la Comisión, a pesar de lo cual hemos votado afirmativamente su tratamiento.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Deseamos realizar unas rápidas consideraciones en momentos en que el Senado procede al análisis del Presupuesto Nacional, con la preocupación de formular algunas apreciaciones de carácter político, naturalmente, referidas al proyecto en sí mismo, porque las creemos de interés. Asimismo, es nuestra intención que estas manifestaciones queden incorporadas a la versión taquigráfica de estas sesiones porque, en cierta manera, contienen definiciones de naturaleza política que nos interesa que sean debidamente recogidas.

Sabemos que el Presupuesto en el Uruguay es una ley fundamental, porque regula la vida en sectores trascendentes durante el quinquenio, y desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1967 se desarrolló por Programas, obligando naturalmente a que se establecieran los objetivos a los efectos de cumplimiento de las actividades del Estado.

Cabe señalar que en esta materia se ha discutido mucho acerca de la naturaleza jurídica del Presupuesto. Obviamente, se analiza, tramita, aprueba y aplica como ley; no obstante, también hay quienes dicen que si bien desde el punto de vista jurídico se trata de una ley, pueden ser calificadas de formal por tener un abundante y pronunciado contenido administrativo.

Decimos esto porque nos interesa hacer referencia a que el Presupuesto, que tiene trámite de ley, no puede considerarse un ley ordinaria, ya que posee características de ley de urgencia, debido a que cuenta con un plazo para su tratamiento y aprobación que, de no cumplirse, la hace carecer de vigencia. Por otra parte, al tratarse de una ley, tiene un proceso que consta de elaboración, aprobación, ejecución, control y elementos técnicos y programáticos. Asimismo, se puede señalar su característica de universal, ya que es único, tiene unidad, es específico y exclusivo, tiene periodicidad y claridad -debe tenerla- y, además, tiene acuciosidad. De esta forma, determinamos los elementos que conforman el Presupuesto como ley del Estado.

Personalmente, nos interesa señalar que si bien la Constitución llama a esta ley Presupuesto Nacional, realmente podemos ver que no tiene ese carácter en el debido concepto del término, ya que en el país existen otros. Ellos son: los Presupuestos de los organismos del artículo 220 de la Constitución, que por disposición de la Carta se analizan junto con éste; los Presupuestos de los Entes industriales y comerciales del Estado, regidos por el artículo 221 de la Constitución; los municipales, los de las Juntas Departamentales, el de la Cámara de Senadores, el de la de Representantes y el de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. Quiere decir que esta denominación de nacional no tiene alcance ni vigencia como tal y no llega a comprender todos los Presupuestos que en el país se analizan con relación al Estado y a las Intendencias Municipales.

Cabe señalar -nos interesa hacerlo- que en el Uruguay este es el primer Presupuesto elaborado en un Gobierno de coalición.

Decimos esto porque, a pesar de los importantes y muy documentados discursos que se han realizado en el Senado hasta el momento, se ha hecho referencia a la coalición, pero a nivel legislativo, no ejecutivo. Es allí donde nosotros, cuando hacemos referencia a la elaboración del Presupuesto, queremos señalar que el mismo emerge de un Gobierno de coalición. Por tal razón, nos interesa indicar debidamente, de acuerdo a nuestro concepto, cómo debe realizarse dicha elaboración.

El Gobierno de coalición aparece en el país como consecuencia de un documento que, con fecha 20 de enero de 1995, presenta el Gobierno recientemente electo, en 1994. El documento se denominaba «Bases de Diálogo para la Búsqueda de un Gobierno Nacional» y en él hay elementos de reforma política, del sistema de seguridad social, de la educación, del Estado, de la seguridad pública, de economía y de política de integración.

En dicho documento, donde el Gobierno indica cuáles son sus ideas en los temas específicos, se establece que las elaboraciones en él contenidas, procuran instrumentar un elemento imprescindible para llevar adelante los objetivos que se proponen. Me refiero a la gobernabilidad. Esta es una expresión usada en la terminología política del país, con referencias de carácter histórico, en un momento muy especial del Uruguay. Tiene una conceptuación cuyo alcance todavía está en proceso de elaboración, analizada desde el punto de vista del Derecho Público y de la conformación de los Gobiernos. El documento también hace referencia a la preocupación del Gobierno electo, en el sentido de mejorar la gestión del Estado y de alcanzar niveles de descentralización. Asimismo, procura reducir el peso de éste mediante privatizaciones y la desmonopolización de distintos servicios que, hasta entonces, estaban en la órbita pública y quiere alcanzar la desregulación en las actividades de índole privada.

Ante la presencia, en el escenario político, de un documento de tal envergadura, el Partido Nacional hizo pública su preocupación con respecto a la situación que el Uruguay debía enfrentar con un nuevo Gobierno, también a través de un documento. En ese sentido, señaló que «constituye un deber impuesto por un sentido de responsabilidad para con el país, procurar contribuir a crear el clima de gobernabilidad indispensable en las actuales circunstancias». Asimismo, nuestro Partido manifestó que estaba dispuesto a votar las leyes y a integrar el Consejo de Ministros, «cuyo funcionamiento se ajustará a los preceptos constitucionales que lo instituyen, así como a realizar un rápido pronunciamiento sobre ese planteo».

Desde el punto de vista político se marca, entonces, de manera particularísima, un ofrecimiento con las ideas que vuelca el Gobierno recientemente electo y la respuesta que, al respecto, hace el Partido Nacional. En ese aspecto, se expresa que, con anterioridad, los sectores y los partidos políticos se habían comprometido a realizar todos los esfuerzos para dar al país acuerdos nacionales que permitieran sostener la gobernabilidad y encarar la política del Estado para atender problemas prioritarios. Esta se dijo en un documento publicado con anterioridad a la jornada electoral.

Nos interesa precisar que el concepto de gobernabilidad tiene un determinado alcance, contraponiéndose al de ingoberanabilidad, que lleva a situaciones de crisis por falta de capacidad en el Gobierno para obtener recursos y por aumentos de demandas a las que el Estado responde expandiendo sus servicios y provocando, naturalmente, problemas de carácter fiscal. La gobernabilidad depende de cómo se establecen las relaciones entre la autoridad que fue investida mediante el voto popular, los organismos de Gobierno y la fuerza que tienen las instituciones de oposición. Si se producen crisis de racionalidad entre la postura que tiene el Gobierno y las situaciones que las fuerzas de oposición manejan se genera, naturalmente, una crisis de legitimidad, porque no se mantiene el nivel necesario de lealtad entre el Gobierno y los administrados o masas constituidas por los distintos elementos del conjunto social.

Del caso es señalar, entonces, que se producen situaciones que llevan a que aparezcan organizaciones, grupos de presión o corporaciones que, carentes de institucionalidad, favorecen que la crisis se extienda a niveles que resultan insoportables para el mantenimiento de la autoridad y la paz, necesarias para el debido cumplimiento de las tareas que tiene a su cargo el Estado. Entonces, si no se determina la gobernabilidad, es evidente que esa crisis provocan quebrantamientos de la legalidad y se ingresa en situaciones difíciles de controlar. Para salir de ellas hay recetas, nosotros las conocemos y se manejan permanentemente; entre las mismas, está la relativa a reducir de modo significativo las expectativas de los grupos sociales sobre la intervención del Estado, la de aumentar los recursos para éste, la de reducirlo en su esfera de acción, la de incentivar la creación de capitales y la posibilidad de su debida aplicación teniendo en cuenta, de manera fundamental, que el sistema democrático de Gobierno es fuerte cuanto más organizado está y se institucionalizan las organizaciones que tienen naturaleza participativa.

Este concepto de gobernabilidad es genérico, amplio, en cierta manera técnico, para manejar al nivel del Derecho Público y de elementos relativos al establecimiento y desarrollo del Gobierno. Pero lo que se estableció en el país, con posterioridad a la aparición del documento a que hemos hecho referencia, a la respuesta del Partido Nacional, fue un Gobierno de coalición, constituido mediante un sistema inédito en el país.

En ese sentido, se establecieron comisiones sectoriales, con representantes de los distintos sectores políticos, con la finalidad de elaborar soluciones para los temas más acuciantes que tiene el país como ser, seguridad pública y seguridad social. A los efectos de que se trabajara debidamente para alcanzar las soluciones, esos temas fueron verdaderos ejes y muchas de ellas se lograron mediante leyes que hoy están vigentes en el Uruguay y si todavía no lo están, pronto lograrán esa condición.

Entonces, el establecimiento del Gobierno de coalición se hizo, en primer lugar, sobre la base de la elaboración de las soluciones adecuadas para un debido funcionamiento del Gobierno y, en segundo término, se dispuso, como elemento fundamental, la integración del Consejo de Ministros por personas designadas por el Partido Nacional. De esa forma, en la actualidad tenemos cuatro Ministros pertenecientes a nuestro Partido.

Por lo tanto, no se trata solamente de la gobernabilidad -concepto amplio que posee los alcances que acabamos de mencionar- en procura de evitar crisis, solucionar situaciones que se pueden dar en el país, habilitar épocas de paz y bonanza, aplicar debidamente la autoridad del Gobierno y recibir una respuesta adecuada de los administrados sino, además, lo que se pretende es participar en el Poder Ejecutivo, asumir sus responsabilidades, integrarlo no sólo en la parte física, personal y de representatividad que pueden tener los Ministros, sino hacerlo en la condición de llevar allí los elementos, las ideas, los programas y los sistemas para alcanzar soluciones que, muchas veces, pueden no estar de acuerdo con lo que plantean otros Ministros.

Debe recordarse -y así se ha hecho en la discusión de este Proyecto de ley de Presupuesto, en el Senado de la República- cómo está constituido este Poder Ejecutivo. Muchas veces nos perdemos en la idea de que el Presidente de la República es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos o con el Consejo de Ministros, tal como lo establece el artículo 149 de la Constitución de la República y se integrará con los titulares de los respectivos Ministerios o quienes hagan sus veces. Además, tiene competencia privativa -y remarco el carácter de privativo- en todos los actos de Gobierno y Administración que planteen, en su seno, el Presidente de la República -quien puede plantear todos los temas que considere adecuados- o sus Ministros, en temas de sus respectivas Carteras, según lo dispone el artículo 160 de nuestra Carta Magna. Es decir que el Presidente de la República pude proponer todos los temas que considere oportunos, pero los Ministros sólo pueden plantear los temas de sus respectivas Carteras. De esa manera, se modificó la estructura del Consejo de Ministros, en la forma establecida por la Constitución de 1934, según la cual, los Ministros podían plantear temas ajenos a sus respectivas Carteras. Tal como dijimos, el Poder Ejecutivo, actuando de una u otra forma, también está integrado por ciudadanos que representan al Partido Nacional.

Según el numeral 19) del artículo 168 de la Constitución de la República, al Presidente de la República actuando el Ministro o Ministros respectivos o con el Consejo de Ministros, le corresponde preparar y presentar a la Asamblea General los presupuestos, de acuerdo a lo establecido en la Sección XIV, así como dar cuenta instruida de la inversión hecha en los anteriores. Entonces, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Ministros son los que tienen a su cargo, conjuntamente, la tarea de preparar y presentar a la Asamblea General los presupuestos, de acuerdo a las normas de nuestra Constitución.

A su vez, nuestra Carta Magna dispone que los Ministros serán responsables de los decretos u órdenes que firmen o expidan con el Presidente de la República, salvo el caso de resolución expresa del Consejo de Ministros, en el cual la responsabilidad será de los que acuerden la decisión, haciéndose efectiva esa responsabilidad de acuerdo a las disposiciones del juicio político.

Con todo esto, queremos decir que en la elaboración del Presupuesto debe intervenir el Consejo de Ministros y, en particular, en la elaboración de uno de ellos, durante un Gobierno de coalición, debe participar, necesariamente, no sólo el Poder Ejecutivo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sino también, en forma directa y en su conjunto, los Ministros y, allí, los que representan al Partido Nacional deben impulsar las iniciativas y proponer las soluciones que consideren adecuadas para la estructura de un buen o excelente Presupuesto, todo lo cual será en beneficio del país.

Hemos visto situaciones que fueron lamentables, como la ocurrida con el Mensaje Complementario respecto del Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente sobre la iniciativa en materia de construcción de vivienda, oportunidad en la que se produjeron inconvenientes y situaciones no adecuadas. Con esto queremos indicar cómo debe ser la elaboración de un Presupuesto en un Gobierno de coalición y hemos notado que, en esta oportunidad, se ha utilizado el sistema tradicional que conocemos, por lo menos, desde que está vigente la actual Constitución y que comenzó, de manera fundamental, a partir del año 1985, a raíz del restablecimiento de la democracia en nuestro país. Se utilizaron las estructuras, las participaciones y los asesoramientos normalmente adecuados para una actuación de naturaleza tradicional, pero no para un régimen de Gobierno de coalición. Digo esto, porque a pesar de que pueden haber intervenido en su elaboración técnicos que no pertenecían directamente al Poder Ejecutivo, no se produjo una participación política adecuada, a los efectos de que quedara conformado debidamente un Presupuesto de un Gobierno de coalición.

Rápidamente queremos indicar que en este Proyecto de Ley de Presupuesto, se propone el establecimiento de las denominadas personas públicas, no estatales, tema que fue debatido muy ampliamente, habiéndose realizado exposiciones brillantes como la del señor Senador Mallo. Voy a ahorrar todas las referencias técnicas vinculadas al Derecho Público, a su naturaleza jurídica, a su ambiente, alcance y conformación. Queremos hacer una observación fundamental, que nos interesa en nuestra condición de hombres del Partido Nacional. Se extraen del Estado y no del Derecho Público, determinadas actividades que son importantes, que todos conocemos en virtud de que están comprendidas en el Presupuesto Nacional y que las hemos estado estudiando. Se extraen patrimonios, funciones y actividades y, en cierta medida, se les otorga una naturaleza pública, pero se les brinda la posibilidad de que se regulen por la actividad privada. Además, en las designaciones de esta multiplicidad de personas públicas no estatales que se crean y que no son todas iguales en la conformación de sus autoridades, vemos que la intervención del Poder Ejecutivo tiene particularísima trascendencia, en virtud de que en todas ellas, con excepción del Plan Agropecuario, es ese Poder el que designa al Director que tiene facultades amplísimas.

¿Cuáles son los contralores que esas personas públicas no estatales van a tener? En la reglamentación de estas disposiciones que se van a votar, se establecerá cómo se controla el funcionamiento de las personas públicas no estatales en lo que tiene que ver con su actividad presupuestal, inversiones, gastos, etcétera. Esto lleva, naturalmente -y lo tenemos que manifestar- a pensar dónde quedó en el Uruguay toda la acción realizada durante tantos años en lo referente a la coparticipación. ¿Dónde quedó todo el contralor de la actividad del Estado? ¿Dónde quedó lo que el Uruguay creó en la Constitución del año 1951, en cuanto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para regular los actos administrativos? Ahora se presenta una particularísima solución, que puede ser excepcional desde el punto de vista técnico: el recurso de revocación ante una decisión de estas personas públicas no estatales se debe presentar en un Tribunal de Apelaciones. Esto es algo muy nuevo. En el país está establecida toda una estructura; a pesar de ello ahora resulta que por estar en parte involucrado el Derecho Privado, después de la revocación, la apelación se instaura en un Tribunal de Apelaciones. ¿Dónde está el contralor del Tribunal de Cuentas? ¿Dónde está -esto es lo que fundamentalmente nos interesa decir- el contralor político? Nosotros intervinimos en aquella reforma de 1966 y tuvimos un feroz debate con el doctor Echegoyen porque en materia de Entes Autónomos sostenía que no era conveniente proceder a reducir el quórum para la designación de los miembros de dichos Entes, de dos tercios a tres quintos -como está actualmente vigente en la Constitución- sin perjuicio de que si no hay respuesta en sesenta días, se autoriza por mayoría absoluta. Repito que no hay contralor de carácter político y eso lo tenemos que remarcar, más allá de la voluntad que tengamos de apoyar este Proyecto de Ley de Presupuesto. Tenemos que manifestar que este proceso evidentemente va a merecer un análisis con mayor profundidad y alcance, porque estas personas públicas no estatales, se extraen del Estado, son públicas, actúan con el Derecho Privado, pero no tienen ningún tipo de control político. Como nacionalistas tenemos que subrayar este aspecto en el Senado, porque nos preocupa enormemente. Nos enteramos de esta situación cuando leímos el Proyecto de Ley de Presupuesto y nuestra reacción fue enfática. Hasta el presente no hemos encontrado una explicación para enajenar tantos años de exigencias en materia relativa al contralor político.

Para terminar -ya que veo que se ha encendido la luz y no quiero que se me prorrogue el tiempo de que dispongo- quiero decir que este Presupuesto tiene elementos trascendentes y por ello lo vamor a votar, aunque con las observaciones que en su momento expondremos con respecto a estas disposiciones particulares.

En materia de descentralización municipal, que ocasiona tantas gestiones a los efectos de que las Intendencias obtengan los recursos necesarios para cumplir en forma adecuada con sus actividades, queremos señalar que vemos que se perdió la oportunidad en este Proyecto de Ley de Presupuesto. Si bien en esta iniciativa se incorporaron aspectos tan trascendentes como la reforma educativa, no se trabajó debidamente con respecto a la descentralización municipal. En este sentido, vamos a votar el aumento del Impuesto Específico Interno, para obtener recursos destinados a los Municipios. No obstante, pensamos que no fue analizado en profundidad el artículo 230 de la Constitución, al habilitar Comisiones Sectoriales en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En una parte de este artículo se expresa que tendrá además los cometidos que por otras disposiciones se le asignen expresamente, así como los que la ley determine. Creemos que sería de fundamental importancia que en estas Comisiones Sectoriales pudieran tener cabida los Municipios a fin de poder intervenir en forma directa en el análisis del Presupuesto General por medio del cual se le dan recursos a los Gobiernos Departamentales.

Terminamos señalando que a estas observaciones que hemos realizado le damos fundamental trascendencia por lo que significa el Gobierno de coalición. Hemos notado en la elaboración del Presupuesto una ausencia de la debida participación de los Ministros nacionalistas; más allá de la intervención que tuvieron en sus respectivas Carteras, no intervinieron -como en nuestra opinión debe ser- en el Consejo de Ministros.

El otro aspecto que deseo dejar bien claro, es que en la constitución de las Personas Públicas no Estatales, desaparece una de las conquistas fundamentales del Partido Nacional, en el sentido de tener el contralor político de las instituciones que son parte del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo que habíamos expresado, la Mesa quiere dar cuenta de que se iba a esperar hasta las 18 horas a los efectos de que los señores Senadores de los distintos sectores hicieran llegar su voluntad de desglosar distintos artículos. Deseo informar que hay más de 205 artículos para desglosar, lo que implicará el mismo número de votaciones. La Mesa quería llamar la atención sobre el punto para comenzar a trabajar sobre el tema.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: estamos en presencia de un momento relevante de la vida del país como lo es la aprobación del Presupuesto Quinquenal. El Frente Amplio va a votarlo en forma negativa.

En este momento voy a dar cuenta de cinco razones que entendemos son trascendentes a los efectos de hacer nuestra fundamentación de voto.

En primer lugar, señor Presidente, me quiero referir al tema de cómo aprueba, resuelve y atiende este Proyecto de Ley presupuestal la problemática económica que se está viviendo en 1995 y que se va a vivir en el momento de su aplicación, en el año 1996.

En segundo término, mencionaremos algunos elementos que consideramos constituyen una discriminación política. Así lo sentimos, lo vivimos y lo vamos a fundamentar en lo que tiene que ver con el tratamiento de algunas instituciones, en especial, con respecto a la Intendencia Municipal de Montevideo y a la Universidad de la República.

En tercer lugar, pensamos que hay una serie de elementos jurídicos y de normas constitucionales que en estos presupuestos funcionan como si la Constitución fuera una especie de «chicle» que se puede alargar, achicar o interpretar como guste. Creemos que no es bueno para la democracia ni para el país que el Parlamento siga aprobando normas que superan la vigencia del propio presupuesto, que nada tiene que ver con él.

En cuarto término, creemos que hay un problema de composición del gasto, sobre lo que también nos vamos a referir.

En quinto lugar, estimamos que existen dificultades también con la estructura de los recursos.

Por último, si el tiempo de que dispongo resulta suficiente, me gustaría hacer una consideración de carácter personal sobre lo que siento ha sido en el año 1995 en la tarea parlamentaria, y en la que nosotros intentamos llevar adelante, que tratamos que fuera lo más constructiva posible, pero que en los hechos resultó básicamente frustrada.

Sobre el primer tema, el objetivo del Gobierno -explicitado por el equipo económico y también por el Miembro Informante- es intentar no incrementar el gasto público, en términos reales, en estos cinco años. Si el producto creciera, se bajaría la proporción del gasto con respecto al producto.

Por otro lado, se quiere mantener el déficit fiscal al mínimo factible, al mínimo posible. Nunca se habló de un equilibrio fiscal cero, pero sí de intentar que sea aquel que pueda ser superado por el endeudamiento externo. Por otra parte, no se modifica la estructura tributaria que en este período viene del ajuste fiscal, aunque los cambios existentes luego los vamos a analizar. Sentimos que el país está viviendo una etapa de recesión, por eso nos interesa saber si este Proyecto de Ley presupuestal influye sobre dicha recesión tratando de modificarla, o si es neutra o la va a profundizar.

Asimismo, el país vive con muy buenos precios internacionales en el sector agropecuario, como por ejemplo, en el caso de la lana, de la carne y del trigo. Normalmente, en el Uruguay cuando esto ocurría estábamos en un período de auge, sin embargo, hoy tenemos un período recesivo pese a estos buenos precios. Las exportaciones tienen dificultades y, en especial, nos interesa señalar que no hay ningún país en el mundo que no intente colocar sus productos en el gran mercado internacional que significa los Estados Unidos. Nosotros con nuestra política cambiaria estamos cercenando la «chance» de los empresarios que iniciaron una tarea de inversión para colocar productos, especialmente, en los Estados Unidos. Reitero que esta política cambiaria los afecta tremendamente y limita la «chance» de las futuras exportaciones del país.

En otro orden de cosas, es evidente que el sector industrial está cayendo estrepitosamente y en los últimos seis o siete años ha perdido alrededor de cien mil puestos de trabajo. Esto tiene que ver con la política arancelaria, independiente de la del MERCOSUR, con la cambiaria, con la crediticia y, fundamentalmente, con las características de la tasa de interés en moneda nacional.

Señor Presidente: el país ha tenido la fortuna de recibir en los últimos años fuertes entradas de capitales. Normalmente, cuando se tiene esta «chance» se da la posibilidad de que el coeficiente de inversión o su ritmo crezca en forma importante. Sin embargo, en los últimos años, Uruguay ha consumido esa entrada de capitales con niveles muy fuertes de consumo, sobre todo en lo que tiene que ver con los productos importados, lo que además afectó a la producción interna. En esencia, tal vez la conclusión de esta situación sea que existe un problema difícil y agudo de desocupación abierta que en Montevideo oscila en el 11%. No es la desocupación general y universal del mundo desarrollado, pues, probablemente, en muchos de esos países exista una tasa de desocupación más alta que la que se da en el nuestro. Por lo general, el mundo desarrollado tiene tasas más altas de desocupación abierta que el latinoamericano. El problema en América Latina no es sólo la desocupación abierta, sino el subemplo, la marginalidad y el empleo precario, que también afecta a nuestra sociedad. Reitero que no solamente se trata del desempleo abierto sino, por sobre todas las cosas, del subempleo, del trabajo precario, de la informalidad y de la marginalidad.

Cómo miramos la perspectiva de 1996 para entender este Proyecto de Ley presupuestal. Por un lado, probablemente, se va a explicar, como primera prioridad, los objetivos antiinflacionarios, sin duda positivos. Sin embargo, tal vez entremos en el quinto año de una política de ancla cambiaria que tiene costos productivos, económicos y sociales, extraordinariamente importantes. A veces uno puede decir que el ancla cambiaria puede ser un instrumento positivo para resolver el tema de la inflación durante un período corto, pero cinco años -con tendencia a que la situación continúe- afectan enormemente la «chance» productiva del país.

Diría, señor Presidente, que es muy posible que con el ancla cambiaria y con la continuidad de la recesión, los niveles de inflación, hasta podría continuar bajando. Sin embargo, lo que afirmo es que la baja de la inflación no es sustentable, pues llega el momento en que el mercado le dice la verdad a la economía y esto significa que la política cambiaria tiene límites y no se puede seguir sustentando. Seguramente, eso será lo que en algún momento le ocurra a la situación argentina. Como el tema fundamental es el objetivo antiinflacionario y el mantenimiento de la política cambiaria, sentimos que la etapa de recesión continuará en 1996. ¿Qué podíamos esperar? Una política presupuestal y fiscal que fuese anticíclica y que enfrentase esa recesión; que resuelva el tema de la desocupación. En los hechos, en la medida en que el gastos público se mantenga en términos reales -es factible que baje- con respecto al producto, es muy difícil que uno pueda plantear en concreto que la política presupuestal y fiscal sea anticíclica. Al contrario, va a ser de mantenimiento de un proceso de recesión.

En todo caso, el tema central es la necesidad -porque estamos viviendo un proceso de integración como el del MERCOSUR- de que los niveles de inversión productiva puedan mejorar. Además, sentimos decir que la inversión de este Presupuesto para 1996 crecería en un 31%. Personalmente afirmo que si la inversión pública total sube un 31% no coincide con las proyecciones económicas que el equipo exhibió en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Allí se dijo que la demanda interna crecería un 1.5% y se entendemos que el consumo de inversión aumenta en la misma tasa, para que esta inversión de este presupuesto ascienda en un 31% -para mantener las metas- la inversión privada debería caer en un 10%. Sin embargo, parto de la base de que el Gobierno no quiere, de ninguna manera, que la inversión privada descienda de esa forma. Esto quiere decir que existe algún error en la exposición del Miembro Informante o en la del equipo económico.

Por otra parte, en esta recesión se plantea la agudización -esto es lo que más nos preocupa del tema de la desocupación- y continuidad de la informalidad, del empleo precario y del subempleo. Al plantearse estos temas al equipo económico, éste responde diciendo que Uruguay está integrado a Argentina y a Brasil, por lo que vamos a hacer lo que ellos hagan. Realmente, eso nos llamó la atención. Además, nos dijeron que se tenían que adecuar los precios relativos a Argentina y Brasil. Esto quiere decir que si hay ancla cambiaria en Argentina, nosotros la mantenemos, aunque seguramente habrá que bajar otros costos. Uno de esos costos sería seguir reduciendo impuestos. Por ejemplo, en el ajuste fiscal se bajaron los aportes patronales en seis puntos, pero en cuatro meses el atraso cambiario «se come» esta situación de devolución de impuestos o de exención de los mismos a las actividades productivas. De manera que los límites son inevitables y por eso se plantea la necesidad de que no pueda haber aumento del gasto público, porque de lo contrario no se van a poder seguir devolviendo impuestos o realizando exoneraciones, pues la política cambiaria lo impediría.

Por otro lado, lo que más nos preocupa es que, manteniéndose esta estructura de precios relativos, el otro elemento de costo en juego y que se desea bajar, es nada más ni nada menos, que los salarios. A veces se oye en los medios de comunicación que las tasas de desocupación abierta podrían crecer. A veces siento que hay una especie de expresión de deseo; si se incrementan las tasas de desocupación bajarían los salarios reales y los costos para que las empresas sean competitivas. Este modelo basado en la competitividad -a costa de menores salarios- no es el que deseo para el Uruguay, para la democracia y para salir de esta situación. Lo que me preocupa, señor Presidente, es que posiblemente en esta política económica esté implícita una caída real del salario en el sector privado y otra -continuando la caída que existe- en el sector público, a través de los elementos cuatrimestrales.

Por otro lado, la propia rebaja de impuestos también tiene sus límites. No debemos olvidar que hay mucho doble discurso porque, permanentemente, se nos dice que hay que achicar el Estado. El Partido Nacional se pronunció en ese sentido en la Legislatura pasada, pero resulta que el número de funcionarios públicos aumentó a sesenta mil durante el quinquenio 1990-1995. Es así que ingresaron doce mil nuevos funcionarios por año y durante el último esa cifra se incrementó a diecinueve mil. Cabe preguntarse cómo se rebajan los impuesto, señor Presidente, si se toman diecinueve mil funcionarios públicos en el año electoral. Por lo tanto, este Proyecto de Ley de Presupuesto no coadyuva a resolver la recesión a mejorar las causas de la desocupación sino que, probablemente, contribuya a bajar los niveles de salario real de los funcionarios públicos.

Por otra parte, queremos referirnos a los que consideramos elementos políticos de discriminación para algunos sectores del país. Luego de seis años de analizar Proyectos de Ley de Presupuesto, puedo concluir que cuando se tratan los artículos relativos al Ministerio de Economía y Finanzas, se votan sin que se planteen interrogantes sobre sus recursos; lo mismo ocurre cuando se analizan las disposiciones correspondientes a los Ministerios de Defensa Nacional, del Interior y de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, cuando se llega a las normas referentes a la Universidad de la República, enseguida se pregunta de dónde salen los recursos. Esto también se plantea cuando se aborda al artticulado del Poder Judicial y, al tratarse el tema del Saneamiento III que ha emprendido la Intendencia Municipal del Montevideo. Voy a hacer referencia concreta a este tema porque nos duelen prendas, porque sentimos una discriminación inaudita, en fin, algo que realmente no esperábamos.

Se planteó que para votar los recursos para financiar la obra del Saneamiento III que realizará la Comuna capitalina, había que votar un impuesto concreto y específico -y no otro- al gasoil. En diversas oportunidades expresamos que no estábamos de acuerdo con dicho impuesto. Es más; en líneas presupuestales no encontramos gastos de esta naturaleza que estén condicionados, menos aún de una obra de las características del Proyecto de Saneamiento III, que nace a propósito de la epidemia del cólera allá por el año 1992 ó 1993. ¿Cuánto costaría esta obra, a efectos de saber si los inconvenientes que se plantean responden a una cuestión tributaria, económica o financiera? La contrapartida local son U$S 3:600.000, porque la otra se financia con endeudamiento externo. De manera que lo que hay que financiar son esos U$S 3:600.000, que representa menos del uno por mil del Presupuesto. Por lo tanto, es muy difícil que se pueda fundamentar que una partida de menos del uno por mil del Presupuesto lo condicione si no se vota una financiación concreta, exclusiva y específica. No podemos imaginar que alguien piense que U$S 3:600.000 no generará un déficit de tal naturaleza en el país que ocasione una hiperinflación.

El Mensaje Complementario que envió el Poder Ejecutivo tienen un déficit de U$S 27:000.000, aunque nadie se pronunció acerca de lo terrible que eso significaba. Más precisamente, diremos que en él aparecen U$S 106:000.000 de gastos, U$S 59:000.000 de recursos, por las partidas de reaplicación por refuerzo de rubros U$S 51:000.000, y U$S 7:500.000 porque había una partida repetida de pagos por seguridad social a los maestros después de los veinticinco años de trabajo. A ello se agrega el IMESI al gasoil de U$S 20:000.000, lo que da U$S 79:000.000, pero faltan U$S 27:000.000 que representan el déficit, pero nadie dijo nada. Digo esto porque U$S 27:000.000 en U$S 4.117:000.000 no es nada. Cuando me refiero a Saneamiento III, no estoy hablando de U$S 27:000.000 sino de U$S 3:000.000. Sin embargo, no planteamos que en el Mensaje Complementario había U$S 27:000.000 de déficit y que no pasaba nada, así como tampoco que con U$S 3:600.000 no habría hiperinflación. Por el contrario, decidimos ponernos en una actitud positiva con la cabeza del Gobierno de coalición al frente para encontrar una solución, mediante alternativas que pudieran ser viables, factibles y negociables.

Señor Presidente: los U$S 3:600.000 se financian con un 1% de la tasa estadística a las importaciones de bienes de consumo externos al MERCOSUR. Esa cantidad se financia con la tercera parte del Impuesto del IMESI a bienes suntuarios, que planteamos en un aditivo, que tampoco fue votado. Esa cifra se financia si bajamos, por ejemplo, los gastos del Ministerio de Defensa Nacional. La Comisión de Transporte y Obras Públicas que analizó el Plan de Inversiones, en su informe escrito, explicitó que advierte una altísima inversión en equipamiento pesado y específico, reposición de armamentos con calibres inadecuados, puesta en capacidad de fuego de material prácticamente obsoleto, alto monto para la adquisición de vehículos, así como alta inversión en inmuebles e instalaciones. Agrega que sería beneficioso a las impostergables necesidades de otros Incisos presupuestales para promover la inversión productiva y políticas sociales, diferir repotencialización de tanques, realizar la distribución del uso de fondos extrapresupuestales y postergación gradual en el tiempo de inversiones inmobiliarias. Tal vez recortando estos gastos se podrían haber obtenido los recursos para la obra de Saneamiento III, pero no lo planteamos.

Asimismo, se trae a consideración el tema de las partidas a reaplicar. Me refiero a los U$S 51:000.000 que, de alguna manera, financia el Mensaje Complementario. La cantidad de 15% para las partidas a reaplicar se rebaja al 12% en el Mensaje Complementario. Si en lugar de bajarlas al 12%, se hubieran reducido al 11,8% -es decir, un 0,2%- tendríamos los U$S 3:600.000 para la obra de Seneamiento III de Montevideo. Sin embargo, no lo planteamos.

En el planillado se establece la posibilidad de que exista una partida de U$S 40:000.000 por imprevistos o desastres. Si de esa cantidad se destinan U$S 3:600.000, se resuelve el tema del Saneamiento III.

Se fijan U$S 50:000.000 para gastos de reinserción laboral, y se plantea que eso se pueda hacer con endeudamiento externo. De esa manera, se nos liberan posibilidades de utilizar U$S 3:600.000 de esa cantidad para la obra de Saneamiento III.

El Gobierno dice que en el año 1996 el Producto Bruto Interno va a crecer un 2,5%. Si esto fuera así, el propio crecimiento del Producto -dada la elasticidad e ingreso de los impuestos- arrojaría un incremento de la recaudación de U$S 100:000.000. Pero cualquiera podría decir que los impuestos derivan, fundamentalmente, del crecimiento de la demanda interna. El Gobierno dice que ésta va a crecer un 1,5%. Si ello ocurriera, el crecimiento de la recaudación sería de U$S 60:000.000. De esa cifra, se podrían obtener U$S 3:600.000 para la obra Saneamiento III.

Como decía, no planteamos ninguna de esas posibilidades, sino que dejamos que el Gobierno optara por la medida que creyera más conveniente. A nosotros, cualquiera de la que hemos planteado nos servía. Por supuesto que se podían hacer arreglos, permutaciones y combinaciones de cada una de esas posibilidades, pero nunca recibimos una respuesta concreta, ya que en las conversaciones nunca supimos que el Gobierno de coalición no iba a votar los recursos para la obra de Saneamiento III de Montevideo.

Por eso, señor Presidente -lo digo con toda franqueza- siento que aquí no puede haber un problema económico, tributario, de gasto público al de déficit fiscal, sino que se trata estrictamente de un problema de discriminación política.

Como ya dije, Saneamiento III nació por el cólera y tuvo que adelantarse por el temor a esa enfermedad. Inclusive, durante 1994 se mantuvieron conversaciones, pero el gobierno del Partido Nacional prefirió dejarlo para el que asumiera en el año 1995; es decir que en 1994 Saneamiento III no se pudo concretar. Durante 1995 el señor Intendente de Montevideo y su equipo correspondiente, mantuvieron reuniones con el señor Presidente de la República, con el señor Ministro de Economía y Finanzas y con el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En esas oportunidades nunca se planteó la posibilidad de que no se pudiera concretar Saneamiento III. En un momento determinado el gobierno manifestó que tenía topes para la inversión pública, a lo que la Intendencia Municipal de Montevideo contestó que aceptaba los topes que se le impusieran. Asimismo, el gobierno dijo en otro momento, que quería fijar el ritmo de las inversiones y la Intendencia Municipal de Montevideo expresó que aceptaba esa condición. Es decir que hubo una flexibilidad total por parte del Municipio. Además, el gobierno nacional dijo que quería tener contralores sobre cómo se llevaría adelante la obra, lo cual fue aceptado por la Intendencia Municipal de Montevideo. Por lo tanto, nunca se planteó ningún grado de condicionalidad de ninguna especie como para que no pudiera realizarse Saneamiento III. Todo lo que se estaba pidiendo era la autorización para firmar con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque la Intendencia Municipal de Montevideo ya había hecho los estudios correspondientes de factibilidad y de preinversión que representan ciertos costos. Evidentemente, cuando se empieza una obra en un gobierno anterior -teniendo en cuenta, además, la naturaleza de la misma- lo normal es que exista cierta continuidad.

A veces, señor Presidente , nos preguntamos cuál fue el pecado que cometimos para que el Saneamiento III no esté en esta Ley Presupuestal. Honestamente, debo decir que me cuesta saberlo y es muy difícil poder atribuir a los demás características de su pensamiento.

Por otro lado, el Intendente Municipal de Montevideo envió una nota al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitando la autorización para la firma con el Banco Interamericano de Desarrollo. Dicho Director dio una respuesta que fue la que se conoció hace unos días. En ella dijo que Saneamiento III se haría nuevamente viable pese a la votación de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, en el caso de que los Legisladores de nuestro partido entendieran, como lo manifiestan, que la obra es de sumo interés para el departamento de Montevideo, más allá de la forma de financiamiento, que su orientación es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Además, expresa que de no ser aceptado lo anterior, caben dos alternativas. Por un lado, está la planteada por esa Intendencia, es decir, que la obra sea asumida parcialmente por ésta y por OSE en la zona de Paso Carrasco. Por otro, dado que el proyecto tiene un alcance geográfico que cubre más de un departamento, la obra sería llevada a cabo totalmente por el organismos nacional OSE. Este procedimiento de ejecución es el que se ha aplicado tradicionalmente en el país en casos como, por ejemplo, en el Plan Arrocero, en el Plan Lechero I y II proyectado y en el Plan de Obras Municipales I y II.

Quisiera saber si esta es la representación del Poder Ejecutivo y del gobierno de coalición y si éste último está dispuesto en este Parlamento a modificar la Ley Orgánica de OSE, a los efectos de permitir que dicho organismo pueda realizar las obras del Saneamiento III. Asimismo, desearía saber si el Poder Ejecutivo ya supone que este Parlamento, necesariamente va a votar la modificación de esa Ley Orgánica. Quisiera preguntar y tener respuestas sobre este tema en el ámbito parlamentario.

Más adelante el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto agrega que en cualquiera de las hipótesis desea resaltar que la presentación de la solicitud al Banco interamericano de Desarrollo dependerá de un acuerdo sobre el alcance de la obra y sobre su ritmo de ejecución, ya que la magnitud de la misma y el déficit fiscal consecuente puede afectar los programas nacionales para el sector público en su conjunto.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Formulo moción para que se le prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Reafirmo, señor Presidente, que el ritmo de ejecución fue el fijado por el Poder Ejecutivo, que el alcance de la obra fue el que se trabajó permanentemente por dicho Poder, por lo que llama la atención lo expresado por el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto explicitando el déficit fiscal que van a generar U$S 3:600.000 en un Presupuesto de U$S 4.117:000.000.

Por eso, señor Presidente, me preguntaba ¿cuál es el pecado que cometimos? ¿Fue el de tener el 44% de los votos de Montevideo? ¿Es por el hecho de que el Intendente Mariano Arana sigue teniendo una gran popularidad? ¿Será porque tenemos un concepto distinto de democracia, porque para nosotros ésta tiene una ética de inclusión y no de exclusión y de igualdad y no de desigualdad? Vamos a explicitar ahora cuáles son las diferencias que tenemos entre la Intendencia Municipal de Montevideo y las del interior. La primera paga 3 puntos más que las segundas por aportes patronales. Este tema tampoco pudo resolverse en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda. Además, el aporte de 16,5% de las Intendencias del interior lo va a pagar Rentas Generales, pero ésta no aporta a la Intendencia Municipal de Montevideo. Por otro lado, este Municipio solicitó la condonación de deudas porque debe tres meses por diferencia de tres puntos que van del 16,5% al 19,5% del año pasado y tampoco tuvo respuesta afirmativa, aunque si la tuvieron las Intendencias del interior. También la intendencia Municipal de Montevideo pidió recursos para caminería y maquinaria rural, puesto que este aporte lo reciben las Intendencias del interior, a lo cual se le contesto negativamente. Asimismo, el Municipio de Montevideo solicitó la exoneración del IVA para obras pública. Si las obras que realiza son financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo o por endeudamiento externo, no aporta IVA, pero si son financiadas por lo obtenido con el cobro de la contribución inmobiliaria o de la patente de rodados, sí debe pagar dicho impuesto. Ante todo esto, señor Presidente, me pregunto si hay o no voluntad política. Si la hay, es muy fácil resolver este tema, porque U$S 3:600.000 podemos obtenerlo de las 10 opciones que presentamos o de otras 10 que se les podría ocurrir a cualquiera. El asunto es que haya voluntad política para solucionar este problema, ya que de eso se trata. Entonces, si existe voluntad política, señalo que seguimos dispuestos a encontrar mecanismos tendientes a resolver el problema del Saneamiento III para el departamento de Montevideo.

Por otra parte, debo decir que quisimos tener un grado mayor de participación en esta Ley Presupuestal. Cabe señalar que no fuimos a defender en exclusividad a la Intendencia Municipal de Montevideo, ya que además nos preocupaba el Poder Judicial, la ANEP, la Universidad de la República y Salud Pública. Por otro lado, nos planteamos la posibilidad de explicitar un gastos que en el total, con respecto al Mensaje Complementario, era de U$S 60:000.000, pero con lo que se está aprobando alcanza a U$S 34:000.000. Entonces, el gasto de incremento que estamos proponiendo representa apenas 0.25% del Producto Bruto Interno.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con lo previsto en el Mensaje Complementario, para la Universidad de la República, pedimos U$S 15:000.000 más y en relación con lo acordado, U$S 5:000.000 más. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos intentando resolver la ansiedad de la Universidad de la República, y no planteando los U$S 80:000.000 que reclamaba el Organismo. Nuestro pedido se basaba en algo concreto que creíamos tenía un cierto grado de viabilidad.

También para ANEP solicitamos U$S 15:000.000 más y U$S 5:000.000, en particular, para los maestros. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro gran temor en este Presupuesto? Que como los maestros ganan tan poco -y adelanto que saludo, porque me parece extremadamente positivo, lo que se otorga a la ANEP- y parten de un punto tan bajo, en el momento en que se produzcan los próximos incrementos de salarios, quede en agua de borraja los tan buenos propósitos que se tienen en esta Ley de Presupuesto respecto al sistema educativo vinculado a Enseñanza Primaria, Secundaria y Técnica.

Asimismo, planteamos aumentos de salarios para Salud Pública y el Poder Judicial en el orden de U$S 36:000.000, y sugerimos cuatro opciones de financiamiento.

Por supuesto que a esto estábamos agregando partidas para el Plan de Saneamiento III, para exoneración del IVA y para caminería rural de la Intendencia Municipal de Montevideo. La opción que en materia de financiamiento propusimos fue la tasa estadística. Aquí se dijo que no gustaba el término «facúltese», y lo cierto es que a mí tampoco me gusta; no me gusta dar cheques en blanco. Sin embargo, también es cierto que la tasa estadística requiere de un proceso muy especial con relación a los socios del MERCOSUR. De modo que dábamos la posibilidad al Poder Ejecutivo de que la fijara en el porcentaje y en el momento que le pareciera conveniente. Precisamente, por esta razón entendíamos que debía incluirse el vocablo «facúltase».

La segunda opción que planteamos fue gravar con el IMESI a la venta de productos suntuarios, a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos, etcétera, a los efectos de poder utilizar una parte de esos recursos que figuran en el planillado dentro del rubro «Reservas por imprevistos o de desastres».

La tercera alternativa consistía en utilizar los U$S 50:000.000 de endeudamiento externo para gastos de reinserción laboral.

La cuarta opción se sustentaba en el crecimiento económico, que podría oscilar entre U$S 60:000.000 y U$S 100:000.000. Es más, decíamos que estábamos dispuestos a comenzar a trabajar con algo que entendíamos esencia y que nunca el Parlamento encaró: el Impuesto a la Renta a las personas físicas.

De pronto, podríamos haber planteado un impuesto a las actividades bancarias, a los cheques que se cobran en Brasil -gravamen que, de alguna manera, hoy existe, pero no se vierte al Estado, sino que es cobrado por los banco por la utilización de cheques en las cuentas corrientes- y un impuesto a la propiedad de la tierra. Sin embargo, no fue así; buscamos financiamientos que creíamos viables en una negociación. Permanentemente, intentamos dialogar y llegar a acuerdos en estos temas, porque en una situación como la que vive nuestro país, es muy difícil poner nuevos impuestos a las empresas. Tampoco es posible hacer que las personas tributen, porque no tenemos un impuesto a la renta de las personas físicas. Por lo tanto, la única posibilidad era gravar a las importaciones -que hoy son extremadamente baratas, debido a la política cambiaria- y a los productos suntuarios, para que los sectores populares no soportaran nuevas cargas tributarias. Hicimos, pues, un gran esfuerzo por dialogar, llegar a un acuerdo y poder participar en la resolución de los problemas que conlleva este Proyecto de Ley de Presupuesto.

Francamente digo que nunca recibimos una respuesta directa sobre qué iba a hacer la coalición con relación al Plan de Saneamiento III; solamente conocimos su postura en el momento de la votación en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda. Entonces, siento que mientras nosotros buscamos negociar, el diálogo y el acuerdo, nunca se nos dijo que el Plan Saneamiento III quedaría afuera y que las posibilidades de negociación estaban cerradas si especialmente no se votaba un impuesto concreto, específico y excluyente de todo otro tipo de financiamiento.

Asimismo, queremos expresar que, a nuestro juicio, las normas constitucionales no pueden ser como un chicle; no se pueden achicar y agrandar al gusto de los partidos políticos y de los Legisladores. Aquí se han presentado diversas disposiciones que exceden la Ley Presupuestal. Los señores Senadores Mallo, Pereyra, Santoro, Korzeniak y Sarthou se refirieron a ella y, por lo tanto, yo no voy a hacerlo; pero sí quiero dejar una constatación de carácter político. Considero un destrato al Parlamento que el Poder Ejecutivo envíe una Ley Presupuestal con alrededor de 800 artículos para ser tratados en 45 días. Entonces, si los partidos políticos no protestan como yo lo estoy haciendo, es porque de alguna manera son parte de la causa del descreimiento que existe en el sistema parlamentario. Esto es un problema de subordinación del Parlamento al Poder Ejecutivo, que debería decir a éste que en 45 días no es posible tratar un proyecto de esta naturaleza, porque hay normas que no tienen nada que ver con este Presupuesto. Entiendo que ésta debería ser la respuesta. Sé que éste no es un mecanismo nuevo, que siempre se ha aplicado, que las leyes de Presupuesto y de Rendiciones de Cuentas funcionan como una especie de cajón de turco. Pero eso no es bueno y no le hace bien al país, porque hay que ver a qué velocidad nos veremos obligados a trabajar a partir del cierre de la discusión general para poder votar, nada menos ni nada más, que casi 800 artículos en aproximadamente 24 horas.

Ya nos hemos referido al nivel del gasto; pero quiero recordar que en lo que hace a la composición del gastos, hoy se habló de la proporción que existe entre lo que asigna a educación y lo destinado a defensa. Creo que aquí hay un problema que de alguna manera debemos resolver, entre otras cosas, porque estamos a diez años de la apertura democrática. Todos sabemos que nuestro país se ha caracterizado por tener proporciones muy altas en materia de educación. Hoy, a la ANEP y a la Universidad de la República se le asignan recursos que están por debajo de los destinados a los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior. Esto ocurre, reitero, a diez años de la apertura democrática. Estoy dispuesto a discutir la función de las Fuerzas Armadas. Es más, creo que hay que hacerlo; pero también insisto en que todavía se vuelve imprescindible que la educación siga teniendo proporciones más alta que las actuales. A continuación, voy a hacer una referencia concreta al tema de la Universidad.

En primer lugar, quiero señalar que el mundo está pasando por una tercera revolución tecnológica, cuya característica esencial es la brutal velocidad con que se produce. Esto es fácil de comprobar si tenemos en cuenta el avance que se ha producido en materia de computación, informática y biotecnología. Incorporarse y adaptarse a esta tercera revolución tecnológica significa, fundamentalmente, educación.

Aquí se ha dicho que un tema muy importante lo constituye la competitividad. Esta, en términos coyunturales, tiene mucho que ver con la política cambiaria; puede estar relacionada con la política fiscal, sobre todo tributaria, o con la crediticia. Pero, sustantivamente, se trata de un problema de incorporación tecnológica, de formación de recursos humanos; es un mecanismo de gestión empresarial, es una búsqueda de nuevos mercados. Eso significa competitividad, y gestión empresarial; formación de recursos humanos e incorporación tecnológica constituyen educación y, en buena medida, educación superior, lo cual tiene mucho que ver con la universidad de la República. Desde este punto de vista, siento que para poder adecuarnos a los avances que se dan en el campo internacional, la Universidad debería tener una extraordinaria prioridad. Esta institución ha avanzado -ya no estamos en la década del sesenta o del setenta, ya hace diez años que gozamos de democracia- y se ha acercado al sistema político. Está realizando convenios productivos con empresas del Estado e instituciones privadas; está avanzando en materia de investigación y está haciendo esfuerzos con el objetivo de tener más elementos «full time». Se me podrá decir que en la Universidad hay una discusión interna. ¡Claro que la hay, y ojalá se profundice! En los hechos, también formo parte de dicha discusión interna.

Creo que ha llegado la hora del gesto político desde este lado hacia la Universidad, porque no se trata de que ésta esté manteniendo su presupuesto. No es así, señor Presidente. La asignación presupuestal de la Universidad en 1994 fue un 11% menor que la de 1986. Entonces, no se mantiene el presupuesto, sino que cae a precios constantes. Por lo tanto, pienso que el problema no es que no se le da prioridad, sino que se la afecta, puesto que se le está otorgando menos que en el año 1986, y en 1994 el presupuesto era un 11% inferior.

No es necesario aclarar que una de las cosas que más solicitó la Universidad fueron recursos para las remuneraciones. Diría que los sueldos que paga la Universidad son los peores de los últimos 40 años. Adviértase bien lo que estoy diciendo: en materia de remuneraciones la Universidad nunca estuvo peor que en la actualidad, que se encuentra un 12% por debajo del trimestre octubre-diciembre de 1984, que fue el peor de los últimos 40 años. Hoy las remuneraciones de la Universidad están un 25% por debajo de las de 1987. En consecuencia, señor Presidente, creo que llegó la hora de tener un diálogo constructivo, la hora del respeto, de la mutua confianza. Hemos recibido a muchos Ministerios y a otras tantas instituciones y normalmente la más objetada era la Universidad de la República, y la más discriminada aparece siendo, de alguna manera, la Universidad de la República. Digo esto sin perjuicio de que voy a votar y acepto los esfuerzos que se hicieron para otorgarle U$S 17:700.000 o lo que se genere del IMESI, que antes iba a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero decir que en las negociaciones que mencionó el señor Senador Couriel, se formuló que se diera a la Universidad U$S 5:000.000 más, y en este Proyecto de Ley de Presupuesto el Estado le hace un regalo a una persona pública no estatal, desprendiéndose gratuitamente de patrimonios muebles, inmuebles y útiles que valen precisamente esa cifra. Concretamente, el Estado le regala, le entrega al organismo sustitutivo de la antigua Dirección Nacional de Subsistencias, sin cobrarle nada y sin tener derecho a quedarse con algo, el equivalente a U$S 5:000.000.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- A pesar de sentir dolor por muchos aspectos incluidos en este Presupuesto, estoy contento por las partidas otorgadas a la ANEP. Con toda franqueza -y como muy bien dijo el señor Senador Pereyra- pocas veces hemos tenido un presupuesto informado, profundizado y trabajado con programas específicos. Muchos de estos programas hoy son llevados adelante por el CODICEN, pero también fueron planteados por los propios docentes de las distintas instituciones. Quien habla -al igual que el señor Senador Pereyra- le hubiera dado los U$S 93:000.000 que solicitaba la ANEP. Me parece muy positivo lo que se le está otorgando, pero también debo decir que constituye solamente dos tercios de lo que pidió. Sinceramente, pienso que si en el sistema educativo hay que hacer un esfuerzo, no tengo ninguna duda de que la ANEP y la Universidad de la República deberían haber sido mejor contempladas de lo que lo fueron.

Por otra parte, reconozco que en los U$S 60:000.000 que se están dando a la ANEP de los U$S 93:000.000 que pedían, está incluido un incremento en la remuneración a los maestros. Permanentemente estuvimos planteando la necesidad de la estabilidad, de la seguridad y de la tranquilidad para que los maestros pudieran hacer un convenio a largo plazo que permitiera que las transformaciones educativas se dieran sin conflictos en el interior del sistema educativo.

Lamentablemente, señor Presidente -confieso que es mi temor- tengo la sensación de que en la política económica de carácter general que se está planteando, uno de los elementos implícitos es la caída de los salarios. Si los salarios de los funcionarios públicos siguen cayendo, el sistema educativo no podrá aportar su formación, sus conocimientos y sus ideas a los jóvenes y niños, pues sobrevendrá períodos de largos conflictos que mucho mal le harán no sólo al sistema sino al país en su conjunto. Si hay algo que se ha deteriorado brutalmente, es el sistema educativo. Basta con pensar que la mitad de los niños que ingresan a Primaria provienen de hogares pobres, no hacen el curso preescolar, repiten años y desertan, y probablemente sean la base de la violencia y de los problemas de seguridad ciudadana que hoy existen en el país. ¡Ojalá que este programa pueda, por lo menos, extraer a los niños de esta situación para darles alimento y educación! Quienes quedan en el sistema educativo y llegan a sexto de Enseñanza Secundaria, cuando les hacen una prueba de materias humanísticas y de matemáticas, las tres cuartas partes de ellos fracasan, aunque eso no deberían haber aprendido en Primaria.

En una oportunidad escuché a un Director de Enseñanza Secundaria decir que, según su opinión, esa repartición, en lugar de incorporar conocimientos a los estudiantes, parecería que les quitaran los que aprendieron en la escuela.

Como dije, reconozco que lo que se le está otorgando a la ANEP -que, reitero, representa dos tercios de lo que solicitó- no es poco, y constituye un esfuerzo teniendo en cuenta las características de este Presupuesto.

¡Ojalá se le hubiesen otorgado los U$S 93:000.000! ¡Hubiese sido muy bueno que la Universidad de la República contara con los elementos necesarios para brindarle a los docentes un mínimo grado de tranquilidad! Me refiero, sobre todo, a los docentes «full time», para que no sean expulsados del país y puedan quedarse en esta Casa de estudios, aportando el conjunto de sus conocimientos.

Por otro lado, deseo manifestar que, en esencia, se mantiene lo establecido por el ajuste fiscal, es decir, eso que nosotros no podíamos votar y que hacía referencia a los Impuestos al Valor Agregado y a las Retribuciones Personales. En ese sentido, considero que el mantenimiento de la política cambiaria obligará a encontrar mecanismos de competitividad a través de la rebaja de impuestos, en la medida en que esto sea posible, sin escapar a los límites. Quizás lo más complicado sea que este Proyecto de Ley Presupuestal rebaja los impuestos directos, o sea, aquellos que podrían dar un grado de distribución más justa en lo que tiene que ver con la carga tributaria. Además, se pierde todo tipo de progresividad, tornándose ésta en una mala palabra, por lo que hay que rebajar los impuesto directos.

Hace unos instantes decía que estaba de acuerdo con lo que manifestaba el señor Senador Irurtia con respecto a cómo se utilizó el IMAGRO. La verdad, señor Presidente, es que los impuestos sobre el sector agropecuario que van a Rentas Generales, es decir, los de la Dirección General Impositiva, constituyen apenas el 2% del total de su recaudación. Por lo tanto, aquí no existe un afán fiscalista, ya que no importa a Rentas Generales, en últimas instancia, cobrar mucho o poco al sector agropecuario. Entonces, la estructura tributaria se podría adoptar bastante más a objetivos finalistas, o sea, a los sectores más intensivos, a los que generan más trabajo, mayor valor agregado y a los que hacen esfuerzos por incorporar tecnología en el agro. En consecuencia, el tema central radica en el mejoramiento de la productividad de la tierra, lo que implica tecnología. A ellos es a los que se va a afectar con estas modificaciones y transformaciones que se dan en este Proyecto de Ley para el ámbito tributario.

Obviamente, no vamos a votar favorablemente esta iniciativa porque creemos en una estructura tributaria diferente. Pensamos que hay que fijar el impuesto a las rentas personales, ya que sabemos que existen sectores de la población que perciben altos ingresos y, sin embargo, no aportan. Además, conocemos -y lo digo con justificación de causa porque soy profesional- que quienes tienen título universitario -incluso muchos de ellos perciben altos ingresos- tampoco contribuyen, así como no lo hacen quienes reciben rentas por las actividades financieras. El impuesto a las rentas es clave en España, Inglaterra, Estados Unidos y en otros lugares del mundo, por lo que consideramos que nos brindaría muchas oportunidades contar con impuestos para determinados sectores de actividad con características particulares.

Por todo lo expuesto, es que se hizo un esfuerzo por tratar de mejorar al máximo el proyecto que presentamos y que se comenzara a trabajar de inmediato. La respuesta que dio en determinado momento el equipo económico -por lo menos, la que tuve oportunidad de apreciar en los medios de comunicación- fue que no había tiempo para tratar el Impuesto a la Renta. Sin embargo, sí se pudieron considerar la reforma del Estado, la reforma administrativa y otra cantidad de normas que no tienen absolutamente nada que ver con el Proyecto de Ley Presupuestal.

Insisto, señor Presidente, que creemos que debe existir un país donde haya crecimiento, equidad y en el que se avance hacia la igualdad. En la historia del Uruguay, el gasto público tuvo mucho que ver con esta igualdad a que hago referencia. En la actualidad, aún nos encontramos lejos de atender a los sectores que realmente lo parecen. Digo esto, porque cabe preguntarse, fuera de la educación, cuáles son las medidas que permiten atender esta pobreza urbana y rural que empieza a «latinoamericanizar» a nuestro país. La situación que estamos atravesando nos lleva a igualarnos a otros países cuando siempre fuimos distintos en lo que tiene que ver con este punto. Mi inquietud consiste, entonces, en saber cuáles son las medidas que van a permitir ayudar a resolver los problemas del desempleo abierto, del empleo precario, del subempleo, de la marginalidad y de la informalidad. Todos sabemos que el tema de la seguridad ciudadana, en última instancia, es de tipo económico social.

Por último, no quiero dejar de decir que llegué al Senado en el año 1995, pretendiendo ayudar al Uruguay con un afán constructivo. En ese sentido, en algunos aspectos me siento frustrado, porque resulta muy difícil colaborar con el ajuste fiscal. No era nada fácil decirle a la ciudadanía de mi país que el Partido Nacional permitió que en el año 1994 ingresaran 19.000 funcionarios públicos y que generó un déficit de 2.9%. Para rebajarlo responsabilizó a los asalariados con el Impuesto a las Retribuciones Personales y a los sectores populares con un 2% de aumento del IVA al consumo. No estuvimos de acuerdo con todo esto porque no lo sentíamos democrático. Al respecto, hicimos esfuerzos en lo que tiene que ver con la Ley de Seguridad Ciudadana, acompañando muchas de sus disposiciones y tratamos de participar y entender el tema relativo a la seguridad social. En lo personal, trabajé con mucha vehemencia, porque estoy convencido de que se llegó a un grado de madurez en lo que tiene que ver con los actores sociales, que considero tenían oportunidad de contar con un grado de participación mayor que la que en realidad tuvieron.

A esta altura de las cosas, opino que he hecho todo lo posible y todo lo que considero negociable y factible presentando una iniciativa con el nivel de gastos y la estructura de financiamiento que propusimos. Con toda franqueza, debo decir que en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, sentí, teniendo en cuenta que la coalición en ninguna de las conversaciones me había dicho que no se votaría lo que tiene que ver con el Plan de Saneamiento III, que mis deseos tenían muy poco que ver con la realidad.

Sinceramente, espero que pueda modificarse esta situación para el año 1996 y podamos construir mucha más para un Uruguay más justo, solidario y en crecimiento con igualdad y equidad.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- tiene la palabra el señor Senador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: deseo manifestar en esta recta final, que todos aspiramos que se comience a votar el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, sobre el que se han dicho muchas cosas.

La Primera reflexión que quiero realizar está dirigida a aquellos que no van a votar el Proyecto de Ley de Presupuesto. Difícil es la tarea de aquellos sectores políticos que dicen que no pueden aprobarlo. Se trata de un Presupuesto de cara a la realidad del país, serio, transparente y que da prioridad a lo que los uruguayos hemos reclamado, quizás, durante decenas de años. Cuando hablamos de prioridad estamos reconociendo que nos es imposible llegar con la misma ayuda y apoyo a todos los sectores. Al referirnos a los temas principales, estamos aludiendo a la educación, entonces, considero que debe ser una complicada función la de aquellos que no pueden avalar un Presupuesto que duplica ampliamente en el quinquenio lo que está proyectado para ANEP que es, en la actualidad, de U$S 314:000.000 y que en el último año de este Gobierno será de U$S 600:000.000.

Eso marca a las claras, señor Presidente, que muchas banderas han caído por el mundo, pero muchas de ellas quedarán aquí, en este Parlamento, cuando se apruebe el Presupuesto, que es la herramienta marco que la coalición de Gobierno posee para ejecutar esta ley que apunta, no sólo a las transformaciones que el país reclama sino, fundamentalmente, a cubrir aquellas emergencias que presenta el Uruguay. Sin duda, el presupuesto de la educación tiene dos grandes componentes, que son la Universidad de la República y la ANEP. No haremos una argumentación muy larga con relación a ANEP porque la cifra de más del 110% en el quinquenio, de aumento en moneda fuerte, significa que realmente el país ha proyectado, de una vez para siempre, una reforma educativa que llegará a toda la población, Ella está reclamando dicha reestructura, que va a permitir, no sólo aumentar salarios -vaya si vale la pena hacerlo- sino que los niños que nazcan en nuestro país tengan la posibilidad de acceder a la enseñanza preescolar, cosa que hoy no sucede. Más allá de lo que este presupuesto significará en relación con las escuelas, liceos y preparación de los profesionales de la educación, basta señalar que el sacrificio que realiza, no sólo el Gobierno sino el país, implicará para todos nosotros un motivo de orgullo. Como representantes del pueblo en el Parlamento, consideramos que el tema educativo ha sido una de las prioridades más importantes.

En relación con el capítulo referido a la Universidad hemos planteado una discusión sincera, abierta sobre este tema. Todo ello lo hemos hecho respetando la autonomía y la posibilidad que tenemos los Legisladores de disponer de los recursos de la gente. Hemos señalado que la propia Universidad de la República, en los últimos diez años ha duplicado su personal docente y no docente, existiendo la misma cantidad de alumnos. En el año 1986 la Universidad contaba con 62.000 alumnos y actualmente posee algo más que esa cifra. En esa fecha había 68.000 horas docentes y hoy tiene 152.000. En momentos en que el mundo apunta a la simplificación y achicamiento de las carreras -porque necesitamos que los jóvenes se integren al mercado laboral a más temprana edad- esa misma Universidad hoy tiene 2.300 funcionarios en el Hospital de Clínicas. Pienso que los uruguayos tendremos que resolver este capítulo porque no creo que la Universidad comience a hacerlo. Todo ello tiene que ver con la forma en que se manejan los recursos internos. A este respecto deseo señalar que más del 20% de los recursos que el Estado le otorga a la Universidad de la República se destinan a tareas burocráticas. Del total de su presupuesto, carreras importantísimas como Arquitectura, tienen asignado un 3%; Ciencias Económicas también se lleva un 3% y, por ejemplo, Derecho, posee un 4%. En una Universidad que tiene más de U$S 100:000.000 de presupuesto, el 32% le es asignado al Hospital de Clínicas, el que lentamente está siendo cerrado por la propia Universidad. El Parlamento le ha asignado a este Hospital, año a año, millones y millones de dólares y este año le ha otorgado U$S 2:500.000 más, pero no se ha obtenido una respuesta a las soluciones que se han planteado en cada instancia parlamentaria en relación con las reestructuras y reformas que debe tener la Universidad y el Hospital de Clínicas.

Sin embargo, autónomamente, la propia Universidad de la República ha decidido pagar 16.000 cuotas mutuales a sus funcionarios docentes y no docentes y a sus familiares, gastando en ello U$S 10:000.000 anuales, teniendo un Hospital de Clínicas que podría atender a sus propios funcionarios. Entiendo que el dinero que se gasta en las cuotas mutuales podría ser volcado a la reestructura del propio Hospital de Clínicas. Todo esto no significa un ataque a la Universidad, sino simplemente un análisis serio de lo que allí está ocurriendo. Debemos tener en cuenta que la Universidad recauda más de U$S 20:000.000 en virtud de convenios que realiza. Aspiramos a que esta casa de estudios sea uno de los nervios motores del desarrollo del país en relación con los avances tecnológicos y, fundamentalmente, con la integración que debe darse en la sociedad. Esos U$S 20:000.000 que hoy recauda la Universidad por este concepto, no aparecen en los planillados a pesar de que se trata de sumas que la sociedad le está devolviendo en virtud de los conocimientos prestados. A la Universidad de la República se le han asignado U$S 18:000.000, lo que multiplicado por cinco asciende a U$S 90:000.000, por lo que casi estamos llegando a la duplicación de los ingresos que tendrá a través del Presupuesto Nacional en este quinquenio.

El Partido Colorado le ha planteado claramente a la Universidad la voluntad política de discutir todos los temas que a ella conciernen, pasando por la modernización que se da no sólo en este ámbito sino también en relación con los partidos políticos y la sociedad en general. Entiendo que no es solamente en esta instancia que se agota este camino.

Por otra parte, en este presupuesto existe una fuerte voluntad de la coalición de Gobierno y del Gobierno en el sentido de reactivar la industria de la construcción y llegar a niveles aceptables a efectos de solucionar una carencia tremenda de viviendas que sufre el país. El Uruguay posee poco crecimiento poblacional pero tiene serios problemas habitacionales a raíz, fundamentalmente, de que las familias se han volcada hacia las zonas de los servicios. Por ello, el Estado uruguayo va a contribuir con U$S 1.280:000.000 a fin de reactivar la industria de la construcción de viviendas, lo que implicará una mayor justicia social a través de la solidaridad que ello significa. Todo ello contribuirá a un afincamiento de la familia uruguaya y a hacer sentir que el Estado uruguayo también está presente en la reactivación de una industria muy importante para el país, como es la de la construcción.

Todo esto, sumado a algún Proyecto de Ley que hemos votado en el Senado de la República -que seguramente se convertirá en ley en los próximos días- hace que todo el sistema financiero pueda participar de la construcción de viviendas. En este sentido, hay sectores políticos que reclaman, a lo largo y ancho del país, un voluntarismo político para generar trabajo, pero también se quedaron a la orilla del camino y no participaron de los procesos de desarrollo que hoy el país ya esté recorriendo por medio de este Proyecto de Ley de Presupuesto. Seguramente, en las instancias que el tiempo nos depare podremos marcar con mucha claridad, dentro de dos o tres años, cuando el país se ponga en marcha, que esta herramienta presupuestal ha puesto un mojón fundamental en el desarrollo de todos los uruguayos.

Sin duda, no podemos dejar pasar por alto la circunstancia política que se genera en torno a las Intendencias de todo el país. En un proceso de reforma constitucional, se deberá respetar la autonomía de estas Intendencias que implica no sólo independencia para gastar sino también para recaudar. Es muy importante que los Gobiernos Departamentales asuman los procesos de descentralización que mucha gente confunde con el simple reparto de los tributos nacionales a efectos de ser gastados en los distintos departamentos. La descentralización debe ser paralela a la actuación del organismo que recauda y da la cara en el momento más oscuro y difícil, que es cuando se le exige el pago del tributo a los contribuyentes. El jerarca que tiene a su cargo esta función debe ser el mismo que el que ejecuta determinada obra o brindar cierto beneficio. Vaya, sin lugar a dudas, el reconocimiento a esta circunstancia. Es cierto, señor Presidente, que las Intendencias del interior contribuyen con el brazo amigo -por decirlo de alguna manera- con los organismos públicos que, a veces, construyen hospitales, carreteras o prestan servicios médicos.

Pero, señor Presidente, también es cierto que el país tiene que estar integrado y que este Parlamento debe buscar soluciones para ello.

En otro orden de cosas, con respecto al Saneamiento III, cabe recordar que a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto llegó un comunicado de la Intendencia Municipal de Montevideo donde se asumía la responsabilidad económica de llevar adelante esa obra. Esta realidad nos hace decir con claridad que es necesario dejar de lado la demagogia política para quedar bien. Este tema no solamente se relaciona con el saneamiento de Montevideo, sino con la problemática de todo el Presupuesto. Si contabilizamos los artículos aditivos que presentaron por parte de quienes no votaron el Presupuesto,, éste tendría un déficit no menor a U$S 400:000.000. Esto, en cualquier parte del mundo, es demagogia política.

Creemos que es necesario ser transparentes en el momento de votar los recursos para la realización de una obra. No se puede pensar que algunos levantamos la mano para votar impuestos, en tanto otros lo hacen para proponer la realización de obras. Esta es la realidad política que se vivió en la Comisión. Asumimos la responsabilidad política de decir al país que las cosas hay que hacerlas en serio. La transparencia política pasa por estos hechos y cada uno tiene la responsabilidad de recorrer el camino; luego, la gente juzgará nuestra actuación.

Creemos que hemos sido justos con la transparencia política de este Presupuesto. Sin financiamiento, no puede haber obras y aquellos que no están a la hora de financiar estos recursos, no podrán beneficiarse de ellos.

Muchas gracias.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Señor Presidente: confieso que he estado debatiendo conmigo mismo acerca de si prolongar esta discusión general, en función del tiempo que ya le hemos dedicado y del poco que nos queda para ingresar en la discusión particular, y decidí no hacer uso del tiempo que reglamentariamente me correspondería como Miembro Informante. Sin embargo, desearía insistir en algunos conceptos -no a título de explicación- por supuesto que sin ánimo de abrir ningún tipo de controversia.

Ratifico el concepto expresado al inicio de la discusión general, en el sentido de que este Presupuesto tal vez pueda no ser compartido. Si las otras fuerzas políticas hubieran tenido la responsabilidad de confeccionar su Presupuesto, en base a sus orientaciones y consideraciones sobre qué son el país y la sociedad uruguaya, seguramente lo habría hecho de una manera diferente. Tampoco tenemos dudas del esfuerzo de la sociedad uruguaya implícito en este Proyecto de Presupuesto que fue remitido por el Poder Ejecutivo y votado en la Cámara de Representantes. Luego de agregarle lo que, a mi juicio, fue un elemento importante, ingresó al Senado; y, posteriormente, en la Comisión respectiva, a través de la negociación política, se dilucidaron algunos temas fundamentales. A esta altura, este presupuesto constituye tal vez una muestra del mejor esfuerzo que puede hacer la sociedad uruguaya en este momento.

Por otra parte, debemos señalar que este presupuesto no contiene una reforma del sistema tributario. El probable que Uruguay tenga que enfrentar una reforma de peso en el mediano plazo, que siempre se requiere en este tipo de cambio. No era este el momento de hacerlo, pero no descarto que en las futuras coaliciones de Gobierno esté presente el tema tributario, no sólo por la urgencia de solucionar problemas de corto plazo, sino para hacerlo a mediano y largo plazo, ya que es necesario pensar en una reforma de envergadura del sistema tributario que es el que, en esencia, le otorga al Estado los recursos con los cuales cumple sus fines.

Por otra parte, hay un tema que fue mencionado en muchas de las exposiciones -no creo que sea éste el momento de abrir controversias- y es el de las Personas Públicas no Estatales. En el contexto de este Proyecto de Presupuesto se acomete, por necesidad y convicción, la tarea de iniciar un proceso de reforma del Estado. Es en este contexto que muchos señores Senadores -algunos a favor y otros en contra- han debido examinar el tema relacionado con las Personas Públicas no Estatales. En muchos países que han llevado a cabo reformas del Estado, los procesos de tercerización y de transferencia al sector privado de actividades que el Estado venía desarrollando en forma inercial, se produjeron de manera traumática, repentina y por la vía de la imputación. Creo que la reflexión que hemos iniciado en este Presupuesto sobre las Personas Públicas no Estatales -teniendo en cuenta los aportes que algunos señores Senadores realizaron desde el punto de vista constitucional, de la conveniencia, de su organización y de los controles- es una instancia fundamental para el Uruguay. Quizá sea la vía no dolorosa mediante la cual nuestro país pueda efectuar una reforma del Estado que signifique devolver a la sociedad cosas que hizo en su nombre y que hoy no está en condiciones de hacer mejor que ella. No descarto que este sea un aporte netamente uruguayo a los valores democráticos de la cultura de la reforma. Pienso que es necesario continuar discutiendo sobre este tema.

Por lo tanto, presentamos un artículo aditivo que prevé recoger una de las preocupaciones señaladas en Sala. En este aditivo reclamamos la visación anual de los estados de estas Personas Públicas no Estatales por parte del Tribunal de Cuentas, lo que es un elemento esencia. Desde ya adelantamos que no sólo vamos a presentar esta norma sino que, además, la vamos a votar.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Brevemente, quiero puntualizar que en la perspectiva de quienes opinan que es conveniente -aclaro que no es la mía- la creación de las Personas Públicas no Estatales en este Proyecto de Ley, el aditivo no hace más que recoger el artículo 191 de la Constitución, que expresamente exige que en todo lo que presenten esas administraciones autónomas con patrimonio propio -como dice la Constitución- cualquiera sea su naturaleza jurídica, los estados presupuestales tendrán que tener la visación del Tribunal de Cuentas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Exactamente en función de ese artículo, podría decir que no es necesario. De todas maneras, aún siendo innecesario, en el momento en que el país abre la discusión sobre las Personas Públicas no Estatales, entendimos conveniente que se ratificara esta intención porque genera en este momento, además de la obligación constitucional -confieso que tendría que ser la suprema- una clara señal de la voluntad política de quienes estamos defendiendo ese tipo de solución, como parte de un conjunto de herramientas para procesar la reforma del Estado en el país.

También quiero señalar que el artículo 616/16 plantea -con ese número fue analizado en la Comisión- como uno de los principios fundamentales, que estas organizaciones tienen que operar con sus propios recursos y que toda partida que se le asigna de parte del Estado tendrá que ser transparente como un subsidio o subvención. En definitiva, se le dice al Parlamento que tendrá que considerar los cometidos, las necesidades, la importancia de la tarea que cumple esta Persona Pública no Estatal, luego compararla con el resto de las prioridades del Estado y, en función de eso, decidir si vamos a darle financiamiento. Esto es un subsidio transparente, que se votaría en el contexto de cómo se gasta la totalidad de los recursos del Estado.

En síntesis, no deseo reabrir la discusión, así como tampoco motivar una polémica. Sin embargo, sí quiero señalar que en este Proyecto de Ley de Presupuesto, esta corriente que se inicia constituye -como decía hace un instante- un aporte muy interesante para el dibujo y el diseño de una revalorización del Estado, en función del fortalecimiento de sus cometidos principales y la transferencia a la sociedad y al sector privado de funciones que si bien siguen siendo importantes, hoy debemos reconocer que el Estado no está en condiciones de cumplirlas mejor que la propia sociedad civil.

Por otra parte, y con respecto a la Universidad de la República, es evidente que ésta ha sido uno de los ejes de la discusión o de algunas de las presentaciones que se han realizado. Quiero reiterar que la Bancada del Partido Colorado le planteó al señor Rector la voluntad política de apoyar diversos proyectos de transformación universitaria que no veíamos diseñados -al menos como nos gustaría- en la propuesta presupuestal que se nos había hecho llegar por parte de la Universidad de la República. No obstante eso, queremos expresar que la propuesta de la Universidad de la República representaba un aumento del orden del 75% con respecto al presupuesto ejecutado en el año 1994, que es muy parecido al de 1995. Es decir que esta Casa de estudios, sin mirar a su alrededor, hacía notar al sistema político que para cumplir con sus funciones, independientemente del monto que se le otorgue a los demás Incisos, pretendía un 75% de aumento. Al respecto pienso señalar que este Parlamento no le otorgó a ningún organismo ni sector del Estado un 75% de aumento. A la Universidad de la República, con los U$S 22:000.000 adicionales que se votaron en Comisión, se llegó a algo menos de un 20% de aumento, lo que por cierto constituye un aumento bastante más grande que el promedio que se dio al resto del Estado. En ese sentido, el Poder Legislativo no miró el tramo que le falta recorrer a la Universidad de la República, sino que se tomó en cuenta dónde se encuentra hoy; y en función de reconocer que está embarcada en un proceso de cambios -y que, por lo tanto, tiene necesidades- decidió otorgarle más que el promedio que se dio al resto de los organismos, a los cuales se les han dado recursos de otras dimensiones.

Nuestra Bancada se mantiene expectante, y es nuestro deseo discutir con las autoridades de la Universidad de la República. El señor Senador Sanabria mencionó algunas de las cifras en relación con el crecimiento de horas-docentes que, a nuestro juicio, si bien no deben merecer una explicación por parte de la Universidad -tal vez ella misma se dé cuenta que se la debe al conjunto de la sociedad- sí se tiene que discutir cuál es la cadencia con la que introduce transformaciones en su organización y funcionamiento para acompasarlas, por un lado, acelerando aquéllas que son más definitorias de temas centrales para la sociedad y, por otro, estableciendo en una discusión abierta dentro de la propia Universidad cuáles son las prioridades. El hecho de que se las recoja en cada componente de un sistema complejo y que se confecciones una lista, en definitiva no constituye una identificación de esas prioridades. Y precisamente a todo el país le pedimos que se realice una identificación de prioridades. No se nos malinterprete; nuestro mensaje político es contra esa discusión de prioridades, contra la presentación de proyectos concretos, no con un afán de controlar, sino con el de participar desde el sistema político en el crecimiento y modernización de una institución que entendemos es absolutamente clave para el país. No hablo sólo de la modernización económica, sino del enriquecimiento espiritual, del afianzamiento de los valores democráticos de nuestra cultura y del desarrollo de todos aquellos aspectos que tal vez no se vean ni se imaginan inmediatamente asociados al crecimiento del Producto, pero que sin duda contribuyen a que éste sea un componente esencial para la construcción de la felicidad colectiva.

Por último -repito que no quiero que se me malinterprete así como manifesté que políticamente no estábamos dispuestos a discutir a esta altura del período de Gobierno una reforma del sistema tributario y que ciertamente tampoco compartíamos las orientaciones que se habían sugerido -para lo que en definitiva sería una reforma profunda del sistema tributario- al mismo tiempo me siento en la obligación de corregir algunas cifras que aquí se han dado. Por parte de una de las Bancadas se señaló que se habría realizado un esfuerzo importante para ofrecer no sólo posiciones de negociación intermedia, sino también recursos para esos planteamientos de financiamiento adicional de algunos sectores sobre los que hemos discutido y luego votamos. Tengo que disputar con franqueza esas cifras, con la misma franqueza con que fueron planteadas, sin herir a nadie y sin que se interprete como una alusión política.

He realizado un cálculo del costo de los aditivos y sustitutivos presentados en la Comisión por esa organización política -o por algunos de sus representantes- y observo un aumento del orden de U$S 350:000.000 o U$S 360:000.000 para el quinquenio, como adicionales a los que se plantearon como negociación.

Entonces, cuando se presentan aditivos y sustitutivos que representan -según los datos que tengo- U$S 350:000.000 de incremento de los gastos en el quinquenio, a los que se debe agregar el listado de exoneraciones solicitadas por distintos grupos para recursos que hoy está percibiendo el Estado -porque en definitiva significaría menores ingresos, además de mayores gastos- no creo que se pueda sostener que en esos temas se ha hecho una contribución genuina.

De todas maneras, para concluir, deseo reiterar lo que ya he expresado. Aquí hay objetivos muy claros -sobre los que tal vez nos hubiera gustado hacer más- y un esfuerzo serio por darle transparencia a la forma en que se presentan y se usan los recursos del Estado. A cuenta de ello, menciono simplemente la forma en que se ha trabajado con los recursos extrapresupuestales en este Mensaje del Poder Ejecutivo. Asimismo, hay una propuesta que tal vez no sea la mejor para todos y en todo momento, pero sí es el mayor esfuerzo que puede hacer la sociedad uruguaya para mejorar las condiciones y el nivel de vida de la gente, así como para darle al país la oportunidad de avanzar en el proceso de integración, sin más tropiezos que los de nuestros vecinos. Al mismo tiempo, es una base real para reconstituir la esperanza en este país. Cuando se lamenta porque en lugar del 75% se otorga el 18,5%, y se está ocultando lo que se puede hacer con ese porcentaje, no se está contribuyendo a construir la esperanza. Sin embargo, tenemos el deber de construirla.

Me reservo lo que iba a decir sobre muchos otros puntos, en todo caso, para la discusión particular, para la que, por cierto tenemos un tiempo bastante reducido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Comparto las últimas palabras expresadas por el señor Senador Fernández Faingold en cuanto a la urgencia que tenemos para pasar a la discusión particular; por eso, solamente voy a hacer un breve comentario que, en última instancia, constituye una especie de fundamento de voto.

Como se sabe, el Frente Amplio ha votado negativamente el Proyecto de Ley de Presupuesto durante la instancia de su estudio en Comisión, y va a hacerlo aquí, en el Plenario; nuestros compañeros de Bancada ya han expuesto los argumentos sobre los que se apoya esa decisión.

En estos comentarios -reitero que a manera de fundamento de voto- quisiera hacer algunas reflexiones muy concretas sobre aspectos interesantes que se han planteado en el debate que hemos comenzado en el día de ayer y que tienen que ver con la experiencia presupuestal que se va haciendo en este Cuerpo a medida que se trabaja en iniciativas de este tipo.

Quiero comenzar por una primera reflexión sobre un tema interesantísimo que planteó el señor Senador Gandini en la mañana de hoy, cuando expuso sobre la controversia que siempre existe entre la visión fragmentada de la sociedad apoyada en el funcionamiento corporativo y la necesaria globalidad que debe tener el análisis de un Presupuesto. Aclaro que no estoy hablando de comportamiento corporativo en sentido peyorativo ni mucho menos, porque muchas de las cosas que defienden las corporaciones son justas. El problema es que nos impiden ver la globalidad del Presupuesto. Si algo hay que aprender a medida que se va trabajando en materia presupuestal en el Parlamento, es que debemos ver el tema en su conjunto, lo que resulta muy difícil. Es tremendamente complicado distribuir y cambiar con velocidad en materia presupuestal, porque hay gastos que son muy rígidos, que vienen desde el fondo de la historia en el país y que hacen que no sólo sea muy complejo plantear la estructura de los ingresos y de los gastos, teniendo en cuenta el panorama global, sino que además resulta muy difícil cambiar con rapidez. En materia presupuestal, se cambia con lentitud, sobre todo en un país como el Uruguay, donde las rigideces son muy importantes.

Me gusta mucho ese punto que planteó el señor Senador Gandini hoy; quería señalarlo y decir que si algo debemos aprender todos -más allá de nuestras posiciones en esta materia que, como se sabe, no son concordantes, ya que tenemos diferencias importantes que se están viendo en este Presupuesto- es a analizar esas dificultades y complejidades, que nos van a permitir encarar este tema con una creciente seriedad, que es lo que el país necesita. Me parece que si lo hacemos de esta forma, aprenderemos a manejar cuatro principios sobre los cuales hay que ir progresando con el paso de la experiencia y del tiempo. El primero refiere a la necesidad de mantener el gasto público en una proporción razonable de la producción. Seguramente, todos estarán pensando qué quiere decir razonable, pero creo que eso hay que analizarlo a la luz de la propia realidad nacional.

En segundo lugar -con respecto a esto creo que hemos hecho progresos, particularmente la izquierda- hemos aprendido a ser muy conscientes de la necesidad de equilibrar el Presupuesto, lo que en el pasado no observamos con la misma atención con que lo estamos haciendo ahora. Además, no es un problema nuestro solamente, porque históricamente las dos colectividades más antiguas de este país tampoco sabían analizar equilibradamente los presupuestos del país. Y no pretendo -como decía el señor Senador Fernández Faingold- abrir una polémica ahora, pero lo cierto es que a todos nos caben responsabilidades desde este punto de vista.

El tercero tiene que ver con el hecho de que cuando se quiere cambiar el país -y nosotros quisiéramos hacerlo- debe haber una expresión presupuestal, la que debe materializarse en transformaciones de la estructura del gasto y de los ingresos públicos. Sin embargo, como el cambio es lento, cada presupuesto tendría que ir marcando el camino y dando señales relativamente fuertes con respecto hacia dónde van los cambios. Reitero que los cambios específicos en cada Presupuestos son lentos, porque hay regideces muy importantes, que se manifiestan con claridad cuando la sucesión de organizaciones que nos entrevistan en cada instancia presupuestal nos plantean sus necesidades. Lógicamente, siempre queremos atenderlas, pero incrementan la rigidez de los presupuestos.

Por otra parte, el señor Senador Gandini planteaba otro punto interesante, y pido perdón por aludirlo frecuentemente. Cuando se vota en contra, ¿se lo hace por razones filosóficas o de monto? Inclusive llegó a decir que los que van a votar en contra el presupuesto, si hubieran logrado más, lo votarían a favor. Con toda sinceridad, creo que esto no es así, porque muchas veces los montos se transforman en variaciones conceptuales. ¿Dónde está el límite entre la razón conceptual o filosófica y el monto del cambio? Es muy difícil establecerlo.

Quiero señalar que, en el error o en el acierto, estamos votando negativamente el Proyecto de Presupuesto por razones conceptuales y no de montos. Realmente no creo que se hubiera arreglado el problema simplemente con decir que se aumenta un gastos en una determinada cantidad de dólares. Me parece que sí habría habido cambios en la estructural del gastos y del ingreso, pero por razones conceptuales. Además, entiendo que aun recibiendo todas las críticas y discutiéndolas en su oportunidad, la negociación que realizó el Frente Amplio sobre la propuesta presupuestal demuestra, se comparta o no, que tenía razones conceptuales para llevarla adelante.

A ese respecto, desde el punto de vista del gasto, el tema de la Universidad -que, como decía el señor Senador Fernández Faingold, se planteó como una cuestión central- es de carácter conceptual y no puramente de cantidad de dinero. También es un tema conceptual el de la Intendencia Municipal de Montevideo, que ha sido largamente discutido. Desde el punto de vista de los ingresos, la defensa del Impuesto a la Renta de las personas físicas como una concepción central del sistema tributario, también es un tema de conceptos y no de cifras. Lo mismo ocurre con respecto a la articulación de la necesidad fiscal con el objetivo finalista del establecimientos de un tributo a los bienes importados de consumo que provienen de fuera de la región, que se podrá compartir o no, pero que se trata de un tema de conceptos.

Entonces, es por razones de estructura del gastos y del ingreso que el Frente Amplio no vota el Proyecto de Ley de Presupuesto.

No quiero finalizar mi exposición sin antes decir qué es lo mejor y lo peor que reúne este Proyecto de Ley. En nuestra humilde opinión, tiene muchas cosas buenas; entre ellas, contiene la mejor dotación presupuestal en décadas para la Enseñanza Primaria, Secundaria y Técnica. Sin exagerar, quiero manifestar que si lo midiéramos en términos relativos, tendríamos que remontarnos a cuarenta años atrás para encontrar un Presupuesto educativo básico similar a éste.

SEÑOR PRESIDENTE.- Habría que remontarse a treinta años atrás.

SEÑOR ASTORI.- Quizás entre treinta y cuarenta.

Ahora habrá que ver cómo se ejecuta el presupuesto, y eso creo que hay que discutirlo, ojalá que con participación de los protagonistas, porque la forma de hacerlo tiene mucho que ver con la reforma educativa sobre la que también hay que debatir, porque hasta el momento ello no se ha hecho bien. Asimismo, está relacionado con la distribución interna de muchos recursos, que no está definida obviamente en el ámbito de la autonomía de la instituciones que reciben este presupuesto, y está bien que no lo esté, porque no se puede violar esa autonomía, pero debemos analizarlo.

Por otro lado, quiero compartir con muchos de los señores Senadores que votan el presupuesto, porque lo han elaborado y lo defienden, que una de las cosas buenas que tiene este Proyecto de Ley es la tendencia a la transparencia. En ese sentido, podemos decir que es mucho más claro que otros que hemos analizado en el pasado, por muchas razones que también se señalaron en Sala y que, obviamente, no quiero repetir. Personalmente, veo un esfuerzo en la dirección de la transparencia y de la eliminación de la búsqueda oculta de ingresos o de gastos, así como de la explicitación de la información y de la libertad para decidir. Reitero que esta es una característica muy positiva de este Proyecto de Ley.

Finalmente, quiero referirme a un tema polémico aun dentro de nuestras filas. Es la primera vez que en un presupuesto observo un intento por reformar la gestión del Estado y no la propiedad. Nuestro sector ha votado y va a votar algunas de las disposiciones -no lo va a hacer con la mayoría de ellas- que precisamente marcan esa dirección. A este respecto, el artículo 702 del Proyecto de Presupuesto venido de Comisión establece esos principio, a mi entender por primera vez en una ley presupuestal. Dice, por ejemplo: «dictaminar sobre los proyectos de estructuras organizativas que presenten los Incisos», es, claramente, una reforma de gestión. Señala, también: «promover el reordenamiento de las estructuras organizativas tendiendo al fortalecimiento de los cometidos sustanciales», etcétera; claramente, una reforma de gestión. Expresa, asimismo: «elaborar y realizar el seguimiento de las medidas de racionalización y modernización administrativa que se habilitan por la presente ley»; claramente, una reforma de gestión. Más adelante, expresa: «realizar el seguimiento de las medidas de reinserción laboral», que tienen aspectos positivos y negativos, pero que también se inscriben dentro de dicha reforma de gestión.

Entiendo que para el Uruguay todo esto es muy importante, porque significa empezar a razonar entre todos, después del pronunciamiento del 13 de diciembre de 1992, que tenemos que ser capaces de reformar el Estado pensando fundamentalmente en la gestión y no en la enajenación del patrimonio público que, por otra parte, desde el punto de vista de su carácter estratégico -importante o relevante- es muy escaso.

Son muy pocas las empresas e instituciones públicas dignas de ser enajenadas. Por lo tanto, me parece que este intento es -como decíamos hoy- una señal destacable, y constituye un aspecto positivo dentro del Presupuesto.

El peor elemento de esta iniciativa, desde mi punto de vista, radica en primer lugar en la estructura tributaria. En este sentido, estamos dando señales en la dirección contraria a la que creemos necesita el país. La reforma del sistema tributario para el agro no nos parece conveniente. De todas maneras, creo sinceramente que dentro de algunos años esta podría llegar a ser una reforma digna de discutirse en el Uruguay. Debemos tener en cuenta que nuestro país tiene una extensa proporción de superficie productiva explotada en términos muy extensivos, con una subutilización tremenda del recurso natural. Entonces, esta reforma tributaria que se apoya como característica central en la disminución de la importancia de los impuestos a la tierra, va a promover -por lo menos ahora- una mayor concentración de la tierra.

Juntos con esta característica negativa, tanto el aumento del Impuesto Específico Interno como el mantenimiento de los aspectos más criticables en materia tributaria del ajuste fiscal, nos parece que son señales en contra de lo que el Uruguay necesita desde este punto de vista.

Dentro de los peores aspectos del presupuesto, también incluiría la escasísima inversión en algunos ámbitos fundamentales, que importan principalmente por la ausencia de políticas sectoriales, característica no de este Gobierno, pero sí un rasgo que se ha venido acentuando y que alguna vez vamos a tener que superar. En el Proyecto de Ley de Presupuesto podemos observar claramente que no existen políticas agrícola, industrial o que refieran a cada uno de los ámbitos de la sociedad que figuran dentro del espacio de conducción del Estado. Reitero: no hay políticas sectoriales; cada vez más el país es conducido por una óptica llamada incorrectamente macroeconómica y que, en realidad, implica una visión económica global que deja muy poco espacio de acción a los terrenos sectoriales. Y eso tiene mucho que ver con la escasísima inversión que se ha asignado a muchas actividades centrales. Ver el Presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Minería, verdaderamente da lástima y pena, porque es el sector de la economía uruguaya que más ha sufrido durante el transcurso de los últimos años, y no tenemos una política sectorial en esta materia.

De esta experiencia hay que aprender mucho y, sobre todo, lo difícil que es hacer un presupuesto.

Creo que hay que tener muy claro que cuando se vota un Presupuesto deben predominar razones de concepto, más allá de los montos del gasto y del ingreso. En cada caso, todos debemos esforzarnos por ubicar las cosas que compartimos y aquellas que criticamos.

Con ese fin es que he hecho estas reflexiones muy breves. Agradezco la atención que se me ha dispensado y ojalá el Cuerpo pueda dedicar el tiempo necesario a la discusión particular que, seguramente, será muy intensa y compleja.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE.- Señor Presidente: he estado pensando largamente si debía hacer uso de la palabra o no, porque a esta altura del debate, molestar al Cuerpo es algo que me pesa. De todas formas, no tengo más remedio que expresar algunos pocos conceptos de carácter general. Hemos llegado al fin de este año, después de haber trabajado para concretar un conjunto de leyes muy importantes para el país. Sin duda este año será considerado como de trabajo exitoso y provechoso del Parlamento; la Ley de Reordenamiento Fiscal, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Social, así como los proyectos relativos a la Desmonopolización de Alcoholes y al Mercado de Valores -que fueron votados por el Senado de la República- y el presente Proyecto de Ley de Presupuesto, ejemplifican lo que acabo de expresar. Por supuesto, para la aprobación de todo esto no hemos contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas, a pesar de que en el período que fue desde la elecciones hasta el 1° de marzo, se trató de establecer consensos en torno a principio generales que integran un proceso de reposicionamiento del Estado en sí mismos, del Estado en relación con la sociedad y de toda la sociedad con el mundo en el que estamos viviendo. Más allá de no haber podido contar con ese apoyo total -debemos reconocer que en algunos casos se votaron buena parte de las disposiciones- el Parlamento ha llevado adelante, en función de la coalición de Gobierno y de la colaboración de otras fuerzas, normas de carácter legal y medias sanciones en temas que considero fundamentales para la consecución de los objetivos que parecería mueven al unísono a todos los señores Senadores, Quizás por diferentes caminos, para alcanzar los objetivos comunes de equidad, justicia, igualdad y fraternidad dentro de la sociedad.

Quisiera decir que comparto las expresiones que vertió en esta ocasión el señor Senador Santoro, al igual que las que expuso en oportunidad de la discusión de la Ley de Reordenamiento Financiero; me identifico con su punto de vista en cuanto a la idea de gobernabilidad y de Gobierno de coalición.

De la misma forma, estimo que el cierre del año con una reforma constitucional que consagre los mecanismos para establecer esta clase de organización institucional, sería un colofón que le haría mucho bien a la Nación. Si todas las fuerzas políticas pudiéramos resolver los pequeños escollos que aún existen, sería posible llevar adelante la reforma que necesariamente el país reclama, no sólo para funcionar mejor a nivel de las instituciones en general, sino también para dar más transparencia al sistema electoral y para conseguir que esas transformaciones -que no siempre contarán con el apoyo unánime de todos los sectores políticos de la República- san expresión de las decisiones mayoritarias de la voluntad popular, manifestada a través de los actos electorales.

Es notorio que tenemos diferencias conceptuales, como lo ha señalado en señor Senador Astori y otros señores Senadores, aunque debo confesar que tengo menos discrepancias con él que con los demás. Por mi parte, no creo que la economía sea una ciencia aunque, por cierto, se trata de un conocimiento importante. Muchas veces se le ha tratado de definir y hay quienes dicen que es el manejo de los recursos escasos, y me da la impresión que esa es la situación de nuestro país, Supongo que aquí no hay ningún señor Legislador que no se sienta contento levantando la mano para aumentar gastos, salarios y retribuciones. ¿Quién puede pensar que alguno de los ciudadanos que forman parte de este Senado tenga el gusto de no votar el aumento a un sector de funcionarios o a una institución que nos reclama más salarios, mejores partidas de gastos o mayores inversiones? El problema consiste en que las naciones, como las personas, muchas veces tienen sed de champaña pero renta de cerveza.

Es así que nos encontramos con un presupuesto que anuncia un gastos U$S 4.186:000.000, más algunos otros gastos que tienen que ver con el presupuesto del Parlamento, que ascienden aproximadamente a U$S 70:000.000, de lo cual surge un total de egresos autorizados que, en algunos casos, es absolutamente inelástico, como por ejemplo en cuanto a sueldos y salarios o las transferencias para financiar la Seguridad Social, que ocupan nada menos de U$S 700:000.000.

Los Incisos 2 al 27 de este presupuesto suponen U$S 4.116:000.000 de gastos autorizados, contra U$S 3.477:000.000 de supuesta recaudación que, naturalmente, estará en función de la situación del país en el manejo de su economía. En definitiva, estamos autorizando U$S 639:000.000 por encima de la recaudación. El propio Ministro de Economía y Finanzas y su equipo de asesores dicen que hay una estimación de economías de ejecución presupuestal. Quiera decir que vamos a llegar al mencionado equilibrio presupuestal reduciendo los gastos, haciendo economías, no aplicando los Incisos 23 y 24. Si dejáramos de hacer esas reducciones de gastos, esas economías y no aplicáramos los manejos que se pueden hacer con los Incisos 23 y 24 y, al mismo tiempo, hubiéramos votado -como todos hubiéramos querido hacer en la Comisión de Presupuesto- lo que los demás señores Senadores propusieron, nos estaríamos enfrentando, no a una cultura de la inflación, sino a una de la hiperinflación. Entonces, señor Presidente, si en algún momento de la historia económica de este siglo, este puede haber sido un mecanismo a aplicar, en la actualidad ya no es el adecuado. No hay ningún lugar del mundo ni país del universo que crea que la justicia, la equidad y la fraternidad se van a lograr repartiendo inflación. Precisamente, a nuestro entender, eso es lo que trata de evitar este presupuesto.

Vemos con placer que a lo largo de este año, los números macreoeconómicos que importan señalan un descenso de la inflación y una mayor disminución para el año próximo y muestran una relación de ventaja entre la inflación y la tasa de devaluación mensual, con lo cual se van corrigiendo aspectos del llamado atraso cambiario. Al mismo tiempo, estas cifras suponen un cierre de las cuentas macroeconómicas del Estado, sin lo cual no puede haber ahorro, inversión ni ninguna política que le asegure al país un mejoramiento de su condición general, porque en este nivel se traduce, indefectiblemente, la vida y condición de cada uno de los ciudadanos de este país. En términos macroeconómicos, si el país tiene inflación, déficit y endeudamiento profundo, no puede tener capacidad de ahorro, de inversión, ni de mejorar el salario real y las perspectivas de la Nación. Por ello comparto lo que se dijo en cuanto a que tenemos dos puntos de vista completamente opuestos.

Entendemos que el Estado no sólo debe mejorar su gestión, sino que tiene que mandar a hacer, más que hacer. No formamos parte de los que piensan que se tiene que vender y privatizar todo; en algunos casos, creemos que hay que comprar -como lo hemos señalado en el caso de Salto Grande- y estimamos que muchas veces hay que tercerizar, lo que no constituye un paso hacia la privatización. Cuando el Congreso de Intendentes -que contó con la presencia del propio Intendente interino de Montevideo- nos reclama la derogación de una disposición de la Ley de 1935 para poder darle a particulares la cobranza de los impuestos, no veo que el señor Ressolli ni el Partido que él integra esté apelando a la vieja organización de los publicanos romanos, que compraban el cargo adelantando la plata al Estado. Simplemente, creo que estamos tercerizando funciones y que la Intendencia Municipal de Montevideo, como también las del interior, entienden que para ese tipo de cosas es importante y conveniente utilizar mecanismos de acción empresarial privada, como lo está realizando la Comuna montevideana en muchas actividades. En algunos casos pensamos que hay que dejar esa actividad en manos de particulares, porque el Estado no está capacitado adecuadamente para llevar adelante lo que en su momento se llamó fines secundarios, que fueron cosas necesarias «in illo tempore», y que, de pronto, volverán a ser necesarias mañana, porque en este sentido pensamos que no podemos ni debemos ser dogmáticos, sino que tenemos que ser realistas y prácticos.

La presión del gastos públicos sobre el Producto Bruto Interno es tan grande que el equipo económico no se atrevió ni siquiera a solicitar al Parlamento un aumento de la tributación, porque todo el mundo siente que el país no puede aumentar más los impuestos; por el contrario, tenemos que procurar -a través de mecanismos inteligentes- mejorar la gestión del Estado en todos sus aspectos y términos, para que la relación de la presión del Estado sobre la sociedad, en función del aumento del Producto, dé a los particulares una carga menos pesada que la que sobrellevan cada día que salen de su casa para trabajar, sintiendo que el Estado coloca sobre sus hombros un peso que antes fue una ayuda para constituir el esqueleto de la sociedad, pero que hoy es una carga.

¿Quién mejor que nosotros puede tener derecho a hablar de esta relación del Estado con la sociedad, habida cuenta de la trayectoria de nuestro Partido en esta materia? ¿Podemos pensar para mañana lo mismo que pensábamos para anteayer? Las ideas de 1912, 1913, 1915, 1920, 1931, y los procesos de las sociedades cerradas y de los nacionalismos y proteccionismos que tanto daño hicieron, ¿puede estar hoy vigentes como hilos conductores de nuestra conducta? Ese mecanismo que se pretende llevar adelante por otras fuerzas políticas, ¿tiene, hoy por hoy, un resultado exitoso en algún país de este Planeta? Por el contrario, ¿no hemos asistido a una orientación radicalmente contraria y opuesta en todos los puntos del Planeta, a que el Estado siga siendo, con el gasto, el gestor del empleo y de toda cuanta cosa hay? Lo que estamos tratando de hacer con este primer paso -que es el fruto del esfuerzo de la coalición, cuyos integrantes han trabajado y considerado estos temas- es iniciar o, mejor dicho, continuar un largo camino. Esta tarea no sólo nos llevará muchos años de continuidad en el esfuerzo, sino que también implicará tener muchas flexibilidad, porque los cambios que hoy se producen en el mundo tienen una velocidad que antes no se conocía.

La mutación permanente de las circunstancias no lleva a advertir que lo peor que le puede pasar a un país es estancarse con rigidez en un tiempo dado. En buena medida, el hecho de haber vivido tan bien, de haber aprovechado la relación beneficiosa que había entre población, Producto, precio y situación general, está subyacente en el razonamiento de cada uruguayo cuando se le plantea cualquier reforma. De esta manera, piensa en el tiempo de su padre y de su abuelo y no en el de sus hijos o sus nietos.

Además de todas estas razones, a través de la proposición que hicimos en la Cámara de Representantes y que luego repetimos con éxito en el Senado, en el sentido de prohibir el ingreso de los funcionarios públicos por diez años, queremos decir que este proceso no responde a un Presupuesto ni a una Administración, sino que es producto de diez años de trabajo continuado, en esta orientación y este sentido. Si queremos tener un país que pueda competir, debemos contar con un Estado muy chico, con funcionarios profesionales de alta capacidad técnica, y utilizando los medios electrónicos disponibles; tenemos que mandar a hacer y no dejar que el mercado se comporte como si fuera el ejemplo darwiniano que se mencionó; tampoco podemos ponernos a dirigir todo, porque el Estado no está en condiciones de hacerlo ni lo sabe realizar; debemos tener un instrumento pequeño pero fuerte, porque ello nos va a permitir pagar mejor a los funcionarios y cumplir con los fines esenciales, que no está llevando a cabo el Estado. Digo esto porque el Estado no da educación buena y suficiente, no brinda plena seguridad y no otorga salud en la medida que tiene que darla a todos los sectores. Estos problemas, señor Presidente, no se resuelven de un día para otro. Como bien dijo el señor Senador Astori, hay que tomar un rumbo global, refiriéndose a las palabras acertadas del señor Senador Gandini.

Compartimos la exposición que efectuó el Miembro Informante de nuestro Partido y sentimos que la orientación global es la correcta en el país y que dará beneficio a la sociedad. Al mismo tiempo, pensamos que en el mundo y en la región en la que estamos, nadie ha encontrado alternativas. Las ideologías que han dejado de existir todavía no han encontrado una alternativa.

Por lo tanto, pensamos que el camino fundamental de estos cinco años consiste, simplemente, en poner los primeros hijos para una transformación de esta sociedad en el sentido en el cual vamos. Si hacemos esfuerzos en este orden, creemos que no estamos lejos de bajar la inflación a un dígito ni de abrir la sociedad para que sea ésta la que dé ocupación. La ocupación no la brindará el Estado aumentando el gastos, porque de ese modo no tendría solidez, sustancia, ni se sostendría y a nadie le vendría bien. La ocupación va a seguir el mismos proceso que tuvo en Chile, donde después de un alto grado de desocupación, en la actualidad, con la política que iniciara el señor Buchi y que continuaran los Gobiernos del Presidente Alwyn primero y del Presidente Frei, después, llega a algo más del 5%. Por otra parte, en Argentina ya está disminuyendo la desocupación y la inflexión negativa también ha sido superada. Ese es el camino por el cual el Uruguay podrá comenzar a resolver sus problemas.

Discrepo con el señor Senador Astori con respecto a la política tributaria en materia agropecuaria y lo debo decir porque intervine -así lo creo- en forma importante en ese tema. Creo que no estamos lejos en años de una política como la que se ha diseñado sino que, por el contrario, estamos en el momento justo para hacerlo. Si hay algo que es cierto es que el escenario de los próximos años para el Uruguay en materia de producción primaria es abierto. El hecho de que el trigo valga mucho no se debe únicamente a la sequía, sino a que realmente han comenzado a operar las modificaciones estatutarias, de protección y de subsidio en la Unión Económica Europea y también en los Estados Unidos. Sin ninguna duda, la apertura de los mercados ha generado una inversión explosiva en la producción primaria del Uruguay.

No tengo miedo a la supuesta concentración de la tierra, de esas 14:000.000 de hectáreas de basalto y cristalino. En la actualidad, la concentración de la tierra -si es que ese es el problema- se está dando a través de los arrendamientos y de los pastoreos. La disminución y la eliminación del impuesto a la tierra tiene como objetivo fundamental dejar ese recurso libre a los Intendentes, que permanentemente decimos que no tienen recursos. Además, sobre un mismo bien hay una doble imposición, ya que pagan la Contribución Inmobiliaria rural y, además, deben tributarle al Estado. Por lo tanto, este sistema no castiga a nadie: ni al chico, ni al mediano, ni al grande, porque no interviene digitando hacia donde cada uno debe producir: en su medio. Si el hombre está en el basalto con la siembra cero va a ver si puede introducir pradera en su basalto superficial, a los efectos de aumentar la dotación de ganado para poder tener más terneros. Entonces, si tiene más terneros pagará más impuestos. Si es un intensivista, a través del IRA podrá deducir todo con crédito fiscal. Sin embargo, ahora lo hemos cambiado, y no es cada dieciocho meses, sino cada cuatro. Por lo tanto, a mucha gente no le interesaba estar bajo el régimen del IRA porque, al cabo de dieciocho meses lo que le devolvían por crédito era mucho menos que lo que se devaluaba por inflación. Por otra parte, el hecho de que un intensivista deba tener un Contador no es una mala cosa; por el contrario, es bueno. Además, en la actualidad, los Contadores -miro al señor Senador Laffitte y a otros más- no son mala gente, ya que ayudan a ordenar y, muchas veces como lo han hecho los grupos CREA, a que los propios productores sepan cómo debe organizarse una producción, a los efectos de conocer si lo que están haciendo es bueno o malo, les conviene a sus intereses o es contrario a ellos. Esto, además, libera al productor de la peregrinación permanente de oficina en oficina y de los adelantos que le caen fijados por la necesidad del Ministerio de Economía y Finanzas en una fecha diferente a la de la zafra de lana, de carne o de su cosecha de trigo o de arroz. Además, lo libera del certificado del Banco de Previsión Social, para lo cual también hay que hacer una peregrinación, porque ahora alcanza con presentar el último recibo trimestral y dicho organismos debe ocuparse si existe una deuda anterior. Sin ninguna duda, se libera al productor de una cantidad de trabas que en este país, sin querer, le hemos generado a través de distintos mecanismos tributarios. Ello ha sucedido porque legislamos desde aquí, sin darnos cuenta que quienes tienen hacer cálculos, pagar e ir en peregrinaciones permanentes a todas las oficinas, es un señor que no está aquí, que no llega a esta Barra y al que nosotros no tenemos ninguna capacidad de convocarlo para que nos aplauda cuando le quitamos estos impuestos.

Por todo esto, señor Presidente, creo que esta es una buena tributación agropecuaria, que le hará bien al agro, que le mejorará su capacidad productiva y le dará fe y confianza al productor para seguir produciendo.

Por otra parte, confieso que en materia de inversiones no tuvimos éxito. Unicamente hubo dos votos en ese sentido: el del señor Senador Heber y el de quien habla. Hubiera querido cambiar inversiones y pienso que podríamos haber postergado otras. No quería votar esos recursos para el SODRE. Hubiera destinado más recursos para que los músicos estudiaran y pudieran tocar bien en todo el país y no solamente los sábados en Montevideo. Entonces, para que todo el Uruguay pudiera acceder a esto, podría llegar la televisión a Fraile Muerto o a Paso Pache y todo el país podría apreciar cómo toca la orquesta y cómo el ballet baila. Sin embargo, las mayorías políticas son justamente eso. En esta oportunidad hemos perdido con todos: con nuestros correligionarios, con el Partido Nacional y con el Frente Amplio. Pensábamos que era mejor destinar estos recursos a la ANEP a los efectos de que se arreglaran algunas escuelas. Al respecto, me tocó concurrir a la escuela a la que el Parlamento le puso el nombre de mi padre y adonde fueron mis hermanos a estudiar, la escuela pública de la estación "Llamas" ubicada en el kilómetro 15 del Camino Simón Martínez, que está igual que entonces, con muchos alumnos más. Personalmente, hubiera preferido que se le diera ese destino a las inversiones, porque me parece que hay un tiempo para hacer estas cosas.

El Uruguay tiene una especie de manía inveterada y vieja de hacer grandes edificios para un país pequeño. Esto podemos comprobarlo cuando llevamos a alguien a visitar el edificio de la Sucursal 19 de Junio del Banco República y luego la Casa Central o cuando vamos al Hospital de Clínicas y vemos que se asemeja mucho al Presbiterian Memorial Hospital de Nueva York. Entonces, al observar todo estos edificios enormes que el país construye para tres millones de habitantes, nos damos cuenta que este es un tiempo que ha pasado y que no podemos seguir aplicando recursos a esa clase de inversiones, no solamente no rentables, sino que crean, además, la necesidad de llenar esos edificios de funcionarios. Al respecto, ¿qué hacemos con edificios tan grandes si no empleamos muchos funcionarios?

Señor Presidente: pienso que en esta materia podríamos haber hecho algo mejor, aun cuando entiendo que en el resto de la inversiones se han logrado realizaciones muy importantes y, sin ninguna duda, muy provechosas. Esto ha sucedido, sobre todo, en lo que tiene que ver con el Plan de Obras Públicas -que he revisado- y también en el Plan de Viviendas que según me han dicho -no lo conozco- está en esa línea.

Señor Presidente: no voy a abundar más en detalles; simplemente, advierto que vamos a pedir la derogación de los dos primeros incisos del artículo 290 del Proyecto de Ley de Presupuesto.

Entendemos que el año que viene deberíamos reunirnos para plantear temas de carácter general que el Parlamento y el país deben resolver.

Creo que hacemos bien en eliminar a ASSE del Presupuesto, porque considero absolutamente imprescindible que ese tema lo analicemos en el marco de una ley de carácter general, donde participen todos los involucrados, desde el Ministerio de Defensa Nacional, el Hospital Policial, el Hospital de Clínicas, el Sindicato Médico del Uruguay y FEMI. No puede ser un impromptu. Me parece que varias áreas de la vida nacional requieren un tratamiento de esta naturaleza.

Espero que la coalición se dedique a esos temas y que contemos con la colaboración -que descuento desde ya- de los demás sectores políticos representados en este Parlamento para procurar soluciones que todos apoyemos, no como las mejores sino como las que nos acerquen en ese camino que nos permita alcanzar niveles de equidad, justicia y fraternidad.

Nada más, muchas gracias.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: antes que nada, deseo señalar que comparto las palabras pronunciadas en los primeros cuarenta segundos de la intervención del señor Senador Batlle.

Este Gobierno ha conseguido, en un año, avanzar decididamente en la destrucción de algunas de las conquistas nacionales más fuertes este país, como es la seguridad social.

Asimismo, ha llevado adelante una política de ajuste fiscal que ahora reitera en este Presupuesto brutal descargando sus efectos en la gente más pobre, más humilde, para alcanzar las metas que se propone. Es así que programa hacer modificaciones en materia tributaria siguiente esa línea, es decir, desgravar a los que tienen y gravar a aquellos que más necesitan verse liberados de esas cargas impositivas.

Naturalmente, puede haber puntos de vista distintos; cómo no los va a haber en un país en que ha gobernado -por lo menos desde la salida democrática- el Partido Colorado con el apoyo del Partido Nacional -desde 1985 a 1990- y el Partido Nacional con el apoyo del Partido Colorado, desde 1990 a 1995. Ahora, en un gobierno de coalición y que ha permitido avances tan notables, como que después de once años en el gobierno del país, la desocupación abierta es de casi es de casi un 11% y que, como decía el señor Senador Couriel, si se suma la desocupación encubierta se ubica, seguramente, en el entorno del 20%. Indudablemente, ese es el éxito más grande, más notable además de tener funcionarios públicos que ganan $ 1.400, una Universidad de la República que, a precios constantes, está recibiendo menos que en el año 1984. Sin embargo, esas interrogantes no se contestan.

Vamos a debatir capítulo por capítulo, porque no creo que éste sea un Presupuesto transparente. Recuerdo la operación realmente ímproba del señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para explicar la forma como las partidas a reaplicar permitían financiar una parte del Mensaje Complementario y cómo las que ahora tiene ANEP están constituidas, en parte, por lo que antes pagaba el Banco de Previsión Social a los maestros que cumplían veinticinco años de trabajo. A partir de ahí se hacía un cálculo que sólo el Contador Davrieux conocía. Es más; habló durante cuarenta y cinco minutos y sólo él pudo explicar de dónde salían los recursos, porque los demás no podíamos entender absolutamente nada.

Creo que en este presupuesto no se avanza en materia de normas que lleven claridad. Hasta hoy y luego de los debates que hemos tenido en las Comisiones especiales del Senado sobre la cantidad de funcionarios públicos que ingresaron en la Administración anterior, los que se fueron incentivados y los recambios que hubo, no sabemos con exactitud qué es lo que ocurre, porque la Oficina Nacional del Servicio Civil aún no se ha hecho de todos los elementos que le permitan dar un informe acabado de la situación.

En este Proyecto de Ley hay normas que tienden a desregular, esto es privatizar, transformar en Personas Públicas no Estatal que se rija por el Derecho Privado a servicios que estaban dentro de la Administración, Además, hay gastos muy bien "ordenados".

Se nos dice que proyectamos U$S 70:000.000 más de gastos, a lo que debemos decir que no recogimos ningún aspecto que no estuviera incluido en el Mensaje ya estructurado por los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República; que propusimos que con los recursos extrapresupuestales se garantizara un incremento a algunos sectores de funcionarios, así como recursos por U$S 30:000.000 -que no fueron recogidos- y el Impuesto a la Renta que si se comenzara a aplicar seguramente significaría poner en práctica un principio de equidad en este país en el que los que tienen más no pagan y los que tienen menos, sí.

A mi juicio, este Proyecto de Ley no tiene la transparencia ni difiere de los que se han venido presentando desde hace treinta años en el país, y no sólo los once correspondientes al período democrático instalado después de la dictadura. Desde mucho antes del proceso venía implementándose un proyecto de una ideología muy perimida que, aunque domina el mundo, no ha demostrado su capacidad para resolver los problemas de la gente, porque gobierna en un mundo donde hay más de mil quinientos millones de gente que vive por debajo de los niveles de pobreza, y solamente en nuestro continente esa franja de población alcanza a cuatrocientos millones.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE.- Señor Presidente: el señor Senador Gargano ha hecho múltiples alusiones al señor Senador Astori por la transparencia y a quien habla, pero quiero decir lo siguiente.

Cuando comenzó a hablar el señor Senador Korzeniak -que actúa de bedel- y nos reprocha que no estamos en Sala...

SEÑOR KORZENIAK.- Así es.

SEÑOR BATLLE.- ... aunque nosotros no le reprochamos cuando él se ausenta.

SEÑOR KORZENIAK.- Pocas veces.

SEÑOR BATLLE.- ... pero las veces que se va, se va manifestó que ellos no iban a conceder interrupciones, y por cierto que escuché una cantidad importante de alusiones, y duras, de parte de todos los señores Senadores del Frente Amplio que hicieron uso de la palabra, todos ellos para expresar sus discrepancias con nuestra postura. Me pareció que él tenía razón; entonces, si quería que no lo interrumpiéramos, no lo hicimos.

Simplemente, expresé lo que pensaba y la única diferencia que tengo con el señor Senador Gargano es que se equivocó cuando hizo referencia a lo de ideología perimida, porque son las de él.

Nada más, muchas gracias.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Señor Presidente: simplemente, deseo expresar que los planteamientos que realiza el señor Senador Batlle habría que volantearlos y entregárselos a los desocupados de este país.

Es posible que se achique el Estado, pero este Proyecto de Ley de Presupuesto no tiene puestos de ocupación para ofrecer, y la gente que uno trata no encuentra dónde trabajar.

Reitero, las palabras pronunciadas por el señor Senador Batlle se deberían volantear y entregar a los funcionarios que, incluso van a quedar desocupados.

En cuanto a lo de los aplausos, quiero recordar al señor Senador que la gente a la que ha favorecido con la práctica de la política tributaria no se digna venir a este Recinto; aplaude en privado.

Muchas gracias.

SEÑOR BATLLE.- Me parece bien que me volanteen.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el Proyecto de Ley.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

SEÑOR POZZOLO.- Pida la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO.- Cuando en la tarde de hoy, antes de reanudar la sesión, concurrimos a la reunión convocada por el señor Presidente a los efectos de organizar el trabajo con los Coordinadores, quedó pendiente la tarea a realizar a partir de este momento. Precisamente, teniendo en cuenta que tenemos que pasar a la discusión particular, debo expresar que aún falta resolver unos cuantos puntos que tienen que ver con dicha instancia.

Por lo expuesto, solicito que el Senado pase a un cuarto intermedio por 30 minutos, a los efectos de propiciar un nuevo encuentro con los Coordinadores.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por 30 minutos.

(Así se hace. Es la hora 20 y 56 minutos)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 22 y 8 minutos)

La Mesa desea señalar que la reunión de Coordinadores tenía por objeto programar y preparar el trabajo relativo a la consideración particular del proyecto de ley a estudio del Senado. Así, se acordó un régimen que implicará seguir nuestra labor hasta la medianoche, continuando mañana a partir de las 9 y 30 horas hasta las 12 y 30, momento en el que se pasará a cuarto intermedio hasta las 14 y 30 para proseguir hasta la hora 22, intentando culminar el análisis del Presupuesto de modo que el Cuerpo pueda abordar, desde ese instante hasta la hora 24, el examen y la posterior votación de los aditivos.

Por otro lado, en la medida en que se ha hecho llegar a todos los sectores la lista de artículos desglosados -es decir, de aquellas disposiciones que requerirán una votación especial- la unanimidad de los coordinadores ha entendido conveniente que en una única votación se comprenda a todas las normas que no presentan problemas, para posteriormente considerar por Sección cada uno de los desglosados. Repito que la unanimidad de coordinadores ha entendido que ese es el sistema que mejor nos ha de permitir el tratamiento del proyecto a estudio.

Asimismo, queremos informar que por Secretaría se va a leer la lista de los artículos desglosados con suficiente lentitud como para que cada uno de los señores Senadores pueda anotar aquellas disposiciones que merecerían una votación separada.

También los señores Senadores han recibido un repartido respecto a lo que puede llamarse Fe de Erratas; esto es, decisiones de la Comisión que, por un error de compaginación no fueron tenidas en cuenta en la versión final del repartido.

Si no hubiera objeciones, procederíamos de este modo, pasando a leer, en primer término, la lista de artículos que ameritará una votación independiente. En consecuencia, la Mesa solicita a los señores Senadores la máxima atención por cuanto, sin perjuicio de que en caso de omitirse alguna disposición en su momento se podrá plantear la votación separada, sería deseable que desde ya tuviésemos claro el proceso de votación del Presupuesto que, sin duda -y más allá de que trataremos de llevarlo adelante con la mayor tranquilidad- será bastante engorroso.

Léase por Secretaría la lista de los artículos desglosados. Sección por Sección.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio). - SECCION I, Disposiciones Generales: artículos 1º, 2º y 4º.

SECCION II. Funcionarios.

Capítulo I, Régimen de Reinserción Laboral y Empresarial: artículos 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

Capítulo II, Mejora de los Sistemas de Personal, artículos 23 a 34.

Capítulo III, Retribuciones y Complementos, artículo 36.

SECCION III. Ordenamiento Financiero

Capítulo I. Normas Generales: artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 57.

Capítulo III. Ordenamiento de Recursos, artículo 73.

Capítulo IV. Inversiones, artículos: 76, 77 y 78.

SECCION IV. Incisos de la Administración Central.

Inciso 02. - Presidencia de la República: artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85, 93, 95 y 96.

Inciso 03: Ministerio de Defensa Nacional, artículos: 101, 104, 105, 107, 108, 111, 116, 118, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132 y 134.

Inciso 04: Ministerio del Interior, artículos: 146, 148 y 152.

Incisos 05: Ministerio de Economía y Finanzas, artículos: 157, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 176, 177, 182, 183, 184, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 217 y 219.

Inciso 06: Ministerio de Relaciones Exteriores, artículos 236, 238 y 239.

Inciso 07: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, artículos: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 273, 278, 285, 286, 288, 289 y 290.

Inciso 08: Ministerio de Industria, Energía y Minería, ningún artículo desglosado.

Inciso 09. - Ministerio de Turismo, ningún artículo desglosado.

Inciso 10. - Ministerio de Transporte y Obras Públicas, artículos: 312, 316, 321, 322, 323, 326, 330, 331, 332 y 333.

SECCION VI. Incisos de la Administración Central.

Inciso 11. - Ministerio de Educación y Cultura, artículos: 342, 343, 347, 350, 351, 357, 359, 366, 370, 375, 377, 378, 379 y 387.

Inciso 12. - Ministerio de Salud Pública, artículos: 389, 390, 393, 394, 395, 397, 400, 401, 402, 403, 404 y 407.

Inciso 13. - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, artículos: 411, 419, 421, 427, 431, 432 y 435.

Inciso 14. - Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, artículos 445, 452, 455 y 460.

SECCION V. - Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República.

Inciso 16. - Poder Judicial.

Capítulo I, "Retribuciones Personales y Complementarias", artículos: 462, 463, 464, 465, 466, 469 y 470.

Capítulo II, "Gastos", no hay ningún artículo.

Capítulo III, "Transformaciones, Creaciones y Supresiones", artículo 482.

Capítulo IV, "Normas de Ejecución Presupuestal", artículo 494.

Capítulo V, "Otras Normas", no hay ningún artículo.

Inciso 17. - Tribunal de Cuentas, artículos 506, 507, 513, 514, 515, 524 y 525.

Inciso 18. - Corte Electoral, artículos 528, 531, 532, 533 y 539.

Inciso 19. - Tribunal de lo Contencioso Administrativo, artículos 545 y 562.

Inciso 25. - Administración Nacional de Educación Pública, artículos 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 574, 575 y 581.

Inciso 26. - Universidad de la República, artículos 582 y 593.

Inciso 27. - Instituto Nacional del Menor, artículos 595, 603, 604, 612 y 613.

SECCION VI. - "Otros Incisos".

Inciso 21. - "Subsidios y Subvenciones", artículos 615, 616, 617 y 618.

Inciso 24. - "Diversos Créditos", artículos 625, 627, 629 y 631.

SECCION VII. "Recursos"

Título 4. - "Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio", artículos 641, 642 y 645.

Título 7. - "Impuestos a las Actividades Agropecuarias", artículo 646.

Título 8. - "Impuesto a las Rentas Agropecuarias", artículos 647, 648, 649, 650 y 651.

Título 9. - "Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios", artículo 652.

Título 10. - "Impuesto al Valor Agregado", artículos 657 y 658.

Título 11. - "Impuesto Específico Interno", no hay ningún artículo desglosado.

Título 14. - "Impuesto al Patrimonio", artículos 661, 663, 668, 673, 674, 675, 676 y 677.

Título 15. - "Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias", artículo 678.

Título 16. - "Impuesto a la Constitución y Aumentos de Capital de Sociedades Anónimas", artículo 679.

"Exoneraciones de Interés General", no hay ningún artículo desglosado.

"Normas Formales", no hay ningún artículo desglosado.

"Aportes al Banco de Previsión Social", artículo 682.

"Impuesto de Enseñanza Primaria", artículo 683.

SECCION VIII. "Normas de Desregulación y Reforma Administrativa".

Capítulo I. - "Normas Generales", artículos 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703 y 704.

Capítulo II. - "Reformulación de estructuras organizativas de los Incisos", artículos 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726 y 727.

Capítulo III. - "Inmuebles Fiscales", artículos 728, 729, 730, 731 y 732.

SECCION IX. "Disposiciones Varias", artículos 734, 735, 737, 739, 741, 742, 743, 745, 746, 747 y 748.

"Gobiernos Departamentales", artículos 749, 750, 751, 752, 754, 757, 758, 759, 764 y 765.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Correspondería agregar el artículo 322.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ya fue incluido, señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Quisiera saber cuántos son los artículos desglosados.

SEÑOR PRESIDENTE. - Son 308, señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Esto significa que la consideración y votación de cada artículo insumiría dos minutos.

SEÑOR PRESIDENTE. - En total, serían setecientos minutos, es decir, diez horas de sesión.

SEÑOR BATLLE. - Hice esta consulta a efectos de calcular el tiempo que podríamos demorar. Me parece que nos vamos a tener que encomendar a Mandigna, porque a dos minutos por cada artículo, va a ser bastante difícil que podamos concluir en tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Algunos podemos encomendarnos a Dios, y otros al destino.

SEÑOR GUTIERREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GUTIERREZ. - Me permito seguir a la Mesa que haga un repartido de los artículos que acaban de leerse, a fin de que si algún Senador se ha equivocado al tomar nota, pueda corroborarlo posteriormente.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo, señor Senador. Se van a hacer copias del borrador que tiene Secretaría y, posteriormente, se distribuirá.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Pido disculpas si invado, de alguna manera, el acuerdo realizado entre los Coordinadores, pero me parece que hay un paso previo. Este consiste en dar estado parlamentario -tal como se hacía en Comisión- a lo que es la fe de erratas. Creo que el señor Presidente habló de votar el resto de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Había indicado eso, pero en el entendido de que, en primer lugar, se iba a votar la fe de erratas.

SEÑOR ASTORI. - Además, deseo indicar que hay dos artículos que, en realidad, no se incluyeron en la fe de erratas. Creo que es necesario subsanar estos errores.

Concretamente, había dos artículos que fueron omitidos en el repartido y que ahora se incorporan en la fe de erratas. Pero, además, hay otros dos que han sido omitidos, inclusive, de la fe de erratas y que tendríamos que incluir en este momento mediante una votación. Aclaro que estas disposiciones fueron votadas en la Comisión y deberían figurar en el repartido.

La primera de ellas refiere a una partida para el PEDECIBA, correspondiente al Inciso Ministerio de Educación y Cultura, y la otra, de $ 6:000.000, está destinada al personal del INAME. Uno de estos artículos en Comisión llevaba el número 332/15 y fue aprobado por 10 en 10. En él se expresa: "Destínase al Rubro 7 de la Unidad Ejecutora 012 del Programa 004 del "Ministerio de Educación y Cultura, para ser transferido al Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas:

a) la suma equivalente a U$S 63.000 (dólares de los Estados Unidos de América sesenta y tres mil) por concepto de actualización del presupuesto aprobado por el artículo 303 de la Ley Nº 16.320, modificado pro el artículo 71 de la Ley Nº 16.462."

Creo que habría que eliminar la referencia al literal a) y dejar solamente a partir de donde se dice "la suma equivalente", etcétera, porque es lo único que se destina al PEDECIBA. Sugiero poner este artículo al final del Inciso correspondiente al Ministerio de Educación y Cultura.

La otra disposición se refiere a una partida votada para el personal del INAME, que fue aprobada en Comisión por 9 en 9, y que llevaba el número 471/15. Este artículo dice: "Asígnase al Instituto Nacional del Menor $ 6:000.000 (pesos uruguayos seis millones) para complemento de retribuciones de sus funcionarios". Sugiero que esta norma se incluya, provisoriamente, con el número 614/1. Allí terminaría lo relativo al INAME y luego comenzaría la parte de subsidios y subvenciones.

En consecuencia, propongo votar esta fe de erratas con estas dos aclaraciones.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - En el mismo sentido que señalaba el señor Senador Astori, solicité el desglose -y fue leído- del artículo 745.

Deseo advertir que en Comisión se eliminó la última frase del inciso segundo de este artículo, después de donde dice "Directorio". Aclaro que esto se hizo siguiendo un consejo de la Comisión Especial de Artículos Desglosados. Concretamente, en el inciso segundo se expresa: "Serán de cargo del Estado las retribuciones personales y aportes de seguridad social de los funcionarios de Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea que el Poder Ejecutivo considerare necesario continúen prestando funciones a la orden del Directorio".

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda aprobó este texto, pero no se dejó de lado una frase que la Comisión Especial de Artículos Desglosados ya había eliminado, y que dice: "actuando en carácter de Comisión Liquidadora". Esta supresión no quedó registrada.

En consecuencia, sugiero que con esta redacción quede incorporado a la fe de erratas y lleve el número 745.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Estoy de acuerdo en ahorrar este paso; de esta manera, se pasaría a votar ya el artículo 745. Asimismo, a los efectos de completar la información de la corrección de errores, deseo aclarar que en Comisión esta disposición llevaba el número 609.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Durante el cuarto intermedio realicé una consulta y se me respondió que la información que requería se iba a buscar en la versión taquigráfica correspondiente.

Me refiero a una disposición que se ha desglosado pero que, a mi juicio, corresponde incorporar en la fe de erratas. En el artículo 394 del Inciso correspondiente al Ministerio de Salud Pública, figura una errata de $ 20:000.000. Es dable señalar que, en Comisión, los representantes del Ministerio aclararon que existía esta diferencia. Así consta en la versión taquigráfica correspondiente. Sin embargo, el artículo 394 aparece con la cifra que se había votado en la Cámara de Representantes.

Cabe destacar que en dos ocasiones se nos aseguró que existía este error. Hoy al mediodía señalé esto y efectué las consultas pertinentes, luego de lo cual se me indicó que se iba a confrontar con la versión taquigráfica, a fin de corregir esta cifra. Sin embargo, esto no figura en la fe de erratas y creo que es un error que se debe subsanar.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa aclara que el artículo 394 no figura en la fe de erratas. Lo lógico es que los integrantes de la Comisión aclaren el punto, en la medida en que este tema pueda haber sido incluido en esa Sección. Este artículo está desglosado junto con los que se votarán separadamente.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - De una revisión que he realizado a última hora, me surgen algunas diferencias de texto, con respecto a cuatro artículos que solicitaría que se me especificara si figuran en la fe de erratas. Se trata de los artículos 176, 642, 668 y 754.

SEÑOR PRESIDENTE. - Esos cuatro artículos han sido desglosados, señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Creo que si advertimos que un artículo que se propone incluir en la fe de erratas ha sido desglosado, no conviene que continuemos prolongando la sesión en ese sentido, ya que en el momento en que se lo considere, se lo analizará con más tranquilidad. Propongo, entonces, que pasemos a votar los artículos que no han sido desglosados, para luego incorporar, en una votación cuasi formal la fe de erratas a efectos de darle estado parlamentario.

SEÑOR CID. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID. - Quisiera solicitar que se incluya entre los artículos desglosados al 396.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor Senador.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Solicito que se agreguen a los artículos desglosados los siguientes: 570, 571, 572 y 573.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señora Senadora.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la fe de erratas de acuerdo a lo establecido en el Repartido que todos los señores Senadores tienen sobre su mesa, al que se agregan, como numeral provisorio, los artículos 332/15, 609 y 614/1.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - El artículo 332/15 -que inclusive está incorporado en el comparativo- debe figurar con una nueva numeración al final del Inciso "Educación y Cultura". Con respecto al artículo 471/15, que otorga la partida para el personal de la Corte Electoral, sugiero que lleve el número 614/1, que es el último del Instituto Nacional del Menor.

SEÑOR PRESIDENTE. - Con respecto a este último artículo habíamos llegado a un acuerdo.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Para disipar posibles dudas, quisiera aclarar que la votación de ese librillo que tiene como título "Fe de Erratas", no significa que el Senador esté aprobando los artículos que él incluye, sino que, simplemente, se limita a darle estado parlamentario formal. Posteriormente, se verá si se aprueban o no.

SEÑOR PRESIDENTE. - Es exactamente como usted señala, señor Senador y la Mesa ya lo había expresado indicando que dicha votación no implicaba un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino que, simplemente, se regularizaba la decisión de la Comisión a este respecto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la Fe de Erratas.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léanse los artículos que no han sido desglosados para su votación individual.

(Se leen:)

"SECCION I

Disposiciones Generales

ARTICULO 3º. - La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 1996, excepto en aquellas disposiciones para las cuales, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

ARTICULO 5º. - El Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Contaduría General de la Nación, podrá efectuar las correcciones de los errores u omisiones numéricas o formales que se comprueben en el Presupuesto Nacional, dando cuenta a la Asamblea General.

En caso de que se comprobaren diferencias entre las planillas de cargos y partidas y las establecidas en los artículos aprobados por la presente ley, se aplicarán estos últimos.

ARTICULO 6º. - En todos los Incisos del Presupuesto Nacional, en los casos en que haya más de una Unidad Ejecutora en cumplimiento de un mismo programa, dentro de los ciento ochenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, la Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales por Unidad Ejecutora dentro de cada Programa.

SECCION II

Funcionarios

CAPITULO III

Retribuciones y Complementos

ARTICULO 35. - Fíjase en $ 11.059,70 (pesos once mil cincuenta y nueve con 70/100) a valores del 1º de enero de 1995, la retribución básica de los siguientes cargos: Ministro de Estado; Secretario de la Presidencia de la República; Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Ministro del Tribunal de Cuentas; Ministro de la Corte Electoral; Presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; Rector de la Universidad de la República; Presidente, Vicepresidente y Director del Banco de Previsión Social; Ministro de la Suprema Corte de Justicia; Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación; Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo.

Fíjase en $ 9.617,13 (pesos nueve mil seiscientos diecisiete con 13/100) a valores del 1º de enero de 1995, la retribución básica de los siguientes cargos: Subsecretario de Estado; Consejero Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y Presidente del Instituto Nacional del Menor.

Las retribuciones establecidas por los cargos referidos en los incisos precedentes, no incluyen la retribución complementaria por dedicación permanente dispuesta por el artículo 16 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

ARTICULO 37. - En todos los concursos u otras formas de selección que se utilicen a los efectos del ingreso, ascenso, cambios de escalafón o provisión de funciones contratadas, dentro de la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales y demás organismos del Estado, se considerará mérito prioritario y relevante el haber aprobado el Curso de Formación de Altos Ejecutivos en Administración Pública creado por el Decreto Nº 370/986, de 16 de julio de 1986.

SECCION III

Ordenamiento Financiero

CAPITULO I

Normas Generales

ARTICULO 38. - La Contaduría General de la Nación será el órgano responsable del sistema presupuestario nacional en sus aspectos técnicos y operativos y, como tal, tendrá los siguientes cometidos:

A) preparar el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y sus modificaciones;

B) establecer el calendario y procedimientos del proceso de formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y de los proyectos de ley de Rendiciones de Cuentas;

C) analizar, conjuntamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los proyectos de presupuesto de los órganos y organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República y proponer los ajustes que considere necesarios;

D) dictar normas técnicas para la formulación, modificación, seguimiento y ejecución del Presupuesto Nacional;

E) formular la programación de la ejecución del Presupuesto Nacional elaborada por los Incisos que lo componen, los que serán responsables por el cumplimiento de esta obligación y de la exactitud de la información proporcionada;

F) asesorar en materia presupuestaria a todos los organismos del sector público y difundir los principios del sistema presupuestario.

ARTICULO 39. - La Contaduría General de la Nación ordenará la numeración de los diferentes códigos ya existentes y realizará la apertura de los que sean necesarios para la implementación de la presente ley.

Las clasificaciones presupuestarias deberán posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos.

ARTICULO 40. - La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tendrá los siguientes cometidos en materia presupuestal:

A) asesorar al Poder Ejecutivo en la formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, proponiendo los lineamientos para su elaboración;

B) colaborar con la Contaduría General de la Nación en la preparación del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional;

C) efectuar la evaluación técnica previa, concomitante y posterior a su ejecución, de los programas y proyectos comprendidos en el Presupuesto Nacional, informando sobre la eficacia, eficiencia e impacto de éstos;

D) asesorar a la Contaduría General de la Nación así como a las demás entidades públicas, en la formulación de metas e indicadores de desempeño para llevar a cabo la evaluación presupuestal;

E) evaluar la ejecución financiera del Presupuesto Nacional, analizando los costos y los rendimientos de los programas y proyectos en cuanto a su eficiencia;

F) evaluar semestralmente el grado de cumplimiento de los objetivos y metas programados en base a los indicadores de desempeño, y elaborar los estados demostrativos correspondientes para su incorporación en los proyectos de ley de Rendición de Cuentas.

ARTICULO 41. - Los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional deberán suministrar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto información sobre los resultados físicos y financieros, de acuerdo con la metodología y periodicidad que ésta determine.

ARTICULO 42. - Los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional deberán contar con sistemas de control de gestión a nivel de sus Unidades Ejecutoras, adecuados según las normas técnicas que imparta la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Dichos sistemas deberán proveer, sobre una base periódica, de indicadores de eficacia, y calidad para los programas presupuestarios en ejecución.

ARTICULO 56. - Los ingresos, con excepción de las donaciones y legados, y todos los gastos de cada Inciso integrarán el sistema presupuestario y como tales deberán reflejarse en las Leyes de Presupuesto Nacional y de Rendición de Cuentas.

Dichos ingresos y gastos deberán figurar por separado y con sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. En relación a las donaciones y legados recibidos, se deberá rendir cuentas en cada ejercicio financiero.

El monto de los gastos no podrá exceder el total de recursos previstos para su financiamiento (tributarios, crediticios y provenientes de precios públicos), el que deberá estar claramente identificado en las Leyes de Presupuesto Nacional y de Rendición de Cuentas.

ARTICULO 58. - Sustitúyese el artículo 29 del Decreto-Ley Nº 14.754, de 5 de enero de 1978, en la redacción dada por el artículo 52 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

‘ARTICULO 29. - El Poder Ejecutivo podrá disponer del 12% (doce por ciento) del total de los rubros de gastos incluidos en el Presupuesto Nacional, rubros 2 a 7 y 9, excluidos beneficios sociales, para reforzar los créditos asignados para gastos de funcionamiento. Asimismo, podrá usarse para la habilitación de créditos en rubros que no estén previstos.

En ningún caso podrán destinarse estas partidas al pago de retribuciones personales.

Los refuerzos y habilitaciones que se autorizan por esta disposición, se efectuarán siempre con acuerdo del Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe de la Contaduría General de la Nación’.

SECCION III

Ordenamiento Financiero

CAPITULO II

Administración Financiera de la Administración Central

ARTICULO 59. - La administración financiera de la Administración Central comprende el conjunto de normas y procesos administrativos que permiten la obtención de recursos públicos, su aplicación a los logros de los objetivos de la misma, a través de los organismos constitucionalmente competentes y, en general, todos los hechos, actos u operaciones de los que se deriven transformaciones o variaciones de la Hacienda Pública.

ARTICULO 60. - La administración financiera de la Administración Central está integrada por los siguientes sistemas: presupuestario, de tesorería, de crédito público, de contabilidad y de control interno.

Los sistemas presupuestario y de tesorería de la Administración Central se regirán por las disposiciones especiales establecidas en los artículos siguientes, sin perjuicio de las normas generales previstas en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).

Los sistemas de crédito público, contabilidad y control interno de la Administración Central se regirán por las normas generales contenidas en el citado Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).

El Ministerio de Economía y Finanzas será el órgano responsable de la coordinación de los sistemas que integran la administración financiera de la Administración Central, debiendo conducir y supervisar la implantación y mantenimiento de los mismos.

ARTICULO 61. - En cada Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas se presentará información complementaria, en forma discriminada, de los ingresos y gastos efectivos que resulten de la aplicación de leyes sancionadas durante el ejercicio financiero sobre el cual se rinde cuentas.

ARTICULO 62. - El sistema de tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, técnicas, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y en los pagos que configuran el flujo de fondos del Presupuesto Nacional, así como en la custodia de las disponibilidades que se generen.

ARTICULO 63. - La Tesorería General de la Nación será la oficina responsable del sistema de tesorería y, como tal, tendrá los siguientes cometidos:

A) coordinar el funcionamiento de todas las tesorerías de las unidades ejecutoras de la Administración Central;

B) centralizar la recaudación de los recursos del Presupuesto Nacional y distribuirlos en las tesorerías que correspondan para que éstas efectúen el pago de las obligaciones generadas de acuerdo a las autorizaciones legales;

C) llevar el control de las disponibilidades y flujos de fondos, adecuando los desembolsos de caja a las disponibilidades de fondos existentes;

D) formular para su aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el programa de Caja Anual en base mensual a cuyos efectos los Incisos integrantes del Presupuesto Nacional elaborarán sus respectivos presupuestos de fondo y serán responsables por la información proporcionada;

E) administrar el sistema de la caja central del Gobierno Nacional para el movimiento de fondos y el cumplimiento de las órdenes de pago que reciba;

F) dictar normas técnicas y de procedimiento relacionadas con la administración de fondos por parte de las unidades ejecutoras comprendidas en el sistema;

G) custodiar los fondos, títulos o valores de propiedad de la Administración Central o de terceros que se pongan a su cargo;

H) asesorar al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas en la materia de su competencia.

ARTICULO 64. - Los movimientos de fondos que correspondan a los ingresos y pagos de los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional serán efectuados por las Tesorerías de los servicios administrativos o servicios que hagan las veces de ellas en las dependencias de los Incisos.

Corresponderá a dichas Tesorerías centralizar la recaudación de las distintas cajas de su jurisdicción, recibir las cuotas mensuales de caja que les transfiera la Tesorería General de la Nación, efectuar los pagos que autoricen los ordenadores de gastos y transferir al Tesoro Nacional las existencias de caja que se dispongan por medio de las instrucciones y reglamentos vigentes.

ARTICULO 65. - Los fondos que recauden los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional se depositarán en cuentas del sistema bancario estatal a la orden conjunta del jefe del servicio administrativo contable y del tesorero o funcionario que haga sus veces, salvo autorización fundada del Poder Ejecutivo para abrir cuentas en instituciones de intermediación financiera no estatales, dando cuenta, en todos los casos, a la Asamblea General.

Los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional informarán mensualmente a la Tesorería General de la Nación de sus existencias de caja y del estado de las cuentas bancarias en que tengan depositados sus fondos.

Las instituciones financieras estatales comunicarán mensualmente a la Tesorería General de la nación los saldos de todas las cuentas que por cualquier concepto, tengan radicadas en ellas los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional.

Las instituciones financieras no podrán debitar las cuentas del Tesoro nacional sin la autorización previa de la Tesorería General de la Nación.

ARTICULO 66. - En circunstancias excepcionales, justificadas por motivos de extrema urgencia o de especial conveniencia económica, y sujetos a la disponibilidad de crédito presupuestal, podrán efectuarse pagos con anticipación al total cumplimiento del servicio o prestación. Dichos pagos deberán ser autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe de la Contaduría General de la Nación, sin perjuicio de la plena aplicación de las responsabilidades administrativas y patrimoniales de los funcionarios y ordenadores de gastos que recomendaren dicha operación.

SECCION III

Ordenamiento Financiero

CAPITULO III

Ordenamiento de Recursos

ARTICULO 67. - Sustitúyese el artículo 43 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, por el siguiente:

‘ARTICULO 43. - Las Unidades Ejecutoras de los Incisos 02 al 14 que utilicen fondos públicos estarán sujetas al control preventivo de la Contaduría General de la Nación, sin perjuicio de las potestades de control de la Auditoría Interna de la Nación, y no podrán utilizarlos sin la aprobación de los créditos presupuestales correspondientes en las leyes del Presupuesto Nacional o de Rendición de Cuentas’.

ARTICULO 68. - Sustitúyese el artículo 45 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, en la redacción dada por el artículo 45 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

‘ARTICULO 45. - Las Unidades Ejecutoras comprendidas en el artículo 46 deberán presentar a la Contaduría General de la Nación, antes del 31 de mayo de cada año, un presupuesto de ingresos y egresos para el año siguiente, ajustado a las normas específicas que los rigen, a efectos de su inclusión en los proyectos de ley de Presupuesto Nacional o de Rendición de Cuentas, según corresponda.

Asimismo, deberán presentar antes de esa fecha las ampliaciones o incorporaciones de proyectos a financiar con los fondos indicados en el artículo 43, a efectos de su inclusión en los proyectos de ley de Presupuesto Nacional o de Rendición de Cuentas, previo informe de la Contaduría General de la Nación y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En el caso de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, las ampliaciones o incorporaciones de proyectos serán propuestas al Parlamento por el jerarca correspondiente’.

ARTICULO 69. - Derógase el artículo 89 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 47 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

ARTICULO 70. - Los compromisos contraídos por unidades ejecutoras comprendidas en el artículo 43 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, deberán contar con la intervención previa del Contador Central del Inciso respectivo, sin cuya firma carecerán de validez.

No podrán emitirse pagos con cargo a los fondos manejados por dichas unidades ejecutoras sin que conste la intervención del Contador Central en la liquidación de egresos correspondiente.

Cuando se paguen retribuciones con cargo a dichos fondos, su liquidación deberá estar acompañada por el detalle de las remuneraciones recibidas por cada funcionario. La Contaduría General de la Nación determinará la forma de presentación de dicha planilla.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo producirá de pleno derecho la transferencia de los saldos del ejercicio en el que se produce el incumplimiento, a Rentas Generales - Cuenta Tesoro Nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la importancia del incumplimiento, podrá cancelar en forma definitiva la autorización para disponer de los fondos.

ARTICULO 71. - Agrégase al artículo 47 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, por el siguiente inciso:

‘Por su parte, a partir del 1º de enero de 1996, los Contadores Centrales no intervendrán nuevas órdenes de compra y liquidaciones con cargo a los fondos referidos en el artículo 43 sin la presentación de dicho certificado’.

ARTICULO 72. - Las unidades ejecutoras comprendidas en el artículo 43 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, deberán informar a la Contaduría General de la Nación, en la forma y oportunidad que ésta determine, sobre los saldos de sus cuentas en las instituciones bancarias al 31 de diciembre del año anterior, el estado de los compromisos contraídos con cargo a los fondos referidos en dicho artículo, y las liquidaciones pendientes de pago a esa fecha.

SECCION III

Ordenamiento Financiero

CAPITULO IV

Inversiones

ARTICULO 74. - Para el primer ejercicio económico del período quinquenal de cada Gobierno, los Incisos 02 al 14 reprogramarán sus respectivos proyectos de inversión que consideren posible financiar con las asignaciones presupuestales correspondientes a los proyectos culminados en el ejercicio anterior. Dicha reprogramación será sometida, antes del 30 de abril del año respectivo, a la consideración del Poder Ejecutivo, la que deberá contar, para su aprobación, con el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

A su vez, cada Inciso incorporará la mencionada reprogramación al proyecto de Presupuesto Nacional, sin que ello signifique incremento del crédito presupuestal referido a los gastos totales de inversión del respectivo Inciso asignados para dicho ejercicio por aplicación de lo dispuesto por el artículo 228 de la Constitución de la República.

El Poder Ejecutivo dará cuenta a la Asamblea General de las reprogramaciones aprobadas.

ARTICULO 75. - Agrégase al artículo 450 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, el inciso siguiente:

‘El monto máximo de ejecución establecido para el ejercicio a que se traspone el proyecto se mantendrá incambiado’.

ARTICULO 79. - El Ministerio de Transporte y Obras Públicas asignará con cargo al Proyecto 702, "Convenios", del Programa 001, "Administración", financiación 1.4 FIMTOP, hasta un total de: $ 4:496.000 (pesos cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil) equivalente a U$S 800.000 (dólares de los Estados Unidos de América ochocientos mil) para el ejercicio 1996; $ 5:620.000 (pesos cinco millones seiscientos veinte mil), equivalente a U$S 1:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón) para el ejercicio 1997; $ 5:620.000 (pesos cinco millones seiscientos veinte mil), equivalente a U$S 1:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón) para el ejercicio 1998, y $ 6:744.000 (pesos seis millones setecientos cuarenta y cuatro mil), equivalente a U$S 1:200.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón doscientos mil) para el ejercicio 199, como contrapartida de los proyectos de inversión del Programa 005, "Promoción de la Educación Física y los Deportes" del Inciso 11, "Ministerio de Educación y Cultura".

Las obras a ser financiadas con estas partidas serán justificadas por la Comisión Nacional de Educación Física (CNEF) en función de su prioridad y de acuerdo al estudio de su impacto social.

SECCION IV

Incisos de la Administración Central

INCISO 02

Presidencia de la República

ARTICULO 86. - Suprímese en el Programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno" la Unidad Ejecutora 002, "Escribanía de Gobierno y Hacienda".

Al cesar el actual titular del cargo Escribano de Gobierno, el mismo será suprimido de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º, de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Los créditos presupuestales asignados a la misma, así como los cargos presupuestados y funciones contratadas existentes a la fecha de la aprobación de la presente Ley en la unidad ejecutora que se suprime, pasarán a la Unidad Ejecutora 001, "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes" del Programa 001, "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno".

ARTICULO 87. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 10, de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

‘En el Inciso 02, "Presidencia de la República", Programa 001, "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno" un cargo de Escribano de Gobierno y Hacienda, Escalafón A, Grado 16’.

ARTICULO 88. - Suprímense la Unidad Ejecutora "Proyecto de Infraestructura Social" el cargo de Director de Infraestructura Social, creados por los artículos 34, 35, 36 y 37 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

ARTICULO 89. - Transfiérense a la Unidad Ejecutora 004 "Oficina de Planeamiento y Presupuesto", del Programa 002, "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público", del Inciso 02, los recursos financieros, tanto los que se financien con cargo a Rentas Generales como los financiados con Endeudamiento Externo, pertenecientes al proyecto "Fortalecimiento al Area Social (FAS)" asignados, conforme al literal A) del artículo 20 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, a la Unidad Ejecutora 006 "Proyecto de Infraestructura Social", del mismo Programa.

ARTICULO 90. - Suprímese la Unidad Ejecutora 009, "Comisión Sectorial para el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)", del Programa 002, "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público".

Asígnanse los recursos financieros pertenecientes a la unidad ejecutora que se suprime, a la Unidad Ejecutora 004, "Oficina de Planeamiento y Presupuesto del mismo Programa.

ARTICULO 91. - Asígnase a la Unidad Ejecutora 004, "Oficina de Planeamiento y Presupuesto" del Programa "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público", una partida anual de $ 113.000, (pesos ciento trece mil) equivalente a U$S 20.110 (dólares de los Estados Unidos de América veinte mil ciento diez), con destino al funcionamiento de la Comisión Nacional de Informática.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicará a la Contaduría General de la Nación, la desagregación de la referida partida en rubros, subrubros, renglones y proyectos.

ARTICULO 92. - Asígnase a la Unidad Ejecutora 004, "Oficina de Planeamiento y Presupuesto" del Programa 002, "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público, una partida anual de $ 449.600, (pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos), equivalente a U$S 80.000 (dólares de los Estados Unidos de América ochenta mil) distribuida en los siguientes rubros:

Rubros Miles de $ Miles U$S
2 72.00 12.80
3 58.00 10.40
7 319.00 56.80

Esta partida sustituye a las partidas creadas por los artículos 443 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991 y 75 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

ARTICULO 94. - Autorízase al Poder Ejecutivo, a propuesta fundada de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a prescindir del sistema de reajustes y recargos aplicable a las obligaciones contraídas con el Fondo de Preinversión, establecido por el contrato de Préstamo 786/SF FONADER-UR suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo el 20 de mayo de 1986 y sus normas reglamentarias, en los casos que la aplicación de dicho sistema desvirtúe la finalidad promocional con lo que originalmente se otorgó. Concedida tal autorización, en cada caso, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá modificar los Reajustes y Recargos de manera que el monto total que cancele el deudor suponga el equivalente a una deuda contraída en dólares americanos con más la tasa de interés que resulte del Reglamento de Operaciones del Programa, incrementada en un uno por ciento.

ARTICULO 97. - Créanse, por una sola vez, una partida por el equivalente a U$S 100.000, (dólares de los Estados Unidos de América cien mil) y otra por el equivalente a U$S 750.000 (dólares de los Estados Unidos de América setecientos cincuenta mil) para atender, respectivamente, los proyectos de funcionamiento "Cambio de Base del Indice de Precios al Consumo" y "Censo Económico Nacional", que llevará a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 1996, el primero y en los años 1997 y 1998, el segundo de ellos.

El personal requerido para las tareas de apoyo a dichos proyectos será designado de acuerdo con lo establecido por el artículo 127, de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. A los funcionarios contratados a tales efectos no les serán aplicables las normas vigentes sobre acumulación de cargos o contratos de función pública.

La Contaduría General de la Nación imputará a los respectivos renglones los gastos derivados, de acuerdo con las rendiciones de cuentas que presentará la referida unidad ejecutora, con arreglo a las normas que regulan las misma.

ARTICULO 98. - Sustitúyese el artículo 125 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

‘ARTICULO 125. - El costo de los servicios especiales o de carácter extraordinario solicitados por organismos públicos y privados nacionales o internacionales, así como las prestaciones de servicios y ventas de publicaciones de organismos integrantes del Sistema Estadístico Nacional o de oficinas de estadística extranjeras, que realice el Instituto Nacional de Estadística y Censos, será reembolsado por los usuarios.

El producido será destinado a atender los costos de ejecución que demanden los trabajos, incluido el pago de horas extraordinarias al personal requerido para su realización y el repago a los organismos productores de las publicaciones y servicios, de los costos correspondientes’.

ARTICULO 99. - Cométese a la Oficina Nacional del Servicio Civil, en un plazo de ciento veinte días a partir de la vigencia de la presente Ley, la elaboración del Texto Ordenado de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de funcionarios públicos, así como su posterior actualización periódica.

ARTICULO 100. - Autorízase al Inciso 02, "Presidencia de la República", a reglamentar a propuesta del Programa 002, "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público", las retribuciones complementarias al personal que preste efectivamente las funciones en dicho Programa, con cargo al Rubro 068.307, "Retribuciones Complementarias".

SECCION IV

Incisos de la Administración Central

INCISO 03

Ministerio de Defensa Nacional

ARTICULO 102. - Créanse, en la Unidad Ejecutora 023, "Comando de la Fuerza Aérea", del Programa 004, "Fuerza Aérea Uruguaya", los siguientes cargos presupuestados: 1 Asesor X, Contador, Escalafón A, Grado 04; 1 Asesor X, Ingeniero Mecánico, Escalafón A, Grado 04, y 1 Técnico X, Perito Mecánico, Escalafón B, Grado 08.

Suprímense en el Cuerpo de Servicios Generales del mencionado Programa, tres cargos de Alférez.

ARTICULO 103. - Créanse, en la Unidad Ejecutora 040, "Dirección Nacional de Comunicaciones", los siguientes cargos:

1 Director de División, Ingeniero de Sistemas, Escalafón A, Grado 14

1 Sub Director de División Electrónica, Escalafón D, Grado 12

1 Asesor V Escribano, Escalafón A, Grado 09

1 Jefe de Departamento Técnico en Administración, Escalafón B, Grado 11

5 Especialista II Electrónica, Escalafón D, Grado 07

7 Administrativo III, Administrativo, Escalafón C, Grado 05.

Suprímense los siguientes cargos:

2 Asesor Ingeniero, Escalafón A, Grado 14

1 Técnico Bibliotecólogo, Escalafón B, Grado 09

1 Sub Jefe de Departamento Administrativo, Escalafón C, Grado 09

6 Especialista IV, Electrónica, Escalafón D, Grado 05

6 Especialista VI, Electrónica, Escalafón D, Grado 03.

ARTICULO 106. - Asígnase una partida de U$S 250.000 (dólares de los Estados Unidos de América doscientos cincuenta mil) al Programa 001, "Administración Central", para el pago de intereses devengados por el préstamo otorgado por el Banco de la República Oriental del Uruguay destinado a emolumentos de los efectivos de las Fuerzas Armadas para la Operación de Paz de Naciones Unidas en Camboya.

ARTICULO 109. - Sustitúyese el artículo 79, de la Ley Nº 14.252, de 22 de agosto de 1974, por el siguiente:

‘ARTICULO 79. - Fíjase una partida anual para la contratación, por el término de seis meses, de personal destinado a atender los Servicios de Vigilancia y Salvataje en Playas y Costas, y para la adquisición de los equipos correspondiente.

Dicha partida anual será equivalente al total de sueldos y compensaciones de 300 Marinero de 1ra’.

ARTICULO 110. - Transfórmanse, en el Programa 003, "Armada Nacional", dos cargos de Teniente de Navío Cuerpo de Prefectura, Sub-Escalafón B, en un cargo de Capitán de Navío, Cuerpo de Prefectura, Sub-Escalafón B.

ARTICULO 112. - Agrégase al artículo 27 del Decreto-Ley Nº 14.343, de 21 de marzo de 1975, el inciso siguiente:

‘Inclúyense en el régimen previsto en la presente ley, a aquellos buques que, sin haber perdido su flotabilidad se encuentran inmovilizados por carecer de certificados de seguridad, por disposición judicial o cualquier otra causa que haga razonable presumir a la autoridad marítima que su inamovilidad perdurará con riesgo para la seguridad del mismo buque, la de terceros o el buen funcionamiento de la operativa portuaria’.

ARTICULO 113. - Agréganse al artículo 19 del Decreto-Ley Nº 14.343, de 21 de marzo de 1975, los incisos siguientes:

‘En todos los casos que se declare abandonada en favor del Estado una embarcación, antes de la aceptación a que se refiere el artículo 18, la Escribanía de Marina de la Prefectura Nacional Naval hará publicar por una sola vez, en el Diario Oficial, un emplazamiento por el término de diez días a todos los interesados, para que se presenten a deducir los derechos que puedan tener en dicha embarcación.

Transcurrido dicho término sin que se haya presentado ningún interesado, caducarán de pleno de derecho todos los grávamenes o inhibiciones que afecten a la embarcación abandonada en favor del Estado, debiendo la citada Escribanía efectuar las comunicaciones pertinentes a los registros respectivos y a las autoridades judiciales que pudieren haber decretado tales gravámenes o inhibiciones’.

ARTICULO 114. - Extiéndase la indemnización prevista por el artículo 39 de la Ley Nº 16.246, de 8 de abril de 1992, a los integrantes del Registro de "Watchmen", de la Prefectura Nacional Naval, que fuera eliminado por Decreto 42/94, de 1ro. de febrero de 1994.

Quienes se acojan a lo dispuesto en el artículo anterior, deberán presentase ante la Prefectura Nacional Naval dentro de los treinta días de la promulgación de la presente ley.

A los efectos de las liquidaciones de las compensaciones extraordinarias que correspondan, los jornales deberán ser actualizados a la fecha de presentación del interesado, teniendo en cuenta las variaciones del Indice Medio de Salarios.

El gasto que se origine se financiará con cargo al recurso previsto en el inciso 1º del artículo 330 de la presente ley en su referencia a la Administración Nacional de los Servicios de Estiva y a tales efectos se prorrogará lo dispuesto en el inciso segundo de dicho artículo, por el tiempo estrictamente necesario.

ARTICULO 115. - Transfórmanse, en el Programa 003, "Armada Nacional", dos cargos de Teniente de Navío, Cuerpo de Prefectura, Sub-Escalafón B, en su cargo de Capitán de Navío Cuerpo Auxiliar.

ARTICULO 117. - Elimínanse, como Unidades Eejecutoras y a estos solos efectos, la Unidad Ejecutora 002, "Estado Mayor Conjunto" y la Unidad Ejecutora 038, "Supremo Tribunal Militar" y su correspondiente Programa 008, "Justicia Militar", integrándose las mismas a la Unidad Ejecutora 001, "Dirección General de Secretaría de Estado" del Programa 001, "Administración Central del Ministerio de Defensa Nacional".

Sustitúyese en el Programa 001, "Administración Central del Ministerio de Defensa Nacional", la denominación de la Unidad Ejecutora 003, "Servicio de Información de Defensa", por la de "Dirección General de Información de Defensa".

Fusiónanse en el Programa 003, "Armada Nacional" las Unidades Ejecutoras 019, "Comando de Flota", 020, "Dirección General de Material Vial", 021 "Prefectura Nacional Naval", y 022, "Dirección General de Personal Naval", en la Unidad Ejecutora 018 "Comando General de la Armada".

Sustitúyese en el Programa 004, "Fuerza Aérea Uruguaya", la denominación de la Unidad Ejecutora 026, "Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento", por la de "Comando Aéreo Logístico".

Unifícanse las Unidades Ejecutoras 027, "Escuela Militar de Aeronáutica", 028, "Escuela Técnica de Aeronáutica", y 029, "Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo", en la Unidad Ejecutora "Coordinación de la Enseñanza", la que se crea. Créase asimismo, al Unidad Ejecutora "Brigada de Seguridad Terrestre".

Fusiónanse, en el Programa 007, "Seguridad Social Militar", las Unidades Ejecutoras 036, "Servicio de Viviendas de las Fuerzas Armadas", y 037, "Servicio de Tutela Social de las Fuerzas Armadas", en la Unidad Ejecutora 034, "Dirección General de los Servicios de las Fuerzas Armadas".

ARTICULO 119. - Otórgase un complemento mensual de carácter retributivo para el personal subalterno que percibe la compensación por Dedicación Integral prevista en el artículo 77 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992, de acuerdo al siguiente detalle:

Sub Oficial Mayor: $ 140
Sargento 1º.: $ 140
Sargento: $ 150
Cabo 1a.: $ 170
Cabo 2a.: $ 120
Soldado 1a.: $ 130

Este beneficio no estará sujeto a montepío.

ARTICULO 120. - Créase una compensación especial que será percibida por el personal del Servicio de Material y Armamento del Ejército que se encuentre directa y materialmente afectado a funciones relacionadas con la desactivación o recuperación de artefactos explosivos y/o dispositivos agresivos diversos, en cumplimiento de misiones de índole operacional propias de su ámbito o en apoyo a otras Fuerzas de la Defensa Nacional, Seguridad Pública u órganos de Estado que requieran su concurso en las materias y disciplinas técnico-profesionales de su exclusiva competencia.

Dicha compensación "riesgo especial" no estará sujeta a montepío y ascenderá a un 50% de las retribuciones que los funcionarios perciban por todo concepto, excepto los beneficios sociales.

ARTICULO 121. - Modifícase la parte final del artículo 81 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

‘Fabricación o ensamblado de armas de fuego sin autorización del Ministerio de Defensa Nacional:

Primera vez: 300 U.R.

Segunda vez: Clausura del establecimiento Depósito en el edificio de las fábricas autorizadas, de existencia de armas de fuego mayores a las permitidas por el Servicio de Material y Armamento: 0.10 U.R. por cada unidad no autorizada.

Omisión en remitir partes de fabricación y ensamblado de armas de fuego:

Primera vez: 2 U.R.

Segunda vez: 4 U.R.

Tercera vez: 8 U.R.

Cuarta vez y ss.: 16 U.R.

Estos valores no incluyen costos por concepto de servicio de Custodia de Transporte de Productos Peligrosos (traslado, hospedaje, alimentación) de carácter obligatorio para expediciones de transporte de explosivos y otras mercancías dentro del territorio nacional, los que serán asimismo de cargo del usuario’.

ARTICULO 122. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 140 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

‘El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Dirección Nacional de Comunicaciones, dispondrá la forma en que se llevará a cabo la recaudación de sus recursos, ya sea en forma directa o mediante convenios con organismos públicos. Del total de la recaudación se transferirá un 10% (diez por ciento) al Programa 001, ‘Administración Central del Ministerio de Defensa Nacional’, el que se aplicará a gastos de funcionamiento e inversiones’.

ARTICULO 124. - Sustitúyese el artículo 67 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, por el siguiente:

‘ARTICULO 67. - El monto máximo de dietas que puede percibir el personal militar dentro del Inciso 03, ‘Ministerio de Defensa Nacional’, por el desempeño de funciones docentes, no podrá superar el 20% (veinte por ciento) del total de sus retribuciones sujetas a montepío’.

ARTICULO 126. - La coordinación administrativa de los diferentes organismos que funcionarán en las futuras Areas de Control Integrado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera. El Poder Ejecutivo reglamentará la actuación de dicho organismo.

ARTICULO 133. - Transfórmanse en el Programa 009 "Investigaciones y Estudios Meteorológicos", Unidad Ejecutora 039 "Dirección Nacional de Meteorología", 2 cargos de Cabo de 1a.; 17 cargos de Cabo de 2a.; 20 cargos de Soldado de 1a.; 56 cargos de Soldado de 2a. del escalafón K en: 16 cargos de Técnico III, Serie Meteorólogo, Escalafón B, grado 4, 11 cargos de Administrativo III, Serie Administrativo, Escalafón C, grado 1; 13 cargos de Especialistas VI, Serie Meteorología, Escalafón D, grado 1; 37 cargos de Especialistas VI, Serie Cuerpo de Observadores, Escalafón D, grado 1; 3 cargos de Especialistas VI, Serie Comunicaciones/Electrónica/Computación, Escalafón D, grado 1; 4 cargos de Oficial VI, Serie Mantenimiento, Escalafón E, grado 1 y 11 cargos de Auxiliar II, Serie Servicios, Escalafón F, grado 1. Otórgase a los funcionarios involucrados la posibilidad de opción en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la promulgación de la presente. De permanecer en el escalafón K, la transformación operará al vacar.

SECCION IV

Incisos de la Administración Central

INCISO 04

Ministerio del Interior

ARTICULO 135. - Créase el Sub-Escalafón P, "Penitenciario", el que comprenderá toda la estructura de cargos presupuestados y contratos de función pública, a través de los cuales se ejercerán las actividades relacionadas con la salud, custodia y rehabilitación de encausados y penados.

El personal ejecutivo subalterno ingresará en el grado de Cabo, previa prueba de capacitación.

Los Agentes de 2da. y 1ra. Ejecutivos, que actualmente desempeñan funciones en los Centros Carcelarios, si aprobaran la prueba de capacitación prevista en el inciso anterior, accederán al grado de Cabo.

El Ministerio del Interior programará en la Escuela Nacional de Policía los cursos de especialización para la formación del personal penitenciario.

ARTICULO 136. - A partir de la vigencia de la presente Ley, no podrá autorizarse el pase en comisión a otras dependencias u organismos públicos de los integrantes del Escalafón Policial, excepto aquellos que impliquen el cumplimiento de un servicio de seguridad a juicio del Ministerio del Interior o se encuentren comprendidos en el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

ARTICULO 137. - El Ministerio del Interior tendrá acción ejecutiva para el cobro de los créditos emanados de aplicación de multas y demás sanciones pecuniarias dispuestas por sus dependencias dentro del ámbito de sus respectivas competencias. A tales efectos constituirán título ejecutivo los testimonios de las resoluciones firmes de las que surja el crédito, siendo de aplicación en lo pertinente lo dispuesto en el Capítulo IV del Código Tributario.

ARTICULO 138. - La Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, será ejercida por un Oficial Superior en actividad del Sub-Escalafón de Policía Ejecutivo, quien deberá contar con la confianza del Ministro del Interior.

ARTICULO 139. - Agrégase al artículo 159 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, el inciso siguiente:

‘Dicho cargo deberá ser ejercido por un Inspector Principal (PT) Abogado, efectuándose para su provisión un concurso de oposición y méritos entre los Comisario Inspector (PT) Abogado, Inspector Mayor (PT) Abogado e Inspector Principal (PT) Abogado’.

ARTICULO 140. - Facúltase a la Dirección Nacional de Sanidad Policial a prestar, a título oneroso, servicios a terceros en la medida que la capacidad del Hospital Policial así lo permita.

El resultado económico de estos servicios, una vez sustanciado el costo de los mismos, será destinado a esta unidad ejecutora en su totalidad, para gastos de funcionamiento.

ARTICULO 141. - Los porcentajes establecidos en el artículo 197 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, serán aplicados sobre el total de las retribuciones correspondientes al cargo de Comisario, Sub-Escalafón de Policía Ejecutiva.

ARTICULO 142. - Extiéndese la facultad conferida por el artículo 106 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, a todo el personal perteneciente al Escalafón L.

ARTICULO 143. - El 50% (cincuenta por ciento) de los recursos de libre disponibilidad de las unidades ejecutoras del Ministerio del Interior, será destinado al Programa 001 "Administración", a los efectos de la creación de un Fondo Central para atender necesidades de unidades que así lo requieran, correspondiendo al jerarca del Inciso reglamentar la distribución o redistribución de los recursos.

Derógase el artículo 218 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

ARTICULO 144. - Incorpórase con carácter permanente al Rubro 0 del Escalafón L, el beneficio instituido por el Decreto de 24 de enero de 1995. Dicho beneficio se percibirá mientras el funcionario esté en actividad, de acuerdo con los montos que se detallan, considerados a valores del 1º de enero de 1995:

$
Comisario Inspector 501
Comisario 501

Sub-Comisario

439
Oficial Principal 439
Oficial Ayudante 439
Oficial Sub-Ayudante 439
Sub-Oficial Mayor 376

Sargento 1º

376
Sargento 376
Cabo 376
Agente de 1a. 443
Agente de 2a. 443

Este beneficio deberá ser considerado a los efectos de lo establecido por el artículo 137 del Decreto-Ley Nº 14.252, de 22 de agosto de 1974, y sus modificativos, y no será considerado para determinar la franja del beneficio del Hogar Constituido para el personal subalterno.

ARTICULO 145. - Institúyese una compensación por Riesgo de Función a la que tendrá derecho el personal policial perteneciente al Sub-Escalafón de Policía Ejecutiva y PF mientras esté en actividad, excepto aquellos que se encuentren cumpliendo funciones correspondientes a actividades de apoyo, los cuales podrán optar en un plazo de 180 días por volver a desempeñar la tarea inherente a su situación presupuestal.

La referida compensación será, a partir del 1º de enero de 1996 del 15.50% (quince y medio por ciento) del sueldo base de Comisario, Escalafón L, Grado 10, y se incrementará progresivamente en forma anual el 8.17% hasta alcanzar el 40% (cuarenta por ciento) del sueldo básico referido al 1º de enero de 1999, y se percibirá mientras el funcionario esté en actividad.

Aquellos funcionarios que no hagan uso de la opción prevista en la presente norma, percibirán la compensación regulada en el artículo 147 de la presente Ley.

No percibirán esta compensación quienes se desempeñen en comisión fuera del Inciso, excepto los funcionarios comprendidos en el artículo 40 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992.

En el caso del personal subalterno, la referida compensación no será computable para el cálculo del beneficio del Hogar Constituido.

ARTICULO 147. - Increméntase la compensación instituida por el artículo 161 de la Ley Nº 16.170 de fecha 28 de diciembre de 1990 en los siguientes montos:

Personal Superior

Inspector General $ 354
Inspector Principal $ 354
Inspector Mayor $ 354

Comisario Inspector

$ 290
Comisario $ 290
Sub-Comisario $ 231
Oficial Principal $ 231
Oficial Ayudante $ 231
Oficial Sub-Ayudante $ 231

Personal Subalterno

Sargento 1a. $ 212
Sargento $ 212
Cabo $ 212
Agente 1a. $ 193
Agente 2a. $ 193

Esta retribución, en el caso de personal subalterno, no será computable para el beneficio de Hogar Constituido. Las partidas establecidas en el presente artículo tendrán un incremento anual progresivo, hasta alcanzar al 1º de enero de 1999 los siguientes montos:

01.01.97 01.01.98 01.01.99
Inspector General

576

798 1020
Inspector Principal

576

798 1020
Inspector Mayo 576 798 1020
Comisario Inspector 510 730 950

Comisario

510 730 950
Sub-Comisario 394 557 720
Oficial Principal 394 557 720
Oficial Ayudante 394 557 720
Oficial Sub-Ayud. 394 557 720
Sargento 1a. 341 470 600
Sargento 341 470 600
Cabo 341 470 600
Agente 1a. 308 423 540
Agente 2a. 308 423 540

ARTICULO 149. - Asígnase al Programa 003 "Adquisiciones y Suministros", una partida anual de $ 8:100.000 (pesos ocho millones cien mil), a efectos de atender las erogaciones resultantes de la adquisición de uniformes destinados al personal policial.

ARTICULO 150. - Fíjase en $ 1:000.000 (pesos un millón) la partida establecida por el inciso cuarto del artículo 199 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

ARTICULO 151. - Créase, por única vez, una partida de $ 20:000.000 (pesos veinte millones) destinada a complementar los gastos de funcionamiento de la Dirección Nacional de Sanidad Policial.

ARTICULO 153. - Créase un cargo de Comisario Inspector Sub-Escalafón (P.T.) Médico Director de Departamento (Microbiología) efectuándose para su provisión un concurso de oposición y méritos entre el personal (P.T.) médico del Escalafón "L". La presente disposición será reglamentada por el Ministerio del Interior suprimiéndose la vacante que se genere.

ARTICULO 154. - Facúltase al Ministerio del Interior, actuando en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, a realizar las transformaciones de cargos y funciones contratadas, a fin de racionalizar el Escalafón Policial. La racionalización administrativa no podrá originar aumento en los créditos presupuestales asignados, ni lesión de derechos funcionales, y propenderá a lograr una disminución del total de cargos.

ARTICULO 155. - El Ministerio del Interior, por intermedio de la Dirección Nacional de Identificación Civil, podrá suministrar información parcial o total, de número de cédula de identidad, nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo y nacionalidad, a los profesionales abogados, escribanos o procuradores a los efectos establecidos en el artículo 81 de la Ley Nº 16.462 del 11 de enero de 1994, así como a los organismos públicos o privados que autorice la reglamentación.

El producido de las tasas correspondientes se destinarán al mantenimiento e informatización del servicio.

ARTICULO 156. - Cuando se designen funcionarios del Ministerio del Interior en misión oficial en el extranjero integrando fuerzas para el cumplimiento de una misión específica por obligaciones internacionales contraídas por la República, les serán aplicadas las disposiciones contenidas en el artículo 18 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990.

SECCION IV

Incisos de la Administración Central

INCISO 05

Ministerio de Economía y Finanzas

ARTICULO 158. - Inclúyese en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 el cargo de Tesoro General de la Nación.

ARTICULO 159. - Asígnase al Ministerio de Economía y Finanzas una partida anual de $ 16:900.000 a los Rubros 0 y 1 "Retribuciones de Servicios Personales" y "Cargas legales sobre Servicios personales" del Inciso, la que se distribuirá entre las Unidades Ejecutoras 001 "Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas"; 002 "Contaduría General de la Nación" y 004 "Tesorería General de la Nación".

Dicha distribución se efectuará sobre la base de un cálculo proporcional a las retribuciones básicas de sus respectivos funcionarios, el que será ajustado a los efectos de equiparar las distintas retribuciones adicionales, que más allá de las básicas, perciba el personal de las citadas unidades ejecutoras financiadas con créditos presupuestales y extrapresupuestales.

El Poder Ejecutivo a iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas efectuará la distribución entre las unidades ejecutoras dentro del término de 90 días a contar de la vigencia de la presente Ley, dando cuenta a la Asamblea General.

Cada unidad ejecutora distribuirá el monto que le corresponda entre los funcionarios que efectivamente desempeñen funciones en la misma, en proporción a sus remuneraciones básicas.

ARTICULO 160. - El Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, fijará los niveles de retribución del personal que preste tareas en el Proyecto de Contabilidad Integrada anexo a la presente Ley. A tales efectos, los funcionarios deberán desarrollar sus cometidos en régimen de dedicación total, percibiendo la diferencia de sueldo como compensación con cargo a los créditos de dicho proyecto.

ARTICULO 161. - El Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, adecuará la estructura orgánica de la Unidad Ejecutora 002 "Contaduría General de la Nación" del Programa 002 que se denominará "Administración del Sistema Presupuestario y de Contabilidad Integrada de la Nación".

ARTICULO 166/1. - Transfiérese a la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas, creada por el artículo 162 de la presente Ley, el control de la prohibición establecida por el artículo 228 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1996, actualmente a cargo de la Inspección General de Hacienda, por imposición del artículo 690 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

El Poder Ejecutivo reglamentará las facultades de dicha Dirección en el cumplimiento de ese cometido, así como las sanciones a imponerse a los infractores de la referida prohibición.

ARTICULO 167. - Una vez designado el Director General de Comercio, suprímense los cargos de particular confianza del Poder Ejecutivo, Director de Zonas Francas y Director de Comercio Exterior.

ARTICULO 170. - Sustitúyese el artículo 255 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, por el siguiente:

‘ARTICULO 255. - Créase un impuesto que gravará la venta de entradas a los casinos o salas de juego del Estado cuya alícuota será del 10% (diez por ciento) del valor de las mismas. Cométese al Poder Ejecutivo la fijación semestral del precio de las entradas a propuesta de la Dirección General de Casinos. La reglamentación determinará la forma de percepción y de control del tributo’.

ARTICULO 172. - Extiéndese, a partir del año 1996, en forma definitiva, lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Para el cálculo y distribución del referido Fondo no se tendrá en cuenta al Casino del Estado Victoria Plaza.

ARTICULO 173. - Autorízase a la Dirección General de Casinos a realizar inversiones financieras en instituciones bancarias oficiales de plaza, con sus activos líquidos disponibles, a los efectos de mantener el valor de los capitales de banca correspondientes a sus establecimientos.

ARTICULO 174. - A efectos del cálculo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 13.797, de 28 de noviembre de 1969, en la redacción por el artículo 5º de la Ley Nº 13.921, de 30 de noviembre de 1970, no se tendrá en cuenta el beneficio previsto en la Ley Nº 16.568, de 28 de agosto de 1994.

ARTICULO 175. - Facúltase a la Dirección General Impositiva y al Banco de Previsión Social a publicar el nombre y demás datos identificatorios de los contribuyentes que se encuentren morosos en el pago u omisos en la presentación de las declaraciones juradas, de los impuestos que recaudan dichos organismos.

ARTICULO 178. - Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un régimen de certificado único para la Dirección Nacional de Aduanas, que acreditará que sus titulares se encuentren al día en el pago de sus obligaciones tributarias con dicho organismo.

A partir de su obligatoriedad, quienes realicen actividades de comercio exterior no podrán, sin su previa presentación, realizar gestiones referentes a dicha actividad ante las oficinas públicas.

Las personas físicas o jurídicas que se encuentren en mora respecto del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Dirección Nacional de Aduanas, no podrán hacer efectivo el cobro de devolución de tributos, excepto en la suma que exceda del monto de sus adeudos tributarios.

Se considerará que una persona se encuentra en mora con la Dirección Nacional de Aduanas cuando la existencia de su deuda surja de una resolución administrativa firme o de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Son resoluciones firmes las consentidas expresa o tácitamente por el obligado y las definitivas a que se refieren los artículos 309 y 319 de la Constitución de la República.

ARTICULO 179. - En el caso de no cumplirse con las obligaciones relativas a la regularización de la documentación de operaciones aduaneras, o de mora en el pago de los tributos correspondientes a las mismas, la Dirección Nacional de Aduanas, previa vista al interesado, podrá suspender a la empresa interviniente, hasta tanto se regularice la documentación o se abonen los tributos del caso.

El incumplimiento en la regularización de la documentación se producirá transcurridos 60 (sesenta) días de la fecha de desaduanamiento de la mercadería o cumplimiento de la operación aduanera.

La mora en el pago de los tributos, se considerará configurada cuando así lo estableciera una resolución administrativa firme, o una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

ARTICULO 180. - Sustitúyese el artículo 100 de la Ley Nº 12.997, de 28 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 64 de la Ley Nº 13.782, de 3 de noviembre de 1969, por el siguiente:

‘ARTICULO 100. - A las empresas que tributen conforme con el artículo 23 se les extenderá, semestralmente, un certificado de estar al día en el pago de sus obligaciones, que les habilitará para importar, exportar, enajenar, total o parcialmente sus empresas, y reformar en los casos de sociedades sus estatutos o contrato. Dicho certificado deberá ser presentado ante la Dirección Nacional de Aduanas o el Registro Público y General de Comercio, según corresponda’.

ARTICULO 181. - Autorízase a la Dirección Nacional de Aduanas a confeccionar y vender las publicaciones en materia aduanera, formularios de todo tipo, vinculados a las distintas operaciones aduaneras, y pliegos de condiciones para licitaciones, así como a cobrar los informes técnicos y demás servicios que le sean solicitados, de acuerdo con las normas vigentes, respecto de las mercaderías presentadas o a presentarse a despacho.

Asimismo, podrá vender los precintos que se utilicen para asegurar la integridad de las mercaderías sujetas a control aduanero.

Los precios a cobrar se determinarán de conformidad con el régimen general establecido en la presente Ley.

El producido de dicha recaudación se destinará a solventar gastos de funcionamiento o inversiones del instituto aduanero.

ARTICULO 185. - Redistribúyense los porcentajes previstos en el artículo 1º de la Ley Nº 9.843, de 17 de julio de 1939, de modo tal que el 85% (ochenta y cinco) de las multas derivadas de las infracciones aduaneras sea percibido por el funcionario que hubiere constatado la misma, y el 15% (quince por ciento) restante se distribuya entre todos los funcionarios que integren la repartición a la que pertenezca el referido funcionario.

Facúltase a la Dirección Nacional de Aduanas a reglamentar la aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior.

ARTICULO 186. - Tranfórmanse, en la Unidad Ejecutora 007, "Dirección Nacional de Aduanas", los cargos que se detallan a continuación:

3 Técnico III, Procurador B8, en 3 Asesor VII Abogado A8.

2 Técnico III, Ciencias Económicas, B8, en 2 Asesor VII Contador A8.

ARTICULO 187. - La Dirección Nacional de Aduanas tendrá acción ejecutiva para el cobro de los tributos o precios que recaude y que resulten a su favor según sus resoluciones firmes.

A tal efecto constituirán títulos ejecutivos los testimonios de los mismos y los documentos que, de acuerdo a la legislación vigente tengan esa calidad, siempre que correspondan a resoluciones firmes.

Son resoluciones firmes las consentidas expresa o tácitamente por el obligado y las definitivas a que refieren los artículos 309 y 319 de la Constitución de la República.

Será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo Cuarto del Código Tributario, incluso en lo relativo a la adopción de medidas cautelares, y las normas aplicables del Código General del Proceso.

ARTICULO 190. - Sustitúyese el artículo 202 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 160 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

‘ARTICULO 202. - En caso que la mercadería denunciada haya sido comercializada, una vez deducidos los gastos, los fondos depositados se distribuirán de la siguiente manera:

a) el 20% (veinte por ciento) para el Fondo creado por los artículos 242, 243 y 254 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986;

b) el 50% (cincuenta por ciento) para el denunciante como adjudicación;

c) el 30% (treinta por ciento) restante se verterá en rentas generales en sustitución de la tributación aplicable.

Las sumas que se adjudican en sustitución de comisos que hayan sido comercializados, no tendrán naturaleza salarial’.

ARTICULO 214. - El control administrativo del Instituto será realizado por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicho control se ejercerá tanto por razones de juridicidad como de oportunidad o conveniencia.

ARTICULO 216. - Los funcionarios públicos presupuestados o contratados, que a la fecha de la promulgación de la presente Ley revistaran en dependencias de los Incisos 02 al 14 del Presupuesto Nacional con competencia en materia de promoción de la inversión y de la exportación de bienes y servicios, podrán pasar a desempeñar funciones en el Instituto. A tal efecto, el Consejo de Dirección comunicará al Poder Ejecutivo la nómina de funcionarios que se propone incorporar, procediéndose de acuerdo a las siguientes reglas:

A) los funcionarios seleccionados podrán optar entre pasar a desempeñar tareas en el Instituto o permanecer en el Estado;

B) si el funcionario seleccionado manifiesta su voluntad de incorporarse al Instituto deberá suscribir el correspondiente contrato de trabajo y renunciar a la función pública.

ARTICULO 218. - Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar las partidas establecidas en el artículo anterior en el monto de los créditos que los Incisos 02 al 14 del Presupuesto Nacional tuvieren afectados a la promoción de la inversión y de la exportación de bienes y servicios.

Suprímense los créditos presupuestales de los Incisos 02 al 14 del Presupuesto Nacional referidos en el inciso anterior.

ARTICULO 220. - Agrégase al inciso primero del artículo 450 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, el siguiente párrafo:

‘Asimismo, el Poder Ejecutivo queda facultado a extender, por decisión fundada, la integración en la Cámara de Compensadora a otras entidades que administren bienes públicos y presten servicios públicos nacionales’.

ARTICULO 221. - Destínase a Rentas Generales el porcentaje previsto en el literal b) del artículo 174 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 con la redacción dada por el artículo 44 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Créase una partida anual equivalente en el rubro "0" "Retribuciones por Servicios Personales" del Programa 103 a cargo de la Auditoría Interna de la Nación, con el fin previsto por las normas citadas en el inciso primero del presente artículo.

De dicha partida se afectará un 25% (veinticinco por ciento) con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

ARTICULO 222. - Sustitúyese el artículo 122 del Decreto-Ley Nº 15.691, de 7 de diciembre de 1984, por el siguiente:

‘ARTICULO 122. - El abandono eximirá al dueño de la mercadería de la obligación de abonar los tributos impagos de importación, salvo que se comprobase la existencia de una infracción.

La Dirección Nacional de Aduanas podrá subastar las mercaderías en abandono conforme al artículo precedente, destinado el producido de la subasta a gastos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora, la que tendrá la disponibilidad de la totalidad de los fondos’.

ARTICULO 223. - El empadronamiento de vehículos, ciclomotores, motos y motonetas, no armados en el país, no podrá ser efectuado por las Intendencias Municipales, sin la presentación del certificado expedido por la Dirección Nacional de Aduanas, que acredite la importación realizada.

ARTICULO 224. - Mantiénense los créditos originales al 01/01/95, de los Rubros 0 y 1 del Programa 003, "Asesoramiento y Auditoría Intermitente" del Inciso 05, Ministerio de Economía y Finanzas, que se transforme en el Programa 103, "Control Interno Posterior", del mencionado Inciso.

Dichos valores solo podrán ser modificados como consecuencia de reestructuras que se determinen conforme a las disposiciones de la presente ley.

SECCION IV

Incisos de la Administración Central

INCISO 06

Ministerio de Relaciones Exteriores

ARTICULO 225. - Suprímense los Programas 003 "Formación, Perfeccionamiento, Difusión e Investigación" y 004 "Coordinación y Financiación de Representaciones y Comisiones Nacionales y Delegaciones de la República a Comisiones Mixtas Internacionales".

Las asignaciones presupuestales, cometidos y competencias de los Programas y funcionarios que en ellos revistan, pasarán a integrar el Programa 001 "Administración".

ARTICULO 226. - Los funcionarios del Servicio Exterior dejarán de prestar funciones en las Misiones Diplomáticas, Delegaciones Permanentes u Oficinas Consulares en las que estuvieren destinados al día siguiente de producirse el vencimiento del quinquenio o la prórroga, debiendo realizarse en dicha fecha el acta de entrega de la misión, cuando así correspondiere.

En los casos de adscripción, la resolución del Poder Ejecutivo que la disponga deberá establecer la fecha del cese de funciones y la de entrega de la misión, cuando correspondiere, la que no podrá ser mayor a treinta días.

La presente disposición será igualmente de aplicación para los funcionarios que ocupen cargos de confianza.

ARTICULO 227. - Sustitúyese el artículo 39 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, el que quedará redactado de la siguiente forma:

‘ARTICULO 39. - Las dems vacantes que se produzcan en el Servicio Exterior, serán provistas dentro del primer trimestre de cada año, por ascenso, de la categoría inmediata inferior a la inmediata superior, de acuerdo con el siguiente régimen:

A) Secretario de Segunda, Secretario de Primera, Consejero y Ministro Consejero, por antigüedad calificada;

B) Ministro y Embajador, respectivamente, por selección, en aquellos casos en que el Poder Ejecutivo considere conveniente proveer dichas vacantes con funcionarios de carrera del Servicio;

C) para la provisión de las vacantes a que refieren los literales anteriores, será requisito necesario poseer, en el grado inmediato inferior, la antigüedad mínima que a continuación se establece:

Secretario de Tercera: 3 años

Secretario de Segunda: 3 años

Secretario de Primera: 3 años

Consejero: 4 años

Ministro Consejero: 4 años

D) las listas de antigüedad calificada para el ascenso a los cargos a que refiere el literal A), será la resultante de la calificación, de la antigüedad y del concurso de oposición y mérito que a tales efectos deberá realizarse anualmente entre los funcionarios de cada categoría que cuenten con la antigüedad mínima necesaria para aspirar al ascenso. El Ministerio de Relaciones Exteriores al constituir el Tribunal del referido concurso deberá dar participación a los efectos de su integración al Instituto Artigas del Servicio Exterior y a la Universidad de la República. Asimismo podrá invitar a integrar el Tribunal a personas o entidades de reconocida idoneidad y prestigio;

E) las vacantes que se produzcan en los cargos mencionados en el literal B), podrán ser provistas inmediatamente que se generen, sin atender a los plazos previstos en el párrafo primero del presente artículo’.

ARTICULO 228. - Las disposiciones establecidas en el artículo anterior serán de aplicación para las vacantes generadas a partir del 1º de enero de 1995. El Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de noventa días para reglamentar lo dispuesto en el literal D) de la norma precedente.

ARTICULO 229. - A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, los funcionarios del Escalafón "M" (Servicio Exterior), tendrán mientras se encuentren destinados a cumplir funciones permanentes en el exterior, los siguientes grados, denominaciones y retribuciones mensuales:

GRADO

DENOMINACION

SUELDOS GASTOS DE
REPRESENTACION
1 Secretario de 3a. 1.350 190
2 Secretario de 2a. 1.560 220
3 Secretario de 1a. 1.795 250
4 Consejero 2.080 295
5 Ministro 2.775 390
7 Embajador 3.250 460

ARTICULO 230. - Sustitúyese el artículo 41 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, por el siguiente:

‘ARTICULO 41. - El Poder Ejecutivo podrá, por resolución fundada y respecto a un máximo de quince funcionarios en forma simultánea, prorrogar los plazos de desempeño de funciones en el exterior, por el término de seis meses, renovables por una sola vez y por igual período:

a) cuando así lo justifiquen estrictas e ineludibles razones de servicio que deberán fundamentarse en forma clara y concisa;

b) cuando el funcionario demuestre fehacientemente que el retorno en la fecha de vencimiento del quinquenio perjudica en forma grave e irreparable la educación curricular de los hijos menores de 18 años que tenga a su cargo.

El presente artículo no será de aplicación a los funcionarios comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.747, de 14 de junio de 1985’.

ARTICULO 231. - Sustitúyese el artículo 47 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, por el siguiente:

‘ARTICULO 47. - No podrán prestar servicios simultáneamente en las Misiones Diplomáticas, Delegaciones u Oficinas Consulares de la República radicadas en un mismo Estado, los funcionarios del Servicio Exterior con parentesco en tercer grado, inclusive, de consanguinidad o de afinidad.

Sin perjuicio de ello, los funcionarios del Servicio Exterior, vinculados por matrimonio, podrán ejercer simultáneamente funciones en el exterior en un mismo Estado, cuando el ejercicio de tales funciones no implique una relación jerárquica entre ambos’.

ARTICULO 232. - Sólo se encontrarán comprendidos en lo dispuesto por el artículo 45 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 49 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, y el artículo 280 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, los funcionarios que tengan un mínimo de cinco años de antigüedad en calidad de presupuestados o contratados en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de noventa días para reglamentar las normas a las que hace referencia el artículo anterior.

ARTICULO 233. - Derógase el artículo 19 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974.

ARTICULO 234. - Facúltase al Ministerio de Relaciones Exteriores a racionalizar las estructuras de cargos y contratos de función pública en los escalafones "A" (Profesional), "B" (Técnico), "C" (Administrativo), "D" (Especializado)", "E" (Oficios) y "F" (Servicios), con el objetivo de generar la estructura administrativa necesaria para prestar los servicios de apoyo en el país al Servicio Exterior.

A los efectos de la reestructura, se exceptúa por única vez, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, autorizándose al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar un concurso para acceder a cargos del escalafón "C", entre los funcionarios de los escalafones "D" (Especializado), "E" (Oficios) y "F" (Servicios), que actualmente cumplen funciones administrativas.

Dicha reestructura deberá enmarcarse en relación a plazos y régimen de aprobación, dentro de las normas establecidas en la Sección VIII de la presente Ley.

A los fines previstos en el presente artículo, habilítase en el Inciso 06 una partida presupuestal de $ 1:300.000 en el Rubro 0 y de $ 266.500 en el Rubro 1, que se abonará al personal con destino en el país.

ARTICULO 235. - A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, las partidas de gastos de etiqueta que perciben los Jefes de Misión, los Consulares Generales, o quienes los subroguen en caso de acefalía, pasarán a ser percibidas por las respectivas Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares. Tales partidas estarán sometidas a las mismas disposiciones de contralor y rendición de cuentas que los demás fondos destinados al funcionamiento de la misión u oficina.

Déjanse sin efecto las partidas de gastos de etiqueta que perciben quienes desempeñan funciones de jerarquía inmediata inferior a la de Jefe de Misión.

Derógase el literal B) del artículo 71 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979, en la redacción dada por el artículo 228 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

ARTICULO 237. - Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores a celebrar contratos de arrendamiento con opción a compra de inmuebles, con destino al funcionamiento de sus oficinas en el exterior.

Las cuotas que se abonen por dicho concepto no podrán superar el límite anual del crédito asignado al Inciso por concepto de arrendamiento en el exterior.

SECCION IV

Incisos de la Administración Central

INCISO 07

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

ARTICULO 240. - Increméntase en $ 11:200.000 (pesos once millones doscientos mil) los Rubros 0 "Retribución de Servicios Personales" y 1 "Cargos Legales sobre Servicios Personales", para complementar las retribuciones de sus funcionarios.

El Poder Ejecutivo, a iniciativa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca efectuará la distribución de dichas partidas entre los diversos programas y entre los funcionarios de cada unidad ejecutora. Dicha distribución será realizada dentro del término de los 90 días a contar de la vigencia de la presente ley, con informe previo de la Contaduría General de la Nación, dando cuenta a la Asamblea General.

ARTICULO 263. - Sustitúyese el artículo 144 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.583, de 22 de junio de 1984, por el siguiente:

‘ARTICULO 144. - Declárase que las unidades ejecutoras del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el ejercicio de las funciones de control de sus respectivas competencias, están facultadas para suspender preventivamente de los Registros administrados por ellas, a los presuntos infractores, en caso de infracción grave a las normas legales y reglamentarias que regulan el sector agropecuario, los recursos naturales y la pesca. Asimismo podrán disponer medidas cautelares de intervención sobre mercaderías o productos en presunta infracción pueda dar lugar a comiso o confiscación. Cuando se trate de mercaderías o productos perecederos se podrá disponer su venta, de conformidad con lo establecido en las normas de contabilidad y administración financiera, y cuando ello no implique riesgos a la salud pública, zoosanitarios, fitosanitarios o al medio ambiente. El producto de la venta se convertirá en obligaciones hipotecarias reajustables y sustituirá las mercaderías o productos intervenidos a todos los efectos’.

ARTICULO 264. - Vencido el término dentro del cual el obligado debe abonar las sanciones pecuniarias, gastos de saneamiento, análisis oficiales y demás prestaciones que la ley pone a cargo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o ejecutoriada que sea la resolución en caso que ella se hubiera recurrido, se procederá al cobro por la vía judicial, constituyendo la misma título ejecutivo.

Será competente para su cobro, cualquiera sea el monto, el Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente al domicilio del demandado. En los departamentos donde haya dos o más jueces con igual jurisdicción y competencia, conocerá en la causa aquél en cuyo turno se hubiera dictado la resolución sancionatoria. En los Juzgados con sede en Montevideo, el turno se establecerá de acuerdo a las normas de procedimiento vigentes.

En todos los casos se procederá por la vía de los artículos 353 y siguientes del Código General del Proceso.

Cuando el demandado sea el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca serán competentes los Juzgados radicados en Montevideo.

Derógase el artículo 26 de la Ley Nº 12.293, de 3 de julio de 1956, en la redacción dada por el artículo 189 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

ARTICULO 266. - Facúltase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por intermedio de la Dirección General de los Servicios Ganaderos, la Comisión Honoraria del Plan Citrícola y la Comisión Técnica Ejecutora del Plan Nacional de Silos, respectivamente, a depositar, colocar o invertir los fondos que integran el Fondo de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, el Fondo de Apoyo a la Citricultura, creado por el artículo 1º de la Ley Nº 16.332, de 26 de noviembre de 1992, y el Fondo del Plan Nacional de Silos creado por el artículo 321 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

El producido de los depósitos, colocaciones o inversiones será destinado al cumplimiento de los fines establecidos en las respectivas normas legales.

En caso de que los depósitos, colocaciones o inversiones cuenten con el respaldo del Estado, no será necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.867, de 24 de enero de 1979.

ARTICULO 267. - Habilítase para el Ejercicio 1999 una partida, por una sola vez, de U$S 880.000 (dólares de los Estados Unidos de América ochocientos ochenta mil), con destino a la programación y ejecución del Censo General Agropecuario 2000.

ARTICULO 268. - Habilítase una partida de U$S 1:080.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón ochenta mil) anuales, con destino al funcionamiento del Régimen de Control Fito y Zoosanitario en Frontera.

ARTICULO 269. - Regularízase de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, la partida del Proyecto 747 "Desarrollo Rural", correspondiente al año 1994, por la suma de U$S 784.386 (dólares de los Estados Unidos de América setecientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y seis).

Transfiérense los créditos del Proyecto 748 "Desarrollo de los Recursos Híbricos y Naturales" del Programa 001 al Programa 003 "Recursos Naturales Renovables".

ARTICULO 270. - Decláranse del dominio y jurisdicción del Estado los recursos vivos existentes en el mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental uruguaya, como asimismo en las áreas adyacentes de actual o eventual jurisdicción nacional, conforme a las leyes y tratados internacionales.

ARTICULO 271. - A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Fondo creado por el artículo 200 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, se denominará Fondo de Desarrollo Pesquero.

ARTICULO 272. - Sustitúyese el literal C) del artículo 200 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, en la redacción dada por el artículo 60 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, por el siguiente:

‘C) La tasa que por la expedición de permisos de pesca percibe el Instituto Nacional de Pesca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Nº 13.833, de 29 de diciembre de 1969, será fijada anualmente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionándola con la capacidad de bodega en metros cúbicos de cada embarcación involucrada sin exceder las 15 UR (unidades reajustables quince) por metro cúbico’.

ARTICULO 274. - La introducción al país, tenencia, transporte, comercialización, difusión y suelta en le medio natural de especies de fauna exótica susceptibles de tornarse silvestres, requerirá la autorización de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la que la negará en caso que la misma implique la posibilidad de una alteración del equilibrio ecológico o de causar daños graves a la producción nacional.

Si la Dirección General de Recursos Naturales Renovables no niega la autorización solicitada en un plazo de noventa días de presentada, se tendrá por otorgada.

La infracción a lo dispuesto en el presente artículo será sancionada de acuerdo a lo establecido por la presente ley.

ARTICULO 275. - Derógase el apartado D) del numeral 21 del artículo 46 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935.

ARTICULO 276. - Los permisos de caza de ejemplares de fauna silvestre serán otorgados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Créase una tasa por la expedición de los permisos de caza de ejemplares de fauna silvestre la que será recaudada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el momento de expedirse el correspondiente permiso.

El monto de la tasa se graduará, entre un mínimo de 2 UR (unidades reajustables dos) y un máximo de 50 UR (unidades reajustables cincuenta).

Facúltase al Poder Ejecutivo a graduar el monto de la tasa entre los mínimos y máximos establecidos en el inciso anterior, en función de la especie a cazar, y a exonerar de la tasa a la expedición de permisos de caza de las especies declaradas plagas, cuando sean considerados especialmente dañinas para la economía nacional.

Estará exonerada de la tasa creada por la presente Ley, la expedición de permisos de caza de las especies que se destinen a zoológicos, reservas de fauna o instituciones de carácter científico o educativo nacionales y a solicitud fundada del organismo beneficiario.

La infracción a lo dispuesto en el artículo 116 del Código Rural será sancionada de acuerdo a lo establecido en las normas legales vigentes.

ARTICULO 277. - Las infracciones a lo dispuesto por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, aprobada por Decreto-Ley Nº 14.205, de 4 de junio de 1974, serán sancionadas por la Dirección de Servicios Jurídicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con multa y decomiso, de conformidad con lo dispuesto por las normas legales vigentes para fauna autóctona.

ARTICULO 279. - Deróganse los artículos 11 de la Ley Nº 12.938, de 9 de noviembre de 1961, y 158 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967.

ARTICULO 280. - A partir de la vigencia de la presente ley queda prohibido en todo el territorio nacional:

A) Transitar con cualquier tipo o especie de ganado bovino, ovino, equino, suino o caprino, sin la correspondiente Guía de Propiedad y Tránsito;

B) intervenir en cualquier operación que pueda significar tenencia, transferencia de la propiedad o movimiento de cualquier tipo de ganado o frutos del país, sin estar previamente inscriptos en la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales (DICOSE). Esta prohibición comprenderá a cualquier persona física o jurídica, pública o privada.

La inscripción se realizará mediante la presentación de una declaración jurada, en la forma, plazo y condiciones que establezca la reglamentación.

ARTICULO 281. - Las Guías de Propiedad y Tránsito contendrán la información que, en función de sus competencias de fiscalización establezca la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales, teniendo dicha información carácter de declaración jurada.

Queda expresamente prohibido el uso de Guías de Propiedad y Tránsito por otra persona inscripta que aquélla que la hubiera adquirido con cargo a su número de inscripción.

Las Guías de Propiedad y Tránsito se usarán para documentar todo tipo de operación en la cual se hallen involucrados movimientos de haciendas, frutos del país, cambios de propiedad o consignaciones de los mismos, ya sea con o sin movimientos físicos. No podrá utilizarse una Guía de Propiedad y Tránsito para más de un movimiento.

ARTICULO 282. - Los conductores de vehículos que transportan haciendas o frutos del país y las empresas transportistas en su caso, deberán controlar la veracidad de los datos contenidos en la Guía en cuanto a la carga que transportan, siendo responsables por ello.

ARTICULO 283. - La Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales podrá realizar inspecciones de la documentación o existencias a los administrados. Es obligación de éstos prestar la colaboración que le sea requerida para el cumplimiento de tal finalidad. En caso de infracción a las disposiciones precedentes y sus reglamentaciones se aplicarán las sanciones que correspondan en cada caso, de acuerdo a lo preceptuado por normas legales vigentes.

ARTICULO 284. - El valor de las Guías de Propiedad y Tránsito que expide la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales, en cumplimiento del artículo 155 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 será equivalente a 0,1 UR (unidades reajustables cero con uno) del fijado para la unidad reajustable del mes de enero de 1996, y se ajustará automáticamente el 1º de enero y el 1º de julio de cada año, en función de la variación de dicha unidad.

ARTICULO 287. - Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 3.921, de 28 de octubre de 1911, por el siguiente:

‘ARTICULO 4º. - El Poder Ejecutivo determinará los controles que correspondan en todas las importaciones, exportaciones, admisiones temporarias, o cualquier otra forma de ingreso o egreso al o del territorio nacional, de semillas, vegetales, productos y subproductos de origen vegetal pudiendo, en los casos que fuera necesario, prohibir el ingreso al país de los mismos cuando puedan causar perjuicios a la sanidad vegetal, o cuando no se ajusten a los requisitos exigidos en el esquema de tipificación de calidad que a tal efecto fijará el Poder Ejecutivo, como así también otorgar la certificación de exportación pertinente y habilitar los establecimientos en que se elaboren los productos a exportar’.

ARTICULO 291. - En el caso en que durante el transcurso del mes de julio de cada año no se establezcan por parte del Poder Ejecutivo los rendimientos previstos por el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.058, de 30 de setiembre de 1980, regirán los rendimientos fijados en la última zafra.

ARTICULO 292. - Todos los controles bromatológicos respecto de productos vitivinícolas, serán realizados exclusivamente por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI).

Deróganse todas las competencias de las Intendencias Municipales en la materia.

ARTICULO 293. - Toda persona física o jurídica que haya procedido a la vinificación deberá entregar los subproductos de dicha vinificación en la forma, plazo y condiciones que establezca la reglamentación a propuesta del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI). En caso de que el destino sea la destilación, el destilador deberá recibirlos.

Cuando el vino se haya obtenido por vinificación directa de las uvas, la cantidad de alcohol contenido en dichos subproductos en relación al volumen de alcohol en el vino producido, deberá ser al menos igual al porcentaje mínimo que fije el Poder Ejecutivo a propuesta del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI).

En el caso de que no se alcance el porcentaje referido, el obligado deberá entregar una cantidad de vino de su propia producción, suficiente como para alcanzar dicho porcentaje.

Facúltase al Poder Ejecutivo para determinar el grado alcohólico volumétrico natural mínimo de los vinos y subproductos para cada zafra vitivinícola.

Lo dispuesto en el presente artículo entrará en vigencia desde la fecha que establezca el Poder Ejecutivo. A partir de esa fecha quedará derogado el Decreto-Ley Nº 15.058, de 30 de setiembre de 1980, quedando facultado el Poder Ejecutivo, a propuesta del Instituto Nacional de Vitivinicultura a establecer el porcentaje máximo del rendimiento de la uva en vino y demás productos de la vinificación.

ARTICULO 294. - El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento preceptivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), reglamentará las formas y condiciones de producción, elaboración, envasado, circulación, destilación, comercialización, importación y exportación de jugo de uva, mosto y concentrado, y demás subproductos de la uva.

ARTICULO 295. - Créase la Tasa de Registro y Control que gravará las actividades específicas de registro y control establecidas legalmente de las distintas Unidades Ejecutoras del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Dicha tasa será fijada por el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo con la actividad jurídica específica de que se trate, entre un mínimo de 01, UR (un décimo de Unidad Reajustable) y un máximo de 500 UR (quinientas Unidades Reajustables).

La reglamentación determinará las condiciones y la oportunidad de su percepción, guardando una razonable equivalencia con las necesidades del servicio.

Deróganse los artículos 156 de la Ley Nº 13.640, de fecha 26 de diciembre de 1967; 111 de la Ley Nº 13.782, de fecha 3 de noviembre de 1969 en la redacción dada por el artículo 416 de la Ley Nº 13.892, de 19 de octubre de 1970; artículo 10, numeral 1º del Decreto-Ley Nº 15.173, de 13 de agosto de 1981 en su redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 15.809, de fecha 8 de abril de 1986 y artículo 253 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

ARTICULO 296. - El monto de la partida por concepto de alimentación que perciben los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que por la presente Ley queda integrado al sueldo, no será tenido en cuenta a los fines de la percepción de hogar constituido, asignación familiar y cuota mutual.

SECCION IV

Incisos de la Administración Central

INCISO 08

Ministerio de Industria, Energía y Minería

ARTICULO 297. - Autorízase una partida de $ 1:310.000 (pesos un millón trescientos diez mil) en los Rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales" y 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales", para complementar las retribuciones de los funcionarios presupuestados y contratados.

El Poder Ejecutivo, a iniciativa del citado Ministerio, efectuará la distribución de esta partida entre los programas y funcionarios de cada Unidad Ejecutora. Dicha distribución será realizada dentro del término de 90 días a contar de la vigencia de la presente Ley, con informe previsto de la Contaduría General de la Nación dando cuenta a la Asamblea General.

ARTICULO 298. - Fusiónanse las Unidades Ejecutoras 003, "Dirección Nacional de Metrología Legal" y 006 "Comisión Nacional de Energía Atómica", con las Unidades Ejecutoras 001, "Dirección General de Secretaría", y 011, "Dirección Nacional de Tecnología Nuclear", respectivamente. Suprímese la Unidad Ejecutora 012, "Centro de Asistencia y Contralor Industrial".

Las asignaciones de bienes, ingresos presupuestales y extrapresupuestales, cometidos y atribuciones de las unidades ejecutoras que se suprimen, pasarán a integrar las unidades ejecutoras de destino.

ARTICULO 299. - Créanse en el Programa 001, "Administración Superior", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", las siguientes funciones contratadas:

CANTIDAD

DENOMINACION

SERIE

ESC GRADO
1 Asesor I Ing. Ind. A 16
1 Asesor I Economista A A 16
1 Asesor I Contador A 16

Otórgase a las funciones contratadas detalladas una compensación mensual del 60% (sesenta por ciento) de las remuneraciones de naturaleza salarial por concepto de permanencia a la orden. La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes.

Las funciones contratadas creadas pasarán a integrar la "Asesoría Técnica", y los funcionarios que se designen tendrán como cometido el asesoramiento directo al Ministro.

Las designaciones se realizarán mediante concurso de oposición y méritos, previo llamado abierto a quienes posean la profesión definida por la serie de cada función contratada.

Toda vez que se produzca la vacante de alguna de las funciones que se crean, su provisión seguirá las reglas de designación establecidas en el inciso anterior.

Para las designaciones en las funciones que se crean, no será de aplicación lo dispuesto por los artículos 1º de la Ley Nº 16.127 de 7 de agosto de 1990 y 32 de la Ley Nº 16.697 de 21 de abril de 1995.

ARTICULO 300. - Créase en el Programa 006 "Investigación para la Aplicación de la Energía Atómica" el "Departamento Atención de Emergencias Radiológicas". Cométese a la Unidad Ejecutora 011 "Dirección Nacional de Tecnología Nuclear", la creación de un sistema de atención y asistencia frente a situaciones de emergencia radiológica, en todo el territorio nacional, formando al efecto un grupo de intervención ante dichas situaciones.

Los funcionarios de la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear que estuviesen afectados al grupo de intervención ante situaciones de emergencia radiológica recibirán una compensación mensual por dedicación especial y permanencia a la orden, que no podrá superar el 50% de las remuneraciones percibidas por el Rubro 0, y será reglamentada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. A tal efecto créase una partida especial anual de $ 98.800 (pesos noventa y ocho mil ochocientos) en el Renglón 061 "Retribuciones Adicionales" del Programa 006.

Autorízase una partida por única vez de $ 175.500 (pesos ciento setenta y cinco mil quinientos) para atender los gastos de apoyo logístico (comunicación, locomoción, etc.) y de financiamiento del sistema y del grupo de intervención a que refiere este artículo.

ARTICULO 301. - Establécese que el cargo de Director Nacional de Industrias, integrará el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

ARTICULO 302. - Créase el Fondo para Investigaciones Industriales cuyo monto ascenderá a $ 900.000 (pesos novecientos mil) anuales. Dicho fondo será administrado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el presente artículo.

ARTICULO 303. - Declárase obligatorio el servicio de dosimetría personal para todas las personas ocupacionalmente expuestas a las radiaciones ionizantes.

La Dirección Nacional de Tecnología Nuclear queda autorizada a establecer excepciones en aquellos casos en que exista una justificación técnica para ello.

Los servicios de dosimetría personal sean ellos de carácter público o privado deberán remitir a la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear toda la información que al respecto ésta establezca por reglamento que al efecto deberá dictar.

ARTICULO 304. - Fíjase una partida anual de $ 117.000 (pesos ciento diecisiete mil) para el Programa 006 "Investigación para la Aplicación para la Tecnología Nuclear" a ser utilizada como contrapartida de gastos nacionales del Programa Acuerdos Regionales Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nuclear en América Latina suscrito con los países involucrados de la región latinoamericana y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

ARTICULO 305. - Créase un Fondo anual especial equivalente a $ 450.000 (pesos cuatrocientos cincuenta mil) para atender los requerimientos de un Programa Nacional de Competitividad Industrial, que abarque las áreas de tecnología, calidad y productividad, a desarrollar por el Centro Nacional de Tecnología y Productividad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Dicho Fondo podrá utilizarse siempre que el sector privado aporte igual cantidad.

ARTICULO 306. - Sustitúyese el artículo 290 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 63 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, por el siguiente:

"ARTICULO 290. - El Ministerio de Industria, Energía y Minería dispondrá de la totalidad de sus recursos extrapresupuestales, debiendo destinarlos:

A) 50% (cincuenta por ciento), para gastos de funcionamiento e inversiones;

B) 25% (veinticinco por ciento), para el pago de incentivos por rendimiento. Dicho beneficio podrá alcanzar a los funcionarios presupuestados y contratados que revistan en el Ministerio, prestando servicios en el mismo, así como a aquellos funcionarios públicos que en forma efectiva prestan servicios en comisión en dicho Ministerio. No podrá superar por funcionario el 50%, (cincuenta por ciento), de sus retribuciones sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad. El incentivo se abonará a los funcionarios que tengan una antigüedad en el Ministerio no inferior a seis meses;

C) 25% (veinticinco por ciento), para otorgar una compensación mensual por alimentación, de monto igualitario, a la totalidad del personal referido en el literal precedente".

Exceptúase al Inciso 08, Ministerio de Industria, Energía y Minería, de lo dispuesto al final del inciso primero, del artículo 8º, de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, en cuanto al incentivo por rendimiento.

ARTICULO 307. - Facúltase al Ministerio de Industria, Energía y Minería a percibir los precios que determine en cada caso, sujeto a la revisión prevista en el artículo 696 de la presente Ley, por la asistencia que brinden a Instituciones Públicas o Empresas Privadas, las Unidades Ejecutoras de dicha Secretaría de Estado, por los materiales de carácter técnico que produzcan o por el uso de la infraestructura física o de equipos con que cuentan.

Lo recaudado exclusivamente por concepto de las prestaciones mencionadas precedentemente y no comprendidas en las tasas y los precios correspondientes a las que actualmente se realizan no se considerará incluido en lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y sus modificativas. Sólo podrá ser aplicado a cubrir los costos de mantenimiento y reposición de los equipos y locales destinados a dichos fines.

ARTICULO 308. - Mantiénense en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería los servicios de Inspección de Calderas. La Contaduría General de la Nación habilitará los cargos y las funciones pertenecientes a dicho servicio, así como los créditos respectivos, los que figuran "suprimidos por excedencia" en el planillado anexo que forma parte de la presente Ley.

El Poder Ejecutivo, en el plazo de un año contado a partir de la vigencia de la presente Ley, deberá determinar el inciso que prestará este servicio.

SECCION IV

Incisos de la Administración Central

INCISO 09

Ministerio de Turismo

ARTICULO 309. - Asígnase al Ministerio de Turismo una partida de $ 1:930.000 (pesos un millón novecientos treinta mil) en los Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales", y 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales", para complementar las retribuciones de los funcionarios presupuestados y contratados.

El Poder Ejecutivo, a iniciativa del citado Ministerio, efectuará la distribución de esta partida entre los programas y funcionarios de cada Unidad Ejecutora. Dicha distribución será realizada dentro del término de 90 días a contar de la vigencia de la presente Ley, con informe previo de la Contaduría General de la Nación dando cuenta a la Asamblea General.

ARTICULO 310. - Asígnase en el Programa 001 "Administración Superior", para financiar la promoción turística en el exterior, las partidas siguientes: para el Ejercicio 1996, $ 12:000.000 (pesos doce millones), para el Ejercicio 1997, $ 8:000.000 (pesos ocho millones) y para el Ejercicio 1998, $ 6:000.000 (pesos seis millones).

ARTICULO 311. - Increméntase a $ 300.000 (pesos trescientos mil) la partida creada por el artículo 185 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, relacionada con el literal j) del artículo 36 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y en el artículo 233 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

SECCION IV

Incisos de la Administración Central

INCISO 10

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

ARTICULO 313. - Créase el Programa 009 "Servicio para la Planificación del Transporte y para la Formulación y el Seguimiento de los Planes de Inversión a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas", cuya unidad ejecutora será la Dirección Nacional de Inversiones y Planificación. Dicha unidad ejecutora funcionará integrando en sus cuadros administrativos al Instituto de Planificación del Transporte e Infraestructura, creada por Resolución de 26 de noviembre de 1992, a la Asesoría Económico-Financiera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la División Inversiones de la Dirección Nacional de Vialidad del citado Ministerio.

El programa estará dirigido por un ingeniero, un contador o un economista, designado al amparo de los dispuesto en el artículo 711 de la presente Ley.

ARTICULO 314. - La designación de los cargos de Director Nacional de Hidrografía, Director Nacional de Transporte, y Director General de Transporte por Carretera, deberá recaer en profesionales universitarios de notoria solvencia y conocimiento en la materia, lo que se expresará en la resolución correspondiente.

ARTICULO 315. - Establécese que el régimen semanal de horas extras que debe cumplir el personal embarcado en los buques de bandera nacional, afectados al transporte regional y de ultramar, podrá sobrepasar el máximo de horas extras a que refiere el artículo 5º de la Ley Nº 15.996, de 17 de noviembre de 1988.

ARTICULO 317. - El impuesto creado por el artículo 15 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 196 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, gravará a los camiones, tractores con semirremolques, y remolques con una capacidad de carga superior a los 3.500 kilos.

No están gravados por el citado impuesto aquellos vehículos matriculados en el país, respecto de los cuales se acredite en forma fehaciente, que se ha hecho entrega de las chapas matrícula a los organismos municipales correspondientes, y ello por el período en que no estuvieron matriculados.

ARTICULO 318. - Toda empresa de vehículos de carga con capacidad mínima de 3.500 kilos o de vehículos de transporte colectivo de pasajeros en servicios nacionales e internacionales, regulares o de turismo, deberá comunicar a la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cualquier modificación de los datos que constan en los respectivos permisos de circulación o de habilitación, expedidos por dicha Dirección.

La comunicación deberá efectuarse dentro de un plazo de noventa días, a partir del acaecimiento de los hechos modificativos de los referidos datos.

Establécese una sanción de hasta 30 UR (unidades reajustables treinta) por el no cumplimiento de la obligación dispuesta en el Inciso anterior.

ARTICULO 319. - Sustitúyense los artículos 1º, 2º, 3º, 6º y 7º de la Ley Nº 16.585, de 22 de setiembre de 1994, por los siguientes:

"ARTICULO 1º. - Créase una Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito que será honoraria y que estará integrada por un delegado titular y un delegado alterno de los siguientes organismos públicos e instituciones privadas: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que la presidirá, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura, Intendencia Municipal de Montevideo, Banco de Seguros del Estado, Cámara de Transporte del Uruguay y Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, así como un delegado titular y uno alterno designados por los Intendentes del interior.

El Poder Ejecutivo, asimismo, designará dos delegados y sus correspondientes alternos entre los candidatos propuestos por el Centro Automovilista del Uruguay, el Automóvil Club del Uruguay, Centro Protección de Choferes, Confederación Uruguaya de Transporte Automotor y otras instituciones del sector que el mismo Poder Ejecutivo designe. Funcionará en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como organismo desconcentrado con los cometidos específicos que la ley determine".

"ARTICULO 2º. - La Comisión Nacional que se crea por la presente Ley, tendrá como finalidad coordinar y participar en las tareas que cumplen diferentes entidades con el objeto de preservar la salud y seguridad públicas en el uso de las vías de tránsito de todo el territorio nacional".

"ARTICULO 3º. - Compete a la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito:

A) dictar pautas y formular recomendaciones para la correcta aplicación de las disposiciones de la presente Ley;

B) contribuir al logro de la seguridad y ordenamiento de tránsito;

C) estudiar, proyectar y promover programas de acción aconsejando al Poder Ejecutivo medidas necesarias para combatir la accidentabilidad en el tránsito;

D) dictar pautas y participar en la educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública;

E) supervisar y coordinar programas educativos con organismos oficiales y privados (docentes, sanitarios, profesionales, científicos, sindicales, empresariales, sociales, de investigación u otros), a fin de obtener mayor eficacia.

Dichos organismos deberán condicionar sus acciones a las pautas establecidas por la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito;

F) organizar y supervisar un sistema nacional único de relevamiento de información e investigación de causas de accidentes de tránsito y demás aspectos referidos a éstos, su forma de procedimiento y su utilización, propiciando el intercambio con los organismos nacionales e internacionales especializados en el tema y el adiestramiento de los respectivos cuerpos técnicos;

G) proponer medidas para evitar la contaminación del medio ambiente;

H) proponer la reglamentación que establezca la variación admisible de los valores que surgen de las pruebas y análisis que puedan corresponder a procesos biológicos, errores de medición y otras causas;

I) la administración de los fondos adjudicados o que se le adjudicaren en el futuro con el fin de atender su desenvolvimiento.

"ARTICULO 6º. - Los integrantes de la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito serán designados por los organismos correspondientes, con notificación al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pudiendo ser sustituidos en la misma forma".

"ARTICULO 7º. - Constituyen recursos de la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito las asignaciones que le fije la Ley de Presupuesto Nacional y sus modificativas".

ARTICULO 320. - Establécese que los vehículos de transporte de carga con peso bruto igual o mayor de 5 toneladas, que circulen por rutas nacionales, propiedad de particulares, o de organismos públicos nacionales o departamentales, deberán poseer el Certificado de Capacidad Técnica vigente.

La exhibición del certificado mencionado en el inciso anterior, toda vez que le sea requerido por la autoridad competente, será condición previa al ingreso, circulación o continuación de circulación de los citados vehículos en la red vial mencionada y en las plantas o playas de almacenaje, transferencia y distribución de cargas, que se encuentren bajo el dominio o administración de los organismos públicos.

Facúltase al personal inspectivo a retirar la documentación de los vehículos en infracción.

ARTICULO 324. - Sustitúyese la denominación del Programa 002 del Inciso 10, por la de "Servicios para la Calificación, Contralor de Cumplimiento, Registración y Expedición de Información de Empresas Constructoras, de Trabajos y Servicios Complementarios y Consultoras de Obras Públicas".

ARTICULO 325. - Sin perjuicio de los certificados expedidos por los Registros que funcionen en otras dependencias del Estado, será requisito imprescindible para ofertar y contratar la ejecución de obra pública con el Estado, la presentación del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.

ARTICULO 327. - Facúltase al Poder Ejecutivo para incorporar al régimen de dedicación total las funciones de Jefe de Puertos, en todos aquellos puertos administrados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estableciendo para cada caso una compensación mensual que no podrá exceder del 60% (sesenta por ciento) de la retribución nominal del funcionario.

ARTICULO 328. - En todas las expropiaciones se deberá entregar a los interesados, libre de todo gasto, un plano de la fracción remanente, una vez deducida la parte expropiada de la totalidad. A tales efectos, los interesados deberán presentar plano de mensura inscripto de la totalidad, el que deberá cumplir con las exigencias siguientes:

Los planos con fecha de inscripción anterior a la vigencia de esta Ley, deberán incluir: nombre del propietario; el departamento y sección judicial en que esté ubicado el terreno o campo mensurado; número del padrón; áreas total y parciales; orientación; escala; longitud de los límites artificiales; número de padrón o nombre de los linderos, la poligonal con los ángulos y distancias que hayan servido para el elevamiento de los límites naturales con la acotación de las ordenadas y una nota en que conste hasta dónde se ha medido. Cuando se trate de límite sobre arroyos, lagunas del Estado o costa oceánica la poligonal general deberá quedar fijada angularmente y por distancia de uno de sus vértices con cada uno de los límites artificiales existentes, cuando éstos separen fracciones cuya área esté determinada en el plano.

Por los planos inscriptos con posterioridad a la fecha antedicha, los mismos deberán contener toda la información necesaria que permita a la Administración la confección del plano del área remanente de conformidad con las exigencias para la inscripción del plano en la Dirección General de Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado.

Los planos que anteceden serán confeccionados por composición gráfica y para su inscripción no regirá la obligación de verificar la concordancia de límites impuesta por el artículo 286 de la Ley Nº 12.804, de 30 de noviembre de 1960.

ARTICULO 329. - Decláranse comprendidos en las excepciones previstas por el artículo 23 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, a los integrantes de misiones oficiales a que alude el Decreto 227/995, de 23 de junio de 1995, cuando por motivos fundados sea imposible cumplir los plazos reglamentarios para la aprobación de los mismos.

ARTICULO 334. - Derógase el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.961, de 16 de setiembre de 1979.

ARTICULO 335. - Cométese al Poder Ejecutivo la realización de un estudio de factibilidad con miras a la culminación, puesta en marcha y aprovechamiento de la represa existente sobre el arroyo Chingolo, afluente del río Queguay.

ARTICULO 336. - A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, destínanse los inmuebles referidos en el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.961, de 16 de noviembre de 1979.

SECCION IV

Incisos de la Administración Central

INCISO 11

Ministerio de Educación y Cultura

ARTICULO 337. - Asígnase en el Programa 005 "Promoción de la Educación Física y el Deporte" una partida de $ 1:600.000 (pesos un millón seiscientos mil) para complementar las retribuciones de los funcionarios no docentes, y una partida de $ 400.000 (pesos cuatrocientos mil) para contratación de funcionarios zafrales de servicios de verano, ambas partidas incrementarán el Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales" y Rubro 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales".

El Poder Ejecutivo, a iniciativa de la Comisión Nacional de Educación Pública, efectuará la distribución de las partidas dentro del término de 90 días a contar de la vigencia de la presente Ley, con informe previo de la Contaduría General de la Nación, dando cuenta a la Asamblea General.

ARTICULO 338. - Increméntanse los créditos presupuestales correspondientes al Rubro 0 - Retribuciones de Servicios Personales - y al Rubro 1 - Cargas Legales sobre Servicios Personales - de los Programas 001 - Administración General y 003 - Preservación del Patrimonio Artístico, Histórico y Cultural de la Nación - en las sumas anuales de $ 15:700.000 (pesos quince millones setecientos mil).

El Poder Ejecutivo, a iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura reglamentará la distribución entre el Programa 001 y 003 y entre los funcionarios de cada Programa, con informe previo de la Contaduría General de la Nación, dando cuenta a la Asamblea General.

ARTICULO 339. - Agréganse al artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, los numerales siguientes:

"10) Los cargos técnicos y especializados del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable".

"11) Los cargos de Oficial e Inspector de Estado Civil".

ARTICULO 340. - El Fondo Profesor Clemente Estable de Investigación Científica y Tecnológica, creado por el artículo 70 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, tendrá una dotación anual de $ 2:810.000 (pesos dos millones ochocientos diez mil) equivalente a U$S 500.000 (dólares de los Estados Unidos de América quinientos mil), que podrá utilizar para proyectos de investigaciones y formación de recursos humanos.

ARTICULO 341. - A partir del Ejercicio 1996, sólo se podrá usufructuar una beca del Centro de Capacitación y Producción, de cada tres que resulten vacantes hasta completar un número máximo de setenta becas anuales.

ARTICULO 344. - El Ministerio de Educación y Cultura podrá vender al público las publicaciones que edite.

La totalidad de lo recaudado por este concepto se destinará a la financiación de nuevas publicaciones, pudiendo disponerse de hasta un 30% (treinta por ciento), del total para el pago de trabajos de investigación que el Ministerio entendiere conveniente, no siendo de aplicación en este caso, lo dispuesto por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

ARTICULO 345. - Las unidades ejecutoras del Programa 003, "Preservación del Patrimonio Artístico Cultural de la Nación" y la Unidad Ejecutora 015 "Dirección General de Biblioteca Nacional" podrán obtener recursos a través de la prestación de servicios y de la comercialización de reproducciones, publicaciones y bienes de divulgación de los mismos. Con tal propósito podrán firmar convenios con personas e instituciones públicas o privadas nacionales o extranjeras.

Dichos recursos se destinarán en su totalidad en su financiamiento de gastos de funcionamiento de inversiones no siendo de aplicación, en este caso, lo dispuesto por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

ARTICULO 346. - La Oficina del Servicio Nacional de Información funcionará bajo la dependencia del Archivo General de la Nación y ejecutará las acciones y proyectos dispuestos por el Consejo Nacional de Información, cuya Presidencia será ejercida por el Director de la citada unidad ejecutora.

Derógase el literal B) del artículo 254 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

ARTICULO 348. - Toda norma que se refiera al Instituto Nacional del Libro, deberá entenderse referida al Archivo General de la Nación, a partir de la sanción de la presente Ley.

ARTICULO 349. - Agrégase al artículo 234 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en la redacción dada por el artículo 253 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, el siguiente literal:

"F) Asesorar sobre la forma de prevenir la violencia sexual y doméstica".

Derógase el artículo 102 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

ARTICULO 352. - Transfórmanse los cargos de Fiscales Letrados de lo Civil, de 14º, 15º y 16º Turno en Fiscales Letrados de lo Penal de 13º a 15º Turno.

Transfórmanse los cargos de Fiscales Letrados Adjuntos de lo Civil de 14º, 15º y 16º Turno en Fiscales Letrados Adjuntos de lo Penal de 13º a 15º Turno.

ARTICULO 353. - Créanse las Fiscalías Letradas Departamentales de San José, Florida, Durazno y Tacuarembó de 2º Turno, que funcionarán con las oficinas actuales y con los cometidos asignados a los Fiscales Letrados Departamentales en la jurisdicción de los Juzgados Letrados de Primera Instancia de San José, Florida, Durazno y Tacuarembó.

ARTICULO 354. - Creánse cuatro cargos del Fiscal Letrado Departamental destinados a las Fiscalías Letradas Departamentales de 2º Turno de San José, Florida, Durazno y Tacuarembó.

ARTICULO 355. - Créanse cuatro cargos de Asesor 1 Abogado, de igual escalafón a los ya existentes, adscriptos a las Fiscalías Letradas Departamentales de 2º Turno de San José, Florida, Durazno y Tacuarembó.

ARTICULO 356. - La Fiscalía de Corte y Procurador General de la Nación determinará la fecha de instalación de las nuevas Fiscalías Letradas Nacionales de lo Penal y Departamentales creadas por la presente Ley y provisoriamente fijará los nuevos turnos, así como el régimen de distribución de los expedientes en trámite, si fuere menester, todo sin perjuicio de su homologación por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 358. - Habilítase en la Unidad Ejecutora 012 "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" del Programa 004 "Fomento de la Investigación Técnico-Científica", una partida de $ 720.000 (pesos setecientos veinte mil) en el Renglón 0.3.2, a efectos de regularizar la situación funcional del personal de la unidad ejecutora y del personal técnico contratado (artículo 259 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992), para dar cumplimiento a las condiciones estipuladas en los Convenios 646 y 647 OC/UR suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo.

ARTICULO 360. - Sustitúyese el artículo 260 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.963, de 23 de noviembre de 1979, por el siguiente:

"ARTICULO 260. - De todo disco, cinta magnetofónica, cassette, disco compacto y cualquier otro tipo de soportes que contengan fonogramas grabados en el país, o fonogramas de artistas nacionales producidos en el exterior por empresas radicadas en el país, para su comercialización, deberán entregarse dos ejemplares al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos en carácter de Depósito Legal Fonográfico.

La omisión de esta obligación será sancionada con una multa de diez veces el precio de venta al público del material grabado de que se trate.

El producido será administrado por el Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos.

Cuando los materiales a que refiere el presente artículo no se comercialicen, pero sí se registren en el Registro de Derechos de Autor, creado por el artículo 53 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, subsistirá la obligación de entregar dos ejemplares al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos".

ARTICULO 361. - Autorízase al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos a vincularse directamente con los organismos técnicos competentes, nacionales o extranjeros, a efectos de realizar las gestiones y estudios necesarios para que el Instituto esté en condiciones de acceder a los avances tecnológicos en materia de emisiones satelitales.

ARTICULO 362. - Declárase que la programación del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos emitida a través de sus ondas televisivas, radiales o por cualquier otro medio, es de su propiedad. El uso de dicha programación, en forma onerosa o gratuita, por parte de los operadores nacionales o extranjeros de televisión por abonados o vía satélite, requerirá la autorización expresa del organismo, quien establecerá las condiciones para su reutilización.

ARTICULO 363. - De todo video editado en video-casette o en cualquier otro soporte producido en el país y originalmente destinado a su comercialización, deberán entregarse dos ejemplos al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos.

La omisión de esta obligación será sancionada con una multa de diez veces el precio de venta al público del material grabado de que se trate.

El producido será administrado por el Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos.

Cuando los materiales a que refiere el presente artículo no se comercialicen, pero sí se registren en el Registro de Derechos de Autor, creado por el artículo 53 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, subsistirá la obligación de entregar dos ejemplares al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos.

ARTICULO 364. - Deróganse los artículos 38, 39 y 40 de la Ley Especial Nº 7, de 20 de diciembre de 1983.

El Ministerio de Educación y Cultura y el Servicio Oficial de Difusión Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), podrán contratar personal en régimen de cachet cuyas remuneraciones se liquidarán con cargo al Rubro 3 "Servicios no personales", de cada uno de los mencionados organismos.

Los contratos referidos en el inciso anterior solamente podrán realizarse cuando tengan por objeto la realización de actividades docentes, artísticas, así como de radio y televisión; tanto tratándose de servicios dependientes del Ministerio de Educación y Cultura como del Servicio Oficial de Difusión, Radiodifusión y Espectáculos.

En ningún caso adquirirán la calidad de funcionario público, aun cuando se configure una situación de permanencia derivada de la continuidad de los servicios prestados.

La vinculación en régimen de cachet, deberá documentarse mediante contrato el que establecerá en forma detallada las condiciones de aquél, pudiendo la Administración disponer en cualquier momento su rescisión por razones de programación o de servicio, según los casos.

ARTICULO 365. - Facúltase al Instituto Nacional de la Juventud a prestar servicios técnicos, asesorías, realización de diagnósticos especializados u otras tareas de su competencia, requeridos por instituciones o personas privadas u oficiales, nacionales o extranjeras, percibiendo los precios correspondientes.

Estos recursos se destinarán al financiamiento de los gastos originados durante esa actividad y al funcionamiento y desarrollo de las unidades técnicas que presten dichos servicios, así como para solventar otras necesidades de la institución. Dicho instituto reglamentará la prestación de tales servicios.

En el presente caso no será de aplicación lo dispuesto por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

ARTICULO 367. - Increméntase en la Unidad Ejecutora 001 "Secretaría" las siguientes partidas:

Rubro 2: "Materiales y Suministros"
$ 7:500.000.
Rubro 3: "Servicios No Personales"
$ 10:380.000.
Rubro 4.7: "Motores y partes de reemplazo"
$ 400.000.
Rubro 7: "Subsidios y otras transferencias"
$ 10:400.000.
Rubro 9: "Asignaciones Globales"
$ 2:700.000.

Derógase el inciso 2º del artículo 339 de la Ley Nº 16.170 de 28 de diciembre de 1990. De lo recaudado por lo dispuesto por el Inciso 1º del artículo referido, a valores constantes del ejercicio 1994, la Administración Nacional de Correos depositará mensualmente al Tesoro Nacional $ 300.000 (pesos trescientos mil), cifra que se actualizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la presente Ley mientras el organismo requiera asistencia de Rentas Generales. El remanente quedará en la Administración Nacional de Correos para el mejoramiento de los servicios postales.

ARTICULO 368. - En las modificaciones presupuestales que acompañen la Rendición de Cuentas del Ejercicio 1995, el Poder Ejecutivo propondrá las partidas que correspondan para financiar los servicios de la Administración Nacional de Correos para los Ejercicios 1997, 1998 y 1999.

ARTICULO 369. - Créase en la Unidad Ejecutora 021 "Dirección General del Registro de Estado Civil", los servicios de expedición de testimonios relativos al estado civil de las personas, con carácter de urgente despacho. El costo por cada documento será el cuádruple del valor de la común.

Lo recaudado por este concepto, en lo que exceda el costo de la partida común, tendrá el mismo destino que el establecido en el artículo 292 de la Ley Nº 16.320, sin la exclusión prevista en dicha norma.

ARTICULO 371. - Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al sueldo de los funcionarios que prestan efectivamente funciones en la Unidad Ejecutora 015 "Dirección General de Biblioteca Nacional", la partida fija otorgada por Resolución del Poder Ejecutivo de 22 de setiembre de 1993 y renovada por Resoluciones de 3 de junio de 1994 y 26 de julio de 1995, respectivamente. Dicha partida, actualizada con los ajustes salariales correspondientes desde el momento de su percepción, será incorporada como compensación a la persona.

ARTICULO 372. - Otórgase una partida anual equivalente a U$S 50.000 (dólares de los Estados Unidos de América cincuenta mil) al Instituto Nacional de la Familia y la Mujer para atender sus gastos de funcionamiento y contrapartida nacional en proyectos de cooperación externa.

ARTICULO 373. - Destínase al Archivo General de la Nación una partida anual de $ 1:000.000 (pesos un millón) con la finalidad de solventar los gastos de publicaciones del Archivo Artigas, Biblioteca "Artigas Colección de Clásicos Uruguayos", Colección de Documentos, Catálogos, Inventarios y demás ediciones que deba realizar la mencionada unidad ejecutora.

ARTICULO 374. - Derógase el artículo 272 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975.

ARTICULO 376. - Suprímese en la Unidad Ejecutora 018 "Dirección General de Registros", un cargo de Director de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas, Escalafón B, Grado 14.

Transfórmanse, un cargo de Administrativo V, Escalafón C, Grado 1, en un cargo de Especialista IV, Operación, Escalafón D, Grado 6; dos cargos de Especialista IV, Digitación, Escalafón D, Grado 6, en dos cargos de Especialista III, Operación, Escalafón D, Grado 7; un cargo de Director de Operaciones, Escalafón D, Grado 14, en un cargo de Director de Desarrollo, Operaciones y Mantenimiento de Sistemas, Escalafón D, Grado 14 y una función contratada de Especialista III, Operación, Escalafón D, Grado 7, en una función contratada de Especialista II, Programación, Escalafón D, Grado 8.

Créanse un cargo de Especialista III, Programación, Escalafón D, Grado 7 y un cargo de Especialista III, Operación, Escalafón D, Grado 7.

Las modificaciones en la estructura de cargos y funciones contratadas del organismo que se indican en los incisos precedentes serán financiadas con el monto de la supresión establecida en el presente artículo.

ARTICULO 380. - Agrégase como último literal del artículo 4º de la Ley Nº 16.127 del 7 de agosto de 1990, el siguiente:

"E) Los cargos y funciones originados por las vacantes existentes o las que se produzcan, para atender el quehacer artístico de la Orquesta Sinfónica, el Cuerpo de Baile y el Coro Oficial del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE).

ARTICULO 381. - Asígnase al Ministerio de Educación y Cultura una partida por única vez de U$S 30.000 (dólares de los Estados Unidos de América treinta mil) a fin de cubrir el aporte de la Comisión Nacional de Educación Física (CNEF) en el financiamiento de obras de mantenimiento e infraestructura en el programa de cooperación institucional APEX CERRO que desarrolla la Universidad de la República en el campo de la atención primaria de la salud.

ARTICULO 382. - Asígnase al Ministerio de Educación y Cultura una partida anual de U$S 231.342 (dólares de los Estados Unidos de América doscientos treinta y un mil trescientos cuarenta y dos) destinada a financiar la participación del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), la Comisión Nacional de Educación Física (CNEF) y el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer (INFM) todos ellos organismos dependientes de dicho Ministerio en el programa de cooperación institucional APEX CERRO que desarrolla la Universidad de la República en el campo de la atención primaria de la salud.

ARTICULO 383. - Se reserva el uso de la denominación "universidad" o sus derivados, así como atribuir carácter "superior" a la enseñanza que impartan y aplicar a los títulos y certificados que expidan las denominaciones "licenciatura", "maestría", "magister" y "doctor", o sus derivados, a las instituciones privadas cuyo funcionamiento hubiera sido autorizado de conformidad con las normas vigentes.

El Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación y Cultura podrán ejercer, respecto a las instituciones infractoras de esta disposición, cualquiera sea su naturaleza jurídica, las potestades que respectivamente les confiere el Decreto-Ley Nº 15.089, de 12 de diciembre de 1980.

ARTICULO 384. - Habilítase en la Unidad Ejecutora 001 "Administración General" una partida de $ 1:124.000 (pesos un millón ciento veinticuatro mil) con destino al Instituto Nacional de la Juventud, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 331 de la Ley Nº 16.170, del 28 de diciembre de 1990.

ARTICULO 385. - Créase en la Unidad Ejecutora 001 "Administración General", el Fondo de Iniciativas Juveniles que será administrado por el Instituto Nacional de la Juventud.

El Fondo tendrá como objeto apoyar y estimular iniciativas creativas o innovadoras en materia Cultural, Científica, Tecnológica u otras de interés para el desarrollo de la Juventud, que presenten ante dicha Dirección jóvenes, o asociaciones juveniles.

Serán Recursos del Fondo de Iniciativas Juveniles los provenientes de Donaciones y Legados, de Cooperación Nacional e Internacional y los que dispongan las leyes de Presupuesto.

ARTICULO 386. - Habilítase en la Unidad Ejecutora 001 "Administración General" una partida por una sola vez de $ 562.000 (pesos quinientos sesenta y dos mil) equivalentes a U$S 100.000 (dólares de los Estados Unidos de América cien mil), con destino al Fondo de Iniciativas Juveniles.

ARTICULO 388. - Asígnase a la Comisión Nacional de Educación Física una partida anual de $ 2:200.000 (pesos dos millones doscientos mil) para gastos de funcionamiento.

ARTICULO 332/15. - Destínase al Rubro 7 de la Unidad Ejecutora 012 del Programa 004 del Ministerio de Educación y Cultura, para ser transferidos al Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas la suma equivalente a U$S 63.000 (dólares de los Estados Unidos de América sesenta y tres mil) por concepto de actualización del presupuesto aprobado por el artículo 303 de la Ley Nº 16.320, modificado por el artículo 71 de la Ley Nº 16.462.

SECCION IV

Incisos de la Administración Central

INCISO 12

Ministerio de Salud Pública

ARTICULO 391. - Dentro de los 120 (ciento veinte) días de la aprobación de esta Ley, el Ministerio de Salud Pública reasignará entre los Rubros de los Programas 005, "Administración del Subsidio para la Atención Médica"; 006, "Administración de la Red de Establecimientos de Agudos de Montevideo"; 007, "Administración de la Red de Establecimientos de Agudos del Interior" y 008, "Administración de los Establecimientos de Crónicos y Especializados", los recursos del anterior Programa 002, "Prestación de los Servicios de Salud", del Ministerio de Salud Pública, dando cuenta a la Contaduría General de la Nación y al Tribunal de Cuentas de la República.

ARTICULO 392. - Sustitúyese las denominaciones de las funciones contratadas "Director Técnico de Planeamiento y Desarrollo", "Director Técnico de Coordinación y Control", "Sub-Director Técnico de la Salud", "Director Técnico de Planificación", "Director Técnico de Economía y Finanzas" y "Director Técnico de Epidemiología" creadas por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por las de "Director de Cooperación Internacional", "Director de Control de Calidad de la Atención Médica", "Sub-Director General de la Salud", "Director de Economía y Finanzas" y "Director de Epidemiología", respectivamente.

ARTICULO 396. - Transfiérense al Rubro 7 "Subsidios y otras Transferencias" de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la parte del crédito equivalente a los montos de los Rubros 2 y 3 ejecutados por las Comisiones de Apoyo, en el Ejercicio 1994, a valores al 1º de enero de 1995.

Dicha Administración destinará los recursos indicados en las referidas Comisiones, a fin de que éstas participen en la gestión de los respectivos establecimientos hospitalarios bajo la supervisión del Director de la unidad ejecutora.

Deróganse los artículos 82 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, y 419 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

ARTICULO 398. - Créase la Unidad Ejecutora 071 "Banco Nacional de Organos y Tejidos" dentro del Programa 1,08 "Administración de los Establecimientos de Crónicos Especializados", como única responsable de la administración de los recursos que se asignen al Subprograma "Banco Nacional de Organos y Tejidos". La Administración de Servicios de Salud del Estado y la Universidad de la República acordarán las obligaciones y competencias recíprocas de ambas Instituciones, de forma de asegurar el normal funcionamiento del Banco de Organos y Tejidos en sus aspectos asistenciales, de investigación y de docencia.

ARTICULO 399. - Sustitúyese las denominaciones de las funciones de alta prioridad pertenecientes a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, creadas por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, Director Técnico de Inspección, Director Técnico de Recursos Humanos y Director Técnico de Recursos Materiales, por las de Gerente de Auditoría de Gestión, Gerente de Recursos Humanos y Gerente de Recursos Materiales.

ARTICULO 405. - Refuérzase el Renglón 0.3.4.333 en la cantidad necesaria a fin de incrementar las remuneraciones de las Cuidadoras de Niños, Internas, del Centro Hospitalario Pereyra Rossell, pertenecientes al grupo 40, contratadas del Ministerio de Salud Pública al 1º de noviembre de 1995, a fin de incorporarlas al régimen del artículo 106 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Las cuidadoras del Ministerio de Salud Pública gozarán de la normativa de licencias vigente para el resto de los funcionarios del Inciso, a partir de la vigencia de la presente Ley.

ARTICULO 406. - Facúltase a los organismos públicos para actuar como agentes de retención de las cuotas por afiliación a instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de asistencia médica en prepago de los funcionarios que así lo solicitaren. Las instituciones que así lo instrumenten tendrán derecho a percibir una comisión sobre el mondo retenido, a cargo de la entidad prestataria. La retención por este concepto será prioritaria frente a las restantes, excepto las retenciones judiciales, las del servicio de garantía de alquileres de Contaduría General de la Nación y las de préstamos sociales otorgados por el Banco de la República Oriental del Uruguay.

ARTICULO 408. - Agrégase al inciso 1º del artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, el siguiente literal: "F) el aporte de los Seguros Parciales que brinden cobertura médica y quirúrgica, para cubrir la atención de sus afiliados".

ARTICULO 409. - Modifícase lo dispuesto en el inciso segundo del artículo tercero de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Los aportes referidos en los literales A), B), C) y F) serán mensuales, consecutivos y directamente proporcionales a la cantidad de beneficiarios cuya asistencia médica sea responsabilidad de cada uno de los sectores o instituciones mencionadas, con independencia del número de actos médicos realizados".

SECCION IV

Incisos de la Administración Central

INCISO 13

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

ARTICULO 410. - Asígnase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una partida de $ 4:000.000 (pesos cuatro millones) en los Rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales" y 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales", para complementar las retribuciones de los funcionarios presupuestados y contratados.

El Poder Ejecutivo, a iniciativa del citado Ministerio, efectuará la distribución de esta partida entre los programas y funcionarios de cada Unidad Ejecutora. Dicha distribución será realizada dentro del término de 90 días a contar de la vigencia de la presente Ley, con informe previo de la Contaduría General de la Nación dando cuenta a la Asamblea General.

ARTICULO 412. - Sustitúyese el artículo 289 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 289. - Las infracciones a los convenios internacionales de trabajo, leyes, decretos, resoluciones, laudos y convenios colectivos, cuyo contralor corresponde a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social se sancionarán con amonestación, multa o clausura del establecimiento.

La amonestación implica que la empresa pasa a integrar el Registro de Infractores a las Normas Laborales.

Las multas se graduarán según la gravedad de la infracción en una cantidad fijada entre los importes de uno a ciento cincuenta jornales o días de sueldo de cada trabajador comprendido en la misma, o que pueda ser afectado por ella. El monto de la multa así determinado, se convertirá a unidades reajustables. En caso de reincidencia, se duplicará la escala anterior.

En los casos en que la sanción a imponer tenga como fundamento la infracción a las disposiciones de los Convenios Internacionales del Trabajo Nos. 87 y 98 referentes a la libertad sindical, la base de cálculo se determinará de acuerdo al número total de trabajadores de la infractora.

La clausura de los establecimientos no podrá ser mayor a los seis días, quedando las empresas obligadas a abonar la totalidad de los sueldos, salarios y demás obligaciones emergentes de la relación de trabajo, por el término que dure el cierre de los mismos.

La clausura será dispuesta por resolución fundada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a solicitud del Inspector General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La Inspección mantendrá las facultades atribuidas por otros textos legales vigentes.

La clausura de los establecimientos será aplicable ante la comprobación de infracciones que demuestren una clara defraudación al Estado o perjuicio a los trabajadores".

ARTICULO 413. - Sustitúyese el literal D) del artículo 3º de la Ley Nº 13.453, de 2 de diciembre de 1965, por el siguiente: "D) El 10% (diez por ciento) al Instituto Nacional de Alimentación, con destino a asistencia alimentaria, vigilancia y educación nutricional".

ARTICULO 414. - Inclúyense a los Jefes de Departamento, Oficina de Trabajo Administrativo, Escalafón C, Grado 10 del Programa 004, Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Coordinación en el Interior", en lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en las condiciones que la reglamentación interna determine.

ARTICULO 415. - Creánse en el Programa 003, Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Empleo", las siguientes funciones contratadas: 4 Especialista I, Empleo, Escalafón D, Grado 8, y 10 Especialista, Promotor Social, Escalafón D, Grado 12.

Las contrataciones asignarán prioridad a quienes ya fueren funcionarios públicos, siempre que cumplan satisfactoriamente las exigencias de especialidad profesional propias de las funciones referidas. En tales casos, en las unidades ejecutoras de origen de los funcionarios mencionados, se reducirá el crédito del Rubro 0 en el costo equivalente al funcionario que hace la opción.

ARTICULO 416. - Créanse en el Programa 003 - Unidad Ejecutora 003 - Dirección Nacional de Empleo, dos funciones contratadas de Asesor I - Economista- Escalafón A, grado 13.

Transfórmanse cuatro cargos de Inspector IV - Condiciones Generales del Trabajo - Escalafón D, grado 7, en cuatro cargos de Especialista II - Análisis y Fiscalización de la documentación laboral - los que mantendrán el escalafón, grado y remuneración anterior.

ARTICULO 417. - Sustitúyese el literal a) del artículo 325 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

"a) el 0,25% (cero con veinticinco por ciento) adicional de las retribuciones gravadas por el impuesto creado por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, con excepción de los funcionarios públicos, jubilados y pensionistas, el cual se integrará con los aportes de trabajadores y empleadores por partes iguales".

ARTICULO 418. - Sustitúyese el artículo 326 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente: "Artículo 326. - Facúltase al Poder Ejecutivo a partir del primero de enero de 1996 a modificar la tasa del 0,25% (cero con veinticinco por ciento), establecida en el literal a) del artículo precedente, no pudiéndose en ningún caso elevar dicho porcentaje máximo.

Dicha potestad podrá ser ejercida por el Poder Ejecutivo, exclusivamente si mediare una recomendación fundada y unánime de la Junta Nacional de Empleo".

ARTICULO 420. - Sustitúyese el artículo 329 de la Ley Nº 16.320, del 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

"Artículo 329. - La nómina de trabajadores que llevará la Dirección Nacional de Empleo comprenderá los trabajadores referidos en el Apartado A) numerales 1), 2) y 5) del artículo 327 de la presente Ley, que aspiren a ingresar o hayan ingresado al sistema previsto en la presente Ley.

La reglamentación establecerá la forma de inscripción".

ARTICULO 422. - Sustitúyese el artículo Nº 332 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

"Artículo 332. - Los programas que se diseñen atenderán perfectamente a los trabajadores desocupados como consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías u otros procesos de reconversión.

Los importes recaudados conforme al literal a) del artículo 325 serán acreditados mensualmente por el Banco de Previsión Social al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino al Fondo de Reconversión Laboral y depositados en cuenta especial en el Banco de la República Oriental del Uruguay o en el Banco Hipotecario del Uruguay, según lo determine la Junta Nacional del Empleo, quedando facultada ésta para determinar por unanimidad de sus integrantes y por razones fundadas, el traspaso de los fondos existentes de una institución a otra. El retiro y traspaso de fondos sólo se hará efectivo si el recaudo correspondiente se suscribiere en forma conjunta por los tres miembros de la Junta Nacional del Empleo".

ARTICULO 423. - Derógase el artículo 110 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994 y el literal d) del artículo 325 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

ARTICULO 424. - Dentro de los ciento ochenta días de promulgada la presente Ley, el Poder Ejecutivo dictará la reglamentación correspondiente a los efectos de adecuar las modificaciones establecidas a la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

ARTICULO 425. - Facúltase a aplicar fondos de inversión ateniéndose a la descripción del Proyecto 703 en el Programa 003 Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Empleo", a la formación de fondos rotatorios departamentales destinados al fomento del empleo en favor de la población de menores recursos.

ARTICULO 426. - Exceptúase de la supresión de vacantes dispuesta por el artículo 11 de la Ley Nº 16.462 de 11 de enero de 1994, los cargos de Inspector, Escalafón D, Series Condiciones Generales del Trabajo y Condiciones Ambientales del Trabajo, y de la Seguridad Social.

ARTICULO 428. - Los funcionarios que ocupen cargos del Escalafón F Servicios Auxiliares, que al momento de la vigencia de la presente Ley cuenten con más de dos años en la realización permanente de tareas correspondientes a los Escalafones C Administrativo, D Especializado o E Oficios, podrán solicitar su incorporación al escalafón que corresponda, dentro de los noventa días de su publicación.

La incorporación se realizará en el último grado ocupado del escalafón respectivo, siempre que no supere el grado de origen, sin que ello implique incremento del crédito presupuestal, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

ARTICULO 429. - Deróganse los artículos 8º de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, y 115 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

ARTICULO 430. - Sustitúyese el artículo 113 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994 por el siguiente:

"ARTICULO 113. - Los ingresos extrapresupuestales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, una vez cumplido con lo dispuesto por el artículo 442 de la Ley Nº 16.170 se afectarán de la siguiente manera:

A) un 45% para gastos de funcionamiento;

B) un 55% con destino a lo establecido por el artículo 294 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

A los efectos de dar cumplimiento con el artículo 442 citado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá en la oportunidad de la aprobación de la Rendición de Cuentas, justificar la versión a Rentas Generales del monto correspondiente en forma trimestral".

ARTICULO 433. - Sustitúyese el literal E) del artículo 1º de la Ley Nº 15.508, de 23 de noviembre de 1983 por el siguiente:

"E) Hallarse inscripto en la Matrícula de Rematadores que llevará la Comisión Administradora del Registro Nacional de Rematadores que funcionará dentro de la órbita de la Asociación Nacional de Rematadores".

ARTICULO 434. - Sustitúyese el texto del artículo 12 de la Ley Nº 15.508 de 23 de diciembre de 1983, por el siguiente:

"ARTICULO 12. - Para poder actuar en los remates que dispongan el Estado y los organismos paraestatales, será necesario estar inscripto en el Registro Nacional de Rematadores que funcionará dentro de la Asociación Nacional de Rematadores y Corredores Inmobiliarios y será administrado por una comisión Integrada por un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que la presidirá, un representante de la Suprema Corte de Justicia y uno designado por la Asociación Nacional de Rematadores y Corredores Inmobiliarios".

ARTICULO 436. - Autorízase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a contratar, en carácter de pasantes, 30 estudiantes de Derecho que tengan aprobado Derecho Laboral o egresados con una antigüedad no mayor de un año.

Dichos pasantes cumplirán funciones en el Centro de Conciliación de Conflictos Individuales de Trabajo, en la División Consultas y en las Agencias Zonales de Montevideo e interior.

El plazo de dichas pasantías será de un año, el que podrá prorrogarse por una única vez.

La Contaduría General de la Nación habilitará la partida correspondiente, disminuyendo en el mismo importe la partida asignada en los anexos con cargo al renglón 084.301.

ARTICULO 437. - Sustitúyanse los literales a) y e) del artículo 322 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por los siguientes:

"a) estudiar, investigar, fomentar, coordinar, diseñar, evaluar y gestionar, en su caso, Políticas Activas de Empleo y de Formación Profesional;

b) proponer y ejecutar programas y proyectos de orientación laboral y formación profesional, pudiendo para ello celebrar convenios con organismos públicos y entidades privadas nacionales, extranjeras e internacionales".

ARTICULO 438. - Sustitúyense los literales b) e i) del artículo 324 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por los siguientes:

"b) Diseñar conjuntamente con la Dirección Nacional de Empleo programas o proyectos de capacitación de mano de obra, ya sea directamente o por acuerdo con organismos públicos y entidades privadas nacionales, extranjeras e internacionales.

i) estudiar las necesidades de los trabajadores, comprendidos en el régimen de la presente Ley, defendiendo la capacitación del trabajador de acuerdo a sus aptitudes personales y a la demanda del mercado ocupacional. A tales efectos afectará, por resolución fundada y unánime, los recursos que administra, pudiendo destinar hasta un 5% de los mismos para pago de estudios e investigaciones, quedando a dichos efectos facultados para contratar técnicos".

SECCION IV

Incisos de la Administración Central

INCISO 14

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

ARTICULO 439. - Asígnase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente una partida de $ 2:100.000 (pesos dos millones cien mil) en los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales" y 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales", para complementar las retribuciones de los funcionarios presupuestados y contratados.

El Poder Ejecutivo, a iniciativa del citado Ministerio, efectuará la distribución de esta partida entre los programas y funcionarios de cada Unidad Ejecutora. Dicha distribución será realizada dentro del término de 90 días a contar de la vigencia de la presente Ley, con informe previo de la Contaduría General de la Nación dando cuenta a la Asamblea General.

ARTICULO 440. - El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas para desarrollar proyectos o estudios de alta especialización en las materias de medio ambiente y ordenamiento territorial, declarados de utilidad por el Poder Ejecutivo, podrá realizar contratos de arrendamiento de obra por un período no mayor de seis meses, con técnicos extranjeros que pasen a residir temporalmente en el país.

ARTICULO 441. - Para las transferencias de inmuebles propiedad de otros organismos públicos en favor del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, destinados a programas de vivienda de interés social no será necesaria la obtención de ningún certificado de situación contributiva regular, ni serán aplicables las responsabilidades que diferentes normas legales establecen respecto de los intervinientes, autorizantes y registradores.

ARTICULO 442. - Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 16.298, de 18 de agosto de 1992, por el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Para las enajenaciones previstas en el numeral 8) del artículo 663 y en los numerales 3), 4) y 5) del artículo 664 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, se prescindirá de los certificados expedidos por el Banco de Previsión Social a que refieren dichas normas, cuando las enajenaciones se lleven a cabo por expropiación, por cumplimiento forzado de la Ley Nº 8.733, de 17 de junio de 1931, y concordantes, o por ejecución forzada judicial o extrajudicial. Asimismo, se prescindirá de los certificados referidos en las adjudicaciones en favor del Banco Hipotecario del Uruguay posteriores a remates frustrados.

En tales casos no serán de aplicación los artículos 667 y 668 de la referida Ley.

ARTICULO 443. - Decláranse exoneradas del aporte unificado de la industria de la construcción previsto en el Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, las viviendas permanentes de interés social existentes a la fecha de la promulgación de la presente Ley e integrantes de asentamientos ocupados por personas que no sean propietarias del inmueble respectivo.

Dicha exoneración sólo regirá respecto de los inmuebles que sean objeto de regularización por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, siempre que la misma tenga por finalidad la posterior adjudicación de la vivienda al respectivo ocupante. En estos casos, se prescindirá del Certificado Unico Especial que emite el Banco de Previsión Social, siendo suficiente la constancia notarial que acredite que esa situación se encuentra comprendida en la presente disposición.

ARTICULO 444. - Sustitúyese el artículo 213 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992, por el siguiente:

"ARTICULO 213. - Exonéranse del pago del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales creado por la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, y sus modificativas, las siguientes enajenaciones:

A) La que se efectúen a favor de un organismo público con la finalidad de destinar los bienes objeto de la misma exclusivamente a la construcción de viviendas.

B) Las que realicen los organismos públicos en favor de particulares como consecuencia de la adjudicación de una vivienda económica, media o núcleo básico evolutivo.

C) Las enajenaciones que se realicen entre particulares y organismos públicos en cumplimiento y ejecución de licitaciones públicas adjudicadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y que por resolución fundada de este se encuentren comprendidas dentro de la ejecución de los planes de vivienda del citado Ministerio.

Las exoneraciones referidas en esta disposición operarán de pleno derecho, dejándose constancia de las mismas por el profesional interviniente en el acto traslativo de dominio".

ARTICULO 446. - Los bienes inmuebles adjudicados o enajenados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con subsidios otorgados al amparo de lo establecido en el Capítulo V de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, quedan gravados por el término de veinticinco años con derecho real a favor del Ministerio citado, por el monto equivalente al subsidio asignado, debiendo constar el mismo en la escritura respectiva, sin perjuicio de la depreciación prevista en el artículo 70 de la referida Ley.

A estos efectos los créditos por concepto de reembolso en caso de configurarse las situaciones previstas en la norma citada, tendrán carácter preferente en tanto no transcurra el plazo establecido por el artículo 70 referido.

En caso de ejecución del inmueble sujeto a dicho gravamen, el Juzgado interviniente o el Banco Hipotecario del Uruguay, deberá solicitar al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la información relativa al monto del subsidio reajustado y no depreciado, en función del tiempo transcurrido, a ser reembolsado preferentemente a cualquier otro importe, artículo 70 de la citada ley. Dicho monto deberá quedar retenido y será entregado al mencionado Ministerio en función del derecho preferencial.

Cuando el subsidio otorgado hubiera representado el 90% (noventa por ciento) o más del precio correspondiente según así resulte de la escritura respectiva, serán además inembargables en tanto no transcurra el plazo de inalienabilidad establecido en el artículo 70 citado o se hubiera producido el reembolso del subsidio no depreciado. Este beneficio se aplicará exclusivamente al adjudicatario del subsidio habitacional directo o a sus causahabientes.

La presente disposición regirá para todas las enajenaciones ya efectuadas, así como para las que realice en el futuro el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, siempre que sus adquirentes hubieran recibido subsidio.

ARTICULO 447. - Sustitúyese el artículo 88 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992, por el siguiente:

"ARTICULO 88. - Cuando el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente acuerde un subsidio total o parcial al adjudicatario, el mismo se entiende que es personal hacia su beneficiario o sus causahabientes.

En caso de que aquél desee realizar alguna de las operaciones referidas en el artículo 70 de la presente Ley, podrá hacerlo siempre que previamente hubiera reembolsado al Ministerio citado el subsidio reajustado y depreciado en la forma indicada.

Los actos realizados en contravención a la prohibición impuesta por la norma citada serán nulos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los profesionales intervinientes, salvo que previamente se hubiera procedido en la forma establecida en el inciso anterior".

ARTICULO 448. - Todas las facultades otorgadas por el Capítulo III del Decreto-Ley Nº 14.261, de 3 de setiembre de 1974, al Banco Hipotecario del Uruguay, deben entenderse igualmente acordadas al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Las mismas serán aplicables a todos los proyectos, programas y construcciones autorizadas por el citado Ministerio desde su creación, ya sean financiadas total o parcialmente por el mismo o por terceros, siempre que el proyecto cuente con su aprobación y no afecte derechos adquiridos por terceros.

ARTICULO 449. - Sustitúyese el literal C) del artículo 8º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, por el siguiente:

"C) La primera enajenación de bienes inmuebles que realicen las Cooperativas de Viviendas y los Fondos Sociales, así como las adquisiciones para el desarrollo de sus programas a que refiere la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992, y las sociedades civiles reguladas por el Decreto-Ley Nº 14.804, de 14 de julio de 1978".

ARTICULO 450. - Facúltase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a destinar hasta U$S 315.000 (dólares de los Estados Unidos de América trescientos quince mil) con cargo al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, en concepto de contrapartida para la ejecución del Programa Credimat de acuerdo al contrato de préstamo y aporte financiero suscrito el 23 de noviembre de 1993 con el Kredistanstalt für Wiederaufbau en el marco del Convenio sobre Cooperación Financiera celebrado el 20 de agosto de 1993 entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federal de Alemania.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá destinar el producido de los costos administrativos a cargo de los organismos ejecutores intermedios, a cubrir los costos operacionales que demande la ejecución del programa.

ARTICULO 451. - Decláranse comprendidas en la protección de la faja de defensa de costas a que refiere el artículo 153 del Decreto-Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, en la redacción dada por el artículo 193 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, las acciones de particulares que mediante la utilización de vehículos de cualquier naturaleza impliquen la invasión de zonas de playa o anteplaya respecto de las cuales la normativa respectiva disponga la prohibición de tránsito vehicular no autorizado.

Los propietarios de los vehículos infractores, con la solidaridad del conductor respectivo, serán sancionados con 25 UR (unidades reajustables veinticinco), recaudadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. El monto de la sanción se incrementará en un 50% (cincuenta por ciento) por cada reincidencia.

Los funcionarios encargados del contralor de las acciones referidas podrán proceder al secuestro del vehículo infractor. El vehículo secuestrado sólo será liberado cuando el propietario responsable acredite el pago de la multa impuesta y el reembolso de los gastos del traslado del vehículo y su depósito.

Cométese a la Prefectura Nacional Naval, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el contralor de lo dispuesto en el presente artículo.

ARTICULO 453. - Autorízase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a reglamentar las retribuciones complementarias al personal que preste efectivamente funciones en dicha Secretaría de Estado, con cargo al Renglón 0.6.4 "Retribuciones Adicionales Varias".

ARTICULO 454. - Autorízase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a utilizar la partida asignada en el Derivado 0.8.4.301 "Retribuciones Previstas para Reestructurar", con destino a la reestructura de cargos y funciones contratadas de la Dirección Nacional de Vivienda.

ARTICULO 456. - Agrégase al artículo 595 de la Ley Nº 15.903, de 1º de noviembre de 1987, el siguiente literal:

"L) del Inciso 14 ‘Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente’, todas sus unidades ejecutoras".

ARTICULO 457. - Autorízase una partida anual de $ 477.700 (pesos cuatrocientos setenta y siete mil setecientos) equivalentes a U$S 85.000 (dólares de los Estados Unidos de América ochenta y cinco mil) destinada a financiar las actividades correspondientes a la contrapartida nacional necesaria para la continuidad del Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este (PROBIDES).

ARTICULO 458. - La recaudación del Impuesto a las Retribuciones y Prestaciones que grava las pasividades con destino al Fondo Nacional de Vivienda, será vertida por el B P S en una cuenta que a esos efectos abrirá el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el Banco de la República Oriental del Uruguay.

ARTICULO 459. - Los créditos de inversiones financiados con cargo al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización se ajustarán cuestrimetralmente en función de la recaudación de los ingresos previstos en el artículo 81 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992, con excepción de los establecidos en el literal d) del referido artículo.

Los organismos recaudadores de los ingresos afectados a dichos Fondos, deberán comunicar a la Contaduría General de la Nación y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la recaudación mensual, dentro de los quince días siguientes al mes de su percepción.

ARTICULO 461. - Modifícase el artículo 142 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968 el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 142. - Son unidades cooperativas de vivienda las que constituidas por un mínimo de diez socios y un máximo de doscientos, tienen por finalidad proporcionar vivienda y servicios complementarios a los mismos, construyendo con ese objeto un inmueble o un conjunto habitacional o adquiriéndolo en los casos previstos en el artículo 146.

Para el caso en que el objeto de la cooperación se alcanzara a través de la realización de obras de mejoramiento, complementación y subdivisión en varias unidades de una vivienda existen ("reciclaje") el número mínimo de socios se fija en seis".

SECCION V

Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República

INCISO 16

Poder Judicial

CAPITULO I

Retribuciones personales y complementarias

ARTICULO 467. - Sustitúyese el artículo 317 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en la redacción dada por el artículo 143 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, por el siguiente:

"Los funcionarios de los escalafones II al VI, con excepción de los incluidos en el artículo 311 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en la redacción dada por el artículo 388 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, que durante el mes demuestren tener una especial asiduidad, de acuerdo a la reglamentación que, a tales efectos dicte la Suprema Corte de Justicia, percibirán una compensación a la asiduidad equivalente al 10% (diez por ciento), del total de sus remuneraciones permanentes de naturaleza salarial. Sin perjuicio de otras situaciones que provea la reglamentación a dictarse, en ningún caso tendrán derecho quienes hayan gozado de licencias especiales de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IX de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, o hayan registrado inasistencia, sean estas justificadas o no".

ARTICULO 468. - Agrégase al artículo 464 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 316 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, el siguiente inciso:

"Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la Suprema Corte de Justicia, por resolución debidamente fundada, podrá incrementar hasta en un tercio, la cantidad de funcionarios comprendidos en el régimen previsto por el presente artículo, los que podrán ser asignados a cualquiera de las oficinas judiciales, estén o no específicamente mencionadas en esta disposición".

ARTICULO 471. - Establécese una compensación equivalente al 30% del total de sus ingresos para los funcionarios que desempeñan tareas en el Departamento de Medicina Forense (Morgue Judicial) y Laboratorio de Toxicología.

Exclúyense de esta disposición a los Asesores Contadores, Médicos Forenses y Químicos del Instituto Técnico Forense a los que refiere el artículo 494 de la presente Ley.

CAPITULO II

GASTOS

ARTICULO 472. - Fíjanse para el Poder Judicial las siguientes partidas de gastos:

A) gastos de funcionamiento, excluidos suministros y arrendamientos $ 22:500.000 (pesos veintidós millones quinientos mil).

El monto referido está expresado a valores del 1º de enero de 1995 y será actualizado por la Contaduría General de la Nación a la fecha de la presente Ley, según las variaciones del Indice de los Precios al Consumo;

B) suministros por otros organismos estatales y paraestatales $ 8:500.000 (pesos ocho millones quinientos mil).

Los montos referidos están expresados a valores del 1º de enero de 1995 y serán actualizados automáticamente por la Contaduría General de la Nación en caso de variaciones de los precios o tarifas respectivas, o por extensión de servicios.

C) arrendamientos:

$ 5:148.324 (pesos cinco millones ciento cuarenta y ocho mil trescientos veinticuatro).

U$S 373.620 (dólares de los Estados Unidos de América trescientos setenta y tres mil seiscientos veinte).

UR 10.211,40 (unidades reajustables diez mil doscientas once con cuarenta).

La partida corresponde a los montos de los arrendamientos vigentes al 1º de enero de 1995, a valores del 1º de enero de 1995 y será actualizada automáticamente por la Contaduría General de la Nación, en función de las modificaciones de precios resultantes de la aplicación de las normas vigentes, así como la celebración de nuevos contratos o la entrega de locales actualmente arrendados;

D) servicio odontológico del interior:

$ 719.325 (pesos setecientos diecinueve mil trescientos veinticinco).

ARTICULO 473. - Fíjanse para el Poder Judicial, las siguientes partidas de inversiones:

A) inversiones: U$S 2:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América dos millones) anuales;

B) computarización: U$S 500.000 (dólares de los Estados Unidos de América quinientos mil) anuales;

C) una partida anual durante los años 1996, 1997 y 1998 de U$S 1:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón) para culminar las obras del edificio sede de las oficinas administrativas del Poder Judicial;

D) una partida por única vez de U$S 500.000 (dólares de los Estados Unidos de América quinientos mil) la que deberá destinarse exclusivamente para la adquisición, refacción o construcción de locales para sede de Juzgados de Paz del Interior y vivienda de Magistrados de los mismos, o para la adquisición de instrumental y equipamiento para el ejercicio de su función por los médicos forenses del interior.

ARTICULO 474. - Créase una partida anual de $ 1:800.000 (pesos un millón ochocientos mil) a efectos de abonar al Banco de la República Oriental del Uruguay, las comisiones por concepto de pago de sueldos.

ARTICULO 475. - Créase una partida anual de $ 600.000 (pesos seiscientos mil), con la finalidad de contratar el asesoramiento de técnicos en los casos en que no sea posible atenderlos con los peritos que tiene el Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia autorizará por resolución fundada en cada caso, la contratación de los referidos técnicos.

ARTICULO 476. - Autorízase al Poder Judicial a traspasar los saldos no utilizados de la partida de inversión autorizada por el artículo 141 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

ARTICULO 477. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 365 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, autorízase al Poder Judicial y al Banco de la República Oriental del Uruguay para convenir fórmulas de amortización sustitutivas, en cuyo caso y de quedar liberados los rubros con los que se efectúa actualmente la amortización del préstamo que dicha norma legal prevé, se destinarán los mismos, exclusivamente, a la prosecución de las obras del Palacio de Justicia, en la forma que determina la Suprema Corte de Justicia.

CAPITULO III

Creaciones - Transformaciones - Supresiones

ARTICULO 478. - Suprímense la Secretaría Letrada Administrativa y la Secretaría Letrada Judicial y créase la Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia, con dos Prosecretarías.

ARTICULO 479. - Transfórmase un cargo de Secretario Letrado Administrativo en Prosecretario.

ARTICULO 480. - Transfórmase el Tribunal de Faltas en tres Juzgados de Faltas, los que entenderán en primera instancia. Su sentencia definitiva, así como la dictada por los Jueces de Paz del Interior con competencia en materia de faltas, será apelable ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia con competencia penal que corresponda.

Las referencias en las distintas normas al Tribunal de Faltas se entenderán hechas al Juzgado de Faltas.

ARTICULO 481. - Transfórmanse tres cargos de Juez de Tribunal de Faltas en tres cargos de Juez de Faltas, equiparados, a todos los efectos de la carrera judicial, como en su dotación, al Juez de Paz Departamental de la Capital.

ARTICULO 483. - La División Planeamiento y Presupuesto dependerá directamente de la Suprema Corte de Justicia.

ARTICULO 484. - Créase, dentro de la Dirección General de los Servicios de Asistencia Letrada de Oficio, el Servicio de Abogacía de la Suprema Corte de Justicia.

ARTICULO 485. - Incorpórase al Instituto Técnico Forense el actual Servicio de Asistencia y Profilaxis Social como Departamento de Asistencia Social.

ARTICULO 486. - Transfórmanse en Defensores de Oficio Adjuntos en lo Penal a los funcionarios administrativos con título habilitante de Abogado y que revisten prestando funciones en la Defensoría de Oficio en lo Penal al 30 de agosto de 1995, quienes tendrán incompatibilidad para el ejercicio profesional en la materia referida. Su retribución mensual será equivalente al 70% (setenta por ciento) de las que perciben por todo concepto los Defensores de Oficio de la Capital que se hallen en régimen de dedicación exclusiva.

Transfórmanse los actuales cargos "Administrativos" (Esc. V. esc. 9º a 13, del Programa 4, Unidad Ejecutora 4) en "Procurador" (Esc. II, esc. 7º, Programa 4, Unidad Ejecutora 4), de aquellos funcionarios que, poseyendo título profesional habilitante (Abogado, Escribano, Procurador), para la realización de actividades como Procurador de acuerdo al artículo 151 y siguientes de la Ley Nº 15.750, y que al 15 de setiembre de 1995, estuvieran desempeñando tales funciones en las Defensorías de Oficio de Montevideo. El cargo de "Procurador" se incluirá en el Escalafón Profesional.

ARTICULO 487. - Derógase el artículo 311 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

ARTICULO 488. - Transfórmanse dos cargos de Agente de Información Judicial en un Asesor III Abogado.

CAPITULO IV

Normas de ejecución presupuestal

ARTICULO 489. - El Poder Judicial podrá vender, arrendar o ceder a terceros los servicios informáticos y los programas de ordenador ("software") que desarrollare o de los que fuere propietario, aplicándose su producto a la mejora del servicio electrónico.

Los programas de ordenador que se disponga desarrollar por proveedores o funcionarios, serán de propiedad del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia reglamentará lo dispuesto en los incisos precedentes.

ARTICULO 490. - El Poder Judicial, en forma directa o por concesión a terceros, podrá brindar el servicio de acceso electrónico digital a sus bases de datos de jurisprudencia, gestión y otras que creare, por medio de la red telefónica pública, a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que así lo solicitaren.

La Suprema Corte de Justicia fijará los precios de los servicios, que no podrán superar los precios del mercado, y reglamentará su prestación.

El producido del servicio será aplicado a la mejora del servicio electrónico.

ARTICULO 491. - Los tributos judiciales regulados por los artículos 87 a 96 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990; modificados por el artículo 334 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991; 480 a 487 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990; 358 a 364 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992; y 149 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994; así como los demás que ulteriormente se creen y en los que se atribuya al Poder Judicial su fiscalización, serán abonados, en el momento de la presentación cuando se trate de escritos o peticiones que conforme con el régimen reglamentario vigente en materia de distribución de turnos corresponde presentar ante la Oficina de Recepción y Distribución de Turnos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 16.471, de 19 de abril de 1994.

La Oficina de Recepción y Distribución de Turnos fiscalizará y procederá a la inutilización de los valores que justifiquen el pago de tributos.

ARTICULO 492. - El Poder Judicial podrá disponer del 100% (cien por ciento) de los fondos públicos extrapresupuestales que se recauden en la Administración de Justicia, y con los destinos establecidos en las normas legales vigentes.

ARTICULO 493. - Facúltase a la Suprema Corte de Justicia a otorgar a título oneroso, concesiones de uso de inmuebles propiedad del Poder Judicial o que se encuentren bajo su administración, a personas públicas o privadas. La Suprema Corte de Justicia reglamentará las condiciones de la concesión de uso en cada caso y administrará su producido, destinándolo a gastos de funcionamiento o inversiones.

CAPITULO V

Otras normas

ARTICULO 495.- En caso de condena en costa y costos y cuando el ganancioso sea defendido por Defensoría de Oficio y también cuando el Poder Judicial sea la parte gananciosa, esas indemnizaciones constituirán fondos extrapresupuestales del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia reglamentará esta disposición.

ARTICULO 496.- Incorpórase al artículo 118 de la Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985, el siguiente inciso:

«Los Prosecretarios de la Suprema Corte de Justicia están equiparados a todos los efectos de la carrera judicial, como en su dotación, a los Jueces Letrados del interior».

ARTICULO 497.- Autorízase a la Suprema Corte de Justicia a continuar con el programa de financiamiento externo, correspondiente a la solicitud de préstamo gestionada ante el Banco Interamericano de Desarrollo, proyecto Fortalecimiento del Area Social (FAS-UR 0087). Dicho programa tendrá una asignación presupuestal para 1996 de U$S 2.962 (dólares de los Estados Unidos de América dos mil novecientos sesenta y dos) financiada con cargo a Rentas Generales y U$S 442.890 (dólares de los Estados Unidos de América cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa) financiada con cargo a Endeudamiento Externo.

ARTICULO 498.- Sustitúyese el inciso final del artículo 144 de la Ley N° 16.462, de 11 de enero de 1994, por el siguiente:

«En todos los casos deberá notificarse con un mínimo de noventa días al tribunal que ordenó el depósito, procediendo al remate si no mediare oposición dentro de los treinta días siguientes de recibida la respectiva comunicación».

ARTICULO 499.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 145 de la Ley N° 16.462, de 11 de enero de 1994, por el siguiente:

«Los rematadores serán designados por los tribunales respectivos, de acuerdo con las disposiciones en vigencia, sin perjuicio de que, tratándose de bienes depositados en el Depósito Judicial de Bienes Muebles, lo haga la Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, cuando por la cantidad y el valor de los bienes a rematarse sea conveniente que dicha designación la disponga esta última autoridad; en este caso, se realizará un sorteo entre aquellos habilitados al efecto. Esta designación se hará saber a los depositarios mencionados en el artículo anterior».

ARTICULO 500.- A los efectos de lo dispuesto por el artículo 283 de la Ley N° 13.318, de 28 de diciembre de 1964, en la redacción dada por el artículo 159 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, se entiende, especialmente, que resulta inconveniente o inadecuado el depósito a la intemperie de vehículos por carencia de locales apropiados, debiendo la autoridad jurisdiccional interviniente disponer, en esos casos, el remate de los mismos.

ARTICULO 501.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, se procederá en la forma allí establecida respecto de todo vehículo, pasados dos años de su incautación y cualquiera sea la autoridad interviniente, depositándose el producido del remate, una vez descontados los gastos respectivos, en el Banco Hipotecario del Uruguay.

ARTICULO 502.- Los bienes, mercancías y materias primas depositados en zonas francas, pueden ser objeto de medidas cautelares en las mismas condiciones en que lo son aquellos que ya hubieran ingresado por aduana al país.

En los casos que así corresponda, conforme con las normas comunes o especiales vigentes, dichos bienes podrán ser objeto de ejecución, pudiéndose rematar por las dos terceras partes del valor que tengan en dichas zonas, debiendo mantenerse en las mismas condiciones en que se encuentren, si sus adquirentes tienen la calidad legal y reglamentariamente exigida para tenerlos depositados en zonas francas y ordenar su reembarque.

Si se hubiese dispuesto el remate y los adquirentes quisieran introducirlos al comercio, deberán abonarse los tributos, gravámenes o recargos, vigentes en el momento de su importación, debiendo el rematador expedir una constancia a los efectos del respectivo trámite de importación.

ARTICULO 503.- Inclúyese dentro del Poder Judicial, el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, que dependerá directamente de la Suprema Corte de Justicia y actuará con autonomía técnica. Estará dirigido por una Comisión integrada por representantes designados por la Suprema Corte de Justicia, por la Facultad de Derecho y por el Ministerio de Educación y Cultura.

INCISO 17

TRIBUNAL DE CUENTAS

ARTICULO 504.- Otórgase en el Inciso 17 Tribunal de Cuentas, una compensación mensual sujeta a montepío por concepto de alta especialización a los siguientes escalafones y grados:

a) Escalafón A Profesional

1) Grado 16, Director de División $ 5.000 (pesos cinco mil);

2) Grado 15, Sub-Director de División y Secretario General $ 4.500 (pesos cuatro mil quinientos);

3) Grado 14, Director de Departamento y Prosecretario General $ 4.000 (pesos cuatro mil) y

4) Grado 13, Sub-Director de Departamento $ 3.500 (pesos tres mil quinientos);

b) Escalafón C Administrativo:

1) Grado 14, Director de División y Director General de Secretaría $ 3.500 (pesos tres mil quinientos),

2) Grado 13, Sub-Director de División $ 3.000 (pesos tres mil);

c) Escalafón R. Grado 14, Ingeniero de Sistemas $ 4.000 (pesos cuatro mil).

ARTICULO 508.- Sustitúyese el artículo 349 de la Ley N° 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

«Podrá percibir dicho incentivo:

A) Hasta un 40% (cuarenta por ciento) del total de funcionarios del organismo y por un importe no superior al 40% (cuarenta por ciento) de sus retribuciones.

B) Hasta un 40% (cuarenta por ciento) de funcionarios del organismo y por un importe no superior al 20% (veinte por ciento) de sus retribuciones».

ARTICULO 509.- Créase el Escalafón R a los efectos de adecuar la situación laboral de los funcionarios que cumplen tareas en el Centro de Cómputos del Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 510.- Transfórmanse los cargos de funcionarios que desarrollan tareas técnicas en otros Escalafones de acuerdo con el siguiente detalle:

a) un cargo de Ingeniero de Sistemas Escalafón «B» Grado 13, en un cargo de Ingeniero de Sistemas Escalafón «R» Grado 14;

b) dos cargos de Analista Programador Escalafón «B» Grado 10, en dos cargos de Analista Programador Escalafón «R» Grado 12;

c) un cargo de Administrativo I Escalafón «C» Grado 8, en un cargo de Programador Escalafón «R» Grado 10.

ARTICULO 511.- Créase un cargo de Prosecretario General, Escalafón A, Grado 13.

ARTICULO 512.- Inclúyense dentro de las excepciones establecidas en el inciso quinto del artículo 11 de la Ley N° 16.462, de 11 de enero de 1994, los cargos del Tribunal de Cuentas. La presente disposición regirá para las vacantes producidas a partir del 1° de enero de 1995.

ARTICULO 516.- Créase un tributo del 1% (uno por ciento) a todos oferente que resulte adjudicatario de licitaciones públicas, licitaciones abreviadas, o contrataciones directas, que realicen los organismos a que refiere el artículo 2° del TOCAF. Los servicios de explotación comercial e industrial del Estado están comprendidos en la presente disposición en lo referente a los gastos de su funcionamiento e inversiones y exceptuados por los insumos que integren directamente las mercaderías que expenden o el servicio que presten a sus usuarios.

ARTICULO 517.- Exceptúase al Tribunal de Cuentas de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

ARTICULO 518.- Sustitúyese el artículo 483 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990 (artículo 34 del TOCAF), por el siguiente:

«ARTICULO 483.- El Poder Ejecutivo, previo dictamen favorable del Tribunal de Cuentas, podrá autorizar regímenes y procedimientos de contratación especiales basados en los principios de publicidad e igualdad de los oferentes, cuando las características del mercado o de los bienes o servicios lo hagan conveniente para la Administración. Las autorizaciones respectivas serán comunicadas a la Asamblea General y publicadas en el Diario Oficial y en otro de circulación nacional.

Los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales podrán aplicar los regímenes y procedimientos autorizados precedentemente».

ARTICULO 519.- Sustitúyese el artículo 486 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 356 de la Ley N° 16.226, de 29 de octubre de 1991 (artículo 42 del TOCAF) por el siguiente:

«Los contratos de obras, adquisiciones de bienes o prestación de servicios que otorguen los órganos del Estado, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, en aplicación de contratos de préstamos con organismos internacionales de crédito de los que la República forma parte, o de donaciones modales, que darán sujetos a las normas de contratación establecida en cada contrato.

Dentro de lo dispuesto en el inciso anterior, y a mero título enunciativo, se incluye la fijación de otros montos que los vigentes para los procedimientos de adquisiciones, la determinación de requisitos y condiciones generales para procedimientos de compras, así como la de montos y forma de calcular los comparativos de adquisiciones de bienes o servicios nacionales con relación a sus similares extranjeros ofertados, de solución arbitral de las controversias contractuales y, asimismo, la exoneración al transporte marítimo de mercaderías importadas de lo requerido por el artículo 3° del Decreto-Ley N° 14.650, de 2 de marzo de 1977.

No obstante, los procedimientos para la selección de ofertas en los contratos referidos en los incisos anteriores deberán respetar los principios generales de la contratación administrativa, en especial, los de igualdad de los oferentes y la concurrencia en los procedimientos competitivos para el llamado y selección de ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 659, numeral VI, de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990».

ARTICULO 520.- Sustitúyese el numeral I) del artículo 487 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987 (artículo 43, numeral I), del TOCAF), por el siguiente:

«I) Ser funcionario público dependiente de los organismos de la Administración Contratante, no siendo de recibo las ofertas presentadas a título personal, o por firmas, empresas o entidades con las cuales el funcionario esté vinculado por razones de dirección o dependencia. No obstante, en este último caso, tratándose de funcionarios que no tengan intervención en la dependencia estatal en que actúan en el proceso de adquisición, podrá darse curso a las ofertas presentadas en las que se deje constancia de esa circunstancia».

ARTICULO 521.- Sustitúyese el artículo 491 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990 (artículo 47 del TOCAF), por el siguiente:

«ARTICULO 491.- Para las licitaciones públicas y remates se efectuará una publicación en el Diario Oficial y en otro de circulación nacional sin perjuicio de otros medios que se consideren convenientes para asegurar la publicidad del acto, en especial, la comunicación a los servicios de información sobre compras estatales.

El llamado a licitación pública, si fuere necesario estimular la presentación de oferentes radicados en el exterior, se difundirá, además, por intermedio de las representaciones diplomáticas del país, o por avisos cursados a representaciones diplomáticas extranjeras acreditadas en la República.

La publicación deberá hacerse con no menos de quince días de anticipación a la fecha de apertura de licitación o con no menos de treinta días cuando se estime necesaria o conveniente la concurrencia de proponentes radicados en el exterior. Este término podrá ser reducido por el ordenador competente en cada caso, cuando la urgencia o interés así lo requiera, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco o diez días respectivamente. Los motivos de la excepción deberán constar en el acto administrativo que disponga el llamado».

ARTICULO 522.- Sustitúyese el artículo 506 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987 (artículo 58 del TOCAF), por el siguiente:

«ARTICULO 506.- En todo procedimiento competitivo de contratación, cuyo valor cuadruplique el monto para las licitaciones abreviadas, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes.

A tales efectos se podrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados en forma personal o por telegrama colacionado dentro de las veinticuatro horas de decretado el trámite aludido.

Dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término anterior, los oferentes podrán formular por escrito las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este último plazo si los interesados manifestaren que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación y respecto de la que debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentado al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos».

ARTICULO 523.- Sustitúyese el artículo 510 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, (artículo 62 del TOCAF), por el siguiente:

«ARTICULO 510.- Los actos administrativos dictados en los procedimientos de contratación podrán ser impugnados mediante la interposición de los recursos correspondientes en las condiciones y términos preceptuados por las normas constitucionales y legales que regulan la materia.

El plazo para recurrir se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación.

El interesa remitirá copia del escrito o impugnaciones presentados al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

Los recursos tendrán efecto suspensivo, salvo que la Administración actuante por resolución fundada, declare que dicha suspensión afecta inaplazables necesidades del servicios o le causa graves perjuicios.

Resuelto el recurso, se apreciarán las responsabilidades de los órganos o funcionarios responsables y del propio recurrente. Si éste hubiere actuado con mala fe o con manifiesta falta de fundamento, se le aplicarán sanciones de suspensión o eliminación del Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran corresponder por reparación del daño causado a la Administración».

INCISO 18

Corte Electoral

ARTICULO 526.- Increméntanse en un 6% (seis por ciento) con retroactividad al 1° de enero de 1995, las remuneraciones que perciben los funcionarios del Inciso 18, Corte Electoral, con cargo a los créditos presupuestales y leyes especiales.

Quedan exceptuados de esta disposición los cargos comprendidos en los Escalafones P y Q.

ARTICULO 527.- Autorízanse los siguientes pasajes de grado de los cargos que se indican:

1 Jefe de Sección OED II Esc. IV Grado 14 a Esc. IV Grado 15.

1 Secretario de OED II Esc. IV Grado 13 a Esc. IV Grado 14.

18 Jefe de Sección OED III Esc. IV Grado 13 a Esc. IV Grado 14.

18 Secretario de OED III Esc. IV Grado 12 a Esc. IV Grado 13.

1 Asesor I Escribano Esc. I Grado 15 a Esc. I Grado 16.

1 Técnico I Contador Esc. I Grado 12 a Esc. I Grado 16.

1 Técnico I Arquitecto Esc. I Grado 12 Esc. I grado 16.

2 Asesor III Abogado Esc. I Grado 13 a Esc. I Grado 16.

3 Técnico I Abogado Esc. I Grado 12 a Esc. I Grado 16.

2 Técnico I Médico Esc. I Grado 12 a Esc. I Grado 16.

A partir de la vigencia de la presente Ley los cargos de Asesor III Abogado y de Técnico I Abogado cambian su denominación por la de Abogado Asesor.

ARTICULO 529.- Dispónese la presupuestación de los funcionarios contratados con motivo de la tarea inscripcional y electoral de la Corte Electoral, en los escalafones, grados y cargos siguientes:

146 Escalafón IV Grado 5 Administrativo VI

19 Escalafón VI Grado Auxiliar IV

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

La Corte Electoral suprimirá una cantidad equivalente de cargos presupuestados vacantes, del último grado. A tal efecto dispondrá de un plazo máximo de un año a partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, para realizar los ascensos que corresponda, a cuyo vencimiento las vacantes se suprimirán en sus respectivos grados, hasta completar la cantidad establecida.

ARTICULO 530.- Autorízase a la Corte Electoral a incrementar en 2 grados los cargos presupuestales y los contratos de función pública de todos los escalafones del Inciso, sin que ello implique alterar denominaciones ni beneficios en razón de los que ocupen a la fecha.

Lo establecido en el inciso anterior será financiado con el excedente de la partida asignada en los planillados adjuntos al Renglón 063.307.

La Contaduría General de la Nación realizará las trasposiciones correspondientes.

ARTICULO 534.- La Corte Electoral procederá, antes del 31 de diciembre de 1996, a racionalizar la estructura orgánica de las oficinas centrales y de las Oficinas Electorales Departamentales, pudiendo disponer las transformaciones de cargos y partidas de gastos que requiera el servicio, sin que ello constituya aumento del crédito presupuestal ni lesión de derechos funcionales.

Luego de efectuados los ascensos que correspondieren se suprimirá el cincuenta por ciento de las vacantes existentes en el último grado de los respectivos escalafones, quedando habilitada la Corte Electoral para designar al personal en los cargos vacantes restantes.

ARTICULO 535.- Fíjase el crédito del renglón 351.890, Alquileres, en $ 831.540 (pesos ochocientos treinta y un mil quinientos cuarenta). La partida corresponde a los arrendamientos vigentes al 1° de enero de 1995. El crédito será actualizado automáticamente por la Contaduría General de la Nación en función de las modificaciones de precios resultantes de la aplicación de las normas legales vigentes, así como por la celebración de nuevos contratos o la entrega de locales actualmente arrendados.

ARTICULO 536.- Fíjanse los créditos anuales para el Ejercicio 1996 y siguientes para atender los renglones 251.822, ANCAP, en $ 147.865 (pesos ciento cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y cinco); 252.827, UTE, en $ 757.674 (pesos setecientos cincuenta y siete mil seiscientos setenta y cuatro); 311.824, ANTEL, en $ 1:461.374 (pesos un millón cuatrocientos sesenta y un mil trescientos setenta y cuatro) y 314.826, OSE, en $ 286.638 (pesos doscientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y ocho). Los créditos son a valores del 1° de enero de 1995 y se incrementarán en cada oportunidad en que los organismos de referencia ajusten sus tarifas.

ARTICULO 537.- Establécese una partida anual de $ 84.300 (pesos ochenta y cuatro mil trescientos) para el Ejercicio 1996 y siguientes, para cubrir los gastos que demande la participación en reuniones internacionales relativas a la materia electoral.

ARTICULO 538.- Increméntase en $ 424.080 (pesos cuatrocientos veinticuatro mil ochenta) la partida a que refiere el artículo 514 de la Ley N° 14.106, de 14 de marzo de 1973, en la redacción dada por el artículo 581 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986. Dicho crédito se ajustará al 1° de enero y al 1° de julio de cada año de acuerdo a la variación que se haya operado en el Indice General de los Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

INCISO 19

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

ARTICULO 540.- Sustitúyese el artículo 351 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

«ARTICULO 351.- Inclúyese en el régimen de dedicación total las funciones de secretario de Ministro.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes».

ARTICULO 541.- Asígnanse a los funcionarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo las compensaciones, beneficios y mejoras presupuestales que, por todo concepto, se otorguen a los funcionarios del Poder Judicial.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 542.- Sustitúyese el artículo 517 de la Ley N° 16.170, de 27 de diciembre de 1990, por el siguiente:

«Facúltase al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a contratar directamente, en la forma que él determine, diez abogados para prestar asistencia técnica a los señores Ministros.

Duplícase la partida actual para hacer frente a su erogación».

ARTICULO 543.- Asígnase a los cargos de Directo de Departamento (Escalafón «A», Contador y Médico), una compensación por permanencia a la orden del 30% (treinta por ciento), sobre sus remuneraciones de naturaleza salarial.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 544.- La retribución de los Sub-Directores de División, Alguacil y Director de Departamento del Escalafón «C», se determinará aplicando los porcentajes que se detallan, sobre las retribuciones que por todo concepto perciban los Directores de División en régimen de dedicación exclusiva:

A) Sub-Director de División y Alguacil: 80% (ochenta por ciento).

B) Directo de Departamento: 70% (setenta por ciento).

Sólo podrán acumularse a estas retribuciones el sueldo anual complementario, los beneficios sociales y prima por antigüedad que corresponda.

Los cargos mencionados estarán en régimen de dedicación exclusiva.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 546.- Modifícanse cuatro cargos de Chofer, Escalafon «E», Grado 8, en cuatro cargos de Chofer, Escalafón «E», Grado 9.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 547.- Créanse dos cargos de Auxiliar, Escalafón «F», Grado 7.

A esos efectos, suprímese de la partida de contratación, un cargo de Auxiliar II, Escalafón «F», Grado 7 y un cargo de Auxiliar IV, Escalafón «F», Grado 5, existentes en el Organismo.

Por la diferencia, la Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

«A) El Servicio de Informática Jurídica y de Gestión.

B) La Unidad Contable.

C) El Escalafón Especializado en el área de Informática Jurídica y la Unidad Contable.

El servicio referido en el literal A), tendrá como cometido prestar asesoramiento a nivel nacional en el ámbito de competencia del Tribunal y se integrará con: 1 Director de Servicios de Informática 1 Jefe de Servicio de Informática (Sector Jurídico) 1 Jefe de Servicio de Informática (Sector Gestión) 7 Operador I del Servicio de Informática. El escalafón especializado referido en el literal B (Unidad Contable), tendrá como cometido procesar la contabilidad del Organismo efectuando las liquidaciones de Gastos y Sueldos pertinentes y se integrará con: 1 Director de Unidad Contable, Escalafón «D», Grado 13, 1 Tesorero de Unidad Contable, Escalafón «D», Grado 13, 2 Auxiliar Contable, Escalafón «D», grado 11.

ARTICULO 549.- A los fines determinados en el numeral 8) del artículo anterior (Unidad Contable), efectúanse las siguientes transformaciones de cargos.

1 Director de Departamento, en 1 Director de Unidad Contable, Escalafón «C», Grado 12 Escalafón «D», Grado 13.

1 Director de Departamento, en 1 Tesorero de Unidad Contable, Escalafón «C», Grado 12 Escalafón «D», grado 13.

2 Administrativo I, en 2 Auxiliar Contable, Escalafón «C», grado 10 Escalafón «D», Grado 11.

ARTICULO 550.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo procederá a designar entre sus actuales funcionarios a quienes ocuparán los cargos referidos en el artículo anterior, seleccionándolos por resolución fundada y atendiendo a su idoneidad técnica comprobada y su experiencia, valoradas en función de un anterior actuación en labores de esa naturaleza en el Organismo.

ARTICULO 551.- Será aplicable a los funcionarios de la Unidad Contable, Escalafón «D», lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley N° 16.462, de 11 de enero de 1994.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 552.- Transfórmanse los siguientes cargos del Servicio de Informática Jurídica y de Gestión del Escalafón «D» y Administrativo I del Escalafón «C»: 3 Operado I, Escalafón «D», Grado 10, 2 Operador II, Escalafón «D», Grado 9 y 2 Administrativo I, Escalafón «C», Grado 10 en 7 Operador I, Escalafón «D», Grado 11. La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 553.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo procederá a designar entre sus actuales funcionarios Administrativo I, Escalafón «C», a quienes ocuparán los cargos referidos en el artículo anterior, seleccionándolos por resolución fundada y atendiendo a su idoneidad técnica comprobada y experiencia avaladas en función de una anterior actuación en tareas de esa naturaleza en el Organismo.

ARTICULO 554.- La dotación del Director del Servicio de Informática Jurídica y de Gestión y del Director de Unidad Contable, será el 80% (ochenta por ciento) de la retribución que por todo concepto perciban los Directores de División en régimen de dedicación exclusiva.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 555.- Asígnase una partida anual de $ 32.500 (pesos treinta y dos mil quinientos), a fin de compensar a los funcionarios que desempeñan funciones de Chofer al servicio directo de los señores Ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la que se distribuirá de acuerdo a la reglamentación que dicte el Organismo.

ARTICULO 556.- Establécese que los funcionarios del Escalafón «A» del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, podrán optar por el régimen de dedicación total o por ejercer el cargo sin ese carácter, dentro del término de sesenta días contados desde la entrada en vigencia de la presente Ley, o en caso, desde su designación para uno de esos cargos. Realizada la opción, la misma tendrá carácter definitivo.

ARTICULO 557.- Acrécese la partida establecida en el artículo 515 de la Ley N° 16.170, de 27 de diciembre de 1990 en $ 100.000 (pesos cien mil).

La Contaduría General de la Nación Habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 558.- Sustitúyese el artículo 390 de la Ley N° 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 390.- Los funcionarios de los Escalafones «A», «C», «D», «E» y «F», que durante tres meses consecutivos demuestren tener una especial asiduidad, de acuerdo a la reglamentación que dicte el Tribunal, no registren ninguna inasistencia, percibirán durante dicho lapso una compensación a la asiduidad equivalente al 10% (diez por ciento) del total de sus remuneraciones de naturaleza salarial.

Se exceptúan las inasistencias por concepto de licencia anual ordinaria.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes».

ARTICULO 559.- Increméntase el Rubro 3 «Servicios no Personales» en $ 120.000 (pesos ciento veinte mil).

ARTICULO 560.- Las partidas asignadas en forma global, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo las distribuirá entre los distintos Rubros y Programas que componen su Presupuesto, lo que comunicará a la Contaduría General de la Nación y al Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 561.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo podrá disponer las trasposiciones de rubros requeridos para mejor prestación de servicios, con la sola limitación de que no podrá trasponer partidas para gastos de funcionamiento o de inversiones a retribuciones personales (Rubro 0).

INCISO 25

Administración Nacional de Educación Pública

ARTICULO 570.- Fíjanse las siguientes asignaciones presupuestales, para continuar con la ejecución del proyecto «Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria» autorizado por el artículo 417 de la Ley N° 16.320, por un monto total de $ 252:900.000 (pesos doscientos cincuenta y dos millones novecientos mil), equivalentes U$S 45:000.000 (dólares estadounidenses cuarenta y cinco millones), de los cuales $ 75:870.000 (pesos setenta y cinco millones ochocientos setenta mil), equivalente a U$S 13:500.000 (dólares de los Estados Unidos de América trece millones quinientos mil), corresponden a la contrapartida nacional:

ENDEUDAMIENTO

CONTRAPARTIDA
EXTERNO
(En U$S)
NACIONAL
(En U$S)
TOTAL
(En U$S)
Año 1996: 7:550.000 2:140.000 9:690.000
Año 1997: 6:480.000 3:700.000 10:180.000
Año 1998: 3:435.000 2:660.000 6:095.000
Año 1999: 3:673.500 1:002.000 4:675.500

TOTALES

21:138.500 9:502.000 30:640.500

ARTICULO 571.- Fíjanse las siguientes asignaciones presupuestales, para continuar con la ejecución del Proyecto «Fortalecimiento de la Enseñanza Técnica» autorizado por el artículo 418 de la Ley N° 16.320, por un monto total de $ 196:700.000 (pesos ciento noventa y seis millones setecientos mil), equivalente a U$S 35:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América treinta y cinco millones), de los cuales $ 39:340.000 (pesos treinta y nueve millones trescientos cuarenta mil), equivalente a U$S 7:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América siete millones), corresponden a la contrapartida nacional:

ENDEUDAMIENTO

CONTRAPARTIDA
EXTERNO
(En U$S)
NACIONAL
(En U$S)
TOTAL
(En U$S)
Año 1996: 4:545.000 1:570.000 6:115.000
Año 1997: 6:490.000 2:690.000 9:180.000
Año 1998: 15:635.000 2:192.000 17:827.000

TOTALES

26:670.000 6:452.000 33:122.000

ARTICULO 572.- Autorízase a la Administración Nacional de Educación Pública a realizar un programa con financiamiento externo, correspondiente a la solicitud de préstamo gestionada ante el Banco interamericano de Desarrollo, Proyecto «Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria Básica y Formación y Capacitación de Docentes para la Enseñanza General de Nivel Medio», por un monto de $ 281:000.000 (pesos doscientos ochenta y un millones), equivalentes a U$S 50:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América cincuenta millones), de los cuales $ 84:300.000 (pesos ochenta y cuatro millones trescientos mil), equivalentes a U$S 15:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América quince millones), corresponden a la contrapartida nacional.

Dicho Programa tendrá una asignación presupuestal, expresada en dólares de los Estados Unidos de América.

ENDEUDAMIENTO

CONTRAPARTIDA
EXTERNO
(En U$S)
NACIONAL
(En U$S)
TOTAL
(En U$S)
Año 1996: 750.000 900.000 1:650.000
Año 1997: 5:750.000 3:750.000 9:500.000
Año 1998: 8:750.000 4:500.000 13:250.000
Año 1999: 9:875.000 2:925.000 12:800.000

TOTALES

25:125.000 12:075.000 37:200.000

ARTICULO 573.- Sustitúyase el artículo 186 de la Ley Nº 16.462 de 11 de enero de 1994, el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 186.- Sustitúyase a la Administración Nacional de Educación Pública a continuar el programa con financiamiento externo, correspondiente a la solicitud de préstamo gestionada ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Proyecto «Fortalecimiento del Area Social», UR-0087, por un monto de $ 66:400.300 (pesos sesenta y seis millones cuatrocientos mil trescientos), equivalentes a U$S 11:815.000 (dólares de los Estados Unidos de América once millones ochocientos quince mil) , de los cuales $ 30:713.300 (pesos treinta millones setecientos trece mil trescientos), equivalentes a U$S 5:465.000 (dólares de los Estados Unidos de América cinco millones cuatrocientos sesenta y cinco mil), corresponden a la contrapartida nacional.

Dicho programa tendrá una asignación presupuestal, expresada en dólares estadounidenses:

ENDEUDAMIENTO

CONTRAPARTIDA
EXTERNO
(En U$S)
NACIONAL
(En U$S)
TOTAL
(En U$S)
Año 1996: 1:683.531 1:908.243 3:591.774
Año 1997: 1:909.120 1:266.880 3:176.000
Año 1998: 2:124.759 1:975.477 4:100.236

TOTALES

5:717.410 5:150.600 10:868.010

ARTICULO 576.- Las erogaciones previstas por el artículo 2° de la Ley N° 11.021 de 5 de enero de 1948, modificativas y concordantes serán de cargo de Rentas Generales.

ARTICULO 577.- Modifícase el artículo 395 de la Ley N° 16.226 de 29 de octubre de 1991 por el siguiente:

«ARTICULO 395.- Declárase que la Administración Nacional de Educación Pública está exonerada de todo tributo en aplicación de lo establecido por los artículos 69 de la Constitución, 134 de la Ley N° 12.802, de 30 de noviembre de 1960, 113 de la Ley N° 12.803, de 30 de noviembre de 1960 y 16 de la Ley N° 15.739, de 28 de marzo de 1985, con excepción de los aportes patronales con cargo al Rubro 1 «Cargas Legales sobre Servicios Personales».

ARTICULO 578.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 462 de la Ley N° 16.226, de 29 de octubre de 1991, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«Las empresas contribuyente del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, Impuesto a las Actividades Agropecuarias e Impuesto al Patrimonio, gozarán de beneficios tributarios por las donaciones que realicen para la compra de alimentos, útiles, vestimentas contribuciones y reparaciones a establecimientos de Educación Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y Formación Docente, que atiendan a las poblaciones más carenciada».

ARTICULO 579.- El Fondo Permanente que se asigne al Inciso, 25, Administración Nacional de Educación Pública, será equivalente a tres duodécimos de la suma total asignada en el respectivo presupuesto de inversiones y de gastos de funcionamiento, con la excepción de las correspondiente a retribuciones de servicios personales, cargas legales y prestaciones de carácter social y suministros de bienes y servicios efectuados por organismos estatales o paraestatales. Dicho monto será ajustado anualmente al 1° de enero de cada año, de acuerdo a los créditos permanentes vigentes a esa fecha.

ARTICULO 580.- Los miembros de los Consejos de Educación de la Administración Nacional de Educación Pública y de las Direcciones Generales del artículo 12 de la Ley N° 15.739, de 28 de marzo de 1985, tendrán las incompatibilidades y prohibiciones establecidas en los artículos 77 numeral 4, 200 y 201 de la Constitución de la República.

Los mismos no podrán tener vinculaciones laborales o patrimoniales con instituciones de enseñanza privada.

INCISO 26

Universidad de la República

ARTICULO 583.- Asígnase una partida anual de $ 14:050.000 (pesos catorce millones cincuenta mil), con destino al Hospital de Clínicas «Dr. Manuel Quintela», para gastos de funcionamiento.

ARTICULO 584.- todos los créditos de la Universidad de la República se distribuirán entre los siguientes programas presupuestales: Programa 1 Funcionamiento Programa 2 Inversiones Programa 3 Bienestar Universitario.

ARTICULO 585.- La Universidad de la República distribuirá los montos otorgados entre sus programas presupuestales y rubros y determinará los gastos y asignaciones de sus escalafones, todo lo cual comunicará al Tribunal de Cuentas, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Asamblea General dentro de los noventa días del inicio de cada ejercicio.

ARTICULO 586.- Asígnase a la Universidad de la República una partida por única vez, de $ 22:480.000 (pesos veintidós millones cuatrocientos ochenta mil) equivalentes a U$S 4:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro millones), con destino al edificio sede de la Regional Norte-Salto. En la ejecución anual no se excederá el monto de $ 5:620.000 (pesos cinco millones seiscientos veinte mil) equivalentes a U$S 1:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón).»

ARTICULO 587.- Increméntanse los créditos presupuestales correspondientes al Rubro 0 «Retribuciones de Servicios Personales» y al Rubro 1 «Cargas Sociales sobre Servicios Personales» de la Universidad de la República en $ 41:000.000 (pesos cuarenta y un millones).

ARTICULO 588.- La Universidad de la República podrá celebrar contratos de arrendamiento de obra con sus funcionarios docentes, así como con egresado con título universitario, funcionarios de otros organismos públicos, todos ellos necesarios para el cumplimiento de convenios nacionales e internacionales suscritos dentro del ámbito de su competencia.

ARTICULO 589.- La Universidad de la República podrá designar funcionarios en los escalafones A, B, C, D, E, F, y R, previo llamado a concurso abierto, entre personas que sean o no funcionarios públicos, hasta el monto máximo de la partida respectiva, autorizada por Leyes de Presupuesto o de Rendición de Cuentas.

ARTICULO 590.- Ratifícase lo dispuesto por el artículo 528 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

ARTICULO 591.- Incorpórase al artículo 37 de la Ley N° 16.104, de 23 de enero de 1990, el siguiente inciso:

«D) Los funcionarios con cargos docentes designados o electos para desempeñar cargos docentes de gobierno universitario».

ARTICULO 592.- (Beneficios por donaciones a fundaciones instituidas por la Universidad de la República).- Inclúyese en los beneficios previstos en el artículo 238 de la Ley N° 16.462, de 11 de enero de 1994, a las fundaciones instituidas por la Universidad de la República.

El contribuyente entregará su donación a la fundación beneficiaria, debiendo esta expedirle recibos canjeables por Certificados de Crédito de la Dirección General Impositiva.

INCISO 27

Instituto Nacional del menor

ARTICULO 594.- Increméntanse los créditos presupuestales correspondientes al Rubro 0 «Retribuciones de Servicios Personales» y al Rubro 1 «Cargas Sociales sobre Servicios Personales» del Instituto Nacional del Menor en $ 15:580.000 (pesos quince millones quinientos ochenta mil).

El Instituto Nacional del Menor reglamentará la aplicación de este incremento comunicándolo a la Contaduría General de la Nación y dando cuenta a la Asamblea General.

ARTICULO 596.- Declárase que, de acuerdo con las normas vigentes, el Instituto Nacional del Menor es el organismos social y docente que imparte educación personalizada y protección integral a niños y jóvenes, considerando perfiles etáreos, historias personales, antecedentes familiares, minusválidas físicas o psíquicas, con o sin abandono, problemáticas conductuales, abandonos materiales o morales, conflictos con la ley con o sin medidas de seguridad y modalidades de inserción social.

ARTICULO 597.- Autorízase, a partir del Ejercicio 1996, un incremento anual de $ 11:240.000 (pesos once millones doscientos cuarenta mil) que serán destinados a reforzar los Rubros 2 y 3 del programa de funcionamiento que ejecuta el Instituto Nacional del Menor.

El INAME comunicará a la Contaduría General de la Nación la desagregación que corresponda entre los mencionados rubros de gastos.

ARTICULO 598.- Establécense para los años que se indican las siguientes asignaciones presupuestales para inversiones:

AÑO IMPORTE
1995 14:111.026
1996 11:860.000
1997 12:860.000
1998 13:360.000
1999 16:860.000

ARTICULO 599.- Otórganse al Instituto Nacional del Menor las siguientes partidas con destino inversiones:

AÑO IMPORTE
1996 5:000.000
1997 4:000.000
1998 3:500.000

La finalidad de estas partidas es diseñar, construir, equipar o mantener establecimientos para menores con medidas de seguridad.

ARTICULO 600.- Facúltase al Instituto Nacional del Menor a constituir un fondo con los descuentos de cualquier naturaleza que por inasistencias, se practiquen a sus funcionarios, teniendo como único destino la financiación de la contratación de personal eventual por encima del tope establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 15.977, del 14 de setiembre de 1988. A tal efecto, el Instituto Nacional del Menor comunicará a la Contaduría General de la Nación las transposiciones resultantes de la aplicación del inciso anterior, realizándose la habilitación del crédito correspondiente.

ARTICULO 601.- El Instituto Nacional del Menor podrá racionalizar las estructuras de cargos presupuestados y funciones contratadas, adecuándolas a los objetivos de cada programa, de acuerdo con los siguientes criterios:

A) Se deberá respetar los derechos adquiridos por los funcionarios y las reglas del ascenso;

B) se requerirá el asesoramiento de la Oficina Nacional del Registro Civil y de la Contaduría General de la nación;

C) a los efectos de lo dispuesto por el presente artículo podrá incrementarse hasta en un 5% (cinco por ciento) el crédito presupuestal del Rubro 0;

D) la racionalización deberá ser aprobada antes del 31 de diciembre de 1996 y tendrá vigencia a partir del 1º de enero de 1997.

ARTICULO 602.- Los cargos con Grado 16 del Instituto Nacional del menor serán de dedicación total.

Los titulares de los cargos podrán renunciar al régimen de dedicación total dentro de los noventa días a partir de la presente Ley o en su defecto, a partir de su designación.

ARTICULO 605.- Agréganse al artículo 393 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y a su concordante, el artículo 532 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, los siguientes incisos:

1º) Por calificación de la programación de los canales de televisión por cable, hasta 200 UR (unidades reajustables doscientas) mensuales.

2º) Por calificación de video-casete UR 6 (unidades reajustables seis) por título al editor.

La aplicación del presente artículo quedará sujeta a la reglamentación que dicte el Instituto Nacional del Menor.

ARTICULO 606.- El no pago en tiempo y forma de las tasas establecidas en el artículo 393 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en el articulo 532 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y en el artículo anterior se sancionará como máximo con una multa equivalente al quíntuplo del importe impago.

ARTICULO 607.- La cantidad líquida emergente del cálculo del importe de las tasas impagas y de las multas correspondientes, aprobadas por el Directorio del Instituto Nacional del Menor será exigible por la vía prevista en el artículo 377 y siguientes del Código General del Proceso. Servirá de título a tales efectos el testimonio de la resolución del Directorio que apruebe dicha liquidación. El producido del pago de las tasas será percibido por el Instituto Nacional del Menor y se regirá por lo dispuesto en el literal C) del artículo 7º de la Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988.

ARTICULO 608.- Sustitúyase el literal O) del artículo 7º de la Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988, por el siguiente:

«O) Imponer multas en el caso de transgresión a las leyes, reglamentos o resoluciones administrativas relativas a la prestación de los servicios a su cargo. Dichas multas tendrán un límite máximo de 2.000 UR (unidades reajustables dos mil).

A efectos de la comprobación de las transgresiones a que se hace referencia, así como para el correcto cumplimiento de sus cometidos, el Directorio podrá ordenar las inspecciones que estime oportunas».

ARTICULO 609.- La autoridad competente a los efectos de la aplicación del literal Ñ) artículo 7º de la Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988, serán los Jueces de Menores de Montevideo, y quienes hagan sus veces en el interior de la República, pudiendo solicitar la información complementaria que estimen pertinente, la que deberá producirse en forma sumaria.

Las medidas de suspensión o clausura a que hace referencia el literal Ñ) del artículo 7º de la Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988, no podrán superar los treinta días y deberán adoptarse con noticia de los interesados y del Ministerio Público, a los que se dará vista de lo actuado. En caso de reincidencia, la suspensión o clausura podrá llegar a noventa días.

ARTICULO 610.- Otórgase al Instituto Nacional del Menor en el Rubro 0 una partida de $ 3:361.000 (pesos tres millones trescientos sesenta y un mil) con destino a compensar al personal que trabaja su horario completo en Hogares oficiales con población de alto riesgo, o en situaciones que merecen considerarse especiales.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará la firma en que esta compensación será percibida por los funcionarios comprendidos en el inciso anterior.

ARTICULO 611.- El Instituto Nacional del Menor podrá designar hasta un máximo de cien funcionarios técnicos y docentes exclusivamente amparados en el régimen previsto por el artículo 32 de la Ley Nº 16.697, de 21 de abril de 1995 y se regirá de acuerdo con lo previsto por el artículo 4º de la ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1980.

ARTICULO 614.- Los cargos de Jefatura Departamental del Instituto Nacional del Menor, abiertos a varios escalafones, tendrán el grado máximo a que los habilite cualesquiera de aquellos, de acuerdo con los topes establecidos en el artículo 27 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, independientemente de los escalafones a través de los cuales se haya accedido a dichos cargos.

ARTICULO 614/1.- Asígnase al Instituto Nacional del Menor $ 6:000.000 (pesos seis millones) para complemento de retribuciones de sus funcionarios.

SECCION VI

Otros Incisos

INCISO 21

Subsidios y Subvenciones

ARTICULO 619.- Asígnase una partida anual de $ 5:058.000 (pesos cinco millones cincuenta y ocho mil) equivalente a U$S 900.000 (dólares de los Estados Unidos de América novecientos mil) como transferencia a favor del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas.

Dicha transferencia se realizará por duodécimos a lo largo de cada ejercicio.

ARTICULO 620.- Fíjanse para la Administración de Ferrocarriles del Estado las siguientes partidas para funcionamiento:

1) Año 1995, $ 103:868.840 (pesos ciento tres millones ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta), equivalente a U$S 18:482.000 (dólares de los Estados Unidos América dieciocho millones cuatrocientos ochenta y dos mil).

2) Año 1996, $ 105:419.960 (pesos ciento cinco millones cuatrocientos diecinueve mil novecientos sesenta), equivalente a U$S 18:758.000 (dólares de los Estados Unidos de América dieciocho millones setecientos cincuenta y ocho mil).

3) Año 1997, $ 89:606.966 (pesos ochenta y nueve millones seiscientos seis mil novecientos sesenta y seis), equivalente a U$S 15:944.300 (dólares de los Estados Unidos de América quince millones novecientos cuarenta y cuatro mil trescientos).

4) Año 1998, $ 76:165.921 (pesos setenta y seis millones ciento sesenta y cinco mil novecientos veintiuno), equivalente a U$S 13:552.655 (dólares de los Estados Unidos de América trece millones quinientos cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco).

5) Año 1999, $ 64:741.034 (pesos sesenta y cuatro millones setecientos cuarenta y un mil treinta y cuatro), equivalente a U$S 11:519.757 (dólares de los Estados Unidos de América once millones quinientos diecinueve mil setecientos cincuenta y siete).

ARTICULO 621.- Fíjanse para la Administración de Ferrocarriles del Estado las siguientes partidas para atender el pago de servicios de deuda:

1) Año 1995, $ 21:811.220 (pesos veintiún millones ochocientos once mil doscientos veinte), equivalente a U$S 3:881.000 (dólares de los Estados Unidos de América tres millones ochocientos ochenta y un mil).

2) Año 1996, $ 22:064.120 (pesos veintidós millones sesenta y cuatro mil ciento veinte), equivalente a U$S 3:926.000 (dólares de los Estados Unidos de América tres millones novecientos veintiséis mil).

ARTICULO 622.- Serán de cargo del Tesoro Nacional los costos que, para el Banco Central del Uruguay, implique el régimen de prefinanciación de las exportaciones.

ARTICULO 623.- Fíjase por única vez una partida para el Ejercicio 1996 de las asignaciones presupuestales destinadas a gastos de funcionamiento que figuran en los anexos de la presente Ley hasta la suma de $ 5:620.000 (pesos cinco millones seiscientos veinte mil) equivalente a U$S 1:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón) al Centro Nacional de Quemados.

INCISO 24

Diversos Créditos

ARTICULO 624.- Asígnese las siguientes partidas al Plan Nacional de Obras Municipales II:

A) Con cargo a Rentas Generales, la cantidad de $ 5:479.500 (pesos cinco millones cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos) equivalente a U$S 975.000 (dólares de los Estados Unidos de América novecientos setenta y cinco mil) para el ejercicio 1995.

B) Con cargo a Endeudamiento Externo, la cantidad de $ 22:097.840 (pesos veintidós millones noventa y siete mil ochocientos cuarenta) equivalente a U$S 3:932.000 (dólares de los Estados Unidos de América tres millones novecientos treinta y dos mil) para el Ejercicio 1995.

C) Una partida de $3:196.656 (pesos tres millones ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta y seis) equivalente a U$S 568.800 (dólares de los Estados Unidos de América quinientos sesenta y ocho mil ochocientos), con cargo a Rentas Generales, para el Ejercicio 1995, a la Administración de Obras Sanitarias del Estado, a efectos de cubrir los mayores costos de las obras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.8 del Contrato Subsidiario entre el Ministerio de Transporte y obras Públicas y la Administración de las obras Sanitarias del Estado, oportunamente firmado.

Dichas partidas serán destinadas a la ejecución de los subprogramas de obras y de fortalecimiento institucional de acuerdo a los montos que figuran en el Contrato de Préstamo BID Nº 609/OCUR, para cada uno de ellos y serán administrados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Al efecto, autorízase a la Contaduría General de la Nación a realizar las transferencias entre los organismos o unidades ejecutoras correspondientes.

ARTICULO 626.- Asígnase una partida de $ 9:911.052 (pesos nueve millones novecientos once mil cincuenta y dos) con financiamiento de Rentas Generales la que será administrada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para atender gastos de traslados de docentes a centros de enseñanza del interior de la República , según lo previsto en el artículo 366 de la Ley Nº 15.809 , de 8 de abril de 1986.

ARTICULO 628.- Asígnase las siguientes partidas para el funcionamiento de la delegación permanente del Ministerio de Transporte y Obras ante el Comité Intergubernamental Coordinador de la Hidrovía Paraguay- Paraná y de las delegaciones del citado Ministerio a las reuniones técnicas del Sector Transporte en el Mercado Común del Sur:

1) Con financiamiento proveniente de Rentas Generales de los Ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, y 1999 una partida anual de $ 651.920 (pesos seiscientos cincuenta y un mil novecientos veinte) equivalente a U$S 116.000 ( dólares de los Estados Unidos de América ciento dieciséis mil).

2) Con financiamiento proveniente de Endeudamiento Externo, la cantidad de $ 977.880 ( pesos novecientos setenta y siete mil ochocientos ochenta), equivalente a U$S 174.000 (dólares de los Estados Unidos de América ciento setenta y cuatro mil), para los Ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999 anual.

Dichas partidas serán administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

ARTICULO 630.- Fíjanse, como contrapartida nacional para el Proyecto de Saneamiento Urbano de la ciudad de Montevideo, Segunda Etapa, la siguientes partidas:

Por el año 1995, la suma de $ 22:480.000 (pesos veintidós millones cuatrocientos ochenta mil) equivalente a U$S 4:000.000 (dólares de los Estado Unidos de América cuatro millones) con cargos a Rentas Generales y $ 39:340.000 (pesos treinta y nueve millones trescientos cuarenta mil), equivalente a U$S 7:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América siete millones) con cargo a Endeudamiento Externo.

Por el año 1996, la suma de 16:860.000 (pesos dieciséis millones ochocientos sesenta mil) equivalente a U$S 3:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América tres millones) con cargo a Rentas Generales.

ARTICULO 632.- Asígnase al programa «Obras municipales» Segunda Etapa , las partidas siguientes:

1) Con cargo a Rentas Generales: una partida de $ 4:524.100 (pesos cuatro millones quinientos veinticuatro mil cien) equivalente a U$S 805.000 (dólares de los Estados Unidos de América ochocientos cinco mil) para el Ejercicio 1996.

2) Con cargo a Endeudamiento Externo: Una partida de $ 23:327.500 (pesos veintitrés millones trescientos veintisiete mil quinientos) equivalentes a U$S 4:150.800 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro millones ciento cincuenta mil ochocientos) para el Ejercicio 1996.

Estas partidas serán administradas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

ARTICULO 633.- Asígnanse al programa «Obras Municipales», Tercera Etapa, las partidas siguientes:

Con cargo a Rentas Generales:

Años

1996 $4:215.000 (pesos cuatro millones doscientos quince mil) equivalente a U$S 750.000 (dólares de los Estados Unidos de América setecientos cincuenta mil).

1997 $23:941.200 (pesos veintitrés millones novecientos cuarenta y un mil doscientos) equivalente a U$S 4:260.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro millones doscientos sesenta mil).

1998 $26:638.800 (pesos veintiséis millones seiscientos treinta y ocho mil ochocientos) equivalente a U$S 4:740.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro millones setecientos cuarenta mil)

1999 $29:505.000 (pesos veintinueve millones quinientos cinco mil) equivalente a U$S 5:250.000 (dólares de los Estados Unidos de América cinco millones doscientos cincuenta mil).

2) Con cargo a Endeudamiento Externo:

Años

1996 $21:075.000 (pesos veintiún millones setenta y cinco mil) equivalente a U$S 3:750.000 (dólares de los Estados Unidos de América tres millones setecientos cincuenta mil).

1997 $ 67:102.800 (pesos sesenta y siete millones ciento dos mil ochocientos) equivalente a U$S 11:940.000 (dólares de los Estados Unidos de América once millones novecientos cuarenta mil).

1998 $62:157.200 (pesos sesenta y dos millones ciento cincuenta y siete mil doscientos) equivalente a U$S 11:060.000 (dólares de los Estados Unidos de América once millones sesenta mil).

1999 $ 68:845.000 (pesos sesenta y ocho millones ochocientos cuarenta y cinco mil) equivalente a U$S 12:250.000 (dólares de los Estados Unidos de América doce millones doscientos cincuenta mil).

Estas partidas serán administradas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

ARTICULO 634.- Asígnanse al proyecto «Dragado del Canal Martín García» las partidas que se mencionan a efectos de financiar las contrapartidas que corresponden al Gobierno uruguayo:

1) Con financiamiento proveniente de Rentas Generales:

$ 58:150.140 (pesos cincuenta y ocho millones ciento cincuenta mil ciento cuarenta) equivalente a U$S 10:347.000 (dólares de los Estados Unidos de América diez millones trescientos cuarenta y siete mil) para el Ejercicio 1996.

$ 65:591.020 (pesos sesenta y cinco millones quinientos noventa y un mil veinte) equivalente a U$S 11:671.000 (dólares de los Estados Unidos de América once millones seiscientos setenta y un mil) para el Ejercicio 1997.

$ 32:809.560 (pesos treinta y dos millones ochocientos nueve mil quinientos sesenta) equivalente a U$S 5:838.000 (dólares de los Estados Unidos de América cinco millones ochocientos treinta y ocho mil) para el Ejercicio 1998.

2) Con financiamiento proveniente de Endeudamiento Externo:

$ 25:548.530 (pesos veinticinco millones quinientos cuarenta y ocho mil quinientos veinte) equivalente a U$S 4:546.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro millones quinientos cuarenta y seis mil) para el Ejercicio 1996.

$ 51:091.420 (pesos cincuenta y un millones noventa y un mil cuatrocientos veinte) equivalente a U$S 9:091.000 (dólares de los Estados Unidos de América nueve millones noventa y un mil) para los Ejercicios 1997 y 1998.

$ 12:774.260 (pesos doce millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos sesenta) equivalente a U$S 2:273.000 (dólares de los Estados Unidos de América dos millones doscientos setenta y tres mil) para el Ejercicio 1999.

Dichas partidas serán administradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

ARTICULO 635.- Transfiérase a la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande $ 88:234.000 (pesos ochenta y ocho millones doscientos treinta y cuatro mil) equivalente a U$S 15:700.000 (dólares de los Estados Unidos de América quince millones setecientos mil) para el Ejercicio 1995 y $ 84:300.000 (pesos ochenta y cuatro millones trescientos mil) equivalentes a U$S 15:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América quince millones) para el Ejercicio 1996, para cubrir las erogaciones del presupuesto operativo.

ARTICULO 636.- Establécese una partida por única vez de hasta $ 47:208.000 (pesos cuarenta y siete millones doscientos ocho mil) equivalente a U$S 8:400.000 (dólares de los Estados Unidos de América ocho millones cuatrocientos mil) destinada a atender las cuotas de afiliación y contribuciones a organismos internacionales a los que el país está afiliado por ejercicios anteriores a 1996.

ARTICULO 637.- Asígnanse a la Administración de Ferrocarriles del Estado para financiar inversiones, las siguientes partidas:

1) Año 1995, $ 16:500.320 (pesos dieciséis millones quinientos mil trescientos veinte), equivalente a U$S 2:936.000 (dólares de los Estados Unidos de América dos millones novecientos treinta y seis mil).

2) Año 1996, $ 19:934.140 (pesos diecinueve millones novecientos treinta y cuatro mil ciento cuarenta), equivalente a U$S 3:547.000 (dólares de los Estados Unidos de América tres millones quinientos cuarenta y siete mil).

3) Para los años 1997, 1998 y 1999 $ 6:463.000 (pesos seis millones cuatrocientos sesenta y tres mil), equivalente a U$S 1:150.000 (dólares de los Estados unidos de América un millón ciento cincuenta mil) por cada año.

ARTICULO 638.- Autorízanse las siguientes partidas al Proyecto «Delegación Uruguaya en la Comisión Mixta para el Desarrollo de la cuenca de la Laguna Merín»:

1) Con financiamiento de Rentas Generales una partida $ 927.300 (pesos novecientos veintisiete mil trescientos) equivalente a U$S 165.000 (dólares estadounidenses ciento sesenta y cinco mil) para el ejercicio 1995; una partida de $ 640.680 (pesos seiscientos cuarenta mil seiscientos ochenta) equivalente a U$S 114.000 (dólares estadounidenses ciento catorce mil) para cada uno de los Ejercicios 1996 y 1997; una partida de % 522.600 (pesos quinientos veintidós mil seiscientos sesenta) equivalente a U$S 93.000 (dólares estadounidenses noventa y tres mil) para cada uno de los Ejercicios 1998 y 1999;

2) Con financiamiento de Endeudamiento Externo la cantidad de $ 399.413 (pesos trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos trece) equivalente a U$S 71.070 (dólares estadounidenses setenta y un mil setenta) para el ejercicio 1995; una partida de $ 209.693 ( pesos doscientos nueve mil seiscientos noventa y tres) equivalente a U$S 37.312 (dólares estadounidenses treinta y siete mil trescientos doce) para los Ejercicios 1996 y 1997; una partida de $ 131.013 ( pesos ciento treinta y un mil trece) equivalente a U$S 23.312 dólares estadounidenses veintitrés mil trescientos doce) para cada uno de los Ejercicios 1998 y 1999.

Dichas partidas serán administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

ARTICULO 639.- Acuérdase un crédito a la Asociación de aldeas Infantiles SOS, por el monto del impuesto al valor agregado correspondiente a las adquisiciones de bienes y servicios utilizados en la ampliación del complejo situado en la ciudad de Salto, 3ª Sección Judicial, Padrón en mayor área Nº 18.752, y en las obras de relación del complejo situado en Santiago Vázquez, departamento de Montevideo, 16ª Sección Judicial, fracciones A, B, C, D, E Y F del Padrón Nº 4338.

SECCION VII

Recursos

TITULO 4

IMPUESTO A LAS RENTAS DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO

ARTICULO 640.- Agrégase al literal D) del artículo 2º del Título 4 (IRIC) del Texto ordenado 1991, el siguiente inciso:

«D) Cuando la persona jurídica del exterior no pueda hacer uso del referido crédito fiscal por haber obtenido renta fiscal negativa, la renta se considerará exenta. La reglamentación establecerá las condiciones en que se operará la presente exoneración».

ARTICULO 643.- Agrégase al literal E) del artículo 24 Título 4 (IRIC) del Texto ordenado 1991, el siguiente inciso:

«La exoneración establecida en el inciso anterior comprende las variaciones patrimoniales derivadas de la tenencia de participaciones de capital».

ARTICULO 644.- Agrégase al artículo 26 del Título 4 (IRIC) DEL Texto ordenado 1991, los siguientes incisos:

«Los contribuyentes cuyos ingresos no superen el monto referido e el literal E), podrán optar por no quedar comprendidos en el mismo, tributando consecuentemente el Impuesto a las Rentas de la Industria y comercio y el Impuesto al Valor Agregado.

Cuando se haya dejado de estar comprendido en el referido literal, sea de pleno derecho o por haber hecho uso de la opción, no se podrá volver a estarlo».

TITULO 10

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTICULO 653.- Agrégase al artículo 3º del Título 10 (IVA) del Texto ordenado 1991, el siguiente inciso:

«En el caso de prestaciones de servicios de tracto sucesivo, tales como los seguros y los reaseguros, el hecho generador se considerará configurado mensualmente. En atención a la realidad económica de los servicios prestados, el Poder Ejecutivo podrá autorizar modalidades especiales de facturación, de acuerdo con las formas de cobro convenidas, debiéndose en tales casos realizar la versión del impuesto en el mes siguiente al de su facturación».

ARTICULO 654.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 12 del Título 10 (IVA) del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«Si mediante el procedimiento indicado resultare un crédito a favor del contribuyente, éste será imputado al pago de otros tributos recaudados por la Dirección General Impositiva o aportes previsionales, en la forma que determine el Poder Ejecutivo. Cométese al Poder Ejecutivo a fijar períodos de liquidación cuatrimestral para aquellos contribuyentes que designe en función de características tales como el nivel de ingresos, naturaleza del giro, forma jurídica o por la categorización e contribuyentes que realice la Administración. Cuando se realicen a la vez operaciones gravadas y no gravadas, la deducción del impuesto a los bienes y servicios no destinados exclusivamente a unas u otras se efectuará en la proporción correspondiente al monto de las operaciones gravadas en el ejercicio, sin perjuicio de su liquidación cuatrimestral».

ARTICULO 655.- Agrégase al literal A) del numeral 1) del artículo 17 del Título 10 (IVA) del Texto Ordenado 1991, el siguiente inciso:

«Esta exoneración no regirá cuando para estos productos corresponda una tasa mayor que cero en los hechos imponibles referidos en el inciso primero del artículo 1º del Título 9 (IMEBA) del Texto ordenado 1991».

ARTICULO 656.- Sustitúyase el artículo 22 del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 22.- Establécese un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las compras en plaza e importaciones de bienes y servicios destinados a la fabricación de los bienes a que refiere el literal K) del numeral 1) del artículo 17 del Título 10 del Texto Ordenado 1991».

TITULO 11

IMPUESTO ESPECIFICO INTERNO

ARTICULO 659.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 9º del Título 11 (IMESI) del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«En el caso de automóviles adquiridos o importados para ser arrendados por las empresas cuya actividad consiste en el arrendamiento de automóviles sin chofer que estén autorizadas por el Ministerio de Turismo, se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, siempre que el vehículo tenga una cilindrada de hasta 1.800 centímetros cúbicos. Si la cilindrada es superior o si se trata de automóviles adquiridos y/o importados para remises, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la primera transferencia que se realice durante el transcurso de los cinco años contados desde la adquisición o importación del vehículo».

ARTICULO 660.- Derógase el literal B del artículo 6º referido en el Ordinal 5 del artículo 29 del Decreto-Ley Nº 14.948, de 7 de noviembre de 1979 y el artículo 503 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

TITULO 14

IMPUESTO AL PATRIMONIO

ARTICULO 662.- Los sujetos pasivos del literal B) del artículo 1º del Título 14 (PAT) del Texto Ordenado 1991, abatirán el impuesto del ejercicio en el monto generado en el mismo ejercicio por concepto del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio.

El límite máximo del abatimiento ascenderá a 50% (cincuenta por ciento) del Impuesto al patrimonio generado en el ejercicio.

ARTICULO 664.- Sustitúyese el artículo 6º del Título 14 (PAT) DEL Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 6º. Condóminos y socios.- Los condóminos y los socios computarán en su patrimonio la cuota parte que les corresponda en el patrimonio social o en el condominio, siempre que se trate de sociedades o condominios no sujetos al pago del impuesto.

Los condominios, las personas jurídicas y las sociedades no sujetas al pago del impuesto por todo o parte de su capital, declararán su patrimonio y la cuota parte que corresponda a cada socio o condómino, dentro del plazo que establezca la reglamentación».

ARTICULO 665.- Sustitúyese el artículo 8º del Título 14 (PAT) del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 8º. Para la determinación del monto imponible no se computarán en el activo los títulos de Deuda Pública, nacional o Municipal, valores emitidos por Banco Hipotecario del Uruguay, por el Banco Central del Uruguay, Bonos y Letras de Tesorería, acciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo y participaciones en el patrimonio de los sujetos pasivos comprendidos en los literales B) y C) del artículo 1º.

Al solo efecto de la determinación ficta del valor ajuar y muebles de la casa habitación se computarán:

A) Saldos de precio que deriven de importaciones, préstamos y depósitos en moneda extranjera, de personas físicas y jurídicas extranjeras domiciliadas en el exterior.

B) Obligaciones o debentures, títulos de ahorro u otros similares sujetos al pago de este impuesto por vía de retención.

C) Depósitos en instituciones bancarias o cajas populares, cuyos titulares sean personas físicas.

D) Acciones de sociedades comprendidas en el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982".

ARTICULO 666.- Agrégase al literal A) del artículo 10 del Título 14 (PAT) del Texto Ordenado 1991 el siguiente inciso:

«Los bienes inmuebles rurales, se valuarán por el valor real aplicable para la liquidación del impuesto correspondiente al Ejercicio 1994, el que se reajustará anualmente a partir del mismo según el Indice de precios Mayoristas Agropecuarios publicado por el Banco Central del Uruguay. A tales efectos, dichos valores se ajustarán al 31 de diciembre de cada año en función del mencionado índice anualizado al 30 de noviembre inmediato anterior. Los inmuebles rurales que no tuvieran valor real para la liquidación del Ejercicio 1994, se valuarán por el valor real que les fije la dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado. Para los ejercicios posteriores, se aplicará dicho valor reajustado, en la forma prevista en el inciso anterior».

ARTICULO 667.- Sustitúyese el artículo 12 del Título 14 (PAT) del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 12. Participaciones en el patrimonio.- Las participaciones en el patrimonio de las empresas unipersonales y de las sociedades, se computarán por el valor que resulte de su balance, ajustado de acuerdo con las normas del artículo siguiente. Para los títulos, acciones y demás valores mobiliarios, el Poder Ejecutivo determinará la forma de valuación aplicable».

ARTICULO 669.- Sustitúyese el artículo 14 del Título 14 (PAT) del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 14. Exonérase a la Corporación Nacional para el Desarrollo del pago de este impuesto.

La tenencia de acciones de la referida entidad se considerará activo gravado a los efectos del cálculo del pasivo computable para la determinación del patrimonio gravado».

ARTICULO 670.- Sustitúyese el artículo 16 del Título 14 (PAT) del texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 16. Imputación.- El impuesto se liquidará sobre la base de la situación patrimonial del contribuyente en cada año fiscal.

Los sujetos pasivos incluidos en el literal B) del artículo 1º, que tengan contabilidad suficiente, liquidarán el impuesto correspondiente a dicho patrimonio a la fecha de cierre de su ejercicio económico anual. Cuando no cumplan con el extremo citado, liquidarán el tributo al 31 de diciembre.

Los sujetos pasivos incluidos en el literal C) del artículo 1º, liquidarán el impuesto al cierre del ejercicio del Impuesto a las Rentas Agropecuarias o Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, según corresponda.

Quienes no resulten comprendidos en los literales B) y C) del artículo 1º por aplicación de alguna de sus excepciones establecidas, posean contabilidad suficiente y su ejercicio económico no coincida con el año civil, computarán el patrimonio fiscal de dicha actividad a la fecha de cierre de su ejercicio económico, aumentado o disminuido con los aportes o retiros de capital efectuados desde esa fecha hasta el 331 de diciembre, en la forma que determine la reglamentación. Cuando no cumplan con los extremos requeridos declararán sus patrimonios al 31 de diciembre.

En aquellos casos en que la determinación del patrimonio no deban aplicarse normas de valuación del Impuesto a las Rentas de la Industria y comercio, y la fecha de tal determinación no coincida con el 31 de diciembre, el Poder Ejecutivo establecerá los mecanismos de actualización del valor de los bienes computables, entre el 31 de diciembre y el cierre del ejercicio económico.

Las personas físicas, los núcleos familiares y las sucesiones indivisas por el patrimonio no incluido en los incisos anteriores, y los restantes sujetos pasivos, liquidarán el impuesto al 31 de diciembre».

ARTICULO 671.- Facúltase al poder Ejecutivo a fijar, para los contribuyentes comprendidos en los literales B) y C) del artículo 661, y para las sociedades anónimas en todos los casos, pagos a cuenta del impuesto sin la limitación establecida en el artículo 49 del Título 1 del Texto ordenado 1991. La no observancia del referido límite, sólo podrá aplicarse en el primer ejercicio que cierre a partir de la vigencia del citado artículo 661.

ARTICULO 672.- Sustitúyese el artículo 17 del Título 14 (PAT) del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 17. Mínimo no imponible.- Los sujetos pasivos comprendidos en el literal A) del artículo 1º, liquidarán el impuesto sobre el excedente del mínimo no imponible.

El Poder Ejecutivo fijará anualmente el mínimo no imponible para personas físicas y sucesiones indivisas, ajustándolo en función de las variaciones que se produzcan en el índice de costo de vida entre el 1º de octubre del año anterior y el 30 de setiembre del ejercicio gravado, determinado por los servicios estadísticos del Poder Ejecutivo. Para el núcleo familiar se duplicará este importe».

TITULO 16

EXONERACIONES DE INTERES GENERAL

ARTICULO 680.- Decláranse incluidas en las exoneraciones del artículo 1º del Título 3 del Texto ordenado 1991, a las empresas periodísticas del interior del país.

NORMAS FORMALES

ARTICULO 681.- Las modificaciones y derogaciones de disposiciones del Texto Ordenado 1991, se consideran referidas a las normas legales respectivas.

IMPUESTO DE ENSEÑANZA PRIMARIA

ARTICULO 684.- Incorpóranse a los establecimientos públicos dependientes de los Consejos de Educación Secundaria y de Educación Técnico-Profesional al régimen previsto por el artículo 462 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991. Se aplicarán los mismo límites establecidos en dicha disposición.

ARTICULO 685.- Incorpóranse al régimen previsto por el artículo 462 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, los servicios que integren al Consejo de Educación primaria, equipos técnicos universitarios interdisciplinarios, que funciones en el marco de proyectos dirigidos a mejorar la calidad educativa, previamente estudiados y aprobados por las autoridades pertinentes.

ARTICULO 686.- los artículos 661, 662, 664 a 673 y 675 de la presente Ley, regirán a partir del 1º de enero de 1996.

Los restantes artículos de la presente Sección tendrán vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de la promulgación de la presente Ley.

ARTICULO 687.- Toda disminución que se opere por aplicación del artículo 14 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, no deberá suponer rebaja en el monto de las retribuciones salariales o sociales de todo aquel funcionario que sea afectado por la aplicación de la citada disposición legal por parte del Poder Ejecutivo.

ARTICULO 688.- Autorízase al Poder Ejecutivo a rebajar la tasa establecida en el literal C) del artículo 24 de la ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, en los valores siguientes:

A) 2% (dos por ciento) en el primer semestre de 1996.

B) 2% (dos por ciento) en el segundo semestre de 1996.

En caso de utilizar plenamente esta autorización, la tasa que regirá a partir del 1º de enero de 1997, será de 2% (dos por ciento).

ARTICULO 689.- El Poder Ejecutivo incluirá en el Proyecto de Ley de Rendición de cuentas y Balance de Ejecución presupuestal ejercicio 1995, en aplicación de lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 29 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, la información respectiva y atendiendo a la situación presupuestal, propondrá las fechas posibles de reducción del aumento de las tasas del impuesto a las retribuciones personales establecido en dicha norma.

SECCION IX

Disposiciones varias

ARTICULO 733.- Dispónese que los organismos de la Administración Central y los comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, como así también los Bancos oficiales cada vez que procedan a la renovación de sus equipos de computación en los términos que establezca la reglamentación, pondrán los mismos a disposición de la Administración Nacional de Educación Pública, previamente a su enajenación. En caso de ser considerados apropiados para las funciones que cumple dicha Administración, le serán entregados gratuitamente.

El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley.

ARTICULO 736.- Declárase que el hecho de ocupar cargos electivos en carácter de suplente suspende el derecho al cobro del subsidio que perciben los ex titulares de los cargos políticos o de particular confianza, pero no extingue el derecho al beneficio ni interrumpe el cómputo a los efectos del período de vigencia.

ARTICULO 738.- La capitalización cuatrimestral de los recargos por mora, autorizada por el artículo 486 de la ley Nº 16.320, de 1º de setiembre de 1992 alcanzará a las deudas por tributos generadas a partir del 1º de enero de 1993 y a las que se encontraban pendientes de pago por dicho concepto a la mencionada fecha.

Los recargos generados con anterioridad a la misma y que aún estuvieren pendientes de pago a la fecha de vigencia de la presente Ley se capitalizarán a partir del 1º de enero de 1993.

La Administración Tributaria reliquidará a solicitud de los interesados los adeudos cuyo cálculo no se hubiere ajustado a lo dispuesto en los incisos precedentes. Esta facultad también podrá ejercerse en los procesos ejecutivos aun cuando estuvieren en la vía de apremio.

Los pagos ya efectuados por recargos no podrán ser objeto, en ningún caso, de reliquidación y de repetición.

ARTICULO 740.- Sustitúyese el artículo 2º del Decreto-ley Nº 14.950, de 9 de setiembre de 1979, por el siguiente:

«ARTICULO 2º.- La mora se configurará por la no extinción de la deuda de que se trate en el momento y lugar que corresponda, operándose por el solo vencimiento del término establecido para el pago.

Será sancionada de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 94 del Código Tributario, facultándose a los organismos previstos en el artículo 1º a reducir hasta en un 50% los porcentajes establecidos en dicha norma, conforme a la reglamentación que se dicte.»

ARTICULO 744.- Los miembros de directorios de sociedades anónimas que representen al Estado, a un Ente Autónomo o a un Servicio Descentralizado, serán reputados funcionarios públicos, a los efectos de la responsabilidad civil o tributaria resultante del ejercicio de sus cargos, aplicándoseles al efecto lo establecido en os artículos 24 y 25 de la Constitución de la República.

El Estado, Ente Autónomo o Servicio Descentralizado que, en su caso representen, será responsable frente a la sociedad anónima, a los accionistas y ante los terceros, incluida la administración tributaria, por las obligaciones que derivasen de la gestión o de los actos de sus representantes en el directorio de la sociedad anónima, y éstos solamente responderán en caso de haber obrado con culpa grave o dolo.

La retribución de tales representantes así como todo otro que la persona de derecho público entendiere necesaria para ejercer tareas en la sociedad anónima por su cuenta e interés, será fijada y cancelada por la entidad pública que representan y no podrán recibir retribución alguna de parte de la sociedad en la que ejercen la representación, incluidos viáticos, dietas o cualquier otro concepto.

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

ARTICULO 753.- Asígnase a las Intendencias Municipales del interior del país, una partida anual de $28:100.000 (pesos veintiocho millones cien mil) U$S 5:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América cinco millones) para los años 1996 y 1997, para la ejecución directa de obras de mantenimiento y adecuación de la infraestructura departamental, que está a cargo de dichas Intendencias.

ARTICULO 755.- La distribución y exhibición de películas cinematográficas a partir de la vigencia de la presente Ley, podrán, por resolución del Poder Ejecutivo, quedar comprendidas en la exoneración de impuestos, tributos, aportes y de las contribuciones dispuestas por el artículo 134 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, con excepción de las películas denominadas «Pornográficas» (Franja Verde).

Artículo 756.- Derógase el artículo 493 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Modifícase el plazo establecido en los artículos 4º y 9º de la Ley Nº 13.102, de 18 de octubre de 1962, fijándose en su lugar, el de cinco años.

ARTICULO 760.- Autorízase a las Intendencias Municipales a contratar agentes de cobranza a los efectos de colaborar con la percepción de tributos municipales.

Derógase en lo pertinente al numeral 1º del artículo 37 de la Ley Nº 9.515, de 15 de octubre de 1931, en lo referente a la prohibición impuesta a los Intendentes Municipales para encargar a particulares la percepción de las Rentas Municipales.

ARTICULO 761.- A efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, créase en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria de Discapacitados, un Registro de Discapacitados.

No será de aplicación para estos casos el régimen previsto en el artículo 32 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995.

La Oficina Nacional del Servicio Civil, remitirá anualmente al parlamento un informe detallando los organismos que incumplen con este artículo.

ARTICULO 762.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto al Valor Agregado las importaciones de bienes de capital destinados a la asistencia médica, que realicen los prestadores de dichos servicios.

Será condición necesaria para el otorgamiento de la exoneración, que las importaciones de referencia constituyan un aporte necesario para el sistema de servicios de salud.

ARTICULO 763.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar total o parcialmente de tributos, a las actividades que determine, vinculadas a la Declaración de Montevideo como Capital Internacional de la Cultura.»

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Correspondería, entonces, pasar a considerar la Sección I del texto del proyecto de ley de Presupuesto nacional, que comprende los artículos 1º a 6º. Los artículos 3º, 5º y 6º han sido desglosados, por lo que se pondrán a consideración los 1º, 2º y 4º. Si no hay inconveniente, se votarán en bloque.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que estos artículos se voten por separado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

«ARTICULO 1º.- El Presupuesto Nacional para el actual período de gobierno, se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y sus anexos, que forman parte integrante de ésta».

En consideración.

Si no hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

«ARTICULO 2º.- Apruébanse las modificaciones a los Anexos referidos en el artículo 1º del Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes, que se detallan en los planillados adjuntos».

-En consideración.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Entendemos que la redacción de este artículo no tiene sentido, ya que está incluida en el artículo 1º, por lo que no habría que votarlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Precisamente, la Mesa iba a expresar una reserva jurídica que tenía en ese mismo sentido.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-0 en 31. Negativa.

Léase el artículo 4º.

(Se lee)

«ARTICULO 4º.- los créditos establecidos para sueldos, gastos, inversiones, subsidios y subvenciones están cuantificados a valores del 1º de enero de 1995, se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 6º, 68, 69, 70, y 82 de la ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y sus modificativos.

Las estructuras de cargos y funciones se consideran al 30 de junio de 1995 y a valores del 1º de enero de 1995.

Autorízase a la Contaduría General de la Nación a actualizar la estructura de cargos a que refiere la presente Ley, en función de las variaciones producidas entre el 1º de julio de 1995 y la fecha de su vigencia».

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

Se pasa a considerar el Capítulo I de la Sección II, Régimen de Reinserción Laboral y Empresarial, que comprende los artículos 7 al 22.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Brevemente, deseo argumentar nuestra posición con respecto al Capítulo I de la sección II que trata el Régimen de Reinserción Laboral y Empresarial.

Deseo expresar que vamos a apoyar con nuestro voto este Capítulo, independientemente del hecho de no compartir en absoluto el carácter obligatorio de excedencia de funcionarios por la reestructura de los Incisos tal como está concebida en este proyecto de Ley. Decimos esto, en primer lugar, porque se trata de un régimen que incorpora una serie de incentivos al retiro de la función pública, con la inclusión de asesoramiento y capacitación, aspectos imprescindibles para realizar cualquier emprendimiento privado con perspectivas de éxito para el funcionario. Además, cabe destacar el hecho de que existe la posibilidad, en algunas de las opciones, de probar una actividad privada y luego retomar el cargo.

En segundo término, nuestro voto se fundamenta en que las opciones contemplan una gran variedad de situaciones.

En tercer lugar, apoyaremos este Capítulo, porque los incentivos que se calculan en estas remuneraciones se establecen en base a las retribuciones por todo concepto correspondientes al mes anterior a la renuncia. Esto mejora el monto de los incentivos con respecto a leyes anteriores que han existido en el país, como por ejemplo la Ley de Funcionarios Públicos de 1990.

Consideramos que la reestructura del Estado, en lo atinente a funcionarios, en todos los países del mundo y también en el nuestro, trae consigo un costo social importante. En otros países, como por ejemplo los vecinos -tal como se ha mencionado aquí- esa reestructura se ha realizado despiadadamente y sin valorar la importancia de ese costo social. Los funcionarios públicos, cualquiera sea su calidad, para nosotros no son meros números, sino seres humanos que viven, sienten y , fundamentalmente, piensan. Precisamente, porque se trata de seres pensantes y adultos, entendemos que es bueno que tengan la libertad y la opción de decidir, sabiendo evaluar aquello que más les conviene.

Sin embargo, quiero subrayar que no compartimos, de este Capítulo en especial, dos artículos que a nuestro juicio son negativos para el interés del país. Me refiero concretamente al artículo 14, que faculta genéricamente a los jerarcas de los Incisos a contratar con terceros la prestación de actividades no sustanciales, las cuales no están definidas claramente, por lo que no compartimos su autorización general.

Con respecto al artículo 15, podemos decir que tiene que ver con el hecho de que quienes no optan por el régimen de reinserción laboral y se declaren excedentarios, tendrán una remuneración extremadamente disminuida y al permanecer a la orden del Estado perderán su puesto de trabajo habitual.

Es en ese sentido que queríamos dejar constancia de nuestra posición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pienso que ya se han desglosado todos los artículos del Capítulo, podríamos realizar dos votaciones separadas, comprendiendo en una todos los artículos menos los 14 y 15, que serían los que merecen objeciones.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra del señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Por nuestra parte, tenemos objeciones con respecto a todos los artículos y pensamos que en este tipo de votación sería conveniente no desarrollar en extensión los fundamentos. Reitero que tenemos objeción con relación a todos los artículos y por eso no entendí la propuesta de separar solamente los artículos 14 y 15.

SEÑOR PRESIDENTE.- Seguramente, me he expresado mal, ya que de ninguna manera tenía la intención de coartar la libertad de hacer uso de la palabra, ya que si estamos en la etapa de discusión cada uno puede fundar su voto. Pero, en este caso, en la medida en que está desglosado todo el Capítulo, obviamente, se requiere un sistema. Precisamente, la señora Senadora Dalmás planteaba objeciones para votar los artículos 14 y 15.

Por eso entendimos que debíamos realizar dos votaciones, una para todo el Capítulo y otra para los dos artículos mencionados.

Por último, debo aclarar que si cualquiera de los señores Senadores solicita que se vote artículo por artículo, así se hará.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Si bien comprendo que no debemos extendernos más en el debate, debo aclarar nuevamente que tenemos objeciones con respecto a todos los artículos de este Capítulo, ya que refiere a un régimen que se basa en un mercado de trabajo no existente. Tampoco compartimos lo relativo a la devolución del dinero que después de la reserva de su cargo debe realizar el funcionario a través de un sistema de cuotas. Asimismo, no compartimos el hecho de que esto se inserte dentro de la existencia de un excedentario en el que se basa el sistema.

Por tal motivo, solicitamos que los artículos de este Capítulo se voten uno por uno.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNADEZ FAINGOLD.- Del cotejo de los textos surge, aparentemente, que en la página 3, en la tercera línea correspondiente al artículo 8º, después de la palabra «oneroso» faltaría la conjunción «y».

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Es muy correcta la observación del señor Senador Fernández faingold, pero esa omisión ya se ha incluido en la Fe de Erratas.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Aclaro que no tengo ningún problema en votar todo el Capítulo en su conjunto, porque voy a rechazar todos los artículos que lo componen. Estas disposiciones, en definitiva, existen sobre la base de la Sección VIII, que es la que expulsa de la Administración a los funcionarios públicos y, por lo tanto, este llamado régimen de inserción laboral y empresarial, en virtud de todas las argumentaciones ya dadas anteriormente, será votado en contra por la Bancada frenteamplista.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 7º.

(Se lee:)

«ARTICULO 7º.- Créase el Régimen de Reinserción laboral y Empresarial de Funcionarios Públicos de la Administración Central.

Todo funcionario, presupuestado o contratado, de los Incisos 02 y 05 al 14, así como el personal civil no equiparado al régimen militar y policial de los Incisos 03 y 04 respectivamente, que se encuentre en situación de disponibilidad por reestructura según lo dispuesto en el Capítulo 2 de la Sección VIII de la presente Ley, y que no tuviese causal jubilatoria, podrá acceder al presente régimen. A tal efecto dispondrá de un plazo de seis meses a partir de la fecha de la puesta en funcionamiento del mismo, o de cuatro meses contados desde el pase a situación de disponibilidad por reestructura, en caso de que ello ocurriera fuera de dicho lapso de seis meses.

El ingreso del funcionario al citado régimen, se perfeccionará en el momento en que éste se presente al organismo competente solicitando su ingreso en el mismo, de acuerdo con las normas reglamentarias que el Poder Ejecutivo dictará en el lapso de tres meses a partir de la promulgación de presente Ley».

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 8º.

(Se lee:)

"ARTICULO 8º. - En virtud del presente régimen, el funcionario podrá recibir apoyo para su colocación laboral en el sector privado, ayuda técnico-financiera, y capacitación para el caso que deseare desarrollar una pequeña o mediana empresa.

Estos servicios serán suministrados por instituciones públicas o privadas, contratadas a estos efectos, los que podrán ser a título gratuito u oneroso y en este último caso, se retribuirán a través de la emisión de certificados personales no transferibles.

El Poder Ejecutivo creará registros especiales y determinará los órganos que ejercerán la supervisión de estas instituciones, en la forma que disponga la reglamentación".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 9º.

(Se lee:)

"ARTICULO 9º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a adjudicar y destinar fondos de cooperación internacional orientados a la reforma del Estado, la promoción y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y la promoción de empleo en el sector privado, a efectos de permitir el financiamiento del presente régimen de reinserción laboral y empresarial".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 10.

(Se lee:)

"ARTICULO 10. - Los funcionarios que se acojan al régimen de reinserción laboral tendrán derecho a recibir asesoramiento respecto a un plan de desarrollo de su proyecto de empresa o en caso de inexistencia de tal proyecto, a recibir una evaluación de su perfil laboral a efectos de facilitar su reinserción en el sector ocupacional privado".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 11.

(Se lee:)

"ARTICULO 11. - La elección de las instituciones que suministrarán los servicios mencionados en el artículo anterior será realizada por el funcionario sobre la base de listas resultantes de los registros abiertos al respecto".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 12.

(Se lee:)

"ARTICULO 12. - Para el caso de aquellos funcionarios que hayan presentado planes de desarrollo empresarial en el lapso anteriormente establecido, el asesoramiento inicial, que deberá completarse en el plazo de tres meses, estará orientado a la mejora del plan de negocios y al establecimiento de necesidades de capital y de capacitación del futuro empresario.

Una vez finalizada esta etapa, los funcionarios dispondrán de un plazo de tres meses para optar, en caso de que así lo deseen, por renunciar a la función pública en forma definitiva o renunciar con reserva del cargo por el lapso de un año.

A los efectos previstos por este artículo y el artículo siguiente, créanse los Bonos de Capacitación y Colocación, los que constituirán títulos de crédito, emitidos por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas y serán nominativos y no transferibles regulándose en lo pertinente por las disposiciones del Decreto-Ley Nº 14.701, de 12 de setiembre de 1977 y concordantes. Dichos títulos de crédito tendrán por finalidad exclusivamente lo establecido en esta ley a los efectos de permitir la reinserción laboral y empresarial de los funcionarios públicos.

En caso que renuncien a la función pública en forma definitiva recibirán, una vez cumplido este acto, un capital de 180 UR (ciento ochenta unidades reajustables), un Bono de Capacitación por hasta 50 UR (cincuenta unidades reajustables), una compensación equivalente a doce meses de las retribuciones que hubiera percibido por todo concepto en el mes inmediato anterior al de su pase a disponibilidad por reestructura, y facilidades para el acceso a líneas de crédito para la promoción de la pequeña y mediana empresa.

En caso que prefieran reservar su cargo a efectos de constituir o desempeñarse en una empresa, una vez probada fehacientemente esta situación, podrán mantenerse esta reserva por el plazo improrrogable de un año a partir de aceptada la renuncia, accediendo a un Bono de Capacitación por hasta 50 UR (cincuenta unidades reajustables). En este caso, el funcionario no percibirá retribución alguna por este lapso y tampoco la compensación equivalente a doce meses prevista en el inciso anterior. Transcurrido el año de reserva a que hace referencia el inciso segundo de este artículo, si el funcionario resuelve renunciar, recibirá una compensación equivalente a nueve meses de las retribuciones que hubiera percibido por todo concepto en el mes inmediato anterior al de la fecha del acto administrativo de aceptación de su renuncia.

En caso de que al cabo de doce meses de reserva, el funcionario no renunciase y se reintegrase al cargo, deberá devolver el capital recibido de acuerdo al inciso anterior, en veinticuatro pagos mensuales.

Los funcionarios que en la situación del inciso quinto, optasen por no renunciar a la función pública, podrán solicitar, a continuación de la evaluación de su proyecto de empresa, una evaluación adicional de su perfil personal laboral, que deberá ser realizada en el plazo máximo de un mes, a efectos de establecer la factibilidad de su reinserción ocupacional en el sector privado. Una vez culminada esta evaluación, el funcionario podrá optar, en un lapso de treinta días, por renunciar a la función pública. En este caso, una vez aceptada su renuncia, tendrá derecho a recibir un Bono de Capacitación por hasta 80 UR (ochenta unidades reajustables), así como un Bono de Colocación por hasta 60 UR (sesenta unidades reajustables) para facilitar su reinserción por agencias de empleo, el cual sólo se hará efectivo a la respectiva agencia una vez lograda la colocación, y una compensación equivalente a nueve meses de las retribuciones que hubiera percibido por todo concepto en el mes inmediato anterior al de la fecha del acto administrativo de aceptación de su renuncia".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 13.

(Se lee:)

"ARTICULO 13. - Aquellos funcionarios que inicialmente soliciten sólo una evaluación de su perfil personal laboral, la que deberá ser realizada en un plazo máximo de tres meses, podrán optar por abandonar la función en forma definitiva o por renunciar con reserva del cargo por el lapso de un año. En ambos casos, finalizada la etapa de evaluación de su perfil personal, el funcionario dispondrá de un período de tres meses adicionales para adoptar la decisión.

En caso en que renuncien a la función pública en forma definitiva, recibirán un Bono de Capacitación por hasta 80 UR (ochenta unidades reajustables), un Bono de Colocación por agencias privadas, por hasta 60 UR (sesenta unidades reajustables) el cual sólo se hará efectivo a la respectiva agencia una vez lograda la colocación, y una compensación equivalente a doce meses de las retribuciones que hubieran percibido por todo concepto en el mes inmediato anterior al de su pase a disponibilidad por reestructura.

En el caso que prefieran reservar su cargo a efectos de incorporarse al sector ocupacional privado, una vez probada fehacientemente esta última situación, podrán mantener dicha reserva por el plazo improrrogable de un año a partir de la aceptación de la renuncia, accediendo únicamente a un Bono de Capacitación de hasta 80 UR (ochenta unidades reajustables). En este caso, el funcionario no percibirá retribución alguna en ese período y tampoco la compensación equivalente a doce meses prevista en el inciso anterior. Transcurrido el año de reserva, si el funcionario decidiese renunciar en forma definitiva, recibirá una compensación equivalente a nueve meses de las retribuciones que hubiera percibido por todo concepto en el mes inmediato anterior al de la fecha del acto administrativo de aceptación de su renuncia".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 14.

(Se lee:)

"ARTICULO 14. - Facúltase al Poder Ejecutivo y a los órganos jerarcas de los demás Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional, a contratar con terceros la prestación de actividades no sustanciales o de apoyo en la forma que establezca la reglamentación, la que dará preferencia a empresas formadas por ex funcionarios o por funcionarios comprendidos en el régimen del artículo siguiente.

Exceptúanse a dichos funcionarios de la prohibición establecida en el numeral 1º del artículo 43 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF)".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 15.

(Se lee:)

"ARTICULO 15. - En todos los casos en que los funcionarios ingresen al régimen de reinserción laboral y empresarial y no opten por renunciar a la función pública, en cualquiera de las dos modalidades, definitiva o con reserva del cargo, pasarán al régimen de funcionarios con cargo excedentario, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, percibiendo únicamente la tabla básica de sueldos más la compensación máxima al grado estando sujetos en todos sus términos a las limitaciones establecidas para los cargos excedentarios establecidos en este régimen".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 16.

(Se lee:)

"ARTICULO 16. - Todos aquellos funcionarios que estuviesen en la situación del artículo 718 del Capítulo II de la Sección VIII y opten por abandonar la función pública, renunciando en el lapso de tres meses y antes de la realización del ordenamiento requerido por dicho artículo, tendrán derecho a recibir la cantidad de 160 UR (ciento sesenta unidades reajustables) y una compensación equivalente a doce meses de las retribuciones que hubieran percibido por todo concepto en el mes inmediato anterior al de su pase a disponibilidad por reestructura".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 17.

(Se lee:)

"ARTICULO 17. - En todos los casos en que la presente Ley se refiera a retribuciones que hubiera percibido el funcionamiento en el mes inmediato anterior a aquel en que se apliquen algunas de las formas de cambio de su situación funcional, se entenderá que las retribuciones permanentes de monto variable se determinarán por el promedio de las percibidas en los anteriores seis meses a dicho cambio".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 18.

(Se lee:)

"ARTICULO 18. - Los cargos declarados excedentarios en que el funcionario disponible por reestructura renunciara con reserva al mismo, serán eliminados una vez que aquel haya cumplido con la opción, cualquiera sea su ubicación escalafonaria. En caso de que el funcionario se reintegrase al ejercicio de la función les serán aplicables las disposiciones de los artículos 715 y concordantes de la presente Ley".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 19.

(Se lee:)

"ARTICULO 19. - Los beneficios previstos en los artículos anteriores, deberán hacerse efectivos por el Poder Ejecutivo dentro de los sesenta días contados a partir de la configuración de la circunstancia que origina el derecho a tales beneficios".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 20.

(Se lee:)

"ARTICULO 20. - Agréguese al artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 el siguiente literal:

"Ñ) Las contrataciones de personal eventual (zafral) que realice la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE).

En todo caso de designación al amparo de esta excepción, que suponga el ingreso de una persona que no reúna la calidad de funcionario público, será preceptivo el previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

La presente excepción no será de aplicación para los escalafones administrativos y de servicio.

El presente artículo regirá a partir del 1º de diciembre de 1995"."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 21.

(Se lee:)

"ARTICULO 21. - Extiéndese de tres a diez años el plazo previsto en el artículo 32 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Vamos a hacer una referencia muy breve, porque deseamos que el tratamiento de este Proyecto de Ley de Presupuesto avance todo lo que sea posible. Nosotros estamos convencidos de que uno de los elementos sustanciales es que el sistema, es decir, el Estado, organice y regularice de otra forma la toma de funcionarios, a efectos de evitar el clientelismo político. Seguramente, en la medida en que se establece algo tan rígido, quizás con el correr de los años esto se va a perforar; pero, de todas maneras, es un intento que deseamos apoyar. Ello no significa que dejemos de insistir en otros caminos más idóneos para el ingreso de funcionarios públicos, que permitan -no la rigidez y luego la perforación- crear un mecanismo transparente y cristalino a la hora de que el Estado tome este tipo de decisiones. De cualquier forma, reitero, apoyamos esta iniciativa porque queremos dar una señal, en el sentido de terminar con el clientelismo político.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo 22.

(Se lee:)

"ARTICULO 22. - A efectos del cumplimiento de las sentencias anulatorias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de las reparaciones reconocidas en vía administrativa o judicial, en materia de funcionarios públicos pertenecientes a los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional, la Contaduría General de la Nación podrá habilitar el crédito correspondiente hasta la creación del cargo o función contratada en la siguiente instancia presupuestal.

Hasta tanto se disponga legislativamente la creación del cargo o función contratada, se considerará que los funcionarios alcanzados por esta norma gozan de todos los derechos inherentes al respectivo cargo o función contratada".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 31. Afirmativa.

En el Capítulo II, Mejora de los Sistemas de Personal, figuran todo los artículos desglosados, por lo cual se van a votar de a uno.

Léase el artículo 23.

(Se lee:)

"ARTICULO 23. - La calificación de la aptitud funcional para los estímulos y ascensos en cada Inciso, se realizarán mediante una misma técnica de evaluación del desempeño, una vez al año, a todo funcionario que cumpla tareas en la Administración Central en los escalafones A, B, C, D, E, F y R, hasta el nivel inmediato inferior al de Director de Unidad Ejecutora o equivalente, cualquiera sea la naturaleza de su vinculación con la administración.

Dicha evaluación de desempeño será realizada en la forma que disponga la reglamentación, la que deberá asegurar la participación de los funcionarios de los escalafones respectivos.

Los incisos anteriores del presente artículo no son aplicables a los cargos de particular confianza. Esta evaluación no se aplicará a aquellos funcionarios que habiendo ocupado cargos de particular confianza pasen a ocupar cargos inferiores al de Director de Unidad Ejecutora, hasta que no se produzca la vacante del cargo, salvo manifestación expresa en contrario del funcionario."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 24.

(Se lee:)

"ARTICULO 24. - Los factores de calificación que resulten de la evaluación del desempeño serán:

1) rendimiento y calidad;

2) condiciones personales;

3) comportamiento del funcionario;

4) aptitudes en cargos de supervisión y responsabilidad."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 25.

(Se lee:)

"ARTICULO 25. - La evaluación y calificación de los funcionarios de cada Inciso distinguirá al 10% (diez por ciento) de los mejores funcionarios, calificando su actuación como excelente, al 20% (veinte por ciento) siguiente, calificando su actuación como muy buena, y al resto de los funcionarios, calificando su actuación como satisfactoria, regular o insuficiente."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 26.

(Se lee:)

"ARTICULO 26. - A efectos de permitir la instrumentación de la evaluación y la calificación a nivel de cada Inciso se elaborará un ordenamiento dentro de cada escalafón, en el cual los resultados sólo podrán arrojar un 10% (diez por ciento) de evaluados con actuación excelente y un 20% (veinte por ciento) de evaluados con actuación muy buena."

-En consideración.

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 27.

(Se lee:)

"ARTICULO 27. - El Poder Ejecutivo reglamentará, en un plazo de noventa días, el sistema de evaluación del desempeño y facilitará a los diversos Incisos un instructivo a efectos de la instrumentación del mismo.

Cométese a la Oficina Nacional del Servicio Civil la supervisión, instrumentación y contralor de las funciones de la evaluación del desempeño."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 28.

(Se lee:)

"ARTICULO 28. - Créase el premio por desempeño excelente y muy bueno para los funcionarios que alcancen la calificación de excelente y muy bueno en sus respectivas evaluaciones. Dicho premio consistirá en una única cantidad anual equivalente al 10% (diez por ciento) de la suma de la retribución anual nominal de los funcionarios para los que obtengan una calificación de excelente. Los funcionarios que tengan una calificación de muy bueno recibirán un premio del 3% (tres por ciento) de su retribución anual nominal.

Este premio, así como el beneficio establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, no podrá ser distribuido sin previa calificación realizada por los tribunales que correspondan."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 29.

(Se lee:)

"ARTICULO 29. - Los premios a que refiere el artículo anterior serán financiados por los fondos resultantes como consecuencia de la reformulación de las estructuras organizativas, así como por los fondos resultantes de las economías en los gastos corrientes."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 30.

(Se lee:)

"ARTICULO 30. - La Contaduría General de la Nación transferirá los créditos presupuestales necesarios para atender las erogaciones previstas en los artículos anteriores. El crédito presupuestal para esta partida no se podrá utilizar como refuerzo de otros rubros."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 31.

(Se lee:)

"ARTICULO 31. - A efectos de la aplicación del sistema de gestión de personal a que refiere la presente ley, sustitúyense el artículo 7º, el inciso primero del artículo 14, el artículo 33, e incisos primero y segundo del artículo 34 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, por los siguientes:

‘ARTICULO 7º. - Cuando la inasistencia sea imputable al funcionario, por cada quince faltas injustificadas no corridas o continuas en el año, se hará el descuento de cinco días de su licencia además del descuento de haberes correspondiente por inasistencia’.

‘ARTICULO 14. - Cuando fuese debidamente comprobado que un funcionario en uso de licencia por enfermedad no cumple las disposiciones reglamentarias será observado en su legajo por la causal de omisión de tareas, sin perjuicio de la instrucción del sumario en atención a la gravedad del incumplimiento’.

‘ARTICULO 33. - Los funcionarios que cursen estudios en institutos de enseñanza pública o privada habilitados en los ciclos de Enseñanza Secundaria Básica y Superior, Educación Técnico-Profesional Superior, Enseñanza Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza pública o privada, tendrán derecho a una licencia complementaria de hasta treinta días anuales hábiles para rendir sus pruebas y exámenes. Tal licencia complementaria podrá gozarse en forma fraccionada.

A los funcionarios profesionales que cursen estudios de grado o postgrado, se les podrá conceder dicha licencia cuando los cursos a realizar redunden en beneficio directo de la Administración, a juicio del jerarca’.

‘ARTICULO 34. - Los funcionarios estudiantes que hayan solicitado tal licencia deberán acreditar ante su respectivos jefes, dentro del mes siguiente al último día de esta licencia, haber efectivamente rendido la prueba o el examen para la cual se la solicitó.

Para poder acceder a tal licencia deberá acreditarse, con excepción de aquellos que se encuentren cursando primer año por primera vez, haber aprobado al menos dos exámenes en el año anterior, situación que podrá presentar excepciones de acuerdo a los diversos planes de estudio que tenga la institución y el curso que esté realizando el estudiante. El Poder Ejecutivo reglamentará estas excepciones a propuesta de la Oficina Nacional del Servicio Civil’.

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 32.

(Se lee:)

"ARTICULO 32. - Los Incisos que tuvieran servicios de certificación médica en el ámbito de la Administración Central, pasarán a realizar la certificación de las licencias por enfermedad a través de los servicios del Ministerio de Salud Pública o, en su defecto, podrán contratar tal servicio en empresas privadas existentes en el mercado.

El personal médico declarado disponible por reestructura, podrá ser redistribuido en la Administración de los Servicios de Salud del Estado o acogerse a cualesquiera de los regímenes establecidos en la presente ley.

Lo previsto en el inciso primero no será aplicable a los servicios operativos del Ministerio de Defensa Nacional."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 33.

(Se lee:)

"ARTICULO 33. - A todos aquellos funcionarios de los Incisos 02 y 05 al 14 que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad antes del 1º de enero de 1997, se les concederá un incentivo en el caso en que, no habiéndose declarado excedentario su cargo, opten por renunciar a la función pública en el lapso de seis meses después de promulgada la presente ley o cumplida dicha edad.

El incentivo será equivalente a quince meses de las retribuciones que hubiera percibido en el mes inmediato anterior al de su renuncia, con una disminución de tres de las mismas por cada año mayor a los sesenta y cinco años de edad que tenga el funcionario, cumplidos al 1º de enero de 1997.

Aquellos funcionarios que tuvieran sesenta y cinco años de edad o más a la misma fecha y estuvieran comprendidos en el artículo 718 de la presente ley, podrán optar por acogerse al régimen, en el plazo establecido en el inciso primero de este artículo, en el período de tres meses de aprobada la reestructura y antes de la realización del ordenamiento requerido por dicho artículo para la provisión de los cargos. En este caso, recibirán los incentivos previstos en este artículo.

El Poder Ejecutivo reglamentará estos incentivos en el término de treinta días a partir de la promulgación de la presente ley, sobre la base de que los cargos que resulten vacantes una vez realizadas las promociones se suprimirán."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Solicito que se rectifique la votación del artículo 33.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 34.

(Se lee:)

"ARTICULO 34. - Prohíbese la redistribución de funcionarios de los Incisos que integran el Presupuesto Nacional a Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales. Igual prohibición se establece para redistribuir funcionarios provenientes de los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales a los Incisos comprendidos dentro del Presupuesto Nacional, a excepción de los funcionarios del Ente Aautónomo Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA) que puedan resultar redistribuidos en virtud del proceso de participación de dicho organismo en la Sociedad de Economía Mixta PLUNA S.A."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 31. Afirmativa.

El artículo 35 ya fue votado, por lo que corresponde votar el artículo 36 de la Sección II, Capítulo III, Retribuciones y Complementos.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Es necesario observar los artículos que estamos votando, porque no todos han sido pedidos por la misma Bancada; por ese motivo, pido tiempo a la Presidencia.

SEÑOR PRESIDENTE. - No hay inconveniente, señor Senador.

Léase el artículo 36.

(Se lee:)

"ARTICULO 36. - Fíjase como gasto de representación, sobre las retribuciones básicas y complementarias sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad, los siguientes porcentajes para los cargos que se detallan:

a) Ministro de Estado, Secretario de la Presidencia de la República, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Ministro de la Corte Electoral y miembros del Tribunal de Cuentas de la República el 40% (cuarenta por ciento).

b) Subsecretario de Estado, Prosecretario de la Presidencia de la República, Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Presidente de los Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República, Rector de la Universidad de la República, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo el 32% (treinta y dos por ciento).

c) Miembros de los Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República y Decanos de las Facultades de la Universidad de la República y cargos comprendidos en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 el 20% (veinte por ciento)."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

El artículo 37 ya se votó. Correspondería ingresar a la Sección III, Capítulo I, Normas Generales, artículos 38, 39, 40, 41y 42; pero, ya están votados. Por lo tanto, pasamos al artículo 43.

Léase el artículo 43.

(Se lee:)

"ARTICULO 43. - Sustitúyese el artículo 81 del Capítulo I, Del Registro, del Título III del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), por el siguiente:

‘ARTICULO 81. - Todos los actos y operaciones comprendidos en la presente Ley deberán realizarse y registrarse mediante la utilización y procedimiento uniforme de documentación y procedimiento electrónico de datos, con los requisitos que establezca la Contaduría General de la Nación y reflejarse en cuentas, estados demostrativos y balances que permitan su medición y juzgamiento’.

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 44.

(Se lee:)

"ARTICULO 44. - Incorpóranse al Capítulo I, Del Registro, del Título III del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), los artículos 89, 90 y 91, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

‘ARTICULO 89. - La Contaduría General de la Nación será el órgano responsable del sistema de contabilidad integrado y, como tal, tendrá los siguientes cometidos:

1) participar en el arqueo de las existencias de fondos y valores de la Tesorería General de la Nación;

2) registrar las operaciones de la Tesorería General de la Nación y centralizar los registros de la Hacienda Pública;

3) llevar registro actualizado de los deudores incobrables, en la forma y a los efectos que determine la reglamentación;

4) registrar los recargos y descargos emergentes de la verificación de las cuentas que presenten los obligados a rendirlas;

5) formular las rendiciones de cuentas del Poder Ejecutivo;

6) formular los balances de situación o generales que demuestren la gestión de la Hacienda Pública y las fuentes de uso y fondos del sector público;

7) cumplir, a través de los funcionarios designados al efecto, los cometidos asignados a las Contadurías Centrales o las dependencias que hagan sus veces en los Incisos 02 al 14 del Presupuesto Nacional;

8) controlar la ejecución presupuestal y la contabilización de los Organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, ejerciendo la superintendencia contable de las contadurías centrales de los mismos y sus dependencias.

En particular, le queda prohibido dar curso a la documentación no intervenida por el Tribunal de Cuentas, en los casos en que se requiera su intervención."

‘ARTICULO 90. - A las Contadurías Centrales o dependencias que hagan sus veces les corresponderá:

1) participar en el arqueo de las existencias de fondos y valores de la tesorería respectiva;

2) conciliar los saldos de las cuentas bancarias con los estados remitidos por los bancos;

3) informar previamente en los actos que generen compromisos con respecto a la disponibilidad del crédito para el objeto del gasto y su monto, sin cuya constancia carecerán de validez;

4) verificar el cumplimiento de las normas vigentes para los compromisos, liquidaciones y pagos;

5) verificar las liquidaciones de los gastos e inversiones;

6) verificar las cuentas que presenten los obligados a rendirlas;

7) documentar en todos los casos su oposición a los actos de los ordenadores de los gastos o pagos que consideren irregulares o en los que no se hubiesen cumplido los requisitos legales.

Los cometidos de las Contadurías Centrales o las dependencias que hagan sus veces en los Incisos 02 a 14 del Presupuesto Nacional, serán cumplidos por funcionarios de la Contaduría General de la Nación designados por ésta, la que podrá revocar dicha designación cuando lo estime conveniente para el mejor cumplimiento de las referidas tareas’.

‘ARTICULO 91. - Las Contadurías Generales de los Gobiernos Departamentales y de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no comprendidos en el Presupuesto Nacional ejercerán, en sus respectivos ámbitos, los mismos cometidos asignados a la Contaduría General de la Nación, con excepción de las señaladas en los numerales 2), 5) y 6) del artículo 89.

No obstante, esos cometidos se ejercerán con referencia a la hacienda específica en que actúen y rendiciones de cuentas y balances que deba formular esa Administración particular, debiendo suministrar a la Contaduría General de la Nación la información que ésta deba consolidar.

Igualmente les queda prohibido dar curso a la documentación no intervenida por el Tribunal de Cuentas en los casos en que se requiera por mandato constitucional o legal su intervención’.

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 45.

(Se lee:)

"ARTICULO 45. - Las funciones de Contador Central en los Incisos 02 al 14 del Presupuesto Nacional serán cumplidas por funcionarios de la Contaduría General de la Nación, designados por ésta entre los titulares de cargos o funciones de los escalafones técnicos, con título de Contador o Economista, a partir del Grado 14, conforme a los procedimientos que establezca la reglamentación. En igual régimen se podrá designar hasta diez funcionarios de la Contaduría General de la Nación que coordinen y apoyen la labor de los Contadores Centrales.

La Contaduría General de la Nación podrá, cuando lo estime conveniente para el mejor cumplimiento de las referidas tareas, revocar dicha designación en cuyo caso el funcionario se reintegrará al desempeño propio de los cometidos del cargo o función del cual es titular. La selección se podrá realizar incluyendo a funcionarios que al 1º de enero de 1996 cumplan funciones de dirección en reparticiones contables en cuyo caso se incorporarán a la Contaduría General de la Nación.

Quienes cumplan las funciones referidas en el presente artículo percibirán una compensación adicional a sus retribuciones por concepto de alta responsabilidad, que permite la jerarquización de la función de acuerdo al nuevo ordenamiento de la presente ley.

Los Incisos continuarán siendo responsables de la administración financiera de sus créditos incluyendo la de su utilización y rendición de cuentas.

La Contaduría General de la Nación habilitará los cargos y créditos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 46.

(Se lee:)

"ARTICULO 46. - Transfórmase la denominación del Programa 003 "Asesoramiento y Auditoría Intermitente" y de la Unidad Ejecutora "Inspección General de Hacienda" por el Programa 103 "Control Interno Posterior", Unidad Ejecutora "Auditoría Interna de la Nación". El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, adecuará la estructura orgánica de la referida Unidad Ejecutora "Auditoría Interna de la Nación".

Transfórmase el cargo de Inspector General de Hacienda por el de Auditor Interno de la Nación, que será provisto de acuerdo con el régimen establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992. El Poder Ejecutivo determinará la forma y oportunidad en que las dependencias de la Administración Central que desempeñen cometidos afines a los que se le asignan a la Auditoría Interna de la Nación para la presente Ley, pasarán a la órbita de ésta con el objetivo de evitar duplicaciones".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 47.

(Se lee:)

"ARTICULO 47. - La Auditoría Interna de la Nación será un órgano funcionalmente desconcentrado del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas que actuará con autonomía técnica en el desempeño de sus cometidos."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 48.

(Se lee:)

"ARTICULO 48. - El ámbito orgánico de la competencia de la Auditoría Interna de la Nación alcanzará a todos los órganos y reparticiones comprendidos dentro de la persona pública Estado, así como a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, sin perjuicio de las autonomías reconocidas constitucionalmente."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 49.

(Se lee:)

"ARTICULO 49. - El Capítulo II, Del Control, del Título III del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) comenzará por el artículo 92, el que quedará redactado de la siguiente forma:

‘ARTICULO 92. - El sistema de control interno de los actos y la gestión económico-financiero estará encabezado por la Auditoría Interna de la Nación, a la cual corresponderá:

1) realizar las tareas de auditoría de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas;

2) verificar el movimiento de fondos y valores de la Tesorería General de la Nación y el arqueo de sus existencias;

3) inspeccionar los registros analíticos y sintéticos de la Contaduría General de la Nación y verificar, mediante los métodos usuales de auditoría, su correspondencia con la documentación respaldante y la de ésta con la gestión financiera patrimonial;

4) verificar la adecuación de los estados contables y presupuestarios de los organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional a los registros y la documentación que les respaldan;

5) fiscalizar la emisión y destrucción de valores fiscales;

6) supervisar el cumplimiento del control del régimen de asistencia, horarios, licencias y aplicación de los recursos humanos de quienes revistan en la Administración Central, debiendo realizar informes periódicos de sus resultados;

7) cumplir toda otra tarea de control posterior que le sea cometido o que esta ley le asigne’.

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 50.

(Se lee:)

"ARTICULO 50. - Sustitúyese el artículo 93 del Capítulo II, Del Control, Título III del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), por el siguiente:

‘ARTICULO 93. - Las actuaciones y auditorías, selectivas y posteriores, a cargo de la Auditoría Interna de la Nación, abarcarán los aspectos presupuestales, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, así como la evaluación de programas y proyectos.

Sin perjuicio de la técnica usual de control establecida en las normas de auditoría generalmente aceptadas, se fundará en criterios de juridicidad, eficiencia y eficacia, según corresponda’.

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 51.

(Se lee:)

"ARTICULO 51. - Sustitúyense el acápite y el numeral 2), del artículo 94 del Capítulo II, Del Control, del Título III del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), por lo siguiente:

‘ARTICULO 94. - El sistema de control externo de los actos y la gestión económico financieros estará encabezado por el Tribunal de Cuentas, al cual corresponderá:

2) Intervenir preventivamente en los gastos y en los pagos a realizar por entidades estatales al solo efecto de certificar su legalidad pudiendo cometer dicha intervención en la forma que determine mediante ordenanzas (literal B9 del artículo 211 de la Constitución de la República’.

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 52.

(Se lee:)

"ARTICULO 52. - Agréganse al Capítulo II, Del Control, del Título III del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), los siguientes artículos:

‘ARTICULO I. - Podrán instalarse unidades de auditoría interna en los órganos y organismos del Inciso 02 al 14 del Presupuesto Nacional, las que estarán sometidas a la superintendencia técnica de la Auditoría Interna de la Nación’.

‘ARTICULO II. - La Auditoría Interna de la Nación podrá contratar con terceros estudios de consultoría y auditoría para el apoyo de sus tareas de control interno, debiendo planificar y fiscalizar su realización’.

‘ARTICULO III. - La Auditoría Interna de la Nación evacuará, con carácter vinculante, las consultas que le formulen por escrito los organismos sometidos a su control, pudiendo publicar las que considere de interés general’.

‘ARTICULO IV. - Concluida su actuación de control en un organismo, la Auditoría Interna de la Nación efectuará un informe estableciendo clara y detalladamente las conclusiones y recomendaciones a que su actuación diere lugar.

Antes de dictar resolución en relación a lo actuado, dará vista de dicho informe por el plazo de diez días, al jerarca del organismo auditado a efectos de que éste exprese los descargos o consideraciones que le merezca’.

‘ARTICULO V. - La Auditoría Interna de la Nación elevará al Poder Ejecutivo copia de las resoluciones dictadas en las actuaciones realizadas.

Asimismo, semestralmente hará público un informe sintético de los resultados de las auditorías efectuadas’.

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 53.

(Se lee:)

‘ARTICULO 53. - Considérase incluida en lo dispuesto en el artículo 99 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), a la Auditoría Interna de la Nación’.

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 54.

(Se lee:)

"ARTICULO 54. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 119 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), por los siguientes:

"La responsabilidad administrativa en materia financiero-contable alcanza a todos los funcionarios públicos con tareas o funciones vinculadas a la gestión del patrimonio del Estado. Alcanza además a los jerarcas y empleados de las entidades o personas públicas no estatales que utilicen indebidamente fondos públicos, o administren incorrectamente bienes del Estado, en lo pertinente.

La responsabilidad administrativa se genera por el apartamiento de las normas aplicables, de los objetivos y metas previstos, y el apartamiento inexcusable de los principios y procedimientos de buena administración, en todos los casos en lo relativo al manejo de dineros o valores públicos y a la custodia o administración de bienes estatales.

Las transgresiones a las disposiciones de la presente Ley constituyen faltas administrativas, aun cuando no ocasionen perjuicios económicos al Estado. Las responsabilidades se graduarán conforme a la jerarquía del infractor y a su nivel de responsabilidad en la materia. En todos los casos los infractores estarán sujetos a las sanciones administrativas o disciplinarias aplicables, y cuando corresponda, a las responsabilidades civiles, penales o políticas emergentes, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y las que se establecen en los artículos siguientes"".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 55.

(Se lee:)

"ARTICULO 55. - Sustitúyese el artículo 121 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), por el siguiente:

"ARTICULO 121. - La responsabilidad alcanza mancomunada y solidariamente a todos los que resuelvan, dispongan, ejecuten o intervengan en la formación de actos u ocurrencia de hechos que incurran en los supuestos a que refiere el artículo 119.

Quedan exceptuados los integrantes de directorios u órganos colegiados que se hubieran opuesto al acto y dejado constancia escrita de su oposición, así como los funcionarios sujetos a jerarquía que, en oportunidad de su intervención, hubieran expuesto, también por escrito, sus observaciones y los fundamentos de las mismas"".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 31. Afirmativa.

El artículo 56 ya está votado.

Léase el artículo 57, que fuera desglosado.

(Se lee:)

"ARTICULO 57. - Derógase el literal P) y sustitúyase el literal A) del numeral 3) del artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 (artículo 33 del TOCAF), por el siguiente:

"A) Entre organismos o dependencias del Estado, o con personas públicas no estatales, salvo cuando el producto o servicio de que se trate pueda ser suministrado por pluralidad de proveedores públicos o privados"".

-En consideración.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Simplemente, deseo formular una precisión que puede servir para casos similares. Personalmente, he presentado un sustitutivo de este artículo, pero no tengo inconveniente en votarlo ahora y luego solicitar la reconsideración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo lógico es que los sustutivos se consideren cuando se analizan los textos que vienen en el Repartido. De lo contrario, va a ser muy difícil mezclar los sustitutivos con los aditivos.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Si hay un artículo sustitutivo, lo lógico es que se ponga a votación el artículo tal como viene de la Comisión y si se vota negativamente, considerar, en el momento, el artículo sustitutivo presentado.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa aclara que ese es el procedimiento que había señalado.

SEÑOR HEBER. - Perdón, señor Presidente, no lo había entendido.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Voy a referirme al método de trabajo del Senado. Me parece bien que este Cuerpo vote hoy, con rapidez, todas aquellas normas sobre las cuales no hay controversia, tanto a favor como en contra. En este caso, la expresión "producto o" en el literal A) genera algunas dificultades en el tema de la electricidad, en función del nuevo marco energético. No quisiera detener el trabajo del Senado, pero el sustitutivo que propongo sólo elimina esa expresión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Me parece que lo más conveniente es aplazar este artículo y considerarlo en su oportunidad.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Consistiendo la diferencia en una sola palabra, pienso que, en este caso, se podría adoptar un criterio flexible.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - En definitiva, por medio de esta norma se trata de fortalecer la competencia, en la medida en que haya pluralidad de proveedores públicos o privados y de no encerrar, estrictamente en la oferta pública, la posibilidad de compra dentro o entre organismos del Estado. Aquí tenemos planteado un problema, ya que en el trabajo que se está haciendo, en relación con el nuevo marco energético, el hecho de mantener la palabra "producto" en la redacción del artículo, podría generar algún problema, en términos de la interconexión.

Entonces, la propia UTE nos ha solicitado la eliminación de dicha palabra, para no comprometer la negociación que se está realizando en torno al nuevo marco energético de la interconexión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el Senado está de acuerdo con la fundamentación establecida por el señor Senador Fernández Faingold, se podría votar, en primer lugar, el artículo propuesto por la Comisión en forma negativa y, luego, se eliminaría la palabra "producto" para votarlo afirmativamente.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - En este caso no tenemos inconveniente, porque se trata sólo de una palabra. Sin embargo, quiero decir que no podemos adoptar el criterio de tratar los artículos sustitutivos porque son muchos e, incluso en este momento, no podemos localizarlos. Entonces, en esta hipótesis concreta en que se trata sólo de una palabra, estamos de acuerdo en que se proceda de esa manera, pero preferimos seguir adelante con el otro procedimiento, sin discutir los artículos sustitutivos.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa comparte el criterio expuesto por el señor Senador Sarthou. En este caso, incluso, piensa que si el Senado está de acuerdo, podríamos votar, directamente, el artículo en la redacción propuesta por el señor Senador Fernández Faingold, eliminando la expresión "producto o" del literal A).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo, con la redacción propuesta por el señor Senador Fernández Faingold.

(Se vota:)

-10 en 31. Negativa.

La Mesa pide excusas al Senado por haber alterado el procedimiento, pero pensó que existía acuerdo sobre esta norma. Ahora correspondería votar la redacción propuesta por la Comisión.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Parecería que hay una confusión en el Senado, porque tampoco habría mayoría para aprobar esta redacción, propuesta por la Comisión. Entonces, la voluntad del Senado sería la de eliminar el artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Efectivamente, sería así.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo con la redacción propuesta por la Comisión.

(Se vota:)

-10 en 30. Negativa.

Los artículos 58 al 72 ya fueron votados.

Léase el artículo 73, que corresponde a la Sección III, relativa al Ordenamiento Financiero, Capítulo III, Ordenamiento de Recursos.

(Se lee:)

"ARTICULO 73. - Sustitúyese el artículo 48 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, en la redacción dada por el artículo 46 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 48. - Los gastos que se prevé atender con cargo a los fondos referidos en el artículo 43 sólo podrán comprometerse si existe crédito y disponibilidad financiera suficiente para solventarlos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los créditos autorizados para sueldos, gastos, suministros del Estado e inversiones se ajustarán por los mecanismos establecidos en los artículos 6º, 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y las modificaciones producidas con posterioridad a la referida fecha.

Antes del 31 de julio de cada año, las unidades ejecutoras comprendidas en el artículo 43 elevarán a la Contaduría General de la Nación un comparativo entre los ingresos recaudados y la proyección prevista para el primer semestre del año. El Poder Ejecutivo podrá reforzar las asignaciones presupuestales con cargo a los fondos del artículo 43 hasta en un monto equivalente al doble del exceso de lo recaudado por sobre lo proyectado en el primer semestre, dando cuenta a la Asamblea General y al Tribunal de Cuentas"".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 30. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar nuevamente el artículo 73.

(Se vota:)

-25 en 30. Afirmativa.

Los artículos 74 y 75 ya fueron votados.

Léase el artículo 76.

(Se lee:)

"ARTICULO 76. - De las asignaciones presupuestales destinadas a gastos de inversión que figuran en los anexos de la presente Ley, el Ministerio de Salud Pública podrá ejecutar hasta la suma de $ 126:450.000 (pesos ciento veintiséis millones cuatrocientos cincuenta mil) equivalente a U$S 22:500.000 (dólares de los Estados Unidos de América veintidós millones quinientos mil) durante el Ejercicio 1996 y hasta $ 112:400.000 (pesos ciento doce millones cuatrocientos mil) equivalente a U$S 20:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América veinte millones) anuales durante los Ejercicios 1997, 1988 y 1999.

Dichas cifras son montos totales, por lo que comprenden financiamiento, tanto de recursos locales como de endeudamiento externo".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 30. Afirmativa.

Léase el artículo 77.

(Se lee:)

"ARTICULO 77. - De las asignaciones presupuestales destinadas a gastos de inversión que figuran en los anexos de la presente Ley, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá ejecutar hasta la suma de $ 795:230.000 (pesos setecientos noventa y cinco millones doscientos treinta mil) equivalente a U$S 141:500.000 (dólares de los Estados Unidos de América ciento cuarenta y un millones quinientos mil) durante el Ejercicio 1996 y hasta la suma de $ 975:070.000 (pesos novecientos setenta y cinco millones setenta mil) equivalente a U$S 173:500.000 (dólares de los Estados Unidos de América ciento setenta y tres millones quinientos mil) anuales durante los Ejercicio 1997, 1998 y 1999. Dichas cifras son montos totales, por lo que comprenden financiamiento, tanto de recursos locales como de endeudamiento externo. Dentro de los topes de ejecución antes señalados deben considerarse incluidas las partidas de $ 47:770.000 (pesos cuarenta y siete millones setecientos setenta mil) equivalente a U$S 8:500.000 (dólares de los Estados Unidos de América ocho millones quinientos mil) para el Ejercicio 1996 y de $ 59:010.000 (pesos cincuenta y nueve millones diez mil) equivalente a U$S 10:500.000 (dólares de los Estados Unidos de América diez millones quinientos mil) anuales para los Ejercicios 1997, 1998 y 1999, que se encuentran incorporadas en el Programa 008 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental", con destino al Programa de Mantenimiento de la Caminería Rural".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

Léase el artículo 78.

(Se lee:)

"ARTICULO 78. - De las asignaciones presupuestales atribuidas a los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República que se enumeran a continuación, se podrán ejecutar en los años que se mencionan, hasta las cantidades que se indican:

A. Con financiamiento de Rentas Generales:

Organismo

Años

1996
$

1997
$

1998
$

1999
$

Inc. 16 P.J. 20:000.000 20:000.000 20:000.000 20:000.000
Inc. 17 T.C. 747.460 758.700 781.180 798.040
Inc. 18 C.E. 3:034.800 3:079.760 3:158.440 3:242.740
Inc. 19 T.C.A. 376.540 382.160 387.780 399.020
Inc. 26 U. Rep. 44:960.000 44:960.000 44:960.000 44:960.000
Inc. 27 INAME 16:860.000 16:860.000 16:860.000 16:860.000

B. Con financiamiento de Endeudamiento Externo:

Organismo

Años

1996
$
1997
$
1998
$
1999
$
Inc. 16 P.J. 2:489.600 --- --- ---

C. Con financiamiento de Rentas Generales y de Endeudamiento Externo:

Inciso 25 - ANEP

Para el año 1996 hasta $ 196:700.000 (pesos ciento noventa y seis millones setecientos mil) y para los años 1997, 1998 y 1999 hasta $ 252:900.000 (pesos doscientos cincuenta y dos millones novecentos mil) anuales".

-En consideración.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - En este artículo 78 se introdujo un error, por parte de la Comisión y no de la Secretaría, que tiene que ver con la ANEP. En ese sentido, en otro artículo votamos un aumento de U$S 2:000.000 y no lo incluimos en los topes de ejecución, por lo cual estos quedaron en U$S 35:000.000 y no en U$S 37:000.000; o, dicho de otra forma, habría que modificar la suma de $ 196:700.000, que pasaría a ser de $ 207:940.000.

Esto es así porque cuando en la sesión de la Comisión se votaron los sustitutivos de los artículos correspondientes al Inciso 25, en uno de ellos se votó U$S 2:000.000 más para inversiones; pero omitimos incorporar esa suma en el artículo 78. De esa forma, deberíamos subsanar el error incluyendo esa suma; por lo tanto, habría que sustituir $ 196:700.000 por $ 207:940.000.

Ese es el único cambio que hay que introducir en este artículo.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - En este tema, en la Comisión se produjo una discusión que no quiero reeditar en este Cuerpo, pero quisiera que se me aclarara cuál es el criterio por el que se incorpora una cantidad entera o una parte de ella. Formulo esta pregunta porque estamos frente a topes de ejecución y, por un lado, se están adjudicando partidas y, por otro, se les fijan topes.

En este sentido, me gustaría saber -ya que hay que sumar la cifra propuesta a los topes de ejecución- si estamos topeando por debajo o igual. Pienso que el señor Senador Fernández Faingold me podrá explicar esto, ya que él propone dicha modificación. Repito que quisiera saber si al agregar esta cifra, en relación con el conjunto de las inversiones, el nivel de topes tendría una variación.

SEÑOR PRESIDENTE. - La señora Senadora Arismendi pregunta al señor Miembro Informante, Senador Fernández Faingold, cómo funciona esta modificación con el sistema de topes previsto.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - En primer lugar, quiero decir que aquí no sólo estamos votando topes, sino también inversiones. Además, aquellos señores Senadores que no levantaron la mano para votar los topes, tampoco lo hicieron con respecto a las inversiones.

En segundo término, lo que hemos hecho en relación con ANEP es incorporar a esta disposición lo que ya se había votado favorablemente -lamentablemente no tengo el número- en aquellos artículos sustitutivos en los cuales distribuimos los U$S 10:000.000 adicionales que se incorporaron en la Comisión. De esta manera, se sube la inversión y el tope.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Quisiera saber qué es lo que se está poniendo a votación porque después uno informa, comenta y realiza valoraciones políticas, dependiendo de si vota a favor o en contra. A pesar de que no estoy de acuerdo con las cifras de inversión -como lo dijimos en la discusión general- mi pregunta es si quienes votamos en contra tenemos derecho a que se nos informe.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para hacer una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Mi intervención es con el ánimo de contribuir en el sentido de que significa la votación de estos artículos. Efectivamente, en este artículo se topea la ejecución de la inversión. No vamos a discutir ahora si estamos de acuerdo o no con los topes -por lo general no lo estamos- pero lo que sí quiero señalar es que si no votamos este artículo, no hay inversión. Reitero que por esta disposición además del tope se aprueba la inversión a realizar.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: simplemente, deseo dejar una constancia. Nosotros aspiraríamos a que el Presupuesto tuviera mayor cantidad de inversiones. Inclusive, por más que lo determine la Ley, hasta que no se recauden los recursos, estas inversiones no se podrán asegurar. Si los 31 Senadores que estamos aquí tomáramos el camino de no votar porque no nos gustan los topes, lo que estaríamos haciendo es topear las inversiones en cero. Entonces, al minuto siguiente, tendríamos que pedir la reconsideración de este artículo para que, por lo menos, pudiéramos contar con los recursos para las inversiones. Reitero que todos aspiraríamos a que las inversiones fueran más, pero como los recursos son limitados y a la gente no se le puede seguir agregando impuestos, creo que este nivel de inversión es preferible a no contar con ninguno.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Queremos dejar constancia de que todos tenemos claro lo que votamos: votamos inversiones y topes; no votamos estas inversiones y estos topes. No creo que en esto nadie se equivoque.

SEÑOR BERGSTEIN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN. - Solamente quiero expresar que los Senadores de la Bancada del Partido Colorado también quisiéramos aumentar el monto de las inversiones. Algunos señores Senadores votan estos topes porque, de lo contrario, si la resolución fuera negativa, la inversión sería cero, aunque en realidad, desean una inversión mayor. También quisiéramos más inversión, pero en la medida que lo permita la coyuntura económica y financiera.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Señor Presidente: simplemente, quisiera dejar en claro que quien vota este artículo, está a favor de las inversiones con topes y quien no lo hace, no vota nada. Es todo o nada.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 78, con la modificación propuesta por el señor Senador Fernández Faingold.

(Se vota:)

-26 en 31. Afirmativa.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - No sé por qué aquí se quiere diferenciar este caso de otras votaciones. Si estuviéramos de acuerdo en otros montos, todos los hubiéramos votado. Cuando algunos señores Senadores están de acuerdo con las cifras que se están planteando, las votan y los que no estamos de acuerdo, no las apoyamos. Sin embargo, estamos de acuerdo en dar nuestro apoyo a otros montos que se pudieran establecer. Reitero que esta no es una votación distinta a cualquier otra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo 80, correspondiente a la Sección IV, que comprende los Incisos de la Administración Central.

(Se lee:)

"ARTICULO 80. - Creánse en el Programa 001, "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno" Unidad Ejecutora 001, "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes", un cargo de Director de Relaciones Públicas y un cargo de Director de Comunicación Social los que se declaran de particular confianza y quedan comprendidos en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986".

-En consideración.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Quiero dejar una constancia. No sé si algunos señores Senadores plantearon el desglose de estos artículos. Particularmente, propuse el desglose de los artículos 80, 81 y 82. Pienso que con estas disposiciones se está realizando una excepción en la Administración. En lo que tiene que ver con la Presidencia de la República, no está muy claro en qué porcentaje se está aumentando. Con respecto al resto de la Administración, se aplican criterios diferenciales. Al mismo tiempo, hemos propuesto artículos que eliminan topes con respecto a normas de la Administración que no existen en la Presidencia de la República y que cuando los planteamos en Comisión se votaron en contra. Simplemente queremos decir que hay un criterio diferente dependiendo de qué sector de la Administración se trate. De todas maneras, quiero dejar constancia de que voy a votar estas disposiciones, aunque hubiera aspirado a que se votaran también las otras que presentamos en Comisión.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Deseo saber si existe actualmente el cargo de Director de Relaciones Públicas en la Presidencia de la República, porque no sé cómo funcionaba antes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para responder, tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - En realidad, no tengo conocimiento de si este cargo existe o no en la actualidad. En Comisión, nadie formuló esta pregunta. No trabajo en la Presidencia de la República y, por lo tanto, no sé cuáles son sus planillados.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quisiera dejar constancia que la Presidencia tampoco está al tanto de esta situación.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Por haber pertenecido hace poco tiempo al Poder Ejecutivo, puedo informar que no existe dicho cargo; simplemente, se crea un cargo de confianza, y quiero aclarar que lo voté favorablemente.

SEÑOR KORZENIAK. - De acuerdo a cómo está redactado el artículo, da la impresión de que ya existía porque, de lo contrario, diría "el cargo" y no "un cargo".

SEÑOR PRESIDENTE. - En este caso tendría el mismo valor "un" que "el".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 80.

(Se vota:)

-29 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 81.

(Se lee:)

"ARTICULO 81. - Los titulares de los cargos de Director, Abogado, Escalafón A, Grado 16 y Director de División, Contador, Escalafón A, Grado 16 del Programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno" percibirán un sueldo equivalente al 95% (noventa y cinco por ciento) de la remuneración del cargo de Director de División (Escalafón Q) del precitado Programa".

-En consideración.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Hay disposiciones que son aditivos y que significan aumentos de sueldos o de compensación. Esto fue incorporado a nivel de la Comisión, o sea que no tiene Mensaje del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante a fin de que aclare la inquietud.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Me parece que por lo menos en el cortísimo plazo, en este punto el Miembro Informante le va a fallar.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Este aditivo ha sido incorporado en la discusión parlamentaria y, por tal razón, carece de iniciativa del Poder Ejecutivo. Quisiéramos saber si es así, a los efectos de adoptar posición en el futuro.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Tengo aquí los comparativos, pero no los correspondientes al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Representantes. En todo caso, el aditivo, si es tal, es de la Cámara de Representantes, porque no recuerdo que fuera de la Comisión.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Esta disposición tiene iniciativa del Poder Ejecutivo porque es el artículo 74/1 del Mensaje Complementario.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Entonces, como tiene costo también tiene la financiación.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Pero si está en el Mensaje Complementario del Poder Ejecutivo, no sé cómo vamos a entendernos, porque aquí aparece como aditivo y aditivos son los que se agregan en el Parlamento, no existiendo otra posibilidad.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Este artículo figura con el número 9 en el Mensaje Complementario; en Comisión fue votado 8 en 11 y se le dio el número 74/1.

SEÑOR SANTORO. - Pero, entonces, no es aditivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Evidentemente, es una constancia errónea en el comparativo de la Comisión.

SEÑOR ASTORI. - Podríamos decir que no es un aditivo parlamentario, sino que se adicionó cuando llegó el Mensaje Complementario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Asiste razón al señor Senador Santoro en cuanto a que aparece como aditivo un artículo que debe tener Mensaje del Poder Ejecutivo, y sí lo tiene.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 81.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 82.

(Se lee:)

"ARTICULO 82. - Los titulares de los cargos de Subdirector, Contador y Abogado, Escalafón A, Grado 15 del Programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno" percibirán una compensación por concepto de asesoramiento directo equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de sus remuneraciones de naturaleza salarial.

Igual porcentaje de compensación percibirán quienes están afectados al cumplimiento de funciones de custodia, chofer y servicios auxiliares del Presidente de la República. Facúltase al Jerarca del Inciso a otorgar una compensación equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de sus remuneraciones de naturaleza salarial a los funcionarios que desempeñen funciones consideradas prioritarias para el servicio o de apoyo directo al Presidente de la República, Secretario, Prosecretario y Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República del Programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno".

El número de los funcionarios beneficiados de esta compensación no podrá superar el 25% (veinticinco por ciento) del total de funcionarios que presten funciones en el Programa.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos necesarios para solventar las correspondientes erogaciones".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 83.

(Se lee:)

"ARTICULO 83. - Sustitúyese el artículo 78, de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 73, de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

"ARTICULO 78. - Establécese un complemento de sueldo para el personal de seguridad afectado a las tareas de custodia y vigilancia, de $ 300 (pesos trescientos) mensuales para el personal de custodia fija y $ 600 (pesos seiscientos) mensuales para la custodia móvil, el que se ajustará conforme a los aumentos salariales del sector público"".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 84.

(Se lee:)

"ARTICULO 84. - Los funcionarios que pasen a prestar servicios en comisión en las distintas unidades ejecutoras del Inciso 02 a partir del 1º de enero de 1996, tendrán derecho a percibir la compensación por permanencia a la orden establecida en los artículos 111, en la redacción dada por el artículo 76, de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, 113 y 134, de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, 83, de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y 25, de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, cuando cuenten con una antigüedad mínima de sesenta días en la referida situación. Asimismo, tendrán derecho a percibir la precitada compensación los funcionarios en comisión que cuenten con una antigüedad mínima de sesenta días en el Inciso al 1º de enero de 1996".

-En consideración.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Este artículo permite llevar funcionarios en comisión sin límite, naturalmente, a todos los jerarcas del Inciso y no solamente al Presidente de la República. Con esto último estaríamos de acuerdo con el carácter especial que tiene este cargo, ya que es lógico que el Presidente de la República tenga la posibilidad de llevarse en comisión a cualquier funcionario de cualquier lugar de la Administración. Hubiéramos estado de acuerdo en votar esto, aunque, de todos modos daremos nuestro voto a este artículo.

Hago esta observación porque en otros artículos de la Ley de Presupuesto se limita el pedido de comisión, como es el caso de los Legisladores, y aquí un jerarca que no ha sido electo, sino que fue designado, puede llevar funcionarios en comisión al Inciso de la Presidencia de la República, lo cual me parece totalmente injusto. No digo esto por el hecho de que se les dé los funcionarios a los jerarcas, sino porque nos autolimitamos nosotros en una tarea que es tan fundamental como la de la Presidencia de la República.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 84.

(Se vota:)

-26 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 85.

(Se lee:)

"ARTICULO 85. - Asígnase al Programa 001, "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno" una partida anual de $ 3:500.000 (pesos tres millones quinientos mil) a los efectos de atender las erogaciones que demande la contratación de personas que, en calidad de Adscriptos, colaboren directamente con el Presidente de la República por el término de su mandato. No adquirirán la calidad de funcionarios públicos las personas comprendidas en la situación precitada. Los funcionarios públicos que estén comprendidos en el régimen de "comisión", podrán optar por este sistema, manteniendo la reserva del cargo o contrato de función pública de su oficina de origen, sin percibir retribución alguna por este concepto. La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Simplemente quiero dejar una constancia en este sentido. Señalamos que aquí hay $ 3:500.000 anuales para este Programa. Muchos señores Senadores hablaron sobre un presupuesto equilibrado y, a nuestro juicio, esta partida no tiene ninguna comparación con algunos pesos que estamos retaceando a aspectos tan esenciales como éste en la vida del país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Los artículos que van desde el 86 al 92 ya han sido votados.

Léase el artículo 93.

(Se lee:)

"ARTICULO 93. - Autorízase al Inciso 02, "Presidencia de la República", a propuesta de la Unidad Ejecutora 004 "Oficina de Planeamiento y Presupuesto", a reglamentar la distribución de las retribuciones complementarias al personal que preste efectivamente funciones en dicho Programa, con cargo al Rubro 068.307 "Retribuciones Complementarias"".

-En consideración.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido ayuda a quienes hayan mantenido el registro de las numeraciones, porque el artículo 93 parece ser el duplicado del 100. Sin embargo, existe una diferencia ya que en lugar de Unidad Ejecutora se habla de Programa. En el artículo 93 se dice: "Autorízase al Inciso 02, "Presidencia de la República", a propuesta de la Unidad Ejecutora 004, mientras que en el 100 se establece: "Autorízase al Inciso 02, "Presidencia de la República", a reglamentar a propuesta del Programa 002, "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal". Esto se votó dos veces por esa diferencia pero hemos consultado y, en realidad, el que quedaría sería el artículo 100 y no el 93. Entonces, podríamos votar negativamente el artículo 93 y afirmativamente el artículo 100.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 93.

(Se vota:)

-0 en 31. Negativa.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Aclaro que el artículo 100 ya fue votado. Hemos hecho justicia.

SEÑOR PRESIDENTE. - El artículo 94 ya ha sido votado.

Léase el artículo 95.

(Se lee:)

"ARTICULO 95. - Asígnase a la Presidencia de la República una partida de $ 18:500.000 (pesos dieciocho millones quinientos mil) en los Rubros 0, "Retribuciones de Servicios Personales" y 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales", para complementar las retribuciones de los funcionarios presupuestados y contratados.

La distribución de esta partida entre los programas y funcionarios de cada Unidad Ejecutora, será realizada por el Inciso, dentro del término de 90 días a contar de la vigencia de la presente Ley, con informe previo de la Contaduría General de la Nación, dando cuenta a la Asamblea General".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 96.

(Se lee:)

"ARTICULO 96. - Transfiérase a la Unidad Ejecutora 008, "Oficina Nacional del Servicio Civil" del Programa "Política, Administración y Control del Servicio Civil" del Inciso 02, los cometidos, facultades, atribuciones y recursos financieros asignados al Sistema de Reconversión Laboral (Decreto 442/994, de 23 de setiembre de 1994), los que se adecuarán a lo dispuesto por la Sección II Capítulo I y la Sección VIII Capítulos I y II de la presente Ley.

El Poder Ejecutivo reglamentará lo establecido en el inciso anterior, en un plazo de ciento veinte días a partir de la vigencia de la presente Ley".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 31. Afirmativa.

La Presidencia señala que estamos en la hora 23 y 53 minutos y correspondería ingresar al Capítulo relativo al Ministerio de Defensa Nacional, en el cual hay una serie de artículos que, sin duda, darán lugar a discusión.

Pido disculpas a los señores Senadores por apurar el trabajo, pero como creo que mañana la votación será mucho más lenta, pensé que era importante llegar hasta el artículo 100.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Formulo moción para que se levanta la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, pasaríamos a cuarto intermedio hasta el día de mañana a la hora 9 y 30, de acuerdo con lo previsto.

Creo que hemos cumplido una larga jornada y que la misma ha sido fecunda.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) CUARTO INTERMEDIO

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con lo resuelto, se pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las 9 y 30 horas.

(Así se hace a la hora 23 y 54 minutos, presidiendo el doctor Hugo Batalla y estando presentes los señores Senadores Andrade, Andújar, Arismendi, Astori, Batlle, Bentancur, Bergstein, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández, Fernández Faingold, Gandini, Gargano, Gutiérrez, Heber, Irurtia, Iturralde, Korzeniak, Laffitte, Michelini, Pereyra, Pozzolo, Rodríguez, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia y Virgili).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Don Carlos E. Moreira Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.